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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 23/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI LEGISLATURA Núm. 78
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 75
celebrada el miércoles, 23 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de potenciación
del uso de genéricos en la prestación farmacéutica (número de expediente
172/000041) (Página 3789)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas
de delitos (número de expediente 172/000042) (Página 3819)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Preguntas (Página 3789)
Del Diputado don Gustavo Suárez Pertierra, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Cuándo piensa el Gobierno remitir a la
Cámara el Proyecto de Ley de Secretos Oficiales? (Número de expediente
180/000576) (Página 3789)
Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la nota
hecha pública por el Comité Intercentros de EFE, sobre el control
político de la información? (Número de expediente 180/000577) (Página 3790)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Considera el Vicepresidente Primero que el
Parlamento se equivoca? (Número de expediente 180/000578) (Página 3792)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Mantiene el Vicepresidente Primero
que son 1.458 las personas cesadas de sus puestos de trabajo al servicio
de la Administración? (Número de expediente 180/000579) (Página 3793)
Del Diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿Tiene el Gobierno previsto reformar a corto plazo
la Auditoría de Cuentas? (Número de expediente 180/000575) (Página 3794)
Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las causas de los numerosos
relevos que se han producido en la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT)? (Número de expediente 180/000581) (Página 3795)
Del Diputado don Fernando Gimeno Marín, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál ha sido la tasa de ejecución de
los créditos de inversión en el Ejercicio de 1996? (Número de expediente
180/000582) (Página 3796)
Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno
sobre la recuperación del consumo privado que ponen en evidencia los
últimos informes económicos? (Número de expediente 180/000589) (Página 3797)
Del Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Ministro de Interior
hacer público el Informe comprometido hace seis meses sobre la presunta
agresión al testigo protegido 1964/S? (Número de expediente 180/000583)
(Página 3798)
Del Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué proyectos
tiene previstos el Ministerio de Fomento respecto a la reapertura y
mejora de la conexión internacional ferroviaria línea
Valencia-Zaragoza-Canfranc-Pau-Oloron? (Número de expediente 180/000574)
(Página 3799)
Del Diputado don Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Habiéndole solicitado el Alcalde de Granada
apoyo del Gobierno para rehabilitar el barrio del Albaicín y habiendo
mostrado su preocupación por el impacto urbanístico de las obras del Rey
Chico al pie de la Alhambra, qué medidas al respecto va a proponer que
adopte el Gobierno que Vd. preside? (Número de expediente 180/000587)
(Página 3800)
Del Diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que el
programa de inversiones del Ministerio de Educación y Cultura garantiza
una enseñanza pública de calidad? (Número de expediente 180/000594)
(Página 3802)
De la Diputada doña María del Carmen Pardo Raga, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para dar mayor protagonismo a la sociedad civil en el
ámbito de los servicios sociales a través de las Organizaciones no
Gubernamentales? (Número de expediente 180/000592) (Página 3803)
Del Diputado don Gerardo Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se ha dado efectividad al acuerdo
suscrito por el Gobierno con las Organizaciones Sindicales, sobre
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, en
cuanto a la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento del citado
acuerdo? (Número de expediente 180/000593) (Página 3803)
Del Diputado don Federico Javier Souvirón García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la situación
actual de la minería no energética? (Número de expediente 180/000590)
(Página 3804)
De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué importancia concede
el Gobierno a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en
particular como instrumento para estrechar la vinculación entre el mundo
científico y el productivo? (Número de expediente 180/000598) (Página 3805)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Está considerando el Insalud devolver a las
farmacias la venta en exclusiva de pañales para incontinencias? (Número
de expediente 180/000550) (Página 3806)
Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué garantías ha establecido el
Gobierno en el concierto con centros privados para el cumplimiento del
Plan de Choque de listas de espera quirúrgicas? (Número de expediente
180/000580) (Página 3807)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene el Gobierno
establecidos mecanismos pertinentes para garantizar la colaboración entre
el Sistema Nacional de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear? (Número
de expediente 180/000595) (Página 3808)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
informar a esta Cámara sobre cuántas partidas de productos alimenticios
han sido inspeccionados por los servicios de Sanidad Exterior del
Ministerio, durante 1996? (Número de expediente 180/000596) (Página 3809)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a seguir incumpliendo la Ministra
de Justicia los compromisos adquiridos ante esta Cámara? (Número de
expediente 180/000584) (Página 3810)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar
el Gobierno para acabar con la provisionalidad de la Ley de suspensión de
pagos del año 1922? (Número de expediente 180/000586) (Página 3811)
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a llevar
a cabo el Gobierno para que los Fondos Estructurales (IFOP) no se vean
afectados por el período de suspensión de los mismos desde enero de este
año hasta la actual aprobación del POP IV? (Número de expediente
180/000597) (Página 3812)
Interpelaciones urgentes (Página 3813)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de potenciación del uso
de genéricos en la prestación farmacéutica (Página 3813)
Presenta la interpelación sobre política de potenciación del uso de
genéricos en la prestación farmacéutica, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Novoa Carcacia. Comienza su
intervención haciendo una relación de las medidas tomadas por el actual
Gobierno en relación con el pretendido ahorro farmacéutico de 75.000
millones de pesetas de aquí al año 2000. Manifiesta que el Grupo
Parlamentario Socialista participa de la idea de que el gasto
farmacéutico en nuestro país necesita de medidas de control, como lo
demuestra el hecho de que en el período 1993-1996 el crecimiento del
gasto farmacéutico en España se redujera a la mitad, pero no está de
acuerdo con una falsa política de potenciación de medicamentos genéricos
y, todavía menos, con las operaciones de imagen y de marketing político
del Gobierno. A continuación se refiere a los aspectos de las
reglamentaciones aprobadas por el Gobierno que, a su juicio, son más
restrictivos. Manifiesta, por último, que la reglamentación elaborada por
el Gobierno, la realidad del mercado farmacéutico español y la falta de
políticas adecuadas para estimular la prescripción y dispensación de
genéricos les hace pensar en un futuro un tanto sombrío para la
competencia entre los medicamentos genéricos y los originales o de marca,
lo que, según la interpelante, pone de relieve que el anuncio de ahorro
de 75.000 millones de pesetas en tres años es un brindis al sol y un acto
de marketing político.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). En primer lugar, comprende el escepticismo de la señora
Diputada sobre la política de genéricos, puesto que durante el tiempo que
los socialistas estuvieron en el poder no se decidieron a tomar ninguna
iniciativa que abriera la posibilidad de utilizar este tipo de
medicamentos, de forma que, sin merma de la calidad y de las garantías de
los pacientes, se pudieran conseguir significativos ahorros, separándose
así de las pautas de política farmacéutica de otros países de Europa como
Dinamarca, Alemania o el Reino Unido.
Por otra parte, reconoce que se hicieron esfuerzos en cuanto al gasto
farmacéutico en la legislatura anterior, pero éstos no dieron resultado a
juzgar por las cifras, ya que del año 1989 a 1995 la tasa de variación
interanual del gasto total del sistema fue del 11,83 por ciento, la del
gasto farmacéutico del 13,43 por ciento y la tasa anual acumulativa de
los últimos diez años del 14,1 por ciento. Añade que, como el Gobierno
consideraba absolutamente necesario desbloquear esa situación, presentó
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrtivas y
de orden social, por la que se modificaban los artículos 8, 16 y 90 de la
Ley del Medicamento, incluyéndose determinados aspectos relacionados con
los medicamentos genéricos. A continuación expone las medidas adoptadas
para potenciar la prescripción y dispensación de los medicamentos
genéricos y aclara que el ahorro de 75.000 millones de pesetas es en
cinco años y no en tres, como dice la interpelante, cifra que considera
fácil de alcanzar, si las cosas discurren como se prevé, sin merma
ninguna de la calidad de la prestación farmacéutica del sistema y sin
ningún quebranto para los legítimos intereses de la industria
farmacéutica que trabaja en España.
Replica la señora Novoa Carcacia, duplicando el señor Ministro de Sanidad
y Consumo.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno en la asistencia a las víctimas de
delitos (Página 3819)
Presenta la interpelación sobre la política del Gobierno en la asistencia
a las víctimas de delitos, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Almeida Castro. Manifiesta que
la interpelación que presenta su grupo se refiere a la Ley 35/1995, de 11
de diciembre, que supuso un intento de dar protección a la víctima cuando
se producía una agresión violenta, un delito violento o un delito contra
la libertad sexual. Alude a la exposición de motivos de aquella ley donde
se decía que la pretensión punitiva del Estado debe acercase al problema
social y comunitario en el que el delito consiste, para prevenirlo y
recuperar al infractor, desde luego, pero además para reparar en lo
posible el daño padecido por la víctima. Sin embargo, considera que esa
protección que se tenía que dar a las víctimas se ha quedado más en un
deseo que en una auténtica actividad protectora del Estado, porque no se
ha hecho aún el desarrollo reglamentario, ni se ha ratificado el convenio
116 del Consejo de Europa, que precisamente establecía el compromiso de
proteger a las víctimas de los delitos violentos, ni se han creado en las
localidades de residencia de los juzgados de Instrucción o de lo Penal
las oficinas de información prometidas. Añade que su grupo presenta esta
interpelación porque le preocupa que la democracia deje indefensa a
alguna parte de la población, lo que la convierte en un peligro para la
misma. Por otra parte, espera obtener respuesta sobre el particular y no
sobre las víctimas del terrorismo, que precisamente están excluidas en
esta ley. Para terminar, anuncia que después de esta interpelación
presentarán una moción, que esperan que sea aceptada por la Cámara, ya
que se trata de trabajar entre todos para conseguir la defensa, la
protección y la reinserción del delincuente, sin lugar a dudas, pero
también la protección de las víctimas que, de lo contrario, se ven
desamparadas en una democracia.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón). Manifiesta, en primer lugar, que el Gobierno comparte
totalmente la preocupación expuesta por la interpelante. Por otro lado,
considera oportuna la interpelación y no puede dejar de reconocer el
retraso en el desarrollo reglamentario de la Ley 35/1995, de 11 de
diciembre. Sin embargo, anuncia que el reglamento ya está preparado y
figurará en el orden del día de la próxima Comisión de Subsecretarios y
Secretarios de Estado, pasando al Consejo de Ministros en la sesión
inmediata posterior. A continuación da una serie de explicaciones sobre
los motivos por los que se ha producido dicho retraso, haciendo mención
de los informes emitidos por el Consejo de Estado, el Consejo General del
Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. En cuanto al contenido
del reglamento subraya su extensión y su complejidad. Por último, reitera
la preocupación de todo el Gobierno por conseguir un sistema de
protección ágil y eficaz en un aspecto del que la legislación se
encontraba desprovista.
Replica la señora Almeida Castro, duplicando la señora Ministra de
Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Solano,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO REMITIR A LA
CAMARA EL PROYECTO DE LEY DE SECRETOS OFICIALES? (Número de expediente
180/000576)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día, turno de preguntas orales al Gobierno.
Pregunta número 12, que formula al Gobierno el Diputado don Gustavo
Suárez Pertierra, del Grupo Socialista.
Señor Suárez Pertierra.
El señor SUAREZ PERTIERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, el Gobierno ha anunciado repetidamente la remisión
a la Cámara de un proyecto de ley de secretos oficiales, pero no lo ha
hecho. Hay una ley vigente, una ley constitucional, pero el Gobierno ha
actuado en esta materia yendo de un lado para otro, de una manera
errática. Es urgente la remisión del proyecto de ley y por eso mi grupo
parlamentario le pregunta cuándo piensa el Gobierno remitir a la Cámara
el proyecto de ley de secretos oficiales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez Pertierra.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, cuando, como sabe S. S., el anteproyecto esté
definitivamente redactado y el Consejo de Ministros le dé su aprobación y
lo remita a las Cortes Generales, lo que en este momento no le puedo
concretar en fechas porque está pendiente de los trámites de deliberación
y discusión del texto definitivo y la oportunidad de su remisión al
Congreso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Suárez Pertierra.
El señor SUAREZ PERTIERRA: Señor Vicepresidente, confieso que esperaba
una respuesta más concreta.
Yo creo que el proyecto, señor Vicepresidente, señores de la oposi...
(Risas.) señores que apoyan al Gobierno, es urgente.
Señor Vicepresidente, al desclasificar los documentos han cedido ustedes
las competencias del Gobierno sobre cuestiones relativas a la seguridad
del Estado, como reconoce, por otra parte, la reciente sentencia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo. Han desdibujado el papel del
Ejecutivo, pero también el papel del Poder Legislativo y no se sabe qué
papel tiene en esto el Poder Judicial.
Además, señor Vicepresidente, un texto sí que ha habido. Ustedes han
remitido un texto al Consejo General del Poder Judicial, que ha emitido
dictamen sobre el mismo, pero que luego han guardado ustedes en un cajón.
Parece, además, que había otro texto, otro texto que se revisa, al
parecer, en no se sabe qué instancias de la propia Presidencia del
Gobierno. Y como, siguiendo el procedimiento que ustedes normalmente
siguen, han hablado de ese nuevo texto parece que a sus socios de mayoría
parlamentaria, tampoco les gusta, y tendrán que revisar de nuevo este
otro texto de secretos oficiales.
Señor Vicepresidente, tráigannos ya el texto a su sitio, allá donde
podamos discutirlo, que es justamente este Parlamento, para que podamos
ver claramente cuáles son sus propuestas, si quieren, efectivamente, que
el Gobierno ceda parte de sus competencias y cuál es el papel, como
decía, que asignan al Poder Legislativo. En definitiva, no nos den
lecciones de democracia, señor Vicepresidente, y conviene que traigan ese
texto porque, si no, lo traeremos nosotros antes del inicio del próximo
período de sesiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez Pertierra.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, su opinión y sus palabras
creo que requieren dos tipos de consideraciones. La primera, aclararle
sus confusiones. No se arme usted líos, señor Suárez Pertierra. Usted
bebe de una información manipulada, que ha sido desmentida por todos los
ministerios afectados, por todos, y a pesar de eso, por sostenella y no
enmendalla, usted viene a hacer esta pregunta hoy aquí en nombre de los
que no quieren reconocer que se han equivocado en una información. Es
usted un mal portavoz de un medio que manipula las informaciones.
(Rumores.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Demócrata! ¡Más que demócrata!)
En segundo lugar, señor Suárez Pertierra, de ustedes, lecciones sobre el
respeto al Estado de Derecho no vamos a recibir ninguna, ninguna.
(Rumores.) Ninguna. Sobre la independencia de los poderes y el respeto a
la independencia de los poderes, no vamos a recibir ninguna lección. Y
sobre las urgencias, menos, porque han estado ustedes doce años
gobernando y no se han dado ninguna prisa en traer la ley de secretos
oficiales adaptada al marco constitucional. Por tanto, las razones de
urgencia que ustedes en estos momentos nos estén trasladando tienen muy
poca credibilidad.
Traeremos el proyecto de ley cuando esté ultimado. Y, entre otras
reflexiones, lo estudiaremos a la luz de la doctrina que ha sentado el
Tribunal Supremo. Vamos a hacerlo a la luz de esa doctrina, les guste a
ustedes esa doctrina o no les guste. El Tribunal Supremo es la última
instancia en un Estado de Derecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO
DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO LA NOTA HECHA
PUBLICA POR EL COMITE INTERCENTROS DE EFE, SOBRE EL CONTROL POLITICO DE
LA INFORMACION? (Número de expediente 180/000577)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Socialista.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, por primera vez en la historia de la
democracia, el comité intercentros
de la Agencia EFE se ha visto en la obligación de emitir un comunicado
público en el que denuncia por parte del Gobierno censura, manipulación
de la información, defensa de intereses privados, clientelismo político
favoreciendo con primicias a una agencia de la competencia ligada al Opus
Dei, hacer de la Agencia EFE una prolongación del gabinete de prensa del
Gobierno del Partido Popular, defensa de intereses privados aun a riesgo
de que se puedan perder eminentemente y próximamente cerca de 200 puestos
de trabajo dentro de la Agencia EFE, pérdida de credibilidad de la propia
agencia por esas prácticas intolerables.
En definitiva, señor Vicepresidente, señor Alvarez-Cascos, por primera
vez en la historia de la democracia se denuncia un grave ataque a las
libertades, con prácticas de manipulación política... (Rumores.)
¡Tranquilos, señores de la derecha, tranquilos! Con prácticas...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Continúe, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con prácticas de manipulación política
de la información y censura por parte del Gobierno del Partido Popular.
Por ello, señor Alvarez-Cascos, el Grupo Socialista le pregunta: ¿Qué
opinión le merece al Gobierno la nota hecha pública por el comité
intercentros de EFE sobre el control político de la información?
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): No, señor Diputado. El Gobierno no hace
valoraciones sobre las opiniones en este caso de una representación
sindical. Lo que sí puede hacer es dar datos, y como Gobierno rechazo
rotundamente la existencia de ningún tipo de control político o
gubernamental de la información ni en la Agencia EFE ni en un órgano de
comunicación dependiente del Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Alvarez-Cascos, lógicamente la
negación era esperada. Ustedes son expertos en estas prácticas. (Fuertes
rumores.) Son expertos.
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Señorías! Continúe, señoría.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Esta práctica de censura, de control
político, de atentado a las libertades tiene un precedente en una región
española, en Castilla y León, siendo Presidente el señor Aznar, cuando
encargó la elaboración de listas negras de periodistas y medios de
comunicación al ahora flamante Secretario de Estado de Comunicación don
Miguel Angel Rodríguez. (Rumores.) Es público y notorio, aunque ustedes
lo nieguen.
El Gobierno ha impedido hasta ahora la firma de la Agencia EFE con
Sogecable de un contrato por valor de 1.500 millones de pesetas al año,
que puede llevar a la pérdida de esos doscientos puestos de trabajo, por
intereses sectarios y partidistas. (Rumores.)
Señores del Partido Popular, esta censura, este control político...
El señor PRESIDENTE: Señoría, muchas gracias. Ha concluido su tiempo.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, no voy a hacer ningún
comentario sobre las últimas palabras que ha dicho el señor Diputado,
porque se juzgan por sí solas y desvelan el tipo de intereses que mueven
al señor Diputado en su pregunta.
Quiero reafirmar que la Agencia EFE es una sociedad mercantil que tiene
un capital cien por cien público y que goza de plena autonomía para el
desarrollo de sus fines. Lo que ha hecho el Gobierno, en el año 1996, al
igual que hizo el Gobierno, o los gobiernos sucesivos, el año 1982, ha
sido sustituir al presidente, sustituir al presidente. Comprendo que eso,
en el estilo que ustedes tratan de poner de manifiesto, parece que es una
práctica contra la libertad, pero me parece normal, en una democracia,
que al señor Sobrado Palomares, en mayo de 1996, le sustituyera el señor
Gozalo. ¿Tiene usted algún reparo profesional sobre el señor Gozalo? (Un
señor Diputado: ¡El sindicato del crimen!) ¿Tiene usted algún reparo
profesional? Y se han producido, señorías, las correspondientes, y muy
pocas, sustituciones en los órganos directivos de la Agencia EFE, pero no
hay más cambios en la agencia EFE. Lo que ocurre es que SS. SS. ni
siquiera admiten que el tipo de cambios normales, que ustedes mismos han
desarrollado, cuando cambia el Gobierno, tenga también derecho a
mantenerlos. Ese es el problema, problema que se resuelve muy fácilmente:
mentalícense, que llevan un año, a ejercer la oposición; que han perdido
las elecciones el 3 de marzo del año pasado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL VICEPRESIDENTE PRIMERO QUE EL
PARLAMENTO SE EQUIVOCA? (Número de expediente 180/000578)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
(Rumores.) Un momento, señor Caldera.
Señorías, vuelvo a recordar a la Cámara que la libre expresión de sus
opiniones, e incluso emociones, en este trámite tiene dos absolutos
límites: el primero, el que marca la cortesía parlamentaria y, el
segundo, que sea audible la intervención del orador, que tiene pleno
derecho a ser escuchado. En consecuencia, les llamo al orden para que se
mantengan dentro de esos límites.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Cascos, anteayer publicó el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» un proyecto de ley, cuya exposición de motivos, señorías,
dice: Por error producido en la votación al volver el texto al Congreso
de los Diputados, el precepto no pudo ser aprobado. La finalidad de esta
ley es subsanar dicho error.
¿Cree usted, señor Cascos, que el Parlamento se equivoca?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, solamente se equivocan las
personas, no las instituciones, pero aunque fuera así, aunque se pudiera
admitir que se equivocan las instituciones, este Gobierno jamás ejercerá
censura sobre la labor del Parlamento. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Cascos, el Parlamento no se
equivoca, se equivocan ustedes, que han elevado la técnica de la
corrección de errores a categoría universal. Y, siguiendo con ella,
esperaba yo que pidiera disculpas a esta Cámara, en nombre de su
Gobierno, por lo que se dice en el preámbulo del proyecto de ley.
En aquella votación, mi grupo parlamentario y otros grupos de esta Cámara
no se equivocaron, se equivocaron ustedes, no el Congreso de los
Diputados. Señor Cascos, quien confunde el todo con la parte, y si esa
parte es minoritaria, como ocurrió en aquella votación, demuestra el
talante o la concepción totalitaria de su pensamiento. (Rumores y
protestas.) Sí, señor Alvarez-Cascos, ustedes desprecian al Parlamento.
Se lo voy a demostrar. Ustedes, cuando remiten a este Congreso de los
Diputados los barómetros del CIS, a los que tenemos derecho, algún
miembro de su Gobierno se apresura, antes de que lleguen al registro de
esta Cámara, a hacer interpretaciones, estúpidas por otra parte, sobre
cómo, si varía el uno por ciento de españoles que creen que ha mejorado
la situación política o económica, ya vivimos en el reino de los cielos.
Ustedes abusan hasta límites intolerables del decreto-ley, ustedes no
respetan a los parlamentarios de esta Cámara (Un señor Diputado:
¡Rodillo!) en el ejercicio de sus competencias y sus derechos de control
al Gobierno y se permiten, señorías, contestar a preguntas que formula mi
grupo, cuando solicita sobre desgraciadas respuestas que da el Presidente
de su Gobierno, como la no subida de los sueldos de los funcionarios, por
el perdón de 200.000 millones a los amigos del PSOE, diciendo que
frivolizamos. ¿Frivolizamos nosotros, señor Vicepresidente (Rumores.) o
frivoliza el Presidente del Gobierno? Si cree que ése es el respeto al
Parlamento, no es extraño que vayamos perdiendo huecos que están siendo
ocupados por otros poderes no directamente responsables (Rumores.) y a
los que los ciudadanos no pueden controlar de forma directa, pero el
Parlamento, señor Alvarez-Cascos, va a evitar estos hechos.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, pocas veces he visto, en
una sesión de control, hacer humo de un debate como el que
permanentemente realiza el señor Caldera, porque es un asunto en el que
están las cosas tan claras, señor Caldera, tan claras... En el «Diario de
Sesiones» del día 10 de abril de 1997 consta que el portavoz del Grupo
Popular pidió la palabra, se le concedió y, entre rumores de los bancos
de S. S., rumores que a lo mejor no les permitieron escuchar sus
palabras, explicó lo que había ocurrido, asumió el error en la votación y
el resultado, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», deja sin
resolver quién fija, hasta la liberalización plena, las tarifas de
interconexión. ¿A usted le preocupa ese problema o no? (Rumores.). Yo
creo que no le preocupa nada y por eso se dedica a hacer humo. No le
preocupa nada.
Las tarifas de interconexión, mientras no se liberaliza el mercado de las
telecomunicaciones, son algo muy importante, forman parte de la política
de telecomunicaciones
y necesitan estar atribuidas a quien puede ejercer esa política, que es
al Ministerio de Fomento. Si ustedes no están de acuerdo, tienen la
oportunidad de enmendar el proyecto de ley. Explíquenos su posición sobre
quién fija las tarifas de interconexión y no haga humo de un debate que
está muy claro desde que el portavoz del grupo parlamentario tuvo el
decoro de explicar que este grupo había cometido un error en la votación.
Y ahí se termina el problema. Lo demás son sus fantasías y sus esfuerzos
por hacer oposición donde no la hay, señor Caldera. (Muy bien. Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿MANTIENE EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
QUE SON 1.458 LAS PERSONAS CESADAS DE SUS PUESTOS DE TRABAJO AL SERVICIO
DE LA ADMINISTRACION? (Número de expediente 180/000579)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno el
Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Vicepresidente del Gobierno, la semana
pasada, a una pregunta de este Diputado contestó en torno al número de
ceses que se habían producido en la Administración del Estado desde que
ustedes son Gobierno. Una de dos, o los datos que usted dio a la Cámara
están profundamente equivocados o el Gobierno, a través de usted, mintió
a este Parlamento. Por eso le pregunto: ¿Mantiene el Vicepresidente
Primero que son 1.458 las personas cesadas al servicio de la
Administración?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Mantengo los datos y rectifico uno, porque
hemos completado el trabajo del primer año de la Administración
socialista. Los ceses o purgas, según prefiera utilizar el lenguaje, ya
no son 939, como dije el otro día, porque el trabajo se cerraba en julio
de 1983, sino 1.108, cerrado a diciembre del año 1983.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Vicepresidente, más vale que no
hubiera invocado hoy el trabajo que presentaron el otro día, porque es
patético. (Rumores.) Ustedes incluyen en ese trabajo al Presidente del
Gobierno señor Calvo-Sotelo como cesado por el Gobierno socialista
(Risas.), a presidentes de comunidades autónomas, a rectores de
universidad y a 70 miembros de consejos de administración que pierden su
cargo por el alto cargo. Pero vamos a los datos de ahora. Los datos de
ahora es que esos 1.400, señor Alvarez-Cascos, sólo se producen en los
servicios periféricos de la Administración del Estado.
Le voy a dar algún dato: entre directores provinciales y otros directivos
en Trabajo, 200; entre directores provinciales y otros directivos del
Ministerio de Educación, 150; 1.000, entre delegados provinciales,
regionales, jefes provinciales de Tráfico, de Correos, de Inspección, en
la Agencia Estatal Tributaria, Confederación Hidrográfica, secretarios
Delegación de Gobierno, de gobiernos civiles, sólo en servicios
periféricos. Le pregunto, señor Alvarez-Cascos, ¿es cierto, confirma
usted el dato, de que sólo en los servicios periféricos del Insalud
ustedes han cesado en los hospitales, en puestos sólo directivos, a 294
personas y en los servicios de atención primaria a 111 personas? ¿Es
cierto o no es cierto que eso se ha producido? ¡Fíjese, señor
Alvarez-Cascos, si sus datos son falsos! ¡Fíjese si es claro que el
Gobierno ha mentido al Parlamento, que sólo en servicios periféricos
ustedes han cesado a 1.400 personas! Si usted lo niega, le reto a que
remita desde el Registro Central de Personal todos los cambios, que están
anotados, de funcionarios y personal estatutario que se han producido
desde el 6 de mayo. Remítalo a esta Cámara y se demostrará que ustedes
han mentido al Parlamento la semana pasada y hoy y que la purga duplica o
más que duplica los datos que usted ofreció.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, si usted pretende incluir
como ceses los cambios de puesto de funcionarios que pasan a otro de
igual o superior categoría, el que está manipulando es usted. (Algunos
señores Diputados: ¡Muy bien!) Porque yo no he computado los cambios de
puesto de funcionario a otro de igual o superior categoría (El señor
Rodríguez Zapatero: Yo tampoco.) y usted los está computando. Por eso yo
he citado a los altos cargos (El señor Rodríguez Zapatero: Yo, ni
siquiera.), porque usted los citó. El subsecretario de Presidencia era
director general en la Administración
anterior. ¡Purgado! El que yo tengo de subsecretario, ¡purgado!, según
los criterios del señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos.)
Señor Rodríguez Zapatero, el otro día se estaba pasando de listo y hoy
está haciendo el ridículo. (Aplausos.--Rumores.) Le voy a poner algún
ejemplo de adónde lleva su argumento. Cuando el último Ministro de
Administraciones Públicas, señor Lerma, llegó al Ministerio, de 14 altos
cargos sustituyó a ocho, hizo una purga de ocho altos cargos. (El señor
Rodríguez Zapatero: ¿Y qué?) En el primer año de su administración,
cuando no había 6.000 cargos de libre disposición, porque esos los
fabricaron ustedes, cesaron a todos, a todos los que había, al cien por
cien. (El señor Rodríguez Zapatero: Eran todos.) Pero es que la purga no
terminó ahí, porque cuando hay unas elecciones en el año 1986, en el
primer año del nuevo Gobierno del señor González, purga, con arreglo a su
criterio, a 476 funcionarios de libre designación, en 1989 a 287 y en
1993 a 445. (El señor Rodríguez Zapatero: ¡Ahora!--Varios señores
Diputados: ¡Ahora!)
Se lo he dicho el otro día. Ustedes pretenden aplicar la confianza a los
cargos de libre designación y que nosotros les reconozcamos prestigio,
capacidad y permanencia y eso, señor Rodríguez Zapatero, es una
ingenuidad en la que no vamos a caer. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL GOBIERNO PREVISTO REFORMAR A CORTO PLAZO
LA AUDITORIA DE CUENTAS? (Número de expediente 180/000575)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, después de casi nueve años en que se
publicó y entró en vigor la Ley 19/88, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas, creo que hoy nadie duda de la necesidad de reformar esta Ley y
el Real Decreto que regula al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Por eso le pregunto si tiene el Gobierno previsto reformar esta
Ley de Auditoría de Cuentas a corto plazo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, en 1988 se promulgó la ley y en el año 1990 el reglamento.
Por lo tanto, desde el punto de vista práctico la ley está en ejecución
en los últimos siete años, contando éste. El Gobierno es plenamente
consciente de la importancia de esta ley para la transparencia del
tráfico mercantil y también es imprescindible para los agentes que están
interesados en conocer el funcionamiento de la información económica. En
ese sentido, una modificación de la Ley de Auditoría, en opinión del
Gobierno, debería de contar no sólo con los estudios jurídicos
pertinentes basados en la experiencia de estos últimos seis años y medio,
sino también en conjugar los intereses de los colectivos afectados, que
son los administradores de las empresas, los auditores, pero sobre todo
los usuarios de la información.
El Gobierno está analizando la experiencia de esta ley y cuáles han sido
los casos en los que ha podido no satisfacer sus objetivos, y mediante
ese análisis de la Ley de Auditoría espera sacar conclusiones que
podrían, y no quiero ser conclusivo sobre ella en este momento, dar lugar
a una nueva regulación de la Ley de Auditoría.
En cualquier caso, esta regulación de una nueva Ley de Auditoría vendría
enmarcada en un conjunto de reformas estructurales, algunas ya anunciadas
para este año, que afectan también a la seguridad del tráfico mercantil,
como es una nueva ley concursal, una nueva ley sobre el leasing y
modificar las normativas referidas a las franquicias y al factoring.
El Gobierno es plenamente consciente de la importancia de estos temas y
está dispuesto a escuchar y colaborar en cualquier iniciativa y, desde
luego, a cumplir una de las propuestas de resolución aprobadas el pasado
lunes en la Comisión de Economía, propuesta de resolución respecto al
programa de convergencia para los próximos años, que dice lo siguiente:
Dar prioridad a las reformas en el ordenamiento jurídico al objeto de
otorgar mayores garantías y más celeridad en el cumplimiento de los
compromisos de pago y en las obligaciones derivadas del tráfico mercantil
y, en concreto, la reforma de la ley concursal para los procesos de
quiebra y suspensión de pagos y una reforma de los procedimientos
judiciales.
No hubo referencias por parte de los grupos ni tampoco por parte del
Gobierno a la Ley de Auditoría que, vuelvo a reiterar a S. S., está
siendo analizada por el Gobierno y que no tenemos previsto modificar a
corto plazo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Zabalía tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, estaba escuchándole atentamente y compartiendo todo
lo que ha dicho hasta el final, que
es lo que me preocupa. Si no he entendido mal, el Gobierno no está
preparando una reforma a corto plazo.
Creo que sabe usted que desde el propio trámite parlamentario de esta ley
en el año 1988 se puso de manifiesto la discrepancia de todos los grupos
que estaban en la oposición, entre ellos el suyo, frente a la forma en
que el proyecto de ley abordaba los aspectos básicos de esta profesión
(su técnica, el secreto profesional, la independencia profesional y su
deontología). Creo que esto se puso de manifiesto, como digo, en el
debate que esta ley tuvo en su día. Esta ley, tal y como está, nació
porque había un Gobierno con un partido mayoritario; si no, no hubiese
salido la ley tal y como está. Yo creo que ha llegado el momento oportuno
de debatir en esta Cámara la reforma en profundidad de la ley y de las
normas que regulan la profesión y la actividad de la auditoría de
cuentas. Precisamente esa necesidad, que ya ha apuntado el Vicepresidente
del Gobierno, de la transparencia y del rigor en la información económica
y contable de las empresas hace necesario que esté garantizada por
expertos independientes, profesionales cualificados, como son los
auditores de cuentas, por medio de la revisión y de la verificación de
los documentos contables.
Usted también es consciente de que la evolución y el desarrollo de la
economía y de la actividad empresarial, su interrelación y globalización
hace que cada vez sea más necesaria la homogeneización de los estados
financieros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía. Ha concluido su tiempo.
Señor Vicepresidente, le restan seis segundos y aun puedo darle seis más
que ha consumido en exceso el señor Zabalía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, sólo quiero reiterar al señor Zabalía
los argumentos que le he dado. Tomo buena nota de su preocupación y el
Gobierno estudiará este problema con detenimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS CAUSAS DE LOS NUMEROSOS
RELEVOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (AEAT)? (Número de expediente 180/000581)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Rato, discrepando de las afirmaciones de su vecino, el señor
Cascos, de que los socialistas nos estamos pasando de listos, creo
sinceramente, señor Ministro, que ustedes se están pasando de la raya con
su política funcionarial. Si en el conjunto de las administraciones
públicas --nos pongamos de acuerdo o no-- han sido cesados más de 3.000
cargos, en la Agencia Tributaria lo han hecho con más de 120 personas.
¿Cuáles son, señor Rato, las causas de tantos ceses en la Agencia
Tributaria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Diputado, su pregunta es, literalmente, cuáles
son las causas de los numerosos relevos. No coincido con S. S. en
calificarlos de numerosos. Los relevos se han producido como consecuencia
de nombramientos de cargos de confianza, no son numerosos --como creo que
tendré oportunidad de demostrar en este mismo trámite-- y, desde luego,
la consecuencia de las elecciones produce cambios ineludibles, y supongo
que S. S. estará de acuerdo: el Secretario de Estado de Hacienda, el
Director de la Agencia Tributaria, etcétera. Pero, escuchando los
argumentos de S. S., espero tener la oportunidad de demostrar a la Cámara
que el calificativo numerosos no es adecuado a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Rato, es de dominio público, lo denuncian los medios de
comunicación, los sindicatos de funcionarios --aunque alguno parece que
les hace el trabajo sucio--, se recogen firmas entre funcionarios de la
administración tributaria, entre funcionarios disconformes con su
política de ceses, con su política de caza de brujas, con su política
hacia determinados funcionarios, excelentes profesionales, de la Agencia
Tributaria. Los ceses, señor Vicepresidente del Gobierno --y lo digo
sinceramente--, creo que se han producido por venganza, por persecución
política y por desconfianza (Rumores.); quizá también porque hablan con
gente
que a ustedes no les gusta que hablen. A buenos profesionales los han
enviado a una especie de Valle de los Caídos (Rumores.), sin funciones,
sin responsabilidad y, en algunos casos, casi sin trabajo. Ustedes, señor
Vicepresidente, no creen en la profesionalización de la administración
tributaria, como decían anteriormente. Le voy a poner un ejemplo: cesan
ustedes hasta al jefe de informática de la administración tributaria de
Pontevedra; un altísimo cargo, sin lugar a dudas.
Hay gente que les estorba en sus directrices y en los juicios con el
pasado que ustedes realizan permanentemente; que les estorba en su
política de privatización de ciertos servicios de la administración
fiscal y tributaria o porque tienen que colocar a algún familiar; que les
estorba porque no entienden cómo a alguna empresa, que cuando estaban en
la oposición realizó trabajos de sus propuestas fiscales, la contratan
para presentar en Nueva York las reformas fiscales del Gobierno de
España.
Creo que hay una caza de brujas, está siendo denunciado públicamente, y
esto es lo que piensa el Gobierno socialista (Rumores.--Un señor
Diputado: ¡Muy bueno! Risas.), que existe una caza de brujas en la
administración tributaria española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Martínez Sanjuán, yo no soy funcionario, pero
tengo respeto por ellos. Si usted tiene casos que quiere poner sobre la
mesa, este es el lugar; pero poner como ejemplo que un director de
informática, por el que tengo todos los respetos, de una provincia ha
sido cambiado de destino o ha sido cesado... Si quiere usted, hago el
trabajo de saber cuántos directores de informática provinciales se
cambiaron en los últimos años, pero me parece absolutamente ridículo. Le
traeré ejemplos sobre directores de informática provinciales; pero le voy
a dar ejemplos concretos, porque S. S. me ha leído un panfleto. Al día de
hoy, siguen permaneciendo responsables, designados por el anterior equipo
de dirección, el director del departamento económico-financiero de toda
la Agencia, el director del departamento de gestión tributaria, el
director del departamento de informática tributaria, el director del
departamento de aduanas e impuestos especiales. Lo mismo ocurre con los
delegados especiales y delegados de la Agencia de las delegaciones
especiales de Baleares, Cantabria, País Vasco, Extremadura y Madrid. De
los subdirectores generales, que son 39, sólo ha habido diez ceses, de
los cuales, uno se ha producido por supresión de la subdirección general,
dos han solicitado la excedencia voluntaria, tres han pasado a ser altos
cargos --ya le he puesto un ejemplo antes-- y uno ha pasado a ocupar una
plaza en el gabinete del director de la Agencia Tributaria, puesto por el
actual Gobierno.
En cualquier caso, si usted nos acusa de politización, no puedo entender
cómo hace una pregunta sin poderla justificar. Después, acaba usted de
hacer unas afirmaciones sobre agencias privadas y pregunta qué es lo que
han hecho. Dice usted que han presentado la política tributaria del
Gobierno. La política tributaria del Gobierno la ha presentado el
Secretario de Estado de Hacienda. En todo caso, me sorprende. Lo que pasa
es que las conferencias internacionales --y usted sabe-- las organizan
instituciones privadas, en todos los países del mundo, a las que han ido
ustedes cuando tenían responsabilidades y a las que vamos nosotros.
Lo importante de la Agencia Tributaria es que ya no se duermen los
expedientes en los cajones y no hay ninguna situación de discriminación.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO GIMENO MARIN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL HA SIDO LA TASA DE EJECUCION DE
LOS CREDITOS DE INVERSION EN EL EJERCICIO DE 1996? (Número de expediente
180/000582)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
Diputado don Fernando Gimeno Marín, del Grupo Socialista.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, la política de
inversiones que ustedes desarrollan desde que están en el Gobierno está
poniendo de manifiesto, una vez más, la falsedad de múltiples promesas
que han venido pregonando por toda la geografía española antes y después
de las elecciones.
Estoy seguro, señor Vicepresidente, que usted recordará lo que decía su
programa electoral respecto a la política de inversión o respecto a la
inversión pública. Usted recordará sin ninguna duda que se comprometían a
mantener un nivel de inversión pública suficiente y que la política de
ajuste presupuestario no iba a afectar a los niveles de inversión
pública. Pues bien, esa afirmación que ustedes hacían parece que no tiene
nada que ver con la realidad en estos momentos.
Durante 1996, usted sabe que en la economía española la inversión ha ido
perdiendo ritmo de crecimiento de una forma importante. El crecimiento de
la inversión
ha sido del 0,7 por ciento en el año 1996, doce veces menos que en 1995.
Usted sabe también que una parte importante de la inversión tiene que ver
con la política de inversión pública que ha desarrollado su Gobierno. Eso
para nosotros es consecuencia de que la política que ustedes desarrollan
en temas de inversión pública es totalmente inadecuada. Por eso, en este
momento le formula la pregunta de cuál ha sido la tasa de ejecución de
los créditos de inversión en el ejercicio de 1996.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Lamento que, escuchándole, tenga que decir que
satisfactorio, ya que es el 86,32 por ciento. Ahora, en la réplica, le
podré explicar por qué es satisfactorio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Señor Vicepresidente del Gobierno, no comparto con
usted los datos, y le digo por qué. Ustedes nos tienen acostumbrados ya
cuando presentaron el presupuesto a manipular las cifras. ¿Ha leído usted
el informe de la Intervención General del Estado? ¿Lo ha leído? Pues
utilice ese informe porque usted lo tiene, porque es el que estamos
utilizando todos para saber que el nivel de ejecución no ha sido el que
usted dice. El nivel de ejecución ha sido del 76 por ciento, y usted lo
sabe. No manipule usted los datos, no utilice ahora unos datos u otros
para hacer comparaciones.
Para resolver los problemas que ustedes tienen para contener el déficit
público, lo que ocurre es que ustedes lo hacen de una forma muy fácil,
pero también quiero decirle que de una forma muy negativa para el
conjunto de los ciudadanos y de la economía española. Cortan por lo sano
y reducen ustedes drásticamente la inversión, sin preocuparles las
consecuencias negativas que tiene para la economía y para la sociedad en
su conjunto.
Para resolver un problema a corto plazo, el del déficit, que es
importante, ustedes crean otro para el futuro, y eso es totalmente
inadecuado, señor Vicepresidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Gimeno, el problema que nosotros tenemos es que
ustedes nunca redujeron el déficit público. Si hubieran cumplido el plan
de convergencia que ustedes aprobaron, no tendríamos prácticamente
problemas, pero, como llevamos doce meses, ya ni siquiera tenemos ese
problema. Por lo tanto, no pierda usted el tiempo en querer convencer a
los españoles que en este momento la situación económica es peor que hace
doce meses, porque me parece que es una tarea realmente estéril y debe
usted dedicarse a otra cosa.
La media de ejecución de la inversión pública, desde 1990 a 1996, fue del
84,90 por ciento, según datos oficiales. En el año 1996, según datos
oficiales, la ejecución fue del 86,32 por ciento. Por lo tanto, señor
Diputado, estamos por encima de la media de los últimos años. Pero quiero
reiterarle que el presupuesto de 1996 lo hicieron ustedes. Nosotros
ejecutamos su presupuesto. Además, era un presupuesto prorrogado del año
1995. Por lo tanto, señor Diputado, lo único que se ha producido en el
año 1996 es que nosotros hemos ejecutado su presupuesto, cumplido el
déficit público que ustedes no fueron capaces de cumplir en ningún año,
reactivar la economía, aumentar el empleo, ganar credibilidad dentro y
fuera de nuestras fronteras, y en el año 1997 mantener la inversión
pública, cosa que vamos todavía a mejorar en ejercicios siguientes. Señor
Diputado, yo le incito a que esté usted sentado mirando cómo hacemos las
cosas y a lo mejor se da cuenta del porqué las hacían ustedes mal.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL CAMARA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO SOBRE LA RECUPERACION DEL CONSUMO PRIVADO QUE PONEN EN EVIDENCIA
LOS ULTIMOS INFORMES ECONOMICOS? (Número de expediente 180/000589)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
Diputado don Rafael Cámara Rodríguez, del Grupo Popular.
Señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, al día de hoy nadie cuestiona que la
política económica seguida por este Gobierno está dando muchos y
positivos frutos. Hoy en España se respira un clima de certidumbre y de
confianza en la economía. Era ciertamente difícil la encomienda, pero, en
una, dijéramos, primera fase, que se podría colocar pasado el verano de
1996, los operadores económicos más especializados y los mercados
internacionales respaldaban con su confianza el
impulso político dado por el Gobierno al panorama económico español.
En una segunda fase, que coincidiría con la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, se produce un respaldo
inequívoco a la trayectoria seguida por el Ministerio de Economía y
Hacienda por parte de los principales agentes económicos, asistiendo
desde entonces a una creciente disminución de los tipos de interés y del
índice de precios al consumo, lo que pone de manifiesto la buena salud
que se ha imprimido a la economía a través de una política presupuestaria
de rigor y de austeridad ejercida por el Gobierno.
Quedaría, señor Vicepresidente, una tercera fase u objetivo por cumplir,
que sería recuperar la confianza de los consumidores, ciertamente
retraídos y necesitados de un incentivo mayor que la mera percepción de
la mejora en las cifras macroeconómicos --control del déficit y buenos
indicadores--, que si bien aducen los operadores económicos, no es menos
cierto que pueden no ser suficientes para que los consumidores, las
economías domésticas muestren su confianza en el mercado. Pues bien,
llegados los últimos informes del Ministerio de Economía y Hacienda, del
Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística, parece que este
tercer objetivo, esta tercera fase se ha cumplido satisfactoriamente y el
Gobierno ha llegado al consumidor y éste le ha respaldado. A los efectos
de conocer cuál es el sentido de esta tendencia, señor Vicepresidente,
tengo el honor de formularle la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace
el Gobierno sobre la recuperación del consumo privado que ponen de
manifiesto los últimos informes económicos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cámara.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Vicepresidente, y gracias, señor
Diputado.
Durante 1996 se produjo una aceleración del crecimiento del consumo
privado del 1,5 en el conjunto del año, pero en el último trimestre se
produjo ya un crecimiento del 1,9 sobre el año anterior. Esta aceleración
ha venido produciéndose a lo largo de los últimos meses de 1996 y
primeros meses de 1997 y tiene sus justificaciones: primero, en el
crecimiento del empleo; segundo, en la mejora de la situación financiera
de las familias; y tercero y claramente, en la mejora de las
expectativas. En ese sentido, informes de todo tipo, de instituciones
públicas y privadas, como es el caso del Banco de España, advierten una
mejor percepción de los consumidores respecto a la situación económica y
un abaratamiento de los bienes duraderos como consecuencia de las caídas
de los tipos de interés. Los indicadores de confianza elaborados tanto
por el Gobierno como por la Unión Europea ponen de manifiesto una clara
recuperación de la confianza de los consumidores en el primer trimestre
de 1997 y, desde el punto de vista financiero, también tenemos otros
elementos de juicio que nos indican una recuperación del consumo, como
son el crédito interno a empresas y familias, que aumentó el 8,2 por
ciento en marzo, lo que supone un incremento interanual del 10 por
ciento, con ventas, en el caso de los automóviles, con incrementos del 7
por ciento.
Por tanto, todo apunta a que en 1997 el consumo privado crecerá al ritmo
previsto en el cuadro macroeconómico, el 2,7, y que, además, todavía
permitirá un margen por el aumento del ahorro de las familias, puesto que
el PIB crecerá menos que la demanda interna. En ese sentido, la política
económica está orientada a garantizar la estabilidad del entorno
macroeconómico, como ha venido haciendo desde mayo de 1996 con el cambio
de Gobierno. Creemos que la percepción por parte de los agentes
económicos, tanto internos como internacionales, de la estabilidad de la
economía española refuerzan nuestras posibilidades de crecimiento y este
marco de estabilidad y de confianza ya se está trasladando claramente al
consumidor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL MINISTRO DEL
INTERIOR HACER PUBLICO EL INFORME COMPROMETIDO HACE SEIS MESES SOBRE LA
PRESUNTA AGRESION AL TESTIGO PROTEGIDO 1964/S? (Número de expediente
180/000583)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Ministro, el día 8 de noviembre de 1996
el testigo 1964/S es objeto de secuestro en la localidad de San Fernando
(Cádiz), recibiendo, al parecer, gravísimas torturas. Ese día el juez
Gómez de Liaño había ordenado el reforzamiento de las medidas de
seguridad y de protección.
Según usted informó al Parlamento, la decisión de no darle protección
personal a este testigo en San Fernando fue porque así lo pidió el propio
interesado. Con posterioridad al secuestro se le dio protección y medios
económicos, unas 400.000 pesetas al mes, señor Ministro.
Después de estos hechos han empezado a salir noticias en los medios de
comunicación, normalmente en
ABC, y tengo varios recortes donde quedan aclarados una serie de hechos
extraños. Se dice: el testigo secreto es objeto de acusación por
extorsión y por secuestro en Guatemala; pende sobre él una orden de busca
y captura en Guatemala; ha realizado distintas estafas; ha realizado
distintos relatos de fabulación presentándose como miembro de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como consecuencia de estos hechos, el teniente de la Guardia Civil que
tiene destino en la Embajada de Guatemala fue, en su momento, acusado de
inducción al secuestro, aunque posteriormente se levantaron las medidas
cautelares y del agravio público que ha sufrido no ha habido la más
mínima mención ni satisfacción alguna por parte del Ministerio del
Interior.
Señor Ministro, usted dijo que este hecho afecta seriamente a los pilares
sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho. Usted dijo que si
hubiese sido el GAL el testigo estaría muerto. Usted dijo aquí que nadie
esconderá los resultados de esta investigación
--que la está llevando un juez, según nos manifestó-- y que era
optimista. Son palabras suyas en el Parlamento, que le comprometían a
enviar una información.
Pues bien, señor Ministro, han pasado ya más de seis meses desde esos
hechos y desde esas afirmaciones. Señor Ministro, ¿qué hay detrás de este
presunto secuestro? ¿Cuándo hará público el informe al que se comprometió
en este Parlamento?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
haré público el informe correspondiente cuando me lo permita la ley. Esto
es, cuando se levante el secreto del sumario que preside las actuaciones;
secreto del sumario que ha sido prorrogado exactamente el 17 de abril y
que en estos momentos confirma y exige la confidencialidad del mismo.
Todas las diligencias de investigación que está realizando el Ministerio
del Interior se practican en el ámbito del procedimiento judicial que
instruye la Audiencia Nacional. Sí puedo decirle que, además de las
diligencias propias de la policía y de los funcionarios adscritos al
caso, se han remitido al juzgado informes tan exhaustivos como
periódicos, como usted puede comprobar ante la misma Audiencia Nacional:
16 de noviembre, 5 de diciembre, 10 de diciembre, 26 de diciembre, 22 de
enero y 9 de marzo son las fechas en que se han enviado los informes
correspondientes por parte del Ministerio del Interior.
En la actitud del Ministerio del Interior no hay ninguna duda en estos
momentos y se encuentra pendiente el informe correspondiente a las
últimas indagaciones. Lo que sí le quiero decir y tranquilizar en ese
sentido es que para prestar la mayor de las garantías posibles a este
testigo protegido, de acuerdo con la autoridad judicial, se le ha dado
una nueva identidad, protección personal y se han cubierto los gastos
derivados del traslado de domicilio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Ministro, simplemente quiero interrogarme
sobre si estamos o no ante un montaje, porque la historia es extraña, y
decir que, según convenga, parece que hay secretos públicos y secretos.
Alguien probablemente esté tapando, no me refiero a usted, sus
vergüenzas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero decir que coincido con usted en que la actitud del
Ministerio del Interior, como usted ha puesto de manifiesto, es impecable
y se hace de acuerdo con la ley. Aquí de tapar vergüenzas, absolutamente
nada. Lo que deseamos es que se esclarezca no sólo este asunto, aparte de
lo que puede significar el sumario GAL, sino todo el conjunto del sumario
GAL.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO. ¿QUE PROYECTOS TIENE
PREVISTOS EL MINISTERIO DEL FOMENTO RESPECTO A LA REAPERTURA Y MEJORA DE
LA CONEXION INTERNACIONAL FERROVIARIA LINEA
VALENCIA-ZARAGOZA-CANFRANC-PAU-OLORON? (Número de expediente 180/000574)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el
Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, ¿qué proyectos tiene previstos el Ministerio
de Fomento respecto a la reapertura y mejora de la conexión internacional
ferroviaria línea Valencia-Zaragoza-Canfranc-Pau-Oloron?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, como sin duda usted conoce, muy recientemente este Congreso de
los Diputados aprobó una moción que afecta al tema que S. S. plantea en
la pregunta y que debe resumir lo que es la voluntad del Gobierno. Me
permito recordarle que su punto tercero, fundamental de esa moción,
decía: redactar y actualizar los estudios necesarios para el conjunto de
la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-frontera francesa, que contemple
su viabilidad técnica, económica y financiera. Los estudios deberán
comprender, entre otras cosas, la definición, valoración y las
actuaciones necesarias, incluyendo la alternativa de la construcción de
un túnel de baja cota. Esta es la voluntad de la Cámara, señoría, y, por
tanto, la voluntad del Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no me cabe ninguna duda de que ese es el mandato que
vincula al Ministerio, porque esa es la voluntad de este Parlamento,
pero, indudablemente, la voluntad mayoritaria de los sectores económicos,
políticos y sociales de la Comunidad Valenciana y de Aragón no sólo
demandan la conexión de Zaragoza con el sudoeste francés por Canfranc,
sino la reapertura, modernización y relanzamiento de esa línea que se
inicia en Valencia y pasa por Sagunto, Teruel, Zaragoza, Canfranc y
sudoeste francés.
El objetivo de este eje ferroviario Valencia-Aragón-Francia, por
Canfranc, es una de las prioridades. Para las principales vías de
comunicación y desarrollo económico de las comunidades aragonesa y
Valenciana, el citado eje resulta fundamental, por cuanto vertebra y une
el arco mediterráneo y el sudeste francés. Ese arco mediterráneo empieza
en la Comunidad Valenciana y acaba en la zona de Burdeos, como ha sido
expresa reivindicación de las Cámaras de Comercio de Valencia, Aragón y
Burdeos. La reivindicación de partidos políticos quedó plasmada el pasado
domingo en una manifestación en Zaragoza. Pensamos que por la fuerte
orientación exportadora de la Comunidad Valenciana, de su industria y de
su agricultura, sería fundamental coger esa línea y ese ferrocarril
internacional desde su inicio en Valencia hasta Francia, por Canfranc,
porque es la puerta abierta a Europa desde el arco mediterráneo hacia el
arco Atlántico por el sudoeste francés.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, yo comparto la reflexión que hace sobre la fuerza o capacidad
vertebradora de esta línea ferroviaria. El Gobierno asume la actitud que
corresponde al comprometerse a cumplir lo estrictamente manifestado por
esta Cámara, pero debo añadir que hay un factor que, como es natural,
escapa al control del Gobierno español, y es que la viabilidad de la
comunicación con la frontera francesa depende también de la actitud que
asuma el Gobierno francés. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) Lo que puedo anunciarle es que en la próxima
cumbre hispano-francesa el tema de esta línea ferroviaria, de esta
comunicación que enlaza la vertiente mediterránea desde Valencia hacia la
frontera francesa, se planteará por el Gobierno español ante mi colega
francés, de tal manera que pueda tantear y averiguar cuál es la verdadera
voluntad francesa respecto a las inversiones que debe hacer el Gobierno
francés, que son mucho más cuantiosas que las que tendría que hacer el
Gobierno español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿HABIENDO SOLICITADO EL ALCALDE DE GRANADA APOYO
DEL GOBIERNO PARA REHABILITAR EL BARRIO DEL ALBAICIN Y HABIENDO MOSTRADO
SU PREOCUPACION POR EL IMPACTO URBANISTICO DE LAS OBRAS DEL REY CHICO AL
PIE DE LA ALHAMBRA, QUE MEDIDAS AL RESPECTO VA A PROPONER QUE ADOPTE EL
GOBIERNO QUE USTED PRESIDE? (Número de expediente 180/000587)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 22, de don
Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, gracias.
Habiendo solicitado el alcalde de Granada al Presidente del Gobierno --al
que por, cierto, iba dirigida la pregunta-- el apoyo del Gobierno para
rehabilitar el barrio del Albaicín y habiendo mostrado el señor Aznar su
preocupación por el impacto urbanístico de las obras del Rey Chico al pie
de la Alhambra, ¿qué medidas al respecto va a adoptar el Gobierno, a
propuesta
de usted misma, señora Ministra, o del señor Presidente del Gobierno?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias.
Señoría, me pregunta qué medidas va a adoptar el Gobierno. Tengo que
decirle que es prioridad de este Gobierno, en materia cultural, la
protección y la defensa del patrimonio histórico-artístico. Por ello, con
total respeto a las competencias de la Junta de Andalucía, el Gobierno va
a ejercer, en defensa de la Alhambra y de su entorno, todas y cada una de
las funciones que le correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señora Ministra, permítame que le pregunte qué
les pasa a ustedes, los señores del Partido Popular, con Granada. Por un
lado, le niegan a Granada el pan y la sal para cumplir con los mínimos de
rehabilitación exigidos por la Unesco en los barrios del Albaicín y de
Sacromonte para que sigan ostentando la consideración de patrimonio de la
humanidad, no avalando el Ministerio de Economía el proyecto Ciprés
financiado por el programa Urban de la Unión Europea. Por otra parte, el
alcalde de Granada, del Partido Popular --por cierto, aquí presente--, no
se atreve a ordenar la demolición del Rey Chico, que clama al cielo, y,
sin embargo, sí utiliza la imagen de un Aznar preocupado para cubrir la
falta de decisión política suya. En todo caso, la veracidad de la
preocupación del Presidente o el grado de demagogia del alcalde se
medirán por las medidas sobre las que usted, señora Ministra, nos informe
que va a adoptar el Gobierno, pues se necesitan cientos de millones para
proceder a la demolición, en el caso de que, efectivamente, haya voluntad
política de realizarla.
Finalmente, por si fuera poco, su Ministerio se enzarza en una agria
pelea con los representantes de la Junta de Andalucía, sobre quién va a
gestionar el monumento de la Alhambra, mostrando la faz de un
neocentralismo ante el que los granadinos no nos podemos ni nos vamos a
quedar pasivos. La Alhambra, señores del bipartidismo, no es un juguete
que deban ustedes disputarse, pues no pertenece ni al PSOE ni al PP, sino
a Granada y a Andalucía en su conjunto. Por todo ello, Granada está que
echa chispas. Al grano, señora Ministra.
Respecto al Albaicín, la Alhambra y el Rey Chico, lo que hace falta no es
que el Gobierno sustituya al pueblo andaluz de forma paternalista y
partidista, sino que ayude desde la Administración central con dinero y
no con buenas palabritas. Así pues: qué, cuándo y cuánto, señora
Ministra, que lo demás son mohínes y zarandajas de cara a la galería.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, Granada no pudo entrar este año en el programa Urban, pero estoy
convencida de que entrará el año que viene.
En cuanto a que nos hemos enzarzado en una pelea --me parece que esa es
la palabra que ha empleado-- con la Junta de Andalucía, quiero decirle a
S. S. que en absoluto sucede eso. Nosotros hemos dicho que vamos a ser
enormemente respetuosos con el ordenamiento jurídico, y así lo vamos a
hacer. Especialmente en materia de patrimonio, lo que queremos es que no
sea una fuente de confrontación, sino todo lo contrario, una fuente de
acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Me alegro mucho de que la
fuerza que representa S. S. en este Congreso de los Diputados haya
decidido pasar a integrar el grupo de fuerzas políticas que tienen un
acuerdo sobre los grandes monumentos histórico-artísticos de España.
En relación a la Alhambra en concreto, seguramente S. S. no ignora que
entre la normativa hoy vigente está el Real Decreto de 29 de febrero de
1984, por el que se traspasan las competencias a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Dentro del capítulo relativo a funciones y servicios que se
reserva la Administración del Estado, el apartado h) del citado real
decreto, dice: En relación con el conjunto monumental Alhambra y
Generalife de Granada, para facilitar la colaboración entre ambas
administraciones, existirá un consejo de la Alhambra y Generalife
regulado por real decreto, presidido por el Ministro de Cultura, en el
que estará representada la comunidad autónoma, y cuyas funciones serán
las siguientes --y enumera cuatro--: primero, informar preceptivamente la
realización de cuantas inversiones se realicen en el conjunto monumental;
segundo, informar las expropiaciones... Fíjese S. S. en la importancia
que puede tener este órgano consultivo que queremos que tenga un carácter
científico y que recoja a las personalidades de Granada que están
interesadas en la gestión de la Alhambra. (El señor Yáñez-Barnuevo
García: Se le ha terminado el tiempo) Dice S. S. que se acaba el tiempo.
Supongo que eso lo tiene que decir el señor Presidente, porque la otra
vez le dieron a S. S. mucho más tiempo que el que yo tenía.
Sólo quiero garantizarle a S. S. que lo que el Gobierno va a hacer es
proteger, preservar, conservar y garantizar
para el futuro la Alhambra y su entorno, con arreglo al ordenamiento
jurídico vigente, que es el que fue dictado mientras presidía el Gobierno
don Felipe González.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ADOLFO ABEJON ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA GARANTIZA
UNA ENSEÑANZA PUBLICA DE CALIDAD? (Número de expediente 180/000594)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 29 de don
Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Popular, que tiene la palabra.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Educación, el programa electoral con el que el Partido
Popular concurrió a las últimas elecciones, del 3 de marzo, situaba la
educación en un plano prioritario. Lo hacía bajo dos prismas
fundamentales: calidad y libertad de enseñanza. El Partido Popular
pretende conseguir una enseñanza de calidad que garantice una formación
integral de los alumnos.
Uno de los factores de la calidad de enseñanza lo constituyen los
recursos educativos y, por tanto, es importante saber si los recursos se
asignan bien y en cantidad suficiente, si las aulas tienen los medios que
precisan y si se dispone de indicadores que evalúen estas necesidades.
Hoy, el Grupo Socialista intenta olvidar los seis años de su Gobierno
desde la aprobación de la Logse (Varios señores Diputados: ¡Otra vez!),
implantada de forma acelerada y sin financiación adecuada. Tiempo hubo,
promesas muchas, pero recursos pocos. Durante el próximo curso 1997-1998
se implantará, de forma generalizada, el primer ciclo de la ESO. Las
previsiones del Ministerio de dotar a 2.000 centros de primaria, que
están y seguirán impartiendo primer ciclo de la ESO en territorio MEC, de
aula de tecnología y equipación de la misma, es ya una realidad. Por otra
parte, el próximo año, los alumnos que cursen el bachillerato Logse
aumentarán de forma notable, hasta situarse en un 70 por ciento. No menos
ambiciosas y necesarias serán las previsiones de implantación de los 359
nuevos ciclos formativos en materia de formación profesional, lo que,
unido a los 1.400 existentes, reforzará la oferta educativa de estas
enseñanzas que en los últimos años de Gobierno socialista perdieron un
gran número de alumnos.
Para el Partido Popular la escuela pública, que tiene una gran tradición
en España, constituye el elemento fundamental del sistema educativo,
puesto que en los centros públicos se escolarizan las dos terceras partes
de los alumnos. Que los recursos se asignen bien y sean suficientes, es
una preocupación constante de nuestro partido. Por ello, formulo la
siguiente pregunta: ¿Considera el Gobierno que el programa de inversiones
del MEC garantiza una enseñanza pública y de calidad?
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Abejón.
La señora Ministra de Educación y Cultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Como S. S. no ignora, la educación es uno de los pilares básicos sobre el
que se asienta no sólo el bienestar social de los españoles, sino el
futuro de España y de su competitividad; es, por tanto, una de las
principales prioridades de este Gobierno.
Como sabe S. S., cuando este Gobierno se hizo cargo del Ministerio de
Educación y Cultura, iniciamos un amplio proceso de diálogo con alumnos,
con padres y con profesores. Como recordará S. S., aquel proceso culminó
en una reconsideración del mapa escolar, fundamentalmente destinado a
evitar los problemas que se estaban causando al mundo rural. Terminado
ese proceso, este mapa escolar exigía lógicamente un replanteamiento de
las inversiones previstas, y como resultado de ese replanteamiento hemos
presentado un plan de inversiones por el cual, entre 1997 y 1998, se van
a abrir 119 nuevos centros públicos de enseñanza, lo que supone 58.810
puestos escolares nuevos, y en este año, para el curso 1997-1998, se van
a destinar 33.570 millones de pesetas para ampliar, mejorar y modernizar
la red de centros públicos educativos en las diez comunidades autónomas
que gestiona el Ministerio. El próximo mes de septiembre, señoría,
abriremos 63 centros de nueva construcción, que suponen 31.000 puestos
escolares nuevos, y en el curso próximo, es decir, con obras que
iniciamos este año, van a entrar en funcionamiento 39 institutos y 23
colegios de primaria e infantil. Además, a lo largo de este año iniciamos
obras para construir 56 centros, que se van a sumar a los 63 anteriores,
y que se inaugurarán el próximo curso, que sumarán un total de 27.000
puestos escolares nuevos; de ellos, 32 institutos y 19 colegios de
primaria e infantil. Además de eso, el Gobierno invertirá este año en
ampliar 270 colegios, con el fin de mejorar sus instalaciones. Vamos a
equipar 2.000 nuevas aulas de tecnología, de música, de plástica,
gimnasios, laboratorios de idiomas, de física, de química, de ciencias,
de biología, y también vamos a realizar obras de reparación,
evidentemente
de menor cuantía, en 711 centros nuevos, a los que se les va a reponer el
material didáctico y el mobiliario. Con estas inversiones, señoría,
consideramos que el Gobierno ha dado un paso enorme en la mejora y en la
modernización del sistema educativo público.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DEL CARMEN PARDO RAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR MAYOR PROTAGONISMO A LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES A TRAVES DE LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES? (Número de expediente 180/000592)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 27 de doña
María del Carmen Pardo Raga, del Grupo Popular. La señora Pardo tiene la
palabra.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor Presidente.
La participación de la sociedad civil en actividades voluntarias en las
sedes de servicios humanitarios y de acción ciudadana es un derecho de
los individuos que se contempla en la Constitución Española y en los
acuerdos internacionales suscritos por España, entre los que cabe
destacar la Carta Social Europea, ratificada por nuestro país el 2 de
abril de 1980. El trabajo voluntario es una función de futuro. Es una
fuerza que, debidamente reconocida e impulsada, puede renovar la sociedad
actual y labrar la sociedad del siglo XXI, otorgando el protagonismo
debido a la sociedad civil y potenciando los recursos humanos que pueden
multiplicar, sin límites, la prestación de servicios sociales en el seno
de las organizaciones no gubernamentales, a las que, de una u otra forma,
están vinculados 90 millones de ciudadanos en Europa. Siendo el Partido
Popular impulsor del protagonismo de la sociedad civil, existe intención
expresa del Presidente del Gobierno y cómo no, del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de que se reconozca y se regule la labor espectacular
del voluntariado y de las organizaciones no gubernamentales.
Esta labor del voluntariado es tan útil y necesaria y puede llegar a ser
tan grandiosa y espectacular, que parece obligado formular esta pregunta:
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿qué medidas piensa adoptar
este Gobierno para dar mayor protagonismo a la sociedad civil en el
ámbito de los servicios sociales y humanitarios a través de las
organizaciones no gubernamentales?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Pardo.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Diputada, por su pregunta que me permite decir que
el Gobierno tiene que hacer permanentemente un reconocimiento público de
las organizaciones no gubernamentales españolas y, muy especialmente, del
papel de asistencia social que están complementando. Siempre ha sido
objetivo del Gobierno trasladar a la sociedad que competitividad y
solidaridad son conceptos perfectamente compatibles; algunos llaman a eso
la cuadratura del círculo y estamos demostrando día a día que España es
más competitiva y que, en absoluto, se están sacrificando las políticas
de solidaridad.
Como ha dicho S. S., en nuestro país cada día es más importante y
creciente el papel del voluntariado. En este momento, podemos hablar de
más de 500.000 voluntarios en España. También tenemos que hablar con
mucha tristeza porque los voluntarios españoles están asumiendo en el
contexto internacional las acciones de mayor riesgo, lo que nos ha hecho
lamentar varios asesinatos de voluntarias y voluntarios españoles en los
últimos tiempos. El Presidente del Gobierno impulsa a diario la tarea del
voluntariado y ha pedido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
elaboración de un plan de voluntariado. Ese plan ya se está estudiando en
este momento y se está haciendo partícipe de su elaboración a las
comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las diputaciones y, muy
especialmente, a los voluntarios. Espero que en el mes de junio esté
aprobado ese plan del voluntariado que va a suponer un mayor apoyo
financiero, Un mayor apoyo técnico y, sobre todo, la apertura a una mayor
participación a través de un consejo estatal del voluntariado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON GERARDO CAMPS DEVESA, DEL GRUPO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE HA DADO EFECTIVIDAD AL ACUERDO
SUSCRITO POR EL GOBIERNO CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, SOBRE
CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN
CUANTO A LA CREACION DE UNA COMISION PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DEL CITADO
ACUERDO? (Número de expediente 180/000593)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 28 de don
Gerardo Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, que este Gobierno ha hecho del diálogo social y del
respeto al mismo piedra angular de su política, es un hecho evidente. A
las pruebas recientes se puede remitir este Diputado: cinco mesas de
negociación que se han cerrado con el correspondiente acuerdo, entre
ellos, el importante acuerdo Gobierno-sindicatos sobre consolidación y
racionalización de nuestro sistema de Seguridad Social, o el más reciente
entre empresarios y sindicatos respecto a la reforma de nuestro sistema
de trabajo.
Algunos confundieron ese esfuerzo continuado de mantenimiento del diálogo
social con un intento de salir en la foto. No me extraña. Hay quien desde
las elecciones del 3 de marzo está bastante confundido y desorientado en
este país. Nuestro grupo quiere decirle, señor Ministro, que si cada foto
que usted se hace equivale a un acuerdo social, ojalá llene muchos
álbumes; otros no pasaron de la primera página del suyo. Pero no nos
basta con eso sólo. Si bien es importante que el diálogo social en este
país sea una constante y no una excepción, es más importante todavía, si
cabe, que se desarrollen los acuerdos a los que se llega entre Gobierno y
agentes sociales.
Es por ello, y en concreto referido al acuerdo Gobierno-sindicatos sobre
consolidación y racionalización de nuestro sistema público de Seguridad
Social, que frente a aquellos grupos que no lo comparten o intentan
reescribirlo con asiduidad, el Grupo Parlamentario Popular quiere decir
que lo comparte plenamente y que está muy preocupado por su desarrollo
material. Si parte del citado acuerdo ya tiene un proyecto de ley en este
Parlamento, que mañana seguiremos debatiendo en este mismo Pleno, otra
parte del mismo escapa a ese desarrollo legal; parte que a este grupo
parlamentario le preocupa y que debería preocupar a esta Cámara.
Señor Ministro, este grupo parlamentario por boca de este Diputado le
pregunta: ¿Se ha dado efectividad al acuerdo suscrito por el Gobierno con
las organizaciones sindicales sobre consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social en cuanto a la creación de una comisión
permanente de seguimiento al citado acuerdo?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Camps.
Señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Quiero también agradecer su pregunta al señor Diputado. No será de
extrañar que comparta muchos de los argumentos expuestos en su
intervención.
El Gobierno, desde luego, está muy satisfecho de haber asistido en el
último año a un diálogo social muy fructífero, porque el Presidente del
Gobierno, tanto en la campaña electoral como en el discurso de
investidura que pronunció en esta Cámara, habló siempre del diálogo
social como el mejor instrumento para abordar los problemas que hoy tiene
España. Tenemos que decir que España cuenta con organizaciones sociales,
empresariales y sindicales de primera, que han demostrado un nivel de
madurez extraordinario y un nivel de responsabilidad muy alto.
La sociedad española, después de tantas amenazas, de tantos temores,
recibió con gran satisfacción el acuerdo que en su día se suscribió sobre
las pensiones, y me parece que en este momento también hay una gran
expectativa favorable, en España y fuera de España, sobre el reciente
acuerdo de reforma del mercado laboral cuyo éxito hay que atribuírselo a
los empresarios y a los sindicatos. Acuerdo que el Gobierno pretende
trasladar como propuesta a esta Cámara con el consenso previo de otros
grupos parlamentarios. Desearíamos que ese gran acuerdo social tuviera
como broche un gran acuerdo político con amplio respaldo parlamentario en
el Congreso y en el Senado.
Concretando la respuesta a su pregunta, quiero decirle que,
efectivamente, el día 8 de noviembre se constituyó la comisión permanente
de seguimiento del acuerdo; que se está trabajando con mucha intensidad
en ese foro con los sindicatos y que también se ha producido la
incorporación de los empresarios, a través del consejo general del INSS,
al desarrollo del futuro del sistema de protección social. Hoy podemos
hablar con mucha tranquilidad a los mayores, y especialmente al conjunto
de pensionistas que no solamente son mayores, porque el sistema público
de pensiones está garantizado. Eso nos marca definitivamente un futuro
político distinto y, sobre todo, campañas electorales que ni usted ni yo
reconoceremos si las comparamos con el pasado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FEDERICO JAVIER SOUVIRON GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA SITUACION ACTUAL DE LA MINERIA NO ENERGETICA? (Número de expediente
180/000590)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 25, de don
Federico Javier Souvirón García, del Grupo Popular.
Señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el informe de la Comisión Europea sobre la industria en
1997, que se ha publicado recientemente, revela que parece confirmarse la
tendencia hacia la consolidación y mejora del sector de la minería no
energética, que ya comenzó en 1994. Son más de cincuenta los minerales
que constituyen la oferta del sector europeo, y dentro de él España, sin
ninguna duda, tiene una serie de actividades extractivas, de carácter
diferencial y de gran importancia que hacen que nos preocupemos por saber
si vamos a conocer la reactivación de ese sector.
Cuando todavía a nadie se le había ocurrido llamar a las actividades de
que tratamos sector minero no energético, allá por la edad antigua, usted
sabe, señor Ministro, que los minerales españoles fueron la primera gran
aportación de España a la cultura europea. Lamentablemente, eso es
historia y sólo nos permite hablar de un sector con tradición. Preferimos
situarnos en el presente y mirar al futuro para, en esa realidad, saber
que partimos de una situación de años anteriores que viene de una crisis
motivada no sólo por la constante caída de los precios internacionales de
los minerales y porque estamos ante una elasticidad de demanda de algunos
de ellos, que es muy limitada, sino también porque no ha habido una
política activa capaz de superar una coyuntura como ésa.
Por ello, señor Ministro, le preguntamos: ¿Cuál es la situación actual de
la minería no energética?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Souvirón.
Señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, usted ha hecho referencia ya a la historia reciente de la
evolución de la minería no energética, y hay que decir que en las últimas
décadas ha venido acusando una tendencia regresiva. Eso se debe a varios
motivos. En algunos casos, al progresivo agotamiento de los yacimientos;
a requerimientos más exigentes del propio mercado en cuanto a
especificaciones y calidad; al incremento de los costes energéticos; a la
legislación mediambiental o a las oscilaciones de las cotizaciones de las
sustancias minerales. Sin embargo, hay que decir que esta tendencia ha
experimentado ya algún cambio en los últimos tiempos. Aquí deberíamos
distinguir entre el subsector de la minería metálica y el de la minería
no metálica, porque si bien el de la minería metálica ha seguido
sufriendo una disminución del valor, sobre todo si lo contemplamos a
bocamina, en el caso de la minería no metálica y en el subsector de
productos de cantera vemos un desarrollo creciente e interesante, con
incrementos en el primer caso del 56 por ciento, y en el caso de
productos de cantera, del 136 por ciento, lo que no deja de ser
relevante.
Se han ido haciendo exploraciones en cuanto a nuevos yacimientos, por
ejemplo, en Aguas Teñidas, en la provincia de Huelva, de sulfuros
complejos; en Aguas Blancas, de Badajoz, en el que están por ver los
resultados finales para el cobre y el níquel; en los Frailes, en Sevilla,
de sulfuros complejos; y en Río Narcea, en el caso del oro. Lo cierto es
que se abren unas perspectivas bastante positivas, tanto en la parte
metálica como en la parte no metálica, que mueven a una reflexión que
considero enormemente importante.
Normalmente la opinión pública española, los medios de comunicación e
incluso los que tenemos algún tipo de responsabilidad política, solemos
identificar el sector de la minería con un sector específico, el de la
minería energética, en particular, la del carbón. Y hay que decir con
total claridad que, afortunadamente, esto no es así. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) La minería del carbón tiene una problemática que
es de todos conocida, pero no es legítimo, ni útil, ni conveniente, ni
responde a la verdad, identificar esos problemas con la evolución del
conjunto del sector de la minería que, en general, va bien, avanza, tiene
una evolución positiva y está llevando al Gobierno a considerar, en
concreto del Ministerio de Industria y Energía, la adopción de
determinadas iniciativas que hagan llegar a la opinión pública el interés
por ese sector minero no energético, y, por tanto, el compromiso del
conjunto de la sociedad española en el desarrollo de esta actividad, que
es muy importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
IMPORTANCIA CONCEDE EL GOBIERNO A LA COMISION INTERMINISTERIAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA, EN PARTICULAR COMO INSTRUMENTO PARA ESTRECHAR LA
VINCULACION ENTRE EL MUNDO CIENTIFICO Y EL PRODUCTIVO? (Número de
expediente 180/000598)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno la
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Popular.
Señora Fernández-Capel.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria y Energía, el desarrollo de los países
industrializados y la creación de empleo
dependen cada vez menos de las materias primas y de la mano de obra
disponible. Por el contrario, el desarrollo industrial pasa por la
investigación científica y por las transferencias. Vincular a la
producción el desarrollo científico en materias tan diversas como, por
ejemplo, las comunicaciones, es el único camino válido. Los países que
puedan absorber las investigaciones propias y las investigaciones
procedentes de terceros países y adaptarlas al mundo tecnológico estarán
en el camino del desarrollo. En ello deben estar implicadas muchas áreas
ministeriales y el mundo empresarial, especialmente las pymes.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué importancia concede el
Gobierno a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en
particular como instrumento para vincular el mundo científico y el
productivo?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, la verdad es que le concedemos una importancia fundamental,
entre otras cosas porque hay un punto de partida sobre el cual me
gustaría insistir, ya que me parece extraordinariamente relevante, sobre
todo teniendo en cuenta que este Ministro, como es conocido, no es muy
proclive al gasto público. El esfuerzo en I+D que se hace en España es un
esfuerzo importante. Ha habido desarrollo tecnológico, ha cambiado la
composición de nuestros productos desde el punto de vista del valor
añadido tecnológico, pero sigue siendo un esfuerzo que ni tan siquiera es
la mitad del que se da en la Unión Europea. En estos momentos, estamos
dedicando el 0,85 por ciento del producto interior bruto a gastos de I+D
cuando en el conjunto de la Unión Europea ese porcentaje es del 2 por
ciento, y en el conjunto de países de la OCDE el mismo es del 2,3 por
ciento. Lo que eso refleja es que nos queda muchísimo camino por recorrer
y que, en su momento, fue buena la idea de crear una Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, que se creó por Ley 13/1986, de
14 de abril. Lo que pasa es que después esa idea ha tenido un desarrollo
que, desde nuestro punto de vista, ha sido insuficiente, y a los
resultados me remito. Porque ese 0,85 por ciento que hoy gastamos es
inferior al que gastábamos en el momento de crearse la Comisión
Interministerial, que se acercaba al 1 por ciento. De ahí las nuevas
medidas que ha adoptado el Gobierno en cuanto al cambio de la composición
interna de la Comisión Interministerial, de tal forma que ha pasado a ser
presidida por el Presidente del Gobierno, lo que implica un compromiso
directo y personal del conjunto del Gobierno a través de su Presidente,
que es superior por tanto al que existía anteriormente, y los dos
vicepresidentes, que eran secretarios de Estado, pasan a ser ahora la
Ministra de Educación y Cultura y el Ministro de Industria y Energía. Es
un reflejo desde el punto de vista organizativo. En cualquier caso es
también un reflejo del creciente y del total interés que el Gobierno
quiere dar al desarrollo de la investigación tecnológica, de la
innovación y, por tanto, de la mejora de nuestra capacidad, que es
elemento diferenciador para competir, y a partir de ahí vincular
enormemente los intereses de las empresas con los intereses de los
centros investigadores y con la formulación de la política tecnológica y
de investigación del Gobierno y, por tanto, mejorar sensiblemente nuestra
situación.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTA CONSIDERANDO EL INSALUD DEVOLVER
A LAS FARMACIAS LA VENTA EN EXCLUSIVA DE PAÑALES PARA INCONTINENCIAS?
(Número de expediente 180/000550)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno el
Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad, uno de los objetivos que se ha fijado su
Gobierno en la política sanitaria es reducir el gasto farmacéutico. Por
cierto, en esto no nos podemos congratular, como otros compañeros de su
Gobierno que han hecho alarde de buenos resultados, porque el gasto
farmacéutico ha aumentado en este último año un diecisiete y pico por
ciento. Pero, en fin, en este contexto del gasto farmacéutico es en el
que está formulada la pregunta sobre si el Insalud pretende devolver a
las farmacias la exclusividad de venta de estos efectos o accesorios que
son los llamados pañales de incontinencias, porque no es una cuestión
baladí. Como usted bien sabe, supone un gasto al erario público del orden
de unos 10.000 millones de pesetas anuales, y a partir del Decreto 9 de
1996, del Gobierno socialista, el erario público se ahorraba del orden de
unos 1.000 millones de pesetas anuales mediante la distribución de estos
efectos no sólo por las farmacias sino también a través de residencias y
de los centros de salud.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Antes de entrar en el fondo de la pregunta concreta que me formula S. S.,
tengo que darle una buena noticia, porque estoy seguro de que usted se
congratula, como nosotros, de la contención del gasto farmacéutico.
Afortunadamente, las medidas que estamos tomando van dando resultados y
el crecimiento del gasto farmacéutico al final del primer trimestre de
1997 ha sido del 5,01 por ciento, una cifra desconocida desde hace mucho
tiempo, que se compara con mucha ventaja con las cifras del orden del 11
y del 12 por ciento, que eran los crecimientos en el mismo período del
año anterior. Esa cifra del 17 por ciento es atrasada. A 31 de marzo de
este año el crecimiento del gasto farmacéutico ha sido del 5,01 por
ciento, muy inferior al de años anteriores.
En relación con los pañales de incontinencia, tengo que decirle que en
aplicación de ese real decreto del mes de enero se están adquiriendo
directamente los pañales para las residencias de tercera edad de las
veintisiete provincias que gestiona el Insalud y se hacen también
adquisiciones directas en los centros de salud de Baleares, de Murcia y
de algunas áreas de Madrid. No se oculta a S. S. que la ejecución de
estas medidas puede tener algunas dificultades, algunas las tiene de
hecho. Este suministro directo a través de los centros de salud está
dando lugar a algunos incrementos de consumo no satisface al cien por
cien las demandas de libertad de elección por parte de los usuarios. No
le oculto que se está estudiando esta situación, pero siempre desde la
perspectiva de que se va a mantener el suministro directo en las
residencias de la tercera edad, y sólo devolveremos a las farmacias el
suministro de los pañales mediante receta si recibimos una oferta de todo
el sector, del sector industrial, de distribución en todos sus niveles,
que permita compararse con ventaja con las fórmulas que se están
aplicando últimamente y si conseguimos de esa manera economía para el
sistema y satisfacción para los usuarios, que naturalmente tienen más
facilidades para obtener los pañales en nueve mil y pico farmacias que en
novecientos centros de salud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Señor Ministro, me va a permitir decirle con toda
cordialidad que encarna el dicho popular «no se sabe si sube o si baja»,
porque no me ha respondido si se va a dar la exclusividad de venta de
estos efectos o accesorios a las farmacias. En todo caso, sí nos ha dicho
que se está estudiando la posibilidad.
Señor Ministro, la opinión pública tiene que saber que el margen
comercial de las farmacias en estos pañales de incontinencias es del
orden de un 30 ó un 40 por ciento. Por tanto, están incrementando el
valor de estos productos al usuario. Por otra parte, si efectivamente se
lleva a la exclusividad la venta en las farmacias, el Insalud va a dejar
de ahorrarse unos 1.000 millones de pesetas al año, señor Ministro.
Cuente, porque el tiempo se me acaba, con que mi grupo va a estar
radicalmente en contra de esta medida que supone dar un paso atrás en lo
que ha sido el Decreto 9/1996.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GARANTIAS HA ESTABLECIDO EL
GOBIERNO EN EL CONCIERTO CON CENTROS PRIVADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE CHOQUE DE LISTAS DE ESPERA QUIRURGICAS? (Número de expediente
180/000580)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, soy neurocirujano, con quince años al servicio de la
sanidad pública hospitalaria andaluza. Como profesional de la medicina sé
que desgraciadamente pueden ocurrir de forma inesperada accidentes
quirúrgicos, pero lo que da seguridad, tanto a pacientes como a
profesionales, es saber que contamos con todas las garantías y servicios
para hacer frente a cualquier contingencia no prevista que se presente.
Los socialistas hemos desarrollado una sanidad pública con garantías; ese
es nuestro modelo. Su modelo, el modelo de la derecha, ha propiciado de
momento la entrega de 2.700 millones de pesetas a la medicina privada
para, al final, tener 5.500 enfermos más de los que antes había en listas
de espera; ese es su modelo.
Por cierto, señor Ministro, ¿qué garantías ha establecido el Gobierno en
el concierto con centros privados para el cumplimiento del plan de choque
de las listas de espera quirúrgicas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
aunque usted sea
neurocirujano, algunas cosas no me las debía decir porque no tiene mucha
coherencia ese razonamiento. Usted sabe que nosotros no hemos
incrementado significativamente la partida de conciertos, sino en cifras
muy modestas, en el año 1996. Usted sabe que se aplicaron 1.700 millones
al programa de listas de espera, pero la base del programa de listas de
espera descansó en el aumento de actividad de nuestros centros. Sabe
también que eso sirvió para reducir la demora media de siete meses, que
era la que contando del mejor modo posible tenían ustedes cuando nosotros
llegamos al Gobierno, a una demora de cuatro meses y medio, y para
reducir el número de personas que llevaban más de un año esperando de por
lo menos 30.000, que eran las que existían en el sistema cuando ustedes
llegaron, a 2.000 y pico, que eran las que quedaban a finales de
diciembre, y eso habiendo eliminado a todos los que llevaban más de dos,
tres, cuatro años, que desgraciadamente eran muchos, y con patologías de
las que era más enojoso intervenir, que consumían más horas de quirófano
y más recursos. Todo eso se hizo con un programa de listas de espera
modesto en la cuantía económica, comparado con las cifras que maneja el
Sistema Nacional de Salud y con esos resultados. Gracias a todo eso
podemos pensar que este año se van a reducir todavía más las cifras, la
espera máxima a nueve meses y la espera media a tres meses.
Este es el modelo que nosotros estamos aplicando, que supone básicamente
utilizar mejor los recursos del sistema público, motivar a los
profesionales, organizar mejor los servicios y conseguir mejor
funcionamiento y mejores resultados. Estamos haciendo el mismo uso del
sector privado que el que hacían ustedes, sólo que un poco mejor, porque
vamos a seleccionar los pacientes que mandamos a los centros privados
para que sean justamente los que llevan más de dos años esperando, y no
que los que acaban de ingresar entren en listas de espera, como ocurría
con mucha frecuencia. Eso es lo que hacemos nosotros con los recursos
públicos y con los recursos privados. Tomamos todas las garantías para
que los pacientes estén bien atendidos, concertamos con hospitales
acreditados y tomamos todas las medidas para que todos los conciertos
sean con centros que reúnan todas las garantías, materiales y de
personal, para dar una buena atención a la población.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Señor Romay, en 1996 le solicité por escrito
información sobre los criterios que utiliza su ministerio para concertar
con las clínicas privadas. Llevo 220 días en lista de espera y no me ha
beneficiado ningún plan de choque. Por más que lo intente usted, en su
contestación no he percibido ni ritmo de tango ni de muñeira. (Risas.)
Señor Ministro, en asuntos que afectan a la salud y a la vida de miles de
españoles los socialistas no vamos a contribuir a la alarma social ni a
hacer bandera de las desgracias humanas. Para estas personas, nuestra
solidaridad. Pero seguimos sin entender, señor Ministro, por qué un
paciente intervenido en una clínica privada por la vía del concierto, en
su plan de choque, cuando presenta una complicación se le traslada a un
centro público. Esa es la dura realidad y lo que yo esperaba, en nombre
de mi grupo, que usted explicara en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA VISITACION PEREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL
GOBIERNO ESTABLECIDOS MECANISMOS PERTINENTES PARA GARANTIZAR LA
COLABORACION ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE SANIDAD Y EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR? (Número de expediente 180/000595)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno doña
María Visitación Pérez Vega, del Grupo Socialista. (Rumores.) Perdón,
señorías.
Señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Consejo de Seguridad Nuclear, ente público
independiente de la Administración del Estado, es el organismo encargado
de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, declarando y
registrando las instalaciones radiactivas en funcionamiento. Como es
sobradamente conocido, esas instalaciones tienen unos efectos potenciales
sobre la salud, no sólo de los pacientes que se someten a ellas por
necesidades asistenciales, sino también sobre la de los trabajadores que
desarrollan sus actividades en lugares donde se practica esta tecnología
nuclear. Incluso pueden tener riesgos para la salud de la población en
general y el medio ambiente. Estos riesgos están referidos a la calidad y
seguridad de las instalaciones y al control de los tiempos de exposición
de los trabajadores y usuarios a las radiaciones.
Sin lugar a dudas, el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de
Sanidad y Consumo, en su función de velar por la sanidad pública y la
salud de la población, tiene que intervenir de alguna manera garantizando
la seguridad general de las radiaciones y sus efectos sanitarios. Por
ello son numerosas las cuestiones de responsabilidad sanitaria común en
que deben intervenir
el Sistema Nacional de Salud, en su consideración de conjunto de
servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades
autónomas, y el Consejo de Seguridad Nuclear. Esta corresponsabilidad
debe estar basada en la coordinación y colaboración de ambas
instituciones, ya que de otra manera su efectividad se vería muy
limitada. Debe ser llevada a la práctica mediante un procedimiento
estable que asegure su homogeneidad de intervención. Por todo ello, se
solicita conocer si el Gobierno tiene establecidos los mecanismos
pertinentes para garantizar la colaboración entre el Sistema Nacional de
Salud y el Consejo de Energía Nuclear.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Vega.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como S. S. ha señalado, son numerosos los asuntos de interés y de
responsabilidad común que requieren una intervención coordinada de las
autoridades sanitarias y del Consejo de Seguridad Nuclear, a fin de
garantizar la máxima protección de los ciudadanos en general ante las
instalaciones radiactivas, de asegurar la protección de los pacientes
sometidos a exámenes o tratamientos con radiaciones ionizantes y de velar
por la seguridad de los trabajadores y profesionales que ejercen su
actividad en cualquier tipo de instalaciones relacionadas con esta forma
de energía.
Pues bien, a pesar de la importancia que este tema tiene para la salud de
la ciudadanía, nunca hasta ahora ha existido ningún procedimiento o
sistema formal de coordinación entre autoridades sanitarias y Consejo de
Seguridad Nuclear. Para corregir esta situación, en el pasado mes de mayo
se iniciaron los contactos pertinentes y se ha constituido ya un grupo de
trabajo que está desarrollando sus actividades en relación con la
transposición de la directiva europea Euratom, relativa a la protección
radiológica del público y los trabajadores, la fijación de criterios de
calidad en radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear, la
realización de estudios epidemiológicos, la puesta en marcha del programa
de formación de profesionales que trabajan en instalaciones de
radiodiagnóstico, la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y
control de instalaciones radiactivas con fines médicos. Además, en el
marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha
creado una ponencia específica sobre protección radiológica. Esta
ponencia tendrá un carácter permanente y estará orientada a coordinar de
forma estable las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear, las
comunidades autónomas y la Administración del Estado. Según el acuerdo
del pleno del Consejo Interterritorial, el objetivo de esta ponencia es
analizar y proponer decisiones en relación con todos aquellos aspectos de
interés mutuo para las autoridades sanitarias y el Consejo de Seguridad
Nuclear. Creemos que por esta doble vía de los acuerdos directos, el
grupo de trabajo constituido entre las autoridades sanitarias y el
Consejo, y el papel del Consejo Interterritorial y de la ponencia, se da
satisfacción a la necesidad de establecer una coordinación entre
autoridades sanitarias y Consejo de Seguridad Nuclear.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO
INFORMAR A ESTA CAMARA SOBRE CUANTAS PARTIDAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
HAN SIDO INSPECCIONADAS POR LOS SERVICIOS DE SANIDAD EXTERIOR DEL
MINISTERIO DURANTE 1996? (Número de expediente 180/000596)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Popular.
Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, como usted bien sabe, el tráfico de
productos alimenticios constituye una importante actividad económica a
nivel interno e internacional, cuyo control, bien es cierto, no sólo
depende del Ministerio de Sanidad y Consumo en cuanto a seguridad para la
salud, sino también de los servicios de aduanas dependientes del
Ministerio de Economía y Hacienda y del departamento de Agricultura,
Pesca y Alimentación a nivel central y periférico. Sabemos que la
facilidad del comercio de productos alimenticios en la actualidad
favorece considerablemente la posibilidad del traspaso de fronteras de
determinados productos que pueden ser potencialmente conductores de
enfermedades por tratarse de mercancías prohibidas o de alimentos no
aptos para el consumo humano. Por otro lado, señor Ministro, la Ley
General de Sanidad en su capítulo I, Competencia del Estado, artículo
38.2, determina que son actividades de sanidad exterior todas aquellas
que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles
riesgos de la salud derivados de la importación, exportación o tránsito
de mercancías y del tráfico internacional de viajeros. Las actividades
que esta función comporta están definidas en el Real Decreto 1418/1986,
así como en el Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior de 1934 y en el
Reglamento Sanitario Internacional.
Considerando, señor Ministro, que el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de sanidad exterior y que el Ministerio de Sanidad y Consumo
dispone de un programa presupuestario al efecto es por lo que, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, le solicito que informe a esta Cámara
sobre cuántas partidas de productos alimenticios han sido inspeccionadas
por los servicios de sanidad exterior del citado ministerio durante 1996.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Melgarejo.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Muchas gracias, señor Gil. En primer lugar, debo señalar que los
servicios de sanidad exterior actúan en este campo, a petición de los
servicios de aduanas, ante solicitudes de importación o exportación de
productos de consumo humano procedentes o destinados a países no
pertenecientes a la Unión Europea. Respecto a la actividad desarrollada
por sanidad exterior durante 1996, puedo informar que se han controlado
unas 85.200 partidas, lo que supone la intervención sobre 2,8 millones de
toneladas de productos de consumo humano. Estos datos reflejan un
incremento de un siete por ciento en el número de partidas controladas
respecto del mismo período del año anterior. De estos controles, el 90
por ciento se han realizado en productos de importación, de los cuales un
80 por ciento ha sufrido una inspección física directa, lo que ha dado
lugar a la realización de unas 21.000 determinaciones analíticas. Durante
1996 se han rechazado 437 partidas, lo que supone un 20 por ciento más
que en el ejercicio anterior. Representan 4.500 toneladas de alimentos a
las que se ha impedido su entrada en España, y consecuentemente en la
Unión Europea, por su posible o comprobado riesgo para la salud. El nivel
de control de las inspecciones está en función del producto del país de
origen y de las garantías ofrecidas, junto con los antecedentes habidos
hasta el momento. Actualmente se encuentran 37 productos de 25 países en
red de alerta, lo que supone que son sometidos a exámenes exhaustivos
antes de autorizar su importación. Los controles a las exportaciones sólo
son obligatorios para productos cárnicos y pescados por su mayor riesgo
sanitario y compromiso internacional. Para el resto, salvo a petición del
exportador, la garantía está confiada a la inspección sanitaria en
origen.
Por todo esto le puedo afirmar, señoría, que disponemos de un sistema de
control de las importaciones eficaz, tan completo como cualquiera de la
Unión Europea, y que la seguridad que ofrecemos a los ciudadanos en este
campo deriva de este sistema de control y de la colaboración que tenemos
de los servicios de aduanas del Ministerio de Economía y de los servicios
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A SEGUIR INCUMPLIENDO LA MINISTRA
DE JUSTICIA LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTE ESTA CAMARA? (Número de
expediente 180/000584)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno, en
sustitución del Diputado señor Belloch, don Jaime Javier Barrero López,
del Grupo Socialista.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, Presidente.
Señora Ministra, mi grupo, como imagino que la mayoría del pueblo
español, desconoce qué hace S. S. en ese ministerio; no conoce cuál es su
actividad. Desde luego, actividad legislativa, ninguna.
Hace un año vino usted por primera y última vez a la Comisión de Justicia
e Interior, en junio concretamente, e hizo una serie de promesas. Ninguna
ha cumplido o al menos ninguna de interés. Prometió que iba a mandar la
Ley del contencioso-administrativo, preocupada por el gran problema que
existe en las salas del contencioso-administrativo; no la ha mandado.
Prometió la Ley de defensa del menor a nivel penal, de la jurisdicción
penal del menor; no la ha enviado. Prometió también las leyes procesales,
preocupada por la ineficacia en medios procesales de los distintos
juzgados; tampoco la ha enviado. Ha remitido únicamente un pequeño
cambio, una reforma escasa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en
este momento está paralizada en esta Cámara no sé si a instancias suyas,
señoría, pero que en todo caso ha llevado una importante desazón a todos
los miembros del Tribunal Supremo. De ahí la pregunta: ¿Va a seguir
incumpliendo la Ministra de Justicia los compromisos adquiridos ante esta
Cámara?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Barrero, créame que siento que tenga usted que sustituir al señor
Belloch, porque a él sí podría decirle cuáles fueron sus incumplimientos;
a usted no puedo. (Rumores.) Señoría, puedo dar
cuenta detallada de todos y cada uno de mis cumplimientos.
Usted sabe que, por ejemplo, la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que fue uno de mis compromisos en la
comparecencia del 20 de junio, se encuentra en vía libre del Consejo de
Ministros desde diciembre, pero tanto el Consejo General del Poder
Judicial como el Consejo de Estado están dilatando sus informes
preceptivos. El borrador de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que me
comprometí a tenerlo listo en el primer trimestre del año en curso y
someterlo al parecer de los operadores jurídicos, se encuentra también ya
listo. En la Cámara se encuentra la Ley de Vigilancia Penitenciaria; en
la Cámara se encuentra la Ley de Asistencia Jurídica al Estado. Todo eso
está en la Cámara, señoría. Yo creo que usted desconoce que están, pero
están ahí. Lo que le puedo asegurar, señoría, es que la Ministra de
Justicia va a cumplir con los compromisos, no como ocurrió en la anterior
legislatura.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Compromisos legislativos de importancia, señora Ministra, ninguno.
Compromisos de otro tipo, que desde luego, eso sí, no dependen de la
herencia socialista, algunos. Por ejemplo, mentir en el Senado con
referencia a su anterior apoyo al señor Estevill, juez condenado; eso se
hizo nunca en épocas anteriores. Defender al señor Poyatos de sombrío
pasado; tampoco se hizo en épocas anteriores. (Rumores.) Defender al
señor López-Amor y mentir aquí diciendo que no tenía una condena
administrativa, cosa que es obvia; eso tampoco es cuestión de herencia
socialista. Esa parece ser que es su actividad como Ministra. Le pondré
otro ejemplo. Mostrando su comprensión y, por lo tanto, su defensa de
amotinamiento de algunos fiscales a los que poco después usted va a tener
que sancionar en el supuesto de que quiera cumplir, como es su
obligación, las leyes.
Señora Ministra, es el primer Ministerio de Justicia que en un año sólo
remite una ley. A eso, señora Ministra, se llama irresponsabilidad, y a
lo otro, a la defensa de lo indefendible, se llama actitud patética. Esa
es su realidad actual y nada tiene que ver con la herencia del pasado.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, a lo suyo se llama desconocimiento (Rumores.), porque en la
Cámara han entrado los anteproyectos que han entrado. (El señor Barrero
López pronuncia palabras que no se perciben.) No, señoría. Quiero creer
que no lo hace con mala intención, y por eso digo que es desconocimiento.
(Rumores.) Han entrado cinco, señoría.
Aparte de eso, señoría, usted sigue con la tesis de Poyatos y habla del
señor Estevill. ¿Cuándo van a acabar ustedes de hacer esa serie de
alegatos? (Rumores.--Risas.) Les he respondido ya, una y otra vez. ¿No
tienen nada más que eso? ¿Es lo único que tienen? (Rumores.) Si no tienen
nada más que eso, comprendo que se agarren a eso para hacer oposición,
pero créanme que es muy pobre la oposición que hacen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA ACABAR CON LA PROVISIONALIDAD DE LA LEY DE SUSPENSION DE
PAGOS DEL AÑO 1922? (Número de expediente 180/000586)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en nuestro país, las diferentes situaciones concursales
--quita y espera de concursos-- se rigen por el Código Civil, como es
sabido, y las suspensiones de pagos y quiebras se rigen fundamentalmente
por el Código de Comercio, aunque en materia de suspensiones de pagos
está vigente una ley nada menos que del 26 de julio de 1922 y a las
quiebras se les aplican disposiciones del primer Código de Comercio que
hubo en España. Ante esta situación --que se ha querido cortar con una
serie de intentos de reformas, pero que se han quedado solamente en
intentos--, me permito preguntar, señora Ministra, con todo respeto: ¿Qué
medidas piensa adoptar para acabar con la provisionalidad de la Ley de
suspensión de pagos del año 1922?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, ya en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia, celebrada
el 20 de junio, anuncié que junto con las reformas procesales iría
paralelamente la reforma de la legislación concursal. Con este motivo, el
pasado mes de diciembre constituí una sección concursal especial dentro
de la Comisión General de Codificación, presidida por el profesor
Olivencia, formada no exclusivamente por mercantilistas sino también por
civilistas y procesalistas, por entender que los tres aspectos tocan la
legislación concursal, y es intención de esta comisión y del Ministerio
de Justicia que la legislación concursal esté dispuesta para un examen
previo a la remisión a las Cortes a finales de este año. Con ello creemos
cumplir con la actualización de una legislación que en materia mercantil
es fundamental y en el tráfico y seguridad de las empresas, igualmente.
Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Espero que esa futura legislación recoja las tendencias de las directivas
de la Unión Europea y, al mismo tiempo, corrija todos esos defectos que
se han venido observando en la legislación concursal española, como los
verdaderos abusos a la hora de señalar quiénes son los interventores y
quiénes son los auditores, con monopolios existentes en muchos juzgados,
lamentablemente, y las suspensiones de pagos que son quiebras
encubiertas. Espero que se acabe con esa situación y sobre todo que se
acabe con el verdadero fraude a acreedores, porque cuando se produce una
suspensión de pagos generalmente los acreedores no ven una peseta. De
todas formas, señora Ministra, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, las
indicaciones que ha hecho son compartidas por el ministerio. Me consta
que el grupo de trabajo formado dentro de la Comisión General de
Codificación es partícipe de sus mismos criterios y que serán tenidas en
cuenta no sólo las directivas europeas sino también la regulación de
Derecho concursal establecida por el Consejo de la Unión Europea sobre
los procedimientos de insolvencia, en aplicación del artículo 220 del
Tratado de Roma.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A LLEVAR
A CABO EL GOBIERNO PARA QUE LOS FONDOS ESTRUCTURALES (IFOP) NO SE VEAN
AFECTADOS POR EL PERIODO DE SUSPENSION DE LOS MISMOS DESDE ENERO DE ESTE
AÑO HASTA LA ACTUAL APROBACION DEL POP IV? (Número de expediente
180/00597)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el
Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Popular.
Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace pocos días le preguntaba desde este escaño cuál
había sido la evolución de los fondos IFOP en el pasado año 1996. Usted
me respondía que había tenido una notoria mejoría respecto a la evolución
que traía desde 1995. En aquellos momentos le mostraba mi pesimismo en el
sentido de que estaban congelados los fondos IFOP hasta que no se
aprobase el POP IV, pesimismo que compartíamos en tanto que el POP IV no
fuera aprobado. El POP IV sorprendentemente fue aprobado, digo
sorprendentemente porque no cabe la menor duda de que con su gestión y su
equipo sin duda hemos logrado que el pasado 15 de abril haya sido
aprobado este POP IV. Por tanto, hay un lapso de tiempo, desde el 1 de
enero hasta el 15 de abril, en el que estos fondos han estado congelados.
La pregunta en concreto era cuáles van a ser las medidas del Gobierno
para que estos fondos se puedan recuperar.
Si me permite, señora Ministra, aprovecho para decirle que si el POP IV
tiene su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2001 y el IFOP la tiene
hasta el 31 de diciembre de 1999, como mínimo, consideramos que sería
imprescindible que los fondos del IFOP alcanzasen la vigencia del POP IV
y cuando menos que tuviesen la vigencia de seis años. De todas maneras,
estoy convencido de que su gestión, señora Ministra, como ha venido
demostrando durante este período al frente de su Ministerio, conseguirá
que los fondos IFOP por lo menos se renueven hasta la vigencia del POP
IV.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor Mantilla, compartíamos, lo mismo que todo el sector,
la preocupación ante la incertidumbre
de que se volviera a retrasar la aprobación del POP IV, cuya aprobación
había sido imposible el año pasado como hubiera sido necesario para
disponer de esos fondos ya desde el 1.º de enero. Gracias a una serie de
negociaciones intensas, en las que la delegación española ha participado
de manera importante, se consiguió al final un acuerdo, acuerdo que hasta
el último minuto estuvo en el aire, pero que al final se consiguió. Por
tanto, se desbloquean los fondos, como se había acordado, con efectos
desde el 1.º de enero de este año. Esta situación ha sido comunicada de
manera inmediata a las comunidades autónomas, de forma que procedan a
resolver inmediatamente todos aquellos programas que no habían podido ser
resueltos o que estaban paralizados durante estos meses.
Como sabe muy bien S. S., todos estos fondos están destinados a desguace
de buques, exportación de los mismos, constitución de sociedades mixtas,
creación de asociaciones temporales de empresas y sobre todo construcción
de buques y modernización de los mismos, que es hacia donde hemos
dirigido fundamentalmente el esfuerzo a lo largo del año 1996, y
esperamos que se prosiga a lo largo del año 1997, 1998 y 1999.
Y hablando del futuro, creo que el hecho de que se haya aprobado un
programa de orientación plurianual que va más allá de lo que cubren las
perspectivas presupuestarias de la Unión Europea, que únicamente cubren
el período que va hasta el año 1999, supone un refuerzo precisamente para
garantizar que se va a seguir financiando con fondos de la Unión Europea
el apoyo a la flota pesquera europea y, por lo tanto, también a la flota
pesquera española. En ese sentido nos hemos manifestado en la reunión del
Consejo de Ministros; es intención de la Comisaria Bonino defender esta
tesis, y desde luego el Gobierno español apoyará unas medidas
presupuestarias que contemplen este tipo de programas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DE POTENCIACION DEL
USO DE GENERICOS EN LA PRESTACION FARMACEUTICA (Número de expediente
172/000041)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas orales al Gobierno,
que constituye el punto IV del orden del día, pasamos al punto V,
interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Socialista sobre
política de potenciación del uso de genéricos en la prestación
farmacéutica.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, la Ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social ha introducido en la Ley del Medicamento la definición
de especialidad farmacéutica genérica. El 6 de febrero del presente año
el Ministerio de Sanidad ha aprobado la circular 3/1997, sobre
procedimiento de tramitación de solicitudes de especialidades
farmacéuticas genéricas y el 10 de febrero, también del presente año, el
señor Ministro de Sanidad comparecía ante los medios de comunicación y
manifestaba que los medicamentos genéricos iban a ahorrar a la sanidad
unos 75.000 millones de pesetas de aquí al año 2000.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista participa de la idea de que
el gasto farmacéutico en nuestro país necesita de medidas de control.
Participamos hoy de esta idea y participábamos de ella cuando teníamos
responsabilidades de Gobierno, en el momento en que se adoptaron
decisiones y se pusieron en marcha medidas que supusieron que en el
período 1993-1996 el crecimiento del gasto farmacéutico en España se
redujera a la mitad; es decir, que pasáramos de un 16 por ciento de media
anual a un 8 por ciento. Por tanto, estamos de acuerdo con una política
de potenciación de medicamentos genéricos, pero no estamos de acuerdo,
señor Ministro, con una falsa política de potenciación de medicamentos
genéricos y, desde luego, con lo que todavía estamos menos de acuerdo es
con las operaciones de imagen y marketing político a que el Gobierno nos
tiene acostumbrados cuando presenta sus medidas políticas.
Señor Ministro, lo primero que se le ha de exigir a un gobierno es que
sea riguroso y veraz, y en este tema yo entiendo, señor Ministro, que no
lo está siendo. La regulación restrictiva que ustedes han hecho, la
realidad del mercado farmacéutico español y la falta de políticas que
estimulen la prescripción y la dispensación de genéricos nos permiten
anticipar un futuro incierto y un tanto sombrío para la competencia entre
medicamentos genéricos y medicamentos innovadores o de marca.
Me referiré a los aspectos que, a nuestro juicio, son más restrictivos de
las reglamentaciones aprobadas por el Gobierno. La primera condición que
ha de darse para que pueda existir una auténtica política de genéricos es
que estos medicamentos estén en el mercado. Por tanto, señor Ministro, le
pregunto por qué han optado por un período de protección de diez años
para los medicamentos originales cuando en la mayoría de los países este
período de protección es de seis años y cuando la Directiva 87/21, que a
su vez modifica la Directiva 65/65, reserva el período de diez años para
cuando se trate de medicamentos de alta tecnología. Señor Ministro, esto
significa --y estoy segura de que no se le escapa a S. S.-- que en
España, donde hasta 1992 los medicamentos innovadores no estaban
protegidos
por patentes, no podrá haber medicamentos genéricos correspondientes a
esos medicamentos antes del año 2002 cuando, si se hubiera optado por el
período de seis años, que sería lo normal, podría haber esos medicamentos
genéricos a partir del año 1998, es decir, a partir del próximo año. A
juicio del Grupo Parlamentario Socialista, ésta es una medida claramente
restrictiva respecto a la posibilidad de disponer de suficientes
medicamentos genéricos en el mercado español.
Un segundo aspecto que quiero hacer notar al señor Ministro es el
referente a la exigencia que se establece de que en el etiquetado de
estos nuevos medicamentos figuren las siglas EFG, es decir, especialidad
farmacéutica genérica. Este requisito no existe en ningún otro país, es
exclusivo de la ordenación española. El medicamento genérico, señor
Ministro, se identifica en todos los países por la denominación común
internacional y nosotros entendemos que, al establecer esta exigencia, se
coloca a los medicamentos genéricos en una situación de riesgo de
discriminación negativa, ya que en el futuro se les puede identificar
como medicamentos inferiores o baratos y, por tanto, que se haga de ellos
medicamentos vulnerables en el momento de competir con los medicamentos
de marca.
Un segundo requisito para que una política de medicamentos genéricos sea
eficaz es que el diferencial de precios entre el medicamento genérico y
el original sea significativo. Para que este diferencial sea
significativo se requiere libertad de precios. En España tenemos los
precios regulados y, por tanto, no podemos esperar ese efecto de la
competencia. Por otra parte, la industria farmacéutica ya ha manifestado
que este diferencial no puede ser muy alto, en tanto que en nuestro país
los precios de los medicamentos originales son precios inferiores con
relación a los de los países de nuestro entorno. Por último, señor
Ministro, estamos en un país en el que no hay cultura de genéricos. No la
hay en los usuarios, no la hay en los laboratorios, no la hay en los
médicos y no la hay en los farmacéuticos.
Si antes le decía, señor Ministro, que una de las condiciones
imprescindibles para que una política de genéricos pueda desarrollarse es
la de que en el mercado farmacéutico existan estos medicamentos, ahora he
de decirle que esta medida no es suficiente; que no es ninguna garantía
el que existan medicamentos con relación a la garantía de su uso; que el
uso de los medicamentos genéricos sólo puede garantizarlo la
prescripción, para la cual la única persona que está autorizada es el
profesional facultativo, el médico. Y entiende mi grupo, señor Ministro,
que esta tarea de prescripción de estimulación de medicamentos genéricos
no ha sido desarrollada, y tampoco se desprendía de las palabras del
señor subsecretario en la Comisión de Sanidad que, por parte del
Ministerio, hubiera algún tipo de intención de potenciar políticas de
prescripción. Es obvio que, en ese marco de falta de una cultura de
medicamentos genéricos, por generación espontánea los profesionales de la
medicina no van a prescribir medicamentos genéricos, sobre todo, señor
Ministro, teniendo en cuenta que estos profesionales están sometidos a
una presión muy fuerte por parte de los laboratorios farmacéuticos.
Ustedes, como decía, no han adoptado medidas para estimular la
prescripción de genéricos, medidas que son importantes en una política de
potenciación de genéricos, donde uno de los requisitos fundamentales es
abordar medidas que afecten a todos los agentes implicados, y mi grupo
parlamentario tampoco tiene clara la tarea de dispensación. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El Gobierno ha regulado la posibilidad de que los farmacéuticos hagan
sustitución terapéutica, es decir, que un medicamento original pueda ser
sustituido por otro genérico. Sin embargo, admitirá conmigo que el marco
que tenemos en España no es nada favorable para que los farmacéuticos
lleven a cabo esta tarea. Los farmacéuticos tienen un margen fijo sobre
el precio de venta de los medicamentos y sus beneficios están
condicionados a los precios de los mismos. El Gobierno recientemente
aprobó un real decreto de reducción de márgenes y, si la voluntad
política real del Gobierno fuese la de facilitar el uso de genéricos,
señor Ministro, hubiese sido el momento de establecer un sistema de
márgenes variables.
Termino, señor Ministro. La reglamentación elaborada por el Gobierno, tal
y como decía anteriormente, la realidad del mercado farmacéutico español
y la falta de políticas adecuadas que estimulen la prescripción y
dispensación de genéricos nos permiten anticipar un futuro un tanto
sombrío para la competencia entre los medicamentos genéricos originales o
de marca. Y desde luego lo que pone de manifiesto es que usted, con el
anuncio del ahorro de los 75.000 millones de pesetas en tres años, lo que
ha hecho es un brindis al sol y un acto de marketing político. Señor
Ministro, o bien le han engañado o su política en esta materia es una
política de mucho ruido y pocas nueces.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
En nombre del Gobierno, para la contestación a la interpelación, tiene la
palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora Novoa, comprendo su escepticismo
sobre la política de genéricos, de lo que se puede hacer en este campo.
Eso explicaría que durante el tiempo en que tuvieron ustedes
responsabilidades de Gobierno tuvieran este asunto aparcado y no se
decidieran a tomar ninguna iniciativa que
abriera la posibilidad de utilizar esta figura y este tipo de
medicamentos de forma que, sin merma de la calidad y de las garantías de
los pacientes, se pudieran conseguir significativos ahorros. En eso se
separaban ustedes de lo que son las pautas de política farmacéutica de
otros países de Europa, en donde el peso de los genéricos es muy
importante, como en Dinamarca que es el 20 por ciento, en Alemania el 16
por ciento, en el Reino Unido el 12 por ciento, si bien es cierto que hay
otros países de nuestra proximidad mediterránea con menos tradición en
estos asuntos, como Francia e Italia, donde los porcentajes de genéricos
son muy inferiores.
La verdad es que el gasto farmacéutico, a pesar de los esfuerzos que
hicieron ustedes, y que yo no niego, desgraciadamente estaba muy lejos de
ser contenido en términos satisfactorios porque, a pesar de las cifras
que usted me ha dado, sabe que del año 1989 a 1995 la tasa de variación
interanual del gasto total del sistema fue del 11,83, la del gasto
farmacéutico del 13,43, y la tasa anual acumulativa de los últimos diez
años fue del 14,1 por ciento, cifras que a todos nos preocupan mucho y
que de no ser contenidas amenazan la estabilidad financiera del sistema.
Por tanto, nos parecía absolutamente necesario desbloquear esa situación,
salir del impasse en que estaba la política del medicamento o, por
decirlo así, de la inexistencia de una política de medicamentos genéricos
y afrontar el problema que suponía dar carta de naturaleza en nuestro
modelo y en nuestro sistema a este tipo de medicamentos. Consecuentemente
con esta idea, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, en su artículo 169 modifica los
artículos 8, 16 y 90 de la Ley del Medicamento para incluir determinados
aspectos relacionados con los medicamentos genéricos. Se establece por
primera vez en nuestro país la definición de especialidad genérica, que
no aparecía contemplada en la Ley del Medicamento ni en su normativa de
desarrollo, y salvaguarda los intereses sanitarios a que obligan los
textos comunitarios y españoles, permitiendo que no se acepte el registro
abreviado de un medicamento sin dar otro original previamente autorizado,
salvo que aquél sea bien conocido por su continuado uso clínico. De ahí
que se establezca que la especialidad farmacéutica genérica deba
demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia
mediante los correspondientes estudios de bioequivalencia. Las diferentes
formas farmacéuticas orales de liberación inmediata podrán considerarse
en la misma forma farmacéutica siempre que hayan demostrado su
bioequivalencia.
Con la legislación propuesta se garantiza, como digo, que los
medicamentos genéricos tengan la misma calidad, seguridad y efectos
terapéuticos que la especialidad farmacéutica innovadora que se toma como
referencia, resaltándose que la característica más importante de la
especialidad farmacéutica genérica, desde el punto de vista de la
evaluación farmacotoxicológica y clínica, es la demostración de la
equivalencia terapéutica. Es verdad que se establece que cuando se trate
de una especialidad farmacéutica genérica la denominación estará
constituida por la denominación oficial española o, en su defecto, por la
denominación común o científica, acompañada del nombre o marca del
titular o fabricante, y que las especialidades farmacéuticas genéricas se
identificarán por llevar la sigla EFG en el envase y etiquetado general.
Esto, lejos de ser una discriminación negativa de los genéricos, es una
defensa de los genéricos frente a medicamentos con marca, que sabe S. S.
que no están sometidos a esos controles de bioequivalencia y, por lo
tanto, no ofrecen las garantías de bioequivalencia de los medicamentos
genéricos. Esa identificación del genérico es una garantía de calidad que
supone una discriminación positiva, no negativa, como, a mi juicio,
erróneamente, entiende S. S.
El artículo 90 de la Ley del Medicamento mantenía cierta ambigüedad, en
relación con la sustitución de un medicamento por el farmacéutico, y se
modifica en los siguientes términos. Si el médico prescriptor identifica
en la receta una especialidad farmacéutica genérica, sólo podrá
sustituirse por otra especialidad farmacéutica genérica, justamente con
esa intención y con ese propósito de dar una garantía de calidad
equivalente a la de la especialidad recetada, porque los genéricos tienen
este control de bioequivalencia.
Tratamos de potenciar también los medicamentos genéricos con otra medida,
cuya importancia no desconoce S. S., que es la introducción en nuestro
ordenamiento jurídico de la figura de los precios de referencia. En esa
misma ley a la que antes me he referido, y modificando el artículo 94 de
la Ley del Medicamento, se establece un sistema de precios de referencia
que, en síntesis, consiste en que el Gobierno pueda limitar la
financiación pública de medicamentos, estableciendo que, de entre
distintas alternativas bioequivalentes sólo se financien aquellas que no
superen la cuantía que para cada principio activo se establezca. El
usuario, no obstante, podrá recibir el medicamento prescrito por el
médico si, además de la aportación que le corresponde, abona la
diferencia entre el precio del medicamento que recibe y el precio de
referencia establecido. En Europa hay distintas modalidades de regulación
de los precios de referencia. Nosotros hemos optado por un sistema
inicial de precios de referencia, de aplicación realista por su menor
complejidad, que sólo tendrá aplicación por principio activo, sin
introducir la intercambiabilidad entre diferentes principios activos y
exigiendo, además, el requisito de biodisponibilidad como garantías
sanitarias. Los precios de referencia deben permitir armonizar las
políticas de contención del gasto farmacéutico y del uso racional del
medicamento con los intereses de la industria farmacéutica, tanto de la
investigadora como de aquella que
opere bajo un modelo empresarial basado en la fabricación de productos
genéticos.
¿Qué otras medidas hemos contemplado para promover el uso de los
medicamentos, en las que viene trabajando el departamento? En primer
lugar, la simplificación en la documentación a presentar para la
inscripción en el registro. Al tratarse de productos suficientemente
conocidos y experimentados, el registro de un medicamento genérico
permite una solicitud abreviada. Esta simplificación en la documentación
que presentan las compañías responsables del producto se ha introducido
en la Unión Europea, y en España tanto en aquellos genéricos que se
autoricen por el sistema de reconocimiento mutuo como en los que se
tramiten por procedimientos de registros nacionales.
Trabajamos también en el establecimiento de estímulos a las oficinas de
farmacia para la dispensación de medicamentos y confiamos en que se pueda
avanzar en este camino. Lo mismo nos proponemos realizar con los médicos
para que se animen y se decidan por la prescripción en la denominación
común internacional y den entrada al uso generalizado de genéricos en
todos aquellos casos en que esté indicada esa autorización. También nos
proponemos actuar sobre los usuarios que, con el sistema de precios de
referencia bien diseñado, verán que se prioriza la utilización de
medicamentos genéricos sobre el acceso al mismo producto bajo marcas de
fantasía que, siendo superiores los precios a los de los genéricos,
estarán excluidos de esa financiación pública por esa parte que les
excede, que es otra forma de propiciar la utilización de medicamentos
genéricos.
Con todas estas medidas en curso, hemos previsto que durante este primer
año se podrán autorizar en torno a 80, 100 medicamentos genéricos, entre
los que se encuentran, por cierto, principios activos de gran consumo, en
base a que, efectivamente, las compañías farmacéuticas están interesadas
en presentar a registro un número importante de especialidades
farmacéuticas de este tipo. En este momento hay 284 expedientes de
especialidades farmacéuticas genéricas en trámite de estudio. Y teniendo
en cuenta la tendencia del consumo público de medicamentos para estos
próximos años, se pudieron dar esas cifras estimativas que dimos
distintos responsables en materia sanitaria, una cifra de 30.000 millones
para el período de tres años, al que se refería S. S., y de 75.000
millones que di yo mismo, pero no para un período de tres años --si fue
así no se me entendió bien--, sino para un período de cinco años; y todo
nos hace pensar que si las cosas discurren como nosotros prevemos, se
puede alcanzar ese ahorro importante de 75.000 millones en un plazo de
cinco años.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Concluyo, señor
Presidente.
Cuando se utilizó el plazo de diez años como requisito para la
autorización de estos medicamentos, desde la primera autorización
comunitaria se está haciendo uso de una facultad que está en la normativa
comunitaria, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que establece
como mínimo el plazo de seis años desde la primera autorización
comunitaria para poder dar encaje a una figura de este tipo. Pero ese
mínimo de seis años, teniendo en cuenta todos los intereses en curso y
también la tradición española de falta de patente de producto y de
abundancia de copias en nuestro mercado, todo ese conjunto de
circunstancias aconsejaban --por lo demás como ocurre en otros países
europeos-- utilizar este plazo de diez años como el plazo exigido desde
la primera autorización comunitaria para poder dar acceso a este registro
abreviado y a la calificación de los genéricos. Repito que las siglas
protegen al genérico frente a otras marcas y que, a pesar de las
dificultades que supone la ausencia de una cultura en España en relación
con estas prácticas, confiamos en avanzar en esta dirección. Hemos dado
los primeros y más importantes pasos, y creemos que con todo este
conjunto de medidas se pueden conseguir los ahorros a los que nos
referimos, sin ninguna merma de la calidad de la prestación farmacéutica
de nuestro sistema y sin ningún quebranto, que tampoco sería deseable,
para los legítimos intereses de la industria farmacéutica que trabaja en
España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
La señora Novoa tiene la palabra.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
El señor Ministro ha utilizado el turno en esta interpelación para
hacernos una presentación de todos y cada uno de los rasgos o
características y de los requisitos que han de reunir los medicamentos
genéricos que, como es obvio, esta portavoz conocía perfectamente, pero
el Grupo Parlamentario Socialista tenía interés especial en centrarse en
aquellos en los cuales, a nuestro juicio, el Ministerio introduce
elementos de restricción a la presencia de medicamentos genéricos en el
mercado farmacéutico español. Señor Ministro, uno de estos requisitos,
como le decía, es el que hace referencia a la protección por diez años.
Usted ha pasado de puntillas sobre esta materia y quiero decirle, señor
Ministro, que no sólo en el momento de la elaboración de esta circular
recibieron ustedes una llamada de atención de la Asociación Europea de
Fabricantes de Medicamentos Genéricos, que les hizo la observación de que
no se ajustaba a la directiva comunitaria. Tengo la directiva comunitaria
en la que ustedes se
amparan para establecer ese plazo de diez años y dice que el período de
protección será como mínimo de seis años, y el plazo de diez años lo
reserva, única y exclusivamente, para determinados medicamentos, entre
ellos los de alta tecnología.
El señor Ministro ha aprovechado su intervención para hacer una acusación
velada sobre la realización o no de metas en la etapa del Gobierno
socialista en relación a los medicamentos genéricos. No debe desconocer
el señor Ministro que uno de los acuerdos firmados con Farmaindustria en
la etapa del Gobierno socialista era precisamente la potenciación de
medicamentos genéricos. Esta realidad quizá sea la que le haya facilitado
a usted las relaciones con Farmaindustria y la que ha posibilitado que de
alguna forma Farmaindustria haya flexibilizado sus posiciones. Ha de
admitir usted que los negociadores de su Ministerio se han plegado a los
intereses fundamentales de la industria farmacéutica, que son el
requisito de protección por diez años y la exigencia de la identificación
EFG. Señor Ministro, el medicamento genérico no necesita ningún tipo de
protección porque es exactamente igual que el original, lo único que le
diferencia del original es que como se comercializa una vez que la
patente ha caducado, el Sistema Nacional de Salud se beneficia de su
precio más bajo. Sus características, el requisito de disponibilidad, su
eficacia terapéutica están plenamente garantizados y no necesita
protección positiva. En todo caso, lo que va a permitir esta
identificación es la posibilidad de que en el futuro, como le decía
antes, estos medicamentos sean considerados por los usuarios como de
inferior categoría, de inferior calidad y medicamentos baratos.
Con relación a la contención del gasto farmacéutico a la que hacía
referencia el señor Ministro, he de decirle que me ha causado sorpresa la
interpretación que usted ha hecho de los datos y, sobre todo, de los que
ha aportado aquí, porque no desconocerá que en una información reciente
aparecida en el Diario Médico fuentes de su Ministerio daban datos sobre
el gasto farmacéutico, precisamente, del período temporal al que se ha
referido. La información dice lo siguiente: el fuerte incremento del
gasto farmacéutico experimentado en el conjunto de la Seguridad Social y
en el territorio Insalud durante el pasado mes de febrero, en comparación
con el mismo mes del año anterior, del 17,73 por ciento en el primero y
del 15,59 por ciento en el segundo, ha llevado a los responsables de la
Administración sanitaria a iniciar estudios para determinar
exhaustivamente las causas que lo han motivado. Continúa la información
atribuyendo posibles responsabilidades a los farmacéuticos responsables
de la dispensación de medicamentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Novoa, le
ruego vaya concluyendo.
La señora NOVOA CARCACIA: Sí, señor Presidente.
Señor Ministro, su obligación es venir a esta Cámara a defender las
decisiones que como Gobierno adoptan, pero coordínense entre los
distintos miembros de su Ministerio porque he de decirle que en
comparecencias producidas recientemente en esta Cámara, miembros
destacados de su equipo admitían que en el caso concreto de política de
medicamentos genéricos y en cuanto a la estimación de ahorro, admitiendo
que el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista era acertado, no
podían prever ni anticipar exactamente cómo se va a responder. Es difícil
prever cómo va a evolucionar, aparte de que también depende de la propia
evolución del mercado europeo.
Es decir, señor Ministro, que ustedes han presentado ante la opinión
pública, en un acto de alarde exagerado, una serie de medidas que mi
grupo parlamentario, como le decía en mi intervención inicial, suscribe
en sus planteamientos en el supuesto de que esa política sea desarrollada
en los términos adecuados. Vamos a tener ocasión en el trámite del debate
de la moción que sucederá a esta interpelación, de presentar los
planteamientos --ya no sólo hacer la valoración crítica de sus medidas--
que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, permitirían que en
España pueda existir una política auténtica de potenciación de
medicamentos, porque somos conscientes de que estas son medidas que
garantizan el control del gasto sanitario sin tener consecuencias
negativas sobre el usuario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Novoa, le
ruego concluya.
La señora NOVOA CARCACIA: Repetidamente en esta Cámara mi grupo
parlamentario ha manifestado, por activa y por pasiva, que todo lo que
signifique dotar a la prestación farmacéutica castigando al usuario, a
través de sistemas de copago, nunca recibirá nuestro apoyo, sobre todo
teniendo en cuenta la valoración que de estas medidas hace la propia
Organización Mundial de la Salud.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Novoa, sorprende --permítame que se lo diga así-- que nos acusen
ustedes de ser restrictivos en nuestra política de fomento de los
medicamentos genéricos cuando la verdad es que ustedes podrían haber
hecho estas mismas cosas y muchas más, pero no las hicieron.
Se remite usted a un acuerdo con Farmaindustria en el que estaba prevista
la potenciación de los genéricos.
Difícilmente podía cumplirse ese acuerdo si no existía el marco normativo
que nosotros hemos introducido modificando la Ley del Medicamento y dando
cabida y carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico a esta
figura. Entiendo las dificultades que podía haber para avanzar en este
campo. Hemos tomado las medidas necesarias y oportunas para iniciar una
andadura en este camino y lo hemos hecho con decisión y con prudencia,
que es como creo que hay que hacer las cosas en política y en todo.
Ese período mínimo de diez años que establecemos desde la primera
autorización para la tramitación de medicamentos como genéricos en España
se ajusta a la normativa comunitaria, que establece un período mínimo de
seis años. Y ese plazo de diez años es el mínimo cuando se trate de
medicamentos pertenecientes a la parte media de anexo. No se trata de un
máximo. Hay dos mínimos: seis años para una clase de medicamentos --si se
ponen diez, se está respetando ese mínimo-- y diez años para otra clase
de medicamentos. Esa es la interpretación que nosotros hacemos.
Comprendemos que algunas empresas que se dedican sólo a los genéricos
quieran más, eso forma parte de la dinámica propia del mercado. Nuestra
obligación es dar entrada a los genéricos, que son muy importantes, que
hacen mucha falta, pero, al mismo tiempo, tener en cuenta también las
circunstancias de nuestro país, la industria farmacéutica que tenemos
aquí y esta tradición de inexistencia de genéricos que tanto pesaba en la
realidad de nuestro país y que a ustedes les tuvo paralizados en este
tema, absolutamente paralizados. Frente a eso, nosotros hemos dado los
pasos necesarios. ¿Que ese acuerdo con Famaindustria pudo facilitar mi
tarea? Estoy seguro. Es seguro que se benefician unos de las cosas que
hacen otros, pero la verdad es que tenía una significación más bien
relativa.
Afirma usted que nosotros nos plegamos a los intereses de la industria
justamente cuando tomamos esta medida en la que la industria no tenía
mucho interés, cuando ustedes sí que se plegaron a los intereses de la
industria no haciendo nada en este campo, que seguramente era lo que
prefería el conjunto de la industria en este sector. Nosotros hemos
abierto camino y hemos dado los pasos que nos van a permitir, esperamos
que con la colaboración de todos, avanzar en este camino, ofrecer a
nuestros ciudadanos medicamentos de calidad a precios más bajos y, con
eso, contribuir a la contención del gasto farmacéutico del Sistema
Nacional de Salud.
A su compañero el Diputado señor Blanco, que me hizo una pregunta en el
trámite anterior, le señalé que ustedes han traído aquí un dato del mes
de febrero, pero que después del dato de febrero vinieron los de marzo.
Las subidas de febrero pueden tener muchas explicaciones cuando estábamos
saliendo de un sistema de conciertos con las oficinas de farmacia, de un
sistema de reducción de márgenes, pero resulta que, con los datos a 31 de
marzo, computados los tres meses del año, el crecimiento del gasto
farmacéutico ha sido este año del 5,01 por ciento, una cifra realmente
desconocida muchos años atrás. Creo que es un motivo de satisfacción para
todos, porque estoy seguro de que ustedes también se alegran mucho de que
no se gaste más de lo necesario con esta partida, y vamos a ver si
conseguimos entre todos --así lo esperamos, aunque todavía no están los
genéricos en el mercado-- que pronto haya genéricos de nueva generación y
podamos ofrecer algún antibiótico de gran consumo a precios sensiblemente
inferiores a los que ahora están en el mercado, acogidos a esta
tramitación y a esta normativa que hemos trasladado. Hay que esperar a
tener algunos genéricos importantes en el mercado para ver si podemos
conseguir los ahorros que creo que todos deseamos. Por de pronto, hemos
conseguido ya que este primer trimestre el gasto farmacéutico sólo haya
subido el 5,01 por ciento, frente a más del 12 por ciento del mismo
período del año anterior. En el año 1996 ya conseguimos algo en relación
con el gasto farmacéutico, subió un punto menos que el año 1995, el 11,01
por ciento ese año frente al doce y pico por ciento del año anterior.
Este año estamos avanzando y en este primer trimestre hemos conseguido
que esa subida sea sólo del 5,01 por ciento que, repito, es una cifra
desconocida en un horizonte temporal muy amplio.
¿Cuál va ser el resultado en términos económicos? Está claro que estas
previsiones se hacen estimativamente, como es normal, pero el ahorro
estimado con estas medidas y con la introducción de los genéricos puede
ser de 30.000 millones en tres años o de 75.000 millones en cinco años.
Son estimaciones que estoy seguro de que están hechas por los servicios
del Ministerio con buena fe y con la base técnica que pueden tener estas
cosas, pero que evidentemente están sujetas a error y con todos los
riesgos que las mismas tienen.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Por último,
señor Presidente, vuelvo a insistir en el tema de la identificación con
las siglas de especialidad farmacéutica genérica. Yo le expliqué que ésa
era una medida de protección del genérico frente a las copias. En España,
los genéricos van a tener la garantía de bioequivalencia. Hay muchas
copias en el mercado, con principios activos iguales a los originales y a
las que tienen patente de producto, que no tienen esa garantía de
bioequivalencia, por lo que va a ser una discriminación positiva.
Además, usted me pedía coordinación entre nuestros colaboradores. Yo le
puedo decir que la Directora General de Farmacia del Gobierno anterior,
en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, decía que se
estaba preparando una normativa que otorgaba
un marchamo especial en el cartonaje en el que se identifica
inequívocamente la especialidad farmacéutica genérica validada. Y tenía
razón la Directora de Farmacia. En España, si se hacen genéricos con las
garantías que nosotros proponemos y que seguramente eran las que tenía en
mente la Directora General de Farmacia anterior, el decir que es una
especialidad genérica aprobada con todas las garantías y con todas las
exigencias legales es una forma de acreditar esa especialidad en el
mercado, porque quiere decir que reúne absolutamente todas las
condiciones de bioequivalencia con los principios activos originales.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
No queremos dejar pasar la oportunidad del debate de esta interpelación
urgente del Grupo Socialista para plantear nuestra posición respecto a
este tema.
Nosotros, en general, consideramos que hay que intentarlo todo para
reducir el gasto farmacéutico porque, efectivamente, es uno de los
problemas de nuestra sanidad pública. Sin embargo, quisiéramos alertar
respecto a la creencia, posiblemente ingenua, de que la introducción
masiva de genéricos en España vaya a ser la solución, la panacea. En
primer lugar, porque los márgenes en el precio de los medicamentos en
nuestro país no son los de otros países de la Unión Europea que también
han realizado la experiencia desde hace años. En España los márgenes son
más limitados y, por tanto, el efecto de la introducción de genéricos
también va a ser más limitado a la hora de la reducción del gasto
farmacéutico.
En segundo lugar, porque los laboratorios van a orientarse de forma
natural a la realización de genéricos más caros dejando, por otro lado,
las marcas más baratas sin el genérico correspondiente; habrá que vigilar
la transparencia en la gestión del Gobierno y quisiéramos escuchar la
opinión del señor Ministro de Sanidad. Nosotros en esto tenemos que
alertar de forma específica porque uno de los elementos que van a ser
determinantes a la hora de valorar el efecto positivo de la introducción
de genéricos va a ser éste.
En tercer lugar, nuestro escepticismo también se funda en que la
introducción de genéricos no implica necesariamente que esto vaya a
traducirse en una disminución del coste. La experiencia de otros países
nos dice que la penetración de los medicamentos genéricos en el mercado
global siempre ha sido lenta, y recordamos el hecho de que en Gran
Bretaña se ha pasado del 17 al 54 por ciento de medicamentos genéricos,
pero eso se ha producido en el margen de diez años.
La política de reducción del gasto farmacéutico debe acometer
fundamentalmente, aparte del objeto de la interpelación urgente del Grupo
Socialista, la reforma de la atención primaria. Ahí es donde entendemos
que se podría conseguir una mayor reducción del gasto farmacéutico.
Creemos que hay dos tipos de medidas: por un lado, las administrativas y,
por otro, las culturales. Las medidas administrativas para la reducción
del gasto farmacéutico van desde el registro de los medicamentos, la
inclusión de medicamentos en el sistema de financiación pública, hasta
las listas positivas o negativas, de fomento de genéricos como las que
debatimos ahora, pasando por las medidas de reforma de la atención
primaria por las que nosotros nos decantamos. Como demuestra la
experiencia, esa reforma de la atención primaria se podría financiar con
la reducción del gasto farmacéutico que generaría, como ya se nos ha
dicho en la subcomisión por algún experto. Otras medidas son la difusión
de información a los médicos sobre lo que ellos mismos gastan en
comparación con lo que gastan sus compañeros de la misma zona, la
limitación de talonarios, que ya fue puesta en práctica por el Gobierno
anterior, la instauración de un precio de referencia, etcétera. Hay
muchas medidas que son eficaces a corto plazo, pero que según los
expertos tienen efectos de corta duración. Sin embargo, también hay
medidas de tipo cultural, como la información y la formación del
prescriptor en términos generales --no voy a extenderme en esto--, que
son de un tipo más lento, de mayor penetración pero, sin duda alguna, de
efectos más duraderos.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al hacer este análisis,
entiende que, hasta la fecha, se están propiciando soluciones
administrativas parciales, a veces incluso sesgadas al no tocar demasiado
los grandes intereses que se mueven en el mercado de la industria
farmacéutica, y se está olvidando que deben habilitarse también políticas
tendentes a corregir los hábitos de los protagonistas de la prescripción
y de la dispensación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS
DE DELITOS (Número de expediente 172/000042)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a debatir
la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno en la asistencia a las
víctimas de delitos.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que la interpelación que
presenta hoy el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se refiere
a una ley, que creo que causó una cierta expectación en la sociedad
española, sobre las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra de la libertad sexual. Intentó combatir, en alguna
forma, los efectos negativos que tenían en aquel momento la inseguridad
ciudadana, la intranquilidad y una cierta desprotección de las víctimas.
Es verdad que, en un ordenamiento jurídico constitucional como el
nuestro, hay que proteger al delincuente, hay que propiciar la
reinserción social, pero la desprotección que muchas veces tenía la
víctima era una deuda pendiente de la sociedad que impedía la
normalización de ese derecho a ser protegido que debe tener cualquier
ciudadano en nuestra Constitución.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, supuso un intento de dar protección a
la víctima de una agresión violenta, de un delito violento o un delito
contra la libertad sexual. Así, la exposición de motivos de aquella ley
dice que«la pretensión punitiva del Estado debe acercarse al problema
social y comunitario en el que el delito consiste para prevenirlo y
recuperar al infractor, desde luego, pero además para reparar en lo
posible el daño padecido por la víctima. En muchas ocasiones, el abandono
social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la
falta de apoyo psicológico, la misma intervención en el proceso, las
presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito en el
juicio oral, los riesgos que genera su participación en el mismo,
etcétera, producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que
directamente se derivan del delito.» Creo que la protección que se tenía
que dar a las víctimas se ha quedado más en un deseo que en una auténtica
actividad protectora del Estado frente al desamparo de las víctimas.
Dicha ley, en su disposición adicional segunda, establecía la posibilidad
de desarrollar reglamentariamente lo que todavía quedaba sin realizar.
Ese desarrollo reglamentario no se ha hecho aún. Asimismo, en dicha ley
existía el compromiso de ratificar el Convenio 116 del Consejo de Europa,
que precisamente establecía, de una forma integradora en toda la
Comunidad Europea, el compromiso de proteger a las víctimas de los
delitos violentos. Este convenio está todavía sin ratificar por algunos
países de la Comunidad Europea, entre ellos nuestro país. Se comprometía
a efectuar el desarrollo reglamentario en el plazo de seis meses después
de la aprobación de la ley. Todavía no se ha hecho y ni siquiera se ha
cumplido otra de las cuestiones que también se preveían en la ley: firmar
acuerdos con las comunidades autónomas para poder hacer estas oficinas o
para desarrollar la gestión de la protección que se contemplaba en dicha
ley. Se ofrecía la posibilidad de crear oficinas de información en las
localidades de residencia, en los juzgados de Instrucción o de lo Penal.
Incluso he de decir que la misma Diputada que les habla hizo una
pregunta, precisamente con anterioridad a esa interpelación, para saber
cuál había sido la difusión de esta ley, si se habían creado las
oficinas, el presupuesto que había, las indemnizaciones que se habían
dado y el Ministerio de Justicia no se dignó contestar. Contestó el
Ministerio de Interior basándose en la ley de víctimas del terrorismo, no
en la ley de víctimas de delitos violentos que excluye precisamente los
delitos de terrorismo porque ya tienen su organización especial. Sin
embargo, no nos da ningún dato porque está tan confuso, tan diluido, tan
distribuido y tan poco reglamentado que hoy es prácticamente imposible
saber a qué atenerse.
Hemos leído en un artículo que solamente doscientas y pico de las 16.147
víctimas de delitos violentos cometidos en 1995 formularon reclamaciones
sobre estos delitos violentos. Ya sabíamos que había que difundir la ley.
Creo que el Ministerio de Justicia, incluso en el Gobierno anterior,
editó un folletito --que no sé dónde se habrá quedado; debe dormir el
sueño de los justos-- según el cual tanto la fiscalía como las personas
que registran la denuncia debían informar a la víctima de esta
posibilidad de reclamación. En la mayoría de los casos, el agresor es
insolvente, busca sus tretas para no hacer visible ni su fortuna ni sus
medios, y a veces ni los tienen. Esa información por parte de los
tribunales y de la policía que acepta la denuncia es necesaria.
Nosotros creemos que esta es una ley del deseo y no una ley de la
realidad. Para hacerse realidad necesita su desarrollo reglamentario.
Asimismo, es necesario ratificar los convenios internacionales, que no
sólo justificarían nuestra actuación, sino que además protegerían a los
españoles en otro tipo de situaciones en toda la Comunidad Europea, por
lo menos en los países que están comprometidos con el Convenio 116.
Además de esa necesidad obligatoria, se tendría que resolver el problema
de las oficinas de información a las víctimas.
En la contestación a dicha pregunta se nos informaba fundamentalmente
sobre la ley de asistencia a víctimas de delitos terroristas, pero en
absoluto se nos hablaba de la ley de asistencia a este tipo de víctimas.
Sólo nos reconocían que en alguna oficina del País Vasco, de Baleares, de
Cataluña y de Madrid se podía facilitar información. Pero no era ni mucho
menos un deseo organizado de dar esta protección.
¿Y por qué preocupa este problema al Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya? Porque como parte de la representación de
los ciudadanos creemos que hoy la falta de asistencia a las víctimas
supone el menoscabo de los derechos constitucionales. Es verdad que el
artículo 24 de la Constitución permite al delincuente intentar la
reinserción social y el artículo 25 hacer una política penitenciaria
determinada. Pero la que sufre el delito, la que se siente indefensa por
la inseguridad ciudadana, se puede convertir en un elemento negativo de
la democracia si no ve que hay una protección de los demócratas, del
poder, de las leyes, para quien sufre ese tipo de agresión. Por eso, a
nosotros nos preocupa, y le hemos querido preguntar sobre este tema, qué
piensa el Gobierno del desarrollo reglamentario de esta ley, qué
convenios ha hecho con comunidades autónomas para crear oficinas de
información de asistencia a las víctimas, qué presupuesto económico hay
para hacer esta ayuda. Nos hemos visto todo el presupuesto del Ministerio
de Justicia y por mucho que hemos buscado no hemos encontrado nada de
asistencia a las víctimas. A lo mejor lo tienen metido en otro sitio,
pero desde luego no hay una protección económica que pueda permitir esta
ayuda a las víctimas. A nosotros esto nos preocupa, ya lo he dicho pero
no sólo por una individualidad, sino por un sentido profundo de la
democracia, la democracia que deja indefensa a alguna parte de la
población y la convierte en peligro.
Hemos hecho la interpelación y esperamos tener respuesta, respuesta que
no hemos tenido ni siquiera a través de las preguntas que hemos hecho, y
ya hemos hecho dos. A la vista de que no se han enterado mucho en el
Gobierno y nos han contestado en relación a la víctimas del terrorismo,
que precisamente están excluidas en esta ley, hemos insistido y les hemos
dicho: dígannos el presupuesto, dígannos qué cantidades se han dado, qué
gente ha pedido ayuda, qué asistencia se ha facilitado, porque la ley de
asistencia no solamente tiene una protección económica, sino también una
ayuda psicológica. Hay delitos contra la libertad sexual y hay veces que
a la gente le queda un trauma durante mucho tiempo. En estas oficinas se
podría dar asistencia psicológica a las víctimas de la violencia, a las
víctimas que han sufrido una agresión a su libertad y, sin embargo, no
hay un tipo de oficinas que pueda hacer eso, no hay un personal dotado
por el Ministerio para realizar esa labor, no hay un presupuesto que diga
que tenemos esta previsión. Cuando uno no tiene presupuesto, informa lo
menos posible para que no se espabile la gente; dice: para qué voy a
espabilar a la gente si luego no tengo presupuesto.
Yo creo que la necesidad de información que se exige en esta ley tiene
que llevar a que haya información en la policía, en el momento de la
denuncia, a nivel judicial; que las sentencias judiciales --y lo dice
también la propia ley-- se notifiquen a la víctima además de decirle las
posibilidades que tiene de resarcirse de los daños que ha sufrido, porque
eso es de verdad informar a la ciudadanía de cuáles son sus derechos
frente a la agresión.
Nuestro grupo está preocupado por esto, pero no creo que sea sólo una
cuestión de un grupo, es una preocupación de la sociedad. Cuanto más nos
amparemos en la sociedad, en el ambiente en el que estamos incluidos,
como es Europa, ratificando los convenios de asistencia a las víctimas
hechos por el Consejo Europeo y potenciando la información, porque de esa
información nacerá la seguridad y la defensa de muchas personas que están
indefensas ante la agresión, nosotros creemos que se mejorará la
democracia.
Después de esta interpelación, haremos una moción que esperamos que sea
recogida por la Cámara, porque no se trata de apuntarse ningún tanto un
grupo político, sino de trabajar entre todos y entre todas para hacer una
defensa de la ciudadanía, una protección y una reinserción del
delincuente, pero también una protección de la víctima que, si no, se ve
desamparada en una democracia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la Ministra de
Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, señora Almeida, su preocupación es absolutamente compartida por
el Gobierno y voy a intentar poner de manifiesto a la Cámara cómo tiene
resultados prácticos esa preocupación.
En primer lugar, S. S. ha hecho mención a que realizó una pregunta
escrita y fue contestada por el Ministerio de Interior haciendo
referencia exclusivamente a las víctimas de terrorismo. Debe entender S.
S. que si la Ley 35/1995 en un principio unificaba ese tipo de delitos
con los delitos violentos y contra la libertad sexual, es lógico que se
haya producido ese tipo de confusión. De todas maneras, S. S. ha dicho
que la protección a las víctimas de delitos violentos tiene un
tratamiento específico, que el Gobierno resolvió con la Ley 13/1996, de
30 de diciembre.
Creo, señoría, que la oportunidad de su interpelación es evidente, porque
el reglamento al que S. S. ha hecho referencia está preparado, el
Gobierno lo elaboró en su momento, junto a los Ministerios de Economía y
Hacienda, Interior y Justicia. Tiene la presentación ante el Consejo de
Ministros por el Ministerio de la Presidencia. Puedo anunciar a S. S. que
estará en el orden del día en la próxima Comisión de subsecretarios y
secretarios de Estado, pasando a su estudio por el Consejo de Ministros
en la sesión inmediata posterior.
La interpelación deja patente el retraso en el desarrollo reglamentario
que venía de la Ley 35/1995 y no puedo hacer otra cosa que compartir su
pensamiento acerca de ese retraso que S. S. ha puesto de manifiesto.
Frente a los seis meses que la ley fijaba para el desarrollo
reglamentario, lo cierto es que estamos en esta fecha y el reglamento no
está en vigor. Por eso quisiera darle una serie de explicaciones con
plazos a S. S.
La responsabilidad del Gobierno, como SS. SS. conocen, se inicia el día 5
de mayo de 1996. Menos de dos meses y medio después, es decir, el 22 de
julio siguiente, y antes incluso de determinar las estructuras orgánicas
definitivas de los ministerios, los tres ministerios implicados en el
desarrollo reglamentario habíamos confeccionado un texto normativo y una
memoria económica que fue remitida en esa fecha a la Fiscalía General del
Estado y al Consejo General de Poder Judicial. Los informes fueron
solicitados porque las instituciones citadas están llamadas a desarrollar
un papel crucial en el ámbito de la información y asistencia a las
víctimas Además de ello, por tratarse de una medida que afecta al
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, resulta preceptivo, de
conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los informes a los que me he referido se recibieron el 25 de septiembre y
el 4 de noviembre, respectivamente. Los ministerios afectados, Economía,
Interior y Justicia, tras el estudio de las observaciones efectuadas, lo
reelaboran en algunos aspectos y el 26 de diciembre, es decir, algo menos
de un mes después, se remite al Consejo de Estado, cuyo dictamen es
también preceptivo a tenor del artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980,
que regula dicho órgano.
El Consejo de Estado efectúa la aprobación de su dictamen en sesión de 6
de marzo de 1997 y remite el mismo al Gobierno el 20 de marzo siguiente.
Tras el estudio y evaluación del dictamen, el Gobierno aprobará el
reglamento al que nos estamos refiriendo en un plazo inferior a un mes y
medio. No está de más, aunque resulte obvio, señoría, recordar que el
Consejo de Estado debe informar una vez que se ha emitido los informes de
los demás órganos consultados en la elaboración de una norma.
Respecto al contenido del reglamento quisiera subrayar, en principio, su
extensión. Esta norma, que se aprueba en el artículo 1 del proyecto de
real decreto, consta de 88 artículos y una disposición final. Al texto
del reglamento hay que añadir la memoria normativa y económica que lo
acompaña. La considerable complejidad del mismo y los estrechos márgenes
temporales de esta interpelación me excusan de entrar en el detalle de su
regulación. Sin embargo, quisiera poner de relieve en dos citas textuales
las apreciaciones efectuadas con carácter global por los órganos
consultados.
En el informe del Consejo General del Poder Judicial se dice
textualmente: Es obligado, por lo demás, poner de manifiesto que el
reglamento remitido a este Consejo General constituye un conjunto
normativo sumamente detallado y completo en el que no se aprecian
ausencias u omisiones de importancia y debe destacarse igualmente que la
normativa contenida en el mismo resulta rigurosa desde el punto de vista
técnico.
En el informe del Consejo de Estado se hace notar que el proyecto ha sido
objeto de detenido estudio y elaboración. Queda claro, por tanto, que en
la elaboración del proyecto se han cumplido las exigencias legales que
garantizan la legalidad, acierto y oportunidad de la norma. Conjuntamente
con estos comentarios, no quisiera pasar sin poner de relieve las
principales cuestiones de fondo suscitadas por los diversos órganos
consultados.
Se suscitan, en verdad, pocas cuestiones en cuanto a la regulación
ofrecida por el proyecto de reglamento. Los efectos del silencio
administrativo en cuanto a los expedientes de ayuda constituyen un punto
de atención señalado tanto por el Consejo General del Poder Judicial como
por la Fiscalía General del Estado. En este sentido, el Consejo de Estado
viene a avalar la tesis que mantiene el Gobierno de otorgar efectos
negativos al silencio administrativo, y ello porque la declaración
administrativa que, como acto final del expediente, concede las ayudas
tiene carácter constitutivo.
Otro aspecto de considerable interés que se suscita es el de la extensión
subjetiva del reglamento y se hace por medio de voto particular de un
consejero de Estado. Sin embargo, si algún punto adquiere especial
relevancia en los informes de los órganos consultados es el de la omisión
de una regulación específica de las oficinas de información y asistencia
a las víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual. Se trata
de competencias en materia asistencial que tienen, por lo general,
asumidas las comunidades autónomas. Desde esta constatación, resulta más
respetuoso con el equilibrio competencial diseñado por nuestra
Constitución propiciar la implantación de las oficinas de asistencia a
las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual en el
marco de los convenios de cooperación que el Ministerio de Justicia ya
está impulsando. Como decía, el Ministerio de Justicia ya está trabajando
en materia de convenios. Es preciso realizar un esfuerzo urgente para
convenir, con aquellas autonomías que no tienen asumidas competencias en
medios materiales y personales de la administración de justicia, los
términos de la cooperación interadministrativa que aseguren la efectiva
implantación de las oficinas de información y asistencia. En ello estamos
y puedo adelantar ya que se encuentran ultimados los convenios de Madrid
y Baleares; éste último tiene prevista su firma el próximo día 8 de mayo.
Paralelamente, este modelo de convenio se está dando a conocer, a los
efectos de constituir un esquema generalizable al conjunto de las demás
comunidades autónomas. Pero, como no podía ser menos, el Gobierno no se
ha limitado a propiciar una regulación futura de carácter reglamentario y
unos convenios que aseguren su aplicación. Antes bien, el Gobierno ha
propiciado medidas concretas
que aseguran, desde hace ya tiempo, una correcta información a los
ciudadanos en relación a los derechos que la Ley les otorga para su
protección frente a delitos violentos y contra la libertad sexual.
La Comisión nacional de coordinación de policía judicial, en reuniones de
22 de noviembre de 1996 y 6 de febrero de 1997, adoptó dos diferentes
protocolos para la información y asistencia a las víctimas de los citados
delitos, según se trate de menores o de mayores de edad. La razón de
diferenciar los protocolos de actuación no se le escapará a S. S., que
fácilmente puede advertir el especial interés en la protección de la
intimidad y de otros bienes jurídicos cuando la víctima de que se trata
es un menor de edad. También debo traer a colación los contactos que el
Ministerio de Justicia ha establecido con algunas asociaciones de
víctimas de delitos, cuando así lo han solicitado éstas, promoviendo que
se inicien los expedientes de ayuda, de los que en este momento existen
aproximadamente 140, preparados y presentados.
Para terminar, sólo me queda por subrayar que el Gobierno entero, del que
formo parte, tiene presente y comparte la preocupación expuesta por S.
S., en orden a conseguir un sistema de protección ágil y eficaz en un
aspecto del que nuestra legislación se encontraba lamentablemente
desprovista y que la Ley de 1995 y su normativa de desarrollo vienen a
colmar. Y quiero subrayarlo desde el esfuerzo del actual Gobierno --que
va a llegar al logro de este fin-- para aportar los 12.000 millones
largos de pesetas que la implantación de este sistema va a costar, según
su memoria económica.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señora Ministra, por la
explicación.
Yo le quiero decir que hay leyes que tienen mala suerte, porque ésta es
una ley que termina su tramitación con un Gobierno, que hasta que
aterriza el próximo está ahí, pero es una ley aprobada, y los ciudadanos
dicen: ¿Y a mí qué me importa que se vaya uno o que venga otro, si es una
ley aprobada por el Congreso? Es verdad que eso le ha sucedido a esta
ley, que la desprotección es indefensión y que la protección, además, es
protesta.
Decía antes que sólo 202 víctimas de delitos violentos habían solicitado
la ayuda en el anterior, pero es que estoy convencida de que pocos casos
se habrán resuelto, en el sentido de que la consignación presupuestaria
no existía. Nosotros estamos convencidos de que a ustedes les ha tocado
hacer una labor. Habrán pedido los informes, pero a mí me parece que,
muchas veces, la burocracia, cuando genera indefensión, se convierte en
un atentado a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. Por eso
estamos especialmente preocupados, para que se ratifique el Convenio 116
del Consejo de Europa, para que se haga el desarrollo reglamentario y
para que se dote presupuestariamente.
Fíjese el tono en el que nos han contestado. Usted ha dicho que se ha
derogado alguna parte. No es verdad que se haya derogado ninguna parte de
esta Ley. Se ha excluido de esta Ley la ayuda a las víctimas del
terrorismo, porque ellos tienen un procedimiento especial. Esta viene
para asuntos violentos o contra la libertad sexual, que nada tienen que
ver con el terrorismo, y se ha excluido expresamente.
Nosotros hicimos una pregunta; nos contesta Interior, cuando tenía que
ser Justicia, y dice que se tiene conocimiento --como de casualidad-- de
que en algunas comunidades autónomas, entre otras, Madrid
--ahora nos dice usted que se va a firmar--, Valencia, Cataluña,
Baleares --que también nos dice que va a firmarse, pero que no está--, y
País Vasco --que nos consta que ha creado oficinas motu proprio,
cobrándolas como pueden, haciendo contratos casi ilegales para prestar
esta asistencia, queriendo servir a sus ciudadanos-- se han creado
oficinas o servicios de acuerdo con lo previsto en la citada normativa.
Yo creo que es verdad, en el fondo, esa normativa, pero no porque se haya
hecho ese reparto.
Nosotros pediremos, y lo haremos en la moción, que a esto hay que darle
una salida; hay que darle una salida porque la gente no puede tener
pendiente los derechos que ya están reconocidos en leyes publicadas. Es
verdad que nosotros tendremos muchos trámites, pero la respuesta
inmediata, la respuesta de la defensa, la respuesta de alguien que se
siente agredida... Incluso a veces los juicios son una parte más de la
agresión; no se tiene asistencia psicológica, que tampoco se tiene en
otros juzgados, por ejemplo, en los juzgados de familia; en Madrid hay
unos equipos, pero te vas a Majadahonda y te quedas sin equipo para
poderte asistir. Con las víctimas de delitos violentos, lo mismo, o si
tiene una voluntad política de decir: Si no podemos impedir la
inseguridad ciudadana, si no podemos luchar con más tiempo para intentar
acabar con ella, si no podemos acabar con la desigualdad que genera esta
intranquilidad ciudadana, por lo menos vamos a amparar a las víctimas
para que se sientan protagonistas de nuestra democracia.
Por eso, tengo que decirle que abandonemos la burocracia y que pongamos
fortaleza en saber que tenemos que proteger a los que son víctimas de una
desigualdad de la sociedad, de un ataque a la sociedad, de una violencia
a la sociedad, de un ataque a la libertad sexual o a un modelo
estereotipado de lo que es el deseo sexual. Tenemos que protegerles.
Aunque nos haya dado una respuesta muy mimética, ahora irá al Consejo y
ahora tal, piense que la Ley está en vigor. Cuando
está en vigor la Ley están en vigor los derechos y no dar salida a los
derechos es estar actuando en contra de la seguridad ciudadana, de los
derechos de los ciudadanos, de los derechos a la tutela y de los derechos
a la protección. Y eso tiene un coste, no ya político; tiene un coste
humano, que nosotros creemos que lo debemos solucionar. La gente que
estamos aquí, representando a los ciudadanos, no podemos empezar a hacer
brindis al sol, sino que tenemos que dar respuesta cotidiana a la
necesidad.
Nosotros creemos que, en ese aunar esfuerzos de la Ley que se aprobó al
final de una legislatura y de la Ley que no se ha retomado al principio
de otra, hay una serie de ciudadanos que están desprotegidos. Al
fortalecer la protección, ganaremos todos y cada uno de los
representantes de los ciudadanos que estamos aquí y la gente verá que
servimos para algo más que para hacer burocracia, que servimos para hacer
acciones positivas y acciones de protección.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Nuevamente repito que no puedo estar más de acuerdo con su señoría, salvo
en una cuestión. Su señoría anuncia una moción. S. S. está en su absoluto
derecho y obligación de hacerla, pero lo que quiero decir a S. S. es que
no he anunciado que va a haber muchos más informes; lo que he dicho es
que el reglamento va a la próxima Comisión de subsecretarios y que en el
próximo Consejo de Ministros será aprobado.
He explicado por qué ya estaba redactado el texto a los dos meses y medio
de haber llegado al Gobierno y por qué no ha sido posible presentarlo
hasta ahora. He puesto de manifiesto la dotación económica que tiene, que
es de ocho mil y pico millones de pesetas, y he explicado por qué no es
solamente la voluntad del Gobierno la que puede llevar a cabo unos
convenios; hace falta la otra parte. Por ahora hemos conseguido la
voluntad de la Comunidad de Baleares y de la Comunidad de Madrid y
esperamos conseguir que las demás comunidades se sumen a estos convenios.
Insisto y repito, el Gobierno está absolutamente de acuerdo con que las
víctimas de delitos violentos merecen una protección y está absolutamente
dispuesto a darles esa protección desde este mismo momento.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como es obligado, el Grupo Parlamentario Socialista
quiere saludar la oportunidad en la presentación de esta interpelación
urgente por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
debatir esta tarde en la Cámara la política del Gobierno sobre la
asistencia a las víctimas de delitos violentos y de delitos contra la
libertad sexual.
Efectivamente, como han dicho la interpelante y la señora Ministra, la
cuestión quedó resuelta desde el punto de vista legislativo mediante la
promulgación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, que entró en vigor el
día 13 de ese mismo mes. Han transcurrido exactamente 16 meses desde la
entrada en vigor de esa Ley y el Grupo Socialista cree que es un tiempo
prudente y razonable para que todos los grupos de la Cámara procedamos a
realizar un análisis de su aplicación y, en definitiva, a profundizar en
si se ha desarrollado plenamente en los plazos previstos. Ya hemos visto
que la señora Ministra de Justicia ha reconocido paladinamente dos
incumplimientos: uno, el referido a la promulgación del desarrollo
reglamentario, como le imponía la disposición final primera de la ley, y
otro, el incumplimiento que imponía al Gobierno la disposición
transitoria única, en el sentido de que el Gobierno tenía que depositar
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, esto es,
desde el día 13 de diciembre de 1995, el instrumento de ratificación del
Convenio 116 del Consejo de Europa, que dictaba orientaciones a los
Estados para que regulasen en sus ordenamientos jurídicos la protección a
las víctimas de delitos violentos. Estos dos incumplimientos han quedado
absolutamente claros con las excusas de mal cumplidor que ha facilitado
la Ministra, dando argumentos reglamentarios o de trámites que
necesariamente hay que cumplir. Se ha parapetado en esas excusas, pero ya
consta en el «Diario de Sesiones» que ha habido dos incumplimientos
flagrantes de mandatos que dictaba al Gobierno la Ley de 1995.
La aprobación de esta ley en la legislatura pasada supuso la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de ese neologismo --y pido
perdón al profesor Lázaro Carreter-- de la victimología, es decir, la
incorporación que se produjo en los países anglosajones en la década de
los cuarenta de orientaciones para proteger a las víctimas de delitos
violentos. Estas orientaciones se incorporaron después a las
legislaciones de países europeos como Austria, Finlandia, Irlanda,
Noruega, Alemania, Francia, etcétera. La Ley española de 1995 se aprobó
precisamente para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico esta
orientación relativa a la victimología y para seguir las recomendaciones
del Consejo de Ministros y del Consejo de Europa a través del Convenio
116 y la recomendación del Consejo de Ministros de 1983.
Señor Presidente, no es momento de analizar ahora las distintas posturas
que tuvimos los grupos parlamentarios en el debate de la ley en Comisión
y en el debate de totalidad en el Pleno, pero sí diré que el Grupo
Popular mantenía tesis muy discrepantes que ponen de manifiesto que una
cosa es lo que se defiende cuando se está en la oposición y otra lo que
se defiende cuando se está en el Gobierno. Este es un aprendizaje muy
importante. Por resumir posturas, diré que en aquella discusión el Grupo
Popular quería ampliar la protección de la ley no sólo a los delitos
dolosos, como se indicaba en las orientaciones y como propugnaba el Grupo
Socialista, sino también a las faltas; no sólo quería que se crearan
oficinas de ayuda y asistencia a las víctimas de estos delitos, sino que,
a través de la enmienda número 30, quería establecer la obligatoriedad de
que se creara una oficina de esta naturaleza en cada una de las
audiencias provinciales. La disposición final primera está tomada de la
aceptación de una enmienda del Grupo Popular, que exigía, en la
tramitación de esa ley, que el Gobierno depositara el instrumento de
ratificación en el plazo de seis meses del convenio 116.
A la vista del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, como
decíamos anteriormente, el Grupo Socialista quiere preguntarse en alto,
para que conste en el «Diario de Sesiones», y hacer una reflexión
conjunta con el resto de los grupos parlamentarios, sobre cuestiones
capitales que afectan a la protección de las víctimas de los delitos
violentos y contra la libertad sexual. Voy a hacer unas preguntas, porque
vienen al hilo del comentario del análisis de la ley, señor Presidente, y
si no es posible, Señora Ministra, que me conteste en este momento no se
lo tomaré en cuenta porque no puede tener los datos; ya me contestará o
ya le formularé las preguntas en otro trámite. Son las siguientes: Si se
han cumplido en 1996 las previsiones que establecía la memoria económica
de aquel proyecto de ley, en las que se cifraba que el coste para ese año
de la aplicación de esta ley iba a ser de 15.000 millones de pesetas.
Usted, en el debate de hoy, ha dicho al interpelante que la memoria
económica era de 12.000 millones; por consiguiente, le quiero preguntar a
cuánto ha ascendido en 1996 el importe de las ayudas solicitadas y a
cuánto las concedidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez Solano,
le ruego vaya concluyendo.
El señor PEREZ SOLANO: Concluyo en un minuto, señor Presidente.
Quería también preguntarle, señora Ministra, si, del mismo modo que se
han creado en algunas comunidades autónomas y con cargo a los
presupuestos de los gobiernos autónomos correspondiente oficinas que
prestan este servicio de asistencia a las víctimas de los delitos
violentos, en 1996 se ha creado alguna oficina en concreto por parte del
Gobierno, y si las posibilidades presupuestarias de 1997 van a permitir
la creación de algún tipo de oficinas. Cuántos convenios se han
establecido con las comunidades autónomas para la prestación de estos
servicios y si el Gobierno, porque sería importante para evaluar la ley
--termino en medio minuto, señor Presidente--, ha hecho algún estudio y
evaluación de si se está cumpliendo por parte de los jueces, magistrados,
fiscales, autoridades, funcionarios y funcionarios policiales, cuando
intervienen por razón de su cargo, esa obligación que les impone la Ley
de informar a las presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual
y delitos violentos de la posibilidad y trámites que tienen que seguir
para acogerse a las ayudas que establece esta ley.
Pensamos que cuando se presente la moción, consecuencia de interpelación,
podremos contemplar entre todos, para realizar esta evaluación global, si
ese instrumento del que se dotó la sociedad española para proteger a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual ha sido
satisfactorio o no.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Solano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, con toda brevedad el Grupo
Parlamentario Popular expondrá sus argumentos de fondo, en relación con
la cuestión que hoy nos ocupa, en el debate subsiguiente de la moción
consecuencia de esta interpelación.
Simplemente quiero señalar en este acto que nos parece oportuna la
iniciativa del grupo proponente de la interpelación, en la medida en que
nos permite a todos reflexionar, con rigor y con seriedad, sobre un
problema que a todos singularmente nos ocupa y nos preocupa y sobre el
cual, sin lugar a duda también, este Gobierno, en el corto espacio que
lleva ejerciendo su responsabilidad como tal, ha dado pasos importantes.
Puede señalar S. S. que ha jerarquizado primero las medidas de atención a
un tipo de víctimas, las del terrorismo, y que, sin lugar a dudas, como
ha dicho la señora Ministra de Justicia, ahora, con rigor y con
prontitud, se va a ocupar también del desarrollo pendiente de esta
normativa vigente.
Sin embargo, el sentido de esta breve intervención, señor Presidente,
tiene que venir referida a lo dicho por el portavoz del Grupo Socialista,
para precisar que si el señor portavoz del Grupo Socialista pretende
establecer en términos de equivalencia o de igualdad lo que puede ser el
incumplimiento de la normativa vigente desarrollada por el anterior
Gobierno en un plazo muy amplio para poder haber dado siquiera inicio
al desarrollo de esa normativa y cuando se trataba, además, de un
Gobierno que venía sosteniendo una acción política ya consolidada en el
tiempo, no es admisible, desde la postura de este Grupo Parlamentario
Popular, que eso, en términos temporales y en términos de inicio de una
acción política, se quiera equiparar con lo hecho por este Gobierno.
Las cosas, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mal que le
pese, no son igual. Hay un balance de hechos que acredita la historia
reciente y hay un inicio, un nuevo impulso político, que se ve en muchos
campos, y singularmente también en éste, en la gestión de este Gobierno.
Quiero dejar las cosas claras y prefiero atenerme a lo que señalaba el
propio portavoz del Grupo Socialista, a lo que señalaba la señora
Ministra, a lo que señalaba la portavoz de Izquierda Unida, en el sentido
de que sobre estos temas hay que reflexionar con rigor y con
desapasionamiento, no haciendo demagogias, sino intentando solventar un
problema de fondo, que es el de las víctimas, porque, como bien decía la
señora Almeida, es, sin lugar a dudas, un problema que afecta al
desarrollo de derechos fundamentales.
Esa es la posición de este Gobierno y de este Grupo Parlamentario.
Esperemos que sea la posición de todos, pero no nos vengan ahora con
viejas cantinelas intentando hacer igual a unos y a otros, cuando en el
desarrollo y en el balance de una acción política unos y otros, de
momento, afortunadamente, no somos iguales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro.
Finalizado el orden del día de hoy, el Pleno se reanudará mañana las
nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.