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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 22, de 13/05/2020
cve: DSCD-14-PL-22
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 22
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 21
celebrada el miércoles,
13 de mayo de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página6)
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro), sobre las acciones que va a impulsar el Gobierno para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que tiene para la Comunidad Autónoma de Canarias la pérdida absoluta
de sus principales actividades económicas. (Número de expediente 172/000027) ... (Página6)
Preguntas ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que exponga cuáles son sus responsabilidades como coordinadora del proceso de
'desescalada', así como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase. (Número de expediente 172/000024) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario VOX, para que el Gobierno explique si el vicepresidente segundo Pablo Iglesias pretende utilizar la actual crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española. (Número de expediente 172/000028) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ('BOE' núm. 112, de 22 de abril de 2020). (Número de expediente 130/000016) ... (Página40)
- Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia. ('BOE' núm. 119, de 29 de abril de 2020). (Número de expediente 130/000017)
... (Página61)
Declaración institucional:
- Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. (Número de expediente 140/000001) ... (Página83)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página84)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
Minuto de silencio ... (Página6)
Las señoras y los señores diputados presentes en el hemiciclo guardan un minuto de silencio, puestos en pie, en recuerdo de los fallecidos como consecuencia de la COVID-19.
Exclusión del orden del día ... (Página6)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro), sobre las acciones que va a impulsar el Gobierno para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que tiene para la Comunidad Autónoma de Canarias la pérdida absoluta de sus
principales actividades económicas, lo que se aprueba por asentimiento.
Preguntas ... (Página6)
Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las perspectivas económicas del Gobierno para nuestro país? (Número de expediente 180/000128)
... (Página6)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué entiende usted por nueva normalidad? (Número de expediente 180/000127) ...
Del diputado don Oskar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Apuesta por la derecha neoliberal recentralizadora y sus políticas frente a la mayoría progresista de
la investidura? (Número de expediente 180/000135) ... (Página9)
De la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Qué
juicio le merece su propia actuación al frente del Comité de Coordinación Interministerial creado ante la amenaza para la salud pública producida por el coronavirus? (Número de expediente 180/000130) ... (Página11)
Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno: ¿El Gobierno está cumpliendo con todas las medidas contenidas en los reales decretos para afrontar la crisis del COVID-19? (Número de
expediente 180/000124) ... (Página12)
Del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030: ¿Qué funciones tendrá el vicepresidente segundo en el
desconfinamiento? (Número de expediente 180/000129) ... (Página14)
Del diputado don Juan Luis Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: ¿Cuáles son los planes exactos del Gobierno
respecto al uso de técnicas de geolocalización de los ciudadanos? (Número de expediente 180/000132) ... (Página15)
Del diputado don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, del Grupo Parlamentario VOX, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Por qué no aplican la Ley de Seguridad Nacional en lugar de prorrogar el estado de alarma durante 50 días más?
(Número de expediente 180/000134) ... (Página17)
Del diputado don Joan Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Piensa el Gobierno distribuir equitativamente los recursos de financiación entre las comunidades autónomas y facilitarles
liquidez suficiente, en estos momentos de grandes necesidades? (Número de expediente 180/000120) ... (Página18)
Del diputado don Sergio Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno celebrar una reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico para abordar la
participación de la Comunidad Foral de Navarra en el reparto del fondo de 16 000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado por el Gobierno de España? (Número de expediente 180/000125) ... (Página19)
Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor ministro del Interior: ¿Va a seguir utilizando su condición de ministro del Interior para debilitar la democracia española? (Número de expediente
180/000121) ... (Página21)
Del diputado don Óscar Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Por qué se empeña en recortar el derecho a la educación de los niños con
necesidades especiales? (Número de expediente 180/000131) ... (Página22)
Del diputado don Edmundo Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Trabajo y Economía Social: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para asegurar la protección y favorecer la recuperación
del empleo ante esta crisis del COVID-19? (Número de expediente 180/000126) ... (Página23)
De la diputada doña Elvira Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Sanidad: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno ante el elevado número de contagios entre los profesionales
sanitarios? (Número de expediente 180/000133) ... (Página25)
De la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor ministro de Sanidad: ¿Han avalado los expertos sanitarios que puedan celebrarse elecciones autonómicas durante el estado de alarma? (Número de
expediente 180/000123) ... (Página26)
Interpelaciones urgentes ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que exponga cuáles son sus responsabilidades como coordinadora del proceso de
'desescalada', así como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase... (Página28)
Formula la interpelación urgente el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Gobierno contesta la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez).
Replica el señor Echániz Salgado y duplica la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Del Grupo Parlamentario VOX, para que el Gobierno explique si el vicepresidente segundo Pablo Iglesias pretende utilizar la actual crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española ... (Página34)
Formula la interpelación urgente la señora Ruiz Solás, del Grupo Parlamentario VOX.
En nombre del Gobierno contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión).
Replica la señora Ruiz Solás y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página40)
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo ... (Página40)
La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y Sayas López y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras
Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Rego Candamil, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario Republicano; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX; Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia ... (Página61)
El señor ministro de Justicia (Campo Moreno) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil, Baldoví Roda y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Santiago
Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Declaración institucional ... (Página83)
El señor secretario (Sánchez Serna) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos con motivo del Día Mundial de la fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página84)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se aprueba por 29 votos a favor más 172 votos telemáticos, 201; 7 en contra más 45
votos telemáticos, 52; y 14 abstenciones, más 82 votos telemáticos, 96.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 48 votos a favor más 293 votos telemáticos, 341; 2 votos telemáticos en contra; y 2 abstenciones más 4 votos telemáticos, 6.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia, se prueba por 25 votos a favor más 153
votos telemáticos, 178; 21 en contra más 140 votos telemáticos, 161; y 4 abstenciones más 6 votos telemáticos, 10.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 49 votos a favor más 297 votos telemáticos, 346; 2 votos telemáticos en contra y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Buenos días señorías. Se abre la sesión.
Muchas personas siguen hoy trabajando en toda España por la salud y la seguridad de todos en la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias. En nombre de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, quiero darles las gracias una vez más, a
ellos y a quienes siguen cumpliendo con las instrucciones de las autoridades sanitarias en beneficio de todos. Nos une también a todos el deseo de recuperación de quienes padecen la enfermedad y el pésame por quienes han fallecido a causa de ella,
por cuyo recuerdo la Junta de Portavoces acordó ayer guardar un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados presentes en el hemiciclo, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO), SOBRE LAS ACCIONES QUE VA A IMPULSAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LAS GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE TIENE PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS LA PÉRDIDA ABSOLUTA
DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (Número de expediente 172/000027).
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 881 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto
17, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro) sobre las acciones que va a impulsar el Gobierno para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que tiene para la Comunidad
Autónoma de Canarias la pérdida absoluta de sus principales actividades económicas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Muchas gracias. En consecuencia, queda excluido el punto de referencia.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO PARA NUESTRO PAÍS? (Número de expediente
180/000128).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, ayer se cumplieron diez años del Pleno en el que, con su voto, se atacó al Estado del bienestar como nunca antes había pasado: Zapatero recortó 15 000 millones de euros, con su apoyo, el sueldo de los
funcionarios, pensiones, ayudas a la maternidad o ayudas a la dependencia. Antes ya habían modificado la ley para agilizar los desahucios y también para precarizar el empleo; todo ello, por supuesto, después de muchos meses ocultando datos y
engañando a los españoles. Ahora pasamos de esos brotes verdes a la V asimétrica, de la Champions League a la gama alta del éxito, del Plan E al escudo social. Misma propaganda en España, mismas mentiras en Europa.
Ahora piden otro plan Marshall, pero recuerden que el que tomó Europa hace setenta y cinco años fue para contener el comunismo, no para patrocinarlo, como pedía el otro día su vicepresidente en el Financial Times, recordando, por cierto,
esos pulsos que echaban Tsipras y Varoufakis y que acabaron en un corralito. Para no tener que enterarnos otra vez por el Gobierno italiano, señor Sánchez, ¿nos puede decir si va a pedir el rescate, cuánto costaría y qué perspectivas económicas
tiene el Gobierno?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Casado.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.
Efectivamente el COVID-19, la crisis del COVID, tiene una triple dimensión: la sanitaria, la social y la económica. Ahí están las perspectivas económicas de un parón de la actividad en el año 2020 y una recuperación de la misma en el año
2021, y creo que si algo se ha demostrado con esta crisis del COVID es que el camino para adelantar precisamente esa recuperación económica es el de la unidad. La unidad salva vidas, señorías, y la unidad también puede salvar empresas y puestos de
trabajo. Ayer tuvimos un buen ejemplo en el Consejo de Ministros, donde aprobamos un real decreto-ley para extender los ERTE hasta el 30 de junio, previo diálogo y acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, es decir, los empresarios y los
sindicatos. Esta semana se va a poner en marcha la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, y creo, señoría, que su grupo -y el conjunto de grupos- está llamado a fraguar esa unidad, porque esa unidad, señorías, no
solamente salva vidas en esta crisis del COVID, sino que también puede salvar empresas y puestos de trabajo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Casado Blanco.
El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, el pasado 9 de marzo le propuse un plan de choque económico frente a la crisis del coronavirus, pero su Gobierno contestó que tendría un impacto poco significativo y transitorio. Yo no sé si les
parece poco significativo que ya haya 27 000 fallecidos o que sea transitoria la destrucción de un 10 % de la economía nacional y de 5 millones de empleos. Ayer presentamos ese plan B, que usted no encuentra, para reactivar España con más liquidez,
también con reducción de costes fiscales, laborales y burocráticos. En vez de presumir pagar, y tarde, 5 millones de prestaciones por desempleo, usted debería ocuparse de recuperar el empleo para evitar los recortes sociales como los que se votaron
aquí hace diez años. Para ello, hay que desconfinar a la población española por grupos de riesgo, con mascarillas obligatorias, con test masivos, con rastreo de contagiados, con huella digital, y reforzar el Sistema Nacional de Salud. Para eso,
hemos propuesto un pacto Cajal de Estado por la sanidad, la atención a los mayores o la investigación. Y sustituir de una vez el estado de alarma por la legislación básica, tal y como aconseja la Unión Europea y ya han asumido la mayor parte de sus
Estados. Pero usted sigue con su geometría variable, que le llevó ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra, y Junts per Cat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un
mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos apoyar para arruinar a España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias señoría.
Vamos a ver: el Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular; el enemigo común que tenemos es el COVID y, en
consecuencia, tenemos que actuar frente a él. Serían fácilmente rebatibles muchas de las cosas que usted ha dicho, pero no voy a entrar en ello porque creo que los españoles no quieren eso, ni del grupo de la oposición ni tampoco del Gobierno de
España.
Sí diré que la crisis de COVID, señorías, tiene sus singularidades. No está afectando a sectores poco competitivos, poco eficientes, sectores víctimas de una burbuja -como ocurrió, por ejemplo, con el sector de la construcción residencial
en el año 2008-, sino que está afectando a sectores muy expuestos a esas restricciones sanitarias, por ejemplo, el sector turístico; sectores muy competitivos generadores de empleo Y ahí está la lógica de lo que estamos haciendo durante esta
semanas, señoría: estamos sosteniendo, a través de las líneas ICO y a través también de las prestaciones para sostener renta de trabajadores y de empresas, a trabajadores autónomos, a trabajadores por cuenta ajena, a empresas del sector del turismo
y sectores que están directamente afectados por estas restricciones sanitarias. Y ese es el camino, señoría, el camino es el de la unidad; el camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad no solamente para salvar vidas en el frente
sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo.
Yo, señorías, creo que este Congreso tiene una tarea muy importante a partir de esta semana con esa Comisión parlamentaria por la reconstrucción social y económica, y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR NUEVA NORMALIDAD? (Número de expediente 180/000127).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, ¿qué entiende usted por nueva normalidad?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Esteban.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, presidenta.
Recuerdo que en la primera comparecencia pública que hice precisamente ese sábado en el que aprobamos el primer estado de alarma dije que solamente venceríamos al virus cuando encontrásemos ese remedio terapéutico o cuando la ciencia
encontrase esa vacuna contra el COVID-19. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es desescalar, llegar a esa nueva normalidad, señorías, y por tanto respetar las normas sanitarias que nos están trasladando los expertos, la ciencia; es decir, las
distancias sociales o el uso de mascarillas, por ejemplo, cuando utilizamos transportes públicos. En definitiva, todas aquellas cuestiones que lógicamente se han vuelto normales como consecuencia de la emergencia de esta pandemia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, yo no le oculto que no me gusta nada el término, me suena al título de una serie de televisión americana exactamente. Para mí normalidad es normalidad, eso es a lo que tenemos que tender y hay
bastantes cosas en juego. Lo que no puede haber, una vez eliminado el riesgo de pandemia o una vez que esta esté controlada, son restricciones en el ámbito de los derechos; ni debe haber restricciones o cambios en los derechos competenciales
institucionales, de acuerdo con el orden constitucional, o aprovechar para hacer una reforma en tal sentido con esa excusa.
Creo que hay que tomar medidas y, en prevención, hay que asegurarnos de que con los suministros no ocurra lo mismo -y en eso Europa tiene mucho que decir-, y estoy de acuerdo en que hay que trabajar con sistemas de alarmas tempranas. Pero
sobre todo se trata de rehacerse económicamente.
Tiene usted que aclarar cuanto antes exactamente cuál es la posición europea con respecto a la financiación que pueda producirse, porque en este momento todavía no lo tenemos nada claro y tenemos que saber cuáles son los márgenes de cada una
de las instituciones, porque desde luego las instituciones van a tener que ser protagonistas en esa recuperación. Por eso le recuerdo que sería muy urgente hacer una comisión de concierto. Y habría que aprovechar para cambiar también las bases
socioeconómicas. No se aprovechó en la crisis de 2008 y vemos que son muy endebles y con cada vendaval -que no tiene por qué depender del Estado español, sino que puede venir de fuera- se las pone en cuestión porque tenemos ámbitos económicos
débiles. La Comisión de reconstrucción creo que debería ir destinada a esto. A ninguno se nos oculta que hay un mal clima y, la verdad, intentar ponernos a reformar temas en el ámbito sanitario, en el de la dependencia, el de los cuidados,
etcétera, en plena pandemia y sin la necesaria tranquilidad y serenidad, no me parece lo más adecuado. Me recuerda a aquello de: en tiempo de tribulación, no hacer mudanza.
Por último, quisiera decirle que por algunas instituciones e incluso por representantes de sus coaligados en el Gobierno se ha dejado deslizar en los últimos días que el País Vasco ha pasado a la fase 1 por criterios políticos y no por
criterios técnicos. A mí me parecen estas declaraciones muy graves e irresponsables y le pido....
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Esteban Bravo.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Señor Esteban, quiero que sepa, sobre el planteamiento que usted hace -y ahí está el ministro de Sanidad-, que la suya no es la única comunidad autónoma, que ha habido otras de distintos colores políticos que han criticado la decisión que ha
tomado la autoridad sanitaria, pero, desde luego, el planteamiento que ha hecho siempre el Gobierno es decidir sobre la base de criterios técnicos y estrictamente técnicos, para nada políticos, porque estamos hablando de la salud pública, estamos a
hablando de salvar vidas.
En relación con el término nueva normalidad, efectivamente, si alguna lógica tiene es la de alertar a la ciudadanía a que no podemos rebajar los niveles de protección, de restricción y de distanciamiento que exige para no propagar el virus,
como hemos tenido estas últimas semanas. Creo que es compartido por todas sus señorías -también por los presidentes y presidentas autonómicos, con los que me reúno todos los domingos- que no podemos relajar los mensajes que traslademos a la
ciudadanía, no podemos transmitirles que hemos vencido definitivamente al virus porque el virus sigue ahí presente en el conjunto de la sociedad.
Comparto con usted, señorías, que de verdad que el estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. No hemos recentralizado ningún tipo de competencias de las autonomías. Ahí está, por ejemplo, el ministro del
Interior que ha hecho un trabajo extraordinariamente positivo de coordinación con las policías autonómicas, por ejemplo, con la Ertzaintza. Ahí está el ministro de Sanidad, que puede defender, como lo hemos hecho en esta Cámara, señoría, que desde
luego las competencias y la gestión sanitaria en esta crisis han permanecido en manos de los Gobiernos autonómicos. Quiero decir con esto, señoría, que nosotros lo que queremos es transitar hacia esa nueva normalidad con un estado de alarma
distinto, porque efectivamente es muy distinta a la situación de la de hace ocho semanas, pero necesitamos culminar esta etapa. A partir de ahí, señorías, se tiene que abrir un debate político en esta Cámara para ver cómo podemos reforzar esos
mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de la Administración para que efectivamente esos rebrotes, si se dan, sean los menos posible. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON OSKAR MATUTE GARCÍA DE JALÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿APUESTA POR LA DERECHA NEOLIBERAL RECENTRALIZADORA Y SUS POLÍTICAS FRENTE A LA MAYORÍA PROGRESISTA
DE LA INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000135).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Oskar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
El señor MATUTE GARCÍA DEL JALÓN: Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente, a estas alturas yo creo que poca gente duda de que estamos ante una crisis de época y creemos que, ante esa crisis de época, lo que hace falta es claridad y determinación. Por eso le realizamos una pregunta que fácilmente
se puede responder con un sí o con un no: ¿Apuesta por la derecha neoliberal recentralizadora y sus políticas frente a la mayoría progresista de la investidura?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, yo creo que no hay que mezclar los debates. Estamos hablando, entiendo, infiero por su pregunta, del resultado de la votación de la prórroga del estado de alarma. Y le he dicho antes al señor Esteban, y también se lo planteo a su
señoría, que el estado de alarma no es un proyecto político; nuestro proyecto político, el proyecto político de un Gobierno progresista formado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos es reforzar el Estado del bienestar; es extender los
derechos y libertades; es proteger algunos derechos que están puestos en cuestión por la derecha y por la ultraderecha, por ejemplo, el de la igualdad de género; es reforzar el papel en Europa; es reforzar el papel de España en el mundo, por
ejemplo, fortaleciendo la cooperación al desarrollo; es impulsar la reindustrialización bajo parámetros de sostenibilidad, la transición ecológica justa; es, lógicamente, todo aquello que defendí desde esta tribuna precisamente en mi debate de
investidura y que contó con el apoyo de la mayoría de sus señorías. Ese es el proyecto político de este Gobierno. Por cierto, creo que esta pandemia que usted ha calificado como la crisis de nuestra vida, y efectivamente lo es, demuestra que esa
hoja de ruta, que ese programa de Gobierno con el que nosotros nos presentamos ante ustedes cobra aún mayor relevancia durante los próximos años. Y ese es nuestro proyecto político, señoría; lo otro, el estado de alarma, es simple y llanamente una
necesidad para, desde el punto de vista constitucional, dar respuesta a una pandemia que por primera vez ha golpeado no solamente a España sino también al conjunto del mundo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias.
Señor presidente, yo no me refería tanto al estado de alarma como a su voluntad de alcanzar acuerdos con las derechas. Conviene recordar, porque hay que tener memoria -yo no sé si esto es una crisis de nuestras vidas, pero desde luego es
una crisis de época que creo que trasciende a nuestras propias vidas-, que fue la derecha quien consiguió que los ricos fueran más ricos y los pobres fueran más pobres durante la gestión de la anterior crisis, que un 10 % de la población acaparara
el 90 % de los recursos del país, que un 1 % de la población tuviera más del 25 % del conjunto de la riqueza del país, que creciera la desigualdad, como señalaba el propio Banco de España, que los cuidados pasaran a ser relegados de cualquier faceta
de atención pública y política. Eso fue lo que hicieron las derechas y eso es lo que tememos que se pueda volver a hacer si se opta por alcanzar acuerdos con ellos.
En definitiva, hay que optar por un modelo neoliberal, que fue el de la anterior gestión de la crisis, el que llevó a países a la ruina y el que llevó al empobrecimiento colectivo de la población en el Estado español, o apostar por un frente
progresista que pueda hablar no tanto de reconstruir como de transformar. Porque en realidad de lo que se trata es de transformar la realidad actual para alcanzar el nuevo modelo económico y social y, sobre todo, para que no vuelvan a pagar la
crisis aquellos que la pagaron en la anterior crisis: los jóvenes, las mujeres, los trabajadores en general. Y para eso hay que tomar medidas, medidas que vemos difícil que puedan alcanzarse con las derechas, medidas que tienen que ver con una
nueva política fiscal, como la creación de un impuesto sobre la riqueza de manera clara y un impuesto también sobre las empresas -que las hay- que están obteniendo pingues beneficios también durante esta gestión sociosanitaria; recuperar el dinero
que se entregó a los bancos, denunciar nuevamente el papel o timo de la estampita que hacen los bancos cuando reciben dinero al 0,25 y horas después lo venden al 1 %, obteniendo un 0,75 de ganancia neta por no hacer nada. Habrá que hablar también
de los cuidados, de la dimensión de los cuidados, de la economía de los cuidados en esta nueva realidad. Habrá que hablar también de moratoria a grandes obras, para que no nos volvamos a encontrar con bochornos como el de grandes infraestructuras
que apenas sirven para nada mientras la gente no tiene que comer. Y, asimismo, habrá que hablar también de nacionalizar empresas.
Se lo dijimos en la investidura y se lo decimos ahora con total claridad y determinación: nosotros no estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar; estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo creo que uno de los errores de la izquierda en muchas ocasiones es hablar de redistribución y olvidar el crecimiento y la creación de empleo. Esta crisis -antes lo he dicho- es una crisis que está afectando a sectores
competitivos, a diferencia de lo que ocurrió en otras crisis. El sector de la construcción residencial, por ejemplo, sufrió una burbuja inmobiliaria que explotó y, como consecuencia de ello, tuvo una derivada precisamente en el sector financiero.
Aquí estamos hablando de sectores expuestos claramente a las restricciones sanitarias. Y ahí está la lógica de las cosas que está haciendo el Gobierno de España, no solamente creando esa red de protección a las familias, sino también creando una
red de protección a las empresas a través de las líneas ICO, con 300 000 operaciones casi en lo que llevamos de estado de alarma y con más de 30 000 millones de euros puestos en garantías de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los
trabajadores autónomos. En segundo lugar, por ejemplo, con los expedientes de regulación temporal de empleo o las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos. ¿Por qué? Porque lo que debemos sostener es ese tejido productivo
para que cuando se reanude la actividad económica ellos lideren el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso, señoría, creo que es tan importante la unidad. La unidad salva vidas, señoría, pero también la unidad política de todos
nosotros, los grupos parlamentarios, puede salvar muchos empleos y muchas empresas. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:
¿QUÉ JUICIO LE MERECE SU PROPIA ACTUACIÓN AL FRENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL CREADO ANTE LA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA PRODUCIDA POR EL CORONAVIRUS? (Número de expediente 180/000130).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Señora Calvo, celebro verla. Significa que está recuperada, contra lo que afirmaba usted el pasado domingo: He vuelto antes, contra el criterio de los médicos, llegó a decir. Supongo que era
retórico, porque lo contrario sería inquietante. También aseguró que nadie va a eludir su responsabilidad. Hablemos de la suya. El 4 de febrero, ante el avance del virus, el Gobierno creó un comité de coordinación interministerial y le encargó a
usted la tarea crucial de presidirlo. Dos semanas después usted rechazó la cancelación del Mobile porque, dijo, la alarma social no se corresponde con la realidad. El 8 de marzo diecisiete muertos ya seguía alentando manifestaciones masivas, y hoy
España es el país europeo con más exceso de muerte, más sanitarios infectados, el confinamiento más severo y el horizonte económico más negro. Por eso le pregunto: ¿Qué hizo usted, como responsable, en aquel febrero decisivo para frenar la
pandemia?
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señora Álvarez de Toledo, si me pregunta por mi actuación en términos tan personales, comprenderá que humanamente tenderé a ser autobenevolente, así que se lo voy a objetivar. Ese comité interministerial se crea el 4 de febrero y hasta el
13 de marzo se reúne seis veces, tres de ellas con la presidencia del propio presidente, razón por la cual estábamos preparados para, en poco más de un día y después de ser
declarada la pandemia oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, declarar el estado de alarma en nuestro país para pararla. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Señora Calvo, he revisado su agenda. Seis veces, dice. ¿Cuántas veces dice que la convocó? ¿Seis? ¿Sabe cuántas veces aparece? Cero. Otro comité fantasma lleno de pseudoexpertos, eruditos
imaginarios y compañeros de partido. Y eso que en su agenda cabe realmente de todo: estreno de la película Adú, desayuno informativo de la señora Lastra, presentación de una colección de discursos de la líder del PSE, mesa de cesiones a Torra y
actos feministas varios; claro, llegaba el 8-M y ahí nos iba la vida. Mire, señora Calvo, no engañe: más turismo tiene Francia y más tráfico Alemania. Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron
tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo. Si por esto no se dimite, entonces, ¿por qué?
Y ahora me acusará seguramente de crispar la bronca política. Yo le pido que se lo diga a su vecino de escaño, señor Iglesias, que llama inmundicia a un adversario, y al propio PSOE, que lidera una campaña obscena contra Madrid. El partido
de los falsos tés chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios sin EPI, de los comités opacos, los expertos imaginarios, de las mentiras a la CNN y a los españoles, de los muertos mal contados, el partido de su letal imprevisión debería
ser más humilde e incluso decir: gracias, Ayuso; gracias, Madrid.
Pero, en fin, señora Calvo, admito que no toda la responsabilidad es suya. La comparte con aquel que temerariamente la nombró para presidir aquel estéril comité. En realidad, esta agenda suya no solo detalla las actividades de la
vicepresidenta primera, también precisa con nitidez sus capacidades. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, a usted no le gusta ningún 8 de marzo, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni ningún 8 de marzo. Vaya por delante. (Aplausos).
Yo no le voy a pedir que sea razonable, pero sí le voy a pedir que sea racional. A usted le parece mal todo siempre de todo el Gobierno y en todas las situaciones. Eso es un insulto a la realidad y prácticamente a la inteligencia. Mire
usted, la democracia es diversidad y es confrontación, pero es también colaboración y cooperación; nunca más claro que en este momento. A usted le resulta tan difícil en su marco mental que ni en estos momentos es capaz usted de coincidir en algo
conmigo. ¿Qué pasaría si usted descubriera que la democracia no nos legitima para este enfrentamiento cuando nuestro país pasa por donde pasa? ¿Qué le pasaría a usted, señora Álvarez de Toledo, si encontrara que en algo coincide conmigo? Se
descompondría todo su marco mental. Pero yo le diré lo que pasaría en mi caso: estaría mucho más tranquila porque ambas seríamos más útiles para España. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EL GOBIERNO ESTÁ CUMPLIENDO CON TODAS LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS REALES DECRETOS PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL COVID-19? (Número de
expediente 180/000124).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Calvo, señora vicepresidenta primera, ¿está cumpliendo el Gobierno con todas las medidas anunciadas e incluidas en los reales decretos aprobados durante esta crisis?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián.
Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señor Rufián, naturalmente. Para eso hemos reaccionado rápido, en muchas direcciones, con legislación de urgencia que hemos traído a la Cámara y que ustedes han apoyado. Se trata justamente de algo que ha salido esta mañana aquí, en las
preguntas al presidente; se trata de que la situación que va a arrastrar a nuestro país, que ya ha arrastrado a nuestro país por la pandemia, no sea una crisis de la que salgamos con insolidaridad, sin justicia social, sin igualdad, sin protección
a quienes la necesitan, protegiendo a la vez nuestra economía para levantarnos pronto. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidenta.
Señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Calvo, señora vicepresidenta, le quiero comentar tres incumplimientos y dos propuestas. El primero, los ERTE. Ustedes han ampliado ese periodo hasta el 30 de junio. ¡Oh, sorpresa!, resulta que no depende del estado de alarma. Lo
digo porque nos cayó una buena cuando votamos en contra de 'su' estado de alarma y no de un estado de alarma, porque todo iba vinculado a eso, y ahora resulta que no. Ustedes ahora lo desvinculan, cosa de la que nos congratulamos. Sobre todo,
supone que hay setecientas mil personas que no lo han cobrado: primer incumplimiento. Segundo incumplimiento: SEPE; hay trescientas mil personas que tampoco han cobrado su paro. Y tercer incumplimiento: créditos ICO. Ustedes anunciaron una
línea de créditos de dinero público para autónomos y pymes, y la verdad es que la banca, que está intermediando, sigue practicando la usura para con los autónomos y pymes, obligando a estas microempresas y a estas empresas que tiran hacia delante
del país a comprar paquetes, pólizas, seguros de vida.
Le formulo dos propuestas. Una es sobre la conciliación familiar. Hay muchísima gente que está siendo obligada a ir a trabajar y que no tiene con quién dejar a sus hijos e hijas. Les pedimos, una vez más, una prestación remunerada para
esa gente, para que no tengan que vivir con esa angustia obvia. Segunda propuesta: parar, de una vez por todas, el reloj del paro. Imagínense la ansiedad que supone para centenares de miles de personas que están cobrando su prestación de
desempleo hoy, con la imposibilidad manifiesta de encontrar trabajo, saber que cada día que pasa es un día menos de su prestación por desempleo. Les pedimos, por favor, que paren ese reloj del paro.
En definitiva, la gente no come anuncios, la gente no come ruedas de prensa, la gente no come esperanzas; come cumplimientos. Les pedimos que cumplan. En definitiva, que abandonen el artificio y vuelvan a la realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señor Rufián, sí que nos preocupa el asunto de la conciliación y las dificultades enormes que van a a tener fundamentalmente mujeres y familias monoparentales con los pequeños cuando se vuelva a iniciar la actividad de otra manera en nuestro
país, y reflexionamos sobre ello. Pero también le voy a decir algo: este Gobierno se ha enfrentado a una situación ignota, sin ningún precedente, sin ninguna ruta sobre la que nos pudiéramos apoyar, nosotros y cualquier otro Gobierno. Hemos
tenido que responder en muchas direcciones, fundamentalmente en la sanitaria de manera prioritaria con la alarma en nuestro país. Responder en tantas direcciones tan rápidamente de manera casi única en la historia de nuestro país no casa con la
perfección, pero algunas de las prestaciones de las que usted habla se están cumpliendo. Es más, hay situaciones en las que algún ciudadano ha reconocido tiempo récord en una Administración para reaccionar y cumplir lo que se dice. Y, como usted
se podrá imaginar -y podemos compartir-, el estado de alarma ha ido unido a algunas de las decisiones que hemos tomado porque detrás venía la crisis social y económica.
Déjeme que le diga algo en relación con el debate de la anterior sesión. El estado de alarma es la mayor garantía democrática de que, cuando se limita algún derecho fundamental de los españoles, se
decide en esta Cámara. En realidad, la alarma la autorizan ustedes, señoras y señores diputados. Somos una gran democracia y el Gobierno utilizó el camino más garantista y más democrático que podía utilizar, con nuestra Constitución en la
mano. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON TEODORO GARCÍA EGEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: ¿QUÉ FUNCIONES TENDRÁ EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO EN EL
DESCONFINAMIENTO? (Número de expediente 180/000129).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.
Señor Iglesias, toda España se ha estado preguntando quiénes son los expertos que asesoran al Gobierno. En otras latitudes serían usted, el señor Echenique, el señor Monedero los que asesoraban, eso sí, sin mucho éxito, porque esos países
acabaron arruinados y con graves crisis sociales. Aquí en España ni siquiera sabemos quiénes son los expertos que deciden. Muchas comunidades autónomas han pasado de la fase 0 a la fase 1 y no sabemos quién lo ha decidido. Mi pregunta es por qué
ocultan sus nombres, ¿es acaso porque están negociando con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda al Gobierno? Desde la última vez que usted y yo hablamos, ¿cuáles han sido las funciones concretas que ha desarrollado
como vicepresidente en esta pandemia?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García Egea.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su pregunta, señor García Egea. Mis funciones han sido coordinar las políticas sociales del Gobierno. Esto se traduce en evitar que nadie se quede atrás en una situación de emergencia sanitaria que ha provocado una
enorme crisis social y económica, y será un placer y una obligación para mí explicarle a usted las medidas de escudo social que ha llevado a cabo este Gobierno para defender el interés general y para afrontar esta crisis de manera contraria a como
se afrontó la crisis de 2008. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidente.
Señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Señor Iglesias, ¿sabe por qué va a ser recordado usted en la gestión de esta crisis? Por su sillón en el CNI; por intentar controlar los medios de comunicación; por sus peleas con la ministra Calviño y el ministro
Escrivá; por saltarse la cuarentena, pero sobre todo por mentir, junto con el señor Sánchez, a la cara de todos los españoles. Lo único que están haciendo bien es apropiarse de las medidas del Partido Popular, porque usted ha pasado de
manifestarse en la calle contra la reforma laboral a sacar pecho de su aplicación; de votar en contra de los presupuestos de Rajoy a gobernar cómodamente con ellos, y lo que le queda. Y cada vez que usted cite las palabras 'recortes sociales'
tiene que mirar a su derecha, tiene que mirar al señor Sánchez, porque ayer se cumplieron diez años del mayor recorte social de nuestra historia; hace diez años el Gobierno Zapatero bajó el sueldo de los funcionarios, congeló las presiones y
recortó las prestaciones sociales, y el joven diputado Sánchez votó a favor. Señoría, ahora me puede hablar de diálogo y mano tendida mientras insulta a Ayuso y a Almeida, es decir, su discurso moderado y conciliador que es más falso que los
informes de la Johns Hopkins del señor Sánchez. Igual de falso que ese escudo social que trata de vender a los españoles, porque solo es una tabla a la deriva a la que tratan de subirse usted y el señor Sánchez en medio de un océano de
incompetencia. La última vez que su partido puso un escudo social fue en Grecia y los pensionistas no podían sacar su dinero del banco. Toda España sabe que cuando se levantó de la Puerta del Sol y se sentó en la vicepresidencia se olvidó de la
gente; en ese momento usted se olvidó de la gente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.
Señor García Egea, la manera en la que usted articula sus discursos parlamentarios me recuerda la manera en la que componía poemas Tristan Tzara. Le confieso que me cuesta seguir el hilo, pero la calidad artística es enorme. Tengo la
impresión de que aquí queda claro que hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros, y es el concepto de interés general respecto al interés particular. Nosotros, seguramente con errores, seguramente con fallos, creo que estamos
demostrando que defendemos el interés general. Lo decía antes el presidente del Gobierno, hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos y con la patronal para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio. Fíjese usted que la patronal está en desacuerdo
con nosotros en muchísimas cosas, pero sabe negociar y llegar a un acuerdo que protege a los trabajadores y que protege también a las empresas. Y ese acuerdo incluye, además, la prohibición de que las empresas que estén domiciliadas en paraísos
fiscales puedan recurrir a estas ayudas. Y plantea una defensa de un tipo de empresariado patriótico que paga impuestos aquí y que protege a sus trabajadores. Eso es hacer política y defender el interés general. El ingreso mínimo vital, que usted
y sus socios llaman paguita, va a servir no solamente para dar dignidad a mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, sino también para favorecer a empresas y autónomos que tienen que seguir facturando. Lo que hacemos, modestamente
-y con errores y debemos ser criticados cuando lo hagamos mal-, es defender el interés general. Ustedes, sin embargo, hoy son noticia otra vez por defender el interés particular. Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un
apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. (Rumores). Y le aseguro que la ciudadanía en
una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS PEDREÑO MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ¿CUÁLES SON LOS PLANES EXACTOS DEL
GOBIERNO RESPECTO AL USO DE TÉCNICAS DE GEOLOCALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000132).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del diputado don Juan Luis Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, al inicio del estado de alarma su ministerio anunció el uso de tecnología de geolocalización para el estudio de la movilidad aplicada a la crisis sanitaria. Yo le pregunto, ¿cuáles son los planes del Gobierno respecto
al uso de las técnicas de geolocalización de los ciudadanos?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pedreño.
Señora vicepresidenta tercera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría, por su pregunta. El Gobierno, desde el primer momento, ha tratado de utilizar todos los instrumentos disponibles para tratar de luchar contra la emergencia sanitaria. Entre ellos se encuentran distintas
aplicaciones digitales que, en ningún caso, consisten en el seguimiento de los movimientos individuales. Se trata de aplicaciones que respetan plenamente todas las normas de privacidad y protección de datos personales europeas y nacionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidenta.
Señor Pedreño Molina.
El señor PEDREÑO MOLINA: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, yo le preguntaba específicamente por la plataforma que ustedes en el ministerio han llamado DataCOVID de geolocalización, que parece ser que es su apuesta de las nuevas tecnologías para ayudar a combatir la pandemia.
Esta, junto a la aplicación de autodiagnóstico -que supongo que es a la que usted se refería-, es una aplicación que saben que ha llegado tarde, que saben que no han sido capaces de ponerla en marcha a tiempo, y que han cogido el modelo que tiene la
Comunidad de Madrid para empezar a exportarlo al resto de las comunidades autónomas. De momento llevan cinco comunidades autónomas, a ver en qué fase terminan de implementarla. ¿Para qué ha servido exactamente la plataforma de geolocalización?
Porque lo único que sabemos es que el Instituto Nacional de Estadística -y no hace mucho, por cierto- decía que el 85 % de las personas se habían quedado en casa durante el confinamiento. ¿Eso para qué sirve? Además, el propio ministro de Sanidad,
señor Illa, decía que esto solo se utilizaría si aportara algún valor añadido. Primero planifiquen un proyecto antes de ponerlo en marcha, no lo pongan en marcha y luego se pregunten para qué sirve. Yo le voy a decir para qué sirve. Ha servido
para generar una alarma en la ciudadanía por el tema de la geolocalización totalmente injustificada; sobre todo, también por unas declaraciones aquí del propio presidente del Gobierno en las que manifestaba que esto solo se iba a utilizar para
saber que cada persona estaba donde decía que tenía que estar. Usted sabe que eso no es posible, porque son datos anonimizados y porque por supuesto -está fuera del debate- el Gobierno tiene que cumplir el reglamento europeo y la Ley Orgánica de
Protección de Datos. ¿Se han utilizado, por ejemplo, estos datos para planificar el desconfinamiento? ¿Se está pensando utilizarlos para el futuro, para el turismo, por ejemplo? Señora vicepresidenta, si no hay test para qué sirve esta
aplicación.
La semana pasada en la Comisión usted decía que las nuevas tecnologías iban a ser un instrumento para combatir de alguna manera la pandemia. De las dos medidas, la aplicación de geolocalización y la plataforma de autodiagnóstico, es decir,
una sirve y no se ha hecho y una se ha hecho y no sirve, yo le digo que este instrumento en España ya lleva dos meses desafiando, y mucho nos tenemos que en Europa, probablemente, empiecen ahora.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pedreño.
Señora vicepresidenta tercera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, la verdad es que no tengo muy claro el objetivo de su pregunta. Estaba intrigada después de oír al señor Casado hablar de que quería implantar la huella digital. Me he quedado igual de confusa con su pregunta. Lo cierto es que
hemos puesto en marcha un conjunto de aplicaciones, la de autodiagnóstico ha servido para descargar todos los sistemas de 112 y de consulta telefónica. Yo creo que ha sido útil. Pusimos en marcha un piloto en Madrid y hay otras comunidades
autónomas que se han unido después a esta aplicación. Me parece que está teniendo un resultado positivo, y no entiendo ninguna crítica por su parte. En segundo lugar, la aplicación de control de la movilidad ha respondido al objetivo principal de
control de la pandemia, porque como usted sabe, supongo, todos los modelos epidemiológicos consideran la movilidad de las personas como el elemento más determinante para la expansión del virus. Es decir, que hemos establecido un mecanismo con la
colaboración de las empresas telefónicas sin ningún tipo de dato personal -creo que usted mismo lo ha dicho-, y por tanto sin ningún tipo de riesgo para la privacidad y los datos personales de las personas, que, junto con el Instituto Nacional de
Estadística, nos proporciona información muy valiosa sobre los movimientos de las personas en todo el territorio nacional. Es un instrumento útil durante el control, va a ser un instrumento muy útil en la desescalada, y seguiremos utilizando todos
los instrumentos digitales que puedan ayudarnos a luchar contra la emergencia sanitaria y a mejorar la vida de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS HUGO FERNÁNDEZ-ROCA SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿POR QUÉ NO APLICAN LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL EN LUGAR DE PRORROGAR EL ESTADO DE ALARMA DURANTE 50 DÍAS MÁS?
(Número de expediente 180/000134).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa. Pregunta del diputado don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, del Grupo Parlamentario VOX.
El señor FERNÁNDEZ-ROCA SUÁREZ: Señora ministra, ¿por qué no aplican la Ley de Seguridad Nacional en lugar de prorrogar el estado de alarma durante cincuenta días más?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández-Roca.
Señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo creo que usted sabe que el mundo entero, y España también, está viviendo una pandemia sin precedentes, y sabe también que todos los científicos dicen que la única manera en la que se puede luchar contra esta pandemia es el
confinamiento de los ciudadanos, como están haciendo en todos los países del mundo. Y sabe también -o debería saber- que la única manera constitucionalmente posible de realizar eso es mediante la aplicación del estado de alarma. Una aplicación que
tiene un rango constitucional, porque así lo recoge la Constitución en el artículo 116, y porque además tiene una regulación en la ley del año 1981. Y además, le diré que -creo que usted lo sabe- esa declaración del estado de alarma se aprueba aquí
en el Congreso de los Diputados. Y el Congreso de los Diputados y los grupos que han apoyado el estado de alarma han tenido en cuenta lo único que le ha preocupado a este Gobierno. Mire, a este Gobierno lo único que le ha preocupado en esta crisis
ha sido salvar vidas, salvar vidas, se lo repito. Y a eso deberían apuntarse ustedes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señor Fernández-Roca Suárez.
El señor FERNÁNDEZ-ROCA SUÁREZ: Señora ministra, usted como jurista sabe perfectamente que existen otros instrumentos jurídicos alternativos al estado de alarma mucho más garantistas. La Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo. Por lo
tanto, que desde el Gobierno hayan indicado que no existe alternativa jurídica supone extender un bulo desde el propio Ejecutivo. Nuestro ordenamiento jurídico lo que viene a indicarnos es que los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta
magna no se pueden suspender de una forma generalizada y permanente, que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes han aprobado un estado de excepción encubierto, que cercena el ejercicio de hasta once derechos fundamentales y libertades públicas
que nos asisten a todos los españoles. No hay test de proporcionalidad jurídica que avale esta situación. Señora ministra, ¿han solicitado a la Abogacía General del Estado algún informe que avale la prórroga del estado de alarma otros cincuenta
días? Mucho me temo que no. Porque en este caso ustedes se hubiesen escondido detrás de ese informe. No se puede activar un estado de alarma sine die, la ley orgánica de 1981 establece que la duración máxima del estado de excepción son sesenta
días, y es que hoy se cumplen sesenta días desde que ustedes aprobaron un estado de excepción encubierto.
Señora ministra, ¿conoce que en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 ya se identificó el riesgo de pandemia como una amenaza real, y que este marco normativo prevé el desarrollo de una estrategia de seguridad sanitaria, que si
hubiese estado aprobada en este momento hubiese sido fundamental en la gestión de la crisis del coronavirus? Pero, ¿ustedes qué han hecho al respecto, aparte de nada? Señora ministra, ¿por qué no corrigen el rumbo ciento ochenta grados, dejan de
degradar nuestra democracia suspendiendo el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, que son legítimos, y en este supuesto aplican la Ley de Seguridad Nacional a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la propia ley?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Humildad, señoría, yo le pido humildad. Aquí no venimos a un debate jurídico; cuando quiera, hacemos usted y yo un debate jurídico. (Risas). Aquí venimos a salvar vidas, eso es lo que ha
estado haciendo el Gobierno y eso es lo que va a continuar haciendo el Gobierno, aunque a su grupo parece que le moleste. Y mire usted, aquí, aquí, esta Cámara ha aprobado el estado de alarma, que tiene un reconocimiento constitucional, artículo
116 -ya que le gusta a usted tanto el derecho-; y precisamente por eso, porque el único objetivo de este Gobierno es salvar vidas, entendemos que en este momento en el que hay que continuar la desescalada es el único instrumento constitucionalmente
válido para recordar a los ciudadanos que tienen que tener mucha precaución; que han hecho un gran trabajo estando en sus casas, pero que el virus está ahí, y hay que tener mucho cuidado; la desescalada no es fácil, no es sencilla. Por eso yo le
pido a su grupo que arrime el hombro, que no haga ruido, no vaya a ser que al final les digan a ustedes aquel refrán de que cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas, y créame que se lo digo con todo el respeto. (Risas.-Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOAN BALDOVÍ RODA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿PIENSA EL GOBIERNO DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE LOS RECURSOS DE FINANCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y FACILITARLES
LIQUIDEZ SUFICIENTE, EN ESTOS MOMENTOS DE GRANDES NECESIDADES? (Número de expediente 180/000120).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda. Pregunta del diputado don Joan Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Señora ministra, este virus no entiende de fronteras, de territorios, de comunidades autónomas, pero sí que entiende de recursos públicos para luchar contra él y contra sus consecuencias. Cuantos más recursos tenga una comunidad autónoma,
que es la que tiene las competencias, más capacitada estará para combatir y para ayudar a sus ciudadanos. España, y usted lo sabe, tiene un sistema de financiación injusto, desigual, caducado: seis años, enormemente perjudicial para algunas
comunidades autónomas, entre ellas la suya, la valenciana y Murcia. Los valencianos tenemos un PIB 15 puntos por debajo de la media española, somos una comunidad pobre, y encima aportamos 1500 millones al Fondo de Suficiencia Global, los que más
aportamos, y sin embargo los valencianos somos los peor financiados: 198 euros por debajo de la media, 611 euros por debajo de la mejor financiada. Es decir, los valencianos tenemos casi 1000 millones de euros menos que la media para luchar contra
esta epidemia; y sin embargo en inversión sanitaria pública estamos por encima de la media. Es decir, somos pobres, aportamos a la solidaridad como si fuéramos ricos, estamos mal financiados, pero hacemos un esfuerzo en sanidad pública por encima
de comunidades autónomas más ricas y mejor financiadas. Señora ministra, ¿piensa hacer algo para impedir que a los valencianos la financiación siempre nos salga a pagar?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero, señor Baldoví, es decir que efectivamente los virus no entienden de fronteras ni de criterios políticos ni entienden de agravios de unos territorios frente a otros territorios, y creo que esto tendría que ser una máxima en la
discusión y en la aproximación a los temas, porque a veces queremos convertir los criterios técnicos en criterios políticos, o convertir en problema una situación que francamente es de normalidad.
Quiero decirle que este Gobierno ha hecho algo sobre lo que me hubiera gustado haberle escuchado un reconocimiento: es la primera vez que se ponen a disposición de las comunidades autónomas 16 000 millones de euros adicionales al sistema de
financiación para intentar compensar los gastos que se han originado con motivo de esta pandemia; gastos en la índole sanitaria o disminución de recursos por motivo de la depresión económica que conlleva esta crisis. Eso, señor Baldoví, ¿lo
comparte?, ¿está usted de acuerdo en que eso es bueno para el conjunto del subsector comunidades autónomas?
En segundo lugar, usted me preguntaba si creía que el reparto que se proponía desde el Ministerio de Hacienda era equitativo. Por supuesto, nunca va a escuchar de este Gobierno ni de esta ministra un criterio de reparto de fondos o un
criterio político en relación con la aplicación de determinados criterios
técnicos en los territorios que no vaya en pos del interés general y de que de cada ciudadano, vida donde viva, tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Le propongo algo para que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades: un fondo de nivelación a la media, que a los que estamos por debajo nos nivele a la media y así tendremos las mismas
posibilidades de combatir a este virus. Ojo, no pedimos que le quiten a nadie, solo pedimos que nos igualen a la media. Segundo, estamos a favor de ese fondo de 16 000 millones, pero que haya un acuerdo en el reparto, que se aplique a la población
de derecho, a la real, porque este virus es fundamentalmente urbano, y así lo reconocen ustedes cuando no han dejado pasar a la fase 1 a las principales áreas urbanas valencianas. Por tanto, esperamos que de esos 10 000 millones de gasto sanitario
nos correspondan 1132...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias.
Se lo repito, señor Baldoví: son criterios absolutamente técnicos, objetivos, de ponderación del gasto sanitario. Yo le haría una pregunta: ¿si hubiera un rebrote en la Comunidad Valenciana defendería usted los mismos criterios que me
está planteando ahora mismo, o eso depende de cómo a cada uno le va, en función de las tablas, el reparto por el número de personas hospitalizadas o por el número de población? Me parece legítimo, señor Baldoví, que cada uno defienda los intereses
de su territorio, pero lo que no me parece legítimo es que se cambie de criterio en función de que la circunstancia coyuntural que tenga Valencia esté en uno u otro entorno. Creo que no debe ser eso lo que prime en el reparto de una cantidad tan
importante como 16 000 millones.
Mire usted, yo creo que los ciudadanos necesitan unidad, en estos momentos no quieren confusión, quieren que se les transmitan por parte de los poderes públicos unas ideas claras. No enredemos, no inventemos problemas que no existen,
simplemente arrimemos el hombro porque la lucha contra este virus nos necesita a todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON SERGIO SAYAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CELEBRAR UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL CONVENIO ECONÓMICO PARA ABORDAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN EL REPARTO DEL FONDO DE 16 000 MILLONES DE EUROS PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANUNCIADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000125).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Sergio Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor SAYAS LÓPEZ: Señora ministra, el Gobierno anunció un fondo de 16 000 millones de euros para las comunidades autónomas con el fin de contribuir a la reconstrucción social y económica de nuestro país. Me gustaría que en su
intervención garantizara que Navarra podrá participar de ese fondo, y también que dijera si en la reunión que hay prevista mañana en el marco de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico se fijará la cuantía y la forma en la que Navarra podrá
participar de este fondo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sayas.
Señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor Sayas. La respuesta es: evidentemente. Usted me preguntaba a propósito de si tenía previsto convocar la reunión, y ya ha anunciado que la reunión se celebra mañana.
A la pregunta de si la reunión es para el objetivo que usted
plantea de ver cómo Navarra participa de esa distribución del fondo y cómo podemos tener en cuenta la situación singular de un régimen foral, la respuesta es sí.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, ministra. Le agradezco que cuente con Navarra a la hora de poder participar de ese fondo.
Como sabe, nuestra comunidad ha sido gravemente azotada por el coronavirus. Es verdad que hoy estamos en unas cifras más esperanzadoras porque tenemos un sistema sanitario fuerte, forjado durante muchos años, muchos de ellos con Gobiernos
de UPN; porque tenemos también unos magníficos profesionales de la sanidad, y porque el pueblo navarro se ha comportado de manera ejemplar. Pero, aun así, seguimos necesitando la solidaridad del conjunto de los españoles para poder reforzar este
sistema sanitario y para poder poner en marcha ayudas a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. El Convenio Económico es un instrumento que regula las relaciones económico-financieras entre Navarra y el conjunto del Estado. Es un
instrumento histórico, pero que también tiene amparo constitucional y que tiene dos características fundamentales: en primer lugar, la bilateralidad, y en segundo lugar, el pacto. Navarra es una comunidad solidaria con el conjunto de España que
contribuye no solo en función de sus habitantes, sino de su renta. Y esa solidaridad con la que siempre ha obrado el conjunto del pueblo navarro es hoy la que pide al conjunto de España. Navarra tiene que participar de este fondo de manera
suficiente y justa, pero no solo de este fondo, sino también de otras ayudas que, a nivel europeo, puedan venir. Pero, señora ministra, hemos escuchado también y hemos leído en algunos medios de comunicación que una de las posibilidades de
financiar este fondo puede ser el remanente de los ayuntamientos. Me gustaría que en su respuesta desmintiese esta información. Como sabe, nuestro partido es un partido municipalista; tiene muy a gala la defensa de la autonomía municipal, y no
está de acuerdo con que el Gobierno haga políticas con un dinero que es de los ayuntamientos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.
Señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Sayas, no voy a caer en la trampa de que ustedes se inventen una noticia para que yo ahora la desmienta aquí, y parezca que son ustedes los que han arrancado un compromiso al Gobierno. Esto es más antiguo que la tos y no lo voy hacer.
Creo que para usted la pregunta es muy interesada. En ningún momento se ha dicho eso ni se ha mantenido una reunión para que la dotación de este fondo proceda de la financiación de las entidades locales. Nunca, en ningún momento ni en ningún medio
se ha transmitido esa información. Lo que es sorprendente, señor Sayas, es que ustedes no salgan del asombro, señorías de la derecha, por el hecho de que el Gobierno de España haya creado un fondo no reembolsable, que no es un préstamo ni tiene
intereses, y lo haya puesto a disposición de las comunidades autónomas. Para ustedes esto es una novedad de tales características que en todo momento piensan que hay trampa detrás de ese fondo, y van buscando dónde y en qué momento se van a
encontrar con esa trampa. Pues se lo digo ya. No sigan buscando; es un fondo sin trampa ni cartón que se destina a las comunidades autónomas para que puedan compensar el gasto sanitario, para que sea el Gobierno de España el que se endeude y no
pasar esa deuda a las comunidades autónomas, para compensar parte de la caída económica que va a provocar esta crisis también en los recursos propios de las comunidades autónomas. Se lo digo con claridad: dejen de frotarse los ojos; es así. Este
Gobierno apuesta por las comunidades autónomas y la mejor expresión es que pone a su disposición 16 000 millones de euros, sin ningún tipo de condición, para que puedan seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos, básicamente el servicio
sanitario, que hoy por hoy es el orgullo de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA A SEGUIR UTILIZANDO SU CONDICIÓN DE MINISTRO DEL INTERIOR PARA DEBILITAR LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA? (Número de expediente
180/000121).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿va a seguir utilizando su ministerio para debilitar la democracia española?
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Señor Gil Lázaro, después de haberles dicho ya este ministro que no prevarica incumpliendo arbitrariamente la legislación penitenciaria, y que tampoco compra ilegalmente con dinero público la protección mediática;
después de haberles dicho que no censura limitando arbitrariamente ni el derecho de libre expresión ni el derecho a la libertad de información ni a la de manifestación; igualmente habiéndoles dicho que no es tan irresponsable como para no proteger
al conjunto de nuestros funcionarios públicos del Ministerio del Interior -aprovecho para felicitar hoy en su 176.º aniversario a la Guardia Civil-, y después de haberles dicho que no abusa inconstitucionalmente del estado de alarma, le tengo que
decir que este ministerio, el Ministerio del Interior, y su ministro -tengo el honor de dirigirlo- únicamente nos limitamos a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y en este caso
conjugándolo con la salud pública. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hay que tener cuando menos mucho desparpajo para decirme lo que usted me acaba de decir, máxime teniendo en cuenta que usted está siendo el brazo ejecutor del ataque contra el orden constitucional que este Gobierno está
perpetrando mediante un uso fraudulento del estado de alarma, que ha convertido el confinamiento sanitario en un auténtico encierro generalizado de la población española, con una anulación absoluta de derechos y libertades, y con toque de queda a
las once de la noche. Usted ha dado órdenes de espionaje y censura en las redes que sabe que son órdenes ilegales, porque las llamadas investigaciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, no sería de extrañar
que estuviera clandestinamente haciendo lo mismo con correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Usted ha impartido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad órdenes ilegítimas de actuación coactiva contra ciudadanos que pretenden ejercer sus
derechos y libertades, y por tanto está poniendo en una situación límite a esos profesionales en su relación con los ciudadanos, como manifestaba y advertía ayer el portavoz de la Unión Federal de Policía. En definitiva, usted está aplicando una
política represiva cuyo único fin es impedir que los españoles puedan manifestar su protesta contra un Gobierno inútil, mentiroso y sectario, cuya nefasta actuación ha causado miles de muertos y la ruina nacional. Por tanto, señor ministro del
Interior, no me venga con monsergas, máxime cuando pretenden ahora prorrogar este estado de alarma, es decir, este estado policíaco.
Por los hechos acaecidos en Madrid, en Castellana, en Núñez de Balboa y en la playa de San Juan, VOX va a convocar el próximo 23 de mayo manifestaciones en toda España. Lo haremos de forma legítima, en coches, cumpliendo el requerimiento
sanitario. Y si usted las impide, si usted se atreve a impedirlas, demostrará que a este Gobierno lo único que le importa es protegerse contra los españoles y seguir ejerciendo un poder autoritario; eso que ustedes llaman la nueva normalidad y que
probablemente no es más que el paso hacia un intento de cambio de régimen. Mire usted, por la democracia, por la libertad y por España, VOX va a seguir plantándoles cara de manera directa y sin ningún miedo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Voy a ser muy breve, pero le voy a decir que su discurso es el de la infamia y de la imputación grave a un ministro y a un Gobierno de la comisión de los delitos más graves. Eso es lo que están haciendo ustedes desde su partido. Se hacen
eco de mentiras, generan crispación y generan odio, pero no hacen ninguna propuesta de actuación en materia de la crisis sanitaria preocupándose por el conjunto de nuestra población, ninguna medida en razón a la reconstrucción social y económica que
queremos.
Voy a terminar diciéndole una cosa. Me está recordando a hace diez años cuando el mejor ministro del Interior que ha tenido España, el ministro Pérez-Rubalcaba, le dijo a usted cuando era diputado por el Partido Popular que le veía mucho en
tertulias de la extrema derecha. Mire dónde está usted ahora. Está ubicado en la extrema derecha. Ojalá no haya muchos diputados actuales del Partido Popular que sigan su senda.
Para finalizar, recordando también aquella comparecencia y con todo respeto a los votantes de VOX, le diré que ustedes, el Grupo Parlamentario VOX, sin el Gobierno de coalición del presidente Sánchez, sin el Partido Socialista Obrero Español
y sin Unidas Podemos no son nada. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿POR QUÉ SE EMPEÑA EN RECORTAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES? (Número de expediente 180/000131).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta del diputado don Óscar Clavell López del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra. ¿Por qué se empeña en recortar el derecho a la educación de los niños con necesidades especiales?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavell.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Clavell, ni empeño ni recorte. Usted no va a encontrar a este Gobierno jamás recortando derechos, mucho menos de aquellos niños con necesidades educativas especiales y tampoco de sus familias. Lo que nos proponemos es justo lo
contrario: dotar de más recursos a los centros con el fin de proporcionar una mejor y mayor atención. Esto no supone en absoluto ningún recorte, todo lo contrario. Por favor, no volvamos al día de la marmota. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Clavell López.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Señora ministra, usted tiene muy bien marcada su hoja de ruta en cuanto a los centros de educación especial, volviendo a su añorada LOE de 2006. Primer paso, asfixia económica; segundo paso, vaciado, y tercer paso,
cierre. Es algo que ya viene persiguiendo desde hace tiempo y ahora ha visto su oportunidad teniendo a la población confinada en pleno estado de alarma sin poder ejercer su derecho a la manifestación. Pretende usted de tapadillo y por la puerta de
atrás introducir una ley tan importante como la de educación sin dar voz a los expertos, plataformas o asociaciones y con total nocturnidad y alevosía. El Gobierno del que usted forma parte se ha convertido en el liberticida mayor del reino,
haciendo gala de toques autoritarios más propios de otras épocas.
Es usted, señora Celaá, la ministra que en menos tiempo ha conseguido enfadar a tantos colectivos de la educación con sus intenciones oscuras de aprobar esta ley que perjudica, entre otros, a los más vulnerables. ¿No ha tenido bastante con
el 'Stop ley Celaá' o con 'Sánchez, no cierres mi colegio'? Con sus decisiones está volando por los aires, una vez más, lo más sagrado que tienen los padres como es elegir la educación que quieren para sus hijos. ¿Pero quién se considera usted que
es, señora Celaá, por muy ministra que sea, para apropiarse de los niños de este país? Usted elimina la función de la familia como pieza clave y esencial de la sociedad, usted antepone los intereses partidistas e ideológicos al interés superior del
menor. Para usted está primero el Partido Socialista que los niños españoles.
Señora ministra, los niños no son un porcentaje, no son un número, los niños son personas y usted está experimentando con ellos como si fuesen conejillos de Indias. Con decisiones como la suya respecto a los centros de educación especial
está actuando contra los más débiles y eso se llama discriminación. Tómese ya de una vez en serio la discapacidad y deje de jugar con los más vulnerables, como lo está haciendo con esa falta de sensibilidad. No busque colgar en su pecho una
gigantesca medalla de la inclusividad a costa de esos niños. Ahora más que nunca inclusiva sí, y especial también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavell.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor Clavell, su intervención no puede ser más irresponsable y más injusta, más infundada y además más provocadora de sufrimiento injusto en las familias. Nada de lo
que usted ha dicho es cierto.
En primer lugar, no se puede pedir una cosa y la contraria, no se puede sorber y soplar a la vez y, desde luego, no se puede estar pidiendo que este Parlamento funcione y al mismo tiempo decir que no funcione. Aquí tenemos un proyecto de
ley que se llama la Lomloe. ¿Y sabe usted qué estamos siguiendo en la materia educativa? Estamos con su ley, señoría, con la Lomce. ¿Y sabe lo que dice la Lomce? Pues se lo voy a leer. Mire usted lo que dice la Lomce: La escolarización de este
alumnado con necesidades educativas especiales en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a
la diversidad de los centros ordinarios; solo, señor Clavell. ¿Y sabe usted lo que dice el proyecto que está en este momento en fase de tramitación en este Congreso? Lo que dice es que nos concedemos el plazo de diez años, obviamente si este
Congreso lo aprueba, para dotar de recursos a los centros ordinarios que lo necesitan, señor Clavell, que lo necesitan, con audiencia a las familias, que ustedes no tenían, y además con un escenario de financiación del 5 % del PIB, que está en la
disposición adicional octava. Eso es lo que dice. Por tanto, ¿más dotación de recursos, señor Clavell, es cierre de centros? Dígalo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON EDMUNDO BAL FRANCÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y FAVORECER LA
RECUPERACIÓN DEL EMPLEO ANTE ESTA CRISIS DEL COVID-19? (Número de expediente 180/000126).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta del diputado don Edmundo Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor BAL FRANCÉS: Señora ministra, ¿qué medidas tiene previsto adoptar este Gobierno para asegurar la protección social de los trabajadores y favorecer la recuperación del empleo ante esta crisis sanitaria?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.
Señora ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, señor Bal, por su pregunta.
Como sabe, el Gobierno de España ha optado por una estrategia basada en el mantenimiento del empleo y de las empresas a diferencia de la crisis anterior, en la que optaron por aquella fórmula denominada flexibilidad externa, que consistía en
despedir masivamente a los trabajadores. Es una estrategia semejante a la europea. En España tenemos acogidas en ERTE 520 000 empresas con una afectación de 3 300 000 trabajadores, mientras, por ejemplo, Alemania tiene en ERTE 751 000 empresas con
más de 10 millones de trabajadores en ERTE; Italia, 648 000 empresas con una afectación de 7 800 000, y Francia más de 900 000 empresas con una afectación de 12 100 000.
Quiero dar las gracias a su grupo, porque ustedes han entendido bien la importancia de la herramienta de los ERTE, y por supuesto quiero agradecerles el trabajo y el entendimiento. Creo que es colectivo -igual que para otros grupos- el
pensamiento de que esta herramienta funciona para mantener el empleo y las empresas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Señora ministra, sí, hace unos días me subía a esa tribuna para explicar que no íbamos a apoyar su real decreto-ley y que, efectivamente, los ERTE tenían que quedar desvinculados del estado de alarma. Pasado un mes,
usted ha rectificado, y lo ha hecho, además, con la colaboración de los agentes sociales y teniendo como lema el diálogo. Ha tenido la elegancia, además, de reconocer en público el trabajo de Ciudadanos y, por eso, mis primeras palabras son para
darle las gracias por esa actitud, porque es una buena noticia que millones de españoles estén más tranquilos pensando que tienen la esperanza de poder volver al empleo, porque es una buena noticia que se bajen del caballo ideológico y traten de
resolver los problemas reales de los españoles. Pero hay que avanzar más. Mire, nosotros también le pedíamos desvincular los ERTE en sectores como el turismo, incluso de la fecha fija del 30 de junio. Avancemos por ahí. Hemos topado con una
barrera ideológica en materia de despido por causas objetivas. En época de bonanza económica podríamos discutir este despido, pero no en época de crisis. Usted no ha prohibido el despido, usted lo ha encarecido. Usted lo que ha hecho es que
algunos empresarios caigan por insolvencia, y tendrá usted que explicarles a los trabajadores que, cayendo en insolvencia, solo se van a quedar con las ayudas del Fogasa, en su casa, con miedo y sin empleo, porque ha derogado el despido objetivo.
Llegaron tarde a los ERTE. No ha habido manera con el despido objetivo.
¿Les ofenden a ustedes de alguna manera los autónomos o las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de este país, que se levantan todas las mañanas a trabajar y que no se pueden poner enfermos porque dejarían de tener
ingresos? Ya se lo digo, desvincule usted las ayudas de los autónomos del estado de alarma. Tenga en cuenta a los mutualistas y a los autónomos estacionales. Baje el límite del 75 % para la prestación extraordinaria, porque, ¿si se pierde el 50
%, no se tiene derecho?, ¿qué pasa con aquellas familias donde los ingresos proceden de dos autónomos? Aplacemos el pago de los impuestos y perdonemos cuotas de Seguridad Social. La pregunta es: ¿Está dispuesta usted a negociar estas medidas con
nosotros y con el resto de grupos parlamentarios que quieran, con la ministra de Hacienda, con la ministra de Economía, con el ministro de Seguridad Social? Si lo quiere, nos sentaremos a negociar. Hemos demostrado que el pacto es posible y hemos
demostrado que el pacto es bueno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.
Señora ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señor Bal, estoy segura de que si la CEOE y la Cepyme pensasen lo que usted acaba de decir no hubieran suscrito el acuerdo con los agentes sociales. Este Gobierno no ha
rectificado, lo que ha hecho es seguir trabajando. Es el tercer acuerdo que suscribimos con los agentes sociales, y quiero hacer un llamamiento a esta Cámara para que sigamos por esa senda.
Efectivamente, ayer aprobábamos los segundos ERTE, los de segunda generación: se van a prorrogar hasta el 30 de junio; en muchos sectores van a continuar después del 30 de junio; han de conservar el empleo hasta seis meses, y, por
supuesto, vamos a ir monitorizando el control de cada una de las empresas y ver qué necesidades tienen. Pero permítame hacer una reflexión. Creo que la pandemia nos ha dejado tres grandes retos, que son, en primer lugar, un acuerdo para una
política de empleo basada en la estabilidad, el tiempo de los cuidados, y también lo que tiene que ver con el teletrabajo. Estos son los retos pendientes. Aprendamos de los agentes sociales y legislemos en esta Cámara para conseguirlo.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA VELASCO MORILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO ANTE EL ELEVADO NÚMERO DE CONTAGIOS ENTRE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS? (Número de expediente 180/000133).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la diputada doña Elvira Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora VELASCO MORILLO: Gracias, presidenta.
Ayer agradecíamos el trabajo de mis compañeras enfermeras en el Día Internacional de Enfermería y mañana el Foro de la Profesión Médica guardará dos minutos de silencio en todos los centros de trabajo como muestra de agradecimiento a los
compañeros que han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19. Otros profesionales sanitarios también nos han dejado. Son más de sesenta los sanitarios que han fallecido y cerca de 49 000 los contagiados. Señor ministro, ¿qué medidas está
tomando el Gobierno ante el elevado número de contagios de los profesionales sanitarios?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Velasco.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, quiero empezar también expresando mi reconocimiento a todo el conjunto de profesionales sanitarios, que han tenido un comportamiento ejemplar, reconocido por toda la sociedad española, para hacer frente a la mayor pandemia que hemos
vivido en cien años. Quiero recordar que es una pandemia que afecta más a aquellos países que más tráfico de personas tienen, como son Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido o España, que también han visto cómo sus profesionales sanitarios se
han visto afectados en un gran número.
El Gobierno desde el principio ha centrado sus esfuerzos para ayudar al personal sanitario en cuatro direcciones. En primer lugar, hemos hecho un esfuerzo para proporcionar todos los equipos de protección individual que lo requerían,
ayudando, en ese sentido, a la acción de compra que también han hecho las comunidades autónomas; y ello en dos sentidos. Primero, comprando material en un mercado muy desbarajustado y, segundo, activando la fabricación nacional; mañana, por
cierto, se inaugura oficialmente una planta en Mondragón, del Grupo Mondragón, que fabricará diez millones de mascarillas al mes. En segundo lugar, dando prioridad a este colectivo para que puedan ser objeto de test de diagnóstico. En tercer
lugar, especialmente en esta fase de desescalada, segregando circuitos COVID y no COVID en todas las instalaciones sanitarias a efectos de evitar contagios en las mismas. Y, en cuarto lugar, facilitando ensayos clínicos; en particular, uno de
ellos se está realizando en sesenta y dos hospitales y centros de atención primaria y en el que participan más de cuatro mil profesionales, para estudiar diferentes alternativas farmacológicas que puedan ayudar a prevenir el contagio de esta
enfermedad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Señor ministro, desde que se decretó el estado de alarma los sanitarios han sido los grandes olvidados del Gobierno. Fueron los primeros en ver la crisis sanitaria y sus faltas de decisión o decisiones tardías
han hecho que hoy seamos el primer país del mundo con más número de contagiados sanitarios. Tenemos los mejores profesionales, reconocidos por todos los españoles con los aplausos de las ocho de la tarde. En esta crisis no son héroes, son personas
comprometidas con su profesión y que, durante esta pandemia, han vivido sufrimiento, soledad, desgaste psicológico y físico, con largas jornadas de trabajo, y se han encontrado con un Gobierno que negaba la crisis sanitaria, que no actuó a pesar de
las recomendaciones de la OMS y de la ECDC, que no cuenta con los clínicos y sí con un comité de expertos desconocidos y alejados de los pacientes; que les ha fallado con el material de protección adecuado con una dolosa negligencia, ni EPI ni
test, como recomendaba la OMS. Compran mal y sin requisitos de calidad, obligando a los sanitarios a plantear querellas como muestra de su respuesta a su gestión.
Con la contratación de emergencia, usted ha sido incapaz de hacer acopio; ejemplo de ello, 821 millones de mascarillas y solo ha llegado un 12 %. Y qué decir de los intermediarios y de los proveedores. Nefastas también han sido las guías
de trabajo para los profesionales a los que se les obligaba a
incorporarse a los siete días. Y llegamos a la desescalada sin criterios claros ni indicadores objetivos. Les exigen a las comunidades autónomas número de camas y nada de los profesionales; o la atención primaria, mientras disparan el
gasto en asesores, los sanitarios sin paga extra COVID. En fin, los sanitarios necesitamos un ministro que nos diga la verdad, que no mienta cuando dice que el Gobierno no oculta nada; oculta expertos e informes.
Le animo, como indicador epidemiológico, a que siga el mismo camino que su compañera la consejera de Aragón. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Velasco.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señoría, esta pandemia es como un espejo que refleja lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, lo mejor y lo peor de nuestras actitudes; en lo mejor -dejemos lo peor para otro día- están los profesionales sanitarios y la actitud de la
ciudadanía española. Este ejemplo, la actitud ejemplar de los profesionales sanitarios y la actitud ejemplar de la ciudadanía, debería llevar a una reflexión, en particular a su grupo.
Vuelvo a tenderles la mano para que juntos, todos juntos, podamos ayudar a superar esta pandemia como lo estamos haciendo. Vuelvo a tenderles la mano para que juntos, en trabajo coordinado con las comunidades autónomas, nos esforcemos para
proporcionar a nuestros sanitarios aquello que necesitan, que es lo que desde el primer día está haciendo, en colaboración con las comunidades autónomas, este Gobierno.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MACARENA OLONA CHOCLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD: ¿HAN AVALADO LOS EXPERTOS SANITARIOS QUE PUEDAN CELEBRARSE ELECCIONES AUTONÓMICAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA? (Número de
expediente 180/000123).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX.
La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, ¿avalan los expertos sanitarios que puedan celebrarse elecciones autonómicas durante el estado de alarma?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olona.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, le pido que traslade al señor Ortega Smith mis deseos de una pronta recuperación. Se lo digo de corazón, por favor, trasládeselo en mi nombre y en nombre del Gobierno.
En segundo lugar, al inicio de esta pandemia dos comunidades autónomas habían convocado unas elecciones, y ellas mismas dejaron sin efecto esta convocatoria, y yo creo que con muy bien criterio, porque no se daban las condiciones. Estamos
ahora en una fase, la fase que hemos llamado popularmente de desescalada -si usted quiere, de transición hacia la nueva normalidad-, en la que hay que actuar con muchísima prudencia, hay que actuar basándose en la evolución que nos van reportando
los datos diarios de la epidemia en los distintos territorios de nuestro país. Yo estoy seguro de que todo el mundo va a actuar con suma prudencia y vamos a ver si la evolución de la epidemia nos permite que en un horizonte próximo se celebren
elecciones, cosa que yo desearía porque significaría que seguimos en este camino de vencer la epidemia en nuestro país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señora Olona Choclán.
La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias señora presidenta.
Señorías, 15 de marzo, con 127 fallecidos por causa de coronavirus en todo el país, Francia decide celebrar sus elecciones municipales, eso sí, adoptando medidas sanitarias extraordinarias. Resultado: media docena de alcaldes fallecidos,
un 56 % de abstención, un récord histórico, y por supuesto multiplicación de los contagios en todo el país. España, Congreso de los Diputados, 6 de mayo: Nosotros no somos txoriburus -con esta solemnidad se dirigió el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, del Grupo Nacionalista Vasco, a esta Cámara solicitando su apoyo a las enmiendas registradas-, no somos descerebrados. A los efectos de interés, solicitaban el apoyo para que se pudiesen celebrar las elecciones autonómicas
durante el estado de alarma. Esa pregunta habría que hacérsela a los familiares de Joaquín y Alberto, que siguen sepultados en el vertedero de Zaldívar porque el PNV se negó a aceptar la ayuda de la UME; noventa y siete días de silencio. La
realidad es que el Partido Nacionalista Vasco compareció ante esta Cámara la semana pasada para hacer lo que mejor sabe, que es extorsionar a España, y la indignidad, la obscenidad, es que 191 diputados de esta Cámara apoyaron que la agenda
jeltzale, la agenda política, primase sobre la vida y la salud de los vascos.
El Partido Nacionalista Vasco, desde Sabin Etxea, en los días sucesivos lo que hizo fue extender una vez más la maquinaria de propagación, y me detendré en particular en las declaraciones formuladas por el señor Koldo Mediavilla en Onda
Vasca el 7 de mayo, y cito literalmente: Nosotros creemos que, si en el mes de julio vamos a estar en disposición de tomar un vermut, cómo no vamos a votar, que es un derecho fundamental.
La realidad es que el Partido Nacionalista Vasco necesita celebrar sus elecciones en julio porque tiene pavor a un tripartito entre el PSE, EH Bildu y Podemos, y son conscientes -como igualmente lo son ustedes, porque ya lo dicen las calles
y también lo dicen los informes policiales- de que el otoño será caliente. He accedido al informe médico (muestra un documento) que en el día de mañana el señor Urkullu compartirá en la mesa de partidos, y en este informe se dice que, puestos a
celebrar elecciones, mejor en julio que en otoño o en invierno porque no sabemos cómo evolucionará la pandemia.
Usted, señor ministro, el día 24 de abril declaró que no se podrían celebrar elecciones autonómicas en el País Vasco en tanto no estuviera controlada la pandemia. La realidad es que su cambio de criterio responde a cuestiones políticas y no
sanitarias, como también privilegiar territorios como Vizcaya en detrimento de Málaga o Granada -mi Granada- con claro perjuicio a la Costa Tropical y a la Costa del Sol.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, las decisiones que toman el Ministerio de Sanidad y el Gobierno en todo el proceso de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, son decisiones basadas única y exclusivamente en criterios técnicos, en
criterios científicos; en la evidencia científica, que no es absoluta, porque hemos dicho siempre -y hay que recordarlo una vez más- que hay muchas cosas del virus que no conocemos. Ese es el único criterio por el que tomamos nuestras decisiones y
el único que va a guiar las que vamos a tener que tomar en los próximos días.
Dicho esto, le quiero recordar tres cuestiones: en primer lugar, el respeto absoluto del Gobierno y de este ministro al marco competencial y a la autonomía política de las comunidades autónomas, que nunca se ha visto en cuestión ni tan
siquiera durante el estado de alarma por mucho que otros quieran ver lo contrario. Por tanto, respeto absoluto al marco competencial y a la autonomía política de las comunidades autónomas. Segundo -como no puede ser de otra manera-, también un
respeto absoluto al derecho de sufragio consustancial a nuestro sistema político, y en tercer lugar, una cosa que es obvia, pero que también vale la pena recordar, y que es mucha prudencia y prioridad absoluta para la salud de las personas. Vamos a
ir viendo cómo evolucionan las cosas y yo estoy completamente seguro de que todo el mundo -todo el mundo- va a actuar siempre con prudencia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, A LA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PARA QUE EXPONGA CUÁLES SON SUS RESPONSABILIDADES COMO COORDINADORA DEL PROCESO DE
'DESESCALADA', ASÍ COMO LAS LÍNEAS GENERALES SOBRE LAS QUE VA A PIVOTAR ESTA NUEVA FASE. (Número de expediente 172/000024).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico para que exponga cuáles son sus responsabilidades como coordinadora del proceso de desescalada, así como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase.
Para su defensa tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular interpela a la vicepresidenta del Gobierno, responsable de la coordinación del proceso de desescalada, ante el auténtico caos, ante el auténtico malestar que las decisiones del Gobierno han provocado en toda la
sociedad española. No se trata tanto, señorías, de señalar las responsabilidades -que creo que los españoles identifican perfectamente-, sino de conocer de usted qué podemos esperar aún de este Gobierno. Permítanme, señorías, que para ello
comience con las certezas, con los datos objetivos, con los hechos no opinables, con los hechos contrastados día tras día por nuestra sociedad española. La primera certeza es que España despreció todas las alertas internacionales que llegaron,
desde primeros de enero, del ECDC europeo, de la Organización Mundial de la Salud, de todas las revistas científicas de prestigio, y mientras la mayor parte de los países atendieron esa alerta y se pusieron manos a la obra, España no lo hizo. El
Gobierno de Pedro Sánchez, mientras países como Portugal y como Grecia -que están al este y al oeste de España, señora vicepresidenta- se lo tomaban en serio, hizo caso omiso, ni se preparó en el acopio de material, ni preparó un plan, ni prohibió
los viajes, ni hizo cribado en los aeropuertos, no hizo nada. Portugal confinó antes que España; hoy Portugal tiene uno por cada 10 casos españoles, hoy Portugal tiene uno por cada 30 fallecidos españoles. Lo mismo le podría decir de Grecia; hoy
Grecia tiene uno por cada 100 casos españoles y uno por cada 300 fallecidos españoles. ¿Qué sabían, señora vicepresidenta, Portugal o Grecia que no supiera el Gobierno de Pedro Sánchez?
El Gobierno de Pedro Sánchez se encontraba en ese momento en España recibiendo al régimen venezolano, repartiendo hasta veintidós ministerios y sus despachos, quejándose por la supresión del Mobile World Congress en Barcelona, y animando a
asistir a manifestaciones por todo el país. Señora vicepresidenta, es una certeza también que el 8-M -dos meses después del inicio de la epidemia y con ya 589 casos y 17 fallecidos- el Gobierno alentó más de 480 manifestaciones, con unas 600 000
personas apelotonadas, sin distancia de seguridad, priorizando su agenda política a las consecuencias sanitarias, que luego resultaron devastadoras.
La segunda certeza, señora vicepresidenta, es que el Gobierno no trazó un plan. No lo trazó porque creyeron que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado, como mucho, y por eso no diseñaron un sistema de detección precoz
con test y por eso no hicieron acopio de material ni de equipos necesarios, por eso no impulsaron tampoco la fabricación española, nacional, de esos elementos, incluso desaconsejaban las pruebas diagnósticas. Mientras, comunidades autónomas como
Madrid cerraban los centros de día el 6 de marzo o los colegios cinco días después y otras tomaban medidas por delante del Gobierno de España, que incluso se resistía a su adopción y amenazaba a las mismas comunidades. En cuanto pasó el 8 de marzo,
señorías, y los focos de contagio ya estaban sin control, comenzaron, ese día sí, de forma atropellada, con toda la improvisación con la que nos han ilustrado a los españoles durante estos más de dos meses. Ya no hubo lugar para abordajes
selectivos microinteligentes, como en otros países, aquí ya solo se podía adoptar un abordaje grueso, un abordaje macro, grosero, confinando a toda la población en un arresto domiciliario, en una escalada que se convirtió en un auténtico deporte de
riesgo porque, como en la montaña, carecían de material apropiado para la escalada, sin equipos de protección, sin equipos para el frío, en este caso, sin equipos para la seguridad.
La tercera certeza, señora vicepresidenta, fue la torpe decisión del Gobierno, cuando ya había 136 muertos, de establecerse como mando único, como única autoridad competente, poniendo al frente a un
ministro que llevaba la 'L' y que sabía cero de sanidad, y al que pusieron a conducir un tráiler de ocho ejes. Los resultados ya son conocidos: centralización de compras sin ninguna experiencia previa y sin equipos para hacerlo; requisado
de material en fábricas, lo que generó alarma y complicó la situación; paralización de material en las aduanas, lo que deterioró el clima y generó desconfianza en los importadores respecto de España y paralizó nuevos envíos, y, en lugar de confiar
en la industria biotecnológica y en los laboratorios españoles serios, expertos, certificados, que se ofrecieron a ustedes, prefirieron seleccionar una serie de chiringuitos, eso sí, todos vecinos del pueblo del ministro. Resultado: test
diagnósticos falsos por cientos de miles, material defectuoso, kits fallidos o incompletos, mascarillas retiradas, sobreprecios, comisiones millonarias y, lo realmente dramático, que todavía hoy escasean, señora vicepresidenta. Ustedes han mentido
siempre. Si hubieran comprado 400 millones de material, hubieran llegado a este país tres aviones diarios durante dos meses, desde que comenzó la epidemia en nuestro país; mentiras a la OCDE, mentiras de la Johns Hopkins, negligencia, señora
vicepresidenta, irresponsabilidad e ineptitud, con el resultado de 27 000 muertos y 270 000 afectados. Y 48 000 profesionales sanitarios infectados, récord mundial para su historia y para su divisa.
La cuarta certeza es que, sabiendo desde enero que el virus iba a afectar gravemente a las personas mayores, no tomaron medidas tras asumir ese mando único ni de triaje ni de manejo y ni siquiera les dieron material de protección. El
resultado también es conocido: más de 16 000 personas desprotegidas, fallecidas sin test, sin material, sin compañía y sin funeral, señora vicepresidenta, mayores a los que les han faltado medios para terminar sus vidas en paz y la compañía de los
suyos.
La quinta certeza, señora vicepresidenta, la dijo su propio presidente: no tenían plan B. Necesitaban un estado de alarma a medida para desarrollar su plan, que consistía en limitar el Parlamento, la justicia y las libertades, eliminar el
Portal de Transparencia, crear un plató de televisión permanente en Moncloa para su No-Do diario, perseguir la crítica y la discrepancia, aumentar hasta en veinticuatro los altos cargos del Gobierno, con un incremento del 46 % del gasto en los
veintitrés ministerios, violentar el CNI, las Clases Pasivas, los funcionarios y hasta la educación. O vincular las ayudas a su plan de alarma. Todo ello, señora vicepresidenta, quedará para los anales de su historia.
La sexta certeza es que hoy 300 000 personas siguen sin cobrar por los ERTE. Les engañaron diciendo, primero, que en abril; luego, que el día 4 de mayo; después, que el día 10 de mayo, y hoy todavía esperan de su gestión para poder dar de
comer a sus familias. Hoy tenemos seis millones de españoles sin trabajar, un 37 % de los trabajadores sin poder hacerlo y algunas empresas cerradas, 6000 cada día, a las que usted les dijo que, si no estaban cómodas, que no abriesen.
Señorías, la séptima certeza es que, a pesar de la recomendación de la OMS de test, test, test, como no tenían test, aquí dijeron que no había que hacer test. La ventaja para el Gobierno es que así podían camuflar los fallecidos reales y
las compras fallidas. La desventaja, eso sí, para los españoles es que desescalar sin datos es como bajar una montaña sin arnés, sin cuerdas, sin cascos, sin clavos, sin mosquetones, señoría. Desescalar sin test, señora vicepresidenta, y sin
estudio de seroprevalencia, sin conocer la inmunidad de la población, es actuar a ciegas, es guiarse por la irresponsable estrategia de la prueba y error. Ir a trabajar a un hospital sin saber si estás infectado es una angustia y una ansiedad que
produce terror personal, familiar y profesional; pregunte usted, señora vicepresidenta, a los colegios de médicos, de farmacéuticos, de enfermería, a las sociedades científicas o a los sindicatos sanitarios. Por eso han cambiado ustedes varias
veces de comités, de planes y de criterios. Hoy, señora vicepresidenta, esperamos que usted, como coordinadora del desescalado, nos informe sobre la composición del comité de expertos. No sabemos si son becarios o son premios Nobel ni por qué los
oculta, como intentaron ocultar los contratos de material fallido, pero la sociedad española tiene derecho a saberlo porque son quienes deciden sobre su vida, sobre sus negocios, son quienes deciden sobre la recuperación de sus libertades, y lo van
a saber, no tengan la menor duda.
Y la octava certeza es que ustedes escalaron tarde y mal, y no pensaron nunca en la desescalada y así está resultando, con cambios absolutos y permanentes, desajustes, falta de uniformidad, y así es imposible interpretar la realidad, el
comportamiento, las tendencias o hacer una radiografía real, clave para la desescalada. Señorías, señora vicepresidenta, frente a este caos el Partido Popular ha desarrollado un plan constructivo, alternativo, en positivo, un plan que nos prepare
ya para el futuro, para que nada de esto vuelva a ocurrir nunca en España de esta manera tan irresponsable y tan poco diligente, para prepararnos para futuras pandemias, para reconstruir nuestro sistema sanitario -el plan Cajal-, para activar
España, para potenciar nuestra investigación, para dotarnos de una reserva estratégica nacional de material, para crear una agencia nacional de salud pública, una infraestructura de alerta basada en la
estratificación poblacional, en el rastreo activo, en las mascarillas para todos, en la protección, señoría, a los más vulnerables en salud con test masivos, con huella digital y con muchas medidas económicas.
Señorías, señora vicepresidenta, todos los españoles estamos viviendo un mal sueño. Muchos desafortunadamente nunca despertarán de él. Todos sabemos quiénes nos indujeron a esta pesadilla, por falta de previsión, por incapacidad de
afrontarla, por errores letales, pero también por soberbia y por mentiras. Hoy, señora vicepresidenta, tiene usted la oportunidad de reconocer los graves errores con humildad, dar por fin nombres del comité oculto y cambiar la actitud despótica,
abusiva e intolerable de este Gobierno. Hágalo por el bien de todos los españoles.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echániz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Linares.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Presidenta, señorías, señor Echániz, la epidemia de COVID-19 es ya uno de los episodios más difíciles de la
historia reciente de nuestro país. Lamentablemente son muchas las familias que han perdido a sus seres queridos sin apenas poder despedirse de ellos y muchas las personas que han estado enfermas y lo han pasado mal, algunas muy muy mal. Son
también muchos los que sienten preocupación por las incertidumbres con respecto al futuro, y en este contexto duro impresiona ver cómo una inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los profesionales sanitarios, los de servicios básicos, los
agricultores, han mantenido una capacidad de respuesta asombrosamente comprometida. A todos ellos les quiero expresar aprecio y agradecimiento y decirles que no están solos. La inmensa mayoría de la sociedad española está con vosotros, agradecida
y solidaria, afectuosa y esperanzada, y vuestro Gobierno también lo está.
Señor Echániz, lamento que se haya quedado con una selección desafortunada de chascarrillos, medias verdades o lecturas desajustadas de la realidad, cuando en realidad el mensaje más importante, válido para cada día, eje central también de
las razones por las que Portugal ha sabido gestionar bien la crisis, es que actuó pronto, que el Gobierno contó con el respaldo del arco parlamentario y que pudo hacer una gestión coordinada desde Lisboa para todo el territorio desde el primer
momento. Dice la Organización Mundial de la Salud que una de las claves del éxito en la lucha frente a la COVID descansa en asumir la importancia de una ciudadanía comprometida, comprendiendo que en buena medida la contención de la pandemia depende
de las respuestas que demos cada uno de nosotros y de la capacidad de la nación y de sus instituciones de actuar juntos y unidos. De esta salimos juntos; juntos como ciudadanos, como instituciones, como fuerzas políticas. Nos quieren ver juntos.
Juntos respondemos mejor, llegamos más lejos y afrontamos con mucha más eficacia y equidad las respuestas que necesitamos. Es la primera vez en nuestra historia en la que hemos afrontado una crisis sanitaria y socioeconómica de estas dimensiones
con un respaldo social y económico tan importante, con una vocación tan clara por parte de todos los poderes públicos -Gobierno de la nación, comunidades autónomas, entes locales- y una sociedad civil tan comprometida y movilizada. Esto seguirá
siendo fundamental en lo que nos queda por delante.
Las crisis llegan casi siempre sin llamarlas, lo importante es el modo en que se encaran; cada cual se retrata. El Gobierno no alienta manifestaciones ni concentraciones, el Gobierno procuró una respuesta rápida y, hasta ahora, lo vivido
ha sido muy doloroso. Ahora vemos el horizonte, sabemos que hemos pasado lo peor, pero no debemos bajar la guardia y sí concentrarnos en reforzar las capacidades para mantener a raya el virus e invertir en la reconstrucción. Necesitamos una base
sólida, amplia, la más amplia posible, para afrontar la reconstrucción de nuestro modelo económico y social sin dejar a nadie atrás. En marzo, el Gobierno tomó una decisión de gran calado político: apostar por la salud y la vida, a la vez que
asegurar un apoyo económico a familias y empresas. Estamos convencidos de que se trata de una decisión con alto respaldo social.
Como han venido desgranando el conjunto de mis compañeros de gabinete -el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros de Hacienda, Inclusión, Trabajo, Sanidad y el resto de los miembros del Consejo de Ministros- a lo largo de
estas semanas, hemos ido adoptando medidas por un valor estimado de 139 000 millones de euros. Con números agregados, solo con las medidas adoptadas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social se ha facilitado cobertura al 30 % de la población
activa, se ha evitado una caída adicional del PIB de 3,5 puntos y se ha mantenido el empleo a tres millones de
trabajadores. No será suficiente para cubrir el terrible impacto en todos los frentes, pero sí una inyección de apoyo para paliar las consecuencias. En las próximas semanas se harán realidad el nuevo acuerdo social para la extensión de los
ERTE en la reincorporación a la actividad laboral, la aprobación del ingreso mínimo vital, la renta básica que está diseñando el Gobierno para apoyar a los colectivos más vulnerables y la dotación de un fondo de 16 000 millones de euros para que las
comunidades autónomas puedan financiar los costes extraordinarios en los que han incurrido por culpa de la gestión de esta crisis. Mi responsabilidad de estas semanas ha sido doble: por un lado, la correcta gestión de las competencias de mi
ministerio, asegurando los suministros básicos de agua y energía en nuestros hogares, y, por otro y simultáneamente, apoyar, como el resto de mis compañeros, al ministro Illa.
El pasado 25 de marzo el presidente del Gobierno me encargó acompañar al ministro Illa en la preparación de la estrategia de vuelta a la normalidad, una vez que hubiéramos doblegado la curva. El plan de desescalada fue concebido desde el
primer momento como un complemento indispensable de la gestión sanitaria. Ha sido un proceso complejo, integrador de enfoques y perspectivas multidisciplinares, en el que ha habido y hay que avanzar con prudencia, facilitando la recuperación poco a
poco. Hemos oído a académicos, expertos, agentes sociales y administraciones públicas, y lo seguiremos haciendo hasta el final. Estaremos encantados de oírlos en este diálogo. Ha habido diálogo social, conversaciones sectoriales con académicos,
con expertos, con organizaciones del tercer sector, que han sido frecuentes en estas semanas. Las primeras conversaciones las dedicamos a entender y definir las condiciones previas para iniciar la desescalada, lo que hemos llamado `capacidades
estratégicas indispensables´ antes de poder iniciar este proceso. Enseguida, ampliamos el trabajo al entendimiento de su dimensión exterior, el impacto económico y su incidencia social. Fue un trabajo con expertos de la Administración y externos,
con distintas sesiones de debate e intercambio de impresiones; expertos, cuyos nombres, por lo demás, se hicieron públicos y, de hecho, están comentando los medios de comunicación algunas de sus experiencias al respecto. También fue clave el
diálogo con agentes sociales, sobre todo a la hora de iniciar el retorno a la actividad laboral en condiciones seguras tras el fin del permiso retribuido de quince días, promoviendo y acompañando la corresponsabilidad de empresas y trabajadores en
la garantía de centros de trabajo seguros y desplazamiento seguro al trabajo. Inmediatamente después nos incorporamos a la última fase en la preparación del plan. El día 20 de abril, tal y como el presidente del Gobierno se había comprometido, el
ministro Illa y yo misma presentamos las ideas básicas de nuestra propuesta a los consejeros de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y solicitamos la remisión de ideas y propuestas de todos ellos.
Esa misma semana trabajamos en la concreción de indicadores y, tras una primera presentación el viernes 24 al consejo interterritorial, quedamos en cerrar el panel de indicadores el lunes 27, con un diálogo y con una decisión estrictamente técnica
entre representantes técnicos del ministerio y el consejo interterritorial, es decir las distintas consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.
Mientras, el equipo redactor del plan, integrado por el ministro Illa, el secretario general de la Presidencia y yo misma, junto con el respaldo de nuestros equipos ministeriales, redactamos un primer borrador en el que incorporamos más del
80 % de las propuestas de las comunidades autónomas, el panel de indicadores acordado con ellos y las contribuciones de los distintos departamentos del Gobierno que habían mantenido conversaciones sectoriales con aquellos ámbitos, con aquellos
representantes de la sociedad con quienes han tenido una relación más directa con arreglo a las funciones que tienen encomendadas. El Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, es
el resultado de dicho trabajo y la propuesta para facilitar el proceso en los próximos meses. Hemos optado por reconocer desde el principio las incertidumbres que existen alrededor del virus y su comportamiento, y establecido las premisas para
tomar decisiones sobre cómo recuperar el bienestar económico y social sobre la base de la seguridad sanitaria, sin bandazos: si un día querer prohibir y otro día querer salir. El plan detalla aspectos fundamentales, como las capacidades
estratégicas a las que aludía antes o el panel de indicadores, el sistema de gobernanza o los aspectos sociales, económicos, de movilidad y la dimensión internacional de la recuperación de la actividad para, por último, proponer las distintas fases
y el conjunto de medidas de cada fase. Hay muchos aspectos complejos que deben consensuarse con las autoridades, en especial las sanitarias, pero también muchos aspectos que requieren entender, dialogar, aprender, matizar con los distintos sectores
implicados. Así lo hemos hecho con comunidades autónomas y entes locales, subrayando la voluntad de corresponsabilidad y cogobernanza: nueve reuniones de presidentes, dos o tres reuniones a la semana con consejeros y técnicos de comunidades
autónomas, reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias,
conversaciones con los alcaldes de las ciudades más directamente afectadas, así como un diálogo permanente con los sectores a través de los distintos departamentos ministeriales responsables. Hemos elaborado un plan flexible para asegurar
la adecuación a las necesidades que vamos identificando, así como el impacto que tienen las medidas que se van abordando.
En la elaboración e implementación del plan ocupa un papel prioritario el capítulo de cogobernanza al que antes aludía. Quizás este es el elemento más singular, más diferente al resto de los planes de los países de nuestro entorno. A
nuestro juicio, es fundamental; lo ha sido siempre, pero ahora lo vemos. Desde hace más de veinte años, desde hace cuarenta, en muchas ocasiones, en relación con algunas funciones, hay cuestiones tan importantes para nuestra vida cotidiana como la
sanidad, las residencias, la educación, los servicios sociales, que dependen de las comunidades autónomas. Por ello, el seguimiento, la conversación, el análisis compartido con los consejeros de los Gobiernos autonómicos, los alcaldes, resulta
fundamental para entender el estado de nuestra sanidad, de nuestras residencias, la capacidad de reacción de las administraciones públicas, la importancia de cuidar las fortalezas colectivas, las carencias o debilidades que merecen un refuerzo. Sí,
ha llegado la hora de reforzar todo esto. Esta semana hemos dado un paso adelante importante; hemos iniciado una nueva etapa en la que las comunidades autónomas avanzan de forma responsable en la desescalada, fortaleciendo el sistema de detección
temprana, el aislamiento de positivos, la reducción de contagios, el rastreo de contactos o el fortalecimiento de la capacidad asistencial. Las decisiones sobre el cambio de fase son fruto de un trabajo conjunto y bilateral de los equipos técnicos
del Ministerio de Sanidad y de las consejerías, que, en la mayor parte de los casos, han coincidido en diagnóstico y propuestas. El estar en una fase u otra no es una competición, obedece a criterios de prudencia sanitaria para evitar el riesgo de
algún rebrote que colapse el sistema sanitario. No hay nada más seguro para la economía que la confianza y la salud. La desescalada no solo es una vuelta a la normalidad, también debe ser la preparación de una recuperación económica que no deje a
nadie atrás. Desde la aprobación del plan hemos trabajado con compañeros de gabinete, siempre dando prioridad al criterio de seguridad sanitaria y, en principio, orientados por el esquema de fases y medidas en la elaboración de las órdenes que
sucesivamente se han ido adoptando para facilitar la apertura gradual de nuestra actividad social y económica. La recuperación económica será más rápida y firme si se hace de forma adecuada. Por delante queda mucho por hacer, incluidos aspectos
clave de nuestra vida cotidiana como la educación, la conciliación, los servicios sociales, la atención a mayores, infancia, vulnerables. El proceso de transición está iniciándose y desde el Gobierno se sigue contando con todos los actores;
estaremos encantados de recibir ese plan Cajal al que usted aludía. No sabemos todavía cuándo dispondremos de vacuna o tratamiento, pero la apuesta por la investigación debe ser una constante. Hasta tanto llegue, con toda la cautela, debemos
invertir en una nueva etapa, la recuperación, la reconstrucción, mirando al futuro y a los ciudadanos, sobre todo a los más jóvenes, muchos atrapados por la anterior crisis y en riesgo de expulsión en la presente. A ellos les debemos el futuro y
con ustedes será más fácil.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, Gloria.
Tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta del Gobierno, no nos ha contestado a quiénes son los expertos que la asesoran en la desescalada.
Permítame, ya que ha hablado de Portugal, que le diga, señoría, que para generar confianza, que para generar seguridad, un Gobierno tiene que estar basado en la ejemplaridad, en la eficacia, en la transparencia, en la objetividad y, también,
en la búsqueda del bien común. Quiere esto decir que debe huir de la irresponsabilidad, de la negligencia, de la mala fe, del ocultismo, del sectarismo, de la deslealtad, del intento de fractura permanente que ustedes llevan practicando ya
demasiado tiempo y de todas las cualidades que adornan su actuación diaria. También de la mentira, porque ya sabemos que ustedes creen que el exceso de mortalidad registrada podría deberse a un enorme accidente de tráfico, pero créame cuando le
digo que también en esto están ustedes solos. El frío de la responsabilidad, el peso de la conciencia ante una gestión fracasada, es enorme, aunque se carezca de ella, y a nadie le ha pasado desapercibido. Vinieron dando elecciones al Gobierno
anterior y han mostrado como nadie las vergüenzas de un rey desnudo y de un Gobierno, o dos gobiernos, muy numerosos, incapaces de atreverse a decírselo.
Señorías, la escalada fue un desastre, porque pensaban que gobernar era repartirse el pastel constitucional y territorial, que era actuar para solo la mitad de la población y era repartirse el presupuesto. Todos lo hemos pagado, bien que lo
hemos pagado. Ustedes eligieron encerrar a la población en lugar de protegerla y lo hicieron tarde. Según las cifras de la FDA eso hubiera evitado 17 000 muertos y 143 000 afectados. Pero la desescalada, señora vicepresidenta, está siendo aún
peor, y no es de extrañar cuando uno elige a esos compañeros de cordada, que no le dejan a uno dormir.
Señora vicepresidenta, conseguir la unidad, ir juntos, conseguir consensos no es solo un recurso teórico ni retórico para usar cuando a uno le conviene contra el adversario político de forma arrojadiza. La unidad es un ejercicio de
seducción, es un ejercicio de liderazgo, es un ejercicio de franqueza y es un ejercicio de responsabilidad. Todo lo contrario al insulto, al desprecio, a las mentiras y a la deslealtad. Ustedes no son creíbles, señora vicepresidenta, no son
sinceros, si no hubiesen adoptado desde el principio otra actitud. Y lo peor de ustedes es que les gustaría que de sus graves errores también fuesen culpables los adversarios políticos e incluso la sociedad española, y eso, créame, no cuela.
Señorías, hoy España está infinitamente peor que cuando ustedes llegaron al Gobierno en economía, en empleo, en salud y en bienestar. No es de extrañar, no es una casualidad, ocurre siempre en el siglo XXI. La izquierda siempre se va
arruinando España, siempre, en todas las ocasiones, nunca ha sido de forma diferente. Ayer celebrábamos diez años -lo ha dicho el presidente del Partido Popular- desde que Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero aprobaron la congelación de las
pensiones, la rebaja de los sueldos de los funcionarios, otros recortes de prestaciones sociales y otras medidas similares. Y lo volverán a hacer, es el mito de Sísifo, es la nueva normalidad. Mientras tanto, señorías, ustedes siguen buscando
histéricamente culpables alternativos, diluir sus responsabilidades, apagar las caceroladas e incluso ocultar el luto, sin mirarse en el espejo de la soberbia y de la incompetencia; ustedes sabrán. Pero, déjenme que les diga que,
independientemente de que la oposición, de que el Tribunal de Cuentas, de que los tribunales de justicia y de que cada una de las familias españolas les pida cuentas -porque los errores han costado vidas, los errores han costado vidas-, todo lo que
ha ocurrido estos meses, todo lo que va a ocurrir en los próximos meses, y también años, todo lo que han intentado aprovechando esta terrible epidemia, la sociedad española no lo va a olvidar nunca, señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echániz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Linares.
Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta.
Señor Echániz, irresponsabilidad, negligencia, insulto, ocultismo, deslealtad, desprecio, histeria, mentiras, desastre, son algunas de las palabras que usted acaba de pronunciar. La verdad, le agradezco el tono, pero si le soy sincera no
reconozco en sus palabras moderación ni ideas ni propuestas; me había puesto muy contenta cuando le he oído hablar de ese plan Cajal. No reconozco ni al Partido Popular ni al centroderecha en España. Intervenciones como la suya las podría firmar
el extremismo o un grupo antisistema. Yo soy progresista, pero soy demócrata y creo que es necesario que exista el centroderecha en nuestro país. No me gusta eso de cuanto peor, mejor. Me suena a otras épocas, al señor Montoro cuando decía
aquello: que caiga la economía, que ya la recuperaremos nosotros. Se equivocan, cuanto peor es peor para toda España y mejor para nadie. Usted y yo no somos ni rivales ni adversarios porque solo hay algo a lo que tenemos que hacer frente juntos,
que es el virus y la recuperación de nuestro país. No debemos ni podemos entrar en reproches de esta magnitud. Creo que la comunidad española necesita una respuesta unida respecto de las transformaciones que necesita, de las grandes prioridades,
de los grandes compromisos y soluciones concretas; de eso es de lo que tenemos que discutir. Se olvida de algo muy importante, nada después de todo esto volverá a ser igual; debemos estar preparados para afrontar retos globales y de país en las
mejores condiciones posibles, no perder oportunidades, estar trabajando codo con codo por los españoles.
Hablando de patriotas y de Portugal, usted seguramente recuerda que el presidente del conservador partido socialdemócrata portugués, la primera fuerza política de la oposición, remitió una carta a todos sus militantes diciendo que atacar al
Gobierno no es patriótico; llamaba a la unión del país. En mi opinión,
decía: este no es un momento adecuado para mantener una posición que es éticamente incorrecta, no es una posición patriótica. ¡Igual que aquí!
La España democrática se construyó desde la unidad y debe reconstruirse del mismo modo. Por eso, el centroderecha tiene un papel importantísimo que jugar en esta fase de la desescalada y en la reconstrucción que venga después. En mitad de
esta crisis hay personas que sufren angustia por la enfermedad y no vale esconderse, intentar defender lo que ustedes no hicieron en el pasado o en las comunidades autónomas que todavía gobiernan. Hay muchas personas que se sienten relativamente
tranquilas con respecto a su futuro económico, pero hay muchas que no. Hay una España protegida y otra que siente la desprotección que se le viene encima y que lucha por que los demás -los que estamos al frente de instituciones- encontremos
soluciones para protegerla. Sabemos que tenemos que pensar en cómo responder de manera razonable y dejarles que duerman tranquilos, ellos y sus familias. De esas personas, de las personas que tienen su vida en vilo, de esa España desprotegida es
de lo que hay que hablar. Todos ellos deberán encontrar su respuesta específica dentro de la gran respuesta colectiva que debemos dar con los pactos de reconstrucción económica y social. Lo haremos pronto -decía antes- con el ingreso mínimo vital,
con esas respuestas con las que hemos ido acompañando el proceso de escalada y el de desescalada, pero no es suficiente y cuanto más amplio sea el consenso -repito- mejor, más fácil será la respuesta. De esto también tenemos que hablar en los
pactos de reconstrucción y no conviene quedarse al margen. Les pido que avancemos, que apoyen la reconstrucción. Compartan con nosotros ese plan que dice que tienen. Hablemos de qué debemos hacer los responsables públicos para anticiparnos a los
cambios, para apostar por lo colectivo, por las capacidades y la capacidad de reacción de nuestro país, por cómo implantar con equidad, con igualdad, tratando de no dejar a nadie en el camino, las respuestas en materia de digitalización, de
educación, de amenazas biológicas, de cooperación multilateral. Hablemos de teletrabajo; pensemos en cómo afrontar la educación en nuevas capacidades; hablemos de salud, de telemedicina; hablemos de cómo relacionarnos con nuestro entorno, de
cómo construir una industria resiliente, de cómo defender la biodiversidad, de cómo trabajar por ciudades habitables o del fenómeno de la despoblación; hablemos de conectividad, de movilidad o del futuro del transporte. Entramos juntos y saldremos
juntos, lo importante es cómo se encaran las crisis. Dejen de cuestionar cada decisión, cada propuesta: si es A, porque es A; si es B, porque es B, y si es C, porque es C. Da lo mismo lo que se diga, cuándo se diga o cómo se diga, siempre es
llevar la contraria. Esa no es una manera de encontrar respuestas a los problemas que tenemos que enfrentar. Busquemos con moderación, con propuestas, con ideas, cuáles son las mejores capacidades de nuestro país para afrontar una crisis, una
emergencia como la que tenemos delante. Cuando esto suceda, nos tendrán al lado; cuando suceda lo contrario, evidentemente, nos tendrán enfrente, no como adversarios ni como enemigos, sino como representantes públicos responsables que debemos
velar por el conjunto de una España democrática que se construyó desde la unidad y debe reconstruirse del mismo modo. Les vuelvo a tender la mano. Estaremos encantados de trabajar con ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE SI EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO PABLO IGLESIAS PRETENDE UTILIZAR LA ACTUAL CRISIS PARA DEBILITAR LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA. (Número de expediente 172/000028).
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, para que el Gobierno explique si el vicepresidente segundo Pablo Iglesias pretende utilizar la actual crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, señora presidente. Señorías, hace quince días sucedió en esta Cámara algo realmente preocupante; ocurrió durante una sesión de control al Gobierno, en una interpelación sobre un tema gravísimo, de
verdadera emergencia social, que tiene estremecida y avergonzada a la sociedad española por su crueldad y por su inmoralidad. El interpelado era el máximo responsable de las residencias de mayores, el ministro de Asuntos Sociales y vicepresidente
segundo del
Gobierno, el señor Pablo Iglesias, que en lugar de responder, como era su obligación, a las cuestiones que le planteamos, actuó perdiendo absolutamente los papeles, olvidándose de que ahora forma parte del Ejecutivo y de que no está aquí
para hacer oposición a la oposición, sino para gobernar; olvidándose de quién es y a quién representa y ofreciendo un espectáculo lamentable, que no pasó inadvertido para la inmensa mayoría de los medios de comunicación de este país, aunque por lo
visto sí para la Presidencia de esta Cámara, a la que debe parecerle normal que se insulte, difame y amenace no solo a los diputados de la tercera fuerza política más votada de esta Cámara, sino también a los cuatro millones de españoles que
libremente depositaron su papeleta en una urna, en democracia y al amparo de nuestro Estado de derecho.
Aun así, no vengo hoy aquí buscando venganza, señor Iglesias, ni desde luego a ponerme a su altura, diciéndole cosas tan terribles ni tan fuera de lugar como las que usted me dijo desde esta tribuna el otro día para su vergüenza, que no para
la mía. En realidad, señor Iglesias, vengo a pedirle simplemente una explicación, porque, si todo lo que le dije no hubiera sido cierto, usted podría haberme desmentido, podría haberme facilitado otros datos y haberme justificado de alguna forma la
tragedia que estamos viviendo, pero no lo hizo, porque no podía hacerlo, porque todo lo que denunciamos aquí era cierto. Y por eso, señor Iglesias, yo le quiero preguntar hoy: si no le dije más que la verdad, ¿por qué, en lugar de dar
explicaciones o simplemente callarse y agachar la cabeza, decidió usted agredirnos tan violentamente sacando lo peor de usted mismo? ¿Por qué respondió atacando con tantísima saña a cuatro millones de españoles que no tienen la culpa de que sea
verdad lo que yo dije aquí, en esta tribuna; a cuatro millones de españoles para los que usted tiene la obligación de gobernar; a cuatro millones de españoles a los que usted tiene el deber de proteger y de procurar el mayor bienestar posible?
¿Acaso no es cierto, señor Iglesias, que el número de muertos en las residencias produce verdaderos escalofríos? ¿Acaso no es cierto que no se ha permitido a las residencias hacer derivaciones de sus residentes a los hospitales? ¿Acaso no es
verdad que en lugar de enviar a las residencias medicación para curar, como retrovirales o hidroxicloroquina, lo que se les ha enviado han sido morfina y sedantes, o sea, medicación para morir, señor Iglesias? ¿Acaso no es cierto que nuestros
mayores deberían haber recibido tratamiento en los hospitales, como el resto de pacientes, en lugar de haberles condenado a morir en las residencias? Y si todo esto era cierto, ¿a qué vino entonces semejante reacción?
Dígame si de verdad cree que han servido para algo las cosas que me dijo en esta tribuna hace quince días. Dígame si de verdad cree que han servido de algo sus insultos, sus amenazas o su orgullosa apología del comunismo. Dígame si han
servido de algo, cuando quince días después de su incendiaria soflama ya vamos por 17 500 mayores muertos en residencias, sin contabilizar los de Andalucía, La Rioja, País Vasco y Aragón, porque, si lo hacemos, muy probablemente superaríamos ya los
20 000. Dígame si han servido de algo, cuando quince días después sigue sin haber test para todo el personal y para todos los residentes, sintomáticos y asintomáticos, de las residencias, que es donde más falta hacen, porque es donde está la
población más vulnerable. Dígame de qué han servido si quince días después miles de mayores siguen encerrados en sus habitaciones sin poder moverse, sin salir a pasear, presos de la nefasta gestión de este Gobierno. Señor Iglesias, usted tiene
todos los datos reales de lo que ha estado sucediendo en las residencias y la capacidad para decidir qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, prefiere distraernos con su discurso manido y calcado de sus revolucionarios de cabecera, ocultándonos la
verdad como el buen comunista que ha declarado tan orgullosamente ser.
Mire, señor Iglesias (muestra un documento), esta es la orden que ustedes emitieron el día 22 de marzo para que la UME informara después de cada intervención en residencias de ancianos: Coordinación con la UME para proteger las residencias
de mayores. La UME intervendrá en todas las residencias de mayores que lo necesiten por indicación de la Vicepresidencia social. Y, mire, señor Iglesias (muestra otro documento), este es uno de los informes que usted ha tenido en su poder desde el
principio, igual que tiene las cifras que cada semana le entregan las residencias y las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Dice: Número de residentes fallecidos por COVID-19 desde hace más de veinticuatro horas que permanecen en el
centro: uno; número de residentes fallecidos por COVID-19 desde hace menos de veinticuatro horas que permanecen en el centro: quince. Dieciséis cadáveres encontrados, dieciséis personas con nombre, tal vez con hijos, tal vez con nietos. ¿Qué
quiere usted que hagamos ante esto como oposición, señor Iglesias?, ¿callarnos?, ¿no molestar?, ¿no denunciar lo que está pasando con nuestros mayores? ¿Usted no entiende que nuestra obligación como oposición leal al pueblo español es pedirle
cuentas a usted y a su Gobierno? ¿De haber estado nosotros sentados en esa bancada y usted sentado en la grada no hubiese hecho lo mismo que nosotros:
exigir responsabilidades, exponer los datos o pedir cuentas? Pues claro, claro que lo hubiera hecho, sin duda lo hubiera hecho, y además sin piedad, sin ninguna piedad seguramente también, porque, muy al contrario que nosotros, usted sí
cree que es necesario politizar el dolor y el sufrimiento. Así lo ha manifestado en más de una ocasión -y ahí está la maldita hemeroteca para que no nos olvidemos de quién es usted en realidad-, pero no porque le importen las personas que sufren y
mueren -ya se lo dije el otro día-, sino porque usted y los suyos entienden que la politización del dolor es una excelente herramienta para cambiar la realidad que tenemos por la realidad que ustedes desean, porque ustedes aprovechan el sufrimiento
para buscar culpables en las filas de aquellos a los que quieren eliminar, sacando rédito político de sus juicios sumarísimos de manual marxista-leninista, señor Iglesias. De verdad, resulta grotesco ver cómo lo que antes hacía desde la oposición
sigue haciéndolo exactamente igual ahora desde el Gobierno, cómo aun teniendo toda la responsabilidad y el poder para cambiar las cosas, prefiere concentrarse en demonizar a aquellos que quiere destruir en lugar de poner los medios que ayuden a
solucionar los problemas. Usted no quiere acabar con el dolor, porque lo necesita para enfrentarnos a unos con otros y pescar en río revuelto.
Usted tiene un problema, señor Iglesias: no acepta las reglas del juego democrático porque no es un demócrata. Por eso el otro día se mostró como un sectario intolerante, porque, desgraciadamente, al tigre nunca se le borran las rayas. Un
demócrata, señor Iglesias, acepta el resultado que arrojan las urnas, aunque sea diferente del que a uno le gustaría, como hemos hecho todos los ciudadanos españoles durante décadas. Un demócrata no pretende anular a su contrincante político
controlando el Poder Legislativo ni el Centro Nacional de Inteligencia ni los medios de comunicación, ni aprovechándose de una situación de crisis como la que estamos viviendo para subvertir el orden establecido. Un demócrata no hace lo que usted
hizo aquí el otro día, señor Iglesias. Un demócrata no llama parásitos ni miserables a los representantes de cuatro millones de españoles en un lugar como este, en el lugar donde reside la soberanía del pueblo español. Subirse aquí es un honor y
una enorme responsabilidad, inmensa, y usted ha ensuciado esta tribuna. Un demócrata no amenaza con quitarse de encima a la tercera fuerza política más votada, refiriéndose a tiempos pasados y convulsos cuando sabe perfectamente que somos un
partido que apenas tiene unos cuantos años de vida. Un demócrata no se dedica a incitar al odio y al enfrentamiento entre españoles, manipulando y mintiendo a la opinión pública y recurriendo siempre a los mismos clichés para despertar los más
bajos instintos de las personas: la envidia, el rencor, la venganza.
Españoles de apellidos largos, me dijo el otro día: Ruiz Solás. Menudos apellidos largos, señor Iglesias, iguales que los de sus compañeros: Pedro Sánchez-Pérez Castejón o Fernando Grande-Marlaska Gómez. Que no tenemos más patria que
nuestro dinero, me dijo usted también, señor Iglesias. ¿Sacamos nuestras nóminas? ¿Sacamos nuestras nóminas? Porque usted gana bastante más dinero que yo y bastante más que cualquiera de los cincuenta y dos diputados de VOX. ¿Enseñamos nuestras
casas, señor Iglesias? Porque la inmensa mayoría de los diputados de VOX -y ni le cuento de los votantes de VOX- tenemos peor casa que usted y, por supuesto, ni uno solo de los privilegios de los que usted disfruta. ¿A quién pretende engañar
erigiéndose a estas alturas como el Robin Hood de los pobres, señor Iglesias?
Usted hizo aquí una amenaza muy grave -muy grave, gravísima- en el fondo y en la forma. A mí no me intimida ni me asusta, ya se lo digo, pero dígame si piensa cumplirla y cómo piensa hacerlo. ¿Se va a limitar a incitar al odio con sus
soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio? ¿#MataraAbascal, señor Iglesias, trending topic durante horas por cortesía de sus seguidores? ¿Es eso lo que busca? ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos? ¿Qué va a
hacer, señor Iglesias? ¿Nos va a liquidar físicamente? ¿Nos va a ilegalizar como partido? ¿Nos va a impedir acudir a las urnas? ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político?
Creo que está muy claro que nosotros no somos los que representamos el odio ni la miseria moral ni ninguna de esas barbaridades que dijo usted aquí el otro día. Nosotros no representamos más que el amor a nuestra patria, a nuestra historia,
a nuestra cultura y, por supuesto, a nuestros mayores. Eso es lo que representamos, y creo que cualquiera que nos escuchara el otro día a usted y a mí tendrá muy claro quién es el que odia.
Señor Iglesias, España se merece un vicepresidente que sepa gobernar para todos y que no lo haga con tanto rencor, un rencor que tristemente no solo no se ha moderado con el tiempo, sino que ha ido en aumento, quizá porque queda claro -se ha
dado usted cuenta- que ahora que le ha llegado su oportunidad, su momento de pasar de la teoría a la práctica, su momento de gobernar, resulta que no
sabe hacerlo y que se ha convertido en un fraude hasta para aquellos que le votaron. Señor Iglesias, España no tiene la culpa de su incompetencia ni tampoco de su frustración y no tiene por qué pagarlo con su odio.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Linares.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.
Nos ha acusado usted de distribuir morfina para asesinar a ancianos en las residencias de mayores, me ha preguntado usted qué planes tengo para liquidarles físicamente y ha hablado usted de marxismoleninismo. Sin embargo, reconozco una
enorme virtud en su interpelación: ha planteado cuáles son los fundamentos de la democracia y creo que brinda usted una ocasión magnífica para que en esta Cámara debatamos sobre cuáles son los fundamentos de la democracia. Mire, se los voy a
tratar de explicar con toda la humildad.
Los fundamentos de la democracia son las bases materiales que constituyen los derechos sociales; la sanidad pública, por ejemplo, en cuyos profesionales descansa la oportunidad de toda la ciudadanía para tener una atención adecuada. Usted
sabe que si alguien ha socavado los elementos de ese fundamento democrático han sido sus socios o el partido del que ustedes son una escisión, con recortes en la sanidad pública y precarizando las condiciones de trabajo tanto de médicas como de
enfermeros y de todos los profesionales sanitarios. Sin embargo, ustedes, en su programa electoral, defienden que hay que desmantelar la sanidad pública, acabando con la sanidad universal, introduciendo copagos y favoreciendo la sanidad privada.
¿Sabe por qué, señoría? Porque ustedes son un partido antidemócrata.
Uno de los fundamentos de la democracia, señoría, es la educación pública, la posibilidad de que un niño o una niña, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de sus apellidos, pueda tener la mejor educación. He visto en
Internet que usted estudió en el CEU, lo cual me parece muy bien, pero ahí no puede estudiar cualquiera. Hay mucha gente que nos está viendo que necesita que haya una educación pública para poder estudiar. Sin embargo, ustedes se dedican a atacar
y a censurar a los profesores y profesoras de la educación pública con propuestas tan deleznables -y perdone la dureza del calificativo- como el famoso pin Abascal, o plantean sin pudor en su programa electoral que hay que desmantelar la educación
pública y que hay que llevar a cabo un trasvase de recursos a la educación privada. Le voy hacer una cita literal de Rubén Manso, el gurú económico de su partido: 'No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo tres o
cuatro: justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar -sanidad o educación-, puede ser el asegurador.' ¿Sabe por qué ustedes piensan esto? Porque ustedes son un partido
político antidemócrata.
Un fundamento de la democracia, señoría, es la justicia fiscal, la existencia de un sistema fiscal progresivo y redistributivo que garantice que no solamente paguen impuestos la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña empresa, que
garantice que la buena voluntad y la solidaridad en una democracia avanzada no tengan que ver con el altruismo individual, sino con un sistema fiscal que garantice que todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponde. Cualquier demócrata,
cualquier patriota reconoce en este momento que es una desventaja para España estar a 5, 6 o 7 puntos de distancia, en términos de justicia fiscal, de los países de nuestro entorno. Cualquier demócrata, cualquier patriota reconoce que sería
necesaria una tasa de reconstrucción para que los que más tienen tengan la oportunidad legal de ayudar a su patria y a su país para afrontar una crisis económica como esta. Sin embargo, ustedes plantean que hay que bajarles los impuestos a los
ricos, agravando la brecha que tiene nuestro país en términos de justicia fiscal con Europa, despojando a nuestro país de sus ingresos y de los elementos fundamentales para construir las bases de la democracia y del Estado del bienestar. ¿Sabe por
qué? Porque ustedes, señoría, son un partido antidemócrata.
Otro fundamento de la democracia y de la Constitución española, señora diputada, son las pensiones públicas; lo dice el artículo 50 de la Constitución. Hubo una generación en este país que, jugándose la vida y la libertad para oponerse a
todo lo que ustedes representan, logró hacer que nuestro texto constitucional se incorporara al constitucionalismo democrático de posguerra e incluyera una protección a las pensiones.
Sin embargo, ustedes plantean abiertamente que hay que desmantelar el sistema público de pensiones y sustituirlo por un sistema de pensiones privado. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son un partido antidemócrata.
Otro fundamento de la democracia y de la Constitución es el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente; lo dice el artículo 35. Sin embargo, qué curioso, ustedes han votado en contra de los ERTE, que están sirviendo para proteger a
trabajadores y para proteger a empresarios; han votado en contra de prohibir los despidos por causa del COVID-19; han votado en contra de las ayudas a autónomos y a los trabajadores temporales; han votado en contra de prohibir los despidos por
enfermedad; han votado en contra de todas las ayudas sociales. ¿Y saben por qué? Porque ustedes jamás van a defender el interés general, porque ustedes son un partido antidemócrata.
Un fundamento de la democracia y de la Constitución española, señoría, es el derecho a la Seguridad Social y a la suficiencia económica de los hogares; lo dice el artículo 41 de la Constitución. En estos días hemos visto imágenes en el
barrio de Aluche, con colas de compatriotas que acudían al reparto de alimentos que hacía una asociación vecinal. Hay que felicitar a esa asociación vecinal, pero en una democracia avanzada quien tiene la obligación de que nadie tenga que pasar la
vergüenza de no poder alimentar a su familia y no poder llenar la nevera es el Gobierno, y ustedes llaman paguita al ingreso mínimo vital, después de que su presidente estuviera cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los
ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española. Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no poder llegar a fin de mes, diciendo que el
ingreso mínimo vital es una paguita, y esa indecencia solo es propia de antidemócratas, señoría.
Un fundamento de la democracia, señoría, es el derecho a la vivienda; lo dice el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, ustedes han votado en contra de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, han
votado en contra de las moratorias hipotecarias, han votado en contra de las ayudas y las quitas del pago de alquileres, porque ustedes no están del lado de las familias españolas, ustedes no son patriotas, ustedes están del lado de los buitres y de
los especuladores. Ustedes no son un partido español, son un partido de falsos arquitectos y de caraduras, que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria al tiempo que se dedican a criminalizar a las familias
pobres que tienen problemas para acceder a un derecho fundamental como la vivienda, porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia.
Un fundamento de la democracia española, señoría, es la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, ustedes en esta Cámara han votado en contra de las medidas extraordinarias contra la violencia machista durante esta emergencia y se
dedican sistemáticamente a atacar al movimiento de las mujeres y a las mujeres que han hecho de la lucha por la igualdad uno de los patrimonios más hermosos de nuestra democracia, y esto lo hacen ustedes porque son un partido antidemócrata.
Un fundamento de la democracia española, señoría, es el reconocimiento de la iniciativa pública en la economía; lo dice el artículo 131 de la Constitución. Se ha demostrado a nivel mundial en estas semanas que solo desde el Estado y desde
el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que garantice la protección del tejido productivo y de la seguridad de la gente en situaciones de emergencia. Sin embargo, ustedes califican cualquier intento del
Estado de cumplir su función institucional reglada por la Constitución de comunismo bolivariano. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia y de la Constitución española.
Un fundamento de nuestra democracia, señoría, es la primacía del interés general sobre los intereses particulares; lo dice el artículo 128 de la Constitución. Sin embargo, ustedes no pueden soportar que un miembro del Gobierno cite el
artículo 128 de la Constitución, y lo entiendo perfectamente, porque la tradición política que ustedes representan, la extrema derecha escindida del Partido Popular, es la que se opuso a la Constitución de 1978, precisamente porque contenía
artículos patrióticos como el 128.
Ustedes, señorías de VOX, representan lo contrario a los fundamentos de nuestra democracia y representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución seguramente incompleta y mejorable, pero que hoy
representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos. Las democracias avanzadas, señoría, se han construido históricamente en oposición a lo que representan el reaccionarismo y el fascismo. Todas las
constituciones democráticas del mundo se han construido gracias a que hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida y a veces la dieron para enfrentar la tradición política que ustedes representan. Y tengo que decirles que su posición tiene todo
el sentido del mundo. Es normal que ustedes, partido con algunos marqueses y algunos
apellidos compuestos, el partido de algunos que se enriquecieron con el expolio a nuestro pueblo que representó la dictadura franquista en nuestro país, se opongan a la Constitución y a la democracia. Es lógico, porque la democracia,
señoría, es un movimiento histórico de los más para poner límites a los privilegios de los menos y, efectivamente, no hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes, señoría.
(Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Gloria.
Tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias.
No deja de ser curioso que un comunista declarado venga a hablarnos aquí de democracia; no deja de ser curioso. Veo que no conoce usted nuestro programa; no sé si es que no se lo ha leído o, simplemente, que tiene usted tantos prejuicios
que es incapaz de ver lo que tiene delante de sus narices.
Señor Iglesias, le voy a recordar algo que creo que se le ha olvidado. Usted ha llegado hasta donde está no con los votos de los españoles. Usted perdió siete escaños en las últimas elecciones; logró treinta y cinco diputados y VOX
cincuenta y dos. Nosotros tenemos el apoyo de muchos más españoles que usted y, por tanto, más autoridad que usted para subir a esta tribuna. Si usted está donde está, señor Iglesias, es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente
que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo. Señor Iglesias, usted tampoco es un líder revolucionario ni un líder espiritual; usted es miembro de un equipo de Gobierno, un ministro, un
gestor que está ahí para solucionar los problemas de los españoles, de todos los españoles. No ha respondido usted a ninguna de las preguntas que le he hecho, a ninguna. Ha preparado un discurso, se lo ha preparado esta vez muy bien, pero no ha
contestado a ninguna de las cosas que le he preguntado ni ha tratado ninguno de los temas que le he planteado aquí, y usted es miembro del equipo del Gobierno y está aquí para defender y proteger a todos los españoles y para darnos respuesta, no
para hacer un mitin político sobre lo que es la democracia. Esto, señor Iglesias, no es la Complutense, no es la universidad, es el Congreso, y nosotros, los diputados de VOX, como la inmensa mayoría de los españoles, no somos universitarios
todavía sin formar, soñadores y románticos que aún no saben de qué va el mundo ni de qué va la vida. No cuela, señor Iglesias. Nosotros somos hombres y mujeres hechos y derechos, hartos de trabajar para sacar a nuestras familias adelante. Por
cierto, no sabe usted lo que le costó a mi padre pagarme la mejor educación que pudo.
No estamos, señor Iglesias, ni para bromas ni para experimentos ideológicos. Está claro, señor Iglesias, que usted tiene un don para la arenga violenta, para la soflama incendiaria y para la amenaza callejera, pero, sinceramente, lo de
gobernar le viene grande, le viene muy grande. No estaría de más que asumiera sus limitaciones con un poquito más de humildad. A nosotros, de verdad se lo digo, lo único que nos importa es que usted haga bien su trabajo, nada más; que haga bien
su trabajo, con eso nos conformamos. Sus insultos y sus amenazas, no se preocupe, las llevaremos con toda la resignación que podamos, como parte del sacrificio que tenemos que hacer para lograr que España sea, más pronto que tarde, un país todavía
más grande de lo que ya es.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Linares.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, ha dicho usted que esto no es la Universidad Complutense; tiene razón, tampoco es la CEU. Y seguramente su padre se tuvo que esforzar mucho, pero no olvide usted a la generación de españoles que se tuvo que esforzar para
que sus hijos, por primera vez, tuvieran la oportunidad de ir a una escuela pública y a una universidad pública. Lo que define la democracia, señoría, no es que algunos -reconozco que con cierto esfuerzo- puedan permitirse una universidad privada;
lo que define a la democracia es que incluso quien no tiene la oportunidad económica, por mucho que se esfuerce, de ir a una universidad privada, pueda tener la mejor educación pública. Y eso es algo que a ustedes, señoría,
les cuesta entender. (Rumores). Yo no le interrumpo a usted cuando interviene, pero usted me grita 'mentiroso' desde la tribuna y me insulta. Se puede ser reaccionario siendo educado, señoría. Yo no les he interrumpido en ningún caso.
Vuelve usted a insistir sobre el comunismo. Le vuelvo a decir lo mismo: ahí se sienta el secretario general del Partido Comunista de España; sin ese partido no habría Constitución, sin ese partido en este país no habría habido elecciones
democráticas, sin ese partido no se hubiera podido derrotar a la dictadura. Entiendo que a ustedes, que han defendido siempre regímenes totalitarios, les moleste enormemente que en España el Partido Comunista esté en el ADN de nuestra Constitución
y de nuestra democracia. Lo lamento, señoría; lo lamento, señoría, mucho.
Me ha dicho usted algo que le acepto. Me ha dicho usted que debo ser humilde en la acción de gobierno, y tiene usted razón. Nos equivocaremos muchas veces, seguramente nos hemos equivocado muchas veces, pero creo que hemos demostrado,
señoría, con toda la humildad, que se puede afrontar una crisis social y económica defendiendo el interés general que proclama la Constitución española -exactamente lo contrario a lo que se hizo después de la crisis de 2008- y que se puede afrontar
una situación tan dramática como esta tendiendo la mano a la oposición, defendiendo la sanidad pública, protegiendo a los trabajadores, protegiendo a los inquilinos, protegiendo a las familias que no pueden asumir que haya un corte de suministros y
protegiendo a la gente que necesita un ingreso mínimo vital. Y creo que ustedes una vez más, con todo el respeto, han demostrado los intereses de quienes representan: de los buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los
enemigos de España. Porque ustedes no son un partido español; son un partido que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000016).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Comparezco una vez más ante esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; un real
decreto-ley que refuerza las medidas de protección del tejido productivo y del empleo que hemos venido implementando, con el objetivo de preservar del mejor modo posible nuestra economía para contar así con un buen punto de partida a la hora de
afrontar la recuperación. Se trata de medidas imprescindibles y urgentes ante la persistencia de las circunstancias económicas y sociales excepcionales que está provocando la pandemia del COVID-19.
Como todos ustedes saben, las últimas siete semanas -y particularmente desde que se decretó el estado de alarma- hemos presentado sucesivos reales decretos-ley con medidas de tres tipos. En primer lugar, medidas sanitarias para reforzar
nuestro sistema de salud. La prioridad absoluta de nuestro Gobierno es luchar contra la emergencia sanitaria de la forma más eficaz posible y tratar de salvar vidas. Se trata de apoyar a los profesionales que están en primera línea de defensa de
los ciudadanos luchando contra la enfermedad e impulsar la investigación para proveernos cuanto antes con un tratamiento y una vacuna contra el coronavirus. En segundo lugar, hemos adoptado medidas sociales para apoyar a los ciudadanos en este
momento de dificultad, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Y en tercer lugar, medidas económicas para sostener nuestro tejido productivo, flexibilizar el mercado laboral para evitar la destrucción permanente de empleo y proteger
a los trabajadores en este contexto, proveyendo a los
colectivos y sectores más vulnerables -por ejemplo, los autónomos y las pymes- de herramientas que les permitan navegar en este periodo atendiendo a sus principales dificultades, por ejemplo, la liquidez.
A esto responden medidas como las que todos ustedes conocen y han venido convalidando en esta sede parlamentaria como la flexibilización y el apoyo público a los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, con plena garantía de
acceso a las prestaciones por parte de todos los trabajadores afectados, la puesta en marcha de la línea de avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial especialmente dirigidas a pymes y autónomos y la creación de una red de seguridad
para proteger a los ciudadanos, particularmente a los más vulnerables y a los autónomos, como el aplazamiento de cuotas sociales e impuestos, la creación de subsidios para las empleadas del hogar y los trabajadores con contrato temporal, la creación
de una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, la moratoria en el pago de hipotecas y alquileres o la prohibición de cortes de suministros básicos. Son medidas importantes que ya han contribuido a aliviar la situación
que atraviesan más de siete millones de ciudadanos en nuestro país y que demuestran nuestro firme compromiso con la máxima que guía al Gobierno de que saldremos de esta crisis unidos, de que no dejaremos a nadie atrás.
Pese a lo mucho que ya hemos hecho hasta el momento, seguimos constantemente evaluando la situación, atentos a las necesidades que van surgiendo conforme evoluciona el confinamiento y la progresiva desescalada. También seguimos analizando
las propuestas, sugerencias y peticiones que nos llegan de los diferentes colectivos para determinar qué más podemos hacer con este objetivo de atender a las necesidades de nuestro país de la mejor forma posible en estos difíciles momentos. Este es
un Gobierno que escucha y fruto de ese trabajo permanente de evaluación y de nuestro constante contacto con los agentes sociales y con los grupos políticos es este real decreto-ley que nos une hoy aquí, que incluye una treintena de medidas
económicas y sociales centradas fundamentalmente en el apoyo a las empresas y los trabajadores con cuatro objetivos claros: reducir los costes operativos de pymes y autónomos, reforzar la financiación empresarial, facilitar el ajuste de la economía
y proteger el empleo y finalmente apoyar a los trabajadores.
La minoración o directamente la falta de ingresos que están sufriendo muchos empresarios a resultas de la drástica reducción de la actividad económica puede llevar a que negocios perfectamente solventes y rentables no puedan hacer frente a
sus obligaciones de pago de alquileres, poniendo así en riesgo su propia supervivencia. Por eso, en este real decreto-ley se regula un procedimiento para que pymes y autónomos puedan llegar a acuerdos con los arrendadores de locales comerciales
cuando se trate de grandes tenedores inmobiliarios o empresas públicas. En el caso de que el arrendador sea un pequeño propietario, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago debiéndose reponer en el plazo de un año. Se trata de una
medida con un impacto claramente positivo en el colectivo de autónomos y pymes de la que se pueden beneficiar más de 150 000 inmuebles de uso comercial, el 11 % del total, y más de 70 000 inmuebles de uso de ocio y hostelería, casi un tercio del
total.
En segundo lugar, el real decreto-ley incluye medidas adicionales para reforzar la financiación empresarial. Por eso se habilita al Instituto para la para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, para conceder aplazamientos en
los préstamos concedidos a terceros en el ámbito de los distintos programas de subvenciones o ayudas reembolsables que tienen. Se trata de una posibilidad a la que podrán acogerse hasta 845 préstamos, con vencimientos de más de un millón de euros
al mes. Es una cantidad que supone un balón de oxígeno para las empresas afectadas, y seguimos así la línea que ya se inició con otro tipo de entidades de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del Ministerio de Industria.
Además, para garantizar la continuidad de las transacciones económicas y aportar seguridad a las operaciones comerciales en el actual contexto de incertidumbre, reforzamos los mecanismos del sector asegurador. Se trata de una medida muy
importante, la de habilitar al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro, de crédito y de caución que sirven de garantía para el cobro de las ventas o prestación de servicios y de cumplimientos legales y
contractuales. Siguiendo con la línea de los avales del ICO, se trata de garantizar la liquidez del tejido productivo. Tenemos que garantizar que siguen manteniéndose los flujos de liquidez, que son el alimento del funcionamiento de la sociedad y
de la economía, incluso en una situación de relativa hibernación, como la que hemos tenido en las pasadas semanas.
También con este real decreto-ley se refuerza el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa, previsto ya en el Real Decreto-ley 8/2020, que tuve ocasión de defender aquí el pasado 25 de marzo, aumentando la capacidad de aval de
las sociedades de garantía recíproca de todas las
comunidades autónomas. Se trata de garantizar que esta liquidez llega a todo el tejido productivo y a todo el territorio nacional.
Además, garantizamos que la línea de avales del ICO puesta en marcha hace unas semanas, por valor de 100 000 millones de euros, pueda liberarse hasta finales de año, ampliando el margen temporal que hay para la posible solicitud de estos
avales. Como todos ustedes saben, hemos desplegado tres fases de esta línea de avales, con un total de 64 500 millones de euros, 4000 de los cuales se destinan a avalar los pagarés del mercado alternativo de renta fija para que no sea solo el
sistema bancario el que canalice la liquidez y pueda aprovechar esta línea de avales. Esto es posible, precisamente, por una modificación que introdujimos en este real decreto-ley, que incluye bajo el paraguas de los avales del ICO estos
instrumentos, con el fin de fomentar el mantenimiento de las distintas fuentes de liquidez con las que opera el mercado. Hasta el domingo, el ICO había registrado ya más de 318 000 operaciones, el 98 % de ellas corresponden a pymes y a autónomos,
por un montante total de casi 31 400 millones de euros, que han permitido movilizar 41 266 millones de euros de financiación. Me gusta indicar estas cifras cada vez que vengo porque aunque es cierto que son frecuentes los mensajes que llegan acerca
de algún crédito que no ha podido culminarse, de alguna operación que no ha podido llegar en el momento adecuado o que se está retrasando, creo que es importante que pongamos en valor lo que supone esta línea de avales -entre las más eficaces y
considerada de mayor éxito de toda la Unión Europea-, ya que está canalizando un volumen muy importante de recursos hacia el conjunto de la sociedad y que constantemente estamos mejorando para tratar de llegar a todos aquellos que necesitamos
mantener activos con el fin de tener una buena base para la recuperación económica.
En tercer lugar, este real decreto-ley incluye una serie de medidas fiscales -medidas de gran calado- que se suman a las ya previstas en el real decreto-ley que esta Cámara convalidó el pasado 29 de abril, con un amplio respaldo. Hasta el
próximo 31 de julio el material sanitario estará sujeto a un tipo impositivo del cero por ciento en el IVA, aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, cuando el destinatario de dicho material sean entidades
públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. De esta manera, se ahorrarán algo más de 1000 millones de euros y ponemos la producción nacional al mismo nivel que las importaciones de material sanitario.
Por otra parte, se alinean los ingresos a cuenta de las empresas con la previsión de ingresos para 2020, con el fin de reflejar de manera más fiel la realidad económica de los contribuyentes y liberar más de 1100 millones de euros de
liquidez para las empresas, sobre todo autónomos y pymes. Se incluye una opción extraordinaria en la modalidad de pago fraccionado del impuesto sobre sociedades y se adapta de forma proporcional al periodo del estado de alarma el cálculo de los
pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA. También se permite determinar la cuantía del rendimiento de pymes y autónomos con arreglo al método de estimación directa. En
línea con el objetivo señalado anteriormente de no perjudicar la liquidez de las empresas, disponemos de la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de financiación avalada por el Estado. También extendemos la
vigencia temporal de determinadas medidas tributarias contenidas en anteriores reales decretos-ley para garantizar que se pueda adaptar a la evolución de la crisis y que sean plenamente efectivas en su objetivo. Finalmente, en relación con el IVA,
reducimos al 4 % el tipo impositivo aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, un tema muy importante particularmente en la situación de confinamiento de estas pasadas semanas.
En cuanto a las medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo, se aclara lo dispuesto en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor para permitir que su aplicación sea parcial, es
decir, que las empresas que desarrollan actividades esenciales puedan beneficiarse de la protección de los ERTE para la parte de la actividad o de la plantilla no afectada por ese carácter esencial. Se trata de una medida que venía siendo muy
reclamada por ciertos sectores de nuestro tejido productivo, que por cierto sus señorías mencionaban prácticamente en todas las comparecencias que yo he tenido en esta sala. Se trata, por tanto, de una medida razonable que supone un importante
alivio para muchas empresas, que así estarán en mejores condiciones para resistir en estas excepcionales circunstancias.
El real decreto-ley también refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos, ampliando la cobertura social a unos 15 000 que no han podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas y que ahora podrán incorporarse a
los ERTE o percibir una prestación, aun no habiendo agotado el desempleo. Es el caso de muchos empleos asociados a las actividades de temporada que empiezan en esta época y que trabajan tan solo unos meses al año. Se trata también de una
reclamación y de una
reivindicación que veníamos escuchando de determinados colectivos. Con respecto a los aproximadamente 50 000 autónomos que no optaron por una mutua colaboradora con la Seguridad Social en el plazo y que ahora tienen que solicitar la
prestación por cese de actividad, se les permite hacer ambos trámites conjuntamente de modo que se facilite el reconocimiento de este derecho y su tramitación, así como la solicitud de la prestación por incapacidad laboral temporal.
Por otra parte, para garantizar la seguridad jurídica en coherencia con las anteriores medidas de suspensión general de plazos de las administraciones públicas, suspendemos también los plazos que rigen en el ámbito de la Inspección del
Trabajo y Seguridad Social, con excepción de aquellos casos o aquellas intervenciones que sean indispensables para garantizar la protección del interés general, o estén relacionados con la COVID-19.
En este real decreto-ley se refuerzan los mecanismos de control y sanción de comportamientos fraudulentos en la percepción de prestaciones públicas al regular las sanciones a empresas que presenten solicitudes con falsedades o
incorrecciones, incluyendo la obligación de la empresa de devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores cuando no medie dolo o culpa de ellos. Se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de
las cooperativas para que puedan destinar estos recursos a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos del COVID-19 mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o privadas, dotación de liquidez a la
cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento. Asimismo, para garantizar la protección de los trabajadores y seguir atendiendo las necesidades de conciliación, prorrogamos dos meses más el carácter preferente del teletrabajo, así
como el derecho de adaptación del horario y de reducción de jornada por cuidado de familiares.
Finalmente, ante las dificultades de los parques científicos y tecnológicos de cumplir con sus obligaciones de reembolso de préstamos concedidos por la Administración General del Estado, se flexibilizan las condiciones de estos préstamos y
también se posibilita la prórroga de los contratos predoctorales para personal investigador y de formación suscritos en el ámbito de la investigación y se autoriza el endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de
Supercomputación, para posibilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con el proyecto EuroHPC.
Un último capítulo de este real decreto-ley son las medidas de protección de los ciudadanos. Se trata de atender a determinados casos que hasta ahora no estaban cubiertos por los reales decretos-ley que hemos venido aprobando y convalidando
en esta Cámara. Se trata, por ejemplo, de proteger a quienes no podían acceder a prestaciones por desempleo, pese a haber sufrido una suspensión de contrato, una reducción de jornada o un despido por haber dejado voluntariamente su empleo anterior
para cambiar de trabajo y encontrarse todavía en periodo de prueba justamente en este periodo del COVID, o quienes no han llegado a recibir una oferta laboral en firme por el estallido de la situación de crisis sanitaria.
Por otra parte, se desarrolla la medida relativa a la ampliación de las contingencias en las que se pueden rescatar planes de pensiones, que ya habíamos adoptado en el Real Decreto-ley 11/2020, definiéndose, entre otras cuestiones, la
acreditación de las circunstancias que dan derecho a la disponibilidad de dichos fondos, el plazo y el importe máximo del que se puede disponer. Se reducen al 50 % los aranceles notariales previstos para las novaciones de créditos no hipotecarios,
tal como ya estaba previsto para las moratorias. Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias vulnerables se habilita que la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020 tenga una dotación de
hasta 1200 millones de euros para garantizar los préstamos concedidos por las entidades financieras. Se incluyen medidas para garantizar la seguridad jurídica en caso de otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que
se formaliza la ampliación de plazo. También se aclara que los gastos relativos a aranceles notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción en el caso de moratorias hipotecarias serán asumidos por la entidad financiera y se
incluyen otras medidas en beneficio de colectivos específicos como los trabajadores por cuenta ajena agrarios, para los que habrá una reducción de cotizaciones durante la situación de inactividad; en el ámbito deportivo, se facilita la
transferencia de recursos privados generados por el fútbol profesional hacia políticas públicas que permitan garantizar la sostenibilidad de las federaciones deportivas y de los programas de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, y se
favorece la devolución de los denominados préstamos rentauniversidad a aquellos titulares que no pudieron reembolsarlos en tiempo y forma, para los que se abre la posibilidad de novar estos instrumentos en un nuevo plazo con las mismas condiciones.
Presidenta, concluyo ya. Este real decreto-ley es un nuevo paso para apoyar las necesidades derivadas de la prolongación de esta situación excepcional. No me canso de indicarlo, esto no son medidas del Gobierno, no son medidas del
Congreso, son medidas financiadas y que suponen un esfuerzo importante por parte del conjunto de la sociedad española, que lo que está haciendo a través de estos paquetes socioeconómicos es proteger y dar soporte al tejido productivo, al empleo, a
los colectivos más vulnerables de nuestro país. Como ha señalado el presidente del Gobierno esta mañana, estamos tratando de salvar vidas y también de salvar empleos y empresas. Entre todos estamos consiguiendo así minimizar el impacto de esta
crisis. Actuando unidos, con responsabilidad, con solidaridad y con transparencia conseguiremos evitar que la pandemia deje cicatrices permanentes en nuestra sociedad y en nuestra economía y facilitaremos que la recuperación llegue cuanto antes,
más rápido y más fuerte, cuando empiece a remitir la crisis sanitaria. Pronto -estoy segura y eso deseo- estaremos hablando de planes de recuperación y revitalización de nuestro tejido económico, pero hasta que ese momento llegue es imprescindible
que sigamos sacando adelante las medidas necesarias para contener las muchas emergencias que esta pandemia está generando. Por eso les pido su voto a favor de la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera del Gobierno. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
No puedo detenerme en los temas concretos de una norma tan variada como ha desarrollado la ministra, pero sí quiero decir que es un complemento necesario para otros decretos que habían dejado algunas lagunas llamativas y también un
complemento que hay que añadir a otras medidas que han tomado ya las propias comunidades autónomas. En concreto en Cantabria ya se ha aprobado un primer plan de choque con sus recursos propios que afecta directamente a las pymes y a los autónomos,
además de las medidas que también afectan a cuarenta mil trabajadores afectados por un ERTE. Se han otorgado inicialmente más de cinco mil cheques de resistencia a cinco mil autónomos, otros treinta mil más van a ser ahora favorecidos y hay otras
medidas de actividad económica. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).
Yo creo que en estos momentos se está haciendo ya un hincapié mayor en las medidas de incentivar la actividad económica que en las propias de prestaciones de garantía de rentas. Este esfuerzo de las comunidades autónomas necesita una
financiación extraordinaria. Por eso, al considerar que la actividad económica hay que tomarla en su conjunto y no solamente en determinados sectores, nosotros reiteramos lo que siempre hemos dicho desde Cantabria, que en el reparto de los fondos
entre las comunidades autónomas debe primar el coste efectivo de los servicios públicos por encima de cualquier otro criterio para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y, por supuesto, pagar las deudas pendientes tanto en el caso de
Cantabria con la deuda de Valdecilla y la derivada del IVA como en el resto de las comunidades autónomas. La aplicación de estas medidas va a servir para que en las medidas que hayan de tomarse en un futuro, cuando termine el estado de alarma, lo
prioritario sea recuperar la actividad económica y el empleo porque, sin ello, el resto de las medidas sociales tampoco podrán realizarse.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Mazón.
Tiene la palabra, por el mismo grupo, el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, efectivamente, muchos de los decretos que está trayendo el Gobierno a esta Cámara están llenos de buenas medidas sobre el papel, que luego no se están trasladando de manera suficiente a la economía real, y este es uno
de esos decretos. Una de las medidas que se recogen, por ejemplo, es la reducción de costes operativos para pequeños comercios y pequeñas empresas, que tiene dos requisitos. El primero es haber perdido el 75 % de los ingresos; cuestión que es
demasiado abultada para muchos negocios. Si se admite la tramitación como proyecto de ley, nosotros trataremos de corregir esto con una enmienda para que sea el 50 % y no el 75 %. En el segundo requisito se habla de que para poder acceder a esas
cuestiones quien arrienda tiene que ser un gran tenedor o una Administración
pública; cuestión que en muchos casos no se cumple, con lo cual muchos pequeños negocios se encuentran ante la imposibilidad de acogerse medidas de este tipo.
Pero es que esto ha pasado también con las líneas ICO. Las líneas ICO son farragosas en su tramitación, requieren mucha documentación y son lentas debido, evidentemente, al colapso que hay a la hora de solicitarlas. Hace falta que todas
las medidas que está impulsando el Gobierno respondan a dos cosas: en primer lugar, a la agilidad porque hay mucha necesidad en este momento que no puede esperar, y en segundo lugar, a la simplicidad en los requisitos en la tramitación.
También se ha referido a algunas medidas como la moratoria de las hipotecas, que tiene unas condiciones tan leoninas que dejan a mucha gente fuera de esa posibilidad. Se ha referido también a las ayudas a las trabajadoras del hogar, porque
fundamentalmente son mujeres, pero esas ayudas empezaron a solicitarse la semana pasada y hay muchas personas que tienen rentas bajas que no pueden estar tantos meses sin cobrar. Pasa lo mismo con los ERTE, hay mucha gente que no puede estar tanto
tiempo sin recibir ni un solo euro.
Acabo con dos cuestiones. La primera, estamos en una situación que es tan dramática que no vale con poner parches. Las medidas que está trayendo el Gobierno son como una tirita, pero no pueden corregir la hemorragia que soporta una
economía como la que tenemos actualmente. Y la segunda, es necesario abrir la economía porque, si no, no valdrán estas medidas puntuales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra y vicepresidenta, tengo que aprovechar estos dos minutos para hablar de un tema urgente y grave que afecta a los archipiélagos balear y canario. Como usted sabe, el Gobierno dictó una orden ministerial que exige a las
compañías aéreas que en el transporte interinsular en Baleares y en Canarias, en vuelos de media hora, haya un asiento vacío y que se cubra solo el 50 % de la capacidad total del avión.
Según el Gobierno, para los que estamos en fase 1, en las cafeterías la siguiente mesa tiene que estar a dos metros; cuando vas en una guagua no pueden ir todos los asientos cubiertos; cuando vas en un taxi tampoco; cuando llegas al
aeropuerto te hacen separarte dos metros para entrar en seguridad y subir al avión, y resulta que cuando entras en el avión tienes en el cogote, aquí a la izquierda, uno; aquí a la derecha, otro; aquí delante, otro y aquí detrás, otro. No tienen
nada que ver los filtros del avión porque respecto a los filtros del aire que se recicla sería lo mismo que fueran diez personas en el avión o veinte; es un tema sanitario. Aquí, en el Congreso, los diputados estamos separados. El Gobierno,
inmediatamente, tiene que sacar una orden y, mientras haya instrucciones de distanciamiento social, tendrá que haber como mínimo un asiento de diferencia entre las personas que van en un avión, el 50 %. Porque los vuelos interinsulares duran media
hora y se obliga a las compañías de los dos archipiélagos a no cubrir todo el pasaje, sin embargo, en los trayectos península-Baleares o península-Canarias los aviones van petados. Si las compañías dicen que no les es rentable, entonces el Gobierno
de España -es mi propuesta en este momento en positivo- tendrá que declarar la obligación de servicio público de determinadas frecuencias para no dejar incomunicados a los archipiélagos mientras dure el periodo de distanciamiento social. ¿Que no lo
quieren hacer voluntariamente? Obligación de servicio público. Eso es lo que le planteo, los canarios y la gente de Baleares tenemos derecho a tener la garantía de que una persona que está a la izquierda o a la derecha... En esos vuelos, ¿sabe lo
que pasa, además, porque yo los cojo todas las semanas? Que viene gente que ha tenido un trasplante de corazón aquí en Madrid, gente que viene con problemas oncológicos de distintos hospitales de la península y gente que ha pasado el coronavirus,
que ha estado aquí en cuarentena y que viene con las defensas bajas. No hay derecho. No ha sido un vuelo, no han sido dos, han sido muchos en Baleares y en Canarias; le puedo decir cuatro de los que yo tengo constancia en los últimos días. Le
pido que lo resuelva inmediatamente. El tema europeo es para los vuelos internacionales, pero esto es la conexión con la península.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián). Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el real decreto-ley trata muchísimas cosas; tenemos muy poco tiempo, así que voy a ser muy directo. La mayoría de las medidas económicas que está tomando el Gobierno tienen un problema, suponen un endeudamiento o bien de
la sociedad -de las clases populares especialmente, de las pequeñas empresas, de autónomos, etcétera- o bien del Estado. Eso significa tirar el balón hacia adelante, y más teniendo en cuenta que esta crisis no es un solo bache, sino que va a ser
necesario invertir más en inversiones sociales, tipo renta básica, atención primaria, etcétera. Es tirar este balón hacia adelante esperando quizá a que llegue el dinero de la Unión Europea que, probablemente, no va a llegar y que, si llega, podría
ser peor todavía porque sería con condiciones de ajustes, es decir, recortes, etcétera. Mientras tanto, en esta inversión necesaria quienes no están poniendo de su parte son las grandes empresas, las empresas del IBEX, empezando por la banca que
fue rescatada en su momento. Se nos dice que no van a poder repartir dividendos, pero esto no es suficiente. No se trata de no repartir dividendos en época de crisis, se trata de que no tengan beneficios, de que estos beneficios sirvan para
inversión social. Me refiero, por ejemplo, a las empresas que el domingo pasado en este diario (muestra un titular del periódico La Vanguardia) afirmaban: 'Tenemos futuro'. No sé a quién se referían con 'Tenemos futuro'; si se referían a sus
intereses como empresas, a los de los que tenemos deudas con ellos -con los bancos-, a los de los que les pagamos las facturas, porque con las medidas que se están tomando estas empresas no sólo no ponen de su parte sino que se aseguran no perder ni
un euro: se pueden beneficiar de las medidas de empleo, si prestan dinero el aval lo pone el Estado; se pueden beneficiar de los planes de refinanciación de la Unión Europea, y las facturas energéticas que les deje de pagar la gente que no puede
pagarlas serán compensadas. Es decir, es lo de siempre: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero esta vez quien lo hace es un Gobierno que dice ser el más progresista de la historia.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, voy a empezar señalando el sentido de nuestro voto: nosotros nos vamos a abstener y le voy a explicar por qué. Seré más prolijo luego en las explicaciones, pero sí quiero que lo entienda -si sirve la expresión- de
una manera mucho más simple quien nos esté oyendo. Nos da la sensación de que ustedes, aun con buenas intenciones, están jugando al mus, pero están jugando a pequeñas de manera continua. El problema no suele ser grande cuando quien juega al mus y
a pequeñas lo hace al principio de la partida; cuando la partida va apurando sus fases más decisivas, jugar a pequeñas suele ser perder siempre. Por tanto, creemos que sus medidas, aun siendo bien intencionadas, se quedan cortas y, sobre todo y
fundamentalmente, son muy efímeras para la velocidad y el vértigo que requieren los acontecimientos porque creemos que lo que no se haga ahora, no se va a poder hacer después. En definitiva, creemos que -y se lo he dicho antes al presidente- hay
que optar por políticas decididas en el ámbito redistributivo para compensar así la falta de ingresos porque, si no, de lo contrario, habrá más brecha social y más desigualdad social. Tenemos también la certeza -y se lo dije en la Comisión- de que
el capitalismo atraviesa una de sus cíclicas crisis, esta sin duda más grave que las anteriores o recientes.
En cualquier caso, esta crisis, como todas ellas, se caracteriza por tres factores: el estancamiento, la deuda y la desigualdad; estancamiento porque tienen menor tasa de ganancia y porque tienen menor productividad; endeudamiento porque
evidentemente crece; y desigualdad porque aumenta la brecha social. Ante esa realidad, ¿cuál es el escenario posible? Pues vivir en una crisis continua. Por eso le pedimos cambios más decididos y más claros. Pero no solo es la realidad de vivir
en una crisis continuada en la que algunos no han dejado de vivir desde 2008 -porque es curioso y paradójico que ahora demos por hecho que todo el mundo salió de la crisis del 2008 y salió bien parado; no fue así, esa normalidad tampoco nos gusta a
nosotros y a nosotras-, sino que a esa continuidad de la crisis se le sumarán probablemente los impagos y las quiebras de las grandes compañías. Por eso planteamos que hay que nacionalizar. Sé que sonará estridente o duro en esta Cámara que yo
hable de nacionalizar o que lo hagan otros portavoces, pero, fíjense, ni siquiera es algo tremendamente revolucionario. Charles de Gaulle lo hizo en Francia después de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a la reconstrucción de su propia
economía; lo hizo incluso -para aquellos que se asustan con las elevadas imposiciones fiscales que se
plantean- generando un impuesto del 95 % para las fortunas que se habían levantado durante la época de la dictadura de Pétain. Por tanto, lo que les pedimos es que tomen decisiones con claridad y, en cualquier caso, que se abandone el viejo
mantra de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, porque de eso en el Estado español se han demostrado maestros unos pocos. Aquí cada vez que algo ha ido mal han pedido ayuda, han pedido sopitas al papá Estado, pero cuando el papá
Estado ha invertido dinero y las ha saneado, ha habido alguien desde el Estado -probablemente sugerido por unos que no se presentan a las elecciones, pero que parecen mandar más que los que aquí estamos y las que aquí estamos- que ha decidido que
había que privatizarlo, que cuando llegaran los beneficios tocaba privatizar para que se beneficiaran los de siempre.
Yendo a lo concreto, sobre las medidas que usted ha planteado le diré que nos siguen preocupando los ERTE, que la gente siga sin cobrar; son muchas las personas que siguen sin cobrar transcurridos ya dos meses desde que entraron en los
ERTE. Nos preocupa, como ya se ha señalado, que a los autónomos se les exija perder el 75 % de su volumen de negocio para poder percibir las ayudas que plantean. Se lo dije en una intervención anterior y se lo digo ahora, no hace falta perder el
75 % para perderlo todo. Ustedes plantean la moratoria de hipotecas y alquileres para personas y familias con disminución de ingresos, y creemos que es pan para hoy y hambre para mañana porque supone retrasar la deuda y acumularla. Cada vez
deberán más, porque nadie pensará que estas familias tan golpeadas van a poder estar ahora mejor que dentro de unos pocos meses. Por eso, le pedimos desde el primer día que frente a la moratoria apliquen la suspensión temporal de hipotecas y
alquileres para las familias con reducción de ingresos y personas vulnerables. Le podríamos recordar los 60 600 millones que les hemos perdonado a los bancos, que parece que nadie tiene demasiado interés en recuperar. Lo mismo pedimos para las
facturas de servicios básicos como la luz, agua o gas: suspensión, no moratoria. La semana pasada Repsol anunciaba una ganancia de 447 millones de euros en plena pandemia y su consejero delegado, el señor Josu Jon Imaz -al que conocemos bien en
Euskal Herria porque es de allí-, decía que su prioridad era repartir dividendos, ganar millones y repartirlos entre unos pocos en plena pandemia. Todo un ejemplo de ética constructiva. Iberdrola, otra empresa que también conocemos bien porque es
vasca, prevé en 2020 -incluso a pesar de la crisis del coronavirus- obtener unas ganancias récord de más de 3400 millones de euros, 3400 millones de euros, señora ministra. Así que, sí se pueden suspender los pagos de facturas a empresas
energéticas y gasísticas; les animamos a que lo hagan.
Y cuando hablamos de fiscalidad les hablamos siempre de una fiscalidad justa y equitativa. Dan ustedes todavía hoy facilidades a las empresas para fraccionar sus pagos de un impuesto, el de sociedades, que apenas tributa al 1,5 %. Es
decir, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos y los ricos también. Creemos que es necesario ya un impuesto a las grandes fortunas. Lo hemos venido reclamando desde el primer Pleno del estado de alarma. Nos alegramos de que más fuerzas
políticas también planteen medidas claras en torno a este tipo de medidas fiscales. Nos gustaría recordar que ya existió una iniciativa así en Gipuzkoa -cuando Bildu gobernaba en Gipuzkoa- y que planteaba un impuesto a la riqueza y a las grandes
fortunas que afectaba al 1 % de la población. Fue bien valorado incluso por instancias europeas. Fue bien valorado por el Partido Socialista durante un tiempo, durante el tiempo que duró su enemistad con el Partido Nacionalista Vasco, luego ya no
fue tan bien valorado para ser justo. Sí le diría, en todo caso, que me llama poderosamente la atención que se levante tal polvareda porque se quiera que quienes más tienen más aporten. Me llama poderosamente la atención porque esa gente tiene
dinero para vivir mil vidas y, salvo que sean todos budistas y estén pensando en la reencarnación continua, uno no llega a entender para qué quieren tanto dinero. Y un apunte con la tasa COVID, está bien un impuesto extraordinario y temporal a las
empresas y su aportación para hacer frente a la crisis, pero mejor sería que pagasen lo que debían pagar para siempre, no solo durante este tiempo.
Para finalizar le diré que nosotros no queremos volver a la normalidad anterior; una normalidad marcada por los desahucios, los empleos precarios, pensiones insuficientes, mujeres precarizadas y condenadas al retorno al hogar, una
desatención absoluta a la economía del cuidado, una realidad de pobreza energética y de presión empresarial. Algunos cambiaron el negocio de ladrillo por el negocio de las personas mayores, y hoy se está viendo en las residencias. Podría seguir
con esto, pero termino. Sé que las presiones serán grandes, pero este es el momento de tomar decisiones claras y contundentes. Algunos le seguirán haciendo el Guaidó en las calles de Madrid, pero, en cualquier caso, como dice un poeta y cantante
navarro, Kutxi Romero, lo que le tenemos que ofrecer a la gente es algo tan sencillo como que sus vidas sean un viaje a un futuro nada incierto, su libertad, únicamente su libertad.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Egun on. Vicepresidenta, tal y como le dije en la comparecencia de la semana pasada, no lo tiene fácil y desde luego valoramos el esfuerzo que está haciendo usted y también su equipo, pero seguimos diciéndole, semana tras semana, que nos
siguen ofreciendo contratos de adhesión. Es cierto que nos llaman antes de los consejos de ministros para informarnos de las medidas, pero nos dan escaso margen para pactar o aportar, y este grupo, es verdad, que se ha adherido bien con su voto
afirmativo o en algún caso con la abstención a los decretos hasta ahora presentados por responsabilidad. Lo que le venimos solicitando es más diálogo, acuerdo y pactos. A pesar de esto, también tengo que decirle que en este decreto sí parece que
han escuchado algunas de las medidas y mejoras de los grupos, que hemos ido proponiendo a lo largo de esta pandemia y que hoy sí vemos reflejadas en el decreto y también en los decretos que se han aprobado en el Consejo de Ministros de ayer.
Dicho esto, hoy volvemos a debatir un nuevo decreto, el número 15, la décima norma de medidas económicas y sociales que ha adoptado el Gobierno para intentar contrarrestar el impacto del COVID; un decreto que forma parte de una serie de
normas aprobadas con carácter de urgencia que obedecen a la finalidad de hacer frente a esta pandemia, si bien conforman un conjunto normativo que por su extensión y urgencia en su aprobación y por atender a multitud de cuestiones resulta a veces
confuso, entre otras cuestiones por las continuas modificaciones y adaptaciones a que se ve sometido por las sucesivas disposiciones que se han ido aprobando, aunque también he de reconocer que la Secretaría de Estado de Economía realiza unos
resúmenes que nos vienen muy bien. En su larga exposición de motivos, de quince páginas, creemos que justifica adecuadamente, en lo que respecta a la mayoría de las medidas, la extraordinaria y urgente necesidad. Usted sabe, como ya le he dicho,
que en esta situación hemos apoyado, con lealtad y con voluntad de acuerdo, pero también con exigencia, los decretos presentados. Hoy también lo haremos, apoyaremos este decreto cuyos objetivos desde luego compartimos, porque son seguir protegiendo
y apoyando al tejido productivo y social, minimizar el impacto y facilitar la actividad económica para que se pueda recuperar en cuanto la situación comience a remitir, y complementar disposiciones aprobadas por otros decretos anteriores; medidas
como usted ha dicho para pymes y autónomos, para reforzar la financiación empresarial; medidas fiscales para facilitar el ajuste en la economía y proteger el empleo y para la protección de los ciudadanos.
No voy a desglosar todas las medidas, pero sí quiero destacar del decreto varias que ahora deciden incorporar, y que este grupo ya solicitó en el primer decreto de alarma a través de propuestas de resolución que, en un principio, fueron
rechazadas. Hoy nos alegramos de que las hayan reconsiderado porque eso significa que han escuchado y han tomado nota. Por ejemplo, me refiero a la medida relativa al reforzamiento del reaval de Cersa para aumentar la capacidad de aval de las
sociedades de garantía recíproca en las comunidades autónomas, que además permite cubrir pagarés, y a la medida relativa al pago de los arrendamientos de los locales de negocio, quizá el coste fijo más importante que tienen los empresarios. No hay
que olvidar que el cese de actividad ha llevado a muchas empresas a replantearse cómo van a afrontar este pago. Es una medida positiva porque entendemos que se insta al diálogo y al acuerdo entre arrendadores y arrendatarios, pero también creemos
que es necesario mejorarla porque, si bien es clara la intención del Gobierno de regular esta situación, puede que a lo mejor no sea efectiva por varios motivos: porque solo se aplica a los arrendatarios que hayan visto suspendida o
significativamente reducida su facturación en un 75 %, un porcentaje que ya dijimos que para nosotros era excesivamente alto porque con un 25 % de la actividad no se puede vivir - por eso, hemos introducido una enmienda en el Real Decreto-ley 8/2020
para reducir este porcentaje-; porque la mayoría de los arrendadores no son grandes tenedores ni entidades públicas de vivienda, que son los únicos a los que se obliga a aplicar la moratoria en el pago de la renta a favor del arrendatario. El
resto de arrendadores, los ordinarios, los que no son grandes tenedores, no están obligados a aceptar la moratoria temporal de la renta; y porque la moratoria se aplica al tiempo que reste de vigencia del estado de alarma y las sucesivas prórrogas,
por lo tanto, no se incluyen las rentas de marzo ni abril. Y en la medida en que se adopten prórrogas, la moratoria será más efectiva para los arrendadores ordinarios; si la prórroga finaliza en junio, será solamente para dos meses. Por lo tanto,
entendemos que esta medida es más efectiva en los casos en los que el arrendador es un gran tenedor. También creo que habría que recalcar que alcanzar un pacto para facilitar
el pago de la renta debiera ser no solo de interés para el arrendatario sino también para el arrendador porque, ante la situación económica de desplome que vamos vislumbrando, la parte arrendadora podría encontrarse con un local vacío y con
serias dificultades para volver a arrendarlo.
En cuanto a las medidas fiscales del decreto, introduce diversas modificaciones puntuales en la normativa tributaria de ciertos aspectos procedimentales de gestión de algunos tributos. Y en ningún caso -tengo que decirlo- se ha establecido
la salvaguarda que afecta a las comunidades sujetas al régimen financiero de convenio o concierto económico, cuando son medidas relativas a tributos concertados de normativa autónoma, sociedades e IRPF. Valoramos positivamente la medida por la que
se permite a los autónomos renunciar de forma temporal al sistema de módulos, a pesar de que, como he dicho, es temporal y les supone una penalización, ya que pese a no tener actividad este sistema de tributación obliga a pagar una cantidad fija en
IVA y en IRPF independientemente de si tienen ingresos o no; un régimen que en los territorios históricos de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya desapareció y tributan por lo que facturan. Se establece hasta el 31 de julio un tipo impositivo de IVA cero a
las entregas de importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios, que desde luego vemos positivo, además porque los proveedores de estos productos podrán deducirse el IVA, pero a lo mejor igual habría que modular a posteriori
porque, una vez superada la pandemia, algunos de estos productos llevan aparejado un tipo de un 21 % de IVA y habría que replantearse el superreducido IVA del 4 %. Entendemos, por ser de justicia, la aplicación del tipo reducido del 4 % para
libros, revistas y periódicos en formato electrónico porque, independientemente de la pandemia, para nosotros no tenía sentido la discriminación entre formatos existentes.
En cuanto al fondo de educación y promoción cooperativa, quiero especificar que está destinado a acciones a favor de la comunidad, no está destinado a actividades de refinanciación de la cooperativa, y podríamos considerar, mientras dure la
pandemia, el destino de los recursos de este fondo a la lucha contra la misma; pero, aparentemente, se desnaturaliza si se transforma en un recurso financiero para la sostenibilidad de la cooperativa. Por otro lado, también consideramos que se ha
subsanado el desarrollo de determinados aspectos relativos a la liquidez de los planes de pensiones como consecuencia del COVID-19. En cuanto a las disposiciones referidas a las autoridades portuarias, las valoramos, pero entendemos que hay un
margen de mejora porque, a efectos prácticos, por ejemplo, para poder aplicar la medida respecto al tráfico de mínimos hay que esperar al cierre del ejercicio 2020 y, por otro lado, respecto a la tasa de ocupación, es verdad que las autoridades
portuarias recuperan la competencia de adopción para aprobación de las reducciones pero, a su vez, las mismas deben incorporarse a una ley de Presupuestos Generales del Estado o a una norma con rango de ley, y esto puede llevarnos a lo mejor a un
limbo jurídico.
Por último -voy acabando-, hay una medida relativa a la elección de mutuas que también tiene incidencia en el Real Decreto-ley 8/2020. Nosotros vamos a establecer algunas enmiendas en este decreto en relación con el tema de las mutuas
porque pueden ver reducidas sus reservas y, más concretamente, la reserva de estabilización de contingencias profesionales. Entendemos que se debe hacer una reflexión serena y seria acerca de las mutuas, pero lo que no se puede hacer es jugar con
su viabilidad con la adopción de medidas coyunturales. Por otra parte, a pesar de que estamos de acuerdo con muchas medidas del decreto, este es un decreto ómnibus en el que se concentran multitud de materias de contenido muy diverso y alguna no
guarda relación con las extremas circunstancias que podrían validar el uso de la figura del real decreto-ley, y me refiero a la creación de la Fundación España Deporte Global o, por ejemplo, a la autorización de endeudamiento al consorcio de
Barcelona o a la adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca, aunque estamos de acuerdo con ellas y las vemos necesarias.
Por todo ello, mi grupo va a votar a favor del real decreto-ley, porque incluye medidas o peticiones nuevas y de rectificación que, desde luego, nuestro grupo ha venido solicitando, pero votaremos también a favor de su tramitación como
proyecto de ley para mejorar algunas de las medidas que, como he ido esbozando, creemos que pueden ser mejorables.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias por su trabajo.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Un día más subo a esta tribuna y dedico los primeros segundos de mi intervención al recuerdo de las 27 000 víctimas oficiales de esta pandemia, 27 104 a día de hoy. Detrás de cada cifra hay una persona, una vida,
un drama y mando toda mi solidaridad y apoyo a sus seres queridos. Ahora que empezamos a vivir la relajación del confinamiento, debemos recordar todos que esto aún no ha acabado y que todavía hay centenares de personas que fallecen cada día, nuevas
personas contagiadas, profesionales sanitarios; a todos ellos les mandamos nuestro ánimo y fuerza. También a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en primera línea para frenar la pandemia. Además, hoy tengo
una mención especial para nuestra Guardia Civil que celebra su aniversario, 176 años velando por los españoles. Desde aquí va para todos ellos nuestro reconocimiento e infinito agradecimiento por su labor.
Ahora, hablemos de economía. Durante estos días flota entre nosotros el fantasma de la crisis de 2008. De hecho, hay una generación de españoles que solo ha vivido en periodos de crisis. Probablemente ellos no se acuerden de que entonces
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero negó la mayor, hasta que la realidad nos engulló haciéndonos pagar la falta de previsión con subidas de impuestos y recortes sociales. Señorías, el tiempo nos está poniendo hoy a prueba y nosotros tenemos
una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Antes de recurrir al camino fácil de subir impuestos a los ciudadanos o de recortar derechos sociales, hacen falta reformas. Es el momento de revisar a fondo nuestra Administración, el gasto
superfluo, el gasto político. No es momento, desde luego, de aprovechar el estado de alarma para nombrar a veinticuatro directores generales más, con sueldos desorbitados, cuando ya tenemos el Gobierno más caro de la democracia, con más
ministerios, más vicepresidencias y más altos cargos que nunca. Señores del Gobierno, el ejemplo empieza por uno mismo y, antes de subir impuestos, deberíamos hablar de gastos. Esta crisis nos tiene que obligar a tener una Administración más ágil,
moderna y más eficiente, que haga el mejor uso de los recursos del Estado porque esos recursos públicos, a diferencia de lo que piensa alguna compañera de su Gobierno, sí tienen dueño. Esos recursos son de los ciudadanos. Solo si realizamos este
ejercicio de racionalización del gasto y la autocrítica política, tendremos credibilidad suficiente para pensar en cómo pagamos esta crisis. Los españoles ya están cumpliendo su parte del trato y nos toca a nosotros cumplir con la nuestra.
En cuanto al real decreto-ley que hoy nos ocupa -ya se ha mencionado en esta tribuna-, es un decreto muy abultado, un decreto ómnibus que abarca muchas áreas, muchas temáticas, y que incluye muchas medidas de las que voy a reseñar unas
cuantas. Además, como viene siendo habitual por parte de este Gobierno, es un decreto que llega tarde, es un parche y está incompleto y, aunque incluye medidas que algunos grupos parlamentarios -en concreto el mío- hemos propuesto desde el inicio,
creemos que será necesario incorporar otras nuevas. Por eso ya le anticipo que votaremos sí a la convalidación de este real decreto, pero pediremos su tramitación urgente como proyecto de ley para poder corregir esas deficiencias.
En primer lugar, tenemos medidas relacionadas con la moratoria de la renta arrendaticia de inmuebles distintos a la vivienda habitual. Es una nueva muestra de improvisación, de intrusión y de demonización; de improvisación porque han sido
incapaces de pensar de forma global y van poniendo parches en cada nuevo real decreto que publican; de intrusión porque el Gobierno vuelve a meter las narices en los contratos privados entre arrendatarios y arrendadores incrementando la inseguridad
jurídica. De nuevo, su dogmatismo les empuja a adoptar una medida del todo insuficiente, que solo les ayuda a elaborar su relato; de demonización porque hablan ustedes de los grandes tenedores de inmuebles cuando estos son minoritarios. Ya saben
que solo controlan el 4 % del parque inmobiliario de nuestro país. Es precisamente ahí donde ustedes engañan anunciando a bombo y platillo una medida, un supuesto derecho a moratoria, que, sin embargo, depende de la voluntad de las partes y, si
estas no llegan a un acuerdo, se iniciará igualmente el proceso de desahucio.
En segundo lugar, este real decreto incluye medidas de financiación empresarial. Todas ellas son bienvenidas, por supuesto. Sin embargo, el mayor instrumento de liquidez puesto en marcha por el Gobierno no parece que esté siendo tan
exitoso como nos ha trasladado usted, señora vicepresidenta. La información de los créditos ICO que usted ha dado no muestra la realidad. Según las declaraciones de la banca, las solicitudes de crédito exceden en mucho las cifras concedidas e
incluso las cifras de avales dispuestos. ¿Dónde se encuentra el cuello de botella? ¿Cuáles son las características de las empresas a las que se les han denegado los créditos? ¿Cuántas solicitudes se han denegado?
En tercer lugar, el real decreto recoge medidas fiscales que van en la buena dirección -todas ellas han venido siendo demandadas por partidos como Ciudadanos desde hace bastante tiempo-, pero hoy
siguen siendo insuficientes. ¿Por qué el Gobierno no ha sido más ambicioso? Podrían haber aprovechado este real decreto para ampliar los efectos del aplazamiento de la presentación de impuestos establecido en el Real Decreto-ley número 14,
no solo prolongando sus efectos en el tiempo, sino ampliando los contribuyentes con derecho al mismo. Podrían haber introducido tipos aplicables al pago fraccionado. Deberían haber aprovechado para ampliar el plazo de presentación del IRPF. Por
cierto, ¿se han planteado ampliar el plazo para la presentación del impuesto sobre sociedades? Y ahora que hablamos de medidas fiscales, señora vicepresidenta, que van a generar un altísimo gasto público, quería preguntarle por su nuevo plan de
estabilidad remitido a Bruselas hace unos días y por la revisión a peor del mismo que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. ¿Qué opinión merecen al Gobierno las previsiones dadas por algunos operadores económicos, en
concreto, por la AIReF? ¿Cree el Gobierno que deberíamos ser rescatados por Europa? ¿Cree el Gobierno que tiene en su Ejecutivo a los mejores aliados para resultar atractivos en Europa? Son preguntas para las que seguimos sin tener respuestas
claras.
Y en cuarto y último lugar, este real decreto recoge medidas laborales y sociales que consideramos también muy positivas, aunque insuficientes, pero lo que de verdad lamentamos es que vuelvan a despreciar la oportunidad, la ocasión, para
incorporar medidas dirigidas a apoyar a los trabajadores autónomos. Es cierto que casi un millón de autónomos han podido acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad o a otras medidas de apoyo. Es cierto que esos 600 euros que la
mayoría recibe son la única ayuda que han tenido en esta crisis, pero son muchos más los que están sorteando a duras penas esta crisis por tener su negocio cerrado, con proveedores que les cancelan los pedidos o con clientes que dejaron de ir y que
no tienen claro si podrán recuperar. Es tarde para salvar a esos autónomos que han cerrado porque la crisis ha podido con ellos, pero todavía está a tiempo de ofrecer un verdadero salvavidas para todos los que siguen en pie. Por eso, reitero las
peticiones que hemos trasladado en numerosas ocasiones. Los autónomos necesitan facilidades de reconocimiento en la prestación extraordinaria por cese. No dejen fuera a los que están afiliados a una mutualidad alternativa a la Seguridad Social.
No olviden a los autónomos que son fijos discontinuos y que realizan actividades estacionales. No dejen de lado a los autónomos que tienen que hacerse cargo de sus hijos o padres dependientes mientras dure el cierre de colegios. Como ya le decía,
nuestro voto será favorable a la convalidación, pero vamos a pedir la tramitación urgente como proyecto de ley para poder mejorar y suplir estas carencias que he mencionado.
Acabo ya, presidenta. La vicepresidenta ha hecho referencia a casi todo, pero yo debo señalar que hay un aspecto llamativo de este real decreto, como de algunos otros que han presentado, que no alcanzamos a comprender. Entre muchas de las
modificaciones que introducen por medio de disposiciones finales, atribuyen la gestión del régimen de clases pasivas de los funcionarios públicos al Instituto Nacional de la Seguridad Social. No voy a entrar ahora en el debate sobre la procedencia
de este cambio porque no corresponde, pero es precisamente porque no corresponde por lo que no entiendo cómo una reforma de este calado puede hacerse en este contexto y por medio de modificaciones parciales insertadas con calzador en un artículo de
una norma cuyo objetivo supuestamente es hacer frente al COVID. Es cierto que después de la modificación de la Ley del CNI -que era en otro decreto del COVID-, para blindar el sillón del señor Pablo Iglesias, pocas cosas pueden sorprendernos,
aunque no dejaremos de denunciarlas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
A nuestro juicio, a juicio del BNG, el Gobierno continúa en una línea que nos parece desacertada de buscar los recursos para hacer frente a esta situación excepcional en quien ya tiene muy poco en vez de hacer que contribuya quien más tiene,
por ejemplo, con un impuesto a las grandes fortunas; también en este decreto. Veamos, se permite utilizar el Fondo de promoción y educación de las cooperativas para otros fines y, al mismo tiempo, se hacen previsiones de ajuste de las tasas de
ocupación y buque en puerto, beneficiando fundamentalmente a las grandes navieras. Se amplía la posibilidad de rescate de los planes de pensiones, pero con esta medida se afecta de forma directa a la protección futura de los trabajadores y
trabajadoras ante la jubilación. Pymes y autónomos podrán solicitar una moratoria del
arrendamiento de sus locales de negocio, pero no -como defiende el BNG- la suspensión y la condonación, por lo menos cuando el arrendador sea un gran tenedor inmobiliario. La concreción del concepto de fuerza mayor en los ERTE significa, a
nuestro juicio, legitimar el uso abusivo de esta fórmula por parte de la patronal, mientras la mayoría de los trabajadores están sin cobrar y mientras, dentro de las previsiones dirigidas a la Inspección de Trabajo, no se le restituyen ni amplían
las competencias para un control eficaz real ante la falta de medidas de seguridad laboral. No se aborda regular adecuadamente las condiciones de teletrabajo o son insuficientes las previsiones de desempleo para aquellos trabajadores que finalizan
su contrato en periodo de prueba.
Para acabar quería manifestar una cuestión que nos sorprende y otra que nos preocupa. ¿La creación de la Fundación España Deporte Global de verdad era una prioridad en este contexto para meterla en este decreto? Desde luego, a nosotros nos
parece sorprendente. Y nos preocupa el traspaso de las clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Advertimos que, si es así, nos van a tener enfrente, y esperamos que no sea el primer paso para recortar derechos a
los empleados públicos que en la actualidad forman parte de este colectivo.
Obrigado.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta económica, nos presentan hoy un decreto ómnibus con varias medidas, extensiones y correcciones, algunas de las cuales creemos que son francamente necesarias. Es necesaria la ampliación de los ERTE, es necesaria, por
ejemplo, la rebaja del IVA en los productos sanitarios o en los libros; se les ha olvidado en los de primera necesidad de higiene femenina, que les pedimos que los incluyan en los siguientes. Pero le tengo que decir que en general nos parece un
conjunto de parches que son insuficientes. Nos preocupa mucho la situación de los ERTE. Hemos sabido la negociación con la patronal, que permite flexibilizar el despido de quienes están acogidos a un ERTE. Tememos que esto sea una puerta de atrás
para facilitar el despido. Y nos preocupa que siga habiendo cientos de miles de compatriotas que no están cobrando los ERTE. Ayer por las redes sociales me decían que de Taco Bell, de Primark o de H&M hay cientos de miles de trabajadores que desde
marzo no cobran los ERTE. Nos preocupa mucho y nos parece que es un fracaso de la política social que solo en Madrid haya 100 000 personas que están acudiendo a los comedores. Las colas en los comedores, las colas en las puertas de los comedores
sociales son un fracaso, y un Gobierno progresista no es un Gobierno que se insulta mucho con la derecha, es un Gobierno eficaz en la lucha por la justicia social. En ese sentido, las colas en los comedores son un fracaso.
Uno podría decir que esto son diferencias entre ritmos o detalles; bueno, se hacen cosas bien pero no las suficientes. En mi opinión, es una diferencia de proyecto. ¿Tapar agujeros o redefinir el modelo? Y coincido en que lo que no se
haga ahora no se va a hacer después y que es fundamental una actuación decidida del Estado simple y sencillamente porque no todos los españoles tenemos un amigo, como la señora Díaz Ayuso, que nos regala un apartamento de lujo que no tenemos que
pagar. Usted ha preguntado qué más cosas se pueden hacer. Se pueden blindar los aplausos a la sanidad pública en la Constitución reformando el artículo 158 para que no pueda haber más recortes. Se tiene que equilibrar la balanza fiscal para
garantizar que las transformaciones de hoy no son recortes, sino que las pagan quienes más tienen, y tenemos que apostar de manera decidida por no seguir dependiendo exclusivamente del ladrillo y del turismo y por diversificar nuestra economía
apostando por la economía verde. Les pedimos, en definitiva, que no sigan viviendo de semana en semana y que piensen en las próximas décadas. Esta crisis para nosotros es un parteaguas y nos obliga a una redefinición. Hagamos esa redefinición
cumpliendo la mejor promesa de la Revolución Francesa: 'La primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir'.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra Señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora, presidenta.
Señora ministra, vaya por delante que va a tener nuestro voto favorable. Algunas de las medidas, una parte importante de las medidas que incorpora este real decreto-ley, se las había pedido nuestro grupo con tres semanas de antelación y,
por tanto, debo decirle que, desde nuestra perspectiva, algunas de estas llegan tarde y otras llegan absolutamente incompletas. Por eso, vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley. Entre estas limitaciones les podría nombrar muchas, pero me
voy a ceñir a algunas. Que el IVA del material sanitario sea del 0 % nos parece una buena medida, pero nos parece limitada y que genera un agravio, señora ministra. Lo estamos trabajando con la ministra de Hacienda. Pero ustedes deben saber que
algunos materiales sanitarios, sobre todo los de un solo uso, como batas, monos y otros elementos de protección quirúrgica, tributan al 0 % y, en cambio, los reutilizables están tributando al 21 %. Por tanto, cuando hacemos un discurso hablando de
economía circular debemos ser coherentes con las medidas que tomamos. Esperemos que este trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Hacienda, que deseo que también lo apoye el Ministerio de Asuntos Económicos, dé sus frutos.
También se quedan cortas las medidas respecto a los alquileres de los locales de negocios, sobre todo para autónomos y pymes. Proponemos que cuando el propietario no sea un gran tenedor haya algún incentivo fiscal para aquellos que condonen
total o parcialmente los alquileres, en el caso de pymes y autónomos afectados por el COVID. Estos incentivos se podrían traducir en un mejor trato respecto al resto de las rentas del capital inmobiliario para estos pequeños tenedores si llegan a
acuerdos con sus arrendatarios.
Señora ministra, no estamos de acuerdo en absoluto con la creación de la Fundación España Deporte Global. Ni encaja aquí ni encaja en nuestro concepto de cómo se debe organizar el deporte. Tampoco estamos de acuerdo con sus tejemanejes
-los suyos no, perdone, los de la señora Lozano- en la reasignación y utilización de los derechos audiovisuales del fútbol en relación con esta fundación. Esperemos que sean sensibles y que esto se pueda resolver mediante las enmiendas
correspondientes. No voy a desperdiciar la ocasión, señora ministra -como ya ha hecho algún portavoz-, para decirle que estamos a disposición del acuerdo, pero que nuestra capacidad para asumir los contratos de adhesión se está agotando. Por
tanto, esperemos que no desaproveche esta predisposición.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias.
Señora ministra, debatimos esta mañana el tercer real decreto-ley de medidas en materia laboral y económica para intentar paliar los devastadores efectos de la pandemia, otro más después del 8 y del 11. Como venimos defendiendo en
diferentes ocasiones, hay medidas que compartimos, otras que se quedan cortas y otras muchas que siguen brillando por su ausencia. Disiento con el señor Errejón: más que ómnibus, es un microbús. Y aun siendo un microbús, tampoco vemos que paren
esto del todo.
Autónomos y pymes, la medida estrella para nuestro grupo. Esta ley incorpora una moratoria en el pago del alquiler para los locales comerciales de pymes y de autónomos. ¡Aleluya! Es una medida muy demandada por el sector y que se tendría
que haber abordado desde el primer minuto en el que se decretó el estado de alarma. El objetivo primordial de las administraciones públicas debería y debe ser evitar a toda costa que se rompa la cadena de pagos, que las empresas dispongan de
liquidez, que se pueda pagar a sus trabajadores y trabajadoras y que los recursos lleguen a las familias. Nos encontramos en un momento en el que recae sobre los trabajadores autónomos, pequeños empresarios, la responsabilidad no solo de resistir
sin bajar la persiana, sino de relanzar la actividad productiva para que no se hunda la economía y evitar así que se destruyan miles de puestos de trabajo. Siendo esta la situación, no hay medida más razonable que la exención del pago de la cuota
de autónomos. Temo que me lo van a poner de segundo apellido a fuerza de tanto repetirlo.
Vendedores ambulantes. Ahora, señora vicepresidenta, quisiera ser desde esta tribuna la voz de unos CEO, que no suelen ser recibidos en los ministerios. La situación de los comerciales de venta ambulante es muy delicada. Las medidas de
confinamiento han parado su actividad y muchos de ellos aún no han podido reanudarla y, como muchos otros colectivos, no han obtenido ingreso alguno en todo este periodo. Como ya hemos reclamado, las medidas deben mantenerse hasta que el sector
vuelva a
estar en plena normalidad. Simplemente, les pedimos el sentido común para tratar todas estas cuestiones y que escuchen a los colectivos gravemente afectados.
Portabilidad. Ya se lo recordé a usted en Comisión, siguen estando prohibidas estas portabilidades fijas en diversas fases del desconfinamiento, hecho que actualmente solo sucede -como le récord- en la República de Perú y parte de la de
Sudáfrica. Estas prohibiciones, que solo favorecen a las grandes empresas de telecomunicaciones, debieran poderse flexibilizar. La semana pasada me dijo usted que estaban en ello. ¿Siguen ustedes en ello? ¿Le ponemos, por favor, una fecha?
Reservas anticipadas. Es un tema gravísimo, aunque no sea directamente de su cometido, pero es la vicepresidenta económica del Gobierno y entiendo que también le atañe. Les pedimos que no abandonen el sector turístico a su suerte.
Reclamamos -y así hemos presentado una propuesta en este sentido- que se amplíe para todos aquellos pequeños empresarios de la industria turística, como campings, casas rurales, hostales, la opción de canjear, por un bono de dieciocho meses de
duración, todas aquellas reservas canceladas por motivos del COVID, porque no podemos abocarlos a una situación directa de concurso. Asimismo, para todas aquellas entradas vendidas para los festivales debemos otorgar un período temporal más amplio
para devolver estos importes, y dotar de más tiempo para recuperarse a las empresas más afectadas por la pandemia. Y, señora ministra, no hace falta que inventemos nada. Esta vez nos acogemos a lo que inventen ellos, miramos lo que han hecho las
economías de nuestro entorno y hacemos exactamente igual; Holanda, Francia, Alemania, la que usted quiera.
Medidas para reforzar la financiación empresarial. Señora ministra, siento que me estoy repitiendo, le sonará a repetición, pero es que la semana pasada no funcionaban los préstamos ICO y siguen sin funcionar. Se dispone de más datos; el
estudio de Pimec, que ya le comenté; y ya habrá visto su señoría que se lo afean al Gobierno, incluso, en Bloomberg. (La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño Santamaría, hace
signos negativos). Usted dice que no; buscaré el recorte. Actúen de manera rápida para detener prácticas abusivas, porque si no llega la liquidez al tejido productivo simplemente nos quedaremos sin tejido. El próximo lunes Esquerra pedirá
también explicaciones al gobernador del Banco de España al respecto, porque entiendo que son competencias del gobernador. (La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño Santamaría,
hace signos afirmativos).
Morosidad. Es el colmo, el sonsonete en mi discurso, lo siento. Siguen sin poner fin a la lacra de la morosidad. Si las grandes empresas y las administraciones públicas pagaran cuanto les toca, a sesenta y a treinta días respectivamente,
se liberaría la nada desdeñable cifra de 130 000 millones de euros.
Medidas fiscales. Este real decreto también reduce a un tipo cero el llamado IVA sanitario. ¡Aleluya también! Era absolutamente bochornoso que el Estado participara en un 24 % del estraperlo de productos de contención del virus.
Asignatura pendiente: que llegue al consumidor final, a las farmacias. Presentaremos enmienda en este sentido.
Como hemos venido defendiendo, estas medidas no son suficientes. Para que esta crisis no la paguen los de siempre hay que tomar decisiones más ambiciosas. Reclamamos medidas sociales, como un permiso retribuido e intercambiable para el
cuidado de los familiares imprescindible para garantizar la conciliación social, laboral y familiar que se ha visto afectada a causa de la COVID; una asignatura pendiente del Gobierno, una medida más de entre todas las anunciadas y que no han
cumplido. Reclamamos esta retribución imprescindible para paliar los efectos de quienes se han visto obligados a reducir su jornada laboral para asegurar el cuidado de hijos, hijas y mayores dependientes. También le reclamamos -y termino- que de
una vez por todas liberen el superávit de los ayuntamientos para poder destinarlo a políticas sociales y paliar los efectos de la crisis. Necesitamos, señora ministra, un sector público fuerte que realice la inversión pública necesaria para
garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, y los ayuntamientos son los primeros que deben hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Por eso, es necesario que dispongan de todos los recursos disponibles y que dejen ustedes movilizar los más
de 27 000 millones paralizados en entidades bancarias para poder hacer frente a esta situación extrema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos. Si alguien ha dado con el tono necesario para afrontar una situación tan peligrosa y excepcional como la presente, ese ha sido -a mi juicio- el doctor Fernando Simón. Siendo uno de los mayores expertos en
epidemias de nuestro país, ha estado muy lejos de esa actitud tan categórica, tan apodíctica incluso, que predomina en la política española desde que yo al menos tengo uso de razón; un señor que asume accidentalmente un papel crucial y cuyas
decisiones afectan en mayor o menor medida a todos nosotros. Es decir, una persona que se ve arrogada por un poder excepcional sobrevenido y que sin embargo es capaz de reconocer errores no ya pasados sino la posibilidad incluso de cometerlos en el
futuro, que asume frontalmente el desconocimiento de la evolución de muchas de las variables que afectan decisivamente a nuestras vidas y que además tiene la humildad de reconocerlo públicamente, sin estridencias, sin aspavientos, sin trucos ni
imposturas. En fin, un bálsamo de modestia en este mar de testosterona que es hoy la política española. Digo todo esto porque, si algo nos ha enseñado el doctor Simón, es esa verdad tan socrática según la cual debemos reconocer que apenas
conocemos el terreno en el que nos estamos moviendo, lo que no mitiga el hecho de que haya que tomar decisiones. Es decir, de que haya que adaptarse al terreno -si me permiten el verbo-, de que haya que improvisar, como se ha acusado ya -a mi
juicio sin justificación- al Gobierno.
De nuevo, las medidas recogidas en este real decreto-ley que hoy se nos llama a convalidar son un perfecto ejemplo de esa capacidad de adaptación que está demostrando este Gobierno, y lo son porque las mismas no hacen sino completar,
extender y definir algunas de las medidas ya adoptadas en textos convalidados -como ya se ha dicho-, además de simplificar algunos de los requisitos. Iba a detallar algunas de las muchas medidas que recoge este texto pero, dada la brevedad de mi
tiempo y la prolijidad de las explicaciones que ha dado la señora ministra, me voy a limitar sencillamente a decir que se le ha reclamado aquí en esta tribuna, señora ministra, que estas medidas llegan tarde. Ciertamente, estas medidas fueron
tomadas hace ya casi tres semanas en un Consejo de Ministros. Al fin y al cabo, solo estamos aquí convalidándolo y, en este sentido, siempre tengo la sensación de que, en un momento de crisis como esta, estos quince días laborables que pasan entre
la aprobación y la convalidación son un océano de tiempo en el que pasan quizá demasiadas cosas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). También he escuchado críticas en un sentido y en el contrario en la misma intervención, lo cual no deja
de sorprenderme. Tiene algo -si me permiten- de esquizofrénico esto de que se diga que el Gobierno no escucha pero, cuando cambia algo porque ha escuchado, entonces se diga que improvisa. Hay que ser un poco coherente en la crítica también. Si le
das por un lado al Gobierno, lo que no puedes hacer es darle luego por el otro. En ese sentido tenemos que ser todos un poquito más coherentes.
Lejos de reconocer este proceso de prudente perfeccionamiento en el que anda el Gobierno, el Partido Popular sigue subido ahí, en su montaña, compartiendo cota con la ultraderecha, presto a hacer la oposición más voraz, más irracional, más
inútil que hemos visto nunca. ¿Saben de la urgencia y de la pertinencia de las medidas que se proponen convalidar? ¿Saben que incluso el Gobierno está de acuerdo en que se negocien modificaciones de las mismas, en el marco de su tramitación como
proyecto de ley? Es decir, que un voto a favor no implica tener que comer lentejas y por tanto podrían participar de su convalidación, sin tener que suscribir la totalidad de lo que este decreto-ley contiene. Pero no, prefieren seguir instalados
en el contragolpe, en la finta táctica, en dañar al Gobierno, así tenga un efecto colateral negativo innegable sobre el porvenir de nuestro país. Qué más da si, al fin y al cabo, algo arañan. Pero lo cierto es que ese camino les está llevando
directamente a la irrelevancia, como se ha demostrado ya en la última prórroga del estado de alarma, en la que el sentido de su voto, después de tanta pose y de tanta amenaza, resultó sencillamente eso, irrelevante.
Señora vicepresidenta, ya nos vamos conociendo y sabe que no puedo terminar un debate sobre economía española sin haber introducido la cuestión europea, la madre de todos los debates. Como muy bien ha expresado nuestro compañero, el
eurodiputado Ernesto Urtasun, si hay unos países que se están beneficiando de la creación del euro y de la existencia del mercado interior, esto debe traducirse también en mecanismos de fiscalidad y de endeudamiento compartido. Esto es una verdad
como un templo. Tiene que haber una ambiciosa política fiscal europea, señora ministra; tiene que haber un impuesto europeo a las grandes fortunas, a las grandes compañías digitales. Tiene que haber un ingreso mínimo vital europeo. Tiene que
haber, en fin, un compromiso regional contra los paraísos fiscales que operan dentro de la propia Unión. Pero, además, ese esfuerzo fiscal tiene que venir acompañado de una acumulación monetaria como nunca antes se ha visto en Europa. Ciertamente,
el Banco Central ya anunció la puesta en marcha del programa de compra por emergencia pandémica, dotado de
hasta 750 000 millones de euros, hecho que tranquilizó a los mercados, toda vez que el primer compromiso para ampliar la compra de activos por tan solo 120 000 millones provocara caídas generalizadas en las bolsas españolas -el Ibex llego a
caer un 6 %-. Estas dos cantidades, sumadas al programa de compra reactivado en noviembre de 2019, comprometen ya un total de 1,1 billones de euros para la compra de activos durante el actual ejercicio. Adicionalmente, la señora Lagarde y su
equipo han hecho volar por los aires los condicionantes Draghi para la compra de deuda pública, a la vez que la última semana han adquirido un volumen de 34 000 millones de euros, es decir, un 54 % más que la semana anterior. Ello supone un claro
desafío a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que por un momento ha sufrido una especie de regresión colectiva y se ha creído legislando sobre el deutsche mark. Estas medidas, por cierto, ya han permitido que en la última
subasta del Tesoro, en la que se han captado casi 2500 millones de euros, España vuelva a cobrar por las letras a nueve meses, recuperando así esa rentabilidad negativa. En todo caso -y pese a las cantidades astronómicas que esta política monetaria
acomodaticia supone para cualquiera- quizá no sea suficiente. Quizá haya que reformar pronto los tratados -se lo comentaba el otro día en la Comisión- para permitir la compra de deuda soberana en mercados primarios. La diputada Elvira Rodríguez
casi se me cae redonda el otro día en la Comisión cuando se lo sugerí, quizá desconociendo que la Reserva Federal norteamericana anunció, a finales de marzo, la compra ilimitada de activos en el mercado primario -en el mercado primario- durante el
tiempo que sea necesario. En apenas diez semanas, la FED ha adquirido deuda del Tesoro de Estados Unidos por valor de 1,5 billones de dólares, es decir, más que todo lo comprometido para el ejercicio por el Banco Central Europeo. Ya ven, señoras y
señores del Partido Popular, resulta que Trump ha nombrado gobernador de la reserva a un peligroso subversivo económico como es el señor Jerome Powell. Pero también en Japón se echan en manos de herejes cuando su banco central destapa el máximo de
80 billones de yenes anuales en compra de bonos de deuda pública de nuevo en el mercado primario. ¡Y qué decir de los británicos! Directamente, que se han vuelto locos, ya que han abierto la posibilidad de que el Banco de Inglaterra financie
directamente al Estado sin acudir siquiera a la emisión de deuda. Definitivamente, señoras y señores del Partido Popular, un día despertarán ustedes de su fantasía ortodoxa neoliberal y descubrirán que se han quedado más solos que la una.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Aplausos). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
No puedo comenzar sin expresar mi más enérgica repulsa por las amenazas, desprecios e insultos vertidos aquí por el vicepresidente del Gobierno, ya por segunda semana consecutiva. En cuanto a las lecciones de democracia que pretende
impartir un comunista de saldo y esquina, la ironía es tan aguda que no merece comentario adicional, solo dejar constancia de la inadecuación de este individuo a la responsabilidad que le ha sido conferida. Claramente le viene grande, y sin duda el
discurso de odio que viene verbalizando estos días es simplemente reflejo de su frustración ante su propia incompetencia.
Señora ministra, nosotros no somos como algunos de ustedes, así que arrancaré diciéndole que el real decreto-ley que hoy estamos analizando contiene algunos méritos, no lo vamos a negar; de hecho, en este grupo parlamentario alguna vez
hemos aprobado y apoyado iniciativas de su grupo, cosa que su grupo jamás ha hecho con el nuestro. Es un real decreto que contiene algunas rectificaciones que le agradecemos, porque las moratorias y facilidades fiscales son siempre bienvenidas,
aunque lleguen tarde, y desde luego mucho más tarde después de que lo hubiéramos propuesto aquí. Pero también es un real decreto-ley confuso porque aborda, como se ha venido diciendo anteriormente, una cantidad de aspectos en materia fiscal, pagos
fraccionados, módulos, plazos tributarios, IVA de arrendamiento, la Fundación España Deporte Global... Cosas muy variadas. Pero, por desgracia, es sobre todo un real decreto-ley desleal, como otros que han traído a esta Cámara anteriormente, y por
eso no podremos votar a favor, porque vuelven a aprovechar el estado de alarma para regular por vía de real decreto-ley materias que en ningún caso tienen justificada la extraordinaria y urgente necesidad. Aprovechando las circunstancias, este
Gobierno, sin debate en esta Cámara, ha querido eliminar la autonomía de gestión del régimen de clases pasivas del Estado que afecta a las pensiones de casi 650 000 funcionarios, policías y guardias civiles, y VOX no va a permitir un nuevo atropello
a la soberanía de todos los españoles. Por
esto último, y aunque solo fuera por esto último, le adelanto que hoy votaremos no y, además, recurriremos lo que consideramos que es un decreto trampa ante el Tribunal Constitucional.
Señora ministra, este real decreto-ley es otra oportunidad perdida para dar oxígeno a los que se están ahogando. Lo llevamos diciendo dos meses, lo estamos repitiendo hasta la saciedad: liquidez y empleo. Pero es que, cada día que pasa,
el factor tiempo es mucho más sensible. Se lo reitero: estamos llegando tarde, porque cada vez hay más gente a la que la liquidez no le está llegando, ya son muchos y les está afectando gravemente. Este mismo lunes, hace dos días, llamé a una
mujer llamada Marta, una profesional seria, cualificada, preparada, y doy fe porque he trabajado con ella anteriormente. Es mujer joven, no llega a los cuarenta años, que se ha casado hace poco, ha tenido un bebé y que estaba empezando a llevar una
vida acomodada, tenía un buen sueldo, porque se lo había ganado con su esfuerzo, pero la empresa donde trabajaba se ha visto obligada a acometer un ERTE. Así que Marta ahora pasa a depender de los ingresos del SEPE, pero ella misma me decía: tengo
hipoteca, tengo letra del coche, los gastos del bebé y no me está llegando con los 200 euros que me está mandando el SEPE. Así es imposible vivir. El SEPE no le está pagando la cantidad debida ni a Marta ni a casi 300 000 españoles como ella, que
dos meses después siguen sin cobrar lo que les corresponde. Algunos no cobran nada, y otros mucho menos de lo debido, y cuando llaman para reclamar lo que les corresponde, ni siquiera les atienden. El Estado le ha fallado a Marta y a muchas
personas como Marta. Pero ¿sabe qué? El Estado nunca le había fallado a la hora de pasar al cobro sus impuestos y cotizaciones sociales; el Estado nunca ha fallado a los autónomos a la hora de cobrarles su cuota, eso no, ni siquiera en los meses
en los que no se les ha permitido trabajar a esos mismos autónomos, porque incluso prohibiendo a los españoles salir a trabajar esas cuotas se han seguido cobrando.
No estamos llegando a tiempo para la liquidez, señora ministra, ni tampoco estamos llegando a tiempo con el empleo. No llegar a tiempo explica que no hayamos evitado una devastadora destrucción de empleo en este país, casi un millón de
empleos, y que España hoy sea el país de Europa donde lamentablemente más crece el paro. No llegar a tiempo también explica que no hayamos evitado el deterioro del tejido productivo. A estas alturas, la destrucción de 133 000 empresas nos ha
retrotraído a niveles de hace diecinueve años.
Señora ministra, el otro día le preguntaba cómo era posible que enarbolaran esa frase de 'no dejar a nadie atrás' mientras un millón de trabajadores se van al paro y tres millones y medio de trabajadores aguardan lo que venga después de los
ERTE. Creo que he dado con la explicación, y es que para un Gobierno socialcomunista no se trata de crear empleos, se trata de sufragar subsidios. Esa fue la razón que llevó a su compañera la ministra de Trabajo a presumir orgullosa de que ya hay
casi 5 200 000 prestaciones pagadas, es decir, 5 200 000 españoles que no están pudiendo trabajar. Ese es el motivo que explica que Pablo Iglesias quiera convertir en permanentes las rentas extraordinarias para paliar los efectos de esta crisis.
Incluso usted misma reveló en esta tribuna hace un par de semanas una desconfianza en el sector privado impropia de una ministra de Economía en la que la gente tiene depositadas tantas esperanzas.
Así que está claro que ustedes no creen en los que crean empleo, y se equivocan, porque el empleo es dignidad, el empleo es prosperidad y el empleo es la mejor política social. Por eso somos muchos los que reclamamos de forma excepcional
una respuesta más contundente del Estado para salvar empresas y empleos, como en el Reino Unido, donde el Gobierno de Boris Johnson acaba de aprobar una medida idéntica a la que venimos reclamando aquí tantas veces. Los británicos van a ver cómo su
Gobierno, el que les ha impedido ir a trabajar, les cubre el 80 % de su sueldo durante cuatro meses. El 80 % de cuatro son 3,2 mensualidades, exactamente lo que venimos reclamando en VOX, como digo, desde hace varias semanas. En esto es seguro que
el Gobierno británico acierta más, porque ha garantizado la liquidez y ha garantizado el empleo del Reino Unido. Han tenido más suerte los británicos con su Gobierno que los españoles con el nuestro.
Señora ministra, el objetivo de España no puede ser convertirnos en un país de subsidiados dependientes de una paga del Estado. Apoyar a los españoles que se quedan temporalmente sin trabajo puede ser un remedio pasajero, pero nuestro
objetivo común debe ser volver a crear empleo con intensidad, y para ello hay que favorecer la actividad de quienes crean empleo y no entorpecerla, impulsar un marco jurídico y fiscal que haga de España un país atractivo para la inversión y para la
generación de empleo. Pero vamos en la dirección equivocada, que es la de subir impuestos y cargas fiscales sobre el trabajo, y lo único que vengo oyendo hoy aquí de ciertos grupos va por el mismo camino, subir más impuestos, lo cual es equivalente
a destruir empleo. Ya es sabido que la creatividad de la izquierda para inventar
impuestos es legendaria, pero analizando el programa de estabilidad que han remitido ustedes a Bruselas observamos que esta vez la voracidad de su Gobierno parece no tener freno. Son ustedes capaces de subir los impuestos incluso más que el
superministro Montoro, que ya es decir.
La reconstrucción de España, si nos la tomamos en serio, solo puede producirse con un programa de profundas reformas del Estado y de reducción del gasto superfluo, pero nada de eso se encuentra en el Plan Nacional de Reformas remitido a
Bruselas la semana pasada. En su lugar, tenemos ocurrencias salidas del comunismo, una ideología totalitaria cuya derrota tras la caída del Muro de Berlín hace treinta años hemos conmemorado en todo Occidente el pasado noviembre con enorme alegría,
una alegría solo comparable a la que sentimos estos días en los que también se conmemora la caída, hace setenta y cinco años, del nazismo -es decir, del nacionalsocialismo- en Europa. Ambas victorias se produjeron en momentos críticos en los que
una parte de Europa veía el futuro con desesperación, algo parecido a lo que sucede hoy, pero en ese momento, por poner un ejemplo de lo que pasó en Reino Unido, la política de apaciguamiento de Chamberlain fue sustituida y afrontada por Lloyd
George, que supo identificar el problema que marcaría el principio de la solución, y dijo: La nación está preparada para asumir cualquier sacrificio, pero solo lo hará mientras haya liderazgo y siempre que el Gobierno diga claramente lo que quiere
y la nación esté convencida de que quienes la dirigen dan lo mejor de sí mismos. Como todos saben, la historia acabó bien, los Comunes pidieron la dimisión de Chamberlain y él lo aceptó.
La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros, tendría que terminar, por favor.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Pues vamos a ir terminando. Como entonces, el problema que hoy tenemos está identificado con su líder, que se llama Pedro Sánchez.
Señorías, no tengo ninguna duda de que hoy también la nación española está preparada para escribir una historia de recuperación y éxito, pero eso solo será posible si hay liderazgo moral, si se les dice la verdad a los españoles y se pone a
los mejores a servir a España. Por eso, hoy es un deber de justicia pedir a quienes no están en condiciones de liderar la reconstrucción que se vayan, y ese sacrificio será el que mejor puedan rendir a España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, Valentina.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta. Vicepresidenta, señorías, buenos días.
En primer lugar, quiero trasladar un mensaje de apoyo y de cariño a todas las familias que han perdido a alguno de los suyos durante esta pandemia. Me puedo imaginar lo duro que ha sido. En segundo lugar, quiero expresar mi apoyo y mi
admiración a todos aquellos trabajadores, empresarios, organizaciones y responsables políticos de los servicios esenciales, en especial a los sanitarios, por habernos cuidado tan bien durante estos dos meses. Por último, deseo expresar un mensaje
de reconocimiento a los españoles por su comportamiento ejemplar. Verdaderamente, somos un gran pueblo y una gran nación.
Analizando el real decreto ley, les diré que hay algunas buenas medidas, algunas de ellas ya estaban propuestas por la oposición y la sociedad civil, pero debo poner sobre la mesa las carencias para intentar que se solucionen. Esta es una
de las funciones de una oposición democrática. Aparte de las que ya se han comentado -e intentaré no repetirme-, por ejemplo, en la moratoria de arrendamiento de locales comerciales, si el arrendador no es un gran tenedor, aparte de poder utilizar
la fianza, no se plantea ninguna medida. Por tanto, los empresarios autónomos arrendatarios y sin ingresos mantienen su problema y no se les da solución. Mejoran también las medidas de apoyo a la financiación. Se habilita al Consorcio de
Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y caución para facilitar que fluya la liquidez entre empresas, pero, a la vez, Cesce -que, según creo, sigue siendo propiedad del Estado mayoritariamente- ha cerrado el
crédito a las pequeñas empresas y autónomos. Esto deben solucionarlo de manera inmediata o provocarán el cierre definitivo de muchos de ellos, como ya está ocurriendo.
Usted, señora vicepresidenta, hablaba de algunos casos que no están cubriéndose en el caso de la financiación. Desde luego, está claro que a usted no la llaman directamente porque, si fuera así, no diría eso que nos ha comentado. En cuanto
a las medidas fiscales, escasas y tarde en algún caso, como el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades. No les digo ya que nos hagan caso a nosotros, pero,
al menos, tomen ejemplo de otros países de nuestro entorno que han planteado medidas fiscales contundentes. Su escaso ímpetu provocará de nuevo crisis y cierres masivos. Le recuerdo que se mantiene el plazo del 30 de junio para las
declaraciones positivas de la renta, y es seguro que habrá muchas personas que no podrán asumir ese pago.
En cuanto a las medidas de flexibilidad económica y protección del empleo, hay unas cuantas, y nos alegramos del nuevo cambio en el caso de los ERTE. Parece ser que ayer han aprobado un nuevo cambio y, a pesar de todo, todavía hay que
mejorarlo. Esperemos que podamos hacerlo en el trámite parlamentario si se admite la tramitación como proyecto de ley. Deseo pedir a los ministros correspondientes que solucionen y tomen medidas sobre el problema del empleo agrario, que sigue sin
solucionarse.
Tenemos serias dudas sobre el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares del régimen de clases pasivas desde el Ministerio de Hacienda al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La
inseguridad, el miedo y la incertidumbre que ha generado en unas 650 000 familias de los cotizantes exigen una tramitación ordinaria, explicando la realidad y el alcance de la medida. No es de recibo que el Gobierno aproveche la situación y utilice
un real decreto-ley durante el estado de alarma para colar de manera absolutamente sorpresiva el traspaso de las pensiones de los funcionarios públicos; medida, por otro lado, que nada tiene que ver con la crisis sanitaria derivada del COVID.
También tenemos dudas sobre la necesidad de la miscelánea habitual de medidas que cuelan en los reales decretos extraordinarios y que no tienen nada que ver con el COVID-19. Es la nueva forma de legislar de un Gobierno que mantiene el Congreso bajo
mínimos y que cada vez nos recuerda más al de otras latitudes, que fueron asesorados por quienes hoy se sientan junto a usted en el Consejo de Ministros.
Como vemos en las innumerables reuniones virtuales que mantenemos con la sociedad civil, además, este parón legislativo preocupa a muchos colectivos que tenían pendiente o en marcha legislación importante para ellos. Por tanto, en este real
decreto nos abstendremos en la votación y apoyaremos su tramitación como proyecto de ley. Y no nos digan, señores del PSOE o señores del Grupo Confederal, que perjudicamos la acción del Gobierno o del país; si nosotros nos abstenemos, no hay votos
suficientes para tumbar una propuesta del Gobierno, pero queremos que conste nuestro desacuerdo con su forma de legislar.
El Partido Popular ha planteado cientos de iniciativas; tenemos un proyecto distinto al del Gobierno actual, por eso queremos transmitir esperanza en el futuro a todos los españoles. Otra forma de gobernar es posible, si no la recesión
económica será mayor que en otros países. Ni la crisis sanitaria es simétrica -depende de la rapidez y eficacia en la respuesta- ni la crisis económica y social va a ser simétrica por las siguientes razones. En primer lugar, nuestro punto de
partida es malo, la desaceleración era una realidad, incluso ya se venía destruyendo empleo, pero se negaba y no se reaccionaba. Al contrario, se anteponía el interés partidista, el coste de los viernes electorales, y el déficit generado supone más
de 18 000 millones de euros, que ahora serían muy necesarios. En segundo lugar, nuestra vulnerabilidad es mayor. Al shock de oferta a los sectores más afectados -servicios, turismo y automóvil suponen más del 50 % de nuestro PIB- se une el shock
de demanda por las consecuencias del confinamiento. Además, está el descontrol de las cuentas públicas y la elevada deuda. Todo ello nos hace especialmente vulnerables. En tercer lugar, no se reaccionó a tiempo. El 4 de marzo, al mismo tiempo
que la OCDE rebajaba el crecimiento mundial entre un 0,5 y un 1,5, usted, señora Calviño, afirmaba que el impacto del coronavirus en España sería poco significativo y transitorio. Con este diagnóstico las medidas iniciales fueron insuficientes,
perdiendo un tiempo clave. Y en último lugar, la descoordinación del Gobierno, el retraso e ineficacia de algunas medidas, el colapso de la Administración en niveles básicos y el sesgo ideológico que se ha ido imponiendo progresivamente en materia
económica ponen en riesgo la continuidad empresarial de buena parte de nuestro tejido productivo, lo que no solo agravará la profundidad de la recesión, sino que retrasará la salida de esta. Les recuerdo que sin empresas no hay empleo. Hay que
añadir la desescalada partidista, el dinero que no llega o llega tarde a los trabajadores, a las empresas; los cambios constantes de criterios que crean incertidumbre y zozobra. Al final, ceder todos los poderes al Gobierno a través del estado de
alarma no parece que esté siendo bueno para el país, teniendo en cuenta cómo lo utiliza este Gobierno y teniendo la posibilidad de derivar todas las medidas a través de leyes actuales en vigor. El estado de alarma es un tema de confianza. Los
españoles depositamos la confianza, la máxima confianza, en un Gobierno y este Gobierno nos devuelve la máxima incompetencia. Por tanto, esto se tiene que acabar; ni es necesario ni se lo merece.
Termino, presidenta. Como decía un artículo que leí la semana pasada -abro comillas-: 'La debilidad de Sánchez es su propia ansia de poder y la posición de debilidad en la que esa ansia le coloca. Debilidad acentuada por su incapacidad,
casi genética, para forjar alianzas sinceras con socios fiables. El talón de Aquiles de Sánchez es su consecuencialismo'. Cierro comillas. Hay tres categorías de consecuencialismo: el altruismo, el utilitarismo y el egoísmo moral. No le voy a
preguntar a usted, señora vicepresidenta, en cuál de ellas sitúa al presidente Sánchez porque todos lo sabemos, nos lo ha demostrado en innumerables ocasiones. El señor Sánchez está en el egoísmo moral, que dice que las acciones son moralmente
correctas si producen consecuencias positivas para el agente, en este caso, el señor Sánchez. Ese no es el presidente que necesita este país en este momento ni tampoco creo que sea el que desean los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
Quiero que mis primeras palabras en esta tribuna del Congreso de los Diputados sean de solidaridad para todas las víctimas de esta pandemia y sus familias. El mejor homenaje que podemos hacer a la sociedad civil de España es seguir
trabajando cada día para mejorar la vida de la gente. También quiero que sean de agradecimiento, señorías, a todas esas personas que siguen trabajando por los demás y que han instaurado el verbo cuidar como su bandera y su vida, en beneficio
siempre de toda la ciudadanía.
Hoy traemos un nuevo real decreto a convalidación de esta Cámara, que ha explicado nuevamente la vicepresidenta económica del Gobierno, con nuevas medidas para apoyar a las familias, a los autónomos, a los trabajadores y a las empresas. En
este contexto, señorías, hemos tenido nuevamente que escuchar de todo en esta Cámara; han hablado ustedes de todo y muchas cosas nada tenían que ver con este real decreto. Habrán pensado ustedes aquello de que venían a hablar de su libro,
independientemente de la acción del Gobierno. Pues bien, yo también voy a hablar de mi libro, pero nuestro libro es el libro de la vida de la gente, el libro con el que estamos trabajando cada día por mejorar las condiciones de vida de la sociedad
civil. En ese libro, señorías, es en el que nosotros les hemos invitado -y lo vamos a seguir haciendo desde esta tribuna y desde el Consejo de Ministros- a que se sumen a escribir páginas para mejorar la vida de España.
Hemos tenido que escuchar muchas cosas esta mañana, han criticado ustedes las medidas del Gobierno, lo han llamado sesgo ideológico, decían incluso que estamos sufragando subsidios para hacer nuevos parados, han dicho incluso que el Estado
está fallando a miles de familias y a miles de trabajadores. Ante eso, señorías, yo les pregunto en este contexto, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno de la nación, qué son para ustedes esas más de cinco millones de nuevas prestaciones que ha
puesto en marcha el Gobierno de la nación para proteger a las familias, a los trabajadores y a los autónomos? En este país, señorías, hoy hay más de 3 millones de trabajadores que están acogidos a un ERTE; en este país, señorías, hay más de 1
millón de autónomos que cobran la prestación por cese de actividad y no pagan la cuota; en este país, señorías, hay más de 300 000 operaciones de tantas empresas que se han acogido a las líneas ICO para favorecer el mantenimiento de la actividad
económica y empresarial. Todo eso también es en beneficio de ayuntamientos y comunidades autónomas. Siempre pongo el ejemplo de una comunidad autónoma pequeña como la de Cantabria: las medidas, que a veces pueden sonar muy genéricas, que ha
puesto en marcha el Gobierno han beneficiado, por ejemplo, a 57 000 hombres y mujeres de Cantabria.
Eso es, señorías, lo que está haciendo el Gobierno de la nación. Si para ustedes eso no es trabajar por el interés general, ¿qué es, señorías? Probablemente para ustedes, que tienen una extraña concepción del interés general, la respuesta
es la que se dio en el año 2012 a la crisis económica. Solo por recordar, en aquella crisis económica se acababa con el subsidio para los mayores de cincuenta y dos años, se paralizaba la Ley de la dependencia, se aprobaba la reforma laboral, se
recortaba en la ciencia y en la investigación, se eliminaba la renta básica de emancipación. Esa es la diferencia de lo que hacían ustedes, señorías, cuando tuvieron oportunidad de gobernar para dar respuesta a la crisis. Pues bien, nosotros
tenemos claro -el Gobierno lo tiene claro y la vicepresidenta lo tiene claro- que en esta nueva crisis tenemos que trabajar para no dejar a nadie atrás, para que ningún trabajador, para que ningún autónomo y para que ninguna familia se quede por el
camino. Es justo reconocer hoy en esta tribuna que el Gobierno
está haciendo el mayor esfuerzo constitucional en cuarenta años de democracia para paliar los efectos de esta grave crisis económica.
Me gustaría que quedase constancia desde esta tribuna el reconocimiento de ese trabajo que está haciendo hoy el Gobierno. ¿Con qué fin? Lo decía antes, para generar un gran escudo de protección social para que las políticas de empleo para
los sectores más afectados -como el turismo, la industria, el comercio y los transportes- no se queden atrás en ese plano compartido de atajar la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. No lo olviden nunca, señorías, todas las
medidas que ha tenido que hacer el Gobierno de la nación eran, en primer lugar, para salvar vidas, para salvar la vida de hombres y mujeres de este país. Por eso son muchas las medidas que en materia económica ha tenido que tomar este Gobierno. Y
yo les pregunto cuál era su alternativa. Se han dedicado en esta tribuna muchas horas ustedes a criticar las medidas del Gobierno de la nación, pero ¿cuál era su alternativa, cuáles eran sus propuestas para luchar en una situación tan complicada?
Nosotros le decimos que la nuestra va a seguir sin descanso y por eso continuamente les vamos a seguir tendiendo la mano en medidas e iniciativas para salvar la actividad económica y la vida de la gente; de quienes tienen un pequeño comercio o un
bar; de esos pequeños empresarios que tienen menos de diez trabajadores; de esas empresas que tienen doscientos trabajadores y han tenido que paralizar la actividad; también de todas esas personas que están teletrabajando en sus casas, muchos de
ellos jóvenes; de todos esos investigadores o científicos o del sector cultural; de los ganaderos, de los agricultores o el sector de la pesca, o también a todas esas personas que necesitan en algún momento puntual la ayuda de la política. En
definitiva, cómo ayudar a mejorar la vida de la gente. Y a eso les emplazamos en la convalidación de este real decreto que incluye treinta nuevas medidas que bien ha explicado la vicepresidenta económica y en el futuro esta tarde también en la
Comisión para la Reconstrucción Económica y Social.
Ese es el trabajo compartido que tiene esta Cámara, que tenemos todos los grupos parlamentarios, que tiene el conjunto de la sociedad civil. Señorías, los ciudadanos nos van a poder perdonar errores que cometamos en la gestión de esta
crisis sanitaria, económica y social, pero lo que no nos perdonarán es que en unas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y ahí la tarea es compartida, del Gobierno pero también de
la oposición, que tiene que arrimar el hombro como si también estuviera gobernando. Ese espíritu de concordia, de lealtad del país, de compromiso con los ciudadanos les ayudará hoy a entender estas medidas del Gobierno de la nación, su urgencia y
la necesidad de convalidación por esta Cámara.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL, DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente: 130/000017).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Para presentar el real decreto-ley, tiene la
palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes.
Acudo al Pleno con el objeto de solicitar su voto favorable para la convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia. Antes de dar comienzo a mi exposición, quiero dedicar mi recuerdo a las personas que han perdido la vida víctimas de la pandemia, así como sus familiares y amigos. También quiero transmitir mi máxima
consideración a los profesionales que han permitido con su trabajo incansable reducir los efectos de la COVID-19. Del mismo modo, vaya mi reconocimiento a quienes desde el ese sector justicia han permitido que la justicia no pare, que en ningún
momento la justicia que le desasistida.
Señorías, comparecí hace casi tres meses en la Comisión de Justicia para presentar el proyecto estratégico Justicia 2030, un plan para convertir la justicia en un servicio público, pero no un servicio
público cualquiera, sino el adecuado a las expectativas y a las necesidades de la sociedad de hoy. La pasada semana algunos de ustedes me escucharon en la Comisión de Justicia decir que este proyecto, Justicia 2030, seguía siendo necesario,
está vigente. Mantengo, por tanto, mi compromiso. No obstante, las actuales circunstancias nos obligan a adaptarnos y dar una respuesta prioritaria a la crisis provocada por el coronavirus. Una respuesta que, en todo caso, debe integrarse de
manera coherente en la hoja de ruta que nos hemos marcado para impulsar nuestra Administración de Justicia, y a eso estamos hoy convocados, a realizar un ejercicio de responsabilidad colectiva convalidando este real decreto-ley.
Señorías, esta norma es una pieza más, una pieza importante en el engranaje de nuestra respuesta colectiva e institucional al virus; un paso crucial para reactivar la justicia tras el parón, prepararla para nuevos escenarios y consolidar
los cimientos de la transformación. Los estragos sociales causados por la pandemia están afectando y afectarán con gravedad a la Administración de Justicia. Son necesarias actuaciones quirúrgicas dentro del marco estratégico Justicia 2030, con una
finalidad clara: salvaguardar la prestación del servicio público y ello garantizando la salud de las personas que lo prestan y lo reciben. Con este objeto hemos confeccionado un plan para la recuperación que, debido a las circunstancias, se ha
convertido en nuestro Plan Cero de la Justicia 2030; quiero dar unas pocas pinceladas sobre este plan para que conozcan el contexto en que se integra la norma que hoy les pido que convaliden. Quizá su nota más característica sea el consenso; me
lo han escuchado decir muchas veces en esta tribuna pero, insisto, a pesar de la actitud de algunos grupos, espero que la idea vaya calando.
Desde el comienzo de la crisis hemos promovido activamente el diálogo y la participación como principal herramienta para la búsqueda del consenso en la toma de decisiones y en la coordinación de las medidas adoptadas. Prueba de ello es la
constitución de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia, un mecanismo reforzado para la lucha contra el coronavirus. En esa Comisión hemos trabajado de forma intensa, junto a los departamentos de Justicia de las doce
comunidades autónomas con competencias transferidas; a esa Comisión se unieron también el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio fiscal y posteriormente el Consejo General de la Abogacía. Además, hemos escuchado con la máxima atención a
todos los sectores: judicatura, fiscalía, personal al servicio de la Administración de Justicia y profesionales del sector, y hemos procurado que su participación sea real y efectiva. Sin duda podremos hacerlo mejor, no les quepa la menor duda,
pero creo que el proceso de cogobernanza en esta crisis ha sido muy meritorio en este ámbito, y los resultados nos avalan. Así, por ejemplo, desde el minuto uno de esta crisis acordamos los servicios esenciales que se debían seguir prestando dentro
de la Administración de Justicia, y todos ellos con absoluto consenso. Posteriormente, pactamos con todas las comunidades autónomas la dotación del personal para garantizar su cobertura, que se estableció en un 10 %. Esta situación se redujo
incluso al 5 % cuando se intensificaron las medidas de limitación de la movilidad. A pesar de los mecanismos de coordinación, o quizá gracias a ellos, hemos dado respuestas rápidas según la evolución de la pandemia, ajustándolos a las regulaciones
del estado de alarma.
Señorías, estoy convencido de que la cogobernanza en estos términos es la manera más inteligente y eficiente de gestionar esta grave crisis, no una excusa para dimitir de la propia responsabilidad, sino que, muy al contrario, significa ser
responsable de las propias acciones, así como de las decisiones compartidas entre las distintas instituciones y administraciones. Señorías, nuestras acciones políticas y de gestión tienen consecuencias, en este momento no cabe la mirada estrecha de
quien mide los resultados de sus acciones en pérdida o ganancia de expectativas electorales; debemos ser responsables, debemos tomar plena conciencia de que aquí no solamente estamos jugándonos votos, señorías, aquí estamos gestionando medidas
dirigidas a salvaguardar la vida y la salud de miles de personas. Esa actitud ha presidido el trabajo y la implicación de todos los sectores de Justicia; desde los sindicatos a las comunidades autónomas ideológicamente más distantes al Gobierno
hemos trabajado con lealtad y determinación, y lo hemos hecho siempre desde el respeto a las competencias de cada cual, y en particular los procesos de coordinación de respuesta a la pandemia en ningún momento han supuesto la recentralización o
invasión de competencias, sino su fortalecimiento a través de la necesaria coordinación que la crisis exigía, pero que todavía exige. Por este motivo, señorías, permítanme que exprese de manera muy particular mi agradecimiento a las distintas
consejerías de Justicia y a sus responsables. Sus aportaciones concretas y su actitud dialogante, a pesar de los distintos puntos de vista, han contribuido de una manera decisiva a generar una respuesta común en aspectos clave. El agradecimiento
lo hago incluso más significado respecto de aquellas consejerías lideradas por personas que pertenecen a partidos y sensibilidades políticas distintas a las del Gobierno central; me refiero a las consejerías del Partido Popular, del Partido
Regionalista de Cantabria, de Ciudadanos o de Esquerra Republicana. Su esfuerzo por alcanzar consensos es, si cabe, más encomiable en estos tiempos de confrontación. Espero que sus correligionarios, a los que ahora me dirijo, estén a la
altura. Aun diré más, el decreto que hoy traigo a esta Cámara no es un decreto del Gobierno, lo es de todo el sector de Justicia. Se trata de una norma elaborada de común acuerdo para atender a aquellas cuestiones de extraordinaria necesidad y
urgencia que afectan al servicio público de la justicia. Es justo, en consecuencia, compartir no solo los esfuerzos, sino también los méritos. Sepan quienes pretenden instrumentalizar este debate para desgastar al Gobierno que erosionan también el
trabajo del conjunto de gestores del servicio público de la justicia. Esta es una norma que necesitamos todos para responder con eficacia a la crisis: Gobierno central, comunidades autónomas, Consejo del Poder Judicial, fiscalía y colectivos
profesionales, y más importante aún, esta es una norma que necesita el conjunto de la ciudadanía para preservar y reactivar en un momento tan delicado un servicio público esencial. Les pido por ello que estén a la altura. Si bien puede ser
tentador jugar a las escaramuzas y tratar de hacer perder una votación al Gobierno, les pido que no lo hagan a costa del servicio público de la justicia. No me malinterpreten, no les pido una adhesión incondicional. Como decía hace un momento,
promover acuerdos, escuchar y fomentar la participación no implica unanimidad. La unanimidad no existe en foros democráticos como este ni tampoco es deseable. Las diversas perspectivas enriquecen el ejercicio de la democracia. Así pues, cada
Administración, cada partido o cada colectivo profesional realizan valoraciones que, en ocasiones, son discrepantes. Nuestra labor es escuchar, encontrar los puntos de coincidencia y tomar decisiones que no siempre serán compartidas por todos los
participantes del proceso decisional. Lo que les pido es responsabilidad, lo que les pido es lealtad. Responsabilidad para debatir el contenido del real decreto en sus términos, valorando su idoneidad para cumplir con sus fines; lealtad como
forma de preservar y respetar las fórmulas de cogobernanza de las que nos hemos dotado. En este sentido, hago un llamamiento especial a los partidos representados en esta Cámara que tienen también responsabilidades de gobierno en comunidades
autónomas. Respeten y valoren el trabajo de sus compañeros y compañeras de partido, sean leales con los mecanismos de coordinación y cogobernanza que todos hemos aceptado en el sector Justicia y, si tienen que disentir, háganlo, pero no porque el
real decreto lleve la firma de un presidente que no les gusta. Tengan el coraje político de explicar por qué rechazan las medidas que piden quienes en su partido tienen responsabilidades de gestión. En suma, señorías, responsabilidad y lealtad, no
ya con el Gobierno, sino con ustedes mismos.
No puedo concluir este apartado, señorías, sin dirigirme a todos los grupos parlamentarios y, singularmente, a los portavoces de la Comisión de Justicia. Agradecí poder comparecer el miércoles pasado y escuché con atención sus propuestas y
también sus críticas. Sé que muchas de esas críticas se reproducirán hoy, pero déjenme que les diga que tomamos nota de aquellas realizadas con ánimo constructivo, la inmensa mayoría, porque sin duda contribuirán a mejorar nuestra respuesta a la
crisis. Aprovecho para enviar mis mejores deseos de recuperación al señor Ortega Smith. En cuanto a los que se instalen en el no a todo, poco tengo que decirles. Por esa razón no dedicaré más que una afirmación a esa minoría que es
vergonzosamente activa en el fomento de la crispación, la falsedad y los bulos. Son incapaces de entender siquiera lo que significa la cogobernanza o la construcción solidaria y colectiva de nuestro país. Y como nosotros no creemos en el imperio
del simulacro, sino en la democracia de los hechos, no merecen que les dedique ni una palabra más.
Me referiré ahora a la situación actual en la que se encuentra la Administración de Justicia y que justifica las medidas que estamos adoptando. El primer mensaje que quiero transmitir es que la justicia no ha cerrado, ha mantenido su
actividad en relación con los servicios esenciales fijados en el Real Decreto 463/2020 al que antes me refería. Hubiera sido una irresponsabilidad cerrar los juzgados, señorías. No obstante, en relación con el resto de asuntos no tan urgentes, la
crisis causada por la COVID-19 y las necesarias medidas empleadas para combatirla han provocado una notable ralentización de la actividad. Me refiero fundamentalmente a la suspensión de los plazos procesales y a la reducción del trabajo presencial
para evitar el contagio. Según los cálculos que ha podido realizar el Ministerio de Justicia, las oficinas judiciales habrán realizado durante el periodo de la alarma tan solo el 20 % del trabajo que habrían realizado en circunstancias normales.
En consecuencia, cuando el estado de alarma se alce, nos vamos a encontrar con que al volumen de litigiosidad normal se sumará un 80 % del trabajo que ha quedado pospuesto. Y a todo ello se añadirán los asuntos provocados por la crisis.
Como decía hace un momento, traigo este real decreto en nombre de todo el sector Justicia. Las medidas que contiene son claves para los próximos años, pero sobre todo para los próximos meses. De un lado, asistiremos a un notable incremento
de la litigiosidad, y de otro, la justicia habrá de ser un motor
dinamizador de la economía, pues solo así podrá responder a una sociedad sumamente tensionada, social y económicamente. Según nuestras previsiones, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentará en 2020 hasta
un 31 %, llegando al 140 % en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. Con estos datos, la tendencia se situará en un 165 %. En el ámbito civil, el aumento de nuevos asuntos oscilará entre el 30 y el 145 % solo en un año. Así, el incremento de
asuntos pendientes se puede situar alrededor del 180 %. Y en la jurisdicción contencioso-administrativa barajamos un aumento de nuevos asuntos de entre el 35 y el 125 %. Finalmente, otro dato relevante es la previsión de solicitudes del concurso
de acreedores. Calculamos que el incremento puede ser del 246 % para el ejercicio de este año y de un 619 % para el año que viene. Es decir, de los apenas siete mil concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50 000 el próximo año.
Quiero insistir en ello, señorías. Es nuestra obligación como Gobierno poner todos los medios para reducir al máximo el impacto económico y social que nos golpeará durante los próximos meses, pero es responsabilidad de esta Cámara facilitar
que así sea mediante la convalidación del real decreto-ley como primer paso para ello. La ciudadanía nos reclama este ejercicio de responsabilidad colectiva. A partir de este análisis, es de vital importancia trazar una hoja de ruta sensata
-sensata y medida- para este periodo de desescalada que estamos iniciando. Pasada la fase de contención, debemos pensar en un plan que nos conduzca de la forma más segura posible hacia una nueva normalidad, también en la Administración de Justicia.
Tengo la convicción de que una adecuada desescalada en Justicia contribuirá a la recuperación económica y social de nuestro país. Esa hoja de ruta, como decía al principio de mi intervención, es el Plan Cero de Justicia 2030 y pivota sobre tres
actuaciones normativas. El decreto-ley que hoy les presento es el primer peldaño de la escalera. Su objetivo es poner en marcha de nuevo el servicio de la justicia con todas las garantías necesarias para salvaguardar la salud de los profesionales
y usuarios. Como saben sus señorías, un decreto ley está constreñido por razones de urgencia y necesidad, por lo que esta norma tiene un ámbito muy limitado. Son medidas necesarias, pero no suficientes para responder a la virulencia de la crisis.
Por ese motivo nuestra hoja de ruta contempla la elaboración de un proyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas para reactivar y mejorar el funcionamiento del servicio público de la justicia. Este proyecto de ley, que
confiamos aprobar durante el mes de junio en el Consejo de Ministros, afianzará la transformación digital de nuestra Administración de Justicia. Asimismo, la norma incluirá una apuesta decidida por la mediación como la forma más adecuada para
resolver muchos conflictos, una medida alineada con las propuestas de la mayoría de las comunidades autónomas, y de manera muy particular de la Consejería de Justicia de Cataluña, con quien estamos trabajando en esta materia de manera muy estrecha.
Finalmente, de conformidad con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, impulsaremos planes de reactivación en las distintas jurisdicciones, singularmente en los ámbitos contencioso-administrativo, mercantil y laboral,
para abordar la situación generada por el parón de actividad y sus consecuencias económicas. Estos planes de reactivación se aprobarán en Consejo de Ministros una vez que se alce el estado de alarma. En suma, señorías, el decreto que hoy
discutimos no es una medida aislada -ténganlo claro-, sino que forma parte de un plan integral de reactivación y respuesta a la crisis: el Plan Cero de Justicia 2030. Quiero insistir en esto porque son todas piezas de un puzle bien planificado y
consensuado, y también porque me consta que se ha producido cierta tensión.
Permítanme ahora que pase a exponer el contenido material del real decreto-ley. Como saben, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el artículo 86 de nuestro texto constitucional habilita al Gobierno para dictar decretos-leyes con
las limitaciones que todos ustedes conocen. Esta norma no afecta a ninguna de las materias excluidas por la Constitución, y responde a los principios de necesidad y eficacia para atender a una grave situación como es la crisis sanitaria de la
COVID-19. Además, se trata de una norma proporcionada y se ciñe a medidas estratégicas e imprescindibles para garantizar la seguridad laboral y la seguridad jurídica. En particular, debo insistir en que el decreto no afecta a ninguna materia
reservada a ley orgánica. El hecho de que se regulen materias recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial en modo alguno implica que tengan ese rango orgánico las cuestiones que se regulan en el real decreto-ley, como son los turnos de tarde o
la exención del uso de toga. En suma, no hay ningún problema de constitucionalidad por afectación de rango. Aclaro esta cuestión por las dudas que este asunto había suscitado en el presidente del Partido Popular. No obstante -sé que el señor
Casado lo sabe- en este punto poco puedo añadir a lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, redactada y aprobada gobernando su partido. Así, se especifica con una claridad meridiana que la referencia del artículo 122
de la Constitución al funcionamiento de los juzgados -cito textualmente- 'no
puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales'. Cierro las comillas. Se aclara de forma meridiana, señorías, que las
cuestiones procesales no son materia propia de ley orgánica.
Tampoco creo que se pueda poner en cuestión la urgencia o la necesidad de las medidas aquí contempladas. Se trata de dar respuesta a la conflictividad social y a reactivar la economía, lo que es imprescindible a la vista de las cifras de la
pandemia que acabo de darles. Se trata, además, de medidas de carácter estratégico aplicables, tanto durante el estado de alarma como en los tres meses posteriores a la finalización de este. Dentro del primer bloque de medidas quiero destacar la
creación de los juzgados COVID-19, cuyo objetivo será reforzar los asuntos generados por esta crisis. Desde el ministerio esperamos lograr los acuerdos necesarios para que muchas de las ciento cuatro unidades judiciales pendientes de creación se
conviertan en juzgados COVID. En este mismo bloque se han previsto refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados de la Administración de Justicia en prácticas. También con carácter excepcional se habilita la movilidad del personal
entre órganos judiciales. No podemos dejar que el incremento de asuntos donde ya sabemos que se van a producir colapse el sistema. La flexibilidad es fundamental para evitarlo. Con el objeto de retomar la actividad y poner al día el servicio,
después de escuchar a todos los sectores implicados, hemos habilitado de forma absolutamente excepcional y únicamente para este año los días inhábiles del 11 al 31 de agosto. Debo hacer aquí un inciso y aclarar que esta medida es, además de
necesaria, un ejemplo de cogobernanza. En primer lugar, porque responde a las propuestas de diversos sectores, incluidas muchísimas comunidades autónomas. Por otra parte, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el propio ministerio,
estamos tomando medidas organizativas para implementar esa habilitación excepcional y parcial del mes de agosto, a fin de que sirva para impulsar la actividad sin perjudicar a los profesionales del sector. En este sentido, el Consejo General del
Poder Judicial aprobó este pasado lunes unas directrices ordenando que los señalamientos de juicios para agosto sean extraordinarios, y que en todo caso se agenden con anterioridad al 15 de junio. Estas medidas cuentan con el respaldo de los
consejos generales de la Abogacía, de la Procura y de los Graduados Sociales, que ayer mismo emitieron comunicados públicos en este sentido. Resultan entendibles, señorías, las quejas realizadas desde algunos sectores sobre esta cuestión, pero no
puedo obviar que, del mismo modo que el sector sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sector de la limpieza o el de la alimentación no han parado para dar debida respuesta a la población durante la crisis, la justicia no puede
permitirse reducir su actividad un mes entero, toda vez que ha debido ralentizar su funcionamiento durante mucho tiempo. Señorías, lo diré de forma más clara. Con la que está cayendo es inaceptable instrumentalizar a la abogacía o la procura para
criticar este real decreto. Muchos profesionales necesitan trabajar para recuperarse del parón. Otros exponen su legítima pretensión de poder descansar unos días en agosto, que ni desvirtúa ni es incompatible con mantener la actividad en un
momento como este. Así lo ponen de manifiesto las directrices que estamos adoptando, junto con el Consejo General del Poder Judicial, y lo han reconocido recientemente muchos colegios de abogados, como los de Cataluña o Andalucía. Pero sobre todo,
señorías, no perdamos el foco, que tiene que estar en la ciudadanía. A ella se debe el servicio público de la justicia. En el ámbito de la Administración de Justicia el colapso puede venir una vez alzado el estado de alarma y, al igual que el
sistema sanitario ha ampliado sensiblemente el número de camas para hacer frente a la situación, nosotros debemos reforzar nuestras estructuras. Haremos un esfuerzo excepcional en un momento también excepcional. La sociedad no solo lo entiende,
sino que nos lo exige.
En cuanto a las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos, el real decreto prevé el establecimiento de turnos de trabajo de mañana y tarde con carácter voluntario, y cuya finalidad es mantener el distanciamiento social sin que
ello demore el trabajo del personal. También con esta finalidad se limitará el acceso a las salas de vista, así como la dispensa del uso de togas. Simultáneamente se reforzará la atención al público por vía telefónica y correo electrónico.
Señorías, me gustaría referirme también a una medida que se deriva del Real Decreto-ley 16/2020, y que hemos tomado de común acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas, en el
seno de la Comisión de Coordinación de Crisis. Me refiero a la orden que firmé el pasado sábado por la que se aprueba el esquema de seguridad laboral y plan de desescalada en la Administración de Justicia. La norma prevé la reincorporación
escalonada de funcionarios judiciales al servicio presencial y ha comenzado ya a aplicarse. Se trata de un ejemplo claro de la importancia de este real decreto-ley, pues da la cobertura para este tipo de medidas. Como es lógico, la no
convalidación dejaría sin efecto todas estas actuaciones imprescindibles para la protección de todo
el personal en este momento de incremento de actividad en los juzgados. La progresiva y planificada reactivación de la justicia se convertiría sencillamente en un caos. Entre las medidas tecnológicas destacamos las modificaciones legales
para facilitar el fomento del teletrabajo, mediante la mejora de los sistemas de identificación y firma digital, así como la habilitación y potenciación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las vistas y demás actos procesales.
En cuanto a medidas procesales de carácter extraordinario, es importante tener en consideración unas pequeñas cuestiones. La reanudación de los plazos procesales vinculada a las fases del plan de desescalada al que me he referido debe
realizarse garantizando el principio de seguridad jurídica de usuarios y de los profesionales que les asisten. Por ello, si el real decreto-ley es convalidado, cuando se retome la actividad procesal los plazos se reiniciarán con carácter general.
La alternativa una vez más es la inseguridad jurídica; no la fomenten, señorías, pues en el mejor de los casos provocará un cuello de botella procesal de muy difícil digestión, y en el peor la pérdida sobrevenida y masiva de acciones o derechos
procesales. Respecto al ámbito concursal y societario, se prevén medidas que tienen especial incidencia en la recuperación social y económica de este país. Son medidas para favorecer la continuidad de la actividad de autónomos y empresas,
potenciar e incentivar su financiación y agilizar el proceso concursal.
Señorías, finalizo solicitando su voto favorable. El decreto-ley contiene los instrumentos fundamentales para responder de la forma más eficaz a las consecuencias de la crisis y contribuir desde la Administración de Justicia a la
recuperación social y económica. Les pido, señorías, que hagan conmigo un ejercicio distópico. Y me explico. Ya les he expuesto las medidas y sus consecuencias positivas en distintos ámbitos, como el organizativo, el de la seguridad laboral, el
tecnológico y el procesal. Pues bien, la no convalidación tendrá con seguridad consecuencias indeseables. Les pongo dos ejemplos. El primero se refiere al Registro Civil, otro motivo por el que les pido su apoyo. Este real decreto-ley prevé una
nueva vacatio legis para la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. La abrupta entrada de esta ley, prevista para el mes que viene, nos abocaría al cierre de más del 80 % de los registros civiles en España, y lo que es peor, sin
tiempo para implementar mecanismos alternativos. Explíquenselo a nuestros alcaldes. La mayoría de ustedes conocen bien este problema y conocen el amplio consenso político y social existente en torno a él. Buena muestra del respaldo que este real
decreto ha cosechado en este aspecto es la moción de respaldo al mismo aprobada por unanimidad por la Diputación de Ávila el pasado lunes, diputación presidida por el Partido Popular, porque en esta región les preocupa el futuro del Registro Civil
más allá de lógicas partidistas. Creo que es conocida mi determinación de abordar la necesaria transformación de esta institución a nivel estructural y tecnológico, pero en las actuales circunstancias es inviable. La vacatio legis que también les
pido que apoyen posibilitará ese debate que queremos traer a esta Cámara de la mano de las aportaciones realizadas por el Partido Popular. No lo impidan con su negativa al real decreto-ley.
El segundo ejemplo es que este real decreto-ley adapta dos aspectos de marcado carácter social regulados por el Real Decreto-ley 11/2020. Por una parte, amplía la disponibilidad de los planes de pensiones para trabajadores por cuenta ajena
o autónomos cuando hayan tenido una reducción de al menos el 75 % en su facturación. Por otra parte, se amplían los plazos establecidos para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y
extraordinario del pago de la renta. ¿Tiene algún sentido, señorías, oponerse a estas extensiones de derechos necesarias para muchas familias, trabajadores y autónomos? Espero que sepan contestar a la ciudadanía. Como ven, la no convalidación no
es irrelevante, tendría consecuencias que me permito calificar de dramáticas. Por esa razón les pedía que hicieran ese ejercicio de distopía e imaginaran el día después. No les enumeraré más ejemplos, pero los hay. Esta votación es tan importante
porque afecta de modo inmediato a los ciudadanos y a su derecho a que la justicia les responda. Señorías, sin duda existe una pluralidad de perspectivas, pero la política es articular la diversidad. No es fácil, pero estoy seguro de que la mayoría
entendemos que nuestro deber es procurar el bien común, y eso hoy tiene que ver más con la generación de confianza que con el ejercicio de tal o cual competencia o la adscripción de uno u otro partido. Les pido, por tanto, altura de miras y les
tiendo la mano para superar esta crisis desde el diálogo, la participación y, si es posible, el consenso. Convalidemos este real decreto-ley, como yo espero, y demostremos que somos capaces, desde las distintas sensibilidades políticas, de hacer la
promesa de un futuro mejor, pensado en términos de interés común por encima de diferencias legítimas, pero descontextualizadas. Este es un valor añadido que desde la política podemos aportar hoy a nuestro país, señorías. Es la hora de la
corresponsabilidad y de la cogobernanza.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Justicia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero que quiero decir es que, según me dicen desde el Gobierno de Cantabria, en concreto la consejera de Presidencia y Justicia, las medidas contenidas en este decreto-ley han sido discutidas y consensuadas con los Gobiernos de las
comunidades autónomas. Muchas de esas medidas son de Cantabria y, en particular, algunas han sido realmente aceptadas. Por eso, señor ministro, lo primero que quiero hacer es felicitarle públicamente, porque lo mismo que la semana pasada en este
mismo sitio critiqué que los presidentes de las comunidades autónomas se habían sentido ninguneados en este estado de alerta, hoy digo que, al menos en su parcela, según me dice Paula Fernández, nuestra consejera, ha sido todo lo contrario, y además
lo ha reconocido públicamente. Este es un texto muy prolijo, usted lo ha detallado, y tiene muchas medidas de naturaleza procesal, donde parece que hay un consenso entre los operadores jurídicos. La polémica que a mí me ha llegado está en el mes
de agosto. Entre declararlo hábil a todos los efectos y lo contrario, la solución que se ha adoptado de que los diez primeros días sean inhábiles a mí me parece que compagina muy bien la necesidad de reducir la carga de trabajo que se ha acumulado
con la necesidad de vacaciones de algunos colectivos, al igual que con la necesidad de trabajar de otros que no la han podido hacer durante esta pandemia. Agosto todavía está lejos, y yo confío en la capacidad de los jueces, procuradores, fiscales,
abogados y funcionarios de conseguir una buena organización. Hay tiempo. Por tanto, el PRC va a estar a favor de la convalidación. Como vengo repitiendo en esta tribuna, todo es mejorable. Se está a tiempo de cambiar muchas cosas. Pero el
Gobierno es el que es, y a él le ha tocado la responsabilidad de tomar decisiones. Nosotros somos coherentes, por eso nuestra voluntad es apoyarle hasta que termine este estado de alarma, siempre, lógicamente, que no haya nada extraño, nada
inconstitucional o nada disparatado o ninguna medida donde Cantabria se pueda ver perjudicada o discriminada. Espero que no caigan en la tentación de aprovechar este estado de alarma para implementar medidas de su programa que no tenga un amplio
respaldo parlamentario, porque probablemente no tendrían un recorrido muy largo.
La justicia en un estado democrático y social de derecho como el nuestro es una institución clave, y yo creo que necesita un gran apoyo. Va a tener innumerables conflictos que resolver, entre personas, entre empresas, entre instituciones, y
va a estar todo en un ambiente verdaderamente dramático. En esta línea de conflicto yo quiero advertir sobre algo enormemente peligroso, que no es la pandemia sanitaria, que se curará pronto, ni es la pandemia económica y social, que también se
curará, sino que es otra pandemia que se está incubando a pasos agigantados en las redes, y que se está empezando a ver en esta Cámara: la pandemia del fanatismo. Esta tercera pandemia cuando contagia y arraiga no tiene cura durante generaciones.
Ya hemos conocido a lo largo de la historia cómo culminan estas derivas de fanatismo. Por eso, apelo a la responsabilidad de los grupos de esta Cámara, para que podamos, cuanto antes y de la mejor manera posible, terminar este estado de alarma y
acordar...
La señora PRESIDENTA: Señor Mazón, tendría que terminar, por favor.
El señor MAZÓN RAMOS: ... un plan de reconstrucción consensuado entre todos y que evite más enfrentamientos y más conflictos en la sociedad española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Señor ministro, nosotros votaremos en contra de este real decreto-ley fundamentalmente porque nos parece un gran retroceso, especialmente en lo que respecta a los derechos de las personas detenidas o encarceladas. En el penúltimo Pleno
antes del estado de alarma nos tocó interpelar y lo hicimos al ministro Marlaska, y una de las cuestiones que denunciamos fueron los malos tratos a personas detenidas en las manifestaciones del pasado otoño en Cataluña, en respuesta a la sentencia
del Supremo. Lo hacíamos sobre la base de un informe del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, que había entrevistado
a veintidós de las personas que fueron detenidas en esas fechas. Por cierto, aprovecho para mandar un abrazo y un recuerdo a Dani, Charif, Ibrahim y Mouhcine, que llevan ya casi siete meses en prisión preventiva. Pues en estas entrevistas
que se hacían, en esta labor imprescindible del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, se denunciaban malos tratos en el momento de la detención, falta de garantías en la toma de declaraciones en dependencias policiales o en los juzgados,
dificultades para que los reconocimientos médicos tuviesen las garantías necesarias para poder explicar la violencia que habían ejercido, los abusos que habían ejercido los miembros de los cuerpos policiales, sobre esas personas que se manifestaban.
Si todo esto que le contábamos en este penúltimo Pleno antes de la alarma al ministro Marlaska sucede en una situación que ustedes llamarían de normalidad -esa es la normalidad, estos abusos policiales son la normalidad en el Estado
español-, ¿qué va a pasar cuando se generalice, a través de este real decreto-ley, aunque sea de forma temporal, el sistema de videoconferencia? Esto perjudica mucho la comunicación entre la persona detenida y su abogado o abogada, que al final es
la única persona -el abogado- que ejerce de garantía para denunciar estos abusos que pueden darse.
Asimismo, dificulta la observación directa en los juicios. Muchas veces los jueces no hacen caso de lo que cuentan las personas en el sentido de que han sido maltratadas y hay muchos jueces negligentes en estos casos, aunque hay otros que
no, y para poder observar una agresión, una persona que ha sufrido malos tratos en el momento de una detención, el sistema de videoconferencia liquida todos esos detalles, todos esos matices que se pueden ver cuando una persona te lo está contando
físicamente. Por no hablar también del caso de las observaciones de los médicos forenses. Todo esto hecho por el sistema de videoconferencia pierde calidad y va en detrimento de las personas detenidas.
Sobre otras cuestiones del real decreto-ley, podríamos añadir más objeciones. El hecho de que la gestión digital de los expedientes se intente introducir de forma acelerada en una Administración que se caracteriza por usar mecanismos que
incluso están desfasados en muchos otros ámbitos de trabajo -en la justicia se continúa usando el fax y ahora se está pidiendo que se realicen una serie de cambios para digitalizar- y la única forma, la verdad, de que eso pueda ser realizable es con
una mayor inversión en personal en las administraciones de Justicia.
En definitiva, nosotros votaremos que no -es necesaria esa mayor inversión-, y respecto a los derechos de las personas detenidas y presas, quiero recordar que nueve grupos políticos de esta Cámara -ya sé que no es objeto de este real
decreto, pero quiero recordarlo también- pedimos una serie de medidas a los Gobiernos que tienen competencias en Instituciones Penitenciarias para que las personas presas no tengan que soportar esta doble condena de estar confinadas en sus cárceles.
La señora PRESIDENTA: Señor Botran, tendría que terminar, por favor.
El señor BOTRAN PAHISSA: Aquellos grupos firmantes que forman parte de Gobiernos -pienso en Unidas Podemos, pienso en Esquerra Republicana y en Junts per Catalunya- podrían ya aplicarlo en sus respectivas cárceles.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, decía usted que no procediéramos a jugar con escaramuzas en lo que tiene que ver con la aprobación o no de este real decreto, y estamos de acuerdo; de hecho, no lo hemos hecho con ningún real decreto y no lo vamos a hacer
con este. Es decir, creemos que lo que se está dilucidando en este hemiciclo y en estos tiempos políticos en el Estado español ofrece poco espacio para el juego de política corta, pero sí nos vamos a referir a siete cuestiones o aspectos del real
decreto que usted presenta.
Usted nos habla de la habilitación de agosto -uno de los elementos más controvertidos en la esfera pública-, y nosotros creemos que la habilitación de agosto que usted propone choca con la opinión de profesionales, funcionarios, colegios de
abogados y jueces, que sugieren que no va a ser efectivo porque colisiona con las vacaciones de los diferentes operadores, lo cual será motivo de inasistencias y, por lo tanto, de posposiciones y nuevos señalamientos. Se puede llegar a obligar
también a disfrutar de las vacaciones en otros meses, ya sea julio o septiembre, y se extiende así nuevamente el problema de
incomparecencias en esos meses. Creemos que hacen falta indicadores que establezcan en todo caso de manera objetiva esta medida, como cuándo se desatascará la Administración de Justicia, por lo que permítannos que dudemos de su oportunidad
tal y como está planteado.
Nos hablan también de los juicios y la gestión telemática, y seguramente este es el elemento estrella de este real decreto -al menos nuevamente en el foco público-, pero creemos que falta cultura digital, faltan herramientas digitales, y eso
es algo que, como podría ser en otros sectores, no se puede suplir fácilmente, porque el expediente digital, la informatización del sistema de justicia, es un proceso frustrado. Se han invertido ingentes recursos económicos, tecnológicos,
organizativos, y a día de hoy sigue siendo un verdadero desastre crónico: un sistema de incompatibilidad de sistemas, salvo alguna excepción; desconexión; deficiente formación de funcionarios, profesionales y usuarios. En definitiva, y en
resumen, un despropósito, algo que, como no podía ser de otra manera, ha aflorado durante la pandemia.
Las medidas voluntaristas ahora incorporadas no creemos que vayan a resolver el grave retraso digital de la Administración de Justicia, y es verdad que no queremos que se ponga en riesgo a trabajadores y usuarios con la activación presencial
-eso es cierto-, pero apelar a la realización de actos procesales, juicios, comparecencias, declaraciones y/o vistas telemáticas sin especificar medios, sin formación, sin preparación ni cultura digital, como se hace en este decreto, creemos que es
más una huida hacia delante que una solución efectiva y real.
Se habla también del derecho a la familia y vemos que las medidas incorporadas en los artículos 3, 4 y 5 referidas a dicho derecho nuevamente vuelven a beneficiar más a unos que a otras, porque con el procedimiento que se impone se buscan
caminos para normalizar el posconfinamiento -bien, en eso podemos estar de acuerdo-, pero no se propone cómo compensar o reequilibrar el esfuerzo realizado por la persona que ha asumido la custodia durante estos dos meses, y los que queden.
Esfuerzo en términos económicos, claro, pero también en términos de ocupación de la crianza, dedicación en el cuidado, asunción de tareas educativas, dificultad de compatibilizar con el teletrabajo, etcétera, que efectivamente han recaído
principalmente -y eso no es una novedad- en la mujer. La casi totalidad de las custodias compartidas han recaído en la madre. Hay que mirar adelante y equilibrar el derecho a la figura paterna a estar y atender a hijos e hijas, pero hay que
establecer también un mecanismo para equilibrar el esfuerzo y sacrificio acumulados durante estos dos meses por la madre.
Quiero también señalarle algo que tiene que ver con las cuotas para la presentación de escritos. Creemos que con lo que aquí se traslada se están imponiendo restricciones -reparto lo llaman-, por las que los abogados solo podrán presentar
un máximo de cuatro escritos por día y cita y una cita por persona y semana, pudiendo bloquearse la presentación de nuevos escritos a los profesionales que hayan tenido un turno durante dicha semana.
También podríamos hablar del turno de oficio. Por lo que a nosotros nos llega -y le pedimos que lo investigue porque no puedo señalarlo con certeza y prefiero dejarlo en una duda-, el turno de oficio no está habilitado en todos los lugares
y de todas las maneras, dificultándose así el acceso a la justicia que toda persona debe tener.
Quiero hablarle también de la Ley mordaza porque entre los supuestos que se regulan para agilizar la actuación de la justicia, no se recogen medidas en el orden administrativo, concretamente para recurrir las sanciones que se han interpuesto
en los últimos meses de crisis sanitaria. Permítame que haga una reflexión que ya he hecho en alguna ocasión en esta Cámara y es que algo no cuadra cuando se dice y se repite y se reitera que la ciudadanía está dando un ejemplo ejemplar, increíble,
cuasi unánime a la hora de adaptar y adoptar las medidas que el Gobierno establece y a la vez ya vamos casi por el millón de multas y sanciones. Si la ciudadanía es ejemplar, alguien se está excediendo en la aplicación de sanciones o, por el
contrario, la ciudadanía no es tan ejemplar; yo prefiero creer que lo es y que alguien se está excediendo en el uso de esas sanciones. Como digo, esa Ley mordaza se está empleando de manera sistemática extendiendo la supuesta infracción de una
norma, desobediencia a la autoridad, algo que diferentes juristas ya han denunciado. Solamente en nuestro país, en Euskal Herria, se habrían aplicado ya 27 519 sanciones derivadas de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y, sin embargo, en
este real decreto no se acoge ninguna medida para facilitar el recurso o la revisión del contencioso-administrativo de estas sanciones, lo que pone aun más de manifiesto lo que siempre hemos denunciado, es decir, que esta ley, convertida ya en un
verdadero cajón de sastre de medidas de corte represivo, arrambla con garantías procesales de defensa e instala el principio de veracidad policial sobre cualquier otro, como es el de seguridad jurídica o tutela judicial efectiva.
Finalizo con una última consideración, la que tiene que ver con el ámbito penitenciario. Nos congratulamos de que no hayan acogido aquella propuesta del Consejo General del Poder Judicial de modificar el régimen de recurso de los internos
según la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducirlo a una sola instancia. Dicha limitación traía una serie de consecuencias aun más lesivas de los derechos de las personas presas. Entendemos que el conducto
para realizar un cambio legislativo tan drástico sería este real decreto, pero constatamos que se ha evitado incluir dicha restricción de garantías para las personas presas, lo cual, desde nuestro punto de vista, es un varapalo para su promotor, el
señor Lesmes. Sin embargo, vemos que se ha perdido una oportunidad para, en el sentido diametralmente opuesto, facilitar la presentación de recursos y acceso a los juzgados de vigilancia penitenciaria en un momento, además, en que se han
introducido restricciones importantes a los derechos de las personas presas. Le hacemos, por tanto, un llamamiento para que analice el escrito, el texto que presentamos diez formaciones políticas presentes en esta Cámara para que se revisen
cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena y su posibilidad de optar a la libertad y de otras cuestiones.
Creemos que hay una oportunidad para hacer ese tipo de cosas, también en esto, pero, como le decía, sin menospreciar los pasos que se dan, vemos nuevamente que se peca de timidez a la hora de abordar otras reformas necesarias, por eso
manifestaremos el sentido de nuestro voto, que no es otro que el de la abstención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute García de Jalón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, como no puede ser de otro modo, queremos sumarnos, como han hecho el resto de portavoces que me han precedido, al agradecimiento a todas las personas que con su trabajo están contribuyendo a facilitar la vida de toda la
ciudadanía y a la solidaridad con todas las que están sufriendo.
Señorías, es bien conocido el efecto devastador en el tejido social, económico y sanitario de la pandemia producida por el COVID, y el ámbito de servicio público de la justicia y de las profesiones jurídicas no es ajeno a esta conmoción, que
se añade a la ya grave situación en que se encontraban. Así, a un servicio público ya colapsado se añade un nuevo colapso producido por el brusco parón al que se ha visto sometido para frenar la propagación de la pandemia y contribuir así a su
mitigación, parón que -recuerdo, señorías- se produce en virtud del decreto de alarma que suspende todas las actuaciones en curso a través de la suspensión de los términos y plazos, excepto en aquellas actuaciones que se definen como esenciales, y
parón que acompaña a una correlativa disminución presencial en las sedes judiciales, salvo para los servicios esenciales, habiendo llegado a afectar al 95 % del total de las plantillas. A este colapso agravado se sumará, tras el levantamiento del
estado de alarma, como ya se nos ha señalado, toda la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y de las medidas de contención sociales y económicas adoptadas para paliar sus efectos.
Este es, por tanto, señorías, un escenario, como ha señalado el Consejo General del Poder Judicial, excepcional e inédito, al que ha de darse una respuesta desde ahora y aún más tras el levantamiento del estado de alarma para reactivar el
servicio de la justicia, evitar su colapso y garantizar la seguridad en la salud individual y colectiva de los funcionarios y personal, profesionales y público en general, respuesta especialmente necesaria cuando el funcionamiento correcto de la
Administración de Justicia es un factor determinante para la recuperación social y económica, como ya nos ha señalado el ministro, un factor imprescindible para la protección de los colectivos más vulnerables y porque contribuye a la paz social a
través de la tutela judicial efectiva.
En este contexto, el Decreto-ley 16/2020, sobre el que ahora debatimos, pretende ser, según se nos dice, el primer paso coyuntural, al tener una vigencia temporal limitada, para hacer frente a la excepcional situación de la justicia, al que
seguirán, se nos señalaba, una serie de planes de reactivación en las jurisdicciones que se presume pueden verse más afectadas y, finalmente, una futura ley con medidas estructurales para agilizar y modernizar el servicio público de la justicia, que
confiemos pronto nos sea remitida como proyecto de ley con todos los informes y trámites cumplidos y no como un decreto-ley, que no convalidaríamos, ni como una proposición de ley, que no admitiríamos.
El presente Decreto-Ley 16/2020 se nos presenta así como un primer paso para preparar la reactivación de la justicia y que permita simultáneamente un progresivo incremento de la actividad en condiciones de seguridad sanitaria para todos los
intervinientes. En él se contiene un sumatorio de medidas organizativas, tecnológicas y procesales, algunas más relevantes que otras, otras con menos consensos y otras más virtuales que efectivas, como aquí ya se ha señalado. Entre estas últimas,
que son importantes, pero -permítame, señor ministro- un poco brindis al sol, se encuentran principalmente las medidas tecnológicas, la transformación digital, el teletrabajo, el acceso remoto al sistema de gestión procesal o a la grabación en sala,
los sistemas de comunicaciones electrónicas, las vistas telemáticas, pero que precisan la inversión en herramientas, personal formado, órganos competentes, espacios adecuados y preparados. En definitiva, una gran inversión pública en un texto sin
memoria económica y con una vigencia temporal limitada. También es un brindis al sol reclamar ese futuro ya presente cuando la ley de videoconferencia, que era reclamada desde 2011 por la Ley 18/2011, aún no ha visto la luz. Aunque en el lado
positivo de estos aspectos tecnológicos se encuentra el artículo 19, evidentemente. En él se rompe el tabú que impedía que la totalidad de un proceso pudiera llevarse telemáticamente si así se considerara oportuno, sin perjuicio o a salvo de
algunos procedimientos por delitos graves con presencia de detenido. Este es un gran avance que no deja de ser por el momento o en buena medida una concha vacía.
Por otra parte, ciertas medidas organizativas y de seguridad parece que no han tenido suficiente debate sindical y podrían augurar problemas en su implantación. Me estoy refiriendo a la turnicidad, a la movilidad dentro de la localidad,
dentro del orden jurisdiccional, y a las mismas medidas de seguridad individual y colectiva. Nos ha sorprendido también, en un texto que acertadamente aboga por la agilidad en los procesos, que se vuelva a prorrogar el régimen privilegiado de la
fiscalía en cuanto al tiempo de darse por notificada. El resto de operadores, usted sabe, ministro, que tenemos o tienen un día, y la fiscalía se ha vuelto a prorrogar para que tengan diez días.
No podemos dejar de señalar con carácter general -no singularmente para su ministerio, sino con carácter general- el gran impacto que tiene en el acervo competencial autonómico la declaración del estado de alarma. Sin embargo, no todo es un
brindis al sol en este decreto-ley; hay cuestiones importantes. Es importante la vacatio legis en el Registro Civil, que, de no aprobarse, supondría simplemente el cierre de los registros civiles, y es relevante para repensar un modelo legal non
nato. Son también importantes las reglas del cómputo de los plazos suspendidos y lo son también los juzgados COVID; los refuerzos; las medidas concursales para evitar la liquidación de empresas; la citada no presencialidad; la priorización de
procedimientos; la tramitación de los incidentes en el derecho de familia; la negociación con el Consejo General del Abogacía Española sobre el alcance y condiciones de la habilitación de parte del mes de agosto, a fin de cohonestar la
reactivación de la justicia para la recuperación social y económica y que ello suponga el menor menoscabo e incidencia posible en estos profesionales; y otras cuestiones que, por el tiempo limitado con el que cuento, no puedo ni llegar a citar.
Voy finalizando, presidenta. Señorías, del buen funcionamiento del servicio público de la justicia dependen proyectos vitales, decisiones económicas y, más aún, en momentos como el presente, en que la sociedad necesita marcos de seguridad.
Nuestro grupo parlamentario considera que es momento de buscar consensos para la vuelta a la normalidad en la Administración de Justicia porque así se aumentan las posibilidades de éxito. Quizá alguien pueda pensar que el decreto-ley no es lo
mejor, pero consideramos que su no convalidación es peor.
Por último, siempre se pueden hacer mejor y peor las cosas, y en lo mejor también se incluye no impedir, en su caso, mejoras ni mayores consensos. Por eso también nuestro grupo dejará la puerta abierta en lo que a nosotros toca.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señorías y muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna). Muchísimas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Señor ministro, como siempre que los abogados recurrimos alguna decisión de un juez, comienzo por decirle que lo que viene a continuación se lo digo con todo respeto, y sabe que se lo tengo. Nos encontramos, en primer lugar, con el problema
de su plan de desescalada, sobre el que me ha parecido escuchar en su intervención que ha dicho usted que, si no convalidamos este real decreto-ley, no podremos
tener una desescalada ordenada de la justicia. Mire, no puede someter al chantaje a los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia pidiendo el sí para su real decreto-ley. En este tema de la desescalada que comenzó ayer, le
reconozco la mayor capacidad que he visto en un ministro en toda la democracia: ha enfadado usted a todo el mundo. No se ha quedado nadie sin enfadarse: asociaciones de jueces, de fiscales, de letrados de Administración de Justicia; cinco de las
seis asociaciones y sindicatos que representan a los funcionarios al servicio de la Administración pública; colegios de abogados, de procuradores y de graduados sociales. Nadie está de acuerdo con su plan de desescalada. Y dice usted que
manteniendo el distanciamiento social incluso ni serán necesarias las mascarillas. Señor ministro, de verdad, de corazón, le invito a que baje de su coche oficial, se venga conmigo a la plaza de Castilla, entremos en cualquier oficina judicial y
vea cómo se trabaja en los juzgados, a una distancia muy pequeña y con muchos elementos comunes.
Dice usted, en segundo lugar, que, efectivamente, nos vamos a encontrar con una avalancha de asuntos, con un colapso. Señor ministro, antes del virus la justicia se encontraba ya en colapso, no nos venda ahora el real decreto como el que va
a resolver el colapso en la justicia. Diga que estamos en una situación de colapso agravado, eso sí. Ha querido usted dictar un real decreto-ley; no ha llamado a la oposición para negociar. Yo he estado estos días negociando con usted y no ha
habido manera de conseguir dos cosas para el mes de agosto, ¿y dice usted que ese real decreto-ley lo ha negociado con consenso? No exagere; con consenso de las comunidades autónomas, sin ningún consenso por parte de los profesionales de la
justicia, todos ellos muy descontentos con su real decreto-ley, sobre todo con la habilitación del mes de agosto. De nuevo nos somete a chantaje, es que en las disposiciones finales del real decreto-ley resulta que se reforman anteriores reales
decretos-leyes. Mire, dicte un nuevo real decreto-ley el martes que viene si este no sale adelante y, en segundo lugar, recuerde que esos reales decretos-leyes se tramitan como proyecto de ley por el trámite de urgencia y se encuentran en plazo de
enmiendas. No chantajee a la gente de nuevo con que tengamos que votar a favor de este real decreto-ley.
Ha tomado usted medidas poco ambiciosas, se lo digo con toda honestidad. En cuanto a las medidas mercantiles, llama la atención que el Partido Socialista privatice las subastas derivadas de los concursos. ¿No sabe usted que existen
subastas electrónicas, bajo la fe del letrado de la Administración de Justicia, que, por ejemplo, en la Región de Murcia alcanzan hasta el 95 % de las subastas que se celebran? Dice usted que se establecen unas medidas laborales, pero sin planes de
refuerzo, que es lo que le piden todas las asociaciones judiciales. Se lo han dicho aquí ya varios representantes de grupos políticos que se encuentran en las antípodas de Ciudadanos, el problema de la justicia se resuelve con dinero, y usted me
responde en la Comisión de Justicia: Yo huyo de posiciones incrementalistas. No, hace falta reorganizar la justicia -¡claro que sí!-, pero lo primero que hace falta es invertir en la justicia, y eso lo sabe todo el mundo. Tenemos 12 jueces por
cada 100 000 habitantes, cuando la media europea es de 20 o 21 jueces por cada 100 000 habitantes y sigue usted diciendo que esto se arregla simplemente organizando mejor la justicia. Pues no es así. Se lo ha dicho el representante de Bildu con el
que, la verdad, me he llevado una cierta sorpresa. Efectivamente, en materia de familia nos encontramos con que en el plazo de tres meses se reequilibran las prestaciones familiares a la baja, pero después, cuando hay que reequilibrarlas al alza,
ya no existe el procedimiento urgente. ¿Ve usted cómo sus medidas son insuficientes? ¿Ve usted cómo en todos los decretos-leyes de este Gobierno se quedan ustedes cortos? Si fuera por eso, si fuera porque ustedes se han quedado cortos, ya ha
visto usted como en esta Cámara Ciudadanos, responsablemente, ha votado que sí a reales decretos que ha criticado, porque se habían quedado cortos, por ejemplo, en ayudas a autónomos, que son, por cierto, los que van a crear concursos, los que van a
convertir los ERTE en ERE y en despidos y fomentar la litigiosidad, que parece que no es culpa de nadie. No, es culpa del Gobierno. Pero lo que sucede es que -y no quiero hacer un juego de palabras, señor Campo- usted ha incendiado el campo de la
justicia y ha llamado al Consejo General del Poder Judicial a que le apague el fuego. Encima usted trata de ponerse las medallas.
Respecto a la habilitación del mes de agosto, el Consejo General de la Abogacía Española, cuando dictó usted el real decreto-ley, dijo que eran medidas ineficaces, contraproducentes y que lesionaban el derecho a la defensa; que iban a
provocar el efecto contrario, que iban a colapsar más la justicia. Ya se ha dicho aquí, no se van a poder celebrar vistas en agosto porque va a ser imposible reunir en un juzgado a todos los protagonistas de la justicia de una vista, que ya se le
ha olvidado a usted cómo se hace una vista. En segundo lugar, además, le quiero decir que el Consejo hace unas recomendaciones. Parece que
usted tampoco -ahora con las declaraciones de su compañero de Gobierno, Pablo iglesias- debe creer mucho en la independencia del Poder Judicial porque recomendación es recomendación y el juez, independiente, tomará la decisión que quiera
siguiendo la recomendación o no. Le voy a poner un ejemplo. Esta mañana un amigo mío de una capital de España me ha mandado una providencia en la que se suspendía un señalamiento. ¿Sabe lo que le decía el juez? Le decía: yo que ustedes llegaría
a un acuerdo, porque tengan en cuenta que les puedo señalar del día 11 al 31 por la mañana y por la tarde. Vaya, parece que este juez no está siguiendo mucho las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. Dice usted que los abogados
quieren trabajar y por eso hay que habilitar los plazos. Si quieren trabajar, que trabajen. Yo le he pedido a usted que sea voluntario y que el pobre abogado, el profesional individual sin empleados, el que es titular de un pequeño o mediano
despacho y tiene que llevar los asuntos personalmente, tenga derecho a conciliar su vida familiar y laboral cogiéndose unos días de vacaciones, porque los abogados sí trabajan en agosto, pero ha hecho cargar sobre sus espaldas la medalla
publicitaria que trata usted de ponerse con un decreto radicalmente ineficaz. ¿De verdad pretende que nos creamos que por habilitar veinte días el mes de agosto va a resolver usted el colapso de la justicia? Pero si es que hasta dicho así suena
verdaderamente ridículo. Por eso, señor Campo, con todo el cariño y todo el respeto, como ha enfadado usted a todo el mundo...,
La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tendría que terminar, por favor.
El señor BAL FRANCÉS: Termino, presidenta. Como solo piensa en los grandes despachos pero se ha olvidado del profesional individual, del pequeño abogado, del mediano abogado que comparte gastos con sus amigos de la facultad, vamos a
votarle que no. Le he dicho ya cuáles son las medidas que me parecen insuficientes, aunque van por el buen camino. Traiga un real decreto que diga esto y le votaremos que sí. Pero hoy le tenemos que votar que no. Esto es lo que Ciudadanos llama
política útil, esto es lo que se llama política de mano tendida, es la mano tendida pero exigiendo responsabilidad, consenso y no simplemente la unilateralidad y la improvisación, el efecto puramente publicitario e ineficaz que ha conseguido usted
en todo el sector de la justicia con su real decreto-ley. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
Dice el propio real decreto que la Administración de Justicia debe prepararse para conseguir una reactivación del normal funcionamiento de los juzgados y tribunales. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, en el ámbito de la
Administración de Justicia la nueva normalidad no debería ser que los juzgados y tribunales recuperen el funcionamiento que tenían con anterioridad, sobre todo si aspiramos a una justicia ágil y, por lo tanto, realmente justa. En todo caso, estamos
de acuerdo en que es necesario recuperar el tiempo perdido, pero consideramos que las medidas que se adoptan con esa intención no son las más adecuadas porque, una vez más, vemos que se obvia lo realmente importante, que es la dotación de recursos
para llevarlas a la práctica. No se realiza ninguna modificación presupuestaria, ninguna ampliación, ni se prevén más medios materiales técnicos o humanos, y parece evidente que de poco servirá que se amplíen los horarios o se habilite parte del
mes de agosto sin más personal que refuerce al actualmente existente. Esto, además de afectar a la conciliación de abogados, abogadas y procuradores, puede hacerlo también a la calidad de la defensa por reducir el tiempo para ello. Eso sí, creemos
que la celebración de actos procesales por vía telemática puede afectar de manera grave al derecho de defensa, pues, sobre todo en el ámbito penal, vulnera principios básicos como el de inmediación o la confidencialidad entre abogado y cliente.
Juzgamos positivo -y termino- que se ordene un criterio de prioridad para los asuntos que se van a derivar de esta crisis, especialmente en el ámbito laboral o familiar, pero, en su conjunto, el real decreto nos parece solo un parche cuando lo que
se necesita realmente es un auténtico plan de choque. Estas son medidas de poco impacto y que se adoptan, además, sin diálogo con los operadores jurídicos. En consecuencia, nos vamos a abstener.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Señor ministro, vamos a votar que se tramite como proyecto de ley. Entendemos que este proyecto tiene aspectos positivos y entendemos que desde el ministerio se tenían que tomar iniciativas, eso lo compartimos. Pero, al mismo tiempo,
entendemos que hay cosas que se tienen que enmendar, algunas ya han aparecido esta tarde aquí. La primera es que nosotros entendemos que la habilitación de varios días del mes de agosto perjudica a muchos colectivos, que no podrán tomar vacaciones,
fundamentalmente los colectivos más pequeños, despachos unipersonales de abogados, de procuradores o de graduados sociales; a diferencia, por ejemplo, de los funcionarios y de los jueces, que sí que podrán hacer turnos para tomar vacaciones.
Además, creemos que ese mes de agosto inhábil se aprovechaba en los juzgados para poner al día muchos de los asuntos pendientes, que serán muchísimos estos días. Por tanto, creemos que este es un aspecto que usted debería negociar o considerar.
Otro aspecto sería la obligatoriedad de la jornada de tarde. Entendemos que eso a veces casa poco con intentar conciliar la vida personal y la vida laboral. Y además entendemos que el real decreto debería especificar claramente -lo ha
dicho, por ejemplo, el señor Bal- que no se pueda trabajar donde no se cumplan las medidas preventivas. Todos hemos ido a juzgados -en mi pueblo yo voy a los juzgados- y están unos encima de otros, hay muy poco espacio. Por tanto, yo creo que el
decreto lo debería dejar claro y especificarlo.
Por último, todos los órganos judiciales están sobrecargados por esta paralización del estado de alarma. Por tanto, la medida de la movilidad forzosa de un centro a otro sería como desvestir a un santo para vestir a otro, porque todos están
sobrecargados, y hay otras posibilidades, ya sé que menos baratas, como la cobertura de plazas en comisión de servicio, las sustituciones voluntarias o la contratación de personal interino. Por tanto, insistimos en que el decreto tiene aspectos
positivos, no lo rechazamos, pero creemos que se debe tramitar como proyecto de ley.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en último lugar, el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.
El Señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Gracias, señora presidenta.
Ministro, nos traen a convalidación un decreto-ley que entendemos que es un brindis al sol. Brevemente. En cuanto a los juicios telemáticos, una de las medidas organizativas, una directiva europea de finales del XIX elimina ya el fax de
los medios de comunicación entre Administración y administrados porque dice textualmente que es obsoleto, y aquí se sigue haciendo referencia al fax. ¿Cómo vamos a hacer juicios telemáticos cuando nuestros juzgados siguen notificando
mayoritariamente por fax?
Horarios de mañana y tarde. Mucho consenso no debe de haber habido ahí cuando la mayoría de sindicatos nos han enviado estos últimos días correos electrónicos para que votemos en contra de la convalidación.
Y la medida estrella, la habilitación del mes de agosto. Primero se pretendió todo el mes de agosto, luego, como no se podía dejar sin vacaciones a jueces y demás funcionarios y exigieron el derecho normal a tener vacaciones, pues se hizo
ese parche de decir: las vamos a restringir del 11 al 31. Gran incendio entre la abogacía, los perjudicados somos los profesionales liberales: abogados, procuradores y graduados sociales de despachos pequeños y medianos, la inmensa mayoría en
España; gran incendio: declaraciones institucionales en contra, anuncios de huelga, hasta le han declarado persona non grata en un colegio de abogados. Y entonces sale el Consejo y da esas directrices, que efectivamente son, como se ha dicho,
recomendaciones: aconseja que en la medida de lo posible no se celebren juicios en agosto si no son urgentes. Eso es lo que ya preveía el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se pueden celebrar siempre que sean actuaciones
urgentes. Y, además, para más inri, dice: los señalamientos se procurará que se notifiquen antes del 15 de junio. Pero si antes del 15 de junio no vamos a tener ni agenda. Esa es una medida absolutamente inútil, no va a tener ninguna eficacia,
cada juez podrá señalar o dejar de señalar cuando estime pertinente.
Muy hábilmente ha conseguido usted el consenso en las declaraciones de los presidentes de consejos generales, no de los consejos generales, pero esas medidas no van a servir de nada porque el problema no son los juicios, todos sabemos que no
se van a celebrar apenas juicios en agosto, el problema es que, si corren los plazos, los abogados, los profesionales, tienen que estar de guardia, atentos a los señalamientos y a los plazos de los recursos. Ha conseguido esos posicionamientos o
esas declaraciones en entrevistas, pero los que así opinan creo que hace muchos años que han abandonado la trinchera, se
han acomodado en sus poltronas y no ven la realidad. Le aseguro que la inmensa mayoría de la profesión está radicalmente en contra de estas medidas.
No me queda tiempo. Las medidas en materia laboral, en materia mercantil, en materia de familia, esos juicios COVID que no se sabe lo que son ni qué atribuciones tendrán ni qué demarcación tendrán -igual la experiencia es la misma que la de
los juzgados de cláusula suelo-, serán un fracaso absoluto. Para reformar la justicia que se necesita hace falta consenso, y el consenso no es decir o estáis conmigo o sois unos irresponsables; del consenso no se presume, el consenso se practica y
cuando tanta gente está en contra, mucho consenso no habrá. Y no solo hace falta consenso, sino, como también se le ha dicho, hacen falta medidas, inversión. Si en materia laboral, por ejemplo, declara unos juicios preferentes, ¿qué pasa con todos
los demás? Si ya llevamos retrasos de dos o tres años, pues nos vamos a ir a atrasos de tres o cuatro años. En materia mercantil, eximen de la obligación de presentar concursos hasta el 1 de enero, pero eso no va a servir de nada porque las
empresas, cuando les empiezan a caer los embargos, especialmente de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, se verán en la obligación de presentar concursos, como ya están presentándose, tal y como me comentan muchos jueces mercantiles. Y,
para acabar de arreglarlo, aprueban ustedes ahora el texto refundido de la Ley Concursal y a alguien se le ocurre que...
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso-Cuevillas, tiene que terminar, por favor.
El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Acabo. Decía que a alguien se le ocurre que entre en vigor el 1 de septiembre; es decir, cuando estemos en plena vorágine de concursos, con juzgados absolutamente colapsados, todos a intentar adaptar
los números de los nuevos preceptos, rehacer los formularios, etcétera. No va a servir para nada; más colapso. Y en materia de familia se inventan un nuevo procedimiento absolutamente oral, ¿pero no íbamos a los juicios telemáticos? Cualquiera
que pisa un juzgado sabe que el auténtico cuello de botella es la agenda de los señalamientos judiciales; los juicios completamente orales son mucho más largos que los juicios que vienen con contestación escrita. Por tanto, ahí, lejos de agilizar,
lo que hacen es colapsar más.
Vamos a votar en contra porque creemos que estas medidas son un puro marketing político que no soluciona nada.
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso-Cuevillas, tiene que terminar.
El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Y además lo hacemos porque con ello defendemos el interés de la abogacía y de la mayoría de los profesionales liberales, procuradores y graduados sociales, que así nos lo han solicitado.
Moltes gràcies, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bon dia.
El estado de alarma ha provocado, como ya le comenté en su comparecencia, una centralización de muchas competencias de las comunidades autónomas. En el ámbito de justicia se ha dotado a los tribunales superiores de justicia de unas
competencias que no les correspondían y quiero volver a insistir en que no entra dentro de las funciones de las juezas y los jueces determinar qué medidas de protección son necesarias para evitar la propagación del coronavirus: qué material de
protección es necesario, cómo se prioriza un material que lamentablemente es escaso, qué trabajadores deben ir a los juzgados y quiénes deben quedarse en casa o qué servicios son esenciales. En estos días hemos visto cómo desde el Consejo General
del Poder Judicial se intentaba incidir en aspectos que están muy lejos de sus funciones como gobierno de los jueces y magistrados.
Pero, dicho esto, la primera medida que deberíamos saber es qué plan de desescalada tiene el ministerio, porque, por mucho que digan que todo lo han hecho con colaboración de las comunidades autónomas, sabemos todos cuál es el modelo de
cogobernanza. El principal problema que vemos es que el ministerio está sometido a las propuestas que hace el Consejo General del Poder Judicial, y dicho consejo adopta las propuestas que le da la gana, sin tener en cuenta que estas propuestas no
las hace una Administración con experiencia ejecutiva. Pero, aparte de esto, que ya es grave, es muy importante
que el ministerio se coordine dentro del propio Gobierno, pues es absolutamente necesario que se respeten las fases de las autoridades sanitarias, tanto estatales como catalanas, porque se proponen diferentes ritmos territoriales de
desescalada que no se contemplan en el plan del Ministerio de Justicia.
Para nosotros, el real decreto-ley es mejorable. Le faltan muchas cosas, muchas propuestas, como, por ejemplo, las que ya le ha hecho llegar nuestra consellera Ester Capella. Algunas de estas propuestas se podían haber incorporado en el
real decreto-ley y por eso solicitamos que se tramite como proyecto de ley, para poder trabajarlo y adoptar todas las iniciativas que creemos que son necesarias para mejorar el servicio de la Administración de Justicia, un servicio público de
proximidad. Pero también sabemos reconocer aquellas propuestas que van en la línea de mejorar el servicio de la Administración, como todos los temas mercantiles y laborales y la priorización de determinados temas de derecho de familia, a pesar de
todo, porque priorizar determinadas jurisdicciones es y debe ser una prioridad. No obstante, y siento ser reiterativa, es urgente la respuesta a la descongestión de los asuntos judiciales, que a consecuencia de esta crisis económica y social
derivada del COVID van a aumentar, y revertir situaciones como las que se dieron con las cláusulas suelo y que se volverán a dar con el IRPH. No podemos dejar que esta crisis vuelvan a pagarla otra vez los más débiles. Debemos erradicar esta idea
nefasta de provincializar determinadas resoluciones de conflictos, como ocurrió con las cláusulas suelo.
Ley de impulso a la mediación. La mediación es una herramienta clave y necesaria para la resolución de los conflictos, previa a la acción judicial. Debemos garantizar de una vez por todas el derecho a la vivienda a todas las personas.
Debemos evitar los desahucios y procurar alquileres sociales para las personas más vulnerables. Y las reclamaciones en materia de transporte aéreo. Aquí tenemos mucho trabajo por hacer y es un buen ejemplo para poder implementar sistemas de
resolución de conflictos extrajudiciales. En definitiva, es imprescindible adoptar todas aquellas medidas y herramientas de resolución extrajudicial de conflictos que sean preceptivas y efectivas. Es necesario adoptar soluciones procesales y de
servicio público de la Administración de Justicia que procuren la cohesión social y la protección de los colectivos y personas más vulnerables de la comunidad en un contexto de crisis humanitaria como la que vivimos. El real decreto-ley se queda
corto en la voluntad de equilibrar la creciente desigualdad social que deparará la crisis social, económica y laboral derivada del COVID, renunciando a imponer mayores responsabilidades y asunción de obligaciones extrajudiciales y procesales a los
que más tienen en favor de los que menos tienen.
Señor ministro, hemos visto el reconocimiento que ha hecho a la Conselleria de Justícia de la Generalitat, labor nunca debidamente reconocida a la buena gestión que ha estado realizando durante estos últimos tiempos. Le agradecemos dicho
reconocimiento, pero queremos compromisos concretos, como, por ejemplo, que la modificación de la habilitación del mes de agosto sirva realmente para agilizar los expedientes judiciales, es decir, quitar papel y que solo se señalen esas vistas
urgentes. Parece que será así y por eso daremos apoyo a este real decreto-ley y aprovecharemos también su tramitación como proyecto de ley para suplir todas esas carencias, pero todo ello sin olvidar la importancia de la conciliación familiar y
laboral y el derecho al descanso. También la celebración de actos procesales por vía telemática es una buena oportunidad para ir adelantando en la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, pero su
efectividad, como ya sabe, dependerá de los esfuerzos presupuestarios que se dediquen. Debo recordar aquí que se eliminó la financiación que el Gobierno del PP quería destinar para la modernización de la Administración de Justicia. Creo recordar
que eran 1,2 millones de euros para inversión TIC. Queremos también el compromiso del ministerio de que se nos pagará toda la inversión realizada -ha sido muchísima y aún no hemos recibido nada, asumiéndolo todo el Govern de la Generalitat-, así
como que se nos hará la transferencia de la gratificación extraordinaria que nos deben por la creación de los catorce órganos judiciales nuevos en 2017 y se financiará la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece de manera obligatoria el
carácter finalista de las tasas judiciales.
Confiamos en que la formulación y tramitación como proyecto de ley ordinaria sirva para garantizar la máxima eficacia y eficiencia del servicio público de la Administración de Justicia en el escenario posCOVID, más allá de las medidas
urgentes y temporales contenidas en el presente real decreto-ley. Confiamos en que sea una apuesta decidida para la descongestión de los juzgados desde una imprescindible mirada de cohesión social y protección de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. Confiamos en que, una vez resuelta por el ministerio la necesidad de dar respuesta urgente y perentoria a la situación de crisis, se apueste por un verdadero diálogo con las administraciones con competencias en materia de
justicia, con los operadores jurídicos y los sindicatos, más allá del Consejo General del Poder Judicial. Confiamos
en que el estamento judicial en Cataluña no interfiera en la ejecución e implementación de las medidas, más allá de las funciones que le corresponden en el marco de un Estado de derecho y el necesario equilibrio de poderes. En momentos
difíciles, señor ministro, hace falta responsabilidad, toda la responsabilidad, y Esquerra Republicana tiene muy claro el significado de sus siglas. Por todo ello, solicitamos la tramitación del presente real decreto-ley como proyecto de ley. No
tendrá otra oportunidad porque no hay alternativa, señor ministro. Queremos gestos claros y determinados, pero sobre todo queremos el respeto absoluto al autogobierno de Cataluña.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, Valentina.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Presidenta, señorías, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad y cariño a todos los fallecidos y a las personas afectadas por esta crisis sanitaria y a sus familias, y el agradecimiento a todas las personas
trabajadoras que nos cuidan en esta emergencia.
Quiero empezar diciendo que este decreto obviamente no es cualquier cosa. Estamos sin duda intentando aprobar unas medidas urgentes para un sector de la Administración que es estratégico e imprescindible y que arrastra un importantísimo
colapso, y eso desde luego no es responsabilidad de este Gobierno. Ese colapso previo mucho podría haber hecho el Partido Popular para corregirlo en sus anteriores años de Gobierno, pero este Gobierno se ha encontrado una situación que ahora hay
que abordar. Partimos de una limitación muy seria, como ya se ha señalado aquí: hay 12 jueces por cada 100 000 habitantes, la mitad de la media europea, que son 23 jueces por cada 100 000 habitantes. Así es muy difícil atender las tareas de la
justicia. Además, tenemos otras anomalías. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que lleva prácticamente dos años vencido y que es imposible renovar por la incapacidad de esta Cámara para alcanzar un consenso. Quizás debiera el Consejo
General del Poder Judicial ayudar a que esta Cámara alcanzara un consenso presentando su dimisión y obligándonos a aprobar un nuevo consejo. Mientras tanto, lo que no parece muy de recibo es que un consejo con su mandato vencido hace prácticamente
dos años siga haciendo nombramientos que en muchos casos son para demasiados años. Es decir, la situación de la justicia no es responsabilidad del señor ministro. El señor ministro lo que ha hecho es intentar poner en marcha un plan de choque que
evidentemente necesita unas inversiones, inversiones que a su vez dependen de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Hacemos un llamamiento a esta Cámara a que apruebe unos Presupuestos Generales del Estado que realmente puedan
reforzar el sector justicia. Ahora lo que se está intentando es abordar el retraso motivado por la paralización y por el colapso previo y, como bien ha dicho el ministro, el previsible incremento de los asuntos que, a consecuencia de esta crisis
económica y social, va a haber en la justicia.
Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo va a dar el apoyo a este real decreto y a la vez vamos a trabajar por recoger las preocupaciones de la oposición; en primer lugar, todas las preocupaciones que son razonables y de todos los
sectores -faltaría más- que tienen que ver con la justicia. Por supuesto, hemos atendido y hemos escuchado sobre todo las reclamaciones de los sindicatos y los colectivos de abogados que han expresado, por ejemplo, sus reservas por la habilitación
de parte del mes de agosto, que es verdad que produce quebranto. Yo quiero, en primer lugar, aventar una especie de mito que ha dicho alguien de que durante esta paralización económica el sector de la abogacía no ha trabajado. Eso no es correcto,
el sector de la abogacía -hay que reconocerlo- ha tenido tanto trabajo como habitualmente, quizás no en los tribunales, pero ha habido que atender muchas cuestiones de emergencia, expedientes de regulación de empleo, aplicación y solicitud de
medidas, etcétera. Y al igual que el decreto contempla el respeto a los derechos de los funcionarios de Justicia, algo absolutamente normal en democracia y en lo que el ministerio ha tenido mucho cuidado en que sea un respeto incuestionable, sobre
todo nos preocupa poder conciliar la vida laboral y familiar, por ejemplo, de las abogadas, y vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Ahora bien, los que quieran votar en contra del decreto, que no se agarren a estas cuestiones que son
mejorables, porque realmente este decreto tiene otra misión fundamental, que es ayudar a reactivar la economía y ayudar a proteger el empleo. Incluye medidas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas para que los procesos que no alcancen los
umbrales de despido colectivo puedan regirse por trámites mucho más rápidos ante la jurisdicción laboral. Incluye medidas para solventar el colapso de los juzgados
mercantiles. Y, mire, lo de los juzgados mercantiles no tiene que ver con el COVID. En este país el Gobierno anterior permitió que los concursos de empresas se demoraran tres y cuatro años. Eso no es favorecer la economía ni el empleo,
como han salido aquí a hacer gala algunos de los discursos de la oposición. Indudablemente, las medidas que contiene el decreto por supuesto van a ayudar sobre todo a que haya empresas que tengan más tiempo para no tener que declarar el concurso y
sobre todo van a potenciar e incentivar los planes de financiación de las empresas para salvarlas de las situaciones de concurso y que se puedan mantener en la economía, y eso es una grandísima noticia. Además, protege la salud de los trabajadores
y de los usuarios de la justicia. La verdad es que creemos que esos esfuerzos para mejorar la salud, para garantizar la debida aplicación de las políticas de prevención de riesgos en los juzgados, para guardar las distancias debidas para
trabajadores y también para los usuarios, son políticas imprescindibles en este momento y al ministerio le ha tocado abordarlas en una urgencia evidente. Con lo cual, este decreto, sinceramente -y que sean conscientes todas las fuerzas políticas
que están pensando votar en contra-, es imprescindible para salvaguardar la integridad de las personas que acuden a los juzgados, por mucho que contenga medidas que sean perfectibles, que por supuesto que lo son y estamos convencidos de que el
ministerio va a seguir trabajando constantemente para que se mejoren. Nuestro grupo se compromete, por supuesto, como han dicho muchos de los que han intervenido, a seguir trabajando en medidas necesarias para mejorar la justicia: cobertura de
plazas en comisiones de servicio, sustituciones voluntarias y contrataciones de personal interino de las bolsas de trabajo, que es lo que están solicitando los sindicatos y que es algo absolutamente imprescindible, por supuesto. Además, estamos
convencidos de que este decreto hay que llevarlo a la práctica y no se puede llevar a la práctica sin el apoyo y el consenso de los sindicatos. Estamos seguros de que ese consenso va a ser una realidad en breve, por eso nos comprometemos a trabajar
para que esto sea posible y para evitar que el colapso de la justicia heredado se convierta ya en estructural.
Nada más. Para acabar, como en estos días, quiero desear a toda España salud, mucha salud. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con su venia, señora presidente.
Me adhiero a las palabras del señor ministro de pésame a los parientes de los fallecidos, de deseos de recuperación a los que están enfermos y de agradecimiento a quienes hacen posible la prosecución de la vida nacional, aunque en
condiciones muy deprimidas. Lamento que esta vaya a ser mi única adhesión a sus palabras.
No he entendido el tono de su intervención, ni del inicio ni del final. El tono del inicio me ha parecido de exigencia de un voto a favor y luego, insensiblemente, ha pasado a un tono casi de implorarnos de rodillas que votásemos a favor.
Algún portavoz que ha tomado la palabra ha dicho que usted estaba sometiendo a esta Cámara a un chantaje. Usted es hombre de leyes y esto no se lo puede permitir en esta tribuna. Usted no viene aquí a implorar ni a exigir ni a chantajear, usted
viene aquí simplemente a ser controlado. Este es un acto de control de una disposición del Gobierno con fuerza de ley. El controlado es su Gobierno, no esta Cámara; no somos los sujetos de ninguna de esas actitudes. No hubiera sido innecesario
aclarárselo, pero me siento en la obligación de hacerlo.
El real decreto-ley sometido a convalidación contiene unas medidas procesales urgentes, organizativas y tecnológicas. Voy a destacar lo que consideramos inaceptable, porque ya anticipo que nuestro voto será negativo. Hay una reacción cuasi
unánime de oposición de los profesionales del derecho a la habilitación de los días 11 a 31 de agosto. El Colegio de Abogados de Madrid considera incluso que pudiera ser inconstitucional. Usted dice que no, que esto cuenta con consenso. No es
así, como les he dicho aquí, y lo dice el comunicado del Colegio de Abogados de Madrid, que indica que ha prescindido del grupo más numeroso de profesionales del derecho, que es el de los abogados. Y nos dice usted aquí que habla en nombre de todo
el sector justicia -sin preposición: sector justicia-. Yo no sé qué significa esto, pero me da la impresión de que lo que usted ha querido decir no es cierto. La protesta ha dado lugar a una reacción del Consejo General del Poder Judicial, que
dice que hay que limitar en lo posible las vistas orales durante el mes de agosto. También se ha explicado. Y hay, además, protestas en los colegios relativas a la necesidad de un calendario para la reanudación progresiva de la actividad judicial,
a lo que el ministerio del que es usted titular provee, solo relativamente por cierto, por medio de la orden 394/2020, de 8 de
mayo, publicada al día siguiente en el BOE, aprobada antes incluso de la convalidación de este real decreto-ley. Esta es una forma de actuar en la producción normativa un tanto heterodoxa; no digo que inválida, pero rara. En todo caso, es
expresiva de poco respeto a esta Cámara. También se ha dicho, entre otros por el Consejo de la Abogacía catalana y por muchos colegios de abogados, que antes del reinicio de esta actividad judicial se deben adoptar medidas necesarias de protección
higiénico-sanitaria, cosa que no está totalmente garantizada.
¿A qué se debe todo esto, este defecto de negociación con los interesados? ¿Es torpeza? ¿Es caída una vez más en la tentación totalitaria? No lo sé. La institución de la negociación existe en la Constitución: en el artículo 37, para el
ámbito laboral; en el 16.3, para confesiones religiosas; en el 51.2, para el consumo, etcétera. Es algo que se practica en todos los Estados occidentales. Ustedes aquí han querido desconocer tal cosa. En estas condiciones, ¿usted es ministro de
un Gobierno que nos dice y reitera de una forma machacona que quiere pactar? ¿Pero qué es lo que quieren ustedes pactar? Ustedes no quieren pactar nada. De 182 propuestas presentadas a la solicitud de autorización de prórroga del estado de
alarma, el Gobierno solamente ha aceptado cuatro, sin contenido material, del Partido Nacionalista Vasco. Ha rechazado todas las demás, de todos los grupos, desde Bildu hasta VOX. Y ahora nos convocan a esta Comisión de reconstrucción, que, en
estas condiciones tan poco amables con el pacto, me da la impresión de que es más bien una pantomima, en la que, de modo sorprendente, colabora con este Gobierno desfalleciente el Partido Popular, que, por cierto, no presentó ninguna propuesta ni
ninguna solicitud de autorización de la prórroga, y no sé por qué; debe ser que les parecía todo muy bien, a pesar de lo que dicen, pero que no hacen.
Artículo 2.1 de este real decreto-ley, artículo aterrador, eso de poner a cero el contador para los plazos procesales. Se han apresurado la secretaría técnica y la Fiscalía General del Estado a decir que también para los plazos de la
instrucción penal, con lo cual, estamos en una interpretación derogatoria -otro modo heterodoxo de actuar en la producción de normas- del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nosotros somos partidarios de la derogación de ese
artículo, pero no de esta forma. Las cosas se hacen bien y con garantías del justiciable y como el derecho reclama y exige.
Artículo 24, el de los famosos juzgados y órganos judiciales asociados al COVID. ¡¿Pero esto qué es?! ¡¿Que el ministro de Justicia dice que va a transformar órganos judiciales que conozcan exclusivamente procedimientos asociados al
COVID?! Mire usted, señor ministro, esto es contrario a la prohibición constitucional de tribunales de excepción, artículo 117, y es contrario al principio de unidad jurisdiccional y, además, es contrario a lo que dispone el artículo 98.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que dice que la especialización -no especialidad, que sería constitutiva de tribunal de excepción- compete al Consejo. ¿Qué es esto? ¿Una invasión del Poder Judicial? ¿Estamos ya adentrándonos de lleno en el camino
chavista? Inaceptable por completo.
En cuanto a las medidas -me quedan cincuenta y seis segundos- concursales y societarias, hay aciertos, indudablemente, pero son escasos. No puedo detenerme -me hubiera gustado hacerlo si me hubieran dado los tres minutos que veo que me
corresponden con arreglo al Reglamento, pero no ha sido así-, pero sí le puedo decir que esas carencias quizá tienen su expresión mejor en que ustedes, de modo inexplicable, promulguen o publiquen el texto refundido de la Ley Concursal y, sin
embargo, estando pendiente de la trasposición de la Directiva 1023/2019, que es la que establece medidas de alarma preventiva, no hayan anticipado siquiera elementos de trasposición en este real decreto -que hubiera sido muy deseable en general- en
atención a las pymes. Es muy llamativa la carencia de una reconfiguración en el real decreto de los acuerdos extrajudiciales de pago concebidos para las pymes, muy significativa; ustedes la omiten por completo. Y hay también otras carencias en el
orden del régimen legal de acuerdos de refinanciación y, en general, de mejora de eficiencia de los procedimientos concursales, particularmente en términos de costes, como esa directiva europea advierte e incluye. Como digo, hubiera sido
aconsejable aprovechar esta oportunidad.
En conjunto, no podemos adherirnos a este real decreto-ley por las razones expuestas; algunas de ellas -como ven ustedes- rozan perfiles de inconstitucionalidad y violación de derechos fundamentales.
He terminado, gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Rojas García.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, con su venia, mis primeras palabras quiero que sean in memoriam de todos nuestros compatriotas fallecidos a causa del COVID-19; nunca los olvidaremos, siempre estarán en nuestra memoria y en nuestro corazón. Quiero expresar un
agradecimiento sincero a todos los sanitarios que están en primera línea, orgullo de nuestra patria y, en general, un enorme reconocimiento a todos los españoles por su perseverancia y por su solidaridad.
Señor ministro, le agradezco sinceramente el tono de su exposición y, desde el Grupo Popular, le proponemos que este real decreto sea tramitado como proyecto de ley, así podrá haber propuestas de corrección de esta norma que, a la luz de la
intervención de muchos grupos políticos, se le han advertido en esta Cámara en el día de hoy. Estamos -ya lo sabe- para ayudar a los españoles y para remar todos juntos en la lucha contra esta pandemia.
La justicia, como pilar del Estado, ha de tener un papel principal en los recios tiempos que nos aguardan, señorías, empero, este real decreto nace herido por la falta de consenso con los operadores jurídicos. Señor ministro, no voy a
recitar la catarata de críticas, porque quiero ser constructivo y, además ya lo han hecho otros portavoces. Soy consciente de que a veces no es fácil propiciar una gran mayoría de apoyo, pero hay que intentarlo y más en estas circunstancias, cuando
el Gobierno viene cayendo en distintos errores sucesivamente y de la misma manera. El Gobierno pide que le apoyemos, pero no ofrece diálogo y cierra la transparencia -grave error-; el señor Sánchez ha cerrado el portal de transparencia. Señorías,
se permitieron concentraciones de cientos de miles de personas en todo el país cuando ya el Gobierno había sido advertido de la gravedad de la pandemia, y no lo reconocen. Se puso la ideología por delante de la salud y luego se ha sido terco antes
que humilde y se siguen sin reconocer los errores por parte del Gobierno. Es más, desde el Gobierno se persevera en ellos: se siguen dando informes falsos, se sigue mintiendo sobre los test, continúa el caos con los equipos de protección
individual, ni siquiera dan los datos reales de fallecidos. Lo último es que se niega a provincias como Granada -mi provincia- el cambio de fase en la desescalada cuando hay distritos sanitarios que cumplen perfectamente con lo exigido y nadie en
el Gobierno explica por qué, nadie da explicaciones a las injusticias que se están haciendo, señorías. Toda esa caterva de errores y mediocridades son un lastre para avanzar, señor ministro. No les pongan pesos a los remos si de lo que se trata es
de remar todos juntos y de avanzar más rápido; actúen al nivel de lealtad que les está ofreciendo el Partido Popular desde el primer momento.
En este real decreto -y usted lo ha dicho- hemos mantenido un diálogo franco con usted y estuvimos de acuerdo en las líneas generales, pero lo que finalmente se presentó iba más allá, y ahí no podemos estar de acuerdo; no podemos estar de
acuerdo en una interpretación holística de este decreto, como así lo dijimos, con extraordinaria lealtad, veinticuatro horas antes de que fuese aprobado, en boca de nuestro presidente. Y no nos gustan, señorías, las últimas declaraciones del
ministerio de que si cae el decreto en el Congreso se hará de otra manera. ¿De qué manera? Tampoco el informe de la Fiscalía General que ha sido aquí citado y dice que están a la espera de que se derogue el 324 de la Lecrim. La Fiscalía no debe
dictar lo que debe derogar el Congreso. Tiene que haber un respeto a la Constitución, un respeto a la separación de poderes y un respeto a la democracia y a lo que se hace en el Congreso, que no se puede cerrar por mucho que algunos lo hayan
intentado. El estado de alarma se ampara en el Congreso, no acaba con él. El estado de alarma no puede generar alarma en nuestras libertades y nuestros derechos, y si van por ese camino nos van a tener enfrente, señoría.
En cuanto a la vuelta a los juzgados, señoría, es necesaria esa vuelta al trabajo, pero con seguridad, con equipos de protección y dotación económica que no se contemplan en este decreto. Aquí se citan los juicios telemáticos excepto los
procedimientos penales graves. Es lógico, puesto que ahí el principio de inmediación tiene que jugar con toda su intensidad, pero las vistas telemáticas han de tener el suficiente soporte técnico y formativo de todos los juzgados de España sin
excepción, porque, si no, se va directamente contra el artículo 24 de la Constitución. Respecto al Registro Civil, estamos en la misma línea y es nuestra propuesta.
Señoría, hay una importante cuestión, la seguridad jurídica -y usted la ha citado, artículo 9.3 de nuestra Constitución-, que está en riesgo con las medidas de su Gobierno. Respecto a la misma, cuidado con el asunto de los plazos que recoge
real decreto y las dudas sobre su constitucionalidad, porque se incluyen en los de instrucción, según la Fiscalía, y con tabla rasa.
Por otro lado, este real decreto toca una norma aprobada aquí hace apenas unas semanas, señoría, como es el Decreto 11/2020, aún en trámite parlamentario. La catarata de normas de las últimas semanas puestas, quitadas, cambiadas, anuladas y
rectificadas, generan un puzle normativo como jamás habíamos
visto y que no va precisamente a favor de la seguridad jurídica. Son las andanadas de su Gobierno a este principio y en parte también son las garras populistas de un Gobierno que en el estado de alarma no duda en llevar al límite la
libertad de expresión, al límite la libertad de movimientos de los ciudadanos, al límite el ejercicio de la democracia o el más mínimo sentido común, tomando decisiones que cambian a las tres horas sin dar ningún tipo de explicaciones, señorías.
Introducen los términos como ocupación apenas se les presenta una oportunidad en alguna orden y lo publican en el BOE. Por cierto, publican el BOE los domingos por la tarde, dando muy poca certeza a la ciudadanía, y los ciudadanos queremos tener
certeza en un Gobierno en una crisis como esta, pero no la tenemos, tan solo tenemos la certeza de sus errores. Las cosas se pueden hacer de otra manera.
Su ministerio no puede ser cómplice de esta forma de gobernar y su señoría tiene que pronunciarse ante las declaraciones del vicepresidente Iglesias, en las que ataca la justicia por segunda vez con cajas destempladas desde su asiento de
vicepresidente. Señoría, no es normal por mucho que le quieran dar normalidad. El señor Iglesias no puede decir que la justicia es corrupta y quedarse libre de mácula y sin ningún tipo de contraindicación por parte de su ministerio. El señor
Iglesias no puede llamar a los jueces togados reaccionarios y usted guardar silencio. Señoría, si usted no riega el respeto que ha crecido en su trayectoria, este respeto se secará, porque el respeto hay que ganarlo también día a día. Esas
declaraciones no son solo libertad de expresión, como usted ha defendido aquí, en el Congreso, no; esas declaraciones rebasan este bien jurídico para calumniar directamente a nuestra justicia como pilar básico del derecho, algo severamente
reprochado por el Consejo de Europa y las democracias consolidadas. Bájese del asalto a los cielos y póngase al lado de los que defendemos la libertad, gánese el respeto de todos defendiéndonos a todos. Por cierto, señoría, no acompaña su Gobierno
el fervor de la ley del encaje, aquella que definió Cervantes y que tiene cabida con los ignorantes que presumen de agudos, aquella que ha utilizado el ministro del Interior para decir en esta Cámara que él lleva aplicando dos años una ley a la que
llama mordaza. ¿Cómo es posible que tache de mordaza la propia ley que aplica y se quede tan ancho, señoría? ¿Cómo es posible tamaña barbaridad?
Usted sabe que cuando las palabras dejan de tener significado, la justicia empieza a estar en retirada. Voy concluyendo, señora presidenta. Algunos quieren rebasar la Constitución aprovechando el dolor y la confusión que estamos viviendo
en tiempos desconocidos. Algunos quieren tocar nuestras libertades cuando estas son más necesarias que nunca, mas el pueblo español es un pueblo valiente que no quiere ningún tipo de tutelaje y menos uno convertido en disfraz y en excusa desde el
Gobierno. No queremos que pongan como excusa el ancla de la ideología en todos y cada uno de los españoles, ni queremos que nos arrastren hacia sitios donde no queremos ir; queremos vivir en libertad, cada día más en libertad, cada día con más
libertad y no retroceder.
Finalizo. Señorías, señor ministro, el Estado no está para controlar a nadie, el Estado está para proteger, y todos estamos ofreciendo nuestro apoyo a las autoridades sanitarias para controlar esta pandemia, pero jamás claudicaremos ante
los intereses puramente partidistas de ninguna ideología gubernativa, solo estaremos con los intereses de los españoles libres e iguales. Creo que día a día...
La señora PRESIDENTA: Señor Rojas, tiene que terminar, por favor.
El señor ROJAS GARCÍA: Concluyo inmediatamente, señoría.
Nuestra mano sigue tendida, sigue tendida y va a seguir estándolo, señor ministro, pero para hacer las cosas bien, con ánimo constructivo. Estamos dispuestos a ir con ustedes sin duda, pero cuando el interés general sean siempre los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rojas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias señora, presidenta.
Quisiera que mis primeras palabras fueran para transmitir mi más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos en esta pandemia, también para desear una pronta y segura recuperación a quienes están convalecientes, así como para
agradecer el trabajo de todos los y las profesionales que combaten en primera línea este virus.
Ministro, gracias por el trabajo diligente, sensato y eficaz de su ministerio, gracias por su intervención detallada y por ese necesario real decreto que pone la justicia al servicio de la ciudadanía.
Señorías, el artículo 1 de la Constitución establece que España es un Estado social y democrático de derecho. Así, el pilar judicial aparece ya en el frontispicio de la norma máxima, en la definición misma de nuestro Estado. El artículo
24.1 establece que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a una tutela judicial efectiva, y es por ello que el Gobierno ha velado siempre por la conciliación del derecho a la salud y la protección frente al virus con el efectivo derecho a esta
tutela judicial efectiva. El Gobierno, señorías, ante una pandemia mundial sin precedentes, ha puesto en marcha la mayor batería de medidas sanitarias e higiénicas, logísticas, de protección social y de garantías laborales y económicas de toda la
historia. Es por ello que no se puede por menos que agradecer el trabajo de los miles de servidores y servidoras públicos que en estas ocho semanas han sostenido nuestro Estado; su esfuerzo, abnegación y entrega, especialmente el personal
sanitario, han sido nuestro sostén como sociedad.
Señorías, la ciudadanía deposita su confianza en nuestra capacidad para estar a la altura y para llegar a acuerdos que redunden en su beneficio, tras demostrar ellos y ellas su ejemplar actitud, su civismo y su sacrificio durante estas ocho
semanas. Por ello nos hemos de conducir a través de los argumentos y la verdad, el respeto y la tolerancia, el trabajo y los acuerdos. Estas son las herramientas necesarias para responder a la confianza ciudadana.
Como ustedes saben, esta pandemia es una enfermedad que asola a nuestro planeta, una crisis sanitaria inédita en el último siglo. Señorías, uno no elige cuándo llega una pandemia, como tampoco elige cuándo se produce un tsunami o un
terremoto. Uno no elige el lugar desde el que le toca asumir sus responsabilidades cuando la crisis nos golpea, pero uno sí elige cómo ponerse y cómo actuar, uno sí puede elegir entre sumar sus capacidades al conjunto de las capacidades o restar, y
esa elección, señorías, nos pone frente a nuestros límites y delante de nuestros valores y de nuestra ética. Estamos ante una crisis que desafía nuestros cimientos y nos pone a todos y a todas a prueba. Ante un presente cambiante y ante un futuro
que se nos antoja incierto y donde la ciudadanía, con lógica razón, demanda seguridad y certezas, el Gobierno ha trabajado incansablemente, abriendo la mano desde el primer día a la unidad en el presente y a la reconstrucción en el futuro. Por
ello, preocupan actitudes, palabras -incluso algunas subidas de tono- y algunas decisiones ajenas a la lógica, a no ser que respondan a equivocadas estrategias partidistas.
Por cierto, señorías del PP, hablando de certezas, una certeza que tenemos es que ustedes van a remolque de la ultraderecha todavía. Señorías del PP, con todos mis respetos, yo creía que en su aspiración política cabía más ambición que la
de ser los teloneros de la ultraderecha. No se me enfaden, porque no tengo prejuicios contra los teloneros, incluso a veces tocan mejor que el grupo principal, pero no me negarán que sus intervenciones aquí últimamente solo sirven para animar al
público que espera al verdadero actor de la derecha. ¡Una lástima!
Señorías, en este plan de justicia pos-COVID, el real decreto contempla medidas de aplicación urgente, temporales y necesarias, dirigidas a evitar el colapso judicial, procurar una mayor diligencia, garantizar la salud de las y los
trabajadores y velar por la protección de los derechos de la ciudadanía en estos momentos de crisis sanitaria. El ministro lo ha explicado perfectamente. Este decreto, por tanto, sitúa a las personas en el centro de los procesos al dar un trato
preferente a causas vinculadas al periodo de confinamiento.
Señorías, los ciudadanos han necesitado y necesitan de la ciencia y la medicina. Ahora también necesitarán de la justicia, y la justicia no es solo una administración o un conjunto de procedimientos, sino que representa la gestión de
problemas diarios y urgentes, de problemas que tienen rostro, como el drama de la violencia de género. Por ello es importante este real decreto y su aplicación con todas las garantías y seguridad en sus normas y procedimientos, atendiendo también a
la debida perspectiva de género, tal y como recoge la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Señorías, merece la pena estar unidos.
Señorías del PP, ¿por qué se oponen a convalidar un decreto al que ustedes no han puesto pegas y que ha sido trabajado y consensuado con sus consejerías? Saben que el ministro, hoy también, les ha tendido la mano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué
se dejan arrastrar por la corriente del cuánto peor mejor? La realidad es tozuda. Ustedes anteponen sus estrategias partidistas al interés general. Con todo el respeto que les tengo, se equivocan y lo saben. Esperemos que rectifiquen en el
futuro. Tenemos claro cuál es la posición, pero no tenemos tan claro cuál es la alternativa que ofrecen. Señorías, el gran reto no es generar problemas, sino generar soluciones. En esta pandemia hay quien, aun pudiendo cometer errores, desde
la izquierda a la derecha, está haciendo todo lo posible para paliar los efectos de la crisis y derrotar al virus. Lo hacen de buena fe y sometidos a una presión para la que nadie estaba avisado. Otros se han situado detrás de una indigna
barrera conformada por la mentira, el bulo, la desestabilización y los palos en las ruedas.
Señorías de VOX, oyéndoles recuerdo a veces a Machado, aquello que decía de las nueve cabezas que embisten en España. Sus intervenciones aquí, en el Pleno, no les dejan en muy buen lugar cuando en febrero nos hacían sus interpelaciones, a
no ser que la uve de COVID signifique Venezuela y no lo sepamos todavía. Pero es que además son ustedes muy poco patriotas. El patriotismo, como dije en la sesión anterior de Comisión, no se mide por el tamaño de la bandera ni por el rojo del
pimentón, se mide por saber estar a la altura donde la historia nos ha situado. Ustedes actúan como terraplanistas de la política, y aquí me permito citarles a Marco Aurelio, cuando decía aquello de: si no es correcto, no lo hagas; si no es
verdad, no lo digas.
Señorías -y con esto acabo, señora presidenta-, muchas veces creemos que para ganar un debate hemos de aceptar el terreno de juego que se nos ofrece -un terreno ponzoñoso- y ahí ganar con las mismas armas a nuestro adversario, pero no es
así. La democracia se engrandece con la palabra y el parlamentarismo se reivindica desde el respeto. Hay terrenos de juego que en política no se han de pisar, por mucho que nos jaleen. Han de ser esquivados, aislados y rechazados. Ahí se halla,
con la legítima controversia y discrepancia, la política que vale la pena. Señorías, como dijo Luther King, siempre es el momento propicio para hacer lo correcto.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna). Gracias.
Votaremos en tres minutos. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE LA FATIGA CRÓNICA. (Número de expediente 140/000001).
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de las votaciones, vamos a dar lectura a una declaración institucional del Congreso de los Diputados, consensuada por toda la Cámara, sobre el Día Mundial de la fibromialgia y síndrome de la fatiga
crónica.
El señor secretario tercero dará lectura a dicha declaración.
El señor SECRETARIO (Sánchez Serna): Con motivo de la conmemoración, el 12 de mayo, del Día Mundial de la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, el Congreso de los Diputados expresa su adhesión a esta jornada que se conmemora en todo
el mundo y expresa la necesidad de continuar trabajando por el impulso de la investigación, para la formación, para promover la concienciación social tan necesaria para eliminar el estigma social que, desgraciadamente, a día de hoy se continúa
detectando en el entorno familiar, social y laboral más próximo a las personas afectadas por estas dolencias. Es necesario trabajar para normalizar estas patologías.
El Congreso de los Diputados expresa también su reconocimiento por todas las personas afectadas que, desgraciadamente, todavía se encuentran con la incomprensión y el azote de la incredulidad y con la discriminación, ambas motivadas por un
desconocimiento de cómo afectan a las personas estas dolencias crónicas. Son dolencias de las cuales todavía se desconoce su etiología, que tienen una elevada prevalencia y que afectan, mayoritariamente, a la población femenina. Este sesgo de
género provoca a día de hoy una doble discriminación hacia la persona afectada: por un lado, por el hecho de sufrirla y por ser mujer, y por otro, en el caso de los hombres, para atribuirles errónea y despectivamente sufrir una dolencia considerada
'de mujeres', por sufrir 'una dolencia de mujeres'.
El Congreso de los Diputados apela a la empatía de las personas, de la sociedad civil y de los poderes públicos para que se adhieran a esta jornada, para que entiendan la complejidad de lo que vive y sufre más del 3 % de la población en
España y para que trabajen con efectividad, a fin de que el próximo año se haya avanzado en el abordaje y en la investigación de estas dolencias.
Congreso de los Diputados, a 13 de mayo de 2020. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000016).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 50 más 299 votos telemáticos, 349; a favor, 29 más 172 votos telemáticos, 201; en contra, 7 más 45 votos telemáticos, 52; abstenciones, 14 más 82 votos telemáticos, 96.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 50 más 299 votos telemáticos, 349; a favor, 48 más 293 votos telemáticos, 341; en contra, 2 votos telemáticos; abstenciones, 2 más 4 votos telemáticos, 6.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL, DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 130/000017).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 50 más 299 votos telemáticos, 349; a favor, 25 más 153 votos telemáticos, 178; en contra, 21 más 140 votos telemáticos, 161; abstenciones, 4 más 6 votos telemáticos, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 50 más 299 votos telemáticos, 349; a favor, 49 más 297 votos telemáticos, 346; en contra, 2 votos telemáticos; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.