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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 02/12/2021
cve: DSCD-14-PL-144
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 144
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 138
celebrada el jueves,
2 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ... (Página8)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de
conducción por puntos (antes denominado proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del
permiso y licencia de conducción por puntos). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 50-1, de 26 de marzo de 2021. (Número de expediente 121/000050) ... (Página8)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 36-1, de 13 de noviembre de 2020. (Número de
expediente 121/000036) ... (Página15)
- Proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 157-1, de 26 de marzo de 2021.
(Número de expediente 122/000134) ... (Página24)
- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia [antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional
al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco]. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 163-1, de 23 de abril de 2021. (Número de expediente 124/000007) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la
información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. ('BOE' núm. 263, de 3 de noviembre de 2021). (Corrección de errores en 'BOE' núm. 282, de 25 de noviembre de
2021). (Número de expediente 130/000064) ... (Página36)
- Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. ('BOE' núm. 268, de 9 de noviembre de 2021). (Número de expediente 130/000066) ... (Página48)
- Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. ('BOE' núm. 268, de 9 de noviembre de 2021). (Número de expediente 130/000065) ...
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los
miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005 de la XII Legislatura y 127/000003 de la XIII Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 19-1, de 20 de diciembre de 2019.
(Número de expediente 127/000003) ... (Página67)
Palabras de la Presidencia ... (Página72)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación):
- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 63-1, de 30 de agosto de 2021.
(Número de expediente 121/000063) ... (Página72)
- Proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 66-1, de 6 de
septiembre de 2021. (Número de expediente 121/000066) ... (Página83)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página95)
Votación de conjunto ... (Página101)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página102)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página103)
Votación de conjunto ... (Página103)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ... (Página8)
El señor don Ricardo Tarno Blanco adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.
Enmiendas del Senado ... (Página8)
Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de
conducción por puntos (antes denominado proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del
permiso y licencia de conducción por puntos) ... (Página8)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; las
señoras Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y Jover Díaz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Alcaraz Martos, del Grupo Parlamentario VOX; Gamazo Micó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Durán Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ... (Página15)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y la señora Cañadell Salvia, del
Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Chamorro Delmo, del Grupo
Parlamentario VOX; García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Planas Puchades).
Proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales ... (Página24)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Boadella Esteve y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario
Plural; los señores López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y López Maraver, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Guaita Esteruelas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia [antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco] ... (Página30)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Saavedra Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Mestre Barea, del Grupo Parlamentario VOX, Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Azorín Salar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página36)
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la
información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes ... (Página36)
El señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Bolaños García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Bel Accensi y la señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Maestro Moliner, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Jiménez Revuelta, del Grupo Parlamentario VOX; Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ... (Página48)
La señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
Bel Accensi y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Cañizares
Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Ramos Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social ... (Página60)
El señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y López Somoza, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página67)
Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los
miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005 de la XII Legislatura y 127/000003 de la XIII Legislatura) ... (Página67)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Jover Díaz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Telechea i Lozano,
del Grupo Parlamentario Republicano; De las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario VOX, y Prohens Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Pons Sampietro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Palabras de la Presidencia ... (Página72)
De conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, la Presidencia anuncia que las votaciones no se producirán antes de las dieciséis horas.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación) ... (Página72)
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio) ... (Página72)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen la señora Oramas González-Moro, el señor Mazón Ramos y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijan
posición; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil, Bel Accensi y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; y la señora De Luna
Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Honrubia Hurtado, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones ... (Página83)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen los señores Guitarte Gimeno y Sayas López, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno
también fijan posición; la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; y Cabezón Casas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario
Republicano; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte).
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página95)
Sometidas a votación separada las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos (antes denominado proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos), son aprobadas todas.
Sometidas a votación separada las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, son aprobadas todas excepto la presentada a la
exposición de motivos, de adición de un nuevo párrafo a continuación del párrafo segundo (enmienda 67).
Sometidas a votación separada las enmiendas a la proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, son aprobadas todas excepto la presentada
al artículo primero, apartado uno, en lo relativo al párrafo cuarto (tercero del texto del Congreso) del apartado 2.
Sometidas a votación en bloque las enmiendas a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia (antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco), son aprobadas por 331 votos a favor.
Votación de conjunto ... (Página101)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 331 votos a favor más 9 votos telemáticos, 340.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página102)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión
colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, se aprueba por 250 votos a favor más 6 votos telemáticos, 256; 20 en
contra; y 61 abstenciones más 3 votos telemáticos, 64.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 328 votos a favor más 9 votos telemáticos, 337.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se aprueba por 190 votos a favor más 8 votos telemáticos, 198; 136 en contra más 1 voto telemático, 137; y
5 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 318 votos a favor más 7 votos telemáticos, 325; 1 en contra más 2 votos telemáticos, 3; y 10 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social, se aprueba por 283 votos a favor más 8 votos telemáticos, 291; y 48
abstenciones más 1 voto telemático, 49.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 149 votos a favor más 1 voto telemático, 150; 169 en contra más 8 votos telemáticos, 177; y 11 abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página103)
Sometida a votación la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de las
Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005 de la XII Legislatura y 127/000003 de la XIII Legislatura), se aprueba por 322 votos a favor y 8 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página103)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 322 votos a favor más 7 votos telemáticos, 329; y 8 abstenciones más 2 votos telemáticos, 10.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio).
Sometido a votación el dictamen de la comisión, se aprueba por 170 votos a favor, 5 en contra y 156 abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Sometido a votación el dictamen de la comisión, se aprueba por 176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones.
Se levanta la sesión a las seis y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio, pregunto
a don Ricardo Tarno Blanco si jura o promete acatar la Constitución.
El señor TARNO BLANCO: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Don Ricardo Tarno Blanco ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE
CONDUCCIÓN POR PUNTOS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL
PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS). (Número de expediente 121/000050).
La señora PRESIDENTA: Empezamos con el primer punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Si me permite, intervendré desde el escaño a ver si así vamos ahorrando un par de minutillos en el ir y venir.
Este proyecto de ley fue debatido en la Comisión de Interior y no hemos fijado posición en el Pleno porque tenía capacidad legislativa plena. Es indudablemente -como en el resto de las leyes- necesario que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial
también se vaya adaptando a un entorno cambiante. Todos sabemos que la seguridad y la movilidad son su prioridad y debe ir adaptándose en este sentido. En el trámite del Congreso presentamos una serie de enmiendas; como siempre, algunas fueron
incorporadas directamente y otras, por medio de transaccionales. Me gustaría destacar algunas de las que desde nuestro grupo se incorporaron. (Rumores). Una, sobre el necesario control de sustancias tóxicas en el caso de las personas que hacen
transporte de viajeros por carretera. Este tipo de controles de sustancias tóxicas y controles médicos se vienen realizando en otro tipo de transportes y considerábamos que era un avance. Otra de las incorporaciones fue la no prohibición de
dispositivos inalámbricos para comunicación y para navegación cuando no ponen en riesgo la seguridad vial. (Continúan los rumores). Y en tercer lugar...
La señora PRESIDENTA: Señora Gorospe, espere un segundo, por favor. Les pido un poco de silencio, por favor.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Y, en tercer lugar, que los conductores de vehículos de movilidad personal estén obligados a utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determinen.
En la fase del Senado se han incorporado nuevas enmiendas; nuestro grupo no ha presentado ninguna y mantendremos hoy, por coherencia, el mismo sentido de voto que mantuvimos en el Senado.
Me gustaría destacar, para explicar cuál ha sido nuestro voto en el Senado, dos aspectos que son muy importantes. Para nosotros tiene que haber interacción necesariamente entre el alumnado y el profesorado
cuando se está trabajando la sensibilización en una materia como esta, tan sensible, que, como sabemos por accidentes de tráfico, pone en riesgo la vida de muchas personas. Y, en segundo lugar, en relación con el modelo de negocio de las
autoescuelas, queremos que vaya dirigiéndose por criterios de proximidad y de cercanía porque consideramos que es mucho más eficaz y eficiente.
Permítame -ahora que he visto que ha llegado el ministro del Interior- que también haga una crítica en lo que ha sido el procedimiento de tramitación de la ley. Ministro, con otros ministerios trabajamos de forma previa todos los proyectos
de ley que llegan a esta Cámara; tenemos contactos previos, y yo creo que en el procedimiento parlamentario la posibilidad de llegar a acuerdos es algo que contribuye en positivo. Por tanto, le ánimo a que en otras ocasiones sea ese el proceder
-como así lo están haciendo desde otros ministerios-, porque creo que el resultado y el ambiente suelen ser más favorables.
En cuanto al proyecto de ley, votamos a favor y consideramos que es un avance en general.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Este proyecto de ley habla de la seguridad vial. La seguridad vial es algo que salva vidas y, por tanto, nosotros estamos realmente satisfechos del resultado de este proyecto de ley, que tiene por objetivo exclusivamente ese punto. El
Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado varias enmiendas en el trámite de la ponencia y teníamos básicamente tres objetivos. Nuestro objetivo general era colocar la seguridad vial en el siglo XXI, colocarla en este siglo en el que los avances
técnicos y científicos van a transformar de alguna manera la movilidad. Y lo centrábamos en tres partes fundamentales: lo primero en que se incluyera la automatización de la conducción como una cosa que la propia ley tiene que recoger ya porque va
a ser el futuro probablemente. Los sistemas automatizados de conducción van a suponer una disrupción de la movilidad, sin duda, y el texto original no los mencionaba en ningún momento. Por tanto, nosotros valoramos muy positivamente que se hayan
incluido las enmiendas de Ciudadanos en todo lo que hace mención al mundo de la automatización en la conducción.
En segundo lugar, nuestras enmiendas tenían que ver con la transformación del mercado y, por tanto, presentábamos iniciativas, que son políticas liberales, que permiten mayor acceso y, desde luego, mejora de la competencia dentro del mercado
de la formación vial. La verdad es que estando en el siglo XXI -en el que estamos, como decíamos antes- parece raro que sigamos pensando, por ejemplo, que es necesario que haya establecimientos físicos en los distintos territorios para poder ser
una empresa que forma a la gente en seguridad vial. Parece increíble que necesitemos todavía que haya un espacio físico, una sede física de una empresa en una comunidad autónoma o incluso en cada provincia, para poder formar a los futuros
conductores. Esto, que se aprobó con una enmienda nuestra en el Congreso, fue rechazado y modificado en el Senado. No entendemos, señorías, que hablar de formación a distancia, hablar de formación online en el siglo XXI parezca un tema tabú.
Creemos que el Gobierno, después de apostar tanto por la digitalización -incluso forma parte de los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible y de los objetivos de los fondos REACT-EU que van a venir-, no puede olvidarse de la digitalización.
Hemos estado en pandemia teletrabajando, hemos estado en pandemia haciendo formación a distancia, pero ustedes, señores del Partido Socialista y, por lo visto, señores del PNV, siguen en el siglo XIX. Nosotros queremos estar en el siglo XXI.
Podemos acceder y sacar máster a distancia, podemos sacarnos grados de formación a distancia, pero no podemos sacarnos el teórico del carnet de conducir a distancia, no podemos acceder a la formación a distancia para sacarnos el carnet de conducir.
Esto es algo absolutamente incomprensible. Solo se entiende desde las presiones de los colectivos de la formación tradicional, presiones a las que han sucumbido las señorías del Partido Socialista y las señorías de Podemos.
En tercer lugar, tenemos que hablar de la sensibilización y la concienciación. Fíjense, aquí sí se puede hacer online, aquí el texto del Senado sí dice que esto se puede hacer online. La parte teórica del carnet de conducir no, pero la
formación en sensibilización sí, pero claro, lo fían todo a unas etiquetas que le han puesto de aula virtual. ¿Quién define lo que es un aula virtual? ¿Dónde está en el texto qué es un aula virtual? ¿Cómo se va a aprobar o no aprobar un aula
virtual? Lo único que están haciendo ustedes con estos conceptos indeterminados de aula virtual, sin especificar en qué consiste esa aula virtual, es generar inseguridad jurídica. ¿Quién va a certificar que una autoescuela tiene un aula virtual o
que no la tiene? ¿Qué es un aula virtual? Porque cada uno tenemos un concepto de esto. Son conceptos absolutamente
indeterminados que solo generan inseguridad jurídica. Y dicen ustedes, al final, que estos cursos valdrán para sacarse la licencia de conducción. ¿Por qué la licencia de conducción solo y no otras cosas? ¿Qué significa que se harán para
la licencia de conducción? A nosotros nos parece que se abunda en la inseguridad jurídica de forma permanente. Por tanto, el texto final no nos gusta mucho.
Voy a finalizar. Nosotros llamamos a este Gobierno a apostar por el siglo en el que estamos, por la digitalización. Créanselo de verdad.
La señora PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, tiene que terminar, por favor.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Finalizo. Abandonen ustedes el siglo XIX. Lamento que esos grupos que se dicen liberales rechacen enmiendas que precisamente van a una liberalización del mercado.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ya les anuncio que vamos hacer desde la Presidencia un control estricto del tiempo, puesto que, como saben todos ustedes, el orden del día es muy largo. Por tanto, creo que va en beneficio de todos. Lo digo para que los próximos oradores
hagan el esfuerzo de atender los cinco minutos. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer también la intervención desde el escaño, a efectos de agilizar el Pleno.
Lo cierto es que este proyecto vuelve del Senado con algunas adaptaciones. Creemos sinceramente que lo más importante es la adaptación que se hace de la normativa en seguridad vial, una normativa que tiene que obedecer a las nuevas
realidades. Es cierto que cada día esto está evolucionando más a servicios de movilidad y, por tanto, hay que abrir la puerta al que es el futuro de la seguridad vial, el futuro de los desplazamientos, el futuro de la movilidad. Y hay una medida
polémica en la que me querría parar dos segundos, lo relativo al adelantamiento, a exceder 20 kilómetros/hora en las carreteras convencionales en los adelantamientos. Lo cierto es que uno puede encontrar teorías de todo tipo, desde que es necesario
poder sobrepasar los 20 kilómetros/hora en las carreteras convencionales para así hacer que el adelantamiento sea mucho más rápido, hasta, lo que también es cierto, que la alta siniestralidad que se produce en los choques frontales es una cuestión
que nos debe preocupar especialmente. Por tanto, la mejor medida para evitar los accidentes de tráfico no deja de ser evitar aquellas maniobras peligrosas, y entendemos que en carreteras convencionales en las que ya hay fijado un límite es cierto
que la mejor medida a tomar quizá sea que no se pueda sobrepasar este límite de los 20 kilómetros/hora. Por este motivo, entendiendo que es un tema polémico y que puede generar muchas teorías, lo cierto es que priorizamos la seguridad vial,
priorizamos eliminar cualquier tipo de accidente y, sobre todo, minimizar o reducir los choques frontales que se producen en este tipo de accidentes. Por este motivo queríamos hacer esta especial mención a esta enmienda polémica y a validar un
texto que nos parece en términos generales, con sus apuntes, satisfactorio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Bon dia. Buenos días, diputados y diputadas.
Debatimos hoy si el Congreso va a ratificar las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Debo decir, señorías del PSOE, que en el transcurso
de la tramitación de esta ley se olvidaron otra vez de que no tienen mayoría absoluta. Les invito a que reflexionen sobre ello; si lo hacen, tal vez la próxima vez se ahorren votar algunas enmiendas contra la misma Dirección General de Tráfico,
como una enmienda que negociaron muy mal en el Congreso sobre educación vial, que abría la puerta a la uberización del sector de las autoescuelas y que, por suerte, se ha corregido en el Senado. Rebajaron la educación vial y la labor de los
profesores y esto es muy grave; realmente nos tendría que preocupar y ocupar, señorías de Ciudadanos, puesto que una buena educación sensibilizando a los futuros conductores reduciría notablemente los accidentes de circulación; y cuando ha hablado
de ocupar piense a quién quería ocupar usted, seguramente a alguien muy próximo.
En nuestro grupo lo hemos tenido siempre muy claro: la educación vial, los conocimientos viales, como lenguajes que son, deben enseñarse en las escuelas y a todas las edades. En las vías transitamos una gran variedad de usuarios, como
peatones, bicicletas y patinetes, pero también viajan coches, autobuses y camiones. Saben perfectamente que solo regulando estos conocimientos en las escuelas y desde edades tempranas se podrá solucionar. Sí, ya sucede, pero sucede de manera
insuficiente porque solo se da en la educación primaria. Me parece que queda claro, educación y educación, porque para nuestro grupo es muy importante la educación en materia de seguridad vial y, por tanto, que los profesores que la impartan sean
profesores formados explícitamente para esta materia. En este sentido, consideramos que el nuevo título de técnico superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible será una gran oportunidad que debe sumarse a la larga tradición de
formación y educación vial en territorios como el nuestro, que es Cataluña.
Termino no sin insistir nuevamente en la necesidad de dignificar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector, desde los profesores hasta los transportistas profesionales. De los profesores de autoescuela porque de ellos
depende que un joven quiera aprender a conducir para realmente saber conducir, comprendiendo la complejidad de la máquina que lleva entre manos, que puede llegar a matar, y los múltiples factores de riesgo que intervienen en ella y no solamente para
adquirir un carné ni que sea a distancia. Y de los transportistas profesionales, para quienes pedimos la posibilidad de jubilarse anticipadamente y unas condiciones más seguras de trabajo.
Ya para acabar, agradecemos la voluntad de incorporar y de transaccionar bastantes de las enmiendas que presentamos. Puedo asegurarles que nuestras enmiendas no fueron fruto de un capricho ni fueron fruto de los lobbies, sino que fueron
contrastadas con asociaciones y sindicatos, y son el resultado de seguir activamente las numerosas comparecencias realizadas en la Comisión sobre Seguridad Vial. Seguramente, si hubiese asistido más a las comisiones sobre Seguridad Vial y hubiese
preguntado a todos los ponentes sobre la educación a distancia, hoy hubiese hecho otro discurso.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Granollers. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
La señora JOVER DÍAZ: Bon dia, presidenta.
Señorías, el objetivo de esta modificación de la Ley de Tráfico es volver a situar a España en las cifras más bajas de víctimas de tráfico. El documento de trabajo de la Comisión Europea, marco de la política de la Unión Europea en materia
de seguridad vial para 2021-2030, tiene como objetivo reducir en un 50 % el número de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero en el año 2050. Para la consecución de este objetivo, determina que
uno de los pilares a abordar es el relacionado con el uso seguro de las carreteras, siendo necesario incidir en un mejor cumplimiento de las normas de tráfico en los aspectos relativos a la velocidad, las distracciones -especialmente la utilización
de dispositivos de telefonía móvil-, los cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil y el casco de protección. El comúnmente conocido como permiso de conducir por puntos ha sido la herramienta más eficaz para contribuir a la
reducción de la siniestralidad en las carreteras y en las ciudades de nuestro país. Varios estudios específicos sobre esta materia indican que en torno al 15 % de la reducción que se produjo entre los años 2005 y 2009 se debió directamente al
impacto del permiso por puntos y que, quizá más importante aún, contribuyó de manera decisiva a que se interiorizara cuáles son los comportamientos y actitudes que suponen mayor riesgo y mayor peligro en la conducción.
Tras varios años de experiencia en la aplicación del permiso por puntos, y como también ha venido sucediendo en otros países que disponen de sistemas similares, es el momento de proceder a su actualización, manteniendo un modelo que se
estima válido pero incidiendo en aquellos aspectos que requieren de modificación con el principal objetivo de mejorar la eficacia del sistema y reforzar la seguridad vial. El objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las
infracciones que detraen puntos, el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conducción segura y eficiente, el tratamiento actualizado de la conducción profesional y la unificación a dos años del plazo que tiene que
transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones. Estos han sido los distintos aspectos abordados durante el proceso de tramitación de la ley. Las enmiendas del Senado nos traen algunas correcciones de
cuestiones que quedaron pendientes. De singular importancia
es la aprobación hoy de la enmienda que limita la velocidad máxima en adelantamientos. También se suprime la posibilidad que tienen los turismos y las motocicletas de rebasar en 20 kilómetros/hora los límites genéricos de velocidad fijados
para las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquella. La eliminación de esta posibilidad es el último aspecto importante que queda para que la adecuación de los límites de velocidad en
las carreteras convencionales sea real. Sin embargo, hay un aspecto que no podemos avalar. Se trata de la consideración como falta grave de la utilización de bicicletas en la acera. Aunque compartimos la preocupación de garantizar la seguridad de
los peatones, no podemos entender que se aplique la consideración de falta grave. Hay jurisprudencia en la cual los niños montando en bicicleta tuvieron que enfrentarse a sanciones graves por esta tipificación. Por lo demás, estamos satisfechos
con el trabajo realizado y con el texto final que hoy aprobaremos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos.
El señor ALCARAZ MARTOS: Gracias, presidenta.
Señorías del Gobierno, ustedes han demostrado de nuevo su incapacidad de conducir su propia ley, como ha quedado puesto en evidencia en las decisiones a la hora de aprobar enmiendas, la misma incapacidad y el mismo peligro que demuestran
ustedes cada día conduciendo el futuro de los españoles. (Aplausos). Ustedes, los del PSOE, han votado algunas de las enmiendas en la Comisión de esta Cámara cambiando de criterio en el Senado; ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre
ustedes mismos. Como ejemplo, me voy a centrar en la enmienda que suprime la posibilidad de adelantar rebasando en 20 kilómetros/hora la limitación establecida en las carreteras convencionales. Los expertos, todos los expertos, han establecido con
datos y estudios que es un error aumentar el recorrido en un adelantamiento -la distancia-, multiplicándolo por tres, y es un error multiplicar por tres el tiempo en un adelantamiento; ponen en peligro a los conductores. (Aplausos). Pero ustedes,
frente a este argumento, nos mandan al director de la DGT con un dato objetivo: que con la actual ley no pueden cobrar unos cuantos millones de euros de multas que tienen con los actuales radares de tramos. Ustedes, con esta medida, ponen de nuevo
en peligro la vida de los conductores en carreteras convencionales, y más si tenemos en cuenta que cuando ustedes obliguen a estos conductores a pagar por el uso de autovías, su uso será aún mayor.
Donde sí ponen el foco en esta ley de nuevo es en la responsabilidad del conductor y en las conductas que, por supuesto, hay que eliminar y que mejorar. Está muy bien y es necesario recordar y trabajar en la responsabilidad del ciudadano,
pero, señorías, mientras ustedes ponen el foco casi en exclusiva en el comportamiento del conductor, este Gobierno obvia elementos que afectan a la seguridad de los conductores y en los que tienen ustedes una responsabilidad totalmente directa. Les
hablo, por ejemplo, de cómo se encuentran las infraestructuras, especialmente en las carreteras secundarias, o del estado en que se encuentran las señales de tráfico -un 70 % en mal estado o caducadas-, y ustedes las mantienen así.
Otra responsabilidad que tiene este Gobierno y afecta a la seguridad vial es tener el parque móvil más viejo de Europa. Más de trece años de media tienen los vehículos en España, pero -eso sí- mientras siguen subiendo los impuestos de
matriculación, lo que no ayuda a renovar este parque móvil, ustedes se gastan 100 millones euros en renovar sus coches oficiales. Ustedes sí que miran por su seguridad (aplausos), a costa del bolsillo de los ciudadanos, que no pueden cambiar sus
vehículos.
Y puesto que estamos hablando de una ley que busca cero víctimas, no quiero olvidar las víctimas que de forma indirecta lo son por una ley benévola en las condenas de los conductores que delinquen conscientemente causando accidentes mortales
y víctimas que no se contabilizan. Un ejemplo reciente. (Muestra un recorte de periódico). El padre del joven fallecido en una acción kamikaze en Madrid. Este padre no pudo soportar la condena de ocho años por matar a su hijo y se suicidó días
después. Esta ley benévola que ustedes mantienen es una irresponsabilidad y así lo reclaman las asociaciones de víctimas. Sentencias como esta no se pueden mantener; ustedes tienen una responsabilidad. Ya abandonaron a las víctimas del
terrorismo de ETA, señor ministro, dejándolas sin justicia; no dejen sin justicia a las víctimas de tráfico. (Aplausos). Señorías, si en esta Cámara nos sometieran a todos a las mismas pruebas a las que se somete a un conductor para conducir un
vehículo, muchos de ustedes no tendrían el carnet de
diputado para conducir el futuro de España ni de los españoles. El espíritu de VOX es velar por la seguridad, la justicia y la vida. También en la Ley de tráfico.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Gamazo Micó.
El señor GAMAZO MICÓ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, buenos días. Mis primeras palabras hoy serán en recuerdo de todas las víctimas de la siniestralidad vial, en especial de las fallecidas, pero también de las que sufrieron secuelas y de todos sus familiares y
amigos. (Aplausos). También serán palabras de agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular por el honor de permitirme ser ponerte y defender nuestro posicionamiento, a los letrados de la casa, a todas las entidades que intentaron con sus
propuestas mejorar el texto inicial y a todos los ponentes, en especial a mi buen amigo don Jaime Mateu.
Hoy no vamos a aprobar una nueva y ambiciosa ley de seguridad vial por el sectarismo del socialismo, que renunció al anteproyecto que dejó el Gobierno del Partido Popular en el ministerio. Hoy debatimos un mero parche, con un marcado
carácter restrictivo, punitivo y coercitivo; una reforma cargada de prohibiciones y más infracciones que prima aumentar la presión punitiva y que incluye tan solo una única medida destinada a estimular el comportamiento responsable de los
conductores.
Señorías, reducir el número de fallecidos y heridos en nuestras carreteras es un objetivo compartido, aunque en ocasiones discrepemos de las medidas adoptadas para lograrlo, como hoy es el caso. Así, discrepamos de la supresión del margen
de los 20 kilómetros/hora en los adelantamientos en las carreteras convencionales. ¿Saben por qué se opone el Partido Popular? Porque la medida que defiende el PSOE no se sustenta en ningún estudio ni análisis científico y solo se puede justificar
por el afán recaudatorio del Gobierno; un Gobierno que ha convertido nuestras carreteras y a la DGT en su particular cajero automático.
Para reducir el riesgo en la maniobra de adelantamiento, como ya han dicho algunos intervinientes, se precisa realizarlo en el menor tiempo y espacio posible, y con la enmienda incorporada se incrementa tanto la distancia como el tiempo
necesario para efectuarlo, aumentando el riesgo de sufrir un siniestro grave. Con esta ocurrencia, la distancia y el tiempo se multiplican casi por tres, provocando situaciones más peligrosas en lugar de disminuirlas. Señorías, ¿se han preguntado
cuántas vidas pueden perderse de prosperar esta enmienda? Señorías de la bancada socialista, ¿pueden garantizarnos -ya se lo preguntamos al señor ministro en la Comisión y no nos respondió- que su medida no va a incrementar la siniestralidad vial
en nuestras carreteras? Buscar la exención con esa política del ministerio de muchas multas baratas y que se paguen pronto, en un entorno tan crítico como el del adelantamiento, es sencillamente inmoral e irresponsable.
Por otra parte, aquí, en el Congreso, transaccionamos una enmienda con el Grupo Parlamentario Socialista y con otros grupos que establecía el uso de dispositivos alcoholímetros antiarranque a partir del 6 de julio del próximo año en todos
los vehículos de transporte de viajeros y de mercancías. Fue un acuerdo que los socialistas en el Senado rompieron con una gran mentira de la DGT: decía que nadie lo había pedido. Ustedes, señorías socialistas, cuando están en las comisiones,
¿escuchan a los comparecientes que vienen al Congreso? Porque el sector del transporte sí que nos demandó en la Comisión la instalación de los alcolocks en sus vehículos. Sin ir más lejos, al representante de la Confederación Española de
Transporte de Mercancías le parecía que era una medida superinteresante. Nadie se explica cómo se pueden oponer a una medida preventiva que aparta de la carretera a los irresponsables conductores que combinan la conducción con el alcohol,
perturbando la convivencia de la red viaria; nadie. Por eso, hoy tienen la oportunidad de rectificar. No la desaprovechen.
Señorías del PSOE, ¡quién los ha visto y quién los ve! Han pasado de la pancarta contra los peajes pidiendo la gratuidad de las autopistas por toda España (muestra un cartel en el que se lee: PROU AP-7 GRATUÏTA JA!), a imponer en esta ley
la infracción del impago de los peajes. Curiosa evolución progre: de pedir la gratuidad (muestra otro cartel en el que, debajo de una señal de tráfico de localización Oliva-Gandía, se lee: AP-7 Gratuïta. PSPV/PSOE), Partido Socialista en toda
España, en este caso la AP7 por la Comunidad Valenciana, a con esta ley dar un paso más en su plan de peajes y sancionar a aquellos que no los vayan a pagar (aplausos); unos peajes que mi grupo no comparte, porque en la España real los conductores
ya pagamos suficientes impuestos por usar los vehículos.
Señores socialistas, lo que no era necesario en esta reforma era su intento de cargarse las 8500 autoescuelas con esa modificación del artículo 62 que aprobaron en la ponencia. Por el contrario, fortalecer la calidad del sistema de
evaluación y de la formación vial para la obtención del permiso de conducir era y es lo necesario, y de eso no se preocuparon.
Finalizo, presidenta. La seguridad vial ha de ser una política de Estado que requiere grandes consensos. Señorías socialistas, para alcanzar esos consensos se requiere quererlos y trabajar para lograrlos. Créanme que es tremendamente
difícil tratar de alcanzarlos con aquellos que cambian de criterio constantemente, como si estuvieran en un eterno baile de la Yenka, y que anteponen otros intereses al interés general y al de la seguridad vial. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gamazo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Durán Peralta.
El señor DURÁN PERALTA: Muchas gracias, presidenta.
En 2019 fallecieron 1755 personas en accidentes de tráfico. En 2020, a pesar de las restricciones de movilidad, fallecieron 1370 personas y 6681 tuvieron que ser hospitalizadas; casi cinco personas al día fallecieron en 2019. Fallecieron
por accidente de tráfico, no sé qué tiene que ver ETA en este punto.
Mis primeras palabras quiero que sean para trasladar nuestro más sincero apoyo a los familiares y amigos de las víctimas de accidentes de tráfico que perdieron su vida (aplausos); también a aquellas personas que, a pesar de salvar su vida,
luchan día a día contra las secuelas producidas. Aunque es cierto que la tendencia en los últimos años es descendente, siguen siendo demasiadas las vidas destrozadas, demasiadas las familias rotas y demasiados los sueños destrozados por un
accidente de tráfico. Por eso, los y las socialistas siempre hemos tenido la sensibilidad y el compromiso para hacer todo lo que esté en nuestras manos para reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico. Desde aquí, quiero trasladar mi
reconocimiento al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, al director general de la DGT, a Pere Navarro, porque hace quince años aprobamos el carnet por puntos, que, sin duda, supuso un
antes y un después a la hora de salvar vidas en la carretera. (Aplausos).
Quince años después es nuevamente un presidente socialista como Pedro Sánchez y un ministro como Marlaska quienes van a actualizar y reforzar el sistema, creando un apartado específico, que antes no existía, como es utilizar el teléfono
móvil sujetándolo con la mano, lo que supondrá una pérdida de 6 puntos, porque tenemos que recordar que más del 30 % de los accidentes se producen por este motivo, o aumentar la retirada de puntos de tres a cuatro por no hacer uso del cinturón de
seguridad, del sistema de retención infantil o del casco. Es importante recordar aquí también que uno de cada cuatro fallecidos en furgoneta o en un turismo no llevaban el cinturón de seguridad. También se recoge la obligación de los vehículos de
movilidad personal, los llamados patinetes, de utilizar el casco, y se protege a los ciclistas asegurando la distancia de un metro y medio en los adelantamientos, y en el caso de que haya dos direcciones en el mismo carril, será necesario el cambio
completo de carril. También es importante la eliminación del aumento de la velocidad a 20 kilómetros/hora en las vías para adelantar en carreteras secundarias. Es un mensaje claro contrario a la velocidad y que nos equipara al resto de países
europeos.
Señorías, no es agradable decirle a alguien que corre y que tiene prisa que no puede correr; no es agradable decirle a una persona que está esperando una llamada o un mensaje importante que no puede coger el móvil mientras está conduciendo,
y tampoco es agradable, ahora que estamos en las comidas de Navidad con amigos, familiares y compañeros de trabajo, decirle que si bebe, no conduzca. Pero esta ley, señorías, no pretende agradar, esta ley no da votos, esta ley es una ley que salva
vidas. (Aplausos).
Como no da votos, no podemos contar con el voto a favor del Partido Popular, de VOX ni de Ciudadanos, porque, muchas banderas de España, pero qué poco os importa España, los españoles y las españolas. Y qué poco le ha importado siempre al
Partido Popular la seguridad vial. Señor Gamazo, ¿cómo puede venir usted aquí a hacer un discurso cargado de quejas y reproches cuando tenéis a vuestras espaldas la peor gestión en materia de seguridad vial de todos los gobiernos? ¿Qué hizo en los
más de seis años el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando, a pesar de que en su mandato aumentó el número de fallecidos en accidentes de tráfico, no puso ni una sola medida ni una sola ley ni un solo decreto para mejorar la seguridad vial de nuestro
país? (Aplausos).
La política de seguridad vial tiene que ser una política de Estado, donde no debería de haber ideologías. Deberíamos de mandar a todos un claro mensaje a la sociedad de que tenemos que ser conscientes de
nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos y no dejarnos llevar por la falsa ilusión de control, porque no siempre vamos a poder controlar la situación. Por eso defendemos la aprobación de esta ley y haremos todo lo que esté en
nuestra mano, porque no queremos más vidas arrebatadas ni más familias destrozadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Durán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señora presidenta, señorías, intervengo muy brevemente para agradecer el trabajo de la Presidencia de las comisiones de Interior y de Seguridad Vial, de los señores Juan José Matarí,
Ana Botella y José Luis Ábalos. La razón fundamental, como decimos, es que en este país podemos sentirnos orgullosos desde hace quince años de haber afrontado la seguridad vial, el sistema seguro. Nos hemos convertido en estos quince años, como se
ha recordado, en el tercer país con menos fallecidos y lesionados graves a nivel europeo, pero había llegado el momento de reformar, de entrar en el siglo XXI y de seguir avanzando y protegiendo la vida de nuestros ciudadanos. A eso ha obedecido
esta reforma, a seguir en ese sistema seguro, con dos ideas muy claras. Me referiré, desde el punto de vista más técnico posible, a que el 70 % de los fallecidos y de lesionados graves a consecuencia de la siniestralidad vial lo son en carreteras
convencionales. En el año 2019 este Gobierno redujo la velocidad en las carreteras de 100 a 90 kilómetros, lo que conllevó una reducción del 30 % de los fallecidos y lesionados graves.
El sistema seguro se basa en dos principios para guiar la modificación normativa, y a ello ha obedecido esta reforma para entrar más aún en el siglo XXI. Incluso el conductor y la conductora más diligentes pueden cometer una imprudencia,
por mínima que sea, y no olvidemos que cualquier vehículo es un instrumento peligroso en nuestras manos. Y, en segundo lugar, somos cuerpos frágiles y el menor impacto puede tener en nosotros consecuencias importantes. Estos dos principios son los
que guían, por ejemplo, la reducción de la velocidad en determinadas circunstancias, en determinadas modalidades de conducción. A ello obedece la voluntad concreta de salvar vidas y de evitar lesionados graves, como aquí se ha recordado. Quiero
agradecerles, pues, ese trabajo importante porque seguimos salvando vidas.
Finalmente, señora presidenta, quiero dar las gracias a las asociaciones de víctimas de siniestralidad vial. Siempre están ahí, siempre están guiando nuestros pasos. Y también he de decir que la sociedad civil, ese tercer sector, como son
las asociaciones de víctimas en nuestro país, en España, son un auténtico lujo y permítanme que diga que incluso la envidia en nuestro entorno occidental.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000036).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En turno de fijación
de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente. Llega la ley que durante tanto tiempo habíamos esperado y lo hace con las enmiendas del Senado, que incorporan ciertas cuestiones pero pocas de excesiva índole. Pensaba incluso que iba a estar el ministro aquí y le iba a
formular la pregunta que le formulé hace exactamente año y medio, cuando le proponíamos cuestiones para solucionar, precisamente, todas las problemáticas que se generaban a partir de la ausencia de medidas que condicionaran ciertas cuestiones en la
cadena alimentaria. Desgraciadamente, me da la sensación de que seguimos teniendo los mismos problemas, porque la situación de los agricultores, en toda su globalidad, sigue siendo bastante problemática. Si a eso le añadimos los diferentes
eslabones de la cadena alimentaria, evidentemente, la situación generada no es la mejor.
Por tanto, el Gobierno propone traer una ley en su momento para solucionar todas esas cuestiones que se derivaron de esas ausencias en la cadena alimentaria. Los objetivos los teníamos claros: solucionar los problemas que todos
detectábamos que existían en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Para ello, la Comisión de Agricultura decidió que tenían que comparecer todos los diferentes sectores, todos aquellos elementos afectados, empezando por el productor,
agricultor, hasta el último distribuidor, para que se posicionaran y para que dijeran qué es lo que ocurre en la cadena que no está funcionando y que cada uno expusiera lo que estimara oportuno. Se hizo, después se plantearon las enmiendas y, a
partir de ahí, se empezó a trabajar. La cuestión es que nosotros nos llevamos bastante chasco, porque creemos que el Gobierno o el partido que sustenta al Gobierno no fue lo suficientemente flexible a la hora de aceptar las enmiendas que varios
grupos presentábamos, porque ¿cuál era el objetivo central?. El objetivo era evitar abusos, impedir la competencia desleal y marcar el mínimo de los costes de producción, el famoso elemento de costes de producción. Y llegamos al día de hoy y
todavía no coincidimos todos en cuáles son los costes de producción. Claro, al final, ¿qué está ocurriendo? Nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido un precio básico, y eso lo hemos planteado en nuestras enmiendas. Un precio básico. No fue
aceptado.
Por tanto, tenemos la ley que ha ido al Senado, ha vuelto con unas enmiendas incorporadas, que es lo que se supone que debatimos hoy, y nos queda una especie de sabor agridulce. Sabemos que el Gobierno del Partido Socialista ha
transaccionado ciertas cuestiones que mejoraban, evidentemente, el texto original, pero hubiéramos preferido que se hubieran aceptado algunas enmiendas que nosotros planteamos. Alguna de ellas, por ejemplo, porque consideramos que, en ese afán del
Estado de asumir incluso lo que no es suyo, el concepto expansivo de la trazabilidad o el tema de la inspección hicieron que nosotros nos plantáramos en algunas cuestiones y que dijéramos: perdón, esto es materia y competencia de la comunidad
autónoma, en este caso, la de Euskadi. ¡Hasta dónde vamos a llegar con el tema de la inspección, etcétera! Por lo tanto, ha mejorado la ley de lo que salió de las oficinas del ministerio a lo que ahora tenemos, bien, pero no es la mejor. Por lo
tanto, los problemas siguen. Con el problema de la leche seguimos teniendo enormes dificultades; los precios suben; los agricultores no llegan, y, ante esta tesitura, vamos a aprobar una ley que, además de trasponer una directiva europea que
prohibía la venta a pérdidas, quería solucionar otra serie de cuestiones que están en la cadena alimentaria. ¿Las has solucionado? Yo diría que no del todo. Por tanto, nos quedamos con ese sabor agridulce. Mi grupo se va a abstener en las
enmiendas que se plantearon, se abstuvo en el proyecto de la ley y lo vamos a seguir haciendo.
Para finalizar, señora presidenta, quiero decir que ha quedado a medias una maravillosa oportunidad para solucionar los problemas de la cadena alimentaria, en la que nosotros queríamos que todos ganaran. (Rumores). Sí, sí, parece una
utopía, pero qué mejor que todos ganen en esa cadena tan importante, que empieza en el productor y acaba en el consumidor, pasando por el transformador y por el distribuidor. No va a ser posible; una pena. Nos abstendremos, pero era una
oportunidad maravillosa. ¿Algo ha mejorado? Sí, pero no todo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una señora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta. Señorías.
Hoy vuelve al Congreso de los Diputados la ley de la cadena agroalimentaria, que viene del Senado con alguna enmienda de nuestro partido, Ciudadanos, aprobada allí; una ley que realmente no va a mejorar los problemas que tiene el sector que
queríamos proteger. Los agricultores siguen quejándose, siguen teniendo problemas con los costes, siguen manifestándose y lo seguirán haciendo, porque es una ley que estaba pensada para protegerles y que les vuelve a dejar sin herramientas.
Nosotros siempre hemos criticado mucho y hemos dicho y afirmado que el coste efectivo de producción, por sí mismo, no soluciona los problemas de los agricultores, pero podríamos haber hecho mejoras. En Ciudadanos presentamos muchas enmiendas
dirigidas a mejorar ese concepto de coste efectivo de producción en el contrato para reforzarlo, pero fue imposible. Es cierto que con otros partidos políticos logramos sacar algunas enmiendas que sí ayudarían a la cadena o, por lo menos, a esta
modificación que se está tramitando y que se vota hoy aquí.
Pedimos que se elaborara y publicara, por lo menos periódicamente, una tabla de índices para tener mayor transparencia en el mercado, para saber qué está ocurriendo en el mercado y, sobre todo, para que
esa transparencia dé más tranquilidad a los agricultores. Pero si algo se necesitaba era que los agricultores pudieran denunciar tranquilamente las posiciones de desequilibrio que sufren en esta cadena agroalimentaria, porque si no funciona
-que estoy convencida de que no va a funcionar, que los agricultores van a seguir teniendo las mismas dificultades para vender a precios óptimos para poder mantener su actividad- siempre tienen el mecanismo de poder denunciar. Ahí sí que estamos
muy contentos de que se aprobara, con una mayoría alternativa a los partidos del Gobierno -al Partido Socialista y Unidas Podemos-, que exista una competencia de la Administración General del Estado de los expedientes en materia alimentaria en
aquellos casos en que el órgano correspondiente de la comunidad autónoma no diera tramitación correcta a denuncias que pudieran existir por parte de los agricultores. Eso siempre nos asegurará que si en una comunidad autónoma hay algún problema a
la hora de tramitar estas denuncias, siempre haya un organismo central que pueda revisar que se está realizando adecuadamente la revisión del expediente de denuncia.
Creemos también que era importantísimo garantizar la identidad del denunciante, y eso lo conseguimos en el Congreso de los Diputados, una garantía para que estuvieran tranquilos los agricultores que tuvieran que denunciar esas posiciones de
dominio. En el Congreso de los Diputados conseguimos que se protegiera a los denunciantes por la vía administrativa, pero es que, ahora, una enmienda de Ciudadanos en el Senado también ha conseguido que se proteja a los denunciantes en la vía
judicial. Si hay algo que todas las asociaciones de agricultores nos dijeron en las comparecencias aquí, en el Congreso de los Diputados, era que muchas veces existían represalias por las denuncias presentadas. Y si algo que no funciona -y que
creo que no va a funcionar- es el coste de producción, por lo menos que estén protegidos y tengan la posibilidad de denunciar con tranquilidad el abuso por parte de otro tipo de eslabones de la cadena. Por lo tanto, podemos decir que, al menos con
estas enmiendas que se han votado positivamente, se ha mejorado un poquito. Pero, desgraciadamente, estamos convencidos de que no vamos a poder decir que esta ley soluciona los problemas del campo y de los agricultores.
Hay también algunas enmiendas presentadas por otros grupos que han sido aprobadas en el Senado que creemos que son importantes. Por ejemplo, una dirigida a que exista mayor información para los intervinientes de la cadena. En el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se publicarán con criterios concretos los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción. Por lo menos sabremos que cuando se determine el coste de producción se hará
con unos criterios concretos y así estarán más protegidos los agricultores. Algo es algo, pero estamos convencidos de que esta ley tendrá que volver al Congreso para ser modificada de nuevo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Esta ley viene precedida del Decreto 5/2020, que introducía ya el concepto de coste efectivo de producción y que surge como respuesta a la ola de movilizaciones en demanda de precios justos para las producciones agropecuarias que habían
tenido lugar durante los últimos meses 2019 y principios de 2020. En la misma línea, esta ley especifica que el precio a recibir por el productor primario tendrá que ser superior al coste de producción. Esto que, en principio, puede ser
considerado una mejora en las relaciones contractuales, se convierte en un problema para los productores al verse obligados a demostrar y justificar individualmente ese coste efectivo. Esto deja en la indefensión a la mayoría de las explotaciones
agropecuarias en Galiza. Esto es muy evidente, porque está siendo aprovechado por la mayoría de las empresas para que ellas fijen el precio en base al chantaje de no recogida y con el agravante de que ese precio figura como que cubre esos costes de
producción cuando en realidad no es así. Por eso el BNG presentó enmiendas, que lamentablemente no fueron tomadas en consideración, para establecer precios básicos o para articular mecanismos públicos de evaluación de los costes que puedan servir
de referencia. Por ejemplo, en Galiza, posibilitando que organismos oficiales como el Observatorio del Sector Lácteo de Galiza recoja todos los datos necesarios para elaborar un estudio serio y riguroso sobre los costes de producción.
En nuestro país, los agricultores se están movilizando en defensa de sus intereses, especialmente en el sector lácteo, con manifestaciones, con boicot a determinadas marcas para reclamar precios justos para la leche frente a la realidad de
tener que vender a pérdidas. Quiero expresar desde aquí el total
apoyo del BNG a los agricultores y agricultoras galegas y del conjunto del Estado, a estas movilizaciones y a una reivindicación que consideramos absolutamente justa y que, lamentablemente, no va a resolver esta ley.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
Con la modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se pretendía lograr varios objetivos: dar respuesta y satisfacer las reivindicaciones históricas del sector
agroalimentario, el cual supone un 10 % del producto interior bruto, evitar abusos, competencias desleales, definir costes de producción venta-pérdidas y, sobre todo, la necesidad de transponer la Directiva europea relativa a las prácticas
comerciales desleales en las relaciones entre empresas, en la cadena de suministro agrícola y alimentación. Nuestro grupo presentó treinta y tres enmiendas, recogiendo gran parte de las inquietudes de las organizaciones agrarias y del resto de los
actores afectados e implicados. Afrontamos la modificación de la ley como una oportunidad para proteger y dejar blindado el eslabón más débil de la cadena alimentaria, es decir, a los productores, y, en especial, en el momento de marcar los
precios.
A través de las transaccionales que se aprobaron, se incorporaron demandas defendidas por el Partit Demòcrata en las enmiendas: la creación de un registro de contratos alimentarios; modificar de dos a cuatro años el plazo de conservación
de toda documentación relacionada con dichos contratos; prohibir que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos; establecer y delimitar como faltas graves una serie
de prácticas. Tenía mis reticencias con el texto que salió del Congreso el pasado mes de septiembre, que hoy nos llega desde el Senado para la votación de distintas enmiendas. Son reticencias en el sentido de que el texto resultante nos permita
cerrar capítulos importantes para el futuro y el desarrollo del sector. Lamentamos que no se hayan incorporado las enmiendas que tratan sobre la posición de dominio, fundamental para nuestro grupo, y se resuelva uno de los principales problemas de
la cadena. Era vital definir con qué cuota de mercado se tiene la posición de dominio en la cadena alimentaria, al igual que en otros sectores ya se ha establecido, por ejemplo en el sector de los suministros.
Desde hace años y en la actualidad el sector lácteo está en la UVI: subida de los costes de energía, los combustibles, las materias primas y en especial por el irrisorio precio al cual se vende la leche -entre 0,32 y 0,35 céntimos de euro-.
Muchas explotaciones no llegan a final de mes. El sector lácteo es un claro ejemplo de los sectores más afectados por esta posición de dominio, y con el texto definitivo de la modificación de la ley no damos respuesta a un problema endémico. Creo
que al Gobierno le ha faltado valentía y ambición a la hora de afrontar la modificación de la cadena. El resultado es su modificación superficial.
Transmito mi reconocimiento al sector agroalimentario.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Para nuestro grupo esta ley ha partido desde un principio de una falta de valentía y posicionamiento que, hoy por hoy, ha supuesto que no solo no resuelva los principales problemas que afectan a la cadena alimentaria, sino que en algunos
casos incluso deja a los eslabones más pequeños en una clara situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad. En todo caso, coincido también con otros compañeros que han comentado aquí que probablemente en poco tiempo tendremos que volver a
reformar la ley, porque hay temas que han quedado todavía en el tintero. En ese sentido, una de las enmiendas que para nosotros era importante, que fue rechazada incluso desde un principio y que demuestra -creemos- una falta de interés para querer
resolver el problema en su raíz misma, era el reconocimiento de la posición de dominio como el principal factor de desequilibrio y generador de prácticas abusivas de las grandes corporaciones
-gran industria y distribución- sobre productores industriales y proveedores más pequeños. Eso era fundamental, y realmente creemos que es este el problema de raíz más importante. Proponíamos establecer un valor sobre la base de la cuota
de mercado de los diferentes integrantes que conformaban precisamente la cadena, desde el productor, pasando por la industria hasta la distribución. Y somos conscientes de que al margen de la posición de dominio otras circunstancias pueden
consolidar un poder de control del mercado susceptible de ser utilizado para imponer condiciones abusivas en la cadena alimentaria. Y por lo tanto, en ese sentido reclamamos y reclamaremos al Gobierno que atienda a su análisis, y en todo caso a una
regulación y a una sanción. Por otro lado, su negativa a incluir nuestra enmienda para que, de una forma periódica, se procediera a la publicación y difusión de los costes de producción medios de los alimentos esenciales, con especial atención a
los frescos y perecederos, ha condicionado también mucho nuestra posición respecto a esta ley. Esta enmienda cumplía todos los requisitos y los preceptos que se han de preservar de las leyes y reglamentos de competencia, y de hecho suponía por
nuestra parte una clara voluntad de implicación de los diferentes organismos de referencia, tanto estatales como de las comunidades autónomas, en la mejora y en la transparencia de la cadena. Por poner un ejemplo, si como se espera la primavera
próxima hay una producción óptima de fruta de hueso en diversas zonas productoras y, como ya ha pasado en ocasiones anteriores, los precios del productor con los que se materializa la campaña no restituyen los costes de producción, ¿qué explicación
vamos a dar al sector? Eso está pasando ya en el sector lácteo. Los actuales precios que perciben los productores de leche están ya en pleno conflicto. Por tanto me pregunto cómo va a mejorar esta ley, en la redacción que se va a aprobar, el día
a día de los ganaderos de la leche, cuando precisamente ese sector ya está sufriendo las consecuencias de la aplicación del Real Decreto-ley 5/2020. Esta es la primera experiencia que tenemos para ver cómo afecta, cómo impacta esta ley o un
precepto regulatorio en este sentido sobre el sector lácteo, y realmente no está funcionando.
Y finalmente, negar el acceso directo al Registro de Contratos Agroalimentarios a las comunidades autónomas que tienen competencia en ese sentido por parte de los organismos oficiales, a unas comunidades que precisamente están ejerciendo esa
actividad en el ámbito de sus competencias -con competencias de inspección y de regulación-, también dibuja un modelo de actuaciones sobre la cadena que no compartíamos directamente. Es la típica enmienda competencial, pero para nosotros es muy
importante e implicaba entrar directamente a la gestión propia de la ley. En su día Cataluña consiguió ejercer las competencias de control de la cadena alimentaria en su territorio, tras obtener una sentencia favorable del Tribunal Constitucional.
Ahora las ejerce con plenitud y en colaboración directa con el CadeCAT y AICA, y funciona. En todo caso nos preguntamos si tenemos que volver a los tribunales para reclamar una competencia que esta ley podría haber dejado completamente delimitada y
definida. Y, si este es el modelo, un modelo recentralizador de la gestión, este no es nuestro modelo y por todo ello el posicionamiento a esta ley ha sido negativo, hemos votado no en el Congreso y en el Senado, aunque a las enmiendas que nos han
venido del Senado probablemente votaremos a favor la mayoría. En todo caso creemos que es importante retomar esta ley más adelante para intentar corregir muchos elementos que no se han terminado de definir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Franco Carmona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
Señorías, ¿ven estos cartones de leche? (Muestra una fotografía). Producir un litro de leche hoy en nuestro país cuesta 60 céntimos. Pues bien, lo que han visto en esa foto son cartones de leche semidesnatada a 34 céntimos en algunos
supermercados; eso significa 26 céntimos menos de lo que cuesta producirlo. ¿Saben quiénes cargan con estas pérdidas? Muy fácil, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestras ganaderas. Esa leche no está pagada con dinero, está pagada con
sangre, con la desesperanza, con la desgracia de nuestros productores, y esa ha sido hasta ahora la vergüenza de nuestro país. Esa es una práctica desleal, abusiva, que se llama venta a perdidas, y que desde mañana, cuando salga publicada esta ley
en el Boletín Oficial del Estado, va a estar prohibida. Mañana, señorías, España será un país digno de su sector primario. (Aplausos). Si hemos llegado hasta aquí es gracias a las movilizaciones de quienes nos dan de comer, de nuestros y nuestras
agricultores y ganaderos, que
llegaron a una situación de plena supervivencia que les obligó a salir a la calle y a plantarse exigiendo precios justos porque, señorías, esto viene de largo.
Tengo curiosidad por ver qué cara de la moneda nos va a traer hoy la derecha, ese Partido Popular que planta cabras y ordeña olivos. ¿Verdad, señor Casado -que no está aquí- Ese que cuando gobierna, ni está ni se le espera, y que cuando si
está es para firmar acuerdos de libre comercio que destrozan a nuestros productores primarios. Tengo curiosidad por ver también la posición de la ultraderecha de VOX, que anda dándose paseos por las zonas rurales de Andalucía y de todo el país,
pero que cuando toca poner negro sobre blanco lo que quieren hacer en una ley, lo que proponen es legalizar la venta a pérdidas, dejando vendido al eslabón más débil de la cadena. Pues bien, que hoy se entere todo el mundo: VOX no defiende a los
agricultores y ganaderos de nuestro país; a quienes defiende es a quienes les han estado asfixiando, a los eslabones más fuertes, a quienes han estado ejerciendo las prácticas abusivas contra ellos. (Aplausos).
Quiero reconocer hoy el importante trabajo de todo el sector, sobre todo de las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja, también de las cooperativas agroalimentarias, y cómo no también el esfuerzo de la industria y de la distribución por
el gran diálogo y la búsqueda de consenso, pero también quiero agradecer al Ministerio de Agricultura su valentía trayendo esta ley al Congreso, el Partido Socialista, a la mayoría parlamentaria de este Congreso, y por supuesto a mi grupo
parlamentario, a Unidas Podemos, que siempre defendió los precios justos en la cadena alimentaria. Quiero darle las gracias porque tantas horas de negociaciones -hoy lo estamos viendo-, todo ese trabajo duro ha merecido mucho la pena.
Esta ley desarrolla unas relaciones comerciales justas y equilibradas en la cadena alimentaria para que nadie pueda obligar a nuestros productores a vender por debajo del precio que les cuesta producir, y para que ningún otro eslabón de la
cadena pueda vender por debajo de lo que les costó comprar los productos. Se prohíben las promociones abusivas, ya no se va a destruir la imagen de productos como el aceite de oliva regalándolo por la compra de una caja de botellines, se crea un
registro digital y público de contratos alimentarios, se anulan las cláusulas abusivas como la venta a pérdidas o a resultas, se establece la posibilidad de que los estudios del Observatorio de Precios sean indicadores de costes, se hace una
definición más justa del coste de producción, que reconoce por primera vez el trabajo del propio productor y de sus familiares, al igual que el trabajo de los asalariados como parte del valor del producto, en mi opinión el mayor y el principal valor
del producto, y se reconoce el establecimiento de medidas preventivas, lo que se llama comúnmente medidas cautelares, en los casos necesarios durante el periodo que duren los procesos judiciales.
Hoy aprobamos, señorías, una de las mayores esperanzas de nuestros y nuestras productoras, que es conseguir precios justos en la cadena alimentaria. Sabemos que queda mucho por hacer y vamos a seguir trabajando en ello este Gobierno y los
grupos que lo apoyan. Pero ahora, señorías, toca aplicarla, toca desarrollarla con urgencia, con valentía y con rigor, porque nuestros agricultores, nuestras agricultoras, nuestros ganaderos y nuestras ganaderas se merecen y necesitan que este país
esté a su altura.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Franco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, por supuesto, nuestro apoyo y solidaridad a los agricultores que se están manifestando hoy en Mérida y que mañana lo harán en Valencia (aplausos) contra las políticas de este Gobierno del Partido Socialista y de
Podemos. Traemos aquí el trámite final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Cadena Alimentaria, que deviene de la trasposición de la directiva de prácticas comerciales desleales, prácticas comerciales desleales y desequilibrios de
la cadena alimentaria que es necesario corregir, evidentemente, porque a quien mayormente perjudican es al eslabón más bajo, que son agricultores, ganaderos y pescadores. Nuestra enmienda, que sigue viva aquí, que viene del Senado y que se debate,
es la mención directa al empleo en el sector agrario y la importancia de este para las zonas rurales, algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo. Las cuestiones de los desequilibrios comerciales de la cadena hay que corregirlas, de igual
manera que es necesario impedir los monopolios y los trust para que exista un libre mercado, pues los monopolios acaparan en pocas manos el mercado y destruyen el sector productivo que se compone de cientos de miles de pequeñas empresas y de
millones de trabajadores que conforman nuestro sector social, algo que en un sector primario ubicado en el mundo
rural es fundamental, porque la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias es una de las razones fundamentales de la despoblación. De ahí nuestra crítica a los acuerdos de libre comercio que están sustituyendo a nuestro sector
agrario, y que tanto gustan al binomio Partido Popular-PSOE; para el sector agrario el paraguas nacional es fundamental. Reiteramos que la sobreoferta de productos alimentarios de fuera de Europa es la que está dando lugar a la masiva bajada de
precios y al desequilibrio en la cadena alimentaria; por eso abogamos, aunque sea en solitario, por la preferencia comunitaria, la referencia nacional, el control de las fronteras de Europa y la reciprocidad en países donde los costes de producción
son muy bajos, no existen las mismas condiciones de sanidad alimentaria y existen salarios de semiesclavitud hasta diez veces más bajos que en España. (Aplausos). Nosotros abogamos por un libre comercio que nos complemente y que nos ayude en las
exportaciones, pero no un libre comercio que nos sustituya. No hay mayor monopolio, desequilibrio o competencia desleal que el que Estados sin libertad o comunistas, como los de los amigos de Podemos que acaparan todos los medios de producción,
puedan competir en un libre comercio con países democráticos como si estuvieran en igualdad de condiciones.
Como nos dijo el representante de FEPEX, en el Congreso, un mercado agrario nacional intervenido, mientras las fronteras son totalmente permeables a las importaciones de los mismos productos que aquí generamos, es poner nuestro mercado de
consumo a disposición de terceros países y arruinar el sector alimentario nacional. Lo anterior, unido a la subida de los costes de producción en España junto a unas trabas y condicionalidades insoportables, será la ruina del sector primario
nacional, la deslocalización de nuestro sector, y una mayor despoblación para nuestros pueblos. ¿En serio creen que en este contexto se va a vender por encima de los costes con esta ley? Han subido el 22 % los carburantes y el 280 % la
electricidad, los piensos triplican su precio, los fertilizantes han subido un 85 %, se recortan las compensaciones de la PAC, se consolida el recorte de miles de millones de euros de desarrollo rural iniciado por el PP, se aumenta la burocracia,
aumentan las trabas administrativas, aumentan las inspecciones, las sanciones y los ataques al consumo de carne y a la ganadería, se pone al lobo delante de las familias ganaderas, y se restringe el agua para las explotaciones agrarias en todos los
planes hidrológicos; con todos estos datos, la inflación y la subida en productos se está disparando. Hay dos informes ya de impacto que dicen que nuestro sector agrario va a perder hasta el 20 % de rentabilidad por las políticas medioambientales
de la Unión Europea, uno de Estados Unidos y otro de la Comisión Europea. Por todo lo dicho, la Ley de Cadena Alimentaria de este Gobierno va a ser un fraude.
Si estamos perdiendo posición de mercado y rentabilidad, si los precios son de ruina y si se están cerrando explotaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras en toda la cadena alimentaria, es por la falta de ambición nacional de este Gobierno y
de los anteriores en la defensa del interés de nuestro sector primario nacional, de nuestra soberanía alimentaria, de nuestras fronteras y de nuestros productos. Aún recordamos frases como las del señor Margallo, del PP, diciendo que hablar de
soberanía nacional es una estupidez. VOX ha venido a defender nuestra soberanía, a defender a nuestro pueblo y a nuestro sector productivo, y en el centro de la soberanía nacional debe estar el alimento de los españoles, la defensa de nuestros
productos y el arraigo en nuestros pueblos por la rentabilidad de las explotaciones agrarias. VOX está aquí para defender a España de sus políticas, que producen esto (muestra una fotografía en la que se ve fruta tirada).
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Chamorro.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Buenos días, presidenta.
Señor ministro, señorías, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al trabajo realizado por mis compañeros en la Comisión y, de manera muy especial, a Milagros Marcos y a Marta González, así como a los letrados que nos han
ayudado.
Señorías, lo que mal empieza mal acaba. Este Gobierno, asustado por las protestas y tractoradas de los agricultores de finales de 2019, decidió pararlas. Así, en febrero del año pasado, aprobó un real decreto-ley olvidándose del diálogo
con los agentes más afectados. Rompió con los consensos anteriores y, lo que es peor, aprovechó la pandemia y las restricciones de todo tipo para impedir una tarea legislativa participativa y transparente. A diferencia de lo ocurrido en esta
ocasión, la ley en vigor -hasta ahora, la 5/2013-, pionera, que promovió un Gobierno del Partido Popular, en aquel momento concitó el máximo consenso cuando fue aprobada y fue un texto muy valorado entre todos los sectores involucrados. Una vez
más, este Gobierno, el Gobierno del marketing -como me gusta definirlo-, el de los anuncios, ese Gobierno del no
dejaremos a nadie atrás, utilizó la modificación de una ley mediante un real decreto-ley con dos grandes anuncios: se cubrirán los costes de producción y se prohibirá la venta a pérdidas. Lo acaba de recordar la portavoz de Podemos. Ambas
promesas, como tantas otras, se van a ver incumplidas y, si no, al tiempo. Pero lo cierto, y de manera resumida, es que el Gobierno ha mostrado división interna y actitudes de soberbia faltando al respeto de los principales actores de la ley y
también al Parlamento. Fueron discrepancias en el seno del Gobierno y negociación caótica. Ejemplo de lo primero: para acabar con la venta a pérdidas había que modificar la Ley del Comercio Minorista, no se pusieron de acuerdo en el Consejo de
Ministros. Ejemplo de lo segundo: todo el desarrollo de la Comisión fue caótico. El Grupo Parlamentario Socialista presentó transaccionales consigo mismo, que luego retiró al ver que no tenía el apoyo de nadie. Acabó votando sus propias
enmiendas en su contra. Más caótico, imposible. (Aplausos). Se lo reitero, si por algo se ha caracterizado todo este proceso ha sido por la inexistencia de consensos y la falta de un esfuerzo en su búsqueda. Propusimos que comparecieran más de
treinta representantes del sector implicado: del lácteo, del vino, del plátano, ganaderos, pescadores, etcétera, y todos coincidían en lo mismo: en la necesidad de recuperar el diálogo y el consenso que se dio cuando se aprobó la ley del Partido
Popular.
Señorías, no se garantiza que los productores perciban por encima de lo que les cuesta producir. No garantizan ni un euro de ganancia. El escenario de los últimos meses solo ha añadido nuevas dificultades para ellos y sus costes de
producción: la energía eléctrica, el gasóleo, los piensos, el salario mínimo interprofesional, los impuestos. Todo ha conllevado un incremento de precios, lo que ha provocado también que estos no sean competitivos y lo que, a su vez, ha implicado
comprar productos de fuera. No han querido rectificar en sus errores. En el texto, y muchos lo harán, ya se hizo lo que ha hecho el Gobierno, que es comprar fuera. El ejemplo que siempre hemos recordado: comprar leche en Portugal para no
incumplir su propia ley. ¿Con qué argumentos le van a decir ahora a las grandes superficies que no compren aceite, frutas u hortalizas en Túnez o Marruecos? ¿Con qué argumentos?
Señorías, lo dijimos y lo hicimos. Si mediante estas cuarenta y cinco enmiendas que presentamos en el Congreso no conseguíamos mejorar la ley y ayudar a los sectores afectados, lo haríamos apoyando las de otros grupos, pero aun así, el
resultado no ha sido el prometido por el Gobierno y los más débiles y vulnerables de esta cadena serán los más afectados.
Hace dos años, el ministro Planas dijo que todas las soluciones a los problemas del campo están en la Ley de la Cadena Alimentaria. Estas fueron sus palabras, ministro. Ha pasado mucho tiempo y ellos, los más débiles, vuelven a estar en la
calle desesperados mostrando eso, su desesperación. (Aplausos). Ayer usted, señor Planas, dijo aquí en la sesión de control que esta ley es la más importante de la legislatura. Estas fueron sus palabras. Pero ha faltado a la verdad, porque
afirmó que prohibirá la venta a pérdidas, y no va ser así. Y el tiempo lo dirá. También intentó, en un juego de trilerismo político, responsabilizar a mi grupo parlamentario del fracaso si no apoyábamos la ley, pero no nos harán cómplices de los
efectos que va a causar esta ley. (Aplausos). El Gobierno y los grupos que le apoyan son los únicos responsables, rechazando nuestras enmiendas, todas ellas consensuadas con el sector. No seremos corresponsables de las consecuencias de esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, algunos de ellos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrano Martínez.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy es un día histórico para nuestro país, para la agricultura y para la ganadería de España. Por primera vez vamos a contar con una ley con la que vamos a proteger al sector primario, con la que vamos a proteger a ese eslabón más
débil de la cadena agroalimentaria. Podemos decir con mayúscula que estamos ante una reforma protectora, garantista, de alto calado social para nuestro país. Además, supera la lógica del más fuerte a cambio de proteger a nuestros agricultores y
también a los consumidores de nuestro país. Este Gobierno, señorías, escucha; eso es una realidad. Se lo digo porque esta medida viene a colmar las aspiraciones colectivas de un sector que ha tenido una reivindicación histórica en nuestro país, y
que hoy se va a ver culminada con la aprobación de esta reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. (Aplausos). Hoy es uno de esos días en los que la política cobra sentido, y esta reforma es el ejemplo del valor de nuestro trabajo legislativo que
dignifica a la política. Estamos haciendo que el sector primario no sea el que siempre pierde, y que el más débil por excelencia en nuestra economía no
sea el que siempre pierde. Con este Gobierno, señorías, les garantizo, les garantizamos desde el Grupo Socialista, que nadie va a quedar atrás con esta reforma (rumores), ninguna agricultora ni ningún agricultor. Absolutamente nadie.
(Aplausos).
Señorías, si echamos la vista atrás, en la última década hemos podido comprobar que la crisis de precios ha ido ahondando en el conjunto de las explotaciones agrarias y ganaderas. Han sido múltiples las movilizaciones que hemos podido ver
pidiendo precios justos y reivindicando la rentabilidad de sus productos. Por ello era más necesaria que nunca esta reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Había que hacerla más equitativa y más equilibrada, y a partir de mañana así va a ser.
Señorías del Partido Popular, es el momento de la política valiente, de los valientes en política; es el momento de proteger a los pequeños y medianos agricultores de este país. Sí, a los pequeños y medianos agricultores que trabajan en sus
explotaciones agrarias. (Aplausos). Ellos necesitan, señorías del Partido Popular, políticas llenas de contenido y no llenas de palabrería; necesitan hechos, y la reforma de esta ley es un gran hecho para los agricultores. Los agricultores de
nuestro país necesitan proteger sus explotaciones agrarias, estabilidad para generar certidumbre en el conjunto de la agricultura. Está claro, señorías de las derechas, que la seriedad y el rigor ustedes no los conocen. Sus únicas políticas para
ayudar al sector -las hemos visto en las últimas dos semanas- han sido la confrontación y generar conflictos. Eso es lo que ustedes hacen cuando están en la oposición; cuando ustedes están en el Gobierno, machacar a los pequeños y medianos
agricultores. (Aplausos).
Señorías, patriota no es aquel que agita la bandera, sino aquel que protege a la mayoría y que trabaja por sus ciudadanos, y para esto créanme que está el Grupo Socialista. (Aplausos). Les voy a recordar lo que ustedes hacen cuando
gobiernan con los ganaderos y los agricultores: castigan al pequeño y mediano, los expulsan de sus explotaciones agrarias y solamente defienden a las grandes explotaciones agrarias y ganaderas. Lo hemos visto cuando han gobernado, lo hemos podido
comprobar y lo ha padecido el conjunto de los agricultores durante sus más de siete años de Gobierno en nuestro país. En cambio, señorías -yo comprendo que no nos entienda el Grupo Popular-, con este ministro y con este Gobierno los agricultores
están tranquilos y esperanzados. (Risas.-Rumores). Están tranquilos y esperanzados, y ustedes... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: ... y ustedes hacen esto, que es agitar para intentar boicotear la acción de un gobierno, señorías. (Aplausos).
Pero no se preocupen, señorías del Grupo Popular, no se preocupen, que este Gobierno va a hacer que los agricultores avancen y conquisten derechos y oportunidades. Por ello, quiero dar las gracias al señor ministro por encabezar y liderar
una reforma ambiciosa. También al conjunto de los grupos parlamentarios que han contribuido, principalmente a mi grupo, al Grupo Socialista, que ha trabajado con seriedad y con rigor para que hoy se formalice esta reforma, también, por supuesto...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Serrano. Ha terminado su tiempo, señor Serrano; muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Planas Puchades): Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme consumir un breve turno de cortesía y de agradecimiento a los grupos parlamentarios de esta Cámara por su trabajo, por haber hecho posible este trámite final de la aprobación de este proyecto de ley que supone un antes y un
después en la regulación de nuestra cadena agroalimentaria. Por ello, quiero agradecer a las señoras y señores diputados de esta Cámara el trabajo realizado, en particular a la Comisión de Agricultura, con la audiencia que tuvo lugar en relación
con este proyecto de ley y el trabajo llevado a cabo, así como a las señoras y señores senadores y a toda esta Cámara. Creo que las aportaciones hechas en el debate, y particularmente las enmiendas que han sido introducidas, han mejorado el
proyecto enviado por el Gobierno. En nombre del Gobierno quiero dar las gracias a la Cámara y también, evidentemente, al Senado y a todas sus señorías que han contribuido a este avance tan importante en la cadena agroalimentaria de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, LA LEY HIPOTECARIA Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES. (Número de expediente 122/000134).
La señora PRESIDENTA: Enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales. En turno de fijación de
posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Pausa). No se encuentra en el hemiciclo. Por tanto, continuamos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor
Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Hoy se cierra un círculo que empezó en febrero de 2017. Fue mi primera intervención en esta tribuna y defendía esta propuesta que, por fin, se concreta hoy. Quiero agradecer tanto al Partido Popular como al Gobierno actual de España que en
su día ambos acogieran de buen agrado esta propuesta que hicimos en Ciudadanos. No pudo ser en el primer intento; el Gobierno anterior inició la tramitación de esta norma, pero no se pudo concretar por la moción de censura y la disolución de las
Cortes, pero es verdad que, respetando el espíritu de la Cámara y la amplísima mayoría con la que fue aprobada esta reforma, este Gobierno, de manera acertada, ha hecho suya también la propuesta. Eso sí, pónganse las pilas, porque en materia de
protección de los animales hemos hecho mucho más, pero mucho más, los grupos parlamentarios que el Gobierno, que tiene toda una dirección general que todavía no ha aportado ni una idea nueva. Todo esto se basa en el trabajo previo de otros grupos.
La idea fue nuestra, pero reconozco que las aportaciones técnicas de los demás grupos han sido esenciales. También quiero agradecer a la sociedad civil que ha trabajado, a asociaciones de toda índole que han colaborado para que esta reforma pueda
llevarse a cabo. Pero quiero pararme en este último día en el que vamos a tratar aquí este tema -porque ya, afortunadamente, la reforma se cerrará- en el Observatorio Justicia y Defensa Animal, con Nuria Menéndez de Llano al frente, que ha sido
esencial; todo su trabajo técnico y legislativo en esta materia se me antoja como primordial para que podamos estar aquí hoy finiquitando toda esta tramitación. Sin personas como Nuria, esto no habría pasado.
En Ciudadanos creemos que el impulso legislativo en defensa del bienestar de los seres vivos debe ser global. Yo sé que vamos a escuchar un argumento falaz que nos dirá que todo esto es pervertir la naturaleza de los animales, con esa
simpleza que atribuye la condición de bueno o justo a todo aquello que acontece de forma natural. Morir de caries también es natural, un índice de mortalidad de uno niño de cada tres recién nacidos también es natural, y ante esta naturaleza el ser
humano se rebela, y una de sus cualidades más impresionantes es modificar con nuestro intelecto y con el conocimiento estas circunstancias que, de forma natural, muchas veces sobrevienen. Este es el camino que debemos seguir con los demás seres
vivos. Somos, que sepamos, la única especie que reconoce el sufrimiento de otras, por la empatía, porque entendemos que otros seres vivos pueden sufrir. De este reconocimiento surge la obligación de evitar el sufrimiento o de que, en el caso de
que sea inevitable -hay muchas cuestiones que conllevan de forma inexorable la muerte de animales-, esta se produzca de la forma menos dolorosa, menos gravosa y que genere menos sufrimiento para los seres vivos. Una de las cualidades que nos hace
mejores, como les digo, es la empatía. El reconocimiento que desde hoy figurará en el Código Civil, además de los cambios en materia de herencia, de divorcios, donde los animales tenían una consideración que no era diferente a la de un televisor,
ahora cambiará para siempre. Se abre la puerta, además, a muchas otras cosas: por ejemplo, con los animales que estaban abandonados en domicilios, muchas veces primaba la inviolabilidad del domicilio con respecto al animal porque tenía la
consideración de una nevera; ahora ya eso no será así. En los accidentes de tráfico los animales eran tratados como el equipaje que iba en el coche; esto no volverá a ser así. Quiero decir que este reconocimiento que hace el Código Civil
ampliará de muchas formas el ámbito y las capacidades de los jueces para afrontar situaciones que se dan hoy en día. Otra de las cuestiones que ocurrían era el embargo de animales de compañía, esto era: una persona se arruina, entran en su casa,
se llevan todo y también le quitaban el perro. Esto no era algo aceptable. También es cierto que los funcionarios de justicia y los jueces muchas veces evitaban esta aberración. ¿Cuál debe ser el futuro? -y con esto termino-. Debemos mirar
también al Código Penal. No puede ser que, como ocurrió en la provincia de Málaga, una protectora que sacrifica de forma brutal a dos mil animales sea más sancionada por la falsedad documental en la que incurrió que por la muerte de
estos animales. Lo que sí pido es que abordemos este asunto con mucho rigor y seriedad, y entre que Dios en la creación puso al servicio del hombre a todos los animales, y que las gallines son violadas por lo gallos, hay un campo muy amplio
en el que podemos trabajar; así que seriedad.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
De acuerdo con el señor Díaz, que no tiene ningún inconveniente al respecto, recuperamos la intervención del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Si me lo permite, intervendré desde el escaño para ser más breve. Con la aprobación de estas modificaciones del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil se da un importante paso, como ya se ha dicho, en una
nueva concepción de los animales, acorde no solo con lo que establece la ciencia, sino también coherente con una nueva sensibilidad social y también conforme al ordenamiento vigente de la Unión y al de los países más avanzados. Esta nueva
concepción de los animales no solo refleja lo que ya he señalado, sino que también supone un notable paso en la dirección moral correcta o adecuada, pues muestra nuestra capacidad de comprender el sufrimiento de otros seres vivos y de ello deriva la
obligación moral de evitarlo y mucho menos de ampararlo o disfrutar con ello, ni siquiera al socaire de excepciones culturales.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Bon dia. Buenos días. Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el tema que nos ocupa en este punto del orden del día es la modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, una modificación del derecho civil a la que, por supuesto, damos la bienvenida.
Es cierto que del Senado vienen algunas correcciones técnicas, como el hecho de nombrar secretario judicial al letrado de la Administración, pero también hay algunas concreciones de fondo asociadas al cuidado de los animales, a la posible
modificación, si cambian las circunstancias, de aquellos regímenes que se han establecido en posibles divorcios. En definitiva, abrir la puerta a una cuestión muy importante, que es una regulación moderna de lo relativo a los animales de compañía,
cambiar la naturaleza de los animales porque, efectivamente, no son cosas, y así dar un paso adelante en la nueva concepción del derecho civil, separarnos de la antigua concepción del derecho romano y reconocer a esos seres vivos dotados de
sensibilidad como una parte de nuestra realidad. Reglas de convivencia, reglas de bienestar e incluso reglas en materia de sucesiones o de divorcios, unos frentes que tardaba mucho el legislador en afrontar y que en la parte que me corresponde,
desde la perspectiva de Cataluña, por supuesto, el derecho civil propio de Cataluña también en breve deberá recoger y desarrollar. Por tanto, nuestro sentido de voto en esta cuestión va a ser a favor de abrir un nuevo marco legislativo acorde a los
valores modernos de nuestra sociedad y que reconozca a los animales de compañía como seres vivos dotados de sensibilidad, como los concebimos actualmente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Una siempre tiene ganas de regresar a casa, pero especialmente esta semana para poder mirar a los ojos a mis gatas y decirles que hoy esta Cámara las reconoce jurídicamente como seres dotados de sensibilidad, a ellas y a los millones de
animales que son miembros de la unidad familiar. Los animales no son un bien, nos hacen bien, pero eso ya lo sabíamos; incluso lo saben aquellos diputados de la derecha que votan en contra o se ponen de perfil, que se quedan fuera de juego cada
vez que la justicia avanza en la línea de defensa. Seguro que muchos de ustedes conviven con animales de familia y son receptores de su amor incondicional. Esos animales no entienden de leyes, pero sí de lealtad. Esos animales no siguen los
plenos de esta Cámara, pero les seguirían a ustedes hasta el fin del mundo.
VOX está en contra porque la modificación legal da categoría de sujetos de derecho a los animales cuando estos no tienen deberes. Les pregunto: ¿son sujetos de derecho los niños y niñas pequeños o las personas con discapacidad? Sí.
¿Tienen obligaciones? No. De acuerdo, no son personas, son animales, seres dotados de sensibilidad. Cambien el voto y pásense al lado correcto de esta historia que hoy, con o sin ustedes, va a tener un final feliz. Hace unos días celebrábamos el
Día contra la violencia machista y nos decíamos que un maltratador no puede ser un buen padre. Hoy vamos más allá y decimos que una persona que maltrata a un animal tampoco, alto y claro. Hay quien se escandaliza: ¡Cómo vamos a comparar el
maltrato a los animales con el cuidado que un padre dispensa a sus hijos! Cuando un hombre amenaza con hacer daño o hace daño a los animales de familia es violencia vicaria, es maltrato psicológico hacia sus hijos, hacia su pareja y expareja y, a
partir de ahora, que se atenga a las consecuencias, porque el maltrato no puede salir gratis, porque es nuestra obligación como sociedad defender a nuestros niños, niñas, adolescentes y también a nuestros animales, a los que tienen nombre propio y
viven en nuestras casas, pero también a los que no lo tienen con la futura ley de protección para los animales.
Hoy, humanizamos el Código Civil, lo hacemos porque el bienestar del animal de familia va a prevalecer sobre su titularidad administrativa, porque la custodia del animal debe estar determinada por el vínculo emocional y la garantía de su
cuidado, y eso lo tendrán en cuenta los jueces en las causas de separación y divorcio, en las herencias o en casos de pérdida o abandono. A partir de hoy esos seres dotados de sensibilidad serán escuchados, porque el juez hablará por ellos
atendiendo a su bienestar. Y sí, hay quienes prefieren seguir considerándolos cosas jurídicamente, aunque esas cosas les muevan la cola para darles la bienvenida a casa. (Termina su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, hoy es un buen día para nuestro país. Finalmente, hoy aprobamos las modificaciones legislativas por las cuales los animales dejarán de ser cosas y a partir de ahora serán considerados seres sintientes. Más allá de las
implicaciones legales, la decisión de hoy es una victoria moral: en un país en el que se abandonan más de 200 000 animales de compañía cada año, estamos ante un paso adelante muy significativo. Hace ya seis años, bajo el hashtag #animales no son
cosas, decenas de organizaciones y decenas de miles de personas -con destacadas aportaciones del Observatorio Justicia y Defensa Animal, de gente como Nuria Menéndez del Llano y muchas otras personas y organizaciones- se movilizaron para comenzar el
proceso que nos trae hasta aquí.
En su primer paso por este Pleno del Congreso de los Diputados, el portavoz de VOX, señor López Maraver, en una intervención más propia de un matón que de un diputado de las Cortes, calificó esta ley como ley social-delincuente. Es decir,
dejar de considerar a los animales como cosas fue calificado de social-delincuente, que avanza en una sociedad decadente. Señor López Maraver, a mí decadente me parece que es ver a un toro con los cuernos ardiendo siendo objeto de mofa y de
diversión, eso sí que me parece decadente. (Aplausos). Lo que estamos haciendo hoy es, sin lugar a dudas, avanzar. Recordemos que el 40 % de los hogares españoles tienen animales de compañía, unos 16 millones de perros, gatos y otros animales.
Supongo que cada uno de estos animales, de estos perretes, son considerados como agentes del globalismo internacional malvado por los señores de VOX. En definitiva, los animales no son cosas, y esto es lo que resume el espíritu de esta iniciativa
que se quedó a medias en la pasada legislatura. Por cierto, en el anterior trámite el Grupo Popular, que fue iniciador en la anterior legislatura de este proceso, se abstuvo. Esperamos que hoy se una a este consenso en el que estuvo en la pasada
legislatura y no se deje arrastrar hacia posiciones trogloditas representadas por la extrema derecha.
Estamos ante una importante y necesaria adaptación de legislación que otros países de nuestro entorno ya han realizado hace años. El Tratado de Lisboa, aprobado el 1 de diciembre de 2009, incorpora el reconocimiento de los animales como
seres sintientes, incorporándolo como principio general y constitucional de derecho de la Unión Europea y obligando también a los Estados miembros de la Unión Europea que lo siguieron. El primero en hacerlo fue Austria en 1988 y después Alemania en
1990; el tercer país en reformar su Código Civil fue Suiza en el año 2003. Por su parte, Francia reformó en 2015 su Código Civil para declarar expresamente que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y, por último, Portugal también
modificó, en 2017, su Código Civil. Supongo que todas estas son sociedades
social-delincuentes. Fuera del ámbito europeo, otros países como Canadá, Nueva Zelanda o Colombia, también han reconocido en sus legislaciones a los animales como seres sintientes. Por tanto, esta proposición no de ley está en línea con
otras legislaciones europeas y considerará, desde su aprobación, a los animales como seres sintientes. De esta forma, el propietario tendrá que ejercer sus derechos y sus deberes de cuidado, aparte de asegurar el bienestar, dependiendo de las
características de cada especie. Se trata de respetar y responder a situaciones cada vez más frecuentes, por ejemplo divorcios o separaciones. Después de una ruptura, hay quienes desean seguir compartiendo la vida con una mascota o en casos de
fallecimiento, accidentes o embargos. Hay que recordar que aproximadamente 30 000 de las 100 000 parejas que se separan cada año conviven con un animal y, por tanto, era urgente resolver jurídicamente esta situación. Por nuestra parte, en Unidas
Podemos nuestro compromiso con la protección y la defensa de los animales es, desde luego, un compromiso inequívoco. Este es un paso muy importante, pero quedan muchos pasos por dar: la ley de protección animal, la modificación del Código Penal y,
en definitiva, que podamos hacer realidad aquello que decía Gandhi de que se puede juzgar la grandeza de una nación y su progreso moral por la forma en la que se trata a los animales. Sigamos avanzando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor López Maraver. (Aplausos).
El señor LÓPEZ MARAVER: Muchas gracias, presidenta. Buenos días.
Este Gobierno socialcomunista avanza en la insensatez, el disparate y la necedad de humanizar al animal y deshumanizar al hombre. (Aplausos). Y en este grave avance de abrir las puertas al animalismo, una de las más modernas y crueles
ideologías que condena al animal a perder su propio instinto y su esencia natural y sitúa al hombre al filo del abismo, se suman muchos otros de este arco parlamentario, esos que se han convertido en soldados de un ejército de lacayos sumisos de la
insignia sectaria del círculo de colorines que ya impone a los hombres la pauta de lo que tenemos que comer o incluso respirar. En esta modificación sectaria están todos ustedes incluidos. Le han lavado la cara en el Senado a esta revisión
jurídica que es verdaderamente peligrosa, con parches ineficientes de unos y de otros y que abre las puertas, como ya advertí hace unos meses en esta misma tribuna, a la atrocidad de otorgarles derechos a los animales. El Gobierno del sinsentido
podrá cambiar las razones de lo que se define como un animal, incluso invertirlas con el hombre, pero jamás logrará cambiar, por mucho que se empeñen, la condición natural del animal, porque eso no lo determinan los hombres, lo determina la propia
naturaleza. (Aplausos). Un ser que no tiene capacidades para adquirir obligaciones no puede por su propio ser adquirir derechos equiparables a los de las personas. Los animales han de ser objeto de protección, porque en mayor o menor medida
conviven con el ser humano, pero siempre atendiendo a su especie y a sus características y en ningún caso mediante el reconocimiento de derechos imposibles.
Esta reforma de la norma introduce tantas insensateces que nos obliga a volver a remarcar que es un disparate hacer dilucidar a un juez qué debe hacer con la custodia de un animal de compañía como miembro de una familia y equipararlo con un
hijo. Nos obliga a insistir en que el animal de compañía es únicamente de su dueño, que es quien debe responsabilizarse siempre de sus actos. Nos reafirma en indicar que lo de otorgar derechos a los animales es puro fariseísmo. Hablan de que en
el caso de que la lesión a un animal de compañía cause su muerte tendrá derecho a indemnización el propietario, porque son conscientes de que a un animal, por su condición existencial, no se le puede reparar el daño moral, como tampoco se le puede
otorgar derechos. Nos exige advertir que poder retener, valorar o asumir el cuidado de un animal en aras de su bienestar mientras que se encuentre perdido es un absoluto ataque al título de propiedad. Solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado deberán ser quienes se responsabilicen del animal hasta que le sea devuelto siempre a su dueño. Y, sobre todo -y lo más grave de esta reforma-, nos obliga a preguntarnos de nuevo si tienen la misma consideración las crías humanas, desde que
están en el vientre de su madre, y las crías de los animales. (Aplausos). Dice el texto lo siguiente: 'Las crías quedan sometidas al régimen de los frutos desde que están en el vientre de su madre, aunque no hayan nacido'. Lo dije hace muchos
meses y lo vuelvo a repetir hoy en esta tribuna: son ustedes la hipocresía, han hecho ustedes todo lo contrario con la ley del aborto: ¡al hombre muerte y al animal vida! (Aplausos). Los patronos globalistas del Gobierno de la obediencia les
siguen marcando la pauta. La señora Belarra, al mando de la cartera más prisionera y sierva de las élites, ya amenaza con un borrador de ley de bienestar animal que es una auténtica atrocidad, que no persigue otra cosa que
intereses comerciales y económicos, que poco o nada le importa los animales y su respeto y que muerde en la yugular del mundo rural. No sabemos si llegará a esta Cámara como el regalo ateo de Reyes para los animalistas de ciudad o será la
cuesta de enero de quienes aman de verdad el campo y sus animales. Lo que es claro es que en este anteproyecto, que han puesto a blanquear al ministro Planas en un halo de raciocinio, es ya consenso para los siervos de la Agenda 2030 comunista.
El señor Casado intenta disimularlo haciéndose fotos con los más afectados, pero luego al PP se le ve el plumero, como así demostró ayer en las redes sociales la vicepresidenta del Parlamento andaluz -sí, Esperanza Oña-, insinuando con
nefasto criterio que ciertos sectores del mundo rural no respetan a sus animales. Este es el PP que conocemos, el de las buenas palabras y el de las cornadas por la espalda. En definitiva, este Gobierno y sus aliados jamás cuidarán y preservarán
absolutamente nada que tenga que ver con los animales y con el mundo rural. Atacan a la esencia misma de lo que es un animal y condenan al corredor de la muerte al hombre.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
En 2017 el Partido Popular inició la regulación del régimen jurídico de los animales de compañía para acabar con su consideración de cosa, reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad y, dados los vínculos de afecto que desarrollan
las personas con sus animales, declarar su inembargabilidad y cómo decidir su destino en caso de divorcio. Esa era la reforma necesaria y por ello alcanzó un consenso unánime. Es evidente, pues, el interés del Partido Popular de acabar con el
anacronismo de considerar al animal como cosa. ¿Pero qué ha ocurrido ahora? El Grupo Parlamentario Socialista y Podemos presentaron una iniciativa que no respetó aquel consenso, pero, sobre todo, que salió de esta Cámara habiendo introducido
cuestiones que, lejos de dar soluciones, crearían más trabas y conflictos en el derecho de familia y de propiedad y perjudicarían a los menores al equiparar en caso de divorcio el interés de los animales con el de los menores, cuyo interés superior
-no lo olvidemos- es el que siempre y por encima de cualquier otro debe prevalecer. Con la nueva redacción que daban al artículo 90 condicionaban la aprobación del convenio de divorcio a la apreciación sobre la situación del animal de compañía,
equiparándola a la de los cónyuges o los hijos, hasta el punto de tener que dejar sin resolver su régimen de visitas o de manutención. Hoy nos alegramos y agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista y a todos los grupos que rectificaran y
aceptaran la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al artículo 90 en el Senado, de tal manera que si el juez aprecia acuerdos perjudiciales para el animal lo advierta y adopte las medidas procedentes, pero pueda aprobar el resto de cuestiones, en
especial las referidas a los hijos y a la pareja. Nos alegramos por haber conseguido esta rectificación en una cuestión que habría provocado efectos indeseados; allá quien no la apoye y siga manteniendo lo que de aquí salió.
Pero la satisfacción no es completa, porque el Grupo Parlamentario Socialista hoy da marcha atrás en parte y pretende volver a introducir en el texto la equiparación del bienestar del animal con el de los hijos en caso de divorcio ante el
letrado de la Administración de Justicia o el notario; es decir, dejar en suspenso el régimen de custodia, de alimentos y las estancias con sus padres porque se aprecie algún menoscabo del bienestar del animal. Vuelvo a apelar al sentido común
jurídico y humano. Defensa del bienestar de los animales sí, sin duda, pero no equiparando su nivel de protección con el de las personas y mucho menos menoscabando el de los niños en una situación tan difícil y a veces conflictiva para ellos como
es la separación de sus padres. Por eso, les pido que ratifiquen íntegramente la enmienda del artículo 90, que ya da las herramientas necesarias para garantizar el bienestar de los animales de compañía, pero sin que ello suponga dejar de resolver
los derechos de los niños.
Con cuestiones como estas o con la inclusión de otras por exigencias de sus socios, como las limitaciones a la concesión de la guarda conjunta de menores aunque no conste sentencia condenatoria, otorgando al juez civil la competencia para
resolver una cuestión que debe sustanciarse con todas las garantías en el ámbito penal, han pervertido el objetivo de esta reforma. Lejos de ser una herramienta útil para que los tribunales puedan establecer medidas que garanticen el bienestar del
animal, puede suponer todo lo contrario: convertirla en un inconveniente y que muchas familias renuncien a acoger a uno en su hogar por temor a que se convierta en un problema. Repito, nosotros nos alegramos de que hayan
aceptado esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque siempre fue la intención del Partido Popular llegar a acuerdos, pero lamentamos que hayan cedido a las posiciones radicales de sus socios en cuestiones cuyas consecuencias no han
analizado y que van a contribuir a judicializar y a aumentar la conflictividad en los ámbitos de familia y propiedad.
Señores del PSOE, les pido que apliquen el rigor jurídico y la defensa de las personas en esas otras leyes que anuncian sobre bienestar animal. Protejamos a los animales, sí, pero no cedan a las posiciones extremistas que utilizan esta
excusa para atacar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra agricultura y ganadería y la supervivencia de la España rural. Desde aquí quiero expresar mi apoyo a los agricultores extremeños que hoy se manifiestan escandalizados por el abandono
de este Gobierno. (Aplausos). Cada ley que aquí se aprueba tiene consecuencias en la vida de las personas y arreglar un problema creando otros y más graves no es lo mejor. No perviertan algo en lo que todos creíamos convirtiéndolo en otro pago
del peaje para mantenerse en la Moncloa, porque sus cesiones nos están saliendo ya demasiado caras... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Angulo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guaita Esteruelas.
La señora GUAITA ESTERUELAS: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. La semana pasada, un desalmado roció con ácido a un perro en el Vendrell, en la provincia de Tarragona, de donde yo procedo. No puedo entender cómo hay personas hoy en día que disfrutan maltratando a un animal hasta
verlo morir o dejándolo gravemente herido. No lo puedo entender y creo que la mayoría de las personas que estamos en esta Cámara tampoco lo pueden entender. Por lo tanto, nos tendríamos que hacer varias preguntas. ¿Creemos que esto puede suceder
en una sociedad moderna? ¿Creemos que podemos legislar para que esto no ocurra? Yo creo que a la segunda pregunta la respuesta es que sí, porque, señorías, la violencia no puede ser un modo de vida, no puede ser una manera de controlar al que tú
crees más débil. Les pedimos a todos los grupos parlamentarios que se unan en la lucha contra la violencia, en la lucha contra el maltrato y en la lucha contra la crueldad, porque además, señorías, muchas de las violencias están relacionadas entre
ellas y los violentos con los animales son potencialmente violentos con las personas. (Aplausos).
Hoy finalmente aprobaremos en este Congreso una modificación que se inició en 2015 -no en 2017, sino en 2015- por una ILP del Observatorio Justicia y Defensa Animal, liderado por Nuria Menéndez, con el apoyo de 500 000 firmas. Fueron 500
000 personas las que nos pidieron que legisláramos de esa manera, porque, señorías, ya es hora de que los animales dejen de ser considerados cosas para ser considerados seres que sienten, para que nuestro Código Civil los reconozca como se merecen:
con empatía y con respeto. Además, esta modificación también regula la custodia compartida en caso de divorcio y separación, que no sean embargados e hipotecados, que no sean abandonados, que no les causemos sufrimiento o dolor, que no sean
utilizados como una herramienta más en la violencia de género y que se disponga de ellos por testamento. Todo esto orientado a respetarlos y a protegerlos, teniendo en cuenta su bienestar.
Por lo tanto, señorías de la derecha y la ultraderecha, más protección animal y menos demagogia, porque sus discursos son altamente demagógicos. Aquellos que no tienen argumentos buscan mentir directamente sin pudor y sin vergüenza, pero yo
les voy a dar algunos datos. Tenemos el lamentable honor de que España es uno de los países de Europa donde más animales de compañía se abandonan. Cada cinco minutos se abandona un perro, mientras yo hablo se abandonará un perro. Además, el
maltrato animal ha aumentado durante la pandemia. No obstante, a pesar de estos datos, nuestra sociedad ha cambiado; la sensibilidad animalista ha cambiado y durante los últimos años son muchas las personas que rechazan contundentemente este
maltrato y la crueldad hacia los animales. Pero, de hecho, no somos innovadores. Como se ha dicho antes, países como Austria, Alemania, Suiza, Bélgica, Francia y Portugal -todos ellos 'altamente socialcomunistas'- tienen aprobadas estas
modificaciones legislativas. Algunos nos acusan de buenismo legislativo, pero, señorías, esto es legislar con respeto y empatía para las necesidades del siglo XXI. Claro, es complicado que ustedes, señorías de la ultraderecha, que siembran
constantemente odio y enfrentamiento, puedan entender lo que significa empatía y respeto. (Aplausos).
Obviamente, legislamos para proteger a los animales, pero legislamos para proteger también a las personas que les quieren, porque dieciséis millones de hogares en España tienen animales de compañía. Señorías, esta modificación saldrá con
una amplia mayoría parlamentaria, fruto del consenso político y del
acuerdo, porque estamos aquí para eso, para hablar, escuchar, consensuar y llegar a acuerdos. Hay algunos que han salido aquí para hacerse su foto o su vídeo y colgarlo en las redes; nosotros estamos para trabajar por los problemas, para
trabajar de manera seria, y somos conscientes de las responsabilidades que tenemos. Señorías de la derecha y la ultraderecha, ustedes dicen cada semana que trabajan por las personas, pero votan en contra, una semana sí y otra también, de las
medidas que ayudan en el día a día de la vida de las personas. Votan en contra de avances sociales, de actividades que generan actividad económica, de proteger su salud, de pensiones, de salarios mínimos... Votan en contra en general de todas las
acciones que ayudan cada día a las personas. Pero, señorías de la ultraderecha, esta sociedad no les ha comprado su discurso falso en políticas de género, en transición ecológica, en temas LGTBI, en migraciones o en memoria histórica, y tampoco les
va a comprar su discurso falso en políticas animalistas. ¿Saben por qué? Porque esta sociedad ha demostrado muchas veces -y últimamente, durante la pandemia, de manera contundente- que es una sociedad solidaria, empática, respetuosa y, en tanto
que sociedad moderna, una sociedad feminista, ecologista y cada vez más animalista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guaita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y
PUEBLOS DE SU MARCO Y AL TRIBUNAL DEL COMUNER DEL ROLLET DE GRÀCIA DE L'HORTA D'ALDAIA [ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL
CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO]. (Número de expediente 124/000007).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter
de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y pueblos de su marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor LópezBas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidenta.
En primer lugar, saludo a los asistentes al Pleno integrantes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, así como a las diversas autoridades y cargos públicos que hoy nos
acompañan.
Señorías, hoy vuelve a este Pleno la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en concreto, de su artículo 19- para dar rango de tribunal tradicional consuetudinario al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, algo que este
Pleno ya acordó hace poco más de dos semanas. Ahora, además, en virtud de una enmienda introducida en el Senado en esa proposición de ley de reforma, se trata de añadir un nuevo párrafo para reconocer la misma condición al Tribunal del Comuner del
Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Es justo decir que con esta enmienda -que, por supuesto, vamos a apoyar desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos- se completa el reconocimiento de estos dos tribunales tradicionales como tales, junto al Tribunal
de les Aigües de València y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Quiero recordar expresamente que fue Ciudadanos en las Cortes Valencianas quien instó, en febrero de 2020, impulsar este reconocimiento del Tribunal del Comuner, con una moción
aprobada por unanimidad que ahora llega a buen puerto, por lo que debemos todos felicitarnos.
Estamos ante instituciones antiguas, incluso más de lo que oficialmente se reconoce. En el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, su historia va mucho más allá de 1275, con el decreto y privilegio concedido por Alfonso X a los
regantes de la Vega Baja del Segura para que pudieran mantener sus sistemas de riego tradicional en sus campos y tierras de labor. Si ese privilegio se oficializó en ese momento fue porque de manera obvia existía anteriormente toda una cultura del
uso del agua que se
estimó esencial mantener vigente. En el caso del Tribunal del Comuner d'Aldaia, consta igualmente el privilegio otorgado por Jaime I en 1268 a los regantes de su alquería a partir del nuevo dominio cristiano sobre la población musulmana de
la zona; un privilegio real, por tanto, que mantenía vigentes usos y normas anteriores al mismo. En el caso de Orihuela, el privilegio decía así: 'e guien las aguas en tal manera que rieguen y ryeguen tanto como solían en tiempo de moros, e que
fagan que todas las tierras se rieguen por las paradas do solían tomar su tanda en tiempo de moros e non por otro logar'. Por su parte, en la huerta de Aldaia se otorgaba el privilegio siguiente: 'quos vos tenetis prout antiquitus temporis
sarracenorum fieri consuetum'; o traducido del latín: que tenéis tal y como era costumbre de hacer desde los antiguos tiempos de los sarracenos.
Estamos por ello ante instituciones milenarias que son realmente producto de la costumbre, una de las fuentes del derecho como reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Y, si esto es así, es necesario reconocer jurídica y formalmente también
que son, como señala la Constitución en su artículo 125, formas de participación ciudadana en la Administración de Justicia, como lo son también la acción popular y la institución del jurado. Pero es que incluso estas instituciones, por su propia
relevancia histórica y su recorrido a través de los siglos, trascienden a cualquier pretensión de anclarlas a las diferentes formas de organizarse política o territorialmente de las sociedades donde se han dado. Estamos ante instituciones que
hunden sus orígenes en las personas mismas y en sus relaciones, así como en sus primeras actividades económicas y sociales al asentarse de manera estable en un territorio. Así, son instituciones que superan perspectivas políticas o territoriales
interesadas porque, como está acreditado, son incluso preexistentes a quienes las reconocieron formal y jurídicamente desde un poder político instaurado sobre tales territorios y personas.
Señorías, no seamos por ello miopes a la hora de dar su justa importancia a lo que hoy hacemos: reconocer instituciones que existen desde antes de la actual España, antes del antiguo Reino de Valencia, antes incluso de la Corona de Aragón.
Hablamos de instituciones que tienen sus raíces en la vieja AlÁndalus o incluso en el Reino visigodo de Toledo, si no antes. Tienen raíces tan lejanas y tan profundas como las de los primeros agricultores que junto al Mediterráneo, en tierras de lo
que hoy es Valencia, Alicante y Murcia, aprendieron a usar el agua del Segura o del Turia para producir alimentos en la tierra que trabajaban, para producir alimentos para sus conciudadanos y sus vecinos en ese momento.
En Ciudadanos reconocemos las instituciones propias de nuestro patrimonio histórico, todas ellas. En el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, les damos además la
bienvenida a su condición plena de tribunales consuetudinarios y tradicionales, de acuerdo con la modificación legal que hoy culmina. Quiero felicitar expresamente a quienes tanto han trabajado para que llegara este día. Enhorabuena de manera
expresa a quienes quizá mejor los representan hoy aquí, los titulares de ambas instituciones; en el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, a don Pedro Mompeán Madrid y, en el caso del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta
d'Aldaia, a su presidente don José Bonet Navarro. Ha sido un gran trabajo y han llegado ustedes a buen puerto. Felicidades a todos por conseguirlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor LópezBas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Hay días en que uno se plantea la utilidad de estar aquí, pero hoy especialmente me alegro de que una iniciativa que presentó nuestro senador Carles Mulet en el Senado fuera aprobada por unanimidad y que finalmente lleguemos al punto de que
se va a aprobar.
Hay instituciones ancestrales, muchas de ellas en el ámbito de la línea mediterránea, en Valencia y en Murcia, que han resistido el paso del tiempo; y lo han resistido justamente porque son útiles. Aunque no estuvieran reconocidas por el
derecho, han sabido ejercer su papel de tribunal y su papel de repartir justicia en los ámbitos rurales. Es el caso del Tribunal de les Aigües de València, que cada jueves se sigue reuniendo a las puertas de la catedral, o del Tribunal de los
Hombres Buenos de Murcia. Pero hay otras instituciones que merecen también ese reconocimiento como tribunales consuetudinarios y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí con el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que ya tiene una primera
documentación a mediados del siglo XIII, o con el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, que ya está datado en 1268 con un privilegio de Jaume I. Creo que hoy se hace justicia y se
reconoce el trabajo que han desarrollado ambos jugados o tribunales y, por tanto, creo que cabe felicitar al Senado y al Congreso porque hoy se va a hacer justicia; una justicia pequeña, pero a veces lo importante y lo bello es trabajar por
estas cosas pequeñas, por estos dos tribunales que regulan la vida de los agricultores en la Vega de Orihuela o en l'Horta d'Aldaia.
Me gustaría que estas instituciones, que han llegado hasta aquí y que han demostrado su eficacia, se vieran también reconocidas en la reforma constitucional que tenemos pendiente en la que Compromis ha presentado una enmienda para que el
derecho civil valenciano, que también ha regulado durante siglos y siglos la vida de las valencianas y de los valencianos, pueda ser reconocido como un derecho foral útil y moderno y que pueda seguir regulando nuestras vidas como lo hacen otros
derechos forales en otros territorios del Estado.
Acabo felicitando a los miembros del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia por habernos empujado a los representes públicos para que, finalmente, esto llegara a donde tenía
que llegar. Moltes gràcies. Muchas gracias. Insisto en que para mí es un honor defender esta cosa pequeña, pero grande para muchísima gente de Orihuela y de Aldaia.
Moltes gràcies, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, presidenta.
Bon dia. Buenos días. Bienvenidos los representantes de la sociedad civil y del pueblo valenciano que están hoy aquí. En Unidas Podemos celebramos este gesto de justicia con las gentes del Bajo Segura y de l'Horta d'Aldaia y con las
personas del mundo de la agricultura que a lo largo de la historia han formado parte del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Estas instituciones jurídicas históricas de la
comunitat, obtienen por fin reconocimiento legal como tribunales consuetudinarios y tradicionales, como el Tribunal de les Aigües de València o el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Son dos tribunales valencianos cargados de historia que ven por
fin reconocida su capacidad de impartir justicia y gestionar los recursos, y se reconoce que la ciudadanía puede ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia ante dichos tribunales. El consenso alcanzado muestra un
compromiso con las instituciones tradicionales e históricas valencianas y el apoyo a los regantes, que han sabido convivir, repartir el agua y hacer un buen uso de este bien colectivo. Son cientos de años trabajando en resolver pleitos entre
regantes, favorecer la convivencia, mediar entre intereses diferentes y tejer lazos sociales que nos han ayudado a ser lo que somos.
Los siglos de existencia de estos juzgados los convierten en una joya de nuestra cultura, en parte importante de nuestro patrimonio y en un elemento de cohesión social que ha llegado hasta nuestros días. Por eso, quiero aprovechar esta
intervención para, de la mano de la filosofía que ha guiado su labor durante estos años, pedir que escuchemos sus reivindicaciones y que tomemos ejemplo. Estos tribunales tradicionales han sido garantes durante siglos de un uso del agua respetuoso
con el medio ambiente. Hoy, por el contrario, asistimos estupefactas a irresponsables guerras del agua que no aportan otra cosa que depredación y nos abocan al suicidio. La huerta tradicional del Bajo Segura o la de Aldaia son milenarias y han
llegado hasta aquí porque han gestionado de acuerdo con lo que la naturaleza permitía; han cultivado con la naturaleza y no contra ella. En los últimos años los regantes tradicionales se han visto arrinconados por la contaminación, el
envenenamiento de acuíferos, robos de agua, regadíos ilegales o aguas residuales sin tratar. En fin, mil problemas. Mientras los focos se centran sobre el trasvase TajoSegura, se deja de lado el riego tradicional que, de hecho, ha tenido que
ayudar a los cultivos del trasvase contra sus propios intereses. Digo esto porque el ejemplo de cómo se ha gestionado históricamente el agua disponible en la huerta tradicional del Bajo Segura o l'Horta d'Aldaia es el que se debería seguir hoy.
Estamos en emergencia climática, se reducen las precipitaciones y no se recargan los acuíferos. Las guerras del agua y el enfrentamiento entre territorios pueden suponer rédito partidista a corto plazo para algunos, pero son irresponsables. Hoy
tenemos fuentes alternativas de agua que debemos aprovechar al máximo: depuradas, recuperadas, desalinizadas. En una buena gestión del agua está el futuro sostenible para nuestra producción, nuestra agricultura, nuestras gentes. Se trata de hacer
lo que llevan cientos de años haciendo el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela o el Tribunal del Comuner d'Aldaia: no entrar en enfrentamientos por el uso del agua y aprovechar al máximo los recursos.
En línea con el reconocimiento de la rica tradición del derecho valenciano, en Unidas Podemos consideramos que el siguiente paso es conseguir la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de esas instituciones jurídicas
tradicionales, como los otros dos tribunales ya reconocidos. Y también, cuando la derecha deje de obstaculizarlo, conseguir la recuperación de otro elemento importantísimo de nuestro patrimonio: el derecho civil valenciano, el dret civil valencià
(aplausos), atendiendo al amplísimo consenso institucional y de la sociedad civil valenciana; consenso por el que han trabajado sin descanso muchas entidades, entre ellas, la Associació de Juristes Valencians. Seguiremos trabajando para el
reconocimiento, protección y recuperación de todo aquello que nuestra cultura y nuestras tradiciones aporten en el sentido de avanzar en derechos, justicia y sostenibilitat.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mestre Barea. (Aplausos).
El señor MESTRE BAREA: Empiezo dando una bienvenida muy cariñosa a mis paisanos de Orihuela que representan al Juzgado Privativo de Aguas con su presidente al frente, don Pedro Mompeán; y, al mismo tiempo, saludo al presidente del Tribunal
del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, don José Bonet.
Posiblemente, no existen en toda Europa instituciones jurídicas tan singulares y popularmente conocidas como los ya milenarios tribunales de las aguas de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Estos son internacionalmente conocidos entre los
juristas como instancias de resolución de conflictos muy eficaces y ejemplares, lo que explica su pervivencia a lo largo de tantos años. Concurren en ellos las características de auténticas instituciones sociales y, desde el punto de vista de sus
procesos, son modernos, porque se basan en los principios de oralidad, concentración, rapidez y economía, lo que se traduce en una plena satisfacción del valor constitucional de la justicia y contrasta con la carestía y lentitud de la mayoría de los
procesos judiciales. (Aplausos). Además -y quizá aquí estriba buena parte de su éxito-, siguen gozando entre los justiciables de un enorme prestigio, lo que se traduce en el acatamiento y cumplimiento estricto de las sentencias.
El precepto básico que legitima en el vigente ordenamiento jurídico español la existencia y funcionamiento de los tribunales de aguas se encuentra en el artículo 125 de nuestra Constitución, según el cual los tribunales consuetudinarios y
tradicionales deben ser considerados fórmulas de participación ciudadana en la Administración de Justicia, precisamente porque se componen de personas no especializadas en la práctica judicial. Los tribunales consuetudinarios se consagran, según el
derecho jurisdiccional, como una institución plenamente democrática desde el punto de vista de la justicia, ya que es una de las pocas instituciones jurídicas vigentes que permiten al ciudadano normal y corriente participar plenamente en la
Administración de Justicia.
En fechas muy recientes, este Congreso, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, ha reconocido los méritos históricos y el derecho a que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela sea considerado como tribunal tradicional y
consuetudinario. En el mismo sentido, traemos hoy esta enmienda del Senado al Pleno del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l´Horta d´Aldaia. Una parte importante de la huerta de Aldaia está integrada por una comunidad de regantes de gran
solera en la huerta norte de Valencia y son las aguas del río Turia las que riegan su extensión superficial, conocida tradicionalmente como el Rollet de Gràcia o Comuner. El procedimiento que se instrumenta para la resolución de conflictos de
carácter tradicional y consuetudinario respeta en todo momento el exigente marco constitucional actual, esto es, respeta los derechos de las personas y en especial el derecho de defensa que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución. Los
fallos se dictan fundados jurídicamente, fallos que tendrán plena eficacia ejecutiva como actos administrativos que son. Es patente, por tanto, que los tribunales de aguas son tesoros jurídicos y culturales de primer orden. La existencia de estos
tribunales consuetudinarios merece valorarse como la recuperación de un valioso patrimonio cultural y jurídico y deben ser reconocidos, como ya lo han sido el Tribunal de Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, por
la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. (Aplausos).
Por último, ha sucedido en esta proposición de ley orgánica algo que no es habitual en este Parlamento y que me gustaría resaltar para finalizar y que también se ha puesto de manifiesto por algún parlamentario antes. Todos los grupos
políticos hemos estado de acuerdo en el dictamen de la Comisión, absoluta unanimidad, y eso no es lo común en este Parlamento. Hoy día tras el rodillo socialista comunista esta
institución está siendo ensombrecida, y nos lo ha recordado recientemente el Tribunal Constitucional con ocasión de los recursos presentados por VOX. Está dejando de ser la representación del pueblo español, es la caja de grillos donde se
busca la derrota, y nunca el acuerdo. Un ejemplo de ayer mismo: la sesión de control de todos los miércoles le parece a este modesto diputado desde hace mucho tiempo un ejercicio florentino de sarcasmos y reproches enlazados en los que jamás hay
respuesta las preguntas, y así el ciudadano se toma la política como un show, como un reality. La actividad parlamentaria en el Congreso les parece a muchos ciudadanos un remedo de Gran Hermano 2. (Aplausos de las señoras y los señores diputados
del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mestre. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Sánchez Pérez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a todas las personas que a lo largo de la historia han formado parte en sus órganos directivos de Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela y del Tribunal Comuner del Rollet de Gràcia de
l´Horta d´Aldaia, así como de saludo especial a sus presidentes, que nos acompañan en el Congreso en el día de hoy, y a las autoridades de ambos municipios, que también nos acompañan. Gracias a su buen hacer durante todos estos siglos y a lo largo
de la historia, estamos hoy aquí poniendo en valor lo mucho y bueno que han hecho en la gestión del agua en sus respectivos territorios. Todas las administraciones se han manifestado ya -los ayuntamientos, las diputaciones, las Corts Valencianes- y
ahora nos toca a nosotros aquí, en el Parlamento, hacer justicia y también hacer historia para estos importantes territorios del levante español. Pero no solamente hacer justicia o historia, no solamente estamos hablando, por tanto, de los
privilegios otorgados por el rey Jaume I o por el rey Alfonso X el Sabio, que estableció la primera norma escrita que se conoce para regular el riego de las aguas de la Vega Baja del Segura; no se trata solo, por tanto, de encontrar en las normas
de ayer un motivo para estar hablando de estos dos importantes tribunales hoy o de todo lo acontecido a lo largo de la historia, se trata de mirar hacia el futuro sintiéndonos orgullosos de lo hecho y de lo que todavía queda por hacer.
Los reconocimientos, por tanto, no solo son palabras sobre el pasado, sino también propósitos para el futuro, y qué duda cabe que en la Comunidad Valenciana y en el levante español disponemos de formas para organizar y custodiar el buen uso
del agua como en pocos territorios del mundo. El Tribunal de las Aguas de Valencia, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el Tribunal del Comuner y tantas otras instituciones que a lo largo y ancho de la
geografía y a lo largo de la historia han venido atendiendo siempre con buen criterio los asuntos del riego son motivo de orgullo para los que representamos a aquella maravillosa tierra aquí, en el Congreso de los Diputados. Son joyas históricas
respetadas, protegidas y ahora puestas en valor. Forman parte de nuestras señas de identidad, son órganos de paz, son instituciones con potestad administrativa y jurisdiccional que han resuelto pleitos entre regantes, herederos y otros a los que ha
concernido la cuestión del riego y sus aguas durante siglos. Son ejemplo para futuras generaciones, son instituciones que a lo largo de los siglos han dado rostro a un paisaje medioambiental, cultural, social y económico en nuestros territorios;
instituciones que han hecho, hacen y seguirán haciendo en el futuro compatible el respeto al medio ambiente y al mismo tiempo que sean fuente de oportunidades, creación de empleo, riqueza y bienestar.
En estos tiempos en los que debatimos tanto acerca de los usos del agua y de la gestión del agua se hace imprescindible que a través del reconocimiento del que hoy damos cuenta pongamos en valor el compromiso de estas tierras y de los
regantes precisamente con nuestro medio natural, su sostenibilidad y la lucha que hoy nos une a todos contra el cambio climático, evitando el abandono de los campos y cultivos y la desertificación que tanto daño ocasionaría a nuestros ecosistemas.
Así lo propone el Pacto Verde Europeo en sus objetivos. Cuando hablamos, por tanto, de política de agua, cuando hablamos de regular los usos del agua, hablamos de protección del medio ambiente y además hablamos de una estrategia útil para la
despoblación, una preocupación cada vez más creciente para todos; hablamos, por tanto, de la supervivencia de la España rural. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular no entendemos que los planes hidrológicos de cuenca en nuestro
país no contemplen ni una sola infraestructura de agua, cuando además estas infraestructuras, muchas de ellas de regulación de aguas, no solo son importantes para los propios regantes, sino esenciales para evitar inundaciones y paliar los efectos
que tienen los acontecimientos climáticos. Pongo como ejemplo la DANA que asoló la Vega Baja, comarca hoy
protagonista en esta proposición de ley. Y si nos hemos puesto de acuerdo para reconocer la labor de los regantes a lo largo de la historia y en la actualidad, hago un llamamiento para que nos pongamos de acuerdo en las políticas de agua
para el futuro, para que un día dentro de muchos años haya de nuevo motivos de agradecimiento y reconocimiento y para seguir sintiéndonos orgullosos del buen hacer de los regantes y agricultores de España.
Señorías, pensar en regantes es pensar en hombres y mujeres que trabajan la tierra, que cuidan la tierra y dejan en herencia a las futuras generaciones territorios protegidos, sostenibles, tradición, costumbres, identidad, orgullo por lo
hecho y oportunidades para mañana. Reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. Ha finalizado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Azorín Salar.
El señor AZORÍN SALAR: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, permitidme saludar a los alcaldes y representantes de Aldaia y Orihuela. Benvinguts, bienvenidos. (Aplausos).
Señorías, hoy vuelve esta iniciativa al Congreso de los Diputados y de nuevo confirmamos el voto favorable del Grupo Socialista para que se incorporen el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia
de l'Horta d'Aldaia entre los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no entenderíamos otro cosa que no fuera el voto favorable, pero menos lo entenderíamos como alicantinos y valencianos. Mi grupo ya
ha votado a favor de este reconocimiento a nivel regional, a nivel autonómico, a nivel estatal.
Como ya saben, tanto el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia nacen de la conciliación ciudadana, el autogobierno y, ante todo, de la participación social. El regadío se
inició en tiempos de los romanos y continúa con la dominación árabe, que es cuando se implanta la administración del regadío y la impartición de la justicia. Tras la conquista de Alfonso X, este respeta los privilegios de justicia y administración
de agua. Durante su historia y especialmente en la actualidad, estas instituciones favorecen la participación de la ciudadanía y constituyen verdaderos tesoros de patrimonio histórico como depositarios antiquísimos de una identidad local y regional
relevantes para la cultura, las costumbres y la cohesión social de las zonas en las que están implantadas. Por tanto, podemos ver cómo se refleja en estos tribunales una cultura de pacto y de respeto de las instituciones.
Esta cultura -permitidme- parece ser que se ha perdido aquí, en el Congreso. Desde el principio de la legislatura se han escuchado atrocidades y se ha intentado deslegitimar a las instituciones del Estado, especialmente al Gobierno de
España, negando su legitimidad y constitucionalidad. Estos últimos años hemos visto cómo la derecha y la extrema derecha han utilizado los versos del oriolano Miguel Hernández. Sin embargo, después se les olvida que Miguel Hernández fue
sentenciado en 1940 a muerte por el consejo de guerra franquista a causa de sus antecedentes izquierdistas. (Aplausos).
Por tanto, resulta paradójico e incongruente que ustedes quieran utilizar ahora la lengua de Miguel Hernández, cuando intentaron silenciar su voz en la cárcel hasta su muerte. No podemos olvidar cuando el Partido Popular en el Ayuntamiento
de Madrid eliminó los versos del poeta Miguel Hernández del memorial a las víctimas de la guerra civil de la Almudena. (Aplausos). El pasado 20 de noviembre, tras el homenaje falangista en el cementerio donde reposan los restos del Poeta Pastor,
destrozaron la placa en recuerdo a las cuatrocientas víctimas del bombardeo al mercado central de Alicante en 1938. Señorías, a esto nosotros lo llamamos oportunidad política; coloquialmente, hipocresía. A diferencia de ustedes, mi grupo
parlamentario tiene un compromiso con la memoria histórica, el reparo y el recuerdo a las víctimas. Un ejemplo es el cambio de nombre del aeropuerto de Alicante-Elche en honor a Miguel Hernández aprobado por el Gobierno socialista. (Aplausos). Ni
rompiendo placas ni tirados en cunetas ni eliminando versos borran la memoria de la lucha por la democracia.
Para concluir, señorías, como venía diciendo, estos tribunales nos enseñan los beneficios históricos de la cultura del pacto como eje estructural del progreso. Señorías, la política es la herramienta para impulsar el cambio y la mejora
social. En relación con ello y para finalizar, quiero hacer referencia a una frase que Miguel Hernández escribió a su mujer, Josefina, desde la cárcel: 'No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca o mucha inteligencia, mi poco o
mucho corazón, desde luego mis dos
cosas más grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo de una manera franca y noble.' Y es que para eso estamos aquí, señorías, para mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos. Abandonen la bronca política. Corresponde poner
nuestra inteligencia y nuestro corazón al servicio de España.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azorín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 24/2021, DE 2 DE NOVIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS DE BONOS GARANTIZADOS, DISTRIBUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EJERCICIO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES APLICABLES A DETERMINADAS TRANSMISIONES EN LÍNEA Y A LAS RETRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, EXENCIONES TEMPORALES A DETERMINADAS IMPORTACIONES Y
SUMINISTROS, DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y PARA LA PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA LIMPIOS Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. (Número de expediente 130/000064).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
Para presentar el Real Decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Buenos días, señora presidenta.
Señorías, comparezco ante ustedes para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, por el que se trasponen ocho directivas comunitarias, que afectan a siete materias diferentes.
Antes de exponer el contenido de esta norma, me gustaría empezar agradeciendo el trabajo no solo al Ministerio de Hacienda por la tramitación presupuestaria, sino también a todos ustedes, diputados y diputadas de esta Cámara, por el gran
trabajo que han realizado en la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Un año más España tramita la ley principal, la Ley de presupuestos generales del Estado, en tiempo y forma; los presupuestos de una recuperación justa que van a
permitir que nuestro país tenga una hoja de ruta para canalizar 40 000 millones de euros en inversiones y 240 000 millones de euros en gasto social, un récord histórico que va a beneficiar a todos, a todos los sectores, a todas las personas, a todos
los territorios de nuestro país. Señorías, estabilidad, presupuestos, recuperación, prosperidad, esa es la hoja de ruta de este Gobierno y les agradezco a todos ustedes su trabajo en la tramitación parlamentaria.
Y hoy en esa línea nos tenemos que felicitar por los extraordinarios datos de empleo que hemos tenido. Es el momento en el que tenemos mayor cifra de afiliados, mayor empleo en la historia de España (aplausos), según las cifras oficiales
que hemos conocido hoy: el mayor número de afiliados a la Seguridad Social que hemos tenido nunca, 19,75 millones de afiliados. Y eso es, señorías, economía real, eso es crecimiento, es economía que está llegando a las familias y a los ciudadanos
de nuestro país, y esa es la hoja de ruta que tenemos en el Gobierno.
Y más allá de la normalidad que supone la aprobación de los presupuestos generales del Estado en su plazo, en tiempo y forma, también quiero poner en valor la política de diálogo, consenso, negociación continua que abandera este Gobierno.
Hablamos con los grupos, llegamos a acuerdos, logramos equilibrios y estos benefician al interés general, a toda la ciudadanía, y un ejemplo de ello son estos presupuestos generales del Estado, que van en línea con esa idea. Estos consensos acaban
beneficiando al país en su
conjunto, porque estos presupuestos generales del Estado benefician al país en su conjunto, cualquiera que sea la actividad, cualquiera que sea el rincón de nuestro territorio donde esté el ciudadano. Esa es la filosofía con la que hemos
trabajado y la filosofía con la que hemos logrado un amplio consenso y un amplio respaldo en esta Cámara a los presupuestos generales del Estado. Por tanto, normalidad institucional, normalidad democrática, España es un país estable y tiene un
Gobierno que cumple. Y ese Gobierno que cumple es la garantía de una recuperación justa, de una prosperidad y una recuperación económica y social en un plazo breve para nuestro país.
Y precisamente por ello, señorías, porque trabajamos cada día para cumplir con nuestros compromisos, podemos poner en valor la campaña de vacunación en tiempo récord que nuestro país ha llevado a cabo. Hace un año no había nadie vacunado en
este país: hoy hay treinta y ocho millones de personas que tienen la pauta completa de vacunación, en tiempo récord y un ejemplo mundial, que nos reconocen fuera de nuestras fronteras con más facilidad que con la que nos lo reconocemos nosotros
mismos, porque este es un éxito de país, de todo el país, no solo del Gobierno. (Aplausos).
Nos hemos comprometido también con la recuperación justa y en ello estamos trabajando, consolidando que el crecimiento económico se vea acompañado también de políticas sociales que consigan que nadie se quede atrás. Hoy hemos conocido
-hacíamos referencia a ello hace breves instantes- que durante nueve meses consecutivos ha ocurrido lo que no ha pasado nunca en la historia de España desde que tenemos serie histórica de datos: nueve meses consecutivos bajando el paro. Ya tenemos
más trabajadores en activo hoy que en febrero de 2020, antes de iniciarse la pandemia, y este es un dato que nos tiene que congratular a todos. (Aplausos).
Y cuando decimos, señorías, que no abandonamos a nadie estamos hablando de los ERTE, que han conseguido que no se destruya empleo; estamos hablando del escudo social, que ha conseguido que las personas con más dificultades puedan tener
suministros o no se vean desahuciados de sus hogares, y también estamos hablando del ingreso mínimo vital, que beneficia a 800 000 personas en nuestro país. Eso es lo que significa para el Gobierno no abandonar a nadie. Y estamos trabajando en la
transformación económica y productiva del país, y buena prueba de ello son los acuerdos que hemos adoptado en el último Consejo de Ministros del pasado martes, el que aprobamos un PERTE de salud de vanguardia que va a movilizar casi 1500 millones de
euros hasta 2023 en investigaciones destinadas a crear un sistema sanitario basado en la medicina predictiva, en las terapias avanzadas y en la inteligencia artificial; también aprobamos el pasado martes 118 millones de euros para que las
comunidades autónomas modernicen sus administraciones y también el pasado martes aprobamos el proyecto de ley crea y crece, de creación y crecimiento de empresas, que va a facilitar enormemente la constitución de sociedades en nuestro país,
agilizando los trámites administrativos y consiguiendo que España sea un país con más facilidad para invertir, más facilidad para crecer y más facilidad para crear empleo.
Somos un Gobierno serio, señorías, que cumple con sus compromisos y da seguimiento a sus iniciativas, y en ese contexto les planteo la defensa de este decreto-ley. Quiero reivindicarles que el Gobierno al que tengo el honor de representar
en esta tribuna cumple, y también cumple sus compromisos con la Unión Europea. Somos un Gobierno profundamente europeísta, nadie puede poner en duda esta afirmación, y estamos convencidos de que más Europa es precisamente más España y mejor calidad
de vida para nuestros conciudadanos. Por eso afrontamos los retos del presente y del futuro de la mano de Europa. Y está claro que Europa está aprendiendo de los errores que cometió durante la salida de la crisis financiera y está actuando con
mayor cota de solidaridad en esta ocasión. La pandemia nos lo ha demostrado: la compra centralizada de vacunas y los fondos Next Generation son la mejor respuesta que viene de Europa ante esta crisis. Estamos, señorías, en presencia de una Europa
solidaria y eficaz, y ese es el modelo de Europa que queremos y defendemos en el Gobierno de España. Por ello además de promover la actuación coordinada de los países de la Unión, ejercemos también con responsabilidad e incorporamos a nuestro
derecho las directivas y la normativa comunitaria, y lo hacemos en el plazo comprometido por nuestro país. Por eso este real decreto-ley es un ejemplo del europeísmo militante de este Gobierno.
Como les decía al comienzo, este real decreto-ley traspone ocho directivas en siete materias diferentes, lo que explica que la norma esté dividida en siete libros diferentes. Ustedes lo conocen, permítanme que se lo recuerde: tanto el
Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado validan la posibilidad de acudir a un real decreto-ley para trasponer de manera urgente directivas europeas cuando están cerca del plazo de vencimiento, como es el caso, y también validan, también
ratifican la legalidad de que sea un real decreto-ley ómnibus, es decir, que afecte a distintas materias, a distintos sectores y que en este caso podamos transponerlas todas en una única norma.
En cuanto al contenido concreto del decreto ley, el primer libro transpone la Directiva 2019/2162, sobre la emisión y supervisión pública de bonos garantizados. Como saben sus señorías, los bonos garantizados son títulos emitidos por
entidades de crédito que fundamentalmente se respaldan en créditos hipotecarios y en deuda pública. Ello supone que proporciona una rentabilidad estable a un riesgo muy bajo, y por eso la directiva permite, propone y propicia fomentar este tipo de
emisiones, para intentar que las entidades de crédito tengan mayor liquidez y que esa liquidez acabe traduciéndose en mejores condiciones de financiación de los bancos al mercado, a particulares y a empresas. En este real decreto-ley se regula el
régimen de emisión de estos bonos, la supervisión -que la realizará en nuestro país el Banco de España- y, en tercer lugar, el régimen sancionador.
El segundo libro incorpora la Directiva 2019/1160, sobre la distribución transfronteriza de los organismos de inversión colectiva. La norma modifica las directivas que permiten a los organismos de inversión colectiva y a los fondos
alternativos operar de manera transfronteriza y facilita el acceso a la inversión de clientes minoristas, con independencia del Estado miembro en el que tengan su domicilio y donde pretendan invertir. Se garantiza -por así decirlo- su protección,
y, por tanto, el real decreto- ley introduce medidas para coordinar las condiciones de los gestores de fondos que operan en los mercados, tanto en el interior como en el transfronterizo; facilita la comercialización de servicios e inversores entre
Estados miembros; regula el cese de la comercialización, protegiendo a los inversores, y regula también la precomercialización de los fondos alternativos.
El tercer libro de este real decreto-ley transpone la Directiva 2019/1024, relativa a datos abiertos y reutilización de la información del sector público. Para ello se modifica una ley nacional, la Ley 37/2007, con el propósito de fomentar
la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana en el desarrollo económico y en la norma. Las principales novedades son la inclusión de las sociedades mercantiles públicas en su ámbito de aplicación -algo que no ocurría hasta la
fecha-, la incorporación de los datos de investigación dentro de su alcance y el reconocimiento de nuevas obligaciones de presentación de documentos para facilitar su reutilización, que, con carácter general, deberá ser gratuita.
El cuarto libro versa sobre derechos de autor y derechos afines y transpone dos directivas: la Directiva 2019/789, sobre normas y ejercicio de derechos de autor y derechos afines, y la Directiva 2019/790, sobre derechos de autor y derechos
en el mercado único digital. Estas dos normas tienen una doble finalidad, que tratamos de transponer al derecho español y al derecho nacional: la primera, mejorar el acceso seguro en Internet al contenido protegido por derechos de propiedad
intelectual, contenidos pedagógicos, científicos, de radio, de televisión, obras europeas, en definitiva, patrimonio cultural, y el segundo fin de la norma es garantizar un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de autor en
el entorno digital, que durante años no ha tenido ninguna regulación. En este marco, el real decreto-ley regula el acceso en línea a todas las emisiones radiofónicas de la Unión y a los programas informativos y de producción propia de emisiones y
de canales.
La novedad más significativa de este apartado es la modificación de la regulación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea. Se establece por defecto un sistema de licencia que se gestionará individualmente por los
editores, salvo que estos editores opten de manera voluntaria y expresamente por hacerlo a través de entidades de gestión colectiva. También se establece que los autores de las noticias puedan percibir una parte de esa retribución, y de nuevo esa
contraprestación se podrá negociar libremente a través del contrato de trabajo o de cualquier otra modalidad contractual. En caso de que así lo elija el autor, también será posible acudir a entidades de gestión colectiva. Se incorporan también
obligaciones de transparencia por parte de las plataformas, entre las que destaca el deber de informar a los editores de prensa sobre los cambios que se producen en los algoritmos cuando afecten a la presentación de los contenidos en los medios de
prensa. Y, finalmente, también resaltamos que se prohíbe vincular estos acuerdos en materia de gestión de derechos a otros que no tengan nada que ver con la agregación de contenidos y se mantiene la jurisdicción española para conocer de cualquier
conflicto que pueda producirse entre las partes.
El libro quinto del real decreto-ley, señorías, transpone la Directiva 2021/1159, que se refiere a las exenciones temporales de las importaciones y de suministros en respuesta a la pandemia. En esencia, este apartado tiene por objeto
ampliar la exención del IVA a las adquisiciones de bienes y servicios que realice la Unión Europea para dar respuesta a la pandemia, al COVID-19, siempre que esos beneficios importados no se utilicen para realizar entregas a título oneroso.
El libro sexto incorpora la Directiva 2019/2161, que habla de las normas de protección de los consumidores de la Unión. El objetivo de este apartado es proteger a los consumidores en el entorno
digital mediante la regulación de prácticas comerciales desleales y de medidas correctoras para personas consumidoras. Establece nuevos requisitos de información y también modifica el régimen sancionador para actualizar las cuantías y
permitir a la Administración General del Estado sancionar infracciones de ámbito nacional, así como conferir a asociaciones de consumidores la condición de interesados en procedimientos sobre intereses generales.
El libro séptimo y último, señorías, transpone la Directiva 2019/1161 en materia de promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. La directiva pretende garantizar que la contratación pública de
vehículos por carretera tenga en cuenta el impacto energético y el impacto medioambiental que estas contrataciones tienen. Define las contrataciones a las que resultará de aplicación -por ejemplo, el transporte por vía pública, la recogida de
desperdicios o el transporte de paquetería o distribución postal- y también establece un porcentaje mínimo de compra de vehículos limpios a nivel nacional entre el día 2 de agosto de 2021 y el día 31 de diciembre de 2030, distinguiendo entre
vehículos ligeros y vehículos pesados.
Señorías, les decía que este Gobierno cumple con sus compromisos con nuestros socios comunitarios. Nuestra agenda forma parte del nuevo consenso europeo que también está rigiendo en Europa los ejes de actuación: transición ecológica justa,
digitalización, cohesión social e igualdad entre hombres y mujeres. La agenda europea coincide con la agenda de este Gobierno. Y ese nuevo consenso ha sustituido la austeridad por la solidaridad; nada que ver tiene la salida de la crisis
financiera con la que vamos a tener de la crisis sanitaria que nos ha provocado el COVID. Hemos cambiado austeridad por solidaridad. Europa ha cambiado el rumbo y el Gobierno de España ha estado ahí para empujar a que todos los socios de la Unión
conviertan la solidaridad en su eje de actuación. (Aplausos). Como han podido observar, muchas de las directivas que hoy transponemos son un ejemplo de este consenso, que pone el foco en la trasformación económica, productiva, en el respeto al
medio ambiente y en la protección de los ciudadanos y de sus derechos. Es un consenso también social, hay una inmensa mayoría de españoles que, con independencia de su ideología o de su voto, creen que el Estado ha de proteger a la ciudadanía en
sentido amplio cuando las adversidades tanto individuales como colectivas llegan. Y ese consenso es del que nosotros nos sentimos partícipes. Queremos que las instituciones protejan a la ciudadanía, queremos que haya una red de seguridad pública,
que todos los españoles y todas las españolas sepan que lo público estará ahí cuando tengan dificultades. Ese es el objetivo que tenemos desde el Gobierno, contribuyendo al interés general y al bienestar general de la ciudadanía. Querríamos que
esta segunda gran modernización de España, que ya está aquí -que los datos de creación de empleo que hoy hemos conocido lo pone de manifiesto-, se vea acompañada de ampliación de derechos, de más cohesión social, de más cohesión territorial. Es un
gran consenso en nuestro país y yo, señorías, simplemente les pido que ese gran consenso ciudadano se convierta también en un gran consenso en esta Cámara para convalidar este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor ministro de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes y Memoria Democrática. Nos ha endosado usted un excesivo preámbulo de autobombo al comienzo de su intervención, en el que, de una tacada, nos ha hablado del éxito de
los Presupuestos Generales del Estado, de cuestiones laborales, de la vacunación, de la recuperación justa y de no sé cuántas cosas más, incluida una falsaria autoproclamación de seriedad. Por cierto, respecto a los datos de empleo, le invito a que
se los explique usted a los jóvenes españoles: récord europeo de desempleo. (La señora vicepresidenta Pastor Julián ocupa la Presidencia). Le invito a que acuda a Asturias porque, con los datos de hoy, de los que usted se ha felicitado, Asturias
es una comunidad en la que subió el paro, señor ministro. ¿Cree usted que un diputado asturiano tiene hoy motivos de felicitación? Ninguno. En todo caso, al margen del publirreportaje -del que no me creo una sola palabra-, le agradezco el
esfuerzo por explicar el contenido de este real decreto-ley, que responde a la necesidad de trasponer varias directivas europeas en diferentes materias. La amplitud y complejidad del texto aprobado en Consejo de Ministros... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... y la diversidad de las medidas objeto de trasposición hacen muy difícil resumir el contenido, que en el primero de sus libros dedica una buena parte -a través de ocho amplios títulos- a la emisión y
supervisión pública de bonos garantizados. Esto tiene relevancia socioeconómica porque se trata de una directiva que constituye uno de los pilares que va a poner punto final a la vigente Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, que será
sustituida -si las Cortes así lo deciden- por la ley de bonos garantizados, cuyo anteproyecto ya ha sido sometido al trámite de audiencia pública y recogerá un régimen unificado para las cédulas y bonos hipotecarios, las cédulas territoriales y las
cédulas de internacionalizacón, en línea con las normativas europeas y para corregir la actual dispersión normativa, que afecta, sin ir más lejos, a una cuestión de gran relevancia, como son las cédulas hipotecarias, que copan el mercado
hipotecario... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... con un saldo superior a los 200 000 millones de euros en España. Tanto la trasposición de la directiva como la futura ley de bonos garantizados tienen por objeto el incremento de la protección a los
inversores y la capacidad de financiación de la economía, por lo que resulta pertinente este amplísimo conjunto de medidas.
Señorías, este real decreto-ley -claramente de los de la categoría ómnibus- recoge, entre otros aspectos que quiero señalar porque me han parecido relevantes, un libro tercero, relativo a los actos abiertos y la reutilización de la
información del sector público, también muy extenso, que actualmente rige por la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, cuyo objeto es la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los
documentos elaborados o custodiados por las administraciones públicas. Es una cuestión de creciente importancia y la directiva permite a España actualizar normativa que ha quedado un tanto desfasada tras su aprobación hace catorce años.
Señor Bolaños, hasta aquí este es un real decreto-ley en el que no detecté pegas para su convalidación, pero cuando avanzamos hacia el libro sexto, se aprecian evidentes rasgos de invasión de competencias autonómicas en materia de consumo,
que se reflejan singularmente en la redacción del artículo 52, que afecta a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Por otra parte, la incorporación de un nuevo apartado relativo a los
procedimientos sancionadores, que tramitan las comunidades autónomas en sus competencias en materia de consumo, es una invitación al conflicto con el Estado, inexplicablemente, porque esta parecía una cuestión superada tanto por su regulación,
dentro de la normativa del procedimiento administrativo, como por los recursos interpuestos en su momento ante los tribunales, que permitieron fijar criterios favorables para las comunidades autónomas, que, con esta nueva normativa, vuelven a sufrir
una involución a favor de la Administración del Estado que es susceptible de acabar ante el Tribunal Constitucional.
En definitiva, señor ministro, lo que podría ser un real decreto-ley sin reproches se acaba reconvirtiendo en serio objeto de dudas. Ese es el riesgo de legislar por esta vía súbita a la que el Consejo de Ministros le ha cogido gusto
suplantando la función principal de las Cortes Generales, y mayor riesgo cuando se entremezclan en el texto materias muy diferentes y en algunos casos inconexas. Llamaba usted al consenso. No me sumaré; votaré en contra de la convalidación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias a los servicios de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias. Egun on.
En esta mezcolanza, que para nosotros es incomprensible, de ocho normas de tan diferente signo y temática que contiene este real decreto ómnibus, voy a detenerme en una de ellas, la de la trasposición de la Directiva europea sobre derechos
de autor, porque es un tema importante y grave y porque, tal y como ha llegado a este Congreso, la trasposición de esta directiva supone dejar a autores, periodistas, fotógrafos, en una situación de vulnerabilidad total. El derecho de autor,
señorías, es un derecho social, y no reconocerlo en el ámbito digital supone un grave paso atrás. El talento se debe proteger, y eso se hace también protegiendo los derechos de autor, y esta trasposición no lo hace. Hay tres condiciones necesarias
para que se protejan estos derechos: la irrenunciabilidad de los derechos de autor, la gestión colectiva
obligatoria y una tarifa legalmente establecida de cobro para los autores, medidas totalmente necesarias para proteger a los autores y para proteger también a los pequeños frente a las grandes plataformas tecnológicas. Esto afecta a
escritores, cineastas, traductores, periodistas, artistas plásticos, guionistas, artistas visuales..., a todo ese gran universo cultural al que no se le puede dejar al albur de los intereses de las grandes plataformas. Por tanto, anuncio ya que
vamos a votar para que este real decreto ómnibus, esta mezcla de normativas, se tramite como proyecto de ley para que se incluyan estas y otras medidas necesarias y para que la trasposición sirva eficazmente para la protección de los derechos de
autor. También abogaremos para que la tramitación de cada aspecto de este real decreto ómnibus se haga en su lugar correspondiente, en su Comisión correspondiente, y en el tema al que me estoy refiriendo, naturalmente en la Comisión de Cultura,
porque si de algo carece esta trasposición de la norma europea, señorías, es de inspiración y alma cultural.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Buenos días a todas y a todos. Buenos días, ministro. Por la letra que le estaban poniendo los anteriores comparecientes y por la que voy a seguir poniéndole yo en nombre del Grupo Vasco, parece que eso que ha afirmado en relación con los
presupuestos -sí es en otros casos-, eso de que hablamos con los grupos y llegamos a acuerdos, no es una realidad en lo que respecta a este decreto-ley cuya convalidación hoy es objeto de debate, porque parece que no se ha hablado con los grupos en
absoluto. Por tanto, esa es la primera crítica.
La segunda. Usted ha dicho que es un Gobierno que cumple con la Unión Europea. Tampoco. Quienes vamos a cumplir vamos a ser los grupos parlamentarios absteniéndonos en su caso para permitir que se trasponga la directiva europea porque
ustedes están haciendo tarde los deberes. De lo contrario -usted dice: nosotros vamos a hacer la trasposición de la directiva en plazo-, no estaría justificada la fórmula o la utilización del decreto-ley si no fuera por vía de urgencia, y la
urgencia la justifica que están haciendo tarde los deberes en cuanto a la trasposición. Por tanto, vamos a ser los grupos parlamentarios quienes, por responsabilidad con las instituciones europeas y para dar cauce a esa necesaria trasposición, lo
vamos a hacer. Pero no es el caso.
Y, en tercer lugar, en cuanto a forma, lo que nos está pasando es que nos trae aquí una trasposición de ocho directivas que cambian siete leyes y que no solo se limita a la trasposición de esas directivas que usted dice, porque además
incorporan una serie de disposiciones finales y adicionales que cambian un montón de leyes: la regulación de valores hipotecarios, el Código Civil, el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera o el
texto refundido de la Ley Concursal. Nosotros lo que le pedimos es que, efectivamente, hablen con los grupos parlamentarios para todas las cuestiones y que realmente no utilicen esta fórmula del decreto-ley en exceso; algo que debería ser
excepcional, ustedes lo están haciendo ordinario y rutinario, y no debería ser así.
Con los tres minutos que me quedan, me gustaría... Usted ha estado hablando veinte minutos y los grupos parlamentarios tenemos cinco minutos para poder fijar posición y defender; por lo tanto, nuestro grupo parlamentario quiere más tiempo
en algo que es tan complejo para poder posicionarnos. Por tanto, pediremos que se tramite como proyecto de ley para poder tener, evidentemente, ese tiempo necesario para poder analizar los aspectos en profundidad. Sí le pediríamos que no se
volviera a quedar en la mesa, como en otras ocasiones se están quedando este tipo de peticiones: pedimos que se tramiten como proyecto de ley, pero luego no llegan a materializarse.
Sí nos gustaría hablar de dos cuestiones de las que ya se ha hablado. En primer lugar, sobre los derechos de autor, abogamos por una protección de los autores también en el mercado único digital a través de la gestión colectiva obligatoria,
porque es una forma justa de respetar los derechos de los creadores y este real decreto-ley no lo hace. En segundo lugar, otra cuestión que también le han reclamado: se introducen diversas modificaciones en la Ley sobre de la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con alteraciones importantes en las competencias en torno a la potestad sancionadora que no compartimos en absoluto, porque atribuye esas competencias sancionadoras en favor del Estado de una
manera amplia, con el consiguiente desapoderamiento de las administraciones autonómicas y, por tanto, desvirtuando el vigente reparto competencial; no podemos compartir eso.
Nos abstendremos por responsabilidad, efectivamente, con las instituciones de la Unión Europea, pero pedimos que se tramite como proyecto de ley y a usted, como responsable del Gobierno, le pedimos que realmente se tramite con celeridad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señorías, quiero recordar que tanto los tiempos de esta sesión como el orden del día son los que la Junta de Portavoces determina. Los tiempos se han determinado por unanimidad y con la comprensión por parte de todos los portavoces -todos
los portavoces- de todos los grupos.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señor Bolaños, si leo el título del real decreto-ley, me quedo sin tiempo por las materias que trata, así que voy a ser muy esquemático. En primer lugar, no nos parece bien que se utilicen estas vías para trasponer nada menos que ocho
directivas; pero bueno, al grano. Las materias más importantes para nosotros y las que me da tiempo aquí a tratar son, en primer lugar, los datos abiertos; en segundo lugar, los derechos de autor, y, en tercer lugar, los derechos de consumidores
y usuarios.
Con respecto a los datos abiertos, nosotros hemos defendido siempre la necesidad de que haya más fluidez entre los datos que tienen las empresas privadas y los que tiene la Administración, pues esto podría ayudar a la Administración pública
a evaluar las políticas públicas si muchas veces pudiéramos acceder a los datos que surgen de investigaciones del ámbito privado y, además, compartir los datos de la Administración pública muchas veces ayudaría a las empresas privadas a afinar más
en cuanto a las conclusiones que se saquen desde entidades públicas y que arrojen datos interesantes. Nosotros apoyamos ya en su momento, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, la proposición no de ley para la mejora de la
publicación de datos de la Administración pública y nos la votaron en contra. Es verdad que lo que a Ciudadanos nos tumban muchas veces, luego Europa lo exige. Ahorren tiempo. Hágannos más caso. Pero bueno, en este caso creemos que van por la
buena vía.
Con respecto a los derechos de autor y el copyright. Nosotros, como partido liberal, siempre hemos defendido la necesidad de que se proteja y se promueva el talento creador, así como que se recompense y se reconozca de forma adecuada a los
autores. En este sentido, sí hay una cuestión que nos preocupa: la arbitrariedad que supone la redacción actual de la ley sobre caricaturas y burlas por la subjetividad y falta de indicadores claros de cuándo una caricatura es realmente una copia
o puede ser susceptible de ser una caricatura. Ahí la frontera está un poco difusa y podría amputar la libertad de expresión en algunos sentidos. Cuanto mayor sea el grado en todas estas materias de seguridad jurídica y más reduzcamos la
arbitrariedad, mucho mejor. Nosotros, en el seno del debate sobre la Directiva 2019/790, sobre Derechos de Autor, hemos defendido que las plataformas, además, se responsabilicen de respetar los derechos de autor. En este sentido, el mundo digital
tiene que ser muy similar al analógico.
Por otra parte, otra de las cuestiones que hemos impulsado en Ciudadanos, que trae esta directiva y por la cual, que no lo he dicho, vamos a apoyar el real decreto entero, aunque luego procedamos a su tramitación como proyecto de ley, son
las medidas para acabar con el geobloqueo. ¿Esto qué es? La restricción que impide a usuarios, que en la red podrían de otra manera, pero que, según el Estado en el que nos encontremos, puedan acceder o no, aunque aquí reman un poco a la contra.
Por ejemplo, en este sentido, el Gobierno ha hecho lo contrario de la demanda de los señores de Esquerra, en una especie de ley de defensa del idioma -que me recuerda a una italiana de los años treinta-: el doblaje va a ser absolutamente obligado
en algunas materias. Ojo, a ver si nos vamos a encontrar con Indiana Jones y la estelada perdida o con que Braveheart, en vez de William Wallace, se llame Wifredo el Velloso, que esta gente nos haga un 'Mogambo' con los doblajes, que no me
extrañaría absolutamente nada. Esta directiva va justo en dirección contraria a lo que, una vez más, quieren imponer los nacionalistas.
Por otra parte, en materia de consumidores y usuarios apoyamos todas las medidas que dan mayor transparencia y aclaran la jungla que es muchas veces el comercio digital. Nosotros creemos que, además, las medidas que aspiran a evitar la
utilización de bots y algoritmos para trampear el mercado pueden ser bastante eficaces. Ahí, nosotros apostamos también, y se lo hemos dicho al ministro Garzón, por la figura del observatorio de Internet. Lo creemos, y por eso metimos una enmienda
a los presupuestos para dotarlo de más recursos para poder afrontar y aclarar el mercado digital en España y dar mayor seguridad a los consumidores.
Por último, y esto que no sirva de precedente, le agradezco la valentía en la opción por la que han tomado en la relación de los editores de noticias con los agregadores de Internet. La libertad de elección es la vía, porque la libertad en
cuestiones de mercado, de derechos de autor, de creación y de la relación de unos con otros tiene que ser siempre la guía. Así que ahí, le felicito.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente, señor ministro, señorías.
Si me permite, empiezo, señor ministro, por la intervención del señor Guillermo Díaz. No se preocupen, señores de Ciudadanos, no se preocupen, que cuando traducimos al catalán lo hacemos bien, no somos como ustedes. A ustedes les traiciona
el subconsciente. Ustedes piensan que haríamos lo que ustedes están haciendo, que traducen políticamente el mensaje de Cataluña a España de forma muy diferente. (Aplausos).
En todo caso, señor ministro -vamos a lo que vamos-, simplemente comentarle dos cuestiones. Se han tramitado en plazo los presupuestos; no se están trasponiendo todas las directivas europeas en plazo. Se está haciendo un esfuerzo
importante pero todavía no es suficiente. Segunda cuestión. Las leyes ómnibus en sí mismas, aunque sean legales, tienen muchas dudas en cuanto a la necesidad de juntar diferentes materias en una única ley. Pero claro, su Gobierno ya ha dejado
aparte las leyes ómnibus, eso le parece un juego de niños; ahora lo que ustedes plantean es el real decreto-ley ómnibus, que todavía es mucho peor. Lo que plantean en este real decreto-ley, la transposición de directivas, a nosotros nos parece
razonable; el contenido y cómo lo hacen no nos parece nada razonable. En algunos temas hay una invasión competencial absolutamente de libro, como puede ser en el libro sexto precisamente. En todo caso, como nosotros tenemos el compromiso de los
grupos mayoritarios que dan apoyo al Gobierno de que se va a tramitar como proyecto de ley, nuestro no inicial lo hemos transformado en una abstención respetuosa; respetuosa con las instituciones europeas y respetuosa con la trasposición. Pero, en
todo caso, vamos a enmendar diferentes aspectos.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia, senyor president. Bon dia, senyor ministre.
'La transposición en plazo de directivas [...] es un objetivo fundamental [...]' al que 'se le da un alto valor político por su función de medición de la eficacia y credibilidad de los Estados miembros'. Esto lo dice la exposición de
motivos del real decreto-ley. La pregunta es: ¿Dónde está la eficacia y cómo está la credibilidad del Reino de España, que transpone siete directivas cuyo plazo ya ha vencido? Justifica el Gobierno su retraso en que los últimos años ha habido
elecciones generales, ha habido Gobierno en funciones, ha habido una pandemia... La Unión Europea ha dicho claramente en múltiples ocasiones que la situación interna de un Estado no justifica el incumplimiento del derecho de la Unión. Y yo les
digo, si se quiere transponer se puede transponer bien y en el tiempo preciso. El Gobierno también justifica el uso del real decreto-ley como instrumento de trasposición porque el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado lo han avalado, pero
hay siete directivas que si se hubiesen aplicado en sus funciones y lo hubiesen hecho rápido, no estaríamos ahora ante una situación de urgencia.
En la exposición de motivos se explican las consecuencias económicas del incumplimiento, citando una condena reciente al Reino de España. Y después se dice: Ante la gravedad de las consecuencias de seguir dilatando la trasposición de las
directivas se recurre al real decreto-ley. ¿Trasponen únicamente por el miedo a las multas coercitivas, a las sumas a tanto alzado? ¿Es solo por ello? Las cartas de emplazamiento sí que se han emitido y sí que retirarán la multa, pero no
retirarán las sumas a tanto alzado. ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos? En la exposición de motivos no se hace referencia a estos derechos que quedan conculcados por una trasposición tardía, porque el principio de efecto directo y el
principio de responsabilidad de los Estados cuesta mucho que puedan resarcir todos esos daños. Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a trasponer en tiempo y correctamente
no solo por ser Estados europeístas, sino porque es su obligación. Trasponer no solo es adoptar una norma, trasponer debe hacerse de forma correcta. En caso contrario, también se pueden presentar recursos por incumplimiento, que también
pueden comportar multas, y ello afecta de nuevo a la eficacia y a la credibilidad del Reino de España, un Estado que es incapaz de cumplir con sus propios compromisos. Porque los recursos por incumplimiento no se presentan solo por no trasponer una
directiva a tiempo o por transponerla mal; se presentan por incumplir cualquier norma de derecho de la Unión Europea, y ello incluye la ejecución de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea.
Para concluir, por favor, no afirmen en su exposición de motivos que España viene cumpliendo consistentemente con los objetivos de trasposición. Simplemente, miren la página de la Comisión Europea y verán la lista de incumplimientos.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano. tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente. Bon dia, diputades i diputats.
Esto no está saliendo como habían previsto, señor ministro. Tampoco es que me haga mucho caso, pero cuando me lo haga, yo le explico que esto no está saliendo como ustedes habían previsto. Debo hacer una pequeña mención al comentario de mi
compañera, porque yo no sé si a usted le habían avisado de que los tiempos han sido -de acuerdo, sí, por mayoría o por unanimidad de la Junta de Portavoces y la Mesa- restringidos. A lo mejor no se lo habían dicho, pero comprenderá usted que
suficientemente difícil es intentar posicionarse sobre ocho directivas como para que, encima, yendo muy mal de tiempo, el ministro esté veinte minutos explicándolo. Creo que es más a eso a lo que se refería que a otra cosa, pero puede ser una
cuestión de simple desconocimiento.
En cualquier caso, como ya han hecho un repaso de las directivas, a mí me queda por decirle tres o cuatro cosas. Primero, vamos a votar no. Segundo, lo vamos a hacer porque no han sido consensuadas, no ha habido diálogo previo, el real
decreto-ley previsto en el artículo 86 de la Constitución, como su propio Tribunal Constitucional ha dicho repetidamente, no es un instrumento suficiente y adecuado para trasponer este tipo de directivas. No es adecuado que además sea ómnibus, es
decir, que se trate desde los bonos garantizados hasta los vehículos de energía verde, pasando por derechos de actores, derechos conexos y, especialmente, a algo a lo que yo me voy a referir.
En la trasposición que ustedes hacen de la directiva referida al consumo no hacen una trasposición; aprovechan para reformular toda la legislación. Y les advierto ahora: creemos que hay motivos serios de inconstitucionalidad, y si ni
ustedes mismos respetan su propia Constitución, vamos mal, porque ya saben que no es nuestro texto y que no es nuestro modelo. Nosotros queremos un Estado propio, pero mientras no lo tengamos, vamos a defender esas competencias que tan
graciosamente nos dieron constitucional y estatutariamente en todo lo que se deba defender. Por tanto, la potestad sancionadora que se arroga el Estado no tiene base ni encaje en esos dos textos. Pero es que, además, estaba previsto un proyecto de
ley que el propio ministerio trató en las mesas sectoriales de consumo, y las comunidades autónomas de lo que estaban enteradas es de que se estaba tramitando. De hecho, l'Agència Catalana del Consum hizo unas observaciones a ese proyecto de ley.
¿Les han contestado? Todavía no. La respuesta ha sido la transposición de la directiva. Si este es un gobierno que realmente se plantea una función ejecutiva a través del consenso con un legislativo a través del diálogo, alguna cosa no han
entendido, o de consenso o de diálogo, porque lo que es evidente es que la adecuación de la trasposición de directivas debe ser eso, trasposición de directivas, y no ocasión utilizada para recentralizar y para cambiar las competencias y su
distribución.
Termino. Profesionalmente me he dedicado a los derechos de autor y a temas de reutilización de la información pública, y nos hubiéramos podido poner de acuerdo, aunque en derechos de autor no se ha hecho frente con suficiente energía a los
gigantes tecnológicos y creo que se deja en una indefensión a autores y a creadores importante, pero se habría podido hablar. Lo que nos interesa que, de algún modo, aprendan de esta sesión es que cuando de las ocho directivas una de ellas es
inaceptable, nuestro voto va a ser en consecuencia y, por lo tanto, vamos a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Maestro Moliner.
La señora MAESTRO MOLINER: Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro, por su exposición.
Ya lo han dicho aquí quienes me han precedido en las intervenciones, que la extensión del título de este real decreto -que, por supuesto, también nos vamos a ahorrar leer- ya anticipa la dimensión de su contenido. La iniciativa ómnibus o
cajón de sastre ocupa más de 160 páginas de BOE en las que se modifican todo tipo de textos legislativos. Con una estructura en formato libro, se trasponen ni más ni menos que ocho directivas europeas. Además, en sus disposiciones adicionales y
finales se modifican cuestiones mercantiles y referentes a servicios de pago, el Código Civil o el texto refundido de la Ley Concursal, que lo pasamos por alto como si fuera prácticamente nada, pero la realidad es que tiene muchísimo contenido.
No me gustaría entrar profundamente en lo que respecta al debate de la correcta utilización de la técnica legislativa del real decreto-ley, que ya sabemos que es algo absolutamente excepcional y hay que argumentar su necesidad y urgencia,
porque lo cierto, según lo que nos ha argumentado el ministro, es que parece que no existen dudas a la hora de tener que hacerlo por los plazos en los que nos movemos. Efectivamente, las multas obligan a utilizar determinadas técnicas, no es que
directamente motiven la trasposición, pero sí nos obligan a funcionar de esta manera. Por ello, en nuestro grupo también apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley, pero es que también apoyaremos su tramitación como proyecto de ley. No
puede ser de otra forma cuando nos enfrentamos a un texto de esta dimensión que necesita ser revisado por el Poder Legislativo a través del debate parlamentario. Hay aspectos de él que precisan ser aclarados y mejorados -ya se han comentado algunos
de ellos aquí-, y durante el trámite parlamentario entendemos que es como podremos dar respuesta adecuada a las exigencias que ya han expresado algunas asociaciones o representantes de la sociedad civil en temas concretos. Muy particularmente,
tendremos tiempo de detenernos en los anteriormente citados derechos de autor -por supuesto que sí-, pues será necesario garantizarlos. Del mismo modo, habrá que resolver aquellas cuestiones de consumo en las que podamos tener ciertas
discrepancias.
Adelantándome un poco a determinadas argumentaciones, me gustaría pedirles a sus señorías de la derecha, de algún modo, esa restricción a la hora de expresar su disconformidad con la trasposición mediante esta técnica legislativa, porque si
bien es cierto que se utiliza de esta manera excepcional, son ustedes quienes tradicionalmente más han incumplido a la hora de trasponer. En este sentido, por aportar algunos datos: en abril de 2017, cuando ya llevaban más de cinco años
gobernando, resulta que tenían pendientes de trasponer cerca de ochenta directivas, algo que no es prácticamente nada. De hecho, no vale hablar de la herencia recibida, porque estamos hablando de cinco directivas de 2013, veintitrés de 2014,
dieciocho de 2015, veintiocho de 2016 y tres del año 2017. Así que, por supuesto, el ejemplo de eficacia no vendrá por parte de ese partido.
Destinaré el tiempo que me queda a hablar de ese famoso Libro Sexto y el tema relativo a consumo, que si bien se ha podido ver aquí la parte más discrepante, poco se ha hablado de la protección que puede ofrecer esta nueva norma y todas esas
grandes ventajas que tiene, puesto que se introducen importantes novedades. En primer lugar, se actualiza la normativa para adaptarla a las prácticas novedosas que se suponen perjudiciales para consumidores y usuarios y consideradas desleales, como
la reventa de entradas utilizando bots, la publicidad encubierta en redes sociales, las reseñas falsas, etcétera. En segundo lugar, se actualizan los derechos de los usuarios en el comercio electrónico, obligándose a que la información sea
absolutamente completa, o todo lo posible, respecto a la venta de productos. Y, efectivamente, se modifica el régimen sancionador, donde se confieren por primera vez estas competencias sancionadoras.
Esperemos que se pueda llegar a un favorable acuerdo en el trámite del proyecto de ley y que tengamos en cuenta el momento en el que nos encontramos y todo lo que engloba. Sin más, sí a la convalidación de este real decreto-ley y sí a su
tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta. (Aplausos).
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Con la venia. Señorías, buenos días. Ministro, buenos días.
Desde que Sánchez llegara a Moncloa en 2018 mediante la moción de censura a Rajoy viene batiendo todos los récords en cuanto al uso de la figura de los decretos-leyes. Solo entre 2018 y 2019 ha utilizado cuarenta y dos veces este
instrumento. ¿Sabe lo que decía el señor Sánchez a Rajoy desde esta misma tribuna cuando estaba en la oposición? Le increpaba al entonces presidente que había usado el decreto-ley sesenta y cuatro veces en tres años. Señor Bolaños -me dirijo a
usted-, esto le recriminaba su jefe al anterior mandatario. ¿Sabe cuántos decretos-leyes llevan ustedes en menos de dos años? Ochenta y cinco; ochenta y cinco, señor Bolaños.
Trae aquí la trasposición de ocho directivas comunitarias a través de este decreto-ley con la excusa de su vencimiento y la imposición de una multa sin pasar por el debate parlamentario previo, hurtando a las Cortes Generales su función. Le
recuerdo que el Constitucional ya ha reprochado a su jefe que legisle a base de decretazos para esquivar a las Cortes. No tienen bastante con politizar la justicia y repartirse los miembros del Tribunal Constitucional con sus camaradas del Partido
Popular y los comunistas de Podemos, sino que ahora, con el excesivo uso de este instrumento, interfieren también en el Poder Legislativo, lo que les convierte en un régimen despótico y absolutista. (Aplausos). ¿Usted cree, señor Bolaños, que ocho
directivas se deben trasponer en un decreto-ley sin pasar por el debate parlamentario previo?
Mire, este real-decreto es tremendamente arduo y tedioso. Le voy a poner un ejemplo. El artículo 72 del real decreto habla de las obras de arte visual en el dominio público y dice que cualquier material resultante de un acto de
reproducción de dicha obra no estará sujeto a derechos de propiedad intelectual a menos que el material resultante de dicho acto de reproducción sea original en la medida en que sea una creación intelectual de su autor. O lo que es lo mismo: la
parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte. (Risas). ¿No se podría haber expresado en román paladino? Así, señor Bolaños, es muy difícil legislar y están robando la acción legislativa a esta
Cámara. Y es que esta coctelera legislativa que nos han traído hoy aquí, señor Bolaños, habla de múltiples asuntos, cada uno, si me lo permite, de su padre y de su madre -ya otros portavoces lo han comentado-: derechos de autor en radio y
televisión; derechos de autor digitales; datos abiertos; inversiones transfronterizas; vehículos ecológicos; exenciones en el impuesto del COVID; consumidores; bonos garantizados.
Permítame que en lo que me queda de tiempo le resalte lo más relevante. Sobre los datos abiertos, no establece si el Gobierno va a abrir como dato de alto valor el Registro Mercantil, en la actualidad cerrado y sí disponible para empresas
privadas. Sobre los derechos de autor, lo más grave es que se incluye la censura y el cierre de transmisiones en directo, ya que amenaza la actividad de los streamers, y deja plataformas como YouTube y otras redes sociales a merced de los grandes
medios, porque dicha interrupción de servicios la harán sin garantía judicial previa alguna. Además, para poder detectarlo van a incluir robots de control mediante lo que se denomina censura algorítmica, porque ahora la norma ya no los trata como
intermediarios, sino como responsables del contenido que distribuyen. Se nota aquí la mano de los lobbies y de los grandes medios para eliminar la libre competencia que permite Internet.
Con respecto a los consumidores, hay que resaltar que el Ministerio de Consumo, ese ministerio de la nada, podrá restringir prácticas como las visitas no autorizadas de venta a domicilio, conocidas como a puerta fría. También se establecen
infracciones muy graves, con multas de hasta un millón de euros u ocho veces los beneficios obtenidos, para el supuesto infractor y el cierre de establecimientos por un periodo de cinco años, pudiendo considerar responsable al gerente. En
definitiva, no cumple con los debidos procesos de transparencia, consulta pública, debate parlamentario y evaluaciones de impacto; al contrario, lo que va a generar es una inseguridad jurídica en los sectores afectados y al conjunto de la economía
o la sociedad. Por eso, le solicitamos que lo tramiten como proyecto de ley.
Ustedes, señor Bolaños, gozan de unos poderes otorgados por el pueblo, es decir, unos poderes limitados que, sin embargo, no están cumpliendo. Decretos como este, sin pasar por el debate parlamentario previo, demuestran que, si el Gobierno
no está limitado, el hombre no es libre. A medida que ustedes legislan y se expanden, la libertad se contrae.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castellón Rubio.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidente. Señorías.
La verdad, señor Bolaños, señor ministro, es que usted hoy ha cometido dos faltas de respeto a esta Cámara: la primera -contábamos con ella- es traer un real decreto que habla de tantas materias distintas y que se merecía un análisis
pormenorizado -aparte de todo lo que falta cuando un real decreto se tramita-, pero la segunda ha sido la que ha hecho aquí en directo, que es someternos a ocho minutos de mitin electoral, que no venía a cuento, sin que la Presidencia le llamara a
la cuestión y con un discurso que no tiene nada que ver con el galimatías que hoy nos presentan al Parlamento. Además, en ese tiempo podría haber dedicado algunos minutos o segundos a hablarnos de su empecinamiento, de su soberbia, de por qué
ustedes se oponen a que se formule una ley de pandemia, cuando reconocidos y prestigiosos juristas de este país están a favor. Ha tenido usted el cuajo de dedicar diez minutos a hacer un mitin y no entrar en el fondo de esa cuestión.
La primera falta de respeto, a la que se han referido el resto de los grupos, es que traen ustedes hoy aquí otro paso más, otro uso y abuso del real decreto para legislar, una técnica legislativa que todos sabemos que es excepcional y que
ustedes han convertido en rutina. Permítame que le diga que eso es faltarle el respeto a esta Cámara, eso es faltarle el respeto al Parlamento y al Poder Legislativo, con un real decreto ómnibus en el que todo cabe y parece que todo vale. Ustedes
anulan el Poder Legislativo, este Gobierno está anulando al Parlamento, mermando la capacidad de actuación de las Cortes Generales, y eso gravísimo, señor ministro de la Presidencia. Es un real decreto en el que se trasponen ocho directivas, siete
materias que nada tienen que ver unas con otras -aquí se ha dicho-, que afecta a media docena de ministerios -seis ministerios están afectados por este real decreto- y que modifica una veintena de leyes. Es una auténtica barbaridad que ustedes
traigan este real decreto aquí, a pesar de que se justifique en que las directivas europeas hay trasponerlas con la máxima rapidez posible. (La señora ministra de Hacienda y Función Pública, Montero Cuadrado, hace gestos afirmativos). Sí, señora
Montero, pero no todo vale, porque ustedes llevan ya tres años gobernando -tres años gobernando- y estas directivas podrían haberlas acelerado. Por ejemplo, tienen ustedes paralizada -y hablaremos otro día- su agenda legislativa. Ustedes están en
otra cosa, están en los mítines electorales en el Congreso de los Diputados, señores ministros del Gobierno.
Son ocho directivas que no tienen nada que ver. No voy a entrar en el fondo de ellas, pero sí quiero enumerarlas para que los ciudadanos que nos escuchen lo sepan: supervisión de los bonos garantizados; distribución transfronteriza de
organismos de inversión colectiva; uso de los datos abiertos y reutilización de la información del sector público; ejercicio de los derechos de autor, que se ha nombrado aquí, en el que nosotros estamos a favor de que se otorgue seguridad jurídica
a los autores y editores. Es que estamos a favor, señor Bolaños, de casi todos los decretos, sin cambiar ni una sola coma. ¿Por qué ustedes utilizan este mecanismo en vez de haberlo hecho con el que correspondía? Exenciones temporales a las
importaciones como consecuencia de la COVID; defensa del consumidor, y la promoción de vehículos eficientes energéticamente. Dejan, por cierto, fuera a vehículos de combustibles alternativos, una industria que tiene mucho peso en el futuro de
España.
Para terminar, señor ministro, como decía, estamos a favor de la gran mayoría de los decretos. En otros, tenemos matices, podemos hablar, por eso estamos a favor de que se tramite como proyecto de ley, porque este Parlamento tiene que
expresarse. Ustedes no pueden hurtar la capacidad y la seguridad jurídica de este Parlamento de, por ejemplo, contar con los informes preceptivos que omiten pedir como consecuencia de esta tramitación legislativa. Por tanto, le pedimos al resto de
los grupos que digamos basta, que digamos basta a este rodillo del Gobierno que quiere pasar por encima del Parlamento, que quiere acallar al Parlamento. Vamos a decirle basta, porque luego tramitar los proyectos de ley significa que duerman el
sueño de los justos y que los plazos de enmiendas se prorroguen sine die y, por tanto, no tengan eficacia. A pesar de eso, nosotros estaremos a favor de que se tramite como proyecto de ley para intentar mejorar el texto.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una señora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÁ ESTAÑOL: Gracias, presidente.
Señor Revuelta, la esterilidad legislativa de VOX es solo equiparable al fervor de los aplausos que se autodedican al bajar sus ponentes. Creo que se los dedican muy fuertes al bajar porque temen que, con los exabruptos que dicen en esta
tribuna, no puedan aplaudir al volver a sus asientos. (Aplausos). Son ustedes los reaccionarios de toda la vida, pero, fíjese, tendrán delante a los demócratas de toda la vida. (Aplausos). Si no nos callaron con la fuerza de las armas, nunca,
nunca lo harán con la palabra en este hemiciclo. Ténganlo en cuenta.
El real decreto que nos ocupa -como han desgranado muy bien el ministro y los ponentes- contiene la trasposición de varias directivas europeas que debíamos hacer con celeridad: la de bonos garantizados y distribución transfronteriza de los
fondos; la de derechos de autor y derechos afines en el mercado digital único; la de mejora y modernización de normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de consumo. Es cierto, es un real
decreto extenso, tan extenso como necesario. De ahí que el Gobierno nos haya traído a su convalidación hoy este decreto.
Todas estas normas tienen un denominador común: fortalecer y armonizar nuestra legislación y sistema al marco europeo. Es evidente que no era tarea fácil, pero, sin duda, cualquier europeísta de este hemiciclo -sea cual sea su visión y su
proyecto para España- debería estar a favor de profundizar nuestro arraigo legislativo en el proyecto común europeo, porque esto del europeísmo es como lo de las vacunas: o estás o estás en contra. No hay medias tintas. No puedes estar con Orban
por la mañana y por la tarde decir que eres europeísta, señorías de VOX. Y tendremos -eso sí- tiempo, señorías, de debatir y enmendar, si fuera preciso, estas trasposiciones en el trámite como proyecto de ley, porque somos un país serio, somos un
país crucial para el proyecto europeo y tenemos la responsabilidad de demostrar ese compromiso en tiempo y forma; como decía el ministro, de dar ejemplo ante nuestros socios europeos. Porque nuestra Europa -la Unión- es el fruto del ejercicio del
compromiso y responsabilidad de muchos y muy distintos. Nació de la confrontación de ideas y no del enfrentamiento armado. En estos tiempos -en España también- parece que los distintos deban solo atizarse. El acuerdo entre distintos es más
duradero, más sólido, más significativo que entre similares. Hoy, más de una decena de partidos ejerceremos esa responsabilidad en esta Cámara, desde la diferencia, con la vista puesta solo en el bien común, desde posiciones encontradas, pero
también desde el encuentro.
Escribe don Quijote en la carta que le dirige a Sancho como gobernador de la ínsula Barataria que 'la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe'. Por ello, mi gratitud y la del Grupo Socialista a todos los
que hoy van a hacer posible esa convalidación. Y me permitirán -y de ahí la cita cervantina- que se lo diga también al Grupo Ciudadanos y a su portavoz. Con el señor Díaz a mí me separan abismos políticos, pero a veces hallamos pequeños rellanos
compartidos y en los que no dudamos en buscar el bien común y en acordar -a pesar de sentimientos y a pesar de las diferencias de parecer y de proyecto, porque de esto va, señorías- que ningún español o española pierda una sola oportunidad. Esto va
de hacer un país mejor, de dignificar cada día la tarea política parlamentaria. Esto va de encontrar siempre puentes entre los abismos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 26/2021, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADAPTA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, A LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. (Número de expediente 130/000066).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Para presentar el decreto-ley, tiene la palabra, en nombre
del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos y a todas.
Efectivamente, comparezco ante el Pleno para solicitar el apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 8 de noviembre. Como saben sus señorías -porque es un tema bastante
conocido por todos los que nos encontramos aquí-, este real decreto se ha elaborado para subsanar un vacío normativo que se genera por la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, una sentencia del pasado día 26 de octubre, sobre la
determinación del cálculo de la base imponible en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que ustedes conocen y todos conocemos popularmente como el impuesto de plusvalía. En esa resolución se declaraban
inconstitucionales y nulos tres artículos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativos a la determinación de esa base imponible, lo que impedía liquidación, comprobación, recaudación y revisión del tributo que dejaba
de ser exigible. Una cuestión, señorías, que todos podemos comprender que es relevante para los ayuntamientos, los municipios de nuestro país.
Con la aprobación de esta norma que hoy les presento para su convalidación, el Gobierno actúa una vez más de manera diligente, entendiendo la importancia que tiene esta cuestión para los municipios y sobre sus finanzas públicas. De hecho,
en tiempo récord se ha elaborado una reforma del impuesto que quiero recordarles que tiene el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es una norma cuya aplicación tiene un beneficio múltiple: primero, para los propios
ayuntamientos, porque les permite restablecer la exigibilidad de este impuesto y dar certidumbre sobre los recursos con los que contarán, evitando un posible deterioro de los servicios públicos; segundo, señorías, para la ciudadanía, porque adecua
la base imponible del impuesto a la capacidad económica de cada contribuyente, que además podrá optar por dos sistemas de tributación. Pero además de resolver una situación que podría suponer una merma importante en los ingresos de los
ayuntamientos que cobran este impuesto, también integra la doctrina contenida en dos sentencias previas del alto tribunal de 2017 y 2019 sobre la misma figura. La de 2017, que ya había declarado inconstitucional la tributación en situaciones en las
que no se producía incremento de valor en la transmisión patrimonial, y la de 2019, que estableció que la cuota del impuesto no podía ser superior al incremento patrimonial que realmente se había obtenido por ese contribuyente. Ante esta situación,
el Gobierno ha actuado -como decía- con urgencia y, por tanto, buscando mayores garantías para los ayuntamientos afectados. De hecho, con esta reforma el Gobierno restablece la exigibilidad del impuesto, evita el riesgo de los ayuntamientos para
que no sufran una disminución de sus recursos, y garantiza que las sentencias del Constitucional no supongan un deterioro de los servicios públicos que los ayuntamientos prestan a sus vecinos. En definitiva, se mantiene la naturaleza del impuesto
que -conviene aclarar- el Tribunal Constitucional nunca discutió. Y quiero resaltar especialmente este punto, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es plenamente constitucional.
Dicho esto, paso a explicarles con mayor detalle las modificaciones que recogemos en esta norma. En primer lugar, se sustituyen los porcentajes aplicables sobre el valor del terreno para determinar la base imponible del impuesto. Esto se
sustituye por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la propia venta. Los coeficientes se van a actualizar anualmente mediante normas con rango legal, teniendo en cuenta por ejemplo
la evolución de los precios de las compraventas que se hayan realizado; actualizaciones que se podrán llevar a cabo mediante las propias leyes de presupuestos de cada año. Señorías, con la medida conseguimos que los coeficientes estén ajustados en
todo momento a la realidad del mercado, que es una de las exigencias del alto tribunal que se contemplan en la sentencia. Además, los ayuntamientos podrán corregir a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización,
con un máximo de un 15 %. De esta manera, también garantizamos que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio y a las propias competencias de los ayuntamientos. Yo diría que lo fundamental es que a partir de ahora la base
imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por coeficientes que aprueban los ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder los límites que se recogen en el real decreto-ley.
La segunda novedad relevante es que se establecen dos posibles métodos de cálculo del impuesto. Por un lado, está el método que les acabo de explicar, y por otro lado, el real decreto-ley también contempla la posibilidad de que cada
contribuyente particular tribute en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión del bien, porque, como saben, la ganancia se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición, es decir,
si el contribuyente demuestra que la plusvalía
real es inferior a la resultante con el método de estimación objetiva, podrá aplicar la real que sale de esos propios cálculos. En el caso de transmisiones de un bien inmueble en el que haya suelo y construcción, la plusvalía real del
terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición, tras aplicar la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. Estos cálculos pueden ser comprobados por los propios
ayuntamientos. En el caso de que, a instancia del contribuyente, se constate que no se ha obtenido ninguna plusvalía, el real decreto-ley establece que la transmisión no estará sujeta a la tributación. Señorías, con esta norma garantizamos que
ningún contribuyente pagará el impuesto si no logra un beneficio real a la hora de la transmisión del inmueble. Tampoco estarán sujetas al pago del impuesto las transacciones en las que la cuota a pagar sea superior a la plusvalía obtenida por el
sujeto pasivo.
Otra de las novedades de la norma es que las plusvalías generadas en menos de un año también serán gravadas, al tratarse de operaciones que pueden tener un carácter especulativo. El real decreto-ley recoge igualmente la colaboración entre
las administraciones tributarias, tanto de comunidades autónomas como también de las entidades locales, para una mejor gestión del impuesto, pudiéndose suscribir convenios de colaboración o de intercambio de información tributaria para poder llegar
a una mayor finura a la hora de aproximar estos cálculos. Pero además esta norma concede a los ayuntamientos que tienen establecido el impuesto -que, como saben sus señorías, no son todos- un plazo de seis meses para que modifiquen las ordenanzas
fiscales que regulan este tributo, y las adapten a lo dispuesto en el real decreto-ley. Hasta entonces va a resultar de aplicación el marco legal que se dispone en la propia norma, tomando para la determinación de la base imponible del impuesto los
nuevos coeficientes máximos que se establecen por esta ley. Por último, también se regula el tipo competencial, por el que se dicta el real decreto-ley, la habilitación normativa para el desarrollo y ejecución y la entrada en vigor respectivamente.
Señorías, hasta aquí el contenido de la norma que someto a su consideración, pero antes de concluir mi intervención y dar paso a la de los grupos parlamentarios, quiero también anticiparme a algunas cuestiones que han surgido en este debate,
y que estoy segura van a hacer que algunos portavoces se hagan eco de ello. Por ejemplo, la creación del fondo de compensación para los ayuntamientos, que algunas fuerzas políticas reclaman. En primer lugar, quiero recordar que cuando se conoció
la primera sentencia del Tribunal Constitucional gobernaba el Partido Popular, y este partido no exigió entonces ningún tipo de fondo de compensación. En segundo lugar, resulta curioso que algunos partidos que todo el día nos acusan de infligir
severos hachazos fiscales a los contribuyentes, acudan deprisa a pedir a este mismo Gobierno que restaure el impuesto de plusvalía y que se establezcan compensaciones por el periodo que no haya estado en vigor. Porque, señorías del Partido Popular,
¿no mantenían ustedes la teoría de que cuando se bajan impuestos se aumenta la recaudación tributaria? ¿Qué pasa en este momento o en momentos concretos donde las figuras tributarias pudieran tener algún ajuste? Pues yo diría que se da la paradoja
de que alcaldes que consideraban injusto e incluso confiscatorio el método del cálculo del impuesto hasta la aprobación de esta norma reclaman ahora al Gobierno de España que les compense por lo que van a dejar de recaudar con las medidas adoptadas
para corregir las deficiencias del impuesto del que antes se quejaban. Por eso voy a intentar responder con algún dato, porque de los ocho mil municipios españoles, la mitad, es decir, menos de cuatro mil, recaudan por el concepto de plusvalía. El
resto no aplica esta figura fiscal. De estos cuatro mil, más del 75 % no alcanzan un 3 % de recaudación del impuesto respecto a sus ingresos corrientes. De ahí que siempre les diga que para poder hablar de la situación de la realidad tenemos que
basarla en diagnósticos realistas y rigurosos, para que las prioridades se puedan ordenar y por tanto responder a las necesidades que realmente tienen los ciudadanos. De hecho, la aprobación de este real decreto-ley se une a todo el conjunto de
medidas que hemos puesto en marcha con clara vocación municipalista. La financiación total de los ayuntamientos para el año 2022 asciende a 22 122 millones de euros, lo que representa un incremento del 11 % respecto al presupuesto de 2021. Por
tanto, el próximo año las entidades locales recibirán las mayores entregas a cuenta de su historia.
Igualmente abordamos en la Ley de Presupuestos medidas para los problemas financieros que puedan tener algunos municipios, por ejemplo la modificación de las condiciones financieras de los préstamos. Igualmente, en 2022 -conocen ustedes- no
existen o están suspendidas las reglas fiscales. Hemos dado igualmente apoyo a las entidades locales para la prestación del servicio de transporte urbano, del transporte público, mediante la concesión directa de subvenciones por importe de 434
millones de euros. Igualmente, hemos creado un mecanismo extraordinario de financiación que permitirá que determinados ayuntamientos puedan cancelar sus obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y
exigibles anteriores a 1 de julio de 2021. Se han cancelado deudas de entidades locales con acreedores públicos mediante financiación del Fondo de Financiación de Entidades Locales, por un importe de 305 millones de euros.
Señorías, termino esta intervención trasladando lo que decía al principio. El Gobierno actúa con máxima celeridad y evita el perjuicio económico que la sentencia del Tribunal Constitucional pudiera haber ocasionado en las arcas municipales.
El Ministerio de Hacienda ha legislado en un tiempo récord y apenas transcurrieron un par de semanas entre que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional -no su comunicación, que fue cuatro días antes de la aprobación del real decreto-ley-
y la entrada en vigor de esta propia norma. Por tanto, el impacto económico en esos días ha sido realmente mínimo. Por eso desde la tribuna hoy les quiero emplazar a apoyar la convalidación de esta norma, porque nos beneficia a todos, a
ayuntamientos y a ciudadanos, resolviendo la situación creada por la resolución del Tribunal Constitucional. También creo sinceramente que con esta nueva modificación se avanza en una formulación más justa de la propia figura tributaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora España Reina. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, efectivamente la reciente sentencia del Tribunal Constitucional declaró el conocido impuesto de plusvalía como inconstitucional. El Gobierno tenía entonces dos opciones: una era compensar a las entidades locales por la pérdida de
recaudación, aproximadamente 2500 millones de euros, o diseñar un nuevo impuesto que sustituyera al impuesto de plusvalía. El Gobierno, como hemos visto, ha elegido en tiempo récord la segunda opción. Los españoles no entienden cómo para bajar el
IVA de las mascarillas o para bajar los impuestos de la electricidad se necesitan meses, y para crear un nuevo impuesto basta con un fin de semana. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, estamos en contra, fundamentalmente por dos razones. En
primer lugar, por las formas. No se puede crear un nuevo impuesto por real decreto en lugar de con un proyecto de ley; en la medida en que se modifica la esencia del propio hecho imponible, podemos afirmar que es un nuevo impuesto. ¿Cómo va a
afectar a los ciudadanos? ¿Cómo afecta a la recaudación? Pues no se sabe nada, porque al ser por real decreto no ha sido sometido a consulta previa ni es obligatorio acompañarlo de los informes pertinentes. Mire, hasta los técnicos de Hacienda de
Gestha dudan de la constitucionalidad de esta reforma. Y, en segundo lugar, por el fondo. Existe ganancia patrimonial y, por lo tanto, ya tributa en el IRPF, por lo que este impuesto no deja de ser una doble tributación tal y como está definido.
La sentencia del Tribunal Constitucional hubiera sido una gran oportunidad, señora ministra, para haber suprimido este impuesto y afrontar un nuevo modelo de financiación local; pero ustedes, como siempre que tienen la más mínima oportunidad,
vuelven a subir impuestos a los españoles.
Le voy a contestar con respecto a la sentencia del año 2017. Esa sentencia provocó que el Gobierno de Rajoy, previa consulta con la FEMP, acordara un texto para su debate en las Cortes Generales y una compensación a cada ayuntamiento por
las pérdidas que tuviera con la citada reforma, como ya sucedió en la reforma del impuesto de actividades económicas que, por cierto, también eliminó el Partido Popular. Pero miren, después de la moción de censura, Pedro Sánchez, el que no dormiría
tranquilo con Podemos en el Gobierno, acuerda con Pablo Iglesias, en el denominado Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019, en su punto 9.4 -abro comillas-, que ante la situación de inseguridad jurídica en la que quedan los Gobiernos
locales y los ciudadanos tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017, debe ser resuelto cuanto antes. La modificación del impuesto implica una merma considerable de los ingresos municipales. Si bien la solución real pasa por un
nuevo sistema de financiación, es necesaria una compensación inmediata, a corto plazo, para hacer frente al impacto económico al que los ayuntamientos tienen que hacer frente. Es decir, como ustedes no hicieron nada, llegó la sentencia del año 2019
y, después de tres años de inactividad del Gobierno, el Tribunal Constitucional ha vuelto en el 2021 a hacer una nueva sentencia, quizá harto de ver incumplir su sentencia. Señora Montero, chapuza tras chapuza: falta de previsión, incertidumbre en
los ayuntamientos e inseguridad en los ciudadanos. Ustedes se han propuesto hacerle la vida imposible a todo el mundo, a los policías, a los funcionarios, a los ganaderos, a los agricultores, al sector del transporte, al sector del automóvil, a los
autónomos, y
también a los ayuntamientos. Señora ministra, ¿recuerda cuando usted se quería quedar con el remanente de los ayuntamientos? Los ahorros de los vecinos decía usted que eran cesiones voluntarias. Trajo aquí un decreto-ley y tiene usted el
honor de ser uno de los pocos ministros a los que se le ha tumbado un decreto-ley; fue su gran derrota y la gran victoria del municipalismo. Luego ya sí se pudieron utilizar los remanentes.
¿Se acuerda usted de la devolución del IVA del año 2017? Setecientos millones que tiene que devolver a los ayuntamientos. Y dijo la señora ministra que ese dinero no lo iba a devolver porque ya no existía, y empezaron a lloverle sentencias
y tiene que devolver el IVA; pero no, la realidad es que no lo ha devuelto todavía. Debería haber hecho una devolución inminente y no condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Señora Montero, ¿ustedes cumplen lo que
firman? Porque firmó con Podemos una compensación inmediata para los ayuntamientos. ¿Usted ve cómo siempre acabamos hablando del Gobierno de la mentira? Mire, usted que alardea tanto de que la recaudación tributaria está en máximos históricos y
de que los ingresos tributarios van a subir un 14 %, sea valiente y cree un fondo de compensación para los ayuntamientos. ¿Sabe usted lo que es un ayuntamiento? Yo he sido muchos años concejal en el Ayuntamiento de Málaga y sé que cuando el vecino
no tiene para comer, va al ayuntamiento; cuando el vecino no tiene empleo, aunque no es competencia del ayuntamiento, acude al ayuntamiento; cuando no tiene para pagar la tremenda factura de la luz -por cierto, dijeron ustedes que iba a ser este
año igual o menor que la del año 2018, otra mentira-, también acude al ayuntamiento; y cuando no tiene una vivienda, acude al ayuntamiento. Señora ministra, se nota que usted nunca ha sido concejal de un ayuntamiento. Todavía están esperando los
ayuntamientos los 4000 millones de euros que aprobó por unanimidad la Federación Española de Municipios y Provincias o la participación en los fondos europeos; se nota que el presidente Abel Caballero está plegado a los intereses del Gobierno, y
que está más preocupado por sus luces de Navidad que por defender a los ayuntamientos. (Aplausos).
Señora ministra, el precio de la luz multiplica ya por cinco el de hace un año y el índice de miseria de España es el más alto de la Unión Europea, el peor de los últimos treinta años, un 20 %. Con un Gobierno socialista y comunista,
duplicamos la media de la Eurozona. La inflación cuesta a las familias 9000 millones de euros y ayer conocimos cómo la OCDE hunde en más de dos puntos las previsiones económicas de España. Ustedes decían que no iban a dejar a nadie atrás y lo que
no van a dejar es a nadie en pie, porque la inflación y los impuestos están empobreciendo a los españoles. Todos estos vecinos que no pueden llegar a final de mes, al final acuden a los ayuntamientos. Y yo le pregunto: ¿dónde está la compensación
a los ayuntamientos, esa que usted firmó con Podemos? Porque la Federación, la FEMP, dice que la solución es constituir un fondo de 1500 millones de euros en los presupuestos de 2022, pero ustedes, en el Congreso, no han incluido ese fondo. Qué
vergüenza, qué papelón para el señor Abel Caballero. Sean valientes e incluyan ese fondo, vía enmienda en el Senado, porque, señora ministra, no hay un fondo de compensación para los ayuntamientos ni para los vecinos que sufren en sus carnes la
subida de la luz, de la cesta de la compra, del gas, del butano, del gasoil, las primas de seguro, los planes de pensiones, el IVA de las bebidas azucaradas, el impuesto de matriculación, las tasas. No hay dinero para ellos, pero sí hay dinero para
sus socios que quieren romper España y para sus nuevos amigos de Bildu. No le voy a recordar los vetos que han levantado para que se puedan construir piscinas y otras tantas inversiones millonarias para el Gobierno Frankenstein. El Gobierno
Frankenstein siempre encuentra dinero hasta debajo de las piedras, pero para los ayuntamientos no, y para las familias solo más impuestos.
Miren, están tan obsesionados con subir los impuestos que hasta la CEOE les avisa de que el incremento de la presión fiscal sobre las empresas está perjudicando ya la competitividad. Hay un 10,7 % del PIB de presión fiscal sobre las
empresas en España frente al 10 % de media de la Unión Europea. Señora ministra, usted debe habilitar un dispositivo de compensación para los casos de los ayuntamientos cuando salgan perjudicados por este cambio legal, además de compensar por las
pérdidas generadas en el pasado. Esto es lo que opina la FEMP, señora ministra, que cada vez se siente menos representada por el socialista Abel Caballero.
Señora Montero, no dé la espalda a los ayuntamientos. En tres años y medio usted no ha traído un proyecto de ley, y ahora se descuelga con un real decreto que sabe usted que no es lo correcto. Parece que le resbala lo que diga la FEMP
porque, desde luego, no ha incluido en los presupuestos un fondo de compensación para que los ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios públicos con normalidad.
Por último, señora ministra, usted ha perdido una oportunidad de oro para suprimir este impuesto, compensar a los ayuntamientos y afrontar un nuevo modelo de financiación local. Desde luego, el municipalismo está huérfano con usted.
Escuche a los alcaldes, que necesitan recursos para atender a
los vecinos, que son el eslabón más débil de la cadena, y a usted solo se le ha ocurrido quitarles los remanentes y no devolverles el IVA. Señora ministra, en un fin de semana usted dijo en un mitin del PSOE: esto lo arreglo yo el lunes.
¡Cómo aplaudían los socialistas! ¡Cómo le gustan los impuestos a los socialistas! (Aplausos). Vaya, señora ministra. En un fin de semana creó usted un impuesto por decreto. Lástima que no sea tan rápida para crear un fondo de compensación para
bajar impuestos como el IVA de las mascarillas, de las peluquerías. Lástima que no haya sido tan rápida para devolver el IVA a los ayuntamientos y a las comunidades.
Como decía mi compañero, basta ya de reales decretos-leyes; basta ya de impuestos, señora Montero.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra de Hacienda y Función Pública. Me sorprende que no utilice usted la réplica a un turno en contra, como se acaba de producir. Pero, en fin. Yo voy a votar en contra de la convalidación de este real decreto-ley
que retrata la deriva del Gobierno hacia el conflicto.
La sentencia del Tribunal Constitucional, que provocó un reciente seísmo recaudatorio por la declaración de inconstitucionalidad en la aplicación de lo que popularmente se conoce como la plusvalía, suponía una muy buena oportunidad para que
desde el Gobierno se acometiera un muy buen trabajo normativo en pro del municipalismo. También podría haber resuelto las dificultades económico-financieras sobrevenidas para los entes locales mediante compensaciones. Pero no, señorías, el
Gobierno optó por promover unas medidas normativas que trae al Congreso de los Diputados en tiempo récord, y lo hace de una manera atropellada que augura serios problemas de forma y de fondo, como acaba de explicar, muy certeramente, la diputada
señora España Reina, con la que también comparto el argumento sobre la doble penalización tributaria para los contribuyentes, que tendrán que pagar cuando exista ganancia patrimonial, por la vía del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y
a partir de esta normativa también por el hecho imponible. Una vez más la innovación recaudatoria cabalga a galope en la España de los bolsillos vaciados; vaciados por el Gobierno de Pedro Sánchez. En definitiva, el atajo que supone la
tramitación de este real decreto-ley refleja otra oportunidad perdida para hacer bien las cosas en una cuestión de tanta trascendencia para la sociedad y para las haciendas locales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, lo primero que hay que decir es que se ha tardado mucho en reaccionar ante la sentencia de 2017, señores del PP, y de 2019, donde ya se señalaba la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la ley que hoy se
reforma, Reguladora de las Haciendas Locales. Pero también hay que decir que aunque la última sentencia no quedaba clara en cuanto a los efectos, este real decreto -que sí es necesario- viene a rellenar estas lagunas de una manera que, aunque no
satisface a muchos ayuntamientos, sí ha sido cauto al menos en la constitucionalidad de los efectos retroactivos. Pero tiene problemas, por lo que creemos que debe tramitarse posteriormente como proyecto de ley.
Solo esbozaré dos cuestiones. La tabla de coeficientes que se establece como un vaivén de sube y baja carece de lógica matemática y jurídica y, aunque se justifique económicamente por la evolución del mercado en los últimos años, va a ser
necesario cambiarla todos los años, y todos los ayuntamientos también a obligarlo además por zonas, porque el mercado es muy desigual y, a pesar de esta libertad que tienen los ayuntamientos, va a resultar muy complicado. O sea, que de cara a estos
y a los ciudadanos, que tienen que pagar los impuestos, va a crear confusión y habría que simplificarlo. Otra cuestión es qué ocurre con las inversiones. Un simple ejemplo. Alguien compra una vivienda antigua de 80 000 euros, hace una reforma
interior de otros 80 000; si al cabo de cinco o seis años quiere venderla por 150 000, con pérdidas, toda su inversión va a repercutir como un incremento patrimonial proporcional al valor del suelo. Este es otro punto de posible
inconstitucionalidad por alejarse de la motivación del hecho imponible.
Hay más cosas que deberían aclararse, si no corregirse. Creo que debería tramitarse como proyecto de ley o buscar una modificación o una enmienda en otra ley que afecte a la financiación de las haciendas locales. Desde luego a muchos
ayuntamientos de Cantabria ya les ha afectado de manera importante y hay que corregirlo.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado. Gracias.
Tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, si algo ha quedado acreditado es lo que disfruta la ministra subiendo impuestos; toda España pudo ver la satisfacción con la que lo anunciaba. Es evidente que forma parte del ideario político socialista esta subida de impuestos,
y además hacen gala de ello, de disfrutar subiendo impuestos. Lo que se pregunta la gente es por qué cuando subió la luz de una forma tan excesiva no salieron ustedes y dijeron: en dos días solucionamos esto. No lo hacen porque, evidentemente,
subir impuestos es muy fácil, a la vista está que cualquiera es capaz de subir impuestos, pero corregir las situaciones de anomalía que producen al conjunto de los ciudadanos, eso es más complicado. Intentar bajar los precios de todos productos que
se están disparando, eso ya es más complicado. Venir aquí a decir que se paguen impuestos es fácil, y claro que está acreditado que una bajada de impuestos supone más actividad económica, eso se ha hecho en comunidades españolas, se ha hecho por
Gobiernos españoles y, por lo tanto, está acreditado. Además de eso, ustedes están aprovechando una vez más el decreto-ley, como ya se ha dicho aquí están abusando de él y, evidentemente, en este caso en concreto están rozando también la
inconstitucionalidad, como pone de manifiesto cómo se han puesto la venda antes que la herida. A ustedes lo que les interesa, como digo, lo solucionan rápidamente, a una velocidad desmesurada. Por otra parte, nos ha querido contar lo que ha hecho
en el presupuesto para el año 2022 para tapar también aquellas cuestiones que no está haciendo, como es compensar a los ayuntamientos la deuda que tienen acumulada y a la que todavía no ha dado salida y que prometió con el plan COVID. Por tanto,
estamos hablando de impuestos que al final lo que están haciendo es mermar la capacidad económica del conjunto de los españoles que, unido a la alta inflación y a la subida de precios que se está produciendo en todos los órganos, está consiguiendo
que en este momento los ciudadanos españoles sean más pobres que hace un año.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno nos presenta un real decreto-ley que pretende ser una respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal, tratando de ofrecer alternativas a esta situación que está provocando graves problemas
en los ayuntamientos. Las propuestas del Ejecutivo pasan por regular la no sujeción en caso de inexistencia de incremento de valor, así como por establecer un método de cálculo alternativo a instancias del contribuyente. A nuestro grupo
parlamentario, señorías, no le parece mal, y menos aun teniendo en cuenta la situación de vacío legal e inseguridad jurídica en la que quedarían los contribuyentes si esta norma no fuera convalidada. Pero nada nuevo bajo el sol, porque sabemos que
el señor Sánchez ha hecho del decretazo una forma de gobernar y que no tiene escrúpulo ninguno en llevar las convalidaciones al filo del abismo, convencido de que las situaciones límites pueden torcer el brazo a este Congreso. Señorías, todos
sabemos que el uso de la figura jurídica del real decreto-ley para modificar impuestos es más que dudosa desde el punto de vista legal. A los liberales nos gustan los impuestos bajos, sí, pero nos gusta más que se cumpla la ley, que el Estado de
derecho guarde y garantice nuestros derechos y libertades. Comprendería que nos dijeran que se usa la figura del real decreto-ley por cuestión de urgencia y necesidad, pero es que, señores del Gobierno, la primera sentencia que puso en duda la
constitucionalidad del método de cálculo de la plusvalía fue en 2017, y desde entonces ni ustedes ni el Partido Popular han querido ni se han dignado a hacer nada. Al final, se deja que los problemas se pudran y no quede otra que legislar de manera
urgente y por decreto, pero limitando, sin duda, considerablemente la labor del Parlamento y dejando esa modificación legislativa al borde de la ilegalidad y susceptible de impugnación.
En Ciudadanos llevamos tiempo llamando la atención sobre este asunto. Lo hicimos en pasadas legislaturas y lo hemos hecho en esta. Sin ir más lejos, este mismo año, en abril, se aprobó una proposición no de ley que presentó Ciudadanos en
la Comisión de Hacienda urgiendo al Gobierno a traer al Congreso un proyecto de ley que modificara este impuesto, pero no quisieron hacerlo. Aun así, nosotros volvimos a insistir con una pregunta escrita al ministerio y venimos advirtiéndolo desde
hace mucho tiempo. Podemos esperar una alta litigiosidad y problemas por no haber legislado y haber cambiado las cosas a tiempo. ¿Qué va a pasar con los contribuyentes que ya han satisfecho un impuesto cuyo método de cálculo ha sido considerado
inconstitucional? ¿Y con aquellos que tuvieron una reclamación pendiente? ¿Cómo se va a compensar a los ayuntamientos por todas las devoluciones que se deben hacer? Además, para colmo, este Gobierno que, ante los problemas, solo sabe subir
impuestos, establece con carácter novedoso que quedan gravadas las operaciones en las que el periodo de tenencia del inmueble haya sido inferior a un año y que hasta ahora no estaban gravadas. Una nueva novedad, más impuestos.
¿Qué proponen los liberales españoles? Proponemos la supresión de este impuesto sobre la plusvalía con el correlativo aumento de la participación de las entidades locales en la recaudación de los tributos estatales que gravan las plusvalías
de los bienes inmuebles, tanto en IRPF como en impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre la plusvalía es un tributo que ahonda en la doble imposición que sufren los contribuyentes cuando transmiten un terreno, pues ya pagan impuestos por IRPF
por la ganancia patrimonial. Además, con cargo a presupuestos del Estado se podría compensar a los ayuntamientos por las devoluciones que hayan de realizar a consecuencia de los reiterados fallos del Tribunal Constitucional y por la pérdida de
recaudación. Señorías, del varapalo que supuso el rechazo de su decreto para incautarse los remanentes de los ayuntamientos, el Gobierno decidió vengarse negando un fondo a los ayuntamientos que venían reclamando hacía mucho tiempo y que continúan
reclamando para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia. No existe en los presupuestos para 2022, recién aprobados en el Congreso de los Diputados, ningún fondo adicional para ayudar a los ayuntamientos. Cero; ¡que se dice pronto!
El año pasado se prometieron 5000 millones a fondo perdido, pero este fondo nunca fue creado.
Señorías, no podemos sumir a los contribuyentes y a los ayuntamientos en otro vacío legal y en la más absoluta inseguridad jurídica. Lo que se propone en este real decreto-ley admite nuestra abstención, pero poco más, porque peca de falta
de ambición y abusa del parche. Además, pediremos la tramitación como proyecto de ley, votaremos a favor, porque creemos que podemos mejorarlo con las iniciativas liberales, que lo único que buscan es no asfixiar a los contribuyentes y ayudar a los
ayuntamientos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, si me permite también, voy a empezar por la señora Carolina España. Señora España, cuando usted critica los acuerdos presupuestarios del Gobierno con los diferentes grupos parlamentarios y habla de algunas enmiendas,
intentando ridiculizarlas, ¿quiere que le recuerde las enmiendas que pactó el Partido Popular en el presupuesto de 2018? ¿Quiere que le recuerde las enmiendas que pactaba el Partido Popular con nuestro grupo parlamentario? ¡Hombre!, seamos un
tanto rigurosos. (Aplausos).
Señora ministra, esto llega tarde, y usted lo sabe; y también lo sabe el Partido Popular. La primera sentencia es de mayo de 2017, el Partido Popular estuvo un año en el Gobierno y no hizo nada; el Partido Socialista y Unidas Podemos
llevan tres años, y hasta que no ha venido la tercera sentencia, que ya no dejaba ningún tipo de margen de maniobra, el Gobierno no ha reaccionado. Nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, no porque nos guste estrictamente
su contenido, sino porque no se puede dejar en un vacío de inseguridad jurídica y de imposibilidad de liquidar este impuesto a los ayuntamientos. De hecho, le confieso que vamos a apoyar la tramitación como proyecto de ley, aunque nosotros
pensábamos que no sería necesario. En primer lugar, porque habría un compromiso de una ley de haciendas locales con carácter inmediato, que es donde se debe afrontar realmente la reforma de este impuesto. En segundo lugar -se lo pido a la Cámara
en nombre de todos los ayuntamientos-, si se tiene que tramitar como proyecto de ley, que sea rápido, porque si no va a generar tal inseguridad jurídica en las liquidaciones que vayan a practicar los ayuntamientos que los recursos no los vamos a
conocer.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenos días, señor presidente.
Señora ministra, señorías, aterriza hoy aquí la adaptación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para cambiar la lógica del impuesto sobre la plusvalía. Se pasa de calcular
obligatoriamente el impuesto a través de un criterio objetivo, como el catastro, a un cálculo de la base imponible que incluye la realidad del mercado inmobiliario actual y además se permite que el sujeto pasivo pueda optar por demostrar que no se
da el hecho imponible, el incremento de valor de los terrenos. Tengo mis dudas de que muchos jueces, incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional, hayan entendido realmente qué es el impuesto sobre plusvalía, pero estamos de acuerdo en que
toda imposición debe respetar el principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución y no gravar transacciones inmobiliarias sin enriquecimiento.
Este real decreto -ya se ha dicho- es necesario, pero llega tarde. ¿Qué hipocresía es esta de que se adapta a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Desde mucho antes de 2017, ciudadanos y ayuntamientos han tenido que
lidiar con centenares de sentencias de juzgados y de tribunales superiores -el Supremo- y desde 2017 del propio Constitucional. Esto se lo digo yo que, como lletrat consistorial del Ajuntament de Barcelona, he llevado decenas de juicios sobre
plusvalía. El Gobierno ha vivido en una burbuja y ha sido negligente. ¿Qué saben del daño y de la inseguridad que han causado a millones de ciudadanos? ¿Qué saben de los esfuerzos de todos los ayuntamientos para afrontar el reto jurídico de la
jurisprudencia sobre la plusvalía, una fuente de ingresos esencial? Los ayuntamientos tendrán un 40 % menos de ingresos en 2022 por este concepto y un incremento enorme del gasto de gestión. Con este real decreto-ley llegan tarde. Además, lo han
aprobado a espaldas del mundo local y de las entidades municipalistas y sobre todo olvidan dar solución a la parte económica del embolado. En cumplimiento del principio de suficiencia financiera, falta crear un fondo extraordinario para compensar
la pérdida de ingresos de los ayuntamientos y también falta crear un fondo permanente de compensación a los ayuntamientos por la reducción de ingresos debido al nuevo método de determinación de la base imponible. Finalmente, se mantiene una
centralización en materia de haciendas locales que olvida las realidades territoriales y que es perfectamente posible revertir en el marco jurídico actual. Por todo esto, anunciamos la presentación de iniciativas para dar respuestas a estas
cuestiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente.
Diputades i diputats, ministra, buenas tardes. La sentencia del Tribunal Constitucional anulando el método de cálculo del impuesto sobre la plusvalía ha tenido un impacto directísimo sobre el municipalismo y sobre sus cuentas. Esto supuso
que durante unos días muchos de los ayuntamientos estuvieran en falso a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales necesarias para hacer el presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, la aprobación de este real decreto era necesaria para dar
seguridad jurídica, aunque no deja de parecernos un parche.
Es evidente que con este real decreto no se solucionan los problemas de financiación de los ayuntamientos, que son estructurales, y más después de esta pandemia, con unas arcas municipales exhaustas tras prestar los servicios más básicos a
su población en estos momentos tan difíciles. Vamos a señalar un dato que nos parece importante. Con los datos de la liquidación de 2019 los ayuntamientos catalanes ingresaron 590 millones de euros por este impuesto y en el conjunto del Estado
español aproximadamente unos 2675 millones, llegando a representar en algunos casos más del 10 % de la recaudación de ingresos corrientes en el presupuesto municipal, representando el segundo impuesto en recaudación, por detrás del IBI. Como
decíamos, con este real decreto se pone un parche, pero no se arreglan los problemas estructurales históricos de las finanzas municipales. Consideramos que muchos ayuntamientos van a ver disminuidos sus ingresos con este decreto, algunos de ellos
hasta un 30 %. Es
por esto que pedimos que se tramite como proyecto de ley para introducir algunas enmiendas para paliar esta situación. En primer lugar, pedimos la creación de un fondo extraordinario -ya sé ministra que usted ha respondido a esta petición
apelando al PP, pero nosotros también lo pedimos- de 1500 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos que supone el nuevo método de cálculo del impuesto sobre la plusvalía. También debemos mencionar aquí que con este sistema no hay un
nuevo método de cálculo, sino que se establecen dos métodos de cálculo y, por tanto, existe una mayor flexibilidad para que el contribuyente, al final, acabe escogiendo cuál de los dos métodos es más beneficioso para él. Este fondo extraordinario
vendría a paliar tanto aquellas transmisiones efectuadas durante los quince días de transición en que legalmente no se puede exigir y requerir el impuestos a los contribuyentes, como sobre todo a aquellas transmisiones anteriores que estaban
pendientes de liquidar y que no se podrán efectuar y las que no habían adquirido carácter firme y habrá que devolver a los contribuyentes sobre la base de la sentencia del Constitucional. En segundo lugar, pedimos la creación de un fondo permanente
de compensación en favor de los ayuntamientos por la posible reducción de ingresos que generará el nuevo método de determinación de la base imponible, teniendo en cuenta el cumplimiento de la legislación vigente en lo que se refiere al principio de
suficiencia financiera de los ayuntamientos.
En definitiva, ministra, van pasando los años y no se resuelve el problema crónico de las finanzas municipales. Como partido municipalista que somos, nacido precisamente hace más de noventa años a pocas semanas de unas elecciones
municipales que ganamos, vamos a seguir comprometidos con aquellas administraciones públicas que están más cerca de la trinchera, de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, los ayuntamientos, y es que cuando el municipalismo republicano es fuerte, el
país avanza.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Presidente, ministra, señorías, buenas tardes ya.
A la espera de afrontar el debate, si no definitivo, al menos determinante sobre la reforma fiscal del próximo año, nuevamente el Gobierno se ve obligado a tomar medidas de contención en materia tributaria, y digo bien medidas de contención,
puesto que apenas se han acometido las obras más acuciantes que demanda un edificio fiscal desequilibrado, es decir, injusto y en seria amenaza de ruina. Esta vez, se trata de un cambio sustancial en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una
ley que tuvo el dudoso honor de ser uno de los últimos actos ejecutivos del Gobierno Aznar, previo a su salida ignominiosa de la Moncloa. Pues bien, esta ley ahora es reformada al calor de una reciente sentencia judicial del Tribunal
Constitucional, como ya se ha dicho. Ciertamente, se trata de la tercera vez en cuatro años que el Alto Tribunal se manifiesta para criticar la aplicación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es una de
las fuentes de financiación más importante de nuestros municipios, con una capacidad recaudatoria en torno a los 2500 millones de euros. Sin embargo, ha sido el vacío legal manifiesto, generado a raíz de la última sentencia, lo que ha obligado al
Gobierno a actuar con diligencia y rapidez para evitar males mayores. Rapidez, porque la sentencia se publicó el día 26 de octubre -decía la propia ministra Montero- y fue el Consejo de Ministros del día 8 de noviembre el que aprobó el real
decreto, es decir, apenas catorce días entre ambas fechas. Y diligencia también, sin duda, en tanto que el nuevo diseño que ya opera para la determinación de las bases imponibles se mueve en la dirección que reclamó en su momento el Tribunal
Constitucional, cuya sentencia estableció que la anterior redacción del texto legal -cito literalmente- vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición establecido en el artículo 31.1 de nuestra Constitución. Además, lo hace
ofreciendo un método de cálculo dual, bien por plusvalía real o bien por sistema objetivo, lo que permite al contribuyente aplicar el resultado que más le convenga, a la vez que se ajusta claramente al principio de progresividad reclamado por el
Tribunal, así como a la propia realidad del mercado inmobiliario. Pero por si esto no fuera suficiente, se introduce una regla de salvaguarda precisamente para evitar que la tributación por este impuesto pudiera, en algún caso puntual, resultar
contraria al principio de capacidad económica. Además, los ayuntamientos ahora tendrán competencia para rebajar el valor catastral o los coeficientes, lo que también contribuirá a que el impuesto refleje la realidad inmobiliaria concreta de cada
zona.
Asimismo, quiero destacar entre otras novedades positivas de esta reforma las medidas tendentes a evitar -o al menos a desincentivar- las compraventas especulativas de terrenos urbanos, un fenómeno
que nos remite a lo peor de la cultura del pelotazo, a esa fe pagana en el ladrillo que tanto ha proliferado en nuestro país en estas últimas décadas. En ese sentido, el nuevo texto penaliza las operaciones en corto, mientras que las
enajenaciones que se realicen a partir del sexto año de posesión soportarán menos impuestos que la norma anterior. Es decir, señora España Reina, señorías del Partido Popular, esto supone una bajada efectiva de impuestos. ¿Cómo puede usted decir,
señora España Reina, que esta es una subida de impuestos cuando acto seguido usted misma reclama un fondo de compensación? A ver, señora España Reina, ¿en qué quedamos? Si se bajan los impuestos y luego pide un fondo de compensación, está usted
misma reconociendo que se bajan los impuestos, no que se han subido. Por favor, sea usted al menos coherente consigo misma, no digo ya con su partido, consigo misma, señora España Reina.
Esto nos lleva a plantear una reflexión sobre el modo de financiar nuestras haciendas locales que trasciende las consecuencias de esta propia reforma porque, señorías, ya hemos discutido en esta Cámara profusamente sobre el papel crucial que
han jugado los municipios españoles en esta larga ya crisis pandémica, un papel cuya relevancia no decrece, yo diría que al contrario. Los municipios han demostrado una capacidad asombrosa para atender con celeridad las complicaciones específicas
que cada uno de ellos ha tenido que enfrentar y, por tanto, son nuestra mejor garantía para una salida digna e igualitaria de esta crisis. Pero también se ha demostrado una preocupante falta de autonomía financiera por parte de estos mismos
municipios, como se ha quejado en reiteradas ocasiones la propia FEMP. Aún hago esfuerzos por olvidar aquel real decreto-ley de hace creo que catorce meses, señora ministra, que no fue convalidado; el segundo no convalidado en toda la democracia.
Entonces, las tensiones evidentes entre unos ayuntamientos desbordados por el aluvión de llamadas de auxilio, por un lado, y una Hacienda pública enfrentada a una caída sobrevenida y pronunciada de ingresos tributarios, por otro, hicieron imposible
una solución de compromiso. En nuestro grupo parlamentario creemos que esa solución sigue pendiente y ya no podrá ser meramente una solución de compromiso, como también reclamaba el diputado de Esquerra. Debemos garantizar a las haciendas locales
una mínima suficiencia dentro de una arquitectura fiscal que establezca una clara correspondencia entre recursos tributarios y competencias asignadas a las distintas administraciones. Este será sin duda uno de los mayores desafíos que deberemos
enfrentar el próximo año en el marco de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno. No digo yo que su resolución cierre el debate...
El señor PRESIDENTE: Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor GUIJARRO GARCÍA: ... pero sin duda lo facilitará decisivamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Señora ministra, ya se está usted frotando las manos con un nuevo impuesto, ¿eh? Y es un nuevo impuesto porque, tras la sentencia del Tribunal Constitucional -como ya se ha dicho aquí- de octubre de 2021, ningún ayuntamiento de España puede
seguir cobrando el impuesto sobre la plusvalía municipal, que ha sido declarado inconstitucional. Y en eso radica su prisa y urgente necesidad, en que no pueden seguir cobrando este impuesto a los españoles. Esa es la única verdad. (Aplausos).
Y, además, el Gobierno vuelve a mentir cuando menciona el artículo 86 de la Constitución, que le permite dictar decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Ustedes gobiernan España desde 2018. En 2017 el Tribunal Constitucional
ya advirtió que liquidar este impuesto atentaba contra el principio de capacidad económica y era inconstitucional en algunos casos, cuestión que vuelve a confirmar de nuevo en 2019 con otra segunda sentencia. Los ayuntamientos seguían cobrando el
impuesto sobre la plusvalía a los españoles cuando estos no obtenían plusvalías. ¿Paradójico, verdad? Pero el Gobierno que se autoproclama de la justicia social, en vez de modificar la ley a partir de la sentencia de 2019, prefiere dejar aparcado
el asunto y seguir cobrando injustamente impuestos a los españoles. Y llega la pandemia y desde marzo de 2020 comenzaron a fallecer compatriotas por el maldito virus chino y miles de españoles veían cómo, además de sufrir por la pérdida de una
madre, de un padre o de un hijo, tenían que pagar este impuesto al recibir su herencia, un impuesto inconstitucional e injusto, porque a la ministra no se le
movía la conciencia y no quiso modificar la ley adaptándola a las sentencias del Tribunal Constitucional. (Aplausos). Por entonces, su Gobierno solo tuvo tiempo para encerrar a los españoles, declarar estados de excepción encubierto,
estados de alarma perpetuos, que también han sido declarados inconstitucionales (Aplausos). Ahora explique usted por qué ha consentido que miles de españoles hayan pagado indebidamente impuestos durante dos años de sufrimiento, miseria y pobreza
cuando la urgente necesidad era evitarlo.
Pues mire, esta diputada que le habla, a los dos meses de tener su escaño, el 5 de febrero de 2020 preguntó por escrito al Gobierno lo siguiente: ¿tiene el Gobierno pensado derogar de una vez por todas el artículo 107.4 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales para adaptarlo a las sentencias del Tribunal Constitucional -ya teníamos dos sentencias- (Muestra un documento). Y ustedes respondieron dos meses después diciendo que sí que lo harían. (Muestra otro documento). Lo que no
dijeron era cuándo. (Aplausos). De modo que este grupo parlamentario redactó una proposición de ley en mayo de 2020 para rebajar el impuesto sobre la plusvalía y adaptarlo a las citadas sentencias, y les dimos el trabajo hecho, señora ministra.
Solo tenían que copiar y pegar nuestra proposición de ley. Y el trabajo que hizo VOX estaba ahí, así hubiera evitado usted unos impuestos injustos a decenas de miles de españoles durante estos dos años de pandemia, impuestos que, como señala el
tribunal, no van a poder reclamar ni recuperar. A ver cómo le explica usted esto a España entera, que por la negligencia e inacción del Gobierno lo pagado inconstitucionalmente no se puede recuperar. ¿No le produce a usted esto sonrojo?
(Aplausos). Así que, mire, este atraco al bolsillo de los ciudadanos usted no lo podrá arreglar en un fin de semana una noche después de un Congreso. ¿Se acuerda? Lo de la plusvalía ya lo arreglo yo el lunes. ¡Qué vergüenza, de verdad!
(Aplausos). Y todo esto lo que pone de manifiesto es que quien se preocupa por el bolsillo de los españoles y trabaja por la seguridad jurídica es el Grupo Parlamentario VOX. Ya se lo he dejado patente. Ustedes, en cambio, avanzan únicamente en
sus fines sectarios e ideológicos para crear inseguridad jurídica, inseguridad en las calles y para engañar y esquilmar a los españoles.
Por último, le voy a decir que por supuesto votaremos no a su real decreto. Finalmente, si la norma se aprueba, la dirección de mi grupo parlamentario me ha concedido el privilegio de anunciarle que, como no puede ser de otra manera, este
real decreto lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional. Y le doy dos pinceladas: la figura del real decreto-ley no es la adecuada para legislar en materia tributaria cuando se pretende definir un elemento esencial del tributo, como es el
caso que nos ocupa, la base imponible; y el artículo 133 de la Constitución establece la reserva de ley desde la perspectiva del poder tributario. Así que, utilizando las palabras que usted me dirigió hace unos días en esta Cámara, le digo que los
españoles, viéndola a usted y viéndome a mí, ya tendrán claro quién los defiende y quién les miente o quién les engaña.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Rodríguez.
El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Ministra, señorías, buenas tardes. Hoy sometemos a convalidación el Real Decreto-ley 26/2021 para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó el 26 de octubre. Señorías, el 26 de octubre se expulsaron del
ordenamiento jurídico los artículos 101 y 107 de la Ley de Haciendas Locales. Dos días después, el 28 de octubre, la FEMP pedía al Gobierno una actuación diligente y urgente para aprobar una norma que diese seguridad jurídica a los ayuntamientos y
a los contribuyentes. Y eso es exactamente lo que ha hecho el Gobierno en ocho días, exactamente en ocho días. (Aplausos). Todo lo contrario, señora España -que consejos vende que para usted no tiene-, de lo que pasó en 2017. Porque la primera
sentencia del Tribunal Constitucional respecto a estos artículos recayó en mayo de 2017 y ustedes esperaron un año, hasta junio de 2018, para traerla a este Congreso. ¿Y sabe lo que ustedes tuvieron? El voto a favor del Grupo Parlamentario
Socialista, porque antepusimos los ayuntamientos al interés partidista. ¡Eso es lo que pasó en 2017! (Aplausos).
Señora España y señores de VOX, ¡cuando les escucho hablar de los ayuntamientos...! Les voy a decir lo que hace justamente una semana han votado ustedes en contra de los ayuntamientos. Han votado en contra de un incremento en la
participación de los tributos del Estado de 2191 millones para los ayuntamientos; su voto, señora España y señora Cañizares, ha sido no. Son 2191 millones, prácticamente la recaudación total de la plusvalía de todo nuestro país, y han votado en
contra. ¿Pero cómo van a tener
credibilidad para hablar hoy aquí de fondos de compensación si hace justo una semana que han votado en contra del mayor incremento en la participación de los tributos del Estado de este país para los ayuntamientos? ¿Ve cómo no tienen
credibilidad cuando hablan, señora España? (Aplausos). Señora España, han votado en contra de la compensación del IVA para los ayuntamientos, 1227 millones que constan en los presupuestos; han votado en contra, señora España. Han votado en
contra de 2050 millones de participación en los fondos europeos para los ayuntamientos hace siete días; han votado en contra, señora España. Por lo tanto, ni se preocupan ni se ocupan de los ayuntamientos. Vuelvo a repetir que no sean leales con
el Gobierno, que no sean leales con nuestros ayuntamientos, ¡pero que sean leales con los ayuntamientos que ustedes gobiernan y que necesitan esta modificación! (Aplausos).
Señorías, esta es una norma que favorece al contribuyente, no a los ayuntamientos. He escuchado a algunos intervinientes hablar de subida de impuestos, pero es que no es una subida de impuestos. Esto no es un impuesto nuevo, es adaptar la
determinación de la base imponible a la capacidad económica del contribuyente para cumplir el artículo 31 de la Constitución. ¿Y saben quiénes van a ser los beneficiados? Pues, los contribuyentes. Antes tenían un sistema único y obligatorio y
había una presunción de que se producía un incremento, pero ahora los contribuyentes pueden elegir la condición que más les beneficia, y si no hay incremento no se tributa. ¿Dónde está la subida de impuestos, señoría? ¿Dónde está? Es que no
existe la subida de impuestos. (Rumores).
Quiero acabar hablando de la financiación local, porque no me puedo resistir después de escuchar al Grupo Parlamentario Popular. ¡Claro que tenemos que ser ambiciosos y hablar de financiación local! Hay que hablar de financiación local
ligada indisolublemente a una reforma competencial de las administraciones locales, exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con la que dejaron a los ayuntamientos
unas competencias restringidas, limitadas y estrechas. (Aplausos). Por eso tenemos que hablar de financiación local, pero hablar de financiación local ligada a la reforma competencial de las administraciones locales. Y coincidido con el señor
Guijarro en que esa tiene que ser la agenda de esta legislatura: entrar en esa financiación local ligada a la reforma competencial.
Por lo tanto, vamos a aprobar la convalidación de este real decreto-ley no solo porque es buena para los ayuntamientos, sino también porque es buena para el conjunto de los contribuyentes en cuanto a su capacidad económica y a la justicia
fiscal que tiene que haber en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
- REAL DECRETO-LEY 25/2021, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS FISCALES DE APOYO SOCIAL. (Número de expediente 130/000065).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Para presentar
el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Presidente, señorías, buenas tardes.
Comparezco ante ustedes para dar cuenta del Real Decreto-ley de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas de apoyo social, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre. La principal medida que contiene este
real decreto-ley es la autorización de una transferencia adicional para equilibrar el impacto de las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19 por importe de 5012 millones de euros. Mi propósito en esta comparecencia es, como ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicar a sus señorías las razones de esta transferencia.
Como sus señorías conocen bien, siguiendo escrupulosamente la recomendación número 1 del Pacto de Toledo, que ustedes aprobaron en esta Cámara con una abrumadora mayoría, estamos plenamente inmersos en el proceso de separación de las fuentes
de financiación de la Seguridad Social. La clave de este proceso es la gradual asunción de los llamados gastos impropios de naturaleza no contributiva de la Seguridad Social por parte del Estado. Es una medida de transparencia esencial de cara a
la ciudadanía, que permitirá visualizar con claridad el estado de cuentas del sistema de pensiones y la convergencia hacia el equilibrio financiero de la Seguridad Social al final de la legislatura. Como me habrán oído decir en repetidas ocasiones,
este es uno de los bloques fundamentales del conjunto de medidas con el que estamos modernizando el sistema de pensiones. En esta intervención voy a tratar de explicar cómo esta transferencia es consistente con este proceso de separación de
fuentes.
La Seguridad Social se financia, por una parte, con contribuciones sociales y, por otra, con transferencias y préstamos del Estado. Lo razonable, y lo que el proceso de separación de fuentes va a conseguir, es que estas fuentes de
financiación se correspondan con la naturaleza de las partidas de gasto de la Seguridad Social. En definitiva, se trata de que los ingresos de las cuotas se destinen única y exclusivamente al sistema contributivo de pensiones y no a financiar
gastos ajenos al mismo.
Por su parte, las prestaciones de naturaleza no contributiva gestionadas por la Seguridad Social deben financiarse a través de transferencias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. El hecho de que este principio básico no se
haya cumplido en el pasado ha traído consecuencias nefastas; entre ellas se encuentra el vaciamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, para atender a gastos ajenos al sistema de pensiones. Si la
segregación de estos gastos impropios se hubiera realizado antes, no se habría llegado a esta situación con el fondo de reserva y ahora estaríamos mucho mejor posicionados a la hora de afrontar los retos de las próximas décadas. Hemos asistido a
prácticas que han generado confusión en la opinión pública, como la inclusión de partidas de gasto bajo el manto de la Seguridad Social para evitar tener que financiarlas a través de impuestos. Ello provocó la consiguiente aparición de injustos
déficits contables en las cuentas de la Seguridad Social causados por la transferencia de políticas no contributivas sin la financiación correspondiente.
La situación hoy es muy diferente. En 2020, ante la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID, el Gobierno desplegó un amplio paquete de medidas de protección de rentas que están siendo gestionadas por la Seguridad Social, como las
prestaciones de autónomos y las exoneraciones de cuotas, tanto de autónomos como de trabajadores vinculados a un ERTE, así como las prestaciones por incapacidad temporal por baja COVID. Fue una decisión correcta que la Seguridad Social asumiera la
gestión de prestaciones destinadas a proteger a los trabajadores, a los autónomos y al tejido productivo en general, gracias a su capacidad de llegar a todo el territorio y de desplegar políticas con agilidad y rapidez. En esta ocasión, la
financiación de estas medidas ha sido en todo momento asumida por el Estado. Así, en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 se incluyó una transferencia específica a la Seguridad Social por 20 000 millones de euros para financiar el impacto
sobre su balance de los gastos derivados de este conjunto de medidas.
A principios del otoño de 2020, con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, teníamos la incidencia acumulada contenida y noticias esperanzadoras sobre el desarrollo de las vacunas, aunque desconocíamos con qué
rapidez iban a poder administrarse a la población. Desde el punto de vista económico teníamos grandes incertidumbres sobre posibles cambios de hábitos y conductas y en qué medida estas seguirían condicionando la vuelta a la normalidad de los
trabajadores, empresarios y consumidores. Como bien saben, nuestro principio fundamental a la hora de abordar circunstancias tan cambiantes en el tiempo ha sido la flexibilidad y la adaptación a medida que se dispone de nueva información. Esto es
lo que hemos estado haciendo durante el año 2021, un año en el que las sucesivas olas de pandemia frenaron el proceso de vuelta a la normalidad iniciado en 2020. Para evitar que este freno se tradujera en un empeoramiento de la situación económica,
se extendieron en el tiempo las medidas de protección del empleo y las prestaciones extraordinarias a los trabajadores autónomos. A modo de ejemplo, el impacto de la pandemia continuó suponiendo que la baja por incapacidad temporal por COVID haya
seguido jugando un papel central en 2021. Como ven, a diferencia de lo que hoy estamos planteando con esta transferencia, en otros tiempos esta asunción de nuevas responsabilidades por parte de la Seguridad Social no habría ido acompañada de la
financiación necesaria y, evidentemente, habría supuesto un incremento del déficit de la Seguridad Social que habría sido usado instrumentalmente por algunos para volver a asustar a la ciudadanía.
En este punto es necesario recordar que las medidas adoptadas han facilitado una rápida recuperación del empleo, que se intensifica desde la primavera y que ha permitido que el nivel de afiliación a la Seguridad Social sea ampliamente
superior en este momento al de febrero de 2020, antes de la pandemia. Justamente hoy hemos publicado los datos de afiliación del mes de noviembre y ya estamos en 300 000 trabajadores por encima de los niveles de antes de la pandemia. Este buen
comportamiento del empleo, mejor del presupuestado, se traslada con claridad a las cuentas de la Seguridad Social, de manera que los ingresos por cotizaciones sociales también están superando las cifras previstas en los presupuestos, y lo hacen en
torno a unos 2200 millones de euros por encima de lo presupuestado. Por su parte, el gasto en pensiones contributivas terminará el año 2021 en línea con lo presupuestado.
Esta dinámica de gastos e ingresos se traduce en que el déficit de la Seguridad Social en 2021 va a situarse, con toda seguridad, por debajo de la cifra presupuestada, terminando en unos 13 700 millones de euros, el 1,1 % del PIB, por debajo
de los aproximadamente 14 300 millones de euros recogidos en los presupuestos. Ello ocurre incluso tras haber considerado el abono a los pensionistas por la desviación de la inflación, un 1,6 %, respecto a la paga que ya recibieron a comienzos de
año.
En definitiva, como he detallado, la medida que hemos adoptado de separación de fuentes supone un punto de inflexión, pues la Seguridad Social seguirá cumpliendo todos los compromisos de protección social, como le hemos encomendado, y
dispondrá de financiación para ello. Con esto, el estado del sistema de pensiones se verá completamente preservado. Esta transferencia es, por tanto, una forma de cumplir con nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal y
transparencia en la financiación de la Seguridad Social. Con ello contribuimos a que la ciudadanía tenga conocimiento con claridad del estado de las cuentas del sistema de pensiones y a dar mayor certidumbre sobre el futuro del mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Señorías, ministro, buenas tardes. Nos traen hoy ustedes aquí a convalidar otro real decreto-ley que mezcla varias cosas -como nos tienen acostumbrados ya-, unas cosas buenas y otras no tan buenas. En este Real Decreto-ley 25/2021 nos
encontramos con ese crédito extraordinario a la Seguridad Social para hacer frente al COVID de 5012 millones de euros y, también, la modificación de la normativa fiscal para las ayudas a La Palma. La verdad es que llama la atención que, si estas
medidas, como usted ha dicho, dan cumplimiento a la recomendación número 1 del Pacto de Toledo y son buenas para ir reduciendo el déficit de nuestro sistema de pensiones, las hicieran ustedes de tapadillo y que pasara desapercibido este rescate. El
pasado 8 de noviembre aprobaron este crédito en el Consejo de Ministros sin anunciarlo en la rueda de prensa y, por tanto, sin admitir preguntas. Simplemente, mediante una nota de prensa de apenas cinco párrafos, comunicaron a los medios de
comunicación este notable rescate -por su propia condición- que no estaba previsto, un rescate extraordinario. No sé si esa nocturnidad responde al deseo de esconder la compleja situación de la Seguridad Social, a su falta de previsión en los
Presupuestos Generales del Estado de 2021 que están vigentes ahora o a que ustedes fueron demasiado optimistas, porque ya sabíamos que en el año 2020 se necesitaron créditos extraordinarios. Nosotros ya se lo advertimos al Gobierno en la
tramitación presupuestaria de 2021, pero no quisieron escucharnos. Nosotros decíamos que sería necesario este gasto adicional y ustedes decían que no, dada la buena evolución de la pandemia y de los ingresos para 2021. El tiempo nos vuelve a dar
la razón y se encuentran ustedes con la necesidad de dotar otro crédito extraordinario en 2021 de 5000 millones adicionales.
Vamos a sacar las cuentas: 5000 millones extraordinarios para gastos asociados a las prestaciones de autónomos y ERTE, que se suman a los 20 000 millones extraordinarios para el mismo fin en 2020 y también a las transferencias-rescate de
Hacienda realizadas en junio de este año por 13 000 millones y la contemplada en los presupuestos para el año que viene de 18 000 millones para afrontar el pago de las pensiones ante el déficit del sistema; un total de 56 000 millones que supondrán
más deuda pública nacional y más impuestos.
Pero, como usted bien ha explicado, el déficit en las cotizaciones de nuestra Seguridad Social no está causado solo por la inversión de nuestra pirámide poblacional o por cotizaciones por base mínima en la mayoría de los autónomos, sino que
tiene mucho que ver con determinadas decisiones políticas tomadas por el bipartidismo, por los sucesivos Gobiernos del Partido Popular y del PSOE en su alternancia en el Gobierno. Esa ha sido la principal causa de la situación de endeudamiento y de
las tensiones de liquidez que afectan hoy a la Seguridad Social. Yo agradezco el ejercicio que usted ha hecho hoy aquí, porque a los españoles hemos de decirles la verdad cuando pregunten dónde está el dinero de su pensión tras cuarenta años
cotizados. Hay que decirles que las cotizaciones financiaron hasta finales de los años noventa una parte de la sanidad pública. También hay que decirles que fueron a pagar políticas de empleo que no eran asumidas por el Estado. También hay que
decirles que el Estado del bienestar se financió con su trabajo y ahora hay que explicar a los españoles que las soluciones pasan por hacer reformas estructurales que pongan en el centro a los jóvenes para que tengan una buena formación, facilidades
de
acceso al mercado de trabajo y contratos dignos en cuanto a duración y salarios. Pasa por hacer reformas estructurales que permitan a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto vital que incluya independizarse y formar una familia. Creo que
todos aquí sabemos que la mejor política social es fomentar la natalidad, ayudar a las familias y crear puestos de trabajo dignos para nuestros jóvenes.
Votaremos a favor del real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señor ministro. Es un tema muy numérico y muy contable que, como mínimo, arroja luz sobre la realidad económica del presupuesto y, por tanto, de este préstamo a la Seguridad Social.
Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley, porque entendemos que es una medida totalmente necesaria, aparte de que va acompañada de otras medidas de apoyo en relación con la explosión del volcán. En definitiva,
valoramos positivamente que este real decreto suponga poner luz sobre las cuentas de la Seguridad Social y aplicar aquellos criterios del Pacto de Toledo que piden que las cuestiones relativas a la Seguridad Social las tenga que financiar la
Seguridad Social y, por tanto, la separación de las fuentes y la separación de los gastos impropios. Este real decreto, aun con el drama que supone la constitución de este préstamo, supone una clarificación de cuáles son las cuentas de la Seguridad
Social y qué partidas se destinan a unas cuestiones y a otras. Por este motivo, nosotros vamos a votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Con Almudena Grandes, muchas aprendimos a reivindicar la historia y la memoria desde una novela erótica. Nos emocionamos al ver vencer la ternura frente al miedo y al horror, y cruzamos andando la Val d'Aran. Ella
era un faro, una practicante de la memoria y de la dignidad popular. No era una mujer de titulares; era más bien de destacar en negrita los pies de página de la historia. Ella dio voz a los vencidos, a los que jamás se rindieron. Contaba la
historia en femenino y en plural y, por eso, ahora hay quienes le niegan merecidísimos reconocimientos, no sea que nos acordemos de dónde venimos y qué pasa cuando gobierna la derecha. A Almudena la recordaremos defendiendo la alegría como una
trinchera y la felicidad como una manera de resistir. Porque, como ella misma contaba, ni siquiera Franco logró evitar que quienes lucharon contra el fascismo se enamoraran, tuvieran hijos y fueran felices, pese a las atroces condiciones. La
felicidad fue y es una manera de resistir y de combatir el fascismo. Creo que le debemos uno y mil homenajes desde esta tribuna y hay que combatir el desprecio de algunos con memoria, con alegría y con políticas públicas. (Aplausos). Gracias.
Precisamente de esto va este real decreto. Crisis en España hemos tenido muchas, pero lo cierto es que la respuesta política que les hemos dado es muy diferente. En la crisis de 2008, tanto en Europa como en España optaron por ensalzar la
mal llamada austeridad. Se recortaron derechos y servicios públicos, se aprobaron reformas para devaluar salarios y se instaló la idea de que el Estado no debía invertir. Consecuencias: paro, precariedad, pobreza y más desigualdad. No diré que
fuera una sorpresa, puesto que el FMI ya había experimentado y practicado anteriormente estas recetas con nosotras en América latina y el resultado -fracasado, por cierto- también es muy conocido. En 2019 la cosa cambió y hasta Mario Draghi
reconoció que esta estrategia había sido un enorme error -yo añadiría también cruel y estúpido- y él mismo instaba a recuperar el deber de los Estados en torno a la inversión pública.
La crisis del COVID ha sido y sigue siendo muy dura para la inmensa mayoría de ciudadanos y empresas en todo el mundo, pero este Gobierno respondió con garantías y con protección. La buena evolución de 2021 hizo que no se contemplaran
determinados gastos en torno a la Ley de Presupuestos Generales, pero la persistencia de la pandemia y la erupción volcánica en La Palma nos obliga, evidentemente, a reafirmar y alargar el escudo social de forma rápida y urgente. Esta es la
motivación de este real decreto que autoriza, básicamente, una transferencia extraordinaria para beneficiar la inversión y la continuidad en tres áreas, principalmente. En primer lugar, evidentemente, en la Seguridad Social,
como ha explicado bien el ministro. Hablamos básicamente de garantizar pensiones contributivas, prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menores o cuidado, por ejemplo, de menores afectados por cáncer u otras
enfermedades graves. En segundo lugar, hablamos del SEPE. Proponemos básicamente atender los gastos derivados de las prestaciones por desempleo y de los ERTE, que siguen manteniendo en pie a miles de familias y empresas; y quiero destacar también
las prestaciones extraordinarias para autónomos, fruto del acuerdo con las asociaciones del colectivo, que suponen su exoneración de las cuotas. En tercer lugar, evidentemente, La Palma. Aprovecho para reiterar la solidaridad absoluta con las
palmeras y los palmeros. Lo público debe volcarse para reparar la destrucción causada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y aquí se propone básicamente la exención del IRPF y el impuesto sobre sociedades para las ayudas públicas percibidas.
Todas estas inversiones deben atenderse con urgencia y no las podemos demorar para el siguiente ejercicio presupuestario, por lo que pedimos el voto favorable para este real decreto. Entendemos que todos los grupos deberían votar de forma
favorable. No lo hagan por lealtad al Gobierno, háganlo en este caso por lealtad con la gente de este país.
Termino con un dato esperanzador. Creo que hoy es un buen día. Hoy han salido las cifras del paro y se sitúan por debajo de los niveles del inicio de legislatura. La reducción del paro en noviembre es la mayor caída que se ha producido en
este mes en toda la serie histórica y encadenamos nueve meses consecutivos de reducción del desempleo, el periodo más largo de descenso desde que contamos con datos. En 2008 tuvieron que pasar once años para visibilizar la recuperación y ahora
hemos tardado un año y nueve meses. Triunfalismo ninguno, esto también lo quiero destacar, porque queda muchísima precariedad por desterrar, pero ceguera tampoco, señorías. Vamos por buen camino. Sigamos trabajando y aprobemos este decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Señor presidente, señor ministro: 'Y escribo por el arte que inventaron / los que el vulgar aplauso pretendieron, / porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto.' (Aplausos). Como
algunas de sus señorías habrán observado, es una sentencia de Lope de Vega. Ya que he visto al diputado socialista hablar irascible de Cervantes y también a la diputada hablar de Almudena Grandes, no está de más esta cita de algún competidor del
señor Cervantes. Y es que lo conocí -no a Lope de Vega, que quizás nos hubiésemos llevado bien, sino al personaje- porque pude participar en la producción de una película, Lope, y conocí al guionista, al director, a los actores, a las actrices, por
supuesto, y al personaje, y es un personaje, como todos los personajes literatos, del que podemos sacar grandes conclusiones. En definitiva, es forzoso hablar al vulgo, al pueblo, en necio, considerado ignorante, para darle gusto, y esto es lo que
está haciendo el Gobierno, porque en este real decreto percibimos una vez más la certeza de que el presupuesto de la Seguridad Social no es independiente, sino parte de los presupuestos generales del Estado; la certeza de que, al consolidar todos
los capítulos y eliminar las transferencias, que no supone más que traspasar los déficits de unos capítulos otros del presupuesto, se concluye que las cuentas de la Seguridad Social no están equilibradas.
El real decreto-ley contiene la exposición de motivos, cuatro artículos y tres disposiciones finales. De las disposiciones finales, como se ha dicho aquí, hay dos que son muy formales, una de ellas -la primera, concretamente- en referencia
a la remuneración diferida de los altos cargos en banca, de modo que estamos mezclando cosas, como bien ha dicho la diputada de Ciudadanos, y, de los cuatro artículos, el último habla de que no formen parte de la base imponible en el impuesto sobre
la renta y en el impuesto sobre sociedades las indemnizaciones que se reciban como consecuencia de los daños producidos por el volcán en La Palma. Pero, señor ministro, en el resto del articulado y en la exposición de motivos es donde se apaña el
embuste que VOX viene denunciando en lo que supone no querer afrontar el problema de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social para garantizar las pensiones. Y encaja de maravilla esta sentencia de Lope: 'Forzoso es hablarle al vulgo en
necio para darle gusto', y es que se pretende que el pueblo español escuche lo que no sucede.
En su propia exposición de motivos dicen que dicha transferencia es consecuencia de la falta de previsión del Gobierno, del desequilibrio financiero de la Seguridad Social, y se financia con deuda pública del Estado -lo reconocen ustedes- y
se producen las ampliaciones al INSS y al Instituto Nacional de la
Marina por causa del COVID. Y es que, claro, para los señores del Gobierno en 2020 el COVID no existía y esta partida especial que tenía que haber aparecido no está. Y ahora pasamos de un aumento del 16,4 % en las transferencias a la
Seguridad Social y esta partida vuelve a no estar. Y veo que todo el mundo seguimos con mascarilla. No estaría mal que en el presupuesto se hubiese considerado esta partida.
Es lo de siempre, señor ministro, hablarle al vulgo en necio no tiene resultado. En el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones que después se va debatir sucede lo mismo. En fin, no vamos a apoyar el engaño masivo
del Gobierno a los españoles trasladando el déficit de la Seguridad Social al Estado. Y un 14,6 % de paro no es buena noticia, señor ministro. A ver si acaban como en otra obra de Lope de Vega, Fuenteovejuna, cuando el comendador -ya saben quién
es -abusó de la dama Laurencia, -el déspota ya saben quién es, el comendador-, y el pueblo, con una sola voz, le dio su merecido a él y a sus lacayos. Y esto es lo que pretenderemos hacer. Y es que son muchos los españoles humildes y de bien que
no quieren ser considerados como vulgo necio y con ellos también solo queda VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX). (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Riolobos Regadera.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, me van a permitir que, antes de empezar con el fondo de la cuestión, les diga que los pensionistas saben muy bien que solo lo Gobiernos que crean empleo son capaces de garantizar las pensiones, y en este momento
solamente las propuestas económicas de Pablo Casado, la Ley de reforma laboral del trabajo del Partido Popular y las políticas de empleo del Partido Popular garantizan las pensiones.
Le voy a hacer un reproche, señor ministro, porque ustedes están acostumbrados a gobernar por real decreto, y eso es un abuso de poder y un rodillo socialcomunista absolutamente inaceptable. Usted sabe que en democracia las leyes las hacen
los Parlamentos y que es verdad que la Constitución española contempla que, de forma y en situaciones extraordinarias y de urgente necesidad, el Gobierno pueda hacer un real decreto, pero tiene que justificar por qué es extraordinario y por qué es
urgente, y solamente los Gobiernos en dictadura son los que hacen leyes. Desde que empezó la pandemia han hecho ustedes ciento diez reales decretos, y, frente a los que hizo el Gobierno de Aznar en la última legislatura, que fueron cuarenta y dos,
y los que hizo el Gobierno Rajoy en la última legislatura, que fueron treinta, fíjese usted qué diferencia, y ustedes se dedicaban a criticar de una forma feroz esta práctica.
Este Real Decreto-ley 25/2021 demuestra la mendacidad de su Gobierno, un Gobierno que en los presupuestos generales del Estado mintió y engañó de forma persistente. Usted viene aquí hoy, en el mes de diciembre, y dice que por el COVID, que
empezó en 2020, necesita un crédito extraordinario de cinco mil millones para la Seguridad Social, el SEPE y otras cuestiones. ¿Sabe lo que es eso, señor ministro? El apretón del vago, porque ustedes no han hecho nada para rectificar la
trayectoria económica a lo largo este año. Ustedes preveían en los presupuestos un incremento del 9,8 % del PIB y han llegado al 4,5 %. Señor ministro, la situación es absolutamente inaceptable. Usted ha fracasado de forma estrepitosa, ha
fracasado en la reforma de las pensiones. Y le voy a dar solo dos datos: en primer lugar, el impuesto al empleo, con la subida de las cotizaciones, y, en segundo lugar, el truquillo de que dice a los pensionistas que les va a subir un 2,2 %,
cuando, en realidad, les va quitar un 3,4 %, porque el IPC de noviembre ha sido del 5,6 %. Por lo tanto, les está usted engañando. Y le voy a decir una cosa: Ustedes indultan a los golpistas y condenan a la pobreza a los pensionistas. Sí, señor
ministro, usted ha traicionado el espíritu del Pacto de Toledo. En él nosotros le hicimos las recomendaciones pertinentes y le dijimos que lo trasladase a una ley, y lo hicimos con muchísimo consenso de todos los grupos políticos. ¿Y sabe lo que
ha hecho usted? Romper el consenso político y romper el consenso social. Viene aquí del brazo de Esquerra Republicana y de Bildu, y durante todo este tiempo ha estado empleando globos sonda. ¿Y sabe que lo único que han hecho? Confundir,
preocupar y llenar de zozobra e incertidumbre a los pensionistas. El gobernador del Banco de España, el propio gobernador del Banco de España, su antiguo jefe, y hoy mismo la OCDE, ¿sabe lo que dicen? (Muestra un recorte de prensa). Que las
cuentas que usted ha hecho de las pensiones no son correctas, que eso va a salir absolutamente mal. En este momento no está
de acuerdo con usted prácticamente nadie. Pero ¿sabe qué es lo más grave de todo? Que está poniendo en peligro los fondos de la Unión Europea: su política en materia de pensiones.
Y ha fallado en el ingreso mínimo vital. Usted nos dijo aquí que iban a beneficiar a 2,3 millones de españoles. ¿Sabe a cuántos ha beneficiado? A 750 000, y dice el INE que hay 3,3 millones de personas que lo necesitan porque están en
situación de pobreza severa, con carencias materiales muy graves. Y el IPC por las nubes. Y la inflación, señor ministro, ya no es transitoria. Usted sabe que hay un riesgo económico grave porque la inflación es persistente, y lo acaba de decir
ni más ni menos que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y está subiendo el IVA, están subiendo la compra, los combustibles, los impuestos. Señor ministro, su ambición y su ego le han llevado a fracasar de forma estrepitosa no
solo en las pensiones y en el ingreso mínimo vital, sino también en el pacto de inmigración que prometió y ahora en los presupuestos generales del Estado.
Pero ¿cómo usted, que venía con una aureola de que era el ortodoxo mayor y el de mayor rigor para hacer presupuestos, dice ahora que le faltan cinco mil millones? No le voy a recordar nada más. ¿Usted duerme tranquilo por las noches?
¿Quiere que le recuerde algo de cuando usted estaba en la AIReF, nombrado por el Partido Popular, o en el Banco de España o en BBVA? Señor ministro, usted ha actuado como un bombero pirómano. ¿Sabe por qué? Porque usted montaba el follón, prendía
el fuego y luego intentaba apagarlo, para que le dijeran que lo había hecho muy bien. Vamos a votar a favor de este real decreto, ¿sabe por qué? Aunque yo no le votaría ni dormida, porque no es usted de fiar y ha traicionado el Pacto de Toledo,
nosotros vamos a votar a favor de los pensionistas, los parados, los más vulnerables y los ciudadanos de La Palma.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López Somoza.
La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.
Señor ministro, señorías, el compromiso social de este Gobierno se demuestra en decretos como el 25/2021, que debatimos hoy. Es un decreto tan necesario y ambicioso como justo para que todos los ciudadanos y las ciudadanas que necesitan del
impulso del Gobierno puedan salir adelante. He de lamentar, por las intervenciones que he escuchado antes, que esta medida no cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. He escuchado con mucha atención sus argumentos, pero, sin
acritud, tengo que decirles que creo que una vez más se equivocan. Señorías, permítanme que les diga que no votar a favor de esta medida es una gran irresponsabilidad por su parte, porque se trata de votar a favor de la ciudadanía. Señorías del
Grupo Popular, ustedes presumen de ser los garantes de los avances sociales de este país, pretenden dar lecciones de buenos gestores a la izquierda; ustedes, que vaciaron la hucha de las pensiones (aplausos), que hicieron perder el poder
adquisitivo de nuestros pensionistas. Ustedes, lecciones al Gobierno de Pedro Sánchez ninguna. (Aplausos).
Señorías, este real decreto-ley es muy ambicioso. Como ya ha expuesto el ministro, incluye medidas de gran importancia para el bienestar de la población. Por un lado, modifica la redacción de la disposición adicional quinta de la Ley del
IRPF y del impuesto sobre sociedades, se trata de eliminar una incertidumbre jurídica. Como novedad, se incluye expresamente a la población afectada por las erupciones volcánicas para que las ayudas públicas recibidas como consecuencia de la
destrucción de su patrimonio no estén incluidas en la base imponible tanto del impuesto sobre sociedades como del IRPF. Como bien saben, señorías, esta medida beneficia directamente a la población afectada por el volcán Cumbre Vieja, en la isla de
La Palma. Una vez más el Gobierno no va a dejar a nadie atrás. (Aplausos).
Hay distintas maneras de salir de la crisis: una de ellas es trabajando para los que realmente lo necesitan, y la actuación de este Gobierno nos lo ha demostrado. Señorías del Grupo Popular, pese a sus mensajes catastrofistas, hoy nos
encontramos en términos de crecimiento de empleo y de afiliación por encima del año 2019. (Aplausos). Los datos de hoy baten récords históricos: nueve meses consecutivos de caída del desempleo, el mejor noviembre desde el año 2008; curiosamente,
coincide con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un buen día para España y los españoles, otro mal día para ustedes. (Aplausos). Ya sé que no les gusta reconocer estos datos, pero la realidad es que la afiliación media del total del
sistema se sitúa por encima de la precrisis. En términos absolutos, la afiliación media ha crecido en más de trescientos mil afiliados. Desde octubre de 2020 contamos con más de 700 000 afiliados, de media. Señorías, esto se debe a la
recuperación justa puesta en marcha por el Gobierno de Pedro
Sánchez, la antítesis de los Gobiernos de recortes del Partido Popular, porque, si hay algo que siempre hemos tenido claro, y les repito, es que no vamos a dejar a nadie atrás.
Como todos sabemos, la crisis de la COVID-19 ha hecho mella en nuestra economía y ha ocasionado importantes necesidades financieras en la Seguridad Social. Tampoco podemos obviar las importantes reducciones de ingresos que ha supuesto en la
misma. Los presupuestos del Estado de 2021, los vigentes en la actualidad, ya lo preveían -sí, señorías, lo contemplaban-, pero la persistencia de los efectos negativos derivados de la crisis sanitaria ha supuesto la necesidad de continuar con
estas medidas puestas en marcha durante 2020 para garantizar una acción protectora adecuada, que además se van a prorrogar hasta febrero de 2022. Por todo ello es necesario autorizar la transferencia de crédito por importe de 5012 millones de
euros, con el objetivo de equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la COVID-19. En definitiva, este es un real decreto-ley que, como no puede ser de otra manera, va a contar con el respaldo del Grupo Parlamentario
Socialista porque es riguroso en el planteamiento, ambicioso en su contenido, necesario para los colectivos a los que va dirigido, social porque repercute de manera directa en los ciudadanos y las ciudadanas y, lo más importante, plantea unos
objetivos que son reales, alcanzables y equilibrados para nuestras cuentas públicas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LOS
MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente 127/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto relativo a dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, al relativo a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Intervengo muy rápidamente.
La verdad es que estamos muy contentos de que finalmente toda esta Cámara, seguramente que por unanimidad -con total seguridad, porque así se vio en la ponencia- aprobará la modificación del Estatuto de las Islas Baleares. Creo que hoy
tenemos que congratularnos de que en las Islas Baleares los políticos y el Gobierno dejen de usar un privilegio como es el del aforamiento, como ya se ha hecho en Madrid, Cantabria y en muchas comunidades, al tiempo que en otras también está ya en
tramitación. Creo que esto será inevitable, al final todas las comunidades autónomas acabarán modificando sus estatutos para esto. Y la gran pregunta es: ¿Cuándo vamos a hacer esto nosotros aquí y en el Senado? Esa es la gran pregunta que quiero
trasladarles ahora a todos los diputados en este hemiciclo que son de las Islas Baleares. Cuando vean a sus compañeros de partido, ¿qué les van a decir? ¿Se van a sentir ustedes distintos por seguir manteniendo unos aforamientos que ellos ya no
tienen? Cuando vean a sus compañeros del Gobierno de las Islas Baleares, ¿qué les van a decir en las reuniones, que ustedes quieren seguir manteniendo ese privilegio en esta Cámara? Yo insto al Gobierno y al Partido Socialista, como partido
mayoritario en esta Cámara, a que traigan una modificación de la Constitución para que en el Congreso y en el Senado se acabe con el privilegio del aforamiento del Gobierno de la nación y de los diputados y senadores de las Cortes Generales.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
La señora JOVER DÍAZ: Buenas tardes, president.
Señorías, la eliminación de los aforamientos de Baleares es un debate que nos concernía como sociedad y que, sin embargo, corría el peligro de ignorarse. Esta modificación estatutaria ha sido posible gracias a los acuerdos de gobernabilidad
entre Podemos, PSIB y Més del día 4 de junio de 2015, al que, como no les quedó más remedio, se sumaron el resto de partidos. (Protestas).
A las personas que creemos firmemente en los valores democráticos y de igualdad nos honra debatir hoy en esta Cámara acerca de la figura del aforado y cuestionarla de acuerdo con los nuevos tiempos. Se trata de un debate que va mucho más
allá de esta figura y que incide y depende directamente del modelo de democracia que defiende cada uno. Por nuestra parte, nuestro modelo de democracia es aquel que representa y se muestra humilde y horizontal con y para toda la ciudadanía. Hoy,
previsiblemente, después un largo periodo de tramitación podremos llevar a las Islas Baleares la buena noticia de que hemos dado un paso más para dignificar nuestras instituciones. Podemos sentenciar que seguimos dando pasos hacia una democracia
plena.
En las plazas de Baleares durante el 15-M se coreaba una verdad como un templo, y no era otra que 'no hay pan para tanto chorizo'. Desde hacía muchos años esto era una realidad en las islas debido a la red de corrupción instalada por el
Partido Popular y sus presidentes autonómicos, que tanto daño hicieron a las instituciones: Gabriel Cañellas, túnel de Sóller, juzgado y declaradas probadas las acusaciones por el Tribunal Superior de Justicia balear ya en 1997 -empezaron pronto-,
o Jaume Matas, también ministro del Partido Popular, con el caso Nóos, Palma Arena, Son Espases, entre tantos y tantos. Podríamos decir que hemos sido la comunidad autónoma con mayor número de imputados por corrupción por habitante, y esto lo
debería explicar la bancada Popular -el señor Casado, la señora Prohens- y, avergonzados, pedir perdón, aunque posiblemente no lo harán.
Pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar y seguir avanzando también desde el Congreso con la eliminación de los aforamientos constitucionales, al igual que la inviolabilidad del rey, porque son una anomalía democrática instalada en tiempos
pasados. (Aplausos). En una democracia plena todos somos iguales ante la ley, y en estos momentos en España no es así, aunque seguramente no le interese al Partido Popular ya que su estrategia está clara, como presumía el señor Cosidó -ha sido una
jugada estupenda, controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde detrás-, y esto, señorías, no ha cambiado. Queda claro el interés del partido de la derecha por el control del Poder Judicial, su politización y su negativa a la renovación
del Consejo General del Poder Judicial, secuestrándolo, ante sus innumerables casos de corrupción pendientes judicialmente. No es casualidad, es causalidad.
Quiero volver a recordar aquí a los europeístas de conveniencia que en Portugal e Italia solo está aforado el presidente y en Alemania nadie, lo que demuestra a sus señorías que si no se roba no hacen falta aforamiento ni inviolabilidad. La
eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas de Baleares es un hecho histórico que acaba con un privilegio político y avanza y mira con necesidad de futuro hacia la democracia plena que en Unidas Podemos defendemos. A partir de hoy las
buenas gentes de Menorca, Ibiza, Formentera y Mallorca saben que en las instituciones de Baleares la corrupción no queda impune.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. Voy a ser muy breve en mi intervención.
Debatimos hoy la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears para la supresión del aforamiento de las diputadas y los diputados del Parlamento y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, una iniciativa que surge del propio
Parlament de les Illes Balears y que lleva el sello de la izquierda verde, soberanista e insularista de Més per Mallorca, de la que Esquerra Republicana formamos parte y representa en este Congreso como partido con presencia en todos los països
catalans. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).
Como explicó el compañero Josep Castells, diputado de Més per Mallorca, las Illes Balears, muy lamentablemente, han formado parte durante mucho tiempo del mapa de la corrupción en el Estado español, en buena parte por las corruptelas del
Partido Popular. Solo hace falta que recordemos el caso Palma Arena o el caso Nóos. Es por ello que el Parlament de las Illes Balears propuso esta reforma estatutaria, reforma que, evidentemente, desde Esquerra Republicana apoyaremos.
Moltes gràcies.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias a los servicios de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora De las Heras Fernández.
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidente.
El Parlamento de las Islas Baleares propone la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos de los diputados del Parlamento y de los miembros del Gobierno de las Islas Baleares. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
Hasta ahora mi grupo parlamentario había impartido matemáticas para progres, pero el trabajo se nos acumula y ahora tenemos que dar lecciones de derecho, así que aquí les dejamos algunas gratuitas. ¿Saben demasiado? Pues ahora les voy a
exponer sus errores, para que vean cuáles son. ¿Cómo pueden mantener en una propuesta de reforma de ley orgánica esa barbaridad de que ni los diputados ni los miembros del Gobierno deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria? ¿Es que acaso
están ajenos a la jurisdicción ordinaria? ¡Menuda ocurrencia afirmar que el aforamiento es una jurisdicción especial! Como diría mi compañero, José María Sánchez: Suspendidos, suspendidos todos. (Aplausos). Esto es solo una cuestión de reglas de
competencia, nada más y nada menos. Por tanto, señorías, lo primero, rigor procesal.
Ya les advertimos en la ponencia legislativa, que es el momento oportuno para dar redacción al texto legal, que procedía introducir una enmienda de corrección técnica en este sentido. Pero no prosperó porque, como ustedes nunca escuchan,
votaron en contra, cegados por su sectarismo. Y si el Poder Legislativo se empeña en mantener un cordón sanitario, en detrimento de las normas que legisla, así nos salen las leyes.
Y a partir de este punto de encuentro básico, podemos seguir avanzando. La segunda lección es que esta norma habla de ámbitos, cuando realmente la jurisdicción ordinaria se divide en órdenes jurisdiccionales. Vamos a insistir: ¿Estamos
trabajando con rigor? Señorías, por favor, ¡que estamos dictando leyes! ¿Pueden explicar por qué también votaron en la ponencia legislativa en contra de la enmienda de corrección técnica presentada por VOX en este sentido?
Pero lo más grave, en tercer y último lugar, es que esta modificación no sirve de mucho, sino que enmaraña aún más una cuestión que hasta hoy era sencilla. Veamos el artículo 73.2 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dice que será la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la que conocerá de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, lo que sigue vigente y, por lo tanto, manteniendo esa competencia el
Tribunal Superior de Justicia. El apartado 3, por su parte, establece los asuntos que conocerá como Sala de lo Penal. Estas son las causas penales que los estatutos de autonomía reservan a los tribunales superiores de Justicia. ¿Esto qué implica?
Que en el primero de los casos no es posible su supresión mediante la modificación del Estatuto de Autonomía de Baleares, porque su establecimiento viene dado por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. La supresión del aforamiento en demandas
de responsabilidad civil solo sería posible a través de la reforma de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Así pues, señorías, la modificación del artículo 44 del Estatuto de Baleares, que establece el aforamiento de los diputados
autonómicos, y de los artículos 56.7 y 57.5 del mismo cuerpo legal, que los establece, respectivamente, para el presidente de la comunidad y los miembros del Gobierno, de poco sirven, como decía, pues toda demanda de responsabilidad civil que se
dirija contra ellos hasta que no se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial seguirá siendo competencia de Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Por tanto, como hemos apuntado anteriormente, deberíamos preguntarnos si estamos
simplificando o complicando el escenario procesal con esta técnica legislativa deficiente.
Dicho lo anterior, y a pesar de su mediocridad, votaremos a favor, porque en el fondo estamos de acuerdo en eliminar el aforamiento de los diputados del Parlamento de las Islas Baleares, así como de los miembros del Gobierno, aunque en
realidad nosotros estamos más por solucionar los problemas de raíz y, por tanto, lo que hay que suprimir no son los aforamientos, sino los propios cargos políticos autonómicos y las estructuras en las que subsisten. (Aplausos). Tal vez el poco
esmero de los parlamentarios que votaron en contra de las enmiendas de VOX de corrección técnica se deba a que no han tenido que esforzarse nunca en mantener un negocio o un puesto de trabajo y la mediocridad les sirve como unidad de medida.
En definitiva, no se preocupen demasiado, porque cuando el pueblo español nos otorgue la fuerza parlamentaria necesaria acabaremos con su elefantiásico Estado de las autonomías y, entonces, no tendrán que preocuparse por seguir suprimiendo
ninguna prerrogativa autonómica.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De las Heras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Prohens Rigo.
La señora PROHENS RIGO: Gracias, presidenta.
Es para mí un orgullo defender hoy esta iniciativa que traemos a votación. Primero, porque es una iniciativa que atañe a mi tierra, a Illes Balears, no a estos països catalans que solo existen en su imaginación y en la del PSIB.
(Aplausos). Segundo, porque es una iniciativa que apuesta por la regeneración. Y, tercero, porque es una iniciativa que surge del total y absoluto consenso político y que nació siendo yo la portavoz de mi partido en el Parlament de Illes Balears.
Venimos a debatir hoy la modificación de la ley que consagra a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como comunidad autónoma, el marco que ha permitido las más altas cotas de prosperidad y bienestar en nuestras islas y que tengo el
compromiso de salvaguardar, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Con esta modificación que traemos hoy pretendemos eliminar los aforamientos. Como bien saben, el aforamiento es la figura por la cual a determinadas personas, por razón de su
cargo, les corresponden unos tribunales específicos y distintos a los que se someten los demás ciudadanos. Fiel al consenso surgido en el Parlament, pido hoy a todos los grupos que apoyen la modificación de nuestro estatuto. Y si me lo permiten,
aprovecho para pedirles también desde esta tribuna que apoyen otros consensos alcanzados política y socialmente en Baleares y que lleguen cuanto antes a este hemiciclo. Me refiero al régimen fiscal de Baleares.
Estos días estamos hablando de la inflación y de la subida de precios generalizada que sufren ciudadanos ante la inacción del Gobierno. Pues bien, en Baleares se suma a esto un sobrecoste permanente, el de la insularidad. El hecho de ser
unas islas, la discontinuidad del territorio, nos condena a un encarecimiento de las importaciones y exportaciones, de la cesta de la compra y del coste de la vida en general. Necesitamos un instrumento que garantice la competitividad de nuestras
empresas y autónomos Y que les permita competir en igualdad con el resto. Somos el único territorio extrapeninsular que no cuenta con su régimen fiscal. No queremos ser más que nadie ni pronunciamos un discurso victimista, al revés; pedimos
justicia e igualdad con el resto del país, un país del que nos sentimos orgullosos, porque ser mallorquines, menorquines, ibicencos o formenterenses es nuestra manera de ser españoles dentro de una España unida, plural y diversa. En febrero de 2019
se presentó un acuerdo entre el Gobierno y nuestro Gobierno autonómico para hacer realidad el régimen especial, con un factor de insularidad para inversiones y con el régimen fiscal. La propuesta cuenta con el consenso de todos los partidos.
Lamentablemente, el factor de insularidad ha quedado en un engaño, en un juego del trile presupuestario. Del régimen fiscal ni una palabra, al revés. El pasado mes de octubre, a iniciativa del Partido Popular, el Senado tomó en consideración la
ley de régimen fiscal y, sorprendentemente, el Partido Socialista se quedó solo votando en contra. Ahora que la ley ya está en la Cámara les pido su apoyo, y aviso al Partido Socialista que no permitiremos dilaciones porque no le interese.
Me he detenido en este punto porque este asunto llegará antes que otros consensos en Baleares, pero hay más. Otra herramienta indispensable es trabajar para que Europa acepte de una vez cambiar el decreto de minimis, que hoy limita las
bonificaciones al transporte de mercancías en las islas. También reclamamos una insularidad digna para los funcionarios del Estado en Baleares, la que ustedes han vetado y a la que el presidente Casado se comprometió ayer con la Policía Nacional.
Pese a nuestro clima y a nuestro entorno, nadie quiere venir a trabajar ya a nuestras islas. El coste de la vida es superior al de otras comunidades y, sin embargo, nuestros funcionarios no tienen una indemnización suficiente, por lo que quedan
plazas vacantes. Pero los necesitamos; de hecho, necesitamos recursos para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, porque hay una realidad que preocupa cada día más: la cada vez mayor llegada de pateras a nuestras costas. Necesitamos una
gestión humana, pero eficiente. También les pedimos que dejen de cuestionar el descuento por ser residentes. Todas las comunidades estamos inmersas ya en el debate de un sistema de financiación que tenga en cuenta la España que se llena y que
respete nuestra autonomía fiscal para bajar impuestos allí donde gobernamos.
Todas estas no son demandas del Partido Popular, son demandas que cuentan con consenso social y político. Como nuestra presidenta Armengol calla ante Sánchez, vengo yo hoy aquí a exponérselo, a defender los intereses de los ciudadanos de
Baleares, voten a quien voten, anteponiendo el interés general, este interés general...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Prohens.
La señora PROHENS RIGO: ... al que la izquierda ha traicionado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pons Sampietro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor PONS SAMPIETRO: Gracias, presidenta.
El Partido Popular no me deja de sorprender nunca, y la señora Prohens aún menos. Aprovechan el tema de los aforamientos para pedir un régimen fiscal, aunque ustedes hayan dado apoyo a unas medidas que son exactamente lo contrario, pues
votando en contra de los Presupuestos Generales del Estado han votado en contra de una insularidad, para la que se destinan 189 millones de euros (la señora Prohens Rigo cierra los dedos pulgar e índice indicando cero), y encima nos dicen que
tenemos que aprobar el régimen especial. (Aplausos). Por favor, me ponen casi hasta nervioso, sinceramente.
En segundo lugar, me sabe mal que no esté el diputado de Ciudadanos, que ha hablado de que hay un proceso para el desaforamiento en Madrid. Bueno, cuando llegue a la Cámara que nos den lecciones de lo que se siente, porque yo sí sé lo que
se siente con la decisión que se ha tomado hoy. Cuando llegue a esta Cámara ya nos dirán a los demás diputados de las otras comunidades qué se siente.
Por último, hablaré solo un segundo de lo que decía la diputada De las Heras, a la que no veo. Están en contra del sistema autonómico, pero su líder en Baleares lleva desde 2007 de chiringuito en chiringuito, desde hace más de quince años,
y vive de esto. (Aplausos). Sorprendente.
Efectivamente, este proceso viene de la mano del Parlamento de Baleares, pero esto no ha caído del cielo, sino que ha sido la reacción a un tiempo oscuro, un tiempo de corrupción, de aforamiento y de desafección, que iban de la mano, en un
todo amalgamado. No nos olvidemos que la sociedad dijo basta a un tiempo negro, lo que tuvo un reflejo, lógicamente, en la justicia y en las urnas. Y de las urnas, señora Prohens, salió una nueva confianza, y usted hace seis años que está en la
oposición -seis años en la oposición-. Por tanto, hubo una nueva política, una política diferente. Le recuerdo que esa nueva forma de hacer política trajo la Oficina para la prevención y la lucha de la corrupción, que empezó con 300 000 euros y no
sé si sabe que el presupuesto para 2022 la destina 1,3 millones. Le recuerdo que se cambió el Reglamento del Parlamento -por supuesto que se cambió el Reglamento del Parlamento-, que se suprimieron las regalías económicas, que se actualizó en 2019
la Ley del Gobierno para hacerla más transparente y que se agilizaron los trámites para las iniciativas legislativas populares. Eso fue un cambio de tiempo. Y en ese marco de medidas se incluye la supresión de los aforamientos, que no viene del
cielo, sino de un momento muy oscuro en Baleares, del que, por cierto, usted también formaba parte, porque usted formaba parte del Partido Popular durante esos años. (La señora Prohens Rigo pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, usted
estaba allí, usted estaba allí. (Rumores.-Aplausos). Me gustaría escuchar alguna vez...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor PONS SAMPIETRO: Me gustaría también que me dejara hablar.
Las cifras son lo mejor. En el año 2015, cuando hubo ese cambio de Gobierno, se dedicaron a las políticas de transparencia 500 000 euros. Hoy se dedican más de 2 millones. No hay color.
Creo que lo importante es que hoy pasamos página. Había un tiempo en el que se nos conocía -todo el mundo lo sabe aquí, todo el mundo lo recuerda- por los pasillos televisivos y por los juzgados, y por los botes de Cola Cao, por la
macrocausa Nóos, por la macrocausa Son Espases o por el caso Palma Arena. Eso hoy cambia, eso se acabó, y se acabó de la mano del Partido Socialista. La verdad es que hoy damos un paso más hacia un país con una democracia más comprometida con la
igualdad y la ética y porque también es la mejor forma de combatir la desafección y los tiempos liberales y autoritarios en los que vivimos. Porque no olvidemos, señorías, que el coste de mezclar corrupción y política lo
asume, sobre todo, la democracia, y en Baleares de eso sabemos mucho. Por eso hoy el paso que se da es importante, un paso del que nos sentimos orgullosos y un paso que cierra una época.
Para terminar, vuelvo a repetir que usted da lecciones al mismo tiempo que rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que destinan 183 millones de euros para Baleares por la insularidad y unos fondos europeos de más de 189 millones, que
nos ponen por encima de la media. Por tanto, me gustaría que se alegraran, en lugar de criticar, criticar y criticar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pons. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y de las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Por tener carácter orgánico, estas iniciativas tienen que ser sometidas a una votación final, que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada
con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento precisamente de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 16:00 horas.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO). (Número de expediente 121/000063).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Dictamen del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio.
Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria, a través de esta diputada, fue la primera que trajo a este Congreso la problemática de los interinos del personal laboral en fraude de ley y fue cuando estaba el señor Iceta de ministro. No sé si se acordarán de que
cuando esta diputada habló de esta sentencia, igual que la portavoz de Esquerra, el ministro Iceta me dijo que la ignorancia era atrevida. Me llamó ignorante y me dijo que no tenía ni idea de normativa ni de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia. La propuesta que hacíamos Coalición Canaria y Esquerra era de plazas a extinguir y de que se aplicara el Estatuto de los Trabajadores a la hora de determinados despidos y, sobre todo, de dar una solución global. Lo más sorprendente es
que en aquel momento la Comunidad Autónoma de Canarias había llegado a un acuerdo con todas las plataformas y los sindicatos y el señor Iceta lo paró, porque decía que eso era materia del Estado.
Nosotros seguimos manteniendo las mismas enmiendas, porque lo que decía Ana Oramas, Coalición Canaria, no era ignorancia, ya que van a hacer una propuesta con determinadas condiciones para los que tienen la misma plaza desde hace más de
cinco años. ¿Por qué son cinco años y no tres y medio, cuatro o cinco? La base jurídica sería igual. ¿Están en la misma plaza? Ustedes saben que, por ejemplo, la mayoría de la gente en Canarias está unos años en un hospital o en una isla o en un
colegio o en un comedor o en una cocina. Además, en casi toda la propuesta que se trae se dice que se podrá; no se dice en imperativo. Y, desde luego, el tema indemnizatorio es impresentable. Por eso, nosotros seguimos manteniendo las mismas
enmiendas. Nos parece que es una injusticia. Va a ser un gran ERE. Además, en Canarias, por ejemplo, no ha habido OPE. ¿Qué pasa con eso? Tampoco está claro. Pero, sobre todo, muchas mujeres mayores de cincuenta años en Canarias son personal
laboral que trabaja en cocinas, etcétera, y pueden ser desplazas en un concurso de méritos al que se pueda presentar cualquiera. El Gobierno socialista dice a gritos que se tiene que acabar con la temporalidad y el abuso de los trabajadores, pero
no lo aplica en la misma casa. Hay soluciones constitucionales y jurídicas, como ha dicho el Tribunal
superior, pero lo único que están haciendo es llevar a los tribunales a cientos de miles de trabajadores en este país.
Desde luego, no vamos a apoyar estas modificaciones ni la propuesta que se nos trae, porque son insuficientes. Seguiremos peleando en el Senado. No vamos a votar en contra, porque entendemos que es una mejora con respecto a la anterior,
pero, desde luego, nos vamos a abstener y vamos a votar a favor de las enmiendas de Coalición Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes.
Nosotros ya nos hemos pronunciado en las comisiones y en la ponencia. Creemos que este decreto-ley es totalmente inadecuado y, por tanto, va a causar bastantes problemas para algunos de los interinos y también para muchos de los opositores
y de la gente que está preparando oposiciones.
En primer lugar, obligar a las comunidades autónomas a que la convocatoria sea por concurso creo que excede las atribuciones del Estado central. Por otro lado, también va a interferir muy seriamente en muchos de los procesos iniciados, por
ejemplo con los iniciados en la Comunidad Autónoma de Cantabria en estos momentos. La regularización ya ha empezado y no queda claro qué va a ocurrir. Ya sé que han anunciado que va a haber alguna reunión donde se van a dar instrucciones, pero las
instrucciones que pueda dar el ministerio, a través de una orden o como se acuerde, no van a poder ir contra de esta ley. Esta ley tiene cosas que son bastante negativas. Creo que va a dar problemas jurídicos, pero también va a dar también
problemas a las personas que la van a tener que sufrir. Nosotros dijimos que se debería dejar libertad a las comunidades autónomas y que se pusiera 'podrán' en vez de 'convocarán'. A fin de cuentas, como aquellas comunidades que tanto lo defienden
lo podrán hacer, habría que dejar libertad a las que creen que no es el mejor sistema. También vengo repitiendo continuamente que la Función pública en España está deteriorándose. Estos pasos no van en la dirección de que los funcionarios públicos
o los empleados públicos entren por el sistema de mérito y capacidad, independientemente de las múltiples injusticias que puede haber y que tienen que tener sus correcciones. No es la manera de hacerlo.
Nosotros no estamos de acuerdo con este decreto-ley y vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Desde la perspectiva de l'esquerra independentista y de muchos de los sindicatos que hoy siguen con las protestas y que el lunes hicieron huelga, la aprobación de este texto es una mala noticia. El 'icetazo' plantea una solución a la
sentencia de la Unión Europea que deja a muchísima gente en la calle y que, además, permite la convocatoria de plazas en fraude de ley. Pero en toda esta historia hay también una buena noticia, y es que la organización y la lucha sirven. Este
texto es mucho mejor que el inicial porque ha habido huelgas, porque ha habido organización sindical y porque hay gente protestando. Se permite que las comunidades autónomas gestionen parte de las convocatorias y, además, se obliga a estabilizar
las plantillas de más de cinco años; obviamente, plantillas con trabajos estructurales y todos los condicionamientos que establece el texto del dictamen.
Nosotros vamos a votar que no, porque compartimos las reivindicaciones de las trabajadoras y de los trabajadores que siguen en la calle en lucha y organizadas, las que hoy en Cataluña han hecho protestas, las que estaban en la puerta del
Congreso de los Diputados, las que el lunes hicieron huelga masiva en Cataluña y también en otros sitios del Estado. Se podría haber hecho distinto. La CUP planteó en este mismo Congreso un texto alternativo, que también se está trabajando en
Cataluña. Veremos cómo acaba la situación.
Yo he visto, durante el estado de alarma, a muchísimas de las fuerzas políticas que hoy van a apoyar este real decreto pidiendo aplausos para los trabajadores públicos. Los aplausos están bien si vienen de la mano de los derechos laborales,
que es lo que necesitan las trabajadoras y los trabajadores públicos. Este texto deja en la calle a miles de personas y este texto permite que se continúen convocando plazas en fraude de ley. Nosotras vamos a continuar trabajando de la mano de los
trabajadores y las trabajadoras
en Cataluña, vamos a continuar apoyando las movilizaciones de tots els països catalans. Sí, señorías, los països catalans son una realidad. Parece que a ustedes les da alergia, y es bastante divertido, así que vamos a decir en cada
intervención països catalans.
Quiero dar las gracias a los trabajadores y a las trabajadoras que siguen organizados. Las huelgas sirven, la lucha sirve y l'esquerra independentista va a estar a vuestro lado.
Muchísimas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la reducción de la temporalidad en el Estado es uno de los objetivos clave para la modernización de su tejido productivo y para su futura competitividad. Así ha sido señalado y reclamado de manera reiterada por las instituciones
de la Unión, dadas las elevadas tasas de temporalidad. Ahora, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha erigido en condición para la recepción de los fondos asociados al mismo. Así se ha comprometido con la primera
reforma relativa a las administraciones públicas en su componente 11.
Todos compartimos la preocupación por la temporalidad estructural, desde el punto de vista de la seguridad en el empleo de las personas, desde el punto de vista de sus abusos y desde el punto de vista de una mejor prestación de los servicios
públicos, singularmente los esenciales. Todos, señorías, también somos conscientes de la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva sobre el acuerdo marco de regulación de trabajo determinado, así como a la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión sobre sus cláusulas cuarta y quinta. También todos somos conscientes de la necesidad de reducir la tasa actual de temporalidad en el empleo para acercarla al 8 % y para que no se vuelva a producir en el futuro,
a través de medidas efectivas y adecuadas para prevenirla, y, en su caso, sancionar un abuso de una eventual temporalidad.
Todos también somos conocedores de que las situaciones de abuso que afectan el empleo público y que hoy tratamos de solventar a través de la aprobación de esta norma deben cohonestarse con los principios constitucionales que rigen el acceso
al empleo público, tales como el de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Así, consideramos que es dudoso que la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente quepa en estos principios
constitucionales de acceso al empleo público.
Señorías, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ha trabajado activamente en el texto cuya aprobación hoy debatimos, siendo conscientes de que todo acuerdo entre visiones distintas requiere cesiones mutuas. En este sentido,
nuestras enmiendas originales fueron retiradas tras el logro de acuerdos transversales, pero hemos mantenido la número 73 por su relación con las tasas de reposición, que fueron la principal causa de la alta tasa estructural de temporalidad en el
empleo público y que pueden volver a convertirse en el talón de Aquiles futuro del Estado del bienestar si, como las sufridas en el pasado, vuelven a producirse. Por eso no compartimos la disposición adicional tercera ni que en ella misma se
articule una autorización, que en realidad es una limitación, para cubrir las vacantes con personal temporal cuando esto es consustancial a los principios reguladores del empleo público, ni que las únicas vacantes a cubrir transitoriamente sean
exclusivamente las que traigan causa de jubilación cuando hay otras muchas causas para encontrarnos ante plazas sin titular.
En cualquier caso, como les decía al principio, votaremos favorablemente la iniciativa, ya que supone un notable avance para abordar el grave problema de temporalidad que sufre el sector público.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Estamos ante un proyecto de ley que proviene de un real decreto que se aprobó ya de manera apresurada y chapucera por un ministro que pasó meses en el cargo y por eso, además, este proyecto recibió el apelativo de 'icetazo'. Los socios
habituales del Gobierno y, en concreto, Esquerra Republicana
-no solo ellos, pero ellos especialmente- gesticularon mucho, pero claudicaron en su aprobación para salvar al Gobierno diciendo que serían muy muy muy exigentes en la tramitación como proyecto de ley, pero lo han sido solo un poquito, como
era previsible, y se quedan a mitad de camino. Yo recuerdo, en este caso, a la señora Vallugera asintiendo enérgicamente a muchas de las cuestiones que desde Ciudadanos pedíamos, pero parece que luego eso no ha sido tan enérgico. No obstante,
podemos decir una cosa positiva y es que, en la redacción de la ponencia, el texto -es cierto- ha mejorado, pero solo en algunos aspectos, no los suficientes, como siempre, porque el Gobierno con sus socios ha aplicado el rodillo y al resto de
grupos parlamentarios les ha ofrecido lentejas ya cocinadas.
Este proyecto no puede contar con nuestro apoyo, aunque reconozcamos mejoras, como el concurso de méritos restringido, pero solo para un grupo de interinos en abuso; el reconocimiento más claro de las situaciones de abuso, pero sin sanción
ninguna para los responsables; el reconocimiento expreso de que a los tres años finaliza la relación de interinidad, pero sin aclarar, porque no lo aclara, si eso significa efectivamente el cese del funcionario interino generando una inseguridad
jurídica y aventurando una gran litigiosidad -lo han dicho otros portavoces- y creando, además, una discriminación para estos trabajadores respecto del sector privado por cuanto se les reconocen indemnizaciones muy inferiores. Se deja en una
situación de inseguridad jurídica a los interinos actualmente en abuso, pero con una antigüedad inferior a seis años, dejando a cada comunidad autónoma decidir si los procesos serán eliminatorios, unos podrán serlo y otros no. En fin, hay muchas
cosas que quedan igual y no se resuelve de manera definitiva y de cara al futuro el problema del abuso de la temporalidad. Ese es el principal problema. Sigue siendo una medida para hoy, pero no regula con certeza la situación del futuro.
Frente a todo eso, ¿qué proponía mi grupo? Proponíamos que se considerase automáticamente la situación de abuso a todo interino que lleve trabajando tres años -bien-, la ley ya prevé eso, es de sentido común; agilidad también, las plazas
de funcionario en ningún caso podían ser ocupadas por interinos más de cuatro años, es decir, la Administración tendrá el plazo máximo de un año para convocar y cubrir esa plaza cuando el interino lleve tres años y se acredite esa situación de
abuso; también pedíamos garantías, quienes estuvieran en esta situación entre tres y diez años tenían el derecho a estabilizar su situación bajo la figura, se ha hablado mucho aquí de esto, del fijo a extinguir -¿qué quiere decir eso? Que no
podían ser removidos, pero tampoco tendrían la titularidad de una plaza de funcionario en los mismos términos que las tienen los que se lo han ganado con una oposición, algo que tampoco se ha tenido en cuenta y que ya está generando agravios y
protestas-, y también el fin de la excepcionalidad para cumplir con la Unión Europea.
Por ejemplo, en los casos más graves, de más de diez años de abuso, proponíamos un sistema de concurso restringido justificándolo en la excepcionalidad de la situación y en la necesidad de adaptarnos a esa normativa europea, y hacerlo sin
dilación. También insistíamos en nuestras enmiendas en la reparación. El Gobierno no puede lavarse las manos, queríamos -como decía antes- una indemnización de treinta y tres días por año trabajado, como cualquier otro trabajador del sector
privado. Hay una enorme discriminación y, además, con personas que han sido declaradas y a las que se les reconoce en la ley que están en situación de abuso. Hablamos de personas que pueden quedarse en la calle sin alternativa laboral y algunos de
ellos de edad avanzada.
También era fundamental evitar que esto volviera a pasar en el futuro, condenando así a otras generaciones de funcionarios. Y la mejor manera de hacer eso es estableciendo verdaderas responsabilidades para quienes han provocado esa
situación de abuso y que respondieran personalmente por ello en el reintegro de las indemnizaciones de los trabajadores abusados. Eso no lo han querido aceptar e incluso se han oído barbaridades jurídicas por parte de la ministra en la Comisión.
Por último, como siempre, y no relacionado estrictamente con los interinos, pero sí con la Función pública, planteábamos la supresión de los privilegios. Proponíamos acabar con el privilegio de quienes desde la Función pública entran en
política y, tras mantener su escaño, se llevan un nivel retributivo equivalente al de director general.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Nadie ha trabajado... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Para el BNG esta propuesta mejora el texto inicial, pero también creemos que no va a suponer una solución real al problema del abuso de la temporalidad, para empezar, porque no se elimina la tasa de reposición de efectivos, que ha estado en
la base de la gestación de este problema a lo largo de muchos años. En consecuencia, no existe tampoco claridad para determinar cuáles son las plazas estructurales en los distintos ámbitos de la Administración, se limita la capacidad de las
administraciones públicas para negociar también en función de su propia realidad, no se reconoce con carácter general la indemnización por cese. Asimismo, la redacción promueve a nuestro juicio la precariedad, para empezar, por límite de tres años
en todos los casos, y excluye a muchas personas, especialmente a las que llevan menos de cinco años.
Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego no va a poder apoyar esta propuesta, tampoco lógicamente nos vamos a oponer, por lo que nuestra...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a tener una posición de abstención en este dictamen. Esto arranca con el Real Decreto 14/2021, que se acabó convalidando en un last minute acuerdo que debería solventar el problema para aquellas
plazas que llevaban ocupándose interinamente durante diez años de forma ininterrumpida. Nosotros dijimos que esto era absolutamente insuficiente, y ahora se solventa a cinco años con algunos condicionantes. Si se puede solventar a cinco años,
también se podía solventar para el resto. En todo caso, en aquel momento también se nos dijo que era imprescindible el concurso-oposición, que no había posibilidad de cubrirlo con un concurso. Claro que había posibilidad legal y en estos momentos
se está implementando, pero también se está implementando de forma absolutamente parcial. Nosotros pedíamos que fuera cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento el que tuviera capacidad de decidir cómo se debería convocar y, en todo caso, ya que
se hacía un esfuerzo, teóricamente para resolver una gran parte del problema, que no se excluyera una parte que, aun siendo pequeña, también es relevante.
Desde nuestra perspectiva, como se ha acabado materializando este texto legal -ojalá me equivoque y no tengan ustedes que darme la razón de aquí a un par de años- va a llevar a una serie de casuísticas por las que van a quedar muchas plazas
y muchos interinos en una situación no digo de indefensión, pero sí sin solución a su situación. Por tanto, nos vamos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Señora presidenta, diputadas y diputados, quienes hace unos meses nos negamos a votar la convalidación del 'icetazo', los que no estamos bajo contrato de tarifa plana con el Gobierno, humildemente hemos ayudado a
conseguir alguna cosa en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público. Junts per Catalunya, junto con otras fuerzas políticas y algunos diputados de la mayoría que demostraron su firmeza votando no a la convalidación del 'icetazo',
hemos hecho posible una mejora para proteger los derechos de los trabajadores públicos abusados. Los sindicatos nacionales catalanes, mayoritarios en el sector público, nos han trasladado -y nosotros coincidimos totalmente- que este paso es
insuficiente, porque no se garantiza ni la estabilización de todas las personas en abuso de temporalidad, ni tampoco que no se vuelva a crear una nueva bolsa de temporales. Aun así, consideramos que hay un cambio en la lógica de la estabilización.
El real decreto-ley preveía oposiciones masivas y ponía en riesgo los puestos de trabajo de cientos de miles de trabajadores públicos, una afectación personal enorme con un claro sesgo de género, porque afectaba especialmente a los
colectivos más feminizados: educación y sanidad. Nos decían que no era posible el acceso a la Función pública por la vía del concurso de mérito, pues ahora, y no por arte de magia, sino por la amenaza de perder una votación, lo que entonces no era
posible, ahora lo es. Así, el proyecto de ley prevé un concurso de méritos extraordinario para estabilizar a los trabajadores públicos temporales en situación de abuso y se recoge que esto es perfectamente constitucional y respetuoso con los
principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Además, y no precisamente por la voluntad negociadora del ministerio, la redacción final acoge buena parte de las enmiendas que
presentamos de acuerdo con el sindicalismo catalán: permanencia del personal temporal que no supere los procesos, inclusión de medidas para favorecer a las personas con oposiciones aprobadas, ampliación...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.
Diputados, hoy debatimos el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción del empleo temporal, un importante tema al que el Gobierno ha renunciado a dar las respuestas y las soluciones que requieren,
ya que debía haber traído a esta Cámara un proyecto de ley acompañado de los informes de los órganos consultivos, con la participación de todas las asociaciones y colectivos afectados y también de las comunidades autónomas y entidades locales, que
son las que van a tener que aplicar y convocar estos procesos selectivos y a las que se les entregó un texto ya elaborado carente de todo debate y consenso.
El texto que hoy debatimos es fruto de la improvisación y de la precipitación, dos palabras que lo han acompañado tanto en su origen como en su tramitación. Primero, porque se aprobó a través de un decreto-ley que es una regulación exprés,
figura de la que abusa con bastante frecuencia este autoritario Gobierno. Después llegó su bochornosa convalidación en esta Cámara, donde los empleados públicos se convirtieron en el objeto de un mercadeo vergonzoso para obtener los apoyos de
Esquerra, votándose después, como saben, que se tramitara como proyecto de ley por el trámite de urgencia. Las prisas también las hemos visto durante la ponencia, una única convocatoria de tan solo media hora, a las ocho y media de la mañana, donde
el PSOE trajo ya unas propuestas de transaccionales que nos había adelantado por wasap escasamente una hora antes. Y digo propuestas de transaccionales porque en algunas aparecía mi grupo, cuando no nos habían preguntado nada al respecto. Durante
el informe de la ponencia en Comisión, también se siguió la misma tónica de improvisación y de prisas, y lo pudimos ver en un intercambio de transaccionales cuyo contenido se iba modificando atropelladamente sobre la marcha. Les tengo que decir,
señorías, que un cambio de cromos en un patio de un colegio goza de mayor seriedad y rigor que lo que pudimos observar aquí. (Aplausos).
Con estos antecedentes de prisas y de desprecio absoluto al trámite y al debate parlamentario, entenderán que sea una norma que cierra en falso el problema de la temporalidad del empleo público. A estas alturas, seguimos sin conocer el
número real de plazas en temporalidad. Unos hablan de 800 000 o de 600 000; el otro día en la comparecencia la ministra dijo 300 000. Tampoco se ha hecho un análisis pormenorizado sobre el tiempo que llevan ocupadas, sobre quiénes las ocupan o
cómo accedieron a ellas, con lo cual no se sabe el objeto principal de esta norma, que es a quién se dirigen. Por tanto, es imposible solucionar lo que no se conoce, es como intentar prescribir un tratamiento médico sin tener antes un diagnóstico.
Mi grupo parlamentario ha presentado enmiendas para concretar aspectos técnicos, jurídicos y evitar mucha litigiosidad. Me voy a centrar, por el poco tiempo que me queda, sobre todo en una. Hemos presentado propuestas para para dar mayor
flexibilidad a las entidades locales en el diseño de las convocatorias de los procesos selectivos, y también proponemos una mayor estabilidad para los empleados públicos en Cataluña, con un incentivo que ya existe para otras comunidades autónomas.
Por último -y esta yo creo que es la más importante-, contemplamos a los coloquialmente llamados aprobados sin plaza, personas que superaron en su día un proceso selectivo conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y
capacidad, proponiendo que pasen directamente a la fase de concurso al entenderse ya convalidada la fase de oposición. Una enmienda que estabilizaría y consolidaría a la gran mayoría de interinos en sectores como Justicia, con un 22 % de
temporalidad, Educación, con un 36 % o Sanidad, con un 45 % de temporalidad, siendo con diferencia los sectores donde se dan las tasas más altas temporalidad del empleo público. En este proyecto de ley, el Gobierno y sus socios les han dado a estos
sectores absolutamente la espalda en este texto. Por ello, señores diputados, espero que apoyen las enmiendas propuestas por mi grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on. Buenas tardes.
Empiezo por recordar la llegada del real decreto-ley a este Congreso en julio, que salió adelante por un escasísimo margen. Votamos no a aquella propuesta y señalamos desde el primer momento las carencias que presentaba el real decreto. En
su paso por ponencia y Comisión se han limado algunas de estas carencias, se han mejorado otras, qué duda cabe, y hemos acordado enmiendas transaccionales con otros grupos que, al menos parcialmente, han recogido nuestros planteamientos. Además de
estas mejoras, también hemos conseguido acordar e incluir dos enmiendas esenciales para la ciudadanía vasca. Concretamente, se incluye una salvaguarda específica para respetar las competencias propias que Navarra tiene en materia de Función
pública. Esta era una demanda básica de Euskal Herria Bildu en esta ley, ya que Navarra es la única comunidad autónoma del Estado que cuenta con estas competencias propias. En definitiva, la enmienda transaccional acordada con PSOE y Unidas
Podemos aportará seguridad jurídica en Navarra en la normativa para regular la situación de su personal temporal. Asimismo, hemos incorporado también una enmienda que reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar sus procesos
de estabilización, con el objetivo de alcanzar una tasa de temporalidad máxima del 8 %, como establece la ley. Y esto, además, se hará mediante acuerdos con las organizaciones sindicales, reforzando así la representación de los trabajadores en el
desarrollo de estos procesos.
Señorías, esta ley es algo más justa para las personas en temporalidad, aunque no del todo justa, y no es justa para todo el mundo, es cierto. Es verdad que hay multitud de flecos y que no da respuesta todo el mundo, no somos ingenuos.
Ciertamente, el problema era difícil, y más cuando es una cuestión enquistada y como cualquier problema que se prolonga a lo largo del tiempo no hace sino acumular más y más dificultades, una montaña de injusticias. No se va a resolver por completo
la cuestión. De hecho, ya hay un choque con realidades que algunos jueces están poniendo encima de la mesa porque ya hay algún caso en el que los tribunales hacen fijo al personal interino con tres años en el puesto. Hay muchas cuestiones no
excesivamente definidas y, entre estas, nos queda la duda de cómo se va a lograr que la tasa de temporalidad no sobrepase el 8 %. Queda mucho por hacer, queda por definir el programa de cómo se va a acceder a ese 8 % para homologarse a la
Administración pública de Europa. Por lo que se refiere a las comunidades autónomas a las que nos debemos, a la vasca y a la navarra, la situación es mucho peor que en otros sitios por la gran movilidad que se da además en las plazas.
No podemos olvidar tampoco algo que subyace en todo este cúmulo de irregularidades que han dado cuerpo al gran problema de los interinos y es que el abuso de la temporalidad debería tener como referencia a la Administración que no ha
convocado los procesos que debería haber convocado -sí, todo esto también queda ahí en el tintero de las carencias-. De la misma forma nos hubiera gustado que esta ley contemplara más cambios como, por ejemplo, el que permitiera a los interinos
entre tres y menos de seis años presentarse a los concursos oposición de consolidación o estabilización sin tener que pasar la fase de oposiciones, todos esos llamados aprobados sin plaza. Es otra de las lagunas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Decía que es justo reconocer que se han puesto los mimbres necesarios para facilitar que muchísimas personas en abuso accedan a sus plazas; que se han puesto los mimbres para paralizar procesos convocados
anteriormente y que se rijan así por esta nueva normativa, tal y como está sucediendo ya en algunas comunidades autónomas como, por ejemplo, en la Comunidad autónoma vasca.
Con esto no se arregla todo, pero sí se arregla en parte un descomunal problema al que había que dar una solución. Porque hay avances -no podemos negarlo-, y algunos sustanciales, pero no los suficientes para votar a favor, desde luego.
Pero vuelvo a los avances que representa y por ello nos abstendremos, porque son avances que, aunque insuficientes, traerán mejoras notables para muchos y muchas. (Termina su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega al Diario de Sesiones,
es el siguiente: Eta bihar Euskararen Eguna denez, Administrazioan euskaraz aritzeko eskubidea ere bermatu behar dela gogoratu nahi dut. Euskaraz bisi nahi dugulako. Asimismo, facilita la traducción con el siguiente texto: Y ya que mañana
celebramos el Día del Euskera, quiero recordar que utilizar el euskara en la Administración es también un derecho que hay que asegurar. Porque queremos vivir en euskara).
Gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Buenas tardes, diputados y diputadas. Gràcies, presidenta.
Supongo que a todos ustedes en algún momento u otro de su actividad parlamentaria ha habido un tema, ha habido una ley, ha habido un decreto, ha habido algún elemento que ha sido transformador, que ha sido especial. Para mí la conversión
del real decreto-ley en este proyecto de ley se me ha llevado una parte del alma, se me ha llevado una parte de la energía y se me ha llevado muchas noches de insomnio y muchas lágrimas. Y lo digo porque es importante que la gente que será la
receptora de las decisiones que tomemos sepa que no lo hacemos en abstracto, sepa que nos leemos todos sus correos electrónicos, hasta cuando son cadenas y que sepa que no somos inmunes a sus miedos, que los compartimos, que son los nuestros.
Porque en política estamos de pasada y solo para servir a la gente. (Aplausos).
Este prefacio lo he querido hacer porque quiero que nos retrotraigamos -me sabe mal que sea hoy el día en el que solo tengo cinco minutos para explicarme- al momento en que esto empezó o lo recibí. Teníamos una cantidad importante de gente,
con muchos años, muchos años de temporalidad, que básicamente respondían a colectivos que difícilmente serían empleables si se quedaban en el paro, y que sobre todo estaban feminizados y en el ámbito de los cuidados. Nuestra intención desde el
primer minuto fue ir a garantizar que esas plazas no se perdieran, y cogimos este camino porque ustedes, señores del PP, y ustedes, señores del PSOE y el resto de gente que ha estado mandando en las administraciones de este Estado no hicieron en su
momento el trabajo. Y ahora resulta que los responsables de que esto no vaya bien somos nosotros. No, no, cogimos un texto donde había únicamente la posibilidad de hacer OPE, que sabíamos que perjudicaba a gente que no podía competir en esa
igualdad que dicen ustedes con la gente que acababa de salir de la facultad, y articulamos un camino que llevamos reclamando mucho tiempo, convenciendo de que era constitucional. Lo dijimos desde el primer momento: estamos por el concurso de
méritos del artículo 61.6 y 61.7. Y argumentamos, trajimos sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, hasta que quedó clarísimo que aquello en lo que el Gobierno no quería transigir era posible. Y eso lo hicimos nosotros.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, un momento, señora Vallugera.
Les pido silencio, por favor.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Parece mentira que con lo que chillo tengan tiempo de hablar.
A lo que íbamos, decía yo que aparte de concurso... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: ... de méritos, intentamos introducir también cosas que paliaran la tremenda situación de inestabilidad y de temporalidad. ¡Claro que conocemos la jurisprudencia europea y las sentencias del tribunal europeo!
¡Claro que no es sanción! Pero es que lo que hemos intentado articular no es una sanción para la Administración, que al final, por cierto, pagamos todos, sino una vía efectiva, eficaz y real de estabilización, de que las personas se queden con su
trabajo. ¿Qué pasa con la fijeza a extinguir? Que la van a declarar muchos tribunales, efectivamente, pero lo recuerdo: no da la condición de funcionario, no hay movilidad territorial, no hay promoción interna, y no creo que esas sean unas reglas
de juego. Por tanto, objetivos: Objetivo A, que tuviesen la condición de funcionario; objetivo B, que fuera en su plaza; objetivo C, que atienda a la máxima cantidad de personas en situación de abuso de temporalidad de nuestras administraciones.
Es cierto que no es la panacea y que no hemos conseguido parar las convocatorias de las administraciones, solo de algunas que han querido, es cierto, pero ¿saben qué pasa cuando se negocia? Que debes ceder en algunas cosas. Y no estoy
orgullosa de haberlo hecho, no, pero es que si hubiese querido al Gobierno aplicar nuestro sistema, lo habría hecho de entrada. Por tanto, ha sido un combate de seis meses para convencer de que nuestras propuestas eran factibles, eran legales y se
podían asumir por el Gobierno. ¿Qué no hemos hecho? Hacerlo en dos meses; prometimos 31 de octubre y estamos a 2 de diciembre, y me disculpo, me disculpo porque eso ha permitido que hubiera administraciones que han ido convocando. ¿Eso qué
quiere decir también? Que como trabajadores de la Administración y como ciudadanos, ahora que hemos permitido ese camino y dado esa oportunidad, vamos a ver qué
Administración va a actuar con buena fe con sus interinos y cuál no. Y yo les digo a los interinos: No me digan que no me van a votar porque...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Termino inmediatamente.
La señora PRESIDENTA: No, lo siento muchísimo, señora Vallugera, pero ha terminado su tiempo. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a la compañera Pilar el trabajo realizado durante estos meses y reconocer públicamente que sin el esfuerzo y el trabajo que ha hecho hubiera sido imposible tener el proyecto de ley que tenemos hoy. Desde el
primer día que hablé con ella sobre esta cuestión tuvimos claro que lo que se había presentado previamente en el Real Decreto 14/2021 no se podía tolerar y que era necesario un cambio, y creo que aquí hoy se están viendo los efectos de ese trabajo y
se están viendo esos cambios. Por tanto, mi agradecimiento. (Aplausos).
Creo que todo estamos reconociendo los cambios, incluso los grupos que públicamente están expresando críticas con lo que finalmente se va a votar. Todos reconocen que se están produciendo cambios muy muy importantes y significativos. Lo
fundamental es que son cambios que van a afectar a cientos de miles personas que por fin van a ver cómo su situación de abuso de la temporalidad se va a ver resuelta y por fin van a ver cómo tienen acceso a la estabilización. Además, creemos que
esto también va en beneficio de las administraciones en su conjunto, porque va a permitir que esa experiencia, ese mérito y esa capacidad que estas personas han demostrado durante tanto tiempo -en muchas ocasiones, más de veinte años- se queden, se
retengan y puedan seguir estando al servicio de las administraciones.
Se nos dijo que el concurso de méritos no era posible y ahora se demuestra que sí lo era. Se incorpora el concurso de méritos, se hace de forma legal. Nosotros dijimos aquí que había que hacerlo dejando claro que no se podría hacer de
forma arbitraria, que teníamos que darle una justificación jurídica, y creemos que, tal y como se recoge en las disposiciones adicionales sexta y octava, lo está haciendo de esa manera. Es importante esta última disposición porque no solo opera
sobre las plazas, sino que opera también sobre las personas. Por lo que se recoge en la disposición octava, queda claro que aquella plaza que a día de hoy esté ocupada por una persona que lleve más de cinco años -ella, como persona- en situación de
temporalidad, incluso aunque en esa plaza no lleve los cinco años que exige la disposición adicional sexta, esa plaza debe salir por la vía del concurso. Por tanto, por las dudas que surgían y que nos preguntaba, que quede claro este asunto.
Por otro lado, es verdad que la disposición adicional novena que acordamos con el Grupo Socialista y con Euskal Herria Bildu lo que hace precisamente es reforzar el carácter de obligatoriedad que tendrán las administraciones para aplicar
este concurso de méritos. Otra cosa que nos pregunta es si las administraciones pueden o no pueden optar por la aplicación de este concurso de méritos. No pueden optar por la aplicación del concurso de méritos, sino que es obligatorio que apliquen
al concurso de méritos siempre que las plazas cumplan con los requisitos que vienen en esta normativa.
Por otro lado, también es una baza importante que los acuerdos a los que hemos llegado permitan que esta obligación se extienda también hasta las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del
sector público y los consorcios del sector público, por tanto, que no solo se limite propiamente al ámbito de las administraciones, sino a todo este entramado, donde también hay trabajadoras y trabajadores públicos que ahora se van a ver
beneficiados por lo que se regula en esta ley.
Y respecto a lo que ocurre en relación con las plazas convocadas por los procesos de estabilización de 2017 y 2018, quiero decirle al señor Mazón que queda absolutamente claro en esta ley qué se hace con esas plazas. Si las plazas salieron
por procesos ordinarios, no se van a ver afectadas por esta ley; si las plazas salieron vinculadas a los procesos de estabilización de 2017 y 2018 y fueron plazas que se ofertaron pero nunca se convocaron, van a tener que salir acordes a esta
normativa; si fueron plazas que se ofertaron, se convocaron, se desarrollaron, pero quedaron desiertas, pueden volver a salir conforme a esta normativa, y si son plazas que están en curso, no hay ninguna obligación de que se detengan,
aunque, eso sí, cabe la posibilidad de que se negocie y se paralicen para ajustarlas a esta normativa, pero no es obligatorio. Lo cual me lleva a decir a todas aquellas administraciones que han convocado plazas en estos últimos meses que
por favor las paralicen, que sean justos con los interinos e interinas, que paralicen esos procesos, al menos aquellos que no hayan llegado a la fase de examen, que en muchos casos algunos todavía ni siquiera tienen listas de miembros, que se han
convocado en la última semana, que los paralicen y los ajusten a la nueva normativa, porque de esa manera se hará justicia con el trabajo que han desempañado cientos de miles de personas sacando las castañas del fuego cuando más falta hacía.
Así que hacemos una valoración positiva, no puede ser de otra manera. Es verdad que no hemos llegado a todo lo que queríamos, pero nos queda claro que entre lo que entró aquí con el Real Decreto 14/2021 y lo que sale con este proyecto de
ley hay avances muy significativos, muy sustanciales, que por encima de todo van a beneficiar a las personas y van a hacer que mucha gente que ha estado con una incertidumbre durante muchos meses por fin vea la fijeza por un proceso que es legal y
es constitucional.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Honrubia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Señores de Podemos, mienten más que hablan; donde había incertidumbre, ahora habrá más incertidumbre, porque la ley que van ustedes a aprobar solo habla de podrá, quizás, a elección de la comunidad autónoma,
unas sí, otras no, y lo mismo con las corporaciones locales. En definitiva, es la indefinición elevada a la enésima potencia, la indefinición puesta por escrito y con forma de texto legislativo, y es la absoluta inseguridad jurídica, tanto para
aquellos interinos que ocupan plazas y están en fraude de ley como para aquellos interinos que no ocupan plazas en fraude de ley, como para aquellos opositores que están pendientes de unos concursos, que podrán o no ser impugnados en función de la
resolución que adopte o no la comunidad autónoma. En definitiva, absoluta inseguridad jurídica, que es lo último que necesita nuestra Administración (aplausos) y lo último que necesitan las personas y las familias que han trabajado para la
Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de forma leal, durante muchísimos años en muchas ocasiones, y que ahora se ven abandonadas por un Gobierno que, sin embargo, les sonríe y dice favorecerles.
Ahora voy a explicarles un poco cuáles son los puntos de toda su hipocresía que, en definitiva, hacen esta norma absolutamente inaceptable, sobre todo por las personas, porque ellas son quienes van a padecer las consecuencias de su texto.
Empiezo. Estamos ante una ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y es importante que quienes nos escuchen sepan que en España la precariedad en el empleo privado ronda el 25 %. Bueno, la Administración
pública pulveriza esta cifra. Les facilito las cifras -las da el Gobierno, no me las invento yo-: en universidades, la precariedad roza el 44,68 %; en instituciones sanitarias, la precariedad en el empleo roza el 47,31, y en docencia no
universitaria, es decir, los que educan a nuestros hijos, roza el 51,2. Es infame, y con esta norma que ustedes van a aprobar hoy aquí, los sucesivos Gobiernos que han ido aprobando lo que ha permitido esto, este nivel de precariedad inaceptable,
se van a ir de rositas, se van a ir de rositas porque no hay responsables políticos, ya que todas estas decisiones las toman los políticos que controlan las administraciones.
Lo que en sí pretende la propuesta es estabilizar, y habla de plazas. Es triste, porque no son las plazas las que hay que estabilizar sino a las personas que han padecido el fraude de ley, que es como se define. Empiezan ustedes la casa
por el tejado, porque el ministerio ha dicho que hay 300 000 personas en fraude de ley; las asociaciones dicen que 800 000, y ninguna comunidad autónoma ha aportado sus cifras. Por lo tanto, van a adoptar ustedes una solución sin saber cuál es la
magnitud del problema; van ustedes a abrir, a iniciar la operación sin haberle hecho a esta persona escáneres, radiografías y sin saber cuál es la magnitud del problema. Van ustedes a abrir a la persona... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un segundo, señor Figaredo, que le interrumpa.
No quiero volver a interrumpir al orador más veces en lo que queda de Pleno. Por favor, les pido, les ruego que guarden silencio. Si quieren mantener conversaciones, pueden salir al pasillo a hacerlo, pero no dentro del hemiciclo.
Muchas gracias.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Se ve que al Partido Socialista no le interesa la situación de los interinos en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Puede continuar, señor Figaredo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Sí, sí, estaba continuando ya. Se ve que al Partido Socialista no le interesa la situación de los interinos en España.
En definitiva, ustedes no han llevado a cabo esa auditoría. No saben cuántas personas se han visto perjudicadas, no saben cuál es la situación de cada una de esas personas. Se supone que son mayoritariamente mujeres y se supone también que
la edad media son cincuenta y dos años. No saben ustedes cuáles son las cargas familiares, no saben ustedes en qué lugares están destacadas estas personas, no saben cuántos años llevan ocupando la plaza en concreto. En definitiva, no tienen
ustedes la información para aplicar la solución.
La norma nace viciada, porque ustedes ponen el límite temporal en el año 2016. Es decir, aquellas personas que estén en fraude de ley a partir del año 2016 no quedan amparadas por esta norma y, sin embargo, llevan seis años, es decir, están
en fraude de ley, porque la ley, la ley laboral, dice que son tres años el fraude de ley. Hay personas, hay familias, hay muchísima gente que va a sufrir por esta norma y que se irán a la calle. Y la mayor hipocresía de todas: ustedes, señores
del PSOE y señores de Esquerra Republicana van a derogar la reforma laboral; pues bien, a los interinos de la Administración que van a echar a la calle les van a aplicar el despido objetivo de la reforma laboral que tanto quieren ustedes derogar.
Es decir, consejos vendo que para mí no tengo. (Aplausos). Yo me beneficio, pero luego vendo hipocresía para todos los demás, para intentar engañar a todos los españoles que les escuchan. En definitiva, es absolutamente inaceptable.
Esta cuestión, que es una excepción al régimen funcionarial de España, una excepción al régimen de mérito y capacidad, valdría si fuese una excepción, pero es que esta norma nace viciada y será la primera de muchísimas excepciones, porque no
establecen un régimen sancionador para aquellas administraciones y aquellos políticos que repitan y repitan y repitan... (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Me ha quitado usted unos segundos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, le he parado el tiempo, y no discuta con la Presidencia. Ha finalizado su tiempo, por favor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Señorías, en primer lugar, quiero centrar un poco el debate, porque he escuchado aquí, durante esta tarde, algunas afirmaciones que me llevan a pensar que alguno de ustedes, señorías, no se han leído el texto que vamos a someter a votación
o, si se lo han leído, no lo entienden o realmente están haciendo, de forma torticera, un cambio de la realidad de lo que vamos a aprobar. Por tanto, en primer lugar, quería centrar el debate.
Estamos hablando, señorías, de un problema que tiene nuestra Administración que es intolerable. Las tasas superan con mucho el 30 % de media y en algunas administraciones más del 40 % y había que dar una respuesta. El Gobierno de España se
ha encontrado con un problema heredado, heredado fundamentalmente de políticas de austericidio del Partido Popular con tasas de reposición cero durante muchos años (aplausos), durante muchos años. Esto, además, señorías, deja en evidencia que al
Partido Popular -y lo ha demostrado hoy su proponente- le gusta mentir. Señora De Luna, ¿va a decir en esta Cámara que yo no hablé con usted antes de la tramitación de este proyecto de ley y usted me dijo que el Partido Popular no quería saber
nada? Por lo menos, no mienta en esta Cámara; no mienta, por favor. (Aplausos). Si en este país en este momento estuviese gobernado el Partido Popular, ¿se imaginan, señorías, de lo que estaríamos hablando? Ya saben, el estilo de Rajoy: fumar
un puro y pasar el tiempo, y miles de trabajadores en temporalidad y miles de administraciones sin dar seguridad jurídica a este tema.
Señorías, ¿qué ha hecho el Gobierno? En primer lugar, acordar en las sectoriales con la Federación de Municipios y Provincias y también con las comunidades autónomas una solución a este gravísimo
problema, que además tiene muchas aristas y mucha casuística diferenciada, y en segundo lugar, aprobarlo con las centrales sindicales mayoritarias de este país en la mesa de negociación. Finalmente, hoy debemos reconocer -al menos nosotros,
los que estamos aquí, con capacidad legislativa, con esas capacidades que sirven para cambiar la vida de la gente- que en este Parlamento este proyecto de ley ha sufrido mejoras gracias al trabajo parlamentario. Quien ha querido hacerlo -siempre lo
dijimos- tenía la puerta abierta, y quien no ha querido se ha puesto siempre en la posición contraria, pero quería poner esto en valor porque también es de justicia reconocerlo.
He escuchado algunas afirmaciones que quiero contestar. A VOX y al señor Figaredo hoy les digo una cosa: Ustedes hoy van a votar en contra de los trabajadores públicos de la España que trabaja. (Aplausos). Por lo tanto, se les cae el
mito, porque ustedes solo buscan posición contraria; la más mínima expresión para votar en contra. Hoy, a esos trabajadores les dan la espalda, porque la solución que damos seguramente, señorías, no es perfecta, pero es sensata y es
constitucional, para que en nuestro país, en 2024, ese 8 % sea la tasa máxima de reposición, que además creo que es razonable.
He escuchado alguna otra afirmación que no quiero dejar de contestar. Esto ha generado en nuestro país -porque es un problema muy importante- mucha controversia. El Partido Socialista y el Gobierno podían haber actuado como hizo el Partido
Popular en los años 2017 y 2018: oposición libre, cada uno que se busque la vida. Sin embargo, hemos actuado con responsabilidad, reconociendo que había que dar una solución constitucional a esas altas tasas, porque el abuso de temporalidad se
había producido. Por cierto, muchas administraciones en las que gobiernan y han gobernado el Partido Popular y Ciudadanos -que también ha tocado poder y ahora ya no tiene las mismas características que antes- no han tomado ninguna decisión para
poder mejorar estas tasas de temporalidad.
Así que, señorías, hoy es un día importante, y me dirijo a todos los trabajadores temporales de este país: hemos conseguido, parlamentariamente hablando, pactar, negociar y poner un texto que irá al Senado y que espero que se apruebe pronto
para dar una solución sensata y constitucional. Por lo tanto, este grupo parlamentario ha cumplido, igual que el Gobierno cumplió con su parámetro en la negociación. Agradezco a todos los ponentes de la Comisión y también, por supuesto, a los
letrados el trabajo realizado. Creo que es un gran día para el empleo público. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aceves. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y DE OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 121/000066).
La señora PRESIDENTA: Dictamen del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Para defender las enmiendas
formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías, por las características de la distribución de territorial de la población y las diferencias respecto a los grupos de edad, las pensiones públicas son un elemento sustancial para la
sostenibilidad de todos los territorios, un factor básico, aunque no siempre identificado como tal, para el equilibrio territorial. En muchos pequeños municipios españoles del medio rural las pensiones constituyen la parte principal no solo de la
renta de muchas familias de jubilados, sino también de la renta del conjunto de habitantes del municipio. Dados los graves desequilibrios territoriales existentes y la crisis funcional de muchos territorios, no podemos perder de vista esa función
socioterritorial de las pensiones. Por lo tanto, la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo, principio que está incorporado en el presente proyecto de ley, debe ser una garantía de seguridad para los
jubilados actuales y para futuras generaciones, sin olvidar su incidencia positiva en la sostenibilidad poblacional de muchos territorios. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Por ello, nos preocupa especialmente que las pensiones públicas se encuentren tensionadas por el envejecimiento de la población, ya que solo hay 2,3 cotizantes por pensionista cuando hace cuatro décadas la ratio era de 5,3 y, dentro de otras
tantas, solo habrá uno según las proyecciones de INE...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Guitarte. Ha terminado su tiempo.
El señor GUITARTE GIMENO: Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra el señor Sayas López. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Lo que hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara no es una reforma, es directamente un sablazo, un sablazo en lo que más les duele a los españoles, que es en el empleo, justo en la materia en la que menos nos lo podemos permitir. ¿Ustedes se
creen que un país que está abanderando -a la cabeza de Europa- el desempleo, un país que tiene a cuatro de cada diez jóvenes sin una oportunidad laboral se puede permitir poner un impuesto al empleo? Pues esa es la solución que nos está trayendo el
Gobierno, que además no está entendiendo que lo que necesita España para sostener las pensiones es, precisamente, crear empleo. Necesitamos que dos millones de españoles que están en paro se incorporen a trabajar, porque eso va a suponer dos cosas:
en primer lugar, que van a cotizar, y en segundo lugar, que no van a recibir una prestación por desempleo. Ese es el factor de sostenibilidad que necesitan nuestras pensiones, no poner un impuesto a la creación de empleo en un momento en que
nuestra economía ha caído un 11 %, en un momento en el que los precios han subido un 5,6 %, en un momento en el que la electricidad se ha incrementado un 300 %, en un momento en el que la gasolina o el diésel han aumentado un 100 % y en el que no
hay empresa que pueda sostener por más tiempo la competitividad. Esta reforma del Gobierno lastra la competitividad de las empresas, lastra la creación de empleo y, por tanto, consigue el efecto contrario del que pretende.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, yo tenía confianza en un trabajo cordial e intenso en el Pacto de Toledo. Trabajamos intensamente y, a su vez, tuvimos reuniones en el ministerio con el señor ministro -bienvenido, señor ministro-, y yo le creí a usted. Yo le
creí cuando nos contaba -incluso, en su despacho, a solas- cuáles iban a ser los plazos, cómo se iba a trabajar, qué problemas tenía usted dentro el Gobierno, cómo lo veía con los agentes sociales, hasta dónde iba a llegar el Gobierno: en ningún
caso vamos a... Después, se decidió un tema que va a ser para los próximos veinte o treinta años en seis días; se hizo público, se reunió la ponencia veinticuatro horas después, la Comisión se reunió cuarenta y ocho horas después y, al final, es
una modificación como la que hizo el PP en su momento. Ustedes lo han hecho sin consenso político -a lo mejor porque se creen que los próximos veinte, diez o quince años van a estar gobernando ustedes- y sin consenso con los empresarios. ¿Qué
quiere decir eso? Que esto no está garantizando la pensión de los próximos veinte ni quince ni treinta ni cuatro ni seis ni ocho años, que va a ser papel mojado a la primera de cambio. Bueno, se cumple el trámite con Europa. Muy bien. ¿Sabe lo
que le digo? Ustedes se lo cocinaron solos, ustedes se lo comen y esperemos que alguna vez haya un Gobierno en este país que se dé cuenta de que el tema de las pensiones no es un tema de mayoría numérica, sino de consenso político, social,
empresarial y sindical, y diciendo la verdad siempre.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
Ministro, nosotros votaremos en contra, porque esta proposición, aunque derogue los aspectos más lesivos que impuso el PP en 2013, lo hace con el precio de consolidar aquellos recortes que hicieron el PSOE y Convergència i Unió en el 2011.
Por cierto, siempre, en el argumentario del PSOE, por la letra 'cup' les viene lo mismo: a esos diles que pactan con la derecha catalana. Pero es evidente -y en las
votaciones en el Parlament de Catalunya también lo vemos- que ustedes y la derecha catalana comparten mucho más el modelo económico, como vimos en esa contrarreforma de las pensiones del 2011 y como vemos en muchas cuestiones. Que la de
2013 fuese una contrarreforma infame -y lo era el factor de sostenibilidad, y lo era la no revalorización- no convierte la del 2011 en una contrarreforma buena. Y esto que se consolida con la votación de hoy no podemos compartirlo, ni el
alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años, ni el alargamiento de la base de cálculo a veinticinco años -y parece que próximamente serán muchos más años todavía-, ni la consolidación de los coeficientes reductores para que la gente que se
jubile de forma anticipada no cobre la pensión íntegra, en contra de lo que han estado reivindicando la gente de Asjubi40.
Es cierto que para tragar la píldora se incorporan cosas positivas en el texto, pero eso solo sería siempre que se llegasen a desarrollar, puesto que en el propio texto de 2011 también había cuestiones positivas, como es el caso de las
jubilaciones anticipadas por trabajos penosos o tóxicos, que diez años más tarde no se han llegado a desarrollar y le recuerdo, ministro, su compromiso con los trabajadores del amianto.
Una reforma de izquierdas, en todo caso, no se preocuparía solo de cuadrar las cuentas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Botran Pahissa; ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Señorías, debatimos, tras una tramitación apresurada y sorda, como está siendo este debate, el proyecto de ley de la reforma de las pensiones; una reforma llamada a sostener la protección de nuestros jubilados, que
sin embargo lo único que hace es perpetuar un largo agravio a la juventud de España, perpetuar una brecha intergeneracional que va más allá de los niveles de renta -que ya es decir-, para extenderse a las expectativas personales y al proyecto vital
de los jóvenes.
Los datos son crudos y duros: hoy el 20 % de los trabajadores españoles menores de treinta años se encuentra al borde de la pobreza; hoy la tasa de desempleo de los menores de veinticinco años en España es del 37 %, la segunda más alta de
Europa, solo por detrás de Grecia; hoy dos de cada tres jóvenes viven todavía en casa de sus padres, porque hacer frente al precio del alquiler medio supondría destinar el 93 % de su salario medio a una vivienda. En la última década el salario
medio anual de los jóvenes ha subido solamente un 0,73 %, ¡en toda una década! En ese mismo periodo, según datos de su ministerio, el importe medio de una pensión de jubilación ha subido un 33 %. Y en este trágico contexto ustedes nos proponen
aumentar la carga sobre los trabajadores e hipotecar el futuro de los jóvenes sin ni siquiera garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y no lo digo yo, no lo dicen los liberales, no lo dice Ciudadanos, lo dice el gobernador del Banco
de España, lo ha dicho esta misma semana.
¿Qué motivos tenemos entonces los liberales para apoyar este proyecto de ley? Ninguno. Ninguno, porque ni siquiera nos han permitido mejorarlo. Su mecanismo lo único que significa es subir cotizaciones sociales, su mecanismo perjudica la
creación de empleo, su mecanismo carga sobre las espaldas de los jóvenes precarios el sostenimiento de las pensiones. Dicen ustedes que su mecanismo, este MEI, es justo, porque el aumento de las cotizaciones no es un coste, sino una
prefinanciación, es decir, que las cotizaciones de los boomers irán a prefinanciar las pensiones de los boomers. Vale. ¿Y qué proponen ustedes para financiar las pensiones de los jóvenes? ¿Algo para sus cotizaciones? No proponen nada.
Los liberales seguimos empeñados en mejorar esta ley para poner a los jóvenes en el centro del debate a través de dos aspectos. Por un lado, proponemos un mecanismo alternativo, un mecanismo en el que las pensiones se revaloricen con el IPC
por regla general, siempre y cuando los salarios de los jóvenes crezcan también tanto o como el IPC. Por otro lado, el segundo mecanismo, o la segunda manera en la que nosotros queremos centrar este debate en la juventud, es que se sustituya el IPC
ordinario por un IPC específico de los pensionistas, dado que los patrones de consumo de los jubilados, de los pensionistas, son distintos al del resto de la población. Muchos gastos de los pensionistas ya están subvencionados, como el transporte,
como las medicinas, por lo que revalorizar las pensiones sin tener esto en cuenta supone un agravio frente a los jóvenes.
Ministro, señorías, esta ley fustiga aún más a los jóvenes. Abandonar a los jóvenes es una opción, no es inevitable, y es la opción de este Gobierno. Lo siento, pero no es la opción de los liberales y no vamos a apoyar esta reforma.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Señor ministro, quieren hacer pasar esta reforma por progresista, pero la realidad es que estamos delante de la plasmación de políticas de recortes en las pensiones. Su propuesta consolida los aspectos más lesivos de la reforma de 2011:
mantiene la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de cálculo de 15 a 25, aunque ya nos anuncian que lo subirán a 35, lo que supondría un nuevo recorte en la cuantía con una caída de entre el 6 y el 10 %; penaliza la jubilación
anticipada, incentiva la demorada, no recupera la jubilación parcial a partir de los 60 para favorecer el empleo juvenil y, sobre todo, no sube las pensiones mínimas.
Frente a una derecha y ultraderecha a la que cualquier avance de derechos para los trabajadores y trabajadoras les parece mucho, por pequeño que sea, pero también frente a un Gobierno que se dice progresista y que, sin embargo, insiste y
persiste en los recortes, el BNG mantiene una posición de firmeza, desde la izquierda, en defensa de pensiones dignas y de la recuperación de derechos sociales, porque, desde posiciones coherentemente de izquierdas, no se pueden defender ni nuevos
recortes ni pretender justificarlos con que con los criterios de la derecha aún sería peor. Por eso, no podemos apoyar esta propuesta.
El BNG está con los colectivos de jubilados que rechazan en la calle esta reforma, con los colectivos de pensionistas y trabajadores y trabajadoras que hoy mismo salieron a las calles de Galiza en defensa de pensiones dignas. No, señoras y
señores del Gobierno, los recortes no son inevitables. Sabemos, y ustedes también, que si se quiere, se puede.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Hoy es uno de esos días en los que nos iremos de aquí con un sabor agridulce. Se van a aprobar decretos y leyes en los que a algunos nos quedará siempre ese sabor amargo de que se podía haber ido mucho más lejos y, finalmente, nos hemos
quedado a medio camino. Hay que reconocer que en esta ley hay avances; hay avances y los reconocemos: está la eliminación del factor de sostenibilidad, está la auditoría a la Seguridad Social, está el párrafo para vincular las pensiones al
salario mínimo, aunque poco claro, pero creemos que habría que eliminar todos los coeficientes de reducción para toda esa gente que ha trabajado más de cuarenta años, no solo a las pensiones más pequeñas. Habría que blindar en la Constitución las
pensiones públicas y habría que evitar que se siguiera alargando la edad de jubilación o el periodo de cálculo de las pensiones. Por tanto, sabor agridulce hoy.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenas tardes. Señorías, les avanzo el titular: vamos a votar a favor de esta reforma, de esta ley, pero les voy a explicar los motivos que nos llevan a hacer en este punto un aviso serio al Gobierno. Por nuestra
trayectoria política entendemos que es una posición responsable avanzar la reforma en el marco del Pacto de Toledo, que ha sido siempre un lugar donde nosotros hemos hecho política, en el que nos hemos sentido cómodos y entendemos que, aunque sea
poco, hay que ir avanzando hacia los postulados del Pacto de Toledo. Pero igual que es responsable avanzar en esta línea, también es responsable ser honesto y denunciar que estas no son las medidas que van a garantizar la sostenibilidad del
sistema, que va a haber que tomar muchas más medidas para garantizar la sostenibilidad del mismo.
En este contexto, si uno analiza la ley que hoy nos ocupa, la forma, sin duda -ya lo hemos comentado en Comisión-, podía haber mejorado mucho. La cuestión principal de esta reforma entra a través de una
enmienda. Nosotros nos alegramos de que ciertas enmiendas en materia de discapacidad o en materia de notarios hayan podido tener éxito, y creemos que son una gran aportación, pero el método continúa siendo el método del parche, de la
solución en el último minuto y a veces está muy alejado del método del Pacto de Toledo, con debates a fondo, con debate documentado y con rigor. El diálogo social es muy importante, pero también es muy importante que el Gobierno entienda que tiene
que dialogar con los grupos parlamentarios de esta Cámara, con los diputados que al final acaban votando las leyes, y sobre todo, lo más importante, es que con esta reforma y con lo que tiene que venir la sostenibilidad del sistema se convierte,
ahora sí, en una línea roja, de seguir apoyando o no este tipo de medidas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Cabezón Casas.
El señor CABEZÓN CASAS: Señorías, desde el Partido Popular subimos a la tribuna para poner de manifiesto una vez más que no podemos apoyar esta reforma. No la vamos a apoyar porque debilita la sostenibilidad de las pensiones, ataca el
futuro de los jóvenes y es contraria a lo que España necesita, incluso contraria a lo que el propio ministro decía cuando era presidente de la AIReF. No ha habido ni una sola llamada al Partido Popular durante toda la tramitación parlamentaria de
esta ley para ver en qué disposición estábamos. Esto es lo que el ministerio buscaba con los consensos, este es el pacto de Estado que buscaba el ministro. Ni una sola llamada al Partido Popular y se apoyan una vez más en Bildu y Esquerra
Republicana, los grupos que, casualmente, no apoyaron el Pacto de Toledo, los grupos que quieren romper la unidad nacional. Ustedes ponen el elemento de mayor cohesión social en manos de los que quieren destruir la nación.
No podemos ni queremos ser partícipes de un cambio que piensa en clave electoral y no en lo mejor para España y los españoles; una ley que solo piensa en el hoy, pero no en la sostenibilidad del mañana ni del pasado mañana; una reforma
que, por no gustar, no le debería gustar ni al señor Escrivá. ¿A qué Escrivá tenemos que creer? ¿Al expresidente de la AIReF, al ministro, al Escrivá de las entrevistas o al Escrivá de las rectificaciones? Mire, señor ministro, esto es lo que
usted presentó cuando era presidente de la AIReF. (Muestra un documento). Cualquier parecido con lo que hoy trae aquí es pura coincidencia. Nada tiene que ver con lo que decía, incluso de trabajar en el cambio de las cotizaciones por desempleo
-supongo que la señora Yolanda Díaz no le ha dejado modificar esos cambios de cotizaciones-. Usted decía que las cotizaciones en España eran demasiado altas como para subirlas más. Pues bien, hoy nos trae aquí una subida de cotizaciones, ese
impuesto al empleo que lo único que va a hacer es dificultar el empleo. Eso es lo que usted hoy nos trae aquí, señor ministro, esto es, una vez más, lo que usted nos trae como solución para las pensiones en España. (Aplausos). Usted, señor
Escrivá, niega y afea defender lo que permitió que desde el año 2013 la Comisión Europea no hiciese ninguna recomendación a España en materia de pensiones, una de las medidas que hacían, como usted mismo decía, abordable y manejable el problema de
las pensiones. ¿Se acuerda cuando decía usted esto, señor ministro, refiriéndose al factor de sostenibilidad tan denostado por usted hoy? Esas palabras eran suyas, señor ministro. Es más, la propia Comisión dijo que esas reformas contribuyeron a
garantizar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones en el largo plazo, y su reforma casualmente es lo opuesto. Se lo dijo el gobernador del Banco de España antes de ayer y, entre un ministro que cada día dice una cosa o el
gobernador del Banco de España, permítame que yo crea al gobernador del Banco de España, señor ministro.
Antes de ser ministro, como bien decía anteriormente, decía que las cotizaciones estaban seis puntos por encima de la media de la OCDE. Ahora cuela por la puerta de atrás el mecanismo de equidad intergeneracional, incluso a través de una
enmienda para intentar saltarse los informes preceptivos; un mecanismo en el que pasan el problema a las generaciones más jóvenes, que es bastante inequitativo y poco intergeneracional, sobre todo si tenemos en cuenta que somos el país europeo con
más paro juvenil. Chocan también sus cálculos optimistas, desmontados y desmentidos por casi todos. Si le faltaba alguien por desmentírselos, ayer la OCDE lo hizo. Frente a sus eslóganes, los datos reales dicen que tenemos una inflación de 5,6 %,
que va a hundir el ahorro y el crecimiento, por no hablar de la sostenibilidad. Y ya nos dirán cómo van a hacer, si ponen palos a las ruedas de la creación de empleo, para aumentar un 9 % las cotizaciones al empleo: con su nuevo impuesto al empleo
y con una ministra de Trabajo que está empeñada en derogar una ley laboral que, según ella misma decía esta mañana, facilita datos increíbles
de la creación de empleo, es decir, la reforma laboral del Partido Popular es la que está permitiendo estos datos por los que se felicita la ministra de Trabajo. (Aplausos).
Esta es la realidad, señora Díaz, en vez de reformar, en vez de hacer contrarreformas, en vez de derogar, lo que tiene que hacer es mejorar la reforma laboral, pero no derogarla, sino dotarla de mayor flexibilidad y dotarla de mayores
oportunidades para que los jóvenes tengan mayores oportunidades; eso es lo que le piden los jóvenes. No han tenido en cuenta ni una sola enmienda del Partido Popular, ni una, señor ministro, ni para el futuro del sistema ni para el talento ni para
la conciliación ni para las familias ni a favor de los colectivos al servicio de los españoles ni tampoco para la libertad y el fomento del ahorro. Esto es lo que usted nos presenta, un batiburrillo totalmente inconsistente con lo que usted...
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Cabezón; ha terminado su tiempo. Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Ministro, presidente, señores parlamentarios, arratsalde on.
Este Congreso va a aprobar esta tarde lo que para nosotros es una mala reforma de pensiones y, por ello, no va a contar con el apoyo de Euskal Herria Bildu. Recordarán aquella carta enviada por el Gobierno del señor Rajoy en el 2016 en la
que anunciaba una ridícula subida de las pensiones del 0,25 %. Esa fue la chispa que provocó la indignación general de los pensionistas y del resto de la sociedad, pensionistas que aún hoy siguen en las calles de Euskal Herria y de todo el Estado
defendiendo y exigiendo unas pensiones dignas y justas. Han transcurrido cinco años, que nos están recordando la falta de respeto a los derechos que tanta lucha costaron. De ahí, y desde aquí, nuestro reconocimiento a su lucha y ejemplo y,
especialmente, nuestro respeto a sus reivindicaciones. Hoy, ese 0,25 % va a ser historia, pero va a ser gracias a la lucha y a la presión social que han desarrollado esos movimientos. Y también es verdad que esta reforma recoge algunas
reivindicaciones y algunas de ellas han sido introducidas por las fuerzas soberanistas de la izquierda, pero reconocemos que esta reforma aún está muy lejos de responder mínimamente a estas justas exigencias.
Así, se deroga el factor de sostenibilidad; se revalorizan las pensiones al IPC aunque con un IPC limitado; se promete una auditoría pública de los gastos impropios de la Seguridad Social; por primera vez, se va a recoger mediante ley la
referencia a la Carta Social Europea en lo que tiene que ver con las pensiones mínimas y se promete vincular su cuantía a la evolución del salario mínimo interprofesional. También se incorpora el principio de suficiencia que garantiza el no recorte
de las pensiones mediante el mantenimiento mínimo de la tasa de sustitución actual. ¿Son avances? Claro que lo son, pero totalmente insuficientes. No podemos ser complacientes porque no es una buena reforma y lo decimos sin medias tintas. Así lo
creen los movimientos de pensionistas de Euskal Herria, la mayoría sindical vasca y también Euskal Herria Bildu.
Se está perdiendo una oportunidad histórica de crear un sistema de pensiones dignas desde lo público. Y también se está perdiendo la oportunidad de contar con la participación social real, porque esta ley se ha desarrollado excluyendo a los
movimientos de pensionistas y a los sindicatos más representativos de las naciones del Estado. La participación se ha limitado a una mesa de diálogo que ni responde ni representa a los movimientos de pensionistas de Euskal Herria o del resto del
Estado, ni a nuestra realidad social ni sindical. Por ello, advertimos al Gobierno que la segunda parte de la reforma, que llegará en las próximas semanas, es la última oportunidad para responder a un sistema de pensiones más justo. No es
admisible mantener las pensiones mínimas en cuantías de miseria o tener la obligación de alargar obligatoriamente la edad de jubilación, o el aumento indiscriminado de los periodos de cotización, o los altos descuentos en las pensiones de
jubilaciones anticipadas involuntarias. Es hora de escuchar y dar voz a los y a las pensionistas y no gobernar de espaldas a ellas y a ellos. Esperamos de este Gobierno, esperamos del PSOE y de Podemos que muestren su voluntad política, voluntad
que no han demostrado hasta ahora porque es justo lo que ha faltado en esta reforma para crear una reforma de pensiones que devuelva los derechos que se han estado recortando en las sucesivas reformas en los últimos veinte años. Hoy queremos que
los avances recogidos en este proyecto, que los hay, esos que los pensionistas y las pensionistas han conseguido gracias a su lucha y a su presión social, sean realidad.
No apoyamos esta reforma, pero vamos a mantener una abstención crítica para que estos avances, aunque sean pocos y limitados, puedan ser puertas, caminos futuros, para mejorar las vidas de los y las
pensionistas que más lo necesitan. Como ya hemos dicho y hemos avisado, en Euskal Herria Bildu vamos a poner todas nuestras capacidades para que en la próxima fase de la reforma las peticiones de las pensionistas y de los pensionistas
puedan ser realidad. Mientras no podamos contar con soberanía para disponer de un sistema público vasco propio de pensiones, digno y justo, las fuerzas de izquierda de esta Cámara debemos unir fuerzas aquí, y junto a la movilización social debemos
empujar al Gobierno para conseguir que los derechos de las pensionistas sean por fin ley.
Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Debatimos el dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley con relación... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Legarda, un segundo.
Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Debatimos el dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley en relación con las medidas para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad de su sistema público. Ya anticipo que votaremos favorablemente al mismo, en
coherencia con nuestra posición tanto en ponencia como en Comisión y con lo que ha sido nuestra posición desde tiempo atrás con algunas de las medidas que ahora se ponen en pie. Así, y respecto a la vinculación de la actualización de las pensiones
con el IPC, hay que recordar que su inclusión en la recomendación número 2 del Pacto de Toledo tuvo precursor en los presupuestos generales para los años 2018 y 2019 a través de sendas enmiendas formuladas por este Grupo Parlamentario del Partido
Nacionalista Vasco, lo que dio tiempo a que el Pacto de Toledo pudiera concluir el debate sobre este extremo con el actual contenido y en el mismo sentido que el impulsado por nuestro grupo parlamentario en aquellos presupuestos.
Señorías, otras medidas de la iniciativa que debatimos tienden a reparar la situación más desfavorable en que se encuentran aquellos prejubilados forzosos en contextos de crisis y en condiciones menos favorables que otros colectivos, también
de prejubilados forzosos, con coeficientes más beneficiosos. Por su parte, la incentivación de la prolongación de la edad de jubilación, tanto a través de la modificación de los coeficientes aplicables a la prejubilación para hacerla más gravosa o
a través de otras medidas para incentivar la prolongación de la vida laboral, también contarán con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Por otro lado, y en relación con la medida que más debate ha suscitado, también contará con nuestro voto favorable. La derogación definitiva del antiguo factor de sostenibilidad, que se encontraba paralizado en su aplicación desde la Ley de
presupuestos para 2018 tras la aprobación de una enmienda también de nuestro grupo parlamentario, es ahora sustituida por otra fórmula que permite mantener el compromiso intergeneracional en que consiste nuestro sistema público de pensiones, con la
expectativa de percibir una pensión digna y suficiente por los actuales cotizantes en un sistema de reparto. Así, se opta por una fórmula que en lo sustancial supone un incremento de los ingresos a través del incremento de las cotizaciones frente a
la reducción de los gastos -o, lo que es lo mismo, de las pensiones-, suspendido desde 2018 y hoy derogado: el factor de sostenibilidad. Para ello se opta por dotar de liquidez al Fondo de Reserva para poder hacer frente a la incorporación masiva
a la jubilación de las generaciones del baby boom, una opción que consideramos más justa y equitativa que otras que se basan en el empobrecimiento de las pensiones; más acorde con la vocación social y humanista del ideario y la acción del Partido
Nacionalista Vasco, y que dota al colectivo de los trabajadores, en especial de los más jóvenes, de márgenes de certeza y seguridad que necesitan para participar de forma más activa en la edificación de una sociedad más justa y solidaria.
Por último, quiero señalar que también hay aspectos de la iniciativa que nos mueven a la inquietud, como lo son algunos sesgos en la visión de la Seguridad Social y sus agentes, que tienden a orillar las competencias que el Estatuto de
Gernika reconoce y atribuye a las instituciones vascas. En cualquier caso, estaremos atentos. Lo último señalado no nos llevará a cambiar nuestro voto favorable al texto que debatimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Rumores).
Señorías, por favor, silencio. Señora Vázquez, ¿le queda alguien más del grupo con quien hablar? (Risas). Ruego, por favor, silencio por tercera vez. (Protestas por parte de la señora Vázquez Blanco). Me he fijado convenientemente. Por
favor, silencio.
¿Puede comenzar el interviniente? Comience.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente.
El presente y el futuro de las pensiones están en juego en una ley que se nos presenta en dos fascículos. Hoy vamos a discutir solamente el primero de ellos, y antes de medio año vamos a debatir el segundo. En esta primera parte de la
reforma de las pensiones lo primero que queremos resaltar es cómo ha cambiado el texto desde que lo vimos por primera vez hace muy pocas semanas hasta ahora. A nosotros nos presentaron un texto inicial que decían que, como venía del diálogo social,
supuestamente no se podía modificar. Sin embargo, cualquiera que conozca este documento sabe que lo que hoy estamos votando es algo muy distinto a lo que había antes, ya no digo de lo que había hace unos meses o hace unos años. Lo que estamos
votando es un texto mejorable, sí, pero es un texto que incorpora por primera vez varias reivindicaciones históricas que hasta hace pocos días parecían imposibles.
Como saben, y como se ha expuesto durante años desde esta tribuna, el sistema de pensiones es seguro y es sostenible; lo es hoy, lo fue ayer y lo será también en un futuro, y si alguien cree lo contrario es porque existe un relato impuesto
por el capital financiero y adoptado por el Estado para intentar favorecer las pensiones privadas y otros productos financieros. Ante esa escandalosa falta a la verdad, lo que hay que hacer es dar voz a los pensionistas y cotizantes movilizados.
Por este motivo, todo lo que se ha conseguido es más mérito de quien ha luchado en la calle para conseguirlo que de Esquerra Republicana, es mérito sobre todo de los centenares de miles de pensionistas organizados; sin los pensionistas organizados
en asociaciones como Coespe y en sindicatos y manifestaciones como En Marea, nada hubiera sido posible. Es gracias a todos ellos por lo que dentro de medio año tendremos una auditoría pública del sistema de pensiones desde el año 1967 al año 2019,
una auditoría que demostrará el saqueo de la caja única de la Seguridad Social y, en consecuencia, demostrará que la clase trabajadora ya ha pagado con creces sus pensiones. (Aplausos). De hecho, ha pagado tanto -baby boomers inclusive- que hay
cosas que deberían haberse financiado, como ustedes saben, por parte de las rentas del capital mediante impuestos, vía Ministerio de Hacienda, y en cambio se han pagado mediante la caja de la Seguridad Social. No se les ha regalado nada, se lo han
ganado todo; es salario diferido, no impuestos al trabajo, salario diferido, no lo olvidemos.
Esta auditoría nos va a servir de base para que se arbitren formas de compensación económica al saqueo de la Seguridad Social, para volver a nutrir con restituciones periódicas las reservas a las que tienen derecho los pensionistas del
futuro. Para eso va a servir la auditoría a la Seguridad Social, empezando por la restitución de los 103 000 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige que se ingresen a la caja de la Seguridad Social, se exige. Sin duda, sería un buen
comienzo para una nueva hucha de las pensiones. (Aplausos). Esto se llama sostenibilidad.
También remarcamos que sin la fuerza del movimiento de pensionistas organizado y de los y las sindicalistas no habría sido posible obligar a que se cumpla de una vez por todas el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que
obliga al Estado no a endeudar la Seguridad Social, como se ha venido haciendo, con préstamos ilegítimos, con créditos ilegítimos, sino a hacerlo a través de transferencias directas, como así va a ser a partir de ahora, empezando ya con aportaciones
de más de 20 000 millones de euros, más de 20 000 millones de euros anuales por parte de Hacienda a la caja de la Seguridad Social. Se acabaron los préstamos y los créditos, y se abre la puerta a una nueva condonación de la deuda de la Seguridad
Social con el Estado, y eso es gracias a vosotros; como también lo es que hayamos conseguido que por ley se asegure que el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto, en que se fundamenta nuestra Seguridad Social, sea medido por
su tasa de reemplazo -y eso la gente que sabe de qué va entiende que es muy importante-, o condicionar el futuro de la futura ley, que deberá abordar la suficiencia de las pensiones de acuerdo a la Carta Social Europea o al 90 % del SMI, y eso
también es muy importante.
De todas maneras, somos conscientes de que no todo han sido triunfos, que podemos haber decepcionado a parte de nuestra gente, pues no hemos conseguido incluir todas nuestras reivindicaciones
en esta primera parte de la negociación. Sabemos, por ejemplo, que a pesar de haber conseguido cambios que mejoran las condiciones de los pensionistas más pobres con largas carreras de cotización, de aquellos pensionistas que cobran menos
de 900 euros -lo hemos conseguido- habiendo cotizado cuarenta años, la injusticia persiste en muchos otros pensionistas de largas carreras de cotización, y no abandonamos esta lucha, hay que ponerle solución. La lista de reivindicaciones pendientes
es muy larga y la vamos a continuar peleando, como todo el mundo sabe. Pero, para terminar, desde el profundo respeto a quienes piensan que con lo que hemos conseguido no es suficiente, quiero decir una cosa: la ley que hoy se va a aprobar no es
la nuestra, pero las conquistas sociales que hoy se han conseguido tampoco habrían sido posibles sin Esquerra Republicana de Catalunya.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Señorías, hoy pasamos página a una época en la que se entendía que las bonanzas económicas las disfrutaban solo los ricos, y que las crisis las tenían que pagar nuestros pensionistas con más pobreza. Hoy vamos a demostrar que siempre se
pudieron hacer las cosas de otra manera.
En la crisis de 2008 vimos cómo el bipartidismo recortaba las pensiones. En 2011 se aumentó la edad de jubilación y se congelaron las pensiones provisionalmente. Pero lo peor vino con el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando superamos los seis
millones de personas desempleadas; ahí, mientras el Partido Popular rescataba a los bancos y hacía una amnistía fiscal para sus amiguetes, eran nuestros pensionistas y nuestras pensionistas quienes rescataron a sus familiares en paro o trabajando
en precario con sus pensiones. En 2013 el Gobierno del Partido Popular les agradeció los servicios prestados a nuestros pensionistas con una reforma de recortes en las pensiones, eliminando la revalorización al IPC, con el maldito -como ya he dicho
otras veces- 0,25 % y el factor de sostenibilidad. Con esa reforma nuestros pensionistas perdieron alrededor de 420 euros en los últimos diez años; hasta los sindicatos y el FMI ya se lo advirtieron.
Ustedes, señorías del Partido Popular, aprobaron el 135 de la Constitución a la vez que incumplían el artículo 50, que establece pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas y suficientes. ¿Y todo para qué? Para privatizar las
pensiones públicas, porque el Partido Popular lo único que ve en las pensiones es una enorme posibilidad de hacer caja. Tal desfachatez tuvieron, que tuvimos que escuchar a la ministra Fátima Báñez defendiendo en 2018 que las pensiones habían
subido un 0,03 %. Sí, escúchenlo bien, diecinueve céntimos para las pensiones mínimas en seis años de su Gobierno. A su lado, señor Casado, solo están Rajoy, Aznar y VOX. Es que les costaba mucho más la carta que les enviaron a los pensionistas
que la miseria de subida de pensiones que hicieron. Pero esa época ya se acabó, ahora hay un Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos, y estamos demostrando que las crisis se pueden superar reforzando las pensiones, y además Europa está
de acuerdo. (Aplausos). Con esta ley derogamos la reforma de 2013 del Partido Popular, y volvemos a la revalorización del IPC. Ahora sabemos que esto a Ciudadanos tampoco le gusta. Con esta ley volvemos a cumplir la Constitución, pero es que,
además, las pensiones mínimas y no contributivas van a subir más que la inflación, al 3,5 %, y además se va a hacer una revisión en un año con el objetivo de aumentarlas hasta cumplir con la Carta Social Europea. Hemos sacado los gastos impropios
de la llamada hucha de las pensiones, con lo que hemos acabado con el déficit y vamos a hacer una auditoría para poner, negro sobre blanco, dónde fue cada euro de esos gastos impropios.
Como recordaba ayer la ministra Yolanda Díaz, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno la hucha de las pensiones tenía 66 851 millones de euros, cuando se fueron la dejaron tiritando con menos de 5000 millones. Además, con el Mecanismo
de Equidad Intergeneracional en los próximos diez años estaremos aumentando los ingresos, garantizando así el sistema público de pensiones. También se equiparan las pensiones de viudedad de las parejas de hecho a las de los matrimonios, y se
reconoce la pensión a las mujeres víctimas de violencia machista.
Miren, hoy hemos conocido los datos de empleo, y llevamos ya nueve meses consecutivos creando empleo. Con el Partido Popular tardamos once años en recuperarnos de la crisis, pero con este Gobierno progresista hemos tardado solo dos años, y
con una pandemia de por medio, en reducir el paro que había
cuando accedimos el Gobierno. Ahora también vamos a derogar la reforma laboral de la precariedad del Partido Popular, y se van a establecer contratos estables con lo que, junto a la subida del salario mínimo interprofesional, se van a
asegurar mejores cotizaciones y la sostenibilidad de las pensiones.
Termino. Hemos llegado hasta aquí gracias al diálogo social y gracias a nuestros y nuestras pensionistas, que lo han peleado en la calle. Hemos demostrado hoy que se podían hacer las cosas de otra manera, y lo hemos conseguido.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, comencemos por una evidencia. La única manera de mantener el poder adquisitivo de las pensiones es asegurando la sostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Y qué nos encontramos? Pues con un proyecto de ley que
supondrá, primero, un incremento del déficit estructural de las cuentas públicas, y no lo dice VOX, lo dice también el gobernador del Banco de España, quien ha indicado que con esta nueva reforma, primero, el gasto en pensiones va a subir en más de
4 puntos porcentuales del PIB, que en números son 50 000 millones de euros anuales. Segundo, las medidas propuestas solo conseguirán cubrir menos de la mitad de ese aumento, en el mejor de los casos. Tercero, quedaría por compensar un agujero de
entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB; en números, entre 25 000 y 37 000 millones de euros anuales. Quiere decir que tenemos un Gobierno empeñado en aumentar el ya enorme déficit estructural de las cuentas públicas españolas; un déficit
estructural que la Comisión Europea sitúa en el 5,2 % del PIB. Es una irresponsabilidad no proponer medidas de reducción de gasto público superfluo, y así compensar el gasto en pensiones, pero sin incrementar el déficit público. (Aplausos).
Es un proyecto de ley que, con la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, aumentará los costes al empleo. Es triste comprobar cómo ustedes legislan de espaldas a la realidad y en contra del sentido común. Porque es
legislar de espaldas a la realidad no entender que no se deben aumentar los costes al empleo en un país con 3,2 millones de personas en paro, en un país que lidera las estadísticas de desempleo en la Unión Europea. Porque es legislar de espaldas a
la realidad no darse cuenta de que los principales perjudicados de una subida de los costes al empleo no son las grandes empresas ni las grandes corporaciones, señores de Podemos, los grandes perjudicados son los autónomos y la pequeña y mediana
empresa. (Aplausos). Porque es legislar de espaldas a la realidad no comprender que subir los costes al empleo perjudica especialmente a las empresas intensivas en mano de obra. Porque es legislar de espaldas a la realidad ignorar que en una
economía globalizada la subida de costes incentiva la deslocalización de la inversión. Porque es legislar de espaldas a la realidad desconocer que subir los costes al empleo dificulta el acceso al mercado de trabajo a los jóvenes. Es inaudito
tomar estas medidas en un país en el que el paro juvenil supera el 30 %. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Legislan de espaldas a la realidad y contra el sentido común, porque es falta de sentido común no entender que la mejor forma de
aumentar de forma sostenible la recaudación es incrementando las bases imponibles, o sea, mediante la creación de empleo. Porque es falta de sentido común no entender que reformas basadas en crecimientos de costes tienden a ralentizar el
crecimiento.
Y, ¿qué sucede cuando se legisla de espaldas a la realidad y contra el sentido común? Sucede que se acaban tomando medidas drásticas, como en 2011, cuando el Partido Socialista Obrero Español congeló las pensiones a más de seis millones de
españoles y redujo el sueldo un 5 % a los empleados públicos. (Aplausos). Sucede que se ralentiza el crecimiento y nos convertimos en el único país de la zona euro en el que, al finalizar el año 2022, no habremos recuperado los niveles del PIB del
año 2019. En VOX pensamos que para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones es imprescindible asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y ello solo es posible si se acomete la gran reforma pendiente que tenemos los españoles;
una reforma que suponga reducir el gasto político y eliminar las duplicidades e ineficiencias que supone el Estado autonómico.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Bona tarda, buenas tardes a todos y a todas.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones porque creemos en él, y porque generará confianza. Con esta ley proyectamos hacia la ciudadanía un futuro cierto de nuestro
sistema de pensiones, a los pensionistas sí, pero también a los jóvenes, a los mayores, a los trabajadores y a las trabajadoras, a las personas migrantes, a las personas con discapacidad, porque este proyecto de ley afecta transversalmente a toda la
sociedad española. Con esta reforma recuperamos la senda de la mejor tradición reformista que tiene como último hito el 2011, y que fue el consenso; un proyecto de ley que va más allá de los 350 diputados y diputadas que estamos hoy en este
hemiciclo y que, por tanto, va más allá del regate corto que a veces tenemos que ver en esta sede. Supone el reforzamiento de las señas de identidad de nuestra Seguridad Social, despejando las incertidumbres que se derivan del reto demográfico, y
se aprueba en un momento excepcional, pues a nadie se le escapa que estamos en plena pandemia -acabando-, pero que ha golpeado seriamente a instituciones como es el sistema de salud o la propia Seguridad Social.
La importancia de este proyecto de ley radica en el consenso, en el acuerdo, en el diálogo social y, por supuesto, en el diálogo en el Pacto de Toledo -una de las fortalezas y por el que somos referentes mundialmente-, y así lo reconoce
nuestra propia sociedad civil española. Subyacen en este proyecto de ley tres palabras, tres ces: la ce de consenso, la ce de compromiso y la ce de cumplimiento -de cumplimiento con Europa y con la ciudadanía-, pero también de compromiso de las
fuerzas políticas y de los agentes sociales en construir un modelo de sociedad inclusivo, progresista y basado en lo común.
Este proyecto de ley se basa en los principios genuinos de la Seguridad Social, desde la solidaridad intergeneracional, el de la suficiencia de las pensiones -por tanto, se vuelve a vincular el IPC a las pensiones; aquí hay que reconocer la
lucha de millones de pensionistas que salieron a la calle para contestar a una reforma insostenible, que era la reforma del Partido Popular- (aplausos), pero además se basa en el principio de contributividad. Hoy el mercado laboral nos ha dado una
muy buena noticia que, desde la humildad y la prudencia, la tenemos que decir aquí, pero parece que el señor Sayas hoy no se ha enterado de la noticia. Más de 19,7 millones de afiliados en la Seguridad Social, algo muy importante. (Aplausos).
Este proyecto de ley busca el sostenimiento de las cuentas públicas y el MEI servirá como mecanismo flexible que nos va a permitir poder analizar, poco a poco, cómo va funcionando el sistema. ¿Desde dónde? Desde el diálogo social y en el
Pacto de Toledo. Y, por fin, acabaremos con algo que nos lastra la credibilidad: el factor de sostenibilidad. Por tanto, la sostenibilidad social y la económica son esenciales, pero también lo es, evidentemente, la mejora de la acción protectora
en este proyecto de ley. Quiero poner en valor el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios que se han querido sumar a ellos. Nombraré a tres portavoces que nos han acompañado, desde el 2016 hasta ahora, en esta transformación de la Seguridad
Social. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: Son los portavoces de Podemos-En Comú Podem, y por todos, evidentemente, Aina Vidal; del PNV, Íñigo Barandiaran, y de Esquerra, Jordi Salvador. Pero, además, nos han querido acompañar en esta mejora de la
acción otros grupos parlamentarios. La equiparación de la viudedad de parejas de hecho, gracias al empuje de Más País; el reconocimiento del esfuerzo de las largas carreras de cotización, sobre todo a partir de aquellas de enero del 2002, gracias
a multitud de grupos que han querido sumarse en una transaccional; o las personas con discapacidad, gracias al PDeCAT, y, por supuesto, dando con celeridad respuesta a una cuestión que el Pacto de Toledo urgía: la suficiencia.
Decíamos que tan importante es la sostenibilidad social como la económica, como evidentemente la credibilidad. Este proyecto de ley genera credibilidad en la ciudadanía, y sobre todo en los jóvenes. Hacía mención el portavoz de Esquerra a
la auditoría que va a contabilizar desde el año 1967 hasta ahora, que va a permitir generar confianza y tranquilidad.
Acabo. Aquí hay que preguntarse por qué esta reforma, señores del Partido Popular y de la derecha en general, les duele tanto. Porque es una reforma de clase, porque es una reforma que está diciendo que ustedes se pueden pagar pensiones
privadas y al de esto que les den. (Aplausos). Y eso no lo vamos a permitir. Hoy se entierra, definitivamente, la reforma de las pensiones del 2013. Hoy hemos sido capaces, entre todos, de transformar la realidad y de mejorar la vida de muchos
millones... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (Rumores.-Aplausos).
Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Presidenta, señorías, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el trabajo, la implicación y el compromiso de los grupos parlamentarios que han
participado en la tramitación de este proyecto de ley. Gracias a su trabajo la Cámara aprueba aquí un proyecto de ley de un calado y una importancia enormes. Es una ley que mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanos; que trae
certidumbre; que trae seguridad a nuestros pensionistas y futuros pensionistas; que establece un marco estable, compartido y con ambición de permanencia sobre el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones. Quiero enfatizar la importancia de
lo que hoy ustedes están aprobando. Es una reforma que cumple con los compromisos del país en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en su Componente 30, establece un calendario de trabajo sobre el que las
recomendaciones del Pacto de Toledo se deben ir plasmando en medidas concretas. Nos marcamos un calendario muy exigente. Lo estamos cumpliendo y lo vamos a seguir cumpliendo con el nivel de ambición que nuestros ciudadanos merecen en un tema como
este.
La reforma de pensiones garantiza, de una vez y para siempre, el poder adquisitivo de las pensiones, de los actuales pensionistas y de los futuros pensionistas; deja atrás una etapa de incertidumbre y da herramientas al sistema para
afrontar los retos de las próximas décadas. Es una reforma ambiciosa que restablece la transparencia en las cuentas de la Seguridad Social, a través del principio de separación de fuentes, que introduce importantes medidas para alinear la edad
efectiva de jubilación con la edad ordinaria, la medida más importante para fortalecer la sostenibilidad del sistema. Además, establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que actuará como un colchón de seguridad adicional en las próximas
décadas, y que protegerá las pensiones de los jóvenes que habían sido agresivamente laminadas con el factor de sostenibilidad que esta reforma elimina. Es una reforma hecha a partir del consenso y con el espíritu del consenso. Hecha a partir del
consenso, porque su punto de partida son las recomendaciones del Pacto de Toledo que ustedes aprobaron con una mayoría de 262 votos a favor y solo dos votos en contra en esta Cámara. Estas recomendaciones han sido nuestra guía, y lo van a seguir
siendo. Lo he dicho muchas veces, ustedes hicieron un trabajo ambicioso y minucioso, y cumplir estas recomendaciones ambiciosas y minuciosas no ha sido tarea fácil; precisamente por eso el trabajo de darles cumplimiento lo hemos tenido que dividir
en varias fases. Es una reforma que no solo nace del consenso, sino que está hecha a través del consenso. Hemos implicado en ella a los interlocutores sociales que, en el seno del diálogo social y tras numerosos meses de intenso trabajo, han
contribuido, aportado y, en última instancia, han consensuado el grueso de lo que aquí hoy se vota. Quiero volver a agradecer desde aquí su espíritu constructivo y su voluntad de acuerdo. Y es una reforma con espíritu de consenso, porque en toda
esta reforma hemos trabajado en incorporar y en contar con la voz de todos ustedes, con nuestro mejor espíritu constructivo y de diálogo. Son ustedes los que nos han marcado el camino y son ustedes los que, en el trámite parlamentario, lo han
mejorado y consolidado.
Concluyo con una llamada a todos los grupos, a los que han dado apoyo al proyecto de ley y a los que no lo han hecho. Nuestra mano sigue tendida, queremos seguir contando con ustedes, con todos. Queremos que se impliquen en todos los pasos
que quedan; de manera inmediata en la tramitación en el Senado, pero, lo que es más importante, en el segundo bloque de medidas para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Como saben, en 2022 tenemos que avanzar en medidas
como el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales, el impulso a la previsión social complementaria y la creación de la nueva agencia de Seguridad Social, entre otras. Pongan todo su espíritu constructivo en esta tarea.
Nosotros seguiremos haciéndolo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor ministro.
Señorías, votaremos en tres minutos. Dado el número de votaciones, se ha reducido el tiempo de votación de quince a diez segundos. (Pausa).
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE
CONDUCCIÓN POR PUNTOS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL
PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS). (Número de expediente 121/000050).
La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a las votaciones.
Enmiendas del Senado.
Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia de permiso y licencia de
conducción por puntos. Votación separada de las enmiendas.
Enmienda al apartado tres (que pasa a ser cuatro) del artículo único en relación con el artículo 10 del texto refundido de la Ley de tráfico; enmienda por la que se añade un nuevo apartado (cinco) en el artículo único, añadiendo un artículo
11 bis en el texto refundido; enmienda por la que se añade un nuevo apartado (ocho) en el artículo único en relación con el artículo 15 del texto refundido; enmienda por la que se introduce un nuevo apartado (diecinueve) en el artículo único en
relación con el artículo 64.5 del texto refundido; enmienda por la que se introduce un nuevo apartado (veintiuno) en el artículo único en relación con el artículo 66.1 del texto refundido; enmienda al apartado nueve (que pasa a ser veinticuatro)
del artículo único en relación con el artículo 77 del texto refundido; enmienda al apartado dieciocho (que pasa a ser cuarenta y seis) del artículo único, en relación con el anexo II del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 239; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda por la que se añade un nuevo apartado (siete) en el artículo único, en relación con el artículo 14 del texto refundido; y enmienda al apartado trece bis (nuevo), (que pasa a ser treinta y nueve) del artículo único, de adición de
una disposición adicional decimotercera al texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 275; en contra, 1; abstenciones, 52.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda por la que se incorpora un nuevo apartado (diez) en el artículo único, en relación con el artículo 21.4 del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 189; en contra, 138; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda por la que se introduce un nuevo apartado (doce) del artículo único, en relación con el artículo 25 del texto refundido
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 241; abstenciones, 88.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado cinco sexies (nuevo) (que pasa a ser diecisiete) del artículo único, en relación con el artículo 62.1 del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 270; en contra, 58; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado ocho (que pasa a ser veintitrés) del artículo único, en relación con el artículo 76 del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 48; en contra, 188; abstenciones, 93.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda al apartado doce ter (nuevo) (que pasa a ser treinta y seis) del artículo único, por la que se añade una disposición adicional tercera ter en el texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 269; en contra, 59; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al apartado trece quater (nuevo) (que pasa a ser cuarenta) del artículo único, por la que se incorpora una nueva disposición adicional decimocuarta (que pasa a ser decimoquinta).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 188; en contra, 98; abstenciones, 43.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 190; abstenciones, 139.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000036).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Votación separada de las enmiendas.
Enmienda a la exposición de motivos, de adición de un nuevo párrafo a continuación del párrafo segundo (enmienda 67).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 147; en contra, 170; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda a la exposición de motivos, de modificación del párrafo undécimo (ahora duodécimo) (enmienda 190).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 179; en contra, 137; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la exposición de motivos, de modificación del párrafo decimosexto (ahora decimoséptimo) (enmienda 191).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 179; en contra, 90; abstenciones, 60.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la exposición de motivos, de modificación del párrafo vigesimocuarto (ahora vigesimoquinto) (enmienda 189).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 269; abstenciones, 59.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado 4, de modificación del artículo 5ñ) de la Ley 12/2013 (enmienda 78).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 254; en contra, 4; abstenciones, 71.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado 4, de modificación del artículo 5o) de la Ley 12/2013 (enmienda 192).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 176; en contra, 2; abstenciones, 151.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado siete, de modificación del artículo 9.1d) de la Ley 12/2013 (enmienda 193).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 217; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado siete, de modificación del artículo 9.1k) de la Ley 12/2013 (enmienda 81).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 289; en contra, 26; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica al artículo único, apartado siete.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 270; abstenciones, 59.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado siete bis (enmienda 126).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 177; en contra, 136; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado nueve (enmienda 194).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 169; en contra, 90; abstenciones, 70.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas al artículo único, apartado diez bis (enmiendas 103 y 104), y al artículo único, apartado veinticuatro (enmienda 102).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 305; en contra, 2; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo único, apartado catorce, de modificación del artículo 14 bis.1a) de la Ley 12/2013 (enmienda 195).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 170; abstenciones, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas al artículo único, apartado catorce (enmiendas 92 y 93).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 252; en contra, 4; abstenciones, 73.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda de corrección técnica al artículo único, apartado dieciséis.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 261; abstenciones, 68.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado dieciséis, de adición del artículo 20.1n) de la Ley 12/2013 (enmienda 96).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 263; en contra, 1; abstenciones, 65.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado dieciséis, de adición del artículo 20.3 de la Ley 12/2013 (enmienda 154).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 178; en contra, 136; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica al artículo único, apartado diecisiete.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 269; en contra, 1; abstenciones, 59.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado diecisiete, en relación con el artículo 22.7 de la Ley 12/2013 (enmienda 196).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 316; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado dieciocho, en relación con el artículo 23.1g) de la Ley 12/2013 (enmienda 197).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 308; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas al artículo único, apartado dieciocho, en relación con el artículo 23.1m) n) y o) de la Ley 12/2013 (enmiendas 201, 202 y 204).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 217; en contra, 90; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo único, apartado dieciocho, en relación con los artículos 23.1ñ) y 23.2c) y f) de la Ley 12/2013 (enmiendas 203, 198 y 199).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 170; en contra, 90; abstenciones, 69.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo único, apartado dieciocho, en relación con el artículo 23.4 de la Ley 12/2013 (enmienda 200).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 171; en contra, 136; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas al artículo único, apartado dieciocho (enmiendas 205 y 206).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 165; en contra, 102; abstenciones, 62.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo único, apartado veinte.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 180; en contra, 89; abstenciones, 59.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado veintitrés, en relación con el artículo 28.1 de la Ley 12/2013 (enmienda transaccional a la enmienda 168).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 177; en contra, 90; abstenciones, 64.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado veintitrés, en relación con el artículo 28.4 de la Ley 12/2013 (enmienda 169).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 176; en contra, 137; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica al artículo único, apartado veintitrés.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 270; abstenciones, 59.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único, apartado veintitrés, en relación con el artículo 29.5 bis de la Ley 12/2013 (enmienda 40).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 225; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas a la disposición adicional segunda y a la disposición final octava (enmiendas 208, 31 y 70).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 179; abstenciones, 150.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición adicional tercera (nueva) (enmienda 110).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 264; abstenciones, 65.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final quinta (enmienda 175).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 177; en contra, 90; abstenciones, 64.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 260; abstenciones, 69.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, LA LEY HIPOTECARIA Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES. (Número de expediente 122/000134).
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Votación separada de las enmiendas.
Enmienda al artículo primero, apartado uno, en lo relativo a la modificación del artículo 90 del Código Civil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 270; en contra, 48; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo primero, apartado uno, en lo relativo al párrafo cuarto (tercero del texto del Congreso) del apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 93; en contra, 237; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas al artículo primero, apartado uno.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 283; en contra, 47; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo primero, apartado cuatro.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 270; en contra, 47; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda al artículo primero, apartado trece.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 270; en contra, 60; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional única (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 193; en contra, 137; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 283; en contra, 47; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y
PUEBLOS DE SU MARCO Y AL TRIBUNAL DEL COMUNER DEL ROLLET DE GRÀCIA DE L'HORTA D'ALDAIA (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL
CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO). (Número de expediente 124/000007).
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela,
Alicante/Alacant, y pueblos de su marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 331.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Aplausos de las señoras y señores diputados, dirigidos hacia la tribuna de invitados).
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Señorías, queda la votación de conjunto, puesto que tiene carácter orgánico. Se procede a la votación de conjunto del texto por tener el mismo carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 9 votos telemáticos, 340; a favor, 331 más 9 votos telemáticos, 340.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad el texto en sus términos. (Aplausos de las señoras y señores diputados, dirigidos hacia la tribuna de invitados).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOSLEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETOLEY 24/2021, DE 2 DE NOVIEMBRE, DE TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS DE BONOS GARANTIZADOS, DISTRIBUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EJERCICIO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES APLICABLES A DETERMINADAS TRANSMISIONES EN LÍNEA Y A LAS RETRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, EXENCIONES TEMPORALES A DETERMINADAS IMPORTACIONES Y
SUMINISTROS, DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y PARA LA PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA LIMPIOS Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. (Número de expediente 130/000064).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretosleyes.
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de trasposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la
información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 9 votos telemáticos, 340; a favor, 250 más 6 votos telemáticos, 256; en contra, 20; abstenciones, 61 más 3 votos telemáticos, 64.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328 más 9 votos telemáticos, 337; a favor, 328 más 9 votos telemáticos, 337.
La señora PRESIDENTA: Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 26/2021, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADAPTA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, A LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. (Número de expediente 30/000066).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331más 9 votos telemáticos, 340; a favor, 190 más 8 votos telemáticos, 198; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado también la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 9 votos telemáticos, 338; a favor, 318 más 7 votos telemáticos, 325; en contra, 1 más 2 votos telemáticos, 3; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 25/2021, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS FISCALES DE APOYO SOCIAL. (Número de expediente 130/000065).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 9 votos telemáticos, 340; a favor, 283 más 8 votos telemáticos, 291; abstenciones, 48 más 1 voto telemático, 49.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 9 votos telemáticos, 338; a favor, 149 más 1 voto telemático, 150; en contra, 169 más 8 votos telemáticos, 177; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: No se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LOS
MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 127/000005/0000 DE LA XII LEGISLATURA Y 127/000003/0000 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente 127/000003).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento
de los diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears.
Votamos, en primer lugar, el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 322; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas
del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears por tener la misma carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 9 votos telemáticos, 339; a favor, 322 más 7 votos telemáticos, 329; abstenciones, 8 más 2 votos telemáticos, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. (Aplausos).
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO). (Número de expediente 121/000063).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González-Moro.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 4; en contra, 266; abstenciones, 61.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 73, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 16; en contra, 256; abstenciones, 57.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 10; en contra, 264; abstenciones, 55.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 2; en contra, 251; abstenciones, 78.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Baldoví Roda.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 5; en contra, 251; abstenciones, 73.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 4; en contra, 256; abstenciones, 69.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Pagès i Massó. Votamos las enmiendas 68 y 70.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 7; en contra, 245; abstenciones, 79.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Pagès i Massó.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 4; en contra, 257; abstenciones, 70.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 86; en contra, 186; abstenciones, 57.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 170; en contra, 5; abstenciones, 156.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y DE OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 121/000066).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Enmienda 9, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor García Adanero.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 144; en contra, 177; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González-Moro.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 2; en contra, 192; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Botran Pahissa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 11; en contra, 313; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 10; en contra, 184; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil. Enmienda 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 22; en contra, 258; abstenciones, 49.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 7; en contra, 317; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 13; en contra, 175; abstenciones, 141.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Pagès i Massó. Enmiendas 65 y 72.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 4; en contra, 310; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 73.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 14; en contra, 261; abstenciones, 54.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Pagès i Massó.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 5; en contra, 321; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enmiendas 97, 98, 105, 106 y 108.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 137; en contra, 182; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 99.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 89; en contra, 191; abstenciones, 50.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 145; en contra, 183; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 176; en contra, 148; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión. (Aplausos).
Eran las seis y quince minutos de la tarde.