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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 130, de 04/08/2020
cve: BOCG-14-D-130
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de agosto de 2020
Núm. 130
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000001 Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Aprobación con modificaciones por el Pleno del Dictamen de la Comisión ... (Página2)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 29 de
julio de 2020, con modificaciones respecto al Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONCLUSIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
ÍNDICE
CONCLUSIONES ... (Página3)
SANIDAD Y SALUD PÚBLICA ... (Página3)
TEMA 1. GOBERNANZA ... (Página3)
TEMA 2. RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALES .... (Página5)
TEMA 3. ATENCIÓN PRIMARIA Y DE SALUD ... (Página7)
TEMA 4. SALUD PÚBLICA ... (Página9)
TEMA 5. INVESTIGACIÓN I+D+i, FÁRMACOS Y VACUNAS ... (Página11)
TEMA 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL ... (Página13)
TEMA 7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES ... (Página14)
TEMA 8. POLÍTICA FARMACÉUTICA, INDUSTRIA BIOSANITARIA Y RESERVA ESTRATÉGICA ... (Página15)
TEMA 9. ADECUAR LA FINANCIACIÓN SANITARIA A LAS NECESIDADES REALES ... (Página18)
TEMA 10. MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA ... (Página19)
REACTIVACIÓN ECONÓMICA ... (Página21)
BLOQUE 1. MODELO PRODUCTIVO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INDUSTRIA, SECTOR PRIMARIO Y OTROS SECTORES ESTRATÉGICOS, LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS PYMES ... (Página21)
BLOQUE 2. IMPULSO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA Y MEJORA DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL... (Página27)
BLOQUE 3. SISTEMA LABORAL: FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD... (Página31)
BLOQUE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: SOCIEDAD, EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN... (Página34)
BLOQUE 5. VERTEBRACIÓN TERRITORIAL Y RETO DEMOGRÁFICO .... (Página36)
BLOQUE 6. POLÍTICA FISCAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ... (Página39)
BLOQUE 7. CIENCIA E I+D+i ... (Página41)
BLOQUE 8. SISTEMA FINANCIERO ... (Página43)
BLOQUE 9. IMPULSO DE LA POLÍTICA COMERCIAL, APOYO A LA AUTOMOCIÓN, RELANZAMIENTO DEL TURISMO Y REACTIVACIÓN DE LA HOSTELERÍA ... (Página44)
BLOQUE 10. RELANZAMIENTO DE LA CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE INCLUSIVO ... (Página47)
UNIÓN EUROPEA... (Página49)
BLOQUE 1. MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA:... (Página50)
BLOQUE 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL PLANO INTERNACIONAL PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19... (Página56)
BLOQUE 3. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA Y LA EXPRESIÓN EXTERIOR DE LOS VALORES DE LA UNIÓN ... (Página58)
CONCLUSIONES
SANIDAD Y SALUD PÚBLICA
TEMA 1. GOBERNANZA
Propuestas de Resolución:
1. Reafirmar los valores y principios rectores del Sistema Nacional de Salud.
1.1. Reafirmar los valores y principios en que se basa el Sistema Nacional de Salud, recogidos en la Constitución Española y en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, los valores y derechos fundamentales de nuestra sociedad (derechos
humanos, cumplimiento de las leyes, democracia, participación, justicia social y financiación pública) y los principios básicos a los que responde la sanidad pública (universalidad, igualdad, no discriminación, accesibilidad, equidad, solidaridad y
calidad).
Ratificar la máxima consideración hacia las víctimas de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y comprometer la atención más adecuada.
1.2. Impulsar y adoptar las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El Real
Decreto-ley 7/2018 de 2 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se tramitará como una ley que derogue definitivamente el Real Decreto-ley 16/2012 de 2 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y que, junto al reglamento que la desarrolle, garantice en todo caso los siguientes extremos: a) trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, b) extender este derecho a las personas
ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, o de otro país comunitario, c) garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y
ciudadanas españoles que residen fuera de España y d) cualesquiera otros cambios necesarios para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas. Independientemente de futuras reformas
legislativas, todas las administraciones se comprometen a hacer efectivo, de forma inmediata y sin excepciones, el derecho a la protección de la salud, garantizando la atención sanitaria en aquellos colectivos que gozan de una especial protección en
nuestra legislación y en los convenios internacionales suscritos por el Estado, como es el caso de los menores, las mujeres embarazadas y los solicitantes de protección internacional.
1.3. Impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública para dotar a España de un Sistema Nacional de Salud que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad
(agentes económicos y sociales, organizaciones profesionales y sociales). Ese pacto se basará en los valores y principios de la sanidad pública, de modo que sean posibles los acuerdos necesarios para gestionar el Sistema Nacional de Salud con base
en ellos, gobierne quien gobierne.
Este acuerdo social debe tener la forma de Pacto de Estado, reforzando una apuesta decidida por la sanidad pública, cuyo valor ha quedado evidenciado en esta pandemia. El Ministerio de Sanidad tiene que salir reforzado, aportando valor y
sin quitar competencias a las comunidades autónomas.
1.4. Orientar las políticas públicas y el sistema de salud a la protección frente a los riesgos para la salud y a la promoción de entornos y modos de vida saludables, en particular de aquellos determinantes de la salud que como las
desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios sanitarios tienen una influencia negativa sobre la situación de salud de las personas.
1.5. Proponer y abordar con las comunidades autónomas competentes en materia sanidad y salud pública un proceso real, serio y riguroso de transformación de la salud, sistemas y modelo, con la mirada puesta en la salud del futuro en sentido
holístico y para un horizonte de 2 años, marcando las áreas de necesidad y oportunidad, en el marco objetivo de un desarrollo inclusivo. Este debate se sustanciará en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, foro de
debate y contraste de propuestas de todos los agentes públicos con competencia en el ámbito sanitario.
1.6. Fortalecer el posicionamiento del Estado ante los programas EU4Health y Horizon Europe, así como ante la Unión Europea en la totalidad de políticas y medidas de financiación, transferencia, soporte, para la aplicación de los fondos a
proyectos colaborativos (vacunas y tratamientos, estrategia de especialización inteligente RIS3 investigación, innovación, digitalización, infraestructura y emprendimiento) público-privados, con presencia compartida entre agentes de diferentes
Estados Miembro con la
'garantía' (validación, impulso y control, así como dirección) de las comunidades autónomas en las actividades de refuerzo a los sistemas de salud, adecuados a las estrategias marco de cada uno de los gobiernos autonómicos.
2. Incorporar a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud los principios e instrumentos de buena gobernanza.
2.1. Aplicar al Sistema Nacional de Salud los valores y principios de la buena gobernanza de los sistemas sanitarios públicos, que incluyen entre otros: transparencia, rendición de cuentas, participación democrática, integridad y
competencia; eficiencia, calidad y sensibilidad ante las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos.
2.2. Dotar a las organizaciones del Sistema Nacional de Salud con presupuesto propio de órganos colegiados, ante los que los gestores habrán de proceder a la rendición de cuentas a fin de contribuir a la eficiencia y calidad en los
servicios y así posibilitar la autonomía que precisen dichas organizaciones.
2.3. Profesionalizar la gestión de las organizaciones sanitarias, con el objetivo de que su trabajo sea más eficaz y estable y contribuir así a legitimar más su papel en las organizaciones, de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
2.4. Basar las decisiones en datos y evidencias científicas contrastadas, ya sea mediante la realización de los estudios y ensayos necesarios o mediante la revisión de todas las evidencias científicas disponibles que hayan sido contrastadas
científicamente en el mercado, reflejados, siempre que sea posible, en informes técnicos, adoptando como norma general la realización de informes técnicos sobre los problemas, exponiendo las opciones existentes para poder afrontarlos y justificando
la opción que se propone.
2.5. Reforzar las estructuras de asesoramiento y participación profesional y de los pacientes para hacer más transparente la toma de decisiones, con las mejores prácticas para mejorar su calidad, y favorecer la implicación de los
profesionales sanitarios y de los pacientes con sus instituciones.
2.6. Promover mayor autonomía y capacidad de respuesta para las organizaciones sanitarias, a todos los niveles, empezando por la propia organización de los Servicios Autonómicos de Salud, frecuentemente encorsetados en sus capacidades de
decisión, explorando las fórmulas jurídicas y organizativas más adecuadas para ello, aprendiendo de la experiencia acumulada en los Servicios de Salud de varias comunidades autónomas. Esta autonomía ha de incluir aspectos de gestión económica, de
gestión de personal con medios para motivar y premiar la excelencia profesional y la dedicación extraordinaria, así como corregir incumplimientos, al igual que capacidad para innovar y evaluar los resultados.
2.7. Fomentar la comunicación fluida entre personal de dirección y profesionales sanitarios. Se debe garantizar la profesionalización de la gestión de las organizaciones y centros sanitarios y fomentar la asunción de funciones gestoras por
parte de los profesionales de la salud, así como de enfoques epidemiológicos, de salud pública y de gestión clínica por parte de los directivos de instituciones sanitarias.
2.8. Promover una cultura de buenas prácticas y de ética profesional con el desarrollo de normativas en pro de una buena gobernanza, que entre otros puntos incluyan: obligaciones de transparencia y publicidad activa; códigos éticos y de
conducta, sistemas de buenas prácticas, normas y procedimientos operativos estandarizados; regulación de la actividad de los grupos de interés en el ámbito sanitario y farmacéutico y de los conflictos de interés; protección de denunciantes
(whistleblowers), etc. Todo ello formando parte de una estrategia de buena gobernanza y de prevención del fraude y la corrupción en sanidad.
2.9. Además de la participación es necesario promover la transparencia del sistema a través de indicadores sanitarios que evalúen los resultados del sistema sanitario en cuanto a efectividad clínica, eficiencia, seguridad y satisfacción de
los pacientes.
3. Rediseñar una nueva arquitectura institucional para el conjunto del Sistema Nacional de Salud basada en la cogobernanza, la cooperación y la coordinación de las comunidades autónomas entre sí y con el Ministerio de Sanidad.
3.1. Mejorar la cooperación y coordinación interautonómica. La pandemia ha puesto de relieve las dificultades en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas
sanitarias comunes, así como para disponer de la información
necesaria en situaciones de crisis. Por ello, es necesario establecer un nuevo marco de cooperación y coordinación en el Sistema Nacional de Salud.
3.2. Repensar la institucionalidad actual del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para dotarle de capacidades adicionales como órgano colegiado del nuevo cogobierno de la sanidad española, de modo que pueda impulsar
eficazmente la cooperación y la coordinación de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y los Servicios Autonómicos de Salud entre sí y con el Ministerio de Sanidad, en un escenario de colaboración interinstitucional y lealtad
renovadas entre las administraciones sanitarias españolas.
3.3. Estudiar la modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para la mejora de su coordinación y eficacia.
3.4. Desarrollar modelos de gestión más funcionales, revitalizando el trabajo en red, con alianzas funcionales y flexibles en función de la demanda entre los establecimientos de salud de un mismo territorio.
4. Reforzar al Ministerio de Sanidad para que pueda desempeñar con efectividad sus funciones en un sistema descentralizado.
4.1. Dotar al Ministerio de Sanidad de recursos adicionales, de personal, económicos, tecnológicos, así como de capacidades para atender a la especificidad del sector sanitario dentro de la administración pública, de modo que pueda
incorporar el talento científico-profesional especializado que precise, tanto del Sistema Nacional de Salud como de la universidad e instituciones de investigación, para liderar y coordinar la política sanitaria española y participar activamente en
la política sanitaria de la Unión Europea y de las organizaciones sanitarias internacionales.
4.2. Fortalecer algunas funciones horizontales esenciales al servicio del Sistema Nacional de Salud que desarrolla el Ministerio de Sanidad, para incrementar su capacidad técnica, dotándolas de personalidad y autonomía, haciendo además
posible que las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puedan participar en sus órganos colegiados de gobierno. Entre las funciones a fortalecer con un estatus especial cabe destacar el Sistema de
Información del Sistema Nacional de Salud, la Ordenación Profesional y las actividades relacionadas con la Calidad y la Evaluación.
5. Actualizar la legislación sanitaria de ámbito nacional y autonómico adaptándola a las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
5.1. Para facilitar el cumplimiento de los objetivos de mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y de las políticas de Salud Pública. Elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la Comisión,
priorizando aquellas reformas que tengan un impacto más directo, especialmente en los siguientes ámbitos:
(1) en la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia del COVID-19 y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe;
(2) para mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema.
6. Crear una subcomisión o grupo de trabajo parlamentario para el seguimiento de los acuerdos en materia sanitaria en el Congreso de los Diputados, para abordar desde el consenso político los retos necesarios para hacer sostenible el
Sistema Nacional de Salud del futuro y asegurar una sanidad pública que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios.
7. Para una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y fomentar mecanismos de cooperación entre los servicios asistenciales y de salud pública de las comunidades autónomas, se creará un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad
Asistencial estudiándose la fórmula jurídica más adecuada, incluida la posibilidad de una Agencia.
TEMA 2. RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALES
Propuestas de Resolución:
8. Actualizar tanto la regulación como el funcionamiento en la práctica del sistema de contratación de personal sanitario por los Servicios Autonómicos de Salud para acabar con la temporalidad y la precariedad.
8.1. Priorizar con carácter urgente medidas para acabar drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, no solo a través de medidas puntuales y coyunturales, sino mediante una regulación que establezca mecanismos
permanentes de cobertura de puestos, evitando tener que recurrir a la contratación temporal para cubrir vacantes estructurales. Para ello es necesario actualizar con carácter urgente el sistema de selección de profesionales sanitarios, y en
particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias (board), con una selección local por concurso, de adaptación a perfil y puesto, posibilitando que la
mayoría de las vacantes (por ejemplo, jubilaciones) se puedan reponer antes de producirse. Con ello se reduciría mucha complejidad y conflictos, evitando los enormes daños personales, familiares e institucionales asociados a la temporalidad, así
como el actual sistema de dilatados y conflictivos concursos-oposiciones masivos y de periodicidad errática, con correlato de empleo precario y arbitrariedad local en las coberturas temporales.
8.2. Introducir la posibilidad de fórmulas contractuales y retributivas orientadas a hacer atractivo el ejercicio profesional en las zonas rurales y otros puestos de difícil cobertura, teniendo en cuenta que la retribución económica es solo
un elemento de la compensación de los profesionales, y posibilitando que las organizaciones sanitarias tengan margen operativo para promover políticas de personal.
8.3. Establecer instrumentos de gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios, garanticen un nivel de vida digno, fomenten su participación en las decisiones y
faciliten su identificación con los objetivos estratégicos de los servicios autonómicos y los establecimientos de salud.
8.4. Establecer los mecanismos e incentivos necesarios para recuperar a muchos profesionales sanitarios que emigraron durante los años de la crisis económica, así como para facilitar la movilidad y la promoción de los profesionales
sanitarios entre los distintos servicios autonómicos de salud.
8.5. Aplicar fórmulas de incorporación similares a las de los clínicos para los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública y otros profesionales de las administraciones central y autonómica para hacer más atractivo el trabajo y la
carrera profesional en salud pública, en epidemiología, salud laboral, sanidad ambiental, etc.
8.6. Eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral.
9. De acuerdo con las comunidades autónomas, poner en marcha un plan de recursos humanos, cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo, así como desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales dentro del marco de
diálogo normativamente establecido, todo ello teniendo en cuenta incentivos al ejercicio de las profesiones sanitarias en el ámbito rural.
10. Impulsar políticas de planificación y desarrollo profesional en el Sistema Nacional de Salud para su implementación por parte de las autoridades competentes.
10.1. Trabajar de forma continuada y conjunta entre las autoridades de salud y las autoridades educativas para planificar las formaciones de pregrado, posgrado y continuada de los profesionales sanitarios de forma integrada de modo que se
puedan atender las necesidades cuantitativas y cualitativas del sistema de salud de forma planificada evitando de ese modo desajustes y 'cuellos de botella' entre la oferta y la demanda.
10.2. Regular e incentivar la formación continuada de los profesionales sanitarios durante toda su vida profesional. Ello es una garantía inexcusable de la calidad y la seguridad asistenciales, por lo que la formación continuada debe
fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias. En este propósito ha de contarse con la participación de las universidades y los colegios profesionales.
10.3. Revisar el número y el tipo de profesionales que configuran las actuales plantillas de los establecimientos de salud con vistas a revisar su adecuación a las necesidades actuales y previsibles en el mediano plazo de acuerdo con los
horizontes demográficos y poblacionales, y las necesidades y demandas sanitarias de la sociedad, con particular atención a las dotaciones del personal de Salud Pública de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y consensuando los
ratios en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España. Aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos/as y enfermeros/as por habitante de los países desarrollados.
Se debe llevar a cabo una planificación a medio plazo sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria basadas en indicadores de la población (envejecimiento, ruralidad, vulnerabilidad social y económica, dispersión, etc.). Es necesaria
una política de recursos humanos que establezca objetivos a medio y largo plazo del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las comunidades
autónomas en el ámbito de sus competencias. En Atención Familiar y Comunitaria habrá que tener en cuenta el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria consensuado con las comunidades autónomas en abril de 2019 entre ellos,
aspectos como cobertura de zonas de difícil acceso, retribuciones, acceso a la especialidad vía MIR y número de plazas necesarias (médicos, enfermeras...).
10.4. Impulsar políticas activas en pro de la igualdad de género y de la conciliación de la vida laboral y personal, tanto en los niveles directivos de los centros y establecimientos sanitarios como de los niveles de dirección de los
servicios autonómicos, consejerías y Ministerio de Sanidad, para revertir una situación según la cual la gran mayoría de profesionales y trabajadores de la salud son mujeres y la gran mayoría de los decisores políticos y gerenciales son hombres.
10.5. Reforzar los pilares del compromiso ético y el profesionalismo de los profesionales sanitarios: primacía del bienestar y la seguridad del paciente, su autonomía y la obligación que corresponde a los profesionales de contribuir a una
distribución justa de los recursos disponibles y del bienestar, impidiendo al mismo tiempo la discriminación, los conflictos de intereses y otros comportamientos inapropiados.
10.6. Seguir desarrollando la Ley 44/2003 de 2 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias para favorecer la permeabilidad de la relación entre especialidades tanto médicas como de enfermería, evitando el crecimiento de
compartimentos estancos, promoviendo de forma decidida las áreas de capacitación específica, con las pasarelas necesarias que permitan la permeabilidad entre las áreas específicas con las especialidades que han sido su origen y la cooperación entre
las especialidades.
11. En colaboración con las comunidades autónomas, poner en marcha un Plan de recuperación por síndrome de 'burnout' o síndrome de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, tras la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
12. En colaboración con las comunidades autónomas, poner en marcha un Plan de formación en gestión y atención en epidemias -específicamente COVID-19. a equipos sanitarios.
13. Aumentar el número de plazas de formación sanitaria especializada en los territorios que así lo requieran.
14. Establecer planes estratégicos de gestión del personal que permitan reforzar las plantillas en momentos de máxima tensión del sistema asistencial.
TEMA 3. ATENCIÓN PRIMARIA Y DE SALUD
Propuestas de Resolución:
15. Necesitamos una Atención Primaria estable, firme y robusta, una salud familiar y comunitaria clave en esta nueva situación y una salud pública potente que afronte las directrices y asesore las decisiones de las administraciones
públicas.
16. Reforzar con carácter urgente a la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al COVID-19. La Atención Primaria precisa una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también
tecnológicos. Ubicar una parte operativa del llamado 'rastreo' de contactos en la primaria es lo más eficiente, porque por su capilaridad llega a todos los rincones de España, y porque su componente comunitario les permite activar la intervención
en domicilios, empresas, colegios y residencias. Este incremento de recursos debería conceptualizarse como una inversión y reforzamiento para capitalizar establemente las funciones poco desarrolladas, como la atención domiciliaria y el componente
comunitario de la Atención Primaria.
17. Desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La Atención Primaria por su función básica en el Sistema Nacional de Salud tiene que tener todos los medios humanos y materiales necesarios para hacer sostenible el Sistema Sanitario.
17.1. Reforzar la oficina de Atención Primaria en el Ministerio de Sanidad para el seguimiento del desarrollo de la Atención Primaria, en colaboración con un Grupo de Trabajo de Atención Primaria vinculado al Consejo Interterritorial, que
sirva de referencia para el conjunto del Sistema Nacional de Salud con el propósito de liderar, acompañar y evaluar la implementación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, así como los cambios, innovaciones y resultados de
este nivel de atención.
17.2. Acordar a nivel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud objetivos e indicadores comunes de servicios en Atención Primaria que tengan en cuenta las particularidades de cada territorio, y sirvan tanto para organizar
los recursos necesarios como para la rendición de cuentas y la evaluación.
18. Reforzar los recursos de la Atención Primaria de Salud como pilar esencial del Sistema Nacional de Salud.
18.1. Incrementar los recursos dedicados a Atención Primaria de modo que se cubran adecuadamente los objetivos asistenciales, tanto los que corresponden habitualmente a este nivel de asistencia, como las nuevas necesidades derivadas de la
pandemia del COVID-19.
18.2. Impulsar en cada comunidad autónoma un Plan Estratégico de Atención Primaria, con objetivos de corto y mediano plazo en provisión de servicios y resultados en salud, que permita planificar los recursos humanos y materiales necesarios,
dotarlos adecuadamente, así como reorganizar los servicios dotando de un nivel adecuado de autonomía a profesionales, equipos y centros.
18.3. Dar un gran impulso a la Enfermería Familiar-Comunitaria para incrementar los cuidados sanitarios de atención domiciliaria sobre todo en la atención a pacientes crónicos, convalecientes, encamados, ancianos frágiles, situaciones de
postparto, y pacientes con necesidades especiales, en coordinación con los cuidadores familiares, con los equipos de enfermería hospitalaria y con los Servicios Sociales, y muy especialmente para cubrir adecuadamente las necesidades de atención en
las residencias sociosanitarias.
18.4. Optimizar el valor del Trabajo Social en salud, a fin de cubrir su objetivo (facilitar una buena salud, prevenir la enfermedad y ayudar a los enfermos y a sus familias a resolver los problemas sociales y psicosociales relacionados con
la enfermedad). El Trabajo Social en salud persigue detectar y dar cobertura a los condicionantes sociales que afectan al estado de la salud. Es una profesión que facilita la continuidad asistencial sociosanitaria con mecanismos de coordinación
con los Servicios Sociales para garantizar dicha continuidad.
18.5. Ampliar los ratios de trabajadores sociales por centro de salud.
18.6. Reforzar la atención fuera de horas y urgente como parte del trabajo de los Equipos de Atención Primaria. La mayoría de las urgencias pueden resolverse en el Centro de Salud, especialmente si es el médico personal el que atiende a
una consulta o una teleconsulta, contribuyendo con ello a la continuidad de la atención, a dotar de recursos adicionales a la Atención Primaria y a un mejor servicio dentro y fuera del horario habitual de los Centros de Salud, descargando con ello a
las urgencias hospitalarias de pacientes que precisan acudir a ellas.
18.7. Desarrollar un Plan urgente de digitalización sanitaria en Atención Primaria, de manera que se incorpore la telemedicina y la atención telefónica al funcionamiento normalizado de los Centros de Salud. La experiencia de atención
telefónica durante la crisis del COVID-19 ha mostrado las ventajas de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y medios de comunicación modernos en la Atención Primaria. Consolidar esta experiencia mejorará la accesibilidad de
los pacientes a sus profesionales y facilitará a estos su trabajo, así como la intercomunicación con otros niveles asistenciales.
18.8. Incrementar la resolutividad de la Atención Primaria, para que a este nivel se pueda resolver la inmensa mayoría de los problemas de salud, facilitando el acceso a pruebas y a consultas con otros médicos de primaria y con los
especialistas, dotando las sustituciones y refuerzos necesarios, incluido el apoyo administrativo y tecnológico, así como medidas para la desburocratización de las consultas. En el contexto de esta pandemia, el acceso a pruebas diagnósticas
(moleculares y serológicas) del SARS-CoV2 es esencial y debe estar garantizada, y los circuitos de remisión deben poder contar con los resultados lo antes posible para iniciar las acciones de control clínico y epidemiológico.
18.9. Reforzar los Equipos de Atención Primaria con personal administrativo con formación sanitaria, por su gran contribución a la desburocratización y agilización de las consultas, a la conexión a distancia entre los centros de salud y las
familias, y a la atención personalizada de los pacientes.
19. Medidas para abordar la precariedad laboral y cubrir puestos poco atractivos.
19.1. Hacer de la estabilidad en el puesto de trabajo un objetivo prioritario de la política de Atención Primaria tanto para atender con continuidad a los pacientes y a las familias como por el trato respetuoso que se merecen los
profesionales sanitarios.
19.2. Dotar plazas estables para la cobertura de bajas y sustituciones médicas y de enfermería para favorecer una buena atención a los pacientes y fidelizar a los profesionales con estabilidad en su contratación.
19.3. Habilitar contratos para cubrir de forma estable y solvente aquellos destinos de Atención Primaria que por diferentes razones son poco atractivos para los profesionales, dotándoles de los incentivos precisos, económicos y
profesionales, por equidad para con la población de estas localidades.
20. Impulso a los servicios de Atención Primaria y Comunitaria.
20.1. Planificar las necesidades de profesionales de los Centros de Salud teniendo en cuenta indicadores de determinantes sociales de la salud de la población: envejecimiento, cronicidad, ruralidad, vulnerabilidad social y económica,
dispersión, desempleo, contaminación, etc., con especial atención a la figura del Trabajador Social.
20.2. Fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración y regulares con Salud Pública, no solo en esta fase de la pandemia, si no de forma estable para (1) incorporar los datos de actividad de la Atención Primaria a la vigilancia
epidemiológica regular y el consiguiente retorno para orientar los protocolos clínicos y (2).para diseñar y realizar actividades de promoción de la salud y de prevención.
20.3. El seguimiento del paciente a lo largo de su vida es uno de los principios en los que se basa la Atención Primaria, manteniendo especial atención a los pacientes crónicos y pluripatológicos. De acuerdo con el Marco Estratégico para
la Atención Primaria y Comunitaria, consensuado con las comunidades autónomas en abril de 2019 las actividades preventivas, de detección precoz de enfermedades, seguimiento y control de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y declaración de
enfermedades deben ser especialmente tratados dado el gran impacto que tiene sobre la salud de la población.
20.4. Hay que reforzar la Estrategia de Cronicidad, que contemple el diseño y la utilización de protocolos normalizados de los procesos de atención, disponibilidad de tecnologías para la monitorización a domicilio, el seguimiento por parte
de la enfermería en los domicilios para fomentar los auto cuidados y las medidas higiénico-sanitarias, las e-consultas, el diálogo Web, etc., de acuerdo con el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, consensuado con las
comunidades autónomas en abril de 2019. Todo ello contribuye de forma incuestionable a mejorar la coordinación y, en consecuencia, la atención sanitaria de los pacientes crónicos por parte de los profesionales de Atención Primaria.
20.5. Desarrollar adecuadamente la Salud Mental Comunitaria.
21. Reordenar la Atención Primaria para atender los centros sociosanitarios y para una mejor coordinación con los servicios sociales.
21.1. Dotar a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las necesidades de los residentes en estos centros ha de ser una prioridad. Esta propuesta reconoce que el derecho
de los residentes en estos centros a la cobertura integral por el Sistema Nacional de Salud, adecuados a sus necesidades específicas, así como la deuda que la sociedad ha contraído con ellos en los meses pasados.
21.2. Diseñar e implementar protocolos de coordinación y planes de contingencia entre la Atención Primaria y los servicios sociales generales (Atención Primaria) y especializados (Residencias de Personas Mayores) para una correcta atención
a la población residente en centros sociosanitarios y otros grupos de especial vulnerabilidad para responder con agilidad y eficacia a sus necesidades tanto en las próximas etapas de la pandemia, como otro tipo de necesidades sanitarias, tanto en el
domicilio como en los centros residenciales.
TEMA 4. SALUD PÚBLICA
Propuestas de Resolución:
22. Desarrollar e implementar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
22.1. Cumplir en su integridad la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública realizando con urgencia una evaluación de su implementación hasta la fecha, con recomendaciones concretas para su desarrollo y cumplimiento, así como,
en su caso, para actualizar su contenido a la realidad actual en lo que sea necesario.
22.2. Reforzar, en coordinación con las comunidades autónomas, la Red de Vigilancia en Salud Pública, implementando con urgencia las mejoras que sean precisas para dotar a la vigilancia epidemiológica de instrumentos y tecnologías que
faciliten sistemas de alerta precoz y respuesta rápida, con un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día. El sector privado y otros sectores como el social y el socio-sanitario también deberán ser parte de esa red de
vigilancia en Salud Pública (residencias, centros de salud y hospitales privados...)
22.3. Desarrollar en coordinación con las comunidades autónomas un diálogo bioético sobre los límites en el uso de la tecnología en cuestiones referentes a los derechos básicos.
23. Desarrollar con urgencia un Plan de Emergencias de Salud Pública frente a epidemias y otras crisis sanitarias, incorporando los principios y las experiencias más actuales en preparación de emergencias de salud pública, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública.
23.1. Elaborar una normativa para atender diferentes situaciones de emergencias de salud pública y sanitarias, por ser un componente esencial de la preparación para estas situaciones, para contar con la infraestructura necesaria para
detectar, prevenir y abordar las emergencias.
23.2. Incorporar la seguridad sanitaria como parte de la seguridad nacional, involucrando a todos las administraciones y autoridades implicadas (sanitarias, de defensa, económicas, de protección civil, transportes, etc.).
23.3. Organizar una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, equipos de protección individual, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de unidad de cuidados
intensivos, respiradores automáticos, etc.), distribuido por el territorio, en coordinación con las comunidades autónomas para prevenir su caducidad, incorporando su utilización y reposición al funcionamiento regular de los servicios sanitarios.
Priorizar la compra a fabricantes españoles y coordinar la creación de esta reserva con el impulso público al levantamiento de la capacidad industrial local que nos permita fabricar estos materiales a alto ritmo en situaciones de emergencia.
23.4. Crear Equipos de Respuesta Rápida y planificar las necesidades de personal requerido en el Plan de Emergencias preparando su formación, organización y entrenamiento periódico, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 33/2011 de 4 de
octubre, General de Salud Pública sobre el establecimiento de una red de profesionales sanitarios y equipos que estén en disposición inmediata para actuar en emergencias sanitarias nacionales e internacionales.
24. Fortalecer las estructuras y los servicios de Salud Pública tanto a nivel central como en las comunidades autónomas.
24.1. Dotar al Ministerio de Sanidad de todos los medios necesarios para que la unidad directiva responsable de la Salud Pública y todas y cada una de sus dependencias, especialmente puedan contar con el personal altamente cualificado que
precisan.
24.2. Reforzar el nombramiento de los responsables máximos de salud pública a nivel central y autonómico, en tanto que máxima autoridad sanitaria profesional, con un estatus de especial protección de su independencia científico-profesional.
24.3. Desarrollar a nivel de las comunidades autónomas estructuras de salud pública tanto en el nivel central, como descentralizadamente en el territorio (Áreas Sanitarias), dotadas de los medios humanos, tecnológicos y los recursos
presupuestarios necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones, tanto de vigilancia epidemiológica, como de manejo de los sistemas de información y de protección y promoción de la salud.
25. Reforzar la presencia de la salud pública española en las organizaciones internacionales.
25.1. Incluir la 'diplomacia sanitaria' es decir, los temas de salud como un área prioritaria en las orientaciones que informan la política exterior de España por su repercusión en múltiples ámbitos de la sanidad española (patentes de
medicamentos, reglamento sanitario internacional, migraciones de profesionales, medio ambiente, higiene y seguridad de los alimentos, etc.).
25.2. Reforzar la representación de España en todos los organismos internacionales de salud contando para ello tanto con personal de la Administración General del Estado, como de las comunidades autónomas, las universidades y de centros de
investigación.
25.3. Estudiar la inclusión de expertos en política sanitaria y salud pública como Consejeros en aquellas Embajadas de España donde sea importante la actividad de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios como
Naciones Unidas (Ginebra, Global Alliance for Vaccines and Immunisation) o en capitales especialmente relevantes como Washington y Pekín.
25.4. Reforzar la cooperación sanitaria internacional de España, para fortalecer los sistemas de salud y prevenir epidemias en los países en desarrollo.
25.5. Adoptar medidas para mejorar la respuesta dada desde organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, European Centre for Disease Prevention and Control, ...) en futuras crisis sanitarias.
26. Impulsar la formación de especialistas altamente cualificados en Salud Pública, así como la investigación en este campo.
26.1. Impulsar el desarrollo de capital científico-profesional en salud pública, fortaleciendo la Escuela Nacional de Sanidad y otras Escuelas en las comunidades autónomas para la formación e investigación avanzadas en epidemiología,
promoción de la salud, prevención, sanidad ambiental y ocupacional, economía de la salud, gestión sanitaria, etc., teniendo en cuenta la naturaleza interdisciplinar de la salud pública, así como otros centros formativos y universidades.
26.2. Reintroducir el Programa de Epidemiologia Aplicada de Campo, en colaboración con las comunidades autónomas para que esté incluido en la carrera profesional de los especialistas en salud pública que desarrollan su trabajo en las
diferentes administraciones sanitarias.
26.3. Incentivar las vocaciones profesionales a la salud pública con unas fórmulas de contratación y retribución similares a los de los clínicos (régimen estatutario).
26.4. Promover la investigación aplicada a la política y a la práctica de la Salud Pública, en igualdad de condiciones a la investigación clínica y básica biomédica.
27. Avanzar en un Sistema de Información en Salud Pública incardinado en una Red Europea, que facilitará el funcionamiento de un sistema de indicadores relevantes de salud, datos estadísticos y de recursos sanitarios de emergencia. Todas
las administraciones, centros, servicios y establecimientos tanto del sector público como del privado, así como las personas que desempeñen en ellos su labor, estarán obligados a facilitar la información solicitada por este Sistema de Información en
Salud Pública, así como a adaptar sus sistemas de información y registros a los formatos y formas que permitan su tratamiento adecuado.
28. Actualizar la Estrategia Nacional de Equidad en Salud.
29. Aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
30. Garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de Sanidad.
31. Elaborar, junto con las comunidades autónomas, planes de contingencia para establecimientos sanitarios y sociosanitarios.
32. Crear una verdadera red de laboratorios de microbiología que, junto con el Centro Nacional de Microbiología, funcionen en red y den capacidad de respuesta rápida y coordinada.
33. Se potenciarán los programas y actividades de formación e información a los ciudadanos para mejorar la prevención de enfermedades y los hábitos de vida saludables, así como la vacunación según el calendario vacunal que será objeto de
periódicas revisiones.
34. Preparar del sistema sanitario para las campañas de vacunación mediante la adquisición del material de inyección necesario y soluciones digitales para la identificación y registro de los pacientes vacunados, teniendo en cuenta que la
adquisición del material necesario es competencia autonómica.
TEMA 5. INVESTIGACIÓN I+D+i, FÁRMACOS Y VACUNAS
Propuestas de Resolución:
35. Impulsar la I+D+i en salud, incrementando los recursos y favoreciendo su utilización ágil y eficaz.
35.1. Incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años hasta el 2%. del PIB, de forma que el sistema de I+D+i biosanitario lo vaya absorbiendo paulatinamente. Vertebrar toda la coordinación del presupuesto de
investigación biomédica y en general de la I+D+i en salud a través del
Instituto de Salud Carlos III, en cooperación con los sistemas de I+D+i biosanitarios de las comunidades autónomas, de los centros dependientes de los sistemas sanitarios.
35.2. Incrementar los presupuestos dedicados a los proyectos de investigación en salud. Estos se deben articular en torno a las causas más importantes de morbimortalidad en la población española y responder a hipótesis relevantes de
investigación para el Sistema Nacional de Salud.
Promover la investigación en atención primaria y en cuidados de salud (investigación en enfermería), sin olvidar la investigación básica y sin dejar desatendida ningún área y en particular aquellas que no resultan tan interesantes para el
sector privado como por ejemplo en las enfermedades raras.
35.3. Reforzar los instrumentos de investigación traslacional en salud constituidos sobre las áreas más prevalentes de enfermedad y prevención, a fin de promover la transferencia de los resultados de investigación científica a la práctica
clínica a través de: a) Institutos de Investigación Sanitaria, que se nuclean alrededor de los grandes hospitales universitarios en cooperación con las universidades, y otros centros públicos de investigación; b) estructuras estables de
investigación cooperativa, que están constituidas por grupos de investigación básico-traslacional y grupos de investigación clínica y en salud pública y servicios de salud, dotados de personalidad jurídica propia (Centros de Investigación Biomédica
en Red-CIBER), o coordinados (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa-RETICS), con evaluaciones sobre el funcionamiento de dichos instrumentos para garantizar que son sumatorios o adicionales y c) dotaciones para la revisión y evaluación de la
evidencia científica nacional e internacional disponible para la toma de decisiones en el campo de la salud pública.
35.4. Dotar de financiación estructural a los Institutos de Investigación Sanitaria en un sistema que resulte de la cofinanciación con las comunidades autónomas, para que posean suficiencia financiera en el sostenimiento de su estructura
científica y de gestión.
35.5. Consolidar la convocatoria de ensayos clínicos no comerciales, incrementando su dotación, que actualmente realiza el Instituto de Salud Carlos III. Estructurar el apoyo a la investigación clínica independiente a través de la
plataforma de ensayos clínicos (SCReN) financiada por el Instituto de Salud Carlos III y otros que pudieran realizarse por las distintas comunidades autónomas.
35.6. Facilitar, en cooperación con las comunidades autónomas, las tareas de gestión de la investigación a través de las fundaciones de investigación biomédica que gestionan la investigación en los centros del Sistema Nacional de Salud.
Minimizar las barreras y trabas administrativas en su gestión.
35.7. Refuerzo del Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud y la Estrategia de Medicina Personalizada o de Precisión para garantizar la equidad en el acceso a la innovación, impulsar la investigación
pública y la fabricación de los nuevos medicamentos CART de conformidad con la normativa comunitaria y española en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad y la accesibilidad de los
pacientes.
36. Reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica biotecnológica y otras que ofrezcan soluciones basadas en evidencias científicas contrastadas.
36.1. Crear a través del Instituto de Salud Carlos III una plataforma de vacunas, que asocie a los principales grupos de investigación del Sistema Nacional de Salud, las universidades, las OPI y la industria farmacéutica y biotecnológica,
en un esquema de colaboración público-privada.
36.2. Fomentar los ensayos clínicos en el Sistema Nacional de Salud, tanto a nivel estatal como autonómico, reforzando la cooperación existente con la industria farmacéutica y otras industrias para (1) tratar de acortar los tiempos de
ejecución de los contratos y favorecer el reclutamiento de pacientes en los centros del Sistema Nacional de Salud, (2) implicar eficazmente con transparencia y rendición de cuentas a profesionales y centros sanitarios.
36.3. Fomentar la innovación en procesos, productos y servicios, junto con la industria farmacéutica, biotecnológica, industria de tecnologías médicas, sanitarias y otras, a través de las distintas plataformas de innovación en tecnologías
médicas y sanitarias del Instituto de Salud Carlos III (ITEMAS) y otros institutos y laboratorios tanto estatales como de comunidades autónomas.
37. Reforzar las capacidades científicas y de investigación de los centros del Sistema Nacional de Salud integrando a científicos en sus plantillas.
37.1. Incrementar los recursos humanos en investigación en salud a través de las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III tanto en el eje básico-traslacional (contratos predoctorales PFIS, postdoctorales
Sara Borrell y contratos de investigadores Miguel Servet), como en el eje clínico (contratos post-FSE Río Hortega y contratos Juan Rodés para especialistas-investigadores).
37.2. Establecer junto con las comunidades autónomas una carrera profesional para los investigadores en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el eje básico-traslacional como en el eje clínico. Consolidar un sistema de cofinanciación y de
estabilidad para los tramos finales de dichas carreras (contratos Miguel Servet y Juan Rodés).
37.3. Promover el tiempo protegido para la investigación para aquellos profesionales sanitarios que tienen que simultanear actividades asistenciales con las de investigación. Utilizar los programas de intensificación de la actividad
investigadora del Instituto de Salud Carlos III y de las comunidades autónomas para la liberación parcial de las tareas asistenciales con el objetivo de poder desarrollar los proyectos de investigación.
37.4. Establecer un programa de consolidación de los investigadores contratados a través de los programas Miguel Servet y Juan Rodés en el Sistema Nacional de Salud, en cooperación con las comunidades autónomas, organizaciones que
representen al sector y las fundaciones del Sistema Nacional de Salud. Establecer en la nueva legislación laboral las particularidades de la contratación en la investigación, de forma que les sea aplicable una normativa específica, y no solo las
modalidades contractuales de la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y del actual Real Decreto-ley 2/2015 de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
37.5. Extender la categoría estatutaria de 'Facultativo Especialista Investigador' (ya incorporada al catálogo estatal de categorías estatutarias del Sistema Nacional de Salud, Orden SSI/2420/2015 de 11 de noviembre, por la que se actualiza
el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud por la administración del País Vasco, donde ha sido empleada para la estabilización de los investigadores hospitalarios), para
que se pueda usar por todas las comunidades autónomas.
37.6. Dotar y convocar las plazas estatutarias, en esta categoría y en las correspondientes que ya existen para titulaciones (técnico de laboratorio, etc.) para incorporar al personal investigador estable en las plantillas de los centros
del Sistema Nacional de Salud.
38. Integrar los principales retos en Salud que deben ser abordados a través de la ciencia, la tecnología y la innovación en España siguiendo las líneas marcadas en Horizonte Europa (Cluster Health), en el marco del diseño del Plan Estatal
de I+D+i, y en particular de la Acción Estratégica en Salud, así como de los planes de I+D+i de las comunidades autónomas identificando aquellas áreas y subáreas que nuestro país deba atender con mayor intensidad por sus necesidades específicas, sus
capacidades, y/o inadecuada financiación previa.
39. El COVID-19 ha supuesto un reto epidemiológico para las estructuras de salud pública pero también un reto para la medicina clínica. Desconocemos la evolución a largo plazo de la enfermedad, particularmente para los casos más graves.
Se considera imprescindible hacer un seguimiento de seroprevalencia a la cohorte de pacientes del Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid), durante un tiempo determinado, para generar conocimiento.
40. Con el fin de acelerar el desarrollo, fabricación y despliegue de vacunas contra el COVID-19 España ha de contar con una Estrategia de Vacunas en coordinación con Europa.
41. Las administraciones autonómicas habrían de afrontar un plan renove para no incurrir en los riesgos y problemas de la obsolescencia tecnológica.
TEMA 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Propuestas de Resolución:
42. En la Sanidad del Siglo XXI es imprescindible la transformación digital, la inteligencia artificial, el Big Data, la telemedicina o la medicina personalizada de precisión. Hace falta definir e impulsar una Estrategia de Transformación
Digital con objetivos a medio y largo plazo.
42.1. La Estrategia se desarrollará en coordinación y colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, de la manera más abierta, transparente y participativa posible, en coordinación con las comunidades autónomas y
con la participación de los sectores y actores implicados, teniendo en cuenta de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, el empoderamiento de la ciudadanía.
42.2. El objetivo de la Estrategia es mejorar la capacidad de respuesta del Sistema sanitario, asegurando su adecuación a las necesidades existentes, a los medios disponibles y a las expectativas sociales. La Estrategia debe dar servicio a
una sociedad cada vez más conectada digitalmente y debe sustentarse en la capacidad transformadora de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como elemento de desarrollo sin precedentes de las competencias personales, profesionales y
sociales en materia de salud, sobre la base del dimensionamiento adecuado de los servicios de información y la capacitación competencial profesional.
42.3. Para llevar a cabo esta transformación, se priorizarán soluciones de software libre y código abierto, garantizando la soberanía tecnológica desde lo público, evitando situar en manos privadas infraestructuras digitales estratégicas y
protegiendo al máximo los datos sanitarios de los ciudadanos y su privacidad.
43. La Estrategia contendrá, al menos, los siguientes elementos:
- Situación actual del desarrollo digital del sistema sanitario en España.
- Identificación de los principales problemas del sistema sanitario donde las tecnologías digitales pueden aportar valor.
- Identificación de los principales ámbitos de actuación para impulsar la transformación digital del sistema sanitario español.
- Actuaciones concretas a desarrollar, indicando responsabilidades, presupuestos y calendarios de actuación.
- Información del sistema social.
- Estructura de gobernanza y marcos de cooperación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional de Salud de los Servicios Autonómicos de Salud entre sí y con el Ministerio de Sanidad, planteando una estructura en red sobre la base de
la interoperabilidad y la cooperación sobre proyectos concretos e incardinado en Europa.
44. Crear una unidad directiva de alto nivel dependiente del Ministerio de Sanidad para liderar la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud, para coordinar la elaboración y el seguimiento posterior de la Estrategia Nacional
para la Transformación Digital de la Sanidad se requiere de la creación de una organización diferenciada, con el conocimiento sectorial específico y la capacidad suficiente para desarrollar sus funciones en colaboración con otras organizaciones y
estructuras públicas de la Administración central y con las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
44.1. Realizar el seguimiento de las soluciones Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al entorno sanitario, tanto en España como en otros países, para incorporar las innovaciones e impulsar y evaluar experiencias piloto.
44.2. Realizar el inventario y evaluación periódica de los activos y capacidades sanitarias Tecnologías de la Información y la Comunicación del Sistema Nacional de Salud para difundir experiencias exitosas de los servicios autonómicos de
salud y de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
44.3. Es imprescindible optimizar la historia clínica digital, el portal del paciente, la e-consulta, la telederma, la tele formación, la tele asistencia domiciliaria, la relación con la Atención Primaria y con los Centros sociosanitarios.
Por ello es necesario garantizar el acceso a estos servicios, respetando el principio de equidad y el de cohesión solidaria entre los Servicios Autonómicos de Salud.
Se asegurará el acceso a la información clínica de los pacientes en todo el Estado, con el objetivo de optimizar recursos, incrementar la calidad de la atención al paciente y hacer frente a la gran movilidad de nuestra sociedad.
TEMA 7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES
Propuestas de Resolución:
45. Elaborar planes de contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes derivados de la expansión del virus SARS-CoV 2 u otras circunstancias similares, con el objetivo de organizar y planificar con antelación las
actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas institucionalizadas en centros residenciales. En dichos planes de contingencia, se establecerá
como principio la derivación de los residentes al Sistema Nacional de Salud, ante la necesidad de una atención más especializada.
46. Tomar con urgencia las medidas precisas para que los servicios de Atención Primaria, atiendan plenamente a todas las personas que viven en centros residenciales, adaptando la organización y prestación de la atención médica y de
enfermería a las necesidades y circunstancias de las personas en cada tipo de residencia.
47. Reforzar todo lo que sea preciso los servicios de enfermería de Atención Primaria para prestar en las residencias los cuidados domiciliarios que precisen las personas que viven en los centros residenciales.
48. Establecer la correcta coordinación con la atención sanitaria primaria y hospitalaria con los centros residenciales, para garantizar el derecho de las personas mayores y de las personas institucionalizadas en centros residenciales a la
protección de su salud y a la atención sanitaria que, por la legislación respectiva de cada comunidad autónoma, son reconocidos como establecimientos de carácter social que ofrecen alojamiento, convivencia y atención social.
49. Reforzar los mecanismos de coordinación entre atención primaria, hospitalaria, dispositivos de urgencia, Salud Pública, los servicios sociales de atención primaria y los centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de
cuidados integrales e integrados en una red de atención sociosanitaria.
50. Desarrollar en todas las comunidades autónomas una red de hospitales de media y larga estancia como sistema de apoyo a los servicios de Atención Primaria en los centros residenciales.
51. Revisar y armonizar en el seno del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España, la normativa por la que se establecen órganos de planificación y apoyo de la atención y coordinación sociosanitaria, para analizar si
está produciendo una correcta coordinación por parte de las Administraciones públicas, que garantice la continuidad del servicio, identificando con claridad las funciones de cada administración implicada.
52. Crear un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social de atención a la dependencia, encargado de: A) planificar de forma conjunta los cuidados de larga duración, B) establecer un sistema integrado de información, C)
velar por la calidad de las prestaciones y D) definir los protocolos a seguir en caso de crisis sanitarias como la actual. Y para todo ello, identificar un equipo gestor de seguimiento de los programas de la atención en las residencias que aseguren
la atención a la cronicidad según situación clínica y la eficaz coordinación con los servicios sociales de atención a la dependencia en las residencias.
53. Facilitar la permanencia en el hogar cuando así lo desee la persona. Establecer protocolos que garanticen la atención integral e integrada de ambos sistemas, social y sanitario en el domicilio, compartiendo los sistemas de información
y la introducción de la teleasistencia avanzada, y reforzando el papel de los centros de día, entre otros.
TEMA 8. POLÍTICA FARMACÉUTICA, INDUSTRIA BIOSANITARIA Y RESERVA ESTRATÉGICA
Propuestas de Resolución:
54. Estudiar la implementación de las medidas propuestas en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Evaluación del gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica (junio 2019). Se trata
de 18 medidas que implican al Ministerio de Sanidad (12), a las comunidades autónomas (4), a las farmacias (1) y a los pacientes (1).
55. Reforzar los componentes básicos de la política farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
55.1. Evaluación rigurosa y control de la eficacia, seguridad, calidad e información de los medicamentos por las agencias reguladoras europea y española.
55.2. Evaluación de la eficiencia.
55.3. Programas de uso racional de los medicamentos, que abarquen la prescripción por los médicos, la atención farmacéutica y el consumo responsable por los pacientes, incluida la observancia o adherencia a los tratamientos.
55.4. Regulación selectiva de la inclusión de los medicamentos en la financiación pública.
55.5. Una activa política de genéricos y biosimilares.
55.6. Sistemas de intervención de precios y programas de compras públicas bien diseñados. Avanzar en los mecanismos de compra centralizada de fármacos a nivel estatal y europeo para tener mejor posición negociadora frente a las
farmacéuticas.
55.7. Eliminación de los copagos.
55.8. Fomento y mantenimiento de los incentivos a la innovación.
55.9. Actuaciones de colaboración con la Agencia Europea del Medicamento y otras instituciones europeas para lograr medicamentos asequibles y seguros.
55.10. Legislar para aumentar la transparencia en el desarrollo y producción de fármacos, de forma que las administraciones puedan detectar sobreprecios abusivos.
56. Uso racional de medicamentos.
56.1. Mejorar la formación y la información farmacológica de los profesionales sanitarios, para una prescripción segura, eficaz y efectiva, juntamente con proyectos de mejora de la educación sobre medicamentos de la ciudadanía y otros
dirigidos al uso racional de medicamentos por la población anciana polimedicalizada.
56.2. Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades
de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria.
56.3. Promover la revisión la de sobre-medicación y estimular el hábito de de-prescripción.
56.4. Evaluación y control por la autoridad sanitaria de la publicidad de medicamentos dirigida al gran público, así como de medicamentos, alimentos, complementos nutritivos, 'remedios' y presuntos medicamentos (incluidos homeopáticos).
56.5. Impulsar los planes y actuaciones de Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
56.6. Desarrollar una política activa para el uso adecuado de antibióticos en España, que incluya monitorización de sus efectos, prevención de las resistencias microbianas a antibióticos y proyectos de racionalización, así como políticas de
lucha contra las infecciones hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud. A estos efectos, se impulsará la elaboración de un nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2025 que tenga expresamente en cuenta la
incidencia causada por la mayor exposición a los antibióticos por el COVID-19.
56.7. Desarrollar políticas activas para el uso racional de medicamentos psicotrópicos, medicamentos oncológicos e innovaciones terapéuticas.
56.8. Impulsar buenas prácticas en farmacia comunitaria y el desarrollo del papel asistencial y sanitario del farmacéutico, en coordinación con los profesionales de Atención Primaria.
57. Innovación y viabilidad. Financiación y precios de los medicamentos. Evaluación económica.
57.1. Acordar una estrategia para compatibilizar el acceso de los pacientes a innovaciones terapéuticas disruptivas (alta efectividad, alto coste) con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
57.2. Desarrollar un proyecto para la implantación sistemática por el Ministerio de Sanidad de la evaluación económica de medicamentos, con el fin de fundamentar sus decisiones sobre financiación pública y control de precios.
57.3. Poner en marcha una red nacional de evaluación de medicamentos, en coordinación con las comunidades autónomas.
57.4. Evaluación periódica de las decisiones de inclusión y exclusión de medicamentos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
57.5. Evaluación periódica de la política de intervención de los precios. Criterios utilizados y resultados de la actividad de la Comisión Interministerial de Precios, incluyendo información detallada sobre compromisos confidenciales con
las empresas farmacéuticas.
58. Asegurar la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos prescritos de forma adecuada.
58.1. Garantizar la independencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con financiación desde el Presupuesto y no a partir de los pagos de la industria. Prevenir y evitar los conflictos de interés y las llamadas
'puertas giratorias'. Promover la misma independencia para la Agencia Europea del Medicamento. Desde una Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios independiente, revisar todos los medicamentos autorizados, manteniendo la autorización
solo a los realmente eficaces y más seguros.
58.2. Establecer un formulario nacional de medicamentos cubiertos por la sanidad pública incluyendo los más seguros, eficaces y menos costosos, cuando haya varias opciones disponibles.
58.3. Monitorizar la falta de acceso a medicamentos: elaboración de un Informe anual de seguimiento.
58.4. Llevar a cabo el seguimiento de los 'desabastecimientos', analizar sus causas y resolver progresivamente este problema que afecta a pacientes y profesionales sanitarios. Elaboración de un Informe anual.
59. Aumentar significativamente la proporción de genéricos y biosimilares, a precios justos.
59.1. Acelerar los procedimientos de autorización de genéricos y biosimilares y la decisión de su financiación y precio.
59.2. Fomentar la utilización de genéricos y biosimilares.
60. Establecer líneas de colaboración con la industria farmacéutica de medicamentos genéricos y la de los biosimilares, así como con el sector de las empresas españolas biotecnológicas y de tecnología sanitaria con el objetivo de favorecer
el autoabastecimiento o reducir cuanto menos la dependencia frente a otros países para garantizar stock de este tipo de productos.
61. Supresión progresiva de la aportación del paciente (copago) a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. El objetivo estratégico es la supresión de los copagos, y en esa perspectiva, mientras subsistan estos, la
política farmacéutica debe:
1. Evitar que los copagos sean barrera económica para la adherencia terapéutica en los grupos con menores rentas, incrementando el número de colectivos exentos de copago farmacéutico, en función de la situación socioeconómica, discapacidad
y otros criterios sanitarios.
2. Impedir que el copago farmacéutico sea un 'coseguro' de los medicamentos de receta ambulatoria del Sistema Nacional de Salud, poniendo topes máximos a los mismos para todos los ciudadanos.
3. Mejorar la equidad de los copagos entre grupos de rentas y necesidades sanitarias similares, iniciando un proceso de igualación de los copagos para similares niveles de renta y necesidad sanitaria, para eliminar progresivamente
diferencias injustificadas entre colectivos.
62. Revisar y actualizar el programa PROFARMA (2017-2020). Es preciso tener en cuenta todas las aportaciones de las compañías con impacto en el empleo (especialmente de alta cualificación), en la producción y exportación y en la I+D y
transferencia tecnológica, sea cual sea la aportación. También primar el apoyo al desarrollo de productos para necesidades consideradas importantes o mal atendidas (por ejemplo, determinadas enfermedades raras).
63. Fomentar la plataforma de compras centralizada de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, gestionada a través del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA).
64. Estimular una mayor presencia de nuevas plantas de fabricación de medicamentos, esencialmente de vacunas, para reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad respecto de otros países.
65. Potenciar con todo tipo de medidas la industria biosanitaria y farmacéutica en España. Desarrollar acuerdos estratégicos con la producción privada nacional para la fabricación de medicamentos o tecnologías esenciales, con precio de
venta según coste.
66. Fortalecer el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la Agencia de Innovación de nuestro país, recuperando la máxima categoría 1 entre las entidades públicas del país, y manteniendo íntegramente sus reglas de
funcionamiento actuales como Entidad Pública Empresarial (EPE).
67. Favorecer la transferencia de conocimiento del sistema público de investigación tanto en el ámbito de los organismos públicos de investigación (OPI) como en los institutos de investigación sanitaria, mediante la propuesta de proyectos
de cooperación de estas instituciones con empresas innovadoras del ámbito de la salud y con otras que pudieran dar servicios al sistema de salud.
68. Definir, con respeto a las competencias de las comunidades autónomas y en coordinación y colaboración con las mismas, un Plan Estratégico Nacional de prevención ante crisis sanitarias, que defina objetivos, gobernanza, coordinación
administrativa, organismos responsables, infraestructuras necesarias, protocolos de actuación, producciones y suministros estratégicos, productos críticos, todo ello en coordinación con las instituciones de la Unión Europea. El Plan Estratégico
debe definir el contenido, regulación y los medios para la provisión de una Reserva Estratégica que garantice el abastecimiento de material sanitario, de protección, productos químicos y sustancias básicas, maquinaria crítica, materias
primas, etc., para posibles futuras pandemias. En consecuencia, una vez aprobado el Plan Estratégico y regulada la Reserva Estratégica, definir los programas necesarios y su presupuesto asociado para el impulso a la fabricación nacional de
equipos y material sanitario u otros productos, así como equipos de protección individual que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con nuevas pandemias.
69. Ante futuras emergencias de salud pública o nuevas ondas epidémicas es necesario establecer una 'Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos', en coordinación con el sector tecnológico sanitario.
70. Incluir en las líneas de ayudas existentes a inversiones industriales relacionadas con el COVID-19 acuerdos de cofinanciación con participación activa del gobierno para empresas con iniciativas para establecer en España la producción de
equipos de tecnología sanitaria, medicamentos, fabricación de equipos de protección individual, mascarillas y productos sanitarios. Impulso a la creación de un clúster nacional que facilite la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y
hospitalarios, y universidades, orientado al desarrollo de capacidades de ingeniería sanitaria y/o equipos de protección individual.
71. Aumentar la capacidad estructural de la investigación clínica, donde España es líder, implementando medidas como el refuerzo a las estructuras de apoyo, el liderazgo de la I+D con financiación y gestión pública o de la cooperación
público-privada que permitirían incrementar notablemente el volumen de recursos destinados a I+D en el corto plazo, atrayendo capital extranjero.
72. Elaboración de un mapa tecnológico de necesidades junto a las comunidades autónomas y poner en marcha un Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria.
TEMA 9. ADECUAR LA FINANCIACIÓN SANITARIA A LAS NECESIDADES REALES
Propuestas de Resolución:
73. Aumentar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud. Con carácter general, aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la
legislatura. Todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa.
73.1. Crear un Fondo de Reconstrucción Sanitaria plurianual, de carácter finalista y condicionado, limitado en el tiempo, dirigido a incentivar el logro de objetivos específicos en distintas materias (interoperabilidad de la historia
clínica electrónica, integración de sistemas de información, dotaciones mínimas de recursos en materia de salud pública, dotaciones mínimas en materia de atención primaria por áreas de salud, articulación de protocolos clínicos de mejora de la
seguridad de los pacientes, entre otras), cuya distribución a partir del segundo año se vincule al cumplimiento de indicadores objetivos y evaluables. Entre las condiciones de este fondo, se incluirá el que se destine exclusivamente a la sanidad
pública de gestión directa.
73.2. Dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria con recursos específicos y significativos para financiar la red de Centros Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), así como para afrontar la reducción de las desigualdades en salud. Incluir
entre los objetivos del Fondo de Cohesión proyectos de co-inversión e innovación para financiar la implantación de mejoras de la cartera de servicios del conjunto del Sistema Nacional de Salud, originadas por cambios científico-técnicos no previstos
(innovaciones diagnósticas, terapéuticas, de cuidados, de organización, etc.), a través de acuerdos plurianuales, donde la financiación central vaya reduciéndose según toma el relevo la autonómica. El Fondo de Cohesión tendrá en cuenta las
especiales características de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con su lejanía, insularidad y doble insularidad.
73.3. Activar el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) como mecanismo de compensación de la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas, para favorecer la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, así como la libertad de
movimientos de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud.
73.4. Establecer un sistema de información adecuado que permita registrar, validar, contabilizar y publicar los resultados de todas las actividades sanitarias recogidas por el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial.
73.5. Incremento significativo de camas hospitalarias de gestión y titularidad pública en todo el país al final de la legislatura; la mayoría de ellas de larga y media estancia.
74. Asegurar una financiación sanitaria, suficiente y equitativa para el Sistema Nacional de Salud.
74.1. Actualizar el sistema de financiación autonómica ofreciendo un marco estable de suficiencia dinámica al Sistema Nacional de Salud, con base en los criterios aprobados en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 solidaridad,
suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos para asegurar una financiación sanitaria suficiente y equitativa para el
Sistema Nacional de Salud.
74.2. Mejorar el cálculo de las necesidades relativas que se emplea en la distribución del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), a partir de un estudio técnico que objetive dichas necesidades.
74.3. Convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfico para abordar las cuestiones derivadas del sistema de financiación autonómica. Incrementar la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria, con el objeto de
atender los objetivos contemplados en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en el Real Decreto que la reglamentó.
74.4. Realizar revisiones periódicas, preferentemente cada dos años, para ajustar los indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.
74.5. Garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales que son competencia de las comunidades autónomas, y particularmente la sanidad, asignándole unos recursos financieramente estables.
75. Crear un nuevo Fondo de Innovación Sanitaria, para financiar entre otras, terapias tuteladas y medicamentos de alto coste.
76. Habilitar, desde el Gobierno, los programas y complementos presupuestarios necesarios para potenciar y acelerar los proyectos de refuerzo propuestos y que obtengan el respaldo de la Unión Europea, por ejemplo un programa colaborativo a
nivel europeo de Reservas Estratégicas de materiales y productos sanitarios.
77. Las propuestas de incremento de financiación que en su caso se aprueben, deberán canalizarse a través de los correspondientes mecanismos de financiación autonómica (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas y régimen foral vasco y navarro).
78. Redistribución equilibrada de los recursos financieros estatales y/o europeos transferidos a las comunidades autónomas para armonizar la inversión sanitaria por habitante y reducir los desequilibrios.
TEMA 10. MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA
Propuestas de Resolución:
79. Crear un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de servicios sanitarios.
79.1. Dotar a las redes y/o centros sanitarios públicos de capacidades para la gestión operativa de su presupuesto, su personal, sus compras y contratos, de manera que se cree un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de
los servicios sanitarios.
79.2. Promover, a criterio de las comunidades autónomas, políticas basadas en Contratos de Gestión, que respondan a las siguientes características:
- Armonizados con los presupuestos del Servicio de Salud.
- Carácter plurianual, para incorporar la dimensión de planificación: cartera de tecnologías y servicios, alianzas, competencias, inversiones, costes directos e inducidos, y evaluación de actividad y resultados.
- Transparencia para conocer y seguir el cumplimiento de coste, actividades y resultados de los centros, servicios y unidades.
79.3. Desarrollar de forma continuada una reingeniería de procesos con el doble objetivo de internalizar y primar el talento y la competencia profesional y desburocratizar y simplificar la gestión de los centros y establecimientos de salud,
eliminando compartimentos estancos y reduciendo drásticamente los trámites administrativos requeridos para prestar los servicios.
80. Planificar una Atención Primaria competente, reforzada, auto-organizada y orientada a la comunidad.
80.1. Reforzar de forma inmediata los centros de salud para apoyar la capacidad de identificar de forma precoz los casos, e investigar los contactos del COVID-19 (establecimiento de un crédito extraordinario con carácter finalista).
80.2. Establecer unos criterios generales de dotación de personal de los Equipos de Atención Primaria favoreciendo la multidisciplinariedad, incorporando el conjunto de funciones que han de desarrollar, e incluyendo el reforzamiento
específico y selectivo de la cobertura de las residencias socio-sanitarias (uso inicial de crédito extraordinario finalista, pero con progresivo relevo por el sistema general de financiación de las comunidades autónomas).
80.3. Restablecer en la Atención Primaria los principios de auto-organización, asunción colectiva de objetivos y responsabilidades y rendición periódica de cuentas.
81. Repensar el modo de relación de los hospitales con los pacientes y sus familiares con base en criterios de humanización, lo que conlleva respeto escrupuloso a los principios de la bioética, a los derechos humanos y las obligaciones
derivadas de los marcos legales vigentes, en particular el derecho a la intimidad, a la información, al consentimiento, a la confidencialidad y al trato digno en todas las fases del proceso asistencial, en particular en las etapas finales de la
vida.
82. Proyectar las experiencias de readaptación de los hospitales al COVID-19 en planes de contingencia o emergencia, para que las infraestructuras, los recursos materiales y humanos y los procedimientos y circuitos administrativos puedan
responder adecuadamente a futuras crisis y elaboración urgente de planes de recuperación de la actividad ordinaria asistencial.
83. Reforzar los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales en todos los niveles asistenciales.
84. Impulsar la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental, que incremente significativamente la inversión, configure un verdadero sistema integral de atención, combata la estigmatización y garantice los derechos de las
personas con problemas de salud mental, con un enfoque de género y derechos humanos, que aborde:
84.1. La aprobación de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud.
84.2. La detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista (TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH), la dislexia o los trastornos de tipo alimentario, entre otros.
84.3. Los medios para la asistencia social integral de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o
intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.
85. Culminar el proceso de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, dando cumplimiento al mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar los servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a la población reclusa.
86. Para lograr que el Sistema Nacional de Salud, que ha sido sometido a una presión sin precedentes, pueda seguir siendo uno de los mejores del mundo y uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar, es necesario llevar a
cabo reformas estructurales además de dotarlo con los recursos necesarios. Este debe ser un compromiso de todos que nadie debe eludir y por eso ahora más que nunca todas las fuerzas políticas deberíamos alcanzar un Pacto de Estado (Pacto Cajal) por
la Sanidad que tendría que dar acogida a las propuestas que aquí aparecen recogidas, siendo el consenso político y social la mejor vía para dar estabilidad a las medidas reformadoras.
87. Garantizar la sostenibilidad de las redes de farmacias, para su labor sanitaria, social y de cohesión territorial.
CONCLUSIONES
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
BLOQUE 1. MODELO PRODUCTIVO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INDUSTRIA, SECTOR PRIMARIO Y OTROS SECTORES ESTRATÉGICOS, LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS PYMES
El modelo productivo español ha registrado importantes cambios en las últimas décadas. Un proceso de apertura internacional e integración europea que han permitido la convergencia con las principales economías de la Unión Europea en
términos de renta per cápita.
Tras un largo ciclo expansivo entre 1994 y 2008 la economía entró en recesión y no sería hasta 2016 que recuperaría el nivel de producción previo a la crisis. Una recesión derivada de la crisis financiera internacional, pero que dejaba al
descubierto los fuertes desequilibrios del ciclo expansivo previo en España. A saber, un elevado sobrendeudamiento privado, en buena parte concentrado en la inversión residencial. Vinculado a ello, una enorme burbuja de crédito financiada por unas
entidades bancarias apalancadas con la captación de pasivos externos, lo que tenía como reflejo un saldo negativo sin precedentes en la balanza por cuenta corriente y en una elevada ratio de deuda externa sobre el PIB.
La crisis a partir de 2009 conllevó un lento proceso de recuperación que ha sido comparativamente más modesto que en ciclos anteriores, aunque superior a las tasas promedio de la eurozona. Pero sobre todo, y hasta la llegada del COVID-19 se
trata de un crecimiento más equilibrado en su composición, impulsado por la demanda interna pero también por la externa; bajos niveles de inflación con recuperación de los salarios reales y creación neta de empleo; saldo acreedor con el resto del
mundo; un sector bancario más saneado y un sector privado no financiero (hogares y empresas) en proceso de desapalancamiento, con una deuda bruta sobre el PIB todavía elevada, sobre todo la de empresas, pero en claro descenso, representando ambos
sectores una deuda bruta conjunta del 152 %.del PIB al tercer trimestre de 2019 (según datos del Banco de España) pero lejos del 204 %. del PIB que sumaban en el mismo período de 2013.
Con todo, la economía española mantiene algunas debilidades estructurales importantes. Entre ellas, destacan:
- Una escasa dotación de capital privado y público.
- Concentración del crecimiento en algunos sectores sobredimensionados, como fue el caso de la construcción en el anterior ciclo expansivo y continúa siendo en algunas actividades del sector servicios.
- Reducido tamaño empresarial, muy concentrado en pymes sin trabajadores y micropymes, que juntas representaban el 93,5. del total de empresas al término del año 2019. Una atomización del tejido empresarial que le hace menos competitivo de
cara a una mayor proyección internacional, al no poder aprovechar los rendimientos crecientes de escala interna.
- Bajo crecimiento de la productividad, que evoluciona de forma anticíclica en nuestro país, aumentando en épocas de recesión a costa de destruir empleo, fruto, entre otras cuestiones, de un tejido productivo con baja intensidad en valor
añadido e I+D+i así como de una escasa inversión en etapas de crecimiento.
- Bajos salarios reales y recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal.
- Elevada dependencia energética externa e intensiva en recursos de origen fósil, contaminante y accesible vía importaciones. Y un coste de la energía superior a la de otros países competidores.
- Escasa inversión en educación, formación continua de la fuerza laboral y elevadas tasas de abandono escolar que redundan en un sector productivo donde la mano de obra poco cualificada es la primera expulsada del mundo laboral.
- Escasa inversión en ciencia e investigación tanto pública como privada. La investigación no ha recuperado aún los niveles máximos pre-crisis, si bien siempre han estado por debajo del promedio UE-28, una divergencia que se ha ampliado.
- Débil inversión pública tanto en términos de PIB como de porcentaje sobre el gasto público total, y que se ha visto reducida especialmente a partir de la crisis de 2008.
- Reducido peso de la industria en la economía, cuya participación en términos de valor añadido bruto con respecto al PIB sigue una tendencia decreciente desde la segunda mitad de los años noventa y se agudizó tras la Gran Recesión.
- Tasa de desempleo muy elevada, muy superior a la media de los países europeos, y que se mantiene elevada incluso en periodos de crecimiento.
En el proceso de reconstrucción tras la crisis del COVID-19 será importante distinguir aquellas medidas de corto plazo, enfocadas a compensar los efectos de la crisis sanitaria y permitir la desescalada hacia la 'nueva normalidad', de las de
medio y largo plazo centradas en cambios de carácter estructural. Así pues, las medidas más a corto plazo deberán servir para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, tejiendo para ello una red de seguridad sobre todo
para las personas más vulnerables, así como medidas para los sectores económicos más afectados.
La recuperación de los sectores más afectados requerirá de un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reorienten la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que
refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía. Un plan de inversiones coordinado a su vez con los planes de recuperación a escala
europea.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
1. Continuar las medidas de apoyo en el corto plazo y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas
de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables, y apoyar en particular la recuperación de los sectores más afectados.
De manera específica, se deberá trabajar con los sectores y con los agentes sociales, y en colaboración con las comunidades autónomas y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores relevantes más afectados por la
crisis, como el turismo, los canales HORECA, el comercio, la industria, sectores estratégicos como la automoción, la máquina herramienta y el aeronáutico, y el agroalimentario y el pesquero, así como los sectores necesarios para garantizar la
producción local sanitaria estratégica.
2. Igualmente, deberá atenuarse el riesgo de deterioro del tejido productivo como consecuencia del incremento de morosidad provocado por la crisis. Para ello habrá que perfeccionar la Ley de Segunda Oportunidad y la normativa relativa a la
morosidad en operaciones comerciales circunstanciales, así como la Ley Concursal.
3. La crisis económica y social que seguirá a la crisis sanitaria, va a exigir un mayor peso en las actuaciones del sector público, incluso con inversión pública directa en determinadas empresas y sectores.
Cualquier ayuda o préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles. Las empresas que perciban ayudas públicas deberán cumplir o comprometerse a cumplir el Acuerdo climático de París, comprometerse
con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como no operar en paraísos fiscales.
En el medio plazo, es necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización
de nuestra economía. La crisis actual debe entenderse y aprovecharse como una oportunidad para salir reforzados, haciendo frente a los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española, como son la digitalización, la transición
ecológica, la apuesta por
la educación y el capital humano, el empleo de calidad, la innovación y la ciencia, la respuesta al reto demográfico y el refuerzo del estado de bienestar en todo el territorio nacional.
Esta inversión debe concentrarse en los dos próximos años en los proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador, atendiendo a las especificidades del tejido económico productivo de las diferentes comunidades autónomas que
permitan reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de la economía, generando empleos de calidad en sectores de alta cualificación.
En este sentido, se prestará especial atención a colectivos relevantes del tejido productivo, como las pymes, autónomos y la economía social; y a sectores tractores en la industria y el sector primario. Y se promoverá la contratación
pública social y medioambientalmente responsable, con la finalidad de alcanzar un modelo de gestión más eficiente del gasto público, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la Directiva europea 2014/24/UE, que regulan este ámbito.
4. Trabajar con las instituciones europeas y nuestros socios comunitarios garantizando la participación de las comunidades autónomas, para reforzar los instrumentos a disposición de todos los países miembros de apoyo financiero a corto
plazo y articular un ambicioso Plan de recuperación para Europa que impulse una agenda común centrada en la transición ecológica, la digitalización, el capital humano, la innovación y el impulso de una agenda europea social, apoyando en particular
la recuperación económica de los países más afectados por la emergencia del COVID-19. La participación de las comunidades autónomas lo será tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos e inversiones, así como en su posterior
ejecución.
5. Alcanzar un Pacto de Estado por la Industria con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre, con una cogobernanza definida, con la participación de las comunidades autónomas y agentes sociales, del que emane una futura Ley de
Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital, incrementando nuestra autonomía estratégica industrial. Una ley que siente los principios básicos de
actuación para elaborar un plan de industrialización y reindustrialización que permita aumentar el peso del sector industrial en el Estado y ponga el foco también en aquellas zonas menos industrializadas y por tanto más débiles en periodos de
crisis, que aproveche las potencialidades de cada uno de los territorios. Estas actuaciones deben implicar a las administraciones territoriales y promover alianzas industriales y tecnológicas que, con la empresa en su foco de atención, potencien
las capacidades industriales.
6. Se debe plantear una estrategia a medio y largo plazo para reindustrializar el país en línea con las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 enmarcadas en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de la Comisión Europea. El Gobierno debe comprometerse con políticas industriales activas que permitan diversificar nuestra estructura productiva al tiempo que ganen peso aquellas actividades
económicas de mayor valor añadido, mayor intensidad tecnológica y con mayor contenido en conocimiento. La industria y en particular aquellas actividades con mayor intensidad tecnológica permiten a la economía ser más robusta en términos
macroeconómicos y tener mejor capacidad de resiliencia ante eventuales shocks externos tales como las pandemias, al tiempo que posibilita mejores salarios para los trabajadores y funciona como locomotoras de la economía, impulsando al resto de
actividades económicas. Asimismo, el Gobierno revisará la colaboración de los sectores público-privado, para que gane peso el primero; y promoverá la búsqueda de sinergias industriales con el desarrollo de hubs o clusters de empresas innovadoras,
atendiendo no solo a objetivos estrictamente cuantitativos y apostando por una política que promueva y facilite el crecimiento de las empresas, desde la innovación hacia la mejora de la productividad.
7. El Gobierno vinculará en coordinación con las comunidades autónomas, la estrategia energética a la industrial. La transición energética implica no solo un cambio en el modelo energético, sino también en el comportamiento, en la
provisión de información en tiempo real, o en la toma de decisiones a nivel de usuario, etc, y todo ello representa una oportunidad única de nuevos desarrollos tecnológicos de alto valor añadido impulsando nuevas actividades industriales. Así
mismo, el Gobierno junto con las comunidades autónomas impulsará proyectos de investigación energética europeos y, elaborará una estrategia que favorezca una política industrial competitiva en costes energéticos, equiparable a la de otros países
europeos.
8. Aprobar con carácter inmediato el reglamento de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, así como el estatuto del consumidor electrointensivo.
9. Elaborar junto con las administraciones e instituciones con competencias en la materia y los agentes económicos y sociales, una estrategia de fortalecimiento de las pymes que permita desarrollar
sus potencialidades y sus posibilidades en un contexto global que contemple programas de internacionalización, digitalización y colaboración empresarial, así como mejorar los instrumentos financieros de apoyo. Así mismo, se impulsará un
apoyo específico a la internacionalización diversificando mercados para minimizar dependencias.
10. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la economía social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social. Un diseño que crezca desde su enraizamiento en el ámbito local y autonómico y su
conexión con las acciones europeas. Una estrategia que interconecte la economía social productiva de bienes y de servicios, con identidad territorial, con los canales de venta minorista. Estas políticas estarán dirigidas a impulsar empresas que
atienden necesidades sociales y a visibilizar ante la sociedad la sólida trayectoria de otra forma de hacer economía centrada en las personas.
11. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis. Con el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo estimularemos el emprendimiento y las
iniciativas empresariales basadas en la innovación, la formación más especializada y adaptada a las demandas de la nueva realidad económica; una formación que contribuya a mejorar sus condiciones de trabajo. Se trata de diseñar, en diálogo con los
agentes sociales, un plan estratégico para el empleo autónomo que impulse este trabajo con esta perspectiva integral, que incluya la digitalización de la economía, el reto demográfico, la fijación de la población al territorio a través de la
generación del autoempleo en el ámbito rural y avanzando en la consecución de la igualdad efectiva. A estos efectos, se constituirá asimismo el Consejo del Trabajo Autónomo. De igual manera, se abordará la reforma del Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos (RETA) con el objetivo de establecer una cotización según ingresos reales.
12. Impulsar una mesa de negociación con presencia de transportistas, representados a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y cargadores, a través de sus principales asociaciones, coordinada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se centre en los retos que debe afrontar el sector, tanto sectoriales como los más recientemente derivados de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus efectos económicos, con objeto de lograr soluciones
consensuadas que establezcan el marco del transporte y la logística para la próxima década, teniendo en cuenta la necesidad de realizar un salto cualitativo, con una perspectiva de mejora de sostenibilidad ambiental y eficiencia del sector, y en los
que la digitalización de la cadena logística y la innovación sean dos palancas esenciales para lograrlo.
El Gobierno de España agilizará los programas de apoyo y subvenciones que reciben las empresas de transportes bajo diferentes modalidades y desarrollará programas de compensación a las empresas del sector que han seguido operando durante
esta etapa en condiciones desfavorables y de ocupación limitada.
En el ámbito portuario, el Estado estimulará y potenciará que Canarias aproveche las oportunidades que se pueden generar en actividades de alto valor añadido, como la reparación naval, la logística, el suministro a buque, los servicios de
reparación offshore o el tráfico de cruceros.
13. Impulsar un Plan para la Transformación del Sistema Agroalimentario, reconociendo el carácter esencial del sector primario, como se ha demostrado durante la crisis del COVID-19 logrando mantener un suministro estable de alimentos de
calidad. Un sector que antes de la crisis sanitaria ya enfrentaba una crisis de rentabilidad, especialmente en el caso de las pequeñas explotaciones agrarias, envejecimiento (menos del 6 %de los agricultores tienen menos de 35 años), elevada
concentración en el sector de la distribución, baja incorporación de personas jóvenes y reducido acceso a la propiedad de las mujeres, pero también en los insumos agrarios, y una reforma de la Política Agraria Común (PAC), reconociendo la figura del
agricultor auténtico, pendiente de acuerdo financiero.
14. En coherencia con ese carácter esencial de la industria agroalimentaria en España, establecer una política industrial y de promoción específicas para el sector agroalimentario, que explote toda la potencialidad de nuestras producciones
y sea intensiva en transformación y valor añadido, poniendo en valor nuestras denominaciones de origen, indicaciones diferenciadas, la dieta mediterránea, nuestra cultura y gastronomía conocidas en el mundo.
15. Igualmente, se precisa del impulso del conocimiento científico del medio marino, así como de la innovación tecnológica y la formación en todos los eslabones del complejo mar-industria, con atención especial a las empresas de
transformación de productos pesqueros.
16. Fomento del equilibrio de la cadena de comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura, en particular, mediante el apoyo a las Organizaciones de Productores del Sector de la Pesca y las acciones de promoción e información
al consumidor.
El COVID ha revelado la importancia del sector primario, pesca y agricultura, como cadena de abastecimiento alimentario sostenible y sanitariamente seguro exigido por la normativa europea. Por ello se impulsará en Europa que el
abastecimiento de alimentos de otros países y apertura de fronteras a otros países, exijan los mismos estándares que se requieren al sector primario europeo, garantizando su cumplimiento en todos los lineales de distribución.
17. Consolidación de un sector pesquero y de la acuicultura sostenible, mediante modelos de gestión que permitan la conservación de los recursos, la continuidad de las empresas y la generación de empleo y el mantenimiento de las comunidades
costeras.
18. Establecer las medidas de apoyo oportunas para que las explotaciones agrícolas y ganaderas y la pesca de litoral puedan garantizar su rentabilidad, particularmente las de tamaño medio y pequeño, que no pueden beneficiarse de economías
de escala para diversificar sus producciones y hacerlas más competitivas.
En el caso de Canarias, dadas las singularidades del sector primario derivadas de la lejanía y la insularidad, reconocidas en el status de Región Ultraperiférica de la Unión Europea y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, se pondrán en
marcha medidas específicas como las siguientes:
1.º Pago inmediato de los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) adicional por parte del Estado Español, alcanzando la misma cifra aportada por el Gobierno de Canarias.
2.º Agilizar el pago pendiente de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas, incluyendo el transporte del plátano como partida adicional, según el compromiso asumido por el Gobierno de España.
3.º Poner en marcha, en colaboración con el Gobierno de Canarias, un Plan de Apoyo al Tomate Canario ante los retos planteados por el Brexit.
4.º Poner en marcha líneas específicas para compensar los efectos del COVID-19 en los subsectores del sector primario más afectados, como el sector de flores y plantas.
5.º Promover medidas específicas para el sector pesquero que incluirán a la transformación y la acuicultura.
6.º Cumplimiento inmediato de las medidas para el sector primario contempladas en el Régimen Económico y Fiscal.
19. Revisar el Plan Forestal Español para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera y la conservación de los suelos agrícolas y considerar el sector forestal como motor de desarrollo en la España Rural por su valor como servicio
ecosistémico.
20. Avanzar en la modernización de los regadíos para un uso más eficiente y sostenible del agua, garantizando el suministro de agua con una calidad adecuada. Además, en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, se revisará el régimen
tarifario atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia y considerando, entre otros elementos, la capacidad de pago de los usuarios. Se incorporarán fuentes de energía renovable a las infraestructuras asociadas a la gestión del
agua, como son las de desalación, depuración o reutilización.
21. Afianzar el apoyo a la innovación y la digitalización del sector agroalimentario y del medio rural para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario español. Ambos objetivos se persiguen con la ejecución de
la Estrategia Española de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural -adoptada por el Consejo de Ministros en marzo de 2019- y de sus planes de acción bienales.
22. Incrementar los fondos destinados a investigación, innovación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario para que pueda hacer frente a las transformaciones que debe afrontar, logrando que sea un sector que base su
éxito en el conocimiento y así poder atraer a jóvenes como sector atractivo, digno, rentable y de futuro.
23. Plan de Acción a favor de las Mujeres Rurales y de las Mujeres de la Pesca, que contemple actuaciones en diversos ámbitos, con atención especial a los compromisos repetidamente adquiridos por distintos gobiernos a sus reivindicaciones
(enfoque de género en la PAC post-2020, ayudas a mujeres emprendedoras, revisión de la ley de titularidad compartida, ayudas a las asociaciones de mujeres rurales, ayudas a la formación, red española de mujeres en el sector pesquero, coeficientes
reductores de la edad de jubilación de rederas, neskatillas y empacadoras, etc.).
24. La transición justa en el sector agroalimentario debe venir de la mano de la Política Agraria Común (PAC):
- La PAC debe proporcionar los apoyos e incentivos necesarios para que los agricultores, ganaderos y el conjunto del sector agroalimentario afronten con éxito la transformación agroecológica.
- El presupuesto de la UE para el período 2021-2027 debe reconocer este esfuerzo de transformación, manteniendo el presupuesto que la PAC tiene asignado en el período actual.
- El cambio transformacional del sistema agroalimentario debe contemplar, además de los aspectos regulatorios necesarios, los incentivos que lo propicien, de manera que los actores implicados, que son finalmente y sobre todo los agricultores
y ganaderos, no perciban el cambio como una imposición sino como una oportunidad.
25. Profundizar en las medidas que ya ha empezado a desarrollar el Gobierno, tanto negociando una PAC más justa en Europa como estableciendo legislación para proteger la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y
ganaderas del dumping de precios por defectos de la cadena de valor.
26. En las relaciones comerciales de la cadena alimentaria es básico incorporar la totalidad de los costes de producción en el precio, como elemento mínimo a recoger en los contratos alimentarios, así como que cada operador abone al
inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción en que haya incurrido.
27. Impulsar un plan para la reactivación del sector primario que contemple:
- Utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) destinado a España, no gastado hasta la fecha, para dedicarlo al rescate del sector ante la crisis del COVID-19. De igual modo, flexibilizar los proyectos en marcha
pagados por el FEMP: extender los plazos y los calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata, sin perder recursos para el sector en el futuro, e impulsar la modificación del artículo 33 el FEMP para que las ayudas por cese
temporal se puedan conceder.
- Evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para compensar los daños directos e indirectos de esta crisis, a consecuencia de la caída de las ventas, las restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el desplome de los precios.
El sector primario ha demostrado su gran importancia durante esta crisis sanitaria, y es necesario reconocer esos esfuerzos ofreciendo el apoyo necesario al sector para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
- Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta en marcha de canales de venta directa productor-consumidor, conectando la oferta con la demanda de particulares en tiempo real, reconociendo el valor añadido del
comercio de proximidad tanto para los productores como para el consumidor, así como sus efectos beneficiosos en el medio ambiente.
- Abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el seguimiento de las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades de financiación y ayudas existentes,
apostando por controles aduaneros armonizados, para garantizar la igualdad de condiciones entre los productos locales y los importados de terceros países.
- Introducir una mayor flexibilidad para disponer de fondos de desarrollo regional para paliar los efectos económicos nocivos que deje la pandemia, y acompañando al sector primario en las reformas necesarias para que nuestros productores,
especialmente en pequeñas y medianas explotaciones, puedan aprovechar las oportunidades de la transformación digital y la transición ecológica.
- Flexibilizar los procesos de solicitud de las ayudas de la PAC para facilitar y favorecer las solicitudes telemáticas, garantizando el acceso de miles de agricultores y ganaderos a estas ayudas. Asimismo, ampliar los plazos para la
contratación de seguros agrarios requeridos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Diseñar e implementar un Plan de choque específico para los sectores agrícolas y ganaderos en estado crítico que identifique las necesidades especiales y tenga en consideración la estacionalidad o la inversión soportada para paliar las
pérdidas por la crisis del COVID-19. Asimismo, solicitar a la Unión Europea que se destine parte de los fondos de cohesión que los Estados no hayan gastado a sectores que se encuentren en riesgo de desaparición.
- Promover una campaña de comunicación para concienciar de la importancia de mantener una dieta equilibrada que incluya productos frescos, como pescado, frutas y verduras, apoyando así a nuestro
sector primario, para asegurar que los efectos de la crisis no tienen consecuencias negativas en la dieta de los españoles.
28. Promover la diversificación económica del medio rural, especialmente en las comarcas más despobladas y deprimidas, mediante fondos, planes y agencias de desarrollo rural especializadas, la adaptación de la normativa a las realidades
rurales, la garantía de las condiciones básicas para hacer posible emprender, invertir y vivir en estas zonas y la potenciación de las estrategias de desarrollo local participativo y los grupos de acción local.
29. Con objeto de incrementar la liquidez de las pymes y los autónomos, y mejorar su competitividad y productividad, aprobar un régimen sancionador que contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta
manera la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes.
30. Estudiar la modificación de la legislación concursal a los efectos de posibilitar y facilitar la continuidad de las unidades productivas y el mantenimiento del empleo.
31. Promover una reforma de la PAC que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental durante el periodo 2021-2027 y definir e implementar un Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2020. Asimismo, el Estado
dentro del Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2020, se comprometerá a definir, junto con las comunidades autónomas, planes específicos regionalizados que atiendan a las necesidades de las diferentes realidades y singularidades autonómicas.
Las estrategias de reactivación de la economía y de modernización del modelo productivo deben incluir nuevas medidas de prevención y lucha contra la corrupción, en línea con la más reciente normativa europea.
32. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 2. IMPULSO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA Y MEJORA DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
La necesidad de abordar una estrategia de recuperación económica tras la crisis provocada por el COVID-19 supone una oportunidad para reorientar nuestro modelo de desarrollo, proteger los bienes comunes y anticipar los retos económicos y
ambientales que se avecinan y sobre los que ya hay evidencias. Y tenemos que conseguirlo aumentando nuestra seguridad ante situaciones de crisis globales y, singularmente, ante la que está originando la Emergencia Climática. Por tanto, debemos
construir una economía y una sociedad resilientes frente al cambio climático, capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la transición hacia la descarbonización.
El Plan de Recuperación Verde supone una apuesta por una economía mucho más sólida, segura y estable, siendo la mejor opción para generar oportunidades de empleo, riqueza y equidad, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su
salud. Para ello la recuperación debe apostar por una economía climáticamente neutra, circular, respetuosa con los ecosistemas y capaz de ponerlos en valor como activo de país, y que evidencie que las soluciones basadas en la naturaleza son
ventajosas también para las personas y para la generación de resiliencia frente al cambio climático.
Una doble transición verde y digital que proporcione las oportunidades de inversión adecuadas que han de ayudar a la recuperación de la economía y a sentar las bases de un crecimiento sólido e inclusivo donde el reparto de la riqueza sea
equitativo. La transición justa implica modernizar el sistema productivo de las zonas donde se acometa y no debe perjudicar a los sectores económicos eficientes ya implantados.
Este Plan de Recuperación Verde, claramente dirigido a acelerar una transición ecológica, solidaria y resiliente en todos los sectores de la economía, requiere de un enfoque coherente en todos los ámbitos, así como estar alineado con el
Pacto Verde Europeo y el Marco Estratégico de Energía y Clima de España, y coherente con la nueva cultura del agua.
Por tanto, dentro del gran paraguas de la lucha contra el cambio climático, que pasa por redoblar los esfuerzos de adaptación y mitigación, mediante la plena implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la recuperación
deberá incluir una importante batería de medidas económicas, de estímulo fiscal y de incentivo de la inversión privada, de manera que pueda aprovecharse la inyección económica y los vehículos financieros que se creen al hilo del plan de recuperación
de la Unión Europea.
En materia de mitigación, buena parte de las acciones necesarias para descarbonizar nuestra economía se enmarcan en la transformación de nuestro sistema energético. Pero hay también otros sectores que es imprescindible abordar, como el de
los residuos. Es esencial tanto la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular, como la legislación de residuos, que requerirán de importantes inversiones especialmente en materias como recuperación, reutilización y reciclaje,
todas ellas susceptibles de generar actividad económica y empleo.
Por su parte, la adaptación al cambio climático exigirá grandes inversiones en infraestructuras sostenibles que, además de preservar y recuperar los ecosistemas, nos protejan contra los efectos del cambio climático.
Estas inversiones, siempre garantizando la sostenibilidad ambiental, no sólo aumentarán nuestra seguridad ante fenómenos tan destructivos como el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones o los incendios forestales, sino que
tienen también una gran capacidad de estímulo de la economía, de creación de puestos de trabajo y de mejora de la competitividad.
La transición verde de la economía ha de ser también azul, referida esta a la economía del sector marítimo y sus recursos, supeditada a criterios de desarrollo económico sostenible.
El cambio de paradigma implica asimismo adaptar la movilidad, especialmente en los entornos urbanos y metropolitanos, de manera que se supediten a los criterios de sostenibilidad ambiental y descarbonización, priorizando el uso del
transporte público y formas de transporte no contaminantes.
Tanto en el ámbito urbano como en el rural, será necesario el desarrollo de un Plan de Rehabilitación de Edificios y Eficiencia Energética, de modo que estos se adapten a los criterios europeos en materia de energía y clima, pero permitan al
mismo tiempo la creación de empleo.
Asimismo, en materia de transporte requerirá de la puesta en marcha de un Plan de Digitalización y Sostenibilidad, en colaboración con el sector privado, que permita mejorar la eficiencia en la circulación de mercancías.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
33. Elaborar e impulsar la puesta en marcha de un Plan de Recuperación Verde alineado con el Pacto Verde Europeo, el Marco Estratégico de Energía y Clima de España y el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que
favorezca la transición ecológica justa y la mejora de la calidad ambiental, que priorice los esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible y que ayude a reducir la vulnerabilidad que supone nuestra
dependencia del exterior respecto de bienes críticos y de las cadenas de valor. Con el fin de cuantificar los logros en materia de transición ecológica y su complementariedad con el desarrollo social, así como generar información económicamente
relevante para alcanzar una sostenibilidad justa e inclusiva, la contabilidad nacional monetaria tradicional será complementada, en paralelo, con un nuevo índice de bienestar así como indicadores biofísicos en materia de huella de carbono y huella
ecológica.
34. Articular dicho Plan sobre la base de los instrumentos financieros que se pongan a disposición de los Estados miembros en el marco del Plan de Recuperación Europeo.
35. Establecer, como fundamentos del Plan, cuatro ejes de actuación en el marco común de la mitigación y adaptación al cambio climático:
- Vigilancia meteorológica y observación del clima, fundamentales para disminuir la vulnerabilidad frente a los impactos y los riesgos asociados al cambio climático.
- Preservación del litoral, que sufre un fuerte impacto negativo por el ascenso del nivel del mar, el incremento del poder destructivo de los temporales originados por el cambio climático y la construcción de edificios e infraestructuras
marítimas, entre otras, que han alterado fuertemente la biodiversidad y los ecosistemas costeros.
- Mejora de los recursos hídricos, en un país en el que es esencial que la gestión y la planificación hidrológica den respuesta a las nuevas presiones que se derivan del cambio climático. Y ello, sin contemplar los trasvases entre
diferentes cuencas hidrográficas y prestando especial atención a las necesidades de inversión en infraestructuras del ciclo del agua, con el objetivo de reducir las aguas residuales sin tratar y realizar una gestión integrada de los recursos
hídricos protegiendo los ecosistemas.
- Conservación de la biodiversidad apoyando las políticas y medidas orientadas a disminuir los niveles de estrés sobre las especies y los ecosistemas.
- Medidas de estudio y apoyo en las islas, como territorios más afectados por el cambio climático.
36. Reforma ecológica y social de la contabilidad nacional. Introducir dos indicadores complementarios al PIB en la contabilidad nacional: por un lado, un índice de desarrollo alternativo capaz de medir el bienestar social, alineado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como está siendo experimentado en otros países (Nueva Zelanda), que constituirá el nuevo concepto-guía en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y en los objetivos de las diversas
políticas públicas españolas; por otro lado, una contabilidad biofísica rigurosa y paralela a la contabilidad monetaria, que complemente un desarrollo ambicioso de la Ley de Cambio Climático (presupuestos de carbono) y la Estrategia Española de
Economía Circular (huella ecológica, análisis de ciclo de materiales).
37. Introducción de un modelo de economía circular lenta en el que se optimice el aprovechamiento de productos y materiales, de modo que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, ganando en eficiencia, minorando nuestra
dependencia del exterior y reduciendo la generación de residuos. Este modelo económico circular tiene que apostar por colocar a España a la vanguardia europea y mundial promoviendo una planta metalúrgica de gran escala, impulsada por un consorcio
público-privado, con tecnología capaz de recuperar cobalto, indio, litio, tierras raras, galio y otros metales que van a conocer fuertes tensiones en su oferta a medida que la economía global profundice en la transición ecológica. Asimismo, se
fomentará la diversificación de la generación eléctrica, incentivando el aprovechamiento eficiente de materiales y energía en los procesos productivos a través de la economía circular.
El Gobierno de España destinará líneas específicas de financiación para la activación socioeconómica vinculada a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la gestión de los residuos, el reciclaje y el
turismo sostenible.
38. Promover medidas para la reducción de residuos en la propia cadena de producción, así como la reutilización de los productos. Se implantará en los municipios la recogida selectiva en origen de los residuos urbanos. Apostar por un
descenso en el consumo de elementos de un solo uso. Priorizar e incentivar la puesta en el mercado de envases reutilizables e implantar un sistema de devolución y retorno para todos los objetos de un solo uso (envases, colillas, cápsulas de café,
etc).
39. Impulsar una estrategia energética basada en energías 100% renovables para mitigar el impacto ambiental, reducir la factura energética, fortalecer la competitividad de las empresas y fomentar la eficiencia energética y el autoconsumo.
40. Hacer partícipe a la ciudadanía de la transición energética es la mejor manera de asegurar que esta se lleva a cabo hace con justicia social y enfoque de género. Es además una forma de fortalecer la vida comunitaria y la participación
ciudadana en torno a un proceso clave para los próximos años. Por ello, se impulsará la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas encaminadas a tal fin.
41. Desarrollar campañas de concienciación sobre consumo y ocio sostenibles y hábitos saludables.
42. Blindar el uso, gestión e interés público del agua.
43. Promover una Estrategia de Crecimiento Azul que impulse la pesca sostenible y la conservación de ecosistemas acuáticos, y contribuya a la protección y restauración de la biodiversidad acuática.
44. Aumentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones en las actividades de pesca mediante la renovación o modernización de motores en buques de pesca.
45. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, un verdadero Green New Deal, dotado de los recursos presupuestarios y técnicos adecuados para la reducción de emisiones.
46. Mejorar el uso eficiente de los medios de producción y de la gestión de residuos, con especial hincapié en la industria de transformación y la acuicultura, promoviendo el uso de energías renovables.
47. Llevar a cabo la transformación agroecológica del sistema agroalimentario español, de la mano del sector productor, para que sus explotaciones, transiten a un sector competitivo semejante al de otros sectores de la actividad económica.
48. Desarrollar un Plan de Choque de Movilidad Sostenible en los entornos urbanos, metropolitanos y rurales, impulsando las inversiones destinadas a estimular una movilidad de bajas emisiones, que aseguren un transporte público atractivo y
fiable como columna vertebral de la movilidad en el ámbito urbano y periurbano, que posibilite una movilidad accesible y asequible para toda la ciudadanía, también adaptado a las condiciones y necesidades del medio rural, que promueva y mejore la
seguridad en la movilidad y que, por último, implante el concepto de movilidad inteligente adaptada a nuevos ámbitos, tanto urbanos como metropolitanos, y a las necesidades de movilidad interna y externa de las comarcas rurales.
Asimismo, se impulsará una Ley de Movilidad, que incluya los aspectos relativos a la financiación del transporte público, de forma que asegure la prestación de unos servicios de transporte público adecuados para satisfacer las necesidades
reales de movilidad de los ciudadanos, y que establezca los criterios para la financiación de los mismos, de manera equilibrada entre los distintos territorios, respetando en todo caso el reparto competencial. De igual forma, deberá incluir las
condiciones que debe cumplir el transporte para ser un sistema resiliente, es decir, capaz de dar respuesta aun en los casos de posibles pandemias u otras crisis sanitarias. Además, la ley deberá establecer mecanismos específicos para la
financiación de aquellas actuaciones tendentes al fomento de la movilidad saludable, destacando el fomento del uso de la bicicleta como parte de la movilidad cotidiana. En el corto plazo, se establecerán las medidas adecuadas que permitan a las
administraciones competentes en servicios de transporte público urbano o metropolitano, o los sometidos a obligaciones de servicio público, compensar los sobrecostes que ha supuesto la crisis sanitaria en los correspondientes servicios.
49. Establecer una Estrategia de Movilidad Sostenible cuyo foco sea el ciudadano y la inversión en soluciones que satisfagan sus necesidades de movilidad de modo que esta sea sostenible, segura y conectada a través de un Pacto por la
Movilidad Sostenible, lo que permitirá transitar hacia un modelo de transporte más moderno que potencie la sostenibilidad medioambiental, la productividad, el crecimiento económico y la cohesión social y que aborde un modelo de movilidad en las
áreas rurales, así como mejorar su financiación, afrontar los sobrecostes generados por las medidas tomadas para combatir el COVID-19.
50. Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Adecuar la normativa relativa a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y financiar su desarrollo por parte de empresas, particulares y administraciones públicas.
Estas ayudas se dedicarían especialmente a la instalación de puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos.
51. Desarrollar en las zonas rurales, aprovechando la implantación de energías renovables, un plan de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos ('electrolineras'). De esta manera, en los territorios donde se instalen
centrales de renovables, como retorno hacia estos, las empresas adjudicatarias deberán poner y mantener 'electrolineras' en suelo municipal.
52. Poner en marcha un Plan de Impulso a la Digitalización y Sostenibilidad de la Cadena Logística para el Transporte y Distribución de Mercancías, que mejore la eficiencia del sistema de transporte de mercancías, apoyando a pequeños y
medianos transportistas a través de la introducción de la tecnología y el fomento de la intermodalidad, teniendo en cuenta los compromisos de descarbonización asumidos internacionalmente y la creciente importancia de la movilidad en las ciudades y
pueblos, en colaboración con el sector privado.
53. Implementar un Plan de Choque de Refuerzo de la Seguridad y Conservación de las Infraestructuras y Servicios de Transporte con el fin de garantizar la seguridad como pilar básico del sistema de transportes y de la movilidad del país.
Se abordará la seguridad desde una perspectiva integral, incluyendo la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte y su resiliencia frente a los efectos del cambio climático, el sistema de supervisión de la seguridad
operacional, la seguridad contra actos ilícitos y la ciberseguridad.
54. Poner en marcha la Agenda Urbana con el fin de reorientar el sentido de las políticas urbanas hacia la creación de ciudades y entornos urbanos y rurales sostenibles medioambientalmente, seguros y que garanticen la inclusión social.
55. Elaborar, en el ámbito de sus competencias en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, con relevante incidencia sobre el empleo. Dicho Plan tendrá como objetivo la rehabilitación
de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura
de la luz y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural. Los proyectos de rehabilitación de edificios y renovación de espacios públicos responderán a los criterios de accesibilidad universal. Dentro
del Plan se incluirán el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo. En este Plan se prestará una especial atención a la rehabilitación de viviendas en los centros
históricos de las ciudades.
56. Impulsar, junto con las comunidades autónomas:
- La bioeconomía, integrando la agricultura, el sector forestal, el mar y los residuos orgánicos y sus cadenas de valor como una de las herramientas para luchar contra el cambio climático y la dependencia de las materias primas y energías de
la Unión Europea.
- El desarrollo de soluciones para una movilidad más descarbonizada.
- Instrumentos para transitar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
57. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 3. SISTEMA LABORAL: FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD
El sistema laboral necesita adaptarse a la nueva realidad post-COVID-19, que plantean los cambios en la economía, especialmente vinculados a las nuevas tecnologías y la transformación digital, entre otros.
Así mismo, un objetivo fundamental en la reconstrucción será la reducción de las altas tasas de desempleo, la lucha contra la precariedad del mercado laboral y la excesiva temporalidad que existe actualmente en nuestro país.
Por su parte, la formación profesional resulta un elemento fundamental, tanto para mejorar la productividad laboral, como para aumentar la empleabilidad de la población activa. Una adecuada formación resultará asimismo imprescindible para
permitir la adaptación de la fuerza de trabajo al proceso de transformación digital y modernización de la economía en nuestros días.
Será necesario, por tanto, garantizar, como objetivo irrenunciable, una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta el conjunto de la
población activa.
Para ello es necesario impulsar un paquete de medidas de manera integral e integrada que facilite la incorporación, permanencia y progresión de los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral.
La reconstrucción social y económica de nuestro país ha de estar ligada a la mejora de la cualificación de la ciudadanía para atender las necesidades de los distintos sectores productivos, y ello pasa inevitablemente por la ampliación de las
oportunidades formativas, desde la equidad.
La formación profesional ha de garantizar a toda la futura población activa, además de una sólida capacitación técnica, competencias 'blandas', como la creatividad, competencias digitales, comunicación, pensamiento crítico, capacidades
analíticas y predictivas, cooperación y actitudes proactivas para liderar los cambios necesarios tanto sociales como económicos.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
58. Ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria del COVID-19.En este sentido, el diálogo social
estudiará los términos de flexibilización en el uso de los ERTE, para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo y de los trabajadores con base en la evolución de la recuperación de la
actividad a nivel sectorial y lo suficientemente flexible para acomodar los efectos de nuevos rebrotes localizados o generalizados que afecten a la actividad económica de las empresas. Por otra parte, se analizará también que las empresas que
puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por un ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Asimismo, se fomentará que el diálogo social contribuya a mantener los
niveles de empleo por parte de las empresas. Reactivar de manera progresiva la economía, proporcionando una respuesta ponderada que evite el ajuste estructural que se produciría en nuestra economía si tuviera lugar la salida del mercado de empresas
solventes y afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional, contribuyendo a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica.
59. Luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social. Se impulsará la simplificación de las fórmulas contractuales.
60. En aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el COVID-19, diseñar conjuntamente mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en
particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector.
61. Dedicar una especial atención a la regulación de las condiciones laborales de las profesiones sociosanitarias.
62. Eliminación de todos los programas gubernamentales dirigidos a la investigación, exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos fósiles, o ampliación de los ya existentes.
63. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis avanzando para otorgar más derechos a los trabajadores autónomos, eliminando trabas al
emprendimiento y apoyando específicamente el emprendimiento y el intraemprendimiento, un objetivo clave para propiciar las condiciones necesarias para retener y atraer a mujeres y hombres capaces de desarrollar la reflexión, la creatividad y la
innovación, para diseñar su futuro profesional y, a la vez, generar oportunidades de trabajo en su comunidad.
64. Impulsar fórmulas contra el fraude laboral, especialmente dirigidas para que afloren la economía sumergida y los falsos autónomos.
65. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la Economía Social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social.
66. Elaboración, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, de una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, a la formación
continua y a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora, con garantía para el empresario, que sea beneficiosa y atractiva tanto para la parte trabajadora como para la parte empresarial.
67. Dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales (físicos y psicosociales) asociados a la digitalización de la actividad económica y el uso de las tecnologías tanto en el trabajo presencial como en el
trabajo a distancia.
68. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El avance de la igualdad y de la
corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo, para lo cual es imprescindible promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los
Horarios, que permita reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, relacionado con la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.
69. Modernización y optimización, en coordinación con las comunidades autónomas, de las políticas activas de empleo mediante: (1) La revisión del marco global de las políticas activas de empleo; (2) La redefinición de los objetivos en
materia de empleo; (3) La revisión de los incentivos a la contratación para
evitar las ineficiencias y las redundancias, priorizando la incentivación de los contratos indefinidos; (4) Actualizar la Estrategia de Empleo Joven, diseñando sistemas y programas de empleo para jóvenes que incorporen estrategias de
acompañamiento prolongadas en el tiempo; (5) la articulación de un nuevo derecho a la formación continua que permita la permanente actualización de las competencias y habilidades de las personas trabajadoras; (6) establecer un mecanismo de
evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo y (7) la consideración de los nuevos nichos de empleo verde generados por la transición ecológica, con especial hincapié en que se repartan de forma equitativa en función del género. El
sistema de formación deberá imbricar la formación inicial del sistema educativo con la formación continua, garantizando la eliminación de las brechas de género, particularmente la digital.
70. Promover programas de Formación Profesional robustos y renovados, que respondan a las necesidades de cualificación de jóvenes y profesionales, incluyendo nuevos programas de Formación Profesional vinculados a los entornos rurales, con
una adaptación a nuevas demandas que surgen en respuesta a la transformación de la sociedad y del modelo económico en la etapa post-COVID-19, especialmente en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la nueva gestión digital de las
administraciones. En este sentido, se integrará la innovación y el emprendimiento como ejes prioritarios de una Formación Profesional que den respuestas a las necesidades actuales y futuras.
71. Intensificación de la colaboración público-privada en la adopción de estrategias conjuntas en materia de Formación Profesional.
72. Avance en el reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral como modelo para la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras.
73. Flexibilización y mejora de la accesibilidad de la formación de los trabajadores y trabajadoras mediante una oferta modular de Formación Profesional generalizada.
74. Renovación del catálogo formativo actual y diseño de nuevas titulaciones que el mercado laboral requiere.
75. Definición de los sectores estratégicos a nivel económico que requieren un trabajo intensivo en materia de formación profesional.
76. Potenciación de la Formación Profesional dual y Universitaria dual.
77. Promoción de proyectos para la conversión de aulas de Formación Profesional en espacios de tecnología aplicada, así como la creación de redes de excelencia de centros de Formación Profesional.
78. Potenciación de la orientación profesional como servicio público de acompañamiento en el diseño de los nuevos itinerarios formativos y profesionales de cada persona a lo largo de la vida.
79. Adopción de las medidas, en el marco del diálogo social, para mejorar el sistema de protección por desempleo mediante la reordenación y simplificación de sus prestaciones, con el fin de evitar solapamientos y dotarlo con cuantías dignas
dirigidas a las personas desempleadas y coordinarlos con los procesos de formación y activación para el empleo.
80. Potenciar las carreras universitarias Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) y la Formación Profesional necesaria para la industria.
81. Simplificar las modalidades de contratación, de forma que se penalice a las empresas que abusen de la contratación temporal respecto de las que prioricen el contrato estable.
82. Potenciar el nivel de cualificación de las personas y la formación a lo largo de la vida. Cerca del 40 % de la población activa tiene un nivel bajo de cualificación, y ante fenómenos como la transformación digital y la tendencia a la
desaparición de los puestos de trabajo vinculados a niveles bajos de cualificación, garantizar una oferta formativa amplia a lo largo de la vida es fundamental. Al igual que lo es, el disponer de un sistema lo suficientemente flexible para
adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo.
83. Situar a las personas en el centro del sistema y ofrecerles una orientación profesionalizada e integral a lo largo de su vida, potenciando una Formación Profesional adecuada y ajustada a las necesidades del mercado de trabajo,
facilitando la transición al ámbito laboral y la plena integración de aquellas.
84. Despenalizar la conducta prevista en el artículo 315.3 del Código Penal.
85. Priorizar la demanda de formación y reconocer el papel de la empresa en el proceso formativo, especialmente en los modelos de aprendizaje y prácticas, como la Formación Profesional dual, aportando recursos, conocimiento, expertos,
materiales e instalaciones al desarrollo de la formación.
86. Aumentar la empleabilidad de los jóvenes sin cualificación y sin empleo mediante el estímulo a que retornen al sistema educativo, con el fin de alejarlos del riesgo de marginación laboral de por vida.
87. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: SOCIEDAD, EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN
La transformación digital de nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra administración era ya sin ninguna duda un reto de presente antes de la llegada del COVID-19, pero también es indudable que la crisis sanitaria y también económica y
social generada por la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de acometer un proceso de digitalización que ayude a la transformación y modernización de nuestra economía y nuestra sociedad. La pandemia además, agudiza la constatación de una
brecha digital con una doble vertiente, la social y la territorial.
Se trata de poner en marcha reformas de futuro y proyectos que permitan impulsar la actividad y reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de nuestra economía.
La transformación digital pasa ineludiblemente por una adaptación por parte del sistema educativo al nuevo entorno, para construir conocimiento y que permita una adecuada adaptación y aprovechamiento de las tecnologías digitales a la
sociedad en su conjunto, optimizando y democratizando de esta manera su uso.
El capital humano es el fundamento de la cohesión de las sociedades democráticas y del desarrollo económico. Las tecnologías digitales abren formas cualitativamente distintas de generar conocimiento y la educación es el instrumento para que
esta puerta a nuevos niveles de desarrollo personal y social esté al alcance de todos y de todas.
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ha acelerado este proceso de transformación de una forma abrupta, ya que, literalmente de la noche a la mañana, la educación a través de medios telemáticos se ha convertido en la única
modalidad viable para continuar la actividad educativa y garantizar los aprendizajes.
El desarrollo de la Digitalización y Competencias Digitales aborda aspectos necesarios de la educación digital, desde la disponibilidad de dotaciones adecuadas para centros educativos digitalmente competentes, como para alumnado y
profesorado, hasta la competencia digital educativa, la formación para el desarrollo profesional docente, la disponibilidad de recursos digitales de calidad, o el desarrollo de metodologías y competencias digitales avanzadas e iniciativas
innovadoras (pensamiento computacional, inteligencia artificial, espacios de aprendizaje,...).
Actualmente en España existe una brecha digital con tres dimensiones: a) brecha en la disponibilidad de equipos y acceso a internet; b) brecha en la capacidad de uso adecuado por parte del alumnado y c) brecha en los recursos educativos de
los centros y las competencias digitales de los docentes.
Por ello el Gobierno definirá un plan de conectividad con el objetivo de extender la conectividad de acceso de 100 Mbps antes de 2025 a todo el territorio.
Pero además de la adaptación del sistema educativo y de formación al nuevo entorno digital, será asimismo necesario impulsar la inversión en estas nuevas tecnologías para la transformación digital de la economía, tanto en empresas como en la
administración. En materia empresarial resulta especialmente relevante la transformación digital en el comercio minorista. Este tiene un peso en la economía en torno al 5,2 % del valor añadido bruto (VAB) y emplea a cerca de dos millones de
personas, lo que representa el 9,8 % del total de ocupados. Además, ejerce una importante vertebración en ciudades y pueblos a través de los 559.301 establecimientos de comercio minorista por todo el territorio, que representan el 14,5 % el total
de establecimientos de la economía española. Este efecto de fijar población en áreas rurales resulta un importante factor para contribuir en la lucha contra el despoblamiento y un mayor equilibrio demográfico. Un efecto que puede verse potenciado
con la estrecha relación del comercio minorista con otros sectores como el turístico y el emprendimiento. Pero también se trata de un sector particularmente vulnerable, entre otras razones por tratarse de un sector conformado fundamentalmente por
pymes y autónomos.
La inversión en herramientas digitales y analítica avanzada de datos va a ser esencial para un sector comercial más eficiente, para estar más cerca de un consumidor cada vez más conectado, que busca lo local y lo cercano, en omnicanal y en
nuevos cambios sociales (más conexión, más tiempo en casa, más distancia social).
Por todo ello, se hace necesario adoptar una serie de medidas con el fin de asegurar la sostenibilidad del pequeño comercio para que pueda salir reforzado como consecuencia de esta crisis sanitaria.
En cuanto a la administración, su digitalización habrá de permitir no solo una mejora en términos de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, sino que redunde a su vez en una mayor cercanía y facilidad de acceso para todos los
colectivos de la ciudadanía, e igualmente cercana para el ámbito rural que para el urbano. Un proceso de transformación digital que habrá de incluir al sector público empresarial. Pero, además, la digitalización resulta especialmente pertinente en
el Sistema Nacional de Salud.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
88. Dotar al alumnado más vulnerable de los recursos tecnológicos necesarios para garantizar su derecho de acceso a Internet.
89. Proveer de conectividad adecuada al alumnado que no disponga de ella, estableciendo los necesarios acuerdos de colaboración con los operadores de comunicaciones electrónicas.
90. Desarrollar un Plan de Alfabetización Digital al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad, para asegurar el uso adecuado de los dispositivos digitales.
91. Mejorar la Competencia Digital Educativa de los docentes mediante un plan de formación permanente y continua al profesorado que garantice su competencia digital.
92. Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de Digitalización de los Centros Educativos que les dote de los equipamientos y acceso a internet de alta calidad para el desarrollo de entornos virtuales de
aprendizaje en el aula, y de herramientas digitales educativas para el desarrollo de educación en entornos virtuales.
93. Implantar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan Digital de Centro Educativo para favorecer la innovación y la transformación digital de las metodologías de aprendizaje, proyectos de innovación, transformación de los
espacios del centro o el uso generalizado de recursos educativos digitales y fomentar la cultura colaborativa.
94. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la extensión de entornos virtuales de aprendizaje mediante el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) digitales para el proceso de aprendizaje.
95. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan de Impulso de la Educación Online mediante la generalización del uso de plataformas educativas por todos los centros educativos.
96. Poner en marcha programas de radio televisión educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para un aprendizaje en línea más allá del ámbito formal.
97. Incorporar la digitalización en el proceso de reforma curricular de todas las etapas del sistema educativo, incluida la Formación Profesional.
98. Impulsar un Plan de Digitalización de la Administración, que incluya medidas para aumentar la eficiencia y reducir la brecha digital en el uso de la e-administración a través del desarrollo de servicios públicos electrónicos universales
y de calidad, abiertos, eficientes, flexibles, inclusivos y accesibles a todos los colectivos, incluyendo una renovación de los equipos informáticos y la adquisición del software y herramientas digitales necesarias a través de fórmulas que no
supongan un importante desembolso para las arcas públicas y permitan la actualización del equipamiento.
99. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan para la Digitalización Sanitaria, de modo que contribuya de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y permita una mejor respuesta de los sistemas
sanitarios a los retos y necesidades sanitarias actuales.
100. Extender a las empresas públicas un programa de inversiones para su digitalización, como apuesta de futuro, de forma que se conviertan en referentes en la incorporación de las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actuación.
101. Impulsar políticas que permitan la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, especialmente con programas de apoyo a las pymes y a los autónomos.
102. Poner en marcha un Plan de Transformación y Adaptación Digital para el pequeño comercio, con el objetivo de mejorar su competitividad y evitar la pérdida de tejido empresarial y de empleo.
103. Desarrollar en torno al Observatorio del Comercio 4.0 un ecosistema de innovación para impulsar la adaptación del comercio a las nuevas tecnologías.
104. Aprobar un Plan de Ciberseguridad que permita contribuir a una gobernanza global de la digitalización y garantice la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.
105. Renovar el actual 'Plan Nacional 5G' adoptando una nueva 'Estrategia de Despliegue 5G' que facilite que la economía y la sociedad española aprovechen de modo temprano las oportunidades de la quinta generación de telefonía móvil para
acelerar la transformación digital del país, promoviendo su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no incrementar la brecha digital entre territorios.
106. Elaborar un Plan de Atracción y Fomento del Audiovisual Español.
107. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.
108. Poner en marcha una Estrategia de Ciberseguridad que permita estimular la cooperación entre actores públicos y privados para mejorar la ciberseguridad.
109. En materia de Startups, adoptar medidas que reconozcan la figura específica de este tipo de iniciativas emprendedoras y facilidades para la captación de inversión y de talento.
110. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Competencias Digital (Digital Skills) que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.
111. Poner en marcha una Transformación Digital del Sector Público que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado, con particular atención a las áreas
de Justicia, Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social y Sanidad.
112. Adoptar una Carta de Derechos Digitales que recoja los derechos necesarios para la protección digital del conjunto de la ciudadanía, particularmente aquellos más expuestos, y permita, una vez más, ponernos a la vanguardia europea en
relación con el desarrollo de una sociedad digital libre, abierta e inclusiva.
113. Defender la neutralidad de la red a fin de que todo el tráfico de internet sea tratado de la misma manera.
114. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 5. VERTEBRACIÓN TERRITORIAL Y RETO DEMOGRÁFICO
La pandemia, tanto por su impacto sanitario como por las medidas que el Gobierno ha debido tomar para que sus efectos socioeconómicos fuesen los menores posibles, ha mostrado la necesidad de afrontar de forma decidida los grandes desafíos a
los que se enfrenta este país.
Entre estos, el reto demográfico se ha hecho patente en aquellos territorios en los que su sistema funcional -sanitario, asistencial, de infraestructuras, de servicios básicos, etc.- se ha visto más tensionado ante sus reducidas dimensiones,
con dificultades para dimensionar los servicios frente a la crisis sanitaria y para garantizar la normalidad de la vida cotidiana en cuanto a comercio y servicios básicos.
Un reto demográfico cuya expresión más evidente es el envejecimiento de su población en el medio rural, lo que exigía una gran responsabilidad social, para que las personas mayores, especialmente vulnerables ante el virus, tuvieran la mayor
seguridad sanitaria y asistencial posible.
Al mismo tiempo, la pandemia ha mostrado los efectos que la falta de un modelo territorial vertebrado provoca ante crisis y emergencias: por un lado, en las grandes ciudades, donde la intensidad de la crisis sanitaria ha sido mayor, y donde
la nueva normalidad exigirá repensar los sistemas de trabajo, movilidad, residencia,[...]; y, por otro, en los pequeños pueblos, donde la cotidianeidad del confinamiento era muy diferente, en relación con la baja densidad, el distanciamiento
social, la tipología de viviendas o las redes
comunitarias de proximidad, pero que eran vulnerables por el sistema funcional del territorio (servicios básicos, comunicaciones,...).
Afrontar el reto demográfico implica redefinir nuestro modelo territorial, minimizando la brecha de densidad poblacional y extendiendo oportunidades a los territorios actualmente más afectados por la despoblación, la baja densidad, o el
envejecimiento, a la vez que se reduce la presión sobre los territorios que han concentrado intensamente población y actividades.
La reconstrucción implica actuar en el corto plazo, alcanzar la nueva normalidad que sea la base para la reactivación económica, pero con una visión de transformación estructural a medio y largo plazo. Para las zonas más afectadas por los
retos demográficos, recuperar la normalidad anterior a la pandemia es el paso inicial, pero no es, en ningún caso, suficiente.
La reconstrucción es una oportunidad para la reactivación económica de las zonas que se enfrentan a los retos demográficos de la despoblación o el envejecimiento. Y es una necesidad para garantizar que estamos más preparados ante futuras
crisis o emergencias.
Reconstruir, en las zonas del reto demográfico, supone trabajar para que haya más actividad económica, más población, más servicios y, sobre todo, más oportunidades en las áreas despobladas y envejecidas. Pero es vital que la reconstrucción
social y económica no solo no deje atrás a las zonas rurales y/o más despobladas de nuestro país, sino que apueste por revitalizarlas y aprovechar su enorme potencial y diversidad para construir un modelo económico más justo, más pegado al
territorio y más resiliente.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
115. Completar la digitalización del territorio, de banda ancha y móvil, y promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 5G. Hay que garantizar la conectividad de banda ancha e Internet móvil en
todos los municipios del país y asegurar que llegue a las explotaciones agrarias y ganaderas, que en muchas ocasiones se encuentran alejadas de los municipios a los que pertenecen. Este despliegue final es imprescindible para lograr la
trasformación tecnológica y digital de la producción agraria.
La elaboración de un nuevo Plan para la Conectividad de la Economía, Sociedad y Territorios, para que tanto empresas como ciudadanos puedan desarrollar sus actividades laborales, empresariales, educativas o de ocio, ya sea desde una gran
urbe como desde una pequeña aldea.
116. Recuperar la actividad económica que se ha visto afectada por la pandemia y las medidas tomadas para contenerla, con medidas de:
1. Impulso de la actividad industrial en zonas rurales: innovación, crecimiento, digitalización.
2. Digitalización y modernización de la actividad agraria.
3. Desarrollo de una Estrategia de Turismo Sostenible en el medio rural y áreas de interior.
117. Impulsar sistemas económicos locales que favorezcan un crecimiento sostenible e innovador, basado en la digitalización, la transición ecológica y la calidad de vida.
118. Impulsar aquellos territorios que, por la intensidad de sus desequilibrios demográficos (despoblación, envejecimiento, masculinización, baja densidad...), requieren de estrategias territoriales integradas de revitalización económica y
social, a través de:
1. Planes integrales de innovación territorial.
2. Mapa de áreas prioritarias ante el reto demográfico, identificando las mismas en función de la baja densidad y de acuerdo con criterios objetivos y consensuados, teniendo en cuenta la gravedad del problema demográfico y diferenciando
entre los distintos niveles de intensidad y la persistencia del problema.
3. Oficinas de lucha contra la despoblación con funciones de acompañamiento al emprendimiento, la creación de empresas en las zonas rurales y su posterior consolidación en las 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente.
4. El desarrollo de las estrategias locales, regionales y estatales a favor de la repoblación rural y la lucha contra el despoblamiento tendrá en cuenta entre otras iniciativas la experiencia y la infraestructura de los más de 250 Grupos de
Acción Local y Desarrollo Rural que existen en España.
119. Definir y aprobar un modelo de gobernanza multinivel, que facilite la reconstrucción y el desarrollo del plan de revitalización económica en las zonas más afectadas por el reto demográfico, que promueva la coordinación y cooperación
entre los distintos niveles de gobierno territorial, y que impulse la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos.
120. Desarrollar políticas públicas de transporte, bajo un criterio mallar, en colaboración con el sector privado que garanticen la cohesión y vertebración territorial de nuestro país.
Especialmente en las zonas rurales, se deben buscar soluciones que den respuesta a las necesidades reales de movilidad y transporte de los ciudadanos con la utilización más eficiente de los recursos públicos.
La acción pública debe centrarse en mejorar el acceso de los residentes de las áreas despobladas a los servicios básicos, sin la necesidad de disponer de un vehículo privado.
Esta conectividad no debe identificarse con modos de transporte concretos, sino que para garantizarla deben tenerse en cuenta las necesidades reales de los usuarios y seguir criterios de eficiencia y de rentabilidad social, teniendo en
cuenta que:
- Aunque las infraestructuras no son el único factor del desarrollo económico de un territorio, su carencia sí que es un factor limitante para el mismo. De manera que el desarrollo de infraestructuras del transporte se ha demostrado como
condición necesaria para garantizar el desarrollo socioeconómico de las zonas de interior.
- Las investigaciones más recientes demuestran que el PIB per cápita de cada municipio se asocia a zonas de mayor accesibilidad por carretera o ferrocarril. Con perspectiva histórica, se puede afirmar que las infraestructuras de transporte
fortalecen el poblamiento y mantienen la población en el medio rural.
121. Para mejorar el impacto social y territorial de la movilidad y las infraestructuras, encargar a la Oficina Nacional de Evaluación el diseño de mecanismos que aseguren que la toma de decisiones en la planificación de infraestructuras
sea rigurosa, teniendo en cuenta los impactos reales y la rentabilidad social y económica, con criterios medibles y evaluables de las inversiones en la mejora efectiva de los territorios, primando la cohesión territorial y reforzando los derechos de
las personas.
122. Abordar la despoblación con especial incidencia en la igualdad de género, visibilizando el trabajo de la mujer en las zonas rurales, mediante una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural y un acceso real a la
propiedad, mediante la titularidad compartida.
123. Potenciar en las zonas rurales, en el marco de la transición ecológica, la inversión en la industrialización de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I+D+i que sean respetuosas con el medio ambiente, así como con la
salud de la población.
124. Asegurar el acceso a la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios administrativos y financieros, así como la calidad de los mismos.
125. Promoción de la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas más afectadas por la despoblación, en materias como:
1. Rehabilitación del patrimonio construido y mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario.
2. Promoción del parque público de vivienda en alquiler.
126. Impulsar la construcción, y su culminación lo más pronto posible, de los ejes ferroviarios descentralizados como el Corredor del Mediterráneo y los accesos a los diferentes puertos.
127. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 6. POLÍTICA FISCAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
La crisis derivada del COVID-19, ha sometido a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, paralizado las cadenas de suministro globales, y creado una fuerte volatilidad financiera ante el escenario de incertidumbre radical
derivado del nuevo virus y sus efectos. La pandemia ha supuesto un shock combinado de oferta y demanda, con paralización de la actividad, el comercio internacional y el consumo. Una paralización necesaria para salvar vidas, pero que requiere al
mismo tiempo de una importante movilización de recursos públicos con el fin de minimizar los efectos destructivos en empleo, rentas y liquidez de las empresas.
El 13 de marzo de 2020 la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión. Como respuesta,
España declaró un estado de alarma e introdujo numerosas medidas de emergencia. Una semana después, el 20 de marzo, la Comisión suspendía temporalmente el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, propiciando que se priorizara así la movilización
de recursos públicos para afrontar la pandemia.
Los efectos del COVID-19, sobre las arcas públicas implican a corto plazo tanto una fuerte elevación del gasto público, resultado de financiar las medidas de emergencia, como en un desplome de los ingresos, por el cese abrupto de actividad,
así como por las medidas de alivio fiscal. Al respecto, será importante que a medio y largo plazo la caída de ingresos no afecte a la cobertura sanitaria de las personas ni a una merma del Estado de bienestar. Para ello, nuestro país requiere de
una reforma de sus ingresos que reduzca su margen o gap con respecto a la media de la eurozona.
Asimismo, será imprescindible revisar la propia estructura del gasto público, a través de mecanismos de evaluación de políticas públicas (spending review) que permitan medir y mejorar la eficiencia de las inversiones realizadas y, con ello,
la calidad de los servicios prestados.
España tiene una proporción de ingresos públicos con relación al PIB del 39,2%. Más de siete puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (46,5 %), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia. En 2018
España fue el décimo país de la eurozona con menor capacidad de recaudación. Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, este
representa un 41,7 % del PIB, frente al 47 % registrado en la eurozona en 2018 el 56 % de Francia o el 53,1 % de Finlandia.
En este sentido, nuestra política fiscal habrá de avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria, con una menor distancia entre los tipos impositivos nominales y los efectivos, con una fuerte reducción del fraude fiscal (dado que
mantiene también un importante gap con los países de nuestro entorno), pero también con una mayor capacidad recaudatoria guiada bajo criterios de progresividad, en línea con lo marcado por el artículo 33 de la Constitución. Y habrá de ser una
fiscalidad mejor adaptada y acorde a la realidad económica, tecnológica, social y de transición ecológica en la que vivimos. Una fiscalidad, por tanto, más justa y redistributiva, para asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden
en el conjunto de la ciudadanía, pero más en quienes más lo necesiten. Una mayor igualdad y prosperidad a través de un Estado de bienestar sólido, con unos servicios públicos de calidad que permitan eliminar la brecha social que ha generado la
crisis sanitaria por el COVID-19, pues esta afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Una fiscalidad comprometida también con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, en un contexto de avance en la
armonización fiscal con la Unión Europea.
Por ello, es preciso actuar, tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público, y especialmente fortalecer
nuestro gasto público social.
En este bloque se tendrá en cuenta la especificidad fiscal vasca y navarra y por tanto se garantizará que las propuestas contenidas específicamente en este bloque se trasladarán y consensuarán en la Comisión Mixta del Concierto y Comisión
del Convenio, atendiendo a la necesaria relación de bilateralidad. Así mismo se garantizará la participación de las Haciendas Forales en el ámbito europeo respecto de las decisiones y medidas de sus competencias e intereses.
También se debe de incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha
visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, todas las medidas, cada una de las que se adopten, necesitan incorporar el alcance del impacto de género que produce, si
queremos que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres.
Propuestas de Resolución:
128. Reducir la brecha fiscal con Europa. El Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden
invertir en fortalecer el Estado del bienestar o el modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente el Estado español, es indispensable reducir esta brecha, sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas
españolas e implementar medidas tales como un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia.
129. Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes
(tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan.
130. Desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario, según las recomendaciones de la Unión Europea, de
manera que ayude a impulsar un crecimiento económico sostenible al internalizar las externalidades negativas resultado de la contaminación, e incentive así las actividades más respetuosas con el medio ambiente, aproximando nuestra fiscalidad
medioambiental a la de otros Estados miembros de la Unión Europea.
131. Fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional. Una lucha
contra el fraude fiscal que a medio plazo sirva para un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, un incremento de la recaudación y una reducción de la brecha fiscal con Europa, a la vez que se mejoran los
sistemas de control y diseño de los impuestos para evitar el fraude fiscal. Para ello se revisará la configuración del delito fiscal, para endurecer las penas y limitar los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago, se
adoptarán las medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía y concienciación social tributaria, incluyendo su introducción en los contenidos curriculares y se implantará la obligación que todas las empresas y entidades que reciban ayudas
públicas, tengan que declarar el importe de los impuestos que pagan y ante qué administraciones tributarias.
132. Estudiar medidas fiscales en favor de empresas, emprendedores y familias que coadyuven a la recuperación económica y demográfica de las áreas rurales más frágiles.
133. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión del gasto público (spending reviews) y
elaborar planes de implementación de sus recomendaciones, que permitan la eficiencia del gasto público.
134. Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad:
a) Permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020 y posibilitar su aplicación en inversiones y gastos
no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por esta crisis.
b) Durante los ejercicios 2020 y 2021 la regla del gasto no será de aplicación para las corporaciones locales.
c) En aplicación del principio de subsidiariedad una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por las corporaciones locales y comunidades autónomas.
135. Impulsar la reforma del sistema de financiación autonómico para que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera
equitativa. Para ello, el Gobierno presentará antes de final de año un esquema del nuevo sistema de financiación autonómica que resuelva las deficiencias del sistema vigente.
136. Impulsar una reforma de la financiación de la Administración local.
137. Impulsar los mecanismos necesarios para que las administraciones públicas cumplan los plazos de pago a sus proveedores y suministradores.
138. Aprobar con carácter inmediato la posibilidad de que las entidades locales puedan disponer libremente del superávit remanente de tesorería del ejercicio 2019 y 2020, y que durante los ejercicios 2020 y 2021 no les sea de aplicación la
regla de gasto.
BLOQUE 7. CIENCIA E I+D+i
La crisis del COVID-19, ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia en la búsqueda de soluciones en muchos ámbitos: sanitario, social, económico, político, global [...] Por otro lado, a nadie escapa que es unánime el diagnóstico
sobre la importancia capital de las inversiones en conocimiento e innovación para asegurar la sostenibilidad de la economía y el Estado de bienestar.
En este momento de reconstrucción, de reactivación tras la pandemia, nos encontramos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación debilitado que necesita de un refuerzo urgente y de reformas estructurales.
Recordemos que la ciencia y la innovación son las palancas de la modernización del país que aseguran el bienestar del futuro, la educación, la sanidad y las pensiones del mañana. Es evidente, entonces, el papel de la investigación y la
innovación para garantizar el bienestar social y económico de la ciudadanía, motivo por el cual las inversiones en I+D+i son claves para impulsar futuras oportunidades de reactivación y de crecimiento, tanto económicos como laborales.
Para impulsar esta reactivación es indispensable trabajar desde diferentes 'puntos de apoyo' con un mismo objetivo, para dar más agilidad y flexibilidad al sistema. Y el primero de ellos es la búsqueda de la unidad, de un pacto que haga
posible que la ciencia y la innovación, su inversión, se sitúe donde debería de estar, en su punto óptimo; así como preparar una estrategia que coordine tales esfuerzos.
Pero son necesarios más puntos de apoyo como definir una carrera científica predecible para las y los investigadores desde el inicio, con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas. Pues sin un personal preparado y motivado, sin
científicas y sin científicos, difícil es ejercer presión sobre una palanca, por muy moderna que esta sea y así mover el mundo. Y para ello, además, es necesario e importante reforzar también los instrumentos para favorecer la competitividad y el
carácter innovador de las empresas y avanzar en una investigación biomédica y en salud pública mejor preparada. Pues la ciencia y la innovación es cosa de todos. Así, es primordial fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la
inversión privada en I+D+i. Y es especialmente ahora que la economía española necesita un relanzamiento inmediato basado en el conocimiento, capaz de mantener y desarrollar las capacidades y la competitividad de nuestras empresas.
Finalmente, es vital la necesidad de reforzar las capacidades de investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica, directamente relacionada con el control de pandemias como la del coronavirus. También en este
contexto son esenciales los avances en medicina de precisión o personalizada, siendo de una gran utilidad para acelerar el conocimiento de esta y futuras emergencias sanitarias, gracias a la posibilidad tecnológica de interrelacionar los datos
clínicos y genómicos de los pacientes y así encontrar mejores prácticas clínicas.
La ciencia y la innovación son las principales palancas de progreso social y económico, como demuestra la correlación entre el bienestar de un país y su inversión en I+D+i.
Ante el protagonismo y el interés social y económico que ha despertado la ciencia y la innovación, es la hora de llegar a acuerdos para estas reformas pendientes sobre las que hay un gran consenso académico, y también político.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
139. Lograr un Pacto por la Ciencia y la Innovación para que estas se desarrollen en un contexto sostenido y predecible y se incremente la inversión total en I+D+i hasta la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB estabilizado al
final de la legislatura.
- Aumento de las partidas destinadas a los contratos pre-doctorales y post-doctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementando tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad.
- Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del Plan de Reconstrucción del país.
- Mejora de la financiación estructural de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los institutos de investigación universitarios.
140. Promover y establecer un compromiso presupuestario claro y significativo en las partidas destinadas a Ciencia e Innovación en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se propone aumentar la inversión pública en I+D+i civil
por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y avanzar hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada. Las cuantías para Ciencia en I+D+i se incrementarán en el ámbito civil. Se aumentará el peso de
las partidas destinadas a la inversión directa respecto al peso relativo de los créditos.
141. Avanzar hacia una nueva orientación de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 que defina una coordinación efectiva de las inversiones de I+D+i entre los diversos organismos financiadores.
142. Siguiendo la idea de Estado Emprendedor, impulsar políticas industriales y de I+D+i que conviertan a nuestro país en una región fuertemente innovadora. Para ello, se fomentará la colaboración sinérgica entre OPI y empresas, se
impulsará el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los centros tecnológicos agrupados bajo la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) siguiendo el modelo del Instituto Fraunhofer alemán y se pondrán en marcha fondos
públicos de capital riesgo que financien proyectos empresariales de innovación disruptiva a medio plazo. Estos fondos deben ser financieramente sostenibles gracias al establecimiento de acuerdos que impliquen el cobro de royalties.
143. Fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+i.
144. Reforzar el papel de las universidades en su contribución a la ciencia y al desarrollo de la I+D+i.
145. Definir una carrera investigadora desde el inicio, con contratos dignos y estables y evaluaciones justas e inclusivas, mediante un nuevo Estatuto del Personal Investigador que establezca unos criterios claros y objetivos para acceder a
cada nueva fase. Resulta necesario instaurar un modelo abierto alineado con los países de nuestro entorno y que deberá prever un control exhaustivo de todo el proceso de incorporación.
146. Continuar mejorando la gestión de los proyectos científicos con medidas que hagan más eficiente el trabajo de los investigadores, contando con personal administrativo especializado en los OPI que liberen a los científicos de las tareas
administrativas.
147. Reforzar la investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica que realiza el Instituto de Salud Carlos III.
148. Explorar una línea de investigación sobre la despoblación, los retos demográficos y las oportunidades dentro de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. Mejorar la financiación en I+D+i de los centros
públicos de investigación y de las universidades.
149. Finalizar y aprobar la Estrategia Española de Medicina de Precisión, que será pilar central en el uso de los nuevos fondos públicos.
150. Crear un Comité Permanente de Asesoría Científica que desarrolle una labor de consejo científico a las decisiones de Gobierno, y que dé servicio a todas las demás instituciones autonómicas y locales.
151. Fomentar la investigación aplicada. Centrar las políticas de innovación en las necesidades de la industria, de tal manera que las empresas y las infraestructuras del conocimiento coadyuven.
152. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
153. Apoyar la I+D en áreas o sectores emergentes tales como salud, envejecimiento, ecología, cambio climático, industria 4.0, automatización, nuevos materiales, ciberseguridad.[...]
154. Fomentar la colaboración público privada a través de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.
155. Agilizar y simplificar los procedimientos de gestión de la ciencia e innovación, aligerando las barreras administrativas existentes.
BLOQUE 8. SISTEMA FINANCIERO
El sistema financiero juega un papel clave en cualquier economía avanzada, permitiendo una eficiente canalización de los ahorros hacia las necesidades de inversión. Sin un buen funcionamiento del sistema financiero, las empresas, autónomos
y hogares no podrían llevar a cabo los proyectos que permiten el progreso económico del país. Es fundamental garantizar la máxima inclusión financiera, asegurando que ningún agente, ya sea pyme, autónomo o particular, queda al margen del acceso a
la financiación y, por tanto, ve imposibilitado el desarrollo de sus proyectos empresariales o personales. Por otro lado, un sistema financiero nunca jugará correctamente el papel que le ha sido asignado si no se establecen los mecanismos de
salvaguarda necesarios para la protección del cliente financiero.
Asimismo, la calidad del sistema financiero depende también de un adecuado sistema de supervisión y regulación. En este sentido, tras la crisis de 2008 se han dado algunos pasos importantes, como la supervisión directa de los grandes bancos
de la eurozona por el Banco Central Europeo (entre ellos 12 entidades españolas), así como la creación del Mecanismo Único de Resolución (MUR), y con él la Junta Única de Resolución (JUR), además del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Estos dos
mecanismos, el MUR y el MUS, son dos pilares de lo que será la unión bancaria en la Unión Europea.
No obstante, España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos países de la Unión Europea con tres organismos supervisores: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), y cuyas competencias en ocasiones se solapan entre sí. Frente a esto se hace necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otro con dos organismos gestores y
centrados en tareas específicas, modelo conocido como 'twin peaks'. Habría, por tanto, un organismo centrado en la vigilancia en materia de solvencia del sector financiero, y otro dedicado a supervisar las operaciones de venta de productos y
servicios financieros.
Propuestas de Resolución:
156. Impulsar el emprendimiento, la creación y crecimiento de las empresas, mediante el apoyo al desarrollo de los mercados y los instrumentos de financiación pública y privada y la reforma de la arquitectura financiera del Estado,
concentrando recursos y capacidades alrededor de los mecanismos públicos de crédito para aumentar su impacto y su capacidad de canalizar fondos de la Comisión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales.
157. Adoptar una estrategia decidida de apoyo a las empresas innovadoras, implementando las siguientes medidas:
1. Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras, enfocada principalmente a afrontar los principales problemas de este tipo de compañías: el acceso a la financiación, la atracción y retención del talento, el exceso de burocracia
y la consolidación de su negocio a través de la colaboración con las grandes empresas tecnológicas.
2. Implementar medidas económicas y financieras urgentes de protección a las empresas innovadoras y que más invierten en I+D+i para evitar su desaparición en la crisis motivada por el COVID-19, como la eliminación total de requisitos de
avales durante 2020 para proyectos empresariales en todas las líneas de ayudas de I+D+i estatales, incluyendo proyectos en curso.
3. Acelerar la aprobación de la regulación del sandbox, para facilitar la introducción de productos y servicios innovadores en todos los ámbitos económicos relevantes.
158. En particular, fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para continuar su desarrollo como herramienta de financiación y, por tanto, garantía de liquidez, para la actividad económica y empresarial, teniendo en cuenta
los criterios técnicos de evaluación de riesgos en los mecanismos de crédito oficial.
159. Desarrollar medidas adicionales que aseguren una financiación suficiente y estable a la Ciencia e Innovación de nuestro país. En particular, se implementarán cuantas medidas sean necesarias para asegurar que los fondos europeos
destinados a España en la nueva programación 2020-2027 refuercen, mediante programas plurirregionales específicos, el desarrollo de proyectos científicos y de innovación, y en especial se destinen a la estabilización y retorno del personal
investigador.
160. Tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores, para mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores de mercado y permitir así un mejor desarrollo de los mercados de capitales en España, como fuente de financiación
alternativa al sistema bancario.
161. Acelerar la tramitación del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, con el fin de poder responder adecuadamente a los retos derivados de la revolución digital.
162. Adopción de medidas específicas que garanticen el acceso a la financiación de empresas de alto grado de innovación, ya que sus activos suelen ser más intangibles y, por tanto, la solvencia de sus balances más débil.
163. Impulsar, en cooperación con las entidades financieras, el acceso básico a los servicios financieros de proximidad en todas las comarcas rurales.
164. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 9. IMPULSO DE LA POLÍTICA COMERCIAL, APOYO A LA AUTOMOCIÓN, RELANZAMIENTO DEL TURISMO Y REACTIVACIÓN DE LA HOSTELERÍA
Política comercial internacional
La pandemia del COVID-19, representa una perturbación sin precedentes en el comercio internacional debido a la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio prevé una reducción del comercio
mundial de mercancías entre un 13 % y un 32 % en 2020 debido a la crisis sanitaria. También el comercio de servicios podría ser el más directamente afectado por el COVID-19, debido a la imposición de restricciones al transporte y los viajes. Para
2021 se prevé una recuperación del comercio mundial, pero dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas para estimular la economía.
El comercio internacional será un componente importante de las perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales. En consecuencia, la internacionalización de nuestras empresas puede ser una palanca para la recuperación económica y para
ello es necesario reforzar los instrumentos de apoyo a la internacionalización y diversificar mercados y productos.
Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción
El sector de automoción en España representa el 10 % del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 19 % del total de las exportaciones españolas. La industria genera 100.000 empleos directos y otros más de 2,5 millones de
puestos de trabajo están ligados al sector. Por ello, el sector de automoción está considerado como estratégico en la agenda del Gobierno por su importante peso en el PIB y en el empleo, pero también por su contribución a la vertebración
territorial de nuestro país.
Es el tercer sector industrial de España, tras alimentación y química, y primer sector exportador, con un claro efecto tractor en otras industrias como la del refino y los bienes de equipo.
España es una potencia industrial en la fabricación, siendo el 2.º mayor fabricante de automóviles de Europa y el 8.º a nivel mundial y muy valorado por sus altos niveles de productividad y calidad de sus plantas. Prueba de ello es que las
primeras marcas del sector están establecidas en España como Groupe PSA, Seat, Renault, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, etcétera.
Sin embargo, la industria de la automoción, altamente dependiente de las cadenas de suministros globales, ha sido un sector muy afectado durante la crisis del COVID-19, tanto en las plantas de fabricación como a nivel comercial, llegando a
parar totalmente su actividad.
A esta situación, se le añade una gran incertidumbre sobre la evolución del mercado europeo e internacional y de potenciales nuevas inversiones en centros de decisión de los principales fabricantes que no están en nuestro país.
No hay que olvidar que el sector de la automoción se encuentra inmerso en grandes inversiones como consecuencia de su adaptación y transformación hacia la descarbonización y los nuevos modelos de movilidad, con vehículos eléctricos y mayor
sencillez de componentes y fabricación, el reto de la conectividad, la entrada de nuevos actores en el mercado, y con una transformación en el modelo de prestación pasando de la propiedad al uso.
Por todo ello, una de las prioridades del Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica debe ser realizar un esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y trabajadores con el objetivo último de mejorar la productividad, preservar
nuestras capacidades productivas en la automoción e impulsar la recuperación tras esta crisis sin precedentes.
Plan de impulso del sector turístico
El sector turístico es uno de los motores de la economía española. Aporta el 12,3 % del PIB y emplea al 12,7 % del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Al mismo tiempo, es una herramienta de cohesión social, de desarrollo
económico y de fijación de población. Ha de ser por ello un sector prioritario en el Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, tanto para afrontar medidas de choque a corto plazo ante el fuerte impacto de la pandemia sobre esta actividad, como
también para su modernización y diversificación de modo que nuestro país se mantenga a la vanguardia en términos de competitividad internacional. Una modernización basada en dos ejes principales: sostenibilidad y transformación digital.
Plan de reactivación de la Hostelería
La hostelería en España representa en torno a 1,6 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 8,8 % del total de afiliados a la Seguridad Social. En estos momentos más de un millón de trabajadores de la hostelería están protegidos por
ERTE (55 %) y prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos (17%). El Gobierno ha desvinculado la duración de los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma.
Una vez controlada la crisis sanitaria e inmersos en el proceso de desescalada es el momento de reactivar la actividad de la hostelería de forma segura. Hay que empezar a mirar al futuro, a ese horizonte que cada día está más cerca, para
poder trasmitir la confianza necesaria a los consumidores para volver a los restaurantes, cafeterías y bares, a los que han de sumarse también las empresas de colectividades y catering que tanto nos aportan.
La hostelería, y más concretamente el subsector de la restauración, es uno de los principales referentes de nuestro estilo de vida; es parte de nuestras costumbres y nuestra forma de socializarnos, escenario de encuentros con familia,
amigos, compañeros... y testigo de algunos de los momentos más especiales de nuestras vidas.
La gastronomía es, además, un factor de creación de PIB, de atracción de turismo y de apertura de mercados de exportación.
Es pues el momento de apostar por medidas de reactivación de la hostelería que se alinee con los principios de sostenibilidad y digitalización.
El principio de sostenibilidad se está introduciendo en la restauración de una forma constante. Una de las filosofías con mayor capacidad de extensión es la conocida como 'Zero Waste', o de desperdicio cero, que basa gran parte de su
aplicación en la elaboración de recetas que aprovechan todo aquello que normalmente desestimamos, bien por su apariencia o por no conocer elaboraciones alternativas.
En relación con la digitalización del sector, aprovechar el Big Data o macrodatos, para conocer mejor a los clientes cada vez más híperconectados y, por ende, poder realizar la toma de decisiones con la máxima y mejor información disponible.
Finalmente, el sector requiere de una capacitación permanente de sus trabajadores para mejorar su competitividad y ofrecer experiencias únicas.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de
reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los
agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
165. Revertir las medidas arancelarias y no arancelarias establecidas antes de la pandemia del COVID-19, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
166. Trabajar para reformar y modernizar la Organización Mundial del Comercio, institución central del sistema multilateral de comercio, para adaptarla a los retos del comercio internacional del siglo XXI, así como para favorecer la
estabilidad y predictibilidad de las relaciones comerciales internacionales.
167. Se pondrán condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19, negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el Acuerdo
climático de París y la Agenda 2030.
168. Respaldar la ambiciosa agenda comercial de la Unión Europea con el objetivo de lograr acuerdos comerciales profundos y globales a través de la promoción de una política comercial progresista e inclusiva que trate de ampliar los
estándares sociales y medioambientales europeos.
169. Aprobar el III Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022 que tendrá como objetivos prioritarios los siguientes:
1. Aumento de la propensión a exportar y aumento de la base de empresas que exportan regularmente, especialmente de las pymes.
2. Diversificación de los mercados de destino de la exportación y de la inversión, buscando promover la implantación de nuestras empresas en sectores estratégicos en determinados mercados.
3. Incremento del valor añadido de las exportaciones e incorporación de nuestras exportaciones en las cadenas globales de valor.
4. Aumento de la atracción de inversión extranjera.
5. Incrementar la contribución a la lucha contra el cambio climático y el fomento de la sostenibilidad.
170. Desarrollar el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, 'Hacia una Movilidad Sostenible y Conectada', elaborado por el Gobierno y apoyado por los sindicatos y las principales asociaciones del sector.
171. Implementar el Plan de Impulso del Sector Turístico 'Hacia un turismo seguro y sostenible post-COVID-19', en coordinación con las comunidades autónomas y en colaboración con el sector, y continuar su transformación hacia un modelo
basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización.
En el caso de los Archipiélagos, se aplicarán las siguientes medidas:
1.º El Estado pondrá en marcha un Plan Turístico específico para Canarias que contenga medidas vinculadas a la promoción de nuevos productos turísticos, la rehabilitación de los espacios hoteleros y comerciales, la adaptación de los espacios
turísticos a la sostenibilidad ambiental, la digitalización del destino y en materia de promoción turística para reactivar cuanto antes la afluencia de turistas a nuestras islas, haciendo especial hincapié en la condición de Canarias como destino
seguro, pero también sostenible.
2.º Incrementar la financiación, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias y la de Baleares, del Fondo de Desarrollo de Vuelos (FDV) planteando una propuesta a las autoridades competentes y acciones de co-branding, políticas de
atracción e incentivación de implantación de operadores aéreos en el archipiélago.
3.º Transferencia inmediata de los fondos previstos en el Plan de Infraestructuras Turísticas para Canarias, previstos en los Presupuestos Generales del Estado, para recuperar la actividad turística adaptando las zonas turísticas a la nueva
realidad.
172. Potenciar la promoción de España como destino turístico seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.
173. Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.
174. Plan de Turismo Rural, de Interior, Ecoturismo y Turismo Cultural. El Plan debe incluir reducciones del IVA para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España en estas áreas y contribuir a la transformación del sector desde una
perspectiva ecológica ambiciosa.
175. Avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible, eficiente y justo con las personas empleadas, y adaptado a las realidades locales. Este modelo debe asegurar que el sector cumple con los mínimos del Acuerdo de París. En particular,
se promoverá un cambio en los patrones de consumo turístico y en los de movilidad para adaptarlos a una economía más local, donde la calidad prime sobre la cantidad, con especial atención en evitar los procesos de masificación y sobreexplotación de
recursos. Se apoyará la creación de empleo y el emprendimiento a partir del consumo local y de cercanía, para que el turismo se erija realmente en un catalizador de desarrollo y prosperidad para las comunidades locales. Se favorecerán los
circuitos de producción y consumo locales en el abastecimiento de los destinos turísticos a través de productos 'Km 0'. Se informará sobre las emisiones de CO2 generadas por y para todos los servicios relacionados con el turismo. Se reducirá el
uso del plástico en toda la cadena de valor del turismo (hoteles, restaurantes, empresas de tours, transporte, guías, etc.).
176. Garantizar que se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para las camareras de pisos. Para ello, será necesario reforzar las Inspecciones de Trabajo y que se realicen Evaluaciones de Riesgos para esos puestos de trabajo.
177. Aprobar un Programa de Formación de Trabajadores de la Hostelería en coordinación con las comunidades autónomas y el sector.
178. Estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de
recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo.
179. Potenciar la promoción de la hostelería como establecimiento seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.
180. Potenciar en los establecimientos el 'Zero Waste', desperdicio cero.
181. Apostar por la integración de las nuevas tecnologías y la digitalización en la hostelería en colaboración con el tejido empresarial y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estableciendo la colaboración necesaria para
proyectos innovadores de digitalización.
182. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, preven la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 10. RELANZAMIENTO DE LA CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE INCLUSIVO
La cultura, además de un conjunto muy diverso de actividades de indudable relevancia social resulta también una importante actividad económica en nuestro país. Una actividad que según el Anuario de Estadísticas Culturales 2019 aportó un 3,2
% del PIB, con un total de empresas dedicadas principalmente a la cultura que supone un 3, % sobre el total y 690.300 empleos directos (un 3,6 % del empleo total). A estos datos habría que sumar las aportaciones económicas de la cultura de forma
indirecta, como por ejemplo el impacto sobre el Turismo, uno de cada cuatro viajes de residentes (el 24,2 %) y más de uno de cada tres entre los no residentes (37,4 %) incluyeron actividades culturales, con un gasto agregado entre ambos que superó
los 21.000 millones de euros (7.726,4 y 13.341,1 millones de euros respectivamente). Pero la cultura es también creación literaria, es la industria cinematográfica y el teatro, música, educación... Es la conservación de un rico patrimonio, tanto
material como inmaterial. En definitiva, un amplio y muy
variado conjunto de actividades que, al contrario de lo que en ocasiones se afirma, tiene un bajo impacto en términos de gasto público. Así, lejos de ser un sector 'que vive de subvenciones', el gasto público de la Administración General
del Estado representó en 2018 un 0,06 % del PIB, un 0,10 % del PIB en el caso de las comunidades autónomas y un 0,28 % del PIB por parte de la Administración local.
Sin embargo, la cultura ofrece un importante potencial de impulso económico y creación de empleo en un cambio de modelo productivo que tenga en el conocimiento y la creatividad sus principales fundamentos. Aprovechar todo ese potencial
exige poner el acento en el papel primordial que desempeñan las y los artistas, creadores y demás trabajadores de la cultura. Por ello, la protección y fomento del artista y del creador ha de ser fundamental, y ha de desarrollar plenamente las
conclusiones de la subcomisión parlamentaria que elaboró en 2018 el denominado Estatuto del Artista.
Pero mientras se logra, el sector cultural es uno de los principales afectados por el COVID-19 y por ello se aprobó el Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de mayo, con medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social de la pandemia, que introdujo una prestación extraordinaria por desempleo para los artistas en espectáculos públicos y una inversión directa de 76,4 millones de euros. Unas medidas que necesitan todavía completarse.
En todo caso, los efectos de la pandemia también han hecho aflorar la gran variedad de situaciones laborales de los artistas y de los creadores, situaciones que requieren una regulación jurídico-laboral muy específica y, sobre todo, una
adecuación de las coberturas de la Seguridad Social. Al estallar la crisis pandémica la variedad de situaciones laborales y económicas ha dificultado dar una respuesta rápida al desempleo en que han quedado muchos artistas. Por este motivo, si en
2018 era necesario proporcionar a los artistas un estatuto laboral digno y fácil de gestionar, en 2020 esa necesidad se acrecienta porque los artistas y creadores se han visto en situaciones graves a causa, como se ha dicho, de la gran variedad de
situaciones profesionales que hacen difícil su reconducción a las categorías usuales de la contratación laboral y de la afiliación a la Seguridad Social.
De cara al futuro, hay que apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad
posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural. Además de la generación de
empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional. Como se ha dicho, ahora mismo, en condiciones de
importante precariedad, la cultura genera algo más del 3,2 % del PIB. Además, la riqueza lingüística de nuestra creación cultural, tanto por el alcance del castellano (la comunidad hispanohablante supone el 7,6 % en todo el mundo) como por el resto
de lenguas propias del Estado, colocan a España como país exportador de cultura en una situación privilegiada. Toda la potencialidad y talento, además del éxito con el que ya cuentan las producciones culturales españolas fuera de nuestras
fronteras, tienen que verse acompañadas por una apuesta económica sin precedentes en el sector, para que podamos hablar de una primavera cultural.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
183. Apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor
diversidad posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural. Además
de la generación de empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional.
184. Promover un Plan estratégico de I+D+i en cultura digital para el fortalecimiento de las industrias culturales y recreativas, la trasformación del sector audiovisual y el fomento de la creación digital basado en cuatro pilares
fundamentales: educación, formación, creación digital e internacionalización, con el fin de orientar las políticas culturales en paralelo a la transformación tecnológica del sector cultural y, con ello, el impulso al desarrollo y competitividad de
las industrias culturales y creativas de nuestro país.
185. Impulsar un Plan de Igualdad en el ámbito de la cultura.
186. Impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, permita al sector aumentar su peso en el PIB, afiance un modelo
sostenible de crecimiento y apoye a los jóvenes creadores.
187. Aprobar un Plan Integral de Apoyo al Sector de la Moda de Autor española para contribuir a la promoción e internacionalización de este sector, dentro de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Cultura.
188. Promover y coordinar con el resto de administraciones las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades
específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración.
189. Impulsar una nueva Ley del Deporte y definir el modelo del deporte español. En particular, la nueva Ley del Deporte, ya que la actual tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un
seguimiento y de una asistencia a las competiciones muy importante, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, se han de reconocer las
competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, dignificando sus condiciones laborales.
190. Considerar de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan.
191. Prolongar la duración del Acontecimiento de Excepcional Interés Público 'Programa Deporte Inclusivo' y mejorar sus condiciones.
192. Reforzar las medidas destinadas al mantenimiento y continuidad de las empresas culturales -y su empleo- hoy gravemente afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y por la lentitud de su progresiva reactivación.
193. Proteger a los artistas mediante la implantación de las medidas de impulso del 'Estatuto del Artista', aprobadas por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
194. Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades
Forales, las normas atributivas de las mismas.
CONCLUSIONES
UNIÓN EUROPEA
La crisis global de salud pública que vivimos por la amenaza del COVID-19 se ha mostrado en toda su crudeza como la mayor amenaza que sufre Europa desde la II Guerra Mundial, justo cuando se cumplen 70 años de la Declaración de Schuman. Al
igual que en 1950, nuestra ambición debe estar a la altura de los desafíos del presente.
Las últimas perspectivas económicas presentadas por la Comisión Europea a principios de mayo muestran que la economía ha sufrido un duro golpe debido a la crisis sanitaria del COVID-19 la economía de la Unión Europea se contraerá al menos en
un 7,4 % en 2020 una caída significativamente peor a la que sufrimos en 2009.
La pandemia del COVID-19 constituye un desafío sin precedentes para Europa y el mundo que exige una actuación urgente, decidida a escala global, de la Unión Europea, nacional, regional y local. Este
esfuerzo debe estar orientado a la recuperación social y económica medioambientalmente sostenible y al impulso definitivo por la investigación y la ciencia.
La nueva situación mundial nos obliga a afrontar enormes desafíos. En el ámbito nacional y, sin lugar a dudas, en la Unión Europea. El orden global que hemos conocido hasta ahora, basado en un marco de reglas y normas internacionales
comúnmente aceptadas y desarrolladas a través de instituciones multilaterales sólidas, en el respeto a los derechos humanos de todos y todas y de los derechos de las minorías, en el libre comercio y en el fomento de la integración regional, estaba
ya fuertemente cuestionado.
Europa es un proyecto histórico que, a la vista de la pandemia, debe reforzar su compromiso con los valores de la democracia liberal de todos sus Estados miembros, a partir de la defensa de la tolerancia, el respeto al pluralismo político,
la justicia, y la equidad.
El momento es extremadamente complejo, pero ofrece a la Unión Europea una oportunidad de reconstrucción solidaria que integre de manera decisiva la cohesión económica, social y territorial, y la sostenibilidad, la inclusión y la
digitalización, así como un mayor desarrollo de su pilar social reforzando la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. Una Unión que salga fortalecida de la crisis del COVID-19 podrá afrontar los desafíos geopolíticos de nuestro siglo e
impulsar la cooperación internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por Naciones Unidas.
España debería impulsar una Europa más democrática, libre, competitiva, solidaria, verde y social, es decir, una Unión Europea más comprometida con la reducción de las desigualdades, la precariedad y la pobreza.
A esos efectos, los próximos meses ofrecen dos oportunidades. La primera, la estructura, orientación, cuantía y gestión del plan de recuperación, que debe expresar estos valores. La segunda, la Conferencia sobre el Futuro de Europa en la
que España debe comprometerse a impulsar las reformas necesarias para avanzar hacia una verdadera Federación Europea con una articulación institucional más democrática, participativa, transparente y próxima a la ciudadanía. En esas condiciones
debemos avanzar hacia una Europa solidaria, que se centre en las personas y la lucha contra la precariedad, la exclusión y la pobreza, verde, humanista, que impulse un desarrollo económico con desarrollo social, más federal, próxima a la ciudadanía
y basada en la suma de nuestra diversidad.
Estas propuestas deben incardinarse en las prioridades señaladas por la Comisión Europea, a saber, el Pacto Verde Europeo como estrategia de recuperación de la Unión Europea, el refuerzo del mercado único y su adaptación a la era digital,
una justa e inclusiva para todos.
El objetivo de la Unión Europea tiene que ser el crecimiento económico, en un marco que favorezca la inserción laboral, la competitividad industrial y del sector de servicios, así como la lucha contra la evasión fiscal; en línea con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La crisis provocada por el COVID-19 nos obliga a repensar un modelo económico con unas reglas de juego que deben adaptarse a un mundo dinámico, más competitivo, más global y más polarizado que deberemos enfrentar con una visión más europea.
España tiene que salir reforzada en su posición de Estado miembro de la Unión Europea, del mismo modo que Europa tiene que ser más fuerte en España tras la pandemia, mediante una acción responsable y transparente que consolide el sentimiento
europeísta de los españoles.
Propuestas de Resolución:
BLOQUE 1. MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA
1.A. MEDIDAS URGENTES:
1. Impulsar un Marco Financiero Plurianual ambicioso y adaptado para afrontar las circunstancias extraordinarias generadas por el COVID-19 que tenga en cuenta los países y sectores más afectados por la pandemia en sus distintos programas y
prioridades y que integre plenamente los objetivos europeos de transición justa, sostenibilidad, protección e inclusión social y digitalización. A su vez, el Marco Financiero Plurianual debe reforzar las dotaciones de las dos políticas
tradicionales, la Política Agrícola Común y la Política de Cohesión, que son claves para reforzar la resiliencia de nuestras sociedades, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las zonas escasamente pobladas.
2. Impulsar y facilitar inversiones interregionales en materia de innovación en áreas de especialización inteligente, de manera especial a través de pymes.
3. Impulsar con vigor la visión regional y el principio de subsidiariedad en la definición de las políticas y fondos de la Unión Europea.
4. Las instituciones autonómicas transpondrán, desarrollarán y ejecutarán el derecho y políticas de la Unión Europea, incluida la gestión de los fondos europeos, en el ámbito de sus competencias y de los mecanismos de colaboración que al
efecto se establezcan cuando la ejecución de aquel derecho y políticas requiera medidas de alcance superior al territorio de alguna de aquellas.
5. Acelerar la ratificación y puesta en marcha de los instrumentos financieros promovidos desde el Eurogrupo, que constituyen una gran red de seguridad europea para ayudar a los Estados miembros a contener los efectos de la pandemia: el
instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency, SURE) para apoyar a los desempleados, la línea COVID-19 del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para
apoyar a los Estados y el Fondo de Garantías del Banco Europeo de Inversión (BEI) para apoyar a las empresas. Todo ello sin olvidar que el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad tanto en cada Estado miembro como en el conjunto de los
27 se han de convertir en piezas indeclinables sobre las que configurar el presente y futuro de la Unión Europea.
6. Las comunidades autónomas contribuyen con su actividad al desarrollo y al buen funcionamiento de las relaciones institucionales entre los diferentes niveles de gobierno en que se articula la Unión Europea y al fortalecimiento del
proyecto político de integración de esta. Ello es singularmente importante en el momento presente por estar llamada la Unión Europea con sus políticas a jugar un papel relevante en la superación de los efectos económicos y sociales de la pandemia
producida por el COVID-19. y en el establecimiento de mecanismos que ayuden a neutralizar, superar y paliar sucesos sanitarios futuros iguales o similares al que hoy sufrimos.
7. Negociar la aprobación del Fondo de Recuperación europeo con una capacidad de movilización de recursos suficientes y a la altura del reto del COVID-19 basado en préstamos y transferencias y destinado a la reactivación rápida de los
países y sectores más golpeados por la pandemia. El Fondo de Recuperación financiará Planes de Inversiones y Reformas en los diferentes Estados miembros para cuya implementación se tendrá en cuenta el principio de subsidiariedad, con la
participación de comunidades autónomas y ciudades autónomas y entes locales dentro de sus competencias. Tanto el Fondo de Recuperación como los Planes de Inversiones y Reformas tendrán también como objetivo las acciones a desarrollar en las zonas
geográficas despobladas o en proceso de despoblación.
8. Una vez que se llegue a un acuerdo en el ámbito europeo sobre el Plan de Recuperación y el mecanismo Next Generation EU, el Gobierno impulsará mecanismos para la participación de las comunidades autónomas en la gestión de fondos que
provengan del mismo.
9. Identificar los sectores y las regiones y territorios más golpeados por la crisis, especialmente los que más han sufrido las restricciones de movilidad y los imperativos de distanciamiento social, así como a las pequeñas y medianas
empresas y proponer líneas de apoyo para ellos en el marco del fondo de recuperación europeo.
El tejido empresarial e industrial español necesita urgentemente el paquete de ayudas anunciado por la Comisión Europea para facilitar una mayor liquidez que les permita afrontar primero el impacto de la crisis y posicionarse después de cara
a la recuperación económica.
Hay que estimular la colaboración público-privada a nivel europeo: la buena relación que exista entre ambas esferas va a ser clave para que se produzca una recuperación económica sólida.
El sector turístico, por ser uno de los más afectados económicamente, va a requerir parte de las ayudas, y que se pueda acceder a ellas cuanto antes y con las menores trabas burocráticas posibles.
Hay que relanzar el sector español de exportación mediante reformas para mejorar la competitividad y contar con el apoyo de la Comisión con el fin de conseguir nuevos acuerdos comerciales.
Las pequeñas y medianas empresas -en la que se base nuestra economía- han sufrido las peores consecuencias de la pandemia, y requieren de una ayuda rápida y sin trabas burocráticas. El tejido empresarial industrial necesita que se
materialice de forma urgente el paquete de ayudas que anuncia la Comisión, facilitando una mayor liquidez para las empresas y pymes que les permita superar este momento de crisis y las prepare para afrontar un periodo de recuperación largo e
incierto.
10. Acordar con todos los agentes las estrategias de transformación digital enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que debe realizar España y que incluya los siguientes principios rectores: formación en competencias digitales
para estudiantes y profesionales, digitalización de la Administración,
fomento del teletrabajo como herramienta para la conciliación e infraestructuras digitales para la conectividad de todo el territorio.
11. Atender las aportaciones de todos los agentes, dentro de los cauces de participación pública previstos, para elaborar las estrategias vinculadas con la agenda verde enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que debe realizar
España y que incluya los siguientes principios rectores: apuesta por un marco jurídico estable para la atracción de inversiones en energías renovables, fomento de la innovación en alternativas sostenibles, con especial atención a la movilidad libre
de emisiones y la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, el refuerzo de la inversión en adaptación al cambio climático, prevención de desastres y protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
12. Apostar por la formación como clave de la recuperación y la necesidad de formar personas en nuevas habilidades y competencias adaptadas a la economía circular. Crear una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje a lo largo de toda la
vida profesional que conecte conocimiento, preparación y experiencia de las personas con las nuevas canteras de empleo.
13. Coordinar con los socios europeos las medidas necesarias que permitan restaurar la libre circulación con garantías de seguridad en fronteras internas y externas espacio Schengen, teniendo en cuenta las necesidades de las zonas
transfronterizas, y acompañar los esfuerzos realizados a nivel europeo para defender el espacio de libre movimiento mediante la creación de un mecanismo de supervisión del espacio Schengen que evite posibles abusos de la prerrogativa de los Estados
miembros para decretar cierres de fronteras dentro de la Unión Europea y que ponen en peligro la integridad del mercado interior y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos. Tras el parón económico y el cierre de las
fronteras forzado por la pandemia, la economía europea debe mantenerse como una economía abierta al resto del mundo y para ello es fundamental que prosiga el trabajo de eliminación de las barreras al libre comercio, asegurando que este se produzca
de manera justa, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
14. Elaborar junto a nuestros socios europeos, a fin de evitar disrupciones en el mercado interior, protocolos comunes de actuación para sectores como la hostelería, la restauración y otros relacionados con el ocio y el turismo que permitan
combinar la protección de la salud, con el impulso a la sostenibilidad y con la rentabilidad económica de las empresas del sector. Establecer así un espacio turístico único europeo, la 'Marca Europa', basado en los siguientes pilares: el
establecimiento de protocolos de calidad y seguridad comunes; la no-discriminación entre territorios dentro del espacio de libre movimiento; apertura coordinada de fronteras al exterior y promoción de la Unión Europea como destino turístico seguro
a nivel mundial para recuperar la normalidad de los flujos turísticos de manera sostenida.
15. Defender el equilibrio en los mercados, la sana y justa competencia y las normas de cohesión regional como elementos centrales del funcionamiento del mercado interior. La flexibilización del marco europeo de ayudas de Estado, aunque
necesario, está distorsionando las reglas de competencia en Europa en favor de los países más grandes y con mayor capacidad fiscal, agrandando la brecha entre países y regiones ricas y pobres. España defenderá la puesta en marcha inmediata de
instrumentos financieros europeos para ayudar a las empresas con problemas de solvencia y la imposibilidad de que las empresas se deslocalicen hacia aquellos Estados que más ayudas ofrezcan. Igualmente profundizará su apuesta por la lucha contra la
elusión fiscal, la economía sumergida por su impacto sobre la recaudación y la regulación del mercado laboral.
16. Evaluar el impacto a nivel europeo de las medidas adoptadas durante el período de excepcionalidad sobre los equilibrios democráticos y los derechos sociales, laborales y civiles, adoptando mecanismos de control para evitar retrocesos en
estas materias ante nuevos escenarios de excepcionalidad.
17. Elaborar un Plan de difusión y explicación a los potenciales demandantes, de las oportunidades que ofrecen los tradicionales y los nuevos instrumentos y mecanismos propuestos por la Comisión Europea.
18. Preparar un Plan Nacional de Recuperación realista detectando las necesidades y adaptado a las prioridades señaladas por la Comisión Europea. En su adopción, debe respetarse el principio de subsidiariedad y distribución competencial.
Debe tratarse de un Plan Nacional de Recuperación que incentive la credibilidad.
19. Adoptar las medidas necesarias para mejorar el aprovechamiento de fondos europeos por parte de España, analizando los casos en los que esta absorción ha sido deficiente y las causas de esta. Debe existir coordinación y cooperación a
todos los niveles entre las administraciones que gestionan los mismos.
20. Desarrollar el pilar social de la Unión Europea como una de sus prioridades básicas en pie de igualdad con los pilares económico y monetario, impulsando el empleo juvenil, el seguro europeo de desempleo, el salario mínimo
interprofesional europeo, un instrumento europeo sobre Ingreso Mínimo Vital o una Estrategia Europea de Combate contra la Pobreza y para la Igualdad de Género, reforzando la Garantía Juvenil y poniendo en marcha una Garantía Infantil.
La Unión Europea post COVID-19 debe incluir entre sus prioridades un auténtico pilar social. La estrategia de salida y recuperación europea debe contemplar como meta el desarrollo social, sus derechos y deberes.
21. Garantizar que la Política Agraria Común (PAC), así como la Política Pesquera Común (PPC), cuenten con los recursos necesarios para amortiguar los efectos que el COVID-19 ha tenido en nuestro sector primario, asegurando su evolución
hacia la agroecología y conforme a las políticas de lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad y producción saludable, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones y a los jóvenes agricultores.. En relación
con las empresas del sector agrario, se deben adoptar medidas de apoyo a los agricultores para facilitar su gestión de efectivo. También necesitan que se reduzca la carga administrativa.
Nuestra agricultura y nuestra pesca han garantizado el abastecimiento de alimentos durante la crisis: son un sector estratégico, igual que el digital, energético o el sanitario, cuya defensa y fortalecimiento constituyen una prioridad
absoluta para España. Garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos es una prioridad compartida por los Estados miembros y la propia Unión Europea, por eso hay que apoyar a agricultores y pescadores utilizando los recursos de la
Política Agrícola Común (PAC) y el Fondo Europeo de Pesca Marítima.
La Política Agrícola Común (PAC) deberá establecer la instauración de derechos y ayudas financieras específicas, directas o estructurales, a nuevos pobladores del mundo rural facilitando su acceso a la actividad agraria, ganadera y pesquera
o a la agroindustria.
La Política Agrícola Común (PAC) será también una política de alimentación común y promoverá una alimentación sana, sostenible y respetuosa con los animales, favoreciendo alimentos producidos de km 0, ecológicos, de temporada, sin
sufrimiento animal, diversificados y con mayor proporción de proteínas vegetales en la dieta.
1.B. MEDIDAS A MEDIO PLAZO QUE PROPICIEN UNA PROSPERIDAD ROBUSTA, SOSTENIBLE Y JUSTA DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS, PARA SUPERAR RÁPIDAMENTE LA CRISIS DEL COVID-19
22. Culminar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria mediante el establecimiento de un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos que proporcione protección a los ahorros de las ciudadanas y de los ciudadanos y complete el
establecimiento de la Unión Bancaria, así como un Sistema Europeo de Seguro de Desempleo que complemente los sistemas nacionales y sirva de estabilizador anti cíclico.
Es necesario reconocer el papel decisivo de la Política Monetaria Común estructurada en torno al euro por el papel protector que ejerce la moneda única sobre los países más vulnerables y más duramente golpeados por la crisis.
23. Avanzar en una Unión de Mercado de Capitales que permita que el crédito llegue a empresas, especialmente a las pymes, a menor tipo de interés, y contribuya así al crecimiento. El Plan de recuperación debe incluir medidas dirigidas a
fomentar la inversión privada mediante el programa InvestEU.
24. Apoyar la propuesta de obtención de recursos propios elaborada por la Comisión Europea que incluye la implantación de un impuesto al CO2 en frontera como mecanismo eficaz de lucha contra el cambio climático y el dumping ambiental que
sufren las empresas establecidas en la Unión Europea. Hay que rechazar toda práctica o norma que permita a empresas públicas o privadas comerciar con ventaja gracias a una reducción fraudulenta de costes laborales o fiscales.
Las iniciativas de convergencia son más relevantes que nunca y se deben impulsar nuevos mecanismos eficaces en la política de cohesión para apoyar la reducción del retraso de las regiones menos favorecidas. Igualmente urge aprobar nuevos
instrumentos que permitan una mayor coordinación de las políticas presupuestarias, fiscales, económicas y sociales con las que reforzar la cohesión social en el conjunto de la Unión. Los Estados miembros de la Unión Europea deben aprobar medidas en
su legislación interna que permitan desarrollar desincentivos eficaces en aras de conseguir conductas respetuosas con el medio ambiente en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
25. Apoyar la propuesta de creación de una tasa por servicios digitales a nivel europeo, así como también apoyar la propuesta de creación de una tasa a las transacciones financieras en el mismo ámbito europeo.
26. Tomar en consideración la posibilidad de impulsar una directiva de Diligencia Debida en Derechos Humanos para las actividades de las multinacionales europeas, sus cadenas de suministro y subcontratación.
27. Apoyar condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19 negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el Acuerdo climático de
París y la Agenda 2030.
28. Impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades con el objetivo de preservar el mercado interior europeo eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones. La lucha contra los paraísos
fiscales y jurisdicciones que practiquen la elusión y el dumping fiscal será una de las prioridades en el seno de la Unión Europea.
29. Proponer los cambios institucionales necesarios para eliminar el requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política fiscal europea.
30. Elaborar un Plan contra la elusión fiscal asociada a las empresas trasnacionales del sector financiero y digital.
31. Reforzar la gobernanza fiscal de la Unión Europea mediante la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacerlo más sencillo, comprensible y flexible de manera que permita inversiones esenciales para la transición ecológica de
toda la economía europea. Una vez pasado lo peor de la crisis del COVID-19 y consolidada la recuperación del crecimiento económico, la Comisión Europea deberá volver a activar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido durante
la crisis. Los futuros planes de consolidación fiscal deberán ser graduales, predecibles y a un ritmo que acompase la recuperación económica. España mantiene su compromiso con el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
con el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del nivel de deuda pública.
32. Impulsar medidas que regulen la compra de empresas de la Unión Europea por parte de compañías no europeas que reciben subsidios públicos, con especial atención a los sectores estratégicos.
33. Elaborar una política común en el ámbito de las redes digitales, en particular la extensión del 5G, considerando su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no acrecentar la brecha digital entre territorios.
34. Comprometerse con las políticas europeas que fomentan un cambio en el paradigma de movilidad para hacerla integrada, inteligente y sostenible. A esos efectos, apoyar la industria europea del transporte, la automoción, la de
construcción naval y el ferrocarril. Completar los compromisos adquiridos para completar las infraestructuras que conforman la red básica trans europea de transporte (TEN-T), incluidas sus vertientes digital (red galileo) y las conexiones
energéticas, especialmente entre los países periféricos.
35. Impulsar políticas comunitarias que favorezcan la convergencia económica y social, la cohesión territorial, la agricultura sostenible, la reindustrialización y la competitividad y que integren plenamente el objetivo europeo de
transición ecológica justa contra el cambio climático y pongan en valor el papel de la economía social como motor para regenerar el tejido social y económico de la Unión, así como el impulso y desarrollo de las ciudades medianas y pequeñas
localizadas en áreas con pérdida paulatina de población.
36. Impulsar políticas comunitarias que favorezcan la convergencia económica y social, la cohesión regional, la agricultura sostenible, la reindustrialización y la competitividad y que integren plenamente el objetivo europeo de transición
ecológica justa contra el cambio climático y pongan en valor el papel de la economía social de mercado como motor para regenerar el tejido social y económico de la Unión, todo ello dentro del sistema del libre mercado y la libre competencia.
Es preciso llegar a un pacto sobre Renovación Industrial entre las Administraciones nacional y autonómicas junto a los agentes económicos y sociales alineado con las dos grandes Agendas Verde y Digital donde la Comisión Europea concentrará
el grueso del gasto comunitario.
Para liderar el cambio de modelo energético en el proceso de transición energética y para la reactivación económica hay que impulsar tres medidas o 'palancas de descarbonización': en primer lugar, hay que apoyar el desarrollo de fuentes de
energía renovables. Solo de esta manera se podrá desarrollar una generación eléctrica libre de emisiones contaminantes. Hay que diseñar un marco estable para combustibles gaseosos como el hidrógeno y los proyectos industriales dirigidos a utilizar
la propia energía producida mediante aplicación de criterios de economía circular. La segunda palanca de descarbonización consiste en virar hacia vectores energéticos con menores emisiones basado en una
movilidad sostenible y de una infraestructura de recarga acorde. En concreto, la electrificación. Y la tercera palanca sería la eficiencia en el consumo energético.
Hay que impulsar las interconexiones eléctricas de España con el resto de Europa. Las interconexiones eléctricas permitirán cumplir el objetivo europeo, servirán para integrar la nueva capacidad renovable en el sistema eléctrico y reducir
la factura energética de nuestro país.
Hay que impulsar una nueva Estrategia Industrial para la Unión Europea que permita que nuestra industria pueda ser competitiva a nivel internacional en el nuevo escenario post-covid, y hay que comprometer más fondos en las cadenas de valor
estratégicas. El plan de reindustrialización debe facilitar la relocalización de las industrias en Europa, prestando especial interés a aquellas materias o productos que sean considerados estratégicos, que incluya aquellos ecosistemas industriales
donde se cubra toda la cadena de valor.
37. Elaborar planes ambiciosos y adecuadamente financiados para asegurar que la salida de la crisis se produce manteniendo y generando empleo sobre todo de calidad, en sectores relacionados con la transición ecológica, la agricultura
sostenible, la adaptación a los impactos del cambio climático, el sistema asistencial y la transformación digital.
38. El Plan de Recuperación debe servir para impulsar medidas para luchar contra el desempleo, uno de los principales problemas estructurales que sufre España. Las ayudas del Fondo son una oportunidad para reducir la precariedad del
mercado de trabajo y la brecha entre los empleos fijos de calidad y los temporales precarios, disminuir el elevado paro juvenil, incrementar la tasa de empleo femenino, y reducir el riesgo de destrucción de empleo en situaciones adversas.
Es necesario impulsar las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, y apoyar el I+D+i e incrementar las ayudas a las pymes, startups, emprendedores y trabajadores autónomos, con el fin de adaptar nuestro país a las nuevas
necesidades sociales y a los nuevos retos de la Revolución Digital. En buena medida, estos ambiciosos objetivos establecidos por la Unión Europea dependen de tecnologías que aún no están suficientemente desarrolladas, y requerirán que se dediquen
partidas económicas que garanticen su desarrollo. Sin los medios apropiados estamos condenados a fracasar en alcanzar tales objetivos.
39. Acordar, desarrollar y aplicar los elementos centrales del Pacto Verde, de la Agenda de Digitalización Europea, así como de Agenda Europea de Innovación, para impulsar una economía europea más competitiva. Hay que tener muy presente
que los compromisos contenidos en el Pacto Verde provocarán la revolución tecnológica más importante desde que se puso en marcha la Unión Europea: implican grandes inversiones que van a transformar nuestra economía y serán una oportunidad para
modernizar nuestra industria y prepararla para competir mejor. Supondrán, en definitiva, grandes oportunidades de crecimiento y de creación de empleo.
40. Impulsar la autonomía estratégica en el ámbito productivo a través de un proceso de reindustrialización de las regiones europeas menos industrializadas, apostando firmemente por los productos de alto valor añadido y el desarrollo del
I+D+i europeo.
41. Avanzar decididamente en la integración transversal en las políticas de la Unión Europea del objetivo de igualdad de género e igualdad salarial efectiva, así como en políticas económicas de cuidados. Promover programas que tengan la
consideración de inversión para la incorporación de talento juvenil y femenino al sistema productivo combatiendo la discriminación. Apoyar la tramitación de la Directiva de igualdad en los consejos de administración.
42. Analizar y valorar todos los posibles impactos ambientales, sociales y económicos, y la incidencia en la cadena de valor del sector agroalimentario, entre otros, que pueden traer consigo los Tratados de libre comercio, por lo que antes
de ser ratificados se deberán elaborar los necesarios informes de efectos.
43. Impulsar planes y ayudas específicas de recuperación tras el COVID-19 para las zonas despobladas o en proceso de despoblación, islas y regiones ultraperiféricas. Adoptar medidas que apuesten por la digitalización y el acceso a la banda
ancha en estas zonas, así como una adecuada cobertura sanitaria, educativa y de servicios sociales. Para las regiones ultraperiféricas es vital garantizar la conservación de la actividad agroganadera y por esta razón se deben mantener y reforzar
las ayudas agrícolas en el marco del programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Asímismo, garantizar la orientación de los fondos europeos para reconstrucción hacia políticas de igualdad que aseguren en los
territorios rurales la atracción de población y la adecuada dotación en todos ellos de infraestructuras, equipamientos y suministros esenciales, así como el acceso a la vivienda mediante planes de vivienda rural, el mantenimiento y mejora de la
educación, la sanidad y la asistencia a la dependencia, la cobertura de internet y telefonía móvil de altas prestaciones en condiciones equiparables
a las de las ciudades y la eficaz movilidad de las personas. También hacia políticas de igualdad de género que actúen sobre las condiciones de vida de las mujeres en las zonas afectadas por la despoblación, desarrollando estrategias
específicas para su despliegue en condiciones de equidad.
Las Regiones Ultra Periféricas (RUP) necesitan una mayor financiación -que debe quedar recogida en el Marco Financiero Plurianual y en el plan de recuperación económica y social- para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia en sus
esfuerzos para hacer frente al cambio climático, proteger la biodiversidad, introducir la economía circular, e impulsar las energías renovables, impulsar la agenda de digitalización, la innovación, recuperar el turismo sostenible, mejorar la
competitividad de sus economías, crear empleo de calidad y promover la reindustrialización de estas regiones.
44. Defender la puesta en marcha de un plan específico de recuperación para el turismo basado en la formación, la digitalización, la innovación, la promoción de nuevos emprendimientos basados en el turismo de la experiencia y el desarrollo
de un sello turístico que identifique las ofertas europeas de calidad.
45. Incluir la despoblación como variable para un mejor reparto de fondos europeos entre los territorios y en la financiación del Estado a las comunidades autónomas, planteando además una estrategia de recuperación que atienda a las
necesidades específicas de las zonas rurales y escasamente pobladas a través de un Pacto de Estado contra la Despoblación, contemplando la posibilidad de reconocer una discriminación positiva para ellas, y dedicando los recursos necesarios para
garantizar la conectividad física y digital de estas zonas, servicios sanitarios y de atención adecuados para su demografía, y oportunidades educativas y laborales para evitar la fuga de talento forzada por parte de la población joven.
Los reglamentos de los Fondos Estructurales deberán establecer ayudas financieras suplementarias y la posibilidad para los Estados miembros con graves problemas de despoblación en algunos de sus territorios o zonas geográficas determinadas,
de adoptar beneficios fiscales o rebajas de las cotizaciones sociales a los ciudadanos que residan en dichos territorios.
Los fondos europeos se aplicarán eficazmente mediante planes de desarrollo rural que, sin perjuicio de las políticas de la Política Agrícola Común (PAC), apuesten decididamente por el desarrollo de los sectores secundario y terciario,
favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores, generen y atraigan talento profesional e incentiven el emprendimiento en el medio rural con medidas y enfoques adaptados a la realidad rural y pilotados por agencias especializadas de desarrollo de
los territorios más deprimidos y que apoyen y orienten a los grupos de acción local, que deben ser potenciados y revitalizados.
Asimismo, se establecerá un Mecanismo Rural de Garantía (evaluación de impacto rural de toda la normativa actualmente en vigor y futura) para adecuarla a la realidad del medio rural y contemplar la introducción de incentivos fiscales
específicos que estimulen el emprendimiento y la actividad económica en estas áreas.
46. Estudiar en el marco de la Comisión Europea o, en su caso, con otros Estados miembros que muestren posiciones favorables a la creación de un impuesto al queroseno.
47. Garantizar la protección de la biodiversidad, incluyendola en los Tratados comerciales y en las inversiones, como elemento necesario para disminuir el riesgo para la salud global frente a nuevas pandemias.
BLOQUE 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL PLANO INTERNACIONAL PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19
48. Avanzar hacia una Unión Sanitaria que haga que la Unión Europea sea capaz de afrontar posibles rebrotes del COVID-19 o futuras pandemias, bien mediante reforma de los Tratados o mediante cooperación reforzada. Reforzar el papel y la
eficacia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), para que pueda realizar pruebas de estrés a los sistemas sanitarios nacionales, establecer metodologías para la recopilación y
tratamiento de datos de forma homogénea a nivel europeo, y emitir recomendaciones a las autoridades competentes sobre reformas necesarias para mejorar nuestra capacidad de responder ante posibles emergencias sanitarias.
La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de competencias ejecutivas y presupuestarias de la Comisión para afrontar la crisis sanitaria del COVID-19. La Unión Europea necesita reforzarse con nuevas competencias que permitan coordinar una
respuesta a escala europea ante amenazas para la salud transfronterizas, dirigiendo los recursos precisos -organizativos, materiales o financieros- a donde sean más necesarios. Urge encontrar el consenso necesario para crear una 'European Union for
Health', una verdadera Unión Europea
Sanitaria que facilite el proceso de toma de decisiones en todas las cuestiones que puedan contribuir a hacer frente a los retos de la actual crisis sanitaria. Es imprescindible que se desarrolle un protocolo para responder de forma común y
coordinada ante cualquier tipo de crisis sanitaria global.
49. Establecer un Plan para la Prevención de Riesgos Naturales a nivel europeo: pandemias, cambio climático, inundaciones, incendios, etc.
50. Mejorar la coordinación de los recursos asegurando una división eficiente del trabajo entre los países de la Unión Europea para optimizar la producción europea de insumos sanitarios necesarios para dar respuesta a futuras epidemias.
51. Establecer listas europeas de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios básicos para los cuales se requerirán existencias básicas a nivel Europeo, creando un fondo común y mecanismos de coordinación y reparto.
52. Identificar las industrias de producción de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios a nivel europeo y sus tiempos de producción ante futuras epidemias.
53. Evaluar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y dotarlo de los medios y el mandato necesario para actuar eficazmente frente a futuras catástrofes y epidemias, coordinando la distribución de medicamentos, vacunas, equipamientos e
insumos sanitarios entre los Estados miembros.
54. Potenciar la inversión en investigación y desarrollo a escala europea para mejorar el conocimiento científico de epidemias emergentes, mejorar la conexión entre ciencia y producción europea y reforzar las decisiones sanitarias basadas
en la evidencia científica, en la medición y en la evaluación, especialmente en salud pública.
55. Mejorar la coordinación en investigación y desarrollo a nivel europeo, con el nivel internacional e iniciativas como ACT Accelerator (ACT-A initiative), garantizando la participación de España en todos los esfuerzos para adquirir y
distribuir de forma centralizada a nivel europeo una vacuna contra el COVID-19 promocionando la participación de centros de investigación y científicos españoles en dichos esfuerzos y asegurando una cooperación fluida entre la industria, la
universidad y las instituciones públicas.
56. Apoyar los estudios que ayuden a comprender y anticipar el comportamiento humano y la respuesta de las instituciones en casos de gobernanza adaptativa ante eventuales epidemias. Impulsar la interdisciplinaridad en las ciencias de salud
pública con el fin de que sus análisis incorporen la perspectiva social y humanista.
57. Evaluar los procedimientos de compra pública europea de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios ante epidemias.
58. Diversificar las cadenas de producción y distribución de productos reduciendo la dependencia europea de distribuidores únicos, incentivando en el corto plazo la relocalización de partes esenciales de las cadenas de valor globales al
territorio europeo, especialmente en sectores esenciales en la respuesta a epidemias.
59. Adoptar medidas para evitar reacciones proteccionistas ante eventos epidémicos a nivel internacional y entre Estados miembros, incluyendo países candidatos.
60. Análisis de las posibilidades de las nuevas tecnologías para el rastreo de contactos y prevención de contagios de forma compatible con los estándares de privacidad y protección de datos, derechos fundamentales y derechos de los
consumidores vigentes. La Unión Europea debe poner en valor su potencial económico y normativo al igual que sus altos estándares en la protección de datos para asociar a terceros Estados en el desarrollo de tecnologías de lucha contra el COVID-19
quedando los datos almacenados en territorio europeo como mejor garantía frente a su uso no autorizado.
61. Mejorar los mecanismos europeos de protección y control ante catástrofes mediante la creación de un Cuerpo Europeo de Emergencias, siguiendo el modelo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española, enmarcada en el nuevo Mecanismo
de Protección Civil de la Unión Europea (RescEU), y que tenga como objetivo complementar las capacidades nacionales de los Estados miembros en materia de prevención y respuesta de emergencias, al que España deberá contribuir de forma generosa con
recursos económicos y humanos.
62. Analizar el efecto de las medidas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea para combatir el COVID-19 en relación al respeto del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos.
63. Potenciar en el seno de la Unión Europea un concepto holístico de seguridad humana que ponga a las personas como eje estratégico.
BLOQUE 3. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA Y LA EXPRESIÓN EXTERIOR DE LOS VALORES DE LA UNIÓN
64. Impulsar el liderazgo de la Unión Europea en el contexto internacional basado en el multilateralismo y en una globalización regulada que asegure el desarrollo económico y el comercio internacional abierto, justo y equitativo; la
regularización de la economía financiera y los derechos laborales, la reducción de las desigualdades y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los valores europeos de paz, derechos humanos y de las minorías, equidad
de género, democracia liberal, justicia social, solidaridad y sostenibilidad ambiental.
65. Adoptar un nuevo enfoque de seguridad situando en el centro a las personas y sus condiciones de vida, poniendo especial atención al respeto a los derechos humanos.
66. Liderar la construcción de una arquitectura institucional multinacional acorde con la dimensión de los retos globales basada en el actual Sistema de Naciones Unidas y que potencie el mandato de sus organizaciones, incluyendo la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
67. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas en materia de democracia y derechos humanos recogidos en los Tratados europeos e instrumentos internacionales e integrar la defensa de los mismos y del principio de no
discriminación tanto en la política interior y el reparto de fondos europeos destinados a la reactivación social y económica en respuesta al COVID-19 como en la política exterior europea.
68. Elaborar una política europea de acogida de personas refugiadas que tenga en el centro el respeto a las Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos, que tome en consideración a las ONG que trabajan sobre el terreno y que
persiga la coherencia con las actuaciones en el país de origen.
69. Proponer los cambios institucionales necesarios para eliminar el requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política exterior y de seguridad europea.
70. Proponer los cambios políticos e institucionales necesarios para avanzar en la Autonomía Estratégica de la Unión Europea que garantice la protección e independencia de los intereses de la Unión Europea ante nuevos retos y amenazas.
71. Potenciar la autonomía digital de la Unión Europea reduciendo nuestra dependencia tecnológica. La pandemia ha evidenciado que existe una brecha digital que los Estados deben cerrar con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades.
72. Potenciar el despliegue de la cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea con el fin de favorecer el crecimiento económico sostenible y social de los países en desarrollo, combatiendo el COVID-19 y sus consecuencias
socioeconómicas en el marco de la Agenda 203. y apoyando iniciativas como TeamEurope.
73. Evitar que, debido a la crisis del COVID-19, se relajen los esfuerzos de lucha contra otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH y la tuberculosis u otras crisis sanitarias en el marco de la cooperación internacional.
74. Liderar, en el marco de la Unión Europea, iniciativas dirigidas a garantizar la financiación de la lucha mundial, justa y sostenible contra el COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas para países de renta baja y media, especialmente
en América Latina y África.
75. Liderar en el seno de la Unión Europea la implementación de un concepto de 'salud compartida' que aúne las dimensiones medioambientales, económicas, sociales y de seguridad de la salud pública.
76. La Unión Europea y sus Estados miembros deben generar la voluntad política necesaria a nivel global en foros como el G20 y el G7 para promover la canalización de recursos destinados al robustecimiento de los sistemas nacionales de salud
a través de las instituciones financieras internacionales.
77. Incluir compromisos más avanzados en materia de cooperación sanitaria en los nuevos acuerdos de la Unión Europea con terceros Estados o en aquellos vigentes cuando se renueven.
78. A nivel europeo e internacional, promover el reconocimiento de un estatus para los bienes naturales globales.
79. Asegurar que la cooperación con el Reino Unido en todos los ámbitos se mantiene estrecha pese a la salida de este país de la Unión Europea, apostando por hacer los flujos de personas, mercancías y servicios entre el Reino Unido y España
más seguros y aprovechando esta oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar. Promover un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que defienda los intereses de España en relación con el Reino Unido y sea, por
tanto, ambicioso, justo, equitativo y centrado en la protección de los derechos de los ciudadanos.
80. España debe aprovechar la oportunidad histórica del Brexit para alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar, que tenga en cuenta las reivindicaciones históricas de todos los gobiernos democráticos de España y que impulse la prosperidad en el
Campo de Gibraltar.
81. Potenciar el papel de España como nexo entre la Unión Europea y América Latina, entre la Unión Europea y el Mediterráneo, y entre la Unión Europea y África, tomando en consideración las posibilidades que brindan las autonomías vecinas
del continente africano como puente entre este y la Unión.
82. Incrementar la presencia de España en la relación de la Unión Europea con los países candidatos a la adhesión, con la Vecindad Oriental, y con la Vecindad Sur, teniendo en cuenta las necesidades de regiones fronterizas.
83. Impulsar una nueva política de migración y asilo europea eficaz y basada en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, con un sistema europeo de asilo común que asegure el establecimiento
de canales legales y seguros, medidas de lucha contra las mafias y el tráfico de personas, la protección internacional efectiva de las personas refugiadas y una asunción solidaria de las responsabilidades entre los Estados miembros. La Unión
Europea debe reforzar la dimensión exterior de su política migratoria mediante la cooperación con los países de origen o de tránsito migratorio.
Durante una crisis sanitaria, aumentar urgentemente la reubicación de los solicitantes de asilo de los primeros países de llegada para evitar el hacinamiento sin garantías sanitarias en los países receptores.
84. Analizar los efectos del COVID-19 en las personas migrantes y/o solicitantes de asilo y adoptar medidas específicas e inmediatas para paliar sus efectos.
85. Potenciar la diplomacia cultural europea como herramienta de acción exterior europea. Apoyar el programa Europa Creativa para dar aliento a las empresas culturales tan golpeadas por el COVID-19 y tener en cuenta en sus programas de
promoción toda la cultura europea, incluida la que se produce en lenguas minorizadas.
86. Seguir desarrollando el programa Erasmus+, elemento esencial para el fortalecimiento del sentimiento de ciudadanía europea, y otros programas como el Voluntariado Europeo.
87. Potenciar el aprendizaje de las lenguas europeas oficiales y cooficiales en el sistema educativo a todos los niveles como mecanismo de integración y herramienta de formación del sentimiento de ciudadanía europea, así como para
garantizar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias suscrito por España.
88. Instar a la toma en consideración en la Unión Europea de instrumentos comunitarios o de cooperación reforzada de coordinación de contenidos curriculares educativos que transmitan el funcionamiento de las instituciones europeas, su
historia y los valores fundacionales de la Unión con el fin de potenciar la ciudadanía europea.
89. Apostar por el mantenimiento sin recortes del programa 'Europa para los ciudadanos' que contiene las medidas de apoyo a los programas europeos de apoyo a la memoria histórica y la memoria democrática. Insistir en la necesidad de apoyar
la memoria como herramienta para prevenir el totalitarismo y el resurgimiento de ideologías totalitarias.
90. Impulsar la ciudadanía europea mediante la creación artística conjunta de los Estados europeos y el intercambio entre actores culturales, promoviendo una economía cultural europea que transmita los valores de la Unión Europea.
91. Fomentar y facilitar la cooperación territorial transfronteriza, transnacional e interregional, eliminando los obstáculos derivados de normativas dispares asociadas a jurisdicciones diferentes, con el objeto de reforzar la cohesión
económica, social y territorial de la ciudadanía de ambos lados de la frontera a la par que se potencia el sentimiento de ciudadanía europea.
92. Las comunidades autónomas participarán, de la manera que legalmente se determine, en la formación de las posiciones del Estado respecto a las políticas de la Unión Europea y en las delegaciones ante los distintos órganos de la Unión que
las traten, en atención a sus derechos reconocidos constitucionalmente, competencias, intereses específicos o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial.
93. Estudiar medidas para implicar a todos los niveles del Estado -nacional, autonómico y local- y a la sociedad civil en los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
La Conferencia sobre el futuro de Europa representa una oportunidad de modernización de la Unión Europea, fijando como prioridades de este proceso la lucha contra el cambio climático, la transformación
digital de Europa, la consolidación de los fundamentos democráticos de las instituciones europeas y el refuerzo del peso de la Unión en el mundo.
La construcción de la Unión en materia sanitaria debería ser un punto central de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
94. Explorar, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, las distintas vías para ensanchar la competencia complementaria en salud pública de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2020.