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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 366, de 23/11/2021
cve: BOCG-14-D-366
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de noviembre de 2021
Núm. 366
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la contribución en el cambio político hacia la democracia de las mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las elecciones a celebrar en Nicaragua el próximo 7 de noviembre ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/003392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la agilización del Proceso de Obtención de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa ... (Página20)
Comisión de Interior
161/003384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre los usos permitidos de los mecanismos de inteligencia artificial (IA) relativos a los sistemas de
vigilancia masiva y las tecnologías que valoran a las conductas de la personas de forma predictiva ... (Página24)
161/003386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre refuerzo del Sistema Nacional de Protección Civil ... (Página27)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la publicidad activa de la voluntariedad de las cuotas de las familias en las escuelas privadas
concertadas sostenidas con fondos públicos ... (Página29)
161/003396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la salud mental y emocional en el sistema educativo ... (Página30)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones y medidas en relación con el decenio afrodescendiente ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el reconocimiento de la totalidad de la superficie como admisible en el caso de los pastos arbustivos y de bajo arbolado de Galicia a los efectos de la PAC
... (Página34)
161/003393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la acuicultura ... (Página35)
161/003394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la propuesta de cuotas pesqueras para 2022 ... (Página37)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la incorporación de la vacuna contra la Neisseria meningitidis grupo B en el calendario común de vacunación nacional ...
161/003397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la salud mental y emocional en el sistema educativo ... (Página41)
161/003400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al tratamiento de los restos de un feto abortado ... (Página43)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación de la Garantía Infantil en España ... (Página47)
161/003398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reconocer como elemento esencial del interés superior del menor la protección de su inocencia ... (Página49)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001536 Pregunta formulada por los Diputados Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
(GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre razones por las que el Gobierno estima que el próximo año 2022 pedirán protección internacional en España 130.000 personas, casi el doble de las que lo hicieron en el año 2020 ...
181/001542 Pregunta formulada por los Diputados Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
(GVOX), sobre previsiones acerca de si el Gobierno va a llevar a cabo gestiones diplomáticas ante las autoridades cubanas con el fin de conseguir la liberación tanto del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, como de los
ciudadanos cubanos que han sido procesados en 'juicios sumarísimos' por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio ... (Página55)
Comisión de Defensa
181/001525 Pregunta formulada por los Diputados Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) y Callejas Cano, Juan Antonio (GP), sobre órganos logísticos y unidades del Ejército de Tierra que está previsto desplazar a la futura nueva Base
Logística de Córdoba ... (Página55)
181/001526 Pregunta formulada por los Diputados Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) y Callejas Cano, Juan Antonio (GP), sobre fechas en las que se realizará el traslado a la futura nueva Base Logística de Córdoba ...
181/001527 Pregunta formulada por los Diputados Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) y Callejas Cano, Juan Antonio (GP), sobre ubicación exacta que tendrá la futura nueva Base Logística de Córdoba ...
181/001535 Pregunta formulada por los Diputados Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX), Mestre Barea, Manuel (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX) y Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), sobre razón
por la que, nueve meses después del fallecimiento de Monseñor Juan Del Río Martín, aún no ha sido nombrado el Arzobispo Castrense de España ... (Página56)
Comisión de Interior
181/001529 Pregunta formulada por los Diputados Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre requerimiento a los directores de los centros penitenciarios para fomentar la concesión
de terceros grados penitenciarios ... (Página56)
181/001530 Pregunta formulada por los Diputados Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre criterios en los que se ha basado el Ministerio del Interior para el establecimiento de
la concesión de incentivos salariales que alcanzan hasta los 2.000 euros por porcentaje de concesiones de terceros grados ... (Página57)
181/001531 Pregunta formulada por los Diputados Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre criterios que siguió el Ministerio del Interior que justifiquen la concesión del tercer
grado penitenciario a Francisco Javier Almeida, presunto asesino del niño de nueve años de Lardero, habida cuenta de que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario El Dueso emitió acuerdo desfavorable a dicha progresión a tercer grado
penitenciario ... (Página57)
181/001532 Pregunta formulada por los Diputados Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre incentivos salariales que se han concedido desde la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias durante la XIV Legislatura por concesión de terceros grados a los directores de los centros penitenciarios españoles ... (Página57)
181/001533 Pregunta formulada por los Diputados Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre criterios que siguió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y motivos
que justificaron la concesión del tercer grado penitenciario a Francisco Javier Almeida, presunto asesino del niño de nueve años en Lardero, habida cuenta de que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario El Dueso emitió acuerdo desfavorable a
dicha progresión a tercer grado penitenciario ... (Página58)
181/001534 Pregunta formulada por los Diputados Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre previsiones acerca de si el Ministro del Interior va a dimitir por la decisión adoptada
por su Ministerio de conceder el tercer grado penitenciario al presunto asesino de un niño de nueve años en Lardero, en contra del criterio técnico de la Junta de Tratamiento ... (Página58)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001528 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre seguridad de las mujeres en sus desplazamientos diarios en la nueva Ley de Movilidad ... (Página58)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001558 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Redondo Calvillo, María de la O (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP) y Mariscal Anaya, Guillermo (GP), sobre razones que impiden que la Administración General
del Estado admita la repercusión de la elevación de costes en la industria de la construcción española ... (Página59)
181/001559 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Redondo Calvillo, María de la O (GP) y Mariscal Anaya, Guillermo (GP), sobre medidas que contempla el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para evitar subidas de hasta el 10% en los precios en la industria organizada gremialmente en la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica-AMETIC, ante la ampliación de la
garantía de reparación de diez años, incluida en la nueva Ley General de Consumidores y Usuarios ... (Página59)
181/001560 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Castillo López, Elena (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP) y Requena Ruiz, Juan Diego (GP), sobre partida presupuestaria que
palía los efectos de la subida de los combustibles a los consumidores vinculados a la industria electrointensiva e hiperelectrointensiva ... (Página59)
181/001561 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Castillo López, Elena (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP) y Requena Ruiz, Juan Diego (GP), sobre partida presupuestaria que palía los efectos de la subida
de los combustibles a los consumidores vinculados al transporte por carretera, básico para la logística industrial española ... (Página60)
181/001562 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Cortés Carballo, Mario (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre planificación del Gobierno
para la extracción y minería de tierras raras ... (Página60)
181/001563 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre tipo de estrategia que
tiene el Gobierno para la industria extractiva y para el desarrollo, en general, de la minería española ... (Página60)
181/001564 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Cortés Carballo, Mario (GP), sobre previsiones acerca de una
nueva legislación para la minería e industria extractiva, dada la crisis de materias primas y teniendo en cuenta los recursos autóctonos que se encuentran en nuestro subsuelo ... (Página61)
181/001565 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Postigo Quintana, Jesús (GP) y Cortés Carballo, Mario (GP), sobre previsiones acerca de la
implantación en España de industria electrónica estratégica que supla las carencias de determinados componentes para el desarrollo de nuestra industria ... (Página61)
181/001566 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre previsiones acerca de
aprobar y poner en marcha una estrategia para aprovisionamiento, suministro y almacenamiento de materias primas estratégicas ... (Página61)
181/001567 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), García Rodríguez, Alicia (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono José Alberto (GP), sobre partida presupuestaria
que palía los efectos de la subida de los combustibles a los consumidores vinculados a actividades agroindustriales ... (Página62)
181/001568 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP) y Gago Bugarín, Diego (GP), sobre número de veces y fechas en las que se ha reunido la Mesa de Automoción con participación y
presencia del Gobierno ... (Página62)
181/001569 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre fecha prevista para dar cumplimiento al mandato
aprobado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo para realizar el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice el impacto en la industria española de las reformas regulatorias en el sector energético de los dos últimos años ...
181/001570 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre opinión del Gobierno y medidas que está considerando
adoptar en relación con la polémica entre alguna empresa del sector eléctrico y alguna empresa del sector siderúrgico en las que se producen acusaciones públicas recíprocas de estar elevando el coste de su producto final, sin razones que lo
justifiquen suficientemente ... (Página63)
181/001571 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre opinión del Gobierno y medidas que está considerando
adoptar en relación con la nota remitida por la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF) y publicada en el diario El País y Expansión el 08/11/2021, sobre la situación derivada de los costes energéticos ...
181/001572 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Redondo Calvillo, María de la O (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono José Alberto (GP), sobre disminución de
los costes energéticos para la industria, el tejido productivo y las pymes y autónomos durante el año 2022, teniendo en cuenta la subida de recaudación por impuestos vinculada a vectores energéticos ... (Página63)
181/001573 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Redondo Calvillo, María de la O (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre criterio
adoptado para que en el caso de cortes en el suministro eléctrico no se produzcan paradas en los procesos productivos industriales y en la prestación de servicios comerciales o turísticos ... (Página64)
181/001574 Pregunta formulada por los Diputados Tristana María Moraleja Gómez (GP), Redondo Calvillo, María de la O (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre criterio
adoptado para garantizar que, en el caso de un desabastecimiento de gas, no se produzcan paradas en los procesos de producción industrial y en la prestación de servicios comerciales o turísticos en España ... (Página64)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001537 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas que está
poniendo en marcha el Gobierno para garantizar la trazabilidad de los productos agrarios importados en España ... (Página64)
181/001540 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre previsiones
acerca de promover la modificación de la región tabaquera extremeña en la reforma de la PAC para incluir a los productores de tabaco del sur de la provincia de Ávila ... (Página65)
181/001541 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para ayudar a los españoles y a las familias ante la constante subida del precio de los alimentos ... (Página65)
181/001576 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas que va a
promover el Gobierno ante las instituciones europeas frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el Total Admisible de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras de 2022 para determinadas especies ... (Página65)
181/001577 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas que está
poniendo en marcha el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que se produzcan ataques de lobos como el que ha tenido lugar en Revellinos de Campos (Zamora) y que se ha saldado con una treintena de ovejas muertas, muchas de ellas
próximas al parto, en una explotación ganadera situada dentro del casco urbano de este municipio ... (Página66)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001543 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre número de consumidores vulnerables que
estima el Gobierno que tendrán acceso al bono social térmico en el año 2022 ... (Página66)
181/001544 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre partida presupuestaria destinada a la
mejora de la interconexión eléctrica con Francia como parte de la solución para la integración de energías renovables y rebaja de la factura de la luz ... (Página66)
181/001545 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre
fecha prevista para dar cumplimiento al mandato aprobado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo para realizar el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice el impacto de las reformas regulatorias en el sector energético de los dos
últimos años en la industria española ... (Página67)
181/001546 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP), y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre criterio de prioridad en el
suministro de gas que ha adoptado el Gobierno en el caso de un desabastecimiento de gas ... (Página67)
181/001547 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre criterio de prioridad para el
suministro que ha adoptado el Gobierno para el caso de un desabastecimiento de electricidad ... (Página67)
181/001548 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre estudio de las causas del escenario de
desabastecimiento de gas que se produjo en varios días de enero del año 2021 ... (Página68)
181/001549 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP) y Navarro Lacoba, Carmen (GP), sobre elaboración de una planificación para
el escenario de desabastecimiento energético ... (Página68)
181/001550 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP) y Navarro Lacoba, Carmen (GP), sobre estudio del escenario de
desabastecimiento de gas y/o electricidad que viene siendo advertido por los agentes del sector ... (Página68)
181/001551 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP) y Navarro Lacoba, Carmen (GP), sobre establecimiento de alguna relación
entre el resultado de la negociación auspiciada por el Presidente Sánchez los días 7 y 8/10/2020 en relación con el gas argelino para España y la peor evolución de los precios del gas en España durante el año 2021, comparativamente con el resto de
los países europeos, al mismo tiempo que se recuperaba durante 2021 la cuota de mercado del gas argelino en España ... (Página68)
181/001552 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Alonso Pérez, José Ángel (GP) y Moraleja Gómez Tristana María (GP), sobre términos concretos de la negociación auspiciada por el
Presidente del Gobierno en su visita a Argelia los días 7 y 8/10/2020 en relación con el suministro de gas argelino a España, en un contexto de pérdida de cuota de mercado en España por su alto precio en relación con el gas abastecido por buques
metaneros que entonces cotizaba alrededor de 17 euros/MWh ... (Página69)
181/001553 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Alonso Pérez, José Ángel (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre razones que han impedido que la Ley 7/2020, de 20 de
mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, dejara sin realizar la reforma del sector eléctrico e incluya en la disposición final undécima una 'moratoria' o nuevo plazo de 12 meses adicionales para realizar las reformas del sector eléctrico
... (Página69)
181/001554 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Alonso Pérez, José Ángel (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre razón del desequilibrio presupuestario proyectado para
el año 2022, en perjuicio del sector eléctrico, del destino de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 ... (Página69)
181/001555 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Alonso Pérez, José Ángel (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre efecto presupuestario para el sistema eléctrico de la
rectificación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, mediante el Real Decreto-ley 23/2021, de 27 de
octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural ... (Página70)
181/001575 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre medidas que está poniendo en marcha la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para evitar que se produzcan ataques de lobos como el que ha tenido lugar en Revellinos de
Campos (Zamora) y que se ha saldado con una treintena de ovejas muertas, muchas de ellas próximas al parto, en una explotación ganadera situada dentro del casco urbano de este municipio ... (Página70)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página70)
184/067283 Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Actos decisorios que legitimarían las captaciones que bombean agua al canal del Granado perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana ... (Página71)
184/067912 Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Investigación acerca de si la contratación del General Abajo Merino por parte del consorcio Tess-Defence, S.A., en calidad de asesor de dicha compañía, constituye una práctica tipificada en el Código Penal, así como clasificación de dicha
información de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales... (Página72)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la contribución en el cambio político hacia la democracia, de las mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El 8 de marzo de 2021 se hizo la presentación de la reedición del libro 'Las mujeres parlamentarias en la Legislatura constituyente' en el Senado. También en el Congreso se rindió homenaje a las 21 diputadas de las Legislatura Constituyente
de 1977. La Cámara ha hecho pública una infografía en la que se puede observar la evolución de la presencia de las mujeres en el Parlamento.
Ha sido un reconocimiento merecido y justo por su contribución al cambio político hacia la democracia. Estas 27 mujeres, 21 Diputadas y seis Senadoras, accedieron al Congreso y al Senado tras el periodo franquista, en las elecciones
democráticas del 15 de junio de 1977 y participaron en la elaboración de la Constitución española de 1978, defendiendo activamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la sociedad española. Ellas también fueron protagonistas del sueño
de hacer realidad la Constitución y gracias a ellas se incorporó el artículo 14, que establece que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. Devolver la visibilidad a las parlamentarias que despertaron la csonciencia política de la mujer en España ha sido uno de los objetivos de la Directora Oliva Costa en su documental, que
alberga experiencias inéditas y que merecen ser recordadas y reflejadas en nuestra historia democrática. Eran solo 27 mujeres en un mundo dominado por hombres. Mujeres que ocuparon un escaño, en el Congreso y en el Senado, en la etapa
constituyente entre 1977 y 1979. Ellas tuvieron el honor después de cuarenta años de interrupción democrática y siguiendo la estela que dejaron en la República Clara Campoamor y Victoria Kent. Una lucha de las mujeres en la historia de España que
ha pasado desapercibida y olvidada. Son mujeres que participaron en la elaboración de la Constitución y que junto con ellos dieron pasos decisivos y determinantes para la consolidación de la democracia en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los actos conmemorativos del aniversario de la aprobación de la Constitución que organice, se incluyan referencias a la participación y actividad de
las mujeres que participaron en la constitución de las primeras Cortes Generales después de la dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2021.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, Dña. Macarena Olona Choclán, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Alberto Asarta Cuevas, D. José María Sánchez García, D. Víctor Manuel Sánchez del Real, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez
y D. Agustín Rosety Fernández de Castro, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con las elecciones a celebrar en Nicaragua el próximo 7 de noviembre.
Exposición de motivos
Primero. La República de Nicaragua, situada en la América Central, vive en la actualidad una pésima y muy preocupante situación política y social, la cual se debe, en buena medida, a la convulsa historia reciente de este país. En concreto,
podemos ligar buena parte de los actuales problemas políticos y sociales al conflicto que azotó el país en las décadas de los 70s y 80s, y que se puede dividir fácilmente en dos fases:
En la primera fase, que iría desde 1972 a 1979, las fuerzas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se opusieron al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza, último de una dinastía que llevaba asentada en el poder
desde los años 30 del siglo XX. Este movimiento se inspiraba inicialmente en el legado del general Augusto Sandino, líder militar nacionalista que luchó contra la intervención norteamericana en los años 20 y 30, aunque derivó paulatinamente hacia
el marxismo-leninismo en el contexto de la Guerra Fría.
En 1979, el FSLN logró tomar Managua, la capital del país, y terminar con la dictadura Somocista, estableciendo la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que regiría el destino del país hasta 1985 y de la que formaría parte José
Daniel Ortega Saavedra. En este momento comenzaría la nueva fase del conflicto civil en Nicaragua, pues determinados sectores de la sociedad nicaragüense, apoyados por los Estados Unidos, crearían el movimiento Resistencia Nicaragüense,
popularmente conocido como 'La Contra', que se opondría al régimen sandinista mediante la guerra de guerrillas.
Esta nueva fase del conflicto se enmarcaría de lleno en el último período de la Guerra Fría, caracterizado en un primer momento por un período de aumento de la tensión entre finales de los 70s y principios de los 80s, seguido de la
distensión a partir de la llegada al poder en la URSS de Mijaíl Gorbachov. Así, países como Cuba y la Unión Soviética apoyarían al régimen sandinista frente a la Resistencia Nicaragüense apoyada por los Estados Unidos.
El conflicto terminaría de forma pactada en 1990, en el contexto de la Caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque comunista, cuando el régimen sandinista se vio obligado a pactar una transición con los partidos de la oposición ante la
presión internacional, especialmente de la Organización de Estados Americanos. En los Acuerdos de Managua se pactó la desmovilización de parte del Ejército sandinista y de las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense, así como la celebración de
elecciones libres, en las que venció una unión de partidos opositores al sandinismo.
Desde entonces, y a pesar de subsistir toda una serie de problemas relacionados con la economía, la corrupción política y la inseguridad, la situación y el nivel de vida de la población venía mejorando de forma sustancial. Además, durante
ese período, se aseguró el respeto al sistema político democrático surgido del fin del largo conflicto civil. En este contexto, en un proceso democrático abierto y de libre
concurrencia, el FSLN, con Daniel Ortega a la cabeza, ganó las elecciones en 2006, manteniéndose en el poder hasta ahora.
Segundo. Sin embargo, desde entonces, Daniel Ortega y el FSLN han venido implantando un nuevo régimen dictatorial de corte chavista o bolivariano, al estilo de otros países de la región. Democracias formales en teoría, dictaduras de
partido único en la práctica, en donde la separación de poderes se ha ido eliminando progresivamente, las libertades políticas y fundamentales no se encuentran garantizadas, y los medios de comunicación y la economía son controlados por el
Estado-Partido.
En este sentido se expresa el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua 1, el cual manifiesta lo
siguiente:
'Desde las elecciones presidenciales de 2006, el marco institucional se ha debilitado, con la concentración de los diferentes poderes del Estado en manos del partido gobernante. Esto ha contribuido a la reducción del espacio cívico, la
falta de independencia del Poder Judicial y de la institución nacional de derechos humanos (la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), denuncias recurrentes de corrupción, de fraude electoral y de censura de medios de comunicación y a
altos niveles de impunidad, entre otros problemas.'
Así pues, la situación de este nuevo régimen dictatorial, auspiciado y apoyado desde Cuba y Venezuela, empezaría a degenerar especialmente desde las fraudulentas elecciones de 2016, donde los supuestos apoyos al FSLN llegaron a un 72,44%.
Meses antes de estas elecciones, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua había retirado de su cargo a 16 diputados opositores, incluido al líder del Partido Liberal Independiente, principal partido de la oposición, imponiendo otro líder al
partido. Además, en estas elecciones no se permitió a observadores internacionales supervisar el proceso electoral 2.
Sin embargo, la verdadera cara del régimen sandinista y del dictador Ortega no quedaría al descubierto completamente hasta la violenta represión desatada a raíz de las protestas de 2018. Este movimiento popular de protesta, surgido
inicialmente contra la reforma del sistema de seguridad social, terminaría ampliando más adelante sus reivindicaciones a una enmienda total al régimen y una solicitud de elecciones anticipadas.
Dichas protestas, que comenzaron el 18 de abril, se extenderían durante casi todo el resto de 2018. Durante las mismas, amplios sectores de la sociedad nicaragüense se movilizaron contra el gobierno de Ortega y el FSLN de forma pacífica.
Así, estudiantes, sindicatos, organizaciones empresariales, campesinas y religiosas, entre otras organizaciones de la sociedad civil, participarían en las manifestaciones.
Tercero. Si a esta supresión de derechos políticos -carencia de elecciones libres, pluralismo político, falta de libertades públicas, etc.- añadimos las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, la situación
que vive el pueblo nicaragüense es inadmisible.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en este momento cargo ocupado por la expresidenta chilena Michel Bachelet Jeria, ha realizado varios informes acerca de la situación de los derechos
humanos en Nicaragua a raíz de las protestas y la posterior represión encabezada por el régimen de Ortega. Entre estos informes se encuentran el ya referido anteriormente 'Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en
Nicaragua 18 de abril-18 de agosto de 2018' 3, así como el titulado 'Situación de los derechos humanos en Nicaragua. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas' 4 que analiza la situación desde el 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de
2019.
Dichos informes denuncian el hecho de que el régimen nicaragüense habría recurrido a diversas técnicas represoras ya utilizadas en países como Venezuela, programando contramanifestaciones de colectivos cercanos al régimen que atacaban a los
manifestantes opositores, y utilizando a las fuerzas policiales y militares para reprimir las protestas con extrema violencia con el uso de armas de fuego. Así,
1 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2018/08/Nicaragua-Report-FINAL_SP.pdf.
2 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/nicaragua-060716-spanish.pdf#en%20espa%C3%B1ol.
3 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2018/08/Nicaragua-Report-FINAL_SP.pdf.
4 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2019/09/A_HRC_42_18_SP.pdf.
en el resumen ejecutivo del primer informe, nos encontramos con una descripción muy certera de cómo fueron evolucionando las protestas de 2018 y la represión del régimen:
'La crisis ha tenido diversas formas y experimentado diversas fases. La fase inicial se caracterizó por la respuesta represiva del Estado a las manifestaciones públicas y por la generalización de las protestas por todo el país en distintas
modalidades, incluyendo barricadas y tranques. La segunda etapa (desde mediados de junio a mediados de julio) se caracterizó por el levantamiento por la fuerza de las barricadas y tranques por parte de las autoridades estatales y elementos armados
progubernamentales. En la tercera y actual etapa, que comenzó tras la represión de las protestas, se ha producido la criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas
como opositores al gobierno.' 5
Adicionalmente, sobre las consecuencias de la represión y las violaciones de derechos humanos que pudo documentar, el segundo informe expone lo siguiente:
'Más de 300 personas murieron en el contexto de estas protestas y su represión, mientras que 2.000 personas resultaron heridas. Esta crisis provocó la huida de Nicaragua de más de 80.000 personas. La OACNUDH documentó un gran número de
violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, entre ellas violaciones graves, tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones
extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención. La OACNUDH pudo verificar la participación de elementos armados progubernamentales en ataques contra los manifestantes y en
detenciones llevadas a cabo con el consentimiento de las autoridades del Estado, principalmente de las fuerzas de orden público, y a menudo de manera conjunta y coordinada con estas.' 6
En la misma línea, el pasado 25 de febrero de 2021, se publicó el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En concreto, este informe
recoge una visión general de la situación de los derechos humanos en el citado país desde el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
En este periodo, la ACNUDH indicó que 'mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarías a los derechos a la
libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones
defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros 7'.
Por si no fuera suficiente, no sólo la Organización de las Naciones Unidas ha constatado las diversas violaciones de los derechos humanos ocurridas en Nicaragua desde entonces. Gran cantidad de instituciones internaciones y organizaciones
no gubernamentales han denunciado al régimen sandinista. Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), también ha realizado un exhaustivo seguimiento de la
situación, publicando a su vez otro informe 8 sobre las violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas, así como un exhaustivo listado de las personas fallecidas 9.
En dicho informe, la CIDH concluye que 'el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión
los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población', y señala que 'es indispensable generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a
los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política' 10.
5 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2018/08/Nicaragua-Report-FINAL_SP.pdf.
6 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2019/09/A_HRC_42_18_SP.pdf.
7 Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Disponible (en línea):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26796&LangID=S Última visita realizada el 4 de noviembre a las 12:00 horas.
8 https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf.
9 https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-es-22junio2018-Anexo.pdf.
10 https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf.
Del mismo modo apunta 11 que '1614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018' y 'hasta la fecha, la crisis de derechos humanos en
Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de estos; denuncias sobre la práctica generalizada y
sistemática de malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura'.
En otro orden de cosas, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 12 denuncia 'la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país.
A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Además, siguen vigentes el conjunto de leyes aprobadas en el 2019 que resultan
incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión, entre ellas, la Ley de Amnistía. Lo anterior, sumado a la falta de independencia de la administración de justicia,
consolida la impunidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas'.
Por otro lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización de la sociedad civil nicaragüense reconocida por la ONU y que trabaja sobre el terreno, se ha dedicado de forma muy activa a denunciar las violaciones de
derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega, elaborando gran cantidad de informes y documentos 13 sobre la represión de las protestas de 2018 y posteriores hasta la actualidad. Además, otras organizaciones, como Amnistía Internacional,
han realizado un seguimiento de la situación en Nicaragua, afirmando que 'Durante 2019 prosiguió la peor crisis de derechos humanos de los últimos decenios en Nicaragua'. En España, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo publicaba un
comunicado recientemente denunciando la persecución del Gobierno a las organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos, haciendo 'un llamamiento a la Unión Europea y especialmente al Gobierno de España para que condenen estas
medidas que dificultan profundamente los procesos democráticos en Nicaragua, los espacios de participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos' 14.
Como vemos, la represión, crímenes y violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Ortega, durante y desde las protestas de 2018, quedan de sobra acreditados desde múltiples fuentes independientes y diversas.
Quinto. Desde el final de las protestas masivas que vivió el país en 2018, el régimen sandinista ha ido dando rápidos pasos en aras de consolidar su sistema dictatorial y totalitario a imagen y semejanza de los países hispanoamericanos
dominados por regímenes de corte comunista y chavista, especialmente Cuba y Venezuela.
A parte de continuar con la represión de la oposición, calificando las protestas pacíficas y a los opositores de 'golpistas', el régimen de Ortega, a través de la Asamblea Nacional controlada por el FSLN desde las fraudulentas elecciones de
2016, ha ido aprobando toda una serie de leyes destinadas a consolidar la dictadura, así como a marginar, perseguir e impedir la participación política de la oposición.
Entre estas leyes, encontramos la Ley de Ciberdelincuencia, la Ley de regulación de agentes extranjeros y la Ley contra los Delitos de Odio, sobre las que el Parlamento Europeo presentó la propuesta de resolución con número de referencia
2020/2814(RSP) titulada 'Resolución del Parlamento Europeo sobre la Ley de regulación de agentes extranjeros de Nicaragua' 15 el día 7 de octubre de 2020. Dicha resolución, en su punto C, considera que la Ley de regulación de agentes extranjeros'
se utilizaría como instrumento de represión contra las personas y las organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional en Nicaragua; que la aprobación de esta ley podría afectar directamente a la cooperación
de la Unión con el país y a las personas vinculadas a los intereses europeos', mientras, en su punto D, sobre la Ley de Ciberdelincuencia, expone'que pretende censurar los medios de comunicación digitales' y, en el mismo punto, sobre la Ley contra
los Delitos de Odio, que 'reformaría el Código penal para permitir la condena a cadena perpetua por disidencia política, sin una definición clara de las conductas punibles de forma tan severa, y que podría utilizarse para castigar a quienes alzan su
voz contra las políticas represivas del Gobierno', considerando en su punto F 'que
11 Ibídem.
12 Ibídem.
13 https://www.cenidh.org/recursos/documentos/.
14 https://coordinadoraongd.org/2020/09/profunda-preocupacion-ante-los-obstaculos-del-gobierno-de-nicaragua-a-organizaciones-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos0/.
15 https://www.europarl.europa.eu/doceo/docurnent/RC-9-2020-0317 ES.pdf.
estas iniciativas son los ejemplos más recientes y confirman la pauta más general de represión y violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales'.
El último ejemplo lo encontramos en la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobada el 21 de diciembre de 2020, y cuya intención oculta es la de inhabilitar a los
opositores para presentarse a las elecciones. En este sentido, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, en una reciente declaración afirmaba sobre esta Ley 'que tiene por
objetivo evitar las candidaturas de la oposición es un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de derecho' 16.
Todo lo anterior nos muestra de forma clara que el régimen político actualmente imperante en la República de Nicaragua no puede ser considerado de forma alguna una democracia, por más que formalmente su Constitución así lo considere, sino
que más bien nos encontramos ante un sistema totalitario y dictatorial de corte bolivariano y comunista.
Sexto. Recientemente hemos podido comprobar que los temores acerca del uso de esta última Ley eran ciertos. El día 2 de junio, el régimen detenía y ponía bajo arresto domiciliario a la líder opositora Cristina Chamorro Barrios tras una
acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno 17. Pocos días más tarde, corría un destino similar otro líder opositor, Arturo José Cruz Sequeira, detenido en el aeropuerto nada más volver de los Estados Unidos, acusado de delitos
contemplados en la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz 18. Junto a ello el pasado martes 8 de junio también fueron detenidos Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Juan Sebastián
Chamorro García 19, con lo que ya van cuatro candidatos opositores detenidos.
Estas detenciones no han pasado desapercibidas en el ámbito internacional. Así por ejemplo, la Organización de Estados Americanos fue de las primeras en pronunciarse a través de un comunicado en el que expresaba lo siguiente:
'La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro en Nicaragua.
Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda
credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral.
[...]
La Secretaría General de la OEA llama una vez más a la inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas, y a
reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional en noviembre de este año.' 20
También el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ha condenado estos hechos y solicitado la liberación de los presos políticos a través de un comunicado emitido por su portavoz Ned Price:
'Estados Unidos pide al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a la líder opositora Cristiana Chamorro y a sus dos colegas de la recientemente clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia.
Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas.
El arresto de la Sra. Chamorro se produce en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales pro-democracia y medios independientes...' 21
16 https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/90973/nicaragua-declaraci%C3% B3n-del-alto-representante-y-vicepresidente-de-la-ue-josep-borrell es.
17 https://www.semana.com/mundo/articulo/nuevo-atentado-a-la-democracia-oea-se-pronuncio-tras-detencion-de-cristiana-chamorro-rival-de-daniel-ortega/202111/.
18 https://www.semana.com/mundo/articulo/el-candidato-a-la-presidencia-de-nicaragua-arturo-cruz-fue-detenido/202156/.
19 https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2021-06-09/la-dictadura-de-ortega-sigue-su-presion-detiene-a-un-tercer-candidato-a-la-presidencia-6787884/.
20 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-058/21.
21 https://www.state.gov/the-ortega-regime-should-immediately-release-opposition-leader-cristiana-chamorro/.
A su vez desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se ha mostrado preocupación, publicándose un comunicado el 4 de junio con número 053 que expone:
'España expresa su preocupación por la detención e inhabilitación de la precandidata y presidenta de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, y por el continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación
independientes en Nicaragua.
[...]
Estas medidas deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la Sra. Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarse el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores
sociales y políticos.' 22
Dada la importancia de la región Hispanoamericana para el Reino de España, la especial vinculación con los países hermanos y el particular interés de España en participar activamente en los procesos de transición, democratización y defensa
de las libertades en esta región, no se puede permanecer impasible por más tiempo ante estos hechos.
Séptimo. Así las cosas, el próximo día 7 de noviembre se celebrarán elecciones en Nicaragua sin la concurrencia de los líderes opositores encarcelados. Ante esta situación, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea,
Josep Borrell, ha calificado este proceso electoral como un 'fake'.
Según el resultado del seguimiento realizado en el informe del instituto IDEA sobre las elecciones en Nicaragua 2021 23 '[...] permite concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera
sistemática mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y
libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral. La integridad del proceso está comprometida y, en consecuencia, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad'.
El informe concluye lo siguiente en relación a unas elecciones limpias 24:
I. La autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia. Las y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) electos por la Asamblea Nacional en mayo de 2021 (7 propietarios y 3 suplentes)
o son militantes del FSLN o bien son señalados como colaboracionistas con el partido de gobierno. Además, los organismos de administración electoral intermedia se encuentran bajo el dominio del FSLN y sus partidos colaboracionistas inscritos en la
contienda. Se trata de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales (CED, CER y CEM, respectivamente). Estos organismos tienen como atribución ejercer en sus áreas de responsabilidad las funciones electorales de
administración, organización y regulación del proceso electoral en los departamentos, regiones autónomas y municipios.
II. El padrón electoral ha sido manejado de forma discriminatoria por el CSE negándose a la ciudadanía y a la sociedad civil el acceso al mismo para fines de verificación. La ley establece su publicación en las afueras de los Centros de
Votación (CV) hasta 90 días antes de la elección.
III. Se han suprimido más de 1.100 mil centros de votación (CV) de un total de 4.300 que había en 2017, equivalente al 25 % o uno de cada cuatro CV. La mayor reducción de CV ocurrió en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Managua,
tres de las principales plazas electorales del país, que concentraban en 2017 a un tercio de todos los electores del país (36%) distribuidos en 1.312 Centros que aglutinaban más de 5.111 Juntas Receptoras de Votos (JRV).
IV. Con referencia al padrón de la última elección en 2017, una estimación técnica sugiere que un millón de electores han sido eliminados del padrón, equivalente a casi un 20% del total del electorado. Por un lado, de los 5.095.747 de
personas empadronadas entonces, el padrón de 2021 contiene solo 4.478.334. Por otro, esta nueva cifra tampoco refleja el incremento natural de la población en edad de votar (16 años), que es de al menos 100.000 nuevos electores por año, lo que
debería producir un padrón de unos 5.5 millones de personas habilitadas para votar. El CSE no ha informado las razones por
22 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2021_COMUNICADOS/20210604_COMU053.aspx.
23 Informe IDEA 'NICARAGUA: ELECCIONES 2021:UN PLAN DOLOSO PARA ACABAR CON LA DEMOCRACIA'. Disponible (en línea): https://www.idea.int/sites/default/files/publications/nicaragua-elecciones-2021.pdf Última visita realizada el 4 de
noviembre a las 12:00 horas.
24 Ibídem.
las cuales se da la variación en el total de electores ni tampoco por qué no se observa el incremento natural del padrón.
El informe, en relación a unas elecciones competitivas, expone lo siguiente 25:
I. Han sido cancelados 3 partidos políticos opositores y detenidas arbitrariamente 7 personas candidatas a la presidencia; lo que constituye una inhabilitación de facto, que utiliza métodos ilegales y engañosos para eliminar toda
competencia electoral. Asimismo, se dictó también inhabilitación de una candidata a la vicepresidencia. Las personas detenidas son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel
Vidaurre. Los partidos cuya personería fue cancelada son: Partido Restauración Democrática (PRO), Partido Conservador (PC) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
II. Se ha evidenciado una coacción sistemática para condicionar las preferencias del votante por parte de la autoridad pública. Por un lado, las trabajadoras y trabajadores del Estado y sus familiares, así como los beneficiarios de
programas sociales, son obligados a participar en las diferentes actividades del calendario electoral y de propaganda del régimen. Adicionalmente han sido encarceladas siete personas candidatas a la Presidencia, lo que también limita la posibilidad
de que se respete la integridad de las preferencias de quienes habían optado por emitir el voto a favor de las personas arrestadas
III. Desde inicios de 2007, cuando Daniel Ortega asumió la Presidencia de la República por segunda ocasión, fueron evidenciándose numerosas situaciones en las que se hacía uso de los bienes, recursos y personal del Estado para actividades
particulares del partido de gobierno, así como eventos de campaña dentro y fuera de períodos electorales.
IV. Las condiciones de la campaña política son totalmente desiguales debido a que el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales, sus medios de comunicación y redes sociales, sumado a
un reiterado abuso en el uso de recursos públicos. Asimismo, en el marco de las actividades del partido-gobierno, se han realizado entregas de vivienda, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de
infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son regularmente utilizados con fines partidarios y electorales.
V. 11. Hasta el 15 de septiembre, se registró uso de recursos del Estado para fines partidarios y electorales del oficialista FSLN, que incluye la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias del FSLN. Estos
reportes fueron recibidos desde los 17 departamentos y Regiones Autónomas y de 132 de los 153 municipios (86,27%) del país, con la participación de al menos 23 entidades públicas.
VI. 12. En lo relativo al financiamiento electoral, no se tiene acceso a formas de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, convirtiéndose este factor en otra fuente opaca de financiación para el oficialista FSLN y de
prebendas para los partidos colaboracionistas que participan en las elecciones. El hecho refleja un fenómeno más amplio como es que el partido de gobierno opera a través de redes de corrupción que atraviesan lo social, lo familiar, lo partidario,
lo estatal y empresarial, sumado a la falta de acceso a información pública y a los mecanismos que garanticen procesos de rendición de cuentas.
VII. 13. Debido a la COVID-19 y para el período de campaña electoral, se prohibió a los partidos políticos realizar caravanas vehiculares, caminatas, concentraciones y aglomeraciones políticas; también se limitó las concentraciones
políticas presenciales a no más de 200 personas y un reducido tiempo de duración de entre 30 minutos y una hora; además se estableció que los encuentros deben realizarse en áreas abiertas y se impuso a los partidos priorizar 'los mecanismos de
difusión virtuales y digitales'. Sin embargo, durante el fin de semana de inicio de campaña, el Gobierno convocó a más de 4.300 actividades, en este tipo de encuentros culturales, de entretenimiento y deportivos, no hubo restricción de personas o
de tiempo, ni de ningún otro tipo.
En el marco del ejercicio de los derechos humanos en el contexto electoral, el informe colige los siguiente 26:
I. Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al Gobierno, entre las que destacan aspirantes a candidaturas, periodistas, líderes
25 Ibídem.
26 Ibídem.
sociales y personas naturales, en general opositoras. No obstante, debe resaltarse que dicha persecución vino desarrollándose de manera sistemática desde el estallido social de abril de 2018, prolongándose e intensificándose en el tiempo,
mediante el uso la maquinaria represiva del régimen y del financiamiento de la Policía Nacional.
II. Los perfiles de personas víctimas de la represión según reportes ciudadanos procesados por Urnas Abiertas, incluyen personas integrantes de organizaciones políticas y sociales (especialmente aspirantes a cargos públicos), periodistas y
personal de medios de comunicación, defensores y defensoras de DDHH, personal de salud y activistas. Las restricciones impuestas por el gobierno se dieron de distintas maneras: intimidación, amenazas, agresiones, campañas de desprestigio,
persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras.
III. A partir del 25 de mayo de 2021, mujeres y hombres que trabajan como periodistas, editores, fotógrafos, corresponsales internacionales, personal administrativo o propietarios de medios, trabajadores independientes, entre otros, han
sido citados por el Ministerio Público, con la justificación de la investigación por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Testimonios de
periodistas y defensores de derechos humanos que dan seguimiento a las investigaciones aseguran que los fiscales realizan las entrevistas de forma hostil y utilizando la manipulación como estrategia de intimidación.
IV. La persecución judicial como estrategia represiva contra personas candidatas, organizaciones políticas, integrantes de partidos y movimientos y la sociedad en general mantiene hasta la fecha 155 personas detenidas, 37 de ellas en el
marco del contexto electoral y 7 precandidaturas a la presidencia.
V. Con base en el Observatorio de Violencia Política de Urnas Abiertas, entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021, se han registrado 1.513 hechos de violencia política en el marco del proceso electoral. Los datos
específicos y más información detallada pueden consultarse en el sitio web de Urnas Abiertas (www.urnasabiertas.com). Estos hechos de violencia política han tenido como principal objetivo eliminar la competencia electoral y se han evidenciado a
través de manifestaciones de violencia tales como intimidación, hostigamiento, lesiones, detención arbitraria, desaparición forzada, malos tratos, entre otras.
VI. De los 1.513 hechos de violencia política registrados hasta el 15 de septiembre:
- 5 de cada 10 hechos han sido de hostigamiento.
- 200 hechos están relacionados con procesos judiciales irregulares (13,22 %).
- 6 de cada 10 hechos han sido contra personas integrantes de organizaciones o partidos políticos.
- 168 hechos se han desarrollado contra periodistas y sus medios de comunicación (11,10%).
- 497 hechos se han dado contra la Unidad Nacional Azul y Blanco y sus integrantes (32,85%)
- 2 de cada 10 hechos han sido cometidos contra personas precandidatas a la presidencia o diputación.
- 7 de cada 10 hechos fueron cometidos por la Policía Nacional.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y tras la conversión a régimen no democrático, la integridad de las elecciones en Nicaragua ha quedado totalmente desvirtuada, ya que no se garantizan los principios democráticos, el Estado de derecho
o la separación de poderes.
Octavo. Resulta perentorio recordar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica en su manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA, que la esencia de todo sistema de justicia electoral reside en la credibilidad
de la autoridad encargada de resolver los conflictos que toda competencia por el poder supone. Así pues, para lograr esta credibilidad, es imprescindible que la autoridad actúe con imparcialidad e independencia respecto de los intereses políticos o
partidarios 27.
Del mismo modo, define como justicia electoral 'a la serie de mecanismos y medios de defensa a través de los cuales se busca garantizar el cumplimiento de los principios de elecciones libres, justas y auténticas, así como la salvaguarda de
los derechos político-electorales de todas las personas' 28.
27 Observando sistemas de justicia electoral: un manual para las misiones de observación electoral de la OEA (2019), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la
Organización de los Estados Americanos, pág. 20.
28 Observando sistemas de justicia electoral: un manual para las misiones de observación electoral de la OEA (2019), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la
Organización de los Estados Americanos, pág. 14.
Asimismo, dicho manual apunta que '(..) la justicia electoral implica la posibilidad de que todos los actos, procedimientos o resoluciones relacionados con el proceso electoral puedan ser objeto de controversia, a efecto de asegurar su apego
al marco constitucional y legal aplicable en cada país, y con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. En este sentido, la justicia electoral juega un papel fundamental en asegurar la limpieza de los padrones
electorales, la elegibilidad o validez de las candidaturas, el respeto a las reglas de la campaña electoral, el acceso a los medios o el financiamiento de los partidos, y la autenticidad de los resultados electorales' 29.
Noveno. Ante los hechos denunciados a lo largo de esta proposición no de ley, los cuales suponen un gravísimo paso en el creciente deterioro de la situación de la democracia y el Estado de derecho en la República de Nicaragua, el Reino de
España y la Unión Europea no pueden permanecer por más tiempo ajenos a esta situación, y deben implicarse para salvaguardar el mantenimiento de estos principios básicos.
En este sentido, cabe resaltar que el Tratado de la Unión Europea 30 desarrolla, en su Título V, las disposiciones generales relativas a la Acción Exterior de la Unión Europea, y define en su artículo 21 los principios y los fines de la
acción de la Unión Europea en el exterior, indicando en su punto primero lo siguiente:
'1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e
indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.'
Por su parte, dicho tratado establece también, en el punto segundo apartado b del referido artículo, como uno de los fines de la Acción Exterior de la UE, el siguiente:
'Consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional;'
Del mismo modo, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado 31, en su artículo segundo, sobre los principios y objetivos de la Política Exterior española, dispone lo siguiente:
'1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto
y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el
seno de la comunidad internacional.'
Asimismo, esta ley define como objetivos concretos de la Acción Exterior del Estado:
'c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas.'
En otro orden de cosas, resulta conveniente exponer las recomendaciones que el grupo de trabajo que redactó el informe Idea sobre las elecciones en Nicaragua 2021 expone con base 'los hallazgos producto del monitoreo y la observación de la
situación social y política entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, y de la extraordinaria y precaria situación del proceso electoral que permite aseverar que es público y notorio que la integridad del proceso electoral ha sido vulnerada
significativamente, evidenciándose prácticas y acciones que atentan contra su legitimidad y la credibilidad de sus resultados,
29 Ibídem.
30 Tratado de la Unión Europea. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf.
31 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/buscar/act.phpen?id=BOE-A-2014-3248.
así como contra el estado de derecho, el debido proceso, y los Derechos Humanos de los ciudadanos nicaragüenses 32':
l. Exhortar al gobierno nicaragüense, desde las instancias nacionales e internacionales, para la suspensión y reprogramación de las elecciones, para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios
internacionalmente aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas.
II. Cese inmediato de la represión, libertad plena para los presos políticos y garantías procesales para que se garantice la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Cese de
la persecución contra periodistas y medios de comunicación y acceso a la información pública y de participación ciudadana, de acuerdo a lo estipulado en la ley.
III. Implementación efectiva de las reformas necesarias en el marco normativo electoral, incluidas las facultades y la naturaleza del Poder Electoral.
IV. Es fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y
Legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre, dadas las graves violaciones a la integridad de este así como la persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores, y favorezcan los mecanismos
de cooperación internacional necesarios para el restablecimiento del orden constitucional.
V. De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las
elecciones.
De este modo, resulta patente que tanto el Reino de España como la Unión Europea deben exigir al Gobierno de la República de Nicaragua que desconvoque las elecciones del próximo 7 de noviembre hasta que no cesen las violaciones masivas y
sistemáticas de derechos humanos en ese país. Del mismo modo, deberán adoptar cuantas medidas se requieran al objeto de exigir en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la defensa de los derechos fundamentales y el Estado de
derecho en Nicaragua, donde dichos derechos y libertades están siendo pisoteados a causa del atropello constante por parte de régimen de Daniel Ortega.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a promover, en el seno de la Unión Europea, el ejercicio de acciones diplomáticas contra los intentos de José Daniel Ortega Saavedra de perpetrar un fraude electoral -elecciones
del próximo día 7 de noviembre- que legitime un régimen acusado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, requiriendo que las elecciones del próximo día 7 de noviembre sean desconvocadas hasta que no se garantice el pleno ejercicio
de estos derechos y la integridad electoral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Víctor González Coello de Portugal, José María Sánchez García y Agustín Rosety Fernández
de Castro, Diputados.-Macarena Olona Choclán e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
32 Informe IDEA 'NICARAGUA: ELECCIONES 2021:UN PLAN DOLOSO PARA ACABAR CON LA DEMOCRACIA'. Disponible (en línea): https://www.idea.int/sites/default/files/publications/nicaragua-elecciones-2021.pdf Última visita realizada el 4 de
noviembre a las 12:00 horas.
Comisión de Defensa
161/003392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Barea, D. Alberto Asarta Cuevas D. Víctor González Coello de Portugal y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la agilización del Proceso de
Obtención de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Contexto internacional.
Ante un panorama internacional globalizado '[que] se caracteriza por el incremento permanente de la velocidad de cambio, en el que cada vez es más frecuente la aparición de hechos disruptivos especialmente de la mano de la tecnología o de
actores no estatales capaces de convertirse en riesgos y amenazas poliédricas, cambiantes, difíciles de evaluar y de predecir' 33, se torna indispensable la anticipación y la proactividad por parte de los servidores públicos con el fin de poder
afrontar los desafíos y amenazas que deparan los nuevos tiempos.
Esta aceleración del cambio, 'obrará como un impulso exponencial acumulativo que provocará la aparición de novedades a un ritmo cada vez más acelerado, obligando a un constante y creciente esfuerzo por dotarse de las capacidades de última
generación, que dejarán los equipos y materiales obsoletos a gran velocidad' 34.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 -marco político estratégico de referencia-, define este entorno de la siguiente forma:
'... más complejo y volátil donde se observa un aumento de las tensiones geopolíticas y de la incertidumbre; un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, donde las crisis se suceden con cada vez más intensidad. Algunas de las
dinámicas más notables son el ritmo acelerado de transformación impulsado por las tecnologías, las asimetrías demográficas entre regiones o el cambio climático 35'.
Segundo. Resumen del proceso del planeamiento de la defensa.
Atendiendo a lo que dispone nuestra Carta Magna, las Fuerzas Armadas ('FAS') son la principal herramienta del Estado para garantizar la soberanía e independencia de España -ex artículo 8-, esto es, para enfrentarse a las amenazas que
perjudiquen los intereses nacionales de nuestro país.
Para poder cumplir con su mandato constitucional, las FAS siguen las instrucciones del Ejecutivo que es quien debe 'determinar la política de defensa y asegurar su ejecución' 36. El proceso en el que se plasman las pautas del Gobierno al
objeto de alcanzar los objetivos establecidos en materia de Defensa se denomina Planeamiento de la Defensa.
Este planeamiento se inicia con la Directiva de Defensa Nacional ('DDN'), en la que se establecen las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo 37. Más tarde, y con referencia a la DDN, el Ministro de
Defensa formulará las líneas de actuación y las instrucciones precisas
33 'Panorama de tendencias geopolíticas: Horizonte 2040', Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Ministerio de Defensa. 2019. Pp. 7-8. Disponible [en línea]:
file:///C:/Users/jorto/Downloads/panorama_de_tendencias_geopolíticas_2040.pdf.
34 Ibídem. P. 148.
35 Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, Departamento de Seguridad Nacional, p.11. Disponible [en línea]: https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/Estrategia Seguridad Nacional 2017.pdf.
36 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Art. 5. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18933.
37 Ibídem artículo 6.3.a). Cabe señalar que la citada Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, es la norma en la que se encuentran regulados los roles que asumirán las diversas instituciones del Estado en el
Planeamiento de la Defensa.
para el Planeamiento de la Defensa por medio de la Directiva de Política de Defensa ('DPD'). Esta deberá contener, al menos, lo siguiente:
a) La valoración de la situación estratégica en relación con los objetivos y directrices fijados en la DDN.
b) Los objetivos a alcanzar, entre ellos el esfuerzo exigible a las Fuerzas Armadas.
c) Los factores que condicionen el proceso de planeamiento, en particular el escenario presupuestario y de recursos.
Ya en el nivel ministerial, este proceso queda regulado en la Orden Ministerial ('OM') 60/2015, de 3 de diciembre, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa. Esta norma sustituyó a la OM 37/2005, de 30 de marzo, cuyo
objeto era el mismo. La meta de la OM vigente es 'actualizar y simplificar el proceso de planeamiento con una doble finalidad: generar las capacidades militares necesarias para satisfacer los objetivos de la defensa nacional y garantizar tanto la
viabilidad como la sostenibilidad económica de las Fuerzas Armadas' 38.
Con este fin, la OM establece una serie de horizontes temporales en los que se analiza el entorno estratégico, así como las pautas previsibles de evolución a largo plazo 39, en el siguiente sentido:
a) Corto plazo, hasta tres años, permite la actualización de las necesidades, sus plazos de obtención y establecer las necesidades presupuestarias.
b) Medio plazo, hasta seis años, permite definir las necesidades, así como la forma más eficiente de alcanzar su obtención y mantenimiento y se refleja en la Programación.
c) Largo plazo, a partir de quince años, que oriente a las FAS para adecuarse a las necesidades que puede demandar el entorno futuro.
Siguiendo estos marcos temporales, la OM constituye la duración de un ciclo de planeamiento en 6 años, siendo los dos primeros de planeamiento y los seis restantes de ejecución 40. En cualquier caso, el inicio de un nuevo ciclo de
planeamiento se basa en los preceptos contenidos en la DDN. El objeto de ello es desligarlo de los cambios políticos -condicionados por los periodos electorales- y dotar de una mayor estabilidad y previsión al planeamiento.
Asimismo, la actual Orden Ministerial prevé una colaboración constante entre el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ('JEMAD'), el Secretario de Estado ('SEDEF') y el Subsecretario ('SUBDEF') para la elaboración del Objetivo de Capacidades
Militares ('OCM'). El documento es el resultado de la concurrencia entre el Planeamiento Militar-a cargo del JEMAD y apoyado por el resto de Jefes de Estado Mayor-, y el Planeamiento de los Recursos. Este segundo apartado, se divide en recursos
financieros y materiales -a cargo del SEDEF-, y recursos humanos, cuyo responsable es el SUBDEF.
Ciertamente, el planeamiento conjunto supone una mejora sustancial a la hora de poder elaborar unos objetivos realistas, al tener que adaptarse estos a los recursos disponibles del Ministerio de Defensa. No obstante, la realidad está
demostrando que este modelo de planeamiento adolece de varias debilidades.
Tercero. Debilidades del modelo actual del planeamiento de la defensa.
En primer lugar, constituye una evidente debilidad del modelo actual del planeamiento de la defensa la indefinición de los objetivos planteados en las directrices políticas. Unos de los fines que se establecen en la DDN es garantizar la
credibilidad de la Defensa Nacional. Esta es necesaria para proteger al conjunto de la sociedad española, su soberanía e independencia. Según el documento firmado por el Presidente del Gobierno, dicha credibilidad se fundamenta 'en la
disponibilidad de capacidades que garanticen un nivel razonable de defensa autónoma y que permitan ejercer un grado de influencia fuera de nuestras fronteras proporcional al peso e intereses de España como país' 41.
Un análisis pormenorizado del citado objetivo nos da una muestra clara del grado de vaguedad de que adolece todo el documento. Así, ¿cómo debe entenderse la expresión 'un nivel razonable' de defensa
38 COLOM, Guillem: 'Los retos del actual ciclo de planeamiento de la defensa', Revista de Aeronáutica y Astronáutica, p. 913. Diciembre 2018. Disponible [en línea]: https://www.ugr.es/-gesi/ciclo-planeamiento-defensa.pdf.
39 Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, por la cual se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, art. 2.5.
40 Es relevante destacar que los dos años del siguiente ciclo se solapan con el vigente, al objeto de mantener un continuum entre ambos.
41 Directiva de Defensa Nacional 2020. P.5. Disponible [en línea]: https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/directiva-defensa-nacional-2020.pdf.
autónoma?, ¿cuál es grado de influencia 'proporcional' que debe tener nuestro país fuera de nuestras fronteras? Empero, el obstáculo que produce toda esta indefinición es la carencia de cualquier estrategia que responda a las siguientes
cuestiones:
- ¿Qué influencia quiere tener España en el ámbito internacional?
- ¿Para qué quiere ser España un actor de determinada influencia?
Una vez respondidas estas cuestiones, que definen qué actor es España y con qué influencia quiere contar, ya se podrán dar unas directrices mucho más claras para elaborar la Estrategia Militar mediante el Planeamiento Operativo y el
Planeamiento de la Fuerza. A través de estos, se podrán conformar los posibles escenarios de actuación y se determinarán y priorizarán las capacidades necesarias para garantizar el alistamiento de la Fuerza Conjunta 42.
Una segunda crítica a realizar a estos documentos, pero que es extensible al conjunto del Ministerio de Defensa -y, por ende al Gobierno-, es la falta de financiación.
El ministerio de Defensa sigue siendo uno de los departamentos más maltratados en materia presupuestaria. Observando los datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística ('INE') y los Presupuestos Generales del Estado ('PGE'), se
obtiene una imagen fidedigna de la infrafinanciación que vive el Ministerio de Defensa.
Así, tomando como referencia el año 2000 -datos en base 100 y magnitudes constantes IPC-, el PGE se sitúa en un 184%, el Producto Interior Bruto ('PIB') en un 128% y el presupuesto definitivo del Ministerio de Defensa apenas alcanza el 109%.
Esto significa que el crecimiento de la economía española y de los PGE no se ha acompañado de un aumento equiparable del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa.
Asimismo, el presupuesto destinado a Defensa no se ha recuperado desde la crisis económica. En euros constantes, la partida ha pasado de los 9.547,6 millones de euros -el 100%, año 2008- a 8.798,2 millones -el 92,2%- 43. Por último, cabe
destacar que, con la inversión actual, el gasto en defensa per cápita se sitúa en los 258 dólares, muy lejos de países como Italia -410 dólares-, Francia -709-, o el Reino Unido -781-.
En resumen, estos datos muestran que mientras el tamaño de la economía ha crecido y también los PGE, los fondos para el ministerio de Defensa no sólo no han aumentado, sino que se han reducido, dejándonos muy lejos de los compromisos
adquiridos con nuestros aliados, y de su inversión en Defensa.
En tercer lugar, y relacionado con lo mencionado ut supra, existe una prolongación excesiva en los Procesos de Obtención de Recursos Materiales. La Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, esta norma
tiene por finalidad lo siguiente:
'Definir el proceso de obtención de los recursos materiales de armamento y material, de infraestructura y de sistemas de información y telecomunicaciones (CIS), tomando en consideración su ciclo de vida, que son necesarios para dar
satisfacción a las necesidades derivadas de los objetivos de la Política de Defensa, con independencia del origen de la necesidad y del tipo de recurso de que se trate, así como establecer los mecanismos de dirección, seguimiento y control de los
programas para la obtención de los referidos recursos' 44.
Tal y como hemos señalado, en un contexto dominado por la evolución tecnológica, que acelera exponencialmente la obsolescencia de los sistemas, no puede producirse un alargamiento excesivo de los procedimientos de obtención de recursos
materiales.
Cuarto. El caso del P-3 Orión, el Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 Dragón, el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad y las Fragatas F-100.
El pasado 22 de abril, el Grupo Parlamentario VOX registró una pregunta escrita al Gobierno -con número de registro 115339- al objeto de conocer los motivos por los que el Gobierno español decidió
42 Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, por la cual se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, art. 6.
43 Esto datos no recogen las cifras correspondientes al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, puesto que todavía siguen en fase de aprobación en el Congreso de los Diputados.
44 Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales. Art.1. Disponible [en línea]: https://www.infodefensa.com/archivo/files/03 INSTRUCCION
67 2011 PROCESO DE O BTENCION RECURSOS.pdf.
retirarse del programa AIMS2 de la OTAN. También se preguntaba al Gobierno si el avión C-295 cumplía mejor con la misión de vigilancia marítima y lucha antisubmarina que el P-8 Poseidón y, finalmente, sobre la capacidad submarina del C-295.
Por su parte, el Gobierno respondió el 20 de mayo, con número de registro de entrada 125737, en los siguientes términos:
'En relación con el asunto interesado, se señala que la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales, establece que dicho proceso de
obtención se articula en fases y etapas.
En el caso de la necesidad operativa de un sistema aéreo de vigilancia multisensor para sustituir a los aviones de Patrulla/Vigilancia Marítima, el programa se encuentra en la fase de definición y decisión, tras haberse elaborado el
Documento de Necesidad Operativa y definido los requisitos en el documento de Requisitos de Estado Mayor (REM), entre los que se contempla como solución interina, dentro de las opciones para cubrir esta capacidad, la adquisición de aviones C295 con
capacidad de patrulla marítima.
No es posible proporcionar información más precisa, pues en el presente momento del proceso, definido por la Instrucción, no está aún decidida la solución a esta necesidad.'
Cabe destacar, que este proceso lleva atascado más de 15 años. Concretamente, el primer Documento de Necesidad Operativa (DNO) relativo a esta necesidad fue validado el 31/05/2006. Así lo señaló el Gobierno el 10 de agosto de 2020, en su
respuesta escrita con número de registro de entrada en el Congreso de los Diputados 49569.
Más allá de la idoneidad del sustituto de los P-3, lo cierto es que es un caso paradigmático que sirve para demostrar la falta de agilidad del Proceso de Obtención de Recursos Materiales, que poco tiene que ver con el Planeamiento Militar y
sí con una abulia a la hora de financiar suficientemente al Ministerio de Defensa. Mientras esta siga siendo insuficiente -recordemos, apenas el 1 % de un PIB postpandemia-, lo mínimo que puede exigirse al Ejecutivo es que sea más ágil a la hora de
obtener recursos materiales.
Otro caso notorio que refleja este excesivo alargamiento en el tiempo de los grandes Programas Especiales de Modernización ('PEMs') es el del Vehículo de Combate sobre Ruedas ('VCR') 8x8 Dragón. Catalogado por la Ministra de Defensa,
Margarita Robles, como 'irrenunciable para el Ejército de Tierra' 45, este programa sigue acumulando retrasos. Conscientes de su relevancia para el Ejército de Tierra ('ET') y su proyecto Fuerza 35, el Grupo Parlamentario VOX ha realizado numerosas
iniciativas al objeto de saber en qué estado se encuentra el citado programa. Así, el 23 de junio de 2020, se registró una pregunta -n.º 40855-, cuyo fin era saber si los grandes programas del ministerio (F-110, S-80, VCR 8X8, FCAS... ) tendrían
algún recorte y/o retraso. Por su parte, el Ejecutivo respondió el 2 de septiembre -número de registro de entrada 51779-, en los siguientes términos:
'En relación con la pregunta de referencia, se indica que actualmente no hay previstas minoraciones en los grandes Programas de Modernización, siendo de aplicación las cifras financieras recogidas en el último Acuerdo de Consejo de Ministros
del día 30 de agosto de 2019, que actualizó los compromisos financieros plurianuales.'
Lo cierto es que durante este corto período de tiempo de poco más de un año desde la respuesta del Gobierno, se volvió a autorizar 'una modificación de los límites establecidos para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros
ejercicios, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Defensa adaptar los programas especiales de modernización a las necesidades financieras derivadas de su ritmo real de ejecución' 46.
El tercer ejemplo es el ligado a la obtención de un sistema lanzacohetes de alta movilidad ('SILAM'). Esta es una de las necesidades del ET que se encuentra incluida en el Objetivo de Capacidades Militares y está en proceso de obtención.
Concretamente, en la Fase de Definición y Decisión 47. Una vez más, y partiendo de la información facilitada por el Gobierno, sabemos que este proceso se inició en el año 2013, y tiene un periodo de obtención comprendido entre 2021 y 2028, por lo
que podría alargarse más de 15 años.
45 Comparecencia de la ministra ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el 20 de febrero de 2020.
46 Acuerdo de Consejo de Ministros ('ACM') celebrado el 28 de julio de 2020. Disponible [en linea]: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200728.aspx#Moderniza.
47 Respuesta del Gobierno del día 27 de agosto de 2021, con número de registro de entrada 149072.
El cuarto caso, y no menos importante, es el de las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán. Según el Gobierno, la modernización de media vida de estos buques 'ha sido incorporada al proceso de Planeamiento Militar [... ] una vez finalizada
la fase conceptual, se encuentra en la etapa de definición y decisión del proceso de obtención'. Y concluye el Ejecutivo: 'el plazo de obtención de dicha necesidad se determinará en posteriores etapas del proceso' 48.
Con este grado de indeterminación, este Grupo Parlamentario advierte del peligro que corre la Armada si el proceso de obtención se alarga demasiado. Con unas fragatas clase Santa María ya muy cercanas al final de su vida operativa 49 -su
unidad más moderna, la Canarias, ya cuenta con casi 3 décadas en sus cuadernas-, con las F-110 aún en construcción, no parece prudente que se dilate la modernización de las Álvaro de Bazán. Si así sucediese, el grupo de escoltas de la Armada
quedaría seriamente mermado, dejando al Juan Carlos I, nuestro buque insignia, indefenso.
Quinto. Conclusiones.
Estos ejemplos son apenas una muestra de la crítica situación que viven las Fuerzas Armadas, en especial, los Programas Especiales de Modernización. Con una financiación tan precaria e insuficiente como la actual -muy lejos del 2% del PIB
comprometido con nuestros aliados de la OTAN-, es prácticamente imposible que los procesos de obtención de recursos materiales no se dilaten sine die. Por tanto, resulta perentorio que junto a la agilización del citado proceso se produzca un
incremento sustancial del presupuesto del Ministerio de Defensa. Así, se reducirán sobremanera las obsolescencias de los sistemas que operan nuestras Fuerzas Armadas, se mantendrán capacidades, y se mejorará la independencia estratégica de nuestro
país frente a las amenazas y desafíos que se avecinan.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Tomar todas las medidas que sean necesarias para agilizar el Proceso de Obtención de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, regulado por la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa.
2. Entre estas medidas, se incrementarán los recursos económicos destinados al Ministerio de Defensa, al objeto de poder reducir los periodos de amortización de los programas especiales de modernización, lo que repercutirá en los procesos
de obtención de recursos materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/003384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión
Interior sobre los usos permitidos de los mecanismos de inteligencia artificial (IA) relativos a los sistemas de vigilancia masiva y las tecnologías que valoran a las conductas de las personas de forma predictiva.
48 Respuesta del Gobierno del día 28 de enero de 2021, con número de registro de entrada 84385.
49 Téngase en cuenta que la primera de la clase, la F-81 Santa María, fue botada en 1984.
Exposición de motivos
Durante los últimos años hemos sido testigos de la rápida incorporación al espacio público de tecnologías que permiten la vigilancia automatizada y masiva de la ciudadanía, y de tecnologías que valoran el comportamiento individual o
colectivo de forma predictiva. Este fenómeno ha estado acompañado de insuficiencias regulativas significativas.
En primer lugar, los dispositivos que permiten la captura automatizada masiva de datos biométricos y geo posicionales se han vuelto ubicuos, presentes en todos los ámbitos públicos y privados de nuestras vidas. En segundo lugar, el
creciente poder computacional del que disponen los Estados y las corporaciones multinacionales permite no solo el almacenamiento de una inmensa cantidad de datos, sino también su procesamiento en tiempo real. En tercer lugar, las tecnologías de
inteligencia artificial permiten el cruzado de esta información con las vastas bases de datos públicas y privadas. Esto permite la identificación de sujetos y su categorización en cuestión de segundos. Todo esto viene unido al cuarto determinante:
el auge de los sistemas automatizados de toma de decisiones. De manera simplificada, estos sistemas pueden ser definidos como tecnologías compuestas de potentes algoritmos y vastísimas bases de datos destinadas a ofrecer predicciones y estimaciones
de comportamientos individuales o grupales.
Estas tecnologías de vigilancia masiva han comenzado a ser ampliamente utilizadas causando un profundo impacto social. El metro de Moscú ha sido el primero del mundo en introducir el conocido como pago por la cara. Sin abono ni tarjeta de
débito, los más de 12 millones de moscovitas ya pueden cruzar los tornos de sus más de 240 estaciones -lo que lo convierten en el mayor metro de Europa- posicionándose frente a una cámara. Su alcalde, Sergéi Sobyanin, prometió recientemente que la
red de videovigilancia de la capital, que cuenta con unas 206.000 cámaras, 'se convertirá en una de las más grandes del mundo, solo rivalizada por los sistemas chinos'. Y su edil solicitó a los centros comerciales que también aporten sus cámaras al
sistema de vigilancia con la excusa de supervisar el uso de las mascarillas. Human Rights Watch señala que este tipo de tecnologías estarán presentes en todos lados, aunque los Gobiernos más democráticos, como es el caso de los países miembros de
la Unión Europea (UE) están demorando su uso hasta lograr una mayor regulación.
En China, la proliferación del uso de estas tecnologías ha servido para instaurar una extensa arquitectura de la vigilancia que, de manera automatizada, identifica conductas señaladas como desviadas, penalizando o recompensando de manera
automatizada a ciudadanos por sus comportamientos sociales. Este sistema se está utilizando para crear lo que se ha denominado 'sistema de crédito social'. Es decir, una herramienta de control social que descansa sobre tecnologías de procesamiento
de datos biométricos y de sistemas automatizados de toma de decisiones.
En Estados Unidos, el uso de estas tecnologías ha sido ampliamente utilizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad y en su sistema de justicia. En este caso, la vigilancia automatizada, masiva e indiscriminada de la población; y el uso de
sistemas automatizados de toma de decisiones han servido para reforzar las tendencias crónicas, marcadas por el racismo y la discriminación, del sistema de justicia penal norteamericano. Esto ha derivado en una amplia discusión acerca del uso de
estas tecnologías y su progresiva prohibición en numerosas jurisdicciones.
En el contexto europeo, si bien el uso de estas tecnologías es menos extenso, investigaciones europeas que analizan su uso en países como Alemania, Holanda, Italia o Polonia ya hacen patente su preocupación, sobre todo en materia de
legalidad, transparencia, discriminaciones múltiples, presunción de inocencia y rendición de cuentas. Tal y como alertan organizaciones como Algorithm Watch, EDRi y organismos públicos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), estas
tecnologías están siendo empleadas en la UE, tanto por entidades públicas como privadas, para una amplia gama de funciones que van desde el control de fronteras y de transportes y espacios públicos, a la monitorización de trabajadores en su espacio
de trabajo o la identificación de estudiantes para la realización de pruebas.
En el Estado español, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a emplear tecnologías de predicción policial por medio de partenariados público-privados. La Dirección General de la Policía no ha ocultado su
intención de crear una base de datos biométricos de escala estatal. Estos procesos se están llevando sin el suficiente debate público e incluso con escasa deliberación parlamentaria. Desde el Grupo Confederal consideramos imperante profundizar en
el debate sobre el uso de la inteligencia artificial para la vigilancia ciudadana.
Sin ir más lejos, la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que la actual implementación de tecnologías de reconocimiento facial, tanto en seguridad ciudadana como en el
reconocimiento de estudiantes o trabajadores, requiere para su legalidad de un desarrollo legislativo específico, ya que afecta a aspectos sensibles de nuestro esquema de derechos y libertades. Del mismo modo, los dos órganos encargados de
velar por la protección de datos en la UE, la European Data Protection Board y el European Data Protection Officer, han hecho un llamamiento conjunto de atención hacia el uso de estas tecnologías que pueden derivar en formas automatizadas de
discriminación. En palabras de estas dos instituciones:
'Teniendo en cuenta los riesgos extremadamente altos que plantea la identificación biométrica remota de personas en espacios de acceso público, el EDPB (European Data Protection Board) y el EDPS (European Data Protection Supervisor) abogan
por una prohibición general de cualquier uso de la IA para el reconocimiento automatizado de características humanas en espacios de acceso público, como el reconocimiento de rostros, huellas dactilares, ADN, voz, dinámica de pulsación de teclas y
otras señales biométricas o de comportamiento, en cualquier contexto. Del mismo modo, el EDPB y el SEPD recomiendan la prohibición de los sistemas de inteligencia artificial que utilizan datos biométricos para clasificar a las personas en grupos
según su origen étnico, género, orientación política o sexual, u otros motivos por los que la discriminación está prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.'
En este mismo sentido, un amplio número de eurodiputados ha respaldado la campaña Reclaim Your Face, para lo que han dirigido sendas misivas a la Comisión y al Parlamento. En ellas se destacan los severos riesgos que el uso de estas
tecnologías entraña para la garantía de derechos fundamentales y de la dignidad de las personas en general, y de manera particular para grupos y poblaciones especialmente vulnerables y tradicionalmente victimizadas.
No cabe duda de que los cambios tecnológicos han conseguido aportar riqueza y prosperidad a nuestras sociedades. Pero estos cambios deben venir acompañados de garantías jurídicas; no deben ser óbice para la efectiva protección de los
derechos fundamentales de la ciudadanía. Tal y como han señalado los principales órganos estatales y europeos destinados a velar por el adecuado uso de datos, las tecnologías automatizadas de captación y procesamiento de datos biométricos no tienen
acomodo legal suficiente.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas a la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía del Estado español, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover el desarrollo de estudios técnicos, éticos y jurídicos oportunos para establecer una normativa justa sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los datos personales de la ciudadanía por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado; alineándose con la regulación sobre la materia que se está produciendo a nivel de la UE.
2. Establecer garantías de que los sistemas de IA empleados con fines de vigilancia de la ciudadanía sean suficientemente sólidos y seguros para evitar potenciales usos discriminatorios, con observancia del principio de precaución en todas
las aplicaciones de IA en el contexto policial.
3. Establecer un régimen claro para determinar la responsabilidad jurídica de las posibles consecuencias adversas derivadas de estas tecnologías digitales avanzadas, garantizando la transparencia acerca de las empresas que producen y
gestionan sistemas de IA destinados a fines de vigilancia de la ciudadanía o de las tecnologías que valoran a las conductas individuales o colectivas de forma predictiva.
4. Garantizar la transparencia técnica de los algoritmos, es decir, que sean trazables, inteligibles y comprobables; a fin de garantizar que los sistemas de IA destinados a la vigilancia masiva de la ciudadanía y las tecnologías que
valoran las conductas individuales o colectivas de forma predictiva estén sujetos a supervisión independiente por una Agencia Estatal de Control de Algoritmos, de naturaleza similar a la Agencia Estatal de Protección de Datos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2021.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo del Sistema Nacional de Protección Civil, para su debate en la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Sistema Nacional de Protección Civil viene estando sometido en los últimos meses a una intensa presión derivada de la respuesta a la pandemia, de los efectos cada vez más desastrosos del cambio climático y de fenómenos naturales como los
incendios forestales, los seísmos, las cada vez más frecuentes e intensas lluvias torrenciales, o la actual erupción volcánica en la isla de La Palma.
La respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil a la pandemia desatada en el primer trimestre de 2020, consistió básicamente en aportar sus órganos de coordinación y constituirse en todos sus niveles territoriales como un instrumento
de apoyo al Sistema Nacional de Salud, reforzando sus vínculos con entidades como Cruz Roja Española y con los servicios sociales para facilitar la llegada de los recursos de ayuda a todas las personas.
Todavía hoy, son varias las Comunidades Autónomas que mantienen activados sus Planes Territoriales para continuar prestando esa labor de apoyo. Igualmente, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, nuestro Sistema hizo posible el
retorno seguro a España de los españoles que la pandemia dejó varados en el extranjero, así como la coordinación de acciones internacionales como el transporte de material sanitario.
Posteriormente, la borrasca Filomena asoló durante más de diez días una gran parte del territorio nacional, con inundaciones, nevadas y una posterior ola de frío de una extraordinaria intensidad como no se había visto en al menos los últimos
setenta años. Una vez más, el Sistema Nacional de Protección Civil respondió eficazmente tanto en el nivel local, como en el autonómico y estatal, garantizando la vialidad, los suministros esenciales y el funcionamiento de los servicios públicos.
La campaña de incendios forestales, reciente finalizada, ha mostrado como pocas veces en nuestra historia reciente, la creciente amenaza que supone la climatología adversa y la cada vez mayor afectación de los incendios al interfaz
urbano-forestal, con la consiguiente amenaza para la vida y la integridad física de las personas.
La erupción volcánica en La Palma, por otra parte, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con buenos instrumentos de planificación, así como la incorporación a esta política de seguridad pública del mundo de la Ciencia para mantener
permanentemente actualizados los análisis de los riesgos y asegurar el mejor asesoramiento a los órganos de dirección de las emergencias.
El buen funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que acumula las experiencias y las aportaciones de todas las Administraciones Públicas adquiridas durante los más de treinta y cinco años transcurridos desde su primera ley, se
basa en una amplia actividad de planificación, en la anticipación, en el uso intensivo de tecnología, en una excepcional capacidad de movilización de recursos, y en un eficaz entrenamiento de sus intervinientes, que aun perteneciendo a colectivos
diversos, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los Servicios Técnicos de Protección Civil, los Centros de Coordinación de Emergencias, los dispositivos que aseguran la vialidad en la red de carreteras, los
servicios meteorológicos del Estado, las Brigadas de Incendios Forestales, trabajan coordinadamente bajo una cultura común de respuesta en situaciones de emergencia.
Por otra parte, el esfuerzo de coordinación que requiere un sistema tan complejo que integra medios y recursos de todas las Administraciones Públicas, y aun del conjunto de la sociedad, para garantizar precisamente la seguridad de las
personas, sus bienes, el medioambiente y el patrimonio histórico-artístico y cultural frente a emergencias y catástrofes, situaciones en las que la vulnerabilidad se incrementa exponencialmente, descansa en la firme voluntad de cooperación de todos
los órganos y Administraciones Públicas involucradas en esta política de seguridad pública.
España dispone de un buen sistema de protección civil, como muestra su proyección europea e internacional, y demuestra el hecho de que, a pesar del creciente número de incidentes graves, los daños personales se mantienen en unos niveles
razonablemente bajos. Sin embargo, el impacto económico es
cada vez más importante, lo que hace más necesario que nunca incrementar las inversiones en seguridad para reducir el coste de los daños.
La creciente amenaza que representa el cambio climático, la necesidad de proveer a toda la ciudadanía de una seguridad integral de alta calidad, la constitución de este servicio público como un pilar esencial del Estado y como un instrumento
de cohesión social y territorial, hacen más necesario que nunca fortalecer este escudo de protección frente a emergencias y catástrofes para poder continuar, mejorando si cabe, el nivel de seguridad de que disfruta la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando el desarrollo del Sistema Nacional de Protección Civil para responder a las crecientes amenazas que plantea el cambio climático a la seguridad de las personas, sus bienes, el medioambiente y el patrimonio
histórico-artístico y cultural.
2. Actualizar la Norma Básica de Protección Civil, como segunda norma del Sistema Nacional, dirigida a garantizar la integración de los instrumentos de planificación de todas las Administraciones Públicas implicadas en la protección civil.
3. Impulsar la autoprotección, tanto personal y familiar como comunitaria y de empresas e instalaciones, como forma de empoderar a los ciudadanos como actores esenciales en la construcción del círculo de seguridad más inmediato.
4. Desarrollar la Red de Alerta Nacional con la incorporación de las más recientes tecnologías de avisos a la población y de localización móvil avanzada, de forma que se reduzcan sustancialmente los tiempos de respuesta en emergencias.
5. Promover que el Consejo Nacional de Protección Civil apruebe la Estrategia del Sistema, así como el compromiso de todas las Administraciones Públicas de completar la planificación y el desarrollo normativo de la Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y las leyes de protección civil y emergencias de las Comunidades Autónomas.
6. Impulsar el desarrollo de la protección civil en el ámbito municipal, mejorando la coordinación con los servicios sociales.
7. Implantar el recientemente aprobado Plan Estatal de Maremotos, con la finalidad de mejorar la respuesta a este riesgo, especialmente en las áreas costeras más amenazadas.
8. Desarrollar las medidas establecidas en el Plan Estatal General de Emergencias, en particular las relativas al Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, como instrumento de movilización de capacidades, y las previsiones de
certificación nacional e internacional de capacidades previstas en el mismo.
9. Impulsar las acciones de provisión de una cultura común del Sistema por la Escuela Nacional de Protección Civil, acreditándola como un centro de referencia para el empleo, y desarrollando su colaboración y la de las Escuelas de las
Comunidades Autónomas con las Universidades para mejorar la formación continua de los profesionales de la protección civil y las emergencias.
10. Establecer, en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil, un completo sistema estadístico y de información para la toma de decisiones, como parte integrante de la Red Nacional de Información, y para dar cumplimiento a la
obligación de presentar anualmente a las Cortes Generales un informe sobre el funcionamiento del conjunto del Sistema Nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2021.-Francisco Aranda Vargas, Gemma Araujo Morales, Manuel Arribas Maroto, Zaida Cantera de Castro, Luc André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro, Rafael José Vélez, Ignacio López Cano,
Ana Prieto Nieto, José Antonio Rodríguez Salas y David Serrada Pariente, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para la publicidad activa de la
voluntariedad de las cuotas de las familias en las escuelas privadas concertadas sostenidas con fondos públicos para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La educación es un derecho humano fundamental que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Los Estados son los titulares de los
deberes que impone el derecho internacional en materia de derechos humanos y poseen la mayor parte de responsabilidad en cuanto al suministro directo del derecho a la educación en la mayoría de las circunstancias. Mediante la ratificación de los
tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a impulsar medidas en el plano estatal a través de una legislación compatible con sus tratados de obligaciones y deberes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, y su artículo 26 reconocía el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad y obligatoriedad en los
niveles elementales, la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos y concretaba el objetivo de la misma como el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta Declaración fue el punto de partida de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados encargada de elaborar la Constitución de 1978, para
desarrollar el artículo sobre el derecho a la educación.
Por su parte, los principios fundamentales de no discriminación, de solidaridad, de igualdad de oportunidades y de trato, y de acceso universal a la educación están también firmemente anclados en la Constitución de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Estos principios sustentan el derecho a la educación y ofrecen la base para la acción normativa de dicha Organización. El acceso universal a la educación, libre de toda
discriminación y exclusión, es la piedra angular del derecho a la educación. Este principio se encuentra en la mayoría de los instrumentos que la UNESCO ha elaborado en la esfera de la educación, desplegados posteriormente en contenidos normativos.
Otros instrumentos, como la Agenda Mundial 2030 de la Educación, reiteran la importancia de garantizar el acceso y la culminación del ciclo de enseñanza de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes, y de promover oportunidades de
aprendizaje permanentes para todas. Para satisfacer el derecho a la educación, los países deben garantizar un acceso integrador y equitativo en aras de alcanzar prácticas de aprendizaje y educativas de calidad, gratuitas y obligatorias. La
educación debe aspirar al desarrollo integral de la personalidad humana y promover la comprensión, la tolerancia, la amistad y la paz.
La Constitución Española de 1978 ya fundamenta, a través del artículo 27, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica como pilares esenciales de nuestro sistema educativo. Para conseguir estos objetivos, el Estado ostenta
competencias exclusivas para la ordenación general del sistema educativo, la programación general de la enseñanza, la fijación de las enseñanzas mínimas, la regulación de los títulos académicos y profesionales y la alta inspección del sistema. Por
su parte, las Comunidades Autónomas con competencia para ello podrán desarrollar el contenido de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, según autoriza su disposición adicional primera, a fin de realizar una
política propia.
Según constata la LOE, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 108, los centros educativos se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública, son
centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado y son centros privados concertados los centros privados acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido. Para el sustento de los centros privados
con fondos públicos se ha
establecido un régimen de conciertos, cuyo origen se sitúa en la Ley General de Educación de 1970, encontrándose la regulación actual en el artículo 116 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según la redacción establecida en
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE, sin perjuicio de que corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos. Sin embargo, para poder
acogerse a un concierto han de reunirse ciertos requisitos y formalizar con la correspondiente Administración educativa el pertinente acuerdo, conforme a las disposiciones esenciales contenidas en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, que
aprueba el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos.
Así pues, corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos. Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la
Educación, y en las normas que le sean de aplicación; a la tramitación de la solicitud, la duración máxima del concierto y las causas de extinción; a las obligaciones de la titularidad del centro concertado y de la Administración educativa; al
sometimiento del concierto al derecho administrativo; a las singularidades del régimen del profesorado sin relación laboral; a la constitución del Consejo Escolar del centro al que se otorga el concierto y a la designación del director.
En este sentido, la normativa vigente determina que los colegios concertados sostenidos con fondos públicos son gratuitos para las familias. Sin embargo, lo habitual es que se establezcan una serie de cuotas llamadas voluntarias que acaban
pagando las familias. También hay determinados informes, de CICAE (Asociación de Colegios Privados e Independientes) o de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), que afirman que son mayoría las familias que desconocen la voluntariedad de
dichos pagos, denunciando así la falta de transparencia y claridad a la hora de comunicar este carácter voluntario establecido por ley. Por ejemplo, la CICAE registró en septiembre de 2017 un informe en la Asamblea de Madrid en el que se demuestran
presuntas irregularidades en el cobro de cuotas de la mayoría de colegios de la nueva concertada de la Comunidad de Madrid. Dicho informe concluye que el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio, 148 euros mensuales de media,
siendo en algunos casos hasta de 198 euros, vulnerando así toda la normativa vigente, en particular la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. En el mismo sentido, un estudio de la OCU de septiembre de 2012, elaborado a partir de 168 centros
concertados establecidos en 18 ciudades diferentes, destaca que nueve de cada diez centros educativos subvencionados exigen el pago de cuotas sin ser las familias conscientes del carácter voluntario de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Administraciones educativas, medidas que permitan asegurar que los centros concertados sostenidos con fondos públicos informen, como mínimo una vez al inicio
del cada curso escolar, de la voluntariedad de las aportaciones económicas de las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2021.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la salud mental y emocional en el sistema educativo, para su debate en la
Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Una buena salud mental es clave para un desarrollo educativo y un rendimiento académico óptimo. La situación de pandemia ocasionada por la COVID-19, ha transformado la vida de estudiantes, docentes y familias, tanto fuera como dentro de los
centros educativos.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en este primer año de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma. Un 43,7% por ansiedad y un 35,5% por depresión.
Nos encontramos en una situación crítica de aumento de la demanda en la atención a la salud mental. Los jóvenes son uno de los grupos de población que han visto más afectada su salud en este último año.
Las nuevas formas de acoso, odio y violencia en las redes, el acceso cada vez más precoz a la pornografía, las nuevas adicciones a las redes sociales y a las apuestas online, etc., requieren que los niños, niñas y jóvenes tengan una sólida
preparación emocional que les permita interactuar con responsabilidad ante estas nuevas amenazas y conflictos que traen consigo el contexto tecnológico y de pandemia.
Asimismo, es cada vez más frecuente encontrar en los centros educativos cuadros de estrés entre jóvenes y adolescentes, un estrés asociado al nivel de exigencia y autoexigencia por alcanzar una nota alta que les garantice el acceso a la
Universidad. De igual modo, muchos jóvenes sufren estrés a esa edad, por alcanzar la media de rendimiento de sus compañeros y evitar una estigmatización debida al fracaso escolar. En muchas ocasiones, es difícil realizar una detección de estos
síntomas puesto que la adolescencia está vinculada a diferentes estados de ánimo. Por ello, es conveniente establecer cauces y facilitar la comunicación con su profesorado y orientadores de los centros con el objetivo de canalizar una guarda y
apoyo adecuado para estas situaciones que pueden llegar a provocar serios casos de ansiedad.
Es evidente el incansable esfuerzo que la Comunidad Educativa ha realizado para adaptarse a la nueva realidad de la pandemia y, en concreto, a los nuevos modelos de docencia online o semipresencial. No obstante, este nuevo escenario ha
puesto de manifiesto consecuencias perjudiciales para la comunidad educativa, como son las largas jornadas delante de pantallas, el aislamiento social o la escasa desconexión mental de las responsabilidades académicas.
Además, la pandemia trajo consigo la agudización de la brecha digital o dificultades para adaptar los tradicionales métodos de evaluación a sistemas mayoritariamente online. Sin embargo, no se han desarrollado de manera generalizada
estrategias específicas para paliar los efectos del aislamiento social y sus consecuencias, como el deterioro de los lazos sociales entre los/las jóvenes y medidas para recuperar el equilibrio emocional de niños y niñas y adolescentes que más han
sufrido las consecuencias de esta situación.
Por otro lado, es necesario reforzar como objetivo educativo el fortalecimiento de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los demás, rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Sin embargo, la situación real en los centros es que son pocos los/las docentes que cuentan con las herramientas adecuadas para enseñar estas habilidades, y también de horas
lectivas en las que hacerlo.
En confluencia con este contexto, una de las mayores preocupaciones de la Comunidad Educativa es la salud mental en estos tiempos de pandemia. De hecho, así lo muestra un informe realizado por la Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes, que permitió identificar la salud mental como la principal preocupación de la población estudiantil y juvenil en el marco de la pandemia. Se trata de una preocupación generalizada de la juventud, y en particular del estudiantado, con
diferencias mínimas entre Comunidades Autónomas.
Como respuesta a esta situación, el Gobierno está desarrollando el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, presentado el 9 de octubre por el Presidente Pedro Sánchez, que viene a complementar los trabajos desarrollados por el
Ministerio de Sanidad en la actualización de la Estrategia de Salud Mental del SNS, aprobada en el año 2006.
Esta Estrategia tiene entre sus prioridades mejorar la salud mental en la infancia y en la adolescencia, mediante un abordaje integral y comunitario, partiendo de la evidencia del papel central de la salud mental, como generadora de
bienestar y estímulo positivo en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia.
Otro de los ejes principales de la Estrategia de Salud Mental, es la prevención de la conducta suicida. Según datos del INE, en el grupo etario entre los 15 y los 29 años, la primera causa de muerte no natural es el suicidio.
En el Plan de Acción anteriormente citado, entre otras medidas, se recoge la puesta en marcha de un teléfono de información 24 horas, gratuito y confidencial, de atención profesional y apoyo ante la conducta suicida, con capacidad de
derivación rápida a los servicios de emergencia correspondientes ante una situación de crisis.
Cabe destacar la reciente creación, mediante la aprobación del Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, de esta nueva especialidad, para
mejorar las vías de desarrollo psicológico sano desde la primera infancia, interviniendo de forma precoz en los trastornos de salud mental de niñas, niños y adolescentes, evitando, en la medida de lo posible, su progresión a la etapa adulta. Esta
especialidad formará parte de la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especializada.
Así mismo, el Gobierno trabaja en la elaboración de la Estrategia Española de Derechos de la Infancia y Adolescencia y de la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, que abordarán el cuidado de la salud
mental infanta-juvenil.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, a impulsar las medidas
necesarias en relación a la salud mental y emocional en la infancia y en la adolescencia en el sistema educativo, de manera que:
- Se promueva la educación emocional en el currículum de todas las etapas educativas, y el desarrollo de charlas y seminarios a cargo de expertos sobre educación emocional con el objetivo de conseguir una formación integral, que incluya
entre sus metas educar al estudiantado en el concepto y valor del bienestar emocional, en la prevención y detección temprana de los riesgos de salud mental y en la búsqueda de las herramientas emocionales necesarias.
- Se potencie la colaboración y coordinación entre los centros educativos y los centros de atención primaria y comunitaria del SNS, para la detección e intervención precoz ante la aparición de factores de riesgo o síntomas asociados a
problemas de salud mental.
- Se promueva el trabajo en red entre centros educativos, entidades sociales, de infancia y ONGs que desarrollan acciones en el ámbito de la salud mental y emocional, así como grupos de ayuda mutua.
- Se facilite al estudiantado asesoramiento psicológico y en materia de salud en el ámbito educativo, en línea con las previsiones de la Estrategia Nacional de Salud Mental.
- Se refuercen las plantillas de orientadores/as, psicólogos/as escolares, educadores/as, trabajadores/as sociales y profesorado de servicios a la comunidad.
- Se desarrollen las competencias emocionales en la formación inicial de los y las docentes, y se amplíe la oferta de actividades de formación permanente del profesorado, relacionadas con las competencias clave vinculadas a la educación
emocional.
- Se impulsen planes de bienestar psicosocial para el profesorado, incluyendo servicios de apoyo especializado, cuando fuese necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Ana Prieto Nieto, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones y medidas en relación con el decenio
afrodescendiente para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las Naciones Unidas declararon la década entre 2015 y 2024 como el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Encontrándonos hoy en el ecuador del decenio, urge reflexionar sobre los objetivos fijados por Naciones Unidas,
haciendo especial énfasis en las medidas y acciones futuras que nos permitan alcanzarlos para conseguir que España sea un país donde las personas afrodescendientes puedan desarrollar en igualdad y fraternidad su proyecto vital, y donde cualquier
forma de discriminación o exclusión social con motivación étnico-racial o de origen sea completamente erradicada.
Tras la visita de un Grupo de expertos, Naciones Unidas emitió un informe en 2018 en el que se vino a reflejar la situación de las personas afrodescendientes, las dificultades a las que se enfrentan y el trabajo realizado por parte de las
instituciones para combatir el racismo. En este sentido, cabe señalar el impulso por parte del Grupo Parlamentario Socialista de la Proposición no de Ley sobre la presentación de un Proyecto de Ley Integral contra los Delitos de Odio en 2016, las
recomendaciones del Defensor del Pueblo, la creación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad, o la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio de Interior.
Asimismo, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, publicó en 2020 el 'Estudio para el conocimiento y caracterización de la comunidad inmigrante afrodescendiente y
africana' para el cual se creó un grupo de trabajo para el mantenimiento de un dialogo continuado con personas africanas y afrodescendientes, y el 'Informe sobre el seminario digital sobre el legado de las personas africanas y afrodescendientes a la
historia de España'. De ambos documentos es posible extraer una serie recomendaciones sobre acciones de sensibilización en relación al legado histórico y cultural de las personas de ascendencia africana, que permiten a complementar y profundizar en
las recomendaciones del Grupo de expertos de Naciones Unidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de expertos de Naciones Unidas, adopte una estrategia para la implementación de políticas y programas para el reconocimiento y la
promoción de los derechos de las personas de ascendencia africana que incluya:
- Medidas relacionadas con el empleo, la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales, que tengan en cuenta posibles situaciones de discriminación así como de discriminación múltiple (vinculadas a la edad, sexo, orientación e
identidad sexual, discapacidad, etc.).
- La visibilización estadística de la población afrodescendiente tanto a nivel nacional como a nivel local, como medida inclusiva que permita corregir las discriminaciones.
- Continuar impulsando los estudios e investigaciones que visibilicen la historia y las contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas de las personas afrodescendientes a nuestro país.
- El fomento de una educación inclusiva en la diversidad que incorpore la realidad afrodescendiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2021.-Luc Andre Diouf Dioh, María Luisa Vilches Ruiz, María Dolores Narváez Bandera, Esther Peña Camarero, Carmen Baños Ruiz, María Mercè Perea i Conillas, Raquel Pedraja Sáinz, María
Inmaculada Oria López, María Guijarro Ceballos, Gema López Somoza, Elvira Ramón Utrabo, María Tamara Raya Rodríguez y Mariano Sánchez Escobar, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el reconocimiento de la totalidad de la superficie como admisible en el caso de los pastos arbustivos y de bajo arbolado de Galiza a los efectos de la PAC para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La ganadería extensiva supone una parte muy importante de la ganadería en Galiza. Se utilizan formas extensivas tanto para el ganado bovino, como ovino y caprino y son prácticas que aportan beneficios ambientales al contribuir a mantener la
maleza bajo control con su pastoreo en zonas de bajo arbolado y de pastos arbustivos. Supone además, una forma de producción que garantiza un mayor bienestar animal además de favorecer la biodiversidad, la conservación del medio. Son prácticas más
sostenibles e integradas en el medio rural y natural.
Así, la ganadería extensiva se incardina perfectamente dentro de los objetivos que promueve la Política Agraria Comunitaria entre los que se incluye la eliminación y/o reducción de fitosanitarios, la diversidad de cultivos y el fomento de
una forma de producir que luche contra el deterioro del planeta y frene el cambio climático.
En los planes estratégicos de la PAC se menciona el concepto de la 'superficie admisible', es decir, que no toda la superficie va a ser catalogada a los efectos del cobro de PAC, por lo tanto, gran parte de las hectáreas dedicadas en Galiza
a la producción agraria quedarán sin recibir ayudas. Sin embargo, para el cálculo de la superficie admisible no se tiene en cuenta el valor de los montes y pasto arbustivo o de bajo arbolado, que cumplen esa función de regulación ambiental al
servir para el control de los incendios, mantener el paisaje y garantizar la pervivencia de modo tradicional de producción ganadera y de pastoreo.
Con los coeficientes de admisibilidad se convierten las superficies brutas en superficies netas a efectos del cobro de las ayudas de la PAC. El coeficiente es más bajo cuando los terrenos son considerados menos productivos, como sucede en
el caso de los terrenos de pastoreo arbustivo o de arbolado bajo, y ello redunda de forma negativa en los ganaderos que pierden superficie para el cobro de la PAC.
Sin embargo, con la aplicación de los criterios descritos no se está teniendo en cuenta los beneficios ambientales, totalmente coincidentes con los objetivos de la PAC, que supone la utilización de superficies de monte, arbustivas, para el
pastoreo.
El Estado Español es el Estado miembro de la UE con más extensión y diversidad de sistemas de ganadería extensiva basados en el aprovechamiento de los pastos, la mayoría de los pastos naturales y seminaturales contienen árboles y arbustos, y
en muchas situaciones la vegetación leñosa es la predominante. El mantenimiento de estos pastos es de suma importancia por ser necesaria su utilización como recurso forrajero estratégico, pero sobre todo por su enorme interés cultural, social y
económico, así como por su importancia medioambiental al mantener una diversidad de hábitats para la pervivencia de la flora y fauna silvestre y por su papel en la conservación de la biodiversidad, la protección de los suelos y el almacenamiento de
carbono.
El pastoreo de estas superficies es una actividad económica que produce alimentos de calidad y crea puestos de trabajo en territorios económicamente marginales, aprovechando recursos forrajeros que de otra manera quedarían sin explotar.
Además la ganadería extensiva tiene un papel vital en la dinámica y mantenimiento de estos pastos en bueno estado productivo contribuyendo a la prevención de incendios forestales -problemática con una especial incidencia en Galiza-, así como a la
conservación de hábitats y especies dentro y fuera de los espacios de la red natura.
Sin embargo, con las políticas que se derivan de la aplicación de la PAC sólo se está fomentando que, desgraciadamente, se vaya abandonando la actividad ganadera extensiva y sobre todo del pastoreo en zonas de montaña o más desfavorecidas.
Debería fomentarse todo lo contrario y dado que la reforma de la PAC se presenta a la sociedad como un gran paso para una agricultura más verde, que pretende asegurar la conservación de los recursos naturales, es esencial contribuya a revertir el
proceso de abandono de los pastos y la pérdida de la ganadería extensiva. Así, revertir este proceso depende, en
gran medida, del apoyo que reciban estos sistemas ganaderos dentro del I pilar de la PAC, cuyos pagos directos sirven para proteger las rentas agrarias y evitar el abandono de la actividad agroganadera.
Sin embargo, los criterios utilizados en la actualidad por las distintas administraciones con competencia en la gestión de los fondos europeos, suponen la reducción progresiva de la superficie de pastos admisibles para las ayudas directas.
Así, se reclasifican recintos calificados como pasto leñoso a forestales, por ejemplo en el Sixpac, lo que supone que se excluyan completamente de las ayudas directas. También se aplica un nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) para
descontar las superficies y los elementos considerados no elegibles en los pastos.
En la práctica se ha venido constatando valores muy reducidos del CAP, o incluso la exclusión completa de las ayudas en recintos con actividad ganadera, y como resultado, las superficies de pasto actualmente en uso quedan fuera de la PAC
debido al CAP, situación que debería revertirse.
Por lo tanto, es de vital importancia diseñar y poner en marcha un sistema de admisibilidad mejor adaptado a la realidad de los pastos leñosos y arbustivos en Galiza. Concretamente es necesario incluir en ese diseño la identificación y
descripción de la variedad de pastos leñosos existente en Galiza, así como las principales prácticas ganaderas asociadas a ellas, pues ello permitirá, a continuación establecer de forma argumentada la admisibilidad de esos pastos arbustivos y de
bajo arbolado por su importancia productiva y ecológica entre la superficie susceptible de recibir ayudas. Además es imprescindible la identificación de prácticas locales establecidas en base a la importancia que tiene el pastoreo para la
conservación de valores protegidos por las directivas de hábitats y aves de la Unión Europea. Atendiendo a lo anterior debe revisarse la aplicación de la nueva PAC y su encaje en cada CA atendiendo a las esas prácticas locales.
Resulta perfectamente razonable que los estándares de control no discriminen según el tipo de planta y que el criterio deba ser el uso que se hace de las parcelas, es decir, el pastoreo, no de forma exclusiva el tipo de vegetación que existe
en las parcelas con pasto arbustivo o bajo arbolado. Debe atender también al ganado susceptible de ser pastoreado, ya que no es igual el pastoreo de bovino, o de ovino, caballar o caprino. Los estándares deben tener en cuenta las diversas
realidades de las distintas regiones de pastoreo en el Estado español y a las características propias de Galiza, para evitar que la ganadería gallega se vea discriminada y evitar el abandono de la actividad y, en consecuencia, el abandono del
territorio.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Iniciar las negociaciones precisas para que sea reconocida la totalidad de la superficie como admisible en el caso de los pastos arbustivos y de bajo arbolado, de modo que Galiza no siga siendo perjudicada por la falta de reconocimiento
de sus singularidades a efectos de la PAC.
2. Diseñar y poner en marcha un sistema de admisibilidad mejor adaptado a la realidad de los pastos leñosos y arbustivos en Galiza.
3. Incluir en el nuevo diseño la identificación y descripción de la variedad de pastos leñosos existente en Galiza, así como las principales prácticas ganaderas asociadas a ellas para, a continuación, establecer de forma argumentada la
admisibilidad de esos pastos arbustivos y de bajo arbolado por su importancia productiva y ecológica entre la superficie susceptible de recibir ayudas.
4. Incorporar además la identificación de prácticas locales establecidas en base a la importancia que tiene el pastoreo para la conservación de valores protegidos por las directivas de hábitats y aves de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de noviembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la acuicultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
La Acuicultura española es un sector fundamental en el suministro de alimentos de calidad, con los máximos parámetros de eficiencia, proximidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.
Es un sector generador de empleo estable y de calidad, por lo que contribuye de forma muy positiva a fijar población en el medio rural. La producción acuícola en España se sitúa en torno a las 350.000 toneladas, con un valor de 472 ME.
Entre las principales especies se encuentran el mejillón, seguida de la lubina, la trucha arco iris y la dorada.
La Unión Europea define a la Acuicultura como la cría o cultivo de Organismos acuáticos y la FAO define a los peces, moluscos, crustáceos y plantas como especies de cultivo.
Debido a la creciente demanda mundial de pescados cubierta con dificultad por la pesca extractiva, la acuicultura se perfila como la mejor alternativa de cara a cubrir esta demanda en el futuro, además cumple una función importante en la
defensa del medio ambiente ejerciendo un papel protagonista en la Economía Azul. Según la FAO, 'la contribución de la acuicultura al desarrollo sostenible representa actualmente el 45% del alimento acuático mundial'.
La acuicultura se enfrenta a diferentes retos, entre los que se encuentran la sostenibilidad de la actividad, y pasa por la adaptación al cambio climático, la economía circular, la mejora de la competitividad o la revaloración de los
subproductos de la acuicultura, por lo que es necesario avanzar en materia de innovación y transferencias de conocimientos para modernizar el sector.
Nuestro país posee uno de los conjuntos de ecosistemas acuáticos continentales más diversos del mundo, con una longitud de costa de casi 8000 km, incluyendo los archipiélagos, Océano Atlántico y Mar Mediterráneo, lo que permite y favorece
una gran diversidad de ambientes.
Pero la evidencia del descenso de las precipitaciones, que favorece el incremento de la temperatura fluvial, junto a las emisiones de CO2, desencadena una amplia serie de cambios físicos y químicos en la atmósfera y en las masas de agua
marinas y continentales que especies de gran importancia como la lubina, la dorada o la trucha entre otras, se verán afectadas, así como algunos cultivos extensivos de organismos filtradores como el mejillón.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con otros Ministerios, las Comunidades Autónomas y el Sector, ha impulsado una nueva Estrategia para la Acuicultura en el periodo 2021/2030 en línea con el Pacto Verde
Europeo, bajo el nombre 'Contribución de Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina y Continental de la UE'. Además de mantener líneas de ayudas para financiar proyectos en l+D+I para reforzar la competitividad del Sector acuícola mediante la
mejora del conocimiento técnico, científico y organizativo de sus explotaciones.
No obstante, se están dando circunstancias climatológicas de cambios de temperaturas en las aguas marinas y continentales, que repercuten muy directamente a la acuicultura, al ser un sector muy vulnerable a los impactos del cambio climático,
por lo que es necesario desarrollar estrategias de adaptación específica frente a los cambios en el mar y en los recursos marinos continentales que ya se están produciendo y que se acentuarán en un futuro repercutiendo en la sostenibilidad de la
actividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo actuaciones en la acuicultura para fomentar la adaptación y mitigación del cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2021.-María Luisa Faneca López, Manuel González Ramos, José Luis Aceves Galindo, Javier Cerqueiro González, Lázaro Azorín Salar, Ariagona González Pérez, Indalecio Gutiérrez Salinas,
Montserrat Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Juan Francisco Serrano Martínez y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la propuesta de cuotas pesqueras para 2022 para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El comisario europeo de Pesca acaba de hacer pública la propuesta de cuotas para 2022 que, como todos los años, tendrá que validar o modificar el Consejo de ministros de Pesca del próximo mes de diciembre.
Se trata de las cuotas gestionadas únicamente por la UE y quedarían aún pendientes de negociación con el Reino Unido y Noruega las cuotas compartidas.
La propuesta no parece concordar con los datos científicos existentes, cuando menos en algunas especies, además de no tener en consideración, una vez más, las variables económicas y sociales que se deberían haber incluido, según la propia
PPC, a la hora de la de fijar la recomendación de capturas.
Todo ello parece deparar nuevas y mayores dificultades para la flota gallega que reiteran las decisiones ya tomadas en los últimos años y que han supuesto un esfuerzo y un impacto económico enorme, llevando al sector al límite y a una
situación insostenible.
Los recortes propuestos van desde el 18% para la merluza del Cantábrico y el incomprensible 16% para el jurel en la zona 9, sufriendo también importantísimos recortes el lenguado (36% menos en las zonas 8 a y 8 b y 15% menos en las zonas 8
c, d, y, 9, 10 y aguas europeas), abadejo (10% menos en las zonas 8 c, 9, 10 y aguas comunitarias y un 20% menos en las zonas 8 a, b, d, y), y de nuevo pesa la prohibición sobre la pesca de la cigala en Galiza, a pesar de la existencia de informes
que constatan la mejoría de la población.
A los datos propuestos por el comisario de Pesca, hay que añadir la incertidumbre que en este momento existe respeto de las previsiones del ICES en otras especies como la lubina, que supondrían un recorte de un 20% en el noroeste español, un
12% para el jurel del oeste, de Fisterra al norte incluyendo el Golfo de Bizkaia, un 19% en aguas españolas y comunitarias para la bacaladilla o un 7% de gran parte de la caballa de la flota de litoral. Pero además de estos recortes, hay que
esperar a los datos que depare el acuerdo con el Reino Unido y Noruega.
Las previsiones insistirían en las reducciones ya llevadas a cabo en el 2021, como las del 5% en la merluza del Cantábrico y el 20% en el lenguado del Cantábrico y únicamente se esperan incrementos de alrededor de un 13% en el gallo y en el
rape que venían de descender un 11 y un 13% respectivamente en el 2021.
De prosperar los datos avanzados por el Comisario europeo de Pesca, los resultados del Consejo de ministros de diciembre se presentan verdaderamente preocupantes para nuestra flota, más aún de los que ya lo habían sido los de 2021 y que
podrían abocar a una gran parte de ella a seguir la línea sobre la que recién alertaba el secretario general de CEPESCA y que no es otra que el incremento de peticiones de desguace de barcos que compromete seriamente el futuro del sector y, en el
caso gallego, también la economía del País.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Trasladar a la Comisión Europea su rechazo sobre la propuesta del comisario europeo de Pesca relativa a las cuotas para el 2022.
2. Defender delante de la UE la aplicación real de las variables económicas y sociales contempladas en la Política Pesquera Común para la fijación de capturas.
3. Descartar cualquier reducción de capturas para el año 2022 que implique un impacto económico para la flota pesquera gallega.
4. Reclamar el reconocimiento de Galiza como 'zona altamente dependiente de la pesca', la revisión del 'principio de estabilidad relativa' y el reconocimiento de la capacidad directa de negociación de Galiza en materia pesquera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, Dña. Mercedes Jara Moreno, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio Salvá Verd, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (G.P.VOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incorporación de la vacuna contra la
Neisseria meningitidis grupo B en el calendario común de vacunación nacional, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Meningitis y Neisseria meningitidis.
La meningitis es la inflamación de las meninges, esto es, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y se caracteriza por la presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Su etiología puede ser infecciosa o no
infecciosa; a su vez, las infecciones que la causan pueden ser de carácter fúngico, vírico o bacteriano.
La meningitis fúngica raramente tiene cura, suele ser enfermedad crónica si se trata de meningitis criptocócica, y provoca una alta tasa de mortalidad, pudiendo llegar al 90% de los casos en las meningitis no criptocócicas. En segundo
lugar, la meningitis vírica o viral es el tipo más común de meningitis, y por lo general es menos grave que la meningitis bacteriana; la mayoría de las personas afectadas mejoran sin recibir tratamiento, sin que existan en la actualidad
medicamentos específicos.
En cuanto a las meningitis bacterianas, su germen causante depende de la edad y de los factores de riesgo del paciente. Centrándonos ya en los pacientes cuya edad está comprendida entre el tercer mes y los 20 años, los agentes más
frecuentes son los meningococos, los neumococos y el Haeophilus influenzae tipo B. De ellos, el meningococo produce la variante que aquí vamos a considerar, que es la Neisseria meningitidis, y es la causa más frecuente en caso de epidemias,
afectando precisamente a niños y adultos jóvenes de modo principal. Hay cinco serogrupos (A, B, C, Y y W15), que son la causa de más del 90% de los casos de enfermedad meningocócica. En España, el serogrupo más importante es el B, principal
causante de la enfermedad endémica -los casos esporádicos o pequeños brotes-, mientras que los serogrupos A y C son los que con más frecuencia ocasionan epidemias.
Siguiendo la exposición que en 2003 realizaba D. José Antonio Navarro Alonso en su publicación La inmunización activa frente a Neisseria meningitidis serogrupo B 50, 'La enfermedad meningocócica representa una de las infecciones más temidas
por su rápida progresión y su tendencia a originar brotes epidémicos. Igualmente, la mortalidad en la sepsis puede alcanzar hasta el 20-50% y, en los países industrializados, donde se ha conseguido la práctica eliminación de otras enfermedades
infecciosas graves de la infancia (enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae tipo b y por Neisseria meningitidis serogrupo C) mediante las políticas de vacunación sistemática, la enfermedad meningocócica por serogrupo B es, actualmente, una
de las causas más frecuentes de muerte debida a una infección'. En particular, y respecto de la incidencia por países del serogrupo B, continuaba '[...] En Europa, entre el 50 y el 90% de la enfermedad meningocócica se debe al serogrupo B, y es
especialmente elevada en
50 www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-artículo-la-inmunízacion-activa-frente-neisseria-13052337.
Noruega, Holanda, Alemania y Dinamarca. En las últimas décadas se han registrado brotes epidémicos de desarrollo gradual en Islandia, Noruega, Bélgica y España. En América se han declarado epidemias en Cuba, Brasil, Chile y Estados Unidos
de Norteamérica. Por el contrario, las epidemias por este serogrupo son muy infrecuentes en África y en otras zonas en desarrollo'. Esto confirma la necesidad de que en un país desarrollado como España debamos prestar especial atención a Neisseria
meningitidis serogrupo B.
De otra parte, y según el Estudio de evaluación de la carga de la enfermedad meningocócica frente a la no vacunación realizado por el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) por encargo de la Asociación Española contra la
Meningitis (AEM), 'el 55% de quienes la padecen sufre consecuencias físicas y el 60% requiere apoyo emocional continuo. La gravedad de las secuelas demanda cuidados y terapias muy costosas. Se estima que el coste anual de los cuidados de un
afectado por meningitis asciende a 11.050 euros. Esa cantidad puede alcanzar hasta los 921.901 euros durante toda la vida del paciente. La meningitis arrasa con todo el ámbito familiar y muchos necesitan ayuda para reconstruir su nueva normalidad
desde cero' 51.
Por su parte, la Sociedad Española de Neurología (SEN), con ocasión del Día Mundial de la Meningitis de 2019, señalaba 52 que entre el 10 y el 20 por ciento de quienes la padecen fallecen o sufren graves secuelas, sobre todo déficits o
pérdidas sensoriales (principalmente en la audición), o daños en tejidos del cuerpo que pueden implicar amputación de extremidades. Asimismo, se añadía que en España se diagnostican unos 1.000 casos de esta patología cada año.
Si el célebre aforismo que enseña que 'más vale prevenir que curar' es correcto, la mejor forma de enfrentarse al problema de la enfermedad meningocócica y a sus graves secuelas en nuestro país es la vacunación. Afortunadamente, para la
Neisseria meningitidis serogrupo B existe vacuna.
Segundo. La vacunación contra la Neisseria meningitidis.
En relación a la tipología de vacunas autorizadas frente el meningococo B, se ha pronunciado la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones en su documento 'Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva',
aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el 8 de mayo de 2019 53. En su texto, comunica que 'se encuentran comercializadas en la UE, actualmente, dos vacunas frente a N. meningitidis serogrupo B. Una de ellas
es la vacuna multicomponente producida en E. coli mediante tecnología de ADN recombinante, 4CMenB (Bexsero), que fue objeto de una profunda revisión en 2013 por parte de la Ponencia de Vacunas del CISNS, y una segunda, recientemente aprobada por la
UE, también obtenida mediante ADN recombinante, MenB-fHbp (Trumemba)'. Procede una breve consideración de estas dos vacunas.
a) La vacuna 4CMenB (Bexsero) es una vacuna recombinante multicomponente frente a N. meningitidis serogrupo B. Fue autorizada en 2013 por la Comisión Europea de acuerdo con criterios de inmunogenicidad. En ese mismo año la Ponencia de
Vacunas de nuestro país -a la que se volverá a aludir- finalizó el trabajo de revisión de las características de la vacuna, emitiendo sus conclusiones en función de la situación epidemiológica de aquel momento, y valorando las incertidumbres de la
efectividad y de la duración de la protección. Por tanto, se decidió que no estaba justificada su inclusión de la vacuna en los programas sistemáticos infantiles de vacunación, aunque con el compromiso de reevaluar la cuestión a la vista de la
evolución de la situación epidemiológica y de la aparición de nuevos datos.
b) La vacuna MenB-fHbp (Trumemba) se obtiene también mediante ADN recombinante, y ha sido recientemente aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Está indicada para personas de diez o más años, por lo que su uso se limita a
edades donde es menor la incidencia de enfermedad meningocócica por este serogrupo. La única experiencia de esta vacuna tras ser comercializada ('en la vida real', expresión que hace referencia al desempeño de la vacuna fuera de los ensayos
clínicos) es la extraída de su utilización con ocasión de brotes epidémicos en ambientes cerrados, y su uso hasta la fecha no se ha extendido por los países de nuestro entorno.
Conviene citar algunas cifras de estos países en que se ha aplicado la vacuna Bexsero. Así, según datos publicados por la Haute Autorité de la Santé (HAS) francesa, la introducción, en los calendarios vacunales nacionales, de la
inmunización activa en individuos a partir de dos meses de edad frente a la
51 https://www.cansaIud.es/pacientes/manifiesta-respuesta-espanaIa-meningitis-derrata-2030-principal-objetivo_102982_102.html.
52 https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/Link269.pdf.
53 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_Vacunacion_Meningococo.pdf.
infección meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis grupo B, con la citada vacuna Bexsero, ha supuesto una reducción de la incidencia de esta infección de entre el 60 y el 80% en países como el Reino Unido. Por su parte, la
eficacia de la vacuna en la vida real se estima como de entre el 50 y el 99% en Italia y Portugal, según las estadísticas de ambas naciones. Dadas las altas morbilidad y mortalidad mundial causadas por la Neisseria meningitidis del serogrupo B,
algunos países de nuestro ámbito han revisado sus estrategias de vacunación.
Sin embargo, en el citado documento de 2019 'Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva' aprobado por el CISNS, se acordó nuevamente la no inclusión de la vacunación sistemática frente a meningococo serogrupo
B en ese momento (que sí lo está en ciertos grupos de riesgo). En las Recomendaciones solo se acordó la propuesta de incluir la vacunación sistemática frente a meningococo de serogrupos A, C, W, Y a los 12 años de edad en sustitución de la
vacunación frente a serogrupo C, y la captación activa y vacunación de varias cohortes de adolescentes y adultos jóvenes, entre los 13 y los 18 años de edad, así como continuar con la vigilancia de la situación de enfermedad meningocócica invasiva
en la población. El serogrupo B continúa fuera. Lo cierto es que en el momento actual solamente algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Castilla y León y Canarias incluyen la vacuna en el calendario financiado por la Seguridad Social.
Tercero. El calendario de vacunación en España.
El calendario común de vacunación es una secuencia cronológica de las vacunas que se administran sistemáticamente a toda la población en un área geográfica determinada o en un país 54. En España, la competencia para establecer, ejecutar y
evaluar el calendario de vacunación corresponde a las Comunidades Autónomas. Tal y como indica 55 el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el organismo que adopta acuerdos para armonizar aspectos
importantes de los programas de salud de las Comunidades Autónomas, y entre ellas está el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida.
A estos efectos, es necesario volver a aludir a la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, que es un organismo técnico de la Comisión de Salud Pública, siendo ambas entidades dependientes del CISNS. Esta Ponencia propone las
recomendaciones sobre los programas de vacunación para todo el país, recomendaciones que se deben basar en la evidencia científica y en la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles.
Las decisiones sobre inclusión de nuevas vacunas en los programas de vacunación, o sobre modificaciones en los mismos, deben fundamentarse en cinco criterios, a saber: carga de enfermedad, efectividad y seguridad de la vacuna, repercusiones
de la modificación en el propio programa de modificación, aspectos éticos, y consideración económica.
Cuarto. Insuficiencia de la vacunación contra la meningitis meningocócica en España.
La prestigiosa revista científica Science acaba de publicar el artículo Global plan aims to slash meningitis toll with help of new five-in-one vaccine 56, que describe la 'hoja de ruta global' de la Organización Mundial de la Salud para
extender la aplicación de una vacuna 'cinco en uno', incluida la cepa W, como medida para reducir el número de víctimas de la meningitis. Este anuncio ha suscitado esperanzas en la lucha contra la enfermedad meningocócica aquí tratada, ya que
incluiría la prevención contra la Neisseria meningitidis grupo B.
Por su parte, en el manifiesto Respuesta española contra la meningitis: Objetivo derrotar la meningitis 2030 57, la Asociación Española contra la Meningitis, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Nacional de Enfermería
Pediátrica, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y la Organización Mundial de la Salud reivindican, entre otras cuestiones, la necesidad de incluir la vacuna contra la meningitis B en el calendario vacunal 2021. Ante el hecho ya
mencionado de que solamente algunas CC.AA. incluyan esta vacuna en su calendario financiado con cargo a la Seguridad Social, dichas organizaciones reclaman una homogeneización de ámbito nacional en el calendario de vacunación en esta materia. El
Manifiesto declara a este respecto que 'Es imperativo actuar contra esta desigualdad, territorial y social, que genera
54 https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7.
55 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf.
56 https://www.science.org/content/article/global-plan-aims-slash-meningitis-toll-help-new-five-one-vaccine.
57 https://www.aeped.es/sites/default/files/manifiesto_meningitis_v.2.pdf.
una grave brecha impropia de un Estado social como el nuestro. Se trata, por lo tanto, de dar un paso al frente y asumir un compromiso de salud pública y de equidad social, en apoyo a las familias, a la crianza y a la natalidad'. Ya con
anterioridad, la referida Asociación Española de Pediatría venía solicitando la inclusión de la vacuna contra la Neisseria meningitidis en el calendario común de vacunación de ámbito nacional, o al menos que las Administraciones Públicas financiasen
una parte del coste final.
Tanto las previsiones citadas de la Organización Mundial de la Salud, como las exigencias por parte de sociedades científicas que acabamos de registrar, contrastan dramáticamente con la actual situación española. La vacuna Bexsero no está
financiada en todo el territorio nacional, y se contempla su financiación a través del Sistema Nacional de Salud solamente en algunas CC.AA., como se ha dicho. Asimismo, hay que reiterar que el CISNS no ha aprobado la incorporación de la vacunación
contra Neisseria meningitidis tipo B en nuestro país (y sí en los serogrupos A, C, W, Y, como se ha dicho).
Asimismo, es preciso recordar la especial gravedad de la enfermedad meningocócica en niños, al tratarse de una dolencia que causa terribles secuelas neurológicas, que incluso es mortal en muchos casos, y que tiene asimismo altos índices de
contagio. No es admisible la situación actual en que, no pudiendo accederse a la vacuna en la atención primaria de varias regiones, la inmunización puede quedar al arbitrio de la situación económica de cada familia.
El derecho a la protección de la salud está reconocido en el artículo 43 de la Constitución, y este Grupo Parlamentario tiene un compromiso inequívoco con el aseguramiento de este derecho. Asimismo, la igualdad de los españoles por encima
del territorio en que vivan es un valor superior del ordenamiento, cuya defensa es un postulado fundamental de la fuerza política que representa este Grupo.
En coherencia con lo expuesto, ante la existencia de una grave enfermedad previsible, con un acceso desigual a la vacuna entre las distintas regiones de nuestro país, y con el respaldo mayoritario de sociedades científicas plenamente
acreditadas en la materia, este Grupo Parlamentario, en su propósito de servir al bien común, considera que la vacuna contra la Neisseria meningitidis grupo B debe incorporarse al sistema sanitario público de forma generalizada.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la elaboración y aprobación de una Estrategia de vacunación para la prevención de las infecciones invasivas meningocócicas, con especial atención al
serogrupo B y a su inmunización.
2. Promover en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la inclusión de la vacuna contra la meningitis B (Neisseria meningitidis tipo B) en el calendario común de vacunación de todas las Comunidades y Ciudades autónomas, en
el plazo máximo de seis meses, por medio de la coordinación sanitaria de dicho órgano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/003397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la salud mental y emocional en el sistema educativo, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Una buena salud mental es clave para un desarrollo educativo y un rendimiento académico óptimo. La situación de pandemia ocasionada por la COVID-19, ha transformado la vida de estudiantes, docentes y familias, tanto fuera como dentro de los
centros educativos.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en este primer año de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma. Un 43,7% por ansiedad y un 35,5% por depresión.
Nos encontramos en una situación crítica de aumento de la demanda en la atención a la salud mental. Los jóvenes son uno de los grupos de población que han visto más afectada su salud en este último año.
Las nuevas formas de acoso, odio y violencia en las redes, el acceso cada vez más precoz a la pornografía, las nuevas adicciones a las redes sociales y a las apuestas online, etc., requieren que los niños, niñas y jóvenes tengan una sólida
preparación emocional que les permita interactuar con responsabilidad ante estas nuevas amenazas y conflictos que traen consigo el contexto tecnológico y de pandemia.
Asimismo, es cada vez más frecuente encontrar en los centros educativos cuadros de estrés entre jóvenes y adolescentes, un estrés asociado al nivel de exigencia y autoexigencia por alcanzar una nota alta que les garantice el acceso a la
Universidad. De igual modo, muchos jóvenes sufren estrés a esa edad, por alcanzar la media de rendimiento de sus compañeros y evitar una estigmatización debida al fracaso escolar. En muchas ocasiones, es difícil realizar una detección de estos
síntomas puesto que la adolescencia está vinculada a diferentes estados de ánimo. Por ello, es conveniente establecer cauces y facilitar la comunicación con su profesorado y orientadores de los centros con el objetivo de canalizar una guarda y
apoyo adecuado para estas situaciones que pueden llegar a provocar serios casos de ansiedad.
Es evidente el incansable esfuerzo que la Comunidad Educativa ha realizado para adaptarse a la nueva realidad de la pandemia y, en concreto, a los nuevos modelos de docencia online o semipresencial. No obstante, este nuevo escenario ha
puesto de manifiesto consecuencias perjudiciales para la comunidad educativa, como son las largas jornadas delante de pantallas, el aislamiento social o la escasa desconexión mental de las responsabilidades académicas.
Además, la pandemia trajo consigo la agudización de la brecha digital o dificultades para adaptar los tradicionales métodos de evaluación a sistemas mayoritariamente online. Sin embargo, no se han desarrollado de manera generalizada
estrategias específicas para paliar los efectos del aislamiento social y sus consecuencias, como el deterioro de los lazos sociales entre los/las jóvenes y medidas para recuperar el equilibrio emocional de niños y niñas y adolescentes que más han
sufrido las consecuencias de esta situación.
Por otro lado, es necesario reforzar como objetivo educativo el fortalecimiento de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los demás, rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Sin embargo, la situación real en los centros es que son pocos los/las docentes que cuentan con las herramientas adecuadas para enseñar estas habilidades, y también de horas
lectivas en las que hacerlo.
En confluencia con este contexto, una de las mayores preocupaciones de la Comunidad Educativa es la salud mental en estos tiempos de pandemia. De hecho, así lo muestra un informe realizado por la Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes, que permitió identificar la salud mental como la principal preocupación de la población estudiantil y juvenil en el marco de la pandemia. Se trata de una preocupación generalizada de la juventud, y en particular del estudiantado, con
diferencias mínimas entre Comunidades Autónomas.
Como respuesta a esta situación, el Gobierno está desarrollando el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, presentado el 9 de octubre por el Presidente Pedro Sánchez, que viene a complementar los trabajos desarrollados por el
Ministerio de Sanidad en la actualización de la Estrategia de Salud Mental del SNS, aprobada en el año 2006.
Esta Estrategia tiene entre sus prioridades mejorar la salud mental en la infancia y en la adolescencia, mediante un abordaje integral y comunitario, partiendo de la evidencia del papel central de la salud mental, como generadora de
bienestar y estímulo positivo en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia.
Otro de los ejes principales de la Estrategia de Salud Mental, es la prevención de la conducta suicida. Según datos del INE, en el grupo etario entre los 15 y los 29 años, la primera causa de muerte no natural es el suicidio.
En el Plan de Acción anteriormente citado, entre otras medidas, se recoge la puesta en marcha de un teléfono de información 24 horas, gratuito y confidencial, de atención profesional y apoyo ante la conducta suicida, con capacidad de
derivación rápida a los servicios de emergencia correspondientes ante una situación de crisis.
Cabe destacar la reciente creación, mediante la aprobación del Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, de esta nueva especialidad, para
mejorar las vías de desarrollo psicológico sano desde la primera infancia, interviniendo de forma precoz en los trastornos de salud mental de niñas, niños y adolescentes, evitando, en la medida de lo posible, su progresión a la etapa adulta. Esta
especialidad formará parte de la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especializada.
Así mismo, el Gobierno trabaja en la elaboración de la Estrategia Española de Derechos de la Infancia y Adolescencia y de la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, que abordarán el cuidado de la salud
mental infanto-juvenil.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, a impulsar las medidas
necesarias en relación a la salud mental y emocional en la infancia y en la adolescencia en el sistema educativo, de manera que:
- Se promueva la educación emocional en el currículum de todas las etapas educativas, y el desarrollo de charlas y seminarios a cargo de expertos sobre educación emocional con el objetivo de conseguir una formación integral, que incluya
entre sus metas educar al estudiantado en el concepto y valor del bienestar emocional, en la prevención y detección temprana de los riesgos de salud mental y en la búsqueda de las herramientas emocionales necesarias.
- Se potencie la colaboración y coordinación entre los centros educativos y los centros de atención primaria y comunitaria del SNS, para la detección e intervención precoz ante la aparición de factores de riesgo o síntomas asociados a
problemas de salud mental.
- Se promueva el trabajo en red entre centros educativos, entidades sociales, de infancia y ONGs que desarrollan acciones en el ámbito de la salud mental y emocional, así como grupos de ayuda mutua.
- Se facilite al estudiantado asesoramiento psicológico y en materia de salud en el ámbito educativo, en línea con las previsiones de la Estrategia Nacional de Salud Mental.
- Se refuercen las plantillas de orientadores/as, psicólogos/as escolares, educadores/as, trabajadores/as sociales y profesorado de servicios a la comunidad.
- Se desarrollen las competencias emocionales en la formación inicial de los y las docentes, y se amplíe la oferta de actividades de formación permanente del profesorado, relacionadas con las competencias clave vinculadas a la educación
emocional.
- Se impulsen planes de bienestar psicosocial para el profesorado, incluyendo servicios de apoyo especializado, cuando fuese necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Ana Prieto Nieto, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al tratamiento de los restos de un feto abortado,
para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Duelo perinatal.
El duelo perinatal es el proceso de dolor al que se enfrentan los padres tras el fallecimiento de su hijo antes de nacer o a los pocos días de hacerlo. El duelo perinatal se puede producir, por tanto, tanto en casos de aborto -fallecimiento
intrauterino del feto-, ya sea natural o provocado, como de parto prematuro o incluso de muerte perinatal del neonato. Se trata de un fenómeno al cual, social y jurídicamente, no se da la importancia que verdaderamente tiene 58.
Al producirse un aborto espontáneo, los estudios han determinado que 'entre el 30 y el 50 por ciento de las mujeres experimentan ansiedad y entre el 10 y el 15 por ciento experimenta depresión, que generalmente dura hasta cuatro meses' 59.
Según el Instituto Nacional de Salud y Excelencia en la Atención (NICE) en el Reino Unido, 'el dolor después de un aborto espontáneo es II comparable en naturaleza, intensidad y duración' a las reacciones de dolor en personas que sufren otros tipos
de pérdidas importantes' 60. Por último, hay que añadir que los Trastornos de estrés postraumático 61 suelen ocurrir dentro de los tres meses posteriores a un aborto involuntario, y algunos de los síntomas más comunes que se producen son pesadillas
o recuerdos retrospectivos. Es evidente que, en todo caso, la pérdida de un hijo es un hecho traumático para los padres, pero las secuelas son mayores, tanto físicas como psicológicas, si se trata de un aborto provocado 62. En todo caso, su
aceptación y superación requieren de todo el apoyo posible. Sin embargo, la realidad es que, por lo general, ante este tipo de situaciones los padres se encuentran solos y no reciben el acompañamiento necesario para sobrellevar el duelo con las
mínimas secuelas psicológicas. El personal sanitario tiene un papel muy importante durante este proceso, especialmente a la hora de comunicar a los padres la difícil noticia del fallecimiento, y de facilitar la información necesaria sobre el
posible tratamiento de los restos de su hijo. De qué modo se efectúe tal interacción influirá, en gran medida, sobre cómo será la vivencia del duelo perinatal.
Por cuanto respecta a lo segundo, los padres tienen derecho a ser informados sobre las diferentes opciones de las que disponen para dar sepultura a su hijo de manera digna.
Parece incontrovertido que el hecho de dar sepultura al cuerpo del bebé contribuye a paliar el dolor de la pérdida y ayuda a aceptarla 63. Así, 'los ritos funerarios son muy importantes porque facilitan ir aceptando e integrando la realidad
de la pérdida. Este es un aspecto vital en el duelo perinatal ya que no se han
58 http://www.asociacionpsicologiaperinatal.es/2019/11/30/el-duelo-invisible/, https://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/es/noticias.cfm/ID/13162/ESP/acercandonos-perdida-perinatal-duelo-invisible.htm o
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/038793/el-duelo-invisible-de-la-muerte-perinatal-la-dura-historia-de-una-madre-que-perdio-a-su-bebe-durante-el-embarazo, a título de ejemplo.
59 En tales términos se pronuncia la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO, por sus siglas en inglés). https://www.figo.org/es/news/cual-es-el-impacto-psicologico-del-aborto-espontaneo. En
https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/diccionario-enfermedades/aborto-espontaneo.
60 https://www.figo.org/es/news/cual-es-el-impacto-psicologico-del-aborto-espontaneo.
61 Clasificación 6B40 del CIE-11.
62 Fuentes Martínez, X., 'Síndrome post-aborto. Reacciones psicológicas post-aborto', ARS Médica. Revista de ciencias médicas, Madrid, 2009, vol. 38, n.º 1, p. 4, afirma que 'La decisión de la interrupción voluntaria del embarazo por la
madre mediante maniobras abortivas va acompañada de un fuerte correlato emocional previo de angustia y de estrés. La mujer posee un instinto materno dado por la misma naturaleza. Violentarlo significa acumular traumas que a veces se manifiestan
poco después en síntomas como remordimiento, culpa, amargura, soledad, aislamiento, indecisión, lamentación y sentimiento de pérdida, pero en otras ocasiones quedan latentes, negadas y explotan años más tarde en las formas más inesperadas, como
patologías sicológicas frente a la presencia de un estresor fuerte o a la posibilidad de un nuevo embarazo'. En cuanto al aborto provocado, desde este Grupo Parlamentario no queremos perder la oportunidad de remarcar la importancia del derecho a la
vida. El derecho a la vida y a la integridad física y moral de todos los españoles viene protegido en el artículo 15 de la Constitución Española ('CE'), es decir, se trata de un derecho fundamental que, además, es un prius del ejercicio de todos
los demás derechos, por cuanto supone respecto de estos un presupuesto ontológico. La interpretación del contenido de este derecho respecto de los no nacidos la llevó a cabo, como bien es sabido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 53/1985,
de 11 de abril, en la que afirmó que 'la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto
fundamento constitucional'. Más adelante añade que 'el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15 de la Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular de derecho fundamental'.
La vida humana desde su concepción es, en suma, un bien jurídico protegido que el Estado debe tutelar y custodiar.
63 Yoffe, L.,' Rituales funerarios y de duelo colectivos y privados, religiosos o laicos', Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Perú, 2014, p. 148. Acceso en línea:
https://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/182/171 recoge que 'Durkheim (1912) refiere que los rituales sobre la muerte y las actividades de conmemoración colectiva pueden beneficiar a los individuos y servir como una
función social importante (... ). En los rituales que se realizan ante la proximidad de la muerte y a posteriori de la pérdida hay un modo de juntarse con otros y de sentir la cercanía de estos. Cuando se enfrenta la muerte de un ser querido surge
una sensación de unidad con los demás, que incluso provoca una renovación del interés por la vida. Para Campos, Paéz et al. (2004), los rituales producen un aumento del bienestar y de la afectividad positiva debido a que el apoyo social y la
presencia de los 'otros' refuerza la autoestima y disminuye el estrés de los deudos'.
tenido vivencias con el bebé fuera del vientre materno, y muchas veces ni siquiera se ha visto el cuerpo tras el parto. De ahí la recomendación de ver al bebé tras el parto, sostenerlo y despedirse de él' 64. Otros estudios señalan que el
rito funerario es una parte muy importante del proceso de duelo. Básicamente constituyen una pausa en la rutina para iniciar el proceso de aceptación, uno de los más difíciles y desconcertantes del duelo. Ayudan a que, tanto en el plano colectivo
como en el individual, se admita la existencia de una pérdida' 65.
Segundo. Normativa y tratamiento de los restos del feto.
Lo primero que se debe poner de manifiesto es que los fetos procedentes de un aborto no tienen consideración de cadáver. El feto, en función del tiempo de gestación y de su peso, será considerado como restos humanos o restos quirúrgicos o
sanitarios. La normativa reguladora de los servicios funerarios solo atribuye la consideración de cadáver al 'cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real' 66. En cambio, por restos humanos se entienden las 'partes del cuerpo
humano de entidad suficiente procedentes de actividades de docencia o investigación, de abortos a partir de la semana catorce, amputaciones o mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a partir del nivel metacarpiano o metatarsiano. Quedan
excluidos, por lo tanto, los dedos de manos y pies, así como apéndices, órganos y vísceras' 67. Por último, se entienden por restos o residuos quirúrgicos o sanitarios 'los específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, potencialmente
contaminados con substancias biológicas al haber estado en contacto con pacientes o líquidos biológicos' 68.
El tratamiento que reciba un feto abortado variará en función de cuál sea su estatus, de entre los tres mencionados.
En el caso del cadáver de los neonatos, y atendiendo a lo recogido en el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria ('RPSM'), su destino final será la incineración, el enterramiento
en lugar autorizado o la inmersión en alta mar.
Por otro lado, cuando nos referimos a restos humanos, y remitiéndonos de nuevo al RPSM, se puede apreciar cómo -en su artículo 6- se establece que, 'sin perjuicio de lo establecido por la legislación especial vigente sobre obtención de
piezas anatómicas para trasplante y utilización de cadáveres para fines científicos y de enseñanza, el destino final de todo cadáver será uno de los tres siguientes: 1) enterramiento en lugar autorizado; 2) incineración; 3) inmersión en alta mar.
También tendrán uno de los destinos expresados en el párrafo anterior los restos humanos de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas, sin otro requisito, en el orden sanitario, que el certificado facultativo
en que se acredite la causa y procedencia de tales restos [...]' 69.
Por último, en cuanto a los restos quirúrgicos o biosanitarios, existen doce Comunidades Autónomas que cuentan con legislación específica en materia de gestión de residuos sanitarios 70. Lo cierto es que, por lo general, estos 'se
esterilizan, posteriormente se trituran y, finalmente, se eliminan mediante depósito en vertedero' 71. A modo de ejemplo, el Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos
biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad Autónoma de Madrid, entiende por residuos anatómicos humanos los 'tejidos o partes del cuerpo de pequeña entidad, a excepción de piezas dentarias, incluidos productos de la concepción, obtenidos como
consecuencia de traumatismos o durante actividades quirúrgicas o forenses, no conservadas mediante formaldehído u otro producto químico' 72. Dentro de este grupo -el número 9- están incluidos los restos humanos que proceden de un aborto legrado y
por ello el tratamiento que se da a esos restos es el de
64 https://www.funespana.es/rituales-duelo-perinatal/.
65 https://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-los-ritos-funerarios-en-el-proceso-de-duelo/.
66 https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/muerte/cadaver/.
67 Ídem.
68 https://www.comunidad.mad rid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/residuos-biosanitarios-citotoxicos.
69 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1358.
70 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/residuos-sanitarios/Como-se-tratan.aspx.
71 Ídem.
72 http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma =1308&cdestado=P#no-back-button.
poder depositarlos en envases con el resto de los residuos de clase III. Similar tratamiento es el que recibe la presente situación en las demás normativas autonómicas. A tenor de ello, recibirán el mismo tratamiento una muela extraída que
un feto malogrado en el seno materno.
Respecto de este último grupo, los fetos que son computados como restos quirúrgicos, la problemática interpretativa sobre su tratamiento surge a raíz de la literalidad de la norma del Registro Civil relativa a la inscripción del nasciturus,
así como de la posterior interpretación que realizan de la misma los centros sanitarios y hospitales, llegando a crear protocolos 73 sobre los que fundamentan su decisión de entregar o no los restos del feto a sus padres.
Atendiendo al artículo 45 de la Ley 20/2011 74, de 21 de julio, del Registro Civil ('LRC'), observamos que nada se recoge sobre la obligatoriedad de inscripción del feto. Pese a ello, y sin un verdadero fundamento jurídico, el Registro
Civil no ha permitido, en ciertos casos, que se inscribieran fetos con una vida inferior a 180 días y, por razones de coherencia con dicha prohibición de inscripción, los protocolos médicos y los juzgados también se han negado a facilitar los restos
biológicos de los hijos a sus padres. La realidad es que se consideraba que un feto antes de los 180 días de gestación o con un peso menor a 500 gramos no tenía entidad humana suficiente y por ello debía ser tratado como restos quirúrgicos, como ya
hemos mencionado.
Pese a ello, si nos remitimos a la Disposición Adicional 4.ª de la LRC, apreciaremos que 'figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación
y no cumplieran las condiciones previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo los progenitores otorgar un nombre' 75. La presente disposición sí permite que los padres que han perdido a su hijo con más de 180 días de gestación puedan darle
un nombre y no simplemente inscribirlos vía legajos como aborto, tal y como establecía el artículo 45 de la Ley de 1957 sobre el Registro Civil, ya derogada.
Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores, muchos centros sanitarios se han negado a entregar los restos fetales a sus padres cuando estos pesaran menos de 500 gramos y hubieran tenido una vida gestacional inferior a 180 días. Sería
el centro sanitario el encargado de hacerse cargo de los restos junto con el resto de material quirúrgico, sin comunicar a la familia el paradero de estos.
Tercero. Jurisprudencia.
Respecto a la controversia que existe con respecto a este tema, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció por medio de la Sentencia 11/2016, de 1 de febrero, dictada en el marco del recurso de amparo n.º 533/2014 76. En el fallo, el TC
determina que, con la negativa a entregar a los padres los restos de su hijo con independencia de su peso y edad gestacional, se estaría violando el derecho fundamental de dichos padres a la intimidad personal y familiar (recogido en el artículo
18.1 de la Constitución Española, 'CE'). Por ello, se reconoce en la sentencia el derecho de una familia a disponer del cuerpo de su bebé fallecido y a enterrarlo o incinerarlo en la intimidad familiar, con independencia del tiempo de gestación.
Este pronunciamiento del TC pone de manifiesto dos cosas: (i) que de la legislación en materia registral no han de inferirse efectos a la hora de solicitar el cuerpo en el centro médico, ni tampoco a la hora de proceder a enterrar los
restos del feto; y (ii) que han sido los centros sanitarios los que han realizado una interpretación sin base legal con respecto a la entrega de los restos del feto a los padres. Concretamente, el pronunciamiento del Tribunal es el siguiente: 'De
la imposición de un deber de inscripción a partir de un determinado tiempo de gestación no cabe deducir extensivamente la prohibición de entrega para su enterramiento o incineración de criaturas abortivas de menor tiempo: la norma no somete el
enterramiento o incineración a las exigencias de permiso judicial e inscripción registral ni impide por sí la anotación de criaturas abortivas de menos de 180 días' 77.
En consecuencia, todas las resoluciones administrativas y/o judiciales que no han respetado el derecho a la intimidad familiar y personal y su correspondiente entrega e inscripción en el Registro Civil lo han hecho sin título legal
habilitante, tal y como deja patente la STC.
73 En el Hospital de Mendaro (Guipúzcoa) se puede observar como 'el protocolo del hospital establece que los fetos con una vida inferior a los 180 días y que pesen menos de 500 gramos son tratados como material quirúrgico y, por lo tanto, el
hospital es el responsable de deshacerse de ellos'. https://www.eldiario.es/sociedad/restos-aborto-incinerar-el-parto-es-nuestro-boe-constitucional_1_4057629.html.
74 https://www.boe.es/buscar/act.php?id =BOE-A-2011-12628.
75 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628.
76 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2328.
77 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2328.
Cuarto. Conclusión.
El derecho que tienen las familias para poder dar sepultura los restos de su bebé, con independencia de su edad y peso al momento de fallecer, debe ser garantizado. Este Grupo Parlamentario afirma sin fisuras que la vida humana surge desde
el momento de la concepción y, en su virtud, los restos de un feto, tenga este 3 días de gestación o 180, no pueden ni deben ser considerados como material quirúrgico, porque tal consideración atentaría la más elemental dignidad. Su tratamiento
como restos humanos y no quirúrgicos viene avalado por el sentido de la STC comentada en el expositivo anterior.
A tal fin, y en el marco de la interpretación jurisprudencial expuesta, la legislación en materia de tratamiento de restos humanos debe permitir que, en todo caso, los padres que así lo soliciten puedan obtener del centro sanitario en
cuestión los restos de su hijo fallecido.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las modificaciones oportunas de la vigente Ley del Registro Civil y demás normas concordantes para posibilitar la inscripción con plenos efectos jurídicos del nasciturus en los Libros del Registro Civil, a solicitud de uno o
ambos progenitores, desde el momento de su concepción.
2. Promover que, de conformidad con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y en el marco de las competencias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
a. Se incluya en los protocolos de todos los hospitales españoles la obligación de informar fehacientemente a los padres sobre las opciones de tratamiento de los restos de sus hijos fallecidos en el seno materno.
b. Se faciliten a todos los padres que así lo soliciten los restos de sus hijos fallecidos en el seno materno, con independencia del tiempo de gestación.
c. Se brinde en todos los centros hospitalarios un mejor acompañamiento a las familias durante el duelo perinatal.
d. Se adopten criterios comunes en esta materia para que no existan desigualdades y diferencias de tratamiento entre las distintas Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia
161/003388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación de la Garantía Infantil en España, para su debate en la
Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
Desde hace años España tiene un problema estructural de pobreza infantil que las administraciones públicas no han conseguido resolver. Durante bastante tiempo ni siquiera entró en la agenda política o lo hizo de manera muy tímida, mientras
se agravaba en los peores momentos de la crisis. A partir de 2018
la situación ha cambiado y el gobierno ha asumido con determinación la lucha contra la pobreza infantil, por medio de distintos instrumentos: la creación de un Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el incremento de las
partidas de fondos para luchar contra la pobreza infantil en verano (programa VECA), el incremento de la generosidad de las prestaciones por hijo a cargo en 2019, unos Presupuestos Generales de 2021 que incluyen un incremento sustancial de las
inversiones para expandir el acceso a la educación infantil 0-3, cerrar la brecha digital y lanzar programas de acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (con una clara orientación
proinfancia), una atención renovada a la obesidad infantil como reflejo de problemas de desigualdad y pobreza, entre otras medidas.
En este contexto de impulso de las políticas de apoyo a la infancia más vulnerable se incluye el trabajo que el gobierno realiza para promover una Garantía Infantil Europea. La Garantía infantil se inscribe en el marco de despliegue del
Pilar Europeo de Derechos Sociales, y en particular el desarrollo de un nuevo espacio de derechos de la infancia.
A través del compromiso de dedicar, como mínimo, el 5 % de los recursos del Fondo Social Europeo +, se persigue prevenir y combatir la exclusión social en la infancia en Europa, asegurando que cualquier niño, niña o adolescente (NNA) en
Europa en riesgo de pobreza o exclusión social tenga acceso a bienes y servicios básicos: educación y cuidados en la primera infancia, acceso a la educación y a toda clase de actividades escolares, atención sanitaria, una nutrición adecuada y
servicios sanitarios y una vivienda asequible. El objetivo es eliminar las barreras a una verdadera inclusión y fomentar la participación social de estos niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones. La Unión Europea se compromete, de
este modo, con el principio de no dejar ningún niño, niña y adolescente atrás.
La iniciativa ha atravesado ya distintas etapas de análisis y planificación, y pasará pronto a una fase de implementación. En todo el proceso el gobierno español, liderado por la acción de la Oficina del Alto Comisionado para la Lucha
contra la Pobreza Infantil, ha figurado entre los impulsores más entusiastas de la medida. La Garantía Infantil puede representar una importante inyección de recursos en nuestro país que conviene aprovechar adecuadamente. Es por ello necesario que
el despliegue del programa en nuestro país sea evaluado pertinentemente en todas las fases de desarrollo, para detectar fortalezas y debilidades y maximizar su impacto en un asunto de alta prioridad para el gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Dar a conocer extensamente la Garantía Infantil y apoyar la solicitud y tramitación de proyectos por parte de agentes interesados.
2. Elaborar un Plan de Acción Nacional para la implementación de la Garantía Infantil Europea, utilizando las conclusiones del estudio en profundidad sobre desigualdades de acceso para la infancia a los servicios básicos previsto en el
marco de la experiencia piloto impulsada por la Comisión Europea en la tercera fase del estudio de viabilidad de la garantía infantil, y liderado por UNICEF ECARO y UNICEF España en coordinación con el Alto Comisionado para la lucha contra la
Pobreza Infantil y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
3. Dotar de fuertes y potentes estructuras de coordinación y evaluación de las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del programa.
4. Elaborar en los próximos años un estudio en profundidad con el objetivo de realizar el seguimiento de la implementación e impacto de los programas de Garantía Infantil Europea en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2021.-Omar Anguita Pérez y Pau Marí Klose, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a reconocer como elemento esencial del interés superior del menor la
protección de su inocencia, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. Definición y fundamento jurídico del interés superior del menor.
1. La primera vez que apareció el concepto de interés superior del menor en una norma jurídica fue en la Declaración de los Derechos del Niño 78, aprobada por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas 79 en el año 1959, que
afirmaba en su principio segundo:
'El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. (...) 'Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.'
2. Un posterior reconocimiento de este concepto del interés superior del menor encontró su cauce en la Convención de los Derechos del Niño -adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989-, que supone, de
hecho, su verdadera traslación en el ordenamiento jurídico nacional, por cuanto la misma fue ratificada por España en 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución Española (en adelante, 'CE').
El texto ratificado establecía: 'en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño'. De igual modo, obligaba a los Estados Parte a poner 'el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño'. Así mismo, reconocía que 'incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño' y que 'su preocupación
fundamental será el interés superior del niño'.
3. El interés superior del menor cuenta, además, con el refrendo internacional de otras legislaciones como la Carta Europea de Derechos Fundamentales (artículo 14.3) o la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.3).
4. La generalidad de la legislación internacional expuesta pone de relieve el insustituible papel de los padres en la educación de los hijos y el deber de protección de los derechos humanos y fundamentales de los niños.
5. El ordenamiento jurídico español también reconoce de forma explícita y multiforme la protección del interés superior del menor.
a) En primer lugar, el artículo 39 CE dota de rango constitucional el deber de los poderes públicos de proteger la familia y a los hijos -de forma 'integral', en este último caso-; la obligación de cuidado de los padres y la titularidad de
los derechos de los menores a nivel internacional.
b) Existen, además, otra serie de derechos recogidos en la Carta Magna, algunos de ellos fundamentales, intrínsecamente relacionados con el interés superior del menor y con el contexto familiar en que este se desarrolla, a saber: el respeto
a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del menor (artículo 10.1); la interpretación de las normas relativas a derechos fundamentales a la luz de las normas internacionales
78 Resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959. Su precedente fue la breve Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, dada en 1924, en el marco de entreguerras de la Sociedad de Naciones, a instancia de la fundadora de Save
the Children, Eglantyne Jebb.
79 España fue uno de los Estados miembros firmantes.
ratificadas por España (artículo 10.2); la libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16.1); el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen (artículo 18.1); y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3).
c) Asimismo, la patria potestad, recogida en el artículo 154 del Código Civil se encuentra ligada a la responsabilidad parental, cuyo criterio es indisociable del interés superior de los hijos.
d) Por último, existe una ley específicamente dedicada a desarrollar la protección de los menores, que se asienta sobre el principio de su interés superior: La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor ('LO 1/1996'). En su
artículo segundo afirma lo siguiente:
'Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas
que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que
pudiera concurrir.'
6. Si bien el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado, la LO 1/1996 establece cuatro criterios de aplicación e interpretación del mismo 'que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del
supuesto' 80.
7. Además de estos criterios hermenéuticos, la Observación General n.º 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de los Derechos del Niño señala, a estos efectos, que, en primer lugar, es preciso 'determinar cuáles son los elementos
pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso, para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás' y, que para ello hay que 'seguir un procedimiento que
vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho'. El interés superior es, pues, un 'concepto dinámico' que 'debe evaluarse adecuadamente en cada contexto'. Asimismo, dicha Observación reconoce que 'la familia es la unidad
fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños'.
8. En definitiva, se ha elevado y reconocido en las cotas más altas del Derecho, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en instancias supranacionales, la protección de los menores unida al reconocimiento de su realidad familiar,
habida cuenta de que la familia es unidad fundamental y lugar primordial de arraigo y libre desarrollo de la personalidad del menor.
Segundo. Concreción del contenido del interés superior del menor.
9. Siendo el interés superior del menor, como ya hemos mencionado, un concepto jurídico indeterminado, reviste especial importancia la tarea de concretar su contenido, como requisito previo para garantizar su respeto y protección. En este
sentido, el Grupo Parlamentario VOX aboga por fomentar la comprensión del concepto del interés superior del menor en su realidad dinámica, en la cual la familia, los padres y el libre desarrollo de la personalidad de los niños estén integrados de
forma que respondan verdaderamente al propósito de velar por la dignidad y derechos fundamentales de estos, conforme se desarrolla a continuación.
10. El interés superior del menor tiene, en primer término, una connotación limitativa de las libertades reconocidas a la generalidad de la población, con el fin de garantizar el respeto de ese interés del menor. Este deber de protección
se evidencia cuando, por parte de los poderes públicos, se restringen ciertas conductas o actuaciones, o se colabora con las familias en el proceso de educación de los hijos, porque se entiende que una prematura exposición indiscriminada a ciertas
realidades puede constituir un riesgo para el desarrollo integral de la persona. Como ejemplos de lo dicho, cabe señalar la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que habla de la 'imprescindible protección de los menores de edad' y
80 'a)La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. b)La consideración de los deseos,
sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. c)La conveniencia de que su vida y
desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En
caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la
evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia. d)La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o
idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por estas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad'.
que limita el acceso de estos al juego 81; la pluralidad de normas autonómicas ordenadas a impedir la adquisición de bebidas alcohólicas por parte menores; o el Código Penal, que establece en su artículo 183.1 un límite a la edad de
consentimiento para realizar actos sexuales.
11. En segundo lugar, el interés superior del menor tiene también un contenido de cariz positivo, entendido como el deber de los poderes públicos de fomentar todo aquello que supone un beneficio para su desarrollo integral.
A título de ejemplo, cabe señalar el artículo 27 de nuestra Carta Magna, que versa sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y que tiene su fundamento en la libertad de pensamiento (artículo 16 CE). -Esta última, en
nuestra legislación supone una dimensión externa agere licere, que implica no poder sufrir sanción o demérito en el desarrollo de las propias ideas-. Pues bien, nuestro más alto Tribunal recuerda que el interés superior del menor requiere de una
amplia 82 interpretación del derecho a la educación, en concordancia no solo con los derechos de igualdad, libertad ideológica, religiosa y de culto y la libertad de expresión, sino también con los principios rectores -de protección- del artículo 39
CE a los que hacíamos alusión supra, que han de inspirar la acción del legislador. Es evidente que, más allá de que este derecho se reconozca en nuestro ordenamiento, el derecho -y el deber- de la educación de los hijos se da en la comunidad
familiar, como una institución natural y, por tanto, anterior a cualquier Estado y norma jurídica, independientemente de su rango. En cualquier caso, el propio ordenamiento reconoce que solo los padres tienen el derecho -a tenor de lo previsto en
el artículo 27.3 CE- a educar conforme a su recta conciencia:
'Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.'
Y ese derecho inalienable responde, además, a la realidad de que son los padres quienes, como norma general, se responsabilizan de su desarrollo vital, emocional e intelectual. Es este, pues, un ejemplo de cómo la normativa vigente ha de
interpretarse desde un amplio espectro que tienda siempre a la búsqueda del interés del menor en su contexto familiar.
12. En esta segunda línea interpretativa del interés superior del menor, como un bien que ha de ser reconocido y desarrollado por parte de los poderes públicos, ha de integrarse la protección de la maduración y el crecimiento del menor en
las dimensiones propias de su naturaleza, incluidas la trascendente y la religiosa. Ello se ha venido manifestando socialmente a través del deseo de custodiar su crecimiento, especialmente en los momentos iniciales donde la razón irrumpe para
completar el desarrollo íntegro de su personalidad. En otras palabras: la protección del interés del menor pasa por la protección de su inocencia.
13. El Diccionario de la Real Academia Española define la inocencia como:
'1. f. Estado del alma limpia de culpa 83.
2. f. Exención de culpa en un delito o en una mala acción.
3. f. Candor, sencillez.'
En esta Proposición no de Ley aludimos a la tercera de las definiciones, la que hace referencia al candor y sencillez de los niños, que se evidencia en su natural inclinación a descubrir por la vía del asombro cuanto les rodea. Esta
inocencia necesita el debido amparo para poder preservar en el menor la rectitud de intención y de pensamiento, y para que este no sufra desorden ni confusión en sus afectos.
14. Resulta esencial destacar esta dimensión y esencia natural de la infancia que es la inocencia. La verdadera seguridad del niño reside en mantener una estrecha relación con su hogar y su ser natural para
81 Aún quedan muchas asignaturas pendientes, como regular el acceso de los menores a la pornografía. La Agencia Española de Protección de Datos advertía: 'la edad del primer acceso a contenidos pornográficos en España ha bajado hasta los 8
arios, mientras que a partir de los 14 el consumo de este tipo de contenidos es generalizado'. Protección del menor en Internet (2020): https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteccion-del-menor-en-internet.pdf.
82 La sentencia 74/2018, de 5 de julio, del Tribunal Constitucional expone su doctrina a este respecto, reconociendo que 'el 'genérico derecho a la educación' recogido sintéticamente en el apartado 1 del artículo 27 CE y desarrollado en los
apartados siguientes, tiene una doble 'dimensión' o 'contenido' de 'derecho de libertad' y 'prestacional''. Así, 'el primer contenido se identifica con 'la libertad de enseñanza', entendida como 'proyección de la libertad ideológica y religiosa y
del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales [especialmente artículos 16.1 y 20.1 a)]'.
83 Esta primera definición es una evidente herencia de la tradición católica, que cuando refiere 'estado de inocencia' lo hace para describir al momento previo al pecado original.
crecer en confianza. La confianza es la base y fundamento de la autoestima y motivación intrínseca. Cuando un niño crece acorde con su naturaleza, puede desplegar todas sus potencialidades y queda liberado de los temores a verse privado
del sentido de su vida. Reconocer desde niños quienes somos nos garantiza poder descubrir el telos, el sentido de nuestras vidas. Esta protección, de forma más especial si cabe en las primeras etapas de la existencia, es vital para el desarrollo
relacional del niño y para que pueda gozar del sentido de arraigo y pertenencia a una realidad como es la comunidad familiar, así como para el cultivo de las virtudes, a través de la educación.
15. La protección de la inocencia, en tanto que parte esencial del interés superior del menor, conlleva, por tanto, ciertas obligaciones de los poderes públicos:
i. Admitir que los menores precisan un entorno psicológico y emocional óptimo para poder lograr un equilibrado desarrollo de su razón y voluntad, así como de sus propios criterios morales.
ii. Proveer a los menores de un marco de libertad que garantice que estos, en el seno de su familia y en consonancia con el criterio amoroso de sus padres, puedan llevar a cabo dicho crecimiento integral.
16. Por lo tanto, y en consonancia con lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX defiende el interés superior del menor en una concepción amplia, y considera que su protección integral no puede ir en detrimento de los derechos de los padres
sino en consonancia con ellos, siendo estos, en circunstancias corrientes, los mejores garantes de tal protección.
Tercero. Injerencias en la inocencia de los menores y, por ende, en su interés superior.
17. Pese a la protección de que es objeto el interés superior del menor en los ordenamientos nacional e internacional, en la actualidad está siendo instrumentalizado por determinadas ideologías como la de género que, a guisa de 'ingeniería
aplicada a la sociedad con fines morales' 84, lejos de orientar y garantizar los derechos de los menores, los llevan a una profunda confusión de su naturaleza, problematizando además las relaciones familiares. Se trata, sin duda, de injerencias que
lastran el desarrollo de la persona con la politización y la ideologización de la razón del menor y de su relación con la realidad, que atentan contra el núcleo íntimo de su conciencia y menoscaban su propia dignidad.
18. Las intromisiones que los menores sufren en su inocencia y en el libre e integral desarrollo de su persona son, qué duda cabe, un menoscabo de su interés superior, y suponen una vulneración de su libertad personal, al verse privados de
una mirada limpia y liberada de juicios y doctrinas para poder decidir por sí mismos conforme a su natural inclinación a descubrir la realidad.
19. Como primera muestra de este fenómeno, traemos a colación la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ('LO 8/2021'), que el pasado 24 de junio de 2021 entraba en
vigor. El texto repite sistemáticamente términos como 'prevención', 'sensibilización' o 'detección precoz', y así, al amparo de la diversidad y la protección frente a la violencia, se introducen preceptos como la promoción de la 'deconstrucción de
los roles y estereotipos de género' y la formación de profesionales en contacto con menores del 'impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes'. De igual forma, dentro de las actuaciones
específicas orientadas al ámbito familiar, se prevé la elaboración y difusión de materiales formativos que 'incluirán contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género' y 'contenidos sobre la diversidad sexual y de género'.
La LO 8/2021 se encuentra permeada por una sospecha permanente hacia los padres. Para ello, en aras de una supuesta protección del menor, se dota a este de unos supuestos derechos que le pueden servir de arma arrojadiza frente a sus padres,
generando así un clima de desconfianza en el hogar. De esta forma se acentúa la desesperanza en los niños, al no encontrar la debida estabilidad mímica, psicológica y emocional que debe presidir las relaciones y vínculos basados en la verdad y el
amor, que nos orientan y guían hacia el bien común, y cuyo ámbito privilegiado de desarrollo, en circunstancias corrientes, es la familia.
Asimismo, se están reduciendo las garantías de protección de los menores cuando se otorga el estatus de agente de la autoridad a los funcionarios profesionales, haciendo desaparecer la necesidad de un pronunciamiento judicial que garantiza
en mayor medida la legalidad en asuntos que, por su complejidad, requieren un pronunciamiento profesional conforme a derecho.
84 NEGRO PAVÓN, D., Liberalismo, Iliberalismo, Los Papeles del Sitio, Sevilla, 2021, p. 341.
20. Cabe citar otros ejemplos de la injerencia a la que nos hemos referido:
a) En mayo de 2021 se hizo público 85 que en el Instituto de Educación Secundaria Felanitx de Mallorca se impartió un taller sexual en el que, entre otras cosas, se pidió a los alumnos de 1.º de la ESO (11-12 años) recrear penes y vaginas
con plastilina.
b) En 2018 se acordó que en la Educación Infantil pública navarra -de 0 a 6 años- se desarrollaran juegos eróticos con los menores, en el marco de un programa no optativo denominado Skolae. La oposición de muchos de los padres no se hizo
esperar 86. El propio Tribunal Supremo determinó la ilegalidad de dicho programa que, pese a todo, se ha continuado impartiendo 87.
21. Ejemplos como los citados fundamentan que se inste al Gobierno al reconocimiento de la inocencia como valor esencial que merece una especial protección, al tratarse de un elemento constitutivo de la personalidad del menor que necesita
ser preservado de las injerencias de aquellos agentes sociales, medios de comunicación, ideologías diversas, y políticas de orden público y social que están invadiendo esta esfera íntima del niño, tratando de interferir en su educación cuya
responsabilidad corresponde principalmente a los padres.
85 https://www.mallorcaconfidencialcom/articulo/actualidad/gran-polemica-taller-educacion-sexual-ies-felanitx/20210501022051147518.html.
86 https://www.abc.es/sociedad/abci-escuelas-navarras-impondran-juegos-eroticos-para-ninos-0-6-anos-201810231026_noticia.html.
87 https://www.actuall.com/educacion/el-programa-de-adoctrinamiento-sexual-skolae-es-ilegal-pero-se-seguira-aplicando/. https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/05/13/plan-coeducacion-skolae-seguira-proximo/1145814.html.
22. Asimismo, se insta a reconocer como elemento esencial del interés superior del menor la protección de su inocencia, entendida en el sentido expuesto. Todo ello, sobre la base constitucional de la libertad de conciencia, la protección
de la familia, la libertad de educación, la protección integral de los hijos y el derecho-deber de cuidado de los padres, y la titularidad de los derechos de los menores a nivel internacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en orden a desarrollar el concepto de interés superior del menor, y en concordancia con los artículos 10.2, 16.1, 16.3, 18.1, 27.3 y 39 de la Constitución Española, insta al Gobierno a promover la protección de
la inocencia del menor como bien jurídico integrado en el concepto más amplio de interés superior del menor, por medio del ejercicio de las siguientes acciones:
1. Proteger la familia como institución natural que ostenta el papel preeminente en la educación y el desarrollo integral de los hijos.
2. Promover un entorno educativo que haga posible el pleno desarrollo de la personalidad y capacidades del menor, siempre en consonancia con la formación que recibe de sus padres, e impidiendo que acceda o reciba contenido de toda índole
contrario a su dignidad e inocencia.
3. Evitar cualquier injerencia en dicho entorno formativo del menor, especialmente en materias que afectan a su intimidad y sexualidad.
4. Promocionar el derecho de los padres a conocer con especial claridad los contenidos específicos relacionados con la sexualidad que se imparten a sus hijos en los centros docentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén,
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y doña Rocío de Meer Méndez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas 88, el Gobierno estima que el próximo año 2022 pedirán protección internacional en España 130.000 personas, casi el doble de las que lo hicieron en el año 2020 (88.762). Atendiendo a estas informaciones,
¿podría indicar el Gobierno las razones que le han llevado a esta estimación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Rocío de Meer Méndez y Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Diputados.
181/001542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Texto:
¿Va a llevar a cabo el Gobierno gestiones diplomáticas ante las autoridades cubanas con el fin de conseguir la liberación tanto del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, como de los ciudadanos cubanos que han
sido procesados en 'juicios sumarísimos' por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
Comisión de Defensa
181/001525
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y don Juan Antonio Callejas Cano.
Texto:
¿Qué órganos Logísticos y Unidades del Ejército de Tierra se tienen previsto desplazar a la futura nueva Base Logística de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y Juan Antonio Callejas Cano, Diputados.
88 Disponible (en Línea): https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-sostiene-130000-personas-pediran-asilo-espana-proximo-202111020128_noticia.html Última visita realizada el martes 2 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas.
181/001526
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y don Juan Antonio Callejas Cano
Texto:
¿En qué fechas se realizará el traslado a la futura nueva Base Logística de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y Juan Antonio Callejas Cano, Diputados.
181/001527
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y don Juan Antonio Callejas Cano
Texto:
¿Qué ubicación exacta tendrá la futura nueva Base Logística de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y Juan Antonio Callejas Cano, Diputados.
181/001535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Podría indicar la razón por la que, nueve meses después del fallecimiento de Monseñor Juan del Río Martín, aún no ha sido nombrado el Arzobispo Castrense de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.
Comisión de Interior
181/001529
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
Texto:
Desde la SGIP que usted preside, ¿han requerido a los Directores de los centros penitenciarios españoles para fomentar la concesión de terceros grados penitenciarios? ¿Sobre qué criterios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001530
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior
Texto:
¿En qué criterios se ha basado el Ministerio del Interior para el establecimiento de la concesión de incentivos salariales que alcanzan hasta los 2.000 euros por porcentaje de concesiones de terceros grados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001531
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX,
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Qué criterios siguió el Ministerio del Interior que justifiquen la concesión del tercer grado penitenciario a Francisco Javier Almeida, presunto asesino del niño de nueve años de Lardero, habida cuenta de que la Junta de Tratamiento del
Centro Penitenciario El Dueso emitió acuerdo desfavorable a dicha progresión a tercer grado penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001532
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
Texto:
¿Cuántos incentivos salariales se han concedido desde la SGIP durante la XIV Legislatura por concesión de terceros grados a los Directores de los centros penitenciarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001533
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Texto:
¿Qué criterios siguió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y qué motivos justificaron la concesión del tercer grado penitenciario a Francisco Javier Almeida, presunto asesino del niño de nueve años en Lardero, habida cuenta
de que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario El Dueso emitió acuerdo desfavorable a dicha progresión a tercer grado penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001534
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Va a dimitir por la decisión adoptada por su Ministerio de conceder el tercer grado penitenciario al presunto asesino de un niño de nueve años en Lardero, en contra del criterio técnico de la Junta de Tratamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001528
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Susana Ros Martínez
Texto:
¿Se tiene en cuenta la seguridad de las mujeres en sus desplazamientos diarios en la nueva Ley de Movilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-Susana Ros Martínez, Diputada.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001558
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña María de la O Redondo Calvillo, doña Paloma Gázquez Collado y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
Texto:
¿Qué razones impiden que la Administración General del Estado admita la repercusión de la elevación de costes en la industria de la construcción española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, María de la O Redondo Calvillo, Paloma Gázquez Collado y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
181/001559
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Belén Hoyo Juliá, doña María de Ia O Redondo Calvillo y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
Texto:
¿Qué medidas contempla el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para evitar subidas de hasta el 10 % en los precios en la industria organizada gremialmente en la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica-AMETIC, ante la ampliación de la garantía de reparación a diez años, incluida en la nueva Ley General d Consumidores y Usuarios del Ministro Garzón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Belén Hoyo Juliá, María de la O Redondo Calvillo y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
181/001560
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Elena Castillo López, doña Paloma Gázquez Collado, don Guillermo Mariscal Anaya y don Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
Texto:
¿Qué partida presupuestaria palía los efectos de la subida de los combustibles a los consumidores vinculados a la industria electrointensiva e hiperelectrointensiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Elena Castillo López, Paloma Gázquez Collado, Guillermo Mariscal Anaya y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
181/001561
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Elena Castillo López, don Guillermo Mariscal Anaya y don Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
Texto:
¿Qué partida presupuestaria palía los efectos de la subida de los combustibles a los consumidores vinculados al transporte por carretera, básico para la logística industrial española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Elena Castillo López, Guillermo Mariscal Anaya y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
181/001562
Grupo Parlamentario Popular en El Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Paloma Gázquez Collado, don Guillermo Mariscal Anaya, don Mario Cortés Carballo y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Tiene una planificación el Gobierno para la extracción y minería de tierras raras, dado que en el subsuelo español podríamos contar con casi el 30 % de las necesidades de Europa de este mineral estratégico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Paloma Gázquez Collado, Guillermo Mariscal Anaya, Mario Cortés Carballo y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001563
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Paloma Gázquez Collado,don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz, don Alberto Herrero Bono y don Mario Cortés Carballo, Diputados.
Texto:
¿Qué tipo de estrategia tiene el Gobierno de España para la industria extractiva y para el desarrollo, en general, de la minería española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Paloma Gázquez Collado, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz, Alberto Herrero Bono y Mario Cortés Carballo, Diputados.
181/001564
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Paloma Gázquez Collado, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Mario Cortés Carballo, Diputados.
Texto:
¿Tiene el Gobierno de España preparada una nueva legislación para la minería e industria extractiva, dada la crisis de materias primas y teniendo en cuenta los recursos autóctonos que se encuentran en nuestro subsuelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Paloma Gázquez Collado, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Mario Cortés Carballo, Diputados.
181/001565
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Paloma Gázquez Collado, don Guillermo Mariscal Anaya, don Jesús Postigo Quintana y don Mario Cortés Carballo, Diputados.
Texto:
¿Se plantea el Gobierno de España la implantación en España de industria electrónica estratégica que supla las carencias de determinados componentes para el desarrollo de nuestra industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Paloma Gázquez Collado, Guillermo Mariscal Anaya, Jesús Postigo Quintana y Mario Cortés Carballo, Diputados.
181/001566
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Paloma Gázquez Collado don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿A qué espera el Gobierno de España para aprobar y poner en marcha una estrategia para aprovisionamiento, suministro y almacenamiento de materias primas estratégicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Paloma Gázquez Collado, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001567
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Alicia García Rodríguez ,don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Qué partida presupuestaria palía los efectos de la subida de los combustibles a los consumidores vinculados a actividades agroindustriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Alicia García Rodríguez, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001568
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, don Guillermo Mariscal Anaya y don Diego Gago Bugarín, Diputados.
Texto:
¿Cuántas veces y en qué fechas se han reunido las Mesa de Automoción con participación y presencia del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya y Diego Gago Bugarín, Diputados.
181/001569
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al mandato aprobado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, a iniciativa de una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular,
para realizar el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice el impacto en la industria española de las reformas regulatorias en el sector energético de los dos últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001570
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana María Moraleja Gómez, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Qué opinión tiene el Gobierno y que medidas está considerando adoptar en relación con la polémica conocida estos días entre alguna empresa del sector eléctrico y alguna empresa del sector siderúrgico en las que se producen acusaciones
públicas recíprocas de estar elevando el coste de su producto final, sin razones que lo justifiquen suficientemente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001571
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana Moraleja Gómez, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Qué opinión tiene el Gobierno y qué medidas está considerando adoptar en relación con la nota remitida por la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF) y publicada en el diario El País y Expansión el pasado lunes, 8 de
noviembre, en la que textualmente se afirma que 'están en una situación crítica derivada de los costes energéticos y en situación desfavorable frente a nuestros principales competidores alemanes y franceses', que 'las medidas tomadas hasta la fecha
por el Gobierno no han conseguido disminuir los costes eléctricos en las empresas' y que la situación ' ponen en peligro la competitividad y la continuidad de todas y cada una de nuestras empresas; algunas empresas ya están parando su producción,
antes de tener que cerrar, dentro de unos meses, por quiebra'.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001572
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana Moraleja Gómez, doña M.ª de la O Redondo Calvillo, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Teniendo en cuenta la subida de recaudación por impuestos vinculada a vectores energéticos, como el impuesto de hidrocarburos, canon hidráulico, especial eléctrico, van a disminuir los costes energéticos para la industria, el tejido
productivo y las Pymes y autónomos durante 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, María de la O Redondo Clavillo, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001573
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana Moraleja Gómez, Doña M.ª de la O Redondo Calvillo, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Qué criterio ha adoptado el Gobierno para que en el caso de cortes en el suministro eléctrico no se produzcan paradas en los procesos productivos industriales y en la prestación de servicios comerciales o turísticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, María de la O Redondo Clavillo, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001574
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Tristana Moraleja Gómez, doña M.ª de la O Redondo Calvillo, don Guillermo Mariscal Anaya, don Juan Diego Requena Ruiz y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Qué criterio ha adoptado el Gobierno en el caso de un desabastecimiento de gas para garantizar que no se produzcan paradas en los procesos de producción industrial y en la prestación de servicios comerciales o turísticos en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, María de la O Redondo Clavillo, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Alberto Herrero Bono, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para garantizar la trazabilidad de los productos agrarios importados en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno promover la modificación de la región tabaquera extremeña en la reforma de la PAC para incluir, tal y como sucede con otros cultivos de regiones distintas, a los productores de tabaco del sur de la provincia de
Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para ayudar a los españoles y a las familias ante la constante subida del precio de los alimentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX .
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que va a promover el Gobierno ante las instituciones europeas frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el Total Admisible de Capturas (TAC) y las Cuotas pesqueras de 2022 para determinadas especies?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que está poniendo en marcha, en el ámbito de sus competencias, para evitar que se produzcan ataques de lobos como el que ha tenido lugar en Revellinos de Campos (Zamora) y que se ha saldado con una treintena de ovejas
muertas, muchas de ellas próximas al parto, en una explotación ganadera situada dentro del casco urbano de este municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001543
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don Diego Gago Bugarín, don Tomás Cabezón Casas y don José Alberto Herrero Bono.
Texto:
¿Cuál es el número de consumidores vulnerables que estima el Gobierno que tendrán acceso al bono social térmico en 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001544
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don Diego Gago Bugarín, don Tomás Cabezón Casas y don Alberto Herrero Bono, Diputados.
Texto:
¿Cuál es la partida presupuestaria destinada a la mejora de la interconexión eléctrica con Francia como parte de la solución para la integración de energías renovables y rebaja de la factura de la luz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001545
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don Diego Gago Bugarín, don Tomás Cabezón Casas, don Alberto Herrero Bono y doña Tristana María Moraleja Gómez.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al mandato aprobado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo a iniciativa de una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, para realizar el Libro Blanco sobre Energía e
Industria que analice el impacto de las reformas regulatorias en el sector energético de los dos últimos años en la industria española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Tomás Cabezón Casas, José Alberto Herrero Bono y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
181/001546
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don Diego Gago Bugarín, don Tomás Cabezón Casas y don José Alberto Herrero Bono.
Texto:
¿Qué criterio de prioridad en el suministro de gas ha adoptado el Gobierno en el caso de un desabastecimiento de gas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001547
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don Diego Gago Bugarín, don Tomás Cabezón Casas y don Alberto Herrero Bono.
Texto:
¿Qué criterio de prioridad para el suministro ha adoptado el Gobierno para el caso de un desabastecimiento de electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001548
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don Diego Gago Bugarín, don Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono.
Texto:
¿Ha estudiado el Gobierno las causas del escenario de desabastecimiento de gas que se produjo en varios días de enero de este año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/001549
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don César Sánchez Pérez, doña Paloma Gázquez Collado y doña Carmen Navarro Lacoba.
Texto:
¿Tiene el Gobierno elaborada una planificación para el escenario de desabastecimiento energético?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.
181/001550
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don César Sánchez Pérez, doña Paloma Gázquez Collado y doña Carmen Navarro Lacoba.
Texto:
¿Ha estudiado el Gobierno el escenario de desabastecimiento de gas y/o electricidad que viene siendo advertido por los agentes del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.
181/001551
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don César Sánchez Perez, doña Paloma Gázquez Collado y doña Carmen Navarro Lacoba.
Texto:
¿Establece el Gobierno alguna relación entre el resultado de la negociación auspiciada por el Presidente Sánchez los días 7 y 8 de octubre de 2020 en relación con el gas argelino para España y la peor evolución de los precios del gas en
España durante 2021 comparativamente con el resto de los países europeos, al mismo tiempo que se recuperaba durante 2021 la cuota de mercado del gas argelino en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.
181/001552
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don José Ángel Alonso Pérez y doña Tristana María Moraleja Gómez.
Texto:
¿Cuáles fueron los términos concretos de la negociación auspiciada por el Presidente del Gobierno en su visita a Argelia los días 7 y 8 de octubre del año pasado, en relación con el suministro de gas argelino a España, en un contexto de
pérdida de cuota de mercado en España por su alto precio en relación con el gas abastecido por buques metaneros que entonces cotizaba alrededor de 17 euros/MWh?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, José Ángel Alonso Pérez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
181/001553
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don José Ángel Alonso Pérez y doña Tristana Moraleja Gómez.
Texto:
¿Qué razones han impedido que la Ley 7/2020, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, dejará sin realizar la reforma del sector eléctrico e incluya en la disposición final undécima una 'moratoria' o nuevo plazo de doce
meses adicionales para realizar las reformas del sector eléctrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, José Ángel Alonso Pérez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
181/001554
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don José Ángel Alonso Pérez y doña Tristana María Moraleja Gómez.
Texto:
¿Cuál es la razón del desequilibrio presupuestario proyectado para 2022, en perjuicio del sector eléctrico, del destino de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, José Ángel Alonso Pérez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
181/001555
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Guillermo Mariscal Anaya, don José Ángel Alonso Pérez y doña Tristana María Moraleja Gómez.
Texto:
¿Cuál es el efecto presupuestario para el sistema eléctrico de la rectificación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, mediante el Real Decreto-ley 23/2021, de 27 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, José Ángel Alonso Pérez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
181/001575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus condiciones de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que está poniendo en marcha, en el ámbito de sus competencias, para evitar que se produzcan ataques de lobos como el que ha tenido lugar en Revellinos de Campos (Zamora) y que se ha saldado con una treintena de ovejas
muertas, muchas de ellas próximas al parto, en una explotación ganadera situada dentro del casco urbano de este municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Conteras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Asuntos Exteriores, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/056640.
Núm. registro: 140238.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP) Echániz Salgado, José Ignacio (GP) Moraleja Gómez, Tristana María (GP).
Objeto iniciativa: Garantías que ofrece el Gobierno de que sean respetados los derechos humanos por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en caso de que se produzca la extradición de Rolando Figueroa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 312, de 29 de julio de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001556.
Núm. expte.: 184/056639.
Núm. registro: 140237.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP) Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Extradición de Rolando Figueroa a un país cuyas autoridades están acusadas de crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 312, de 29 de julio de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001557.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Asuntos Exteriores, la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/057855.
Núm. registro: 142616.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para pedir a los representantes políticos en España que su acción exterior sea respetuosa con la democracia y los Derechos Humanos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 312, de 29 de julio de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001578.
184/067283
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-GC).
Actos decisorios que legitimarían las captaciones que bombean agua al canal del Granado perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de remisión de diversa documentación contenida en el segundo guion de la presente iniciativa y, teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número
de registro 167945, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente
186/004256).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su Diputado Juan López de Uralde, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
para su respuesta por escrito, relativa a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
En la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana existen al menos tres captaciones (Bombeos I y II del embalse del Chanza y Bombeo de Bocachanza I desde el tramo internacional del Guadiana) que bombean agua al canal del
Granado que atraviesa la divisoria de la cuenca del Guadiana y la cuenca del Piedras por el túnel de San Silvestre hasta llegar al embalse del Piedras de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras.
Por esto, se pregunta
- ¿Cuentan estas actuaciones con actos decisorios (ley, real decreto, órdenes, resoluciones, autorizaciones, concesiones, etc.) que legitimen su funcionamiento tras la separación y constitución en demarcación hidrográfica propia de las
cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras?
- En caso afirmativo, identifique dichos actos decisorios [...].
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.
184/067912
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Nogueras i Camero, Míriam (GPlu).
Investigación acerca de si la contratación del General Abajo Merino por parte del consorcio Tess-Defence, S.A., en calidad de asesor de dicha compañía, constituye una práctica tipificada en el Código Penal, así como clasificación de dicha
información de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia de diversa información, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública
correspondiente (nuevo número de expediente 186/004257).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Míriam Nogueras i Camero en su calidad de Diputada de Junts per Catalunya, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por
escrito.
A través de la presente, nos hacemos eco de la información publicada en los medios de comunicación: 'el Periódico de España' y en 'la Opinión A Coruña', los días 2 y 3 de noviembre de 2021, referente a la contratación del hasta el mes de
junio de 2021 director general adjunto de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa (junio 2016-junio 2021), el general don Francisco Javier Abajo Merino por parte del consorcio Tess-Defence, S.A., en calidad de
asesor de dicha compañía.
Poner de relieve que esta contratación de la empresa de destino del General Abajo Merino es una empresa concesionaria de un contrato público para la fabricación de los blindados VCR 8 x 8, que cuenta con un presupuesto de 2.083 millones de
euros, uno de los más cuantiosos de la historia del Ministerio de Defensa. De acuerdo con la información publicada, el General Abajo Merino era el responsable de la otorgación de esta concesión a la misma empresa que lo ha contratado, pasando un
período de cuatro meses en la Reserva del ejército.
De acuerdo con esta información, es pertinente efectuar la siguiente pregunta:
¿Ha investigado el Gobierno si la contratación del General Abajo Merino constituye una práctica tipificada en el Código Penal? ¿Qué tipo de información ha buscado y ha recopilado para la elaboración del presente expediente? ¿Esta
información estaría clasificada de acuerdo con la ley de Secretos Oficiales? [...].
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2021.-Míriam Nogueras i Camero, Diputada.