Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 154, de 01/02/2022
cve: DSCD-14-PL-154
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 154
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 147
celebrada el martes,
1 de febrero de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- De la Junta General del Principado de Asturias, de declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica radicada en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 196-1, de 22 de
octubre de 2021. (Número de expediente 125/000013) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYME) en la contratación pública. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 216-1, de 14 de enero de 2022. (Número de expediente 122/000194) ... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la conectividad y de la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 344, de 15 de octubre de 2021. (Número de expediente
162/000848) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del Ministerio de Consumo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 381, de 27 de diciembre de 2021. (Número de expediente 162/000892) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE núm. 307, de 23 de diciembre de 2021). (Número de
expediente 130/000070) ... (Página50)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página66)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página67)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página67)
SUMARIO
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)
De la Junta General del Principado de Asturias, de declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica radicada en España ... (Página4)
En turno a favor intervienen las señoras Carcedo García, del Grupo Parlamentario Socialista; Mallada de Castro, del Grupo Parlamentario Popular, y Vallina de la Noval, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, representantes de la Junta
General del Principado de Asturias.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Miquel i Valentí y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Figaredo
Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Gázquez Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor García Morís, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYME) en la contratación pública ... (Página19)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Del Valle de Iscar, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López-Bas Valero, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Del Valle
Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX, y Postigo Quintana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la conectividad y de la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Fagúndez Campo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Guitarte Gimeno y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Granollers
Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y el señor Calvo Liste, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Fagúndez Campo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del Ministerio de Consumo ... (Página39)
Defiende la proposición no de ley la señora Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ortega Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Riolobos Regadera.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página50)
Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ... (Página50)
La señora ministra de Sanidad (Darias San Sebastián) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; y Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Sabanés Nadal y Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario
Republicano, y Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Jara Moreno, del Grupo Parlamentario VOX, y Prieto Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias, de declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica radicada en España, se
aprueba por 262 votos a favor más 12 votos telemáticos, 274; y 66 abstenciones más 1 voto telemático, 67.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página67)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de
regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, se aprueba por 275 votos a favor más 13 votos telemáticos, 288; y 55 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página67)
Sometido a votación el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se aprueba por 155 votos a favor más 7
votos telemáticos, 162; 149 en contra más 4 votos telemáticos, 153; y 26 abstenciones más 2 votos telemáticos, 28.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 320 votos a favor más 11 votos telemáticos, 331; 2 en contra más 2 votos telemáticos, 4; y 8 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE DECLARACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE MUY ALTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RADICADA EN ESPAÑA. (Número de expediente 125/000013).
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías.
Se abre la sesión. Ocupen sus escaños, por favor. (Rumores).
Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias de declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de
energía eléctrica radicada en España. Es por ello que nos acompañan tres representantes de la Junta General del Principado de Asturias, que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la
Cámara. Sean muy bienvenidas las tres, doña Dolores Carcedo García, doña María Teresa Mallada de Castro y doña Ángela Rosa Vallina de la Noval. (Rumores).
Les pido un poco de silencio para poder empezar con la presentación de la iniciativa y el debate del punto del orden del día que nos ocupa.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, la señora doña Dolores Carcedo García. (Aplausos).
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo García): Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. En un escenario económico global...
La señora PRESIDENTA: Perdone un segundo, señora Carcedo. Si usted lo desea, en la tribuna se puede quitar la mascarilla.
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo García): Como decía, en un escenario económico global de constante volatilidad y en permanente transformación, dotar a la industria de muy alto consumo
eléctrico -esencial en Asturias y en España- de un carácter estratégico y de un estatuto específico frente a los costes de la electricidad que merman su competitividad es apostar decididamente por el futuro industrial de nuestro país. En su
comunicación Un nuevo modelo de industria para Europa la Comisión Europea no deja lugar a dudas: las industrias que consumen mucha energía son indispensables para la economía de Europa. Proteger esa industria es el objetivo de la proposición de
ley de la Junta General del Principado de Asturias que hoy llega a esta Cámara para su toma en consideración.
Estamos hablando de industrias de materias primas y bienes de equipo en sectores como el siderúrgico, el metalúrgico, el químico o el cementero. Se trata de una industria tradicional cuya relevancia trasciende su peso en nuestro sistema
económico porque aporta valores singulares que deben tenerse en cuenta: ofrece empleo directo e indirecto, estable, de calidad y alta cualificación; significa una apuesta territorial fuerte y enraizada frente a los riesgos de deslocalización;
posee una innegable capacidad tractora sobre el territorio, generadora de tejido empresarial; dedica importantes recursos a la innovación y el desarrollo tecnológico, y está comprometida con la transición energética y la descarbonización. A todas
estas singularidades debemos sumar una más, puesta de manifiesto desde los primeros rigores de la pandemia y que se ha evidenciado en este nuevo tiempo de inciertas relaciones internacionales. Proteger esta gran industria básica es apostar por un
modelo productivo más seguro y menos dependiente de agentes externos, por una soberanía estratégica que hemos aprendido a valorar ahora aún más. Una industria fuerte nos hace más fuertes como país.
Lo sabemos bien en Asturias, donde la defensa de nuestra gran industria es un empeño colectivo. Asturias es una tierra de asentada tradición industrial en la que el peso del carbón ha marcado el modelo productivo a lo largo de décadas. Ha
vivido durísimas reconversiones a lo largo de su historia reciente. En los últimos años, el proceso imparable de la descarbonización y los crecientes costes energéticos, entre otros factores, han supuesto para la gran industria una vuelta de tuerca
con evidentes repercusiones económicas y sociales. Estamos preparados para la transformación que los tiempos exigen y, aún más, aprovecharemos todas las oportunidades que ese reto ofrece, pero, al mismo tiempo, no renunciamos a nuestra tradición
industrial. La industria sigue siendo la fuerza tractora de Asturias y puede convivir perfectamente -porque lo ha hecho siempre- con nuestra asentada marca de paraíso natural, también con el impulso a las pymes o con la llegada de nómadas digitales
al lado del pujante sector agroalimentario o de las múltiples vías que abren la ciencia y la innovación. Nada es excluyente. (Rumores).
El actual Gobierno de España ha dado pasos a favor de esta industria desde 2018 y ha incrementado considerablemente los recursos para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2. Las ayudas para la eficiencia energética han
resultado ser un mecanismo útil también para la gran industria y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge el porcentaje máximo permitido por la normativa comunitaria para la compensación de los efectos de los costes indirectos por
las emisiones de CO2. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo García): El Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, por su parte, si bien ha constituido un paso adelante al aportar un marco regulatorio estable, se ha
mostrado insuficiente con respecto a la industria altamente electrointensiva, como en su día señalamos desde Asturias, Galicia y Cantabria. Sabemos que las amenazas que gravitan sobre la industria de muy alto consumo eléctrico son varias y de
distinta naturaleza, y así han de ser las respuestas: múltiples, complementarias y desde diversos ámbitos. (Rumores).
Al Gobierno de España le reclamamos un mecanismo sustitutivo del servicio de interrumpibilidad y avanzar en la necesaria ley de industria. En el ámbito europeo es imprescindible la puesta en funcionamiento del arancel ambiental y también la
reforma del sistema de fijación de precios energéticos de carácter marginalista que el Gobierno de España sigue defendiendo ante la Unión Europea. Mientras llegan soluciones más globales, son posibles -como el propio Estatuto de Consumidores
Electrointensivos recoge- otros mecanismos de política industrial, comercial, energética, fiscal o medioambiental. Así entendemos esta proposición de ley, como un nuevo paso para la protección de la gran industria básica de nuestro país. Así la
considera la Junta General del Principado de Asturias, que recoge también el sentir de una amplia representación política, económica, social y académica de Asturias unida en alianza por la industria, porque mantener el carácter industrial de
Asturias es prioritario, como lo es también para otras comunidades autónomas y lo es para España.
Experta en reconversiones y con una larga historia de resiliencia cuando aún no existía esa palabra, Asturias avanza en el camino de la trasformación de su sistema económico y productivo, plenamente consciente de los retos a los que se
enfrenta, innovando, conservando y reinventándose. Tenemos un pasado de tradición industrial y queremos un futuro también industrial, que será sin duda más verde, digital y sostenible. Esto es lo que defiende esta proposición de ley para Asturias
y para nuestro país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carcedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señorías, les pido un poco más de silencio por respeto al orador. Se lo pido habitualmente, pero más cuando tenemos como oradores a representantes de la ciudadanía que vienen de otros Parlamentos.
En segundo lugar, también para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora doña María Teresa Mallada de Castro. (Aplausos).
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Mallada de Castro):
Señora presidenta, señorías, es para mí un honor dirigirme a esta Cámara, depositaria de la soberanía nacional, para reclamar, en primer lugar, que la industria de muy alto consumo eléctrico sea considerada como estratégica y, en segundo
lugar -y de manera irrenunciable-, que en el plazo de tres meses se apruebe un estatuto que garantice la competitividad del sector y que evite la destrucción de empleo y la deslocalización de industrias hacia países con menor coste eléctrico.
Alguien puede preguntarse qué lleva a una amplísima mayoría de la Junta General del Principado a apoyar esta iniciativa. Es sencillo, señorías: en Asturias no podemos permitirnos perder otra empresa ni perder otro empleo, porque tenemos la
peor tasa de población activa del país, una de las peores evoluciones demográficas en Europa, un progreso del PIB nefasto y los problemas de Asturias son tan graves en general que, si los dirigentes políticos no hacemos un ejercicio de
responsabilidad y nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, no habrá futuro para nuestra tierra. Hoy no es el día de buscar culpables, pero, si alguien tiene interés en conocerlos, solo tiene que leer la reciente justificación que el Gobierno
socialista asturiano ha hecho para crear su último elemento dinamizador de la economía, que es la Agencia de la Ciencia. En ella, la ejecutiva del partido que lleva treinta y cinco años gobernando Asturias desde 1982 dice literalmente que en
nuestra región hay escasa inversión, escaso empleo y escasa productividad. Añade también textualmente que falta liderazgo político. Si lo dicen ellos yo no tengo nada más que añadir. Pero hoy no toca ese debate. Hoy toca arrimar el hombro y toca
hacerlo para evitar un nuevo descalabro de nuestra industria, un sector que viene sufriendo deslocalizaciones, cierre de minas y cierre de centrales térmicas y que resulta vital para no terminar de convertir nuestra tierra en una selva con
demasiados lobos, gracias al Partido Socialista, pero sin empleo.
La situación es de extrema gravedad. El gasto eléctrico en España se ha duplicado en nuestras compañías, forzando paradas de producción o abocándolas al cierre. Y es que el precio final del megavatio
en España duplica al de Francia y casi al de Alemania, países que además cuentan con compensaciones que son eficaces. Puedo compartir que el sector eléctrico necesita un marco europeo que ataje la dispersión regulatoria, como pide la CNMC,
pero hasta entonces vamos a utilizar instrumentos que nos han resultado válidos. No hace falta inventar nada. Teníamos las compensaciones de la subasta de interrumpibilidad del Gobierno de Rajoy, adaptables a las exigencias europeas, y tenemos el
ejemplo de las compensaciones autorizadas por Bruselas que tienen Francia, Alemania o Italia. (Aplausos). Ya lo decía Miguel de Unamuno: 'Que inventen ellos'. Y, curiosamente, ponía como ejemplo la electricidad añadiendo: 'La luz eléctrica
alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó'. Pero ya ven ustedes que no es así. La luz eléctrica no alumbra igual para nuestra industria que para ellos, para otros países de Europa, y nuestras compensaciones no funcionan porque el Gobierno
socialista las ha desnaturalizado. Han estado ustedes recortando continuamente ayudas a las electrointensivas: de los 600 millones del Partido Popular a los míseros 66 millones en 2020, 170 en 2021, 277 en 2022, siempre por debajo de lo permitido
por la Unión Europea. Por razones políticas han multiplicado por diez las empresas que pueden optar a estas compensaciones, pero han diluido tanto esas ayudas que son absolutamente ineficaces. Y han tardado dos años en aprobar un estatuto para la
industria electrointensiva que resulta que no sirve para la gran consumidora. (Aplausos). Todo eso haciendo oídos sordos a patronal, sindicatos, comunidades autónomas y organismos oficiales, y en medio de una subida brutal del precio de la
electricidad y de los costes por emisiones de CO2. ¿Cómo se explica que en más de dos años no hayan sido ustedes capaces de legislar un mecanismo eficaz de compensaciones para nuestra industria? Resulta tan grosero que se evidencia que puede más
la aversión del Partido Socialista contra todo aquello que suene a gran empresa que su interés por ayudar al sector.
Ayuden a nuestra industria respaldando esta propuesta. Esta propuesta fue aprobada por cuarenta y tres de los cuarenta y cinco diputados de Asturias, solo se abstuvo VOX. Si no la apoyan, se evidenciará de nuevo que no les importa que se
pierdan cientos de puestos de trabajo, tal y como están demostrando con Alu Ibérica. Y, si la apoyan, tendrán que cumplirla en tres meses, tal y como dicta la proposición de ley porque, si no, estarán haciendo hoy aquí un teatro para lavar la cara
al Gobierno socialista de Asturias, que se encuentra encantado en ese teatro, ya que su presidente dice que el Parlamento es una tramoya. Denle a la propuesta la importancia que requiere, porque es una iniciativa absolutamente necesaria para la
pervivencia, en Asturias y en España, de empresas clave para el mantenimiento del empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mallada. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora doña Ángela Rosa Vallina de la Noval.
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Vallina de la Noval): Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Hoy, junto a mis compañeras diputadas de la Junta General del Principado de Asturias, estamos aquí para defender la toma en consideración de la proposición de ley de declaración de carácter estratégico de la
industria de muy alto consumo de energía, radicada en nuestro país. Es una iniciativa que fue impulsada desde nuestro grupo, pero que obtuvo el respaldo de la práctica unanimidad de la Cámara y también de los agentes económicos y sociales de
nuestra comunidad. Por lo tanto, es una propuesta respaldada por toda la sociedad asturiana. Señorías, la primera virtud de esta iniciativa, y más en estos tiempos que corren, es precisamente esa, la de la unanimidad, de la que es una buena
muestra el hecho de que conmigo, portavoz de Izquierda Unida en Asturias, compartan su defensa tanto la portavoz y presidenta del Partido Popular de Asturias como la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotras y el resto de los grupos que han respaldado esta iniciativa estamos convencidas de que España no solo debe tener una industria básicamente potente, sino que debe propiciar las condiciones que permitan su consolidación. Ese debe ser
un objetivo de país. Pero si algo caracteriza a esa industria es que requiere de un muy alto consumo de energía eléctrica, de tal manera que los gastos derivados de ese consumo se convierten en su más importante coste de producción. En España, por
muchas razones, la electricidad es bastante más cara que en muchos otros países de la Unión Europea y eso a medio plazo implica un grave riesgo para la competitividad y la viabilidad de esa industria que genera, señorías, muchos empleos directos en
Asturias -más de 10 000 empleos directos, muchos empleos indirectos y muchos empleos inducidos-, un porcentaje muy significativo de nuestro producto interior bruto y unas cantidades
nada desdeñables de inversión en I+D+i. Todo ello -señorías, escúchenme bien- está en riesgo. Ese riesgo no nos lo podemos permitir; ni se lo puede permitir Asturias, en la que están instaladas algunas de las más importantes industrias
grandes consumidoras, ni se lo puede permitir tampoco España, para quien la fortaleza de esa industria básica es también condición de su propio desarrollo y prosperidad. Esa es la razón que justifica esta iniciativa legislativa. Por eso, resulta
indispensable que se declare el carácter estratégico para nuestro país de esta industria hiperconsumidora de electricidad y que esa declaración lleve aparejados los correspondientes beneficios administrativos, fiscales y de mecanismo de acceso
prioritario y determinación de los precios energéticos que garanticen su competitividad dentro del marco de la normativa comunitaria.
Señorías, hemos impulsado esta iniciativa en interés de Asturias, no lo vamos a negar. Forma parte de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió en su reciente visita a Asturias como la 'agenda asturiana' -agenda que, por
cierto, se comprometió a apoyar; hoy, puede ser así-, pero también es de interés para toda la industria hiperconsumidora de electricidad del resto de España. Es, por tanto, una iniciativa de interés general, fruto de un pacto para su defensa que
aboga por equiparar en todos sus aspectos las políticas destinadas a favorecer la competitividad del sector electrointensivo a las existentes en otros países de la Unión Europea. Las economías fuertes son las economías donde hay una industria
potente, acabamos de verlo con la pandemia. Por eso, merece su respaldo y por eso, señorías, se lo pedimos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallina. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Una delegación de la Junta General del Principado de Asturias nos honra con su presencia en el hemiciclo para defender una iniciativa legislativa en virtud de su capacidad constitucional para
plantearla. Al igual que el pasado mes de mayo, con ocasión de otra proposición de ley promovida por la misma institución relativa al ámbito de la sanidad, el debate de esta tarde me permite rememorar los buenos tiempos en los que debuté como
parlamentario en las filas de Alianza Popular, allá por 1987, en la II Legislatura del órgano de representación del pueblo asturiano. Con aquel entrañable recuerdo, me sumo a la bienvenida a las tres diputadas asturianas y en sus personas saludo
respetuosamente a la totalidad de la Cámara regional.
Señorías, tal y como las tres portavoces acaban de explicar, estamos ante la oportunidad de legislar para dotar a la industria electrointensiva de carácter estratégico, algo que tiene mayor motivación para quienes nos esforzamos en su día
por participar, con alegaciones muy trabajadas, en el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se pretendía regular el Estatuto de Consumidores Electrointensivos; un trámite reconvertido por el ministerio
de la fundamentalista Teresa Ribera en una monumental farsa agravada por una drástica descarbonización que se llevó por delante la soberanía energética de España, cancelando la actividad minera del carbón -nuestro único combustible fósil autóctono-
y clausurando las centrales térmicas de generación eléctrica; en ambos casos, con destrucción de puestos de trabajo sin alternativa socioeconómica, lo que ha llevado a la paulatina desertización de las cuencas y comarcas afectadas. El embuste del
Estatuto de los Consumidores Electrointensivos ha resultado de tal magnitud que esta proposición de ley para declarar el carácter estratégico de una industria de la que dependen acero, zinc, aluminio, química, cemento, etcétera, suple algunas de sus
grandes carencias y trata de paliar la calamidad que azota el presente de la industria básica y que amenaza su futuro. Al respecto, llamo su atención sobre que en la propia exposición de motivos se afirma que si tal declaración no tuviera lugar
significaría de hecho la definitiva condena de la industria básica española altamente consumidora de energía eléctrica. Lo dice el Parlamento asturiano y no resulta una afirmación exagerada.
Señorías, como algunos hemos venido defendiendo tanto aquí, en esta tribuna, como en diferentes órganos del Congreso, son decisivos para el conjunto de la industria de alto consumo energético todos aquellos instrumentos normativos y recursos
presupuestarios que favorezcan su competitividad y que garanticen los miles de puestos de trabajo que giran a su alrededor. Estamos, por lo tanto, ante una cuestión de supervivencia económica y social, porque corren tiempos de creciente inquietud
para sectores
que, además, son clave en el producto interior bruto y en el empleo en aquellas comunidades donde están asentados. La incertidumbre industrial es el resultado de la nefasta gestión de este Gobierno, auxiliado, en el caso de Asturias, por su
homólogo autonómico. Baste señalar que la pasada semana, por una iniciativa inusualmente suscrita por seis de los siete grupos parlamentarios de la Junta General del Principado, se celebró un pleno monográfico sobre la industria con especial
referencia a la situación de la planta de Alu Ibérica en Avilés, cuya desaparición refleja una funesta deriva que se traduce en destrucción de empleo y que tiene también su trágico reflejo en otras comunidades, como es el caso de la vecina Galicia.
Doy mi respaldo a los trabajadores engañados miserablemente por el Ministerio de Industria. Las preocupaciones electrointensivas también las tienen en Cantabria, como bien recuerda constantemente don José María Mazón, diputado del PRC en el
Congreso, con sus iniciativas e intervenciones. Señorías, es conveniente una ley que responda al interés general para dotar a España de un marco normativo específico en torno a la industria básica de alto consumo eléctrico. Es imprescindible y una
cuestión de emergencia este refuerzo normativo ante la absoluta incapacidad del Gobierno para prestar atención y poner remedio a los grandes y muy graves problemas que amenazan a la industria y atenazan su desarrollo. Al respecto, es conveniente
resaltar algunos de sus grandes lastres que la penalizan y asfixian, porque en España no está garantizada la corrección y cancelación del diferencial de coste de la energía eléctrica con los países homólogos competidores, como tampoco están
contemplados los mecanismos y modelos de reducción de costes de electricidad que están vigentes en otros países bajo el amparo de la Unión Europea. Asimismo, es oportuno señalar que la pasada semana el Instituto Nacional de Estadística hizo
públicos análisis sobre la evolución de los precios industriales, que, como era previsible, se han disparado como secuela de los precios de la energía que han convertido a España en destacado líder europeo de las tarifas eléctricas. Las familias,
los comercios, las pymes y la industria pagan más que nadie en Europa, por lo que una vez más viene al caso recordar el texto con el que el PSOE y Unidas Podemos sellaron su acuerdo de Gobierno: Elaboraremos un plan de desarrollo industrial con el
horizonte en 2030 para la transición ecológica y la descarbonización, que permita maximizar las oportunidades, mejorar la competitividad de la industria y crear empleo de calidad y prosperidad, contribuyendo a incrementar la aportación de la
industria al PIB.
Señorías, pasado el ecuador de esta XIV Legislatura, el balance de la acción del Gobierno socialcomunista es inversamente proporcional a lo comprometido para su formación. Tampoco han cumplido su propia oferta de completar la aprobación del
Estatuto de los Consumidores Electrointensivos con el objetivo de potenciar -decían en su acuerdo- la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que estas
mejoren su eficiencia energética y mantengan y generen empleo. El propio Pedro Sánchez, en su investidura, se comprometió a la reducción de la factura de la luz, aunque ya vemos cómo se ha venido disparando e impactando en una inflación que nos
devuelve a décadas atrás, junto con una escalada de costes en toda la cadena de producción que no distingue de sectores ni de tamaño de las empresas. En definitiva, dotar a la industria electrointensiva de carácter estratégico será bueno para
España pero insuficiente si se mantienen los modos y maneras con los que se maneja el Gobierno socialcomunista, y será completamente inútil si esta proposición de ley se convierte en papel mojado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra señor Ruiz de Pinedo Undiano. (El señor Ruiz de Pinedo Undiano hace gestos negativos).
No va a tomar la palabra. Muy bien, muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Arratsalde on. Bienvenidas a las que hoy han presentado esta iniciativa. Como ustedes bien han dicho, los objetivos de esta proposición son: declarar como estratégica la industria de muy alto consumo de energía eléctrica -concretamente,
cuando esta alcance un consumo superior a 1,5 kilovatios por hora por cada euro de valor añadido bruto y una intensidad comercial en su sector superior al 20 %-, que esta declaración lleve aparejada una serie de beneficios administrativos y fiscales
que se fijarán en ese estatuto
de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica y que ese nuevo estatuto se apruebe en un plazo de tres meses.
Lo cierto es que este tema no es nuevo en este Parlamento, es una reclamación de los Gobiernos autonómicos de Galicia, de Cantabria y, sobre todo, de Asturias, tras la eliminación en el año 2009 de aquella antigua tarifa eléctrica G4, que
era la que subvencionaba el coste de las empresas intensivas en consumo eléctrico y que la Unión Europea consideró que contravenía las disposiciones europeas en materia de libre competencia. Es más, cuando se tramitó aquí el Estatuto de los
Consumidores Electrointensivos, las tres comunidades autónomas proponían básicamente retrotraerse a normativas anteriores, centrando su interés en la condición de gran consumidor eléctrico y solicitando la creación, entre otras cosas, de una tarifa
específica con exención del pago de los cargos del sistema eléctrico en un porcentaje máximo, que era lo que podía permitir la ley, así como eximirles de las aportaciones anuales al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y, adicionalmente,
proponían el establecimiento de dos categorías de electrointensivos, propuestas con las que nosotros en su día -tengo que decirlo- no estábamos del todo de acuerdo porque, tal y como estaban planteadas en su momento, limitaban el ámbito de
aplicación del entonces Estatuto de los Consumidores Electrointensivos e iba en detrimento de nuestras industrias en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero simplemente por las características propias y tipología de nuestra propia industria.
Entonces abogábamos por el estudio de aquellas alegaciones, de tal manera que no se perjudicase a las empresas que podían ser beneficiarias de aquel Estatuto de los Consumidores de Electrointensivos.
Hoy, nuevamente, se sigue planteando que este tipo de gran consumidor tenga un trato especial y diferenciado durante la transición energética, en virtud de la imposibilidad de trasladar a los precios los aumentos de costes eléctricos, si
bien con una diferencia y es que el planteamiento que ahora traen aquí es mucho más abierto. Excepto en la definición del concepto de industria de muy alto consumo de energía, que sí la definen, dejan toda la redacción y en su caso aprobación del
nuevo estatuto al aire y no dicen nada del actual estatuto de los electrointensivos, que está vigente. ¿Van a coexistir los dos? ¿Va a desplazar uno al otro? Entendemos que, teniendo un marco normativo proveniente del Real Decreto 20/2018 para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria, por el cual el Gobierno -hay que decirlo- también aprobó por primera vez un Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que sí los caracteriza, que define a estos consumidores,
a las empresas industriales o a aquellas empresas industriales en las que el coste de electricidad representa un porcentaje muy elevado de sus costes de producción, recoge sus derechos y obligaciones en relación con su participación en el sistema y
los mercados de electricidad, para mi grupo quizá sería mejor plantear medidas para mejorar ese estatuto, de tal manera que se flexibilicen determinados requisitos y recojan las necesidades de estas industrias, de estas comunidades autónomas, sin
perjudicar a los que ahora mismo puede beneficiar ese estatuto.
No acabamos de entender quizá la necesidad de otro instrumento cuando, como he dicho, ya tenemos un Estatuto de los Consumidores Electrointensivos; un instrumento que tiene que dar seguridad jurídica y que se supone que está concebido para
mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, pero que también tiene que ser mejorado. Sin embargo, entendemos que no puede ser mejorado desde una propuesta tan escueta como la que hoy proponen, porque dejan al arbitrio muchas cosas,
dejan al arbitrio esa redacción futura del estatuto de los electrointensivos. Lo que nosotros decimos es que si ya disponemos de una normativa vigente, crear una nueva para algo tan específico debería enmarcarse y debatirse, en caso de que
procediera, dentro del marco actual. Ahora bien, también entendemos que hay mucho en juego, que para ustedes es muy importante dar seguridad a esas industrias en sus comunidades autónomas y, por tanto, no seremos un obstáculo para la propuesta de
estas comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley cuya finalidad es declarar el carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía en nuestro país. Se trata, como podrán deducir fácilmente, de una
cuestión esencial en la actual coyuntura de escalada de precios de la electricidad y de los carburantes y se trata -no lo olvidemos- de proteger el tejido productivo de España, maltrecho ya de por sí por la crisis económica que ha traído la pandemia
y porque los fondos europeos
siguen sin llegar con la fluidez necesaria por mucha propaganda que el Gobierno quiera hacer. Señorías, hay muchas familias mirando a este Parlamento, esperando que aquí se tomen decisiones y se alcancen soluciones, y que se haga ya, con
una velocidad ajustada, por supuesto, a sus necesidades.
Permítanme que me detenga en los objetivos que persigue esta proposición de ley, que podemos desglosar en tres pilares básicos: primero, como hemos comentado, la declaración estratégica de la industria de muy alto consumo de energía
eléctrica radicada en territorio español y a tales efectos se entenderá que una industria es de muy alto consumo de energía eléctrica cuando alcance una relación de consumo superior a 1,5 kilovatios/hora por cada euro de valor añadido bruto y una
intensidad comercial en su sector superior al 20 %; segundo, que dicha declaración lleve aparejado el acceso a los beneficios administrativos fiscales y a los mecanismos de acceso prioritario y determinación de los precios energéticos que deben
fijarse en un estatuto de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica, y tercero, que en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley el Gobierno apruebe dicho estatuto específico de la industria de muy alto consumo de
energía eléctrica.
Estos objetivos, por supuesto, son loables, pero quisiera destacar el hecho de que hoy estamos debatiendo la toma en consideración de un texto de esta naturaleza después de que este Gobierno -este, y no otro- aprobara después de varios años
el estatuto electrointensivo, un estatuto que el sector cree que es ineficiente y que se ha quedado corto. Este hecho significa a todas luces que este Gobierno -este, repito, no cabe aquí la excusa de las herencias recibidas- no supo ver o no quiso
ver las necesidades reales de este sector. Obviamente, una segunda lectura de todo lo anterior es que el estatuto electrointensivo se quedó corto y cada parche que el Partido Socialista y el Partido Popular -Partido Popular y Partido Socialista-
han ido poniendo durante años sigue sufriéndolo nuestra industria. Señorías, España está al límite. Necesitamos reformas ya, ambiciosas y de calado, y no vale con arrastrar los pies, como hasta ahora. Es fundamental que entendamos, de una vez por
todas, que la pandemia ha acelerado todos los ciclos y que ya no vale con ir tirando, como siempre. El bipartidismo tiene que entender que su forma de hacer política no es ya la que se necesita en los tiempos que hoy corren.
Así las cosas, queda claro que el Gobierno no puede demorarse más en contemplar el desarrollo del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, concediéndoles la exención del 80 % de los peajes de transporte eléctrico, al igual que ya lo
disfrutan los industriales alemanes y franceses, además desde hace tiempo, y sin olvidar que los portugueses tendrán una rebaja del 94 % de sus tarifas de acceso en este mismo año 2022. ¿Y los españoles qué? Aquí seguimos arrastrando los pies al
ritmo cansino del bipartidismo. Señorías, si no saben o no quieren trabajar duro en las reformas, háganse a un lado y déjennos trabajar a los demás, a quienes tenemos vocación reformista y de servicio público. Más fácil sería si se limitasen a
aceptar nuestras propuestas que les damos, que quedan en sus manos y son suyas, por el bien de los españoles.
Volviendo a lo concreto, según los datos de la Asociación de empresas con gran consumo de energía, a 31 de enero la comparativa de precios eléctricos finales de la industria electrointensiva arroja datos palmarios, ya que son un 20 %
inferiores en Alemania y hasta un 60 % inferiores en Francia. Como viene destacando Ciudadanos, desde el inicio de la escalada de los precios de la electricidad, esta diferencia abismal viene en una proporción inasumible de los precios regulados y
los recargos e impuestos. Los precios regulados son cuatro veces mayores que en Alemania y dieciséis veces mayores que en Francia y los recargos e impuestos, cinco veces mayores que en Alemania y tres veces mayores que en Francia. Por ahí es por
donde debe empezar de una vez la acción dedicada del Gobierno para una rebaja rápida, real y sostenible de la factura eléctrica. ¿Cómo pretende este Gobierno que con estos datos nuestra industria, que es altamente dependiente de altos precios de la
electricidad, pueda ser competitiva con el resto de los países si se enfrenta a este contexto de inflación y que aquí nadie hace nada?
Además, creemos que debe asegurarse la viabilidad, continuidad y rentabilidad de la industria electrointensiva, incluyendo en cualquier iniciativa dos factores vitales para el futuro inmediato del sector: por un lado, los centros de datos,
infraestructura fundamental de la economía digitalizada que se suponía que estaba entre los objetivos del Gobierno y que tienen la factura eléctrica como gasto principal, y por otro, la penetración del hidrógeno verde como la única alternativa
sostenible para muchas industrias electrointensivas. El desarrollo de la industria del hidrógeno verde depende de que exista una garantía de consumo no solo en Asturias, sino en todas las comunidades autónomas que tienen industria electrointensiva.
La industria española ya no aguanta más. No es justo que quienes se ganan el pan con el sudor de su frente y pagan sus facturas religiosamente no tengan respuesta real del Gobierno de este país, ni que
sigan asumiendo ese alto precio de tener a populistas en el Consejo de Ministros y al populismo en el BOE. Señores del Partido Socialista, piensen en ellos, rectifiquen. Sean ambiciosos con las reformas, porque realmente nuestra industria
lo necesita.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
La industria electrointensiva e incluso la hiperelectrointensiva son fundamentales en mi país, en Galiza, ya que estamos hablando de alrededor de cinco mil puestos de trabajo directos y muchos más indirectos. Por eso es una preocupación
fundamental del Bloque Nacionalista Galego, razón por la que defendimos en su día un estatuto del consumidor electrointensivo que diese solución a los altos precios de la energía y que garantizase una tarifa eléctrica accesible, estable y
predecible. Lamentablemente -y en eso creo que coincidimos-, el estatuto aprobado no supuso una solución; entre otras cosas, no se tuvieron en cuenta las propuestas del BNG favorables a llevar al límite la compensación por CO2 o eliminar todos los
cargos y peajes que no tuviesen una relación directa con la producción y la gestión eléctrica. Pero también dudamos de que la propuesta que hay sobre la mesa y que hoy nos traen aquí represente una solución; dudamos de que sea por la vía de
declarar estratégica toda la industria electrointensiva, sin reparar en qué sectores sí y en qué sectores no, y que se hable de criterios como la intensidad en un sector comercial superior al 20 % de beneficios administrativos y fiscales sin
concretar.
Nosotros creemos que se debe ir a un estatuto, en la línea de lo que siempre defendimos, y a una reformulación general de la regulación del sector eléctrico, que es la clave, incluida la posibilidad de una tarifa eléctrica para aquellos
países que, como Galiza, somos productores excedentarios de energía eléctrica. Por lo tanto, nos vamos a abstener.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, presidenta.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los proponentes de esta proposición de ley, que pretende declarar como carácter estratégico la industria de muy alto consumo eléctrico. Creemos que esta iniciativa -creo
que ya se ha dicho aquí, pero queremos sumarnos a esta idea- debe ser mejorada y trabajada en distintos trámites parlamentarios en los que intentaremos participar, pero avanzamos que nos vamos a abstener en la votación de esta iniciativa.
Celebramos -eso sí- que apuesten, en definitiva, por la industria. Creemos que este Gobierno no apuesta por la industria como deberíamos hacerlo o como debería apostar un Gobierno de estas características, de un país como el nuestro.
Creemos que cuestiones como el incremento del coste de la factura eléctrica, cuestiones como las complicaciones a la hora de regular a favor de empresas que apuestan por la cogeneración o la dejadez que distintas voces han denunciado, por ejemplo,
en cuestiones como la recuperación de la Nissan a la hora de definir distintos proyectos que deben reindustrializar zonas y comunidades, como es la Comunidad de Cataluña, son fruto de la dejadez, de una mala apuesta de este Gobierno. Creemos que su
iniciativa es buena, ya que parte de una idiosincrasia muy concreta que afecta a su territorio, y por eso no vamos a ser un obstáculo y vamos a abstenernos para que esta iniciativa siga su tramitación y para que podamos entre todos mejorarla.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Bienvenidas, diputadas asturianas. Piden que se declare estratégica la industria de muy alto consumo de energía eléctrica, pero hay que preguntarse qué consecuencias comportaría. Por un lado, solicitan que
se garantice un suministro eléctrico estable, de calidad y a precios inferiores a los actuales para esas industrias que son especialmente sensibles al coste de la energía. ¿Cómo se va a hacer eso sin infringir las normas de competencia del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? Les recuerdo que están prohibidas todas las ayudas directas concedidas por los Estados miembros, ya sean subvenciones a fondo perdido, préstamos en condiciones favorables, exoneraciones fiscales,
tributarias o garantías de préstamos.
En segundo lugar, piden crear subastas específicas para instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para beneficiar a unas determinadas industrias frente a otras que también se ahogan con la escalada actual de los precios y que
también están en riesgo de cierre. Más realismo: ¿puede el Gobierno obligar a las empresas a que ofrezcan contratos PPA a la industria a precios asumibles? No. Pero si lo que han hecho las eléctricas ha sido, justamente, invalidar muchos de los
contratos PPA que tenían firmados porque ya no les son rentables. Por cierto, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, decretaba la organización para el 31 de diciembre de una primera subasta de energía inframarginal gestionable y no
emisora regulada. La intención de la subasta era ayudar a los comercializadores para que pudieran reducir los costes y los precios que ofrecen a sus clientes finales, industriales, pymes o domésticos, obligando a los productores de energía
eléctrica dominantes a vender determinadas cantidades en esa subasta. ¿Por qué el Gobierno no ha hecho la subasta? ¿Por qué ha incumplido en su regulación?
También solicitan una exención del 80 % del peaje de transporte. Supongo que todos tenemos claro que, si ese peaje no lo pagan las grandes empresas, lo acabarán pagando las pymes o los usuarios, los clientes domésticos. Hablemos claro, una
sobreprotección de quien más energía consume pudiera resultar un agravio comparativo respecto de aquellas empresas pymes para las que el coste de la energía de producción también es proporcionalmente muy alto, aunque no reúnan los requisitos de
tamaño y consumo de las grandes. ¿Solo interesa la competitividad de las grandes? Desde Cataluña ya se hicieron alegaciones al real decreto por el que se regula el estatuto de consumidores electrointensivos de 2020. Se solicitó, por ejemplo,
reducir el requisito de consumir al menos el 80 % de la energía eléctrica anual en período tarifario valle, por considerarse demasiado exigente para las pymes electrointensivas. Huelga decir que en ese momento el Gobierno hizo caso omiso.
Intentemos proponer soluciones que no sean para unos pocos y que acaben pagando la mayoría. La propuesta está cargada de buenas intenciones, lo sabemos, y por ello, aunque nos genera muchas dudas, nos abstendremos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida a las portavoces de la Xunta Xeneral d'Asturies, bienllegaes, con un especial reconocimiento a la diputada Ángela Vallina, que impulsó esta iniciativa que parte del diálogo social y que,
tras ser aprobada en la Xunta por casi unanimidad, hoy llega aquí al Congreso. (Aplausos). Porque esta es una iniciativa imprescindible para el tejido industrial hiperelectrointensivo, sí, pero no solo, porque estas empresas -las empresas de muy
alto consumo eléctrico como las empresas siderúrgicas, metalúrgicas o las empresas químicas- suministran productos intermedios básicos que se utilizan para la elaboración de una buena parte de los productos finales de nuestra industria y que
abastecen el mercado tanto dentro como fuera del Estado.
El consumo eléctrico de algunas empresas, dado los precios actuales, puede llegar a suponer el 50 % de los costes de producción, según nos señala la Asociación de empresas de gran consumo de energía. Esto supone un problema para la
competitividad, perjudicando no solo a la industria hiperelectrointensiva sino a todo el tejido industrial que depende de ella. Porque, verán, el sobrecoste en el precio de la electricidad en los consumidores electrointensivos repercute sobre el
conjunto de la cadena de producción. Por esto insistimos en que esta es una iniciativa necesaria, porque es nuestro marco regulatorio actual el que está topando la capacidad competitiva de nuestra industria frente a los países vecinos, como son
Alemania o Francia, y no digamos ya si estamos hablando de competidores extracomunitarios, donde los precios de la energía son significativamente más bajos.
Debemos articular el sistema eléctrico con la estructura productiva de nuestra economía, de manera que contribuya a mejorar la competitividad de nuestras empresas, desplegando también los mecanismos
necesarios por parte de las administraciones públicas para mantener en nuestro territorio la industria que se encuentra en riesgo de fuga de carbono, algo que en Asturies conocemos bien y que ocurre, además, por la falta de una lucha
decidida contra las deslocalizaciones que permiten que estas prácticas se den, dejando comarcas enteras a la intemperie. Debemos ser conscientes de que estas medidas pueden realizarse sin comprometer la transición ecológica, un mandato que supera
-se pongan como se pongan- voluntades políticas, un mandato que nos dan las generaciones más jóvenes, que saben perfectamente que no hay un planeta b, y un mandato por la salud colectiva de la ciudadanía hoy; una transición que tiene que ser social
y medioambientalmente justa y que está en disputa.
Aquí es necesario señalar al oligopolio de las eléctricas, del sistema eléctrico, que está formado por un muy pequeño puñado de empresas. Hay que señalarlo porque la disyuntiva no está únicamente entre las administraciones públicas y la
industria de muy alto consumo eléctrico, sino que el papel que juega el oligopolio tiene que entrar en la ecuación si es que lo que verdaderamente queremos es resolver el problema apostando por un modelo productivo del que dependen miles de empleos
y miles de familias, porque -y esto, sin duda, es lo más importante- hablamos de empresas estratégicas para nuestro tejido industrial pero que también son estratégicas para la sostenibilidad de comarcas enteras. Pienso, claro, en la comarca de
Avilés, en la plantilla de trabajadores de Alu Ibérica y en las más de trescientas familias que se ven ya en la intemperie por la inacción de la Administración. Quiero y debo ser dura en este aspecto y nada de lo que diga va a ser tan duro como la
realidad que en los últimos tres años han vivido esos trabajadores y esas familias. Y pienso también en San Cibrao. Abandonar esas industrias es abandonar comarcas enteras. Por eso esta iniciativa es, además, inaplazable, porque sale a la
defensiva, porque sale a proteger a miles de familias en territorios fuertemente industrializados; familias que, como en Asturies, sustentan la propia economía del país.
Hago mías también las palabras del secretario general de Comisiones Obreras de Asturies, José Manuel Zapico, cuando dice que esto no se trata de compensaciones o ayudas, sino que se trata de poner las bases a la soberanía del país y a las
posibilidades de que Asturies pueda tener una industria en igualdad de oportunidades. Asturies merece una respuesta rápida y merece un proyecto de futuro porque son muchos años de vernos obligadas a salir a la defensiva. Asturies -y otros
territorios en la misma situación- merece un proyecto de país que aproveche la capacidad y el saber hacer de los trabajadores y de las trabajadoras y que plantee un modelo productivo que mire al futuro.
Es el momento de tomar la iniciativa, de recuperar la capacidad que tenemos de innovar. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica -los PERTE- son una buena referencia para promover una industria que responda
a la sostenibilidad en criterios medioambientales y en criterios de justicia social, que refuercen los servicios públicos y que tenga arrojo, que tenga puxu -como tuvimos en otros momentos históricos-, para generar empleo, para producir energía y
para garantizar futuro. En la incertidumbre, que es la palabra que creo que mejor describe nuestro tiempo y que es la palabra que se les atraganta a la generación de mis padres cuando piensan en el futuro de sus hijas o de sus nietos, podemos
llenarlo todo de ruido o podemos hacer propuestas valientes que, además, sean eficaces. Unidas Podemos está decididamente en esa segunda opción, y quienes quieran contribuir al presente y al futuro de Asturies nos tendrán a su disposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchas gracias y buenas tardes.
Hemos hablado muchísimo en lo que llevamos de tarde y en esta intervención sobre esta cuestión. En concreto, varios portavoces de todos los grupos políticos han hablado sobre el coste de la luz y han dicho: no, el coste de la luz por
muchas razones... Bueno, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, señores de Podemos, abran los ojos y díganles la verdad a sus votantes: el precio de la luz está tan alto por sus políticas climáticas (aplausos); por todas esas
imposiciones que vienen dadas desde la Comisión Europea y a las que ustedes apoyan; por el cierre de las centrales térmicas de Asturias; por el cierre de las minas de carbón. Por todas esas cuestiones son por las que el precio de la luz está tan
alto y no por diversas cuestiones en abstracto. (Aplausos).
Siguen hablando ustedes del altísimo gasto eléctrico. La señora Mallada, del PP, habla de gasto eléctrico. Señora Mallada, si quieren ustedes atacar y atajar el gasto eléctrico, ataquen directamente a
todas estas cuestiones y a todas estas políticas, y no lancen ni apoyen estas bombas de humo que lanza precisamente el Partido Socialista. En concreto, la portavoz de Podemos -asturiana, por cierto- demuestra un desconocimiento absoluto de
cómo funciona esta cuestión energética e industrial. Dice: algunas industrias que, debido al alto coste de la energía, su gasto en energía eléctrica supone más de un 50 %. Esto no es así, estas industrias gastan más de un 50 % en energía
eléctrica porque es uno de los principales activos que emplean para su sistema productivo, no porque los precios actualmente estén muy altos. Esto lo que hace es que, en ocasiones, superen el 60 %, el 70 % o el 75 % del coste, que es lo que no
debería ser; pero el 50 % ya es lo normal. Es más, es lo que el sector pedía que fuese el requisito para ser reconocidos como electrointensivos, cuestión que todos los partidos hoy aquí han obviado por completo. (Aplausos).
Han hablado ustedes también de una dura reconversión. Bueno, ha sido dura para algunos, para todo el sector minero, para las cuencas mineras y para la industria, porque los sindicalistas -a los que, por cierto, la señora Castañón cita como
popes de la reconversión minera- no han tenido una dura reconversión; al contrario, estos señores se han forrado con la reconversión minera. La prueba es que cada día nos amanecemos con condenas a los sindicalistas de uno u otro de los principales
sindicatos (aplausos); entre otros, el más famoso -cómo no- el señor Villa, padrino político de la señora Lastra, aquí sentada mirando hacia abajo. Ustedes hablan de esa Asturias resiliente; hablan de esa Asturias que tiene fuerza tractora;
hablan de esa Asturias que tenía ilusión... Bueno, efectivamente la tenía, porque ustedes se la han robado. Aquí la cuestión es que el concejo de Laviana, por ejemplo, tiene a día de hoy menos habitantes que en el año 1950. Mieres, cuna de la
industria asturiana, tiene menos habitantes que en 1920. Avilés está por debajo del nivel de población que tenía en 1970. El concejo de Aller, que en 1970 tenía unos orgullosísimos 28 000 habitantes, a día de hoy apenas tiene 10 000. Cangas del
Narcea, que en 1970 tenía 20 000 muy dignos habitantes, a día de hoy roza escasamente los 12 000. Y esto lo han provocado sus políticas, sus políticas (aplausos); porque si está muy feo engañar a todos los españoles -que es lo que ustedes hacen
constantemente-, más feo aún está engañar a sus propios votantes. Porque todos aquellos trabajadores, industriales, mineros, que con ilusión les votaban creyendo que iban a solucionar alguno siquiera de sus problemas, no sabían que en realidad eran
ustedes el lobo vestido de cordero, y que lo que hicieron fue cerrar una por una todas las vías de ganarse el pan y el sustento, pero no de ellos sino también de sus hijos y de sus nietos. (Aplausos). Y es lo que sucede a día a hoy, que en
Asturias cada vez quedan menos niños, quedan menos nietos a los que garantizar ese futuro, y esta es la clave de todo. Porque el Gobierno de Asturias del Partido Socialista y de Podemos -Partido Socialista que lleva cuarenta años gobernando esta
Asturias ruinosa- se dedica a lanzar bombas de humo y distracciones para que los votantes -sus votantes-, en lugar de mirar esas cuestiones nucleares, que son realmente el germen de la destrucción de Asturias, miren hacia estos fuegos de artificio
que ustedes lanzan. Aquí tenemos al señor Barbón, cómo lanza su campaña por la llingua bable, apoyado por supuesto por Podemos. Por cierto, el portavoz de Podemos en la Junta del Principado es un señor de Huesca, ese es el que apoya la lengua
supuestamente asturiana. (Aplausos).
Hablan ustedes sin parar de la COVID. Imponen restricciones a derechos fundamentales para que los ciudadanos se vean obligados a hablar y preocuparse por esas cuestiones, en lugar de pensar en estos elementos que cercenan su futuro y el de
sus hijos y nietos. Y ahora lanzan esta iniciativa en concreto, que no es más que otra bomba de humo para disfrazarse de monaguillos y hablar con voz santificadora, como si fuesen ustedes -Partido Socialista y Podemos, apoyados por el PP- a salvar
a la industria electrointensiva con una iniciativa que, en apenas un folio, no aporta absolutamente ninguna solución. Y no aporta ninguna solución porque el estatuto de las electrointensivas, que ya se aprobó un año antes de que esta iniciativa se
aprobase en el Parlamento asturiano, establece una barrera muy concreta para que una industria sea considerada electrointensiva: que consuma 1,5 kilovatios por cada euro de valor añadido bruto. Muchos de ustedes ni siquiera comprenderán qué supone
esta cifra, es lógico, porque probablemente tampoco se hayan siquiera leído las exposiciones de motivos y todas las cuestiones que el sector ha aportado. Esta barrera es la que establece el estatuto de las electrointensivas, y exactamente es la
misma que establece esta iniciativa que nos traen hoy aquí todos ustedes de la mano. El sector ya ha dicho que es una iniciativa que no sirve para nada, ya ha dicho que esta barrera que ustedes establecen solamente sirve para multiplicar aquellas
industrias que pueden optar a los fondos de compensación por las electrointensivas, diluyendo, por lo tanto, el montante que se va a repartir entre todas ellas. Y al final, ¿qué sucede? Que esas industrias que -como la señora Castañón mal ha
comprendido- consumen más del 50 % de sus recursos en la energía que necesitan para producir, no recibirán la compensación
necesaria. Hablar de compensaciones está bien, sobre todo en esta situación, pero sería muchísimo mejor hablarlo de otra forma, pensar por qué la energía eléctrica está tan sumamente cara en España, por qué cuando el precio de la energía
eléctrica de base en Alemania sale en 200 euros -ahora que está por las nubes- en España sale en torno a los 320 euros. ¿Por qué? Por sus políticas climáticas (aplausos), porque han sido ustedes los adalides de las políticas climáticas. No les
bastaba con adoptar el criterio de la Comisión Europea, tenían ustedes que mejorarlo, y eso es lo que está hundiendo el futuro de los trabajadores y de la industria en España. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gázquez Collado.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Mi intervención va ser más sosegada, no creo que gritando se consiga tener más razón. Al menos, lo mío va a ser en este tonito. (Aplausos).
Bienvenidas a mis compañeras de Asturias, especialmente -perdonadme- a María Teresa, mi compañera del Partido Popular. Asturias es una región -supongo que todos ustedes lo conocen, pero está bien hacer este preámbulo, porque nos sentimos
muy orgullosos de ello- con tradición industrial, con vocación industrial y con esperanza de tener un futuro industrial. Los empresarios de nuestra región piden básicamente tres cosas: que se les reduzcan las trabas administrativas, que se les
reduzca la alta fiscalidad y una tarifa eléctrica competitiva frente a sus iguales en Europa o en el resto del mundo. Solo con esas tres premisas Asturias puede recuperar su pujanza industrial, un empleo de calidad y seguro, y tener una industria
competitiva, sostenible y digital.
El sector secundario asturiano alcanzaba en 1986 un 36,48 % del PIB; en el año 2000 un 22,9 % y, en la actualidad, solo un 17,9 %. Estamos en caída libre y sin una red que nos pare. Y ahí están los datos; las regiones donde la industria
y energía, el sector secundario, tienen un peso superior al 20 % del PIB, su paro es inferior al 9 %. Por ejemplo, así está Asturias y así está Navarra. A nivel nacional no estamos mejor, estamos exactamente igual. En España, la industria ha
pasado de tener en el año 2000 un peso del 18,7 % a un 14,6 % en el año 2020, cuando para este horizonte 2020 se preveía un 20 %. Además, Asturias ha pasado de ser una comunidad autónoma que exportaba energía a que sus empresas dejen de ser
competitivas por culpa del coste de la energía. Aquí le tengo que decir al señor de VOX, al señor Figaredo, mi compañero asturiano, que no, no es por culpa del Partido Popular. El Partido Popular no quería una descarbonización acelerada y sin
proyecto. Nosotros teníamos unos plazos que marcaba Europa y que íbamos a cumplir, no acelerarlos y llevarnos al abismo donde nos ha llevado el Partido Socialista. (Aplausos).
Dice la iniciativa de Izquierda Unida que hoy se trae a esta Cámara, apoyada por todos los grupos, y leo textos entrecomillados: Constituye un objetivo esencial del Estado amparar y defender la industria como pilar fundamental de la
actividad económica. Para lograr este objetivo, resulta indispensable declarar el carácter estratégico de estas industrias. ¡Pues claro que sí! ¡Hágase, que están ustedes en el Gobierno! No hacen falta estas iniciativas en un Parlamento regional y
después que ustedes vengan a contárnoslo a Madrid. Llévenlo al Consejo de Ministros, que gobiernan. Es más, lo tendrían que haber llevado hace dos años, cuando Izquierda Unida ya entró en el Gobierno de España. También es verdad que Izquierda
Unida desaprovechó su cuota con el ministro Garzón, ministro sinónimo de la nulidad y de la incompetencia, como su ministerio. Pero bueno, cada minuto perdido en legislar a favor de nuestra industria -en este caso, de la industria
hiperelectrointensiva- es una oportunidad perdida para nuestra competitividad, y no solo para la industria asturiana, también para el resto de España, especialmente también para la industria gallega, que ahora deja de producir aluminio primario por
las decisiones de este nefasto Gobierno socialista que impide competir en igualdad de condiciones. Pero el proceso todavía es más kafkiano, porque aquí estamos familiarizados con una política en la que se enfrentan los socios de coalición: Unidas
Podemos con el PSOE. Pero no, en Asturias llegamos a más. En Asturias, Izquierda Unida y Podemos son dos partidos diferentes que se presentan con programas diferentes. Así que esas riñas habituales que tienen los socios de coalición -una semana
por la política exterior de defensa, otra semana por la política ganadera, la semana que viene a saber lo que nos toca y, además, se sienten orgullosos de discutir en prensa- nosotros las tenemos en Asturias, además, entre los socios de la coalición
de aquí, entre Izquierda Unida y Podemos, con programas diferentes. Esta iniciativa que hoy se presenta viene firmada
por Izquierda Unida. Es curioso ver cómo la ha defendido la señora Castañón cuando es la primera vez que veo a Podemos defender a la industria asturiana. Esto va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia porque no hacen más que
atacarla. Pero bueno, a esta iniciativa, que ha sido presentada por Izquierda Unida, fueron presentadas siete enmiendas por Podemos, que la propia Izquierda Unida rechazó. Es decir, que aquí llevamos ya la disputa a unos niveles increíbles. No se
aclaran entre Izquierda Unida y Podemos, después no se aclaran entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, ¡cómo vamos a esperar que se aclaren en un Gobierno de España!
Y luego ya ha resultado absolutamente paradójico ver al Gobierno socialista apoyando esta propuesta ahora, cuando aquí, en esta Cámara, sistemáticamente han votado en contra de partidas o de iniciativas similares del Partido Popular.
Bienvenidos a la cordura. ¿Pero por qué no han hecho nada desde La Moncloa durante estos años para legislar a favor de la industria hiperelectrointensiva? Llevamos cuatro años perdidos, porque ustedes llevan cuatro años en el Gobierno. Aunque
también entiendo el papelón del socialismo asturiano. Entre sus filas, como muy bien saben ustedes -aunque lo negarán-, se dice que les tienen bastante poco aprecio a las dos ministras que lideran el ramo: a la ministra de Transición Ecológica, la
señora Ribera, y a la ministra de Industria, la señora Maroto. Tan poco aprecio como les tenemos en el Partido Popular. Y en el PSOE asturiano están deseando, como deseamos nosotros, que este presidente las destituya y nombre a personas capaces y
competentes, no como estas personas, que son absolutamente incapaces e incompetentes.
En resumen, y con espíritu constructivo, nos alegramos de que hagan suya una propuesta del Partido Popular y que rectifiquen su error, pero no se queden cortos. Asuman más de nuestras propuestas: las rebajas fiscales y de cargos
regulatorios contenidas en el plan de choque para la rebaja de la factura de la luz y del gas, y el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos Generales del Estado para el 2022; la asignación máxima
legalmente permitida, procedente de los ingresos de las subastas por derechos de emisión; la modificación y mayor dotación de proyectos del Fondo español de reserva de garantías y entidades electrointensivas; el acceso directo a los consumidores
electrointensivos a las subastas de renovables. Todas ellas. Y sobre todo aprovechen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Ministerio de Industria apenas ha ejecutado a 30 de noviembre un 5,8 %, y todo ello, por supuesto,
debería ser gestionado desde una autoridad independiente porque no son fondos del PSOE ni tan siquiera del marido de Nadia Calviño. En fin, cambien su estrategia industrial y energética y nos tendrán a su lado. Esta es la España real, la que
necesita soluciones y de la que ustedes viven al margen, la que describe hoy la prensa económica: Subida de tipos de interés; inflación enquistada, es decir, estructural; crecimiento ralentizado del PIB; presión fiscal 4 puntos superior a la de
la Unión Europea. Den soluciones a todo ello y no monten numeritos de mostrar responsabilidad en un Parlamento regional para luego seguir demostrando irresponsabilidad -los tres, PSOE, Izquierda Unida y Podemos- a nivel nacional. Están en el
Gobierno; gobiernen, legislen y apuesten de verdad por la industria de España, y ahí nos tendrán.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gázquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la presencia de mis compañeras diputadas asturianas en el Pleno de esta Cámara, en representación de la Junta General del Principado de Asturias, especialmente a doña Dolores Carcedo,
portavoz de mi grupo parlamentario en el Parlamento asturiano, Parlamento que en el uso de sus competencias nos eleva esta proposición de ley para declarar el carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica radicada en
España. Por tanto, creo que hay que valorar positivamente la iniciativa legislativa de nuestro Parlamento autonómico. Tampoco quiero dejar pasar la ocasión sin enviar un saludo y un mensaje de apoyo a les y los traballadores asturianos del sector
industrial afectados por las cuestiones que debatimos hoy en este Pleno, cuestiones que, por otro lado, forman parte también de nuestras preocupaciones como representantes políticos y de la agenda normativa del Gobierno en materia de política
industrial.
En 2019 el peso de la industria asturiana en su valor añadido bruto fue del 19,69 %, por encima de la media estatal. La industria es una de nuestras señas de identidad y juega un papel fundamental en nuestra economía. El sector industrial
es básico para el sistema productivo, necesario para afrontar la
transición digital de la economía y la transición energética, pero también para la cohesión social y para la cohesión territorial, por ser un sector capaz de generar empleo estable. Como es sabido, la industria está viviendo un proceso
transformador hacia un modelo más sostenible, digital, competitivo, que a su vez ejerce de tractor de otros sectores, y en este cambio de paradigma se están moviendo la industria asturiana y también las políticas del Gobierno de Asturias y del
Gobierno de España, porque no cabe duda de que la industria es una apuesta estratégica de futuro, y así lo entendemos. En este marco se produjo la visita del presidente Pedro Sánchez hace unos meses para anunciar el proyecto en Arcelor para su
descarbonización. Cito sus palabras: 'Estamos aquí para decir que empresa, territorio y Gobiernos nos comprometemos con la industria del acero en Asturias [...], que es lo mismo que comprometerse con la recuperación y modernización de la industria
y la economía española', señaló el presidente en su visita a Asturias. Este tejido industrial emplea de manera directa en nuestra región a más de 54 000 personas y, a su vez, genera muchos empleos indirectos, por lo que para este Gobierno es
fundamental contribuir a su modernización, evitando cualquier tipo de deslocalización en nuestras industrias, y así se viene trabajando desde 2018.
Por eso pienso que la ciudadanía asturiana que hoy nos escuche, pero especialmente los trabajadores y las trabajadoras del sector industrial, probablemente se preocupen al escuchar y comprobar el uso que la derecha -y particularmente el
Partido Popular- hace aquí, en este Pleno, como siempre, de la política industrial. Por ello me sorprende mucho también que en esas intervenciones que vienen de la Junta General del Principado de Asturias destaquen dos, de la señora Dolores Carcedo
y de Ángela Vallina, que hablan de esta importante iniciativa y, por contra, se utilice la otra intervención para hablar mal de Asturias, y lo haga precisamente quien estampó su firma en el Plan de Cierre de la Minería en la Presidencia de Hunosa.
(Aplausos). Porque, cuando uno oye a los representantes de la derecha, y acabamos de verlo ahora, atacar sin contemplaciones -señora Gázquez- la política industrial, tanto del Gobierno de Asturias como del de España, con argumentos vacíos, tan poco
sustentados en datos y tan partidistas, uno no puede evitar plantearse si realmente a determinados partidos les preocupa nuestro futuro industrial, el de nuestra gente, el de nuestra tierra, o si lo que realmente les preocupa es su futuro como
partido político y sus intereses electorales. Y estoy seguro de que a los trabajadores, a las trabajadoras y también a las empresas que nos escuchen de Asturias y del resto de España les pasará lo mismo. Da que pensar viendo lo que hemos visto
esta tarde en el Pleno.
El Partido Popular, allá donde gobierna destaca por una ausencia total de política industrial real, y así lo hicieron cuando ustedes tuvieron responsabilidades de Gobierno a nivel estatal. Cabría preguntarles si se olvidaron ya de cuando el
Gobierno de José María Aznar privatizó algunas de estas empresas públicas. Privatizar a cualquier precio, esa era la máxima del Gobierno de José María Aznar. Porque ustedes, señores del Partido Popular, cuando gobiernan, privatizan y, cuando están
en la oposición, piden la intervención de lo público. Como decía, no partimos de cero, no partimos de la nada, como sí lo hicimos cuando asumimos el Gobierno, después de Mariano Rajoy. Ahí sí que se notó la falta de política industrial. Por eso,
quiero poner en valor las medidas adoptadas por el Gobierno y aquellos instrumentos y mecanismos que están logrando mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, aunque aspiremos a más, porque este es el punto de partida y hay que
reconocerlo, y eso es lo que algunos de ustedes no hacen, con tal de poner palos en las ruedas, igual que están haciendo también con los fondos de recuperación. Si no les preocupa el país, poco les puede preocupar el sector industrial.
El estatuto de las eléctricas, del que se ha hablado hoy aquí, supuso un paso adelante, porque plantea cuestiones muy importantes. Establece un marco legal, da seguridad jurídica a las ayudas y recoge de forma clara cuáles son las
compensaciones de emisiones de CO2, capítulo sobre el cual seguimos trabajando para llevar al máximo esas compensaciones. Se trata de una industria que requiere de elevadas intensidades de consumo eléctrico, de ahí que reconozcamos y entendamos la
preocupación que se traslada desde Asturias para abrir el debate y para proponer iniciativas para la industria de muy alto consumo energético, porque las industrias que consumen mucha energía son indispensables para la economía asturiana, española y
también europea. El establecimiento de estas medidas iniciales no impide que en el futuro el Gobierno pueda establecer nuevos mecanismos de apoyo para estos consumidores electrointensivos. Está prevista la aprobación de una ley de industria, que
pronto se remitirá a estas Cortes, donde se podrá debatir sobre los instrumentos y mecanismos más eficaces y eficientes para apoyar al sector industrial. En definitiva, seguimos trabajando en esa estrategia industrial 2030 que defina esta política
industrial. El Gobierno está trabajando en esa clave para aunar todos los esfuerzos entre Asturias y España para garantizar el empleo, la industria básica, que no nos haga dependientes, y un
sector industrial que, por supuesto, marca carácter a Asturias, que se complementa muy bien en nuestra tierra, y lo sabemos, con otros sectores económicos, y por eso apoyaremos esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalizado el debate de este punto, despedimos a las tres representantes de la Junta General del Principado de Asturias, la señora Carcedo, la señora Mallada y la señora Vallina, agradeciéndoles su intervención y su presencia en este
hemiciclo y en el Congreso de los Diputados.
Muchísimas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, CON EL FIN DE REGULAR LAS ESTADÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PYME) EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 122/000194).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Del Valle de Iscar.
El señor DEL VALLE DE ISCAR: Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señorías. La proposición de ley de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista, parte de una
iniciativa nuestra aprobada por amplia mayoría en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo el pasado mes de junio. Dicha iniciativa tenía como objeto favorecer la participación de las pymes en la contratación pública, y de este modo
disponer de datos estadísticos que permitan analizar la situación en cuanto a contratos públicos adjudicados. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Las pymes españolas son el gran tejido empresarial que sostiene nuestra economía, puesto que representan el 99,8 %, el 64,2 % del empleo con una alta capacidad para generar nuevos puestos de trabajo y, en cambio, la aportación al valor
añadido bruto es solo del 62 %. Si nos acercamos con una lupa a este importante sector, vemos que el 86 % de las pymes tiene menos de diez trabajadores, y más de la mitad tiene menos de tres empleados. Esta realidad dificulta su competitividad y
capacidad de acceso a una importante fuente de crecimiento empresarial, como son las contrataciones públicas.
Según un informe de la OCDE del año 2018, los procedimientos de adjudicaciones de contratos públicos a pymes en Europa alcanza la cifra promedio del 52 %, mientras en España es solo del 28 %. Los estudios señalan que la empresa media
española emplea a 4,7 personas, frente a las 6 de media en Europa. En Alemania, Reino Unido y Austria, sus empresas medias doblan en personas ocupadas a las españolas. La Comisión Europea ha alertado en diferentes ocasiones de esta situación de
falta de oportunidades para las pymes, tanto por los requisitos desproporcionados para licitar como por las cuantías altas de los contratos, que los hacen inaccesibles para muchas de nuestras pymes.
La actual Ley 9/2017, de contratos del sector público, que traspone diferentes directivas europeas, fue un primer intento de acercar las contrataciones públicas a las pymes, puesto que favorece la partición de los grandes contratos en lotes,
la reducción de las cargas administrativas con las declaraciones responsables, y un importante número de procedimientos simplificados que ayudan a que las pymes se puedan presentar a estos concursos.
Esta modificación que hoy presentamos se enmarca dentro del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030 que el Ministerio de Industria presentó recientemente, y en los informes de los dos últimos años de la Oficina de Regulación y Supervisión
de la Contratación, que alerta de ese gap en relación con las pymes, comparado con otras de ámbito europeo. Partimos, también, de una certeza, que las empresas de un mayor tamaño son mucho más resilientes frente a las crisis e incertidumbres, como
hemos visto estos dos últimos años. Por tanto, aumentar el tamaño de nuestras pymes es una tarea que nos concierne
a todos y que tendría un efecto importante a nivel de empleos, exportaciones y de aumento del PIB nacional. Una fórmula para que así sea, y está en nuestra mano, es el aumento de la participación de las pymes en la contratación pública. No
se nos escapa la realidad que estamos viviendo y el fuerte impacto que la crisis de la COVID ha tenido en nuestras empresas. Las medidas económicas paliativas impulsadas por el Gobierno durante la pandemia con los ERTE, la prestación de cese de
actividad a los autónomos, la regulación del teletrabajo, las líneas de crédito y financiación a fondo perdido han salvado empresas y, por tanto, también empleos. La gran vacuna para nuestras pymes son los fondos de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, concretamente el Componente 13, con una inversión total de 4894 millones de euros, que incorpora un importante paquete de reformas e inversiones que van orientadas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento y su
reestructuración, mejorar el clima de negocios, en particular reforzando el funcionamiento del mercado interior español, y también seguir impulsando los importantes procesos de aumento de productividad mediante la digitalización, la innovación y la
internacionalización.
Entre las reformas normativas que el Gobierno está abordando podemos destacar la ley de creación y crecimiento empresarial, así como la ley de startups para favorecer el emprendimiento innovador. Además, complementadas con una reforma del
marco concursal que verá la luz próximamente. Todas estas ideas y todos los proyectos que ha presentado el Gobierno se complementan también con los consensos alcanzados estos dos años en el ámbito del diálogo social con los representantes de los
trabajadores y los empresarios, que también está dando su fruto en el clima de las relaciones laborales, tan importantes para el crecimiento del empleo y para nuestras pymes. Gracias a todas estas medidas, frente al catastrofismo de la derecha y
sin caer tampoco en triunfalismos, podemos decir que, sin que hayan pasado dos años desde que empezara la crisis, este último mes hemos conocido noticias como que el PIB de España creció -son datos todavía provisionales- en 2021 más del 5 %, que es
la tasa más alta de los últimos veintiún años, y que el pasado año 2021 en España se constituyeron un 21 % más de empresas que el año anterior. Otro gran indicador que marca la evolución es el mercado de trabajo, con una cifra récord de afiliados a
la Seguridad Social muy cercana a los 20 millones de españoles, y con una bajada muy relevante del número de desempleados, estando ya en datos prácticamente preCOVID. Por cierto, el empleo que se ha generado el año pasado en España, frente a lo que
dice nuestra derecha, el 89 % de ese empleo corresponde al sector privado. (Aplausos). Esto es así no por su funesta reforma laboral, sino por la confianza de las empresas en la marcha de la economía y en la política impulsada por este Gobierno.
(Rumores).
Mientras en el conjunto de España los datos marcan una tendencia positiva en la recuperación, desgraciadamente en mi tierra esto no es así. Como a ustedes les gusta ir tanto a Castilla y León a hablar de España, pues voy a tener que venir
yo también a hablar un poco de lo que sucede en Castilla y León. En Castilla y León los datos demuestran, a finales de 2021, que el crecimiento económico es mucho menor que la media del país; que estamos 8 puntos por debajo en la creación de
nuevas empresas; y que, según señala la EPA del cuarto trimestre, la cifra de desempleados se incrementa en 2400 personas y se produce a la vez una pérdida de personas ocupadas en 9000. Eso pasa en Castilla y León, en la Castilla y León en la que
llevan ustedes treinta y cinco años gobernando. Con estos datos tan desastrosos, y paralizando una Administración, la de Castilla y León, que tendría que estar ocupada y preocupada en aprovechar las oportunidades para la recuperación económica, en
aprovechar también esos fondos que parece que a ustedes no les gustan, pero que a todos los españoles sí, generando estabilidad y confianza en las empresas, al señor Mañueco se le ocurre en plena sexta ola convocar irresponsablemente unas
elecciones. Su hoja de servicio para la recuperación económica está prácticamente en blanco: de los 232 millones de la línea COVID del Estado para pymes y autónomos, han dejado de repartir 180 millones, un 78 %; con las múltiples necesidades que
cubrir por la pandemia, y con los consultorios médicos en Castilla y León cerrados, la Junta de Castilla y León genera un superávit cercano a los 450 millones de euros, gracias a las transferencias del Gobierno de España, puesto que la movilización
de recursos propios de la Junta de Castilla y León ha sido muy escaso o casi inexistente. Tan solo quiero cifrar que en Valladolid, mi ciudad, el ayuntamiento ha invertido más en las empresas y en los autónomos de la ciudad que toda la Junta de
Castilla y León.
En la hoja de servicios del PP, que ha gobernado durante los últimos treinta y cinco años, está el récord de la pérdida de capital humano, que se calcula en 285 000 personas en los últimos veinte años, desde que Mañueco entró en la primera
consejería en la que estuvo de responsable, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Miles de jóvenes formados y bien preparados salen de nuestra comunidad cada año, tan necesarios para fomentar el emprendimiento y las pymes y dar un
futuro a mi tierra.
Un reguero de corrupción y clientelismo durante estos treinta y cinco años, que bloqueaba la inversión de las empresas en nuestro territorio si no había la consiguiente mordida, siendo conocida tristemente en ámbitos empresariales como
Sicilia y León. La trama eólica, la trama Gürtel (un señor diputado: Los ERE), Púnica, llevan a que en muy pocas fechas se abra la vista oral y hasta que el anterior presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tenga que
testificar en esta causa. Esto sigue sucediendo, se sigue espantando a inversores de Castilla y León. Yo creo que todos habremos recibido en nuestro correo corporativo que una pyme ha tenido que ir a denunciar en el juzgado a la Junta de Castilla
y León por el sabotaje de un proyecto de biorrefinería en Barcial del Barco, Zamora, que iba a generar de forma directa doscientos empleos en una comarca que es epicentro de la despoblación, donde nos han dejado ustedes en estos treinta y cinco
años.
Castilla y León es una tierra de gente seria, trabajadora y honesta. No merecemos ser el felpudo de nadie en su ambición delirante de entrar en la Moncloa, con unas elecciones todavía lejanas. Hace dos años en un despacho de Madrid
truncaron el cambio que ganó en las urnas con sus socios de Ciudadanos y ahora vuelven a ser los despachos de Madrid los que anticipan unas elecciones anticipadas, pensando en sus procesos judiciales, en sus juegos de poder interno, en todo menos en
los ciudadanos de Castilla y León. (Aplausos). ¿Gobernar para qué? Les decía un líder de su partido: ¿Gobernar para qué? Pues no lo sabemos, porque con esta trayectoria en Castilla y León prácticamente lo que ustedes han presentado es el mismo
programa electoral del año 1987, eso sí, en vez de en pesetas, lo han pasado a euros, pero es exactamente el mismo. Treinta y cinco años abandonados; esa es la realidad que sufrimos en nuestra tierra. En lo que llega el día 13 de febrero, un día
que seguro será también de cambio y esperanza, como lo fue hace dos años, les agradecería, por el bien de nuestro tejido empresarial, porque somos foco de atracción al no haber otras elecciones, que den una idea más completa de lo que es Castilla y
León, de sus pymes, de sus emprendedores, de sus autónomos, de las universidades y de la capacidad para innovar que tiene el sector primario. Rogaríamos que el señor Casado deje de comportarse como un nuevo Fran de la granja y dé una mejor imagen
de nuestro medio rural, donde, aparte de animales, viven personas, una población envejecida que necesita mucho de los servicios públicos que ustedes recortaron y de los que les están privando.
Volviendo a la iniciativa que hoy presentamos, la introducción de la modificación de la Ley de transparencia permitirá conocer el grado de contratación de las pymes en la Administración pública, detectar posibles medidas legales a tomar en
consideración que mejoren su participación en el sector público, analizar la evolución de las políticas públicas implementadas que tengan como objeto mejorar la participación de las pymes en las contrataciones públicas y detectar buenas prácticas de
participación de las pymes en las distintas administraciones. Por todo ello, esperamos su voto positivo a esta propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. La verdad es que cuando vi que el Partido Socialista había presentado una proposición de ley sobre transparencia pensé: ¡qué valientes son estos del Grupo Socialista que por fin van a enmendar a su Gobierno!
(Aplausos). Después de mil doscientos incumplimientos de la Ley de transparencia, por fin se atreven a traer una iniciativa al Parlamento para que el Gobierno corrija esa situación y ya por fin podamos saber cuántos viajes han hecho en el Falcon,
cuánto cuestan, qué personas han viajado, cómo los hacen coincidir, por ejemplo, con esos actos electorales, que parece ser que hay elecciones en Castilla y León, por lo que nos ha dicho el portavoz socialista hoy, y sabemos que los viajes coinciden
con actos de partido. También, con esta modificación de la ley, podremos saber sobre ese famoso viaje a Estados Unidos, que el otro día en el debate.com podíamos ver que no se daba ningún dato de cuántas personas fueron, cuánto costaron los vuelos,
cuánto se gastó en taxis, cuánto se gastó en hoteles, cuánto se gastó en manutención, etcétera. Un montón de cuestiones que el Gobierno tiene obligación de dar y que, amparándose en una ley predemocrática, sigue sin dar a conocer. Por lo tanto, yo
creo que era buen momento traer una propuesta de transparencia para saber qué es lo que está haciendo el Gobierno. Todo aquello que se niega a hacer, a decir y a contar, como son estas mil doscientas veces que se ha negado a dar información o,
insisto, como ese viaje a ninguna parte que se hizo para intentar demostrar que se tenía algo que decir en
Estados Unidos y que se demostró -y por eso no se ha dado ningún dato- que fue un viaje en balde, pero, eso sí, pagado por el conjunto de los españoles. Y si quieren transparencia, empiecen ya y sepamos con transparencia cómo se va a
utilizar cada euro de esos fondos europeos que van a venir a España. Es un buen momento para demostrar -con hechos- que están ustedes comprometidos con la transparencia. (Aplausos). Por lo tanto, menos demagogia. No aprovechen un tema como este
para hacer campaña en Castilla y León, que yo creo que bastante tienen en la comunidad para hacer esa propia campaña y, desde luego, serán los vecinos y ciudadanos de esa comunidad los que decidirán, por supuesto libremente, el 13 de febrero el
resultado en esas elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Las pymes son las que más empleo generan en la Unión Europea. Son más del 98 % de las empresas, pero solo venían ejecutando un 40 % de la contratación pública, en el mejor de los casos, y es que las barreras de acceso eran numerosas y
diversas. En este sentido, además, Europa ya apostó por promover una mayor participación de las pymes en la contratación pública a través del Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso a las pymes y a los contratos públicos, y,
posteriormente, a través de las directivas 24 y 25, que aquí se han concretado en la Ley de Contratos del Sector Público del 2017, y en el Decreto de 2020, que regula la contratación de los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, denominados sectores excluidos. Por cierto, leyes que sientan las bases para impulsar la participación de un colectivo clave en la economía -la pyme-, las licitaciones públicas como contratistas principales o subcontratistas,
eliminando barreras, generando oportunidades a una parte del tejido empresarial y favoreciendo, por otro lado, a la Administración, porque esto conlleva una mayor competencia, un mejor precio y mayor calidad. A pesar de facilitar el acceso a las
pymes a la contratación pública, lo cierto es que no disponemos de datos de participación de estas en la contratación pública, lo que nos lleva a que desconozcamos, por un lado, si ha aumentado esa participación y, en caso de no haberse aumentado,
sus causas, ni mucho menos las medidas a impulsar para mejorar en su caso esa participación. Y es que para tomar decisiones entendemos que se necesitan datos. Hoy, la contratación pública no nos ofrece, desde luego, ni el rigor ni el detalle
necesarios. Para muestra, un botón: el informe trienal 2018, 2019, 2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 2021 en el bloque referido a nivel de participación de las pymes en la contratación pública dice que la estadística
contenida en ese informe debe ser considerada con extremada prudencia, atendiendo a la precariedad de las fuentes que lo soportan. Por eso estamos de acuerdo con que las administraciones sujetas a la Ley de transparencia deban publicar también el
porcentaje de contratos adjudicados a estas sociedades, aunque pensamos que se debiera ir más allá: intentar tener esos datos más desagregados, que nos permitan incluso conocer con mucho más rigor el nivel de contratos que obtienen las pequeñas y
medianas empresas respecto de las grandes, por ejemplo. Además, y tal y como se dice en la proposición de ley, se da cumplimiento a una PNL aprobada en la Comisión de Industria en junio. Es cierto que entre sus numerosos puntos se instaba, por un
lado, a impulsar la participación de la pyme en las licitaciones públicas y, por otro lado, a realizar estadísticas sobre esa participación. Sin embargo, señorías del PSOE, ya que ustedes han traído a colación esa proposición no de ley, aquí me
gustaría recordarles que en aquella también se incluyó una enmienda no solo para conseguir una mayor participación de la pyme en la contratación pública, sino también para que las pymes pudiesen cobrar en el plazo legal tanto de la Administración
pública como de las grandes empresas que contraten con la Administración y reciban ayudas. Su fin, efectivamente, en definitiva, es cumplir con la Ley de morosidad, porque de qué sirve que puedan acceder a mayor contratación pública si luego no
cobran en plazo, con todo lo que esto conlleva. Por eso, entendemos que es un paso y votaremos a favor, pero no se olviden de que hay otras cosas en aquella PNL que también se aprobaron, como es el tema de la morosidad, que sigue pendiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Del Valle, vaya papelón que le han hecho hacer hoy viniendo a tener que recuperar lo que su jefe y su candidato en Castilla y León perdió ayer en el debate a manos de un señor que estaba en su casa (aplausos); de la misma
manera que lo perdió el otro representante del bipartidismo, el señor Mañueco, a quien en una lección de transparencia, que es de lo que hoy tenemos que hablar aquí, habría que recordarle que, por favor, conteste a la pregunta de qué hacía un
consejero de Sanidad reuniéndose hace unos días con un adjudicatario de una contrata en secreto y contraviniendo los acuerdos precisamente sobre transparencia en Castilla y León.
Nosotros vamos a votar que sí a esta proposición de ley, porque nos parece positivo reformar la Ley 19/2013, de transparencia, sobre todo para tener -que es el objeto de esta ley- estadísticas sobre los contratos públicos que se licitan y se
adjudican a las microempresas y las pymes. En esto, como le digo, nos van a encontrar siempre a los liberales, porque hemos demostrado ser el partido de la regeneración y de la transparencia, como hemos demostrado precisamente en la tierra de la
que usted viene, en Castilla y León, mientras nos han dejado, evidentemente, porque en transparencia y en regeneración a Ciudadanos no nos va a ganar nadie. Pero hasta ahí, señorías del PSOE; y digo hasta ahí porque desgraciadamente ya no podemos
decir mucho más de esta reforma. Sí se puede decir -sí se menciona- lo que aparece en la exposición de motivos del texto -además se ha hecho referencia ya-, cuando ustedes literalmente en esa propuesta dicen que, primero, las pymes suponen el 99,8
% del total del tejido empresarial, representan más del 62 % del valor añadido bruto y el 64 % del empleo empresarial total, aunque realmente en la página del ministerio -debería usted saberlo, porque está así publicado- ya es el 72. Además, que la
participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública es esencial para la actividad económica en los países miembros de la Unión Europea. Y también dice esa exposición de motivos que en 2017 se estimó que el porcentaje de
contratos públicos adjudicados solo a pequeñas y medianas empresas y a microempresas estaba en un 29,45 %, lejos de la ratio deseada. Es decir, que la reforma que de verdad necesitamos es la de esa transparencia, pero también corregir el bajo
porcentaje de las pequeñas y medianas empresas y microempresas que reciben contratos públicos. De hecho, después de ocho o nueve minutos de su intervención, señor Del Valle, usted ha hablado de la PNL aprobada por la Comisión de Industria en junio
de 2021, que establecía, entre otras, esa medida de dar transparencia a la contratación pública de las pequeñas empresas. El problema, señorías del PSOE, es que de todas esas medidas aprobadas en aquella PNL -que era suya también- solo tenemos
noticia de esta, que es hacer una estadística de los contratos públicos de las pequeñas empresas, pero no hay noticia a fecha de hoy de ninguna otra medida de verdad encaminada a hacer frente al problema. Ustedes quieren hacer estadística del
problema, pero no quieren proponer soluciones al problema mismo. Señorías del PSOE, ustedes tienen una falta de ambición legislativa y un exceso de propaganda; actúan como en la pandemia, poniendo parches y únicamente con improvisación en sus
medidas, pero lo que hace falta son reformas, algo que los liberales ya les hemos dicho, que es lo que de verdad hace falta para España, para sus ciudadanos y, desde luego, para sus empresarios.
La medida que ustedes pretenden establecer es medir y evaluar cuántos contratos públicos se adjudican anualmente a microempresas y pymes, pero no contiene nada más para fomentar la contratación pública por estas empresas. Ustedes han
pretendido un diagnóstico, pero no aportan ninguna solución. No mencionan las otras medidas que también están en esa PNL, como mejorar las ratios de participación de las pymes en contratación pública, aprovechando las posibilidades que ofrece la
Ley de Contratos del Sector Público o el Plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. No mencionan nada de promover la compra pública
innovadora, para lo que se elaborarían mapas tempranos de compra pública que permitan a las pymes prepararse para acceder a la demanda, ni tampoco mencionan nada sobre dar mayor publicidad a los contratos no armonizados que, por sus características,
son más accesibles a las pymes. Esto es literalmente lo que ustedes decían en aquella PNL que fue aprobada en junio del 2021. Ninguna de esas medidas aparece en el horizonte de la legislación que ustedes promueven, pero es que, además, son esas
las medidas que hacen falta precisamente para favorecer a las microempresas y a las pymes en materia de contratación pública, como así lo ha dicho la OIReScon en el informe anual de actuaciones correspondiente al año 2020. El problema es que, como
se ha dicho también, ahora se están recibiendo en España los fondos, en la mayor cantidad que han llegado nunca de Europa, precisamente para poner en marcha reformas estructurales. El dinero ya está aquí y las empresas españolas siguen teniendo
exactamente los mismos problemas y los mismos obstáculos que tenían para acceder a través
de la contratación pública a esos fondos. Su portavoz en aquella PNL, el señor Soler, decía que, además de tener estadísticas, había que adoptar otras medidas que, precisamente, fueran efectivas para poder introducir la posibilidad de
reservar contratos a las pequeñas y medianas empresas en la contratación con la Administración. La pregunta es ¿dónde están esas medidas? Recuerden ustedes que aquella PNL se debatió, como hemos dicho, en junio de 2021, pero es que ustedes la
presentaron en marzo de 2020. Llevan ustedes casi dos años en el Partido Socialista proponiendo que se adopten medidas que, efectivamente, favorezcan la entrada de las microempresas y las pymes en la contratación pública y no han hecho nada. El
señor Soler ya decía en aquella PNL que en 2018 solo el 28 % de los adjudicatarios de procedimientos de contratación pública eran pequeñas y medianas empresas, algo muy inferior al promedio de la Unión Europea, que situaba este porcentaje en el 52
%. Y repetimos, ¿dónde están esas medidas? El último informe trienal de 2018, 2019 y 2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, de abril de 2021, dice que ese más del 99 % de pymes, que son pymes y microempresas, solo obtiene
el 63 % de los contratos, pero que representan solo el 42 % del valor económico. El problema es que esa información, además, ni siquiera está desagregada, con lo cual tampoco tenemos conocimiento de qué empresas realmente son microempresas,
medianas o pequeñas. Repito la pregunta, ¿dónde están esas medidas?
Señor Del Valle y señorías del PSOE, tómense esto como un consejo más que como una crítica. Pongan medidas en marcha para avanzar en la contratación pública y en el fomento de la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas,
pero, sobre todo, háganlo ya, porque si esta reforma sale adelante y empezamos a hacer estadísticas, lo único que vamos a conseguir es sacarles a ustedes los colores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señorías, vamos a votar que sí. Dicho esto, haré algunas consideraciones. Yo creía que habíamos suspendido el Pleno de la semana próxima para que sus señorías, a las que les corresponda, hicieran campaña electoral, y eso nos eximía de
hacer campaña electoral esta semana desde esta tribuna, pero veo que de eso no se escapa nadie. Por tanto, yo les sugiero que ya para las próximas elecciones no suspendamos nada y que las campañas electorales las hagamos desde aquí, así nos
grabamos nuestros vídeos y los pasamos a través de nuestras redes sociales.
Dicho esto, paso a la segunda consideración. Nosotros vamos a votar que sí, ya lo hemos dicho y que estamos de acuerdo, pero mi pregunta es si esta proposición de ley, esta modificación de la Ley de transparencia que consiste en añadir un
pequeño párrafo de cuatro líneas, cincuenta palabras, a la letra a) del apartado 1 del artículo 8, es realmente urgente y necesaria, ¿no lo podían haber incluido en algunos de los más de sesenta reales decretos-leyes que llevamos aprobados y
convalidados en esta legislatura? Porque, claro, no se entiende que vayamos ahora a constituir una ponencia legislativa, que vayamos a convocar una Comisión, para modificar cincuenta palabras -incluidos artículos y conjunciones- para, simplemente,
decirles a las administraciones públicas que de todos sus contratos, aparte de mencionar los contratos menores y cuantificar qué tipos de contratos establece cada nivel de Administración, también digan si han estado adjudicados a pymes o no. Sería
más fácil y sería realmente justificable por la urgencia y por la economía procesal legislativa.
Dicho esto, vayamos a la cuestión. Les preocupan las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Hasta aquí vamos bien. Les repito lo que me dijo un pequeño empresario, que me lo decía a mí para que lo trasladase a toda la Cámara y
se lo traslado a toda la Cámara: las pymes necesitamos menos marketing y más regulación real que llegue a las pymes. Uno tiene la sensación de que hacemos mucho marketing político con las pymes pero no sé si regulamos de forma efectiva en relación
con las mismas. Las pymes en estos momentos tienen un problema grave de tesorería muchas veces provocado porque se les está pagando en unos plazos que no son asumibles, y de eso son conscientes todas sus señorías. ¿Qué hemos hecho en lo que va de
legislatura? Yo les puedo decir lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos presentado una proposición de ley -no como esta, que seguro que va a tener más fortuna que la que presentó el Partit Demòcrata- para establecer un régimen sancionador a la
morosidad empresarial. Lleva prácticamente un año y medio parada para que sus señorías tengan tiempo de pensarse
las enmiendas y volver a presentar enmiendas semana tras semana, mes tras mes y ya estamos año tras año. Lo que necesitan las empresas es cobrar pronto y las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, lo que necesitan no es que les
digan estadísticamente cuántos contratos públicos acaban adjudicándose, sino que se les facilite el acceso a la contratación pública. Cuando se tramitó la Ley de contratos públicos dimos un paso importante. Yo mismo como ponente, y conjuntamente
con otros compañeros y compañeras, hice algunas enmiendas -algunas de las cuales se nos quedaron por el camino en aras del consenso de la aprobación- para facilitar el acceso a las pequeñas y medidas empresas y para facilitar también que aquellas
empresas subcontratadas de las empresas adjudicatarias pudiesen cobrar cuando les tocaba. Pero no es suficiente, está claro que no es suficiente. ¿Esta medida es mala? No. ¿Va a solucionar algo a las pequeñas y medianas empresas? Tampoco. ¿Nos
va a dar datos que ya conocemos y que podemos presuponer? Sí, pero el problema no es conocer que las pequeñas y medianas empresas -que son prácticamente más del 90 % de todas las empresas del conjunto del Estado, que representan un importante
porcentaje de la creación de puestos de trabajo y del valor añadido que se genera en este Estado- no tengan su porcentaje correspondiente en la contratación pública. Esto no lo vamos a arreglar mediante estadísticas; lo tendríamos que arreglar
mediante una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, a la cual no están dispuestos, y no están dispuestos los grupos mayoritarios. Por tanto, nosotros lo aprobamos, les aplaudimos y les diríamos que estaríamos dispuestos incluso a
convalidarlo mediante un real decreto-ley sin tramitación parlamentaria, esto que tanto les gusta o que tanto desean. Ahora lo vamos a hacer mediante un proyecto de ley al que -repito- le auguro mucha más suerte que al que presentamos nosotros para
el régimen sancionador de la morosidad empresarial. En todo caso, a veces hay casualidades que generan que las cosas se puedan desencallar. Espero que también sea este caso.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes.
Quiero participarles el dolor de nuestro grupo por el fallecimiento de nuestro compañero en el Senado Miquel Aubà, a quien lloramos y añoramos, lloraremos y añoraremos en lo personal y en lo político. (Pronuncia palabras en
catalán.-Aplausos).
Nada particularmente revolucionario en esta proposición de ley que nos traen los partidos del Gobierno, la modificación de la Ley de transparencia y buen gobierno, que añade la posibilidad de publicar información acerca del acceso de las
pymes a la contratación pública. El señor Bel ha definido tan bien la minucia de esta iniciativa que me ahorra parte del discurso. Evidentemente, estamos de acuerdo con cualquier mejora, por pequeña que sea, en pro de la transparencia y de la
información; información que esperamos que se utilice luego para articular acciones que faciliten y mejoren el acceso de las pymes a la contratación pública, ante la evidencia de las múltiples trabas que tienen que superar frente al dominio de las
empresas del palco del Bernabéu.
Cumplen con esta reforma -como bien dicen ustedes en la exposición de motivos- con una PNL que presentó el Grupo Socialista en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Bien por ello también; ya saben que el chascarrillo suele ser que
de las tres palabras de 'proposición no de ley', la más importante suele ser la de en medio que es 'no', no suele servir de nada. (Aplausos). Celebro que rescaten una PNL -subrayo, por inaudito, una PNL olvidada en un cajón- que sirva para
realizar medidas concretas. Pienso que este es el espíritu que debemos otorgar a todas las PNL. Entendemos, eso sí, que como esta proposición de ley es suya pasará sin demora por los diversos filtros de la Mesa y pronto será una realidad.
¿Pero qué pasa, señores de los grupos del Gobierno, con todas aquellas medidas también presentadas como proposiciones de ley, con una importancia sin paliativos para las pymes pero que, por su conjura, siguen congeladas en el trámite de las
enmiendas? Me estoy refiriendo, evidentemente, a la proposición de ley que ha mencionado el señor Bel, que tanto hemos defendido varios grupos de diverso pelaje y que lleva diez meses congelada en la Mesa del Congreso de los Diputados -los
calificativos que les ha dirigido el señor Bel he de considerarlos moderados, seguramente debido a su convalecencia- o a su proposición de lucha contra la morosidad empresarial, que recoge un régimen sancionador como mecanismo clave para
desincentivar esta práctica que ya a nadie se le escapa. ¿O qué ocurre con otras
medidas vitales para miles de pymes y trabajadores autónomos, como la de la moratoria que hace escasos días reclamaba la patronal catalana Cecot? Imagínense ustedes ser una pequeña empresa en plena sexta ola, con miles y miles de personas
infectadas cada día, con un incremento de las bajas y con imposibilidad de desarrollar una actividad normal. Según datos de este organismo, una de cada tres empresas ha visto reducida su actividad o ha tenido que cerrar líneas de producción,
incluso de negocio, por falta de personal, por bajas. También una encuesta publicada por Pimec muestra que del 20 de diciembre al 17 de enero el 70 % de las empresas catalanas ha tenido personal de baja por incapacidad temporal. En esta Cámara lo
hemos vivido, pues debido a una baja por COVID se ha demorado la discusión de la reforma laboral. En cambio, el ingreso del trimestre del IVA -san IVA- se cumplió sin falta ayer. ¿Cómo se puede exigir un funcionamiento normal en estas
circunstancias? Por ello, se reclamaba flexibilidad al Gobierno español y se proponía una prórroga de solo treinta días para poder presentar debidamente las declaraciones del IVA o de la Seguridad Social. ¿Qué ha hecho el Gobierno del PSOE y de
Unidas Podemos? Nada, camaradas; a ingresar cuando toca.
En resumen, señorías del PSOE, apliquen este mismo sentimiento y sensibilidad prime friendly a todos los actos y en todos los ámbitos de su actuación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a debate una proposición de ley corta, apenas son tres páginas, y con un único artículo, que pretende modificar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Como ya se ha explicado, su finalidad consiste en la publicación anual de información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados a micro, pequeñas y medianas empresas para cada uno de los procedimientos
previstos en la legislación de contratos del sector público. Resulta difícil encontrar argumentos para oponerse a una medida que, en todo caso, no puede sino abundar en una mayor transparencia para la gestión de recursos públicos. Eventualmente,
además, permitirá realizar diagnósticos para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas y la evaluación de las mismas. La contratación pública en España supone entre un 10 y un 20 % del PIB, atendiendo a las distintas estimaciones, y en el
contexto de la Unión Europea este porcentaje se sitúa en un 14 %. Es decir, no solo supone una movilización de recursos extraordinaria, sino que además se erige como una poderosa herramienta para incidir en nuestro modelo productivo. Por tanto,
nos debe permitir mejorar la productividad de nuestra economía, asegurando a la vez mayores cuotas de justicia social, promoviendo, por ejemplo, la inclusión de sectores precarizados o directamente expulsados, favoreciendo una transición ecológica
rápida y armónica e impulsando valores que nuestra sociedad da hoy por buenos y necesarios, como la tolerancia, la diversidad, la complementariedad. También debe servir como palanca para que nuestras pymes participen en pie de igualdad en la
producción de bienes públicos y servicios comunes. De hecho, en España ya ha habido desarrollos normativos en esta materia.
Señor portavoz de Ciudadanos, decía usted que no se había hecho nada. Yo le invito a que eche usted mano de hemeroteca y repase lo que se ha venido haciendo en estos últimos tiempos, porque quiero recordar, por ejemplo, el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, que incorporaba ya medidas de apoyo a las pymes que han ido claramente más allá de lo previsto en las directivas comunitarias de contratación pública que el real decreto-ley estaba llamado a trasponer. Esto es solo un
ejemplo. Asimismo, nos consta que el Ministerio de Hacienda está realizando las modificaciones pertinentes en la plataforma de contratación del sector público para posibilitar la recogida de datos relativos a la participación de las pymes en la
contratación pública. Por tanto, las medidas recogidas en esta iniciativa comparten este rumbo y lo consolidan, en la medida en que también se encuentran recogidas en el Marco Estratégico en Política Pyme 2030, cuyo objetivo es configurar un marco
de actuación para las administraciones públicas españolas, identificando mecanismos para mejorar la competitividad de las pymes y sus posibilidades de crecimiento.
La propuesta socialista pone el foco en la producción de estadísticas, un término acuñado por el economista prusiano Gottfried Achenwall en el siglo XVIII como apéndice necesario del Estado. Por eso, y en realidad, la aplicación de la
lógica matemática a la práctica del Estado es casi simultánea al nacimiento
del mismo. Desde la elaboración de censos en las ciudades de Estado griegas se han fabricado números de lo común siempre con un sentido profundamente pragmático, y en un inicio, por cierto, cuasi exclusivamente centrados en la supervivencia
financiera del propio Estado, es decir, en la recaudación de tributos y de impuestos. En todo caso, no existe una elaboración en abstracto de la estadística. Su uso, su construcción, está siempre y necesariamente vinculada a un fin práctico. No
pretende solo constatar, sino que busca incidir desde el origen. Es decir, la estadística, cualquier estadística, nace ya orientada políticamente.
En el caso que nos ocupa, esta iniciativa declara que su intención no es otra que asegurar una mayor participación de las pymes en el suministro de bienes y servicios al Estado y, con ello, facilitar el desarrollo de las mismas a través de
mejoras de la productividad, de mayores economías de escala, en línea con los objetivos de sostenibilidad medioambiental e igualdad de oportunidades que nos marca la Agenda 2030. Sin duda, es un objetivo loable y también ambicioso, ¿por qué no?
Precisamente por ello, si bien compartimos la pertinencia de las medidas que aquí se discuten, esta iniciativa nos sabe a poco, se nos queda algo corta, como ya han anticipado algunos otros portavoces, más cuando se utiliza un dispositivo
normativo de gran calibre como es el de una proposición de ley. Por ejemplo, se podría aprovechar este procedimiento para crear un observatorio que diera seguimiento activo al despliegue de medidas que se están llevando a cabo, que se llevarán a
cabo en breve, que identifique y valore hasta qué punto las estadísticas disponibles permiten elaborar diagnósticos ajustados, en qué medidas surgen desviaciones no previstas respecto de los planes trazados, etcétera. Asimismo, podrían tomarse ya
medidas en relación con la contratación pública, al margen de cualquier información previa, porque son justas y coherentes con lo que ya se está haciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en la prohibición de contratar con empresas o grupos radicados
en paraísos fiscales. Bien pudiera ocurrir que esto no fuera un problema estadístico y, sin embargo, ya sería injusto que se produjera, aunque solo fuera una sola vez. En este sentido, confiamos en que el Gobierno pueda presentar próximamente una
estrategia nacional de contratación pública que oriente y ordene tanto las medidas que ya se han tomado como las que están por tomarse en los próximos años. Sin duda, la potencia de la herramienta merece desarrollar un plan plurianual de estas
características que sea capaz, precisamente, de exprimir todas estas potencialidades.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Señorías, por una vez -a algunos les va a resultar raro que lo diga- estoy de acuerdo con lo que ha manifestado el señor Bel. Efectivamente, yo pensaba que íbamos a venir aquí a escuchar al portavoz del PSOE presentar una proposición de ley
relativa a la modificación de la Ley de transparencia y buen gobierno para recoger la obligación de realizar unas estadísticas respecto al volumen de contratación pública que afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, y nos hemos encontrado
con que el señor Del Valle -no yo, el otro, el del PSOE- nos ha dado un mitin de campaña sobre Castilla y León. Así que por eso decía que coincidía por una vez con el señor Bel.
Me centro en el tema, en lo que recoge el orden del día. Nosotros ya hemos manifestado en varias ocasiones que en ese momento -uno de los que me ha precedido en el uso de la palabra también lo ha visto así- lo que más preocupa a las
pequeñas y medianas empresas en su relación con las administraciones públicas y con todo el entramado de organismos y empresas públicas es la falta de diligencia en el abono de los precios de los contratos públicos. Hay una morosidad tremenda, y no
solo eso, sino que, en obras públicas en concreto, hay obras que tenían plazos de ejecución pequeños que afectaban a las pequeñas y medianas empresas y que en muchos casos se han tenido que abandonar. Ya en el mes de abril, el Grupo Parlamentario
VOX propuso una proposición no de ley en el sentido de que el Gobierno tomara medidas para evitar esa morosidad de las administraciones públicas en el pago a pequeñas y medianas empresas y a autónomos y fue rechazada con los votos de toda la
izquierda de esta Cámara. En el mes de junio, en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, cuando se debatió y se aprobó la proposición no de ley de la que deriva esta proposición de ley, también presentamos una enmienda, no solo pidiendo un
plan de morosidad para evitar esa demora en el pago de los precios de los contratos públicos que afectaban a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también un régimen
sancionador, y sus señorías del Partido Socialista, miembros de esa Comisión, no quisieron aceptar la enmienda. Prefirieron aceptar una enmienda light, descafeinada, en la que tan solo se hablaba de que se instaría al Gobierno a que tomara
medidas para evitar esa morosidad, pero no quisieron para nada recoger la parte sancionadora, que a nuestro juicio es esencial.
Por otro lado, hace algo más de un mes, en este mismo hemiciclo estuvimos debatiendo una proposición no de ley sobre la posibilidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público, así como la Ley de Desindexación de la Economía
Española, en el sentido de que se flexibilizaran los requisitos que la legislación vigente exige para modificación de precios y contratos públicos, que, como se dijo aquí, afectaba fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, porque son las
pequeñas y medianas empresas las que más están sufriendo la subida de los materiales: el otro día oíamos que el aluminio ha subido en un año más del 200 %; la madera el 70. Son unos precios disparatados, y son esas pequeñas y medianas empresas, a
las que ustedes dicen que quieren ayudar, las que los están sufriendo. Pues bien, esa proposición no de ley también fue rechazada por sus señorías de la izquierda. (Aplausos).
Y ahora hablan aquí de que quieren ayudar a la pequeña y a la mediana empresa, que quieren que la pequeña y mediana empresa sea adjudicataria de contratos públicos, y lo único que traen es que se publiquen unas estadísticas respecto al
volumen de contratación pública que les afecta, y además lo hacen modificando la Ley de transparencia y buen gobierno, en lugar de la Ley de Contratos del Sector Público. Y yo me preguntaba por qué, y tengo la respuesta clara: quieren lavar su
imagen. Son el Gobierno más opaco que ha habido en la historia de la democracia en España. (Aplausos). Nombraron a un presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que fue rechazado por las asociaciones pro transparencia. La prensa
inmediatamente sacó titulares diciendo que era una persona vinculada al Partido Socialista Obrero Español y que no podía presidir un consejo cuya función es, entre otras, el control del Gobierno. Les dio igual, lo nombraron, y lo primero que hizo
fue ir al despacho de la señora Calvo, entonces vicepresidenta del Gobierno, y, a continuación, al del señor Bolaños, por aquel entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, a recibir consignas políticas, para al día siguiente cesar a
la subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia, la señora Zambrano, porque había osado pedir los datos del uso del Falcon por el presidente del Gobierno y porque había dado al Gobierno un plazo de diez días para que presentara
la lista de aquellos desconocidos invisibles miembros de la comisión de asesoramiento en la primera parte de la pandemia de la COVID. (Aplausos). Fue fulminada. Hubo titulares en toda la prensa; a mí el que más me gustaba era el de Periodista
Digital, que decía que la suciedad en el Consejo de Trasparencia no se va ni con Cillit Bang. Ese es magnífico. Pero los ha habido de todo tipo. Es raro que, con la cantidad de subvenciones que dan ustedes a los medios de comunicación, haya
habido unanimidad en que está habiendo suciedad y poca transparencia.
Como me queda poco tiempo, aunque ya lo ha dicho otro portavoz con anterioridad, quiero recordarles lo que decía el ABC de ayer (muestra el recorte de prensa del diario ABC): 1200 actuaciones en contra de la Ley de transparencia. Y,
además, utilizan...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: ... una ley franquista de secretos oficiales, que les debe dar sarpullidos.
Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de los señores diputados de VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Postigo Quintana.
El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es la primera y única ley nacional aprobada en la democracia sobre esta materia. La aprobación de una ley de transparencia era una demanda
social que no permitía más demora. Debía ser un instrumento imprescindible para dar el derecho de control sobre el poder político y administrativo a los ciudadanos. Fue un hecho y un hito histórico. Señorías, una pregunta en voz alta: ¿Fue la
izquierda, quizá el nacionalismo o el independentismo, quienes impulsaron la aprobación de esta ley, quienes aportaron los votos necesarios para sacarla adelante? ¿Acaso fue el Partido Socialista? La respuesta es sencilla: rotundamente, no.
Señorías, los ejercicios de memoria son muy saludables. La Ley de transparencia fue una ley del Gobierno del presidente Rajoy y que el PSOE intentó boicotear abandonando la ponencia con estridencia y malos modos, rompiendo los acuerdos
alcanzados y rechazando la negociación y el consenso. Se convirtió el Grupo Socialista con ello en uno de los grupos que votó en contra de introducir por primera vez en la legislación española una norma para hacer transparentes a las
administraciones públicas y fomentar el buen gobierno. Ahora, más de tres años después de estar en el Gobierno el PSOE, nos trae una proposición de ley que habla bien de la Ley de transparencia de Rajoy y que se limita a introducir un párrafo para
establecer la obligación de aportar datos estadísticos con carácter anual sobre la contratación pública con las pymes. Esperábamos, señorías del PSOE, que, como votaron en contra de esta ley, aprovecharían ahora para modificar, cambiar o sustituir
muchas partes de la misma, quizás una reforma para tapar que el Gobierno de Sánchez es el más opaco del periodo democrático o para blanquear la utilización de Falcon. Pero nada de nada.
Entonces, ¿qué pretenden ustedes, señorías? El Grupo Socialista fundamenta su propuesta en conseguir más datos estadísticos del grado de contratación de las administraciones públicas con las pymes. El fin último que figura en la exposición
de motivos es aumentar la participación de las pymes en la contratación pública, pero, siendo este el objeto de la proposición, ¿qué es lo propone el Grupo Socialista para facilitar la contratación de pymes en el sector público? Rotundamente nada.
Todo se limita a tener más datos estadísticos del porcentaje de contratación, pero ninguna ayuda concreta a la empresa. Señorías, no me digan que no tiene guasa esta PNL presentada por el PSOE. Querer modificar la ley para exigir más información a
las administraciones públicas y a las empresas más bien parece una burla, pues es este el Gobierno más opaco y oscuro de toda la democracia española. (Aplausos).
Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 diciembre 2021, el Consejo de Transparencia ha dictado 1203 resoluciones -se dicho aquí varias veces- en las que señala e indica que el Gobierno negó indebidamente la información solicitada por los
ciudadanos. Resulta paradójico observar que, para ocultar la información de sus malas prácticas, además se amparen, en algunos casos, en la ley franquista de secretos oficiales. Qué hipocresía y qué cinismo. Esta ley franquista, según dice el
Consejo de Transparencia, está siendo utilizada indebidamente por el Gobierno para esconder expedientes comprometedores. Señorías del PSOE, las estadísticas del Consejo de Transparencia sobre la Administración central demuestran que desde la
llegada de Sánchez a la Moncloa a mediados de 2018 se han disparado exponencialmente los casos en los que el Gobierno y sus ministros incumplen las resoluciones del Consejo de Transparencia interpretando de forma abusiva e incorrecta los supuestos
previstos en esta ley, según el propio consejo, para ocultar información que debe ser pública. El incumplimiento de las promesas de transparencia del presidente ha sido tan flagrante y en tan reiteradas y abusivas ocasiones que se ha convertido en
el líder de la ocultación de información. Resulta deshonesto y de una desfachatez increíble querer saber y tener información de los demás siendo ustedes los más opacos y los menos transparentes. Señorías del Grupo Socialista, ya sabemos por qué
votaron en contra en 2013. La izquierda en general, y el sanchismo en particular, son la antítesis de la trasparencia. No querían y no quieren ser controlados.
En relación con las pymes, quiero decir que soy de Segovia, de Castilla y León, y que he sido empresario y autónomo durante toda mi vida laboral, treinta y cinco años, hasta que llegue aquí al Congreso, así que creo que de esto sé algo.
Cuando ha gobernado el PSOE, la clase media empresarial, las pymes, han sido las grandes olvidadas y las grandes perdedoras. El año pasado, el Gobierno del señor Sánchez se cargó una de las empresas más antiguas de Segovia, la Base Mixta, con
doscientos cincuenta años a sus espaldas y en la que trabajan, aproximadamente, doscientas personas. En los próximos dos o tres años desaparecerá de Segovia. También el año pasado el Gobierno del señor Sánchez canceló la concesión administrativa
de las tres pistas de esquí segovianas de Navacerrada, llevándose por delante, literalmente, otros casi doscientos empleos y poniendo en riesgo de quiebra al sector turístico asociado al deporte de invierno. Ahora está en los tribunales, pero desde
Segovia y con el apoyo de la Junta de Castilla León y con el presidente Mañueco al frente defenderemos con todas nuestras fuerzas la estación de esquí y todas las empresas que generan empleo en nuestra tierra. (Aplausos).
Así que, por favor, señor Del Valle -el del Partido Socialista-, no nos hable de despoblación, cuando atacan y se cargan empresas de sectores que mantienen vivos a nuestros pueblos. Señorías del PSOE, exijan al Gobierno que deje de
perjudicar a las comunicaciones en Castilla y León. Y no me puedo olvidar del importante sector servicios en Segovia. Hay ayudas que todavía no han llegado a Segovia, ni a los hosteleros ni a los restauradores ni al comercio. Ninguna ayuda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor POSTIGO QUINTANA: ¿Dónde están los 7000 millones aprobados en marzo del año pasado en ayudas directas? Desde luego, en Segovia ningún euro. Ya acabo, señor presidente, gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
El señor POSTIGO QUINTANA: Señores del PSOE, que lleguen, por favor, las ayudas a las empresas, que puedan cobrar en el plazo debido, y dejen de cerrar empresas por decisiones políticas.
Desde luego, votaremos que sí, porque consideramos que cuanta más información... (Prolongados aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD Y DE LA TECNOLOGÍA 5G EN ZONAS AFECTADAS POR LA DESPOBLACIÓN. (Número de expediente 162/000848).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el impulso de la conectividad y
de la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación.
Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Fagúndez Campo.
El señor FAGÚNDEZ CAMPO: Gracias, presidente.
Señorías, hoy traemos aquí una proposición no de ley con el objetivo, nuevamente, de luchar contra la despoblación en este país. Lo hacemos con el objetivo, y en la línea del Gobierno de España, de que en los próximos años el cien por cien
de la población de España tenga el cien por cien de cobertura en materia digital y conectividad en todo el territorio nacional. Y lo hacemos, en este caso, a través de la distribución y de la extensión del 5G, una tecnología que nos va a permitir
llevar la fibra o la extensión de la banda ancha a esos núcleos de población tan alejados y cuya situación geográfica, los problemas de orografía y, sobre todo, su dispersión poblacional lo impedían.
Señorías del Partido Popular, lamentablemente dejan ustedes siempre solo al Gobierno de España a la hora de luchar contra la despoblación, a pesar de que ustedes gobiernan en muchos de los territorios que sufren la despoblación, como es el
caso de mi territorio, Castilla y León. Dejan solo al Gobierno de España, el único que está tomando acciones y medidas para poder luchar contra esta lacra que tenemos. Además, tenemos que denunciar la irresponsabilidad del señor Casado en esta
campaña electoral. En primer lugar, nos ha convocado a unas elecciones en plena pandemia. También nos ha condenado a no tener un presupuesto para poder invertir los fondos europeos, capaces de sacarnos de la crisis económica sufrida por la
pandemia. Pero lo más grave que está haciendo el señor Casado es que se ha ido al territorio a torpedear, en esa acción permanente de erosión al Gobierno, aquellos proyectos que el Gobierno de España está llevando a Castilla y León para generar
oportunidades en el territorio.
Señorías, gracias al plan de descentralización de este Gobierno, vamos a llevar a cada una de las provincias proyectos específicos; a la mía, a Zamora, específicamente, el retorno de los militares al campamento militar de Monte la Reina, un
proyecto que no solo va a estar a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en la provincia, sino que va a permitir que cuatro mil personas lleguen a Zamora, una provincia que se desangra año a año poblacionalmente.
Sin embargo, la última feliz idea que ha tenido el señor Casado ha sido ir a Castilla y León a amenazar con llevar a los tribunales al presidente del Gobierno por anunciar un avance en el Consejo de Ministros sobre este proyecto. Esas son
sus ayudas a la Junta de Castilla y León y sus ciudadanos en su lucha por la despoblación. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, silencio.
El señor FAGÚNDEZ CAMPO: Les tengo que avanzar que nuevamente esta estrategia les va a salir mal. Ustedes desenterraron el otro día al señor Aznar para que fuera a hacer campaña, y es lo mismo que les estoy diciendo ahora desde esta
tribuna: que dejen el territorio, que dejen a los ciudadanos de Castilla y León, en los usos que tiene el señor Casado, en esa pelea con la señora Ayuso para liderar el Partido Popular. No les va a salir bien la estrategia. Ahora pretenden
ustedes ocultar al señor Casado y al señor Aznar. Pero a los únicos que no van a callar ustedes es a los ciudadanos de Castilla y León, que ya les conocen bien, después de los treinta y cinco años que llevan gobernando esa comunidad autónoma.
(Aplausos).
Ahora vienen a explicarnos que esto de la despoblación es poco menos que una desgracia bíblica, una plaga bíblica, en la que ustedes no tienen absolutamente nada que ver. La realidad es que durante esos treinta y cinco años en los que
ustedes han gobernado no han tomado ni una sola iniciativa para luchar contra la despoblación. Como decía, han dejado solo al Gobierno de España al frente de la lucha contra la despoblación. Y, frente a su inacción durante estos años, otras
comunidades autónomas, como Aragón y Castilla-La Mancha, crecían en población, con unos problemas muy similares a los que tenemos nosotros. Ustedes lo que han conseguido es que 250 000 ciudadanos de Castilla y León hayan tenido que irse del
territorio. Esa es su herencia, la herencia envenenada de todos estos años. Han desmantelado los sistemas públicos, especialmente la sanidad, y así es imposible, señorías del Grupo Popular, que este territorio tenga futuro.
Pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por esa inacción que ustedes llevan a cabo desde el Gobierno. Vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de España por llevar esos proyectos específicos que generen oportunidad en el territorio,
vamos a desarrollar este presupuesto, que contiene más de diez mil millones de euros para luchar contra la despoblación y vamos a desarrollar estas ciento treinta medidas, que apuesten por la digitalización, que apuesten por el mantenimiento de los
servicios básicos, que apuesten por generar empleo y riqueza en el territorio, frente a toda esa inacción, frente a la falta de políticas públicas que ustedes están mostrando en esta materia.
Y termino, señorías. Solo quiero decirles que, a pesar de la gestión hecha durante estos treinta y cinco años, este Gobierno va a seguir trabajando por los ciudadanos de Castilla y León para ofrecerles un futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, en primer lugar el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señor presidente.
Señorías, por mi parte, intentaré centrarme algo más en el tema de la PNL. Y agradecemos que, a través de esta iniciativa para que el despliegue de las redes de telecomunicaciones aborde el reto demográfico, los grupos parlamentarios se
aproximen progresivamente a nuestro Plan 100-30-30 para dotar de accesibilidad física y conectividad digital a las zonas del país que sufren los desequilibrios territoriales: treinta minutos a un centro de servicio, treinta kilómetros a una vía de
alta capacidad y cien megas simétricos como velocidad mínima de acceso a Internet.
En la exposición de motivos de la PNL se defiende vincular el despliegue de las nuevas telecomunicaciones y el desarrollo económico de todas las personas en cualquier zona geográfica, cuestión en la que estamos de acuerdo, pero en este
asunto, como en otros, es necesario que los principios enunciados en esta Cámara se conviertan en leyes, que el desarrollo de los reglamentos y la acción de todas las administraciones mantengan coherencia con los mismos principios, y esto no es así
todavía. Es más, resulta necesario que los planes que el Gobierno aprueba pasen del papel a la práctica con efectividad, como debería suceder con el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso a la
Tecnología 5G, aprobado el 1 de diciembre de 2020, cuyo primer eje apunta a la extensión de banda ancha para favorecer la vertebración territorial, incluyendo medidas para incentivar el despliegue de banda ancha en zonas despobladas. Más de un año
después, nos proponen ahora una PNL sobre impulso a la conectividad y la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación. ¿Quiere esto decir que no está funcionando el citado plan? ¿O que es necesario recordar al propio Gobierno que
desarrolle de manera efectiva las medidas ya aprobadas?
Señorías, conectividad digital para todas las personas significa que la banda ancha y la red 5G deben estar a disposición de quienes viven en el medio rural y en las áreas afectadas por la despoblación y que todas las personas accedan a la
cultura digital y desarrollen unas competencias básicas digitales. Por ello el Gobierno, las administraciones y las empresas deben promover una cultura digital amigable para todos los grupos de edad y colectivos sociales, con estrategias de
formación que alcancen a la población mayor y a quienes viven en las pequeñas ciudades y áreas despobladas. Y para que las telecomunicaciones impulsen la corrección de los desequilibrios territoriales, nuestras enmiendas defienden que el despliegue
de la red 5G se realice con el objetivo de acabar con la brecha digital, empezando por los territorios que están más atrás, con un orden de prioridad que estimamos en lo siguiente: que comience por las provincias que el Gobierno ha incluido en el
mapa de ayudas estatales de finalidad regional en función de la densidad de población...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor GUITARTE GIMENO: ... que continúe con las comarcas contiguas, que tienen un problema de despoblación muy similar y que siga con las provincias con una densidad inferior a 25 habitantes/km2.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
La PNL que nos presenta hoy el Partido Socialista tiene una letra y una música que suenan muy bien, pero también pensamos desde Cantabria que instar al Gobierno en esta materia es muy necesario en estos momentos, y es muy oportuna porque el
Gobierno necesita que se le presione, e intuyo que la mayoría de los diputados del Grupo Socialista no saben hasta qué punto es necesario para hacer realidad las inversiones previstas en los fondos europeos.
En el seminario de la semana pasada del ministerio con las comunidades autónomas para la aplicación del decreto de noviembre que regula la concesión de las ayudas directas de los fondos del Plan de recuperación, se ha visto la dificultad de
ejecutar las actuaciones de las redes de banda ancha de muy alta velocidad, principalmente, primero, por la obligación de ser de titularidad pública, lo que dejaría fuera a muchos ayuntamientos pequeños, y, segundo, por el plazo de finalización el
31 de diciembre de 2023. Además, no está claro el criterio para definir el equipamiento subvencionable, en función de si es software o hardware, por la disparidad de criterios entre el Gobierno y las comunidades autónomas, ni tampoco qué es lo que
pasa con las inversiones iniciadas a partir del 1 de febrero del 2020, como dice el reglamento de la Unión Europea que establece el mecanismo de recuperación.
Por suerte, en Cantabria estamos muy avanzados en esta materia, porque la ejecución del Plan Conecta Cantabria, aprobado en noviembre del 2017, ha sido un éxito total. El 95 % de la población de Cantabria dispone de banda ancha, 57
municipios han recibido subvenciones para 71 proyectos, y esto ha sido fundamental en el tiempo de la pandemia. No queremos ni pensar qué habría pasado con respecto al teletrabajo y otras muchas cuestiones con referencia a muchísimas personas y en
muchísimas zonas de Cantabria sin ello. Hay que recordarlo para que los ciudadanos también valoren lo mucho y lo bueno que hacen algunas administraciones públicas, como la Consejería de Industria y la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria, ambas en manos de regionalistas.
Señores del Partido Socialista, vamos a votar a favor, pero deben transmitir a los responsables del Gobierno que tienen que ponerse las pilas. No solamente nos estamos jugando el dinero, sino también la posibilidad de actuar en situaciones
críticas y el futuro de las próximas generaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Pensaba que el debate sobre las elecciones a la Junta de Castilla y León fue anoche, pero, después del mitin del señor Del Valle y también del señor Fagúndez, está visto que es a esta tribuna adonde se tiene que traer a colación Castilla y
León.
Esta iniciativa es de lo más oportunista que he visto nunca, y la verdad es que había competencia. Uno de los partidos del Gobierno quiere adoptar medidas encaminadas al impulso de la conectividad y la tecnología 5G que contribuyan a frenar
la despoblación en áreas rurales; en palabras del señor Fagúndez, luchar contra la despoblación. Y, miren, yo no sé cómo decirles esto sin resultar grosera, pero... tápense un poquito, porque, a la vez que traen ustedes aquí esta proposición no
de ley, su Gobierno está tramitando una ley de telecomunicaciones en la que no se incluye ni una sola medida de las que traen ustedes en esta proposición no de ley. (Aplausos). Es más, ni siquiera han introducido ninguna de estas medidas en las
enmiendas que se están tramitando sobre la ley de telecomunicaciones. Y yo les pregunto: ¿Cuándo han cambiado de idea sobre la extensión de la fibra 5G y la despoblación, antes o después de la convocatoria de las elecciones en Castilla y León?
Porque, ¡oh, casualidad!, los habitantes de zonas rurales son mayoritarios justo en la comunidad que ahora está en campaña electoral. Decía el gran Francisco Quevedo que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.
Garantizar que un ciudadano tenga más o menos derechos por cuestión de nacimiento o residencia es una máxima intrínseca a nuestro proyecto liberal, y ello supone que no se permita que haya españoles que por vivir en zonas rurales o
escasamente pobladas no puedan acceder a los mismos servicios que los que viven en ciudades. Desde el año 2019, allí donde está representado en los Gobiernos, Ciudadanos viene impulsando el plan naranja contra la despoblación, y, por ejemplo, se ha
hecho así en la Junta de Castilla y León, donde, gracias a la acción de los liberales españoles y de Paco Igea, por primera vez en cuarenta años se atrae más población de la que se marcha. Nosotros sí hemos planteado propuestas para facilitar el
despliegue del 5G en las zonas rurales y despobladas desde el año 2019 -lo repito-, pero es que además hemos incluido esas propuestas en las enmiendas a la ley de telecomunicaciones que se está tramitando ahora mismo en el Congreso. Frente a su
palabrería, la palabrería del PSOE, las acciones reales de Ciudadanos. Frente a la falta de voluntariedad en esta iniciativa, las enmiendas de Ciudadanos a la ley de telecomunicaciones, enmiendas para garantizar que los ciudadanos de las zonas
rurales tengan también acceso a una conexión a Internet de al menos cien megabytes/segundo en el corto plazo, enmiendas para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pueda realizar evaluaciones sobre la velocidad de conexión para
evitar que exista un Internet de dos velocidades, la de las ciudades y la de las zonas rurales, y enmiendas destinadas a la creación de una ventanilla única, que evite la maraña de trámites administrativos para el despliegue de las redes de alta
velocidad en las zonas despobladas, o a la eliminación de impuestos a las redes de 5G al menos durante los cinco primeros años de servicio, entre otras cosas.
En definitiva, señorías, si el Grupo Socialista tiene verdadera intención de llevar a cabo algunos de los puntos de su proposición no de ley presentada aquí, lo mejor que pueden hacer es votar a favor de las enmiendas de Ciudadanos a la ley
general de telecomunicaciones, porque, en cuanto al brindis al sol de esta proposición no de ley, les digo que les faltan dos asuntos de gran relevancia y que por eso hemos enmendado la propuesta. Por un lado, ustedes no dicen nada sobre las
competencias digitales, y yo les pregunto qué hacemos para no dejar fuera de estas oportunidades que ofrece el 5G a quienes no han recibido formación sobre las redes de alta velocidad. Y, por otro lado, ustedes no hablan nada acerca de la
ciberseguridad. La digitalización es una grandísima oportunidad, y, sin embargo, a medida que aumente la presencia en Internet de estos usuarios y empresas, más expuestos se van a ver a nuevos tipos de riesgos y ataques cibernéticos, por lo que
resulta clave invertir en el refuerzo de la ciberseguridad.
Termino ya. Hemos presentado una enmienda, como les decía, para añadir estos dos aspectos, las competencias digitales y la ciberseguridad, pero quiero recordarles que tan solo hace un par de meses ustedes rechazaron las enmiendas de
Ciudadanos a los presupuestos que iban en esta línea de actuación, así que les pido que ahora sean coherentes y las acepten.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Boas tardes, presidente. Boas tardes, señorías.
Nos trae hoy a debate el Grupo Socialista una proposición no de ley con dos temas que claramente se entrecruzan, y cada uno de ellos daría o debería dar perfectamente para tener un debate profundo y mesurado. Por una parte, la cuestión de
la despoblación, un tema tantas veces anunciado en esta Cámara
pero tan pocas veces abordado en profundidad y sobre el que - es importante decirlo- hay diferentes perspectivas acerca de cómo abordarlo en esta Cámara; incluso, diría que hay perspectivas antagónicas. Por una parte, está la perspectiva
de la derecha respecto a la despoblación, la de aquellos que, después de años de destruir servicios públicos, de laminar oportunidades de vida para la gente joven en el ámbito de nuestro mundo rural y, en definitiva, de cancelar las oportunidades
para asentar población y economía, hoy, tristemente, repiten la misma hipótesis -eso sí, se hacen fotos en campaña en Castilla y León rodeados de chuletones- e instigan -algo que es peor y muy grave-, explícita o implícitamente, asaltos a sedes de
la soberanía popular y democrática, como hemos visto ayer en Lorca. Y, desde aquí, lo primero que quiero hacer es enviar nuestro saludo y apoyo a todos los demócratas de Murcia y Lorca por la situación que vivieron. (Aplausos). En definitiva,
está la propuesta de la derecha sobre la despoblación, que es exactamente la de siempre, mezclada además con esa hipótesis conservadora sobre discursos natalistas completamente vacíos, y, por otra parte, está la visión de las izquierdas, por lo
menos la de la izquierda a la que yo represento, que es una opción que afirma que la mejor, la única hipótesis para luchar contra la despoblación es mantener servicios públicos de calidad, apoyar economías locales, economías circulares, economías de
proximidad para que nuestra gente joven entienda que puede tener un proyecto de presente y de futuro en el medio rural. En segundo lugar, esta PNL nos trae a debate otra cuestión fundamental, cual es la conectividad, el desarrollo tecnológico y,
particularmente, el desarrollo de la tecnología 5G, sobre la cual no podemos discutir a la ligera, sin entrar en cuestiones fundamentales, como es el debate geopolítico respecto a qué actores y potencias globales están operando y debemos tener en
cuenta para el desarrollo de la tecnología 5G con rigor y seriedad.
Dicho esto, evidentemente, nuestra posición respecto a esta PNL va a ser favorable, cómo no. Claro que apoyamos, defendemos, llevamos en nuestro programa y tratamos de trabajar allí donde gobernamos acerca de que es imprescindible impulsar
de forma contundente la conectividad y la tecnología en el conjunto del territorio, y particularmente en las zonas rurales. De hecho, hemos propuesto una enmienda donde se habla de profundizar sobre la cobertura de redes de acceso a banda ancha y
ultrarrápida y donde hablamos de profundizar en la cobertura de servicios de voz y movilidad. Cuando hablamos con gente del mundo rural de nuestro país, desgraciadamente, después de muchos años populares, particularmente en Castilla y León, lo que
nos dicen no es tanto que necesiten 5G o 4G -claro que sí-, sino que necesitan cobertura telefónica para poder llamar a su veterinaria, para poder llamar a su médico, para poder llamar a su familia, y eso es algo fundamental.
En todo caso, como decía, vamos a apoyar esta PNL, y voy a expresar dos reflexiones finales sobre tecnología y soberanía. Dicen los estadounidenses aquello de que la soberanía tecnológica es un imperativo político y dicen desde China que
las telecomunicaciones son una cuestión de seguridad nacional y que para una nación no tener sus propias instalaciones en este sector es como no tener ejército. Creo que es evidente que el despliegue de redes de comunicación 5G está siendo una
parte relevante de una guerra geopolítica en la que Europa parece estar en el medio sin tomar parte. Creo que tenemos que preocuparnos por el papel que queremos jugar al respecto, si queremos jugar un papel dependiente y subalterno, dependiente de
China y subalterno de Estados Unidos, o si realmente queremos invertir en I+D+i para que juguemos un papel como actor europeo desde la soberanía tecnológica europea, si nos vamos a dejar secuestrar por potencias que quieren emplearnos en su guerra
con China o si vamos a ejercer autonomía estratégica y defender un desarrollo europeo de 5G en colaboración con otros actores internacionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Acabo ya. En definitiva, señorías, hablar de tecnología es hablar de quiénes la desarrollan; es decir, si queremos tener tecnología desde Europa o si simplemente queremos comprársela a China y Estados Unidos,
y ese es el debate que también tenemos que tener.
Muchas gracias y boa tarde. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señor presidenta.
Señorías, parece que el Grupo Parlamentario Socialista solo se acuerda de santa Bárbara cuando truena. La de esta tarde ha sido una iniciativa electoralista, señor Fagúndez, y además poco elegante en
su intervención. Han tratado de posicionar el debate de la despoblación en plena campaña electoral de Castilla y León, como si no hubiese sido Castilla y León y un Gobierno del Partido Popular, con el presidente Herrera a la cabeza, la que
puso en la agenda política de este país el debate en la Conferencia de Presidentes de 2017. (Aplausos).
En su exposición de motivos, señoría, hace referencia a la Agenda 2030 para hacer un guiño a sus socios comunistas en el Gobierno, y hay que tener arrestos después de las declaraciones del ministro de Consumo comunista contra la ganadería.
A eso ha ido el presidente Casado a Castilla y León, en apoyo a los ganaderos, que es el mayor sector agroalimentario y el más importante en productividad para Castilla y León. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Además, señorías, esta iniciativa llega tarde y no tiene ambición ni compromiso. La conectividad del medio rural fue la apuesta del Partido Popular. La Agenda Digital de 2014, y los datos lo corroboran, ya constataba que, cuanto más se
extendía la banda ancha en el medio rural, la población crecía hasta un 2 %, la afiliación a la Seguridad Social hasta un 3 % y además podía aumentar la renta per cápita de estas poblaciones. El 40 % de la renta de los pequeños municipios de menos
de dos mil habitantes se concentra tan solo en un tercio de ellos. ¿Saben por qué? Porque tienen acceso de calidad a Internet. ¿Y saben por qué? Gracias al Partido Popular. (Aplausos). Les recuerdo el programa trescientos megabytes/segundo
para el cien por cien de la población y los 550 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que permitía acceso de calidad a Internet. ¿Y saben lo que hicieron ustedes? Ustedes dejaron este programa en el cajón, porque lo
confundieron con multiplicar en trescientos cargos de confianza y asesores en el cien por cien de los ministerios. (Aplausos). ¿Y saben lo que tienen? Hoy tienen a trescientas mil personas en España con cero conectividad. Tienen a tres cuartas
partes de los municipios de menos de dos mil habitantes, donde viven 5,4 millones de personas, sin conectividad de calidad ni velocidad; tan solo tienen 30 megabytes/segundo, que es tanto como no tener nada. ¿Y sabe quién está a la cola en
cobertura de fibra óptica en España? Castilla y León, los cuartos por la cola, y Galicia la última. Y en velocidad de 100 megabytes/segundo, Castilla y León la segunda por la cola, y también Galicia. ¿Esto no tendrá nada que ver con el reparto de
los fondos de reconstrucción, transformación y resiliencia? Vamos a estar atentos al control, a la ejecución y a los criterios de reparto que va a tener que hacer el Gobierno en los presupuestos que ha marcado en la Agenda Digital de 2025; ahí
estaremos desde nuestra función de control. (Aplausos).
La iniciativa no tiene ambición ni compromiso, porque el papel lo aguanta todo, y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, la hemos complementado. Necesitamos un mecanismo de compensación con cargo a fondos públicos en condiciones de
transparencia para garantizar la prestación en todo el territorio y que el acceso a Internet sea universal, compensando a los operadores que no llegan allí donde no les es rentable. Han olvidado también que a la brecha digital se suma la brecha
social, y el despliegue del 5G no puede convertirse en un elemento más de exclusión del medio rural por falta de capacidades digitales, propias de las circunstancias de esta población y también del pequeño tamaño de esas empresas. Por ello, el
despliegue tiene que ir acompañado de un programa de capacitación digital a través de iniciativas sociales innovadoras y de colaboración público-privada. Señorías, tienen una vicepresidenta y ministra del Reto Demográfico que en cada una de sus
políticas, la hídrica, la medioambiental, la energética, es sectaria y ataca al miedo rural. Cuando quiera llegar el 5G, no va a quedar nadie en el medio rural. Ha cerrado Navacerrada, ha prohibido la caza, ha aumentado el precio de la luz y
también el de los costes de los carburantes en una España fría y que también dista más del acceso a los servicios. Desde luego, no ha puesto soluciones políticas al problema de la despoblación, que sigue sin estrategia y sin estatuto.
Por lo tanto, lo que han hecho ha sido politizar este asunto, preocupados por reeditar su pacto populista, con el voto también de Teruel Existe. ¿Verdad, señor Guitarte, que me mañana va a votar a favor de la reforma laboral? Por eso
alimentan a las plataformas de la España vacía. Pero no van tener suerte; porque no se creerá las encuestas de Tezanos, ¿verdad, señor Fagúndez? El tiro les va a salir por la culata. Los castellanoleoneses saben elegir lo mejor, y lo mejor son
los Gobiernos del Partido Popular, que garantizan la prestación de sus servicios de calidad en todo el territorio, como han hecho con la educación y la dependencia, en las que son pioneros; y también porque saben que solo les garantiza la
fiscalidad diferenciada el compromiso del Partido Popular y la financiación suficiente a través de la financiación autonómica que ha prometido el presidente Casado. Y, sí, en 2023 también gobernará el Partido Popular en Aragón y en Castilla-La
Mancha. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señoría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Hoy, señorías del PSOE, nos presentan ustedes una PNL igual que una registrada ya en Transición Ecológica para que sea debatida allí. La verdad es que sorprende un poco que traigan este tipo de iniciativas, porque son ustedes los que están
en el Gobierno. Esto solo se entiende, desde nuestro punto de vista, desde el marketing y por querer hacer también un poco de autobombo. Y es que precisamente este debate coincide con una de las reivindicaciones de la España para mí mal llamada
vaciada, justamente en plena campaña electoral. No entendemos que el Partido Socialista inste al Gobierno a realizar o a impulsar determinadas iniciativas cuando el Gobierno ya ha anunciado la estrategia España Digital 2025, con cincuenta medidas
agrupadas en diez ejes estratégicos para impulsar el proceso de transformación digital en cinco años, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se prepara un plan de conectividad digital, un proyecto de nueva ley general de
telecomunicaciones y un plan de atracción de infraestructuras transfronterizas. Además, ayer mismo la vicepresidenta primera, en una comparecencia en Andalucía, nos habló de todas las bondades y de todo lo que se está haciendo en torno al
despliegue de redes. Si esto es así, no entiendo a qué viene esta PNL. Como dijo ayer mismo en esa comparecencia -y también se dijo en otra PNL en el Senado-, para garantizar dentro del servicio universal el acceso a Internet de banda ancha a 100
megabytes en las zonas rurales, y nos recordaron que ya sacaron una consulta pública en septiembre de 2021 para definir los criterios del programa UNICO-5G Redes, con el que se desplegarán infraestructuras 5G y 4G en zonas con cobertura 4G
insuficiente; es más, es un programa que ya ha sido resuelto.
Por otro lado, la ley de telecomunicaciones reconoce el derecho al acceso universal. Lo define y además establece que mediante real decreto, y teniendo en cuenta la evolución social, económica y tecnológica y las condiciones de competencia
en el mercado, se podrá modificar el conjunto mínimo de servicios que deberá soportar el servicio de acceso a Internet de banda ancha, así como que se determinará el ancho de banda necesario. Y es aquí donde deberíamos trabajar para mejorar los
accesos y que recojan no solo una determinada banda, sino la banda adecuada, porque se habla de cien megas. ¿Por qué no de cincuenta o 5G? ¿Por qué no de otras alternativas dependiendo de la realidad territorial, geográfica, económica y social de
las diversas zonas donde se ha de implantar?
La realidad, además, es mucho más tozuda que todo esto. Como decimos muchos compañeros -y yo misma- que vivimos en zonas rurales, ¿cómo se plantea la llegada del 5G si en muchos pueblos ni tan siquiera se dispone de un 4G? Y, lo que es
peor, en algunas zonas ni tan siquiera se puede hablar por móvil, todo ello porque la infraestructura para las instalaciones y el mantenimiento de la fibra óptica no existen por la sencilla razón de que no eran rentables. Es cierto que esto se
pretende cambiar con la llegada de los fondos europeos y, por tanto, entendemos que a lo mejor hay que hacer menos marketing y poner en marcha más acciones, porque toda esta tecnología está creando muchísimas expectativas, sobre todo en zonas
rurales, y no vaya a ser que luego se quede todo eso, en intenciones.
Son iniciativas que cuentan con dinero de los fondos europeos, pero también hay que decir que vemos poca ejecución de esos fondos y, por cierto, de momento, ni la ciudadanía ni las empresas lo están viendo ni notando. Por eso les decimos
que en vez de traer este tipo de PNL traigan resultados, porque eso sería la mejor constatación de que el Gobierno es un Gobierno de palabra y de hechos y cumple con la ciudadanía, que en definitiva es la que va a ver una mejora en su calidad de
vida.
Estamos de acuerdo con muchas enmiendas, sobre todo con las que ha presentado Tomás Guitarte. Esperamos que sean aceptadas por el Partido Socialista y, en su caso, votaremos a favor de la PNL y de las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Estamos de acuerdo con el contenido de esta proposición no de ley, ¡cómo no vamos a estarlo!, pero vemos algunos problemas. El primero, qué mejor que el PSOE le reclame al Gobierno actuar; teniendo en
cuenta que el PSOE es Gobierno, sería bueno que actuase. Y el segundo, es que nos parece bien que se hable de una cobertura generalizada con 5G, pero nos parecería mejor que se atendiesen necesidades más perentorias en el presente. Porque,
por lo menos en Galiza, nos contentaríamos con que, no solo en zonas rurales, sino en muchas zonas periurbanas, hubiese simplemente cobertura de banda ancha con veinte megas. Esto es lo que está reclamando el Bloque Nacionalista Galego en muchas
iniciativas, en casos de zonas urbanas o periurbanas como Gondomar, en Viveiro o en zonas rurales como O Courel, porque estamos aún en una situación que creemos que se debe atender de forma urgente, y no solo en relación con la despoblación, sino
también con características que parece que se olvidan habitualmente, como la dispersión poblacional que caracteriza nuestro país.
También presentamos una iniciativa -creo que se debería resolver- en relación con este criterio de tarifa libre y tarifa regulada, que al fin y al cabo perjudica a la mayoría de los concellos de nuestro país. Porque la tarifa regulada, que
debería facilitar el acceso a Internet, lo que hace es encarecerlo en la medida en que establece el tope más alto e impide el acceso a las tarifas más ventajosas que ofrecen las compañías. Por lo tanto, tome en consideración también este aspecto o,
como ya se dijo, introduzcan estas propuestas en el proyecto de ley general de telecomunicaciones. El Bloque Nacionalista Galego lo ha hecho por medio de enmiendas y esperamos que sean tomadas en consideración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
La presente proposición de ley pretende que el Congreso dé un apoyo mayoritario al componente 15 del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia respecto a la conectividad digital y el despliegue del 5G. Además, quiere que se haga en
coordinación con las comunidades autónomas y los entes locales. Esta coordinación es un poco contradictoria con el hecho de que las comunidades autónomas y los entes locales han quedado al margen del diseño del plan de recuperación.
Algunos de los aspectos claramente mejorables de este componente 15 son: uno, el modelo de uso de los recursos públicos. En Cataluña se ha optado por una red local propia y con precios regulados, en cambio, el modelo del Estado es
subvencionar una red privada. Dos, el acceso a las redes troncales con precios asequibles. Muchos territorios despoblados son cruzados por una red troncal de fibra óptica, incluso por más de una. Estas redes troncales pueden ser públicas, de
empresas con control del Estado o de empresas privadas de telecomunicaciones. Una forma muy económica y sin necesidad de gastar decenas de millones de euros de recursos públicos en nuevas redes troncales ni realizar nuevas inversiones es legislar
para que las operadoras de telecomunicaciones puedan acceder a estas redes troncales a un precio asequible. Cuando se habla de un precio asequible hay que tener en cuenta que el número de clientes potenciales es muy inferior en las zonas rurales y
la dispersión es mayor en comparación con las áreas urbanas. Tres, fomentar las operadoras de telecomunicaciones locales. Otra carencia de este componente 15 es que no se prioriza que las operadoras de telecomunicaciones de las zonas rurales
afectadas sean las encargadas de desplegar la banda ancha ultrarrápida en sus territorios. Si uno de los objetivos para que llegue la conectividad de banda ancha ultrarrápida a los territorios despoblados es generar oportunidades de negocio, esta
medida lo consigue completamente. Cuatro, fomentar la inversión en red de fibra óptica de propiedad mancomunada local. Varias zonas rurales, ante la inacción de las operadoras de telecomunicaciones privadas, han optado por crear su propia red de
fibra óptica mediante la propiedad mancomunada por parte de ayuntamientos, fundaciones, operadores privados de proximidad y particulares. Estas iniciativas han demostrado que son viables económicamente y que fomentan la creación de operadores de
telecomunicaciones privadas del territorio.
El 5G. Para poder ofrecer servicios de telecomunicación a través de la tecnología 5G es indispensable disponer de conectividad de banda ancha ultrarrápida. Por ello, y para la lucha contra el despoblamiento rural, se debería priorizar la
actuación para la cobertura al 100 % de la población con banda ancha, con una velocidad de 100 megabytes frente al 5G. Estamos a favor del avance de la conectividad digital y el despliegue del 5G, suponen oportunidades para el territorio y
especialmente para las zonas rurales afectadas por la despoblación, pero nos vamos a abstener, ya que entendemos que hay muchos aspectos a mejorar, como los detallados anteriormente.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
La despoblación es un fenómeno global que afecta de forma muy especial a determinadas zonas del Estado, sobre todo a aquellas que consideramos rurales. Este despoblamiento genera y acrecienta enormes desigualdades económicas entre
territorios y favorece un proceso de exclusión de importantes capas de la población al no estar garantizado el acceso a servicios básicos como son sanidad, educación, movilidad o, como el caso de la PNL que nos traen hoy aquí, la conectividad.
Evidentemente, los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son la oportunidad para contribuir a desarrollar respuestas efectivas a este reto demográfico. Los derechos digitales son, a todos los efectos, un derecho fundamental
que en el nuevo contexto global debe ser también un derecho efectivo. El Govern de la Generalitat lleva mucho tiempo trabajando para garantizar dicho derecho mediante la elaboración del primer marco normativo digital de Cataluña: la Carta catalana
per als drets i les responsabilitats digitals, derechos que como ciudadanos, empresas e instituciones europeas del siglo XXI merecemos tener perfectamente consolidados y garantizados. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la
Presidencia).
Si entendemos Internet como un bien público, todo el mundo tiene que poder disfrutar de su acceso en igualdad de condiciones. Este debe ser universal, equitativo, asequible y con el ancho de banda necesario, independientemente de las
circunstancias personales, socioeconómicas o geográficas. Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía quedan muchos territorios en los que no se puede dar por consolidado el acceso universal a las tecnologías, la información y la
comunicación, pero la eficacia de esta conectividad irá en consonancia con su mantenimiento. Tenemos que asegurarnos de que la cobertura sea no solo desplegada, sino que además esté bien asegurada, y aquí les pedimos que sean consecuentes y acepten
una enmienda que hemos presentado al proyecto de ley de telecomunicaciones, que actualmente se está tramitando, como es el derecho a un tiempo de reparación de averías inferior a 48 horas.
En definitiva, existe un gran potencial en las zonas rurales para desarrollar cadenas de valor nuevas y la conectividad en este caso es imprescindible. Sumémonos a la esencia de la Declaración de Cork, que es una vida mejor en el medio
rural. Conseguirlo es liberar este potencial ubicado en el territorio, dar oportunidades para promover la calidad de la vida rural, satisfacer las aspiraciones de los jóvenes en relación con sus empleos y facilitar el relevo generacional a través
del entorno rural.
Acabo. Escúchenme bien, señorías del PSOE, porque a veces piensan que tienen mayoría absoluta y no necesitan consultar nada. Otras veces necesitan traer al Congreso una PNL que les inste a ustedes mismos a realizar un proyecto. Si quieren
que esta conectividad y despliegue sean efectivos, cambien los verbos profundizar, facilitar, impulsar; cámbienlos por trabajar, desplegar y apoyar, no sea que cuando desplieguen el 5G estemos disfrutando de la tecnología 8G; es decir, que lo
hagan demasiado tarde. Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste. (Aplausos).
El señor CALVO LISTE: Gracias, presidente.
Señorías, el PSOE insta al Gobierno, es decir, se insta a sí mismo, con una PNL que quiere hacernos creer que con la conectividad y con la tecnología 5G se van a movilizar ciudadanos de la ciudad al pueblo, van a teletrabajar y se va a
acabar el problema de la despoblación. La Agenda 2030 ordena y el PSOE cumple el dictado con palabras huecas: sostenible, resiliente, objetivo transversal y política tractora. Su agenda estigmatiza al mundo rural, a las zonas más despobladas. El
campo español, sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía agonizan porque están en el punto de mira de las élites progresistas. (Aplausos). Ni el PSOE ni el PP, que lleva treinta y cinco años en Castilla y León, van a
solucionar nada, porque precisamente sus políticas son el problema. Tampoco lo harán sus marcas blancas, integradas por ellos mismos, viejos políticos que surgen como el buque fantasma de El holandés errante. A ustedes les hace falta también el
5G, pero para conectarse con la realidad de todos los españoles (Aplausos), de esa España callada, silenciada y fiel.
El sistema autonómico ha creado numerosos centralismos que pretenden homogeneizar las provincias atacando su diversidad y enfrentándolas. En toda España, 5000 municipios han perdido población desde 2001, 6 de cada 10 localidades españolas.
Desde que arrancó el siglo, 13 provincias han visto reducida su población: Zamora, Orense, Lugo, Palencia, León, Salamanca, Asturias, Cáceres, Ávila, Cuenca, Jaén, Soria y Teruel. Veinte años han bastado para que casi 2000 localidades en Castilla
y León, el 86 %, perdieran población y 146 han bajado más del 50 %. En León, mi tierra, son 9 de cada 10, la segunda de España en un descenso más que notable. En el último año, 4733 vecinos, 15 300 en veinte años. La provincia de León está
envejecidísima y avanza más rápidamente que el resto de España. Se debe, sobre todo, a su bajísima fecundidad, un hijo por mujer de media, bastante peor que los ya escuálidos 1,3 de España. Desmantelaron las minas y las centrales térmicas a toda
prisa, sin alternativas, sin futuro, condenando a los jóvenes al destierro. El problema es que no nacen niños. (Aplausos). Castilla y León, el territorio más extenso de España y de Europa, se vacía por abandono. Un fracaso estrepitoso.
Prefieren sustituirnos por inmigración ilegal antes que fomentar la natalidad con medidas fiscales y sociales para las familias. (Aplausos).
Miren, esto es Castilla y León (muestra un mapa). No hace falta que les diga lo que significa el color rojo del mapa; es pérdida de población. ¿Ustedes creen, sinceramente, que con el 5G va a cambiar el color y volverán los jóvenes? Yo
les respondo: no. (Aplausos). Ya sé que les aburren las cifras, pero son sus cifras. Ustedes y ustedes (señalando a izquierda y derecha) son los responsables. Este sábado Pedro Sánchez estuvo en Zamora con promesas de hace dos años, por
ejemplo, el acuartelamiento de Montelarreina, que el tiempo convierte en mentiras. (Aplausos). Es el mismo escenario de hace año y medio, en el que los diputados de VOX de Castilla y León propusimos medidas capaces de revertir el problema y
exigiendo a las élites de Bruselas que redefinieran la extensión de la despoblación en España. Su PNL es muy poco ambiciosa porque no saben cómo funcionan las zonas rurales, no apoyan la creación de empresas ni que autónomos decidan iniciar sus
negocios en zonas despobladas con fiscalidad diferenciada, creando así empleo, familia e hijos. Falta la puesta en valor del sector primario que les devuelva la dignidad a agricultores, ganaderos y a la industria agroalimentaria y que decidan hacer
inversiones a través de ese 5G para hacer mucho más competitiva su explotación. Hay que defender los productos cuyos precios están por los suelos. Hace treinta años el presupuesto de la PAC era del 60 %; hoy es del 33. ¿Saben por qué? Por
ideología pura y dura. (Aplausos). Tiene que llegar Internet a toda España, pero sobre todo tiene que llegar el agua interconectando cuencas y defendiendo a los agricultores ante la criminalización del regadío. Parte de la España abandonada es la
España seca. Abandonen la Agenda 2030 y adopten esta agenda, la Agenda España (muestra un documento), donde se recogen todas estas propuestas que muy pronto se aplicarán a la Junta de Castilla y León, a Andalucía, a Valencia y después a toda España
con el apoyo de una mayoría importante de españoles, más de los que ustedes creen, porque VOX es imparable.
Nada más y muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Fagúndez Campos, ¿se acepta alguna de las enmiendas presentadas?
El señor FAGÚNDEZ CAMPOS: Sí, estamos valorándolas, señor presidente, ahora se las pasaremos a la Mesa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien, muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA SUPRESIÓN DEL MINISTERIO DE CONSUMO. (Número de expediente 162/000892).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del Ministerio de Consumo. Para la presentación de la iniciativa, tiene la
palabra la señora Riolobos Regadera.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.
'Sánchez cesa a Garzón y suprime el Ministerio de Consumo'. Esta es la noticia que esperan la mayoría de los españoles. Porque tenemos un ministro de Consumo que es irresponsable e incompetente,
porque no defiende a los consumidores, sino que crea problemas, no tiene agenda ni casi actividad y se ha empeñado en dañar la reputación de sectores estratégicos que son importantísimos para la creación de empleo en nuestro país, en España.
Tengo aquí una lista de los veinticuatro sectores cuya reputación ya ha sido afectada: agricultores; ganaderos; veterinarios; empresarios y autónomos; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el jefe del Estado; turismo; carne; aceite;
jamón; dulces; telecomunicaciones; publicidad; sector tecnológico; bebidas azucaradas; bebidas energéticas; azúcar; juego; juguetes; cocineros; restaurantes; bares; atención al cliente y comunidades autónomas. No hay ningún sector,
probablemente, que no haya tocado de mala forma el ministro de Consumo. ¿Y por qué? Pues porque este ministro antepone su ideología comunista y sus intereses personales a los de los consumidores españoles, porque él aplica el modelo cubano de
miseria y cartilla de razonamiento. Es un ministerio que tiene muy poquitas competencias, porque prácticamente la mayoría han sido transferidas a las comunidades autónomas, pero el ministro de Consumo está empeñado, obsesionado, en imponernos cómo
tenemos que comer, cómo tenemos que comprar y cómo tenemos que comportarnos.
La Dirección General de Consumo, que ha durado cuarenta y seis años con Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, tiene ahora, como ministerio, un presupuesto de 65,8 millones de euros, que es nada, el 0,01 %, si lo comparamos
con el presupuesto total o los 30 000 millones del Ministerio de Trabajo o los 3800 millones de la Dirección General de la Policía. Las competencias, como les decía, están casi todas transferidas, no ha aprobado ni una ley en los dos años de su
existencia y está siempre inmerso en polémicas dañinas que lo único que hacen es perjudicar. ¿Y saben para lo que sirve el ministerio? Para colocar al ministro, para mantener el sillón del señor Sánchez y colocar a todos los amigos de Izquierda
Unida de Málaga. (Aplausos). El señor Sánchez es el responsable del daño de Garzón a la marca España.
Señorías, yo sé que ustedes tienen muchísimos argumentos para votar a favor de esta proposición no de ley y que se cese al ministro, pero les voy a dar alguna más. La gota que ha colmado el vaso ha sido el caso de The Guardian. El ministro
más dañino de Sánchez ha desacreditado internacionalmente la mejor carne del mundo, que es la carne española, de altísimo valor nutritivo, y ha puesto en pie de guerra a ganaderos, veterinarios, industria agroalimentaria, comunidades autónomas y
hasta a ayuntamientos. Es un ejemplo que el presidente Mañueco, de Castilla y León, saliera inmediatamente a defender a los sectores agrícola y ganadero de su comunidad autónoma. Es un ejemplo, y un aplauso para el señor Mañueco. (Aplausos).
Señorías, después de veintidós años de trabajo en el ámbito de la salud pública y de la seguridad alimentaria, de haber vivido en primera persona la crisis del aceite de colza y de las vacas locas, puedo afirmar que el avance en la calidad y
seguridad alimentaria de la carne española es espectacular (muestra una fotografía), es puntera en el mundo, es la envidia de Europa. Les digo una cosa: nadie entiende las críticas al sector cárnico del señor Garzón.
Hay algo que es inaceptable, y es que vaya un ministro del Reino de España -y esto es muy grave, es una gran traición- a un país extranjero a hablar mal de la carne española. Eso es una traición. Es muy grave que vaya mintiendo, porque
todos sabemos que eso no es cierto. Tenemos en España los mejores servicios de control veterinario de carácter sanitario (muestra otra fotografía) y sabemos que se cumple toda la reglamentación europea. Es gravísimo -y otra traición- que lo haga
el ministro responsable de la seguridad alimentaria, es decir, de la Agencia de Seguridad Alimentaria.
¿Sabe usted lo que pasa? Que el señor Sánchez no ha dicho ni hecho nada. Ningún ministro de ningún país de la Unión Europea estaría todavía en el Gobierno después de haber hecho estas tres traiciones. Veníamos de algo muy grave, que es
una campaña que protagonizó el mismo ministro hablando de 'Menos carne, más vida', y luego se atreve a decir que fue criticada porque los hombres creían que afectaba a su masculinidad. ¡Pero qué disparate! Sánchez dijo: chuletón al punto,
imbatible. Y nada más, se quedó quieto, no ha hecho nada más.
Cuando el IPC, la cesta de la compra y la subida de la luz son imparables y hay muchas personas y familias que no pueden llegar a final de mes porque han perdido poder adquisitivo, el señor ministro de Consumo traiciona al sector del aceite,
del jamón y del queso, porque quiere ponerles una etiqueta roja del etiquetado francés NutriScore. Y también ataca al exquisito sector creativo de los fabricantes de los dulces. ¿Ustedes saben que el ColaCao, que es un producto que junto con la
leche hemos estado consumiendo setenta y cinco años un montón de generaciones de españoles, y que nos ha permitido mejorar en la talla y en el tamaño, se va a ver afectado por esta normativa? (Rumores). Cuando la inflación cabalga desbocada,
cuando tenemos pobreza energética y colas del hambre, el señor ministro
de Consumo minusvalora la cocina sacando un recetario de cocina copiando a Stalin. Ha ridiculizado de una forma notable -y ha hecho el ridículo- con la huelga de juguetes. Y ha venido machacando al sector turístico, al sector de la
publicidad y del juego con un cinismo total. Fíjense ustedes, ahora el Gobierno se va a gastar 3 millones de euros en promover el juego -eso sí, del Estado- entre los jóvenes de 18 a 25 años. Cuando todas las sociedades científicas están pidiendo
que se luche contra la obesidad, el señor Garzón lo que hace es mantener el IVA de las mascarillas.
Los ciudadanos españoles no queremos en absoluto que nos digan qué es lo que tenemos hacer. Lo que queremos es lo que está pidiendo el presidente Casado, que es que se cese al ministro Garzón y que se suprima el Ministerio de Consumo,
porque con una dirección general nosotros pusimos en marcha el bono social eléctrico, creamos la AESAN, el pago fraccionado de los parkings y muchísimas cosas que han beneficiado a los consumidores.
Señorías, muchos consumidores, agricultores, ganaderos, veterinarios y empresarios del sector perjudicados por el señor Garzón esperan su voto, porque hay que parar las tropelías del señor Garzón.
Buenas tardes y muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señoría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de la enmienda formulada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, venimos a debatir en este Pleno una proposición no de ley sobre la supresión del Ministerio de Consumo del ministro Garzón. Para ello se propone la modificación de los reales decretos correspondientes en relación con la estructura
orgánica ministerial que sustenta a este Gobierno. El Grupo Parlamentario VOX no quiere reducir esta iniciativa a un ministerio y hemos propuesto una enmienda para una drástica reducción de la mastodóntica estructura de ministerios, para que se
elimine prácticamente la mitad de ellos y así dar ejemplo de reducción de gasto público y eficiencia. (Aplausos). En concreto, nosotros exigimos eliminar tres de las cuatro vicepresidencias y diez de los veintidós ministerios para que la nueva
estructura del Gobierno pase de veintitrés personas a trece, con el presidente a la cabeza. La sobredimensionada estructura del Gobierno supone un coste mínimo de casi 16 millones de euros anuales solo en sueldos de altos cargos. Queremos que
España deje de tener el Gobierno con más ministerios de la Unión Europea.
No obstante, a pesar de considerar insuficiente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, hay que destacar que esta propuesta se centra en el Ministerio de Consumo en el contexto de las impresentables declaraciones del ministro Garzón
atacando a la ganadería, al sector cárnico y a la calidad de nuestras exportaciones. Es un ministro que ha atacado antes a distintos sectores económicos -como la industria juguetera, la industria del dulce y el sector turístico- o que impulsa el
etiquetado Nutriscore contra nuestra dieta mediterránea. Las últimas declaraciones de Garzón se tratan de un verdadero ataque del Gobierno de España a un sector agroalimentario importantísimo para el interés nacional de España. Como ya dije en la
Diputación Permanente, no hay justificación ante estas declaraciones de Garzón, aunque los medios de comunicación del consenso hayan tratado de blanquearlas. Lo que no puede hacer nunca un ministro de España es hacer declaraciones absolutamente
falsas en el extranjero (aplausos), diciendo que nuestra carne es de mala calidad y que una industria de España se dedica a contaminar el suelo y el agua y, luego, a exportar carne de animales maltratados; declaraciones hechas además a un periódico
británico financiado por la potente industria animalista global. Este Gobierno no solo tiene una estructura sobredimensionada con ministerios absurdos, como el que regenta el comunista totalitario Garzón, que pagan todos los españoles en medio de
una brutal crisis y que se debería, por supuesto, suprimir, sino que cada vez que hacen declaraciones de este tipo demuestran que trabajan en contra de los intereses del pueblo español y de nuestro sistema productivo. (Aplausos).
Este Gobierno ejecuta dictados extranjeros ajenos a nuestros intereses, ya sean agendas globales de ingeniería social en beneficio de élites económicas antinacionales, ya sean los intereses de ese neocomunismo internacional encabezado por la
China comunista que infecta toda la iberosfera. Élites y neocomunismo se dan la mano en foros como el de Davos o en esa agenda globalista, la Agenda 2030, que quiere acabar con el consumo de carne y que criminaliza absurdamente a agricultores y a
ganaderos (aplausos), diciendo que son los causantes del cambio climático y de la contaminación; una agenda que han suscrito en consenso todos los partidos de este Congreso, todos menos VOX. (Aplausos). Vuestro
consenso es despoblación, ruina, corrupción, invierno demográfico, falta de rentabilidad y cierre de explotaciones; como estamos viendo en Castilla y León, donde el peso agrario está diez veces por encima de la media nacional. Los
ganaderos y los agricultores no pueden más con vuestras trabas y los costes de producción. Se están movilizando por toda España. La presión a la que les sometéis es inaguantable, como ocurrió ayer en Lorca. ¡Nuestra solidaridad con el sector
agrario nacional y nuestro agradecimiento constante por dar de comer a los españoles! (Aplausos). Es necesario que los españoles sean conscientes de que estas arengas contra la ganadería, la agricultura, nuestra gastronomía o contra nuestro sistema
productivo son falsas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor. Su tiempo ha terminado.
El señor CHAMORRO DELMO: Sí, acabo, señor presidente.
Nuestro afán por recuperar nuestra soberanía es irrenunciable. En VOX no vamos a permitir que hagáis con nuestro sector agroalimentario lo que hicisteis con la industria en los años ochenta y noventa. (Aplausos). En VOX lo tenemos claro.
Frente al consenso antinacional...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado. Por favor, concluya.
El señor CHAMORRO DELMO: ... nuestra única agenda es España. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Doy por reproducidos los argumentos que utilicé el pasado mes de noviembre con ocasión del debate de la sección 31 de la Ley de presupuestos correspondiente al Ministerio de Consumo. En consecuencia, respaldaré esta proposición no de ley
que insta a la supresión de este innecesario organismo, creado exclusivamente en virtud de los intereses particulares de la coalición socialcomunista para repartirse cuotas de poder. Asimismo, el señor Garzón, beneficiario de esta cartera, se
dedica a manifestar -incluso en medios de comunicación extranjeros- opiniones lesivas para importantes sectores económicos y productivos de España, a pisotear competencias administrativas que le son ajenas y a menoscabar a las más altas
instituciones de un Estado que en este ejercicio 2022 ha puesto bajo su capacidad gestora un 39 % más de fondos públicos que el pasado año. Señorías, ningún español se libra de la irresponsabilidad de un ministro locuaz en las redes sociales, pero
que enmudece ante la inflación, se desentiende de las medidas para frenar la escalada de la cesta de la compra y participa, junto con el resto del Gobierno, en el disparate de la factura eléctrica que la coalición PSOE-Unidas Podemos comprometió
rebajar en su acuerdo previo a la investidura y que está empobreciendo a la sociedad.
Finalmente, la higiénica supresión del Ministerio de Consumo, que debería ir acompañada de una sustancial rebaja del número de escaños en el banco azul, debería ser el primero de los pasos para avanzar en la racionalización de la gigantesca
y costosa macroestructura del Gobierno de Pedro Sánchez. No existe en la Unión Europea un país homólogo a España con semejante despliegue ministerial de cargos y de cargas. Pasado el ecuador de la XIV Legislatura, nada justifica su mantenimiento;
de ahí que sea necesario aplicar una significativa poda en el número de ministerios, comenzando por los inútiles y dañinos casos flagrantes que nos ocupan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. No había ninguna razón para crear un ministerio como el de Consumo, que gestiona menos dinero que una pedanía: 66 millones de euros. Solo había una razón, que no era en interés de España, sino en interés de
Sánchez: darle un sitio a alguien que había vendido un partido por un escaño. Ese era el señor Garzón. ¿Y a qué se ha dedicado el señor Garzón en estos dos años? A dos cosas. Una, a dar la nota y, dos, a meter la pata. Esa es la valoración que
podemos hacer de un ministro totalmente incompetente como es el señor Garzón. Es evidente que no puede seguir ni un minuto más en el Gobierno alguien que se ha dedicado a dar una patada a uno de los sectores fundamentales para este país, como es el
sector de la ganadería. ¡Vergüenza debería darle al señor Garzón con todo lo que han sufrido el sector ganadero y la agricultura durante estos dos años de pandemia! Sale al extranjero y con el dinero de todos los españoles, en lugar de defender uno
de nuestros productos estrella en un mercado fundamental para nosotros, como es el mercado británico, va y lo desprecia. ¿Ustedes se imaginan que, en lugar de trabajar en el Gobierno de España, el señor Garzón fuera comercial de una empresa privada
y fuese por el mundo despreciando el principal producto de esa empresa? ¿Dónde estaría el señor Garzón? Pues, estaría en la calle, que es efectivamente donde debe estar (aplausos), porque no hay otro sitio que le corresponda a alguien que pisotea
uno de los productos fundamentales para la economía de este país. Y el señor Sánchez se dedica al postureo con el señor Garzón, a comerse un chuletón poco hecho y a decir que no comparte las declaraciones. Pero si el señor Garzón es ministro de
España es porque el señor Sánchez no lo cesa. Por tanto, el responsable de las declaraciones del señor Garzón no es el señor Garzón, es el señor Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Gracias.
Señorías, esta proposición no de ley y los alegatos que estamos oyendo nos sirven realmente para vivir un ejemplo de lo que es una práctica de manipulación y de mentira. Piden suprimir el Ministerio de Consumo porque dicen que desde su
creación se ha visto envuelto en polémicas dañinas y escandalosas. Pues bien, he hecho un ejercicio de memoria yendo a la hemeroteca para contrastar sus argumentos y lo que he encontrado es que han sido ustedes, señorías del PP, las que han montado
en todos los casos el escándalo manipulador. Han sido ustedes los que han creado el escándalo. Han intentado por todos los medios boicotear y fomentar el ruido, en vez de un debate sereno y profundo sobre los hábitos de consumo y los sistemas de
producción de esos bienes de consumo. ¿Por qué quieren impedir que podamos hacer un debate necesario sobre las dietas alimentarias y su sostenibilidad? ¿Por qué quieren impedir un debate a fondo sobre el sistema de producción de alimentos, que
está llevando a la ruina a la mayor parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas? Sí, ese es el sistema que están defendiendo, el que está llevando a la ruina a las explotaciones agrarias y ganaderas, independientemente del número de cabezas de
ganado o el número de hectáreas que se estén cultivando. Yo les diré por qué intentan impedir este debate: porque intentan mantener la actual situación. Intentan mantener un sistema agrícola y ganadero que está beneficiando a una minoría que está
especulando en todos los órdenes.
En Euskal Herria Bildu tenemos muy claro que el modelo de agricultura y de ganadería que hay que defender es aquel que permita vivir bien a ganaderas, ganaderos y agricultores, y producir a la vez alimentos saludables. Por eso, vamos a
rechazar su proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
No me voy a extender mucho; podría haber intervenido desde el escaño. El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición no de ley para la supresión del Ministerio de Consumo. Este es un caso de fenómeno físico. No sé cómo
definirlo. Sería algo así como que se produce aquí, pero para que tenga consecuencias allí. Es decir, esto lo debatimos aquí, pero las miradas están puestas y los actos están pensados para que repercutan en la cita electoral de Castilla y León.
Este es un acto electoral más
del Partido Popular, que ha pillado cacho -como se dice castizamente- con este tema y leña al mono hasta que hable inglés. Leña al presidente Sánchez, a sus socios, a los que creen que son sus socios y a cualquiera que no piense como
ustedes. Les aviso ya: a nosotros no nos metan en este barrizal. Es un problema suyo. Ustedes quieren que sea de todos, pero es un tema suyo, para beneficio único y exclusivo de ustedes.
Dicho esto, no será mi grupo el que abandere la defensa y la causa del señor Garzón, de su ministerio o de cualquier otro ministro o ministerio. No estamos para eso ni hemos venido a librar esas batallitas. Tenemos tareas mucho más
importantes que andar al juego de la silla, del quítate tú para ponerme yo; porque toda esta historia en el fondo se trata de eso. Por lo tanto, no vamos a entrar en este juego. ¿Discrepamos con el ministro Garzón? En muchísimas cosas, como con
otros ministros -y con algunos, muchísimo más-, pero este no es el tema. Ustedes traen aquí una proposición no de ley que mezcla ministerio y persona según les conviene y, al final, en esa confusión intencionada, no sabemos si lo que sobra es el
ministerio o lo que sobra es el ministro; si no les importaría que Garzón estuviera en otro ministerio, porque lo que les preocupa es que haya ese ministerio, o si lo que les importa es que el señor ministro sea fulminado, independientemente de
dónde esté 'ministreando'.
Si nosotros hubiéramos tenido la competencia de crear los ministerios y organizar el Gobierno, ¿hubiéramos tenido un ministro solo de Consumo? No. Tienen razón cuando aseguran que las competencias de consumo están en las comunidades
autónomas. Ya lo sabemos. ¡Y bien que lo sabemos además! Pero parece que sobre competencias autonómicas ustedes solo saben cuando les viene bien para pescar, porque otras muchas veces no tienen ningún empacho en defender y proponer
recentralizaciones de cuestiones que son puramente de competencia autonómicas. Nosotros también pensamos que la agencia estaba mejor donde estaba. Ningún problema. Ahora bien, dicho esto -y vuelvo al principio-, este no es el núcleo. Esta es la
cáscara que justifica su petición, que es otra. Mezclan cuestiones de agricultura y ganadería con intereses políticos electorales. Intereses políticos tenemos todos, y bien lícitos -para eso estamos, para defender intereses políticos-, pero no es
lo mismo que tener intereses electorales puntuales, momentáneos, cuando todo vale y, por lo tanto, le damos al on en el ventilador y a ver si enredando pescamos algo.
Mi grupo tiene muy claro qué modelo de agricultura defiende -además, lo hace allá donde gobierna-, qué modelo de ganadería queremos, qué tipo de consumo y qué sociedad alimentaria queremos -eso lo ejercemos allá donde estamos gobernando- y
por qué modelo apostamos. No necesitamos crear cuentos ficticios en esta tribuna. Por lo tanto, señores del Grupo Parlamentario Popular, no cuenten con nosotros para seguir este juego. Son sus intereses, son sus prioridades y nosotros no vamos a
entrar en ello. Otros en comandita se han sumado. Allá ellos y sus intereses.
Ustedes defendieron en esta tribuna, cuando tenían mayoría absoluta y gobernaban, que es competencia del presidente del Gobierno el nombramiento de sus ministerios y ministros y que nadie más puede entrar en ello. Supongo que ahora también
seguirá siendo igual. Por tanto, será competencia del señor Sánchez decidir si el ministro sigue o no sigue o si el ministerio ha de estar o no ha de estar.
Si quieren hablar de consumo, de ganadería, de la factura de la luz o de la carne, lo hacemos en otro lugar, con otro rigor y con otra seriedad, y no por medio de una proposición no de ley que solo sirve para lo que sirve.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Vamos a votar a favor de suprimir el Ministerio de Consumo, pero por motivos muy diferentes a los que presenta el Grupo Parlamentario Popular hoy aquí. Nuestros motivos son endógenos al propio ministerio. Nunca debió existir.
Hipertrofiaron una dirección general y la convirtieron en ministerio porque el 'pacto del insomnio' contenía la creación de ministerios suficientes para que la gente de Podemos pudiera colocar a todos los que aspiraban a ser ministros. Si fuera por
la acción ministerial, objetivamente hay ministros mucho peores que el señor Garzón. Sin ir más lejos, el señor Grande-Marlaska tendría que ser cesado mucho antes que el señor Garzón: ha fabricado pruebas contra mi grupo político después del
Orgullo, ha cesado a servidores públicos por cuestiones partidistas, ha llevado una política penitenciaria de excarcelaciones absolutamente bochornosa... Marlaska tiene muchos más motivos para ser cesado que Garzón, pero el señor Garzón ha cometido
una grave torpeza hablando de forma perjudicial sobre la
industria cárnica española, si bien no en los términos que dice el Partido Popular, pero con el agravante de hacerlo en un importante medio de referencia extranjero.
Es cierto que aquí la hipocresía se ha metido en la campaña electoral de Castilla y León. El PP y el PSOE han sido bastante miserables con este asunto, y se lo voy a demostrar. Miren, el Partido Popular tuiteaba contra las macrogranjas
hace más bien poco tiempo. (Muestra un documento en el que se puede ver varios tuits). Aquí tengo los tuits anunciando la Plataforma Stop Macrogranjas o diciendo que un informe médico advierte de las consecuencias para la salud de las
macrogranjas. Así que, aclárense. (Aplausos). Esto fue antes de que Casado se dispusiera a hablar con cada oveja de Castilla y León. Pero el Partido Socialista también ha sido bastante miserable y en su día pidió en la Unión Europea la supresión
de las macrogranjas (muestra un documento en el que se puede ver varios tuits), aunque hoy también se erigen en adalides de estos modelos. Es decir, ustedes han hecho con esto lo que hacen con todo -ustedes y ustedes (señalando a los escaños de los
grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, respectivamente)-, que es mentir. Donde dijeron una cosa dicen la otra y, como hay elecciones, han visto aquí un filón. ¿Qué mensaje envían ustedes a quien está a favor de las
macrogranjas? ¿Y a quien está en contra? ¿Qué mensaje envían a quien está en contra? ¿Han aportado ustedes o ustedes (señalando a los escaños de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, respectivamente) datos nuevos para
este repentino cambio de postura? La verdad es que no entendemos muy bien qué se ha producido, salvo las declaraciones del ministro Garzón. ¿Qué mensaje envía de forma constante la clase política, cuando se ha producido un cambio de opinión de la
noche a la mañana por las declaraciones desgraciadas de un ministro? (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿Qué respeto demuestran ustedes a los movimientos que están legítimamente contra las macrogranjas? Pero ¿qué respeto demuestran
ustedes a quien está legítimamente a favor de las macrogranjas? Unos y otros se han documentado, unos y otros argumentan sus posiciones en un debate profundo que se sostiene hace ya muchos años. Ustedes, PP y PSOE, son capaces de cambiar de
posición por un motivo netamente electoral. No respetan a nadie. Por cierto, se les está yendo de las manos. Ayer promovieron el asalto a un ayuntamiento. ¿Van a promover aquí que venga gente a asaltar el Congreso de los Diputados disfrazada de
oveja merina?
A ustedes les dan igual las macrogranjas o la España vaciada; les da igual todo. A ustedes lo que les importa es revalidar el cargo. A ustedes no les importa que la gente se vaya de su pueblo mientras el alcalde sea de su partido, porque
así mantienen la diputación. Todo es mentira y, si mañana hace falta, volverán a estar en contra de las macrogranjas, porque ya saben ustedes que todo vale. Se acerca el momento en que este relativismo les pasará factura, en que la ausencia total
de principios se pagará. La gente está harta de mentiras. Sabemos que Sánchez no tiene palabra ni principios pero, señores del Grupo Parlamentario Popular, no echarán ustedes a Sánchez haciendo de Sanchito. Hasta Aznar se lo advierte.
Ahora bien, su oportunismo y su poco respeto por quienes trabajan en el sector cárnico no impiden que nosotros consideremos, por razones de origen, que este ministerio debe ser suprimido. Se lo pueden ahorrar los españoles. Tampoco es un
ministerio que haya demostrado mucha solvencia cuando la factura energética está absolutamente disparada. Por otra parte, está el propio descrédito al que somete al ministro Garzón el presidente del Gobierno cuando responde, con bromitas: Yo, el
chuletón, poco hecho. Por cierto, ¿cuántas veces van a recurrir al 'hablan a nivel personal'? Porque vemos que con la crisis de Ucrania la gente de Podemos también habla a nivel personal. Oigan, ustedes se reúnen con estos señores en la Moncloa,
no en una peña de tertulia. Señores del PSOE, ustedes tienen un problema, y es que tienen que asumir el precio de incorporar el populismo al Gobierno. Es su sarna con gusto, es su peaje al poder. El Gobierno es indiviso y el populismo hace lo que
sabe. La mejor manera de que alguien hable a nivel personal es que hable desde su casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Señor Guillermo Díaz, con todo cariño, me encanta cuando dice determinadas cosas sobre lo que pasó ayer en Lorca. Es un peligro, es un peligro. O despertamos todos y ponemos un cordón o este peligro irá a más. Se han sembrado vientos y
ayer se empezaron a recoger las tempestades.
Señores del Grupo Parlamentario Popular y señores de VOX, se rasgan las vestiduras por una polémica artificial que ustedes siguen alimentando por unas declaraciones de un ministro a un periódico extranjero. Ustedes utilizan estas
declaraciones como arma electoral de una manera absolutamente inmoral; le llaman antipatriótico y se rasgan las vestiduras. En cambio, el señor Casado se va a Europa para que no lleguen aquí los fondos, creando dudas sobre cómo se están
repartiendo esos fondos a pesar de que la comisaria europea del Partido Popular les dice que se están repartiendo bien y que hay transparencia, y el Partido Popular y VOX callan. Eso es patriótico. Eso es español. Ahí no dicen nada. En fin...
Al sector ganadero y al sector de la agricultura les sobran demagogos y les falta que de una vez por todas regulemos la posición de dominio absoluto que tiene la distribución. Mientras eso no se haga, seguirán padeciendo los agricultores y los
ganaderos.
Esto va de suprimir, de suprimir el Ministerio de Consumo. No voy a ser yo quien defienda al ministro Garzón; creo que Unidas Podemos ya lo hará y, probablemente, mejor que yo. Simplemente quiero señalar las contradicciones, las trampas y
la hipocresía que destila esta propuesta. Hablan de que en el contexto actual les parece un gasto superfluo y de que no parece pertinente su existencia. ¿Hay algún organismo más superfluo y más inútil -porque no tiene ninguna actividad- que la
Oficina del Español? La mantienen el PP y VOX. Empiecen por las cosas que pueden hacer, cosas pequeñas, cosas que no sirven para nada, superfluas.
Hablan ustedes también de que la mayor parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Yo celebro que constaten que, en este caso, la mayor parte están transferidas a las comunidades autónomas, pero ustedes solo
piden que se suprima el Ministerio de Consumo. En sanidad, en educación o en cultura la mayor parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Tiene algún sentido que existan esos ministerios? En cambio, ustedes seguro
que nunca se plantean suprimir esos ministerios. Luego hablan ustedes de varias cosas, primero, sobre las campañas del azúcar, y segundo, que el ministro dijo que menos carne. La Sociedad Española de la Nutrición Comunitaria dice en una
publicación científica que el azúcar es un alimento superfluo, que su consumo no es necesario y su ingesta puede producir sobrepeso y caries, y además recomienda un consumo ocasional.
Por último, han hecho referencia a Stalin y a Cuba. No me quiero imaginar un mundo o un Congreso dominado por la alianza de PP y VOX, no me lo puedo ni imaginar. Querrían que fuéramos en fila india y con el carné en la boca. No me lo
quiero ni imaginar. ¿Que en las Fuerzas Armadas hay elementos reaccionarios? Pues claro, en las Fuerzas Armadas, en la Policía y en este Congreso; este Congreso está lleno de reaccionarios y si no, a las pruebas me remito. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví, tiene usted que terminar, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchísimas gracias por las muestras de cariño. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Rumores.-La señora Angulo Romero pronuncia palabras que no se perciben). Señora Angulo, silencio, por favor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna
de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Buenas tardes. Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades y diputats.
'Cosas veredes, don Sancho'. ¡Toda la bancada de Podemos aplaudiendo a Ciudadanos! Veo que se están cambiando las geometrías variables y eso da un poquito de miedo. Pero la verdad es que lo ha contado bien. Todos lo sabemos, el tema de la
ganadería era un fake news. 'no dijo eso', 'lo han utilizado'..., es el sistema habitual -métanselo en la cabeza- de cómo funcionan la derecha y la ultraderecha. En realidad, si hablamos de esta proposición no de ley, creo que es fácil comprender
que a mí, el tema de si este ministerio lo ponemos, lo sacamos o lo dejamos, o si hay 22 o 53 me da un poco lo mismo. Mi proyecto es un Estado propio y, por tanto, como si quieren tener 210, si así podemos marcharnos nosotros. Pero lo que sí que
es cierto es que, puestos a pedir que se suprima un ministerio, debemos hacerlo por razonamientos que no sean ad hominem, como se han venido haciendo hasta ahora. Por tanto, es más una solicitud de reprobación al ministro que un planteamiento de
estructura gubernamental. Aprovecho para decir que, si quieren, podemos hablar en este Congreso de reestructuración gubernamental. La propuesta pasa por suprimir Educación, Cultura y Deportes, Consumo, Sanidad, Defensa y ya puestos, que no se nos
olvide, la Casa del Rey. Si ustedes están de acuerdo, lo hablamos cualquier día y nos ponemos a ello.
¿Qué es interesante de esto? Ya lo comentaba el anterior interviniente: que se va a terminar como en Lorca. Que sus mentiras van a terminar con esa supuesta toma de las personas, de su derecho por la mano y eso es peligrosísimo.
(Rumores). Ahora mismo no me escucha nadie, pero sé que de aquí a dos años estarán lamentando este tipo de política que han hecho. Decían que solo faltaba que fueran vestidos de oveja merina, sí, y de churra. Porque están todos en esta especie de
funcionamiento de los unos contra los otros sin poder discutir nada. A mí me sabe mal decirlo porque no es de mi partido, pero es cierto que algunas de las intervenciones del ministro Garzón simplemente eran verdad, y para un ministro que dice la
verdad, estaría bien que continuase un ratito. ¿Qué dijo? Por ejemplo, el ministro dijo: 'Puede que haya elementos reaccionarios dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'. Lo único que tengo que decir en este caso es que fue
decepcionantemente prudente, porque está probado que está plagado de energúmenos y de personas reaccionarias. Les voy a poner un ejemplo. Sin ir más lejos, la semana pasada, en Barcelona, un policía nacional agredió al fotoperiodista Jordi Borràs.
Luego, admitió en sede judicial que fue por motivos ideológicos, al grito de ¡viva Franco! y ¡viva España! Fue condenado a un año de prisión, a una indemnización de 7000 euros y a pagar las costas. ¿Saben que no ha sido cesado? ¡Y luego vienen a
decir que el ministro no tiene razón! Lo que fue es excesivamente prudente, vuelvo a decirlo. Sí, señor. Tienen ustedes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército plagado de elementos reaccionarios. Que lo sepan, por mucho que lo
nieguen, eso es verdad. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Vallugera.
Pido un poco de silencio, por favor.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, que no me oigo ni yo misma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sigo.
Les molestan las críticas vinculadas al sector turístico. Dice que es de bajo valor añadido y que los sueldos que se pagan y el empleo que se crea en muchos casos -no siempre- son precarios y compromete la viabilidad ecológica de muchas de
las costas. Perdonen, es que eso es verdad. Por tanto, ustedes lo que nos plantean es que suprimamos un ministerio para reprobar al ministro. Se lo hacen complicado, ya se lo digo.
No nos vamos a poner de perfil, aunque diríamos que tampoco es nuestra guerra. Por tanto, vamos a votar que no. Pero, no obstante, ya que los unos se han dado cuenta de que hay competencias transferidas y los otros se han dado cuenta de
que es el enemigo número uno, por favor, a los que hoy votamos que no, y pertenecemos ahora a determinadas comunidades autónomas y a protoestados en el futuro, no agredan nuestras competencias propias. Ya tuvimos que votar en contra de la
trasposición de las directivas respecto al consumo y lo volveremos a hacer todas las veces que sean necesarias. Nos tiene a su lado en cuanto a lo que plantea ideológicamente, pero respete la competencia de cada uno de los niveles administrativos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Presidenta, señorías, el Partido Popular y VOX piden la supresión del Ministerio de Consumo utilizando un bulo lanzado contra el ministro Alberto Garzón, un bulo que ha sido desmontado, por mucho que insistan en
reincidir en la mentira. A ustedes les sobra el ministerio y, sobre todo, las medidas de protección a los consumidores. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que asumía las competencias de consumo en el segundo Gobierno de
Rajoy, la protección de 40 millones de consumidores era relegada a una modesta dirección general. Por eso, España es uno de los países más atrasados en Europa en protección de consumidores y por eso este Gobierno ha tenido que ordenar las
relaciones de consumo en una sociedad globalizada.
La Ley del Juego, aprobada en el año 2011, había permitido que jaurías de desaprensivos hicieran del drama de la ludopatía su negocio. Hasta hace tres meses, el acoso publicitario de las casas de apuestas a nuestras familias era
inaceptable. En su PNL piden reducir las competencias en ordenación del juego a
una cuestión de Hacienda y recaudación fiscal, pero sepan que este Gobierno ha decidido que la ordenación del juego obliga a la protección de las personas como consumidores. Les molesta que el Ministerio de Consumo haya restringido la
publicidad de las casas de apuestas, o que se vaya a regular la publicidad de alimentos dirigidos a niñas y niños. Les molesta que el ministro Garzón esté peleando para proteger a nuestros barrios y a nuestros jóvenes, o que las actuaciones del
Ministerio de Consumo hagan estériles las bien remuneradas contrataciones como lobistas de sus exministros o sus exdiputados por las empresas de apuestas. (Aplausos). Señores del Partido Popular, dígannos: ¿esta PNL la ha redactado algún lobista
o la han hecho ustedes solos? Si los lobistas ya no pueden influir en la acción del Gobierno, ¿les preocupa que les echen a la calle las empresas que tan bien les pagan?
El ministro Garzón dice verdades con rigurosidad técnica y científica y sin miedo a los lobbies, y lo hace con respeto escrupuloso a los consensos europeos en la materia, con total respaldo en las recomendaciones de las agencias de Naciones
Unidas y en la Estrategia de desarrollo sostenible de España. Pero al Partido Popular no le importa en absoluto proteger a los consumidores y por eso España no ha contado hasta ahora con una ley que diga que la atención al cliente es un derecho,
que las empresas no pueden marearnos de teléfono en teléfono. Ahora por fin, por ejemplo, las líneas 902 son gratuitas y las empresas no pueden cobrar por todo, y se pueden perseguir eficazmente los abusos y los fraudes masivos en consumo. Gracias
a dos años de trabajo del Ministerio de Consumo estafar al consumidor y cometer fraude no volverá a ser rentable, y quiero agradecérselo al ministro Garzón y al presidente Pedro Sánchez, porque han situado la política de consumo en la primera línea
de la actuación del Gobierno. (Aplausos). Por estos motivos la política de consumo se diferencia de la social o de la sanitaria, es un ministerio que tiene voz especializada en el Consejo de Ministros y en la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos y así la defensa de los consumidores también orienta nuestra actividad económica.
Pero ustedes optan por mantener la desigualdad en las relaciones entre empresas y consumidores. Es legítimo, es la lucha de clases y sus billeteras siempre por encima del pueblo. Les molesta el modesto gasto en políticas de defensa de los
consumidores (aplausos), pero se dedican a regalar el dinero de todos los españoles a sus empresarios amiguetes, soñando con puertas giratorias. El rescate bancario de De Guindos nos ha costado 66 000 millones de euros, que no iba a costar un euro;
hasta 3500 millones el rescate de las autopistas de peaje a los bolsillos de OHL, Azvi o Sacyr, todas ellas en los papeles de Bárcenas; o 1350 millones el cierre del almacén del Castor, carísimo ese palco. En su carrera loca por comportarse como
VOX enarbolan las mentiras contra el Ministerio de Consumo con cualquier excusa.
Agricultores y ganaderos, no olviden nunca que VOX y el Partido Popular fueron los únicos que votaron en contra de la ley que prohíbe la venta a pérdidas de los productos agrarios. Sus mentiras trumpistas provocan que extremistas violentos
asalten instituciones democráticas, como ocurrió ayer en Lorca, con la justificación de los presidentes del Partido Popular y de VOX en esa ciudad. (Aplausos). Quieren acabar con la democracia. Desistan de continuar saboteando nuestro trabajo
para ampliar los derechos de los consumidores. Les vamos a votar en contra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortega Domínguez.
El señor ORTEGA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
No voy a entrar en la enmienda de VOX, que les ha cogido blanditos, porque solo querían suprimir doce ministerios, ¿no? Todos sabemos que realmente por ello quitaban al Gobierno entero y ponían a uno que mandara como Dios manda (Aplausos).
Pero bueno, los demócratas sabemos que bastante más cara que la democracia es la dictadura que todavía algunos siguen añorando.
Vamos a entrar en la proposición que hace el PP y a explicar los motivos por los que la traen. No la traen porque les importe la imagen de España, como ya se ha dicho, porque si les importara la imagen de España no irían tirándola por los
suelos en Europa para evitar la llegada de fondos europeos; no es por un ahorro a las arcas públicas, porque entonces no tendrían chiringuitos como el de Toni Cantó o como el que tuvo el señor Abascal en los tiempos de Esperanza Aguirre; no es por
apoyar a los ganaderos -se acaba de decir- ni a los agricultores, porque han votado contra la Ley de la cadena alimentaria y contra la prohibición de la venta a pérdida; los motivos son otros.
La señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular en un reciente artículo decía que había una ministra de Rajoy que hacía el trabajo de cuatro ministros comunistas. Y, claro, se me vino a la cabeza la
señora doña Ana Mato, que fue la primera ministra del sector en los Gobiernos marianos. Esta señora, que no era capaz de ver un Jaguar en su garaje, difícilmente iba a ver los problemas de los consumidores y usuarios, ¿verdad? Eso sí, a
las agencias de viajes creo que jamás les tuvo que poner una reclamación porque sus viajes parecía que eran de bastante categoría.
Pero, bueno, vamos a comentar lo que hizo el PP desde los tiempos de la señora Mato. Lo primero, fue intentar amenazar a asociaciones de consumidores, como Facua, porque no le gustaban las críticas que le hacían y había que amordazar a la
asociación. Ese cariño a Facua se manifestó cuando llegaron a la Junta de Andalucía, en mi ciudad, en Cádiz, donde lo primero que hicieron fue cerrarle la sede provincial a Facua Cádiz, en la que llevaban más de treinta años. Es una fijación con
todas las asociaciones de consumidores, en este caso contra Facua. Además, suprimieron el Instituto Nacional de Consumo, la Dirección General de Consumo y pusieron los copagos sanitarios. Han trasladado aquí su preocupación por el IVA de las
mascarillas, que tienen un precio regulado, y se han distribuido millones de manera gratuita, pero los copagos no importaban, los copagos estaban magníficamente. Ahí la gente no tenía que elegir entre pagar el copago o comer, ¿no? Tampoco les
preocupó comprar el Sovaldi, que decían que era muy caro. Y, claro, ¿se imaginan ustedes que, igual que dejaron ustedes a los pacientes de hepatitis C, nosotros hubiéramos tardado un año en comprar las vacunas de la COVID desde que se podían
comprar? Nos hubieran dicho barbaridades, y con razón, pero esas cosas no las hacemos nosotros, las hacen ustedes en esa protección que dicen de los consumidores. Ustedes legislaron para que se les perdonaran las costas a los bancos que obligaban
a sus clientes a reclamar judicialmente la cláusula suelo. Ustedes han mencionado el NutriScore como una traición a la industria agroalimentaria española. Ustedes, que lo llevaron al Senado en mayo de 2020, exigiendo al Gobierno que en tres meses
aplicara el sistema. Si es que hacen ustedes el ridículo con tal de atacar al Gobierno. Ustedes mismos se califican de traidores a España. (Aplausos).
El motivo por el que ustedes quieren quitar el ministerio es porque quedan en evidencia. Han hablado de la electricidad, pues en ese sector este Gobierno quitó el impuesto al sol que ustedes inventaron; este Gobierno fomenta las renovables
que ustedes paralizaron; este Gobierno, cuando ha llegado la crisis energética en toda Europa, ha suspendido el impuesto al valor de la producción de la energía eléctrica que ideó Rajoy; ha reducido el IVA que ustedes subieron; ha recortado el
beneficio de las eléctricas a las que el PP dejó poner el precio de la electricidad, cuando decidió que ya no era el Gobierno quien iba a poner el precio. También ha creado el suministro mínimo vital, ha mejorado el bono social y se está legislando
contra los llamados beneficios caídos del cielo. A todas estas propuestas que ha llevado a cabo este Gobierno para ayudar a la gente -a ustedes que lo que les importa es la gente- han votado en contra, eso es lo que les importa a ustedes la gente.
(Aplausos). Mientras que este Gobierno aumenta los plazos de garantía de los productos, ustedes no rechazan en Europa la estafa de la obsolescencia programada; mientras este Gobierno pone recursos en la lucha contra la ludopatía, ustedes donde
gobiernan les rebajan los impuestos a los bingos, a los casinos y a las tragaperras. Este Gobierno mejoró la Ley de arrendamientos, que ustedes empeoraron en perjuicio de los inquilinos y fomenta el parque público de viviendas que ustedes vendían a
los fondos buitre. Es que somos la noche y el día, la noche y el día. (Aplausos). Porque, mientras para nosotros el artículo 51 de la Constitución es de vital importancia en la defensa de los consumidores y usuarios, para ustedes estos derechos
son una traba más a eliminar en esa loca idea del libre mercado que tanto les gusta. Como dijo el señor Casado, hay que eliminar las barreras sindicales, laborales y fiscales porque molestan a las empresas y ustedes también creen que los derechos
de los consumidores molestan. Pues no vamos a seguir su línea, la nuestra es totalmente diferente. Lo que hay que suprimir no es la política de consumo de este Gobierno, sino la deslealtad y los bulos de una oposición absolutamente destructiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Riolobos, le pregunto si su grupo parlamentario acepta la enmienda presentada.
La señora RIOLOBOS REGADERA: No.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. En ese caso, se votará en sus términos. Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 30/2021, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19. (Número de expediente 130/000070).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD (Darias San Sebastián): Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para solicitar el apoyo de esta Cámara al Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Se trata, señorías, de someter a la consideración de esta Cámara dicho real decreto-ley, que posibilitó la adopción de medidas muy necesarias que precisan
hoy, de acuerdo con la previsión constitucional, la convalidación de esta Cámara.
Antes de abordar el contenido de esta norma, quiero compartir en sede parlamentaria que desde la detección de la variante ómicron han sido muy numerosas las acciones llevadas a cabo tanto en los órganos del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud como a través de la Conferencia de presidentes y de presidentas. Señorías, la cogobernanza sigue siendo la clave en la lucha contra esta pandemia. Sé que la mayoría de esta Cámara comparte esta afirmación, esta realidad,
pero, por eso, una vez más, el presidente del Gobierno de España convocó el pasado 22 de diciembre la XXV Conferencia de presidentes y presidentas, al objeto de analizar la situación epidemiológica, recordarán, ante el incremento de casos en toda
Europa, también nuestro país, como consecuencia de la variante ómicron y adoptar, de manera consensuada y coordinada, las medidas que fueron concretadas al día siguiente en un Consejo de Ministros extraordinario con objeto de ponerlas en marcha
rápidamente.
Como saben, la sesión de ese Consejo de Ministros del día 23 de diciembre aprobó el real decreto-ley que me trae hoy aquí y que modifica, señorías, la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes, también, de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID. En ese real decreto, señorías, junto a la adopción de medidas importantes, de mucho calado, destaca el restablecimiento de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en cualquier
espacio al aire libre, de uso público o que se encuentre abierto al público, salvo la práctica del deporte o hallarse en espacios naturales, y ello, señorías, recordarán, dada la altísima circulación del virus de la COVID, que aconsejaba establecer
medidas que actuasen de barrera, pues como ha señalado la Ponencia de Alertas en su posicionamiento con respecto a la utilización de mascarillas, se trata de una de las medidas que mayor impacto ha tenido en el control de la transmisión, sobre todo
si se hace en combinación, también, con otras medidas no farmacológicas, ya que reduce un riesgo en la transmisión de enfermedades, en este caso, por gotas y aerosoles.
Comparto con esta Cámara que por aquel entonces nos situábamos en una incidencia acumulada a catorce días de 784 por cada cien mil habitantes, incidencia que se vio elevada, recordarán sus señorías, hasta los 3414, la cifra más alta conocida
hasta ahora, que se alcanzó el pasado 21 de enero, y hasta los 2694 de hoy. Una medida, señorías, que recordarán que, tras la adopción por nuestro país, fue seguida por otros países como Portugal, Francia o Italia y que también ha sido avalada por
la Organización Mundial de la Salud en palabras de su director para Europa, el doctor Kluge, al afirmar que los confinamientos no hubiesen sido necesarios si el 95 % de las personas usaran las mascarillas, cuando en la actualidad no llegaban al 60,
y se refería a toda Europa. Son también, señorías, reiterados los informes del CCAES en los que se pone de manifiesto, ante el incremento exponencial de casos que hemos vivido en esta sexta ola, la importancia del uso de las mascarillas -reitero-
por su efecto barrera y su colaboración, por tanto, en la disminución de la transmisión. Señorías, la incorporación de la mascarilla ha constituido una de las medidas de prevención importantes, que ha posibilitado la protección de la ciudadanía,
que ha posibilitado la interacción social. Ello ha sido más necesario que nunca en esta sexta ola, cuando hemos tenido incidencias acumuladas hasta ahora nunca vistas en toda Europa ni tampoco en nuestro país.
Otro elemento de lucha importante contra el virus -que me van a permitir también comentarles- junto a la prevención, es la vacunación. Es fundamental la estrategia de vacunación que hemos seguido
en nuestro país, que ha llevado a cabo el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, conjuntamente con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, que hace que hoy tengamos ya al 90,8 % de la población mayor de doce años
con pauta completa. Señorías, gracias a este porcentaje muy elevado de vacunación, junto con las dosis de refuerzo, booster, nos ha permitido afrontar de manera diferente esta sexta ola. Porque, señorías, siempre hemos ido adoptando medidas en
función de la situación epidemiológica en cada momento. ¿Para qué? Pues para, nada más y nada menos, que contribuir a garantizar la protección de la salud con el establecimiento de la cautela y la protección que afiance comportamientos de
prevención, en definitiva, señorías, la cultura del cuidado.
Además, señorías, junto con esta medida que les acabo de comentar, el real decreto-ley también estableció la habilitación al Gobierno para que mediante real decreto, y a propuesta de la persona titular del Ministerio de Sanidad, oído el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, modificara la obligatoriedad del uso de la mascarilla -cito literalmente- cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. La razón, señorías, es que la reserva
legal no da la necesaria flexibilidad y adaptación que requiere la lucha efectiva contra la pandemia en cada uno de los momentos en que la situación epidemiológica se ha encontrado y que se nos pueden presentar, como hemos visto a lo largo de estos
dos años.
En este sentido, también es necesario compartir en esta Cámara que así se ha posicionado la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al considerar que el uso de la mascarilla esté regulado por medio de
una norma flexible, que permita modificaciones rápidas, y, en este caso, la modificación del artículo 6 de la Ley 2/2021, que modifica este real decreto-ley. A tal fin, señorías, y en consecuencia, la modificación operada por este real decreto-ley
regula las condiciones esenciales en las que la norma reglamentaria decidirá sobre el uso obligatorio de la mascarilla, así como sus excepciones, en función siempre de la evolución epidemiológica y con la necesaria e imprescindible participación
-como no puede ser de otra manera- del órgano por excelencia en la cogobernanza, que es nuestro Consejo Interterritorial, porque siempre, juntos, hemos ido avanzando más. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, un poco de silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD (Darias San Sebastián): Se lo agradezco, señora presidenta.
Junto con estas medidas, en este real decreto-ley, y para aliviar la carga en el Sistema Nacional de Salud, se ha incorporado la posibilidad de que se produzca la contratación de personal sanitario jubilado, como ya se había hecho
anteriormente en otros momentos de la pandemia, manteniendo, eso sí, la compatibilidad de sus prestaciones con las de jubilación. Así, el artículo 2 de este real decreto-ley modifica, a su vez, el Real Decreto-ley 8/2021 para mantener en este caso,
señorías, hasta el 31 de diciembre de este año 2022 la posibilidad de que se contrate a profesionales, tanto de medicina como de enfermería, ya jubilados.
También contempla este Real Decreto-ley, en su artículo 3, la habilitación de contratación por las comunidades autónomas, por el INGESA y también por el Ministerio de Defensa, de profesionales con título de especialista obtenidos en Estados
no miembros de la Unión Europea. Para ello, señorías, la norma establece que deberán contar con un informe propuesta, condicionado, eso sí, al comité de evaluación, conforme a lo regulado en el Real Decreto-ley 459/2010, para el reconocimiento de
las condiciones de los profesionales de títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud, en este caso obtenidos, como he dicho, en Estados no miembros de la Unión Europea. Se trata, señorías, de una medida que también se había
propuesto con anterioridad y que había sido, también, muy demandada. Por otra parte, finalmente, este real decreto-ley, que someto a la consideración de sus señorías para su convalidación, establece en su disposición final primera la modificación
de la disposición adicional cuadragésimo sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que establecía medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones y otras prestaciones públicas, fijándose para ello un incremento.
Hay que señalar, señorías, que del articulado de la ley se desprendía claramente la voluntad de beneficiar en los citados incrementos a aquellas pensiones y prestaciones de cuantías más bajas, como son las no contributivas, tal y como se
venía haciendo tradicionalmente. Sin embargo, estando clara esta voluntad de tratamiento diferenciado, la disposición referida no hacía ningún tipo de distinción en la fórmula aplicada, de manera que las pensiones no contributivas perdían parte del
incremento previsto en el
artículo 44 de la ley, pues se les repercutía en menor medida que al resto de pensiones la desviación del IPC. De ahí la importancia de incluirlo en este real decreto-ley para que tal cosa no sucediera.
Señorías, voy terminando. Todo lo hasta aquí expuesto en esta tribuna fundamenta la petición de convalidación que solicito de esta norma. Además de los motivos expuestos, en relación con las medidas sanitarias, quiero compartir con esta
Cámara que han sido solicitadas mayoritariamente por todos los diferentes territorios. Por los presidentes y presidentas de todo signo político -de todo signo político- han sido demandadas, no solamente a través de sus consejeros o consejeras en el
consejo interterritorial, miércoles tras miércoles, sino también en la Conferencia de Presidentes y Presidentas. Además, señorías, quiero manifestar en esta Cámara lo que ya dije al respecto cuando comparecí en rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros extraordinario donde aprobamos este real decreto-ley, pues creo que es relevante. Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal, durante el tiempo necesario hasta que los indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los
niveles adecuados, según establezca nuestro propio consejo interterritorial, en el que estamos representados todos. Y tengo que anunciarles, señorías, que vamos por el buen camino. Día a día seguimos bajando la incidencia acumulada, y esto
significa que estamos cada vez más cerca. Porque con toda la prudencia, señorías, hemos doblegado la curva de esta sexta ola y estamos en fase de descenso. Por tanto, esta medida demandada por la práctica totalidad de los presidentes y presidentas
está más cerca de volver a modularse.
Concluyo, señorías. Somos conscientes del tiempo transcurrido desde que se declarara la pandemia, del impacto en nuestras vidas, del cansancio -por qué no decirlo- de la ciudadanía y del impacto que el virus ha ocasionado en nuestras vidas
durante este tiempo. Somos muy conscientes también del esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios, de la importancia de contar con un Sistema Nacional de Salud fuerte, resiliente, que nos sitúa en la referencia internacional, y del desempeño
colectivo de todo un país en la estrategia de vacunación, porque entre todos, señorías, hemos sido capaces de vacunar a todo un país. Entre todos y todas hemos sido capaces de hacerlo. Nuestro conocimiento del virus ha ido avanzando de la mano de
la ciencia, de las personas expertas, y junto a la altísima cobertura vacunal, el comportamiento ejemplar de nuestra ciudadanía y la evolución epidemiológica, que empieza a presentar cada vez más características de endemia, nos hace plantearnos
nuevos escenarios para pasar de una vigilancia de la emergencia a una vigilancia por objetivo y de más calidad. Y en eso estamos, señorías, en seguir avanzando en las respuestas estratégicas que en cada momento se precisan. Por eso solicito ante
esta Cámara la convalidación de este real decreto-ley, con el afán de todos, del conjunto del país y de este Gobierno, de seguir avanzando en cuidar de la salud de nuestra población.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra en representación de dicho grupo la señora Pastor Julián.
La señora PASTOR JULIÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, quiero, en primer lugar, expresar mi más sentido recuerdo a las víctimas de la COVID y a sus familias, así como agradecer a todos los profesionales sanitarios de mi país su compromiso, su generosidad y
profesionalidad, y a todos los servidores públicos. (Aplausos). También querría agradecer a todos los investigadores y profesionales que, con su esfuerzo y conocimiento, han contribuido junto con la admirable sociedad española, sin ninguna duda,
al éxito de la vacunación en España.
Señorías, este es el tercer decreto que ustedes traen a esta Cámara para regular el uso de las mascarillas -el 21/2020, el 13/2021 y ahora el 30/2021-. Para el Gobierno este ha sido el único asunto a tratar, junto con el metro y medio, para
luchar contra la pandemia en esta Cámara en dos años, y han dejado a su suerte a las comunidades autónomas, que han tenido que legislar llevándonos a diecisiete modelos de gestión de la pandemia ante un virus que no entiende de fronteras y menos de
comunidades autónomas. Ustedes, mirando para otro lado, sin legislar los temas de fondo -como han hecho otros países como Alemania-, y teniendo que intervenir hasta los tribunales superiores de justicia. De hecho, nadie entiende que usted nos
hable de mascarillas en el exterior y no le preocupen los aforos. ¿Cómo es posible que dos años después España no tenga una norma para hacer frente a una pandemia? ¿Por qué se niegan a crear una agencia de salud pública y calidad asistencial? ¿Y
el resto de las propuestas de la Comisión de Reconstrucción, dónde están?
Señora ministra, el desprecio no es solo a esta Cámara, el desprecio es a los ciudadanos. Ministra, seguimos en pandemia. Ayer, los últimos datos comunicados por el ministerio señalan 259 personas fallecidas como consecuencia de la COVID,
3820 personas fallecidas solo en el último mes, cifra absolutamente inasumible. Como inasumible es el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad solo contabiliza 89 405, pero el exceso de mortalidad -según
el INE- supera los 122 000 fallecidos. Señora ministra, el balance real de su Gobierno en materia legislativa es lamentable.
Le puedo señalar también la tomadura de pelo de que introduzcan en este real decreto-ley asuntos de especial relevancia -que mire si han tenido tiempo hasta el 23 de diciembre de traerlos a esta Cámara- con un único fin: forzar a los grupos
parlamentarios a apoyarles. ¡Quién les ha visto y quién les ve, señores del Partido Socialista! 12 de noviembre del 2015: Pedro Sánchez dixit: si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece y
limitar el recurso del decreto-ley. Gran premonición; fue una premonición total. Fíjense en la cruda realidad: llevan ustedes 115 reales decretos-leyes aprobados. Solo en la XII Legislatura -en la que estuvieron un año- aprobaron 35.
Y para rematar, si me lo permite, quiero recordarle que el TC ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma decretados por su Gobierno, y no han permitido una comisión de investigación de la gestión de la pandemia en esta Cámara.
Pero le digo más, señora ministra, nos han faltado al respeto y a la palabra dada al Grupo Parlamentario Popular. Se comprometieron a tramitar como proyecto de ley el Real Decreto-ley 21/2020, tardaron nueve meses en que se pudiera
tramitar, y no nos aceptaron ni una sola de las enmiendas, ni una sola, y hoy pretenden convalidar un real decreto-ley aprobado el día 23 -su anuncio de Navidad, que yo lo llamo 'mascarillas'-, pero siguen empecinados en no traer a esta Cámara los
temas de fondo para luchar contra la pandemia.
Señora ministra, le voy a hacer un pequeño recordatorio muy rápido de la coherencia en materia de mascarillas de su Gobierno: 19 de mayo del 2020, orden ministerial -estábamos en estado de alarma, como sabe-; propagación desbocada del
virus; más de 27 000 personas habían fallecido. ¿Sabe cuánto tardaron en aprobar las mascarillas? No las aprobaron hasta el 19 de mayo del 2020. ¡Fantástico! Aprueban ustedes el uso obligatorio de las mascarillas cuando ya había más de 27 000
fallecidos. A esta propia Cámara veníamos con mascarilla dos personas, la señora Olona y yo misma, y lo recordamos bien. Y el 9 de junio de 2020 un real decreto-ley, en esta ocasión con una modificación trascendental: le añaden el metro y medio.
Eso sí, en el real decreto-ley del 29 de marzo de 2001 obligan al uso de la mascarilla, pero independientemente de que se guarde o no el metro y medio; y el 24 de junio vuelven a rebajar su uso, pero ya especificando que solo será si se puede
garantizar el metro y medio. O sea, esto es absolutamente vergonzoso.
Nunca han tenido un informe científico-técnico que se lo avale. Ese retraso al actuar, esa improvisación no solo es en las mascarillas, es en todo. Decretaron el estado de alarma después del 8 de marzo, a pesar de que tenían una ministra
muy perspicaz en el Gobierno que ya veía lo que iba a pasar; la OMS ya había declarado el 30 de enero la alerta; llegaron tarde a decretar el cierre y control de los aeropuertos, a la compra de material, a las pruebas diagnósticas, al cierre
perimetral; insultaron a la Comunidad de Madrid por poner en marcha el hospital Zendal; llegaron tarde al control de las cepas, llegaron tarde a bajar el IVA, y han vuelto a llegar tarde a bajar el IVA y fijar un precio máximo a los test de
antígenos. Sobre todos estos asuntos el ECDC se manifestó y ustedes no hicieron en muchos temas caso. Eso sí, se han adelantado en una cosa, señora ministra, en lo único que se han adelantado es en esa política desenfrenada de autobombo, en
anunciar el 26 de junio de 2020: Hemos derrotado al virus, controlado la pandemia y doblegado la curva; y en comunicar el 24 de junio de 2021 que las mascarillas habían dejado paso a las sonrisas o en proclamar la gripalización, que hay que tener
valor. Todo ha sido propaganda, es jugar con la ilusión, la ilusión sentida por millones de españoles que quieren salir, queremos salir de la pandemia.
Señora ministra, tomar medidas y convalidar un decreto-ley sin contar con un informe científico que lo avale lo han reconocido ustedes, que nos han contestado a una pregunta diciendo que no tenían tal informe, pero unos días después nos
enteramos de que habían hecho un sondeo; espero que no lo hiciera el señor Tezanos. No es la primera vez que desde mi grupo le decimos que, por favor, tomen las medidas con informes científico-técnicos, que creen un comité de verdad científico,
que no lo han hecho. Le han tenido que leer la cartilla desde el ámbito jurídico; lo hizo el Tribunal Supremo diciendo: Con una regulación específica para hacer frente a la pandemia que detallara las posibilidades, tantas posibilidades como
fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica. Y no han hecho caso tampoco al mandato de esta Cámara en todo lo que he dicho de la Comisión de Reconstrucción. No han facilitado
en ningún caso esa agencia de salud pública y calidad asistencial, ni una verdadera red de vigilancia epidemiológica. Y este decreto -por si era poco- es la fehaciente constatación de que a este Gobierno no le interesa o no tiene los apoyos
de sus socios para traer a esta Cámara las medidas legislativas que verdaderamente necesita el Sistema Nacional de Salud. Se han parapetado detrás de las comunidades autónomas con su maravillosa cogobernanza, es decir, el desgobierno; eso sí,
cuando nuestros profesionales se dejan la piel vacunando y la Unión Europea nos facilita la vacuna, nos ponemos todas las medallas. Y por si fuera poco, señorías -y aquí tengo que referirme al apartado 2, del artículo 1, de este real decreto-,
tienen ustedes el valor de habilitar al Gobierno para modificar en el real decreto la obligatoriedad del uso de las mascarillas -me la pongo, me la quito-; y me estoy imaginando ya que nos podremos levantar con el BOE diciendo que mascarilla hoy
sí, y el viernes siguiente diciendo que no. Entendemos que la habilitación sobrepasa la capacidad del Gobierno de regular esto mediante reglamento. No nos encontramos ante una mera modulación de lo establecido en la ley con respecto al uso de las
mascarillas, sino que aborda la inclusión de los nuevos supuestos y la eliminación de las excepciones, excediéndose por tanto en su capacidad normativa; decisión, señora ministra, arbitraria que genera inseguridad jurídica y, en definitiva,
jurídicamente más que cuestionable, y sobre todo los artículos 2 y 3 y la disposición final. Les anuncio que nuestro grupo ha presentado dos iniciativas en esta Cámara, una relativa a la compatibilización de la pensión de jubilación de los
profesionales sanitarios y a la contratación de especialistas en Ciencias de la Salud titulados en Estados no miembros de la Unión, y otra sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. No
podemos consentir el chantaje del Gobierno de incluir estas dos medidas necesarias en un decreto-ley absolutamente fútil. Si no quieren apoyar nuestras iniciativas, como traen ustedes casi dos reales decretos-leyes a la semana, pueden traer uno
mañana, porque no se les va a estropear la estadística con 73 decretos-leyes que llevamos, señorías, en esta legislatura. (Aplausos).
Concluyo ya. Por todos estos motivos, señora ministra, señorías, mi grupo parlamentario no puede apoyar este decreto-ley, porque sería tanto como avalar que España hoy, dos años después del inicio de la pandemia, no tenga un marco normativo
eficaz que impida que en un futuro volvamos a asistir al espectáculo que hemos vivido estos dos años, con diecisiete planes de todo tipo, desescaladas, Semanas Santas y Navidades. Y desde aquí les sigo diciendo que siempre nos encontrarán, señora
ministra, con la mano tendida para acordar todas las medidas que hagan más fuerte nuestro sistema sanitario y que apuesten, también, por nuestros profesionales. Por eso les hemos ofrecido un pacto de Estado a todas las fuerzas políticas, porque la
sanidad merece la pena, señora ministra.
Termino ya diciéndole que los sanitarios que somos parlamentarios no hemos vacunado, nos han vacunado. La vacuna, efectivamente, ha sido magnífica en este país y estamos satisfechos del grado de vacunación que tiene España, pero, igual que
le digo eso, le digo que el tiempo se está terminando, señora ministra, para este Gobierno. Estamos viviendo un espectáculo, porque el Ministerio de Sanidad tenía que ser más fuerte que nunca, tenía que tener más presencia que nunca y, sobre todo,
actuar, como dice el reglamento sanitario internacional, señora ministra, como autoridad sanitaria que es usted. Ahora nos dice que las mascarillas las pondrá o no, oído el consejo interterritorial -no aprobado, sino oído-, eso sí, cuando usted lo
vea oportuno y conveniente. Pues nosotros, señora ministra, no lo podemos apoyar, sintiéndolo mucho. Queremos, sobre todo, y por cierto, que alguna vez hable con nosotros; nunca ha levantado el teléfono para preguntarnos qué opinamos de una norma
que trae a la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pastor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora ministra de Sanidad. Parece, señora Darias, que... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... con el turno en contra la señora Pastor le ha pillado a usted con el paso cambiado y sin réplica; usted sabrá.
Se han cumplido dos años desde que la Organización Mundial de la Salud empezara a dar las primeras alertas sobre la pandemia de coronavirus que desde entonces ha venido azotando a España y al mundo,
y que tantísimas vidas ha costado en sus distintas olas y variantes. Hasta mediados de marzo de 2020 el Gobierno se desentendió de lo que estaba pasando en otros países y acabó aplicando de forma sobrevenida, vulnerando derechos
fundamentales, un primer estado de alarma que a la postre y al igual que el segundo sería declarado inconstitucional, a instancias de los recursos del Grupo Parlamentario VOX.
Una parte sustancial del cauce normativo del real decreto-ley que usted nos acaba de presentar -nada menos que el trigésimo del año 2021 y que mezcla cuestiones de orden laboral y de pensiones- hace también referencia principal a las
mascarillas cuyo uso, como se recordará, fue uno de los primeros elementos discordantes en aquellos incipientes tiempos de la infección. Ahora, aceptada la necesidad de utilizarlas como un elemento imprescindible de prevención, continúa siendo
necesario que el Gobierno habilite una fórmula para hacer extensiva la rebaja del IVA de las mascarillas, ampliada también a las de tipo FFP2, sin necesidad de la bendición periódica de la ministra de Hacienda, inflexible en su asalto al bolsillo de
los ciudadanos por la vía de la fiscalidad.
Señorías, otro de los aspectos de esta solicitud de convalidación legislativa hace referencia a la contratación de personal. En octubre de 2020, con ocasión de otro real decreto-ley ómnibus, respaldé las medidas para ampliar
excepcionalmente con personal extracomunitario los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Desde entonces, los altibajos de las diferentes olas de contagio han desvelado la falta de apoyo institucional y administrativo al personal, porque
cuando ha habido momentos de menor incidencia se ha acompasado irresponsablemente con menor contratación o peores condiciones de trabajo, menospreciando injustamente el colosal esfuerzo de los sanitarios, que lo han pagado con los más altos índices
de contagio del mundo. Hoy, la atención hospitalaria continúa su sacrificada actividad en condiciones de fatiga permanente, y la Atención Primaria sigue desbordada, en una nueva muestra de la incapacidad del Gobierno para liderar y coordinar el
combate contra el COVID-19. En consecuencia, rechazaré la convalidación de esta norma y, como ha resaltado muy acertadamente la señora Pastor, también le pido al Gobierno respeto para la principal función de las Cortes Generales, que es la de
legislar, la cual está suplantando con este auténtico aluvión de reales decretos-leyes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, este decreto es un nuevo chantaje al Parlamento. Es un chantaje porque se aprovecha para mezclar las pensiones con las mascarillas, y así venir a decir aquí que si no aprobamos las mascarillas es porque no estamos de
acuerdo con las pensiones. Le vamos a decir que no, que basta ya, que basta ya de chantajear a este Parlamento, que basta ya de utilizar la pandemia para convertir el Parlamento en un coladero al que traen todos los decretos como si esto fuese un
trágala, que creo que es hora ya de respetar esta institución, que creo que es hora ya de decir las cosas como son y que este decreto es una medida absolutamente banal. Pero es que, además, la forma de aprobarlo es una enorme frivolidad. Por
tanto, la respuesta que le debe dar este Parlamento es no. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Le voy a decir por qué el contenido es una total banalidad. Es una total banalidad porque lo único que han conseguido hacer para atajar la pandemia es quitar las mascarillas y luego volver a poner las mascarillas, sin informe técnico, con
opiniones contrarias de muchos epidemiólogos y, desde luego, con un sainete de puesta en escena, con un sainete de puesta en escena porque primero sale usted, convocan una Conferencia de Presidentes, una Conferencia de Comunidades Autónomas y un
Consejo de Ministros extraordinario para devolver la sonrisa a todos los españoles y, a los cuatro meses, vienen aquí con otro Consejo de Ministros extraordinario, otra Conferencia de Presidentes y otra Conferencia de Comunidades Autónomas para
volvernos a poner la mascarilla. Mire, ¿sabe lo que era eficaz para luchar contra el virus? Que la gente que tuvo que ir a todas las farmacias de España y hacer colas a las puertas de la Navidad hubiera tenido otro precio en los test. Eso sí era
una medida para luchar contra la pandemia y, lejos de eso, ustedes lo hicieron en enero, como si esto fueran las rebajas, y además no se preocuparon de garantizar el abastecimiento de los test. Es que este Gobierno lleva dos años ya tomando
decisiones absolutamente banales y sin tomar ninguna decisión realmente contundente y realmente armonizada. Es que llevamos mucho tiempo diciéndole que es hora ya de poner criterios objetivos a esto. Porque lo que no puede ser es que, unas veces,
con una incidencia acumulada de tres mil, se tomen medidas más
relajadas que otras veces, con una incidencia acumulada de ochocientos; y no es por la hospitalización, porque también vemos tasas de hospitalización muy altas. Le puse el otro día el ejemplo -y se lo vuelvo a poner hoy- de una comunidad,
que es la mía, Navarra, donde la tasa de hospitalización ha sido más alta este año que el año pasado en la misma fecha, cuando se supone que la vacunación hubiera impedido eso, y sin embargo las medidas no. Lo que necesitamos es que el Gobierno de
España haga una guía ya de una vez en la que diga: a determinados parámetros objetivos corresponden determinadas medidas. Y no que estemos continuamente en la improvisación, porque la gente está harta y tiene toda la razón para estar harta, porque
llevamos ya dos años sufriendo esto. Y vemos a un Gobierno que no ha hecho más que dejar las funciones al lado, pasar la patata caliente a las comunidades autónomas y, en muchos casos, incluso a los tribunales de justicia. Por eso, la respuesta de
este Parlamento debería ser no. Desde luego, la nuestra va a ser un no rotundo y absolutamente convencido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes, señora ministra.
Bueno, quiero empezar diciendo que nos han traído de nuevo un decreto tipo saco, en el que nos mezclan unas medidas COVID con el tema de las pensiones y, al final, en una situación de voto de todo o nada. Creemos que es una mala práctica.
Por nuestra parte sí decimos con rotundidad que no vamos a aceptar de ahora en adelante este tipo de abusos.
Con respecto a la parte de la pandemia, a la parte del decreto relativo al COVID, no lo compartimos en su día, no estamos de acuerdo con esas medidas y quiero explicar por qué. Consideramos que en ese decreto esas medidas no son las
adecuadas ya para la sexta ola y, además, en plenas fechas vacacionales. ¿Por qué? Porque básicamente faltan medidas útiles y con base empírica. Falta, sobre todo, rumbo; faltan mensajes claros y medidas contrastadas, porque, después de dos años
de pandemia, en un decreto que viene con mascarillas para exterior y jubilados a trabajar, falta algo, falta realmente dar medidas necesarias. Y lo peligroso de esa situación es que crean despiste, crean cansancio y, sobre todo, el andar sin rumbo
es lo que crea realmente la fatiga y el estrés social ante una pandemia o ante una crisis. A eso es a lo que debiera responder este decreto y por lo que no estamos de acuerdo.
En cuanto a la mascarilla, claro, efectivamente la mascarilla es un instrumento que es fundamental, pero es fundamental si se utiliza bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que nos dicen muchos expertos es que llevar la mascarilla al
aire libre, así porque sí, no es eficaz. Y he oído a algunos expertos que utilizan el siguiente símil: Llevar puesta la mascarilla al aire libre por la calle, pero entrar a un bar, a un establecimiento, quitarte la mascarilla, sentarte en la mesa
y estar dos horas sin esa mascarilla, es como lo del motorista que lleva el casco puesto por la calle y cuando va a la moto se siente y se quita el casco. La principal labor que debemos hacer en estos momentos es que la mascarilla se utilice bien,
porque eso sería realmente la barrera o el instrumento para parar la pandemia, porque eso es lo que nos ha parado. Desde diciembre, en Navidad, a aquí se ha disparado precisamente porque la mascarilla no ha funcionado. Es importante dar
instrucciones claras, porque la población está cansada de instrucciones de medidas impositivas que ven que pueden ser inútiles. Me refiero a decisiones que han creado despiste y que pueden llevar a pensar que es igual de necesaria la mascarilla,
por ejemplo, que analizar el aire de los interiores, que sería un elemento fundamental. ¿Por qué es más necesario el pasaporte COVID, por ejemplo, que la aireación interior o el control de los aires interiores? Esas cuestiones son los elementos
que harían falta para pasar a una nueva fase. Tenemos que pasar de fase, eliminar la confusión y crear medidas que sean reales y que nos den instrumentos para responder a esta crisis. Miren, se prescindió de personal sanitario contratado como
refuerzo para la pandemia, se han desmantelado las redes de seguimiento, la red pública sanitaria está desbordada, la atención primaria colapsada, los equipos de rastreo desmantelados, muchas de las personas de laboratorio eliminadas y en el decreto
no encontramos nada que venga a dar respuesta a esta situación. Estamos en una situación diferente a la de hace dos años, es hora de dejar de aplicar las mismas medidas para situaciones que son muy diferentes; es hora de salir del bucle de las
restricciones que no sirven y pensar en nuevas y más eficaces medidas. En esta sexta ola se ha demostrado que las vacunas funcionan, protegen y salvan vidas, miles y miles de vidas. Creo que prácticamente todas las personas estamos de acuerdo en
esto, solo hace falta comparar los datos entre personas vacunadas y no vacunadas en el caso de las hospitalizaciones, ucis, etcétera, pero
los Gobiernos deben actuar con responsabilidad. Imaginen qué bueno sería si todo el planeta hubiera estado vacunado en las mismas proporciones en las que estamos en el Estado español: estaríamos en una situación totalmente diferente. Pero
el Gobierno sí puede presionar a Europa y a otros entes para que eso sea una realidad. Aquí tenemos el privilegio de poder contar con vacunas y una grandísima implicación. Gracias a ello el 90 % de la población... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Gracias.
La gente se ha vacunado en masa y ha cumplido; es hora de que los Gobiernos cumplan en ese sentido también. ¿Y cómo tienen que cumplir? Restaurando el servicio sanitario, reforzándolo. Frente a esa responsabilidad que ha demostrado la
ciudadanía, hay que dar pasos valientes.
Respecto del tema de la paguilla, no quiero dejar de hacer aquí dos observaciones. Primero, respecto de las pensiones mínimas, ya es hora de que no haya pensiones mínimas de 720 euros; con 720 euros una persona sola en una casa no puede
vivir. Segundo, respecto de la paguilla, estamos de acuerdo con lo que se proponga, que se restablezca para todas las pensiones mínimas, pero tenemos que denunciar que este instrumento de la paguilla ha desaparecido para este año y para los años
siguientes. Lo que la paguilla hacía en estos años de inflación era que el poder adquisitivo perdido durante el año se volvía a recuperar con esa paguilla. A partir de ahora, en estos momentos, en este año que estamos viviendo va a haber una
pérdida de poder adquisitivo de las personas pensionistas de más del 5,5 %; incluso aunque la inflación no sea de más del 2 %, la pérdida de poder adquisitivo va a ser del 5 %. Les propongo en este Parlamento que recuperemos para este año el
instrumento de la paguilla como elemento de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Por eso, quiero aprovechar estos momentos para decir que no estamos de acuerdo con esas medidas, pero nos vamos a abstener en este decreto por respeto
a las personas pensionistas, para que puedan recuperar algo de ese poder adquisitivo. Nos vamos a abstener, pero va a ser la última vez que vamos a aceptar un chantaje de este tipo, trayendo decretos de este tipo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Rumores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano. Ruego, por favor, silencio.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, ministra.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco tanto en la convalidación del Real Decreto-ley 30/2021 como en su posterior tramitación o no como proyecto de ley. Vamos a fijar posición analizando tres aspectos distintos. En primer
lugar, para nosotros -en el ámbito de las políticas públicas allí donde estemos, tanto con responsabilidades de Gobierno a nivel institucional o en los legislativos que estamos- lo que en este momento constituye una prioridad absoluta es la cuestión
de la defensa y la protección de la salud pública. Por tanto, en todo lo que sea adoptar medidas para poder afrontar y prevenir la expansión de la pandemia nuestra posición será coherente y siempre estaremos regidos por el principio de prudencia.
Es posible que muchas de las medidas que distintos ámbitos institucionales están adoptando puedan generar controversia en algunos momentos, incluso en ámbitos científicos, y no consigan un consenso o una unanimidad, pero eso es razonable. Por
ejemplo, si hacemos un repaso de las medidas que a nivel europeo también se están adoptando, nos encontramos que simultáneamente en Austria puede haber un toque de queda a las diez de la noche mientras que, a partir de hoy, en Dinamarca no se
considera la COVID-19 como una enfermedad de preocupación social. O, yéndonos más lejos, tenemos a Israel que, a partir de hoy, también tiene una ley que va a diferenciar distintos contextos mientras que, por ejemplo, Francia pone a la vez la
mascarilla en algunos espacios en el exterior. Eso es así porque, como hemos podido ver a lo largo de estos dos años, el comportamiento de la pandemia, aunque tiene similitudes, no siempre es homogéneo. No empiezan las olas con la misma intensidad
y la desescalada tampoco va en el mismo sentido. Por tanto, insisto, nuestra posición en estas cuestiones de salud pública siempre estará regida por el principio de prudencia. No queremos asumir ningún riesgo de que, por arriesgar demasiado,
alguna vida quede en el camino.
En segundo lugar, en cuanto al decreto -y se lo han comentado otros portavoces anteriormente- es otro popurrí. Esto es una mala práctica y las acciones provocan reacciones. Es algo que habitualmente están haciendo, incluir en el mismo
decreto-ley medidas de naturaleza dispar, distintas, que lo que se puede interpretar, efectivamente, es que es un chantaje con el cual quieren conseguir que se aprueben las propuestas que están trayendo, como por ejemplo cómo vamos a votar en contra
de la actualización de las pensiones de las personas que tienen pensiones más bajas. Es difícil y es una práctica política que, sinceramente, entiendo que no se rige por la honestidad política de poder diferenciar las distintas propuestas y que así
los distintos grupos parlamentarios podamos fijar nuestra posición.
Y, en tercer lugar, me gustaría hablar de la disposición o de la habilitación que hacen al Gobierno del Estado para, en adelante, poder establecer mediante decreto la obligación o no de utilizar mascarilla. Por esta razón, como decía antes,
nuestro grupo parlamentario votará a favor de la convalidación del decreto-ley, pero vamos a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley del texto porque, si bien nos parece oportuno de cara a ganar en agilidad, en dar una mayor eficacia en
la respuesta a la pandemia, sacar esta cuestión de reserva de ley -que es la situación en la que está ahora, al estar recogido en la Ley 2/2021-, lo que a nosotros nos parece acertado precisamente -y ahora cierro el círculo de mi argumentación-, por
ese planteamiento distinto, por falta de homogeneidad en algunos casos, es que el Ejecutivo del Estado pueda tener efectivamente esa capacidad de poder determinar, dependiendo de las circunstancias epidemiológicas, si debe o no utilizarse
mascarillas, pero también las autoridades sanitarias autonómicas, que son las que tienen competencias en materia de sanidad y que pueden responder con más celeridad a esta cuestión. Porque hemos visto que hay comunidades autónomas, como en nuestro
caso, en las que han entrado diversas olas muy fuertes, y necesitamos que inmediatamente nuestros gobernantes, nuestros responsables sanitarios, puedan decidir que en Euskadi se utilice o no mascarilla sin tener que estar pidiendo, rogando,
implorando que el Gobierno del Estado tome la decisión de poner o no la mascarilla, porque en ese intervalo se pierde un tiempo que es oro. Muchas veces en cuanto a la mascarilla, a futuro -y en Comisión lo hemos hablado en reiteradas ocasiones-
tenemos que ir cambiando el enfoque y empezando a pensar en escenarios de endemia, porque es más que probable que en algunos sitios puedan aparecer olas con mucha intensidad y que además el virus se resista a irse, mientras que tal vez, se me ocurre
-usted es canaria y estaba poniendo el ejemplo de Euskadi-, en una isla de Canarias no sea en absoluto necesario utilizar mascarilla. Es decir, si el comportamiento no es homogéneo ni al comienzo de la ola ni a lo largo de la ola ni al final, quien
debe tomar las decisiones tampoco tiene que tomar una decisión homogénea sino que tiene que ser esa autoridad sanitaria competente y más próxima para, efectivamente, ganar en rapidez, en celeridad y que la medida sea eficaz. Por esta razón,
votaremos a favor de la tramitación como proyecto de ley para poder incorporar esta posibilidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Hemos pensado seriamente en proponerles alternativas a la mascarilla en exteriores de igual eficacia. Por ejemplo, si va usted a dar un paseo por la playa y está solo puede llevar mascarilla o le propongo la herradura de la suerte (muestra
una herradura). Está exactamente igual probada su eficacia y tiene la misma evidencia científica la mascarilla en exteriores cuando hay distancia de seguridad que esta herradura, que se la pueden colgar, la pueden llevar en la mochila. Además
reivindicamos el mundo rural, tan reivindicado en estos días. (Aplausos). El sustento científico es el mismo.
Esto es más grave -fuera bromas- de lo que parece, porque cuando uno va a imponer una obligación debe argumentarla, y ustedes han sido incapaces de aportar ningún estudio científico que apoye esta medida. Imponiendo restricciones
arbitrarias además de atentar de forma grave contra la libertad, dan alas a los conspiranoicos y a quienes llenan de dudas todo el debate público sobre la pandemia. Ustedes han tratado la pandemia desde el principio como una crisis de marketing,
por eso las homilías de Sánchez al principio. Dedicaron más esfuerzos a inventar expresiones felices que a actuar con rigor científico. ¿Dónde ha quedado 'la nueva normalidad'? ¿Qué ha sido del 'hemos vencido al virus' en junio de 2020? ¿Y eso
de 'vuelven las sonrisas'? Por este mismo criterio propagandístico dejaban que las restricciones parecieran cosa de las comunidades autónomas, pero cuando llegaron las vacunas a España les pusieron enseguida las pegatinas del Gobierno. Lo que les
ha pasado es que con la llegada del invierno y el
aumento exponencial de los contagios tenía que parecer que hacían algo. No se les ocurrió qué y alguien dijo: Volvamos a poner las mascarillas en el exterior; no sirve para nada, pero parecerá que hacemos algo. Esta es la clave del
asunto que traemos hoy aquí. Pero la naturaleza no responde al marketing, la naturaleza es el mayor cementerio de utopías que existe. En Ciudadanos, durante la pandemia, nos hemos guiado siempre por la mayor evidencia científica. Nos hemos
equivocado, seguro, pero nos hemos movido por la honestidad. Aquí está el Partido Popular, que decía que con la legislación sanitaria que había bastaba para afrontar la pandemia, que no había que cambiar nada. Eso hace unos meses. Hoy, defiende
una ley de pandemias que deroga todo lo anterior. Ahí está VOX, que lo primero que hicieron fue pedir el durísimo estado de excepción, que suprime derechos y libertades más allá que el estado de alarma y, luego, se opusieron al estado de alarma por
duro. Todo oportunismo. En Ciudadanos escuchamos a los científicos de diversos ramos y nos asesoramos desde el principio, a veces al límite de lo que éramos capaces de asumir. No siempre fue sencillo, pero siempre fue lo correcto. Llegaron a
decirme en una ocasión que la ciencia era un punto de vista más, ¡contra un virus! (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo. Señorías, no nos queda demasiado tiempo y se hace muy tormentoso para todos los que quieren atender al que habla, y sobre todo para el interviniente, ese murmullo
constante. Ruego un poco de contención. Gracias.
Continúe.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias.
Llegaron a decirme que la ciencia era un punto de vista más, ¡contra un virus! ¿Qué es más eficaz contra un virus, la vacuna o El Capital de Marx? No puede haber un exceso de ciencia, no es un relato más, es el único sometido a un método.
La ciencia no es objetiva porque los científicos sean objetivos. La ciencia es objetiva porque hay un método objetivo tras sus conclusiones. Aquí, lo que se enfrenta es el método científico contra la propaganda política. No tenemos ninguna duda,
en Ciudadanos, ante una pandemia, estamos con el método científico. Ha habido momentos en que no todas las oscuridades han podido iluminarse con la ciencia, sobre todo al principio, no sabíamos casi nada del virus, sobre cómo se contagiaba, sobre
cómo evitar la mortalidad masiva, no se sabía. Había sombras que la ciencia tardaría en iluminar, pero ese hueco no podía llenarse con la magia, con la conspiración o la propaganda propia, y así lo hicieron la mayoría de los grupos de esta Cámara.
Ha habido actitudes que yo espero que la historia juzgue tarde o temprano, jugando a la conspiración, diciendo que la vacuna era una herramienta de control, siendo ambiguos con la eficacia de la vacuna, con mil muertos diarios y aquí se estaba dando
la batalla del relato. La clase política española, ante una situación de vida o muerte, en vez de aplicar el método científico, hace una encuesta.
Hoy es un claro ejemplo de esta forma de actuar, que parezca que hacíamos algo, cuando tal vez no había nada que hacer, salvo seguir vacunando. Les digo cuál es el principal argumento científico que esgrime el Gobierno para obligarnos a
votar la mascarilla en exteriores, que se vota junto a la actualización de las pensiones. Lo unen para tratar de forzar el voto afirmativo, usan a los pensionistas. Por cierto, les digo algo que solo dice Ciudadanos, que es que las pensiones han
crecido diez veces más que los salarios en la última década. El salario congelado de ese superpagador que sostiene las pensiones y al que ustedes no ayudan y no le tienen en cuenta jamás. Lo llevan claro con nosotros. No somos coaccionables, no
van a forzarnos a votar la mascarilla mediante la treta torticera de traer aquí la actualización de las pensiones junto a ellas. La política en una democracia seria debe gobernar en nombre de la razón y la evidencia, contra el mito y la
superstición. Es un gran mal que la política trate sus creencias como juramentos de fidelidad y no como valoración fruto de un proceso racional. El criterio científico que hay tras la imposición de la mascarilla en exteriores es el mismo que hay
tras los antivacunas, es el mismo que hay tras quienes creen que el cambio climático no existe, es el mismo que hay tras quienes creen que la homosexualidad es reversible mediante terapias o el mismo de aquellos que creen que los varones nacen con
una predisposición congénita al maltrato de las mujeres. Es un mal frecuente gobernar de espaldas a los hechos, a los datos y a la evidencia científica. Lo hacen en economía, lo hacen en política criminal, lo hacen en política educativa y lo han
hecho en medio de una pandemia. Un ejemplo sangrante y muy reciente lo hemos podido conocer a través del periodista Juan Soto Ivars, que el Ministerio de Igualdad solo publica el asesinato de un hijo si es a manos de su padre, borrando todos
aquellos que son a manos de su madre. Los niños asesinados son lo de menos. Lo mismo ocurre con los menores de los que abusan, que dependerá del signo político de quien lo tutele, de la Administración que sea responsable de estos menores cuando
son, por ejemplo, prostituidos. Esta ingeniería social debe cesar de inmediato.
Cuando dentro de cuatrocientos años estudien cómo se tomaban hoy las decisiones en política, lo verán como nosotros vemos los procesos de las brujas de Salem. Nosotros, Ciudadanos, somos un partido que surgió como respuesta al pensamiento
mágico, frente a quienes creen que el suelo otorga privilegios, frente a druidas que pensaban que las piedras tienen poderes. Somos un partido que surgió como reacción al nacionalismo, que es el paradigma de la superstición y de la hechicería en
política. Cuando se alejen de la razón, cuando den la espalda al método científico, cuando quieran remar contra el humanismo, cuando quieran desmontar la Ilustración, a Ciudadanos, señores del Gobierno, no nos llamen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Rumores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. Señorías, silencio, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El BNG ha actuado desde el comienzo de esta pandemia con absoluta responsabilidad. Lo hizo a pesar de los errores, de los vaivenes y de la improvisación del Gobierno en muchos momentos, y lo vamos a seguir haciendo. También optamos siempre
por el principio de precaución cuando estamos hablando de la salud de las personas, y también lo vamos a seguir haciendo. Pero, en todo caso, nos sorprende que, cuando el 23 de diciembre el Gobierno aprueba un decreto con medidas en plena expansión
de la sexta ola de la COVID, solo incorpore la recuperación de las mascarillas en el exterior. Ninguna otra medida de contención que suponga que el Gobierno se responsabiliza de controlar la situación, sino que la traslada a los ciudadanos y
ciudadanas. Ninguna medida de contención, pero tampoco de refuerzo de la sanidad pública, de refuerzo de la atención primaria. Ni siquiera pusieron en práctica aquel compromiso adoptado durante la Comisión de reconstrucción de eliminar la tasa de
reposición de efectivos en la sanidad. A mayores, incorporaron, claro, este ardid de incorporar oportunamente la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas en el mismo decreto. Insuficiente, pero absolutamente necesario.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha finalizado.
El señor REGO CANDAMIL: No sirve para avanzar en pensiones dignas, pero creemos que hay que hacerlo y esta es una de las razones fundamentales por las que el BNG va a votar, a pesar de todo, a favor de este decreto.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente.
Ministra, nos traen un real decreto donde, de nuevo, se mezclan temas de una gran importancia con otras cuestiones que quizás poco o nada tienen que ver. Al traer el decreto-ley de esta forma, según nuestro criterio el Gobierno comete dos
errores importantes. El primero es no cuidar la confianza de la gente. Estamos en pandemia; la comunidad científica ya ha advertido que obligar a usar mascarillas en exteriores en este momento es obligar a cumplir una medida que no es eficaz. Lo
que sí sería eficaz, y sigue siendo eficaz, es el teletrabajo; lo que sí es eficaz es dar permisos retribuidos para las familias con menores contagiados; lo que sí es eficaz, y además es una emergencia, es reforzar la atención primaria, y lo que
sí es eficaz es regular el precio de los test de antígenos. Nosotros hace meses que venimos pidiendo todo esto y, efectivamente, nos hicieron caso con lo de los test, pero solo después de un caos en las farmacias.
En segundo lugar, el Gobierno comete un segundo error al atacar también la confianza de sus aliados parlamentarios. Han metido ustedes en el mismo decreto la obligación del uso de las mascarillas en exteriores junto con la paga extra o la
contratación de sanitarios jubilados. Al final, lo que significa es obligarnos a votar en el mismo paquete una medida en la que nadie cree. Nosotros no les podemos apoyar pero por respeto a los pensionistas nos vamos a abstener. Pero los apoyos
parlamentarios se consiguen negociando y no retorciendo las tramitaciones. Esperamos, en cualquier caso, que a lo largo
de la tramitación se pueda mejorar y generar confianza a los profesionales, a los científicos, a la ciudadanía en general y a esta Cámara en particular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra.
Medida absolutamente inútil, estética, superficial. Políticas sin sentido, con nula efectividad. No contribuye en nada a controlar la sexta ola. Así es como muchos expertos de este país calificaron la obligatoriedad de llevar la
mascarilla en exteriores decretada por el Gobierno el pasado mes de diciembre, medida presuntamente destinada a contener la sexta ola, pero que ha resultado totalmente ineficaz. El día 23 de diciembre, el día en que el Gobierno anunció esta medida,
la incidencia acumulada a 14 días era de 911 casos por cada 100 000 habitantes, hoy seguimos ligeramente por debajo de los 3000 casos. La mascarilla obligatoria en exteriores no ha servido para contener una curva de contagios que ha ascendido en
vertical. La variante ómicron ha azotado prácticamente a todo el mundo, cierto, pero aquí el Gobierno ha actuado con cierta lentitud a la hora de facilitar el acceso a la herramienta principal para contener esta sexta ola: los test de antígenos.
En nuestro grupo siempre hemos intentado tener una actitud responsable en cuanto a la gestión de la pandemia, hemos apoyado al Gobierno cuando ha sido necesario porque éramos conscientes de la enorme complejidad que tenía gestionar una
crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, pero después de dos años de pandemia, con mucha gente agotada, cualquier medida que se tome tiene que estar muy bien justificada y sustentada en la ciencia. Esta no lo ha sido, porque la ciencia
recalca que lo esencial es protegerse en interiores. Por este motivo, nosotros, como la gran mayoría de esta Cámara, como muchos expertos de este país, fuimos extremadamente críticos con este decreto. Es por esto que nos molesta mucho que el
Gobierno nos haya sometido a este chantaje, incluyendo en un mismo real decreto una medida que saben que si se votara por separado, no saldría adelante, junto con una medida temporal para reforzar la capacidad asistencial del sistema sanitario con
más sanitarios y con la revalorización de las pensiones. Se lo decimos, señora ministra: así no. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señora ministra y señorías del Partido Socialista, nos vamos a abstener en la convalidación de este real decreto porque nuestro sentido de la responsabilidad nos imposibilita votar en contra de medidas tan importantes como reforzar la
capacidad asistencial del sistema sanitario y revalorizar pensiones mínimas, aunque por sus formas y su trilerismo a la hora de juntar en un mismo real decreto temas tan dispares, merecerían que no les votásemos esta abstención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, no voy a agotar todo el tiempo, ya que creo que se ha hablado mucho de lo que supone ese real decreto y de lo que contempla. Hoy presentan ustedes un nuevo real decreto sobre medidas urgentes de prevención y contención de
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Nada nuevo. Entendemos que esta iniciativa debería ceñirse a aspectos que contemplan medidas de carácter sanitario; eso, en principio, sería lo que esperaríamos. Podemos estar de acuerdo, por
ejemplo, con el punto sobre la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea. De hecho, vemos bien incluso que las comunidades autónomas tengan esta posibilidad de contratar, de
reforzar la actividad asistencial con personal con titulación de fuera; creemos que es importante, y justo en este momento. Incluso veríamos bien la cuestión sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación con la prestación de servicios
sanitarios. Vemos bien esa posibilidad para reforzar también en esa misma intención la actividad asistencial. De hecho, es un tema que planteamos en su momento en ese mismo espacio. En este sentido, quisiera aprovechar para hacer un
reconocimiento precisamente a todas aquellas personas relacionadas con el ámbito sanitario que durante la pandemia se
han ofrecido para trabajar, en un claro gesto de compromiso. Se ha hecho ya en algún momento, pero creo que es importante reconocerlo. En esta misma línea, y ante las dimensiones de la sexta ola, la Generalitat habilitó la contratación de
estudiantes en los últimos años de grado de Enfermería y Medicina para realizar tareas de auxiliares sanitarios. Por tanto, no son medidas que estén alejadas de las que se estén trabajando en las comunidades autónomas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Eritja. (Pausa).
Muchas gracias.
El señor ERITJA CIURÓ: Aunque podamos estar o no de acuerdo con el tema de las mascarillas, independientemente de esto -podemos estar o no de acuerdo con la propuesta que se plantea-, no estamos de acuerdo con cómo se hace. No estamos de
acuerdo con la habilitación que propone el Gobierno de regular de nuevo vía real decreto la obligatoriedad del uso de las mascarillas con la inclusión de nuevos supuestos o la eliminación de excepciones, en función de cómo vayan sucediendo las
diferentes olas. Creemos que una medida de ese tipo no puede tener un carácter generalista, ya que la afectación, como se ha dicho ya por otros grupos, varía en función de los territorios, pero también puede hacerlo a partir de variables como, por
ejemplo, la densidad demográfica o incluso los calendarios de desescalada, como ya se ha comentado. Por tanto, varía; realmente, hay variaciones en las afectaciones y en el proceso de gestión de esta pandemia en diferentes espacios. En este
sentido, defendemos la capacidad de las comunidades autónomas para tomar decisiones de este tipo sobre la base, precisamente, de su experiencia en la gestión de la pandemia, tal y como lo han ido haciendo hasta ahora -no nos engañemos- desde la
proximidad y desde la efectividad y la rapidez, la velocidad de actuación. En el caso de querer extender una medida de ese tipo a todo el ámbito estatal, creemos que debería ser en el consejo interterritorial donde debería buscarse el consenso. La
decisión unilateral tomada en este real decreto-ley no es, precisamente, respetuosa con lo que ustedes mismos definen como cogobernanza, porque la necesidad de consenso en el consejo interterritorial queda relegada a un segundo plano. De hecho, lo
que hacen es poner en evidencia y en entredicho la inutilidad misma del consejo. Por tanto, no es tanto lo que supone esta medida concreta, la mascarilla, sino cómo se ha hecho y cómo se define. Este es quizá uno de los puntos más importantes y
que han expresado otros grupos.
Para terminar -he dicho que no me alargaría mucho-, quisiera decir que nos ha parecido de puro filibusterismo -se ha comentado aquí-, como siempre, que hayan introducido en este real decreto-ley un tema de pensiones que no tiene nada que ver
con la materia. Evidentemente, es una medida que, obviamente, nos parece bien -solo faltaría-, ya que se trata de que las personas perceptoras de una pensión no contributiva reciban durante -creo- el mes de abril una especie de plus, de paga extra
o paga doble, pero, sinceramente, está fuera de lugar; no es este el espacio para trabajar.
Ustedes ya saben que no nos parece bien el uso indiscriminado de reales decretos-ley para legislar. Los podemos justificar en un momento de alarma y en un periodo de emergencia como en el que hemos estado, pero yo creo que debemos ir
olvidando esta manera de legislar, y más todavía si proponen leyes tipo ómnibus, decretos leyes con elementos que no tiene nada que ver con el título propio de la ley. Están ustedes repitiendo la misma estrategia que utilizaban los anteriores
gobiernos del Partido Popular, y recuerdo que en su momento ustedes criticaban su forma de funcionar. Por lo tanto, por todo ello, vamos a abstenernos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señorías, les pido, por favor, que no mantengan conversaciones en el hemiciclo. Es imposible seguir al orador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Delgado Ramos.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Miren, en estos momentos llevamos dos años de pandemia y, en este largo proceso, tenemos una cara A, que es la que representan nuestros profesionales, nuestros sanitarios, con su esfuerzo, con su sacrificio, con su compromiso. Llevan más de
noventa millones de vacunas puestas, más de noventa millones de dosis. Tenemos treinta y ocho millones de personas con una pauta completa, el 86 % de la
población. Somos el segundo país europeo, después de Portugal. Y lo digo porque esto es una realidad. A lo mejor en esto los señores del PP también quieren continuar con su negacionismo habitual.
La señora Pastor ha comenzado trasladando un mensaje a todos los familiares de los fallecidos, al que yo, por supuesto, me sumo, así como nuestro grupo parlamentario. A renglón seguido, ha trasladado también un mensaje para los sanitarios
sobre su esfuerzo, su sacrificio, al que yo me sumo. Pero ¿usted sabe lo que está haciendo el señor Moreno Bonilla en Andalucía? Despedir a sanitarios. Señora Pastor, no se puede venir a Madrid a decir una cosa y en Sevilla hacer todo lo
contrario. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor DELGADO RAMOS: Les decimos a los sanitarios que muy bien, pero los dejamos tirados en la calle. Yo, cuando la he escuchado, he pensado: no sé si la señora Pastor estará hablando de Andalucía, porque sabe que allí la situación de
la atención primaria es bastante complicada. El otro día había un debate muy importante sobre sanidad en el Parlamento andaluz y ¿sabe dónde estaba el señor Moreno Bonilla? En Castilla y León, de campaña electoral. (Aplausos). Yo no tengo
problema con que el señor Moreno Bonilla vaya; es más, si ve que su compañero no llega, que le eche un cable. Pero que no vaya el día en que hay un debate sobre sanidad, porque -usted lo ha dicho aquí- es muy importante, es vital. Que te vayas a
Castilla y León es quitarte de en medio, quitarte del problema. Hay que dar la cara: lo mismo que hoy está la ministra y que el otro día compareció a iniciativa propia, el señor Moreno Bonilla tenía que estar en el Parlamento andaluz. Y por eso
le digo y le repito que no se puede decir una cosa en Madrid y hacer la contraria en Sevilla. (Aplausos).
Como decía, llevamos dos años de pandemia. Esta ola ha sido mucho más leve, porque la mutación clínica del ómicron ha sido mucho más leve. Por lo tanto, eso, de alguna manera, ha dado un respiro. Pero la cara B es que seguimos con los
mismos problemas, es decir, con los profesionales, los artífices del éxito de la vacunación, en una situación precaria, con falta de medios, con falta de recursos. Hace un año Unidas Podemos presentó una proposición no de ley aquí para acabar con
la precariedad y con la temporalidad y que fue aprobada. ¿Y qué se ha hecho? Pues mire, vuelvo a repetir lo que está pasando en mi tierra. Los colectivos, los sindicatos, antes de la ola decían que en Andalucía hacían falta 6500. ¿Dónde están?
También le puedo hablar de Castilla y León y le puedo hablar de Galicia. Señora Pastor, las competencias en sanidad están transferidas en su mayoría, es decir, que la responsabilidad es compartida, y si aquí se dicen unas cosas, hay que decir lo
mismo en Sevilla. Mire, si usted llama por teléfono, a lo mejor no se lo cogen, pero no porque no quieran, sino porque están desbordados. Si uno pide cita para que le atienda un médico, te la darán para dentro de quince o veinte días, y esto pasa
también en Andalucía.
Señora ministra, creo que la crítica constructiva también es importante... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor DELGADO RAMOS: ... en el seno de nuestro grupo parlamentario. Tengo que recordarle -se lo dije el otro día en la Comisión, pero es importante- que en el dictamen de la mesa de reconstrucción, donde todos los partidos acordaron que
había que hacer un esfuerzo importante para el refuerzo de la atención primaria -esto fue en julio de 2020-, había 1088 millones, y usted dijo el otro día que se había gastado parte o todo en vacunas -eso dijo usted-. Yo entiendo que haya que
comprar las vacunas y que podemos ser líderes en vacunación, pero también es importante que busquemos ese dinero que iba para el refuerzo de la atención primaria, que encontremos esos recursos para que la atención primaria esté en el lugar que le
corresponde. Porque está muy bien aplaudir a nuestros sanitarios y llamarles héroes, pero ellos mismos dicen que lo que necesitan son recursos. En Andalucía hay una manifestación el día 19 -fíjese, señora Pastor, lo bien que funcionan las cosas-
de todos los profesionales sanitarios. Van a salir a la calle precisamente por lo bien que lo están haciendo ustedes, los del Partido Popular, en Andalucía y en todas las comunidades donde ustedes están gobernando.
Por lo tanto, ¿cómo decía el refrán? No me sale ahora. Creo que es recetas tengo, que para mí no vengo..., o alguna cosa parecida. (Rumores). Ya me entiende usted, ¿no? Pues aplíquense un poco el cuento.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara Moreno. (Aplausos).
La señora JARA MORENO: Señora ministra, señora presidenta, señorías, de nuevo estamos aquí para hablar de normas y prohibiciones que no han conseguido contener la pandemia, como el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, que, entre
otros temas, regula el uso de las mascarillas. Lo decimos bien alto: no hay ningún estudio científico -repito, no hay ningún estudio- que haya demostrado la utilidad de las mascarillas al aire libre. (Aplausos). Por supuesto, son útiles en
espacios interiores, y una mascarilla FFP2 es mejor que una quirúrgica y esta, a su vez, es mejor que una de tela, pero ninguna de ellas vale para nada si se utiliza mal o se utiliza más tiempo del debido; es más, pueden convertirse en foco
ambulante de contagio. Ese es el verdadero problema. Pero es un problema que ustedes han preferido ocultar, porque supondría tratar a los españoles como adultos, cosa que este Gobierno nunca quiere hacer. (Aplausos). Prefieren someter a los
españoles a normativas absurdas para después regocijarse de cómo las obedecen, lo que les da sensación de dominio sobre la población. (Aplausos). Mejor imponer que informar de la realidad. Pero, como médico, les aseguro que los españoles tienen
buen criterio sanitario, tienen sentido común, y se están cansando de sus imposiciones absurdas e injustificadas.
El Gobierno de España y los gobiernos de taifas nunca informan a los españoles; si lo hicieran, tendrían que reconocer la propuesta de VOX para que las mascarillas sean financiadas. (Aplausos). Ese es el verdadero problema. Un claro
ejemplo lo tenemos en las escuelas, donde esta tiranía se ejerce con más rigor. Las probabilidades de hospitalización y de UCI en niños son extremadamente bajas y la letalidad mínima, por lo que no tiene sentido el uso de mascarillas en los recreos
y, en un contexto de alta vacunación de los progenitores, tampoco en interiores. Ventilación adecuada, pruebas diagnósticas y mascarillas adecuadas para los profesores. Ese es el camino a seguir en las escuelas. Cuando un padre o madre de familia
sepa que una mascarilla reutilizada es un vehículo de infección, estaremos luchando contra la epidemia. Cuando el Estado financie las mascarillas, estaremos luchando contra la pandemia. Cuando en los transportes públicos se implanten mecanismos de
ventilación con filtros, estaremos luchando contra la pandemia. Cuando a una familia no le cueste el 10 % de sus ingresos la compra de mascarillas y test de antígenos, estaremos luchando contra la epidemia. (Aplausos).
Este Gobierno no lucha contra la epidemia, lo único que hacen ustedes es dictar una medida inútil para así tapar su incompetencia. (Aplausos). No financiar las mascarillas o no anular el IVA de las mascarillas FFP2 es una prueba fehaciente
de que el Gobierno antepone la recaudación a la salud del ciudadano. (Aplausos). Solo piensan ustedes en recaudar para luego malgastar ese dinero que hurtan a los españoles en salarios para los enchufados inútiles que parasitan las ONG y los
ministerios. (Rumores.-Aplausos). Dejen de amargar la vida a los ciudadanos, hagan recomendaciones, informen bien y que los ciudadanos decidan libremente. Estamos hartos de tanta imposición sin fundamento. ¡Ya está bien!
En cuanto al artículo 2, respecto a la contratación de personal sanitario jubilado, creemos que habría que adecuar el trabajo a su perfil de riesgo en horario reducido, no de noche, y además con una contribución y una retribución fiscal
adecuadas que les compensen por su sacrificio.
En relación con el artículo 3, ¿creen ustedes que contratar a médicos extracomunitarios va a solucionar la saturación de la atención primaria y especializada? Ya se lo decimos nosotros: no va a ser así. Sería más inteligente realizar
conciertos con la sanidad privada (rumores) y solo acudir a especialistas extracomunitarios en caso de que fuese preciso, y siempre teniendo en cuenta la opinión de los colegios profesionales. (Aplausos).
Finalmente, el Gobierno ha introducido en este real decreto-ley un asunto que nada tiene que ver con la esencia del decreto -es una fea práctica de la que ustedes abusan-, donde cuelan de rondón un asunto tan trascendental como es el de las
pensiones, que merece un tratamiento aparte. Ya está bien de utilizar a los pensionistas y a nuestros mayores como moneda de cambio. Dejen de hacer chantaje a este Congreso para tapar su incapacidad a la hora de dar una solución digna a las
personas más débiles. (Aplausos). Siempre es lo mismo, señorías: lanzan el hueso del debate a esos tertulianos de la izquierda, que salen como perros de presa a morder y a atacar a los partidos de la oposición, contando verdades a medias o
mintiendo sin ningún tipo de pudor a viudas, mayores o padres de discapacitados. Por cierto, este grupo se opone al agravio comparativo entre los pensionistas que han contribuido y los que no lo han hecho, cuando tienen unas pagas muy similares.
Nos da igual, el partido de Ortega Lara no paga chantajes. (Aplausos).
Señora presidenta, señorías, nos opondremos a la convalidación de este real decreto-ley, no solo por la obligación de llevar mascarillas o por su nefasta gestión de los recursos humanos en la sanidad pública, sino también porque consideramos
una auténtica aberración y una cobardía por su parte, señor Sánchez, meter en el mismo paquete las mascarillas y la gestión de los recursos humanos sanitarios junto con un tema tan serio como las pensiones. No podemos permitir que sigan utilizando
a los pensionistas como moneda de cambio, porque es cruel e inhumano y retrata claramente las malas intenciones de este Gobierno: totalitarismo e imposición. En VOX siempre defenderemos a los españoles, sobre todo a los más débiles, y por eso no
vamos a permitir este chantaje.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jara. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Prieto Nieto.
La señora PRIETO NIETO: Buenas tardes, presidenta, señora ministra y señorías. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio por favor.
La señora PRIETO NIETO: Señora portavoz de VOX, trescientos millones de mascarillas donadas y entregadas desde el inicio de la pandemia.
Señora Pastor, para espectáculo el suyo. La verdad es que menudos papelones le tocan. Utilizan la pandemia como arma contra el Gobierno, los fondos europeos o lo que sea, retorciendo argumentos hasta la sinrazón, señora Pastor.
(Aplausos). Pero, bueno, para premoniciones las del señor Casado, que decía que íbamos a tardar cuatro años en vacunar y hoy está el 90,8 % de la población vacunada. (Aplausos). Habla usted de llegar tarde, señora Pastor. Por desgracia, ustedes
nunca llegan a defender a España.
Este decreto-ley resulta del consenso de la Conferencia de Presidentes del 22 de diciembre convocada por el presidente Sánchez para analizar, en coordinación conjunta con las comunidades autónomas, la nueva situación epidemiológica provocada
por esta ola y proteger a la ciudadanía. La aparición de ómicron, su alta prevalencia y su elevada capacidad de contagio han supuesto en España una incidencia antes no vista y a la que nos hemos enfrentado en mejores condiciones gracias a la
eficacia de la vacunación, una medida clave en la lucha contra la pandemia, señora ministra. La alta cobertura vacunal en España está permitiendo reducir la gravedad y la letalidad de la enfermedad, protegiendo, en primer lugar, a los grupos de
mayor vulnerabilidad. Hoy el 90,8 % de la población mayor de 12 años está vacunada con pauta completa. También continuamos avanzando con las dosis de refuerzo y la vacunación pediátrica, también con el refuerzo de los equipos de vacunación de las
comunidades autónomas con los efectivos de las Fuerzas Armadas. Es verdad que la vacunación es un logro colectivo sin precedentes. Si me permiten el símil, igual que el ciclismo no es un deporte individual, aunque lo pudiera parecer, luchar contra
la pandemia tampoco es cosa de una sola persona o institución. Señorías, hemos llegado hasta aquí gracias a nuestro sistema sanitario público, de acceso universal, y también gracias a sus profesionales. (Aplausos). Y reconózcanlo ya, el esfuerzo
ha sido de todos, pero el liderazgo del presidente Sánchez y del Ministerio de Sanidad ha sido imprescindible, como también el de las comunidades autónomas.
Quien ha prescindido de personal, hablando de comunidades autónomas, son algunas comunidades autónomas. El Gobierno de España ha transferido recursos, al margen de la financiación, como nunca. Quería decir también, hablando de vacunación,
que somos líderes en vacunación solidaria: más de cincuenta y siete millones de vacunas en vacunación solidaria. Por eso, me resulta llamativo que muchas de sus señorías, cuando se refieren a la pandemia en esta sexta ola, obvian la vacunación,
que es un éxito conjunto del que estar orgullosos. Pero es verdad que a la intensificación de la estrategia de vacunación el Gobierno de España ha añadido otras medidas no farmacológicas, como recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en
exteriores, teniendo en cuenta la altísima circulación del virus y el aumento exponencial de casos, medida que además ha sido pedida por las comunidades autónomas de manera mayoritaria, por los consejeros y consejeras, por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional y por los presidentes y las presidentas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora PRIETO NIETO: Me gustaría insistir también en que esta obligatoriedad de mascarilla en exteriores tiene carácter temporal y que estará vigente durante el tiempo imprescindible, hasta que mejore la situación epidemiológica actual.
Además, viendo la elevada aceptación social de esta medida por la mayoría de la población, quiero mostrar aquí el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista a la ciudadanía, que nos da ejemplos diarios de responsabilidad. Desde aquí se lo
queremos reconocer. (Aplausos). Es verdad que el Sistema Sanitario de Salud tiene una carga y que es consecuencia de recortes que gobiernos sucesivos del Partido Popular aplicaron a la sanidad. Para aliviar la carga del Sistema Nacional de Salud,
este decreto incorpora la posibilidad de contratación de profesionales sanitarios, tanto jubilados como titulados procedentes del marco exterior europeo.
Todas estas medidas que acabo de relatar responden y atienden a las demandas de la mayoría de los presidentes y de los consejeros de salud autonómicos, porque, tal y como dice la ministra Darias, la cogobernanza y la escucha activa son
claves en esta pandemia. Por ejemplo, el señor Núñez Feijóo pedía el pasado 20 de diciembre que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores o la Junta de Andalucía solicitaba el pasado 15 de diciembre al Ministerio de Sanidad que
volviese a ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores por las aglomeraciones en las fiestas de Navidad. Por lo tanto, señorías del Partido Popular, cuando piden informes técnicos que avalen estas medidas ¿no creen estar poniendo en duda
el criterio técnico de las decisiones que solicitan dirigentes de su partido en la gestión de la pandemia? ¿De verdad que no lo creen? Yo creo que deberían aclararse, señora Pastor.
Al señor Casado le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es su modelo de gestión? ¿Cuál es el modelo de gestión para el señor Casado? Bueno, yo creo que no lo tiene, ni para la pandemia ni para el país -ya se lo recordó Aznar este fin de
semana-, y si lo tienen es uno, el de poner palos en las ruedas, ir a la contra de todo, boicoteando de manera irresponsable la acción del Gobierno siempre que pueden. (Aplausos). Y el nuestro, el modelo de España, está claro: es el modelo de la
prevención, con medidas como las que recoge este real decreto-ley; es el de la anticipación, y es el modelo de la vacunación.
Concluyo. Quiero referirme a otras dos cuestiones de relevancia que recoge este decreto-ley. En primer lugar, se establece la habilitación del Gobierno para que, mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Sanidad y oído el
consejo interterritorial, se modifique el uso de mascarillas en función de las condiciones sanitarias, ganando flexibilidad ante aquellas situaciones que requieran rapidez en la ejecución de las decisiones. En segundo lugar, la inclusión de una
modificación en los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, concretamente la revalorización de las pensiones no contributivas, las mínimas, las de viudedad o las de discapacidad con el IPC de
2021.
Lamentablemente, enfrente del Gobierno está una derecha que solo sabe recortar y privatizar el sistema de pensiones. Señorías, lo dijimos desde el principio, de esta salimos juntos.
La señora PRESIDENTA: Señora Prieto, tiene que terminar.
La señora PRIETO NIETO: Termino ya pidiéndoles su apoyo para la convalidación de este decreto-ley, porque el afán de todos y, desde luego, el del Gobierno de España es salvaguardar la salud y las vidas humanas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Prieto. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señorías, votamos en tres minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE DECLARACIÓN DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE MUY ALTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RADICADA EN ESPAÑA. (Número de expediente 125/000013).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Ocupen sus escaños, por favor.
Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias, de declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica radicada en España.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328 más 13 votos telemáticos, 341; a favor, 262 más 12 votos telemáticos, 274; abstenciones, 66 más 1 voto telemático, 67.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, CON EL FIN DE REGULAR LAS ESTADÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PYME) EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 122/000194).
La señora PRESIDENTA: Votamos continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pyme) en la contratación pública.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 13 votos telemáticos, 343; a favor, 275 más 13 votos telemáticos, 288; abstenciones, 55.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 30/2021, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19. (Número de expediente 130/000070).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 13 votos telemáticos, 343; a favor, 155 más 7 votos telemáticos, 162; en contra, 149 más 4 votos telemáticos, 153; abstenciones, 26 más 2 votos telemáticos, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 13 votos telemáticos, 343; a favor, 320 más 11 votos telemáticos, 331; en contra, 2 más 2 votos telemáticos, 4; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: El real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Muchas gracias a todos.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.