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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 67, de 16/04/2012
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2012 X Legislatura Núm. 67

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 7

celebrada el lunes,

16 de abril de 2012



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (Número de expediente 121/000008) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Román García). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000202) y Socialista (Número de expediente 212/000269) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del señor subsecretario de Justicia (Bravo Rivera). A petición de los grupos parlamentarios IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (Número de expediente 212/000138), Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000201) y Socialista
(Número de expediente 212/000270) ... (Página21)



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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).


- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ROMÁN GARCÍA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000202) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/000269).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia con motivo de las comparecencias en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado referidas a la sección 13, Ministerio de
Justicia. Se han pedido las comparecencias del secretario de Estado así como del subsecretario de Justicia. Vamos a comenzar con la comparecencia del secretario de Estado de Justicia, don Fernando Román García, que intervendrá sin tiempo definido.
A continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios que han solicitado su comparecencia intervendrán de menor a mayor según la representación que tienen en esta Comisión y en consencuencia en el Pleno de la Cámara. Si después quieren
intervenir el resto de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia, antes de su cierre por parte del señor secretario de Estado les daremos un tiempo de cinco minutos, igual que al resto de los grupos que la han solicitado. En
consecuencia, sin más trámites, vamos a empezar. Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Justicia, don Fernando Román García.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señor presidente, señorías, es para mí un honor y un placer acudir a esta Cámara para informarles de las previsiones presupuestarias del departamento de Justicia para 2012. Como
saben, comparezco por primera vez ante esta Comisión de Justicia, por lo que debo empezar por expresarles mi más sincero y leal ofrecimiento de colaboración, como ya hizo el ministro en el pasado mes de enero. Son tantos los retos a los que nos
enfrentamos, en una situación de dificultad extrema sin precedentes, y tantas las respuestas que hemos de dar entre todos a los ciudadanos que solo la colaboración estrecha de cuantos tenemos responsabilidades públicas nos puede garantizar que
estemos a la altura de las circunstancias. Estoy convencido de que contamos con el espíritu constructivo de los distintos grupos con representación parlamentaria, pues todos compartimos el objetivo común de aportar soluciones y adoptar medidas
eficaces y realistas que nos permitan superar las dificultades en las que nos encontramos y devolver a nuestro país a la senda del crecimiento económico, de la confianza, de la generación de empleo y de la estabilidad.


Desde esa voluntad de entendimiento -que desde ya considero recíproca y que por tanto les agradezco de manera anticipada- doy comienzo a mi intervención precisamente para presentarles las grandes líneas del presupuesto del Ministerio de
Justicia para este año 2012, que como saben son el instrumento fundamental con el que contamos los distintos departamentos para llevar adelante nuestras políticas y que son el reflejo de las prioridades que en cada momento han de quedar
establecidas, previa aprobación por parte de las Cámaras como representantes de la soberanía popular.


Como ya les he indicado, la situación es difícil y el ajuste es histórico. Tratar de ocultarlo sería un ejercicio de irresponsabilidad por mi parte en el que no voy a caer, pero no por ello hemos de ser derrotistas. La política de justicia
sigue siendo prioritaria para el Gobierno y tenemos margen para trabajar en su mejora y en su modernización, eso sí, desde un punto de vista global de la misma y adoptando medidas desde todos los frentes posibles, incluidas las reformas
estructurales y legislativas que ahora más que nunca están llamadas a jugar un papel fundamental en la consecución de este objetivo. No voy a negar que la actual situación económica y las obligadas restricciones presupuestarias que todos hemos de
asumir exigirán un gran esfuerzo por nuestra parte, pero para eso hemos aceptado todos nuestras respectivas responsabilidades y yo concretamente he aceptado el cargo de secretario de Estado. Es mi deber, y así lo asumo, trabajar a diario con
esfuerzo y con tesón para que todos los ciudadanos tengan un servicio público de justicia eficiente y de calidad, que no solo respete sino que proteja y garantice sus derechos y libertades.


Señorías, estoy convencido de que estos presupuestos que hoy les presento son los más adecuados dentro de la situación para alcanzar estos objetivos. Son unos presupuestos que como no podía ser de otra manera se enmarcan dentro del contexto
general de la política presupuestaria del Gobierno; una política que, con el objetivo fundamental de lograr un crecimiento sostenible y fomentar la creación de empleo, se basa en la ineludible necesidad de devolver la estabilidad a las finanzas
públicas, corrigiendo los actuales desequilibrios mediante la aplicación de criterios presupuestarios rigurosos y fiables basados en previsiones realistas sobre la evolución de nuestra economía. Solo así, aplicando una política presupuestaria seria
y rigurosa acompañada de las necesarias reformas estructurales, podremos recuperar la senda hacia el crecimiento económico y el equilibrio presupuestario y cumplir los compromisos de España con la Unión Europea. Por tanto, el presupuesto y las
políticas del Ministerio de Justicia participan con la necesaria solidaridad del mismo objetivo de responsabilidad en el gasto público, estabilidad presupuestaria y racionalización de los servicios públicos.



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En este contexto, considero importante subrayar de nuevo que este proyecto de ley de presupuestos, a pesar de las restricciones que la crisis económica nos obliga a imponer en los gastos del Estado, pone de manifiesto que la justicia es una
prioridad del Gobierno y que la modernización y mejora del sistema de justicia español es un objetivo al que no podemos renunciar. Efectivamente, mientras que la reducción global de los Presupuestos Generales del Estado con respecto al año 2011 es
del 16,9%, la del Ministerio de Justicia solo alcanza el 6,34%, reducción inferior además a la que sufrió el presupuesto de este ministerio en 2011, que fue del 6,9%. El total de créditos destinados al Ministerio de Justicia y organismos adscritos
es de 1.708 millones de euros -es decir, un decremento del 5,86%- y el total de créditos destinados al servicio público de la justicia -incluyendo por tanto la partida destinada al Consejo General del Poder Judicial- es de 1.779 millones de euros,
de manera que el gasto destinado al servicio público de la justicia decrece tan solo en un 5,78%. Como pueden ver, los ajustes inciden de forma mucho menor en el Ministerio de Justicia que en otros departamentos ministeriales. Las reducciones sin
duda son importantes y ya les anticipo que tendremos que renunciar a algunos proyectos, pero creo que en esta Comisión, desde la comprensión y el espíritu constructivo de los que les hablé al principio, podemos estar satisfechos de que el servicio
público de la justicia se manifieste como una prioridad para el actual Gobierno.


Las partidas del Ministerio de Justicia para el año 2012 suponen un total de 1.574 millones de euros, cifra muy similar a la de los presupuestos de 2009, cuando se reflejaron por primera vez los efectos de la crisis en los Presupuestos
Generales del Estado. Se puede extraer, por tanto, una primera conclusión: la crisis económica y financiera no tiene por qué descargar todos sus efectos sobre el impulso renovador del sistema de justicia. No podemos renunciar a él y para eso
estamos trabajando ya en otras medidas, que no necesariamente han de implicar coste, al objeto de conseguir una justicia eficiente y de calidad al servicio de los ciudadanos, de las empresas y también -y creo que esto es necesario destacarlo- de la
recuperación económica del país. No puede negarse sin embargo que nos encontramos antes unos presupuestos austeros si los comparamos con los dos últimos años, pero que siguen siendo relevantes si los comparamos con las partidas que tradicionalmente
se han destinado al servicio público de la justicia. Basta comprobar las partidas destinadas al servicio público de la justicia en la década de 2000 hasta ahora. En cualquier caso, quiero enfatizar que son los mejores presupuestos que podríamos
construir dentro del actual contexto de dificultades.


En este punto quiero hacer una reflexión que espero que compartan conmigo. Si en cualquier coyuntura es obligación ineludible de todo cargo público hacer un uso escrupulosamente correcto de los recursos que los ciudadanos ponen en nuestras
manos, en un momento como el actual hemos de ser más responsables que nunca en la gestión de dichos recursos. La austeridad que se impone podría parecer un escollo para la modernización de la justicia, pero creo que en este caso hemos de
esforzarnos por verlo como una oportunidad, oportunidad que debemos aprovechar para priorizar los proyectos que generan alto valor añadido y que verdaderamente supongan un incentivo en la modernización del servicio público de justicia.
Evidentemente, no hay dinero para gastar en todos los proyectos que hasta ahora se estaban llevando a cabo, pero también es evidente que los resultados obtenidos hasta el momento no se corresponden con el importante nivel de inversión que estos
proyectos han recibido. Es decir, algo está fallando, el gasto no ha sido del todo eficiente y por tanto es posible que hayamos perdido una valiosa oportunidad para modernizar nuestra justicia. Es precisamente aquí y ahora cuando tenemos la
ocasión de revertir esta situación. Tenemos la necesidad y por ello la obligación de asignar los recursos de una forma más correcta y escrupulosa que nunca, repensando el modelo de gasto y creando nuevas fórmulas que permitan hacer de la mejor
manera posible y con los recursos existentes todo aquello que es imprescindible hacer.


Las líneas estratégicas de actuación del ministerio pasan por hacer reformas estructurales, organizativas y legislativas, así como por la implantación tecnológica, siempre -y quiero recalcarlo- en coordinación con el Consejo General del
Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. Para ello debemos establecer prioridades de forma responsable, posponiendo la realización de todo aquello que no añada gran valor al conjunto, así como
también aquellos proyectos que puedan no llevarse a cabo sin merma de la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos y al país en su conjunto. Estas prioridades deben fijarse además con una visión de futuro que garantice la sostenibilidad del
sistema también a medio y largo plazo, así como su constante mejora a lo largo del tiempo. Por eso, insisto, la austeridad que impone la actual situación económica es una oportunidad para buscar nuevas fórmulas de gestión y mejorar de forma estable
el modelo de nuestra justicia. Por esa razón, para la elaboración de estos presupuestos se han analizado las experiencias del pasado reciente y vamos a procurar evitar errores cometidos. Les voy a poner un ejemplo al respecto.


Hemos visto cómo el gran incremento de unidades judiciales de los últimos años no ha contribuido a reducir la litigiosidad ni la pendencia ni los tiempos de respuesta del sistema judicial en su conjunto. Así, en 2011 se invirtieron 31
millones de euros en dotar órganos judiciales creados en ese año. En total, desde 2004, se han creado 920 nuevas unidades judiciales; además, se han creado más de 1.000 plazas de jueces y fiscales. A pesar de estos datos, sin duda relevantes, no
se ha logrado reducir la litigiosidad. Como señaló el ministro en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados



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y de acuerdo con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en 2010 ingresaron más de 9,3 millones de asuntos en los órganos jurisdiccionales y el número de asuntos en trámite al final de ese año era de 3,2 millones de casos,
casi un 3% más que el año anterior. Esta cifra no ha parado de crecer en los últimos años, a la vez que crecía el número de unidades judiciales. Por ello hemos decidido no seguir invirtiendo inútilmente en incrementar las unidades judiciales de
forma lineal, sino que estamos buscando nuevas fórmulas que mejoren la eficiencia del sistema con un nuevo modelo de organización judicial.


Permítanme en este punto que les explique gráficamente con un ejemplo que tratamos de hacer. Nos encontramos con una habitación, la sede judicial, inundada porque a través de un gran agujero en la pared entra una tromba de agua. No podemos
permitir que esa tromba siga entrando. Si queremos achicar el agua de la habitación de la sede judicial, lo primero que tendremos que hacer será contener la entrada de agua. Eso quiere decir que tenemos que buscar mecanismos alternativos de
solución de conflictos. No podemos pensar que todos los asuntos tienen que tener respuesta por un juez. Es necesario pensar que hay grandes profesionales dentro del ámbito relacionado con la Administración de Justicia que reúnen una formación y
una preparación y acreditación excepcionales y que pueden resolver conflictos sociales. Solo aquellos cuya naturaleza o entidad lo hagan necesario tendrán que ser resueltos por un juez. Precisamente por eso lo primero que tenemos que hacer es
buscar esas fórmulas de solución extrajudicial de conflictos para, después, agilizando procedimientos e imponiendo grandes dosis de organización, procurar solucionar los litigios judiciales, la excesiva litigiosidad de nuestros órganos judiciales.
Una de estas fórmulas, como les decía, de profundización en la resolución extrajudicial de conflictos es -y digo es en presente y no en futuro porque el Gobierno ya ha introducido modificaciones en el sistema con la aprobación del Real Decreto-ley
5/2012, de 5 de marzo, que fue convalidado el pasado 29 de marzo por el Congreso de los Diputados- la nueva regulación de la mediación civil y mercantil. En este real decreto-ley se configura un marco jurídico uniforme en todo el territorio
nacional, hasta ahora inexistente, que ofrece a los ciudadanos una nueva posibilidad de resolver sus conflictos de forma ágil, flexible y mucho menos costosa que la vía jurisdiccional. Asimismo otra fórmula que nos permitirá ganar la tan ansiada
eficiencia del sistema será la nueva ley de demarcación y planta judicial, junto con la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, en las que estamos trabajando desde el mes pasado y que tienen como objetivo fundamental la definición de un nuevo
modelo organizativo mucho más eficaz, mucho más eficiente. Por tanto, hemos tomado la decisión de no crear nuevas unidades judiciales mientras no se haya analizado y definido este nuevo modelo judicial. En cambio, sí vamos a crear plazas en la
carrera judicial y en la carrera fiscal para dar cabida a los nuevos integrantes de las carreras respectivas que finalizan su periodo de formación en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos tras haber aprobado las oposiciones
convocadas en ejercicios precedentes.


Desgraciadamente, este año no podemos prever, al menos por el momento, la convocatoria de oposiciones en el ámbito de la Administración de Justicia, sector que no se declaró prioritario por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Esto no implica que no tengamos margen de actuación en materia de recursos humanos, sino que este año nos vamos a centrar en la cobertura de
plazas ocupadas por funcionarios interinos, con el objetivo, en cualquier caso importante para la mejora estructural del sistema, de profesionalizar la justicia, y también nos vamos a centrar en el desarrollo de los procesos selectivos ya
convocados. Estas nuevas plazas previstas en los presupuestos -repito y creo que es importante aclararlo- no suponen la convocatoria de oposiciones ni la creación de nuevas unidades judiciales en el sentido clásico, entendido como edificio judicial
con juez, secretario, fiscal y funcionarios. El objetivo de este ministerio es potenciar los órganos colegiados y los jueces de adscripción territorial. Estos últimos los consideramos una pieza clave para mejorar la eficacia del sistema con un
menor coste, por lo que vamos a tratar de flexibilizar su regulación. Será también fundamental el impulso de los tribunales de instancia en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que actualmente estamos preparando.


Las reformas organizativas que ya están en marcha pretenden en definitiva la progresiva profesionalización de la justicia, superando el actual sistema, que depende demasiado de jueces sustitutos y magistrados suplentes y, de esta manera,
permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles. Todo esto pone de manifiesto que los presupuestos que hoy estamos analizando representan un cambio de modelo acorde con una estructura social y económica también cambiante, a
la que se suma un incremento notable en los últimos años de la complejidad jurídica, a la que hay que dar una respuesta fundamentalmente cualitativa y no solo cuantitativa. Junto a la reforma de ese modelo, vamos a revisar y actualizar el sistema
de tasas y depósitos para recurrir, con la finalidad de que las personas que tengan recursos suficientes sufraguen los gastos correspondientes, quedando exentas las personas que verdaderamente carezcan de medios económicos para recurrir.


El pasado 30 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por la que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002; se actualizan las cuantías y las tasas ya existentes para la primera instancia en el orden civil y
en el contencioso-administrativo; se aplicarán también en lo social, pero solo en la segunda instancia. No se trata por tanto de desvirtuar la tutela judicial efectiva ni de imponer cargas a aquellos que no se pueden permitir asistencia letrada,
sino de evitar los



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excesos que en la actualidad se producen en los recursos y que cargan excesivamente a los ya de por sí muy congestionados tribunales de Justicia. Por otro lado, los ingresos que generen los depósitos y las tasas se destinarán
respectivamente a la modernización de la justicia y a garantizar la financiación de la justicia gratuita. En este aspecto, estimamos que los ingresos por tasas a partir de 2013 pueden llegar a alcanzar la cifra de 300 millones de euros
aproximadamente al año.


Para continuar con esta presentación general de los presupuestos del departamento y al objeto de que sus señorías dispongan de toda la información relevante para su valoración, permítanme que haga un análisis global pero específico para cada
capítulo presupuestario de las cifras que les presentamos y de sus correspondientes variaciones en relación con el ejercicio anterior. Los gastos de personal, capítulo 1, sufren una ligerísima reducción del 1,82%. Este ajuste no supone recorte
alguno ni en las retribuciones del personal ni en el número de plazas dotadas, sino que es debido fundamentalmente a un ajuste más correcto de las dotaciones de vacantes a la estructura actual para conseguir así un mejor equilibrio interno en el
presupuesto dentro del propio capítulo 1 y a una reducción en las cuantías de formación y acción social que con carácter general se ha aplicado en todos los entes y organismos que integran el presupuesto del Estado y que en nuestro caso supone una
minoración de 2,18 millones de euros. Conviene precisar que en los últimos años el capítulo de formación ha sido particularmente generoso, con lo cual, dadas las circunstancias, se puede reducir en espera de mejores condiciones económicas sin que
por ello la prestación de los servicios de justicia sufra repercusión alguna. Por otro lado, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
establece literalmente que durante el ejercicio 2012 las administraciones, entidades y sociedades del sector público no podrán realizar aportaciones a planes pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación. En consecuencia se han dado de baja las partidas afectadas, lo que supone una reducción de 2,86 millones de euros.


Finalmente, en cuanto al personal al servicio de la Administración de Justicia en este ejercicio el objetivo -como ya he comentado- es la creación mínima de plazas que permitan a los opositores aprobados en convocatorias precedentes comenzar
su carrera, no el de crear nuevas unidades judiciales. De este modo se prevé la creación de 35 plazas para la carrera judicial y 20 para la carrera fiscal. Asimismo estamos trabajando en la progresiva eliminación de la justicia interina, todo ello
-lo recalco- en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.


Los gastos corrientes, capítulo 2, como luz, teléfono o mantenimiento físico de las infraestructuras que garantizan la operatividad de las instalaciones van a subir ligeramente, en un 0,79%, por debajo del IPC previsto, para asumir las
subidas de las principales facturas que se pagan con cargo a este capítulo, especialmente energía eléctrica, agua y gas, que crecen principalmente en las partidas destinadas a los juzgados y tribunales. Este mayor gasto se ve compensado por el
ahorro previsto en servicios postales, arrendamientos, así como en reuniones, conferencias y cursos, que son partidas susceptibles de reducción en tiempos de austeridad.


En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes, se produce un decremento de 3,39 millones de euros, lo que representa un 6,37%. El grueso de este decremento se debe fundamentalmente a dos circunstancias. Por un lado, se corresponde con
la aportación a la Fundación Pluralismo y Convivencia, que se ve reducida a 2 millones de euros. El presupuesto de esta fundación se destinará a la promoción de la libertad religiosa y a la normalización e integración social y cultural de las
confesiones minoritarias. Aun en un escenario de fuerte restricción presupuestaria, este ministerio sigue apostando por la integración y la protección de la diversidad, es cierto que con una cantidad inferior a la presupuestada en años anteriores,
pero en este momento tan difícil para nuestra economía es necesario que todos asumamos sacrificios que permitan la sostenibilidad de esta política en el futuro, por lo que hoy toca priorizar las actuaciones que tengan un mayor impacto en la
integración de las confesiones minoritarias. Por otro lado, se contempla en este capítulo una menor aportación del Estado a través del presupuesto del Ministerio de Justicia al Centro de Estudios Jurídicos, que asume esta minoración con cargo a su
propio remanente en 3,25 millones de euros.


En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, considero importante destacar que se produce un incremento de casi 2,3 millones de euros, que se destinará a paliar el déficit que, como seguramente sabrán, arrastra esta política. Se prevé que
la reforma del sistema de tasas para litigar y la reforma de la regulación de la asistencia jurídica gratuita que vamos a acometer acaben por equilibrar este gasto y adecuarlo a la situación económica real de aquellos de nuestros ciudadanos que
verdaderamente carecen de recursos suficientes, permitiendo así con equidad y eficacia un sistema dirigido a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.


En el capítulo 6, de inversiones, es donde se centralizan la mayor parte de los ajustes presupuestarios. Este capítulo sufre sin duda una reducción importante, un 45% menos en inversiones para nuevas tecnologías y modernización y un 36%
menos en inversiones para obras y patrimonio. Estamos sin duda ante la muestra más evidente de que la situación en la que nos encontramos es tremendamente difícil y complicada. En cualquier caso, la reducción en obras y patrimonio resulta acorde
no solo con la imperiosa necesidad de ajustar y replantear el gasto, sino también con el propósito, que ya he expresado anteriormente, de esperar a tener diseñado el nuevo modelo de planta y organización judicial que saldrá de la nueva ley de
demarcación y planta y de



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reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ello implica y exige no acometer nuevos proyectos cuyo correcto diseño se pueda ver condicionado por la nueva organización que se implante. Ello no es óbice para que esta partida incluya
fondos suficientes que permitan llevar a cabo aquellas obras y reformas necesarias para mantener la operatividad del sistema e incluso si cabe mejorarla. En concreto, con las dotaciones previstas para 2012 se van a acometer nuevas obras para la
construcción de edificios en Plasencia y Almendralejo; se continuará con los proyectos ya iniciados en Murcia y Almagro; se culminarán las actuaciones del edificio del Registro Civil Central y se procederá a la rehabilitación del actual edificio
de la Audiencia Nacional.


El apartado de nuevas tecnologías es el que sufre en términos absolutos una mayor reducción, cifrada en 49 millones de euros, a pesar de lo cual se siguen invirtiendo 60,3 millones de euros en la modernización tecnológica de la justicia.
Hemos de reconocer que las circunstancias obligan, pero también debo decirles que estoy convencido de que este ajuste era absolutamente necesario, no solo por la situación económica del país y la necesidad de realizar una gestión austera de los
recursos públicos, sino también porque se impone una modificación sustantiva en la forma de llevar a cabo la gestión de la inversión tecnológica y debemos ser capaces con ello de obtener a menor coste mejores resultados que en los últimos años. Es
importante recordar que en los últimos tres años se han invertido cerca de 388 millones de euros en modernización, una cifra sin duda más que considerable, pero con resultados que no han estado en consonancia con este gran esfuerzo inversor. A
pesar de la enorme cantidad de dinero invertida en nuevas tecnologías, no disponemos todavía de una integración adecuada de los sistemas procesales, incapaces a día de hoy de comunicarse entre ellos con comunidades autónomas o con otros
departamentos como el Ministerio del Interior o con otros registros en cuantas ocasiones sea necesario. Por este motivo la interconexión, la interoperabilidad y la comunicación entre los distintos operadores jurídicos es una de nuestras
prioridades. Por ello vamos a formalizar una estructura estable que permita al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de justicia coordinar la interoperabilidad de
los sistemas de gestión procesal y llegar a acuerdos en cuanto a la compatibilidad de los sistemas informáticos. En definitiva, se trata de evolucionar del sistema EJIS hacia una estructura más estable e integrada.


Ya tenemos los cimientos y ahora ha llegado la hora de construir la arquitectura que haga viable la gestión de la interoperabilidad. Estamos convencidos firmemente de que la utilización de la informática y de las redes de telecomunicaciones
en el ámbito de la justicia constituye un factor decisivo para que esta sea más rápida, más segura y más eficiente. Por ello vamos a poner todo nuestro esfuerzo en conseguir que nuestros juzgados y fiscalías se doten de aplicaciones de gestión que
agilicen y faciliten el trabajo diario para reducir al máximo el intercambio de documentos en papel, permitiendo la disponibilidad inmediata de determinados datos y también para asegurar que todos los organismos que configuran el sistema judicial
puedan conectarse informáticamente y compartir información, pero que además puedan ponerla a disposición de otros departamentos que la necesiten. Vamos a trabajar decididamente en todo ello, pero priorizando las actuaciones y poniendo todos
nuestros esfuerzos en alcanzar el éxito de aquellos proyectos que tienen un gran impacto sobre la eficacia general del sistema judicial, sin dispersar nuestras fuerzas ni por supuesto los recursos, que son escasos, en actuaciones que permiten
objetivos de segundo orden o de bajo valor añadido. Estoy convencido de que priorizando adecuadamente los objetivos de manera seria y realista con una correcta planificación, podemos afrontar el reto de conseguir mejores resultados prácticos con
esos algo más de 60 millones de euros en modernización tecnológica que con los cerca de 109 millones de los que se disponía en el ejercicio anterior. Para ello hemos realizado un estudio pormenorizado de las necesidades más imprescindibles para el
presente año. Ha sido necesario reajustar las encomiendas de gestión y los convenios ya firmados y en vigor para permitir continuar trabajando en los proyectos clave para la modernización de la Administración de Justicia. Voy a señalarles los
principales, que son aquellos en los que queremos concentrar prioritariamente nuestros esfuerzos.


En primer lugar, vamos a poner en marcha el nuevo sistema de gestión procesal Minerva, que permitirá la gestión integrada de los procedimientos de las oficinas judiciales, la interconexión de todas ellas y el intercambio de datos entre sí y
con otras aplicaciones de diferentes administraciones. Se trata de un proyecto que nació en el año 2009, pero que no ha empezado siquiera a desarrollarse. Me atrevo a decir sin embargo que es una de las piezas clave para lograr la tan ansiada
agilización procesal y es también el mecanismo mediante el que vamos a poder conocer de forma fiable los datos de actuaciones en las distintas unidades judiciales; información que debe permitirnos tomar decisiones mejor fundamentadas, lo que es
esencial en época de crisis económica como la actual para poder asignar los recursos escasos de forma óptima.


Otro de los proyectos de modernización tecnológica al que vamos a prestar una atención preferente es el expediente judicial electrónico. Hay que trabajar para conseguir que finalmente se reduzca al mínimo el almacenamiento de papel y el
intercambio de informaciones por procedimientos tan poco adecuados para nuestra época como el fax o el correo postal. Esto no solo debe permitir la agilización de actuaciones judiciales sin búsquedas tediosas y a veces infructuosas entre legajos de
papeles, sino que ha de añadir seguridad jurídica a los procedimientos. Con el expediente digital el extravío de la documentación e incluso su posible manipulación



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serán mucho más difíciles. Creemos firmemente además que la columna vertebral de toda la modernización está en la interoperabilidad, ya lo he señalado anteriormente. Esta es verdaderamente la pieza clave para el intercambio de datos entre
sistemas, organismos, administraciones o comunidades autónomas diferentes. Solo si establecemos adecuadamente un lenguaje común, va a ser posible que la información fluya y se interprete adecuadamente. La interoperabilidad es algo que debemos
conseguir con la colaboración de las comunidades autónomas, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado e incluso de otras administraciones no judiciales. Vamos a poner todos los medios disponibles para lograrla,
medios económicos sin duda, pero sobre todo medios organizativos, y es que la interoperabilidad va más allá de los instrumentos, las máquinas o las aplicaciones informáticas que se utilicen. La interoperabilidad se basa ante todo en la existencia
de normas tecnológicas y cuando estas son claras para los distintos operadores resulta mucho más sencillo, eficiente y rápido llevar a cabo desarrollos tecnológicos, desarrollos que además resultan así más baratos de realizar. Por tanto, si
combinamos correctamente la interoperabilidad judicial con el desarrollo de sistemas de gestión procesal modernos e integrados y con la eliminación del papel mediante el expediente judicial electrónico, estaremos en condiciones de desarrollar las
aplicaciones que permitan consolidar la progresiva implantación de la oficina judicial. Vamos a poner por tanto la tecnología al servicio de la actividad judicial y no al contrario, como a veces parece que sucede. Nuestro objetivo es estar en
condiciones de mejorar la atención a los ciudadanos, poniendo a su disposición el acceso electrónico para la realización de trámites y gestiones, a la vez que se podrán reasignar los recursos personales que así se liberen gracias a los servicios en
línea.


En este sentido y en otro orden de cosas, vamos a poner en marcha el modelo de registro civil único. Se trata de crear un único registro civil de carácter electrónico, con superación de los registros civiles territoriales existentes hasta
ahora, de tal manera que en cualquier punto de España se pueda acceder de forma fácil y rápida a los datos contenidos en dichos registros. Asimismo abordaremos un plan intensivo de digitalización de los expedientes de concesión de nacionalidad por
residencia, que vienen acumulando un creciente retraso en los últimos años, como paso previo a su tramitación como expedientes electrónicos. De esta forma esperamos resolver en el plazo de un año los expedientes atrasados. Piensen ustedes que a
día 11 de abril de 2012 hay 393.108 expedientes pendientes.


En resumen, señorías, vamos a priorizar, a planificar mejor, a ser realistas y a profundizar en aquellos proyectos que se orienten de manera más directa hacia el objetivo de disponer, por fin, de una Administración de Justicia verdaderamente
al servicio del ciudadano y todo ello -quiero destacarlo por otro lado- sin reducir la partida de gasto social en los presupuestos de 2012 que hoy les presento. La partida de justicia gratuita que el ministerio destina a este concepto es de 34
millones de euros, con un incremento ya mencionado de 2,3 millones de euros con respecto a 2011, sin reducir tampoco la partida de asistencia gratuita a víctimas de la violencia de género, que mantiene la misma cantidad que en 2011. En conjunto,
las actuaciones contra la violencia de género se dotan con 45 millones de euros.


Finalmente y de forma muy breve, ya que no quiero exceder del tiempo que me corresponde ni saturar a sus señorías con datos, comentaré la situación presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado y de los organismos adscritos al ministerio.
En primer lugar, en cuanto al Servicio Jurídico del Estado, la dotación presupuestaria es de 32,33 millones de euros, que se destinan sobre todo a potenciar la formación y divulgación de conocimientos, así como a mejorar la informatización de dicho
servicio, dado que tiene que dar una respuesta eficaz al incremento de demanda de asistencia jurídica que se presta al conjunto de la Administración General del Estado. En cuanto a los organismos adscritos al ministerio, el presupuesto para este
año es de 134,39 millones de euros, de manera que se incrementa un 0,1% respecto a 2011. Este aumento se debe al aumento del gasto destinado al Centro de Estudios Jurídicos, que ve incrementados sus presupuestos en un 5,69%. Sin embargo, el
presupuesto de la Agencia de Protección de Datos sufre una reducción del 3,52 y el de la Mutualidad General Judicial de un 0,32, aun así significativamente inferior a la reducción general que afecta al ministerio.


Todo ello me lleva a decir -y ya concluyo- que los presupuestos de Justicia para 2012 son los mejores presupuestos que podíamos construir en el actual contexto de restricción. Nos hemos encontrado con una situación crítica -hoy por hoy
todavía lo es-, pero hemos tratado de garantizar que los necesarios ajustes no supongan merma en la calidad del servicio ofertado. Creo además que con una mejor gestión vamos a poder avanzar sensiblemente en la modernización del sistema, aun
reduciendo las inversiones, de tal forma que la reducción se centre en proyectos que se ha demostrado que apenas tienen impacto en el conjunto. Si logramos aunar esta mejor gestión con las reformas organizativas, estructurales y legislativas en las
que estamos trabajando -y para las que estoy seguro de que contamos con la colaboración de sus señorías-, podremos avanzar en el objetivo común que todos -el Gobierno, el Parlamento y también el Poder Judicial- compartimos. Estos presupuestos -que
espero obtengan la aprobación de las Cámaras- reflejan un claro ejercicio de responsabilidad en el gasto y en definitiva son una manifestación de respeto por la utilización del dinero público y, en última instancia, del respeto a la voluntad de los
ciudadanos. Quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran plantear, así como para aclarar o ampliar lo que estimen necesario, y trataré de dar la respuesta en este mismo momento o, si la información solicitada así lo requiere



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por su nivel de concreción o detalle, les será oportunamente enviada en el plazo reglamentario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor secretario de Estado de Justicia por su comparecencia y su intervención y por las explicaciones que nos ha ofrecido.


A continuación, sin más dilación, pasamos a dar el turno de palabra a los portavoces de los grupos que han solicitado su comparecencia. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Sáez Jubero, por tiempo de
diez minutos.


El señor SÁEZ JUBERO: Señorías, en primer lugar, es obligado dar la bienvenida al secretario de Estado, don Fernando Román, a esta Comisión en nombre de mi grupo parlamentario, y el ejercicio, que intentaremos que sea riguroso, de la
oposición no menoscaba nuestros deseos de que tenga éxito en la gestión al frente de esta importante Secretaría de Estado de Justicia, porque sin duda el éxito en su gestión redundaría en ese objetivo común que tenemos de que el servicio público de
la justicia mejore. Debo reconocer y agradecer su claridad expositiva, su tono, su defensa técnica del presupuesto, con el que en un buen porcentaje podríamos estar de acuerdo, pero me va a permitir -dado que a veces las voluntades no se acompañan
con los hechos y dado que el presupuesto es el principal instrumento político que tiene un Gobierno- que descienda un poco a la arena del debate político con usted.


En la primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del ministro Ruiz-Gallardón para informar sobre las políticas de este departamento, el ministro apeló al sentido de Estado y a la necesidad de un diálogo fluido con la finalidad de que
la reforma de la justicia en España se convierta en este éxito que todos deseamos. Vaya también por delante -como hizo en ese momento el portavoz en esta Comisión de Justicia, Julio Villarrubia- el ofrecimiento del Grupo Parlamentario Socialista
para que efectivamente la política de justicia sea una política de Estado. Usted ha hablado de ese espíritu constructivo y ahí nos va a tener como aliados. Sin embargo, debo decirle que los anuncios del ministro se alejan de este objetivo y van
precisamente, a nuestro criterio, en la línea de ruptura de consensos básicos.


Cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno, su primer ministro de Justicia entonces, el señor López Aguilar, alertó del mal, de la tentación que puede aquejar a un nuevo ministro de Justicia: el adanismo -creerse que se parte de cero- y
el penelopismo -sumergirse en un tejer y destejer legislativo-. Parece que el equipo ministerial del señor Gallardón presenta algunos síntomas de transitar en esta dirección, a nuestro criterio tan equivocada. Estos presupuestos, déjeme decirlo,
son una nueva confirmación de ello. Resulta complicado conocer si iniciamos o no un debate que va a resultar estéril si una vez presentada la ley de presupuestos se anuncia un recorte adicional de 10.000 millones, que parece no afectan a la sección
de Justicia. He seguido con atención la rueda de prensa que ha hecho el ministro de Educación y Cultura, el señor Wert, y he sufrido con él la defensa de esos recortes. Esperemos que no tengamos que tener un debate en que el ministro de Justicia
anuncie nuevos recortes después de la presentación de la ley de presupuestos, porque sería sin duda un debate estéril.


En el debate del presupuesto de 2011, quien actuó como portavoz entonces del Grupo Popular calificó aquellos presupuestos de Justicia como un desastre, un pequeño desastre en mitad de un naufragio nacional, valorando esa caída que hacía el
presupuesto del 6% en relación con el año anterior. Tal vez el mismo portavoz definiría en unos términos parecidos su defensa de los presupuestos. No voy a hacer exactamente lo mismo, pero debo decirle que el descenso del 6,34% del presupuesto de
Justicia no es sin duda una buena noticia para el servicio público de la justicia. De hecho, si tenemos en cuenta -usted lo ha glosado bien- que el presupuesto global del Ministerio de Justicia, sin añadir el presupuesto del Consejo General del
Poder Judicial, es de 1.574 millones de euros, de los que 1.279 millones se dedican al capítulo 1, gastos de personal, el 81,26% del presupuesto, va a resultar difícil consolidar el esfuerzo hecho en pasadas legislaturas, que incluso había llegado a
superar ese objetivo del 1% del presupuesto del Estado para la Administración de Justicia, y avanzar en esos planes de modernización que el Gobierno socialista, creo que con acierto y con dedicación presupuestaria, inició en el anterior mandato
legislativo.


Es cierto que el actual marco presupuestario -usted lo ha defendido bien- también viene condicionado por una exigencia de contención del gasto público. Sin embargo esta necesidad, junto con la necesidad de ser más eficientes, no debería en
modo alguno paralizar el proceso modernizador de la justicia. A nuestro criterio estos presupuestos llevan aparejada esta paralización en el proceso de modernización. Si bien es cierto que la modernización de la justicia también pasa por el gasto
de personal, nos preocupa la falta de ambición de estos presupuestos y la infradotación para continuar con el plan de modernización de la justicia, aquello que usted ha denominado ajuste necesario. Si en el presupuesto de 2011 se contemplaba la
dotación de 150 plazas de jueces, 50 plazas de fiscales y 50 de adscripción territorial, en su proyecto de presupuestos no existe dotación para nuevas plazas. El nuevo escenario presupuestario obliga en parte a la congelación de la Función pública,
sin embargo deben mantenerse a nuestro criterio, las obligaciones contraídas y los jueces que se han incorporado a la carrera judicial como jueces de refuerzo que han finalizado su formación en la Escuela Judicial, los jueces en prácticas de la 63.ª
promoción, cuya incorporación a la carrera judicial estaría prevista para 2013, y quienes están actualmente en el proceso de oposición de esas 250 plazas no deberían quedar fuera de esa convocatoria, de esa previsión presupuestaria. ¿Qué solución



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va a dar el ministerio, señor secretario de Estado, a esta situación? Usted ha dicho que hasta el momento no va a proveer estas plazas. Quisiéramos saber qué destino le espera a estos nuevos jueces en la carrera judicial.


La falta de ambición de este presupuesto también se constata, señor secretario de Estado, en la caída de las inversiones reales y del Plan de modernización tecnológica de la Administración de Justicia en buena parte previsto en el programa
467.G, que disminuye en un 31,12%. Un mensaje que ustedes lanzaron previamente fue precisamente la supresión de la Secretaría General de Modernización, que en la estructura organizativa nosotros pensamos que cumplía un papel clave en el diseño de
su ministerio.


El espíritu reformista de este Gobierno en materia de justicia, aquejado por aquello que hemos denominado al inicio de la intervención penelopismo, plantea en sus líneas estratégicas de actuación reformas estructurales y organizativas que
rompen consensos básicos. En primer lugar -y hago referencia porque está contenido también en la ley de presupuestos-, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Demarcación y Planta. En la descripción general de los objetivos de
esta reforma contenidos en estos presupuestos ustedes definen la futura reforma como cambio radical del modelo de la organización de la justicia española. Debo preguntarle sobre el alcance y los objetivos de esta modificación, en qué va a consistir
la revisión del nuevo modelo de oficina judicial, a la que, según dicen en este proyecto de ley de presupuestos, hay que liberar de todos los problemas que la agobian y que impiden su pleno funcionamiento. ¿Va a cambiar el consenso también en el
modelo de nueva oficina judicial? ¿Van a incluir también en esta reforma las competencias establecidas en los estatutos de autonomía, los consejos territoriales de justicia? ¿Van a incluir en este proyecto de ley orgánica también las competencias
casacionales en derecho propio de los tribunales superiores de justicia? ¿Qué significado, señor secretario de Estado, otorga la reordenación territorial que ustedes hacen en ese anuncio de la ley de presupuestos? ¿Está sobre la mesa una
devolución de competencias de la Administración de Justicia al Ministerio de Justicia, como parece que planteaba la presidenta de la Comunidad de Madrid?


En cuanto a estas reformas estructurales también tendríamos interés en conocer cuál es su modelo, si nos lo puede decir, de tribunales de instancia, si va a romper también cierto consenso que este grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario
Popular parece tenían en la anterior legislatura, en el proyecto de ley que presentamos a esta Cámara y que caducó. Por tanto, quisiéramos saber algo más de este futuro proyecto de tribunales de instancia, ya que ustedes dicen que los van a
implantar de manera progresiva y paulatina.


Donde es más evidente, señor secretario de Estado, la rotura de consensos es precisamente en el anuncio de cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial al que definen como parte de un programa de regeneración
institucional para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías. Conocen nuestra posición: el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, no es poder judicial. Por tanto
el actual modelo, fruto del consenso, cumple perfectamente el mandato constitucional vigente frente al modelo algo corporativista que pretende sustraer al Parlamento de la elección de estos 12 miembros de procedencia judicial. Creo que necesitamos
un acuerdo de este cambio de modelo. Por tanto, a ello les exhortamos también desde nuestro grupo parlamentario.


Se proponen también disminuir la discrecionalidad en los nombramientos de la carrera judicial, dotándola de previsibilidad. ¿Se plantearán cambios también en el sistema de acceso a la carrera judicial, como también sugirió en su día el
informe del Consejo General del Poder Judicial? Señor secretario de Estado, ¿qué significa que se hará una configuración adecuada del ministerio fiscal? ¿Está en su agenda reformista también una modificación del estatuto orgánico del ministerio
fiscal? ¿Cuál va a ser el modelo?


En cuanto a las reformas organizativas a las que usted también ha hecho mención, compartimos la necesidad de incentivar la solución extrajudicial de los conflictos, confiamos en que la nueva ley de mediación que ya está en la Cámara y la ley
de jurisdicción voluntaria, contribuyan efectivamente a que la judicialización sea la última ratio. También parece que en estas reformas van a otorgar un papel principal a notarios y a registradores en los procedimientos de divorcio ante notario,
en la elevación a escritura pública de la mediación. ¿Esta es una opción que este Gobierno ha escogido o va a ampliarlo a otros operadores jurídicos, abogados o graduados sociales?


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor SÁEZ JUBERO: Por favor, cinco minutos más.


El señor PRESIDENTE: Dos minutos.


El señor SÁEZ JUBERO: Me parece, presidente, que puede tener generosidad en el debate con el secretario de Estado.


El señor PRESIDENTE: Sin duda ninguna tiene mucha importancia su relato, y esta Presidencia será generosa, pero le ruego vaya concluyendo porque su señoría sabe que en el Parlamento también hay que someterse a los tiempos que marcan las
presidencias.


El señor SÁEZ JUBERO: Sigo apelando a la generosidad del señor presidente; intentaré resumir algo más.


En cuanto a las reformas organizativas para nosotros saltan todas las alarmas, señor secretario de Estado, en



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el anuncio de incremento de revisión de las tasas judiciales y de depósitos, con la finalidad de reducir, como ustedes dicen, la litigiosidad. Si me permite la expresión, se trata de matar moscas a cañonazos y hacerlo a expensas de limitar
o dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia. La ampliación del pago de tasas a las personas físicas, la ampliación a la jurisdicción social, el incremento de las cuantías de la apelación hasta un 270% significan, -a nuestro criterio
-discrepamos de su opinión-, un auténtico golpe al respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y al acceso en condiciones de igualdad al servicio público de la justicia. El copago o repago vuelve a recaer en las clases medias y
trabajadoras. Además advertimos un cambio en el destino de estos ingresos, usted ha vuelto a establecer confusión en este sentido, sobre si va a servir para el proceso de mejora y modernización de la justicia o únicamente van a quedar estas tasas
para el beneficio de justicia gratuita. En este sentido ha habido declaraciones contradictorias en su ministerio. También quiero expresar, como catalán, el caso de Cataluña, en el cual vamos a tener una doble imposición de tasas judiciales lo que
va a crear un cierto agravio comparativo en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que ha introducido el Gobierno de Convergència i Unió en Cataluña. También ha anunciado en la gestión de la justicia gratuita un cambio de modelo. ¿Cómo se
plantea la gestión unificada y coordinada de la justicia gratuita con las comunidades autónomas con competencia, señor secretario de Estado?


Voy finalizando, señor presidente. Un nuevo escenario de ruptura de consenso se produce en los anuncios de reforma del Código Penal, en la Ley Orgánica Penal del Menor. Resultó laborioso -debo decirlo- encontrar un consenso mínimo en la
reforma del Código Penal de 2010, y resulta preocupante que el Ministerio de Justicia y el del Interior quieran llevar al Código Penal todo aquello que supuestamente produce alarma social u ocupa espacio en los medios de comunicación. Desearía,
señor secretario de Estado, que tratara de convencernos de que las prioridades de su ministerio son la mejora del servicio público de la justicia y no la deconstrucción de la justicia, como la definía un reciente artículo del magistrado Fernández
Feijó. Iniciamos la legislatura y deben existir espacios para el consenso. Nos ofrecemos a ello y a corregir aquello que pueda ser hasta el momento equivocado o errático.


Finalizo -ahora sí, señor presidente-, señor secretario, preguntándole por los motivos de la supresión de la oficina para las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y cómo van a garantizar, como han anunciado, el mantenimiento de sus
derechos aunque la oficina se haya suprimido, según ustedes han manifestado.


Muchas gracias, señor presidente, por la generosidad en el control del tiempo de las intervenciones.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, que también ha solicitado la comparecencia del señor secretario de Estado, el señor Castillo Calvín.


El señor CASTILLO CALVÍN: Quiero empezar por dar la más cordial bienvenida en mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular al señor secretario de Estado, en esta primera ocasión en la que está con nosotros en el Congreso de los
Diputados, y desearle los mayores éxitos en el ejercicio de sus funciones, que son de tanta responsabilidad e interés para todos. Quiero igualmente mostrarle mi agradecimiento por la información que nos ha trasladado exponiendo los grandes datos de
los presupuestos y mi reconocimiento por la forma en que ha abordado el análisis pormenorizado de las partidas correspondientes al Ministerio de Justicia, cuestión siempre árida pero que ha sabido exponer de manera tan clara como precisa.


Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no nos vamos a poner de acuerdo más que en las cifras. Es evidente que el presupuesto global del Ministerio de Justicia se reduce en términos nominales, y por tanto también en términos
reales. Es evidente; los números están ahí y vienen además en los propios presupuestos que remite el Gobierno. Pero lo primero que a nadie se le debe escapar es que estando, como estamos, en plena crisis resulta obligada la reducción y austeridad
en el gasto de todos los ministerios. Con este panorama es indudable que en política de justicia se ha hecho un gran esfuerzo con estos presupuestos, austeros, como ha señalado el señor secretario de Estado de Justicia, si los comparamos con los
dos últimos años, pero muy relevantes si los comparamos con las partidas que tradicionalmente se han destinado al servicio público de la justicia. Desde esta reflexión el Grupo Parlamentario Popular está razonablemente satisfecho con el presupuesto
que se ha presentado, pues dentro del contexto de austeridad ante la crisis en el que se tienen que enmarcar todas las cuentas para 2012, ante todo son suficientes, responsables y consecuentes con las políticas del Gobierno, y sin duda permitirán la
necesaria transformación de nuestro sistema judicial, así como atender las demandas continuas de modernización e incremento de los niveles de servicios que deben ser ofrecidos a los justiciables.


No pretendo hacer en este trámite, como es natural, ningún discurso, sino que voy a plantear al señor secretario de Estado una serie de cuestiones sobre el proyecto de presupuestos que en materia de política de justicia ha presentado el
Gobierno, con el objetivo de obtener en la sesión de hoy el máximo de información posible para un trámite que está comenzando y con el que seguiremos en los próximos días y semanas. Pero me van a permitir que haga algunas pequeñas valoraciones,
pues aunque no es mi labor contestar al portavoz del Grupo Socialista en este turno, tras su intervención voy a exponer alguna pequeña reflexión. De esta manera le señalo que, analizando las cifras en su aspecto general, el hecho de que la justicia
sea una prioridad del Gobierno en términos



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comparativos queda claramente demostrado. Es algo muy elemental, pues en la documentación presupuestaria se refleja la comparación en la participación del presupuesto del Ministerio de Justicia en el total de los presupuestos, e
indudablemente se refleja que esa participación crece respecto al presupuesto del año anterior. En efecto eso es lo correcto. Lo que no es correcto es la valoración política que ha realizado el portavoz socialista en este punto, porque no se puede
deducir que se dé una menor importancia a la justicia por este Gobierno, ni que este tenga falta de ambición. Lo siento mucho, pero entiendo que es fácil de comprender. Porque si hablamos de reducción de los presupuestos en comparación con los
anteriores nosotros también tenemos que hablar del pasado, concretamente para conocer las causas que justifican la reducción del presupuesto.


Pero no se preocupen, que no pienso hablar de los 5 millones de parados ni del hundimiento de la recaudación fiscal ni de la galopante deuda pública ni del déficit creciente, que como bien saben no han nacido de la noche a la mañana durante
los cien días de Gobierno del Partido Popular, sino que muy por el contrario son el resultado de la desastrosa política económica practicada por los Gobiernos del PSOE. Pero sí tengo que referirme a que estamos ante una situación de priorización de
la justicia en los Presupuestos Generales del Estado en un momento en que tenemos que hacer más con menos, siendo necesaria la reorganización de los recursos, su mejor gestión y aprovechamiento, pues es patente la insostenibilidad del actual sistema
organizativo, cuya reforma indiscutible e indiscutida está perfectamente diagnosticada. Comprenderán mi perplejidad cuando nos señalan que ustedes sí invirtieron lo suficiente, justificando su planteamiento con un catálogo de cifras invertidas en
planes de modernización, creación de juzgados, número de jueces y fiscales, etcétera, puesto que habiéndonos dejado una Administración de Justicia en situación crítica, si comparamos cifras de inversión con resultados obtenidos, tendremos que
concluir que o bien tan presuntamente magníficos presupuestos de los años anteriores no eran tan históricos ni tan formidables o bien que la gestión del Gobierno socialista -al que ustedes con tanta convicción defienden, pues es su obligación- fue,
más que pésima, desastrosa.


Como su señoría ha tenido a bien ejercitarnos la memoria, aunque de manera un tanto selectiva, permítame igualmente ampliar el ejercicio mental repasando brevemente el 'Diario de Sesiones', y concretamente el correspondiente a la
intervención de la señora portavoz socialista en esta misma Comisión, en la comparecencia celebrada con el secretario de Justicia para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos para el año 2011. No tendría más que remitirme a esa
intervención para dar sin más por terminada la mía, si me limitara a aplicar los epítetos y adjetivos que el Partido Socialista puso a ese presupuesto al que hoy tratamos en esta Comisión, porque lo cierto es que la portavoz socialista defendía que
en este contexto económico desfavorable, que exigía la contención del gasto público a los distintos departamentos ministeriales -y que yo sepa el contexto no solo no ha mejorado en el pasado ejercicio, sino que ha ido a mucho peor-, había una
comparación de cifras evidente. El descenso de los presupuestos de justicia era de 10 puntos porcentuales menos que la media. Indicaba que mientras la reducción media del resto de departamentos ministeriales era de un 16,4%, la reducción del
correspondiente a Justicia era tan solo del 6,9% con respecto a 2010. Fíjese qué casualidad, igual ocurre este año; incluso las cifras comparativas son aún mejores, pues siendo el recorte medio del 16,9%, el de Justicia tan solo es del 6,3%.
¿Sabe cuál era la conclusión que hacía su compañera en esta comparativa? Pues en sus palabras, que también eran las de su grupo, que este Gobierno sigue priorizando la justicia como nunca se había hecho en este país. Resulta llamativo cómo cambian
ustedes sus percepciones y su discurso cuando pasan del Gobierno a la oposición.


Pero además ustedes, muy sensibles entonces con el contexto económico del momento, del que evidentemente alguna responsabilidad han tenido, venían a defender para el año pasado que la reducción de algunos capítulos con respecto a 2010 era
debida a las medidas de ahorro establecidas en el Plan de austeridad del Gobierno, motivo por el que consideraban, confundiendo más con mejor -y leo textualmente-, que ahora tenemos los segundos mejores presupuestos de nuestra historia a pesar de la
crisis, y que los mejores presupuestos de la historia fueron los del año 2010. En palabras del anterior secretario de Estado del Gobierno socialista, con un símil muy deportivo, llegaba a considerarlos de medalla de plata. Supongo que todos
coincidiremos en que en este momento de la historia de nuestro país no estamos precisamente para tirar cohetes ni para ponernos medallas de oro, sino para que tengamos unos presupuestos responsables con la coyuntura de crisis económica, que aunque
ustedes no lo crean es lo que demanda la ciudadanía. Entiendo que en el actual contexto son unos presupuestos muy generosos, pues lo cierto es que los que ha presentado el Gobierno para el año 2012 destinan a las políticas de justicia dotaciones
superiores a las de los presupuestos del año 2009, así que siguiendo el símil deportivo concédanos, señor Sáez, al menos una digna medalla de bronce, que con la que está cayendo no estaría nada mal.


Tras estas iniciales consideraciones generales voy a formularle, señor secretario de Estado, una serie de consideraciones particulares sobre el presupuesto, y como es natural una serie de preguntas, aunque habiendo desgranado en su
intervención de una manera minuciosa las previsiones presupuestarias del departamento de Justicia para el año 2012, muchas de las dudas que nos asaltaban tras la compleja lectura del proyecto de presupuestos han quedado ya suficientemente resueltas.
No obstante, como le indico, no quiero dejar de plantearle algunas cuestiones que también son preocupaciones principales del Grupo Parlamentario Popular que nos



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permitan aclarar aún más los fríos datos del presupuesto. Comenzaré refiriéndome sin extenderme a la enorme litigiosidad y elevadísima carga judicial, causa principal, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, de la
excesiva lentitud de la tramitación de los procedimientos. Estas cifras, como bien ha señalado el señor secretario, no han parado de crecer en los últimos años a la vez que crecía el número de unidades judiciales, lo que evidencia contrastando
cifras con resultados que este camino no era el adecuado para resolver el problema.


Pero, si no se trata de crear más órganos judiciales -y en este punto debemos recordar que España está por encima de la media en órganos judiciales de Europa, con más de cuatro juzgados por cada 100.000 habitantes, cuando Alemania por
ejemplo solamente está en uno-, sino que lo que se necesita realmente son unos juzgados y tribunales mejor organizados, ¿podría indicarme las medidas que piensa adoptar el ministerio para conseguir esta mejora de organización? Por otro lado,
¿considera el ministerio suficiente el número de jueces y fiscales? Y en todo caso, dada la congelación general de la oferta de empleo público -aunque ya ha tocado este punto en su exposición me gustaría alguna ampliación al respecto-, ¿cuáles
serán las líneas de actuación del Ministerio de Justicia en materia de creación de plazas de jueces y fiscales? Igualmente nos preocupa el elevado nivel de empleo público no judicial, alto número de funcionarios, y concretamente el índice de
interinidad tanto del personal al servicio de la Administración de Justicia como de las carreras judicial y fiscal. ¿Podría facilitarnos datos a este respecto y si se prevé que en el actual contexto pueda seguir incrementándose este índice de
interinidad?


Otro capítulo sobre el que nos gustaría oír sus reflexiones es relativo a cuáles son los procesos selectivos de la oferta de empleo público del personal de la Administración de Justicia que repercuten en los presupuestos de 2012. Otra
cuestión; observamos que en este presupuesto se han reorganizado las partidas de gasto, de manera que se trata de un presupuesto que es austero en gastos corrientes y de servicios, pero es un presupuesto que según nos indica -y a pesar de la rebaja
presupuestaria- está orientado a la modernización de la justicia. ¿Considera que las cantidades presupuestadas en el ejercicio serán suficientes para abordar tan profundas y necesarias medidas como las que se han anunciado? Y en relación con lo
anterior, ¿nos podría indicar para que nos sirva de referencia cuáles son los resultados del Plan de modernización tecnológica de la Administración de Justicia y registros civiles iniciado en el año 2009? ¿Podemos conocer el coste o la inversión de
cada una de las acciones emprendidas y el grado de cumplimiento del plan y la efectividad de las inversiones realizadas hasta el momento? Y de las 151 medidas de las que consta el plan, ¿cuántas han sido ejecutadas totalmente? Nos gustaría
también, si es posible, que nos dé alguna pequeña pincelada sobre cuáles son los rendimientos medios anuales producidos por las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, y si está en condiciones de decirnos aunque sea brevemente cuáles han
sido los saldos de la cuenta de depósitos y consignaciones derivados de los depósitos para recurrir.


Y para terminar, respecto a la anunciada revisión del sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, siendo una cuestión que ha suscitado un amplio eco y opiniones encontradas entre los distintos operadores jurídicos
-además de cierta alarma en algún grupo de la oposición-, si me permite le voy a formular algunas cuestiones que si bien se apartan de las consideraciones estrictamente presupuestarias considero que son de la máxima actualidad e interés general.
¿Podría indicarnos el motivo por el que se revisa la normativa vigente ampliando el ámbito subjetivo y objetivo de la tasa, al tiempo que se actualizan las cuantías? ¿Tiene prevista alguna medida para evitar que esas tasas puedan obstaculizar en
algún supuesto el derecho a la tutela judicial efectiva? Había dicho, señor presidente, que sería breve; espero no haberme extendido demasiado. Reitero una vez más nuestro agradecimiento al secretario de Estado por su comparecencia, le deseo una
buena gestión en el ámbito de la justicia, porque sin duda alguna va a beneficiar al conjunto de la sociedad y al buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación para contestar a las reflexiones y a las preguntas que han hecho los diferentes portavoces de los dos grupos parlamentarios que habían solicitado su comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de
Estado de Justicia.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, deseo agradecer a ambos portavoces sus buenos deseos respecto de mi labor como secretario de Estado, y sin más paso a intentar darles cumplida respuesta a todas las cuestiones que me han planteado; si alguna de ellas se me
queda en el tintero no duden de que gustosamente les haré llegar en el límite reglamentario de las cuarenta y ocho horas la respuesta adecuada.


Me decía el señor Sáez Jubero en primer lugar que hay un ofrecimiento de política de Estado -que le agradezco-, pero que hay una ruptura de consensos básicos, y aludía a un tejer y destejer en esta materia de justicia. No aprecio que haya
un tejer y destejer, simplemente aprecio que este equipo ministerial bajo la dirección política del ministro -como no puede ser de otra manera-, y en absoluta línea con la política del Gobierno, ha establecido unos presupuestos de absoluta
austeridad porque la situación en la que nos encontramos es verdaderamente límite. Y lo que hemos intentado ha sido salvar los muebles de aquello que es principal, de aquello que es imprescindible para que funcione y funcione adecuadamente la
Administración de Justicia. Lo



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que podamos hacer con estos presupuestos será lo que tengamos que hacer, pero naturalmente se quedarán proyectos en el tintero. Es obvio que a todos nos gustaría disponer de muchísimo dinero para afrontar muchos proyectos; esa es sin duda
la situación ideal. Pero le recuerdo que ya el secretario de Estado precedente decía en la comparecencia del año pasado -le invito a usted a leerla- que invertir más no significa invertir mejor. Es decir, estamos en una situación absolutamente
límite en la que nosotros hemos priorizado una serie de proyectos que esperamos llevar a cabo con toda eficiencia. Eso es lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer en la forma que he explicado anteriormente.


Me hablaba su señoría de que hemos descendido en un 6,34% -lo cual no es una buena noticia- respecto del presupuesto anterior. Bien, lo que le digo es que el año pasado ocurrió lo mismo pero con un 6,9%, quiero decir con ello que la rebaja
era más notoria en el caso del año pasado. Supongo que las críticas que se nos pudieran hacer a nosotros serían las mismas que el año pasado. En definitiva le repito que estamos en una situación de crisis, y sin embargo el descenso en el nivel de
presupuesto del Ministerio de Justicia es inferior en lo que se refiere a nuestro departamento que la media del conjunto de departamentos ministeriales.


Me habla usted de una paralización del proceso de modernización y nos acusa de falta de ambición. No señor, no estoy en absoluto de acuerdo con su señoría. No tenemos ninguna falta de ambición, es más tenemos toda la ambición por conseguir
los objetivos de mejorar la Administración de Justicia, y lo vamos a hacer aunque tengamos menos dinero. Ahora, para eso lo que tenemos que aumentar es el rigor presupuestario y en este punto quiero ser muy claro. Nosotros no vamos a regatear
elogios al esfuerzo inversor de anteriores equipos ministeriales; creo que estamos en un departamento, el de Justicia, en el que hay que dar a cada uno lo suyo. Efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo inversor, pero una cosa es el montante de
la inversión, y otra cosa es cómo se ha gestionado y ejecutado esa inversión. Le podría poner múltiples ejemplos de cómo esa inversión era manifiestamente mejorable en cuanto a la gestión y ejecución del gasto. Es ahí donde nosotros vamos a poner
el acento. Le voy a poner un ejemplo que ha sido el expediente estrella, el proyecto estrella dentro de los del equipo ministerial anterior. Un proyecto que es uno de los 96 proyectos que se pusieron en marcha por el equipo ministerial anterior.
Piense usted que esos 96 proyectos -no es que lo afirme yo es que los datos objetivos están ahí y se pueden constatar- no habían sido priorizados en forma alguna, no tenían asociado el gasto correspondiente a cada actividad. Lo primero que hemos
tenido que hacer ha sido establecer una suerte de auditoría para ver en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Pues bien, como digo, el expediente estrella era el del expediente judicial electrónico. Esa es sin duda una magnífica idea, pero
mal ejecutada. Se han invertido cientos de millones de euros en eso, y sin embargo todo ha quedado consumido en un solo tribunal, el de la Audiencia Nacional, que encima no funciona. Este expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional
tenía que estar en funcionamiento en septiembre del año pasado, cuando hemos llegado a finales de año nos hemos encontrado con que hemos tenido que convocar a los representantes de la Audiencia Nacional, el presidente de la Audiencia, el presidente
de la Sala de lo Contencioso porque nos llamaron alarmados ya que no funcionaba el expediente judicial electrónico. Ha habido que aplicar una solución transitoria de estabilización para darnos un plazo de aproximadamente un año y conseguir poner en
marcha definitivamente ese expediente judicial. Piense usted que eso ha consumido los recursos que estaban previstos no solo para la Audiencia Nacional, sino también para las otras localidades donde tenía que haberse implantado de manera piloto esa
experiencia. Concretamente los recursos que estaban previstos para León en materia de oficina judicial se han tenido que canalizar a la Audiencia Nacional; así lo hicieron, de modo que lo que estaba anunciado como que en septiembre funcionaría, no
funcionó, y así lo ha reconocido el Defensor del Pueblo también en su memoria recientemente. Es decir, no se trata de afirmaciones que le pueda hacer este secretario de Estado, no se trata de establecer reproches a la buena voluntad inversora del
equipo anterior, eso sin duda siempre es loable, el problema es la ejecución y el control del gasto. Por eso le decía que tenemos que ser extraordinariamente escrupulosos en el control del gasto, y eso es lo que vamos a hacer, pero no por eso menos
ambiciosos; sabemos que tenemos menos dinero del que nos gustaría, del que sería ideal, porque estamos en una situación límite en la economía española, pero eso no nos va a impedir conseguir los objetivos y a eso vamos a dedicar toda nuestra
actividad.


Me decía que la paralización del proceso modernizador también se demuestra, entre otras cosas, en que no existen dotaciones de plazas de jueces y fiscales para este año. Hemos anunciado 35 de jueces y 20 de fiscales; estamos intentando
delimitar adecuadamente de manera conceptual los términos del debate. Una cosa es la convocatoria de oposiciones, que por este año no está prevista, y no lo está por la situación límite en la que se encuentra nuestro país, y porque debemos tener
presente la solidaridad con el resto de la nación, es decir, desde el primero de los magistrados, el presidente del Tribunal Supremo, hasta el último de los funcionarios del Ministerio de Justicia tenemos que ser conscientes de que la situación es
límite, y por lo tanto no pasa nada, no se cae el edificio judicial por el hecho de que este año no se convoquen oposiciones, por más que nuestro deseo sería que se pudieran convocar. Ahora bien, le digo: vamos a crear 35 plazas de jueces y 20 de
fiscales. Estas plazas permitirán que tengan entrada en la carrera judicial y en la carrera fiscal los jueces y fiscales que tras haber superado convocatorias de anteriores oposiciones ingresan y salen respectivamente de la Escuela Judicial y del
Centro de Estudios Jurídicos. Con esta creación de plazas y a



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través de los respectivos concursos que se hagan en las carreras judicial y fiscal se van a liberar una serie de plazas en los escalones inferiores, que serán las que puedan ser ocupadas por los jueces y fiscales que salgan respectivamente
de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios jurídicos para jueces y fiscales. Como digo la creación de plazas la vamos a orientar hacia la potenciación de los órganos colegiados y hacia los jueces de adscripción territorial. ¿Por qué hacia
ellos? Porque son medidas que tienen un coste inferior, no llevan aparejado el coste de un juzgado tradicional. Cuando hablamos de unidades judiciales en sentido tradicional estamos hablando de un edificio judicial con juez, fiscal, secretario y
un conjunto de funcionarios; aquí se trata de intentar eliminar los retrasos judiciales allí donde se producen, por lo tanto, vamos a intentar potenciar órganos judiciales que tengan una situación de saturación, tanto en órganos colegiados como en
órganos unipersonales y vamos a utilizar para ello la figura del juez de adscripción territorial y jueces que van a ir a reforzar esos órganos.


Esto tiene toda la lógica del mundo: primero, supone menor coste, después supone superar un concepto que tradicionalmente tenemos todos en la cabeza y que debe ser superado, que es el de pensar que un juez tiene que tener un juzgado. No
pasa nada porque en un juzgado existan uno, dos o más jueces, lo importante es que ese juzgado no esté colapsado, lo importante es que ese juzgado dé respuesta a los ciudadanos en un tiempo adecuado. Por tanto si en vez de un juez tiene que haber
más transitoriamente en un juzgado, no pasa absolutamente nada, a eso es a lo que vamos a dedicar nuestros esfuerzos y vamos a orientar nuestra actividad y nuestra creación de plazas. De esa manera estamos consiguiendo un objetivo con el que creo
que todos estamos de acuerdo, que es eliminar progresivamente la justicia interina; tenemos una excesiva dependencia de la justicia interina, hay que sustituirla por justicia profesional, eso asegura calidad en la respuesta, y eso sin duda
beneficia a los ciudadanos, que es en definitiva a quienes todos nos debemos y a quienes todos servimos.


Me está preguntando por las nuevas promociones. En los siguientes ejercicios presupuestarios veremos hacia dónde estarán orientadas las actuaciones del ministerio. Lo que sí le digo de entrada es que hemos planteado un cambio profundo del
modelo judicial. Si hay unanimidad en algo en el mundo judicial es en que el modelo actual está agotado; estamos trabajando en un sistema de justicia con un modelo que estructuralmente está agotado; lleva ciento y pico años en funcionamiento y ya
no admite más parches, por más que sigamos invirtiendo, y es sin duda loable el esfuerzo inversor de los últimos años, pero por más que sigamos invirtiendo en unidades judiciales clásicas no hemos conseguido, con esta creación de 920 unidades
judiciales, más de mil plazas de jueces y fiscales de 2004 a 2011, resolver el problema de la litigiosidad en los órganos judiciales. Eso indica que algo está fallando, no basta con incrementar linealmente el número de jueces ni el número de
órganos judiciales, hay que buscar un nuevo modelo organizativo, y ahí es donde nos vamos a encontrar. Usted hablaba de consensos, hablaba de los tribunales de instancia, de la oficina judicial; no se trata de arrumbar la oficina judicial, todo lo
contrario, se trata de recuperar el verdadero espíritu de la reforma de 2003 que hablaba de la oficina judicial, buscar un nuevo modelo organizativo, y completarlo con algo que también ha sido objeto de un consenso básico, que son los tribunales de
instancia. Es decir, vamos a buscar nuevas fórmulas organizativas que permitan una mayor especialización, una mayor rentabilidad en el ejercicio de la actividad, tanto en materia de medios personales o de recursos personales como de medios
materiales. Y no solamente referido a la tramitación de los asuntos, no se trata -en palabras de un buen amigo- de construir mayores autopistas para llegar antes al atasco, no se trata de tramitar más rápidamente para que al final se produzca el
cuello de botella en el trámite de resolución, en el trámite de sentencia, no, no, también tenemos que incidir en el trámite de sentencia, y ahí es donde van a jugar un papel importante los tribunales de instancia.


Si me pide usted el detalle último de cómo se va a producir este cambio de modelo le tengo que decir que todavía no está la definición hecha y terminada. ¿Por qué? Porque precisamente hemos comenzado hace un mes a trabajar en ello con las
comisiones institucionales que se han creado para diseñar un borrador de lo que serían una nueva ley orgánica del Poder Judicial, Ley de Planta y Demarcación Judicial, y Ley de Enjuiciamiento Criminal -no olvidemos que el 70% de los litigios son de
orden penal-. Naturalmente que tenemos que agilizar los procedimientos, tenemos que dotar de una nueva organización al modelo judicial, y es ahí donde vamos a volcar nuestro esfuerzo y nuestra actividad en estos próximos años. Por eso invertir más
en un modelo que está agotado parece que tiene poca lógica.


Permítame que haga una mezcla de esta cuestión con otra de las preguntas que me planteaba. Estamos hablando de repensar el modelo de gasto, de repensar el propio modelo de estructura de organización judicial; comprenderá usted que si vamos
a transformar completamente el modelo organizativo tiene poco sentido que hagamos nuevos pasos, que invirtamos o cedamos desde el punto de vista organizativo en una situación económica límite, tiene poco sentido y hay, por tanto, unas limitaciones
de orden económico, de orden organizativo y de orden lógico para que procedamos a esos nuevos traspasos. Esto no quiere decir que conceptualmente haya que negar la posibilidad indefinidamente en el tiempo. Cuando podamos estar en condiciones
porque mejoren las condiciones económicas y porque hayamos definido ya el modelo y hayamos implantado el nuevo modelo, podremos sentarnos a dialogar sobre si con la cercanía se gestiona mejor que desde lejos, si desde las autonomías se gestiona
mejor o se pueden solucionar mejor los problemas de los ciudadanos que desde el



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Gobierno central, pero ese será un debate que se producirá cuando se den las circunstancias para ello.


Por otra parte, me hablaba de cambios en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, de la discrecionalidad de los nombramientos, del nuevo modelo de ministerio fiscal, también de otras reformas relativas a la solución
extrajudicial de conflictos. Me está usted planteando cuestiones que en puridad no afectan al presupuesto de este año. Me está hablando de reformas legislativas que sin duda pondremos en marcha cuando se modifique la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que hemos empezado a estudiar, y después podremos hablar de su proyección presupuestaria, de qué coste o qué repercusión presupuestaria va a tener. A día de hoy le diré que en el presupuesto de 2012 la repercusión es nula. Hemos empezado
a trabajar en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también en la de la Ley de Planta y en la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Calculamos que estarán terminados estos trabajos alrededor del verano, puede que sea a finales de
julio o a mediados de septiembre. Tiene que seguir los trámites adecuados (informe del Consejo General del Poder Judicial, en su caso informe del Consejo de Estado) y después de los que en su caso procedan vendrá al Parlamento. A partir de ahora y
antes de año y medio o dos años no será posible que estén en funcionamiento. Para ese momento tendremos que estudiar las repercusiones presupuestarias, pero a día de hoy no la tienen.


Por otra parte, me ha hablado de las tasas. Con las tasas lo que hemos hecho ha sido actualizar una legislación en esta materia que era de 2002 y hemos ampliado el ámbito subjetivo -ya no son personas jurídicas solo sino también personas
físicas-, pero siempre garantizando algo muy importante, que nadie que carezca de recursos para litigar se vea privado de su derecho a la tutela judicial efectiva. Eso es lo que estamos intentando. Estamos hablando de un nuevo modelo de
redistribución social. En vez de que todos los contribuyentes sufraguen el servicio público de justicia, vamos a hacer especial hincapié en los usuarios de la justicia. De esta manera, con lo que sufraguen estos usuarios de la justicia, que no va
a ser la totalidad de los costes, sino la parte correspondiente, podremos financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita. Me decía que parecía que había una mezcla; no, las cuentas de depósitos y consignaciones irán a modernización y las
tasas irán a justicia gratuita. En cuanto a participación de las comunidades autónomas, vamos a abrir un proceso de negociación con las comunidades autónomas. Todos prestamos este servicio de asistencia jurídica gratuita, tanto desde el Estado
como desde las comunidades autónomas transferidas, por tanto es imprescindible abrir un proceso de negociación en el que se discutirá, entre otras cosas, esa posible doble imposición que se produciría en Cataluña de estar en vigor las dos tasas. De
ese tema se hablará y se llegará a la solución adecuada.


Finalmente, me habla también de reformas en el Código Penal y de la Oficina de las Víctimas de la Dictadura. En cuanto al Código Penal, le digo lo mismo que antes, que las reformas legislativas son propias de otro debate. No es que no le
quiera dar respuesta, pero entiendo que el marco adecuado no es este, en el que no tiene un reflejo presupuestario adecuado el Código Penal. En cuanto a la Oficina de Víctimas de la Dictadura, quiero decirle con toda claridad que aquí no
desaparecen las funciones que se estaban llevando a cabo y que radicaban en la subsecretaría del Ministerio de Justicia. Simplemente se ha producido una reordenación con el decreto de estructura del ministerio y las unidades dependientes de la
subsecretaría se han reordenado, de manera que se han integrado estas nuevas funciones en la división de derecho de gracia y otros derechos, pero se siguen reconociendo y realizando las funciones que existían y tampoco se ven mermadas las ayudas y
subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la guerra civil y el franquismo, que se recogen en el proyecto de presupuestos, sección 25, Ministerio de la Presidencia, servicio 02, ministerio y servicios generales, programa 91.20,
relaciones con las Cortes Generales, secretariado del Gobierno y apoyo a la alta dirección. En el capítulo 4, transferencias corrientes, hay un crédito por importe de 2.501.540 euros. De manera que no hay ningún problema en cuanto a la
desaparición de las funciones, no existe.


Por otra parte, quiero agradecer también al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Castillo, sus buenos deseos. Con las contestaciones anteriores espero haberle dado respuesta a las preguntas que me ha realizado y solo quiero
matizar alguna cuestión que me ha planteado. En concreto, en cuanto al elevado índice de interinidad, es cierto que hay un elevado índice de interinidad en el ámbito de la Administración de Justicia, que en el caso de los funcionarios alcanza
aproximadamente a un 25% y en el caso de los jueces y fiscales aproximadamente al 10%. Los datos concretos se los puedo facilitar por escrito en el plazo reglamentario. Ya he hablado de las líneas del ministerio en materia de creación de plazas.
Por un lado, van a estar orientadas a reducir los supuestos de saturación y siempre, y quiero recalcarlo, yendo de la mano con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado. Evidentemente también hay unos procesos
selectivos de oferta de empleo público del personal de la Administración de Justicia, por los que usted me ha preguntado, y que repercuten en los presupuestos de 2012. En concreto, son los siguientes: los de los cuerpos especiales del Instituto
Nacional de Toxicología y cuerpo de médicos forenses, correspondiente a la oferta de empleo público 2009-2010, que están siendo nombrados funcionarios de carrera en ese primer trimestre, salvo el del cuerpo de médicos forenses, que será nombrado en
el segundo semestre; afectan a un total de 141 personas. También los hay derivados de la oferta de empleo de 2011 y aprobados por Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, que afecta a los cuerpos generales. Todas las plazas ofertadas han sido
convocadas y los procesos



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selectivos se están finalizando, están bien en fase de oposición o bien en fase de concurso. Todos los procesos selectivos se van a llevar a cabo en este ejercicio y tomarán posesión a lo largo del mismo. Se estima que auxilio y
tramitación lo harán en junio o julio y el resto de cuerpos y turnos en el último trimestre del año. En total afecta a 1073 efectivos. El proceso selectivo del cuerpo de secretarios judiciales, derivados de la oferta de empleo público de 2011,
convocado por la Orden de 15 de noviembre, se va a desarrollar a lo largo de 2012 y 2013.


En cuanto a si las cantidades presupuestadas son suficientes para afrontar las medidas anunciadas, estimamos que sí. Desde luego ya nos gustaría que hubiera más disponibilidad presupuestaria. Desgraciadamente, como les he reiterado, nos
encontramos en el conjunto de la nación en una situación absolutamente límite, pero con estos mimbres deberemos hacer el cesto. No tenemos más remedio que operar con estas cantidades que hemos procurado ajustar al céntimo con el fin de conseguir
los objetivos, que son ineludibles, y desde luego entendemos que no van a impedir que mejoremos la Administración de Justicia. Me pregunta también por el resultado del Plan de modernización tecnológica iniciado en el año 2009.Ya le he contestado al
señor Sáez Jubero que desgraciadamente el esfuerzo inversor no ha ido acompañado de los resultados deseables. Ha sido un esfuerzo importante, sin duda histórico, pero también ha habido una gestión de la ejecución que hubiera podido ser mejorable;
lo digo sin ningún tipo de acritud, simplemente constatando datos objetivos. Le decía que había noventa y seis proyectos en línea sin priorizar, ciento ciencuenta y una medidas tecnológicas o no tecnológicas, pero referentes al ámbito de
modernizar, sin priorizar. Se han producido anticipos, en algunos casos extremos incluso sin que conste documentalmente el encargo, pero el anticipo ha sido frecuente. Hay actividades que no están finalizadas, y les voy a poner un ejemplo en
relación con uno de los proyectos centrales, el de la nueva oficina judicial, Minerva-NOJ. Consta de varias fases. La primera fase se refiere a la definición de la plataforma tecnológica a emplear y la segunda a la metodología de los
procedimientos. Estas son acciones preparatorias. La tercera de las actividades, que es el núcleo central, la definición de los procedimientos, que es la que lleva un mayor esfuerzo, ni siquiera se ha comenzado. La segunda de las fases, la de la
metodología de procedimientos ni siquiera está validada. Sin embargo, a pesar de que son solo dos actividades preparatorias -que ni siquiera ha terminado la segunda de ellas-, se considera el proyecto acabado en un 34%. Esta no es la situación que
nos hubiera gustado encontrar y lo digo sin dejar de reconocer el esfuerzo inversor, pero creo que, por la situación en la que nos encontramos, debemos ejecutar con mayor rigor que nunca el presupuesto del que nos hemos dotado.


Me pregunta también por los rendimientos medios anuales producidos por las cuentas de depósito y consignaciones judiciales. El saldo medio ha sido aproximadamente de 3.500 millones de euros, pero el detalle se lo enviaré dentro de las
próximas cuarenta y ocho horas.


Me habla también del sistema de tasas, motivo por el que se revisa la normativa vigente y de las medidas para que estas tasas no puedan obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Ya me he referido a las tasas al contestar a las
preguntas del señor Sáez Jubero, pero le tengo que decir que estamos revisando la normativa vigente porque entendemos que no es del todo satisfactoria. Hay unas tasas del año 2002 que no tenían una cuantía suficiente y lo que hemos hecho es ampliar
el ámbito objetivo y subjetivo. Hemos establecido también las tasas en la segunda instancia del ámbito social y hemos actualizado las del orden civil y contencioso; no se van a extender al orden penal. Con esto intentamos satisfacer y equilibrar
la asistencia jurídica gratuita, pero siempre buscando que haya una absoluta protección del derecho a la tutela judicial efectiva para aquellos que carecen de los recursos necesarios para litigar. Este es un modelo de redistribución social. No
vamos a cargar más al contribuyente sino al usuario de la justicia, porque con su contribución con las tasas vamos a poder financiar el sistema de justicia gratuita. Eso sí, vamos a extremar los controles con una nueva gestión, en la que esperamos
que participen también las comunidades autónomas -con las que ya hemos hablado-, para asegurarnos de que a quien se le reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita está efectivamente en situación de necesidad. Por tanto, vamos a
incrementar los controles necesarios para ello, porque sabemos que se ha producido una elevación disparatada desde las previsiones iniciales hace unos años a la realidad de ahora. Todas las comunidades autónomas y el propio ministerio han
incrementado exponencialmente los gastos en asistencia jurídica gratuita y a eso hay que ponerle freno. Por eso hay que comprobar en cada instancia que el que obtiene el reconocimiento a la justicia gratuita lo merece efectivamente. Es decir, es
un proceso de control permanente el que tenemos que afrontar. En ello estamos y de ello dialogaremos con las comunidades autónomas.


Creo haber dado respuesta a las preguntas que se me han formulado. Pido disculpas si he dejado de contestar a alguna de ellas y, en todo caso, reitero mi ofrecimiento para contestarles en el plazo reglamentario de cuarenta y ocho horas a
las cuestiones de detalle que me han formulado.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le recuerdo que en ese plazo de cuarenta y ocho horas puede remitir a través de esta Comisión toda la documentación que considere oportuna y se la haremos llegar inmediatamente a los
distintos portavoces de los grupos parlamentarios.


A continuación, vamos a unificar lo que sería un turno de réplica con un turno de fijación de posiciones para que haya un único turno por tiempo de cinco minutos de



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los portavoces presentes de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra el señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo quería haber pedido la comparecencia del secretario de Estado, pero ha habido un error por nuestra parte. En todo caso le agradezco su comparecencia y sus explicaciones.


No voy a calificar el presupuesto más allá de cómo lo calificaba el año pasado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es un presupuesto continuista en sus cifras generales; en algunas incluso podríamos decir que más que un ajuste es
un reajuste. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía entonces que el presupuesto era un pequeño desastre y con respecto a las inversiones en materia de innovación y de modernización de la justicia consideraba que eran totalmente
insuficientes, a tal punto que decía que hacían naufragar el proyecto de la oficina judicial y situaban la justicia al borde del colapso. Eso decía su portavoz ante un presupuesto muy similar al que ustedes presentan en esta ocasión con los mismos
términos de la austeridad. No voy siquiera a respaldar esas valoraciones. En nuestra opinión es un presupuesto de recorte sobre el recorte; llueve sobre mojado. Teniendo en cuenta la situación de los ciudadanos -que es lo que nos interesa- y la
opinión de los propios profesionales de la justicia, se acentúa la desconfianza ciudadana en la justicia como servicio público y el desánimo de los profesionales de la justicia. Eso no es bueno para el funcionamiento de un servicio público y lo
dejamos ahí porque creemos que esa es la situación.


Ustedes dicen que para abordar el problema de la litigiosidad -y me suena también a mi ámbito de experiencia profesional- hay que poner en marcha mecanismos de eficiencia de gestión y mecanismos disuasorios, como es el caso de las tasas.
Todos sabemos que la gestión funciona a partir de determinado momento. Decía el clásico que en tiempos de tribulación no hacer mudanza. En este caso, con una situación de crisis económica y con una política dura de ajuste, pretendiendo que un
servicio público como el de la justicia lleve a cabo una innovación organizativa con la que superará sus grandes problemas históricos, déjeme que sea al menos escéptico. Los mecanismos que ustedes ponen en marcha -en concreto, las tasas- creemos
que se enmarcan en un proceso de privatización de la justicia que no compartimos, porque no compartimos su criterio de servicio público. Habla usted de un servicio público que compartan no solamente los ciudadanos sino también los usuarios.
Precisamente el salto del sistema asistencial al sistema de bienestar es la financiación por parte de los ciudadanos y no de los usuarios. Si además la tasa que usted pone en marcha no tiene carácter progresivo y si la pone en marcha en la
jurisdicción social, las cosas se ponen realmente mal. No me puede decir que esta tasa no va a ser discriminatoria y no va a afectar a la tutela judicial efectiva. Creemos que estamos ante un proceso muy negativo. Se lo hemos dicho al ministro en
su comparecencia y también lo decimos en el marco de esta comparecencia del secretario de Estado en materia presupuestaria.


Quería comentarle dos cuestiones finales que preocupan a mi grupo parlamentario y que usted no ha explicado suficientemente. Es muy simbólico que una de las medidas de reorganización signifique que el Ministerio de Justicia menosprecia a
las víctimas de la Dictadura. Es muy simbólico, independientemente de que usted diga que se mantiene globalmente el presupuesto. No es verdad; no se mantiene globalmente el presupuesto para las víctimas de la Dictadura. No se mantiene en
particular el apoyo a las organizaciones no gubernamentales, aunque sí en otros casos relativos a las exhumaciones. Globalmente no se mantiene y no es un buen mensaje. En mi opinión es un mensaje sectario -lo digo claramente- y no es bueno para el
ministerio dar este tipo de mensajes.


Por otra parte, ustedes reducen prácticamente a la mitad el presupuesto de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Esto podría ser una necesidad de los ajustes -todos tenemos que apretarnos el cinturón-, pero es que unos se aprietan el
cinturón y otros no sufren ningún menoscabo en sus ingresos. ¿Cómo es eso? ¿Para la confesión mayoritaria no hay que tener en cuenta la situación económica y las restricciones presupuestarias pero a aquellas confesiones minoritarias a las que
concedemos nuestra tolerancia les metemos un recorte del 50%? Tampoco damos un buen mensaje de pluralismo religioso. Que conste que no estoy afectado por ninguna de las dos cuestiones ni la mayoría de mi grupo tiene excesiva afectación, pero
creemos que es un valor importante del Estado de derecho.


Termino con una coda final. Si ustedes recortan el presupuesto porque el ambiente general es el de la política de recortes, si instauran una doble imposición -la que ya existe de carácter general y la imposición a aquellos que usan el
servicio público de la justicia- y si aumentan la penalización -porque esa es su orientación: aumentar penas y aumentar penalizaciones-, usted me dirá cómo va a evitar un mayor colapso de la justicia. Solamente a través de mecanismos de gestión y
del mantra de la eficiencia no veo esa salida. Terminaría con una frase que también dijo su propio portavoz el año pasado sobre la oficina judicial. Dijo: He oído que desaparecen partidos judiciales, se creaba una especie de ilustre juzgado de
distrito y los de primera instancia e instrucción podrían pasar a órganos colegiados con tres magistrados; no sé de dónde sacarán los jueces para eso.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor secretario de Estado, gracias por sus explicaciones y bienvenido a esta Comisión. Mi grupo parlamentario quería solicitar su



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comparecencia, pero ha habido un error, administrativo en este caso, y, por tanto, voy a intentar en este breve tiempo que nos han concedido trasladarle alguna de las preocupaciones que tiene mi grupo parlamentario y anunciar otras, pero si
no me da tiempo en esta intervención lo haré en la del señor subsecretario.


Respecto al tema de la modernización de la justicia, señor secretario de Estado, Convergència i Unió comparte que los presupuestos han de ser necesariamente austeros por la situación económica que estamos viviendo, así como las palabras que
ha dicho respecto a que hay que invertir con el mayor rigor posible. Por eso, en cuanto a este apartado de modernización, nos ha extrañado cuando en la descripción general de los objetivos del sector, en la página 76 de este libro rojo, se alude a
la creación de una nueva estructura institucional; estructura estable, ha dicho usted en su intervención, que tiene como objetivo, entre otros, la finalidad de coordinar la interoperabilidad y la compatibilidad de los sistemas de gestión procesales
implantados en el territorio del Estado español. Aunque estos sistemas se tienen que coordinar, creemos, precisamente por suscribir las mismas palabras que ha dicho usted, que en los tiempos que corren de carencia de medios personales y materiales
no se justifica en modo alguno, sino al revés, va contra la actual tendencia de simplificación, la creación de un nuevo organismo, por el coste que esto puede comportar en su creación y en su funcionamiento, más aún cuando a raíz de lo dispuesto en
la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, existe ya, está previsto en su artículo 44, la creación de un comité técnico estatal de la Administración
judicial electrónica, del que forman parte el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con competencias, el propio ministerio y la Fiscalía general. Además, a raíz de lo dispuesto en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la competencia para asegurar la compatibilidad la tiene el Consejo General del Poder Judicial, que el 24 de marzo de 2010 aprobó el módulo básico del test de compatibilidad. Por tanto, señor secretario de Estado, ¿a qué obedece este
nuevo organismo en tiempos de crisis y de recortes? ¿Para qué, con qué funciones y con qué presupuesto?


Segunda cuestión. Usted ha dicho que el esfuerzo inversor que se ha hecho en modernización de justicia no ha ido acompañado de los resultados esperados. Estamos completamente de acuerdo por eso estamos un tanto sorprendidos de las
cuestiones que nos ha explicado acerca de cómo se irá avanzando en este proceso de modernización de la justicia. El sistema que se ha desarrollado en Cataluña ha aprobado el test de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial; un sistema
que cuenta con la posibilidad -se está acabando de desarrollar, si no está desarrollado ya- del expediente electrónico, que es la auténtica columna para que la modernización de la justicia funcione. El sistema del ministerio, el sistema Minerva al
que usted ha aludido, ¿ha pasado este test de compatibilidad? No nos consta que lo haya pasado. ¿Este sistema Minerva tiene la posibilidad de tener un expediente electrónico? Por las noticias que nosotros tenemos, no tiene esta posibilidad en su
diseño tecnológico. ¿Son compatibles entre sí los sistemas Minerva de los distintos territorios del ministerio? No nos consta que sean compatibles entre sí. Nos preocupa que usted ponga como ejemplo de donde tiene que ir la modernización de la
justicia al sistema Minerva; nos preocupa tremendamente, porque estamos de acuerdo con usted en que se ha invertido mucho, pero no se han obtenido los resultados apetecidos. Le pido, señor secretario de Estado, que el ministerio haga un esfuerzo
por ver si este ha de ser el sistema; si no, es muy fácil, copiemos de donde funciona. Le puedo ofrecer la experiencia de Cataluña, que está funcionando mucho mejor, a nuestro entender.


Por otra parte, le he de recordar que ustedes no tienen competencia para extenderlo a las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas en medios materiales y personales. No me puedo alargar, pero me puedo referir a lo
dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 56/1999, que dice que la gestión de los recursos por las comunidades autónomas no depende de una decisión estatal sino solo y exclusivamente de la asunción de la competencia en el correspondiente
Estatuto de Autonomía a través de la cláusula subrogatoria, como está en Cataluña en el artículo 109, no modificado por la sentencia, de nuestro Estatuto. Hasta aquí el tema de modernización de la justicia.


Creo que he agotado mi tiempo, señor presidente. Nos preocupa también la paralización en la convocatoria de oposiciones a jueces y fiscales, así como los temas relacionados con el horizonte que va a tener la nueva Ley de Demarcación y
Planta Judicial; nos preocupan temas de tasas, temas de los depósitos, etcétera. Como ya he dicho antes, soy consciente de que mi tiempo es breve y voy a utilizar el que me puedan dar en la siguiente comparecencia del señor subsecretario.


El señor PRESIDENTE: Señoría, se agradece ese reparto de tiempos en las dos comparecencias que están solicitadas.


A continuación, tendrá la palabra, ya en turno de réplica y fijación de posiciones, también por tiempo de cinco minutos, el portavoz del Grupo Socialista, señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: Señor presidente, ya que usted también ha tenido generosidad en los tiempos en la primera intervención y que vamos a tener a continuación otro debate con el señor subsecretario, no agotaré ese tiempo de cinco minutos.


Señor secretario de Estado, agradecemos mucho sus explicaciones. Para buscar un sentido positivo a esta comparecencia, advertimos alguna coincidencia más en su programa de reformas estructurales que antes de esta comparecencia, por tanto se
lo agradezco, aunque no



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puedo compartir en buena parte la defensa que ha hecho del presupuesto. Va a tener un aliado en el Grupo Parlamentario Socialista, porque esperamos que en el trámite de enmiendas alguna de las que vamos a proponer en el ámbito de la
modernización tenga apoyo de otros grupos y pueda prosperar para mejorar el presupuesto del que usted dispone. Déjeme manifestar una preocupación que me han dejado las respuestas que ha dado a este diputado en relación con el sistema competencial.
Es verdad que usted no se ha pronunciado sobre ese debate que parece que impregna a su Gobierno entre la buena o mala gestión de las comunidades autónomas. En el ámbito de la Administración de Justicia creo que la experiencia de las competencias
autonómicas es buena y que hay que avanzar en mejorar la coordinación en algunos aspectos, pero me parece que sería injusto, especialmente en el ámbito de justicia, que ese debate se sustanciara del modo que he intuido por la respuesta que usted
daba, señor secretario de Estado. Le ruego también que en el ámbito de las tasas judiciales hagan ustedes una reflexión muy profunda. Puedo equivocarme, pero alguien que cobra unos mil euros al mes, que no puede ser beneficiario de la justicia
gratuita, va a tener que pagar unas tasas que le van a suponer una dificultad máxima para acceder a la justicia. Hagan ustedes una profunda reflexión de ello; si la hacen, revisarán este modelo de tasas que nos lleva a un copago de la justicia
inasumible.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus respuestas. Si me lo permite, quisiera agradecerle también el esfuerzo realizado para contestar a las preguntas, así como reconocer el tono que ha empleado,
porque ha sabido explicarlas con paciencia, con profundidad y con gentileza, a pesar de su dificultad. Como entiendo por contestadas todas las preguntas que le he formulado, doy por cumplimentado mi turno de réplica.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar los turnos de intervención en esta comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado de Justicia.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces el tono amable y respetuoso que han empleado con mi persona en esta comparecencia. Además quiero agradecer expresamente las
sugerencias que han hecho. Nosotros estamos absolutamente abiertos a estudiar todas y cada una de las sugerencias y reflexiones que ustedes han realizado.


Voy a empezar por la señora Pigem i Palmés, si me permite. Quiero despejarle alguna preocupación que ha manifestado en su intervención. La primera preocupación es cómo en una situación límite como la actual pensamos en crear un organismo o
una estructura estable. Cuando hablamos de estructura estable, nos estamos refiriendo a una estructura que permita una colaboración prolongada, no necesariamente tiene que ser una agencia. Reconozco que la primera idea que tuvimos fue la de crear
una agencia. Está prohibida, como usted sabe, la creación de agencias legalmente ahora mismo en nuestro ámbito de la Administración General del Estado. Nosotros no vamos buscando suplantar la autonomía en materia de justicia de las comunidades
autónomas. Quiero despejarle cualquier duda al respecto. Lo que nosotros buscamos es una coordinación de voluntades. Queremos respetar las competencias de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, como
también las del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una cuestión de sentido común en la que hemos coincidido todos, y me refiero a todas aquellas representaciones de las distintas consejerías con las que hemos ido dialogando durante estos
tres meses que llevamos en nuestras responsabilidades.


Tenemos un sistema en el que coexisten ocho sistemas de gestión procesal diferentes, que no se entienden entre sí, de los cuales prácticamente solo la mitad ha pasado ese test de compatibilidad del consejo al que usted aludía. ¿Pero
verdaderamente nos podemos permitir esto en una situación actual como la española? No tiene ningún sentido que sigamos por esa vía, en la que cada uno sigue buscando soluciones unilaterales al margen del resto. De lo que se trata es de crear un
foro - llamémosle como le llamemos- en el que de manera estable podamos unificar nuestras voluntades. Es decir, no se trata de que el esfuerzo inversor que ha hecho cada una de las comunidades autónomas con competencia transferida se tire a la
basura. No; no se trata de que se hagan compatibles las informaciones de cada una de esas tecnologías que se ha usado en las diferentes comunidades autónomas, de que se produzca esa compatibilidad de información que fluye de esas tecnologías. Se
trata de que a partir de ahora de forma voluntaria, sumándonos a esa especie de foro, entre todos acordemos que los nuevos desarrollos tecnológicos que se necesiten no se hagan unilateralmente sin conocimiento de los demás; voluntariamente,
recalco. Quien no quiera asumir esa puesta en común, que asuma el coste respectivo. La idea es hacerlo sin menoscabo alguno de la competencia de cada cual ni, por supuesto, tampoco -y lo recalco- la competencia central que tiene aquí el Consejo
General del Poder Judicial. De lo que se trata es de que entre todos consigamos ahorrar dinero y buscar soluciones unívocas que, en definitiva, redunden en beneficio directo de los ciudadanos. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora no beneficia
a los ciudadanos. No tiene sentido que los sistemas de gestión procesal que se utilizan en las distintas comunidades autónomas no se puedan entender y además resulta más caro. Si entre todos conseguimos soluciones tecnológicas unívocas y
homogéneas probablemente nos salga más barato realizar esos desarrollos tecnológicos. Con esto creo que le



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despejo las dos dudas que usted tenía, por una parte, sobre una posible suplantación competencial, que está lejos de nuestra intención y, por otra, esa posible creación de una estructura de un organismo estable que pudiera costar dinero.
Tenemos convocada ya una reunión entre comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, con la participación que queremos que tenga también, del Consejo General del Poder Judicial e incluso invitaremos al Consejo General de la Abogacía, porque
este es un problema de todos y en el que todos tenemos que colaborar para buscar soluciones de sentido común en una situación límite como en la que se encuentra ahora mismo España. Con eso le despejo las dudas que pudiera tener sobre el particular.


Me ha hablado de otras cuestiones que le preocupan, a las que ya he dado respuesta. Me permitirá que me remita a lo que ya he explicado anteriormente en relación con las tasas, el nuevo modelo de oficina, la Ley Orgánica del Poder Judicial,
los depósitos, la convocatoria de oposiciones, etcétera.


En todo caso, quiero recalcarle algo por lo que se refiere a la repercusión que pudiera tener en la Escuela Judicial radicada en Barcelona la no convocatoria de oposiciones. Para nosotros la Escuela Judicial es una prioridad. La Escuela
Judicial funciona estupendamente y el Ministerio de Justicia tiene toda la intención de seguir colaborando, en la medida en que esté dentro de su ámbito competencial, para que esto siga siendo así. De eso no tenga la menor duda. Lo que pasa es que
creemos que en este momento no está en riesgo la pervivencia de la Escuela Judicial de Barcelona por el simple hecho de que no haya convocatoria de oposiciones este año. Hay otras fórmulas que se pueden emplear para potenciar la Escuela Judicial,
en colaboración siempre con el Consejo General del Poder Judicial, que es en definitiva de quien depende.


Por otra parte, le agradezco al señor Llamazares expresamente sus buenos deseos, sin embargo no comparto alguna de las afirmaciones que ha realizado. En todo caso respeto que se muestre usted escéptico, pero caminar se demuestra andando.
Le emplazo a usted para que vea cómo vamos a conseguir ese nuevo modelo judicial. Vamos a intentar conseguir revertir una situación que en absoluto es deseable para todos. Si hay algo en lo que estemos todos de acuerdo en el mundo de la justicia
es en que estamos ante un modelo profundamente agotado y que es inútil seguir invirtiendo en parches. Lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente ese modelo. Eso es lo que debemos intentar, procurando buscar el máximo consenso y siempre con
el máximo respeto a todas las posiciones. Respeto que por supuesto tienen también todas las víctimas de la Dictadura. Yo discrepo profundamente de lo que ha dicho el señor Llamazares en relación con -ha empleado la palabra menosprecio- las
víctimas de la Dictadura. Nada más lejos de nuestra intención que menospreciar a nadie y, por supuesto, tampoco a las víctimas de la Dictadura. Entendemos que es un reordenamiento del decreto de estructuras del ministerio, que en modo alguno
incide en las funciones de apoyo que se van a seguir realizando.


Me ha hablado también de la Fundación Pluralismo y Convivencia. En una época de crisis como la actual todos tenemos que apretarnos el cinturón. Hay que reajustar prácticamente todas las partidas. Evidentemente que la Fundación Pluralismo
y Convivencia se haya podido quedar con 2 millones de euros de asignación significa, ni más ni menos, que este Gobierno apuesta decididamente por la protección de la diversidad en materia de confesiones religiosas. Lo que no se puede hacer es
mezclar lo que se percibe por la Iglesia católica con las confesiones religiosas, precisamente porque los mecanismos son diferentes, en un caso a través del IRPF y en otro caso de subvenciones. Lógicamente si los mecanismos son diferentes, no se
pueden establecer términos de comparación válidos. En todo caso, está muy claro que para este Gobierno sigue siendo una prioridad absoluta normalizar el hecho religioso en España y la integración social, cultural y religiosa de las personas es una
prioridad para nuestro Gobierno. Espero, por otra parte, que no se llegue a ese colapso de la justicia que vaticinaba, sino que pueda usted ver todo lo contrario.


Finalmente, quería agradecer al señor Sáez Jubero también su intervención. Quiero reiterarle lo que en materia de gestión le he dicho a la señora diputada. No tenemos ninguna intención de suplantar la competencia de las comunidades
autónomas en materia de justicia. Por el contrario, lo que queremos es buscar la mayor colaboración y coordinación entre todos, sobre todo en una situación especialmente difícil como la que se encuentra España. Por otro lado, me habla usted de la
cuantía de las tasas. Ya le he explicado anteriormente que se trata de una actualización de las tasas que están desde 2002 en los mismos términos. Le he explicado que vamos a garantizar absolutamente el derecho a la tutela judicial efectiva de las
personas que no tienen recursos económicos para litigar. Lo que vamos a hacer es controlar que efectivamente así sea, en una instancia y en la siguiente. En modo alguno va a quedar afectado el derecho a la tutela judicial efectiva, que era su
preocupación.


Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado de Justicia. Quiero agradecerle también en nombre de todos los miembros de esta Comisión la primera comparecencia que ha tenido en la Comisión de Justicia, así como sus
explicaciones, la densidad y el contenido de las mismas. Esperamos y confiamos que a lo largo de esta legislatura podamos tener la oportunidad de compartir en muchas sesiones su presencia en esta Comisión de Justicia.


Señorías, dado lo avanzado de la tarde sin más dilación despedimos con toda educación, amabilidad y cortesía al señor secretario de Estado de Justicia y damos paso a que el señor subsecretario de Justicia ocupe el



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asiento de los comparecientes, a efectos de continuar con la celebración de esta Comisión.


Para que conste también en el 'Diario de Sesiones', además del agradecimiento al señor secretario de Estado de Justicia, quiero reiterar que en ese plazo de cuarenta y ocho horas, que él mismo ha fijado y que se señala para la entrega de
documentación, los servicios técnicos de esta Comisión y la propia Mesa de la Comisión están a su disposición para hacer llegar cuanta documentación sea necesaria a los portavoces, de acuerdo con las explicaciones que el señor secretario de Estado
nos ha dado.


Muchas gracias, señor secretario. (Pausa).


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (BRAVO RIVERA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (Número de expediente 212/000138), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000201) Y SOCIALISTA
(Número de expediente 212/000270).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión de la Comisión de Justicia con la comparecencia del señor subsecretario del Ministerio de Justicia, don Juan Bravo, que en principio ha sido solicitada por tres grupos parlamentarios, por
el Grupo La Izquierda Plural, por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular. El Grupo Parlamentario La Izquierda Plural ha trasladado a esta Presidencia la intención de retirar la solicitud de comparecencia. En consecuencia, quedarían las dos
solicitudes del Grupo Socialista y del Grupo Popular.


En primer lugar, tiene la palabra el señor subsecretario del Ministerio de Justicia, don Juan Bravo, para explicar lo concerniente a su departamento y a sus responsabilidades en torno al presupuesto general de la sección 13.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Bravo Rivera): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, tengo que trasladarles a todos ustedes que es un honor comparecer ante esta Comisión del Congreso de los Diputados, sobre todo después de haber tenido la satisfacción también de hacerlo durante los últimos dieciséis años
primero en la Asamblea de Madrid y luego en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en nuestra ciudad. Hoy es un auténtico honor compartir con ustedes en esta sede parlamentaria mi primera comparecencia en calidad de susbsecretario del Ministerio de
Justicia. Después de la exposición que ha hecho el secretario de Estado del departamento, pormenorizada y exhaustiva, contestando -por lo que he podido seguir- todas las preguntas que se han planteado, todas las cuestiones pertinentes que entiendo
suscitaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en lo atinente al Ministerio de Justicia, poco tengo que aportar, más allá -si ustedes me lo permiten- de una reflexión de carácter general sobre los presupuestos en su
conjunto y sobre los de Justicia en particular, sin perjuicio de que supondrá una profundización o una aportación en la misma línea de lo que ya lo ha hecho el secretario de Estado.


Si queremos abordar de forma rigurosa y realista el análisis de los presupuestos para el año 2012, si tenemos la intención de entender su significado y alcance en relación con el conjunto de los servicios públicos que desde el Ministerio de
Justicia prestamos, hemos de ser conscientes de que la situación económica que atravesamos no es coyuntural, no se trata de hacer un esfuerzo, de pedir comprensión con la situación durante un breve espacio de tiempo. Todos hemos interiorizado desde
hace tiempo que algo ha cambiado definitivamente, por lo menos desde la perspectiva temporal que nuestros proyectos vitales son capaces de contemplar, y no debemos engañarnos ni engañar a nadie, porque cuanto antes seamos conscientes todos -y, como
digo, en el fondo estoy convencido de que lo somos todos- de que tenemos que afrontar con decisión y ambición la mayor transformación de la sociedad en la que vivimos, y desde los Estados reenfocar para fortalecer unos servicios públicos básicos
pero diferentes de los que hoy conocemos, cuanto antes -digo- seamos conscientes de ello, menos perderemos todos. Y que nadie confunda o entienda mal mis palabras, estoy reivindicando un cambio para fortalecer el Estado en un momento en que el
embate de los mercados ha demostrado su debilidad.


Permítanme ahora que descienda al ámbito de la responsabilidad que nos corresponde en esta comparecencia, al Ministerio de Justicia y a la Administración de Justicia. Se ha recordado en las intervenciones anteriores cómo el presupuesto del
Ministerio de Justicia desciende por segundo año consecutivo, ya lo hizo en el último Gobierno del Partido Socialista -concretamente en un 6,9%, con una reducción sobre el presupuesto del año 2010 de 124,6 millones de euros-, ahora lo hace en un
6,34%, 106 millones de euros, en total. Si comparamos con el presupuesto de hace dos años, tenemos 231 millones de euros menos para afrontar un servicio público que exige, como ha venido haciéndolo hasta ahora, el trabajo de todos los operadores
jurídicos, de todos los funcionarios públicos que trabajamos en el ministerio, en la Administración de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial. También es necesario recordar que durante los años anteriores el Ministerio de Justicia vio
cómo se incrementaban los recursos a su disposición, pero les hago una pregunta: ¿es sustancialmente mejor la Administración de Justicia hoy que la de hace diez años? Si atendemos a la percepción de los ciudadanos, no parece que sea así, me remito
a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Cuál es el problema entonces? Hasta ahora se ha aceptado el sistema sin más, limitándonos a inyectar recursos año tras año, y la reforma de la Administración de Justicia, de la
Administración pública en general, se ha ligado siempre a un incremento del gasto público. Y ahora, con los recortes, ¿va a empeorar la Administración de Justicia, como se ha puesto de manifiesto en alguna



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de las intervenciones, haciendo de esta pregunta una afirmación? Creo que eso puede pasar si solo nos limitamos a administrar el sistema; no ocurrirá si lo que abordamos es una reforma total del sistema, una transformación global. A lo
largo de los últimos años y de los últimos Gobiernos -y he tenido ocasión de leer las intervenciones ante esta Comisión, con la presentación de los presupuestos, de responsables políticos de los últimos años, no solo de los Gobiernos socialistas
anteriores sino también de los Gobiernos del Partido Popular antes de ellos- el diagnóstico era muy similar, incluso me atrevo a decir que, con matices, las soluciones también eran parecidas. No se trata por tanto de reprochar nada a nadie, cada
uno ha intentado, en la dinámica en la que estábamos instalados hasta la fecha en los últimos años, mejorar la Administración de Justicia a través de la inyección cada vez de más presupuesto. Como digo, no se trata de reprochar nada a nadie. Todos
han intentado colaborar en ese fin común a todos los grupos políticos de mejorar la Administración de Justicia como servicio público que es.


Me atrevo por lo tanto, desde esta comparencia, a pedir la colaboración de todos -con el escepticismo, que entiendo, por parte de muchos de los intervinientes que han tomado la palabra en la comparecencia anterior- en la ambición que
demuestra y que tiene el actual equipo de gobierno del Ministerio de Justicia en abordar una transformación más global, más del sistema en su conjunto de lo que se ha hecho hasta ahora. Sobre el mismo diagnóstico, el secretario de Estado ha tenido
ocasión en su intervención de precisar los puntos débiles que, a mero efecto recordatorio, hemos entendido que son los puntos clave de los problemas que tiene la Administración de Justicia en nuestro país.


Los objetivos del Ministerio de Justicia recogidos en el proyecto de presupuestos para el próximo año, dentro del marco que nos hemos trazado a lo largo de la legislatura, son en primer lugar generar confianza en los diversos ámbitos de
decisión, mediante un sistema de resolución de conflictos ágil y efectivo que contribuya a la recuperación económica de España, introduciendo el concepto de justicia como elemento de competitividad también, al objeto de poder contribuir desde
nuestro departamento a la salida de la crisis en la que estamos instalados. En segundo lugar, incidir en la resolución de los principales problemas del sistema de justicia: exceso de litigiosidad, carencias de gestión y agotamiento del modelo
seguido hasta ahora, como he puesto de manifiesto. En tercer lugar, dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios para que sea un servicio público esencial, rápido, ágil y eficaz -que es el que demandan los ciudadanos-, capaz de
dar una respuesta inmediata y efectiva a las demandas de los distintos órdenes sociales y económicos, porque solo ahí encontraremos la seguridad jurídica que los ciudadanos buscan de la Administración de Justicia cuando acuden a ella. Esos son, de
forma muy sucinta y aquilatada, los tres objetivos principales que nos hemos marcado desde el Ministerio de Justicia en el momento actual para acometer ese ambicioso proyecto de transformación global del sistema en su conjunto. A partir de ahí, y
haciendo mías -como no puede ser de otra manera- todas las reflexiones de diagnóstico, propuestas y explicaciones del proyecto de presupuestos del departamento de Justicia para el próximo año, me pongo a su disposición para contestar cualquier
preguntar o valoración que se entienda pertinente hacer a partir de este momento.


El señor PRESIDENTE: Como quiera que el Grupo Parlamentario Izquierda Plural retiró la solicitud de comparecencia, a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Sáez Jubero por tiempo de diez minutos.


El señor SÁEZ JUBERO: Señor subsecretario de Estado, bienvenido a la Comisión de Justicia, le agradecemos mucho su comparecencia hoy aquí. Hemos mantenido su petición de comparecencia por el deseo mutuo de conocernos y de que usted pueda
expresar sus puntos de vista en esta Comisión de Justicia. También le deseamos toda suerte de éxitos, como así hemos expresado al señor secretario de Estado. Si me permite, nos confiere una cierta confianza que usted haya pasado por la política de
proximidad del Ayuntamiento de Madrid. Esperamos que al frente de su responsabilidad en el Ministerio de Justicia tenga mayores éxitos que en su paso por el Ayuntamiento de Madrid pero, en cualquier caso, la política de proximidad en justicia
también es importante. Por tanto, valoramos su paso previo por la política municipal.


No voy a reiterar el debate que hemos sostenido con el secretario de Estado. Voy a formular algunas preguntas de aclaración de esta ley de presupuestos, en el bien entendido que si en alguno de los aspectos usted no puede contestarme,
tendrá la atención de hacerlo en los próximos días. Voy a ello para acotar el tiempo de mi intervención. En primer lugar, en relación con la asistencia jurídica gratuita le planteo una duda, ya que en el capítulo 4, cuyo presupuesto disminuye un
6,37%, anunciaron ustedes en la presentación pública un incremento de 2.300.000 euros que, salvo error, no coincide con la cantidad que refleja el proyecto de presupuestos de 34.151.000 euros para 2012. Por lo tanto, no representa este incremento
de 7,22%, sino que hay -a nuestro criterio- un decremento de 2,16% respecto a 2011. Me gustaría que hoy o en los próximos días pudiera corregirme o aclararme esta cuestión. Ya hemos expresado nuestra preocupación por la configuración de las tasas.
Ustedes estiman unos ingresos por tasas de 300 millones de euros, nos gustaría conocer sobre qué base han hecho estas estimaciones en el ingreso de tasas judiciales y si me confirma que efectivamente estos ingresos van a ir destinados exclusivamente
a la financiación de la asistencia jurídica gratuita. En segundo lugar, en cuanto a las inversiones reales si no se mantiene, a nuestro criterio, señor subsecretario, el esfuerzo inversor en la



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implantación de las nuevas tecnologías desarrollado en las dos últimas legislaturas entendemos que no se podrá culminar el proceso de modernización que con la colegiación de esfuerzos se puso en marcha en el periodo 2009-2012. (El señor
vicepresidente, Alonso Suárez, ocupa la Presidencia.) ¿Pueden, señor subsecretario, afrontar la necesaria tarea modernizadora con el exiguo presupuesto que han destinado?


En cuanto al despliegue de la oficina judicial, al final de la pasada legislatura se había desplegado el modelo de oficina judicial en las sedes de Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real, León, Cuenca y Mérida. La puesta en marcha de la
oficina judicial se inició el 10 de noviembre de 2010 con la entrada en funcionamiento de las oficinas judiciales de Burgos y Murcia. A estas les han seguido, el 9 de febrero de 2011, las oficinas judiciales de Cáceres y Ciudad Real y,
posteriormente, en junio de 2011, León, Cuenca y Mérida. Las sedes de Ceuta y Melilla estaba previsto desplegarlas en noviembre de 2011, y no han definido todavía fecha para la implantación de la oficina judicial de Palma. ¿Continuarán con el
despliegue de la oficina judicial de acuerdo al modelo vigente o se proponen un cambio en este despliegue? En ese caso, ¿con qué modelo?


En cuarto lugar, sobre los servicios puestos en marcha por el anterior Gobierno y que deben ser culminados, servicios tales como la agenda de la nueva oficina judicial, que es la agenda de señalamientos; el portal de subastas electrónicas,
que permite el seguimiento y la participación en subastas judiciales a través de Internet; el sorteo y seguimiento de jurados, que facilita la selección de los jurados populares; el sistema de gestión gubernativa para facilitar la gestión
electrónica de los expedientes de las secretarías de gobierno y el nuevo sistema de información del Instituto de Medicina Legal que debe sustituir al vigente Askeplios, ¿va a darse continuidad a los mismos o van a ser abandonados? En cuanto a los
sistemas Minerva y Lexnet, en la anterior legislatura quedó desplegado el sistema Minerva al 100% en el territorio ministerio y en las comunidades autónomas de Galicia, La Rioja, Asturias y Aragón. ¿Continuarán las actuaciones pendientes, señor
subsecretario, tales como la transición de líneas de desarrollo de Minerva a Uniface 9 y la definición del modelo de explotación Minerva orientado a centralización de sedes?


En cuanto a la modernización del Registro Civil y la implantación del nuevo modelo de Registro Civil configurado en la Ley 20/2011, de 21 de julio, ¿podrán los ciudadanos acceder con facilidad y rapidez a los datos tan importantes y
necesarios del registro? En cuanto al escalafón de la carrera fiscal, le planteo una duda: debía publicarse a principios de enero de 2012, habiéndolo cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011, dado que vence el plazo máximo de tres años fijado por
la Ley Orgánica del Poder Judicial para su publicación periódica. Quisiera que, si puede, me aclarara este extremo.


En cuanto al plan de infraestructuras, aunque en buena parte ya ha contestado a ello el secretario de Estado de Justicia, quisiera que, si puede, detalle alguna previsión de inversiones. Específicamente le pregunto sobre el nuevo edificio
judicial en Guadalajara, porque había un compromiso de su Gobierno de que tuviera dotación presupuestaria y en los actuales presupuestos, en la previsión de obras, no consta.


En cuanto a la Fundación Pluralismo y Convivencia quisiera comentarle que ya hemos tenido un debate previo con el secretario de Estado. El Partido Popular pidió durante el traspaso la suspensión de la reunión del patronato de la fundación
prevista para el 19 de diciembre de 2011. De acuerdo con la Ley de Fundaciones es obligatorio que el patronato apruebe y remita al protectorado en el último trimestre de cada ejercicio el plan de actuación del siguiente año. Quisiéramos conocer si
la fundación tiene al día la aprobación de sus presupuestos y también preguntarle por la concesión de las subvenciones de las convocatorias de líneas 1 y 2 para el año 2012, ya que el patronato de la fundación aprobó en su sesión anterior la
convocatoria de las mencionadas líneas de actuación. En este momento los distintos beneficiarios han presentado los proyectos para las subvenciones de 2012 y solo están a falta de su adjudicación por parte del patronato de la fundación. En
formación constatamos un mantenimiento en líneas generales del presupuesto, pero quisiéramos preguntarle específicamente por el aumento de casi el 26% en el programa 111.R, de formación de la carrera fiscal, y si obedece a futuros cambios en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. En cualquier caso, a qué obedece este incremento notorio en este programa.


Voy concluyendo, señor presidente. También quisiera preguntarle, señor subsecretario, en cuanto a las actuaciones previstas contra la violencia de género y promoción de igualdad -el secretario de Estado ya ha hecho referencia a ello con un
mantenimiento de la dotación de 45 millones-, qué partida va a ir a los juzgados de violencia sobre la mujer, fiscalías especializadas en Violencia de género, unidades forenses de valoración integral; si puede detallarme estos 45 millones de euros,
la dotación específica en el presupuesto, el subsidio especial por maternidad, la eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera. Por último en esta batería de preguntas, señor subsecretario de Estado, en el capítulo de transferencias de capital
hay una partida de 4.311.000 euros a comunidades autónomas según los acuerdos de traspasos de funciones y servicios. ¿A qué comunidad autónoma va esa transferencia de capital y en qué concepto, si me lo puede contestar?


Agradeciéndole por anticipado sus respuestas y expresándole que en algún caso entiendo perfectamente que no pueda usted contestarme con precisión, quedo a la espera de que lo pueda hacer en los próximos días. Reitero, como he dicho al
secretario de Estado, nuestro máximo ofrecimiento de diálogo, de trabajo conjunto, en el objetivo común de mejora del servicio público de la justicia. Estoy seguro de que entablaremos en el futuro un diálogo que va a ser beneficioso para mi grupo
parlamentario



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y para los titulares del Ministerio de Justicia con el fin de avanzar en una Administración de Justicia que queremos moderna y de un auténtico servicio público.


Muchas gracias, señor subsecretario de Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Señor subsecretario, quiero reiterarle la bienvenida a la Comisión de Justicia en el complemento de presentación de este primer presupuesto con el que tiene usted ocasión de comparecer en esta Comisión. Igualmente
le deseo toda la suerte y éxito en el desempeño de su tarea y le agradezco la información que nos ha ofrecido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En la comparecencia previa hemos tenido la oportunidad de asistir a la intervención del
secretario de Estado, en la cual quedaba definida con nitidez la apuesta del Gobierno del Partido Popular por el servicio público de la justicia, y con la que ha realizado ahora el señor subsecretario hemos podido completar adecuadamente las grandes
líneas previamente desgranadas.


Tengo algunas cuestiones que plantearle porque el debate político lo hemos realizado en la comparecencia anterior, pero no puedo resistirme a hacer alguna valoración sobre el presupuesto que nos ha presentado, y es que no hay varitas mágicas
ni inmediatas para acabar con los males de nuestro sistema. Ahora bien, nuestra justicia necesita mejorar sus leyes y procedimientos para que puedan ser eficaces y razonables ciertas medidas y cambios de futuro, por lo que a nuestro juicio lo
importante es que la voluntad política manifestada por el ministro de Justicia sea una voluntad sostenida durante un horizonte temporal que permita de una vez por todas mejorar la eficacia y la eficiencia del modelo de justicia en España.


En este mismo sentido, señor subsecretario, nuestra preocupación para el presente ejercicio es que podamos contar con las dotaciones presupuestarias suficientes o por lo menos en cuantía mínimamente indispensable para poder acometer en
profundidad las ambiciosas políticas y reformas proyectadas. Así pues, y sin insistir sobre cuestiones que ya han preguntado los anteriores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, voy a tratar de ser muy rápido en la petición de
información, que centraré en la explicación de los movimientos cuantitativos más significativos del presupuesto. Son preguntas directas que tratan sobre la adecuación, suficiencia y proporcionalidad con los objetivos marcados por el ministerio,
algo que el Grupo Parlamentario Popular considera absolutamente capital para el proceso de modernización de la justicia que necesita este país.


Empiezo por formular una cuestión, ya entrando en el fondo de los números que nos han traído a la Cámara y si es que dispone del dato en este momento. Se trata de que nos justifique el importe total del gasto público del conjunto del sector
público español destinado a la justicia y su relación con el producto interior bruto. Como segunda cuestión y como para el Grupo Parlamentario Popular, más allá de variaciones porcentuales con respecto a los presupuestos del año anterior, lo
relevante es el destino que se va a dar a este presupuesto, señor subsecretario de Justicia, ¿nos podría indicar por qué disminuye tan considerablemente el capítulo 7, programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, con el que se
financiaban traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas? En tercer lugar, ¿puede explicarnos el motivo por el que disminuyen las transferencias del Estado al Centro de Estudios Jurídicos? A continuación, ¿podría indicarnos por
qué es tan elevado el gasto de la partida 226.03 del programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, dedicado a jurídicos y contenciosos? ¿En qué se gastan esos 12 millones de euros?


Respecto al capítulo de formación llama la atención el aumento del 26% para la formación de la carrera fiscal, a la que se dedicarán 6,21 millones de euros. ¿Podrá justificarnos esa medida? En cuanto al concepto referente a la
indemnización al abogado de turno de oficio y asistencia letrada al detenido, en el capítulo de justicia gratuita, experimenta una subida del 7,2%, con una asignación de 34 millones de euros. En todo caso, me gustaría nos explicara la razón de ese
incremento, que ya de por sí es un dato extraordinariamente llamativo en relación con la falta de incrementos que vamos a ver en el resto de los capítulos. Queda otra cuestión si está en condiciones de decirnos, siquiera brevemente, y es que en el
anexo de inversiones aparece un nuevo proyecto de inversión dotado con 1,5 millones de euros, denominado plan de informatización de expedientes de nacionalidad. ¿Me puede explicar de qué se trata?


Termino ya, señor subsecretario. Este es un proyecto de presupuestos que va por el buen camino, y así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular. Adelantándole mi agradecimiento por las explicaciones y aclaraciones que nos va a
ofrecer a continuación, con esto termino.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor subsecretario de Estado.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Bravo Rivera): Gracias a los dos portavoces.


Paso a contestar y a dar respuesta, si no a todas, porque en algún caso me remitiré a la respuesta por escrito que facilitaremos en las próximas cuarenta y ocho horas, a la inmensa mayoría de las cuestiones planteadas. Empezando por el
portavoz del Grupo Socialista hay alguna pregunta que es común. Una de ellas es precisamente la de los créditos de asistencia jurídica gratuita recogidos en el proyecto de presupuestos para el próximo año. La previsión recogida en el capítulo 4
son 34.151.000 euros. Si lo comparamos con la previsión inicial, con el



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presupuesto aprobado para el año 2011, 31,8 millones de euros, el incremento es del 7,21%. Me llamó poderosamente la atención la necesidad de incrementar a la vista del gasto en el que se había incurrido a lo largo de 2011, por cuanto el
gasto realizado en 2010 fue de 35 millones de euros y la previsión inicial de 34 millones. Teniendo esos datos en 2010, el Gobierno anterior, cuando elaboró el presupuesto para 2011, entendió que podía acometerse una reducción del 8,6% en este
concepto. En realidad el gasto en el que se ha incurrido para atender las necesidades del beneficio de justicia gratuita finalmente fue de 36,6 millones de euros. Hemos entendido, a la vista de la situación con la que nos encontrábamos en el
primer cuatrimestre del año, que era necesario incrementar sobre la previsión inicial esos 31,8 millones hasta los 34,1, entendiendo que son créditos suficientes para atender las obligaciones derivadas de este concepto. Estamos hablando de un
incremento del 7,2% sobre la previsión inicial, 31,8 millones de 2011. Esa era una pregunta que también planteaba el portavoz del Grupo Popular.


En relación con esto está también la referencia que se ha hecho al anteproyecto de ley de tasas que ha aprobado el Consejo de Ministros para su remisión al Consejo General del Poder Judicial antes de su aprobación definitiva cuando contemos
con el informe de este órgano. A la vista de los últimos datos disponibles del propio Consejo General del Poder Judicial, que corresponden al año 2010, en función del número de procedimientos de los diferentes órdenes jurisdiccionales y de recursos
que están ahí recogidos, proyectándolo con las cifras que hemos recogido en este proyecto de ley de tasas como nuevos importes a sufragar por parte de los que pretendan acceder a la Administración de Justicia en cada uno de esos órdenes y en cada
uno de los procedimientos, hemos hecho la extrapolación -está recogido así en la memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley- y con esa metodología se genera una previsión, sin tener en cuenta los conceptos variables que están recogidos en
la propia ley y que no se han modificado con respecto a la ley de 2002, de 306 millones de euros en términos anuales. El destino -está expresamente recogido así en el artículo 11 del anteproyecto de ley- será atender las necesidades del beneficio
de justicia gratuita. De tal modo que recogemos en ese artículo 11 del anteproyecto una afectación a partir del 1 de enero de 2013 en los términos en los que se establezca en la ley de presupuestos generales para ese año. Hay una revisión sin
concretar toda vez que está supeditada al proceso de negociación de diálogo con el conjunto de comunidades autónomas que tienen transferida la competencia al objeto de alcanzar un acuerdo y una solución de conjunto dialogada porque entendemos que de
esa recaudación tenemos que hacer partícipes también a las administraciones que tienen transferido el servicio; en qué términos es lo que tendremos que negociar a partir de este momento. Tenemos todo el año por delante hasta el mes de diciembre,
sin perjuicio de que deberíamos avanzar con ritmo ágil y rápido en ese proceso de diálogo al objeto de poder tener recogidas en el proyecto de presupuestos generales para el año 2013 -que se aprobará en el mes de septiembre de este año- la previsión
y la regulación explícita a la que se remite el anteproyecto en su artículo 11. Por lo tanto, sí hay una afectación explícita al beneficio de justicia gratuita. Entendemos que si pedimos -y hemos decidido hacerlo- un esfuerzo adicional a los
ciudadanos para cofinanciar este servicio también deberíamos vincularlo al beneficio de justicia gratuita para aquellos que no tienen recursos económicos para acceder a la Administración de Justicia con el abono de esas tasas y de esa manera evitar
cualquier problema en relación con el ejercicio efectivo de la tutela judicial efectiva por parte de todos los ciudadanos. Se trata de garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho para todos con independencia de su nivel de renta.


En relación con las inversiones reales, primero se interesaba el portavoz del Grupo Socialista sobre las inversiones reales vinculadas al proceso de modernización y a la oficina judicial y preguntaba si podíamos acometer los proyectos -a los
que se ha hecho referencia en la exposición pormenorizada en este punto del secretario de Estado- con esos -definía literalmente- exiguos presupuestos. Estamos hablando de 60 millones de euros y aun cuando sé que no es preciso me van a permitir, y
cierro paréntesis inmediatamente, lo traslade a pesetas. Estamos hablando de 10.000 millones de pesetas para acometer durante un ejercicio la continuación de los proyectos que llevamos ya unos años desde el Ministerio de Justicia acometiendo en
materia de modernización e implantación de la oficina judicial, con relativo éxito hasta la fecha, pero -como ha puesto de manifiesto el secretario de Estado- no se trata tanto del volumen de recursos sino de la forma en la que sean gestionados esos
recursos. Creemos sinceramente que estamos hablando de un presupuesto suficiente para las necesidades que en este momento tenemos detectadas y así dar continuidad a los trabajos que se han realizado a lo largo de los últimos años. Hacía referencia
y preguntaba si íbamos a continuar con la implantación de la oficina judicial en Ceuta y Melilla. Creo que está recogido en algunos de los documentos que conforman el presupuesto, la respuesta es sí. Es la previsión que se ha recogido en este
proyecto de presupuestos y que ha comprometido el propio ministro de Justicia en una visita que hizo a la ciudad de Melilla hace pocas semanas.


En relación con las preguntas que hacía de forma concreta y precisa sobre algunos de los proyectos en que se materializa ese proceso de modernización de la Justicia y a las que ha aludido también el secretario de Estado -como Minerva,
Lexnet, etcétera- me remito a las explicaciones que ha dado el secretario de Estado y algunas que podríamos remitir por escrito a lo largo de las próximas horas. Sí le puedo anticipar que en relación con subastas electrónicas y Registro Civil
estamos trabajando ya -y hay cobertura presupuestaria- para



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dar continuidad a un proyecto ambicioso de crear una base de datos de Registro Civil, un registro civil único rompiendo esa compartimentación existente y tradicional hasta hoy. En relación con las subastas electrónicas estamos trabajando ya
desde el Ministerio de Justicia en colaboración con el de Economía y con el Ministerio de la Presidencia, con el Boletín Oficial del Estado, al objeto de intentar poner en marcha antes del mes de diciembre las subastas electrónicas. Es un proyecto
en el que estamos implicados tres ministerios, ya se ha trabajado, ha habido reuniones al objeto de delimitar claramente el proceso a seguir y entendemos -aun cuando todavía quizá sea un poco prematuro- poder comprometer un plazo de final de año
para poner en marcha este sistema de subastas electrónicas necesario y que permitirá agilizar o paliar de alguna manera los problemas del mercado de la vivienda en este momento.


Con respecto al plan de infraestructuras me pedía un desglose en cuanto a inmuebles, a proyectos desde el punto de vista de construcción de nuevos juzgados o remodelación de alguno de ellos. Hacía referencia concretamente al de Guadalajara.
En este momento, no tiene cobertura explícita en el proyecto de presupuestos desde la perspectiva de poder garantizar la puesta en marcha de ese proyecto por cuanto los únicos proyectos que están garantizados actualmente -y así está recogido en el
proyecto de presupuestos- son aquellos que están en ahora en ejecución. Seguimos trabajando en la programación de construcción y rehabilitación de sedes judiciales, pero lógicamente esa programación estará supeditada a la disponibilidad
presupuestaria no ya tanto de este presupuesto -que prevé los créditos suficientes para acometer la redacción de los proyectos necesarios para decidir posteriormente su licitación y ejecución en su caso- como del marco presupuestario del próximo
ejercicio. No podemos comprometer la viabilidad hasta que no lo conozcamos. En este momento sí podemos comprometer la continuidad de los proyectos siguientes: los nuevos juzgados en Plasencia, por un importe de 6,3 millones de euros; un nuevo
edificio de juzgados en Almendralejo, con 3,7 millones de euros; nuevo palacio de justicia de Murcia, 3,6 millones de euros; nuevo edificio de juzgados en Ponferrada, un millón de euros, nuevo edificio de juzgados de Almagro, un millón de euros;
la rehabilitación del edificio de la Audiencia Nacional -un proyecto que está adjudicado desde finales del pasado año y cuyo proceso de reubicación estamos adecuando y tratando de coordinar con el presidente de la propia Audiencia Nacional para
poder acometer la obra en el edificio de la calle Génova y García Gutiérrez-, con una dotación inicial de 6,3 millones de euros; el nuevo edificio de los juzgados de Briviesca, con 544.000 euros; el nuevo edificio de los juzgados de Mahón para
finalizar a lo largo de este mismo ejercicio, con una dotación de 525.000 euros. Un total de 25,3 millones de euros que permiten dar continuidad y en algunos casos ya finalizar a lo largo del año 2012 proyectos que estaban en curso, con una
ejecución más o menos avanzada. El resto de proyectos vinculados a la Administración de Justicia en sentido estricto quedan supeditados a esas labores en las que estamos trabajando de programación y redacción de proyectos para más adelante decidir,
en su caso, su ejecución. Además, terminaremos el nuevo edificio del Registro Civil Central en la calle de la Bolsa, hay prevista una dotación de 2.065.000 euros y el acondicionamiento del edificio en la calle Ocaña, con una dotación de 5,9
millones de euros. Esas son las inversiones de forma pormenorizada que me pedía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


En relación con la Fundación Pluralismo y Convivencia había dos preguntas y me remito a la respuesta que por escrito le suministraremos en las próximas horas sobre la situación de convocatoria de esas subvenciones y la liquidación de los
presupuestos de la fundación del ejercicio 2011. En relación con la dotación de 45 millones vinculados a actuaciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, juzgados de Violencia sobre la mujer, fiscalías especializadas, unidades
forenses, etcétera, también me remito a la respuesta por escrito en cuanto a su pormenorización que le suministraremos a lo largo de los próximos días. También preguntaba -y es una pregunta conjunta- sobre el incremento del 25% en el programa de
formación de fiscales. Es verdad que puede inducir a error si no se analizan con detalle los conceptos que generan ese incremento, porque no se trata de un incremento de la actuación formativa ni de proyectos vinculados con la nueva función de la
fiscalía que se ha anunciado por parte del ministro de Justicia y que necesariamente tiene que esperar a la aprobación de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, sino simplemente de un dato más prosaico, administrativo y burocrático. Se trata de
que conforme al Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, es necesario que coticen conforme al régimen general de la Seguridad Social y no al de clases pasivas los funcionarios en prácticas que ingresen en el centro. Eso genera un incremento en
las cotizaciones patronales y es a lo que se debe ese aparente -es real- concepto y no hay detrás un incremento de la actividad formativa en sentido estricto. Sí se produce como consecuencia de un incremento en el número de fiscales en prácticas
que prevemos en este momento que se incorporarán al Centro de Estudios Jurídicos.


En relación con el detalle y la explicación que me solicitan -también es una pregunta de ambos grupos- de la partida de transferencias del capítulo 7 del programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, hay una disminución
importante de 10,4 millones de euros sobre el crédito aprobado para 2011, es una disminución del 70%. Sin embargo y a pesar de esa disminución, con algo más de los 4,3 millones de euros que se recogen lo que se hace es cubrir las necesidades y
compromisos del Ministerio de Justicia para este capítulo, me explico. Con cargo a esta partida habitualmente se financian la constitución y puesta en funcionamiento



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de los juzgados que se ponen en marcha en la Comunidad Autónoma catalana, en la Generalitat de Catalunya, eso es así debido a las disposiciones del real decreto de transferencias que en su día, en el año 1990, se firmó con la Generalitat de
Catalunya, de tal manera que a diferencia de lo que ocurre con el resto de comunidades autónomas en el régimen de traspasos que se alcanzó, en este caso lo que se hace es financiar en el año de arranque, en el año de constitución, la puesta en
funcionamiento de esos juzgados. Para el presupuesto de 2012 no se prevé la puesta en marcha de ningún juzgado; no se ha puesto en marcha ningún juzgado a lo largo del año 2011, por tanto, no hace falta financiar con cargo al presupuesto de 2012
crédito alguno para este concepto, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2011, que se financiaron cerca de 6 millones de euros correspondientes a los juzgados puestos en marcha en el año 2010. Por tanto, no siendo necesario cubrir esa previsión,
solo resta cubrir la necesidad derivada del acuerdo de traspaso con la Comunidad Autónoma de La Rioja, que prevé la financiación complementaria al decreto de traspaso por una sola vez de los créditos necesarios para acometer la construcción del
palacio de justicia de esa comunidad autónoma por un importe de 24,1 millones de euros. Conforme a la programación que está en este momento en curso y sin perjuicio de que tendrá que acreditarse conforme a las certificaciones de obra
correspondientes, la previsión que entendemos necesaria para acometer esa primera anualidad de ese compromiso serían 4,3 millones de euros, cuestión que está recogida en esa partida y que explica la dotación y cómo esa disminución de 10,4 millones
de euros es adecuada conforme a las necesidades para este concepto. Si se creara a lo largo del año 2012 alguna unidad jurisdiccional en la Comunidad Autónoma de Cataluña, lógicamente en el presupuesto para 2013 habría que incrementar la partida
para dotar los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento de esos nuevos órganos.


Hay alguna pregunta adicional del portavoz del Grupo Popular en relación con el peso que puede representar el presupuesto del conjunto de los presupuestos autonómicos sumado al del Consejo General del Poder Judicial y el del propio
Ministerio de Justicia en relación con el producto interior bruto. En este caso, proyectando los datos disponibles sobre el PIB de 2011 y sumando los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de todos sus
organismos autónomos, así como la política de justicia de las comunidades autónomas, que nos llevaría a un presupuesto total de 4.200 millones de euros, estaríamos hablando de un porcentaje en relación con el producto interior bruto del 0,39%. Los
porcentajes tienen el valor que tienen y más en la situación en la que estamos en este momento. Creo que no es un indicador adecuado barajar el peso del presupuesto de las políticas de gasto vinculadas a la justicia sobre el producto interior bruto
como un indicador para llegar al diagnóstico de que estamos realizando el gasto adecuado o necesario en este caso en la política de justicia. Dejo el dato sobre la mesa y esa valoración de que creo que debemos relativizarlo por cuanto representa lo
que representa en el momento en el que estamos.


Disminuyen -era una valoración y una pregunta que hacía el portavoz del Grupo Popular- las aportaciones al organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos. Disminuyen las aportaciones que sirven para financiar el presupuesto del organismo
pero no disminuye el presupuesto del organismo por cuanto es un organismo, como otros del ministerio -la propia Agencia de Protección de Datos-, que dispone de un remanente de tesorería acumulado que, conforme a la Ley General Presupuestaria, puede
ser utilizado para financiar el presupuesto del ejercicio siguiente de forma parcial. Es lo que hemos entendido pertinente, no parecía razonable mantener o retener como remanente de tesorería del organismo un importe elevado y, por tanto, hemos
decidido financiar con ese remanente parte del presupuesto y eso generaba un ahorro en las transferencias desde el propio ministerio al organismo.


Quedan dos preguntas, una sobre el plan de informatización de expedientes de nacionalidad. En este momento tenemos cerca de 400.000 expedientes de nacionalidad pendientes de tramitación, con un retraso que alcanza los tres años. Nos hemos
puesto como objetivo a lo largo de los próximos meses abordar un plan de choque que nos permita ponernos al día. Entendemos que no es una situación razonable mantener unos tiempos de tramitación como consecuencia de la acumulación y de la escasa
dotación de medios de la que dispone la dirección general para acometer ese trabajo extraordinario y, por lo tanto, hemos dotado 1,5 millones de euros para abordar uno de los elementos de ese plan de choque, que es el proceso de digitalización de
los expedientes de concesión de nacionalidad por residencia. Insisto, los datos son: más de 390.000 expedientes pendientes a fecha 11 de abril de 2012. Esperamos a lo largo de los próximos meses con esta dotación inicial acometer ese plan de
choque y poder informarles a todos ustedes, en un breve espacio de tiempo, de los resultados del mismo.


En cuanto a la pregunta sobre la partida dedicada a jurídicos y contenciosos del programa 112.A, básicamente el crédito ahí consignado se destina a los salarios de tramitación. Como ustedes saben, conforme a la Ley de Procedimiento Laboral
y al Estatuto de los Trabajadores, cuando la sentencia del juzgado o tribunal que declare la nulidad o improcedencia del despido se dicte transcurridos más de sesenta días hábiles sobre la interposición de la demanda, el empresario podrá reclamar
del Estado el abono de los salarios de tramitación a partir de esa fecha. Con la reforma laboral recientemente aprobada solo procede el pago de esos salarios de tramitación cuando el empresario opta, en los casos de despido improcedente, por la
readmisión del trabajador y no así cuando el empresario o empleador opta por la extinción del contrato de trabajo. A pesar de eso y toda vez que no tenemos información suficiente o relevante para calibrar



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y valorar el alcance o el impacto de esa reforma en los expedientes que pueden llegar a lo largo de este ejercicio, hemos entendido que la dotación adecuada era básicamente la que recogíamos en ejercicios anteriores y puede generar algún
sobrante de aquí a final de año. De todas formas, es una previsión. También les llamo la atención de que es un gasto que por su compleja tramitación, que corresponde a las delegaciones del Gobierno en relación con las delegaciones del Ministerio
de Empleo, lleva un retraso mayor del deseable, pero entiendo que son créditos suficientes para acometer ese concepto. Esa es la razón por la que hemos recogido esa dotación en el programa 112.A.


Con esto he contestado a todas las preguntas planteadas y aquellas a las que he hecho referencia las remitiremos por escrito a lo largo de los próximos días.


El señor PRESIDENTE: A continuación, como hemos hecho con la comparecencia del señor secretario de Estado, vamos a unificar los turnos de fijación de posiciones, con el turno de réplica y fijación de posiciones de los dos grupos
parlamentarios que han solicitado la comparecencia del señor subsecretario.


En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem, ante la ausencia del resto de portavoces de los grupos parlamentarios.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor subsecretario, gracias por sus explicaciones y bienvenido a esta Comisión. En este breve turno me va a permitir que haga hincapié de nuevo en algunas de las cuestiones que he trasladado previamente al señor
secretario de Estado y que serían tres. Una es la que se refiere a la territorialización de recursos, otra sería alguna reflexión respecto a la nueva ley de demarcación y planta judicial y, por último, quiero hacer alguna reflexión más y alguna
pregunta sobre la suspensión de las convocatorias de oposiciones a jueces y a fiscales.


Por lo que se refiere al primer tema, vemos que en el presupuesto se destinan 94 millones para la modernización de la Administración de Justicia en general, 94 millones que salen de unos recursos que se recogen en todo el territorio del
Estado. Por otra parte, vemos que cuando habla de depósitos judiciales se dice que los rendimientos que se obtengan se destinarán a sufragar las partidas correspondientes a la modernización e informatización integral de la justicia. También vemos
que cuando se habla de tasas judiciales se dice que se destinarán a financiar la justicia gratuita, que es un servicio que se presta también en todo el territorio del Estado. Si por una parte son recursos que se recogen de todo el territorio del
Estado a través de los impuestos, las tasas o los depósitos y, por otra parte, se destinan a partidas de gasto que también se realizan en todo el territorio del Estado, supongo, y se lo pregunto, que se van a territorializar estos recursos, es
decir, que lo que se recoge en todo el territorio del Estado no se va a aplicar únicamente al territorio que gestiona el Ministerio de Justicia, sino que se va a proceder a la territorialización, de manera que, de acuerdo con lo que proclama el
artículo 158.1 de la Constitución, puedan repartirse los recursos para que de nuevo reviertan en todo el territorio en donde se recogen los mismos.


Respecto a la nueva demarcación y planta judicial, planteaba ya y vuelvo a plantear si tienen claro el horizonte de entrada en vigor de esta nueva ley de demarcación y planta judicial. Se lo planteo porque esta es una cuestión importante si
se toman en cuenta los grandes esfuerzos en equipamientos judiciales que se han hecho en los últimos años en muchos partidos judiciales. Estos esfuerzos podrían convertirse en inútiles, si van a dejar de constituir partido judicial a medio plazo.
Por tanto, le planteo si se ha considerado un periodo de amortización de los equipamientos que sea razonable para que tenga sentido la inversión que se ha hecho en los mismos.


Por último, con relación a la suspensión de la convocatoria de oposiciones a jueces y a fiscales, agradezco las reflexiones que ha hecho el señor secretario de Estado referentes a la Escuela Judicial y que aluden a su pervivencia y
continuación, cosa que estábamos completamente seguros de que no podía ser de otra manera, puesto que la Escuela Judicial sita en Barcelona es un referente a nivel europeo e iberoamericano. Por tanto, no podemos más que coincidir con las palabras
que ha pronunciado el señor secretario de Estado. Pero nosotros íbamos más allá. Si leemos el informe económico-financiero que acompaña a los presupuestos, leemos, por ejemplo, que se garantizará una verdadera justicia profesional de jueces,
fiscales, secretarios y todo el personal de la Administración de Justicia. Cuando se especifica la nueva ley de enjuiciamiento criminal, leemos también que se habla de un proyecto que se basará fundamentalmente en la proactividad del ministerio
fiscal. Por otra parte, esta nueva ley tiene un objetivo principal, que es establecer la segunda instancia penal y, entre otras cosas, se necesitará tener más jueces, más secretarios y más fiscales. Nos planteamos cómo se van a hacer estos
proyectos de los que se habla en el informe económico-financiero del presupuesto de este año si no se convocan plazas de fiscales y de jueces. ¿Se van a hacer con personal interino? ¿Se va a llevar a cabo esto este año? Comprendemos que la actual
situación económica hace difícil la creación de nuevos órganos judiciales, pero no debe confundirse la creación de nuevos órganos judiciales con el cumplimiento de las obligaciones ya existentes y menos aún con la convocatoria de oposiciones para el
acceso a la carrera judicial. A nuestro entender es bueno que siga existiendo una cadencia en la convocatoria de estas oposiciones, por la sencilla razón de que, si se dejan de convocar, la gente que pensaba preparar o que está preparando
oposiciones va a dedicar sus esfuerzos a otro terreno, de manera que cuando las volvamos a necesitar, no tendremos esta cadencia que consideramos necesaria.



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Respecto a las obligaciones contraídas, parece ser que aun cuando en la convocatoria del año 2011 se ofertaron 250 plazas para el ingreso en la Escuela Judicial, se prevé que tan solo haya 150 aprobados, por lo que quedarían sin cubrir en
torno a 100 plazas, que son las plazas que parece prudente que se convocaran nuevamente en este año 2012. Por lo que se refiere a las obligaciones no contraídas, es decir, a la convocatoria de plazas, esta convocatoria de nuevas plazas no comporta
ningún gasto complementario al que se está pagando ya, ninguno. Entenderíamos que se suspendiera si supusiera un gasto complementario, pero no lo va a suponer. La convocatoria es cierto que se hace costeada a medias entre el ministerio y el
Consejo General del Poder Judicial, porque son plazas de fiscales y jueces, pero hasta que los jueces salen de la Escuela Judicial el encargado de costear los recursos es el Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte -y acabo ya, señor
presidente-, actualmente hay un número importante de personas, más de 600, que son juristas que están ejerciendo jurisdicción sin pertenecer a la carrera judicial y supongo que se les paga. Se compadece mal mantener estas personas que están
ejerciendo jurisdicción sin pertenecer a la carrera judicial con el compromiso de garantizar una verdadera justicia profesional de jueces, fiscales y secretarios, que es lo que se dice en la memoria económico-financiera. Si se crean estas nuevas
plazas al mismo coste que las plazas reales que hay actualmente y se realiza sin la creación de nuevos órganos -que eso sí que encarecería el tema-, sino mediante la fórmula de jueces de adscripción territorial y magistrados en órganos colegiados,
no existiría incremento de gasto alguno, por lo que se refiere a los jueces. Y por lo que se refiere a los fiscales, quiero recordarle, señor subsecretario, la situación que afecta al territorio que yo conozco, Cataluña, en donde en muchas plazas
estamos en una situación del año 2008 y realmente careciendo de las personas necesarias para desempeñar adecuadamente esta función. Me gustaría que me diera respuesta a estos tres grupos de cuestiones.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: Intervengo únicamente a los efectos de agradecerle al señor subsecretario de Estado su comparecencia, las respuestas satisfactorias y las aclaraciones que le hemos pedido y alguna más que le agradeceré que me remita
cuando le sea posible.


Asimismo, deseo reiterar el ofrecimiento de máximo diálogo en esta legislatura -que no es únicamente gestual- para colaborar y para que la política de justicia sea una política de Estado. Reitero también el apoyo de este grupo parlamentario
a todo aquello que sea positivo.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Entiendo que han sido muchos los aspectos que le he planteado en mi intervención y que han sido todos satisfactoriamente respondidos. Por tanto, no voy a hacer uso de la palabra en el turno de réplica más que para
felicitar al señor subsecretario y para agradecerle sus oportunas aclaraciones.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra el señor subsecretario de Justicia.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Bravo Rivera): Empezaré contestando a la portavoz de Convergència i Unió. Plantea tres preguntas que han sido abordadas en la intervención del secretario de Estado, sobre todo la relativa a la
convocatoria de oposiciones, con todo lujo de detalles y pormenores, pero no me resisto a hacer alguna valoración. No voy tanto a aportar datos, porque no me pedía datos o concreciones sobre aspectos relacionados con el proyecto de presupuestos,
sino a compartir una reflexión sobre la conveniencia de la decisión que se recoge en este proyecto de presupuestos de no convocar este año las oposiciones a jueces y fiscales. Sí se recoge la previsión -lo ha recordado el secretario de Estado- de
la creación de 35 plazas de jueces y 20 de fiscales que aparecerán dotadas en el proyecto de presupuestos para el año 2013.


Otra de las reflexiones que hacía en relación con la Ley de Demarcación y Planta me sirve para argumentar la necesidad de dedicar un año -en realidad unos meses, porque ya estamos en el mes de abril y prácticamente en mayo- a conocer al
menos el documento de la comisión de expertos que se ha creado por parte del Ministerio de Justicia para la redacción de la nueva ley orgánica del Poder Judicial y de la nueva ley de demarcación y planta. Algunas decisiones las habremos de adoptar
cuando esas leyes sean una realidad, entren en vigor y empecemos a ejecutarlas a lo largo de un prolongado espacio de tiempo. Todos sabemos que la nueva ley de planta no obrará milagros al día siguiente de su entrada en vigor, porque no se
transformará automáticamente la planta judicial. A partir de ese momento se abrirá un largo y complejo proceso de implantación e implementación del nuevo diseño de planta judicial en nuestro país. Es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora
de continuar tomando decisiones que afectan al número de plazas, tanto de jueces como de fiscales. Es conveniente conocer el alcance y la profundidad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el nuevo papel de los fiscales, hasta dónde y
con qué progresividad se va a proceder a su participación en la labor de instrucción. Todo eso determinará cuáles serán las decisiones de inversión en nuevos juzgados; lo apuntaba la portavoz de forma acertada mirando hacia el pasado, pero yo lo
hago también mirando hacia el futuro. Eso nos obligará a tomar algunas decisiones, que ya podemos empezar a tomarlas; en este caso, no tomándolas, no convocando más plazas hasta que tengamos una idea más cabal de cuál es el camino



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por el que tendremos que transitar a lo largo de los próximos meses, a medio y largo plazo. Por tanto, no supone romper la cadencia el hecho de suspender durante unos meses la convocatoria de oposiciones. La propia Generalitat de Catalunya
ha decidido suspender la creación de plazas. Me refería a ello cuando justificaba la minoración de las transferencias de capital a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estaban previstas inicialmente en el presupuesto para el año 2011 y no se han
materializado por una decisión razonable por parte del Gobierno de la Generalitat en este momento. Eso es básicamente lo que estamos haciendo a nivel del Ministerio de Justicia en este momento. No solo no pasa nada, sino que es conveniente darnos
unos meses de plazo y conocer con más detalle y concreción -más allá de la reflexión y de la línea de trabajo que hemos apuntado desde el ministerio- la senda por la que queremos que transiten la nueva ley del Poder Judicial, la nueva ley de planta
y la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Serán elementos que van a coadyuvar al proceso de revisión del sistema judicial en su conjunto al que antes aludía en la intervención introductoria de mi comparecencia.


En relación con los equipamientos judiciales ya construidos y si se van a tener en cuenta a la hora del diseño de la nueva ley de planta, en algún caso nos podremos encontrar con que se produzca alguna distorsión en infraestructuras que se
hayan acometido a lo largo de los últimos diez años -pongo ese plazo porque es razonable en relación con la amortización de infraestructuras de esta naturaleza-, que quizá queden en desuso desde el punto de vista del uso que se les da ahora, pero
esas infraestructuras permanecerán en el patrimonio del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas correspondientes que hayan acometido esas inversiones en el caso de no sean necesarias en su ubicación geográfica en el nuevo diseño de la
ley de planta. Es algo que iremos conociendo y valorando y tomaremos las decisiones oportunas en su momento. Esa nueva ley de planta no va a estar operativa a lo largo de este año -ni mucho menos-, ni siquiera a lo largo del próximo año. Lo
razonable es que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de planta se realice a lo largo del año 2013. Por tanto, es algo que no debemos perder de vista y me parece atinada la reflexión, pero en ningún caso supondrá pérdidas desde el punto
de vista patrimonial del balance de las administraciones públicas. Ese patrimonio estará ahí y habrá otros muchos usos a los que podrá destinarse desde el ministerio, desde las administraciones autonómicas e incluso desde las administraciones
locales, que en muchos casos han cedido suelo para esas infraestructuras.


En relación con los ingresos derivados de la nueva ley de tasas judiciales, insisto en que no implanta la tasa sino que la revisa en cuanto a su alcance objetivo, subjetivo y cuantía, como también ha precisado el secretario de Estado.
Cuando se aborda un proceso de traspaso de competencias -y la de justicia no es una excepción-, desde la Administración General del Estado se dota a las comunidades autónomas de los recursos necesarios y adecuados según el modelo de financiación
autonómica vigente en cada momento para cubrir los gastos de cada una de esas competencias. Por tanto, desde la Administración General del Estado ya se ha financiado la competencia de justicia en todos los territorios autonómicos que han asumido
ese título competencial. Dicho esto, y por eso quiero recordar la mecánica que todos conocemos de financiación de los servicios transferidos, es voluntad del equipo del Ministerio de Justicia trabajar de forma dialogada en un sistema de
reordenación de los recursos que hasta ahora venían financiando la justicia gratuita -que es a lo que afecta la recaudación de la tasa-, al objeto de intentar llegar a un acuerdo dialogado que nos permita una gestión coordinada y unificada en el
sentido más amplio de la expresión del beneficio de justicia gratuita. Es un servicio que a lo largo de los últimos años, sobre todo en los últimos meses, se ha visto que es necesario revisar. Todos los responsables autonómicos y el propio
Ministerio de Justicia han detectado que existe un problema en la forma en que se articula y concede el beneficio de justicia gratuita. Hay un problema de liquidez por parte de algunas administraciones autonómicas o territoriales en el pago a los
colegios de abogados.


Pero yo creo que va más allá de un problema de liquidez; es un problema en la articulación del sistema de justicia gratuita. Queremos abrir esa mesa de concertación, de diálogo, para revisar la financiación de la justicia gratuita; eso
obligará necesariamente a poner sobre la mesa la financiación que cada territorio autonómico ha recibido en relación con ese beneficio de justicia gratuita y cómo vamos a articular la participación en el conjunto del territorio nacional de los
ingresos derivados de la tasa.


En relación con los depósitos ya se prevé algo similar en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando prevé que el producto de los depósitos se destinará a la financiación de la modernización, no solo
en el territorio del ministerio, sino, creo recordar, que incluso se hace referencia a un porcentaje a favor de las comunidades autónomas. Por tanto, la parte de los depósitos sigue su régimen, no se modifica en el anteproyecto de ley de tasas las
previsiones con respecto a los depósitos ni a la afectación de estos últimos.


En cuanto a las tasas, el anteproyecto es sumamente abierto en su artículo 11 para articular a lo largo de los próximos meses el procedimiento concertado de afectación y participación en la financiación del beneficio de justicia gratuita,
pero -no debemos engañarnos- también hay que poner sobre la mesa cuál es la financiación que en su día recibió, y se va actualizando conforme a los modelos de financiación, para ese concepto, como para el resto de los conceptos de cada servicio
transferido por parte de la Administración General del Estado. Es algo que deberemos valorar en su conjunto a la hora de llegar a una solución definitiva sobre este aspecto. Por



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tanto, lo que estoy avanzando es una labor compleja e intensa a lo largo de los próximos meses por parte no solo del ministerio, sino de todo el conjunto de comunidades autónomas con competencia transferida en materia de justicia.


Acabo agradeciendo al portavoz del Partido Popular y, sobre todo por el valor que tiene, al grupo de la oposición ese ofrecimiento de diálogo, que recojo, como lo recogió en su día el ministro de Justicia cuando compareció en el Congreso y
luego en el Senado para explicar el programa de justicia. Como decía, es ambicioso y entiendo que desde algunos grupos haya cierto escepticismo. Intentamos abordar el proceso de renovación global del sistema de la Administración de Justicia, que
es necesario en este momento porque no podemos seguir manteniendo la dinámica en la que estábamos instalados desde una perspectiva global y que requiere el consenso y la colaboración de todos los grupos parlamentarios. En ese sentido, agradezco esa
disponibilidad que el portavoz del Grupo Socialista y todos los grupos que han intervenido han manifestado. A todos ellos, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizada la comparecencia, agradezco a todas sus señorías el contenido, la forma y el fondo de sus palabras y, especialmente, agradezco al señor secretario de Estado, que continúa con nosotros en esta sala,
y al señor subsecretario haber comparecido por primera vez en esta Comisión. Toda la Comisión, especialmente la Presidencia y la Mesa, deseamos poder tener la oportunidad de contar con la presencia del señor subsecretario en más ocasiones y
oportunidades.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y quince minutos de la noche.