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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 786, de 20/10/2022
cve: DSCD-14-CO-786 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 786

TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA

Sesión núm. 28

celebrada el jueves,

20 de octubre de 2022



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (Número de expediente 121/000125).


- Del señor secretario de Estado de Empleo y Economía Social (Pérez Rey). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002512), Plural (número de expediente 212/002571), VOX (número de expediente 212/002333),
Popular en el Congreso (número de expediente 212/002723), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002654) ... (Página2)


- De la señora subsecretaria de Trabajo y Economía Social (Del Rey Almansa). A petición de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/002334), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002724), Socialista y Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002655) ... (Página22)


- De la señora secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (Paniagua San Martín). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002515), VOX (número de expediente 212/002391),
Popular en el Congreso (número de expediente 212/002816), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002699) ... (Página33)



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- De la señora secretaria de Estado de Migraciones (Castro Fernández). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002514), Plural (número de expediente 212/002572), VOX (número de expediente 212/002394),
Popular en el Congreso (número de expediente 212/002815), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002698) ... (Página49)


- De la señora subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Ollé Sesé). A petición de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/002393), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002817), Socialista y
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002700) ... (Página65)


Se abre la sesión a las once de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023. (Número de expediente 121/000125).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL (PÉREZ REY). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002512), PLURAL (Número de expediente 212/002571), VOX (Número de expediente 212/002333),
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002723), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002654).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Abrimos la sesión.


Como saben, el orden del día de la sesión de hoy se divide en dos partes, una de la mañana y otra a partir de las tres de la tarde. Por la mañana tenemos dos comparecencias de altos cargos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y por
la tarde tenemos la comparecencia de tres altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del año 2023.


Como saben también, inicialmente habrá una intervención por parte del Gobierno; después, de menor a mayor, por un tiempo de siete minutos, los grupos que han solicitado comparecencia, y, posteriormente, en el mismo orden, los grupos que no
lo han solicitado tendrán cinco minutos para intervenir. Cerrará, como siempre en esta casa, el alto cargo correspondiente, en este caso el secretario de Estado.


Sin más, damos la bienvenida al secretario de Estado, don Joaquín Pérez Rey. Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL (Pérez Rey): Muchas gracias, señor presidente, por su introducción.


Muchas gracias, señorías, por su presencia en esta comparecencia sobre los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es para mí un placer, además, presentarlos en lo que obviamente van a ser los últimos presupuestos de esta
legislatura y me gustaría, de alguna manera, hacer un balance. Es la tercera vez que tengo ocasión de presentar los presupuestos de mi departamento y esta vez lo hago ya como una especie de ciclo completado que nos permite echar la vista atrás y
saber qué hemos hecho con las partidas presupuestarias que teníamos sobre la mesa y que presentamos en años anteriores para ahora justificar los que, sin ánimo de nada y con toda la humildad posible, considero que seguramente sean los mejores
presupuestos de la historia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los más ambiciosos y los que además se basan en un sustrato de empleo y económico que permiten precisamente afrontar con muchas garantías estos retos.


Les decía que creo que es el momento de hacer balance porque es cierto que en esta Cámara hemos informado de cuáles han sido las partidas presupuestarias en otras ocasiones, que han ido destinadas a hacer frente, si me lo permiten, al peor
escenario posible que pudiera vivir un país en términos de empleo a lo largo de su historia, que fue el de la pandemia que, como todos ustedes recordarán, fue un escenario límite que exigió lo mejor de todos nosotros y, en este caso, del Ministerio
de Trabajo y Economía Social. Hoy, con ese escenario ya básicamente superado, podemos afirmar que todas esas inversiones presupuestarias tuvieron su razón y hemos llegado aquí sin restarle un ápice a la incertidumbre actual en



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la que nos movemos y de la que todos somos conscientes, pero hoy las partidas presupuestarias a las que me voy a referir en unos minutos se basan en un país donde trabajan casi veinte millones y medio de personas, que es la cifra más alta
desde hace catorce años. Tenemos ahora mismo 1 123 900 ocupados más que en 2018, y no los tenemos en algunas partes aisladas del territorio o en algunos sectores de actividad, los tenemos en todos los territorios de España, en todas las comunidades
autónomas, en el sector privado, en el sector público, en trabajadores por cuenta propia, en el trabajo asalariado, en mujeres y en todos los tramos de edad. Hoy en España trabajan más mujeres que nunca; nunca hemos tenido tantas mujeres con
empleo, 9,5 millones de mujeres tienen un empleo en la actualidad. Nunca hemos tenido tantos asalariados trabajando en este momento, 17,3 millones de asalariados, la mayor cifra de la historia, aunque la historia esté normalmente muy utilizada y
demasiado invocada. Tenemos 77 300 personas autónomas, trabajadores por cuenta propia, más que en 2018; fíjense, después de una de las hecatombes económicas más impresionantes que ha sufrido nuestro país, el trabajo autónomo está más alto que en
2018. Y en la actualidad trabajan en nuestro país casi tres millones de personas mejores de treinta años, es la cifra más alta de empleo juvenil en los últimos once años. Es decir, las partidas presupuestarias que ustedes aprobaron en años
anteriores han servido para superar la peor crisis de este país y hacerlo con estos niveles de empleo, que nunca son suficientes, pero que desde luego son importantes, son determinantes y caracterizan el buen hacer de las políticas de empleo que han
respaldado las cuentas públicas.


Es un empleo no indiferente a cómo se crea, creo que este es seguramente el otro gran cambio de ciclo que se ha propiciado tras las intervenciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y muy en concreto tras la aprobación finalmente
por el Real Decreto-ley 32/2021 de la reforma laboral, con el apoyo de los interlocutores sociales. Gracias a esa reforma, uno de cada dos contratos de los que se realizan, de los que sustentan este empleo, al que yo me refería, se hacen por tiempo
indefinido. Tenemos hoy otra cifra histórica, nunca ha habido tantos trabajadores y trabajadoras por tiempo indefinido en la historia de nuestro país, 13,5 millones de trabajadoras y trabajadores contratados por tiempo indefinido; de hecho, hemos
bajado la tasa de temporalidad del sector privado en 3,2 puntos en los últimos seis meses. Seguramente estamos hablando de la política laboral más eficaz en nuestro país y tenemos una tasa de temporalidad que se sitúa, por vez primera, por debajo
del 20 %, el 19,9 %. Insisto, la tasa de temporalidad más baja en el sector privado de la historia de España. Más empleo indefinido y a jornada completa, porque la tasa de parcialidad, sin embargo, está en su valor más bajo desde 2011, el 13,8 %.


En este balance está claro que a las cuentas que ahora les voy a presentar les acompañan los datos de empleo, les acompañan los datos de calidad del empleo y, por supuesto, les acompañan los datos de paro. Como saben, el paro registrado se
sitúa por vez primera desde 2008 por debajo de los tres millones de personas; no es suficiente, nos queda mucho por hacer. Cada una de esas 2 900 000 personas necesitan precisamente del respaldo de las cuentas públicas y de la fuerte inversión en
materia de políticas activas a las que ellas van a dar lugar, pero es justo reconocer que estamos hablando de una tasa de paro que ha bajado tres puntos en el último año y que se sitúa en el 12,48 %, es decir, el nivel más bajo desde hace catorce
años. Y es la primera vez, también por hacer este balance comprensivo y muy comprimido, que en nuestro país, tras una crisis de las proporciones que supuso la pandemia de la COVID, la desigualdad no ha subido, sino que el índice Gini es exactamente
el mismo que teníamos en 2019; de hecho podemos afirmar, también con contundencia, que gracias al desarrollo de todas esas políticas presupuestarias y de protección social puestas en marcha en los últimos años, en nuestro país 1,5 millones de
personas han evitado caer en la pobreza gracias a los mecanismos de protección social.


Por tanto, creo que este balance de tasa de paro, relativamente bajo en la comparación histórica, pero insisto, insuficiente, que genera mucha insatisfacción a la hora de lidiar con él, empleo, especialmente de jóvenes y mujeres y mayor
calidad en el empleo, hacen que en los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social se produzca un efecto paradójico pero que constituye una magnífica noticia.


El presupuesto consolidado de mi departamento asciende a algo menos de 30 000 millones de euros, 29 473 millones de euros para ser exactos. Esta cifra es un 2,22 % más baja que en 2022, y me gustaría explicar por qué un descenso
presupuestario es una magnífica noticia en esta ocasión. Los datos del mercado de trabajo que respaldan los presupuestos y que les acabo de sintetizar, nos van a permitir reducir el gasto en prestaciones en 1192 millones de euros, esta es la clave.
Es decir, tenemos menor paro, tenemos más empleo y vamos, por tanto, a gastar menos en prestaciones por desempleo y subsidios hasta un total de casi 1200 millones de euros. Esta partida excluida de los presupuestos nos permite un incremento real de
más de 500 millones de euros para dedicar a otro tipo de políticas, 523 millones de



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euros para ser exactos. De hecho, les digo, de manera sintética, que las políticas de fomento del empleo y de protección frente a aquella adversidad que es el desempleo, alcanzan en total en el presupuesto 29 307 millones de euros. Es la
partida más grande de todas las que integran los presupuestos generales del Estado, solo por detrás de una partida decisiva, clave, que es la de pensiones. Por tanto, pensiones y políticas de empleo son los elementos que suponen el pilar básico de
estos presupuestos generales del Estado y, además, en el caso concreto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, nos permiten una inversión sin precedentes en materia de políticas activas porque hay mucho menos dinero que necesitamos para hacer
frente a prestaciones por desempleo, gracias, entre otras cosas, a la gestión del mercado de trabajo en estos últimos años.


¿Qué vamos a hacer con los presupuestos? ¿Cuáles son sus elementos más relevantes? Entro en algo más de detalle en ellos y, naturalmente, luego podremos concretar todavía más si ustedes lo desean. Mejoramos significativamente la
protección por desempleo, y quiero decirles que lo hacemos tanto en cantidad como en calidad, incluso en su ámbito subjetivo. Sus señorías tuvieron la oportunidad, hace relativamente poco tiempo, de convalidar el Real Decreto-ley 16/2022 que, como
saben, tenía como pieza principal incorporar a las empleadas de hogar a la protección por desempleo, una deuda histórica de nuestro país que por fin se ha reparado y así, incluso antes de que las cámaras hayan ratificado el convenio 189 de la OIT,
las empleadas de hogar empiezan a gozar de la protección por desempleo. Además, vamos a mejorar de manera significativa la cantidad de esa protección. Me gustaría claramente informarles de que uno de los elementos más decisivos de este presupuesto
es eliminar de manera nítida, inmediatamente, con efectos desde el 1 de enero de 2023, uno de los recortes, si me permiten decirlo, más salvajes que ha tenido la protección social en España, que era justo en el momento donde más se necesitaba.
Recuerden aquella plena crisis de 2019 en adelante, y recuerden aquel fatídico Real Decreto-ley 20/2012, cuando, con la gente desesperada en el desempleo, el Partido Popular decidió, ni más ni menos, bajar la base reguladora de las prestaciones por
desempleo del 60 al 50 % cuando se superaban seis meses de prestación por desempleo. Por cierto, una política muy clara de la derecha de este país, que siempre ha considerado que los parados son los que tienen la culpa de estar en el paro, que se
tienen que buscar la vida de cualquier manera y que lo mejor para que vuelvan a trabajar es ahogarles y asfixiarles económicamente, reduciendo la protección social, porque solo así dejarán de ser los vagos que para la derecha española son los
desempleados en este país. Bueno, pues yo, con mucha alegría y determinación les digo que ese recorte fatal y fatídico del Partido Popular se revierte en estos presupuestos, se hace de manera inmediata, no habrá una rebaja de las prestaciones al 50
% a partir del día 180, y esto supone que el incremento medio de las prestaciones por desempleo en nuestro país a partir de enero de 2023 experimentará una subida de 100 euros aproximadamente, se situará cerca de los 1000 euros mensuales. Esto,
también muy importante en este momento de gran inflación y de escalada de los precios que vivimos, supone que los desempleados españoles tendrán una subida del 11 % que, por cierto, les permitirá mantener su poder adquisitivo en la adversidad que el
desempleo supone. Creo que una de las piezas claves del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es revertir esa terrible reforma y permitir que la gente viva dignamente también cuando tiene la fatalidad de no poder encontrar un
trabajo por causas ajenas a su voluntad.


Elevamos también el IPREM, otro de los elementos decisivos del presupuesto, que experimenta una subida de hasta 600 euros mensuales. Aquí también ponemos fin a esa temible década de la austeridad que habíamos sufrido hasta la caída del
Gobierno del Partido Popular. Desde 2020, el IPREM se ha incrementado en un 11,7 %, un aumento que en cifras absolutas se eleva a 66 euros mensuales. Saben ustedes que se trata de una partida decisiva porque es a la que se vinculan la mayoría de
los elementos de protección social en nuestro país y, muy concretamente, los subsidios de desempleo. De hecho, el subsidio de desempleo se incrementará a partir del día 1 de enero hasta alcanzar los 480 euros mensuales, experimentando un
crecimiento total de 50 euros, que también, si lo hacemos con la perspectiva de 2020, equivale a una mejora del 11,7 %. La puesta en marcha de esta significativa mejora, en este caso del nivel asistencial por desempleo, que es clave, como ustedes
conocen mucho mejor que yo, en nuestro país, a partir del 1 de enero beneficiará, según nuestros cálculos y estimaciones, a cerca de un millón de personas que son las que en la actualidad cobran el subsidio. Saben, además, que hemos hecho otras
mejoras durante todo este año también de ampliación del subsidio: hemos clarificado de una vez por todas y reconocido el subsidio a los trabajadores fijos discontinuos. El Consejo de Ministros, por cierto, de esta semana pasada también mejoraba
ampliamente la renta y el subsidio agrario para los ciudadanos, las trabajadoras y los trabajadores de Extremadura y Andalucía, y por tanto también a partir de 2023 los subsidios generales experimentarán una fuerte protección adicional.



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Fíjense ustedes que mereció la pena hacer todo este gasto en prestaciones por desempleo. En 2020 nos gastamos 34 000, casi 35 000 millones de euros en prestaciones por desempleo como consecuencia de la pandemia, que bajaron a 26 700
millones en 2021 y que ahora nos permiten, después de haber alcanzado 22 093 millones en 2022, tener un gasto en desempleo de un poquito más de 20 000 millones de euros. Esta es la demostración, si me lo permiten, casi empírica de que afrontar las
crisis de la mano de la protección social constituye un ahorro en el medio y en el corto plazo y nos permite mantener el empleo. Hoy la tasa de cobertura de las personas desempleadas en España es del 65 %, 12 puntos más, repito, 12 puntos más, que
la que se alcanzó en 2016. Por tanto, es evidente que entre recortar prestaciones y sumir a la gente en la miseria o garantizar protección social y establecer mecanismos de defensa de los puestos de trabajo, no solo la justicia social, sino la
eficiencia económica, aconsejan que este segundo camino es indudablemente mejor. Protegemos a más personas y lo hacemos, insisto, gastándonos menos dinero del que hemos necesitado hasta ahora, porque entendemos que la tasa de paro seguramente
bajará hasta el 12,2 % de media anual en 2023, que es el escenario en el que están elaborados los presupuestos.


Pero claro, en un país no basta solo con generar fuertes mecanismos de protección social, una red de seguridad potente que proteja a las personas y a las gentes de esa eventualidad y de ese drama que supone para todo el mundo perder el
empleo, sino que es necesario establecer toda una serie de mecanismos que permitan precisamente encontrar trabajo, hacerlo en buenas condiciones y movilizar el sistema productivo para que las políticas de empleo sean eficaces.


Las políticas activas de empleo, que son la clave de los compromisos del Estado, de las comunidades autónomas con los desempleados, el arco de bóveda, si me permiten, imprescindible para que el sistema funcione, tendrán en este presupuesto
más de 8000 millones de euros. Es la mayor cifra dedicada a políticas activas de la historia de nuestro país. Por lo tanto, no se trata solo de mantener y mejorar la protección por desempleo, sino que se trata de tener servicios públicos eficaces
que cuenten con los recursos suficientes y que puedan poner en marcha políticas de empleo que vayan a aquellos colectivos que más lo necesitan y que también establezcan todos los elementos, todas las deudas históricas que España tiene con las
políticas activas y que conocen ustedes muy bien, precisamente ahora que las Cortes tramitan el elemento clave para gestionar todos estos fondos, que es la ley de empleo. Son 8000 millones de euros en políticas activas, que nos van a permitir
incrementar los fondos que va a gestionar directamente el SEPE en 367 millones de euros en 2023, y esto, piensen, es a pesar de la reducción de los fondos europeos. Como saben, en una política que creo que también nos ha dado la razón, decidimos
invertir la mayor parte de los fondos europeos en los primeros años, en aquellos que estaban más cercanos a la pandemia, con la consideración de que eso nos permitiría acelerar la recuperación del empleo. Ahora esas inversiones en fondos europeos
son menores, pero las hemos compensado con el presupuesto propio del Ministerio de Trabajo para que las políticas activas no solo no desciendan sino que se incrementen y se mantengan. Si viéramos un detalle panorámico, observaríamos que es la
tercera subida consecutiva de las políticas activas desde 2022. Hemos incrementado las mismas desde ese año en un 38,5 %, hemos incrementado las políticas activas en 2231 millones de euros, y esto nos lo permite, básicamente, una perspectiva mucho
más intensa de recaudación a través de las cuotas, y un menor gasto, como les vengo diciendo desde el inicio de la intervención, en los recursos destinados a la protección por desempleo directamente, porque tenemos menos paro y tenemos más empleo.


Esa enorme partida, entre todas aquellas que van destinadas a políticas activas, que se sitúa, insisto, en los 8000 millones de euros, nos van a permitir -obviamente será la propia conferencia sectorial quien tenga que pronunciarse al
respecto- mantener el nivel de inversión en las comunidades autónomas a las que, como saben, también básicamente hemos duplicado los fondos que están a su disposición para que puedan ejercitar sus competencias en materia de política de empleo. De
hecho, como saben, la última conferencia sectorial repartió la nada desdeñable cifra de 3751 millones de euros, que es un incremento de 1800 millones en tres años, que equivale, básicamente, al 93 %. Es decir, nunca ha habido tanto esfuerzo
presupuestario para las políticas activas, y nunca ha habido tanto esfuerzo presupuestario para que quienes son titulares de las competencias en las comunidades autónomas puedan afrontar sus propias políticas de empleo, lamentablemente, como ustedes
saben, no siempre con el mismo nivel de ejecución en función de quien gobierna esas comunidades autónomas.


Además, este gran esfuerzo en materia de protección por desempleo y en materia de políticas activas, lo vamos a hacer sin que el SEPE necesite ni un solo euro de aportación del Estado, es decir, se hará con los recursos propios de la
financiación del Servicio Estatal Público de Empleo. Como saben, para hacer



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frente a la pandemia el SEPE requirió en ciertos momentos la aportación del Estado; esto demuestra que esa aportación fue adecuada y sirvió para que hoy, apenas unos meses después de haber dejado atrás la terrible pandemia, el SEPE no
necesite ni un euro de aportación del Estado. De hecho, los ingresos por cuotas estimamos que estarán en torno a los 27 200 millones de euros, que es la cifra también más alta en recaudación de nuestra historia, y en la que, desde luego, ha tenido
un papel decisivo la evolución del empleo, pero, si me lo permiten, también otra de las políticas que durante estos años ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es el incremento muy sustancial del salario mínimo
interprofesional que hace que las trabajadoras y trabajadores de este país tengan salarios más altos que los que tenían antes y, por tanto, que sus cotizaciones sean mayores.


El ministerio cuyas cuentas defiendo aquí, como saben, no es solo el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y esa copulativa que incorpora la economía social no es solo un recurso retórico, sino que es pensar
en aquellos sectores de nuestro país que a través de distintas fórmulas, con las cooperativas seguramente a la cabeza, llevan a cabo una economía distinta, solidaria, mucho más resistente ante la adversidad y que tiene valores propios y distintos
del puro aprovechamiento mercantil del ánimo de lucro. Saben, además, que esto representa la nada desdeñable cantidad del 10 % del producto interior bruto español, y también la economía social en su conjunto, con la que estamos trabajando tanto en
nuestro país como fuera de él, porque ya saben que, entre otras cosas, estamos promoviendo la primera resolución de Naciones Unidas en materia de economía social. Cuando nosotros llegamos al ministerio la economía social tenía un presupuesto exiguo
de 8,2 millones de euros, que en este presupuesto, en el de 2023, pasa a la cifra de 81,5 millones de euros; es decir, dicho de manera sintética, hemos multiplicado por diez las cantidades presupuestarias destinadas a la economía social en nuestro
país. Por tanto, también aquí estamos en la mayor aportación que este sector ha recibido nunca, y creo que es una aportación de absoluta justicia porque, insisto, representa el 10 % del producto interior bruto, que se suele situar como un ejemplo
de buen hacer, dentro y fuera de nuestras fronteras, y hay que impulsarlo, como ya lo hemos hecho, por cierto, con el PERTE de economía social y de los cuidados, pero ahora también con el respaldo presupuestario que encontrarán en los presupuestos
de 2023.


Economía social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aquí también me gustaría detenerme por dos motivos. Primero, para aprovechar, si me lo permiten, esta tribuna y volver a dar las gracias a los funcionarios del organismo estatal
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la labor encomiable que hacen diariamente. Creo que no hay ninguna duda de que la legislación laboral en este momento en España es una cosa seria, destinada a cumplirse, y que quien la hace la
paga, y eso es gracias a la labor cotidiana, magnífica de un grupo de profesionales excelentes, que no puedo estar más que orgulloso de dirigir, que son todos aquellos que integran la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en sus distintas
escalas, y también en el personal administrativo de apoyo. Eso se hace con mucha voluntad y fortaleza de servicio público, pero se tiene también que hacer con el respaldo presupuestario suficiente. El presupuesto de la inspección experimenta un
crecimiento del 8,5 % en este presupuesto, pero me gustaría también poner esto en perspectiva. Cuando entramos al ministerio, el presupuesto de la inspección, en nuestra primera gestión presupuestaria, fue de 145 millones de euros, hoy, en el
presupuesto para 2023, la dotación de la inspección es de 206,4 millones de euros. En otros términos, en esta legislatura el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incrementado el presupuesto de la inspección un 41,5 %. Esto nos va a permitir
hacer la mayor oferta pública de la historia de la inspección con la incorporación de más de 600 actuantes en sus escalas. Ya hemos incrementado el personal de apoyo y de plantilla en 200 personas adicionales, es decir, estamos hablando de que
hemos incrementado o vamos a incrementar la plantilla total del organismo casi en un 30 % en apenas unos años. Esto es imprescindible para que todas las políticas que hemos llevado a cabo, laborales y de protección social, tengan además detrás el
respaldo del cumplimiento de la garantía de los derechos de los trabajadores y, cómo no, también el asesoramiento a las empresas para que lleven a cabo con exactitud los derechos a los que están obligadas.


Vamos a dar continuidad, por supuesto, a los planes especiales de empleo para aquellas partes de nuestro territorio que tienen necesidades específicas derivadas o bien de su singularidad geográfica o bien de las características que tienen
que ver con su mercado de trabajo. Volveremos a dotar al Plan de Andalucía con 50 millones de euros; volveremos a incorporar al Plan de Canarias 45 millones de euros, 15 millones de euros al Plan Integral de Empleo de Extremadura y daremos
continuidad a uno de los planes más exitosos de este último año que, como ustedes saben, ha sido el plan especial para la isla de La Palma, al que destinamos 63 millones de euros, y que ha sido clave para propiciar la recuperación después de la
devastación tremenda del volcán. Ese plan tiene continuidad en nuestros presupuestos y,



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por tanto, las labores de recuperación continuarán desde la óptica de los planes de empleo y dotaremos e incorporaremos -el otro día el Consejo de Ministros también daba cuenta del Plan Integral de Empleo para Ceuta y Melilla- a sendos
planes, tanto en Ceuta como en Melilla, 5 millones de euros adicionales a esos fondos.


Voy terminando. Brevemente, aunque hay otras partidas, solo me detendré en una que también me gustaría destacar de manera especial. Vamos a incrementar las partidas de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales en 26
millones de euros; esto es clave. Este va a ser el respaldo de la nueva estrategia de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Tenemos que poner fin a esa lacra, que son los accidentes y la pérdida de la salud en el trabajo, y para eso
también hay que tener una adecuada inversión presupuestaria, y aquí hay un incremento de 26 millones de euros en esta partida.


El Fondo de Garantía Salarial, ya de manera muy sintética, queda estabilizado. No tenemos un incremento de las insolvencias empresariales que justifiquen aumentar la partida de este organismo. Incrementamos dos elementos adicionales, sobre
los que simplemente les doy un apunte, las partidas destinadas al Consejo Económico y Social, el gran órgano de la participación institucionalizada en nuestro país, que requiere de la dotación presupuestaria adecuada, y también incrementamos las
partidas destinadas a la cooperación internacional casi en un 12 %. Ya saben que la relación del Ministerio de Trabajo con el mundo es intensa, a través del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y a través de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por lo que de alguna manera lideramos y fomentamos el incremento de los derechos laborales en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica con la que hemos incrementado los lazos.


En definitiva, creo, con satisfacción, que se trata de unos magníficos presupuestos que respaldan una política laboral y de empleo que supone una respuesta a la crisis y que tiene que hacer frente a la incertidumbre actual. Me atrevería a
decir que, si ponemos estos presupuestos en comparación con los anteriores, estoy convencido que demuestran que algunos de los dogmas o lugares comunes del pensamiento económico, normalmente de matriz neoliberal, son nítidamente falsos. No hay
mejor manera para responder a las crisis y para responder a la diversidad que incrementar la protección social, que incrementar los derechos sociales, que proteger a la gente, porque esto es proteger a las empresas y proteger al tejido productivo.
Que, en apenas quince meses, gracias a todas estas inversiones presupuestarias, estemos presentando ahora unas cuentas en una situación de empleo más sólida de la que teníamos antes de la pandemia y que lo estemos haciendo sin necesidad de
financiación extraordinaria de los servicios públicos de empleo, sino con la autofinanciación de cuotas, lo que demuestra que la protección social también es eficaz y eficiente en términos económicos, que estas cuentas funcionan -y, lamentablemente,
esa década ominosa de políticas de restricciones a la que hoy ponemos fin volviendo a dar al desempleo las garantías que tenía anteriormente antes del tajo del Partido Popular- y que sirven para incrementar la justicia material de un país, porque
son una cuestión de justicia social y también de eficiencia económica.


Así que yo ahora -y perdón, presidente, si me he excedido en el uso de la palabra, pero estoy muy entusiasmado con los presupuestos (Risas)- me callo y les agradezco mucho su paciencia y, cómo no, su atención.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado. No voy a entrar en si el entusiasmo está justificado, pero sí que lo ha explicado con mucha concreción.


Pasamos a los grupos parlamentarios. No estando los portavoces del Grupo Mixto ni de Bildu ni del Vasco, vamos a empezar por el Grupo de Ciudadanos.


Tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


Espero ser tan entusiasta como el secretario de Estado. Gracias por su comparecencia. Es cierto que la coyuntura del mercado laboral hoy es muy distinta a la que teníamos hace un año. Si miramos el conjunto del segundo trimestre, por
ejemplo, la tasa de desempleo descendió hasta el 12,5 % y se situó en mínimos de 2008. Además, la temporalidad se ha reducido a la mitad, porque el número de contratos indefinidos firmados se ha multiplicado. Eso se traduce, sin duda, en mayor
seguridad y estabilidad para los trabajadores, sobre todo para aquellos que ahora enlazaban un contrato temporal detrás de otro, con toda la incertidumbre que eso conlleva. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de temporalidad ha
descendido 4,1 puntos en el segundo trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre



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de 2019. Por último, los datos de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social también indican una notable mejoría comparecencia respecto a años anteriores. Sin embargo - y no hay halagos sin peros-, junto a este tipo de datos
positivos también empiezan a asomar una serie de indicadores que a mí me parecen más preocupantes y quiero compartirlos con usted para que nos dé un poco de visión. Por un lado, se aprecia una ralentización clara tanto en la creación de empleo como
en el aumento de contratos indefinidos sobre el total de contratos firmados. Yo no sé si usted puede emitir una opinión o tiene datos que yo desconozco, no sé si nos puede decir si hemos tocado techo tras el shock inicial que supuso la reforma
laboral, que llevó a la conversión de miles de contratos temporales a indefinidos; cómo prevé que evolucione el mercado en los próximos meses y con qué porcentaje de temporalidad prevé cerrar el Gobierno o su secretaría el año 2022.


Otro tema que me preocupa es que, a pesar de contar con una cifra récord en cotizantes a la Seguridad Social, tanto las horas efectivas trabajadas como los puestos de trabajo equivalentes a jornada completa se mantienen todavía por debajo de
los niveles prepandemia, es decir, hay más gente trabajando que antes, sí, pero en conjunto trabajamos todos un poco menos. Por tanto, algo está fallando en nuestro mercado laboral, si eso es así, y no estamos aprovechando su máximo potencial. A
este respecto, yo le pregunto si cree que estos presupuestos, de los que ha venido usted a hablar y que estamos tramitando en la Cámara, contienen los instrumentos correctos para que nuestro mercado laboral sea más productivo, para que aumente ese
número de horas trabajadas y para que aumente sobre todo la calidad del empleo, porque no se sorprenderá si le digo que nosotros creemos que este presupuesto se queda manifiestamente corto, algo así como ya dijimos con la reforma laboral en su
momento, aunque la apoyamos, fuimos de los grupos que la apoyaron, porque iba en el camino correcto y era positiva, pero pecaba de ambiciosa. El resto de la política económica que también incluyen estos presupuestos, esa política económica del
Gobierno, parece sumida en esa inercia que ha caracterizado a nuestro país en las últimas décadas. Por ejemplo, nos parece -y muchos de ustedes me han oído denunciarlo estos días- que los presupuestos contengan un gasto desorbitado en pensiones,
elevando la partida en un 11,5 %, hasta los 190 000 millones de euros, un gasto en pensiones que es del 42 %, que si sumamos los intereses de pago de la deuda se nos va a la mitad del presupuesto. Solo el gasto en pensiones de estos presupuestos,
secretario, supera el doble de gasto destinado a Justicia, a Interior, a Trabajo, a Sanidad, a Ciencia, a Defensa, a Exteriores y a Transporte juntos. Convendrá conmigo -espero- en que no es lógico que un país que pretende crecer, prosperar y
garantizar un Estado del bienestar sostenible para las próximas generaciones y una economía competitiva para mejorar nuestro país prevea gastar la mitad de todo su presupuesto en estas prestaciones. Porque la cuestión de la sostenibilidad del
sistema de pensiones, dada su importancia, es indudablemente transversal, pero si hay algún ámbito en el que incide particular y directamente es en el de su competencia: en el empleo.


Fíjese que su Gobierno se enorgullece de que, por primera vez en trece años, vaya a realizarse una aportación al fondo de reserva de las pensiones por un importe casi de 3000 millones procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional.
Lo que se olvida de decir su Gobierno es que ese mecanismo consiste, simple y llanamente, en subir las cotizaciones sociales a los trabajadores actuales, a los jóvenes, es decir, en encarecer y dificultar la creación de empleo, sin que los jóvenes,
las nuevas generaciones, vayan a ver mejorada o ni siquiera puedan tener garantizada una pensión mejor o por el importe de lo que han cotizado. Eso es lo que le quiero preguntar: ¿Usted cree que estos presupuestos, en este aspecto, son equitativos
y justos con las nuevas generaciones? Creo que usted sabe que no, porque es hacernos trampas al solitario. Un ejemplo ilustrativo es que en el libro amarillo de los presupuestos hay una partida que indica que estos Presupuestos Generales del
Estado están volcados en la juventud, en los jóvenes, porque dedica 1400 millones de euros más en -abro comillas- políticas que se dedican a la juventud. ¿Saben ustedes cuál es el truco? Que este año, dentro de esos 1400 millones de euros en
política dedicada a la juventud, computan 900 millones de euros en pensiones. Maravilloso. Y así con todo.


Termino, en estos treinta segundos, porque le quiero preguntar sobre el Salario Mínimo Interprofesional y sobre el Estatuto del Becario. El Estatuto del Becario sé que está en diálogo social y que están trabajando en ello, a ver si nos
podría adelantar alguna cosa. Sobre el Salario Mínimo Interprofesional ya estamos casi a finales de octubre, con los presupuestos en tramitación, y seguimos sin concreción alguna sobre cuánto va a subir y cómo va a hacerlo. Lo que necesitan los
trabajadores y lo que necesita una economía, un país y las empresas españolas, es certidumbre, especialmente en un contexto como el actual, para adaptarse a la anunciada subida. No le pregunto nada más.


Muchas gracias por su comparecencia.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Pasamos al Grupo Plural y tiene la palabra el señor Boadella.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor compareciente, por su extensa y motivada explicación. Voy a ser muy breve. Solo quería hacerle un par de reflexiones, porque entiendo que habrá tiempo para entrar en los presupuestos a fondo, y quería aprovechar que
usted estaba aquí para plantearle dos cuestiones. Una, ya que usted apunta a esta suma de personal, a la capacidad de tener personal generando oposiciones o concursos o lo que sea, para prestar mejores servicios -y ya sé que me va a decir que si
hay más personal esto se va a mejorar-, pero vamos a intentar entrar al fondo. Lo cierto es que la perspectiva normal de la gente es que la atención ciudadana en este tipo de organismos, sea el SEPE o sea la Inspección de Trabajo, es bastante
complicada, aparte de la aventura de poder conseguir una cita previa en un organismo oficial. Ahora, antes de que me tocara intervenir, en la web del SEPE he intentado pedir una cita para poder ir y me dicen que solo se puede ir con cita previa y
ya me derivan a que, por el mero hecho de querer ir a una oficina del SEPE, tengo que rellenar hasta el número de cuenta en los datos en los que tengo que pedir la cita previa, porque, automáticamente, me derivan a la resolución de prestaciones,
cuando quizá yo lo único que quiero es ir a una oficina a que me informen. Con lo cual yo creo que el mundo de las citas previas al que llevó la pandemia es útil para la gestión del tiempo, pero no puede convertirse en exclusivo para que se atienda
a los ciudadanos en las administraciones públicas. Sinceramente, creo que esto se ha ido de madre y que toca corregirlo. Usted me dirá: Cuando haya más personal podremos atender más gente. De acuerdo, seguro que sí, pero ahora las oficinas de
las administraciones públicas tienen que estar abiertas con cita previa y sin cita previa e incluso sin necesidad de tener que volcar los datos de una cuenta bancaria para conseguir una cita previa o una atención telefónica. Creo que esta es una
cuestión relevante que debo exponerle.


Otra cuestión que también va vinculada al salario mínimo que se apuntaba ahora, en la anterior comparecencia de la ministra de Trabajo ya comentamos el famoso informe, que no hay manera de conseguir, con el título: El impacto de la subida
del SMI en el mercado laboral: intensidad laboral, brechas de género y desigualdad, que elaboró Sara de la Rica. Como no hay manera de conseguir el informe, quería aprovechar que estamos aquí para que usted nos pueda dar una visión de este impacto
de las subidas del salario mínimo en el mercado laboral, la intensidad laboral, las brechas de género y la desigualdad, porque entiendo que ustedes sí que lo han leído. Como mínimo, ya que no conseguimos el informe, porque lo pedimos en petición
escrita del Congreso al Gobierno en la función de control propio de los diputados, ya que no me dan copia del informe, al menos le voy a preguntar por el contenido del mismo, por sus reflexiones, que entiendo que serán maduradas, de acuerdo con
todos los informes que usted habrá leído, porque para nosotros también es una información relevante, estando de acuerdo en que hay que subir el salario mínimo, saber qué impactos tienen estas subidas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Boadella.


Pasamos ahora al Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra la doña Aina Vidal.


La señora VIDAL SÁEZ: Buenos días.


Mientras le escuchaba pensaba menudo papelón tiene ahora mismo el Partido Popular ante el desastroso espejo, por un lado, que representa Liz Truss y lo que está sucediendo en el Reino Unido, aprobando básicamente las políticas que propone,
en este caso, el Partido Popular y, por otro lado, esta comparación odiosa de la reforma laboral de unos con la actual.


Lo cierto es que la inversión presupuestaria que se ha hecho en políticas activas, en materia de protección de los puestos de trabajo y en materia de ERTES, están dando unos resultados muy positivos. Es la mejor situación de empleo en los
últimos catorce años y con especial incidencia, además, en dos colectivos especialmente destrozados por el mercado de trabajo, que son los jóvenes y las mujeres. Ambos se sitúan en cifras récord, nunca habíamos visto tantas mujeres ni tantos
jóvenes con trabajo. Hay que apuntar, además, que estos presupuestos se hacen sobre un recorrido todavía incompleto de la reforma laboral, pues no llegamos siquiera al año, pero creo que ya podemos ver claramente que está generando unas cifras de
estabilidad en el empleo espectaculares. Tenemos la menor tasa de temporalidad en el sector privado de nuestra historia. Creo que tenemos que tener una alerta en el ámbito público, porque la comparativa cada vez es más odiosa. Tenemos la cifra
más alta de trabajadores, en este caso,



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con contrato indefinido de nuestra historia. Creo que el balance de las inversiones presupuestarias que ha hecho el Ministerio de Trabajo en los últimos ejercicios es muy positivo, tanto en términos de cantidad como de calidad del empleo.
Creo que estamos ante un cambio, por decirlo así, de gran calado, que se traduce claramente en una situación de empleo positiva y, sobre todo, en un empleo mucho más estable. Todo ello, después de una pandemia mundial, creo que es importante
decirlo y recordarlo, y ahora con una guerra que ha generado una crisis de precios.


La patronal plantea, sin ni siquiera enrojecerse, que quienes deben pagar esta inflación sean, por un lado, los salarios o pensionistas y, por otro lado, los servicios públicos, para dejar básicamente intactos los excedentes y los beneficios
empresariales. La inflación subyacente nos está diciendo claramente que en España, a nivel tanto general como segregado, se están manteniendo los excedentes intactos, mientras que los salarios básicamente se están desplomando alarmantemente. Así
que la pregunta que le quería hacer, en primer lugar, es qué opina básicamente de esta estrategia a la que algunos llaman alegremente pacto de rentas y si tiene usted algún indicio para orientar básicamente al señor Garamendi, que parece que no sabe
que las grandes empresas se están forrando hoy a costa básicamente de la miseria de miles. Digo forrándose, cuando podría decir negándose a colaborar y, para colmo de miseria moral, a mi entender, apuntando a salarios y a pensionistas para desviar
la atención de sus cuentas. ¿Qué le parece, ya que estamos hablando de inflación, que el Banco de España esté abogando básicamente por incumplir la ley respecto a la revalorización de las pensiones?


Entrando concretamente en los presupuestos, quería distinguir brevemente cuatro ideas: crecer disminuyendo, recuperar y ampliar protección, nuevos derechos y fin de la impunidad. Creo que son cuatro ideas importantes que, al menos desde
nuestro grupo, queríamos apuntalar. Crecer disminuyendo, porque lo cierto es que nunca había habido tantas personas trabajando y además el paro ha descendido, por lo que es lógico que baje el gasto en prestaciones por desempleo. Evidentemente, la
reforma laboral ha contribuido a la estabilidad que, en términos estrictamente presupuestarios, supone la reducción básicamente del gasto en esta partida. El presupuesto disminuye, pero porque crece el empleo y, por tanto, baja el paro. De hecho,
si no se considerara el gasto en prestaciones por desempleo, el presupuesto global, en este caso del ministerio, crece 522 millones.


Segundo, recuperar y ampliar protección. Lo cierto es que mientras había diputadas del Partido Popular que regalaban un representativo, esto sí, de su propio grupo, un: que les jodan a los parados, cuando recortaban su prestación de paro,
además en un momento difícil de crisis y de carestía -hace falta recordarlo-, este Gobierno recupera derechos. Se deroga el recorte, creo que quizá el más doloroso y cruel que hizo el Partido Popular, en el sistema de protección al desempleo cuando
en 2012 redujo la prestación contributiva del 60 al 50 % de la base reguladora. Recuperamos ese 60 %, lo que significa que las personas en paro recibirán 100 euros más a partir del sexto mes y que este aumento de la prestación permitirá, como bien
apuntaba el secretario de Estado, que se cubra la subida de la inflación. Subimos además el IPREM a 600 euros mensuales, una medida que claramente mejora -saben que nuestro grupo parlamentario ha sido muy pesado en esta cuestión, porque nos parece
un índice fundamental- y amplía la protección de los colectivos más vulnerables. El IPREM estuvo prácticamente congelado durante la década de la austeridad o austericidio, como más les guste, y ahora, desde 2020, acumula un incremento del 11,7 %.
Lo cierto es que el incremento del IPREM repercutirá en la subida de la cuantía de las prestaciones básicas que se referencian en este índice y además es un incremento importantísimo para establecer también las cuantías de prestaciones a las
personas más vulnerables en todas las administraciones, no solo en la Administración del Estado -y esto me parecía importante destacarlo-, porque las comunidades autónomas también deberán, en este caso, actualizar sus prestaciones.


En tercer lugar, hablábamos también de nuevos derechos. Aquí quiero destacar claramente, como también lo ha hecho el secretario de Estado, la extensión de la protección por desempleo a las personas trabajadoras del hogar. En este momento
hay más de 370 000 personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar en el Régimen General, que pasarán a beneficiarse de este derecho.


Por último, el fin de la impunidad, y esto tiene que ver, básicamente, con esa dotación histórica y aquí sí cabe decir histórica, porque básicamente es la máxima que jamás hemos tenido en unos presupuestos generales en la Inspección de
Trabajo. Estos presupuestos se han incrementado un 25 % desde 2020 y además con la incorporación de 620 personas más, lo que creo que manda un mensaje muy claro, no solo alrededor del concepto de la impunidad, sino de que la ley es para todos.
Creo que nos hemos acostumbrado, probablemente muchas generaciones, a trabajar en un mercado de trabajo en el que normalizamos el fraude y la explotación, por lo que ahondar en el cumplimiento de la ley y también en la



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democracia hace que básicamente crezca esta democracia. Creo que este crecimiento, tanto en el ámbito de los recursos como de los profesionales y en el ámbito de la Inspección de Trabajo, claramente es una buena noticia, no solo para los
trabajadores y trabajadoras, sino también para las cuentas públicas, de lo que a veces nos olvidamos, y, evidentemente, para nuestra democracia.


Termino, porque creo que ya me he excedido del tiempo, haciéndole dos preguntas. Son dos cuestiones que me gustaría que ampliara, porque me parecen fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la prestación por desempleo a los trabajadores
del hogar, me gustaría saber cuál es la inversión prevista para hacer efectivo este derecho. En segundo lugar, sobre la recuperación del 60 % de la base reguladora en la prestación de desempleo, cuándo entrará en vigor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.


Pasamos ahora al Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenido, señor Pérez Rey, una vez más, para explicar el tema de los presupuestos, en esta ocasión los grandes presupuestos. Hay varios detalles que quisiera comentar para después acabar con las generales de la ley. Es cierto que el
presupuesto de la sección desciende en unos 1000 millones de euros, aproximadamente, en un momento complicado donde el escenario del mercado de trabajo presenta debilidades que, a diferencia de su criterio y el mío, la reforma laboral no está siendo
capaz de combatir.


El empleo joven también sufre un recorte del 39 %, mientras que lideramos la tasa de desempleo juvenil de la Unión Europea, de la OCDE o de la zona euro, el dinero invertido en la empleabilidad de los jóvenes será menor. Por añadidura, cabe
destacar que el programa 24SC, de fomento del empleo joven, ha sido suprimido de cara a estos presupuestos. En cuanto al programa de asesoramiento del Gobierno en materia social, el incremento que experimentará del 15 % resulta sonrojante.
Mientras que España cuenta con 3 millones de parados, el presupuesto del Ministerio del Interior aumentará la partida destinada al gasto público, superfluo y no productivo.


En términos concretos también, el programa 224, prestaciones económicas por cese de actividad, se incrementa en un 207 % debido al aumento de la partida destinada al pago de la prestación económica por cese de actividad de trabajadores
autónomos, incluso con obligaciones de ejercicios anteriores. Si bien esto podría llegar a ser considerado como positivo, lo cierto es que la cantidad presupuestada en el ejercicio anterior fue tal que requirió de transferencias posteriores -y
corríjame si me equivoco- para poder llegar a todos los demandantes. Con todo esto, el aumento evidencia, lo ya denunciado en la enmienda que presentamos a la totalidad de la Ley de Empleo, que los principales cometidos de la cartera de trabajo se
dirigen a la gestión del desempleo y no va a políticas que ambicionen la creación de trabajo estable y de calidad.


En cuanto a las generales de la ley, señor Pérez Rey, efectivamente, ustedes hablan de justicia social cuando se intenta recuperar la injusticia social. No podemos hablar de justicia social cuando el desempleado está recuperando parte de lo
que ya ha pagado. El Estado no está protegiendo, el Estado está devolviendo parte de lo que los trabajadores y las empresas han estado cotizando a tal fin. (La señora Oria López: ¡Faltaría más!). Por supuesto que hay que proteger cuando alguien
se queda sin trabajo, ¡faltaría más!, y todas nuestras familias siempre han pasado por circunstancias en las que han tenido que acudir a ello, pero para muchos de ellos -y para gran parte de ellos- está motivado y tienen derecho a eso, porque así lo
han estado cotizando. En tal sentido quisiera hacer una pregunta que se aparta un poco de los presupuestos, pero que es muy importante en relación con los trabajadores en ERTE que han estado cobrando la famosa prestación del ERTE, en algunos casos
cotizando a la Seguridad Social, como bien sabe, igual que la empresa, no obstante, en esta situación no se estaba nutriendo la pensión por desempleo. Las cotizaciones abonadas se tienen en cuenta para otras prestaciones contributivas, como la
incapacidad permanente o la jubilación. Es decir, a estos efectos, en algunos casos, estar en la situación de ERTE es como estar en una situación de desempleo, no se generan nuevas cotizaciones para el paro, pero sí para otras prestaciones, y
estamos en diversos pleitos sobre ello. Me gustaría que nos aclarase a los españoles que están en esta circunstancia, que son varios y diversos, cuál es su situación real, porque ahí se produce una contradicción ante esa abusiva diarrea de normas
que se produjo. Se producen contradicciones en que aquello que decíamos que se cotizaba también para el paro, resulta que personas que según en qué circunstancias han ido ahora a solicitar el desempleo -no digo que haya sido a propósito-, pero
posiblemente haya habido una contradicción normativa que nos dice que las cosas hay que hacerlas con mayor claridad y orden.



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Están teniendo mucho trabajo, sin duda alguna, pero les pedimos, por favor, que dejen de protegernos. Lo que necesita la sociedad española es que le dejen avanzar, que le dejen crear puestos de trabajo y cuando estos puestos de trabajo no
se creen o cuando se caigan estos puestos de trabajo será cuando vayamos a solicitar la protección que, insisto, es lo que esos mismos empleados han estado cotizando y pagando para poder recibir sensu contrario. Necesitamos que las empresas
funcionen, necesitamos que las empresas tengan posibilidad de contratar a personas, necesitamos que las barreras de salida no propicien barreras de entrada, y necesitamos, sobre todo, que exista la posibilidad de los emprendedores para salir
adelante. Hace poco, por desgracia, el otro día estuvimos en una sesión con el tema de los mayores de cuarenta y cinco años y la segmentación que se produce en cuanto al paro, y comentábamos el asunto de la famosa segunda oportunidad. Hemos hecho
una ley en la que el Gobierno se ha opuesto de forma rotunda a que aquellas personas que lo han hecho bien, que lo han intentado hacer bien, que han puesto todos sus ingresos, que han puesto lo mejor de sí mismos y, no obstante, lo han perdido todo,
tengan la posibilidad de salir adelante, sobre todo por la falta de exoneración de los créditos públicos.


La diferencia entre usted y yo, entre ustedes y nosotros está en que nosotros apreciamos la propiedad privada; entendemos que la propiedad privada es algo consustancial con la persona; entendemos que la propiedad privada, incluso para el
trabajador, es su propio trabajo, que hay que crear las condiciones de trabajo necesarias para que no se cometan abusos por parte de empresarios desalmados, aunque no todos los empresarios son desalmados, sino que muchos de ellos hacen grandes
sacrificios personales; tenemos que intentar que los trabajadores puedan competir para ir a la mejor empresa y no a pedir limosna para trabajar, pero para ello hay que crear las condiciones eficaces de desprendernos del gasto público ineficaz que
no aporta nada.


Señor Pérez Rey, somos, en este momento, el país, la nación de Europa con mayor porcentaje de paro, y después de Brasil en el mundo; seguimos siendo la nación con mayor porcentaje de paro. Claro que nos alegramos de que haya 20 millones de
personas inscritas en la Seguridad Social; claro que nos alegramos cada vez que disminuye el paro aunque sea en una sola persona, nos tenemos que alegrar como españoles, porque posiblemente es algún familiar nuestro o algún conocido o alguien que
no conocemos, pero que como compatriotas nos tenemos que alegrar. Pero diferimos en lo que hay que hacer. Lo que usted está haciendo es la protección ex post, nosotros nos referimos a la ex ante. Necesitamos crear empleo y en las condiciones
actuales, con el gasto público innecesario que tenemos no se está creando. Habría muchísimas más cosas, pero le rogaría, a efectos técnicos que hablara del problema de los ERTE que creo que conoce muy bien.


Muchas gracias, señor presidente, y disculpe.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Pasamos al Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Movellán.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.


Señor secretario de Estado, le quiero felicitar porque ha cumplido usted con creces con la directriz que da el Gobierno a todos los altos cargos que vienen esta semana: hacer la política de autobombo, el marketing y el vender las bondades
que solo ustedes ven en estos presupuestos generales. De verdad, le felicito y espero que le sirva para mantener las simpatías de sus superiores. Es verdad que usted quizá ha ido más allá que el resto de altos cargos y en algunos momentos pensé
que se veía usted en Vistalegre, arengando a las masas, a los suyos, pero estamos en el Congreso de los Diputados y estamos compareciendo en los presupuestos generales, y vamos a ver la realidad. La realidad es que contamos con menos presupuesto
cuando más se necesita. En el contexto actual en el que la inflación está desbordada, en el que las clases medias y trabajadoras y las familias no pueden llegar a fin de mes, con más inflación, con la subida de la cesta de la compra, de los
carburantes, de la luz, del gas, donde el empleo cada vez es más precario en nuestro país y donde la acción de este Gobierno crea inseguridad e incertidumbre, usted ha venido a hablar de cifras históricas, pero omite algunas, como es que hoy las
cifras de pobreza son récord histórico en nuestro país por la acción de este Gobierno.


Con esto nos presenta usted un presupuesto que va a contar con un 49 % menos para el Ministerio de Trabajo y que se suma al recorte que ya hubo del 63 % el año pasado. ¡Alucinante, no! Estamos viendo como el presupuesto del Ministerio se
reduce en un 81,5 % en dos años. Yo no sé si nos estamos perdiendo algo, ¿porque ustedes han sido capaces de reducir el desempleo en ese mismo porcentaje en estos dos años? Si eso fuera así estaríamos hoy hablando de pleno empleo en España, y yo
creo que la realidad es bien distinta.



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Las razones con las que usted defiende el presupuesto para justificar esa reducción del mismo están basadas en falsas premisas y en expectativas irreales sobre la recuperación del empleo y la mejora de las condiciones salariales de los
trabajadores tras su fallida reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido crear empleo precario.


En primer lugar, hay que decirle que es inadmisible que, teniendo casi tres millones de parados, estando a la cabeza del desempleo en Europa, y siendo los segundos con mayor tasa de paro juvenil y femenino, estos presupuestos asuman la
incapacidad del Gobierno para contribuir a crear empleo. Y además lo dicen ustedes mismos, porque en el cuadro macro reconocen casi el nulo incremento de empleo a tiempo completo, un 0,6 %. Hay que recordar que en la actualización del programa de
estabilidad que ustedes enviaron en abril a Bruselas esperaban un incremento del 1,7 %, es decir, tres veces más, todo un éxito de su reforma laboral. Pero la realidad creo que también les va a desmentir, porque acabamos de conocer la previsión
independiente del Banco de España en la que dice que el paro, lejos de reducirse, va a aumentar el año que viene, pasando del 12,8 al 12,9. Así que lejos de crear empleo ustedes van a destruir empleo. Y mire, señor secretario, aquí sí que se va a
cumplir una máxima, que es que cada vez que gobierna la izquierda en España se destruye empleo.


Decía usted que son los últimos presupuestos de la legislatura, y el Grupo Popular les dice que serán también los últimos de este Gobierno. Estos presupuestos van contra corriente, confirman y certifican la incapacidad del Gobierno para
crear empleo y dejan nuevamente en la cuneta a los jóvenes, no ofrecen ni una sola solución real de empleabilidad más allá de la palabrería, que se les da muy bien. Solo se acuerdan de los jóvenes cuando hay elecciones; de los autónomos ni
hablemos, si se acuerdan de ellos es para exprimirles económicamente y para subirles las cotizaciones sociales. ¡Qué decir de los mayores de cuarenta y cinco años o de los parados de larga duración! Para ustedes, y lo hemos visto en su exposición,
como si no existieran. Y hay que decir que estos presupuestos generales apestan a electoralismo y el único empleo que se están ustedes esforzando en proteger es el de Sánchez, el de su Gobierno y el de su mastodóntico equipo de asesores.


Entrando en materia, nos sorprende un año más con la política de fomento del empleo, pero sin verdaderas políticas de creación de empleo. Lo anuncia como una de las prioridades, pero no hay ni una sola medida que invite al optimismo.
Ustedes reconocen el estancamiento en la creación de empleo, que es fruto del fracaso de la reforma laboral de Yolanda Díaz y de sus políticas de fomento del empleo, y a pesar de ese aumento de 600 o 700 millones vemos cómo los organismos dicen que
España no va a crear empleo. Por eso, tan importante como incrementar las partidas presupuestarias es ejecutarlas, que sean efectivas y eficaces; ustedes no nos han presentado ni un solo informe de la eficacia y de la eficiencia de las políticas
activas, los resultados no hablan muy bien, a pesar de los incrementos de los que hablaba usted de hasta un 40 % en los últimos años. Porque hay que decirle que el empleo es la base de nuestro Estado de Bienestar y que la creación de empleo debe
ser una prioridad, pero se les olvida continuamente, a la ministra y a usted, que quienes crean empleo son las empresas, que está muy bien el empleo público, pero que sin empleo privado no habría empleo público. Así que la inseguridad jurídica que
introduce la creación de esos nuevos impuestos de este Gobierno que anuncia para algunas empresas, así como la subida general del impuesto de sociedades y la subida de las cotizaciones, tanto las mínimas como las máximas, van a ahuyentar la
inversión, van a frenar la atracción de talento y no van a contribuir, en absoluto, a recuperar y a crear empleo en el mercado laboral.


Como decía, son incapaces de gestionar una verdadera política de fomento del empleo y, a tenor de los datos, también son incapaces de ejecutar lo que presupuestan, y ahí están los últimos datos de la IGAE sobre la ejecución presupuestaria.
El 61,4 % de lo presupuestado para el ministerio y el 62,7 % de lo que presupuestaron para el SEPE en 2022. Por eso le trasladaré varias preguntas, aunque no me va a dar tiempo a hacerlas todas, pero sí que es importante que nos diga a qué se debe
lo que no se ejecuta en los presupuestos; qué medidas van a implementar para que realmente las políticas activas sean exitosas y eficaces y no un fracaso, como en este ejercicio. También queremos saber qué grado de inserción del mercado laboral
han tenido los colectivos más vulnerables.


Hemos visto como se reduce la financiación de las políticas activas con fondos europeos. Usted ha querido dar su justificación, pero al final lo que vemos es que el Ministerio de Trabajo sale castigado en el reparto de los fondos europeos,
y la pregunta es si este Gobierno no considera al Ministerio de Trabajo y al fomento del empleo prioritario para la gestión de los fondos, y qué grado de ejecución, que yo creo que son todavía menores que los del ministerio, tienen ustedes en fondos
europeos.



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La pregunta que nos hacemos todos los españoles es qué políticas de empleo nuevas, novedosas contiene este presupuesto para evitar que España siga liderando el paro en Europa, porque, parafraseándole a usted, nunca tanto esfuerzo
presupuestario dio tan poco resultado. Habla de la protección por desempleo, y de que se va a reducir porque todo va a ir fenomenal, pero la realidad es que no se debe a la mejoría del mercado laboral ni a la efectividad de su reforma laboral, sino
a que cada vez hay más parados en nuestro país que no cobran la prestación; en la actualidad, el 39 % de los desempleados no reciben esa prestación. Por eso no entendemos que se reduzca esta partida cuando se dice que se va a contemplar el impacto
del incremento del IPREM, el aumento de la cuantía de las prestaciones contributivas del 50 al 60 % a partir del día 181, y más sabiendo que el Banco de España ha dicho que se va a crear empleo. ¿Qué va a pasar con estos presupuestos y con la
acción de este Gobierno? Que va a haber más desempleados parados. Además, hay que decirle que dejen de apostar por el paro de larga duración, que lo que hay que apostar es por la reinserción real de los trabajadores, que es lo que tenemos que
trabajar nosotros.


Voy finalizando, porque a pesar de esas soflamas hay que decir que ustedes no han previsto medidas concretas y reales para los parados de larga duración y para un colectivo tan importante como los mayores de cuarenta y cinco años. Hacen
recortes importantísimos para colectivos como los jóvenes, señor secretario. ¿No es un drama que estamos liderando el desempleo, a escasos puntos de Grecia, y que tengamos una tasa importantísima? ¿Qué medidas reales va a adoptar el Gobierno para
la empleabilidad real? Lo único que vemos es que se reduce en otros 100 millones de euros la partida que ustedes destinan al empleo joven, que se suman a los 100 millones que ya redujeron el año pasado. Por eso no entendemos qué medidas concretas
va a haber para la empleabilidad de los jóvenes.


Finalizo con el SEPE. Entiendo que ustedes denieguen la presencia del director general del SEPE porque no quieren hacerle pasar un mal rato; un mal rato porque ustedes han convertido al SEPE en un organismo expuesto a la mofa, al
desprestigio, con retrasos, hay citas y prestaciones en algunas provincias que tardan hasta dos meses en darse, porque hay una falta de medios materiales y humanos. La pregunta es, ¿qué intención tiene el Gobierno de reforzar la plantilla del SEPE?
Y también hablando del SEPE -y ya sí finalizo-, me gustaría que me diera su opinión sobre ese batacazo que le han dado al Gobierno con la reforma laboral, porque los propios trabajadores del SEPE han considerado a sus famosos trabajadores fijos
discontinuos como trabajadores temporales a efectos de prestaciones. ¿Qué opinión le merece eso?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Movellán.


Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Oria.


La señora ORIA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Voy a comenzar señalando que me sorprende la exposición de la señora Muñoz. Señora Muñoz, ¿le parece mal que se cumpla la ley en materia de pensiones? ¿Le parece mal? Creo que estamos en un Estado de derecho, tenemos que cumplir las
leyes. Es una ley que además se aprobó el año pasado por estas fechas en el Congreso de los Diputados. Saben perfectamente que el sistema es sostenible, dejen ya de crear incertidumbre e inseguridad. Y solo quiero recordarle una cuestión básica y
fundamental en la que se basa nuestro sistema de pensiones: solidaridad intergeneracional, eso es lo que garantiza las pensiones del presente y del futuro. (Aplausos).


Ahora comienzo con la intervención. Agradezco muchísimo, señor secretario de Estado, señor Pérez Rey, la presentación que nos ha hecho del proyecto de presupuestos del ministerio; siempre es un placer escuchar sus intervenciones, la
claridad, el detalle, la pasión que le pone a la presentación de los mismos, creo que la pasión es fundamental en la política y, sobre todo, la concreción con que ha expuesto las cuentas del mismo. No podemos olvidar que estas cuentas se incardinan
dentro de un proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, y proyecto de presupuestos que llega por tercera vez consecutiva en tiempo y en forma, lo que no pasaba con los Gobiernos del Partido Popular.
Son unos presupuestos que apuestan por la igualdad, la cohesión territorial y social, la transición ecológica, la revolución digital y, por supuesto, el impulso de la economía; unos presupuestos que además de proteger ayudan a la economía
productiva para que las pymes, las empresas y los autónomos de este país sigan siendo capaces de generar empleo y riqueza; unas cuentas que destinan 6 de cada 10 euros a proteger a la clase media y trabajadora de este país, a fortalecer nuestro
Estado de bienestar y a consolidar nuestro tejido principal, y cuyos dos objetivos prioritarios son: avanzar en la justicia social y proteger nuestra economía.



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El año pasado le decía en mi intervención que en el Grupo Parlamentario Socialista estábamos convencidos de que las cuentas que nos presentaba para este ejercicio presupuestario que está casi finalizando iban a suponer un punto de inflexión
que abriría una nueva etapa en la recuperación económica, en la creación de empleo y que iban a permitir afrontar con éxito dos retos fundamentales y estructurales que tenía nuestro mercado de trabajo: precariedad y temporalidad, dos
características que se han visto agudizadas, sin duda alguna, por las nefastas políticas que el Partido Popular hizo en sus años de Gobierno. En ese sentido planteábamos una acción decidida, dirigida a determinados colectivos que la necesitaban,
porque ya no podían esperar más, como jóvenes, mujeres, parados de larga duración o mayores de cuarenta y cinco años, porque, como decía antes, no podían seguir esperando más.


Sin trasladar una visión triunfalista, porque no se trata de esto, aún queda bastante por hacer y estamos en esa línea, el balance después de un año, es bastante positivo, a pesar de la visión catastrofista del Partido Popular, señor
Movellán, a pesar de esto usted ha cambiado bastante poco en relación con su intervención del año pasado. Sin duda alguna se ha realizado una profunda reforma el mercado de trabajo de nuestro país, en un escenario de enormes dificultades sociales y
económicas, por cierto, que ha sido merecedora de reconocimiento y felicitaciones por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, reforma que ha ido de la mano del diálogo social, y voy a repetir algunas cifras a ver
si nos las aprendemos, porque los datos están ahí y parece que no los queremos escuchar. Contamos con casi 20 224 000 personas afiliadas a la Seguridad Social, 17,3 millones de asalariados; algo más de tres millones de trabajadores por cuenta
propia -se lo decía el propio secretario de Estado-, 77 000 más que en el año 2018; 1 230 000 ocupados más que en 2018; algo de lo que me siento muy orgullosa, 9,3 millones de mujeres con empleo; y nuestra tasa de paro ha bajado al 12,48 %. Esto
se lo vamos a poner en un cuadrito y se lo vamos a regalar al señor Movellán para que lo ponga en su despacho. (Aplausos). En definitiva, más empleo y de más calidad.


Este año presenta el ministerio unas cuentas que vienen a seguir trabajando en la consecución y mejora de estos datos, perfeccionando, sin duda alguna, todo lo que ha supuesto la reforma laboral y, sobre todo, recuperando también derechos
para los trabajadores y trabajadoras de este país. Un presupuesto que alcanza casi los 29 500 millones de euros, como dice usted, como nos ha trasladado, que crece disminuyendo, afortunadamente, porque es menor la cantidad que se dedica a
prestaciones por desempleo, y un presupuesto que se dedica a dos cuestiones fundamentales, entendemos desde este grupo político: a la protección por el desempleo y a las políticas activas de empleo.


Primero me voy a dedicar a la protección de desempleo, brevemente, pero antes le quiero señalar algo al señor Aizcorbe, porque me sorprende que usted, como jurista y conocedor del derecho, hable de la prestación del desempleo como si fuera
algo gracioso. Mire usted, no, está en nuestro artículo 41 de la Constitución española como un principio rector de la política social y económica; mandata a los poderes públicos a mantener un sistema público de pensiones, en donde la protección
por desempleo sea una prioridad. Es decir, no estamos dándole a nadie algo gracioso, está contemplado en nuestra norma suprema. Por eso me sorprende esa cuestión. En este sentido tenemos que valorar muy positivamente esa subida que hace de las
bases de cotización del 50 al 60 %, una medida indolente que puso en marcha el Partido Popular en sus años de Gobierno y que en los peores momentos hizo que quienes más lo necesitaban contaran con menores recursos económicos. Nos ha anunciado que
ya será a partir del 1 de enero cuando esté vigente, y que va a afectar aproximadamente a unas 300 000 personas.


Por supuesto valoramos muy positivamente también la subida del IPREM. Es una medida que mejora y amplía la protección de los colectivos más vulnerables, porque es una cifra que se tiene en cuenta para otras muchas ayudas de asistencia
social. Desde luego ha tenido un incremento considerable desde el año 2020.


Una cuestión que nos parece importantísima, que valoramos de forma extraordinaria, es que se siga apostando por las políticas activas de empleo, que se ha venido incrementando en estos tres años, y este año, además, crece un 5 % adicional.
Un capítulo que se estructura para servicios fundamentales, como son los programas y los servicios de orientación, tan básicos y fundamentales, las oportunidades de empleo para todo el mundo, la igualdad de oportunidades, programas y servicios de
emprendimiento y la formación profesional, entre otros. En este punto me gustaría, si fuese posible, que nos pudiera trasladar alguna medida novedosa en relación con este capítulo.


Me gustaría concretar algunas cuestiones, porque hay colectivos que nos preocupan especialmente, como el tema de los orientadores laborales. Le hago una pregunta. ¿En este ámbito se va a mantener el programa de refuerzo para personas que
se dedican a la orientación laboral y a la protección para el



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empleo? Yo creo que despliegan sobre el territorio una acción importantísima. Nos ha llegado ya que por parte de algunas comunidades, como es la de Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular con VOX, y donde la Consejería de Empleo
está en manos de VOX, parece que se quiere cargar a los orientadores de algunos de los organismos que se dedican a esta tarea. Yo creo que en su labor son fundamentales y despliegan una acción muy importante en el territorio.


Por otro lado, ¿qué medidas contempla el presupuesto para los desempleados de larga duración, mayores de cuarenta y cinco años? Sé que va a haber una mesa en la que se va a debatir este tema, porque es un colectivo que pasa un poco
desapercibido, pero que preocupa especialmente al Partido Socialista.


Es verdad que ha dicho que van a contar con más planes de empleo en las comunidades de Andalucía, Extremadura, La Palma, y también mejoran Ceuta y Melilla, pero tengo que poner en valor lo que aprobó el Consejo de Ministros porque ha hecho
que en mi tierra, Andalucía, se rebaje por primera vez a diez peonadas, lo que va a aliviar muchísimo la situación de hombres y mujeres, sobre todo y fundamentalmente, del mundo rural que sostienen ese mundo y que luchan día a día por la cuestión
del reto demográfico. También quiero decir que el Gobierno de Moreno Bonilla tiene 100 millones de euros que todavía no ha puesto en marcha.


Finalizo. Solo quiero recordarle una cuestión al señor Movellán. Resulta llamativo que hable de fallida reforma laboral el señor Movellán, con un partido que gobernando nos situó en los seis millones de parados y en una tasa de desempleo
del 27 %. Sorprende sobremanera.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el señor Pérez Rey para responder a las cuestiones planteadas y señalar todo aquello que le parezca pertinente y oportuno.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL (Pérez Rey): Muchísimas gracias, presidente.


Gracias por sus intervenciones, por el tono de las mismas y por las interesantes preguntas que me formulan. Señora Muñoz, creo que si algo, sinceramente, caracteriza a este ministerio es que no nos hemos dejado llevar por la inercia en
ningún caso; creo que básicamente las relaciones laborales en España estaban incorporadas a -esas sí- una inercia de precariedad y escasez de derechos laborales, incompatible, además, como se ha demostrado en muchas ocasiones, con la creación de
empleo. Y lo que se ha tratado de hacer durante este tiempo, y los presupuestos así lo intentan hacer, ha sido cambiar básicamente el modelo, el paradigma de la precariedad de cultura de la temporalidad en la que vivía el trabajo en España por un
modelo de mucha mayor calidad en el empleo. De hecho, creo que hay mucha mayor calidad en el empleo, a pesar de esta obsesión, diría también muy enfocada en la derecha de nuestro país, que es incapaz de reconocer ningún progreso, básicamente por
que mostraría su propia incapacidad para haberlos acometido durante todo el tiempo que ha gobernado. Creo que la calidad en el empleo está subiendo de manera muy significativa en nuestro país; de hecho, el último dato que conocemos de contratación
indefinida es que básicamente la mitad de los contratos realizados han sido por tiempo indefinido. Además, la modalidad más utilizada en estos momentos en España es el contrato indefinido a jornada completa, el contrato indefinido a tiempo completo
es básicamente el más utilizado; de hecho, como decía al inicio de mi intervención, tenemos la menor tasa de parcialidad en mucho tiempo. Me gustaría que revisara el dato, porque los datos que a nosotros tenemos son que el número de horas
trabajadas en realidad no ha disminuido sino que ha aumentado respecto a las que teníamos en 2019. El dato que a nosotros nos consta es que el número de horas trabajadas en el segundo trimestre de este año se ha incrementado en un 3 % respecto a lo
que había sucedido en trimestres anteriores. Por tanto, creo que realmente hemos roto una inercia, la inercia de la temporalidad y de la precariedad y ahora mismo vamos transitando hacia un camino que ojalá se consolide no solo en términos
estadísticos, sino en términos culturales, es decir, que esto sea ya un abandono definitivo de una política laboral en España que estaba condenada al fracaso para los trabajadores y para las empresas, que tenían unos lastres tremendos de
competitividad por esta materia; ojalá se abandone definitivamente ese modelo que es el que, desgraciadamente, nos ha acompañado en casi todo el recorrido de la democracia.


Me pregunta usted por dos elementos concretos, el estatuto del becario y el salario mínimo interprofesional. Creo que son dos elementos muy importantes, especialmente el estatuto del becario. Cuando hablamos de empleo juvenil, muchas veces
la tentación -ahora le diré algo al respecto al señor



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Movellán- ha sido intentar afrontar el problema del desempleo juvenil en España bajando las condiciones de trabajo, convirtiendo a los jóvenes en una especie de esclavos que trabajaban gratis, sin ningún derecho, e incluso en algunas
ocasiones pagando dinero por asomar simplemente la oreja en una empresa. El estatuto del becario pretende poner fin a esta práctica ominosa y que las prácticas sirvan, realmente, para recualificar profesionalmente a los jóvenes de este país y que
además lo hagan con un mecanismo de garantías donde no sustituyan el trabajo productivo ni constituyan mecanismos de abuso que, como usted conoce muy bien, muchas veces es en lo que acaban los falsos becarios. Ese estatuto tiene un compromiso
decidido de acabar con esas prácticas; creemos que podrá salir cuanto antes, y además yo le digo que no renunciamos a que lo haga de la mano del conjunto de los interlocutores sociales, y que vamos a seguir trabajando en este caso con la patronal
española para intentar que se pronuncie al respecto y que avale también un modelo que estoy convencido que deben compartir, porque nadie puede estar de acuerdo con que las becas sean un instrumento que no sirvan para nada en este país, de hecho no
han servido nunca, solo han servido para, de alguna manera, sustituir trabajo productivo por trabajo precario y en las peores condiciones. Creo que sería un enorme hito en nuestro país que pudiéramos por vez primera atesorar un estatuto del becario
que permitiera prácticas de calidad y, por tanto, que redundara en la cualificación y en el aprendizaje permanente de los jóvenes españoles, pero a su vez que lo hicieran en las condiciones adecuadas de integración. Esperemos que el diálogo social
dé su respaldo definitivo a este estatuto que en las próximas semanas tendrá que seguir su vía parlamentaria y su tramitación dentro del Gobierno.


El salario mínimo interprofesional. Lo he dicho en algunas ocasiones y esta no va a ser una excepción, creo que las políticas de salario mínimo interprofesional que se han practicado en este país constituyen la historia de un éxito. Hemos
subido el salario mínimo interprofesional desde 2019 un 36 % y esto nos ha permitido, afortunadamente, hacer frente a alguno de los males endémicos del mercado de trabajo que tenían que ver con la pobreza salarial, con la brecha de género y también
con la situación grave de pobreza que se generaba en los deciles más bajos de la escala salarial. Esto lo hemos hecho compatible con la creación de empleo. Creo que es significativo que el año que más se subió el salario mínimo interprofesional
fue el año que España más empleo creó, y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Esas subidas del salario han tenido una perfecta compatibilidad con la creación de empleo; de hecho -aprovecho también para señalar lo que decía el señor Boadella-, creo que
haríamos bien en empezar a ver lo que el salario mínimo interprofesional hace más allá del empleo, porque creo que hay dos elementos: primero, no hay un impacto del salario mínimo en el empleo, no lo hay, estadísticamente no tenemos ninguna
evidencia de que eso ocurra, más que especulaciones, muchas veces, yo diría, casi demiúrgicas, es decir, con unas consultas extrañas que digan que de no haber subido quizá hubiéramos tenido 20 000 empleos más, que no tienen ninguna base empírica,
que en la mayoría de las veces no se sostienen, y que constituyen razonamientos que van destinados, en definitiva, a perpetuar los mecanismos de pobreza salarial y a establecer que España sea un país que compita con bajos salarios, algo que, a mi
juicio, sería verdaderamente desastroso para la estructura productiva española. Creo que el salario mínimo, además de ver cómo impacta en el empleo que, insisto, no lo hace o al menos incluso lo hace espoleando la creación de empleo, tenemos que
ver cómo impacta en otros elementos, cómo impacta en la brecha de género y el impacto es absolutamente positivo -hemos conseguido bajar la brecha salarial de género en España en 4 puntos, básicamente por el incremento del salario mínimo
interprofesional-, y cómo impacta en la pobreza, que este es el otro elemento fundamental, es decir, cómo impacta en la capacidad de reducir el número de aquellas personas que se sitúan en uno de los peores terrenos sociales, que son aquellos que
pese a tener un trabajo no consiguen salir de la pobreza. Lo de los working poor era una lectura sociológica que lamentablemente ya puebla los mercados de trabajo de muchos lugares de Europa, también el español, pero creo que la política más eficaz
de todas para combatir esa pobreza en los salarios ha sido el SMI. Estamos, como usted conoce, reuniendo una comisión de expertos para que nos diga cuáles serían las recomendaciones para afrontar la subida del SMI antes de que acabe el año. Vamos
a esperar las conclusiones de esa comisión de expertos que, obviamente, deben de tener en cuenta las dificultades de precios y de otro tipo que actualmente se dan ante la incertidumbre económica, y una vez que la comisión de expertos nos envíe su
informe abriremos una mesa con los interlocutores sociales para intentar también consensuar una subida del SMI. En todo caso, la convicción del Ministerio de Trabajo y Economía Social es que el SMI tiene que subir y lo tiene que hacer por unos
elementos fundamentales, que es cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero también para evitar una caída del poder adquisitivo de aquellas escalas salariales que se sitúan en los estratos más bajos. Por



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tanto, subirá, pero lo haremos, como siempre hacemos las cosas, a través de un procedimiento dialogado y además respaldado por las evidencias académicas y científicas, que es lo que de alguna manera le digo al señor Boadella. Nosotros,
obviamente, hemos entendido que todo lo que hacemos y todas las medidas que hemos adoptado desde este ministerio, no solo se movían en el terreno de la oportunidad política, sino que además muchas de ellas estaban respaldadas por la evidencia,
muchas veces por una evidencia ajena a los lugares comunes en los que nos hemos movido en este país durante mucho tiempo, y que nos han incorporado precisamente, como decía la señora Muñoz, a una inercia que siempre era negativa en términos de
mercado de trabajo. Por tanto, también le digo que sería muy bueno que se huyera de los tópicos y que alguien analizara -y me consta que hay mucha gente que así lo hace- una de las grandes políticas, seguramente una de las más impactantes
políticas, que ha llevado a cabo nuestro país desde 2019 en adelante, que ha sido pasar de un salario mínimo, que era una variable ridícula y que no servía prácticamente para nada, a un Salario Mínimo Interprofesional que ha garantizado luchar
contra la pobreza, ser compatible, espolear la creación de empleo y la competitividad, y además luchar también contra sesgos de género y de otro tipo -también juvenil, por cierto- en España. Por tanto, creo que hay que profundizar académicamente en
el salario mínimo y seguramente todas las evidencias demostrarán -y así nos consta a nosotros- que esta ha sido una de las políticas de mayor éxito de todas las que hemos acometido en los últimos tiempos.


Como saben, hemos intentado incrementar mucho los recursos del Servicio Público de Empleo Estatal para hacer frente a las dificultades y creo que ahora vamos a incrementar también todo lo que tiene ver con su digitalización y con su
capacidad de prestar atención de la manera más eficaz e inmediata. Comparto con usted que, efectivamente, hay que tener en cuenta que no podemos generar brechas digitales y que hay que garantizar que la atención sea eficaz en todos estos términos,
y especialmente en los servicios públicos de empleo. También le digo que, además de facilitar la vida a los ciudadanos y que en la mayoría de las ocasiones puedan hacer sus trámites sin necesidad de desplazarse a las oficinas, habrá que garantizar
que cuando lo tengan que hacer lo hagan en las mejores condiciones. Precisamente estamos invirtiendo una cantidad muy importante de recursos públicos, algunos son de fondos europeos. El Servicio Público de Empleo Estatal es uno de los
destinatarios, junto con Sanidad y Justicia, de las políticas palanca de los fondos de transformación y resiliencia, y, por tanto, habrá que profundizar en la cantidad de la atención ciudadana en el servicio público de empleo. Ya hemos dado pasos
muy importantes, pero siempre son pocos para garantizar una adecuada atención a las personas que requieren de los servicios públicos de empleo, que debo decir, señor Boadella, no siempre son Servicio Público de Empleo Estatal. Ya sabe usted que
todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo realmente son los servicios públicos de las comunidades autónomas los que deben brindar esa atención. Por tanto, me hago cargo de la responsabilidad que, en este caso, asumo aquí.


Doña Aina Vidal preguntaba cuál era la cotización por desempleo de las empleadas de hogar. Yo comparto con usted que, efectivamente, esa es una buena noticia. Lo digo muchas veces, cuando alguien se mire ante el espejo y piense que fue
necesario esperar hasta 2022 para reconocer los mismos derechos de protección social a los empleados de hogar -mayoritariamente mujeres- que al resto de trabajadores, creo que nos sonrojaremos. Esto es algo que nunca comprenderemos bien cómo hasta
bien entrado el siglo XXI hubo un colectivo de mujeres a las que la legislación trató de manera absolutamente desdeñosa y dejó al margen de los más elementales derechos que tiene cualquier otro trabajador. Para nosotros -lo ha dicho la
vicepresidenta segunda en muchas ocasiones- es una de las normas que este ministerio más orgullo tiene de haber sacado adelante y naturalmente la cotización de las empleadas de hogar ya se está produciendo desde el día 1 de octubre y lo hace en las
partidas presupuestarias reconocidas para la protección por desempleo este colectivo ya está sin desglosar. Si me permite, esto es un gran avance, que ya no necesitemos desglosar a las empleadas de hogar, porque son unas trabajadoras más que
gozarán de todo el presupuesto que se incorpora para la protección por desempleo en este proyecto de presupuestos.


Creo que el incremento del 50 al 60 % es algo que los desempleados y las personas que están recibiendo la prestación van a empezar a disfrutar inmediatamente, es decir, una vez que entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado. A
partir del 1 de enero de 2023, todas aquellas personas que estén cobrando la prestación pasarán, en el caso de que superen la carencia de los 180 días, a cobrar el 60 % y no el 50. Por cierto, como conoce muy bien la señora Vidal, porque ha
respaldado e incitado muchas de esas medidas, esto ya lo puso en marcha el Gobierno durante la pandemia, con la que también evitó que se rebajara la cuantía del 75 % al 50 para que ningún desempleado en situación de ERTE tuviera



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una merma en la prestación por estar en esa situación durante la pandemia. Efectivamente, coincido con usted en que uno de los elementos clave es acabar con la impunidad en el mercado de trabajo. Creo que durante mucho tiempo, de ahí el
refuerzo de la partida de la inspección -lo voy a decir claramente, durante mucho tiempo-, muchas de las normas laborales en España han sido pura bisutería. Han sido elementos que en la práctica estaban en las leyes, que estaban en el Estatuto de
los Trabajadores, pero que estaban destinados a ser incumplidos de manera masiva. El incumplimiento más masivo y salvaje que se ha producido en este país es lo que ha pasado con la contratación temporal. Es decir, con unas reglas que aparentemente
eran estrictas, el incumplimiento era sistemático -y como usted muy bien dice- e impune. Creo que esa impunidad también se ha acabado. Se ha acabado para todos, por muy grande que sea, se ha acabado para Glovo, se ha acabado para todas aquellas
empresas que abusan de la temporalidad, lo hagan donde lo hagan, y las normas se ponen en los sitios para ser cumplidas y no para revestir fachadas o para ser pura bisutería. Por tanto, insisto en el agradecimiento a la inspección y a los fondos
que va a tener la inspección para que, quien la haga en este país, la pague.


El señor Aizcorbe me preguntaba por la situación, muy compleja desde el punto de vista técnico, de los trabajadores en ERTE. En realidad, aquí hay una discusión de calado más técnico que de otra cosa. Aquí de lo que se trata es si durante
el tiempo que un trabajador o trabajadora está en ERTE, además de cotizar para esas prestaciones a las que usted se refería, se cotiza también para poder incrementar la prestación por desempleo. Aquí me gustaría decir dos cosas. La política de
ERTE puesta en marcha por el Gobierno español ha sido una política que, en materia de protección social, no creo que pueda ser más ambiciosa, a pesar de que no hemos contado con su respaldo en ninguna ocasión, esto es algo entendible, porque si
usted hace una llamada a no proteger a los trabajadores y trabajadoras de este país y a dejarlos a su suerte, a que emprendan a base de palos, nunca había visto una llamada así. Muchas veces hablamos del programa oculto de VOX, pero usted hoy no lo
ha hecho oculto, lo ha hecho explícito, y me ha conminado a que dejemos de proteger a la gente y a que reinstauremos el estado de la selva o el estado de necesidad. Esto es algo a lo que ojalá, sinceramente, los trabajadores y trabajadoras de este
país nunca les tengan a ustedes al frente de este Gobierno, porque desde luego el panorama es aciago. En concreto, respecto a la pregunta que me hacía, le recuerdo que la política de ERTE que el Ministerio de Trabajo llevó a cabo fue una política
de ERTE que permitió cobrar la prestación por desempleo a todas y todos los trabajadores que entraban en ERTE, hubieran cotizado o no al desempleo, es decir, pudieron entrar sin carencia, sin haber aportado ni un solo céntimo a la prestación, y
además lo hicieron con el llamado contador a cero, a ninguno de ellos se le descontará en la prestación por desempleo, cuando la necesiten, el periodo que estuvo en ERTE. Ahí lo que se discute -y es una discusión de hondo calado jurídico- es si,
además de no descontárselo, ese periodo en ERTE puede valer para incrementar aún más la prestación. Eso, en España, al menos que yo recuerde, desde inicios de los años ochenta, ha sido una regla que cuando los trabajadores están en periodo de
suspensión, las cotizaciones no sirven para lucrar el desempleo y sí otras prestaciones. Esto es algo que incorporó la Ley Básica de Empleo en su momento y es una regla general de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí lo que sucede es que
hay una divergencia técnica que habrá que aclarar y tendrán que hacerlo los tribunales. Los funcionarios del SEPE se limitan, en todas las ocasiones, a cumplir escrupulosamente con el dictado de la ley y, naturalmente, el SEPE verá cuál es el
resultado final de esa polémica jurídica para saber si hay que tomar una decisión u otra y, en todo caso, nosotros valoraremos esa norma. Esa es la situación jurídica.


Señor Movellán, sinceramente, creo que usted no ha debido de comprender el presupuesto o eso espero, porque, si no, las conclusiones serían gravísimas. Porque que usted considere una mala noticia que nos vayamos a ahorrar 1200 millones en
prestaciones por desempleo y que, por tanto, rebajemos la inversión presupuestaria del Ministerio de Trabajo para no pagar prestaciones a desempleados, es una cosa insólita. Sé que ustedes están muy acostumbrados a lidiar con el desempleo, porque
tuvieron el honroso récord de superar los 6 millones de desempleados. (Aplausos). Por cierto, cuando ustedes tuvieron 6 millones de desempleados, en lugar de subir los presupuestos, ustedes sí que los bajaron. Nosotros rebajamos la aportación
presupuestaria del Ministerio de Trabajo en 1200 millones, porque no tenemos tantos desempleados como ustedes que, insisto, tuvieron esa cifra terrible de los 6 millones. Por cierto, lo estamos haciendo en terribles circunstancias, con una
situación internacional muy difícil, con una ruptura de la cadena de suministros y con unos precios energéticos considerablemente altos y ajenos por completo a la política del Gobierno, que, todo lo contrario, es una política de gran éxito incluso
en Europa. Esto nos permite -sé que a usted quizá le resulte difícil comprenderlo- que tengamos que pagar menos prestaciones y aun así tener más presupuestos para acometer políticas activas de empleo.



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Señor Movellán -y esto se lo digo con completa sinceridad-, que un representante del Partido Popular me hable de empleo precario y reforma laboral es una de las oportunidades que creí que la vida nunca me iba a brindar. (Aplausos). La
reforma laboral del Partido Popular ha sido la mayor salvajada para los derechos laborales en la historia de nuestro país: ineficaz, ineficiente y la que más empleo precario ha creado en nuestra historia. Nunca ha habido tanta precariedad como con
la reforma de 2012. Esa reforma, que fue una reforma fatídica y terrible y que, afortunadamente, hace menos de ocho meses hemos dejado para siempre atrás, porque esa es justo la guía de lo que no había que hacer, nos ha permitido ahora, por fin,
resolver la cultura de la precariedad. Díganme ustedes cuáles eran los contratos indefinidos que se hacían cuando ustedes gobernaban. (El señor Movellán Lombilla señala al compareciente con el dedo de la mano derecha). Ustedes sí que condenaron a
los trabajadores estables de este país a ser un resto arqueológico, creo que los únicos contratos indefinidos quizás estaban en la sede de su propio partido (El señor Movellán Lombilla pronuncia palabras que no se perciben), porque en el mercado de
trabajo español, con la reforma de 2012, no había contratos indefinidos. Afortunadamente, ahora -se lo repito- uno de cada dos contratos en este país son contratos indefinidos y creo que eso con la reforma de 2012 no se había visto absolutamente
nunca, no se había visto nunca, y afortunadamente esa reforma la hemos dejado atrás. Además, aprovecho para hacerle una invitación, y se lo digo con toda la seriedad del mundo. Creo que la reforma de 2021 tiene detrás el respaldo de los
interlocutores detrás. Por cierto, este es otro de los elementos que claramente distingue una reforma de otra. Acuérdense ustedes cómo hicieron la reforma laboral de 2012. Hicieron una norma, la metieron con un rodillo parlamentario, a través de
un real decreto ley, y no la consultaron con nadie, ni con las fuerzas políticas ni con los interlocutores sociales. Es más, ustedes tiraron por tierra un acuerdo de los interlocutores sociales que había antes. Esa es la visión que ustedes tienen
del diálogo social. Ahora, creo que los hechos demuestran claramente que es una reforma que funciona (El señor Movellán Lombilla hace gestos negativos con la cabeza), ya saben que ustedes, junto con sus compañeros de VOX, cuestionan la
constitucionalidad de una reforma que mejora diariamente la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Ustedes, junto con sus compañeros de VOX, tienen el arrojo de llevar esa reforma al Tribunal Constitucional. Si recapacitaran, lo que
deberían hacer es colaborar en la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de este país, en apuntalar la estabilidad en el empleo, y no en cuestionarla en los tribunales con el único propósito de intentar tirar la
única reforma que ha recuperado los derechos, insisto, para los trabajadores y trabajadoras de este país. Se lo he dicho en la intervención de los presupuestos: Nunca, nunca, hemos dedicado tanto dinero a políticas activas de empleo, más de 8000
millones. Por cierto, entre esos millones, muchos de ellos van destinados a jóvenes, van destinados a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder al empleo. De hecho, quiero que sepa que, por primera vez, en los años anteriores, las
partidas dedicadas a la conferencia sectorial de las comunidades autónomas se han condicionado para que los fondos se destinaran exclusivamente para los jóvenes. Lo hicimos el año pasado con 600 millones de euros para políticas de empleo juvenil.
¿Sabe cuál es el problema? El problema, por ejemplo, es que nunca una comunidad autónoma que nunca recibió tanto dinero para llevar a cabo políticas activas de empleo, como es la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha dejado el 50 % del presupuesto
sin ejecutar. (Aplausos.-La señora Oria López: Así es). Es decir, les ha dicho a los jóvenes andaluces y a los parados andaluces que les sobra la mitad del dinero. (La señora Oria López: Total). Esto se lo digo con una honda frustración,
porque este dinero, este dinero va a mejorar la vida de la gente y no va destinado a dejar a la gente desamparada, sobre todo cuando uno tiene la incapacidad de gestionar los fondos que se le dan en su comunidad. (El señor Movellán Lombilla señala
al compareciente con el dedo índice de la mano derecha). Le voy a decir una cosa, para nosotros uno de los grandísimos retos debería de ser equiparar la situación laboral de España con la europea, y así se lo digo. Este es uno de los grandísimos
retos, esta es una misión que desborda al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y es una misión que, de alguna manera, es un objetivo de país. Estamos lejos de Europa, cada vez menos lejos en temporalidad, afortunadamente hemos bajado al 20 %,
algo inaudito si hubiéramos seguido con las políticas de empleo, pero también estamos lejos en empleo, y yo se lo voy a reconocer. ¿Pero sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? El diferencial de su tasa de empleo con Europa era de 16
puntos, el nuestro es de 6,5. Estos 6,5 puntos, desde el primero hasta el final, son una pena, son intolerables, hay que quitarlos, hay que eliminarlos, tenemos que tener la misma situación que nuestros colegas europeos, pero no es lo mismo estar
16 puntos por arriba que estar 6,5 puntos por arriba. Esto también es gracias a las reformas que, por cierto, ustedes han boicoteado activamente (El señor Movellán Lombilla: Un poco) durante todo este periodo.



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Aquí se lo digo ya también como el secretario de Estado de Empleo que, de alguna manera, tuvo que ponerse y dirigir el Servicio Público de Empleo Estatal en el peor momento de nuestro país que fue la pandemia. El Servicio Público de Empleo
Estatal, al que ustedes dejaron diezmado, pero terroríficamente diezmado, se puso al frente para pagar las prestaciones por desempleo de 3,6 millones de españoles. Que usted hable de mofa y desprestigio de los funcionarios de ese servicio público
es una cosa que no puedo ni siquiera asimilar. (El señor Movellán Lombilla señala al compareciente con el dedo índice de la mano derecha). Lo que hicieron los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal, que, por cierto, para evitar el
recorte tremendo de personal en que ustedes incurrieron hemos tenido que reforzar con 1000 efectivos específicamente para el SEPE, fue una heroicidad, que fue pagarles puntualmente la prestación a 3,6 millones de españoles y conseguir que no
acabaran en la pobreza durante la pandemia. Por tanto, señor Movellán, lo que digo es que una cosa es la soflama política y otra cosa son los datos. Esos datos, hoy, demuestran que el camino que ustedes iniciaron en 2012 era un camino
completamente equivocado, que ahora afortunadamente -y de la mano de los interlocutores sociales y también de la patronal- hemos mejorado. Sería muy bueno que ustedes no fueran una especie de seguidores de VOX y dejaran de poner palos en las ruedas
de la reforma que ha mejorado, de manera más nítida, los derechos de los trabajadores de este país.


A la portavoz del PSOE le digo lo que le dicho al señor Movellán, y usted lo ha dicho, creo que en nuestro país las políticas activas son decisivas siempre que los responsables políticos se las tomen en serio. Este es el enorme problema.
Yo creo que ahora -y usted lo conoce perfectamente bien- estamos tramitando la Ley de Empleo, que es la ley que va a dar un nuevo marco a estas políticas de empleo, por lo que, por fin, va a dejar atrás el marco claramente desfasado del Partido
Popular, que no ha servido prácticamente para nada durante todos estos años, y va a tener la dotación presupuestaria necesaria. Creo que hay que contar con orientadores profesionales que puedan guiar a las personas desempleadas en la búsqueda
activa de empleo, pero también a aquellos que pretenden mejorar de trabajo. Por cierto, hoy existe ese colectivo, hay personas que, de alguna manera, desean mejorar su trabajo, algo que era extraño en nuestro país. Es indudable que las comunidades
autónomas tendrán que hacer uso de los recursos que, desde luego, el ministerio va a poner a su disposición para que los orientadores puedan seguir ejerciendo sus funciones en el marco de las comunidades autónomas. Desde luego, los 3000
orientadores de la conferencia sectorial, a los que nosotros siempre respaldamos presupuestariamente, lo seguiremos haciendo, y este presupuesto permite hacerlo.


Habla usted de la situación de los mayores de cuarenta y cinco años y de otras situaciones de paro, y estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que uno de los elementos que tenemos que reforzar es evitar esta especie de edadismo de las
políticas de empleo. Creo que un país serio y en su sano juicio no se puede permitir prescindir de la capacidad laboral, intelectual y de todo tipo de las personas que tienen más de cuarenta y cinco años; básicamente esto una aberración. Como
saben, la vicepresidenta segunda anunció que iba a haber una mesa de diálogo social específica para ver qué situaciones se pueden dar para las personas mayores de cuarenta y cinco años. Nosotros ya hemos puesto en marcha muchas medidas y, desde
luego, dentro de esta ingente cantidad de dinero para las políticas activas de empleo, no hay ninguna duda de que revisar las condiciones, tanto del paro de larga duración como de aquellos que tienen más de cuarenta y cinco años, constituirá una
prioridad que ojalá nos permita avanzar en un mercado de trabajo mucho más racional que el que tenemos, porque no puede ser que la única edad laboral apta en este país sea entre los treinta y los cuarenta y cinco años. Esto es un drama que evitará
que seamos, lo que tenemos que ser, un país que dé oportunidades al conjunto de sus trabajadores y trabajadoras.


No sé si me dejo alguna pregunta sin contestar, me parece que no, pero si es así lo siento, porque es que no me ha dado la cabeza. Les doy a todos las gracias por su presencia en esta comparecencia. Creo que estos presupuestos del
Ministerio de Trabajo y de Economía Social son, sobre todo, unos presupuestos que están destinados al empleo. El empleo es territorialmente complejo y, por tanto, les animo a que entre todas las fuerzas políticas aquí presentes se colabore para que
ese propósito que tenemos firmemente, que es lograr un panorama de empleo, temporalidad y paro similar al europeo, podamos culminarlo cuanto antes, porque es el gran propósito modernizador de este país durante tanto tiempo olvidado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, señor Pérez Rey.


Si les parece, suspendemos la sesión cinco minutos para reanudar inmediatamente con la subsecretaria. (Pausa).



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- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (DEL REY ALMANSA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/002334), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002724), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE
UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002655).


El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, reanudamos la sesión con la comparecencia de la subsecretaria de Trabajo y Economía Social, doña Gemma del Rey Almansa. Seguiremos el mismo procedimiento que antes. Como saben, intervendrá
primero el alto cargo del Gobierno; después, los grupos parlamentarios y cerrará, obviamente, la subsecretaria.


Bienvenida, subsecretaria. Cuando quiera.


La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Del Rey Almansa): Muchas gracias. Buenos días, señorías.


Es un honor para mí comparecer ante esta Comisión parlamentaria para presentarles, como subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las líneas básicas del presupuesto de este departamento para el próximo ejercicio 2023.


Tras la intervención del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, quien ya ha detallado las políticas que se van a llevar a cabo en materia laboral en el próximo ejercicio, especialmente en políticas activas de empleo, desde
protección de las personas en situación de desempleo hasta el ámbito de la economía social, me centraré en darles una visión técnica y global de los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. (Apoya su intervención en una
presentación digital).


Me referiré, en primer lugar, aunque de forma breve, a los presupuestos no consolidados para 2022. Como conocen sus señorías, los presupuestos no consolidados reflejan, individualmente, tanto el presupuesto del ministerio como el de cada
uno de sus organismos autónomos de forma separada. En los ingresos y gastos de cada uno se incluyen las transferencias internas entre los distintos centros gestores, organismos autónomos y otros entes públicos de las administraciones del Estado.
Así, los presupuestos globales no consolidados para 2023 ascienden a 30 551,19 millones de euros, es decir, suponen una disminución de 1925,72 millones de euros en términos absolutos, un 5,93 % menos respecto a los 32 476,91 millones de euros
presupuestados inicialmente para 2022. Este descenso en la previsión presupuestaria de 2023 solo puede calificarse de altamente positivo, pues responde a la minoración de las prestaciones por desempleo tras la reactivación laboral y la
reincorporación de las personas trabajadoras que han estado en ERTE durante 2022.


En base a lo anterior, las transferencias previstas para los organismos autónomos dependientes de este departamento disminuyen en su conjunto, siguiendo la senda de ejercicios anteriores. En total, las transferencias internas bajan desde
los 2334 millones de euros de 2022 a 1078 millones de euros en 2023, un 53,83 % menos. Esta reducción de gasto corresponde, casi en su totalidad, a que para 2023 no sea necesaria la financiación de las prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal con cargo al Estado, puesto que frente a la transferencia al SEPE de 1095 millones de euros presupuestados en 2022, tan solo se recoge en 2023 la partida de 92 millones de euros, necesaria para financiar medidas de reinserción laboral para
el colectivo de trabajadores de cincuenta años o más.


Una vez hechas estas consideraciones iniciales sobre los presupuestos no consolidados del departamento, me propongo centrarme en los presupuestos consolidados, pues al eliminar las transferencias internas muestran el presupuesto real que va
a ejecutar el ministerio y sus organismos autónomos. El presupuesto consolidado del Ministerio de Trabajo y Economía Social asciende a 29 473 millones de euros para 2023, casi 669 millones de euros menos que para 2022, es decir, un 2,22 % menos.
Las partidas presupuestarias más relevantes para 2023 y sus variaciones respecto al presente ejercicio, son las siguientes. Para la sección 19, que incluye el ámbito de la subsecretaría y la secretaría de Estado del ministerio, la previsión
presupuestaria es de 317 millones de euros, lo que supone un incremento de 141 millones de euros, que se debe principalmente a la incorporación de fondos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El SEPE alcanza un
presupuesto total de 28 040 millones de euros para 2023, con una disminución de casi 848 millones de euros respecto a 2022 que, como decía antes, corresponden a la reducción en prestaciones. Para el Fondo de Garantía Salarial la previsión se
mantiene prácticamente estable en 830 millones de euros. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social continúa la senda de crecimiento iniciada en la presente legislatura; el incremento de 2023 busca dotar a este organismo de los recursos humanos y
técnicos necesarios para hacer frente



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a su función de vigilancia y control del cumplimiento de las normas del orden social y la correcta aplicación de las reformas estructurales abordadas recientemente, como la reforma laboral. Este incremento presupuestario del 4,45 % respecto
a 2022 se debe contemplar en la perspectiva de datos acumulados desde 2020, siendo el presupuesto en 2023 un 41,53 % más alto que en aquel ejercicio. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incrementa su presupuesto para 2023 hasta
alcanzar los 69,32 millones de euros. Y por último, aunque no menos importante cualitativamente, el Consejo Económico y Social crece un 15,12 %, con una dotación para 2023 de 9,22 millones de euros.


A lo largo de esta comparecencia iré detallando estas modificaciones, no sin antes mencionar que de los 29 473 millones de euros del presupuesto total consolidado del departamento, 680,14 provienen de fondos europeos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.


Antes de empezar a desarrollar el presupuesto por programas, me parece oportuno dar una imagen global de los presupuestos del departamento por capítulos presupuestarios, incluyendo los organismos autónomos que dependen de este ministerio.
En el presupuesto del capítulo 1, gastos de personal, para 2023 asciende a 642 millones de euros, lo cual supone un incremento de casi 30 millones de euros, un 4,87 % más que en 2022. Este incremento refleja el importe derivado del pago ordinario
de retribuciones al personal del departamento, según lo acordado en las correspondientes mesas de diálogo sobre los incrementos salariales para los funcionarios. Además, se incorporan las mejoras en personal de los organismos autónomos, como el
SEPE, en donde se aprobó una oferta de empleo público extraordinaria en 2021 de 926 plazas, y también incluye la previsión de la dotación de recursos humanos necesaria para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


Para el SEPE, el presupuesto destina 372 millones de euros a su capítulo 1, es decir, casi 20 millones más que en 2022, lo que supone un incremento de cerca del 6 %, y en cuanto al organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, los presupuestos para 2023, con una dotación de 169 millones en gastos de personal, dan continuidad y consolidan las dotaciones previstas en ejercicios anteriores. Se partía de un presupuesto de 120 millones de euros para el personal de la
inspección en 2020, que se ha ido incrementando en 49 millones en esta legislatura, es decir, más del 40 %; todo ello es coherente con el nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe desarrollar el plan estratégico que ha
aprobado este Gobierno para el organismo.


El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, del conjunto del departamento disminuye en 18,92 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la dotación en este capítulo para el SEPE, que disminuye el importe consignado para 2023,
siguiendo la distribución plurianual del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


Otro de los capítulos a destacar es el capítulo 4, correspondiente a las transferencias corrientes, que pasa de tener un presupuesto de 31 485 millones de euros en 2022, a 29 471 millones de euros en 2023, que es un 6,40 % menos. La causa
de esta minoración y sus connotaciones positivas ya lo hemos remarcado durante las comparecencias -la minoración de las prestaciones del SEPE-, por lo que no voy a incidir en ello, pero sí me gustaría remarcar que, si bien disminuye el presupuesto
consignado para el pago de prestaciones del SEPE, una parte importante se ha consignado para mejorar otras partidas dirigidas al impulso de las políticas activas. Es decir, la disminución del presupuesto es inferior a la disminución del gasto en
prestaciones, con lo cual una partida irá a políticas activas de empleo.


En el capítulo 6, de inversiones, se pasa de 71 millones de euros a 152 millones de euros, es decir, el Ministerio de Trabajo y Economía Social duplica con creces su presupuesto en inversiones, todo ello debido, fundamentalmente, al impacto
de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destacando asimismo un incremento de 2 millones en las inversiones del organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que supone casi un 87 % de incremento sobre el presupuesto
del año anterior.


A continuación, voy a dar una visión detallada de los presupuestos globales consolidados por programa de gasto y programa presupuestario. Tengo que comenzar indicando que el presupuesto que se consigna en los programas de gastos, y que son
los reflejados en la presentación, incluyen no solo los gastos en las políticas, sino también los gastos de gestión de esas políticas, es decir, los gastos de personal y los gastos corrientes necesarios para llevar a cabo las políticas. Esto es
importante tenerlo en cuenta por si en algún caso los importes pueden no coincidir con los que ha proporcionado el secretario de Estado durante su comparecencia.


En primer lugar, en el programa 143.A, de cooperación al desarrollo, la dotación prevista para 2023 asciende a 1,19 millones de euros, con un incremento de casi el 12 %. Se consolida así este programa en las aportaciones que se llevan a
cabo a programas internacionales, fundamentalmente aquellos en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo.



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Dentro de la política de gasto -otras prestaciones económicas-, se incluyen tres programas distintos: uno del Fondo de Garantía Salarial, otro de prestaciones económicas por cese de actividad y, finalmente, un programa del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia dedicado a la mejora de los sistemas informáticos del FOGASA. Si se tiene en consideración exclusivamente el gasto directamente asignado al pago de prestaciones del FOGASA, este se mantiene en 800 millones de euros, igual
al que teníamos en 2022. Este dato es especialmente relevante porque se mantiene el pago de prestaciones sin necesidad de financiación adicional por parte del Estado, asumiendo, además, el incremento del importe de la cuantía que en concepto de
indemnizaciones y salarios no retribuidos paga el FOGASA, derivado de la subida del salario mínimo interprofesional.


En cuanto a las prestaciones económicas por cese de actividad del SEPE, como conocen sus señorías, casi la totalidad de estas contingencias están siendo gestionadas por las mutuas profesionales, conforme a la regulación vigente. No
obstante, respecto a la parte de contingencias profesionales que asume el Estado, se ha incrementado la partida presupuestaria para ajustar el presupuesto a la ejecución real de este programa.


El grupo de programas, dentro de la política de gasto fomento del empleo, directamente asociado al impulso a las políticas activas de este ministerio, comprende tres programas distintos, dos del SEPE y uno de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social. Además, a estos programas se le añaden siete programas más, que van financiados con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


Respecto a los programas 241.A y 241.B, de fomento de la inserción, estabilidad laboral y de formación profesional para el empleo, gestionados por el SEPE y que conforman las políticas activas de empleo, se incrementan ambos respecto al
presupuesto de 2022 en un 13,23 y un 4,77 % respectivamente. Para evitar reiteraciones innecesarias, no me voy a extender en esta materia, pues sobre la misma ya ha incidido en profundidad el secretario de Estado en su explicación de las políticas
activas asociadas a este presupuesto, pero sí quiero poner en valor el compromiso que este departamento tiene en apoyar todas las actuaciones que favorezcan la reactivación del mercado laboral y la recualificación profesional, que permitan a las
personas desempleadas o en busca de mejor empleo el acceso a puestos de trabajo en sectores emergentes que precisan de nuevas competencias. Por eso, estos programas para el impulso de las políticas activas de empleo son uno de los pilares básicos
del presupuesto.


En cuanto al programa 241.N, desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, se incrementa asimismo en un 9,63 % respecto a 2022, conformándose un presupuesto global de 16,65 millones de
euros, con un incremento de casi 1,5 millones de euros. Este programa consolida el apoyo que durante los tres últimos presupuestos se ha proporcionado al trabajo autónomo y al impulso de la economía social.


Respecto a los programas financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con los fondos europeos, las medidas principales se incardinan en los siguientes objetivos, que me permito reseñar por su importancia estratégica para el
ministerio: empleo joven, empleo mujer, adquisición de nuevas competencias para la transformación digital verde y productiva, nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, y gobernanza e impulso de las políticas de apoyo a la
activación para el empleo. Todas estas líneas de actuación se están desarrollando y están en fase de cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos asociados al plan.


Otro programa de especial relevancia para el Servicio Público de Empleo Estatal es el programa 251.M, de prestaciones a los desempleados, dentro de la política de gasto de desempleo. Este programa se reduce para 2023 en 1179 millones de
euros, con un crédito total de 21 278 millones de euros, incluyendo los gastos asociados a la gestión. Es decir, la previsión supone una reducción de gasto de un 5,25 % respecto al año 2022.


Dentro de la política de gestión y administración de trabajo y economía social se contemplan tres programas: el 281.M, que recoge los datos generales del propio ministerio, sin tener en consideración los organismos autónomos, y dos
programas financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este presupuesto para 2023 para el programa 281.M se incrementa en 15,57 millones de euros, un significativo 14,92 % más, hasta alcanzar casi los 120 millones de euros.
Este incremento se refleja principalmente en partidas para el ajuste de impuestos a gasto real, los contratos asociados a tecnologías de la información para el incremento de la seguridad y la mejor dotación de las transferencias a organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos.



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El programa 28.KB, financia las inversiones de digitalización de las administraciones públicas dentro del plan de recuperación. El importe para este próximo 2023 que contemplan los presupuestos es de casi 7 millones de euros, con un total
de 1,76 millones de euros de incremento, con un incremento del 34 %.


El programa 28.WF, con un presupuesto para 2023 de 66,6 millones de euros, enmarca las actuaciones de la secretaría de Estado previstas para 2023, dentro de la inversión del plan integral de impulso a la economía social para la generación de
un tejido económico inclusivo y sostenible. Es una apuesta clara por la economía social que supone el doble de inversión de lo previsto en 2022 para este programa.


Pasando a reflejar los presupuestos del ámbito competencial del organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se han de tener en cuenta dos programas: el 291.A y el 29.KB. El primero es el de la inspección y control de
seguridad de protección social, que sufraga los gastos de cualquier naturaleza de la Inspección de Trabajo. Este programa se incrementa en 8,26 millones de euros, lo que supone un 4,24 % más que en 2022. Como comentaba previamente, casi la
totalidad del incremento responde a un aumento en los gastos de personal y está motivado por la necesaria consolidación de la remodelación de puestos de trabajo del organismo para poder acometer las funciones que le son propias y poder desarrollar
con éxito el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El segundo programa, el 29.KB, refleja las inversiones en digitalización que van financiadas con cargo a fondos europeos, que para 2023 supone una mejora de un 20,3 %,
con un total de más de medio millón de euros adicionales. Este importe es fundamental, puesto que está destinado a desarrollar y mejorar herramientas de apoyo a la lucha contra el fraude y de la propia gestión de la inspección.


Dentro de la política 'otras actuaciones de carácter económico', se contemplan tres programas: el 494.M, que establece los presupuestos generales de la Dirección General de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y dos programas, el 49.KB y el 49.RC, que recogen las inversiones del instituto financiadas con fondos europeos. Los presupuestos correspondientes al instituto experimentan un notable incremento, pasando de 42 millones a más de 69, un
aumento de más del 50 %. Esto se debe a que se incluye la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, que supone por sí misma la dotación de 26 millones de euros adicionales al presupuesto ordinario, y que
contribuirá a impulsar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de actuaciones de información, de asistencia técnica, y de formación y promoción del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos. Respecto a los programas de MRR del instituto, la consignación corresponde a la digitalización y a la mejora del laboratorio de EPI que tienen en Sevilla.


Por último, el presupuesto del programa 912.P, para el asesoramiento al Gobierno en materia social, económica y laboral, que financia los gastos del Consejo Económico y Social, se incrementa de manera sustancial, pasando de 8 millones a 9,22
millones, lo que supone un 15,12 % de mejora. Este presupuesto es una apuesta decidida a reforzar una institución clave en el diálogo social.


Una vez realizada la exposición de los gastos, quería hacer una breve referencia al presupuesto de ingresos de los cuatro organismos públicos dependientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al igual que ocurre con el presupuesto
de gastos, los ingresos reflejan también las transferencias realizadas por el Estado para la financiación de dichos organismos, bien transferencias del propio departamento, bien las correspondientes a los fondos europeos y otros fondos, y por ello,
para partir de un presupuesto de ingresos real, comentaré los importes de ingresos sin tener en cuenta las transferencias corrientes ni las del capital.


El resumen es el que se muestra en el cuadro. Para 2023 la previsión de ingresos, sin computar las transferencias de capital y corrientes, asciende a 28 309, un 1,66 % más que en el año 2022. En el SEPE el importe más destacable es el que
se lleva a cabo con cargo a cotizaciones sociales, un total de 27 211 millones de euros, 25 775 millones de euros provienen de la cuota de desempleo, 1434 millones de euros de la cuota de formación y 2 millones de euros de la cuota por cese de
actividad. Se trata de un aumento consecuente con las previsiones económicas, teniendo en cuenta las previsiones de liquidación de estos ingresos para 2022 y las previsiones de crecimiento del empleo realizadas por el Gobierno. Del presupuesto de
ingresos del FOGASA, solo quiero destacar los ingresos de la cuota empresarial, que ascienden a 513,4 millones de euros, en términos similares al presupuesto inicial del presente ejercicio.


No quiero acabar mi comparecencia sin hacer una mención más global al reflejo de los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en las inversiones de cada uno de los componentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
pues si bien las he ido mencionando por programas, me



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parece importante que sus señorías tengan una visión de conjunto. El Ministerio de Trabajo y Economía Social participa en cuatro componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en el componente 23, de nuevas
políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, que es el que lideramos; el componente 19, el Plan nacional de competencias digitales; el componente 18, de renovación y ampliación de las capacidades del Sistema
Nacional de Salud; y el componente 11, de modernización de las administraciones públicas. Estos componentes llevan asociadas unas medidas cuyo cumplimiento se evalúa por parte de la Comisión mediante hitos y objetivos definidos en el plan aprobado
para España. Los desembolsos por parte de la Unión Europea se llevan a cabo dependiendo del cumplimiento de estos hitos y objetivos, razón por la cual este ministerio está firmemente comprometido con el cumplimiento de los mismos.


En relación con la propuesta presupuestaria en sí, del importe total de la propuesta para 2023, como comentaba al principio, 680,14 millones de euros provienen de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. La
distribución entre centros directivos es la que se muestra en la diapositiva, y está de acuerdo con el calendario de cumplimiento de los objetivos. Analizando el presupuesto del Fondo de Recuperación y Resiliencia asignado por organismos, vemos que
la mayor cantidad de fondos se asigna a SEPE con 508,46 millones de euros, que se destinan en su mayor parte al componente 23, para políticas activas de empleo. El Ministerio de Trabajo suma 166,31 millones de euros, de los que destacan los 66,60
millones de euros para ayudas a proyectos de la economía social de las empresas enmarcadas en el componente 23, y 84,74 para la rehabilitación energética de los edificios que tenemos adscritos del patrimonio sindical acumulado. El FOGASA y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reciben fondos de recuperación y resiliencia por 0,61 y 3,20 millones de euros, respectivamente, para la digitalización y modernización de sus servicios. Por último, el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo tiene una asignación de 1,56 millones de euros, la mayor parte para la mejora del laboratorio de Sevilla, inversión contemplada en el componente 18, y el resto para la modernización de los sistemas de gestión del instituto.
Quiero remarcar que aun cuando el importe de la financiación MRR, de políticas activas, se minora para este 2023, al pasar de 487 frente a los 696,5 millones de euros de 2022, para ajustarlo en estas cifras se ha contado tanto en el componente 23
como en el 19, de competencias digitales, para ajustarlo a la distribución por anualidades del plan, que es el motivo por el que se rebaja el importe consignado este año. Esta minoración se compensa con el incremento del importe, que se destinará a
políticas activas del presupuesto del SEPE, resultando esta partida, en su conjunto, aumentada con respecto a 2022.


No quiero cerrar esta comparecencia sin hacer una referencia a la contribución de este presupuesto a la recuperación del mercado laboral. Este año 2022, tal y como señalan todos los indicadores nacionales e internacionales, nuestro país ha
recuperado los niveles de actividad económica y ha superado los niveles de empleo previos a la pandemia. Pero lo fundamental y sustantivo es que ha sido una recuperación justa, y estos presupuestos de 2023 aseguran que todos los colectivos sociales
cuenten con más recursos y mejores servicios públicos, lo que contribuirá a la igualdad de oportunidades y a la cohesión territorial y social de nuestro país. Entre estos colectivos sociales, estos presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía
Social han puesto el foco en la juventud, en las mujeres y en los colectivos más vulnerables. Pero más allá de ello, y teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos públicos que se destinan a la inversión social, toda la sociedad, todos nosotros,
señorías, ganamos con estas cuentas públicas. La recuperación de los derechos laborales y su garantía, junto con el impulso de las medidas de flexibilidad interna, como la alternativa a las extinciones, son las principales aportaciones que han
transformado nuestro mercado de trabajo para que pueda dejar definitivamente atrás sus anomalías, asegurando la calidad del empleo y el dinamismo de nuestro tejido productivo, respondiendo a la vez a las exigencias comprometidas con la Unión
Europea. En este contexto se inscribe el hecho, lo reseño una vez más, de que la partida que más baja en términos absolutos sea aquella destinada a pagar las prestaciones por desempleo, lo que es un indicador claramente positivo de la reducción del
paro y, por tanto, de la recuperación económica y del mercado de trabajo.


En suma, les presento unos presupuestos, como no podía ser de otra manera, alineados con la Agenda 2030, y muy especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, dirigido a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente. Unos presupuestos que buscan conseguir un gran impacto en la construcción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y en el bienestar de la sociedad en su conjunto, con
especial sensibilidad a aquellos colectivos más desfavorecidos.



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Por lo demás, quedo a su disposición y atenderé generosamente las preguntas que tengan a fin efectuarme.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora subsecretaria.


Empezamos con los grupos parlamentarios. Directamente por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, señora Aina Vidal.


La señora VIDAL SÁEZ: Muchas gracias por su minuciosa exposición. Justo lo hablábamos antes con el secretario de Estado: estos son unos presupuestos que crecen disminuyendo y, aunque pueda resultar chocante, lo cierto es que el descenso
en la previsión presupuestaria de 2023 solo se puede entender como positivo, excepto si eres del Partido Popular, vives en Narnia y, obviamente, abrazas el negacionismo empírico, y ya está. Pero para el resto, responde a que pagamos menos
prestaciones por desempleo porque básicamente hay menos personas en paro, el mercado se ha reactivado tras la pandemia y las personas trabajadoras en ERTE paulatinamente se han ido reincorporando, por lo que es una muy buena noticia para cualquiera
que anteponga los intereses de los trabajadores y del país a los suyos propios o de partido.


Yo quiero reforzar la importancia de uno de los incrementos previstos en el capítulo 1, precisamente porque a veces pasa desapercibido, que es el relativo al personal, que refleja el pago de las retribuciones del departamento según lo
acordado básicamente en las mesas de diálogo social sobre los incrementos salariales, en este caso para los funcionarios. Suben los salarios como corresponde y, además, se aprueba, en este caso, una oferta de empleo pública extraordinaria. También
crece el presupuesto destinado al SEPE, como usted bien explicaba, y consolida las dotaciones anteriores, cumpliendo, además, con el objetivo de esta legislatura de dotar al Servicio Público de Empleo de los recursos necesarios para dotarle
básicamente de esta necesaria modernización de la que todos hablamos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, además, duplica con creces el presupuesto en inversiones, el capítulo 6, debido, fundamentalmente, en este caso, a los fondos del
Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, que creo que es algo también positivo.


Usted ha dado mucha importancia en su intervención a dos aspectos en los que coincido: por un lado, el desarrollo de las competencias para que el ministerio disponga, en este caso, de los medios necesarios para la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y, por otro lado, el impulso económico del diálogo social, todo ello en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Yo le quería preguntar si el ministerio prevé cumplir en este caso con los
hitos que se ha comprometido con la Unión Europea y, asimismo, ejecutar el crédito consignado.


Por otro lado, en la actuación referente, en este caso, a la inspección de Trabajo, los presupuestos para 2023, lo comentábamos antes, pretenden dotar a la inspección de Trabajo de recursos humanos y materiales muy superiores, yo diría más
bien que adecuados y suficientes para las necesidades, básicamente para fortalecer un sistema que claramente andaba deficitario en este sentido.


Se destinan además 800 millones para los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación social, los PERTE, como instrumentos de colaboración público-privada, en los que colaborarán las distintas administraciones públicas,
empresas y centros de investigación. Yo le quería preguntar en este sentido, qué desarrollo se va a llevar a cabo de estos PERTE y cómo afecta a la dotación, en este caso, de los medios para la inspección de Trabajo.


Por último, le quería preguntar cómo van a afrontar presupuestariamente desde el ministerio la próxima Presidencia española de la Unión Europea para 2023 en el ámbito de sus competencias.


Nada más. Muchas gracias por su exposición.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.


Pasamos al señor Aizcorbe, por el Grupo Parlamentario VOX.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora Del Rey, una vez más. Muchas gracias por su exposición meramente técnica. Voy a intentar arrancarle alguna opinión, a ver si puedo, más allá de la objetividad fría de los números.


Hay un porcentaje complicado en cuanto a las políticas públicas de empleo: un 83 % pasivas y un 17 % activas. Eso nos marca un poco el hito. Dios quiera que con el tiempo seamos capaces de ir cambiando entre todos dicho porcentaje, pero
para eso hay que dar la posibilidad a la economía, a las empresas de



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tener actividad y salir adelante. En relación con eso, veo que en el Fogasa prácticamente no hay una variación significativa; nos quedamos con los mismos números del año pasado. Le pregunto si -es una preocupación mía; no sé si también
les puede llegar a preocupar a ustedes- con los últimos datos que tenemos de incremento de los concursos, un 90 %, tras la moratoria de la Ley Concursal, esta no variación en los importes del Fogasa pudiese repercutir o si lo contemplan. Me
gustaría conocer su opinión, porque es algo que me ha sorprendido, algo que podía pasar. Además, con la nueva Ley Concursal es un poco más complicado. En fin, que es un tema de opinión.


Por otro lado, el señor secretario de Estado ha dicho que la tasa de desempleo que hay en España es, concretamente, intolerable e inadmisible en comparación a la Unión Europea, sin perjuicio que haya bajado, obviamente. Pregunta: ¿Qué tasa
de desempleo calculan para finales de 2023 en relación con el cumplimiento de estos presupuestos?


En cuanto a los planes de formación y las políticas activas de empleo, en dos presupuestos que hemos tenido, ¿qué resultados ha habido? Me gustaría saber si ha habido un aumento en resultados positivos y si estos resultados positivos
dependen de la comunidad donde se realizan. El señor secretario de Estado ha comentado que en Andalucía no se han utilizado - dato que ignoraba- el 50 % de los fondos destinados a políticas activas de empleo. ¿Significa que hay comunidades en las
que está funcionando mejor? ¿Este hecho diferencial de las comunidades perjudica de alguna forma al españolito, al Juan español medio, que está en Extremadura o en Cataluña y que se va moviendo de un lado a otro buscando empleo? Quisiera saber si
es simplemente un tema de incumplimiento o si este incumplimiento o no cumplimiento o cumplimiento deficitario o no deficitario o mejor cumplimiento en alguna comunidad o en otra lastra de alguna forma, para cualquier nacional del país, la
posibilidad de beneficiarse de dichas políticas de empleo.


Por último, quisiera preguntarle sobre la inspección de Trabajo. Nosotros somos partidarios -ya el año pasado creo que le hice la misma pregunta- de que no sea solo que quien la hace la paga. Obviamente, quien incumple y lleva a cabo
acciones ilícitas ha de ser sancionado por ello, pero lo ideal es poder educar a todo el mundo para que todo el mundo esté en la licitud y en las buenas reglas del trabajo y de las relaciones laborales. Quizá en eso la inspección nos podría ayudar.


El tema de los incentivos a la inspección me preocupa, porque entiendo que el trabajo bien hecho no necesita ser recompensado. Si no fuere así, me lo dice, por favor, por aquellas inspecciones que han conseguido mayor recaudación. No dudo
de la profesionalidad, en absoluto, de las inspecciones, pero esos incentivos a la inspección no sé si son buenos.


Y hablando de inspección, me gustaría saber si tienen números sobre el impacto de la ley rider. Nos gustaría saber cuántos trabajadores eran falsos autónomos antes, según las sentencias del Supremo; a partir de la entrada en vigor del real
decreto ley y los tres meses de vacatio legis que tuvo, cuántos trabajadores están contratados por empresas dedicadas a esta actividad, y de estos trabajadores y de estas empresas, si tras la entrada en actividad de la ley rider se ha producido
alguna inspección y qué resultado ha tenido dicha inspección.


Muchísimas gracias, muy amable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bas. (La señora vicepresidenta, Narváez Bandera, ocupa la Presidencia).


El señor BAS CORUGEIRA: Gracias, presidente.


Gracias, señora Del Rey por su exposición y por estar aquí, en esta Comisión.


Son ya tres los presupuestos que ha presentado este Gobierno de coalición, y esto ya nos permite valorar la eficacia de las políticas desarrolladas y si su aplicación ha conseguido mejorar el bienestar de nuestro país. La verdad es que con
ninguno de los presupuestos que ha gestionado este Gobierno se ha mejorado la calidad de vida de los españoles, y este, para 2023, que se presenta para su aprobación, tampoco lo hará. Se nos dijo que los presupuestos de 2021 eran los presupuestos
para la transformación, que los de 2022 eran los presupuestos para la recuperación justa y los de 2023 los presentan como los presupuestos de la justicia social. Señorías, estos no son más que los típicos eslóganes de la izquierda, eslóganes que
cada vez son menos efectivos, ya que la realidad de nuestro país es otra bien diferente a la que proclaman, y los españoles ya no se dejan engañar, porque los españoles han comprobado que la gestión de Pedro Sánchez ha traído a España más impuestos
a la clase media y a los más desfavorecidos, más déficit y más deuda y, lo que es más grave, ha generado más pobreza. Todos ustedes conocen los



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datos de la última encuesta de condiciones de vida publicada. Yo les pediría a los portavoces del PSOE y a la portavoz de Unidas Podemos, la señora Vidal, que no frivolizasen con la situación que vive este país, porque si hay algún dato que
hay que tener grabado a fuego son los datos de esta encuesta de condiciones de vida, que dice que en España hay 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las cuales 2,4 millones son niños. Hay, además, 3,9 millones de
personas en situación de carencia material y social severa. Estos datos, señorías, no son para frivolizar. Se lo vuelvo a repetir, este Gobierno de coalición está haciendo mucho daño a los españoles, y ustedes, diputados del PSOE y de Podemos,
apoyando sus presupuestos, son sus cómplices necesarios. Tienen que asumir de una vez, que cada uno de los presupuestos presentados por este Gobierno no buscan arreglar problemas de los españoles, buscan arreglar los problemas de Pedro Sánchez para
permanecer un año más en la Moncloa.


En estos presupuestos, Sánchez, además, ha tenido el descaro de aumentar en 144 millones de euros la partida de altos cargos, mientras ahoga económicamente a las familias con continuas subidas de impuestos. Y el Ministerio de Trabajo no es
mejor que el resto de los ministerios. Como ha demostrado hoy el secretario de Estado, viven en una euforia desatada continua, tras la que quieren ocultar los datos reales de su gestión, basándose en el efecto estadístico de la reforma laboral por
el cambio normativo que afecta a los trabajadores fijos discontinuos.


En relación con el desempleo, tratan de ocultar que acabamos de vivir uno de los peores terceros trimestres de la última década, donde el paro ha aumentado en 61 337 personas y se han destruido más de 168 000 empleos desde junio. Otro dato
para recordar: somos el país de Europa con más desempleo. En la zona euro duplicamos la tasa de paro femenino y duplicamos también la tasa de paro juvenil, y esto nos convierte en el segundo país de Europa con más paro juvenil y más paro femenino,
solo superado, como ya ustedes saben, por Grecia. En el último trimestre, hemos perdido 21 500 autónomos; tenemos 53 000 empresas cotizantes menos que antes de la pandemia, 19 000 menos en este último mes. De los 775 000 contratos indefinidos
firmados en el último mes, el 60 % son precarios por no trabajar todas las horas o por no trabajar todos los días, y ni una palabra del señor Pérez Rey en relación a este tema, que tratan de ocultar, porque es algo muy grave y que representa uno de
los mayores fracasos de su gestión. El 39 % de los parados, es decir, 1 145 580 personas, no cobran ningún tipo de prestación, y los que sí cobran prestación, 1 796 339 parados, reciben una prestación media bruta de 872 euros. Por tanto, este
ministerio tiene muy poco de qué sentirse orgulloso, y mucho va a tener que cambiar para dejar de ser el ministerio del desempleo y convertirse en lo que debería ser, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y, por desgracia, este presupuesto,
como los anteriores, no va a ayudar a conseguirlo.


Señora Del Rey, como ha podido comprobar, para nosotros estos presupuestos no son los que necesitan los españoles en estos momentos, pero aun así nos gustaría conocer su opinión sobre algunos aspectos de los mismos. En relación al programa
281.M, ¿podría decirnos a qué se debe el considerable incremento con respecto al presupuesto del año pasado en las partidas de transferencias corrientes a participantes en órganos consultivos y consejos, que crece 1,4 millones, y en la de estudios y
trabajos técnicos, que tiene una subida de 3 millones de euros, en el primer caso un 52 % y en el segundo un 62 %?


Por otro lado, el Partido Popular, a través de una iniciativa parlamentaria defendida por mi compañera Llanos de Luna, solicitó que se desarrollase un sistema informático para que el reconocimiento de la prestación por desempleo fuese
análogo al existente en la Agencia Tributaria para el Programa Padre, donde el beneficiario de la prestación solo tuviera que validar la información si se mostrara de acuerdo. El año pasado usted nos dijo que estaban trabajando en esa línea y que
el SEPE podría tener una aplicación similar a la de la Agencia Tributaria. ¿Podría decirnos si este año hubo avances en este sentido y si en los presupuestos de 2023 se contempla esta actuación?


También me gustaría que nos informara acerca de si el presupuesto contempla partidas para evitar los ataques informáticos que pudieran poner en peligro, como en otra ocasión, la protección de los datos de millones de españoles, y si hay
partida, en qué consisten esas actuaciones y de cuánto estamos hablando, qué cantidad tenemos asignada.


Dijo en su exposición que han puesto el foco en los jóvenes en este presupuesto. A mí me gustaría que me citara qué políticas de empleo novedosas se van a aplicar para la generación de empleo en los jóvenes en este presupuesto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Gracias, señor Bas.


Tiene la palabra la señora Vilches.



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La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Del Rey, y gracias por su comparecencia.


Señorías del Partido Popular, una vez más escucharles a ustedes es como estar a las puertas del infierno con los jinetes del Apocalipsis anunciando ruina y destrucción, pero la verdad es que luego fallan más que las escopetas de la feria.
(Risas). Dicen que los presupuestos no sirven para crear empleo ni para mejorar la vida de los españoles. Reforma laboral, escuchen: diecisiete meses consecutivos con aumento de empleo; en julio de 2021 se alcanzó el nivel de empleo previo a la
pandemia y desde entonces se han creado 729 000 empleos nuevos. Han aumentado, desde enero de 2022, en un 12 % los afiliados con contrato indefinido y hay 1,7 millones de afiliados más que hace un año con contrato indefinido. La tasa de paro a
septiembre de 2022, del 12,4 %; con el PP llegó a ser del 26 % en 2013. Afiliados a la Seguridad Social en septiembre de 2022, 20 millones de personas, casi 4 millones más que en 2013. Luego, fallan. Dicen que los presupuestos son eslóganes.
Vamos a ver. Si proteger a la gente de pandemias y de guerras es autobombo, la gestión de la crisis económica por el Partido Popular, ¿qué es?, ¿autodestrucción? Fallan. Dicen que son unos presupuestos ideológicos. Por supuesto. Yo no salgo de
mi casa sin pintalabios y sin mi ideología, como ustedes. ¿O es que cuando votan en contra de subir los impuestos a la banca o votan en contra de subir el salario mínimo o los impuestos a las grandes empresas energéticas, ahí ya no tienen ustedes
ideología? Fallan. Tanto fallo, ¿qué es al final?, ¿mala puntería o escopeta trucada?


Como fallan tanto, afortunadamente, es Pedro Sánchez quien está al mando del timón del barco del Gobierno de coalición progresista para capear el mayor temporal que ha azotado nuestro país, pandemia y guerra, con una oposición furibunda que
alimenta a los tiburones a ver si, con suerte, zozobra el barco y que caiga España, que ya la levantará el Partido Popular, ¿lo recuerdan? Pues este barco no se hunde, sale a flote, y con las políticas de empleo en la proa del barco para eliminar
presupuesto a presupuesto, ley a ley las vergüenzas del mercado laboral español y armonizarlo con el resto de Europa. Con la reforma laboral que, lo pinten como lo pinten, le ha dado la vuelta como un calcetín al panorama laboral español; con la
ley del empleo, para una transformación estructural de las políticas para un empleo de calidad y decente, que ataja, ¡ojo!, cuestiones cruciales como la formación y el acompañamiento, atendiendo expresamente a colectivos prioritarios, se ha dicho
ya, como los mayores de cuarenta y cinco años. La realidad es que esos trabajadores llevan abandonando el mercado laboral desde hace mucho tiempo, cualificados o no cualificados, que hay que protegerlos y ponerlos en el centro de las políticas
activas de empleo y prestigiar su experiencia, dando también protagonismo a la figura profesional de los orientadores, con una apuesta por parte del ministerio de una ratio de 7000 orientadores para un millón de demandantes de trabajo, a través de
itinerantes personalizados, donde la evaluación y el seguimiento sean además una garantía, con el apoyo de la inteligencia artificial y la digitalización de las administraciones públicas, más la ley de formación profesional, más la ley de
incentivos, más la ley del estatuto del becario, que viene a dotar de nuevos derechos a los estudiantes en prácticas. Y todo esto, señorías de la derecha, pasa del BOE a la casa de los españoles, que tanto dicen defender, con presupuesto encima de
la mesa, y van a votar que no porque, como son buenos, dicen que son populistas.


¿Es populismo, acaso, que el Estado dote de recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que puedan abordar las políticas de empleo al nivel de la sanidad o la educación? ¿No les parece bien que la financiación de las
comunidades autónomas y entidades locales aumente en un 24 y en un 5 %, respectivamente? Igual en las comunidades donde gobiernan ustedes, como Castilla y León, en manos, para más inri, de la ultraderecha, o en Andalucía no necesitan financiar el
empleo porque no se lo van a gastar al final. Pero resulta que en mi región, en Castilla-La Mancha, donde se aprovecha hasta el último céntimo y además se apuesta por el empleo con recursos propios, estos presupuestos son fundamentales. Les voy a
poner unos ejemplos por si tienen a bien tomarlos en consideración allá donde gobiernan. Consejería de Empleo de Castilla-La Mancha, datos de este trimestre: casi 232 millones de euros; 94 millones en formación; 32 millones en centros especiales
de empleo y empresas de inserción -no olvidemos que aquí van los colectivos vulnerables-; 11 millones en incentivación a la contratación indefinida, y 94 millones para planes de empleo, en un solo trimestre. ¿Saben la importancia que tienen los
planes de empleo?, porque a ustedes que se les llena la boca de la España vaciada, pero se les vacía cuando hay que poner sobre la mesa recursos. Pues suponen trabajo para pueblos como el mío, de 300 habitantes, para mujeres, desempleados de larga
duración, jóvenes, personas vulnerables. Además, no olvidemos que son salarios mínimos, aquellos que no querían subir porque nos iban a llevar a la ruina absoluta, y que ese salario es el único que entra en esas casas. Además, son fundamentales
para



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ayuntamientos pequeños sin recursos. ¿Saben qué hizo Cospedal al intentar convertir Castilla-La Mancha en un laboratorio neoliberal para demostrar que las políticas económicas del PP, su modelo, funcionaban? Eliminarlos, como eliminó el
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha; despidió a 200 orientadores; no ejecutó el plan de empleo juvenil; despidió 5100 trabajadoras de la dependencia. Así que, efectivamente, señorías del Partido Popular, su modelo falla como las
escopetas de la feria, que si aciertan, es por casualidad.


Señora Del Rey, muchas gracias. Sigamos trabajando juntas para llevar el barco del empleo a buen puerto, el que merece todo aquel que quiere trabajar y hacerlo con dignidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Gracias, señora Vilches.


Señora Del Rey, tiene usted la palabra.


La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Del Rey Almansa): Muchas gracias.


Señorías, para intentar organizar las ideas, si les parece, voy a contestar temáticamente en lugar de por grupos, porque como algunos de los temas se han repetido me parece más sencillo.


Voy a empezar con los temas relacionados con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se ha comentado qué tipo de refuerzo estamos haciendo o qué tipo de incentivos se dan. Voy a intentar abarcar todas las preguntas en una misma
respuesta. En primer lugar, tenemos un compromiso, aprobado por el Gobierno, para poner en marcha el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este plan estratégico supone una remodelación de la inspección para hacer de ella
un órgano todavía más potente. No se trata solo de perseguir al que la hace, que también, sino de desincentivar y estar seguros de que la normativa se cumple, que eso es importante para todos nosotros. El refuerzo de la inspección se materializa
en un refuerzo de personal, que son 613 inspectores y subinspectores que se van a incorporar en los próximos años a través de las ofertas de empleo público a la inspección de Trabajo. Ya se han incorporado más de 200 técnicos y personal
administrativo para reforzar el organismo. Además, tenemos un refuerzo en los recursos materiales, especialmente en los sistemas informáticos de lucha contra el fraude y mejora de la eficiencia. Con este incremento que venimos haciendo en los
últimos años, desde 2020, de un 41 %, queremos dejar una inspección reforzada que garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras.


Me preguntaba el compañero de VOX por el impacto de la ley rider. Se está viendo todavía, pero sí vemos que se ha doblado el número de trabajadores por cuenta ajena de las empresas del sector. Así que está teniendo ya un impacto directo, y
no lleva tanto tiempo desde su entrada en vigor. El efecto positivo ha sido claro desde la entrada en vigor de la ley. Sí que es verdad que la mejora que va a suponer será continuada, y el refuerzo de la inspección va a ayudar a que el
cumplimiento de la ley rider sea efectivo.


Siguiendo por los cumplimientos objetivos del crédito consignado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -lo comentaba durante la exposición-, la ejecución del presupuesto que pintamos en los presupuestos del plan de
recuperación y resiliencia es importante, pero no es lo más importante; lo más importante es cumplir los hitos y objetivos que tenemos comprometidos con Europa. Nosotros, hasta la fecha, hemos participado en dos desembolsos: el primero suponía el
cumplimiento de tres hitos, que cumplimos al cien por cien, y el desembolso se hizo en el cien por cien; el segundo suponía el cumplimiento de siete hitos, que también hemos cumplido al cien por cien, y por tanto el desembolso se ha hecho al cien
por cien. El presupuesto no es tan asimilable a los presupuestos generales del Estado, que son anuales, son unos presupuestos que se inician en un año y acaban el siguiente; el presupuesto del plan de recuperación y resiliencia es un presupuesto
hasta 2026, y es importante que se ejecute, que se ejecute bien, que se ejecute para el cumplimiento de los hitos y objetivos, que es lo que tenemos comprometido con Europa. Nuestro cumplimiento presupuestario va bien en relación con el
cumplimiento con los hitos y objetivos; la planificación se está haciendo acorde a lo que tenemos previsto, y no esperamos nada más que seguir haciendo este cumplimiento, acompasándolo con la aprobación paulatina de los presupuestos que se vayan
haciendo hasta 2026. De momento todo se ha cumplido y nuestro compromiso es seguir cumpliendo para seguir recibiendo los desembolsos por el cien por cien, que es lo que tenemos comprometido con Europa.


En relación con el PERTE, que está un poco vinculado con los fondos, tenemos el PERTE de economía social. El PERTE de la Economía Social de los Cuidados no solo incluye los 100 millones que tiene previsto, dentro del plan de recuperación y
resiliencia, el ministerio para la economía social. Tenemos 33,3 millones en 2022 y hemos presupuestado 66,6 para 2023. Esta es la parte que ejecutamos desde el Ministerio de



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Trabajo y Economía Social, pero en su totalidad son 808 millones de euros, que se van a ejecutar por 13 ministerios que coordinamos nosotros, en el ámbito de la economía social, lo que va a hacer que se refuerce en gran medida esta parte de
la economía que igual en nuestro país no estaba tan atendida como debería y que va a mejorar mucho la situación de muchas empresas y de sus trabajadores.


En este ámbito, voy a hilar con el empleo de jóvenes, porque parte de la inversión que se hace en economía social es para la creación de empresas por jóvenes emprendedores. Es verdad que a veces en el presupuesto, si no tiene el título de
joven, parece que el dinero no les va a llegar, pero una gran parte del presupuesto que no tiene el título vinculado a la cantidad se dedica a los jóvenes. Esto pasa también en las políticas activas de empleo; hay una parte de las políticas
activas de empleo de las que, transversalmente, se benefician los jóvenes, al ser también uno de los grupos de personas que se ven en mayor necesidad para recibir estas políticas activas de empleo. Además de esto, quería mencionar que tenemos para
este año 634 millones de euros destinados exclusivamente a jóvenes; son 13 millones de euros más que el año pasado. Mantenemos las inversiones de la parte del presupuesto de la inversión 1, que está dedicada a empleo joven, del componente 23 del
plan de recuperación y resiliencia. Luego, hay 250 millones de euros adicionales para incentivos a personas jóvenes en la nueva ley. Así que sí se incrementa el presupuesto. Es verdad que a veces está tan diseminado en las partidas
presupuestarias que agruparlo en cantidades dificulta detectar adicionalmente lo que comentaba, que transversalmente, en muchas de las inversiones que hacemos, como en economía social, una parte va destinada a jóvenes emprendedores, que también se
ven beneficiados.


Respecto al Fogasa, me preguntaban las previsiones que tenemos. Nosotros consideramos que son conservadoras, porque hasta septiembre de 2022 el gasto del Fogasa es de 421 millones de euros, con lo cual no prevemos que este año lleguemos a
gastar los 800 que tenemos en el presupuesto. El año pasado fueron 600, todavía bastante inferior a los 800 que tenemos presupuestados. Lo que quiero decir es que nosotros estamos siendo bastante conservadores en no reducir el presupuesto del
Fogasa; podríamos reducirlo, pero no lo estamos haciendo porque siempre hay una situación de incertidumbre alrededor, ahora mismo tenemos una situación internacional, hace unos años teníamos la pandemia. No obstante, tenemos la previsión de que el
presupuesto que hemos asignado cubra las posibles incidencias que puedan ocurrir durante 2023. En todo caso, no las prevemos, no estamos pensando que las vaya a haber; porque se venía diciendo lo mismo en 2020, en 2021, en 2022, y no pasa, no
pasa, ¿por qué tiene que pasar en 2023 cuando la situación que tenemos ahora mismo es mejor sustancialmente que la que teníamos durante la pandemia?


Por otro lado, me preguntaban por la Presidencia española. Hay una parte destinada en los presupuestos para la Presidencia española. Estamos trabajando con el Ministerio de la Presidencia y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para
coordinar las actuaciones; nuestra partida no es tan grande como la de estos ministerios y está dividida tanto en el ministerio como en cada uno de los organismos para poder afrontar todos los gastos que vengan derivados de la Presidencia.


Sobre el programa 281.M y la partida sindicatos, no nos hemos excedido tampoco, hemos recuperado una partida que habían perdido los sindicatos y las asociaciones empresariales por la participación en órganos consultivos. Durante 2008 se
empezaron a bajar las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones empresariales por la participación en órganos consultivos, han pasado catorce años y seguían reducidas. No parece razonable, pues los gastos son mayores ahora que en 2008;
como no tenía ningún sentido, hemos recuperado las cantidades que tenían antes de los recortes.


Sobre la aplicación del SEPE, efectivamente seguimos trabajando en la aplicación del SEPE, se está financiando con fondos europeos y la previsión es que a lo largo de 2023 se vea. De hecho, en 2022 se están acabando bastantes
funcionalidades, muchas de ellas no se ven porque más que de cara hacia fuera son de cara a la eficiencia y al funcionamiento interno, pero sí que hay una constante mejora en el funcionamiento de los sistemas del SEPE, que se va viendo. A lo largo
de 2022 ya tenemos sustanciales mejoras en el funcionamiento interno y a lo largo de lo que queda de 2022 y 2023 se verá también de cara al ciudadano.


En relación con la seguridad y los ataques informáticos, hemos estado muy preocupados y muy concienciados en mejorar nuestros sistemas de seguridad. Hemos tenido distintas reuniones con el CCN y con la Secretaría General de Administración
Digital para mejorar nuestros sistemas de seguridad, y estamos tomando distintas medidas en el ámbito de formación, en el ámbito de accesos a la seguridad, de refuerzo de nuestros centros de proceso de datos, de uso de inteligencia artificial para
la prevención de ataques; cantidad de medidas, hasta once medidas para la mejora de nuestros sistemas de seguridad. Tanto el



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ministerio como los organismos autónomos tienen partidas de fondos de digitalización para mejora de la seguridad de los sistemas. Es cierto que es difícil diferenciarlo, porque como en los contratos de informática se hacen conjuntamente la
seguridad con el resto de mejoras de los sistemas, es difícil extraer datos, pero por dar algunos, hay un contrato del SEPE de 800 500 con el Centro Criptológico Nacional para mejora de sus sistemas de seguridad, en el ministerio tenemos 3 millones
de euros dedicados a mejora de la seguridad, que son datos muy parciales, pero hay una gran inversión ahora mismo, tanto en el ministerio como en sus organismos autónomos, para la mejora de la seguridad de los sistemas.


No sé si me he dejado alguna pregunta. Les agradezco mucho la paciencia, el haberme escuchado y las preguntas que me han hecho. Espero que estos presupuestos les parezcan adecuados porque en el Ministerio de Trabajo estamos muy orgullosos
de los presupuestos que hemos presentado al Parlamento, y estamos convencidos de que van a continuar la línea de mejora que llevamos durante la legislatura.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Gracias, señora Del Rey.


Suspendemos la sesión. Nos vemos a las tres.


Se suspende la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL (PANIAGUA SAN MARTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002515), VOX (Número de expediente 212/002391),
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002816), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002699).


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Buenas tardes, señorías.


Reanudamos la sesión. Le damos la bienvenida a la secretaria general, doña Milagros Paniagua. Bienvenida, y damos comienzo a la Comisión. Empezamos con la intervención de doña Milagros, por tiempo de veinte minutos.


La señora SECRETARIA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL (Paniagua San Martín): Buenas tardes. Muchas gracias, vicepresidenta.


Señorías, quiero comenzar trasladándoles que es un honor para mí comparecer hoy ante esta Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es la tercera vez que comparezco en esta Comisión, es un honor para mí, y en este caso
es para presentarles el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social a la que tengo el honor de representar. Quizás el punto más relevante de esta
comparecencia es destacar que en el ámbito de la inclusión el año 2023 es el año de la consolidación de la política de inclusión. Como bien conocen, la política de inclusión no existía antes del año 2020; este Gobierno la pone en marcha con la
nueva legislatura y queríamos hacer una política de inclusión con la que, por un lado, aseguráramos la cobertura de renta a los más vulnerables, desarrollando una prestación no contributiva de la Seguridad Social, un ingreso mínimo vital, pero en la
que el acompañamiento a la inclusión era también una pieza clave. El ingreso mínimo vital es un conjunto de políticas; de hecho, para llevar a cabo este cometido, se crea un Ministerio de Inclusión y una Secretaría General de Inclusión.


Para pasar a desarrollar mi intervención, voy a apoyarme en una presentación digital, de la que luego podrán disponer. (Apoya su intervención en una presentación digital). Para desarrollar la presentación voy a partir del germen de la
política de inclusión y es la ley del ingreso mínimo vital. Ahí tienen una legislación consolidada. Saben que el ingreso mínimo vital se aprueba como un real decreto ley el 1 de junio del año 2020 y tras más de 430 enmiendas la ley ve la luz a
finales del año pasado, del año 2021, por lo que ya tenemos una legislación consolidada. Además de lo que es la prestación, que es una pieza clave y ahí es donde se da respuesta a la cobertura de rentas a la que me refería, la ley va elaborando
desde el principio una serie de elementos que quieren reforzar esta idea de que el ingreso mínimo vital es un conjunto de políticas.


A lo largo de la presentación me voy a referir a cuatro elementos que son clave, uno de ellos es el incentivo al empleo. Cuando nace el ingreso mínimo vital -ya lo expuse en mi primera comparecencia en



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esta Comisión- el objetivo principal es conseguir que exista una última red de protección en nuestro país que de verdad esté cerrada. El sistema preexistente era a través de diecisiete esquemas que tenían y tienen todavía en marcha las
comunidades autónomas, que se centraban cada una de ellas en el ámbito de sus competencias, por supuesto, pero en sus territorios, no había una política de inclusión que mirara a todo el país en su conjunto. Por tanto, el ingreso mínimo vital viene
a cerrar una red, que no estaba cerrada, contribuyendo al objetivo de la equidad que tanto necesitaba nuestro país. ¿Pero no es imposible que equidad y eficiencia vayan unidas en el diseño de las políticas públicas? Cuando nosotros hacemos el
ingreso mínimo vital, ya desde el principio, el artículo 11.4 de la ley lo que dice es: no queremos generar trampas de pobreza, queremos que las personas que están trabajando y que tienen unos ingresos bajos, porque no trabajan suficientes horas,
puedan complementar de alguna manera lo que necesitan con el ingreso mínimo vital. Pero lo que no podemos hacer es tenerles bajo la trampa de la pobreza, si las personas incrementan su participación en el mercado laboral o no trabajaban y pasan a
hacerlo, lo que no podemos hacer es que cada euro extra que proviene del salario se pierda automáticamente porque se deja de percibir ese euro extra en la prestación. El incentivo al empleo viene a dotar de eficiencia, junto con la equidad que ya
tenía, a un instrumento clave para la cobertura de rentas mínimas de nuestro Estado del bienestar, que es el ingreso mínimo vital.


Pero además de la prestación y todas las medidas de eficiencia que hemos querido desarrollar en torno a ella, hay una parte crucial que les decía al principio, y que tiene que ver con la inclusión. Ya en la ley se hace alusión a cómo
queremos hacer itinerarios de inclusión desde el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, con ayuntamientos y con entidades del tercer sector de acción social. De hecho, lo hemos puesto en marcha en el marco del plan de
recuperación. Luego me referiré a estos itinerarios. Tenemos un laboratorio de política social que tiene treinta y cuatro proyectos en marcha, y me referiré a ellos a lo largo de mi presentación. En el ámbito de la inclusión también queremos
colaborar con el sector privado, y para ello se ha aprobado ya un sello social con las empresas que verá su despliegue también en el año 2023.


Además de la equidad y eficiencia de la que dispone el ingreso mínimo vital, tal y como la hemos definido, además de los aspectos de inclusión que venimos a reforzar con itinerarios novedosos desde el punto de vista metodológico y a través
del sello social con las empresas, hemos desarrollado dos entornos de gobernanza importantes, que son la comisión de seguimiento con las administraciones públicas que colaboran con nosotros en la política de inclusión, las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, y el consejo consultivo con los agentes sociales y con el tercer sector de acción social.


Luego hay una parte que es crucial para aquellos que trabajamos e impulsamos políticas con las características del ingreso mínimo vital y es la diferencia de cobertura que ocurre siempre en este tipo de políticas entre los beneficiarios a
los que se espera llegar desde el principio cuando se diseña la política y a los que finalmente se llega. Este fenómeno que tiene un nombre -hay mucha literatura escrita no en España, sino en todos los países del mundo y en los esquemas del ámbito
internacional-, es un aspecto que nos ha preocupado desde el principio. Y a esto le hemos dedicado muchísimas horas de trabajo, así que dedicaré una parte importante de mi presentación a explicarles cómo hemos identificado este problema y cuáles
han sido las medidas que hemos llevado a cabo para acercarnos a los más vulnerables.


Voy primero a la prestación, a las grandes cifras que ya tenemos de la prestación, que se pone en marcha en junio del año 2020. Las grandes cifras aquí las tienen, las conocen, se han publicado hace relativamente poco: estamos en torno a
510 000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, 1,4 millones de personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Llegamos a unos 600 000 menores, aproximadamente un 43 % de los beneficiarios totales, dos de cada tres titulares del ingreso
mínimo vital son mujeres, y uno de cada cuatro son hogares monoparentales. Por otro lado, hemos puesto en marcha también, como conocen, el complemento de ayuda para la infancia, del que ya disfrutan 273 000 hogares. Estas cifras no son casualidad;
el hecho de que haya tantos niños y tantas mujeres, tanto titulares como beneficiarios del ingreso mínimo vital, tiene un por qué. La pobreza tiene rostro de mujer y tiene rostro de niño, y cuando nosotros hacemos el diseño del ingreso mínimo
vital, teníamos muy clara esta situación de partida. Por eso, en el momento en el que diseñamos un ingreso mínimo vital que quiere particularizar mucho en función de las unidades de convivencia que quiere cubrir el ingreso mínimo vital, lo que
hacemos es dar un refuerzo especial, por un lado a los hogares monoparentales, pero también queremos que los niños, a la hora de contabilizarse como miembros en el hogar, se contabilicen de la misma manera que se hace con los adultos, a diferencia
de lo que ocurre con otros esquemas en los que la tendencia es que, en términos de dimensión del hogar, los niños siempre pesen menos. Nosotros nunca quisimos hacer el ingreso mínimo vital así.



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Además de las cifras que describen la situación de la prestación a día de hoy, hay varios elementos que me parecen representativos de qué se quiere hacer con un instrumento de estas características. Primero, tenemos algo para todos los que
hacemos política social, y es que hay definido un colectivo vulnerable muy homogéneo y muy acotado, es decir, podemos apoyarnos en la definición de vulnerabilidad que ya ha establecido el ingreso mínimo vital y no solamente las comunidades en el
ejercicio de sus competencias, y como ellas deseen, pueden partir de lo que ya es una definición común de vulnerabilidad, sino que en distintas administraciones se hace política pública en la que se quiere identificar lo que es vulnerable. Bueno,
pues construyamos a partir de ahí. El ingreso mínimo vital ha conseguido precisamente aportar esa homogeneidad, que no existía hasta ahora. El ingreso mínimo vital, en el momento en el que identifica vulnerabilidad, tiene, primero, esa capacidad
de discernir en función de las características del hogar; en este momento para los presupuestos del año 2023 nos movemos en una horquilla entre los 525 euros de renta garantizada para un hogar de un solo miembro y los 1155 al mes para los hogares
más grandes. Este rango ya se planteó desde el principio, pero quiero resaltar cómo ha aumentado desde el principio, desde los 461,7 euros que se garantizaban al mes para un hogar de una sola persona hemos subido un 4 %, es decir, en tres
presupuestos tenemos una subida del 14 % en esa renta garantizada En particular, lo que se plantea para el año 2023 es una subida del 8,5 %, igual que hacen las pensiones mínimas y las no contributivas.


Ahora voy al elemento de eficiencia que comentaba al inicio de la presentación, que es el incentivo al empleo. La idea es que el incentivo al empleo no genere esa trampa de pobreza a la que me refería al principio, que por cada euro extra
que se cobra de salario no se deje de recibir un euro de la prestación. El incentivo al empleo se pondrá en marcha también, es uno de los elementos de despliegue y consolidación para el año 2023 porque es uno de los elementos clave del ingreso
mínimo vital. No es una prestación distinta, no hay que solicitarla, se recibirá de oficio una vez que se revise el ingreso mínimo vital porque, recordemos, que el ingreso mínimo vital es una prestación viva que se revisa cada cierto tiempo para
comprobar si se mantienen los criterios que se cumplían cuando se solicitó la prestación. En algunos casos, como está vinculada a la situación económica, la familia no necesita, o no con tanta intensidad, la prestación y aquí es donde se activa el
incentivo al empleo. El incentivo al empleo lo que va a valorar es si la unidad de convivencia ya beneficiaria del ingreso mínimo vital entre dos instantes de tiempo -es decir, desde que se solicita la prestación hasta que se revisa- ha tenido una
variación de las horas trabajadas, entonces se activará el incentivo al empleo, bien porque se han incrementado las horas en el mercado laboral o bien porque no se trabajaba y se pasa a hacerlo. ¿Y cuánto? Porque, ¿cuánto es este incentivo? Pues
no es lo mismo para todos; de hecho, lo fácil habría sido dar la misma cuantía a todo el mundo, pero no podemos hacer eso. Las personas, los agentes económicos, no nos comportamos igual en función de nuestras características de partida; no es
igual, pensando en la percepción de rentas salariales, cuando hay un adulto en el hogar que cuando hay más de uno; luego ese incentivo no puede ser igual para las familias monoparentales que para las familias con niños donde hay al menos dos
adultos presentes en el hogar. Tampoco puede ser igual cuando comparamos familias que tienen niños frente a las que no los tienen. Tampoco va a ser igual el incentivo en función de cuánto incremente mi oferta laboral, a lo mejor incremento un
poquito o a lo mejor incremento mucho y ese incentivo está totalmente ligado a movimientos en el mercado laboral. Por supuesto, también tiene que ver con el hecho de si yo no trabajaba y paso a hacerlo o si ya lo hacía e incremento horas, porque el
que está fuera tiene un coste mayor dentro del mercado laboral y tenemos que incentivarlo un poco más. Ese es el esquema del incentivo al empleo.


En el diseño, la lógica que hay detrás es pensar que en ese querer maximizar la renta disponible de los hogares tienen que sumar la composición de renta y sumar la parte salarial, la parte del ingreso mínimo vital y la parte del incentivo
del ingreso mínimo vital. En total uno tiene que enfrentarse a una renta disponible que sea siempre no decreciente, porque si no, se va a posicionar en aquellos puntos donde va a obtener la misma renta trabajando menos horas. Con lo cual, el
incentivo al empleo viene a reforzar la equidad de la medida del ingreso mínimo vital con estos parámetros de eficiencia. El incentivo, como incentivo que es o no desincentivo a estar en la trampa de la pobreza, requiere un reconocimiento ex ante
para que la persona pueda hacer movimientos, de tal manera que en la página web todos tendremos disponible un simulador que nos permita saberlo en función de la situación o ante un cambio de horas que se traduzca en un cambio salarial. Pensemos
que, de la gente que está cobrando el ingreso mínimo vital, prácticamente la totalidad está en el salario mínimo, entonces hay mucha relación entre las horas que se incrementan y los salarios.



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Además de toda la parte de la prestación, tenemos el otro lado que tiene que ver con la inclusión, los itinerarios. Y aquí les pongo un resumen de cómo hemos ido trabajando los distintos años desde que arrancaron, desde los presupuestos del
año 2021 cuando les contamos que íbamos a hacer estos proyectos en el marco del plan. El año pasado en los presupuestos de 2022 les decíamos que ya teníamos en marcha algunos de ellos y estaba muy preparada la siguiente batería de proyectos, y
ahora ya tenemos dos instrumentos que son dos reales decretos por los que se ponen en marcha treinta y cuatro proyectos en materia de inclusión. Estos proyectos los hacemos con comunidades autónomas, con entidades locales y con organizaciones no
gubernamentales, entidades del tercer sector de acción social. ¿Qué hace el ministerio? Pues llega a todo el territorio a través de los treinta y cuatro proyectos. El objetivo y nuestro compromiso con Europa -y por lo que se nos da la
financiación- es para aprender; es decir, cuando se negocia con la Comisión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente 23, inversión 7, lo que dice Europa es: Tenéis hasta 300 millones de euros para investigar
cuáles son las mejores prácticas en materia de política social, porque la tendencia es dar muchas actuaciones sin tener muy claro qué es lo que realmente funciona. Son 300 millones para tres años -100 millones al año-, pues con 100 millones al año
en España no se financian las políticas de inclusión que hacen falta, luego esto refuerza aún más la idea de que estamos experimentando y que lo que tiene que salir de aquí para todos -no solo para el ministerio, sino para todo el que hace política
social- son aprendizajes; ahora, aprendizajes de qué. Las personas acaban en situación de vulnerabilidad por muchas causas y lo que tenemos que hacer es acompañarlas en distintos ámbitos. Vamos a tener que acompañarlas -hace un momento hablaba
del incentivo al empleo- en el tránsito, por supuesto, al mercado laboral, pero hay otra serie de aspectos que tienen que ser abordados, y estoy pensando en el acompañamiento a la infancia para los niños más vulnerables. La pobreza se hereda, y
tenemos que trabajar con los más vulnerables para apoyarlos en el refuerzo del capital humano que es la educación. Por eso, de los treinta y cuatro proyectos hay un peso muy grande de los proyectos que tienen que ver con la parte educativa. Pero
también queremos trabajar otros aspectos, por ejemplo, relacionados con la salud y la salud mental; queremos trabajar todo lo que comentaba al principio de la diferencia en cobertura, lo que en terminología inglesa se conoce como el non take up -no
tenemos una palabra en castellano-, esa diferencia de cobertura entre lo que quiero llegar a conseguir cuando saco la política pública y lo que luego voy encontrando. En definitiva, son treinta y cuatro proyectos a todo el territorio, con varios
actores que trabajan con nosotros para cubrir a distintos colectivos vulnerables de los que queremos aprender y también para trabajar distintos ámbitos de la inclusión. Estos treinta y cuatro proyectos -que al final tienen un alcance de
aproximadamente 212 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- se hacen de una manera determinada. Lo decía hace un momento, la tendencia es dar muchas actuaciones sin saber exactamente qué funciona. Para saber si una
política pública funciona, una aproximación, que en el campo de la medicina se hace bastante y en el ámbito social cada vez está cogiendo más fuerza, son los proyectos de aleatorización controlada. Esto significa que para saber si una política
pública funciona, lo que hacemos es que se coge a dos conjuntos de personas estadísticamente comparables y uno va a recibir el tratamiento y el otro no o no lo va a recibir ahora y lo hace más adelante. De tal manera que, si son iguales y la única
diferencia que tienen entre ellos es que han participado o no en un proceso de estas características, lo que queremos ver es si el resultado que vamos a medir se debe solo y exclusivamente a la intervención. Les pongo un ejemplo. Antes hablaba de
cuánto nos importa todo el trabajo con el capital humano que supone trabajar en educación con los niños, el problema del abandono y el previo del absentismo. Queremos trabajar en uno de los proyectos, en el absentismo escolar, y lo que vamos a ver
es si un grupo de jóvenes teniendo una mentoría y un acompañamiento determinado reducen el absentismo. Me podrían decir que claro que va a mejorar; bueno, de eso se tratan los experimentos, se plantean unas hipótesis de partida. Aunque a muchas
cosas vamos a encontrar la respuesta que a priori presumimos que va a ser, lo importante es saber cuánto cuesta eso, cuántos miles de euros cuesta reducir un 2 % el porcentaje de absentismo, porque entonces estamos hablando de cifras y con cifras
uno puede debatir cuál es la mejor política pública. Para hacer este tipo de proyectos, la secretaría general está siendo acompañada en el ámbito académico en el entorno español por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, por CEMFI,
perteneciente al Banco de España, y en el ámbito internacional por J-PAL, -la J es de Jameel que es el nombre del fundador y PAL es de Poverty Action Lab-, que están acostumbrados a informar a gobiernos de lo que es la evidencia, evidencia de
política pública, de lo que funciona y lo que no funciona. De tal manera que hemos querido acompañarnos desde el principio de expertos nacionales e internacionales. También tenemos un comité asesor para todo el trabajo que hace la secretaría
general,



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no solamente en el ámbito de los itinerarios, sino también en todos los análisis que hacemos, que ahora voy a pasar a contar algunos de los que hemos puesto en marcha para reducir la distancia en la cobertura. Y luego tenemos un comité
ético con expertos en la materia porque, precisamente, estamos haciendo experimentos y nos importa muchísimo que esté todo absolutamente controlado en cuanto a la información que reciben participantes y no participantes en el piloto, que conozcan
sus derechos y en qué va a acabar este proyecto, desde el principio.


En el ámbito de la inclusión también hemos aprobado el sello social. El sello social es la parte de inclusión con las empresas, es un reconocimiento a las empresas, fundamentalmente al sector privado, y lo que queremos es que nos acompañen
para apoyar a los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Les cuento que el 45 % de los hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, tienen al menos un adulto trabajando, luego hay personas, beneficiarias de ingreso mínimo vital, que están
cobrando un salario y son trabajadores en muchos casos de una empresa. En estos casos, ¿cómo se puede solicitar el sello de inclusión? Las empresas van a poder participar con nosotros en el sello de inclusión de dos maneras, una porque ya hayan
hecho actuaciones de inclusión, tengan contratadas a estas personas, y, digamos que es un reconocimiento a actuaciones ex post hechas por las empresas. Y también hay reconocimiento del sello social cuando firman con la secretaría general un
convenio donde nos van a decir los itinerarios de inclusión -y no necesariamente solo laboral, sino también de acompañamiento en formación en el ámbito financiero, por ejemplo, en el ámbito digital-, cómo van a acompañarlos y dónde vamos a hacer
seguimiento conjunto. En ambos casos, sea con las administraciones regionales, municipios, entidades del tercer sector de acción social, o sea con las empresas, la secretaría general del ministerio no se separa nunca del partner con el que lleva a
cabo este este proyecto. Porque, al final, nos llamamos secretaría general de objetivos. Los que marcamos los objetivos de inclusión somos nosotros y nos apoyamos y trabajamos conjuntamente con todos aquellos con los que podemos hacer la política
de inclusión.


Ahora querría detenerme en un aspecto que, como decía al principio, es fundamental para nosotros, y es esa discrepancia en la cobertura entre los que queríamos cubrir y los que realmente estamos cubriendo. Cuando vine a esta Comisión en los
primeros presupuestos del año 21, antes de presentarse el ingreso mínimo vital, se daban las cifras de cobertura potencial, cifras que conocen perfectamente y cifras que, por cierto, también corrobora la AIReF. Si miran la opinión de la AIReF, en
la página 36, pueden ver al final de la página exactamente las mismas cifras que daba el ministerio. Nosotros las dábamos ex ante. No sabíamos qué iba a ocurrir, pero la AIReF ratificó esas cifras. Como les digo, en la opinión que han emitido en
la página 36 lo pueden ver. Pero después ocurre una cosa con este tipo de prestaciones, y es esa diferencia entre lo que se quiere llegar a cubrir y lo que termina finalmente cubriéndose, el llamado non-take-up, y también les voy a dar cifras tanto
de la AIReF como de la Comisión Europea. La AIReF, en el propio informe, da exactamente un rango entre el 28 % y el 75 %, presenta diecisiete evidencias no de diecisiete países, sino de en torno a diez países, pero es cierto que cada esquema dentro
de un país puede tener distintos non-take-up porque son prestaciones complejas. Es decir, la AIReF nos da un rango entre 28 y 75 % de diferencia en esta comparativa europea, pero es que la propia Comisión Europea -estoy convencida de que conocen
bien que la Comisión acaba de emitir recomendaciones, donde España ha estado trabajando intensamente en los grupos de trabajo europeos, no solamente al más alto nivel del Consejo Europeo, del EPSCO, sino del Comité de Protección Social, en el grupo
de indicadores sociales, y en concreto dirigiendo el grupo MINET, que son las siglas de Minimum Income Network. Hemos estado trabajando activamente para presentar todos los análisis que hacíamos, y esta problemática es común a todos los Estados
miembros. La Comisión está especialmente interesada en todos estos trabajos.


Estas recomendaciones se apoyan en un rango de entre el 25 y el 80 %. Es decir, estamos hablando de una variedad en la cobertura del rango de cobertura tremenda. España, con su ingreso mínimo vital, ahora mismo está en torno al 38 %; es
decir, cada vez vamos convergiendo más con los valores más bajos que presenta la comparativa europea. Pero quiero contar uno de los proyectos que se ha llevado a cabo para reducir activamente y no esperar a que vengan a nosotros, para que esta
diferencia se reduzca. El año pasado, cuando los niveles de non-take-up eran más altos y no del 38 % que tenemos ahora, en ese momento tenemos la posibilidad de hacer un trabajo profundo por el análisis tan intenso que se había hecho con el diseño
de la medida al principio. ¿Qué hicimos al principio? Cogimos la mejor fuente de información posible, que eran 18 500 000 hogares en nuestro país, 17 000 000 en territorio fiscal común. Hicimos un análisis con la mejor información de registro
administrativo, por supuesto, preparada para ser analizada, y ahí es de dónde sacamos las cifras. Pero, además de sacar las cifras agregadas, tenemos marcado quién, a nuestros ojos, iba a ser beneficiario del ingreso mínimo vital y quién no.



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¿Qué ocurre cuando se pone en marcha la medida? Que lo que tenemos son los datos reales, los datos del INSS, que es la entidad gestora encargada de esa prestación, y vamos viendo solapamientos y vemos que los que coinciden lo hacen muy
bien. Luego hay un colectivo grande al que se le deniega la prestación porque no cumple los requisitos, y luego hay otro, que es el que nos preocupa, y es el que estando aparentemente en disposición, por lo que vemos en los registros, de recibir la
prestación no viene a nosotros. Así es que vamos a salir activamente a por ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hacemos, en colaboración con la Agencia Tributaria, es enviar un bloque de 90 000 sms para dos cosas: primero, ofrecernos para ayudarles
a venir, y segundo, para entender los motivos por los que no han venido y poder hacer política pública y poder poner en marcha proyectos que minimicen estos efectos que estamos viendo en el análisis continuo de la prestación.


Pues bien, este análisis lo que nos dice es que uno de cada cuatro no conoce lo que es la prestación en conjunto; no la conoce. Y, de los que la conocen, tienen ciertas dudas, porque algunos están cobrando alguna prestación, porque no
tienen muy claro cómo van a solicitar el ingreso mínimo vital, porque ven que tienen determinadas dificultades... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, ante esta evidencia que vemos con el análisis anterior, lo que hacemos es poner en marcha
varias iniciativas, y voy a ir a la iniciativa más reciente, que es la del autobús del ingreso mínimo vital. El autobús del ingreso mínimo vital se enmarca en la campaña de comunicación del ingreso mínimo vital. ¡Ojo!, sabemos, por lo que acabo de
contarles del proyecto de los sms, que no todo el mundo conoce el ingreso mínimo vital, de ahí que se ponga en marcha la campaña. En concreto, sabemos que hay un colectivo que es el vulnerable, que es al que tenemos que llegar proactivamente desde
la Administración, que tiene dificultades. Entonces, lo que hacemos es poner en marcha el proyecto del autobús, que se presentó el lunes, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y a partir de ahí el autobús va a
irse moviendo por toda España, por cuarenta municipios. ¿Qué municipios? Pues vamos a ir a municipios donde gracias al trabajo sabemos que esta falta de respuesta a acudir a nosotros es más grande y a los más nos tenemos que acercar. El autobús
va a recorrer cuarenta municipios y estaremos hasta finales de marzo, con un espacio de tiempo en las vacaciones de Navidad ¿Qué se va a hacer en el autobús? En el autobús va un funcionario del INSS y se va a dar información del ingreso mínimo
vital y se va a poder iniciar la solicitud. En algunos casos -ahora les daré algunas cifras- será más complejo poder cerrarlo en el momento, porque si la persona no trae todos los documentos lo que hace el INSS es cerrar una cita para poder
resolverlo en unos días y para que pueda culminar la solicitud completa del ingreso mínimo vital. En otros casos las funciones que se están haciendo en el autobús tienen que ver con la solicitud del estado del expediente: 'yo solicité el ingreso
mínimo vital y no me han respondido, o me han respondido y me lo han denegado'. Es decir, es la cercanía y el movimiento proactivo del ministerio hacia los ciudadanos.


Pero no solamente tenemos el autobús. Les voy a dejar algunas cifras que me parecen muy interesantes también, porque lo que estamos viendo es que al final las cifras que vemos en las preguntas que hacemos a los que se acercan al autobús se
parecen mucho a las que hemos ido extrayendo de la encuesta que hemos hecho. Ahora mismo les daré unas cifras. Hasta ayer, en dos días hemos atendido aproximadamente a 200 personas, el 74 % de ellas son mujeres. Lo que nos dicen es que dos de
cada tres no han solicitado previamente el ingreso mínimo vital, y las razones que exponen vienen a ser las mismas que nos encontramos con los sms, y es falta de conocimiento de la prestación: piensan que no cumplen los requisitos y el trámite es
complicado. Con esto lo que les quiero trasladar es el esfuerzo de poner proactivamente proyectos para reducir aquellas cosas que veíamos que tenían margen de mejora.


Tenemos algunos proyectos más ligados a la reducción de esta brecha. Uno de ellos es el registro de mediadores, y antes de referirme al registro de mediadores voy a hablar de la revisión continua que se hace, del análisis de dónde están los
mayores problemas a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital, y en algunos casos, además de no cumplir renta o patrimonio, había dificultades para acreditar ciertas características de la unidad de convivencia y para acreditar algunos de los
aspectos que resultaban más difíciles. Una de las modificaciones de la ley es contar con los servicios sociales y con el tercer sector de acción social. Para contar con el tercer sector de acción social en concreto se crea este registro de
mediadores al que apunto en la presentación. Lo que puedo decir es que llevamos ya más de 30 000 certificaciones donde nos han apoyado. No se necesita mayoritariamente su participación, pero es muy útil que para los casos más complicados ellos nos
apoyen en esta gestión del ingreso mínimo vital.


Para terminar, hay un proyecto que tiene bastante relación con el del autobús pero que verá la luz un poco más adelante. Se enmarca en uno de los treinta y cuatro proyectos piloto a los que me refería para reducir esta diferencia de
cobertura, y lo vamos a hacer con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza;



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ahí tienen las iniciales: EAPN. El proyecto consiste en medir cuánto mejora la eficacia en cobertura en el momento en el que nos acercamos a aquellos puntos donde están las personas más vulnerables. Haremos un proyecto con unos
cuatrocientos nodos por toda España, donde doscientos sí que van a tener este acercamiento, este refuerzo en la información y esta ayuda en la búsqueda proactiva; otros doscientos no lo tendrán y veremos cuánto se puede incrementar esa eficacia.
Esperamos que pueda hacerse en torno al 10 %, que esta intervención consiga moverlo en torno al 10 %.


Termino ya mi presentación en el marco europeo. Por un lado, me he referido previamente a lo que es ahora mismo la recomendación de la Comisión Europea, pero voy un paso más atrás: para Europa, todo lo que tenga que ver con las rentas
mínimas de los Estados miembros constituye uno de los aspectos claves del pilar europeo de los derechos sociales. Les recuerdo que cuando diseñamos el ingreso mínimo vital y conseguimos hacer un instrumento que haga más equitativa la última red de
protección en cobertura de rentas estamos también -primero, porque lo detectamos internamente como un país- respondiendo a una petición recurrente a través de las recomendaciones específicas del Consejo desde el año 2014, que nos llamó la atención
sobre esta inequidad en nuestro país y esta falta de cierre de última red de protección. Pero es que ahora vienen con más recomendaciones. Hemos estado trabajando intensamente, como les decía, en los ámbitos europeos en distintos niveles en lo que
significan estas recomendaciones, y fundamentalmente lo que vemos es que coincidimos completamente con la orientación que se da en Europa y cómo esto refuerza nuestra política de inclusión, de querer, por un lado, ayudar en rentas, apostar por
intentar que la cobertura sea la que pensábamos que tenía que ser y apoyar en la transición a la inclusión. Esto acaba de salir en septiembre del año 2022. Cuando la recomendación se haga firme, los Estados miembros estaremos todos muy pendientes
de seguirlo, efectivamente. Pero el año que viene, en el año 23, cuando España ostente la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, seguiremos trabajando en este sentido. Lo que sí que les puedo trasladar es que hay un interés enorme. La
semana que viene tenemos en Madrid un congreso por la inclusión y, de hecho, los 27 Estados miembros nos juntaremos en Madrid para trabajar. Entre todas las recomendaciones de las que habla la Comisión, una de ellas, que es la del non-take-up, esta
diferencia de cobertura va a ser una a la que le dediquemos más tiempo.


Y, sin más, cierro como abrí la presentación. El año 2023 es el es el año de la consolidación de la política de inclusión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Gracias, señora Paniagua. Empezamos el turno de intervenciones con el Grupo Ciudadanos y, en su nombre, va a intervenir la señora Giménez. Tiene siete minutos. Les ruego que se ajusten al
tiempo de que disponen.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchísimas gracias, presidenta. Señora Paniagua, muchísimas gracias por su exhaustiva exposición. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, como bien conoce, siempre hemos apostado por abordar las situaciones de
pobreza de nuestra sociedad. Fuimos de los grupos parlamentarios que hicimos una serie de propuestas para mejorar, incluso, el ingreso mínimo vital. Siempre hemos estado a favor, siendo conscientes de cuál es la realidad de los grupos
destinatarios de esta prestación, de la necesidad de que no hubiese tanta burocratización. En los datos que usted nos ha expuesto y las razones del porqué tienen que poner en marcha otro tipo de campañas, el tener que ir con un autobús dando
información debería ser una fase superada a las alturas en que nos encontramos, porque han pasado más de dos años. Que la gente todavía no esté bien informada nos debería de preocupar. Pero una de las razones que daban para no haberlo solicitado
era o que no iban a cumplir los requisitos, o exceso de documentación. Nosotros creemos que todavía existe un exceso de burocratización, teniendo en cuenta el propio perfil del destinatario, que suele ser de personas con muy poca formación, con
escaso acceso a las nuevas tecnologías y que tienen escasa relación con los trámites burocráticos. Por lo tanto, creo que es una de las cuestiones donde deberíamos mejorar.


Igualmente, con respecto al porqué no se está llegando a todas las personas que se debería, desde nuestro grupo parlamentario también hemos hecho una serie de propuestas -a las que se ha hecho caso omiso- sobre la mejora del propio ingreso
mínimo vital. ¿Por qué no se reconoce a las personas de 18 a 22 años que se puedan independizar y que están en situación de pobreza, aunque no tengan hijos? Desde el propio Consejo de la Juventud se ha reclamado en numerosas ocasiones que existe
una discriminación por edad. Lo hemos propuesto en distintas enmiendas en muchas ocasiones, pero si estamos hablando de una mejora de a quién llegar, si ya tenemos canalizado que hay una serie de sectores a los que por el propio trámite burocrático
no está llegando, ¿por qué no hacer este tipo de mejora?



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También hemos puesto de manifiesto en distintas intervenciones por qué dos familias, dos hermanos que viven en la misma vivienda y que tienen unidades familiares diferentes no pueden pedir cada uno un ingreso mínimo vital si justamente hay
familias que por situaciones de pobreza no pueden tener viviendas independizadas. Me gusta compartir con usted y ponerle de manifiesto realidades a las que sabemos que el ingreso mínimo vital no está llegando y si se plantean mejorar ese acceso.
Es decir, que debe de haber también mejoras en el propio trámite y con respecto a los propios beneficiarios, porque actualmente, por nuestra parte, ya tenemos dos sectores de población que quedan excluidos automáticamente del ingreso mínimo vital,
porque si hay dos hermanos, como le digo, viviendo en la misma familia y solo pueden pedir una unidad familiar, me parece que estamos excluyendo en muchas ocasiones a unas unidades familiares que se pueden encontrar en situación de pobreza.


Igualmente, me parece muy interesante -ya lo dijimos- el sello social y los incentivos al empleo. Creo que además deberíamos ser más ambiciosos, porque, al final, la salida de la situación de pobreza, como bien ha explicado usted, tiene que
venir de la mano de la educación y el empleo, si no, lo único que hacemos es generar una sociedad asistencialista, y flaco favor les hacemos a las propias personas beneficiarias y al propio Estado. Creo que deberíamos ser más ambiciosos fijándonos
un poco en la trayectoria que tenemos en igualdad de género, cuando se reconoce a las empresas el que haya contratación de mujeres. Creo que hay que ser más firmes, porque los destinatarios del ingreso mínimo vital suelen ser grupos muy
vulnerables, personas en situación de exclusión que viven el rechazo social, que viven la discriminación en el acceso al empleo. Creo que debemos ser realistas con el tipo de perfil de personas destinatarias del ingreso mínimo vital.


Nosotros propusimos el que hubiese algún tipo de incentivo para la contratación, que incluso hubiese algunas reservas de cupo para la propia contratación de estas personas para incentivar la inserción laboral. Nos gustaría ir un poco más
allá: incluso en los pliegos de contratación que salgan de la propia Administración cuando se presenten las empresas, que contara como puntuación el que hubiese una disposición a contratar a personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Creo
que son buenos los incentivos al empleo, creo que es bueno el sello social, pero, desde nuestro punto de vista, deberíamos ser más ambiciosos con respecto al propio trámite.


Lo mismo sucede cuando nos expone el tema de los itinerarios. Nos parece totalmente adecuado que haya itinerarios y proyectos de trabajo, los treinta y cuatro proyectos que usted nos menciona, y nos gustaría saber de cara a la propia
evaluación, igual que sobre las medidas de incentivo al empleo, qué plazos va a haber o con qué rigurosidad se van a evaluar los resultados de la puesta en marcha de esos itinerarios. ¿Con qué rigurosidad se va a ver si funcionan estos incentivos
al empleo? Lo mismo ocurre con el sello social: o sea, en la propia programación, nos parece muy importante saber cuál va ser la evaluación del sistema.


Por otro lado, desde el punto de vista de su dirección general, no sé si tienen en cuenta la nueva pobreza a la que nos vamos a enfrentar. Pueden ser familias que no se encuentren en los rangos de percibir un ingreso mínimo vital, que lo
rocen, que lo superen por poco y que se van a ver ante situaciones de necesidad. ¿Hay algún planteamiento para la clase que no llegan casi ni a ser media, porque es que rozan o superan por poco esos ingresos que te dan derecho a una prestación?
¿Se está pensando en ello, se está pensando en este tipo de familias que también tienen graves problemas para llegar a final de mes? Porque a lo mejor deberíamos tener previsto otro abanico de soluciones.


En el ámbito de la pobreza, se nos ha trasladado y hemos visto cuáles son las cifras de pobreza en España. El contexto es de una elevada inflación, cada vez son más las personas que tienen ese problema para llegar a fin de mes y el riesgo
de pobreza cada vez es más grande en nuestro país, y se incrementa con notoriedad el número de familias que necesitan ayudas extra, ayudas de urgencia, para cubrir sus gastos. Quiero compartir con usted los últimos datos del estudio nacional de
estadística: en junio de 2022 señala que el riesgo de pobreza en España, en base a los datos de 2021, se ha incrementado hasta en un 27,8 %, casi un punto más respecto al año 2020, cuando el riesgo era del 27 %. ¿Tienen esto previsto? ¿Tienen
algún otro tipo de propuestas para abordar la realidad a la que se van a enfrentar muchas familias españolas?


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Gracias, señora Giménez.


Por parte de Unidos Podemos, la señora Franco tiene la palabra.



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La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta. Gracias también a la señora Paniagua. La verdad es que se agradece mucho no solamente la exposición que ha hecho, sino también el trabajo que vienen haciendo en el ministerio, en concreto en
la aplicación de este nuevo derecho del ingreso mínimo vital, que no hay duda que es una importantísima iniciativa que está mejorando la vida de muchas personas, sobre todo la vida de aquellas persona que están en una situación más vulnerable, con
menores ingresos. Es la primera vez que se hace en nuestro país, y no solamente se trata de un nuevo derecho, es que las prestaciones que había a nivel estatal, y muchas de ellas también a nivel autonómico, eran muy deficientes, son muy deficientes
en muchos casos concretamente a nivel autonómico, y que se haya generado este nuevo derecho armonizado para todo el Estado es una cuestión no solamente de seguridad económica para las familias, sino también de derechos sociales y de derechos
económicos de las personas en nuestro país, que igual que pagan sus impuestos tienen derecho a vivir dignamente, aunque el mercado de trabajo las haya excluido, ya sea de forma temporal, sea de forma indefinida o de muy larga duración de dicho
mercado de trabajo.


Con respecto al ingreso mínimo vital y a las políticas de inclusión, como bien ha explicado, se va a aumentar la cuantía del ingreso mínimo vital, igual que se van a aumentar las cuantías de las pensiones no contributivas en más de un 8 %.
Esto significa que se va a poder afrontar de mucha mejor manera el impacto del aumento del coste de vida. En este último año, especialmente después de la guerra de Putin en Ucrania, que ha aumentado mucho los costes y los precio y ha roto las
cadenas de suministro, era necesario sobre todo para que estas familias que están en peor situación económica no se vean tan perjudicadas por este aumento de precios. Por tanto, aumentarlo al mismo nivel que el IPC y, por tanto, igual que las
pensiones era muy necesario y está muy bien que el ministerio y el Gobierno hayan tenido esa visión con respecto a la política social y en concreto con el ingreso mínimo vital, algo que no se había hecho nunca antes. Es más, por el contrario,
durante la crisis anterior el Gobierno del Partido Popular mantuvo congelado el IPREM durante mucho tiempo, que era y sigue siendo la referencia para muchas prestaciones, empobreciendo cada vez más a las familias que peor lo estaban pasando.


El ingreso mínimo vital, además, se va a complementar, como bien se fijó en el acuerdo de gobierno, con el incentivo al empleo, que se dijo en ese acuerdo de gobierno que sería para finales de legislatura, y este Gobierno está cumpliendo;
ya se ha aprobado en el Consejo de Ministro y está en el Boletín Oficial del Estado a través de un real decreto, y muy pronto las familias lo van a poder disfrutar. Esto va a significar que el ingreso mínimo vital, una vez que una persona
beneficiaria consiga trabajo, consiga un empleo, se vaya reduciendo en proporción a la cuantía del salario que vaya obteniendo, de forma que se incentive ese acceso al empleo y no caigan en la pobreza por el hecho de poder tener acceso al empleo;
es decir, de poder aceptar una oferta de empleo. Esto, además, va a premiar de una forma importante a aquellos hogares en los que hay niños y niñas y hay un solo adulto; es decir, en esas familias monoparentales. Permítanme que diga
monomarentales, porque son la mayoría de las familias. Ha dicho usted que una cuarta parte de los beneficiarios del ingreso mínimo vital son familias monomarentales. Además, este hecho es especialmente importante teniendo en cuenta los datos de un
estudio reciente -perdónenme que ahora mismo nos recuerde la entidad- en el que se dice que van a ir cambiando los tipos de familia y se prevé que en muy poco tiempo, en pocas décadas, la mayoría de esas familias, de esos hogares estén formados por
un solo adulto con hijos, por familias monoparentales.


Le quiero hacer una pregunta, y es si van a poder acceder al ingreso mínimo vital aquellas personas que, aunque no hayan estado cobrando el IMV, sí tengan un empleo pero no lleguen al mínimo de renta como para poder acceder al ingreso mínimo
vital. Creo que es importante poner en valor esta prestación, y lo digo con bastante dolor cuando escuchamos palabras como las del consejero de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio, que hace no mucho decía que él salía a las calles de Madrid y
que no encontraba a aquellos pobres que decía el informe de Cáritas que existían en Madrid; que dónde estaban esos tres millones de personas en riesgo de pobreza o en situación de pobreza que existen en Madrid, que él salía a la calle y no los
encontraba, negando así la pobreza en Madrid. Bueno, pues eso hizo el Partido Popular mientras estaba gobernando durante la crisis de 2008, en concreto en 2012. No hay que olvidar ciertas cosas, como que recortó la prestación por desempleo a
partir de los 181 días del 60 % al 50 %, lo cual dejó a muchas personas en una situación terrible. Que estaba el paro en 2013 en 6 300 000 personas, una cantidad de desempleados que nunca se había visto en este país; éramos el segundo país con más
desempleados de toda Europa. Que la tasa de personas con contrato temporal estaba en el 26,5 %, aunque este Gobierno ha conseguido rebajarla a través de nuestra reforma laboral al 22 %. Además, recortó el subsidio de mayores de cincuenta y dos
años y lo pasó a cincuenta y cinco años; penalizó



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también los subsidios cuando el beneficiario tenía contrato por tiempo parcial; recortó la RAI; endureció el Prepara; perdió dos tercios de los beneficiarios; no actualizó el IPREM, y 3,5 millones de personas vieron reducida su
prestación por desempleo y 900 000 el subsidio por desempleo. En fin, esta era la política del Partido Popular durante la crisis anterior. En este caso estamos viendo cómo el Gobierno está haciendo las cosas de otra manera y está protegiendo a la
gente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Simplemente le quería preguntar una cosa más, porque nos preocupan un par de noticias que hemos visto hace poco; una de ellas es que hay familias a las que se les concedió el ingreso mínimo vital de forma automática, sin que lo solicitaran,
por ser beneficiarias de la prestación por hijo a cargo, y en algunos casos se les está pidiendo la devolución de manera retroactiva, incluso hasta dos años. Por otra parte, también hemos visto algunas noticias con algunas extinciones retroactivas
de la prestación cuando un beneficiario cambia su lugar de residencia o cambian las condiciones dentro de su lugar de residencia, cuando hay familiares que salen del lugar de residencia. Si nos podía dar más datos sobre esto, se lo agradeceríamos.


Nada más. Muchas gracias, sobre todo por el trabajo que vienen haciendo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


Pasamos al Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora Paniagua. Es un tema muy delicado y muy importante. Yo creo usted es de ciencias, lo digo porque ha hecho una explicación numérica muy detallada y muy precisa, y es de agradecer, sobre todo para los que somos de letras,
que a veces nos cuesta. He de decir que están ante una tarea muy complicada, como es el ingreso mínimo vital.


Nosotros nos opusimos a este ingreso mínimo vital. Dijimos que sí, que estamos de acuerdo con el ingreso mínimo vital pero no así, porque entendíamos que tenía carencias importantes -alguna la ha comentado la compañera de Ciudadanos-, como
el tema de que se excluía a jóvenes españoles de dieciocho a veintitrés años de forma un poco incomprensible, cuando a otros se les incluía, sobre todo a menores no acompañados que salían de residencias de cuidado. La pobreza, por desgracia, ha
existido toda la vida y sigue existiendo, y todos tenemos que colaborar para paliarla.


Una de las cuestiones que me llama la atención, porque creo que son unos 2800 euros lo que viene destinado en los presupuestos para el ingreso mínimo vital, es el nivel de conocimiento para que las personas se enteren. No sé si han
dimensionado todas las personas que pueden ser adjudicatarias de ese ingreso, aquellas personas que viven solas, que malviven solas por la calle -que hay muchas- entre cartones, que tienen enfermedades mentales... Creo que ahí hay un importante
número de personas y a algunos, cuando hemos tenido que ir a buscar a un familiar que dormía entre cartones, nos ha costado muchísimo encontrarlo. Cuando se han solicitado incapacitaciones de forma rápida ha sido muy complicado, hemos estado
buscándolos por las noches, intentándoles llevar; ni siquiera la madre anciana podía ayudar, porque tampoco tenía prestaciones. Muchas asociaciones se dedican a ayudar, recogen gente de la calle, los cobijan y los ayudan. De ahí la importancia de
la ayuda de lo público y de lo privado, y cuando hablo de lo privado no me refiero a entidades con ánimo de lucro, sino a todo lo contrario, a entidades sin ánimo de lucro, que hay muchas. Se podría utilizar, entiendo yo, dicha colaboración con
mayor profundidad. Algunos ayudan de forma desinteresada. Quizá habría que canalizar las ayudas a través de estas asociaciones, con un control exhaustivo, donde pudiesen tener, como tienen ahora, vivienda, un lugar para dormir, lumbre para
cocinar, donde incluso familias monoparentales, normalmente madre e hijo o hija o hijos e hijas, que están solas podrían ser cobijadas. Yo le pediría al ministerio que hiciera un esfuerzo para que se contactara con ellas; más que ir creando nuevos
entes, que posiblemente habrá que crearlos, habría que contactar con esos entes, que están haciendo una labor silente, callada, sacrificada, donde mucha gente está trabajando de forma desinteresada, sin pedir ayuda económica, más allá de la privada,
y que están haciendo una gran labor.


Le mencionaba el tema de las enfermedades que lleva aparejada la soledad. Vemos a muchas personas andar o deambular por los parques, por los jardines de una ciudad a otra. Ha manifestado usted misma la necesidad de armonizar, a nivel
nacional, ese ingreso mínimo vital; al menos nos une algo a todos los españoles, aunque sea la necesidad de ayudar en la pobreza.


Nosotros estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que a los pobres, a los vulnerables y a los más necesitados hay que ayudarles siempre, siempre. Estamos de acuerdo en que hay que dar las máximas oportunidades de trabajo a todo el
mundo; estamos de acuerdo en lo que ha comentado usted,



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en que hay que ver si somos capaces de incentivar al empleo a aquellos que no tienen un tipo de trastorno, sino que se han visto excluidos de una sociedad donde la mercantilización del individuo es el drama, es el gran drama de la sociedad,
donde se le despoja a la persona de aquellos valores que trascienden al dios individuo que se centra en el triunfo económico exclusivamente.


Ojalá sean capaces de poder llegar a todos. No sé si el autobús o el SMS es lo más eficaz; creo que cualquiera de nosotros, en nuestras parroquias o en nuestras asociaciones, conocemos mucha gente que necesita ese tipo de ayuda. Quizá
tendrían que investigar por ahí y obtendrían más datos. En estas cosas es bueno que todos aportemos nuestro granito de arena. Insisto en que nosotros estamos a favor de un ingreso mínimo vital, pero no así por razones que ya dijimos en su momento
-algunas se han comentado-, porque no nos parecía que técnicamente se estuviera realizando de la mejor forma. Es cierto que está habiendo problemas, usted misma lo ha dicho, para llegar a todo el mundo. Que Dios les ayude y nos ayude a todos para
evitar la máxima pobreza y que todos tengan la posibilidad de tener una vida digna alrededor de su familia o ellos mismos, ellos solos. Sobre todo me interesa el dato por el que le pregunto de si tienen localizado el tipo de trastornos mentales de
las personas que viven solas, aisladas del mundo.


Muchas gracias, señora Paniagua; muy amable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Pasamos al Grupo Popular.


La señora ANGULO ROMERO: Gracia, presidente.


Gracias, señora Paniagua, por las explicaciones sobre su trabajo de investigación. Hemos hablado poco de los presupuestos. Probablemente, usted que pone a la AIReF de ejemplo, coincida con ella en que son unos presupuestos irreales, que ya
han enmendado hasta cinco organismos oficiales; unos presupuestos que son lo contrario de lo que exige un momento de emergencia económica y social, y que están muy alejados de la realidad de los españoles, que muestran el fracaso de esas políticas
de inclusión, y por eso usted no nos ha hablado de estos datos: 13,2 millones de personas en riesgo de pobreza, 2,5 de ellos niños, y casi 4 millones en carencia severa; somos el cuarto país de Europa con más personas en situación de pobreza;
escuchamos estos días a los bancos de alimentos alarmados por el aumento de peticiones, y el 50 % de las familias tienen ya dificultades para llegar a fin de mes. Y esto va a aumentar, porque mientras ustedes recaudan 33 000 millones más, están
negando a más de 10 millones de españoles con bajos ingresos una rebaja en su cesta de la compra, un 15 % más cara, y están ahondando en el empobrecimiento de la clase media y trabajadora, que va a perder un 20 % del poder adquisitivo, y pagará más
impuestos. Y esa sobrerrecaudación no tiene reflejo en la vida de los más vulnerables, porque incluso ustedes reducen un 70 % el programa de políticas de inclusión vinculadas al IMV.


Hablemos del IMV, su medida estrella. Usted ha empezado ya excusándose al saber que no está cumpliendo su objetivo, el de reducir la pobreza y lograr la inclusión sociolaboral de sus beneficiarios, porque el non take up ya lo conocían
ustedes cuando hicieron esas evaluaciones ex ante, creo yo. Una excusa para no decir que siguen sin atender al 40 % de los hogares, a lo que se comprometieron. Además, hay dos millones más de personas en situación de pobreza, por lo que todas sus
previsiones ya están desfasadas. Y aquí sí que me gustaría hablar de lo que yo creo que está siendo o poca rigurosidad o una falta de transparencia del ministerio, porque además de no publicar ustedes mensualmente el número de prestaciones, como se
hace con las demás, creo que se están trampeando los datos, pues ustedes nos están dando el número de expedientes acumulados -no el de expedientes o prestaciones vivas-, no sé si porque no tienen el dato o, lo que sería peor, porque ningún
beneficiario en dos años ha conseguido salir de la exclusión y no seguir necesitando la prestación económica, porque esto sí que sería el verdadero fracaso de una política de inclusión y la estarían convirtiendo en una mera prestación asistencial
más. ¿No han salido esas personas a quienes ustedes les han revisado la prestación y se la están quitando y pidiéndoles los atrasos? Porque siguen apareciendo en las cifras acumuladas.


Otros datos de los que usted no ha hablado. Mientras conocemos que con esa rigurosidad han concedido el IMV a un ciudadano ruso, residente en España, a pesar de declarar más de 100 000 euros en cuentas, vemos que solo lo está recibiendo el
13 % de las personas en pobreza severa, y siguen denegando el 70 % de las solicitudes. Y, efectivamente, quienes más lo necesitan, 400 000 personas, según la AIReF, no lo están solicitando. Las causas se las llevamos diciendo desde hace dos años,
y se lo ha dicho la AIReF: complejidad del programa, procedimiento inaccesible, valoraciones erróneas, resolución lenta, excesivo esfuerzo en relación a lo que se percibe y necesidad de recursos humanos, porque esta es una prestación de la
Seguridad Social, y ustedes tienen las oficinas del INSS colapsadas,



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sin medios humanos suficientes, sin capacidad para dar citas o incluso están cerrando CAISS. Mire esta noticia: Conseguir cita previa en la Seguridad Social se ha vuelto misión imposible; les da igual si tu hijo no come. Y ahora, ¿qué
les dicen ustedes a estas personas? Que han creado tres secretarías de inclusión, un consejo consultivo, una comisión de seguimiento, un comité científico, un comité ético; que han contratado por más de 3 millones consultoras externas para aprobar
solo el 25 % de más de dos millones de solicitudes, y que ahora, dos años después, gracias a 90 000 SMS y al autobús del IMV, descubren ustedes que la gente no conoce la prestación, que creen que no cumplen los requisitos y que hay exceso de
burocracia. O sea, que ustedes han fracasado y además lo han hecho porque no han escuchado nada de lo que les dijimos los grupos políticos, todas las entidades sociales, las comunidades autónomas y los servicios sociales de los ayuntamientos desde
el primer momento. No había que investigar y estudiar tanto para saber esto. Ahora ponen ustedes un autobús del IMV, que me gustaría preguntarle cuánto va a costar.


También me gustaría saber qué va a pasar con todos esos millones de familias vulnerables que no reciben el IMV, porque su secretaría general es para hablar de políticas de inclusión, y de eso no nos ha dicho nada. Y hablemos de la inclusión
social y laboral, que es otro objetivo que ustedes no están consiguiendo, porque ustedes no están ofreciéndoles a todos los perceptores del IMV un itinerario de inclusión. El ministro Escrivá se ha hartado de despreciar el trabajo de las
comunidades autónomas y de sus servicios sociales con las rentas mínimas, pero cuando tiene que desplegar estas estrategias, recurre a ellas, a los ayuntamientos y al tercer sector. Eso sí, lo hace a través de unos proyectos piloto para investigar
y aprender, con cargo a fondos europeos, repartidos, permítame, sin ninguna transparencia ni equidad; están llegando, si llegan, a una infinitésima parte de los beneficiarios.


Nosotros no nos oponemos a que las políticas públicas se evalúen, todo lo contrario; ojalá su Gobierno evaluara y auditara más e improvisara menos. Su obligación como ministerio, porque lo dice la ley, es que todos los perceptores, junto
con la ayuda económica, suscriban un itinerario de inclusión sociolaboral, sobre todo para evitar caer en la trampa de pobreza y que esto sea una mera prestación económica. ¿Usted me puede decir de ese 1 400 000 beneficiarios, cuántos están
siguiendo un itinerario de inclusión? Yo le voy a poner un ejemplo que creo que desmonta, además, ese efecto redistributivo del que nos habla. Extremadura es la comunidad autónoma con la tasa de pobreza más alta -un 38,7 %-, la tercera comunidad
donde más suben los precios, la decimocuarta economía de España por volumen de PIB, y los extremeños están recibiendo la cuantía media del IMV más baja. ¿Me lo puede explicar? Con 409 000 extremeños en riesgo de pobreza, reconocen 16 400
solicitudes, o 45 000 beneficiarios, y conceden a la Junta de Extremadura una subvención para desarrollar uno de estos itinerarios piloto que atenderá a mil personas. ¿Qué hacemos con las otras 44 000? ¿No tienen derecho también a recibir un
itinerario de inclusión? Y a eso es a lo que me refiero, señora Paniagua, porque ustedes han reducido este importante pilar de la inclusión a meros pilotajes, que ya le digo que estarán muy bien, pero la gente que hoy lo está pasando mal no puede
esperar dos años a que ustedes terminen de estudiar, de aprender y de investigar; no pueden, porque las necesidades las tienen hoy. Y ustedes no tienen un verdadero plan de estrategias de inclusión con fondos propios, independientemente de que
investiguen y analicen todos esos proyectos piloto con cargo a fondos europeos, un plan para ofrecer a todos los beneficiarios del IMV de manera simultánea la oportunidad para salir de la inclusión.


Termino con una cuestión. Efectivamente, el IMV nació como una prestación de carácter nacional, en el ámbito de la Seguridad Social. Pero antes me gustaría preguntarle a qué se van a destinar las partidas de los fondos europeos de este
año, a qué comunidades autónomas y ayuntamientos van a concederlos, con qué procedimiento y criterio van a repartirlo y por qué este año excluyen al tercer sector.


Como decía, presidente -y termino-, ustedes concibieron esto como una prestación nacional para evitar esa dispersión de las rentas autonómicas y, sin embargo, sabemos que solo por los intereses políticos de Sánchez ha transferido la
competencia de la prestación al País Vasco y Navarra, algo que nosotros tenemos recurrido al Tribunal Constitucional, porque incluso está impidiendo investigar y evaluar. La AIReF ha dicho que no puede dar los datos de toda España porque no tiene
los datos del IMV del País Vasco y de Navarra. Por lo tanto, ahí ya tenemos otra deficiencia. Si ese es el modelo hacia el que ustedes caminan, en esa reordenación de las prestaciones que su secretaría dice que va a elaborar, ¿nos podría explicar
a qué prestaciones afectará?


Termino. Los datos avalan que estamos ante unos presupuestos que son una hipoteca general que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Deben devolverse y presentar unos basados en la realidad, esa que dice la AIReF, señora
Paniagua. Nada tienen que ver los suyos con esa España casi



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idílica que ustedes nos dibujan y en la que, desgraciadamente, cada día hay más personas a las que van dejando atrás. Háblenos usted también de las medidas para esas personas.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.


Pasamos al Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Pedraja.


La señora PEDRAJA SÁINZ: Muchas gracias, presidente.


Gracias, señora Paniagua, por su intervención, por comparecer en el día de hoy aquí y, desde luego, por la labor que realizan desde el ministerio. Creo que es una labor muy humana, muy empática y eso es muy importante en los tiempos que
corren. Hablamos muchas veces de cifras y de datos pensando que hablamos de macetas; hablamos de 1,4 millones de personas y parece que estamos hablando de macetas. Estamos hablando de personas con nombres y apellidos, con problemas, con penas,
con alegrías, que necesitan nuestra ayuda. Debemos ser un Estado en el que seamos solidarios unos con otros que y que consigamos que todo el mundo viva con dignidad.


Este ingreso mínimo vital, que ahora mismo llega a 1,4 millones de personas, está claro que tiene que llegar a más gente. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Para eso se han activado diferentes planes, para poder llegar a más
personas: se ha activado el autobús, se están activando encuestas, se están mandando SMS a los ciudadanos para que sepan cómo funciona el ingreso mínimo vital, para que puedan acceder a él y se están poniendo todos los medios para que todas las
personas que realmente necesiten estas ayudas puedan recibirlas. Creo que esa siempre es la actitud del Gobierno y nos consta que están trabajando en eso, pero no podemos exigir todo de hoy para mañana, esto va poco a poco. El año pasado
hablábamos de 350 000 personas recibiendo este ingreso mínimo vital, hoy hablamos de 1 400 000 personas. Y hablamos de que, de ellos, 600 000 son niños; son 600 000 menores que están pudiendo tener una vida digna y competir en igualdad de
condiciones que los señoritos de este país; veamos eso, que pueden competir en igualdad de condiciones gracias a medidas como el ingreso mínimo vital. Además, hablamos de que el 44 % de esas familias, de esos hogares que lo reciben, son familias
monoparentales, muchas de ellas encabezadas por mujeres, como bien comentaba la secretaria; dos de cada tres son mujeres, es que la pobreza tiene nombre de mujer o nombre de niño. Seamos un poco más serios cuando hablamos de ciertas cosas, porque
estamos hablando de vidas humanas y de personas. Se están desplegando también estos itinerarios, en todo el territorio están desplegados gracias a las entidades del tercer sector. Creo que hay que agradecerles muchísimo esa labor diaria que
realizan para poder llegar a todo y, sobre todo, para transmitirnos a las administraciones públicas las necesidades que hay; al final, quienes mejor ven las necesidades son las personas que están a pie de calle cada día, y el tercer sector así lo
hace. Desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría agradecerle a ese tercer sector esa labor que realizan día a día.


Me ha sorprendido mucho la intervención del diputado de VOX. Me alegro de ese cambio de actitud y de ese cambio de discurso, de llamar chiringuito a cada asociación que mejora la vida de alguien. Por lo menos, ya no hablamos de
chiringuitos y ahora reconocemos la gran labor que realiza este tipo de asociaciones, porque es cierto, porque las realiza; me alegro, por lo menos, de ese cambio de actitud, pasar de chiringuito a asociación, que me parece bastante importante.
Pero me hace gracia ese discurso de que estamos de acuerdo en que hay que ayudar a todo el mundo, en que hay que beneficiar a todos y que Dios no lo hace todo, y que por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar entre todos para poder ayudar a Dios y
así conseguir que todo el mundo esté cubierto. Pero, vamos a ver, es que ustedes se oponen a todo; aquí llega la subida del salario mínimo interprofesional y se oponen, llega la reforma laboral y se oponen, y llega el ingreso mínimo vital y se
oponen también. Hablamos de subir las pensiones el 8,5, como está en el Pacto de Toledo y tampoco les gusta mucho. Es que, para mejorar la vida de la gente, para conseguir que la gente tenga una vida digna hay que votar a favor de alguna cosa. No
podemos decir que queremos ayudar a quien menos tiene y, luego, votar en contra de todo. (Aplausos). Ese es un discurso totalmente populista: sí, yo quiero ayudar a todo el mundo pero soy legislador y no voy a ayudar a quien realmente lo
necesita. Muy bien el discurso, pero igual hay que darle al botoncito verde de vez en cuando, que no está mal.


Señorías del Partido Popular, ¿cuáles son sus propuestas a los presupuestos? Porque si sus propuestas son que hay que bajar los impuestos a los ricos, no creo que se puedan implementar más medidas, no creo que se puedan generar más
servicios, no creo que se pueda mejorar el ingreso mínimo vital. Igual lo que hay que hacer es subir los impuestos a las grandes eléctricas, subir los impuestos a quien



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más tiene y hacer una redistribución de la riqueza. Es que igual tenemos que ir por ahí. A mí me parece muy bien que vengan aquí a decir que los presupuestos son muy malos, que son terribles, pero den propuestas realistas, porque es que no
las dan. Y, luego, vienen aquí a dar lecciones en cuanto a los cargos públicos que comparecen hoy aquí y cuántos cargos públicos han generado. Perdonen, que tienen un vicepresidente en Castilla y León, en su Gobierno del Partido Popular con un
pacto con VOX, sin ningún tipo de función. (Aplausos). Porque es que por lo menos aquí los cargos públicos que hay están haciendo su labor, han generado el ingreso mínimo vital, que está mejorando la vida de 1 400 000 personas, no macetas,
personas, ciudadanos con nombres y apellidos, con sus problemas. Lecciones cuando podamos darlas, si no, por favor, no hagamos discursos incendiarios y catastrofistas, que es lo que hacen cada día. O sea, que con ese tipo de discursos no están
atacando al Gobierno, están atacando a las ciudadanas y ciudadanos de este país que realmente lo están pasando mal; seamos un poquito más serios.


Simplemente quiero agradecerle la comparecencia, agradecerle la labor diaria que realizan, mostrarle todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y tender nuestra mano para todo el trabajo en que podamos ayudarles.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pedraja.


Pasamos a la secretaria. Tiene la palabra la señora Paniagua.


La señora SECRETARIA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIA (Paniagua San Martín): Muchas gracias por las distintas participaciones. Voy a intentar resumir las respuestas; ha habido muchos temas y me gustaría
poder dar respuesta a todos, hasta donde alcance.


Empiezo por el tema de que ya se sabían las causas y demás. Cuando uno pone en marcha una prestación, claro que sabe cuáles son los problemas que puede tener. Precisamente si hoy, en representación de la secretaría general, vengo a contar
cómo se ha diseñado es porque previamente hemos estudiado muchísimo los esquemas que existían en este país y los que existían fuera. Tampoco íbamos a mentir con las estimaciones del principio. Lo que hay que hacer es traer la realidad. ¿Vamos a
esconder a la ciudadanía, a los responsables públicos lo que hay? No, señor, lo que contamos es lo que hay, las limitaciones que pueden tener las fuentes administrativas para medir, pero que las tienen aquí y las tienen en todos los países; todos
los países tienen el mismo problema. Lo he contado, tienen las cifras. No lo digo yo, lo dice la AIReF, lo dice la Comisión Europea. Estoy trayendo el valor que tiene hoy esa diferencia entre la cobertura a la que íbamos a llegar, y para la que
todavía tenemos un margen de mejora amplio, y cómo estamos a día de hoy.


Respecto al tema de la burocratización y el tiempo, dos años y demás, quiero recordar que el ingreso mínimo vital no es la primera prestación de estas características que se pone en marcha en este país y que los responsables de estas
medidas, que han sido las comunidades autónomas, han tenido distintas etapas en este despliegue. Con la pandemia, con la situación de la Seguridad Social, del INSS, gestionando numerosas prestaciones del escudo social, que el inicio fuera complejo
era cuando menos esperable. Ahora bien, a día de hoy, el INSS ha conseguido, además, hacer un desarrollo automático para procesar las numerosas solicitudes de manera automática e intentar evitar que el solicitante tenga que aportar la información
que ya obra a disposición de la Administración pública.


Se ha hablado del sello social y de la ambición. Yo creo que más que medir la ambición si vamos a aplicar unas cuotas a los empresarios por contratar a beneficiarios del ingreso mínimo vital, lo que tenemos que ver es si conseguimos la
inclusión. El objetivo es la inclusión, pues midamos la inclusión. A día de hoy lo que les puedo transmitir es que hay muchas empresas que están interesadas, que ya han venido a solicitar el sello de inclusión y que estamos trabajando para que
este proyecto que se inicia ahora realmente sea un éxito en la medida en la que consiga el objetivo para el que fue diseñado, que es conseguir la inclusión de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, por la parte que pueda aportar el sector
privado.


Ha hablado de la rigurosidad de la evaluación, tanto en la parte de los itinerarios como en la parte del incentivo. En cuanto a los itinerarios, ya he comentado en mi presentación cuál es la metodología. Creo que estamos siendo rigurosos.
Es una metodología compleja porque en el ámbito social estamos hablando de que habrá proyectos en los que habrá un colectivo que no va a recibir el acompañamiento que vayamos a hacer en materia de inclusión y otro que sí que lo va a recibir, y hemos
establecido todo un comité ético alrededor; o sea, que la rigurosidad con la que lo estamos llevando a cabo creo que no es discutible. Tenemos a los mejores expertos nacionales e internacionales, y lo hemos hecho desde el principio, y los comités
que se han creado no tienen coste, estamos creando la gobernanza necesaria para que la inclusión, que es de muchos actores, se pueda hacer con el objetivo para el que nace.



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Por otro lado, en cuando a la rigurosidad de la evaluación, tenemos un hito con la Comisión, y es que la evaluación tiene que estar entregada en el primer trimestre del año 2024. Todos los proyectos están en marcha, todos los proyectos
tienen reporte del Ministerio de Inclusión, tienen cuadros de mando donde todos sabemos en cada momento en qué punto está el proyecto. De hecho, se lo decía al principio, el Ministerio de Inclusión, la secretaría general no se desentiende en ningún
caso de estos proyectos porque se haya dado una subvención; estamos desde el principio hasta el final, hasta conseguir que se lleve esa evaluación. La evaluación la va a llevar el ministerio, por eso el ministerio está trabajando en conseguir
armonía en la ejecución de los proyectos y que la evaluación esté ordenada, dentro de que son treinta y cuatro proyectos distintos. Por supuesto, el incentivo, además, es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va emitir una
opinión anual sobre el ingreso mínimo vital, y el incentivo forma parte del ingreso mínimo vital. Vamos a estar evaluados de manera externa y también por las propias evaluaciones que hacemos en el ministerio. Ya apunta el real decreto en la
exposición de motivos lo que concluye el comité asesor en cuanto al diseño del incentivo, a las cuantías.


Hay otro tema que me parece muy relevante de los que han sacado, y son las cifras de pobreza; han dado varias cifras de pobreza. Primero, estamos trayendo al debate político, al debate público, conceptos de pobreza y desigualdad que hasta
hace mucho no estaban en el debate, como si la actuación pública no fuera la que tuviera que 'encargarse de', y, sin embargo, ya estamos discutiendo sobre cifras, ya es un paso adelante. Se me ha trasladado que las cifras suben y que no se está
consiguiendo nada. Sinceramente, pensar que los 4500 millones de euros que están invertidos en el ingreso mínimo vital, tan focalizados en un colectivo vulnerable no han tenido efecto, de verdad, es muy poco realista. La manera de ver el efecto de
una intervención pública es medir qué habría ocurrido en ausencia de la intervención. El informe al que se han referido, que mide el efecto de la intervención en la pandemia, lo dice: se ha evitado que un millón y medio de personas -leo
textualmente- entrara en situación de pobreza durante la COVID-19 gracias al escudo social. Luego no vale con mirar los indicadores como si nada hubiera ocurrido, lo que hay que preguntarse es cómo serían esos indicadores si no hubiera existido la
intervención como ha existido, el escudo social y, en particular, el ingreso mínimo vital. De hecho, la forma de medir el efecto de una intervención es a través de mecanismos como los que estamos haciendo en los proyectos del plan de recuperación,
los pilotos se hacen con esa metodología para ver el efecto neto de la intervención; es así como se mide de verdad el efecto de la intervención pública.


El ingreso mínimo vital, lo decía en la presentación, ha podido adecuarse a las situaciones en las que las familias vulnerables tenían más dificultad. Primero, ya lo hemos hecho automáticamente a través de los distintos presupuestos
generales del Estado, desde los límites de renta garantizada del año 2020 hasta los que tenemos ahora para los presupuestos de 2023, vamos a subir un 14 % estas rentas garantizadas. En concreto, en el año 2023 la subida está en torno al 8,5, pero
acumulado desde el principio estamos en el 14 %. Como resultado de la crisis de Ucrania, hemos tenido un 15 % de incremento para beneficiarios del ingreso mínimo vital desde el mes de abril y hasta el mes de diciembre. Luego hemos creado una
medida que, además de identificar vulnerabilidad, nos permite adecuar e incrementar la ayuda en los momentos de crisis.


Se me ha hecho otra pregunta sobre si el incentivo al empleo lo podrían cobrar otras personas que no fueran beneficiarias del ingreso mínimo vital. El incentivo al empleo va absolutamente ligado al ingreso mínimo vital y se recibe de oficio
una vez se produce la revisión del mismo. Me ha parecido entender que han comentado que hay poca ambición en temas de incentivo al empleo, y aprovecho para decir que si conseguimos que la gente se active, vamos a tener un incremento en la oferta
laboral importante, porque vamos a tener gente que se incorpore al mercado laboral; veremos a ver cuántas horas se aumentan por esa gente que no estaba trabajando. De hecho, tenemos una estimación de que por cada euro que cuesta el incentivo se
recibe uno de vuelta porque baja el IMV y suben las cotizaciones o de que si se consigue activar mucho, se consigue tener de vuelta hasta 3,5 euros. O sea, que el incentivo al empleo puede ser una medida absolutamente potente.


Continúo con otros aspectos que me han planteado de las reclamaciones que se han hecho desde la Seguridad Social a determinadas prestaciones. Quiero recordar que el ingreso mínimo vital es una prestación viva, que el INS ha acelerado
muchísimo toda la gestión del mismo, incorporando elementos nuevos de digitalización al proceso, pero les quiero contar algo más, porque solo me cuentan lo negativo. Cuando uno es beneficiario del ingreso mínimo vital tiene la obligación de hacer
la declaración de la renta. El 60 % de los beneficiarios del ingreso mínimo vital ha tenido una devolución de media de 400 euros; es decir, se les ha devuelto anualmente lo que puede ser en media una mensualidad. Esto de la regularización



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también tiene sus ventajas. Lo que estamos haciendo es traer a la gente al sistema, porque si necesitamos establecer cualquier medida, los tenemos fácilmente identificados.


Me preguntaban también por colectivos concretos, personas sin hogar fundamentalmente. Claro que nos preocupamos por ese colectivo; de hecho, fue uno de los que más nos preocupaba, primero para el cobro de la prestación porque, como les
contaba en mi intervención, había características de la unidad de convivencia relacionadas con donde vive la persona que eran difíciles de acreditar en estos casos. Por eso se modificó cuando todavía era un real decreto-ley, y después de la
modificación, finalmente en la ley se recoge la posibilidad de que servicios sociales y entidades del tercer sector de acción social, mediante el Registro de mediadores, lo certifiquen. Tenemos ya en ese Registro de mediadores entidades que
trabajan con personas sin hogar, que forman parte del registro y que nos ayudan en la certificación para que estas personas no solo puedan cobrar la prestación, sino que nos acompañen para hacer su seguimiento -como digo, es una prestación viva-,
porque están en una situación muy complicada. Y no solamente trabajamos en la inclusión de estas personas para que cobren el ingreso mínimo vital, sino también les apoyamos en la inclusión. Entre los treinta y cuatro proyectos que tenemos, uno de
ellos es con una de las organizaciones que trabaja especialmente con personas sin hogar. Lo que necesitan esas personas de entrada es la tranquilidad de tener un sitio donde ubicarse y tener esa tranquilidad que luego les permite dar el salto. Y
en ese proyecto -muy interesante- estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la inserción laboral de estas personas, donde se les asegura, primero, la parte del alojamiento para luego trasladar la inserción laboral.


Por supuesto otro tema que nos preocupa, porque lo hemos visto todos como la consecuencia del COVID: el efecto en enfermedades mentales. Es una de nuestras preocupaciones y también se refleja en los pilotos que estamos llevando a cabo.


Decían que todos aportemos, la gobernanza es fundamental, lo decía en la presentación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja con las comunidades, con las entidades locales, con el tercer sector de acción social
precisamente porque sabemos que la inclusión ha sido una política que estaba muy atomizada, muy dispersa, y si queremos que alguien al final mejore en esto de la inclusión tenemos que ser muchos coordinados, bien coordinados, los que trabajemos
conjuntamente.


Me preguntaban también por el coste de la campaña. Pueden ver las cifras oficiales, las cifras públicas, están en la página web de Moncloa, en el plan de comunicación institucional, es transparente, ahí lo pueden ver. Si lo que me
preguntan es el coste de si en realidad ha merecido la pena, mi respuesta sería: absolutamente. Al final, los decisores públicos siempre tenemos que tener un coste-beneficio, no solamente el coste, sino qué hemos conseguido con las personas que no
vienen a pedirnos el ingreso mínimo vital, sino que nosotros hemos de acercarnos a ellas. Esto es un beneficio absolutamente para todos.


Con respecto a que no lleguemos a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital con los pilotos, es que son pilotos, lo dije antes, es que al final no se trata de que con esto sustituyamos, es que la Comisión Europea le da a España este
dinero para que investiguemos. La verdad, me duele muchísimo esa casi ridiculización que hace del análisis. Yo les invito a que se vengan conmigo para enseñarles todo lo que se está haciendo y, además, el interés que despierta en Europa, porque me
encantaría que lo vieran. En Europa están interesados en ver cómo funciona el autobús -este problema que aparentemente sabemos todos, aunque nos enteramos los últimos en España-, están interesados en venirse a ver con nosotros el autobús para a ver
cómo funciona. Sinceramente, creo que en algunos casos se produce una contradicción permanente entre los que nos acusan de que no llegamos y al mismo tiempo critican los medios que ponemos para avanzar. Esa contradicción sistemática, sinceramente,
con esos mensajes lo único que a mí me parece es que se puede reducir su credibilidad, de verdad.


Creo que el ingreso mínimo vital y la política de inclusión han venido para quedarse, y los ciudadanos nos necesitan, siempre con propuestas constructivas. Nunca se ha hecho tanto para buscar activamente a las personas que pueden ser
beneficiarias de una prestación. Y tengo muy claro que seguiremos trabajando así, dedicando los medios necesarios para conseguir incorporar al ingreso mínimo vital a todas las personas que aún no han venido a solicitarlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Si les parece, suspendemos tres minutos la sesión para que se incorpore la secretaria de Estado, que ya está en la sala. (Pausa).



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- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (CASTRO FERNÁNDEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002514), PLURAL (Número de expediente 212/002572), VOX (Número de expediente 212/002394),
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002815), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002698).


El señor PRESIDENTE: Si les parece, continuamos la sesión con la comparecencia de la secretaria de Estado de Migraciones, doña Isabel Castro Fernández, que es la primera vez que comparece -creo- en esta casa, por lo cual, le damos la
bienvenida.


El procedimiento ustedes ya lo conocen; en todo caso, para que tenga conocimiento la secretaria de Estado: intervendrá primero ella, después los grupos parlamentarios de menor a mayor, y cierra siempre el Gobierno, por lo tanto, terminará
la secretaria de Estado respondiendo a las cuestiones que le planteen o a lo que ella entienda pertinente.


Tiene la palabra, secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (Castro Fernández): Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.


Como decía el presidente, comparezco por primera vez en el Congreso como secretaria de Estado de Migraciones, una responsabilidad que asumí el pasado mes de junio para impulsar la política migratoria en este país, que hoy juega, como todos
sabemos, un papel clave -como hemos visto- tras lo sucedido en el ataque de Rusia a Ucrania, y para explicar también la necesidad de una política migratoria común; una política que este Gobierno ha acometido de manera valiente desde la llegada del
presidente Pedro Sánchez hasta hoy, pasando por la crisis de Siria o Afganistán. Somos un Estado solidario que recoge el mandato de la Unión Europea en materia de emigración, y es nuestra obligación ética acoger a todas las personas que huyen de
conflictos o persecuciones por cualquier razón. Hoy me siento orgullosa de la solidaridad que muestra este país con las personas refugiadas de Ucrania, con el trabajo común entre entidades, personas voluntarias y la Administración, a la que quiero
agradecer su compromiso y dedicación. La política migratoria es también una política económica. Tenemos que ser capaces como Estado de dotar al sistema de los recursos necesarios para la acogida y la inserción de las personas migradas. Llevamos a
cabo una política migratoria; afrontamos, sin demagogia, el fenómeno migratorio, aportando subvenciones ante un mundo global que cada vez es más complejo. En este sentido, voy a exponer las líneas presupuestarias de la Secretaría de Estado de
Migraciones para el ejercicio 2023.


Cumplimos con el mandato constitucional de presentar unos presupuestos en tiempo y forma, y con el claro ánimo de que sean aprobados por sus señorías en el Pleno del Congreso, dotando de certeza a miles de personas, que son el centro de
nuestro trabajo y desvelo. Los presupuestos que presentamos hoy siguen la misma línea del conjunto de cuentas del Gobierno. Así, este presupuesto tiene dos objetivos que son prioritarios: avanzar en justicia social y proteger nuestra economía.
Para ello destinamos la mayor partida de gasto social de la historia, una cifra récord en la que seis de cada diez euros están destinados a proteger a la clase media y trabajadora, a fortalecer nuestro Estado del bienestar y a consolidar nuestro
tejido empresarial. Frente a otras maneras de gestionar las cuentas públicas, los presupuestos para el año 2023 son unos presupuestos para la mayoría social progresista de nuestro país, transformadores y necesarios; una garantía de estabilidad,
seguridad y eficiencia económica.


Esta secretaría de Estado cuenta, como saben, con tres direcciones generales: la Dirección General de Migraciones, la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración y la Dirección General de Gestión del
Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. Además, se mantiene la estructura de tres subdirecciones generales de carácter transversal que dependen directamente de la secretaría de Estado. Antes de continuar querría agradecer a
todas las personas al frente de estas unidades y a sus equipos el enorme trabajo que desempeñan. Puedo asegurar que el compromiso que rige el trabajo de los y las empleadas públicas de la Secretaría de Estado de Migraciones es la entrega total y la
implicación personal, dando sentido real a la vocación de servicio público de los trabajadores de la Administración. A todas y a todos ellos, muchas gracias.


Para el ejercicio de 2023, la Secretaría de Estado de Migraciones presenta un presupuesto de 814 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 29 % sobre el presupuesto inicial del ejercicio de 2022, un incremento histórico que
responde a los objetivos del Gobierno y a la realidad de los flujos migratorios de nuestro país. La Dirección General de Migraciones cuenta con un presupuesto de más de 62



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millones. Esta dirección tiene la responsabilidad de gestionar, entre otras cuestiones, la pensión para los españoles residentes en el exterior; la pensión asistencial para españoles retornados; materia de gestión colectiva, y la
responsabilidad de contrataciones de extranjeros en los países de origen. Los principales objetivos para este año 2023 serán continuar con el desarrollo de la reforma del reglamento de extranjería, con la puesta en marcha de la unidad de
tramitación de expedientes de extranjería; trabajar en la mejora de la gestión y homogeneización de los criterios de la extranjería en España; poner en marcha proyectos de migración circular con nuevos países, y trabajar en vías de migración
regular, ordenada y segura; favorecer el desarrollo de proyectos vinculados al arraigo para la formación; el desarrollo de la reforma y garantía adecuada de las novedades. También tiene como objetivo aplicar adecuadamente los cambios normativos
que afectan a la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos, como la Ley de startups y la creación de la figura de los nómadas digitales, y la aplicación de la trasposición de la directiva Blue Card. En el año 2023 también se va a
desarrollar el reglamento de los españoles en el exterior.


Quiero destacar el firme compromiso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con una migración regular, segura y ordenada. Por ello, hemos hecho varias modificaciones normativas, que aun sin impacto económico directo en
los presupuestos generales, sí tienen gran repercusión económica en nuestro país. Hace un año aproximadamente, en noviembre pasado, se produjo la primera reforma del reglamento de extranjería, y este verano se ha producido la segunda reforma. La
primera de ellas iba encaminada a dar una esperanza de futuro a menores y jóvenes extutelados. Puedo decir con satisfacción que se ha cumplido el objetivo que se pretendía. La premisa inicial era que se pudiera llegar a 15 000 jóvenes y
extutelados con permiso de trabajo y residencia, y hoy puedo decir que hemos llegado a esta cifra. La primera reforma del reglamento de extranjería permanecerá, pues sigue siendo una herramienta por la que cientos, miles de jóvenes que han sido
tutelados por la Administración durante años tengan en el futuro una vida de incorporación regular al mercado laboral, que no se queden en los márgenes del sistema abocados a una guerra competencial. De eso se trata gobernar: de dar respuestas, de
aportar soluciones, de crear esperanza y certeza. Señorías, pregúntenles a cualquiera de estos 15 000 jóvenes que ven en algo tan frío como puede ser una reforma normativa un camino de esperanza para sus vidas. Somos ambiciosos y, por eso, tras la
primera reforma, este año, antes del verano, hemos abordado una nueva reforma del reglamento de extranjería, modificación normativa que persigue varios objetivos, pero que siempre tiene en el epicentro el bienestar de la persona. Esta nueva reforma
permitirá, además, dar salida a los cuellos de botella de sectores laborales tensionados, de trabajos donde no se encuentra fácilmente mano de obra. Esta nueva mejora del reglamento permitirá, entre otras cosas, una aplicación homogénea de la
normativa de la ley de extranjería; la creación de la Utex, una oficina de tramitación centralizada, y nuevas figuras, como el arraigo para la formación, que facilitarán la inserción sociolaboral de la población migrante en España.


Además, y como no puede ser de otro modo, tenemos siempre la mirada puesta en nuestros compatriotas en el exterior. La Ley 40/2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior crea y regula los consejos de residentes en el
exterior y es la norma actualmente vigente. Esta misma ley, modificada en el año 2019, recoge la legislación sobre el retorno. Actualmente, estamos trabajando en el desarrollo reglamentario de dicha ley. Todas estas iniciativas muestran la
preocupación real de este Gobierno por los españoles en el exterior.


Como decía, también contamos con la Dirección General de Atención Humanitaria. Esta dirección trabaja en las siguientes áreas: primero, en el Programa de Atención Humanitaria, que atiende el estado de necesidad de las personas inmigrantes
que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que llegan a las costas españolas o, por vía terrestre, a Ceuta y Melilla. La dotación para el año 2023 es de 84,1 millones de euros. Actualmente cuenta con 406 recursos, 11 000 plazas, además de
dos CETI con 1300 plazas. El año 2023 comenzará con la sustitución del antiguo modelo de subvenciones con el que funcionaba el programa de acogida por el de acción concertada, un cambio que dará más estabilidad al Programa de Atención Humanitaria
al permitir una planificación a cuatro años en vez del ciclo anual de las subvenciones, que facilitará el intercambio de información y la mejora de la transparencia y garantizará una gestión más ágil al no depender de trámites anuales. Este
sistema, innovador en el ámbito de atención humanitaria, nace con el propósito de anclar un nuevo enfoque al modelo tradicional, donde los actores tradicionales, las entidades que prestan servicio en el programa, dispondrán de un nuevo escenario
normativo más estable, con mayor seguridad jurídica y más eficiente. Un modelo que es pionero en la Administración Central del Estado, que creemos que será un hito donde se plasmará el éxito de una gestión administrativa moderna, dando respuesta a
los cambios de una sociedad en continuo movimiento.



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El segundo programa es el programa de retorno voluntario de emigrantes, que tiene como objetivo atender las necesidades de retorno a sus países de origen de las personas inmigrantes solicitantes de asilo o a personas que gocen de alguna
protección internacional que se encuentren en situación de vulnerabilidad, carencia y precariedad social, sean víctimas de trata o tengan problemas de integración social, que deseen regresar de manera voluntaria a su país de origen y carezcan de
recursos económicos para hacerlo. Su finalidad es garantizar el retorno digno de las personas y favorecer su asentamiento en la sociedad de la que partieron. Para ello ha contado con una dotación de 2,7 millones de euros.


El tercer programa es el de la convivencia y la cohesión social. Gracias a este programa se desarrollaron acciones destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social en los territorios donde se reciben más personas migradas. De
esta manera, se trabaja en itinerarios integrados y personalizados de inserción, en proyectos de estabilización y prevención, proyectos para prevenir y combatir los delitos de odio y el discurso de odio, proyectos de prevención de la exclusión y la
discriminación y promoción y protección de los derechos humanos. En 2023, la convocatoria contará con un crédito de más de 26 millones de euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.


Me gustaría también resaltar el impulso que esta secretaría de Estado ha dado al observatorio contra el racismo y la xenofobia y a la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia, donde se ofrece, a través de las instituciones y de la sociedad civil, el marco para atender a la necesidad de combatir el racismo y la xenofobia, y se da respuesta a las obligaciones, recomendaciones y tratados internacionales en esta
materia.


Por último, esta dirección general también tiene atribuida la ejecución de la inversión 5 del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es la creación de 5700 nuevas plazas en el sistema de acogida
estatal, así como la rehabilitación y mejora de los centros existentes. Así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue avanzando con la inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un logro histórico del
Gobierno de España, que facilita la vuelta a la normalidad tras la pandemia.


Asimismo, continuaremos en la implementación del plan para fortalecer el sistema de acogida, aumentando las capacidades y la titularidad pública de la red de los centros estatales. En este sentido, se prevé que al completar el plan se haya
pasado de 400 plazas de titularidad pública que había en 2019 a un total de 6100 en 2024. Actualmente, hay diecisiete centros en proyecto en todo el territorio nacional, así cumplimos también con nuestro compromiso de atender a aquellos territorios
con mayor presión migratoria. Para la creación de nuevas plazas, tanto de atención humanitaria como de protección internacional, se prevé la adquisición y construcción de nuevos centros de acogida en todo el territorio nacional, teniendo
actualmente identificados diversos espacios. Esta inversión también prevé la digitalización de los centros y la puesta en marcha de una nueva arquitectura digital y un sistema de información para la asignación de plazas. Además, conscientes como
somos de la necesidad de la mejora de las instalaciones en Canarias, y respondiendo a las peticiones del territorio, hemos proyectado la creación de 3000 plazas estables en centros de primeras llegadas en cinco de sus islas. En la península
crearemos más de 2500 nuevas plazas de gestión pública de centros de acogida de protección internacional, distribuidas por todo el territorio. Además, durante 2023 rehabilitaremos los seis centros de migraciones actuales, mejorando sus
infraestructuras, con especial atención a la eficiencia energética y la digitalización de los centros.


También está prevista la elaboración de planes territoriales para la colaboración interinstitucional e interadministrativa en relación con la acogida de personas inmigrantes. Insisto en la colaboración y coordinación con aquellos
territorios que tienen más presión migratoria. El Gobierno de España, a través de esta secretaría de Estado, mantiene un diálogo constante, fluido y fructífero con las comunidades autónomas donde la llegada de inmigrantes tiene una mayor
repercusión en su día a día. Así, recientemente hemos firmado un convenio por valor de 50 millones de euros para garantizar la acogida integral inclusiva y de calidad de las personas migrantes en Canarias. En la Ciudad Autónoma de Ceuta hemos
gestionado fondos de emergencia de la Unión Europea por más de 14 millones; y hay un proyecto de facilidad temática de la Comisión Europea por un total de casi 10 millones para apoyar a aquellos territorios sujetos a presión migratoria. Estos son
ejemplos no solo del compromiso, sino también del trabajo real, eficiente y efectivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de sus competencias y a la vez dentro de un marco de gobernanza multinivel con las
comunidades y ciudades autónomas. Somos un Gobierno de diálogo, un Gobierno social, un Gobierno por y para la gente, y estos presupuestos así lo demuestran.



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Por último, contamos con la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. En marzo de este año, el Gobierno aprobó la creación de esta nueva dirección general con el objetivo de dar respuesta al
compromiso de Europa y de este Gobierno con la atención a personas desplazadas con motivo del conflicto de Ucrania y a otras personas que son perseguidas en sus países por diferentes motivos y buscan refugio en el nuestro. Además, este año 2022 de
manera excepcional, la Secretaría de Estado de Migraciones ha hecho un esfuerzo extraordinario para atender a las personas desplazadas por el conflicto de Ucrania. Para ello ha contado con un crédito extrapresupuestario de 1200 millones de euros,
una financiación con la que se han cubierto hasta ahora las siguientes actuaciones: atención y acogida de emergencia de las personas desplazadas beneficiarias de protección temporal, 192 millones de euros; la puesta en marcha de cuatro centros de
recepción, atención y derivación, CREADE, con 20 millones de euros; apoyo a la integración en el marco del sistema de acogida de las personas desplazadas que permanecen en nuestro país, 392 millones de euros; los gastos en los que han incurrido
las comunidades autónomas y entidades locales en la atención a los ucranianos, 30 millones de euros; ayudas a las familias ucranianas sin recursos, 52,8 millones de euros; la transferencia a otros ministerios para el apoyo a las comunidades
autónomas en materia de educación, sanidad y servicios sociales, 66 millones de euros; la transferencia al Ministerio de Universidades para financiar actuaciones en el marco del Plan Universidad-Refugio, 3 millones de euros.


Todas y todos condenamos la invasión rusa sobre Ucrania, un conflicto que está costando vidas y causando dolor a miles de familias. Son ya miles los niños y niñas que nunca más volverán a ver a sus padres, como miles son también los muertos
civiles. Ninguna guerra es justificable, el dolor y el horror que provoca causan heridas que tardan décadas en cerrarse. Esta invasión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania que está teniendo lugar en el continente europeo ha
provocado también el mayor número de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Europa ha dado una respuesta ágil, solidaria y humanitaria, hablando con una única voz. Por primera vez se ha activado la directiva de 2021 de la Unión Europea
relativa a normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. El Gobierno de España ha actualizado en tiempo récord la trasposición de esta directiva mediante una orden dictada el 29 de
marzo, que complementa la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el 8 de marzo por la que se define y amplía el ámbito de aplicación de la protección temporal. Asimismo, también se extendió la protección temporal a aquellos ucranianos que se
encontraban residiendo en España antes del conflicto, así como a los ciudadanos de terceros países que residían en Ucrania. En definitiva, un compromiso con el pueblo ucraniano y con los desplazados por la guerra que se ha traducido en un
incremento de esfuerzos económicos y personales para esta secretaría de Estado.


Para que sus señorías se hagan una idea, desde el comienzo de la guerra se contabilizan más de 146 000 actuaciones. Además, en los CREADE el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha atendido a día de hoy a 113 056 personas
y en estos mismos espacios se han documentado 80 000 desplazados de los casi 150 000 que han recibido la protección temporal. Se puso en marcha -y continúa funcionando- un servicio de información telefónica dirigido a la población ucraniana
desplazada, que ha atendido casi 130 000 consultas. Actualmente, en el sistema de acogida se están atendiendo a 20 000 ucranianos aproximadamente. Como pueden ver, un esfuerzo ímprobo que pone de manifiesto la importancia de un gobierno
comprometido y con capacidad de respuesta ante contingencias como la que estamos viviendo. Y permítanme que haga hincapié en este hecho. Las cuentas públicas y dónde se destina el dinero de la ciudadanía es lo que marca la diferencia de los
gobiernos.


Este Gobierno ha respondido con solvencia y fortaleciendo los servicios públicos, que es lo que garantiza que llegue a toda la ciudadanía, y en especial a quien más lo necesita. Se centra en las personas, en la justicia social y da
soluciones a uno de los colectivos de personas en mayor situación de vulnerabilidad. Así, en 2023, en relación con la dirección general, se pondrá en marcha la financiación de los servicios y actuaciones del sistema de acogida mediante la acción
concertada por los mismos motivos que ya he explicado anteriormente para el programa de atención humanitaria, destinando a esta actuación 549,8 millones de euros. Incrementamos de manera excepcional el 20 % de las capacidades del sistema en 2023,
haciendo frente así a una crisis ocasionada con motivo del conflicto de Ucrania. También se ha previsto un aumento estructural en torno al 30 % de la capacidad del sistema de acogida respecto a las capacidades con las que contábamos a comienzos de
2022, y este aumento se ha planificado para el período 2023-2026.


Por último, el próximo año España, como todos ustedes saben, asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. En el caso de esta secretaría de Estado, la principal prioridad es poner en la agenda



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política europea la importancia de la migración regular, ordenada y segura en nuestras políticas. Para ello, desde un punto de vista legislativo, se impulsarán las dos directivas actualmente en negociación: permiso único y de larga
duración, cuyo objetivo es homogeneizar a nivel de la Unión Europea los derechos de los extranjeros. Se promoverá la puesta en marcha de las asociaciones de talento a nivel europeo con socios estratégicos, abriendo vías de migración regular y
laboral, en sectores especialmente críticos para los países de origen y de destino. Se ejecutarán los proyectos de migración legal con socios estratégicos. Se maximizará el potencial de retorno voluntario con un componente de reintegración
imprescindible como una alternativa al retorno forzoso. Y se seguirá trabajando con nuestros socios europeos por la acogida e inclusión de las personas desplazadas de Ucrania en tanto se mantenga la duración del conflicto.


Finalmente, me parece importante destacar también el papel relevante que tiene la Secretaría de Estado de Migraciones en la acción exterior. Este Gobierno tiene visión de Estado, y así lo demostramos en los foros internacionales. La
secretaría de Estado, junto con el Ministerio del Interior, está presente en las reuniones del JAI, del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. Estas reuniones marcan la agenda comunitaria en materia migratoria. España tiene
una voz única, con unos objetivos claros que defiende en el seno de la Unión. Estamos trabajando en el nuevo pacto sobre migración y asilo en la Unión Europea. La premisa de una migración regular, segura y ordenada guía nuestras acciones y
actuaciones, y siempre poniendo en el centro a la persona.


He intentado sintetizar y explicar las principales líneas, principios y objetivos del presupuesto de esta secretaría de Estado. He intentado explicar cómo el presupuesto de la secretaría de Estado es el reflejo de nuestra visión del
fenómeno migratorio desde una perspectiva global y de conjunto. Este Gobierno defiende marcadamente su postura en contra de las mafias que trafican con personas, que juegan con la vida de los seres humanos. La realidad es que la migración llega a
la Unión Europea y hemos de ser responsables con este escenario cumpliendo nuestros compromisos internacionales, porque detrás de cada cifra hay una persona, detrás de cada estadística de muerte hay una vida truncada, detrás de cada mirada de
desprecio a un migrante hay una historia que le ha obligado a salir de su país.


Quedo a su disposición para aclarar -o al menos intentarlo- cualquier duda que les pueda surgir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretaria de Estado.


Pasamos a los grupos parlamentarios. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchísimas gracias, presidente.


Muchísimas gracias, señora Castro. Al ser el primer interviniente, tengo que felicitarla, desde luego, por estar hoy aquí por primera vez y decirle que, por supuesto, esta su casa y que estamos encantados de recibirla.


Lamento decirle que quizá ha empezado un poco mal. Ha comenzado diciendo que 6 de cada 10 euros de los créditos se van a emplear o se están empleando en temas sociales. Hombre, cuando 5 de cada 10 se emplean en pagar pensiones y la deuda,
es difícil que 6 de cada 10 se empleen en temas sociales, porque esta es la realidad presupuestaria general a nivel macro. Por tanto, no hace falta que sobreactúe y diga que 6 de cada 10 euros de los créditos se van a emplear en temas sociales,
porque no es una realidad. No obstante, entiendo el crecimiento del 29 % de su departamento y además lo alabo, nos parece muy bien. Coincidimos con usted en la auténtica necesidad de que se incremente incluso más todavía, porque si hay un apartado
que está resultando dramático para todas las personas que recurren por necesidad a intentar desarrollar un proyecto de vida mejor que el que tienen en sus países de origen, lo que hay que hacer es ayudarles y apoyarles, y todo el dinero que se
emplee en eso es poco. Por eso le digo que estoy de acuerdo con ese aumento del 29 %; de hecho, a nuestro grupo nos gustaría que fuera más. Ahora, ustedes tienen una tendencia -es la parte que yo critico- sobre cómo emplear ese dinero. Hablan
mucho de la asistencia social -les gusta la asistencia social-, que, desde nuestro punto de vista, un punto de vista liberal que enfoca este problema de forma distinta, es una manera de repartir pobreza. Sin embargo, a nosotros nos gustaría que se
crease riqueza y para eso el inmigrante tiene que tener oportunidades. Yo creo que de eso va, no de la asistencia puramente social, que está bien y es necesaria, sobre todo en aquellos casos de extrema gravedad y de extrema urgencia, pero la
política migratoria no puede basarse solo en la asistencia social, solo en solucionar lo inmediato, porque al final no hay capacidad suficiente para solucionar el problema de todos los migrantes y lo que hay que hacer es darles una oportunidad.


Nosotros tenemos otra manera de resolver esto. Coincido con usted en que la migración debe ser regular, segura y ordenada y en que la solución no puede venir solo de España o solo de Grecia o solo de



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Italia. Tenemos un problema común en la Unión Europea y, por tanto, debemos recurrir a Europa para que, precisamente, haya una política europea común. Coincidimos también en eso. En lo que no coincidimos -porque creo que no es
incompatible- es en que por el hecho de que propiciemos una política común europea no hagamos nosotros una política interna propia. Ahí es donde usted me está hablando de la reforma de un reglamento; de un reglamento, señora secretaria de Estado.
El problema que tenemos con la migración no se resuelve modificando un reglamento, sino que hace falta una ley concreta y completa que no existe para el fenómeno de la migración, para resolver todos los fenómenos de migración. Modificar reglamentos
y órdenes ministeriales está muy bien para un tema puntual y emergente, pero nosotros proponemos una ley de migraciones. La hemos propuesto varias veces en el Congreso de los Diputados, hemos tendido nuestra mano a este Gobierno para que se haga
una ley de migraciones, pero este Gobierno no quiere saber nada de esta ley. Nosotros ya la hemos escrito, la tenemos hecha -incluso la tenemos confirmada con asociaciones- y la vamos a registrar en cuanto finalicen los presupuestos. La vamos a
presentar y esperamos que este Gobierno la apoye porque sigue la línea de lo que usted está mencionando, pero para resolver los problemas de verdad; no para resolver un problema desde la propia asistencia social, sino para resolver el problema de
la integración y dar respuesta al migrante que viene aquí a desarrollar un proyecto de vida personal con mejores oportunidades que las que tiene en su país de origen, que eso es lo que al final le lleva a moverse y no otra cosa.


Nosotros huimos del miedo a los migrantes que expresan otros partidos políticos, huimos del miedo y del odio que quieren generar en torno a los migrantes, porque el migrante tiene que ser una solución a los problemas de los españoles.
Nosotros tenemos un grave déficit de trabajadores en este país, por supuesto que lo tenemos. ¿Y cómo pensamos resolverlo? Pues hay que resolverlo acudiendo a la migración, pero dando oportunidades a los migrantes y eso hay que hacerlo desde los
países de origen, con un programa de migración por puntos donde se valore cada una de las posibilidades que quieren los migrantes, donde se facilite la posibilidad de recurrir a la tramitación en sus países de origen para poder hacer una migración
segura, ordenada y legal. Eso tiene que estar dentro de una ley, no vale con un reglamento. Estamos hablando de personas y de sus derechos cuando vienen a España. Tenemos que hacer algo que vaya en consonancia y que dé garantía jurídica y legal a
todas esas personas que van a venir aquí, y eso -creo yo- no se arregla modificando el reglamento de extranjería. Nuestro grupo parlamentario no cree que esa sea la solución.


En fin, coincidimos, pero nos parece que el modelo de subvenciones, el modelo de asistencia social debe ser solamente para las emergencias y no debe ser lo que marque una ley que sea capaz de canalizar el flujo migratorio. Nos gustaría que
cuando vayamos a desarrollar esa política europea común España aporte un texto legal -falta en muchísimos de los países europeos-, un texto legal moderno que sea capaz de dar una solución moderna al problema migratorio actual. Nos gustaría que esto
fuese algo que pudiera llevar a España a la Comisión y al debate europeo, un texto consolidado. No entiendo por qué este Gobierno no trabaja en un texto consolidado de verdad y se limita a poner parches en los reglamentos. Esta es mi crítica a su
intervención. Coincido plenamente en que los problemas de pobreza no se van a solucionar si no hay dinero para resolverlos y España no puede ser un país que condene a la pobreza, al marginalismo y a los extremos a todas aquellas personas que
quieren venir libremente, con ese deseo de prosperidad con el que efectúan ese tránsito tan desagradable y tan horroroso que es venir desde sus países de origen utilizando muchas veces estas mafias, que lo único que saben es aprovecharse de todos
ellos. Tenemos que acabar con las mafias y la manera de hacerlo es proporcionar un marco seguro y legal en el que se pueda desarrollar la actividad migratoria. Si no es así, me temo que seguimos condenando a la gente a la mafia y, como digo, no se
trata solo de resolver el problema a base de subvenciones.


Nada más, señora secretaria de Estado. Muchísimas gracias por su intervención, de nuevo muy bienvenida y ya le digo que este grupo parlamentario le tiende la mano para sentarnos a hablar de verdad sobre este problema y resolverlo desde esta
perspectiva que le comento y no desde la mera asistencia social.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal tiene la palabra la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.


Gracias secretaria de Estado, señora Castro Fernández, y bienvenida a esta sede. Voy a empezar con la premisa mayor, porque vamos a escuchar aquí discursos de odio, discursos de odio contra las personas



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migrantes. Los venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Hace muy poco un cargo importante de la policía hizo un discurso de odio en una sede parlamentaria contra las personas migrantes y ya es hora de poner los puntos sobre las íes,
porque el fenómeno migratorio no es un fenómeno que haya surgido ahora, sino que lleva existiendo desde que la vida es vida, desde que el ser humano es ser humano. España no solo ha sido y es, como ahora, un país receptor; también hay muchas
personas que emigran. Ha sido un país con muchas personas migrantes en muchas ocasiones. La última migración de forma masiva tuvo lugar durante la dictadura franquista; mucha gente se tuvo que refugiar fuera de nuestro país y en muchas ocasiones
se vieron acogidos y nosotros y nosotras debemos a todas estas personas el mismo trato que deberían haber merecido ellos y ellas cuando salieron de nuestro país.


Estamos hablando de personas que no solamente quieren llevar a cabo un proyecto de vida mejor fuera de sus países o que buscan un de proyecto de vida diferente; como decía Fátima Báñez, que los jóvenes se iban de España porque querían
conocer otros países. No se trata de un proyecto de vida diferente ni de un proyecto de vida mejor, que en ocasiones también, sino de persecuciones ideológicas, religiosas, de identidad de género; y no solo hay persecuciones, sino que también les
asesinan y van contra el colectivo LGTBI. Y estamos hablando de guerras, estamos hablando de migraciones por efectos climáticos y también de migraciones económicas, entre otras muchas cuestiones. Es decir, estamos hablando de la vulneración de los
derechos fundamentales de las personas. Por tanto, tratemos la gravedad del proceso migratorio con la entidad, la sensibilidad y el rigor que merece. Esta mañana escuchaba en la radio, en la Cadena SER, a una persona que ha sido y es activista de
los derechos humanos, concretamente en el mar. Ha trabajado muchos años como médico y sigue ejerciendo su profesión como doctora en el mar para el rescate humanitario. Decía que no conocía ni una sola mujer inmigrante que no hubiese sido violada.
Bueno, pues con esa entidad tenemos que tratar la migración.


Refiriéndome a temas concretos de los presupuestos -no me voy a extender mucho, pero sí quería hacer alguna reflexión y formular alguna pregunta-, en primer lugar, en cuanto al despliegue del nuevo modelo de concierto, era un modelo muy
esperado no solamente por los colectivos de derechos humanos, sino también por los migrantes y por las asociaciones y organizaciones que acogen a estas personas, a las que dotan de derechos cuando llegan a nuestro país. Era algo muy necesitado y
muy solicitado, porque con el anterior modelo, en el que la financiación era año a año, en muchas ocasiones no se podían adaptar al nuevo proceso migratorio porque la cuestión de la financiación se lo impedía, encontrándose en una situación de
incertidumbre en relación con lo que les iba a pasar al año siguiente cuando se les acabase la ayuda. Le quiero preguntar si ya desde el 1 de enero va a comenzar el sistema de acción concertada, qué entidades serán las adjudicatarias y qué
garantías hay de que se trate de entidades experimentadas en migración y no de empresas con ánimo de lucro. Y también en relación con el sistema de conciertos y su ampliación presupuestaria, me gustaría saber si se tiene previsto que llegue a más
personas beneficiarias y a cuántas más o menos.


En segundo lugar, con respecto a los desplazados de la guerra de Ucrania y a la ayuda de 400 euros para las familias acogidas, ya se está tramitando en Cataluña y en Valencia, pero ¿tienen previsto que se pueda tramitar en otras comunidades
autónomas? Sé que es para todas las comunidades autónomas, pero, si alguna no lo pidiese, ¿qué pasaría en ese caso? También me gustaría decir que la guerra de Ucrania se está tratando muy bien, con garantía de derechos para las personas que vienen
de allí, pero no quiero que olvidemos que actualmente existen otras guerras abiertas: Etiopía, Afganistán, Yemen, Israel y Palestina, Haití, China, Myanmar o el Estado Islámico y muchas zonas de África, como la región del Sahel, Burkina Faso, Malí
o Níger. Tenemos que tratar de forma igual o parecida estas otras guerras.


En relación con los PRTR y las nuevas plazas, me gustaría saber si se tiene previsto qué entidades se podrían acoger a la gestión de las plazas que no son públicas o las que van a ser de titularidad pública, si van a ser de gestión también
pública, y las que puedan ser de gestión privada, si serán entidades experimentadas o si puede entrar aquí alguna con ánimo de lucro.


Para terminar, por lo que se refiere al despliegue del reglamento de extranjería, simplemente quiero preguntarle qué acciones se tiene previstas llevar a cabo en materia de comunicación, colaboración, cooperación, información y difusión. En
cuanto a las UTEC, ¿va a ser para apoyar a determinados colectivos? Y en ese caso, ¿qué colectivos serían? Y respecto al arraigo, me gustaría saber simplemente si se tiene previsto desarrollar algún programa específico para que pueda haber más
tipos de formación y que no se saturen todas aquellas formaciones, sobre todo las de bajo coste o las de gratuidad, que oferten las distintas administraciones, porque puede haber personas migrantes que se quieran acoger al arraigo por formación y
que se encuentren con una barrera económica a la hora de acceder a dicha formación.



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Nada más y muchas gracias. Gracias por el trabajo que están haciendo, porque la reforma del reglamento de extranjería está siendo una buena reforma. Va a dar sus frutos -ya los está dando- y van a ser unos grandes y buenos frutos en
materia de defensa de los derechos humanos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora compareciente, y muchas gracias por estar aquí. Es la tercera persona que ocupa este cargo en lo que va de Gobierno; le deseo más suerte que a sus predecesores.


Al hilo de lo que ha terminado diciendo su señoría de Podemos, la señora Franco, yo no le deseo tanta suerte a este reglamento de extranjería. De hecho, ha sido impugnado por el Sindicato Solidaridad. Esperemos que esta impugnación al
Tribunal Supremo salga adelante y se tumbe este reglamento, que está generando un efecto llamada absolutamente abrumador y perjudicial para los españoles.


Volviendo al tema y al hilo de su comparecencia, señora secretaria de Estado, usted y yo coincidimos en el objetivo con el que usted ha comenzado su intervención y es que ambas pensamos que hay que avanzar en la justicia social. Desde
luego, tenga claro que es una de las premisas de mi partido político. Claro que pensamos que hay que avanzar en la justicia social; la cuestión es qué camino escogemos para hacerlo, un camino que verdaderamente obedezca al sentido común, un
camino, con los recursos existentes en la nación en la que estamos, verdaderamente para las personas de las que está encargado el Gobierno que estamos ocupando. Podemos organizar los recursos para lograr la justicia social o engañar a los 47
millones de españoles y decirles que tenemos que utilizar los recursos para combatir la pobreza en el mundo, porque estará usted de acuerdo conmigo en que pretender combatir la pobreza en el mundo con un ministerio es tomar el pelo a la gente; en
primer lugar, porque no vamos a lograr nuestro objetivo y en segundo lugar, porque todos los recursos que utilicemos para combatir la pobreza fuera de nuestras fronteras van a ser recursos que no utilicemos para combatir la pobreza que tenemos
dentro y con la que desde luego no hemos terminado.


Señora secretaria de Estado, usted viene a rendir cuentas de una parte del ministerio que tiene presupuestados en lo relativo a acciones destinadas a los inmigrantes 750 millones de euros. Lo primero que llama la atención de su secretaría
de Estado es que en acciones dedicadas a los inmigrantes tenemos una partida, efectivamente, de 750 millones de euros; sin embargo, en acciones destinadas a los emigrantes tenemos unas partidas que ascienden a un total de 60 millones de euros. Es
decir, invertimos más de diez veces más en la acogida o en la integración de los extranjeros que en los españoles, esto es, tenemos un primer indicador en el cual lo que observamos es que este Gobierno quiere muy poquito a los españoles.


Señora secretaria de Estado, aquí están siempre con la cantinela del discurso del odio, VOX, la xenofobia, todo lo que ustedes quieran, pero de verdad que es particularmente doloroso asistir... No sé si de verdad ustedes son conscientes de
la realidad de lo que hoy en día estamos viviendo en nuestro país; no sé si ustedes son conscientes de si podemos destinar verdaderamente 750 millones de euros a los inmigrantes cuando tenemos el gasoil a 2 euros, cuando la gente no puede pagar la
gasolina, cuando ha subido la cesta de la compra, cuando la gente se ha empobrecido un 10 %, cuando ha aumentado el sinhogarismo, cuando tenemos 13 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social, 13 millones de españoles, señoría,
que, atendiendo las cuentas, parece que les importan a ustedes muy poco. Viene usted a contarnos, entre otras cosas, que abren ustedes dos mil plazas de acogida adicionales y que además van a invertir en la digitalización de los centros de acogida,
pero mañana vendrán a hablarnos de los dos mil que en la Cañada Real Galiana no pueden pagar la luz. ¿Por qué no reubican ustedes las dos mil infraviviendas de la Cañada Real Galiana en lugar de estar creando permanentemente nuevas plazas de
acogida para los veinte mil o treinta mil inmigrantes que entran cada año? Entiendo que es difícil asumir la realidad, pero no es odio asumir la realidad; al revés, es respeto a los españoles, es preocupación real por esos 13 millones de personas
que están en riesgo de exclusión social, es preocuparse de verdad por esos casi dos millones de personas que no pueden comer carne todos los días ni todas las semanas. Si verdaderamente peleamos por la justicia social, como decía usted al
principio, insisto en que tenemos que ser muy conscientes de que la justicia social empieza en casa, de que ustedes son el Gobierno de España. No son el Gobierno de Mozambique, no son el Gobierno de Senegal, no son el Gobierno de Marruecos;
ustedes son el Gobierno de España y su primer deber deberían ser los españoles.



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Si su premisa es ayudar a todos los pobres del mundo y para eso utilizan herramientas como la reforma del reglamento de extranjería, con la cual facilitamos la regularización de todas las personas que llegan de manera irregular a nuestras
fronteras, entre otras cosas también están alimentando otra de las situaciones que dicen ustedes combatir: las mafias de trata de seres humanos. La compañía aseguradora de las mafias de trata de seres humanos son los gobiernos progresistas, que
verdaderamente van a invertir en plazas de acogida en sus países. Esas mafias saben que su tráfico va a poder realizarse porque saben que el objetivo lo van a cumplir en destino. Cada millón de inversión que hagamos en efecto llamada va a
repercutir en el beneficio de las mafias y en todos sus colaboradores. Y de verdad que tampoco veo en sus partidas presupuestarias la manera de combatir las mafias de seres humanos; todo lo contrario, teniendo en cuenta -insisto-que ustedes
facilitan las vías de regularización. Las mafias funcionan precisamente con las entradas irregulares. Si ustedes facilitan las vías de regularización, están facilitando las entradas irregulares a nuestro país, están desprotegiendo deliberadamente
nuestras fronteras, y lo estamos viendo todos los días en los puntos calientes de la frontera sur de Europa. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). Estoy en mi uso de la palabra, así que, si no le importa, tendrá que escuchar un poquito más de
sentido común, aunque sea difícil. (La señora Vidal Sáez: ¡De basura!). Señor presidente, si no le importa, yo no he llamado a nadie basura ni he descalificado sus intervenciones, y me paso todo el día escuchándoles a ustedes con la misma
indignación.


En cuanto al detalle de sus cuentas, me gustaría que especificara en su siguiente intervención los 687 millones de euros -presupuestados con muy poco detalle- que destinan a material, suministros y otros. Siendo 687 millones de euros, me
gustaría conocer con un poco más de detalle esta partida.


Por otro lado, quisiera detenerme para contar a los españoles también que ustedes van a destinar 32 millones de euros a transferencias a lo que ustedes denominan entidades sin ánimo de lucro, que otros años ponen ustedes los nombres de
algunas de estas entidades, pero este año, no sé por qué, no ponen ninguna de estas denominaciones ni especifican, pero todos sabemos cuáles son y todos sabemos a qué se dedican. ¿No creen, de verdad, que esos 32 millones de euros podrían tener un
mejor uso? Usted ya, como persona,


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señoría.


La señora DE MEER MÉNDEZ: ... ¿verdaderamente no piensa que la justicia social se puede alcanzar mejor utilizando estos 32 millones para poder combatir los 50 000 sin hogar que hay en España?


Para continuar y porque también es una de las líneas fundamentales de actuación de su secretaría de Estado, la integración. Ustedes invierten millones y millones de euros permanentemente en la integración. Claro, porque han creado un
modelo por el cual este maravilloso multiculturalismo...


El señor PRESIDENTE: Señora De Meer, perdone que la interrumpa. Van dos minutos, tiene que finalizar, lo digo por enfocar, porque tiene que acabar.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Finalizo con esta apreciación, señor presidente. Muchísimas gracias.


La integración. Ustedes han creado un modelo en el que nos han convencido a todos de que el multiculturalismo es estupendo, es maravilloso, pero el multiculturalismo es mentira, porque las culturas, desde el principio de los tiempos, se
imponen unas a otras. La convivencia cultural es difícil y, por lo tanto, todos los millones que nosotros nos gastemos en integración también son millones que no van dirigidos a la justicia social, sino a todo lo contrario, a empeorar los barrios
precisamente de los españoles más modestos y de los españoles más humildes. Esos barrios que ustedes parece que no pisan.


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que terminar ya, son tres minutos. Cierre ya, por favor.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Nosotros no odiamos a nadie, de verdad, miramos la política con sentido común y por amor a lo nuestro.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos ahora al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.


Señorías, señora secretaria de Estado de Migraciones. Se suele decir que algo dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio, pero desde este momento también se puede decir que se dura menos que un secretario de Estado de Migraciones
con el señor Escrivá. A lo largo de esta legislatura han



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comparecido en esta Comisión para explicar los presupuestos del departamento de Migraciones nada más y nada menos que tres secretarios y secretarias de Estado, contándola a usted, a la que, por cierto, le damos la bienvenida a esta Comisión.
Desde junio que usted fue nombrada aún no había comparecido en esta Comisión para explicar las líneas de actuación del organismo que dirige; de ahí la bienvenida, suerte y continuidad. Tres secretarios de Estado de Migraciones, cuatro directores
de Atención Humanitaria y más ceses en el Ministerio de Inclusión y Migraciones en lo que llevamos de legislatura; bandazos en los nombramientos, bandazos en la política exterior, bandazos en la política migratoria y bandazos en la política
económica y presupuestaria. Este es el resumen de la gestión de su Gobierno.


Analizamos el presupuesto en materia de migraciones para el próximo año tras estudiar el mismo y estar atentos a su intervención. Señora secretaria de Estado, ¿sabe usted lo que manifestó el año pasado aquí mismo en esta Comisión su
antecesor? Pues que los presupuestos generales del año 2022 en materia migratoria tenían tres objetivos, en primer lugar, mejorar los sistemas de gestión de los recursos destinados tanto a la protección internacional como a la atención humanitaria,
en colaboración con las entidades del tercer sector. Estos años atrás hemos expuesto en esta misma Comisión el rechazo del Grupo Parlamentario Popular a las subvenciones a dedo a determinados colectivos. Optamos por el sistema de libre
concurrencia para que todas las ONG puedan optar a esas ayudas en igualdad de condiciones y con absoluta transparencia. Este año desaparecen y se establece una partida para el concierto social de atención humanitaria, donde existe desconcierto, que
no concierto, por parte de las ONG por falta de información por parte de su ministerio. Les anunciamos que el Grupo Parlamentario Popular va a estar muy vigilante a este nuevo proceso, solicitando información constante. Estamos hablando de 633
millones de euros para un reparto de ayudas a través de un concierto social, en manos de un Gobierno Socialista y de Podemos; digo bien, 633 millones de euros en ayudas. Queremos luz y taquígrafos.


En segundo lugar, su antecesor expuso como objetivo impulsar una red de centros para incrementar la capacidad de acogida, y el secretario de Estado concretó que este año, en 2022, y ya estamos en octubre, se abrirían tres centros, con un
presupuesto de 55 millones de euros. Hemos buscado y no nos consta que se haya abierto ningún centro. Usted, en la comparecencia en el ministerio cuando se presentaron los presupuestos, dijo que quiere impulsar diecisiete nuevos centros, con un
presupuesto de 215 millones de euros. Le pregunto, ¿por qué tenemos que creerla? ¿En qué estado se encuentra la construcción de los tres nuevos centros prometidos el año pasado? En España nunca han hecho falta tantos centros de acogida; es la
señal más clara de vuestra apuesta por la inmigración irregular, que ha aumentado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Si usted ha manifestado en su comparecencia que va a apostar por la inmigración regular, ¿por qué hacen falta más centros? Es una
pregunta que me gustaría que, por favor, me contestara.


En tercer lugar -y ya esto es de nota-, los presupuestos del año pasado se comprometieron, abro comillas, a reafirmar el compromiso del Gobierno con los territorios sometidos a una mayor tensión migratoria y, en el caso de Canarias, con una
dotación específica de 50 millones de euros para paliar los gastos adicionales en los que incurre la comunidad autónoma por su presión migratoria y donde, además, los costes asociados son más gravosos por la razón de la insularidad y las
dificultades añadidas por la idiosincrasia y geolocalización de Canarias, cierro comillas. Esto no lo dije yo, lo dijo el secretario de Estado de Migraciones para justificar el convenio de Canarias por valor de 50 millones de euros. Usted no ha
dicho nada, usted lo que ha dicho es el convenio que se ha firmado presupuestado del año pasado. ¿Y sabe por qué usted no ha dicho nada? Usted ha hablado de presente, pero no de futuro, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado el convenio
con Canarias en materia migratoria para el año 2023. ¿Ha tenido usted ocasión de hablar con el presidente canario? ¿Qué motivos le ha dado, o simplemente no han hablado? Esto es un insulto, un insulto en mayúsculas, y un desprecio al pueblo
canario, que sigue asumiendo los costes de la llegada de inmigrantes.


Señora secretaria de Estado de Migraciones, en Canarias sigue existiendo el programa migratorio, aunque el ministro Escrivá lo niegue, como lo negó en el Senado. En Canarias sigue existiendo el programa migratorio, aunque ustedes lo nieguen
eliminando el convenio de ayudas de 50 millones de euros. Datos recientes de la Cadena SER, que yo creo que usted creerá a la Cadena SER, en Canarias ha aumentado la llegada de migrantes un 15 %; de los 9255 migrantes que llegaron en 2021 se ha
pasado a 10 637 migrantes a bordo de 235 pateras. No han desaparecido los motivos para que no se firme de nuevo el convenio con Canarias. Y a esto hay que añadir que más de 4000 personas han muerto ahogadas en el mar en los dos últimos años. Por
tanto, no existen motivos para quitar al pueblo canario ese convenio de 50 millones de euros y, por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, en



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coordinación con nuestros compañeros del Partido Popular de Canarias, para que vuelva a establecerse esa partida presupuestaria, al igual que la pedimos para Ceuta, para Melilla, para Andalucía, para Baleares -que usted conoce bien- y en
general para todos los territorios, comunidades y ciudades autónomas de este país que sufren una mayor presión migratoria. Lo vuelvo a decir, lo he dicho, lo digo y lo diré: la política migratoria de este Gobierno es yo invito y tú pagas. La
competencia migratoria es del Gobierno, en cambio son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que asumen, con los impuestos de sus vecinos y de sus vecinas, las consecuencias de la inmigración irregular por el efecto llamada que provoca
este Gobierno con sus medidas y bandazos.


Hemos presentado una enmienda para que establezca una línea de ayudas a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos con mayor presión migratoria. Y poca importancia le ha dado en su intervención, en paralelo a las partidas que aparecen
reflejadas en el presupuesto, a los españoles en el exterior. También hemos presentado enmiendas para ampliar la dotación presupuestaria. Señora secretaria de Estado de Migraciones, una duda que nos gustaría que aclarase, que ya ha preguntado otro
grupo parlamentario, ¿a qué corresponde la partida 'gastos diversos' por importe de 635 millones de euros, que aparece en el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios del programa 231.H? Insisto, 635 millones de euros para gastos
diversos; 635 millones, que se dice pronto, sin concretar absolutamente nada, cuando, en cambio, rechazan ayudar a los territorios de nuestro país que más lo necesitan o cuando reflejan -y esto, por favor, me gustaría que lo aclarase-
transferencias corrientes de 20 000 euros del Gobierno para las comunidades autónomas para atención a familias ucranianas. ¿20 000 euros? Cualquier capital de España tiene un presupuesto mayor para atender a las familias de acogida ucranianas.
¿El Gobierno presupuesta 20 000 euros de la gente a ayudar a los refugiados ucranianos? Si usted puede y quiere, por favor aclárelo porque, por ser diplomático, esto es un insulto.


Concluyo, presidente. Estos presupuestos para migraciones son más de lo mismo, pero, si me lo permite, con más trampa. España necesita unos presupuestos que apuesten por la recuperación económica; por la bajada de impuestos para hacer
frente a la inflación, protegiendo a las rentas bajas y medias, y, en la materia que nos ocupa, que apuesten por la emigración regular, ordenada, segura y orientada al mercado laboral. En nombre del Grupo Parlamentario Popular presentaremos
enmiendas, muchas ya presentadas y otras que vamos a seguir presentando, porque somos un partido de Gobierno, un partido responsable, que quiere mejorar estos presupuestos también en materia migratoria, reiterándole la necesidad de alcanzar un pacto
de Estado en migración, como ha propuesto el presidente Feijóo. La mayoría social de este país apuesta, como dice la ley, como dicen los convenios internacionales y como dice el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, por la emigración regular,
ordenada, segura y orientada al mercado laboral. Sí a los migrantes, pero sí al cumplimiento de la ley. Y estos presupuestos, como todos los anteriores elaborados por el Gobierno del partido al que usted pertenece, siempre van en la línea
contraria. Y usted, permítame, señora secretaria de Estado, lo sabe, pero no lo dice.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Diouf.


El señor DIOUF DIOH: Gracias, secretaria de Estado y bienvenida en nombre del Partido Socialista a esta Comisión. Pero me va a permitir una previa, ya que nos hablan de justicia social las señorías de VOX. Sinceramente, ¿qué habéis hecho
con todo lo que se ha planificado, con todas las medidas que se han puesto en marcha? Toda España sabe que habéis votado en contra, ¿qué habéis aportado en estos tres años? Absolutamente nada en materia migratoria, nada en materia migratoria. No
nos habléis de justicia social porque esas son palabras que sobran en su boca. (Aplausos).


Señora secretaria de Estado, su exposición ha sido muy clarificadora y es que llevamos ya tres años consecutivos de debate presupuestario con una presentación de cuentas nuevas, cumpliendo, efectivamente, el mandato constitucional. Años,
como sabe bien, en los que esta secretaría y este Gobierno han reconducido con éxito las crisis que hemos sufrido y que hoy, como consecuencia de la guerra de Ucrania, seguimos sufriendo, lidiando con el cierre y la apertura de fronteras durante el
COVID; ordenado los flujos migratorios; frenado el incremento de los discursos racistas dentro y fuera de las instituciones, a través del OBERAXE; modificado el Reglamento de Extranjería, que creíamos que era obsoleto y del cual se han
beneficiado más de 15 000 niños, niñas y adolescentes no acompañados; transformado el sistema de gestión de la ayuda humanitaria y respondido adecuadamente al incremento de la solicitud de asilo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y el
año pasado las de Afganistán por la vuelta de los



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talibanes. Esta es, en líneas generales, la gestión realizada y la futura que, por supuesto, se ha realizado de manera coordinada con todos los departamentos ministeriales, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, SAMUR, SAMUR
social y con las personas que trabajan dentro de todas las entidades y asociaciones, y también las personas que realizan labores de voluntariado, que me sumo a felicitarlos. Todas estas personas, profesionales de gran valía, están llenas de
humanidad y solidaridad porque cuando hablamos de inmigración escuchamos discursos racistas, discriminatorios, que no ahondan en el motivo por el que las personas deciden salir de su hogar ni en las injusticias. Unas veces emigramos por efectos
climáticos que asolan a África y también al Continente Latinoamericano, otras veces la gente abandona sus países por la falta de libertad, por la persecución política, por su orientación sexual como decía la compañera de Unidas Podemos, por ser
mujer y a las que se les aplican leyes discriminatorias por ser mujer, repito, por el mero hecho de ser mujer. Y lo estamos viendo ahora mismo en Irán.


Señorías, quiero hacer hincapié en la solidaridad y la humanidad, porque el valor que tienen no es económico, pero es mil veces más poderoso. Además, quiero reiterar que hay que ahondar en la visión positiva de las personas que hemos
decidido residir y trabajar en este país, aportando con nuestras capacidades y nuestro conocimiento a esta sociedad española, trabajando y también generando empleo, sumando a la caja de las pensiones para, probablemente, ayudar a los que hoy nos
insultan a que cobren su pensión. Debemos desterrar estos discursos discriminatorios y racistas que lo único que hacen es provocar más sufrimiento a las personas de origen extranjero y también crean inquietudes a las personas nacionales, a los
españoles de bien. España es un país solidario, defensor de los derechos humanos y abierto, ya que, por su pasado, sabe muy bien lo difícil que es abandonar su casa para poder tener un futuro y un presente mejor.


Secretaria de Estado, a su intervención añadiría que en el año 2021, ya que llevamos dos años, hubo un incremento y el total del presupuesto de la Secretaría de Estado desde 2021 se ha incrementado en torno al 30 % en dos años consecutivos.
Con estos presupuestos seguimos apoyando también -porque algunos ni siquiera se han leído los presupuestos- a los españoles residentes en el exterior y a los retornados españoles que han vuelto a España con diversos tipos de ayudas que complementan
el sistema de protección, con prestaciones por razones de necesitad u otras ayudas, con una dotación de 37 millones de euros. A los pensionistas retornados, que no acceden a la pensión no contributiva de la Seguridad Social, se les reconoce una
pensión asistencial con una dotación de 8 millones de euros. Tampoco nos podemos olvidar de los niños de la guerra, del 36, que tuvieron que emigrar; hay una partida destinada a ellos con casi 4 millones de euros. Con un total de más de 60 000
millones de euros se financian todos estos programas cuya finalidad es garantizar un sistema de atención y de protección digno.


Por otra parte, la apuesta de este Gobierno por mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania supone la gestión de miles de personas mediante los programas de atención a refugiados, la gestión de solicitud de asilo y responder
adecuadamente a los flujos migratorios, además del cambio del sistema de gestión, mediante conciertos sociales de atención humanitaria con las entidades, incrementado esta dotación en 134 millones de euros. E insisto que algunos ni siquiera se han
leído los presupuestos, de ahí mi pregunta, ¿en qué quedamos? Fueron subvenciones nominativas y pusieron el grito en el cielo y, ahora, que pueden ser de libre concurrencia tampoco lo aceptan. Otros 30 millones destinados a proyectos encaminados a
favorecer la convivencia y la cohesión social, así como el retorno voluntario de inmigrantes, sin olvidarnos de la acción en el exterior para proyectos de la OIM, con casi 4 millones de euros. Eso ha significado un incremento de más del 30 % en
acciones en favor de los inmigrantes, con un total de 180 millones de euros más para 2023.


En definitiva, estas cuentas reflejan otro año más el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la población migrante. Se aprecia en todas las dotaciones de los diferentes departamentos la visión acertada ante el reto migratorio,
apostando por una convivencia pacífica y por la seguridad jurídica, de acuerdo con los posicionamientos europeos alejados de posturas cobardes y, sobre todo, una política, la que aplicamos, la del Partido Socialista, que rechaza los discursos de
odio, el racismo y la intolerancia. Además, quiero decirles que lo que se ha impugnado, que es la modificación del reglamento, léanselo. Pregunten a los 15 000 niños, niñas y adolescentes que han podido obtener la documentación cómo están hoy.
Con los cambios que se han hecho en el reglamento vamos a tener una inmigración circular, que permitirá a personas latinoamericanas y africanas poder entrar aquí con una residencia de cuatro años, trabajando cada nueve meses y volviendo al país de
origen para ahí poder montar negocios. Léanse los documentos, léanse el reglamento y, de verdad, si quieren aportar algo en inmigración, empiecen a trabajar.


Gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Por alusiones, señor presidente, a las señorías de VOX.


Por alusiones a las señorías de VOX, quiero decirle al señor Diouf que no acepto una sola lección de un señor condenado por pegarle una paliza a un...


El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, ya está. Sigamos.


Tiene la palabra la secretaria de Estado para responder a las cuestiones que se han planteado y a lo que entienda ella como oportuno.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (Castro Fernández): Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, señor diputado de Ciudadanos, gracias por la bienvenida y seguro que podemos trabajar con actitud constructiva entre todos, igual que con el resto de señorías porque nuestra intención, desde luego, es dialogar, a veces
estaremos de acuerdo y otras no, pero desde luego creo que lo que debemos demostrar es que esto debe ser un punto de debate, discusión y de encuentro. Así que gracias por sus palabras y por su mano tendida.


Quería hacer una precisión respecto a lo que ha comentado usted de que no debe basarse todo el presupuesto de la secretaría de Estado, o las actuaciones que llevamos a cabo, en la asistencia social, y estamos completamente de acuerdo. Por
eso estamos poniendo en marcha el sistema de acción concertada, pero el sistema de acción concertada tiene distintas fases; la primera sí que es de primera acogida, que es alojamiento y manutención, evidentemente, pero tiene unas fases posteriores
donde se establecen fases de acompañamiento, de integración, de enseñanza de la lengua, de capacitación... Porque nuestro objetivo no es asistencial, sino que es intentar integrar a las personas que se encuentran en esta situación. Por tanto,
comparto la idea, a lo mejor no he sido capaz de explicar acertadamente cuál es el objetivo. Evidentemente, cuando una persona pone un pie en España y está en una situación de protección internacional, por ejemplo, evidentemente lo primero que
necesita es un alojamiento, y eso está contemplado dentro de estas partidas. Pero en ningún caso nos dedicamos a darle una subvención y ya está, porque no es el objetivo; el objetivo del sistema de integración es la integración, la integración
social y laboral. Y eso requiere un trabajo muy importante, el primero de ellos es explicar los derechos que tiene, luego la enseñanza de la lengua, evidentemente, que tiene mucha importancia y, a continuación, también la capacitación.


Tengo que discrepar de usted en una cosa, aunque no sea una cosa muy esencial, pero sí que creo que el reglamento de extranjería puede aportar mucho. Usted entiende que por ser un reglamento no tiene capacidad de intervenir en el mercado
laboral español, en la situación de las personas migrantes, pero yo no comparto esa idea. Tenemos grandes esperanzas en que la modificación de este reglamento pueda tener frutos y frutos en un doble sentido; por una parte, evidentemente,
pretendemos que el mercado laboral español sea más fuerte y más potente, pero también tenemos en mente los derechos de las personas inmigrantes, que creo que también debe ser nuestra preocupación. Por eso, figuras como las que se están creando en
el reglamento de extranjería, como es arraigo para formación, que es una figura novedosa e inspirada en normativas también de países europeos como Alemania, creemos que pueden ser enormemente útiles también para la persona inmigrante que se
encuentra en situación irregular en España durante dos años y que puede formarse en una profesión. Así tendrá una esperanza de vida, tendrá una alternativa de vida y, además, cualificará nuestro mercado laboral porque cuando acabe ese año de
formación esa persona estará preparada mejor para trabajar en cualquier sector. Por tanto, tenemos grandes esperanzas. Y por eso discrepo de usted en que el reglamento no sea adecuado, con independencia de que pueda haber otras figuras iguales.
Tenemos mucha esperanza. Yo he empezado mi intervención diciendo que en noviembre del año pasado se modificó el reglamento para un tema muy concreto que en casi un año ya ha tenido sus frutos, porque el objetivo era que 15 000 jóvenes tuvieran
alternativas de vida y más de 15 000 personas la tienen hoy. Todavía no tenemos datos, evidentemente, de la nueva reforma porque se aprobó el pasado 26 de julio y entró en vigor el 20 de agosto, con lo cual tenemos unos primeros datos muy
iniciales, pero creemos que sí puede tener éxito. Por eso, con independencia de la estructura normativa, si es una ley o si es un reglamento, no tenga ninguna duda de que en la Unión Europea defenderemos el contenido de las normas y, además, está
en línea, ya le digo, con los países más avanzados como es el caso de Alemania.



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Usted también decía que -y me ha parecido muy positivo- también tenemos que enfocarlo desde otros puntos de vista, desde el punto de vista del inmigrante y el mercado laboral, por tanto, creo que esa parte la podemos compartir. Además, en
su partido también huyen de los miedos, del odio, de la xenofobia porque creo que eso no nos hace avanzar como sociedad, con lo cual también le tiendo la mano en ese sentido. Creo que la mayor parte de los ciudadanos de este país, tengan la
ideología que tengan, sean más progresistas o más liberales -yo no soy una persona liberal, como comprenderá-, no quieren vivir en una sociedad llena de odio, de racismo y de xenofobia, porque no solo daña a la persona que lo padece, sino a la
propia persona que lo emite.


La señora Franco también ha hecho referencia a los discursos de odio y también comparto su preocupación. Creo que un Estado moderno, un Estado democrático como es España desde el año 1978 no puede permitirse esos discursos. He explicado la
inversión que hace esta secretaría de Estado para combatirlo y creo que, por desgracia, tendremos que seguir invirtiendo dinero en esto. La buena noticia sería que yo pudiera venir el año que viene a decir que invertimos cero euros porque no es
necesario, pero me temo que, por desgracia, esto no pasará. Usted ha hecho también referencia a que España es un país de inmigrantes y de emigrantes. El mundo es muy convulso, el mundo cambia, y hoy estamos así y a lo mejor dentro de cien años los
flujos migratorios son distintos y creo que nuestra responsabilidad es tener siempre en mente los derechos humanos, eso es lo que debe guiar a cualquier persona de buena fe. No olvidaremos nuestra historia pasada, pero tampoco pensemos que tenemos
garantizado no encontrarnos en esta misma situación en otro momento. Por eso creo que tenemos que seguir en esta línea.


Me ha preguntado por el modelo de concierto -que veo que es una preocupación compartida por todos ustedes-, el compromiso de este Gobierno es que esté en vigor el 1 de enero de 2023. En este momento, como saben, estamos haciendo una
actuación administrativa importante, porque ya saben que todas las cosas que hay que poner en marcha siempre cuestan mucho administrativamente, y estamos en esta batalla -seguramente batalla no es la palabra más adecuada-, pero estamos en este
camino y vamos a invertir la mayor parte de nuestros esfuerzos de aquí al 31 de diciembre para poner en marcha todo este sistema. ¿Cómo estamos en este momento? En este momento las entidades están solicitando la acción concertada. El real decreto
que se aprobó en abril de este año establece los requisitos y cualquier entidad que quiera presentarse lo podrá hacer. Nuestro compromiso es que esté en vigor el 1 de enero del próximo año.


Ha hecho referencia al apoyo que da su grupo parlamentario a las personas que han tenido que huir de Ucrania, desgraciadamente, por la invasión rusa, pero también he hecho referencia, y me parece acertado, a otras guerras que asolan el
mundo. Por eso en mi intervención he hecho referencia a que este Gobierno y este país -porque creo que es una cosa que excede del Gobierno y de un partido político- ha sido y es tremendamente solidario. Por eso, cuando en febrero de este año todos
vimos las imágenes de la guerra en Ucrania, todos nos pusimos a disposición de esas personas, pero este país también lo fue un año antes, en agosto -porque el tiempo nos pasa cada vez más rápido-, cuando estábamos recibiendo en la base de Torrejón
de Ardoz a las personas que tenían que huir, desgraciadamente, de Afganistán, personas que habían luchado por la democracia en su país y a las que les debemos mucha admiración y que como país estamos obligados a recibir. Una de mis primeras
responsabilidades como secretaria de Estado fue ir a Torrejón de Ardoz a recibir dos de estos aviones y para mí fue bastante impactante, creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de conocer a estas personas. Pero antes tuvimos el Aquarius
y otra serie de guerras y conflictos que, por desgracia, van a seguir sucediendo. Este Gobierno seguirá estando al lado de los conflictos futuros; ojalá el año que viene esté aquí y no tengamos que hablar de una guerra como la de Ucrania. El año
pasado, mi antecesor, que me han hecho referencia a él, no podía hablar de esto, no podía pensar en octubre que en febrero iba a pasar esto, pero, evidentemente, el mundo cada vez es más convulso y hay una serie de conflictos, no solo bélicos, y me
parece importante lo que usted ha resaltado. Estamos obligados, como Estado democrático, a ayudar a las personas que salen huyendo de sus países por razones de persecución, por razón de origen ideológico, religioso, de orientación sexual. Estas
cosas creo que a cualquier persona le tienen que agredir porque a cualquiera nos agrede que otro ser humano esté padeciendo esas situaciones. Por tanto, nuestra mano estará tendida a esas personas y seguro que contamos con ustedes para esto.


Me hacía referencia también -como el diputado anterior de Ciudadanos- al despliegue del Reglamento de Extranjería. He hecho ya referencia a ello en mi intervención, pero ya le digo que tenemos bastantes esperanzas puestas en esto. Lo que
se ha pretendido con esta reforma es entrar en la parte del núcleo laboral. Como ya les he explicado, la primera modificación tenía que ver con la situación concreta de los menores que estaban tutelados y que se les dejaba abandonados a su suerte y
creo que no es



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responsable, y esta segunda modificación, que es de mucho calado, permitirá tener permiso de residencia y trabajo legal a muchas personas y nos permitirá avanzar también como sociedad. Todos nuestros esfuerzos están centrados en esto y
dentro de unos meses podremos sentarnos a valorar los datos e ir avanzando en el desarrollo y la implementación para que sea lo mejor posible, como les decía, con las dos miradas puestas, sin olvidar, en ningún caso, los derechos que las personas
migrantes tienen. Porque estar en España en situación irregular tiene también otra cara, que a nadie se le escapa, que es la explotación laboral que muchas de estas personas sufren precisamente por no tener el permiso, y no nos podemos permitir eso
en este país. Por tanto, tenemos que establecer reglas para, como decía, y creo que la mayor parte de los que estamos aquí lo compartimos, intentar que la inmigración sea ordenada, regular y segura por dos motivos: primero, para que las personas
no tengan que jugarse la vida para venir aquí y, segundo, para evitar que, cuando estén aquí, se produzcan situaciones que no son deseables.


Acabo compartiendo con ustedes su compromiso con los derechos humanos, que creo que es lo que debe regir cualquier responsabilidad pública y privada de todos nosotros.


Señora De Meer, representante del Grupo VOX, seguramente el problema que usted y yo tenemos es que no compartimos el mismo camino para llegar a la justicia social. Usted me ha hecho un discurso, pero supongo que, si hubiéramos presentado
este presupuesto o cualquier otro, usted hubiera hecho exactamente el mismo, es decir, no hubiera cambiado ni una coma, porque es evidente que es su posición y no tiene nada que ver con que invirtamos 700, 800, 600 o 500 millones. Usted básicamente
muestra su oposición a estos presupuestos entendiendo que gastamos 700 millones y 60 para los españoles y esto no es así. Esta Secretaría de Estado tiene ese presupuesto, pero es que todas las partidas de este Gobierno apoyan a los españoles.
Cuando todos los ministerios que tiene este Gobierno destinan dinero, lo destinan también para la partida y la comparativa no es lógica ni razonable. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por cierto, que cada vez que se concede un derecho a
los españoles, por desgracia, su partido nunca ha estado al lado de esta decisión. Cuando han tenido que votar a favor del ingreso mínimo vital, han dicho que no a los españoles; cuando han tenido que votar la subida del salario mínimo
interprofesional, han dicho que no, porque ustedes prefieren que los salarios de los españoles sean más pequeños; cuando han tenido que votar la reforma laboral, por ejemplo, para que las personas tengan derecho a negociar los convenios colectivos,
han dicho que no, porque ustedes lo que quieren es que el empresario pueda imponer a una persona las condiciones laborales. (La señora De Meer Méndez hace gestos negativos). A partir de ahí usted construye todo su discurso.


He hecho referencia a las entidades sin ánimo de lucro. Lo he dicho en mi intervención inicial, pero quiero volver a reiterar las gracias y el agradecimiento de esta Secretaría de Estado y de este Gobierno a la excelente labor que hacen las
entidades sin ánimo de lucro en este país. Hemos cambiado el sistema y hemos pasado de subvenciones a acción concertada, pero aun así yo vuelvo a reiterar a estas entidades y a las personas que hay detrás, a las personas voluntarias, las que dan su
tiempo a ayudar a otros, nuestro agradecimiento no solo como Gobierno, sino también como persona por su actuación. Alguna de estas ONG y entidades tienen muchísimos años de vida, existían antes que el Partido VOX y seguramente permanecerán después.


Ha hecho referencia también a que ustedes no estaban de acuerdo con el reglamento de extranjería. No he entendido bien si no estaban de acuerdo con la modificación sobre los menores o con la actual, no la he entendido bien. (La señora De
Meer Méndez pronuncia palabras que no se perciben). Como se han modificado dos veces, ¿la de noviembre o la de julio? (La señora De Meer Méndez: La de julio, que es la que se ha impugnado). Está bien que la hayan impugnado porque yo les pedí a
todos los partidos con representación parlamentaria una reunión para explicarles el reglamento de extranjería, antes de su aprobación, a todos los partidos, todos mandaron a una persona y el único partido que no asistió, porque a lo mejor no estaban
ustedes interesados en conocer el reglamento, fue el suyo. Por tanto, entiendo que no tenían ninguna intención de colaborar, de escuchar ni de explicar. (La señora De Meer Méndez: No nos llegó). Sí les llegó, pero ustedes decidieron no venir.
No pasa nada, es una posición legítima. Lo que digo es que es una modificación reglamentaria, como comentaba antes al diputado de Ciudadanos, y consideramos en el ministerio que, al ser una reforma de este calado, era interesante que tuviéramos una
relación directa con los diputados, aunque no pasase por el Parlamento, porque creíamos que era una norma que importaba a todos, y la realidad objetiva fue así.


Por último, usted ha hecho referencia a la integración y, como le decía antes también a la señora Franco, ojalá no tuviéramos que invertir ni un solo euro en la integración ni en la lucha contra los discursos de odio; cuando se dé ese
momento, nos tendremos que felicitar todos.



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Por último, señor Ortiz, gracias también por sus palabras. Usted me habla de bandazos y de posiciones distintas. El problema es que usted pertenece a un partido que tiene pasado también y que tiene problemas de credibilidad en algunas
cosas, porque algunos bandazos que ustedes dan son llamativos. Usted me ha dicho que le dijo a mi antecesor que no tenía que haber subvenciones y que ahora el sistema de acción concertada le parecía el correcto, con lo cual creo que aquí tenemos un
camino; no se preocupe usted por habrá luz y taquígrafos y tendrá acceso a toda la información que requiera, como no puede ser de otra manera. Seguro que, si estuviera en mi situación, usted haría lo mismo si yo se lo pidiera, porque no hay ningún
interés en ocultar ninguna información. El paso de las subvenciones a la acción concertada es un paso muy importante y muy valiente, es un sistema pionero que en algunas comunidades ya se ha puesto en marcha y creemos que va a funcionar. Además,
creo que tener las cosas planificadas y organizadas a cuatro años y no depender de miles de situaciones es positivo y supongo que usted también lo comparte conmigo.


Ha hecho referencia también a la intervención de mi antecesor, a los centros que estaban previstos. Nosotros tenemos un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y nosotros vamos a destinar una partida muy importante a que los
centros estén en mejores condiciones. Y mezclo aquí también la situación de Canarias porque se está haciendo un esfuerzo muy importante con este plan en Canarias, que el presidente del Gobierno de Canarias conoce, por supuesto, de primera mano, con
independencia del convenio de los 50 millones extraordinarios. Se está haciendo una gran inversión en Canarias, como se hizo también en la Ciudad Autónoma de Ceuta cuando sucedieron los acontecimientos del año 2021. He tenido la oportunidad de
visitar Canarias y Ceuta y Melilla, porque creo que es una de las primeras responsabilidades de un secretario de Estado de Migraciones, y por eso también quiero agradecer desde aquí a la Unión Europea porque creo que al final -eso sí que lo
compartiremos al menos- puede ser la solución para muchos de los problemas que teníamos, la inversión que hemos podido desarrollar en Ceuta de 10 millones de euros gracias a la facilidad de la Unión Europea para compensar los gastos en los que había
incurrido Ceuta por el paso de los menores a Ceuta. El anterior secretario de Estado habló de tres centros y nosotros estamos trabajando ahora en 17 centros, que están en distintas fases. Para algunos se han adquirido ya los terrenos y en otros se
han comenzado las obras; estamos en este proceso. Lo que ha sucedido, y creo que todos lo entenderemos, es que cuando mi antecesor compareció aquí no sabía que iba a haber una guerra en Ucrania que iba a suponer que se abrieran cuatro centros,
cuatro CREADE, centros de recepción en Pozuelo, en Málaga, en Alicante y en Barcelona y que una partida presupuestaria que tenía la anterior Secretaría de Estado de 611 millones, tenía que verse incrementada, por desgracia, en 1200 millones más en
una partida extrapresupuestaria como consecuencia de la invasión de Ucrania. Evidentemente, usted podrá entender el esfuerzo que puede suponer para una unidad administrativa multiplicar por tres su presupuesto de un día para otro ante una necesidad
tan apabullante, lo cual creo que ha sido un éxito de todos. Por eso cuando usted hace referencia a los 20 000 euros para transferencias a ucranianos, es que no es así, señor Ortiz. Nosotros tenemos una partida extrapresupuestaria de 1200
millones, actualmente se han gastado 755 millones en los ucranianos y esa partida extrapresupuestaria se va a desarrollar durante 2022 y durante 2023 y para las comunidades autónomas hay 80 millones de euros en dos reales decretos que se han
aprobado. Lo que le estoy diciendo es que se complementa con la partida extrapresupuestaria de los 1200 millones que este Gobierno aprobó en el mes de marzo del año pasado.


Por último, señor Diouf, también estoy de acuerdo con usted en que el país en el que yo vivo es un país solidario, es un país que defiende los derechos humanos y es el país en el que he vivido cuarenta años y quiero seguir viviendo muchos
años más. Creo que la mayor parte de las personas que viven aquí piensan como pensamos usted y yo, que queremos un país abierto, tolerante y que tenga en el centro los derechos humanos. Veo que usted sí se ha leído el reglamento de extranjería y
que sí que ha hecho un trabajo importante para ver qué potencialidades tiene; estoy segura de que tendremos que seguir luchando para que este reglamento tenga éxito. Y como bien dice usted, cuando se habla de 15 000 menores extutelados, detrás de
cada menor hay una persona que hoy tiene una oportunidad de vida, y una de las cosas más tristes que le puedes quitar a una persona es la esperanza. Vamos a darles entre todos un poco de esperanza de tener una oportunidad de vida, y creo que este
presupuesto, esta Secretaría de Estado, este Gobierno y los grupos políticos como el suyo nos van a ayudar a que estas personas sigan teniendo esperanza, porque les tenemos que dar alojamiento, manutención y enseñarles el castellano, pero, sobre
todo, tendremos que decirles que el mundo no es tan horrible como otros creen y que entre todos nos ayudaremos, que es el objetivo por el que estamos aquí.


Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.


Si les parece suspendemos tres minutos para despedir a la secretaria de Estado y reanudamos la sesión. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (OLLÉ SESÉ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/002393), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002817), SOCIALISTA Y
CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002700).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la última comparecencia de hoy que, como saben, es la de la subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, doña Verónica Ollé Sesé. Damos la bienvenida a la subsecretaria. Como
sabe, porque además ya ha asistido a la comparecencia anterior, primero interviene el Gobierno, después los grupos parlamentarios y, por último, cerrará usted el debate y así concluirá la jornada de hoy.


Tiene la palabra, señora subsecretaria.


La señora SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Ollé Sesé): Buenas tardes. Muchas gracias, presidente.


Señorías, como ha dicho el presidente, vuelvo a la Cámara por segundo año consecutivo, esta vez sin mascarilla y a última hora de la tarde, por lo que intentaré ser lo más esquemática y clara posible y referirme a los aspectos del
presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el próximo ejercicio 2023. He preparado un pequeño PowerPoint para que sea más fácil seguirme, y lo he clasificado en dos partes: en la primera me referiré al presupuesto
desde el punto de vista orgánico y en la segunda desde el punto de vista económico.


Aquí están los datos generales de la clasificación económica del presupuesto y la clasificación orgánica. Voy a empezar por la clasificación económica. Me toca hablar de las tres áreas. Han comparecido mis compañeros el secretario de
Estado de Seguridad Social, la secretaria de Estado de Migraciones y la secretaria general de Inclusión, y yo voy a hablar de la totalidad del presupuesto. Tenemos un presupuesto consolidado de 225 768 millones de euros. Voy a intentar no
marearles mucho con las cifras y centrarme más bien en lo que hay detrás de las cifras, en las ideas que esconden y en para qué sirven estas cifras que estamos presentando. Lo que es la partida propiamente del MISSM, del ministerio, es de 1080
millones de euros, la de Seguridad Social que incluye la sección 07 que se refiere, como saben ustedes a las clases pasivas, la sección 60, que es la propia Seguridad Social y aquí nos ponemos en 224 688 millones y el total que les he dicho. ¿Para
qué sirve este dinero? Para poner en práctica las políticas que se desarrollan desde el ministerio, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la consolidación de las políticas de inclusión del IMV en el área de la Secretaría General
de Inclusión y como cuestión quizá más novedosa a nivel presupuestario, que ha explicado la secretaria de Estado -he llegado al final de la intervención, con lo cual he podido ver el interés que ha suscitado- el cambio de modelo de gestión de
subvenciones al régimen de concierto, que sería el tercer pivote. Además, en mi condición de subsecretaria me toca también la coordinación de todos los fondos del servicio 50 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que me
referiré posteriormente.


Ideas. Tenemos un crecimiento generalizado en todos los capítulos del presupuesto. El presupuesto no financiero, que engloba los capítulos 1 a 7, pasa a 35 977 millones, y el presupuesto financiero, que es el capítulo 8, como saben los
préstamos del Estado a la Seguridad Social, a 10 000 millones de euros. Aquí tienen un desglose por capítulos, pero, como me voy a referir a cada uno de ellos separadamente, si les parece, en lugar de repetir cifras, voy a entrar en cada uno de los
capítulos y luego, si alguno de ustedes desea que les pasemos la presentación para tenerla, se la haremos llegar sin ningún tipo de problema.


Capítulo 1, gastos de personal. Saben ustedes que dentro de las funciones de los subsecretarios y las subsecretarias de los ministerios está la de la jefatura de personal, la de la coordinación de todas las acciones en materia de personal
del departamento. En este sentido, tenemos un incremento de un 5,40 % y pasamos a tener un crédito total de 60 millones. Es un incremento, respecto al año pasado, relativamente pequeño en los márgenes en los que nos movemos de 3 millones de euros.
¿Para qué vamos a utilizar este dinero? Fundamentalmente para dos cosas. Como saben ustedes, durante el año 2022 hemos tenido la guerra de Ucrania, lo que ha supuesto muchísimas consecuencias, y una de ellas ha sido tan básica como la necesidad de
reforzarnos a nivel de personal dentro del ministerio para gestionar esos 1200



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millones de crédito suplementario que tuvimos, los cuatro CREADE a los que se ha referido con anterioridad la secretaria de Estado, y todas las políticas derivadas como los reales decretos a las comunidades autónomas, etcétera. Todo eso
requiere de personas detrás que ejecuten, desde el punto de vista de la gestión pura y dura, todas estas situaciones.


La otra novedad que es destacable e importante de cara a 2023, es la creación de una nueva subdirección general de promoción de fondos de pensiones de empleo; esto iría más dentro del área de Seguridad Social. Saben ustedes que la Ley
12/2022 modificó la ley de fondos de empleo, y entonces se crea una subdirección para el desarrollo de los planes de pensiones de empleo y previsión social complementaria.


La siguiente cuestión que es importante también dentro del capítulo 1, es en qué estamos trabajando. Luego me referiré con un poquito más de detalle, pero el 22 de mayo de 2022, cuando se hizo la oferta de empleo extraordinario, se ha hecho
un esfuerzo muy importante a nivel Gobierno por dotar de un suplemento de personal a la Seguridad Social que, como saben, tiene un déficit estructural que se arrastra desde hace mucho tiempo y que genera muchos problemas a la hora de la gestión y
desde el área de la subsecretaría gran parte de las acciones que estamos desarrollando son precisamente para poner en marcha todos los procedimientos de empleo público que se van a desarrollar como consecuencia de esta mayor dotación de personal.
También tenemos otras medidas que quizá serán menos relevantes a nivel de titulares, pero que son importantes para nosotros, como la promoción de reconocimientos médicos de calidad para los empleados públicos y la escuela infantil dentro de la
acción social, que hemos conseguido mantener en el ámbito del ministerio, a pesar de las dificultades que tuvimos por la ausencia de niños durante el COVID y que es una medida de conciliación muy importante para las madres y los padres trabajadores,
y esto estaría dentro de las medidas a nivel de personal.


Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. La dotación para 2023 es de 726 millones, frente a los 209 millones del presupuesto de 2022; tenemos un incremento de 246,40 % que fundamentalmente tiene reflejo en el mayor gasto de la
Secretaría de Estado de Migraciones. No quiero repetirme mucho, porque estoy segura de que este tema se ha desarrollado con amplitud por mi antecesora y es jueves por la tarde y entiendo que ustedes ya deben estar cansados, pero este incremento se
refiere a la necesidad de dotar de mayor capacidad al sistema de acogida y a los centros propios que tenemos, además de una serie de partidas que van destinadas al despliegue del reglamento de la Ley de Extranjería.


Por parte de la Subsecretaría, tenemos un incremento de 23 millones. Antes me estaba refiriendo a un incremento del 240 % de migraciones, que les puede parecer pequeño, pero a nosotros nos sirve para cosas que son importantes a nuestro
nivel: la atención de los gastos de la próxima Presidencia europea de España; la comunicación y divulgación de políticas públicas como el ingreso mínimo vital, y algo tan básico como la atención de compromisos de gastos plurianuales -lógicamente,
a todos nos está subiendo el coste de vida y también a nosotros- como el coste de limpieza, el coste de mantenimiento, y todas estas cuestiones un poco más prácticas de las que nos ocupamos desde el ámbito de la subsecretaría.


En relación con la Presidencia europea, como he dicho, aquí tienen una relación de las cuestiones. Tenemos un presupuesto de 2,8 millones de euros. No está la cifra, pero es para cubrir desde todos los eventos que se van a hacer a alto
nivel, a nivel técnico, hasta los gastos de personal en Bruselas y las REPER. Esta es la última parte del capítulo 2.


Pasamos al capítulo 4, transferencias corrientes. Aquí tenemos un incremento del 4,6 %, 34 883 millones de euros, que recogen la transferencia interna con la que se financian los gastos propios de la Seguridad Social. Ustedes saben
perfectamente que en el Pacto de Toledo se determinó, en la recomendación primera, la necesidad de separar los gastos propios e impropios, es decir, aquellos que se financian con las cotizaciones de los trabajadores o de carácter contributivo de los
no contributivos, y esto pasa a través del capítulo 4 del ministerio.


Aquí destaco una cosa que a nivel presupuestario es muy pequeña, son 150 000 euros, pero que para nosotros es importante, porque nos parece una acción interesante y bonita, que es el programa de prácticas universitarias, que hemos aprobado y
puesto en marcha este año. De hecho, durante el mes de noviembre ya se van a incorporar los primeros becarios. Hay un programa de información e investigación en el ámbito de áreas de Humanidades y otro en el ámbito más técnico de estadísticos,
matemáticos, etcétera, mediante convenio con diversas universidades públicas y privadas que se han presentado al concurso que tuvimos.


Capítulo 6, inversiones reales. Tenemos un incremento de 171 millones de euros, que va ligado, fundamentalmente, al servicio 50, al plan de recuperación y a todos los centros a los que se ha referido



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antes mi compañera la secretaria de Estado, que se están desplegando para la creación de las 5700 plazas de acogida. Esto también se contiene en el presupuesto del ministerio y va destinado a esta partida.


Dentro del ámbito de la subsecretaría, también tenemos una partida de 11 millones de euros para todo el impulso de medidas en materia de eficiencia y ahorro energético. El ministerio, como el resto de los ministerios, y como el resto de las
administraciones públicas, afronta el reto del ahorro y la eficiencia, y aquí tenemos un patrimonio inmobiliario, dentro del ámbito del departamento del ministerio, disperso y muchas veces obsoleto, con sistemas antiguos de ventilación y con
sistemas antiguos de cerramiento, donde es importante establecer una serie de mejoras. Aquí también hemos conseguido un presupuesto para poner en marcha todas estas acciones durante el año que viene.


Capítulo 7, transferencias de capital. Seguimos también dentro del mecanismo al que me referiré posteriormente.


Esta primera distribución ha sido por capítulos, es decir, por tipo de gasto y ahora me voy a referir al destinatario del gasto y no me voy a extender mucho. La Subsecretaría, como he dicho, tiene un incremento del 69,6 % del presupuesto,
pero que son 25 millones, porque al final tenemos un presupuesto de 60, sin contar puramente a la Secretaría de Estado de Migraciones, que es el grueso de nuestro presupuesto. La Secretaría de Estado de Seguridad Social en pensiones tiene un
incremento del 12,50 %, lo que supone 4954 millones de euros más. Como saben, es el primer año de aplicación de la Ley 21/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y la necesidad de dotar al fondo de reserva con un 0,6 %, lo que
supone un traspaso de 3000 millones al fondo de reserva, que, a su vez, lleva aparejado un traspaso de crédito. Si estuvieron ustedes en la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, estoy segura de que lo explicó con muchísima más
claridad de lo que pueda hacerlo yo. También está la puesta en marcha en el sistema de cotización de trabajadores autónomos; el refuerzo de la estructura de ingresos y, lo que acabo de nombrar, la recuperación del fondo de reserva de aquí al año
2032.


Dentro de la Secretaría de Estado de Migraciones, la cuestión estrella, como hemos comentado, es el presupuesto de 314,50 millones de euros para la acción concertada que entra en vigor el 1 de enero, con el compromiso a cuatro años que ha
explicado muy bien la secretaria de Estado. Esto se lleva a cabo dentro de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión, coloquialmente la SGOP, que es la secretaría general que desarrolla las políticas ligadas al ingreso mínimo
vital. Saben ustedes que el ingreso mínimo vital no es solo una prestación no contributiva por la que se da dinero, sino que hay una serie de políticas ligadas al desarrollo para no caer en trampas de pobreza e intentar que nos lleve a una
inclusión efectiva. Eso se hace dentro de un departamento, dentro del ministerio, que es muy pequeño, que tiene una estructura muy pequeña, no son más allá de 25 o 30 personas y el presupuesto que tienen se incrementa en 268 000 euros, hasta
alcanzar los 2,75 millones de euros, pero es una de las tres áreas de actividad del ministerio.


Por último, me voy a referir al servicio 50, lo que es el PRT, el plan de recuperación, solo a la parte de contenido económico, la parte de reforma no tiene cabida dentro de una presentación en materia de presupuestos. En primer lugar,
tenemos 142,97 millones para la reforma del sistema de acogida, es decir, para la creación de las 5700 plazas propias que tenemos que tener en todo el territorio español. La secretaria de Estado se ha referido a que el año pasado el antiguo
secretario de Estado hablaba de tres centros; ahora estamos ya trabajando en 15, con sus procesos de licitación, con sus procesos de contratación, con toda la problemática en materia de gestión derivada que les aseguro -ya sé que es una cuestión
que no es política- que a nivel de gestión es muy laboriosa. Esto sería dentro del componente 22, pasamos de 60 a 147; dentro del componente 11 y el componente 19, que son los relativos a la digitalización, en el ámbito del ministerio tenemos
proyectos por 154,2 millones de euros.


Finalmente, dentro del componente 23, que es fomento del crecimiento inclusivo, mediante la vinculación de las políticas de inclusión al ingreso mínimo vital, es decir, el desarrollo de los itinerarios de inclusión y de todos los programas
piloto en materias de políticas de inclusión, aquí nos queda un presupuesto de 27,72 millones de euros. Y esto es a grandes rasgos la foto del presupuesto del ministerio.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, subsecretaria.


Pasamos a los grupos parlamentarios. Empezamos por el Grupo de Unidas Podemos. Tiene la palabra la señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


Muchas gracias, señora Ollé. Ha explicado usted con mucho detalle las diferentes partidas. Nosotros vamos a prestar especial atención a dos cuestiones que, aunque todas son importantes, nos importa



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mucho toda la cuestión del gasto de personal, porque usted lo ha dicho, que es un déficit de este ministerio. La Seguridad Social adolece de un déficit estructural en cuanto a personal, que de eso depende, en definitiva, que haya un buen
servicio público. Ha hablado usted de dos políticas importantes de desarrollo de planes de empleo y también de una oferta extraordinaria, toda la cuestión de personal. Por otro lado, está la cuestión de la digitalización. Ha hablado usted también
de la inversión de 154 millones para modernización del sistema y capacitación del personal, y nos parece que es muy importante. En cuanto a la evolución de gasto en personal, que nos gusta más hablar de inversión, porque realmente es importante
para este servicio público de calidad, nos encontramos con que realmente la plantilla del servicio de la Seguridad Social hace que nuestro sistema de protección social funcione, y es de las más importantes de la Administración General del Estado.


Nos encontramos con una evolución negativa en los años anteriores, por desgracia, una evolución negativa de recursos para personal del INSS y de la Tesorería General, y esto ha sido durante la gestión del Partido Popular en el decenio
anterior, nefasto, en el que el Partido Popular de alguna manera parece que tenía intención de dejar morir la Seguridad Social, porque, entre otras cosas, durante más de una década no se convocaron plazas para los cuerpos especiales de la Seguridad
Social, de gestores y técnicos. Esta es una situación que ha ido revirtiéndose en los últimos años, y sobre todo en la oferta de empleo de 2019, pero esto tiene un peso. Ha lastrado a la Seguridad Social de manera muy dura. Nos encontramos con
una derecha, por desgracia, en nuestro país, derecha y ultraderecha que hacen funcionar ese mantra de que hay demasiados funcionarios en nuestro país, como si fuera una carga, cuando resulta que tenemos un porcentaje de funcionarios en relación con
la población mucho menor que el de los países de nuestro entorno o el de países con coberturas de servicios públicos que admiramos y que deseamos tener. Con ese mantra y también con esa filosofía que también quieren instaurar de que hay que reducir
el Estado, mientras rescatan bancos o el Estado rescata autopistas o se gasta mucho dinero en pufos, como el Castor, que hemos padecido mucho en Castellón; mientras esto ocurre, han ido reduciendo el dinero del Estado, el dinero público, para
proveer servicios para la ciudadanía. Esto por contextualizar, porque creo que es muy valioso el esfuerzo que se está haciendo en los últimos años y en particular en este presupuesto.


Partimos de una situación grave, de plantilla también muy envejecida, los sindicatos manifiestan que en los próximos diez años está llamado a jubilarse el 50 % de la plantilla, tenemos un problema grave, también con lo de la ley Montoro y la
tasa de reposición. En los últimos años ha habido un esfuerzo de inversión en personal, pero con todo tenemos menos personal que en 2014, por todas estas circunstancias. Esta es la situación en cuanto a personal. Ahí valoramos muy positivamente,
creemos que tiene que ser así, este gasto en personal que usted ha trasladado, que se ha incrementado notablemente. Hablamos de que estos presupuestos superan en 427 millones de euros el gasto de personal de 2015, un aumento de más del 12 %, y esta
es una cuestión relevante y es importantísimo para esta prestación del servicio. Valoramos, y se ha hecho público últimamente, la contratación inmediata de 1615 interinos e interinas para el INSS y la Tesorería General. La incorporación de estos
trabajadores y trabajadoras, gestores y administrativos es importantísima y esperamos que todas estas plazas se conviertan en definitivas lo antes posible para velar por esta estabilidad en un servicio tan importante como este.


En cuanto a la digitalización, nosotros entendemos que debe ser parte de la solución y no un problema en toda la Administración pública. Efectivamente, nos estamos encontrando con ciertas situaciones, y no únicamente con la Seguridad
Social, por desgracia, porque a menudo conseguir una cita previa para atención directa con personal es muy complicado para las personas que tienen que acudir a hacer alguna gestión a los centros de atención e información de la Seguridad Social. A
veces los aplicativos para solicitar la cita previa funcionan unas horas, se dan todas las citas y se cierra, una situación que nos preocupa seriamente porque limita el acceso a muchas personas que necesitan hacer trámites en la Seguridad Social.
La gente a menudo tiene que recurrir a gestorías para solicitar prestaciones del ingreso mínimo vital, de nacimiento, cuidado de menor. No nos cabe duda de que la digitalización es un reto y hay que avanzar por ahí, y la posibilidad de tramitar
desde casa es un avance importantísimo, pero nos preocupa esta brecha digital.


Entendemos que con este esfuerzo que se está haciendo por otra parte en creación de puestos de trabajo y de reforzar el personal va a ir mejorando esta situación. Les animamos en ese esfuerzo, lo celebramos desde mi grupo parlamentario y
seguiremos empujando en este sentido de fortalecer todo lo que son los servicios públicos y en particular la Seguridad Social, porque es esencial para la atención a la población en protección social, que es básica.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.


Señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora Ollé. Intervendré muy brevemente. De los 204 258 millones del gasto total no financiero de la Seguridad Social, casi 5000, como ha dicho usted, van destinados a transferencias internas y nos quedaría en la cifra
final, aproximadamente en unos 199 300 millones de euros de gasto consolidado. ¿En gasto de personal 4932 millones? (La señora subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ollé Sesé: ¿En Seguridad Social?) En Seguridad Social.
(La señora subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ollé Sesé: No tengo la cifra, porque entra dentro del...). Bueno, nos vamos a los 5000 millones, y de transferencias corrientes 194 000.


No sé si usted, como persona técnica, me puede responder. Es lo que nos ocupa y nos preocupa a todos, son los 166 000 millones de pensiones contributivas, los 2800 de pensiones no contributivas, la incapacidad temporal, las prestaciones por
nacimiento, las prestaciones familiares, la dependencia, el ingreso mínimo vital, del que hemos hablado antes, el resto de prestaciones, muchísimo dinero, y tenemos unas cotizaciones que ascienden a 204 258 millones, que si retiramos los 5000
millones de transferencias externas nos vamos a los 199 000 millones, pero tenemos unos ingresos de 152 075 millones. La pregunta es ¿es sostenible la Seguridad Social con estas cifras? Y si tienen previsto un aumento de ingresos en base a qué,
independientemente de lo que aparezca aquí en los presupuestos. Tenemos dudas razonables de que hoy por hoy, si no son por las transferencias permanentes, por sí sola la Seguridad Social no tiene suficientes ingresos por cotizaciones como para
hacer frente a los gastos comprometidos, la autosuficiencia de todas las partidas.


Muchas gracias, señora Ollé. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Pasamos al Grupo Parlamentario Popular


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, doña Verónica Ollé, bienvenida, en nombre del Grupo Popular, nuevamente a esta Comisión. Como bien se nos ha expuesto, tres ejes fundamentan la responsabilidad de su departamento: la Seguridad Social, la inclusión y las
migraciones. Señora Ollé, una vez más, nos trae usted aquí ante el Congreso unos presupuestos que aumentan los recursos económicos disponibles para implementar las políticas en materia de inclusión y migraciones, pero no por ello debe significar
mayor eficacia en las mismas. Año tras año ha sido así, cada vez hay mayores incrementos en aplicación de recursos económicos, pero poco o nulo éxito correlativo en los resultados de los problemas que se intentan resolver. Las mismas políticas,
los mismos programas de actuación, pero con más dinero, y el resultado me temo que será el mismo, dada la trayectoria de los últimos años. Por eso soy de los que piensa que es necesario cambiar de política en estas materias y, sobre todo, cambiar a
los políticos que la ejecutan.


Señora subsecretaria, más de 12 millones de personas en el umbral de la pobreza en nuestro país es una barbaridad, es para estar verdaderamente preocupados, sobre todo porque cada vez más vemos a personas jóvenes caer en este mundo. El
ingreso mínimo vital se concebía como una herramienta para la inclusión. Por ello, yo le pregunto, ¿qué programa se ha realizado en cuanto a las medidas complementarias con esas personas que perciben el ingreso mínimo vital para escapar de su
situación? Respecto al iter de inclusión, díganos algo al respecto y, sobre todo, qué efectividad ha dado lo que se haya hecho, puesto que hemos hablado con anterioridad de 510 000 hogares que tienen concedido el ingreso mínimo vital, donde la
mujer precisamente es la persona más afectada, y muchos niños, unos 600 000 menores que también están afectados. Desgraciadamente, el ingreso mínimo vital no está cumpliendo con los objetivos que se habían propuesto. Por cierto, a estas personas
que menos tienen y más necesitan son a los que la inflación las hace polvo, la inflación es el peor de los impuestos para los más vulnerables, tenemos que tenerlo en cuenta. (La señora vicepresidenta, Narváez Bandera, ocupa la Presidencia).


Señora subsecretaria, hace un año nos anunció que en los presupuestos se habían introducido partidas importantes para la creación de plazas para reforzar el sistema de acogida de inmigrantes y la creación de nuevos centros propios. Me
gustaría saber cuántas plazas se han creado desde el año pasado a este y cuánto nos hemos gastado en ello. Asimismo, en cuanto a los nuevos centros propios, ¿cuántos se han construido?, ¿cuál ha sido el coste y dónde se encuentran? ¿Se encuentran
esas plazas, dónde se encuentran ellos y donde se encuentran esas plazas?



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En cuanto a la política migratoria, nosotros, el Partido Popular, venimos diciendo desde hace mucho tiempo algo que, afortunadamente, he visto ahora en un powerpoint, referido al reglamento de extranjería, que han dado a conocer, que dice
así: La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone un punto de inflexión en la política migratoria. Ojalá sea verdad, ojalá sea verdad, porque, entre los objetivos que se dice en ese powerpoint -y se lo enseño, aquí está-, está
reforzar la migración regular, reforzando la cooperación con los países de origen; lo mismo que veníamos diciendo nosotros una y otra vez desde hace ya cuatro años, lo mismo que veníamos diciendo este señor que está aquí y un servidor de ustedes.
Otro de los objetivos: reducir las vías irregulares, que supone altos costes sociales, humanos, económicos y de gestión, economía sumergida, presión a la baja de salario. Lo mismo que veníamos diciendo desde hace cuatro años este señor que está
aquí, portavoz de inmigración, y un servidor de ustedes. Ojalá sea este el punto de inflexión, ojalá hayan cambiado. Mucho me temo que no sea así, porque estas cosas también las decían ustedes antes y, sin embargo, no han cumplido absolutamente
nada, han optado por la inmigración irregular.


Me preocupa una cosa, no sé si me la podrá resolver. Me preocupa la atención a esos inmigrantes que venían siendo atendidos por distintas ONG, y me voy a referir a una que atendía el asentamiento de chabolas de inmigrantes en Palos de la
Frontera, Huelva, mi pueblo. ¿Por qué, después de varios años haciéndolo, se les ha retirado el apoyo económico para que puedan seguir trabajando o ayudándolos, como venían haciendo, y además haciéndolo bien? Los dejan entrar de manera irregular
en España, van a los asentamientos y ahora los abandonan en la atención. Espero que esto no sea así, espero que esto haya sido un incidente o accidente para una nueva regulación que lo pueda hacer.


Señora subsecretaria, ¿cuántos expedientes de expulsión se han llevado a cabo en este último año? Porque de eso no nos ha dado dato, ni usted, ni el secretario, nadie nos ha dado ningún dato de estos expedientes de expulsión, y cuántas
expulsiones se han materializado, cuánto se ha hecho.


En cuanto a los menores no acompañados, popularmente conocidos como menas, me gustaría mostrarle mi preocupación en algunos puntos. ¿Cuántos menas han entrado en España desde el último año hasta ahora? ¿Qué edades tienen? ¿Es verdad que
la mayor parte de ellos tienen 15, 16 y 17 años? Pregunto: ¿son refugiados, huyen de la persecución que sufren en sus países, son considerados inmigrantes, de dónde proceden? Según me dicen, más del 90 % son de nacionalidad marroquí. Zonas de
procedencia. ¿Es cierto que más del 80 % viene de la ciudad marroquí de Nador? Algo raro debe haber ahí en esos datos que me dicen, no sé si son verdad o no, pero algo raro debe haber. Marruecos nos tiene cogidos por la inmigración; ello supone
dinero y más dinero. ¿Qué vamos a hacer en el año 2023?


Termino, señora presidenta. Una curiosidad, esto es una cuestión personal. Entre las cosas que nos dijo respecto al presupuesto del año 2022, hubo una que hacía referencia a que se disponía en su ministerio de partidas para campamentos en
periodo de vacaciones escolares. Le pregunto: ¿esta partida se ha ejecutado al cien por cien? ¿Dónde se ha hecho? ¿Están presupuestadas para el ejercicio 2023?


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narváez Bandera): Gracias, señor Romero.


Tiene la palabra la señora Elvira Ramón.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la subsecretaria a esta casa, que es la suya, y agradecerle su exposición detallada, donde nos ha dado cuenta del presupuesto de su departamento.


Antes de entrar en la cuestión concreta, me gustaría decirle al señor diputado del Partido Popular, que habla de cambiar las políticas y los políticos, que no vaya a tener la tentación de olvidar que estamos en un sistema democrático y eso
lo decidirá en su momento la ciudadanía. Y, acerca de su discurso sobre la inflación, por la que muestra su preocupación, le diré que, sin embargo, sistemáticamente votan ustedes en contra de todas las medidas que hemos traído a esta Cámara para
apoyar a las familias, para incrementar también la recaudación, para gravar las fortunas más altas, y un largo etcétera. Así que la preocupación se demuestra y, como dice el refrán, el movimiento se demuestra andando.


En relación con los presupuestos, quiero manifestar, como se ha dicho anteriormente aquí, que son unos presupuestos de justicia social y de protección económica. Son unas cuentas para la estabilidad y para la seguridad, pensadas para
avanzar en justicia social y en protección económica, y, lo que es más importante, son la garantía de nuestra solvencia como país. Son unos presupuestos al servicio de la mayoría social, destinando 6 de cada 10 euros a gasto social, una cifra que
es récord. Mejoramos la protección social y a la vez también nuestra económica, porque, aunque no lo quieran reconocer ustedes,



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nuestra economía está creciendo fuertemente, un 4 % este año, y los presupuestos generales prevén un crecimiento del PIB del 2,1 %. Estamos por encima de la media de la zona euro. Por tanto, es falso, por mucho que ustedes lo repitan, que
no hayamos recuperado los niveles previos a la pandemia, porque les daré un dato: con el anterior Gobierno del Partido Popular, en la anterior crisis, tardamos más de diez años en recuperar el crecimiento del PIB y trece los niveles de empleo, cosa
que, en esta ocasión, afortunadamente, no ha sucedido.


Cumplimos con Europa tanto en la reducción del déficit como de la deuda pública; el Partido Popular en el Gobierno jamás cumplió con los objetivos del déficit con la Unión Europea. España, en 2017 cerró con el mayor déficit de la Unión
Europea, y eso sin pandemia, sin guerra y sin volcán. Así que, basta ya de ese mantra que repiten sistemáticamente, que parece que son el gurú en la gestión económica; eso es absolutamente falso. Los hechos lo demuestran, igual que demuestran que
el crecimiento económico no está reñido con la protección social a los más vulnerables.


El presupuesto del ministerio está orientado a la eficiencia, a la inclusión y a la estabilidad. Garantizamos las pensiones de nuestros mayores de hoy y de mañana; cumplimos con las recomendaciones del Pacto de Toledo, como no puede ser de
otra manera, y con los compromisos del país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; revalorizamos las pensiones conforme al IPC, un 8,5 %, avanzando hacia el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, aunque el señor Feijóo
haya manifestado su posición en contra de esta subida. Llenamos la hucha de las pensiones que el Partido Popular había vaciado. Es la primera vez que el Gobierno hace una aportación al Fondo de Reserva de 2957 millones de euros. En 2023 entra en
vigor el mecanismo de equidad intergeneracional, que servirá para volver a dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y fortalecer el sistema de cara a las próximas décadas. Se ha culminado, prácticamente, el proceso de compromiso de
separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.


Tenemos, actualmente, más de 20 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, una cifra récord. Hay un extraordinario comportamiento del mercado laboral gracias a la reforma laboral que ustedes predecían que iba a ser
apocalíptica. Esta reforma está reduciendo la temporalidad y el paro estructural, que han sido los lastres de la economía española durante décadas. Ahora, uno de cada dos contratos laborales que se firman en nuestro país es indefinido; antes de
la reforma uno de cada diez, y hemos reducido la tasa de paro del 26 % en 2013, al 12,4 % actualmente. Y esto lo hemos conseguido sin tener que encomendarnos a la Virgen del Rocío, como hacían ustedes, lo estamos consiguiendo con trabajo, con
diálogo y con consenso.


Las cotizaciones sociales superarán en 2022 las previsiones de los presupuestos y continuarán creciendo en 2023. Gracias al buen comportamiento del mercado laboral y a las reformas que este Gobierno está llevando a cabo, la Seguridad Social
avanza hacia el equilibrio presupuestario. Así que dejen de meter miedo y ruido a nuestros mayores acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque no quiero pensar que detrás de esa actitud se escondan otro tipo de intereses. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).


En este sentido, en materia de Seguridad Social, me gustaría preguntarle a la subsecretaria las medidas que se han puesto en marcha en materia de recursos humanos. Este presupuesto consolida también el objetivo de reducir las desigualdades
sociales; quiero destacar que el IMV, desde su aprobación, ha llegado a más de medio millón de hogares, a 1,4 millones de personas, y a casi 600 000 menores, sin olvidar el complemento de ayuda para la infancia, que llega a 273 000 familias. Y se
continúa mejorando esta prestación para llegar no solo a todos los perceptores que aún no están recibiendo el ingreso mínimo vital, sino también con el sello de inclusión social o con el incentivo al empleo recientemente aprobado, que permitirá a
los perceptores que encuentren empleo o aumenten el número de horas trabajadas si ya lo tienen contar con una mayor renta disponible. Este incentivo garantiza que no se produzcan pérdidas en la prestación con los ingresos salariales, porque no
solamente el IMV es compatible con el trabajo, sino que se incentiva esa búsqueda de trabajo. También me gustaría destacar los itinerarios de inclusión, que ya hay 34 en marcha en todo el país. Y es que la política de inclusión que este Gobierno
está llevando a cabo en nuestro país está en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.


Por último y no menos importante, quiero hacer referencia a la mejora del modelo de acogida de refugiados inmigrantes, con inversiones en todo el territorio para crear plazas de acogida. El presupuesto de la secretaría aumenta un 29 %. El
modelo de concierto supone un cambio radical en la gestión, garantizando la estabilidad de las relaciones con las entidades, que ha sido una demanda de las propias entidades.



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De nuevo, solamente quiero agradecerle su exposición y reconocer el esfuerzo que se está haciendo desde el ministerio y, especialmente, como usted ha expuesto, en materia de personal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la subsecretaria para cerrar el debate.


La señora SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Ollé Sesé): Muchas gracias.


Voy a contestar de forma conjunta a la señora Saavedra -bona tarda- y a la señora del Grupo Socialista, porque las preguntas han ido referidas en los dos casos a las acciones que se han tomado en materia de personal.


Hay una cuestión que es común a todos y que nos preocupa a todos, con independencia del grupo político al que representen, que es el envejecimiento de las plantillas en el ámbito de la Administración; saben que la media de los funcionarios
es de 54 años, que cada vez hacemos frente a más políticas; tenemos muchas dificultades para cubrir las RPT, las plantillas ya no solo en el marco de la Seguridad Social, sino en el marco de cualquiera de los funcionarios, es una conversación que
tenemos de forma reiterada con otros subsecretarios, e incluso tenemos procesos de captación de talento entre nosotros, porque realmente no hay manos para todas las políticas que se quieren desarrollar, y eso con independencia de cuál sea el tipo de
políticas o quien esté al cargo de esas políticas.


La situación resulta especialmente grave en una organización como la Seguridad Social, en la que se presta un servicio público muy cercano al ciudadano y en la que, además, como ha comentado la señora Saavedra, la brecha digital puede ser un
factor muy importante. Es complicado para personas que están en riesgo de exclusión rellenar una prestación del ingreso mínimo vital por Internet. Por eso se están haciendo muchas actividades o muchas acciones en las comunidades autónomas y en los
ayuntamientos con el tercer sector. Son los que realmente tienen contacto y pueden ayudar en este tipo de acciones.


Tenemos problemas muy graves con los CAISS, que saben ustedes que son esos centros que están por todo el territorio nacional, que además sirven como elemento vertebrador, algo muy importante. Nos encontramos en ocasiones con que en un CAISS
de un sitio pequeño, donde hay dos o tres personas, una está de vacaciones y la otra está de baja. Por tanto, ¿qué hacemos con el CAISS? ¿Se cierra y no les resolvemos la pensión de jubilación a las personas mayores, que son las que tienen más
dificultades para todas estas cuestiones? Estamos ante una situación estructural, no coyuntural, y en lo que estamos trabajando es precisamente en eso, en no poner un parche, sino en poder revertir una situación común a toda la Administración, pero
yo hablo de la parte que nos toca y nos preocupa a nosotros.


Como he comentado, cada año saben ustedes que se saca un real decreto donde se autorizan una serie de plazas para funcionarios -hay otro para laborales- y luego hay procesos de oposición para que se cubran. En ese proceso, en el Real
Decreto-ley 408/2022 se autorizaron 1759 plazas, 1150 extraordinarias, para la Seguridad Social, y lo más importante para nosotros es que se estableció en la exposición de motivos un compromiso a tres años. Ustedes también saben perfectamente que,
por motivos presupuestarios, no se puede comprometer la oferta de empleo público de un año para los años anteriores, es decir, no se puede poner cuántas voy a tener en los años siguientes, pero sí que se dijo que es un plan de choque a tres años.
¿Qué ocurre? Que si a mí me dan 1700 plazas para este año, pero tengo que sacar los procesos, la gente se tiene que presentar, un examen, dos exámenes, tres exámenes, se me sigue cerrando el CAISS, con lo cual tengo que encontrar a alguien que
venga y, mientras yo saco esas plazas y convoco los procedimientos, se puede incorporar a trabajar, que es lo que a mí me interesa para dar servicio público al ciudadano. Por ese motivo, lo que hicimos fue abrir un proceso de 1615 trabajadores de
interinos por vacante. Es decir, mientras yo estoy tramitando los procesos de oposición, tengo 645 interinos del grupo A2 y 970 del grupo C1, que son los que yo tengo autorizados ya este año para la oferta de empleo público. ¿Cómo se cubren estas
plazas? De las listas de las delegaciones del Gobierno -este es un proceso que está reglado-, si hay, y en los sitios donde no hay -a lo mejor en la delegación del Gobierno de Girona no tengo a personas para cubrir estar plazas que yo he creado o
en la de Huelva o en la de Burgos- se recurre a los servicios de empleo de las comunidades autónomas.


Esta es la primera medida de un cambio. A la vez, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues trabajar en un proceso de promoción y de conocimiento de los cuerpos específicos de Seguridad Social, porque todo el mundo sabe lo que es un abogado del
Estado, lo que es un inspector de Trabajo, pero los cuerpos propios, por ejemplo, los técnicos de Seguridad Social, que es un cuerpo A1, que son de alguna forma el



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músculo y llevan la base de los procedimientos, son cuerpos desconocidos, y necesitamos mucha gente ahora porque se van a sacar muchas plazas, por lo que estamos en un proceso de promoción de los cuerpos. Cuando digo captación de talento me
refiero sobre todo a enseñar, porque esa imagen rancia que se tiene del funcionario como la persona de los manguitos y la visera, que trabaja muy poco y que se va a casa muy pronto, no tiene nada que ver con la realidad que existe ni con la
respuesta que se ha dado durante la pandemia y con posterioridad, sobre todo con este déficit entre lo que tenemos que hacer y los recursos que tenemos. Yo creo que en esta cuestión tenemos que trabajar todos de forma colectiva. Esto en cuanto a
la cuestión del personal.


El señor Aizcorbe me ha puesto en un brete, porque le tengo que contestar, obviamente que sí, le contesto que sí, porque la respuesta es que sí, pero me está haciendo usted unas preguntas muy concretas sobre el presupuesto de Seguridad
Social. Simplemente le quiero aclarar dos cosas. Usted sabe mejor que yo que tenemos dos tipos de prestaciones. Las de carácter contributivo se financian con las cotizaciones de trabajadores y empresarios. En este sentido, ¿el sistema es
sostenible? Sí, tenemos unas cifras de afiliación muy altas. Además, probablemente en el ámbito de una pandemia y de una crisis sorprenden, pero las cosas están yendo bien. Las cifras de afiliación y los ingresos por cotizaciones son buenos.
También sabe que tanto para las contributivas como las no contributivas el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social prevé una regularización del IPC de diciembre del año anterior hasta noviembre de este y que el 8,6 % está garantizado.
Los números son sumas y restas, o sea, que la respuesta es sí. Lamento no poder entrar en el detalle, pero estoy segura de que el secretario de Estado de Seguridad Social lo habrá hecho con muchísima amplitud, porque además es la persona
competente. Yo realmente lamento no poder darle más detalles al respecto.


Contesto al señor Carmelo Romero, que es el último, pero al que tengo más cosas que decirle, porque es el que me ha hecho más preguntas. Me hablaba usted de la necesidad de cambiar las políticas y me hablaba de políticos. Yo me voy a ceñir
a lo que me compite a mí, que es la parte más técnica de la intervención. Pero tengo las preguntas que me hizo usted el año pasado. Me acuerdo que me dijo que era de Palos de la Frontera; no tengo ni idea de qué ha pasado con esta cuestión que me
ha comentado, me enteraré y si acaso le mando un correo. En cuanto a la contratación en origen, me dijo: es fundamental, en mi pueblo se hace contratación en origen, hay que potenciarla. Y me preguntaba qué pasaba con esto. Pues yo le tengo que
contar que hemos hecho algo que creo que le va a gustar en la reforma del reglamento de extranjería, que sabe que se aprobó el 26 de julio de 2022, y que tiene mucho que ver con los proyectos de emigración circular, que son los que le afectan a
usted. Como sabe, está la Orden GECCO, y se seleccionan trabajadores a nivel colectivo en sectores como la agricultura, que son especialmente deficitarios. ¿Qué se ha hecho en ese reglamento de extranjería? Pues intentar dar estabilidad y una
cierta tranquilidad. Se ha adaptado el contrato fijo discontinuo, porque usted sabe que antes venían por un año y punto, y al año siguiente te venían unos, te venían otros y no se sabía muy bien lo que pasaba. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues la
autorización es para cuatro años y pueden venir hasta un máximo de nueve meses. Y cuando acaben esos cuatro años, otros cuatro años más o dos años de forma regular. Yo creo que eso es una mejora que le tiene que gustar a usted especialmente,
porque creo que es relevante. Me parecía interesante contársela.


Otra cuestión que me ha preguntado es la de los campamentos. Me ha dejado usted un poco fuera de sitio. Son campamentos que hacía el Ministerio de Trabajo y no tengo información, porque sabe que hubo una separación de los dos ministerios
en el año 2020. Por tanto, no tengo información. Si le interesa mucho la cuestión, puedo enterarme. Me ha preguntado también por las medidas concretas en materia del ingreso mínimo vital. Me decía que hay doce millones de personas en riesgo de
pobreza. Le aseguro que es una cuestión que nos preocupa a todos, a ustedes y a toda la sociedad, a todos los españoles. Una cuestión muy concreta en relación con la inflación es la revalorización del 8,6 % o de la cifra que resulte cuando ya se
cierre el IPC de noviembre, es para todas las pensiones, para las contributivas, que vienen de las cotizaciones, y para las no contributivas, como el IMV. Pero, ¿qué cuestiones concretas hemos hecho? Lo ha explicado muchísimo mejor que yo la
secretaria general de Inclusión. Yo, por la parte de coordinación del plan de recuperación, le puedo decir que desde que nos vimos el año pasado hemos sacado dos reales decretos precisamente para hacer los treinta y cuatro proyectos concretos que
acompañan a la prestación económica. Si yo doy dinero y no lo acompaño de políticas al final caemos en trampas de pobreza y no consigo incluir a la gente en el sistema, y yo lo que quiero es que las personas entren en el sistema, coticen, trabajen
y estén incluidas. Hay un primer real decreto-eso sí se lo puedo contar, porque lo tramitamos desde la subsecretaría-, del 26 de octubre de 2021, de 109 millones de



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euros, con cargo al plan de recuperación. El siguiente es de hace poco, del 17 de mayo de 2022. Esto se ha traducido en treinta y cuatro itinerarios, con 212 millones de euros. Yo le puedo contar uno en concreto, porque lo estuve viendo
con la secretaria general de Inclusión. En este en concreto, se hace una selección aleatoria entre un grupo de tratamiento y un grupo de control y, entonces, lo que haces es aplicar unas determinadas circunstancias al grupo de control y al grupo
aleatorio. En Huelva, en Cádiz, en Sevilla y en dos sitios más lo está haciendo una entidad del tercer sector y lo que se hace es que a un grupo solo se le da un tipo de ayuda a nivel de orientación familiar, a otro se le da orientación familiar y
además orientación a los niños en materia escolar y al otro se da orientación familiar, orientación en materia escolar y también en materia de integración laboral de los padres, y se compara al final cuál es el resultado de los tres grupos. Como
este hay treinta y cuatro, que ya digo que se han sacado mediante dos decretos de subvenciones, con manifestación de interés, con presentación de proyectos. Están implicadas, menos una, todas las comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Barcelona,
el Ayuntamiento de Madrid, entidades del tercer sector. Creo que sí se están haciendo cosas en este sentido.


No sé si me he dejado alguna pregunta de usted sin contestar. Usted es el que me lo ha puesto más difícil.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, a usted, señora subsecretaria y gracias a los que han participado en esta sesión.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y quince minutos de la tarde.