CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 765

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ

Sesión núm. 14

celebrada el lunes,

17 de octubre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Mesa. (Número de expediente 041/000017) ... (Página2)


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (Número de expediente 121/000125):


- Del señor gobernador del Banco de España (Hernández de Cos). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002468), Plural (número de expediente 212/002546), VOX (número de expediente 212/002424), Popular en
el Congreso (número de expediente 212/002722), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002611) ... (Página2)


- De la señora secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (Gualda Romero). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002470), Plural (número de expediente 212/002550), VOX (número de expediente
212/002427), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002753), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002629) ... (Página29)


- De la señora secretaria de Estado de Función Pública (Sánchez Milán). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002471), Plural (número de expediente 212/002552), VOX (número de expediente 212/002426),
Popular en el Congreso (número de expediente 212/002754), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002630) ... (Página48)

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- De la señora secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Artigas Brugal). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002477), Plural (número de expediente 212/002555), VOX (número de
expediente 212/002372), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002710), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002677) ... (Página62)


Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA MESA. (Número de expediente 041/000017).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, diputados y diputadas. Bienvenidos a la Comisión de Presupuestos.


A las doce empiezan las comparecencias, pero antes vamos a hacer la elección de una Vicepresidencia de la Mesa, que cambia, como ustedes ya están informados. La elección se hará mediante votación secreta por papeletas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 87.1.2.º del Reglamento del Congreso de los Diputados. El letrado dará lectura de los nombres de los miembros de la Comisión, que se acercarán para depositar la papeleta en la urna.


Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados presentes y representados, quienes van depositando su papeleta en la urna.


Terminada la votación y verificado el escrutinio dijo


La señora PRESIDENTA: Efectuada la votación, el resultado de la misma es el siguiente: Esther Padilla Ruiz, 17 votos; Rodrigo Jiménez Revuelta, cinco votos, y siete votos en blanco. En consecuencia, queda proclamada vicepresidenta
primera de la Comisión de Presupuestos, Esther Padilla Ruiz. Enhorabuena. (Aplausos.-La señora vicepresidenta primera, Padilla Ruiz, ocupa su lugar en la Mesa).


Suspendemos la sesión durante unos minutos. (Pausa).


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023. (Número de expediente 121/000125).


- DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (HERNÁNDEZ DE COS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002468), PLURAL (Número de expediente 212/002546), VOX (Número de expediente 212/002424), POPULAR EN
EL CONGRESO (Número de expediente 212/002722), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002611).


La señora PRESIDENTA: Buenos días otra vez, diputados, diputadas.


Reanudamos esta Comisión de Presupuestos para empezar con las comparecencias de las personalidades y de los funcionarios de la Administración del Estado con el objeto de informar, como ustedes saben, sobre los temas relativos al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado.


Damos la bienvenida al gobernador del Banco de España, a don Pablo Hernández de Cos, y seguidamente le damos la palabra para que explique lo que estime oportuno.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Muy buenos días. Muchísimas gracias, señora presidenta.


Comparezco una vez más en esta Comisión de Presupuestos al objeto de presentarles la valoración que el Banco de España efectúa sobre el borrador de presupuestos y, si me lo permiten, no solamente del borrador de presupuestos, sino, como
hacemos habitualmente, también del plan presupuestario, que fue

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publicado el pasado sábado. Hemos tenido un fin de semana ajetreado, como se pueden imaginar, igual que todos ustedes, para tratar de incorporar la información que todos sabemos, que es muy relevante desde la perspectiva del conjunto de las
administraciones públicas, no solo del Estado y la Seguridad Social, y la que, evidentemente, se incorpora en los presupuestos generales del Estado y la Seguridad Social.


Como siempre, tengo una presentación (apoya su intervención en una presentación digital), que creo que tienen todos ustedes en papel, así como un texto muy extenso, que no voy a leer aquí en la comparecencia, pero que me gustaría que
constara en acta. Se encuentran también disponibles para todos los ciudadanos tanto la presentación como el texto en la página web del Banco de España. Voy a tratar de resumir en esta presentación inicial lo que, desde mi perspectiva, son los
mensajes más importantes que queríamos trasladarles en relación con los presupuestos.


Voy a dividir la presentación en cuatro grandes apartados. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, antes de valorar los presupuestos es necesario hacer una valoración de la situación macroeconómica. Como saben, el Banco de
España publicó recientemente sus últimas proyecciones macroeconómicas, y esta va a ser la base sobre la que realice esta valoración. Como se pueden ustedes imaginar, estamos muy afectados por la guerra de Ucrania y, por tanto, la incertidumbre
generada por la guerra de Ucrania, la crisis energética derivada de la misma, la recuperación tras la pandemia o la elevada inflación, entre otros muchos factores. Voy a hacer algunas consideraciones generales sobre cuáles son, desde la perspectiva
del Banco España, las principales recomendaciones para el conjunto de la política económica en España, que incluye también la política presupuestaria. En tercer lugar, valoraré y me concentraré exclusivamente -ahí sí- en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado y de la Seguridad Social para 2023. Y finalizaré, como suele ser habitual en este tipo de comparecencias, con alguna mención a lo que consideramos que son los retos más importantes a medio y largo plazo para la política fiscal
en nuestro país.


Comenzamos, por tanto, con la evolución reciente de las perspectivas de la economía española. Estas perspectivas están muy condicionadas, como no puede ser de otra manera, por lo que está pasando en el resto del mundo. La realidad es que
la actividad económica a escala global ha venido perdiendo dinamismo de manera apreciable en los últimos meses, y esto es el resultado de un conjunto de factores que, además, están muy entrelazados entre sí. En primer lugar, el repunte de la
inflación mundial, que es la que se ilustra en este gráfico, se ha intensificado en los últimos trimestres, hasta alcanzar niveles inéditos en varias décadas. Ello está motivando una reacción contundente, como pueden comprobar en este gráfico, de
la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, que, a su vez, por supuesto, está dando lugar a un endurecimiento significativo de las condiciones financieras globales. Además, una parte elevada de la aceleración de los precios
de consumo, que luego trataré de describir con mayor detenimiento, está viniendo determinada por el incremento del coste de muchas materias primas importadas, lo que está reduciendo el poder de compra de las rentas de los hogares y también, por
supuesto, de las empresas. A su vez, el encarecimiento de numerosas materias primas se ha visto acrecentado por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que adicionalmente ha aumentado la incertidumbre acerca de la seguridad del suministro en
Europa, incluso acerca de la posibilidad de que se produzca una escalada significativa de las tensiones geopolíticas globales. Este, si me permiten, es el contexto en el que se enmarcan la economía global, la economía europea y, por supuesto, la
economía española.


Esta desaceleración de la actividad que les acabo de señalar es un hecho, y así se deduce, por ejemplo, de la evolución de los indicadores de confianza que se presentan en este gráfico en el tercer trimestre. La menor actividad se refleja
en una peor evolución también del comercio internacional, que empezó a desacelerarse ya en primavera, y en una moderación desde mediados de año de los precios de la mayor parte de las materias primas. En conjunto, se puede decir que todos estos
desarrollos han conducido a que a lo largo de los últimos meses una gran mayoría de analistas hayan venido revisando de forma sistemática y muy significativa sus previsiones de crecimiento económico a la baja, al tiempo que han corregido rápidamente
al alza las de la inflación. Asimismo, también es importante subrayar que la probabilidad que en este momento otorgan los mercados financieros a una recesión de escala global ha aumentado de manera significativa. Un ejemplo de este patrón que
acabo de enunciar para las perspectivas globales son las previsiones macroeconómicas recientemente publicadas del Fondo Monetario Internacional. En las reuniones de otoño que tuvieron lugar la semana pasada se publicaron estas previsiones, que
están aquí resumidas en este gráfico y que, como pueden comprobar, tanto para

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el año 2022 como, sobre todo, para el año 2023 las revisiones a la baja del crecimiento global son muy significativas, y lo contrario sucede para la inflación, revisiones muy significativas en prácticamente la totalidad de los países.


Si nos concentramos ahora en Europa, hay que decir que está particularmente expuesta a algunos de estos desarrollos que acabo de describir. Así, por ejemplo, el continente europeo presenta una considerable sensibilidad a la guerra de
Ucrania, tanto por la proximidad geográfica al escenario bélico como especialmente por su dependencia de las materias primas importadas desde Rusia, más concretamente del gas, que es utilizado, como saben, como fuente de energía primaria por hogares
y empresas y también en la producción de electricidad. El Banco de España ha venido realizando algunas simulaciones de cuál podría ser el impacto de una posible ruptura completa de las relaciones energéticas y de las relaciones comerciales
completas con Rusia. En un documento que publicamos el pasado mes de junio se puede mostrar que una hipotética interrupción, de acuerdo con esas simulaciones, de las importaciones energéticas procedentes de Rusia acarrearía un impacto sobre el PIB
de la Unión Europea entre un 2,5 % y un 4,2 % en el primer año, negativo, por supuesto, en función del supuesto que se considere sobre la capacidad de sustituir las fuentes energéticas rusas, con mucha heterogeneidad entre países; el impacto sería
particularmente elevado en países como Alemania e Italia, mientras que sería más reducido en aquellos países, como España, que tienen una menor dependencia energética de este país, sería de aproximadamente un tercio, y de ese deterioro de la
actividad económica en un escenario tan dramático prácticamente la mitad vendría derivado precisamente del efecto que esa situación tendría sobre el resto de los países europeos, no tanto el efecto directo que tendría sobre nuestra economía.


En gran medida, como consecuencia del agravamiento de la crisis energética en Europa, en los últimos meses las presiones inflacionistas en el área del euro también se han intensificado, como se muestra en este gráfico. La tasa de inflación
del área del euro se situó en el 10 % en septiembre. En términos de su composición, aproximadamente el 40 % del incremento interanual de la inflación en el área del euro se explica por el componente energético, que además habría tenido un efecto
indirecto sobre la inflación subyacente. Conjuntamente estos dos efectos nos dicen que el efecto del componente energético directo e indirecto explica prácticamente la mitad del incremento de la inflación en el área del euro. Los precios de las
materias primas han sido el segundo de los grandes factores que han afectado al incremento de la inflación y que explican el incremento de la inflación en el área del euro. Aproximadamente el 25 % del incremento de la inflación del área del euro se
debe a este segundo aspecto. En cualquier caso, también hay que subrayar que, al margen de la evolución de los precios de la energía y de los alimentos, también hemos asistido a una generalización de las presiones inflacionistas que han llevado a
la inflación subyacente al 4,8 % en septiembre. De hecho, hay que decir que en agosto, por ejemplo, con la información más desagregada, más del 40 % de las rúbricas de la inflación subyacente alcanzaron tasas de inflación superiores al 4 %.


En cuanto a la evolución de la actividad, en la misma línea que con el resto de las economías, a pesar de que el crecimiento económico en el primer semestre del año en el área del euro sorprendió al alza, los indicadores más recientes,
especialmente los de confianza, pero también los de consumo y los de producción industrial, entre otros, evidencian una pérdida notable de dinamismo en el tercer trimestre, y ello sería reflejo, precisamente, de todos los factores que he mencionado
con anterioridad: pérdidas acumuladas de poder adquisitivo de los hogares; crisis energética y sus efectos sobre las industrias, en particular más intensivas en energía; debilitamiento de la demanda global; endurecimiento de las condiciones
financieras, e incertidumbre tanto en el plano económico como geopolítico.


Todo esto ha llevado, al igual que las perspectivas globales que mencionaba con anterioridad, a una revisión a la baja generalizada de las perspectivas de crecimiento económico del área del euro para el año 2023 y al alza en las perspectivas
de inflación tanto para el año 2022 como para 2023, como se ilustra en esta transparencia. De hecho, si tomamos de nuevo las previsiones del Fondo Monetario Internacional que se publicaron la semana pasada, la tasa de crecimiento que prevé el Fondo
Monetario Internacional para el área del euro para el año 2023 se sitúa en el 0,5 %, que compara con un incremento del 2,3 % que preveía el propio Fondo Monetario Internacional en sus últimas previsiones allá por el mes de abril. Y en cuanto a la
inflación, de nuevo el último informe del Fondo Monetario Internacional sitúa la inflación del área del euro en el 8,3 % en promedio en 2022 y en el 5,7 % en 2023, que son tasas 3,1 y 3,5 puntos porcentuales por encima de las últimas previsiones de
abril, a las que me acabo de referir.


Una cuestión muy importante que me gustaría subrayar -luego lo volveré a comentar cuando mencione las perspectivas de la economía española- es que todas estas proyecciones económicas,

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también, por supuesto, las del Banco de España, están rodeadas de una incertidumbre extraordinaria. Es una incertidumbre que se refleja, por ejemplo, en que la dispersión de las perspectivas económicas que los analistas tienen para el año
2023, tanto en términos de inflación como en términos de crecimiento económico, está cercana a los máximos históricos. Creo que este es un buen elemento ilustrativo de la incertidumbre a la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, el mayor
elemento de incertidumbre tiene que ver con el hecho de que las perspectivas de crecimiento e inflación están condicionadas muy particularmente por la evolución del conflicto bélico en Ucrania, pues de ella depende en gran medida el comportamiento
de los precios de las materias primas energéticas, la posibilidad de que se produzcan interrupciones, incluso del suministro de energía, o cortes en la producción en algunas economías de la región de Europa. La severidad también de los cuellos de
botella que hemos estado experimentando en los últimos meses está condicionada por este mismo evento y la evolución futura de la confianza, por supuesto, está totalmente condicionada también por la evolución del conflicto bélico en Ucrania. De
hecho, el Banco Central Europeo, en sus previsiones de septiembre de este año publicó un escenario alternativo a la baja, en el que se simulaba el impacto de una posible materialización de distintas perturbaciones negativas que no estaban
incorporadas en el escenario central, y lo más relevante es que bajo ese escenario el PIB del área del euro el año que viene, en vez de crecer un 0,9 %, pasaría a caer -tasa de crecimiento negativa- un 0,9 %, es decir, 1,8 puntos por debajo de la
del escenario central, además con efectos más elevados también sobre la tasa de inflación. Por tanto, más allá de esa revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento y al alza de la inflación, en conjunto se puede afirmar que los riesgos
sobre los escenarios centrales de proyección se encuentran orientados a la baja en el crecimiento y al alza en el de la inflación.


Me van a permitir que pase ahora a analizar la evolución más reciente y las perspectivas económicas de la economía española, y para esto, por supuesto, voy a hacer uso de las proyecciones macroeconómicas que publicó, como decía en la
introducción, el Banco de España a principios de este mes de octubre. De nuevo, como en el caso del área del euro, el levantamiento a lo largo de los últimos meses de la práctica totalidad de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia ha
provocado que la actividad reaccionara de manera muy significativa, en particular en el segundo trimestre, en el que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística el crecimiento intertrimestral de la economía española fue del 1,5 %
del PIB en términos desestacionalizados, una tasa significativamente más alta de la que previó el Banco de España antes y también de la del área del euro. El Banco de España había estimado inicialmente un crecimiento para ese mismo trimestre del
0,4 % y al final fue del 1,5 %. Es importante también subrayar que ese dinamismo de la actividad se debió sobre todo a la evolución de las exportaciones, del consumo privado y también de la inversión en construcción, y que vino acompañado de una
evolución positiva del empleo, sobre todo en términos del número de horas trabajadas, que crecieron más de un 3 % en el primer semestre del año. En todo caso, a pesar de esta fuerte expansión del producto, en el segundo trimestre el nivel del PIB
de la economía española se situaba todavía 2,2 puntos por debajo del nivel alcanzado a finales del año 2019, y esto contrasta, por supuesto, con el conjunto del área del euro, en el cual el nivel de actividad ya supera alrededor de 1,8 puntos
porcentuales el nivel previo a la pandemia. En el caso de la evolución del mercado de trabajo, la brecha es inferior, pero aún negativa, menos 0,7 % y 0,8 % en el caso de la economía española, según se mira en términos de horas totales trabajadas o
del número de personas ocupadas, frente a las correspondientes brechas levemente positivas del 0,6 y 1,7 % que se observan en el área del euro.


Al igual que en el área del euro, se observan también señales de desaceleración evidentes en el tercer trimestre en el caso de la economía española. Les voy a dar solamente dos datos: el avance de afiliación a la Seguridad Social, por
ejemplo, que, como acabo de decir, había sorprendido al alza durante la primera mitad del año, se ralentizó de forma apreciable en el tercer trimestre, mostrando, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, un crecimiento intertrimestral
desestacionalizado del 0,3 %, que es 0,7 puntos porcentuales por debajo del observado en el segundo trimestre. Los indicadores cualitativos disponibles, por ejemplo, los PMI, también han mostrado esta misma desaceleración; de hecho, el indicador
compuesto cayó hasta el nivel de 48,4 puntos en septiembre, en terreno, por tanto, contractivo. Al igual que sucede en el contexto global y europeo, esa desaceleración reciente de la actividad económica española sería, fundamentalmente, el reflejo
del impacto adverso sobre ella de un cúmulo de factores que acabo de relatar antes, que no voy a volver a repetir pero que están, evidentemente, muy influidos por el desarrollo de la guerra en Ucrania. Estos factores no solo habrían contribuido a
un debilitamiento de la actividad en el tercer trimestre de este año, sino que,

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previsiblemente, lo seguirán haciendo a la baja, afectando a las perspectivas de la actividad económica española en los próximos trimestres.


En el terreno de la inflación, como saben perfectamente, el índice armonizado de precios al consumo en España se situó en septiembre en el 9 %. En el caso del área del euro, alrededor del 50 y el 30 %, respectivamente, del incremento
interanual de la inflación en España se debe al componente energético y al componente de los alimentos, incluyendo no solamente los efectos directos, sino también los efectos indirectos sobre la subyacente; de hecho, la desaceleración de la
inflación en el último mes, en el mes de septiembre, desde el 10,5 % hasta ese 9 %, se explica, fundamentalmente, por la desaceleración de los precios energéticos y, en menor medida, también por los precios de los servicios. En todo caso, y al
igual que en el caso del área del euro, de nuevo, la incidencia de esta inflación, su persistencia y el carácter generalizado de las actuales presiones inflacionistas han aumentado, y esto, de nuevo, se ejemplifica con el hecho de que la inflación
subyacente se situó en el 4,8 % en septiembre, solo una décima menos que en agosto, y en este mismo periodo un 55 % de las partidas del índice armonizado de precios al consumo registraron avances interanuales que superaban el 4 %.


Hay que tener en cuenta, además, que, de acuerdo a las estimaciones del Banco de España, las distintas medidas adoptadas por las autoridades para contener la inflación habrían contribuido a reducir la tasa de la inflación general, con los
datos hasta agosto, en algo más de 3 puntos porcentuales. Es decir, este incremento, este repunte de la inflación se ha producido a pesar de las medidas que han tomado las autoridades, y la más importante, evidentemente, es el mecanismo para
limitar el precio del gas utilizado en la generación de electricidad, que de acuerdo con nuestras estimaciones podría haber tenido un efecto ligeramente superior -a la baja, por supuesto- sobre la inflación, en torno a un punto porcentual. Es
importante subrayar para lo que luego vamos a también a comentar que no se aprecian por el momento efectos de segunda vuelta significativos sobre la inflación a través de los salarios, mientras que también los márgenes empresariales se mantienen
relativamente contenidos en términos agregados, aunque con una elevada heterogeneidad sectorial como demuestra la publicación más reciente de la información trimestral de la Central de Balances del Banco de España.


En cuanto a las proyecciones macroeconómicas que publicó el Banco de España el pasado 5 de octubre, les voy a resumir muy brevemente los principales mensajes de estas previsiones. Las previsiones lo que hacen es incorporar toda la
información relevante y novedosa desde la última publicación del mes de junio. Lo más importante tiene que ver, evidentemente, con un incremento adicional, en comparación con junio, de los precios de la energía, significativamente más altos que
entonces, tanto a corto como a largo plazo, pero también de unos mayores tipos de interés como consecuencia de la reacción de la política monetaria en este periodo y una depreciación del tipo de cambio, entre otros factores. Como consecuencia de
todos esos factores que les acabo de señalar, el Banco de España estima que esa desaceleración del crecimiento económico en el tercer trimestre del año podría llevar al crecimiento trimestral desestacionalizado del tercer trimestre en torno al 0,1
%, significativamente más bajo que el 1,5 % que se estima para el segundo trimestre del año. Con una incertidumbre muy elevada, los modelos de previsión a corto plazo que tiene el Banco de España nos dan un rango de crecimiento para el tercer
trimestre entre el más 0,5 % y el menos 0,5 %. Simplemente, ese rango de un punto porcentual creo que es muy ilustrativo del nivel de incertidumbre con el que nos manejamos también en la previsión macroeconómica, no solamente de medio plazo, sino
incluso de la de muy corto plazo, en la que en principio uno tiene mayores indicadores reales correspondientes al propio trimestre que ya se han publicado.


Un aspecto muy importante que quiero subrayar a la hora de leer estas previsiones macroeconómicas es que un supuesto crucial sobre el que descansan estas proyecciones tiene que ver con la senda de los precios de gas y electricidad. Las
proyecciones se construyen tomando como base las cotizaciones de gas en los mercados de futuros y el mercado ibérico de gas. En la medida en la que, evidentemente, esos mercados de futuros no acaben cumpliéndose, posiblemente eso llevará a
revisiones significativas, al alza o a la baja, dependiendo de cuál sea la realidad en comparación con las previsiones de los mercados. Déjenme resumirles simplemente que, en términos de la tasa media anual, el Banco de España prevé ahora que el
PIB se eleve este año a un 4,5 %, ligeramente por encima de lo que preveíamos hace solamente tres meses, en junio, sobre todo como consecuencia del mayor crecimiento económico en relación con el esperado entonces que hemos observado en el primer
semestre del año. Sin embargo, para el año 2023, el crecimiento del PIB se moderaría muy significativamente hasta situarse en el entorno del 1,4 %, a resultas de la debilidad de la actividad en el segundo semestre de este año, del primer

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trimestre del año que viene y, luego, se estima una recuperación de la actividad a partir de la primavera del próximo año. Como consecuencia de todo esto, de acuerdo con estas proyecciones, el Banco de España también ha retrasado el momento
en el que se recuperaría el nivel de actividad previo a la pandemia. Ahora se retrasaría esta recuperación probablemente hasta el primer trimestre de 2024, es decir, unos dos trimestres más tarde de lo que proyectábamos en el mes de junio.


En cuanto a la inflación, se contempla una moderación gradual de la tasa de variación del IAPC general desde sus niveles actuales, y esto responde -subrayo esto de nuevo- fundamentalmente a la reducción esperada en el ritmo de crecimiento de
los componentes de energía y alimentos, en consonancia con esas sendas de los precios del petróleo, de los precios del gas y de las materias primas alimenticias de los mercados de futuro que acabo de mencionar. En conjunto, las tasas medias anuales
previstas para la subyacente se sitúan para este año en el 3,9 %, que se moderaría hasta el 3,5 % y 2,1 % en 2023 y 2024, mientras que para la inflación general prevemos para este año una inflación del 8,7 %, que se moderaría hasta el 5,6 % el año
que viene y hasta el 1,9 % en 2024. De nuevo, insisto que estas proyecciones, además de los mercados de futuros, descansan sobre dos supuestos muy relevantes. Por una parte, la evidencia disponible indica que una parte importante de los efectos
indirectos de los incrementos de los precios energéticos y su traslación a la inflación subyacente se habría producido de manera más rápida que en episodios históricos previos, de tal manera que hasta cierto punto esto dejará de tener un efecto
pasados unos meses sobre la inflación general, una vez que, evidentemente, se haya asumido esa desaceleración de los precios energéticos que acabo de subrayar. Segundo, como acabo de señalar, la respuesta de los salarios al repunte inflacionista ha
sido moderada y de cara al futuro se sigue considerando que esta respuesta continuará siendo relativamente contenida, lo que evitará que se desencadenen fenómenos de retroalimentación entre los crecimientos de los salarios, de los márgenes y de los
precios finales.


Déjenme que acabe esta primera parte de la intervención subrayando de nuevo la enorme incertidumbre que rodea a las proyecciones macroeconómicas publicadas por el Banco de España y me atrevería a decir que a las publicadas por el conjunto de
los analistas, incluidas por supuesto, también, la de los propios Presupuestos Generales del Estado. El principal factor de riesgo, como se ilustra en esta transparencia, se deriva de la posible materialización de desarrollos en los mercados
energéticos, que pueden diferir significativamente de los contemplados en el escenario central que acabo de describir. Lo que se hace aquí, en esta transparencia, es precisamente ilustrar el resultado de asumir un incremento de los precios
energéticos significativamente superior al que se ha incorporado en el escenario central. De acuerdo con estas simulaciones que ha realizado el personal del Banco de España, en este escenario el nivel de PIB en 2024 sería un punto porcentual
inferior al implícito en las actuales proyecciones, mientras que la inflación sería, además, más de un punto porcentual superior en el año 2023 y 0,5 % puntos porcentuales superior en el año 2024.


Además de estos elementos de riesgo, en esa transparencia les resumo otros elementos de riesgo que, de nuevo, subrayan el elemento de incertidumbre en el que nos encontramos en relación con la valoración de las proyecciones macroeconómicas.
Les voy a subrayar solamente algunos. Ya he hablado de los desarrollos en el mercado energético. Permítanme que subraye también las dudas que todavía existen sobre la magnitud de los efectos de segunda vuelta sobre la inflación. Evidentemente,
cuanto mayor es la persistencia del episodio inflacionista actual, mayor es también la probabilidad de que estos efectos de segunda ronda, bien sea sobre salarios o bien sea sobre márgenes empresariales, acaben produciéndose. En el caso de que esto
acabe sucediendo, se podría generar un episodio de repunte inflacionista, incluso superior al que estamos observando. De hecho, el Banco de España publicó unas simulaciones también en este mismo ejercicio sobre el impacto que esto tendría tanto
sobre el crecimiento económico, muy negativo, como sobre la propia dinámica de la inflación, al alza, en el caso de que se produjeran estos efectos de segunda vuelta. Pero también existe una enorme incertidumbre sobre, por ejemplo, cuál es el
impacto macroeconómico del uso de los fondos Next Generation EU. Para darles una ilustración de esta incertidumbre les pondré un ejemplo. La primera vez que el Banco de España incorporó el uso de los fondos en su previsión macroeconómica fue en
las previsiones macroeconómicas de marzo del año 2021. Inicialmente, de acuerdo con las previsiones iniciales oficiales, estimamos un impacto macroeconómico para ese año 2021 de cerca de un punto porcentual. Pues la estimación más reciente que
tenemos de acuerdo con el uso efectivo de los fondos que aconteció en el año 2021 reduce ese impacto macroeconómico desde ese punto porcentual hasta aproximadamente 2 décimas, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, en las previsiones macroeconómicas más
recientes correspondientes al mes de septiembre

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también hemos reducido el impacto macroeconómico en relación con el correspondiente a las previsiones de junio, de hace solamente tres meses. De acuerdo con las estimaciones actuales, esperamos un impacto sobre la tasa de crecimiento
derivado del uso de esos fondos de 6 décimas para este año y de otras 6 décimas para el año que viene. Luego volveré sobre estas cifras, porque son diferentes, por ejemplo, de las que se asumen en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que son más elevadas. Aquí lo que me interesa subrayar, de nuevo, es la enorme incertidumbre que tenemos sobre el uso de los fondos y sobre su impacto final macroeconómico, porque puede condicionar de una manera muy significativa la
evolución tanto del crecimiento económico como de la inflación en los próximos meses.


Déjenme que acabe en este epígrafe subrayando las dudas y la incertidumbre que existen sobre el propio proceso de normalización de la política monetaria, que va a depender crucialmente del grado de restricción monetaria que tengamos que
producir con las decisiones del Banco Central Europeo y, evidentemente, de la persistencia de la inflación, ante la necesidad de lograr que la inflación converja al objetivo del 2 %, mandato del Banco Central Europeo, como conocen perfectamente.


Me van a permitir que haga un repaso muy breve, con este contexto macroeconómico, a las recomendaciones fundamentales del Banco de España sobre política económica. En primer lugar, en el caso de la política monetaria, es responsabilidad del
Banco Central Europeo, como saben perfectamente, mantener la estabilidad de precios en el área del euro. Esta es la mejor contribución que la política monetaria puede efectuar para garantizar un crecimiento económico sostenible en el medio plazo,
dadas las enormes distorsiones que la inflación genera sobre la actividad económica, sobre los procesos de consumo, sobre los procesos de inversión, que se concentran, sobre todo, en la población de rentas más bajas, como está siendo el caso
particularmente del episodio inflacionista actual. Pues bien, en este contexto de rápido repunte y elevada persistencia del episodio inflacionario, en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo iniciamos a finales de 2021 el proceso de
normalización, que, como saben perfectamente, ha continuado, y la última decisión relevante fue la que adoptamos en el mes de septiembre, con un incremento de 75 puntos básicos en la facilidad de depósitos, que se añadía a la que se había adoptado a
finales del mes de julio de 50 puntos básicos en la facilidad de depósitos, de tal manera que, entonces, los tipos de interés habían abandonado el terreno negativo. Muy importantes -lo quiero subrayar, porque también es importante desde la
perspectiva de esta Cámara- han sido también las decisiones del Banco Central Europeo para lograr que la política monetaria se transmita de manera homogénea al conjunto, pero también a cada uno de los países del área del euro. Me estoy refiriendo,
en particular, a la decisión adoptada en julio por el Banco Central Europeo de aprobar un nuevo instrumento, denominado instrumento para la protección de la transmisión -su acrónimo es TPI-, cuya creación surge del convencimiento del BCE de que la
unicidad de nuestra política monetaria, la unicidad de la política monetaria, es condición indispensable para que el BCE pueda cumplir su mandato de mantener la estabilidad de precios. Bajo el TPI podremos comprar en el mercado secundario valores
emitidos en jurisdicciones que experimenten un deterioro de las condiciones de financiación que no esté justificado por los fundamentos económicos -repito: que no esté justificado por los fundamentos económicos-, con el fin precisamente de
contrarrestar en la medida en que sea necesario los riesgos para el mecanismo de transmisión de la política monetaria.


Déjenme también señalar que, entre los criterios de elegibilidad que hemos elegido para la activación del TPI, se tendrán en cuenta una serie de elementos que pretenden evaluar si las jurisdicciones aplican políticas fiscales y
macroeconómicas sólidas y sostenibles, que incluyan el cumplimiento del marco fiscal de la Unión Europea; la ausencia de desequilibrios macroeconómicos graves; que la trayectoria de la deuda pública sea sostenible, y que se produzca el
cumplimiento de los compromisos recogidos en los planes de recuperación y resiliencia y las recomendaciones en el ámbito fiscal específicas formuladas en el contexto del semestre europeo.


De cara al futuro, las decisiones relativas a los tipos de interés continuarán dependiendo de los datos en ese contexto de enorme incertidumbre que he subrayado con anterioridad, se seguirán adoptando en cada reunión. Seguimos esperando, en
todo caso, que el proceso de normalización de la política monetaria se siga produciendo en los próximos meses. Ese proceso de normalización deberá llegar hasta el nivel en el que los tipos de interés que nos permitan alcanzar, como decía antes,
nuestro objetivo del 2 % en el medio plazo.


Las consecuencias, por supuesto, de este proceso de normalización de la política monetaria ya las hemos visto en términos de incremento de los tipos de interés de mercado. Se trata de una variable muy

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importante para la economía española, dado que buena parte de las hipotecas que tenemos en España, alrededor del 75 % son a tipo variable y están referenciadas sobre todo al euríbor a un año. Esta referencia se ha elevado en más de
trescientos puntos básicos desde el mes de septiembre.


El segundo aspecto que quiero seguir subrayando -lo hice precisamente en esta misma Cámara hace un año- es la necesidad de que precisamente, por los argumentos que acabo de subrayar, se apruebe o se firme un pacto de rentas que evite una
espiral inflacionista. No voy a detenerme aquí, una vez más, en cuáles son los argumentos -los acabo de señalar someramente-, ni cuál es la concreción que, desde nuestro punto de vista, tienen resumida en esta transparencia. Simplemente déjenme
decirles que de nuevo, desde el Banco de España, seguimos pensando que hasta el momento se ha producido una especie de pacto de rentas implícito, en el sentido de que -como acabo de señalar- la moderación salarial es evidente, la caída del poder
adquisitivo de los salarios reales es también evidente y los márgenes empresariales también se han comportado de una manera moderada, con heterogeneidad, como decía con anterioridad, pero también vemos algunas señales de agotamiento de este pacto de
rentas implícito, que me permito ilustrar con un incremento de las cláusulas de salvaguarda en los convenios colectivos negociados hasta el mes de agosto y también con una traslación cada vez más rápida de los incrementos de los precios energéticos
a los precios finales. Por lo tanto, creemos que en este contexto, precisamente para afianzar ese pacto de rentas implícito, sería necesario que este se estableciera de manera explícita con el objetivo de evitar esa espiral inflacionista.


Desde el punto de vista de nuestra valoración sobre el contenido de los presupuestos, existe algo muy importante también que tiene que ver con cuáles pensamos, desde el Banco de España, que deben ser las principales recomendaciones en
relación con el papel que la política fiscal debe jugar en este contexto actual. La política fiscal en este contexto actual tiene que jugar necesariamente un papel completamente distinto del que jugó durante la pandemia. Entonces defendimos un
impulso fiscal generalizado, que asegurara las rentas de los hogares, que asegura las rentas de las empresas, de tal manera que esto permitiera, ante una perturbación extraordinaria de carácter temporal, eliminar, reducir o mitigar los efectos
permanentes negativos que esa perturbación tuvo sobre la economía española. En este caso, sin embargo, como consecuencia, en primer lugar, de la persistencia del episodio inflacionista que estamos sufriendo, del poco margen fiscal que tenemos como
consecuencia del deterioro de las cuentas públicas que se ha producido -ya teníamos un déficit estructural elevado antes de la pandemia y se ha producido un incremento de la deuda pública significativo como consecuencia de las medidas que han sido
necesarias adoptar durante la misma-, pensamos que en este contexto las autoridades deben evitar un impulso fiscal generalizado, ya que lo único que podría hacer es exacerbar las presiones inflacionistas e incluso deteriorar aún más las cuentas
públicas. Las medidas que se implementen deben ser de naturaleza temporal para no generar, precisamente, un incremento del déficit estructural y deben centrarse en los hogares de rentas más bajas y en las empresas que más están sufriendo el
episodio inflacionista actual, es decir, las empresas más vulnerables a esta perturbación. Se deben evitar también, desde nuestra perspectiva, la utilización de cláusulas de iniciación automática del gasto público, con el fin de acompañar ese pacto
de rentas que acabo de señalar para el sector privado. El diseño de la política fiscal debe también evitar que se produzcan efectos distorsionadores significativos sobre las señales proporcionadas por los precios, y se debe acompañar todo esto,
además, del diseño de un programa de consolidación fiscal que permita reducir de manera gradual el déficit público estructural que tiene nuestra economía, y también la deuda pública.


Déjenme también subrayarles que ante una perturbación de oferta negativa como la que estamos experimentando -esto también lo he subrayado en esta Cámara en ocasiones previas-, la mejor política económica son las políticas de oferta, son las
reformas estructurales, y por tanto, permítanme que subraye la importancia de que las reformas estructurales que están incorporadas en el programa de transformación y resiliencia se realicen de una manera urgente, de una manera ambiciosa. El Banco
de España ha estimado, precisamente, cómo la combinación de esas reformas estructurales con un uso transformador de los fondos estructurales, podría tener un efecto muy positivo sobre el crecimiento potencial de la economía.


Por último, déjenme señalarles también que la mejor receta para las perturbaciones económicas que está sufriendo la economía europea es de nuevo una actuación mancomunada, es más Europa. Si los incrementos de gasto público que sean
necesarios para acometer el actual periodo inflacionista y para preservar las rentas de los más vulnerables -como acabo de subrayar- se hacen de una manera mancomunada, evitará precisamente distorsiones en el mercado único y también evitará que se
produzca

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una heterogeneidad en ese impulso fiscal como consecuencia de las distintas posiciones fiscales iniciales de partida entre los distintos países miembros. Además, creemos que es el momento -como he subrayado en muchas ocasiones en esta
Cámara- para profundizar en la mejora de la gobernanza de la unión económica y monetaria. Saben -lo he enfatizado en muchas ocasiones- que no tenemos todavía una unión bancaria completa, sería necesario completarla. No tenemos un mecanismo de
estabilización macroeconómico a nivel europeo, sería importante dotarnos de un instrumento de esas características. Y tampoco tenemos una unión de mercado de capitales, que sería muy importante precisamente para aumentar la financiación de la
economía europea y evitar los episodios de fragmentación que tanto nos preocupan.


Me van a permitir ahora que pase -ahora sí- a valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Como les decía antes, lo voy a hacer conjuntamente con el plan presupuestario que se publicó el pasado domingo. En primer lugar, me van
a permitir, en todo caso, que haga una consideración que me va a parecer muy relevante desde el punto de vista de la propia valoración de los presupuestos, pero también de las recomendaciones de política fiscal que les querría trasladar aquí hoy, y
que tiene que ver con el impacto que la inflación tiene, está teniendo y puede tener en el futuro sobre la situación de las finanzas públicas. El mensaje fundamental es que, efectivamente, una mayor inflación como la que estamos viviendo puede, y
está de hecho generando, una dinámica muy boyante de los ingresos públicos. En el documento que les he distribuido se dan los argumentos teóricos y empíricos que justifican este dinamismo. Hay que tener en cuenta, no obstante, de acuerdo con el
análisis del Banco de España, que el enorme dinamismo de los ingresos públicos que hemos estado observando hasta el último mes de septiembre se explica, por supuesto, por la evolución de la economía real y por la evolución de los precios, pero
también hay una parte que no somos capaces de explicar, es decir, que supera las elasticidades históricas de respuesta de los ingresos impositivos a la actividad económica.


Déjenme que subraye un mensaje de prudencia en relación con el uso de estos -nosotros los llamamos así teóricamente- residuos positivos en las ecuaciones de los ingresos impositivos. En ocasiones previas hemos vivido, en esta economía en
particular, episodios en los que se produjeron -por razones, por supuesto, distintas- residuos impositivos muy importantes, por ejemplo, en el boom inmobiliario, cuando se produjeron incrementos de los ingresos impositivos mucho más elevados de los
que determinaban las bases impositivas calculadas a efectos macroeconómicos. Luego en la crisis financiera internacional esos residuos positivos se convirtieron en negativos de una manera muy rápida y provocaron un deterioro muy rápido también de
la situación de las finanzas públicas. No estoy diciendo que este sea el origen, no lo es desde luego. Sin embargo, la realidad es que los residuos de las ecuaciones son -me gusta denominarlo así porque lo ejemplifica- el desconocimiento que
tenemos sobre un elemento concreto que estamos analizando. En este caso concreto, esa bonanza de los ingresos podría deberse, más allá de lo que ha sucedido en episodios históricos previos, por ejemplo, a un afloramiento de la economía sumergida,
pero esto es muy difícil de estimar en tiempo real. Por eso, el mensaje fundamental que les querría trasladar es que, desde la perspectiva de la prudencia de la política presupuestaria, sería importante que esos residuos, esos incrementos de
recaudación que se están produciendo como consecuencia de esos factores que desconocemos, no acaben convirtiéndose o se acaben trasladando en un incremento del gasto público estructural. Este es un mensaje muy importante que luego voy a acabar
recuperando, cuando valore los Presupuestos Generales del Estado.


En el documento que les he presentado se hacen otro tipo de consideraciones de cómo, además, la inflación puede efectivamente afectar, en el corto plazo, de manera positiva, a los ingresos públicos, pero con un desfase genera también mayores
gastos públicos, por ejemplo, como consecuencia de que haya algunas partidas de gasto, en particular, las pensiones, que es la más evidente, que se indician en el año siguiente al episodio inflacionista que se ha producido. También se subraya cómo
el neto de la inflación en un momento determinado tiene efectos positivos o negativos sobre la recaudación, sobre el déficit público y en último término depende en gran medida de la perturbación que está detrás de la inflación. De hecho, se simula
con nuestros modelos macroeconómicos cuándo el origen de la inflación tiene causa en una perturbación negativa de oferta, es decir, por ejemplo, en un incremento de los precios energéticos, como el que estamos observando, el efecto que cabe esperar
a medio plazo sobre el déficit público es de hecho negativo. De nuevo, este es un elemento adicional de cautela que quiero subrayar sobre esta cuestión.


Empezando ahora con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, como siempre, permítanme que comience con el cuadro macroeconómico y su comparación, en este caso, con el del Banco de España, pero también podríamos hacerlo, y así se
hace en esta transparencia, con el del consenso de los

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analistas. Como saben perfectamente, el proyecto de presupuestos está enmarcado en un cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento del PIB real para el año 2022 del 4,4 % y el 2,1 % en el año 2023. Esto, en comparación con las
previsiones contenidas en ese informe de proyecciones del Banco de España que acabo de mencionar, que se publicó el pasado 5 de octubre, básicamente significa que para el año 2022 no existen prácticamente diferencias -4,4 % frente al 4,5 %-, tampoco
hay diferencias -como ven en el gráfico- en relación con el consenso de los analistas, pero las diferencias son claramente más significativas -está en la parte derecha del gráfico- en cuanto al crecimiento previsto del PIB real en 2023. En
particular, el crecimiento del PIB real previsto en los presupuestos es del 2,1 %, más elevado que el 1,4 % que les acabo de subrayar que prevé el Banco de España en sus últimas predicciones y es también más elevado que el consenso de los analistas,
que sitúan esta previsión, incluso por debajo del Banco de España, en el 1,2 %, como pueden comprobar también en el gráfico.


Es importante subrayar, porque esto tiene su relevancia, como saben ustedes, particularmente para la proyección de los presupuestos, que sin embargo, en términos nominales, es decir, cuando uno tiene en cuenta no solamente el PIB real sino
también el deflactor, las diferencias son claramente menos significativas también para el año 2023. El avance del PIB nominal incorporado al proyecto de los presupuestos para ese año es del 5,9 %, el mismo que prevé también el Banco de España, para
el crecimiento, insisto, del PIB nominal.


En términos de la composición, la composición que prevé el Banco de España y en los presupuestos es también muy distinta. En el documento que les he distribuido creemos que una parte de la discrepancia puede venir precisamente de este
aspecto que les subrayaba con anterioridad, y es que el plan presupuestario incorpora un impacto macroeconómico de los fondos europeos que es superior -0,9 % para el año que viene- al que el Banco de España ha incorporado para el año que viene, que
es solamente el 0,6 %. Esto explica una parte de la diferencia, insisto, no su totalidad.


Un aspecto muy importante también -esto lo subrayo siempre antes de ponerme a valorar los ingresos y gastos públicos de los presupuestos y, en definitiva, el déficit y la deuda pública proyectada en esos mismos presupuestos- tiene que ver
con el cierre del año 2022. En este caso, como también sucedió el año pasado, si recuerdan ustedes, prevemos una mejora del déficit público para este año, que es superior a la que se anticipan, tanto en el plan presupuestario como el borrador de
Presupuestos Generales del Estado. De hecho, como saben, el plan presupuestario incorpora una estimación del déficit público para el año 2022 del 5 %, pero el Banco de España, en su última estimación, en la publicada a principios de octubre, prevé
un déficit público para este año del 4,3 %. Esto tiene que ver con que pensamos que los ingresos públicos incorporados al avance de liquidación del borrador de presupuestos para el año 2022, y por tanto al plan presupuestario que se publicó unos
días más tarde, estarían infraestimados si se les compara, insisto, con las estimaciones del propio Banco de España. Este es un mensaje también muy importante porque condiciona de nuevo también la valoración que se pueda efectuar sobre el año
siguiente.


Si analizamos, en primer lugar, la proyección de los ingresos públicos, el proyecto de presupuestos prevé un aumento de los ingresos tributarios y de cotizaciones sociales en el entorno del 7,5 % con respecto al avance de liquidación del
2022. Dicho incremento descansa, por supuesto, en el incremento de las bases imponibles, así como de algunas medidas normativas que conocen perfectamente y que no voy a relatar.


Simplemente déjenme decirles que, con respecto a la estimación de los ingresos para 2023 -como se ilustra en estos dos gráficos de esta transparencia-, desde el Banco de España pensamos que la estimación de los ingresos públicos para el año
2023 es factible. Esto es el resultado, sobre todo, del comentario que acabo de hacer sobre la evolución de los ingresos en 2022, ya que pensamos que va a ser más elevada que la que se incorpora en los presupuestos. La composición probablemente
será distinta, de acuerdo con nuestras próximas estimaciones. Esperamos una recaudación más boyante en el caso de los impuestos de las figuras tributarias, algo menos boyante en el caso de las cotizaciones, pero en neto el mensaje fundamental es
que pensamos que los ingresos públicos del año 2023, que sí están en los presupuestos y en el plan presupuestario, son factibles.


Déjenme decirles, en todo caso, un aspecto importante que relaciono con el aspecto que subrayaba con anterioridad del impacto de la inflación sobre el déficit público. En el plan presupuestario los ingresos públicos en 2023 alcanzarían 42,3
puntos de PIB, excluyendo por supuesto siempre el efecto de los fondos europeos. Esto supone un incremento de dos décimas respecto a 2022, pero de cerca de tres puntos porcentuales de PIB con respecto a los niveles prepandemia, que son casi cuatro
puntos, cuando

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consideramos el segundo de los escenarios del plan presupuestario. De nuevo, aquí, déjenme insistir en la necesidad de no tomar en su totalidad este aumento como permanente hasta que no se conozca el origen del desacoplamiento que se viene
observando desde el año 2020 entre la recaudación tributaria y las bases impositivas macroeconómicas que he señalado con anterioridad.


En cuanto al gasto presupuestario, de nuevo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluye un incremento de los desembolsos del Estado del 6,5 %, con respecto al avance de liquidación de 2022. Quizás sea más
interesante, en este sentido, el plan presupuestario porque incluye el conjunto de las administraciones públicas y no solamente el Estado y la Seguridad Social. En este caso, el plan presupuestario anticipa una caída del peso del gasto público
sobre PIB de nueve décimas, que se explica esencialmente con caídas en la remuneración de asalariados de dos décimas, de una décima en los consumos intermedios, de seis décimas en las subvenciones, de tres décimas en las transferencias de capital y
dos décimas en el resto de los empleos, que se compensarían parcialmente con un aumento de las transferencias sociales de dos décimas su peso en el PIB, dos décimas también de la carga de intereses y de una décima la inversión pública.


Déjenme decirles que de acuerdo con la valoración del Banco de España de aquellas partidas que tienen un componente macroeconómico muy importante o dependen de factores exógenos como los factores demográficos, sí anticipamos la posibilidad
de que en algunas de estas partidas de gasto existan riesgos de desviación al alza y esto -como pueden comprobar en el documento que les acabo de mencionar y de repartir- afecta tanto a la carga de intereses y a las prestaciones por desempleo como
también a las prestaciones sociales y, en particular, a las pensiones.


Sin embargo, en conjunto de nuevo -este es un mensaje muy parecido al que trasladé el año pasado en relación con el borrador de presupuestos para 2022- la valoración que hace el Banco de España sobre la factibilidad del cumplimiento del
objetivo de déficit que se ha establecido para el año siguiente es que efectivamente esta es factible. Es decir, el objetivo de déficit público del 3,9 % es factible, si se tiene en cuenta, en particular, que es probable -insisto- que el déficit
público acabe este año siete décimas por debajo, de acuerdo con nuestra propia estimación, de la estimación oficial. Este mejor registro en 2022 podría de hecho servir para compensar las posibles desviaciones que podrían producirse en el caso de
que se produjera un menor crecimiento económico, como el que anticipa de hecho el Banco de España, o esas posibles desviaciones al alza de algunas partidas de gasto que acabo de subrayar.


Permítanme también, como se ilustra en esta transparencia, que haga algunas consideraciones sobre el tono más o menos restrictivo o expansivo de la política fiscal que se extrae del plan presupuestario. De acuerdo con la información
incluida en el plan presupuestario, el tono de la política fiscal medido, como se hace habitualmente, por la variación del saldo estructural, pasaría de ser ligeramente expansivo en 2022 a ser prácticamente neutral o incluso ligeramente contractivo
en el año 2023. Esta orientación de la política fiscal sería coherente en principio con la naturaleza transitoria de las medidas temporales que han sido aprobadas desde el comienzo del año, en relación con el repunte de los precios de la energía y
las consecuencias de la guerra. No obstante, también quiero subrayar que conviene tener en cuenta que esta valoración está condicionada de nuevo por la propia previsión de déficit del año 2022, que podría no estar incorporando implícitamente, como
he comentado, la buena evolución de los ingresos tributarios que hemos observado hasta el mes de septiembre. En efecto, de hecho, atendiendo las estimaciones del Banco de España -que contemplan un menor déficit público en 2022-, la variación del
saldo estructural para el año 2023 apuntaría a un tono prácticamente neutral de la política fiscal en 2023.


De nuevo déjenme hacer un matiz muy importante. Al valorar la orientación de la política fiscal, hasta ahora me he estado refiriendo siempre a los presupuestos, sin tener en cuenta ni en los ingresos ni en los gastos el uso de los fondos
europeos. Por supuesto, a la hora de valorar el impacto macroeconómico de los presupuestos es muy importante tener en cuenta el uso de los fondos europeos. De este modo, si uno considera el perfil temporal de ejecución del gasto de los fondos
europeos contemplado en las previsiones del Banco de España, el tono de la política fiscal sería claramente expansivo tanto en el año 2022 como en el año 2023, como consecuencia precisamente del potencial impacto macroeconómico de estos fondos.


Finalmente, déjeme también subrayar que con un horizonte temporal más dilatado, de acuerdo con la información del plan presupuestario, se estima que el déficit estructural en el año 2023 alcance en la economía española, aproximadamente, el
3,5 % del PIB, exactamente el 3,4 % del PIB. Esta es una cifra muy similar a la estimada antes de la pandemia en el año 2019. Por tanto, el mensaje más importante que quería trasladar sobre esta cuestión es que, dado que ese nivel de déficit
estructural incluye el fuerte

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dinamismo de los ingresos públicos, que he señalado que ha sido determinante en la evolución de las finanzas públicas en los últimos tres años -incluidos, por supuesto, los mencionados residuos positivos-, esto querría decir que se estaría
compensando esa mejora que se habría producido en otro caso del déficit estructural, con un incremento equivalente del gasto público, que en principio también tendría un incremento de carácter estructural. Este creo que es un aspecto también muy
importante a la hora de valorar los presupuestos.


Me van a permitir también una mención sobre la deuda pública -variable, por supuesto- muy relevante. Los presupuestos y el plan presupuestario anticipan una senda de reducción gradual de la ratio de deuda pública sobre el PIB desde el
máximo que alcanzó en 2020 -120,4 %- hasta el 112,4 % previsto para el año 2023 -como se ilustra en este gráfico-. Este descenso de la ratio de deuda pública se debería exclusivamente al crecimiento del PIB nominal, que compensaría el efecto del
déficit. Esta reducción de nuevo -si la comparamos con la publicada por el Banco de España en sus últimas proyecciones macroeconómicas- es incluso algo más reducida que la anticipada por el Banco de España.


Por último -aquí voy a ser muy breve porque estos son mensajes que me han escuchado decir en otras ocasiones-, en aras de la completitud del documento que les quería presentar, de dar una visión completa de la valoración que hace el Banco de
España de la política presupuestaria, déjenme darles de una manera telegráfica algunos mensajes sobre los retos de medio plazo que las finanzas públicas tienen en nuestro país, de acuerdo con esta visión del Banco de España. En primer lugar, de
acuerdo con lo expuesto previamente, las administraciones públicas en España mantendrán en 2022 y en 2023 una ratio sobre todo de déficit público estructural y un nivel de deuda pública muy elevados. Esta situación de las cuentas públicas sabemos
-lo hemos hablado en distintas ocasiones- constituyen una fuente de vulnerabilidad para la economía y, además, suponen contar con menores márgenes de actuación fiscal ante posibles perturbaciones macroeconómicas que se puedan producir en el futuro.


Por eso déjenme de nuevo enfatizar este mensaje de que se hace absolutamente necesario el diseño y la ejecución de un plan de consolidación fiscal ambicioso que permita la reducción gradual de esos desequilibrios. En la presentación, en el
documento que les he repartido, como siempre, se han actualizado algunas simulaciones de la ambición que ese proceso de consolidación fiscal tendría que tener para generar una reducción de la deuda pública significativa en los próximos años, que
además, si se combinara con reformas estructurales ambiciosas, podría ser incluso más potente tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como, por supuesto, de la reducción de los desequilibrios fiscales.


Déjenme decirles también, como he hecho en distintas ocasiones en esta Cámara, que ese proceso de consolidación fiscal debería ser compatible y debería producirse en paralelo a una mejora de la eficiencia del gasto público y también de la
eficiencia y eficacia de nuestra estructura tributaria. Como es habitual, en ese documento se incorporan algunas valoraciones, sobre todo tomando como base una comparación de nuestra estructura tributaria y de nuestra estructura de gasto público
con el grueso de los países europeos, que yo creo que da algunos mensajes bastante evidentes de dónde pueden estar los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora no solamente de reducir el déficit público en el futuro -el déficit público
estructural y la deuda pública-, sino también de que las finanzas públicas tengan una mayor contribución al crecimiento económico potencial de la economía.


En el documento se hacen también algunas consideraciones sobre el sistema público de pensiones, nada novedoso en relación, por ejemplo, con lo que presenté a esta misma Cámara con objeto de la presentación del informe anual, allá por el mes
de junio, así como también algunas consideraciones de la importancia que tiene un marco fiscal europeo y algunos de los elementos que podrían tenerse en cuenta para la reforma, ya que ahora mismo la Comisión Europea está revisando ese marco fiscal.


Déjenme finalizar con unas conclusiones fiscales que he tratado de resumir en estas dos transparencias. Los principales mensajes de esta presentación son los siguientes. En primer lugar, la economía española se enfrenta a un escenario
caracterizado -como el resto de la economía global y de las economías europeas- por una elevada inflación, por unas tensiones provocadas por la guerra de Ucrania muy importantes, con efectos económicos muy importantes, que han provocado una revisión
generalizada de las proyecciones de crecimiento económico para 2023 a la baja, por supuesto, y de la inflación al alza para ese mismo año.


En segundo lugar, el nivel de incertidumbre es absolutamente extraordinario y los riesgos -una vez analizados- a los que está sometido ese escenario central de crecimiento se sitúan al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento.

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En tercer lugar, la política monetaria del Banco Central Europeo deberá mantener una senda de normalización, precisamente hasta que logre asegurar la convergencia de la inflación al objetivo del 2 % en el medio plazo, y que esto tiene que
ser tenido en cuenta, por supuesto, también desde la perspectiva de la planificación de la política presupuestaria.


Por último, el resto de las políticas económicas también debe jugar un papel fundamental -como he desgranado antes- a través de un pacto de rentas, un apoyo selectivo a los más vulnerables, un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal y
unas políticas de oferta decididas, y un refuerzo del proyecto europeo.


En particular, en relación con las recomendaciones desde la perspectiva de la política presupuestaria, déjenme simplemente resumirle los principales mensajes que he tratado de desgranar en la presentación de hoy. En primer lugar, las
medidas de estímulo de la política presupuestaria deben ser en esta ocasión, y en contraposición con lo que sucedió durante la pandemia, muy selectivas y focalizadas, y evitar incrementos adicionales del déficit público estructural, dado que en el
caso de que esto se produjera lo único que producirían es un incremento, una alimentación de la espiral inflacionista y un deterioro adicional de la sostenibilidad de las cuentas públicas.


En paralelo, debe diseñarse, en segundo lugar, una estrategia de consolidación fiscal cuya ejecución permita reducir la vulnerabilidad de las cuentas públicas y reconstruir los márgenes fiscales. En la medida en que dicha estrategia se
diseñe con rigor, con prontitud y goce de amplios consensos, podría tener un efecto sobre los mercados financieros, sobre la credibilidad en los agentes económicos, que sería particularmente relevante y útil en este contexto de elevada incertidumbre
al que nos estamos enfrentando.


En tercer lugar, se hace necesario también una revisión integral del gasto y del sistema impositivo que mejore su eficiencia y contribución al crecimiento económico.


Y, finalmente, déjenme también subrayarles que hay que maximizar el impacto transformador de los fondos europeos que son -pueden ser, van a ser, tienen que ser- cruciales para la economía española en un contexto económico tan complejo como
el que les acabo de describir.


Muchísimas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su completa y extensa explicación.


Vamos a dar paso ahora a los diferentes grupos parlamentarios para que hagan las consideraciones que entiendan oportunas. Como siempre, empezamos de menor a mayor y el tiempo de intervención de cada grupo parlamentario, como saben sus
señorías, será de cinco minutos.


No estando presentes los portavoces del Grupo Mixto y EH Bildu, por el Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Seré muy breve.


Muchísimas gracias, señor gobernador, por estar hoy aquí. Ha sido muy interesante escuchar su amplia intervención, que leeré más tarde dada su extensión. Creo que ha presentado un análisis muy riguroso.


Es cierto que su institución, como han hecho otros organismos -AIReF, BBVA-, rebaja esas cifras presentadas por el Gobierno, como bien ha dicho usted, por la elevada incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y los posibles cortes de
suministro de gas. Además, es cierto que la incertidumbre ha debilitado todos los indicadores de confianza en las perspectivas de futuro de las empresas, al tiempo que parece que el dinamismo que ha mostrado el turismo va a ser insuficiente para
contrarrestar esa desaceleración, quizá también por una mayor inflación en las rentas de todos los turistas.


Creo que hay tres factores claves en su comparecencia, que son la alta inflación, el bajo crecimiento y la deuda pública. Estamos de acuerdo con que, sin tener en cuenta los fondos, en estos presupuestos más que de políticas expansivas
podríamos hablar de políticas contractivas. Es verdad que el Gobierno ha registrado unas cuentas con cifras de recaudación en máximos pese a proyectar un menor crecimiento de la economía, y nos preocupa que parte de esos ingresos recaudados lo sean
también por un factor coyuntural, cuando ya estamos viendo que hay gastos que van a ser permanentes, que ya se han convertido en estructurales.


Con respecto a las conclusiones que usted ha indicado en la última parte, desde luego no podríamos estar más de acuerdo. Entiendo que en toda su exposición ha tenido en cuenta los dos escenarios que se enviaron el sábado, uno con unos
ingresos menores y otro con ingresos mayores, habiendo indicado que son factibles. Entendemos que una vez más se fía la ejecución del presupuesto general del Estado a los fondos europeos y a su impacto en el conjunto de la economía. Es verdad que
el ritmo está siendo mucho

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menor de lo previsto, por lo que quizá, atendiendo a lo ejecutado hasta ahora, el Gobierno peca un tanto de optimismo en cuanto a esa ejecución, que a posteriori puede afectar a las cifras del crecimiento a la baja. Entendemos que este
factor, el de ejecución, que sí está en manos del Gobierno y sí puede hacer algo frente a esos factores de incertidumbre, que son más a nivel global, quizá debiera revisarse y adaptarse a la realidad, en un contexto de recesión y presión
inflacionista, en los costes, en el encarecimiento de la financiación, en la caída del consumo privado y, desde luego, a las necesidades de las comunidades autónomas, que impiden que se puedan ejecutar de forma eficiente, y entendemos que todo ello
también por un diseño ineficiente, no consensuado con ellas. Su no ejecución o esa ejecución deficiente podría seguir lastrando el déficit estructural. Además, creemos que son fondos que podrían mejorar la innovación y la productividad y, por
tanto, combatir esa inflación subyacente, que también nos preocupa.


Se ha hablado también de la deuda pública, y creo que se dice muy poco en ese sentido. Se habla más de subidas y bajadas de impuestos y del aumento de gastos, que no tienen en cuenta ese déficit estructural, que significa unos 40 000
millones que hay que pagar vía deuda y que traspasamos a las generaciones futuras. Es un déficit que comenzó en el año 2015 por el repunte de la economía tras la crisis de 2008 y por las políticas implantadas. Desde luego, entendemos que es una
deuda que no se va a resolver con parches fiscales, con recaudaciones temporales. Es una deuda que, efectivamente, ronda el 116 %, va a conllevar un aumento de los costes de financiación y, seguramente, cuando lleguen esas reglas fiscales, va a
convertirse en la variable de ajuste, como ya ocurrió en 2008, e incluso puede poner en riesgo inversiones sociales.


Me gustaría saber si es sostenible una política fiscal y presupuestaria que se base en un crecimiento muy constante de ese gasto estructural, teniendo en cuenta los niveles de deuda y déficit de los que partimos. Es verdad que necesitamos
una revisión integral del gasto y del sistema impositivo que mejore su eficiencia. Finalmente, creo que hay que maximizar, como usted bien dice, el impacto de los fondos Next Generation.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, interviene la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenos días, gobernador. Como siempre, es un placer tenerle aquí, en sede parlamentaria, y escuchar su comparecencia. Siempre es enriquecedor conocer también el punto de vista de su organismo sobre las cuentas públicas. Tengo que
adelantarle que compartimos muchos de los diagnósticos que ha realizado usted hoy.


Preparando esta comparecencia, he repasado también la del año pasado, la comparecencia de presupuestos que usted hizo aquí y la intervención que nosotros teníamos preparada, y he de decir que muchas cosas han cambiado pero lo más llamativo
es que los diagnósticos que hicimos entonces siguen vigentes hoy. Por tanto, a la conclusión a la que llegamos es que este último año la inacción a la hora de abordar los problemas estructurales ha sido la dinámica de la economía española.


Entre las cosas que sí han cambiado está, sobre todo, el contexto económico. El año pasado hablábamos del fin de la crisis causada por la pandemia COVID y de que el presupuesto de 2022 estaba llamado a ser el presupuesto de esa vuelta a la
normalidad y recuperación. Sin embargo, 2022 ha sido muchas cosas menos normal y 2023 apunta en una dirección similar. Hablábamos entonces -y estábamos muy preocupados- de una inflación elevada, situada en el 2,8 %, un 2,8 % que ya querríamos ver
ahora en nuestros mejores sueños. A usted en aquel momento, como a nosotros, le preocupaba la indexación de las pensiones al IPC, ya que podría someter -decía- a las cuentas públicas a un estrés inasumible. Hoy usted lo ha vuelto a repetir a lo
largo de su exposición, pero, palmariamente, está escrito en la página 23 de la presentación que nos ha expuesto. En aquel momento, con un 2,8 % de inflación, tampoco sabíamos todavía si se iba a introducir algún mecanismo de sostenibilidad en la
primera parte de la reforma de las pensiones que se aprobó en el mes de diciembre. Hoy ya sabemos que no hubo ningún mecanismo de sostenibilidad y que tenemos la indexación irrestricta de todas las pensiones al IPC, sin tener en cuenta ni el nivel
de crecimiento de los salarios ni el nivel de crecimiento de la economía o el estado de las finanzas públicas. Por tanto, lo que ya era algo temerario el año pasado con una inflación rozando las dos cifras vemos que se ha convertido en una
irresponsabilidad.

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Además, digo que nos parece temerario e inaudito que estas cuentas públicas recojan un gasto del 50 %, es decir, que uno de cada dos euros de las cuentas públicas para 2023 se vaya a gastar en pensiones y en pagar intereses de la deuda.
Convendrá conmigo -espero- que no es lógico que un país que pretende crecer y garantizar un Estado del bienestar sostenible a las futuras generaciones prevea gastar la mitad de todo su presupuesto en estas prestaciones. La partida para pensiones ha
aumentado un 11,5 %, elevándose casi hasta los 200 000 millones de euros. Solo el gasto en pensiones supera el doble del gasto -subrayo, el doble del gasto- destinado a justicia, interior, educación, trabajo, sanidad, ciencia, defensa, exteriores y
transportes juntos.


El propio Banco de España -usted lo sabe perfectamente, gobernador- en su documento El gasto público en España desde una perspectiva europea ya advertía del elevado peso que tenían en nuestro país partidas como las prestaciones en pensiones,
el desempleo y los pagos de intereses de deuda. Por eso, como dijo mi presidenta el otro día en la comparecencia en Pleno del presidente Sánchez y yo lo vuelvo a repetir ahora, Ciudadanos ha pedido que se formalice una reunión del Pacto de Toledo
para que podamos hablar de los mecanismos de sostenibilidad del sistema de pensiones antes de que el Gobierno hipoteque el futuro de varias generaciones. Creemos que se debe reformar el sistema de pensiones íntegramente -el actual no es justo ni
equitativo, como ya dijimos en el debate de la reforma el año pasado-, pero, al margen de ese debate de fondo, hay uno más acuciante, y es que se dice por parte del Gobierno que todos hemos de aportar a ese pacto de rentas, que todos los agentes
sociales de la economía deben ceder un poco y repartir el coste de la inflación, y, sin embargo, vemos que eso se está haciendo de forma desigual, es decir, se pide solo a los trabajadores del sector privado, a los empresarios, pero el Gobierno, el
Estado no entra en este pacto de rentas, como si se ha hecho en Portugal. Recordemos que hace dos semanas Portugal ha firmado un pacto de rentas en el que entra también el Gobierno y, por tanto, entran también las pensiones y el salario de los
funcionarios. Eso sí, nosotros ponemos un gravamen a la banca -por el cual le quiero preguntar-, utilizando como excusa que se enmarca dentro de ese pacto de rentas a fin de que los que más tienen aporten en este contexto extraordinario. A pesar
de lo que dice el Gobierno, el impuesto no grava los beneficios extraordinarios, ni siquiera los ordinarios, sino los márgenes, y eso obvia que el aumento de los tipos de interés, al igual que en el corto plazo puede aumentar márgenes, también puede
deteriorar los balances de los bancos, y quiero preguntarle qué opina sobre su diseño, si es adecuado y cómo encaja la prohibición de repercutirlo en la legislación vigente.


Muchas gracias. Gracias, presidenta, por su amabilidad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Plural tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias.


Yo también quiero agradecer al gobernador del Banco de España su presentación un año más, sus sugerencias y conclusiones, que ya le avanzo que en muchos casos coinciden con lo que también hemos mantenido desde este grupo parlamentario. En
todo caso, quisiera dejarle encima de la mesa algunas reflexiones y algunas preguntas o aclaraciones.


Respecto a la situación de la economía española, en los gráficos que usted nos ha presentado se preveía que la recuperación del PIB a niveles prepandemia -que no se ha alcanzado, estamos al noventa y pico por ciento- quizás se iba a dilatar
hasta el primer trimestre del 2024, y, en cambio, los niveles de ocupación, el número de personas empleadas, sí parece que se han recuperado. Entonces, mi pregunta sería: ¿Qué está pasando? ¿Continuamos manteniendo un problema de productividad?
¿Estamos acentuando este problema? ¿Cuál podría ser la explicación?


Entrando ya en algunas de las cuestiones y en relación con las previsiones del cuadro macroeconómico de los presupuestos, al contrastarlo con las previsiones del Banco de España, aunque intuyo alguna explicación, veo cierta contradicción,
que seguramente que me va a poder explicar. En principio, el crecimiento del PIB estimado por parte del Banco de España es en torno a una tercera parte inferior a lo que estima el Gobierno, pasamos de un crecimiento del 2,1 % a una estimación del
Banco de España del 1,4 %. En cambio, el Banco de España nos dice que ve factible la estimación de ingresos hecha por parte del Gobierno aunque el crecimiento sea una tercera parte menos. Incluso, en esta línea, las previsiones de déficit público
que hace el Banco de España son inferiores a las que muestra el Gobierno. Con un crecimiento mucho menor, el déficit público previsto por el Banco de España puede llegar incluso al 3,4 %, cuando el del Gobierno es de 3,9 %. Y lo mismo sucede
respecto de la deuda en

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cuanto al PIB. Por tanto, me gustaría que nos dijera cuáles son las explicaciones respecto a estas cifras.


En cuanto a la necesidad del pacto de rentas -y no un pacto de rentas cualquiera, sino con unas condiciones muy determinadas-, creo que usted ha señalado un aspecto muy significativo, porque parece que en algún momento, como este pacto de
rentas no llega -y es verdad, y todos constatamos que todavía no hay ningún efecto de segunda ronda-, quizá alguien pudiera tener la tentación de pensar que no es necesario. Como usted ha dicho, en la medida en que persiste un escenario
inflacionista, cada vez son más posibles esos efectos de segunda ronda. Es normal que en un principio, ante un escenario que se considere que es meramente coyuntural, desde los mismos sindicatos hasta las mismas empresas hagan un ejercicio de
contención. Sin embargo, en la medida en que se va alargando en el tiempo este escenario, esas medidas de contención van a resultar mucho más difíciles de mantener para todas las partes. Por tanto, nosotros somos de los que pensamos que sí que es
necesario este pacto de rentas, y vemos un peligro inminente de que, en la medida en que no se materialice, estos efectos de segunda ronda puedan resultar importantes en la economía española.


Respecto a la situación de la política monetaria y quedando claro cuáles son los objetivos, parece evidente que el Banco Central Europeo quizás ha reaccionado un poco más tarde que otras autoridades monetarias en otros lugares del mundo, y
ya no estoy hablando solo de Estados Unidos, sino también de Inglaterra u otros países. Por tanto, ¿esto puede hacer que se mantenga durante más tiempo de lo previsto esta política monetaria restrictiva, si me permite, por parte del Banco Central
Europeo? ¿Eso podría tener consecuencias no incorporadas a las previsiones sobre las que nos estamos moviendo?


Y respecto a los fondos y al impacto de los fondos, me ha parecido entender que las estimaciones del Banco de España se sitúan en un impacto del 0,6 % tanto para 2022 como para 2023, cantidades inferiores a las que está previendo el
Gobierno. Y aquí debo decirle que el tiempo le va dando la razón, es decir, siempre ha acertado más en este aspecto el Banco de España -y no solo el Banco de España, sino también otros organismos- que el propio Gobierno. ¿Qué entiende que debería
variar -estoy finalizando, señora presidenta- para que este impacto se aproximara más al 1 % u otras cifras sobre las que trabaja el Gobierno?


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor gobernador. Buenos días a todas y todos.


Respecto a los cuadros macro, la primera parte de su intervención, no me voy a detener en ello puesto que, al fin y al cabo, usted mismo habla de un escenario de alta incertidumbre y, como todos sabemos también, las previsiones del Gobierno
no dejan de estar avaladas por la AIReF, como corresponde a nivel legal. Por lo tanto, como digo, podríamos tener un debate académico aquí muy interesante, si bien me parece que no es el lugar ni el momento.


Lo que sí está claro, como usted mismo ha dicho, es que el proceso inflacionario que está viviendo el mundo y, particularmente, Europa tiene mucho más que ver con el estrangulamiento de los mercados energéticos y el aumento correspondiente
de los precios de la energía, antes que con otros factores que han explicado fenómenos inflacionarios en otros momentos históricos; pienso, por ejemplo, en los años setenta, ochenta, noventa, etcétera. Sin embargo, señor gobernador, seguimos
aplicando las viejas recetas de entonces, que es subir los tipos de cambio como única herramienta o como la herramienta principal para afrontar esta situación. Me da la sensación, señor gobernador, de que no es tanto por la inflación, es decir, no
estamos subiendo tanto los tipos de interés por una cuestión inflacionaria, sino más bien por evitar un deterioro del tipo de cambio como factor primordial. Digo esto porque, después de esta última subida tan impactante que hemos tenido del 0,75,
no se ha parado la inflación en la zona euro, ni mucho menos; de hecho, creo que hemos vuelto a registrar un máximo local. Por lo tanto, como le digo, me parece que aquí se están utilizando herramientas que no corresponden.


Me parecía muy pertinente aquella nota de prensa que apareció la semana pasada en la que se hablaba de unas declaraciones del director general de economía del Banco de España, el señor Óscar Arce, quien utilizaba una metáfora muy buena al
decir que la política monetaria no es un bisturí, sino un machete de pescadería porque actúa sobre toda la economía y con retraso. No sé qué opina usted al

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respecto, señor gobernador. O también le refiero otra cita de una persona que seguramente usted conocerá, la señora Isabel Schnabel, representante del Banco Central en las reuniones de Jackson Hole, quien decía que la política monetaria
tiene muy poco impacto sobre los mercados globales de commodities, es decir, que no podemos arreglar el problema de la energía o de los cuellos de botella que existen a nivel mundial subiendo los tipos de interés. En ese sentido, me parece que lo
que está ocurriendo en estos últimos meses nos viene a dar la razón. Ya sabíamos o de alguna forma esperábamos que la política monetaria fuera tornando sus signos a lo largo de este último año o año y medio. De esto ya veníamos hablando, incluso
ya esperábamos una cierta subida de tipos, aunque le tengo que confesar, señor gobernador, que no esperábamos que fuera tan brusca, sobre todo cuando escuchamos diagnósticos como el que usted mismo acaba de relatar, es decir, nos viene a decir que
no funcionan, que hay una alta incertidumbre, y, aun así, estando en una situación muy compleja, con un equilibrio muy complicado, sin embargo, sacamos un machete y nos ponemos a blandirlo como si fuéramos Indiana Jones. Me pregunto si mejor es el
momento de sacar un bisturí, apoyándome en la metáfora que utilizaba el señor Arce.


Creo que la política que se ha venido llevando a cabo, por lo menos hasta junio, parecía razonable, es decir, que se retiren determinados estímulos, incluso que hubiera un primer aumento de 0,50 puntos antes del verano. Quiero recordar que,
como usted mismo ha dicho hoy, esa misma medida vino acompañada de la creación del Instrumento para la Protección de la Transmisión, el TPI famoso, que precisamente me parece una herramienta muy ingeniosa para seguir protegiendo las deudas públicas
soberanas y evitar ataques especulativos como los que hemos visto en otros lugares. Pero nos sorprende que, después de haber iniciado con un cierto tanteo, moderadamente, ese nuevo ciclo de normalización del que usted habla, sin embargo, en la
última nos hayamos convertido en los adalides de una política monetaria restrictiva, que, francamente, no creo que corresponda a la situación económica y social que está viviendo Europa, la cual no tiene un problema de replanteamiento de la economía
como lo tiene Estados Unidos. Uno puede entender la política que pueda estar llevando a cabo la FED, pero, francamente, es difícil entenderlo aquí.


También hay una cuestión que nos preocupa, gobernador, y es que en este contexto de alzas, de subidas de tipos, cuando todo el país se está apretando el cinturón, volvemos a ver a la banca, gracias a estas medidas, empezar a acumular o a
planificar la acumulación de pingües beneficios, y uno se pregunta qué está haciendo el Banco Central y, desde luego, qué debería hacer también el Gobierno para evitar que esto pueda ocurrir, es decir, que el país se empobrezca mientras que unos
señores que ya son muy ricos se hagan todavía más ricos. Sencillamente, esto no tendría ningún tipo de sentido.


Ya veo que se me ha acabado el tiempo. Solo quiero lanzarle tres preguntas, al margen de lo que podamos hablar en el siguiente turno, porque entiendo que hay otro turno. (La señora presidenta hace signos negativos.-El señor Manso Olivar:
Hable ahora o calle para siempre). Vaya, no hay otro turno. Entonces, pregunto ahora -o callo para siempre, como dice el compañero portavoz- sobre las tres cuestiones que le quería lanzar. En sus proyecciones ¿cuál es el impacto estimado del alza
de tipos sobre el crecimiento del PIB? Esto también es importante. Es decir, usted ha estado haciendo proyecciones de evolución del PIB, y, en la medida en que sabemos que los cambios en los tipos de interés van a tener un efecto fuerte sobre el
mismo, me gustaría preguntarle qué efecto prevé usted que puedan tener estos.


En segundo lugar, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que la política monetaria vaya a contracorriente de la política fiscal que están implementando los Estados? Es decir, estamos en un proceso en el que el Estado está promoviendo
una alta tasa de inversiones, de cambio estructural, etcétera, y, sin duda, en un contexto de un crédito cada vez más caro, parece que esto dificulta.


Por último, ¿cómo está previsto que el Banco Central vaya a manejar la deuda pública que actualmente tiene en sus manos? ¿Va a deshacerse de parte de esa deuda ahora, cuando hay un contexto de tipos altos? ¿Qué instrumentos o qué planes
hay en este sentido?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Republicano, no está su portavoz.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Manso.


El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor gobernador. Es un placer siempre tenerle en esta Comisión.


El problema de hablar en el turno que me toca es que, lógicamente, muchas de las reflexiones ya están hechas, y, por tanto, no las vamos a repetir. Eso me va a permitir hablar de más cosas que quería plantear.

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Lo primero es alabarle la humildad cuando usted reconoce las limitaciones a las proyecciones. Hace muchísimos años que vengo criticando a la profesión económica, de la que formo parte, el haber vendido la capacidad predictiva que no
tenemos, y, por tanto, creo que por primera vez en la historia los economistas estamos empezando a reconocer los límites de nuestra capacidad. También empezar a reconocer esto hace referencia a los límites a la intervención, porque la intervención
pública siempre se ha basado en la capacidad predictiva, que no existe. Es verdad que solemos decir que hay dos cosas de las que no hay que saber cómo se hacen, una son las salchichas y la otra son las leyes, pero yo creo que la tercera es cómo se
hacen las proyecciones económicas. Usted nos ha hecho un par de advertencias, nos dice que el déficit estructural se mantiene a pesar del incremento de los ingresos y nos advierte de que el incremento en los ingresos bien podría ser transitorio por
el tema de los residuos positivos de los que nos habla y que incluso podría compensarse en el futuro. En este sentido, creo que usted nos está advirtiendo de que a lo mejor el déficit estructural, que ha vuelto a los niveles prepandemia, podría ser
mayor si esos residuos positivos se convirtieran en negativos.


Me ha parecido muy interesante, señor gobernador, lo que nos ha comentado sobre el Instrumento para la Protección de la Transmisión, porque le quería preguntar si esos requisitos que ustedes pretenden aplicar en el futuro para beneficiar o
sobreponderar en su cartera de bonos a unos países sobre otros -básicamente, la estabilidad macroeconómica y la aplicación de buenas políticas- son los que se han aplicado en el pasado. Se lo digo porque desde finales de 2019 hasta el cierre del
segundo trimestre de 2022 la deuda pública, según el protocolo de déficit excesivo, ha aumentado en España en 252 000 millones, y ustedes en el Banco de España han suscrito el 80 %. Es decir, ustedes ya venían realizando una política que a lo mejor
no llamaban Instrumento para la Protección de la Transmisión pero que ha evitado que los tipos, a pesar de lo que han subido, hayan subido mucho más, puesto que han suscrito el 80 % de toda la deuda emitida por esta nación.


Me preocupa mucho la evolución de los tipos, señor gobernador, y lo voy a dividir en tres partes. Por lo que afecta a la solvencia de las personas físicas, el tipo a un año ha subido casi un 3 % en doce meses, y es el tipo que más afecta a
las hipotecas. Por tanto, querría saber, a pesar de que es verdad que se ha incrementado mucho la contratación a tipo fijo, si eso podría afectar, primero, a la solvencia de los hogares y, segundo, a la solvencia de las entidades bancarias, de las
cuales usted vela por ello.


Por contestar al señor Guijarro -no lo tenía preparado, pero es imposible que no lleguemos a coincidir en algún punto, aunque solo sea para el encuentro-, está hablando de que la subida de tipos va a beneficiar a la banca, y yo quisiera
saber si ustedes tienen calculado o pueden estimar qué problemas en la valoración de sus carteras de bonos va a experimentar la banca, porque una subida del tipo de diez años, que ahora mismo, esta mañana, está en el 3,39, y estaba en tipos
prácticamente planos o ligeramente negativos, -0,016 en 2020, tiene que haber supuesto en las carteras de las entidades de crédito unas fuertes minusvalías, que afectarán a su solvencia y, por tanto, a sus resultados.


Por último, como he dicho, me preocupan los tipos por la solvencia de las personas, por cómo repercute en la solvencia de los bancos, por los problemas de valoración que se van a derivar de la subida de los tipos a largo plazo en las
carteras de las instituciones. Por ejemplo, ustedes mismos el año pasado, en 2021, tuvieron unas pérdidas por valoración, no reconocidas por la forma de contabilizar que utilizan ustedes, de 19 000 millones. Este año supongo que las pérdidas por
valoración serán muchísimo más altas para el Banco de España.


Y quería hablar también del tema de la deuda pública. Ya hemos visto por primera vez en muchos años un incremento de los gastos financieros. De hecho, los gastos financieros superan ahora a los gastos en sanidad y educación, como usted
sabe, y son el segundo gasto después del de las pensiones públicas. Lo digo por aquello de que siempre se dice que se cobran impuestos para sanidad y educación y yo creo que se cobran más impuestos para pagar los intereses de la deuda pública.
Pero lo que le quería decir, señor gobernador, es que los intereses, por primera vez desde hace muchos años, suben. Sube el monto total y percibo que en los próximos años, aunque la ratio deuda-PIB vaya cayendo por la elevada inflación que vamos a
padecer todavía durante una temporada, el volumen de gasto absoluto va a ir creciendo, de tal manera que en siete u ocho años, salvo que se revierta mucho la política monetaria, puede llegar a hacer inasumible el pago.


Por último, señor gobernador -y voy concluyendo, señora presidenta-, me parece interesante que nos hable usted sobre el impuesto a la banca, como le ha pedido la señora Muñoz. No voy a reproducir la pregunta, pero nosotros también tenemos
mucho interés en saber cuál es su postura sobre esto.


Y ya me quedo esperando al turno de respuestas.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Elvira Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.


Gracias, gobernador, por sus rigurosas explicaciones. La política fiscal en general y los presupuestos anuales en particular son una potente herramienta de política económica -usted lo ha dicho en su intervención- de la que el Parlamento -y
esto es poco constitucional por lo de las separaciones- es copartícipe con el Gobierno. Obviamente, no son lo mismo unas políticas que otras, y ese debería ser el centro del debate. Sin embargo, si otros años hemos tenido problemas con los
fundamentos macroeconómicos de las cuentas que nos trae el Gobierno, lo de este año es especial, y creo que no es baladí debatirlo.


En el mes de julio, el Gobierno aprobó un techo de gasto que acompañaba con un cuadro macro que revisaba el que había mandado a Europa en la actualización del plan de estabilidad. El 7 de septiembre la vicepresidenta Calviño compareció en
la Comisión de Asuntos Económicos en esta sala a petición propia y nos dijo que se encontraba cómoda con el cuadro macro de julio, igual que hizo la ministra de Hacienda al pedir el pasado 22 de septiembre la apreciación del Congreso de las
circunstancias excepcionales para incumplir los objetivos de déficit y deuda de la ley de estabilidad. Sin embargo, cuando el 4 de octubre -solo doce días más tarde- el Gobierno nos presenta el presupuesto lo acompaña de un cuadro macro
radicalmente diferente y bastante incongruente, todo sea dicho. Rebaja el crecimiento del PIB al 23 % en la primera actualización, al 23 % en esta segunda actualización y lo toca todo: el consumo privado, el crecimiento de la formación bruta de
capital fijo, el de construcción... Hasta aquí, esta podría parecer la historia de una huida hacia adelante a la que ya nos tienen acostumbrados, si no fuera porque no habían transcurrido ni veinticuatro horas cuando ustedes, en su informe
trimestral, reducen sensiblemente el crecimiento del producto interior bruto para 2023, que es la base de los presupuestos que hoy nos traen aquí y realizan la enmienda a la totalidad del cuadro macroeconómico que los soporta; ni el PIB ni la
formación bruta de capital fijo ni el consumo público ni las exportaciones coinciden ni se aproximan.


En el mismo sentido, a pesar de que hay por ahí un aval -ya veremos qué nos cuenta mañana la presidenta de la AIReF- va el contenido del aval y sus riesgos y el de otros informes privados, como el del Fondo Monetario Internacional de la
semana pasada, que estima que la economía española crecerá un escaso 1,2 %. Y aquí no se acaba la cosa. El último episodio lo conocimos el sábado pasado en el plan presupuestario que el Gobierno envió a Europa. Mantienen el cuadro macro, pero
plantean dos escenarios de ingresos y gastos. El primero es el que se refleja en el proyecto de presupuestos, que carece de partidas significativas y ciertas, infringiendo el principio de universalidad para el presupuesto que mandata la
Constitución. El caso más notable y sorprendente es el del incremento salarial de los empleados públicos del 1,5 % en 2022, que obviamente se arrastra y se consolida en 2023. Hay que tener en cuenta que es precisamente este escenario el que se
utiliza para concluir que se cumple con las recomendaciones del semestre europeo, aunque el Gobierno sepa que es el segundo el que más se adapta a la realidad. Nunca se habían puesto tan en tela de juicio los fundamentos y los contenidos de un
presupuesto y, en este sentido, van a ir algunas de las preguntas, aunque es cierto que puede que sean redundantes con respecto a las de algunos de los anteriores portavoces e incluso con su intervención.


¿Tienen ustedes información del efecto que pueden tener sobre la imagen de España estas cuestiones, que al final se traducen en baja calidad de las previsiones públicas oficiales e incluso de los presupuestos que presentan al Parlamento para
su aprobación? Como decía, este año estamos con el amparo de la cláusula de salvaguarda, pero en esta ocasión la Comisión señaló que había que cumplir las recomendaciones del semestre europeo; en nuestro caso, que la evolución o incremento del
gasto corriente estructural fuera inferior al incremento del PIB potencial real, que ya supone una señal de alerta respecto a la restricción que deberían tener nuestros presupuestos, porque están comparando nominal con real. En este sentido va mi
pregunta: ¿de qué manera su revisión a la baja afecta a la evolución del PIB potencial español? Dice que en algún momento las curvas se juntan, pero querría que volviera sobre ello. ¿El incremento del gasto corriente estructural que contienen los
presupuestos, incrementado con el que no contienen, cumple con los requisitos europeos? ¿Han hecho ustedes las cuentas?


En cuanto a la inflación, algo ha dicho, pero le vuelvo a hacer una pregunta, aunque creo que también la ha hecho alguno de los que me han antecedido. ¿Cuánto de la inflación que estamos sufriendo se va a enquistar en los precios que
tenemos que pagar los españoles? ¿Qué efecto puede tener sobre el

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crecimiento futuro, por sus efectos sobre el consumo interior y el saldo exterior por pérdida de competitividad? Porque aquí hemos hablado de competitividad de país, pero las noticias no son nada buenas. ¿Qué efectos -se lo han preguntado
y yo también se lo pregunto- pueden tener sobre la evolución del PIB potencial las políticas antiinflacionistas del Banco Central Europeo? Y, ya que estamos, ¿qué le parecen las voces -alguna que acaba oír- de una parte de nuestro Gobierno que
están completamente enfrentadas a la política monetaria del Banco? ¿Qué pasa con el mecanismo antifragmentación que anunció hace tiempo, ese instrumento para la protección de la transmisión? Recordemos que en el acuerdo que tomaron en el Banco
Central Europeo señalaban que, si hacía falta utilizarlo, los países beneficiarios deberían cumplir las recomendaciones del semestre europeo y, si no, habría que ir a un mecanismo similar al del rescate de Draghi, ese que pudo eludir el Gobierno del
Partido Popular en 2012, a pesar de las pésimas condiciones en las que se encontró las finanzas públicas; y parece que la vida se repite. ¿Cuál es su opinión al respecto, teniendo en cuenta todo lo que se ha señalado con anterioridad?


Y ya concluyo con unas ligeras cuestiones respecto a algunas de las cifras contenidas en el presupuesto. La sensación que se tiene, oyéndole en relación con el presupuesto de ingresos, es que este queda absolutamente desautorizado. Eso a
la baja no es prudencia, como dice el Gobierno, sino otra cosa que no quiero calificar. Mi inquietud es, como usted señalaba, la sostenibilidad de las cifras, y aquí entra el segundo escenario que nos presentaron el sábado en el plan
presupuestario.


La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, tiene que ir acabando. Se ha pasado ya mucho.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Termino, presidenta. No me he pasado, voy controlando.


Es un plan presupuestario que parece que recoge las cifras ciertas de recaudación y que se reserva, como dicen, para financiar nuevas políticas. Este no es un presupuesto serio ni nada parecido y, al igual que otros años, es un
salvoconducto para gastar y además averiado por todo lo que no recoge. Desde luego, no creo que esto ayude para nada a incrementar la confianza en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedro Casares.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, gobernador. Bienvenido un año más al inicio de las comparecencias para analizar los presupuestos generales del Estado para 2023. Es una comparecencia que se produce en un contexto muy diferente al de los años anteriores,
pero con alguna similitud, como ha podido también comprobar hoy con las intervenciones. La primera de ellas está claro que es la incertidumbre que marca la actualidad económica, ahora motivada por una guerra que está teniendo consecuencias globales
y que, por supuesto, puede influir en la evolución macroeconómica y en las políticas presupuestarias de cualquier país, incluido España. Pero esto, señorías, ocurre en todos los países y España, desgraciadamente, no puede estar al margen. De ahí
la importancia de una política económica acertada y no, por ejemplo, la que hemos visto estos días en Reino Unido, donde se había anunciado una reducción de impuestos -incluyendo a las grandes fortunas- y recortes fiscales que han llevado finalmente
al cese del ministro de Economía, a dar marcha atrás en esos anuncios e, incluso, a aumentar los impuestos para la economía británica para tratar de calmar la crisis económica y de mercados que había abierto esa política que algunos también están
recetando en España.


Por eso, señor gobernador, también es necesaria una política económica como la que está haciendo el Gobierno de España, con políticas para la gente, con soluciones dialogadas y con palancas transformadoras para el futuro que demuestran que,
si tenemos reglas de reparto justas, los costes de la crisis tienden a minorarse, las recesiones son más cortas y la recuperación más rápida, frente a las políticas del pasado, como las de la anterior crisis económica, que nos hicieron estar cinco
años en recesión o que tardásemos una década en recuperarnos de aquella crisis. Lo digo porque hoy parece que a algunos se les ha olvidado que aquella política de recortes, de subidas masivas de impuestos y de privatizaciones no dio frutos, no fue
eficiente. Señorías, me sorprende escuchar todavía hoy aquí a representantes de partidos políticos, como la señora de Ciudadanos, que hablan de recortes o de que no hay que subir las pensiones, que a esto es a lo que ha dedicado toda su
intervención. Frente a eso, la certidumbre para nuestros pensionistas de que van a mantener su poder adquisitivo.

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Aquí, señor gobernador, también destaco la segunda similitud con respecto a las comparecencias de años anteriores, por lo que hemos escuchado en los partidos políticos de la derecha en sus intervenciones. Es lo de siempre: que el cuadro
macroeconómico no es creíble, que todo va mal, que la deuda y el déficit público están descontrolados, que no somos creíbles ante Europa, que los presupuestos generales del Estado son irreales y electoralistas, que tenemos la mayor inflación y el
mayor crecimiento del paro, que somos los que menos crecemos de la Unión Europea... En fin, esto vale para cualquier intervención de las señorías del Grupo Popular, de Ciudadanos o de VOX. ¿Pero cuál es la realidad? Que España es la economía que
más crece en 2022 -en este momento, por encima del 6 % interanual- y que cerraremos el año por encima del 4 %. Incluso el crecimiento del segundo trimestre ha sido superior al que preveía el Banco de España, como nos lo ha recordado también hoy el
gobernador. Y para 2023, a pesar de todos esos augurios, seremos una de las pocas economías que no entrará en recesión, según los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Señorías, hemos reducido la deuda y el déficit
público en 2022 y lo volveremos a hacer siguiendo en esa senda en 2023. España hoy tiene una inflación que, aunque es elevada, es menor que la media de la Unión Europea o de la zona euro y, por ejemplo, en septiembre se ha reducido un 1,5 %.
Señorías, somos también el país que mejor está desarrollando el plan de recuperación, a pesar de los bulos que han aparecido esta semana. Señorías, no se ha paralizado nada; de hecho, somos el país que primero ha cumplido y que más fondos ha
recibido de toda la Unión Europea. Y somos también el país que más empleo ha creado, reduciendo la tasa de paro y mejorando la calidad de nuestro empleo.


En este contexto, y no en otro, vienen los presupuestos generales del Estado para 2023, unos presupuestos generales para luchar contra la desigualdad, para proteger a la clase media y trabajadora, para avanzar en la necesaria modernización
de nuestra economía -como también recordaba el gobernador- o para consolidar nuestras cuentas públicas. Son unos presupuestos realistas que, según el propio informe del Banco de España, cumplirán los ingresos y permitirán seguir reduciendo la deuda
y el déficit, incluso en mayor medida que la previsión del Gobierno de España. Señorías, son unos presupuestos que, junto con las reformas estructurales que estamos realizando, las políticas que estamos desarrollando para hacer frente a las
consecuencias de la guerra y la mayor justicia fiscal que impulsa el Gobierno, marcan el camino para consolidar nuestro Estado del bienestar a la vez que refuerzan nuestra economía y crean empleo.


Esta es la tarea y es compartida. Y, por supuesto -y termino-, no va a estar exenta de dificultades. La guerra sigue presente, la subida de los precios de la energía, el alza de los tipos de interés y la normalización de la política
monetaria son variables que van a poner incertidumbre en el recorrido que tengamos en los próximos doce meses. Pero precisamente por eso, señorías del Grupo Popular, de Ciudadanos o de VOX, es más necesaria que nunca la justicia fiscal que impulsa
el Gobierno de España y que también se refleja en estos presupuestos generales del Estado para 2023. Esa es la tarea que empezamos hoy con estas comparecencias y les animo a que sean propositivos y constructivos y que no estén en el sistemático no
a todo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Devolvemos la palabra al señor gobernador para que pueda contestar.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Hernández de Cos): Muchísimas gracias, presidenta, y muchísimas gracias, señorías, por los comentarios y las preguntas. En la medida de mis habilidades, voy a tratar de contestar a algunas de ellas,
sino a todas.


Me van a permitir que haga algunos bloques de preguntas. Voy a empezar con las cuestiones que no tienen que ver esencialmente con los presupuestos, pero sobre las que me han preguntado porque yo también he hecho referencia a ellas en mi
propia intervención: sector bancario y política monetaria. De aquí, pasaré a la política presupuestaria y a las otras políticas económicas, políticas de pacto de rentas u oferta, que también he mencionado en mi intervención.


Sobre el sector bancario, tanto el señor Guijarro como el señor Manso han hecho mención a cuál podría ser el impacto del actual contexto, tanto sobre la rentabilidad -donde ponía el énfasis el señor Guijarro- como sobre la solvencia, como
decía el señor Manso. Sobre esto, déjenme decirles que hay que tener en cuenta distintas consideraciones. Por un lado, está claro que el aumento de los tipos de interés que ya se ha producido en el mercado supone que las nuevas operaciones de
préstamo generan mayores rendimientos y, por supuesto, en el caso de aquellas que estaban a tipo variable y que se

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actualizan periódicamente, como es el caso de las hipotecas -insisto en que aproximadamente el 75 % de las hipotecas en España son a tipo variable-, esto mejora el margen de intereses del sector bancario. Nuestra estimación es que, aunque
se produjera -como es previsible- una ralentización del crédito en un contexto de tanta incertidumbre y de menor crecimiento económico, los ingresos brutos a corto plazo también mejorarían. Este es un primer aspecto.


Ahora bien, a este primer aspecto hay que contraponerle otros efectos que, en principio, van en la dirección contraria. El más importante es que, evidentemente, también los costes de financiación del sector bancario se ven afectados al
alza. De hecho, se han visto ya afectados al alza tanto los correspondientes a los instrumentos de deuda emitidos en los mercados financieros -el incremento ha sido significativo- como en los depósitos, aunque previsiblemente en menor medida.
Además, también cabría esperar que el volumen de los depósitos aumentara al aumentar la remuneración y también dado el entorno de incertidumbre. Este es un segundo aspecto que parcialmente podría contrapesar el primero que les he mencionado.


Pero, además, hay que tener en cuenta que el aumento de los tipos de interés -y yo creo que el señor Manso hacía referencia precisamente a este tercer aspecto que querría subrayar- también se traduce de manera inmediata en una revisión a la
baja de las valoraciones de los títulos de renta fija, pública y privada que las entidades tienen en sus balances. La traslación contable de este efecto de las menores valoraciones a la cuenta de resultados de los bancos depende en último término
de si están disponibles para la venta o no lo están, o de si las entidades pretenden mantenerlos en balance hasta su vencimiento, como conoce perfectamente el señor Manso, que es inspector de entidades de crédito del Banco de España. En este
sentido, hay que decir que, en las entidades españolas, menos de la mitad de esas tenencias de deuda estaban clasificadas como disponibles para la venta a finales de 2021.


Y, luego, el cuarto aspecto que más me gustaría subrayar para tener en cuenta en un horizonte temporal más amplio, nuevamente en dos o tres años, es cuándo se manifestarían, desde nuestro punto de vista, buena parte de los efectos negativos
sobre la capacidad de los hogares -que mencionaba también el señor Manso- y de las empresas para hacer frente a las obligaciones financieras que vienen asociadas, por un lado, al menor crecimiento económico y, por otro, al incremento de los tipos de
interés. Como consecuencia, las entidades tendrán que aumentar sus provisiones para precisamente hacer frente a estas potenciales pérdidas futuras.


¿Cuál es el impacto neto de estos cuatro canales? A corto plazo será probablemente positivo. Estamos viendo que en la presentación de resultados las entidades financieras están presentando en lo que va de año mayores rentabilidades que en
el pasado. Sin embargo, a medio plazo, dependiendo del incremento de los tipos de interés que acabe produciéndose y de la magnitud de la dimensión de la desaceleración económica, podrían ser incluso negativos. Por eso, desde el Banco de España
estamos lanzando un mensaje muy claro de prudencia a las entidades, en términos tanto de la distribución de beneficios -y, por tanto, de las perspectivas de acumulación de capital- como también de dotaciones de provisiones a tiempo, para tener en
cuenta ese escenario.


Me preguntaba específicamente el señor Manso si tenemos alguna estimación sobre cómo afecta a la vulnerabilidad de las empresas y, en particular, preguntaba sobre los hogares. Efectivamente, en una intervención reciente -a la que por
supuesto tiene acceso el señor Manso y todos los diputados- estimábamos que el incremento de los 300 puntos básicos que hemos observado en los tipos del euríbor -algo más de 300 puntos básicos ya desde finales del año pasado- aumentaría el
porcentaje de hogares que pueden considerarse vulnerables financieramente en alrededor de 4 puntos porcentuales, hasta situarlo aproximadamente en el 14 %, es decir, estamos hablando de efectos relevantes sin duda.


En cuanto al sector bancario, me han preguntado también sobre el impuesto sobre la banca. Aquí me van a permitir que les conteste posponiendo la contestación. Estoy dispuesto, por supuesto, presidenta, a venir a explicar esta cuestión, que
es muy relevante para el Banco España y para el sector bancario en general, en un momento posterior. ¿Por qué? Porque en este momento estamos discutiendo en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo una opinión que tiene que emitir
el Banco Central Europeo, como ocurre con cualquier iniciativa legislativa de cualquier país miembro que afecte a algunas de las responsabilidades que tiene el Banco Central Europeo. Como no puede ser de otra manera, simplemente déjenme decirles en
este momento -y esto es lo que he dicho ya en público en alguna otra ocasión cuando se me ha preguntado sobre esta cuestión- que la valoración del Banco Central Europeo se va a hacer sobre dos dimensiones esenciales, que son las que preocupan y
ocupan al Banco Central Europeo: en primer lugar, en qué medida el impuesto a la banca afecta a la transmisión de la política

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monetaria, que es la primera responsabilidad que tiene el Banco Central Europeo y, en segundo lugar, en qué medida el impuesto a la banca afecta a la solvencia del sector bancario, es decir, a la estabilidad financiera. Ese análisis es el
que determinará el resumen de la opinión. Sí he de decirles que en ocasiones precedentes -porque ya ha habido ocasiones precedentes con otros impuestos a la banca, aunque no eran exactamente el mismo que se ha propuesto en el caso español- esa
opinión ha transmitido en algunos aspectos elementos negativos sobre la posibilidad de que pudiera afectar o al mecanismo de transmisión de la política monetaria o a la solvencia del sector bancario. Eso en cuanto al sector bancario.


En relación con la política monetaria, es un debate interesante y les agradezco muchísimo que le hayan dedicado tiempo a esta cuestión, porque también me permite por primera vez en el Parlamento -quizá ya lo mencionamos en el mes de junio,
pero yo creo que no estábamos tan avanzados en el proceso de normalización monetaria- explicar realmente lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Es curioso también -permítanme que se lo diga- que al señor Bel le parezca que ya hemos actuado
tarde y, sin embargo, al señor Guijarro le parezca que hemos actuado de manera demasiado contundente, con lo cual supongo que a lo mejor eso quiere decir que no lo estamos haciendo mal. Efectivamente, yo he tratado de transmitir desde el principio
del proceso de normalización de la política monetaria que estamos llevando a cabo en el Banco Central Europeo que el caso europeo es distinto al americano. A esto hacía mención el señor Guijarro y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Este 50 %
que nosotros estimamos que está detrás del incremento de la inflación en el área del euro es mucho más bajo en el caso de Estados Unidos. Hay que decir que para Europa, y para el área del euro en su conjunto, esta es una perturbación negativa de
oferta, es un deterioro de la relación real de intercambio, porque somos importadores netos de energía, mientras que en el caso de Estados Unidos ocurre lo contrario. Además, también el efecto de los alimentos ha sido muy importante.


El origen de la perturbación tiene esencialmente factores de oferta, sin descartar que hay también factores de demanda, aunque estos factores de demanda han tenido mucho menor peso que en el caso de Estados Unidos, porque allí el impulso
fiscal durante la crisis fue muchísimo mayor, porque el mercado de trabajo está mucho más sobrecalentado y han tenido una perturbación de oferta negativa también sobre la oferta laboral. Esas transferencias sociales están provocando, entre otros
muchos aspectos, que la oferta laboral sea mucho más reducida, lo que está sobrecalentando el mercado de trabajo, siendo mucho más riguroso el incremento de los salarios en Estados Unidos que en el caso europeo. Todo esto es lo que determina que la
respuesta del Banco Central Europeo haya sido distinta y menos contundente -si me permiten la expresión- en comparación con lo que ha sucedido con la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.


Esto no quiere decir, sin embargo, que la respuesta del Banco Central Europeo ante ese tipo de perturbaciones sea nula, entre otras cosas, porque hemos visto que tanto la magnitud de la perturbación como la persistencia de la misma están
siendo inusitadas y se están trasladando progresivamente y cada vez más no solamente a ese componente energético, no solamente a ese componente de los alimentos, sino también a la inflación subyacente. Les ponía este ejemplo de que más del 40 % de
los bienes y servicios de la inflación subyacente ya tienen tasas de crecimiento superiores al 4 %. Y, evidentemente, también hay un componente de demanda, inferior al caso de Estados Unidos pero también hay un componente de demanda.


Hay que tener en cuenta también cuál era la posición inicial de la política monetaria. Recuerden ustedes diciembre y que hemos tenido activado hasta marzo el programa pandémico de compras netas de activos y hasta junio el programa de
compras de activos que teníamos activado incluso antes de la pandemia. Luego, ya con posterioridad, una vez que hemos culminado las compras netas, efectivamente hemos aumentado los tipos de interés 50 puntos básicos en julio y 75 puntos básicos en
el mes de septiembre. ¿Por qué? Básicamente -y esto es muy importante-, porque el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es un objetivo a medio plazo. Nosotros ni podemos ni queremos luchar contra la inflación a corto plazo porque, como
decía también el señor Guijarro, el proceso de transmisión de la política monetaria tiene un desfase de entre dos y tres años. Por eso, nuestro objetivo tiene que estar a medio plazo. Pero es que además la consideración de medio plazo es
particularmente importante ante las perturbaciones que estamos sufriendo. Como es un shock de oferta negativo, esto afecta negativamente al crecimiento económico pero positivamente a la inflación, de tal manera que a uno le surgen dudas sobre ese
menor crecimiento y cuánto va a corregir del incremento de la inflación que se produce en el primer momento. Lo que hemos ido viendo con posterioridad -esto explica, por tanto, que hayamos sido más lentos en la reacción de la política monetaria,
como subrayaba el señor Bel- es la persistencia de la

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misma, que se ha acabado concretando en unas proyecciones de inflación a medio plazo que han llegado incluso a superar el objetivo del 2 %, lo que nos ha ido moviendo hacia una respuesta más contundente de la política monetaria. Me
preguntaban también hasta cuándo va a continuar la política monetaria. Precisamente hasta alcanzar un nivel de los tipos de interés que permita garantizar la convergencia de la inflación hacia ese objetivo del 2 % a medio plazo que tiene marcado el
Banco Central Europeo.


El señor Guijarro me preguntaba también sobre qué va a pasar con el balance. De momento no hemos decidido nada sobre eso, pero mi posición personal es que, si incorporamos en el futuro una reducción del balance, hay que tener en cuenta cuál
es el tradeoff que existe entre esa reducción del balance y el movimiento de los tipos de interés, porque el grado de acomodación monetaria es la combinación de las dos cosas. En este momento no puedo ser más concreto, porque realmente no hemos
decidido nada sobre esa posibilidad de reducción del balance que otros bancos centrales -en particular, de nuevo la Reserva Federal- ya han iniciado.


Un aspecto muy importante al que hacían mención el señor Guijarro y también alguna otra persona -y esto me permite quizá hacer el puente hacia la política presupuestaria- tiene que ver con el grado de coordinación entre la política monetaria
y la política fiscal en este contexto. Esto es muy importante, porque espero que sea alto el grado de coordinación en este caso pero tiene que ser completamente distinto del que vivimos durante la pandemia. En este caso, la coordinación va a ser
más compleja. ¿Por qué? Porque en el caso de la pandemia todas las políticas económicas iban en la misma dirección. El Banco Central Europeo introduce su programa pandémico precisamente para garantizar a los hogares, a las empresas y al sector
público unas condiciones de financiación muy holgadas que permitan al sector público desarrollar una política presupuestaria de garantía de rentas de los hogares y de las empresas no financieras, de tal manera que el grado de coordinación, la
orientación de las dos políticas, iba en la misma dirección. La buena coordinación implícita entre estas dos políticas es lo que verdaderamente ha permitido que las políticas económicas hayan logrado en buena medida en el área del euro, pero
también en otras muchas jurisdicciones, que los daños estructurales de la crisis de la pandemia hayan sido reducidos. Estamos ahora mismo, evidentemente, en un contexto completamente distinto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un episodio
inflacionista y esto requiere, como acabo de justificar, una normalización de la política monetaria y, por supuesto, también requiere que la política fiscal se acomode precisamente al propio episodio inflacionista. Por eso, este es uno de los
puntos más importantes que he tratado de trasladar en la presentación de hoy: que la política fiscal ya no puede ser un impulso fiscal generalizado. Eso lo único que haría es aumentar las presiones inflacionistas, que obligarían en último término
a una reacción todavía más abrupta de la política monetaria. Es decir, estaríamos ante el típico contexto de descoordinación completa de la política monetaria y la política fiscal que podría llevar a resultados muy negativos para el crecimiento
económico del área del euro. Por eso es tan importante que la política fiscal apoye, en este caso, a los más vulnerables y lo haga de una manera temporal, sin un impulso fiscal generalizado. De hecho, yo me he atrevido a decir hoy en la
presentación que uno podría incluso justificar que la política fiscal, sin tener en cuenta los fondos europeos, no fuera solo neutral, sino incluso ligeramente restrictiva para poder ir ya reduciendo el elevado déficit público estructural que tiene
la economía española, porque el uso de los fondos europeos -como consecuencia del poder que tienen porque la magnitud de los fondos europeos es muy importante- permitiría atenuar el efecto negativo que ese impulso fiscal-contractivo pudiera tener
sobre el crecimiento económico, podríamos tener en conjunto una política fiscal expansiva y podríamos, por tanto, tener un impacto macroeconómico positivo, pero al mismo tiempo podría ser que esto fuera compatible con una reducción del déficit
público estructural. De nuevo -lo decía el señor Guijarro y yo lo subrayo-, la coordinación -en este caso en el sentido que yo le estoy dando o por lo menos es mi opinión, por supuesto- tiene que ser con esta intención.


Se me han hecho otras preguntas sobre política fiscal que paso a tratar de contestar. El señor Bel me preguntaba cómo es posible que el Banco de España proyecte que el crecimiento económico del año que viene va a ser más bajo en el
escenario central que el que está en el cuadro macroeconómico que soporta los presupuestos y, sin embargo, el déficit público que está incorporado en los presupuestos es factible. Esto exactamente, señor Bel, ocurrió el año pasado y no nos hemos
equivocado tampoco en este caso. Esto tiene que ver de nuevo con la importancia que tiene el punto de partida en la valoración de los presupuestos, es decir, el año 2022. En el año 2022 nosotros pensamos -podemos estar equivocados y al final,
evidentemente, la realidad nos dará o quitará la razón- que, dada la evolución que ya conocemos de los ingresos públicos hasta el mes de septiembre, el déficit público que está incorporado en los

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presupuestos va a ser más bajo, va a ser superado a la baja, y, evidentemente, esto tiene un carry-over, un efecto, hacia el año siguiente, que es lo que hace factible que, a pesar de que nosotros pronostiquemos un menor crecimiento
económico, las previsiones de ingresos del año 2023 nos parezcan factibles; de tal manera que en último término ese menor crecimiento económico se ve compensado por esa mejor evolución económica de los ingresos públicos, en particular, del año 2022
e, incluso, de posibles desviaciones -ya que nosotros vemos que hay algunos riesgos de desviación al alza- en algunas partidas de gasto público. Esa es la explicación. Es exactamente la misma explicación, con otros matices por supuesto, porque
llegamos a la misma conclusión el año pasado por estas fechas en los presupuestos para el año 2022.


Me han pedido aclaraciones sobre el déficit estructural, el gasto estructural y los residuos de los ingresos públicos. Déjenme que en esta ocasión lo explique de una manera quizás más sencilla que en la primera intervención. En primer
lugar, esta valoración que estamos haciendo, que es la primera vez que comparto en el Parlamento -aunque en el informe anual del Banco de España ya se hacía un análisis muy preliminar sobre esta cuestión-, expone que la dinámica de los ingresos
públicos, lo sabemos todos, está siendo muy boyante. Cuando en el Banco de España analizamos qué está detrás de esta evolución, de esta dinámica, no somos capaces de explicar toda la evolución de ese dinamismo ni por la economía real ni por la
dinámica de los precios. En nuestras ecuaciones, dadas las elasticidades habituales que utilizamos de respuesta de los ingresos a la actividad económica, nos salen unos residuos positivos, son sorpresas en los ingresos. No sabemos cuál es el
origen. Si lo supiéramos, sería un factor determinante en las ecuaciones. En los episodios históricos en los que esto ha pasado en la economía española en particular -y de nuevo me remito al ejemplo del boom inmobiliario previo a la crisis
financiera internacional-, en los que también se produjeron ingresos impositivos muy boyantes durante mucho tiempo, una vez que se inició la crisis financiera internacional, esos ingresos desaparecieron de una manera muy rápida, muy abrupta y en muy
poco tiempo. De tal manera que una parte significativa del deterioro del déficit público del año 2007 y del año 2008 en la economía española se debe a la desaparición de ese componente -digamos transitorio- de los ingresos asociados al boom
inmobiliario. No estoy diciendo que esto es lo que vaya a suceder. Realmente no sabemos si esto va a suceder; puede suceder y, de hecho, en el plan presupuestario se defiende de alguna manera que podría estar produciéndose un incremento de la
economía sumergida. Esta es una posibilidad, de tal manera que ese incremento de los ingresos pudiera tener un componente estructural. En cualquier caso, el mensaje que yo les intento trasladar es que, dado el desconocimiento que tenemos sobre el
origen y, por tanto, sobre el grado de temporalidad o permanencia de esos ingresos, lo prudente sería que esos ingresos no contribuyesen a aumentar el gasto estructural, que no contribuyesen a un incremento no observado, porque los ingresos están,
evidentemente, pero a un potencial incremento del déficit estructural futuro, en el caso de que pudieran desaparecer. En este sentido, permítanme que añada esta cuestión, el déficit público estructural estimado en el plan presupuestario está en el
entorno del 3,5 %, el 3,4 % más concretamente, que es más o menos el mismo déficit estructural que se estimaba antes de la pandemia. Eso quiere decir que en ese déficit estructural están esos ingresos, con lo cual de alguna manera implícitamente
podría querer decir -con todos los KBA que hay que introducir como consecuencia de que las estimaciones del déficit estructural es una variable no observable, son muy difíciles de estimar siempre y, en particular, cuando estamos sometidos a
perturbaciones de oferta, como la que estamos en este momento- que, efectivamente, ese riesgo que acabo de señalar de que una parte podría estar financiando incremento estructural podría estar produciéndose. Y, por eso, me parecía que era un
mensaje importante que había que trasladar a esta Cámara.


Relaciono esto con algo que preguntaba la señora Rodríguez y que, efectivamente, no he comentado en la introducción inicial, que tiene que ver con que la Unión Europea ha efectuado una recomendación a España de limitar el aumento del gasto
primario corriente -déjenme que lo lea todo, porque los matices importan- a nivel nacional por debajo de un determinado umbral definido acorde al crecimiento a medio plazo del producto potencial en términos nominales, una vez descontado el impacto
de las medidas temporales de apoyo a los hogares y de empresas más vulnerables frente al alza de precios energéticos, así como de aquellas destinadas a refugiados de la guerra en Ucrania. Evidentemente, esta es la principal recomendación de las
autoridades europeas a España en relación con la elaboración de este presupuesto. Ustedes podrían preguntarse por qué no he hecho una mención inicial, pero es que en el documento que les he enviado sí se hace mención a esta cuestión. La realidad
es que a día de hoy nosotros, el Banco de España, no sabemos los parámetros básicos sobre los que se va a

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efectuar esta valoración. Déjenme que les ponga un ejemplo muy concreto. Al final, de lo que estamos hablando es de que el incremento del gasto corriente primario del año que viene no supere el PIB potencial nominal. No sabemos, a día de
hoy, cuál va a ser el deflactor del PIB que va a utilizar la Comisión Europea para juzgar si se cumple o no esa referencia. Y aquí caben dos posibilidades -caben muchas, pero déjenme que, al menos, las colapse a dos posibilidades-, una, que sea el
ancla del Banco Central Europeo, 2 %, que sumado a un PIB potencial real en el entorno del 1 % daría una referencia en torno al 3 %, o una posibilidad es que sea el deflactor nominal previsto para el año que viene, que es evidentemente mucho más
alto. Sumado al PIB potencial, la referencia podría entonces pasar del 3 % a cerca del 5 %. En el plan presupuestario se hace específicamente una valoración de esta cuestión, una valoración del propio Gobierno, en la que se argumenta que, de
acuerdo con esta referencia y con los detalles que conoce el Gobierno sobre las distintas partidas de gasto corriente primario, se cumpliría. Nosotros en el Banco de España no somos capaces de efectuar esa valoración, y por eso no he incidido sobre
esta cuestión. Sí me gustaría transmitirles -y esto también se hace en el documento- que el cumplimiento de esta regla en un contexto en el que las pensiones se indician con la inflación, hace que el resto de partidas, para poder cumplir con ese 5
% y todavía más, evidentemente, si la referencia fuera cercana al 3 %, tienen que ser muy restrictivas. Esto se refleja en el documento que les he presentado con un sencillo ejemplo. Esto también es importante para la valoración que haga esta
Cámara sobre los presupuestos.


Me preguntaba la señora Sagastizabal por el escenario 2. Mi valoración la he hecho esencialmente sobre el escenario 1 porque entiendo -es nuestra lectura de la combinación del borrador de presupuestos con el plan presupuestario- que es en
el que todo es compatible, mientras que no tenemos el detalle suficiente para valorar el escenario 2. Por tanto, me he remitido esencialmente -y lo verán en el documento, que está explícito- al escenario 1. El escenario 2 es un escenario en el que
parece que ese argumento que yo acabo de subrayar en varias ocasiones de que los ingresos están siendo muy boyantes efectivamente se va a concretar y, en paralelo, se asume que el crecimiento económico podría ser más bajo porque algunos de los
riesgos que nosotros estamos incorporando al escenario central -que no el cuadro macroeconómico de los presupuestos- se podrían materializar. El neto de todo eso es que esos ingresos podrían ser utilizados para extender las medidas que se han
aprobado hasta este momento y el resultado final de todo eso, de acuerdo con ese escenario 2, es que el déficit público sería el mismo. A mí me resulta muy difícil -por no decir imposible- valorar la veracidad de esa afirmación sin conocer los
detalles de lo que se va a extender, qué es lo que no se va a extender, cuál es el cuadro macroeconómico alternativo en ese escenario 2 frente al escenario 1... Por eso me he limitado, en mi valoración, al escenario 1.


Me preguntan de nuevo -y esto no es novedoso- por la indización de las pensiones; ha hecho mucho énfasis la señora Muñoz sobre esta cuestión. Y, evidentemente, aquí no tengo una valoración distinta a la que tenía hace unos meses. El señor
Bel ha enfatizado mucho en que, efectivamente, nosotros seguimos pensando que sigue habiendo una especie de pacto de rentas implícito en la economía, porque la caída de los salarios reales es muy significativa y los márgenes también están
comportándose de una manera moderada. Pero al mismo tiempo les he dado la idea también de que hay algunas señales de agotamiento de este pacto implícito. En primer lugar, porque las cláusulas de salvaguarda han aumentado del 17 al 25 % en los
convenios vigentes para este año y casi el 50 % para los vigentes para el año 2023, aunque esa información es, por supuesto, mucho más incompleta que la que tenemos para el año 2022. Y el mero hecho de que estamos viendo que la traslación de la
energía a la inflación subyacente está siendo rápida en esta ocasión también nos hace pensar que el margen que tienen las empresas para utilizar los márgenes empresariales como colchón es cada vez menor. Por tanto, con la propia persistencia de la
inflación aumenta la probabilidad de que se produzcan esos efectos de segunda ronda. Por eso la importancia de un pacto de rentas. Para nosotros, en el Banco de España, el argumento de que la perturbación que estamos sufriendo es un deterioro de
la relación real de intercambio, de un bien que necesitamos para consumir o para producir pero que no tenemos y que necesitamos importar -y eso es una relación real de intercambio- significa que hay una pérdida de bienestar sí o sí, y lo único que
podemos hacer es repartir el coste. Por eso para nosotros el concepto de pacto de rentas es cómo se reparte ese coste. Una posibilidad es repartirlo solo dentro del sector privado, entre trabajadores y empresarios, con un pacto de rentas que
distribuya ese coste de la manera que se considere más adecuada. Nosotros pensamos que sería un mensaje mucho más potente precisamente de desindexación de la economía en un contexto de inflación muy elevada el hecho de que también cubriera al
sector

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público, incluidas las pensiones. En este caso se puede hacer compatible perfectamente cubrir a los más vulnerables, algo que estamos defendiendo también desde el Banco de España porque sabemos que el episodio inflacionista está siendo
particularmente dañino para los más vulnerables, con que, por ejemplo, las pensiones mínimas se indicien pero quizás no el resto. Esa es la visión del Banco de España. Lo cual es una discusión -me van a permitir que lo subraye otra vez, y lo he
hecho varias veces en esta Cámara- completamente distinta a si de manera estructural o no las pensiones deben indiciarse o no con la inflación. Este Parlamento ha decidido que se indicien con la inflación, y ahí la perspectiva del Banco de España
simplemente señala -simplemente pero que creo que es un punto muy importante- que efectivamente eso tiene un coste en términos de incremento a futuro del gasto público, que se estima en aproximadamente un punto porcentual en cada una de las tres
décadas, es decir, aproximadamente en tres puntos porcentuales. Por tanto, hay que tomar medidas compensatorias por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos, de acuerdo con la voluntad de esta Cámara, para compensar ese incremento si
queremos garantizar la sostenibilidad del sistema, como entiendo que es el objetivo de todos. Pero esa es una discusión distinta de la coyuntural del pacto de rentas. Déjenme que lo vuelva a enfatizar porque son dos cuestiones distintas.


Me he dejado una cuestión sobre la política monetaria que tiene que ver con el TPI, el famoso TPI por el que me han preguntado varios de ustedes. Efectivamente, en primer lugar, no hay una inconsistencia, señor Manso, con lo que hemos hecho
en el pasado. El Banco Central Europeo en distintos momentos de los últimos años, como acción de política monetaria para luchar en contextos deflacionarios, ha actuado por supuesto como otros bancos centrales cuando llegaba al límite inferior
efectivo de los tipos de interés, adoptando otros instrumentos como la forward guidance y también la compra neta de activos. Y creemos que esto ha sido muy importante -en particular durante la pandemia, pero incluso antes aunque sobre todo durante
la pandemia- para precisamente, como les acabo de subrayar antes, que no se produjera un crecimiento mucho más reducido del que se produjo o incluso un episodio deflacionario significativo. Eran compras de activos que afectaban a todas las
jurisdicciones al mismo tiempo. Ahora estamos en un contexto distinto, estamos en un proceso de normalización de la política monetaria, en un contexto muy incierto con tensiones financieras. Una preocupación del Banco Central Europeo, porque
tuvimos episodios similares en la crisis financiera internacional pasada, es que se pudieran producir episodios de fragmentación financiera. Episodios de fragmentación financiera significan que la transmisión de la política monetaria, que es única,
sin embargo afecte de manera distinta a los distintos países. La importancia del TPI es la convicción dentro del Banco Central Europeo de que no vamos a permitir que se produzca esa fragmentación, que la transmisión de la política monetaria sea
homogénea es responsabilidad también del Banco Central Europeo. Y ahora entramos, si quieren, en los detalles. Primero, a qué llamamos fragmentación. Estamos hablando de incrementos no justificados por los fundamentales de los exprés, por
ejemplo. Luego, que antes de proceder a comprar -en el caso que se produzca el incremento del exprés en una jurisdicción determinada-, que haya una serie de criterios de elegibilidad que he detallado en mi intervención y que son relevantes y que
serán juzgados en su caso por el consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Pero es muy importante este instrumento y creo que es un gran logro del Banco Central Europeo.


Luego ya por último -porque seguro, presidenta, que me estoy extendiendo excesivamente-, me han hecho otro tipo de cuestiones, algunas realmente difíciles de contestar. Siempre les digo -lo he repetido en muchas ocasiones- que yo creo que
los economistas -lo decía también el señor Manso al principio- tenemos que empezar a acostumbrarnos a no hacer nuestra aquella famosa frase de: No lo sé. Me han preguntado ustedes por el impacto del crecimiento potencial de la crisis, de las
reformas estructurales... Por ejemplo, subrayaba el señor Bel, si esto que está pasando, este desacoplamiento entre empleo y actividad económica, entre empleo y PIB, significa que tenemos incluso un problema de productividad todavía mayor al que
teníamos con anterioridad. Sinceramente, creo que es muy pronto para analizar con detalle cuáles son los cambios estructurales que esta crisis -primero la crisis de la pandemia y ahora la crisis energética- va a generar sobre el crecimiento
potencial de las economías. También creo que es muy pronto -esto lo subrayé mucho cuando presenté el informe anual del Banco de España, en el que se relataban todas las reformas que se habían aplicado en los últimos años- para hacer una valoración
verdaderamente buena sobre cuánto están cambiando esas reformas estructurales, por ejemplo en el caso del mercado de trabajo, los patrones de modelo de esta economía. Vamos a necesitar más tiempo y me van a permitir que les pida más tiempo antes de
dar una respuesta a esta cuestión, que es absolutamente fundamental.

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Solamente déjenme decirles, porque creo que es importante, que los economistas si acaso hemos cometido algún error en el pasado a la hora de valorar en tiempo real los distintos acontecimientos que suceden, es que tratamos de trasladar a las
tendencias las cosas que a veces son puramente cíclicas. Y, por tanto, a veces enfatizamos que todo lo que viene acaba repercutiendo en cambios estructurales de la economía cuando luego realmente no son tan tales cambios estructurales, pero esto no
deja de ser una opinión que no contesta en absoluto a su pregunta.


Perdone, una última cuestión, presidenta, si me deja. Me han preguntado -esto no puedo dejar de mencionarlo y explícitamente ha hecho mención a ello también el señor Manso- sobre los beneficios del Banco de España. Efectivamente, como se
le trasladó al Tesoro en su momento, dado el balance que tiene el Banco Central Europeo, el Banco de España y, en este caso, todos los bancos centrales nacionales del eurosistema, es mucho más sensible el pasivo que el activo a los incrementos de
los tipos de interés. Por tanto, es de esperar que en los próximos años, de manera concreta el año que viene, el Banco de España no tenga beneficios y, por tanto, no pueda realizar la transferencia periódica de esos beneficios que realiza al
Tesoro, que ha estado alrededor de 0,2 puntos porcentuales del PIB en los últimos años. No quería dejar de contestar a esta pregunta porque afecta al Banco y, por supuesto, afecta también a las cuentas públicas.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus respuestas y sus reflexiones. Seguro que todos los grupos parlamentarios han quedado relativamente satisfechos.


Suspendemos la sesión. Volvemos a las tres.


Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (GUALDA ROMERO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002470), PLURAL (Número de expediente 212/002550), VOX (Número de expediente
212/002427), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002753), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002629).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, diputados y diputadas. Reanudamos esta sesión de comparecencias de la Comisión de Presupuestos dando la bienvenida, en este caso, a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña María José
Gualda Romero, a la que voy a ceder la palabra para que haga la exposición que estime pertinente. Bienvenida.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Gualda Romero): Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y todas. (Apoya su intervención en una presentación digital).


Hoy traemos a esta Comisión de Presupuestos el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que ya el pasado 6 de octubre inició su tramitación con su presentación en el Congreso de los Diputados.


El objetivo principal de los presupuestos generales del Estado para 2023 que acabamos de presentar es, lógicamente, ayudar a la sociedad española a transitar en esta compleja situación derivada de la invasión rusa en Ucrania. Como todos
conocen, es un contexto volátil, plagado de incertidumbre, que obliga a desarrollar políticas presupuestarias prudentes, realistas y, sobre todo, en una doble perspectiva: la búsqueda de la justicia social y de la eficiencia económica basada en un
patrón de crecimiento más robusto, más innovador, resiliente y sostenible. Por ello, en este contexto, traemos unos presupuestos para el 2023 que tienen como objetivo prioritario seguir protegiendo a la mayoría social frente a la crisis originada
por el conflicto bélico, garantizando un robusto sistema de bienestar social, de protección social, impulsando la modernización y la transformación de la economía, la generación de empleo estable y de calidad y, obviamente, manteniendo de manera
simultánea el compromiso con nuestra responsabilidad fiscal.


Señorías, las cuentas públicas que hoy traemos fortalecen el Estado del bienestar, entendido este no solo como la red de protección que permita a toda la ciudadanía disfrutar de unos servicios públicos de calidad, vivan donde vivan y tengan
la renta que tengan, sino que además es importante resaltar que los

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servicios públicos no solo son parte importante del dinamismo económico y motor de empleo y de innovación, sino que actúan como un potente factor de renta indirecta para los hogares, contribuyendo así a que las economías domésticas dispongan
de mayor margen que en otros momentos en los que, si no tuvieran un Estado de bienestar completo y de calidad tendrían que utilizar sus propios recursos.


Como saben, el pasado año 2021 se caracterizó por una robusta recuperación económica al superar la pandemia del COVID-19. El conjunto de medidas que adoptó el Gobierno, además de la política económica y social implementada con carácter
general, permitieron proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias durante la fase más aguda de la crisis. A finales de 2021 la economía española ya había logrado recuperar los niveles pre-COVID de inversión y de empleo.
Los hogares y las sociedades no financieras, prácticamente en su totalidad, alcanzaron niveles de renta bruta disponible previos a la pandemia, si bien en el presente ejercicio 2022 esta recuperación y este crecimiento se han visto alterados por la
invasión de Ucrania, hecho que ha modificado sustancialmente en todo el mundo el contexto geopolítico, económico, mundial y, sobre todo, de Europa.


Como es conocido, el conflicto bélico ha tenido un gran impacto en las perspectivas económicas de la Unión Europea en su conjunto, traduciéndose en un menor crecimiento económico, así como en un incremento de la inflación y de la
incertidumbre. Todos conocemos que en España las repercusiones han producido grave deterioro en nuestra economía, con un aumento sin precedentes de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos. Por todo ello, el Gobierno
empezó a realizar desde marzo el Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, tomando determinadas decisiones a través de determinados reales decretos leyes en marzo, en junio y en agosto. Es
necesario recalcar que la economía española se enfrenta a esta incertidumbre con una posición sólida, de manera que el patrón de recuperación es muy distinto al que hemos tenido en crisis anteriores. Los pilares sobre los que se sustenta nuestra
economía son más sólidos y son más robustos. El propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a seguir teniendo un impacto fundamental en el impulso del crecimiento de la economía española mediante la puesta en marcha de inversiones
y reformas que el propio plan tiene contemplado y que provocan un gran impacto macroeconómico muy significativo, tanto a corto plazo, a través del apoyo a la inversión privada y a la inversión pública, como a largo plazo, debido al carácter
transformador del propio plan, así como el aumento del crecimiento potencial y la productividad de nuestro país.


Por otro lado, en relación con el presupuesto 2023, tengo que volver a repasar los informes transversales, esa visión cualitativa que presenta el mismo desde diversas perspectivas. Sobre todo, este año destacaremos que a los informes de
impacto de género, al informe de impacto en la infancia y en la adolescencia y la familia, al informe sobre la juventud y las medidas adoptadas y al informe de reto demográfico y lucha contra la despoblación unimos el informe de transición
ecológica. Es el primer año, el año 2023, en que el presupuesto va a tener un informe de cómo está alineado con respecto a la transición ecológica, cómo contribuyen los programas de gasto del presupuesto de 2023 al logro de los objetivos
medioambientales asumidos por nuestro país. Como podrán observar de forma digital -también está publicado en la web-, más del 30 % del gasto computable contribuye de forma muy positiva al cambio climático y lo hace con un monto superior a 33 270
millones de euros.


El presupuesto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Como conocen, el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 están sustentados bajo el principio de no dejar a nadie atrás, y para cumplir estos compromisos es necesario
alinear el ciclo presupuestario. Pueden observar cómo el presupuesto concluye que prácticamente todas las políticas presupuestarias están alineadas al menos con dos objetivos de desarrollo sostenible. El informe de impacto de género pone de
relieve cómo más del 98 % de los programas presupuestarios presentan sensibilidad a la igualdad de género. El informe de impacto de infancia, adolescencia y familia pone de manifiesto cómo 109 programas que son relevantes para estos colectivos
influyen de forma directa o indirecta en el cuidado y la protección de los mismos.


Por último, también pueden observar cómo estos presupuestos de 2023 ponen especial atención en la problemática del reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Asimismo, como ocurrió ya en las cuentas de 2022, estos presupuestos
ponen a la juventud en el centro y adquieren un nuevo papel primordial. Podrán ver cómo los presupuestos dedican un 13 % más de recursos públicos, alcanzando 12 741 millones de euros destinados a la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes
para garantizar su visión de futuro.


En conclusión, señorías, estas cuentas públicas están destinadas a mitigar los efectos del conflicto de la guerra de Ucrania desde un triple objetivo, consistente en proporcionar ayuda a los sectores productivos

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que pueden verse más afectados por la subida de los precios energéticos, a los colectivos más vulnerables, a los que hay que continuar protegiendo, como ya se hizo durante la pandemia, y también a las clases medias y trabajadoras, puesto que
son quienes sustentan el esfuerzo del Estado de bienestar. Todo ello lo haremos en un contexto de responsabilidad fiscal y manteniendo la cláusula de salvaguarda.


Como conocen, en el año 2020 la política fiscal ha estado condicionada por la situación de emergencia extraordinaria de la pandemia y el impacto de esa crisis fue especialmente intenso. Para ello, la Unión Europea respaldó estas iniciativas
de dotación de recursos para atender el azote de la pandemia y, además, participó de forma activa con una respuesta fiscal, poniendo un gran número de recursos, como los hoy utilizados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y
también activando la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula de salvaguardia se activó en 2020, prorrogándose para los ejercicios 21 y 22, si bien en la comunicación del 2 junio de 2021 la Comisión
Europea pretendía reactivar las reglas fiscales en el año 2023. No obstante, ante las apreciaciones que se han realizado y cómo ha afectado a la economía la guerra de Ucrania, nuevamente, el 23 de mayo, la Comisión Europea comunicó la extensión de
la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para todo el año 2023, encontrando su justificación en las distintas vías a través de las cuales la guerra, lógicamente, estaba afectando a la economía europea: aumentaba la
incertidumbre, perturbaba las cadenas de suministro, endurecía las condiciones de financiación y, de manera primordial, provocaba una subida inexplicable de precios a la energía.


Por lo tanto, con esta cláusula de salvaguardia el ciclo presupuestario para 2023 comenzó con la necesidad de asegurar que la necesaria flexibilidad en las cuentas públicas estaba basada en este mantenimiento de la recuperación y el
crecimiento que permitía la activación para el año 2023 de la cláusula de escape en la normativa nacional. Por todo ello, el 26 de julio el Consejo de Ministros procedió a solicitar al Congreso de los Diputados la apreciación prevista en los
artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dicho acuerdo de apreciación fue ratificado en esta Cámara el 22 de septiembre.


Pues bien, que esté presente esa cláusula de salvaguardia no quiere decir que el Gobierno no tenga un absoluto compromiso con la estabilidad presupuestaria, compromiso que ha garantizado y que pone de manifiesto en el programa de estabilidad
que fue remitido a Bruselas el 30 de abril para el periodo 2002-2025, compromiso que respalda la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Esta estrategia fiscal que se comunicó a la Comisión Europea tiene como objetivo profundizar en el proceso
de recuperación justa de la crisis derivada de la pandemia, así como amortiguar las consecuencia del shock geopolítico que ha supuesto la guerra de Ucrania y, de manera simultánea, avanzar en el proceso de modernización y transformación de nuestra
economía, haciéndola más sólida, más inclusiva, más resiliente y más capacitada para afrontar futuros desafíos. Por ello, el compromiso que adquirimos con la Comisión Europea en el año 2025 es que el déficit público quedará por debajo del 3 % y la
deuda pública por debajo del 110 %, dando así cumplimiento de responsabilidad fiscal y de justicia social.


En este contexto, también les informo de que se plantea reducir el déficit en el año 2022 hasta el 5 %, y en el año 2023 al 3,9 %, siendo la senda de tasa de referencia de un 3,3 % en 2024 y de un 2,9 % en el año 2025, como les decía, por
debajo del déficit excesivo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta senda fiscal se ha elaborado en línea con las recomendaciones que las autoridades europeas han formalizado para España en lo que respecta al mantenimiento de
medidas temporales y específicas que consoliden la recuperación económica y apoyen a los hogares y a las empresas más expuestos ante la crisis energética. Además, en paralelo, permiten alcanzar de manera gradual niveles de déficit en línea con lo
dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, compatibles con la sostenibilidad de la deuda pública y fomentando también una transformación hacia una economía más verde, más digital, más resiliente y más inclusiva.


También podrán observar que la reducción del déficit que se ha producido como un compromiso absoluto con la responsabilidad fiscal desde la pandemia en el año 2020 hasta los resultados que pretendemos obtener en el año 2023 es de un 3,9 %.
Esto dará una reducción del déficit de más del 60 %. Este déficit que compromete la Administración central dentro de ese 3,9 % para los presupuestos de 2023 incluye transferencias a la Seguridad Social por importe de 19 888 millones, cumpliendo con
lo recogido en el Pacto de Toledo, transferencias que vienen a dar sostenibilidad y estabilidad a las cuentas de la Seguridad Social. Asimismo, transferencias equilibradoras a las entidades locales, porque seguimos con la compensación por la
liquidación negativa del año 2020, que en entidades locales se hace en tres años.

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Es conveniente también recordar el compromiso de estabilidad presupuestaria, que ya fue acreditado, pasando del 10,1 al 6,9 % del año 2020 al año 2021.


Señorías, a diferencia de crisis anteriores, esta disminución del déficit no se ha producido mediante recortes de servicios públicos esenciales, sino que, por el contrario, obedece al crecimiento económico y a la creación de empleo, siendo a
su vez perfectamente compatible con la política del Gobierno de impulsar el Estado del bienestar y fortalecer a la clase media y trabajadora. En este contexto y con esta tasa de referencia, llevamos a cabo la autorización del límite de gasto no
financiero como paso previo para la elaboración de los presupuestos 2023. Como recordarán, el Consejo de Ministros de 26 de julio aprobó el límite de gasto no financiero para el año 2023 utilizando esta tasa de referencia y en una cifra que voy a
dividir en dos techos de gasto. Como ya es habitual, desde que tenemos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ponemos el límite de gasto no financiero nacional, que para el año 2023 se establece en 173 065 millones de euros, un 1,9 %
superior al de 2022, y que, aumentado con la parte de 25 156 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hacen un límite de gasto no financiero para el año 2023 de 198 221 millones de euros, que es un 1,1 % superior al
del año 2022.


Pues bien, los presupuestos de 2023, señorías, han contado con un aumento de los ingresos no financieros, que han dado lugar también a este límite de gasto no financiero. Este incremento de ingresos no financieros se sitúa en un 6 %,
pasando de 290 000 a 307 445. Si bien todos estos detalles de los ingresos no financieros tendrán la oportunidad de verlos con mucho más detalle cuando comparezca en esta misma sala el secretario de Estado de Hacienda, que creo que viene mañana, si
no me equivoco.


A continuación, pasaré a detallarles cómo influye y cómo se está ejecutando el plan de recuperación que forma parte de estos presupuestos 2023 y que formaron parte de los de 2021 y 2022. Un año más los presupuestos generales del Estado son
el instrumento de canalización de la planificación de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, la economía española afronta esta crisis dotada también con estos recursos.


Por lo que respecta a su ejecución, el acumulado de 2021 y 2022 -que, como conocen, son los dos años en que ya se presupuestó en anualidades muy similares el plan de recuperación-, según los datos actuales, a finales de septiembre tiene
ejecutado en fase de autorización 43 686 millones de euros; en fase de compromiso, 37 213 millones, y obligaciones reconocidas, 32 989 millones de euros. Como pueden observar en el gráfico que está en la presentación, la velocidad de crucero que
tiene la ejecución en el año 2022 es tremendamente importante y supera los datos con los que fuimos evolucionando en el año 2021.


Es obvio que el año 2021 fue un año donde principalmente el plan de recuperación puso su impulso en la reforma y en el marco regulatorio, y la ejecución se lleva a cabo en el gasto tanto en 2022 como en el ejercicio 2023. Asimismo, en el
marco de la cogobernanza de este plan, el dato acumulado hasta septiembre de los fondos distribuidos a las comunidades autónomas supera los 18 920 millones de euros: 14 745 millones a través de conferencias sectoriales y 4176 millones que se han
distribuido como subvenciones o convenios. Como les decía, los esfuerzos del plan de recuperación en los años 2020 y 2021 se centraron principalmente en las reformas. Aquí adquieren gran importancia reformas como la Ley de Creación y Crecimiento
de las Empresas, la reforma laboral o la reforma de las pensiones. Podrán tener detalle preciso de la ejecución y de los componentes que configuran el plan de recuperación dentro del presupuesto 2023 cuando comparezca en esta Cámara la secretaria
general de Fondos Europeos, que lo hará también próximamente. No obstante, yo quisiera aprovechar este momento para invitarles a que vean con detalle el libro de los presupuestos -que ya es el segundo año consecutivo-, donde detallamos en el
presupuesto de 2023 el plan de recuperación con absoluta transparencia y trazabilidad y donde pueden ver todos los recursos destinados a cada componente, a cada inversión, dentro de la sección presupuestaria o ministerio que tiene la responsabilidad
de su ejecución, así como cuando van transferidos a comunidades autónomas o a entidades locales.


A continuación, pasaremos a detallar ya el presupuesto de 2023 desde el punto de vista de la clasificación económica. Aquí pueden observar cómo el presupuesto nacional adquiere un total de gasto no financiero de 223 055 millones de euros, y
el presupuesto correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 25 156. En consecuencia, el gasto no financiero del total del presupuesto del Estado adquiere la cuantía de 248 211 millones de euros. Es importante destacar que
el gasto no financiero de los PGE 2023 crece un 2,7 %, si bien la inversión productiva se incrementa un 7,2 % y el gasto corriente el 1,8 %. Si miramos el esfuerzo que representa el presupuesto de carácter nacional, se observa cómo el presupuesto
de gastos no financieros se incrementa en un 3,6 % -de carácter nacional-, destacando

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el fuerte incremento en la parte de operaciones de capital, que alcanzan un 23 % de incremento, y se mantiene el incremento de las operaciones corrientes en un 1,8 %. Todo ello en consonancia con la recomendación de la Comisión Europea, que
nos pedía tener una contención en el gasto corriente y, asimismo, una dedicación de esfuerzo a la inversión productiva.


Señorías, a continuación me gustaría detallarles todo lo que es el presupuesto pero desde la perspectiva de las políticas públicas, siendo las políticas públicas, como no puede ser de otra forma, las que dan lugar a la atención a la
ciudadanía en las necesidades que en cada caso precisa. Una vez más, el Gobierno ha reforzado el peso del gasto social. En los Presupuesto Generales para 2023 proteger a las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más afectados por la
escalada de precios ha sido el objetivo fundamental de los mismos. Por lo tanto, la parte de gasto social representa un 58,5 % de los presupuestos generales nacionales. Su cuantía, excluyendo el gasto por desempleo, se ha visto incrementada en un
12,6 %. En primer lugar, me gustaría destacar, dentro de las cuentas públicas y mirándolo desde la perspectiva de políticas públicas, el incremento y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas y no contributivas, ya que
las pensiones abonadas por el sistema de Seguridad Social y las de clases pasivas experimentarán un incremento porcentual igual al valor medio de la tasa de variación interanual, expresadas en tanto por ciento del índice de precios al consumo de los
doce meses previos a diciembre de 2022, lo que viene siendo igual, si me lo permiten, a que las pensiones estén totalmente indexadas al precio del coste de la vida. En términos globales, la dotación del sistema de pensiones se incrementa en 19 548
millones de euros, hasta situarse en 190 687 millones de euros. Este aumento también incluye los correspondientes a los pensionistas de clases pasivas, que tienen un incremento de 2500 millones de euros.


La política de servicios sociales y promoción social experimenta un incremento del 15,2 %, hasta alcanzar los 7177 millones. La principal partida, la rúbrica que adquiere mayor importancia, es la dotación para la autonomía personal y
atención a la dependencia, que se incrementa en 620 millones de euros, así como 18 millones de euros para continuar con la protección a las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales. Podríamos destacar, y me parece muy singular, cómo el
Gobierno ha puesto de manifiesto el gran compromiso con la protección de las personas y los colectivos sociales más vulnerables, porque en el periodo de la legislatura se ha incrementado la dotación para el gasto en dependencia un 152 %, pasando de
1400 millones en 2018 a 3522 millones en 2023.


Asimismo, y financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se presupuestan 822 millones en la anualidad 2023 para el Plan de apoyo y cuidado de larga duración, así como para la desinstitucionalización, equipamiento y
nuevas tecnologías para la atención a las infraestructuras en dependencia, que junto a las anualidades 2021 y 2022 hacen una dotación de 3000 millones para las infraestructuras de atención a nuestros mayores. También en el ámbito de la política de
servicios sociales y promoción social se produce un gran crecimiento de un 31,6 %, principalmente por las acciones a favor de los inmigrantes, a los que se destina un incremento de 280 millones de euros.


Como no podía ser de otra manera, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tiene una especial atención en los presupuestos 2023, que ascienden a 260 millones de euros, e incrementan en 40 millones la dotación a la atención de mujeres
víctimas de todas las violencias en las comunidades autónomas y en 40 millones más destinados al mismo fin para las entidades locales.


La política de fomento de empleo también adquiere relevancia, puesto que sigue incrementándose en un 5 %, y viene de unos incrementos muy importantes durante los años 2021 y 2022, hasta totalizar 8029 millones de euros. Destacamos aquí el
incremento de créditos para la Formación Profesional para el Empleo en 124 millones de euros. Estos recursos, junto con los dedicados por el Ministerio de Educación al Plan de Formación Profesional, ponen de relieve la gran labor que se ha
realizado en estos años para la ampliación de plazas, creándose entre 2020 y 2022 más de 210 452 plazas para alumnos de Formación Profesional, de forma que todos nuestros jóvenes puedan obtener una plaza de estudios de Formación Profesional si así
lo desean. Además, durante los presupuestos de 2023, también en esta política de fomento de empleo se ponen en marcha algunos planes integrales de empleo y otros que son continuidad de los mismos, como el de Canarias, Andalucía, La Palma -para
revertir la situación provocada por el volcán- y el de Extremadura, por 45, 50, 30 y 15 millones, respectivamente.


Por su parte, me gustaría destacar también en esta política de promoción para el empleo el incremento que tienen las bonificaciones a la contratación, que se incrementan en 278 millones de euros, y en concreto un gran incremento de 130
millones para bonificar las cuotas de Seguridad Social para la contratación de

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empleadas de hogar. Como saben, recientemente, mediante un real decreto ley, todo su régimen fue armonizado para que también tuvieran prestación por desempleo, ya que anteriormente no la tenían.


Por parte de la política de desempleo, tenemos el gran honor de decir que es la única política que disminuye, y disminuye en un 5,3 % como consecuencia de la recuperación del mercado laboral. Además, estos presupuestos dan con esta
reducción dos coberturas o novedades importantes. Por una parte, se incrementa el IPREM en un 3,62 %, hasta llegar a los 600 euros y, además, se incrementa la prestación contributiva por desempleo a partir del día 181, pasando del 50 al 60 % y
revirtiendo el recorte que se produjo por el Ejecutivo anterior en el año 2012.


Las dotaciones a las políticas de acceso a la vivienda y fomento de la edificación siguen incrementándose en un 5,4 %, destacando las subvenciones a los planes de vivienda, pues se sigue manteniendo la dotación de 200 millones de euros para
el bono joven al alquiler, que facilita el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna en régimen de alquiler. Asimismo, destacaría el programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente sostenibles y
eficientes, dotado con 1600 millones de euros. En la política de gestión y administración de trabajo y economía social, he de destacar la puesta en marcha del plan integral de impulso a la economía social para la generación de tejido económico
inclusivo y sostenible, que se incrementa en un 99,4 %, hasta totalizar 67 millones de euros.


Pasando a la política de sanidad, si esta ya adquirió una importancia extraordinaria cuando tuvimos que combatir la pandemia en el año 2020, no por eso ha dejado de tener un incremento significativo de un 6,7 %, hasta alcanzar los 7049
millones de euros. Entre ellos, se financia el convenio para la implantación de la protonterapia; se incrementa la dotación a servicios bucodentales -consolidándose los 44 millones de euros-; también se consolida la dotación de 173 millones de
euros para el marco estratégico de Atención Primaria y el plan de excelencia dedicado al Sistema Nacional de Salud en las comunidades autónomas. Como novedad y adicionalmente, hace una apuesta firme por la infraestructura en Atención Primaria,
comunitaria y salud mental, dedicando 500 millones de euros que se distribuirán en conferencia sectorial entre las comunidades autónomas, así como 50 millones de euros para transferencias a las universidades, haciendo posible un incremento de plazas
del Grado de Medicina en nuestras universidades públicas. Finalmente, también da cobertura, como no puede ser de otra forma, a la cuarta dosis de vacunas COVID-19 por un monto de 1116 millones de euros.


La siguiente política, absolutamente transversal, extraordinariamente necesaria y pilar básico de nuestra sociedad, es la educación, la cual sube un 6,6 %, hasta alcanzar los 5354 millones de euros. Aquí destacamos el impulso absoluto a las
becas como elemento de igualdad de oportunidades. Becas y ayudas al estudio se incrementan en 400 millones de euros. Si era importante el incremento porcentual que había adquirido la dotación a la dependencia, no menos importante es la dotación
que en esta legislatura el Gobierno ha dedicado a becas y ayudas, destinando un incremento de más del 65 % entre la dotación que había en el año 2018 y la que actualmente tienen los presupuestos para el 2023, de 2548 millones de euros.


Asimismo, un extraordinario programa nuevo denominado Programa Código Escuela 4.0 con una dotación de 300 millones de euros, cuyo objetivo consiste en conseguir que todos los alumnos de infantil, de primaria, de educación secundaria
obligatoria aprendan los conceptos básicos de programación informática y del pensamiento computacional. Es obvio que una buena base en informática hará que nuestros jóvenes y nuestras niñas y nuestros niños puedan desarrollar unas funciones de
futuro absolutamente actualizadas en lo que la economía y el mercado laboral luego les requerirán. Por lo tanto, dedicamos en esta nueva política 300 millones de euros. Seguimos potenciando el programa PROA de orientación, avance y enriquecimiento
educativo con 121 millones de euros, y la creación de las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, que incrementa en 17 millones de euros los servicios educativos situados en zonas y
distritos escolares.


Junto a la sanidad y la educación, señorías, no podemos olvidar el otro pilar fundamental que es la cultura y el deporte, que adquieren una consideración de bienes públicos de carácter preferente y tienen un incremento de recursos del 13,5
%, hasta totalizar los 1804 millones de euros. Dentro de las novedades que ya tuvo el presupuesto de 2022, se consolida y mantiene el bono cultural para los jóvenes, facilitando el acceso a los jóvenes a la cultura y potenciando también la
industria cultural.


También se dedican 40 millones de euros a comunidades autónomas y 40 millones de euros a entidades locales para el apoyo a la cultura en los ámbitos territoriales; 39 millones de euros más para la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura, que mejorará la accesibilidad a los archivos, museos y bibliotecas, así como la eficiencia energética, y se incrementa en 71 millones de euros el Fondo

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de Protección a la Cinematografía como una industria extremadamente importante dentro de nuestro sector cultural, pasando este fondo de 65 a 106 millones de euros. Adicionalmente se incrementan las ayudas para guiones, proyectos y salas en
29 millones de euros. Entre otros, podríamos destacar también la inversión que destinamos al Museo del Prado o la inversión que se destina a Patrimonio Nacional para la apertura el próximo año del Museo de Colecciones Reales. Dentro del Consejo
Superior de Deportes, el incremento de un 75 %, hasta alcanzar 69 millones, para la transformación y la transición ecológica dentro de las instalaciones deportivas.


Por último, pasamos a las actuaciones de carácter económico, que se incrementan un 9,7 %, incorporando en ellas 21 505 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si recordamos los más de 25 000 millones que tenía el
plan de recuperación, verán como el gran monto -hasta 21 500 millones- van en las actuaciones y en las políticas, como no puede ser de otra forma, de carácter económico en el presupuesto de 2023.


Aquí destacamos la política de agricultura, pesca y ganadería, que sigue con un incremento de hasta 8868 millones de euros. Seguimos incrementando la dotación para los seguros agrarios a fin de posibilitar y estimular la contratación de
este tipo de seguros. También al sector agrario, mediante las líneas de apoyo desarrolladas por SAECA, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, se le ofrecerá financiación y concesión de crédito, a través de ENISA, 50 millones de euros, y
para la agricultura y la pesca se crea una línea, un PERTE dentro del plan de recuperación con una aportación a SEIASA de 210 millones de euros.


Señorías, la política de industria y energía aumenta un 2,6 % y llega a alcanzar los 11 606 millones de euros. Dentro de ellos se contempla la dotación, apoyo estratégico y trasformación industrial por 1440 millones de euros, el incremento
en más de 50 millones para los incentivos regionales como instrumento de política regional y cohesión económica y social. En este ámbito también destacamos el incremento para la ayuda a consumidores electrointensivos, que se incrementa en 65
millones de euros, y el incremento para el bono social térmico en más de 102 millones de euros para hogares vulnerables. Asimismo, dentro de esta política, el plan de recuperación destina 455 millones para incentivos a la instalación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos y de pilas de combustibles, y a la innovación de la electromovilidad.


La otra gran política como es comercio, turismo y pyme aumenta 160 millones de euros, un 5,5 %. Quiero destacarles los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a las pymes, que se dotan de 1041 millones de
euros para posibilitar la internacionalización de nuestras empresas. Las subvenciones al transporte alcanzan 3419 millones de euros y tienen un gran incremento que lo sitúa en un 25,7 %. Aquí podemos decir como novedad -lo decía la ministra el
otro día cuando presentaba los presupuestos- el apoyo firme que hace el Gobierno para mantener la gratuidad de los abonos y los títulos multiviajes de Cercanías y Media Distancia de Renfe; es decir, todos los títulos multiviaje que son
responsabilidad del Estado seguirán siendo gratuitos durante todo el año 2023 como muestra de un gran apoyo a las familias dentro de esta situación de crisis energética y subida de precios, pero, además, provocando y ayudando a una economía más
sostenible y más verde.


Las infraestructuras y los ecosistemas resilientes son una política que alcanza 12 635 millones de euros y se incrementa en 6,7 millones de euros. Aquí destacamos el impulso a la política y a las medidas para reto demográfico y lucha contra
la despoblación, que se incrementan en 16 millones de euros; las políticas y los programas de política forestal y de lucha contra los incendios, que se incrementan en 14 millones de euros; las trasferencias para parques nacionales, en 37 millones
de euros; las infraestructuras para el transporte ferroviario, que se incrementa un 23,8 %, y 296 millones de euros para el programa de transición justa. En carreteras destinamos 1543 millones de euros para nuevas carreteras y para conservación,
1205 millones de euros. Se incrementa, también de forma destacable, en 265 millones de euros para la transición digital en el sector del agua.


A continuación, la política de investigación, desarrollo e innovación y digitalización, que adquiere un protagonismo especial, puesto que esta política -una política que casi siempre ha ido con unos incrementos muy bajitos hasta que llegó el
Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia- a partir del año 2023 mantiene los incrementos hasta un 22,8 %. Los presupuestos de 2023 para la investigación, desarrollo e innovación y digitalización darán cobertura al programa de ciencia e
innovación orientado a retos de la sociedad, cuyo objetivo principal es favorecer una respuesta eficaz, rápida y flexible a los problemas actuales y futuros de España desde la ciencia y la innovación. Una vez más, se ha demostrado que era necesario
invertir en ciencia y, por eso, el Gobierno en toda la legislatura ha ido incrementando

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todos aquellos recortes que se habían producido en el Ejecutivo anterior en la ciencia, la investigación y el desarrollo.


Por último, otras actuaciones de carácter económico tienen un crecimiento de un 4,1 %. Aquí me gustaría destacar el impulso y las transferencias que se incrementan en 20 millones a SASEMAR, a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
Por último, los servicios públicos básicos también se incrementan un 13,5 % en el presupuesto nacional y muy similar en el mecanismo de recuperación, dado que estos potencialmente no disponen del mismo.


Las dotaciones dedicadas a la política de justicia adquieren la suma de 2291 millones de euros. Destacaría como actuaciones importantes la creación de 70 nuevas unidades judiciales, la ampliación de la plantilla fiscal mediante la creación
de otras 70 nuevas plazas y también la creación de 27 unidades administrativas de asistencia a las víctimas. También quisiera destacarles las políticas que refuerzan las dotaciones del Centro de Estudios Jurídicos con un aumento para duplicar la
dotación del sistema de becas de acceso para ayudar a los aspirantes a jueces, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia, dirigido a acabar con las barreras económicas y sociales que tenían estos cuerpos.


La política de defensa, dotada con 12 317 millones, tiene por objetivo potenciar la transformación y modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas, y reafirmar el compromiso con valores como la solidaridad, el respeto y los
principios democráticos, además de que esta política tiene un gran impacto en el empleo y la innovación. La inversión que producirá la política de defensa superará en más de 22 667 generadores de empleo directo e indirecto en el tejido productivo
vinculado a la industria de la defensa.


Seguridad ciudadana es otra política que se incrementa en un 5,6 % hasta alcanzar 70 719 millones de euros. Asimismo, la política exterior y cooperación al desarrollo tiene un incremento del 7,6 %, lo que supone una ayuda oficial al
desarrollo que asciende al 0,34 % de la renta nacional bruta. Esto supone que los recursos dedicados a la ayuda oficial al desarrollo son un 21,4 % superior a los que se dedicaron el año 2022, que están principalmente dedicados a la cooperación
bilateral técnica de la Agencia Española de Cooperación con Latinoamérica, Caribe, África y Asia, y a impulsar la contribución al fondo global contra el sida, la malaria y la tuberculosis, y también a programas prioritarios destinados a la
cooperación española.


Por último, las actuaciones de carácter general, donde podríamos destacar las transferencias a la Administración tributaria, a la Agencia estatal Tributaria, que se incrementan+ en 167 millones para luchar contra el fraude fiscal, y el
incremento a la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude laboral hasta alcanzar la suma de 197 millones de euros.


A continuación, un breve repaso por los recursos que se transfieren a las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación autonómico. En el año 2023 se transferirán 6367 millones de euros a las comunidades autónomas y 1381 millones
de euros a las entidades locales, además de consignar la presupuestación adicional a entidades locales derivadas de la compensación, como decía al principio, de la liquidación negativa de 2020. Esto hace que los presupuestos generales del Estado
para 2023 contribuyan a mejorar el sistema de financiación con una cuantía de 158 508 millones de euros, de manera que las comunidades autónomas tendrían 135 274 millones de euros, un 24 % más que en el 2022, y se destinarán 23 285 millones de euros
a las entidades locales, un 5 % más que en 2022.


Asimismo, también se contemplan los planes estratégicos para el desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla, que, como conocen, abarcan cuatro años, de 2023 a 2026, teniendo la primera anualidad en el 2023.


Por último, señorías, e intentando no cansarles, haré solo un breve repaso por capítulos para ver cómo se incrementan en nuestro presupuesto cada uno de ellos y a qué gastos principalmente atienden. El capítulo 1 aumenta un 6,6 %. Como
conocen ya, a fin de garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos, en el año 2023 se incrementan los salarios en un 2,5 % respecto a lo vigente en diciembre de 2022, si bien también se incrementan los salarios públicos un 1,5 % en el
2022, sumándose al 2 % que ya contemplaba la ley de presupuestos de 2022. Además, a efectos de revisar este incremento en el año 2023, vinculado a la subida del IPC armonizado, si en el año 2022 adelantado a septiembre de 2023 superara al 6 %, los
salarios de los empleados públicos se incrementarán un 0,5 %, y vinculado al PIB nominal en el 2023, si supera al estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico, también se incrementará otro 0,5 %. Lógicamente, este incremento del 6,6 % que
experimenta el capítulo 1 es tanto para la Administración del Estado como para los organismos autónomos y también da cobertura a los

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incrementos vegetativos, a la ley de estabilización de las plazas publicadas y convocadas en las OPE extraordinarias y al incremento de antigüedad de los empleados públicos.


El capítulo 2 tiene un incremento en el que quisiera pararme un momentito para explicarles, porque, aparentemente, se incrementa un 18,3 %, pero, lógicamente, este capítulo hay que armonizarlo u homogeneizarlo, dado que tiene tres elementos
que, si me permiten, los denomino one-off, porque son elementos absolutamente extraordinarios que no se consolidan, y son: las vacunas, que lógicamente tienen un carácter cíclico, pero que no es permanente ni consolidable en el tiempo, y esperemos
que el último año sea el 2023. También hay una reclasificación que se hace por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que aquí aparece un incremento muy importante de 538 millones en esos mil millones que incrementa el capítulo
2, y esos 538 son de inclusión, porque anteriormente la atención a la acogida a las personas en ayuda humanitaria se hacía a través de subvenciones al tercer sector. Como conocen, el Gobierno aprobó un real decreto en el mes de marzo del año 2022
con idea de que el presupuesto de 2023 lleve a cabo un plan de acogida de forma concertada, de calidad, estable y no dependiendo de subvenciones. Por lo tanto, eso ya formaría parte del capítulo 2 como gasto estable y no de subvenciones del
capítulo 4. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta el gasto que lleva este presupuesto con las futuras elecciones que se desarrollarán, el gasto electoral durante el año 2023, que supera los 350 millones de euros, y los gastos también
extraordinarios que se desarrollarán en la Presidencia europea durante el segundo semestre del año 2023. Pues bien, si estos elementos denominados one-off o extraordinarios y no repetibles no estuvieran en el capítulo 2, el incremento del capítulo
sería un 6,93 %.


El capítulo 3 tiene un crecimiento del 3,7 %, que es fruto de la incertidumbre y de los posibles incrementos de los intereses.


El capítulo 4 tiene un incremento prácticamente de consolidación, 162 millones de euros. Y en este punto quisiera destacar que está el incremento para las clases pasivas de las pensiones, también el incremento que he detallado del
Ministerio de Asuntos Exteriores dedicado a la ayuda oficial al desarrollo para alcanzar ese 0,34 % y también los incrementos de las transferencias a Renfe para la gratuidad.


El Ministerio de Educación lleva aquí, en el capítulo 4, el incremento de las becas que les he detallado anteriormente. Si bien, el Ministerio de Trabajo y Economía Social minora en 1021 millones de euros porque, afortunadamente, el
servicio público de empleo, al haber disminuido las necesidades de prestación por desempleo por la mejora del mercado laboral, no necesita transferencias de financiación con los impuestos públicos, sino que se autofinancia con las cotizaciones de
desempleo y formación profesional.


También el Ministerio de Cultura y Deporte lleva aquí las partidas correspondientes al Fondo de Protección a la Cinematografía, y el de Sanidad para todas las transferencias a comunidades autónomas que les detallaba para la atención
primaria, salud bucodental y salud mental.


El Ministerio de Derechos Sociales lleva aquí el incremento de la dependencia, 600 millones de euros, y el de Inclusión lleva el negativo de haber pasado al capítulo 2 la parte de atención de acogida humanitaria, pero sí el incremento
correspondiente a las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado del menor, también el incremento para la transferencia equilibradora, cumpliendo con el Pacto de Toledo que les indicaba anteriormente; el incremento para el complemento a
mínimos para las prestaciones a familiares y también para el ingreso mínimo vital, y las pensiones no contributivas.


El capítulo 5, como saben, es el Fondo de Contingencia, y por ley -artículo 50 de la Ley General Presupuestaria- es el 2 % del presupuesto. Por lo tanto, su dotación es 3964 millones de euros del gasto no financiero.


El capítulo 6 crece un 33,1 %. Cabe destacar que el presupuesto por parte nacional crecería un 28,3 %, 2178 millones de euros más que dan lugar a un incremento en la inversión pública tanto en el Ministerio de Transición Ecológica como
principalmente en el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, el de Cultura, como le decía anteriormente, y el de Defensa.


El capítulo 7 lleva un decremento del 0,1 %, prácticamente es igual, y aquí, como les he identificado, tienen la parte que corresponde al bono al alquiler joven; también en educación el Código Escuela 4.0 que les explicaba; en el
Ministerio de Cultura también las transferencias a las comunidades autónomas y a entidades locales, por 40 y 39,3 millones, respectivamente; el Ministerio de Sanidad también tiene la transferencia, como le decía, a universidades para el Grado de
Medicina, y el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene el incremento más importante, un 28,8 % para atender las necesidades de los OPI y las entidades científicas del sector público estatal.

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Y, por último, el capítulo 8 verán que también tiene un incremento en este ejercicio de un 7,1 % y es porque ponemos en marcha la primera anualidad de la parte que complementaba a las transferencias del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, lo que denominamos la adenda del plan por la parte de préstamos. Recuerden que el plan de recuperación tenía dos cuantías: una cuantía de transferencia que en principio alcanzaba los 69 500 millones de euros, de los que ya llevamos
presupuestados los tres años 2021, 2022 y 2023, y asimismo también ponía a disposición 84 000 millones de euros en modo de préstamo para que se pudiera ampliar ese plan de recuperación. Pues bien, este año es el primero que presupuestamos 3574
millones de euros en el capítulo 8 para llevar a cabo esta adenda del plan de recuperación, y se intensificará en los siguientes ejercicios.


Señorías, con esto termino mi exposición. Sé que son muchos números. He intentado ir lo más rápido posible y seguro que por la hora también les he cansado bastante. Solamente quería terminar trasladándoles que los presupuestos generales
del Estado que hemos presentado a esta Cámara son vitales para el país por varias razones. Son unos presupuestos destinados a la mayoría social, con carácter transformador y totalmente necesarios, que ayudan a la economía doméstica, a las familias,
al tejido productivo y empresarial, que cuidan a quienes más lo necesitan, que refuerzan nuestra prosperidad y que son la mejor garantía de nuestra solvencia como país, siendo, además -yo entiendo, y así lo hemos considerado-, un antídoto contra la
incertidumbre y una vacuna para frenar otros populismos de recortes públicos.


Las cuentas públicas para 2023 se focalizan en el fomento de la transición verde justa y ecológica y en la transformación estructural de nuestra economía a través de reformas e inversiones que potencien las infraestructuras y que desarrollen
nuestra economía en una sociedad digital. Consecuencia de ello es la plena inclusión intergeneracional para nuestros jóvenes y la modernización de nuestro tejido productivo, además del apoyo en medidas específicas y temporales para los sectores más
afectados por la escalada del precio energético y los colectivos más vulnerables.


Por todo ello, no me cabe duda de que estas cuentas públicas serán debatidas con responsabilidad en esta Cámara, para que centremos todos los esfuerzos en mejorarlas. Confiamos en que lleguen a ser aprobados.


Buenas tardes. Quedo a la entera disposición de sus señorías para cualquier duda, pregunta o exposición que quieran.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por la detallada exposición de los gastos y de las inversiones que conlleva y contiene nuestro proyecto de presupuestos.


Pasamos la palabra a los diferentes grupos parlamentarios para que expongan también sus reflexiones y sus preguntas, si las tienen.


En primer lugar, Ciudadanos. ¿Va a intervenir? (Asentimiento). Tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.


Muchísimas gracias por su exposición, como siempre, la verdad, muy detallada, eso no podemos criticárselo. Durante su exposición ha dicho que estos presupuestos son los más progresistas, dirigidos totalmente a lo social, y ha dado una
información respecto a que el déficit se ha reducido o que tiene pensado que llegue a una reducción, en 2025, menor del 3 %, y lo achaca al crecimiento económico, cuando todo apunta a que para hacer eso tendríamos que esquivar la recesión que
previsiblemente llegará, porque todos los datos económicos apuntan a eso. Y achaca esa reducción del déficit al crecimiento económico, cuando en realidad es la elevada inflación la que ha hecho que este Gobierno tenga muchos más ingresos de los que
tenía previstos, ingresos de más y que no sabemos muy bien cómo los van a distribuir. Lo que nos preocupa sobre todo es la deuda pública, porque en este momento la elevada inflación, que marca máximos históricos, está haciendo que suban los tipos
de interés y se prevé que en 2023 pueda llevar a que el euríbor alcance del 3 % de media anual. Tenemos que decir que este presupuesto tiene ya dentro un coste de la deuda pública que se acerca al 7 % del gasto público total en 2023, es decir, más
de 31 000 millones de euros en intereses. Mi pregunta es: ¿tienen contemplado ese aumento del coste de la deuda pública? Porque realmente nos preocupa muchísimo cómo pueda enfocarse el año que viene, dado que ya se prevé que la reducción del
déficit va a ser menor. Por tanto, creemos que algo hay que prever.

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Ya en abril, la AIReF advertía de que el incremento de los tipos podría llegar a suponer un aumento de la factura de la deuda pública, entre 2021 y 2025, de alrededor de 20 000 millones, pero lo peor de esta cifra es que dos meses después
advirtió de que los últimos acontecimientos implicaban ya un incremento adicional de los cálculos previstos de entre 12 000 y 14 000 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Que, según la AIReF -y nosotros creemos que siempre hace un análisis concienzudo
de los presupuestos-, el Gobierno realmente no tiene una estrategia de consolidación fiscal. De hecho, este año creo que se ha salvado de tener que ponerse a trabajar en ello porque se ha mantenido esa cláusula de salvaguarda. ¿Qué va a hacer el
Gobierno? ¿Cuál es el plan de consolidación fiscal? ¿Cuándo lo va a poner en marcha? Porque prevén una cifra de reducción del déficit y de la deuda pública que todos los datos económicos apuntan a que va a ser muy difícil de alcanzar y nos
preocupa realmente este problema.


Y quería hacerle otra pregunta. Estos presupuestos se sustentan no solo en los ingresos procedentes de la recaudación de impuestos, sino también de los fondos de recuperación y resiliencia que llegan de la Unión Europea. Recientemente,
hemos conocido a través de la prensa que parece que el Gobierno no está cumpliendo con ese compromiso que tenía, para que los gastos que se estaban ejecutando en nuestro país fueran transparentes y para que la Unión Europea pueda acceder y sigan
llegando esos fondos europeos hasta nuestro país. De hecho, parece ser que en octubre debería haberse solicitado una nueva partida de esos ingresos, y el Gobierno todavía no la ha realizado. ¿Por qué le pregunto esto? Porque todos estos
presupuestos se sustentan también en ese dinero que llega de los fondos europeos, y dado que usted se encarga o vigila la coordinación y el seguimiento de las actuaciones relativas a los fondos europeos nos parece interesante que haga una reflexión
sobre este tirón de orejas que Bruselas ha dado al Gobierno de España.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Quiero agradecer a la secretaria de Estado su presentación de un tema que sabemos que es denso. Pero, en todo caso, déjeme felicitarla, porque la verdad es que hace dos años estaba compareciendo para presentar los presupuestos de 2020 y
éramos unos cuantos -yo me incluyo- los que pensábamos que aquel era el primer y único presupuesto que iba a aprobar el Gobierno actual, cuando están presentando los terceros presupuestos con una pandemia y una guerra; por tanto, es para
felicitarles. También les quiero felicitar porque la presentación de los presupuestos a lo largo de estos últimos años ha mejorado, no solo por la incorporación de nuevos informes, como el informe sobre la alineación con los objetivos de transición
ecológica que se incorpora este año, sino también en la web o en la presentación del libro amarillo.


Y hasta aquí las felicitaciones. A partir de aquí, ya me estoy haciendo mayor y hay cosas para las que todavía soy muy ortodoxo. Lo que he vivido con estos presupuestos no lo había vivido en los casi once años que llevo en esta Cámara.
Nos traen a aprobación un presupuesto. Siempre se dice que el presupuesto es una estimación de ingresos y gastos y, por tanto, son previsiones, pero nunca había vivido que el Gobierno nos traiga a aprobación un presupuesto y por escrito, en un
documento que es el plan presupuestario que acaban de aprobar hace dos días, nos dice que este presupuesto no es ni el presupuesto aproximado porque tenemos dos escenarios: el escenario del presupuesto y otro escenario que, efectivamente, es
plausible y es el que se va a producir, pero que no se incorpora a los presupuestos. De algunas cosas usted no responsable, porque también es la primera vez que veo que un Gobierno infravalora los ingresos en un presupuesto. Si te fijas en el plan
presupuestario, te está diciendo que va a tener muchos más ingresos; pero eso ya nos lo explicará el secretario de Estado de Hacienda.


En todo caso, en cuanto a los gastos, por ejemplo, en la página 43 del plan presupuestario, ustedes, sin tampoco inmutarse mucho, en la remuneración de los asalariados contemplan el 2 % de 2022, el 2,5 % más el 1 % en el caso de que se
produzca en 2023, pero no se refleja el 1,5 % adicional que el Gobierno va a aprobar en las próximas semanas. Hombre, pero ya saben que esto va a ser gasto del año que viene. Es más cierto esto que el hecho de que se vaya a recaudar el impuesto
sobre grandes fortunas o el impuesto sobre las eléctricas o sobre los bancos, del cual todavía no se ha iniciado la tramitación parlamentaria. Por tanto, a mí me gustaría que me explicaran cómo nos debemos tomar este escenario dos aquellos que
estamos dispuestos a aprobar el presupuesto -mediante negociación, obviamente-, para que nos tranquilice saber que vamos a intentar aprobar algo que tiene sentido, porque la verdad es

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que es un tanto peculiar. Por tanto, me gustaría que nos explicara esto del escenario dos del plan presupuestario y qué consecuencias tiene respecto al presupuesto que pretenden que aprobemos, que no incorpora todas estas partidas ni de
ingresos ni sobre todo de gastos, que es la parte que corresponde.


Respecto a los gastos -y le habla un diputado que ha aprobado los dos últimos presupuestos-, nos preocupa la ejecución presupuestaria. No le voy a preguntar por la ejecución presupuestaria de las inversiones en Cataluña, porque eso tendrán
que explicarlo compañeros suyos del Gobierno que comparecerán los próximos días, pero sí quiero preguntarle sobre la ejecución presupuestaria de algunas partidas cuyo grado de ejecución, de forma reiterada, año tras año -y esto ya pasaba con
gobiernos del Partido Popular-, es muy pequeño, y lo digo porque ahora estamos evaluando la cuenta general de 2020 y también lo vamos a constatar. Políticas como industria y energía, comercio, turismo y pymes o investigación, desarrollo e
innovación tienen unos porcentajes de ejecución presupuestaria entre el 45 y el 70 %, no más. Ya sé que no es el órgano gestor y que eso corresponde a otros ministerios, pero ¿no se plantean, a la hora de presupuestar, que constantemente se está
infraejecutando?


Muchísimas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretaria de Estado. Es un placer tenerla aquí nuevamente tramitando los Presupuestos Generales del Estado.


Antes que usted, ha comparecido el gobernador del Banco de España y, en un momento de su comparecencia, ha expresado un deseo: la cuadratura del círculo. Él decía: Lo ideal sería que pudiéramos tener una política expansiva que diera una
cierta garantía a los agentes de que se va a poder operar y de que el Estado los va a sostener, a la vez que se compagina con una política restrictiva para evitar que se dispare el déficit y demás. Él decía que la manera de cuadrar, de hacer este
milagro, este truco, es con los fondos europeos; es decir, los fondos europeos permiten empezar a caminar por una senda cada vez más restrictiva en términos de contabilidad nacional, a la vez que se dispone de recursos y de inversión para acometer
toda la transformación económica y productiva en la que está el país. Esta sería mi primera pregunta: ¿Cree usted que hemos logrado cuadrar el círculo? ¿Realmente piensa usted que los fondos europeos nos ayudan a mantener unas expectativas
expansivas, vamos a decir, a la vez que vamos controlando los números a futuro, a medio y largo plazo?


La segunda cuestión tiene que ver con el pacto de rentas, otro de los conceptos que sobrevuelan permanentemente esta Cámara desde hace meses y que me parece que son la única fórmula real. Claro, el problema está, como siempre, en los
detalles, en quién define qué es esto del pacto de rentas. Me da la sensación de que el Gobierno ya ha empezado a implementar en gran medida ese pacto. Yo he defendido en algunas ocasiones que no es un pacto como tal, no es un pacto literal, no es
que se sienten dos partes en una mesa y acuerden una determinada cuestión; es un pacto que simboliza o encarna el Gobierno cuando acomete determinadas políticas. Por ejemplo, cuando subvenciona el transporte, como usted acaba de decir, y el
transporte de cercanías y a media distancia por tren queda con un descuento tan importante, sin duda, es una transferencia neta de recursos, es un salario indirecto que se ve incrementado y que, por lo tanto, no podemos más que aplaudir. ¿Las
reducciones, por ejemplo, de los impuestos que tienen que ver con la electricidad? Tres cuartos de lo mismo, a lo que estamos ayudando ahí es de alguna forma a aumentar. Ya sabemos que el salario directo va a reducirse en términos reales, pero
estamos ayudando a aumentar la proporción de salario indirecto. Transporte, energía..., aquí, haciendo el check list, solo me sigue faltando vivienda; vivienda nada más y nada menos. Uno lee las noticias de estos días y ve cómo la juventud está
cada vez más alejada de poder siquiera soñar con tener un techo bajo el que cobijarse. Quizás esta sea una de las cuestiones que más urge a este Gobierno, porque más urge a la sociedad española. Respecto al pacto de rentas, no sé si podría usted
explicarnos de alguna forma cómo se implementa esto de cara a la política salarial dentro de la Administración General del Estado, porque se han acordado una serie de plazos y me parece que es la forma de manejar esta situación, es decir, proyectar
periodos de tiempo más largos y en ellos tratar de realizar una negociación más omnicomprensiva.


Entrando ya en otros capítulos, me sorprende, por ejemplo, la cifra de gasto. Esta cifra para mí es demoledora: un aumento del 35,4 % con respecto al gasto social de los presupuestos generales del Estado del año 2018, es decir, el último
presupuesto general del Estado del Gobierno del señor Rajoy, es

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decir, en cuatro años una subida del 35,4 %. Estos son cambios significativos, estructurales; cambian las sendas por las que se mueve un país, no son mero matiz o maquillaje, y me parece que efectivamente esto es una buena noticia que cabe
subrayar, porque en el fondo es buena para todo el país, incluso para aquellos que tienen más recursos.


Respecto al tema de ingresos, la verdad es que la retahíla de medidas que se han venido tomando, sobre todo a lo largo de estos últimos meses, no me puede parecer más acertada, es decir, todo lo que se ha hecho respecto a los gravámenes ya
anunciados, a la reducción de los tramos más bajos en IRPF, al aumento de la tributación en rentas del capital... Podría seguir enumerando todas estas medidas, pero me parece que todas van en la misma dirección, es decir, en la dirección de
consolidar el Estado del bienestar y en asegurar que efectivamente vamos a poder sostener esos derechos de los que nos hemos dotado todos democráticamente en este Parlamento.


La última nota -que veo que el tiempo corre que se las pela- sería sobre financiación autonómica. Aquí es cuando me quito mi gorrita de portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y me pongo mi gorrita de diputado alicantino, para
decirle, señora secretaria de Estado, que a nivel autonómico siento una profunda decepción. En primer lugar, siento decepción porque, ocho años después de haber caducado, no terminamos de resolver el sistema de financiación autonómica, cuando todos
sabemos que no funciona. Yo me podría sentir algo más aliviado ante la falta de respuesta estructural a este problema si por lo menos en la provincia de Alicante -que yo represento- no tuviéramos el drama que tenemos actualmente, señora secretaria
de Estado. Es verdad que la Comunidad Valenciana tiene un importante aumento, pero tres cuartas partes de la inversión que se lleva el país valencià se lo lleva la provincia de Valencia, insisto, tres cuartas partes, 2,6 millones de habitantes; la
provincia de Alicante son 1,8 millones de habitantes y no se lleva ni un 12 %. Yo entiendo que luego hay otros factores, pero me gustaría saber por qué Alicante es la provincia que, no siendo insular, no siendo rural, no siendo equis equis equis,
termina siendo siempre la paganini.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra la señora Inés Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, secretaria, por su amplia exposición.


Yo quería comentarle que, efectivamente, este es el tercer año que vemos que traen a esta Cámara los presupuestos con la mayor cifra de gasto social de la historia. Ya fue la mayor cifra en 2021, en 2022 se repiten y en 2023, también. Aquí
me gustaría puntualizar que, por ejemplo, un organismo como el Fondo Monetario Internacional, al que ustedes respetan mucho cuando les aconseja o les anima a subir impuestos, está diciendo ahora que hay que hacer un uso responsable de los gastos, es
decir, conservar la disciplina en el gasto. No estoy hablando de recortar, estoy hablando de hacer un uso responsable, porque creo que ustedes no entienden que no es cuestión de gastar más, sino de gastar mejor. Ustedes califican estos
presupuestos como los más sociales o los presupuestos con el mayor gasto social. Lógicamente, es que casi el 50 % del gasto presupuestario se va en pensiones, y este no es un gasto de decisión política, es un gasto imperativo, es un gasto
estructural que tenemos como consecuencia de la situación demográfica en España. Que ustedes presuman de que son los más sociales... Tanto ustedes como cualquier Gobierno tiene que atender esos gastos, por supuesto, igual que las prestaciones por
desempleo o las prestaciones por dependencia.


Por otro lado, el hecho de que sean sociales no implica necesariamente que sean justos, porque todo ese gasto social -y el no social, que también es mucho- que ustedes pretenden alguien lo tiene que pagar, y fundamentalmente se paga con los
impuestos de los españoles, y esa recaudación no procede de los ricos, y le voy a explicar por qué. Según la Agencia Tributaria, el 61 % de los españoles percibe rentas inferiores a 21 000 euros, y ellos aportan a la recaudación por el impuesto del
IRPF el 9 %; el 35 % de los contribuyentes percibe rentas entre 21 000 y 60 000 euros -lo que vamos a llamar la clase media-, y ellos aportan el 53 % de la recaudación, y el 4 % de los contribuyentes percibe rentas mayores de 60 000 euros -es
decir, los que ustedes denominan ricos- y aporta el 38 % de la recaudación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, seguir exprimiendo a las rentas medias o aumentar la presión sobre las más altas? Esto no va a hacer que las rentas bajas, ese 61 % de
población que tiene rentas inferiores a 21 000 euros, aumenten su renta. Creo que ese no es el camino. Precisamente, con los presupuestos más sociales de la historia durante tres años consecutivos lo que ustedes han conseguido es que hoy

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aproximadamente 13 millones de personas en España, es decir, el 27,8 % de la población española, se encuentre en riesgo de pobreza. Esto no lo digo yo, salió el otro día en Televisión Española, que es poco sospechosa de ser de mi ideología,
y así lo recoge el Informe sobre el estado de la pobreza, seguimiento de indicador de pobreza y exclusión social en España 20152022, presentado hace unos días. España es el cuarto país de la Unión Europea con más riesgo de pobreza y exclusión. La
renta per cápita en España en 2018 se situaba en 25 760 euros, hoy en 25 500, es decir, vamos para atrás. Sin embargo, la deuda pública en la misma fecha era de 25 700 euros y hoy es de 31 350. Aun así, son los presupuestos con las mayores subidas
de impuestos que los españoles han sufrido, sin hacer en el proyecto de presupuestos ni una mera cuantificación de las medidas tributarias.


El Gobierno nos vuelve a presentar unos presupuestos imprudentes, basados en una previsión de crecimiento que no es compartida por los principales servicios de estudios nacionales e internacionales ni, por supuesto, por la AIReF, aunque los
avala, ni por el Banco de España. Ya esta mañana el gobernador nos ha hablado de un crecimiento inferior o en torno al 1,5 %, mientras que ustedes hablan de un 2,1 %. Pero la realidad no estriba en la imprudencia del Gobierno, sino en utilizar
esta estimación de crecimiento económico por encima del que se va a cumplir para justificar precisamente la presupuestación de un gasto público desmedido, acorde con su hoja de ruta, para cumplir con su agenda ideológica, que no responde en ningún
caso a las demandas de los ciudadanos y que ha sido adoptada sin contar con ellos. Al histórico de previsiones no me voy a referir. En 2021, el 9,8 %; realizado el 5,5 %. En 2022, el 7 %, y se va a realizar en torno al 4,4 %.


Lo cierto es que las familias españolas están sufriendo por el aumento desbocado de los precios de consumo y, en concreto, de los alimentos básicos, y el Gobierno, desde mi punto de vista, no ha reaccionado en tiempo y forma para aliviar esa
carga; más bien al contrario, ha aumentado los impuestos, no deflacta las tarifas de los impuestos y con la reducción del IVA a la energía llega tarde. Así, el Gobierno está consiguiendo la mayor recaudación tributaria de la historia sin que ni la
renta real ni el PIB ni el consumo final de los hogares hayan conseguido recuperar niveles del año 2019.


No le voy a hablar de la recaudación, porque eso ya lo sabemos todos, pero, aparte de la recaudación de los impuestos, estamos hablando de una subida de las cotizaciones en la Seguridad Social, sobre todo a los autónomos. Lo que está claro
es que en las cuentas de la Seguridad Social por sí mismas, independientemente de las transferencias que se hagan desde los presupuestos, tenemos 152 000 millones de euros de recaudación y 166 000 millones de pensiones contributivas. Es decir, no
es suficiente con lo que se recauda para pagar las contributivas, y luego ustedes piden sacrificios a los españoles mientras que los miembros del Gobierno y los altos cargos se suben el sueldo más de un 4 %.


Voy terminando. Me gustaría hacerle dos preguntas, pero no sé si me va a dejar la presidenta.


La señora PRESIDENTA: Sí, si son diez segundos.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Diez segundos.


Me sumo a lo que ha dicho el compañero Ferran Bel en relación con el plan presupuestario enviado a Bruselas. No sabemos cómo van a conseguir ese incremento de recaudación, si van a poner nuevas figuras impositivas o van a subir las que hay.
No lo entendemos, porque no tiene mucho sentido que hablen aquí de una recaudación y luego en el plan presupuestario de 354 000 millones.


Por último, ha dicho esta mañana el gobernador del Banco de España: Unos presupuestos expansivos que no se centren únicamente en proteger a las familias más vulnerables por la inflación y solo con medidas temporales van a ser un impulso
fiscal inflacionario que obligue a la política monetaria a aumentar más los tipos de interés. ¿Cuál es su opinión acerca de las palabras del gobernador ante la evidencia de que su política fiscal, lógicamente, es expansiva, pero estructural, no
coyuntural?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Píriz.


El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señora presidenta.


Señora secretaria de Estado, buenas tardes y bienvenida a esta Comisión. Le recuerdo, como en la tramitación de los presupuestos de 2021 y de 2022, que esta es su Comisión y que usted es la primera secretaria de Estado de Presupuestos en la
historia de este país que no comparece aquí cada tres meses a dar cuenta de la ejecución presupuestaria. El Grupo Popular peleará donde haga falta -ya lo está

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haciendo- para que esta anomalía democrática no vuelva a suceder; para que, por ejemplo, como decía el señor Ferran Bel, podamos hablar de la ejecución presupuestaria en esta Comisión, como se ha hecho siempre.


Señora secretaria de Estado, empiezo por el cuadro macro, porque no sé si ha estado pendiente de la comparecencia del gobernador del Banco de España de esta mañana. Aquí lo hemos visto todos. La primera enmienda a la totalidad a los
presupuestos generales del Estado la hemos vivido hoy aquí y la ha presentado in voce el gobernador del Banco de España, como también lo han hecho la AIReF o el Fondo Monetario Internacional la semana pasada o algunos centros de estudios como el del
BBVA. Nadie se cree su cuadro macro inflado y falso. Nadie se cree que este año la economía española crecerá un 2,1 %, como nadie se creía que el año pasado crecería un 7 o que el año anterior crecería un 9,8. Continuamente dopan su cuadro macro
para cuadrar unos presupuestos tramposos, decepcionantes y malos con los españoles. ¿Son conscientes del daño que hacen al país con esta actitud, señora secretaria de Estado?


Dice que estos presupuestos son sociales -lo ha repetido varias veces esta tarde-, los más sociales de la historia. Lo que son, desde luego, es socialistas. Más deuda, más despilfarro, más impuestos; llevan el ADN del Partido Socialista
impregnado en cada una de sus páginas, y eso es lo que le voy a tratar de explicar esta tarde.


Llevan hablando unos días de presupuestos progresistas. Debe ser facilísimo ser progresista como lo es usted. Gasta sin control y que paguen otros, los que vienen detrás, que paguen sus hijos o que pague el Gobierno del Partido Popular que
venga detrás. ¿Qué tiene de progresista vivir a cuerpo de rey a costa de tus hijos? (Un señor diputado: Madre mía, ¡qué vergüenza!-Rumores). La AIReF y el Fondo Monetario Internacional nos hablan de que el déficit no bajará del 4 % hasta 2027,
son 50 000 millones de euros adicionales cada año de deuda en el 2023, en el 2024, en el 2025, en el 2026 y en el 2027. Son 250 000 millones de euros más. Desde que usted está sentada ahí, la deuda ha crecido en 18 270 euros por cada familia. Lo
ha llamado usted estabilidad presupuestaria. El socialismo es el juego más fácil del mundo, arruinas al país gastando sin control y al día siguiente de perder las elecciones sales a la calle protestando contra la crisis que tú provocas, diciendo
que tú sí protegías al pueblo con gasto social, y así en bucle, lo hemos vivido ya varias veces. (Un señor diputado: ¡Qué nivel!-Rumores).


Ustedes fían la consolidación fiscal a un aumento de los impuestos que es cíclico y coyuntural por la inflación y con estos ingresos coyunturales dicen que van a financiar gastos consolidables. ¿Son ustedes conscientes de la barbaridad que
están haciendo? Esta mañana se lo ha recordado aquí el gobernador del Banco de España. Es que no paran con la demagogia. Vienen aquí a decir que gracias a ustedes se garantizan los servicios públicos. Un déficit estructural como este en el que
han sumido a la economía pone en peligro lo que dicen defender, eso y gastar sin control y que pague el siguiente. ¿Cómo explica su subida en Presidencia del 9,8 % en los presupuestos? ¿Garantiza eso los servicios públicos o su nivel de vida?
Dopan el PIB con mayor gasto público improductivo, aumentando el gasto en la estructura de su Gobierno. Subir los impuestos a los españoles y subir el déficit como lo están haciendo es el mayor ejemplo de irresponsabilidad política de la historia
reciente de nuestro país, señora secretaria de Estado. Esta fiesta que nos acaba de presentar la paga la clase media. Recauda 113 123 millones por el IRPF, de los que el 60 % provienen de la clase media, 8000 millones más que este año. Con una
tasa de empleo prevista más o menos similar en 2023 que en 2022, 0,5 puntos menos, la mejora no proviene de la creación de empleo, por lo que este incremento vendrá de la inflación, de los salarios de esta clase media de nuestro país. Cada familia
paga ya más de 4700 euros en impuestos más que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Están masacrando a los españoles, y hoy lo ha llamado usted aquí pilares sólidos.


Señora secretaria de Estado -voy acabando, señora presidenta-, la inflación es una trituradora de la clases medias y bajas, porque los que menos ingresos tienen destinan un mayor porcentaje de su renta a consumo de alimentos y a los
productos de primera necesidad; la pérdida de poder adquisitivo de las rentas bajas para este ejercicio ronda ya el 20 %.


Acabo. Ustedes han disparado el déficit pese a un incremento de recaudación de casi 55 000 millones de euros desde que gobiernan. Eso es insolvencia o mala fe, señora secretaria de Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Montse Mínguez.


La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Señor Píriz, ¿un déficit del 3,9 % para el año 2023, insolvencia o mala fe? A usted el déficit en 2013 del 6,68 % ¿qué le parece, insolvencia o mala fe? (Un señor diputado del Grupo Parlamentario

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Popular: Eso vino de 2011; eso es de Zapatero). En 2014, un 5,86: ¿insolvencia o mala fe? No mientan, no digan mentiras.


Estamos a 355 días de la comparecencia del año pasado en la que estábamos aquí todos reunidos, y la situación económica ha cambiado; la situación y el contexto general han cambiado, pero sus discursos siguen siendo exactamente los mismos.
Les da igual una guerra, les da igual una pandemia, les da igual un volcán; es exactamente lo mismo. El año pasado en esta sala apremiaban y nos hacían pasar miedo con la estanflación; hoy la diputada Mari Carmen Martínez acaba de decir que los
datos económicos, todos, apuntan a la recesión. Señores de Ciudadanos, dejen de recibir y de recitar los ciclostils que les pueden llegar de la calle Génova. No hay recesión, el Fondo Monetario Internacional lo acaba de decir. El PIB para 2022,
¿va a crecer en nuestro país? Sí, crece en nuestro país. ¿Cuánto? Un 4,4 %. No mientan. ¿El empleo crece en nuestro país? Sí. ¿Cuánto? Pues a niveles superiores a la pandemia: en 2019, 19 millones de afiliados; en septiembre de 2022, 20,2
millones de afiliados. Está creciendo el empleo. ¿El paro está bajando en nuestro país? Sí. ¿Menos que en la pandemia? También. En 2019 había un 15,13 % de tasa de paro y hoy hay un 12,4 %; está bajando en 3 puntos. Y no diga usted, señor
Píriz, que el déficit está subiendo -que lo acaba de decir-, porque el déficit en cuatro años se ha reducido en un 60 %. Es que los datos matan al relato, señor Píriz. Y la deuda también está bajando. Se lo digo muy sinceramente: Ojalá ustedes
hubieran tenido la misma prisa que tienen ahora cuando gestionaron la crisis financiera. Tardamos diez años en recuperar el crecimiento del país y trece años en recuperar los niveles del empleo.


Miren, los presupuestos son el reflejo contable del país que quiere construir un Gobierno, del país que queremos como sociedad. Por lo tanto, señora Cañizares, de VOX -que no está-, sí, son decisión política. Ustedes están cuestionando el
Estado del bienestar. A ustedes les molesta que se conviertan en gasto estructural necesidades que garantizan el Estado del bienestar. Aumenta el presupuesto en sanidad. Nos enfrentamos a una crisis de la pandemia -¿o es que ustedes no se
acuerdan?-, una crisis con 30 000 sanitarios menos que en los anteriores diez años. El presupuesto de sanidad tiene que convertirse en gasto estructural por decisión política. Aumenta el gasto en la educación, sí, las becas y la igualdad de
oportunidades, por decisión política, y, señor Píriz, porque son unos presupuestos socialistas, tienen que aumentar. En cuanto a las políticas hacia nuestros mayores, garantizar las pensiones actualizándolas al IPC y llenar la hucha de las
pensiones para garantizar las pensiones futuras también es una decisión política. Hay otras decisiones políticas -y ya las vivimos en el pasado- que son recortar, recortar y recortar, aparte, evidentemente, de subir impuestos. La dependencia tiene
que aumentar. Los jóvenes se tienen que convertir en un gasto estructural, claro que sí. ¿Cuántas veces hemos dicho que los jóvenes están infravalorados? ¿Deben o no deben convertirse en políticas estructurales los jóvenes estudiantes, los
jóvenes trabajadores o los jóvenes que quieren emanciparse? ¿Y los salarios de los empleados públicos? ¿Cuántas veces salimos a los balcones a aplaudir a nuestros sanitarios y cuántas veces salimos a los balcones a aplaudir a todo el sistema
educativo? Qué pronto nos olvidamos de todo. A ustedes les oigo quejarse porque las grandes fortunas se van a ir a Portugal, pero no oigo que rechisten porque los médicos se van a otro país, porque ustedes a esto le llaman movilidad exterior.
Como les decía, es un presupuesto social, es un presupuesto que garantiza el Estado del bienestar, que pretende consolidar el gasto social. A eso es a lo que ustedes le tienen miedo, porque puede cambiar la estructura que tienen en la cabeza, que
es salvaguardar única y exclusivamente al 2 % de la población. Son unos presupuestos que miran al 98 % de la población.


Señora Cañizares, no le gustan los presupuestos, es una obviedad. No presentan enmiendas después de la tramitación presupuestaria. Es una obviedad. El tema de los presupuestos es algo que a ustedes les sobrepasa, les da mucho trabajo,
pero, por favor, léanse los presupuestos. Usted no puede decir que se le da un hachazo fiscal a las familias, incluso habiendo dado datos. Decían ustedes que el 61 % de los españoles cobra menos de 21 000 euros al año. No hay hachazo fiscal para
las familias. Por favor, miren y estudien los presupuestos: un trabajador casado que tenga descendientes, y que cobra 19 000 euros de rentas del trabajo tiene con estos presupuestos 331 euros de ahorro en el IRPF; un pensionista que cobra una
pensión de 16 500 euros tiene con estos presupuestos un ahorro de 689 euros al año; los autónomos, un ahorro en global de 184 millones de euros, y las pymes, casi 400 000 empresas, tienen un ahorro de 300 millones de euros. No hay hachazo fiscal
para la clase media, como ustedes nos decían.


Acabo. No se trata de hachazo fiscal, sino de justicia fiscal, señores del Partido Popular. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE, el banco central de España y la Comisión Europea, todos coinciden en el carril de la justicia
fiscal, todos menos ustedes, señores del Partido Popular, señores de VOX y señores de Ciudadanos; ustedes y Liz Truss. Hoy mismo lo estábamos conociendo. ¿Quién

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aplaudió las rebajas fiscales que proponía Liz Truss? Ustedes. ¿Quién sigue las políticas que están haciendo y a qué nos recuerda toda la campaña que hemos vivido en el Reino Unido? A la suya de 2011. El señor Mariano Rajoy y ustedes,
para llegar a Moncloa, dijeron y repitieron que no subirían los impuestos, al revés, que los bajarían todos, todos. Llegaron a la Moncloa e hicieron como ha hecho la señora Liz Truss: seis semanas después, me echo atrás y los aumento todos. Si
superamos la enmienda a la totalidad, lo vamos a comprobar en las enmiendas que ustedes van a presentar a los presupuestos, a ver si siguen o no siguen esas políticas liberales.


Miren, ningún discurso sirve para pagar las facturas.


La señora PRESIDENTA: Señora Mínguez, tiene que ir acabando.


La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Ningún discurso sirve para pagar las facturas; el BOE, sí; los reales decretos, también, y los presupuestos también ayudan a pagar las facturas. Usted habla del impuesto a los pobres con la inflación, pero es
que ustedes -piénsenlo- no han hecho nada para combatir esta inflación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Ahora, para contestar a todas las cuestiones, tiene la palabra la secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Gualda Romero): Gracias, presidenta.


Intentaré ir dando respuesta según la participación que ha tenido cada uno de los grupos parlamentarios.


Empiezo por la señoría de Ciudadanos. Le preocupaba principalmente cómo íbamos a conseguir bajar el procedimiento de déficit excesivo a un déficit por debajo del 3 %. Le recordaré que el único Gobierno que ha sacado del procedimiento de
déficit excesivo a España ha sido el Gobierno del señor Sánchez, es el único que en los años 2018 y 2019 bajó de ese porcentaje de déficit. Es verdad que ahora mismo estamos por encima del déficit excesivo porque, como todos conocen, hemos tenido
una pandemia, una guerra, un volcán, y así podríamos ir enumerando la cantidad de situaciones adversas que nos ha tocado vivir en cuatro años, gobernar y afrontar.


También me preguntaba por el plan de consolidación fiscal y cuándo lo vamos a hacer. Creo que hay un gran plan de consolidación fiscal, no escrito, no contado, sino demostrado, y se ve en cómo ha bajado el déficit que necesariamente tuvo
que adquirir el país de más de un 10 % en 2020 para afrontar las necesidades de la pandemia: cómo bajó al 6,9 % en 2021, por debajo de la senda comprometida con la Comisión Europea, que era del 7,7 %; cómo en el año 2022 quedará en el 5 % que
tenemos comprometido, que hoy mismo decía el gobernador del Banco de España -igual eso también lo han retenido- que incluso podemos quedar por debajo; en el año 2023 a un 3,9 %; en el año 2024 a un 3,3 %; y en el año 2025, a un 2,9 %. Es un plan
de consolidación fiscal que se está cumpliendo. Como decía la señora del Grupo Socialista, se ha reducido el déficit en dos años, no en trece ni en diez, sino en dos años.


Me preguntaba qué opinábamos sobre el incremento de los ingresos y decía que todos se debían a la inflación. Pues le recuerdo las palabras del gobernador del Banco de España que -en la medida en que le he podido escuchar- creo que ha dicho
que no todo el incremento de los ingresos se debe a la inflación, sino que hay un crecimiento de los ingresos que se debe a la mejora de la economía. Aquí no hay nada más que dos formas de que crezcan los ingresos: la mejora de la economía o
cuando el ingreso procede del incremento del IRPF, incremento que proviene ni más ni menos que de la mejora del mercado laboral, de menos desempleo, de más personas incorporadas al empleo estable y de calidad, como ha puesto de manifiesto la reforma
laboral. Creo que con algunas de estas anotaciones también contesto a algunos de los temas que ha mencionado el señor Píriz, del Grupo Popular, o la señora Cañizares.


Asimismo, decía que había dudas sobre lo que ya se llama el tercer desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Saben perfectamente que España fue el Estado miembro que antes presentó el plan de recuperación, el
primero que lo tuvo aprobado por la Comisión Europea el 13 de junio de 2021; también fue el primero que tuvo el anticipo, más de 9000 millones de euros, y ha sido el primero que ha pedido los desembolsos. Hay países con volúmenes importantes que
todavía no han pedido ni el primer desembolso, porque obviamente eso requiere un cumplimiento de hitos y objetivos en las fechas y los calendarios en que los teníamos comprometidos con la Comisión Europea. Y si se

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refiere a la noticia de la que algún medio se ha hecho eco y que el propio comisario europeo ha desmentido en la noche del pasado viernes, obviamente, si la Comisión Europea ha desmentido esta duda que algún medio había vertido, está claro
que no son dudas y que la Comisión Europea tiene muy claro el cumplimiento y la responsabilidad de España con respecto a la ejecución del plan de recuperación.


Salto al señor Guijarro, que le preocupaba si el plan de recuperación era realmente un estímulo económico, no cabe duda de que lo es. O sea, el plan de recuperación son 25 000 millones cada año, 24 198 en 2021; 26 000 millones en 2022;
más de 25 000 en 2023; y así hasta los 77 000 de los que dispondremos, porque, como saben, España, al haber sido más azotada por la crisis de la pandemia, ha tenido un remanente a incorporar sobre el primer envío de fondos, o sea, sobre los
primeros 69 000, llegando a alcanzar los 77 000 millones. Evidentemente, el plan de recuperación es un impulso al tejido productivo, es un impulso a la economía y una transformación, porque no solamente nos está llevando a inyectar recursos, sino a
transformar la manera de hacerlo, haciendo a este país mucho más resiliente y mucho más próspero. Pero es que, además, en contabilidad nacional tiene carácter de neutralidad. Por lo tanto, todo lo que hablamos aquí del déficit lo estamos hablando
respecto al presupuesto nacional. La responsabilidad que tiene el plan de recuperación en términos de contabilidad nacional es que la ejecución del mismo se haga de forma adecuada al cumplimiento de hitos y objetivos en los plazos, en los semestres
y en los trimestres correspondientes. Y detrás de ese gasto, primero, el país se ha endeudado para acometerlo, porque obviamente no podíamos transformar ni recuperar el país cuando salimos del COVID, de la pandemia -que, además, no fue solo en
2020, sino que, como usted sabe, fue todo el año 2021 e incluso nos ha azotado a principios del año 2022-. Si no se hubiera endeudado el país para adelantar esos fondos y obviamente cumplir con esos hitos y objetivos, para poder estar recibiendo
hoy esos desembolsos -el país tiene ya 31 000 millones de desembolsos recibidos-, no podríamos estar transformando el país ni transformando la vida de las personas y ayudando a que mejoren. Por lo tanto, el plan de recuperación no tiene ningún
riesgo. Como ayer mismo adelantó la vicepresidenta económica, pediremos en el plazo que estaba previsto el tercer desembolso, que siempre es a lo largo del mes de noviembre, para que puedan llegar los fondos antes de que finalice el año. Ya solo
nos faltan 6000 millones de este ejercicio, el resto está ingresado, está en Tesoro, y poniéndose a disposición del gasto público, como no puede ser de otra forma.


Gracias por las felicitaciones, señor Bel. Yo también me congratulo por que estemos aquí tres años después. Presupuestos hemos hecho cuatro, lo que pasa es que alguno no prosperó (risas); es que como yo lo trabajo cuento con el que he
hecho también, aunque no prosperara, evidentemente. Y aprovecho este momento para agradecer desde aquí a todos los empleados públicos del Ministerio de Hacienda su esfuerzo y dedicación para llevar a cabo la elaboración de los presupuestos.
Evidentemente, estamos incrementando el esfuerzo. No solamente son estética los informes transversales. Yo agradezco que usted se haya parado a destacarlo, porque es un esfuerzo extraordinario de transparencia y de compromiso. O sea, no vale
decir que el presupuesto está orientado a la transición ecológica o que contrarresta el cambio climático si los números no lo demuestran; si la metodología que está avalada por la Comisión Europea no es una metodología hecha de ir por casa, sino
que demuestra que hemos superado el 30 % de los recursos computables dedicados a esa mitigación y a medidas para evitar o contrarrestar el cambio climático. Un presupuesto no demuestra que es igualitario si no hay un informe que demuestra que más
del 98 % de los programas y, por lo tanto, los recursos son igualitarios. Y es igualitario porque las medidas que pone en marcha -como no puede ser de otra forma- reflejan los valores y la voluntad del Gobierno progresista de coalición, y eso se
demuestra en los presupuestos, se demostró en los anteriores y se demostró en los de 2021.


Claro que se dedica presupuesto a gasto social, señora Cañizares, claro que dedica a gasto social, lo decía el señor Guijarro, un 35 % más que los presupuestos del Ejecutivo anterior. Es una cantidad de recursos extraordinaria, y no
solamente porque creemos en ello, que por supuesto, sino porque además hemos tenido que afrontar necesidades, prestar atención a las necesidades de la ciudadanía de forma extraordinaria, y obviamente por eso hemos incrementado la deuda. Es que me
parece una falta de transparencia y de claridad decir y hablar solamente del titular del porcentaje de la deuda sin recordar que este país, como el mundo entero, ha pasado por una pandemia, que este país se ha tenido que endeudar para que los más de
4 millones de trabajadores no estuvieran hoy en desempleo y, por lo tanto, tuvieran cubiertas sus necesidades. Que este país ha tenido que atender a los autónomos con un cese de actividad nunca visto y que este Gobierno en nuestro país ha tenido
que atender a las necesidades sanitarias, que se ha incrementado la dotación de profesionales y las necesidades de consumo. Hemos pasado, además,

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las necesidades puntuales de la isla de La Palma, que es España y naturalmente había que atenderlas. Hemos tenido que poner en marcha medidas para las familias, para las empresas y, sí, nos hemos endeudado, no para los bancos, sino para las
familias, para las empresas, para la economía, para la igualdad de oportunidades, para la educación y para las becas. No obstante, estamos reduciendo el déficit y la deuda, y la senda de déficit y de deuda está avalada, aunque decía la señora
Cañizares que estaba de acuerdo la AIReF pero que no estaba avalada; si está avalada es que está de acuerdo, ¿no? (Risas). No lo entiendo.


Respecto al segundo escenario, me paro unos segundos en él. El ejercicio de responsabilidad y de prudencia que ha hecho con el presupuesto el Gobierno de España, con la ministra de Hacienda y el presidente a la cabeza, creo que es de
extraordinario reconocimiento. En una economía tan volátil -hasta el propio gobernador del Banco de España está hablando de que no puede asegurar las previsiones, porque hoy mismo ha modificado las de junio y cuando llegue final de año
probablemente tendrá otras, y así sucesivamente-, hicimos unos presupuestos con una previsión de ingresos responsable, muy responsable, con unos crecimientos que rondaban el 6 % respecto al ejercicio anterior; porque el límite de gasto, como
ustedes conocen, se aprueba en el mes de julio, dado que por la ley orgánica de estabilidad presupuestaria tienen que estar aprobados antes del 1 de agosto y comunicados a las comunidades autónomas y entidades locales a fin de que puedan desarrollar
su presupuesto. Hicimos una presupuestación y tendrán oportunidad de verlo con mi compañero, el secretario de Estado de Hacienda, y con la secretaria general de Administración Local cuando expresen con detalle el sistema de financiación y cómo este
-que lamentablemente por estas vicisitudes, señor Guijarro, no hemos podido reformarlo y actualizarlo todavía y, efectivamente, está más que caducado- ha tenido un incremento extraordinario de más de un 24 % respecto a la financiación de las
comunidades autónomas. Este sistema de financiación refleja, lógicamente, la realidad de esos ingresos pero, como siempre, habrá las liquidaciones correspondientes al N+2, y corresponderá también a la mejora de las comunidades autónomas.


¿Por qué hay un segundo escenario en el plan presupuestario? Porque sería irresponsable no comunicar a la Comisión Europea que tenemos unas proyecciones de mejoría de algunos tipos de ingresos, incluso para el año 2022. El jueves mismo el
presidente del Gobierno anunció cómo iban a ponerse en marcha medidas para completar ayudas a la familia, a las familias más vulnerables, con respecto a los incrementos del precio de la energía, de la calefacción, del gas, etcétera: incremento en
el bono social térmico, incremento en el bono social eléctrico e incremento en la cobertura de esos peajes por cambio de contrato, para buscar un sistema eléctrico o de gas más barato. Todos estos incrementos no son bluf, son gastos que se tienen
que afrontar y que se afrontan cuando tienes recursos para ello, no a base de deuda. Hemos tenido que tirar de deuda cuando eran gastos inasumibles, como los ERTE, el cese de actividad o las ayudas a autónomos y empresas, porque estábamos ante una
pandemia.


Por lo tanto, se ha puesto transparencia en estas nuevas decisiones. Cuando me preguntaban por los salarios, evidentemente el acuerdo de salarios de los empleados públicos -que quieren pujar al acuerdo de rentas, como no puede ser de otra
forma- viene a intentar ayudarles para que puedan llevar adelante la carestía de la vida. Por eso, en los presupuestos de 2023 sí está presupuestado eso que tanto critican del 4 % para todos los empleados públicos; es decir, un 2,5 % más el 1,5
que se va a incrementar en el año 2022. ¿Cuándo vamos a incrementar ese 1,5 en el año 2022? En un real decreto muy próximo, que será probablemente en estos días, y a ese 1,5 se da cobertura con esta mejora de ingresos que tiene el ejercicio 2022.
Entonces, este es el ejercicio de transparencia que tiene este segundo escenario. Lo que viene a poner de relieve este escenario para el año 2023 es que si la situación de la guerra persiste y las necesidades de apoyo a las familias y a las
empresas necesitan incrementarse, o se bajan impuestos -como decían algunos de ustedes- en el sector energético o en la luz, este escenario lo contempla, porque el incremento previsto de estos recursos del año 2022 va a precipitar que, sin
desviarnos del déficit que tenemos contemplado con Europa, sigamos atendiendo a las familias, a la clase media y a la clase trabajadora de este país. Esto es así porque también hay unos impuestos que se están tramitando en esta Cámara que
contribuyen a ello.


La señora Cañizares dice que el mayor gasto social es porque tenemos un 50 % de pensionistas. No sé si usted quiere que no les paguemos a los pensionistas. Este Gobierno va a pagar las pensiones a los pensionistas, sean el 50 % o lo que
sean nuestros mayores. (La señora Cañizares Pacheco: Claro, por supuesto). Les vamos a pagar las pensiones y, además, con dignidad. (La señora Cañizares Pacheco: Sí, sí, por supuesto). Por eso consideramos que sí son justos estos presupuestos.
Y sí estamos

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preocupados por los indicadores de pobreza, por eso seguimos incrementando todas las medidas para paliarla y para atenderla. Por eso hemos incrementado un 152 % la atención a la dependencia y un 65 % la ayuda a la igualdad de becas y
ayudas.


El señor del PP me ha dicho que todo es falso. No sé, a lo mejor hay que preguntarles a todos los ciudadanos, porque efectivamente nos hemos endeudado para atender sus necesidades en los años 2020 y 2021. Me parece, ya se lo decía antes,
que hay que hacer un ejercicio de realidad. El ejercicio de realidad no es hablar de un dato ajeno a lo que este país ha superado, de cómo realmente en el año 2022 las familias han recuperado esa capacidad de renta, cómo en este año se ha venido a
frustrar con el incremento de los precios y el incremento de la inflación y cómo nuevamente en el Gobierno de coalición progresista, con el señor Sánchez a la cabeza, hemos adoptado medidas para bajar esa crisis energética y esa inflación. Por lo
tanto, son unos presupuestos -sí, lo he dicho una y mil veces- sociales y anticrisis; efectivamente, lo son.


No sé si me falta alguna cosa más, independientemente de todo lo que hemos comentado. Respecto a los datos, por supuesto que agradezco las palabras de la señora Mínguez, porque reflejan absolutamente lo que el Gobierno progresista de
coalición ha puesto en estos presupuestos, que es, sin lugar a dudas, la atención a la ciudadanía.


El señor Bel se ha ido y le iba a dar el dato de la ejecución, pero lo digo. (La señora Cañizares Pacheco: Está allí al fondo, detrás). Ah, que no lo había visto. Perdón, perdón. (La señora Cañizares Pacheco y el señor Guijarro García:
Dígalo, dígalo). Le quería decir que el dato de la ejecución lo tengo también, pero como ha dicho que no quiere hablar solo de Cataluña... Bueno, yo se lo agradezco, pero no está nada mal Cataluña. El dato de la ejecución del plan de recuperación
está aún, a 30 de septiembre, en un 76,8 %, frente al año pasado, en que estaba en un 55,1 %, y acabó con una ejecución, en términos de autorizaciones, de más de 22 000 millones. Y si nos referimos a la ejecución en obligaciones reconocidas -que yo
sé que es como a usted le gusta hablar- de las transferencias de capital o de las inversiones, están a un 51,9 % frente al año pasado, que estaba en un 37,9 %. En estas fechas siempre digo que en los tres meses que quedan -pues esto es a 30 de
septiembre- se adquiere una velocidad de crucero para que lo que está en A o en D pase a obligaciones reconocidas. Todos estamos interesados en que esa ejecución se lleve a término, evidentemente.


Por tanto, señoría, estoy totalmente convencida -lo repito- de que estamos ante unos presupuestos que son expansivos de manera que, como se demostró en la pandemia, es posible una salida de la crisis diferente a las salidas de las crisis
anteriores. Este Gobierno continuará apostando, sin lugar a dudas, por políticas que estimulen el crecimiento, la innovación, la diversificación y la modernización de nuestro tejido productivo, a la par que refuerza el Estado del bienestar y
garantiza la consolidación fiscal y se responsabiliza de ella.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus extensas explicaciones.


Hacemos un parón de cinco minutos y volvemos enseguida. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (SÁNCHEZ MILÁN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002471), PLURAL (Número de expediente 212/002552), VOX (Número de expediente 212/002426),
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002754), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002630).


La señora PRESIDENTA: Reanudamos esta sesión con la siguiente comparecencia. En este caso, me gustaría dar la bienvenida a la secretaria de Estado de Función Pública, a doña Lidia Sánchez Millán. Sin más, le doy la palabra para que haga
la exposición que entienda pertinente.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Muchísimas gracias, presidenta.


Voy a intentar ser muy clara, pero también quiero ser rápida y aprovechar bien los tiempos que tenemos para tan importante misión. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un privilegio comparecer en esta Cámara para compartir la
presentación de los presupuestos en los ámbitos, muy relacionados con lo que son las competencias propias de la Secretaría de Estado de Función Pública, que tienen como dos

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partes desde la perspectiva presupuestaria: por una parte, la atribución directa de recursos público para reformas, para inversiones, y por otra parte, tiene la regulación que se contiene en el texto articulado, en este caso de la ley de
presupuestos, y que en líneas generales determina cómo se organizan los recursos, cómo se organizan las retribuciones y cómo se organiza la entrada de efectivo en todas y cada una de las administraciones públicas y sus entidades dependientes. En
ese marco quiero decirles que con carácter general el incremento del capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado ha alcanzado la cifra de 27 484 millones de euros, un 6,6 % más que el ejercicio anterior, debido, por un lado, a la subida de
retribuciones que para la AGE está cifrada en más de 1000 millones de euros, y por otro, a la consolidación de incorporaciones de efectivos de la oferta pública de empleo en ejecución. Esos serían los dos ámbitos principales que absorben esa
subida.


Centrándome en lo que son las competencias, como decía, de la secretaría de Estado, nos corresponde bajo el triple foco de la ciudadanía, de la Administración y del empleo público, la mejora de la prestación de los servicios públicos.
Nuestra actuación destaca especialmente, y más en este momento y en el ejercicio 2023, el proceso de transformación de la Administración pública en la que estamos inmersos, propiciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como
instrumento y oportunidad imprescindible en este proceso. Mi intervención tendrá tres partes, breves aunque sean tres: una sobre las principales líneas presupuestarias, en donde destacaré lo más relevante a mi entender; otra en la que detallaré
esas reformas e inversiones contenidas en el plan de recuperación, que están en un nivel de ejecución bastante alto y que corresponden a la política palanca de este plan denominada 'una Administración del siglo XXI', y acabaré deteniéndome en las
líneas de actuación tractoras de este proceso de transformación de las administraciones públicas.


En cuanto a la líneas presupuestarias, disponen de esa información, de sobra, en la documentación que obra en esta Cámara, y solo destacaré que el presupuesto global asciende a 2079 millones de euros, con un incremento del 2,28 %, en los que
destacaré, por un lado, la dotación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que tiene un incremento del 12,5 respecto al ejercicio anterior; crecimiento destinado especialmente a reforzar sus medios personales. Si comparamos, en menos de
un año, el incremento que tuvo el consejo en el año 2022 en el que estamos y el que prevemos para el año 2023, ha supuesto un incremento del 41,6 %. Ambos incrementos, la suma de los dos, ese 41,62 %, es la más alta de cualquiera de las política y
de los organismos que están bajo el paraguas de la Secretaría de Estado de Función Pública.


Por otro lado, el Instituto Nacional de Administración Pública tiene también un importante incremento dentro de nuestra apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional. Supone un incremento del 8,45 %, que se va a centrar
especialmente en el campus virtual del INAP, en descentralizar el desarrollo de las pruebas selectivas de acceso al empleo público en la AGE para contribuir cada vez más a esa democratización en el acceso o el avance de programas de desarrollo
directivo, con especial atención al liderazgo femenino y al liderazgo digital.


Muface es el tercero de los elementos que quería destacar, a través de los dos programas, la parte que gestiona la asistencia sanitaria y la parte asistencial al colectivo de empleadas y empleados públicos, mutualistas y a sus familiares,
que tiene un presupuesto de 1938 millones de euros, con un incremento del 1,72 %. Hay que destacar el incremento relacionado con el concierto de asistencia sanitaria y el incremento del gasto en farmacia hospitalaria. A este respecto, quiero
destacar que el coste global del concierto en su vigencia 2022-2024 asciende a 3571 millones de euros, cifra con la que se garantiza la suficiencia financiera del sistema y permite, además, incorporar los nuevos servicios que se dan en la cartera
común del Sistema Nacional de Salud, del que por supuesto Muface forma parte.


Del segundo bloque que les anunciaba de inversiones y reformas que derivan del plan de recuperación destacaré tres de las reformas más importantes -no necesariamente por ese orden-, algunas de las cuales conocen ustedes bien porque han
pasado por aquí en buena parte y otras acaban de llegar. En primer lugar, nuestra lucha contra la temporalidad en el empleo público para combatir la precariedad y reducirla. Recordarán que a finales del año 2021, aprobamos la Ley 20/2021, de
reducción de la temporalidad, pero también el importante Real Decreto Ley 32/2021, de reforma laboral; reforma laboral que ha tenido y está teniendo un impacto muy importante en la estabilidad del empleo público laboral de todas las
administraciones públicas. Fruto de esta norma, estamos trabajando todas las administraciones en los procesos de estabilización, promoviendo -les recuerdo- el hito del plan de recuperación de estabilizar al menos 300 000 puestos a 31 de diciembre
del año 2024. Y les doy unos datos muy reveladores. Hoy por hoy puedo decirles que se han aprobado ya ofertas de empleo público de

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estabilización en todas las administraciones públicas -Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector público-, que incluyen un total de 372 612 plazas, cumpliendo, por tanto, con creces el compromiso
adquirido con nosotros mismos y con la Comisión Europea de incluir en oferta de empleo público antes del 1 de julio del año 2022 al menos 300 000 plazas; concretamente, lo hemos superado en un 24,2 %. Desde aquí, yo quiero reconocer y agradecer el
trabajo colaborativo que hemos llevado a cabo con todas y cada una de las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias en el seno de la Comisión de Coordinación de Empleo Público para avanzar en este proceso que está
dotando a las administraciones públicas de un empleo estable y de calidad. Vamos avanzando de manera, por tanto, firme y decidida en este propósito y quiero darles solo otro dato. En el sector público institucional de la Administración del Estado,
las empresas públicas, se ha aprobado la estabilización de 18 111 plazas, que suponen el 12,15 % del total de efectivos fijos del sector público estatal. Centrándonos en el ámbito concreto de las comunidades autónomas y de la Administración General
del Estado, que es donde está el grueso de ese empleo temporal, las ofertas aprobadas suponen el 98 % del total de esos 300 000 empleos comprometidos para el 31 de diciembre del 2024, y ya han adquirido estabilidad, dos años antes del final del
plazo, más de 75 000 puestos de trabajo.


El segundo elemento de reforma que quería compartir con todos y cada uno de ustedes es la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. Esta ley ya ha iniciado el recorrido de la negociación colectiva con los
representantes de los empleados y empleadas públicas de la Administración General del Estado. Apuesta por la planificación estratégica de los recursos humanos, con el objetivo de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los
servicios. Esta ley apuesta también por una renovación estructural del empleo público con medidas innovadoras, apuesta por la carrera profesional, apuesta por la agilidad y eficiencia y la accesibilidad, y se incorporarán también medidas para la
profesionalización de los órganos de selección.


La tercera de las reformas más importantes vinculadas al plan de recuperación es la evaluación de políticas públicas cuya ley, como todos ustedes conocen, está aquí en el Congreso tramitándose para su aprobación final. Esta ley va a
permitir ganar en calidad democrática y en rendición de cuentas a la ciudadanía. Para la puesta en marcha de la agencia estatal que se prevé con un plazo de seis meses desde que se apruebe la ley se incluye en el presupuesto del próximo año un
millón y medio de euros para su puesta en funcionamiento.


La acción conjunta de estas tres reformas nos conducirá al cambio cultural de la Administración sin precedentes, en ese compromiso con Europa y, como decía antes, con nosotros y nosotras mismas. Marcará además la toma de decisiones donde la
planificación estratégica y la dirección por objetivos serán y son sus señas de identidad más relevantes.


Respeto al segundo aspecto del plan de recuperación, que serían las inversiones, hay dos programas: el primero, se lleva a cabo directamente en actuaciones en el ámbito de la secretaría de Estado, el programa 92KC, y el segundo, el programa
94KC, que corresponde a unas inversiones a favor de las comunidades autónomas para llevar a cabo procesos de digitalización con un especial énfasis en los de salud digital.


En tercer y último lugar, les comento otra serie de importantes líneas tractoras de la secretaría de Estado que se reflejan en la ley de presupuestos. Ese tercer bloque, al que me refería antes, no agota necesariamente todas las actuaciones
específicas del ámbito competencial de la secretaría de Estado directo, sino de lo que supone de rector o rectora, en este caso, de la organización y el empleo público en el ámbito de todas las administraciones.


Yo voy a destacar solamente dos de esas líneas tractoras que tienen reflejo en la ley de presupuestos de este año. Una de ellas es -permítanme que empiece que empiece por ahí- el importantísimo acuerdo sindical que va a contribuir a
articular el proceso de transformación hacia una Administración del siglo XXI, como determina, como decía antes, la cuarta política palanca del plan de recuperación. Un año después de mi primera comparecencia en esta Comisión, donde aludíamos a
cuál era el objetivo que se recogían para el año 2022, hemos consolidado la coherencia de un modelo basado en el diálogo social, como elemento clave de avance a través de la participación de las organizaciones sindicales en los procesos de reforma,
que tras la pandemia y la experiencia vivida, nos propicia, como les digo, este plan de recuperación. Este año de trabajo conjunto culmina, pues, con este acuerdo marco alcanzado hace unos días, donde tanto el Gobierno como Comisiones Obreras y
UGT, las organizaciones sindicales mayoritarias del sector público de todas las administraciones, compartimos la necesidad de poner en valor al personal al servicio de la Administración pública, culminando la recuperación de

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derechos que fueron recortados en 2012, potenciando los elementos que deben conformar una Administración para el siglo XXI, como son el compromiso con la igualdad de género, el fortalecimiento de la sinergia y del talento existente entre las
empleadas y los empleados públicos, la apertura de la Administración a la ciudadanía, la atracción de jóvenes al servicio público como garantía de una prestación de servicio público de la más alta calidad.


Destaco de este acuerdo que también se contempla, como todos conocen, un incremento en las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, que alcanzará en un horizonte plurianual de tres años, una cifra del 9,50 %.
En la ley de presupuesto del año 2023 se incorpora la subida correspondiente al ejercicio 2023, que arrastra parte del año 2022 con el refuerzo adicional de 1,5 %, que se suma al que ya se aprobó en la ley de presupuestos, en la ley de presupuestos
vigente.


El segundo de esos elementos tractores que se incluyen en la ley de presupuestos es, junto a este acuerdo, la oferta de empleo público y su regulación. Es una de las novedades en la ley de este año. El refuerzo de la oferta de empleo
público recupera la filosofía que recogió el Estatuto Básico del Empleo Público y se evidencia como la plasmación del ejercicio de la planificación en un marco plurianual. Se instrumenta en una serie de medidas -yo citaré cinco que recoge la ley,
algunas consolidadas y otras son novedad-. Frente al centro de toda la actuación del año 2022, que fueron la Ley 20/2021, de reducción de la temporalidad y de medidas de urgencia, y la Ley 32/2021, de reforma laboral, entramos de lleno a la
planificación de los recursos humanos que impida el volver a situaciones de generación de empleo temporal y precario en fraude.


Estos cinco elementos o reglas empiezan por la tasa de reposición de efectivos, siendo 2022 el primero de los últimos quince años en el que todos los sectores han crecido por encima de las bajas producidas. Esa tasa de reposición se
consolida en 2023, alcanza el 110 % como norma general y el 120 % para los sectores prioritarios contemplados en la ley y sigue manteniéndose un 125 % para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas y locales.


Pero como les decía, esa tasa de reposición no es la única herramienta. En segundo lugar, pretendemos avanzar en el sistema, de manera que las administraciones puedan encontrar soluciones para hacer frente a la prestación de los servicios
públicos para la sociedad. Como otras herramientas que componen esa oferta de empleo público, se consolidan las que se introdujeron de manera novedosa e innovadora el año pasado, en las que no se computa y seguirá sin computarse, a efectos de la
tasa de reposición, la asunción de nuevos servicios por la internalización de los que se pudieran estar llevando a cabo también, por tanto, nuevos servicios sin internalización o internalización en sí misma.


En tercer lugar, las plazas que hubieran quedado desiertas en ofertas de empleo anteriores podrán incorporarse a la oferta del año 2023.


En cuarto lugar, hay una novedad muy destacada: una tasa de reposición que hemos llamado específica, que viene a sostener la apuesta por el empleo público estable y de calidad, de manera que cada Administración pública, cada comunidad
autónoma, cada ayuntamiento o la Administración del Estado, en esa apuesta por el empleo estable y de calidad, puedan generar una reposición que impida que la temporalidad del empleo público supere el 8 % de naturaleza estructural. Toda esa
actuación estará ligada al instrumento de planificación del que se dote a cada Administración pública.


Y en quinto y último lugar, este proyecto de ley de presupuestos también recoge, con carácter expreso y determinante, que todos los nombramientos de personal funcionario interino estructural o contratos de personal laboral también temporal
estructural tengan que incorporarse en la misma oferta de empleo público del año 2023, o como mucho en la oferta del año 2024, acortando de una manera muy importante los plazos que hasta ahora venían utilizándose para llevar a cabo la cobertura
definitiva de ese tipo de puestos. Por tanto, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la propia Administración del Estado tendrán todos esos instrumentos para contribuir de manera planificada a lo que supone la gestión de calidad de los
servicios públicos.


Termino diciendo que la ley de presupuestos recoge el cambio de paradigma operado tanto con la ley de estabilización como con la reforma laboral, y generaliza la contratación indefinida para todo el personal laboral de todas las
administraciones públicas y de todas las entidades de la Administración institucional, convirtiendo en algo excepcional la figura temporal del empleo público laboral. La suma de todos estos instrumentos y de toda esta planificación determina un
nuevo escenario que permitirá la adecuada prestación de esos servicios públicos.


Ya termino. Con estos presupuestos creemos sinceramente que avanzamos de manera decidida hacia la transformación de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía, impulsar la

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actividad económica y promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Sin más, quedo a su disposición para responder a las cuestiones que tengan oportuno plantearme.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su exposición y también por la brevedad.


Damos la palabra ahora a los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.


Gracias, secretaria, por su comparecencia. Más allá de referirnos estrictamente a la parte del capítulo 1, gastos de personal, que es muy importante, nos interesaría también centrarnos -porque de eso tendremos oportunidad de hablar en otras
comparecencias- en el tema de la agilidad administrativa y la respuesta al ciudadano, en un contexto en el que la Administración está falta de reemplazo, después de muchos años en los que una baja apenas era cubierta por una nueva alta. La
plantilla de la Administración General del Estado está envejecida -ese es uno de los principales problemas- y la temporalidad y la interinidad siguen siendo, a pesar de los avances, el principal frente en materia laboral que tienen que trabajar las
administraciones, sobre todo las autonómicas. Actualmente la edad media de los trabajadores de la Administración es casi de cincuenta y dos años, y la plantilla pública, que mayoritariamente entró en la Administración en los años ochenta, necesita
un recambio generacional y también incrementos de efectivos en áreas clave como las que gestionan prestaciones, ayudas, desempleo o la Inspección, ya que cada vez son más demandadas todas estas áreas, pero hay una respuesta lenta debido a esa falta
de recursos humanos y también materiales.


Entrando en el detalle de los presupuestos, la Administración General del Estado contará en 2023 con aproximadamente 525 000 funcionarios, incluidos altos cargos, una plantilla que se nutre básicamente del subgrupo o del nivel C1 que, como
bien sabemos, en múltiples casos van a asumir funciones que no corresponden a su nivel. Por ponerle un ejemplo de esto último, hay supuestos en los centros de información de la Seguridad Social en los que se ocupan puestos directivos por personas
que no tienen ese nivel correspondiente, porque en ese centro no existe en ese momento una persona con ese nivel necesario y equivalente al puesto de directivo o de jefe de negociado.


Sin embargo, hay un área que no sufre restricciones de reposición, y es la de los funcionarios designados a dedo, que con el Gobierno del que usted forma parte han tomado un protagonismo especial y que se incrementará de forma importante el
próximo año, según la información que se tiene en los presupuestos, sobre todo en lo que respecta al Ministerio de Presidencia, que dispondrá el próximo año ni más ni menos que de 1253. El incremento de esta cúpula funcionarial ha aumentado en los
últimos cinco años un 22 %.


En cuanto a la cuestión de los funcionarios interinos, que también ha estado presente en su intervención, nos gustaría conocer si están previstos en los Presupuestos Generales del Estado -que creo que usted no lo ha mencionado- los gastos
derivados de las indemnizaciones que hay que pagar a los trabajadores temporales en situación de abuso, derivados de la ley que se aprobó en este Parlamento de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.


También nos gustaría saber las previsiones del ministerio en cuanto a la regulación necesaria de la evaluación del desempeño o el estatuto del directivo. Usted ha hablado de la Ley de la Función Pública y de la negociación colectiva que se
ha iniciado al respecto, pero queremos saber qué hay del estatuto del directivo, algo que lleva pendiente durante largo tiempo y que desde aquí se ha reclamado en incontables ocasiones. La incorporación de criterios políticos en el desempeño de la
Función pública, creemos que es uno de los problemas más graves que existen, y es un fenómeno creciente, que además es especialmente patente en los casos en los que estas contrataciones o designaciones tienen como finalidad el desarrollo de
funciones directivas en la Administración. Le doy un dato, el Foro Económico Mundial nos sitúa en el puesto 83 de 137, es decir, por debajo de la mitad en su ranking sobre profesionalidad e independencia de los directivos públicos, no de la Función
pública sino de los directivos. Asimismo, la propia FEDEA ha advertido a nuestro país de la excesiva dependencia entre puestos directivos y cargos políticos, y la elevada rotación asociada con esta dependencia. Esto sucede porque no existe una
regulación sistemática de esta cuestión, que es por la que nosotros abogamos, por la promulgación de un estatuto del directivo público -le vuelvo a solicitar que nos explique cómo está esta cuestión-, que sea capaz de establecer mecanismos similares
a los que funcionan en países como el Reino Unido, que tienen funcionarios directivos elegidos por tribunales ad hoc y sometidos a una evaluación del desempeño, o Portugal, donde

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también desde 2011 los puestos directivos en empresas públicas los elige una comisión independiente en procesos que están basados en meritocracia y transparencia.


Por último, queríamos conocer qué medidas de estos presupuestos están destinadas a algo que también nos parece esencial, que es la atracción del talento joven a la Administración pública. Como le he dicho antes, la Administración pública
está envejecida, eso es un hecho. Nosotros creemos que el sector público necesita de jóvenes que asuman los retos que presenta el Estado. Hay un desequilibrio generacional evidente y prácticas poco eficientes de gestión que dificultan atraer,
mantener y desarrollar el talento joven en las administraciones públicas. Le pregunto por esta cuestión, si se tiene en cuenta en los presupuestos. Nuestra propuesta aboga por que los jóvenes se incorporen masivamente también a la Administración
General del Estado, para deshacer esa brecha generacional que actualmente existe.


Un último punto mucho más concreto es la situación de centenares de funcionarios en la Administración General del Estado en Baleares...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Sí, treinta segundos.


Hay una promesa de mejora de la indemnización de los funcionarios del Estado en Baleares por una PNL que se aprobó en marzo de este mismo año, para compensar el coste de la vida en Baleares, y no sabemos cómo está esta cuestión, si se ha
tenido en cuenta o no en estos presupuestos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias a la secretaria de Función Pública por su comparecencia y por su exposición. Me voy a centrar solo en un tema que es sencillo, pero no lo acaba de ser porque tampoco he conseguido sacar el agua clara de la anterior
intervención de la secretaria de Estado de Presupuestos, y es el siguiente. Quiero saber qué incluye el capítulo 1 de los presupuestos, el capítulo de personal, porque leo textualmente el plan presupuestario aprobado el viernes, mandado a Bruselas,
página 43, cuando habla del escenario 1, que es el que contempla los Presupuestos Generales del Estado. Dice textualmente: 'La rúbrica de remuneración de asalariados contempla el incremento retributivo del 2 % ya aprobado para 2022 y el del 2,5 %
para 2023 -abro paréntesis- (con posibilidad de un aumento adicional del 1 % si se sobrepasan los umbrales de inflación y de crecimiento del PIB [...] -cierro paréntesis-). En este escenario no se recoge el incremento retributivo adicional del 1,5
% para 2022, porque este no se contempla en los Presupuestos Generales del Estado de 2023'. Por tanto, mi conclusión es que este 1,5 %, que no es baladí, son aproximadamente 300 millones de euros, no está incluido en el capítulo 1 de Presupuestos
Generales del Estado.


De la contestación de la secretaria de Estado me ha parecido interpretar que sí, que ya estaba incluido, pero, cuando me voy al libro amarillo -página 297-, cuando habla de los gastos de personal dice que los gastos de personal para 2023
incorpora un incremento que 'recoge el incremento necesario a fin de continuar garantizando el poder adquisitivo de los empleados públicos en el año 2023. Así, las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un
incremento global del 2,5 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, considerando que se contempla -entiendo que de acuerdo con este redactado- un aumento adicional del 1,5 % para 2022, que se sumaría al 2 % ya establecido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2022'. Por tanto, ya que yo y mi grupo tenemos cierta predisposición a negociar y a aprobar los presupuestos, nos gustaría que nos clarificase si este 1,5 %, más de 290 millones de euros, está incluido en el
capítulo 1 de los presupuestos que vamos a aprobar. Y, si no lo está, que es lo que contempla el plan presupuestario en su página 43, ¿por qué no lo está? Porque es obvio que dentro de las previsiones de gasto del Gobierno se debería incluir dicha
cantidad.


Y así, para alegría de la presidenta, le perdono dos minutos de intervención.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Honrubia.

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El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su intervención, por las explicaciones que nos ha dado y por el trabajo que viene realizando desde que fue nombrada. Quisiera trasladarle, por supuesto, el apoyo de nuestro grupo
parlamentario a las cuentas que usted ha explicado. Creemos que una vez más se demuestra el compromiso de este Gobierno con lo público. Como decimos cada año, cuando hablamos de lo público, de servicios públicos y de la Administración General del
Estado, al final estamos hablando de derechos de la ciudadanía y, por tanto, estamos hablando de un compromiso de este Gobierno que se refleja en todo el presupuesto y también en estos capítulos específicos con los derechos de la ciudadanía y con
prestarle el mejor servicio posible y atender sus necesidades y demandas en los contextos tan difíciles que hemos tenido que vivir, primero con una pandemia y ahora con la situación de guerra que todos conocemos.


Creemos que las cuentas que ha detallado hablan por sí solas. Se produce un aumento presupuestario en todas las partidas que dependen directamente de su secretaría de Estado y, además, creemos que viene a recoger el trabajo que está
haciendo el Gobierno en todos los ámbitos normativos y legislativos que usted ha citado también; específicamente, en una cuestión que era un reto principal que nos marcamos como Gobierno de coalición al inicio de la legislatura, como bien ha dicho,
y que tenía que ver con la situación dramática de precariedad que existía en las administraciones públicas con una normativa que no era lo suficientemente eficiente como para evitar que eso se siguiera reproduciendo en el futuro y que, a raíz de la
aprobación de la Ley 20/2021, es evidente que ha empezado a cambiarse.


Creo que los datos que ha dado que son significativos y hablan por sí solos: 372 000 ofertas que ya se han puesto en marcha y 75 000 -si no me equivoco- que usted ha dicho que ya se han estabilizado. Es importante que se señalen estos
datos, porque todos sabemos lo que tuvimos que escuchar aquí mismo por boca de otros grupos a lo largo de todo el proceso de negociación de esta ley y las cosas que se dijeron de forma sistemática, como, por ejemplo, que los principales sectores que
más afectados se veían por esta cuestión de la temporalidad, como eran la sanidad o la educación, se iban a quedar fuera, que la normativa que se estaba haciendo no tenía la posibilidad de incorporar estos sectores a los procesos de estabilización,
etcétera. Hoy, pasado prácticamente un año desde la aprobación de aquella ley, creo que ya nadie en su sano juicio se atreverá a seguir defendiendo lo mismo. Creemos que es muy importante destacar esto porque, más allá de las dificultades que
pueda haber específicamente en algunas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, donde parece que siguen pensando que estabilizar a personas que han estado durante mucho tiempo en situación de abuso de temporalidad supone algún tipo de
privilegio o algún tipo de favor que se les concede y no es corregir una injusticia, creemos que el desarrollo que se está haciendo de esta normativa es muy positivo y está logrando alcanzar los objetivos que se propuso.


Concretamente, está ocurriendo a nivel de diputaciones y de ayuntamientos. A lo largo de estos meses en nuestro grupo nos hemos reunido con colectivos que estaban en lucha en las diputaciones y los ayuntamientos de diferentes partes del
Estado desde hace muchos años y no hemos encontrado ni un solo ayuntamiento ni una sola diputación que haya hecho una crítica porque no se esté aplicando de forma correcta lo que viene en la normativa, sobre todo en lo relacionado con los concursos,
que era también otra cosa que por activa y por pasiva se dijo que no era posible hacer, que no se iba a llevar a buen término e incluso que no era constitucional. Por tanto, es importante que esto se reseñe, porque al final es de lo que se trata.
Se trata de cumplir con los objetivos que nos propusimos como Gobierno, cumplir con aquello que nos demandan en Europa y con lo que nos hemos comprometió en Europa y, sobre todo, dotar de personal suficiente con estabilidad en el empleo y con unos
salarios bien remunerados para que los servicios que se prestan sean lo más eficientes posible.


En este sentido, por supuesto, también quiero señalar el acuerdo en el ámbito del diálogo social para mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Otra cuestión que me ha parecido muy interesante en lo que
usted ha planteado se refiere a las tasas de reposición con las que sabe usted que en nuestro grupo parlamentario siempre hemos sido críticos. Es una evidencia que son la principal causa de por qué se generó la situación de precariedad y también
por qué se ha generado, entre otras cuestiones, lo que se dice siempre del envejecimiento de las plantillas, etcétera. Por nuestra parte, siempre habíamos pensado que lo correcto era eliminarlas. No obstante, reconocemos el trabajo que ha hecho
este Gobierno de ir subiéndolas paulatinamente y mantenerlas en los niveles que usted ya ha citado: el 110, 120, 125 %. Pero ha dicho usted que se va dar la posibilidad de que las administraciones tengan una tasa de reposición específica que -si
no he entendido mal- se va a vincular al hecho de

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llegar al objetivo del 8 % de temporalidad. Tal y como nosotros lo entendemos, si no estoy equivocado, eso quiere decir que prácticamente se están eliminando las tasas de reposición de facto en el sentido de que hay un objetivo, que es el 8
% de temporalidad y, si las tasas de reposición que están fijadas por normativa -110, 120, 125 %- no consiguen que se alcance ese objetivo, entiendo que se da la posibilidad de que se oferten nuevas plazas para llegar a alcanzarlo. Me gustaría que
explicara si esto es así como yo lo estoy planteando y cómo se desarrollaría, porque, si es tal y como lo hemos entendido, creemos que es un avance muy importante y muy significativo respecto de este objetivo de dotar de estabilidad a las plantillas
del sector público.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.


El señor RUIZ NAVARRO: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señora secretaria de Estado. Se ha oído aquí comentar que este es un Gobierno que tiene un compromiso con lo público y con atender de la mejor manera posible a la ciudadanía. Le voy a plantear una serie de cuestiones para
ver si, efectivamente, esto casa con esa idea que se ha dicho aquí anteriormente.


Primero, en el programa 921.O, económica 481, ustedes más que doblan la entrega de dinero público a los sindicatos -8,5 millones, cuando en 2022 fueron 4 millones- para formación en el empleo, según dicen ustedes. Esto va unido a otra
partida, la económica 482 del programa 921.N, otros 1,2 millones de euros entregados, en este caso, a los grandes sindicatos bajo la excusa de apoyo instrumental a la negociación colectiva de los que se sientan en la mesa de negociación.
Lógicamente, son sus sindicatos -los suyos, los de su partido y los del partido del socio, los comunistas y socialistas- los que se llevan fundamentalmente este dinero. Yo le quería preguntar si realmente ustedes no han aprendido nada de lo que
ocurrió en Andalucía con la corrupción de los sindicatos con el dinero para la formación y le quiero preguntar si los españoles vamos a seguir aguantando mucho más tiempo las fiestas de marisco de los sindicatos, señora secretaria de Estado.


Segundo punto. Me gustaría que me aclarase si casa con la idea del compromiso del Gobierno con lo público el ataque al mutualismo administrativo. Usted aquí ha dicho que iban a garantizar la suficiencia financiera del sistema, pero de las
cuentas no se deduce esto, señora secretaria de Estado. El gasto en prestaciones económicas desciende globalmente aproximadamente un 2,5 %. Es verdad que lo aumentan ustedes en el tema farmacológico, pero en las prótesis y en otras prestaciones
desciende casi un 10 %. Por otra parte, la asistencia sanitaria solamente aumenta aproximadamente un 2,6 % en este proyecto de presupuestos. Yo quisiera preguntarle cómo pueden las aseguradoras concertadas con el sistema público de las
mutualidades administrativas realizar una prestación sanitaria mínimamente aceptable para los funcionarios públicos en un escenario en el cual el coste de la vida, la inflación, se aproxima al 9 %. ¿Sabe usted lo que está pasando con los cuadros
médicos de las mutualidades administrativas, de la MUFACE, de la MUGEJU y de ISFAS? Pues, es muy sencillo, simplemente basta con informarse: cada vez son menos los médicos que se ofertan a los funcionarios públicos, cada vez son menos las
prestaciones que se ofrecen y cada vez son menos los hospitales a los que los funcionarios públicos tienen -tenemos- acceso en virtud del sistema mutualista. Es decir, señora secretaria de Estado, sus decisiones están poniendo en riesgo la calidad
de la asistencia sanitaria y, con ello, la salud de los funcionarios públicos.


En tercer lugar, me gustaría que me explicara si casa con la idea del compromiso del Gobierno con lo público la entrega de dinerito a los chiringuitos de amiguetes. En concreto, se lo voy a decir en relación con dos entidades: el Open
Government Partnership, OGP, programa 921.N, económica 491, para la que hay un aumento del 6,3 %, mientras que el aumento para la asistencia sanitaria para la MUFACE es del 2,6 %. La comparativa es muy gráfica, ¿verdad? Y le pregunto: ¿qué clase
de chiringuito globalista es este? Por cierto, hablando de gobiernos abiertos, van a aumentar ustedes el presupuesto del Consejo de Transparencia más de un 17 % -lo cual está muy bien-, pero ya va siendo hora de que cumplan, primero, con lo que
pone en la ley y, segundo, con su desarrollo mediante un reglamento, que lleva muchos años de retraso.


También me gustaría preguntarle por la aportación que realiza su Gobierno -y esto es nuevo; es como un pequeño champiñón que ha salido aquí en los presupuestos y hay que mirarlo con lupa para encontrarlo- de 3000 euritos de nada al Foro de
la Contratación Socialmente Responsable en el programa 921.O, económica 489. Unidos a otros 8000 euros de cuota anual -anual- del programa 923.A,

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económica 482, que se le entrega a esta entidad, nos encontramos con que recibe 11 000 euros. Buscando un poquito -no hay que investigar demasiado, solo tener un poco de curiosidad-, encontramos que el presidente de este chiringuito es el
señor Rodríguez Zapatero. ¡Qué casualidad, ¿verdad?! Todo queda entre amigos. ¿Esta es la economía o la política de amiguetes o qué es esto? Yo no sé si el Gobierno o los españoles seremos resilientes y sostenibles, pero el señor Zapatero sí que
lo es con dinero público.


También nos llama la atención el dinero que se entrega para el concepto de personal en materia de vehículos en relación con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea -concretamente, conductores, chóferes y demás-: nada menos que 2
millones de euros. Nos gustaría saber cómo de abierto y transparente va a ser el procedimiento de contratación y selección.


Por último -y acabo-, vamos a insistir en una idea que comentó el compañero Rubén Manso el año pasado en relación con las medidas que va a adoptar la Administración para que la potenciación digital de la misma no se convierta en un coto
cerrado para los ciudadanos que no tienen acceso a la digitalización, que se quedan fuera y que tienen que pedir cita previa para poder acceder a la Administración. ¿Van ustedes a poner medios para que el ciudadano que no se maneja con herramientas
digitales pueda acceder a la Administración con normalidad?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señora presidenta.


Gracias también, señora secretaria de Estado, por sus explicaciones sobre los presupuestos generales del Estado en materia de Función pública. De las cantidades que usted ha dado en general de los gastos de personal en el Estado, me
gustaría centrarme en algunos aspectos y en algunas cuantías; por ejemplo, en que los 559 altos cargos suponen un presupuesto de 87 millones de euros. ¡Nada menos! Mientras las familias, autónomos y empresas tienen que ajustarse el cinturón por
unos precios desorbitados de la luz, del gas, de la cesta de la compra, etcétera, el Gobierno sigue burlándose de los españoles sin hacer el más mínimo ajuste en su gasto improductivo. Pero no solamente es desorbitado el número de altos cargos,
sino que en lo que se refiere al personal eventual el gasto asciende a más de 71 millones de euros. Esto es lo que nos cuesta a los españoles la escandalosa cifra de 1283 asesores de este Gobierno, 31 más que el año pasado que, como digo, ya era
una cifra escandalosa. Además, hemos de señalar que la tercera parte de estos asesores, 417, no tienen ningún tipo de titulación ni media ni superior; es decir, los méritos para ser contratados son la afinidad ideológica o el carné del partido.


El número de asesores y el gasto destinado a ellos es el más alto de la democracia. El Gobierno, pese a Podemos, se ha convertido en una agencia de colocación de amigos a cargo del erario público. Ustedes han creado la Administración
pública más mastodóntica de la democracia: 22 ministerios; 3 vicepresidencias; 30 secretarías de Estado; 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente; 54 directores de gabinete; 136 directores generales; 25 secretarías generales técnicas,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello en los momentos en los que existe más pobreza, más déficit y más deuda. Es un Gobierno con el que empeoran los datos de población en riesgo de pobreza, ya que, según la última encuesta de condiciones de
vida, hay más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de los cuales 2,5 millones son niños y casi 4 millones de personas se encuentren en situación de carencia material y social severa. La partida presupuestaria para la
alta dirección sube nada menos que un 18,3 %, 144 millones más que el año pasado y 252 millones más que en 2018, más de un 37 %. ¡Se dice pronto! Y con este panorama, ¿cómo no lo ha valorado este Gobierno y se han subido ustedes el sueldo en una
cuantía superior a la establecida para los funcionarios? En todos los presupuestos de este Gobierno, Sánchez siempre ha incluido más gasto, más impuestos y más deuda, con un claro paralelismo con Zapatero. Y no se trata de reducir el gasto social;
no, no, sino de reducir el desorbitado gasto improductivo, ya que de esta forma se podría hacer más con menos.


Respecto a las partidas de Función pública, hemos de señalar que un tercio de la subida del sueldo de los funcionarios se va a quedar directamente en las arcas públicas por la subida del IRPF y de las cotizaciones sociales. Hemos de
señalarle el grave problema que les han creado también a otras administraciones públicas con las subidas retroactivas del sueldo del 1,5 % para 2022, toda vez que estas administraciones no tenían presupuestados estos incrementos. ¿Por qué no han
contado con el necesario diálogo con las administraciones autonómicas y entidades locales antes de fijar este incremento retroactivo?

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Me gustaría también que respondiera cuáles van a ser las actuaciones estratégicas para racionalizar de forma eficiente y eficaz la asignación y distribución del personal al servicio de la AGE, teniendo en cuenta las comunidades de difícil
cobertura, cuando en muchas, como Cataluña y otras, el Estado se está convirtiendo en algo casi residual por la falta de funcionarios y por la cantidad de vacantes, lo que supone además un estrés laboral para los funcionarios y que no se presten los
servicios públicos estatales con la eficacia que se requeriría.


Usted ha hablado también de varias reformas importantes dentro de la Función pública, pero seguimos sin saber en qué consiste la reforma de los procesos selectivos que van a hacer para el acceso a la Función pública. Hemos sabido por
distintos colectivos, tanto por FEDECA -por cierto, sigue sin reunirse con ellos a pesar de que le han hecho una tercera solicitud de reunión- como por otros colectivos de funcionarios, que en los procesos selectivos lo que están haciendo es rebajar
el nivel de las pruebas teóricas y objetivas y están aumentando las pruebas de carácter subjetivo. ¿Cree, señora secretaria de Estado, que con esto se va hacia una profesionalización de la Administración -como usted ha dicho- y, sobre todo, a una
Administración cuyos funcionarios y empleados públicos tengan el nivel de calidad y exigencia de las que siempre ha gozado la Administración pública?


Otra cuestión también es lo relativo a la MUFACE. En relación con el concierto de asistencia sanitaria -los 3571 millones con los que se hizo el concierto a finales de diciembre de 2021 para tres años y que ha subido un 1,7 %-, usted sabe
que las distintas aseguradoras están a punto de denunciar estos conciertos porque con esta subida del 1,7 % -cuando la inflación está sobre el 9 o el 10 %, es decir, en unos niveles muy superiores a este incremento- no cubren ni siquiera las
necesidades básicas de la asistencia sanitaria.


Veo que se me está acabando el tiempo. También quería hablarle de las tasas de estabilización de las que ha hablado usted y me gustaría saber si está haciendo Función pública algún tipo de seguimiento de que se cumplan los plazos de
convocatoria y resolución. Sí que en los presupuestos se recoge que tiene que decir cuáles son las plazas estructurales, pero no menciona nada de que Función pública tenga algo que decir sobre estos plazos, lo que creo que es importante
precisamente para que se cumpla lo que dice la ley y que la temporalidad esté por debajo del 8 %.


Ya acabo. Luego le entregaré una serie de preguntas a la letrada porque, dada la premura...


La señora PRESIDENTA: Tiene que acabar.


La señora DE LUNA TOBARRA: Voy a acabar, sí.


Respecto a la oferta de empleo público de los funcionarios con habilitación nacional de la Administración local, me gustaría saber si estas convocatorias van a abarcar a todas las comunidades autónomas sin excepción. Es decir, ¿hay alguna
comunidad en la que no vayan a convocar las plazas de Función pública?


Muchísimas gracias por concederme un poco más de tiempo, y le entregaré varias preguntas porque son bastantes las cuestiones de Función pública que nos interesa saber en nuestro grupo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta.


Señora secretaria de Estado, bienvenida a esta comparecencia de los presupuestos de 2023. En nombre del Grupo Socialista, quiero agradecerle las explicaciones pormenorizadas que ha dado sobre unos buenos presupuestos, ya que, señorías, la
evidencia dice que cuando los grupos parlamentarios de la oposición se dedican a hablar de anécdotas es que son unos buenos presupuestos, porque tienen justicia social y porque además tienen eficiencia económica, también en lo público, señorías.
Realmente, ninguno de ustedes ha hecho una crítica global; han ido a buscar qué pueden decir en la Comisión para afear un poquito los presupuestos, porque realmente son unos buenos presupuestos generales del Estado para lo público. Son buenos para
todos, señorías, porque, cuando hablamos de que son buenos para lo público, hablamos de los servicios básicos que defienden en un país a la clase media trabajadora. Ya sabemos que al 2 % que defienden la ultraderecha y el PP a lo mejor no les
gustan tanto, pero para el 98 % de la ciudadanía son unos excelentes presupuestos, porque marcan hechos frente a humo, porque marcan evidencias frente al fracaso de muchas de sus políticas durante el tiempo que han gobernado y

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ahora que siguen gobernando. Yo les hago una primera pregunta, señorías: ¿van a aplicar su discurso donde gobiernan? Empezando por el portavoz de VOX, ¿va a aplicar usted en Castilla y León lo que aquí ha dicho sobre los chiringuitos?
¿Lo van a aplicar exactamente igual, cuando tienen un vicepresidente nini, que ni trabaja ni tiene cargo? (El señor Ruiz Navarro: ¡Los sindicatos!). Aplíquenlo donde gobiernan y ahí sería donde tendrían algo de credibilidad, algo al menos. (El
señor Ruiz Navarro: ¡Los sindicatos!-El señor Jiménez Revuelta: Ya te gustaría estar a su altura.-Rumores).


Luego me lo dices y luego te contesto, Rodrigo.


También creo que son unos presupuestos que apuestan evidentemente porque todas las partidas suben; lo ha dicho la secretaria de Estado. Señorías, son unos presupuestos en los que todas las partidas suben y son una apuesta evidente tanto
para la digitalización como para llegar a la Administración del siglo XXI que demanda la ciudadanía. Además, creo que son unos buenos presupuestos, porque atienden reivindicaciones para dotar a la ciudadanía de unos buenos servicios públicos y de
calidad. Por eso, creo que todas las partidas, todas, apuestan por una cuestión que este grupo ha defendido siempre y que es la mejora de lo público.


Con respecto a algunas cuestiones que he escuchado aquí, creo que ayudan a paliar la inflación en cuanto a los sueldos de los empleados públicos con una recuperación de sus derechos laborales, así como de derechos que fueron recortados
durante el Gobierno del Partido Popular allá por el año 2012. Señorías, algunas veces se nos olvida a quiénes afectan las subidas de las retribuciones: a médicos, a todo tipo de sanitarios, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los
bomberos que apagan los incendios, a bomberos forestales, a agentes medioambientales,... O sea, afectan a un largo número de empleados públicos, 2,7 millones en nuestro país, empleados a los que creo que nunca deberíamos dejar de agradecerles el
trabajo que hacen para toda la ciudadanía día a día y más ahora en momentos muy complicados. Además, señorías, estos presupuestos tienen algo que yo creo que es fundamental y en lo que me gustaría incidir: apuestan de una manera evidente por
recuperar derechos que se han perdido por parte de los empleados públicos: treinta y cinco horas semanales, de una vez por todas acceso al grupo B, que todas las administraciones tengan planes de igualdad, que se apueste por el teletrabajo de forma
regulada, que se apueste además por la recuperación del empleo público perdido... Afectan también de manera importante a una revisión en los centros penitenciarios, al personal laboral en el exterior, a que haya protocolos de acoso sexual en la
Administración General del Estado, a que haya una oferta de empleo público con unas tasas de reposición más razonables frente a las tasas de reposición cero que los gobiernos de la derecha en nuestro país impusieron -de aquellos problemas vienen
ahora lo que algunos de ustedes ahora reclaman; parece mentira que no se acuerden de que son los causantes de la situación en la que estamos- y, al fin y al cabo, señorías, a que haya unas ofertas de empleo público que son históricas: 143 869
plazas de empleo público en las cinco convocatorias desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, más del doble de los más de siete años del Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy, el doble. Señorías, creo que esa es una clara apuesta
por lo público, como estamos diciendo; es realmente apostar con hechos y no con humo, como ustedes intentan aquí, sobre todo porque donde allí gobiernan hacen lo contrario.


Señora De Luna, se lo digo sin acritud, como ya se lo he dicho en alguna ocasión: su único discurso es cada año hablar de cosas que donde gobiernan hacen al contrario. ¿Usted cree que la ciudadanía entiende razonable que el alcalde de
Madrid gane 20 000 euros más que el presidente del Gobierno? ¿Usted entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga también 25 000 euros más que el presidente del Gobierno de nuestro país, con mucha menos responsabilidad? Por lo tanto,
lo que hacen es populismo, populismo de los sueldos. ¿En las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular van a hacer una rebaja de altos cargos? ¿Lo van a realizar? Pero si en el último Gobierno que han cambiado en Castilla y León,
que es mi tierra, los han aumentado; si han tenido que meter con calzador a la ultraderecha para que el señor Mañueco no fuera el perdedor de las elecciones -con todas las encuestas que le daban mayoría absoluta- y han tenido que meter un montón de
cargos de la ultraderecha. (Rumores). Por lo tanto, si hacen ese discurso, aplíquenlo, pero mañana mismo, porque tienen opciones de aplicarlo. Y, si no están en contentos con sus socios en Castilla y León, déjenles en la oposición; lo tienen muy
fácil. Pero, si no es así, apliquen sus recetas donde gobiernan, porque desde la oposición no se tiene credibilidad cuando donde ustedes gobiernan hacen lo contrario, como es el caso de mi tierra, Castilla y León, donde han aumentado en el último
cambio de Gobierno los asesores, los cargos, etcétera; y además, como le decía antes, algunos sin ninguna responsabilidad de Gobierno, solo para poner tuits cada día.

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La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, tiene que ir acabando.


El señor ACEVES GALINDO: Termino, presidenta, disculpe.


Sí que me gustaría hacerle dos preguntas muy concretas, señora secretaria de Estado. En primer lugar, resalto las medidas que nos ha comentado que han puesto en marcha para alcanzar el empleo estable de calidad, como tasas superiores al 100
% de reposición, el proceso de estabilización de empleo temporal o la reforma laboral. Me gustaría saber si tienen datos más concretos sobre qué resultados están dando.


En segundo lugar, con respecto a la digitalización y al teletrabajo, al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa la atención directa a la ciudadanía, la brecha digital y la atención a nuestros mayores. Con respecto a la Secretaría de
Estado de Función Pública, nos gustaría saber cómo los van a hacer compatibles y qué medidas van a tomar para que en esa transformación de la Administración del siglo XXI la atención directa a la ciudadanía en todo el territorio, sobre todo a la
gente mayor y con la brecha digital, sea lo más adecuada posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra la secretaria de Estado para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Muchísimas gracias a todas y a todos.


Sin duda, son intervenciones que enriquecen el debate y que nos permiten poder clarificar y compartir dónde estamos. Yo espero no dejarme ninguna pregunta; seré clara pero rápida, porque sé que tienen otras comparecencias detrás, y me voy
a organizar.


Yo creo que ha habido una cierta coincidencia en algunas de las cuestiones. Nos hablaba el señor Espejo del recambio generacional y nos preguntaba qué estábamos haciendo para que pudiera ser una realidad. Nos mencionaba ahora el señor
Aceves una serie de cuestiones sobre qué fruto estaba dando lo que estamos haciendo para reducir la temporalidad y tener un empleo público estable y de calidad. Creo que tenemos datos que nos avalan y que brevemente comparto con ustedes.


Todos conocemos, como he dicho antes, que la Ley 20/2021 establece un triple ámbito de garantía más allá del importantísimo plan de choque para llevar a cabo la reducción de la temporalidad. Establece medidas para prevenir y para sancionar
el abuso, si este se produce, y también apuesta -como he dicho muchas veces a lo largo de mi intervención- por una cultura de la planificación de los recursos humanos. Eso nos lleva a los datos que hemos dicho. Tenemos ofertadas 372 612 plazas, un
24,20 % más del objetivo a alcanzar de las 300 000. Tenemos ya estabilizadas más de 75 000 plazas. Tenemos grandes ofertas de empleo y el juego de la reposición más el nuevo marco que ahora comentaré -que establece las novedades de la ley de
presupuestos-, por ejemplo, nos han llevado en este año 2022 a aprobar una oferta de empleo de 44 787 plazas en la Administración del Estado, una oferta sin precedentes frente a tasas de 2000 plazas para todo el territorio nacional que hemos tenido
otras veces. Esas tasas de reposición superiores al 100 % sostenidas a lo largo del tiempo, junto a la agilización de los procesos selectivos para que no se eternicen y que las respuestas de esas ofertas se activen con rapidez -de ahí las medidas
de agilización-, nos van a permitir -ya se está empezando a vislumbrar- una superación de los tiempos oscuros en los que el ataque sistemático al mantenimiento del personal en el empleo público nos provocó todas las circunstancias que conocemos.
Como les digo, hay datos que nos abocan a tener esperanza en ese juego que digo de impedir la temporalidad; a tener unas ofertas de empleo público más amplias y las que necesite la sociedad; a tener esa tasa de reposición más alta junto a la
agilización de los procesos selectivos. Los datos del boletín estadístico del personal al servicio de administraciones públicas, en el que confluyen los datos de todas las administraciones, nos dicen que de los años 2012 a 2018, con el anterior
Gobierno, se eliminaron 124 454 puestos de trabajo, mientras que de los años 2018 a 2022 se han creado 156 187 nuevos puestos de trabajo. Por tanto, hay una recuperación de ese empleo perdido más un crecimiento neto de 31 733 puestos. De manera
tangible vemos que, a día de hoy, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales -donde hay un 125 % de reposición en el último ejercicio- ya tienen más empleo fijo que en el año 2018, cuando este
Gobierno empezó a trabajar en este ámbito.


En el ámbito de la justicia y del personal de justicia, tanto judicial como no judicial, ya hay más efectivos incluso que en 2012. Esas son realidades fruto de esas políticas. Junto al juego también

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acumulado que hemos planteado en el real decreto de oferta de 2022 -que, como digo, tienen que acumularse todas las ofertas no convocadas antes del 31 de diciembre de 2022-, nos va a llevar a que ese equilibrio entre las bajas y las altas
sea una realidad muy pronto, sin duda antes de que termine el plazo del compromiso con Europa el 31 de diciembre de 2024 para esta estabilización. Todo ese personal que se va a incorporar en esa tasa de estabilización va a engrosar de manera muy
potente el cómputo de efectivos fijos. Nosotros, sin duda, seguiremos trabajando con mucha ilusión en esa línea. Comparto la satisfacción que manifestaba el señor Honrubia, pero esa satisfacción no nos relaja ni un ápice, sino que nos lleva a
tener cada día más fuerza para seguir en ese camino. Decía antes que reconozco y agradezco la responsabilidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, corporaciones locales en general, que están trabajando la mayor parte de ellas de una manera
seria y decidida por este proceso, que lo estamos articulando y coordinando en el seno de la Comisión de Coordinación de Empleo Público y vamos a seguir haciéndolo.


Nos preguntaba el señor Espejo qué pasa con la evaluación del desempeño, el estatuto del directivo, la carrera profesional y una serie de elementos que se echaban de menos. Bien, todos ellos están en la Ley de Función Pública de la
Administración General del Estado y todos están, además, con ese contenido comprometidos ante Europa. Yo me he centrado antes en la planificación de los recursos humanos, pero de esa planificación se deriva todo lo demás, se deriva la evaluación
del desempeño, se deriva la dirección por objetivos, se deriva al impacto en las retribuciones y se derivan los puestos de directivos públicos profesionales, donde, entre otras cuestiones, se tasan los elementos de cese y la selección también está
ordenada. Creo que hay muchos elementos que tendremos posibilidad de conocer con más detalle muy pronto porque en breve -no me atrevo a cifrarlo, pero muy pronto- llegará a este Congreso el proyecto de ley.


El señor Bel nos preguntaba qué pasa con ese capítulo 1, qué tiene y qué no tiene. Creo que es lógica la duda, porque la respuesta es sí y no. Me explico. Voy a intentarlo por lo menos. En el presupuesto del año 2023 no se incluye la
subida del 1,5 % como tal porque lo que está acordado con las organizaciones sindicales es que se abone en este mismo año 2022. Es, por tanto, en el mes de noviembre -lo tenemos previsto- cuando se va a abonar ese 1,5. Pero esas retribuciones
fruto del acuerdo, que no se incrementan un 2 % en el año 2022, sino un 3,5, se incorporan al presupuesto del año 2023 en el cálculo de los recursos económicos necesarios para hacer frente a ese 4 % con el que se inicia el año 2023 en el ámbito de
las retribuciones. El 1,5, que no estaba previsto -el 2 sí lo estuvo y se aplicó en enero-, pero, con respecto al año 2022, el año 2023 empezará con un 4 % más porque estará el 2,5 de la parte fija de la subida que se aplica desde el 1 de enero más
el 1,5 de las retribuciones fijas adicionales que se aprueban para el año 2022. La cara que me está poniendo es que no está muy de acuerdo con lo que digo, pero sin duda podríamos hablarlo con más detalle en un receso.


Nos hablaba también el señor Honrubia de las cuestiones relacionadas con la tasa específica como una novedad más destacada. Vamos a ver. Saben que los procesos de estabilización que están en marcha tienen una tasa adicional de reposición
de tantos puestos como sean necesarios de los que cumplan los requisitos de la Ley 20/2021, pero además tiene una línea que llega hasta los tres años anteriores al 31 de diciembre del año 2020, porque son procesos de estabilización con unas
condiciones objetivas y concretas de la disposición adicional sexta, la famosa octava de los concursos y demás, y un concurso oposición donde incluso solamente existía oposición en alguno de los procesos para estabilizar esos puestos o estabilizar
en la disposición adicional octava a esas personas que están en ese cúmulo de situaciones. Pero la ley de presupuestos, que es una ley de vigencia para el año en curso, para el año 2023, lo que contempla con esta tasa específica no es alcanzar el 8
%. Ese es el objetivo que sin duda se conseguirá, por los datos que estoy poniendo sobre la mesa y que seguiremos poniendo, con la ejecución de los procesos de estabilización con esa fecha límite a 31 de diciembre de 2024. Pero hay una serie de
empleos precarios, una serie de empleos temporales ocupando funciones estructurales que son posteriores a los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Esta tasa específica va persiguiendo no alcanzar el 8 %, sino mantener el objetivo de no
superar el 8 %, y ese mantenimiento será el juego de esa tasa específica para poder añadir también a las ofertas de empleo público que se convoquen en el año 2023 esa bolsa de empleo temporal, que es estructural pero no está incorporada a la Ley de
Estabilización por razones objetivas, evidentes y que todos compartimos en su momento; pero tampoco en la otra regla que he citado, que es: lo que tú nombres en el año 2023 o contrates de manera temporal en el año 2023 y sea estructural tienes que
incorporarlo en esa oferta de empleo o en la siguiente. Luego tienes ahí también una tasa adicional. La suma de esos tres

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elementos -entendemos que bajo la planificación que cada comunidad autónoma, que cada ayuntamiento o la propia Administración del Estado tenga que llevar a cabo- contemplará el número de puestos en oferta de empleo necesarios para poder
cumplir esos objetivos, más allá de la tasa ordinaria que llamamos vegetativa, que también está por encima de las bajas que se producen. No sé si he logrado explicar con claridad el tema, porque reconozco que incluso a veces es un poco antipático a
la hora de exponerlo.


Muface. Parece que la señora De Luna sabe algo más que yo. Nosotros estamos en permanente contacto con las tres entidades que conforman el concierto -ASISA, Adeslas y DKV- y en ningún caso nos han manifestado su intención de denunciar el
concierto. Salir del mismo entiendo que no porque son entidades serias que no se irían de una relación contractual que, en este caso, tienen con nosotros. Por tanto, me parece que a veces estamos poniendo sobre la mesa algunas cuestiones que no
obedecen a la realidad.


Este Gobierno ha hecho una apuesta por este concierto como no se había hecho nunca en los últimos años; de hecho, son gobierno socialistas, en este caso gobiernos de coalición con la izquierda, los que financian más el modelo. Yo tengo
aquí los datos y no quiero aburrirles, pero hoy el día va de datos. No ha habido desde el año 2006 una subida del concierto tan importante como la que ha habido en el concierto 2022-2024; además, este concierto garantiza la cartera básica de
servicios del Sistema Nacional de Salud -como he dicho antes-, también garantiza los tiempos máximos de espera. Estas entidades aseguradoras que acabo de citar cumplen absolutamente los criterios de disponibilidad de medios que se exigen en el
concierto; están, además, en concordancia con los criterios que se utilizan para la planificación de los recursos sanitarios y asistenciales de cualquier ámbito. El concierto, además, lo firmamos con las aseguradoras, no con los grupos
hospitalarios. También quiero dejar eso claro respecto a lo que puedan estar manifestando los grupos hospitalarios. Como digo, ningún grupo puede salir del concierto porque no forma parte del mismo y, como les digo, en este concierto, las
aseguradoras han manifestado su voluntad de seguir con este tema. Es verdad que, en todos los ámbitos, los efectos de la pandemia provocaron que mucha tipología de enfermedades no se atendieron en ese momento con la inmediatez que podían requerir y
que han generado una bolsa de atención que ha hecho más intensa los tiempos de espera para las consultas, pero no son ni derivadas del concierto ni un caso específico de Muface, porque, como digo, además hay una garantía de tiempo máximo para
atenderlo.


En cuanto a los datos, han circulado datos sobre reclamaciones, datos sobre denuncias. El concierto vigente permite, por supuesto, que si hay alguna denuncia, se lleve a la comisión mixta, se atienda y se resuelva. Yo animo a los
mutualistas que se encuentren en una situación que lo requiera, que lo hagan. Hasta ahora, desde que está funcionando este concierto, tan solo 1750 personas mutualistas -muy respetables todas y cada una de ellas-, el 0,16 % del total del 1 045 000
mutualistas, han presentado una reclamación. Yo lamento profundamente el alarmismo, que muchas veces genera críticas en ámbitos tan sensibles como es el de la salud. Desde aquí reitero la apuesta de este Gobierno por el mutualismo y por el
concierto que tenemos en vigor.


No voy a entrar en un debate sobre la suficiencia retributiva de los altos cargos, de los directivos, del personal empleado público, si es de comunidad autónoma, si es de ayuntamiento, que por qué se sube, que por qué no lo hacemos. Yo creo
que ese debate nos ha llevado en gobiernos anteriores a poner en cuestión hasta la propia dirección pública y la propia necesidad de los responsables públicos, y no lo vamos a hacer. Sí quisiera decir que cuando hablamos de que hay muchos
eventuales, hay muchos directivos públicos, hay muchos altos cargos, todo es relativo y depende de con qué se compara. Como bien había manifestado antes el señor Aceves, las ratios de ciudadanos directamente afectados por la gestión de cada una de
las administraciones públicas no soportan una comparación en muchas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y ayuntamientos; no la soportan. Ahí dejo ese punto.


Termino con un tema que yo creo que a todos les interesa, lo han manifestado y me parece importante. Estamos en un proceso de apuesta, comprometida además con Europa, por la digitalización con todas sus vertientes del teletrabajo, ahora
también con las medidas que hemos adoptado sobre el trabajo a distancia para contribuir a medidas de ahorro y eficiencia energética en estos tiempos tan complicados. Hay un elemento muy relevante y es que toda esa apuesta para construir la
Administración del siglo XXI pasa por dos cuestiones. Una, la forma ordinaria de prestación del servicio es el presencial, y dos, porque no vamos a dejar a nadie atrás, pero no como un manifiesto genérico de un deseo, sino como una realidad de
dónde estamos trabajando. Estamos trabajando en impedir los riesgos que muchas veces esa digitalización del trabajo tiene también para el propio empleado público en cuanto al aislamiento, los problemas de salud

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mental que puede generarle o la falta de sentimiento de pertenencia al grupo, pero también para que no sean en su inmensa mayoría mujeres empleadas públicas las que asuman ese teletrabajo o el trabajo a distancia. No puede ser una vez más
que, como pasó en la pandemia, sean las mujeres las que de manera más importante vayan a prestar los cuidados, vayan a llevar a cabo la compatibilidad -a veces llamada conciliación- entre el trabajo y la casa, porque nos parece que esa lucha
feminista por la igualdad tiene que estar muy presente, especialmente en estos momentos de digitalización.


También hablaban algunos de ustedes de la atención presencial en el territorio. Hemos hecho una apuesta muy importante y en este año 2022, más allá del personal de oferta de empleo público que se ha incorporado de manera prioritaria a los
servicios periféricos que tienen atención directa a la ciudadanía, ese ha sido el principal destino de la oferta ejecutada, especialmente en los A2 y los C1 y C2: delegaciones, subdelegaciones del Gobierno, Seguridad Social, SEPE, Muface y todo el
universo de prestación de servicios en el territorio, y con una atención presencial importante también. Han sido este año más de 1000 los interinos adicionales que se han aprobado en el SEPE, más de 1600 los que hemos aprobado en Seguridad Social
como un simple ejemplo de esa apuesta por el trabajo presencial, especialmente en el territorio donde está la principal demanda ciudadana de atención.


En cuanto a los mayores, tenemos un trabajo específico de atención a las personas mayores, y aunque en la pandemia adquirieron muchas más habilidades a la hora de llevar a cabo su relación, especialmente con la atención telefónica, nosotros
estamos trabajando con las asociaciones de mayores para que la presencialidad y la atención -como digo- especialmente telefónica sea una realidad de manera generalizada. El propio acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 2022 que aprobó el Plan
de medidas de eficiencia y refuerzo energético ya establece la obligatoriedad de atender sin cita previa en todos los centros de atención a la ciudadanía a las personas mayores de 65 años.


Por mí, lo voy a dejar aquí, porque ya estoy hablando mucho. Agradezco absolutamente su atención y sus aportaciones. Continuamos trabajando.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus extensas explicaciones. Ha intentado clarificar y yo creo que todos los grupos se lo agradecerán.


Hacemos un pequeño receso de cinco minutos y continuamos. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ARTIGAS BRUGAL). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002477), PLURAL (Número de expediente 212/002555), VOX (Número de
expediente 212/002372), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002710), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002677).


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión dando la bienvenida a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña Carmen Artigas Brugal. Le doy la palabra para que pueda hacer la exposición.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Artigas Brugal): Muchísimas gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes. Es la tercera vez que comparezco ante esta Comisión para presentar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que compete a la secretaría de Estado que represento. Como introducción, cabe decir que,
una vez más, los presupuestos superan su hito histórico, marcando uno nuevo. Marcamos un récord en inversión, ponemos a las personas en el centro, como no puede ser de otra manera, y apostamos decididamente por la modernización de nuestro país
económica y socialmente, mientras seguimos protegiendo a la ciudadanía de una cadena de adversidades y desafíos como jamás antes había ocurrido.


Por tanto, agradezco la oportunidad de defender unos presupuestos cruciales para nuestro país, que pueden resumirse como ambiciosos y justos; unos presupuestos que ponen el broche a las políticas que ya nos sitúan a la vanguardia de Europa
en materia de digitalización. En concreto, en lo que a mi secretaría de Estado se refiere, en primer lugar, por su carácter disruptivo, por permitirnos profundizar en aquellas reformas estructurales que somos conscientes desde hace años que hay que
hacer, pero que no se habían podido abordar bien por falta de voluntad, o bien por falta de actitud política, o bien por la negación

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histórica del 'no hay, no se puede'. En segundo lugar, por su carácter transversal, atendiendo a la prioridad actual de garantizar un futuro con inversiones que transformen nuestro modelo productivo hacia una economía digital más justa,
sostenible y sin exclusiones.


Estos presupuestos, señoría, impulsan decididamente la legislatura en lo que a esta secretaría de Estado se refiere. Hemos actuado siempre respondiendo a la misión de digitalizar España e impulsar decididamente nuestra economía. Es una
legislatura que se ha visto marcada, sin duda alguna, por las consecuencias de la pandemia y de la guerra, dos cisnes negros que en un corto periodo de tiempo han puesto de manifiesto la importancia de la digitalización, dándole a esa secretaría de
Estado un papel indiscutiblemente relevante. Hemos sido, señorías -y no me quedo corta al reconocerlo-, el pilar transversal de las políticas públicas de este Gobierno.


Los presupuestos que vine a presentarles el año pasado y el anterior respondían, respectivamente, a la emergencia sanitaria y a la cristalización de la recuperación económica de nuestro país. Los que les presento hoy representan, sin duda
alguna, el esfuerzo de un proyecto de país que ya está impactando en las generaciones presentes y venideras. Señorías, la España que queríamos la estamos haciendo realidad, al mismo tiempo que gestionamos todas las crisis que se presentan.
Gobernar es hacer, y estamos haciendo una España más moderna, más competitiva, más justa, más digital y convirtiéndonos a la vez en líderes internacionales en las materias que represento.


El Gobierno presenta unas cuentas públicas, que de nuevo son históricas -como decía al principio-, que son garantía de estabilidad y la mejor expresión de justicia social y eficiencia económica. Son unos presupuestos transformadores para
fortalecer el Estado del bienestar y profundizar en el buen funcionamiento de la economía, estimulando el cambio del tejido productivo y la modernización del mercado de trabajo. Ya no hay vuelta atrás, España es en digital, porque ya está en el
camino de la transición energética, la igualdad y la cohesión social.


Señorías, el principal pilar transversal de las políticas públicas en nuestro país es una transformación dinámica y cambiante. Por ello, y para adaptarnos a estos cambios, este verano actualizamos nuestra hoja de ruta para la transformación
digital del país, la Agenda España Digital 2026 -saben que empezamos en 2025 y la hemos adaptado a 2026-, incluyendo dos nuevos ejes, como la iniciativa RETECH, que impulsa y permea las políticas digitales en todo el territorio y los PERTE, grandes
proyectos transformadores de país que generarán tracción en toda la economía. Esta actualización de nuestra hoja de ruta demuestra que disponemos del liderazgo y la voluntad política para afrontar con garantías la transformación digital, y que en
ningún momento caemos en el inmovilismo. No obstante, a pesar y además de todo lo anterior, necesitamos obviamente recursos, y es en este proyecto de presupuestos que me dispongo a presentarles donde plasmamos más decididamente estos recursos, unos
presupuestos de país orientados a apoyar e impulsar el tejido productivo para que la recuperación se haga en línea con los grandes vectores de transformación y modernización.


Señorías, el presupuesto total de la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, asciende a 2724 millones de euros, presupuesto que paso a desglosar. Es cierto que se trata de una cifra muy similar a la de
los presupuestos de los años 2021 y 2022, que ya suponían una cantidad de recursos sin precedentes para la digitalización de España, y en 2023 mantenemos nuestro compromiso presupuestario para consolidar la vanguardia en digitalización en nuestro
país. Cabe resaltar que en esta cifra se contempla la actividad de esta secretaría de Estado, incluyendo la Secretaría General de Administración Digital, la Entidad Pública Empresarial Red.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE y, por
supuesto, los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, MRR. Del total del presupuesto, 284,7 millones de euros corresponden al presupuesto nacional de la secretaría de Estado y el resto, 2439,6 millones de
euros, están asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, es decir, un 89,9 % de nuestro presupuesto corresponde a estos fondos. Con ello, esta secretaría de Estado gestiona el 50,5 % del presupuesto asociado al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y esta es la clara evidencia de lo que les comentaba anteriormente, que este es un eje de actuación principal para este Gobierno, en el que
la justicia social se debe construir también en clave digital.


El presupuesto se ha desglosado en los siguientes seis capítulos. El capítulo 1, de gastos de personal, asciende a 23,8 millones de euros; el capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, cuenta con 23,7 millones de euros; el
capítulo 4, de transferencias corrientes, es de 3,9 millones de euros; el capítulo 6, de inversiones reales, asciende a 582,6 millones de euros; el capítulo 7, de transferencias de capital, es de 2098,6 millones de euros, y el capítulo 8, de
activos financieros, cuenta con un total

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de 172,82 millones de euros; en total, 2551 millones para operaciones no financieras y 172,8 millones de euros para operaciones financieras.


Como les decía, parte de la actividad de esta secretaría de Estado se desarrolla a través de la Secretaría General de Administración Digital, de la entidad pública Red.es y del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, por lo
que les detallaré sus presupuestos a continuación. La Secretaría General de Administración Digital, SGAD, está llevando a cabo la labor fundamental de impulsar la modernización del sector público, con un conjunto de inversiones y reformas
necesarias para alcanzar una Administración del siglo XXI basada en la prestación de servicios públicos digitales de calidad y adaptados a las demandas de la ciudadanía. Si bien me referiré más adelante a los principales proyectos, me gustaría
destacarles que la Secretaría General de Administración Digital cuenta con un presupuesto total de 280,85 millones de euros, cuantía remarcable si se tiene en cuenta que llevamos tres años consecutivos con presupuestos especialmente expansivos. De
ellos, el presupuesto nacional es de 47,4 millones de euros, de los que el 37 % corresponde a inversiones reales del capítulo 6. Pero además, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la SGAD será responsable de impulsar proyectos para
transformación digital de la Administración, por valor de 233,4 millones de euros este año.


Por su parte, la entidad pública empresarial Red.es ha asumido un rol clave para la digitalización de nuestro tejido productivo. De ello pueden hablar nuestras pymes, que gracias al programa Kit Digital están adoptando, en ocasiones, por
primera vez, soluciones de digitalización básicas que les permiten dar el salto adelante en competitividad. No obstante, Red.es también va a seguir impulsando programas de innovación, emprendimiento o formación para jóvenes y profesionales, entre
otras muchas iniciativas. Estos presupuestos asignan a Red.es 1344,2 millones de euros en forma de transferencias corrientes y de capital y activos financieros. Eso supone un incremento casi del 500 % respecto a los presupuestos del año anterior,
debido a este papel crucial que, como he mencionado, está jugando esta entidad para nuestro país.


Finalmente, INCIBE desempeña una importante labor para impulsar el uso seguro del ciberespacio en España. La confianza digital es uno de los pilares sobre los que se sostiene la transformación digital, y en ese sentido la ciberseguridad
juega un papel nuclear, genera una industria competitiva en torno a la ciberseguridad, garantiza que dicha industria encuentra el talento que necesita y fomenta que la ciudadanía adquiera una cultura de protección y de ciberseguridad. Es la razón
de ser de INCIBE, y por ello recibirá 135,1 millones de euros en forma de transferencias corrientes y de capital para poder llevar a cabo todas sus actuaciones.


Señorías, permítanme ahora centrarme en desarrollar los grandes bloques y principales proyectos de transformación digital de estos presupuestos. En primer lugar, la digitalización sectorial y de las pymes. Me gustaría comenzar por nuestras
pequeñas y medianas empresas, que siguen dando un ejemplo de adaptación y de mirar hacia el futuro que promulgamos en la secretaría de Estado, sean cuales sean las circunstancias. Sencillamente, seguimos con el compromiso de acompañarlas en este
proceso repleto de oportunidades, porque somos conscientes de que España no será digital si no lo son nuestras pymes, y buena prueba de este compromiso es la inversión total de 1341 millones de euros en este eje para 2023. Como actuación más
importante en este ámbito, se encuentra el programa Kit Digital, que cuenta con un presupuesto para el próximo año de 1141 millones de euros. Consiste en proporcionar a las pymes un conjunto de herramientas digitales básicas disponibles en el
mercado para lograr impulsar el crecimiento del negocio. Es un programa que ya está obteniendo muy buenos resultados. Ya hemos superado las 76 000 solicitudes en el tramo de 10 a 49 trabajadores, estamos por encima de las 50 000 en el tramo de 3 a
10 trabajadores y esta misma semana se podrán empezar a pedir las subvenciones para autónomos y empresas de 2 trabajadores. Por el éxito demostrado, estamos decididos a seguir impulsando este programa para garantizar que ninguna pyme ni ningún
autónomo de España pierdan la oportunidad de sumarse al cambio digital.


También deben mencionarse los 17 millones de euros destinados a iniciativas específicas de impulso de la pyme de Red.es como el ejemplo de Acelera pyme, conjunto de oficinas de apoyo al territorio, y también destacar los 180 millones de
euros del Programa Agentes del Cambio, un programa que permitirá que nuestras pymes tengan mayores facilidades para acceder a la incorporación y contratación de especialistas en transformación digital.


Me gustaría pasar ahora a otro de los temas clave para lograr el crecimiento sostenible y el empleo de calidad en España, que es el del emprendimiento, porque para tener un tejido productivo dinámico y competitivo necesitamos talento,
innovación y emprendedores. Por eso trabajamos para poner en marcha

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las condiciones para que surja el mayor número posible de empresas en España del ámbito digital y que puedan crecer en nuestro país hasta convertirse en unicornios, y, para ello conjugamos reformas e inversiones de la mano de Europa,
reformas como la ley de startups, que culminará en breve su tramitación en esta Cámara y que está destinada a cambiar las reglas de juego. Quiero aprovechar este foro para agradecer a todos los grupos su implicación y su colaboración en el proceso
de negociación del proyecto de ley, proceso que sin duda ha servido para enriquecer la norma, hacerla mejor y a partir del cual ya se han incorporado cerca de cien enmiendas en la misma. Creo que sería un gran ejemplo de cohesión política que
pudiéramos votar favorablemente todos los partidos políticos a esta ley tan transformadora para nuestro país.


En materia de inversiones, en estos presupuestos encontrarán un total de 88 millones de euros destinados a inversiones. Quiero poner en primer lugar de relieve la línea de préstamos participativos, cuyo importe de 17 millones de euros a
través de Enisa, para apoyar a estar startups lideradas por mujeres emprendedoras, complementando la línea que iniciamos en julio de 2021 y que ya ha permitido financiar más de cien proyectos de mujeres emprendedoras en el ámbito digital. Además,
encontrarán 21,5 millones para Red.es en actuaciones de talento y emprendimiento, y también para el desarrollo de la plataforma ONE, la Oficina España Nación Emprendedora. Pero nuestras esas empresas y emprendedores no pueden funcionar por sí
solas, necesitan el activo más valioso que existe, que es el talento, y esta es una prioridad para nosotros que podrán encontrar, ese talento. Por ello, otro de los ejes principales está destinado a la formación de competencias digitales.
Destinamos a este eje más de 40 millones de euros vinculados al Plan Nacional de Competencias Digitales y al programa UniDigital, gestionado este último a través de Red.es para dotar de competencias digitales en las universidades. Dentro de las
actuaciones del Plan Nacional de Competencias Digitales destacan 20 millones de euros para la formación de mujeres y niñas a través del Programa de fomento de capacitación digital de mujeres y de vocaciones científico-tecnológicas en la escuela.


Por otro lado, se destinarán 3 millones de euros para el desarrollo de una red de centros de apoyo a la formación digital mediante el refuerzo de la red de Aulas Mentor y la acreditación de nuevos centros para la formación en competencias
digitales, básicas y avanzadas. También cabe mencionar los 5 millones de euros destinados a la formación online en inteligencia artificial para la creación de recursos educativos abiertos para la enseñanza con medios digitales en este ámbito. Al
Programa UniDigital se le dota de 10 millones de euros. En colaboración con el Ministerio de Universidades, permitirá impulsar los procesos de digitalización en la educación superior, con refuerzo y mejora de las infraestructuras digitales y
universitarias, y el fomento de las competencias digitales del profesorado.


Como cuarto eje, permítanme citarles otro activo fundamental para nuestro tejido productivo, que es la inteligencia artificial y la economía del dato. Atendiendo a esta relevancia, las distintas partidas de inteligencia artificial y
economía del dato contempladas en estos presupuestos suman un total de 672,25 millones de euros para 2023. Algunas cifras que me gustaría destacar son 565 millones de euros para la creación de espacios de datos sectoriales, con especial relevancia
para el espacio de datos de turismo o para el espacio de datos de Sanidad, mediante la creación de un data lake sanitario. El objetivo de este último es proporcionar un análisis masivo, con capacidad de respuesta en tiempo real, para, entre otros,
la identificación y mejora de diagnósticos y tratamiento mediante uso de algoritmos de inteligencia artificial. 45 millones de euros se destinarán a las convocatorias de Red.es para integración de la inteligencia artificial a la cadena de valor de
la industria. 11 millones para la creación del Spain Talent Hub, para la atracción de talento académico y profesional, prestando especial atención a la atracción de inversión extranjera e inversiones de impacto social, promoviendo además la
incorporación de mujeres emprendedoras de talento femenino. Y hemos incluido también 31 millones para convocatorias de proyectos de innovación I+D en inteligencia artificial, así como 2 millones para el apoyo a la red nacional de centros de
excelencia en inteligencia artificial.


Como pueden ver, tenemos previsto seguir profundizando en un gran número de medidas transformadoras, pero para poner todo ello en marcha necesitamos dar un paso más allá: preparar a la Administración pública, y esa Administración debe ser
ágil, moderna y eficiente; debe responder a las demandas y necesidades del ciudadano; una Administración, en definitiva, que emplee la vocación de servicio público como elemento transformador de la sociedad. Para ello, uno de los ejes
protagonistas de estos presupuestos, con una dotación global de 251 millones de euros, es la modernización del sector público y el impulso de servicios públicos digitales, accesibles, personalizados y multicanal. La cifra más elevada de este eje de
actuación, con más de 144 millones de euros, es para infraestructuras digitales,

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necesarias para la modernización de la Administración General del Estado. Destaca el proyecto de implantación del puesto de trabajo inteligente para los empleados públicos, orientado a la movilidad y a la utilización de herramientas
colaborativas que permitan mejorar su productividad. También 49,6 millones de euros destinados a la Administración orientada a los ciudadanos, con acciones para mejorar servicios públicos innovadores. Pero también debemos mejorar la calidad,
cantidad y eficiencia de los procesos de gestión y de tramitación, a través del uso de operaciones inteligentes, al que dedicaremos más de 21 millones a esta simplificación de procedimientos. Esos presupuestos contemplan también cerca de 16
millones de euros para el gobierno de datos, cuyo objetivo es la gestión eficiente y transparente de los datos públicos por parte de ciudadanos y de empresas, así como el desarrollo de servicios públicos basados en datos y en evidencias. Todo ello,
como ven, a favor de la transparencia.


Quiero destacar, por último, los 20,5 millones de euros para mejorar la ciberseguridad de la Administración pública, especialmente el refuerzo de las medidas previstas en el Plan Nacional de Ciberseguridad, relativas a la Administración, y
que están orientadas a mejorar capacidades de prevención y reacción ante incidentes de seguridad, así como la vigilancia y detección de ciberamenazas.


Me gustaría ahora, señorías, tratar uno de los pilares sobre los que se asienta la transformación digital de España, los derechos digitales. No olvidemos que la tecnología la hacemos las personas, que somos el motor y la esencia de la
digitalización, y es incuestionable que debemos garantizar que esa transformación tenga un marcado carácter humanista y social. El Gobierno está plenamente comprometido con esto y dicho compromiso cristalizó con la presentación de la Carta de
Derechos Digitales, teniendo además continuidad en estos presupuestos. Vamos a dedicar 3,5millones de euros a este eje, con actuaciones en el fomento del humanismo tecnológico o la difusión y adhesión de la Carta de Derechos Digitales.


Terminaré con otro de los grandes pilares de la transformación digital, que es la ciberseguridad, y creo que bajo la sombra del momento que atravesamos geopolíticamente, todos estaremos de acuerdo que en es un área de especial foco. Sin un
entorno de confianza digital es imposible aprovechar todas las oportunidades que nos presenta la digitalización. Por ello, planteamos un presupuesto de más de 135 millones de euros que den continuidad a las medidas puestas en marcha ya este año y
articulados a través de INCIBE. La mayor parte de este presupuesto, cerca de 93 millones de euros, se destinará para impulsar el ecosistema emprendedor del sector de la ciberseguridad, con programas de apoyo al emprendimiento, el impulso al I+D+i
en materia de ciberseguridad y la innovación y desarrollo del tejido empresarial y de industrias de la ciberseguridad. 10,3 millones de euros irán a la línea de ayuda en ciberseguridad 017, que se ha convertido en un servicio público esencial para
dar respuesta a las nuevas inquietudes de la ciudadanía.


Concluyo. Con los presupuestos del año pasado se dio impulso a un país que merecía oportunidades en materia de digitalización. Con estos presupuestos generales para 2023 impulsamos este país y estos presupuestos y estas actuaciones
decididamente y sin opción de dar marcha atrás, porque todo lo que se hará a partir de ahora se hará para avanzar. Estos presupuestos vuelven a incidir en los grandes ejes que están transformando el país, pero con propuestas disruptivas e
innovadoras para nuestro presente, sin dejar de mirar al futuro. Decíamos que el futuro iba a llegar y que ese futuro era digital. Pues bien, este futuro ya está aquí. Estas cuentas nos van a permitir seguir impulsando a nuestro país, a nuestras
pymes y autónomos, a nuestras administraciones públicas y a sus empleados, a nuestras mujeres y niñas, a nuestros jóvenes y mayores; en definitiva, a todos y cada uno de las españolas y españoles. Tenemos la hoja de ruta, la voluntad política, el
liderazgo y, como han podido comprobar, necesitamos los recursos para garantizar el éxito de este impulso digital, un impulso digital que nos emplaza a todos y que necesita del apoyo de todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Pasamos la palabra a los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretaria, señora Artigas. Ya lamento no ser tan triunfalista como usted porque, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, el presupuesto destinado a las principales políticas digitales de España podríamos decir que se
queda estancado o, si no, se reduce levemente, porque la única novedad son los 1250 millones de euros para el PERTE de microelectrónica y semiconductores, una partida que,

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por otro lado, no existía en los presupuestos del año pasado. Se reduce levemente la inversión en el despliegue de la conectividad 5G, se reduce el presupuesto destinado a ciberseguridad y el presupuesto destinado al Kit Digital para las
pymes. Por eso decía que lamento no ser tan triunfalista como usted. Pero sí que es cierta una cosa que usted ha dicho, y es que la digitalización es una de nuestras políticas centrales para la posibilidad de transformación de nuestro país y la
posibilidad de modernización de nuestra economía y de nuestro tejido productivo. Las herramientas digitales son esa oportunidad para competir en las mejores condiciones en el mundo sobre la base de esa generación de valor añadido. Por desgracia,
en los presupuestos que estamos analizando con detalle desde hoy, vemos que el Gobierno prefiere hacer ese esfuerzo presupuestario en el gasto social, sobre todo en la subida indiscriminada de las pensiones, a las que destina un 43 % de todo el
presupuesto, por ejemplo, mientras que las políticas de digitalización sufren importantes descensos, como le decía, respecto a lo presupuestado en el año 2022, demostrando que a lo mejor ese compromiso por la transformación, que usted defiende
siempre de forma tan vehemente, no es tan real como parece y viene estrictamente ligado a la condicionalidad de los fondos europeos.


Por ponerle varios ejemplos, no compartimos la reducción del presupuesto destinado al despliegue del 5G que, como le decía al principio, queda estancado. Se le destinarán este año unos 570 millones de euros, un poco menos de los 600
millones de euros de los presupuestos de 2022. ¿Cómo vamos a poder digitalizar de forma efectiva nuestra economía con reducciones de presupuesto como la partida del despliegue del 5G? Me gustaría preguntarle cómo vamos a justificar este recorte de
financiación de la base de cualquier política digital que impulse el Gobierno o cualquier empresa. Otro ejemplo de esta reducción considerable en esta materia es el de la ciberseguridad. En mitad de uno de los años más negros para la
ciberseguridad de instituciones y de empresas el Gobierno decide reducir en un 27,5 % el presupuesto destinado a las capacidades de ciberseguridad. Ese 27,5 % es una reducción de 50 millones de euros en ciberseguridad. La verdad es que, según
afirman algunos estudios especializados, el coste medio de los ciberataques a empresas españolas se ha disparado este año hasta más de los 150 000 euros, muy por encima de la media internacional, que está en 78 500 euros. En este contexto, en lugar
de apostar por una mayor protección para las empresas e instituciones públicas españolas, el Gobierno decide reducir los recursos destinados a evitar estas pérdidas causadas por ciberataques. ¿A qué se debe este recorte del 27,5 % en el presupuesto
destinado a proteger a las empresas e instituciones españolas de ciberataques? ¿Considera el Gobierno que el que hayamos sufrido al menos treinta ciberataques de gran escala, que han llegado incluso a paralizar el SEPE o el CSIC, no merece destinar
más recursos a este fin?


Otro de los ejemplos que le quiero poner de este recorte o estancamiento en el presupuesto a la transformación digital en nuestro país, del que usted ha sacado pecho, es el Kit Digital para pymes, que era una de las medidas estrella y que se
ha quedado corta, por no decir que se ha quedado en nada, porque se han concedido únicamente las ayudas contempladas al 16 % de las empresas que lo han solicitado, dejando a fecha del pasado mes de junio a más de 52 000 pymes sin acceso a esta
herramienta. No sé si el haber dejado al 84 % de las empresas que lo han solicitado fuera del Kit Digital justifica una reducción de esta partida de más del 11 % en estos presupuestos respecto a los que están vigentes este año. No sé si en su
secretaría o en el Gobierno pretenden revisar las condiciones draconianas impuestas para acceder al Kit Digital de cara a 2023.


Por último, en cuanto a la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, plantean ustedes una reducción del 24 % del presupuesto, dejándolo solo en 86 millones de euros. No sé cómo va a ser posible que la agencia
lleve a cabo su trabajo con una reducción de la cuarta parte del presupuesto en inteligencia artificial.


No tengo más preguntas. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señora Artigas, por su presentación y su exposición del presupuesto. Quiero hacer algunos comentarios. Iba a empezar -y voy a hacerlo igual, aunque discrepe de mi compañera María- con el Kit Digital e iba a poner en
valor precisamente que, así como hay graves dificultades para que los fondos Next Generation lleguen a las pequeñas y medianas empresas, el Programa Kit Digital representa la excepción. Cuando uno habla con las pequeñas y medianas empresas, que son
muy críticas

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en cómo se están implementando los fondos Next Generation, todas hablan bien de la implementación del Programa Kit Digital. Por tanto, iba a felicitarla, y lo voy a hacer igual, aunque mi compañera María ha intentado poner litros y litros
de agua al vino.


En todo caso, nos gustaría que el desarrollo continúe siendo el que ha sido y aquí la duda que nos queda -y en eso su secretaría tiene responsabilidad, aunque sea más difícil de controlar- es la utilización que hagan las pequeñas y medianas
empresas de estos fondos y que realmente sirvan no para poner parches digitales en sus empresas, sino para que sean un detonante de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, de comercios, del acceso a los autónomos y la
implantación de la factura digital, que es una cosa en la que llevamos ya muchos años y que nos parece fundamental, esencialmente también para controlar otro tema que nos preocupa mucho, que es la demora en los pagos. La implantación de la factura
digital también puede ayudar a reducir de forma importante la morosidad.


En cambio, no ha entrado tanto a exponer cuál era el desarrollo presupuestario de los PERTE que dependían de su secretaría, más allá del PERTE de microelectrónica y semiconductores. Nos gustaría que también nos dijera cuál piensa que va a
ser el desarrollo presupuestario en 2023 en relación a este PERTE. Los PERTE son de momento la otra cara de la moneda en relación con el Kit Digital y los fondos europeos, donde había muchísimas esperanzas depositadas que no se están concretando,
desde nuestra perspectiva.


Respecto a los grandes bloques, solo quiero comentarle algunas cuestiones. En relación con el emprendimiento, agradezco su reconocimiento a la aportación de los grupos en la ley de startups. Yo también reconocí el trabajo de la secretaría
en la última Comisión de Economía, y eso ha conllevado, sin ningún tipo de duda, que el proyecto de ley del entorno de empresas emergentes haya salido mucho mejor de lo que ha entrado, y esperemos que sea una herramienta útil. Y eso se va a poder
complementar también con estos 88 millones que figuran en el presupuesto para inversiones.


Respecto al tema de la modernización y digitalización de la Administración pública, y también respecto a la ciberseguridad en el ámbito de la Administración pública, creo que se están haciendo esfuerzos, pero todavía quedan muchas cuestiones
pendientes y no sé si las vamos a resolver con las aportaciones presupuestarias de este 2023.


Aunque, evidentemente, su responsabilidad es la modernización de la Administración pública, de la Administración General del Estado -y las comunidades autónomas ya tendrán su vía y su responsabilidad-, nos preocupa también la Administración
pública más de centralidad, es decir, los ayuntamientos, esencialmente los pequeños ayuntamientos, y nos gustaría saber si tienen algún programa específico en la secretaría para la digitalización de estos pequeños ayuntamientos.


Termino, porque veo que se me ha puesto en rojo la luz y la presidenta nos advierte con su mirada. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Artigas. Buenas tardes a todas y a todos.


La verdad es que después de haber escuchado su intervención no tengo más que aportar; me parece que ha sido una intervención bastante extensa y dando los detalles que hubiéramos esperado. Sí hay algunas cuestiones que afectan al trabajo
que realizan ustedes en la secretaría de Estado y que me parecen relevantes a efectos presupuestarios, pero sobre todo a efectos de los objetivos que tienen planteados -digamos- más a escala general. Digo todo esto porque arrancamos después de esta
comparecencia y después de haber aprobado en Comisión la ley de startups -una de las modificaciones legislativas en la que más fe habíamos puesto para que dejemos de ser ese país de pandereta, que decía el poeta, y pasemos realmente al siglo XXI- y,
en ese sentido, todas estas novedades legislativas van a tener que ir acompañadas, evidentemente, de esfuerzos presupuestarios -como usted misma ha detallado- y también de determinadas actuaciones que, en teoría, deben permitir un progreso
satisfactorio de las mismas. Pienso, por ejemplo -lo ha mencionado antes el compañero Ferran Bel-, en el tema de la factura electrónica, uno de los temas clave para tratar, dentro de la ley crea y crece que también hemos aprobado recientemente,
determinados elementos que tienen que ver, sobre todo, con los medios de pago y con la reducción de la morosidad crónica que padece este país. En ese sentido, es importante, por supuesto, que podamos avanzar en la implementación de la misma,
porque, como decíamos, eso va a

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generar sinergias muy positivas en toda la economía y, desde luego, también en lo que afecta al ecosistema empresarial.


Desde luego, por la experiencia que también he podido recabar respecto al Programa Kit Digital -que podría funcionar mejor, como todo en la vida, por supuesto-, sí tengo la sensación de que se está aplicando, que está ayudando y está
suponiendo, además, el salto cualitativo que se había esperado inicialmente. Si le digo la verdad, señora Artigas, tenía cierta no sospecha, pero sí creo que se habían puesto unos objetivos muy ambiciosos en este sentido, y veo que se están
cumpliendo, así que no tengo mayor problema; es más, estoy encantado de comerme mis palabras y mis críticas.


Hay un tema que quizá para mí sea el más delicado en lo que respecta a asuntos que tienen que ver con su secretaría de Estado, y me voy a referir ahora al despliegue del 5G. Ya sé que a lo mejor este no es el contexto, pero sí quiero buscar
una cierta empatía por su parte respecto a cómo lo vemos nosotros, en mi grupo parlamentario. Le describo la siguiente secuencia: Europa no tiene una política de seguridad común, se ha dedicado básicamente a externalizarla a otro país, un país
que, por lo que sea, está a 6000 kilómetros de aquí -un poquito lejos; es decir, ni les va ni les viene lo que ocurra aquí, en Europa-, y, sin embargo, ellos han decidido cuál iba a ser la política de seguridad de este continente. Bien, esa
política de seguridad nos ha llevado a una guerra en el continente, una guerra que además, por lo que sea, ha supuesto una crisis energética en nuestro continente -no allá, del otro lado del Atlántico, donde aparentemente son autosuficientes-, y
además le están vendiendo a Europa el gas que ya no puede comprar a Rusia. Entonces, claro, uno se queda con cara de decir: ¿qué está pasando aquí? O sea, estos señores nos imponen una serie de políticas que al final nos acaban provocando un
problema y, además, ellos salen beneficiados. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ahora, de repente, empiezo también a escuchar determinados rumores y determinadas presiones respecto a la tecnología 5G y a lo que China tiene que ver en todo esto;
empiezo a escuchar por ahí que ahora los malos son los chinos y que nos van a instalar yo qué sé - siempre están los más exagerados y los más radicales que piensan en el chip de Bill Gates colocado en no sé dónde-. Hay una cierta paranoia en el
sentido de pensar que los chinos se van a hacer con la tecnología 5G, y han empezado a surgir determinados grupos de presión que precisamente tratan de evitar a toda costa que los chinos desembarque aquí con su 5G. Y yo me pregunto: ¿por qué los
chinos? ¿Por qué no los Estados Unidos? ¿Por qué no otros países? Es decir, ¿por qué no empezamos a mirar por el beneficio de España, al margen de que luego tengamos una cierta relación con otros socios o países? Realmente, le digo todo esto
porque sí tengo la sensación -y espero que usted me lo pueda desmentir- de que hay un cierto velo -no muy físico, un velo etéreo- que precisamente pretende poner trabas a la entrada de empresas chinas en el despliegue de 5G. Si usted me lo
desmiente, quedaré encantado, pero, si no, me gustaría que me diera algún detalle y, sobre todo, el compromiso de su secretaría de no marginar a determinados países, tecnologías o empresas por el solo hecho de que hay una situación geopolítica
determinada ahora mismo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidenta. Señora Artigas, bienvenida.


Su marco competencial es bastante amplio y tiene usted un gran reto por delante, ya se lo he advertido en distintas intervenciones cuando ha venido aquí a presupuestos, pero a nosotros nos preocupa no solo la digitalización de la
Administración pública -todavía con mucho trabajo por hacer, con el inconveniente principal de la formación en materias relacionadas con el avance tecnológico-, sino también la digitalización de los autónomos, pymes y empresas. El Plan de
Digitalización de PYMEs 2021-2025, ampliado -como usted ha dicho- a 2026, tiene como objetivo principal impulsar la digitalización básica de las pymes y la más innovadora, que es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el Big Data.
Usted sabe que un 99,8 % de las empresas en España son pymes, las cuales emplean al 64,2 % del total de empleo empresarial, de ahí la importancia de acometer la transformación digital en estas empresas. Resulta que el 78 % de las pequeñas empresas
españolas opina que los negocios más digitalizados podrán recuperarse y crecer tras el impacto de la pandemia, pero el 25 % de ellas, curiosamente, se encuentran escasamente comprometidas con la digitalización y prácticamente otro tanto carece de
las herramientas y soluciones adecuadas para afrontar esa transformación digital, a pesar de haber dado algunos pasos en este sentido. Pero hay un dato llamativo: el porcentaje de pymes con un nivel básico de intensidad digital y que utilizan las
redes sociales es superior a la media de la Unión Europea; sin embargo,

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las empresas españolas siguen rezagadas en tecnologías nuevas y avanzadas, como la nube o los macrodatos. También es verdad que la falta de una masa crítica de trabajadores con formación digital dificulta la integración de tecnologías
digitales en las empresas y, en particular, en las microempresas.


Un pero a tanta digitalización, y es que está eliminando el encuentro personal, el rostro, la mirada, la presencia física, acelerando la desaparición del otro. Le pongo un ejemplo: usted ha dicho que ponían a las personas en el centro.
Pues muy bien, con la digitalización usted sabe que ha desaparecido la presencia física, hoy todo es con cita previa. Por ejemplo, en la Administración pública si a ti te llega un requerimiento tienes que solicitar cita previa antes, con lo cual el
tiempo de contestar, por ejemplo, al requerimiento recibido se te puede pasar -y pongo el ejemplo de la Administración Tributaria, pero también pasa en otras administraciones- para presentar siquiera una contestación en el registro. ¿Por qué se
cierra de un portazo la Administración pública al canal presencial? Si me puede decir algo, se lo agradecería. Además, muchas de estas personas son mayores y quizás las más desfavorecidas, obligando a recurrir a canales alternativos.


Vayamos a las partidas de su departamento. Voy a mencionar solamente dos, porque no me va a dar tiempo con cinco minutos. En cuanto a la I+D+i, más digitalización, hay una reducción del presupuesto en un 15,2 %, hasta los 1322 millones de
euros; es decir, se han reducido en 219 millones de euros las transferencias de capital, ocurriendo -fíjese- un dato curioso: si en el año 2022 las trasferencias de capital eran en su totalidad a empresas privadas, es decir, 1510 millones, para el
año 2023 se transfieren 1151 millones de euros a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público. ¿Puede usted explicar el motivo? Este programa se centra fundamentalmente en la digitalización de
las pymes -otros compañeros, otros portavoces han hablado del kit digital-. Permítame que le diga sobre el kit digital que es cierto que muchas empresas cuando salió se frotaron las manos, pero lamentablemente muchos no saben qué hacer con la ayuda
y, en el peor de los casos, acabarán por malgastar esos recursos. Desde nuestro punto de vista, señora Artigas, el problema es que muchos siguen anclados en un modelo tradicional del siglo XX. Permítame un símil: muchas empresas van a pedales y,
en vez de realizar una transición a un ciclomotor, ustedes pretenden que pasen directamente a una moto de carreras sin el carné de conducir aprobado y sin siquiera tener los conocimientos y la preparación suficiente. Pero sí le voy a decir un
cambio positivo, señora Artigas, y ha sido incluir en las nuevas convocatorias que se pueda financiar el hardware, cosa que antes no sucedía, como elemento fundamental, por ejemplo, para crear una oficina virtual y migrar a la nube.


Como veo que me queda poco tiempo, voy a intentar abreviar. Paso a otra partida, la digitalización e inteligencia artificial para destinos y el sector turístico. Este asunto es importante porque toca el tema de la soberanía de datos. Para
este grupo parlamentario es importante proteger la soberanía de los datos digitales de los españoles estableciendo mecanismos de control para evitar que las multinacionales puedan utilizarlos contra el interés general nacional. Señora Artigas, es
imprescindible y necesitamos impulsar una política europea común que sirva de freno a los oligopolios tecnológicos y que contemple la soberanía nacional y personal de los datos.


Termino, señora presidenta. Ha hablado usted de la Carta de Derechos Digitales. Yo se lo avancé el año pasado y parece ser que soy el único portavoz que habla de este asunto. Se trata del riesgo del avance tecnológico en una pérdida de la
identidad del ser humano. Hoy existen determinados movimientos, como son la teoría Queer y el transhumanismo, que atacan a la familia y apuestan por su disolución. El foro de Davos, con su presidente Klaus Schwab, junto al israelí Yuval Noah
Harari, son los grandes exponentes del trans y posthumanismo. Yo creo que una obsesión indiscriminada por la digitalización y la innovación puede llevar a rechazar lo físico por lo virtual reduciendo nuestra historia solamente a datos, y eso,
señora Artigas, es parecido a una condena.


Nada más. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pedreño.


El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Artigas.


Hoy estamos viendo los números del presupuesto del Gobierno de España que tienen que ver con una de las piedras angulares de la política económica, que es lo que viene anunciando la ministra Calviño, el tema de la digitalización, al que el
Gobierno destina más de 16 000 millones de euros a políticas de investigación, desarrollo, innovación y digitalización para este año 2023, lo que supone un elevado aumento -ya lo ha dicho la secretaria de Estado- respecto al año 2022. ¿Qué ocurre
con esto? En

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primer lugar, que se mezclan investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Se reparte entre todos los ministerios, lo que no sabemos es si se reparte con o sin la coordinación adecuada. El 45 % de los presupuestos -usted ha dicho
el 55 %- proceden del Mecanismo de Recuperación, y esto sí es un problema. Es un problema porque no se están sabiendo planificar y ejecutar estos proyectos -y ahora comentaré por qué-, y no se está gastando el dinero realmente en los proyectos
estratégicos, que es para lo que sirve el Mecanismo de Recuperación de un país en el ámbito de la transformación digital, y ahora mencionaré el kit digital, que parece que es lo más obvio.


En cuanto al resto de la digitalización de las pymes, precisamente en este concepto más de 1300 millones de euros que no van a tapar el fracaso en las convocatorias de este año. Primero, por el escaso interés de las compañías,
fundamentalmente por la falta de información -pregúntele a las pymes cómo se gestiona lo del kit digital-, por la excesiva burocracia y por el retraso en los plazos. Es decir, nosotros consideramos que nunca se ha puesto tanto dinero, tantísimo
dinero en manos de las empresas y se ha aprovechado tan mal, y eso es solo el inicio. De hecho, yo creo que el incremento de los fondos de digitalización se debe precisamente a la incorporación de los fondos que no se han gastado en el ejercicio
2022, y esto desde luego no cuadra con el anuncio de la ministra de que la ejecución de los fondos es muy alta.


Con respecto a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el año que viene se destina un 24 % menos que en este año 2022. Yo le quería preguntar por qué esto es así. Parece una falta de interés para emprender los proyectos que
puedan ofrecer realmente oportunidades de desarrollo del país basados en esta tecnología. Pero miren los fondos europeos, que es la parte más interesante del presupuesto, como ha comentado la secretaria de Estado, y es en lo que vamos a basar la
digitalización del país el próximo año. Esta cartera es casi la mitad del presupuesto de 2023, y en las comunidades autónomas se acumulan los problemas para poder recibir estos fondos y para que los puedan ejecutar con garantía. Primero, porque
hay una indefinición de criterios por cada uno de los ministerios; segundo, porque hay una redundancia en el gasto y muchas veces la misma herramienta se está pagando en diferentes componentes para la misma utilidad; luego, porque hay una
duplicidad en las comunidades autónomas, porque hay una inseguridad en su desarrollo y porque en ocasiones hay un reparto desigual sin una justificación correcta. Esto realmente lo he escrito porque es una denuncia que hacen las propias comunidades
autónomas, las propias provincias y los propios ayuntamientos, lo que les está creando ya serios problemas para la planificación, ejecución y justificación de las ayudas. Aquí lo más importante es que hay un despilfarro de dinero para la
recuperación del país, que no se está enfocando correctamente, y esto desde luego tiene mayor relevancia en el ámbito de la transformación digital porque es absolutamente horizontal y se desarrolla en líneas de ayudas en muchos componentes del plan
de recuperación.


En el ámbito de la digitalización del país, estas partidas deben estar en las comunidades autónomas, porque son las que están cerca de la ciudadanía y las que están cerca de las empresas. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estas ayudas van
dirigidas a la digitalización de las administraciones públicas, que están focalizadas en la Administración central. Y en cuanto a las competencias digitales, se ha disminuido el presupuesto y, en relación con las ayudas, muchas veces hemos visto
convocatorias muy llamativas que en ocasiones discriminan por emplazamiento, por igualdad de género o incluso por colectivos, cuando realmente estamos hablando de una actividad de formación que debe ser absolutamente igual para todos y no puede
haber ninguna diferencia. En definitiva, las comunidades autónomas están perdidas en el gasto a realizar para la ejecución de los proyectos y ayudas porque no existen unos criterios claros y transparentes. Por ejemplo, está el criterio del IVA,
que muchas veces no terminan de resolver si está incluido o no está incluido en las ayudas para lo que son gastos realmente elegibles en el momento de la justificación. Por ejemplo, por todos es conocido en el Plan de Competencias Digitales el
anuncio de los famosos cursos de 250 horas, que luego quedaron en 7,5 horas con todo ya planificado y el proceso iniciado. Pero es que en la modernización de las administraciones públicas, con un total de 578 millones de euros, había cinco ejes y
de pronto aparece otro más, que es salud digital, que está muy bien, pero se lleva 230 millones de euros de ese presupuesto, cuando ya estaban las comunidades autónomas preparadas para el montante inicial de 578 millones de euros.


Voy terminando. En cuanto a la partida del programa de sociedad de la información, la 467.G, hay una reducción importante en la concesión de préstamos fuera del sector público: de 68 millones de euros a prácticamente nada, un millón de
euros. ¿A qué se debe la supresión de esta actuación? Luego, la reducción en el INCIBE, de 174 a 122 de millones de euros, que no sabemos a qué se debe esta reducción

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en ciberseguridad, precisamente ahora que hay que tener todas las garantías y hacer todos los esfuerzos con los presupuestos propios, los fondos propios, no los fondos europeos, para los temas de ciberseguridad en nuestro país.


En cuanto al servicio 50, el Mecanismo de Recuperación, hay una reducción en la modernización de la Administración General del Estado que tampoco sabemos a qué se debe, una reducción importante en el emprendimiento precisamente ahora que
vamos a aprobar la ley de startups. Y en cuanto al tema del kit digital, y ya con esto acabo, eso no es digitalizar las pymes.


La señora PRESIDENTA: Tiene que acabar.


El señor PEDREÑO MOLINA: Usted ha comentado que es un salto adelante en competitividad de las pymes. No es un salto adelante; no está mal, pero es muchísimo dinero gastado de una forma que no está justificada. Lo voy a dejar aquí aunque
habría mucho que contar sobre los presupuestos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SALAS: Muchas gracias, presidenta.


Yo sí tengo claro, como representante del Grupo Socialista, que el entusiasmo que tiene la secretaria de Estado al explicar todo lo que es el proceso de los presupuestos y el trabajo que se ha realizado es perfectamente compatible con el
esfuerzo que de verdad se ha realizado. O sea, el entusiasmo que tiene es exactamente el mismo que el esfuerzo final. Lo digo más que nada porque la señora Muñoz apelaba a que había ataques importantes a las infraestructuras críticas en España y
decía que España tenía muchos más. Debería mirarlo bien porque, fíjese, solamente en Alemania ha habido más de 130 ataques críticos, algunos de ellos del tipo D2, especialmente a diez hospitales, que se quedaron totalmente paralizados. Eso
solamente por poner un ejemplo de los ataques que se han recibido, para que usted se documente perfectamente. (La señora Muñoz Vidal: No he hablado de números, he hablado del coste). Bueno, pues no venga aquí con unos datos que no son reales.


Por otra parte, es importante tener en cuenta una cosa: la burocracia electrónica. Yo creo que la secretaria de Estado lo ha explicado muy bien. No se trata de que en todo el proceso de digitalización de la Administración pública se
intente hacer una burocracia electrónica, de lo que se trata es de eliminar la burocracia y dejar un proceso de digitalización importante. Ese es el objetivo fundamental que se pretende con todo el proceso. Por eso, los objetivos fundamentales de
los presupuestos para 2023 son avanzar, por supuesto, en la justicia social y mejorar el Estado de bienestar con garantías de estabilidad, seguridad y solvencia que lancen un potente mensaje al exterior, como aval de dinamismo de nuestra economía.
Estos dos objetivos se pretenden alcanzar desde el modelo social que defendemos los socialistas, pensando para la mayoría social, frente al modelo de la derecha que solo pretende beneficiar a la minoría. Uno de los mayores cambios a los que nos
enfrentamos como sociedad tiene que ver con el reto global acelerado que supone la transformación digital. La digitalización va más allá de solo el despliegue de infraestructuras, es necesario entender su capacidad transformadora en otra forma de
trabajar, de vivir y de relacionarnos en democracia.


Este Gobierno ha asumido la obligación, como así lo demuestran desde su secretaría, de llevar a cabo esta transformación sin pensar en ningún momento en quedar instalados en el inmovilismo, evitando el proceso pasivo de digitalización. En
definitiva, cada presupuesto que se va aprobando y la propuesta para el año 2023 demuestran que el Gobierno trabaja para el bienestar digital, que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas, y también de las empresas, apostando por la
igualdad de oportunidades, sobre todo ante las dificultades que nos hemos ido encontrando en esta legislatura, que no han sido pocas. Son unos presupuestos que transmiten la necesidad del Estado de jugar un papel clave en la orientación de la
digitalización para que su utilidad sea canalizada en crear riqueza compartida y con garantías de apuesta de futuro segura por la prosperidad social, transformando nuestra sociedad en una mejor y más equitativa.


Los objetivos de bienestar digital abarcan diversas áreas que se corresponden con los puntales básicos del Estado de bienestar, como, por ejemplo, el empleo digno garantizado que permita a las personas tener un proyecto de vida seguro,
transformando nuestras bases productivas no solo apostando por el aumento de infraestructuras, sino por el emprendimiento; mejorando los productos y servicios que se ofrecen siendo más competitivos para promover empleos de calidad y con la
fortaleza necesaria para

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proporcionar seguridad frente a las crisis que se puedan ir sucediendo. En otro puntal básico, como es la educación, el conocimiento, el manejo de las tecnologías digitales, es ya fundamental, necesario y lo seguirá siendo en un futuro.
Tenemos el reto no solo de garantizar el acceso a los medios y soportes digitales, sino también de fomentar las vocaciones en ciencia y tecnología, ingeniería, etcétera.


Es de vital importancia gobernar la transformación digital para garantizar nuestros derechos como consumidores en un contexto actual donde la pandemia hizo que nuestros consumos online aumentaran y que las plataformas digitales globales
supusieran un peligro para la estabilidad de los precios y el comercio local.


Con respecto al área de salud, la digitalización es clave para evitar futuras pandemias, mitigándolas. Gracias a las herramientas digitales podemos mejorar diagnósticos y la atención a la ciudadanía, y, como ha dicho antes, incluso evitar
ataques como los que han ocurrido en Alemania. Necesitamos además, señorías de la derecha, que la digitalización esté libre de mentiras, sesgos y prejuicios, evitando las noticias falsas, los delitos de odio, la manipulación política en redes, en
Internet, en los medios sociales en general, para mejorar la calidad democrática y que los ciudadanos puedan participar libremente, protegiendo su intimidad y sus datos personales, como un gran desafío democrático que se debe seguir asumiendo desde
la Carta de Derechos Digitales presentada por el presidente del Gobierno en julio del año pasado y que nos sitúa a la vanguardia internacional en protección de los derechos de la ciudadanía.


Desde los presupuestos se afrontarán también los retos que plantea la brecha digital y que se acometerán con carácter transversal en todas las políticas, planes y acciones públicas para poder aminorar su impacto social negativo. En
definitiva, la apuesta por estos presupuestos por parte del Gobierno, apoyado por el Grupo Socialista, es de compromiso al más alto nivel con el bienestar digital de nuestra sociedad, como ya venimos demostrando, siendo la digitalización uno de los
cuatro pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la ruta de Agenda España Digital 2026 y toda la actividad legislativa que venimos aprobando a propuesta del área de esta secretaría, propuestas ambiciosas y necesarias que
requieren de conciencia de Estado y una actitud propositiva de arrimar el hombro por parte de todas y todos.


Señora secretaria, conocemos su dedicación, empeño y cualificación, y además he mencionado el entusiasmo inicial, para llevar a cabo su cometido. Desde el Grupo Socialista le damos las gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ahora tiene la palabra para contestar la secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Artigas Brugal): Muchísimas gracias a todos los portavoces por sus valoraciones, que he escuchado atentamente. Creo que una parte de las preguntas también ha
quedado prácticamente respondida por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista por lo que, si me permiten, me ceñiré a un par de cuestiones específicas.


En primer lugar, el representante del Grupo de Ciudadanos hacía mención a dos proyectos, el PERTE Chip y lo que ha sido el despliegue del 5G, y otros partidos posteriormente también han hecho mención al 5G. Quiero recordar que estas
competencias -PERTE Chip y 5G- no corresponden a esta Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial sino a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Por tanto, les animo a que remitan estas
preguntas a la nueva responsable, que ha sido nombrada recientemente y que estoy segura que tendrá previsto comparecer.


Me voy a centrar, si me permiten, en los comentarios que se han hecho sobre el kit digital. Una cosa son las opiniones y otra, los hechos. Yo me remito a los hechos y usted ha hablado de 58 000 empresas que no han podido acceder al kit
digital, lo cual no es veraz. ¿Por qué? Aparte -decían- del poco nivel de solicitud, por condiciones draconianas. Vamos a ver, el nivel de solicitud de esta subvención es un récord histórico no solamente en la Administración en general de este
país, sino en toda Europa. Todos los países de Europa nos están preguntando cómo estamos desplegando el kit digital. El promedio en estos momentos del primer tramo es de más del 55 % habiendo provincias -el otro día dimos el premio a Soria- en las
que más del 70 % de las pymes elegibles han solicitado la subvención. El anterior caso fue el Plan Avanza, también liderado por Red.es, con un 25 o 30 % y que fue el máximo. El récord de una subvención era el 30 % de solicitudes y estamos hablando
del 55 % de promedio, ninguna provincia baja del 45 % y hay algunas del 70 %. Yo creo que, si algo es objetivamente un éxito rotundo, es esto y ha sido gracias a varias cosas. En primer lugar, como mencionaba el portavoz socialista, al esfuerzo de
este Gobierno en agilizar los trámites y reducir la burocracia gracias, entre otras cosas, a la inteligencia artificial o a la automatización de procesos, pero sobre todo a la cooperación público-privada. Porque el éxito del

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kit digital es el éxito de todos: del colegio de notarios, de las cámaras de comercio, de registradores, de los gestores y, por supuesto, de toda la red de oficinas de Acelera Pyme que estamos desplegando en el territorio, y de las acciones
de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos que han permitido la difusión de este programa. Por tanto, no le voy a dar la razón en este punto.


Hay 70 000 empresas que han solicitado el bono en el primer tramo, más de 50 000 en el segundo, y usted decía que había 58 000 que no habían podido acceder, le voy a corregir esta cifra. No son 58 000, son poco más de 30 000 a fecha de hoy
que no es que no hayan podido acceder, sino que tenían que subsanar, lo que significa que algunas empresas de seis trabajadores habían dicho que tenían diez para acceder a 12 000 euros. Aparte de desplegar esto masivamente, lo tenemos que hacer con
absoluto rigor y control presupuestario, y evitar el fraude a toda costa. En estos momentos, además de las 70 000 que ya han solicitado, hay 30 000 en proceso de revisión, por eso hemos ampliado la convocatoria, para que se puedan volver a
presentar, porque se les estaba acabando el plazo de poder subsanarlo. Por lo tanto, estamos abiertos a todas las áreas de mejora, sobre todo, ante datos reales.


De la segunda intervención, al señor Bel, del Grupo Plural, le agradezco la visión -creo que correcta, creo que usted tenía los datos correctos- del kit digital y también el apoyo que hemos tenido de su grupo en la negociación de la ley de
startups. Quiero mencionarle que desde esta secretaría de Estado vamos a contribuir, no para el presupuesto de este año, sino para el que viene, en unos 40 millones del PERTE Chips, concretamente para el desarrollo de chips cuánticos dentro de la
estrategia global de tecnologías cuánticas, en la que esta secretaría de Estado ya ha dedicado 22 millones de euros este año al Barcelona Supercomputing Center y a la Red Española de Supercomputación.


A nivel de la Administración pública, que usted preguntaba, ya se han concedido subvenciones por importe de 155 millones de euros a las entidades locales, concretamente desde el 1 de septiembre, desde el Ministerio de Política Territorial, y
desde el de Función Pública tenemos previstas ya ayudas por 221 millones de euros a las autonomías para principios de 2023. Por tanto, sí están contempladas esas transferencias en el ámbito de la Administración digital, concretamente alrededor de
1000 millones de euros para los próximos tres años.


De la intervención del Grupo Confederal de Unidas Podemos también quiero agradecer el apoyo. El señor Guijarro ha mencionado temas muy importantes, como el relacionado con la ley de startups. Nos decía que era ambicioso el objetivo del kit
digital, así es. Podíamos haber comprometido con Bruselas un objetivo menor, pero pensamos que el reto está a la altura del impacto y que tenemos que hacer lo máximo para llegar a las pymes de nuestro país. Lo estamos haciendo; realmente la hora
de la verdad se va a ver ahora con la convocatoria de los autónomos, por eso hemos rodado el sistema. Primero, hemos querido hacer dos tramos, pero ahora realmente el de los actores va a ser importante; ahí sí que vamos a necesitar todas las
ayudas de los gremios, de la sociedad civil, para llegar a esa capilaridad.


Me hacía una reflexión sobre la 5G. Recuerdo que la competencia, el despliegue está en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, así como el real decreto que España ya ha publicado para la regulación de 5G. Por tanto, ahí el consenso
es a nivel europeo de definir, como usted decía, proveedores de riesgo o de no riesgo, independiente de dónde vengan. Aquí la clave es definir qué proveedores tenemos de riesgo o no, y ahí hay una alineación total a nivel europeo de cómo se tiene
que hacer, de definir estas matrices de riesgo, y es lo que se va a poner en práctica en los próximos meses. También tengamos en cuenta que todos los temas tecnológicos requieren la cooperación internacional, sobre todo a nivel de ciberseguridad.
Es muy importante que Europa tenga su autonomía, pero esa autonomía no va asociada a un aislamiento en la cooperación internacional. De hecho, que no se haya conseguido por parte de los ataques de Rusia tumbar o hacer caer todos los sistemas de
Ucrania ha sido precisamente porque a nivel internacional se ha ido reaccionando y se han ido haciendo backups de los sistemas, cuando se tumbaba un centro de datos se abría otro a tiempo real, y esa es también la clave de la protección. Por tanto,
totalmente de acuerdo en cuanto a la soberanía digital europea. Tenemos que reclamar nuestra capacidad de decidir, de tener opciones y de desarrollar en nuestro país y en Europa compañías estratégicas en ese sector sin que eso suponga poner freno a
la cooperación internacional.


Me remitiré ahora a la intervención del representante de VOX. Hablaba usted de formación, comparto totalmente su visión. La clave del éxito de la transformación digital de las pymes pasa por dotarlas de herramientas. Usted hablaba de la
nube, justamente el kit digital va en ese sentido, en apoyar los procesos de gestión de la nube en las pequeñas y medianas empresas a un precio competitivo. Usted hablaba de la formación imprescindible, de la mano del kit digital ya vamos a
desplegar este año todos los programas de formación de directivos a pymes. De hecho, terminaremos la convocatoria, que lanzaremos muy pronto

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a través de la EOI para elegir empresas formadoras con el objetivo de que, a partir del primer trimestre del año que viene, las empresas puedan también solicitar esta especie de bono digital de formación. Lo estamos haciendo justamente para
que el kit digital, que no es una compra de una sola vez, sino que es un programa de acompañamiento de un año, permita el despliegue de estas herramientas, y que el año siguiente ya sean personas de la propia empresa las que puedan seguir adelante
con ese proyecto. Por lo tanto, es importante esa combinación entre ayudas para adquirir un apoyo de la consultora, de una empresa de servicios digitalizadora, para la puesta en marcha de un proyecto, a la vez que estamos preparando a esa empresa
para poder seguir con ese proceso futuro. Ahí tenemos dos grandes programas asociados: la formación de directivos pymes y de los agentes del cambio -que he anunciado-, que tiene dos partes: formar a nivel interno a los trabajadores y también
formar a desempleados, para que el año que viene podamos colaborar con ayudas a la contratación en las pymes de esos agentes del cambio. Es un programa que esperamos tenga su repercusión en la segunda mitad del año que viene, este año estamos
desplegando la parte de las convocatorias para que se haga efectivo en 2023.


Usted también exponía la duda de que muchas pymes no saben qué hacer con la ayuda del kit digital y decía que la gente lo va a gastar mal. Yo le aseguro que no lo van a gastar mal, porque los procesos de control que tenemos del kit digital
son exhaustivos, por tanto, el bono se paga no a la empresa, sino al digitalizador; la pyme decide con qué digitalizador lo gasta, y solo se paga cuando hay esa factura. Nuestra percepción es que está bien diseñado. Usted ponía en duda si estamos
pagando lo que tendríamos que pagar y yo le digo que sí, estamos pagando lo que transforma las empresas. Pagar hardware -voy a hacer una puntualización- no va a ser generalista, porque comprarse un ordenador no es diferencial, comprarse una tablet
no es diferencial. Estamos incorporando el hardware sobre todo en el segundo tramo, siempre y cuando forma parte de la solución, pensando sobre todo en el ámbito rural, donde la mayor parte de este hardware son sensores; si queremos utilizar los
procesos van a requerir de unos sensores y de una tableta, pero no queríamos derivar dinero del kit digital a que alguien tuviera la tentación de comprar el ordenador o la tablet a su hijo, por tanto, este hardware siempre tiene que estar vinculado
a una solución.


Comparto la preocupación sobre el transhumanismo, es parte del debate sobre el futuro del hombre en el mundo digital, que ha permitido la Carta de Derechos Digitales. Precisamente uno de los ámbitos en lo que son los nuevos derechos son las
neurotecnologías, el derecho a las personas a no ser aumentadas tecnológicamente si no quieren y el derecho a que ese aumento tecnológico no infiera en la identidad de las personas. Por eso, uno de los proyectos estrella que esperamos poder
anunciar antes de final de año es la creación en España del Spain neurotech, el centro nacional de neurotecnología, que aspiramos a que sea un centro de referencia mundial y, por supuesto, el mejor de Europa. Ahí sí le digo que va a ser el primer
centro mundial de desarrollo de neurotecnologías éticas.


El representante del Partido Popular hacía mención a la caída del presupuesto de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Yo quiero que tengan en cuenta una perspectiva. Como hemos visto, la parte grande de nuestro presupuesto
corresponde al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un mecanismo que nos compromete en Europa a unos objetivos al final del 2025. ¿Qué hemos hecho nosotros? Podíamos haber dividido estos presupuestos una quinta parte por
presupuesto, pero no lo hemos hecho así, hemos concentrado la ejecución de este presupuesto en los primeros tres años, lo que no significa que sean un tercio, un tercio y un tercio, sino que algunas actuaciones las hemos incrementado el año uno y el
año dos, como es el caso de la inteligencia artificial, con un poquito menos de intensidad, aunque no mucha, al año dos, porque queríamos adelantar esas acciones. Queríamos forzarnos a ejecutar antes sobre todo aquellas inversiones que tienen un
retorno a más largo plazo. La inteligencia artificial es algo que debes empezar hoy para ver un resultado en 2025; si lo empiezas en 2023, no estás a tiempo. Por lo tanto, la reducción como tal no es una reducción en el gasto, sino que la
distribución de ese gasto en los tres años no ha sido equitativa. Lo que le falta a 2023 es lo que sumamos de más en 2022, a pesar de ponernos nosotros la presión en la ejecución. Por lo tanto, está garantizado el despliegue de la ENIA;
básicamente lo que queda a diferencia del año pasado son convocatorias de ayudas de I+D y de la cadena de valor, que el año pasado fueron de 150 millones y este año queda una partida de 40. Preferimos adelantarla que repartirla mitad y mitad,
porque pensábamos que para las empresas era mejor poder tener esa financiación lo antes posible.


Además, hemos añadido un programa nuevo, como hemos comentado, en 2026, que es el RETECH. El RETECH son proyectos de innovación estratégica de carácter regional. Queremos también que haya especialización regional en temas vinculados a la
inteligencia artificial, a los gemelos digitales. ¿Por qué

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hicimos eso? Porque nos dimos cuenta de que, a pesar de que el plan de recuperación estaba muy bien distribuido en las treinta componentes y había unos PERTE que daban un empaque sectorial importante, las comunidades autónomas nos habían
trasladado muchísimos proyectos de innovación muy interesantes que no tenían cabida ni en una componente como la 16, que es inteligencia artificial, ni tampoco en los PERTE que se habían definido en carácter nacional. Por eso hemos hecho el
esfuerzo de dedicar 500 millones de euros al RETECH. El RETECH son estas redes de especialización tecnológica de carácter regional donde una parte de ese dinero va dedicado a inteligencia artificial aplicada a la industria con varios polos. Lo que
exigimos aquí es que, como mínimo, haya colaboración de dos autonomías; esa es la clave. Ahora justamente estamos recibiendo las propuestas, hasta antes del 15 de noviembre, y esperamos poder adjudicarlas antes de final de año.


Hablaba usted del tema de los préstamos y también en la anterior intervención se hablaba de ello. En el tema de los préstamos, la experiencia nos dice que la manera de garantizar la ejecución es utilizar los mecanismos más eficientes, y lo
que hemos visto es que, gracias a la potestad que tiene la secretaría de Estado de tener dos organismos autónomos como el INCIBE y Red.es, transferir esos créditos a esas entidades nos ha permitido ejecutar más rápido y mejor. Por eso la
explicación de los préstamos, que no ha sido tan eficiente en el pasado.


Y hablaba de ejecución, ponía en duda esta ejecución, y el dedo en la llaga, permítame también darle datos. Los datos son que, si nosotros vemos el presupuesto de este año, que sí que es un poquito menos que el anterior, porque, como decía,
los MRR no se han distribuido equitativamente en los tres años de ejecución, estamos hablando de que esta secretaría de Estado tenía un volumen de 458 millones en el año 2020 y ahora lo tiene de 2724. Cada funcionario público de la SEDIA, que es
esta secretaría de Estado, más la SGAD, más Red.es, más INCIBE, gestionaba de promedio 5 millones; ahora estamos gestionando 15 millones por persona. Por tanto, el aumento del volumen es impresionante, de un 600 %, y hemos ampliado, por supuesto,
algo los recursos, pero ni muchísimo menos en la proporción que supondría este volumen. Solo cabe decir que haciendo los mismos cálculos de ratio, deberíamos tener 1200 personas y tenemos 185. Mi homólogo italiano fichó a 300 personas para llevar
un presupuesto parecido. Por tanto, la ejecución es altísima, la eficiencia de los procesos también y el trabajo incansable de mi equipo es realmente agotador, y quiero agradecerles el esfuerzo que hacen cada día para levantar este país.


En cuanto al nivel de ejecución en 2022, en el servicio 08 estamos en el 73 %, en el 83 % del 50 de lo que es la SEDIA, y del 81 % del 50 de la SGAD. Estamos aún en octubre y, por tanto, pensamos llegar a los objetivos comprometidos.


Por mi parte nada más. Quiero agradecer el apoyo del Partido Socialista a la labor de esta secretaría de Estado.


Permítanme terminar con unas palabras finales. Es una intervención final breve para cerrar ya e irnos a casa. He de decir, a pesar de las críticas obviamente constructivas que necesitamos para mejorar, que todos ustedes coinciden en un
punto, que es el necesario proceso de digitalización de nuestro país, y me resulta muy positivo que justamente después de dos años y medio desde que esta secretaría de Estado se creó, continuemos coincidiendo en el diagnóstico de lo que le faltaba a
este país y en las soluciones que estamos ya ejecutando. Por tanto, este proyecto les presenta un proyecto de presupuestos que da precisamente respuesta a este enorme reto y, además, lo hace de forma inclusiva con los objetivos transversales de
cerrar la brecha territorial, apostar por la igualdad y fomentar la cohesión territorial. En definitiva, señorías, estamos ante unos presupuestos de país para garantizar la justicia social en España, pero también la estabilidad y la seguridad,
siempre en clave digital; unos presupuestos transformadores que nos permitirán seguir trabajando y diseñando la España del futuro, que ya es nuestro presente, mediante la modernización de nuestro tejido productivo y la transición hacia una
auténtica economía digital.


Señorías, estamos hablando de más de 2700 millones de euros para digitalizar la economía desde esta secretaría de Estado; solo desde una secretaría de Estado, imagínense la dimensión de lo que esto supone. El reto es inmenso y les
garantizo que mi voluntad de sacarlo adelante es férrea, así como la de todo mi equipo. Estas cifras son los recursos que necesitamos y que seguirán acercando a España a su conversión hacia un país moderno, competitivo, productivo, justo y con el
liderazgo incuestionable frente al mundo. Permítanme recordarles que son unas cuentas similares a las del año pasado, que ya suponían una cifra sin precedentes. Nos jugamos, por tanto, mucho. Y, como les he mencionado en mi primera intervención,
yo les pido que se sumen y que nos ayuden, porque, señorías, votar en contra de estos

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presupuestos supondría votar en contra del avance hacia una economía más competitiva, votar en contra de digitalizar a nuestras pymes y autónomos y apoyar a nuestros emprendedores, votar en contra de cerrar las brechas digitales, de
modernizar nuestra Administración pública, del impulso al ecosistema de ciberseguridad nacional o votar en contra de garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. Votar en contra de estos presupuestos no solamente es votar en contra del
avance de España, es solidificar la insensatez de aquellos que dicen amar este país. Pues rara forma de amar, señorías, sería votar en contra de esos presupuestos. (Risas). En definitiva, votar en contra de estos presupuestos es votar en contra
de la modernización de España. Estoy convencida de que ninguno de ustedes están en contra de estos puntos, que todas las personas que estamos hoy aquí queremos que nuestro país avance, crezca y sea económicamente más competitivo, y no me voy a
rendir en ese empeño.


Aprovechemos todos la oportunidad que nos brindan estos presupuestos para hacer de España una auténtica economía digital, puntera, innovadora y competitiva.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Con esta comparecencia acabamos y levantamos la sesión.


Eran las ocho de la tarde.