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DS. Senado, Pleno, núm. 32, de 27/04/1994
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Año 1994 V Legislatura
Núm. 32



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN



Sesión del Pleno



celebrada el miércoles, 27 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión de Suplicatorios:



--En relación con el Excmo. Sr. don Miguel Pérez Villar (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107,
de fecha 14 de abril de 1994) (número de expediente 504/000006).




Autorización del Pleno para tramitación en lectura única:



--Del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Burgos (número de
expediente 621/000031).




--Debate sobre la comunicación del Gobierno sobre el enfoque estratégico
de las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en
un marco temporal que se extiende hasta el año 2007, aprobada por el
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 1994, acompañada del Plan Director
de Infraestructuras, 1993-2007 (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, números 101 y 102, de fechas 8 y 13
de abril de 1994) (número de expediente 700/000001).




Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
proyecto de Ley sobre medidas urgentes de Fomento de la Ocupación
(procedente del Real Decreto-ley 18/93). Se tramita por el procedimiento
de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 25, de fecha 25 de abril de 1994) (número de
expediente S. 621/000025) (número de expediente C. D. 121/000030).




--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
proyecto de Ley por el que se modifican determinados artículos del
Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 26, de fecha 25 de abril de 1994) (número de expediente S.

621/000026) (número de expediente C. D. 121/000032).




Página 1554




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.




DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS



En relación con el Excelentísimo señor don Miguel Pérez Villar (Página 1559)



Este extremo se debate en sesión secreta.




AUTORIZACION DEL PLENO PARA TRAMITACION EN LECTURA UNICA



Del Proyecto de ley de creación de la Universidad de Burgos (Página 1559)



Se acuerda dicha tramitación por asentimiento de la Cámara.




Debate sobre la comunicación del Gobierno sobre el enfoque estratégico de
las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en un
marco temporal que se extiende hasta el año 2007, aprobada por el Consejo
de Ministros de 4 de marzo de 1994, acompañada del Plan Director de
Infraestructuras, 1993-2007 (Página 1559).




El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Borrell Fontelles) presenta la comunicación. En turno de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Bris Gallego, por el Grupo Popular;
Grau i Buldú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Gangoiti Llaguno,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Virosta Garoz, por el
Grupo Mixto, y Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista. Vuelve a
intervenir el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). Asimismo lo hacen, por alusiones, los
señores Gangoiti Llaguno, Barbuzano González, Grau i Buldú y Bris
Gallego. Cierra el debate el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).




Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto
de Ley sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación (procedente del
Real Decreto-ley 18/93). Se tramita por el procedimiento de urgencia
(Página 1585).




El señor Blanco López presenta el dictamen. A continuación, interviene el
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez). No se
produce debate de totalidad.




Comienza el debate del articulado.




Capítulo I, artículos 1 y 2.




El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defiende la enmienda número 33. El señor Bolinaga Bengoa
defiende la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Galindo Santana defiende las enmiendas números 67 y 68,
del Grupo de Coalición Canaria, dando por defendidas las restantes
enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario. El señor Alvarez
Gutiérrez defiende la enmienda número 22, del Grupo Popular, así como la
número 31, a las disposiciones, del mismo Grupo Parlamentario. La señora
Sánchez de Miguel consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto;
Galindo Santana, por el Grupo de Coalición Canaria, y Alvarez Gutiérrez,
por el Grupo Popular, así como la señora Sánchez de Miguel, por el Grupo
Socialista.




Capítulo II, artículos 3 a 5.




El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defiende las enmiendas números 34 a 45, 49 a 58 y 61 a 65. El
señor Petrizán Iriarte, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 7
a 11, así como las números 12, 13 y 14, a las disposiciones. El señor
Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 15 a 21.

El señor Bolinaga Bengoa defiende las enmiendas números 2 y 3, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Companys i Sanfeliú defiende
la enmienda número 82, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Alvarez Gutiérrez defiende las enmiendas números 23 a 29,
del Grupo Popular. El señor Franco Gutiez consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González,
por el Grupo Mixto, Izquierda



Página 1555




Unida-Iniciativa per Catalunya; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Alvarez Gutiérrez, por el Grupo
Popular, y Franco Gutiez, por el Grupo Socialista.




Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

Exposición de Motivos.




El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendidas las enmiendas 46 a 48, 59, 60 y 66. El señor
Bolinaga Bengoa defiende las enmiendas números 4 y 5, y anuncia la
retirada, en su momento, de la número 6, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Companys i Sanfeliú retira la enmienda
número 83, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Alvarez Gutiérrez defiende las enmiendas números 30 y 32, del Grupo
Popular. El señor Franco Gutiez consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Petrizán Iriarte, por el
Grupo Mixto; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Alvarez Gutiérrez, por el Grupo Popular, y Franco
Gutiez, por el Grupo Socialista.




Se inician las votaciones.




Se rechazan las enmiendas números 15 a 21, del señor Ramón i Quiles, del
Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 217 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 7, 8 y 14, del señor Petrizán Iriarte,
del Grupo Mixto, por 12 votos a favor y 221 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 9 a 13, del señor Petrizán Iriarte, del
Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 221 en contra y 5 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 33 a 36, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 7 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.




El señor Bolinaga Bengoa anuncia en este momento la retirada de la
enmienda número 6, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.




Se rechazan las enmiendas números 1 y 5, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 106 votos a favor y 127 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 129 en contra y 94
abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 11 votos a favor, 221 en contra y 2 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 67 a 81, del Grupo de Coalición
Canaria, por 13 votos a favor, 220 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 82, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 25 votos a favor, 206 en contra y 1 abstención.




Se rechazan las enmiendas números 22 a 32, del Grupo Popular, por 95
votos a favor, 128 en contra y 12 abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, sobre la base de la número 83, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por asentimiento de la Cámara.




Se aprueba el artículo 1.1, según el texto del dictamen, por 221 votos a
favor, 9 en contra y 3 abstenciones.




Se aprueba el artículo 1.2, según el texto del dictamen, por 125 votos a
favor, 14 en contra y 96 abstenciones.




Se aprueba el artículo 2 en sus tres apartados, según el texto del
dictamen, por 227 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se aprueba el artículo 3.1, según el texto del dictamen, por 227 votos a
favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se aprueba el artículo 3.2, según el texto del dictamen, por 130 votos a
favor, 103 en contra y 1 abstención.




Se aprueba el artículo 4, en todos sus apartados, según el texto del
dictamen, por 131 votos a favor, 8 en contra y 96 abstenciones.




Se aprueba el artículo 5, en todos sus apartados, según el texto del
dictamen, por 131 votos a favor, 8 en contra y 96 abstenciones.




Se aprueba la disposición adicional primera, según el texto del dictamen,
por 227 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la disposición adicional primera bis (nueva), con la
modificación introducida, por 226 votos a favor, 7 en contra y 1
abstención.




Se aprueba la disposición adicional segunda, según el texto del dictamen,
por 226 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueba la disposición adicional segunda bis (nueva), por 131 votos a
favor, 103 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la disposición adicional tercera (nueva), según el texto del
dictamen, por 130 votos a favor, 7 en contra y 97 abstenciones.




Página 1556




Se aprueba la disposición adicional cuarta (nueva), según el texto del
dictamen, por 130 votos a favor, 8 en contra y 96 abstenciones.




Se aprueba la disposición adicional quinta (nueva), según el texto del
dictamen, por 226 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueba la disposición transitoria primera bis (nueva), según el texto
del dictamen, por 227 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la disposición transitoria segunda, según el texto del
dictamen, por 224 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueba la disposición transitoria tercera, según el texto del
dictamen, por 227 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la disposición derogatoria, según el texto del dictamen, por
131 votos a favor, 7 en contra y 97 abstenciones.




Se aprueban las disposiciones finales primera y segunda, según el texto
del dictamen, por 226 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueba la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 226
votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto
de Ley por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los
Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.

Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 1620).




El señor Arija Hernández, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Herrero
Merediz, quien así lo hace a continuación. No se produce debate de
totalidad.




Comienza el debate del articulado.




Capítulo Primero, artículos 1 a 6.




El señor Petrizán Iriarte, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 45 a 49. El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, da por
defendidas todas sus enmiendas al proyecto de ley. La señora Vilallonga
Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
defiende las enmiendas números 135 a 177 y 205 a 213. El señor Bolinaga
Bengoa defiende las enmiendas números 1 a 5, 7 a 11 y 13 a 20, retirando
las números 6 y 12, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Galindo Santana da por defendidas todas las enmiendas presentadas por el
Grupo de Coalición Canaria al proyecto de ley. El señor Roig i Grau
defiende las enmiendas números 288, 289 y 294, retirando las números 285
a 287 y 290 a 293, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Fernández Menéndez defiende las enmiendas números 69 a 80, del
Grupo Popular. La señora Agüero Ruano defiende las enmiendas números 81 y
82, del Grupo Popular. El señor Lobo Asenjo defiende las enmiendas
números 83 a 98 y 124, a las disposiciones, del Grupo Popular. El señor
Galán Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra las señoras Vilallonga Elviro, por el Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Agüero Ruano, por el Grupo
Popular, y el señor Galán Pérez, por el Grupo Socialista.




Capítulo Primero, artículos 7 y 10.




El señor Petrizán Iriarte, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 33 y 37 a 39. El señor Bolinaga Bengoa defiende las enmiendas
números 23 y 29, retirando la número 22, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Roig i Grau defiende las enmiendas números
295, 296, 299, 301 y 302, retirando las números 297, 298 y 300, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Lobo Asenjo
defiende las enmiendas números 99 a 111 y 118, así como las números 123,
125 a 127, 130 a 133, a otras disposiciones del proyecto de ley. El señor
Cuenca Doblado consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Roig i Grau, por el grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Lobo Asenjo, por el Grupo Popular, y
Cuenca Doblado, por el Grupo Socialista.




Capítulo Primero, artículos 8 y 9. Capítulo Segundo, artículos 11 a 16.

Capítulo Tercero, artículos 17 a 22. Disposiciones adicionales,
transitorias, derogatoria y finales. Exposición de Motivos.




La señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, defiende las enmiendas números 134, 178 a 204 y 214. El
señor Petrizán Iriarte, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
35, 36, 40 a 44 y 50, retirando la número 34. El señor Bolinaga Bengoa
defiende las enmiendas números 24, 26, 28, 30 y 31, retirando las números
25, 27 y 32, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Roig i
Grau defiende las enmiendas números 304 y 305, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. La señora Agüero Ruano defiende las
enmiendas números



Página 1557




68, 112 a 117, 119 a 122, 128 y 129, del Grupo Popular. El señor Gallego
Cuesta consume un turno en contra. No se consume turno de portavoces.




Se inician las votaciones.




Se rechazan las enmiendas números 51 a 66, del señor Ramón i Quiles, del
Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 200 en contra y 3 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 33 y 35 a 49, del señor Petrizán
Iriarte, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor y 204 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 136 a 169 y 171 a 214, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 7 votos a favor y 208 en contra.




Se rechaza la enmienda número 170, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 90 votos a favor y 125 en contra.




Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 9 votos a favor, 125 en contra y 81 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 3, 14, 17, 23, 24 y 28, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 94 votos a favor, 121 en contra y 1
abstención.




Se rechazan las enmiendas números 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18,
19, 20, 26, 29, 30 y 31, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por
10 votos a favor y 207 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 215 a 284, del Grupo de Coalición
Canaria, por 10 votos a favor, 209 en contra y 1 abstención.




Se rechazan las enmiendas números 292, 294 y 296, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 23 votos a favor y 197 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 288, 289, 299, 301, 302 y 305, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 104 votos a favor,
108 en contra y 8 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 295, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 104 votos a favor, 115 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 304, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 213 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la enmienda número 82, del Grupo Popular, por 109 votos a
favor, 108 en contra y 3 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 99, del Grupo Popular, por 102 votos a
favor, 112 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 116, del Grupo Popular, por 90 votos a
favor, 110 en contra y 19 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 100, 103 y 104, del Grupo Popular, por
105 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueba la enmienda número 121, del Grupo Popular, por 213 votos a
favor, 7 en contra y 1 abstención.




Se rechazan las enmiendas números 68, 70 a 76, 78 a 81, 83 a 98, 101,
102, 105, 106, 108 a 115, 117 a 120 y 122 a 133, del Grupo Popular, por
91 votos a favor, 122 en contra y 9 abstenciones.




Se aprueba una enmienda de corrección de errores al artículo 11 del
proyecto, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento
de la Cámara.




Se aprueba una enmienda de corrección de errores al artículo 2.2 del
proyecto, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento
de la Cámara.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 77, del
Grupo Popular, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el
Grupo Mixto, al artículo 2.3 del proyecto, por 215 votos a favor, 5 en
contra y 2 abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 287,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que propone la
adición de un apartado nueve en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores, por 221 votos a favor y 1 en contra.




Se aprueba una enmienda de corrección de errores al artículo 5 del
proyecto, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo
Mixto, por 220 votos a favor y 2 en contra.




Se aprueba una enmienda relativa al párrafo final del apartado 3 del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo Mixto, por 221 votos a favor y 2
en contra.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 22, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al artículo 7 del proyecto, por
128 votos a favor, 2 en contra y 91 abstenciones.




El señor Presidente realiza una advertencia a propósito de las
votaciones. El señor García Carnero interviene al mismo fin.




Página 1558




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 298,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa al
apartado 3 del artículo 69 del Estatuto de los Trabajadores y suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 216 votos a favor, 2 en contra y 4
abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 297,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa al
artículo 74.1 del Estatuto de los Trabajadores y suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo Popular, por 130 votos a favor y
93 abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 300,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa al
artículo 74.2 del Estatuto de los Trabajadores y suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo Popular, por 130 votos a favor, 2
en contra y 91 abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 107,
del Grupo Popular, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, al
artículo 7.5 del proyecto, por 216 votos a favor, 2 en contra y 3
abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 32, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al artículo 7 del proyecto,
suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo Popular,
por 130 votos a favor y 93 abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 25, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y de la número 50, del Grupo
Mixto, relativa al artículo 8 del proyecto, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, excepto el Grupo Popular, por 131 votos a favor, 2 en
contra y 90 abstenciones.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 290,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 8 del
proyecto y suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por 220 votos a
favor y 2 en contra.




Se aprueba una enmienda de corrección al artículo 8 del proyecto,
suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la
Cámara.




Se aprueba una enmienda al artículo 8.9, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, proponiendo una nueva redacción, por 221 votos a favor y
2 en contra.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 134,
del Grupo Mixto, al artículo 12 del proyecto, suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo Popular, por 132 votos a favor y
90 en contra.




Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 69, del
Grupo Popular, solicitando una disposición adicional nueva y suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por 221 votos a favor y 2 abstenciones.




Se aprueba una enmienda de corrección de errores a la disposición
transitoria segunda del proyecto, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.




Se aprueba una enmienda transaccional relativa a la disposición final
séptima nueva del proyecto, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios,
excepto el Grupo Mixto, por 218 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención.




Se aprueba una enmienda de corrección a la Exposición de Motivos del
proyecto, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento
de la Cámara.




Se aprueba una enmienda de corrección al título del proyecto, suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.




Se aprueban los artículos 1 a 4, con las modificaciones introducidas, por
127 votos a favor, 3 en contra y 93 abstenciones.




Se aprueba el artículo 5, con la modificación introducida, por 127 votos
a favor, 3 en contra y 93 abstenciones.




Se aprueba el artículo 6, según el texto del dictamen, por 216 votos a
favor, 3 en contra y 4 abstenciones.




Se aprueba el artículo 7, con las modificaciones introducidas, por 118
votos a favor y 105 en contra.




Se aprueba el artículo 10, según el texto del dictamen, por 126 votos a
favor, 92 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueban los artículos 8, 9, 12 y 14, con las modificaciones
introducidas, por 127 votos a favor, 4 en contra y 92 abstenciones.




Se aprueban los artículos 11, 11 nuevo, 13, 15 y 16, por 216 votos a
favor, 3 en contra y 4 abstenciones.




Se aprueban los artículos 17 a 20, según el texto del dictamen, por 218
votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueban las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y
finales, con las modificaciones introducidas, por 128 votos a favor, 4 en
contra y 91 abstenciones.




Se aprueba la Exposición de Motivos, con la modificación introducida, por
126 votos a favor, 2 en contra y 93 abstenciones.




Página 1559




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




El señor Bayona Aznar interviene para una cuestión de orden a propósito
de las votaciones. Asimismo lo hace el señor Presidente. El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez se suma a lo anteriormente expuesto.




Se suspende la sesión a las cero horas y cinco minutos del día 28 de
abril de 1994.




Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.




DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS:



--EN RELACION CON EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON MIGUEL PEREZ VILLAR
(504/000006)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: dictamen
de la Comisión de Suplicatorios en relación con el excelentísimo señor
don Miguel Pérez Villar, publicado en los boletines correspondientes, con
fecha 14 de abril de 1994.

De conformidad con el artículo 22.3 del Reglamento, este dictamen ha de
ser informado en sesión secreta. Por tanto, ruego dispongan lo
conveniente para ello.




Comienza la sesión secreta.




Se reanuda la sesión pública.




--PROYECTO DE LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (621/000031)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pido la atención de la Cámara en
el siguiente punto: La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha
resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se acuerde que el proyecto de
Ley de Creación de la Universidad de Burgos, que ha entrado en esta
Cámara con fecha de hoy, se tramite directamente y en lectura única, de
conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado.

Pido a la Cámara que lo vote, si es posible, por asentimiento.

(Asentimiento.)
Muchas gracias y así consta.

A la vista de este acuerdo favorable, se anuncia que, asimismo, por
acuerdo de la Mesa del Senado, el plazo de presentación de propuestas de
veto a este proyecto de Ley finalizará el día 6 de mayo de 1994.

Muchas gracias.

Se suspende la sesión por quince minutos. (Pausa.)



Se reanuda la sesión.




--DEBATE SOBRE LA COMUNICACION DEL GOBIERNO SOBRE EL ENFOQUE ESTRATEGICO
DE LAS LINEAS BASICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA, PROGRAMADAS EN
UN MARCO TEMPORAL QUE SE EXTIENDE HASTA EL AÑO 2007, APROBADA POR EL
CONSEJO DE MINISTROS DE 4 DE MARZO DE 1994, ACOMPAÑADA DEL PLAN DIRECTOR
DE INFRAESTRUCTURAS, 1993-2007 (700/000001)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, el punto quinto del
orden del día es el debate sobre la comunicación del Gobierno sobre el
enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en
España, programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año
2007, aprobada por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 1994,
acompañada del Plan Director de Infraestructuras.

Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, parece que ha habido un pequeño problema de coordinación sobre
los horarios y el inicio del debate sobre el PDI, que se me había
comunicado que sería a las once de la mañana, ha obligado a suspender
durante algunos minutos sus trabajos, pero en la medida que me
corresponde, puedo asegurarles que se me había convocado a las once de la
mañana y, por tanto, no hago sino contribuir con mi presencia al normal
desarrollo de las sesiones del Senado.

Me congratulo de que el Plan Director de Infraestructuras inicie su
andadura parlamentaria en el Senado porque es un elemento de política
territorial y, por tanto, esta Cámara tiene mucho que decir en la
concepción de un instrumento que tendrá que ser consensuado con las
Comunidades Autónomas y que nace con la voluntad de coordinar la
inversión pública en el largo plazo, pero también a través de la acción
conjunta de las distintas Administraciones.

Corremos el riesgo de que se nos diga que volvemos a hablar del PDI y,
sin embargo, tendremos que seguir hablando de él durante algún tiempo,
porque el lugar natural para discutir esta clase de planteamientos son
las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Plan Director inició su andadura en la anterior legislatura; fue
objeto de debate en la anterior campaña



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electoral; fue retomado por el Gobierno que surgió de las elecciones del
6 de junio; se volvió a iniciar un proceso de concertación con las
Comunidades Autónomas, lo que exigió un tiempo que culminó el pasado 4 de
marzo, cuando el Consejo de Ministros acordó aprobar finalmente el Plan
Director y remitirlo a las Cortes Generales. Lo anterior había sido un
trabajo de preparación. En la anterior legislatura el Consejo de
Ministros aprobó su remisión a las Comunidades Autónomas, no la
aprobación del Plan, para que éstas pudieran participar, como ha sido
siempre nuestra voluntad, en este proceso de planificación de las
infraestructuras.

El proceso de concertación fue largo, difícil. No puedo decir que haya
terminado de una forma absolutamente satisfactoria para todas ellas, pero
ha tenido la virtud de permitir incorporar al debate el punto de vista de
las Administraciones territoriales. El período electoral, como les
explicaba a los señores Senadores, interrumpió un proceso que, una vez
reconducido por el nuevo Gobierno, empieza ahora su andadura
parlamentaria, que debería servir para que al final de la misma el
Gobierno recibiera de las Cámaras las indicaciones que éstas estimen
oportunas acerca del contenido de este Plan Director. Un Plan Director
que, como su nombre indica, no pretende sino dar directrices. Es una
técnica de planificación estratégica, ampliamente utilizada en distintos
países europeos, que continuamente están programando su futuro a unos
plazos que van entre los 15 y los 20 años, porque las infraestructuras
tienen plazos muy largos de maduración y porque la política territorial
tiene que escapar a los coyunturalismos de la política presupuestaria,
tratando de fijar horizontes estables de inversión y objetivos definidos
de acuerdo con los plazos que se tardan inevitablemente en conseguir.

No pidamos, pues, al Plan Director lo que el Plan Director no pretende
ser. No pretende ser una ley financiera en el sentido que lo fue la Ley
de Dotaciones de las Fuerzas Armadas; no pretende conseguir de las
Cámaras un compromiso financiero inamovible que garantice al Ministro de
Obras Públicas una financiación que escape de los avatares de la política
presupuestaria. Por tanto, cualquier crítica al Plan Director diciendo
que éste no asegura su financiación, sería una crítica hueca porque no lo
pretende, ni lo pretende ni podría pretenderlo, porque, insisto, no se
trata de concebirlo como una Ley de Dotaciones a la inversión pública,
sino como el manifiesto de una voluntad política de la definición de una
envolvente financiera que intente coordinar y hacer coherentes los
objetivos que nos proponemos con su coste y con los recursos financieros
necesarios para conseguirlo.

Tampoco es un programa concreto de obras, ni lo pretende ser, ni sería
razonable que lo fuera cuando estamos trabajando a quince años. Por
tanto, las críticas al Plan Director calificándolo de falta de calendario
serían también poco consistentes, porque el Plan Director no pretende
establecer un calendario de obras, lo tendrán que hacer los planes
sectoriales a corto plazo que deriven del Plan Director en los sucesivos
ejercicios de planificación que tenemos que hacer, una vez que hayamos
definido el marco global que el Plan Director establece.

Tampoco pretende el Plan Director resolver los interrogantes que se
plantean hoy en día en nuestra sociedad sobre las formas de financiación
de las infraestructuras. Cualquier crítica al Plan Director diciendo que
no da respuesta cerrada a estos problemas sería también una crítica
inútil, porque no lo pretende. Lo que pretende y hace es definir el marco
conceptual en el cual este debate tiene que tener lugar. No aporta una
respuesta cerrada, porque eso sería tanto como clausurar el debate antes
de realizarlo. Lo que hace es enmarcarlo en el contexto financiero de
nuestra economía, de nuestra hacienda pública y de las necesidades u
objetivos que siente la sociedad en lo que a infraestructuras se refiere,
y plantea claramente, señorías, que con los recursos presupuestarios que
podemos obtener del mantenimiento de la actual política inversora, no
habría suficiente financiación para conseguir los objetivos que nos
proponemos en términos físicos. Proclama el objetivo político de mantener
el esfuerzo inversor, financiado con cargo a los Presupuestos del Estado,
en ese 5 por ciento de la inversión pública, que traducido en términos de
infraestructuras se reduce a un 2,4, 2,5 por ciento, y que trasladado al
ámbito específico de la Administración Central del Estado se sitúa entre
el 1,2 y 1,3 por ciento del PIB. No caigamos, pues, en el error de creer
que España está invirtiendo el 5 por ciento de su producto interior bruto
en infraestructuras; no, estamos invirtiendo en un concepto mucho más
amplio, que es la formación bruta de capital fijo de las Administraciones
Públicas, parte del cual va destinado a financiar infraestructuras y
parte a financiar otras muchas inversiones, igualmente necesarias.

En lo que a infraestructuras se refiere, desde la Administración Central
del Estado estamos en un esfuerzo inversor situado entre el 1,2 y el 1,4
por ciento del PIB, que es el que hay que mantener para conseguir
alcanzar los objetivos programados, sin que sea suficiente para ello; por
eso el Plan abre la puerta a un debate acerca de cuáles deben ser los
mecanismos complementarios de financiación para que nuevos recursos,
recursos adicionales, bien aportados directamente por los usuarios, bien
a través de los concesionarios de infraestructuras, vengan a completar la
capacidad financiera que el PDI evalúa, como ustedes saben, en estos 18,7
billones de pesetas a lo largo de los próximos quince años.

En todo caso, es la primera vez que hacemos en España un análisis global
de nuestro territorio en la perspectiva europea, tratando de coordinar
las inversiones en distintos modos de transporte y en aquellas
actuaciones



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de carácter medioambiental o que afectan a los recursos naturales o al
desarrollo urbanístico de las que se va a derivar la estructura física de
nuestro territorio a principios del próximo siglo. Es una reflexión sobre
el territorio español; la mayor concentración de datos y análisis que
hayamos hecho nunca desde las Administraciones Públicas para atisbar
nuestro futuro y definir el mapa de la España del próximo siglo.

En este sentido debe entenderse --insisto una vez más-- en la elaboración
de un conjunto de directrices que resultan del análisis de las
alternativas que se nos ofrecen en función de lo que la integración en el
espacio europeo representa, de las vías de interconexión entre los
distintos territorios del país, de las necesidades de crecimiento urbano
de nuestras ciudades y de las consecuencias de la política agraria e
industrial sobre los usos que vayamos a dar a nuestro territorio.

Nos parece un esfuerzo no sólo meritorio, sino imprescindible, porque en
España no hemos hecho nunca este esfuerzo de planificación estratégica,
habiéndonos concentrado, por multitud de razones que lo explican, en
planes sectoriales a corto plazo que venían a dar respuesta a los
problemas más acuciantes de nuestro sistema de transporte y nuestro
sistema de ciudades.

Los planes urbanísticos, los planes de carreteras, de infraestructuras
ferroviarias que hemos venido ejecutando desde que la inversión pública
toma en España el protagonismo que está tomando desde 1985, han sido
condicionados por la urgencia de resolver problemas candentes,
congestiones evidentes, y no han tenido la suficiente perspectiva ni la
suficiente intercoordinación para garantizar una política territorial que
merezca este nombre; política territorial que es competencia de las
Comunidades Autónomas, pero, puesto que las Comunidades Autónomas no son
islas, no constituyen espacios aislados, sino que su territorio
interacciona con el de las demás --con la excepción, claro está, de
Baleares y Canarias, que éstas sí pueden hacer una política territorial
perfectamente autónoma porque su territorio no tiene interrelaciones
inevitables con el territorio de las comunidades limítrofes-- es evidente
que la política territorial, competencia exclusiva --dice la
Constitución-- de las Comunidades Autónomas, tiene que ser coordinada en
una política territorial para el conjunto del Estado, a través de los
grandes ejes vertebradores que circulan por el territorio de varias
Comunidades Autónomas o, de la atención preferente que necesitan aquellos
polos de actividad, aquellas ciudades, aquellos núcleos urbanos donde
escapa inevitablemente a la capacidad financiera y política de las
Administraciones territoriales aportar las soluciones adecuadas.

Las cuatro líneas de actuación del PDI se pueden resumir en las
siguientes:
En primer lugar, superar los condicionantes que impone nuestra posición
periférica dentro del espacio europeo, con especial atención a aquellos
ámbitos que por su posición geográfica, sus peores dotaciones de
infraestructura o su menor nivel de desarrollo, corren mayores riesgos de
ser todavía más periféricos.

España es periférica en Europa, lo hemos sido siempre y la tendencia
actual a abrirse hacia el Este puede aumentar nuestro riesgo de
«perifericidad». Y dentro de España unas regiones pueden ser más
periféricas que otras. Por eso una política de infraestructuras tiene que
luchar contra la tendencia natural del mercado a «desertificar» partes
importantes del territorio, tiene que hacer las inversiones que no haría
nunca el mercado movido exclusivamente por criterios de rentabilidad
financiera, tiene que invertir allí donde la economía, buscando la
maximización del capital financiero invertido, no varía nunca, tiene que
actuar como contrapeso a las tendencias de concentración de todos los
hombres y todas sus actividades en espacios cada vez más reducidos.

Alguna vez lo he dicho y cuando lo he hecho se me ha querido interpretar
mal. Hay regiones de España amenazadas de un proceso de desertificación y
despoblación evidentes. Lo que he querido decir --e insisto ahora en
ello-- es que planteamientos como el Plan Director reflejan la voluntad
de invertir desde el poder público para combatir este esfuerzo, este
fenómeno, para combatir esta tendencia y evitar que nuestro territorio se
desequilibre todavía más de lo que ya está. Que las tendencias naturales
se incrementen con todas las consecuencias que ello tiene sobre la
presión demográfica en la ciudad, la política ambiental, la
desertificación del territorio y las concentraciones excesivas en
términos de las deseconomías que producen.

En segundo lugar, consolidar un sistema de ciudades habitables,
atractivas para localizar actividades productivas y correctamente
articuladas, como elemento indispensable para que la ciudad difunda en el
resto del territorio su dinamismo económico. Si Europa es algo, es una
red articulada de ciudades de tamaño medio --Grenoble, Lyon, por poner
ejemplos--, no grandes megalópolis típicas de los países
subdesarrollados, sino una red de ciudades de tamaño medio donde los
poderes públicos han sido capaces de impulsar especialidades productivas
en torno a las cuales se han creado áreas de difusión del bienestar
económico y de unas formas de vida típicas de la cultura europea.

En España tenemos también que potenciar esa red de ciudades de tamaño
medio para evitar el crecimiento mastodóntico de tres o cuatro grandes
urbes, una articulación en el espacio de ciudades que, por su dimensión,
puedan acoger actividad económica ofreciendo al inversor los aspectos
positivos de una población formada, de un medio ambiente cuidado y de
unas economías de escala eficientes.

El tercer objetivo que se plantea el PDI es la gestión



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racional de los recursos naturales, especialmente de los recursos
hídricos. El agua sigue siendo uno de los grandes problemas de este país,
y no se puede concebir un plan de transportes sin pensar dónde habrá
actividad y población, y eso no se puede hacer sin pensar dónde seremos
capaces de suministrar agua en cantidad suficiente para garantizar la
ubicación de esta población y de esta actividad.

El último es promover una correcta conservación de los recursos
ambientales de nuestro territorio, dentro de una estrategia de desarrollo
sostenible, con especial atención a los impactos ambientales más agudos,
que son los que tienen lugar en las ciudades, como es la contaminación de
las aguas urbanas, los residuos sólidos o los ámbitos más sensibles para
nuestra geografía y nuestra economía, como son las costas.

Estos son, señorías, los ejes directores en torno a los cuales hemos
trabajado para elaborar el Plan Director: Superar los condicionantes de
nuestra posición periférica y evitar que algunas partes del territorio
sean todavía más periféricas, consolidar un sistema de ciudades de tamaño
medio articuladas desde la perspectiva europea, gestionar racionalmente
los recursos hidráulicos y conservar los recursos ambientales de nuestro
territorio, con especial atención a la ciudad y a las costas, todo ello
en la perspectiva del mantenimiento de un esfuerzo inversor que está
cambiando la geografía de España. Hace falta no quererlo reconocer para
seguir diciendo que España tiene unas infraestructuras típicas de un país
subdesarrollado. Eso ya no es cierto, es un tópico superado por el
esfuerzo inversor de esta sociedad, que le ha permitido pasar de un
modesto 2 por ciento en 1980 a un ambicioso 5 por ciento en 1992,
esfuerzo inversor que nos sitúa en cabecera de los países de la OCDE, que
no ha sido igualado por ningún otro salvo Japón, y no durante tanto
tiempo. Esfuerzo inversor que, plasmado en infraestructuras, nos ha
permitido en el pasado superar los principales estrangulamientos,
corregir los déficit más evidentes de nuestra red, absorber el rápido
crecimiento de la demanda que se produjo como consecuencia de la fase
expansiva de nuestra economía, iniciada en 1985, y dar pasos de gigante,
por ejemplo, en la red de autovías, que ha alcanzado ya los 7.000
kilómetros, en modernos trenes de alta velocidad, y quizá lo que es más
importante, en un sistema eficiente de transporte ferroviario de
cercanías urbanas.

De cara al futuro, el mantenimiento de este esfuerzo nos sitúa en el
objetivo de invertir 17,8 billones de pesetas en los próximos quince
años, lo cual es posible si la economía española crece al 2,5 por ciento
anual en media acumulativa durante este período, y naturalmente no lo
sería si así no fuera. Y cuando lo digo, se me puede contestar a veces
diciendo que el Ministro no garantiza la financiación del Plan Director
de Infraestructuras, lo cual es una obviedad tautológica que no puede ser
tomada sino como tal, porque es evidente que para que los planes
sectoriales que se deriven del Plan Director de Infraestructuras puedan
ser financiados hace falta que la economía española continúe generando
suficiente valor añadido, es decir, que continúe prosperando, y una
recesión continuada impediría tener los recursos fiscales necesarios para
financiar estas inversiones.

Pero créanme, señorías, que hoy más que nunca, cuando las teorías del
crecimiento endógeno vuelven a poner de relieve la extraordinaria
importancia de la inversión pública y cuando se desconfía ya de que el
mercado por sí solo sea capaz de resolver todos los problemas de una
sociedad, hemos de poner énfasis en la relación dialéctica que hay entre
inversión y crecimiento.

Si no conseguimos crecer como mínimo a estas modestas tasas del 2,5 ó 3
por ciento anual, es evidente que no tendremos recursos necesarios para
financiar la inversión. Si no somos capaces de hacer este esfuerzo
inversor, no conseguiremos crecer a estas tasas. No hay crecimiento sin
inversión y no hay inversión sin crecimiento. Nada va antes o después de
lo otro. Ambos fenómenos se condicionan y se impulsan mutuamente. Si la
economía española no es capaz de efectuar el esfuerzo inversor que le
propone el Plan Director de Infraestructuras, no seremos capaces de
crecer de forma estable y permanente en el tiempo.

Naturalmente, de este crecimiento esperamos obtener resultados
financieros y presupuestarios necesarios para financiar el plan inversor.

Si así no fuera, el problema no sería que no pudiésemos financiar el PDI,
el problema sería mucho más grave, sería de ruptura de la cohesión
social, por los niveles de paro que generaría el estancamiento del
crecimiento resultante. Por tanto, es un escenario de lo posible, yo
diría casi de lo imprescindible. Es el escenario de lo que tiene que ser
para que sea posible lo que es imprescindible que ocurra en nuestro país
si queremos ganar el tren de la competitividad y tener una presencia en
el conjunto europeo acorde con nuestras necesidades y nuestra
potencialidad económica.

La financiación, como le digo, no puede provenir sólo del esfuerzo
presupuestario. Ya ocurre así ahora. Quiero recordar a sus señorías que
buena parte de las infraestructuras que estamos construyendo no se
financian con los Presupuestos del Estado, que los puertos o los
aeropuertos, por ejemplo, son redes de infraestructuras que se financian
íntegramente con las aportaciones de sus usuarios, que no hay
financiación presupuestaria para puertos y aeropuertos, y que así propone
el plan director que continúe siendo, concibiendo los puertos y los
aeropuertos como redes de infraestructuras que no pueden desvincularse de
su globalidad, porque en un país como España hay puertos y aeropuertos
estructuralmente deficitarios que ven



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cubiertos sus déficit con los superávit de otros puertos y aeropuertos
estructuralmente «superavitarios». Romper esta estructura de red
repartiendo estas infraestructuras entre las Comunidades Autónomas
pondría en grave riesgo la viabilidad del conjunto y contribuiría a
aumentar el riesgo de desertificación y de «perifericidad» de algunas
regiones.

España no es un país como algunos países centroeuropeos. Las estructuras
en España tienen típicamente forma de red y en estas redes hay nodos
inevitablemente deficitarios, que contribuyen a crear los superávit que
se concentran en otros nudos de la red, la típica red en estrella donde
el nudo central recibe superávit transmitidos por el resto de elementos
que en sí mismos son deficitarios, pero cuya existencia contribuye a
garantizar los superávit que deben repartirse a través de las cuentas de
explotación agregadas del conjunto del sistema. Eso es cierto para la red
telefónica y es cierto también para redes que forman mallas, como son los
sistemas portuarios o aeroportuarios.

En esta línea, el PDI se plantea un conjunto de actuaciones que reparten
estos 18,7 billones estimados. Comprenderán sus señorías que no puede ser
sino una estimación porque no tenemos, ni con mucho, una capacidad
suficiente para prever el coste real de proyectos que todavía no son sino
líneas de color en el mapa, que tendrán que ser posteriormente proyectos
constructivos a escala 1:1.000 y sólo entonces seremos capaces de definir
con un mínimo de precisión el coste esperado de los mismos.

Hoy se hacen las estimaciones evaluando la inversión en función de
parámetros estándares derivados de inversiones anteriores o de
comparaciones internacionales. Pero nadie está hoy en día en condiciones
de precisar exactamente el coste de estas infraestructuras, que estimamos
en el entorno de los 19 billones de pesetas con los niveles de
aproximación inevitables que el problema conlleva.

De estos recursos, tres cuartas partes, es decir, aproximadamente 10,7
billones de pesetas, se dedican a infraestructuras de transporte
interurbano; 3,5 billones de pesetas se dedican a infraestructuras de
transporte urbano; 2,2 billones a recursos hídricos; 1,8 billones a
infraestructuras ambientales, fundamentalmente calidad del agua, residuos
y actuaciones en la costa, y 0,5 billones se dedican al resto de
capítulos inversores.

Pero, señorías, no pretendo hacer ahora una lectura exhaustiva del
contenido del Plan Director. Resultaría demasiado largo y tampoco sería
un propósito razonable en esta presentación ante las Cámaras. Creo que
basta con señalar cuáles son los principales objetivos de cada uno de
estos bloques de actuación. En el caso de carreteras, por ejemplo, con 5
billones de pesetas, el programa de mayor envergadura del Plan Director,
con un programa específico para la Comunidad Autónoma de Canarias, de
acuerdo con lo previsto en el régimen económico fiscal, se prevé acabar
el Plan disponiendo de más de 11.000 kilómetros de autovías y autopistas
y de un conjunto de conexiones viarias que, con menor capacidad, conecten
el territorio con niveles altos de calidad y seguridad. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
En particular destaca un conjunto de actuaciones que deben ser
desarrolladas a más corto plazo: las autovías de acceso a Galicia, los
accesos a Andalucía Oriental, el cierre de la carretera nacional III, la
Ruta de La Plata, las nuevas salidas hacia Europa desde Levante, el eje
diagonal Irún-Fuentes de Oñoro a través de Aragón y el eje del
Cantábrico, son los aspectos más relevantes de unas actuaciones que, de
continuar al ritmo con que las venimos desarrollando, nos colocarán a la
cabeza de la red viaria europea en materia de carreteras.

En cambio, en lo que se refiere a ferrocarriles, señorías, hay que optar
claramente por su especialización. El ferrocarril en España necesita
especializarse. No es hoy ni será nunca más un modo de transporte general
que cubra todo el territorio ni que responda de forma eficiente a la
demanda de movilidad de nuestra sociedad. El ferrocarril sustituyó a la
diligencia; llegó a los pueblos y a las ciudades antes que el automóvil.

Es el primer modo de transporte mecánico de nuestra civilización. Es un
modo de transporte que levantó la incomunicación del territorio y que ha
quedado anclado en el inconsciente colectivo como un precioso bien que
garantiza la movilidad y rompe el aislamiento. Pero éste es tan sólo un
reflejo de finales del siglo pasado. El ferrocarril hoy solamente sirve
para atender tráficos masivos, grandes volúmenes de tráfico en grandes
corredores, a grandes distancias, para garantizar la rentabilidad mínima
de las costosísimas infraestructuras que exige.

Pretender servir a la movilidad territorial utilizando el ferrocarril
como modo de transporte es un imposible tecnológico y un propósito que no
tendría significado financiero. El ferrocarril tiene que especializarse
para convertirse en un transporte rápido y moderno que atienda a los
grandes ejes de comunicación del país y a las grandes emigraciones que se
producen cotidianamente en las áreas metropolitanas, y tiene que
garantizar también conexiones regionales para complementar la movilidad
por carretera. Pero es evidente que no podemos pretender desarrollar una
red ferroviaria que iguale en longitud, extensión y ósmosis territorial a
la red viaria de carreteras. Los recursos que ello exigiría y la falta de
rentabilidad mínima en su explotación implicarían un mal uso de nuestro
potencial económico.

Tenemos que especializar el ferrocarril, pero eso requerirá, sin duda
alguna, un debate público para identificar los principales objetivos que
el Plan Director enuncia ya en lo que es la alta velocidad ferroviaria,
en lo que es el eje estructurante Sevilla-Madrid-Zaragoza-



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Barcelona-frontera francesa, eje que será prioritario junto con la «Y»
vasca como eje estructurante a través del corredor navarro, la línea
Madrid-Valencia-Albacete y la variante Norte que, atravesando el
Guadarrama, beneficiará a todo el cuadrante noroccidental de la
península. Y junto con ello, una red de cercanías ferroviarias que, en el
denominado Plan FELIPE --el plan de cercanías ferroviarias--, ha superado
ya los objetivos previstos en términos de movilidad de personas y que,
por ejemplo, en el caso de Madrid mueve cada día medio millón de
personas.

Finalmente, se prevén actuaciones a 200 ó 220 kilómetros por hora, que
permitan extender las ventajas de la alta velocidad al conjunto del
territorio nacional, sin pretender alcanzar estándares de velocidad, ya
que serían extraordinariamente costosos con nuestro relieve y no estarían
justificados por los minutos de ganancia en los tiempos de recorrido que
implicarían, dado lo corto de algunas distancias.

En este caso, todos los partidos políticos tenemos que ser capaces de
dirigirnos a la sociedad española con la suficiente voluntad pedagógica,
para explicar que el incremento de los picos de velocidad de determinadas
conexiones ferroviarias, con nuestro relieve, y habida cuenta de que la
curva de costes es claramente exponencial, implicaría incurrir en costes
de inversión absolutamente injustificados para los ahorros de tiempo que
supone en corredores cortos. Eso quiere decir que tenemos que crear
infraestructuras que nos permitan circular por ferrocarril a 200 ó 220
kilómetros por hora, aprovechando trazados ya existentes en algunos
casos, que permitan una adecuada ósmosis con una población distribuida a
lo largo de algunos corredores en esa red articulada de ciudades que
tenemos que promocionar, y cuyo coste sea asumible. Y en ningún caso lo
sería si pretendiésemos ganar cinco minutos en el tiempo de trayecto,
moviéndonos a lo largo de la curva de costes hacia zonas
extraordinariamente elevadas, dada la forma típicamente exponencial de la
evolución de las inversiones ferroviarias en función de la longitud de
los radios que requiere para alcanzar determinadas velocidades.

En cuanto a puertos y aeropuertos, prevemos una inversión de casi un
billón de pesetas en aeropuertos, y de 0,8 billones en puertos, cerrando
la red y concentrando las inversiones en algunos grandes nodos, como es
el caso de la ampliación de Barajas, pero también de los aeropuertos de
las islas y de la cornisa cantábrica; en particular, del País Vasco.

En transporte combinado, se prevé invertir 120.000 millones de pesetas,
lo que es una gran novedad en la planificación del transporte en España,
articulado en torno a un conjunto de zonas de actividad logística que
conecten nuestros puertos con la red de comunicaciones situada en su eje
interno.

En inversiones medioambientales, está prevista la recuperación de vías
obsoletas para crear un tejido verde que articule el país con la
perspectiva del desarrollo económico del sector turístico y de nuevas
formas de vida que, sin duda, significarán para España un atractivo
importante para nuestros vecinos europeos, que no tienen la suerte de
disponer de espacios libres y de vías de estas características.

En el medio urbano, se prevé un conjunto de planes intermodales de
transportes en áreas metropolitanas, un conjunto de actuaciones
sectoriales en el medio urbano, políticas de mejora del medio ambiente en
la ciudad y actuaciones concertadas de transporte y urbanismo, como
algunas que venimos ya desarrollando y otras, que tienen que impulsarse
desde la necesaria coordinación de los tres niveles administrativos. El
delta del Llobregat es el típico ejemplo de ello, pero no es el primero;
antes se realizaron los de Bilbao Ría 2000, el cinturón verde de Oviedo y
Bahía de Cádiz. Ahora nos proponemos lanzar planes de parecidas
características para la ciudad de Valencia --el proyecto Valencia
intermodal--; el triángulo Tarragona-Reus-Valls; en la costa alicantina,
para el triángulo formado entre Alicante y las ciudades del interior; la
operación Barajas; la operación Campamento, y un conjunto de actuaciones
que cubren a 97 ciudades españolas, donde vive el 63 por ciento de la
población. Dos de cada tres ciudadanos españoles viven en esas 97
ciudades, y es en éstas donde un proyecto intermodal que conjugue las
políticas ambientales con la de transporte y desarrollo urbanístico
constituye los objetivos del Plan Director.

En materia de recursos hídricos, el Plan recoge lo que son las líneas
directrices del Plan Hidrológico Nacional --no es el Plan Hidrológico
Nacional, pero sí son sus líneas directrices--, el análisis que estamos
haciendo --lo conocen de sobra sus señorías-- sobre la distribución en el
conjunto del territorio de unos recursos hídricos, que son más que
suficientes para atender el conjunto de las necesidades del país si
fuéramos capaces de distribuirlos de forma adecuada.

En España, señorías, llueve más que en Dinamarca y tenemos por metro
cuadrado de territorio la misma disponibilidad de agua que tienen de
media en Europa. Pero nos llueve de una forma muy irregular. Tenemos que
distribuir lo que la naturaleza no distribuye bien, ni en el tiempo ni en
el espacio, y por eso el Plan Director analiza el territorio español,
desde el punto de vista de las demandas que su desarrollo económico va a
representar para el agua que necesita, y articula una política basada en
el ahorro, en la reutilización y en los trasvases, cuando éstos sean
necesarios como solución de última instancia, pero que no deben
considerarse como el elemento básico o único del Plan Hidrológico, sino
como un elemento característico de una voluntad de distribución que viene
complementada con una política de defensa contra las inundaciones



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y del medio ambiente y con una política costera que trate de coordinar la
interacción entre las aguas continentales y las marítimas, una política
de saneamiento; piensen que España tendrá que dedicar 1,8 billones de
pesetas al saneamiento de sus aguas residuales urbanas y al tratamiento
de sus residuos sólidos e industriales, lo que exigirá, sin duda alguna,
un esfuerzo de responsabilidad por parte de los distintos agentes
económicos y las distintas administraciones involucradas.

La costa es uno de nuestros grandes activos naturales, la materia prima
de nuestra primera industria: el turismo, el cual no existiría si no
tuviésemos la costa que tenemos y que estamos amenazados de perder,
porque la falta de aportaciones sedimentarias a la línea costera como
consecuencia de la política de infraestructuras hidráulicas que nos vemos
obligados a desarrollar tierra adentro, está poniendo en peligro ese
elemento básico de esta nuestra primera industria.

Hemos hecho una política costera en estos diez años extraordinariamente
positiva; quizá la más positiva de todas las políticas de inversiones
públicas, por su alto valor emblemático y su trascendencia económica y
social, su impacto directo en la calidad de vida y su capacidad de
potenciar zonas que, sin esa política, hubieran desaparecido como zonas
receptoras de turismo.

El Plan Director se propone intensificar esta política de protección de
la costa y dirigir hacia ella buena parte de los fondos de cohesión
comunitarios destinados a la política del medio ambiente. Prevemos
invertir en la costa medio billón de pesetas para mejorar y regenerar
nuestras playas y construir en todas nuestras ciudades costeras paseos
marítimos y zonas de desarrollo urbano que nos permitirán ser desde allí
un polo atractivo del desarrollo turístico, en algo más que el consumo de
sol y playa.

Piensen que si pusiéramos uno tras otro todos los trozos de playa y
paseos marítimos que hemos regenerado en el litoral español en estos
últimos años, podríamos ir desde Portbou hasta Alicante, a lo largo de
una playa regenerada, un paseo marítimo construido o una zona de interés
natural salvada de la erosión. Nos queda todavía hacer algo parecido en
el resto de la línea costera española. Lo digo para que visualicen el
esfuerzo inversor que eso significa. Miren el mapa de España e imaginen
lo que significa haber actuado ya sobre una línea que tiene ya esta
longitud. Hay que hacer lo mismo en el resto y, para eso, hay que seguir
invirtiendo las cantidades previstas en el Plan Director en esta política
específica: política de residuos, una política ambiental que coordine la
inversión en infraestructuras con las actuaciones respetuosas con el
medio ambiente, en la perspectiva de un desarrollo sostenido.

Eso es lo que el Plan Director somete a consideración y debate de la
sociedad española y, primero, antes que a nadie, a sus legítimos
representantes, a los Senadores y Diputados, que espero contribuyan con
sus críticas, sus aportaciones y visiones alternativas a mejorar el Plan
Director, a que las directrices que de él emanen sean más útiles para
elaborar posteriormente los planes sectoriales que tendremos también que
llevar a la Cámara y que concretarán ese esfuerzo inversor en plazos más
cortos, con objetivos mejor definidos, con calendarios más estructurados
y con recursos financieros mejor cuantificados.

El Plan Director será lo que sea en función de lo que de él hagan las
actuaciones que lo desarrollen. Pero creemos que esta visión global del
territorio, que este esfuerzo de prospectiva, de colocar sobre el papel
los pros y los contras de las distintas opciones e inventariar nuestra
ambición es un esfuerzo necesario y útil que brindamos a sus señorías
para que sea el debate político que a continuación va a seguir el que nos
permita mejorar. Es, en todo caso, la ambición de la geografía española;
es la geografía de una ambición o la ambición de una geografía; es lo que
queremos que España sea, territorialmente hablando, a principios del
próximo siglo.

Si la sociedad española comparte esta ambición, si deseamos que ésta sea
nuestra geografía, tendremos que poner los medios necesarios para ello y
el primer medio, la primera exigencia para el Plan Director es este
debate, debate que agradezco, porque estoy convencido de que las
aportaciones que aquí se hagan servirán para mejorar las propuestas que
el Gobierno ha hecho, los análisis que brindamos a sus señorías y los
resultados de los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

De acuerdo con lo que había previsto la Mesa, le corresponde, en primer
lugar, el turno de portavoces al Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el Senador Bris Gallego.




El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, en
primer lugar, señor Ministro, quiero mostrarle nuestra satisfacción y
congratularnos con usted porque haya sido en el Senado, Cámara
territorial, donde se haya presentado el Plan Director de
Infraestructuras. Quiero darle, señor Ministro, la enhorabuena, porque
por fin ha conseguido que el Consejo de Ministros dé luz verde al Plan
Director de Infraestructuras y pueda presentarlo ante esta Cámara.

Felicitación doble, señor Ministro, ya que vemos cómo antes de su
presentación nos encontramos con la segunda edición --verdadero éxito
editorial--. Un Plan, señor Ministro, que ha tardado en llegar: fue
anunciado en el año 1992; se hizo una presentación en marzo de 1993,
supongo que la primera edición, y por fin llega a las Cámaras en abril de
1994.




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Antes de continuar debo decirle, señor Ministro, que el Partido Popular
considera que el Plan Director de Infraestructuras no sólo es necesario,
sino imprescindible si de verdad queremos conseguir el desarrollo
armónico y equilibrado de nuestra nación e igualarla en materia de
infraestructuras a otros países de la Comunidad Económica Europea --ya
que, como su señoría sabe, nos encontramos al 60 por ciento de la media
europea; y así poder conseguir la competitividad que todos deseamos.

Estamos de acuerdo, señor Ministro, con los objetivos que nos ha
relatado. Ahora bien, yo creo, señor Ministro, que cuando ha expuesto el
Plan Director de Infraestructuras ha empezado a querer curarse en salud.

A nosotros lo que usted presenta no nos parece un verdadero Plan y voy a
decir, sin acritud y con respeto al esfuerzo realizado, cómo se denomina
en mi provincia a un pequeño pueblo que no reúne las características ni
sociológicas, ni históricas, ni físicas: se le denomina el pueblo de las
tres mentiras. Se lo digo, de verdad, con cariño y sin acritud. Para mí,
éste es el documento de las tres mentiras, ya que, a nuestro juicio --y a
juicio de usted mismo, porque ha manifestado que se trata de un marco--,
no es un verdadero plan, porque no es un conjunto de escritos, cálculos y
gráficos que se hagan para dar idea de cómo debe ser y lo que debe costar
una obra de arquitectura o de ingeniería. No es director, aunque repito
que usted se cura en salud ante estas críticas, ya que este Plan no tiene
prioridades ni calendario. Y por último, sí es un Plan de
infraestructuras, pero no de todas.

Por tanto, señor Ministro, este Plan, que usted llama marco, para
nosotros es un esquema, es decir, una representación de algo que atiende
a características muy fundamentales y significativas. Por ello, señor
Ministro, estos documentos, realmente menos pretenciosos para nosotros,
son un esquema importante, indudablemente, dentro de lo que pueden ser
las infraestructuras del futuro.

Por otra parte, la presentación formal que se ha hecho del Plan ante el
Senado nos parece impropia del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. Señor Ministro, se nos entregaron fotocopias y gráficos
en blanco y negro, prevaleciendo esa teoría de la línea gorda y del
punto, sin uniformidad en las letras de las diversas secciones y con una
estructura totalmente deslabazada.

Ahora hace 48 horas que se nos ha entregado la segunda edición del Plan
Director de Infraestructuras, que no coincide, señor Ministro --y eso es
lo grave-- con los documentos que usted remitió al Senado. Por tanto,
ahora no sabemos lo que estamos debatiendo. ¿Estamos debatiendo el Plan
Director de Infraestructuras que presentó el señor Ministro en marzo de
1993? ¿Estamos debatiendo los tres volúmenes que nos entregaron en el
Senado hace aproximadamente diez días? ¿O estamos debatiendo este libro,
muy bien encuadernado y con gráficos muy bonitos, que se nos ha entregado
hace 48 horas? Señor Ministro, esto, de verdad, no parece serio. Lo que
le estoy diciendo es verdad y más parece --y voy a emplear una palabra
que no me gusta-- una chapuza.

Por otra parte, habría que analizar por qué se realiza la presentación
del Plan ahora, casi precipitadamente, como estamos viendo, cuando desde
hace mucho tiempo el Plan se viene anunciando. Y para ello nos surgen
tres preguntas que esperamos que usted nos conteste. ¿Podría ser, señor
Ministro, porque hay a la vuelta de la esquina unas elecciones europeas y
autonómicas y hay que relanzarlo de forma rápida? ¿Podría ser, señor
Ministro, porque hay problemas internos en el Partido Socialista,
problemas externos al mismo, como la corrupción en las actuaciones de
algunos cargos del Gobierno, y se intenta distraer la atención con
proyectos como éste? ¿Podría ser, señor Ministro, que se presente este
Plan porque usted necesita en estos momentos tratar de reforzar su
imagen?
Dada la forma en que se ha presentado el Plan, por las razones que sean,
creemos que el momento de su presentación obedece, señor Ministro, más a
cuestiones partidistas que a cuestiones de Estado. Usted, como digo, se
ha ido curando en salud a lo largo de su exposición e intentando quitar
algunos argumentos de la crítica que nosotros podemos hacer.

Indudablemente, en los quince minutos de tiempo que tenemos no podemos
entrar en un análisis pormenorizado de los diversos capítulos, pero sí
podemos analizar globalmente y de forma genérica el contenido del mismo.

Y podemos comenzar diciendo que los documentos que se nos presentan son
una declaración de intenciones, un puro voluntarismo político.

El Plan Director de Infraestructuras que el Gobierno presenta a las
Cámaras nos parece en un principio, señor Ministro, incompleto. No se
incluyen las telecomunicaciones, quizá porque usted no crea en su
liberalización inmediata y no quiere complicarse la vida en este sector,
sobre el que, según parece, hay parte del Gobierno que difiere de sus
criterios. No se incluye, por ejemplo, o no de manera total --y usted así
lo ha manifestado--, el Plan Hidrológico Nacional, puesto que en un
principio el mencionado Plan se consideraba que tendría una duración de
20 años, y aquí estamos hablando únicamente de 15, por lo que o bien le
sobran cinco años, por un lado, o le faltan, señor Ministro, los cinco
por el otro.

Por otra parte, el Plan Director de Infraestructuras que nos presenta
parece contradictorio. Por poner algunos ejemplos, le diré que no parece
que esté muy claro lo que va a ser infraestructura de alta velocidad o lo
que va a ser velocidad alta, que son los 200-220 kilómetros; hay líneas
férreas que figuran con ambas calificaciones



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dentro del Plan; no hay criterios uniformes en la clasificación.

Hay contradicción también, señor Ministro, en lo que respecta al Plan
Hidrológico Nacional, tanto en su coste como en su desarrollo. ¿Va a
costar 3,5 billones de pesetas en los 20 años? ¿Va a costar 4,6 billones?
¿Cómo va a ser al final su desarrollo, en 15 o en 20 años? ¿Qué parte se
incluye dentro del Plan Director de Infraestructuras y qué parte se queda
fuera?
Existen también, señor Ministro, contradicciones manifiestas en los
diagnósticos previos que se han realizado por su Ministerio, y que
incluso se podrían analizar uno por uno.

Señor Ministro, un acuerdo del Congreso de los Diputados, para remitir
también un Plan Nacional que incluyese las directrices sobre las medidas
aplicables para el ahorro y la reutilización de aguas en sus diversos
usos no está incluido. Es decir, usted tampoco ha tenido aquí un respeto
al Parlamento, que es el que lo aprobó.

Ha hablado usted mucho de que las Instituciones, concretamente el Consejo
Nacional del Agua, debería ser escuchado antes de la presentación del
Plan Hidrológico Nacional. Usted nos habla de que este Plan contiene las
líneas y directrices de ese Plan Hidrológico, y el Consejo Nacional del
Agua todavía no ha emitido su informe, o por lo menos no conocemos que lo
haya emitido. Tampoco hay respeto a las Instituciones.

Debo decirle, señor Ministro, que éste es un documento insolidario, que
no sigue las directrices que marca el artículo 138 de la Constitución
Española; que no busca, en un principio, corregir los desequilibrios
territoriales, ya que en el Plan Director de Infraestructuras --y no voy
a hacer un análisis pormenorizado por falta de tiempo-- hay zonas del
noroeste, del centro hacia el oeste y algunas insulares en las que parece
que la capacidad de creación de infraestructuras en estos próximos 15
años va a ser mucho menor que en el resto del Estado. No se corrigen, por
tanto, señor Ministro, los desequilibrios.

No tiene el Plan Director de Infraestructuras calendario. Usted ha dicho:
¡Cómo vamos a criticar el calendario! Indudablemente, hay que criticar el
calendario cuando se habla de algo que debe dirigir. Le voy a poner un
ejemplo: No es lo mismo decirle a un señor de Valencia que va a tener un
tren de alta velocidad y que se ponga tan contento, porque cuando se le
diga que lo va a tener dentro de 15 años, la alegría va a ser mucho
menor. Es muy importante, por tanto, que haya un calendario.

Utiliza usted muy a menudo una palabra, quizás por su deformación como
Ministro de Obras Públicas: deslizante. Le parece lo mismo decir que un
Plan puede ser del año 1992 al 2007 que del 2000 al 2015. Nosotros no
creemos que deba ser así. Creemos que un calendario, como mínimo a tres o
cuatro años , debería haberse incluido dentro del Plan Director de
Infraestructuras. No existen prioridades, lo cual también es grave,
puesto que su señoría está hablando de un Plan Director que nada concreta
y, por tanto, no dirige absolutamente nada.

Por lo que se refiere a la financiación --respecto de la cual el señor
Ministro también se ha curado en salud-- es ambigua, según aquí se
explica. Quizás no tengan ustedes la financiación demasiado clara. En el
Capítulo IX, Marco económico financiero, aunque su señoría ha manifestado
que se trataría de una crítica hueca, sí creo que hay que hacerla. Este
Capítulo podría servir como un documento didáctico, pero nada más, porque
en él no explica claramente la financiación. Hace mención su señoría a
dos escenarios económicos: el mínimo, cuyas inversiones serían el uno por
ciento del PIB, y el máximo, con el 1,2 por ciento. Usted ha hablado de
que el Estado --supongo que también incluiría a las Comunidades Autónomas
y a las corporaciones locales-- está invirtiendo una cantidad mayor que
la manifestada en el Plan Director de Infraestructuras; pero en los
Presupuestos Generales del Estado, ese uno por ciento no se ha mantenido,
o se ha mantenido con dificultades, en los últimos cinco años.

Por otra parte, también se ha dicho: ¿Cómo vamos a garantizar a quince
años que estemos asegurando 18,7 billones de pesetas que cuesta el Plan
Director? Pero, señor Ministro, es que los antecedentes que tenemos de su
Ministerio respecto a las previsiones económicas hacen que sean poco
creíbles. Por ejemplo, el Plan General de Carreteras se calculó al
principio en 800.000 millones de pesetas, y en estos momentos está en los
3 billones; en el Plan Hidrológico Nacional existe --como hemos
señalado-- contradicción en los costes dados; se puede señalar también
que en los últimos diez años la inversión en los Presupuestos Generales
del Estado del Ministerio de Obras Públicas ha sido superior, muy poco, a
4 billones de pesetas, pero el endeudamiento que hemos sufrido ha sido
mucho mayor. El PDI contempla --y lo dice usted muy claro-- que puede
tener un déficit previsible, y nos va dando unas soluciones posibles para
poder paliarlo, soluciones que, indudablemente, no nos convencen.

Dentro del capítulo de financiación, menciona una serie de cuestiones
--no es que usted esté de acuerdo con ellas, sino que las menciona-- que
contribuyen al aumento de la presión fiscal, como puede ser la aplicación
de tasas de infraestructuras, la posible ampliación del impuesto de
carburantes; habla usted de un ejemplo de oficinas y locales comerciales
en un país europeo que contribuyen a mejorar unas zonas de esas ciudades
pero que, indudablemente, suponen un aumento de la presión fiscal; no
solamente habla usted de peajes urbanos, sino también de peajes blandos
por parte de usuarios y beneficiarios, etcétera. Por tanto, a nosotros
nos preocupa ese tipo de financiación, como estoy seguro de que también a
usted.




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En la financiación y en la previsión económica su credibilidad, señor
Ministro, se pone en entredicho, y también en el incumplimiento de los
planes hasta ahora presentados. Hay que recordar que el Plan General de
Carreteras tenía una vigencia de 1984-1991, que no se ha cumplido; se
prometía un nuevo plan de infraestructuras del año 1990; ha habido
numerosas promesas con el Plan Hidrológico Nacional; el Plan Felipe de
1993, señor Ministro, tampoco se ha cumplido en su tiempo; había un nuevo
plan de carreteras, previsto de 1992 al 2000, que supongo que estará
recogido en otros planes puentes, u otros proyectos como la redacción del
reglamento de carreteras, la ley de edificación o la terminación de los
planes hidrológicos de cuencas. Por tanto, ante esos incumplimientos,
señor Ministro, permítanos que dudemos de sus propuestas.

Ahora bien, usted habla de alternativas y, aunque en un breve esquema, sí
me gustaría darle algunas pinceladas de lo que considera el Partido
Popular que debería ser un plan director de infraestructuras. En primer
lugar, señor Ministro, que fuera un verdadero plan, diciendo lo que debe
ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. En
segundo lugar, que fuera director, es decir, que tuviera calendario,
prioridades y coherencia con el marco europeo en el que se encuentra
encuadrada nuestra nación. Nuestro plan director, señor Ministro,
comprendería todas las infraestructuras, incluidas las de
telecomunicaciones y las del Plan Hidrológico Nacional, con las
matizaciones y puntualizaciones aprobadas por el Congreso, sin
contradicciones. Un plan director de infraestructuras solidario, como
señala el artículo 138 --que es nuestra obligación-- de la Constitución
española, que permitiera el desarrollo equilibrado y armónico de todas
las regiones de España.

Por otra parte, que la financiación fuese clara y concreta, que se
hablase de lo que son dineros públicos, no solamente los de los
Presupuestos Generales del Estado, sino también de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales. Incentivar la utilización del
capital privado, utilizando los fondos de cohesión europea, de los que
tanto alarde se ha hecho y que en el Plan Director de Infraestructuras
que se presenta se despachan apenas con una cuartilla. El plan director
de infraestructuras que nuestro Grupo presentase debería haber estado
sometido a la sociedad española; usted dice que éste lo ha estado,
nosotros estimamos que de forma limitada. Su señoría lo ha podido someter
a concertación con algunas Comunidades Autónomas --ha reconocido que no
ha sido un éxito total--, lo ha podido someter al estudio de determinados
colegios profesionales y de algunas entidades o instituciones, pero no a
la sociedad española en su conjunto a través de los medios
representativos.

Creemos que un Plan Director de Infraestructura que no es para un año ni
para dos --y en democracia durante ese tiempo puede y debe haber
Gobiernos de diferente color-- debe consensuarse con todos los grupos
políticos, con una filosofía, a nuestro juicio, de obligado cumplimiento,
haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a acuerdos de concertación
con la totalidad de las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales
afectadas.

En resumen, señor Ministro, el esfuerzo ha sido grande pero no nos gusta
el Plan Director de Infraestructuras que nos ha presentado. Esperamos que
tome buena nota de lo que aquí se debata para que lo corrija y utilice su
nueva redacción, que constituirá, sin duda, la tercera edición del mismo.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro, señorías.

(Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Grau.




El señor GRAU I BULDU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, una vez más ha presentado el Plan Director de
Infraestructuras tras su paralización por las Elecciones Generales del
año pasado. Confiamos en que esta vez sí podamos concluir la aprobación
del Plan ya que las condiciones técnicas objetivas para la realización
del mismo así parecen apuntarlo. Respecto al plan de enlace de
infraestructuras 1994-1995, parece que dará tiempo para su redacción y
esperemos que esta edición, la segunda, sea la última, porque, de no
serlo, no sería un éxito ni para usted, señor Ministro, ni para los
miembros de esta Cámara.

En su comparecencia en el mes de septiembre ante la correspondiente
Comisión del Congreso ya indicó que el Plan Director de Infraestructura
era uno de los ejes básicos de su gestión en esta legislatura y que no
cejaría en su empeño en aprobarlo. La segunda edición que hoy nos
presenta es buena prueba de su empeño y de la decidida voluntad de que
así sea. Sin embargo, este afán choca con la redacción del Plan. En
primer lugar, y en lo referente a las infraestructuras, el Plan quiere
ser un esquema, pero el hecho de no completarse con la definición de
recursos disponibles le aparta de esta figura, dándole una dimensión
utópica basada en tendencias fuertes, pocas en número y de claro
consenso. En otros puntos del Plan se expresa muy claramente como un
programa de actuación muy preciso y cuantificado. Ello se contradice con
lo anterior ya que los recursos comprometidos para un período de quince
años no tienen precedente en el mundo.

El propio Plan Director reconoce implícitamente que no existe un marco
adecuado, un modelo territorial para su actuación y resuelve el tema
mediante una proposición de una estrategia de ordenación del territorio.

Aquí nos encontramos con dos situaciones: la primera,



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que la planificación territorial es competencia transferida a las
Comunidades Autónomas y, la segunda, que por parte de su Ministerio no se
ha definido ningún modelo ni directriz referentes a la ordenación del
territorio de todo el Estado. Señor Ministro, quede bien claro que la
ordenación del territorio, al ser una transferencia a las Comunidades
Autónomas, no presenta el escenario completo del Plan al carecer éste de
la información remitida por aquéllas. El Plan Director que nos presenta
debe recurrir a ficciones como suponer que controla la formación
profesional y empresarial, la investigación ligada a la tecnología y al
desarrollo productivo, los parques tecnológicos especializados o los
incentivos económicos regionales. Esta mezcla de esquema, programa y plan
de desarrollo es confusa y el Plan Director de Infraestructuras resulta
un producto híbrido, con bastante indefinición por no aclarar la voluntad
de futuro y dejando, en cambio, abiertas una serie de posibilidades, en
muchos casos, contradictorias entre sí.

La opinión favorable del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió es para los siguientes principios que configuran la
ordenación del territorio. El primero es el de que se ha abandonado la
espontaneidad y se acepta la causalidad circular en lo referente a la
ocupación del suelo. El segundo, que es la secuencia en la evaluación del
plan partiendo de infraestructuras, potencialidad o potenciación
territorial, análisis de las ventajas comparativas, creación de un marco
de competitividad y la calidad de vida, es un esquema que aceptamos. En
tercer lugar, que es la primera vez que el marco de referencia del plan
es Europa y la competitividad prevista en el mismo ya es internacional.

En cuarto lugar, se reconoce la existencia de un ámbito rural que cubre
más del 80 por ciento del territorio y, además, existen áreas realmente
congestionadas. En quinto lugar, la potenciación del papel de las
ciudades medianas para conseguir, según el propio plan, un territorio
polinuclear, en el que los ejes deben tener una estructura mallada
adecuada, y es necesario para ello que exista una planificación
territorial previsora. Ello, frente al modelo actual de ciudades,
fuertemente jerarquizada y concentradas, con sus secuelas de congestión,
contaminación y marginación social. En sexto lugar, los espacios
naturales son una de las variables fundamentales en la consideración del
medio físico como potencial incondicionante del desarrollo, que debe
compatibilizarse con usos productivos de protección ecológica. Estamos de
acuerdo en que una política preventiva es la mejor forma de actuación en
la ordenación territorial. En séptimo lugar la planificación de la
actuación en las zonas inundables, asegurando su no ocupación en la
regulación de las normas urbanísticas y la construcción de presas para
regular las avenidas. En octavo lugar, la actuación hidráulica
relacionada con la planificación agrícola y la ordenación del territorio.

En noveno lugar, la actuación en las costas en las que los modelos
urbanísticos se han centrado hasta ahora en los beneficio económicos a
corto plazo. Y, finalmente, estamos totalmente de acuerdo en la
estrategia de ordenación del territorio cuyos objetivos son los de
incremento de la productividad y de la competitividad, el desarrollo
entre los diferentes ámbitos espaciales, la mejora de la calidad y el
nivel de vida de la población, la valorización y la gestión responsable
de los recursos naturales y la conservación del patrimonio histórico y
cultural.

Nuestra opinión negativa la basamos esencialmente en la desigualdad de
redacción y estilo en los diferentes capítulos. Es lógica una redacción
específica realizada por los Departamentos concernidos para cada tema,
pero lo que encontramos a faltar es una coordinación integradora. Es por
ello que se pueden encontrar en algunos documentos una cita adecuada para
defender posiciones muy diferentes. Por ejemplo, la introducción en la
sección primera es la recopilación de ideas generales aplicables a
cualquier plan. No existe interrelación con una serie de ideas dispersas
que aparecen en los diferentes documentos del plan. Hay muchas
descripciones genéricas, de utilización al gusto del consumidor. En la
valoración prospectiva no se distingue entre tendencias fuertes, sobre
las que no se puede actuar, y las tendencias débiles, que pueden admitir
una actuación presente. Es preocupante el olvido de la interrelación,
aunque compleja, entre las causas y efectos por falta de aparejamiento
entre un determinado efecto con una determinada causa. A título de
ejemplo, se olvida la relación de la actual configuración del transporte
con los siglos de centralismo político, ligado éste a su vez con una
serie de redes radiales y concéntricas y, si no hemos leído mal este
esquema, se quiere trasladar en el plan que se nos presenta a niveles más
reducidos.

El objetivo del plan director es actuar sobre las infraestructuras, y es
por ello que los inconvenientes --como la situación periférica de España
en relación al continente europeo, el relieve accidentado de nuestra
orografía y la baja densidad de ocupación en diversas zonas-- se
presentan como un fatalismo, por su pertinaz insistencia en culpar de
estos «handicaps» como causantes de los problemas históricos que tratamos
ahora de resolver.

Esta explicación seguro que no la dan en Japón, donde su situación es
bastante más periférica en relación a los países más industrializados; o
bien en Holanda que, frente a su plenitud, tiene que enfrentarse a
mantener sus tierras frente al mar; o bien en Alemania, donde el problema
es el de establecer unas redes de comunicaciones en un territorio con
alta densidad de población y con los subsiguientes problemas de orden
social y económico, difíciles de vencer; o en el caso de Suiza y también
de Italia, que tienen el relieve más acusado



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de Europa, lo cual no ha sido óbice para mantener unas conexiones muy
densas ya desde el inicio de su industrialización.

Entendemos, señor Ministro, que estamos ante un ejercicio de programación
y, por tanto, de buscar soluciones, y esta vez tenemos que dejar de lado
las desventajas naturales e históricas. España no tiene todos los
inconvenientes del mundo, y tampoco podemos olvidar que algunas --por no
decir muchas-- ventajas sí tenemos.

Francia, cuyo modelo territorial centralista es muy diferenciado con
respecto al resto de Europa, ha sido, a nuestro entender, la base de
muchos errores de nuestra política infraestructural, y me atrevería a
decir que territorial, porque en Francia, el eje París-Lyon, que tiene un
aglomeración urbana de diez a uno, ha condicionado la política de aquel
país. No debemos simplificar nuestro análisis del mosaico europeo de
ordenación del territorio con la homogeneización del mismo, sino
entresacar de él, sobre todo, las tendencias fuertes y dominantes.

En otro orden de cosas, debemos analizar o considerar los olvidos que el
Plan no contempla, y ello como un ejercicio de consideración previa para
la programación. ¿Por qué, por ejemplo, no se comenta la razón de las
grandes inversiones en los corredores radiales de Madrid, cuando, por
otra parte, se reconoce que hay carencia de tráfico en largos tramos del
mismo?
Si se admiten las fuertes correlaciones entre los crecimientos de
viajeros por kilómetro y el Producto Interior Bruto y la preponderancia
de la carretera con el 89,4 por ciento de los pasajeros y el 77,1 por
ciento de las toneladas/km, no se comprende por qué el Plan no usa los
mapas de intensidades de tráfico, que explican, de forma clara, no
solamente la situación actual, sino la posición con respecto a Europa y,
si me apura, la soluciones a las carencias más urgentes. Se olvida la
necesidad de dotar al Plan Director de Infraestructuras de mantener una
tensión creadora para responder a la aparición constante de nuevos
recursos naturales o el aprovechamiento de nuevas posibilidades. Ello es
posible mediante una red segregada mínima pero, a la vez, completa y
homogénea sobre todo el territorio.

Nuestro Grupo es de la opinión de que este Plan Director no contiene unas
propuestas más claras y económicas a medio plazo. Nuestra tesis sería
encontrar, al menos, una mención al llamado urbanismo de redes que
explica que inexorablemente, al final, todos los usuarios de un sistema
acaban conectando la red, sea de carreteras o de teléfono. Por ello, el
Plan, que es lo que estamos debatiendo aquí, debe diseñar la imagen final
y, posteriormente, se puede programar a partir del esquema global de
actuaciones parciales en el tiempo.

Queremos significar un olvido esencial: la reconsideración del ancho
ferroviario. La razón que fundamentó la decisión de nuestro país al
respecto fue una razón de defensa, de potenciación de la barrera natural
que son los Pirineos y de dificultar, consecuentemente, el paso
fronterizo y, por tanto, estar ahora en el error histórico de tener
solamente tres trenes españoles hacia Europa y ninguno europeo hacia
España. Es una difícil coherencia el fijar como objetivo, por una parte,
la integración hacia Europa mejorando las comunicaciones
transfronterizas, y establecer, por otra parte, un objetivo genérico de
permeabilizar los Pirineos y la propuesta, actualmente en marcha, del
Túnel de Sonport. Es nuestra opinión que este objetivo del ancho de vía
europeo debía estar contemplado imprescindiblemente en el Plan. En el
Plan se reparten aleatoriamente los anchos de vía de ferrocarril y las
traviesas polivalentes, sin justificar en ningún caso los criterios de su
elección.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió cree
que, a pesar de todos los aspectos enunciados como negativos y los
aspectos olvidados del Plan, podrían tener interés si se aplican de forma
coherente los instrumentos enunciados y los objetivos reiterados. La
diagnosis no es suficiente para establecer una propuesta sin solución de
continuidad. No se dan aquí los criterios para establecer, en los pocos
casos en que así se justifica, la elección entre autopista y autovía; no
se justifica el porqué de la preferencia por las autovías. En la búsqueda
del equilibrio territorial, no se comprende la propuesta de dos nuevas
rutas radiales, la I-bis de Madrid a Tudela y la II-bis,
Madrid-Teruel-Mediterráneo, en contra de este principio de
polinuclearización de ciudades.

Reiteramos la necesidad de una mayor actuación sobre los Pirineos, y
solamente se recuerda en el Plan los ejes Barcelona-Toulouse y el
Zaragoza-Sonport, sin mencionar el eje de Viella ni el túnel de Salau. A
nivel ferroviario sólo se contempla el paso del tren a alta velocidad por
La Junquera, la «Y» vasca y el corredor de Navarra; en estos dos últimos
casos sólo se presenta la construcción de las vías con traviesa
polivalente.

Con respecto a las propuestas en medio urbano, la imprevisión es más
grave, y en el caso, por ejemplo, del área de Barcelona solamente se dan
unos principios generales y unas diagnosis, quedando, eso sí, remarcado
en el Plan el papel de rótula entre los dos ejes básicos del desarrollo
español, el eje mediterráneo y el eje del Ebro.

Y concluyo. Nos ha presentado una colección de diagnosis, de
declaraciones de principios y de listados. Al final, da la impresión de
que se ha seguido el camino de siempre, pero arropado con una apariencia
y objetividad. El Plan requiere una reconsideración de su contenido y
alcance, con unos debates sobre temas tan esenciales como la conexión de
todos con todos, la homogeneidad de la red mallada sobre todo el
territorio, el ancho del ferrocarril y una mayor coordinación con



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las Comunidades Autónomas en el marco de reordenación del territorio.

Nuestro Grupo aboga por iniciar la tramitación del Plan y, tal como le he
indicado al principio, deseamos que pueda aprobarse después de los
debates correspondientes y que pueda iniciarse una actuación que permita
a los sectores implicados por el mismo poder programar su actividad
dentro del marco que el Plan establezca.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Grau.

En nombre del Grupo de Coalición Canaria en el Senado, el Senador
Barbuzano, como portavoz del mismo, tiene la palabra.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, de entrada deseamos decir que nuestra
intervención en este punto del orden del día del Pleno, que según reza en
el mismo es el debate sobre la comunicación del Gobierno referente al
Plan Director de Infraestructuras 1993 al 2007, no tiene la profundidad
crítica que debiera porque no hemos tenido tiempo suficiente para
realizar un análisis mucho más incisivo y riguroso del documento. Con
esto no queremos enviar, ni tan siquiera subliminalmente, reproches a
nadie ni escudarnos en excusa alguna, sino, simplemente, lo que mis
palabras significan: no hemos tenido tiempo de hacer un análisis más
riguroso.

Nosotros opinamos que el documento adjunto a la comunicación del Gobierno
que se nos ha suministrado, más otro que nos llegó anteayer, en total
cuatro tomos de una densidad respetable, llevan algún tiempo si se
quieren estudiar y enjuiciar con ciertas garantías de rigurosidad. No
obstante, en estos momentos podemos hacer algunas consideraciones
políticas sobre la comunicación del Gobierno y sobre algunos documentos
previos que llegaron a nuestras manos tiempo atrás.

Un Plan Director de Infraestructuras para el conjunto del Estado español,
con un techo para el año 2007, confeccionado en el contexto de la actual
situación de este país y del mundo, cuando menos nos parece algo así como
un intento de salirse de la Historia, algo así como aquella frase famosa
de «cuán largo me lo fiáis». Porque, además, una impresión que sacamos de
una lectura, insistimos, apresurada de los tres volúmenes que nos
enviaron hace una semana y unos días es la de una concatenación de
supuestos económicos con las propias actuaciones del Plan, o sea, unos
supuestos tremendamente economicistas, más que discutibles, a nuestro
juicio, de difícil cumplimiento y difícilmente encajables en unos
Presupuestos Generales del Estado de años venideros que calculamos que
tendrán que ir por derroteros algo diferentes.

Asimismo, observamos que un Plan Director con un enfoque integral,
flexible, de una amplitud competencial bastante grande, involucra a
agentes externos como la iniciativa privada y las Comunidades Autónomas
que, a nuestro juicio, en una banda de 1993 al 2007 son, en gran medida,
una tremenda incógnita; sobre todo, una incógnita inversora.

Pero no seríamos justos si no dijéramos, para que quede constancia de
ello, que el documento --nosotros lo llamamos documento-estudio del Plan
Director-- es un esfuerzo planificador de la política del Estado y que
hay que agradecer y reconocer el trabajo de las personas que se han
ocupado de él, seriamente es así. El intento de una planificación global
de las infraestructuras de este país dentro de un Plan Director flexible,
con unas líneas de actuación --que este Senador las encuentra
coherentes--, es un esfuerzo de agradecer, aun cuando, obviamente, se
pueda criticar constructivamente en algunos de sus tramos.

Volvemos a decir que, tras una lectura apresurada de los tomos que nos
han enviado, creemos que contiene elementos de actuación que nos hacen
suponer que difícilmente pueda llegarse a la posibilidad real de que
disminuyan las diferencias entre las regiones y entre los espacios
urbanos y rurales; muy difícil.

Igualmente, no llegamos a discernir claramente qué actuaciones del Plan
resolverían la compatibilización en materia de carreteras, por ejemplo,
de la red autonómica con la estatal; no llegamos a introducirnos en esa
posibilidad. Pero si es un Plan flexible, suponemos que eso es
corregible.

Otra reflexión apresurada que nos sugiere la documentación aportada es
que las líneas de actuación son más exhaustivas en algunas zonas
concretas del territorio del Estado que en otras. ¿Por qué? No lo
sabemos. Da la impresión de que --decimos subconscientemente-- o se
tenían y tienen más datos de cálculo o de supuestos de unas zonas que de
otras, o había un cúmulo de cera que no alumbraba o que no llega a
alumbrar más que cierto número de velas. Otras velas se quedan más
reducidas. Dios dirá si es un Plan Director flexible y comienza su
tramitación.

Para terminar, y tal como dijimos al principio de esta breve
intervención, necesitamos más tiempo para estudiar rigurosamente este
Plan Director que abarca con tremenda amplitud infraestructuras del
transporte, ambientales, hidráulicas, costas, puertos, etcétera, no vaya
a ser que con nuestras reflexiones apresuradas nosotros nos vayamos
también a salir de la Historia. En ese contexto rogamos al órgano de
Gobierno de esta Cámara que inicie un proceso parlamentario sosegado, sin
prisas, con profundidad, con la adquisición del mayor número posible de
opiniones y críticas constructivas a la documentación, sin olvidar que
existen dos comisiones en esta Cámara que tienen muchísimo que hablar
sobre este asunto, que son la de Obras Públicas



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y la de Comunidades Autónomas. Es muy probable que esta Cámara pueda
llegar a confeccionar un buen documento que sirva para la toma posterior
de decisiones ejecutivas por parte del Gobierno del Estado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.

Estamos aquí realmente ante un debate importante para el futuro del
Estado, para el futuro de su economía. Vemos incluso que en la Unión
Europea --desde el Consejo de Edimburgo de 1992, el Consejo de Copenhague
de 1993 al Libro Blanco del Presidente Delors-- hay un esfuerzo
importante por incrementar el desarrollo de las infraestructuras
europeas. Ello se debe a dos razones. En primer lugar, a que ese mercado
interior necesita de un desarrollo mayor todavía de todo tipo de
infraestructuras y, en segundo lugar, a que se considera que en estos
momentos de crisis económica la inversión pública en infraestructuras
puede jugar un papel importante con vistas al relanzamiento del empleo.

La importancia que tiene el disponer de unas buenas infraestructuras y el
esfuerzo que debe hacer el Estado quedaron también claramente marcados en
el hecho de la creación por la Unión Europea --entonces Comunidad
Económica Europea--, y con motivo del Tratado de Maastricht, del Fondo de
Cohesión, para que cuatro Estados pudiésemos ir reduciendo las
diferencias que teníamos respecto a los Estados más desarrollados de la
Comunidad Económica Europea. Ese Fondo de Cohesión pone de manifiesto la
importancia --vuelvo a decir-- que para el desarrollo de un país, desde
un punto de vista económico, tiene el desarrollo de sus infraestructuras.

El Gobierno nos presenta aquí el Plan Director de Infraestructuras, el
PDI.

En primer lugar, quiero decirle al señor Ministro que, desde un punto de
vista global, nosotros consideramos que en el PDI hay un cambio de
filosofía en relación con lo que en la década de los ochenta eran los
planteamientos que se hacían al respecto por parte del Gobierno. Hay un
cambio de filosofía que nosotros consideramos positivo y hay un
planteamiento de un concepto integral del transporte que también
consideramos positivo.

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma Vasca, es obvio decirlo, el
PDI recoge una serie de importantes aspiraciones nuestras sobre las que
todavía hace tres, cuatro o cinco años no se veía una forma de llegar a
un acuerdo con el Gobierno central. Nosotros consideramos que ése es un
paso importante y que es un punto favorable que, desde nuestro punto de
vista, tiene el PDI. Le voy a concretar algunos de los temas que, en
opinión del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, están recogidos en
el Plan Director de Infraestructuras y con los que nosotros estamos de
acuerdo.

En materia de ferrocarriles, la preocupación que usted sabe que tenemos
en Euskadi por una solución de nuestros deficientes accesos desde Bilbao
y San Sebastián, tanto hacia la Meseta como hacia el Norte de Europa, ha
coincidido con un nuevo posicionamiento europeo ante el ferrocarril y el
replanteamiento general de esta importante infraestructura en el Estado.

Nosotros consideramos que en el Plan Director se incluye una nueva red
ferroviaria en el País Vasco que responde a las necesidades
infraestructurales indicadas y, en consecuencia, estamos de acuerdo. En
el PDI también se explica el esquema de una colaboración en el Plan de
Transportes del Area Metropolitana de Bilbao muy meritoria, dada la
complejidad de algunas de sus actuaciones, como pueden ser la del metro
de Bilbao, la recuperación de suelo urbano, etcétera.

También consideramos muy acertada la inclusión en el Plan de los
compromisos que en materia ferroviaria y de aeropuertos fueron acordados
por anteriores Gobiernos socialistas, acuerdos de febrero de 1989.

Por último, nosotros consideramos --como decía al principio-- positiva,
dado que nos identificamos con este PDI, la disposición expuesta en el
plan de concertar actuaciones con las Administraciones vascas en materia
de transporte intermodal cuya competencia corresponde a la misma.

Ahora bien, discrepamos en algunos puntos del PDI. Yo diría que son
básicamente tres puntos. En primer lugar, y no es ninguna cosa nueva,
señor Ministro, nosotros seguimos reivindicando la gestión de los
aeropuertos y de los puertos. Nosotros pensamos que la Ley de Puertos que
se hizo en su momento es, bajo nuestro punto de vista, la ley menos
afortunada que ha hecho el señor Ministro desde que está al frente de
este Ministerio.

En segundo lugar, discrepamos en cuanto a las obras hidráulicas. Todos
sabemos que llevamos mucho tiempo discutiendo esa transferencia. Yo creo
que en estos momentos, y mucho más después de las resoluciones que se
aprobaron en el debate del estado de la nación, tenemos que hacer un
esfuerzo para que ésa sea una realidad y sea una de las primeras
transferencias que lleguen en el momento del desbloqueo transferencial.

En tercer lugar, nosotros consideramos que los fondos de cohesión que
correspondan al Estado español deben destinarse tanto a las obras que
realice la Administración central, porque la competencia sea suya, como a
las obras que realicen las Comunidades Autónomas porque la competencia es
de las propias Comunidades Autónomas.

En resumen, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ante
el PDI cree que hay un cambio



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de filosofía positivo; que se hace un planteamiento integral del
transporte que es positivo; que, desde nuestro punto de vista, se han
dado pasos importantes para acercar nuestras posturas a las posturas que
mantiene el Ministerio, pero que se siguen manteniendo ciertos puntos de
discrepancia como los que he citado al final de mi intervención.

Creo que los progresos que hemos hecho desde que usted llegó al
Ministerio hasta estos momentos nos deben servir de experiencia y
animarnos a progresar también en esos puntos de discrepancia que
mantenemos en estos momentos.

El señor Ministro decía al final de su intervención que presenta este
programa para que se debate en la Cámara, para que se dé un debate en el
cual haya crítica y aportaciones constructivas que mejoren el proyecto. A
nuestro Grupo le gustaría que en esos puntos en los que en estos momentos
no estamos de acuerdo pudiéramos progresar para llegar a acuerdos y para
que, en definitiva, pudiéramos votar favorablemente este programa que
presenta el señor Ministro. Yo tengo esperanza en ello. A lo largo de los
debates que tengamos podremos seguir profundizando al respecto.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Virosta.




El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, yo no le voy a hacer una crítica generalizada
al proyecto. Y no se la voy a hacer porque estoy de acuerdo con usted
prácticamente en todo salvo en un detalle; un detalle que quizás para
usted carezca de importancia, pero que para mí es sumamente importante;
lo entenderá cuando se lo explique.

Yo soy Senador autonómico por la Comunidad Autónoma de La Rioja, lo que
quiere decir que en esta Cámara, que es en teoría la Cámara de
representación territorial, yo represento un territorio, además de otras
personas que conmigo también lo hacen. Por tanto, tengo la obligación de
representar y de defender unos intereses muy concretos de ese territorio.

Si no fuese por ese detalle, yo estaría totalmente de acuerdo con usted.

Ese detalle es el único que me hace ser crítico con el proyecto que usted
nos ha presentado.

Señor Ministro, la primera impresión que se puede obtener cuando se lee
el PDI, el Plan Director, es que los redactores del proyecto se han
olvidado que entre las 17 Comunidades Autónomas que conforman el Estado
español hay una que se llama La Rioja. Esa es la primera impresión que se
puede obtener de su primera lectura. Pero eso, siendo malo en sí mismo,
no es lo peor, porque cuando se sigue profundizando en el estudio de este
Plan Director y se leen cosas tales como que las infraestructuras son un
instrumento de la política económica --afirmación con la que estoy
totalmente de acuerdo--, uno empieza a preguntarse lo siguiente: ¿A ver
si no es verdad que se han olvidado de La Rioja? ¿A ver si lo que se está
pretendiendo es impedir el desarrollo económico de esta región en
beneficio de algunas otras? Eso es lo que más nos asusta y lo que
consideramos más grave de todo este planteamiento.

Además, señor Ministro, lamento tener que decirle que ésta no es sólo una
impresión personal mía sino que está bastante generalizada entre los
ciudadanos de La Rioja. Y es que se mire como se mire el Plan, tanto en
lo que se refiere a vías de comunicación por carreteras como a vías
ferroviarias, La Rioja aparece siempre como una isla, a pesar de la
afirmación que usted ha hecho cuando se ha referido a la interacción que
el Plan pretende. Pues bien, a pesar de ello, La Rioja --repito-- sigue
apareciendo como una auténtica isla. Señor Ministro, convendrá conmigo en
que nosotros, los riojanos, no queramos que La Rioja se vea aislada
económicamente en un futuro. No nos negamos a que se haga nada de lo que
está previsto en el Plan, en absoluto queremos que se haga. Pero queremos
decirle a toda la Cámara y más aún a usted, señor Ministro, que La Rioja
necesita estar comunicada con el Norte, con Europa, con el Centro, con el
Este y con el Oeste para su futuro desarrollo económico. Pero, además, La
Rioja necesita seguir siendo el cruce de caminos que ha sido siempre y
que ahora, parece ser que de una forma un tanto extraña, se quiere
cambiar de lugar o se quiere hacer desaparecer. Esta es la única crítica
que podemos hacer con fuerza al Plan Director.

Respecto al Plan Hidrológico, del que también nos ha hablado, tengo que
decirle, señor Ministro, que ya ha sido discutido en Comisión. En
reiteradas ocasiones yo ya he expresado nuestra opinión al respecto, y
aunque no quisiera ser repetitivo, sí quiero aludir a algo que se me
antoja como una contradicción.

Cuando hemos hablado de infraestructuras usted ha dicho: tenemos que
servir de contrapeso a las tendencias naturales para evitar la
desertización --yo me imagino que no sólo se habla de desertización
medioambiental, sino también de desertización poblacional o industrial--,
y estoy de acuerdo en ello. Sin embargo, en lo que al Plan Hidrológico se
refiere, no se está haciendo eso sino todo lo contrario, y se lo voy a
explicar. Lo que se está haciendo es coger los recursos hidráulicos de
una zona en la que no se consumen para llevarlos allá donde se están
agotando. ¿Por qué no nos preguntamos por qué sobran esos recursos
hidráulicos en esas zonas o por qué faltan esos mismos recursos en otras
zonas? ¿Quizá sobren porque no se ha generado la suficiente riqueza
industrial o agrícola para que esos recursos sean consumidos? ¿Quizá
falten porque se haya generado más riqueza industrial y agrícola de



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la que debería haberse generado con sus propios recursos? Si llegásemos a
esas conclusiones, ¿por que no pensamos en crear esa riqueza agrícola e
industrial allá donde no la hay, a pesar de que sí tienen recursos, en
lugar de llevarnos esos recursos a sitios donde ya existen? Creo que ésa
sí sería una labor de contrapeso de las tendencias naturales que evitaría
la desertización.

Pero no quiero alargarme demasiado ya que opino que éste es un debate que
se ha producido ya en muchas ocasiones; incluso ha sido caballo de
batalla en programas electorales y seguirá siéndolo ya que tendremos que
seguir hablando de todo esto. Pero sí quiero decirle una cosa para
terminar. Usted ha empezado diciendo que el PDI tendrá que ser
consensuado con las Comunidades Autónomas, y yo le prometo, señor
Ministro, hacer el mayor esfuerzo posible desde La Rioja para alcanzar
ese consenso. Si lo alcanzamos, puede contar con nuestro apoyo. Nosotros
estamos de acuerdo con todos los objetivos generales, pero siempre y
cuando La Rioja esté contemplada dentro de esos objetivos de forma
evidente y pragmática. No podemos estar de acuerdo si se excluye a La
Rioja; usted seguramente lo entenderá.

El portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha dicho que el
Plan Director de Infraestructuras recoge las aspiraciones del pueblo
vasco, y espero que, al final de todo este proceso, yo pueda decir lo
mismo, es decir, que también recoge las del pueblo riojano. Si no es así,
señor Ministro, si se recogen las aspiraciones sólo de unas regiones y no
las de otras, estaremos aumentando los desequilibrios, y supongo que eso
no lo quiere nadie y, mucho menos, el Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Virosta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.

Nos encontramos ante la comunicación del Gobierno referida a las
necesidades de infraestructura de nuestro país, con el horizonte del
2007. Es lo que se ha conocido y se ha debatido ya en la prensa y en los
medios de comunicación, en general, como el Plan Director de
Infraestructuras, más comúnmente conocido como PDI.

En estos momentos se ha discutido la oportunidad de la presentación del
Plan, aduciendo razones de conveniencia personal o política. Desde
nuestro punto de vista, la tramitación del Plan ha seguido su curso --su
elaboración, la consulta a las Comunidades Autónomas y, finalmente, la
aprobación del Gobierno--, y en este momento estamos ante su presentación
a las Cámaras --la presentación, en el fondo, a los representantes del
pueblo español-- para que digamos lo que pensamos sobre él y manifestemos
nuestra posición o hagamos las aportaciones que consideremos necesarias.

Creo que, hasta ahora, el debate ha tenido lugar en estas circunstancias,
por lo que voy a hacer una reflexión sobre la necesidad misma del Plan y
los criterios que debe cumplir para que sirva a los objetivos que en él
se han diseñado, en lugar de referirme a las obras concretas que se
contemplan en el mismo. La razón es muy sencilla: si pasamos a discutir
obras concretas, nos encontraremos con la dificultad de establecer
prioridades, y en este momento no se trata de eso, porque el Plan ya
representa una prioridad para los próximos quince años. Por tanto, al
existir un esfuerzo detrás de la redacción del Plan Director de
Infraestructuras, debemos valorarlo y --como ha pedido el Ministro--
hacer las críticas o las aportaciones al trabajo que hoy se nos presenta.

Nuestro Grupo no negará, pues, la validez de ninguna de las aportaciones
que se han hecho por los distintos grupos pero, como ya he dicho,
aceptamos la prioridad que representa el Plan Director de
Infraestructuras. En primer lugar, creemos que entender que todos los
grupos han coincidido en la necesidad de una planificación de este
estilo. Valorando muchísimo el innegable esfuerzo inversor que se ha
hecho hasta ahora, nadie duda tampoco de la necesidad de continuar
mejorando nuestras infraestructuras.

La propuesta que hoy tenemos delante da una visión global de las
necesidades de nuestro país en una perspectiva a medio plazo; presenta un
conjunto de previsiones sobre la evolución de las mismas y propone la
ejecución de las obras más importantes y de las actuaciones más
necesarias, para que, con ese horizonte, lleguemos a equipararnos en
condiciones de infraestructuras a nuestros socios de la Unión Europea.

Este objetivo --ambicioso, sin duda alguna-- difícilmente se podría
conseguir adoptando decisiones precipitadas. Es necesario actuar con una
perspectiva global, pero también lo es crear un plan flexible, abierto. A
nuestro juicio, con una perspectiva de quince años, sería casi suicida
elaborar un plan cerrado, porque es evidente que, teniendo en cuenta la
evolución que se produzca del año 1992 al 2007, puede haber variaciones
suficientes que aconsejen el cambio de prioridades o de las obras que
haya que realizar.

Por tanto, nosotros entendemos que el Ministerio está haciendo unos
planes a medio término, como pueden ser los planes puentes de obras
hidráulicas o de carreteras, y una planificación abierta y flexible, que
es lo que nosotros consideramos que se necesita en estos momentos.

¿Qué objetivos debe pretender este plan? Desde nuestro punto de vista,
debe perseguir tres objetivos básicos: primero, debe contribuir a mejorar
nuestra competitividad en el contexto europeo. Segundo, tiene que ser



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la pieza clave para conseguir el desarrollo y el reequilibrio territorial
que necesita nuestro país. Y, tercero, ha de ser una herramienta
fundamental para la mejora de las condiciones sociales y la calidad de
vida de los ciudadanos españoles. Me extenderé un poco en estas
consideraciones.

Estamos acostumbrados a hablar de la competitividad como una cualidad
propia de las empresas, en función solamente de su capacidad para
producir mejor y a un precio más bajo; es así y, seguramente, continuará
siéndolo. Pero ante las perspectivas de crecimiento que tiene buena parte
del territorio español, sin duda alguna, la calidad de las
infraestructuras será un factor determinante para que se puedan tomar las
decisiones de localización de futuras instalaciones productivas.

En la realidad del mercado único en que vivimos, la mejora de las
infraestructuras contribuirá a disminuir los costes empresariales del
transporte, que cada vez tienen más importancia relativa para el acceso a
los mercados, tanto de factores de producción como de productos
manufacturados, incidiendo, por tanto, en la toma de decisión de
localización de las instalaciones productivas.

Sin voluntad de ser exhaustivos, creo que debemos hacer dos
consideraciones más de incidencia en factores importantes dentro de
nuestra economía.

Los productos perecederos agrícolas, que pueden tener y están teniendo
mucha importancia en los mercados europeos, son un factor enormemente
sensible a la mejora de los transportes. De la misma manera, dentro del
sector servicios, el turismo, que tanta importancia ha tenido dentro de
la economía nacional, es un factor enormemente sensible a la mejora de
los transportes. Por tanto, la toma de las decisiones que estén
contempladas en el PDI debe tener en cuenta la mejora de la
competitividad de nuestro territorio.

En el Plan que hoy debatimos se cita un estudio realizado por Bihel para
la Comunidad Económica Europea, en el que se concluye que los cuatro
principales factores que determinan el potencial de desarrollo de una
región son: la infraestructura, la situación geográfica, la aglomeración
y la estructura sectorial.

Es evidente que desde la Administración no se puede influir en la
situación geográfica y que se puede influir poco en la aglomeración y en
la estructura sectorial que tenga cada territorio. Pero sí que es
evidente que desde las Administraciones públicas se puede y se debe
incidir en la mejora de las infraestructuras para aumentar el potencial
de desarrollo que tenga esta región. No pretendemos mantener que las
infraestructuras constituyen el único factor determinate del desarrollo,
pero está comúnmente aceptado que la dotación de infraestructuras tiene
una notable incidencia sobre los agregados macroeconómicos territoriales
y que las infraestructuras de transporte, junto con las de
comunicaciones, son las que más incidencia tienen en los indicadores de
renta y ocupación.

Hay que reconocer que será necesaria la implicación del sector privado
para provocar este desarrollo, pero para tomar estas decisiones
necesitaré una buena infraestructura de transporte. Es necesario acortar
más las distancias en tiempo entre todos los territorios de España y de
éstos con el resto de Europa.

Esta visión de equilibrio territorial es la que nos induce a pensar que
ha sido oportuno presentarlo en esta Cámara y a pedir para esta Cámara el
protagonismo de la aprobación de las mociones territoriales que puedan
surgir de la discusión prevista en el Congreso de los Diputados.

El último objetivo que debe pretender el Plan consiste en mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos españoles. Este objetivo puede parecer
una obviedad, pero no lo es. No lo es porque la sociedad española ha
evolucionado y hoy tiene unas prioridades distintas de las que tenía hace
pocos años. Los españoles valoramos cada vez más, y esto para nosotros es
una señal de madurez, el desarrollo armónico, el respeto a la naturaleza
y cada vez más tenemos el convencimiento de que todo el mundo, todas las
personas y todos los seres vivos, en una visión de biosfera, necesitamos
la conservación de las múltiples formas de vida que existen en el
Universo, y por tanto, la preservación de las condiciones, los hábitat en
los que esta vida se desarrolla. También es evidente para todos nosotros
que un plan de infraestructuras incidirá necesariamente en el territorio.

Hay que conseguir que esta incidencia sea mínima y, cuando sea
imprescindible, hay que minimizar sus efectos hasta hacerlos
prácticamente imperceptibles. Esto obliga a una actuación muy delicada en
los aspectos ambientales de la gestión del Plan Director de
Infraestructuras.

Esta sensibilidad medioambiental también se extiende a las disminuciones
de calidad de los agentes ambientales que nos rodean, en especial, agua,
aire y litoral. Somos cada vez más sensibles a la contaminación
atmosférica, a la contaminación de las aguas, y necesitamos que continúen
mejorando las condiciones de nuestras costas y playas. Por tanto, es
evidente que este Plan debe ser global, y mi Grupo entiende que éstos son
los objetivos que han informado, que han dado vida al Plan que hoy
debatimos.

Hechas estas consideraciones, quiero entrar, brevemente, en la
descripción del Plan. Aunque está descrito, quiero hablar de tres campos:
transportes, recursos hídricos y actuaciones medioambientales.

En el transporte, se distingue entre transporte urbano e interurbano por
dos razones fundamentales. Aunque la voluntad del Plan es la de
consensuar todas las actuaciones con las Comunidades Autónomas, es
evidente que las infraestructuras de transporte interterritorial son
responsabilidad de la Administración General



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del Estado y, por tanto, ésta debe tomar la iniciativa. En cambio, en los
transportes urbanos es necesaria la concertación de la actuación tanto
con las Administraciones municipales como con las autonómicas.

Por consiguiente, si hablamos de transportes interurbanos, vemos que se
ha producido de una manera clara la evolución del reparto modal de
nuestro tráfico interior hacia un incremento de la utilización de la
carretera y una disminución del tráfico ferroviario. Entre 1950 y 1980 el
tráfico ha seguido suerte inversa, llegando hasta 1992, año en el que el
tráfico de viajeros y de toneladas por ferrocarril no excede el 5 por
ciento del transporte total. Quiere esto decir que la sociedad española
ha optado por considerar la carretera como el medio universal del
transporte.

Por tanto, y a partir de esta consideración, las inversiones en
infraestructuras de autovías y carreteras debe ser muy importante, y lo
es en el Plan que hoy tenemos delante. Las prioridades que se han marcado
son: el cierre de autopistas, autovías y otras carreteras con elevada
densidad de tráfico; los itinerarios al servicio del desarrollo regional
que dotan a la carretera española de una estructura mallada y menos
dependiente de la estructura radial, como aquí se pedía --esto ya está
contemplado--, y los itinerarios que contribuyen a la integración a la
red internacional europea, contemplando tanto los accesos a Francia como
a Portugal.

Especial mención quiero hacer de la actuación contemplada para las Islas
Canarias, donde la Administración General del Estado no tiene
competencias, pero, fruto de un acuerdo, se contempla una actuación
importante.

El transporte ferroviario parte del criterio de contemplar que el
ferrocarril ha dejado de ser el método de transporte universal. Como ha
explicado el Ministro, esto choca con la concepción que hemos heredado de
equivalencia entre ferrocarril y transporte universal. Pero esto no es
así, y de nada puede servir continuar invirtiendo en mejoras de un
servicio público que el ciudadano español ha optado por no utilizar.

Hay que optar por la especialización, que se concreta en dos grandes
vertientes: la especialización en cercanías, que está teniendo un
incremento de usuarios y de demanda, y la especialización en líneas de
alta velocidad, y se distingue entre alta velocidad y velocidad alta,
pero me abstendré de extenderme, dada la premura del tiempo, porque esto
ya lo ha explicado suficientemente el Ministro.

En puertos y aeropuertos se mejora nuestra estructura, pero nosotros
queremos considerar tres de las características que tiene el tema: la
incidencia que este tipo de transporte tiene par la relación entre los
territorios insulares y la Península, la que tiene para nuestras
relaciones internacionales, especialmente para el turismo, y el énfasis
que se pone en la mejora de la integración de los puertos con sus
respectivas ciudades, con las que muchas veces han vivido de espaldas.

Y un último factor es el de la autofinanciación de los sistemas portuario
y aeroportuario. Esta autofinanciación contemplada en el Plan puede
entrar en contradicción con una moción recientemente aprobada en el
Senado y con otra aprobada en el Congreso que pretendían eliminar la
solidaridad del conjunto de los sistemas portuarios y aeroportuarios, y
que nosotros consideramos que fue un error.

En cuanto al problema del transporte urbano, que será necesariamente
fruto de un pacto con las Comunidades Autónomas, se contempla como
herramienta fundamental la intermodalidad del transporte y se definen una
serie de actuaciones concretas, algunas importantes que ha explicado el
Ministro, pero que en conjunto son actuaciones para una cincuentena de
ciudades de nuestro territorio. Por tanto, nosotros entendemos que la
actuación en transporte es necesaria y que la contemplada en el Plan
Director de Infraestructuras es una actuación racional.

En el campo de los recursos hídricos, el PDI sólo explica los principios
de lo que será el Plan Hidrológico Nacional, que será el instrumento que
dé salida a las necesidades de agua del conjunto de nuestro país. Se
limita, por tanto, a explicar las necesidades actuales y las
disponibilidades por cuencas hidrográficas; contempla las ampliaciones de
regadío dentro de la perspectiva de la política agraria común; propone
medidas concretas para el ahorro, para la reutilización y para la mejora
y la eficiencia de los sistemas de transportes de riego y, haciendo una
previsión de las disponibilidades y necesidades futuras, señala qué
cuencas tendrán superávit y cuáles déficit e insinúa el trasvase como una
de las herramientas para dar solución a estas necesidades.

El gran debate sobre los recursos hídricos deberá producirse en el
momento de la aprobación del Plan Hidrológico, pero nosotros queremos
señalar en este momento que en nuestro territorio hay zonas
--curiosamente consideradas por el líder del Grupo Parlamentario Popular
en la revista «Ecología» recientemente como zonas naturalmente
semiáridas-- que nosotros no queremos condenar a la semiaridez
permanente. Nosotros entendemos que en buena parte del territorio
suroriental de nuestro país está floreciendo, o ha florecido ya, una
agricultura importante que tiene incidencia en los mercados europeos y
que no podemos dejar que desaparezca. De la misma manera, buena parte de
la industria castellonense de la cerámica puede tener problemas por falta
de agua, y nosotros entendemos que es obligación del Estado atender a
estas necesidades.

Entre las actuaciones medioambientales, en la gestión de calidad de las
aguas se proponen tres metas, las tres de acuerdo con la Directiva 271 de
1991, que pasan por la depuración de los núcleos de población



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de 10.000 habitantes en zonas sensibles y de 15.000 habitantes, o
equivalentes, antes del año 2001.

Creo que también es oportuno recalcar la instalación del sistema SAICA,
Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas, que tiene que
estar instalado antes de 1997 y que será una herramienta importante. La
gestión de residuos también tendrá que ser pactada con las Comunidades
Autónomas, lo cual igualmente es importante.

Voy terminando, porque veo que me excedo del tiempo asignado, pero quiero
remarcar alguna cosa más. Una de ellas es el tejido verde, por la
importancia que puede tener para el desarrollo de zonas rurales. Se trata
de aprovechar carreteras abandonadas, trazas ferroviarias sin
utilización, instalaciones fluviales o distintas rutas históricas para su
uso desde una perspectiva de turismo ecológico, con lo que, además de la
potenciación de las actividades económicas en zonas rurales --normalmente
poco desarrolladas--, se consigue el mantenimiento público y se frena el
deterioro de estas instalaciones.

Por último, como ya se ha hablado también suficientemente de las
actuaciones en el litoral, con la benevolencia del señor Presidente me
voy a referir a la importancia que se da en el Plan Director de
Infraestructuras al sistema de evolución del impacto ambiental. Desde
nuestro punto de vista, la incorporación de este sistema, no solamente a
cada una de las obras sino al mismo Plan, es la garantía de que
conseguiremos que la incidencia de las obras públicas sobre el territorio
sea la mínima posible, y que el desarrollo se produzca de una manera
armónica con la conservación de la naturaleza. Nosotros animamos al
Gobierno a que dote económicamente y con personal suficiente para que
esta vigilancia del medio ambiente esté presente en todas las actuaciones
de infraestructura en el territorio.

Se ha debatido también el tema de la financiación, pero quedan abiertas
una serie de actuaciones. Ha quedado claro que el principal peso de la
financiación lo van a llevar los Presupuestos Generales del Estado, y
para financiar el resto tenemos una serie de alternativas, una de las
cuales es retrasar determinadas inversiones. Nosotros opinamos que no
deben retrasarse, pero si alguien opina que debe hacerse así, que diga
cuáles y nosotros contemplaremos esa posibilidad. Puede recurrirse al
endeudamiento de una manera selectiva; se deben utilizar, por supuesto,
los fondos de cohesión; debe recurrirse a la financiación de parte de
estas infraestructuras por las Comunidades Autónomas; debe quedar muy
claro el principio de autofinanciación del sistema de Puertos y
Aeropuertos y debe considerarse y estudiarse, sin tomar decisiones
precipitadas, la participación de los usuarios y beneficiarios en la
financiación de estas infraestructuras. Y, sin duda alguna, debe
ofrecerse a la iniciativa privada la realización de algunas
infraestructuras que puedan ser atrayentes para el capital privado.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, el Plan es necesario, cumple con
los objetivos que debe tener cualquier Plan, y desde aquí animamos al
Gobierno a que lo lleve adelante y realice los respectivos planes
sectoriales con el convencimiento de que en el 2007 nos agradecerán haber
hecho este Plan y haberlo llevado adelante, porque tendremos un país más
preparado, y con un entorno ambiental muy mejorado.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores Senadores.

(Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu i Jornet.

Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señoras y señores Senadores, por su atención. Quiero
agradecer también a todos los intervinientes y a todos los Portavoces de
los distintos Grupos Parlamentarios sus aportaciones, las críticas que
han efectuado, las valoraciones de todo tipo, positivas cuando las ha
habido --y las ha habido--, pero también las que desde una actitud
crítica han hecho un planteamiento constructivo para que el trámite
parlamentario del Plan Director de Infraestructuras permita mejorarlo,
que es de lo que se trata.

Se ha planteado un problema de procedimiento acerca de si el debate se
hubiera podido efectuar disponiendo los señores Senadores de la
información previa en tiempo útil. Debo recordar a los señores Senadores
que el debate se produce hoy a instancia de los portavoces del Senado; el
Ministerio, incluso, había solicitado que se efectuara en una fecha
posterior, y se nos ha indicado que la fecha deseada --más que deseada,
requerida-- era ésta. Por tanto, decir ahora que el debate se hace antes
me parece un argumento que se compadece mal con la forma como se ha
gestado el desarrollo del mismo.

Por otra parte, el día 6 del presente mes se remitieron a los portavoces
desde los servicios de la Cámara los tres volúmenes que fueron objeto de
aprobación por el Consejo de Ministros. La documentación de la que
dispone el Ministerio es que el día 6 de este mes, y hoy estamos a día
27, es decir, hace 21 días, fueron remitidos a los portavoces los tres
volúmenes del Plan Director de Infraestructuras. ¿No son suficientes 21
días? Sin duda, con 42 hubiera habido más tiempo, pero creo que reclamar
ahora más tiempo cuando hace 20 días que se dispone de los documentos que
aprobó el Consejo de Ministros no es, quizá, lo más procedente, lo que
más aporta al debate.




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Es verdad que hace unos días, muy pocos, remitimos a la Cámara un nuevo
volumen, que no era sino la edición de los tres anteriores en formato de
imprenta que hemos puesto a la venta al módico precio de 6.000 pesetas
para el público en general, y que el Ministerio ha ofrecido a los señores
Senadores, pero que no debe sumarse como un volumen más diciendo: tres
volúmenes y ahora otro. No, es el mismo volumen editado en formato de
venta al público, que no dice más que lo que decían los tres anteriores.

Su remisión en los últimos días no puede interpretarse, señor Senador,
como que lo hemos mandado tarde, para que no pueda usted leer lo que le
remitimos en formato fotocopia hace veinte días. Permítanme que les
recuerde que el último volumen no es sino la edición de los anteriores.

Por tanto, creo que eso le quita hierro a la crítica de que no lo han
podido ustedes estudiar, pero me pongo a su disposición para volver a la
Cámara cuando ustedes deseen para volver a hablar del PDI si creen que el
debate de hoy no ha sido suficiente.

Quiero agradecer a los señores Senadores que han hecho una valoración
positiva, no tanto de las obras en particular que afectan a su
territorio, sino del enfoque. Creo de verdad que elaborar un Plan
Director a 15 años es algo imprescindible, y los comentarios que han
hecho sus señorías no hacen sino reforzar esta opinión. Si nos hubiéramos
embarcado en planes sectoriales de carreteras o ferrocarriles, en planes
hidráulicos, en planes urbanísticos para algunas ciudades españolas, sin
una visión de conjunto, no digo que no lo hubiéramos podido hacer, se
puede hacer perfectamente, pero nos hubiera faltado una visión global,
que es lo que el Plan Director plantea.

Por tanto, la crítica de que no establece calendarios de actuación, ni
trata todas las infraestructuras, ni dice todo lo que dirá el Plan
Hidrológico, es una mala comprensión de lo que el Plan Director quiere
ser. El Plan Director no puede ser el Plan Hidrológico, por tanto,
reclamar que diga lo que debe decir un plan posterior es obviar o
desconocer su propia naturaleza. Es evidente que el Plan Director de
Infraestructuras no puede ser los Planes que todavía no se han hecho,
sino el marco conceptual en el que hay que elaborar estos Planes.

Naturalmente, el Plan Hidrológico, cuando se apruebe, concretará,
especificará con mucho más detalle la política hidráulica que en el Plan
Director se recoge en sus grandes líneas.

Es evidente que la oposición tiene que criticar la tarea del Gobierno y
tiene que buscar los aspectos más negativos de cualquier acción
gubernamental, y en este sentido yo no esperaba, obviamente, que el Plan
Director recibiese únicamente aplausos, pero considero que ha recibido
una valoración lo suficientemente positiva, incluso desde la perspectiva
del principal Partido de la oposición, como para entender que el esfuerzo
que se ha hecho merece la pena que sea objeto del debate que proponemos.

Sin embargo, debo rechazar las acusaciones que se hacen de que el Plan es
insolidario cuando se dice, según la interpretación del Grupo Popular,
que se dejan abandonadas amplias zonas del territorio; no, no lo creo.

Precisamente el Plan hace un esfuerzo de solidaridad para intentar que no
sea sólo la lógica económica lo que oriente a la inversión. Si en España
dejásemos sólo a la lógica económica de la rentabilidad financiera del
capital decidir qué inversiones hay que hacer, amplias zonas del
territorio quedarían incomunicadas porque no habría nadie que invirtiese
su dinero en infraestructuras que carecen de toda rentabilidad. Y eso es
cierto para las infraestructuras de transporte y para las
infraestructuras de telecomunicaciones.

El Senador Bris me ha dicho que no se habla en el Plan Director de
telecomunicaciones. No se habla porque existe un Plan Nacional de
Telecomunicaciones, aprobado por el Gobierno y remitido a las Cámaras,
que cubre prácticamente el mismo horizonte que el Plan Director de
Infraestructuras y que define nuestra política de inversión en
telecomunicaciones. Senador Bris, hablando de telecomunicaciones, si no
hablamos aquí de las mismas no es porque le tengamos miedo a la
liberación, usted lo sabe de sobra; es porque hay otro documento que ya
lo hace y no hay nada sustantivo que tengamos que decir o adicional a lo
que ya hemos dicho en esta materia. Pero al hablar de rentabilidad de la
inversión me sirve como ejemplo. Saben sus señorías que en 27 provincias
españolas los servicios de telecomunicación, el teléfono, es
estructuralmente deficitario. Que nadie prestaría servicio telefónicos en
más de la mitad del territorio español porque se pierde dinero haciéndolo
y que hay que invertir los beneficios que se obtienen en otras 17
provincias españolas para compensar los déficit de estas 27. Y si
Telefónica consigue un superávit global es porque hay algunas provincias
con gran densidad de población y, por tanto, con un nivel muy alto de
utilización de las infraestructuras que permite obtener rentabilidades de
las inversiones efectuadas para compensar los déficit que se producen
allí donde hay que invertir, aunque sea a pérdida, porque la población
que hay con el uso que hace del teléfono no compensa la inversión que hay
que hacer para ofrecérselo. Y esto es cierto para los teléfonos y es
cierto para el sistema de navegación aérea; lo es para cualquier sistema
que funcione en red, que tenga malla, con arcos rentables y arcos que no
lo son.

Si tuviésemos que atender al beneficio empresarial, cerraríamos muchos de
los aeropuertos españoles porque hay que tener una pista de igual
longitud para atender 40 aviones por hora o para atender cuatro aviones
al día. Pero, obviamente hay aeropuertos que con cuatro aviones al día no
cubren los gastos de inversión y los que tienen 40 a la hora generan
superávit con los



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cuales compensar los déficit de los demás. ¿Y saben por qué queremos
hacer eso, señorías? Porque queremos ser un país, porque esto es un país,
porque es un país donde lo que se gana en un sitio sirve para compensar
lo que se pierde en el otro. Y el día que dejemos de hacerlo así, el día
que dejemos de pensar así, empezaremos a dejar de ser un país. El día que
empecemos a decir: como este aeropuerto es «superavitario» y lo tengo
aquí, en mi territorio, y quiero que el superávit que aquí se produce
aquí se quede, y dejemos de aceptar que este superávit se debe aplicar a
financiar el déficit de otros aeropuertos que por la estructura del
territorio y la población deben existir pero no pueden tener superávit,
entonces estaremos dejando de pensar en términos de una unidad política
que se llama España.

Por eso defiendo que las infraestructuras son elementos integradores del
territorio que le dan cohesión, que lo articulan, que generan
solidaridades porque generan interacciones. Y, por eso, le digo al
representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
que este Ministerio se opone a la Cesión de los grandes puertos de
interés general a las Comunidades Autónomas. Que no creemos que eso
contribuya extraordinariamente a mejorar el autogobierno de las
Comunidades y, en cambio, significa un riesgo para romper estas
estructuras que funcionan en forma de red y que equilibran beneficios y
actividades articulando y cohesionando el territorio.

No es el tema del Plan Director de Infraestructuras. Podemos debatirlo en
otro momento, pero he querido darle esta explicación y definir mi
posición, ya que usted lo ha sacado a colación. En opinión de este
Ministro, cuando la Constitución dice que los puertos de interés general
son competencia exclusiva del Estado no se debe estar refiriendo, digo
yo, a un conjunto vacío y que debe existir algún puerto de interés
general, porque, de lo contrario, no se entiende a qué se refirieron los
padres constitucionales; que algún puerto de interés general debe haber
en este país que sea de competencia exclusiva del Estado, como dice la
Constitución. Y se me ocurre, señoría, que si el puerto de Bilbao no es
de interés general del Estado, no sé muy bien qué puerto podría serlo. El
puerto de Bilbao es de interés general del Estado y por eso forma parte
de la red de puertos del Estado que, en mi opinión, debe seguir siendo
gestionado de forma coherente, cohesionado y conjunta con el resto de
elementos de esta red. Y lo mismo podríamos decir de algunos aeropuertos,
que forman una red que debe establecer mecanismos de «perecuación» de las
tarifas y de los ingresos.

Pero éste es un problema que podremos discutir en otro ámbito, en el
ámbito de la articulación territorial y autonómica del Estado. Lo
importante es que tengamos presente que el esfuerzo de inversión en
infraestructuras que tenemos que hacer se produce en el territorio pero
no puede hacerse con criterios de estricta correspondencia entre lo que
se invierte en un territorio y lo que este territorio produce. Es
evidente que, por ejemplo, la «Y» vasca, que es un objetivo reconocido y
calificado como prioritario para modernizar la red ferroviaria del País
Vasco no es una inversión rentable, que ningún capitalista privado la
acometería para obtener rentabilidad de esta inversión y retribuir el
capital al tipo de interés, por ejemplo, de las Letras del Tesoro, por
poner un tipo de interés de referencia medio. Nadie efectuaría estas
inversiones para obtener rentabilidades financieras, como nadie
construiría nunca un tren de alta velocidad de ninguna parte a ninguna
parte en España para rentabilizar la inversión; ni de Madrid a Sevilla,
ni de Madrid a Barcelona, ni de Barcelona a la frontera francesa. De
ninguna parte a ninguna parte hay rentabilidades financieras suficientes
para justificar inversiones que tienen su razón de ser en algo más que
rentabilizar el capital invertido, sino en articular el territorio,
comunicar a la gente y producir oportunidades nuevas de inversión. Y eso
nos ocurre a nosotros porque España es como es, un país muy accidentado,
con un relieve muy difícil y con la población distribuida de una forma
tremendamente desigual, con escasísima densidad, cualquiera que sea el
sitio que se analice.

Pero no podría contestar a todo lo que han dicho los señores Senadores de
una forma precisa y minuciosa, sin exigir y exigirles demasiado tiempo,
más del disponible. Hoy debemos entender que este debate inicia un
proceso que tendrá que desarrollarse en Comisiones en esta Cámara y en la
Cámara Baja, que tendrá que acabar en un conjunto de mociones y
resoluciones que guíen la acción del Gobierno. Pero estas mociones y
resoluciones tendrán que poner blanco sobre negro, cuáles son las
opciones y cuáles son las alternativas. ¿Consideran sus señorías que el
Plan Director de Infraestructuras propone invertir demasiado? ¿Demasiado,
con respecto a qué? ¿Con respecto a las necesidades o con respecto a las
capacidades de financiación? ¿Proponemos invertir demasiado con respecto
a lo que podemos financiar? ¿Esa es la pregunta que debemos hacernos y a
la que las Cámaras deben contestar? ¿Estamos programando demasiada
inversión que no podremos financiar?
Si la respuesta es sí, entonces la responsabilidad política del debate
debe conducir a buscar nuevas fórmulas de financiación o a disminuir los
niveles de inversión programados. Y eso quiere decir renunciar a algunos
objetivos y les aseguro que no va a ser fácil, porque cualquier objetivo
que se abandone levanta en el territorio afectado la lógica resistencia.

Y si la respuesta es que el equilibrio entre invesión y financiación es
adecuado, entonces tendremos que contestar a otra clase de preguntas
quizás más importantes, como saber, por ejemplo, si la inversión que
estamos proponiendo hacer lo soporta el territorio español desde el



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punto de vista del impacto medioambiental de las inversiones previstas.

Y ésta es también una gran pregunta que requiere un debate antes de
contestarlo. Cuando estamos diciendo que queremos construir 5.000
kilómetros nuevos de autopistas, éstos son demasiados o demasiado pocos.

La respuesta que me han dado las Comunidades Autónomas es que son
demasiado pocos porque querían incluir en el Plan Director muchos
kilómetros más. Pero hay corrientes de opinión en la sociedad española
que dicen que son demasiados, porque su impacto ambiental es
extraordinariamente fuerte y porque podríamos concebir una sociedad con
menores niveles de movilidad y menores exigencias de infraestructuras y
de inversión para financiar estas infraestructuras. Este punto de vista
debe también ser objeto de debate, porque, por una parte el Ministerio
recibe peticiones para construir autopistas en trayectorias que no tienen
tráfico que lo garantice y lo justifique y, por otra parte, nos
encontramos con fuertes resistencias para construir autopistas ahí donde
el tráfico lo exige pero donde el impacto ambiental es fuerte.

Esto, señorías, es a fin de cuentas la política. La política consiste en
equilibrar puntos de vista distintos y en buscar la solución más adecuada
desde el punto de vista de criterios múltiples. Pero hemos de decirnos y
decirle a la sociedad española que todo no se puede tener a la vez, que
si se quiere tener agua en Murcia para atender las necesidades del
desarrollo de la España árida, hay que construir embalses en el Pirineo,
que no se puede querer tener las dos cosas a la vez: agua en todas partes
y embalses en ninguna, que es lo que con frecuencia se plantea. Queremos
toda el agua del mundo en todas partes, pero no queremos construir en
ninguna el embalse necesario para guardarla y poderla suministrar;
queremos tener todos los productos materiales que nuestra civilización es
capaz de producir, pero no queremos tener una planta de tratamiento de
residuos en ninguna parte. Y sin embargo producir quiere decir producir
también residuos que habrá que tratar, minimizar primero pero tratar
después aquellos que no seamos capaces de evitar que se produzcan. Eso
también es la buena política, señorías, la que trata de las cosas que le
interesa a la gente.

Por eso creo, señor Bris, que el inicio de su crítica ha desenfocado el
objeto del debate, cuando no ha sido usted capaz de sustraerse a la
tentación de relacionar cualquier actuación del Gobierno con el clima de
crispación que vive hoy la sociedad española, y las preguntas que usted
se ha hecho se las podía haber ahorrado, porque usted conoce la
respuesta. Cuando se ha preguntado a sí mismo y nos ha preguntado si el
debate sobre el PDI venía a la Cámara otra vez acaso para tapar los
problemas de corrupción que había planteados en España, o acaso para
engrandecer la figura de este humilde Ministro, o acaso para preparar las
próximas elecciones, no ha sido usted capaz de sustraerse a un ambiente
al que deberíamos todos tratar de aislar en su realidad concreta para que
no nos impidera hacer el trabajo para el que nos pagan que es, aquí y
ahora, discutir cómo queremos que sea la España de los primeros años del
próximo siglo (Aplausos en los bancos de la izquierda.), cómo queremos
imaginar el territorio de este país y esa necesidad de imaginar el
futuro, de pensar cómo queremos que el relieve español se vea afectado
por las vías de comunicación, y cómo queremos que nuestras ciudades
crezcan en el esuferzo que hemos intentado hacer, que es, sin duda,
mejorable, pero que tiene el valor de existir habiendo asumido el riesgo
de crear muchas insatisfacciones. Les aseguro que muchos Senadores
piensan, como el Senador de La Rioja, que en su territorio no se hace
todo lo que se necesita, que está marginado con respecto al de los demás,
o que las inversiones se orientan a otras partes en función de criterios
políticos que tratan de condicionar el desarrollo de un territorio en
beneficio de otro. Creo que eso es precisamente lo que el Plan Director
ha intentado evitar.

Y sin poder ahora contestar a todos y cada uno de los intervinientes en
su dimensión local específica y comentar con algunos de los
representantes del País Vasco cuáles son los calendarios específicos de
tal o cual infraestructura, o con los de La Rioja, para saber en qué
medida podríamos programar otras obras que no están en el PDI, déjeme que
conteste a su inquietud diciéndole que en el caso concreto de La Rioja
están previstas tres inversiones, algunas en su territorio, otras que,
sin estar en su territorio, le afectan de una forma directa y muy
evidente, y otras que también sin estar en su territorio, tienen un
efecto inducido muy positivo. En materia de carreteras, por ejemplo, el
Plan prevé invertir casi 100.000 millones de pesetas en el propio
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero prevé también
invertir 360.000 millones de pesetas fuera de su territorio pero que le
afectan de una manera directa, de una manera muy positiva. En materia de
ferrocarril, pensamos invertir 20.500 millones de pesetas en el
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero hay inversiones
ferroviarias por valor de 500.000 millones de pesetas que no están en su
territorio, pero que le afectan de una forma muy directa.

Esto, señorías, también nos obliga a pensar la política del territorio
con una cierta perspectiva global, porque muchas veces las inversiones se
hacen en un territorio, pero esa inversión no beneficia a ese territorio
y, en cambio, al revés, otras inversiones no se hacen en el territorio de
una comunidad o se hacen muy poco y, sin embargo, beneficia
fundamentalmente a esa comunidad. Un tren de alta velocidad que atraviese
las llanuras del interior de España, sin pararse en ninguna parte, no
beneficia; pasa por allí, y la inversión se materializa en esas hectáreas
de ese territorio pero, repito,



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no le beneficia. Beneficia a los puntos donde se para; beneficia a las
rótulas que articula, beneficia a los puntos inicial y final de trayectos
que se acortan en el tiempo; sin embargo, si lo computamos
territorialmente, la inversión en esos territorios puede ser mínima. No
siempre coincide el reparto territorial físico de la inversión con los
beneficios que esta inversión genera. No siempre coincide el beneficio
con el coste, y es evidente que muchas veces hay costes en materia de
política hidráulica que se soportan en unos territorios para conseguir
beneficiar a otros. Pero eso también es la política territorial,
señorías, y eso también es lo que tenemos que afrontar aquí, procurando
decir lo mismo en todas partes, cualquiera que sea quien nos escucha,
cualquiera que sea quien nos pregunta, y eso el Plan Director lo asume
sabiendo que no todo el mundo se quedará contento de las alternativas que
ofrecemos, porque todo el mundo quisiera tener un tren de alta velocidad
a la puerta de su casa, y como eso no es posible, hay que escoger
trayectorias que al escoger unas quiera decir que no retenemos otras; eso
debe ser también objeto de un análisis político y económico para valorar
la circunstancia de cada inversión.

Pero, sobre todo, en materia de agua y en materia de medio ambiente
tenemos que ser extremadamente rigurosos para evitar la esquizofrenia
intelectual que nos puede invadir si estamos dispuestos a decir en cada
momento lo que creemos que quiere escuchar nuestro interlocutor, porque,
entonces, no estamos planificando nada; simplemente, estamos buscando la
simpatía que provoca decir lo que se quiere escuchar. Y hay que saber,
señorías, sobre todo señorías del Partido Popular, si están ustedes
dispuestos a defender una política hidráulica que sea capaz de
suministrar agua en todas partes, sabiendo que eso tiene costes, sin duda
económicos, financieros, ambientales y políticos para hacer lo que los
políticos tenemos la obligación de hacer, que es sumar la peras con las
manzanas --eso que no saben hacer los escolares ni los ingenieros, y que
es la responsabilidad del político--. Porque cuando yo leo a su líder, al
líder del Partido Popular, decir que España es como es, con una zona
húmeda al norte y una zona árida al sur, y que así nos ha hecho la
naturaleza y que eso no debe ser alterado por los políticos dedicando a
ello dinero público --estoy leyendo (aplausos en los escaños de la
derecha y protestas en los de la izquierda), léanlo ustedes--, me
sorprendo; me sorprendo hasta que veo que es una revista de ecología, y
entonces me sorprendo menos porque esto es posiblemente lo que quieran
leer los lectores de esta revista, pero seguramente no es lo que quieren
saber los ciudadanos de Murcia, los ciudadanos de la cornisa mediterránea
española, que les conviene leer esta revista y saber que ustedes, cuando
interesa, dicen que España es como es, que ya se sabe que está verde al
norte, que está árida al sur y que no debemos cambiar lo que la
naturaleza sabia ha hecho, incurriendo en costes ambientales y económicos
para modificar la realidad y que hay que mantenerla como la naturaleza ha
hecho.

Esta es la clase de debate que no hay que hacer. Señorías, yo no he hecho
esas declaraciones, no se indignen, indígnense con el señor Aznar, no
conmigo. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)
Esta es la clase de debate que hay que evitar, porque habrá que explicar
que si queremos que la cornisa mediterránea se desarrolle tiene que tener
agua y para que tenga agua habrá que hacer un balance hídrico, y si el
balance hídrico sale negativo habrá que pensar si es económicamente
viable, financieramente razonable, políticamente posible y ecológicamente
asumible hacer una política de trasvases. Eso es lo que tenemos que
debatir, lo que plantea el Plan Director y lo que se desarrollará en el
Plan Hidrológico Nacional que vendrá a continuación.

Señorías, estas y otras muchas razones, en las que no puedo entrar, son
las que me hacen creer que el debate que hoy hemos iniciado puede ser un
debate positivo, un debate que nos permita a todos conocer mejor cuáles
son las opciones que se nos presenten, cuál es nuestra capacidad
financiera para asumirlas, cuál es nuestra voluntad de construir una
España, la que sea, la que queramos tener, la que deseemos imaginar, la
que sea el resultado de la voluntad política de este pueblo.

Por eso, no puedo estar de acuerdo con quienes me han pedido que procure
que esta segunda edición del PDI sea la última. No; que no sea la última,
que sea la que tenga que ser, que vengan dos, tres, las que hagan falta
después, porque el Plan Director de Infraestructuras no puede ser el
resultado tecnocrático de la acción de un conjunto de técnicos, ni
siquiera de la concepción de un Gobierno.

El Plan Director de Infraestructuras tiene que ser lo que la sociedad
española quiere que sea, y para llegar a descubrir qué es lo que quiere
que sea tiene que debatirlo, tiene que discutirlo y cada debate alumbrará
una nueva versión del PDI; porque, si no fuera así el debate estaría
cerrado antes de empezar y la propuesta inicial, si es igual a la final,
quiere decir que entre medias no hemos sido capaces de aportar nada, y yo
no creo que ése sea el caso.

Estoy seguro de que son ustedes capaces de aportar mucho y que el debate
que debemos hacer nos debe obligar a modificar muchas de las cosas que
hemos concebido inicialmente, que son susceptibles de redacciones
alternativas, de consideraciones distintas. Por eso creo que cuando acabe
el debate en el Senado y en el Congreso habrá una nueva versión del PDI
distinta de la primera, mejor y más asumida por la sociedad española, que
es de lo que se trata.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Todos los intervinientes van a hacer uso de la palabra en este turno?
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
El Senador Gangoiti tiene la palabra.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo brevemente por alusiones. El señor Ministro planteaba en el
tema de los puertos de interés general que el Estado no está dispuesto a
renunciar a ellos y yo le planteaba no la transferencia, sino la gestión.

Me hablaba también del hecho de la solidaridad. Yo querría decirle que
Hamburgo, Amsterdan o Amberes, por citar tres puertos importantes de tres
Estados distintos, Alemania, Holanda y Bélgica, donde creo que existe una
cohesión social, por múltiples razones y por los años de democracia,
superior a la que existe a nivel del Estado español y, en consecuencia,
hay una solidaridad, esos puertos son gestionados no por el Estado, sino
de una forma muy distinta y en la línea del planteamiento que hacemos
nosotros.

Yo creo --y lo expuse en el debate-- que la Ley de Puertos, como dijimos
en su momento, no es una buena ley, es una mala ley, e incluso nos da la
sensación de que lo que se está haciendo de alguna forma con ella es un
INI de puertos, y precisamente en un momento en el que estamos viendo de
qué forma se puede llevar a cabo un saneamiento de las empresas públicas
y, en los casos en los que fuese oportuno, una privatización. Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, Presidente.

Voy a ser muy breve.

Creo que se me ha aludido subliminalmente al hablar sobre la fecha en que
se han repartido los tomos, su número, etcétera. Este Senador no los ha
recibido el 6 de abril. Y ya está. Y el señor Ministro puede decir lo que
le parezca: lo que quiera. Este Senador y este Grupo no los han recibido.

Cuando hablé de cuatro tomos, hablé de cuatro tomos, no de los
necesarios. Este Senador, por supuesto, sabe leer y, por tanto, sabe que
el último es segunda edición.

En cuanto a lo que ha dicho el Ministro sobre los cuarenta y dos días y
que tendríamos más tiempo aludiendo a que yo había dicho que no habíamos
tenido tiempo, no hemos tenido tiempo, y ya está. Además, dije que no
tratábamos de reprochar nada a nadie. Porque las explicaciones sobre por
qué se está debatiendo esto aquí se me dieron en la Junta de Portavoces
de ayer, y este Senador las comprendió y se calló. Por eso dije que sin
excusas ni reproches. Por tanto, decir que con cuarenta y dos días
tendría más tiempo que con veinte, me parece una ironía que no viene al
caso pero que al señor Ministro le gusta, y se lo digo sin acritud.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Grau.




El señor GRAU I BULDU: Gracias, señor Presidente.

Deseo únicamente matizar al señor Ministro mis palabras cuando he hablado
de la segunda edición.

La segunda edición la hemos entendido aquí como documento de trabajo o
como elemento de base de discusión previo para la elaboración definitiva
del Plan. Nuestro objetivo es que este documento --el libro que hemos
recibido-- sirva para seguir adelante y para iniciar los debates y
proceder a su aprobación definitiva.

Si esta aprobación nos lleva el tiempo necesario para obtener el Plan,
será entonces cuando obtendremos el documento definitivo, y quizá sea la
tercera edición de base para ejecutar durante estos quince años el Plan
Director de Infraestructuras. Somos, pues, de la opinión del señor
Ministro de que este documento de trabajo no es un documento cerrado ni
un documento estático, sino un documento evolutivo que, como es lógico,
incluso después de la tercera edición y con la aplicación de las
directrices aprobadas, tendrá que sufrir las revisiones que los cambios
demográficos y las evoluciones de las infraestructuras sobre las cuales
se actúa demanden.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.




El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, lamento sinceramente que usted me haya acusado de dejarme
llevar por la tentación de hablar de corrupción y usted hable de personas
que no están aquí presentes y de lecturas parciales de documentos que
usted no ha leído en su totalidad. Deseo decirle que si nos referimos al
Plan Director de Infraestructuras, el libro que aquí figura, ustedes
aceptan, precisamente al hablar de la Política Agraria Comunitaria, como
un hecho ya consumado de los acuerdos del GATT, que una gran parte de
esta España que usted dice defender --y estoy seguro de que lo hace-- se
considera cercana a la desertización. Eso figura aquí. Es decir, que
ustedes consideran que la Política Agraria Comunitaria que ustedes ha
practicado y los acuerdos del GATT que ustedes han firmado van



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a influir en la desertización de una gran parte de España. Eso está en
este libro.

Por otra parte, cuando hemos hablado del momento, no nos referíamos al
debate, sino al momento de la presentación. Señor Ministro, usted que
está tan informado y usted que es el responsable de este libro del Plan
Director de Infraestructuras, ¿dice que lo que nos han entregado en el
Senado es exactamente igual que este libro? Pues no, no es lo mismo.

Usted desconoce qué es lo que estamos en estos momentos debatiendo. Me
voy a limitar a leerle dos páginas de las que tenemos aquí, la página 33
del escrito que se nos entregó en el Senado y la página 40 del libro que
nos enviaron hace unos días. En la primera se dice: «El volumen anual
total de agua utilizable en España se sitúa en unos 42.000 hectómetros
cúbicos.» En el libro se dice: «El volumen anual total de agua utilizable
en España se sitúa en unos 46.000 hectómetros cúbicos.» Seguimos con el
informe remitido al Senado: «... con un superávit sobre la demanda de
unos 10.500 hectómetros cúbicos al año». El libre dice: «... con un
superávit en la demanda de unos 10.000 hectómetros cúbicos al año». Y así
podríamos continuar. Está todo cambiado. Y no solamente esa página.

Podemos citar otras. Por ejemplo, la 37 del Informe del Senado y la 47
del libro. Ustedes hablan del incremento de la contaminación del aire en
España. Hay párrafos enteros que figuran en este informe y que no figuran
en el libro y, a la inversa, hay párrafos que figuran en el libro que no
figuran aquí. Por tanto, no es el mismo Plan Director de Infraestructuras
el del libro que nos han entregado que el que en su día se comunicó al
Senado. Por eso, al principio de mi intervención le he preguntado, señor
Ministro, qué es lo que estamos aquí debatiendo. ¿Estamos debatiendo el
informe que se nos entregó en el Senado, no el día 6, sino hace 10 ó 12
días, o el libro que nos ha entregado usted ayer? Esto es lo primero que
tiene usted que aclarar. Esa es la primera pregunta que le debemos hacer,
porque en gran parte, y le he leído simplemente dos muestras, son cosas
totalmente diferentes.

Me extraña, señor Ministro que usted, que es responsable de la
presentación de este Plan Director, desconozca que se nos ha entregado un
plan distinto para discutirlo en un proceso único, como es el debate que
se está celebrando aquí en esta Cámara. Aclárense ustedes y cuando se
hayan aclarado y sepan lo que han presentado, vengan aquí a esta Cámara a
decírnoslo. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
Se nos ha dicho también que el plan no es insolidario. Yo estoy viendo
los gráficos --aunque es verdad que no hemos examinado el plan en
profundidad porque tiene muchas páginas-- y así, por ejemplo, puedo decir
que para el archipiélago balear no hay previsiones de infraestructuras de
carreteras. Aquí ya hay, aunque sea solamente una, una marginación.

Dice usted que el Plan Nacional de Telecomunicaciones no debe estar aquí
porque ya hay un plan nacional aprobado. Por la misma razón tampoco
debería usted hablar del Plan Nacional Hidrológico. Usted dice que no,
pues dígame usted la diferencia que hay entre una cosa y otra. Además,
señor Ministro, usted intenta pasar la pelota al Parlamento. Quiere usted
que el Parlamento diga qué es invertir demasiado.

Mire usted, señor Ministro, yo en mi casa puedo decir que me quiero
comprar un chalet, un Roll-Royce, pero mi mujer me va a decir que no
puedo comprarlo porque no tengo dinero. Señor Ministro, uno tiene que
saber cuál es la realidad del momento. Y como Ministro de Obras Públicas
debe decir lo que esta nación puede aguantar con esa inversión que usted
nos presenta.

He tocado el tema de la corrupción con un enorme cuidado. No he querido
entrar en él ni voy a entrar. Sí voy a decirle que la España que nosotros
queremos para el siglo futuro no necesita sólo infraestructuras --y estoy
seguro que usted comparte lo que le voy a decir--, sino que precisa
también de unos principios morales y éticos porque esto, señor Ministro,
va a repercutir en que tengamos unas infraestructuras mejores.

Usted nos ha dicho al principio que hay que dar prioridad a los gastos
sociales. Los gastos sociales son inherentes a la propia sociedad
española. Nuestra sociedad tendrá más dinero para invertir si sus
principios morales y éticos --que estoy seguro que usted comparte
conmigo-- son superiores. Así, para el año 2007 tenemos que tener unas
buenas infraestructuras, pero también, como le digo, una ética y una
moral consolidada dentro de la sociedad española.

Señor Ministro, quiero decirle, con esto termino, que este libro que se
nos ha enviado tiene muchísmos errores. Y ya no me estoy refiriendo al
plan remitido al Senado. Usted ha hablado del conocimiento del mapa de
España, pero fíjese usted que en la página 101 puede verse que donde
tenía que estar Ceuta está Melilla. Aquí lo tiene usted. Estos son
errores de bulto. Lo que se ha mantenido en este libro en relación con lo
que nos ha presentado hoy en el Senado y también en relación con lo que
se presentó en el libro a primeros de marzo de 1993 ha sido únicamente el
precio. Todavía me acuerdo de que usted nos dijo en una Comisión que se
vendía por seis mil pesetas. Gran parte de lo demás se ha cambiado.

Señor Ministro, de verdad le digo que tanto este libro como la
presentación que se ha hecho ante el Parlamento no están acordes con
otras cosas que usted nos ha traído en otras ocasiones. (Aplausos en los
escaños de la derecha.--Protestas en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Obras
Públicas.




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El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

La argumentación sobre los puertos de Hamburgo, Rotterdam o Amberes en
relación con la estructura portuaria española, viene muy a cuento para
decir que no se puede defender la misma teoría económica en cualquier
latitud o longitud.

El hablar de telecomunicaciones en Holanda supone hacerlo de una forma
radicalmente distinta a como se hace en España. El Ministro holandés de
telecomunicaciones no entiende el problema que tenemos nosotros, no puede
entender que todavía no haya teléfono en este país en todas partes ya que
en todo su territorio tienen teléfono desde hace mucho tiempo. Se trata
de un país pequeño, llano, con una población repartida de forma muy
homogénea por su superficie. Holanda no tiene problemas de cobertura de
servicios ni tiene problemas de desfases por ganancias en un territorio o
por pérdidas en otro. Pero vaya usted a explicar allí lo que ocurre en
nuestras aldeas gallegas, en la Alpujarra o en los pueblos del Pirineo,
que nada tienen que ver con lo que pasa en Holanda. (Varios señores
Senadores desde los escaños de la izquierda: ¡Muy bien!)
Pues con los puertos ocurre lo mismo, señoría. Rotterdam es un gran
puerto, pero Holanda solamente tiene dos. Puede decirse que Holanda es
una nación-puerto. Tiene dos grandes puertos que son consustanciales con
ella misma; es decir, no tiene problemas de red porque sus puertos no
forman red, pero en España nuestros puertos sí que forman red. No se
puede comparar la geoeconomía española con la geoeconomía holandesa. Por
otra parte, el puerto de Bilbao no está gestionado por el Estado sino por
un ente público de titularidad estatal, lo que es muy distinto.

Pero, en fin, señor Senador, ya hablaremos de esto cuando usted quiera.

Estoy seguro de que llegaremos a ponernos de acuerdo.

Señor Barbuzano, perdóneme, pero no era su señoría el destinatario
fundamental de mis ironías. (Risas.) Usted ha hecho referencia a que no
le habían llegado los papeles, pero yo me refería más bien a las críticas
que había hecho el Grupo Popular.

La verdad es que cuando he oído al Senador Bris he tenido la tentación de
pedirle al Presidente de la Cámara, como cuestión de orden, que
suspendiera el debate hasta que quedara claro que los papeles habían
estado cuando tenían que estar y que sus señorías habían tenido tiempo de
leerlos. Por otra parte, les aseguro que he venido hoy porque ustedes me
lo han pedido. (Un señor Senador desde los escaños de la derecha:
¡Tarde!) Señoría, no he venido tarde. He llegado exactamente a la hora en
que se me había convocado, a las once de la mañana. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.--Protestas en los escaños de la derecha.) He
llegado exactamente el día y la hora en que se me había convocado. Si
ustedes han terminado sus trabajos antes (Dirigiéndose a los escaños de
la derecha.) porque la concesión de suplicatorios que les ha ocupado en
el día de hoy era evidente para ustedes, ése es su problema. (Aplausos en
los escaños de la izquierda.--El señor Unceta Antón pronuncia palabras
que no se perciben.)
¿Decía algo, señoría?



El señor PRESIDENTE: Señorías, el Reglamento prohíbe dialogar con quien
está en el uso de la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Hubiéramos podido celebrar este debate la semana que viene o dentro de
dos semanas. Ha sido el Senado el que ha insistido en que se celebrara
hoy. Tengo documentación y certificaciones que acreditan que nuestros
documentos fueron repartidos el día 6. No sé cuándo les llegaron, pero sí
sé cuándo fueron repartidos.

Señor Bris, ¿de verdad cree usted que el debate sobre el PDI puede
devaluarse tanto como para enseñar mapas y decir que donde está Ceuta
pone Melilla? Estoy seguro de que no lo cree usted. Pienso que se trata
tan sólo de una anécdota por encima de la cual hemos de pasar de
puntillas.

La versión de imprenta ha corregido las erratas que había en la versión
provisional que aprobó el Consejo de Ministros. Eso explica seguramente
algunas diferencias. Pero si de verdad usted me está diciendo que hemos
mandado a la Cámara un documento que altera sustancialmente el que fue
aprobado en Consejo de Ministros, entonces es que estamos ante un
problema muy grave que no afecta tan sólo al Senado sino también a mi
Ministerio, el cual, según usted, se dedica a publicar cosas
sustancialmente distintas de las que aprueba el Consejo de Ministros.

Señoría, comprenderá usted que eso no puede ser. En todo caso, no es el
aspecto fundamental de nuestro debate.

En fin, sólo quería insistir en que es muy diferente el Plan Nacional de
Telecomunicaciones --que ya existe, está aprobado, y no hay razón para
modificarlo--, que el plan hidrológico nacional, que no solamente no
existe, sino que es una pieza clave en la política territorial española.

¿De verdad cree usted que el plan hidrológico es comparable con el Plan
de Telecomunicaciones desde el punto de vista de su incidencia en la
política territorial? Naturalmente que no lo es. Según como lo hagamos,
el plan hidrológico cambiará radicalmente los escenarios territoriales
españoles, mientras que el Plan de Telecomunicaciones no lo hace, porque
dentro de dos años España tendrá una cobertura universal y no se nos
plantearán problemas de equilibrio territorial.




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Seguiremos debatiendo, señor Bris, con la cordialidad con la que usted y
yo lo hemos venido haciendo siempre --y estoy seguro de que esa
cordialidad contribuirá al buen resultado del debate--, pero no me diga
que le paso la pelota al Parlamento, porque tengo un enorme respeto por
las Cámaras, a las que en este momento les corresponde representar a la
nación española para expresar lo que creen que debemos hacer al respecto.

Nosotros ya lo hemos dicho; existe una propuesta, y lo que el Ministerio
y el Gobierno creen está en el Plan Director, pero estamos dispuestos a
entender que podemos hacer cosas distintas y desarrollar una cultura del
debate, que de forma tan dramática nos falta en este país. Debatir es una
costumbre que no hemos ejercitado demasiado; prácticamente la
descalificación o la orden, pero no tenemos demasiado hábito de escoger
entre alternativas.

Por eso he creído, señoría, que hoy usted no tenía que haber hecho
referencia --ni siquiera de pasada-- al tema de la corrupción, porque --y
déjeme que se lo diga también sin acritud-- no hay que generalizar. El
hecho de que ustedes esta mañana hayan concedido un suplicatorio para que
el Tribunal Supremo actúe con respecto a un Senador del Partido Popular
no me puede llevar a generalizar esa conducta. (Protestas en los escaños
de la derecha.) Y el que hoy tengamos que lamentar --y bien que lo
lamentamos-- comportamientos muy concretos de personas con nombres y
apellidos, no debe hacer planear una sombra de duda y descalificación
sobre la acción pública de todas las administraciones. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.) Repito que bien que lamentamos tener que hacer
frente a las críticas y al desencanto que producen comportamientos
irregulares de personas, que son más graves cuanto más importante haya
sido la función que hayan desempeñado.

Solamente puedo decirles que esas circunstancias no deben empañar el
esfuerzo en el que todos estamos comprometidos para contribuir, cada uno
con sus opiniones y sus responsabilidades, al progreso de la nación
española.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, quiero darles una información complementaria. La Mesa, en su
reunión del 5 de abril, remitió a los portavoces de los grupos la
documentación que, a su vez, había remitido el Gobierno, consistente en
los tres volúmenes a los que se ha hecho referencia. El oficio de salida
es de fecha 6 de abril, y consta que se repartieron los volúmenes en
dicha fecha. Comprendo que solamente la Mesa pueda cometer la
extravagancia de reunirse el 6 de abril para remitir volúmenes.

Seguramente, sus señorías estaban dedicadas a otras cuestiones más
importantes.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.




Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/93.) SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA. (s. 621/000025.) (c. d. 121/000030.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día.

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
proyecto de Ley sobre medidas Urgentes de Fomento de la ocupación,
procedente del Real Decreto-Ley 18/1993. Se tramita por el procedimiento
de urgencia.

La fecha de publicación en los Boletines correspondientes es de 25 de
abril de 1994.

Para la presentación del dictamen, la Comisión designó al Senador Blanco.

Tiene la palabra el Senador Blanco.




El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir
brevemente para indicar que, con fecha 8 de abril de 1994, ha tenido
entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados, relativo al proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de
la Ocupación, procedente del Real Decreto-Ley 18/1993.

Constituida la Ponencia, formada por los Senadores Miguel Ramón i Quiles,
del Grupo Parlamentario Mixto; José Marcelino Galindo Santana, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Manuel Bolinaga Bengoa, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Ramón Companys i
Sanfelíu, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; Jaime Lobo
Asenjo y Mariano Alvarez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular, y
Ana Sánchez de Miguel, Angel Franco



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Gutiez y José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, y tras
examinar el pasado día 18 de abril las 98 enmiendas presentadas, acordó
por mayoría la incorporación de las enmiendas que van del número 84 al
98, del Grupo Parlamentario Socialista.

En el trámite de la Comisión, visto el Informe emitido por la Ponencia,
se acordó aceptar el Dictamen del texto propuesto por la misma, quedando
para su debate en esta sesión plenaria 41 enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, seis enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, 15 enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unión y
11 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.




Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Previamente al debate de totalidad, tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez). Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, hoy es 27 de abril de 1994. Hace
nueve meses exactos se reunió por primera vez la mesa de negociación del
pacto social por el empleo: los Ministros de Economía y de Trabajo y los
máximos responsables de la CEOE, CEPYME, UGT y Comisiones Obreras. Desde
entonces han pasado muchas cosas y permítanme ahora, en estos momentos en
que se ultima la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que
exprese ante sus señorías la satisfacción del Gobierno por el trabajo
realizado. Satisfacción y agradecimiento a todos aquéllos, que son
muchos, cuyo compromiso, esfuerzo y convencimiento ha hecho posible
llegar a este momento. Y aquí y ahora también a todos ustedes
especialmente, señoras y señores Senadores, cuyo trabajo y dedicación ha
permitido, con la introducción de algunas importantes modificaciones,
mejorar el texto remitido y reafirmar los objetivos y la filosofía que
han presidido su elaboración.

Los tres proyectos de ley, en este caso dos, que hoy debate esta Cámara
reponden al objetivo prioritario que se fijó por el Gobierno de acuerdo
con la última oferta electoral: el empleo, su protección y promoción, un
objetivo que coincide con el Libro Blanco sobre crecimiento,
competitividad y empleo. Libro que lo expresa de una forma lacónica, pero
muy gráfica. La razón es sólo una, una palabra: el paro.

El empleo, señorías, es algo más que una línea en los cuadros de
magnitudes macroeconómicas. Ha dejado de ser un aximoma la concepción
clásica del empleo como un mero efecto inducido del crecimiento económico
o como un mero resultado de la expansión económica. Hoy hemos de afirmar
que crecer es una condición necesaria pero no suficiente; que el
crecimiento económico debe ir acompañado de una política específica de
empleo que refuerce sus efectos positivos y mitigue los negativos, una
política de empleo que favorezca que todo empleo posible llegue a ser un
empleo real; que multiplique el número de puestos de trabajo creados
cuando se crece y que los proteja adecuadamente cuando se llega a una
fase de recesión económica. En una palabra, señorías, nuestro objetivo es
el empleo y para su creación y conservación hemos querido hacer realidad
las reformas que entendemos imprescindibles.

Cité antes, hace un momento, el programa electoral socialista. Es un
referente necesario para explicar y entender el énfasis que el Gobierno
ha venido poniendo en la necesidad de alcanzar lo que denominábamos un
pacto social por el empleo, compromiso que fue la primera acción del
nuevo Gobierno.

Desde el principio apostamos por ese pacto, convencidos de que los
interlocutores sociales debían ser los verdaderos protagonistas de las
relaciones laborales y conscientes de que la convergencia en las reglas
del juego ha tenido siempre un efecto multiplicador en la obtención de
resultados. Así, el primer Consejo de Ministros del actual Gobierno
convocó esa mesa de negociación y su constitución efectiva y primera
reunión normal tuvo lugar sólo 13 días después, es decir, el 27 de julio.

Como recordaba el Presidente del Gobierno en el reciente debate sobre el
estado de la nación, entre ese día y el final del mes de noviembre se
celebraron 33 reuniones de la mesa de negociación, que,
desafortunadamente, no fructificaron en el pretendido pacto por el
empleo. No fue posible. Pero cuando digo que no fue posible, no me
resigno a señalar que algunos de los que hoy nos acusan de no haber
conseguido ese pacto criticaban acerbadamente entonces nuestro empeño en
conseguirlo, tildando este intento, el de conseguir el pacto, como un
burladero en el que nos amparábamos para no asumir la responsabilidad de
tomar decisiones.

No corresponde aquí, ni es mi estilo tampoco, identificar culpables o ni
siquiera responsables, sí remarcar que la obligación del Gobierno fue
adoptar decisiones ante el fracaso del diálogo, y así lo hizo, porque la
propia situación de incertidumbre y de expectativa generaba más paro, que
es justamente el efecto contrario del objetivo deseado.

Permítanme recordarles que el Ministro que les habla se comprometió en el
mes de septiembre a traer al Parlamento la reforma de la legislación
laboral antes de que finalizara 1993, y fue un compromiso que quedó
cumplido.

El 3 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el paquete de la
reforma; el 28 de diciembre se presentó en el Congreso, cuando se
solicitó la convalidación del Decreto-ley de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación, y el 20 de enero tuvo lugar la presentación definitiva



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de los proyectos de ley a cuyos últimos trámites parlamentarios estamos
hoy asistiendo.

El objetivo de la reforma, como he dicho en reiteradas ocasiones, es el
empleo, es decir, proteger, promover, fomentar el empleo. ¿Y cuáles son,
señorías, los motivos que fundamentan la necesidad de reformar nuestras
instituciones laborales para conseguir estos objetivos?
Sin voluntad de ser exhaustivo, sí quisiera remarcar las razones que
diferencian la realidad de nuestro país de aquellas otras del entorno
geográfico y cultural que nos es más próximo. Es bien conocida la
evolución reciente de las cifras de empleo en nuestro país, y en especial
la acelerada destrucción de puestos de trabajo a la que se ha asistido a
lo largo de 1993. Este proceso se explica, es cierto, por razones
coyunturales derivadas de la recesión económica, quizá la más importante
de las tres últimas décadas en la Europa occidental. Pero, junto a ello,
inciden también elementos de carácter estructural que era necesario que
abordáramos en profundidad. Vivimos --y es importante resaltarlo-- en un
mundo que asiste a un cambio global, a un cambio acelerado, un cambio
convertido en una aldea global que se está dotando, con inusitada
rapidez, de un mercado global; los acuerdos del GATT, la creación de una
Organización Mundial del Comercio no son sino una clara manifestación de
este fenómeno. La economía europea está empezando a salir de uno de los
períodos más delicados de las últimas décadas, en que se ha perdido
competitividad no sólo ante los que fueron sus rivales tradicionales,
Estados Unidos y Japón, sino frente a los países de reciente
industrialización, que ganan sin respiro cuotas importantes en el mercado
mundial. Se puede afirmar que en el futuro nada va a volver a ser como
antes. Asistimos, sin duda, a los estertores de una forma concreta de
organización productiva, la producción en masa, la producción de amplio
volumen, y con ella está terminando también un modelo determinado de
relaciones industriales.

En el caso español, además, la coexistencia de estos problemas
coyunturales con dificultades estructurales se ve acompañada de dos
factores peculiares: en primer lugar, las profundas transformaciones
sociales y económicas que se han vivido en nuestro país en los últimos
diez años y, en segundo lugar, la tradicional dificultad de la economía
española para reflejar un crecimiento neto de empleo en sus momentos de
auge económico.

Los países de la Unión Europea han crecido mucho en los últimos años;
España, sin duda, ha sido uno de los que más lo han hecho. Sin embargo,
este crecimiento no se ha traducido en un incremento similar del empleo.

El Libro Blanco de la Comisión utiliza el caso de la economía española
como el más sorprendente, quizá, en lo que se refiere a una baja relación
entre crecimiento económico y empleo, y concluye que se ha producido una
absorción del crecimiento, principalmente por las personas empleadas,
que, a su vez, han cerrado el paso a quienes trataban de incorporarse a
la ocupación. En parte, es posible que haya sido así, y luego lo veremos
con algún detenimiento, pero quizá también convendría matizar y añadir
otros elementos, imprescindibles para medir en toda su dimensión este
fenómeno.

Cuando la Comisión compara la relación entre incrementos de la producción
e incremento del empleo, utiliza un período de tiempo, 1970-1992, que si
bien mide los mismos años en cada país, no refleja, ni mucho menos, el
tiempo histórico vivido por cada uno de los Estados miembros. Idéntico
período ha sido escenario de fenómenos nacionales muy distintos; digamos
que cada país ha vivido experiencias similares, pero en momentos
históricos diferentes. No hay sincronía y, por eso mismo, las
comparaciones resultan siempre muy arriesgadas. Los problemas han llegado
a ser semejantes, quizás han llegado a ello en este momento, pero hasta
llegar a 1994 han existido itinerarios y ritmos muy diferentes que
conviene tener presentes, tal vez más aún en el caso de nuestro país.

Hay, como señalaba antes, circunstancias particulares en la situación
demográfica y sociológica española que deberíamos tomar en consideración.

Nuestro país ha experimentado transformaciones --además, de todo tipo--
en estas últimas décadas; y se han concentrado en un período de tiempo
relativamente corto transformaciones sociológicas, transformaciones
estructurales económicas de gran calado que otros países europeos han
vivido a lo largo de períodos mucho más dilatados, y, la mayoría de
ellos, períodos muy anteriores.

Casi todos los países de la Unión Europea, antes o después, han vivido
fenómenos como la pérdida de activos ocupados en el sector primario; han
vivido fenómenos como la incorporación de la mujer al trabajo; han vivido
el final de la emigración, o han vivido el ingreso en la actividad
productiva de su cohorte generacional más nutrida. Unos, vivieron todos
esos fenómenos hace años; otros, vivieron parte de ellos hace años y
viven la parte restante ahora, y aún hay otros que esperan a vivirlos en
el futuro.

Pero quizá lo realmente significativo es que España ha vivido todos ellos
de forma acumulativa entre 1984 y 1993. En esa década hemos asistido a
una pérdida de casi un millón de empleos en el sector primario; a la
incorporación a la actividad productiva de casi dos millones de mujeres;
al final del fenómeno migratorio, tradicional válvula de escape de
nuestro mercado de mano de obra, pasando a ser en este período de tiempo,
por primer vez en este siglo, un país receptor de mano de obra
extranjera, y a la incorporación de la cohorte generacional más nutrida
de nuestra historia, la nacida entre 1968 y 1977, que comprende más de
seis millones y medio de jóvenes.




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Vivimos, pues, la realidad de un período en el que nuestra economía
creció. Creció también, notablemente, el empleo, y se abordó
simultáneamente un amplio proceso de reestructuración económica de
transformación social --incorporación de la mujer al trabajo, final de la
emigración-- y de cambios generacionales. Todo ello, visto en una
perspectiva histórica, adquiere dimensiones necesariamente distintas a
las que se desprenden de una simple apreciación o cotejo de los datos
estadísticos.

Pues bien, en estas particulares circunstancias históricas, la economía
española ha sido capaz de arrojar saldos muy importantes en lo que se
refiere a la actividad y en los que se refiere a la ocupación. Pero este
crecimiento no ha sido suficiente para aumentar lo que hubiera sido
deseable el volumen de empleo. Hay elementos --insisto-- estructurales de
nuestro mercado de trabajo que mantienen altas en todas las fases del
ciclo económico las cifras del paro.

Y estas cifras resultan muy elocuentes para definir lo que es la
insolidaridad de nuestro mercado de trabajo con los trabajadores parados.

También demuestran la insensibilidad del proceso español de formación de
rentas, es decir, de la misma negociación colectiva ante la evolución de
la realidad económica; ponen de manifiesto la insolidaridad de un modelo
en el que el producto del crecimiento económico es absorbido, casi en su
totalidad, por las muchas personas ocupadas, excluyendo de sus beneficios
a los muchos desempleados, algo que se confirma repetidamente en las
estadísticas sobre lo que ha sido la evolución de las rentas salariales
en los últimos años.

Si se examina la evolución de los salarios reales en España en los
últimos 11 años, tan sólo en 1984 y en 1989 éstos crecieron algo por
debajo de la inflación. Y no se puede atribuir a la casualidad que
precisamente en este último año, en 1989, se produjera el mayor descenso
del paro del período, con 308.000 parados registrados menos, y el mayor
crecimiento de la ocupación, con 486.000 personas.

Por el contrario --y tampoco parece que pueda atribuirse a la
casualidad--, el año en que se produjo el mayor crecimiento en términos
reales de los salarios, 1992, dio como resultado en el mercado de trabajo
la pérdida de 243.000 ocupados y un aumento del desempleo de casi 325.000
personas.

El años pasado, en 1993, un año en el que el paro registrado aumentó en
345.000 personas, los salarios pactados por empleadores y sindicatos
experimentaron un crecimiento un 20 por ciento superior al índice de
precios al consumo. Aunque pueda tacharse de que no es exactamente así,
afirmar que sin ese incremento se hubieran conservado 100.000 puestos de
trabajo, a lo que equivale la masa salarial, lo que sí puede concluirse
es que con ese incremento salarial se perdieron 345.000 empleos. Es
decir, nuestro mercado de trabajo se ha venido manifestando de forma
insolidaria con los trabajadores en desempleo.

Y, señorías, cuando en la negociación colectiva se atiende casi
exclusivamente al capítulo del retribuciones, se suele estar negociando
también de forma tácita el volumen de empleo, y a veces de forma no tan
tácita. Yo les podría dar, señoras y señores Senadores, más de 100
ejemplos de empresas que a lo largo de 1993 han acordado, sindicalmente
también, reducir plantillas y simultáneamente han acordado incrementos
salariales por encima de la inflación prevista. Este ha sido nuestro
caso. La negociación colectiva ha venido siendo pobre en contenidos
reguladores de la relación laboral y densa en abordar cuestiones
salariales, y esta pobreza de contenidos, y esta debilidad endémica a la
hora de la autorregulación es consecuencia, como digo, de esta práctica
que focaliza todo el proceso negociador en la fijación de retribuciones y
hace descansar en el Estado la regulación de todo aquello que no sean
salarios.

Esta situación exige una actuación decidida que permita ampliar --ampliar
realmente-- los ámbitos de negociación colectiva de manera que las
condiciones de trabajo puedan adaptarse, y puedan hacerlo flexiblemente,
a las circunstancias de cada momento. Hay que conseguir, en especial, que
mediante la autorregulación se haga uso de todas las alternativas y se
rompa el hábito de utilizar únicamente el despido y la disminución de
empleo como la variable de adaptación a las situaciones económicas
difíciles.

Y fíjense, señorías, que lo que acabo de decir, lo que vengo diciendo
desde hace bastantes meses, no es solamente una conjetura personal. Hace
pocos días el Presidente de la CEOE hacía una reflexión similar, una
reflexión autocrítica, y pedía a los empresarios españoles que no
resolvieran los momentos difíciles recurriendo al despido; les pedía
utilizar unas variables de ajuste distintas a esta que han venido
utilizando tradicionalmente antes de llegar a la medida que, por su
propia naturaleza, debería ser siempre la última razón para mejorar
posiciones competitivas, es decir, el despido. Yo celebro sinceramente
esa posición pública de la CEOE, como también me alegra que los líderes
sindicales hayan hecho declaraciones recientes en esta línea de hacer
prioritario el empleo sobre otras cuestiones. Si estas declaraciones de
unos y de otros se resuelven en un diálogo fecundo entre ellos, podríamos
avanzar, y avanzar de forma acelerada, en el objetivo que todos
pretendemos, que es el empleo.

Después de todo lo anterior, después de todo lo dicho, parece ocioso
preguntar el porqué de la reforma, una reforma que trata precisamente de
conseguir que el crecimiento se traduzca en más empleo y la recesión se
traduzca en menor destrucción de empleo. La tarea es enorme y hay que ser
ambicioso. No existen soluciones milagrosas, pero tampoco cabe la
resignación. Hay



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que actuar decididamente sin caer en algunas de las tentaciones que
podrían agravar el problema que estamos tratando de resolver. En
particular, debemos huir de la tentación de arruinar un modelo que ha
merecido un consenso social en todos los países europeos desde la
postguerra y que constituye, sin duda, su acervo más precioso y una de
las que son sus señas de identidad definitorias: un modelo que tiene en
la libertad sindical, en la negociación colectiva, en la protección del
medio laboral, en la preservación del medio ambiente, en la defensa de la
igualdad de oportunidades, en la efectiva igualdad hombre-mujer, en la
protección de la infancia y en la solidaridad social los que son sus
pilares básicos.

Pero también debiéramos huir de un inmovilismo que declare indisponibles
todos y cada uno de los aspectos de una situación que, sin duda, tiene
que adaptarse de manera flexible a las nuevas exigencias. Señoras y
señores Senadores, no basta confiar en que la llegada de la fase
expansiva del ciclo o el crecimiento económico vaya a generar
mecánicamente mejoras en los datos del mercado de trabajo. Es necesario,
además, remover con decisión cualquier obstáculo que impida que la
economía española traduzca el crecimiento económico en creación neta de
empleo.

Y no parece necesario proceder a una exposición en detalle del contenido
de los extensos textos legales que está siendo objeto de debate, que lo
han sido en el Congreso y ahora lo son aquí en el Senado. Permítanme, no
obstante, señorías, en este momento en que las reformas concebidas por el
Gobierno pasarán del debate parlamentario al decisivo examen de su
validez y de su utilidad mediante su aplicación práctica a la realidad
española, resumirles algunas de sus líneas directrices. La reforma se
compone, como ustedes saben, de tres piezas legislativas cuyo engarce
común es el empleo: las leyes de medidas urgentes de fomento de la
ocupación y de reforma del Estatuto de los Trabajadores que en su
redacción definitiva están sometidas hoy al Pleno de esta Cámara y la ley
de regulación de las empresas de trabajo temporal.

Con esta reforma queremos promover y proteger el empleo y para ello nos
disponemos a actuar simultáneamente en dos frentes: el de la colocación y
el de la ocupación. Actuar en la colocación significa liberalizar la
intermediación en el mercado de trabajo, acabar con la ficción jurídica
del monopolio del INEM autorizando las agencias privadas de colocación
sin ánimo de lucro y regulando las empresas de trabajo temporal. De esta
manera se permitirá al servicio público concentrar sus esfuerzos en los
que son sus destinatarios más lógicos: aquellas personas que están más
afectadas por el paro, jóvenes, mujeres, parados de larga duración,
personas mayores de 45 años, etcétera. Actuar en el frente de la
ocupación significa identificar a las personas que requieren una especial
protección por parte del Estado; identificar a aquellos que sufren más el
paro porque lo que es el funcionamiento solo y simple del mercado de
trabajo tiende a excluirlos; identificar a aquellos que sufren día a día
ese efecto sustitución tan desafortunadamente utilizado por quienes
critican las medidas de fomento de empleo. Porque, señorías, hay jóvenes
sin formación o sin experiencia laboral, hay mujeres con problemas de
reincorporación, hay parados de larga duración a los que los empresarios
vienen sustituyendo en el momento de seleccionar su personal por otras
personas con mayor capacidad. Y éste y no otro es el efecto sustitución
que produce un funcionamiento libre del mercado; éste y no otro es el
efecto que tratan de paliar las políticas activas de empleo, y éste y no
otro es el fin fundamental del INEM como organismo público con voluntad
de hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Así pues, estas personas, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, tienen
que ser objeto de una discriminación positiva como medio de igualar lo
que no tienen ahora, es decir, igualar sus oportunidades para encontrar
un empleo. Aparece así el contrato de aprendizaje dirigido a facilitar la
primera ocupación de jóvenes entre 16 y 25 años sin formación ni
experiencia laboral previa que es un colectivo próximo al millón. Los
escasos meses que han transcurrido desde la entrada en vigor de lo que
fue Real Decreto-ley y ahora se tramita como proyecto de ley, nos hacen
abrigar fundadas esperanzas de los resultados de esta figura de
contratación. Los casi 70.000 contratos celebrados hasta hoy y la
tendencia creciente en su utilización hablan por sí mismos.

La acogida entre empleadores y jóvenes de esta nueva posibilidad
contractual confirma el carácter sugerente de esta fórmula y sirve
también para acallar con hechos y datos las críticas de que fue objeto
cuando lo propusimos. Y quisiera darles un dato, señorías. El 40 por
ciento de los contratos celebrados --y estoy hablando de 30.000
contratos-- lo han sido con jóvenes que no disponen ni siquiera del
título de graduado escolar y, en función de esta contratación, por un
convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo, que
próximamente se ampliará a las Consejerías de Educación de Comunidades
Autónomas con competencia en materia educativa, se ponen a disposición de
estos jóvenes centros y plazas suficientes para que puedan, precisamente,
concluir sus estudios primarios. Y a partir también de su contratación
empiezan su aprendizaje de un oficio. Y no están contratándose como
peones, señorías; se están contratando como aprendices de albañiles, de
mecánicos, bordadores, cocineros, dependientes, peluqueros,
administrativos, electricistas, calefactores, es decir, están aprendiendo
un oficio.

Muy parecidas afirmaciones podemos hacer respecto a la regulación de
otras figuras contractuales, que tienden todas ellas a potenciar el
impacto en nuestro mercado de trabajo de fórmulas que ya están
consolidadas



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en países de la Unión Europea. Esta Cámara, señoras y señores Senadores,
ha contribuido y está contribuyendo con sus enmiendas a una indudable
mejora de los textos que se sometieron a su consideración. Y quiero
destacar la inclusión entre estas enmiendas de medidas concretas de
fomento de empleo para desempleados mayores de 45 años, enmienda que
significa una iniciativa laudable que va a permitir que se anticipe la
aparición de los efectos beneficiosos que todos esperamos de ella.

Con esta enmienda se completa el entramado de facilidades para acceder al
mercado de trabajo de todas aquellas personas que tienen dificultades
particulares para encontrar un empleo. Es así, insisto, como tratamos de
reestablecer la igualdad efectiva de oportunidades, porque, señorías, el
paro no es una cifra, ni tan siquiera una situación, es un padecimiento
para muchas personas, que ven cómo pasan días, meses y hasta años sin
encontrar su oportunidad. El paro de larga duración hace que la situación
llegue a convertirse en un drama insoportable y, precisamente para
evitarlo, se han incorporado a nuestra realidad estas medidas de apoyo o
de lucha contra el paro de larga duración, entre las que destaco,
insisto, las relativas a mayores de 45 años, desempleados con un año de
duración en desempleo y minusválidos, que se han introducido fruto de una
enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el de Convergència i
Unió.

Para promover la ocupación --ha quedado dicho-- es condición necesaria
pero no suficiente el también actuar sobre otros elementos del empleo.

Hay que promover pero también hay que mantener el empleo. Es obligado
arbitrar fórmulas para favorecer el mantenimiento del empleo existente.

La rigidez de nuestro modelo de relaciones laborales tiene su origen en
un esquema que empobrece las posibilidades de adaptación muchas veces en
cada empresa a las circunstancias cambiantes y también la consecución de
los niveles de competitividad necesarios para que sobrevivan las unidades
productivas concretas, competitividad, no de la economía, sino de cada
empresa en particular.

Las normas del Estado, por definición, son generales y son uniformistas.

Por tanto, deben limitarse a lo que es un cuadro de derechos mínimos
indisponibles. Uno de los ejes --quizás, el fundamental-- de la reforma
es que se apuesta decisivamente, decididamente por la negociación
colectiva. Como dije anteriormente, nuestras relaciones colectivas de
trabajo están, quizás excesivamente, centradas en las cuestiones
estrictamente retributivas. Los convenios se limitan a la corrección
anual de las tablas salariales. El objetivo de la reforma es enriquecer
la negociación, convirtiéndola en lo que tiene que ser la piedra angular
de las relaciones laborales, como ocurre, por otra parte, en todos los
modelos sindicales europeos, de manera que ésta, la negociación
colectiva, sea el instrumento que forme las reglas de juego internas en
cada empresa.

Por ello, los textos legales que se someten al pleno de esta Cámara
tratan de ampliar el catálogo de temas que quedan disponibles a la libre
negociación de las partes, de manera que pueda articularse un sistema de
relaciones laborales que sea flexible: ordenación del tiempo de trabajo,
determinación de la estructura y composición del salario, aplicación de
la movilidad funcional y geografica, instrumentos salariales adecuados a
cada momento económico, al sector y a la empresa, cláusulas de descuelgue
para empresas con situaciones económicas difíciles, son, sin ánimo
exhaustivo, algunos de los elementos que la Ley remite a lo que tiene que
ser su ámbito natural y privilegiado: las relaciones entre los propios
actores sociales a todos los niveles, sectoriales y de empresa.

Se trata, en resumen, de llamar a un esfuerzo de adaptación y de
flexibilidad interna, de llamar a la búsqueda de soluciones imaginativas,
realistas y sujetas al terreno de cada sector y de cada empresa, que
permitan abrir variables en las condiciones de trabajo distintas al fácil
y sistemático recurso al despido.

Es razonable pensar que la anualización de la jornada o la liberalización
de la rígida estructura de categorías profesionales, la propia movilidad
o polivalencia funcional, en resumen, la adecuación de las condiciones de
trabajo a lo que son las necesidades diversas y cambiantes de cada sector
y de cada empresa van a permitir, no sólo hacer a nuestras empresas
competitivas, sino también sustituir en las situaciones de dificultad la
utilización sistemática del despido por soluciones diferentes y mucho
menos traumáticas.

Esta es, señorías, la reforma necesaria en el momento oportuno, una
reforma que está tan lejos de la desregulación como del inmovilismo
conformista y suicida. No apostamos precisamente por la desaparición del
Estado del mundo de las relaciones laborales y el regreso al contrato
individual de trabajo, como algunos podrían pretender. El Estado
continuará asegurando esos mínimos que garantizan la igualdad de
oportunidades y la operatividad de las relaciones laborales. Reafirmamos,
por otra parte, la fuerza vinculante de la negociación colectiva y
abrimos nuevos terrenos para ella como instrumento de adaptación de
aquellas reglas generales a las peculiaridades de cada caso concreto, de
manera que nuestras estructuras laborales sintonicen con la realidad
económica y se conviertan, en último término, en mecanismos que deben
favorecer el mantenimiento y la creación de empleo.

Concluyo, señorías, reiterando nuestro convencimiento de que ésta es la
reforma necesaria en el momento histórico que vivimos, una reforma que
pretende que nuestras instituciones laborales sean más adaptables a la
realidad que tenemos y más compatibles con los sistemas de nuestros
socios de la Unión Europea, una



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reforma que quiere ser tan decidida en sus fines comoequilibrada en los
medios, y una reforma que convoca a los interlocutores sociales a que
asuman su protagonismo en el mundo de las relaciones laborales.

Se oyen muchas voces reclamando el abandono de un modelo social, como es
el europeo, cuyos mayores costes --dicen-- le impiden afrontar el reto de
la competencia en un mercado abierto. Pero esas voces olvidan que el
abandono de ese modelo, basado en la libertad sindical, en la negociación
colectiva, en la igualdad de oportunidades y la solidaridad social supone
también, sin duda, el abandono de un modelo de paz social y de
distribución equilibrada de los recursos, que ha conducido a los países
que lo llevaron a la práctica a sus más dilatados perídos de prosperidad
y de paz. Se oyen también voces reclamando desde el inmovilismo el
mantenimiento de marcos legales a despecho de cuál sea la evolución o el
cambio de las circunstancias. Unas y otras voces pregonan un cambio a
ninguna parte, unas y otras pierden de vista el punto de arribada que no
es, ni puede ser otro, que el empleo para más personas. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
La Europa de la Unión, la Europa que construyó modelos de democracias
avanzadas basados en la igualdad de oportunidades, la Europa del Estado
de bienestar, ha conseguido terminar con ese dilema, hoy superado pero
muy real hace décadas, entre libertades formales y libertades reales. El
compromiso del Estado por la igualdad de oportunidades ha conducido a que
los términos históricos en que se expresaba la desigualdad social se
hayan mitigado o incluso, en algunos casos, hayan desaparecido. La
discriminación por el origen, por la raza, el sexo o la opinión han ido
reduciéndose por la acción de los poderes públicos y por el propio
reproche social; pero en las sociedades europeas, señorías, subsiste aún
una fuente de desigualdades: el paro, y ése es el gran problema que nos
compromete a todos.

En consecuencia, el empleo es, sin duda, el único, el mejor compromiso
para concitar un esfuerzo colectivo. Esta reforma quiere avanzar en esa
dirección. Una reforma que trata de eliminar obstáculos para que el
crecimiento económico se pueda traducir, se llegue a traducir en empleo.

Una reforma, señoras y señores Senadores, cuyo principio y fin y cuyo
objetivo básico es uno, el empleo, promover y mantener el empleo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.

¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el
Senador Codina. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, por una cuestión de orden.

Algunos no hemos entendido este turno de palabra qué significación tiene.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intentaré explicárselo. Estamos
en el debate a la totalidad, y después de un turno a favor y un turno en
contra, corresponde el turno de portavoces.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: ¿Se le podría aclarar a este Senador qué
significa un debate a la totalidad? ¿Significa que no hay vetos?



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El debate a la totalidad, aunque
no haya veto, siempre es posible. En este caso que no hay veto y, por
tanto, se está en estos momentos sustanciando el turno de debate a la
totalidad.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: ¿A la totalidad de qué?; ¿del proyecto de
ley?; ¿del dictamen de la Comisión más las enmiendas? No lo entiende este
Senador. Si tuviera la bondad de explicármelo.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, por favor, un segundo.

En virtud del artículo 120.2 --ayudado por los servicios técnicos de la
Cámara, como todo el mundo puede ver-- reza así: En todo caso, procederá
un turno a favor y otro en contra sobre la totalidad, más la intervención
de los portavoces de los Grupos parlamentarios que lo deseen.

Una cosa es que eso normalmente no se use, y otra que esto no se
contemple en el Reglamento, que sí que se contempla. (El señor Bayona
Aznar pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, sobre esta cuestión, como dice
su señoría, reglamentariamente cabe ese turno, aunque no haya turno a
favor o en contra, pero en la reunión de Junta de Portavoces hubo un
acuerdo entre los Grupos parlamentarios de pasar directamente al debate
de las enmiendas y renunciar a ese turno. Yo apelaría al mantenimiento de
ese acuerdo conseguido en dicha reunión de la Junta de portavoces. Muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Rogaría al portavoz del Grupo que pidió la palabra



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en este proceso nos dijera si quiere mantener su intervención, o desea
cumplir el acuerdo de la Junta de portavoces, como es lógico. (Pausa.)
Por tanto, pasamos a la discusión de las enmiendas del Capítulo I,
artículos 1 y 2.

Tiene la palabra el señor Cuevas González para defender su enmienda
número 33.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, hemos escuchado con atención al señor Ministro
y deduzco de sus palabras que al final el problema del paro con el cambio
de estas normas de contratación lo tienen los trabajadores. Se trata de
una acción de Gobierno, de una política económica que no ha dado sus
frutos y al final, repito, parece que el problema del paro es una
insolidaridad entre los trabajadores. ¿Por qué no se generó empleo en
este país en los tiempos de bonanza económica? Es una pregunta que hacen
los sindicatos y los trabajadores que se manifestaron hace poco.

Ciñéndome a la enmienda número 33, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya la ha presentado porque nos oponemos a las agencias privadas de
contratación. Desde una perspectiva de izquierdas no podemos entender
cómo una obligación que tiene el Gobierno de corregir este tipo de
desigualdades, la va a entregar a empresas privadas. No se me puede decir
que son empresas sin ánimo de lucro, porque ya se empieza a dividir a los
trabajadores en función de cuáles son sus salarios, a qué se van a
dedicar, cuántas van a ser sus prestaciones.

Por tanto, se va a empezar nuevamente a discriminar a los trabajadores,
se va a volver a una práctica que hace mucho tiempo se hacía: las
subastas de trabajadores en función de sus capacidades y de sus salarios.

Siempre pongo un refrán que es sustituir los derechos laborales
conquistados durante mucho tiempo --y que, además, la izquierda tiene que
alegrarse de eso en sintonía con los sindicatos-- por el látigo --entre
comillas.

Señorías del PSOE, ¿cómo se les ocurre a ustedes entregar a manos de una
agencia privada de colocación la contratación de trabajadores? ¿Cómo se
les puede ocurrir negar el papel del INEM en el tema de la contratación
laboral? ¿Cómo se puede negar un Gobierno de izquierdas a una gestión
pública en este tema tan delicado? Ustedes han dejado tantas cosas en
manos de la gestión privada que hasta esto quieren hacer.

Ese es el sentido importante de nuestra enmienda. Esperamos que hagan
ustedes una reflexión, o una transaccional como esa que está por ahí
rondando después de todos los debates en Comisión, y acepten la enmienda
número 33 que hemos presentado porque, si no, en un momento en el que
todo el mundo habla con razón de un elemento que empieza por «c», y se
llama corrupción, si ustedes empiezan a entregar a las empresas privadas
de colocación el elemento de contratación de los trabajadores, en el
turno de réplica me vería obligado a decir sin ningún rubor que empiezan
ustedes a consolidar la corrupción laboral.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.

El Senador Bolinaga tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos para defender su enmienda número 1.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Mantenemos y justificamos esta enmienda porque, según nuestro criterio,
una regulación tan inconcreta como la que proyecta constituye un problema
de inseguridad jurídica.

La pretensión de nuestro Grupo es que esta materia sobre agencias de
colocación debe ser objeto de regulación en un plazo breve, tal como lo
está por ley específica en otros muchos países.

Entendemos que sería bueno imitarles y que el Gobierno se comprometiera
con un proyecto específico y regulara las agencias de colocación privada:
su funcionamiento, competencias administrativas, control, etcétera. Tal y
como se configura la materia en este apartado 2, entendemos que el bagaje
regulador es bien escaso para regular toda la naturaleza y todos los
objetivos de algo que priva al Derecho del Trabajo de una esencia
caracterizante, y es por eso por lo que proponemos la supresión que
pretende esta enmienda.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, y para
defender las enmienas números 67 y 68, tiene la palabra el Senador
Galindo.




El señor GALINDO SANTANA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
bienvenido. Es una satisfacción tenerle en esta Cámara porque, entre
otras cosas, su señoría refleja, por una parte, la gran preocupación de
algo tan importante que se está discutiendo en esta Cámara y, por otra
parte, la gran responsabilidad que su señoría asume en las leyes que
estamos debatiendo.

Señorías, sin duda alguna, el proyecto de Ley sobre medidas urgentes de
fomento de la ocupación es el preludio de las dos leyes que discutiremos
a continuación y que son las relativas a la modificación de determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y a la inclusión de una
disposición adicional cuarta sobre elecciones sindicales. En definitiva,
señorías --y discúlpenme por calificarlo de esta forma--, el conjunto de



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estas tres leyes forman un «totum revolutum» pero, sin lugar a dudas, al
intentar defender alguna de ellas se ve que hay coincidencia entre las
mismas. En consecuencia, las tres leyes en cuestión son un recipiente con
vasos comunicantes que coinciden los unos con los otros.

Señorías, yo creo que en esta Cámara nadie niega la necesidad que tiene
nuestro país --yo diría que perentoria y fundamental-- de una reforma
laboral. Está muy claro que en el contexto general por el que avanza la
sociedad necesitamos instrumentos de reforma laboral. Es posible que me
pueda equivocar en los datos que les voy a dar, pero creo que no voy a
errar demasiado. Los porcentajes de producción de los trabajadores en los
países de la Comunidad Económica Europea oscilan entre un 75 y un 80 por
ciento aproximadamente. Por desgracia, en nuestro país estamos en un 45
por ciento. Ese es un instrumento fundamental (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) que yo creo que obliga y que nos compromete de alguna
forma a que este país empiece a tener una reforma laboral. Eso es algo a
lo que al menos Coalición Canaria no se niega, y creo que los miembros de
esta Cámara tampoco se niegan a esa necesidad vital.

Pero, ¿qué ocurre con la reforma laboral que nos proponen en este caso
los compañeros del Gobierno socialista? --y si lo de compañero le ofende,
le garantizo que lo retiro--. Entre otras cosas, sus señorías deberán
compartir conmigo que la ley ha sido tremendamente precipitada --y digo
tremendamente precipitada--, y creo que es un ejemplo claro, contundente
y significativo. Tengo que aludir aquí al Presidente de la Comisión de
Trabajo, a quien felicito, porque me parece que ha sido un acierto que
haya permitido que por la Comisión de Trabajo del Senado pasaran todos
los sindicatos, mayoritarios y minoritarios, pero también la patronal.

Pienso que eso ha sido un reflejo contundente de la realidad social de
este país. Y no hubo ni un solo sindicato que estuviera de acuerdo con
esa reforma laboral. Todos la criticaban. También la patronal,
sorprendentemente. Eso es lo difícil de esta situación. Los sindicatos lo
hacían por regresiva y los empresarios por excesivamente revolucionaria.

¿Cómo podemos llegar a acuerdos a la vista de esta situación? ¿Qué
compromisos tiene el Gobierno? ¿Qué compromisos tiene, señor Ministro, su
Gobierno? Pues hacer todos los esfuerzos que estén en su mano para sentar
a las partes y que sean capaces de llevar adelante una reforma laboral
asumida por toda la sociedad.

Creo que los sindicatos de nuestro país no son tan irresponsables.

Considero que la patronal y los empresarios de nuestro país no pueden ser
tan irresponsables. Creo que tienen que asumir la realidad social,
política y económica que está viviendo esta España nuestra para que
seamos capaces de generar unas leyes laborales que pueda asumir la
sociedad en general.

¿Creen ustedes que estos proyectos que estamos discutiendo aquí van a
posibilitar que el conjunto de los trabajadores de nuestro país los
lleven adelante? Eso va a ser tremendamente difícil, como va a ser
tremendamente difícil la inversión, si es lo que se pretende, de
diferentes empresas o la creación de puestos de trabajo. Para nosotros,
señorías, el conjunto de la reforma laboral nos genera tremendos
complejos.

Concluyo, señor Presidente, diciendo a sus señorías, como decimos por
nuestros lares o por nuestra tierra canaria, que doy al término de esta
intervención, ya que hemos presentado 15 enmiendas a este proyecto de
ley, por defendidas todas nuestras enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Por lo que ha dicho, entiendo que ya su Grupo Parlamentario no va a hacer
uso de la palabra en la defensa de las restantes enmiendas.

Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de su enmienda
número 22, tiene la palabra el Senador Alvarez.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, como han dicho quienes me han precedido en el
uso de la palabra en esta tribuna, estamos ante el proyecto de ley de
medidas urgentes de fomento de la ocupación procedentes del Real Decreto
18/1993 de tres de diciembre.

Esta fórmula legislativa, según la declaración inicial, recogida en su
Exposición de Motivos, y surgida, dada la grave crisis económica que
sufre este país, por la necesidad de acometer de manera decidida y
urgente medidas estructurales para luchar contra el desempleo galopante
de España y para potenciar nuestra capacidad generadora de empleo, es
efectivamente una idea directriz que comparte, qué duda cabe, el Grupo
Parlamentario Popular.

Compartimos este criterio finalista de la reforma como compartimos
cualquier criterio que se encamine a la lucha decidida contra el
desempleo. Pero a diferencia del Gobierno, no hemos descubierto ni hoy ni
ayer, ni hace tres meses que fue cuando se presentó el proyecto, la falta
de idoneidad, la excesiva rigidez de las relaciones laborales en España.

Señorías, ni el desempleo ni la crisis económica son de hace unos días
ni, desgraciadamente, de hace unos meses. El Gobierno tiene conocimiento
de que ni en los mejores momentos de expansión económica la tasa de paro
descendió del 16 por ciento. Por ello, tenemos que decir antes que nada
que ésta es una reforma tardía, que nace más a remolque de las
circunstancias dramáticas



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de casi cuatro millones de parados y de un crecimiento negativo de la
economía que, como hubiera sido deseable, como una medida preventiva para
atajarlo.

El Grupo Parlamentario Popular cree, además, que esta reforma no sólo
nace tarde, sino que nace, señorías, tremendamente tocada por su
eficacia. El Gobierno no ha conseguido involucrar en la misma
prácticamente a ningún agente de los que tienen que incidir decididamente
en la creación de empleo.

Dicho esto, señorías, el Grupo Popular quiere dejar claro que está por la
necesidad, por la conveniencia y por la urgencia de una reforma laboral,
pero no está por cualquier reforma ni a cualquier precio, señorías. Está
por aquella reforma que efectivamente se encamine a dar respuesta
oportuna a los problemas sangrantes del desempleo en España.

Señorías, queremos que el Gobierno rectifique su línea de actuación en
este último trámite del Pleno del Senado. Queremos que, a diferencia de
lo que ha venido siendo su línea de conducta habitual, dé entrada a las
opiniones de otros grupos, a la del nuestro o a la de otros, a opiniones
que puedan mejorar este proyecto o que, al menos, tengan voluntad de
mejorarlo. Esta leal oferta se la hacemos al Grupo Socialista con
nuestras intervenciones en este Pleno referidas a nuestras enmiendas.

Hago esta introducción a pesar de las muchas dudas que tengo en lo que a
su receptividad se refiere a la vista de lo ocurrido en trámites
anteriores. Tengo que señalar que el Grupo Popular ha presentado la
enmienda número 22 --que está en relación con la número 31, señor
Presidente--, enmienda que tenemos que defender en este trámite ya que si
no la misma carecería de sentido.

Señorías, el Grupo Popular está convencido de la necesidad de poner en
funcionamiento cualquier tipo de instrumento que sea eficaz en la lucha
contra el desempelo. La situación por la que atraviesa nuestro país, con
cifras de paro cercanas al 24 por ciento de la población activa, hace
imprescindible conjugar todos los recursos públicos y privados que este
país tenga disponibles frente a este drama nacional. Por eso, nos parece
oportuno que cuando se pretende dotar a la intermediación del mercado
laboral de un instrumento tan fundamental como pueden llegar a ser las
agencias de colocación, aunque éstas sean sin ánimo de lucro, esto se
haga con las debidas garantías, pero entendemos que con la formulación
actual esas garantías no las da el proyecto de ley.

Acabar con el ineficaz monopolio del INEM en este país es, evidentemente
--en opinión de este Senador y de su Grupo--, una de las cosas más
urgentes y necesarias que tenemos planteadas. Pero el que a la hora de
regular algo tan trascendental como es este nuevo instrumento dentro de
la intermediación laboral ello se supedite exclusivamente a una
autorización administrativa previa cuando se configure por parte del INEM
la regulación específica y concreta de estas agencias de colocación, me
parece que es --si ustedes me lo permiten, señorías-- una temeridad que,
además, en ningún caso va a resultar eficaz. Y digo que no va a ser
eficaz, señorías, porque si partimos de la base --comúnmente aceptada
incluso por lo que se ha dicho en algunas intervenciones de
representantes del Gobierno y de algunos Ministros que han tenido lugar
en esta misma Cámara y en otras-- de que el INEM necesita una reforma en
profundidad, no parece razonable que si no se reforma previamente el INEM
se le deje esa facultad tan fundamental de regular mediante
autorizaciones la intermediación del mercado laboral.

Señorías, convendrán conmigo en que el apartado 2 del artículo 1 del
proyecto, tal como está redactado, es a todas luces insuficiente. No
garantiza en ningún caso la eficacia frente al problema. Limitarse a
decir que no tengan ánimo de lucro y que será necesario un convenio de
colaboración no es garantía de casi nada a nuestro modo de ver.

Señorías, no queremos que las agencias de colocación sean un coladero
para todo tipo de entidades. No queremos que, con el endeble argumento de
no tener ánimo de lucro, pero pudiendo resarcirse de los gastos, éstas se
conviertan en verdaderas agencias lucrativas de colocación.Y creo que sus
señorías estarán de acuerdo en que resarcirse puede consistir en cobrar
muy poco en el caso de una estructura pequeña y cobrar ese mismo
resarcimiento aquellas entidades que se creen con una gran capacidad de
organización, con muchos medios materiales y con mucho personal. De ahí
que en la enmienda número 31, como disposición transitoria nueva, del
Grupo Popular remita a un proyecto de ley la regulación de esta materia
tan sensible y delicada, por entender que esas agencias --que, en todo
caso, mantenemos que deben ser sin ánimo de lucro-- no deben estar
sujetas a la indeterminación de una autorización administrativa, sino que
debe existir una regulación «in extenso» de ese nuevo mecanismo de
intermediación del acuerdo laboral en España y dar tiempo, como decía, a
que ustedes, previamente, reformen el INEM, verdadero caballo de batalla
de la inserción laboral.

Voy a acabar este apartado, haciendo una reflexión a la vista del texto
del proyecto. ¿Acaso es menos importante la intermediación en España en
el mercado laboral, que la cesión temporal de trabajadores? Si no lo es,
no parece congruente que se remita a una regulación posterior en un
proyecto de ley y que, sin embargo, se quede en una mera licencia
administrativa que, aunque necesite del informe previo del Consejo
General, en ningún caso va a predeterminar dicha concesión
administrativa.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Comunico a la Cámara que el Senador Alvarez Gutiérrez ha defendido
también la enmienda número 31, correspondiente a las presentadas a las
disposiciones. La Presidencia descontará también el tiempo que se le ha
concedido de más en este turno, para intentar cumplir el horario que,
entre todos, hemos previsto.

Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Sánchez de Miguel.




La señora SANCHEZ DE MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, después de la magnífica intervención del señor Ministro en
defensa de la reforma laboral, casi no tengo nada que añadir. Pero, como
es mi primera intervención en el Pleno, voy a comenzar diciendo que es
una reforma oportuna, necesaria y progresista.

El proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación ha sido
debatido ya ampliamente en todos los foros posibles de la sociedad
española. Este es un proyecto de ley para la transición de una sociedad
aún regida por una legislación laboral creada, sobre todo, para amparar a
los que tienen trabajo, a una sociedad donde los absolutamente
desfavorecidos son aquellos que carecen de él. En este momento, y en todo
nuestro entorno cultural, cuando las facilidades para acceder a la
educación y a la cultura son comunes para todos los ciudadanos, nos
encontramos con que las grandes diferencias sociales no están sólo entre
los que tienen trabajo, sino también entre los que tienen trabajo y los
que no lo tienen.

Por ello, defendemos este proyecto de ley como un instrumento legal
oportuno y necesario --y diría que casi imprescindible-- para afrontar
con urgencia la situación de desempleo que en estos momentos sufren
colectivos muy determinados de ciudadanos. Y, señorías, siento que,
coincidiendo todos los grupos políticos representados en esta Cámara en
la necesidad de reformar la legislación laboral, no coincidamos en la
mayoría de las medidas que estamos proponiendo.

Este proyecto de ley se refiere en su Capítulo I a la colocación, como
marco en el que se inician las relaciones laborales. En mi intervención
abordaré la modificación de los mecanismos de colocación existentes,
recogidos en los artículos 1 y 2 del Capítulo I.

Los portavoces de los grupos intervinientes han coincidido en su falta de
confianza en la reforma de estos mecanismos de colocación. Pero todos los
grupos políticos estamos actualmente de acuerdo en la poca operatividad
del Instituto Nacional de Empleo como intermediador entre empresa y
trabajador para facilitar el acceso al mercado laboral, ya que solamente
un 8 por ciento de los solicitantes de empleo que se incorporaron durante
el pasado año a algún tipo de empresa lo hicieron seleccionados por el
INEM.

Pero esto, que podría pasar por un repetido dato estadístico, responde a
unas circunstancias que nos hacen reflexionar sobre la idoneidad de
seguir manteniendo un monopolio --el del INEM-- en un mercado tan
cambiante y permeable como es, actualmente, el mercado laboral: un
mercado con sus características, valores y tendencias, que ha ido
separándose, a medida que pasaba el tiempo, de la legislación que lo
regulaba.

El 30 por ciento de las profesiones que existirán a principios de siglo
las desconocemos actualmente y el mercado laboral tiende, cada vez más, a
separarse de lo que han sido los valores del empleo tradicional, con lo
que van a ser los valores del futuro.

Hago esta exposición, señoría, porque es imprescindible hacer un estudio
del mercado laboral continuo y pormenorizado para adecuar la oferta del
empleo a la demanda que del mismo se hace.

Tenemos aquí un objetivo que cumplir: potenciar el INEM para reforzar su
papel de intermediación en aquellas circunstancias en que el trabajador,
por sus particulares dificultades, necesite una ayuda específica del
Estado a través del servicio público de empleo.

Dicho esto, señoría, es preciso reconocer que no se puede mantener el
carácter excluyente y monopolista del servicio público de empleo. De aquí
la necesidad de abrir la posibilidad de convenios con el INEM y de
regular las empresas de trabajo temporal sin ánimo de lucro, como
específicamente se recoge en el punto 2 del artículo 1 del proyecto de
Ley que estoy defendiendo.

En el dictamen del Consejo Económico y Social sobre la reforma del
mercado laboral, al que sus señorías han tenido acceso, se reconoce que
el funcionamiento de nuestro servicio público de empleo no alcanza a
cubrir ni siquiera el 8 por ciento, como dije al principio, de las
colocaciones que anualmente se producen. Y hace posteriormente la
propuesta y la recomendación de mejorar los mecanismos de colocación y de
formación.

Por esto es por lo que el Grupo Socialista propone la existencia de las
agencias de colocación sin ánimo de lucro, en las condiciones que se
determinen en el correspondiente convenio de colaboración y previo
informe del INEM, siempre que la remuneración que reciban del empresario
o del trabajador se limiten exclusivamente a los gastos ocasionados por
los servicios prestados.

Yo quisiera decir al Senador Bolinaga, que ha hablado como portavoz del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, lo mismo que le voy a decir al
Senador Alvarez Gutiérrez, del Grupo Popular, ya que sus enmiendas
prácticamente coinciden en el fondo de estas cuestiones.

Señoría, creo que sus recelos no tienen fundamento, ya que no existe la
regulación inconcreta que nos imputan los grupos enmendantes. Estamos
ante un servicio público de empleo y queremos que la colocación sea
gestionada por la Administración a través del



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INEM. La Administración cede a un particular en virtud de unas
condiciones que se determinan en el convenio de colaboración, el cual,
recuerdo a sus señorías, que es un acuerdo de voluntades, lo que implica
que este convenio de colaboración se realice entre el INEM y el colectivo
solicitante. En dicho convenio se establecen las condiciones de su
funcionamiento y será supervisado y emitido el informe correspondiente
por el Consejo General del INEM.

También quiero recordar a sus señorías que dicho Consejo está compuesto
por el Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, por el
Director General del INEM, por 13 representantes de las organizaciones
sindicales y 13 de las empresariales, por 13 representantes de la
Administración Pública y por un Secretario.

Evidentemente, señoría, esto constituye un mecanismo de control lo
suficientemente concreto y ágil, capaz de regular el funcionamiento de
estas agencias de colocación sin ánimo de lucro.

Con esto, señorías, quedan además contestadas las propuestas de una
disposición transitoria nueva, del Grupo Popular, la enmienda numero 31 y
la número 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, de una
disposición adicional tercera, a las que sus señorías han hecho alusión
en su intervención anterior. Ambos proponen un proyecto de Ley nuevo que
regule las agencias de colocación sin ánimo de lucro, como hemos podido
escuchar a los portavoces de los Grupos Parlamentarios de Senadores
Nacionalistas Vascos y Popular, indistintamente.

Desde nuestra óptica esto es innecesario, ya que, como he dicho
anteriormente y reitero, señoría, este convenio de colaboración es
suficiente, ofrece las garantías necesarias y abre multitud de
posibilidades a los organismos, bien de carácter público o privado, que
deseen colaborar con el INEM a través de las agencias de colocación sin
ánimo de lucro, adecuando las demandas de los desempleados a las
características, valores y tendencias del actual mercado de trabajo.

Agradezco al Senador Galindo Santana --no sé si también llamarle
compañero--, de Coalición Canaria, su buena voluntad al proponer un plan
para implicar a las Administraciones Públicas, pero tengo que rechazar
sinceramente sus enmiendas, ya que todas adolecen de una cierta
incorrección técnica al repetir un texto alternativo que se pretende
adicionar sin correspondencia con los artículos que estamos tratando en
este momento, aunque en toda su exposición ha expresado una gran
sensibilidad al reconocer la necesidad de esta reforma.

No se me olvida, Senador Cuevas, contestarle. Me hubiese gustado oírle
defender en la Comisión sus enmiendas y no solamente en el Pleno,
aprovechando la coyuntura para hacer un ataque frontal a la política, en
general, del Gobierno socialista. Está en su derecho, pero proponga
alguna alternativa, no sólo una enmienda, que es la transcripción literal
del artículo 16, puntos 1, 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores.

Con esa enmienda se restablecería otra vez la situación vigente con
anterioridad al Real Decreto-ley, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes
de Fomento de la Ocupación. De lo que estamos tratando aquí, al menos
desde el Grupo Parlamentario Socialista, es de atender una demanda
urgente de la sociedad con los mecanismos que tenemos a nuestro alcance
aquí y ahora: la reforma laboral, pero una reforma laboral que no esté
constantemente mirando al pasado, sino que apueste decididamente por el
futuro.

Le digo también, señor Cuevas, que las agencias de colocación sin ánimo
de lucro están reconocidas prácticamente en todos los países europeos de
nuestro entorno y que ningún partido de izquierdas, ni ningún sindicato
la han cuestionado: Claro que allí la izquierda no es exactamente igual a
la que usted representa.

Señor Presidente, señorías, voy a terminar indicando que el Grupo
Parlamentario Socialista defiende el servicio público de empleo como
intermediario para los colectivos más necesitados de la sociedad que
buscan un puesto digno de trabajo, pero también consideramos necesario
adecuar otros mecanismos de colocación a las necesidades reales de una
sociedad, cuya capacidad de evolución está incentivada constantemente por
los imparables avances técnicos y científicos. Estudiar las demandas que
esta evolución genera y adecuarlas a las ofertas reales de empleo es, sin
duda, el objetivo de la reforma laboral.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas
González.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que en lo único que vamos a coincidir en esta Cámara todos los
grupos parlamentarios, todas las Senadoras y Senadores e incluso el señor
Ministro es en que el paro es un fenómeno importante que tenemos que
atajar. Si todos tuviéramos el mismo consenso, podríamos aprobar todos
esta u otra ley.

Pero yo quisiera hacer aquí una reflexión política y formular una
pregunta. ¿Acaso tienen los trabajadores la culpa del paro? Lo que no se
pueden vender aquí son motos. Ustedes no pueden cargar la responsabilidad
del paro a los trabajadores, intentar decir: los que trabajan son buenos
o malos y los parados son buenos o malos. A veces les he oído decir a
ustedes que muchos parados son unos vagos. Yo una vez escuché decir al
Presidente del Gobierno que en Andalucía los parados tenían Mercedes. A
ver si nos ponemos las pilas. No estamos hablando aquí ni de buenos ni de
malos, sino



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de que esta reforma laboral no es suficiente para nosotros, por lo que
nos vamos a oponer a ella.

Claro que estamos ofreciendo alternativas. Estamos diciendo que nos
oponemos a las agencias de colocación privadas. Fíjese usted en las
alternativas. Y claro que queremos volver atrás, pero no queremos volver
atrás por otra historia, sino porque el Estatuto de los Trabajadores fue
consensuado por el Gobierno y los sindicatos y ustedes han roto ese
consenso.

Señoría, parece ser que usted no se ha enterado de que el 27 de enero
hubo una huelga general, secundada por todos los sindicatos de clase y
por muchos trabajadores, por una inmenda mayoría. Por tanto, yo creo que
eso significa una reflexión por parte de todos. Nadie tiene aquí la
etiqueta de la izquierda, ni vamos a preguntar quién es o no la
izquierda. Yo pienso que soy un hombre de izquierdas. Yo no sé si usted
es de izquierdas o no. Yo no tengo ni su partida de nacimiento, ni su
carné y como no hay un registro de partidos de izquierda, considero que
usted, que está sentada ahí, también es una mujer de izquierdas. También
pienso que los sindicatos de clase defienden los intereses de la
izquierda, aunque haya militantes que no estén en esa cultura. Y sé que
la UGT es un sindicato de izquierdas, muy ligado, por supuesto, desde
hace mucho tiempo a su partido.

Por consiguiente, yo pienso que esta reforma laboral no es ni de la
izquierda ni de la derecha, sino que es una reforma laboral improcedente.

Ustedes mismos en su propio congreso la han criticado bastante, por lo
menos un sector de su partido. Tome nota. Yo no me quiero meter con su
Congreso, porque usted podría decir: con el «follón» que tienen los de
Izquierda Unida, me viene usted a dar lecciones de historia. No quiero
darle lecciones, solamente digo que sería conveniente que algunas de las
resoluciones del Congreso se hubieran traído como enmiendas a este
Senado.

Me dice usted que el INEM es un monopolio, y yo le digo que no lo es,
sino que es un estamento oficial, autónomo, al que yo he visto defender
en esta tribuna a muchos ministros de Trabajo. En los cuatro años que
llevo aquí he visto cómo lo defendían en esta tribuna los sucesivos
ministros de Trabajo. Por tanto, no se trata de un monopolio, sino de
algo que ustedes y nosotros hemos constituido, y de lo que se trata es de
que funcione bien, que es otra historia. Pero no se puede decir que el
INEM es un monopolio que no nos vale ni que en Europa la mayoría de los
partidos de izquierdas y los sindicatos se han manifestado por empresas
privadas. Perdone usted que tenga mis dudas.

También quiero decirle que todos los sindicatos europeos y los partidos
de izquierdas de Europa apoyaron las reivindicaciones de los sindicatos
de clase, Comisiones y UGT y todos los demás, el día de la huelga
general.

Por tanto, puestos a comparar, yo creo que somos muchos los que apostamos
por una reforma laboral más progresista, que defienda mejor los derechos
de los trabajadores y que no haga abuso de la necesidad de trabajar.

Decía el señor Ministro que el empleo es un elemento fundamental, y yo
estoy de acuerdo, pero jugar con la necesidad de las personas para
encontrar un trabajo y recortarles sus derechos tiene un nombre que no
voy a decir aquí. Yo creo que por lo menos es abuso. Y no lo dice
Izquierda Unida solamente. Creo que ustedes conocen una asociación que se
llama Jueces por la Democracia, que no tiene nada sospechoso de
conservadurismo o de ser de derechas, y que en su documento critican esta
reforma laboral y, sobre todo, cómo ustedes, aprovechándose de una
necesidad y de un derecho que es el trabajo, recortan los derechos de los
trabajadores para dar gusto a otra gente con la que ya veremos qué es lo
que pasa.

Giren ustedes un poco, un poquito, a la izquierda, aunque no tengamos los
Senadores suficientes, pero en el Congreso de los Diputados hay algunos,
y dejen de hacer, si no demagogia, sí abuso de las necesidades de los
trabajadores.

Nada más y muchas gracias.

(Aplausos en los escaños de la derecha.) (Risas.) El señor PRESIDENTE: No
hay obligación de ponerse de acuerdo con los aplausos.

El Senador Galindo tiene la palabra.




El señor GALINDO SANTANA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, como en mi intervención anterior yo daba por defendidas las 15
enmiendas que tenía presentadas a este proyecto de ley, sólo quiero
agradecer a la compañera --y me alegro de que lo de compañera no le sea
insultante en este caso, valga la redundancia, a los compañeros
socialistas-- su cortesía en cuanto a su intervención y la de este
Senador.

No obstante, sí quiero hacer una salvedad. Evidentemente, compañeros
socialistas, ustedes están en la obligación de gobernar, propiciar,
desarrollar, crear y generar leyes. Normalmente esto no es difícil, pero
yo les puedo decir algo que a nuestro entender es importante, y es que
para este Senador del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
fue muchas veces terriblemente frustrante el trabajo en Comisión, porque
desarrollamos 15 enmiendas e intentábamos coadyuvar al proyecto de ley y
no hubo manera de sacar adelante ninguna de ellas.

No obstante, ésa es, evidentemente, una competencia que el pueblo español
les otorgó, y ustedes tienen esa responsabilidad. Lo único que quiero
pedirles es que intenten hacer el esfuerzo de unir a las partes para que,
de alguna forma, las leyes que salgan de esta Cámara y de la Cámara Baja
y, en general, del conjunto del Gobierno, las defienda el conjunto de
esta sociedad, trabajadores,



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sindicatos, empresarios, en definitiva, toda la sociedad, porque no hay
otra solución para salir de la crisis económica por la que está
atravesando este país. Creo que todos estamos de acuerdo en que ahora se
ve al fondo del túnel una lucecita muy pálida, pero si hacemos ese
esfuerzo, podemos hacer que se convierta en un gran foco para desarrollar
nosotros y ustedes, que tienen la responsabilidad, la prosperidad y la
felicidad a la que tiene derecho este país.

Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galindo.

¿El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a
hacer uso del turno de portavoces? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Alvarez.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Intervengo muy brevemente, señor Presidente,
señorías, para contestar a la Senadora Sánchez de Miguel.

Señora Senadora, nosotros compartimos con usted solamente dos de los
adjetivos que ha utilizado: oportuna y necesaria; lo de progresista lo
vamos a dejar, ya que soy abogado, como concepto jurídico indeterminado.

Pero le voy a añadir otros tres adjetivos. Le he dicho, y le repito
ahora, que además de lo que usted ha dicho, es tardía, la han hecho a
remolque de las circunstancias, como es imprescindible, y, sobre todo, es
incompleta.

Yo no sé, señora Sánchez de Miguel, si me he explicado bien en la
tribuna. En el Grupo Parlamentario Popular estamos claramente a favor de
un instrumento nuevo, de cualquier instrumento de intermediación en el
mercado laboral y, por tanto, somos partidarios de la existencia de
agencias de colocación, públicas o privadas, porque, curiosamente,
ustedes dejan también eso indeterminado en el texto del proyecto de ley.

Lo que pasa es que nosotros tenemos fundadas sospechas, precisamente
retomando la propia argumentación de la ineficacia en todos los órdenes
del INEM, de que el convenio de colaboración que dice el proyecto sea el
instrumento adecuado para regularlas con garantía de eficacia.

Nos dice usted que no tengamos recelos. Pues me va a permitir, señora
Sánchez de Miguel, que a la vista de los resultados de otras
intermediaciones de instituciones del Estado, y con los resultados
conocidos por todos en otros ámbitos --incluido el propio INEM-- no ya
que tengamos una duda razonable, sino que tengamos fundadas sospechas de
que no se quiere perder el control de la intermediación; pero, además, no
se quiere perder regulándolo de una manera absolutamente incontrolada.

¿Qué problema puede existir, ante una cosa tan fundamental como las
agencias de colocación, en que se regulen mediante un proyecto de ley
donde las Cámaras puedan aportar lo que consideren conveniente o
necesario? No puede usted decirme, porque además no se deduce del texto,
que como se necesita el informe previo del Consejo General --que, por
cierto, algunos Senadores del Grupo Parlamentario Popular y supongo que
la mayoría de este Pleno saben cómo está compuesto-- pues que ese informe
previo es la garantía de la eficacia y de la adecuación de la regulación.

No puede decirme eso, entre otras cosas porque ni siquiera ponen que sea
vinculante el informe, luego, difícilmente va a tener otra incidencia que
la que el INEM decida en cada momento.

Señora Senadora, no hay que tener dudas cuando no hay necesidad, y no hay
necesidad si usted regula por un proyecto de ley «in extenso» este tipo
de intermediación. (Aplausos en los escaños de la derecha.) Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra la Senadora Sánchez de Miguel.




La señora SANCHEZ DE MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Cuevas, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, lo que
dijo el Partido Comunista fue que era una porquería; y Comisiones Obreras
dijo: hemos recurrido a la huelga y a las movilizaciones para que el
Gobierno sienta que el Estatuto de los Trabajadores es impopular. Y
dentro de diez años, con la táctica que ustedes siguen, posiblemente
digan a la opinión pública que esta reforma laboral salió con sus votos
afirmativos y con su beneplácito.

Señor Cuevas, le voy a decir lo siguiente: en mi carné de identidad pone
mi número, mi edad y mi domicilio, pero, desde luego, no pone el partido
al que pertenezco. Estamos en un régimen democrático, yo no sé a qué
régimen se refería usted cuando pensaba que el partido político venía
también en el carné de identidad.

Señorías, las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro --y con
esto quisiera contestar a todos los Senadores-- no son como para que
ustedes tengan los recelos que siguen teniendo. En este proyecto de
colaboración existe la voluntad de que estas agencias privadas de
colocación tengan todas las garantías necesarias, además de que también
amparen a todos los trabajadores, y el INEM seguirá apoyando y amparando
a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.

Al señor Galindo le agradezco el talante y el tono que ha mostrado. Y al
Senador del Grupo Parlamentario Popular le quiero decir lo que dije al
principio: que lean el informe del Consejo Económico y Social. Sé que
todos los participantes en el Pleno han tenido acceso a él, pero tengo la
impresión de que no lo han leído todos.

No sé cómo es posible que usted tenga esos recelos sobre las agencias
privadas de colocación sin ánimo de



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lucro. Señoría, ya existen proyectos de colaboración de algunos
ayuntamientos con el INEM para ponerlos en práctica en cuanto esta
reforma laboral salga. Existe un proyecto piloto en el que los
ayuntamientos adquieren mayor protagonismo en todo lo que son las
acciones de la mejora del empleo, y podrán asumir a través de un convenio
lo que ahora viene haciendo el INEM, que es la calificación, la
clarificación, la orientación profesional, la formación y la información
o la propia colocación.

Este es un ejemplo, señorías, de lo que pueden hacer las agencias
privadas de colocación sin ánimo de lucro, e igual que lo hacen los
ayuntamientos lo pueden hacer otros colectivos desfavorecidos de la
sociedad, otros colectivos que se quieran organizar como agencias
privadas de colocación sin ánimo de lucro; por ejemplo, colectivos de
mujeres que quieran organizarse y hacer un estudio del mercado de
trabajo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría
Entramos en el debate del Capítulo II.

En primer lugar, enmiendas del Senador Cuevas y de la Senadora
Vilallonga, números 34 a 45, 49 a 58 y 61 a 67. Para su defensa, tiene la
palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender las enmiendas que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a esta ley. Desde luego, me siento muy orgulloso de estar
aliado con el Partido que se ha mencionado hace poco tiempo aquí, y
bastante orgulloso de creer en la libertad, porque si no, no sería
posible que yo estuviera sentado aquí hoy debatiendo este Proyecto de
ley. Vaya por delante esa coletilla si sirve de algo y por si puede
aclarar alguna duda.

Señor Presidente, señorías, yo creo que toda la trama y el meneo de esta
ley es porque a pesar de que el Gobierno, representado por su Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, nos ha planteado la gran voluntad de consenso
que en su día quiso tener, después de leer las transcripciones literales
de las intervenciones de los representantes de los sindicatos de
Comisiones Obreras, de la Unión General de Trabajadores y de la Unión
Sindical Obrera --que tienen tanta credibilidad como las palabras del
Ministro--, me da la sensación de que el Gobierno no quería negociar, lo
que quería era imponer, y de negociar a imponer hay un abismo, como de la
noche al día, por lo menos mientras que tengamos el mismo concepto de lo
que es la noche y de lo que es el día. Por tanto, repito que tienen la
misma credibilidad, pero creo que los hechos vienen a dar la razón --sin
restar credibilidad a nadie-- a los sindicatos.

Y tengo que insistir, como insistí en los Presupuestos Generales del
Estado, en que el día 27 de enero hubo una huelga general para algo y que
ustedes han sido muy insensibles a esa huelga general, muy insensibles.

Yo tengo la seguridad de que los sindicatos sí tenían que negociar,
porque los sindicatos sí eran solidarios con los parados y con los que
trabajaban, y ya lo habían dicho en multitud de ocasiones, pero ustedes
no estaban por los intereses ni de los parados ni de los trabajadores;
ustedes, y su pacto político lo ha venido a demostrar, estaban por otros
intereses, legítimos, pero por otros intereses.

Por tanto, no involucren ustedes ni a los sindicatos ni a la izquierda en
general en no querer llegar a un acuerdo, lo que sucede es que no se
quería una imposición.

Señor Presidente, señorías, en el debate de las enmiendas a esta reforma
laboral he de señalar que estamos discutiendo una reforma laboral que ya
se está aplicando, pero hay que darle contenido legal y por eso estamos
hoy aquí. Se está aplicando y las consecuencias parece que no son muy
buenas. Ustedes me van a decir: se han producido más contrataciones, pero
díganme ustedes también a cuánta gente se ha sustituido que tenía otros
contratos mejores con estos contratos de trabajo, es decir, qué número de
parados ha significado la aplicación de este contrato, también hay que
decirlo en esta Cámara. Porque yo sé que ustedes tienen la obligación de
defender el proyecto del Gobierno, aunque sin ser adivino, creo que a
veces algunos de los compañeros que están a mi derecha --geográfica, no
lo entiendan mal--, con el corazón y con las declaraciones han dicho otra
cosa. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidiremos en que el
contrato de aprendizaje es para la formación técnica y práctica de las
personas a las que se les va a aplicar, ahí estamos de acuerdo. Pero si
me habla usted de un contrato de aprendizaje a los 24 años --porque como
es para menores de 25, será a los 24-- díganme a esas alturas qué
aprendizaje van a realizar. Y no solamente está el elemento del
aprendizaje, sino también el del salario. La propia derecha --a la que yo
no voy a echar una flor aquí, aunque agradezca el aplauso, creo que tiene
algún infiltrado de Izquierda Unida en sus filas, un sector en el que yo
no milito-- en Francia ha retirado un proyecto de ley como el de ustedes
por la sensibilidad que ha tenido con los manifestantes en la calle.

¿Cómo se puede defender aquí en este país, en el año 1994, que a los que
se les aplique estos contratos de aprendizaje puedan cobrar por debajo
del salario mínimo interprofesional? Y ustedes me dirán, es que en
Francia sí se hace; pues mire usted, en Francia el salario mínimo son
140.000 «calas» y aquí no llega ni a las 60.000.

Además ustedes en estos contratos de aprendizaje legalizan las
irregularidades. Y ello es así porque en el Estatuto de los Trabajadores
cuando un empresario --y



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yo le tengo mucho respeto a los empresarios, pero hay algunos pillos
entre ellos-- utilizaba estos contratos de aprendizaje para explotar a
los trabajadores y le descubrían, se le obligaba a convertir el contrato
en normal, en fijo. Y en esta ley tan buena que ustedes defienden con
tanto ardor, recurren a la sanción administrativa y con ello están
provocando que el fraude se legalice. ¡Qué le importa a un empresario que
le cojan incumpliendo un contrato de aprendizaje y que le pongan una
multa de 50 a 500.000 pesetas si puede seguir explotando al trabajador y
si al final lo que se ahorra en Seguridad Social y en no pagarle le va a
compensar la multa! No legalicen ustedes situaciones irregulares porque,
además, es una de las denuncias más importantes que existe en las
delegaciones de trabajo por parte de los inspectores de trabajo. ¡Cómo
pueden ustedes hacer oídos sordos a esa realidad! ¡No legalicen ustedes
esos contratos!
Yo sé que esta reducción de las cuotas de la Seguridad Social es buena y
que los empresarios están contentos, pero ¿cómo pueden ustedes plantear
que se disminuya el costo de la Seguridad Social con menos ingresos? ¿Con
estos ingresos cómo pretenden ustedes mantener un servicio público de la
Seguridad Social? Claro está, así escuchamos decir al señor Ministro de
Economía, que además parece un representante de seguros privados para el
futuro, que así no se puede mantener esta situación.




El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, por favor, le ruego que concluya.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Sí, señor Presidente, voy a concluir porque yo
sé que el tiempo es oro y además escaso.




El señor PRESIDENTE: No debería tener su señoría un concepto tan
mercantil del tiempo. (Risas.)



El señor CUEVAS GONZALEZ: Quería decir, señor Presidente, para terminar
--y luego utilizaré el turno de portavoces--, que ustedes legalizan otra
situación anormal. Se va a chantajear a los trabajadores, a los que
tienen un contrato normal, de los que figuraban en el Estatuto de los
Trabajadores, porque a partir de ahora se les va a obligar a que, cuando
finalicen sus contratos, pasen al que ustedes ahora con tanta ansiedad y
fervor defienden --algunos de ustedes, aunque después aprieten la tecla y
salgan todos.

Me quedan por defender un montón de cuestiones, que haré
posteriormente...




El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, tiene su señoría tiempo porque, por
error, no le he computado el que le correspondería. Así que el tiempo es
oro, dijo Benjamin Franklin.

Tiene la palabra su señoría.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su
afortunada rectificación. (Risas.)
Señorías, me he referido hasta ahora al contrato de aprendizaje, un
contrato que es una joya, entre comillas, y, si nos ponemos a hablar del
contrato a tiempo parcial, podremos decir que es un diamante, también
entre comillas.

Creo que ustedes recordarán que en el Estatuto de los Trabajadores
existían los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos, que, a
la postre, eran contratos indefinidos, porque saben ustedes que cuando la
actuación laboral de la misma actividad se hacía en la empresa o la
actividad se reanudaba, el trabajador fijo discontinuo volvía a la
empresa. Por tanto, era un contrato indefinido.

¿Pero qué hacen ustedes ahora? Ustedes ahora lo que hacen es eliminar los
contratos de este tipo y mantener los contratos a tiempo parcial. Ustedes
dirán que también eso se lleva en Europa. Pero, miren ustedes, en Europa
también está regulado de otra forma. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes de
una persona que trabaja menos de 14 horas a la semana y que no tiene
ningún tipo de prestación social, ni de Seguridad Social, ni nada? ¿Cómo
calificarían ustedes ese hecho? Me gustaría que el compañero que vaya a
votar en contra de las enmiendas me dijera que se trata de una
explotación, pero sé que me van a responder que es una cuestión de
modernidad europea. Sin embargo, eso, señores, es una explotación pura y
dura. Se priva a los trabajadores de un derecho, aunque trabajaran
solamente una hora a la semana. Y para eso han luchado la izquierda, los
sindicatos y mucha gente.

Quiero decir, señor Presidente, que, además, hay una anécdota real y
triste en este debate. Recuerdo --es verdad que hubo una lucha para
mejorar el Estatuto de los Trabajadores, no para oponerse; creo que el
señor Ministro le ha dado la nota mal, no era oponerse, sino para
mejorarlo-- cuando estos trabajadores con contrato a tiempo parcial
cotizaban a la Seguridad Social por los días trabajados. Es cierto que si
trabajaban cuatro horas cotizaban en función de esas cuatro horas, pero
trabajaban y cotizaban por días. A partir de ahora, según la nueva
reglamentación que ustedes defienden, los trabajadores van a cotizar por
horas, lo que significa que, respecto de las prestaciones por desempleo y
por jubilación, van a tener que trabajar como el triple de lo que antes
les correspondía. Por tanto, seguimos diciendo que esta reforma laboral,
señor Presidente, señorías, es un retroceso en la conquista de los
derechos de los trabajadores, por muy modernas que quieran ustedes
planteárnosla y por muchos elementos de generación de empleo que prevean.

Creo que hasta ahora --y no es un ataque frontal a la política económica
del Gobierno, que también lo hemos hecho cuando ha habido que hacerlo--
han tenido ustedes la mala suerte de no acertar en sus



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conclusiones ni en sus aliados, por lo menos en temas tan importantes
como éste, de avance en los elementos de justicia social y
redistribución. Podríamos seguir el debate discutiendo de política por lo
que se refiere a las enmiendas y mostrar aquí nuestras discrepancias
democráticas, pero la verdad es que no me gustaría, con todos los
respetos a la libertad de expresión, que se me contestara con alusiones a
tiempos pasados, porque, además, nos podríamos llevar alguna sorpresa.

Por tanto, discutamos como lo hemos estado haciendo hasta ahora, con
tonos más altos o más bajos, mostrando discrepancias políticas, pero
ciñámonos en la cuestión que estamos debatiendo y no hagamos alusiones ni
a partidos que no están hoy aquí representados, ni a otras cuestiones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cuevas.

A continuación, el Senador Petrizan Iriarte tiene la palabra, para la
defensa de sus enmiendas números 7 a 11.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a aprovechar este turno para defender las enmiendas números
7 a 11 de este Capítulo II y las números 12, 13 y 14 a las Disposiciones.

La defensa que voy a hacer sobre estas enmiendas es muy simple porque lo
único que pretendemos al presentarlas es recuperar la regulación
anterior. Creemos que no es necesaria una mayor flexibilización en lo que
a retribución se refiere, tanto para los empleados con contratos de
trabajo en prácticas como para los trabajadores con contratos de
aprendizaje. No nos parece tampoco lógico suprimir o restringir la
protección social del aprendiz, porque si revisamos la historia,
precisamente la universalización de la protección social del trabajador
no debe regularse hacia su restricción, y en ese sentido recuperaríamos
la anterior regulación.

Tampoco estamos de acuerdo con la restricción de la protección social en
los contratos a tiempo parcial. Aunque se dice que esta nueva regulación
--y ésta es la base de mi argumento-- aporta una mayor flexibilización,
yo creo que aporta, sobre todo, «negatividad» --que no es lo mismo--. En
ese sentido pedimos la supresión del artículo 5, para recuperar en la
contratación el principio de causalidad.

Creemos que estas enmiendas están perfectamente en línea con las
finalidades que tiene la Ley de Fomento de la ocupación.

Se ha hablado mucho aquí del contrato de aprendizaje. Si hiciéramos una
encuesta en la calle y pidiéramos un sinónimo de «contrato de
aprendizaje», seguramente la mayoría de la gente lo equipararía a un
término que se ha venido en llamar «contrato-basura».

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles para la defensa de sus
enmiendas números 15 a 21.




El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.

Queremos oponernos también a esos contratos formativos, que deberían
haberse inspirado en contratos útiles para la formación e inserción de
los trabajadores en el primer empleo. Pero según el texto que nos
presenta el Gobierno, y que ya lo está aplicando, son útiles
exclusivamente para el abaratamiento de los costes y, por tanto, para el
beneficio exclusivo del empresario.

Las siete enmiendas que planteamos intentan paliar estos defectos, porque
entendemos que la Constitución, en su artículo 35, exige una remuneración
suficiente para satisfacer las necesidades de todos los trabajadores, y
no es de recibo lo que se dice en el Proyecto de ley. El artículo 41 de
la Constitución también garantiza la prestación por desempleo junto con
todos aquellos principios rectores de política social. Pensamos que no es
así como se deben hacer estos contratos, que deberían ser beneficiosos
para el trabajador y para el empresario, pero no exclusivamente para el
empresario.

Pensamos que el salario debe ser suficiente; que los aprendices no pueden
tener veinticuatro años; que la duración máxima de los contratos no puede
ser superior a tres años; que se debe aumentar a un 25 por ciento el
tiempo de formación de estos trabajadores para que sean realmente
eficaces, porque entendemos que ningún trabajador puede estar excluido de
la plena protección social, y porque todos los trabajadores tienen que
tener derecho a la ILT y al desempleo. Es por ello por lo que Esquerra
Nacionalista Valenciana ha presentado estas siete enmiendas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para la
defensa de sus enmiendas números 2 y 3, tiene la palabra el Senador
Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la máxima brevedad intervengo para defender nuestras enmiendas
números 2 y 3 al artículo 3.1. e) y 3.2. f). Con ellas pretendemos seguir
la línea de lo que se está debatiendo en las intervenciones realizadas
con anterioridad. La razón fundamental de estas dos enmiendas se basa en
que el salario mínimo interprofesional es un mínimo de derecho necesario
absoluto, y en que un convenio colectivo afecta necesariamente a todos
sin excepción; luego, todo contratado forma parte



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del clausulado del convenio en todas sus partes. Estamos, por tanto, en
contra de la degradación salarial y en contra de que se falte al
principio de la equivalencia de las prestaciones de las partes, porque,
sin duda alguna, vulnera principios esenciales de todo Derecho
contractual.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado sostiene las
enmiendas números 69 a 77; las números 72 y 77 propugnan la inclusión de
nuevos artículos en este proyecto de ley, y están dadas por defendidas.

Para la defensa de la enmienda número 82 del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, el señor Companys tiene la palabra.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 82 trata de modificar el artículo 3, apartado 2 c),
añadiendo un párrafo que dice: «En trabajos de temporada, los seis meses
de duración mínima se podrán fraccionar en dos temporadas».

La motivación que nos lleva a la presentación de esta enmienda va en el
sentido de adecuar la duración del contrato al tiempo de prestación real
de los servicios en aquellas actividades que se mueven por temporadas de
muy corta duración, y estaría en la línea de la propia ley al dar la
máxima flexibilidad y las máximas oportunidades a todos aquellos jóvenes
que, sin tener la titulación requerida para la formalización de un
contrato en prácticas, tienen la voluntad de adquirir formación teórica y
práctica para desempeñar un oficio u ocupar un puesto de trabajo
cualificado, aunque éste sea de características temporales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 23 a 29 del Grupo Parlamentario Popular,
el señor Alvarez Gutiérrez tiene la palabra.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular del Senado ha presentado siete
enmiendas, las números 23 a 29, a este Capítulo II.

Al artículo 3 del proyecto de ley, hemos presentado las enmiendas números
23 y 24 referidas al llamado contrato en prácticas, y la número 25, de
modificación, relativa al aprendizaje; es decir, a los llamados contratos
formativos.

Con la enmienda número 23 pretendemos que sean incluidas en el contrato
en prácticas todas aquellas personas que hayan superado las pruebas de
formación profesional, y que tengan por ello una suficiente formación
para el desempeño de actividades profesionales. Nos parece que la
supresión de la distinción que hace el proyecto de ley es positiva.

Entendemos que no hay que distinguir entre grado medio o superior, porque
eso, desde nuestro punto de vista, supone una ambigüedad.

No debemos discriminar --y lo hemos dicho en otros trámites-- los
distintos sistemas de Formación Profesional, ya sea reglada u
ocupacional, como equivocadamente viene siendo habitual. Tal vez porque
la Formación Profesional se ha considerado siempre de manera marginal,
como si fuese la cenicienta educativa de nuestro sistema, y ello pese al
gran esfuerzo económico que se ha introducido en la regulación y en el
desarrollo de estas modalidades.

Señoría, simplificando, creemos que tal distinción sobre la Formación
Profesional de grado medio o superior no es la adecuada, englobándose,
para nosotros acertadamente, en el contrato de prácticas a todos aquellos
a los que la Formación Profesional reglada, sea específica u ocupacional,
es decir, con título certificado, les habilite para el ejercicio
profesional.

La enmienda número 24 pretende potenciar, mediante la adición de una
nueva letra g) al artículo 3.1, la modalidad del contrato en prácticas y
a tiempo completo que tan buenos resultados diera en su formulación
inicial mediante el Real Decreto 1.992/1984, de 31 de diciembre, y cuyo
descenso se ha evidenciado a la luz de las estadísticas con la entrada en
vigor de la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes de Promoción
de Empleo y Protección por Desempleo, en la que se suprimen dichos
incentivos.

Creemos que reducir los costes laborales bonificando el 50 por ciento de
la cuota de seguridad social a las empresas que vayan a contratar a estos
jóvenes profesionales es en estos momentos una medida necesaria y
adecuada.

Insistimos en que lo aconseja lo que viene siendo la curva de descenso
desde la supresión de las bonificaciones que se establecían en el Decreto
reseñado. Además, entendemos que su enmienda número 92, que viene
recogida por el Grupo Parlamentario Socialista como Disposición Adicional
Cuarta nueva en el informe de la ponencia, vendría, con el reconocimiento
de la necesidad de incorporar esta enmienda, a verse reforzada y
complementaría eficazmente el cuadro de edad e incentivaciones que en
otro caso sería discriminatorio para los que no pueden acceder al primer
empleo.

Con nuestra enmienda número 25 al artículo 3.2 pretendemos definir
globalmente lo que para el Grupo Parlamentario Popular es el contrato de
aprendizaje.

Hemos querido presentar en esta enmienda un contrato sustancialmente
diferente desde su propia formulación inicial. No nos gusta el del
proyecto de ley. El Gobierno socialista no ha tenido claro, a nuestro
modo



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de ver, ni cómo ni cuándo debía formularse este contrato. La prueba es
que cuando hace un anteproyecto de regulación de esta materia en
septiembre de 1993, ni siquiera lo incluía, y lo incluye posteriormente
incluso con este nombre.

Nos alegramos de que por fin lo hayan asumido, pero entendemos que su
indefinición viene constatada por la gran cantidad de enmiendas que se
han sucedido a lo largo de los procesos parlamentarios.

El Grupo Parlamentario Popular espera que entre todos seamos capaces de
configurar este contrato que consideramos especial para la inserción
laboral de nuestros jóvenes, principales sujetos de este drama que es el
desempleo en España. Nosotros, desde luego, no vamos a escatimar
esfuerzos y a ello responde esta enmienda.

En esta enmienda partimos de considerar el contrato de aprendizaje como
un contrato fundamentalmente formativo, tendente a la consecución,
mediante la práctica laboral, de una cualificación profesional
reconocida, a su vez, en el catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, verdadero caballo de batalla de la Formación Profesional.

Si mediante el contrato de aprendizaje se quiere formar profesionalmente
a los jóvenes, convendrán conmigo en que no tener este catálogo de
cualificaciones profesionales para, de este modo, adecuar la enseñanza
profesional a la cualificación que se pretende, es un esfuerzo baldío.

No podemos, sin este conocimiento de causa previo, realizar la formación
técnica y práctica del aprendizaje que consideramos esencial.

No creemos que se pueda hacer lo que se hace en este proyecto de ley;
empezar la casa por el tejado --como se dice vulgarmente--, echar el
carro por delante de los bueyes.

También pretendemos que esta modalidad contractual no sea abusivamente
empleada. Queremos que los contratos de aprendizaje tengan la lógica de
la necesidad de la ocupación y de la formación de nuestros jóvenes.

Tenemos nuestras dudas, si mantenemos el texto del proyecto, de que no
exista efectivamente un peligro debido, sobre todo, y entre otras causas,
a su amplia franja de edad. Nosotros no afirmamos --creo que nadie podría
hacerlo-- cuál es la edad ideal para el aprendizaje, pero convendrán
conmigo, señorías --y aquí coincidimos absolutamente todos los grupos--
en que la de menores de veinticinco años es una franja excesiva. Somos
conscientes --insisto-- de esa arbitrariedad, pero nos parece que una
edad de veintiún años, que es la que indicamos en nuestra enmienda, sería
más acorde con lo que para nosotros es este contrato de aprendizaje, un
contrato esencialmente formativo.

Mi Grupo entiende que la formación teórica del aprendiz, como decía
antes, debe ponerse en todo caso en relación con la cualificación
necesaria para el desempeño específico de una profesión u oficio, de una
profesión concreta. De ahí --insisto-- que nosotros consideremos
inaplazable e imprescindible --y así lo manifestamos en otra de nuestras
enmiendas-- la realización de ese catálogo de ámbito nacional de
cualificaciones profesionales en el que se definan todas y cada una de
ellas, siguiendo el modelo alemán del contrato de trabajo --muy valorado
por el señor Ministro pero poco seguido en el modelo presentado--, y
adoptando al mismo tiempo las obligaciones que ya en el mes de junio
impondrá la directiva comunitaria en esta materia.

El contrato de apendizaje, señoría, debe ser utilizado como el
instrumento que permita establecer progresivamente un modelo de formación
profesional dual en el que se interrelacionen trabajo y formación,
especialmente en aquella fase de la formación inicial. Creemos por eso
que limitar o poner un mínimo a la formación teórica del contrato de
aprendizaje es un error. Mi Grupo y yo entendemos que esa formación
teórica no puede tener ni un mínimo ni un máximo, tiene que ser la que se
adapte a la cualificación profesional que se pretenda. Esto, que parece
obvio, queda absolutamente desdibujado en el proyecto de Ley tal y como
está presentado.

Nosotros entendemos, efectivamente --y lo ha venido a ratificar el señor
Ministro--, que cuando el trabajador tenga pendientes los ciclos
educativos referidos a la escolaridad obligatoria, la actividad
fundamental, desde el punto de vista de la teórica del aprendiz, debe ser
la de complementar y completar estos ciclos, por la lógica deducción de
que sin estos elementales conocimientos difícil le será al joven, no sólo
el desempeño del puesto de trabajo para el que ha sido contratado, sino
también --y esto es más grave-- desenvolverse en la vida ordinaria. El
trabajo efectivo del aprendiz, para evitar abusos que desdibujen su
finalidad última de capacitación para una cualificación determinada, será
el que corresponda y esté en relación, en todo caso, con ese puesto
cualificado que se pretende y es el objeto esencial del aprendizaje. En
nuestra enmienda pedimos que el contrato de aprendizaje no termine con un
certificado de la empresa o del empresario que lo ha contratado. Lo que
pedimos es que termine con un certificado de profesionalidad, que deberá
ser expedido, en todo caso, tras las oportunas evaluaciones por la
autoridad laboral. Creemos que de esta manera se objetiva mucho más la
cualificación, se pretende darle un sentido mucho más concreto y, desde
luego, no se deja al arbitrio de nadie que no sea, lógicamente, la
autoridad laboral correspondiente, la definición de cuál es la
calificación en orden a ese catálogo de cualificaciones de ámbito
nacional al que hemos hecho referencia, como puedan ser ese nivel y esa
cualificación final y real obtenida tras esas pruebas por parte del
aprendiz. Este, señorías, es nuestro modelo de contrato de aprendizaje.




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Al artículo 4, señor Presidente, señorías, referido al contrato a tiempo
parcial y al contrato de relevo, presentamos la enmienda número 26. Con
ella pretendemos modificar el apartado cuatro del artículo 4 del
proyecto.




El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le rogaría que abreviara porque lleva
cuatro minutos por encima del tiempo previsto.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Termino, señor Presidente.

Decía que pretendemos que ese límite de edad de tres años por debajo que
el proyecto de ley establece para que de modo flexible o voluntario se
formalicen contratos a tiempo parcial entre trabajadores que concierten
con sus empresas una reducción voluntaria del 50 por ciento de la jornada
y del salario, se eleve también por arriba tres años más, de tal manera
que la flexibilidad alcance no sólo a tres años antes, sino a tres años
después, es decir, de los 62 a los 68 años.

Con ello se abriría una posibilidad tremendamente positiva en todos los
ámbitos; primero, porque dejamos a la libre interpetación de las partes
la valoración de cuando existe, de verdad, esa imposibilidad de edad,
valoración que pueden hacer en esa franja y, segundo y más importante,
porque liberamos de una carga importante a la Seguridad Social puesto que
permitirmos reducir tanto la pensión como la cotización.

A la cuestión del fomento de empleo hemos presentado, señor Presidente,
las enmiendas 27, 28 y 29. En ellas pretendemos que se aminoren los
costes laborales de ciertos trabajadores cuya franja de edad está entre
los 20 y los 26 años. Las enmiendas pretenden que estos trabajadores no
queden desprotegidos porque, a la vista de la interpretación que se ha
hecho de proyecto de ley, no cabe decir que puedan entrar dentro del
contrato de aprendizaje. Estamos hablando de aquellos colectivos,
insisto, menores de 26 años que no tuvieran la cualificación suficiente y
necesaria para realizar un contrato en prácticas.

Y decimos esto por algo que es elemental y que van a entender
inmediatamente sus señorías. Desde los 16 años se puede hacer un contrato
de aprendizaje. A los 19 estaría terminado, y ante la imposibilidad de
tener derecho a las prestaciones por desempleo, al no ser objeto de la
famosa enmienda 92, que como adicional cuarta ustedes han introducido en
el proyecto de ley, se deja una franja importantísima de jóvenes de 19 a
26 años absolutamente desprotegidos.

A eso responden nuestras enmiendas que, como verán, unas son alternativas
de otras, siempre y cuando la contratación se realice en términos de
tiempo completo y de conversión en indefinido como sus señorías
comprobarán por la lectura de nuestras enmiendas.

La última enmienda, la número 29 --y ya termino--, aunque es más
restrictiva, queda subsumida perfectamente dentro de la adicional cuarta
que ustedes han presentado.

De admitirse estas enmiendas, sobre todo las dos primeras, el cuadro de
protección de desempleados, incluso de desempleados de larga duración, de
colectivos a los que hay que apoyar, como aquí se dice constantemente,
con políticas activas y con políticas, incluso, discriminatorias, dado
que son los receptores fundamentales de la lacra del desempleo, quedaría
perfectamente definido y se cerraría de alguna manera el ciclo que se ha
abierto con las medidas de fomento de empleo que para 1994 ha planteado
el Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador Franco.




El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, creo que estos capítulos de la Ley de Medidas urgentes de
fomento a la ocupación quizá sean uno de los elementos que más pesan en
la sociedad española. Básicamente todos estamos de acuerdo en que el
desempleo es el fenómeno que más une en estos momentos a todas las
fuerzas políticas. Por consiguiente, el problema está en cómo combatir
este fenómeno, fundamentalmente, en aquellos colectivos que tienen una
situación más marginal.

No se trata de hacer discursos retóricos. No se trata de hacer discursos
filosóficos. Se trata de ver cuáles son los mecanismos más razonables que
pueden dar respuesta a la falta de esperanza que tienen miles de jóvenes
españoles, muchas miles de mujeres y muchos miles de desempleados mayores
de 45 años, o que, siendo menores de dicha edad, llevan en el desempleo
mucho tiempo, parados de larga duración.

Es verdad que uno de los instrumentos fundamentales para dar respuesta a
este problema era, es y debe ser el diálogo. El problema del desempleo no
puede ser abordado desde una o dos fuerzas políticas. Es un problema del
conjunto de la sociedad. Por consiguiente, el ideal sería que hubiera una
convergencia extrema en el combate contra este fenómeno social dramático
para miles de ciudadanos y para el conjunto del país.

Nadie puede decir que no haya habido un intento serio de diálogo, que no
haya habido por parte del Gobierno gestos suficientes como para que
pudiesen engancharse a los mismos fundamentalemente las fuerzas sociales.

Pero si ello no ha sido posible no se ha debido --al menos así lo
entiendo yo-- a que desde el Gobierno se intente imponer una fórmula de
reforma, sino a que quizá otros no querían ningún tipo de reforma, con lo
que al final, el Gobierno, cumpliendo la responsabilidad



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que tiene para con los ciudadanos, ha traído a esta Cámara --que es el
lugar real donde se tiene que discutir-- los instrumentos que pueden dar
respuesta --repito-- al fenómeno más importante de este fin de siglo: las
relaciones laborales, su transparencia y, por consiguiente, la
maximalización para la búsqueda del empleo. Creo que no está en la
intención del Senador Cuevas pensar que tiene la patente de la defensa de
los intereses de los trabajadores. El intenta defender a los trabajadores
--y yo lo entiendo-- desde su punto de vista, pero nosotros creemos que
no es tanto la teoría cuanto la práctica la que indica si la defensa es
real o puramente teórica.

Por eso mismo nosotros hemos instrumentado en el Capítulo III de este
proyecto un elemento, el contrato formativo, que puede dar respuesta a
dos colectivos fundamentales: a los jóvenes con titulación y a los
jóvenes sin titulación ni oficio. Y esto lo hemos hecho desde la
perspectiva que se incorpora en toda la normativa, es decir, poniendo
como pieza clave en el desarrollo de estos procesos a los agentes
económicos y sociales, a los sindicatos y a la patronal, por entender que
son ellos quienes, conociendo mejor que nadie la situación
socioeconómica, pueden articular los mecanismos que garanticen una mayor
eficacia en la formación de los titulados o en el aprendizaje de los
jóvenes sin oficio.

Por eso nosotros vemos en los planteamientos de los distintos grupos dos
ejes fundamentales. Unos grupos tratan de dejar la situación tal y como
está, permitiendo que miles de jóvenes no tengan ninguna posibilidad,
sobre todo si son jóvenes sin oficio, de incorporarse al mercado de
trabajo y dificultando, por consiguiente, la apertura de puertas que
garantice su acceso al mismo. Pero ¿cómo expresan esto esos grupos
parlamentarios? Pues diciendo que el salario no es suficiente, que las
prestaciones sociales no son suficientes y que la formación no es
suficiente.

Según eso, dejemos las mismas barreras que existen en estos momentos y
dejemos, en consecuencia, que ese millón doscientos mil jóvenes que están
sin oficio sigan en la desesperanza de incorporarse al mercado de
trabajo, pero no solamente ellos sino su entorno familiar, lo que suma ya
millones de ciudadanos, que pierdan la esperanza de que este sistema es
capaz de dar respuesta al problema más elemental de los ciudadanos que es
la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo para desarrollar sus
capacidades intelectuales o físicas y autorrealizarse a través de ellas
siendo útiles a la sociedad.

Por consiguiente, entendemos que el salario, tal y como se plantea en
este proyecto, es un salario mínimo, pero los grupos que intentan
plantear una alternativa diferente no quieren entender que lo es a
expensas de que, a través de la negociación colectiva, pueda fijarse el
adecuado.

Algunos Senadores han dicho que éste es un contrato basura, un contrato
de sustitución de trabajadores. Pero deberían plantearse algunos
interrogantes, en lugar de hacer estas afirmaciones tan rotundas. En este
sentido, me voy a permitir el lujo de invitar a los Senadores Petrizan,
de Eusko Alkartasuna, y Cuevas a que --si lo tienen a bien-- se den un
paseo por FASA-Renault donde, a través de este instrumento, y con el
acuerdo de los sindicatos, se han incorporado 250 jóvenes para aprender
un oficio. Díganme ustedes, señores Cuevas y Petrizan, si para estos
jóvenes éste es un contrato basura, o la posibilidad de acceder a un
oficio que garantice un futuro mínimamente riguroso no solamente para
ellos, sino también para sus familias. Además, el convenio para
incorporar a estos 250 jóvenes a FASA-Renault ha establecido un contrato
que supera con creces el nivel salarial, a través del acuerdo de la
negociación colectiva entre empresarios y sindicatos.

Por tanto, se trata de un instrumento que puede ser utilizado de forma
extraordinariamente razonable entre los sindicatos y la patronal para dar
respuesta al objetivo fundamental que dicta la norma: procurar un oficio
para el joven que en estos momentos no tiene ninguna capacidad para
acceder al mercado de trabajo y que, en otro caso, va a ser un marginado
no solamente ahora, sino a medio plazo. Y por qué no pensar a largo
plazo, si en una sociedad tan compleja como la nuestra se necesita la
formación para acceder al mercado de trabajo.

Con esta perspectiva se plantea este contrato. Por eso, señores Ramón i
Quiles y Petrizan, Senadores del Partido Nacionalista Vasco pensamos que
los techos mínimos salariales no atentan contra nada, sino que permiten
el acceso al mercado de trabajo y posibilitan que, a través de la
negociación colectiva, los sindicatos de este país y la patronal puedan
fijar la remuneración en función del trabajo que se desarrolle.

Si bien es verdad que estos grupos proponen una mejora de la situación
económica o de la Seguridad Social de estos muchachos, creemos que el
planteamiento del Grupo Popular es profundamente distinto y, además, muy
contradictorio, porque hace guiños a la izquierda, pero en sus enmiendas
manifiesta lo que entiende por contratos de aprendizaje y cómo los
utilizaría si tuviera la mayoría para legislar.

El Grupo Popular, junto con el resto de los grupos, se pregunta por qué
razón la edad de un joven aprendiz se fija hasta los 25 años, y no hasta
los 20, 21 ó 22, como proponen otros grupos. Creo que la razón es muy
sencilla: la encuesta de población activa plantea que en estos momentos
hay cerca de 1.200.000 jóvenes, hasta los 25 años, sin ningún tipo de
oficio, y nosotros pretendemos que a través del contrato de aprendizaje
se posibilite a este número tan importante de jóvenes no sólo la
incorporación al mercado de trabajo, sino aprender un oficio. Por eso,
podíamos haber fijado la edad



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máxima en 18 años, y habríamos quedado mejor que nadie desde el punto de
vista estético, pero estaríamos excluyendo a centenares de miles de
jóvenes que verían cómo se les escapaba la posibilidad --bien por el
fracaso escolar, bien por otras razones-- de algo tan elemental como es
el derecho al trabajo.

Además, también querría hacer aquí una puntualización. ¿Qué mecanismos
utilizan en Europa para dar respuesta a este problema? No se confunda,
señor Cuevas. El contrato que ha sido rechazado por los franceses no es
el contrato de aprendizaje español ni el francés. Ha sido el intento de
Balladur de utilizar el contrato de aprendizaje para que, a través de
este instrumento, entren en el mercado laboral los jóvenes con
profesiones superiores. Y por eso, quienes han combatido en la calle este
proyecto han sido los estudiantes. Aquí éstos tienen un buen instrumento,
que es el contrato en prácticas, que les va a permitir acceder al mercado
de trabajo, no solamente para que no se pierda el esfuerzo extraordinario
que este país hace en la formación de estos muchachos, sino para que a
través de una formación mejor puedan incorporar un valor añadido a
nuestras industrias que garantice una mayor competitividad y, por
consiguente, consolide los puestos de trabajo y las propias industrias.

Pero, ¿acaso los sindicatos europeos no son de izquierdas? ¿Acaso en
Europa no hay fuerzas de izquierdas? Los sindicatos europeos son más
fuertes que los españoles y las fuerzas de izquierda europeas tienen más
experiencia que las españolas, entre otras cosas, porque han tenido más
tiempo para desarrollar su capacidad cooperativa. ¿Por qué en Europa hay
países que ni siquiera tienen límite hacia arriba, como, por ejemplo
Alemania u Holanda? ¿Por qué en Italia tienen el límite hasta los 32
años? Porque no parece razonable que en un mundo tan cambiente una
persona pierda su trabajo y, por consiguiente, pierda su oficio y se le
deje a merced de los acontecimientos en un mundo cada vez más complejo.

Por eso, a lo mejor, señor Cuevas, señoras y señores Senadores, estamos
cometiendo una injusticia impidiendo que a personas de 35 o de 40 años
que están marginados en el mercado de trabajo y no tienen ninguna
capacidad de acceder a él porque no tienen ningún oficio, se les impida
la posibilidad de aprender, porque eso podría ser la puesta que les
garantizase el acceso al mercado de trabajo. ¿Con qué razón y con qué
derecho nosotros estamos impidiendo a miles de ciudadanos acceder al
mercado laboral, por el propio desarrollo y por los cambios económicos
profundos, condenándoles posiblemente a la marginación?
Por eso nosotros creemos que hay que sostener este contrato hasta los 25
años. Porque reducir ese volumen significa dejar márgenes importantísimos
de jóvenes a merced de los acontecimientos.

Por estas razones nosotros, aun compartiendo y estando de acuerdo con
ustedes en que los mínimos son escasos, también tenemos que decir --y
antes ponía el ejemplo de la FASA-Renault-- que los mínimos se pueden
superar porque creemos en los sindicatos, porque creemos que éstos son de
izquierdas y, por ello, van a defender en la negociación colectiva que
los techos mínimos que aquí se plantean sean mínimos a superar sin ningún
tipo de problemas, como ya lo están haciendo muchos comités de empresa en
muchas fábricas.

El Partido Popular hace un guiño a la izquierda poniendo el límite hasta
los 21 años. ¿Qué pasa con el colectivo de jóvenes, de 450.000 jóvenes,
que quedan desde los 21 hasta los 25? Explíquennos a través de qué
mecanismos podemos incorporarlos y que estos mecanismos sean utilizados
por los empresarios españoles. No me indiquen mecanismos que al final
queden bien en el papel, pero que sean estériles a la hora del
funcionamiento práctico.

En segundo lugar, si nos fijamos en el programa de aprendizaje del
Partido Popular, vemos que es verdaderamente estimulante. Por ejemplo,
nosotros decimos en nuestro esquema de aprendizaje que las empresas no
podrán contratar tantos aprendices como quieran, sino tantos como volumen
de trabajadores tengan para que puedan ser formados unipersonalmente. Y,
sin embargo, si aceptásemos la enmienda del Grupo Popular, desaparecería
este esquema que se plantea en estos momentos en el texto. Pero es que el
Grupo Popular, cuando habla de formación, nos dice que después se verá
qué volumen de formación. Nosotros decimos que como mínimo el núcleo de
formación que debe ser aplicado para los aprendices es del 15 por ciento,
en cuanto al máximo ¿quién conoce mejor que la patronal y los sindicatos
cuál es el máximo? Son ellos los que tienen que decidir, en función de
los sectores, de las profesiones y de los oficios, qué tipo de formación
y cuánto tiempo, salvando el mínimo. Por consiguiente, nosotros fijamos
un mínimo por debajo del cual creemos que es imposible que se forme a
nadie en un proceso de aprendizaje.

En tercer lugar, nosotros hacemos algunas observaciones a lo largo del
texto que son más garantes para los aprendices. Por ejemplo, a un
trabajador que ha estado durante un año trabajando en un puesto de
trabajo no se le puede contratar como aprendiz porque se supone que ya ha
estado aprendiendo en esa empresa.

En cuanto a la titulación, nosotros creemos que no es en esta norma donde
se tienen que establecer los mecanismos de titulación, porque en el
desarrollo de Real Decreto de 29 de diciembre de 1993 viene determinado
de una forma mucho más precisa cómo se puede establecer este tipo de
formación.

Me queda por mencionar otro de los elementos fundamentales del contrato
de aprendizaje. También aquí hay discrepancias entre los distintos grupos
de la Cámara. ¿Cuánto tiempo necesita un aprendiz para aprender un oficio
en una industria? Nosotros decimos que



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es de seis meses a tres años y que es la negociación colectiva, es decir,
los agentes del sector, piezas claves, fundamentales para el desarrollo
de este proceso, quienes deben decidir el tiempo. Estoy de acuerdo con el
Grupo Parlamentario Popular en que debe ser un proceso dual, en práctica
y de teoría. ¿Quién mejor que los agentes sociales, a través de la
negociación colectiva en este marco para decidir cuál es el tiempo que
necesita un aprendiz para aprender un oficio, en función de las
circunstancias del sector, de la cualificación o del oficio que tenga
previsto el sector?
En resumidas cuentas, nosotros creemos que este contrato de aprendizaje
cumple con unos objetivos que compartimos teóricamente todos: que sirva
para que el joven aprenda un oficio; que esté el tiempo que sea
necesario; que tenga el salario mínimo imprescindible y que pueda ser
modificado a través de la negocación colectiva, que es el instrumento
adecuado, también a través de los agentes económicos y sociales, que, por
cierto, en estos momentos disponen ya, por decisión de esta Cámara, de
37.000 millones para la formación continua en el seno de las empresas.

Y es verdad que el contrato de formación no podrá desarrollarse si los
sindicatos y la patronal, desde el punto de vista sectorial, no articulan
los mecanismos que garanticen la formación de los aprendices. Pero esta
es la responsabilidad de los sindicatos y de la patronal en tanto en
cuanto ya reciben cuantiosos dineros del erario público para formar a los
trabajadores que estén en el seno de las industrias.

El contrato a tiempo parcial viene a dar respuesta a otro de los
problemas más importantes de la sociedad española y, en lugar de
teorizar, lo que tendríamos que hacer es decir cómo damos respuesta a
este problema real de la sociedad española, es decir, qué hacemos con los
millones de ciudadanos o ciudadanas que no tienen capacidad o no pueden
tener una jornada a tiempo completo porque no disponen de todo el tiempo.

Yo creo que la mejor respuesta es la práctica.

En estos momentos, a poco tiempo de haberse puesto en funcionamiento los
contratos a tiempo parcial, más del 60 por ciento de los contratos
efectuados se han hecho con mujeres. Además, estos contratos tienen una
doble virtualidad: pueden luchar contra la economía sumergida, pueden
disminuir el volumen de horas extraordinarias y, lo que es más importante
desde mi punto de vista, pueden posibilitar el acceso al mercado de
trabajo a miles de personas, mujeres u hombres, que de otra forma no
tendrían posibilidad ni tan siquiera de contactar con el mundo laboral.

A partir de aquí, estoy convencido de que a muchos ciudadanos y
ciudadanas que se incorporan a través del contrato a tiempo parcial se
les puede abrir la puerta que les incorpore definitivamente al mercado de
trabajo, no a tiempo parcial, sino, por qué no, a tiempo completo. Por
consiguiente, creemos que es un mecanismo que puede instrumentalizar un
volumen importante de gente que de otra forma no tendría ninguna
posibilidad. Bien es verdad que en la regulación del contrato a tiempo
parcial establecen unos umbrales mínimos, por debajo de los cuales no
existe desempleo o ILT.

Nosotros pensamos que también se mueve en los parámetros que se está
utilizando la legislación europea y que al ser contratos de menos de 12
horas o de menos de 48 horas a la semana no son fundamentales, que se
conviertan en eje central de la vida de los ciudadanos que los utilizan,
y sí puede ser un instrumento que los incorpore, sin el cual difícilmente
podrían encontrar ese tipo de incorporación al mercado de trabajo.

Finalmente, hay algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que
plantean ayudas para la contratación, tanto a los jóvenes con contratos
en prácticas como a los jóvenes entre 20 y 25 años. Nosotros decimos que,
por lo que se refiere a las ayudas a los jóvenes que están haciendo
prácticas en las empresas, no es éste el criterio que viene definido en
estos momentos por el Libro Blanco de Delors, en el que lo que se plantea
es que, si hay que primar algún contrato, se haga con los contratos de
aquellos que no tienen ningún tipo de formación. Esto es lo que se está
haciendo fundamentalmente a través del contrato de aprendizaje y es lo
que se recoge posteriormente en la enmienda que hemos incorporado al
texto, que creemos que es de trascendencia también para los ciudadanos de
este país: la promoción de empleo para los mayores de 45 años que estén
en desempleo y que cobren prestaciones por desempleo o para los menores
de 45 años que cobren desempleo y que estén desempleados más de un año.

Creemos que lo que hacemos con esto es primar a unos colectivos que están
severa y dramáticamente marginados en este momento en la situación de
desempleo de España, y por eso nosotros posibilitamos que se primen
fundamentalmente industrias de menos de 25 trabajadores o autónomos que
contraten por primera vez a un trabajador, no quedando exenta ninguna
industria si lo que contratan son trabajadores de más de 45 años y que
además cobren desempleo.

Pero fijénse ustedes en lo que está ocurriendo con esta enmienda que
hemos incorporado y que forma parte del proyecto. En esta Cámara hemos
venido estableciendo debates sobre las políticas activas y sobre las
políticas pasivas de empleo, y en estos momentos, por primera vez,
estamos utilizando un dinero de las políticas pasivas como instrumento
que facilite el acceso de trabajadores en el desempleo al mercado de
trabajo sin que ello signifique un aumento del déficit público, que es lo
que ocurre con algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
que ni cuantifican cuánto costaría y que lo que seguramente significarían
es un aumento del déficit público, con todo lo que en estos momentos
significa en cuanto freno de la actividad industrial por la dificultad de
la bajada de los tipos



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de interés, instrumento fundamental para que los industriales inviertan
no solamente en la creación de empresas, sino en la modernización de las
mismas.

Por eso, a través de este fomento del empleo, nosotros conseguimos la
incorporación de los colectivos más castigados de nuevo y que el dinero
utilizado para las políticas pasivas sirva para incorporar al mercado
laboral trabajadores que difícilmente podrían, una vez más, incorporarse
al mercado de trabajo por el gran problema que tenemos en este país con
tres millones de desempleados.

En definitiva, nosotros mantenemos nuestro texto y rechazamos una de las
enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, porque entendemos que lo que ellos plantean en la
enmienda número 82 es poner en crisis, aunque no sea esa su voluntad, el
mínimo imprescindible para un contrato de aprendizaje al intentar que sea
durante dos años en trabajos de temporalidad, y nosotros creemos que eso
solamente se puede operar a través de la negociación colectiva, con lo
cual se consigue que el muchacho o la muchacha que entra el primer año
tenga garantizado el puesto en el segundo ciclo del segundo año. Por eso
la rechazamos.

En consecuencia, nosotros no vamos a admitir ninguna de las enmiendas
porque creemos honestamente que o dificultad los objetivos de este
capítulo, es decir, el acceso al mercado de trabajo de colectivos con
graves dificultades, los distorsionan o, en cualquier caso, no propician
mecanismos más rigurosos que al final cumplan el objetivo para el que
estos contratos se han destinado en este capítulo, tanto los contratos en
prácticas, los contratos en formación, los contratos a tiempo parcial
como los contratos de fomento del empleo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Franco.

Para turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Cuevas González.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su
sinceridad al decirnos que no va a aceptar ninguna de nuestras enmiendas.

Hay una cosa en la que coincido plenamente con él, y es que me ha
adivinado la intención: yo no me siento el representante único de los
trabajadores; ni tan siquiera me siento el representante de los
trabajadores. Creo que a los trabajadores los representan los sindicatos
de clase y , aunque yo esté sindicado, en este momento no estoy hablando
concretamente en nombre de ningún sindicato, sino que comparto la opinión
de los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y la Unión General de
Trabajadores.

Puestos, señor portavoz, a dar invitaciones, yo le agradezco la suya a
FASA-Renault, pero yo también le voy a invitar a Suzuki y a Gillette, de
Sevilla, para que vea usted cómo funciona el mercado de trabajo en este
país; así nos agradecemos las invitaciones.

Creo que decir en este Pleno que tenemos que hacer estos contratos de
aprendizaje para que los jóvenes no caigan en lo marginal, a mí me parece
que es una ofensa a los jóvenes. Yo incluso podría acceder al contrato de
que usted habla, pero pónganlo ustedes a la altura de las circunstancias;
páguenles ustedes. ¿Se les ha olvidado a ustedes aquello de «a igual
trabajo, igual salario»? No me venga a contar y me venga a poner el
ejemplo de Europa, porque usted sabe muy bien --tan bien como yo-- cómo
se autorizan estos contratos de aprendizaje en Europa: exigiéndoles a las
empresas que acrediten que son capaces de formar. Y en esta ley ese
elemento no aparece por ningún lado. Además, hay una vigilancia laboral
que en esta ley tampoco aparece por ningún sitio.

Por tanto, puestos a ser europeos, bueno, vamos a serlo; pero puestos a
ser europeos --y yo lo soy-- pongamos el salario mínimo interprofesional
a la altura de Europa, y a lo mejor podríamos ponernos de acuerdo. Pero
no me hable usted de Europa para lo que les conviene y no la mencione
para lo que no les conviene.

Vamos a hablar de Europa, si quiere, y vamos a ver cómo funcionan en
Europa estos contratos, y vamos a hablar también de España, que es parte
de Europa. ¿Cómo es que el Gobierno pactó antes de las elecciones otro
tipo de contrato con los sindicatos y luego se les ha olvidado? Porque
eso también es cierto y hay que mencionarlo. Antes del 6 de junio, los
sindicatos pactan con el Gobierno, o el Gobierno pacta con los
sindicatos, un tipo de contrato de aprendizaje, y cuando pasan las
elecciones al Gobierno se le ha olvidado ese pacto. También hay que decir
esto a efectos de que conste en Acta.

Cuando usted me habla de que la solución del mercado de trabajo son los
contratos a tiempo parcial, le tengo que decir lo mismo que con los
contratos de aprendizaje. No responsabilice a los sindicatos, al ser
ellos los que van a negociar los convenios colectivos, de introducir en
dichos convenios los salarios. Eso no es responsabilidad de los
sindicatos cuando ustedes hacen una ley que permite el despido libre y
gratuito. ¿Qué trabajador a tiempo parcial va a negociar un convenio con
los sindicatos cuando tiene la fecha en la mano de la terminación del
contrato? No me cuente usted milongas, porque eso no es así.

Al principio de mi intervención le puse un ejemplo, a lo mejor
desafortunado, pero lo voy a repetir. En los tiempos antiguos, sobre todo
en Andalucía y otros sitios, al jornalero se le trataba en el trabajo con
el látigo, históricamente, en el tiempo de los romanos y más atrás y más
adelante. Ustedes están sustituyendo la amenaza del látigo por el
contrato de trabajo. Además, con esta ley laboral están haciéndole un
flaco favor a



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los sindicatos. Ustedes convendrán conmigo en que cuando no hay fijeza en
el empleo, cuando no hay una situación estable en el empleo la afiliación
sindical y el poder de los sindicatos en las empresas es menor. No
potencien ustedes, por lo menos, la pérdida de algo tan importante que se
ha conseguido en la transición como es el poder y la fuerza de los
sindicatos.

Su reforma laboral va dirigida en dos sentidos: uno, abaratar el mercado
de trabajo, flexibilizar al máximo el mercado de trabajo atendiendo las
peticiones --aunque todavía no está contento-- de un señor que tiene mi
apellido pero que no es mi pariente --aunque si lo fuera, estaría muy
orgullo de él--, y, por otro, quieren ustedes meter una carga de
profundidad al movimiento sindical. Estas son las conclusiones que
sacamos desde Izquierda Unida.

Por tanto, ustedes deben reflexionar sobre las comparecencias de los
Secretarios Generales de Comisiones Obreras y de la UGT en la Comisión de
Trabajo. Se notó la buena disposición de ambos Secretarios Generales para
negociar el tema de la reforma laboral, y ahora que están ustedes en una
mayoría-minoría parlamentaria, deberían hacer un ejercicio de reflexión y
sentarse a negociar con los sindicatos de clase. Yo creo que los
resultados serían mucho mejores para la izquierda, mucho mejores para los
trabajadores y mucho mejores para el conjunto de la sociedad en general.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Voy a consumir solamente medio minuto, señor
Presidente, para decirle al señor Franco que, desde luego, yo no voy a
invitarle a visitar ninguna fábrica. Tal vez le podría invitar a visitar
las calles, los barrios, las familias, los centros juveniles y
estudiantiles, etcétera, para que pudiera encontrarse con la realidad
cruda que existe por esos mundos de Dios.

Por supuesto que nuestro Grupo --y yo personalmente también--, respeta
sus teorías, compartimos sus motivaciones y nos sentimos muy afines a sus
deseos, pero la verdad cierta y cruda es que, por una parte, nos
encontramos con que el empleo juvenil no mejora y, por otra, la
degradación salarial se sigue produciendo --y éste es un hecho
constatable--, de modo y manera que estamos obteniendo unos resultados
inversamente proporcionales a los que realmente deseamos tanto el señor
Franco como este Grupo Parlamentario.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència y Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alvarez.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Franco, voy a hacer brevemente unas reflexiones respecto a su
intervención, y la primera es, tiene que ser, que nosotros no utilizamos
la retórica en esta reforma --ni mucho menos--, y la prueba más evidente
la tiene usted en que concretamente a este Capítulo hemos presentado
siete enmiendas, y siete enmiendas de contenido. Lo que sí le voy a
decir, al hilo de su intervención, es que no sólo no la hemos utilizado,
sino que ni siquiera nos han dado la oportunidad, desde el punto de vista
de la tramitación, antes de este Pleno; no hemos tenido la oportunidad de
negociar nada con ustedes, aunque nos hubiera gustado. Es verdad que
usted puede decir que ambas partes han podido tener el acercamiento, pero
entendemos que desde el momento en que absolutamente todos sus
planteamientos se han recogido por el efecto lógico de la mayoría, le
correspondería --entiendo yo-- al Grupo Socialisa inicialmente ese
acercamiento. Luego su voluntad negociadora se habrá quedado en meros
gestos, pero gestos internos, porque externamente no hemos tenido
absolutamente ninguna constancia de los mismos.

Evidentemente, nadie puede decir que tiene la defensa en exclusiva de la
clase trabajadora, pero yo me atrevo a decir que, posiblemente, en estos
momentos menos que nadie el Partido que ha presentado este proyecto de
ley.

Compartimos con usted, señor Franco, y con su Grupo, la necesidad aunque
no la forma, de la reforma laboral, sobre todo, de ese contrato de
aprendizaje que ha sido objeto de este segundo capítulo. Ustedes hablan a
veces con la fe del converso, parece que acaban de descubrir algo y que
ese algo es intocable porque es excelso. Yo no quería decirlo, pero en
esta reforma, en lo que a este proyecto de ley se refiere, no hay
absolutamente nada novedoso. De toda la reforma solamente hay de novedoso
el cambio de nombre del contrato de aprendizaje, todo lo demás, le
recuerdo que desde el Real Decreto 1.442/1982, ha tenido una regulación
anterior con mejor o peor fortuna.

Nosotros entendemos, y lo hemos dicho, que el contrato de aprendizaje
evidentemente es necesario, y desde luego no podemos compartir, ni mucho
menos, como se ha dicho por algunos, que esto sea un contrato basura.

Nosotros no podemos compartir ese tipo de descalificaciones. Entendemos
que es un contrato necesario, y lo que decimos es que el texto del
proyecto no ofrece las garantías que a nosotros nos hubiera gustado de
contrato esencialmente formativo. Curiosamente seguimos insistiendo en
que siguen sin presentar lo



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que es un mandato del Plan Nacional de Formación Profesional que es el
Catálogo de Cualificaciones Profesionales; ése sí que es un elemento
objetivo. El problema no es que en el contrato de aprendizaje se ponga un
límite a la enseñanza teórica; el problema --y tenemos la experiencia de
estos mismos contratos, aunque con otros nombres-- es que si usted pone
un 15 por ciento, además de ser arbitrario y no estar en consonancia con
la necesidad de la cualificación que se pretende, que es lo que en ese
catálogo debería estar reflejado, al final se va a quedar en que sólo se
dé el 15 por ciento. Eso es lo que nos tememos, señoría.

Usted ha dicho que hacemos guiños a un lado y a otro y, además, lo pone
en una primera relación con el número de aprendices que, según su
criterio, se pueden contratar en una empresa y, en una segunda relación,
con la enseñanza. Yo creo sinceramente que no es afortunado porque no
creo que tenga nada que ver el número de aprendices en una empresa --por
eso no lo limitamos-- con la enseñanza que en la misma se establezca,
sobre todo si, como se dice en el decreto de desarrollo, se hace incluso
fuera de la empresa. Bastaría un solo oficial --y parece que el ejemplo
es lógico-- en la práctica laboral para adecuar el trabajo concreto de
esas diez personas que podrían tener o perseguir la misma cualificación
profesional, con uno sólo podría haber diez aprendices. Evidentemente, no
es una respuesta la que usted nos ha dado. Y en cuanto a si la formación
teórica puede darla la empresa o pueda darla otro organismo,
evidentemente el número de aprendices que mande una empresa a aprender
--valga la redundancia-- no influye en este aspecto.

Señor Franco, nosotros no somos contradictorios, no somos gente que haga
constantemente guiños a la derecha o a la izquierda como usted ha dicho.

¿Sabe usted por qué? Por algo elemental, porque es nuestro deber, como un
partido de centro que somos, coger lo bueno y lo malo de esas dos líneas
políticas que usted ha definido como la derecha y la izquierda. Así que
yo me alegro de que eso sea así. El problema que tienen ustedes es que no
le hacen guiños a la derecha o a la izquierda; es que, permítame, se
amanceban cuando es necesario con tal de mantener en un momento
determinado un proyecto concreto o una acción determinada de Gobierno.

Yo no sé, y me gustaría que me lo dijera, señor Franco --porque con el
manto del contrato de aprendizaje, insisto, parece que acaban de
descubrir la panacea de la inserción laboral de los jóvenes--, qué pasa
con aquellos jóvenes que contrata un empresario a los 16 años que no
tienen la conversión de sus contratos temporales en definitivos, qué pasa
con ellos cuando no hay una negociación colectiva que diga que tienen que
estar más tiempo --que queda abierto en el proyecto-- y a los 19 años se
ven abocados a no tener ningún tipo de desempleo ni de protección. Ahí es
donde está el fallo de su enmienda número 92, en la falta de medidas que
fomenten lógicamente el empleo para gente desempleada. Ustedes condenan
al aprendiz de 19 años a no tener derecho a desempleo y, como primero le
condenan a no tener desempleo, después le condenan, por tanto, a no
beneficiarse de las medidas incentivadoras que nosotros les proponemos en
las enmiendas. Y dígame usted qué hacen entonces con los jóvenes en la
banda de edad comprendida entre 20 y 26 años. Mucho hablar de políticas
activas --insisto--, de políticas discriminatorias que favorezcan a los
jóvenes, pero a los que tienen entre 19 y 26 años el proyecto de ley los
deja --permítame decir esto, Senador Franco-- sencillamente en la calle.

Y eso es lo que queremos que de alguna manera nos explique. Pero no nos
diga que como el contrato es hasta los 25 años, más tres que pueden tener
de prórroga, hasta los 28 años tienen resuelto el contrato de
aprendizaje. Remóntese usted al inicio del contrato y piense en el joven
de 16 años.

Finalizo, señor Presidente, con una cosa que me parece paradójica, señor
Franco.




El señor PRESIDENTE: Señoría, le rogaría que finalizara ya.




El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Usted me dijo en Comisión --y no le pude
contestar-- y vuelve a repetir ahora que nuestras enmiendas están poco
fundadas desde el punto de vista de las bonificaciones para los jóvenes
desempleados entre 20 y 26 años, ya que no hemos cuantificado lo que ello
supone de déficit a la Seguridad Social. Esto me parece una broma, señor
Franco. Ustedes no lo han hecho al decidir tramitarlo como Decreto-ley, y
si ustedes no lo han hecho en el conjunto del proyecto, me parece
paradójico que me pida usted que tengo que cuantificar una medida
concreta. Si no lo ha hecho el Gobierno, que tiene todos los medios,
porque ha utilizado un instrumento legal, que es el Decreto-ley, como la
Constitución le autoriza, y no ha presentado ese plan económico, no me
pida a mí que le haga una enmienda que presente un plan económico. No
eche usted balones fuera.

En definitiva, señorías, nosotros lo único que pretendíamos era arrojar
algo de luz --no sé si lo hemos conseguido, o este Senador humildemente
lo ha conseguido-- precisamente en favor de esos jóvenes que son objeto
permanente de atención pero que, en definitiva, entre los 20 y 26 años de
edad se quedan sin protección real en un momento determinado.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que se sujeten a los tiempos y
que cooperen con la Presidencia. Llevamos tres horas de debate y estamos
a la mitad del primer proyecto.

Turno de portavoces.




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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Franco Gutiez
tiene la palabra.




El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Al señor Cuevas le diré, con todo el cariño del que soy capaz, que no
entremos en el debate del despido porque no es el momento, y tiempo
tendrá para decir lo que usted considere, aunque me parece que no tiene
ninguna fundamentación objetiva lo que usted dice y que lo único que hace
es confundir a la ciudadanía y crear alarma social innecesariamente.

En segundo lugar, nosotros hemos mantenido y mantenemos que lo mismo que
se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en el año 1980 y se planteó que
los acuerdos a que llegasen la patronal y los sindicatos se incorporaría
a los textos --y así se hizo, es decir, el acuerdo al que llegaron la UGT
y la CEOE prácticamente se incorporó a los textos del Estatuto-- sucederá
ahora también. Es exactamente lo que hemos dicho en estos momentos
también a los sindicatos y a la patronal, porque si hay alguien que debe
hacer un esfuerzo por acercarse en las relaciones laborales y llegar a un
acuerdo son los agentes que tienen que estar fundamentalmente
utilizándose, son los sindicatos y la patronal. Por eso creíamos que era
imprescindible que pudiesen ponerse de acuerdo en la última fase para
incorporar lo que fuese necesario a estos textos, porque ésa era la
garantía de que tendría una máxima eficacia.

En segundo lugar, no confunda, señor Cuevas, el salario mínimo
interprofesional que recogen los textos con la capacidad de negociación
colectiva, en la que me da la sensación de que usted no cree. Y si usted
no cree en la negociación colectiva, ciertamente estos techos son muy
bajos. Pero le vuelvo a repetir que dentro de no mucho tiempo la
experiencia nos va a indicar cómo con estas normas los sindicatos de este
país se van a potenciar seriamente, desde nuestro punto de vista, porque,
si usted se da cuenta, prácticamente van a ser ejecutores básicos de
todas las decisiones que afectan a los trabajadores en el conjunto de las
industrias, y no como ahora, cuando la negociación colectiva se reduce al
salario y poco más, lo que despotencia seriamente al salario y poco más,
lo que despotencia seriamente a los sindicatos y, por consiguiente,
perjudica notablemente los intereses de los trabajadores por la propia
debilidad de los sindicatos.

En segundo lugar, usted estuvo en la Comisión y escuchó a los sindicatos
y a la patronal. Los sindicatos decían: negro, y la patronal decía:
blanco, y nosotros decimos que la obligación del Gobierno es, en función
de las circunstancias del país, dar una respuesta que permita articular
un equilibrio en las relaciones laborales a través de una norma que,
seguramente, no gusta ni a la patronal ni a los sindicatos. Si gustase a
unos y a otros no, significaría que una de las partes vencería a la otra,
y no es posible que en las relaciones laborales una de las dos partes
considere que ha sido vencida por la otra porque esperará la oportunidad
para vencer en el momento siguiente.

En tercer lugar, reconozco el esfuerzo que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en Comisión y en este Pleno, pero creo que
incorporar los planteamientos de sus enmiendas empeoraría el texto del
proyecto. Por consiguiente, no es que no haya intento de negociación, es
que usted me dice que no hay que poner número de aprendices por empresa,
y yo le pregunto: una empresa con cinco trabajadores, ¿cuántos aprendices
puede contratar: veintisiete, cuarenta y dos, cincuenta y nueve?, ¿en
estos momentos puede haber en una empresa más aprendices que
trabajadores? Nosotros decimos que no, porque no es posible la educación
de los aprendices. En la empresa tiene que haber un tutor y, desde
nuestro punto de vista, tiene que haber un tutor por cada tres
aprendices, no por cada diez ni por cada veinte ni por cada cuarenta. En
consecuencia, si una empresa tiene veinte trabajadores no puede tener
veinticinco ni veintisiete aprendices, sino dos o tres, porque eso es lo
que garantiza que este mecanismo, a corto plazo, sea el de la formación y
experiencia con que cuentan en Alemania.

En el proyecto se ha incluido una pieza angular que tiene que ser
desarrollada fundamentalmente por la patronal y por los sindicatos. Es
muy difícil que este contrato pueda ser operativo, por muy bueno que sea,
si no hay una implicación radical de empresarios y trabajadores a través
de la negociación colectiva, donde se fije todo: los salarios, la
formación, la duración, el tipo de formación, el lugar de la misma, el
control, y --por qué no-- el título que se tiene que dar a los
aprendices. Creo que éste es uno de los grandes instrumentos que pueden
tener en estos momentos los muchachos que están en los barrios, que no
tienen expectativas de futuro ni esperanza alguna y que ven este proyecto
como un bloque que solamente les lanza destellos de desesperanza y, por
consiguiente, de oposición a ellos.

Nosotros creemos que esta reforma es fundamentalmente nueva, y fíjese si
es nueva que ha encontrado una respuesta radical en los sindicatos y una
desazón importantísima en la patronal, porque la flexibilidad que se
introduce en este tipo de regulación no sólo va a durar uno, dos, tres o
cuatro años, sino que es una flexibilidad que va a garantizar, a través
de la negociación colectiva, elementos fundamentales en las relaciones
laborales de este país, que va a tener capacidad de adecuar la situación
de las empresas particulares a las circunstancias cambiantes del mercado
y la economía y, por consiguiente, va a defender la empresa --no al
empresario--, porque defendiéndola a ella se defiende al empresario y a
los trabajadores.

Por eso, no comparto su tesis de que esta reforma no es novedosa, que no
tiene nada que ver ni con la de 1980



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ni con la de 1982 ni con la de 1984, sino con una realidad radicalmente
diferente desde el punto de vista económico y social, que tiene que
encarar el futuro de fin de siglo y garantizar que haya más acceso al
empleo, maximalizar más el empleo en tanto en cuanto el crecimiento de la
economía sea el que todos esperamos, incluso ustedes, porque yo estoy
convencido de que ustedes también quieren que crezca la economía, entre
otras cosas, porque de esta forma ganarán más los empresarios, habrá más
empleo, más reparto y la seguridad de que los trabajadores,
fundamentalmente los que tienen menos posibilidades, tengan garantizado
algo tan elemental como es no solamente el derecho al trabajo, sino la
posibilidad del estudio, de la sanidad o de unas pensiones racionalmente
equilibradas.

En consecuencia, debido a la última enmienda que planteamos de apoyo al
fomento del empleo, no podemos admitir la suya, pero no porque no
queramos, sino porque se recoge mejor en el contrato de aprendizaje para
los jóvenes de dieciséis a veinticinco años, que no queda a merced de
nada; y no como ahora, que están a merced de unas circunstancias
perjudiciales para ellos.

También le quiero decir otra cosa. Cuando un joven inicia un contrato de
aprendizaje, antes no tiene nada. Usted me pregunta: ¿Qué tiene después?
De momento, un empleo y la posibilidad de adquirir un oficio. Y después,
¿qué tiene? Tiene un oficio y, por consiguiente, más facilidad de acceder
al mercado de trabajo y, en segundo lugar, tiene la posibilidad de
mantenerse en su puesto de trabajo.

Lo que yo no sé es qué es lo que harán los jóvenes de 20 a 26 años si no
se incorporan al mercado de trabajo. Yo no tengo explicación
razonablemente optimista sobre lo que harán estos jóvenes. Desde luego,
posiblemente para ellos la sociedad en la que vivimos sea una sociedad
hostil, negativa, a la que tienen que combatir con los medios que sean.

Yo creo que este contrato --y con esto acabo-- puede ser un instrumento
que garantice la incorporación y, por consiguiente, que muchos ciudadanos
jóvenes o, por la otra vía del contrato de tiempo parcial, muchas
mujeres, pueden tener más posibilidad económica y pueden tener más
esperanza de futuro.

Como yo estoy convencido de que ustedes también quieren que este país
tenga más futuro en los jóvenes sin oficio y en las mujeres que no tienen
posibilidades, yo creo que ustedes básicamente están de acuerdo con esta
norma, pero las enmiendas que ustedes plantean --repito-- no solamente no
la mejoran, sino que, desde nuestro humilde punto de vista --que puede
estar equivocado--, la empeoran. Simplemente por eso, y con todo el
respeto, no vamos a admitir sus enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al debate de las disposiciones y de la Exposición de Motivos. En
primer lugar, enmiendas de los Senadores Cuevas González y Vilallonga,
números 46 a 48, 59, 60 y 66.

El Senador Cuevas tiene la palabra.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin intentar crear ningún tipo de alarma social, como no se creó el 27 de
enero, donde todo transcurrió muy tranquilamente, y como tampoco va a
suceder el 1 de mayo --fecha histórica del movimiento obrero--, bastaría
con darse una vuelta por Madrid para ver que el texto de las
manifestaciones convocadas --y no me siento representante de nadie--
coincide con el discurso que Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía e
Iniciativa por Cataluña ha planteado en esta Cámara.

Como quiera que nuestras posiciones han quedado ya bastante claras en
este proyecto de ley y haciendo caso a una recomendación del señor
Presidente, en estos momentos doy por defendidas las enmiendas que nos
quedan.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cuevas.

El Senador Petrizán Iriarte ya ha defendido sus enmiendas.

Las enmiendas números 4 a 6, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, pueden en este momento ser defendidas.

El Senador Bolinaga tiene la palabra.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda número 4 a la Disposición Transitoria Primera, que es de
sustitución, se suscita por el debido ajuste legal a las previsiones en
materia de distribución de competencias de la propia Constitución y de
los Estatutos de Autonomía, a tenor y en razón de las competencias
propias de cada Comunidad Autónoma.

La enmienda número 5, que es de adición, la damos por defendida en sus
propios términos.

Interpusimos la enmienda número 6, a la Disposición Derogatoria, porque,
ante la dramática situación de desempleo, creemos necesaria la
utilización más dinámica posible de cuantos instrumentos existen sobre
política de empleo y que tienen acreditada su eficacia particularmente en
su aplicación a las PYMES. Conocemos la sensibilidad socialista, que es
cierta y demostrada --dígase lo que se diga a veces y en ocasiones en
ciertos debates parlamentarios--, pero a veces también se equivocan, como
todos nos equivocamos. En este caso concreto, tengo la sensación de que,
no obstante,



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nuestra enmienda número 6 ha hecho algo así como de «Pepito Grillo» sobre
la conciencia socialista y ha incitado al Grupo Socialista a presentar su
enmienda número 94, de lo cual nos felicitamos, que asume y completa
exitosamente esta nuestra número 6. Por lo que, si es procedente,
gustosamente la retiraremos en su momento.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Senador Bolinaga, ¿su señoría ha retirado alguna de
las enmiendas? (Denegaciones.) No ha retirado ninguna de las enmiendas.

¿En su momento, quizá? (Asentimiento.) Gracias.

Las enmiendas números 78 a 81, presentadas por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, se dan por defendidas.

La enmienda numero 83, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sostiene una enmienda transaccional que
ha llegado a la Mesa. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
Companys.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 83 trata de añadir una nueva disposición adicional en
la línea de asegurar que «La percepción íntegra de las pensiones no
contributivas de invalidez o del subsidio de garantía de ingresos mínimos
se recuperará automáticamente en el momento en que cesen los ingresos por
trabajo y las prestaciones por desempleo a las que hubieran dado lugar».

¿Por qué presentamos esa enmienda? Básicamente porque en el Estado
español existe un colectivo de dos millones y medio de minusválidos, de
los que más de un millón, a pesar de sus limitaciones, están luchando
para integrarse en el mundo laboral. Ese número crece de una forma
dramática a causa, básicamente, del incremento de los disminuidos físicos
como consecuencia de los accidentes de tráfico, afectando a un sector muy
joven de nuestra sociedad y creando una nueva problemática ante la que no
podemos permanecer impasibles.

La promulgación de la LISMI, Ley de Integración del Minusválido, en el
año 1982, fue un primer paso claro adelante en la línea del
reconocimiento de los derechos de los minusválidos, aunque tengamos que
aceptar que, en muchos casos, el nivel de aplicación real de esa
normativa deja mucho que desear.

La presentación a debate del proyecto de ley sobre medidas urgentes de
fomento de la ocupación nos brinda una magnífica oportunidad para ser
coherentes con el espíritu de la LISMI pero, sobre todo, para demostrar
nuestra sensibilidad ante una realidad social que existe.

Tanto esta enmienda como las que se aceptaron en el trámite del Congreso,
tanto en Comisión como en Pleno, dotarían a la futura ley de elementos
que servirán para incentivar la incorporación al mundo del trabajo de los
minusválidos, con la seguridad de que, cuando se finalice el contrato, de
una forma automática tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las
pensiones no contributivas de invalidez o el subsidio de garantías de
ingresos mínimos, resolviendo, de esta manera, uno de los problemas más
graves que existen en cuanto a la incentivación hacia la actividad
laboral de numerosas personas con minusvalías graves, siendo este tema
una de las aspiraciones más ampliamente extendidas entre el colectivo de
este sector.

Con la voluntad de llegar a un acuerdo con los diferentes grupos de la
Cámara, aceptamos la transacción que se nos ha propuesto y, por tanto,
retiramos esta enmienda para poder dar paso a la transacción.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Quedan por defender las enmiendas números 30 y 32, presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Alvarez.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo brevemente para defender la enmienda número 30, que se refiere
a la necesidad de que el Gobierno apruebe, antes de finalizar 1994 y de
conformidad con el Programa Nacional de Formación Profesional, el
catálogo de títulos y de cualificaciones profesionales de acuerdo,
además, con lo establecido en la Directiva 92/51, que tendrá aplicación a
partir del 18 de junio próximo, en donde se reconozcan la Formación
Profesional y el sistema de convalidaciones y correspondencias entre las
enseñanzas de Formación Profesional específica y los conocimientos
adquiridos en la Formación Ocupacional y en la experiencia laboral.

Señorías, creemos --ya lo hemos reiterado en el debate-- que tal catálogo
es imprescindible para una lógica aplicación del contrato de aprendizaje.

De otro modo, nos tememos que no tendrá la eficacia que se pretende. La
formación profesional a desarrollar, sea específica u ocupacional, debe
basarse en ese único catálogo de cualificaciones profesionales
oficialmente reconocido, adoptado y adaptado al Programa europeo de
correspondencia de cualificaciones.

En cuanto a la enmienda número 32, señoría, que propone la adición de una
disposición final nueva, se refiere a la necesidad de desarrollar el
contrato especial de Formación Profesional para personas con minusvalía a
que hace referencia el artículo 34.2 de la Ley de Integración Social de
Minusválidos, que es, como sus señorías saben, de 1982. Hay 1.150.000
minusválidos con capacidad de integrarse plenamente en el ámbito laboral
ordinario. De ellos, sólo hay 140.000 empleados.




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Creemos, por lo tanto, que con estas cifras no se puede demorar más
desarrollo de este articulado. No entendemos cómo un colectivo tan
necesitado como éste no se ha desarrollado para una mejor protección,
eficacia e integración en el mundo laboral. Nos parece que esa atención
del Gobierno tiene que ser en estos momentos preferente y prioritaria,
porque no sólo lo merecen sino porque, lo que es más grave, lo necesitan
urgentemente.

Con nuestra enmienda llamamos la atención del Gobierno instándole a que,
en un plazo de seis meses, proceda a su desarrollo normativo.

Por otro lado, yo creo que ésta es una preocupación que compartimos
muchos de los grupos de esta Cámara y que, por lo tanto, va a ser objeto
de atención y se va a recoger por el Grupo mayoritario de la Cámara.

Gracias, señor Presidente, por su tolerancia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Franco.




El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas de PNV, debo decir que creo que las
enmiendas que hemos incorporado en el proyecto dan respuesta con creces a
las inquietudes y a las expectativas que ellos pretendían y, por
consiguiente, le agradezco que retiren su enmienda y que reconozcan la
sensibilidad del Grupo Socialista que, como bien dice su señoría, muchas
veces se nos niega --no por parte de su Grupo, sino de otros-- desde el
punto de vista verbal, aunque difícilmente desde el punto de vista real.

En segundo lugar, nosotros vamos a ofrecer una transaccional a la
enmienda de Convergència i Unió porque entendemos que la enmienda que
ellos plantean podía quitar algunos fantasmas que dificultasen el acceso
al mercado de trabajo a los minusválidos, un colectivo que necesita no
sólo eliminar barreras, sino tener el máximo de protección positiva. Por
eso hemos ofrecido una enmienda transaccional en la que se plantea que
los minusválidos, una vez termine su contrato de aprendizaje, pasarán
automáticamente a disfrutar de los beneficios de la pensión no
contributiva que tenían previamente al contrato de aprendizaje.

En relación con las enmiendas que plantea el Grupo Popular sobre los
repertorios de certificación profesional, su señoría sabe que en una de
las disposiciones adicionales hay un mandato al Gobierno para que en el
plazo de un año ponga encima de la mesa el conjunto de situaciones y de
homologaciones que garanticen todo lo relacionado con el contrato de
aprendizaje. Por consiguiente, ustedes piden seis meses, y lo que
nosotros decimos es que sean tres meses más, desde aquí hasta el final de
año. Casi ni llegan a tres meses más.

El problema de los minusválidos, qué duda cabe, sensibiliza al máximo a
todos los Grupos Parlamentarios. En estos momentos, a raíz de las
conclusiones del informe sobre la problemática de los minusválidos
aprobado por la Comisión de Política Social y Empleo el 15 de diciembre
de 1992, se han constituido una serie de grupos interministeriales que
tienen unos trabajos muy avanzados, y yo estoy convencido de que en poco
tiempo --porque ése es el objetivo-- podrán presentar el informe
correspondiente, que no va a ser otro que posibilitar la integración
laboral de los trabajadores minusválidos, que es uno de los objetivos que
su Grupo plantea.

Por consiguiente, la inquietud que usted manifiesta en estos momentos,
que creo que es legítima y urgente, viene recogida en el texto, y así lo
indica el actual comportamiento interministerial del Gobierno. En
consecuencia, como está recogido, no es necesario que aparezca en ninguna
de las enmiendas que ustedes plantean.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Petrizán.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

En este turno de portavoces quería hacer referencia a la globalidad del
proyecto utilizando dos ejemplos que, quizás, habrían sido mejor
empleados anteriormente. El primero es que la tasa de ocupación no es
sinónimo de bondad. De ser así, estaríamos confundiendo dos cosas que
para mí son fundamentales: la cantidad con la calidad o la cualidad. Por
mucho que se consuma en el mundo la comida basura, esto no la hace buena
ni desde el punto de vista médico ni desde el paladar.

Con el segundo ejemplo quería hacer referencia a su cita sobre Europa.

Usted ha dicho que Francia tenía otro tipo de contrato. Francia, ante una
propuesta, ha retirado un proyecto. Y yo le digo que en este Estado,
después de una huelga general, no se ha hecho el más mínimo guiño a los
sindicatos.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Codina.




El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, dada la forma en que se ha desenvuelto el debate y habida
cuenta de que el Grupo Parlamentario



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Catalán en el Senado de Convergència i Unió no ha presentado enmiendas a
la totalidad, así como tampoco ninguno de los otros grupos, y de que
iremos discutiendo a lo largo de esta tarde y de mañana el conjunto de
estas tres leyes, no hemos tenido posibilidad de explicar por qué
apoyamos estas tres propuestas, estas tres leyes, que han de modificar
sustancialmente el mercado laboral del Estado. El Grupo de Convergència i
Unió piensa que ésta era la única posibilidad, necesaria en estos
momentos. Desde nuestra perspectiva, no había otra posibilidad para sacar
el país de una situación tan preocupante como en la que se encuentra hoy.

Me refiero, aunque hay otras situaciones que preocupan, a la del mundo
laboral.

En nuestra sociedad actual el problema del paro supera con mucho la media
de Europa. Los mayores de 45 años tienen grandes dificultades para
acceder al empleo. Muchos de ellos están rozando en estos momentos casi
la marginación. La situación de las mujeres, que ya de por sí tienen
mucha dificultad para integrarse en la sociedad en condiciones normales,
es ahora mucho más grave. Y no digamos la de los jóvenes. Recuerden
ustedes que a lo largo de esta tarde se ha puesto de manifiesto que más
de un millón de ellos se encuentran en situaciones realmente
preocupantes.

En el Grupo Catalán estamos absolutamente convencidos de que las medidas
contempladas en el conjunto de las tres leyes, insisto en ello porque
nuestro posicionamiento es de conjunto, van a permitir que se luche
contra la crisis y que se abra una puerta a la esperanza.

El objetivo de la reforma, lo ha dicho el señor Ministro y nosotros lo
suscribimos completamente, tiene que ser uno, tiene que ser el fomento y
la creación de empleo. En los textos de las diferentes leyes hay
aportaciones que nos hacen pensar que esto va a ser posible. Por una
parte, se contiene en ellas que los agentes sociales tomen parte activa
en esta nueva fase. Que los recursos humanos sean utilizados de forma
óptima, tanto por lo que se refiere a la organización funcional como a la
movilidad geográfica. La protección a la pequeña y mediana empresa para
su acomodación a un mercado estatal e internacional presidido por la
competitividad, es una acción que nos parece imprescindible para el
relanzamiento de la economía y la única posibilidad de competir con
Europa.

Señorías, estos tres textos presentados hoy ante esta Cámara, como no
podía ser de otra manera, son textos del Gobierno. La filosofía de la que
están impregnados, no sólo la compartimos --quiero decirlo claramente--
sino que en muchos aspectos coincide con la nuestra. Tan es así, que nos
consideramos impulsadores e inspiradores --si me permiten decirlo-- de
unas medidas que para todos nosotros son imprescindibles.

Los textos eran y son hoy mejorables. Debo decir en este debate que nos
sentimos satisfechos de que se hayan aceptado enmiendas que mejoran
algunos aspectos, y que en algunos casos introducen otros nuevos
absolutamente importantes para nuestro Grupo Parlamentario. En cuanto a
cuestiones que se han aceptado, bien por enmiendas nuestras admitidas por
el Grupo Socialista, bien por enmiendas transaccionadas, hay temas a los
que somos muy sensibles, por ejemplo, los derechos laborales de los
disminuidos.

Hace un momento, en diferentes intervenciones, y concretamente en una de
mi compañero de Grupo Parlamentario, Ramón Companys, se hacía referencia
al mundo de los disminuidos y a la posibilidad de que éstos, después de
terminar su plazo de prácticas en una empresa, no tengan que esperar ni
un solo día para volver a incorporar a sus ingresos la paga que reciben
bien de la LISMI, bien en concepto de pensiones no contributivas.

Señores del Grupo Socialista, en cuanto a la contratación de mayores de
cuarenta y cinco años, es cierto que ha sido una propuesta transaccionada
entre ustedes y nosotros, pero no lo es menos --ustedes no me dejarán
mentir-- que la verdadera inspiración y la preocupación a este respecto
fueron manifestadas desde hace muchísimo tiempo por nuestro Grupo.

Perfeccionar el contrato de aprendizaje para que los jóvenes tengan un
mayor acceso al mercado laboral; facilitar la dimensión de las pequeñas y
medianas empresas --tema que nos parece importantísimo-- para que sean
ellas las que en función de su mercado y de su competencia puedan
modificar su estructura para poder ser hoy compatibles en el conjunto del
Estado y más adelante en el conjunto de Europa son, asimismo, temas que
consideramos de mucha importancia. Por otra parte, mantenemos aún hoy
algunas enmiendas que nos parecen muy importantes, especialmente las que
hacen referencia al artículo 7 del actual proyecto que modifica el
Estatuto de los Trabajadores.

Aunque quizá no tenga éxito mi propuesta, quisiera hacer una invitación a
la reflexión al Grupo Socialista para que se apunte, no sólo a estas
enmiendas que presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió, sino
también a las de otros grupos de esta Cámara, grupos que, preocupados
como nosotros porque la representación sindical no sea exclusividad de
los grandes sindicatos, deseamos que los sindicatos minoritarios puedan
tener esa misma representación. Nos parece que ésta es una enmienda muy
importante, y sé también que en el día de hoy se está intentando llegar a
acuerdos a este respecto, aunque parece que por parte del Grupo
Socialista no hay manera de encontrar ese acuerdo que satisfaga nuestras
aspiraciones, con lo cual, a la hora de la votación, el Grupo Socialista
podría encontrarse con el inconveniente de quedarse solo al no querer
modificar ese aspecto referente a la representación sindical que para
nosotros es tan importante.

Las medidas que estamos discutiendo y que vamos



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a aprobar al final de este debate llegan tarde, qué duda cabe. Hubiera
sido mucho mejor haberlas aplicado, no en el momento actual, no en tiempo
de crisis, sino en el momento en que había una expansión económica,
momento que hubiera resultado mucho más fácil para todos los agentes
sociales y para todo el mundo. Porque aplicarlas hoy, en esta época que
estamos viviendo --pienso que compartirán esto conmigo--, resulta mucho
más doloroso que si lo hubiéramos hecho en otro momento económico mejor
para España. Pero precisamente por esta circunstancia no podemos perder
ni un solo minuto para actuar.

Termino, señor Presidente, reiterando que aunque hoy se aprueben estas
medidas ya es tarde, pero aún es posible la esperanza. Dejarlo para
mañana, o no hacerlo, es asegurar la agonía que conduciría, sin lugar a
dudas a una situación laboral y económica absolutamente irreversible.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alvarez.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a utilizar este turno para contestar al señor Franco. Señoría, es
verdad que en la disposición adicional segunda nueva de este proyecto se
le da el mandato al Gobierno para que, en el plazo de un año, apruebe lo
que ustedes llaman el repertorio de certificaciones profesionales. Pero,
como usted sabe, la enmienda de mi Grupo plantea otra cosa: el catálogo
nacional que, de acuerdo con el Programa Nacional de Formación, ya
tendría que haberse hecho. Es, pues, algo sustancialmente distinto, y
supone más de lo que ustedes dicen.

En segundo lugar, señor Franco, nosotros también creemos sinceramente en
la sensibilidad de usted y de su Grupo para con los minusválidos y en su
deseo de insertarlos, como a cualquier otro colectivo --o quizá en mayor
medida--, en el mundo laboral. Pero fijen un tiempo, ya que los estudios
interministeriales son necesarios, convenientes, y muchas veces
adecuados, pero hace doce años que estamos esperando que se desarrolle
este artículo.

Por tanto, convendrá conmigo en que es lógico que tengamos ciertas dudas
al respecto y hayamos fijado un límite; ya hemos establecido el de seis
meses y les ofreceremos otro si ustedes quieren, pero no dejemos que las
cosas queden al libre albedrío de los acontecimientos.

Quiero finalizar, en nombre del Grupo Popular, con la esperanza de haber
arrojado alguna luz --por pequeña que pudiera ser-- sobre el oscuro
problema del desempleo en nuestro país. Esperamos que, tanto el Grupo
mayoritario, como el resto de los de esta Cámara, así lo entiendan. Como
en otros temas fundamentales de la vida política española, mi Grupo
pretende tener un concepto global y de Estado del problema del desempleo;
por eso hemos ofrecido --y también lo hacemos en este último acto--
nuestra leal y sincera colaboración. Aunque tenemos fundadas
desesperanzas, confiamos en que el Grupo Socialista --al igual que el
resto-- así lo entienda, y que, con sentido de responsabilidad, acoja
algunas de las mejoras que hemos planteado a este proyecto.

Señorías, esta no debería ser la reforma laboral de ningún grupo
político, sino la que diera respuesta a los problemas de paro que exige y
demanda la sociedad española. Lamentamos que, hasta ahora, no haya sido
el camino seguido por el partido mayoritario. La eficacia futura del
proyecto será, sin duda, su mejor juez, y el tiempo, su mudo testigo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.




El señor FRANCO GUTIEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoría, en relación con lo que usted ha indicado, no querría volver a
repetir la misma argumentación; por tanto, que sirva mi respuesta
anterior para lo que usted ha planteado en estos momentos.

El Grupo Socialista considera que este proyecto de ley viene a dar
respuesta al problema más importante que tienen los ciudadanos españoles:
el desempleo. Por eso intenta mejorar el acceso al mercado de trabajo a
través de las agencias de colocación privadas sin ánimo de lucro, que
pueden crear una mayor dinámica de acceso al empleo en un mundo cada vez
más complejo. En segundo lugar, intenta dar respuesta a los colectivos
--como antes he dicho-- más marginados o con más dificultades para
acceder al mercado de trabajo. En ese sentido se cierra la forma
equilibrada, tanto en lo relacionado con las mujeres, los jóvenes, los
mayores de 45 años o menores de dicha edad que, cobrando desempleo,
permanezcan más de un año sin trabajo.

Esta no es una reforma de un partido político; ésta es una reforma que
trata de dar respuesta al problema más agudo que tiene la sociedad
española para maximalizar las posibilidades de acceder al mercado de
trabajo. Nosotros pensamos que los empresarios tienen un buen
instrumento, tanto para los jóvenes sin oficio, para los que tienen
estudios superiores, para aquellos que no tienen posibilidad de acceder
al mercado de trabajo durante toda la jornada y para aquellos que tienen,
unido al paro, el drama del futuro, que son los mayores de 45 años y los
parados de larga duración.

Por eso, hemos querido implicar de una forma directa en esta recuperación
del empleo a las empresas de menos de 25 trabajadores y a los autónomos
que contratan



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por primera vez trabajadores. Está servido un paquete de medidas
dirigido, fundamentalmente, a colectivos con serias dificultades. No es
suficiente esto; es imprescindible el crecimiento económico, por lo que
nosotros consideramos que esta reforma, en lo que se refiere al acceso al
mercado de trabajo, puede generar esperanza en millones de ciudadanos que
en estos momentos veían muy alejada la posibilidad de encontrar un
trabajo que les permita tener la oportunidad de desarrollarse o mirar con
un poco más de expectativa el futuro. Creo que la sociedad está
reaccionando en esta dirección.

El volumen de contratos de aprendizaje, de trabajadores contratados a
tiempo parcial y el de trabajadores mayores de 45 años y menores de dicha
edad que cobren el desempleo con más de un año en paro, va a ser el mejor
síntoma y termómetro de la validez de una reforma que, si bien es cierto,
ha creado una enorme contradicción en el seno de la ciudadanía, yo estoy
convencido de que el paso del tiempo no solamente irá asentando las
aguas, sino que vendrá a decir que ésta es quizá la mejor reforma posible
en este momento difícil de la historia de España.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Hemos concluido el debate. Vamos a efectuar las votaciones pendientes.

Señorías, vamos a someter a votación, en primer lugar, las enmiendas de
los señores enmendantes y de los distintos grupos. Propongo que se
sometan a votación las enmiendas agrupadas por enmendantes. Si alguna de
sus señorías necesita alguna explicación complementaria, se la daré en la
medida de lo posible.

Hay una enmienda de modificación, suscrita por todos los portavoces, que
está relacionada con otra enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, a la que haré referencia en su momento.

Después, con las modificaciones incluidas, en su caso, votaremos el texto
del dictamen.

En primer lugar, sometemos a votación agrupadamente las enmiendas números
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, del Senador Ramón i Quiles.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, siete; en contra, 217; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas números 7 a 14, del Senador Petrizán
Iriarte. (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)



El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Pido votación separada de las enmiendas números 7, 8 y 14.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

En primer lugar, votamos agrupadamente las enmiendas números 7, 8 y 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 12; en contra, 221.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las demás enmiendas del Senador Petrizán Iriarte.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, siete; en contra, 221; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se someten a votación las enmiendas del Senador Cuevas González y la
Senadora Vilallonga Elviro número 33 a 66 inclusive. ¿Alguna indicación?
(Pausa.) Se votan conjuntamente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, siete; en contra, 226; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
números 1 a 6. (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)
Senador Bolinaga, tiene la palabra.




El señor BOLINAGA BENGOA: Quería anunciar la retirada de nuestra enmienda
número 6, que ha sido de alguna manera incorporada o subsumida por la
número 94 del Grupo Parlamentario Socialista.

Mucha gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

(El señor Alvarez Gutiérrez pide la palabra.)
Senador Alvarez Gutiérrez, tiene su señoría la palabra.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.

Solicitamos votación separada de las enmiendas 1 y 5 en un bloque, 2 y 3
en otro, y 4 en un tercer bloque.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.




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En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas 1 y 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 106; en contra, 127.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se someten a votación las enmiendas números 2 y 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 11; en contra, 129; abstenciones, 94.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, se somete a votación la enmienda número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 11; en contra, 221; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se votan conjuntamente las enmiendas números 67 a 81, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 13; en contra, 220; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 82, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 25; en contra, 206; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La enmienda número 83 es la que sostiene un texto que después someteré a
votación.

Se someten a votación las enmiendas números 22 a 32 del Grupo
Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 95; en contra, 128; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Antes de pasar a efectuar las votaciones al Dictamen, ha llegado suscrita
por los portavoces de los cinco Grupos Parlamentarios, sobre la base de
la enmienda número 83 antes citada, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, una enmienda que propone añadir un número
5 a la Disposición Adicional Primera Bis (nueva), con la siguiente
redacción: «5. Los beneficiarios de la pensión no contributiva de
invalidez prevista en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, que sean
contratados como aprendices, recuperarán automáticamente dicha pensión
cuando se les extinga el contrato, a cuyo efecto no se tendrá en cuenta
--se entiende que en el cómputo-- anual de sus rentas las que hubieran
percibido en virtud de su trabajo como aprendices.»
¿Es correcta la redacción? (Pausa.)
¿Se puede entender aprobada por asentimiento o la sometemos a votación?
(Pausa.)
Se aprueba por asentimiento.

Sometemos a votación el texto del Dictamen.

¿Puede simplificarse el número de votaciones, sometiendo a votación el
texto del Dictamen de los dos primeros artículos del Capítulo II,
artículos 3 a 5, y en una segunda votación las Disposiciones más la
Exposición de Motivos? (Pausa.) ¿Puede efectuarse así la votación? (El
señor Alvarez Gutiérrez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Alvarez Gutiérrez.




El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Solicitamos votación separada por artículos, y dentro de los artículos
por apartados. Lamentamos este planteamiento, pero dada la correlación
que hay entre las enmiendas que hemos presentado a unos apartados, y a
otros no, consideramos que es fundamental para fijar claramente nuestra
posición.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a intentar acertar en la propuesta de votación
que se nos ha efectuado.

En primer lugar, sometemos a votación el artículo 1, apartado 1.º
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 221; en contra, nueve; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Apartado 2 del mismo artículo.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 125; en contra, 14; abstenciones, 96.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.




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Sometemos a votación conjuntamente los tres preceptos del artículo 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 227; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos el artículo 3, apartado 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 227; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Apartado 2 del artículo 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor 130; en contra, 103; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos a votación conjuntamente todos los puntos del artículo 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 131; en contra, ocho; abstenciones, 96.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

También sometemos a votación conjuntamente los dos puntos del artículo 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 131; en contra, ocho; abstenciones, 96.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

A continuación vamos a someter a votación, en primer lugar, la
Disposición Adicional Primera.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 227; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a votación la Disposición Adicional Primera bis (nueva),
sabiendo que anteriormente hemos aprobado un número 5 nuevo a esta
Disposición Adicional Primera bis.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor 226; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la Disposición Adicional Segunda.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 226; en contra, siete; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a votación la Disposición Adicional Segunda bis (nueva).

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 131; en contra, 103; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Procedemos a la votación de la Disposición Adicional Tercera (nueva).

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor 130; en contra, siete; abstenciones, 97.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a votación la Disposición Adicional Cuarta, también nueva.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor 130; en contra, ocho; abstenciones, 96.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la Disposición Adicional Quinta, nueva también.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 226; en contra, siete; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Vamos a votar las disposiciones transitorias. Disposición Transitoria
Primera bis (nueva).

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 227; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la Disposición Transitoria Segunda.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor 224; en contra, siete; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se somete a votación la Disposición Transitoria Tercera.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 227; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la Disposición Derogatoria Unica.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 131; en contra, siete; abstenciones, 97.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación procedemos a votar las Disposiciones Finales Primera y
Segunda.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor 226; en contra, siete; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Falta por votar la Exposición de Motivos que someto a votación
seguidamente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor 226; en contra, siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por su Majestad el Rey.




--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTO LABORAL (621/000026) (121/000032).




El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social en relación con el proyecto de Ley por el que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. Se tramita por el
procedimiento de urgencia y en los boletines de 25 de abril de 1994
encuentran sus señorías publicados los textos a debatir.

Ruego al Presidente de la Comisión de Trabajo, Senador Arija, que indique
qué Senador presentará el informe del dictamen de la Comisión.




El señor ARIJA FERNANDEZ: El Senador Herrero Merediz presentará el
informe del dictamen de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Senador Herrero Merediz tiene la palabra.




El señor HERRERO MEREDIZ: Señorías, por designación de la Comisión de
Trabajo, cúmpleme presentar el dictamen del proyecto de Ley por el que se
modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.

El proyecto de Ley entra en nuestra Cámara y es publicado el 8 de abril
de 1994, acordándose por la Mesa del Senado que se efectúe su tramitación
por el procedimiento de urgencia, remitiéndose a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, competente a estos efectos.

Abierto el plazo de presentación de enmiendas, se formulan 330 al texto
del proyecto. Reunida la ponencia el 18 de abril, se publica el informe
el día 19 y se reúne la Comisión de Trabajo el día 20, elaborando el
dictamen, que es publicado el día 25 del mismo mes.

En este proceso de debate y discusión el proyecto ha experimentado...

(Rumores).




El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.

Ruego silencio, por favor. El sano esparcimiento, en los amplios pasillos
de esta Cámara.

Senador Herrero Merediz, tiene su señoría la palabra.




El señor HERRERO MEREDIZ: El proyecto ha experimentado modificaciones
mediante el juego de enmiendas transaccionales, quedando para el debate y
votación en el Pleno 309 enmiendas, al haberse formulado
reglamentariamente



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siete votos particulares al dictamen de la Comisión.

Hasta aquí las actuaciones practicadas. Pasemos ahora brevemente a
explicar los motivos inspiradores del dictamen.

Desde el año 1980, fecha de publicación del Estatuto de los Trabajadores,
el marco económico de nuestro país ha experimentado notables cambios. La
globalización de la economía, la convergencia europea, los cambios
tecnológicos exigen cambios normativos para adaptarse a la competitividad
creciente, cambios que respeten y mantengan los elementos culturales
europeos de libertad sindical, negociación colectiva y protección social,
y todo ello con el objetivo de proteger el empleo existente y fomentar la
creación del mismo.

Para ello, por una parte, se flexibilizan las relaciones laborales, para
adaptarlas mejor a las condiciones cambiantes del mercado, en aspectos
como la jornada de trabajo o la movilidad geográfica y funcional,
manteniéndose las necesarias garantías de los derechos de los
trabajadores frente a decisiones arbitrarias. Por otra parte, se potencia
la negociación colectiva, la negociación de las partes en las empresas y
en los sectores, culminándose el proceso de sustitución de las viejas
ordenanzas y reglamentaciones por convenios pactados entre los
interlocutores sociales.

Son éstos, esquemáticamente, los motivos inspiradores del dictamen que
esta tarde presentamos para su debate y votación ante el Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Herrero.

Abrimos debate de totalidad.

¿Turnos a favor y en contra?
Señores Portavoces, indico a sus señorías que no hay acuerdo, que el
Presidente conozca, respecto a la renuncia de estos turnos. (Pausa.)
No hay turnos de portavoces.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Al parecer se ha propuesto, y pregunto si existe criterio compartido, un
procedimiento de debate que sería el siguiente: En primer lugar el
Capítulo I de este Proyecto, artículos 1 a 6, con las disposiciones que
estén en relación con estos artículos. Las enmiendas presentadas a estos
preceptos, por tanto, quedarían agrupadas para su defensa en un primer
bloque. En segundo lugar, un segundo bloque formado por el Capítulo I,
artículos 7 a 10 y las Disposiciones con ellos relacionadas y,
finalmente, los artículos 8, 9 y 11 y lo que queda del Proyecto en un
tercer conjunto de artículos y enmiendas a debatir. Ese es el criterio de
los Grupos, según nota que me han hecho llegar los señores portavoces.

¿Hay consenso?, ¿es cómodo para los que van a intervenir? (El señor Galán
Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Galán.




El señor GALAN PEREZ: Unicamente quiero puntualizar a esa Presidencia que
el segundo bloque está formado por los artículos 7 y 10, no de 7 a 10, y
Disposiciones Adicionales y Finales conexas.




El señor PRESIDENTE: Ha sido un error, efectivamente.

El segundo bloque son los artículos 7 y 10.

Tiene la palabra el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

Unicamente quiero comunicar a la Presidencia que, como han sido variados
los bloques, en vez de intervenir un solo Senador de nuestro Grupo
intervendrán tres, si no hay inconveniente por parte de la Presidencia.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muy bien.

¿Los demás Grupos parlamentarios están en condiciones de incorporarse a
este sistema de debate con garantías de que puedan defender sus
enmiendas? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, en este primer bloque
de propuesta de debate tiene la palabra el Senador Petrizan Iriarte.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que este primer bloque equivale a mis enmiendas números 45 a 49.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Para su defensa utilizaré exactamente el mismo
argumento que en el anterior Proyecto de Ley. Lo que pretendemos es
recuperar la regulación anterior, que en este punto creemos que es
suficiente, no siendo necesaria, pues, una mayor flexibilización.

En la enmienda número 45 se trata de restablecer el principio de
causalidad también en la contratación temporal, ya que creemos que es
importante la permanencia de este principio con carácter general.

La enmienda número 46 trata de recuperar la indisponibilidad del límite
máximo de nueve horas de trabajo al día. En este contexto, mantiene el
actual recargo legal de 75 por ciento en el precio de la hora
extraordinaria.

En definitiva, estas enmiendas son contrarias a lo que, a nuestro
entender, significa la precarización del empleo y la desregulación en
toda la legislación referente al ámbito laboral.

Hago también saber a la Presidencia que estaba incluida, además de la 45
a la 48, también la 49 en este turno.




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Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 51 a 55, el
Senador Ramón i Quiles tiene la palabra.




El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.

Si me lo permite, me gustaría agrupar todas ellas porque mi pretensión es
darlas por defendidas en los términos en que se han presentado, habida
cuenta que ha habido multitud de enmiendas transaccionales que dejarían
sin efecto algunas de las enmiendas que hemos planteado.

En el momento en que tenga la copia de las transaccionales, incluso
retiraríamos algunas de las enmiendas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entiendo, por tanto, que su señoría defiende todas sus enmiendas en este
acto. Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas de los Senadores Cuevas González y
Vilallonga Elviro, la Senadora Vilallonga tiene la palabra.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, subo a esta tribuna a defender la posición
de los Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con respecto
al proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos del
Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral. Manifestar en este foro, una vez más, la posición
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya resulta reiterativo, pero no
por ello menos necesario.

Diría, en primer lugar, señorías, que debería considerarse en esta
Cámara, así como en cualquier otra, y en concreto en el Congreso de los
Diputados, bastante anómalo que un proyecto de ley que regula las
relaciones y el Estatuto que han de tener los trabajadores en nuestro
país, haya venido precedida del rechazo frontal y absoluto de las
organizaciones representativas de los trabajadores, es decir, de los
sindicatos. Esto, señorías, debería llevar a la reflexión de esta Cámara
de cómo es posible que en un Estado que consideramos --y así está
establecido en nuestro texto constitucional-- social de Derecho, una
norma de este rango y de este nivel, una norma que modifica situaciones
tan importantes y de tanta envergadura social, venga precedida de este
rechazo y de esta contestación y que no se haya hecho ni el más mínimo
esfuerzo por parte del Gobierno, por parte del Partido que le sustenta y
por parte de las fuerzas políticas mayoritarias por intentar recuperar
algo que en nuestro país estimamos fundamental, que es el diálogo social.

Una y otra vez se insiste por parte de las fuerzas políticas y por parte
del propio Gobierno en la necesidad de recuperarlo, pero desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya vemos que en absoluto se aspira a la
recuperación de ese diálogo, si no que, muy al contrario, se mantiene,
con una tozudez que desde luego en absoluto podemos aceptar, un texto que
ha sido contestado no sólo, y de forma muy importante, por las
organizaciones representativas de los trabajadores, es decir, por los
sindicatos de clase Comisiones Obreras, UGT y el resto del movimiento
sindical, sino que además fue rechazado masivamente en la huelga general
del 27 de enero, seguida por la gran mayoría de los trabajadores de
nuestro país.

A veces, las fuerzas políticas, los Diputados, los Senadores, nos
quejamos de las distancias y del divorcio que se establecen entre las
Cámaras, las fuerzas políticas y la sociedad civil. Nos quejamos en
aquellas intervenciones que realizamos ante los medios de comunicación,
en los coloquios, en las charlas, en los debates de las Universidades y,
cómo no, cuando recabamos el voto para nuestras formaciones políticas.

Resulta a veces sarcástico comprobar que aquello que aparentemente nos
preocupa tanto a las fuerzas políticas y a los grupos parlamentarios,
resulta que en la práctica venimos a contravenirlo con un talante nada
favorecedor del diálogo social.

Señorías, no es comprensible que el Gobierno de la nación, que consiguió,
entre otras cosas, una mayoría --bien es verdad que no absoluta, pero sí
una mayoría de votos--, sobre la base de solicitar el voto hacia la
izquierda, a los pocos meses de realizadas las elecciones presente un
proyecto de ley que en absoluto se corresponde con esa petición de voto.

Esta es la realidad. Naturalmente, podrá desagradar que la realidad sea
ésa, pero cuando a uno le desagrada la realidad con la que se enfrenta,
lo que no puede hacer es negar su existencia, porque ésos son hechos
incontrovertibles que todos hemos vivido y cuyas consecuencias políticas
algunas de sus señorías van a vivir también, y las van a vivir de una
forma dolorosa y desagradable, y no sólo les afectará a ustedes --que en
este caso sería exclusivamente un problema suyo--, sino que, lamentándolo
mucho, afectará de forma más negativa a mucha gente, no exclusivamente a
los Diputados del Partido Socialista o al propio Gobierno del PSOE. Estas
decisiones van a tener consecuencias dolorosas para el conjunto de la
izquierda, para el conjunto de las fuerzas progresistas y para el
conjunto de los trabajadores.

De todas maneras, se ve que en este país se sigue la vieja máxima
española de que cuando arrecian las críticas lo que conviene no es
rectificar, sino mantenerse en la opinión que uno tenía, por aquello de
que lo más democrático nunca es reconocer las equivocaciones, sino
mantenerse en el principio de autoridad. Este es un



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rasgo del carácter de nuestro pueblo que no deberíamos aplicar y, sobre
todo, no deberíamos exagerar.

Me temo que el Gobierno de la nación se reitera en este rasgo y lo
convierte en algo mucho más negativo todavía, en un problema de diálogo,
de intentar aunar voluntades, de intentar apostar entre todos por una
salida progresista a una crisis económica que está teniendo consecuencias
muy dolorosas para sectores sociales muy importantes de nuestro país y,
especialmente, para los trabajadores. En lugar de apostar por esa
dirección, se persiste en apostar no sólo por una política económica
profundamente desacertada, desde nuestro punto de vista, sino que,
incluso, se retrocede en una normativa que había sido una conquista de
los trabajadores y que había obedecido a un tipo de criterio que
establecía vías de diálogo importantes a las que se renuncia
directamente.

Pasa el tiempo, este proyecto de ley viene al Senado y no observamos
síntomas de que se quiera proceder a ningún tipo de cambio en la
orientación. Una tiene la sensación, frente a los tozudos hechos de la
realidad política, de que se prosigue por parte de Gobierno en una
tozudez que yo calificaría de suicida --no encuentro otro término más
suave-- y a mí me parece que profundamente negativa de cara a lo que
debería ser la mínima y necesaria sensibilidad política y social que se
podía esperar --que yo ya no espero-- de un Gobierno que se reclama de la
izquierda, y que ha recibido sus votos de esos trabajadores que ahora se
ven tan injustamente agredidos por este tipo de proyecto de ley.

Señorías, estos planteamientos no les van a llevar a ninguna parte buena,
a alguna parte les llevarán pero, probablemente, a una a la que ustedes
les va a costar un poco de trabajo ir.

Se está abriendo la puerta del retroceso en los derechos laborales de los
trabajadores. Se hace invocando la modernidad, cuando todos sabemos que a
lo que se tiende es a desregular, a desinstitucionalizar, a liberalizar
el marco de relaciones laborales en un momento en el cual son los
sectores más indefensos las principales y más graves víctimas de la
crisis. Señorías, suprimir la presunción de fijeza o dar mayor amplitud a
los supuestos de temporalidad que ya había son propuestas con unas
características que no hacen avanzar en la dirección de la modernidad,
sino que nos retrotraen y nos remontan prácticamente, como decía nuestro
portavoz en el Congreso, el Diputado Peralta, al siglo XIX. No podemos
aceptar de ninguna manera este proyecto de ley por el que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. Nos parece una
contrarreforma, nos parece un criterio de carácter absolutamente
regresivo, nos parece francamente un dislate traer una modificación de
una ley como ésta, sin que haya sido aceptada y negociada con los
interlocutores que tienen que darle el visto bueno para que tenga algún
sentido, interlocutores que, como es natural, han sido obviados en el
diálogo social, diálogo social que no se ha querido llevar a cabo porque
no ha habido voluntad política para ello.

En último extremo, estamos ignorando a una sociedad civil que en estos
momentos está profundamente convulsionada por una crisis económica, está
convulsionada por una situación social gravísima y está convulsionada
también por determinado tipo de escándalos que, evidentemente, no
favorecen en nada el clima de diálogo, el clima de acuerdo para salir de
la crisis. En este marco, se mantiene un proyecto de ley rechazado por
millones de ciudadanos en una huelga general el día 27 de enero. Se
mantiene con una tozudez digna de mejor empeño.

Señorías, vamos a votar en contra de todos los artículos de este proyecto
de ley, vamos a rechazar con nuestros votos una modificación legislativa
que yo creo que no favorece en nada a los trabajadores, a sus
organizaciones representativas, al marco de relaciones laborales, que no
va a generar más empleo. Sabemos de sobra que eso no es así, porque si
desde los parlamentos se pudieran adoptar medidas de generación de
empleo, creo que las cosas serían de otra manera en la sociedad real.

Sabemos que esto no es cierto, sabemos que esto tiende a favorecer a
determinados sectores que, desde luego, son minoritarios en nuestro país;
que es un planteamiento que carece de los mínimos criterios de
solidaridad que se hace a espaldas de los sindicatos, que ha provocado la
contestación y que, desde nuestro punto de vista, está deslegitimado
socialmente. Otra cosa es que políticamente sea legal y nosotros
aceptemos que eso sea así, pero entendemos que socialmente hay un amplio
rechazo de este proyecto, y llamamos al resto de los grupos
parlamentarios para que, aquello que predican de superación del divorcio
entre la sociedad y las formaciones parlamentarias lo apliquen al día de
hoy con sus votos y rechacen este proyecto de ley que no hará más que
agudizar esa contradicción tan evidente que se está produciendo en esta
cuestión concreta entre la sociedad civil, el Gobierno de la Nación y los
grupos parlamentarios que están sustentando este proyecto de ley.

Señorías, termino diciendo que intervendremos sobre la enmienda número
330 presentada por el Grupo Socialista que, a nuestro juicio, agrava más
todavía la cuestión con la disposición única. Por otra parte, ésta va a
ser, hasta ese momento procesal, la única intervención que los Senadores
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a realizar. Hemos
explicado cuál es nuestro planteamiento político. Nuestras enmiendas las
conocen ustedes: configuran un texto alternativo desde el principio al
fin del proyecto de ley que hoy debatimos, se sostienen con el apoyo de
las asociaciones sindicales con las cuales han sido debatidas e,
indudablemente,



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sabemos que gozan de un gran consenso social.

En sus manos está, señorías, aprobar estas enmiendas o rechazarlas. Si se
rechazan, como todo parece indicar, estaremos una vez más ante una
situación en la cual a los problemas sociales y políticos se les está
dando una respuesta en absoluto adecuada que, indudablemente, va a
contribuir a perjudicar, más aún, el enrarecido clima social y político
por el que atraviesa este país.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene en estos
momentos la posibilidad de defender sus enmiendas a los artículos 1 a 6
de este proyecto.

Tiene la palabra el Senador Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, si algún proyecto de ley ha sido tema de apasionado y sostenido
debate en el tiempo, tanto sobre su fondo, como sobre su contenido, si
alguno ha sido controvertido y hasta contradictorio en sus
interpretaciones de forma y contenido, y si algo ha sido asunto de
preocupación verdadera en el seno de nuestra sociedad, ha sido
precisamente este proyecto de ley que hoy se somete a debate y
consideración.

En estos momentos está en nuestras manos el proyecto de ley, tal cual ha
llegado hasta el punto actual, tras todo el proceso registrado hasta el
presente.

Pensamos sinceramente que ya no es momento para grandes retóricas ni para
profusas prédicas en favor o en contra del proyecto de ley, sobre su
génesis y fines, porque sobre ello se ha dicho todo y, además, se ha
dicho de todo, guste o no guste.

Creemos que es el momento de ganar tiempo. Se ha dicho aquí por boca del
Senador Cuevas en una de sus acertadas intervenciones que el tiempo es
oro. Y es cierto. Nosotros no estamos dispuestos a perderlo. Estamos para
ocuparlo con el máximo provecho y con la máxima celeridad, porque tenemos
el deber de ser eficaces a través de nuestras actuaciones en esta Cámara.

Dicho de otro modo, tenemos el deber de mejorar en lo posible este
proyecto de ley en ésta su última fase porque realmente, y sin duda
alguna, puede aún ser mejorado. Lo hemos intentado y vamos a seguir
intentándolo, porque es evidente que no es permisible que lo que es
mejorable, aunque no sea muy bueno, no se mejore, y que cada cual asuma
su responsabilidad.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no va a entrar
en el fácil juego demagógico sobre la supuesta impropiedad o carencia de
necesidad de una ley de características similares a la presente en las
circunstancias actuales, de auténtica emergencia, que exigen, sin duda
alguna, que se haga un verdadero esfuerzo en todos los órdenes y por
parte de todos sin excepciones.

Lo más cómodo siempre, principalmente en las situaciones actuales y de
cara a esta ley, sería entregarse a la demagogia. Nuestro Grupo no lo va
a hacer. Nuestro Grupo, señorías, señor Presidente, va a asumir la
modesta aparte alícuota de la responsabilidad que le corresponde. Y lo va
a hacer por el necesario espíritu de solidaridad que a todos debe
obligarnos. Ello no es óbice, por supuesto, para que nuestro Grupo pueda
mostrarse crítico, muy crítico, con algunos apartados de esta ley. Esto
no va a ser impedimento para mejorarla, como lo hemos venido intentando
hasta el último segundo, en aspectos que considera fundamentales porque
así se lo exige a nuestro Grupo su propio sentido de la responsabilidad y
su espíritu con quienes de inmediato, si es que se me permite utilizar un
término coloquial, más van a sufrir los recortes y la severidad de esta
ley.

Se trata de un proyecto de ley que, con todo, nos ofrece serias dudas en
cuanto a su validez para recomponer el concierto de esfuerzos y
voluntades y evitar que nos hundamos en una crisis más profunda, ya que
hubiéramos sido más partidarios de un gran compromiso para buscar
soluciones al desempleo sobre la base de cambios profundos en la política
económica e industrial, fijando la máxima prioridad en la creación de
empleo.

Señorías, como quiera que sea, quiera Dios --uno sigue creyendo en Dios--
que este proyecto de ley sirva para que dentro de un tiempo, el más corto
posible, podamos ver sus frutos y podamos redactar otra ley más amable y
más conforme con las ideas y con los intereses de todos, en virtud de
lograr el deseado crecimiento económico acompañado del no menos deseado
crecimiento del empleo.

En cuanto a las enmiendas que tenemos presentadas, mantengo en sus
propios términos las números 1, 2, 3, 4 y 5.

Damos por retirada la número 6 ya que su contenido ha sido incorporado al
dictamen de la Comisión.

En cuanto a la número 7, referente a los principios de equivalencia
objetiva de las prestaciones, la mantenemos, así como la enmienda número
8.

En cuanto a la número 9, queremos decir para su defensa que, siendo
respetuosos con el Ministerio de Trabajo, esta enmienda pretende ser
igualmente respetuosa con otros organismos competentes, por lo que
propugna que el recibo del salario, además de ajustarse al modelo
aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueda serlo
asimismo por los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas con
competencias de ejecución de la legislación laboral del Estado, por ser
éste un ajuste apropiado a la distribución de competencias contenidas en
la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, que es lo que debe
caracterizar



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precisamente a lo que denominamos el Estado de las Autonomías.

Mantengo la enmienda número 10 en sus propios términos.

Con la enmienda número 11, en relación con el Fondo de garantía salarial
que contempla este artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores,
proponemos que el párrafo segundo del apartado 1 sea sustituido, sin otro
ánimo que el de determinar la consideración de salario, tanto en función
a la cantidad reconocida por auto de conciliación, como por la
indemnización complementaria por salario de tramitación, etcétera.

En cuanto al apartado 2, también proponemos sustituirlo dado que si bien,
y con acierto, en dicho apartado se hace referencia expresa a los
artículos 50 y 51 de la Ley, consideramos también pertinente hacer una
referencia al artículo 83 y determinar asimismo con toda evidencia el
límite máximo de una anualidad y la base de cálculo por el salario
diario, de modo que éste no exceda del duplo del salario mínimo
interprofesional. Todo ello, señorías, por propia congruencia con lo
previsto en los procedimientos privados de resolución de conflictos
laborales y por la necesidad de reconocer efectos a toda conciliación sin
distinción de su especie. Es, pues, un reconocimiento de eficacia lo que
pretendemos en relación a los procedimientos privados de resolución y de
conflictos laborales.

Retiramos nuestra enmienda número 12, que se encuentra subsumida en la
número 11 que acabo de defender.

En la enmienda número 13 ponemos énfasis --énfasis subrayado-- en la
circunstancia de que en ningún caso se podrán realizar más de nueve horas
de trabajo ni siquiera por convenio colectivo, ya que de así disponerlo
sería nulo por vicio de origen, ni por acuerdo entre empresas y
representantes de los trabajadores. Tratamos de recuperar la actual
disponibilidad del límite máximo de nueve horas ordinarias de trabajo al
día por toda la serie de implicaciones que directamente emanan de una u
otra consideración.

Con la enmienda número 14 proponemos que se añada un nuevo párrafo al
número 2 del artículo 36, del siguiente tenor literal: «Las trabajadoras
embarazadas o en período de lactancia tendrán derecho a cambiar la
jornada nocturna de trabajo por una jornada diurna». Esta es una
enmienda, señorías, que se sostiene por sí misma, cuya bondad está
intrínseca, y que, además entiendo que es reconocida por todos cuantos
componemos esta Cámara.

Defendemos en sus justos términos las enmiendas números 16, 17 y 18. En
cuanto a la número 19, propone un texto alternativo, puesto que nuestro
criterio es que el despido colectivo o la extinción de contratos de
trabajo debe entenderse así cuando en un período de 90 días la extinción
afecte, al menos, a cinco --y no a diez-- trabajadores, en las empresas
que ocupen menos de cien trabajadores; al 5 por ciento, en vez de al 10
por ciento, del número de trabajadores de las empresas que ocupen entre
100 y 300 trabajadores, y a 15 trabajadores, en lugar de a 30, en las que
ocupen 300 o más trabajadores.

Si con el proyecto de ley se trata de articular unos tramos definidores
del despido, pensamos que los que proponemos resultan mucho más
razonables y ajustados a la realidad y a las necesidades vigentes.

Con la enmienda número 20 --y con esto termino la defensa de este bloque
de enmiendas-- proponemos la adición de un apartado 15, «ex novo»,
referido a la constitución de fondos económicos que sirvan de soporte a
planes sociales de reinserción de los trabajadores afectados por el
despido colectivo en el mercado de trabajo. Teniendo en cuenta la
trascendencia social de los despidos colectivos, consideramos como una
necesidad absoluta articular sistemas pactados de reinserción de los
trabajadores afectados, a través de la corresponsabilización de los
empresarios, de los trabajadores y, en su caso, de las administraciones
públicas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señoría, si es tan amable, me gustaría que me
ratificara que las enmiendas que ha retirado son las número 6 y 12.




El señor BOLINAGA BENGOA: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo de Coalición Canaria, y para la defensa de sus enmiendas
números 215, 234, 235, 236 y 238 a 259, tiene la palabra el Senador
Galindo.




El señor GALINDO SANTANA: Gracias, señor Presidente.

Simplemente quiero expresar que si el proyecto de ley que se acaba de
aprobar es de una gran importancia, evidentemente, éste no la tiene
menos. Está clara --y, además, se ha desprendido de lo dicho por los
portavoces-- la intencionalidad de encontrar un instrumento --en este
caso, con la modificación de algunos artículos del Estatuto de los
Trabajadores--, capaz de normalizar las relaciones laborales en este
país.

El Senador Bolinaga ha dicho con claridad que este tema puede prestarse a
demagogia. Ya lo creo que se puede; pero, señorías, si el texto que
estamos debatiendo sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores
viniera consensuado por el conjunto de las fuerzas sociales,
evidentemente, la demagogia acabaría de inmediato. En consecuencia, no se
trata de un concepto interpretativo demagógico de la posición que se
pueda tener con respecto a la reforma de algunos artículos del Estatuto
de los Trabajadores, que es lo que estamos considerando. No obstante, hay
una realidad: lo tremendamente



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difícil de esta cuestión es que las partes no han sido capaces de ponerse
de acuerdo para asumir sus propias responsabilidades: las de los
sindicatos, que las tienen, y las de las empresas y sus organizaciones,
que también las tienen. Han eludido, pues, toda esa responsabilidad. (El
señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
Compañeros socialistas, ustedes se han echado una carga muy pesada sobre
sus espaldas, han querido asumir algo que, evidentemente, no les
corresponde en su totalidad. Corresponde asumir una parte de esa
responsabilidad a los sindicatos y otra a los empresarios y encontrar una
normativa laboral que sea capaz de empezar a generar en este país el
sosiego, la serenidad, la paz social y, en definitiva --lo más
importante--, la inversión para generar riqueza y puestos de trabajo en
este país. Es mucho lo que ustedes se han echado encima y no es justo.

Por tanto, señorías, no sé si esta normativa puede mejorar algo las
relaciones laborales de este país; yo estoy seguro de que no. Además,
cuando sin animadversión y con todo el respeto del mundo yo preguntaba en
las comparecencias al presidente de la patronal: «Señor presidente, los
empresarios de este país, ¿están preparados para una normativa de esta
magnitud, que incluso la catalogo de leonina?» Fue sincero y honesto y me
dijo: «Hay muchos empresarios en este país, pero yo no puedo garantizar
que esta normativa sea respetada por el conjunto de la sociedad
empresarial de este país». Y ahí es donde empieza a encontrarse la
dificultad. En consecuencia, el problema es encontrar la responsabilidad
que tienen estas partes en esta sociedad, encontrar el consenso y el
camino para hacer una reforma del Estatuto de los Trabajadores con la que
todos estamos de acuerdo. Y eso es posible. El Gobierno ha asumido total,
brutal y absolutamente toda esa responsabilidad, y ese esfuerzo también
se tendría que haber dedicado a comprometer a las partes y decirles que
tienen que resolver esta situación y encontrar la vía de solución. Esto
es lo que yo les decía anteriormente. Les puedo asegurar que los
sindicatos en nuestro país, independientemente de que tienen pocas
posibilidades y medios, tienen una gran voluntad, lo mismo que los
sindicalistas, para funcionar en este país. Lo mismo pasa con las
asociaciones de empresarios, aun con todas esas debilidades. Pero hay que
intentar --no me atrevería a decir imponerles, porque no soy partidario
de imponer nada-- comprometerles, con toda su responsabilidad, a que
encuentren salidas a este tema.

Por otra parte, señoría, la ley es tan importante que nosotros hemos
presentado del orden de 68 enmiendas. Abogo a la generosidad y a la
sensibilidad del Presidente de esta Cámara y doy por defendidas en este
acto todas y cada una de las enmiendas.

Gracias, señor Presidente, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència y Unió, tiene la palabra el Senador Roig i
Grau.




El señor ROIG Y GRAU: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.

Intervengo para fijar nuestra posición en relación a este primer bloque
de enmiendas, las números 285 a 294.

A la enmienda número 285 de nuestro Grupo se ha presentado una
transacción. Por ello, y en aras a que pueda seguir adelante dicha
transacción que asume absolutamente el objetivo de nuestra enmienda,
anunciamos su retirada.

Asimismo, retiramos las enmiendas números 286 y 287, que también han sido
objeto de una enmienda transaccional. Se trata, simplemente, de la
aceptación de un elemento que nosotros estamos introduciendo
sistemáticamente en este proyecto de ley, que es la de utilización
progresiva del arbitraje. Por tanto, retiramos las enmiendas números 286
y 287.

Mantengo las enmiendas números 288 y 289 en sus propios términos, con la
observación de que hacen referencia a un sector que tiene unas
peculiaridades muy específicas, que es el sector de la hostelería.

Entendemos que nuestras enmiendas introducen elementos de mejora para la
clarificación de este sector. Por consiguiente, mantenemos estas dos
enmiendas.

En relación con las enmiendas números 290 y 291, anuncio su retirada,
pero haciendo una observación que pensamos que es importante, que es la
introducción, de nuevo, de la vía arbitral, como venimos haciendo
sistemáticamente en esta proposición de ley.

Asimismo, retiramos las enmiendas números 292 y 293. En cuanto a la
enmienda 293, que quedó retirada en Comisión y sigue viva por un error,
puedo anunciar su retirada. De todas formas, reconocemos, y así lo hizo
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el debate en Comisión
de estas enmiendas, la importancia del asunto que estamos tratando, que
es la canalización de los recursos de los tribunales de justicia, sobre
todo con el objetivo de homogeneizar los criterios. En todo caso, en
estos momentos existe el compromiso de asumir el debate de este tema
dentro de lo que será la ley de reforma del Poder Judicial. Por tanto,
retiramos estas dos enmiendas.

Por último, doy por defendida la enmienda número 294.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Un momento, señor Senador.

En la relación de enmiendas que su señoría ha tenido la amabilidad de
decir en la tribuna que quedan retiradas, algunas sostienen enmiendas
transaccionales.




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¿Quiérese decir que quedan vivas y corren la suerte de las enmiendas
transaccionales en que se apoyan?



El señor ROIG I GRAU: Todas ellas, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, me corresponde efectuar la defensa de las enmiendas a los
artículos 1 a 3, ya que, como antes indicaba el ponente de la Comisión de
Trabajo, Senador Lobo, al variar el bloque de enmiendas que vamos a
debatir ahora, hemos repartido el tiempo para que intervengan y defiendan
las que les corresponden la Senadora Agüero y el Senador Lobo.

En primer lugar, señorías, deseo manifestar que la escasa fortuna que han
tenido las modificaciones y adiciones propuestas por los representantes
de mi partido en el Congreso de los Diputados no nos han hecho retraernos
en nuestra primera intención de lograr que el texto que sea
definitivamente promulgado disponga de la calidad técnica y de la
aquiescencia social necesaria para permitirle que logre los objetivos
deseados por todos: adaptar nuestro sistema de relaciones de trabajo a
los ineludibles cambios de estructuras económicas y productivas.

Estas enmiendas, las que corresponden del artículo 1 a 3, en su mayoría
emanan del articulado de la Ley de Fomento de Empleo que se termina de
debatir. Nosotros pedimos que se incluya en el Estatuto de los
Trabajadores si no textualmente, sí parcialmente, por ser éste la cúspide
normativa del ordenamiento laboral y, en consecuencia, compendio de todos
los principios rectores objetivos fundamentales que abarca el derecho y
el deber de trabajar, proclamados en el artículo 35.1 de nuestra
Constitución.

Nosotros somos críticos con las modificaciones propuestas en cuanto a la
forma y en cuanto al contenido. Por ello hemos formulado estas enmiendas
dirigidas a precisar la condición de empresario en el artículo 1.º,
apartado dos del Estatuto de los Trabajadores, dando así cabida a una
fórmula, la del empresario de trabajo temporal, de absoluta actualidad en
el mercado de trabajo, y, en esta línea de justificación formal,
incorporando los artículos 11 y 12 del Estatuto de los Trabajadores a
través de este proyecto de ley, introduciendo las modificaciones operadas
por el Real Decreto Ley 18 de 1993.

La concordancia formal del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
de los Diputados está en condiciones de verse corroborada en este momento
procedimental del trámite legislativo, por lo que estamos convencidos de
que las diferencias de orden material pueden quedar salvadas, lo que
conllevaría cumplir con una adecuada técnica legislativa de
reconocimiento de las nuevas modalidades de contratación, sobre cuyos
aspectos de fondo no voy a abundar por ser conocidas nuestras tesis y
estar suficientemente resaltadas en nuestras enmiendas.

En el proyecto de ley que ahora debatimos nos reafirmamos en la
unificación de criterios propuestos en el período de prueba, al carecer
de verdaderas razones la diversidad de plazos propuesta por el proyecto,
así como al referirnos a la actividad habitual de la empresa en los
apartados a) y b) del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que
comporta una considerable mejora gramatical, y por ende, técnica.

En este sentido, y apostando por la importancia que el proyecto ha de
conferir al marco de la ampliación de las facultades de la negociación
colectiva, se aborda la posibilidad de que adquieran la condición de
trabajadores fijos aquellos que hubieran sido dados de alta en la
Seguridad Social, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o
superior al período de prueba, bien que éste fuera legal o el que la
negociación colectiva hubiera determinado.

De la forma que antes hemos narrado, nuestra participación en la
consecución de un texto más aquilatado y que recoja las concordancias
existentes en el procedimiento jurídico nos lleva a adicionar un apartado
al artículo 1.º, tres, del Estatuto de los Trabajadores para preservar la
condición de empresario de los transportistas particulares que prestan
servicios de naturaleza mercantil, en coherencia con la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres.

Finalmente, en este artículo 1 del proyecto de ley, aplicando exactamente
los criterios utilizados para la formulación de la enmienda a la
modificación de los artículos 11 y 12 del Estatuto de los Trabajadores,
deseamos que las concordancias con el Grupo Parlamentario Socialista
lleguen finalmente a buen término y se acepte asimismo esta enmienda.

La filosofía de las enmiendas al artículo 2 del proyecto, en concreto al
sistema de clasificación y a los ascensos, sigue en la línea general que
se ha marcado el Partido Popular para la tramitación de este proyecto:
evitar rigideces que chocan con las necesidades del mercado de trabajo y
que se proyectan en contra de la competitividad de las empresas y
relanzar la capacidad de negociación colectiva, aspectos absolutamente
primordiales para llevar a buen fin el relanzamiento de la economía y, en
concreto, de la situación económica particular de cada empresa.

En relación con las enmiendas números 78 y 80 al artículo 3 del proyecto
de ley, nos hallamos nuevamente ante estas precisiones al sistema de
negociación colectiva, absolutamente limitado en el actual panorama
laboral español.




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Señorías, éste es el contenido y éstos son los argumentos que sustentan
nuestras enmiendas a estos tres artículos que entendemos que completan y
mejoran el contenido de este proyecto.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora Agüero.




La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.

Voy a defender las enmiendas números 81 y 82, que presenta el Grupo
Parlamentario Popular al artículo cuarto, punto uno, del proyecto de ley,
por el que se modifican los artículos 34, punto 2, del Estatuto de los
Trabajadores, y 34, punto 7, respectivamente, y que se refieren al tiempo
de trabajo.

Señorías, mi Grupo presenta sólo dos enmiendas al artículo cuarto porque,
sin que sirva de precedente, coincidimos con el espíritu de la norma, al
menos en lo que respecta a la ordenación del tiempo de trabajo.

Entre todos tenemos que levantar la economía del país y hacer que las
empresas españolas sean más competitivas, potenciando la negociación
colectiva como elemento regulador de las relaciones laborales y de las
condiciones de trabajo, porque permitirá la flexibilidad de las distintas
situaciones de los sectores de actividad y de empresa, y una gestión más
flexible de los recursos humanos en la empresa en el tema importante que
tratamos como es la duración del tiempo de trabajo, donde la flexibilidad
se hace más necesaria para facilitar una mejora y poder adaptarse a las
necesidades cambiantes de los mercados y procesos productivos.

Por ello, y dado que el artículo que estamos debatiendo reordena la
duración del tiempo de trabajo estableciendo los límites y garantías de
cualquier índole que puedan mejorar el empleo y las condiciones de
trabajo y haciendo compatibles las necesidades organizativas de la
empresa con los intereses y aspiraciones de los trabajadores, presentamos
estas dos enmiendas, porque lo que abunda, no daña. Así pues, en la
primera de ellas, la número 81, el artículo cuarto, punto uno, que
corresponde al artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, pedimos
que se sustituya la expresión «se podrá establecer» por la de «se
establecerá» la distribución irregular de la jornada a lo largo del año,
bien mediante convenio colectivo, bien por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores. Es una mejora técnica en beneficio de
las partes, obligándoles, en su caso, a establecer dicha distribución si
la actividad productiva lo requiera.

Pedimos la sustitución, sencillamente, de la posibilidad que exista con
el «se podrá establecer», por la necesidad que representa la expresión
«se establecerá», que se debe contemplar, taxativamente, de forma
obligatoria para garantizar sus propios derechos, y no de forma un tanto
ambigua, dejando a la posibilidad, y no a la necesidad, de que lo
establecieran.

La segunda enmienda, la número 82, al artículo 34.7 del mismo cuerpo
legal, es también de modificación, y quedaría así: «7. El Gobierno, a
propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y previa consulta a
las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas del
sector correspondiente, establecerá en el plazo de seis meses
modificaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de
los descansos, para aquellos sectores y trabajos, especialmente de la
hostelería, que por sus peculiaridades así lo requieran.

Justificamos la presentación de esta enmienda, primero, con la
argumentación de la enmienda anterior, es decir, que se establezca, y,
además, en el plazo de seis meses, porque si la naturaleza de la
actividad productiva, que no es aleatoria sino concreta, exige en
determinados casos una distribución irregular de la jornada a lo largo
del año, debe ser contemplada por las partes de forma obligatoria, y no
dejarlo al «yo lo haré» o «no lo haré».

En segundo término, introducimos el sector hotelero para una mejor
adecuación con lo establecido en la Directiva comunitaria. Como sus
señorías saben, el Boletín Oficial del Estado del 3 de marzo de 1994
publica el instrumento de ratificación del Convenio sobre condiciones de
trabajo en hoteles, restaurantes y establecimientos similares, adoptado
en Ginebra el 25 de junio de 1991 por la Conferencia Internacional del
Trabajo, que reproduce, asimismo la recomendación sobre las condiciones
de trabajo en este sector, en cuyo apartado 10.2 se dice que los
trabajadores interesados deberían tener derecho a un período de descanso
diario de 10 horas consecutivas como promedio.

Entendemos que el contenido de este apartado, junto a lo dispuesto en la
Directiva 93/104 CE, del Consejo del 23 de noviembre, relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en su
artículo 17, apartado 2.1.d), incluye a la actividad turística como
excepción de obligatoriedad contemplada en el artículo 3.º de la misma,
sobre descanso diario entre jornadas, y constituye, por sí solos,
argumentos válidos que refuerzan nuestra enmienda.

Espero que sea aceptada esta enmienda, señorías, porque no sólo mejora el
proyecto, sino porque la jornada de trabajo y los descansos deben
regularse específicamente en el caso de la hostelería, sector tan vital
para la economía del país, como todas sus señorías tienen que saber. Así
que espero que los Senadores de autonomías, regiones o pueblos en los que
el sector de hostelería sea mayoritario sean conscientes de esta enmienda
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que pretende que se ordene
la jornada de trabajo



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y el descanso para aquellos sectores que más lo necesitan.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senadora Agüero.

Tiene la palabra el señor Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Gracias señor Presidente.

Voy a defender las enmiendas al artículo quinto, ya que al artículo sexto
no presentamos enmiendas. A este artículo quinto presentamos las
enmiendas que van de la número 83 a la número 98 y, si la Presidencia me
lo permite defenderé también en este momento la número 124 a una
disposición adicional nueva que tiene relación con este bloque.

He de comenzar diciendo que éste es, a mi juicio, el bloque central de
las modificaciones del Estatuto, dado que es en el que se contemplan la
movilidad geográfica y la movilidad funcional, así como las
modificaciones de las condiciones de trabajo y los despidos. Si todo ello
es importante, lo es fundamentalmente la movilidad funcional, si es que
de verdad queremos hacer de nuestras empresas unas empresas competitivas
y si es que de verdad queremos adaptar nuestras relaciones laborales a lo
que se estila en nuestro entorno europeo. Si algún tabú es preciso que
desterremos, ése ha de ser el de la movilidad funcional, para conseguir
una mejor adaptación de los trabajadores al puesto de trabajo y para
impedir los expedientes de regulación de empleo.

Nuestras enmiendas números 83 y 84 lo son a la nueva redacción propuesta
en el proyecto de los artículos 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores,
sobre movilidad geográfica y funcional, y guardan una coherencia con
otras enmiendas nuestras propuestas anteriormente sobre clasificación
profesional, eliminando todo lo que tenga que ver con la denominación de
categorías profesionales, que es la que se utiliza en las Ordenanzas
laborales, condenadas a desaparecer, al parecer, en un futuro inmediato.

Por otra parte, se pretende introducir la clarificación necesaria en lo
que ha de ser la protección necesaria del trabajador afectado por la
movilidad funcional descendente, es decir, por aquella movilidad que se
produce a categorías inferiores de la suya, ya que la redacción de estos
artículos, tal y como viene en el Proyecto del Gobierno, no es, desde
nuestro punto de vista, lo suficientemente clara en cuanto al orden, el
momento y hasta dónde se puede producir esa movilidad descendente. Así,
proponemos que al trabajador se le puedan asignar funciones inferiores a
su grupo profesional por razones técnicas u organizativas justificadas y
solamente por el tiempo imprescindible, comunicándosele esta contingencia
a los representantes de los trabajadores. Nada tenemos que decir de la
movilidad a categorías superiores, ya que se entiende que es una
movilidad que incentiva a los trabajadores para un mayor esfuerzo.

La enmienda número 85 es simplemente una enmienda técnica referida a la
movilidad geográfica.

Con la enmienda número 86 pretendemos evitar una conflictividad jurídica
gratuita, y es de pura economía procesal. Cuando el trabajador recurre un
traslado porque lo considera injustificado y en sentencia así se
reconoce, el proyecto no da solución al paso siguiente, que es el que
debe producirse cuando el empresario no quiere devolver al trabajador a
su anterior destino y es el trabajador el que ha de iniciar un nuevo
procedimiento para que le otorgue la indemnización correspondiente,
cuestión a la que se da solución en nuestra enmienda número 86 al
proponer que si el empresario no repone al trabajador en su destino
anterior se produzca, sin necesidad de un nuevo pleito, la misma
situación que en el despido improcedente y dé lugar a la indemnización,
con lo que estamos evitando al trabajador un nuevo proceso, gastos y
retraso en la clarificación de su situación laboral.

Introducimos la enmienda número 87 por seguridad jurídica y en evitación
de cualquier incertidumbre en actuaciones consideradas en fraude de ley.

Así, proponemos que cuando la empresa realice traslados en períodos
sucesivos de 90 días en número inferior a los umbrales señalados en esta
ley, dichos traslados se considerarán siempre efectuados en fraude de
ley.

La enmienda número 86 es una mejora técnica para establecer una clara
diferenciación entre el ejercicio de los derechos de información,
consulta y negociación ya que,a nuestro juicio, el texto del proyecto al
artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores queda bastante confuso y
es más bien poco claro.

La enmienda número 89 al artículo 41.3 del Estatuto tiene la misma
justificación que la número 86 que defendía anteriormente, y la número 90
la misma que la 87, así como la número 91 se corresponde con los
argumentos que acabo de defender respecto a la enmienda número 88, por lo
que las considero ya suficientemente defendidas.

La enmienda número 92 propone dar una nueva redacción al artículo 43 del
Estatuto, Cesión de Trabajadores, con la intención de fortalecer las
empresas de trabajo temporal sin fines lucrativos, únicas que, según
nuestra propuesta, podrán realizar contrataciones de trabajadores para
cederlos a otras empresas.

La enmienda número 93 se presenta por coherencia con la número 87 y la
número 89. Por tanto, tiene idéntica justificación, así como la número
94. La número 95 es una enmienda puramente técnica.

La enmienda número 86 es una enmienda de modificación, con ella se
pretende concretar, dada su transcendencia social, las medidas que deben
integrar el plan social que el empresario debe presentar en los casos



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de despidos colectivos y, de forma muy especial, la que han de ir
dirigidas a los trabajadores mayores de 45 años en un intento de proteger
a estos despedidos, ya que son los que en realidad quedan en peor
situación por la enorme dificultad que para ellos supone encontrar un
nuevo puesto de trabajo y su reinserción en la vida activa laboral.

Nuestra enmienda número 97 pretende eliminar por innecesario el proceso
de homologación cuando hay acuerdo en los despidos, no sólo por dar
fuerza a los acuerdos entre los agentes sociales, sino por creer que ya
existen suficientes cautelas en el artículo 51.5 del Estatuto de los
Trabajadores.

La enmienda número 98 es una enmienda de supresión que presenta mi Grupo
por razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de igualdad
de oportunidades de todos los trabajadores. Anunciaba al principio que
iba a defender en este turno, por su relación con este artículo quinto,
nuestra enmienda número 124 a la Disposición Adicional Nueva. Es una
enmienda de adición que presentamos, ya que no hubo consenso de los
agentes sociales en el planteamiento de esta reforma, dejar al menos una
puerta abierta para que mediante acuerdos marcos interconfederales o
sectoriales entre las partes sea posible la reducción de jornada, las
suspensiones temporales de contratos y los despidos colectivos. Creemos
que ésta sería una forma de aplicar el Estatuto que ahora se reforma, de
lograr una mayor paz social y de que los agentes sociales, patronal y
sindicatos, puedan llegar a acuerdos para paliar la falta de ellos que ha
habido en todo el proceso para la confección de la reforma del Estatuto
y, sobre todo, en lo que se refiere a su artículo 51.

Por último, quiero decir que estamos de acuerdo, como decía al principio,
con el texto del proyecto al artículo 56 referido al despido improcedente
y con la totalidad del artículo sexto, prescripción y caducidad, al que
no hemos presentado ninguna enmienda.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Lobo.

Invocando el artículo 76 del Reglamento, la Presidencia solicita
autorización de la Cámara para proseguir la jornada, transcurridas cinco
horas desde el inicio de la misma. ¿Se autoriza? (Pausa.) Muchas gracias,
señorías.

Tiene la palabra el señor Galán.




El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Voy a intentar ser breve en este turno por las muchas decenas de
enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios mantienen a la reforma
del Estatuto en lo referido a sus artículos primero a sexto, que es lo
que estamos viendo en este bloque material de debate.

Y no quiero entrar en materia si no es agradeciendo antes a todos los
portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra el tono que han
empleado siempre correcto, por muy duro o descalificatorio que haya sido
el contenido de su intervención sobre el valor político de esta reforma
que abordamos.

Es una reforma del Estatuto de los Trabajadores que, como decía el
Senador Galindo, no tiene menos importancia que la que hemos abordado
antes porque regula los diversos aspectos del desarrollo de la relación
laboral, así como la negociación colectiva, y configura los caracteres
esenciales del marco institucional del mercado de trabajo que debemos
modificar, haciéndolo urgentemente para conseguir una regulación que,
garantizando, por un lado, la posición de los trabajadores en la relación
jurídica individual, a su vez, proporcione a las empresas españolas
instrumentos adecuados para una gestión de los recursos humanos que
incida favorablemente en la buena marcha de aquéllas, acrecentando al
máximo su competitividad.

Esta nueva reforma podíamos haberla abordado con esa fórmula puramente
desreguladora que desde la izquierda se ha utilizado para acusar al texto
del proyecto que aquí tenemos, una regulación, desde el punto de vista
legal, desmontando los mínimos indisponibles, una regulación, desde el
punto de vista negociador, prácticamente haciendo inviable el
fortalecimiento de la negociación colectiva y dejando realmente al
contrato individual el contenido regulador de la relación del trabajo en
su más amplia expresión.

Ya esta visión desreguladora del desarrollo de la regulación de la
ordenación laboral la intentó, por ejemplo, la señora Thatcher en el
Reino Unido, pero no va a ser para nada ésa nuestra receta. Vamos a
abordar una reforma equilibrando el reparto de fórmulas de adaptabilidad
o flexibilidad entre las diversas fases del desarrollo de la relación
laboral, objetivando y clasificando las fórmulas de extinción de la
misma, pero manteniendo a ultranza, le pese a quien le pese, el carácter
causal e indemnizatorio del despido.

Esta tarde he oído con gran asombro alguna intervención en la que se
decía que con esta reforma que hoy debatimos se consagraba el despido
libre y gratuito. Me pareció que no sabía si había una equivocación entre
despido, aborto... Eso de libre y gratuito me parece algo predicable de
una reivindicación de un sector de la sociedad respecto al aborto, pero
creo que predicarlo del despido es bastante burlesco, sobre todo si vemos
la tabla comparativa de indemnizaciones tanto de despido objetivo, como
del despido individual, en los países de la Unión Europea y comprobamos
realmente la posición que en ese marco de indemnizaciones legales por
razón de despido ocupa nuestro ordenamiento.

Creo que esa reforma hay que abordarla rápidamente



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para procurar mejorar la capacidad de adaptación de nuestro sistema de
relaciones laborales a los cambios tecnológicos y económicos, así como
las reglas que dominan el funcionamiento del mercado. Creo que la mejor
forma de medir la capacidad de adaptación de un sistema de relaciones
laborales es ver la distancia real que existe entre las condiciones de
trabajo establecidas por la Ley y las que se aplican en realidad en cada
centro de trabajo. Cuanto menor sea esa distancia más rígido será el
funcionamiento del sistema, significará una mayor intervención pública,
una menor autonomía colectiva, unos agentes sociales progresivamente más
débiles, una negociación colectiva cada vez más pobre en sus contenidos y
cada vez menos articulada en cuanto a su jerarquización y articulación.

Nuestro marco legal, el Estatuto de los Trabajadores, es uno de los más
densos y minuciosos de los que están en vigor en la Unión Europea. La
regulación legal de las condiciones de trabajo entre nuestros socios
comunitarios es inferior en sus contenidos y en sus garantías a la que se
contiene en la legislación española, pero ello no indica, en modo alguno,
que la duración de la jornada, la extensión de las vacaciones, los
niveles salariales, las reglas de movilidad interna o de extinción
contractual sean más favorables en nuestro país que las que realmente
aplican estos Estados mediante un modelo de negociación colectiva
flexible y, por tanto, mucho más sensible a la realidad de cada sector de
actividad y de cada empresa.

El Estatuto de los Trabajadores, pese a las reformas, sigue manteniendo
derechos no alterables por la voluntad de las partes, que consideramos
que deben de ser mínimos indisponibles, como el salario mínimo
interprofesional, la igualdad de remuneración por razón de sexo, las
condiciones de liquidación y pago y las garantías del salario, así como
de las indemnizaciones por despido.

En relación con el tiempo de trabajo, consideramos que no debe de ser
indisponible la jornada de cuarenta horas, el descanso mínimo de doce
horas entre jornadas, el semanal del día y medio computable cada dos
semanas, el descanso intermedio en jornada continuada, las vacaciones
anuales de treinta días, etcétera. Son muchas, sin embargo, las
posibilidades que abrimos a la regulación de la negociación colectiva: el
período de prueba; la duración, dentro de los límites legales, del
contrato de trabajo en prácticas; la duración del aprendizaje; la cuantía
y estructura del salario; la duración de la jornada ordinaria; los
sistemas de pagos y el cálculo del valor de la hora extraordinaria; los
sistemas de movilidad funcional, de clasificación profesional y de
ascenso, de movilidad geográfica, etcétera.

Entiendo que de las alternativas que las enmiendas de sus señorías han
presentado a este proyecto de ley, en su conjunto, quizás con la
excepción de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto, ninguna
supone una regulación global alternativa a la que representa el proyecto
de ley ni más coherente. Izquierda Unida o algún otro Grupo del Grupo
Parlamentario Mixto plantea la supresión del contrato de lanzamiento de
nueva actividad, niega todo juego a la negociación colectiva en temas
como la movilidad funcional o como la definición de los Grupos
profesionales --estoy hablando de las enmiendas 140, 141,144, 146, 150,
153, 156 y 157--, la eliminación de la capacidad reguladora del Convenio
en cuanto a ordenación del tiempo de trabajo, estructura y salario.

Existen numerosas enmiendas de Izquierda Unida en este bloque. Pero creo
que su número es excesivo, porque sus señorías se habrán dado cuenta de
que han repetido muchas, que hay varias que están presentadas por
duplicado. Si con eso querían demostrar que son los mayores enemigos del
proyecto dentro de esta Cámara, creo que no era necesario. Si es un mero
error de transcripción, evidentemente se duplica.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
así como algunas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado,
vienen a introducir una mayor rigidez en la regulación del Estatuto, o
bien a rebajar algunos umbrales, por ejemplo, en relación con los
despidos colectivos. Nos parece, por ejemplo, que muchas de ellas tienden
a mantener la función del concepto de categoría profesional o del límite
máximo legal de duración de la jornada diaria, entorpeciendo
distribuciones hoy normales del tiempo de trabajo en Europa, por ejemplo,
sobre la base de cuatro días de trabajo en jornadas de diez horas
diarias.

La excepción la tenemos en algunas enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, como la que defendía la senadora Agüero diciendo que era
necesario que la negociación colectiva «estableciera» --no «pudiera
establecer», sino «estableciera»-- necesariamente la distribución
irregular el tiempo de trabajo anual. Me parece que es demasiado,
Senadora, hay que dejar a cada sector y empresa que establezca libremente
si quiere hacer una distribución irregular o la quiere hacer
estrictamente regular. No es necesario ese mandato imperativo de que
«establecerá la distribución irregular». No; puede ser irregular o
absolutamente regular. La jornada clásica a lo largo de todo el año de
cinco días laborables puede ser totalmente adecuada para determinadas
empresas o sectores de actividad.

También el Grupo Popular contempla y plantea alteraciones del proyecto en
aspectos concretos como la aparente supresión de la clasificación
profesional por categorías. Hay que analizar una disposición transitoria
que, sin embargo, no la he enmendado y que mantiene dicho sistema hasta
que se pacten por convenio colectivo los grupos profesionales, o bien el
tema de las previsiones de mayor flexibilidad en determinados sectores
como la hostelería que yo entiendo que deben ser objeto de la regulación
específica de jornadas especiales



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que, como su señoría sabe, hay que regular a lo largo de un año, es
decir, hay un mandato en una disposición final del proyecto donde se dice
que se prorroga la vigencia de todas las normas reguladoras de jornadas
especiales y que a lo largo de un año con negociación tripartita con las
organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios se establecerá
en aquellos sectores específicos las necesarias adecuaciones de la
normativa del Estatuto, teniendo claro que caben las flexibilizaciones de
las que se habla en las directivas comunitarias, a las que se ha referido
la senadora Agüero, por ejemplo el que el período de referencia sea más
amplio en cuanto al descanso mínimo de la jornada de doce horas.

Yo quería acabar también esta primera parte de mi intervención diciendo
que agradezco la retirada de muchas enmiendas por parte de los Grupos que
han intervenido. Agradezco la capacidad de negociación y de esfuerzo por
llegar a acuerdos que han planteado a lo largo de todo el día en relación
con temas complicados y delicados, como, por ejemplo, la exclusión de los
autónomos del transporte del ámbito de la relación laboral, dejando claro
que lo que es contrato mercantil debe tener un tratamiento adecuado como
tal, como contrato de transporte, y que lo que es una relación laboral
con los requisitos que establece el artículo primero de dependencia,
ajenidad, sometimiento al poder directivo del empresario, debe tener la
consideración oportuna de laboral, evitando las distorsiones que se
habían producido y adecuando la normativa laboral a lo que es la
normativa en materia de reordenación de transporte para que este sector
pueda competir a pie de igualdad con el resto de los sectores del
transporte de los países de la Unión Europea.

En cuanto al artículo quinto, yo creo que en materia de movilidad
funcional, de movilidad geográfica, de modificación sustancial de
condiciones de trabajo, de suspensión de contratos por causas objetivas,
de despidos, en definitiva, el proyecto mantiene las necesarias garantías
de los trabajadores frente a las decisiones arbitrarias a través de un
control adecuado de la justificación de la medida, una participación más
intensa de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores e
incluso, a veces, el derecho de los afectados por ella a rescindir
indemnizadamente su contrato de trabajo. Sin embargo, dichas garantías no
pueden impedir la adopción de las medidas que resulten necesarias para,
lejos de proteger a los trabajadores, estas medidas al dificultar el «ius
variandi» empresarial y la movilidad geográfica pueden poner en peligro
su propio empleo y la viabilidad de la empresa en su conjunto. Pero, sin
duda, lo más polémico de toda la reforma y del ordenamiento laboral en su
conjunto es la regulación de la extinción. Cuando la extinción tiene
carácter colectivo y se basa en crisis de funcionamiento de la actividad
empresarial, entendemos, y en esto no nos hemos dejado llevar por la
corriente de la historia, que en esa extinción confluyen elementos de
transcendental importancia que afectan a la vida de individuos y familias
y a las posibilidades de supervivencia de las empresas, lo que en época
de especiales dificultades y crisis como la actual puede llegar a afectar
a la estabilidad del sistema económico y social. Por eso, la norma opta
por mantener, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países
de la Unión Europea, el sistema de intervención administrativa previa en
los despidos colectivos en aquellos supuestos en los que, en función de
la necesaria intensidad de la medida, los intereses colectivos,
económicos y sociales deben ser ponderados.

Por otra parte, como saben muy bien sus señorías, hemos modificado la
calificación del despido en algunos supuestos. Este será procedente si
pueden acreditarse las razones alegadas por el empresario. La
improcedencia se producirá en caso contrario o cuando no se hubiera
respetado la forma o el procedimiento legal o convencionalmente
establecido para la rescisión del contrato por causas disciplinarias.

Por último, el despido será nulo cuando tratándose de decisiones
extintivas por causas objetivas, se hubieran incumplido las formalidades
legales y, en todo caso, cuando resultara discriminatorio o contrario a
los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Se acortan los plazos legales del período de consultas y de negociación
entre la empresa y los trabajadores; si concluyen sin acuerdo, la
autoridad laboral deberá resolver en un plazo de quince días. No se
modifican para nada los mínimos y máximos legales de imdemnización; son,
como hasta ahora, 20 días por año hasta un límite máximo de doce meses,
en el caso de extinciones por causas objetivas, y 45 días por año hasta
un límite máximo de 42 meses, en el caso de despidos improcedentes.

Se establecen cláusulas de garantía que penalizan el uso fraudulento de
las previsiones del artículo 52 c), despido individual objetivo, para
evitar, en ese uso fraudulento, la necesidad de intervención
administrativa previa.

En este campo, aparte de Izquierda Unida, sólo Eusko Alkartasuna
planteaba una supresión de los apartados 2 a 12 del proyecto. Sin
embargo, también nos ha alegrado analizar cómo Izquierda Unida en el tema
de los umbrales, en vez de plantear su supresión radical como en el
Congreso, ha acercado posiciones manteniendo una reducción cuantitativa
de los umbrales de referencia, igual que hace el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Izquierda Unida también pretende mantener la actual regulación del
despido nulo que, a mi juicio, provocaba distorsiones importantes en su
aplicación práctica,



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alargando los procedimientos por los incidentes y al final la
indemnización de despido sencillamente incrementando los costos de los
salarios de tramitación.

Señorías, voy a terminar advirtiendo que es cierto lo que decía algún
portavoz de que es pesada la carga que nos hemos echado a los hombros el
Gobierno y los grupos que apoyamos la reforma; que hubiera tenido mucha
más virtualidad, no nos cabe ninguna duda, si se hubiera incardinado
dentro de un pacto social por el empleo, como era el objetivo que estaba
en nuestro programa electoral, reforma del mercado de trabajo sí, pero a
través de un pacto social por el empleo, a través de una coparticipación
de los agentes sociales y económicos en afrontar esa flexibilidad y
adaptabilidad de nuestro sistema de relaciones laborales.

Pienso que si no se ha conseguido eso la culpa habrá sido de todos los
que han estado a lo largo de cuatro meses sentados en esa mesa intentando
llegar a ese acuerdo. Si realmente todos se han esforzado en conseguirlo,
habrá reparto de responsabilidades. Yo no quiero entrar en quién pueda
haber sido más responsable que el otro, lo que es evidente es que esta
norma que vamos a aprobar aquí, la reforma del Estatuto, los socialistas
somos conscientes, primero, de que no es una panacea para crear empleo,
es sencillamente un paso más para mantener, preservar el empleo existente
o facilitar la creación de empleo en base a otras iniciativas y a otras
medidas de política económica, y que, indudablemente, su aplicación será
tanto más fructífera, tanto más pacífica, tanto más flexible, tanto más
posible si, desde la negociación, desde el pacto, desde el acuerdo entre
las grandes organizaciones sindicales y las grandes organizaciones
empresariales, tienden a aplicarlas. Yo creo que el respaldo que tiene la
reforma en esta Cámara, representación de la soberanía popular, es un
respaldo suficiente, y que sería deseable que también contara con el
apoyo de fuerzas económicas y sociales que pueden haberla criticado. Pero
yo no quiero caer en la tentación de pensar que la sociedad civil
española sea exactamente la que salió a la calle el 27 de enero --sólo
eso, no; eso es una parte de la sociedad civil--, ni que por sistema los
discursos de algunas de sus señorías tiendan sencillamente, representando
a veces lo que representan --una exigua minoría--, a colocarse en ese
lugar de lo bueno, de la bondad de la sociedad civil, compendio de todos
los bienes y dejar al 70, al 80, al 90 por ciento de la Cámara en el lado
de los malos, el Gobierno, el Estado, los que realmente no saben entender
las necesidades, las querencias, los deseos del conjunto de los
ciudadanos. Creo que eso no es así, señorías.

Sólo me queda agradecer a todos sus enmiendas. Estoy convencido de que el
esfuerzo que todos hemos hecho hoy aquí ha servido para dar un paso
adelante mejorando contenidos de esta reforma y avanzando algo que es
absolutamente perentorio, necesario y urgente en nuestro sistema de
relaciones industriales.

Gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra su señoría.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Gracias, señor Presidente.

Ya anticipé que la intervención de los Senadores de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, iba a tener exclusivamente dos trámites:
el primero, de defensa del conjunto de las enmiendas, y el segundo, para
defender nuestro posicionamiento respecto de la enmienda número 330, del
Grupo Parlamentario Socialista, que me imagino que se producirá en el
debate posterior. No obstante, no me resisto a intervenir, puesto que
esta va a ser la última intervención de carácter general que podemos
hacer en nombre de los dos Senadores que representamos aquí casi tres
millones de votos, que son los que tiene nuestra formación política.

Somos, naturalmente, una minoría, quizá no tan exigua como en algunos
escaños se desearía, me imagino que en función de la ganancia propia, lo
cual sería muy razonable, pero es cierto que desde esta posición
minoritaria es desde la que no tenemos más remedio que venir a enmendar
un texto de un Gobierno que, indudablemente, si contara Izquierda Unida
con una posición mayoritaria, jamás habría traído a esta Cámara. Eso es
evidente.

Quiero felicitar al señor Galán por su intervención, que me ha parecido
una intervención muy brillante. No obstante, le felicito por el
contenido, por el trabajo que me imagino que ha realizado en su
intervención, pero es indudable que no puedo compartir los argumentos que
en ella da, al menos en lo que hace referencia a la intervención que en
nombre de los Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya yo he
hecho aquí.

Quiero decirle que a veces les mandamos las enmiendas por duplicado,
porque como sabemos que tienen poca sensibilidad hacia lo que se mueve a
su izquierda, es conveniente retirarles las enmiendas. Entiéndanme que se
lo digo en el terreno de la cordialidad. El y yo sabemos también por qué
pasan estas cosas, y seguramente el escaso número de Senadores que
tenemos nos induce a estos errores, que serían rectificados de ser mayor
nuestro número y nuestra capacidad. No obstante, no podemos obviar esa
deficiencia. Lógicamente hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y
sabemos, y también somos conscientes de que, si el señor Galán
compartiera nuestras opiniones, su intervención en defensa de nuestras
posiciones habría sido tan brillante como la que ha hecho en defensa de
las suyas. No obstante, yo sí quería decir alguna cosa.




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No creo que cuando uno defiende una posición política en esta Cámara la
defienda en razón de buscar un mayor o menor predominio social. Por
tanto, yo no creo que cuando alguien defienda en esta Cámara posiciones
que pueden ser controvertidas esté abusando de ningún tipo de demagogia.

Las Cámaras tienen que ser representativas de la sociedad civil. Lo son
porque su vocación de origen es la representación de la voluntad popular.

Nadie lo niega. Y desde luego nadie que pertenezca al arco constitucional
puede negarlo.

Creo que las crispaciones, las tensiones que hay en la sociedad, tienen
que tener eco en las Cámaras. Lo otro es una actitud un tanto hipócrita
que utiliza, naturalmente, mucha gente de muchos grupos parlamentarios.

No seré yo la que lo haga; no me gusta ese estilo. Creo que el
parlamentarismo tiene que ser vivo y que tiene que haber contradicciones
porque en la sociedad las hay. La democracia es la normalización del
disenso, de la disidencia. Por tanto, es interesante que se produzcan.

Senador, no puedo compartir su criterio de que estas medidas de reforma
del Estatuto laboral van a favorecer la generación de empleo. Usted y yo
sabemos que no es así. Si los problemas del empleo se pudieran resolver
con medidas legislativas no estaríamos atravesando por la situación por
la que se atraviesa en el país. No tendríamos la huelga de la Suzuki,
pues todos sabemos que el cierre de esa empresa está ocasionando un gran
conflicto, no tendríamos el problema de Santa Bárbara ni tantos otros
problemas como estamos teniendo. La generación de empleo obedece a otras
claves porque si no, habría que pensar que las mayorías parlamentarias
tienen una especie de predisposición a perjudicar a los trabajadores. Yo
creo que no. El empleo se genera en función de las condiciones
económicas, de las expectativas de ganancias y de lucro por parte del
empresario. Esto es así.

Yo no puedo entender que en una situación como la que atravesamos se
proceda a la pérdida de fuerza, a la pérdida de poder, por parte de un
sector que en estos momentos está siendo golpeado duramente, que es el
sector que representan los sindicatos, ya que si en un marco de
negociación el Estado no garantiza un mínimo de igualdad de
oportunidades, esa igualdad de oportunidades «de facto» no se produce.

Esto es parte de la filosofía política, no de la izquierda, sino de la
filosofía política que impregna todo el derecho laboral moderno. Y usted,
como especialista en el tema, convendrá conmigo de que se parte de que
existe una desigualdad en origen y de que eso se tiende a corregir.

Estas medidas son de retroceso y parten de un determinado criterio
filosófico. Usted dice que no son medidas tan graves como las que adoptó
la Administración de la señora Thatcher. Yo creo que cada cosa hay que
verla en su marco. Allí evidentemente las conquistas sociales eran mucho
mayores que las que había en este país. Quizá la ofensiva fuera en una
carga de profundidad más fuerte, pero aquí el desarrollo de lo que se ha
dado en llamar el Estado Social de Derecho y el Estado del Bienestar
tenía un carácter bastante más embrionario.

Usted, se lo digo sinceramente, no me ha desmentido cuando he dicho que
esto es un retroceso en las conquistas de los trabajadores. Esto es real.

Creo que se tiende a hacer una interpretación política aludiendo a que no
se produce inversión empresarial porque hay una rigidez en el marco
laboral. Yo no comparto ese criterio. Creo que las razones por las que se
invierte en un país tienen naturaleza diferente. Plantear que la
competitividad empresarial hay que establecerla deteriorando las
condiciones laborales es apostar por sectores de producción no
estratégicos ni punta en un desarrollo económico avanzado en el marco
geopolítico en el que se encuentra nuestro país.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Vilallonga, termine, por
favor.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Termino diciendo, señor Presidente, siempre
abusando de la bondad de la Presidencia y especialmente de la suya que sé
que es mucha, que no puedo compartir, señor Galán, esa opinión. Usted
sabe que esa opinión no se comparte en la izquierda. Si esa opinión se
compartiese en la izquierda se iría, efectivamente, al desmantelamiento
de los sistemas sociales de protección, entre los cuales el derecho
laboral es una pieza clave, quizás no con un contenido asistencial ni de
prestación económica, pero sí con un contenido de garantía jurídica de
intervención en ese marco de relaciones complicadas que es un marco
desigual.

Creo que ésta es la gran tragedia y el gran problema. Se ha intentado
plantear que el problema de la desindustrialización, de la ausencia de
inversión económica, que el fracaso de una política económica determinada
venía producido por un marco laboral inadecuado. Y no es cierto. No es
cierto. No es así. La raíz está en otras cosas, está en otros errores que
se han cometido.

Es muy posible que se quiera utilizar un chivo expiatorio --por cierto,
que ahora tienen mucha venta en nuestro país-- diciendo: los sindicatos o
el poder fáctico. Pues bien, hay muchos poderes fácticos en este país.

Los sindicatos deberían tener algún tipo de influencia de ese carácter
difuso, eso que se suele llamar poder fáctico y que constituye de alguna
manera un cierto «lobby». Eso no me parecía mal, pero no creo que ese sea
el problema. No hemos llegado tan lejos en España como para que los
sindicatos acaben siendo un problema de esas características en materia
socioeconómica. La prueba está en que se ha seguido destruyendo



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empleo fijo. Estamos transmutando el marco del sistema social al apostar
por la temporalidad del empleo pero no por el empleo fijo. Eso tiene
consecuencias sociales graves, pero no sólo para la izquierda, sino para
todos los partidos democráticos. Creo que, en ese sentido, el debate es
equivocado. Se ha buscado ese chivo expiatorio para justificar una
política económica. Creo que los empresarios productivos de verdad no
comparten esa filosofía. Al empresario importante, al empresario
productivo --y en algunas regiones de este país los hay--, al que
interviene de una manera definitiva en la generación de riqueza, creo que
no le interesa un mercado laboral en estas condiciones porque no se puede
desarrollar. Esto es así y no podemos compartirlo.

No creo que deba usted atribuir la dureza de mi intervención --usted me
lo ha reconocido-- a ningún tipo de mala disposición ni por mi parte ni
por parte de mi Grupo. Simple y llanamente, nosotros creemos que ustedes
se equivocan y hacen mal. Pero el mal que ustedes hacen no sólo les va a
perjudicar a ustedes; nos va a perjudicar a los sindicatos y a la
izquierda en general. Ese es el sentido de la vehemencia de nuestra
intervención.

Indudablemente, somos una fuerza minoritaria, pero no está de más
recordarles --ya lo he hecho alguna vez en esta Cámara-- que gracias a
esa fuerza minoritaria gobiernan ustedes en 200 ayuntamientos y en dos
Comunidades Autónomas.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senadora Vilallonga.

¿Desea intervenir el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Desea intervenir el representante del Grupo de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra la Senadora Agüero.




La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.

Todas nuestras enmiendas a los artículos primero a sexto de este proyecto
de ley creemos que mejoran el texto de dicho proyecto en cuanto que se
dota al convenio colectivo, no sólo de la autonomía entre las partes sino
que se le proporciona la necesidad de que no existan lagunas legales que
no puedan ser rellenadas.

Senador Galán, voy a intentar explicárselo mejor si es que no lo he hecho
antes.

Usted sabe que el primer sector productivo de este país es, como usted
sabe --no lo digo sólo yo, lo dice el propio Ministro de Comercio y
Turismo y también el Presidente del Gobierno--, el de la hostelería. Este
sector específico, contrata básicamente en las zonas turísticas la media
pensión, es decir, el desayuno y la cena, con lo cual una gran mayoría de
la plantilla de las empresas hosteleras es difícil cubrirle su jornada de
trabajo, y es que, como usted sabe, con los desayunos se empieza a las
siete y media y con las cenas se termina, como muy pronto, entre las once
y media de la noche.

Por tanto, la jornada de trabajo y los descansos deben ser regulados
específicamente para este sector tan vital para la economía del país, y
si no, dígalo usted en las Islas Canarias, en Baleares o en toda la zona
mediterránea. En todo caso, señoría, como Senador por la Comunidad
andaluza tendría que entender esto mejor que nadie.

Por tanto, creemos que la reforma laboral está pensada más para el sector
industrial que para el sector servicios. Si ustedes no cambian la
estrategia que vienen utilizando, se cargarán lo poco que funciona en
este país.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senadora Agüero.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra en turno de portavoces el
Senador Galán.




El señor GALAN PEREZ: Señor Presidente, voy a intervenir con mucha
rapidez a estas alturas del debate.

Quiero decirle a la Senadora Agüero sencillamente que conozco
perfectamente la problemática del sector hostelería en la costa en
general y en Andalucía. Pero creo que eso no debe ser objeto de la ley,
sino del decreto que sustituya al Decreto 2001; es decir, en el Estatuto
no deben figurar las peculiaridades de un sector de actividad específico
--que se denominan bajo el rótulo de Jornadas Especiales--, que se
desarrollan por decreto, y que están reguladas en el Decreto 2001, que se
va a prorrogar temporalmente durante un año --aunque en el mismo haya
normas contradictorias con las que ahora vamos a aprobar-- para dar
tiempo a que su modificación sea pactada con los agentes sociales.

En cuanto a la Senadora Vilallonga, me parece que no podemos entrar en
una discusión profunda sobre lo que significa el Derecho del Trabajo, el
Estado del bienestar y sus políticas de defensa, o sobre quién puede
estar en una posición más a la izquierda, o más conservadora. A veces,
cuando escucho a algunos de ustedes o de los líderes sindicales, me
siento, desde luego, mucho más a la izquierda que ellos. Creo que si
pensamos, por ejemplo, en lo que ha supuesto en este país la política
sindical de los últimos diez años en cuanto a la manera de abordar la
crisis, los contenidos de la negociación y los incrementos salariales, no
se puede por menos de recordar esa frase que decía. Los que entre
nosotros vienen insistiendo en el crecimiento salarial a ultranza en unos
momentos de crisis y de dificultades en cuanto a la adaptabilidad del
mercado



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de trabajo, se están transformando en aliados objetivos de las fuerzas
políticas más conservadoras. Quien decía esa frase era Luciano Lama,
Secretario General de la CGIL, «Confederazione Generale Italiana del
Lavoro».

Realmente, me parece que en este tema hay que jugar con precisión. Creo
en el valor garante del Derecho de Trabajo, pero en un momento de crisis
no hagamos una permanente acumulación de garantías para los trabajadores
ocupados, no vaya a ser que, al cabo de los años, nos encontremos con que
esos trabajadores ocupados con tantas garantías, tanto trabajo estable,
tantas altas condiciones de trabajo, tan alto salario, etcétera, no son
más que un islote reducido en un mar de desempleados. Creo que el mercado
tiene que preservar, antes que nada, esa solidaridad del que tiene
trabajo con el parado, con el que no lo tiene.

Para finalizar, quiero hacer una última precisión, y no se enfade, porque
se lo digo en broma. Antes hablábamos de las enmiendas duplicadas, y
también tiende usted a aumentar los votos, ya que ha dicho que
representaban a más de tres millones de votos, pero en la última
contienda electoral creo que éstos fueron 2.253.764. (La señora
Vilallonga Elviro hace signos negativos.)
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Pasamos al segundo grupo del debate de este proyecto, relativo a los
artículos séptimo y décimo.

Tiene la palabra el Senador Petrizan Iriarte, para la defensa de las
enmiendas números 33, 37 y 39. En este mismo debate agruparemos las
disposiciones adicionales relacionadas con estos artículos.

Su señoría tiene la palabra.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a dar por defendidas las enmiendas números 33, 37 y 38 en sus propios
términos, aunque creo --pero no estoy seguro-- que las enmiendas 33 y 37
estarían incluidas en dos transaccionales existentes.

En cuanto a la enmienda número 39, tiene un carácter --por llamarlo de
alguna manera-- nacionalista, es decir, que su pretensión es que, tanto
la apertura, como el cierre del sistema electoral, tenga --o pueda
tener-- como marco la propia Comunidad Autónoma. Proponemos que si la
Comunidad Autónoma tiene competencia en esta materia, es decir, depósito
de actas relativas a las elecciones de órganos de representación de los
trabajadores, las pueda ejercer y se posibilite, por tanto, el cierre del
sistema electoral en la propia Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizan.

Las enmiendas del Senador Ramón i Quiles ya están defendidas.

Pasamos a las enmiendas números 22, 23 y 29 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el Senador Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Estamos dispuestos a retirar la enmienda número 22, por cuanto que hemos
tenido la suerte de transaccionarla debida y oportunamente.

En cuanto a la enmienda número 23, la mantenemos, dado que en realidad a
través de la misma tratamos de eliminar del proyecto las limitaciones de
las facultades de control de la oficina pública a los simples aspectos
formales y posibilitar que también ostente facultades de control material
de actas, por cuanto que el simple control de la forma, sin duda alguna,
contribuye a la posibilidad de fraude con toda la carga negativa que el
término encierra.

Asimismo se trata de descargar el texto de elementos de contenido
reglamentario.

En cuanto a la enmienda número 29, aparte de la mejora técnica que, a
nuestro juicio, sin duda alguna introduce, incide en que las competencias
de ejecución en materia laboral abarcan las de registro y depósito de
actas electorales sindicales y busca que la culminación o cierre natural
del sistema electoral quede dentro de la Comunidad Autónoma respectiva.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, quiero hacer
una precisión. La enmienda número 22 no la retira para sustentar la
futura transaccional.

Las enmiendas de Coalición Canaria se dan también por defendidas.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Roig i
Grau.




El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré muy rápidamente, después de este apasionante debate sobre
quién es más de izquierdas o menos de derechas.

Voy a tratar las enmiendas números 295 a 302 y una disposición
transitoria segunda que hace referencia también al Capítulo VII.

En primer lugar, quiero manifestar que vamos a mantener la enmienda
número 295, de supresión del artículo séptimo, porque no estamos de
acuerdo --así lo manifestamos durante el debate en el Congreso de los
Diputados a partir de las manifestaciones de nuestro



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portavoz, el señor don Rafael Hinojosa-- con el procedimiento seguido por
el Gobierno. En primer lugar, porque entendemos que la propuesta se
realiza a partir de un acuerdo entre el Gobierno y las centrales
sindicales mayoritarias, lo cual nada tiene que ver con la reforma
laboral. En segundo lugar, porque este acuerdo margina a otras centrales
sindicales minoritarias, algunas de ámbito autonómico. Por tanto, nuestra
propuesta iría en el sentido de tratar este tema a partir de una ley
específica y con la participación de los sindicatos minoritarios.

Hay otros elementos de la propuesta que tampoco nos gustan, como es la
desaparición de las comisiones nacionales y provinciales de las
elecciones sindicales, que nos parece un error. Tampoco nos parece
razonable sustituir la intervención de la autoridad laboral por una
oficina de registro, y nos parece una ruptura de las reglas de juego en
perjuicio de los minoritarios el hecho de que las centrales sindicales
mayoritarias publiquen su calendario electoral y que los demás tengan que
adaptarse a él.

En definitiva, mantendremos la enmienda número 295.

Asimismo mantendremos la enmienda número 296, dirigida a dar igualdad de
oportunidades a todos los sindicatos que tengan constituida una sección
sindical en el ámbito de la empresa ante la promoción de elecciones.

Las enmiendas números 297 y 298 quedan vivas en aras a sostener una
transacción que ya está acordada. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
La enmienda número 299 la mantendremos en sus justos términos.

La enmienda número 300 servirá de base para una transaccional.

Mantenemos la enmienda número 301 en sus justos términos, así como las
enmiendas números 302 y 305.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿las enmiendas que sostienen
transaccionales son las números 297, 298 y 300? (Asentimiento.)
Gracias.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Senador Lobo Asenjo.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

A este artículo 7, Derecho de representación colectiva, mi Grupo presenta
las enmiendas que van desde la 99 a la 111, y al artículo 10, de la
disposición adicional octava, la número 118. Y si se me permite, solicito
defender en este turno las enmiendas números 123, 125, 126, 127, 130,
131, 132 y 133, a las disposiciones adicionales y transitorias, que
tienen relación con estos artículos.

La enmienda número 99 es de supresión al artículo 7 del Título II y está
basada en que aun aceptando y siendo conscientes de que las elecciones
sindicales no han sido en nuestro país precisamente ejemplares, y que se
han celebrado sin censo electoral, sin un excesivo control y se han
tardado meses en conocer los resultados, pensamos que eso no justifica el
acuerdo a tres bandas --Gobierno, Comisiones Obreras y UGT-- que se
plasma en este título. Acuerdo y título que se adoptan sin contar con las
centrales llamadas minoritarias, y lo que es para nosotros mucho más
grave, conculca el derecho de libertad sindical, petrifica el sistema
electoral y da la sensación de que los sindicatos mayoritarios lo van a
ser ya de por vida, se van a perpetuar, con lo que, desde nuestro punto
de vista, no se les hace ningún favor a las centrales sindicales, que
corren el peligro de ver cómo se producen movimientos de bases, como ya
ha ocurrido en otros países europeos, movimientos que no contribuyen para
nada a una mejor negociación colectiva, ni a mejores acuerdos entre las
partes, y todo ello --insisto-- va, desde nuestro punto de vista, contra
la libertad sindical.

Mi Grupo piensa que no se puede eliminar de un plumazo la existencia de
un censo, la proclamación de resultados y el control de la Administración
de esas elecciones. No es permisible, señorías, que queden dudas o
sombras de que esas elecciones se celebren con total y absoluta limpieza,
como el resto de las elecciones que se celebran en España.

Por todo ello, pedimos una vez más que se retire el artículo 7 del Título
II de este proyecto de ley y que se vuelva a traer a esta Cámara con un
texto único para ser debatido como un proyecto de ley diferente,
diferenciado y diferenciador del resto del que estamos tratando.

Pero ante la posibilidad de que esta enmienda no prospere, presentamos
otras al articulado que, a nuestro juicio, son necesarias para garantizar
la libertad sindical a la que me he referido antes. Así, la enmienda
número 100 al artículo 67, párrafos uno, dos y tres del Estatuto de los
Trabajadores, se refiere a que, desde nuestro punto de vista, no debe
recogerse lo que dice el texto de que los sindicatos mayoritarios tengan
derecho a acceder a los datos de las administraciones públicas, ya que
pensamos que los datos, tanto del Ministerio de Hacienda como de Trabajo,
son de uso exclusivo de la Administración, por lo que pedimos la
supresión de ese párrafo.

Por otra parte, entendemos que el párrafo tercero amplía las capacidades
de representación de los sindicatos más representativos, por lo que ya se
está entrando en la Ley de Libertad Sindical. Los sindicatos más
representativos, incluso en sectores donde no tengan ninguna
representación o sean minoritarios, pueden convocar



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elecciones sindicales desde el momento en que lo deseen, y esto supone
ampliar e ir más allá de las competencias que la Ley Orgánica de Libertad
Sindical concede a los sindicatos más representativos.

Nuestra enmienda número 101 pretende dar igual tratamiento a la promoción
de elecciones, no sólo por disminución de la plantilla de la empresa,
sino también por incremento de la misma, y la enmienda número 102 es de
modificación, en la que se establece que el incumplimiento de cualquiera
de los requisitos establecidos para la promoción de elecciones
determinará la falta de validez del correspondiente proceso electoral.

Con ella, lo que se pretende es generalizar para los que tienen interés
legítimo, el cumplimiento de los requisitos sobre convocatoria de
elecciones.

La enmienda número 103 tiene por objeto corregir la desventaja legal que
las coaliciones electorales tienen en el actual ordenamiento jurídico en
relación con las elecciones sindicales, al proponer una modificación del
artículo 69, punto 3, del Estatuto de los Trabajadores, por la que la
presentación de candidatos podrá hacerse mediante una coalición electoral
que deberá tener una denominación concreta para que les sean adjudicados
de forma inequívoca sus delegados, imputándose los resultados de esta
coalición a cada uno de los sindicatos coaligados. Sin perjuicio de ello,
la coalición mantendrá la representación obtenida en tanto aquélla se
mantenga por voluntad de los integrantes. Me da la impresión de que sobre
esta enmienda también hay una transaccional.

La enmienda número 104 es de modificación al artículo 71, punto 1, del
Estatuto de los Trabajadores e introduce en las empresas de más de 50
trabajadores en el censo de electores y elegibles un tercer colegio, que
es el integrado por cuadros y técnicos, en un intento, al igual que
sucede en el resto de los países de Europa, de hacer viable el ejercicio
de los derechos de representación de los cuadros, mandos intermedios y
técnicos mediante una normativa legal que haga efectiva tal posibilidad.

La enmienda número 105 se refiere a la necesidad de que el censo se
elabore de acuerdo con el reglamento de elecciones.

La enmienda número 106 introduce una modificación en el último párrafo
del artículo 72, punto 7, del Estatuto. Resulta imprescindible que el
plazo que se conceda a las empresas de hasta 30 trabajadores debe ser el
suficiente para garantizar la total transparencia y legitimidad del
proceso electoral, máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de las
empresas españolas están incluidas entre las que cuentan con escaso
número de trabajadores. Dada nuestra oposición a la concentración en un
solo día de los plazos, proponemos un plazo de 72 horas para el
desarrollo de todo el proceso electoral en estas pequeñas empresas.

La enmienda numero 107 al artículo 75, punto 6, nos parece tan lógica que
debería ser aceptada sin mayores dificultades, ya que no parece de recibo
que una vez celebrada la elección, en el traslado del acta que refleja el
resultado del proceso y de las elecciones a la Oficina del Registro, la
mesa transfiera su responsabilidad a un interventor o a un candidato
electo. Nuestra enmienda propone suprimir esta posibilidad de delegación
de competencias de la mesa, a fin de que aparezca garantizada la
transparencia del proceso electoral. En este punto, creo que también
hemos llegado a un acuerdo, dado lo lógica que era nuestra petición.

Consideramos que nuestra enmienda número 108, relativa al artículo 75,
punto 7 del Estatuto, es fundamental. En ella proponemos el mantenimiento
de la Administración, como institución competente, a través de la Oficina
Pública de Registro, en todo el control del proceso electoral, la
proclamación de candidatos, resultados y determinando los sindicatos más
representativos, de tal forma que se garantice que esta determinación se
corresponde con la realidad del resultado. En definitiva, pensamos que
ésta es la base para un modelo adecuado de reforma de este título II del
Estatuto de los Trabajadores.

La enmienda número 109 es técnica y la 110 se refiere al arbitraje. En
ella proponemos que el procedimiento de designación de los árbitros debe
recaer en las partes interesadas, y no en la Administración, limitándose
ésta a facilitar la viabilidad del sistema arbitral.

La enmienda número 111 remite a un futuro reglamento de elecciones los
restantes aspectos contenidos en los distintos apartados de este
artículo.

Las enmiendas números 118, 123, 126, 127, 130 y 132 son de supresión a
distintas disposiciones transitorias, final e incluso la derogatoria, en
función de las enmiendas de supresión de este artículo 7 de este título
II.

Por último, nuestra enmienda número 131 lo es de modificación a la
Disposición Final Primera, en la que pretendemos que se mantenga el
vigente texto de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con la única
modificación de ampliar el período de cómputo a seis meses.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

Turno en contra.

Tiene la palabra el Senador Cuenca.




El señor CUENCA DOBLADO: Muchas gracias, señor Presidente.

Me gustaría dar respuesta en esta intervención a todas las enmiendas
planteadas sobre el tema de elecciones sindicales, a los artículos
séptimo a décimo, undécimo, decimoprimero, decimocuarto, todas las
enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular, hasta la 136, a
las Disposiciones Transitorias, a las Finales, etcétera. Creo que el
conjunto del debate propicia que en mi intervención pueda exponer, al
menos de



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forma global, cuál es el planteamiento que nosotros defendemos.

Hemos escuchado con mucha atención las intervenciones de los Grupos
Parlamentarios, y tengo que hacer alguna puntualización. Yo creo --don
Joaquín Galán lo decía-- que la reforma laboral no es una panacea. La
reforma laboral no es algo que venga a consolidar todos y cada uno de los
derechos de los trabajadores desde que nacen hasta que mueren, es decir,
entrará en un puesto de trabajo con 18 años y saldrá jubilado. La reforma
laboral, lo que hace es actualizar nuestra legislación laboral a los
tiempos que vivimos, a las nuevas tecnologías y a la globalización
mundial de la economía.

Y ante ese hecho concreto, el Gobierno hace una reforma laboral en
profundidad que toca determinados temas. Uno lo hemos visto antes: la
promoción de la ocupación, o medidas de ocupación. Ahora estamos viendo
la reforma del Estatuto de los Trabajadores en diferentes aspectos: en su
Título I, en su Título II y en su Título III. Y me parece que la semana
que viene veremos en Comisión otra gran Ley, como es la de Empresas de
Trabajo temporal.

Por tanto, es una reforma que atiende a todos los problemas que conlleva
el mundo laboral, la economía y la realidad. Y tenemos que atenderla
seriamente. Yo, de verdad, no entiendo las enmiendas de supresión al
artículo séptimo. Puedo entender ideológicamente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, pero me cuesta muchísimo más trabajo entender que
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
mantenga su enmienda de supresión. ¿Cómo vamos a hacer una reforma
laboral en profundidad en la que tocamos la negociación colectiva, en la
que reformamos y flexibilizamos las relaciones laborales, en la que
fomentamos la ocupación, en la que ponemos nuevas fórmulas de
contratación y de empresas de trabajo temporal, sin tocar algo tan
fundamental como es la representación de los trabajadores en la empresa?
¿Cómo no vamos a hacerlo? ¿Cómo pueden ustedes defender eso
políticamente? Además, señor Lobo, ustedes han pedido la comparecencia de
los distintos sindicatos en esta Cámara y a cada uno de ellos les han
hecho la misma pregunta: ¿Cómo es posible que esta reforma no haya sido
consensuada? ¿No creen que hubiera sido mejor que hubiera sido
consensuada? Todos decían: Sí, sí. Pues lo único que hay consensuado,
ustedes dicen que se suprima. La demagogia no va a ninguna parte. Nuestro
Grupo es consciente de que esta es una reforma laboral dura; que es una
reforma laboral que atiende a todos los problemas que tienen ahora mismo
nuestra economía y nuestras empresas. Y somos conscientes de que hay que
hacerlo desde un punto de vista de equilibrio; y el equilibrio tiene que
darse entre lo que es el mundo de la empresa, la representación sindical
y la capacidad de negociación colectiva. Porque es la única forma de
encontrar ese equilibrio, que lo encontramos en la reforma a través
--como les explicaba a los compañeros-- de una profundización en cuáles
son materias de negociación colectiva.

Necesitamos sindicatos fuertes. Hablaba el señor Lobo de petrificación
del mundo sindical. ¿Por qué? ¿Se lo dice usted eso a la DGB alemana, con
7 millones de afiliados petrificados, siendo el sindicato mayoritario
durante 40 ó 50 años en Alemania, o a las Trade Unions, o a cualquier
otro sindicato? La petrificación es que los trabajadores tienen unos
sindicatos que no responden a los mismos esquemas que los partidos
políticos.

¿Qué es lo que plantean sus señorías a través de sus enmiendas? Ustedes
quieren convertir las elecciones sindicales en unas elecciones políticas
cada cuatro años, manteniendo el cómputo de tiempo y manteniendo la
proclamación de candidatos, porque así habrá que medir durante un tiempo
concreto no ya filosofías sindicales, sino confrontaciones verdaderamente
políticas, que, además, se han dado en la historia reciente de la
democracia española. Porque Comisiones Obreras y UGT procedían
ideológicamente de partidos políticos y tenían, por tanto, una conexión
ideológica con esos partidos políticos. ¿Y qué pasaba? Que había una
confrontación política en cada una de las elecciones que se han venido
produciendo en este país.

Ha cambiado el modelo, y hoy los sindicatos son mucho más independientes
de los partidos políticos, afortunadamente. No me dirán ustedes que hay
alguna dependencia y que es realidad ahora aquella vieja frase de correa
de transmisión de algún partido político. Hoy los sindicatos responden a
las necesidades del mundo del trabajo, o quieren hacerlo, pero son
sindicatos débiles. En España hay un millón de afiliados a los
sindicatos. Tenemos unos sindicatos muy representativos, es decir, el 80
por ciento de la representatividad de los trabajadores en las empresas
está a través de estos dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT,
por tanto, son muy representativos, sin embargo, son débiles, tienen muy
poca afiliación. ¿Por qué? Porque hemos fomentado un modelo sindical y un
modelo de relaciones laborales donde el sindicato representaba a todos
los trabajadores, independientemente de su afiliación. Por tanto, señor
Lobo, señores de Convergència i Unió, hay que reformar el Título II para
dar respuesta a los problemas que tiene planteado hoy el mundo laboral.

Señor Lobo, los sindicatos minoritarios no van a encontrar la solución a
la mayor a través de esta ley, ni de ninguna otra. ¿Cuál es la mayor? Las
elecciones se ganan en las empresas, no a través de las leyes. Ustedes
quieren transformar el problema para que la ley dé a los sindicatos
minoritarios la representatividad que no les dan los trabajadores en el
seno de la empresa, y eso no lo puede usted conseguir mediante la ley.




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Ustedes tratan en sus enmiendas determinados temas, y respecto a la
promoción de elecciones hay enmiendas curiosísimas, como que pueda
promover elecciones sindicales una sección sindical cuando no tiene
jurídicamente ninguna competencia; la competencia la tiene, en todo caso,
el sindicato. ¿Cómo una sección sindical puede promover elecciones cuando
con un solo afiliado se puede realizar una sección sindical? ¿Quién puede
promover elecciones? Lo dice la Ley Orgánica de Libertad Sindical; está
perfectamente establecido: aquellos que obtengan a nivel nacional un 10
por ciento de representación o a nivel de Comunidad Autónoma --y alguno
de ustedes ha dicho que nos queremos cargar a los sindicatos, digamos,
autónomos-- aquellos que tengan el 15 por ciento de representación en la
Comunidad.

Por tanto, no es ese el problema. La LOLS deja claro cuáles son las
funciones de estos sindicatos mayoritarios, y una de ellas, entre otras,
es, por ejemplo, participar en los sistemas arbitrales de conflictos, y
esto es lo que hacemos en la ley. Solucionamos el problema de
concurrencia de promoción de elecciones a través de algunas enmiendas
transaccionales, y no estamos de acuerdo con la proclamación global de
resultados y el tiempo de cómputo, señorías, por una razón fundamental,
que es eminentemente de atención a una realidad. Se han celebrado ya
cuatro elecciones sindicales desde la promulgación del Estatuto de los
Trabajadores. En esas elecciones se han dado unos resultados y también se
han dado unos problemas. Los problemas han sido graves, problemas de
descalificación, problemas de judicialización del mundo laboral,
problemas en las empresas, problemas de todo tipo que no vienen a
solucionar nada. Sigue habiendo un sistema que da respuesta, un sistema
arbitral, sigue habiendo un período en el cual se tienen que celebrar
elecciones; tiene que haber también un sistema de registro público que
certifique y acredite a los sindicatos en cada momento y para la cuestión
que se necesite sobre si reúne las condiciones de sindicato mayoritario o
minoritario y, por tanto, viene a dar respuesta a los problemas
planteados.

Han tocado ustedes algunas cuestiones que me parecen importantes.

Convergència i Unió, por ejemplo, pretende que sigan las comisiones
nacionales y provinciales de elecciones sindicales. Creo que no tiene
ningún sentido después de la reforma en profundidad que hacemos del
sistema, con la creación de la Oficina Pública.

Hay otra cuestión que me parece fundamental: venimos a solucionar todos
estos problemas mediante un sistema laudal; a través de un laudo
solucionamos la mayor parte de los conflictos, un laudo donde están
representados todos los interesados y que, como es natural, se puede
impugnar ante la jurisdicción social. Este laudo viene a dar respuesta a
los problemas planteados y no va en absoluto contra la libertad sindical
ni contra los sindicatos minoritarios. Los sindicatos minoritarios
tendrán que seguir trabajando como lo hicieron antes los otros para ser
mayoritarios y el día que sean mayoritarios la Oficina Pública les
certificará que son más representativos y tendrán todos los derechos que
hoy tienen otras centrales sindicales.

Señorías, yo les pido su apoyo y, sobre todo, les pido que retiren la
enmienda de supresión, porque me parece que no se sostiene en este amplio
debate que estamos teniendo sobre la reforma del mercado de trabajo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Gracias.

¿Grupo Nacionalista Vasco? (Pausa.) Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.) Muchas
gracias.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Grau.




El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero intervenir muy brevemente para responder a algunas cuestiones.

Señor Senador, en realidad nosotros no somos los que vinculamos nuestra
política a las centrales sindicales. En todo caso, esta es una política
que han practicado o que practican ustedes con mayor o menor vinculación
en estos momentos; pero es evidente que esta no ha sido nuestra política.

Está claro que existe vinculación en muchos casos. No se puede obviar que
hay presidentes de sindicatos que están en las ejecutivas de algunos
partidos políticos, por tanto, esta vinculación existe. Usted dice,
reformemos. Estamos de acuerdo, reformemos, pero no a partir de este
proyecto de ley. Reformémoslo aparte, nosotros hicimos esta propuesta en
el Congreso y hoy la hemos vuelto a repetir.

Las elecciones se ganan en las empresas, es cierto, pero entendemos que
el marco de oportunidades tiene que hacer posible que los sindicatos
minoritarios tengan capacidad de acceder en las mismas condiciones a
estas elecciones.

Nada más, señor Presidente, gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Cuenca, de demagogia nada y, desde luego, es una falacia la
teoría que usted emplea de que es un acuerdo entre Gobierno y sindicatos,
ya que nosotros habíamos criticado precisamente la falta de acuerdos



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y consensos. Y no me parece en este caso concreto un argumento suficiente
ya que por este acuerdo y como consecuencia de él, se están introduciendo
reformas que afectan a cuestiones orgánicas, concretamente a la Ley
Orgánica de Libertad Sindical y al concepto de sindicato más
representativo, sin haber contado ustedes para nada con los que en este
momento no lo son y, además, cerrándoles la puerta para que puedan serlo
en el futuro.

Desde luego, es algo que a nosotros no nos parece de recibo. Y creo --que
conste-- que con una normativa adecuada y no con ésta, las centrales
sindicales UGT y Comisione Obreras volverían a ser las más
representativas porque, hoy por hoy --está muy claro--, representan la
voluntad mayoritaria de los trabajadores de este país. Pero este proyecto
de ley, señorías, pone --y no me lo podrán negar-- una sombra de duda que
se extiende sobre legitimidad de esta representación. El acuerdo no es
bueno y ustedes lo saben, lo que ocurre es que no se atreven a decirlo.

Desde nuestro punto de vista, es total y absolutamente inaceptable.

Podríamos compartir con ustedes que las elecciones sindicales han
significado durante estos últimos años un escándalo y que se hacía
imprescindible la reforma de la normativa de estas elecciones, pero,
desde luego, lo que no es de recibo es esta reforma, porque en España las
organizaciones sindicales son y deben ser algo más que la representación
de los intereses de los trabajadores en el seno de la empresa. La
condición de sindicato más representativo no solamente sirve, con no ser
esto poco, para negociar convenios de ámbito estatal y firmar acuerdos
con el Gobierno, sino, lo que es más importante, sirve para disponer de
importantísimas cantidades de los Presupuestos Generales del Estado para
estar en los consejos de administración del INEM, del INSS, del Inserso
y, conjuntamente con la CEOE, disponer de 36.000 millones de pesetas para
formación continuada. Es decir, que, desde nuestro punto de vista, el
proceso electoral que les puede otorgar esa condición de más
representativos debería de ser un proceso electoral que se caracterizara
por su transparencia y objetividad y que no pudiera ser discutible ni
criticable por parte de ningún ciudadano y menos aún que permitiese
pensar que se está intentando favorecer a determinadas organizaciones
sindicales en detrimento de otras.

Por ello y porque creemos en un sindicalismo plural y fuerte, presentamos
nuestras enmiendas, que hemos defendido anteriormente y que lo que
pretenden es que el proceso electoral sea transparente, viable y visible
para la sociedad y que ésta esté convencida de que sus sindicatos
representan al mayor número de delegados elegidos en unas elecciones,
cosa que no ocurre con la opacidad del proyecto de reforma de ese Título
II. No es presentable, señorías, porque el Ministerio de Trabajo puede
tener bajo llave y sin que se publiquen los resultados obtenidos. No es
presentable que ninguna otra organización sindical que exista o se pueda
crear pueda completar con las que hoy existen la mayor representatividad
de los intereses de los trabajadores. En definitiva, señorías, mantenemos
todo lo dicho en nuestras enmiendas anteriormente defendidas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Senador Cuenca, tiene su señoría la palabra.




El señor CUENCA DOBLADO: Intervendré muy brevemente, señorías.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió le diré que estoy convencido de que ustedes comparten el fondo
democrático de la ley. Pueden tener alguna preocupación con respecto de
cuál puede ser el papel de algún sindicato que les pide que presenten
alguna enmienda, pero hay sindicatos que presentan enmiendas como la
relativa a que se constituya un colegio de cuadros en empresas de 50
trabajadores y sabe usted que eso es imposible. En Francia se constituyen
en las empresas de más de 500 trabajadores y un mínimo de 25 cuadros. Por
tanto, con la referencia a esta enmienda quiero decirle que no se puede
dar respuesta a lo que pretenden los sindicatos minoritarios, porque
muchas veces lo que piden es prácticamente imposible.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Lobo, le diré que
esta ley no afecta a temas orgánicos. El único tema orgánico que figuraba
en el proyecto de ley, por decisión de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, ha sido sustraído del mismo, y veremos después lo que
significa ser más representativos. Así lo hemos querido los Diputados y
Senadores, ambas Cámaras. Hemos querido que los sindicatos tengan un
papel vertebrador de la sociedad y por eso están en todos esos órganos de
representación, porque queremos que los trabajadores estén representados
dignamente y tengan los medios suficientes para llevar a cabo su función
social, tan importante, por lo menos, como la de quienes estamos aquí.

Ese es el sentido.

Nada más, señores, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas al tercer bloque, artículos octavo,
noveno, decimoprimero y demás preceptos de la norma, del Senador Cuevas
González y de la Senadora Vilallonga Elviro, tiene la palabra la señora
Senadora.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Ya anunciamos los Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
que solamente íbamos a hacer



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uso de un último turno. Creemos contar con la tolerancia de la
Presidencia para intervenir sobre la enmienda número 330, que propone una
nueva Disposición Final, con el fin de no seguir agotando turnos y así
dar por defendidas todas las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Señoría, le recuerdo que tiene treinta minutos para
intervenir.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Sí, señor Presidente. Muchísimas gracias. Ha
sido estupendo que me lo recuerde. De todas maneras, no sólo quiero
intervenir sobre esta enmienda que propone una Disposición Final; quiero
también poner de manifiesto una preocupación que nos embarga a los
Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque vemos
corrillos de portavoces en el hemiciclo y tenemos la sospecha de que
parte de algunos Grupos parlamentarios de centro y de derecha se está
pretendiendo en el día de hoy en esta sesión no sólo la aprobación de la
modificación del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral, sino que se pretende, con la eliminación
del artículo séptimo de dicho proyecto, poner en cuestión el proyecto de
ley de elecciones sindicales.

A mí no me cabe la menor duda que la correlación de fuerzas en esta
Cámara, señorías, es muy diferente de la correlación de fuerzas en el
Congreso de los Diputados, donde, como se sabe, dicho texto fue aprobado
con los votos del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. Tengo
la impresión de que se está aquí haciendo un pulso para forzar a
reconsiderar una votación que se efectuó en el Congreso de los Diputados
y que no fue de la satisfacción de alguna de sus señorías, de algunos
Grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, en términos generales, en
las distintas peripecias de los trámites parlamentarios. Estoy hablando
del Grupo Catalán y de los senadores Vascos, en el caso del Congreso del
Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Entraríamos en una situación
interesante políticamente, pero de algunas consecuencias. Lo digo por si
le puede servir de reflexión a algunos de los portavoces de ambas
minorías en esta Cámara.

Yo no quisiera salir de esta Cámara mañana en la opinión de que no
contenta la Cámara con haber aprobado un texto ampliamente contestado por
millones de trabajadores y por sus sindicatos representativos, se pone en
cuestión el proyecto de ley de elecciones sindicales. Quiero decir
también que me ha agradado mucho lo que han dicho algunos portavoces. En
algunos casos es posible que este respeto por las minorías sea un sincero
respeto; en otros, francamente, es un sarcasmo. No puedo creerme este
respeto a las minorías, en este caso, sindicales, que algunos portavoces
de amplios y numerosos Grupos parlamentarios nos han puesto de manifiesto
en este debate. Yo creo, más bien, que lo que se pretende es establecer
una vía de agua para que la representación sindical no sea en algunos
sectores tan homogénea y permita, por tanto, una facilidad a ciertas
patronales que hasta ahora no han tenido.

No quisiera tener que opinar que en esta Cámara no sólo se aprueban
proyectos de ley que cuentan con la confrontación de los sindicatos, sino
que, además, van a contar con la adulteración de un texto ya pactado por
el Gobierno con las centrales sindicales más representativas. Señorías,
eso es así.

No se saquen argumentos aquí sobre la formación continua de la patronal y
de los sindicatos en un terreno que no es justo. Además, si se cuestiona
la representatividad de los grandes sindicatos, no creo que los partidos
políticos estén en estos momentos en una de sus altas cotas de
popularidad. Me da la impresión de que la afiliación a los sindicatos es
baja, pero podríamos hablar de la afiliación a los partidos políticos, y
podríamos hablar también del dinero de los sindicatos...




El señor PRESIDENTE: Senadora Vilallonga, su señoría no va a tener tiempo
suficiente si quiere centrarse en la defensa de sus enmiendas.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Lo haré una vez que termine de decir lo que iba a decir.

Cuando se habla del dinero de los sindicatos, a lo mejor se puede hablar
también de dinero de los partidos o de algunos partidos. Mejor no
hablemos de la representatividad de los sindicatos en estos momentos y en
las Cámaras; mejor no hablemos de eso.

Vamos a hacer lo que cada cual considere políticamente que debe hacer,
pero advierto aquí que si se pretende, por la vía de la modificación del
artículo séptimo, meter una carga de profundidad en el proyecto de ley de
elecciones sindicales, que se sepa que tendrá consecuencias políticas no
sólo para el Gobierno, sino también para las fuerzas políticas que están
imponiendo ese tipo de planteamientos.

Señorías, cada uno asumirá sus responsabilidades. Sin duda alguna
Izquierda Unida asume las suyas. Y ya que está presente el Senador Galán,
aprovecho para citar una frase de Luciano Lama, ese gran sindicalista
que, hablando de minorías, decía: No todo lo grande encuentra su
justificación en su tamaño, ni todo lo pequeño está condenado a serlo
eternamente. Puesto que usted trajo aquí a una persona, que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya considera un gran dirigente sindical, y
usted trajo un texto, bien es verdad, adecuado a la precisión que en ese
momento hacía Luciano Lama respecto de la escala móvil, también yo le
traigo a usted ese otro texto con el fin de reconvenirle desde esa
minoría en la que está Izquierda Unida.

Voy a entrar ya en el rechazo de la enmienda número



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330, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que nos parece
sinceramente muy preocupante.




El señor PRESIDENTE: Senadora, usted tiene turno para defender sus
enmiendas.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Sí, señor Presidente, pero el compromiso al
que había llegado era que ésta era la última intervención que hacíamos
los Senadores porque dábamos por defendidas todas nuestras enmiendas. Si
el señor Presidente entiende que tengo que esperar a que se defienda la
nueva Disposición Final para consumir un turno en contra, no tengo ningún
inconveniente y, por tanto, me allano a lo que diga la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Le quedan 14 minutos y 56 segundos, y a estas
alturas de la noche, las complicaciones no tienen respuesta.

Yo le rogaría que defendiera sus enmiendas y en el turno de portavoces
podrá manifestar su posición en relación con las enmiendas o con el texto
del dictamen, pero convendría que todos hiciéramos un esfuerzo de
disciplina.

Muchas gracias.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Señor Presidente, asumo y acepto esa llamada
cordial a la disciplina y me autocritico. (Risas en los escaños de la
derecha.) Sí, sí, señorías, es una palabra tan interesante como cualquier
otra. Ustedes no nos van a poder con esas moderneces que algunos
consideran que son enormemente progresistas y que luego resulta que son
las viejas cosas del pasado, como lo que están ustedes haciendo esta
noche aquí; es tan del pasado como eso, o como ustedes.

Señor Presidente, no voy a defender la posición de mi Grupo en esta
materia, sino que esperaré a ese turno en contra porque confío en que,
hasta entonces, el Grupo Parlamentario Socialista haya recapacitado
suficientemente como para retirar la enmienda número 330. Por esa razón,
no voy a consumir ahora ese turno.

El sentido de nuestras enmiendas es la retirada del proyecto para buscar
un acuerdo con los sindicatos y con la patronal que permita traer un
proyecto consistente, coherente y que garantice que este Estatuto no va a
ser flor de un día.

Este es el sentido que tienen nuestras enmiendas. Insisto en decirle a
los distintos Grupos Parlamentarios del Senado que si abrimos esta
situación en esta Cámara, mañana esto tendrá consecuencias políticas
importantes y también sociales, se lo puedo garantizar a sus señorías.

Por eso, me preocupa bastante lo que se está intentando hacer aquí con el
proyecto de ley de elecciones sindicales.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Petrizan, para la defensa de sus enmiendas a
este conjunto de artículos y disposiciones.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a retirar la enmienda número 34. Defenderé las enmiendas números 35 y
36.

En estas enmiendas hemos tratado de reflejar la posibilidad de que una
empresa pueda descolgarse de un convenio, es decir, quedarse al margen,
siempre que en esa empresa concreta exista un acuerdo entre la parte
empresarial y los representantes de los trabajadores. Se trataría, pues,
de salvar posibles acuerdos en empresas, lógicamente, en dificultades.

Con el texto que proponemos queremos a su vez que no se favorezca la
inaplicación sistemática de los convenios.

La enmienda número 50 ha sido transaccionada. Doy por defendidas el resto
de las enmiendas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Hago uso de la palabra para decir que damos por defendida en sus propios
términos nuestra enmienda número 24. La número 25 ha sido transaccionada;
agradecemos el esfuerzo que se ha hecho por las partes firmantes y la
retiramos.

Defendemos la enmienda número 26 en sus propios términos. Retiramos,
asimismo, la número 27 porque el Grupo Parlamentario Socialista ha
asumido el compromiso de consensuar mecanismos que sancionen la negativa
de cualquier interlocutor social a la negociación de nuevos convenios
colectivos en un sistema como el del Estado español, de derecho-deber a
negociar.

Asimismo, damos por defendidas las enmiendas números 30 y 31 en sus
propios términos.

La enmienda número 28, que es de modificación a la disposición
transitoria segunda, apartado 2 --concretamente del tercer párrafo de
este apartado, pues se mantienen los demás-- dice que «Las elecciones se
celebrarán en los distintos centros de trabajo conforme a las previsiones
del calendario y a sus correspondientes preavisos, salvo en aquellos
centros en los que los trabajadores, mediante acuerdo mayoritario, o el
sindicato o sindicatos que ostenten la mayoría de los representantes,
opten por una fecha distinta del inicio del proceso electoral, siempre
que el correspondiente escrito de promoción se hubiese remitido a la
Oficina Pública veinte días antes de la fecha fijada para el inicio de
dicho proceso».




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En definitiva, queremos dar preferencia a la decisión adoptada
mayoritariamente en el ámbito de la empresa y respetar a la mayoría
sindical en cada centro de trabajo, como principio democrático que es,
sin imposiciones extrañas.

La enmienda número 32 ha sido también transaccionada. La retiramos, por
tanto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Desea intervenir el Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Roig.




El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy rápidamente.

Entendemos que debemos defender ahora las enmiendas números 304, 306, 307
y 308.




El señor PRESIDENTE: Así es, Senador.




El señor ROIG I GRAU: Gracias.

En relación con la enmienda número 304, de adición de un nuevo artículo
17, vamos a mantenerla. La propuesta de Convergència i Unió de introducir
el arbitraje como vía alternativa de solución de los conflictos
originados en materia de traslados y modificación de las condiciones de
trabajo, como la conveniencia de su utilización, ya posible legalmente,
en materia de despidos individuales, hace necesaria esta adición al texto
procesal a fin de que la vía arbitral tenga el mismo tratamiento legal
que la conciliación previa ordinaria.

En lo que hace referencia a nuestra enmienda número 306, anunciamos la
retirada de la misma. Lo hacemos en función de que entendemos que con la
aceptación de una transaccional que se apoya en la enmienda número 25,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, se introduce la posibilidad
de avanzar en el concepto de la ultractividad, pero también la retiramos
especialmente por el compromiso del Grupo Socialista de posibilitar
alguna iniciativa parlamentaria que permita encontrar mecanismos para
sancionar la negativa dolosa de cualquier interlocutor social en las
negociaciones de nuevos convenios colectivos.

En relación a la número 307, fue ya incluida en el dictamen de la
Comisión.

Queremos también notificar la retirada de nuestra enmienda número 308,
haciendo un par de observaciones a algo que ha sido comentado en este
debate. En primer lugar, queremos mostrar nuestra satisfacción ya que
esta enmienda ha sido incorporada a partir de una enmienda del Grupo
Socialista a la Ley de Medidas Urgentes. También queremos resaltar la
importancia de esta enmienda, así como la parte importante de paternidad
que en relación a esta propuesta tiene Convergència i Unió. Queremos
mostrar nuestra satisfacción --repito-- por la introducción de esta
enmienda en la Ley de Medidas Urgentes.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Al Grupo Parlamentario Popular le restan por
defender las enmiendas números 112 a 117 y 119 a 122, por cuanto las
números 68, 123 y 133, si no me fallan mis datos, fueron ya defendidas.

Tiene la palabra la Senadora Agüero.




La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.

No han sido defendidas las enmiendas que su señoría ha enumerado, señor
Presidente, pero voy a defenderlas con toda rapidez desde mi propio
escaño, en aras a la brevedad.

Las enmiendas que presenta mi Grupo Parlamentario se refieren al artículo
octavo del proyecto de ley, artículo que, a mi entender, es el más
importante de la reforma. Se refiere a la potenciación de la negociación
de los convenios colectivos, a la fuerza que se quiera dar a los acuerdos
entre las partes para las necesarias modificaciones que tienen que ver
con la movilidad, con los salarios y con la jornada de trabajo.

No estamos de acuerdo con este artículo porque sólo de la lectura del
texto se desprende que ustedes no confían mucho en la negociación
colectiva, y es que si creyeran en la capacidad de negociación a través
del convenio colectivo, no hubieran planteado esta reforma y admitirían
nuevas enmiendas para mejorar este proyecto de ley.

La primera enmienda que voy a defender es la número 112, que modifica el
artículo 82.3, párrafo tercero, del Estatuto de los Trabajadores.

Pretendemos con ella ampliar la «cláusula de descuelgue» a la
distribución de la jornada, es decir, que no sólo se produzca en el caso
de las empresas que no puedan mantener los salarios sino también en lo
que se refiere a la jornada, posibilitando así una mejor adaptación de la
capacidad organizativa de la empresa y una distribución de jornada
diferente de aquella que marca el convenio del sector, evitando así
posibles ajustes de plantilla en los casos que la situación económica de
la empresa lo aconseje con el acuerdo de los trabajadores y empresarios.

En cuanto a las enmiendas números 113, 114 y 115, las doy por defendidas
en sus justos términos.

Permítanme sus señorías que defienda la última y quinta enmienda a este
artículo, la número 116, que se conoce, en todo caso, por la
ultractividad de los convenios colectivos.

Al principio de mi intervención he dicho que el Gobierno no confía mucho
en la negociación colectiva y, desde luego, la redacción del artículo 86,
en su apartado 3, me lo acaba confirmando. Ustedes dicen que la vigencia
del contenido normativo del convenio, una vez



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concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se
hubiera establecido en el propio convenio y que, en defecto de pacto, se
mantendrá en vigor su contenido normativo. Es decir, que se mantiene lo
que señala el convenio colectivo cuya vigencia se termina y, si no hay
acuerdo entre las partes, éste se mantiene para siempre.

Señorías, nosotros creemos que los sindicatos, que están en contra de
esta reforma, no se van a sentar a negociar ningún convenio. Por eso, hay
que sentar a negociar a las partes, y decimos que, a falta de pacto, se
mantendrán en vigor durante el plazo de ocho meses la totalidad del
contenido normativo del convenio. Asimismo, los convenios determinarán el
procedimiento y las normas aplicables para los supuestos de falta de
acuerdo una vez transcurrido dicho plazo. En todo caso, se mantendrán en
vigor las cláusulas normativas relativas a tablas salariales, duración
anual de la jornada de trabajo y condiciones de seguridad e higiene.

Se trata, ni más ni menos, de romper ese círculo vicioso en que se pueden
situar las partes en defecto de pacto. Pero si se pretende regular por
negociación colectiva la jornada de trabajo, la movilidad funcional o los
salarios, y luego se impide que se pueda negociar y no se aprueba ninguna
fórmula para que se obligue a hacerlo a las partes, no entiendo esta
reforma laboral.

También soy de las que creo que ni los empresarios consiguen todo lo que
quieren en una negociación ni tampoco los representantes de los
trabajadores. Los convenios colectivos surgen de la negociación, todos
tienen que dar y ceder algo, pero si ustedes mantienen las cláusulas
normativas de los convenios, impiden de por sí la apertura de nuevas
negociaciones en éstos. Esta es la base fundamental, si realmente se cree
en la negociación colectiva.

En cuanto a las enmienda 117 al artículo noveno relativo a la disposición
transitoria segunda, párrafo cuarto, final, sólo decir que estamos de
acuerdo en la necesidad urgente de la desaparición de las ordenanzas
laborales en nuestro país, porque es un condicionante que impide la
adecuación de las estructuras de las empresas al reto de los países de la
Comunidad. En cuanto a lo demás, lo defiendo en sus propios términos.

Por último, doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas
números 119, 120, 121 y 122. En cuanto a las números 128, 129, a la
disposición transitoria nueva 133, a la disposición final sexta, y 68, al
apartado 5 de la Exposición de Motivos, si me lo permite su señoría --y
para mayor brevedad y regocijo de ustedes--, también las doy por
defendidas en sus propios términos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Gallego.




El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy esquemático, porque me parece que a estas horas no se debe
pretender otra cosa.

En cuanto a las consideraciones globales, sin duda, la negociación
colectiva es el eje de la reforma y el artículo octavo es un aspecto
fundamental para conseguir lo que nosotros entendemos que es una buena
reforma, necesaria para el mercado laboral, que adapte las condiciones de
las empresas a una mayor productividad y, evidentemente, a las
condiciones que hay en otros países, en el marco que es propio y que no
se ha tratado, ni mucho menos, de romper.

En cuanto a la enmienda número 330, de Izquierda Unida, quiero decirle
que no es de dicho Grupo, sino nuestra y ha sido transaccionada con el
resto de los grupos de la Cámara. Es una nueva disposición final.

Obviamente a nosotros no nos preocupa la situación que ha manifestado, en
el sentido de que pueda dar lugar a una desregularización, sino todo lo
contrario, puesto que se estaba aplicando la normativa de manera
excepcionalmente rigurosa y se estaba laboralizando, lo que no parece
lógico que se hiciera con respecto a los empresarios del sector de
transporte. No hay ningún pulso; al contrario, hay un gran respeto a las
minorías --no culto-- porque es democrático que exista y así se practica
en el día a día, lo mismo que hay un respeto también a los sindicatos y
no se pretende, ni mucho menos, destruir la homogeneidad --no entiendo lo
que es-- sindical.

En cuanto al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tengo que decirle
que la cláusula de descuelgue --con ello contesto a otros grupos
también-- es necesaria para aquellas empresas que están en dificultades
económicas; es potestativa, parte de la negociación --nunca de la
imposición-- y es muy importante para adaptarla a las circunstancias
específicas en las que se mueven esas empresas.

Con las enmiendas números 25 y 50 de Eusko Alkartasuna hemos llegado a
una transaccional. Con la enmienda número 27 hago alusión a todo lo que
afecta a lo que se llama habitualmente la ultra-actividad. Es algo muy
importante el conseguir que no prosperen las enmiendas, tal y como las ha
planteado el Grupo Popular, porque sería tremendo, sería hacer tabla rasa
y coincidiría con una circunstancia que nos parece que no es aconsejable.

Pero no quiero polemizar porque ya lo hice, en definitiva, en la
Comisión. Por tanto, ya sabemos lo que es la defensa y a su vez la
respuesta del Grupo Popular.

No me voy a extender más, y simplemente quiero decirles que, en relación
con lo que ha manifestado el portavoz de Senadores Nacionalistas Vascos,
es evidente que habrá que establecer de cara al futuro alguna fórmula
para que, en un convenio que es un instrumento de paz social, si se
convierte por cualquiera de las partes



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en una estrategia obstruccionista, estamos dispuestos a considerar este
tema. Por tanto, hay que partir de confiar en los convenios y no se debe
castigar a los inocentes con carácter global. Manifiesto a su vez que
aceptamos --cumplo con la brevedad a la que me comprometí al principio--
las enmiendas números 290 y 291, ambas de Convergència i Unió. También
aceptamos la enmienda transaccional número 25 del PNV y la número 50 del
Grupo Mixto; la enmienda transaccional número 74, del Grupo Popular y la
285 de Convergència i Unió; la enmienda número 121 al artículo 14, del
Grupo Popular, y al artículo 17 la enmienda número 304 de Convergència i
Unió, que es de adición.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Vamos a someter a votación las enmiendas y el dictamen de este proyecto
de ley.

Vamos a dar comienzo a las votaciones, con la cooperación de los señores
ponentes y portavoces para evitar errores.

En primer lugar, votamos las enmiendas suscritas por el Senador Ramón i
Quiles, que son las números 51 a 66. No hay solicitud de votación
separada, por lo que se someten conjuntamente a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, cuatro; en contra, 200; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Rechazadas.

Del Senador Petrizan Iriarte, del conjunto de sus enmiendas números 33 a
50, la 34 fue retirada y la 50 queda excluida de la votación por cuanto
está incorporada a una enmienda transaccional que posteriormente
someteremos a votación. Las demás enmiendas se pueden votar
conjuntamente, salvo indicación en contrario. ¿Es así? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 11; en contra, 204.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Senador Cuevas y la Senadora Vilallonga, la enmienda número 134 queda
excluida de la votación por cuanto sostiene una enmienda transaccional, y
se solicita votación separada de la enmienda número 170. Por tanto,
podemos votar las demás conjuntamente, salvo que se nos indique algo en
contrario. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, siete; en contra, 208.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Sometemos a votación la enmienda número 170. Se inicia la votación.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 90; en contra, 125.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la enmienda
número 6 fue retirada, así como la número 27. Las enmiendas números 22,
25 y 32 sostienen transaccionales, por lo que las excluimos de la
votación. (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)
Senador Bolinaga, voy a darle una información previa a ver si coincide
con la que me solicita su señoría. Se me pide votación separada de la
enmienda número 2. Pero tiene la palabra su señoría.




El señor BOLINAGA BENGOA: Perdone, gracias, señor Presidente.

Quería indicar a la Presidencia que la enmienda número 10 también ha
decaído.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda número 2 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, nueve; en contra, 125; abstenciones, 81.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación las demás enmiendas de este grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a
favor, 29; en contra, 124; abstenciones, 29.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

(El señor Lobo Asenjo pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que se le había entregado una nota en la que pedíamos votación
separada en tres bloques. Para la enmienda número 2, del PNV, habíamos
pedido una votación; habíamos pedido otra para las enmiendas números 3,
14, 17, 23, 24 y 28 y otro bloque para el resto de las enmiendas.




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El señor PRESIDENTE: No tengo inconveniente en repetir la votación,
puesto que ha sido error de la Presidencia.

La enmienda número 2 se da por correctamente votada, ya que se ha votado
aisladamente, y fue rechazada.

Votamos las enmiendas números 3, 14, 17, 23, 24 y 28 en un bloque.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 94; en contra 121; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 10; en contra 207.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Agradezco a todos los Grupos de la Cámara la tolerancia con los errores
del Presidente, y confío que en otra ocasión, para equidad en el
comportamiento de las votaciones, encuentre la misma tolerancia.

(Aplausos.)
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, números 215 a 284, de manera agrupada.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 10; en contra 209; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, números 286 y 287... (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Si es posible, pido votación separada para la enmienda número 295 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.




El señor PRESIDENTE: Señoría, voy a hacer una exposición de en qué
situación se encuentran estas enmiendas, y luego me piden votaciones
separadas si lo desean.

Sobre todo, solicito la atención del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

Las enmiendas números 286 y 287 sostienen transaccionales. Lo mismo
ocurre con las números 290 y 291; igual, con las números 297 y 298, así
como con la número 300. Las enmiendas números 306 y 308 han sido
retiradas.

El senador Barbuzano pide votación separada para la número 295, y
pregunto al Grupo Parlamentario Socialista si solicita votación separada
para las enmiendas números 304 y 305, interpretando las palabras del
Senador Gallego en su momento. (Pausa.)



El señor GALLEGO CUESTA: Señor Presidente, solicitamos votación separada
de la enmienda número 304.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Vamos a someter en principio a votación las enmiendas números 285, 288,
289, 292, 294, 296, 299, 301, 302 y 305. (El señor Roig i Grau pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Roig.




El señor ROIG I GRAU: Señor Presidente, la enmienda número 285 ha sido
retirada en base a una transacción de la enmienda número 330 del Grupo
Parlamentario Socialista, y en la defensa de las enmiendas ya anuncié su
retirada.




El señor PRESIDENTE: Gracias. Por lo tanto, la enmienda número 285 no
entra en votación.

En primer lugar vamos a someter a votación las enmiendas números 292, 294
y 296.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 23; en contra 197.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La enmienda número 308 ha sido retirada y figura en el listado del Grupo
Parlamentario Popular como petición de votación aparte; por tanto, no
puede efectuarse dicha votación.

Restan por votar las enmiendas números 288, 289, 299, 301, 302 y 305.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 104; en contra 108; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
faltan por votar las enmiendas números 295 y 304. Sometemos a votación
primero la enmienda número 295.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 104; en contra 115; abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente sometemos a votación la enmienda 304.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 213; en contra siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 68 a 133 del Grupo Parlamentario Popular.

Las enmiendas números 69, 77 y 107 están afectadas por redacciones
transaccionales. (El señor Roig i Grau pide la palabra.) Tiene la palabra
el Senador Grau.




El señor ROIG I GRAU: Señor Presidente no tiene mayor importancia pero es
Roig i Grau.

Por favor, pedimos votación separada de la enmienda número 82. (El señor
Barbuzano González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, si fuera posible pedimos votación separada, de un lado,
de la enmienda número 99 y, de otro, de la número 116.




El señor PRESIDENTE: ¿Separadamente? (Pausa.) (El señor Bayona Aznar pide
la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Para solicitar votación separada de la enmienda número 121.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. (El señor Ramón i Quiles pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.




El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.

Querría pedir también votación separada de la enmienda número 100, de la
103 y la 104.




El señor PRESIDENTE: ¿Estas tres enmiendas pueden ser agrupadas? (Pausa.)
Se somete a votación la enmienda número 82.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 109; en contra 108; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada (Aplausos en los escaños de la
derecha.).

Votamos la enmienda número 99.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 102; en contra 112; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se somete a votación la enmienda número 116.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 90; en contra 110; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 100, 103 y 104.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 105; en contra 109; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 213; en contra siete; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que no están
afectadas por transaccionales.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 91; en contra 122; abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a someter a consideración de la Cámara el conjunto de enmiendas de
modificación o transaccionales que están ante la Mesa.

En primer lugar, enmienda de corrección de errores al artículo
decimoprimero, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.

¿Puede aprobarse por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Así se declara.

Enmienda de corrección de errores al artículo 2.2, en las mismas
condiciones que la anterior.

¿Se puede aprobar por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)



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Así se declara.

Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 77, del Grupo
Parlamentario Popular, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios,
excepto el Grupo Mixto, al artículo 2.3, correspondiente al artículo
24.1, párrafo primero, del Estatuto de los Trabajadores.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 215; en contra, cinco; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Hay una enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 286,
al artículo 3, apartado cinco, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que pretende la adición de un nuevo número
nueve al artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Está suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios y es igual a otra que está suscrita
también por todos los Grupos pero que, dada la elasticidad de la
interpretación heurística, ésta se soporta sobre la enmienda número 287,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pero
el texto es el mismo. Por tanto, entiendo que será suficiente con que se
someta una vez a votación la número 287 --me dice el Vicepresidente
Primero-- que, por tanto, seguramente es la correcta.

¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Denegaciones.)
Se somete a votación la adición de un nuevo apartado al artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores con el siguiente texto: 9. El fondo de
garantía salarial tendrá la consideración de parte en la tramitación de
los procedimientos arbitrales a efectos de asumir las obligaciones
previstas en este artículo.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 221; en contra, uno. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (El señor Cuevas González pide la
palabra.)
El Senador Cuevas tiene la palabra.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero pedirles disculpas por haber empleado un tiempo
en la votación, y, en segundo lugar, pedirle que no se rían, señorías,
porque con el manejo de papeles que han estado ustedes haciendo todo el
día aquí, transfugando de un lado para otro, un grupo con tan poca
infraestructura como el nuestro es natural que cometa algún error.

También las minorías tenemos derecho a equivocarnos. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Consta en el Diario de Sesiones, señoría. Muchas
gracias. (Risas.)
Enmienda de corrección de errores al artículo 5.º Se propone la siguiente
redacción para el párrafo final del apartado 1 del artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores.

Se somete a votación, puesto que el Grupo Parlamentario Mixto no suscribe
esta enmienda que suscriben los demás Grupos de la Cámara.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 220; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

También al artículo 5.º se propone una redacción para el párrafo final
del apartado 3 del artículo 41. Está suscrito por todos los Grupos de la
Cámara, excepto por Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 221; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 22 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, artículo 7.º del
proyecto. Se propone una nueva redacción al párrafo tercero del apartado
2 del artículo sesenta y siete: En caso de concurrencia de promotores,
etcétera. Está suscrito por todos los Grupos parlamentarios, excepto por
el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 128; en contra, dos; abstenciones, 91.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, cuando durante las votaciones estén las puertas cerradas, ruego
a los miembros de la Cámara que no entren por puertas que no sean las
oficiales. (El señor García Carnero pide la palabra.)
El señor García Carnero tiene la palabra.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Ciertamente la llamada de atención que se me hace a través del Portero
Mayor, a mi juicio y, desde luego, al de todos los compañeros y al de
toda la sala, es absolutamente improcedente por cuanto este Senador ha
permanecido en este escaño desde que se inició la votación, sin hacer
ningún movimiento, lo cual puede comprobarse por el registro del vídeo o
los medios técnicos que existan para ello.

Nada más y muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Señoría, no pongo en duda su palabra, he tenido esa
información. Simplemente lo que estaba indicando a los servicios es que
cualquier Senador que no haya podido participar en las votaciones debe
entrar por la puerta por la que debemos entrar todos, pero no es su caso,
como usted acaba de acreditar.

Muchas gracias.

Vamos a someter a votación la enmienda transaccional sobre la base de la
enmienda número 298 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Redacción que se propone para el apartado 3 del
artículo 69. Esta enmienda está suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, excepto por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 216; en contra, dos; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 297
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se
propone una redacción al primer párrafo del apartado 1 del artículo 74.

Está suscrita por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Grupo
Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 130; abstenciones, 93.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 300
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Nueva redacción al último párrafo del apartado 2 del artículo 74. Está
suscrito por todos los grupos, excepto por el Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 130; en contra, dos; abstenciones, 91.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 107
del Grupo Parlamentario Popular. Se propone la siguiente redacción al
artículo 7.5 en relación con el 75.6 del Estatuto de los Trabajadores,
referido a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral. Está
suscrito por todos los grupos parlamentarios.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) No. Se somete,
entonces, a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 218; en contra, dos; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a votar, al artículo 7.º del proyecto, la enmienda transaccional
sobre la enmienda número 32 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Adición, tras la finalización del primer párrafo
del apartado siete del artículo 75. La enmienda ha sido suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, excepto por el Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 130; abstenciones, 93.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas número
25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 50, del
Grupo Parlamentario Mixto, referida al artículo 8.º del proyecto,
apartado dos, bis, nuevo. El artículo 84 tiene nueva redacción en
relación con la concurrencia. Está suscrito por todos los grupos, excepto
por el Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 131; en contra, dos; abstenciones, 90.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número
290 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Artículo 8.º del proyecto. Tiene nueva redacción el último párrafo del
apartado uno del artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, que se
refiere a los laudos arbitrales.

A la Mesa ha llegado una redacción exacta descansando esta vez sobre la
enmienda número 291 del mismo Grupo Parlamentario. Por tanto, sometemos
sólo la primera a votación. Está suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) No.

Se somete, por tanto, a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 220; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Artículo 8.º Se propone que el contenido del apartado siete quede ubicado
en el apartado seis. Está suscrito por todos los Grupos Parlamentarios y
es de pura corrección «tecnicológica». ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Así se proclama.

Artículo 8.º Negociación y convenios colectivos. Se



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propone una nueva redacción en el apartado nueve. Esta enmienda está
suscrita por todos los Grupos Parlamentarios. La sometemos a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 221; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 134 del Grupo
Parlamentario Mixto, artículo duodécimo, adición de una disposición
adicional décima de la ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores. Está suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto
por el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 132; en contra, 90.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Enmienda transaccional sobre la base de la número 69, del Grupo Popular,
que solicita una disposición adicional nueva. Está firmada por todos los
grupos parlamentarios.

¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.)
No. En ese caso, se somete a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 221; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda de corrección de errores a la disposición transitoria segunda
del proyecto de ley, apartado 1, que solicita la supresión de la cita
referente al párrafo primero del artículo 67.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

Está suscrita por todos los grupos parlamentarios.

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento, salvo disposición en
contrario? (Pausa.)
Así se proclama.

Enmienda transaccional referida a una disposición final séptima nueva con
la siguiente redacción: A tales efectos se entenderá excluida del ámbito
laboral la actividad...

Está suscrita por todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo
Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 218; en contra, dos; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda de sustitución a la exposición de motivos.

Se trata de una mejora de redacción suscrita por todos los grupos
parlamentarios.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Así se proclama.

Enmienda al título del proyecto de ley. Dice así: Proyecto de ley por la
que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores,
del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social.

Esta enmienda está suscrita por todos los grupos parlamentarios.

Solicito su criterio sobre si puede ser aprobada por asentimiento.

(Pausa.)
Así se declara.

Vamos a someter a votación el dictamen con las modificaciones que se han
incluido. (El señor Cuenca Doblado pide la palabra.)
Senador Cuenca, puede hacer uso de la palabra.




El señor CUENCA DOBLADO: Señor Presidente, no me ha quedado claro si ha
hecho su señoría mención a la supresión del párrafo que se solicita en la
enmienda de corrección de errores a la disposición transitoria segunda.




El señor PRESIDENTE: Senador Cuenca, creo recordar que la enmienda de
corrección de errores a que me he referido, habiendo sido suscrita por
todos los grupos parlamentarios y aprobada por asentimiento, ha quedado
redactada de la siguiente forma: Disposición transitoria segunda del
proyecto de ley. En la disposición transitoria segunda del proyecto de
ley, apartado 1, existe una mención al párrafo primero del artículo 67.3,
cuyo último inciso se ha convertido en Ley Orgánica, mención esta que en
el apartado 3 de esta misma disposición se ha suprimido mediante
enmienda. Por tanto, debe suprimirse esta cita al párrafo primero del
artículo 67.3 desde donde dice «sin que sea aplicable...» hasta «al
servicio de las Administraciones Públicas».

¿Está correcto, señoría?



El señor CUENCA DOBLADO: De acuerdo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por tanto, vamos a someter a votación el articulado,
las disposiciones y la Exposición de Motivos.

En primer lugar, artículos primero a cuarto del dictamen. Solicito a la
Cámara criterio sobre si pueden ser votados agrupadamente. (Pausa.)
Por tanto, se someten a votación los artículos primero a cuarto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 127; en contra, tres; abstenciones, 93.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos el artículo quinto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 127; en contra, tres; abstenciones, 93.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos a votación el artículo sexto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 216; en contra, tres; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos el artículo séptimo.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 118; en contra, 105.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos a votación el artículo décimo.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 126; en contra, 92; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Solicito criterio sobre si pueden agruparse las votaciones
correspondientes a los artículos octavo, noveno, decimosegundo y
decimocuarto. (Pausa.)
Por tanto, se someten a votación conjuntamente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 127; en contra, cuatro; abstenciones, 92.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

También solicito criterio sobre si pueden ser sometidos a votación
conjunta los artículos decimoprimero, decimoprimero nuevo, decimotercero,
decimoquinto y decimosexto. (Pausa.)
Los sometemos a votación, pues, conjuntamente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 216; en contra, tres; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículos decimoséptimo a vigésimo segundo del dictamen. ¿Pueden votarse
conjuntamente? (Pausa.)
Por tanto, los sometemos a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 218; en contra, tres; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Se someten a votación las disposiciones de manera agrupada.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 128; en contra, cuatro; abstenciones, 91.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resta someter a votación la Exposición de Motivos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 126; en contra, dos; abstenciones, 93.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey. (El señor Bayona Aznar pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Bayona Aznar.




El señor BAYONA AZNAR; Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito la palabra para una cuestión de orden.




El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.




El señor BAYONA AZNAR: No he querido interrumpir anteriormente las
votaciones, entre otras cosas, para no cuestionar el resultado de las
mismas, pero su señoría, en el ejercicio de la Presidencia, se ha
referido a una entrada no reglamentaria de algún Senador en el hemiciclo
durante las votaciones. Por tanto, mi Grupo solicita simplemente que
figure en Acta --una vez los Servicios de la Cámara averigüen quién es el
Senador y el Grupo al que pertenece-- el incidente al que la Presidencia
se ha referido, para mayor claridad y que sepamos todos lo que ha
sucedido.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Desde luego, la Mesa y los Servicios de la Cámara tendrán



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que dar una explicación al respecto. La daremos en la Junta de Portavoces
cuando efectivamente se compruebe si es cierta o no la información que a
mí me ha movido a adoptar la decisión y que, efectivamente, nos dejado a
todos en una mala situación. Yo pido excusas, en cualquier caso, a las
personas afectadas hasta que se resuelva este incidente con la
información pertinente y acreditada. (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Nos sumamos plenamente a la petición, naturalmente, de que los Servicios
informen, y solamente queremos dejar constancia de dos cosas. En primer
lugar, del número de ocasiones --que quedará constancia en las Actas
también-- que la Presidencia ha ordenado abrir las puertas, razón por la
cual en ese momento estaban plenamente legitimados para entrar y salir
aquellos Senadores que así lo entendiesen.

En segundo lugar, que quede bien claro que en esta Cámara, desde que nos
hemos trasladado a este edificio, se consideran pertenecientes Pleno los
espacios que a disposición de los Senadores se sitúan detrás de donde
están los escaños, a todos los efectos, y que, por tanto, sería, en
cualquier caso, ilícita cualquier intromisión en esos espacios por
puertas distintas, pero no el acceso de esos espacios al interior de la
sala, puesto que así lo hemos venido considerando.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)



El señor PRESIDENTE: La Mesa decidirá, lógicamente, sobre cuáles son las
consideraciones a efectos de efectuar correctamente el voto.

Muchas gracias, señorías.

Se suspende la sesión hasta las nueve horas del día de hoy.




Eran las cero horas y cinco minutos del día 28 de abril de 1994.