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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 123, de 21/07/2020
cve: BOCG-14-D-123
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de julio de 2020
Núm. 123
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000001 Creación de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Dictamen de la Comisión ... (Página2)
Enmiendas ... (Página72)
Escritos de mantenimiento de enmiendas ... (Página567)
Posiciones particulares ... (Página571)
Voto particular ... (Página604)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Dictamen emitido por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, así como de
las enmiendas, posiciones particulares, voto particular y escritos de mantenimiento de enmiendas presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
DICTAMEN COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
ÍNDICE
CONCLUSIONES ... (Página3)
SANIDAD Y SALUD PÚBLICA ... (Página3)
TEMA 1. GOBERNANZA ... (Página3)
TEMA 2. RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALES .... (Página5)
TEMA 3. ATENCIÓN PRIMARIA Y DE SALUD ... (Página7)
TEMA 4. SALUD PÚBLICA ... (Página9)
TEMA 5. INVESTIGACIÓN I+D+i, FÁRMACOS Y VACUNAS ... (Página11)
TEMA 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL ... (Página13)
TEMA 7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES ... (Página14)
TEMA 8. POLÍTICA FARMACÉUTICA, INDUSTRIA BIOSANITARIA Y RESERVA ESTRATÉGICA ... (Página15)
TEMA 9. ADECUAR LA FINANCIACIÓN SANITARIA A LAS NECESIDADES REALES ... (Página17)
TEMA 10. MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA ... (Página19)
REACTIVACIÓN ECONÓMICA ... (Página20)
BLOQUE 1. MODELO PRODUCTIVO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INDUSTRIA, SECTOR PRIMARIO Y OTROS SECTORES ESTRATÉGICOS, LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS PYMES ... (Página20)
BLOQUE 2. IMPULSO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA Y MEJORA DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL... (Página26)
BLOQUE 3. SISTEMA LABORAL: FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD... (Página30)
BLOQUE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: SOCIEDAD, EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN... (Página33)
BLOQUE 5. VERTEBRACIÓN TERRITORIAL Y RETO DEMOGRÁFICO .... (Página35)
BLOQUE 6. POLÍTICA FISCAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ... (Página38)
BLOQUE 7. CIENCIA E I+D+i ... (Página40)
BLOQUE 8. SISTEMA FINANCIERO ... (Página42)
BLOQUE 9. IMPULSO DE LA POLÍTICA COMERCIAL, APOYO A LA AUTOMOCIÓN, RELANZAMIENTO DEL TURISMO Y REACTIVACIÓN DE LA HOSTELERÍA ... (Página43)
BLOQUE 10. RELANZAMIENTO DE LA CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE INCLUSIVO ... (Página46)
POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS ... (Página48)
BLOQUE A. IGUALDAD, DERECHOS SOCIALES, INCLUSIÓN Y VIVIENDA ... (Página48)
BLOQUE B. SERVICIOS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS ... (Página53)
BLOQUE C. EDUCACIÓN Y JUVENTUD ... (Página57)
UNIÓN EUROPEA ... (Página61)
BLOQUE 1. MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA... (Página62)
BLOQUE 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL PLANO INTERNACIONAL PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19 ... (Página67)
BLOQUE 3. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA Y LA EXPRESIÓN EXTERIOR DE LOS VALORES DE LA UNIÓN ... (Página69)
CONCLUSIONES
SANIDAD Y SALUD PÚBLICA
TEMA 1. GOBERNANZA
Propuestas de Resolución.
1. Reafirmar los valores y principios rectores del Sistema Nacional de Salud.
1.1. Reafirmar los valores y principios en que se basa el Sistema Nacional de Salud, recogidos en la Constitución Española y en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, los valores y derechos fundamentales de nuestra sociedad (derechos
humanos, cumplimiento de las leyes, democracia, participación, justicia social y financiación pública) y los principios básicos a los que responde la sanidad pública (universalidad, igualdad, no discriminación, accesibilidad, equidad, solidaridad y
calidad).
1.2. Impulsar y adoptar las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El Real
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se tramitará como una ley que derogue definitivamente el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y que, junto al reglamento que la desarrolle, garantice en todo caso los siguientes extremos: a) trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, b) extender este derecho a las personas
ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, o de otro país comunitario, c) garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y
ciudadanas españoles que residen fuera de España y d) cualesquiera otros cambios necesarios para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas. Independientemente de futuras reformas
legislativas, todas las administraciones se comprometen a hacer efectivo, de forma inmediata y sin excepciones, el derecho a la protección de la salud, garantizando la atención sanitaria en aquellos colectivos que gozan de una especial protección en
nuestra legislación y en los convenios internacionales suscritos por el Estado, como es el caso de los menores, las mujeres embarazadas y los solicitantes de protección internacional.
1.3. Impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública para dotar a España de un Sistema Nacional de Salud que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad
(agentes económicos y sociales, organizaciones profesionales y sociales). Ese pacto se basará en los valores y principios de la sanidad pública, de modo que sean posibles los acuerdos necesarios para gestionar el Sistema Nacional de Salud con base
en ellos, gobierne quien gobierne.
Este acuerdo social debe tener la forma de Pacto de Estado, reforzando una apuesta decidida por la sanidad pública, cuyo valor ha quedado evidenciado en esta pandemia. El Ministerio de Sanidad tiene que salir reforzado, aportando valor y
sin quitar competencias a las comunidades autónomas.
1.4. Orientar las políticas públicas y el sistema de salud a la protección frente a los riesgos para la salud y a la promoción de entornos y modos de vida saludables, en particular de aquellos determinantes de la salud que como las
desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios sanitarios tienen una influencia negativa sobre la situación de salud de las personas.
1.5 (nueva). Proponer y abordar con las comunidades autónomas competentes en materia sanidad y salud pública un proceso real, serio y riguroso de transformación de la salud, sistemas y modelo, con la mirada puesta en la salud del futuro en
sentido holístico y para un horizonte de 20 años, marcando las áreas de necesidad y oportunidad, en el marco objetivo de un desarrollo inclusivo. Este debate se sustanciará en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
foro de debate y contraste de propuestas de todos los agentes públicos con competencia en el ámbito sanitario.
1.6 (nueva). Fortalecer el posicionamiento del Estado ante los programas EU4Health y Horizon Europe, así como ante la Unión Europea en la totalidad de políticas y medidas de financiación, transferencia, soporte, para la aplicación de los
fondos a proyectos colaborativos (vacunas y tratamientos, estrategia de especialización inteligente RIS3, investigación, innovación, digitalización, infraestructura y emprendimiento) público-privados, con presencia compartida entre agentes de
diferentes Estados
Miembro con la 'garantía' (validación, impulso y control, así como dirección) de las comunidades autónomas en las actividades de refuerzo a los sistemas de salud, adecuados a las estrategias marco de cada uno de los gobiernos autonómicos.
2. Incorporar a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud los principios e instrumentos de buena gobernanza.
2.1. Aplicar al Sistema Nacional de Salud los valores y principios de la buena gobernanza de los sistemas sanitarios públicos, que incluyen entre otros: transparencia, rendición de cuentas, participación democrática, integridad y
competencia; eficiencia, calidad y sensibilidad ante las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos.
2.2. Dotar a las organizaciones del Sistema Nacional de Salud con presupuesto propio de órganos colegiados, ante los gestores habrán de proceder a la rendición de cuentas y a fin de contribuir a la eficiencia y calidad en los servicios y
así posibilitar la autonomía que precisen dichas organizaciones.
2.3. Profesionalizar la gestión de las organizaciones sanitarias, con los objetivos de ser más eficaz y estable su trabajo y contribuir a legitimar más su papel en las organizaciones, de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
2.4. Basar las decisiones en datos y evidencias científicas contrastadas, ya sea mediante la realización de los estudios y ensayos necesarios o mediante la revisión de todas las evidencias científicas disponibles que hayan sido contrastadas
científicamente en el mercado, reflejados, siempre que sea posible, en informes técnicos, adoptando como norma general la realización de informes técnicos sobre los problemas, exponiendo las opciones existentes para su abordaje y justificando la
opción que se propone.
2.5. Reforzar las estructuras de asesoramiento y participación profesional y de los pacientes para hacer más transparente la toma de decisiones, con las mejores prácticas para mejorar su calidad, y favorecer la implicación de los
profesionales sanitarios y de los pacientes con sus instituciones.
2.6. Promover mayor autonomía y capacidad de respuesta para las organizaciones sanitarias, a todos los niveles, empezando por la propia organización de los Servicios Autonómicos de Salud, frecuentemente encorsetados en sus capacidades de
decisión, explorando las fórmulas jurídicas y organizativas más adecuadas para ello, aprendiendo de la experiencia acumulada en los Servicios de Salud de varias comunidades autónomas. Esta autonomía ha de incluir aspectos de gestión económica, de
gestión de personal con medios para motivar y premiar la excelencia profesional y la dedicación extraordinaria, así como corregir incumplimientos, al igual que capacidad para innovar y evaluar los resultados.
2.7. Fomentar la comunicación fluida entre personal de dirección y profesionales sanitarios. Se debe garantizar la profesionalización de la gestión de las organizaciones y centros sanitarios y fomentar la asunción de funciones gestoras por
parte de los profesionales de la salud, así como de enfoques epidemiológicos, de salud pública y de gestión clínica por parte de los directivos de instituciones sanitarias.
2.8. Promover una cultura de buenas prácticas y de ética profesional con el desarrollo de normativas en pro de una buena gobernanza, que entre otros puntos incluyan: obligaciones de transparencia y publicidad activa; códigos éticos y de
conducta, sistemas de buenas prácticas, normas y procedimientos operativos estandarizados; regulación de la actividad de los grupos de interés en el ámbito sanitario y farmacéutico y de los conflictos de interés; protección de denunciantes
(whistleblowers), etc. Todo ello formando parte de una estrategia de buena gobernanza y de prevención del fraude y la corrupción en sanidad.
2.9 (nueva). Además de la participación es necesario promover la transparencia del sistema a través de indicadores sanitarios que evalúen los resultados del sistema sanitario en cuanto a efectividad clínica, eficiencia, seguridad y
satisfacción de los pacientes.
3. Rediseñar una nueva arquitectura institucional para el conjunto del Sistema Nacional de Salud basada en la cogobernanza, la cooperación y la coordinación de las comunidades autónomas entre sí y con el Ministerio de Sanidad.
3.1. Mejorar la cooperación y coordinación interautonómica. La pandemia ha puesto de relieve las dificultades en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas
sanitarias comunes, así como para disponer de la información
necesaria en situaciones de crisis. Por ello, es necesario establecer un nuevo marco de cooperación y coordinación en el Sistema Nacional de Salud.
3.2. Repensar la institucionalidad actual del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para dotarle de capacidades adicionales como órgano colegiado del nuevo cogobierno de la sanidad española, de modo que pueda impulsar
eficazmente la cooperación y la coordinación de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y los Servicios Autonómicos de Salud entre sí y con el Ministerio de Sanidad, en un escenario de colaboración interinstitucional y lealtad
renovadas entre las administraciones sanitarias españolas.
3.3. Estudiar la modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para la mejora de su coordinación y eficacia.
3.4. Desarrollar modelos de gestión más funcionales, revitalizando el trabajo en red, con alianzas funcionales y flexibles en función de la demanda entre los establecimientos de salud de un mismo territorio.
4. Reforzar al Ministerio de Sanidad para que pueda desempeñar con efectividad sus funciones en un sistema descentralizado.
4.1. Dotar al Ministerio de Sanidad de recursos adicionales, de personal, económicos, tecnológicos, así como de capacidades para atender a la especificidad del sector sanitario dentro de la administración pública, de modo que pueda
incorporar el talento científico-profesional especializado que precise, tanto del Sistema Nacional de Salud como de la universidad e instituciones de investigación, para liderar y coordinar la política sanitaria española y participar activamente en
la política sanitaria de la Unión Europea y de las organizaciones sanitarias internacionales.
4.2. Fortalecer algunas funciones horizontales esenciales al servicio del Sistema Nacional de Salud que desarrolla el Ministerio de Sanidad, para incrementar su capacidad técnica, dotándolas de personalidad y autonomía, haciendo además
posible que las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puedan participar en sus órganos colegiados de gobierno. Entre las funciones a fortalecer con un estatus especial cabe destacar el Sistema de
Información del Sistema Nacional de Salud, la Ordenación Profesional y las actividades relacionadas con la Calidad y la Evaluación.
5. Actualizar la legislación sanitaria de ámbito nacional y autonómico adaptándola a las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
5.1. Para facilitar el cumplimiento de los objetivos de mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y de las políticas de Salud Pública. Elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la Comisión,
priorizando aquellas reformas que tengan un impacto más directo, especialmente en los siguientes ámbitos:
(1) en la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia del COVID-19, y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe;
(2) para mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema.
6. Crear una subcomisión o grupo de trabajo parlamentario para el seguimiento de los acuerdos en materia sanitaria en el Congreso de los Diputados, para abordar desde el consenso político los retos necesarios para hacer sostenible el
Sistema Nacional de Salud del futuro y asegurar una sanidad pública que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios.
TEMA 2. RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALES
Propuestas de Resolución.
7. Actualizar tanto la regulación como el funcionamiento en la práctica del sistema de contratación de personal sanitario por los Servicios Autonómicos de Salud para acabar con la temporalidad y la precariedad.
7.1. Priorizar con carácter urgente medidas para acabar drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, no solo a través de medidas puntuales y coyunturales, sino mediante una
regulación que establezca mecanismos permanentes de cobertura de puestos, evitando tener que recurrir a la contratación temporal para cubrir vacantes estructurales. Para ello es necesario actualizar con carácter urgente el sistema de
selección de profesionales sanitarios, y en particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias (board), con una selección local por concurso, de
adaptación a perfil y puesto, posibilitando que la mayoría de las vacantes (por ejemplo, jubilaciones) se puedan reponer antes de producirse. Con ello se reduciría mucha complejidad y conflictos, evitando los enormes daños personales, familiares e
institucionales asociados a la temporalidad, así como el actual sistema de dilatados y conflictivos concursos-oposiciones masivos y de periodicidad errática, con correlato de empleo precario y arbitrariedad local en las coberturas temporales.
7.2. Introducir la posibilidad de fórmulas contractuales y retributivas orientadas a hacer atractivo el ejercicio profesional en las zonas rurales y otros puestos de difícil cobertura, teniendo en cuenta que la retribución económica es solo
un elemento de la compensación de los profesionales, y posibilitando que las organizaciones sanitarias tengan margen operativo para promover políticas de personal.
7.3. Establecer instrumentos de gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios, garanticen un nivel de vida digno, fomenten su participación en las decisiones y
faciliten su identificación con los objetivos estratégicos de los servicios autonómicos y los establecimientos de salud.
7.4. Establecer los mecanismos e incentivos necesarios para recuperar a muchos profesionales sanitarios que emigraron durante los años de la crisis económica, así como para facilitar la movilidad y la promoción de los profesionales
sanitarios entre los distintos servicios autonómicos de salud.
7.5. Aplicar fórmulas de incorporación similares a las de los clínicos para los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública y otros profesionales de las administraciones central y autonómica para hacer más atractivo el trabajo y la
carrera profesional en salud pública, en epidemiología, salud laboral, sanidad ambiental, etc.
7.6 (nueva). Eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral.
7 bis (nueva). De acuerdo con las comunidades autónomas, poner en marcha un plan de recursos humanos, cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo, así como desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales dentro del
marco de diálogo normativamente establecido, todo ello teniendo en cuenta incentivos al ejercicio de las profesiones sanitarias en el ámbito rural.
8. Impulsar políticas de planificación y desarrollo profesional en el Sistema Nacional de Salud para su implementación por parte de las autoridades competentes.
8.1. Trabajar de forma continuada y conjunta entre las autoridades de salud y las autoridades educativas para planificar las formaciones de pregrado, posgrado y continuada de los profesionales sanitarios de forma integrada de modo que se
puedan atender las necesidades cuantitativas y cualitativas del sistema de salud de forma planificada evitando de ese modo desajustes y 'cuellos de botella' entre la oferta y la demanda.
8.2. Regular e incentivar la formación continuada de los profesionales sanitarios durante toda su vida profesional. Ello es una garantía inexcusable de la calidad y la seguridad asistenciales, por lo que la formación continuada debe
fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias. En este propósito ha de contarse con la participación de las universidades y los colegios profesionales.
8.3. Revisar el número y el tipo de profesionales que configuran las actuales plantillas de los establecimientos de salud con vistas a revisar su adecuación a las necesidades actuales y previsibles en el mediano plazo de acuerdo con los
horizontes demográficos y poblacionales, y las necesidades y demandas sanitarias de la sociedad, con particular atención a las dotaciones del personal de Salud Pública de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y consensuando los
ratios en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España. Aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos/as y enfermeros/as por habitante de los países desarrollados.
Se debe llevar a cabo una planificación a medio plazo sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria basadas en indicadores de la población (envejecimiento, ruralidad, vulnerabilidad social y económica, dispersión, etc.). Aumentar
también las plazas de Médico Interno Residente, Enfermero Interno Residente, Biólogo Interno Residente, etc., y retomar las auditorías de la formación postgraduada.
8.4. Impulsar políticas activas en pro de la igualdad de género y de la conciliación de la vida laboral y personal, tanto en los niveles directivos de los centros y establecimientos sanitarios como de los niveles de dirección de los
servicios autonómicos, consejerías y Ministerio de Sanidad, para revertir una situación según la cual la gran mayoría de profesionales y trabajadores de la salud son mujeres y la gran mayoría de los decisores políticos y gerenciales son hombres.
8.5. Reforzar los pilares del compromiso ético y el profesionalismo de los profesionales sanitarios: primacía del bienestar y la seguridad del paciente, su autonomía y la obligación que corresponde a los profesionales de contribuir a una
distribución justa de los recursos disponibles y del bienestar, impidiendo al mismo tiempo la discriminación, los conflictos de intereses y otros comportamientos inapropiados.
8.6. Seguir desarrollando la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias para favorecer la permeabilidad de la relación entre especialidades tanto médicas como de enfermería, evitando el crecimiento de
compartimentos estancos, promoviendo de forma decidida las áreas de capacitación específica, con las pasarelas necesarias que permitan la permeabilidad entre las áreas específicas con las especialidades que han sido su origen y la cooperación entre
las especialidades.
9. En colaboración con las comunidades autónomas, poner en marcha un Plan de recuperación por síndrome de 'burnout' o síndrome de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, tras la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
10. En colaboración con las comunidades autónomas, poner en marcha un Plan de formación en gestión y atención en epidemias -específicamente COVID-19- a equipos sanitarios.
11. Aumentar el número de plazas de formación sanitaria especializada en los territorios que así lo requieran.
12. Establecer planes estratégicos de gestión del personal que permitan reforzar las plantillas en momentos de máxima tensión del sistema asistencial.
TEMA 3. ATENCIÓN PRIMARIA Y DE SALUD
Propuestas de resolución.
13 pre (nueva). Necesitamos una Atención Primaria estable, firme y robusta, una salud familiar y comunitaria clave en esta nueva situación y una salud pública potente que afronte las directrices y asesore las decisiones de las
administraciones públicas.
13. Reforzar con carácter urgente a la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al COVID-19. La Atención Primaria precisa una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también
tecnológicos. Ubicar una parte operativa del llamado 'rastreo' de contactos en la primaria es lo más eficiente, porque por su capilaridad llega a todos los rincones de España, y porque su componente comunitario les permite activar la intervención
en domicilios, empresas, colegios y residencias. Este incremento de recursos debería conceptualizarse como una inversión y reforzamiento para capitalizar establemente las funciones poco desarrolladas, como la atención domiciliaria y el componente
comunitario de la Atención Primaria.
14. Desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La Atención Primaria por su función básica en el Sistema Nacional de Salud tiene que tener todos los medios humanos y materiales necesarios para hacer sostenible el Sistema Sanitario.
14.1. Reforzar la oficina de Atención Primaria en el Ministerio de Sanidad para el seguimiento del desarrollo de la Atención Primaria, en colaboración con un Grupo de Trabajo de Atención Primaria vinculado al Consejo Interterritorial, que
sirva de referencia para el conjunto del Sistema Nacional de Salud con el propósito de liderar, acompañar y evaluar la implementación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, así como los cambios, innovaciones y resultados de
este nivel de atención.
14.2. Acordar a nivel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud objetivos e indicadores comunes de servicios en Atención Primaria que tengan en cuenta las particularidades de cada territorio, y sirvan tanto para organizar
los recursos necesarios como para la rendición de cuentas y la evaluación.
15. Reforzar los recursos de la Atención Primaria de Salud como pilar esencial del Sistema Nacional de Salud.
15.1. Incrementar los recursos dedicados a Atención Primaria de modo que se cubran adecuadamente los objetivos asistenciales, tanto los que corresponden habitualmente a este nivel de asistencia, como las nuevas necesidades derivadas de la
pandemia del COVID-19.
15.2. Impulsar en cada comunidad autónoma un Plan Estratégico de Atención Primaria, con objetivos de corto y mediano plazo en provisión de servicios y resultados en salud, que permita planificar los recursos humanos y materiales necesarios,
dotarlos adecuadamente, así como reorganizar los servicios dotando de un nivel adecuado de autonomía a profesionales, equipos y centros.
15.3. Dar un gran impulso a la Enfermería Familiar-Comunitaria para incrementar los cuidados sanitarios de atención domiciliaria sobre todo en la atención a pacientes crónicos, convalecientes, encamados, ancianos frágiles, situaciones de
postparto, y pacientes con necesidades especiales, en coordinación con los cuidadores familiares, con los equipos de enfermería hospitalaria y con los Servicios Sociales, y muy especialmente para cubrir adecuadamente las necesidades de atención en
las residencias sociosanitarias.
15.4. Optimizar el valor del Trabajo Social en salud, a fin de cubrir su objetivo (facilitar una buena salud, prevenir la enfermedad y ayudar a los enfermos y a sus familias a resolver los problemas sociales y psicosociales relacionados con
la enfermedad). El Trabajo Social en salud persigue detectar y dar cobertura a los condicionantes sociales que afectan al estado de la salud. Es una profesión que facilita la continuidad asistencial sociosanitaria con mecanismos de coordinación
con los Servicios Sociales para garantizar dicha continuidad.
15.5. Ampliar los ratios de trabajadores sociales por centro de salud.
15.6. Reforzar la atención fuera de horas y urgente como parte del trabajo de los Equipos de Atención Primaria. La mayoría de las urgencias pueden resolverse en el Centro de Salud, especialmente si es el médico personal el que atiende a
una consulta o una teleconsulta, contribuyendo con ello a la continuidad de la atención, a dotar de recursos adicionales a la Atención Primaria y a un mejor servicio dentro y fuera del horario habitual de los Centros de Salud, descargando con ello a
las urgencias hospitalarias de pacientes que precisan acudir a ellas.
15.7. Desarrollar un Plan urgente de digitalización sanitaria en Atención Primaria, de manera que se incorpore la telemedicina y la atención telefónica al funcionamiento normalizado de los Centros de Salud. La experiencia de atención
telefónica durante la crisis del COVID-19 ha mostrado las ventajas de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y medios de comunicación modernos en la Atención Primaria. Consolidar esta experiencia mejorará la accesibilidad de
los pacientes a sus profesionales y facilitará a estos su trabajo, así como la intercomunicación con otros niveles asistenciales.
15.8. Incrementar la resolutividad de la Atención Primaria, para que a este nivel se pueda resolver la inmensa mayoría de los problemas de salud, facilitando el acceso a pruebas y a consultas con otros médicos de primaria y con los
especialistas, dotando las sustituciones y refuerzos necesarios, incluido el apoyo administrativo y tecnológico, así como medidas para la desburocratización de las consultas. En el contexto de esta pandemia, el acceso a pruebas diagnósticas
(moleculares y serológicas) del SARS-CoV2 es esencial y debe estar garantizada, y los circuitos de remisión deben poder contar con los resultados lo antes posible para iniciar las acciones de control clínico y epidemiológico.
15.9. Incluir el objetivo de 'un médico/un local de consulta' en el Plan Estratégico de Atención Primaria de los Servicios de Salud. Este objetivo es esencial para dignificar el trabajo profesional del médico de Atención Primaria y sobre
todo para poder dotar de flexibilidad horaria a su consulta y poder superar los problemas del trabajo a turno fijo de tarde (14-21h) que tanto dificulta la conciliación familiar y aleja de la Atención Primaria a muchos profesionales.
15.10. Reforzar los Equipos de Atención Primaria con personal administrativo con formación sanitaria, por su gran contribución a la desburocratización y agilización de las consultas, a la conexión a distancia entre los centros de salud y
las familias, y a la atención personalizada de los pacientes.
16. Medidas para abordar la precariedad laboral y cubrir puestos poco atractivos.
16.1. Hacer de la estabilidad en el puesto de trabajo un objetivo prioritario de la política de Atención Primaria tanto para atender con continuidad a los pacientes y a las familias como por el trato respetuoso que se merecen los
profesionales sanitarios.
16.2. Suprimido.
16.3. Dotar plazas estables para la cobertura de bajas y sustituciones médicas y de enfermería para favorecer una buena atención a los pacientes y fidelizar a los profesionales con estabilidad en su contratación.
16.4. Habilitar contratos para cubrir de forma estable y solvente aquellos destinos de Atención Primaria que por diferentes razones son poco atractivos para los profesionales, dotándoles de los incentivos precisos, económicos y
profesionales, por equidad para con la población de estas localidades.
17. Impulso a los servicios de Atención Primaria y Comunitaria.
17.1. Planificar las necesidades de profesionales de los Centros de Salud teniendo en cuenta indicadores de determinantes sociales de la salud de la población: envejecimiento, cronicidad, ruralidad, vulnerabilidad social y económica,
dispersión, desempleo, contaminación, etc., con especial atención a la figura del Trabajador Social.
17.2. Suprimido.
17.3. Fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración y regulares con Salud Pública, no solo en esta fase de la pandemia, si no de forma estable para (1) incorporar los datos de actividad de la Atención Primaria a la vigilancia
epidemiológica regular y el consiguiente retorno para orientar los protocolos clínicos y (2) para diseñar y realizar actividades de promoción de la salud y de prevención.
17.4. Desarrollar adecuadamente la Salud Mental Comunitaria.
18. Reordenar la Atención Primaria para atender los centros sociosanitarios y para una mejor coordinación con los servicios sociales.
18.1. Dotar a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las necesidades de los residentes en estos centros ha de ser una prioridad. Esta propuesta reconoce que el derecho
de los residentes en estos centros a la cobertura integral por el Sistema Nacional de Salud, adecuados a sus necesidades específicas, así como la deuda que la sociedad ha contraído con ellos en los meses pasados.
18.2. Diseñar e implementar protocolos de coordinación y planes de contingencia entre la Atención Primaria y los servicios sociales generales (Atención Primaria) y especializados (Residencias de Personas Mayores) para una correcta atención
a la población residente en centros sociosanitarios y otros grupos de especial vulnerabilidad para responder con agilidad y eficacia a sus necesidades tanto en las próximas etapas de la pandemia, como otro tipo de necesidades sanitarias, tanto en el
domicilio como en los centros residenciales.
TEMA 4. SALUD PÚBLICA
Propuestas de Resolución.
19. Desarrollar e implementar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
19.1. Cumplir en su integridad la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública realizando con urgencia una evaluación de su implementación hasta la fecha, con recomendaciones concretas para su desarrollo y cumplimiento, así como,
en su caso, para actualizar su contenido a la realidad actual en lo que sea necesario.
19.2. Reforzar, en coordinación con las comunidades autónomas, la Red de Vigilancia en Salud Pública, implementando con urgencia las mejoras que sean precisas para dotar a la vigilancia epidemiológica de instrumentos y tecnologías que
faciliten sistemas de alerta precoz y respuesta rápida, con un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día. El sector privado y otros sectores como el social y el socio-sanitario también deberán ser parte de esa red de
vigilancia en Salud Pública (residencias, centros de salud y hospitales privados...)
19.2 bis (nueva). Desarrollar en coordinación con las comunidades autónomas un diálogo bioético sobre los límites en el uso de la tecnología en cuestiones referentes a los derechos básicos.
20. Desarrollar con urgencia un Plan de Emergencias de Salud Pública frente a epidemias y otras crisis sanitarias, incorporando los principios y las experiencias más actuales en preparación de
emergencias de salud pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
20.1. Elaborar una normativa para atender diferentes situaciones de emergencias de salud pública y sanitarias, por ser un componente esencial de la preparación para estas situaciones, para contar con la infraestructura necesaria para
detectar, prevenir y abordar las emergencias.
20.2. Incorporar la seguridad sanitaria como parte de la seguridad nacional, involucrando a todos las administraciones y autoridades implicadas (sanitarias, de defensa, económicas, de protección civil, transportes, etc.).
20.3. Organizar una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, equipos de protección individual, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de unidad de cuidados
intensivos, respiradores automáticos, etc.), distribuido por el territorio, en coordinación con las comunidades autónomas para prevenir su caducidad, incorporando su utilización y reposición al funcionamiento regular de los servicios sanitarios.
Priorizar la compra a fabricantes españoles y coordinar la creación de esta reserva con el impulso público al levantamiento de la capacidad industrial local que nos permita fabricar estos materiales a alto ritmo en situaciones de emergencia.
20.4. Crear Equipos de Respuesta Rápida y planificar las necesidades de personal requerido en el Plan de Emergencias preparando su formación, organización y entrenamiento periódico, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública sobre el establecimiento de una red de profesionales sanitarios y equipos que estén en disposición inmediata para actuar en emergencias sanitarias nacionales e internacionales.
21. Fortalecer las estructuras y los servicios de Salud Pública tanto a nivel central como en las comunidades autónomas.
21.1. Dotar al Ministerio de Sanidad de todos los medios necesarios para que la unidad directiva responsable de la Salud Pública y todas y cada una de sus dependencias, especialmente puedan contar con el personal altamente cualificado que
precisan.
21.2. Reforzar el nombramiento de los responsables máximos de salud pública a nivel central y autonómico, en tanto que máxima autoridad sanitaria profesional, con un estatus de especial protección de su independencia científico-profesional.
21.3. Desarrollar a nivel de las comunidades autónomas estructuras de salud pública tanto en el nivel central, como descentralizadamente en el territorio (Áreas Sanitarias), dotadas de los medios humanos, tecnológicos y los recursos
presupuestarios necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones, tanto de vigilancia epidemiológica, como de manejo de los sistemas de información y de protección y promoción de la salud.
21.4. Suprimido.
22. Reforzar la presencia de la salud pública española en las organizaciones internacionales.
22.1. Incluir la 'diplomacia sanitaria' es decir, los temas de salud como un área prioritaria en las orientaciones que informan la política exterior de España por su repercusión en múltiples ámbitos de la sanidad española (patentes de
medicamentos, reglamento sanitario internacional, migraciones de profesionales, medio ambiente, higiene y seguridad de los alimentos, etc.).
22.2. Reforzar la representación de España en todos los organismos internacionales de salud contando para ello tanto con personal de la Administración General del Estado, como de las comunidades autónomas, las universidades y de centros de
investigación.
22.3. Estudiar la inclusión de expertos en política sanitaria y salud pública como Consejeros en aquellas Embajadas de España donde sea importante la actividad de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios como
Naciones Unidas (Ginebra, Global Alliance for Vaccines and Immunisation) o en capitales especialmente relevantes como Washington y Pekín.
22.4. Reforzar la cooperación sanitaria internacional de España, para fortalecer los sistemas de salud y prevenir epidemias en los países en desarrollo.
22.5 (nuevo). Adoptar medidas para mejorar la respuesta dada desde organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, European Centre for Disease Prevention and Control, ...) en futuras crisis sanitarias.
23. Impulsar la formación de especialistas altamente cualificados en Salud Pública, así como la investigación en este campo.
23.1. Impulsar el desarrollo de capital científico-profesional en salud pública, fortaleciendo la Escuela Nacional de Sanidad y otras Escuelas en las comunidades autónomas para la formación e investigación avanzadas en epidemiología,
promoción de la salud, prevención, sanidad ambiental y ocupacional, economía de la salud, gestión sanitaria, etc., teniendo en cuenta la naturaleza interdisciplinar de la salud pública, así como otros centros formativos y universidades.
23.2. Reintroducir el Programa de Epidemiologia Aplicada de Campo, en colaboración con las comunidades autónomas para que esté incluido en la carrera profesional de los especialistas en salud pública que desarrollan su trabajo en las
diferentes administraciones sanitarias.
23.3. Incentivar las vocaciones profesionales a la salud pública con unas fórmulas de contratación y retribución similares a los de los clínicos (régimen estatutario).
23.4. Promover la investigación aplicada a la política y a la práctica de la Salud Pública, en igualdad de condiciones a la investigación clínica y básica biomédica.
24. Avanzar en un Sistema de Información en Salud Pública incardinado en una Red Europea, que facilitará el funcionamiento de un sistema de indicadores relevantes de salud, datos estadísticos y de recursos sanitarios de emergencia. Todas
las administraciones, centros, servicios y establecimientos tanto del sector público como del privado, así como las personas que desempeñen en ellos su labor, estarán obligados a facilitar la información solicitada por este Sistema de Información en
Salud Pública, así como a adaptar sus sistemas de información y registros a los formatos y formas que permitan su tratamiento adecuado.
25. Actualizar la Estrategia Nacional de Equidad en Salud.
26. Aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
27. Garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de Sanidad.
TEMA 5. INVESTIGACIÓN I+D+i, FÁRMACOS Y VACUNAS
Propuestas de Resolución.
28. Impulsar la I+D+i en salud, incrementando los recursos y favoreciendo su utilización ágil y eficaz.
28.1. Incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años hasta el 2 % del PIB, de forma que el sistema de I+D+i biosanitario lo vaya absorbiendo paulatinamente. Vertebrar toda la coordinación del presupuesto de
investigación biomédica y en general de la I+D+i en salud a través del Instituto de Salud Carlos III, en cooperación con los sistemas de I+D+i biosanitarios de las comunidades autónomas, de los centros dependientes de los sistemas sanitarios.
28.2. Incrementar los presupuestos dedicados a los proyectos de investigación en salud. Estos se deben articular en torno a las causas más importantes de morbimortalidad en la población española y responder a hipótesis relevantes de
investigación para el Sistema Nacional de Salud.
Promover la investigación en atención primaria y en cuidados de salud (investigación en enfermería), sin olvidar la investigación básica y sin dejar desatendida ningún área y en particular aquellas que no resultan tan interesantes para el
sector privado como por ejemplo en las enfermedades raras.
28.3. Reforzar los instrumentos de investigación traslacional en salud constituidos sobre las áreas más prevalentes de enfermedad y prevención, a fin de promover la transferencia de los resultados de investigación científica a la práctica
clínica a través de: a) Institutos de Investigación Sanitaria, que se nuclean alrededor de los grandes hospitales universitarios en cooperación con las universidades, y otros centros públicos de investigación; b) estructuras estables de
investigación cooperativa, que están constituidas por grupos de investigación básico-traslacional y grupos de investigación clínica y en salud pública y servicios de salud, dotados de personalidad jurídica propia (Centros de Investigación Biomédica
en Red-CIBER), o coordinados (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa-RETICS), con evaluaciones sobre el funcionamiento de dichos instrumentos para garantizar que son sumatorios o adicionales y c) dotaciones para la revisión y evaluación de la
evidencia científica nacional e internacional disponible para la toma de decisiones en el campo de la salud pública.
28.4. Dotar de financiación estructural a los Institutos de Investigación Sanitaria en un sistema que resulte de la cofinanciación con las comunidades autónomas, para que posean suficiencia financiera en el sostenimiento de su estructura
científica y de gestión.
28.5. Consolidar la convocatoria de ensayos clínicos no comerciales, incrementando su dotación, que actualmente realiza el Instituto de Salud Carlos III. Estructurar el apoyo a la investigación clínica independiente a través de la
plataforma de ensayos clínicos (SCREN) financiada por el Instituto de Salud Carlos III y otros que pudieran realizarse por las distintas comunidades autónomas.
28.6. Facilitar, en cooperación con las comunidades autónomas, las tareas de gestión de la investigación a través de las fundaciones de investigación biomédica que gestionan la investigación en los centros del Sistema Nacional de Salud.
Minimizar las barreras y trabas administrativas en su gestión.
28.7. Refuerzo del Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud y la Estrategia de Medicina Personalizada o de Precisión para garantizar la equidad en el acceso a la innovación, impulsar la investigación
pública y la fabricación de los nuevos medicamentos CART de conformidad con la normativa comunitaria y española en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad y la accesibilidad de los
pacientes.
29. Reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica biotecnológica y otras que ofrezcan soluciones basadas en evidencias científicas contrastadas.
29.1. Crear a través del Instituto de Salud Carlos III una plataforma de vacunas, que asocie a los principales grupos de investigación del Sistema Nacional de Salud, las universidades, las OPI y la industria farmacéutica y biotecnológica,
en un esquema de colaboración público-privada.
29.2. Fomentar los ensayos clínicos en el Sistema Nacional de Salud, tanto a nivel estatal como autonómico, reforzando la cooperación existente con la industria farmacéutica y otras industrias para (1) tratar de acortar los tiempos de
ejecución de los contratos y favorecer el reclutamiento de pacientes en los centros del Sistema Nacional de Salud, (2) implicar eficazmente con transparencia y rendición de cuentas a profesionales y centros sanitarios.
29.3. Fomentar la innovación en procesos, productos y servicios, junto con la industria farmacéutica, biotecnológica, industria de tecnologías médicas, sanitarias y otras, a través de las distintas plataformas de innovación en tecnologías
médicas y sanitarias del Instituto de Salud Carlos III (ITEMAS) y otros institutos y laboratorios tanto estatales como de comunidades autónomas.
30. Reforzar las capacidades científicas y de investigación de los centros del Sistema Nacional de Salud integrando a científicos en sus plantillas.
30.1. Incrementar los recursos humanos en investigación en salud a través de las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III tanto en el eje básico-traslacional (contratos predoctorales PFIS, postdoctorales Sara Borrell y contratos de
investigadores Miguel Servet), como en el eje clínico (contratos post-FSE Río Hortega y contratos Juan Rodés para especialistas-investigadores).
30.2. Establecer junto con las comunidades autónomas una carrera profesional para los investigadores en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el eje básico-traslacional como en el eje clínico. Consolidar un sistema de cofinanciación y de
estabilidad para los tramos finales de dichas carreras (contratos Miguel Servet y Juan Rodés).
30.3. Promover el tiempo protegido para la investigación para aquellos profesionales sanitarios que tienen que simultanear actividades asistenciales con las de investigación. Utilizar los programas de intensificación de la actividad
investigadora del Instituto de Salud Carlos III y de las comunidades autónomas para la liberación parcial de las tareas asistenciales con el objetivo de poder desarrollar los proyectos de investigación.
30.4. Establecer un programa de consolidación de los investigadores contratados a través de los programas Miguel Servet y Juan Rodés en el Sistema Nacional de Salud, en cooperación con las comunidades autónomas, organizaciones que
representen al sector y las fundaciones del Sistema Nacional de Salud. Establecer en la nueva legislación laboral las particularidades de la contratación en la investigación, de forma que les sea aplicable una normativa específica, y no solo las
modalidades contractuales de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y del actual Real Decreto-ley 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
30.5. Extender la categoría estatutaria de 'Facultativo Especialista Investigador' (ya incorporada al catálogo estatal de categorías estatutarias del Sistema Nacional de Salud, Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se
actualiza el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud por la administración del País Vasco, donde ha sido empleada para la estabilización de los investigadores
hospitalarios), para que se pueda usar por todas las comunidades autónomas.
30.6. Dotar y convocar las plazas estatutarias, en esta categoría y en las correspondientes que ya existen para titulaciones (técnico de laboratorio, etc.) para incorporar al personal investigador estable en las plantillas de los centros
del Sistema Nacional de Salud.
31. Integrar los principales retos en Salud que deben ser abordados a través de la ciencia, la tecnología y la innovación en España siguiendo las líneas marcadas en Horizonte Europa (Cluster Health), en el marco del diseño del Plan Estatal
de I+D+i, y en particular de la Acción Estratégica en Salud, así como de los planes de I+D+i de las comunidades autónomas identificando aquellas áreas y subáreas que nuestro país deba atender con mayor intensidad por sus necesidades específicas, sus
capacidades, y/o inadecuada financiación previa.
TEMA 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Propuestas de Resolución.
32. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Transformación Digital del Sistema Nacional de Salud.
32.1. La Estrategia se desarrollará en coordinación y colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, de la manera más abierta, transparente y participativa posible, en coordinación con las comunidades autónomas y
con la participación de los sectores y actores implicados, teniendo en cuenta de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, el empoderamiento de la ciudadanía.
32.2. El objetivo de la Estrategia es mejorar la capacidad de respuesta del Sistema sanitario, asegurando su adecuación a las necesidades existentes, a los medios disponibles y a las expectativas sociales. La Estrategia debe dar servicio a
una sociedad cada vez más conectada digitalmente y debe sustentarse en la capacidad transformadora de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como elemento de desarrollo sin precedentes de las competencias personales, profesionales y
sociales en materia de salud, sobre la base del dimensionamiento adecuado de los servicios de información y la capacitación competencial profesional.
32.3. Para llevar a cabo esta transformación, se priorizarán soluciones de software libre y código abierto, garantizando la soberanía tecnológica desde lo público, evitando situar en manos privadas infraestructuras digitales estratégicas y
protegiendo al máximo los datos sanitarios de los ciudadanos y su privacidad.
33. La Estrategia contendrá, al menos, los siguientes elementos:
- Situación actual del desarrollo digital del sistema sanitario en España.
- Identificación de los principales problemas del sistema sanitario donde las tecnologías digitales pueden aportar valor.
- Identificación de los principales ámbitos de actuación para impulsar la transformación digital del sistema sanitario español.
- Actuaciones concretas a desarrollar, indicando responsabilidades, presupuestos y calendarios de actuación.
- Información del sistema social.
- Estructura de gobernanza y marcos de cooperación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional de Salud de los Servicios Autonómicos de Salud entre sí y con el Ministerio de Sanidad, planteando una estructura en red sobre la base de
la interoperabilidad y la cooperación sobre proyectos concretos e incardinado en Europa.
34. Crear una unidad directiva de alto nivel dependiente del Ministerio de Sanidad para liderar la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud, para coordinar la elaboración y el seguimiento
posterior de la Estrategia Nacional para la Transformación Digital de la Sanidad se requiere de la creación de una organización diferenciada, con el conocimiento sectorial específico y la capacidad suficiente para desarrollar sus funciones
en colaboración con otras organizaciones y estructuras públicas de la Administración central y con las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
34.1. Realizar el seguimiento de las soluciones Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al entorno sanitario, tanto en España como en otros países, para incorporar las innovaciones e impulsar y evaluar experiencias piloto.
34.2. Realizar el inventario y evaluación periódica de los activos y capacidades sanitarias Tecnologías de la Información y la Comunicación del Sistema Nacional de Salud para difundir experiencias exitosas de los servicios autonómicos de
salud y de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
TEMA 7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES
Propuestas de Resolución.
35. Elaborar planes de contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes derivados de la expansión del virus SARS-CoV 2 u otras circunstancias similares, con el objetivo de organizar y planificar con antelación las
actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas institucionalizadas en centros residenciales. En dichos planes de contingencia, se establecerá como principio la derivación de los residentes al Sistema Nacional de Salud,
ante la necesidad de una atención más especializada.
36. Tomar con urgencia las medidas precisas para que los servicios de Atención Primaria, atiendan plenamente a todas las personas que viven en centros residenciales, adaptando la organización y prestación de la atención médica y de
enfermería a las necesidades y circunstancias de las personas en cada tipo de residencia.
37. Reforzar todo lo que sea preciso los servicios de enfermería de Atención Primaria para prestar en las residencias los cuidados domiciliarios que precisen las personas que viven en los centros residenciales.
38. Establecer la correcta coordinación con la atención sanitaria primaria y hospitalaria con los centros residenciales, para garantizar el derecho de las personas mayores y de las personas institucionalizadas en centros residenciales a la
protección de su salud y a la atención sanitaria que, por la legislación respectiva de cada comunidad autónoma, son reconocidos como establecimientos de carácter social que ofrecen alojamiento, convivencia y atención social.
39. Suprimido.
40. Reforzar los mecanismos de coordinación entre atención primaria, hospitalaria, dispositivos de urgencia, Salud Pública, los servicios sociales de atención primaria y los centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de
cuidados integrales e integrados en una red de atención sociosanitaria.
41. Desarrollar en todas las comunidades autónomas una red de hospitales de media y larga estancia como sistema de apoyo a los servicios de Atención Primaria en los centros residenciales.
42. Revisar y armonizar en el seno del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España, la normativa por la que se establecen órganos de planificación y apoyo de la atención y coordinación sociosanitaria, para analizar si
está produciendo una correcta coordinación por parte de las Administraciones públicas, que garantice la continuidad del servicio, identificando con claridad las funciones de cada administración implicada.
43. Crear un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social de atención a la dependencia, encargado de: A) planificar de forma conjunta los cuidados de larga duración, B) establecer un sistema integrado de información, C)
velar por la calidad de las prestaciones y D) definir los protocolos a seguir en caso de crisis sanitarias como la actual. Y para todo ello, identificar un equipo gestor de seguimiento de los programas de la atención en las residencias que aseguren
la atención a la cronicidad según situación clínica y la eficaz coordinación con los servicios sociales de atención a la dependencia en las residencias.
44. Facilitar la permanencia en el hogar cuando así lo desee la persona. Establecer protocolos que garanticen la atención integral e integrada de ambos sistemas, social y sanitario en el domicilio,
compartiendo los sistemas de información y la introducción de la teleasistencia avanzada, y reforzando el papel de los centros de día, entre otros.
TEMA 8. POLÍTICA FARMACÉUTICA, INDUSTRIA BIOSANITARIA Y RESERVA ESTRATÉGICA
Propuestas de Resolución.
45. Estudiar la implementación de las medidas propuestas en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Evaluación del gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica (junio 2019). Se trata
de 18 medidas que implican al Ministerio de Sanidad (12), a las comunidades autónomas (4), a las farmacias (1) y a los pacientes (1).
46. Reforzar los componentes básicos de la política farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
46.1. Evaluación rigurosa y control de la eficacia, seguridad, calidad e información de los medicamentos por las agencias reguladoras europea y española.
46.2. Evaluación de la eficiencia.
46.3. Programas de uso racional de los medicamentos, que abarquen la prescripción por los médicos, la atención farmacéutica y el consumo responsable por los pacientes, incluida la observancia o adherencia a los tratamientos.
46.4. Regulación selectiva de la inclusión de los medicamentos en la financiación pública.
46.5. Una activa política de genéricos y biosimilares.
46.6. Sistemas de intervención de precios y programas de compras públicas bien diseñados. Avanzar en los mecanismos de compra centralizada de fármacos a nivel estatal y europeo para tener mejor posición negociadora frente a las
farmacéuticas.
46.7. Eliminación de los copagos.
46.8. Fomento y mantenimiento de los incentivos a la innovación.
46.9. Actuaciones de colaboración con la Agencia Europea del Medicamento y otras instituciones europeas para lograr medicamentos asequibles y seguros.
46.10. Legislar para aumentar la transparencia en el desarrollo y producción de fármacos, de forma que las administraciones puedan detectar sobreprecios abusivos.
47. Uso racional de medicamentos.
47.1. Mejorar la formación y la información farmacológica de los profesionales sanitarios, para una prescripción segura, eficaz y efectiva, juntamente con proyectos de mejora de la educación sobre medicamentos de la ciudadanía y otros
dirigidos al uso racional de medicamentos por la población anciana polimedicalizada.
47.2. Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades
de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria.
47.3. Promover la revisión la de sobre-medicación y estimular el hábito de de-prescripción.
47.4. Evaluación y control por la autoridad sanitaria de la publicidad de medicamentos dirigida al gran público, así como de medicamentos, alimentos, complementos nutritivos, 'remedios' y presuntos medicamentos (incluidos homeopáticos).
47.5. Impulsar los planes y actuaciones de Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
47.6. Desarrollar una política activa para el uso adecuado de antibióticos en España, que incluya monitorización de sus efectos, prevención de las resistencias microbianas a antibióticos y proyectos de racionalización, así como políticas de
lucha contra las infecciones hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud. A estos efectos, se impulsará la elaboración de un nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2025 que tenga expresamente en cuenta la
incidencia causada por la mayor exposición a los antibióticos por el COVID-19.
47.7. Desarrollar políticas activas para el uso racional de medicamentos psicotrópicos, medicamentos oncológicos e innovaciones terapéuticas.
47.8. Impulsar buenas prácticas en farmacia comunitaria y el desarrollo del papel asistencial y sanitario del farmacéutico, en coordinación con los profesionales de Atención Primaria.
48. Innovación y viabilidad. Financiación y precios de los medicamentos. Evaluación económica.
48.1. Acordar una estrategia para compatibilizar el acceso de los pacientes a innovaciones terapéuticas disruptivas (alta efectividad, alto coste) con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
48.2. Desarrollar un proyecto para la implantación sistemática por el Ministerio de Sanidad de la evaluación económica de medicamentos, con el fin de fundamentar sus decisiones sobre financiación pública y control de precios.
48.3. Poner en marcha una red nacional de evaluación de medicamentos, en coordinación con las comunidades autónomas. De manera que se lleve a cabo:
48.4. Evaluación periódica de las decisiones de inclusión y exclusión de medicamentos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
48.5. Evaluación periódica de la política de intervención de los precios. Criterios utilizados y resultados de la actividad de la Comisión Interministerial de Precios, incluyendo información detallada sobre compromisos confidenciales con
las empresas farmacéuticas.
49. Asegurar la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos prescritos de forma adecuada.
49.1. Garantizar la independencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con financiación desde el Presupuesto y no a partir de los pagos de la industria. Prevenir y evitar los conflictos de interés y las llamadas
'puertas giratorias'. Promover la misma independencia para la Agencia Europea del Medicamento. Desde una Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios independiente, revisar todos los medicamentos autorizados, manteniendo la autorización
solo a los realmente eficaces y más seguros.
49.2. Establecer un formulario nacional de medicamentos cubiertos por la sanidad pública incluyendo los más seguros, eficaces y menos costosos, cuando haya varias opciones disponibles.
49.3. Monitorizar la falta de acceso a medicamentos: elaboración de un Informe anual de seguimiento.
49.4. Llevar a cabo el seguimiento de los 'desabastecimientos', analizar sus causas y resolver progresivamente este problema que afecta a pacientes y profesionales sanitarios. Elaboración de un Informe anual.
50. Aumentar significativamente la proporción de genéricos y biosimilares, a precios justos.
50.1. Acelerar los procedimientos de autorización de genéricos y biosimilares y la decisión de su financiación y precio.
50.2. Fomentar la utilización de genéricos y biosimilares.
50 bis (nueva). Establecer líneas de colaboración con la industria farmacéutica de medicamentos genéricos y la de los biosimilares, así como con el sector de las empresas españolas biotecnológicas y de tecnología sanitaria con el objetivo
de favorecer el autoabastecimiento o reducir cuanto menos la dependencia frente a otros países para garantizar stock de este tipo de productos.
51. Supresión progresiva de la aportación del paciente (copago) a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. El objetivo estratégico es la supresión de los copagos, y en esa perspectiva, mientras subsistan estos, la
política farmacéutica debe:
1. Evitar que los copagos sean barrera económica para la adherencia terapéutica en los grupos con menores rentas, incrementando el número de colectivos exentos de copago farmacéutico, en función de la situación socioeconómica, discapacidad
y otros criterios sanitarios.
2. Impedir que el copago farmacéutico sea un 'coseguro' de los medicamentos de receta ambulatoria del Sistema Nacional de Salud, poniendo topes máximos a los mismos para todos los ciudadanos.
3. Mejorar la equidad de los copagos entre grupos de rentas y necesidades sanitarias similares, iniciando un proceso de igualación de los copagos para similares niveles de renta y necesidad sanitaria, para eliminar progresivamente
diferencias injustificadas entre colectivos.
52. Revisar y actualizar el programa PROFARMA (2017-2020). Es preciso tener en cuenta todas las aportaciones de las compañías con impacto en el empleo (especialmente de alta cualificación), en la producción y exportación y en la I+D y
transferencia tecnológica, sea cual sea la aportación. También
primar el apoyo al desarrollo de productos para necesidades consideradas importantes o mal atendidas (por ejemplo, determinadas enfermedades raras).
53. Fomentar la plataforma de compras centralizada de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, gestionada a través del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA).
54. Estimular una mayor presencia de nuevas plantas de fabricación de medicamentos, esencialmente de vacunas, para reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad respecto de otros países.
55. Potenciar con todo tipo de medidas la industria biosanitaria y farmacéutica en España. Desarrollar acuerdos estratégicos con la producción privada nacional para la fabricación de medicamentos o tecnologías esenciales, con precio de
venta según coste.
56. Fortalecer el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la Agencia de Innovación de nuestro país, recuperando la máxima categoría 1 entre las entidades públicas del país, y manteniendo íntegramente sus reglas de
funcionamiento actuales como Entidad Pública Empresarial (EPE).
57. Favorecer la transferencia de conocimiento del sistema público de investigación tanto en el ámbito de los organismos públicos de investigación (OPI) como en los institutos de investigación sanitaria, mediante la propuesta de proyectos
de cooperación de estas instituciones con empresas innovadoras del ámbito de la salud y con otras que pudieran dar servicios al sistema de salud.
58. Definir, con respeto a las competencias de las comunidades autónomas y en coordinación y colaboración con las mismas, un Plan Estratégico Nacional de prevención ante crisis sanitarias, que defina objetivos, gobernanza, coordinación
administrativa, organismos responsables, infraestructuras necesarias, protocolos de actuación, producciones y suministros estratégicos, productos críticos, todo ello en coordinación con las instituciones de la Unión Europea. El Plan Estratégico
debe definir el contenido, regulación y los medios para la provisión de una Reserva Estratégica que garantice el abastecimiento de material sanitario, de protección, productos químicos y sustancias básicas, maquinaria crítica, materias primas, etc.,
para posibles futuras pandemias. En consecuencia, una vez aprobado el Plan Estratégico y regulada la Reserva Estratégica, definir los programas necesarios y su presupuesto asociado para el impulso a la fabricación nacional de equipos y material
sanitario u otros productos, así como equipos de protección individual que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con nuevas pandemias.
58 bis (nueva). Ante futuras emergencias de salud pública o nuevas ondas epidémicas es necesario establecer una 'Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos', en coordinación con el sector tecnológico sanitario.
59. Incluir en las líneas de ayudas existentes a inversiones industriales relacionadas con el COVID-19, acuerdos de cofinanciación con participación activa del gobierno para empresas con iniciativas para establecer en España la producción
de equipos de tecnología sanitaria, medicamentos, fabricación de equipos de protección individual, mascarillas y productos sanitarios. Impulso a la creación de un clúster nacional que facilite la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y
hospitalarios, y universidades, orientado al desarrollo de capacidades de ingeniería sanitaria y/o equipos de protección individual.
60. Aumentar la capacidad estructural de la investigación clínica, donde España es líder, implementando medidas como el refuerzo a las estructuras de apoyo, el liderazgo de la I+D con financiación y gestión pública o de la cooperación
público-privada que permitirían incrementar notablemente el volumen de recursos destinados a I+D en el corto plazo, atrayendo capital extranjero.
60 bis (nueva). Elaboración de un mapa tecnológico de necesidades junto a las comunidades autónomas y poner en marcha un Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria.
TEMA 9. ADECUAR LA FINANCIACIÓN SANITARIA A LAS NECESIDADES REALES
Propuestas de Resolución.
61. Aumentar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud. Con carácter general, aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la
legislatura. Todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa.
61.1. Crear un Fondo de Reconstrucción Sanitaria plurianual, de carácter finalista y condicionado, limitado en el tiempo, dirigido a incentivar el logro de objetivos específicos en distintas materias (interoperabilidad de la historia
clínica electrónica, integración de sistemas de información, dotaciones
mínimas de recursos en materia de salud pública, dotaciones mínimas en materia de atención primaria por áreas de salud, articulación de protocolos clínicos de mejora de la seguridad de los pacientes, entre otras), cuya distribución a partir
del segundo año se vincule al cumplimiento de indicadores objetivos y evaluables. Entre las condiciones de este fondo, se incluirá el que se destine exclusivamente a la sanidad pública de gestión directa.
61.2. Dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria con recursos específicos y significativos para financiar la red de Centros Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), así como para afrontar la reducción de las desigualdades en salud. Incluir
entre los objetivos del Fondo de Cohesión proyectos de co-inversión e innovación para financiar la implantación de mejoras de la cartera de servicios del conjunto del Sistema Nacional de Salud, originadas por cambios científico-técnicos no previstos
(innovaciones diagnósticas, terapéuticas, de cuidados, de organización, etc.), a través de acuerdos plurianuales, donde la financiación central vaya reduciéndose según toma el relevo la autonómica. El Fondo de Cohesión tendrá en cuenta las
especiales características de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con su lejanía, insularidad y doble insularidad.
61.3. Activar el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) como mecanismo de compensación de la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas, para favorecer la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, así como la libertad de
movimientos de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud.
61.4. Establecer un sistema de información adecuado que permita registrar, validar, contabilizar y publicar los resultados de todas las actividades sanitarias recogidas por el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial.
61.5. Incremento significativo de camas hospitalarias de gestión y titularidad pública en todo el país al final de la legislatura; la mayoría de ellas de larga y media estancia.
62. Asegurar una financiación sanitaria, suficiente y equitativa para el Sistema Nacional de Salud.
62.1. Actualizar el sistema de financiación autonómica ofreciendo un marco estable de suficiencia dinámica al Sistema Nacional de Salud, con base en los criterios aprobados en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017: solidaridad,
suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos para asegurar una financiación sanitaria suficiente y equitativa para el
Sistema Nacional de Salud.
62.2. Mejorar el cálculo de las necesidades relativas que se emplea en la distribución del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), a partir de un estudio técnico que objetive dichas necesidades.
62.3. Convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfico para abordar las cuestiones derivadas del sistema de financiación autonómica. Incrementar la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria, con el objeto de
atender los objetivos contemplados en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en el Real Decreto que la reglamentó.
62.4. Realizar revisiones periódicas, preferentemente cada dos años, para ajustar los indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.
62.5. Garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales que son competencia de las comunidades autónomas, y particularmente la sanidad, asignándole unos recursos financieramente estables.
63. Crear un nuevo Fondo de Innovación Sanitaria, para financiar entre otras, terapias tuteladas y medicamentos de alto coste.
63 bis (nueva). Habilitar, desde el Gobierno, los programas y complementos presupuestarios necesarios para potenciar y acelerar los proyectos de refuerzo propuestos y que obtengan el respaldo de la Unión Europea, por ejemplo un programa
colaborativo a nivel europeo de Reservas Estratégicas de materiales y productos sanitarios.
63 ter (nueva). Las propuestas de incremento de financiación que en su caso se aprueben, deberán canalizarse a través de los correspondientes mecanismos de financiación autonómica (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas y régimen foral vasco y navarro).
63 quáter (nueva). Redistribución equilibrada de los recursos financieros estatales y/o europeos transferidos a las comunidades autónomas para armonizar la inversión sanitaria por habitante y reducir los desequilibrios.
TEMA 10. MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA
Propuestas de Resolución.
64. Crear un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de servicios sanitarios.
64.1. Dotar a las redes y/o centros sanitarios públicos de capacidades para la gestión operativa de su presupuesto, su personal, sus compras y contratos, de manera que se cree un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de
los servicios sanitarios.
64.2. Promover, a criterio de las comunidades autónomas, políticas basadas en Contratos de Gestión, que respondan a las siguientes características:
- Armonizados con los presupuestos del Servicio de Salud.
- Carácter plurianual, para incorporar la dimensión de planificación: cartera de tecnologías y servicios, alianzas, competencias, inversiones, costes directos e inducidos, y evaluación de actividad y resultados.
- Transparencia para conocer y seguir el cumplimiento de coste, actividades y resultados de los centros, servicios y unidades.
64.3. Desarrollar de forma continuada una reingeniería de procesos con el doble objetivo de internalizar y primar el talento y la competencia profesional y desburocratizar y simplificar la gestión de los centros y establecimientos de salud,
eliminando compartimentos estancos y reduciendo drásticamente los trámites administrativos requeridos para prestar los servicios.
65. Planificar una Atención Primaria competente, reforzada, auto-organizada y orientada a la comunidad.
65.1. Reforzar de forma inmediata los centros de salud para apoyar la capacidad de identificar de forma precoz los casos, e investigar los contactos del COVID-19 (establecimiento de un crédito extraordinario con carácter finalista).
65.2. Establecer unos criterios generales de dotación de personal de los Equipos de Atención Primaria favoreciendo la multidisciplinariedad, incorporando el conjunto de funciones que han de desarrollar, e incluyendo el reforzamiento
específico y selectivo de la cobertura de las residencias socio-sanitarias (uso inicial de crédito extraordinario finalista, pero con progresivo relevo por el sistema general de financiación de las comunidades autónomas).
65.3. Restablecer en la Atención Primaria los principios de auto-organización, asunción colectiva de objetivos y responsabilidades y rendición periódica de cuentas.
66. Suprimido.
66.1. Repensar el modo de relación de los hospitales con los pacientes y sus familiares con base en criterios de humanización, lo que conlleva respeto escrupuloso a los principios de la bioética, a los derechos humanos y las obligaciones
derivadas de los marcos legales vigentes, en particular el derecho a la intimidad, a la información, al consentimiento, a la confidencialidad y al trato digno en todas las fases del proceso asistencial, en particular en las etapas finales de la
vida.
66.2. Proyectar las experiencias de readaptación de los hospitales al COVID-19 en planes de contingencia o emergencia, para que las infraestructuras, los recursos materiales y humanos y los procedimientos y circuitos administrativos puedan
responder adecuadamente a futuras crisis y elaboración urgente de planes de recuperación de la actividad ordinaria asistencial.
66.3. Suprimido.
66.4. Suprimido.
66.5. Suprimido.
66.6. Suprimido.
67. Reforzar los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales en todos los niveles asistenciales.
68. Impulsar la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental, que incremente significativamente la inversión, configure un verdadero sistema integral de atención, combata la estigmatización y garantice los derechos de las
personas con problemas de salud mental, con un enfoque de género y derechos humanos, que aborde:
68.1 (nueva). La aprobación de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud.
68.2 (nueva). La detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista (TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), la dislexia o los trastornos de tipo alimentario, entre otros.
68.3 (nueva). Los medios para la asistencia social integral de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o
intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.
69 (nueva). Culminar el proceso de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, dando cumplimiento al mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar los servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a la población reclusa.
70 (nueva). Para lograr que el Sistema Nacional de Salud, que ha sido sometido a una presión sin precedentes, pueda seguir siendo uno de los mejores del mundo y uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar, es necesario
llevar a cabo reformas estructurales además de dotarlo con los recursos necesarios. Este debe ser un compromiso de todos que nadie debe eludir y por eso ahora más que nunca todas las fuerzas políticas deberíamos alcanzar un Pacto de Estado (Pacto
Cajal) por la Sanidad que tendría que dar acogida a las propuestas que aquí aparecen recogidas, siendo el consenso político y social la mejor vía para dar estabilidad a las medidas reformadoras.
71 (nueva). Garantizar la sostenibilidad de las redes de farmacias, para su labor sanitaria, social y de cohesión territorial.
CONCLUSIONES
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
BLOQUE 1. MODELO PRODUCTIVO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INDUSTRIA, SECTOR PRIMARIO Y OTROS SECTORES ESTRATÉGICOS, LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS PYMES
El modelo productivo español ha registrado importantes cambios en las últimas décadas. Un proceso de apertura internacional e integración europea que han permitido la convergencia con las principales economías de la Unión Europea en
términos de renta per cápita.
Tras un largo ciclo expansivo entre 1994 y 2008, la economía entró en recesión y no sería hasta 2016 que recuperaría el nivel de producción previo a la crisis. Una recesión derivada de la crisis financiera internacional, pero que dejaba al
descubierto los fuertes desequilibrios del ciclo expansivo previo en España. A saber, un elevado sobrendeudamiento privado, en buena parte concentrado en la inversión residencial. Vinculado a ello, una enorme burbuja de crédito financiada por unas
entidades bancarias apalancadas con la captación de pasivos externos, lo que tenía como reflejo un saldo negativo sin precedentes en la balanza por cuenta corriente y en una elevada ratio de deuda externa sobre el PIB.
La crisis a partir de 2009 conllevó un lento proceso de recuperación que ha sido comparativamente más modesto que en ciclos anteriores, aunque superior a las tasas promedio de la eurozona. Pero sobre todo, y hasta la llegada del COVID-19,
se trata de un crecimiento más equilibrado en su composición, impulsado por la demanda interna pero también por la externa; bajos niveles de inflación con recuperación de los salarios reales y creación neta de empleo; saldo acreedor con el resto
del mundo; un sector bancario más saneado y un sector privado no financiero (hogares y empresas) en proceso de desapalancamiento, con una deuda bruta sobre el PIB todavía elevada, sobre todo la de empresas, pero
en claro descenso, representando ambos sectores una deuda bruta conjunta del 152 % del PIB al tercer trimestre de 2019 (según datos del Banco de España) pero lejos del 204 % del PIB que sumaban en el mismo período de 2013.
Con todo, la economía española mantiene algunas debilidades estructurales importantes. Entre ellas, destacan:
- Una escasa dotación de capital privado y público.
- Concentración del crecimiento en algunos sectores sobredimensionados, como fue el caso de la construcción en el anterior ciclo expansivo y continúa siendo en algunas actividades del sector servicios.
- Reducido tamaño empresarial, muy concentrado en pymes sin trabajadores y micropymes, que juntas representaban el 93,5 % del total de empresas al término del año 2019. Una atomización del tejido empresarial que le hace menos competitivo de
cara a una mayor proyección internacional, al no poder aprovechar los rendimientos crecientes de escala interna.
- Bajo crecimiento de la productividad, que evoluciona de forma anticíclica en nuestro país, aumentando en épocas de recesión a costa de destruir empleo, fruto, entre otras cuestiones, de un tejido productivo con baja intensidad en valor
añadido e I+D+i así como de una escasa inversión en etapas de crecimiento.
- Bajos salarios reales y recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal.
- Elevada dependencia energética externa e intensiva en recursos de origen fósil, contaminante y accesible vía importaciones.
- Escasa inversión en educación, formación continua de la fuerza laboral y elevadas tasas de abandono escolar que redundan en un sector productivo donde la mano de obra poco cualificada es la primera expulsada del mundo laboral.
- Escasa inversión en ciencia e investigación tanto pública como privada. La investigación no ha recuperado aún los niveles máximos pre-crisis, si bien siempre han estado por debajo del promedio UE-28, una divergencia que se ha ampliado.
- Débil inversión pública tanto en términos de PIB como de porcentaje sobre el gasto público total, y que se ha visto reducida especialmente a partir de la crisis de 2008.
- Reducido peso de la industria en la economía, cuya participación en términos de valor añadido bruto con respecto al PIB sigue una tendencia decreciente desde la segunda mitad de los años noventa y se agudizó tras la Gran Recesión.
- Tasa de desempleo muy elevada, muy superior a la media de los países europeos, y que se mantiene elevada incluso en periodos de crecimiento.
En el proceso de reconstrucción tras la crisis del COVID-19 será importante distinguir aquellas medidas de corto plazo, enfocadas a compensar los efectos de la crisis sanitaria y permitir la desescalada hacia la 'nueva normalidad', de las de
medio y largo plazo centradas en cambios de carácter estructural. Así pues, las medidas más a corto plazo deberán servir para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, tejiendo para ello una red de seguridad sobre todo
para las personas más vulnerables, así como medidas para los sectores económicos más afectados.
La recuperación de los sectores más afectados requerirá de un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reorienten la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que
refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía. Un plan de inversiones coordinado a su vez con los planes de recuperación a escala
europea.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan
incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
1. Continuar las medidas de apoyo en el corto plazo y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas
de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables, y apoyar en particular la recuperación de los sectores más afectados.
De manera específica, se deberá trabajar con los sectores y con los agentes sociales, y en colaboración con las comunidades autónomas y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores relevantes más afectados por la
crisis, como el turismo, los canales HORECA, el comercio, la industria, sectores estratégicos como la automoción, la máquina herramienta y el aeronáutico, y el agroalimentario y el pesquero, así como los sectores necesarios para garantizar la
producción local sanitaria estratégica.
1 bis (nueva). Igualmente, deberá atenuarse el riesgo de deterioro del tejido productivo como consecuencia del incremento de morosidad provocado por la crisis. Para ello habrá que perfeccionar la Ley de Segunda Oportunidad y la normativa
relativa a la morosidad en operaciones comerciales circunstanciales, así como la Ley Concursal.
2. En el medio plazo, es necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar el modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de
nuestra economía. La crisis actual debe entenderse y aprovecharse como una oportunidad para salir reforzados, haciendo frente a los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española, como son la digitalización, la transición
ecológica, la apuesta por la educación y el capital humano, el empleo de calidad, la innovación y la ciencia, la respuesta al reto demográfico y el refuerzo del estado de bienestar en todo el territorio nacional.
Esta inversión debe concentrarse en los dos próximos años en los proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador, atendiendo a las especificidades del tejido económico productivo de las diferentes comunidades autónomas que
permitan reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de la economía, generando empleos de calidad en sectores de alta cualificación.
En este sentido, se prestará especial atención a colectivos relevantes del tejido productivo, como las pymes, autónomos y la economía social; y a sectores tractores en la industria y el sector primario.
3. Trabajar con las instituciones europeas y nuestros socios comunitarios garantizando la participación de las comunidades autónomas, para reforzar los instrumentos a disposición de todos los países miembros de apoyo financiero a corto
plazo y articular un ambicioso Plan de recuperación para Europa que impulse una agenda común centrada en la transición ecológica, la digitalización, el capital humano, la innovación y el impulso de una agenda europea social, apoyando en particular
la recuperación económica de los países más afectados por la emergencia del COVID-19. La participación de las comunidades autónomas lo será tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos e inversiones, así como en su posterior
ejecución.
4. Alcanzar un Pacto de Estado por la Industria con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre, con una cogobernanza definida, con la participación de las comunidades autónomas y agentes sociales, del que emane una futura Ley de
Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital, incrementando nuestra autonomía estratégica industrial. Una ley que siente los principios básicos de
actuación para elaborar un plan de industrialización y reindustrialización que permita aumentar el peso del sector industrial en el Estado y ponga el foco también en aquellas zonas menos industrializadas y por tanto más débiles en periodos de
crisis, que aproveche las potencialidades de cada uno de los territorios. Estas actuaciones deben implicar a las administraciones territoriales y promover alianzas industriales y tecnológicas que, con la empresa en su foco de atención, potencien
las capacidades industriales.
5. Se debe plantear una estrategia a medio y largo plazo para reindustrializar el país en línea con las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 enmarcadas en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de la Comisión Europea. El Gobierno debe comprometerse con políticas industriales activas que permitan diversificar nuestra estructura productiva al tiempo que ganen peso aquellas actividades
económicas de mayor valor añadido, mayor intensidad tecnológica y con mayor contenido en conocimiento. La industria
y en particular aquellas actividades con mayor intensidad tecnológica permiten a la economía ser más robusta en términos macroeconómicos y tener mejor capacidad de resiliencia ante eventuales shocks externos tales como las pandemias, al
tiempo que posibilita mejores salarios para los trabajadores y funciona como locomotoras de la economía, impulsando al resto de actividades económicas. Asimismo, el Gobierno revisará la colaboración de los sectores público-privado, para que gane
peso el primero; y promoverá la búsqueda de sinergias industriales con el desarrollo de hubs o clusters de empresas innovadoras, atendiendo no sólo a objetivos estrictamente cuantitativos y apostando por una política que promueva y facilite el
crecimiento de las empresas, desde la innovación hacia la mejora de la productividad.
5 bis (nueva). El Gobierno vinculará en coordinación con las comunidades autónomas, la estrategia energética a la industrial. La transición energética implica no solo un cambio en el modelo energético, sino también en el comportamiento, en
la provisión de información en tiempo real, o en la toma de decisiones a nivel de usuario, etc, y todo ello representa una oportunidad única de nuevos desarrollos tecnológicos de alto valor añadido impulsando nuevas actividades industriales. Así
mismo, el Gobierno junto con las comunidades autónomas impulsará proyectos de investigación energética europeos.
Asimismo el Gobierno junto con las comunidades autónomas, elaborará una estrategia que favorezca una política industrial competitiva en costes energéticos, equiparable a la de otros países europeos.
5 ter (nueva). Aprobar con carácter inmediato el reglamento de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, así como el estatuto del consumidor electrointensivo.
6. Elaborar junto con las administraciones e instituciones con competencias en la materia y los agentes económicos y sociales, una estrategia de fortalecimiento de las pymes que permita desarrollar sus potencialidades y sus posibilidades en
un contexto global que contemple programas de internacionalización, digitalización y colaboración empresarial, así como mejorar los instrumentos financieros de apoyo. Así mismo, se impulsará un apoyo específico a la internacionalización
diversificando mercados para minimizar dependencias.
7. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la economía social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social. Un diseño que crezca desde su enraizamiento en el ámbito local y autonómico y su
conexión con las acciones europeas. Una estrategia que interconecte la economía social productiva territorial con los canales de venta minorista. Estas políticas estarán dirigidas a visibilizar ante la sociedad la sólida trayectoria de otra forma
de hacer economía centrada en las personas.
8. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis. Con el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo estimularemos el emprendimiento y las iniciativas
empresariales basadas en la innovación, la formación más especializada y adaptada a las demandas de la nueva realidad económica; una formación que contribuya a mejorar sus condiciones de trabajo. Se trata de diseñar, en diálogo con los agentes
sociales, un plan estratégico para el empleo autónomo que impulse este trabajo con esta perspectiva integral, que incluya la digitalización de la economía, el reto demográfico, la fijación de la población al territorio a través de la generación del
autoempleo en el ámbito rural y avanzando en la consecución de la igualdad efectiva. A estos efectos, se constituirá asimismo el Consejo del Trabajo Autónomo. De igual manera, se abordará la reforma del Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos (RETA) con el objetivo de establecer una cotización según ingresos reales.
9. Impulsar una mesa de negociación con presencia de transportistas, representados a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y cargadores, a través de sus principales asociaciones, coordinada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se centre en los retos que debe afrontar el sector, tanto sectoriales como los más recientemente derivados de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus efectos económicos, con objeto de lograr soluciones
consensuadas que establezcan el marco del transporte y la logística para la próxima década, teniendo en cuenta la necesidad de realizar un salto cualitativo, con una perspectiva de mejora de sostenibilidad ambiental y eficiencia del sector, y en los
que la digitalización de la cadena logística y la innovación sean dos palancas esenciales para lograrlo.
El Gobierno de España agilizará los programas de apoyo y subvenciones que reciben las empresas de transportes bajo diferentes modalidades y desarrollará programas de compensación a las empresas del sector que han seguido operando durante
esta etapa en condiciones desfavorables y de ocupación limitada.
En el ámbito portuario, el Estado estimulará y potenciará que Canarias aproveche las oportunidades que se pueden generar en actividades de alto valor añadido, como la reparación naval, la logística, el suministro a buque, los servicios de
reparación offshore o el tráfico de cruceros.
10. Impulsar un Plan para la Transformación del Sistema Agroalimentario, reconociendo el carácter esencial del sector primario, como se ha demostrado durante la crisis del COVID-19, logrando mantener un suministro estable de alimentos de
calidad. Un sector que antes de la crisis sanitaria ya enfrentaba una crisis de rentabilidad, especialmente en el caso de las pequeñas explotaciones agrarias, envejecimiento (menos del 6 % de los agricultores tienen menos de 35 años), elevada
concentración en el sector de la distribución, baja incorporación de personas jóvenes y reducido acceso a la propiedad de las mujeres, pero también en los insumos agrarios, y una reforma de la Política Agraria Común (PAC) pendiente de acuerdo
financiero. Este plan tomará forma en una Ley de transición ecológica y defensa del sector agrario y alimentario, pactado con el sector, con el objetivo de alcanzar una producción agropecuaria 100 % ecológica en el año 2040.
11. En coherencia con ese carácter esencial de la industria agroalimentaria en España, establecer una política industrial y de promoción específicas para el sector agroalimentario, que explote toda la potencialidad de nuestras producciones
y sea intensiva en transformación y valor añadido, poniendo en valor nuestras denominaciones de origen, indicaciones diferenciadas, la dieta mediterránea, nuestra cultura y gastronomía conocidas en el mundo.
12. Igualmente, se precisa del impulso del conocimiento científico del medio marino, así como de la innovación tecnológica y la formación en todos los eslabones del complejo mar-industria, con atención especial a las empresas de
transformación de productos pesqueros.
13. Fomento del equilibrio de la cadena de comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura, en particular, mediante el apoyo a las Organizaciones de Productores del Sector de la Pesca y las acciones de promoción e información
al consumidor.
El COVID ha revelado la importancia del sector primario, pesca y agricultura, como cadena de abastecimiento alimentario sostenible y sanitariamente seguro exigido por la normativa europea. Por ello se impulsará en Europa que el
abastecimiento de alimentos de otros países y apertura de fronteras a otros países, exijan los mismos estándares que se requieren al sector primario europeo, garantizando su cumplimiento en todos los lineales de distribución.
14. Consolidación de un sector pesquero y de la acuicultura sostenible, mediante modelos de gestión que permitan la conservación de los recursos, la continuidad de las empresas y la generación de empleo y el mantenimiento de las comunidades
costeras.
15. Establecer las medidas de apoyo oportunas para que las explotaciones agrícolas y ganaderas y la pesca de litoral puedan garantizar su rentabilidad, particularmente las de tamaño medio y pequeño, que no pueden beneficiarse de economías
de escala para diversificar sus producciones y hacerlas más competitivas.
En el caso de Canarias, dadas las singularidades del sector primario derivadas de la lejanía y la insularidad, reconocidas en el status de Región Ultraperiférica de la Unión Europea y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, se pondrán en
marcha medidas específicas como las siguientes:
1.º Pago inmediato de los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) adicional por parte del Estado Español, alcanzando la misma cifra aportada por el Gobierno de Canarias.
2.º Agilizar el pago pendiente de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas, incluyendo el transporte del plátano como partida adicional, según el compromiso asumido por el Gobierno de España.
3.º Poner en marcha, en colaboración con el Gobierno de Canarias, un Plan de Apoyo al Tomate Canario ante los retos planteados por el Brexit.
4.º Poner en marcha líneas específicas para compensar los efectos del COVID-19 en los subsectores del sector primario más afectados, como el sector de flores y plantas.
5.º Promover medidas específicas para el sector pesquero que incluirán a la transformación y la acuicultura.
6.º Cumplimiento inmediato de las medidas para el sector primario contempladas en el Régimen Económico y Fiscal.
16. Revisar el Plan Forestal Español para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera y la conservación de los suelos agrícolas.
17. Avanzar en la modernización de los regadíos para un uso más eficiente y sostenible del agua, garantizando el suministro de agua con una calidad adecuada. Además, en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, se revisará el régimen
tarifario atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia y considerando, entre otros elementos, la capacidad de pago de los usuarios. Se incorporarán fuentes de energía renovable a las infraestructuras asociadas a la gestión del
agua, como son las de desalación, depuración o reutilización.
18. Afianzar el apoyo a la innovación y la digitalización del sector agroalimentario y del medio rural para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario español. Ambos objetivos se persiguen con la ejecución de
la Estrategia Española de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural -adoptada por el Consejo de Ministros en marzo de 2019- y de sus planes de acción bienales.
19. Incrementar los fondos destinados a investigación, innovación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario para que pueda hacer frente a las transformaciones que debe afrontar, logrando que sea un sector que base su
éxito en el conocimiento y así poder atraer a jóvenes como sector atractivo, digno, rentable y de futuro.
20. Plan de Acción a favor de las Mujeres Rurales y de las Mujeres de la Pesca, que contemple actuaciones en diversos ámbitos, con atención especial a los compromisos repetidamente adquiridos por distintos gobiernos a sus reivindicaciones
(enfoque de género en la PAC post-2020, ayudas a mujeres emprendedoras, revisión de la ley de titularidad compartida, ayudas a las asociaciones de mujeres rurales, ayudas a la formación, red española de mujeres en el sector pesquero, coeficientes
reductores de la edad de jubilación de rederas, neskatillas y empacadoras, etc.).
21. La transición justa en el sector agroalimentario debe venir de la mano de la Política Agraria Común (PAC):
- La PAC debe proporcionar los apoyos e incentivos necesarios para que los agricultores, ganaderos y el conjunto del sector agroalimentario afronten con éxito la transformación agroecológica.
- El presupuesto de la UE para el período 2021-2027 debe reconocer este esfuerzo de transformación, manteniendo el presupuesto que la PAC tiene asignado en el período actual.
- El cambio transformacional del sistema agroalimentario debe contemplar, además de los aspectos regulatorios necesarios, los incentivos que lo propicien, de manera que los actores implicados, que son finalmente y sobre todo los agricultores
y ganaderos, no perciban el cambio como una imposición sino como una oportunidad.
22. Profundizar en las medidas que ya ha empezado a desarrollar el Gobierno, tanto negociando una PAC más justa en Europa como estableciendo legislación para proteger la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y
ganaderas del dumping de precios por defectos de la cadena de valor.
23. Promover una reforma de la PAC que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental durante el periodo 2021-2027 y definir e implementar un Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2020. Asimismo, el Estado
dentro del Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2020, se comprometerá a definir, junto con las comunidades autónomas, planes específicos regionalizados que atiendan a las necesidades de las diferentes realidades y singularidades autonómicas.
23 bis (nueva). En las relaciones comerciales de la cadena alimentaria es básico incorporar la totalidad de los costes de producción en el precio, como elemento mínimo a recoger en los contratos alimentarios, así como que cada operador
abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción en que haya incurrido.
23 ter (nueva). Impulsar un plan para la reactivación del sector primario que contemple:
- Utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) destinado a España, no gastado hasta la fecha, para dedicarlo al rescate del sector ante la crisis del COVID-19. De igual modo, flexibilizar los proyectos en marcha
pagados por el FEMP: extender los plazos y los calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata, sin perder recursos para el sector en el futuro, e impulsar la modificación del artículo 33 del FEMP para que las ayudas por cese
temporal se puedan conceder.
- Evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para compensar los daños directos e indirectos de esta crisis, a consecuencia de la caída de las ventas, las restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el desplome de los precios.
El sector primario ha demostrado su gran importancia durante esta
crisis sanitaria, y es necesario reconocer esos esfuerzos ofreciendo el apoyo necesario al sector para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
- Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta en marcha de canales de venta directa productor-consumidor, conectando la oferta con la demanda de particulares en tiempo real, reconociendo el valor añadido del
comercio de proximidad tanto para los productores como para el consumidor, así como sus efectos beneficiosos en el medio ambiente.
- Abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el seguimiento de las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades de financiación y ayudas existentes,
apostando por controles aduaneros armonizados, para garantizar la igualdad de condiciones entre los productos locales y los importados de terceros países.
- Introducir una mayor flexibilidad para disponer de fondos de desarrollo regional para paliar los efectos económicos nocivos que deje la pandemia, y acompañando al sector primario en las reformas necesarias para que nuestros productores,
especialmente en pequeñas y medianas explotaciones, puedan aprovechar las oportunidades de la transformación digital y la transición ecológica.
- Flexibilizar los procesos de solicitud de las ayudas de la PAC para facilitar y favorecer las solicitudes telemáticas, garantizando el acceso de miles de agricultores y ganaderos a estas ayudas. Asimismo, ampliar los plazos para la
contratación de seguros agrarios requeridos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Diseñar e implementar un Plan de choque específico para los sectores agrícolas y ganaderos en estado crítico que identifique las necesidades especiales y tenga en consideración la estacionalidad o la inversión soportada para paliar las
pérdidas por la crisis del COVID-19. Asimismo, solicitar a la Unión Europea que se destine parte de los fondos de cohesión que los Estados no hayan gastado a sectores que se encuentren en riesgo de desaparición.
- Promover una campaña de comunicación para concienciar de la importancia de mantener una dieta equilibrada que incluya productos frescos, como pescado, frutas y verduras, apoyando así a nuestro sector primario, para asegurar que los efectos
de la crisis no tienen consecuencias negativas en la dieta de los españoles.
23 quáter (nueva). Promover la diversificación económica del medio rural, especialmente en las comarcas más despobladas y deprimidas, mediante fondos, planes y agencias de desarrollo rural especializadas, la adaptación de la normativa a las
realidades rurales, la garantía de las condiciones básicas para hacer posible emprender, invertir y vivir en estas zonas y la potenciación de las estrategias de desarrollo local participativo y los grupos de acción local.
23 quinquies (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y
en las Comunidades Forales las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 2. IMPULSO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA Y MEJORA DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
La necesidad de abordar una estrategia de recuperación económica tras la crisis provocada por el COVID-19 supone una oportunidad para reorientar nuestro modelo de desarrollo, proteger los bienes comunes y anticipar los retos económicos y
ambientales que se avecinan y sobre los que ya hay evidencias. Y tenemos que conseguirlo aumentando nuestra seguridad ante situaciones de crisis globales y, singularmente, ante la que está originando la Emergencia Climática. Por tanto, debemos
construir una economía y una sociedad resilientes frente al cambio climático, capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la transición hacia la descarbonización.
El Plan de Recuperación Verde supone una apuesta por una economía mucho más sólida, segura y estable, siendo la mejor opción para generar oportunidades de empleo, riqueza y equidad, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su
salud. Para ello la recuperación debe apostar por una economía climáticamente neutra, circular, respetuosa con los ecosistemas y capaz de ponerlos en valor como activo de país, y que evidencie que las soluciones basadas en la naturaleza son
ventajosas también para las personas y para la generación de resiliencia frente al cambio climático.
Una doble transición verde y digital que proporcione las oportunidades de inversión adecuadas que han de ayudar a la recuperación de la economía y a sentar las bases de un crecimiento sólido e inclusivo
donde el reparto de la riqueza sea equitativo. La transición justa implica modernizar el sistema productivo de las zonas donde se acometa y no debe perjudicar a los sectores económicos eficientes ya implantados.
Este Plan de Recuperación Verde, claramente dirigido a acelerar una transición ecológica, solidaria y resiliente en todos los sectores de la economía, requiere de un enfoque coherente en todos los ámbitos, así como estar alineado con el
Pacto Verde Europeo y el Marco Estratégico de Energía y Clima de España, y coherente con la nueva cultura del agua.
Por tanto, dentro del gran paraguas de la lucha contra el cambio climático, que pasa por redoblar los esfuerzos de adaptación y mitigación, mediante la plena implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la recuperación
deberá incluir una importante batería de medidas económicas, de estímulo fiscal y de incentivo de la inversión privada, de manera que pueda aprovecharse la inyección económica y los vehículos financieros que se creen al hilo del plan de recuperación
de la Unión Europea.
En materia de mitigación, buena parte de las acciones necesarias para descarbonizar nuestra economía se enmarcan en la transformación de nuestro sistema energético. Pero hay también otros sectores que es imprescindible abordar, como el de
los residuos. Es esencial tanto la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular, como la legislación de residuos, que requerirán de importantes inversiones especialmente en materias como recuperación, reutilización y reciclaje,
todas ellas susceptibles de generar actividad económica y empleo.
Por su parte, la adaptación al cambio climático exigirá grandes inversiones en infraestructuras sostenibles que, además de preservar y recuperar los ecosistemas, nos protejan contra los efectos del cambio climático.
Estas inversiones, siempre garantizando la sostenibilidad ambiental, no solo aumentarán nuestra seguridad ante fenómenos tan destructivos como el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones o los incendios forestales, sino que
tienen también una gran capacidad de estímulo de la economía, de creación de puestos de trabajo y de mejora de la competitividad.
La transición verde de la economía ha de ser también azul, referida esta a la economía del sector marítimo y sus recursos, supeditada a criterios de desarrollo económico sostenible.
El cambio de paradigma implica asimismo adaptar la movilidad, especialmente en los entornos urbanos y metropolitanos, de manera que se supediten a los criterios de sostenibilidad ambiental y descarbonización, priorizando el uso del
transporte público y formas de transporte no contaminantes.
Tanto en el ámbito urbano como en el rural, será necesario el desarrollo de un Plan de Rehabilitación de Edificios y Eficiencia Energética, de modo que estos se adapten a los criterios europeos en materia de energía y clima, pero permitan al
mismo tiempo la creación de empleo.
Asimismo, en materia de transporte requerirá de la puesta en marcha de un Plan de Digitalización y Sostenibilidad, en colaboración con el sector privado, que permita mejorar la eficiencia en la circulación de mercancías.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
24. Elaborar e impulsar la puesta en marcha de un Plan de Recuperación Verde alineado con el Pacto Verde Europeo, el Marco Estratégico de Energía y Clima de España y el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que
favorezca la transición ecológica justa y la mejora de la calidad ambiental, que priorice los esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible y que ayude a reducir la vulnerabilidad que supone nuestra
dependencia del
exterior respecto de bienes críticos y de las cadenas de valor. Con el fin de cuantificar los logros en materia de transición ecológica y su complementariedad con el desarrollo social, así como generar información económicamente relevante
para alcanzar una sostenibilidad justa e inclusiva, la contabilidad nacional monetaria tradicional será complementada, en paralelo, con un nuevo índice de bienestar así como indicadores biofísicos en materia de huella de carbono y huella ecológica.
25. Articular dicho Plan sobre la base de los instrumentos financieros que se pongan a disposición de los Estados miembros en el marco del Plan de Recuperación Europeo.
26. Establecer, como fundamentos del Plan, cuatro ejes de actuación en el marco común de la mitigación y adaptación al cambio climático:
- Vigilancia meteorológica y observación del clima, fundamentales para disminuir la vulnerabilidad frente a los impactos y los riesgos asociados al cambio climático.
- Preservación del litoral, que sufre un fuerte impacto negativo por el ascenso del nivel del mar, el incremento del poder destructivo de los temporales originados por el cambio climático y la construcción de edificios e infraestructuras
marítimas, entre otras, que han alterado fuertemente la biodiversidad y los ecosistemas costeros.
- Mejora de los recursos hídricos, en un país en el que es esencial que la gestión y la planificación hidrológica den respuesta a las nuevas presiones que se derivan del cambio climático. Y ello, sin contemplar los trasvases entre
diferentes cuencas hidrográficas y prestando especial atención a las necesidades de inversión en infraestructuras del ciclo del agua, con el objetivo de reducir las aguas residuales sin tratar y realizar una gestión integrada de los recursos
hídricos protegiendo los ecosistemas.
- Conservación de la biodiversidad apoyando las políticas y medidas orientadas a disminuir los niveles de estrés sobre las especies y los ecosistemas.
- Medidas de estudio y apoyo en las islas, como territorios más afectados por el cambio climático.
26 bis (nueva). Reforma ecológica y social de la contabilidad nacional. Introducir dos indicadores complementarios al PIB en la contabilidad nacional: por un lado, un índice de desarrollo alternativo capaz de medir el bienestar social,
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como está siendo experimentado en otros países (Nueva Zelanda), que constituirá el nuevo concepto-guía en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y en los objetivos de las
diversas políticas públicas españolas; por otro lado, una contabilidad biofísica rigurosa y paralela a la contabilidad monetaria, que complemente un desarrollo ambicioso de la Ley de Cambio Climático (presupuestos de carbono) y la Estrategia
Española de Economía Circular (huella ecológica, análisis de ciclo de materiales).
27. Introducción de un modelo de economía circular lenta en el que se optimice el aprovechamiento de productos y materiales, de modo que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, ganando en eficiencia, minorando nuestra
dependencia del exterior y reduciendo la generación de residuos. Este modelo económico circular tiene que apostar por colocar a España a la vanguardia europea y mundial promoviendo una planta metalúrgica de gran escala, impulsada por un consorcio
público-privado, con tecnología capaz de recuperar cobalto, indio, litio, tierras raras, galio y otros metales que van a conocer fuertes tensiones en su oferta a medida que la economía global profundice en la transición ecológica. Asimismo, se
fomentará la diversificación de la generación eléctrica, incentivando el aprovechamiento eficiente de materiales y energía en los procesos productivos a través de la economía circular.
El Gobierno de España destinará líneas específicas de financiación para la activación socioeconómica vinculada a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la gestión de los residuos, el reciclaje y el
turismo sostenible.
27 bis (nueva). Promover medidas para la reducción de residuos en la propia cadena de producción, así como la reutilización de los productos. Se implantará en los municipios la recogida selectiva en origen de los residuos urbanos. Apostar
por un descenso en el consumo de elementos de un solo uso. Priorizar e incentivar la puesta en el mercado de envases reutilizables e implantar un sistema de devolución y retorno para todos los objetos de un solo uso (envases, colillas, cápsulas de
café, etc).
28. Impulsar una estrategia energética basada en energías 100 % renovables para mitigar el impacto ambiental, reducir la factura energética, fortalecer la competitividad de las empresas y fomentar la eficiencia energética y el autoconsumo.
29. Desarrollar campañas de concienciación sobre consumo y ocio sostenibles y hábitos saludables.
30. Blindar el uso, gestión e interés público del agua.
31. Promover una Estrategia de Crecimiento Azul que impulse la pesca sostenible y la conservación de ecosistemas acuáticos, y contribuya a la protección y restauración de la biodiversidad acuática.
32. Aumentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones en las actividades de pesca mediante la renovación o modernización de motores en buques de pesca.
33. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, un verdadero Green New Deal, dotado de los recursos presupuestarios y técnicos adecuados para la reducción de emisiones.
34. Mejorar el uso eficiente de los medios de producción y de la gestión de residuos, con especial hincapié en la industria de transformación y la acuicultura, promoviendo el uso de energías renovables.
35. Llevar a cabo la transformación agroecológica del sistema agroalimentario español, de la mano del sector productor, cuyas explotaciones deben transformarse de manera que puedan seguir siendo un medio de vida digno, semejante al de otros
sectores de la actividad económica. Esta transformación tomará forma en una Ley de transición ecológica y defensa del sector agrario y alimentario, pactado con el sector, con el objetivo de alcanzar una producción agropecuaria 100 % ecológica en el
año 2040.
36. Desarrollar un Plan de Choque de Movilidad Sostenible en los entornos urbanos, metropolitanos y rurales, impulsando las inversiones destinadas a estimular una movilidad de bajas emisiones, que aseguren un transporte público atractivo y
fiable como columna vertebral de la movilidad en el ámbito urbano y periurbano, que posibilite una movilidad accesible y asequible para toda la ciudadanía, también adaptado a las condiciones y necesidades del medio rural, que promueva y mejore la
seguridad en la movilidad y que, por último, implante el concepto de movilidad inteligente adaptada a nuevos ámbitos, tanto urbanos como metropolitanos, y a las necesidades de movilidad interna y externa de las comarcas rurales.
Asimismo, se impulsará una Ley de Movilidad, que incluya los aspectos relativos a la financiación del transporte público, de forma que asegure la prestación de unos servicios de transporte público adecuados para satisfacer las necesidades
reales de movilidad de los ciudadanos, y que establezca los criterios para la financiación de los mismos, de manera equilibrada entre los distintos territorios, respetando en todo caso el reparto competencial. De igual forma, deberá incluir las
condiciones que debe cumplir el transporte para ser un sistema resiliente, es decir, capaz de dar respuesta aun en los casos de posibles pandemias u otras crisis sanitarias. Además, la ley deberá establecer mecanismos específicos para la
financiación de aquellas actuaciones tendentes al fomento de la movilidad saludable, destacando el fomento del uso de la bicicleta como parte de la movilidad cotidiana. En el corto plazo, se establecerán las medidas adecuadas que permitan a las
administraciones competentes en servicios de transporte público urbano o metropolitano, o los sometidos a obligaciones de servicio público, compensar los sobrecostes que ha supuesto la crisis sanitaria en los correspondientes servicios.
37. Establecer una Estrategia de Movilidad Sostenible cuyo foco sea el ciudadano y la inversión en soluciones que satisfagan sus necesidades de movilidad de modo que esta sea sostenible, segura y conectada a través de un Pacto por la
Movilidad Sostenible, lo que permitirá transitar hacia un modelo de transporte más moderno que potencie la sostenibilidad medioambiental, la productividad, el crecimiento económico y la cohesión social y que aborde un modelo de movilidad en las
áreas rurales, así como mejorar su financiación, afrontar los sobrecostes generados por las medidas tomadas para combatir el COVID-19.
38. Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Adecuar la normativa relativa a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y financiar su desarrollo por parte de empresas, particulares y administraciones públicas.
Estas ayudas se dedicarían especialmente a la instalación de puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos.
38 bis (nueva). Desarrollar en las zonas rurales, aprovechando la implantación de energías renovables, un plan de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos ('electrolineras'). De esta manera, en los territorios donde se
instalen centrales de renovables, como retorno hacia estos, las empresas adjudicatarias deberán poner y mantener 'electrolineras' en suelo municipal.
39. Poner en marcha un Plan de Impulso a la Digitalización y Sostenibilidad de la Cadena Logística para el Transporte y Distribución de Mercancías, que mejore la eficiencia del sistema de transporte de mercancías, apoyando a pequeños y
medianos transportistas a través de la introducción de la tecnología y el fomento de la intermodalidad, teniendo en cuenta los compromisos de descarbonización asumidos internacionalmente y la creciente importancia de la movilidad en las ciudades y
pueblos, en colaboración con el sector privado.
40. Implementar un Plan de Choque de Refuerzo de la Seguridad y Conservación de las Infraestructuras y Servicios de Transporte con el fin de garantizar la seguridad como pilar básico del sistema de transportes y de la movilidad del país.
Se abordará la seguridad desde una perspectiva integral, incluyendo la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte y su resiliencia frente a los efectos del cambio climático, el sistema de supervisión de la seguridad
operacional, la seguridad contra actos ilícitos y la ciberseguridad.
41. Poner en marcha la Agenda Urbana con el fin de reorientar el sentido de las políticas urbanas hacia la creación de ciudades y entornos urbanos y rurales sostenibles medioambientalmente, seguros y que garanticen la inclusión social.
42. Elaborar, en el ámbito de sus competencias en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, con relevante incidencia sobre el empleo. Dicho Plan tendrá como objetivo la rehabilitación
de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural. Los proyectos de rehabilitación de edificios y renovación de espacios públicos
responderán a los criterios de accesibilidad universal. Dentro del Plan se incluirán el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo. En este Plan se prestará una
especial atención a la rehabilitación de viviendas en los centros históricos de las ciudades.
42 bis (nueva). Impulsar, junto con las comunidades autónomas:
- La bioeconomía, integrando la agricultura, el sector forestal, el mar y los residuos orgánicos y sus cadenas de valor como una de las herramientas para luchar contra el cambio climático y la dependencia de las materias primas y energías de
la Unión Europea.
- El desarrollo de soluciones para una movilidad más descarbonizada.
- Instrumentos para transitar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
42 ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las
Comunidades Forales las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 3. SISTEMA LABORAL: FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD
El sistema laboral necesita adaptarse a la nueva realidad post-COVID-19 que plantean los cambios en la economía, especialmente vinculados a las nuevas tecnologías y la transformación digital, entre otros.
Así mismo, un objetivo fundamental en la reconstrucción será la reducción de las altas tasas de desempleo, la lucha contra la precariedad del mercado laboral y la excesiva temporalidad que existe actualmente en nuestro país.
Por su parte, la formación profesional resulta un elemento fundamental, tanto para mejorar la productividad laboral, como para aumentar la empleabilidad de la población activa. Una adecuada formación resultará asimismo imprescindible para
permitir la adaptación de la fuerza de trabajo al proceso de transformación digital y modernización de la economía en nuestros días.
Será necesario, por tanto, garantizar, como objetivo irrenunciable, una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta el conjunto de la
población activa.
Para ello es necesario impulsar un paquete de medidas de manera integral e integrada que facilite la incorporación, permanencia y progresión de los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral.
La reconstrucción social y económica de nuestro país ha de estar ligada a la mejora de la cualificación de la ciudadanía para atender las necesidades de los distintos sectores productivos, y ello pasa inevitablemente por la ampliación de las
oportunidades formativas, desde la equidad.
La formación profesional ha de garantizar a toda la futura población activa, además de una sólida capacitación técnica, competencias 'blandas', como la creatividad, competencias digitales, comunicación, pensamiento crítico, capacidades
analíticas y predictivas, cooperación y actitudes proactivas para liderar los cambios necesarios tanto sociales como económicos.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de
reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los
agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de resolución:
43. Ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, el diálogo
social estudiará los términos de flexibilización en el uso de los ERTE, para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo y de los trabajadores con base en la evolución de la recuperación de la
actividad a nivel sectorial y lo suficientemente flexible para acomodar los efectos de nuevos rebrotes localizados o generalizados que afecten a la actividad económica de las empresas. Por otra parte, se analizará también que las empresas que
puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por un ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Asimismo, se fomentará que el diálogo social contribuya a mantener los
niveles de empleo por parte de las empresas. Reactivar de manera progresiva la economía, proporcionando una respuesta ponderada que evite el ajuste estructural que se produciría en nuestra economía si tuviera lugar la salida del mercado de empresas
solventes y afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional, contribuyendo a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica.
44. Luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social. Se impulsará la simplificación de las fórmulas contractuales.
45. En aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el COVID-19, diseñar conjuntamente mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en
particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector.
46. Dedicar una especial atención a la regulación de las condiciones laborales de las profesiones sociosanitarias.
46 bis (nueva). Eliminación de todos los programas gubernamentales dirigidos a la investigación, exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos fósiles, o ampliación de los ya existentes.
47. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis avanzando para otorgar más derechos a los trabajadores autónomos, eliminando trabas al
emprendimiento y apoyando específicamente el emprendimiento y el intraemprendimiento, un objetivo clave para propiciar las condiciones necesarias para retener y atraer a mujeres y hombres capaces de desarrollar la reflexión, la creatividad y la
innovación, para diseñar su futuro profesional y, a la vez, generar oportunidades de trabajo en su comunidad.
48. Impulsar fórmulas contra el fraude laboral, especialmente dirigidas para que afloren la economía sumergida y los falsos autónomos.
49. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la Economía Social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social.
50. Elaboración, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, de una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, a la formación
continua y a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora, con garantía para el empresario, que sea beneficiosa y atractiva tanto para la parte trabajadora como para la parte empresarial.
51. Dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales (físicos y psicosociales) asociados a la digitalización de la actividad económica y el uso de las tecnologías tanto en el trabajo presencial como en el
trabajo a distancia.
52. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El avance de la igualdad y de la
corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo, para lo cual es imprescindible promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los
Horarios, que permita reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, relacionado con la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.
53. Modernización y optimización, en coordinación con las comunidades autónomas, de las políticas activas de empleo mediante: (1) La revisión del marco global de las Políticas Activas de Empleo; (2) La redefinición de los objetivos en
materia de empleo; (3) La revisión de los incentivos a la contratación para evitar las ineficiencias y las redundancias, priorizando la incentivación de los contratos indefinidos; (4) Actualizar la Estrategia de Empleo Joven, diseñando sistemas y
programas de empleo para jóvenes que incorporen estrategias de acompañamiento prolongadas en el tiempo; (5) la articulación de un nuevo derecho a la formación continua que permita la permanente actualización de las competencias y habilidades de las
personas trabajadoras y (6) la consideración de los nuevos nichos de empleo verde generados por la transición ecológica, con especial hincapié en que se repartan de forma equitativa en función del género. El sistema de formación deberá imbricar la
formación inicial del sistema educativo con la formación continua, garantizando la eliminación de las brechas de género, particularmente la digital.
54. Promover programas de Formación Profesional robustos y renovados, que respondan a las necesidades de cualificación de jóvenes y profesionales, incluyendo nuevos programas de Formación Profesional vinculados a los entornos rurales, con
una adaptación a nuevas demandas que surgen en respuesta a la transformación de la sociedad y del modelo económico en la etapa post-COVID-19, especialmente en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la nueva gestión digital de las
administraciones. En este sentido, se integrará la innovación y el emprendimiento como ejes prioritarios de una Formación Profesional que den respuestas a las necesidades actuales y futuras.
55. Intensificación de la colaboración público-privada en la adopción de estrategias conjuntas en materia de Formación Profesional.
56. Avance en el reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral como modelo para la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras.
57. Flexibilización y mejora de la accesibilidad de la formación de los trabajadores y trabajadoras mediante una oferta modular de Formación Profesional generalizada.
58. Renovación del catálogo formativo actual y diseño de nuevas titulaciones que el mercado laboral requiere.
59. Definición de los sectores estratégicos a nivel económico que requieren un trabajo intensivo en materia de formación profesional.
60. Potenciación de la Formación Profesional dual y Universitaria dual.
61. Promoción de proyectos para la conversión de aulas de Formación Profesional en espacios de tecnología aplicada, así como la creación de redes de excelencia de centros de Formación Profesional.
62. Potenciación de la orientación profesional como servicio público de acompañamiento en el diseño de los nuevos itinerarios formativos y profesionales de cada persona a lo largo de la vida.
63. Adopción de las medidas, en el marco del diálogo social, para mejorar el sistema de protección por desempleo mediante la reordenación y simplificación de sus prestaciones, con el fin de evitar solapamientos y dotarlo con cuantías dignas
dirigidas a las personas desempleadas y coordinarlos con los procesos de formación y activación para el empleo.
63 bis (nueva). Potenciar las carreras universitarias Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) y la Formación Profesional necesaria para la industria.
63 ter (nueva). Simplificar las modalidades de contratación, de forma que se penalice a las empresas que abusen de la contratación temporal respecto de las que prioricen el contrato estable.
63 quáter (nueva). Potenciar el nivel de cualificación de las personas y la formación a lo largo de la vida. Cerca del 40 % de la población activa tiene un nivel bajo de cualificación, y ante fenómenos como la transformación digital y la
tendencia a la desaparición de los puestos de trabajo vinculados a niveles bajos de cualificación, garantizar una oferta formativa amplia a lo largo de la vida es fundamental. Al igual que lo es, el disponer de un sistema lo suficientemente
flexible para adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo.
63 quinquies (nueva). Situar a las personas en el centro del sistema y ofrecerles una orientación profesionalizada e integral a lo largo de su vida, potenciando una Formación Profesional adecuada y ajustada a las necesidades del mercado de
trabajo, facilitando la transición al ámbito laboral y la plena integración de aquellas.
63 sexies (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en
las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
63 septies (nueva). A los efectos de reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un sistema consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales
mensuales en función del salario, que el trabajador pueda hacer efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación (implementar un sistema tipo mochila austriaca).
63 octies (nueva). Despenalizar la conducta prevista en el artículo 315.3 del Código Penal.
BLOQUE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: SOCIEDAD, EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN
La transformación digital de nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra administración era ya sin ninguna duda un reto de presente antes de la llegada del COVID-19, pero también es indudable que la crisis sanitaria y también económica y
social generada por la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de acometer un proceso de digitalización que ayude a la transformación y modernización de nuestra economía y nuestra sociedad.
Se trata de poner en marcha reformas de futuro y proyectos que permitan impulsar la actividad y reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de nuestra economía.
La transformación digital pasa ineludiblemente por una adaptación por parte del sistema educativo al nuevo entorno, para construir conocimiento y que permita una adecuada adaptación y aprovechamiento de las tecnologías digitales a la
sociedad en su conjunto, optimizando y democratizando de esta manera su uso.
El capital humano es el fundamento de la cohesión de las sociedades democráticas y del desarrollo económico. Las tecnologías digitales abren formas cualitativamente distintas de generar conocimiento y la educación es el instrumento para que
esta puerta a nuevos niveles de desarrollo personal y social esté al alcance de todos y de todas.
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso de transformación de una forma abrupta, ya que, literalmente de la noche a la mañana, la educación a través de medios telemáticos se ha convertido en la única
modalidad viable para continuar la actividad educativa y garantizar los aprendizajes.
El desarrollo de la Digitalización y Competencias Digitales aborda aspectos necesarios de la educación digital, desde la disponibilidad de dotaciones adecuadas para centros educativos digitalmente competentes, como para alumnado y
profesorado, hasta la competencia digital educativa, la formación para el desarrollo profesional docente, la disponibilidad de recursos digitales de calidad, o el desarrollo de metodologías y competencias digitales avanzadas e iniciativas
innovadoras (pensamiento computacional, inteligencia artificial, espacios de aprendizaje,...).
Actualmente en España existe una brecha digital con tres dimensiones: a) brecha en la disponibilidad de equipos y acceso a internet; b) brecha en la capacidad de uso adecuado por parte del alumnado y c) brecha en los recursos educativos de
los centros y las competencias digitales de los docentes.
Por ello el Gobierno definirá un plan de conectividad con el objetivo de extender la conectividad de acceso de 100 Mbps antes de 2025 a todo el territorio.
Pero además de la adaptación del sistema educativo y de formación al nuevo entorno digital, será asimismo necesario impulsar la inversión en estas nuevas tecnologías para la transformación digital de la economía, tanto en empresas como en la
administración. En materia empresarial resulta especialmente relevante la transformación digital en el comercio minorista. Este tiene un peso en la economía en torno al 5,2 % del valor añadido bruto (VAB) y emplea a cerca de dos millones de
personas, lo que representa el 9,8 % del total de ocupados. Además, ejerce una importante vertebración en ciudades y pueblos a través de los 559.301 establecimientos de comercio minorista por todo el territorio, que representan el 14,5 % del total
de establecimientos de la economía española. Este efecto de fijar población en áreas rurales resulta un importante factor para contribuir en la lucha contra el despoblamiento y un mayor equilibrio demográfico. Un efecto que puede verse potenciado
con la estrecha relación del comercio
minorista con otros sectores como el turístico y el emprendimiento. Pero también se trata de un sector particularmente vulnerable, entre otras razones por tratarse de un sector conformado fundamentalmente por pymes y autónomos.
La inversión en herramientas digitales y analítica avanzada de datos va a ser esencial para un sector comercial más eficiente, para estar más cerca de un consumidor cada vez más conectado, que busca lo local y lo cercano, en omnicanal y en
nuevos cambios sociales (más conexión, más tiempo en casa, más distancia social).
Por todo ello, se hace necesario adoptar una serie de medidas con el fin de asegurar la sostenibilidad del pequeño comercio para que pueda salir reforzado como consecuencia de esta crisis sanitaria.
En cuanto a la administración, su digitalización habrá de permitir no solo una mejora en términos de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, sino que redunde a su vez en una mayor cercanía y facilidad de acceso para todos los
colectivos de la ciudadanía, e igualmente cercana para el ámbito rural que para el urbano. Un proceso de transformación digital que habrá de incluir al sector público empresarial. Pero, además, la digitalización resulta especialmente pertinente en
el Sistema Nacional de Salud.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
64. Dotar al alumnado más vulnerable de los recursos tecnológicos necesarios para garantizar su derecho de acceso a Internet.
65. Proveer de conectividad adecuada al alumnado que no disponga de ella, estableciendo los necesarios acuerdos de colaboración con los operadores de comunicaciones electrónicas.
66. Desarrollar un Plan de Alfabetización Digital al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad, para asegurar el uso adecuado de los dispositivos digitales.
67. Mejorar la Competencia Digital Educativa de los docentes mediante un plan de formación permanente y continua al profesorado que garantice su competencia digital.
68. Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de Digitalización de los Centros Educativos que les dote de los equipamientos y acceso a internet de alta calidad para el desarrollo de entornos virtuales de
aprendizaje en el aula, y de herramientas digitales educativas para el desarrollo de educación en entornos virtuales.
69. Implantar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan Digital de Centro Educativo para favorecer la innovación y la transformación digital de las metodologías de aprendizaje, proyectos de innovación, transformación de los
espacios del centro o el uso generalizado de recursos educativos digitales y fomentar la cultura colaborativa.
70. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la extensión de entornos virtuales de aprendizaje mediante el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) digitales para el proceso de aprendizaje.
71. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan de Impulso de la Educación Online mediante la generalización del uso de plataformas educativas por todos los centros educativos.
72. Poner en marcha programas de radio televisión educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para un aprendizaje en línea más allá del ámbito formal.
73. Incorporar la digitalización en el proceso de reforma curricular de todas las etapas del sistema educativo, incluida la Formación Profesional.
74. Impulsar un Plan de Digitalización de la Administración, que incluya medidas para aumentar la eficiencia y reducir la brecha digital en el uso de la e-administración a través del desarrollo de servicios públicos electrónicos universales
y de calidad, abiertos, eficientes, flexibles, inclusivos y accesibles a todos los colectivos, incluyendo una renovación de los equipos informáticos y la adquisición del software y herramientas digitales necesarias a través de fórmulas que no
supongan un importante desembolso para las arcas públicas y permitan la actualización del equipamiento.
75. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan para la Digitalización Sanitaria, de modo que contribuya de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y permita una mejor respuesta de los sistemas
sanitarios a los retos y necesidades sanitarias actuales.
76. Extender a las empresas públicas un programa de inversiones para su digitalización, como apuesta de futuro, de forma que se conviertan en referentes en la incorporación de las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actuación.
77. Impulsar políticas que permitan la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, especialmente con programas de apoyo a las pymes y a los autónomos.
78. Poner en marcha un Plan de Transformación y Adaptación Digital para el pequeño comercio, con el objetivo de mejorar su competitividad y evitar la pérdida de tejido empresarial y de empleo.
79. Desarrollar en torno al Observatorio del Comercio 4.0 un ecosistema de innovación para impulsar la adaptación del comercio a las nuevas tecnologías.
80. Aprobar un Plan de Ciberseguridad que permita contribuir a una gobernanza global de la digitalización y garantice la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.
81. Renovar el actual 'Plan Nacional 5G' adoptando una nueva 'Estrategia de Despliegue 5G' que facilite que la economía y la sociedad española aprovechen de modo temprano las oportunidades de la quinta generación de telefonía móvil para
acelerar la transformación digital del país, promoviendo su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no incrementar la brecha digital entre territorios.
82. Elaborar un Plan de Atracción y Fomento del Audiovisual Español.
83. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.
84. Poner en marcha una Estrategia de Ciberseguridad que permita estimular la cooperación entre actores públicos y privados para mejorar la ciberseguridad.
85. (suprimido)
86. En materia de Startups, adoptar medidas que reconozcan la figura específica de este tipo de iniciativas emprendedoras y facilidades para la captación de inversión y de talento.
87. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Competencias Digital (Digital Skills) que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.
88. Poner en marcha una Transformación Digital del Sector Público que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado, con particular atención a las áreas
de Justicia, Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social y Sanidad.
89. Adoptar una Carta de Derechos Digitales que recoja los derechos necesarios para la protección digital del conjunto de la ciudadanía, particularmente aquellos más expuestos, y permita, una vez más, ponernos a la vanguardia europea en
relación con el desarrollo de una sociedad digital libre, abierta e inclusiva.
89 bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las
Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas
BLOQUE 5. VERTEBRACIÓN TERRITORIAL Y RETO DEMOGRÁFICO
La pandemia, tanto por su impacto sanitario como por las medidas que el Gobierno ha debido tomar para que sus efectos socioeconómicos fuesen los menores posibles, ha mostrado la necesidad de afrontar de forma decidida los grandes desafíos a
los que se enfrenta este país.
Entre estos, el reto demográfico se ha hecho patente en aquellos territorios en los que su sistema funcional -sanitario, asistencial, de infraestructuras, de servicios básicos, etc.- se ha visto más tensionado ante sus reducidas dimensiones,
con dificultades para dimensionar los servicios frente a la
crisis sanitaria y para garantizar la normalidad de la vida cotidiana en cuanto a comercio y servicios básicos.
Un reto demográfico cuya expresión más evidente es el envejecimiento de su población en el medio rural, lo que exigía una gran responsabilidad social, para que las personas mayores, especialmente vulnerables ante el virus, tuvieran la mayor
seguridad sanitaria y asistencial posible.
Al mismo tiempo, la pandemia ha mostrado los efectos que la falta de un modelo territorial vertebrado provoca ante crisis y emergencias: por un lado, en las grandes ciudades, donde la intensidad de la crisis sanitaria ha sido mayor, y donde
la nueva normalidad exigirá repensar los sistemas de trabajo, movilidad, residencia,(...); y, por otro, en los pequeños pueblos, donde la cotidianeidad del confinamiento era muy diferente, en relación con la baja densidad, el distanciamiento
social, la tipología de viviendas o las redes comunitarias de proximidad, pero que eran vulnerables por el sistema funcional del territorio (servicios básicos, comunicaciones,...).
Afrontar el reto demográfico implica redefinir nuestro modelo territorial, minimizando la brecha de densidad poblacional y extendiendo oportunidades a los territorios actualmente más afectados por la despoblación, la baja densidad, o el
envejecimiento, a la vez que se reduce la presión sobre los territorios que han concentrado intensamente población y actividades.
La reconstrucción implica actuar en el corto plazo, alcanzar la nueva normalidad que sea la base para la reactivación económica, pero con una visión de transformación estructural a medio y largo plazo. Para las zonas más afectadas por los
retos demográficos, recuperar la normalidad anterior a la pandemia es el paso inicial, pero no es, en ningún caso, suficiente.
La reconstrucción es una oportunidad para la reactivación económica de las zonas que se enfrentan a los retos demográficos de la despoblación o el envejecimiento. Y es una necesidad para garantizar que estamos más preparados ante futuras
crisis o emergencias.
Reconstruir, en las zonas del reto demográfico, supone trabajar para que haya más actividad económica, más población, más servicios y, sobre todo, más oportunidades en las áreas despobladas y envejecidas. Pero es vital que la reconstrucción
social y económica no sólo no deje atrás a las zonas rurales y/o más despobladas de nuestro país, sino que apueste por revitalizarlas y aprovechar su enorme potencial y diversidad para construir un modelo económico más justo, más pegado al
territorio y más resiliente.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
90. Completar la digitalización del territorio, de banda ancha y móvil, y promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 5G. Hay que garantizar la conectividad de banda ancha e Internet móvil en todos
los municipios del país y asegurar que llegue a las explotaciones agrarias y ganaderas, que en muchas ocasiones se encuentran alejadas de los municipios a los que pertenecen. Este despliegue final es imprescindible para lograr la trasformación
tecnológica y digital de la producción agraria.
La elaboración de un nuevo Plan para la Conectividad de la Economía, Sociedad y Territorios, para que tanto empresas como ciudadanos puedan desarrollar sus actividades laborales, empresariales, educativas o de ocio, ya sea desde una gran
urbe como desde una pequeña aldea.
91. Recuperar la actividad económica que se ha visto afectada por la pandemia y las medidas tomadas para contenerla, con medidas de:
1. Impulso de la actividad industrial en zonas rurales: innovación, crecimiento, digitalización.
2. Digitalización y modernización de la actividad agraria.
3. Desarrollo de una Estrategia de Turismo Sostenible en el medio rural y áreas de interior.
92. Impulsar sistemas económicos locales que favorezcan un crecimiento sostenible e innovador, basado en la digitalización, la transición ecológica y la calidad de vida.
93. Impulsar aquellos territorios que, por la intensidad de sus desequilibrios demográficos (despoblación, envejecimiento, masculinización, baja densidad...), requieren de estrategias territoriales integradas de revitalización económica y
social, a través de:
1. Planes integrales de innovación territorial.
2. Mapa de áreas prioritarias ante el reto demográfico, identificando las mismas en función de la baja densidad y de acuerdo con criterios objetivos y consensuados, teniendo en cuenta la gravedad del problema demográfico y diferenciando
entre los distintos niveles de intensidad y la persistencia del problema.
3. Oficinas de lucha contra la despoblación con funciones de acompañamiento al emprendimiento, la creación de empresas en las zonas rurales y su posterior consolidación en las 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente.
4 (nuevo). El desarrollo de las estrategias locales, regionales y estatales a favor de la repoblación rural y la lucha contra el despoblamiento tendrá en cuenta entre otras iniciativas la experiencia y la infraestructura de los más de 250
Grupos de Acción Local y Desarrollo Rural que existen en España.
94. Definir y aprobar un modelo de gobernanza multinivel, que facilite la reconstrucción y el desarrollo del plan de revitalización económica en las zonas más afectadas por el reto demográfico, que promueva la coordinación y cooperación
entre los distintos niveles de gobierno territorial, y que impulse la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos.
95. Desarrollar políticas públicas de transporte, bajo un criterio mallar, en colaboración con el sector privado que garanticen la cohesión y vertebración territorial de nuestro país.
Especialmente en las zonas rurales, se deben buscar soluciones que den respuesta a las necesidades reales de movilidad y transporte de los ciudadanos con la utilización más eficiente de los recursos públicos.
La acción pública debe centrarse en mejorar el acceso de los residentes de las áreas despobladas a los servicios básicos, sin la necesidad de disponer de un vehículo privado.
Esta conectividad no debe identificarse con modos de transporte concretos, sino que para garantizarla deben tenerse en cuenta las necesidades reales de los usuarios y seguir criterios de eficiencia y de rentabilidad social, teniendo en
cuenta que:
- Aunque las infraestructuras no son el único factor del desarrollo económico de un territorio, su carencia sí que es un factor limitante para el mismo. De manera que el desarrollo de infraestructuras del transporte se ha demostrado como
condición necesaria para garantizar el desarrollo socioeconómico de las zonas de interior.
- Las investigaciones más recientes demuestran que el PIB per cápita de cada municipio se asocia a zonas de mayor accesibilidad por carretera o ferrocarril. Con perspectiva histórica, se puede afirmar que las infraestructuras de transporte
fortalecen el poblamiento y mantienen la población en el medio rural.
96. Para mejorar el impacto social y territorial de la movilidad y las infraestructuras, encargar a la Oficina Nacional de Evaluación el diseño de mecanismos que aseguren que la toma de decisiones en la planificación de infraestructuras sea
rigurosa, teniendo en cuenta los impactos reales y la rentabilidad social y económica, con criterios medibles y evaluables de las inversiones en la mejora efectiva de los territorios, primando la cohesión territorial y reforzando los derechos de las
personas.
97. Abordar la despoblación con especial incidencia en la igualdad de género, visibilizando el trabajo de la mujer en las zonas rurales, mediante una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural y un acceso real a la
propiedad, mediante la titularidad compartida.
98. Potenciar en las zonas rurales, en el marco de la transición ecológica, la inversión en la industrialización de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I+D+i que sean respetuosas con el medio ambiente, así como con la
salud de la población.
98 bis (nueva). Asegurar el acceso a la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios administrativos y financieros, así como la calidad de los mismos.
98 ter (nueva). Promoción de la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas más afectadas por la despoblación, en materias como:
1. Rehabilitación del patrimonio construido y mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario.
2. Promoción del parque público de vivienda en alquiler.
98 quáter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en
las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 6. POLÍTICA FISCAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
La crisis derivada del COVID-19 ha sometido a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, paralizado las cadenas de suministro globales, y creado una fuerte volatilidad financiera ante el escenario de incertidumbre radical
derivado del nuevo virus y sus efectos. La pandemia ha supuesto un shock combinado de oferta y demanda, con paralización de la actividad, el comercio internacional y el consumo. Una paralización necesaria para salvar vidas, pero que requiere al
mismo tiempo de una importante movilización de recursos públicos con el fin de minimizar los efectos destructivos en empleo, rentas y liquidez de las empresas.
El 13 de marzo de 2020, la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión. Como respuesta,
España declaró un estado de alarma e introdujo numerosas medidas de emergencia. Una semana después, el 20 de marzo, la Comisión suspendía temporalmente el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, propiciando que se priorizara así la movilización
de recursos públicos para afrontar la pandemia.
Los efectos del COVID-19 sobre las arcas públicas implican a corto plazo tanto una fuerte elevación del gasto público, resultado de financiar las medidas de emergencia, como en un desplome de los ingresos, por el cese abrupto de actividad,
así como por las medidas de alivio fiscal. Al respecto, será importante que a medio y largo plazo la caída de ingresos no afecte a la cobertura sanitaria de las personas ni a una merma del Estado de bienestar. Para ello, nuestro país requiere de
una reforma de sus ingresos que reduzca su margen o gap con respecto a la media de la eurozona.
Asimismo, será imprescindible revisar la propia estructura del gasto público, a través de mecanismos de evaluación de políticas públicas (spending review) que permitan medir y mejorar la eficiencia de las inversiones realizadas y, con ello,
la calidad de los servicios prestados.
España tiene una proporción de ingresos públicos con relación al PIB del 39,2 %. Más de siete puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (46,5 %), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia. En 2018
España fue el décimo país de la eurozona con menor capacidad de recaudación. Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, este
representa un 41,7 % del PIB, frente al 47 % registrado en la eurozona en 2018, el 56 % de Francia o el 53,1 % de Finlandia.
En este sentido, nuestra política fiscal habrá de avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria, con una menor distancia entre los tipos impositivos nominales y los efectivos, con una fuerte reducción del fraude fiscal (dado que
mantiene también un importante gap con los países de nuestro entorno), pero también con una mayor capacidad recaudatoria guiada bajo criterios de progresividad, en línea con lo marcado por el artículo 31 de la Constitución. Y habrá de ser una
fiscalidad mejor adaptada y acorde a la realidad económica, tecnológica, social y de transición ecológica en la que vivimos. Una fiscalidad, por tanto, más justa y redistributiva, para asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden
en el conjunto de la ciudadanía, pero más en quienes más lo necesiten. Una mayor igualdad y prosperidad a través de un Estado de bienestar sólido, con unos servicios públicos de calidad que permitan eliminar la brecha social que ha generado la
crisis sanitaria por el COVID-19, pues ésta afecta en mayor medida a
los colectivos más vulnerables. Una fiscalidad comprometida también con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, en un contexto de avance en la armonización fiscal con la Unión Europea.
Por ello, es preciso actuar, tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público, y especialmente fortalecer
nuestro gasto público social.
En este bloque se tendrá en cuenta la especificidad fiscal vasca y navarra y por tanto se garantizará que las propuestas contenidas específicamente en este bloque se trasladarán y consensuarán en la Comisión Mixta del Concierto y Comisión
del Convenio, atendiendo a la necesaria relación de bilateralidad. Así mismo se garantizará la participación de las Haciendas Forales en el ámbito europeo respecto de las decisiones y medidas de sus competencias e intereses.
También se debe de incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha
visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, todas las medidas, cada una de las que se adopten, necesitan incorporar el alcance del impacto de género que produce, si
queremos que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres.
Propuestas de Resolución:
99. Reducir la brecha fiscal con Europa. El Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden
invertir en fortalecer el Estado del bienestar o el modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente el Estado español, es indispensable reducir esta brecha, sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas
españolas e implementar medidas tales como un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia.
100. Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes
(tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan.
101. Desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario, según las recomendaciones de la Unión Europea, de
manera que ayude a impulsar un crecimiento económico sostenible al internalizar las externalidades negativas resultado de la contaminación, e incentive así las actividades más respetuosas con el medio ambiente, aproximando nuestra fiscalidad
medioambiental a la de otros Estados miembros de la Unión Europea.
102. Fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional. Una lucha
contra el fraude fiscal que a medio plazo sirva para un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, un incremento de la recaudación y una reducción de la brecha fiscal con Europa, a la vez que se mejoran los
sistemas de control y diseño de los impuestos para evitar el fraude fiscal. Para ello se revisará la configuración del delito fiscal, para endurecer las penas y limitar los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago, se
adoptarán las medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía y concienciación social tributaria, incluyendo su introducción en los contenidos curriculares y se implantará la obligación que todas las empresas y entidades que reciban ayudas
públicas, tengan que declarar el importe de los impuestos que pagan y ante qué administraciones tributarias.
103. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión del gasto público (spending reviews) y
elaborar planes de implementación de sus recomendaciones, que permitan la eficiencia del gasto público.
104. Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad:
a) Permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020, y posibilitar su
aplicación en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por esta crisis.
b) Durante los ejercicios 2020 y 2021 la regla del gasto no será de aplicación para las corporaciones locales.
c) En aplicación del principio de subsidiariedad una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por las corporaciones locales y comunidades autónomas.
104 bis (nueva). Impulsar la reforma del sistema de financiación autonómico para que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa. Para ello, el
Gobierno presentará antes de final de año un esquema del nuevo sistema de financiación autonómica que resuelva las deficiencias del sistema vigente.
BLOQUE 7. CIENCIA E I+D+i
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia en la búsqueda de soluciones en muchos ámbitos: sanitario, social, económico, político, global (...) Por otro lado, a nadie escapa que es unánime el diagnóstico
sobre la importancia capital de las inversiones en conocimiento e innovación para asegurar la sostenibilidad de la economía y el Estado de bienestar.
En este momento de reconstrucción, de reactivación tras la pandemia, nos encontramos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación debilitado que necesita de un refuerzo urgente y de reformas estructurales.
Recordemos que la ciencia y la innovación son las palancas de la modernización del país que aseguran el bienestar del futuro, la educación, la sanidad y las pensiones del mañana. Es evidente, entonces, el papel de la investigación y la
innovación para garantizar el bienestar social y económico de la ciudadanía, motivo por el cual las inversiones en I+D+i son claves para impulsar futuras oportunidades de reactivación y de crecimiento, tanto económicos como laborales.
Para impulsar esta reactivación es indispensable trabajar desde diferentes 'puntos de apoyo' con un mismo objetivo, para dar más agilidad y flexibilidad al sistema. Y el primero de ellos es la búsqueda de la unidad, de un pacto que haga
posible que la ciencia y la innovación, su inversión, se sitúe donde debería de estar, en su punto óptimo; así como preparar una estrategia que coordine tales esfuerzos.
Pero son necesarios más puntos de apoyo como definir una carrera científica predecible para las y los investigadores desde el inicio, con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas. Pues sin un personal preparado y motivado, sin
científicas y sin científicos, difícil es ejercer presión sobre una palanca, por muy moderna que esta sea y así mover el mundo. Y para ello, además, es necesario e importante reforzar también los instrumentos para favorecer la competitividad y el
carácter innovador de las empresas y avanzar en una investigación biomédica y en salud pública mejor preparada. Pues la ciencia y la innovación es cosa de todos. Así, es primordial fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la
inversión privada en I+D+i. Y es especialmente ahora que la economía española necesita un relanzamiento inmediato basado en el conocimiento, capaz de mantener y desarrollar las capacidades y la competitividad de nuestras empresas.
Finalmente, es vital la necesidad de reforzar las capacidades de investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica, directamente relacionada con el control de pandemias como la del coronavirus. También en este
contexto son esenciales los avances en medicina de precisión o personalizada, siendo de una gran utilidad para acelerar el conocimiento de esta y futuras emergencias sanitarias, gracias a la posibilidad tecnológica de interrelacionar los datos
clínicos y genómicos de los pacientes y así encontrar mejores prácticas clínicas.
La ciencia y la innovación son las principales palancas de progreso social y económico, como demuestra la correlación entre el bienestar de un país y su inversión en I+D+i.
Ante el protagonismo y el interés social y económico que ha despertado la ciencia y la innovación, es la hora de llegar a acuerdos para estas reformas pendientes sobre las que hay un gran consenso académico, y también político.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior
ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
105. Lograr un Pacto por la Ciencia y la Innovación para que estas se desarrollen en un contexto sostenido y predecible y se incremente la inversión total en I+D+i hasta la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB estabilizado al
final de la legislatura.
- Aumento de las partidas destinadas a los contratos pre-doctorales y post-doctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementando tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad.
- Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del Plan de Reconstrucción del país.
- Mejora de la financiación estructural de los OPI, el CSIC y los institutos de investigación universitarios.
105 bis (nueva). Promover y establecer un compromiso presupuestario claro y significativo en las partidas destinadas a Ciencia e Innovación en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se propone aumentar la inversión pública en
I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y avanzar hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada. Las cuantías para Ciencia en I+D+i se incrementarán en el ámbito civil. Se
aumentará el peso de las partidas destinadas a la inversión directa respecto al peso relativo de los créditos.
106. Avanzar hacia una nueva orientación de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 que defina una coordinación efectiva de las inversiones de I+D+i entre los diversos organismos financiadores.
106 bis (nueva). Siguiendo la idea de Estado Emprendedor, impulsar políticas industriales y de I+D+i que conviertan a nuestro país en una región fuertemente innovadora. Para ello, se fomentará la colaboración sinérgica entre Organismos
Públicos de Investigación (OPI) y empresas, se impulsará el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los centros tecnológicos agrupados bajo la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) siguiendo el modelo del Instituto
Fraunhofer alemán y se pondrán en marcha fondos públicos de capital riesgo que financien proyectos empresariales de innovación disruptiva a medio plazo. Estos fondos deben ser financieramente sostenibles gracias al establecimiento de acuerdos que
impliquen el cobro de royalties.
107. Fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+i.
108. Reforzar el papel de las universidades en su contribución a la ciencia y al desarrollo de la I+D+i.
109. Definir una carrera investigadora desde el inicio, con contratos dignos y estables y evaluaciones justas e inclusivas, mediante un nuevo Estatuto del Personal Investigador que establezca unos criterios claros y objetivos para acceder a
cada nueva fase. Resulta necesario instaurar un modelo abierto alineado con los países de nuestro entorno y que deberá prever un control exhaustivo de todo el proceso de incorporación.
110. Continuar mejorando la gestión de los proyectos científicos con medidas que hagan más eficiente el trabajo de los investigadores.
111. Reforzar la investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica que realiza el Instituto de Salud Carlos III.
112. Finalizar y aprobar la Estrategia Española de Medicina de Precisión, que será pilar central en el uso de los nuevos fondos públicos.
113. Crear un Comité Permanente de Asesoría Científica que desarrolle una labor de consejo científico a las decisiones de Gobierno, y que dé servicio a todas las demás instituciones autonómicas y locales.
113 bis (nueva). Fomentar la investigación aplicada. Centrar las políticas de innovación en las necesidades de la industria, de tal manera que las empresas y las infraestructuras del conocimiento coadyuven.
113 ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las
Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
113 quáter (nueva). Apoyar la I+D en áreas o sectores emergentes tales como salud, envejecimiento, ecología, cambio climático, industria 4.0, automatización, nuevos materiales, ciberseguridad...
113 quinquies (nueva). Fomentar la colaboración público privada a través de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.
113 sexies (nueva). Agilizar y simplificar los procedimientos de gestión de la ciencia e innovación, aligerando las barreras administrativas existentes.
BLOQUE 8. SISTEMA FINANCIERO
El sistema financiero juega un papel clave en cualquier economía avanzada, permitiendo una eficiente canalización de los ahorros hacia las necesidades de inversión. Sin un buen funcionamiento del sistema financiero, las empresas, autónomos
y hogares no podrían llevar a cabo los proyectos que permiten el progreso económico del país. Es fundamental garantizar la máxima inclusión financiera, asegurando que ningún agente, ya sea pyme, autónomo o particular, queda al margen del acceso a
la financiación y, por tanto, ve imposibilitado el desarrollo de sus proyectos empresariales o personales. Por otro lado, un sistema financiero nunca jugará correctamente el papel que le ha sido asignado si no se establecen los mecanismos de
salvaguarda necesarios para la protección del cliente financiero.
Asimismo, la calidad del sistema financiero depende también de un adecuado sistema de supervisión y regulación. En este sentido, tras la crisis de 2008 se han dado algunos pasos importantes, como la supervisión directa de los grandes bancos
de la eurozona por el Banco Central Europeo (entre ellos 12 entidades españolas), así como la creación del Mecanismo Único de Resolución (MUR), y con él la Junta Única de Resolución (JUR), además del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Estos dos
mecanismos, el MUR y el MUS, son dos pilares de lo que será la unión bancaria en la Unión Europea.
No obstante, España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos países de la Unión Europea con tres organismos supervisores: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), y cuyas competencias en ocasiones se solapan entre sí. Frente a esto se hace necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otro con dos organismos gestores y
centrados en tareas específicas, modelo conocido como 'twin peaks'. Habría, por tanto, un organismo centrado en la vigilancia en materia de solvencia del sector financiero, y otro dedicado a supervisar las operaciones de venta de productos y
servicios financieros.
Propuestas de Resolución:
114. Impulsar el emprendimiento, la creación y crecimiento de las empresas, mediante el apoyo al desarrollo de los mercados y los instrumentos de financiación pública y privada y la reforma de la arquitectura financiera del Estado,
concentrando recursos y capacidades alrededor de los mecanismos públicos de crédito para aumentar su impacto y su capacidad de canalizar fondos de la Comisión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales.
114 bis (nueva). Adoptar una estrategia decidida de apoyo a las empresas innovadoras, implementando las siguientes medidas:
1. Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras, enfocada principalmente a afrontar los principales problemas de este tipo de compañías: el acceso a la financiación, la atracción y retención del talento, el exceso de burocracia
y la consolidación de su negocio a través de la colaboración con las grandes empresas tecnológicas.
2. Implementar medidas económicas y financieras urgentes de protección a las empresas innovadoras y que más invierten en I+D+i para evitar su desaparición en la crisis motivada por el COVID-19, como la eliminación total de requisitos de
avales durante 2020 para proyectos empresariales en todas las líneas de ayudas de I+D+i estatales, incluyendo proyectos en curso.
3. Acelerar la aprobación de la regulación del sandbox, para facilitar la introducción de productos y servicios innovadores en todos los ámbitos económicos relevantes.
115. En particular, fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para continuar su desarrollo como herramienta de financiación y, por tanto, garantía de liquidez, para la actividad económica y empresarial.
115 bis (nueva). Desarrollar medidas adicionales que aseguren una financiación suficiente y estable a la Ciencia e Innovación de nuestro país. En particular, se implementarán cuantas medidas sean necesarias para asegurar que los fondos
europeos destinados a España en la nueva programación 2020-2027 refuercen, mediante programas plurirregionales específicos, el desarrollo de proyectos científicos y de innovación, y en especial se destinen a la estabilización y retorno del personal
investigador.
116. Tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores, para mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores de mercado y permitir así un mejor desarrollo de los mercados de capitales en España, como fuente de financiación
alternativa al sistema bancario.
117. Acelerar la tramitación del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, con el fin de poder responder adecuadamente a los retos derivados de la revolución digital.
117 bis (nueva). Adopción de medidas específicas que garanticen el acceso a la financiación de empresas de alto grado de innovación, ya que sus activos suelen ser más intangibles y, por tanto, la solvencia de sus balances más débil.
117 ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las
Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 9. IMPULSO DE LA POLÍTICA COMERCIAL, APOYO A LA AUTOMOCIÓN, RELANZAMIENTO DEL TURISMO Y REACTIVACIÓN DE LA HOSTELERÍA
Política comercial internacional
La pandemia del COVID-19 representa una perturbación sin precedentes en el comercio internacional debido a la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio prevé una reducción del comercio
mundial de mercancías entre un 13 % y un 32 % en 2020 debido a la crisis sanitaria. También el comercio de servicios podría ser el más directamente afectado por el COVID-19 debido a la imposición de restricciones al transporte y los viajes. Para
2021 se prevé una recuperación del comercio mundial, pero dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas para estimular la economía.
El comercio internacional será un componente importante de las perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales. En consecuencia, la internacionalización de nuestras empresas puede ser una palanca para la recuperación económica y para
ello es necesario reforzar los instrumentos de apoyo a la internacionalización y diversificar mercados y productos.
Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción
El sector de automoción en España representa el 10 % del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 19 % del total de las exportaciones españolas. La industria genera 100.000 empleos directos y otros más de 2,5 millones de
puestos de trabajo están ligados al sector. Por ello, el sector de automoción está considerado como estratégico en la agenda del Gobierno por su importante peso en el PIB y en el empleo, pero también por su contribución a la vertebración
territorial de nuestro país.
Es el tercer sector industrial de España, tras alimentación y química, y primer sector exportador, con un claro efecto tractor en otras industrias como la del refino y los bienes de equipo.
España es una potencia industrial en la fabricación, siendo el 2.º mayor fabricante de automóviles de Europa y el 8.º a nivel mundial y muy valorado por sus altos niveles de productividad y calidad de sus plantas. Prueba de ello es que las
primeras marcas del sector están establecidas en España como Groupe PSA, Seat, Renault, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, etcétera.
Sin embargo, la industria de la automoción, altamente dependiente de las cadenas de suministros globales, ha sido un sector muy afectado durante la crisis del COVID-19, tanto en las plantas de fabricación como a nivel comercial, llegando a
parar totalmente su actividad.
A esta situación, se le añade una gran incertidumbre sobre la evolución del mercado europeo e internacional y de potenciales nuevas inversiones en centros de decisión de los principales fabricantes que no están en nuestro país.
No hay que olvidar que el sector de la automoción se encuentra inmerso en grandes inversiones como consecuencia de su adaptación y transformación hacia la descarbonización y los nuevos modelos de movilidad, con vehículos eléctricos y mayor
sencillez de componentes y fabricación, el reto de la conectividad, la entrada de nuevos actores en el mercado, y con una transformación en el modelo de prestación pasando de la propiedad al uso.
Por todo ello, una de las prioridades del Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica debe ser realizar un esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y trabajadores con el objetivo último de mejorar la productividad, preservar
nuestras capacidades productivas en la automoción e impulsar la recuperación tras esta crisis sin precedentes.
Plan de impulso del sector turístico
El sector turístico es uno de los motores de la economía española. Aporta el 12,3 % del PIB y emplea al 12,7 % del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Al mismo tiempo, es una herramienta de cohesión social, de desarrollo
económico y de fijación de población. Ha de ser por ello un sector prioritario en el Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, tanto para afrontar medidas de choque a corto plazo ante el fuerte impacto de la pandemia sobre esta actividad, como
también para su modernización y diversificación de modo que nuestro país se mantenga a la vanguardia en términos de competitividad internacional. Una modernización basada en dos ejes principales: sostenibilidad y transformación digital.
Plan de reactivación de la Hostelería
La hostelería en España representa en torno a 1,6 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 8,8 % del total de afiliados a la Seguridad Social. En estos momentos más de un millón de trabajadores de la hostelería están protegidos por
ERTE (55 %) y prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos (17 %). El Gobierno ha desvinculado la duración de los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma.
Una vez controlada la crisis sanitaria e inmersos en el proceso de desescalada es el momento de reactivar la actividad de la hostelería de forma segura. Hay que empezar a mirar al futuro, a ese horizonte que cada día está más cerca, para
poder trasmitir la confianza necesaria a los consumidores para volver a los restaurantes, cafeterías y bares, a los que han de sumarse también las empresas de colectividades y catering que tanto nos aportan.
La hostelería, y más concretamente el subsector de la restauración, es uno de los principales referentes de nuestro estilo de vida; es parte de nuestras costumbres y nuestra forma de socializarnos, escenario de encuentros con familia,
amigos, compañeros... y testigo de algunos de los momentos más especiales de nuestras vidas.
La gastronomía es, además, un factor de creación de PIB, de atracción de turismo y de apertura de mercados de exportación.
Es pues el momento de apostar por medidas de reactivación de la hostelería que se alinee con los principios de sostenibilidad y digitalización.
El principio de sostenibilidad se está introduciendo en la restauración de una forma constante. Una de las filosofías con mayor capacidad de extensión es la conocida como 'Zero Waste', o de desperdicio cero, que basa gran parte de su
aplicación en la elaboración de recetas que aprovechan todo aquello que normalmente desestimamos, bien por su apariencia o por no conocer elaboraciones alternativas.
En relación con la digitalización del sector, aprovechar el Big Data o macrodatos, para conocer mejor a los clientes cada vez más híperconectados y, por ende, poder realizar la toma de decisiones con la máxima y mejor información disponible.
Finalmente, el sector requiere de una capacitación permanente de sus trabajadores para mejorar su competitividad y ofrecer experiencias únicas.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de
reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los
agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
118. Revertir las medidas arancelarias y no arancelarias establecidas antes de la pandemia del COVID-19, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
119. Trabajar para reformar y modernizar la Organización Mundial del Comercio, institución central del sistema multilateral de comercio, para adaptarla a los retos del comercio internacional del siglo XXI, así como para favorecer la
estabilidad y predictibilidad de las relaciones comerciales internacionales.
119 bis (nueva). Se pondrán condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19 negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el
Acuerdo climático de París y la Agenda 2030.
120. Respaldar la ambiciosa agenda comercial de la Unión Europea con el objetivo de lograr acuerdos comerciales profundos y globales a través de la promoción de una política comercial progresista e inclusiva que trate de ampliar los
estándares sociales y medioambientales europeos.
121. Aprobar el III Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, que tendrá como objetivos prioritarios los siguientes:
1. Aumento de la propensión a exportar y aumento de la base de empresas que exportan regularmente, especialmente de las pymes.
2. Diversificación de los mercados de destino de la exportación y de la inversión, buscando promover la implantación de nuestras empresas en sectores estratégicos en determinados mercados.
3. Incremento del valor añadido de las exportaciones e incorporación de nuestras exportaciones en las cadenas globales de valor.
4. Aumento de la atracción de inversión extranjera.
5. Incrementar la contribución a la lucha contra el cambio climático y el fomento de la sostenibilidad.
122. Desarrollar el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, 'Hacia una Movilidad Sostenible y Conectada', elaborado por el Gobierno y apoyado por los sindicatos y las principales asociaciones del sector.
123. (suprimida)
124. Implementar el Plan de Impulso del Sector Turístico 'Hacia un turismo seguro y sostenible post-COVID-19', en coordinación con las comunidades autónomas y en colaboración con el sector, y continuar su transformación hacia un modelo
basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización.
125. Potenciar la promoción de España como destino turístico seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.
126. Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.
126 bis (nueva). Plan de Turismo Rural, de Interior, Ecoturismo y Turismo Cultural. El Plan debe incluir reducciones del IVA para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España en estas áreas y contribuir a la transformación del sector
desde una perspectiva ecológica ambiciosa.
126 ter (nueva). Avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible, eficiente y justo con las personas empleadas, y adaptado a las realidades locales. Este modelo debe asegurar que el sector cumple con los mínimos del Acuerdo de París. En
particular, se promoverá un cambio en los patrones de consumo turístico y en los de movilidad para adaptarlos a una economía más local, donde la calidad prime sobre la cantidad, con especial atención en evitar los procesos de masificación y
sobreexplotación de recursos. Se apoyará la creación de empleo y el emprendimiento a partir del consumo local y de cercanía,
para que el turismo se erija realmente en un catalizador de desarrollo y prosperidad para las comunidades locales. Se favorecerán los circuitos de producción y consumo locales en el abastecimiento de los destinos turísticos a través de
productos 'Km 0'. Se informará sobre las emisiones de CO2 generadas por y para todos los servicios relacionados con el turismo. Se reducirá el uso del plástico en toda la cadena de valor del turismo (hoteles, restaurantes, empresas de tours,
transporte, guías, etc.).
127. Aprobar un Programa de Formación de Trabajadores de la Hostelería en coordinación con las comunidades autónomas y el sector.
128. Estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de
recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo.
129. Potenciar la promoción de la hostelería como establecimiento seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.
130. Potenciar en los establecimientos el 'Zero Waste', desperdicio cero.
131. Apostar por la integración de las nuevas tecnologías y la digitalización en la hostelería en colaboración con el tejido empresarial y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estableciendo la colaboración necesaria para
proyectos innovadores de digitalización.
131 bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, preven la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las
Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
BLOQUE 10. RELANZAMIENTO DE LA CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE INCLUSIVO
La cultura, además de un conjunto muy diverso de actividades de indudable relevancia social resulta también una importante actividad económica en nuestro país. Una actividad que según el Anuario de Estadísticas Culturales 2019 aportó un 3,2
% del PIB, con un total de empresas dedicadas principalmente a la cultura que supone un 3,7 % sobre el total y 690.300 empleos directos (un 3,6 % del empleo total). A estos datos habría que sumar las aportaciones económicas de la cultura de forma
indirecta, como por ejemplo el impacto sobre el Turismo, uno de cada cuatro viajes de residentes (el 24,2 %) y más de uno de cada tres entre los no residentes (37,4 %) incluyeron actividades culturales, con un gasto agregado entre ambos que superó
los 21.000 millones de euros (7.726,4 y 13.341,1 millones de euros respectivamente). Pero la cultura es también creación literaria, es la industria cinematográfica y el teatro, música, educación... Es la conservación de un rico patrimonio, tanto
material como inmaterial. En definitiva, un amplio y muy variado conjunto de actividades que, al contrario de lo que en ocasiones se afirma, tiene un bajo impacto en términos de gasto público. Así, lejos de ser un sector 'que vive de
subvenciones', el gasto público de la Administración General del Estado representó en 2018 un 0,06 % del PIB, un 0,10 % del PIB en el caso de las comunidades autónomas y un 0,28 % del PIB por parte de la Administración local.
Sin embargo, la cultura ofrece un importante potencial de impulso económico y creación de empleo en un cambio de modelo productivo que tenga en el conocimiento y la creatividad sus principales fundamentos. Aprovechar todo ese potencial
exige poner el acento en el papel primordial que desempeñan las y los artistas, creadores y demás trabajadores de la cultura. Por ello, la protección y fomento del artista y del creador ha de ser fundamental, y ha de desarrollar plenamente las
conclusiones de la subcomisión parlamentaria que elaboró en 2018 el denominado Estatuto del Artista.
Pero mientras se logra, el sector cultural es uno de los principales afectados por el COVID-19, y por ello se aprobó el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, con medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer
frente al impacto económico y social de la pandemia, que introdujo una prestación extraordinaria por desempleo para los artistas en espectáculos públicos y una inversión directa de 76,4 millones de euros. Unas medidas que necesitan todavía
completarse.
En todo caso, los efectos de la pandemia también han hecho aflorar la gran variedad de situaciones laborales de los artistas y de los creadores, situaciones que requieren una regulación jurídico-laboral muy específica y, sobre todo, una
adecuación de las coberturas de la Seguridad Social. Al estallar la crisis pandémica la variedad de situaciones laborales y económicas ha dificultado dar una respuesta rápida al desempleo en que han quedado muchos artistas. Por este motivo, si en
2018 era necesario proporcionar a los artistas un estatuto laboral digno y fácil de gestionar, en 2020 esa necesidad se acrecienta porque
los artistas y creadores se han visto en situaciones graves a causa, como se ha dicho, de la gran variedad de situaciones profesionales que hacen difícil su reconducción a las categorías usuales de la contratación laboral y de la afiliación
a la Seguridad Social.
De cara al futuro, hay que apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad
posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural. Además de la generación de
empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional. Como se ha dicho, ahora mismo, en condiciones de
importante precariedad, la cultura genera algo más del 3,2 % del PIB. Además, la riqueza lingüística de nuestra creación cultural, tanto por el alcance del castellano (la comunidad hispanohablante supone el 7,6 % en todo el mundo) como por el resto
de lenguas propias del Estado, colocan a España como país exportador de cultura en una situación privilegiada. Toda la potencialidad y talento, además del éxito con el que ya cuentan las producciones culturales españolas fuera de nuestras
fronteras, tienen que verse acompañadas por una apuesta económica sin precedentes en el sector, para que podamos hablar de una primavera cultural.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las
comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así
como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.
También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado
una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el
fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.
Propuestas de Resolución:
132. Apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad posible como reconocer los
derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural. Además de la generación de empleo directo y el
abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional.
133. Promover un Plan estratégico de I+D+i en cultura digital para el fortalecimiento de las industrias culturales y recreativas, la trasformación del sector audiovisual y el fomento de la creación digital basado en cuatro pilares
fundamentales: educación, formación, creación digital e internacionalización, con el fin de orientar las políticas culturales en paralelo a la transformación tecnológica del sector cultural y, con ello, el impulso al desarrollo y competitividad de
las industrias culturales y creativas de nuestro país.
134. Impulsar un Plan de Igualdad en el ámbito de la cultura.
135. Impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, permita al sector aumentar su peso en el PIB, afiance un modelo
sostenible de crecimiento y apoye a los jóvenes creadores.
136. Aprobar un Plan Integral de Apoyo al Sector de la Moda de Autor española para contribuir a la promoción e internacionalización de este sector, dentro de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Cultura.
137. (suprimido)
138. Promover y coordinar con el resto de administraciones las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte,
atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración.
139. Impulsar una nueva Ley del Deporte y definir el modelo del deporte español. En particular, la nueva Ley del Deporte, ya que la actual tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un
seguimiento y de una asistencia a las competiciones muy importante, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, se han de reconocer las
competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, dignificando sus condiciones laborales.
140. Considerar de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan.
141. Prolongar la duración del Acontecimiento de Excepcional Interés Público 'Programa Deporte Inclusivo' y mejorar sus condiciones.
141 bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las
Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
CONCLUSIONES
POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS
BLOQUE A. IGUALDAD, DERECHOS SOCIALES, INCLUSIÓN Y VIVIENDA
La crisis desencadenada por el COVID-19 ha supuesto una gran perturbación, que ha evidenciado las debilidades del modelo de bienestar social. Y nos deja una lección evidente: la defensa de los servicios públicos, del sistema de cuidados y,
en general, de los derechos sociales nos hace más fuertes como sociedad y coadyuva a la cohesión social.
Si bien es cierto que los pilares en los que se asienta el sistema de bienestar han mostrado su capacidad de respuesta frente a la situación de emergencia provocada por el coronavirus, no es menos cierto que han emergido algunas costuras que
evidencian déficits en la dotación de algunas infraestructuras y de recursos humanos y materiales. Y con ello se han desvelado lagunas de protección, algunas de ellas agravadas por la crisis, que es necesario abordar con urgencia pues la falta de
respuestas adecuadas incide con especial virulencia sobre las mujeres y en los colectivos más vulnerables y en serio riesgo de exclusión.
Afrontamos esta crisis con un gran compromiso político: no dejar a nadie atrás. Es un compromiso exigente, de gran importancia y significación. Supone blindar derechos conquistados y hacer efectivos los de los colectivos que no han
conseguido otras veces la atención que requerían. Es el reto de ocuparse satisfactoriamente de todos, comenzando por quienes muchas veces son olvidados. Implica otorgar un lugar preferente a quienes tienen más dificultades para aupar sus demandas
y necesidades a un lugar preferente de la agenda política.
Y eso significa hablar en primer lugar de desigualdad, pobreza y exclusión social. Una sociedad decente no debe tolerar estas situaciones. Como señaló en su visita a España el Relator Especial sobre pobreza extrema y los derechos humanos,
Philip Alston, la erradicación de la pobreza es una opción política. Identificar a los colectivos vulnerables -algunos de ellos en serio riesgo de doble exclusión, al sumarse a su situación inicial de desventaja social las consecuencias de una
crisis frente a la cual se encuentran en situación de mayor indefensión- y facilitar su inserción social y económica es un imperativo social. Como nos están demostrando el análisis de expertos y de organismos internacionales, una sociedad más justa
va a ser una sociedad más cohesionada y próspera, que asienta sobre bases robustas su crecimiento económico y la sostenibilidad de su sistema de bienestar.
Esta crisis ha afectado especialmente a las mujeres por la desigualdad estructural en la que se encuentran, cuya muestra más trágica es la violencia machista. Debemos trabajar para situar en posición de igualdad a mujeres y hombres desde la
educación para actuar sobre sus causas. Es necesario introducir en el currículo de todas las etapas educativas valores de igualdad, para avanzar en la erradicación de esta violencia que atenta contra principios sobre los que se sustenta nuestro
Estado democrático y que supone una flagrante violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Por ello, resulta indispensable incorporar la perspectiva de género, es decir, tener en cuenta las diferentes
situaciones de partida y necesidades específicas de mujeres y hombres para abordar las reformas. La incorporación de la perspectiva de género determinará en gran medida el modo en el que salgamos de esta crisis. Las mujeres mantienen una
situación, en términos generales, más precaria en el mercado de trabajo; son las que asumen casi en exclusividad los cuidados, realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de la atención a las personas dependientes, remunerado y no remunerado;
y son mayoría en los sectores que han devenido más esenciales. No podemos abordar la reconstrucción sin datos desagregados por sexo que evidencien esta realidad y la necesidad de medidas que supongan garantizar la permanencia de las mujeres en el
mercado laboral, además de tener presente la conciliación, la corresponsabilidad y la racionalización de los horarios.
Uno de los mayores riesgos que afrontamos en la etapa post-COVID es que esta crisis vuelva a tener un impacto generacional muy fuerte sobre las generaciones más jóvenes. Niños y niñas han sido uno de los colectivos más expuestos a
situaciones de adversidad en esta crisis. El confinamiento, el cierre de escuelas y el estrés familiar en los hogares han sometido a segmentos de la infancia a situaciones en que su seguridad y bienestar pueden quedar comprometidos. Especialmente
virulentas son las consecuencias para los niños y niñas tutelados, refugiados y víctimas de abusos y violencia, para quienes esta crisis está multiplicando exponencialmente condiciones de sufrimiento y vulnerabilidad. En estas situaciones están en
juego no solo el cumplimiento de sus derechos específicos como niños y niñas, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también sus oportunidades vitales. Corremos el riesgo de ver crecer una generación de niños y niñas que,
habiendo vivido en muchos casos ya en esta década una crisis económica que comprometió gravemente su bienestar y oportunidades, afronten ahora un nuevo ciclo recesivo en que no dispongamos todavía de mecanismos de protección adecuados.
Los y las jóvenes se enfrentan a una situación parecida. Sus itinerarios han venido marcados duramente por las consecuencias de la crisis económica que azotó España entre 2008 y 2013, que condicionaron procesos de transición escuela-
trabajo, procesos de emancipación del hogar parental y formación de nuevas familias. Antes de la pandemia constituían el colectivo con la tasa de pobreza y exclusión más elevada, tras años de crecimiento sostenido de su vulnerabilidad, que apenas
se atenuó en los años de recuperación económica. Son ahora, de nuevo, uno de los segmentos de población en situación de mayor riesgo, dados los graves efectos de la crisis sobre sus horizontes laborales. Si a esto se une las dificultades para el
acceso a la vivienda, nos encontramos ante una situación de gran inestabilidad que pone en jaque el desarrollo de sus proyectos vitales.
El sistema de cuidados, que emerge una vez más en esta crisis como uno de los ejes de vertebración social, presenta diferencias entre territorios y en muchos casos carencias de medios y recursos humanos. Desarrollado fundamentalmente por
mujeres, jóvenes y personas migrantes, la precariedad laboral ha sido, de forma persistente, un problema estructural, que se expresa en un escaso reconocimiento social y económico de su trabajo. Las debilidades del sistema han profundizado la
brecha de género, al ser las mujeres las que asumen prácticamente en su totalidad el trabajo de cuidado, en detrimento de su carrera profesional. La brecha salarial y en pensiones son la demostración de la situación de precariedad de la mujer en el
mercado de trabajo, puesta de manifiesto nuevamente en esta crisis al ser, junto con los jóvenes, las personas trabajadoras que en mayor proporción se han visto arrojadas del mercado laboral. Esta pérdida de empleo y el confinamiento con sus
agresores han aumentado la vulnerabilidad de las víctimas de violencia machista.
En este contexto, se necesitan políticas públicas que, sedimentadas en un gran pacto político y social, afiancen los pilares en los que se sustenta el Estado de Bienestar. Es un momento que requiere ambición colectiva, la adopción de
decisiones consensuadas entre los agentes implicados y las administraciones públicas competentes.
Es clave llevar a cabo políticas públicas que sitúen en su centro los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en tanto que compromiso de transformación mundial.
El último estadio de este avance social ha sido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, sin ningún voto en contra. Complementando este nuevo derecho se necesitan nuevas políticas sociales que, desde el refuerzo de los pilares del Estado de
Bienestar, aseguren un sistema de cuidados y de protección social redistributivo e inclusivo, capaz de soportar los envites, incluso imprevisibles, de una realidad cambiante, y asienten sobre bases firmes su financiación y un compromiso político
amplio para sostenerla.
Y todo ello, desde el reconocimiento y respeto de las competencias autonómicas en materia de igualdad, derechos y servicios sociales, inclusión, vivienda, sistema de cuidados y educación que pudieran
corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus Estatutos, que les capacita para la elaboración, aprobación y ejecución de leyes y modelos propios.
Propuestas de Resolución.
1. Derechos sociales.
1.1. Afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como a reforzarlos mediante el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la
protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos, que también debe extenderse a fortalecer y desarrollar los servicios sociales.
1.2. Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.
2. Renta básica y garantías de rentas.
2.1. Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso, teniendo en cuenta los
mecanismos de estímulo de empleo ya vigentes en las comunidades autónomas, para asegurar una coherencia con los mismos, y la eficacia de este ingreso en su función de inserción social.
2.2. Acordar con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la articulación de un modelo acorde con los requerimientos del nuevo sistema productivo, muy alejado de carreras salariales continuas, para que a través de itinerarios
personalizados y de acciones de mejora de la empleabilidad, se instituya en instrumento de oportunidad para la incorporación al mercado laboral.
2.3. Explorar en el marco del diálogo social la mejora del sistema de protección por desempleo, garantizando su viabilidad presupuestaria.
2.4. Analizar con los agentes sociales y las administraciones afectadas por su aplicación la actualización del IPREM, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
2.5 (nueva). Financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social por la cuantía necesaria para la concesión de las
correspondientes prestaciones.
3. Brecha laboral por cuestiones de género.
3.1. Orientar, en el marco del diálogo social, las políticas de empleo a la eliminación de la brecha de género en el empleo y la ocupación y, en consecuencia, la brecha salarial.
3.1.1. Se promoverá un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.
Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.
3.1.2. Se impulsará desde las administraciones competentes la promoción de las vocaciones científico-técnicas entre las niñas, así mismo se impulsará la incorporación y promoción de las mujeres en trabajos emergentes en el marco de la
economía digital y las tecnologías de la información y comunicaciones.
3.1.3. Se garantizará la perspectiva de género en la capacitación digital del profesorado y alumnado.
3.1.4. Se impulsarán acciones específicas para las trabajadoras del hogar, las mujeres del medio rural, así como otros colectivos altamente feminizados y precarizados, no solo por preservar el empleo sino también la red básica de servicios
en estos entornos.
3.1.5 (nueva). Explorar medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida.
3.1.6 (nueva). Los informes contarán con datos desagregados por sexo para hacer un diagnóstico más acertado de la realidad que nos permita adoptar decisiones más adecuadas de tal forma que esta crisis no suponga un retroceso.
3.1.7 (nueva). Impulsar un nuevo Plan de apoyo a las mujeres emprendedoras.
4. Pobreza.
4.1. Estudiar la posibilidad de extender la duración de, entre otras medidas para paliar los efectos del COVID, las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la
vivienda, para evitar impagos y desahucios que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
4.2. Poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento y el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital, para realizar un seguimiento de su implantación, detectar potenciales casos de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad
económica que puedan quedar al margen de la percepción de la prestación, y realizar las mejoras necesarias en su diseño para incluirlos.
4.3. Reforzar la estrategia contra la pobreza energética y las medidas que actúan contra sus causas.
5. Derechos de la infancia y violencia contra la infancia.
5.1. Asegurar, en coordinación con las comunidades autónomas, la alimentación de niños y niñas vulnerables durante el curso escolar mediante la aprobación de un umbral de renta estatal que garantice el derecho a esta alimentación en todo el
territorio nacional.
5.2. Adecuar el programa VECA a las condiciones de la 'nueva normalidad' con el fin de asegurar el verano escolar y una alimentación saludable de los niños y niñas en situación vulnerable.
5.3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias y asegurar una disponibilidad suficiente de apoyo y asistencia, especialmente en caso de las familias con niños en situaciones
desfavorecidas.
5.4. Incrementar el apoyo y acompañamiento a las familias de acogida, y agilizar trámites y valoración en las situaciones de retirada de la guarda y custodia, asegurando al máximo y priorizando siempre el interés y la seguridad de los y las
menores.
5.5. Impulsar la atención temprana para todos los niños de 0-6 años con problemas evolutivos. Desarrollar un sistema de atención temprana universal, gratuita, integral y de calidad para toda la infancia que lo necesite y sus familias de
manera que se provean los servicios y recursos necesarios independientemente del lugar donde residan.
5.6 (nueva). Se elaborará un Plan integral para defender a las niñas contra la violencia, que tenga en cuenta la violencia específica que sufren las niñas por su edad y género.
6. Corresponsabilidad y conciliación.
6.1. Elaborar, en el marco del diálogo social, una propuesta de 'tiempo de trabajo corresponsable', que deberá incluir una reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género.
Con dicha finalidad.
6.1.1. Se situará la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación.
6.1.2. Se analizará la normativa laboral con el fin de evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado, por ejemplo, en la determinación de los tiempos de trabajo y de permisos y que pudieran
implicar el abandono de la actividad laboral.
6.2. Elaborar, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, derecho a la
formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora con garantía para el empresario y la prevención de riesgos laborales.
6.3. Adoptar las medidas que permitan la adaptación del Plan MECUIDA, tras la finalización del estado de alarma y hasta la regulación de la Ley de tiempo corresponsable, garantizando el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras
con perspectiva de género.
6.4 (nueva). Actualizar la encuesta estatal de usos de tiempo por género, desglosada por comunidades autónomas.
7. Colectivos en situación de vulnerabilidad.
7.1. Estudiar medidas para paliar los daños producidos por la crisis del COVID sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad teniendo presente la interseccionalidad, es decir, tener en cuenta todas las circunstancias que atraviesan a
las personas en estas situaciones: como la población migrante, familias monoparentales, las personas sin hogar, la población gitana, y otras minorías étnicas.
7.2. Impulsar una propuesta de Ley de Diversidad Familiar, que proteja a las diferentes estructuras familiares.
7.3. Impulsar medidas contra el racismo y la xenofobia, con especial incidencia en los delitos de odio, atendiendo a las recientes recomendaciones de Naciones Unidas, que instan a los gobiernos a adoptar nuevos planes de acción para abordar
la ola de racismo y xenofobia provocada por el COVID-19.
8. Juventud/emancipación.
8.1. Renovar y mejorar el programa de Garantía Juvenil, incluyendo la perspectiva de género, no poniendo el foco en la persona demandante de empleo y en sus competencias, sino también en la protección del puesto de trabajo (estabilidad,
derechos laborales...), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.
8.2. Elaborar el 'Estatuto del Becario', con revisión de los contratos formativos para asegurar que su uso responde a finalidades exclusivamente formativas y mejorar sus condiciones laborales, incluidas las retributivas, con la finalidad,
entre otras, de limitar el encadenamiento de períodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas.
8.3. Adoptar las medidas, en coordinación con las comunidades autónomas y Ayuntamientos, para garantizar el acceso a una vivienda sostenible a las personas jóvenes, dirigida a reducir su edad de emancipación, a cuyo fin se promoverán
viviendas protegidas para jóvenes.
8.4. Asegurar un sistema de becas suficiente aumentando su número y su cuantía. Establecer un calendario para que las becas se resuelvan antes del comienzo de curso y se ingresen durante el primer trimestre.
8.5. Adoptar medidas, en coordinación con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, para prestar atención a la salud mental de los y las jóvenes que, como consecuencia de la crisis del COVID-19, han sufrido altos niveles de estrés,
ansiedad y depresión.
9. Pensiones.
9.1. Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y buscar la generación de consensos para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones, para asumir los retos de un futuro inmediato y asegurar prestaciones
suficientes y una acción protectora capaz de dar cobertura a las realidades sociales emergentes.
9.2. Elaborar un informe sobre la adecuación de la normativa de Seguridad Social a la actividad de colectivos que presentan particularidades en su actividad y valorar si es preciso ajustarla a las circunstancias derivadas de la pandemia
causada por el COVID-19.
9.3. Flexibilizar la forma de acceso de la ciudadanía, trabajadores y empresas a los servicios electrónicos de las administraciones públicas mediante sistemas de uso generalizado. Se ha constatado durante esta pandemia que, con los
sistemas actuales, una parte de los ciudadanos, trabajadores y empresas podrían no tener acceso a estos servicios. Esto ha supuesto el desarrollo e implantación de medidas especiales para habilitar la posibilidad de acceder sin necesidad de
utilizar un sistema de identificación electrónica, que deben ser ampliadas.
10. Vivienda, alquiler, hipotecas, suelo, rehabilitación, infraviviendas.
10.1. Llevar a cabo un Plan de vivienda en alquiler que vertebre e incremente las medidas puestas en marcha desde las distintas administraciones públicas para que, contando con la colaboración del sector privado, posibilite una alternativa
habitacional digna a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
10.2. Incrementar los recursos del Plan Estatal de Vivienda para aproximarse a los países de nuestro entorno.
10.3. Poner en marcha un nuevo Programa de acceso a la vivienda, que permita a los más jóvenes acceder a una vivienda y, a la vez, reactive la actividad económica vinculada al sector.
10.3 bis (nueva). Mantener las plazas creadas durante la pandemia para atender a las personas sin hogar hasta que se habiliten otros recursos, con el fin de evitar que vuelvan a la situación de calle.
10.4. Estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler con carácter temporal, excepcionalmente, y en zonas urbanas de mercado tensionado, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales.
10.5. Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas. Dicho Plan, que tendrá una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz
y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural, incluida la corrección de situaciones de infravivienda y chabolismo. Los proyectos de rehabilitación de edificios y renovación de espacios públicos responderán a
los criterios de accesibilidad universal. Dentro del Plan se incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo y la dotación de telecomunicaciones.
10.6. Supresión de barreras arquitectónicas en la vivienda. El confinamiento ha demostrado la dificultad física y mental que supone vivir encerrados en el domicilio. En España conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad
reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda. Para corregir esto es necesario: obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias con independencia de los ingresos de
la comunidad. Destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1 % a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas.
11. Violencia machista.
11.1. Impulsar la consolidación de la respuesta frente a todas las manifestaciones de violencia machista, además de la que se comete en el ámbito de la pareja o ex pareja, estableciendo un sólido marco de derechos para las víctimas de
violencia sexual y las de trata de mujeres.
11.2. Reforzar la investigación y la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Elaboración de estudios específicos sobre el impacto de la crisis del COVID-19, en las diferentes manifestaciones de violencia contra las
mujeres, incluida la trata y la explotación sexual y los abusos en redes sociales.
11.3. Elaborar un Plan de Sensibilización y Prevención de las violencias machistas, con dos ejes centrales:
11.3.1. Implicar al ámbito educativo en todas las etapas.
11.3.2. Abordar las violencias machistas en redes sociales.
11.4. Impulsar la actuación y la coordinación de todas las administraciones en el marco de sus competencias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a la violencia contra las mujeres. Es importante
desarrollar en todos sus aspectos el Pacto de Estado, con revisión de las partidas presupuestarias destinadas a su cumplimiento efectivo, incluidas las destinadas a las Administraciones territoriales competentes.
11.5. Impulsar la consolidación de la respuesta institucional para la protección de los derechos de las personas LGTBI.
BLOQUE B. SERVICIOS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS
España se encuentra entre los países de la UE con mayor nivel de desigualdad. Una desigualdad agudizada tras la crisis de la última década, incrementándose de 2007 a 2018 en 2,8 puntos. Fueron las rentas más bajas quienes sufrieron las
mayores pérdidas de ingresos. Pérdidas de ingresos y de derechos sociales que se acompañaron con recortes en los servicios públicos, poniendo a prueba la cohesión social.
La crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 ha desvelado ese debilitamiento de nuestros servicios públicos. Pero también nos ha mostrado un camino: la necesaria recuperación de lo común: sanidad, sistema de cuidados y servicios
sociales. Es imprescindible avanzar en el fortalecimiento de los servicios que dan sentido y fundamentan el Estado social que proclama nuestra Constitución, pues ello nos hace más fuertes como sociedad.
Se trata de razones de justicia social. Y también se justifica en razones económicas, pues la inversión en la reconstrucción de nuestros servicios comunes y la construcción de los servicios sociales y de cuidados asociados al 'cuarto pilar
del Estado del Bienestar' es estratégica para impulsar la reactivación económica.
Reconstruir nuestra economía debe partir del reconocimiento de los derechos sociales y los servicios públicos para su efectividad. La protección colectiva de lo que nos une debe pasar también por una revisión del modelo de cuidados, en
particular de los cuidados de larga duración, para construir un sistema universal, público y suficientemente financiado, orientado a la promoción de la autonomía funcional y de la atención a las personas dependientes. El desarrollo de este sistema
también facilitará el reparto del trabajo de cuidado, que actualmente recae sobre las mujeres, y supondrá la puesta en marcha de un sector de actividad generador de empleo.
Es urgente acometer de forma decidida la inacabada construcción de nuestro modelo de cuidados (ahora demostrada con la crisis), especialmente aquellos vinculados a las etapas vitales de mayor necesidad -infancia de 0-3 y mayores-. El
incremento de esperanza de vida, unido a una baja natalidad que requiere de infraestructuras para conciliar actividad laboral y trabajo de cuidado, exige una mayor inversión y dotación de servicios sociales.
Los servicios sociales públicos han demostrado en esta crisis su carácter esencial, dada la intensidad con que ha afectado a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y también se ha evidenciado sus graves deficiencias en medios,
en ratios de personal, en definitiva, en dotación de recursos, aparte de diferencias entre territorios. No es posible una verdadera reconstrucción nacional sin reforzar los servicios sociales públicos, garantizando sus prestaciones como un derecho
de ciudadanía, aumentando su dotación presupuestaria, reivindicando su eficacia y cuidando a sus profesionales. Profesionales que, hay que remarcarlo, no reciben la retribución ni social ni económica que su prestación laboral esencial supone para
la colectividad.
El impacto de la pandemia por COVID-19 también ha convertido en urgente la coordinación de los sistemas sanitario y social. La especial virulencia del coronavirus en las personas mayores, así como su gran letalidad en las personas internas
en residencias, obliga a revisar el modelo y, en todo caso, señala la necesidad de poner el foco en nuevos riesgos y necesidades. Las medidas de coordinación social y sanitaria deben asegurar una atención de calidad en estos centros y garantizar
que las personas residentes conservan y conjugan sus derechos al cuidado sanitario desde el Sistema Nacional de Salud con los derivados de su situación de dependencia, con los estándares de calidad de ambos sistemas.
Debemos recuperar las previsiones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia e incrementar su financiación. Esta Ley, que fue un hito en el avance de
los derechos sociales en nuestro país, sin embargo, ha visto frenada su efectividad y su potencial en la creación de empleo, entre otras razones, debido a una insuficiente dotación económica y al retraso en la aplicación del calendario previsto para
su desarrollo.
La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia, de nuevo, la situación en la que conviven ciudadanos españoles con alguna discapacidad y ha renovado la necesidad de avanzar en la plena aplicación de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad. El confinamiento ha puesto en mayor evidencia la necesidad de accesibilidad universal. Lograrla es posible y debe ser un objetivo para todos los ámbitos de decisión.
La situación de las y los menores tutelados también se ha visto afectada por esta crisis. El confinamiento ha trastocado los vínculos que mantenían con sus familias y ha interrumpido el funcionamiento ordinario de las actividades de
acogimiento familiar. La sobreocupación de muchos centros de protección se convierte en un entorno muy poco propicio para la infancia en condiciones de confinamiento.
Y lo mismo ha sucedido con nuestros mayores. Las políticas públicas generalmente adoptadas se fundan en estereotipos de fragilidad y dependencia, excluyendo a las personas mayores de la participación en sus propias vidas y condenándoles a
una soledad no deseada.
En este punto es conveniente resaltar la importancia de la labor desarrollada por las entidades del Tercer sector, puesta nuevamente de manifiesto por esta crisis. Apoyarles en su labor, desde el diálogo y la colaboración permanente, debe
ser otro de los objetivos a perseguir en esta nueva etapa de reconstrucción de lo común, pues si hay algo que ha quedado meridianamente claro es la importancia del trabajo colectivo para proteger lo que nos une: el bienestar de la mayoría.
Propuestas de Resolución.
12. Servicios sociales y sus profesionales.
12.1. Elaborar un Libro Blanco de las profesiones de referencia de los servicios sociales y las relacionadas con los mismos, y, en general, con los servicios de cuidados, en el que se valorará la necesidad de articular una ley marco en todo
el territorio, con garantía del respeto al reparto constitucional de competencias.
En particular:
12.1.1. Se elaborará un catálogo de referencia de prestaciones que englobará desde los criterios básicos de calidad, organización funcional y territorial hasta las competencias en las prestaciones de servicios y económicas.
12.1.2. Se promoverán ratios adecuados de profesionales por población atendida.
12.2. Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios sociales, acordadas en la mesa de diálogo social, y en el marco de las competencias autonómicas; marcando ratios de profesionales por habitantes, al igual que
se hace en otros sistemas de protección como son la educación y la salud.
12.3. Puesta en marcha de programas de formación de profesionales para cubrir la gran demanda de puestos de trabajo asociada a las medidas de este bloque, dando prioridad a las personas menores de 30 años y mayores de 55 en situación de
desempleo.
13. Tercer sector.
13.1. Desarrollar la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, al objeto de regular el estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, así como el
reglamento del voluntariado.
13.2. Evaluar el impacto social de las subvenciones asignadas a las entidades del Tercer Sector procedentes del 0,7 % del IRPF y, desde este año, del Impuesto de Sociedades, para conocer el desarrollo de los proyectos, su impacto social y
su avance en la consecución de los objetivos de las políticas sociales, así como la necesidad de mejoras en el diseño de los programas.
14. Atención a la dependencia.
14.1. Evaluar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia con el fin de detectar posibles mejoras en su funcionamiento y una mayor eficiencia en el impulso
de la autonomía personal, con especial atención al sistema de cuidados y a la atención en las residencias.
15. Tercera edad.
15.1. Elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, planes de contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes de la crisis del COVID-19 u otras circunstancias similares, con el objetivo de organizar y
planificar con antelación las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores.
15.2. Aumentar los servicios y recursos de apoyo a los distintos tipos de envejecimiento, desarrollando servicios de prevención y promoción de la autonomía personal en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
dotándolos de la suficiente versatilidad para dar continuidad a los planes de vida de las personas mayores y sus necesidades y teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género.
15.3. Promover junto con las comunidades autónomas la coordinación de los sistemas sanitario y social, desde la constatación de que las personas residentes en estos centros conservan sus derechos a la atención sanitaria desde el Sistema
Nacional de Salud y a la atención a su situación de dependencia, con los estándares de calidad de ambos sistemas.
Esta coordinación debe establecerse:
15.3.1. A nivel domiciliario, a través del seguimiento de la situación social y sanitaria de las personas con apoyo de la teleasistencia avanzada.
15.3.2. En residencias, el seguimiento de la atención sanitaria se realizará por el centro de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera. Se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de
cuidados paliativos asimilados a los domiciliarios. Los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigidas a estos centros residenciales a efectos de verificar dicha coordinación.
15.3.3. Se creará un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social de atención a la dependencia cuyas funciones, entre otras, serán planificar de forma conjunta cuidados de larga duración, establecer un sistema integrado de
información, velar por la calidad de las prestaciones y definir los protocolos a seguir en caso de crisis sanitarias como la actual.
15.4. Poner en marcha un Plan contra la soledad no deseada como respuesta ante situaciones de dificultad en las que las personas mayores quieran permanecer en sus domicilios y no tengan red de apoyo de ningún tipo, implementando para ello
un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización sobre el problema y de mejora de unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias,
especialmente en el ámbito rural y en zonas con riesgo de despoblación- en el marco de la agenda social de la Unión Europea y desde la total coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones
del tercer sector.
16. Personas con discapacidad.
16.1. Adoptar las medidas para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de decisión.
16.2. Adoptar las medidas para adaptar nuestro marco normativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar la efectividad de todos los derechos de las personas con discapacidad.
16.3. Revisar el sistema de atención institucional al objeto de adecuarlo a las previsiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que explícitamente reconoce el derecho a la autonomía personal y vida
independiente de estas personas, con especial atención a la garantía de su permanencia en el hogar cuando sea posible.
16.4. Se trabajará con las comunidades autónomas para impulsar medidas efectivas para la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas e instalaciones públicas, para lo que se revisará la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad
horizontal y se destinará en los contratos de obras públicas una partida específica a trabajos de accesibilidad en edificios.
16.5 (nueva). Tomar en consideración en la planificación de políticas públicas el 2.º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea.
17. Personas menores de edad tuteladas.
17.1. Promover un nuevo modelo de atención a los niños y niñas no acompañados en todo el territorio nacional, partiendo de las propuestas del Observatorio de la Infancia.
17.2. Potenciar mediante ayudas los programas de acogimiento familiar en la actual situación de inestabilidad económica y social de las familias.
17.3. Elaborar, con la participación de las comunidades autónomas y las Entidades especializadas del Tercer Sector y tras su consenso, las bases mínimas de los planes de contingencia y protocolos de actuación para que todos los centros
residenciales cuenten con los recursos personales y espacios físicos que se consideren adecuados y suficientes en relación con el número de residentes y que les permitan desarrollar con eficiencia su acción protectora integral. En dichos planes de
contingencia se contemplarán la garantía del material sanitario y de protección, así como las medidas de sectorización del dispositivo para evitar la transmisión interior y la actuación coordinada con los recursos del sistema de salud.
17.4. Garantizar para todos los recursos residenciales del sistema de protección de menores la dotación ofimática necesaria adaptada al número de residentes del recurso.
17.5. Asegurar el acceso a los medios y servicios digitales en los centros residenciales de protección de niños, niñas y adolescentes, al objeto de evitar que la falta de acceso a estos servicios repercuta en su proceso educativo, así como
las posibilidades de ocio y relaciones con su familia y con terceros. También para poder comunicar posibles abusos y, en consecuencia, impedir situaciones de desprotección.
Incrementar el personal en los centros residenciales, especialmente en el caso de que no se recupere el curso escolar.
17.6. Desarrollar programas formativos, impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigidos al personal que atiende los recursos residenciales, al que supervisa los procesos de acogimiento familiar y, en general, a
los profesionales de Atención Primaria de los Servicios Sociales que atienden situaciones de riesgo o exclusión de menores a fin de que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias en la utilización en los respectivos procesos de
intervención de las herramientas de las TIC.
BLOQUE C. EDUCACIÓN Y JUVENTUD
La educación es un derecho fundamental que, como nos recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye no solo un derecho al acceso a la educación, sino un derecho al aprendizaje. La situación provocada por la epidemia del
coronavirus ha alterado sustancialmente dinámicas e interacciones en el sistema educativo, comprometiendo el funcionamiento ordinario de las actividades escolares y tensionando la posibilidad de garantizar esos derechos. Las dificultades planteadas
son resultado tanto de los condicionamientos provocados por la epidemia (cierre de centros educativos, enseñanza digital), como por debilidades tradicionales del sistema educativo, agravadas por recortes que han llevado la inversión educativa a
niveles muy bajos.
Cabe destacar al menos cuatro cuestiones relevantes para entender los efectos de la pandemia sobre la educación que han afectado a los aprendizajes y pueden afectarles en la etapa post-COVID:
En primer lugar, hay que referirse a la brecha digital. En el período de confinamiento el problema de la brecha digital se ha hecho más evidente. El problema reside no solo en las niñas y niños sin conexión (acceso a los dispositivos
digitales), sino también a la capacidad de uso y dominio del entorno digital. Estas afectaciones son mayores en el alumnado y familias más vulnerables, pero también tienen relevancia en relación al profesorado, desigualmente preparado para hacer
frente a los retos que conlleva la educación a distancia.
En segundo lugar, la capacidad de respuesta de los centros educativos no ha podido ser la misma en todas las escuelas. En España tenemos un problema importante de segregación escolar como producto de la concentración de alumnado
desfavorecido (y en especial de alumnado de origen inmigrante) en determinados centros. En el contexto del confinamiento, el profesorado de los centros de más alta complejidad social ha tenido más dificultades para contactar y tutorizar a su
alumnado. Estas dificultades pueden haber agravado situaciones de desventaja en la educabilidad que se observan habitualmente en estos centros, que suelen conducir a mayores niveles de fracaso escolar. Los desafíos de la recuperación en estos
entornos van a ser específicos.
En tercer lugar, la crisis del coronavirus ha aumentado las desigualdades en los procesos de acompañamiento educativo, en un contexto donde el docente en el aula ha sido sustituido por la docencia a distancia. Se trata de circunstancias
excepcionales, donde las familias han tenido diferente capacidad para intervenir en ese acompañamiento, apoyando con mayor o menor eficacia e intensidad a niños y niñas. En algunos casos, las familias no han podido participar en ese acompañamiento
porque trabajaban en servicios esenciales o en sectores de elevada precariedad. En otros, la capacidad para llevar a cabo el apoyo educativo quedaba mermada por los déficits de recursos educativos y culturales dentro de esas familias. Además, el
acompañamiento es especialmente complejo en el caso de menores con trastornos de conducta o necesidades educativas especiales, en que la intervención presencial de profesionales especialistas es más insustituible.
En cuarto lugar, en muchos hogares pueden no haberse dado condiciones suficientes de educabilidad. La vulnerabilidad económica suele comprometer los aprendizajes. En condiciones de confinamiento, donde un porcentaje elevado de adultos han
perdido su empleo o han visto mermados sus ingresos es previsible que las condiciones de educabilidad también se hayan deteriorado en bastantes hogares, y muchos más niños y niñas afronten situaciones de riesgo que requieran atención especial.
También reclaman atención especial las posibles secuelas psicológicas del confinamiento, especialmente entre colectivos que han tenido que afrontar condiciones de mayor adversidad (en viviendas pequeñas y mal acondicionadas, situaciones de tensión
en el hogar provocadas por el confinamiento u otras circunstancias sociales o sanitarias, violencia en el hogar, etc.).
En este contexto, la crisis provocada por el coronavirus ha representado una merma para la acumulación de capital humano y acentúa tendencias a la desigualdad ya existentes. En la última década,
los indicadores de repetición, fracaso administrativo y abandono escolar prematuro habían mejorado sensiblemente. Pero siguen siendo peores que los que presentan la mayoría de países de nuestro entorno, lo que convierte a España en un caso
anómalo. Muchos expertos habían alertado sobre la necesidad de reforzar dispositivos adecuados que prevengan el desenganche y fracaso de los estudiantes de extracción más vulnerable. Esto requiere reforzar la atención a estos niños y niñas con
múltiples iniciativas y desde edades muy tempranas.
La incorporación a la escuela infantil 0-3 es una asignatura pendiente en sectores socioeducativos con menos recursos, donde los niños y niñas se pueden beneficiar de la estimulación cognitiva que reciben en centros que reúnen personal
suficiente y capacitado para llevarla a cabo. La educación infantil constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida, contribuyendo además a mejorar la
conciliación de la vida laboral y familiar.
También es necesario reforzar los mecanismos de atención a estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje a lo largo de sus itinerarios en la educación primaria y secundaria. Los sistemas de mentorías educativas y de atención
individualizada se han demostrado como uno de los mejores instrumentos de aceleración y compensación del aprendizaje. Los mecanismos de Orientación Escolar deben también jugar un papel de primer orden para posibilitar el aprovechamiento y
desarrollo de todos los talentos.
La reconstrucción del sistema educativo debe ser concebida como una oportunidad de completar procesos que estaban en marcha, como la digitalización de las escuelas y las universidades, el fortalecimiento de los dispositivos, la atención a la
diversidad, el reforzamiento de las enseñanzas de Formación Profesional o el impulso del sistema de becas. Pero también debe vislumbrarse como una etapa en que las exigencias que nos impone 'no dejar a nadie atrás' tras la epidemia auspicien la
incorporación al sistema educativo de nuevas o renovadas estructuras para corregir la desigualdad educativa y combatir el abandono prematuro.
En este contexto, la Universidad también tiene retos específicos para incrementar la dimensión no presencial a través de medios digitales. Es esencial que en este momento la Universidad realice una apuesta decidida por impulsar la
innovación en la docencia y la evaluación digital, en la colaboración interuniversitaria y se convierta en un agente dinamizador de un nuevo modelo económico. En el curso de este proceso la Universidad debe promover nuevas dinámicas digitales de
aprendizaje colectivas, participativas y colaborativas.
Propuestas de Resolución.
18. Políticas educativas: corrección de la brecha educativa, educar en equidad y educación especial.
18.1. Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas
en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa.
18.2. Ampliación de recursos del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y mejora de los derechos laborales de sus profesionales. Las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares
en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes.
18.3. Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 en condiciones de equidad. Elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para
todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema de educación infantil universal será de carácter gratuito y público, y se regirá por criterios de calidad, incrementando la tasa de cobertura a la vez que aumentando la ratio alumno/personal.
18.4. Aumentar profesionales especialistas en los centros ordinarios (Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Profesorado de Audición y Lenguaje, Profesores Técnicos de Servicio a la Comunidad, Trabajadores sociales u otras figuras del
trabajo social, etc.), en centros con alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y dificultades de aprendizaje.
18.5. Luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión. Apoyo a los planes específicos de las comunidades autónomas dirigidos a potenciar los
dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras y
reforzar a los centros educativos con alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías, para mejorar su calidad, resultados y atractivo.
18.6. Reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos o no disponen de material digital suficiente para realizar un seguimiento adecuado de actividades educativas en
condiciones de limitación de la enseñanza presencial. Preparar a los docentes para llevar a cabo esta instrucción digital y una supervisión tutorial de los alumnos a distancia. Reforzar la presencia de estas competencias en el currículo educativo
del alumnado en todos los niveles educativos.
18.7 (nueva). Garantizar la idoneidad de las condiciones materiales y de personal en los centros que esta nueva situación requiere, desde la seguridad e higiene de los suministros, el personal docente suficiente, equipos de limpieza,
equipos de enfermería escolar o las infraestructuras para aulas de desdobles.
18.7. Apoyar a las administraciones educativas en el diseño para el curso 2020-2021 de planes de recursos para los colegios de máxima complejidad, para que puedan incrementar las dotaciones de los equipos de personal docente y no docente
que puedan llevar a cabo el seguimiento de aquellos alumnos y familias que requieran de un apoyo social y emocional más intensivo. Consensuar, en el marco de la Conferencia Sectorial, un plan de choque de inicio del curso escolar 2020-2021 con las
comunidades autónomas y la comunidad educativa con medidas y acciones específicas para detectar las desigualdades que se hayan podido generar como consecuencia del COVID-19 y revertirlas.
18.7.1. Impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para garantizar su competencia digital y su capacidad para hacer frente a escenarios de actividad educativa no presencial.
18.7.2. Impulsar medidas para que las familias en situación de vulnerabilidad dispongan del equipamiento tecnológico necesario (hardware y software) así como fomentar la capacitación digital del alumnado y sus familias para dar respuesta a
la brecha digital.
18.7.3. Impulsar por parte de las administraciones educativas los costes indirectos de la enseñanza obligatoria (libros de texto, material escolar, transporte, comedor...) que pueden dificultar el acceso a la educación del alumnado en
situación de vulnerabilidad socioeconómica hasta conseguir su gratuidad.
18.7.4. Fomentar, de forma coordinada con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas, las actividades educativas extraescolares como pieza clave para hacer frente a los efectos emocionales de la crisis y revertir las
desigualdades educativas generadas.
18.7.5. Establecer medidas contra el acoso y el ciberacoso, especialmente por motivos de discapacidad, de orientación sexual, y de identidad de género.
18.8 (nueva). Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de refuerzo y servicios de apoyo a lo largo del curso con el fin de corregir la brecha educativa originada por la pandemia, que permita alcanzar los objetivos
y el grado de adquisición de los conocimientos y competencias esenciales de cada curso y prevenir procesos de desenganche y desafección escolar. Los programas incluirán servicios de apoyo psicosocial y psicológico.
18.8 bis (nueva). Impulsar la creación de una plataforma online con materiales y recursos compartidos que ayude a facilitar el trabajo en red del personal docente, en caso de que sea necesario volver a impartir clases a distancia. Se
elaborará contenido específico con materiales y recursos concretos para el alumnado con necesidades educativas especiales.
18.8 ter (nueva). Crear un fondo urgente para actividades socioeducativas y lúdicas en el periodo estival: después de la situación vivida y del periodo prolongado de la no asistencia en las escuelas, se han agravado las desigualdades
educativas que perjudican al alumnado con condiciones socioeconómicas más desfavorables. Por ello, es más necesario que nunca extender a los niños y niñas con situaciones más vulnerables socioeconómicamente las posibilidades de enriquecimiento
educativo a los meses de verano, no solo desde la perspectiva académica sino también, y de forma muy especial, desde la perspectiva socioemocional, lúdica y de enriquecimiento cultural.
18.9 (nueva). Crear un fondo extraordinario para becas que permitan la participación de los niños y adolescentes de familias y entornos más vulnerables, mediante becas que cubran el 100 % de los gastos de las actividades de verano, con
servicio de desayuno y almuerzo para los hijos de las familias más desfavorecidas.
18.10 (nueva). Crear un fondo económico del Estado para los centros de máxima complejidad y del alumnado desfavorecido con el fin de garantizar la gratuidad de todas las actividades complementarias y
materiales de trabajo en la educación obligatoria, al iniciar el nuevo curso escolar, en los centros públicos. Esta gratuidad debería extenderse a programación de actividades extraescolares del centro y/o del entorno; incluyendo la
gratuidad de los servicios de comedor y transporte cuando sea necesario.
18.11 (nueva). Financiar las necesidades tecnológicas de los centros para evitar desigualdades en el acceso de colegios y alumnos a dichos recursos con el fin de implementar una nueva política de digitalización en los centros con
perspectiva de futuro (formación docente, infraestructura digital, contenidos online...)
18.12 (nueva). Financiar un sistema de 'becas salario' para los jóvenes de entre 16 y 18 años de hogares desfavorecidos que se mantengan en el sistema educativo, con el objetivo de cubrir los costes directos e indirectos de la
escolarización, así como compensar el coste de oportunidades para seguir estudiando, con el objetivo de reducir el abandono escolar.
18.13 (nueva). Aportar fondos para incrementar las becas comedor y poder hacer frente a los problemas de alimentación infantil que se ven gravemente aumentados en las familias con riesgo de pobreza.
18.14 (nueva). Aportar fondos para poder financiar refuerzos emocionales y a la vez educativos en los centros de protección a la infancia, para niños y niñas y adolescentes que viven en estos centros, donde aún crece más la brecha de
desigualdad. Estos fondos y/o ayudas también podrían ser extensivos en municipios y/o barrios de ciudades en las familias con más riesgo de pobreza.
19. Universidades.
19.1. Aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades.
19.2. Reforzar los estudios universitarios en especialidades estratégicas en donde hay carencia de recursos humanos claves en la etapa post-COVID, tales como la bioingeniería y la gestión informática de las administraciones públicas.
19.3. Plan de implantación de un sistema universitario híbrido (presencial-digital).
19.4. Plan de Impulso de las instituciones universitarias como agente dinamizador de un nuevo modelo económico. Se plantean dos puntos clave:
1. Especialización de algunas enseñanzas y especialidades consideradas clave para un nuevo modelo de desarrollo basado en la innovación y en la sostenibilidad. En particular:
- una modernización pedagógica y tecnológica de las Escuelas de Magisterio, sin las cuales no se podrá realizar la adaptación de la enseñanza no universitaria a las nuevas exigencias,
- una formación del profesorado en materias relacionadas con la transición ecológica y la Agenda 2030 para transmitir capacidades transversales en esas áreas en todas las enseñanzas y
- énfasis en la interdisciplinariedad de los estudios, lo cual exige también formaciones específicas para el profesorado, con cursos de reciclaje y formación del profesorado actual. Reforzamiento de los estudios en especialidades
estratégicas en donde hay carencia de recursos humanos, tales como la bioingeniería y la gestión informática de administraciones públicas.
2. Fomento de la formación superior en zonas poco pobladas e insulares aprovechando la red de centros territoriales de la UNED, mediante el incremento de la formación a distancia con programas específicos, e incrementando actuaciones clave
que incidan en la actividad cultural y educativa (presencial) en los centros territoriales para dinamizar el tejido social y empresarial.
19.5 (nueva). Desarrollar un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal docente e investigador (PDI) que se convoquen en las universidades públicas españolas.
20 (nueva). Deportes.
20.1. Elaborar, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Comité Olímpico Español un plan para garantizar que los deportistas olímpicos que representan a España en los Juegos Olímpicos de
Tokio puedan seguir entrenando en caso de eventuales rebrotes de COVID-19 en España.
20.2. Evaluar las posibilidades para que los eventos deportivos profesionales puedan contar con público una vez se reanuden las competiciones oficiales del curso 2020-2021, un protocolo para la vuelta del público a eventos deportivos que
deberá contemplar todas las medidas que se consideren oportunas para garantizar la seguridad de los aficionados, deportistas y demás profesionales que participan en estos eventos.
20.3. Impulsar una nueva Ley del Deporte, que permita adaptar nuestra regulación a la realidad del deporte actual, reconociendo el deporte como un derecho de ciudadanía e incorporando medidas específicas relativas al deporte femenino y al
deporte inclusivo.
20.4. Garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en el ámbito deportivo, impulsando, entre otras medidas:
20.4.1. El fomento del deporte femenino y la participación de la mujer en el ámbito deportivo. En particular, el Consejo Superior de Deportes acordará que la Primera División Femenina se califique como 'competición profesional' a todos los
efectos.
20.4.2. La prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de deportistas profesionales, y el mantenimiento de la categoría profesional que viniese disfrutando la deportista inalterada durante los cuatro años siguientes al
nacimiento del hijo.
20.4.3. La igualdad de los premios que reciban las categorías de cada sexo en competiciones deportivas que sean promovidas o financiadas por las administraciones públicas.
CONCLUSIONES
UNIÓN EUROPEA
La crisis global de salud pública que vivimos por la amenaza del COVID-19 se ha mostrado en toda su crudeza como la mayor amenaza que sufre Europa desde la II Guerra Mundial, justo cuando se cumplen 70 años de la Declaración de Schuman. Al
igual que en 1950, nuestra ambición debe estar a la altura de los desafíos del presente.
Las últimas perspectivas económicas presentadas por la Comisión Europea a principios de mayo muestran que la economía ha sufrido un duro golpe debido a la crisis sanitaria del COVID-19: la economía de la Unión Europea se contraerá al menos
en un 7,4 % en 2020, una caída significativamente peor a la que sufrimos en 2009.
La pandemia del COVID-19 constituye un desafío sin precedentes para Europa y el mundo que exige una actuación urgente, decidida a escala global, de la Unión Europea, nacional, regional y local. Este esfuerzo debe estar orientado a la
recuperación social y económica medioambientalmente sostenible y al impulso definitivo por la investigación y la ciencia.
La nueva situación mundial nos obliga a afrontar enormes desafíos. En el ámbito nacional y, sin lugar a dudas, en la Unión Europea. El orden global que hemos conocido hasta ahora, basado en un marco de reglas y normas internacionales
comúnmente aceptadas y desarrolladas a través de instituciones multilaterales sólidas, en el respeto a los derechos humanos de todos y todas y de los derechos de las minorías, en el libre comercio y en el fomento de la integración regional, estaba
ya fuertemente cuestionado.
Europa es un proyecto histórico que, a la vista de la pandemia, debe reforzar su compromiso con los valores de la democracia liberal de todos sus Estados miembros, a partir de la defensa de la tolerancia, el respeto al pluralismo político,
la justicia, y la equidad.
El momento es extremadamente complejo, pero ofrece a la Unión Europea una oportunidad de reconstrucción solidaria que integre de manera decisiva la cohesión económica, social y territorial, y la sostenibilidad, la inclusión y la
digitalización, así como un mayor desarrollo de su pilar social reforzando la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. Una Unión que salga fortalecida de la crisis del COVID-19 podrá afrontar los desafíos geopolíticos de nuestro siglo e
impulsar la cooperación internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por Naciones Unidas.
España debería impulsar una Europa más democrática, libre, competitiva, solidaria, verde y social, es decir, una Unión Europea más comprometida con la reducción de las desigualdades, la precariedad y la pobreza.
A esos efectos, los próximos meses ofrecen dos oportunidades. La primera, la estructura, orientación, cuantía y gestión del plan de recuperación, que debe expresar estos valores. La segunda, la Conferencia sobre el Futuro de Europa en la
que España debe comprometerse a impulsar las reformas necesarias para avanzar hacia una verdadera Federación Europea con una articulación institucional más democrática, participativa, transparente y próxima a la ciudadanía. En esas condiciones
debemos avanzar hacia una Europa solidaria, que se centre en las personas y la lucha contra la precariedad, la exclusión y la pobreza, verde, humanista, que impulse un desarrollo económico con desarrollo social, más federal, próxima a la ciudadanía
y basada en la suma de nuestra diversidad.
Estas propuestas deben incardinarse en las prioridades señaladas por la Comisión Europea, a saber, el Pacto Verde Europeo como estrategia de recuperación de la Unión Europea, el refuerzo del mercado único y su adaptación a la era digital,
una justa e inclusiva para todos.
El objetivo de la Unión Europea tiene que ser el crecimiento económico, en un marco que favorezca la inserción laboral, la competitividad industrial y del sector de servicios, así como la lucha contra la evasión fiscal; en línea con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La crisis provocada por el COVID-19 nos obliga a repensar un modelo económico con unas reglas de juego que deben adaptarse a un mundo dinámico, más competitivo, más global y más polarizado que deberemos enfrentar con una visión más europea.
España tiene que salir reforzada en su posición de Estado miembro de la Unión Europea, del mismo modo que Europa tiene que ser más fuerte en España tras la pandemia, mediante una acción responsable y transparente que consolide el sentimiento
europeísta de los españoles.
Propuestas de Resolución:
BLOQUE 1. MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA
1. A. MEDIDAS URGENTES
1. Impulsar un Marco Financiero Plurianual ambicioso y adaptado para afrontar las circunstancias extraordinarias generadas por el COVID-19, que tenga en cuenta los países y sectores más afectados por la pandemia en sus distintos programas y
prioridades y que integre plenamente los objetivos europeos de transición justa, sostenibilidad, protección e inclusión social y digitalización. A su vez, el Marco Financiero Plurianual debe reforzar las dotaciones de las dos políticas
tradicionales, la Política Agrícola Común y la Política de cohesión, que son claves para reforzar la resiliencia de nuestras sociedades.
1 bis (nuevo). Impulsar y facilitar inversiones interregionales en materia de innovación en áreas de especialización inteligente, de manera especial a través de pymes.
1 ter (nuevo). Impulsar con vigor la visión regional y el principio de subsidiariedad en la definición de las políticas y fondos de la Unión Europea.
1 quáter (nuevo). Las instituciones autonómicas transpondrán, desarrollarán y ejecutarán el derecho y políticas de la Unión Europea, incluida la gestión de los fondos europeos, en el ámbito de sus competencias y de los mecanismos de
colaboración que al efecto se establezcan cuando la ejecución de aquel derecho y políticas requiera medidas de alcance superior al territorio de alguna de aquellas.
2. Acelerar la ratificación y puesta en marcha de los instrumentos financieros promovidos desde el Eurogrupo, que constituyen una gran red de seguridad europea para ayudar a los Estados miembros a contener los efectos de la pandemia: el
instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency, SURE) para apoyar a los desempleados, la línea COVID-19 del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para
apoyar a los Estados y el Fondo de Garantías del Banco Europeo de Inversión (BEI) para apoyar a las empresas. Todo ello sin olvidar que el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad tanto en cada Estado miembro como en el conjunto de los
27 se han de convertir en piezas indeclinables sobre las que configurar el presente y futuro de la Unión Europea.
2 bis (nueva). Las comunidades autónomas contribuyen con su actividad al desarrollo y al buen funcionamiento de las relaciones institucionales entre los diferentes niveles de gobierno en que se articula la Unión Europea y al fortalecimiento
del proyecto político de integración de esta. Ello es singularmente importante en el momento presente por estar llamada la Unión Europea con sus políticas a jugar un papel relevante en la superación de los efectos económicos y sociales de la
pandemia producida por
el COVID-19, y en el establecimiento de mecanismos que ayuden a neutralizar, superar y paliar sucesos sanitarios futuros iguales o similares al que hoy sufrimos.
3. Negociar la aprobación del Fondo de Recuperación europeo con una capacidad de movilización de recursos suficientes y a la altura del reto del COVID-19 basado en préstamos y transferencias y destinado a la reactivación rápida de los
países y sectores más golpeados por la pandemia. El Fondo de Recuperación financiará Planes de Inversiones y Reformas en los diferentes Estados miembros para cuya implementación se tendrá en cuenta el principio de subsidiariedad, con la
participación de comunidades autónomas y ciudades autónomas y entes locales dentro de sus competencias. El Gobierno español ha aprobado y sigue aprobando importantes reformas transformadoras, que mejoran el crecimiento potencial, la cohesión y la
resiliencia de nuestra economía. Estas transformaciones serán puestas en valor en el Plan de Inversiones y Reformas que se envíe a Bruselas.
3 bis (nueva). Una vez que se llegue a un acuerdo en el ámbito europeo sobre el Plan de Recuperación y el mecanismo Next Generation EU, el Gobierno impulsará mecanismos para la participación de las comunidades autónomas en la gestión de
fondos que provengan del mismo.
4. Identificar los sectores y las regiones y territorios más golpeados por la crisis, especialmente los que más han sufrido las restricciones de movilidad y los imperativos de distanciamiento social, así como a las pequeñas y medianas
empresas y proponer líneas de apoyo para ellos en el marco del fondo de recuperación europeo.
El tejido empresarial e industrial español necesita urgentemente el paquete de ayudas anunciado por la Comisión Europea para facilitar una mayor liquidez que les permita afrontar primero el impacto de la crisis y posicionarse después de cara
a la recuperación económica.
Hay que estimular la colaboración público-privada a nivel europeo: la buena relación que exista entre ambas esferas va a ser clave para que se produzca una recuperación económica sólida.
El sector turístico, por ser uno de los más afectados económicamente, va a requerir parte de las ayudas, y que se pueda acceder a ellas cuanto antes y con las menores trabas burocráticas posibles.
Hay que relanzar el sector español de exportación mediante reformas para mejorar la competitividad y contar con el apoyo de la Comisión con el fin de conseguir nuevos acuerdos comerciales.
Las pequeñas y medianas empresas -en la que se basa nuestra economía- han sufrido las peores consecuencias de la pandemia, y requieren de una ayuda rápida y sin trabas burocráticas. El tejido empresarial industrial necesita que se
materialice de forma urgente el paquete de ayudas que anuncia la Comisión, facilitando una mayor liquidez para las empresas y pymes que les permita superar este momento de crisis y las prepare para afrontar un periodo de recuperación largo e
incierto.
4 bis (nueva). Acordar con todos los agentes las estrategias de transformación digital enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que debe realizar España y que incluya los siguientes principios rectores: formación en
competencias digitales para estudiantes y profesionales, digitalización de la Administración, fomento del teletrabajo como herramienta para la conciliación e infraestructuras digitales para la conectividad de todo el territorio.
4 ter (nueva). Atender las aportaciones de todos los agentes, dentro de los cauces de participación pública previstos, para elaborar las estrategias vinculadas con la agenda verde enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que
debe realizar España y que incluya los siguientes principios rectores: apuesta por un marco jurídico estable para la atracción de inversiones en energías renovables, fomento de la innovación en alternativas sostenibles, con especial atención a la
movilidad libre de emisiones y la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, el refuerzo de la inversión en adaptación al cambio climático, prevención de desastres y protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
4 quáter (nueva). Apostar por la formación como clave de la recuperación y la necesidad de formar personas en nuevas habilidades y competencias adaptadas a la economía circular. Crear una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje a lo
largo de toda la vida profesional que conecte conocimiento, preparación y experiencia de las personas con las nuevas canteras de empleo.
5. Coordinar con los socios europeos las medidas necesarias que permitan restaurar la libre circulación con garantías de seguridad en fronteras internas y externas espacio Schengen, teniendo en cuenta las necesidades de las zonas
transfronterizas, y acompañar los esfuerzos realizados a nivel europeo para defender el espacio de libre movimiento mediante la creación de un mecanismo de supervisión del espacio Schengen que evite posibles abusos de la prerrogativa de los Estados
miembros para decretar cierres de fronteras dentro de la Unión Europea y que ponen en peligro la integridad del mercado interior y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos. Tras el parón
económico y el cierre de las fronteras forzado por la pandemia, la economía europea debe mantenerse como una economía abierta al resto del mundo y para ello es fundamental que prosiga el trabajo de eliminación de las barreras al libre
comercio, asegurando que este se produzca de manera justa, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Elaborar junto a nuestros socios europeos, a fin de evitar disrupciones en el mercado interior, protocolos comunes de actuación para sectores como la hostelería, la restauración y otros relacionados con el ocio y el turismo que permitan
combinar la protección de la salud con el impulso a la sostenibilidad y con la rentabilidad económica de las empresas del sector. Establecer así un espacio turístico único europeo, la 'Marca Europa', basado en los siguientes pilares: el
establecimiento de protocolos de calidad y seguridad comunes; la no-discriminación entre territorios dentro del espacio de libre movimiento; apertura coordinada de fronteras al exterior y promoción de la Unión Europea como destino turístico seguro
a nivel mundial para recuperar la normalidad de los flujos turísticos de manera sostenida.
7. Defender el equilibrio en los mercados, la sana y justa competencia y las normas de cohesión regional como elementos centrales del funcionamiento del mercado interior. La flexibilización del marco europeo de ayudas de Estado, aunque
necesario, está distorsionando las reglas de competencia en Europa en favor de los países más grandes y con mayor capacidad fiscal, agrandando la brecha entre países y regiones ricos y pobres. España defenderá la puesta en marcha inmediata de
instrumentos financieros europeos para ayudar a las empresas con problemas de solvencia y la prohibición de deslocalizaciones de empresas hacia aquellos Estados que más ayudas ofrecen. Igualmente profundizará su apuesta por la lucha contra la
elusión fiscal, la economía sumergida por su impacto sobre la recaudación y la regulación del mercado laboral.
7 bis (nueva). Evaluar el impacto a nivel europeo de las medidas adoptadas durante el período de excepcionalidad sobre los equilibrios democráticos y los derechos sociales, laborales y civiles, adoptando mecanismos de control para evitar
retrocesos en estas materias ante nuevos escenarios de excepcionalidad.
7 ter (nueva). Elaborar un Plan de difusión y explicación a los potenciales demandantes, de las oportunidades que ofrecen los tradicionales y los nuevos instrumentos y mecanismos propuestos por la Comisión Europea.
7 quáter (nueva). Preparar un Plan Nacional de Recuperación realista detectando las necesidades y adaptado a las prioridades señaladas por la Comisión Europea. En su adopción, debe respetarse el principio de subsidiariedad y distribución
competencial. Debe tratarse de un Plan Nacional de Recuperación que incentive la credibilidad.
7 quinquies (nueva). Adoptar las medidas necesarias para mejorar el aprovechamiento de fondos europeos por parte de España, analizando los casos en los que esta absorción ha sido deficiente y las causas de esta. Debe existir coordinación y
cooperación a todos los niveles entre las administraciones que gestionan los mismos.
13. Desarrollar el pilar social de la Unión Europea como una de sus prioridades básicas en pie de igualdad con los pilares económico y monetario, impulsando el empleo juvenil, el seguro europeo de desempleo, el salario mínimo
interprofesional europeo, un instrumento europeo sobre Ingreso Mínimo Vital o una Estrategia Europea de Combate contra la Pobreza y para la Igualdad de Género, reforzando la Garantía Juvenil y poniendo en marcha una Garantía Infantil.
La Unión Europea post COVID-19 debe incluir entre sus prioridades un auténtico pilar social. La estrategia de salida y recuperación europea debe contemplar como meta el desarrollo social, sus derechos y deberes.
23. Garantizar que la Política Agraria Común (PAC), así como la Política Pesquera Común (PPC), cuenten con los recursos necesarios para amortiguar los efectos que el COVID-19 ha tenido en nuestro sector primario, asegurando su evolución
hacia la agroecología y conforme a las políticas de lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad y producción saludable, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones y a los jóvenes agricultores. En relación con
las empresas del sector agrario, se deben adoptar medidas de apoyo a los agricultores para facilitar su gestión de efectivo. También necesitan que se reduzca la carga administrativa.
Nuestra agricultura y nuestra pesca han garantizado el abastecimiento de alimentos durante la crisis: son un sector estratégico, igual que el digital, energético o el sanitario, cuya defensa y fortalecimiento constituyen una prioridad
absoluta para España. Garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos es una prioridad compartida por los Estados miembros y la propia Unión Europea, por eso hay
que apoyar a agricultores y pescadores utilizando los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) y el Fondo Europeo de Pesca Marítima.
La Política Agrícola Común (PAC) deberá establecer la instauración de derechos y ayudas financieras específicas, directas o estructurales, a nuevos pobladores del mundo rural facilitando su acceso a la actividad agraria, ganadera y pesquera
o a la agroindustria.
La Política Agrícola Común (PAC) será también una política de alimentación común y promoverá una alimentación sana, sostenible y respetuosa con los animales, favoreciendo alimentos producidos de km 0, ecológicos, de temporada, sin
sufrimiento animal, diversificados y con mayor proporción de proteínas vegetales en la dieta.
1. B. MEDIDAS A MEDIO PLAZO QUE PROPICIEN UNA PROSPERIDAD ROBUSTA, SOSTENIBLE Y JUSTA DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS, PARA SUPERAR RÁPIDAMENTE LA CRISIS DEL COVID-19
8. Culminar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria mediante el establecimiento de un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos que proporcione protección a los ahorros de las ciudadanas y de los ciudadanos y complete el
establecimiento de la Unión Bancaria, así como un Sistema Europeo de Seguro de Desempleo que complemente los sistemas nacionales y sirva de estabilizador anticíclico.
Es necesario reconocer el papel decisivo de la Política Monetaria Común estructurada en torno al euro por el papel protector que ejerce la moneda única sobre los países más vulnerables y más duramente golpeados por la crisis.
9. Avanzar en una Unión de Mercado de Capitales que permita que el crédito llegue a empresas, especialmente a las pymes, a menor tipo de interés, y contribuya así al crecimiento. El Plan de recuperación debe incluir medidas dirigidas a
fomentar la inversión privada mediante el programa InvestEU.
10. Apoyar la propuesta de obtención de recursos propios elaborada por la Comisión Europea que incluye la implantación de un impuesto al CO2 en frontera como mecanismo eficaz de lucha contra el cambio climático y el dumping ambiental que
sufren las empresas establecidas en la Unión Europea.
11. Apoyar la propuesta de creación de una tasa por servicios digitales a nivel europeo, así como también apoyar la propuesta de creación de una tasa a las transacciones financieras en el mismo ámbito europeo.
12. Tomar en consideración la posibilidad de impulsar una directiva de Diligencia Debida en Derechos Humanos para las actividades de las multinacionales europeas, sus cadenas de suministro y subcontratación.
12 bis (nueva). Apoyar condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19 negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el Acuerdo
climático de París y la Agenda 2030.
13. (pasada al bloque 1.a)
14. Impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades con el objetivo de preservar el mercado interior europeo eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones. La lucha contra los paraísos
fiscales y jurisdicciones que practiquen la elusión y el dumping fiscal será una de las prioridades en el seno de la Unión Europea.
15. Proponer los cambios institucionales necesarios para eliminar el requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política fiscal europea.
15 bis (nueva). Elaborar un Plan contra la elusión fiscal asociada a las empresas trasnacionales del sector financiero y digital.
16. Reforzar la gobernanza fiscal de la Unión Europea mediante la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacerlo más sencillo, comprensible y flexible de manera que permita inversiones esenciales para la transición ecológica de
toda la economía europea. Una vez pasado lo peor de la crisis del COVID-19 y consolidada la recuperación del crecimiento económico, la Comisión Europea deberá volver a activar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido durante
la crisis. Los futuros planes de consolidación fiscal deberán ser graduales, predecibles y a un ritmo que acompase la recuperación económica. España mantiene su compromiso con el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
con el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del nivel de deuda pública.
17. Impulsar medidas que regulen la compra de empresas de la Unión Europea por parte de compañías no europeas que reciben subsidios públicos, con especial atención a los sectores estratégicos.
18. Elaborar una política común en el ámbito de las redes digitales, en particular la extensión del 5G, considerando su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no acrecentar la brecha digital entre territorios.
18 bis (nueva). Comprometerse con las políticas europeas que fomentan un cambio en el paradigma de movilidad para hacerla integrada, inteligente y sostenible. A esos efectos, apoyar la industria europea del transporte, la automoción, la de
construcción naval y el ferrocarril. Completar los compromisos adquiridos para completar las infraestructuras que conforman la red básica transeuropea de transporte (TEN-T), incluidas sus vertientes digital (red galileo) y las conexiones
energéticas, especialmente entre los países periféricos.
19. Impulsar políticas comunitarias que favorezcan la convergencia económica y social, la cohesión territorial, la agricultura sostenible, la reindustrialización y la competitividad y que integren plenamente el objetivo europeo de
transición ecológica justa contra el cambio climático y pongan en valor el papel de la economía social como motor para regenerar el tejido social y económico de la Unión, así como el impulso y desarrollo de las ciudades medianas y pequeñas
localizadas en áreas con pérdida paulatina de población.
20. Elaborar planes ambiciosos y adecuadamente financiados para asegurar que la salida de la crisis se produce manteniendo y generando empleo sobre todo de calidad, en sectores relacionados con la transición ecológica, la agricultura
sostenible, la adaptación a los impactos del cambio climático, el sistema asistencial y la transformación digital.
20 bis (nueva). El Plan de Recuperación debe servir para impulsar medidas para luchar contra el desempleo, uno de los principales problemas estructurales que sufre España. Las ayudas del Fondo son una oportunidad para reducir la
precariedad del mercado de trabajo y la brecha entre los empleos fijos de calidad y los temporales precarios, disminuir el elevado paro juvenil, incrementar la tasa de empleo femenino, y reducir el riesgo de destrucción de empleo en situaciones
adversas.
Es necesario impulsar las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, y apoyar el I+D+i e incrementar las ayudas a las pymes, startups, emprendedores y trabajadores autónomos, con el fin de adaptar nuestro país a las nuevas
necesidades sociales y a los nuevos retos de la Revolución Digital. En buena medida, estos ambiciosos objetivos establecidos por la Unión Europea dependen de tecnologías que aún no existen y requerirán que se dediquen partidas económicas que
garanticen su desarrollo. Sin los medios apropiados estamos condenados a fracasar en alcanzar tales objetivos.
21. Acordar, desarrollar y aplicar los elementos centrales del Pacto Verde, de la Agenda de Digitalización Europea, así como de la Agenda Europea de Innovación, para impulsar una economía europea más competitiva. Hay que tener muy presente
que los compromisos contenidos en el Pacto Verde provocarán la revolución tecnológica más importante desde que se puso en marcha la Unión Europea: implican grandes inversiones que van a transformar nuestra economía y serán una oportunidad para
modernizar nuestra industria y prepararla para competir mejor. Supondrán, en definitiva, grandes oportunidades de crecimiento y de creación de empleo.
21 bis (nueva). Impulsar la autonomía estratégica en el ámbito productivo a través de un proceso de reindustrialización de las regiones europeas menos industrializadas, apostando firmemente por los productos de alto valor añadido y el
desarrollo del I+D+i europeo.
22. Avanzar decididamente en la integración transversal en las políticas de la Unión Europea del objetivo de igualdad de género e igualdad salarial efectiva, así como en políticas económicas de cuidados. Promover programas que tengan la
consideración de inversión para la incorporación de talento juvenil y femenino al sistema productivo combatiendo la discriminación. Apoyar la tramitación de la Directiva de igualdad en los consejos de administración.
23. (pasada al bloque 1.a)
23 bis (nueva). Analizar y valorar todos los posibles impactos ambientales, sociales y económicos, y la incidencia en la cadena de valor del sector agroalimentario, entre otros, que pueden traer consigo los Tratados de libre comercio, por
lo que antes de ser ratificados se deberán elaborar los necesarios informes de efectos.
24. Impulsar planes y ayudas específicas de recuperación tras el COVID-19 para las zonas despobladas o en proceso de despoblación, islas y regiones ultraperiféricas. Adoptar medidas que apuesten por la digitalización y el acceso a la banda
ancha en estas zonas, así como una adecuada cobertura sanitaria, educativa y de servicios sociales. Para las regiones ultraperiféricas es vital garantizar la conservación de la actividad agroganadera y por esta razón se deben mantener y reforzar
las ayudas
agrícolas en el marco del programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Asimismo, garantizar la orientación de los fondos europeos para reconstrucción hacia políticas de igualdad que aseguren en los territorios
rurales la atracción de población y la adecuada dotación en todos ellos de infraestructuras, equipamientos y suministros esenciales, así como el acceso a la vivienda mediante planes de vivienda rural, el mantenimiento y mejora de la educación, la
sanidad y la asistencia a la dependencia, la cobertura de internet y telefonía móvil de altas prestaciones en condiciones equiparables a las de las ciudades y la eficaz movilidad de las personas. También hacia políticas de igualdad de género que
actúen sobre las condiciones de vida de las mujeres en las zonas afectadas por la despoblación, desarrollando estrategias específicas para su despliegue en condiciones de equidad.
Las Regiones Ultra Periféricas (RUP) necesitan una mayor financiación -que debe quedar recogida en el Marco Financiero Plurianual- para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia en sus esfuerzos para hacer frente al cambio
climático, proteger la biodiversidad, introducir la economía circular e impulsar la energía renovable.
24 bis (nueva). Defender la puesta en marcha de un plan específico de recuperación para el turismo basado en la formación, la digitalización, la innovación, la promoción de nuevos emprendimientos basados en el turismo de la experiencia y el
desarrollo de un sello turístico que identifique las ofertas europeas de calidad.
25. Incluir la despoblación como variable para un mejor reparto de fondos europeos entre los territorios y en la financiación del Estado a las comunidades autónomas, planteando además una estrategia de recuperación que atienda a las
necesidades específicas de las zonas rurales y escasamente pobladas a través de un Pacto de Estado contra la Despoblación, contemplando la posibilidad de reconocer una discriminación positiva para ellas, y dedicando los recursos necesarios para
garantizar la conectividad física y digital de estas zonas, servicios sanitarios y de atención adecuados para su demografía, y oportunidades educativas y laborales para evitar la fuga de talento forzada por parte de la población joven.
Los reglamentos de los Fondos Estructurales deberán establecer ayudas financieras suplementarias y la posibilidad para los Estados miembros con graves problemas de despoblación en algunos de sus territorios o zonas geográficas determinadas,
de adoptar beneficios fiscales o rebajas de las cotizaciones sociales a los ciudadanos que residan en dichos territorios.
Los fondos europeos se aplicarán eficazmente mediante planes de desarrollo rural que, sin perjuicio de las políticas de la Política Agrícola Común (PAC), apuesten decididamente por el desarrollo de los sectores secundario y terciario,
favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores, generen y atraigan talento profesional e incentiven el emprendimiento en el medio rural con medidas y enfoques adaptados a la realidad rural y pilotados por agencias especializadas de desarrollo de
los territorios más deprimidos y que apoyen y orienten a los grupos de acción local, que deben ser potenciados y revitalizados.
Asimismo, se establecerá un Mecanismo Rural de Garantía (evaluación de impacto rural de toda la normativa actualmente en vigor y futura) para adecuarla a la realidad del medio rural y contemplar la introducción de incentivos fiscales
específicos que estimulen el emprendimiento y la actividad económica en estas áreas.
25 bis (nueva). Estudiar en el marco de la Comisión Europea o, en su caso, con otros Estados miembros que muestren posiciones favorables, la creación de un impuesto al queroseno.
25 ter (nueva). Garantizar la protección de la biodiversidad, incluyéndola en los Tratados comerciales y en las inversiones, como elemento necesario para disminuir el riesgo para la salud global frente a nuevas pandemias.
BLOQUE 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL PLANO INTERNACIONAL PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19
26. Avanzar hacia una Unión Sanitaria que haga que la Unión Europea sea capaz de afrontar posibles rebrotes del COVID-19 o futuras pandemias, bien mediante reforma de los Tratados o mediante cooperación reforzada. Reforzar el papel y la
eficacia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), para que pueda realizar pruebas de estrés a los sistemas sanitarios nacionales, establecer metodologías para la recopilación y
tratamiento de datos de forma homogénea a nivel europeo, y emitir recomendaciones a las autoridades competentes sobre reformas necesarias para mejorar nuestra capacidad de responder ante posibles emergencias sanitarias.
La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de competencias ejecutivas y presupuestarias de la Comisión para afrontar la crisis sanitaria del COVID-19. La Unión Europea necesita reforzarse con nuevas competencias que permitan coordinar una
respuesta a escala europea ante amenazas para la salud transfronterizas, dirigiendo los recursos precisos -organizativos, materiales o financieros- a donde sean más necesarios. Urge encontrar el consenso necesario para crear una 'European Union for
Health', una verdadera Unión Europea Sanitaria que facilite el proceso de toma de decisiones en todas las cuestiones que puedan contribuir a hacer frente a los retos de la actual crisis sanitaria. Es imprescindible que se desarrolle un protocolo
para responder de forma común y coordinada ante cualquier tipo de crisis sanitaria global.
26 bis (nueva). Establecer un Plan para la Prevención de Riesgos Naturales a nivel europeo: pandemias, cambio climático, inundaciones, incendios, etc.
27. Suprimido.
28. Suprimido.
29. Suprimido.
30. Mejorar la coordinación de los recursos asegurando una división eficiente del trabajo entre los países de la Unión Europea para optimizar la producción europea de insumos sanitarios necesarios para dar respuesta a futuras epidemias.
31. Establecer listas europeas de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios básicos para los cuales se requerirán existencias básicas a nivel Europeo, creando un fondo común y mecanismos de coordinación y reparto.
32. Identificar las industrias de producción de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios a nivel europeo y sus tiempos de producción ante futuras epidemias.
33. Evaluar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y dotarlo de los medios y el mandato necesario para actuar eficazmente frente a futuras catástrofes y epidemias, coordinando la distribución de medicamentos, vacunas, equipamientos e
insumos sanitarios entre los Estados miembros.
34. Potenciar la inversión en investigación y desarrollo a escala europea para mejorar el conocimiento científico de epidemias emergentes, mejorar la conexión entre ciencia y producción europea y reforzar las decisiones sanitarias basadas
en la evidencia científica, en la medición y en la evaluación, especialmente en salud pública.
35. Mejorar la coordinación en investigación y desarrollo a nivel europeo, con el nivel internacional e iniciativas como ACT Accelerator (ACT-A initiative), garantizando la participación de España en todos los esfuerzos para adquirir y
distribuir de forma centralizada a nivel europeo una vacuna contra el COVID-19, promocionando la participación de centros de investigación y científicos españoles en dichos esfuerzos y asegurando una cooperación fluida entre la industria, la
universidad y las instituciones públicas.
36. Apoyar los estudios que ayuden a comprender y anticipar el comportamiento humano y la respuesta de las instituciones en casos de gobernanza adaptativa ante eventuales epidemias. Impulsar la interdisciplinaridad en las ciencias de salud
pública con el fin de que sus análisis incorporen la perspectiva social y humanista.
37. Evaluar los procedimientos de compra pública europea de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios ante epidemias.
38. Diversificar las cadenas de producción y distribución de productos reduciendo la dependencia europea de distribuidores únicos, incentivando en el corto plazo la relocalización de partes esenciales de las cadenas de valor globales al
territorio europeo, especialmente en sectores esenciales en la respuesta a epidemias.
39. Suprimido.
40. Adoptar medidas para evitar reacciones proteccionistas ante eventos epidémicos a nivel internacional y entre Estados miembros, incluyendo países candidatos.
41. Análisis de las posibilidades de las nuevas tecnologías para el rastreo de contactos y prevención de contagios de forma compatible con los estándares de privacidad y protección de datos, derechos fundamentales y derechos de los
consumidores vigentes. La Unión Europea debe poner en valor su potencial económico y normativo al igual que sus altos estándares en la protección de datos para asociar a terceros Estados en el desarrollo de tecnologías de lucha contra el COVID-19,
quedando los datos almacenados en territorio europeo como mejor garantía frente a su uso no autorizado.
42. Mejorar los mecanismos europeos de protección y control ante catástrofes mediante la creación de un Cuerpo Europeo de Emergencias, siguiendo el modelo de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
española, enmarcada en el nuevo Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (RescEU), y que tenga como objetivo complementar las capacidades nacionales de los Estados miembros en materia de prevención y respuesta de emergencias, al que
España deberá contribuir de forma generosa con recursos económicos y humanos.
42 bis (nueva). Analizar el efecto de las medidas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea para combatir el COVID-19 en relación al respeto del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos.
42 ter (nueva). Potencian el seno de la Unión Europea un concepto holístico de seguridad humana que ponga a las personas como eje estratégico.
BLOQUE 3. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA Y LA EXPRESIÓN EXTERIOR DE LOS VALORES DE LA UNIÓN
43. Impulsar el liderazgo de la Unión Europea en el contexto internacional basado en el multilateralismo y en una globalización regulada que asegure el desarrollo económico y el comercio internacional abierto, justo y equitativo; la
regularización de la economía financiera y los derechos laborales, la reducción de las desigualdades y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los valores europeos de paz, derechos humanos y de las minorías, equidad
de género, democracia liberal, justicia social, solidaridad y sostenibilidad ambiental.
43 bis (nueva). Adoptar un nuevo enfoque de seguridad situando en el centro a las personas y sus condiciones de vida, poniendo especial atención al respeto a los derechos humanos.
44. Liderar la construcción de una arquitectura institucional multinacional acorde con la dimensión de los retos globales basada en el actual Sistema de Naciones Unidas y que potencie el mandato de sus organizaciones, incluyendo la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
45. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas en materia de democracia y derechos humanos recogidos en los Tratados europeos e instrumentos internacionales e integrar la defensa de los mismos y del principio de no
discriminación tanto en la política interior y el reparto de fondos europeos destinados a la reactivación social y económica en respuesta al COVID-19, como en la política exterior europea.
45 bis (nueva). Elaborar una política europea de acogida de personas refugiadas que tenga en el centro el respeto a las Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos, que tome en consideración a las ONG que trabajan sobre el
terreno y que persiga la coherencia con las actuaciones en el país de origen.
46. Proponer los cambios institucionales necesarios para eliminar el requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política exterior y de seguridad europea.
47. Proponer los cambios políticos e institucionales necesarios para avanzar en la Autonomía Estratégica de la Unión Europea que garantice la protección e independencia de los intereses de la Unión Europea ante nuevos retos y amenazas.
48. Potenciar la autonomía digital de la Unión Europea reduciendo nuestra dependencia tecnológica. La pandemia ha evidenciado que existe una brecha digital que los Estados deben cerrar con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades.
49. Potenciar el despliegue de la cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea con el fin de favorecer el crecimiento económico sostenible y social de los países en desarrollo, combatiendo el COVID-19 y sus consecuencias
socioeconómicas en el marco de la Agenda 2030 y apoyando iniciativas como TeamEurope.
50. Evitar que, debido a la crisis del COVID-19, se relajen los esfuerzos de lucha contra otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH y la tuberculosis u otras crisis sanitarias en el marco de la cooperación internacional.
51. Liderar, en el marco de la Unión Europea, iniciativas dirigidas a garantizar la financiación de la lucha mundial, justa y sostenible contra el COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas para países de renta baja y media, especialmente
en América Latina y África.
52. Liderar en el seno de la Unión Europea la implementación de un concepto de 'salud compartida' que aúne las dimensiones medioambientales, económicas, sociales y de seguridad de la salud pública.
53. La Unión Europea y sus Estados miembros deben generar la voluntad política necesaria a nivel global en foros como el G20 y el G7 para promover la canalización de recursos destinados al robustecimiento de los sistemas nacionales de salud
a través de las instituciones financieras internacionales.
54. Incluir compromisos más avanzados en materia de cooperación sanitaria en los nuevos acuerdos de la Unión Europea con terceros Estados o en aquellos vigentes cuando se renueven.
54 bis (nueva). A nivel europeo e internacional, promover el reconocimiento de un estatus para los bienes naturales globales.
55. Asegurar que la cooperación con el Reino Unido en todos los ámbitos se mantiene estrecha pese a la salida de este país de la Unión Europea, apostando por hacer los flujos de personas, mercancías y servicios entre el Reino Unido y España
más seguros y aprovechando esta oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar. Promover un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que defienda los intereses de España en relación con el Reino Unido y sea, por
tanto, ambicioso, justo, equitativo y centrado en la protección de los derechos de los ciudadanos.
56. Suprimido.
57. Potenciar el papel de España como nexo entre la Unión Europea y América Latina, entre la Unión Europea y el Mediterráneo, y entre la Unión Europea y África.
58. Incrementar la presencia de España en la relación de la Unión Europea con los países candidatos a la adhesión, con la Vecindad Sur y la Vecindad Oriental.
59. Impulsar una nueva política de migración y asilo europea eficaz y basada en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, con un sistema europeo de asilo común que asegure el establecimiento
de canales legales y seguros, medidas de lucha contra las mafias y el tráfico de personas, la protección internacional efectiva de las personas refugiadas y una asunción solidaria de las responsabilidades entre los Estados miembros. La Unión
Europea debe reforzar la dimensión exterior de su política migratoria mediante la cooperación con los países de origen o de tránsito migratorio.
Durante una crisis sanitaria, aumentar urgentemente la reubicación de los solicitantes de asilo de los primeros países de llegada para evitar el hacinamiento sin garantías sanitarias en los países receptores.
59 bis (nueva). Analizar los efectos del COVID-19 en las personas migrantes y/o solicitantes de asilo y adoptar medidas específicas e inmediatas para paliar sus efectos.
60. Potenciar la diplomacia cultural europea como herramienta de acción exterior europea. Apoyar el programa Europa Creativa para dar aliento a las empresas culturales tan golpeadas por el COVID-19 y tener en cuenta en sus programas de
promoción toda la cultura europea, incluida la que se produce en lenguas minorizadas.
61. Seguir desarrollando el programa Erasmus+, elemento esencial para el fortalecimiento del sentimiento de ciudadanía europea, y otros programas como el Voluntariado Europeo.
62. Potenciar el aprendizaje de las lenguas europeas oficiales y cooficiales en el sistema educativo a todos los niveles como mecanismo de integración y herramienta de formación del sentimiento de ciudadanía europea, así como para
garantizar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias suscrito por España.
63. Instar a la toma en consideración en la Unión Europea de instrumentos comunitarios o de cooperación reforzada de coordinación de contenidos curriculares educativos que transmitan el funcionamiento de las instituciones europeas, su
historia y los valores fundacionales de la Unión con el fin de potenciar la ciudadanía europea.
63 bis (nueva). Apostar por el mantenimiento sin recortes del programa 'Europa para los ciudadanos' que contiene las medidas de apoyo a los programas europeos de apoyo a la memoria histórica y la memoria democrática. Insistir en la
necesidad de apoyar la memoria como herramienta para prevenir el totalitarismo y el resurgimiento de ideologías totalitarias.
64. Impulsar la ciudadanía europea mediante la creación artística conjunta de los Estados europeos y el intercambio entre actores culturales, promoviendo una economía cultural europea que transmita los valores de la Unión Europea.
65. Fomentar y facilitar la cooperación territorial transfronteriza, transnacional e interregional, eliminando los obstáculos derivados de normativas dispares asociadas a jurisdicciones diferentes, con el objeto de reforzar la cohesión
económica, social y territorial de la ciudadanía de ambos lados de la frontera a la par que se potencia el sentimiento de ciudadanía europea.
66. Las comunidades autónomas participarán, de la manera que legalmente se determine, en la formación de las posiciones del Estado respecto a las políticas de la Unión Europea y en las delegaciones ante los distintos órganos de la Unión que
las traten, en atención a sus derechos reconocidos
constitucionalmente, competencias, intereses específicos o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial.
67. Estudiar medidas para implicar a todos los niveles del Estado -nacional, autonómico y local- y a la sociedad civil en los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa representa una oportunidad de modernización de la Unión Europea, fijando como prioridades de este proceso la lucha contra el cambio climático, la transformación digital de Europa, la consolidación de
los fundamentos democráticos de las instituciones europeas y el refuerzo del peso de la Unión en el mundo.
La construcción de la Unión en materia sanitaria debería ser un punto central de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
67 bis (nueva). Explorar, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, las distintas vías para ensanchar la competencia complementaria en salud pública de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.
ENMIENDAS
Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública
159/000001
A la Mesa de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
El Diputado don Tomás Guitarte Gimeno, perteneciente a la Agrupación de Electores 'Teruel Existe', miembro del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
enmiendas a las Ponencias de los Grupos de Trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Enmiendas presentadas por 'Teruel Existe'. Grupo de Trabajo Sanidad.
Relación de enmiendas
1. Enmienda n.o 1 Grupo Trabajo de Sanidad Punto 1.3.
2. Enmienda n.o 2 Grupo Trabajo de Sanidad Punto 2.3 bis.
3. Enmienda n.o 3 Grupo Trabajo de Sanidad Punto 33 bis.
4. Enmienda n.o 4 Grupo Trabajo de Sanidad Punto 33 ter.
5. Enmienda n.o 5 Grupo Trabajo de Sanidad Punto 14.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2020.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.
ENMIENDA NÚM. 1
FIRMANTE:
Tomás Guitarte Gimeno
(Grupo Parlamentario Mixto)
Al punto 1.3
De modificación.
Donde dice:
'1.3. Impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública para dotar a España de un SNS que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad (agentes económicos
y sociales, organizaciones profesionales y sociales). Ese pacto se basará en los valores y principios de la sanidad pública, de modo que sean posibles los acuerdos necesarios para gestionar el SNS con base en ellos, gobierne quien gobierne.'
Debe decir:
'1.3. Impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública para dotar a España de un SNS que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad (agentes económicos
y sociales, organizaciones profesionales y sociales). Ese pacto se basará en los valores y principios de la sanidad pública, de modo que sean posibles los acuerdos necesarios gestionar el SNS con base en ellos, gobierne quien gobierne.
Este acuerdo social debe tener la forma de pacto de estado, reforzando una apuesta decidida por la sanidad pública, cuyo valor ha quedado evidenciado en esta pandemia. El Ministerio de Sanidad tiene que salir reforzado, aportando valor y
sin quitar competencias a las CC. AA.'
JUSTIFICACIÓN
El sector privado representa el 30 % de la actividad sanitaria en España, según afirma Juan Abarca, presidente de IDIS (que aglutina al sector sanitario privado del país), es porque el 'modelo sanitario español no está haciendo bien las
cosas' y que 'la Sanidad es tan compleja, que tiene que funcionar de una manera profesional, empresarial.
La Sanidad Pública no es una empresa, el dinero que precisa no es un gasto, sino una inversión, cuyo objetivo es la Salud. Si bien es cierto que hay que introducir aspectos para mejorar su eficiencia y demostrar su capacidad. Desde Teruel
Existe queremos hacer 5 aportaciones a los 179 puntos que tiene el documento y que consideramos fundamentales para ayudar a conseguir ese objetivo.
Cuanto más tiempo se tarde en conseguir este Pacto, más difícil será conseguirlo, con riesgo de convertir el Sistema Nacional de Salud en 17 reinos de Taifas.
ENMIENDA NÚM. 2
FIRMANTE:
Tomás Guitarte Gimeno
(Grupo Parlamentario Mixto)
Nuevo punto 2.3 bis
De adición.
Donde dice:
'Texto original.'
Debe decir:
'2.3 bis. Para la cualificación de los gestores de la sanidad, se implementará un programa de formación de gestores sanitarios (PGS), similar al sistema MIR, que permita el desarrollo de competencias básicas para la gestión sanitaria,
conociendo desde dentro y en profundidad todo el Sistema Sanitario, y la formación mediante prácticas de gestión.'
JUSTIFICACIÓN
Profesionalizar la gestión sanitaria.
La 'macroempresa' que es la Sanidad Pública tiene 331.000 profesionales sanitarios de muy alta cualificación (150.000 médicos especialistas y 181.000 enfermeros), con un presupuesto de gasto anual de 74.000 M. euros, que representa el 6.27 %
del PIB del Estado.
Obligatoriamente tiene que ser conducida por profesionales de la gestión. No necesariamente sanitarios.
Desde la instauración de la democracia (1977) ha habido 24 Ministros de Sanidad, con una duración media en el cargo de un año y ocho meses; por mucha capacidad que tengan (algunos han sido muy buenos ministros), es imposible que durante
todo este tiempo, se haya podido realizar una buena gestión sanitaria. Gestión que no puede depender de los vaivenes políticos.
ENMIENDA NÚM. 3
FIRMANTE:
Tomás Guitarte Gimeno
(Grupo Parlamentario Mixto)
Nuevo punto 33 bis
De adición.
Donde dice:
'Texto original.'
Debe decir:
'33 bis. Implantar la historia clínica electrónica en todo el territorio nacional. Debe ser un sistema integrado de información clínica, basado en procedimientos digitales que permita el almacenamiento y recuperación de la información
asistencial con las garantías debidas (consentimiento, confidencialidad, seguridad...) en todo el territorio nacional.
Debe superar el problema de la interoperabilidad entre las historias clínicas de diferentes Comunidad Autónoma e incluso entre hospitales de una misma comunidad.
El sistema debe introducir en la historia clínica electrónica los siguientes parámetros: filiación, antecedentes personales patológicos, pruebas complementarias realizadas en el último año (con especial atención a las de diagnóstico de
imagen), diagnósticos actuales y procedimientos de tratamiento (especialmente el tratamiento farmacológico).'
JUSTIFICACIÓN
Instaurar la historia clínica electrónica (HCE) en todo el territorio nacional.
Sus bases fueron establecidas en la Ley 41/2002 y definida su implantación en 2006.
Supone que el historial clínico de un paciente, entre a formar parte de un sistema integrado de información clínica, basado en procedimientos digitales que permita el almacenamiento y recuperación de la información asistencial con las
garantías debidas (consentimiento, confidencialidad, seguridad...) en todo el territorio nacional.
El principal problema es la interoperabilidad. Cada Comunidad Autónoma tiene su propia forma de gestionar las Historias Clínicas, e incluso en una misma comunidad hay hospitales con distintos sistemas.
Debe ser considerada como uno de los instrumentos más importantes de cohesión del Sistema Sanitario Público de España. Supondría un importante ahorro de tiempo y de recursos económicos (evitaría repetición de exploraciones y procedimientos
innecesarios), además de transmitir a los ciudadanos la sensación de un mejor funcionamiento de la Sanidad Pública.
Antes de su puesta en marcha a medio plazo, tendría que hacerse el esfuerzo a corto plazo de introducir en ella los siguientes parámetros:
Filiación, antecedentes personales patológicos, pruebas complementarias realizadas en el último año (con especial atención a las de diagnóstico de imagen), diagnósticos actuales y procedimientos de tratamiento (especialmente el tratamiento
farmacológico). Datos todos ellos que se encuentran con fácil acceso, en todas las historias clínicas de nuestro sistema sanitario.
ENMIENDA NÚM. 4
FIRMANTE:
Tomás Guitarte Gimeno
(Grupo Parlamentario Mixto)
Nuevo punto 33 ter
De adición.
Donde dice:
'Texto original.'
Debe decir:
'33 ter. El ministerio de Sanidad en colaboración con las comunidades autónomas introducirá la tarjeta sanitaria única, que permitirá la identificación de los pacientes en todo el territorio nacional y que dará acceso a la Historia Clínica
Electrónica (HCE).'
JUSTIFICACIÓN
Tarjeta sanitaria única.
Coloquialmente la denominamos 'VISA sanitaria', (del color que se le quiera dar) y que permitiría la identificación de los pacientes en todo el territorio nacional y que daría acceso a la Historia Clínica Electrónica (HCE).
ENMIENDA NÚM. 5
FIRMANTE:
Tomás Guitarte Gimeno
(Grupo Parlamentario Mixto)
Al punto 14
De modificación.
Donde dice:
'14. Desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS.'
Debe decir:
'14. Desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS.
La Atención Primaria por su función básica en el SNS tiene que tener todos los medios humanos y materiales necesarios para hacer sostenible el Sistema Sanitario.'
JUSTIFICACIÓN
Potenciar la atención primaria y la salud publica.
Creíamos que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero la pandemia nos ha evidenciado que no estábamos en lo cierto. Se ha producido un auténtico caos en el sistema sanitario, que se ha visto desbordado, saturado y en
algunos casos colapsado.
Pero lo que si ha quedado claro es que tenemos unos profesionales a la altura de los mejores del mundo (reconocido por el propio Director General de la OMS). Pero han pagado un elevadísimo precio con más de 50.000 contagiados, el porcentaje
mayor de Europa y muchos con su vida por hacer lo que tenían que hacer, su trabajo. No son héroes, son auténticos profesionales con una vocación inquebrantable hacia la salud y que se merecen mucho más que un prestigioso premio y unos aplausos a
las ocho de la tarde.
El esfuerzo mayor debe dirigirse hacia estos profesionales que se encuentran en una situación extrema y que si no se atienden sus reivindicaciones, van a generar una mayor sensación de desapego, resentimiento y falta de motivación que van a
desencadenar una futura conflictividad.
La Atención Primaria se ha convertido en elemento clave no solo de la pandemia, sino que al ser la puerta de entrada al Sistema Sanitario, tiene que tener todos los medios necesarios humanos y materiales para hacer sostenible el Sistema.
Gastaremos muchos recursos en tratamientos de las enfermedades Cardiovasculares (TAM, HTA...), ACV, Insuficiencia Renal crónica, Diabetes, enfermedades respiratorias (EPOC, Asma bronquial...), enfermedades neurodegenerativas, cáncer etc.,
pero lo que tenemos que hacer es revertir la línea de tratamiento, actuando sobre las causas que determinan estas consecuencias y son: Luchar contra el tabaco, la contaminación, las dislipemias, el alcohol, la obesidad, el estrés... y esto se
consigue a través de la Salud Pública y la Atención primaria.
A la Mesa de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, presenta las siguientes enmiendas al borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Publica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.
ENMIENDA NÚM. 6
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
De un punto 1.5 con el siguiente texto:
'1.5 Teniendo en cuenta la especial consideración de Canarias como Región Ultraperiférica, todas las medidas que se adopten tendrán en cuenta la lejanía y la insularidad y se modularán para las circunstancias del Archipiélago.'
JUSTIFICACIÓN
En este apartado se recoge la necesidad de llevar a cabo modificaciones normativas y reglamentarias así como un pacto social en pro de la sanidad pública. Todas deben contener medidas específicas para Canarias siguiendo la obligación legal
contenida tanto en la legislación europea para las RUP como el Estatuto de Autonomía de Canarias.
ENMIENDA NÚM. 7
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
De un punto 4.3 con el siguiente texto:
'4.3 En el caso de Canarias, teniendo en cuenta la lejanía, la insularidad y la doble insularidad, se adoptarán las medidas en materia de recursos humanos, materiales y tecnológicos que garanticen la equidad en el acceso a la sanidad de los
canarios y canarias de todas las Islas.'
JUSTIFICACIÓN
La sanidad canaria tiene condiciones especiales derivadas de la lejanía, la insularidad y la doble insularidad que dificultan un acceso en condiciones de igualdad de todos los canarios y canarias a los servicios sanitarios.
ENMIENDA NÚM. 8
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De modificación.
Al punto 7.2 en los siguientes términos.
'7.2 Introducir la posibilidad de fórmulas contractuales y retributivas orientadas para hacer atractivo el ejercicio profesional en las zonas rurales y otros puestos de difícil cobertura, así como en las Islas Canarias debido a la lejanía,
insularidad y doble insularidad, teniendo en cuenta que la retribución económica es solo un elemento de la compensación de los profesionales, y posibilitando que las organizaciones sanitarias tengan margen operativo para hacer políticas de
personal.'
JUSTIFICACIÓN
Uno de los mayores problemas de la sanidad canaria es la dificultad para conseguir profesionales sanitarios.
ENMIENDA NÚM. 9
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De modificación.
Al apartado 8.3 en los siguientes términos.
'8.3 Revisar el número y el tipo de profesionales que configuran las actuales plantillas de los establecimientos de salud con vistas a revisar su adecuación a las necesidades actuales y previsibles
en el mediano plazo de acuerdo con los horizontes demográficos y poblacionales, y las necesidades y demandas sanitarias de la sociedad, con particular atención a las dotaciones del personal de Salud Pública de las Comunidades Autónomas y del
Ministerio de Sanidad y consensuando los ratios en el CISNS. Aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos/as y enfermeros/as por habitante de los países desarrollados. Se debe llevar a
cabo una planificación a medio plazo sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria basadas en indicadores de la población (envejecimiento, ruralidad, lejanía, insularidad y doble insularidad, vulnerabilidad social y económica,
dispersión, etc.). Aumentar también las plazas de MIR, EIR, BIR, etc. y retomar las auditorías de la formación postgraduada.'
JUSTIFICACIÓN
Las condiciones de lejanía, insularidad y doble insularidad que reconoce la Unión Europea y el Estatuto de Autonomía de Canarias deben ser tenidas en cuenta cuando se adopten medidas de revisión de las ratios de profesionales y el aumento de
las plazas de formación de nuevos profesionales.
ENMIENDA NÚM. 10
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
Al punto 10 del siguiente texto:
'Acometer de inmediato las inversiones necesarias en espacios hospitalarios para garantizar la implantación de medidas de prevención y control de la infección en todas sus áreas, el establecimiento de circuitos diferenciados para pacientes
COVID y no COVID y contar con un stock suficiente de equipos de protección individual para el personal sanitario y los pacientes.'
JUSTIFICACIÓN
Este punto recoge solamente la formación a los profesionales en materia de epidemias, especialmente la COVID-19, pero es absolutamente insuficiente. Es imprescindible dotar a los profesionales y a todo el personal que trabaja en centros
sanitarios de los medios necesarios para afrontar una epidemia de este tipo sin poner en riesgo sus propias vidas y las de sus familias.
ENMIENDA NÚM. 11
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De modificación.
Al punto 17.1 en el siguiente sentido:
'17.1. Planificar las necesidades de profesionales de los Centros de Salud teniendo en cuenta indicadores de determinantes sociales de la salud de la población: envejecimiento, ruralidad, lejanía, insularidad y doble insularidad,
vulnerabilidad social y económica, dispersión, desempleo, contaminación, etc., con especial atención a la figura del Trabajador Social.'
JUSTIFICACIÓN
A fin de llevar a cabo una adecuada planificación de los profesionales necesarios para atender a los habitantes de las Islas Canarias en condiciones de igualdad, deben tenerse en cuenta los factores de lejanía, insularidad y doble
insularidad recogidos por la Unión Europea y por el Estatuto de Autonomía de Canarias.
ENMIENDA NÚM. 12
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
De un punto 21.4 con el siguiente contenido:
'Garantizar de forma inmediata el cumplimiento de protocolos sanitarios frente la COVID-19 no solo en los ocho aeropuertos canarios y los ocho puertos de las Islas, sino también en los aeropuertos que enlazan con Canarias, sobre todo Madrid
y Barcelona, en los que en estos momentos no se garantiza el cumplimiento de dichos protocolos en el caso de personas en tránsito.
Asimismo, deben incrementarse los controles en materia fitosanitaria en puertos y aeropuertos, para garantizar un control sanitario adecuado de las mercancías que entran a nuestro territorio.
La Comunidad Autónoma de Canarias asumirá las competencias en materia de sanidad exterior previstas en el Estatuto de Autonomía, procediéndose a la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral Canarias-Estado a fin de acometer la previsión
contemplada en el artículo 141 del Estatuto de Autonomía de Canarias que contempla medidas de cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma para garantizar la adecuada gestión de la protección de la salud de la población.'
JUSTIFICACIÓN
En estos momentos en Canarias no se está garantizando adecuadamente la protección contra un rebrote de la COVID-19 en los pasajeros que llegan por vía aérea dado que no se establecen medidas para los pasajeros que hacen escala. Lo mismo
ocurre en los Puertos canarios. A ello hay que añadir la muy deficitaria prestación de servicios de sanidad exterior por falta de personal en las Islas. El Estatuto de Autonomía de Canarias contempla un mecanismo por el que Canarias puede asumir
esas competencias de forma coordinada con el Estado, estableciendo medidas propias y dotando de personal suficiente a las unidades administrativas que llevan a cabo estos controles.
ENMIENDA NÚM. 13
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
De un punto 28 con el siguiente contenido:
'28. Coordinar de forma urgente con las Comunidades Autónomas la compra masiva de vacunas de la gripe de forma que se produzca la vacunación del 100 % del personal sanitario y
resto de personal que preste servicios en el ámbito sanitario, personal de centros sociosanitarios, personal de seguridad y emergencias y el resto de los colectivos de riesgo. Coordinar con las Comunidades Autónomas el calendario de
vacunación contra la gripe.'
JUSTIFICACIÓN
Uno de los elementos de salud pública para el próximo otoño, es la posibilidad de que se una un rebrote de COVID-19 a la gripe común, por eso es imprescindible actuar ya en colaboración con las Comunidades Autónomas en relación con el
calendario de vacunas y la garantía de que todas las personas de riesgo y todo el personal que trabaja en el ámbito sanitario, sociosanitario y de seguridad y emergencias se vacuna.
ENMIENDA NÚM. 14
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
En el punto 33 de un párrafo al final con el siguiente contenido:
'Esta estrategia contendrá medidas especiales para las Islas Canarias derivadas de la lejanía, insularidad y doble insularidad de las mismas'.
JUSTIFICACIÓN
Canarias, por sus especiales circunstancias, debe ser un objetivo prioritario en una Estrategia de Innovación y Digitalización del Sistema Sanitario.
ENMIENDA NÚM. 15
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De modificación.
El punto 35 añadiendo al inicio lo siguiente:
'Poner en marcha de forma inmediata, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un protocolo de actuación ante la posibilidad de nuevos rebrotes de la COVID-19 en centros sociosanitarios, en especial residencias de mayores, a fin de que
el personal de los mismos, esté dotado de la formación, instrucciones y material suficiente [...]'
JUSTIFICACIÓN
Las residencias de mayores han sido las mayores afectadas por la COVID19 produciéndose miles de muertes en los sitios que han sido creados para proteger a nuestros mayores, social pero también sanitariamente. La primera medida que debe
acometerse ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia es la de dotar de un protocolo de actuación y de medios materiales y humanos a estos centros.
ENMIENDA NÚM. 16
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
De un punto 45 con el siguiente contenido:
'45. Abonar de forma efectiva e inmediata a las Comunidades Autónomas del 50 % de financiación prevista en la Ley de Dependencia, a fin de que puedan ponerse en marcha todos los servicios y prestaciones previstos en la Ley, sobre todo en lo
que se refiere a mecanismos de apoyo a los y las mayores que están en sus casas, en especial, contratación de cuidadores y cuidadoras.'
JUSTIFICACIÓN
Las medidas propuestas en los apartados anteriores (permanencia de los y las mayores en los domicilios siempre que sea posible, atención sanitaria adecuada) no pueden acometerse sin la financiación necesaria por parte del Estado y prevista
en la Ley de Dependencia.
ENMIENDA NÚM. 17
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De adición.
En el punto 61.2 añadir al final del párrafo lo siguiente:
'El Fondo de Cohesión tendrá en cuenta las especiales características de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con su lejanía, insularidad y doble insularidad.'
JUSTIFICACIÓN
Hace años que se viene reivindicando desde Canarias la modificación del Fondo de Cohesión para adaptarse a nuestras especiales características, con una adecuada financiación para los Hospitales de Referencia Canarios.
ENMIENDA NÚM. 18
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
De modificación.
Del punto 62.1 en el siguiente sentido:
'Aprobar un nuevo Modelo de Financiación Autonómica ofreciendo [...] Dicho Modelo contemplará las especificidades de la Comunidad Autónoma de Canarias derivadas de la lejanía, la insularidad y la doble insularidad.'
JUSTIFICACIÓN
El status de Región Ultraperiférica reconocido por la Unión Europea y el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias así como el Régimen Económico y Fiscal establecen la modulación y adecuada financiación del Archipiélago Canario, a fin de dotar
a la sanidad canaria de una financiación adecuada.
A la Mesa de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
El Grupo Parlamentario Republicano, presenta las siguientes enmiendas al borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y salud pública de la Comisión para la reconstrucción social y económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
ENMIENDA NÚM. 19
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 1
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 1.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 20
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 3
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 3.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 21
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 4
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 4.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 22
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 5
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 5.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 23
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 6
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 6.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 24
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 7
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 7.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 25
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 8
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto 8.7 de la propuesta de resolución 8. Que queda redactado en los siguientes términos:
8.7 Determinar el coste adicional de las modificaciones en el ámbito de los profesionales de la salud y transferir los recursos a las CC. AA.
JUSTIFICACIÓN
Plantear reformas desde el estado en materia de profesionales sin abordar la cuestión financiera es impropio.
ENMIENDA NÚM. 26
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 14
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 14.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 27
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 15
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto 15.11 de la propuesta de resolución 15. Que queda redactado en los siguientes términos:
'15.11 Determinar el coste adicional de las modificaciones en el ámbito de los profesionales de la salud y transferir los recursos a las CC. AA.'
JUSTIFICACIÓN
Plantear reformas desde el estado en materia de profesionales sin abordar la cuestión financiera es impropio.
ENMIENDA NÚM. 28
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 17
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 17.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 29
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 19
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto 19.2 de la propuesta de resolución 19. Que queda redactado en los siguientes términos:
'19.2 Desarrollar en coordinación con las CC. AA. un diálogo bio ético sobre los límites en el uso de la tecnología en cuestiones referentes a los derechos básicos.'
JUSTIFICACIÓN
Proteger los derechos y libertades como el derecho a la privacidad de los datos.
ENMIENDA NÚM. 30
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 20
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 20.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 31
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 21
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 21.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 32
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 22
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 22.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 33
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 30
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 30.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 34
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 34
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 34.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 35
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 43
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 43.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 36
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 53
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 53.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 37
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 56
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 56.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 38
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 58
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 58.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 39
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 64
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 64.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 40
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 65
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto 65.4 de la propuesta de resolución 65 que queda redactado en los siguientes términos:
'65.4 Determinar el coste adicional de los nuevos criterios generales de dotación de personal de los Equipos de Atención Primaria para incorporar el conjunto de funciones que han de desarrollar, e incluyendo el reforzamiento específico y
selectivo de la cobertura de las residencias socio-sanitarias, y transferir los recursos a las CC. AA.'
JUSTIFICACIÓN
Plantear reformas desde el estado en materia de profesionales sin abordar la cuestión financiera es impropio.
ENMIENDA NÚM. 41
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 66
De supresión.
Se propone la supresión de la propuesta de resolución 66.
JUSTIFICACIÓN
Apartado con marcado sesgo recentralizador.
ENMIENDA NÚM. 42
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución 68
De modificación.
Se propone la modificación de la propuesta de resolución 68 que queda redactada en los siguientes términos:
'68. Incrementar significativamente la inversión en salud mental, mediante transferencias directas a las CC. AA., construyendo un verdadero sistema integral de atención, que combata la estigmatización, que tenga un enfoque de género y de
respeto y promoción de los derechos humanos.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 43
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución XX
De adición.
Se propone la adición de una nueva propuesta de resolución XX que queda redactada en los siguientes términos:
'XX. Respeto al marco competencia! y gestión sanitaria descentralizada en caso de futuras pandemias. El modelo de centralización sanitaria en cuestiones como la compra de material así como la política de mando único en la gestión de la
crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 no ha sido eficiente debido a la falta de trayectoria del ministerio de sanidad en la gestión diaria de las competencias sanitarias.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 44
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución XX
De adición.
Se propone la adición de una nueva propuesta de resolución XX que queda redactada en los siguientes términos:
'XX. Redistribución equilibrada de los recursos financieros estatales y/o europeos transferidos a las comunidades autónomas para armonizar la inversión sanitaria por habitante y reducir los desequilibrios.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 45
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución XX
De adición.
Se propone la adición de una nueva propuesta de resolución XX que queda redactada en los siguientes términos:
'XX. Cumplimiento de la financiación estatal de la ley de Dependencia en virtud de lo establecido por ley, 50 %, y pago de la deuda histórica a las Comunidades Autónomas fruto del incumplimiento reiterado de la ley desde su aprobación en
2006.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 46
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Republicano
Propuesta de resolución XX
De adición.
Se propone la adición de una nueva propuesta de resolución XX que queda redactada en los siguientes términos:
'XX. Cumplimiento de la financiación estatal de la ley de Dependencia en virtud de lo establecido por ley, 50 %, y pago de la deuda histórica a las Comunidades Autónomas fruto del incumplimiento reiterado de la ley desde su aprobación en
2006.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
A la Mesa de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta las siguientes enmiendas al Documento de Conclusiones del Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 47
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la exposición de motivos
De adición.
La pandemia por infección por coronavirus SARS tipo 2 se ha convertido en la crisis de salud pública con los efectos más devastadores sobre la salud y la situación económica de las personas que ha vivido nuestro país en el último siglo.
Las primeras alertas internacionales en relación con el virus se produjeron en el mes de enero de este año y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote SARS-CoV-2 como una emergencia de Salud Pública de
importancia internacional. El 11 de febrero, la OMS elevó a 'amenaza muy grave' la alerta sanitaria, el 28 de febrero a alerta internacional 'muy alta' y el 11 de marzo consideró que había alcanzado la dimensión de pandemia. El Centro Europeo para
la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE), por su parte, publicó el 2 de marzo un informe en el que pedía evitar la asistencia de la población a reuniones masivas. Pese a todo ello, no fue hasta el 14 de marzo cuando el Gobierno declaró
mediante el Real Decreto 463/2020 el estado de alarma.
Minimizar estas alertas internacionales nos ha generado una crisis de salud pública, que ha sumido al sistema sanitario en una situación cercana al colapso, nunca vivida con anterioridad. Las autoridades españolas marcaron una estrategia
nacional erróneamente basada en un escenario de muy pocos casos, muy localizados y tratados en un solo Centro.
Es evidente que el sistema de alerta epidemiológica no funcionó adecuadamente. La primera muerte registrada tuvo lugar el 13 de febrero, si bien no fue detectada hasta el 3 de marzo tras un cambio de criterio de la definición de casos
realizado por el Ministerio de Sanidad el 27 de febrero. Las decisiones sobre la estrategia epidemiológica del Gobierno de España han sido, en demasiadas ocasiones, erráticas y dubitativas.
El Gobierno de España tampoco gestionó adecuadamente el abastecimiento de material sanitario. La OMS había alertado repetidamente sobre la necesidad de equipos protectores y el riesgo de 'rápido agotamiento' de las existencias. China e
Italia ya habían experimentado situaciones de desabastecimiento. Aun así, el Gobierno de España, infravaloró la alerta de la OMS y las experiencias de otros países y no tomó ninguna medida para asegurar su abastecimiento ni alertó a las Comunidades
Autónomas para que se preparasen para la pandemia. La compra de material por parte del Gobierno llegó tarde y la centralización de la gestión de la compra fue una decisión carente de sentido que se tradujo en un serio desabastecimiento de material
sanitario básico. A día de hoy, millones de equipos siguen sin haber sido entregados y muchos de los entregados han resultado ser defectuosos.
Por otro lado, esta falta de stocks y de material de protección, ha puesto en evidencia el peligro que supone la inexistencia de una industria nacional de material sanitario. Depender exclusivamente de terceros países para aprovisionarse de
material estratégico ha demostrado ser un riesgo inasumible para España.
La coordinación entre administraciones públicas tampoco funcionó adecuadamente durante la pandemia. El Ministerio de Sanidad no ha sido capaz de funcionar como el nodo central de un sistema de respuesta a la crisis sanitaria, que alinease a
todos los actores implicados. Su centralización de competencias a menudo ha supuesto más obstáculos para la recuperación que soluciones para la crisis.
En este sentido también ha sido notoria la ausencia de protocolos de actuación impulsados por el Ministerio de Sanidad. Las administraciones a menudo no tuvieron indicaciones claras a seguir y a la población se le lanzaron mensajes, como
por ejemplo los referidos a la utilización de mascarillas, que fueron desmentidos con posterioridad a golpe de Real Decreto-ley. A esto se le ha sumado la falta de información fiable y veraz suministrada por el Ministerio de Sanidad. Todo ello ha
derivado en que la respuesta de las administraciones sanitarias en su conjunto resultase a menudo confusa e ineficaz, motivada por las continuas rectificaciones de protocolos y normativas dictados por el Ministerio de Sanidad.
Las consecuencias de esta errada gestión de la crisis han sido dramáticas. España se encuentra entre los peores países del mundo en términos de personas contagiadas (más de 240.000 casos registrados), de personas fallecidas (oficialmente,
más de 28.000 con prueba de PCR confirmada) por millón de habitantes y de enfermos graves ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Todo ello, además, en el contexto de un continuo baile de las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad
que hacen dudar seriamente de que los 28.000 muertos oficiales sea la cifra real de personas fallecidas (el INE, por ejemplo, cifró en 48.000 el número de fallecimientos excesivos con respecto a 2019). Es inexplicable y ofensivo tanto para las
víctimas del COVID como para sus familias que se excluya a miles de personas del hecho de que han muerto como consecuencia del virus y que durante dos semanas del mes de junio el Ministerio de Sanidad ni siquiera haya actualizado la cifra oficial de
fallecidos, nuestro recuerdo a todas las víctimas y nuestras condolencias con todas las familias.
Los sanitarios han sufrido en primera línea la mala gestión de la pandemia. A finales de febrero, sus Organizaciones Profesionales eran advertidas por el Ministerio para suspender actos, congresos, jornadas, etc. y sin embargo no se
tomaron medidas con la diligencia que pudiese evitar que más de 50.000 profesionales sanitarios hayan sido infectados. España también ostenta el triste récord de tener el porcentaje más alto de sanitarios infectados del mundo. Muchos de ellos
siguen enfermos o han fallecido. Por respeto a su trabajo y dedicación no debemos obviar el desgaste físico y psicológico al que han tenido que someterse y que en estos momentos afecta a la práctica totalidad del sistema.
El Sistema Nacional de Salud se ha visto sometido a un gran estrés. No hay sistema sanitario capaz de resistir una avalancha de enfermos de las características de la que hemos vivido. España ha llegado a tener más de 6.000 pacientes en UCI
y 950 fallecidos en un solo día. Sin embargo, nuestro sistema reaccionó y fue capaz de reconvertirse en poco tiempo, aunque en algún momento, situaciones de sobrecarga pusieron a ciertos servicios hospitalarios al límite del colapso haciendo
necesaria la limitación terapéutica por escasez de recursos.
También es de destacar los efectos del COVID-19 sobre las personas que viven en las residencias de mayores, que han sido las principales víctimas del retraso en la toma de decisiones ante la alerta epidemiológica. Las medidas de aislamiento
y protección llegaron tarde y salvo excepciones ha quedado patente la debilidad de la coordinación asistencial con los centros sociosanitarios.
La situación asistencial vivida durante los meses de más auge de la pandemia de la COVID-19 nos ha llevado a desarrollar en paralelo otra crisis sanitaria, provocada por el incremento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas,
consultas de especialistas, pruebas diagnósticas, tratamientos de rehabilitación [...] Retrasos en el diagnóstico y atención de pacientes de otras enfermedades como el cáncer y las cardiovasculares.
Esta crisis ha revelado una serie de debilidades y de reformas pendientes de nuestro Sistema Nacional de Salud que debemos afrontar con urgencia. Debemos corregir sus errores y carencias, así como reforzar sus aciertos y fortalezas. Para
el Partido Popular, esto pasa necesariamente por un Pacto de Estado en Sanidad, el cual hemos denominado 'Pacto Cajal'.
Nuestro sistema sanitario y sus modelos de organización fueron diseñados para la realidad sociodemográfica de la década de los 80. La realidad actual de la sociedad española es muy diferente. La España del año 2020 está caracterizada por
uno de los índices de envejecimiento más altos del planeta y por una elevada prevalencia de cronicidad y de enfermedades discapacitantes de larga evolución que hacen obsoleto el modelo asistencial actual. La demanda de cambios se ha convertido en
una exigencia.
La entrega, flexibilidad y capacidad de adaptación de los profesionales y de las organizaciones sanitarias han sido encomiables, como lo han sido el alto grado de responsabilidad de la población en general, la rápida implementación de la
telemedicina y las nuevas tecnologías al servicio de la sanidad, la alineación de toda la sanidad pública y privada bajo una única dirección o la innovación de la farmacia comunitaria.
Pese a ello, son necesarias reformas de calado que permitan la implementación de una nueva visión de los sistemas de salud y su convergencia con los sistemas europeos.
Todo esto es particularmente necesario habida cuenta del hecho de que puede surgir un rebrote de la pandemia. Muchos comparecientes lo dieron por hecho durante la comisión de reconstrucción; no pudieron definir su virulencia, pero
previeron que es muy previsible que pueda ocurrir en octubre o noviembre. España, necesariamente, deberá estar preparada para este o cualquier otro rebrote.
En función de todo ello, este dictamen está dirigido a dar un nuevo impulso reformista al SNS. Sus distintos apartados irán desgranando la propuesta de forma sistemática. En cada uno de ellos se diferenciarán los objetivos a corto plazo de
los de medio o largo plazo. Los primeros no requerirán de grandes reformas legislativas, pero los segundos sí. Todos estos cambios serán necesarios, en cualquier caso, para hacer frente a los retos sanitarios de la España del Siglo XXI.
JUSTIFICACIÓN
Necesidad de añadir en base a las aportaciones de los comparecientes en la Comisión de Reconstrucción un diagnóstico sobre lo que ha supuesto la crisis de salud pública del COVID-19.
ENMIENDA NÚM. 48
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la exposición de motivos del tema 1, Gobernanza
De modificación.
Se propone la modificación de la introducción del tema 1, Gobernanza, que quedará con la siguiente redacción:
'La pandemia causada por el SARS-COV-2 ha puesto en evidencia tanto las fortalezas como las debilidades de la gobernanza del SNS.
Las recomendaciones parten de reafirmar los valores y principios en los que se basa el SNS y que se fundamentan en el derecho a la protección de la salud reconocido de modo expreso en nuestra constitución, así como en voluntad de impulsar un
nuevo acuerdo o pacto social en pro de la sanidad y de la salud pública que oriente el sistema sanitario a la protección frente a los riesgos, la promoción de la salud y la prevención y superación de las desigualdades socioeconómicas en salud con
particular atención a los determinantes no sanitarios de la salud.
Consideran necesario incorporar al SNS los principios de buena gobernanza que son comúnmente aplicables a los sistemas públicos de salud en los países de nuestro entorno, dotando a las estructuras e instituciones del mismo de órganos
colegiados de gobierno, profesionalizando la gestión de organizaciones y centros, reforzando las estructuras de asesoramiento y participación profesional y de los pacientes, promoviendo mayor autonomía y capacidad de respuesta a las organizaciones
sanitarias, diferenciando claramente los niveles políticos y profesionales' y otras profesiones del sistema que no son sanitarias, y promoviendo una cultura de buenas prácticas y de ética profesional.
Proponen mejorar la cogobernanza, la cooperación y la coordinación de las comunidades autónomas entre sí y con el Ministerio de Sanidad desarrollando modelos de gestión menos burocráticos y más basados en un concepto emprendedor de la
gestión pública orientada a resultados en salud.
Concluyen con propuestas para reforzar la función de coordinación e impulso del Ministerio de Sanidad de forma que pueda desempeñar con efectividad dichas funciones en un sistema descentralizado, dotándole de recursos económicos, humanos y
organizativos, fortaleciendo y
dotándole de fondos operativos para el desarrollo de políticas públicas de salud y de corrección de desequilibrios e inequidades.
También se propone elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la Comisión, priorizando las relacionadas con la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia COVID-19, y cualquier otro tipo de
epidemia o catástrofe, y para mejorar las condiciones de trabajo y de empleo de los profesionales del SNS, acabando con la temporalidad estructural del actual sistema.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 49
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 1.1
De modificación.
Se propone la modificación del punto 1.1 que quedará con la siguiente redacción:
'Reafirmar los valores y principios en que se basa el Sistema Nacional de Salud, recogidos en la Constitución Española y en el conjunto de nuestro Ordenamiento Jurídico, los valores y derechos fundamentales de nuestra sociedad (derechos
humanos, cumplimiento de las leyes, democracia, participación, justicia social y financiación pública) y los principios básicos a los que responde la sanidad pública (universalidad, igualdad no discriminación, accesibilidad, equidad, solidaridad y
calidad).'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 50
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 1.2
De modificación.
Se propone la modificación del punto 1.2 que quedará con la siguiente redacción:
'Analizar e impulsar, si procede las modificaciones normativas necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud del Sistema Nacional de Salud.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 51
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 1.3
De modificación.
Se propone la modificación del punto 1.3 que quedará con la siguiente redacción:
'Impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad y salud pública para dotar a España de un SNS que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad (agentes
económicos y sociales, organizaciones profesionales y sociales).'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 52
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 1.4
De modificación.
Se propone la modificación del punto 1.4 que quedará con la siguiente redacción:
'Orientar las políticas públicas y el sistema de salud a la protección frente a los riesgos para la salud y a la promoción de entornos y modos de vida saludables, en particular de aquellos determinantes de la salud que como las desigualdades
socioeconómicas y de acceso a los servicios sanitarios tienen una influencia negativa sobre la situación de salud de las personas. Encomendar un informe al Ministerio de Sanidad (en su caso, Agencia de Salud Pública) antes de implementar cualquier
iniciativa por parte del Gobierno que pudiera tener un impacto negativo para la salud.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 53
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2
De adición.
Se propone la adición de un punto 2.1 bis) que quedará con la siguiente redacción:
'2.1 bis) Es necesario incorporar la transformación tecnológica a la continuidad asistencial de los procesos, incluir la coordinación con los servicios sociales y aumentar el protagonismo de los profesionales sanitarios y de los pacientes en
la toma de decisiones.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 54
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.2
De modificación.
Se propone la modificación del punto 2.2 que quedará con la siguiente redacción:
'2.2 Dotar a las organizaciones del SNS con presupuesto propio de órganos colegiados, ante los gestores habrán de proceder a la rendición de cuentas y a fin de contribuir a la eficiencia y calidad en los servicios y así posibilitar la
autonomía, incluida la jurídica, que precisen dichas organizaciones.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 55
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.3
De modificación.
Se propone la modificación del punto 2.3 que quedará con la siguiente redacción:
'2.3 Profesionalizar la gestión de las organizaciones sanitarias, con los objetivos de hacer más eficaz y estable su trabajo y contribuir a legitimar más su papel en las organizaciones.
Profesionalizar la gestión de las organizaciones sanitarias, con los objetivos de hacer más eficaz y estable su trabajo, de restar connotaciones partidarias en estos puestos y contribuir a legitimar más su papel en las organizaciones.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 56
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.5
De modificación.
Se propone la modificación del punto 2.5 que quedará con la siguiente redacción:
'2.5 Reforzar las estructuras de asesoramiento y participación profesional y de los pacientes para hacer más transparente la toma de decisiones, con las mejores prácticas para mejorar su calidad, y favorecer la implicación de los
profesionales sanitarios y de los pacientes con sus instituciones.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 57
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.5
De adición.
Se propone la adición de un punto 2.5 bis) que quedará con la siguiente redacción:
'2.5 bis) Nuestro modelo de gestión descentralizada a cargo de los Servicios Autonómicos de Salud ha acercado la sanidad a los ciudadanos, pero en su desarrollo han sobrevenido problemas de coordinación, que trató de resolver la Ley de
Cohesión y Calidad de 2003. Dicha Ley fortaleció el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero en el devenir del tiempo ha evidenciado no ser suficiente en su función de gobernanza. De ahí que se haga necesario reforzar el
andamiaje institucional, diseñando nuevas vías para lograr una efectividad mayor en la coordinación sanitaria y en la efectividad de sus acuerdos.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 58
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.6
De supresión.
Se propone la supresión del punto 2.6.
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica. Supresión por repetitivo.
ENMIENDA NÚM. 59
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.7
De modificación.
Se propone la modificación del punto 2.7 que quedará con la siguiente redacción:
'2.7 Fomentar la comunicación fluida entre directivos y profesionales sanitarios.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 60
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2.8
De modificación.
Se propone la modificación del punto 2.8 que quedará con la siguiente redacción:
'2.8 Promover una cultura de buenas prácticas y de ética profesional con el desarrollo de normativas que, entre otros puntos, incluyan: obligaciones de transparencia y publicidad activa;
códigos éticos y de conducta, sistemas de buenas prácticas, normas y procedimientos operativos estandarizados y regulación de los conflictos de interés.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 61
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 2
De adición.
Se propone la adición de un punto 2.9 que quedará con la siguiente redacción:
'2.9 Además de la participación es necesario promover la transparencia del sistema a través de indicadores sanitarios que evalúen los resultados del sistema sanitario en cuanto a efectividad clínica, eficiencia seguridad y satisfacción de
los pacientes.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 62
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 3.1
De modificación.
Se propone la modificación del punto 3.1 que quedará con la siguiente redacción:
'3.1 Mejorar la cooperación y coordinación interautonómica para evitar las dificultades en la coordinación entre las CC. AA. y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes, así como para
disponer de la información necesaria en situaciones de crisis.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 63
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 3.3
De modificación.
Se propone la modificación del punto 3.3 que quedará con la siguiente redacción:
'3.3 El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud requiere un nuevo reglamento de funcionamiento que actualice al vigente y sea convergente con lo establecido para las conferencias sectoriales en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 64
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 4.2
De modificación.
Se propone la modificación del punto 4.2 que quedará con la siguiente redacción:
'4.2 Fortalecer algunas funciones horizontales esenciales al servicio del SNS que desarrolla el Ministerio de Sanidad, para incrementar su capacidad técnica, dotándolas de personalidad y autonomía, haciendo además posible que las CC. AA., a
través del Consejo Interterritorial del SNS puedan participar en sus órganos colegiados de gobierno. Entre las funciones a fortalecer con un estatus especial cabe destacar el Sistema de Información del SNS, la Ordenación Profesional y las
actividades relacionadas con la Calidad y la Evaluación, así como la salud pública. La experiencia internacional muestra que una estructura de agencia, de carácter autónomo e independiente, en nuestro caso vinculada al CISNS, puede acometer con
éxito las funciones relativas, por una parte, a los sistemas de información y, por otra, a la evaluación y garantía de calidad en el funcionamiento del sistema.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 65
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 4.2
De adición.
Se propone la adición de un punto 4.2 bis) que quedará con la siguiente redacción:
'4.2 bis) Para que la gobernanza mejorase también habría que hacerla más participativa, siendo preciso la incorporación de las Asociaciones de Pacientes y de las Sociedades Científicas al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial. Los
pacientes pueden colaborar aportando sus experiencias para dar solución a los problemas que les afectan directamente. Asimismo, habría que impulsar los planes y las medidas de Humanización asistencial y evitar que la superespecialización y la
tecnomedicina acaben postergando los valores del humanismo, la dignidad y la libertad de los pacientes.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 66
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 4
De adición.
Se propone la adición de un punto 4.3 que quedará con la siguiente redacción:
'4.3 La nutrición correcta y la seguridad alimentaria se encuentra indisolublemente unidas a la salud y, en concreto, las crisis en este ámbito se han convertido inmediatamente en crisis sanitarias. En este sentido, contando además con la
referencia europea, el reforzamiento del Ministerio de Sanidad debe incluir la incorporación de la Agencia de Seguridad Alimentaria.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 67
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 5.1
De modificación.
Se propone la modificación del punto 5.1 que quedará con la siguiente redacción:
'5.1 Se acordará un Programa de reformas legales para facilitar el cumplimiento de los objetivos de mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y de las políticas de Salud Pública. En especial se adoptarán medidas a incluir en la
Ley General de Sanidad, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley General de Salud Pública, Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, Ley de Investigación Biomédica, Ley Básica de Autonomía del
Paciente y Ley de Dependencia, especialmente en los siguientes ámbitos:
1. En la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia COVID19, y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe;
2. para mejorar las condiciones de trabajo y de incorporación de los profesionales del SNS, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema;
3. para garantizar la igualdad efectiva y la equidad en el acceso a prestaciones y servicios
4. para hacer real la participación de los pacientes;
5. para mejorar la coordinación sociosanitaria;
6. para revisar el modelo de financiación.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 68
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 6
De modificación.
'Crear una subcomisión o grupo de trabajo parlamentario para el seguimiento de los acuerdos en materia sanitaria en el Congreso de los Diputados, para abordar desde el consenso político los retos necesarios para hacer sostenible el Sistema
Nacional de Salud del futuro y asegurar una sanidad pública que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 69
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 6
De adición.
Se propone la adición de los puntos 6 bis), 6 ter) y 6 quáter) que quedará con la siguiente redacción:
'6 bis) Para una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y fomentar mecanismos de cooperación sinérgica entre los servicios asistenciales y de salud pública de las Comunidades Autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad,
sería necesaria la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial. Dicha Agencia contaría con una gestión y dirección profesionalizada, con una unidad de seguimiento de pandemias y estaría formada por un representante de
cada una de las Comunidades Autónomas, bajo la coordinación de la Administración General del Estado. A su cargo, además, correría la ejecución de las estrategias sanitarias de ámbito estatal, aprobadas o que puedan aprobarse en un futuro. Tendría
naturaleza de organismo autónomo y su carácter sería fundamentalmente técnico. Contaría, además, con un presupuesto propio y a ella estaría adscrito el Fondo de Cohesión Territorial.
6 ter) Establecer una atención coordinada a las personas que han padecido la pandemia y a sus familias a través de una Oficina de Atención a las Víctimas de la COVID-19.
6 quáter) Ante el riesgo de rebrotes, es fundamental planificar una organización adecuada de los recursos con protocolos coordinados de actuación involucrando al potencial científico-investigador y mantener y, si fuese necesario, reforzar la
capacidad asistencial, con espacios adaptados para camas, UCIs, laboratorios de microbiología, etc. que constituirán la reserva estratégica de recursos sanitarios que pueda servir además para hacer frente a futuras pandemias u otro tipo de
desastres.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 70
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la exposición de motivos del tema 2, Recursos humanos y profesionales
De modificación.
Se propone la modificación de la introducción del tema 2, Recursos Humanos y Profesionales, que quedará con la siguiente redacción:
'Los profesionales sanitarios son el gran activo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de cualquier sistema sanitario. La crisis de la pandemia COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto la excelencia, profesionalidad, dedicación y entrega de
todo el personal sanitario, mostrando, además, en circunstancias muy difíciles una gran capacidad de adaptación. La deuda contraída por la sociedad española con sus sanitarios debe honrarse con un compromiso de mejora de sus condiciones de trabajo.
Necesitamos movilizar tanto políticas generales de gestión de personal, como otras más específicas orientadas a la dimensión del profesionalismo. Al mismo tiempo, esta crisis ha agudizado los ya conocidos e importantes problemas en las condiciones
laborales de los profesionales sanitarios y los retos pendientes. La normativa sobre RRHH del SNS presenta múltiples problemas y desajustes, como la temporalidad. Por otro lado, debemos mejorar el sistema retributivo.
El reto es diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de relación profesional en el SNS que capte y retenga talento, que incentive la práctica bien hecha, que favorezca al profesional con fórmulas que permitan flexibilidad, conciliación, y
adaptación a su vocación y preferencias, haciendo posible que los servicios de salud hagan políticas activas de personal. Se precisan fórmulas flexibles y eficaces para atender necesidades cambiantes, incorporar profesionales altamente
cualificados, dotar la AP, cubrir zonas rurales y otros puestos de difícil cobertura.
Además, es importante tener en cuenta que en los entornos profesionales la retribución es un elemento de la compensación laboral, pero se requieren incentivos no solo económicos, sino también fomentar la investigación, la formación
continuada, la docencia, y el desarrollo profesional con especial cuidado en la atención primaria y la medicina de familia y la enfermería comunitaria.
La recertificación periódica debería ser impulsada como vía para incentivar la cualificación profesional y mejorar los estándares de calidad, además de ser una garantía de seguridad para los pacientes.
Así mismo es preciso ayudar a que la administraciones sanitarias mejoren la planificación de la formación de los recursos humanos del SNS, impulsar la formación continuada de los profesionales de la salud, revisar el número las
características de las plantillas de los servicios autonómicos y los establecimientos de salud, impulsar políticas activas en pro de la igualdad de género, establecer instrumentos de gestión y modelos retributivos que incentiven y garanticen un
nivel de digno, recuperar a muchas y muchos de los profesionales que emigraron, reforzar los pilares del compromiso ético y el profesionalismo, revisar el Estatuto-Marco y el Estatuto Básico del Empleado público, y seguir desarrollando la Ley de
Ordenación de las profesiones sanitarias para permeabilizar las relaciones entre las profesiones médicas y de enfermería, evitando los compartimentos estancos y favoreciendo el trabajo en equipo.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 71
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 7
De modificación.
Se propone la adición de un punto 7 previo al existente que quedará con la siguiente redacción:
'7. Los profesionales sanitarios merecen el más alto reconocimiento de la sociedad española, ya que han demostrado en todo momento una entrega y una atención sin límites a los pacientes, a pesar de la carencia de los medios disponibles (en
particular, de los equipos de protección individual y los respiradores). Con generosidad asumieron el riesgo de contagio y pusieron la salud de los pacientes infectados por delante de la suya. El esfuerzo que han llevado a cabo los profesionales
sanitarios y personal de residencias hace necesario que sea contemplada una retribución extraordinaria en reconocimiento a su esfuerzo durante la pandemia de la COVID-19.
Actualizar tanto la regulación como el funcionamiento en la práctica del sistema de incorporación de personal sanitario por los Servicios de Salud para garantizar la estabilidad en el empleo y acabar con la temporalidad y la precariedad.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 72
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 7
De adición.
Se propone la adición de un punto 7 bis) que quedará con la siguiente redacción:
'7 bis) Poner en marcha un plan de recursos humanos cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo, así como desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales dentro del marco de diálogo normativamente establecido.
Teniendo en cuenta incentivos al ejercicio de las profesiones sanitarias en el ámbito rural.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 73
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 7.2
De modificación.
Se propone la modificación del punto 7.2 que quedará con la siguiente redacción:
'7.2 Introducir la posibilidad de fórmulas contractuales y retributivas orientadas a hacer atractivo el ejercicio profesional en las zonas rurales y otros puestos de difícil cobertura, teniendo en cuenta que la retribución económica es solo
un elemento de la compensación de los profesionales, y posibilitando que las organizaciones sanitarias tengan margen operativo para promover políticas de personal.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 74
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 7.3
De modificación.
Se propone la modificación del punto 7.3 que quedará con la siguiente redacción:
'7.3 Establecer instrumentos de gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios, garanticen un nivel de vida digno, fomenten su participación en las decisiones y
faciliten su identificación con los objetivos estratégicos de los servicios autonómicos y los establecimientos de salud.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 75
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 7.4
De modificación.
Se propone la modificación del punto 7.4 que quedará con la siguiente redacción:
'7.4 Establecer los mecanismos e incentivos necesarios para recuperar a muchos profesionales sanitarios que emigraron durante los años de la crisis económica, así como para facilitar la movilidad y la promoción de los profesionales
sanitarios entre los distintos servicios autonómicos de salud.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 76
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 7.5
De modificación.
Se propone la modificación del punto 7.5 que quedará con la siguiente redacción:
'7.5 Aplicar fórmulas de incorporación similares a las de los clínicos para los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública y otros profesionales de las Administraciones central y autonómicas para hacer más atractivo el trabajo y la
carrera profesional en salud pública, en epidemiología, salud laboral, sanidad ambiental, etc.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 77
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 8.1
De adición.
Se propone la adición de un punto 8.1 bis) que quedará con la siguiente redacción:
'8.1 bis) La formación continuada, el desarrollo profesional y la evaluación periódica, acreditada a través de la recertificación requieren de una atención prioritaria por parte de las administraciones sanitarias. Además, es necesario
fomentar la cultura del trabajo en equipo, de modo que todos los profesionales colaboren estrechamente desde el respeto a sus respectivas competencias. Ejemplo de ello ha sido la estrecha colaboración de los profesionales durante la crisis de la
COVID-19.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 78
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 8.2
De modificación.
Se propone la modificación del punto 8.2 que quedará con la siguiente redacción:
'8.2 Regular e incentivar la formación continuada de los profesionales sanitarios durante toda su vida profesional. Ello es una garantía inexcusable de la calidad y la seguridad asistenciales, por lo que la formación continuada debe
fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias. En este propósito ha de contarse con la participación de las universidades, de las Sociedades Científicas y los colegios profesionales. Se regularán los requisitos y las
garantías de transparencia para la colaboración de entidades privadas en el ámbito de la formación continuada.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 79
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 8.3
De adición.
Se propone la adición de los puntos 8.3 bis), 8.3 ter) y 8.4 quáter), que quedarán con la siguiente redacción:
'8.3 bis) Es necesaria una política de recursos humanos que establezca objetivos a medio y largo plazo en el Sistema Nacional de Salud, tanto desde el punto de vista cualitativo (especialidades nuevas), como respecto de su número,
distribución y estabilidad en el empleo. En Atención Familiar y Comunitaria habrá que tener en cuenta aspectos como coberturas en zonas de difícil acceso,
retribuciones, acceso a la especialidad vía MIR y número de plazas necesarias (médicos, enfermeras...).
8.3 ter) En la formación especializada MIR es necesario profundizar en un proyecto formativo que sea compatible con una actividad laboral digna y con una mejora en la retribución.
8.3 quáter) Es evidente la necesidad de incrementar el número de enfermeras. También es preciso fomentar su capacitación y especialización, tanto para determinados servicios (Ud, quirófano) como dar un impulso a la enfermería en Atención
Primaria, domiciliaria y en los centros residenciales.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 80
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 8.4
De modificación.
'8.4 Impulsar en el conjunto del SNS planes de igualdad y política de conciliación hasta alcanzar la igualdad real entre hombre y mujeres.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 81
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 8.5
De modificación.
Se propone la modificación del punto 8.5 que quedará con la siguiente redacción:
'8.5 Reforzar los pilares del compromiso ético y el profesionalismo de los profesionales sanitarios: primacía del bienestar y la seguridad del paciente, su autonomía y la obligación que corresponde a los profesionales de contribuir a una
distribución justa de los recursos disponibles y del bienestar, impidiendo al mismo tiempo la discriminación, los conflictos de intereses y otros comportamientos inapropiados.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 82
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 8.6
De modificación.
Se propone la modificación del punto 8.6 que quedará con la siguiente redacción:
'8.6 Los profesionales sanitarios son el principal activo del sistema sanitario. Por ello es trascendental promover una política integral de recursos humanos, que desarrolle y complemente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
desde el respeto a sus respectivas competencias, la relación entre las especialidades tanto médicas como de enfermería, evitando el crecimiento de compartimentos estancos, promoviendo las áreas de capacitación específica y las pasarelas necesarias
que permitan compatibilizar las ventajas de la subespecialización con las de la troncalidad y la cooperación entre las especialidades.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 83
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la propuesta de resolución al punto 9
De adición.
Se propone la adición de un punto 9 bis) que quedará con la siguiente redacción:
'9 bis) Promover la consideración de la infección por SARS-CoV-2 como enfermedad profesional para los sanitarios por ser directamente causada por la práctica asistencial y dado el impacto producido por la misma y sus posibles consecuencias a
medio y largo plazo.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
ENMIENDA NÚM. 84
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso