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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 179, de 24/10/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 179
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 177
celebrada el martes, 24 de octubre de 1995



ORDEN DEL DIA:



Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los
nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU):



--Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
los nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) (número de expediente 154/000003)
(Página 9477)



Modificaciones en el orden del día (Página 9493)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 135.1,
de 30 de septiembre de 1995 (número de expediente 121/000120)
(Página 9493)



--Proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 137.1, de 13 de octubre de 1995 (número de expediente
121/000121) (Página 9493)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 180,
de 25 de octubre de 1995.)



Página 9474




SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los
nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) (Página 9477)



El señor Solé Tura presenta el informe de la Comisión. Comienza
recordando que hace cincuenta años, como todos los señores
Diputados saben, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas,
acontecimiento importante que justifica que este Congreso lo
conmemore con el debate y aprobación del informe elaborado por la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y las
posibles reformas de Naciones Unidas.

Desde su nacimiento, en un contexto muy distinto del actual, han
ocurrido muchos acontecimientos, siendo la situación en este
momento completamente distinta a la del momento fundacional y
también a la de los momentos ulteriores de la guerra fría,
planteándose por tanto nuevos retos, y de ahí la necesidad de
hablar de posibles reformas.

Da cuenta a continuación del proceso seguido para la elaboración
del informe hasta su aprobación por la Comisión, señalando que
éste se centra en el análisis de los cambios ocurridos en el
escenario mundial desde 1945, en las nuevas tareas de las
Naciones Unidas y en las posibles o necesarias medidas de
reorganización que éstas deberían llevar a cabo para responder
adecuadamente a las nuevas exigencias. Anticipa que las posibles
reformas son necesarias, pero indudablemente problemáticas, por
no decir extremadamente difíciles de llevar a cabo, bien sea por
la propia estructura de la organización, muy especialmente del
Consejo de Seguridad, bien por la carencia de los medios
financieros necesarios.

El conjunto del documento se resume en una introducción, cuatro
capítulos de análisis y propuestas y un capítulo final de catorce
conclusiones y recomendaciones, además de diversos cuadros
estadísticos y de una documentación importante que se proponen
insertar en la publicación final del informe.

Concluye exponiendo esquemáticamente el contenido de dicho
informe, fundamentalmente de las conclusiones y recomendaciones a
que se llegan en el mismo.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Carrera i Comes, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda
Unida; Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Popular, y Estrella
Pedrola, del Grupo Socialista.

Sometido a votación el informe de la Comisión de Asuntos
Exteriores, es aprobado por 311 votos a favor.




Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 9493)



El señor Presidente expone que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley
de Telecomunicaciones por Cable.

Sometida a votación, se rechaza la avocación en cuestión por 136
votos a favor, 174 en contra y una abstención.




Modificaciones en el orden del día (Página 9493)



El señor Presidente somete asimismo al Pleno, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del
orden del día de la presente sesión de los puntos 4 a 7. Se
acuerda dicha exclusión por asentimiento.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 9493)



Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996
(Página 9493)



Proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (Página 9493)



El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), presenta
los proyectos de ley, en nombre del Gobierno, manifestando que se
trata de unos Presupuestos adecuados al programa de convergencia,
que permitirán que la economía siga creciendo, creando empleo y
reduciendo sus desequilibrios macro-económicos; unos Presupuestos
en los que el déficit del Estado disminuya hasta el 3,4 por
ciento del producto interior bruto, se genere un superávit que
estabilice la deuda, el gasto financiero no crezca en términos
reales y la presión fiscal se reduzca. Sin embargo, dado el clima
expresado ante estos Presupuestos, aun antes de conocerlos, se ve
en la necesidad de defender la misma necesidad de



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que dichos Presupuestos existan. Cree que es la mejor alternativa
frente a cualquier otra, sea cual sea la hipótesis que se haga
acerca del devenir político en los próximos meses. Pedirá, por
tanto, que en un ejercicio de responsabilidad se permita una
tramitación parlamentaria que, a través de la discusión y de las
enmiendas correspondientes, dé como resultado unos Presupuestos
para 1996 adecuados a nuestra realidad y necesidades.

Añade que, como Ministro de Economía y Hacienda, son los terceros
Presupuestos que presenta, y cada uno de ellos en un contexto
político y económico diferente, y hasta ahora los hechos han
desmontado unas tras otra las críticas y las descalificaciones
que los grupos de la oposición vertieron sobre la política
económica del Gobierno, plasmada en los dos últimos Presupuestos
y en el programa de convergencia.

Considera que la realidad es la que es y, en base a ella, tienen
que adoptarse las decisiones políticas por parte de quienes se
sienten comprometidos con el futuro de España, antes de cualquier
afán de llegar al poder a cualquier precio, para mejorar las
condiciones de vida y las perspectivas de futuro de los
españoles.

Hay que partir de dos datos importantes, el primero de los cuales
es que se han anunciado elecciones generales para marzo próximo,
y difícilmente el Gobierno que salga de esas elecciones estará en
condiciones de abordar ningún tema presupuestario antes del mes
de junio o julio, lo que supondría añadir un elemento de riesgo e
incertidumbre innecesario. El segundo dato es el hecho de que la
economía española está avanzando en la recuperación, la creación
de empleo y la convergencia con Europa, como reconocen todos los
analistas independientes y valoran de forma positiva.

Considera, asimismo, que estamos en un momento importante de la
vida española y de la construcción europea, en el que en pocos
meses se va a decidir mucho sobre el futuro, y los Presupuestos
para 1996 constituyen una pieza clave en este proceso, que no
pueden permitirse eludir o perder. De la discusión de los
Presupuestos, de su debate y enmiendas, debe salir un impulso
positivo para nuestro país, y negar esta posibilidad pidiendo su
devolución, optando por tanto por la prórroga de los de 1995, es
hacer un flaco servicio al país, sobre todo cuando se hace por
razones extrapresupuestarias.

Expone seguidamente las líneas básicas del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, aludiendo a la efectividad de
las medidas perseguidas a través de los mismos y los objetivos
prioritarios a alcanzar, mencionando diversas cifras encaminadas
a esos fines.

Termina señalando el señor Ministro de Economía y Hacienda que el
Gobierno cumplirá sus compromisos con la sociedad española, que
no debe verse perjudicada en sus intereses inmediatos por la
actitud del Parlamento. El Gobierno garantiza en todo caso que
impulsará las medidas necesarias para revalorizar las pensiones y
el sueldo de los funcionarios de acuerdo con lo pactado, e
igualmente adoptará un acuerdo para limitar las obligaciones
reconocidas comprometibles, de manera que se garantice el
cumplimiento de los objetivos previstos de déficit del 3,5 por
ciento del PIB. El Gobierno va a hacer todo lo que esté en su
mano para garantizar la continuidad del crecimiento económico, la
creación de empleo y la convergencia con Europa durante 1996, y
la mejor forma para conseguirlo es a través del Presupuesto que
hoy defiende ante la Cámara.

El señor Aznar López defiende la enmienda de totalidad del Grupo
Popular. Destaca que se hallan ante el debate más importante de
los que celebra la Cámara a lo largo del año, los Presupuestos
Generales, que son el principal instrumento político con que
cuenta el Gobierno para hacer realidad sus objetivos. Añade que
se disponen a deliberar sobre unos Presupuestos cuyo ejecutor se
está despidiendo, en una Cámara que tiene anunciada su disolución
y al servicio de otra futura voluntad popular que todavía no
conocen.

Expone que en el clima de degradación creciente que caracteriza
la situación política española, existe ya la convicción
generalizada de que la presente legislatura está agotada, que se
está prolongando artificialmente una situación indeseable, que en
otras circunstancias hubiera sido resuelta hace mucho tiempo.

Nadie niega que deben celebrarse elecciones, ni siquiera el
Gobierno, que ha anunciado la disolución de las Cortes para marzo
de 1996, y en este clima defiende la enmienda de totalidad a los
Presupuestos.

Afirma que no se puede gobernar sin Presupuestos, ya que no son
un simple cálculo de ingresos y gastos, sino el reflejo del
programa político del Gobierno y las directrices de su actuación.

Precisamente hoy ese carácter instrumental importa mucho más que
el detalle y las cifras que encierran. El plan que reflejan los
Presupuestos es inseparable del Gobierno que los inspira, de sus
intereses, de sus intenciones y de sus objetivos políticos. Es el
Presupuesto de un Gobierno determinado, para unos fines
determinados y no sirven para otro Gobierno ni para otros fines
ni en otras circunstancias. Debe, por tanto, elaborarlos el
Gobierno responsable de su ejecución. Naturalmente, los
Presupuestos también deben ser controlados por la Cámara, pero no
por cualquier Cámara, sino por la que les dio su aprobación,



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y paradójicamente está anunciada la disolución de esta Cámara.

Agrega que lo que pide la Constitución, lo que exige la
racionalidad democrática elemental y el más puro sentido común es
que no son los Presupuestos los que condicionan la voluntad
popular, sino que sea la voluntad popular la que determine la
composición del nuevo Gobierno y el carácter de sus Presupuestos.

En consecuencia, si, como se dice, vamos a celebrar elecciones en
el mes de marzo, estos Presupuestos carecen de toda lógica.

Añade el señor Aznar que si los Presupuestos son rechazados, el
Gobierno y su Presidente no podrán seguir ocultando que han
perdido la confianza de la Cámara, e ignora si son conscientes
del daño que pueden causar a las instituciones con su actitud y
su comportamiento. Si no se está obligado a disolver las Cortes
por la devolución de los Presupuestos, no tiene que haber nada
que obligue a disolver en enero. Consecuentemente, tienen que
llegar a la conclusión de que se apela continuamente al mes de
marzo para tener las manos libres y, cuando llegue marzo, hacer
lo que más convenga, tratándose por tanto de un ardid, un
subterfugio, para eludir las responsabilidades que al Gobierno le
corresponden.

Termina el señor Aznar afirmando que si los Presupuestos son
inoportunos, además son inadecuados y no son los que necesita
España, representando un fiel reflejo de la falta de credibilidad
económica del Gobierno. Votarán, por tanto, por su devolución, y
esperan que el Gobierno y su Presidente acepten y respeten las
decisiones mayoritarias del Parlamento, siendo capaces de asumir
sus consecuencias también cuando les son desfavorables y que, sin
más dilación, antepongan los intereses generales a su permanencia
en el poder.

Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda, replicando el
señor Aznar López y duplicando el señor Ministro.

El señor Ribó Massó, defiende la enmienda de totalidad del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que han sido
diversos los medios que han calificado este debate como el de una
moción de censura encubierta. Para su grupo parlamentario
representa la constatación de que este Gobierno no dispone de
mayoría parlamentaria, pero no porque no haya grupos que no
compartan su política económica y presupuestaria, sino que la han
perdido por motivos políticos. Hay grupos en la Cámara que
coinciden con la política económica continuista de estos
Presupuestos, criticada incluso por el Gobernador del Banco de
España. Considera que existen otras políticas posibles en muchos
frentes y en su enmienda de totalidad se contienen esos
criterios. En definitiva, no se les derrota por desavenencias con
los Presupuestos, con los que coinciden fundamentalmente tres
grupos de la Cámara, sino por motivos políticos, y esta derrota,
de producirse mañana, significa la dimisión, ya que no existe en
democracia parlamentaria avanzada ningún ejemplo de un Gobierno
que, con la devolución de los Presupuestos, continúe gobernando.

Añade que el propio Gobierno ha dicho que están preparando un
Decreto-ley, que deberá requerir también de una mayoría,
preguntando al señor Solbes con qué mayoría piensan contar y cuál
es el contenido del Decreto-ley en cuestión. Recuerda también que
el señor Ministro, en declaraciones anteriores al debate,
manifestaba que si no se les aprueban los Presupuestos es que no
les deja gobernar y, sin embargo, presentan unos Presupuestos
poco dirigidos a gobernar sobre los problemas que más preocupan a
la población, planteando alcanzar la convergencia europea
nominal, pero sin hablar de la convergencia real y planteando,
asimismo, reducir el gasto y fomentando la desregulación. Están,
en suma, ante una serie de parches desordenados y que además se
presentan sin ninguna voluntad de negociación y proponiendo
recortes que van a afectar sensiblemente a la calidad de vida de
la población a medio plazo.

Se trata de una política presupuestaria que ataca la
progresividad del gasto público, que resitúa a la baja las
prestaciones de carácter social, que mantiene gastos fiscales de
dudosa eficacia y que mantiene una desigualdad de servicios según
el lugar de origen de los ciudadanos. Se continúa apostando por
un crecimiento basado en la moderación de costes laborales y en
la reforma del mercado de trabajo, con una creación de empleo de
poca calidad, precario y mal retribuido.

Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira)
señalando, en relación con la falta de mayoría parlamentaria a
que aludía el señor Ribó y la consiguiente petición de dimisión
del Gobierno, que si tal carencia de mayoría parlamentaria les
impidiese tomar ninguna decisión, esa línea argumental podría
tener una cierta razón de ser, pero es evidente que hay muchos
Gobiernos que están gobernando en minoría en muchos países,
aunque reconoce que la ausencia de Presupuestos no es una
situación cómoda y sí complicada y difícil. No acepta, sin
embargo, la conclusión de que la inexistencia de Presupuestos
implique una convocatoria inmediata de elecciones, que es algo
que corresponde decidir al Presidente del Gobierno y respecto de
la que existe la alternativa de la moción de censura.




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Acerca del tema del Decreto-ley, aclara que en este momento no
está preparado, existiendo simplemente el compromiso del Gobierno
a garantizar la presentación de la norma que afecta a
funcionarios y pensionistas, siendo todo a partir de ahí juicios
de valor sin ninguna base real.

En cuanto a la afirmación de que se trata de un Presupuesto
continuista y a la falta de apoyo del Gobernador del Banco de
España, le gustaría que las declaraciones del Gobernador se
leyesen en su integridad y no solamente en los titulares de
algunas agencias o periódicos. Se trata de declaraciones que
comparte totalmente, porque el Gobernador ha dicho lo que ha
dicho y no lo que pretenden que dijo.

Hay otras cuestiones a las que se ha referido el enmendante, como
la relativa a las pensiones y el Pacto de Toledo, o sobre
determinados impuestos, sobre todo lo cual no tiene ningún
inconveniente en hablar en el momento oportuno y de manera más
amplia. Comparte desde luego la preocupación por los gastos
sociales, aunque hay una serie de aspectos expuestos por el señor
Ribó que no puede compartir, como el de que se apueste por un
crecimiento basado en la reducción de costes laborales e
incremento del empleo precario o temporal, que debe aclarar que,
si no fuese así, no existiría.

Replica el señor Ribó Massó, duplicando el señor Ministro.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.




Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




--INFORME APROBADO POR LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
LOS NUEVOS RETOS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACION DE
LAS NACIONES UNIDAS (ONU)



--INFORME APROBADO POR LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
LOS NUEVOS RETOS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACION DE
LAS NACIONES UNIDAS (ONU) (Número de expediente 154/000003)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Punto primero del orden del día. Informe aprobado por la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma
institucional de la Organización de las Naciones Unidas.

Para la presentación del dictamen de la Comisión, tiene la
palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señorías, como ustedes
saben, hoy hace cincuenta años que entró en vigor la Carta de las
Naciones Unidas. Es un acontecimiento importante y creo que es
también importante que este Congreso lo conmemore con la
discusión y la aprobación de un informe que se encargó a la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y las
posibles reformas de Naciones Unidas.

Como ustedes saben, las Naciones Unidas surgieron en un contexto
muy diferente al actual. Surgieron al final de una guerra
terrible, que estuvo a punto de destruir el mundo y muy
concretamente Europa. Fue un intento de estabilizar la paz y de
impedir el estallido de nuevas guerras como aquélla.

Desde entonces han ocurrido muchos acontecimientos. La situación
es completamente distinta a la del momento fundacional y también
a la de los momentos ulteriores de la guerra fría, y, por
consiguiente, se plantean nuevas exigencias, o sea, nuevos retos,
y hete aquí la necesidad de hablar de posibles reformas.

Quiero empezar narrando a SS. SS. cuál ha sido el proceso de
elaboración de este informe.

Como ustedes saben, en la IV legislatura se creó una Ponencia, en
febrero de 1993, con este mismo objetivo. La disolución de las
Cortes impidió que la Ponencia pudiese llevar a cabo sus
trabajos.

En enero/febrero de 1994 se creó una nueva Ponencia, que tuve el
honor de presidir. Esta Ponencia es la que ha elaborado el
informe que ahora estamos sometiendo a su consideración.

Partimos de un plan de trabajo basado en los siguientes ejes:
Primero, la comparecencia de autoridades, de altos funcionarios,
de profesores, de expertos y de militares que han participado en
operaciones de paz. Fueron unas comparecencias enormemente
interesantes, enormemente ilustradoras, de lo que está ocurriendo
y de las posibilidades de nuevas reformas.

Desde esta tribuna quiero agradecer a todos los que comparecieron
ante la Comisión su actitud y su contribución, y quiero expresar
a todos ellos --algunos están hoy presentes en este hemiciclo--
nuestro más profundo agradecimiento, el mío personal y el de toda
la Ponencia.

En septiembre de 1994, la Ponencia visitó la sede de las Naciones
Unidas. Tuvimos numerosas reuniones de trabajo con altos
ejecutivos de la ONU y representantes permanentes de las
delegaciones más importantes y de los grupos geográficos más
significativos.

Fue muy importante aquella presencia en la propia sede de las
Naciones Unidas, y quiero expresar también desde aquí nuestro
agradecimiento a la labor del embajador representante permanente
de España en las Naciones Unidas, don Juan Antonio Yáñez
Barnuevo, y a todos los miembros de la representación permanente
su colaboración y su eficacia organizativa.

Tuvimos también el honor de recibir en esta casa al Secretario
General de las Naciones Unidas, señor Butros



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Gali, con el que mantuvimos una importante reunión.

Finalmente, el informe ha sido redactado por algunos miembros de
la Ponencia, ha sido aprobado por la Comisión, y el resultado es
el informe que hoy tienen ante ustedes y que estoy presentando.

Quiero agradecer también, antes de entrar en el fondo del asunto,
la labor de los servicios de la Cámara, especialmente a los
Letrados que nos han acompañado en todo ese periplo, doña Lidia
García y don Manuel Gonzalo, y a sus colaboradores por la labor
realizada en el asesoramiento y en la puesta a punto de toda la
documentación.

Como he dicho, el informe aborda los nuevos retos y las posibles
reformas de las Naciones Unidas. No entra, por consiguiente, en
el análisis de organismos especiales ni en el de organismos
especializados, como la OIT, la FAO, la Unesco, la Organización
Mundial de la Salud, etcétera. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Se centra en el análisis de los
cambios ocurridos en la escena mundial desde 1945 y el posterior
final de la guerra fría, en las nuevas tareas de las Naciones
Unidas y en las posibles o necesarias medidas de reorganización
que ésta debería llevar a cabo para responder adecuadamente a las
nuevas exigencias.

Tanto por las comparecencias de los expertos como por nuestra
propia experiencia en la sede de las Naciones Unidas, hemos
podido constatar que las posibles reformas son necesarias pero
indudablemente problemáticas, por no decir extremadamente
difíciles, bien sea por la propia estructura de la Organización,
muy especialmente la del Consejo de Seguridad, bien por la
carencia de medios financieros necesarios.

Hemos dedicado también un importante espacio del informe a
analizar las formas, las consecuencias, las conclusiones y las
posibles recomendaciones a hacer sobre la participación de España
en los organismos de las Naciones Unidas, muy especialmente en
las operaciones de paz.

El índice de materias explica por sí sólo, no ya el contenido del
informe, sino los puntos que hemos considerado más importantes
para nuestra reflexión y nuestras propuestas. El conjunto del
documento se resume en una introducción, cuatro capítulos de
análisis y propuestas y un capítulo final de catorce conclusiones
y recomendaciones, además de diversos cuadros estadísticos y de
una documentación importante que nos proponemos insertar en la
publicación final del informe.

¿Cuál es el resumen de nuestras conclusiones, señorías? Primero,
sobre los nuevos retos creo que ya está todo dicho. Es indudable
que estamos ante una situación completamente distinta a la de
1945, los años de la guerra fría. Se han agudizado algunos de los
problemas que existían en el momento fundacional, aunque ahora
son mucho más agudos, como el narcotráfico, el terrorismo, el
blanqueo de capitales o el deterioro del medio ambiente. Sin
embargo, es cierto que, desde el punto de vista de la guerra, no
estamos ante la lógica de los bloques, sino ante una situación
completamente nueva en la que lo que predominan son guerras
internas de Estados y no tanto las guerras entre Estados.

También es cierto que se han producido cambios fundamentales en
la estructura de nuestra civilización. Nos encaminamos hacia un
mundo abierto a nuevas posibilidades, por consiguiente también a
nuevas contradicciones. Es cierto que nos encontramos también
ante manifestaciones de fragilidad del sistema democrático en
todas partes.

El resultado de todo ello es una conciencia, cada vez más
extendida entre las mujeres y los hombres de todo el mundo, de la
necesidad de definir con claridad unos mismos derechos y de
contar con instrumentos para protegerlos y hacerlos efectivos.

Por eso se requieren, cada vez más, soluciones compartidas en
toda su dimensión internacional e inspiradas en la
interdependencia y en la solidaridad de los pueblos del mundo.

Ahí es donde se inserta el papel de las Naciones Unidas. De ellas
se espera un papel activo y decisivo en las operaciones de
mantenimiento y de construcción de la paz, un papel activo en el
control de los armamentos y en la lucha por la no proliferación
de las armas nucleares. También se espera de ella una importante
acción en la protección y desarrollo de los derechos humanos,
tanto individuales como colectivos, así como el impulso de las
políticas de desarrollo y de cooperación y también lucha decidida
para la protección del medio ambiente y la ordenación de las
relaciones comerciales en todo el mundo.

La ONU ha hecho frente a estas exigencias con instrumentos de los
que en parte ya disponía, y ha tenido que improvisar otros, a
veces con pocos medios económicos y humanos, tanto en el terreno
militar, como en el civil y, desde luego, en el terreno
financiero.

Por consiguiente, los grandes retos con que se enfrenta le
obligan a plantearse si cuenta con los mecanismos necesarios, si
sus instituciones son las más adecuadas, si se debe proceder o no
a reformas institucionales y estructurales y, en caso afirmativo,
cuál es y cómo deben llevarse acabo.

Nosotros creemos que es necesario realizar algunas reformas, pero
sabemos también que no va a ser tarea fácil, que vamos a chocar
con muchas dificultades, tanto por la propia estructura del
Consejo de Seguridad, como por el desarrollo de los propios
acontecimientos mundiales.

Me quiero referir muy concretamente al Consejo de Seguridad. Esa
es la institución básica en el funcionamiento concreto, real y
cotidiano de la Organización. Pero hoy no parece lógico que los
cinco países que en 1945 se consideraron los principales
vencedores de la II Guerra Mundial sean los únicos miembros
permanentes del Consejo de Seguridad y sigan disponiendo de un
derecho de veto sobre las principales decisiones



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de la ONU. Sin embargo, es muy difícil llegar a un acuerdo sobre
la reforma del sistema.

La fórmula más razonable sería la ampliación del número actual de
miembros del Consejo de Seguridad en ocho o diez miembros más,
con los siguientes criterios: Aumentar la presencia de grupos
regionales, hoy poco representados; atribuir mayor presencia a
los países que más contribuyen realmente --subrayo realmente-- a
la financiación de la Organización; dar mayor presencia a los
países que aporten mayores efectivos a las operaciones de paz y
también a los que aporten mayores efectivos a las diversas
misiones de la Organización.

En cuanto al derecho de veto, creemos que no es aconsejable
extenderlo a otros países, más bien se debería tender a
suprimirlo totalmente o a reemplazar el sistema actual por otro
de mayorías muy cualificadas. Entendemos, además, que ese
conjunto de medidas que acabo de enunciar es la opción que más
conviene a nuestro propio país.

En cuanto a la Asamblea General, sabemos que es una institución
muy representativa y, al mismo tiempo, muy heterogénea. En ella
se dan muchas contradicciones y difícilmente puede decirse que
corresponde a lo que es hoy la relación real de fuerzas en el
mundo.

Consideramos necesaria su modificación, pero sabemos que va a ser
también extremadamente difícil. Por ello pensamos que es mejor
proceder a algunos retoques, por ejemplo la reforma de las
comisiones de trabajo para que las mismas puedan tratar temas
especiales y emitir informes que luego se sometan en períodos
cortos, a aprobación por parte de la Asamblea General, así como
también pequeñas modificaciones, por ejemplo, en la ponderación
del voto y en la institucionalización de las aprobaciones por
consenso, en las declaraciones presidenciales, etcétera.

Nos parece fundamental que la Asamblea General pueda establecer
relaciones concretas con los Parlamentos nacionales. Por ejemplo,
en ese sentido, apoyamos la conclusión de un acuerdo formal entre
la Organización de las Naciones Unidas y la Unión
Interparlamentaria, que permita reflejar en el plano
internacional la relación existente en el plano nacional entre
Gobierno y Parlamento. Pensamos también que es necesaria una
mayor relación entre la ONU y los Parlamentos nacionales y en ese
sentido, consideramos que en las sesiones plenarias de la
Asamblea y en cuantos actos sea posible, las delegaciones de cada
país, que se componen sólo de representantes de los gobiernos,
deberían incluir sistemáticamente una representación de sus
Parlamentos respectivos.

En cuanto a la institución de la Secretaría o más exactamente del
Secretario General y de la Secretaría, creemos que es un órgano
fundamental en la estructura y el funcionamiento de las Naciones
Unidas y que en gran parte de él depende el éxito de la
Organización. Por consiguiente, debe recibir todo el apoyo de los
países miembros, y más del que recibe actualmente, tanto en el
plano político como en el financiero. En definitiva, las Naciones
Unidas constituye una organización de Estados y no tiene una
voluntad política propia. Sus problemas como organización
provienen básicamente de las imprecisiones, las insuficiencias,
las contradicciones y los mandatos que reciben sus órganos
ejecutivos y de las dificultades operativas y financieras que
tiene la Organización. Por ello creemos que es necesario apoyar
los esfuerzos de renovación, incluso de renovación de la propia
estructura administrativa, emprendidos por el Secretario General
y dotarles de los instrumentos políticos, financieros y
organizativos necesarios para ello.

Acabo de hablar de financiación. Señorías, este es un tema clave
en el presente y en el futuro de la ONU, y me refiero a la
precaria situación, que afecta tanto al presupuesto ordinario
como a los presupuestos de financiación de las operaciones de
paz. Muchos Estados miembros, empezando por los dos más
importantes, Estados Unidos y Rusia, no atienden el pago regular
de sus cuotas. España es uno de los países que con más
regularidad ha cumplido con el pago de las cuotas. Eso nos da más
legitimidad para exigir a todos los países miembros no sólo el
cumplimiento de sus deberes financieros, sino también la posible
revisión de las cuotas actuales.

No cabe duda de que uno de los grandes retos de la ONU es
actualmente responder a los grandes problemas de la paz y del
desarme y para ello decimos y afirmamos que la ONU no puede ni
debe ser un gendarme universal, es decir, no puede ser una
organización militar permanente. Las Naciones Unidas deben
perfeccionar y desarrollar sus mecanismos y sus posibilidades de
acción para las operaciones de paz, pero para ello necesitan
establecer unos criterios claros y contar con unos instrumentos
precisos. Entre esos criterios consideramos que es fundamental el
consentimiento de las partes, que seguirá siendo un requisito
indispensable y, en todo caso, el uso de la fuerza siempre deberá
limitarse a los objetivos políticos definidos por el mandato.

En todo caso se deberá aplicar una especial atención al
desarrollo y aplicación de los conceptos de diplomacia preventiva
y el despliegue preventivo, elemento clave que va vinculado a
otro. No pensamos que las Naciones Unidas --insisto-- deban tener
una fuerza permanente, pero en cambio, sí se ha puesto de relieve
la necesidad de contar con unidades de una fuerza de despliegue
rápido de carácter preventivo. En ese sentido, quizá habría que
profundizar en uno de los aspectos más importantes del asunto,
que es el que se refiere a la creación de unas posibles fuerzas
de reserva a disposición de la Organización, es decir, de
unidades y medios que cada Estado designaría y que se podrían
preparar y organizar en cada país con criterios generales
establecidos, compartidos y aplicados por todos los países que
aporten dichos contingentes,



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sin perjuicio de que la decisión final sobre su participación en
una misión concreta la adopte en cada caso el propio Estado.

Sin embargo, hay que decir que a pesar de la creciente
importancia de las operaciones de paz, la actividad principal de
las Naciones Unidas sigue siendo la protección y el desarrollo de
los derechos humanos en todo el mundo. En este sentido saludamos
la institucionalización de un algo comisionado para los derechos
humanos y pensamos que es muy importante insistir, fortalecer y
apoyar la labor de atención a los refugiados, la ayuda
humanitaria, la cooperación, el desarrollo económico, la
protección del medio ambiente y también los aspectos civiles y
los procesos de consolidación de la paz, tales como la asistencia
técnica, la supervisión de las elecciones o la organización de
policías civiles. No es necesario que insista, señorías, en la
decisiva labor de la ONU en la promoción de la igualdad efectiva
entre los sexos y la lucha contra la discriminación racial,
sexual o religiosa.

Dedicamos también algunas consideraciones a la relación entre la
ONU y las organizaciones regionales, por un lado, y las ONG, por
otro. Pesamos que tras el fin de la guerra fría se abre una nueva
perspectiva para un mayor papel de las organizaciones regionales,
porque la complejidad y diversidad de los conflictos actuales
requerirá esfuerzos más articulados, tanto para la prevención de
los conflictos como para las misiones de observación y
supervisión. En algunos casos, las organizaciones regionales
pueden ser especialmente idóneas para asumir responsabilidades
ante conflictos que ponen en peligro la paz y la seguridad en sus
respectivas regiones.

Lo mismo cabe decir de las relaciones con las organizaciones no
gubernamentales, que son un cauce fundamental para difundir e
impulsar las políticas de la organización. Sabemos que esto se ha
hecho ya y conferencias como la Medio Ambiente, la de Población o
la de la Mujer han puesto de manifiesto la capacidad que las
Naciones Unidas tiene para cooperar con las ONG. Creemos que la
ayuda humanitaria a la consolidación de la paz exige una
presencia creciente de las ONG y, en ese sentido, pensamos que
debemos apoyar absolutamente su papel.

Otra de las conclusiones es la que se refiere a la jurisdicción
internacional. Este cincuenta aniversario de la fundación de la
ONU debería ser la ocasión para que todos los Estados miembros --
y subrayo la palabra todos--, y muy especialmente los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad que aún no lo han hecho,
acepten la competencia general del Tribunal Internacional de
Justicia sin reserva alguna, en virtud del artículo 36 de su
Estatuto, por medio de una declaración del tipo de la que España
realizó en 1990 y que es una declaración modélica. Asimismo,
seria deseable que se perfeccionen algunos aspectos
competenciales y procedimentales del Tribunal Internacional de
Justicia para que éste instituya el obligado cumplimiento de sus
propias decisiones.

Finalmente, hemos sacado algunas otras conclusiones, que voy a
resumir brevemente, sobre el papel de España en las nuevas tareas
de las Naciones Unidas.

Consideramos que España ha demostrado en estos años un grado de
compromiso, de capacidad y de preparación que la equiparan a
cualquiera de los países con mayor tradición y envergadura de la
Organización, especialmente en lo que se refiere a las nuevas
dimensiones de las operaciones de paz. Pensamos que la
experiencia adquirida por nuestro país en la actuación y
formación de unidades policiales, la participación de unidades
militares, la presencia de organizaciones españolas no
gubernamentales en misiones de mantenimiento de la paz, de
reconstrucción de Estados y de consolidación de la paz ha sido y
es altamente positiva, y lo mismo cabe decir del papel de
nuestras Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo, creemos que España ha demostrado una especial
capacidad para desarrollar operaciones de paz en determinadas
zonas, como Iberoamérica y Africa, así como en la antigua
Yugoslavia, y que ha desarrollado una importante actividad
diplomática, militar y humanitaria en organizaciones regionales.

Sin embargo, pensamos que los nuevos retos exigirán una relación
más estrecha y una permanente atención del Gobierno, de las
Cortes Generales y de todas las fuerzas políticas y sociales para
discutir y resolver de manera constructiva los nuevos problemas
que se vayan presentando.

Pensamos que la participación de España en las operaciones de paz
es una expresión visible de nuestro compromiso con los principios
de la Carta que hoy conmemoramos; es una proyección de nuestra
política de paz y de seguridad, y subrayo el carácter
internacional y solidario de la defensa. Por eso, es necesario
decir que la participación española se ajusta a unos criterios:
que su participación en operaciones de paz se hará siempre bajo
la autoridad de las Naciones Unidas y por mandato de su Consejo
de Seguridad; que requerirá la existencia de un mandato que
defina claramente los objetivos políticos, los medios necesarios
y el plazo previsto para la operación. Creemos --ya ha sido así y
lo deberá seguir siendo-- que, desde el punto de vista doctrinal,
la participación española siempre deberá estar regida por los
principios de imparcialidad, de consentimiento de las partes y de
no recurso a la fuerza salvo en casos de legítima defensa, y
aunque España no debe especializar unidades de manera permanente
y exclusiva, sí es esencial preparar las que necesitemos para que
puedan ser llamadas a desempeñar tales misiones. Por eso,
pensamos también que seria importante crear un centro
especializado en la formación de cuadros de mandos militares y
directores de programas civiles para las operaciones de paz, así
como potenciar el centro de formación de policías ya existente y
estudiar la creación de otro centro o unidad



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especializada en la localización y desactivación de minas
antipersonal.

A nuestro juicio, los contingentes españoles que intervengan en
operaciones de paz deberán estar compuestos exclusivamente por
profesionales y voluntarios. También pensamos que la creciente
participación de la mujer en esas tareas tiene mucha importancia,
y en la posibilidad de la incorporación de reservistas a las
operaciones de paz en el futuro.

Señorías, en todo esto es muy importante el papel del Parlamento.

Pensamos que es necesario introducir mayor flexibilidad en los
mecanismos de información del Parlamento y aumentar la
implicación de éste, de nuestro Congreso y Senado, en las
cuestiones relativas a la labor de las Naciones Unidas. Los
Presupuestos Generales del Estado deberán recoger de manera
homogénea las diferentes contribuciones, obligatorias y
voluntarias, a la ONU, con una estimación lo más detallada
posible de la previsión de gastos de nuestra participación en
operaciones de paz, así como de los retornos recibidos o
comprometidos.

Señorías, deben estudiarse medidas que favorezcan una mayor
vinculación del Parlamento y, a través de éste, de la sociedad
con los militares o civiles que intervienen en las operaciones de
paz es beneficioso.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Solé Tura, vaya
concluyendo, por favor.




El señor SOLE TURA: Termino enseguida, señor Presidente.

Pensamos que la tarea del Parlamento es generar en los ciudadanos
una actitud solidaria favorable a la participación española en
operaciones de paz, así como transmitir dichos valores a las
generaciones futuras y educarlas en libertad para la paz. Creemos
que incluso sería bueno diseñar programas adaptados a los
distintos niveles educativos para familiarizar a las nuevas
generaciones con esos problemas.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Solé Tura.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, quiero
intervenir muy brevemente porque realmente hoy, 24 de octubre, es
un día muy importante para aquellos que siempre hemos trabajado y
hemos confiado en que debe haber organismos e instituciones que
velen por lo que queremos todos, que es la paz y la seguridad en
el mundo.

Hoy hace cincuenta años que entró en vigor la Carta Fundacional
de las Naciones Unidas y debe ser un día de congratulación para
todos, si bien, aunque se han hecho cosas muy importantes que no
habría que relatar aquí, siempre queda un poco el sinsabor de que
se podían haber hecho muchas más, y en la mente de todos está el
referente de la interminable guerra --aunque parece que en vías
de solución-- en la antigua Yugoslavia.

El balance de los cincuenta años de existencia de la ONU se
contiene en numerosos documentos y actuaciones recogidos en los
archivos de los órganos fundamentales dentro de su organigrama;
decisiones del Consejo de Seguridad, resoluciones y
recomendaciones de la Asamblea General, sentencias y dictámenes
del Tribunal Internacional de Justicia, sin olvidar los informes
de conjunto y las declaraciones especiales de la Secretaría
General. Pero hoy nos enfrentamos ante lo que se ha definido como
retos y vicisitudes de la ONU, y en este punto la Ponencia ha
desarrollado un trabajo importante --quiero felicitar por ello a
los integrantes de la misma-- valorando lo que se ha hecho e
intentando poner algunos puntos sobre las íes y algunas
soluciones para que la ONU sea cada vez más ese instrumento por
la paz y por la seguridad en el mundo, y es evidente que se ha
puesto el dedo en la llaga.

En su estado actual, la Organización de las Naciones Unidas sólo
puede garantizar la paz de forma precaria y por medios
rudimentarios, como ha sido puesto de manifiesto, no muy ágiles,
de negociación o de persuasión. Como se puso de manifiesto el
pasado domingo, existen unos graves problemas de financiación que
pueden estrangular el futuro de las actuaciones de la
Organización, y creo que nadie puede permitir que esto ocurra
porque el papel que ha jugado ha sido muy importante y decisivo,
pero creo que el papel que tiene que jugar en el futuro ha de ser
todavía más importante y decisivo.

¿Habrá que abandonar la Organización de las Naciones Unidas a las
consecuencias dirimentes de una crisis endémica, que durante
mucho tiempo ha sido y será el tema principal de las
preocupaciones de la Secretaría General, como es la financiación?
Yo creo que no podemos permitirlo. Por eso, desde aquí, quiero
valorar muy positivamente la intervención del Secretario General,
así como la del Presidente del Gobierno español puesto que creo
que ha de producirse un ejercicio de responsabilidad, seriedad y
compromiso por parte de los países comprometidos a la hora de
cumplir con sus obligaciones para que la ONU, que es la casa de
todos por la paz y la seguridad, pueda tener esa autonomía
financiera que le permita cumplir los importantes retos a los que
ha de enfrentarse en el futuro. Esa financiación es uno de los
retos, una de las asignaturas pendientes que tenemos; no es el
único, es evidente. La ONU y sus orígenes ideológicos se
confunden, como todos sabemos, con el de la Sociedad de las
Naciones que en 1920 empezó a andar, después de la Primera gran
Guerra Mundial. La trilogía del programa de la Sociedad de
Naciones --arbitraje, seguridad y desarme--



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sigue siendo actual y sigue siendo vigente para la Organización
de las Naciones Unidas, y en ese sentido tenemos que seguir
trabajando sin desmayo. Estos tres capítulos siguen siendo una
asignatura pendiente de la Organización de las Naciones Unidas
tras cincuenta años de funcionamiento.

Ningún progreso se ha alcanzado por el momento en las cuestiones
de desarme; a pesar de los grandes esfuerzos en ello, Francia y
China nos lo ponen difícil cada día. Yo quiero en el día de hoy,
después de cincuenta años y honor a esas personas que han
trabajado incansablemente por que esto funcione, hacer una
crítica dura sobre todo a un país como Francia que está olvidando
uno de los principios básicos que desde el año 1920, en la
Sociedad de Naciones, y, ahora, en la ONU, es fundamental para el
futuro de la paz y la seguridad, el desarme. Y por ello quiero
aprovechar esta ocasión para aquí, ante todos los Diputados,
manifestar esa condena a lo que es cerrar las puertas e intentar
poner cortapisas a los objetivos y principios básicos que
inspiraron en su día a la Sociedad de Naciones e inspiran en el
día hoy y deben inspirar en el día de mañana a la ONU.

Es evidente, y se ha puesto de manifiesto en la Ponencia, que hay
que redimensionar las instituciones, las organizaciones, el
organigrama y el funcionamiento de la Organización de las
Naciones Unidas. Me parece positivo el trabajo de la Ponencia, me
parece positivo el planteamiento que a través de nuestro
Ministerio y el pasado domingo por parte del Presidente del
Gobierno se manifestó en la asamblea general, y, desde ese voto
de confianza a lo que se ha hecho, ese voto de confianza a todos
aquellos que han trabajado sin desmayo por que la paz y la
seguridad sean un día una realidad total y absoluta en todos los
rincones de nuestro mundo, sí que es verdad que hoy, después de
cincuenta años, podemos dar un paso más adelante en el trabajo
para que la ONU se adapte al mundo de hoy.

Con ese feliz cumpleaños va mi intervención, mi congratulación a
los trabajos que se han realizado y mí deseo de que los Diputados
del Congreso de los Diputados del Estado español tomemos el
testigo para que trabajemos por un mundo mejor y evitemos que la
paz sea puesta en entredicho por aquellos que, desde la sinrazón,
intentan poner trabas a un trabajo serio, riguroso y fundamental
para nuestro futuro.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MANDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, Coalición Canaria, como miembro también copartícipe en
la Ponencia que ha redactado el dictamen visto en Comisión de
Asuntos Exteriores, se suma al mismo, que apoyará en su
integridad, desde un planteamiento democrático y político, porque
los demócratas y los tolerantes se han sentido en España cómodos
con la referencia a Naciones Unidas. Cuando no estábamos en ella,
por razones de exclusión política por la Dictadura, y cuando
estamos, ahora, en ella.

Nuestra valoración no quiere ser una valoración de almoneda, de
centrar una serie de problemas en un déficit presupuestario,
porque la transformaríamos en una especie de coro de morosos.

Nosotros lo que queremos es situarnos en el lenguaje con que,
hace cincuenta años, los que se llamaron nosotros los pueblos de
las Naciones Unidas dejaron en el frontispicio de la carta
fundacional de San Francisco unas ideas que ya venían de atrás. Y
vienen de atrás, de un organismo que fracasó, la Sociedad de
Naciones. Y aquí, en este mismo hemiciclo, en las Cortes de la II
República, una voz definió aquellos principios, una voz que yo
quiero recordar hoy aquí, porque fue representante del legítimo y
constitucional Gobierno español, del Gobierno de la II República,
don Salvador de Madariaga. Principios de los derechos
fundamentales del hombre en los que hay que tener fe. La dignidad
y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. El tema
es tan importante que los fallos no pueden ser ni de tipo
presupuestario ni de tipo orgánico, porque aquella Sociedad de
Naciones fue fracasada en sí misma, con conflictos como la propia
guerra civil española, y no digamos con la Segunda Guerra
Mundial.

Hoy llegamos aquí con este estudio de la Ponencia para hablar de
los nuevos retos y la reforma institucional. Quisiera comentar la
reforma institucional que propone en este magnífico trabajo la
Ponencia, y quiero reconocer tanto el trabajo paciente de nuestro
Presidente, el señor Solé Tura, como del letrado asesor y de los
servicios de la Cámara, que han permitido que un problema tan
complejo y amplio se pueda haber metido en una sistemática de
cinco puntos y un sexto de conclusiones.

Sé también que cualquier enfoque que se haga de Naciones Unidas,
como éste, puede estar gravitando no ya hacia el síndrome de lo
que yo llamo el comité de morosos para las cuestiones
presupuestarias, sino a otra parte, también preocupante, que es
el síndrome de los cascos azules, y que carguemos más la mano en
todos los problemas de conflictos internacionales de tipo bélico
en que tienen que intervenir, o vienen interviniendo, las
Naciones Unidas bajo la figura del casco azul o de la bandera
azul.

Efectivamente, hoy en día, dependiendo del Secretario General de
Naciones Unidas, hay un ejército inconmensurable, que no lo
tienen muchas potencias, cuya eficacia es a veces dudosa, porque
junto a triunfos espectaculares en determinadas actuaciones en
los conflictos internacionales hay otros fallos de esos que el
señor Butros Gali llama los conflictos huérfanos. Para nosotros
los españoles hay uno, sensible para



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Canarias por su inmediatez, a 100 kilómetros, el conflicto del
referéndum de autodeterminación del antiguo Sahara occidental
español, conflicto verdaderamente huérfano.

De la sistemática que hemos seguido en la ponencia, en aras de la
brevedad, señorías, voy a señalar nada más que aquellos aspectos
que, a juicio mío, como portavoz de Coalición Canaria, queremos
destacar. En primer lugar, en la contribución de España a las
operaciones de paz, el papel del Parlamento. Esto es fundamental.

Se ha dicho muchas veces que la Asamblea de las Naciones Unidas
tiene un déficit parlamentario, porque no es una Asamblea de
representantes de la soberanía popular, vía parlamentaria, sino
de los gobiernos. Pues bien, o vinculamos, en estrecho contacto,
la voluntad de los parlamentos democráticos nacionales con la
reforma de las Naciones Unidas, con su Asamblea, o podemos estar
en una de las vías de fracaso. De aquí que sea importante la
sensibilidad de un Parlamento con lo que pueden hacer las
Naciones Unidas de hoy y para mañana.

Cuando se habla de la reforma de la Carta, siempre nos hemos
fijado fundamentalmente, señorías, no ya en aspectos puramente
burocráticos internos, sino en los que hacen referencia a unos de
los puntos neurálgicos de Naciones Unidas: el Consejo de
Seguridad. Y ha sido así por una razón, porque las Naciones
Unidas son el organismo más universal que existe,
afortunadamente, en este momento. Y por ser universal es un
centro de poder. Y este centro de poder sigue siendo monopolizado
por cinco grandes ponencias, a través de su Consejo de Seguridad.

De aquí que todo lo que ahí hagamos, en su desarrollo, es
positivo, incluido, señorías, tener un Comité lo más
representativo y ejecutivo posible de Estado Mayor. Porque a lo
que no está dispuesta Coalición Canaria es a admitir aquí la
palabra preponderante a los generales del Pentágono, a los
generales de la OTAN, en decir que basta ya de doble llave y que
de haber una sola llave sea la de la OTAN y no la de Naciones
Unidas. Esto es importante, porque la llave maestra principal
debe seguir siendo el referente democrático por excelencia, que
es las Naciones Unidas. Esta es la verdadera razón de que
tengamos que poner énfasis en desarrollar el actual capítulo 7 de
su Carta fundacional y, sobre todo del Comité de Estado Mayor. En
nuestra Ponencia esta recomendación está hecha.

¿Qué decir de las conclusiones? El grupo de trabajo ha elaborado
catorce, y yo solamente voy a destacar cuatro, porque en este
síndrome de los cascos azules que tenemos, y se dice, y yo lo
tengo que reconocer aquí como una especie de autocrítica, se hace
poca referencia a organizaciones que son Naciones Unidas, porque
Naciones Unidas no es solamente un alto edificio en Nueva York.

Los demócratas españoles en el régimen pasado encontramos refugio
de ideas en la Asociación de Amigos de la Unesco y ahí están esas
organizaciones que hoy en día son verdadero patrimonio de riqueza
de las Naciones Unidas. De ahí nuestro voto permanente, porque
Naciones Unidas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
su lucha contra todas las plagas y enfermedades de todos los
primeros, segundos y terceros mundos; hoy enarbola los comités de
coordinación en la lucha contra el sida, como lo ha enarbolado en
la lucha contra la viruela o el cólera; ahí está la FAO, donde
los pueblos del Tercer Mundo han encontrado la solución a sus
problemas de hambre, donde los pueblos del primer mundo
desarrollado han encontrado un foro de discusión técnica y
científica; ahí está Acnur, y ahí está la Unesco, hasta presidida
por un español. Todo eso son Naciones Unidas, algo fértil que no
podemos dejar perder, y donde hay que tener un sentido de
solidaridad. Y ese sentido de solidaridad para que esto no sea
una ceremonia del cinismo, no de morosos en el pago, porque a mí
me preocupa mucho más que las decisiones del Tribunal
Internacional de Justicia solamente las haya suscrito, en un
concepto de voluntariedad, el Reino Unido, y ni Rusia, ni los
Estados Unidos, ni China, ni Francia las han suscrito, como hizo
también España para su honra en 1990; se han sometido a este
criterio jurisdiccional del Tribunal Internacional de Justicia.

Mal Derecho de ejemplo podemos dar a los pueblos.

En estas tres últimas conclusiones, señorías, permítame, señor
Presidente, hacer énfasis en tres. En la octava, la protección y
desarrollo de los derechos humanos, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, uno de los grandes hitos que honran a una
organización como Naciones Unidas, porque está en su propia Carta
fundacional, porque está en el espíritu de los demócratas que han
luchado por esto. Y les diría más, muchas de las actuaciones que
se derivan de los cascos azules, de las actuaciones militares o
paramilitares que realizan las Naciones Unidas, están
justificadas en razón de la defensa de derechos humanos, la lucha
contra aquellos regímenes autoritarios o totalitarios que los
conculcan, las situaciones de guerras civiles donde se pisotean
con la masacre de los ciudadanos, con su propio asesinato que ha
justificado la razón moral fundamentalmente, porque ésta es la
fuerza, junto al Derecho Internacional, de las Naciones Unidas.

Señorías, cuando hemos hablado de esa jurisdicción internacional
y de esos derechos humanos, al final llegamos a la decimocuarta,
el papel del Parlamento y la sociedad. Ese papel que antes
reivindicaba para nuestro Parlamento, para que todas esas
decisiones sean democráticas, para que si hay un déficit
democrático nos sintamos avergonzados cuando vemos esa tremenda
soledad del Secretario General, que todavía sigue siendo
menoscabada por propios miembros del Consejo de Seguridad, que
les son mucho más cómodas las líneas de mando militar vía
Pentágono, vía OTAN o vía otra asociación de este tipo, que, aun
estando bajo control democrático, no lo están tanto en
comparación



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con el marco universal que representan las Naciones Unidas.

Quiero también rendir homenaje --y termino, señor Presidente, con
la adhesión a este informe-- y poner de manifiesto el sentido de
adhesión a todas esas organizaciones de las Naciones Unidas como
FAO, OMS, Unesco, Acnur, etcétera, que he citado anteriormente,
la Oficina Internacional del Trabajo, no nos olvidemos de ella
porque también está ahí; y también a las organizaciones no
gubernamentales, que todas ellas hoy en día las circunscribo en
España, en la que tienen una representación amplia y pluralista,
la que da el sentido de la tolerancia de la Carta de San
Francisco, tolerancia para convivir como buenos vecinos, que es
la Asociación para las Naciones Unidas de España. Estas
organizaciones son hoy día acompañantes de todo un sentimiento de
adhesión hacia las Naciones Unidas, cuando se pone en su
frontispicio la declaración universal de los Derechos Humanos,
cuando son todas organizaciones de participación civil,
participación civil, como aquella añorada Asociación Española de
Amigos de la Unesco que nos permitió, desde una
semiclandestinidad y una tolerancia a veces mal entendida, hablar
de los problemas de una deseada democracia para España.

Que, en las líneas de reflexión aportadas por la comunicación que
hemos firmado todos los portavoces para ser dirigida a todas las
altas instancias institucionales del Estado español y de los
organismos internacionales, vea, en este mensaje de esperanza, la
misma, pero esta vez sin el indeseado fin de la frustración, con
que aquel español ilustre, Salvador de Madariaga, lo vio también
en la década de los treinta.

Nada más.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mandones.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, con las arcas prácticamente vacias y con una cierta
crisis de identidad, la ONU conmemora estos días el 50
aniversario de la entrada en vigor de la Carta de Naciones
Unidas.

La ONU no es perfecta, muchas veces su actuación es lenta, en
ocasiones, sus decisiones están condicionadas, pero el saldo de
su vida, hasta ahora, es positivo y vale la pena mantenerla. A
pesar de todos estos claroscuros, repito que el balance de cinco
décadas de actividad de la Organización de Naciones Unidas es
positivo y, sin duda, en la era actual, la existencia de la ONU
sigue siendo tan necesaria al menos como hace cincuenta años. Eso
si, debe existir el compromiso de todos, absolutamente de todos,
de hacer de la ONU un instrumento útil para la paz y el
desarrollo de la humanidad.

Se exige, ahora más que nunca, la existencia de una autoridad
internacional con gran capacidad de intermediación y de
pacificación. Por tanto, creemos que el 50 aniversario debería
ser el punto de partida de una organización reformada desde la
forma de financiación hasta la de sus objetivos, puesto que en
estos momentos hay un concepto que domina el pulso de la ONU,
reorganizar y redefinir la Organización, ya que hay que tener en
cuenta que, sin profundas reformas en su estructura, la ONU no
sobreviviría. Por ejemplo, y simplemente lo doy como un ejemplo
entre muchos más, es hora de reconocer que las Naciones Unidas
deben dirigir sus limitados recursos para las prioridades del
mundo centrándose en las tareas que mejor realiza, aunque quizá
el problema sea que nadie ha decidido aún cuáles deben ser los
fondos y las tareas que realmente mejor realizan.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar
sin duda el informe de la Ponencia sobre nuevos retos y reforma
institucional de Naciones Unidas. Lo va a hacer, uno, por su
oportunidad al conmemorarse ahora los cincuenta años de la
creación de la ONU. Dos, porque esta conmemoración ha motivado
reuniones y declaraciones, pero sobre todo valoraciones sobre
Naciones Unidas a las que es importante que se añada el informe
de la Ponencia y, sobre todo, la propia decisión de este Pleno.

Tres, se trata de un informe extenso, con capítulos densos y
significativos, que contienen no todo lo que hay que decir sobre
Naciones Unidas, pero, sin duda, sí mucho de lo que hay que
tratar.

Cuatro, contiene unas condiciones extensas, incluso me ha
parecido en algún momento que demasiado extensas, pero también
son asumibles en cuanto creo que por parte de todos los grupos
será fácil ver lo importantes que son, aunque en alguna de ellas
a mí en particular me pareció que faltaba una cierta contundencia
o concreción, pero en el fondo reflejan exactamente el contenido
de los capítulos del propio informe.

Finalmente, vamos a apoyarlo porque se ha hecho, sin duda, un
gran trabajo, y el consenso, con leves matices, ha presidido todo
el debate de la Ponencia.

¿Qué remarcaría de este informe además de lo que ya los otros
portavoces y el propio Presidente de la Comisión han dicho? Antes
que nada, que es una reflexión serena en el ámbito político y
parlamentario sobre algunos de los retos de la política
internacional en este fin de siglo.

Que a la organización se le pide hoy un papel activo y decisivo
en las operaciones de la paz, así como una actividad cada vez más
intensa en la protección de los derechos individuales y
colectivos, cooperación y desarrollo y una nueva relación con las
organizaciones no gubernamentales.

Que la ONU ha intentado hacer frente a estas exigencias, pero ha
tenido que improvisar y hacer frente a los problemas nuevos con
sus viejas estructuras; por tanto los resultados en algunos casos
han sido claramente insuficientes.

Que los cambios que se propongan deben ser la consecuencia de una
toma de posición clara sobre el papel



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que la Organización de las Naciones Unidas debe desempeñar en
esta nueva situación mundial. Y que, tras una etapa de intensa
actividad, el panorama futuro no permite un excesivo optimismo,
ya que hay serias dificultades en reunir los medios necesarios y
el consenso, este consenso que debería existir siempre en el
Consejo de Seguridad, puede que no sea siempre posible.

Haré unas consideraciones sobre las operaciones de paz. Hay
carencias claras como la limitada capacidad para comprometer
recursos; la inexistencia de logística propia; la imposibilidad
de realizar a corto plazo un despliegue aprobado, y que las
soluciones que se proponen son dispares y a veces incluso
contradictorias, ya que van desde dotar a Naciones Unidas de los
medios necesarios y a que la ONU no deba convertirse en, lo que
hemos venido definiendo en el propio informe, un gendarme
universal.

Además, parece aconsejable la colaboración con las organizaciones
regionales; que nuestra participación debería estar regida sobre
todo por los principios de imparcialidad, consentimiento de las
partes y no recurso a la fuerza; que hay que tender a una
participación selectiva, bien cierto, y que los contingentes
deben ser exclusivamente profesionales y no deben ser, al fondo y
al final, una carga insoportable.

Una referencia al Parlamento. Es preciso introducir una mayor
racionalidad en los mecanismos de información; presentar una
estimación detallada de las previsiones de gastos, así como
remitir un estado de situación y una referencia también a las
reformas institucionales, de las que marcaria las siguientes:
primero, es el momento ideal para llevar a cabo la reforma de la
Carta. Segundo, modificación del procedimiento de adopción de las
decisiones. Tercero, ampliación moderada del Consejo de
Seguridad, donde España debe aspirar a una mayor participación.

Cuarto, reformas de las comisiones principales de la Asamblea
General. Quinto, modificación en los procedimientos de votación
de los organismos políticos. Sexto, indicar que la carencia mayor
que sufre el propio Secretario General es, sin duda, la falta de
apoyo político por parte de los propios estados miembros.

Séptimo, que la situación financiera es no sólo precaria, sino
insostenible.

Finalmente, unos apuntes sobre las conclusiones, dado que parte
de su contenido acabo de exponerlo. Dentro de los nuevos retos
habría que hablar de narcotráfico, terrorismo, blanqueo de
capitales, medio ambiente, control de armamento, no proliferación
de armas nucleares, protección y desarrollo de los derechos
humanos e impulso de las políticas de desarrollo y cooperación.

Dentro del Consejo de Seguridad, que no parece lógico que los
cinco países sean los únicos miembros permanentes y sigan
disponiendo de un derecho de veto, que es importante aumentar la
presencia de grupos regionales y que hay que tender a suprimir el
derecho de veto.

En líneas generales, que la ONU no debe ni puede ser una
organización militar permanente, que es importante la
institucionalización de un alto comisionado para los derechos
humanos, que las organizaciones no gubernamentales, entre otras
cosas, son elementos de concienciación de la opinión pública y
favorecen el apoyo social a las actuaciones de las Naciones
Unidas y que España ha demostrado una especial capacidad en
determinadas zonas. Esto seria todo.

Sólo me queda un breve resumen, señor Presidente, señorías. La
ONU no es perfecta, pero vale la pena mantenerla; el balance de
cinco décadas es positivo y continúa siendo necesaria, como hace
50 años; hay que aprovechar el 50 aniversario para reorganizar y
redefinir la organización. Nuestro Grupo entiende que se ha
elaborado un buen informe, con un buen trabajo de los servicios
de la Cámara y, sin duda, de la propia Ponencia y su Presidente.

Estoy seguro de que también hoy se mantendrá el consenso que se
ha impuesto durante todo el debate de la Ponencia.

Nada más. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Quiero empezar esta intervención por el capítulo de los
agradecimientos, que hago extensivo a los servicios de la Cámara,
en especial al letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores, don
Manuel Gonzalo, y a su equipo. También quiero agradecer --no es
una formalidad hacerlo-- a todos y cada uno de los
comparecientes, tanto del mundo de la universidad, del Derecho y
de las relaciones internacionales como del campo de las ONG, del
propio Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ejército español,
sus opiniones, que, sin duda, han contribuido a enriquecer este
informe.

Entrando en materia, señorías, el informe que nos ocupa es, en su
globalidad, un documento importante y oportuno, aunque
ciertamente nace sin una vocación exhaustiva y centrado
fundamentalmente en dos capítulos, reforma institucional y
operaciones de mantenimiento de la paz, dejando de lado agencias
importantes de Naciones Unidas, como la FAO, la OMS, la Unicef,
la Unesco, etcétera.

Decíamos que es un documento, en su globalidad, importante y
oportuno y conviene recordar --aunque se haya dicho
anteriormente-- que estamos celebrando en estos momentos el 50
aniversario de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco,
firmada en el año 1945 por 41 países miembros. En este informe,
en especial en su apartado número 5, se hace una buena
descripción de las circunstancias que llevaron a la firma de esa
Carta y de la evolución de esas circunstancias en la comunidad
internacional, que hacen hoy estrictamente necesarias las
reformas de estas Naciones Unidas para poderse enfrentar a los
nuevos retos que



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la realidad internacional representa. Se señalan algunos
anacronismos evidentes en la Carta todavía vigente, como la
referencia a Alemania, Italia y Japón como estados enemigos. De
los 41 miembros firmantes iniciales, hemos pasado a 185, que
recogen la práctica totalidad de la comunidad internacional.

En el capítulo VI se hace un análisis adecuado de los nuevos
retos a los que se enfrenta Naciones Unidas, a quien se pide hoy
un papel activo y decisivo, tanto en operaciones de mantenimiento
y construcción de la paz, como en la construcción de naciones, a
partir de sociedades invertebradas, nacidas recientemente tras la
explosión de alguna de las grandes potencias. También se le pide
que trabaje intensamente en el control del armamento y en la
lucha por la no proliferación de armas, especialmente las
nucleares, así como una actividad, cada vez más intensa, en la
protección de los derechos individuales y colectivos, y un
incremento en la tarea de protección de los derechos humanos y de
la cooperación al desarrollo. También se le exige una nueva
relación con las ONGs y una acción determinante en la protección
del medio ambiente a escala mundial. Asimismo, se dice en este
apartado quinto que, si antes la ONG se encontraba con el
obstáculo de la «guerra fría» para su funcionamiento, ahora
también choca ocasionalmente con el obstáculo de la lucha por el
predominio de tal o cual potencia frente a otras, o incluso
frente a la propia Naciones Unidas, que a veces se presenta como
una especie perturbadora de la estrategia política, militar y
económica de alguna que otra potencia.

En los capítulos IX y X de este informe se establece la tipología
de las operaciones de paz, y se hace un repaso a las misiones
desempeñadas por Naciones Unidas en los últimos años, casi todas
amparadas en el capítulo VI de la Carta, aunque en algunas de
ellas últimamente se recurre al capítulo VII. Se señala
adecuadamente, como referencia fundamental, el documento «Agenda
para la paz» del Secretario General de Naciones Unidas. Se hace
referencia a un tema candente, como es el derecho de injerencia
humanitaria y a la consiguiente revisión del concepto de
soberanía, que necesita, sin duda, de mayor consenso, que sólo
podrá ser producido por una modificación radical del «statu quo»
existente en Naciones Unidas desde su nacimiento, evitando
acciones discrecionales que a veces aparecen más como defensoras
de determinados intereses geoestratégicos que como del interés
global de las naciones miembros de Naciones Unidas.

En el capítulo de las carencias de Naciones Unidas se detallan
las mismas haciendo especial hincapié en la limitada capacidad de
Naciones Unidas para comprometer recursos en operaciones
aprobadas, junto con la inexistencia de una capacidad logística
propia, condicionada en ambos casos por los déficit financieros
con los que se mueve la organización.

Y conviene señalar dos hechos esenciales. Primero, que Naciones
Unidas es una organización de Estados. Por tanto, es lo que los
Estados quieren que sea. Y la segunda circunstancia, paradójica,
es que sus primeros aportadores en porcentaje son sus mayores
deudores, es decir, Estados Unidos y Rusia.

Entre las propuestas de solución que se contienen a título
descriptivo en el apartado 12, se señala la necesidad de que
Naciones Unidas pueda disponer de fuerzas permanentes, lo que
todavía no tiene el consenso necesario, o bien que disponga de
una fuerza de despliegue rápido de tipo preventivo encuadrada en
el concepto de diplomacia preventiva defendido por su Secretario
General.

También, cada vez más, se va abriendo paso la idea de la creación
de unas fuerzas de reserva a disposición, las llamadas «stand by
forces», así como la creación de comités de estado mayor «ad
hoc», que podrían paliar, junto con la financiación adecuada, no
pocas de las principales carencias actuales de ONU.

En el apartado 14 se revisa, también correctamente, la
colaboración de ONU con OTAN que, en nuestra opinión, sin negar
esa evidencia, podría haber sido una parte prescindible del
informe. Pero no quiero entrar en más detalles.

En el apartado 15, sobre las medidas operativas que deberían
reformarse, se cita adecuadamente la necesidad de extender la
autoridad del Secretario General respecto de la financiación de
operaciones, así como reestructurar el sistema de financiación de
las mismas. Y también se señala la necesidad de un programa de
formación para misiones de paz de ONU, tanto para personal civil
como militar, que haga más homogéneos los conceptos cooperativos
y fije un código de conducta común.

Otro apartado importante en el informe es el que hace referencia
a la necesaria atención a la opinión pública, pues si bien ONU no
es un gendarme universal sí es, o sí debe ser, cada vez más, el
foro privilegiado de discusión y solución de conflictos, que cada
vez son más intraestatales y que precisan de la necesaria
credibilidad de ONU, basada, entre otras cosas, en combatir la
noción de que existen unas causas más justas que otras.

De la misma manera, establecemos en el informe la eficacia de las
sanciones que impone ONU a través de su Consejo de Seguridad, y
que deben garantizar siempre la llegada de asistencia humanitaria
a la población del país objeto de esta sanción, para no
producirse la doble sanción a los ciudadanos, es decir, por una
parte, tener que soportar a su tirano local y, además, tener que
soportar las acciones económicas que ONU, en teoría en defensa de
esos ciudadanos, les añaden.

En el apartado 16 se señala la contribución de España a las
operaciones de paz, en las que nuestro país ha jugado un papel
relevante, especialmente las desarrolladas en Angola, Namibia y
Centroamérica. La experiencia de esa participación es positiva.

En el apartado 18 se establece qué criterios deben regir la
participación de España en estas operaciones de



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paz, basada en la imparcialidad, en el consentimiento de las
partes y en el no recurso al uso de la fuerza, excepto en casos
de legítima defensa. En este apartado, señorías, se encuentra el
escollo fundamental para que mi Grupo pueda votar favorablemente
este informe.

En las páginas 61 y 123, en su último párrafo, se dice: «La
participación española en operaciones de paz se hará siempre bajo
la autoridad de Nacionales Unidas y por mandato de su Consejo de
Seguridad, bien bajo responsabilidad directa de la ONU o bajo la
de otras organizaciones», lo que, a nuestro parecer, abre la
posibilidad de enviar efectivos españoles a supuestas misiones de
paz sin la responsabilidad directa de ONU. Este nos parece un
punto crucial. Mi Grupo ha expresado en múltiples ocasiones su
apoyo a misiones de paz bajo la autoridad y la responsabilidad de
Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.

La redacción actual de esta frase a la que nos referimos cambia
esa situación y, desde luego, no cuenta con nuestro consenso.

Afortunadamente, a lo largo de esta misma mañana hemos podido ir
limando las asperezas que podía haber entre nosotros, y parece
que hemos llegado a un consenso adecuado de supresión de ese
párrafo final que creaba un conflicto a mi Grupo.

En el apartado 19 se señala, como ya deciamos al principio, que
ONU es una organización de estados
--aunque paradójicamente en la Carta de San Francisco se empieza
con la frase: Nosotros, los pueblos del mundo-- y sus
delegaciones únicamente gubernamentales. En un cuadro que se
adjunta al informe se puede comprobar que nuestro país se
encuentra entre los que menos control disponen sobre misiones de
paz. Se hacen recomendaciones en el informe para cambiar esta
situación. Es un cuadro, el número 2, que está en la página 71,
cuya lectura recomiendo atentamente a sus señorías.

En cuanto a los aspectos más específicos de la reforma
institucional necesaria, se señalan los anacronismos existentes y
la ausencia de consenso entre los miembros de Naciones Unidas,
especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
para modificar estos anacronismos. Se señalan diferentes
posibilidades de ampliación y modificación del Consejo, de los
que posteriormente nos ocuparemos.

En el apartado 22 se señalan las incoherencias de la Asamblea
General en donde, como ejemplo, 50 microestados, que significan
el 0,5 de la población mundial, disponen del 30 por ciento del
voto de la Asamblea General, lo que sin duda avala la necesidad
de establecer criterios, como la ponderación del voto, a través
de criterios demográficos, económicos, políticos, los que
sean, y también utilizar más la población por consenso, las
declaraciones institucionales, etcétera, para intentar darle, a
través de esos mecanismos de ponderación del voto, mayor
credibilidad a las decisiones de la Asamblea General.

En el apartado 23, las referencias al Secretario General y a la
Secretaría, recogen la necesidad de aumentar el apoyo político y
financiero al mismo, corrigiendo los defectos típicos de una
burocracia lenta, compleja, pesada y costosa, como es la actual
de Nacionales Unidas. España es actualmente el noveno
contribuyente al presupuesto ordinario de ONU, con el 2,24 por
ciento del mismo, y afortunadamente no se encuentra entre la
lista de morosos.

En el apartado 25 se establecen las características del Consejo
de Administración Fiduciaria. En el 26, las funciones del
Tribunal Internacional de Justicia, y se señala la paradoja de
que únicamente Gran Bretaña, de entre los miembros del Consejo de
Seguridad, acepta la competencia general del TIJ sin ninguna
reserva. Hay que saludar, y conviene hacerlo, la declaración del
tipo de las que realizó España el año 1990, aceptando la
competencia del TIJ sobre las cuestiones que le atañen.

Pasando al capitulo de las conclusiones, las primera, sobre
nuevos retos de Naciones Unidas, y la segunda, sobre el nuevo
papel de ONU, ya las hemos comentado en la parte expositiva del
documento. La tercera, sobre la reforma del Consejo de Seguridad,
está centrada en cuatro cuestiones: Si hay que ampliar el número
de sus miembros, si hay que ampliar al mismo tiempo el número de
permanentes y con qué criterios, si hay que otorgar o no el
derecho de veto a los nuevos miembros, o si hay que eliminar o no
el derecho de veto de los miembros permanentes.

En el informe señalamos la dificultad de dar una respuesta
concluyente a cada una de las preguntas. En concreto, mi Grupo,
considerando que sin el derecho de veto no hubiera sido posible
la existencia de Naciones Unidas y, por tanto, dándole al derecho
de veto la importancia que ha tenido a lo largo de la historia,
seria más partidario de encontrar mayorías muy cualificadas o
minorías de bloqueo, quitando ese anacronismo del derecho de
veto, sabiendo que, sin el necesario consenso de los miembros que
lo poseen, eso no va a ser posible en corto plazo, pero
convendría trabajar en esa perspectiva para ir actualizando los
recursos de que dispone ONU, su estructura, a la realidad del
momento internacional que vivimos.

Ante una eventual ampliación del Consejo, junto con los criterios
de población y del PIB, España puede reivindicar --y creemos que
debe hacerlo--, por su contribución al presupuesto ordinario y,
en particular, al de operaciones de paz, un puesto permanente en
dicho Consejo, si el mismo se amplia. Las fórmulas de
ampliación...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, vaya
terminando.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo rápidamente, Presidente. Las
fórmulas de ampliación son numerosas. No hay consenso definitivo
sobre ninguna. A mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, le parecería correcta la inclusión en el Consejo de
Seguridad



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de representantes de los grandes bloques geográficos, que ahora
mismo están insuficientemente representados, Y con unos períodos
de rotación equivalentes a los de otros países con muchísima
menos repercusión política dentro de Naciones Unidas.

La cuarta conclusión se refiere a «La Asamblea General» y en ella
se constata la existencia de un déficit de control estrictamente
parlamentario, que podría suplirse --nos parece una fórmula
adecuada-- con un acuerdo entre ONU y la UIP para paliar este
llamado déficit democrático, además de las cuestiones referidas
al voto de los países miembros en la Asamblea General, al que nos
hemos referido anteriormente.

Las conclusiones quinta y sexta, relativas a «El Secretario
General y la Secretaría» y a «La financiación», respectivamente,
ya las hemos comentado anteriormente. La séptima, referida a los
aspectos de «El mantenimiento de la paz y el desarme», también
contiene algunos aspectos ya citados, pero queremos destacar un
párrafo, que dice literalmente: «No puede aceptarse ni el más
mínimo indicio de doble rasero ni dar la menor impresión de
parcialidad» en las decisiones de Naciones Unidas. Entendemos que
es la mejor vía para garantizar la credibilidad necesaria para
hacer operativa su acción.

En cuanto a la conclusión octava, relativa a «La protección y el
desarrollo de los derechos humanos», nos parece positiva la
institucionalización de un Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, así como el trabajo de ONU en la promoción de la
igualdad efectiva entre los sexos y la lucha contra la
discriminación racial, sexual o religiosa. Son desiderata que hay
que llenar de contenido y que hay que empujar, pero nos parece
que es la dirección correcta desde la credibilidad de Naciones
Unidas, y potenciarla puede ser el instrumento más adecuado sin
duda para trabajar en esa dirección.

Las conclusiones novena y décima se refieren a organizaciones
regionales y ONGs, que no comento por premura de tiempo. La
decimoprimera es relativa a «La jurisdicción internacional», y ya
hemos hecho antes referencia al Tribunal Internacional de
Justicia. En la decimosegunda se estudian los problemas de España
ante las nuevas tareas de la ONU, con especial referencia a las
operaciones de paz. Hemos hecho ya comentarios a las mismas,
dirigidos a la financiación especifica para estas misiones, así
como al presupuesto ordinario de la ONU. Los criterios de
imparcialidad, de consentimiento de las partes y no recurso al
uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, que se
recogen en la conclusión decimotercera, entendemos que deben
estar en el frontispicio de las misiones de paz en las que
participe España. La última de las recomendaciones, relativa a
«El papel del Parlamento y la sociedad», ya la hemos citado
anteriormente.

Como conclusión, señor Presidente, señorías, creo que de mis
palabras se desprende claramente que consideramos el informe
positivo, y además oportuno, pero que la redacción literal de las
páginas 61 y 123,
como he señalado anteriormente, nos creaba dificultades. Parece
que, afortunadamente, con la buena voluntad y la sensibilidad de
los diferentes grupos parlamentarios, hemos conseguido eliminar
esos escollos y volver al consenso en el que nos hemos movido a
lo largo de los trabajos de la Ponencia, por lo cual mi Grupo se
felicita y, si ese hecho finalmente se produce --estoy seguro de
que así va a ser--, lo votaremos favorablemente.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la Palabra el señor Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, señorías, el 50
aniversario de la fundación de Naciones Unidas, que se está
celebrando en este año de 1995, no puede ser sólo la ocasión para
conmemorar las bodas de oro de la firma de la Carta de San
Francisco y la puesta en marcha de la ONU, acontecimientos que
parecían abrir una era de paz mundial y de entendimiento entre
todos los pueblos de la tierra. En el Grupo Popular creemos que
hay que aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre la
situación actual de la Organización y sobre el papel que debe
desempeñar en un contexto histórico y político muy distinto del
de 1945 y en el que el propio concepto de comunidad internacional
es más complejo y está más trabado que hace 50 años. Esa será la
mejor manera de celebrar el medio siglo de vida de Naciones
Unidas y de rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que,
como se dice en el preámbulo de la Carta, se propusieron
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra,
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre y
promover el progreso social, dentro de un concepto más amplio de
libertad.

Tales han sido también las motivaciones de la Ponencia sobre
nuevos retos y reforma institucional de Naciones Unidas que hoy
rinde cuenta de sus trabajos ante este Pleno. En cualquier caso,
es evidente que no se han abordado todos los problemas que
afectan a la ONU, sino sólo algunos de los más significativos.

Los trabajos de la Ponencia, que se han prolongado durante varios
meses, se sintetizan en el informe cuyo contenido ha descrito el
señor Solé Tura, que ha presidido nuestras tareas con eficacia,
comprensión y tolerancia. Desde el Grupo Parlamentario Popular
hemos colaborado desde el primer momento con entusiasmo y
dedicación, y puedo asegurarles, señores Diputados, que ha sido
una experiencia satisfactoria. A lo largo de varios meses hemos
tenido ocasión de hablar con muchas personas: funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores, representantes permanentes de
varios países ante Naciones Unidas en Nueva York, funcionarios de
la Organización, profesores y expertos. Especialmente
significativos fueron los encuentros con los miembros de nuestras
Fuerzas Armadas con experiencia



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directa en operaciones de mantenimiento de la paz. De todas estas
personas aprendimos mucho, y yo lamento exclusivamente que, por
razones obvias, en el informe se refleje sólo una parte muy
pequeña del acervo informativo acumulado durante estos meses y de
los debates, formales e informales, que hemos mantenido los
miembros de la Ponencia. Han quedado fuera de la atención de la
Ponencia aspectos tan importantes como los organismos
especializados de Naciones Unidas, previstos en el artículo 57 de
la Carta: OIT, FAO, Unesco, etcétera, el Consejo Económico y
Social, o los organismos regionales. Hay que subrayar, por
cierto, que muchos de estos organismos podrían ser suprimidos o
revisados a fondo, como pedían ayer, en Nueva York, algunos
líderes europeos.

Volviendo a nuestro informe, si se ha prestado mucha atención a
las operaciones para el mantenimiento de la paz, no se han
abordado las importantes cuestiones que plantea la ayuda al
desarrollo, el desarme o los derechos humanos. Quizá será
necesario en otro momento político volcar la atención de esta
Cámara sobre estos problemas, de cuyo análisis se deducirá, sin
duda alguna, una visión completa de Naciones Unidas que la que ha
quedado reflejada en el Informe.

Llegamos a este aniversario en un momento en que arrecian las
críticas contra Naciones Unidas. La misión humanitaria y de
mantenimiento de una inexistente paz enviada a Bosnia, ha sido la
gota que ha colmado el vaso de la decepción y, como decía
recientemente una revista internacional, se ha producido el
eclipse total del prestigio de la institución. Se critica también
su burocracia que, a lo largo de estos 50 años, ha crecido hasta
unos extremos inimaginables. No deja de ser muy expresivo que
Karl Paschke, nombrado recientemente Subsecretario General de
Inspección de Servicios, haya podido decir, después de siete
meses en el cargo: Pienso que Naciones Unidas es un buen ejemplo
de despilfarro e ineficacia.

Resulta muy fácil presentar cargos contra unas Naciones Unidas
que han tenido que adaptarse a un mundo en rápida mutación y que
ha pasado de sus 51 miembros fundadores a los 185 países que hoy
día constituyen una organización en permanente crisis financiera,
porque muchos de sus miembros, especialmente algunos de los más
significados y con más compromiso con la misma, no cumplen con
sus obligaciones contributivas. Como suele recordar el actual
Secretario General, señor Butros Gali, Naciones Unidas no tiene
voluntad propia y depende totalmente de sus Estados miembros,
especialmente de los Cinco Grandes, que tienen asiento permanente
en el Consejo de Seguridad.

Si tantas veces hemos visto a unas Naciones Unidas paralizadas
ante una crisis, las causas de la inacción y de la parálisis hay
que buscarlas siempre en los Estados miembros, que anteponen sus
propios intereses a la flexibilidad necesaria para llegar a un
acuerdo aceptable para todos y a la generosidad para implicarse
en los esfuerzos de solución. Así ocurrió especialmente durante
la guerra fría, cuando tantas y tantas veces el veto soviético
hacía imposible la búsqueda de soluciones. Pero si ya no existen
aquellos obstáculos, otros nuevos, como los de índole financiera,
siguen lastrando la eficacia de la ONU.

Sería injusto y miope, sin embargo, no ver la otra cara de la
moneda. Es verdad que el mundo ha ido dando tumbos de una crisis
a otra durante este medio siglo, pero seguramente las cosas
habrían sido mucho peores sin Naciones Unidas. La Organización ha
funcionado como un gran foro político mundial, en cuyo seno se
han debatido muchos conflictos que, sin ella, se habrían
dilucidado en el campo de batalla. Con otra organizaciones
internacionales, Naciones Unidas ha jugado un papel esencial para
evitar la tercera guerra mundial. Naciones Unidas también ha sido
un lugar de encuentro de las élites gobernantes de todo el mundo
y ha hecho posible el conocimiento mutuo, haciendo más fácil la
tolerancia y la comprensión de los motivos ajenos. En el ámbito
de Naciones Unidas, asimismo, se ha llevado a cabo, además, una
impresionante tarea de desarrollo y perfeccionamiento del derecho
internacional, a través de centenares de tratados, convenciones y
acuerdos. Las relaciones internacionales, tanto públicas como
privadas, han dado un salto de gigante bajo la égida de Naciones
Unidas, estableciéndose cauces para las soluciones de conflictos
entre países, pero también entre individuos. Estamos celebrando,
precisamente, el decenio de las Naciones Unidas para el derecho
internacional y, como señalamos en el informe, sería de desear
que cuando este decenio culmine en el año 2000 la aceptación por
más Estados de la jurisdicción obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia contribuya a hacer más efectivo el
imperio de la ley en la comunidad internacional.

Naciones Unidas se enfrenta, pues, con el ineludible compromiso
de su necesaria reforma si quiere sobrevivir en un mundo tan
distinto al de hace 50 años. No puede extrañar que se hayan oído
voces que repiten la vieja máxima: renovarse o morir, y que entre
la utopía y el posibilismo se estén lanzando múltiples proyectos
de reforma. De ahí también que algunos hablen de la necesidad de
reinventar o refundar Naciones Unidas, porque lo que está claro,
y en lo que parece haber acuerdo general, es que, si Naciones
Unidas no existieran, habría que inventarlas. Abba Eban, un
conocido intelectual y exgobernante israelí, ha dicho, en efecto,
que la idea de vivir sin un marco unitario de relaciones, ahora
más que nunca sería demasiado insensata.

Por todo lo anterior, es seguramente preocupante la actitud de
aquellos países que, como se refleja en el informe, se muestran
poco propicios a la reforma o la limitan a meras cuestiones de
detalle. Este inmovilismo podría hacer de este quincuagésimo
aniversario una ocasión perdida para lograr que todos los pueblos
de la tierra se sientan más identificados con la



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Organización y más comprometidos en sus tareas de mantenimiento
de la paz, evitación de conflictos, desarme, ayuda al desarrollo
y lucha por los derechos humanos.

Naciones Unidas sigue siendo, por tanto, más necesaria que nunca
en este mundo que se encamina hacia un siglo XXI en el que el
desarrollo de las tecnologías, de la comunicación y de los
transportes, la globalización de la economía y la intensificación
de las relaciones de todo tipo entre todos los pueblos y naciones
hace imprescindibles cauces múltiples de entendimiento. En un
mundo en el que los problemas desbordan las fronteras estatales,
Naciones Unidas debe abarcar todos los pueblos del planeta,
haciendo realidad el principio de universalidad que, como muestra
el caso de Taiwan, hoy día no tiene todavía plena vigencia.

Parece oportuno recordar que en este año se cumple también el
cuadragésimo aniversario de la entrada de España en Naciones
Unidas, donde fue admitida el 14 de diciembre de 1955, diez años
después de la fecha fundacional que hoy conmemoramos. La España
democrática se ha convertido en un activo miembro de la
Organización, como lo muestra su participación en diversas
operaciones de mantenimiento de la paz, que se han saldado, en
casi todos los casos, con éxitos patentes. Somos también uno de
los Estados miembros que más escrupulosamente cumple con sus
obligaciones financieras. Hay consenso entre todos los Grupos de
esta Cámara en el sentido de que la participación en Naciones
Unidas es uno de los vectores más significativos de nuestra
política exterior, ya que es esencial para fortalecer la
presencia internacional de España.

Señorías, en el informe que se presenta a la aprobación del Pleno
hemos abordado algunos aspectos del sistema de Naciones Unidas
que, en nuestra opinión, requerirían una reforma más urgente, sin
dejar de considerar los obstáculos que se oponen a la misma.

Hemos reflexionado así sobre la necesaria ampliación del Consejo
de Seguridad, la agobiante crisis financiera que ha llevado a la
Organización al borde de la bancarrota, la jurisdicción, que
deseamos ampliar y reconocida del Tribunal Internacional de
Justicia, o el futuro de las operaciones de mantenimiento de la
paz, que no pueden juzgarse sólo por casos como los de Bosnia o
Somalia, sino por otros como los de América Central o Kuwait.

Como es natural, hemos dedicado una especial atención a cuál debe
ser la posición de España y de qué modo se pueden atender mejor
sus legítimas pretensiones de una mayor presencia e influencia en
la comunidad internacional.

Nos ha parecido también muy importante destacar la conveniencia
de que los Parlamentos y, por tanto, este Congreso de los
Diputados, estén en el futuro más vinculados a los trabajos de
Naciones Unidas y con más información e incluso algún tipo de
presencia en las delegaciones nacionales ante la Organización.

Esa será la manera de conectar la opinión pública con la acción
de Naciones Unidas.

Quiero terminar esta intervención, señor Presidente, señorías,
agradeciendo a mis colegas, miembros de la Ponencia, el espíritu
de equipo que ha estado presente en todo momento en nuestros
trabajos, su capacidad para escuchar los puntos de vista de todos
y para lograr una síntesis en la que todos nos sentimos
reconocidos y con la que todos nos identificamos, y quiero
agradecer también muy especialmente la aportación imprescindible
de los servicios de la Cámara.

Deseo, finalmente, expresar la apuesta decidida del Grupo Popular
por unas Naciones Unidas capaces de estar a la altura de los
nuevos retos de nuestra época. Creemos que si las estructuras y
procedimientos de trabajo de la Organización están muy lejos de
la perfección, los valores en que se inspira y que están
plasmados en el preámbulo de la Carta de San Francisco y en el
capítulo I, dedicado a los propósitos y principios, tienen un
valor imperecedero. Nunca en la historia de la humanidad se
habían hecho tantos esfuerzos ni volcado tanto entusiasmo para
lograr el ideal de la paz universal, como los realizados en el
marco de Naciones Unidas. Creemos, por eso, que hay que
perseverar en esa tarea con una decidida voluntad de perfección.

Finalmente, señorías, quiero decir que, por parte de nuestro
Grupo, aceptamos el voto particular de Izquierda Unida, en el
sentido de suprimir las frases que aparecían en las páginas 61 y
123, pero debemos también dejar claro que no compartimos las
conclusiones y las consideraciones que se han hecho desde
Izquierda Unida.

Para nosotros es perfectamente posible imaginar operaciones bajo
la responsabialidad de la OTAN en el marco del Tratado de
Washington y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Creo
que esta puntualización es importante para que quede claro
nuestro punto de vista y el porqué de nuestra aceptación de esta
última propuesta.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Muñoz-
Alonso.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista desea, en primer lugar,
expresar su satisfacción al ver la llegada a este Pleno del
informe elaborado por la Ponencia y aprobado por la Comisión de
Asuntos Exteriores.

La elección de la fecha de hoy, cuando se cumplen 50 años de la
entrada en vigor de la Carta de San Francisco, sin duda
representa un homenaje a la Organización de Naciones Unidas. En
cualquier caso, yo creo que refleja nuestro natural apego a la
simbología.

Pero mucho más importante que todo eso es el hecho de que
contiene una reflexión política e institucional



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sobre el papel actual y el futuro de una organización que ha
experimentado profundos cambios, que ha visto pasar el número de
sus miembros de 51 a 185 a lo largo de su historia; una reflexión
en un mundo que ha pasado de la muy poca deseable estabilidad de
la guerra fría a la menos deseable inestabilidad de los
conflictos actuales; un mundo donde predomina la pobreza y la
superpoblación, y donde existen profundas y crecientes
diferencias en nivel de desarrollo; un mundo donde persisten como
signos visibles la intolerancia política, la intolerancia
cultural y religiosa; pero también un mundo donde la democracia
se extiende de manera progresiva, donde la solidaridad se
acrecienta, y en un mundo que alza cada vez con más fuerza su voz
ante las violaciones de los derechos humanos. Es también una
reflexión desde un país que no mereció el honor de estar en la
creación de Naciones Unidas, pero al que la restauración de la
democracia le ha permitido recuperar el terreno perdido y
adquirir un peso y una proyección internacional considerables.

Este es un informe que, además, se hace desde la autoridad moral
con que cuenta nuestro país de estar claramente comprometido con
Naciones Unidas, de tener un papel preponderante impulsor de la
labor de Naciones Unidas, como lo ha demostrado durante nuestra
presencia en el Consejo de Seguridad con nuestra participación en
las operaciones de paz, etcétera.

Por algunos intervinientes se ha planteado la cuestión del ámbito
que debía haber cubierto el informe. Esa fue la primera cuestión
que nos planteamos en los trabajos de la Ponencia. Al final,
conscientes de la labor primordial en materia de desarrollo de
problemas alimentarios, de medio ambiente, de salud, de política
social o de empleo que ejercen las organizaciones del sistema de
Naciones Unidas, considerando que esos temas son tratados por
otras comisiones o han sido tratados por el Pleno en otras
ocasiones, decidimos centrarnos en dos aspectos que
considerábamos esenciales y que forman parte del nudo gordiano
del futuro de la organización; por un lado, el de la reforma
institucional, por otro, el de las operaciones de paz que por su
impulso reciente crean un escenario que requiere de una
definición.

Nos hemos planteado los cambios que eran necesarios para hacer la
Organización más democrática, más transparente y capaz de
responder a los nuevos retos. Hemos llegado a la constatación de
las dificultades que plantea una reforma que, en lenguaje de los
constitucionalistas, sería una reforma total, una reforma que
afectase a los elementos fundamentales de la Carta de las
Naciones Unidas, los problemas para la revisión de la Carta,
dados los procedimientos establecidos para la misma.

Hemos constatado la existencia de un derecho de veto que a
ninguno nos gusta, que consideramos también que ha tenido una
incidencia y unos efectos positivos, pero constatamos que en la
actualidad se ha convertido, afortunadamente, en una práctica
vergonzante dentro del trabajo del Consejo de Seguridad.

Hemos abordado el debate, desde una perspectiva política, a veces
excesivamente académico, sobre la ampliación del Consejo, y hemos
llegado a una conclusión, entendiendo que la propia carta define
muy claramente cuáles deben ser los criterios para la composición
del Consejo. Hemos planteado la necesidad de que el Consejo se
debe ampliar y de que España puede y debe aspirar legítimamente a
una presencia más frecuente dentro del Consejo de Seguridad,
puesto que es uno de los países que en mayor medida contribuye al
presupuesto y a la composición de las operaciones de paz.

En lo que se refiere a la Asamblea, y lo han expresado antes
otros intervinientes, hemos tratado también de apuntar las líneas
que debieran seguir las reformas que permitieran a la Asamblea
una mayor transparencia, una mayor democratización que le
permitiera, en definitiva, más operatividad. En cuanto a ese
déficit democrático, la propuesta de dotarla de una asamblea
parlamentaria, como propone la Unión Interparlamentaria, puede
ser la vía más adecuada.

Hemos abordado las limitaciones con que se encuentra el
Secretario General, sobre el que suelen caer las lluvias de todos
los problemas de las Naciones Unidas. Se ha explicado ya que
Naciones Unidas no es otra cosa que la suma de las voluntades de
los Estados. Pero es cierto que existe una burocracia que debe
ser reformada, que la Organización encuentra limitaciones desde
el punto de vista financiero y organizativo, y también desde el
punto de vista de los instrumentos a disposición del Secretario
General. Esa es una responsabilidad de los Estados, ya que hay
graves problemas financieros, y me remito a lo que han dicho
otros intervinientes.

Hemos contemplado el papel de las organizaciones regionales y las
no gubernamentales; hemos abordado, con algunas propuestas muy
concretas, los nuevos papeles y los nuevos compromisos que se
deben adquirir con relación a las competencias del Tribunal
Internacional de Justicia. Finalmente, también hemos tratado de
la capacidad de Naciones Unidas para impulsar el desarme y
responder a los retos que plantea la paz y la seguridad. Una
Organización que ha pasado de estar realizando 13 operaciones de
paz entre los años 1948 a 1988, a poner en marcha 23 operaciones
desde 1988 hasta la fecha; una Organización cuyo Consejo de
Seguridad se ha visto inmerso en una especie de orgía de
resoluciones, tratando de dar respuestas a la evolución de los
diferentes conflictos. Y todo ello con medios considerablemente
limitados y, como consecuencia, dando quizá la impresión errónea
de que el Consejo de Seguridad, de que Naciones Unidas debía
asumir el papel de gendarme universal o, si se prefiere, de
bombero universal, algo con lo que nosotros no estamos en
absoluto de acuerdo. Pero es cierto que muchas veces la opinión
pública percibe ese mensaje erróneo, como



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percibe también el mensaje erróneo, por parte del Consejo de
Seguridad, de que no hay unos criterios objetivos a la hora de
definir las razones por las que Naciones Unidas interviene o
decide no hacerlo en una situación de conflicto.

Hemos abordado las carencias prácticas, los problemas de tipo
operativo con los que se encuentran las operaciones de paz de
Naciones Unidas. Hemos destacado la importancia que tiene la
diplomacia preventiva y la importancia que puede tener un
despliegue preventivo, en plazo corto, para impedir la extensión
de un conflicto, y hemos abordado también medidas como, por
ejemplo, la creación de un comité de estado mayor «ad hoc» para
determinadas operaciones más complejas o las medidas de desarme y
microdesarme que deben impulsarse.

Finalmente, señor Presidente, el informe que hoy deseamos aprobar
analiza el papel de España en relación a las operaciones de paz.

Un papel que se inicia muy recientemente, en 1988, y se hace como
un reflejo de la voluntad política, contando, además, con un
amplio apoyo de la opinión pública, pero que hasta hoy no había
sido objeto de una expresión de voluntad parlamentaria, que sí
hace el informe. Con la aprobación de este informe el Parlamento
confiere carta de naturaleza a nuestra participación en las
operaciones de paz. Define esa participación como la expresión
visible de nuestro compromiso con los principios contenidos en la
Carta, es --y la define-- como una proyección de nuestra política
de paz y seguridad y subraya, al mismo tiempo, el carácter
internacional y solidario de la defensa. Destaca también el
carácter integral de la paz al vincular la cooperación al
desarrollo con las operaciones de paz. Se establecen lo que, a
nuestro juicio, deben ser los criterios que deben presidir
nuestra participación en operaciones de paz, que deben realizarse
siempre bajo la autoridad de Naciones Unidas y en virtud de un
mandato que debe definir claramente los objetivos políticos de la
misión, junto a la incorporación de principios doctrinales
esenciales para el éxito de la misión de paz. Por ejemplo, la
imparcialidad, el consentimiento de las partes o el no recurso a
las fuerzas, salvo en legítima defensa; la especialización
regional, en la medida de lo posible, de España; las iniciativas
para que España también desarrolle una actividad específica en
ámbitos concretos, como la creación de un centro de formación de
expertos en desactivación de minas, policía, etcétera, y las
medidas dirigidas a lo que hasta ahora ha sido una información
abundante --bien por iniciativa del Gobierno o bien de los grupos
parlamentarios en Comisión y en Pleno-- sobre las operaciones de
paz o sobre los conflictos que han originado dichas operaciones,
con el fin de que éstas se puedan racionalizar. Finalmente, en lo
que se refiere al papel del Parlamento y la implicación de la
sociedad, muy especialmente de los jóvenes, en los problemas de
la paz y la seguridad.

Señor Presidente --y con esto querría acabar--, no voy a entrar
en el otro debate que se ha planteado. Nuestro Grupo va a apoyar
la iniciativa de que se supriman algunos párrafos del informe.

Entendemos que lo importante ahora es el debate que estamos
manteniendo sobre el papel de Naciones Unidas y, señor
Presidente, querría terminar expresando mi agradecimiento --como
lo han hecho los demás intervinientes-- a aquellas personas que
han comparecido y han contribuido con su aportación y presencia
física a los trabajos de la Ponencia. A aquellas otras que nos
han aportado documentos, estudios y análisis. Quisiera agradecer
también su apoyo al personal de la Cámara, de Secretaría, así
como agradecer su participación a los miembros de la Ponencia y
destacar una de las carencias que tiene nuestra práctica
parlamentaria, que son las limitaciones en cuanto a medios de
investigación, a medios de apoyo técnico específico en las
distintas materias para las comisiones, lo cual ha requerido un
mayor esfuerzo por parte del personal de Secretaría y de los
miembros de la Ponencia.

Por tanto, señor Presidente, si Naciones Unidas es una suma de
Estados, hoy, con la aprobación de este informe, queda clara cuál
es la voluntad española: seguir impulsando la transformación y la
consolidación del papel de Naciones Unidas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Estrella.

Tiene la palabra el señor Solé Tura.




El señor SOLE TURA: Gracias, señor Presidente.

En nombre de todos los grupos parlamentarios quiero someter a la
consideración de la Presidencia y de la Cámara un voto particular
que consistiría en suprimir dos párrafos del texto que vamos a
someter a votación; concretamente, las dos últimas líneas de la
página 61. Se trataría de suprimir la frase que dice: «... bien
bajo responsabilidad directa de la ONU o bajo la de otras
organizaciones.» Y en la página 123, también en las dos últimas
líneas, las palabras: «... bien bajo responsabilidad directa de
la ONU o bien bajo la de otras organizaciones, como la OSCE.»
La petición consiste en que al someter a votación el texto se
entienda que estas frases ya no figuran en él.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Solé Tura.

¿Algún grupo parlamentario de la Cámara se opone a la admisión a
trámite y a la modificación del dictamen en los términos
expresados por el señor Solé Tura? (Pausa.) Muchas gracias.

Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación relativa al informe de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma
intitucional de la Organización de las Naciones Unidas. El
informe se somete a



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votación con la supresión de las dos frases de las páginas 61 y
123 a las que se ha referido el señor Solé Tura en su última
intervención.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.




AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:



El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley
de telecomunicaciones por cable.

Vamos a someter a votación esta propuesta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la avocación propuesta.




MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:



El señor PRESIDENTE: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno la exclusión
del orden del día de la presente sesión de los puntos cuarto a
séptimo. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la exclusión del orden del día de los puntos de
referencia.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996
(Número de expediente 121/000120)



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000121)



El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Debates de
totalidad de iniciativas legislativas.

Debates relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1996 y al proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señorías, defenderé hoy ante esta Cámara los
Presupuestos Generales del Estado para 1996, aprobados por el
Gobierno y remitidos a la misma en cumplimiento del mandato
constitucional.

Son unos presupuestos adecuados al Programa de Convergencia que
permitirán que la economía española siga creciendo, creando
empleo y reduciendo sus desequilibrios macroeconómicos. Unos
presupuestos en los que el déficit del Estado disminuye hasta el
3,4 por ciento del producto interior bruto, se genera un
superávit primario que estabilizará la deuda, el gasto no
financiero no crece en términos reales y la presión fiscal se
reduce.

Pero antes de defender estos presupuestos concretos, y dado el
clima ya expresado ante los mismos, aún antes incluso de
conocerlos, permítanme que defienda, frente a las enmiendas
presentadas, la misma necesidad de que existan. Creo que es la
mejor alternativa frente a cualquier otra, sea cual sea la
hipótesis que hagamos acerca del devenir político en los próximos
meses.

Por tanto, pediré que, en un ejercicio de responsabilidad, se
retiren o voten en contra las mociones de devolución presentadas
y se permita una tramitación parlamentaria que, a través de la
discusión y las enmiendas correspondientes, dé como resultado
unos presupuestos para 1996 adecuados a nuestra realidad y
necesidades.

Como Ministro de Economía y Hacienda son los terceros
presupuestos que presento, y cada uno de ellos lo he hecho en un
contexto político y económico diferente. Los de 1994, que
presenté ahora hace dos años, se plantearon para sacar al país de
la crisis económica más grave y difícil de cuantas hemos sufrido,
y realmente lo conseguimos. Los de 1995, hace un año, los
presenté ante esta Cámara como presupuestos que consolidarían el
proceso de recuperación y de creación de empleo, y así ha sido.

Hasta ahora, los hechos han desmentido, unas tras otras, las
críticas feroces y las descalificaciones que los grupos de
oposición vertieron sobre la política económica del Gobierno,
plasmada en los dos últimos presupuestos y en el Programa de
Convergencia.

Me abstendré de repetir algunas de las opiniones que merecieron
por parte de la oposición anteriores presupuestos por entender
que es legítimo, en democracia, incluso la exageración ridícula
que sólo busca el titular del día y el olvido posterior. Pero
también lo es señalar ahora, con claridad, quién se equivocó y
quién tenía razón al defender la política económica y
presupuestaria que hemos seguido estos años. Cualquiera que
contraste lo que se dijo que pasaría y la evidencia de lo que ha
pasado situará a cada uno ante sus



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responsabilidades. Espero y deseo que ese contraste entre lo que
se dijo y lo que ha pasado sirva para rectificar algunas de las
principales críticas que ya se han expresado sobre los
presupuestos que ahora presento e incluso sirva también para
ayudar a adoptar una actitud más constructiva ante los mismos.

Creo que la realidad es la que es, y en base a ella y no a la que
nos gustaría que fuese tienen que adoptarse las decisiones
políticas por parte de quienes se sienten comprometidos con el
futuro de España, no desde un afán de llegar al poder a cualquier
precio, incluso el de la tierra quemada, sino de hacer algo desde
el poder o de la oposición que mejore las condiciones de vida y
las perspectivas de futuro de los españoles.

¿Cuál es esa realidad? Creo que hay que partir de dos datos que,
como tales, hay que tomar. El primero, se ha anunciado ya por
quien tiene la facultad constitucional para ello que las
elecciones generales serán en marzo próximo. Es posible que esto
no guste por igual a todos; unos, porque preferirían antes, y,
otros, sin duda alguna, porque las preferirían después. Pero el
dato con el que tenemos que contar si hablamos de realidades y no
de quimeras es ése, serán en marzo, y el Gobierno y su Presidente
ya han dado cumplida cuenta de por qué se estima que ésta es la
mejor fecha, por otra parte muy próxima al momento actual.

A partir de ahí, conviene hacer la siguiente reflexión. El
Gobierno que salga de esas elecciones difícilmente estará en
condiciones de abordar ningún tema presupuestario antes del mes
de junio o julio, y el primer asunto presupuestario debería ser
en esas fechas el presupuesto para 1997, que no se presenta como
un presupuesto fácil al deber reducir el déficit al 3 por ciento
del producto interior bruto para cumplir el Programa de
Convergencia y evitar los peligros que el no hacerlo tendrá tanto
desde el punto de vista de los mercados como desde el punto de
vista de nuestras responsabilidades con la Unión Europea.

En esas condiciones, y sea cual sea el signo político de este
futuro Gobierno, el no disponer de un presupuesto en vigor y
adaptado a la realidad de 1996, sería añadir un elemento de
riesgo e incertidumbre innecesarios, incluso si, como esperamos,
será el Partido Socialista el encargado de formar gobierno y
presentara nuevamente el mismo presupuesto que hoy traemos a la
Cámara.

Cualquier otra de las soluciones alternativas posibles sería
peor, y no sólo por razones administrativas y de funcionamiento
de los distintos servicios de la Administración, tanto central
como autonómica y local, sino por el contexto económico tan
específico que vivimos, con un proceso claro de unión monetaria
en marcha y con unos mercados financieros influyentes que
reaccionarían negativamente ante la posibilidad de no acceder a
esa moneda única entre los primeros países que lo hagan.

El segundo dato de la realidad actual al que quiero referirme es
el hecho de que la economía española está avanzando en la
recuperación, la creación de empleo y la convergencia con Europa.

Todos los analistas independientes y los organismos
internacionales reconocen este hecho y lo valoran de forma
positiva. Tras dos años de esfuerzo colectivo hemos estabilizado
un crecimiento superior al tres por ciento, una creación de mil
empleos diarios y unos avances innegables, aunque algunos los
consideren insuficientes, en la corrección de los desequilibrios
macroeconómicos, principalmente inflación y déficit público.

No ha sido fácil quebrar la tendencia al alza de ambos y
reconducirlos por una senda de reducción, en línea con lo
previsto por el Gobierno en el Programa de Convergencia, que, por
segundo año consecutivo, también cumpliremos este año.

La existencia de unos presupuestos restrictivos ampliará el
margen para, en su caso, reducir los tipos de interés e
incentivar la actividad y el empleo. Por ello es todavía más
incomprensible que quienes han prestado su apoyo a esa política
en anteriores presupuestos, que no difieren ni en su filosofía ni
en su concepción ni en su materialización de los que ahora se
presentan, los nieguen ahora, cuando se confirma la bondad de la
política económica seguida: reducción del déficit, mantenimiento
del gasto social, apoyo a la economía productiva. Sólo lo
explican razones electoralistas y el haber cedido a la presión de
quienes, reclamando mayorías suficientes para sí han venido
negando a otros el derecho a formarlas, entorpeciendo, aunque no
impidiendo, el que funcionara una mayoría más que suficiente en
lo que llevamos de legislatura.

Considero que estamos en un momento importante de la vida
española y de la construcción europea en el que, en pocos meses,
se va a decidir mucho sobre el futuro. Los presupuestos para 1996
constituyen una pieza clave en este proceso que no podemos
permitirnos eludir o perder. De su discusión, de su debate y de
sus enmiendas debe salir un impulso decisivo para nuestro país.

Por ello, el negar incluso esa posibilidad de discutirlos
pidiendo su devolución, optando, por tanto, por la prórroga de
los de 1995, es hacer un flaco servicio al país, sobre todo
cuando se hace por razones extrapresupuestarias. Es decir, cuando
se pretende instrumentalizar el debate de presupuestos para
conseguir otros objetivos que tienen previstos otros cauces en la
Constitución.

El Gobierno cree que es importante contar con unos presupuestos
para 1996, los que ahora presento o los que salgan del debate
parlamentario que, evidentemente, el Gobierno aceptaría, pero el
no presupuesto es la peor de las opciones, en cualquier caso.

Además, creo que los que presento ahora son los más adecuados a
nuestros retos y explicaré por qué.

A lo largo de 1995 se han ido consolidando las favorables
perspectivas de crecimiento de nuestra economía. Las previsiones
actuales apuntan a que en este ejercicio se alcanzará una tasa de
crecimiento real del 3,1 por ciento, que llegará al 3,4 en el
próximo año. Pero,



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lo que es más importante, el patrón de crecimiento que
caracteriza este nuevo ciclo expansivo se está asentando sobre
bases más sólidas y equilibradas. Por un lado, el componente más
estable de la producción, el producto interior bruto privado no
agrícola, ha crecido a lo largo de 1995, en crecimiento
intertrimestral, a más del cinco por ciento, lo que representa
una tasa próxima a las máximas alcanzadas en el ciclo expansivo
anterior. Por otra, el hecho de que el crecimiento esté
sustentado, en gran medida, en la inversión, cuya previsión de
crecimiento para este año y el próximo es superior al ocho y al
7,5 por ciento respectivamente, es una garantía de la durabilidad
y sostenibilidad del proceso expansivo. También se espera una
recuperación del consumo privado, con una tasa de crecimiento
medio del tres por ciento para 1996, frente a una cifra algo
inferior al dos en 1995. Ello contribuirá a reforzar las
expectativas de inversión empresarial, especialmente en lo que se
refiere a los bienes de equipo, cuya tasa de crecimiento superará
el 10 por ciento en 1996.

En definitiva, frente al período inicial de recuperación, el
mayor protagonismo del crecimiento económico va a venir de la
mano de la demanda interna, principalmente de la inversión, al
tiempo que existe una mayor recuperación del consumo privado.

Uno de los aspectos más positivos del actual entorno de
crecimiento económico ha sido la fuerte aceleración del empleo
neto generado, a lo que no ha sido ajeno, junto a la moderación
de los salarios, el favorable impacto de la reforma laboral que
impulsamos en 1992. De una tasa de crecimiento de empleo negativo
del 0,9 en 1994, en 1995 esperamos un crecimiento positivo del
2,4 por ciento, y se situará entre el 2,4 y el 2,6 en 1996. Dicho
en otros términos, entre 1995 y 1996 se crearán entre 550.000 y
600.000 nuevos puestos de trabajo. Este ritmo de creación de
empleo, junto al moderado avance de la población activa, ha
permitido en los últimos meses ir consolidando la tendencia firme
de reducción de la tasa de paro, con previsiones del 22,9 para
1995 y del 21,15 para 1996, sin descartar la posibilidad de que
esa caída sea aún mayor.

En cuanto a la corrección de otro de los desequilibrios básicos
de nuestra economía, la inflación, el balance de los meses que
llevamos transcurridos de este año puede considerarse
parcialmente satisfactorio. El último dato conocido de septiembre
sitúa la tasa interanual del IPC en el 4,4 y se espera que a
finales de año incluso nos podamos mantener por debajo de la
misma. Quizá para algunos los avances en este terreno han sido
escasos. Sin embargo, hay que señalar que el año 1995 ha sido un
ejercicio atípico en materia de precios. Han confluido una serie
de factores que han condicionado el nivel y el perfil de la tasa
de inflación. La imposición indirecta, que se aumenta en enero de
1995, la sequía y las heladas, el incremento de los precios de
materias primas, las turbulencias de los mercados monetarios han
actuado de forma negativa en cuanto al crecimiento de la
inflación. Pero una vez agotados los efectos de estos factores
transitorios, el comportamiento de la inflación a partir del
segundo semestre ha iniciado un proceso de desaceleración que se
espera que continúe y se consolide en los próximos meses para
situarse ya, en el primer trimestre de 1996, por debajo del 4 por
ciento, y ello nos permitirá alcanzar el objetivo previsto en
diciembre del próximo año del 3,5 por ciento; objetivo que es
compatible con una reactivación del consumo privado, que no
supondrá una presión adicional de la inflación, ya que estas
posibles presiones se contrarrestarán con las medidas de política
fiscal y monetaria diseñadas.

A este respecto la referencia para nuestra economía y para
nuestra política económica en el próximo ejercicio seguirá
siendo, sin duda, el comportamiento y evolución de las cuentas
públicas, cuyo control, garantizando el estricto cumplimiento de
los objetivos del déficit, es esencial para no inducir
expectativas de inflación y presiones sobre el tipo de cambio que
obliguen a mantener una orientación restrictiva de la política
monetaria por más tiempo de lo que sería necesario. Nuestro
énfasis se centra, pues, en la reducción del gasto público a
través de compromisos y actuaciones discrecionales que
garanticen, de forma simultánea, la contención efectiva del gasto
público a medio plazo, preservado al mismo tiempo la calidad y
oferta adecuada de bienes y servicios públicos. Este compromiso
de reducción del gasto no se trata de una mera declaración de
intenciones, sino que se encuentra apoyado en las distintas
medidas que hemos ido adoptando en los últimos meses, tanto de
carácter sectorial, de saneamiento presupuestario y
racionalización del gasto, como de carácter normativo. Y entre
estas últimas citaría el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 13
de enero pasado, por el que se aprobó un conjunto de medidas para
el seguimiento y control del déficit contenido en el Programa de
Convergencia o, más recientemente, el proyecto de nueva ley
general presupuestaria elaborada por el Gobierno y enviada a esta
Cámara. Indudablemente, la efectividad de estas medidas, que se
dirigen a reforzar la credibilidad de las cifras presupuestarias
y a implantar una conducta efectiva de racionalización y control
del gasto a medio plazo, no sería suficiente si no estuviesen
acompañadas por resultados tangibles. Esos resultados se están
produciendo ya y son precisamente los que nos animan a seguir en
la misma línea de política presupuestaria.

En 1994, el objetivo en déficit de las administraciones públicas
quedó ampliamente cubierto con una necesidad de financiación del
6,6 por cien del PIB, es decir, una décima por debajo del
objetivo previsto en el Programa de Convergencia. En particular,
las administraciones centrales presentaron un déficit del 5,5 del
PIB, dos décimas inferior al límite establecido. Por lo que se
refiere al ejercicio actual, a 1995, la recuperación de los
ingresos a medida que avanza el año y el control riguroso a que
se está sometiendo la ejecución



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del gasto nos inducen a pensar que se cumplirá holgadamente el
objetivo del déficit del 5,1 por ciento del producto interior
bruto establecido en este ejercicio para las administraciones
centrales, lo que, unido al comportamiento esperado de las
administraciones territoriales, debe permitir cumplir el objetivo
del 5,9 de déficit en términos de PIB, fijado para todas las
administraciones públicas.

A todo ello, hay que unir otro dato que considero sumamente
importante, el de las desviaciones presupuestarias. Este ha sido
uno de los elementos que más ha alimentado las críticas de falta
de rigor y disciplina del presupuesto. A este respecto tengo que
decir que la desviación final del presupuesto no financiero del
Estado, en 1994, fue tan sólo del 0,6 por ciento respecto a los
créditos iniciales y que en 1995 estas desviaciones se situarán
en el entorno del 0,1 --repito, del 0,1-- por ciento, cifra que
representa los registros más bajos de los últimos quince años.

Todos estos resultados son el claro exponente de que estamos en
el buen camino para seguir avanzando en el proceso de
consolidación presupuestaria que nos conducirá a los niveles de
convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht. Por esta
misma razón, los Presupuestos Generales del Estado para 1996 van
a continuar la dinámica de rigor y disciplina que ha
caracterizado la política presupuestaria de los últimos
ejercicios, contribuyendo a afianzar el modelo de crecimiento
equilibrado y sostenido de nuestra economía.

Los presupuestos que hoy defiendo tienen cuatro objetivos
fundamentales: reducir el déficit, garantizar una cobertura
efectiva de los gastos sociales, racionalizar el gasto público y
apoyar la competitividad, el crecimiento y el empleo.

El objetivo prioritario de la política presupuestaria ha sido y
es la reducción del déficit, en particular de su componente
estructural. De acuerdo con el escenario de consolidación fiscal
previsto en el Programa de Convergencia, que para 1996 establece
un objetivo de déficit del 4,4 en el conjunto de las
administraciones, situaremos el déficit público en el año 1996 en
esa cifra, que nos pueda llevar al déficit del 3 por ciento en el
año 1997. El cumplimiento de este escenario en el cuadro de
objetivos de la política económica actual es absolutamente
irrenunciable, no sólo por cuanto permitirá situar a nuestra
economía en condiciones de acceder a la fase final de la Unión
Económica y Monetaria, sino también porque constituye la
principal garantía de credibilidad de la propia política
presupuestaria y contribuye a reforzar la confianza y
expectativas de los agentes económicos en una evolución sostenida
y no inflacionaria del crecimiento económico a medio plazo.

En el marco de esa estrategia de política fiscal, los
presupuestos de 1996 cumplen de forma estricta el objetivo del
3,8 por ciento del PIB establecido en el Programa de Convergencia
para las administraciones centrales, y ello supone una reducción
de 1,3 puntos del déficit respecto al año 1995. Este esfuerzo
resulta incluso más acentuado en el ámbito de la Administración
del Estado, cuyo presupuesto de gastos no financieros crece tan
sólo un 3,3 por ciento respecto a 1995, lo que unido a un
crecimiento de ingresos previsto del 8,3 nos situará el déficit
del Estado en el 3,4 por ciento, una décima por debajo de lo
previsto en el Programa de Convergencia. Es importante destacar,
además, que siguiendo la línea de los dos años anteriores, en que
se produjo una notable disminución del déficit primario, los
presupuestos de 1996 presentan su superávit primario equivalente
al 1,2 por ciento del PIB, hecho que refuerza la solidez de la
política de consolidación fiscal del Programa de Convergencia.

Decía que el segundo objetivo básico del presupuesto es la
garantía de la cobertura efectiva de los gastos sociales. La
elevación del bienestar social en nuestro país y su progresivo
acercamiento al patrón común europeo en el marco del desarrollo
del Estado del bienestar ha sido uno de los logros más
importantes de los últimos años. Ello ha exigido un esfuerzo
continuado en el que no sólo se han incrementado los recursos
destinados en el presupuesto a este área de gasto, sino que
también se han acometido una serie de reformas estructurales
fundamentales, dirigidas a mejorar la eficacia protectora y la
calidad de las prestaciones y a reforzar los aspectos solidarios
y activos del sistema de protección social.

Una vez alcanzados unos niveles de protección que aseguran el
papel del sector público como garante de las igualdades básicas
de los ciudadanos en materia de educación, enfermedad, vejez o
desempleo, el principal reto de la política de gasto social es
garantizar el mantenimiento de la cobertura efectiva de la misma.

Por esta razón, las políticas de gasto social siguen siendo un
núcleo de atención prioritaria en 1996. Con una dotación de más
de quince billones y medio de pesetas, suponen el 53 por ciento
de los recursos asignados en el presupuesto y crecen en su
conjunto un 1,9 por ciento en relación con el año 1995. Este
crecimiento está influido notablemente por el importante descenso
que se registra en el gasto por desempleo, un 14 por ciento menos
que en 1995, y evidentemente está compensado por subidas en otros
gastos importantes, destacando sobre todo la política de sanidad
y pensiones, que se ven incrementadas en un 7,5 y un 7,1 por
ciento respectivamente.

En el ámbito de la sanidad, y dentro de un marco de mejora de la
gestión, aumentando la calidad de los servicios y el uso racional
de los recursos, se mantiene la vigencia del modelo de
financiación aprobado en el año 1994 y acordado con las
comunidades autónomas que tienen transferida la gestión
sanitaria. Se contempla un marco de crecimiento asociado a la
evolución nominal del PIB, lo que persigue proporcionar una
oferta equilibrada que garantice la equidad del acceso a los
servicios sanitarios en todo el territorio nacional. Por ello, la
dotación para sanidad en los presupuestos de 1996 asciende a 3
billones 580.000 millones de pesetas,



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que representa algo más del 12 por ciento de los recursos
totales. Por otro lado --y éste es un tema también importante--,
la financiación de la sanidad por parte del Estado aumenta
progresivamente, al mismo tiempo que disminuye la procedente de
cotizaciones sociales. De esta forma, el presupuesto del año 1996
financia con impuestos el 82,6 por ciento del gasto total del
Insalud, frente al 77,3 en el año 1995.

En cuanto a la política de pensiones, el gasto presupuestado para
1996 asciende a siete billones y medio de pesetas, siendo la
política de gasto que mayores recursos absorbe, un 25,7 del
presupuesto total, y con ello se garantiza plenamente otro de los
objetivos de la política social actual del Gobierno: la cobertura
real y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
que han sido revalorizadas en un 3,5 por ciento en función del
IPC previsto para 1996, más un aumento adicional en compensación
por la desviación de la inflación producida en 1995.

La otra política social destacada en el presupuesto es la
protección al desempleo que, como antes señalaba, presenta en
este ejercicio una disminución notablemente significativa, que
supone quebrar la tendencia alcista de los últimos años. Pero
ello no significa, en absoluto, que estemos dando una menor
cobertura real a los desempleados, sino que, por el contrario,
esta disminución se explica o es consecuencia de dos factores: el
favorable clima de creación de empleo y la disminución del número
de desempleados que se está produciendo en los últimos meses, a
lo que ha contribuido de forma decisiva el conjunto de reformas y
medidas adoptadas en los últimos años, tanto para potenciar la
capacidad de generación de empleo como para lograr un mayor
equilibrio financiero y un proceso de racionalización del gasto
en este sistema de protección.

El tercer gran objetivo del presupuesto es continuar el proceso
de racionalización del gasto, que hemos venido instrumentando con
las distintas medidas adoptadas en los últimos años, con el
objetivo de adecuar, en un marco de progresiva modernización del
sector público, la oferta de bienes y servicios públicos a las
exigencias actuales de nuestro desarrollo económico y social. De
esta forma, el presupuesto para 1996 ha sido sometido a una
profunda revisión, aplicando la presupuestación base cero, que ha
dado lugar a los siguientes resultados. En primer lugar, se han
revisado todas y cada una de las partidas del presupuesto, lo que
ha permitido reconsiderar los recursos puestos a disposición de
cada programa de gasto, con un doble objetivo: por una parte,
respetar las prioridades que atienden a necesidades ineludibles
derivadas de gastos amparados por derechos subjetivos, leyes o
convenios con otras administraciones y, por otra, introducir
criterios de eficacia, eficiencia y economía en la asignación y
gestión de los recursos. A este respecto quisiera señalar que las
partidas que crecen en este presupuesto son, junto al gasto
social, el mantenimiento del poder adquisitivo de las
retribuciones de los empleados públicos, los gastos financieros
de la deuda pública y los compromisos de financiación de la
administración territorial y la administración europea.

La política de deuda pública, con una dotación de prácticamente
tres billones y medio de pesetas, es la que registra un aumento
más importante consolidado del 19 por ciento respecto al
presupuesto de 1995. Ello es consecuencia del crecimiento de la
deuda pública en circulación emitida en los últimos ejercicios
para hacer frente --es cierto-- a los déficit acumulados, pero
también, y no conviene olvidarlo, como resultado de las emisiones
que en 1993 se realizan para permitir prescindir al Tesoro de la
apelación al Banco de España a partir de 1994, y cumplir así los
requisitos contenidos en esta materia en el tratado de la Unión
Europea. La dotación para las administraciones territoriales
aumenta la dotación un 8,6 por ciento y este crecimiento es
consecuencia no sólo del sistema pactado con las mismas, sino
también del traspaso de distintas competencias a las comunidades
autónomas sobre todo en materia de educación y servicios
sociales. Finalmente, los compromisos de nuestra participación en
la Unión Europea nos han supuesto una dotación de prácticamente
900.000 millones de pesetas, es decir, un 4,4 por ciento más que
en 1995.

En el ámbito de la política de personal, y junto al mantenimiento
de la capacidad adquisitiva de las retribuciones, se ha aplicado
una política de racionalización de recursos humanos al servicio
de la Administración, que se conjuga con la puesta en marcha de
planes de empleo en determinados sectores, como instrumento que
persigue una mejor distribución de las plantillas, y con la
disminución de los efectivos de personal, partiendo, con carácter
general, de una oferta de empleo público nula. En conjunto, los
gastos de personal activo en el presupuesto consolidado ascienden
a 3 billones 505.000 millones de pesetas, lo que sitúa su
crecimiento en el 2,9 por ciento. Este moderado crecimiento
incorpora el coste de actualización de retribuciones del 3,5 por
ciento, junto a los efectos de la política de amortización neta
de plazas vacantes, reorganización administrativa y traspaso de
competencias a las comunidades autónomas.

Siguiendo con este repaso de la política de racionalización del
gasto, me gustaría citar también el esfuerzo relativo a los
costes de funcionamiento ordinario de la Administración,
continuando el proceso de mejora de los mecanismos de gestión
pública, dentro del marco de las ideas presentadas en el proyecto
de la nueva ley general presupuestaria. En base a la misma se
establece la reducción de una serie de organismos, citados en la
ley de presupuestos, y también la refundición de otros, entre los
que cabe destacar, especialmente, la supresión del Fondo de
Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios y el
Servicio Nacional de Productos Agrarios, cuyas funciones son
asumidas por un nuevo organismo autónomo, el Fondo Estatal de
Garantía



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Agraria. También hemos acometido un importante proceso de
reorganización en el sector público empresarial. A este respecto
quiero recordar la creación de la Agencia Industrial del Estado y
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el Real
Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio. También se suprimen,
consecuentemente, el Instituto Nacional de Hidrocarburos y el
Instituto Nacional de Industria, lo que nos permite no sólo una
nueva ordenación, sino también una racionalización más correcta
del gasto público. Por último, quiero citar entre las medidas de
reorganización, incluidas en el proyecto de ley de
acompañamiento, las modificaciones que definen el régimen
jurídico de un ente público, el Instituto de Crédito Oficial, que
se configura de forma distinta al pasado con el objeto de
facilitar el cumplimiento de las tareas que deben corresponderle
dentro del sistema financiero.

Fruto de las medidas de racionalización de los gastos corrientes,
el capítulo 2 del presupuesto consolidado, que recoge los gastos
de funcionamiento operativo de la Administración, y cuya dotación
para 1996 asciende a un billón 64.000 millones de pesetas, se
reduce en un 3,7 por ciento respecto a 1995. Esta disminución,
que puede parecer en principio moderada, sin embargo tiene que
tener en cuenta que cerca del 35 por ciento de estos gastos se
destina a atender los gastos de asistencia sanitaria del Insalud,
que crecen un 8,4 por ciento. Si descontamos los mismos, el resto
del capítulo 2 del presupuesto consolidado desciende en un 9,1
por ciento. El mismo rigor se ha aplicado a la política de
revisión de transferencias corrientes, especialmente en el área
del gasto donde no existen compromisos legales o ineludibles. En
particular, el capítulo 4, de transferencias corrientes, crece
tan sólo un 1,5 por ciento respecto a 1995. El 73,3 por ciento de
estas transferencias se destinan a la Seguridad Social y a la
financiación de las administraciones territoriales, con un
crecimiento conjunto del 11 por ciento, lo que significa que el
resto de las transferencias se reducen en un 18 por ciento.

Querría hacer una referencia especial a la inversión pública, que
ha dado lugar a algún debate --en términos de prensa-- en los
últimos días. En lo que se refiere a la inversión pública, se ha
dado una mayor prioridad a aquellos proyectos de inversión ya
comprometidos o en fase de ejecución y también a las actuaciones
que se cofinancian con fondos procedentes de la Unión Europea.

Asimismo se practican, en el resto de las inversiones reales y en
las transferencias de capital, reducciones variables en función
de la incidencia económica y social. En conjunto la inversión
pública disminuye en el presupuesto del Estado un 5 por ciento
respecto al presupuesto inicial del año 1995. Sin embargo, esta
disminución es tan sólo del 1,9 por ciento si la comparamos en
términos efectivos, es decir, con la previsión de liquidación de
este ejercicio. Este es, sin duda, uno de los aspectos más
discutibles del presupuesto. Pero hay que ser conscientes de que
las dificultades para lograr una inmediata reducción de ciertas
partidas de gasto, así como el compromiso asumido de mantener el
gasto social, unido a la ineludible necesidad de garantizar el
objetivo de déficit, nos ha obligado a extender los criterios de
restricción presupuestaria también a la inversión pública. Este
contexto de restricción financiera nos ha llevado a priorizar los
proyectos de inversión cofinanciados a los que anteriormente he
hecho referencia.

Creo, sin embargo, que en una etapa de expansión económica el
papel del sector público, como impulsor del crecimiento, debe
centrarse en actuaciones de carácter básicamente horizontal,
siendo la iniciativa y el capital privado los que protagonicen de
forma directa el progreso de la economía productiva. En este
sentido, la política de consolidación fiscal contribuirá a la
formación de un mayor volumen de ahorro nacional, liberando
recursos destinados a financiar la continuidad del proceso
inversor privado, e incidirá posiblemente sobre la prima de
riesgo implícita en los tipos de interés y en la estabilidad del
tipo de cambio. Todo ello permitirá afianzar la expansión
equilibrada de nuestra economía y la reducción del desempleo de
carácter cíclico. Por ello, y desde una perspectiva a medio
plazo, es necesario que esta orientación de la política fiscal se
complemente con una actuación decidida que dé continuidad al
proceso de reformas estructurales. El desempleo español se
caracteriza por tener un elevado componente estructural, asociado
a las condiciones de oferta de nuestra economía. Por tanto, las
reformas adicionales en los mercados de bienes y servicios y de
factores productivos son absolutamente necesarias para reducir
dicho componente estructural del desempleo.

Sin embargo, y junto a estas actuaciones de carácter horizontal,
la política pública a través de actuaciones sectoriales, tanto
por el lado del ingreso como del gasto, sigue siendo fundamental
para crear un nuevo marco que favorezca y estimule el desarrollo
de los factores de competitividad. Como señalaba, desde el punto
de vista de la demanda, la disminución de la inversión pública va
a suponer una menor aportación del sector público a la demanda
agregada. Desde el punto de vista de las condiciones de la
oferta, los efectos negativos de esta reducción deben ser
matizados en un doble sentido. Primero, porque esta disminución
se contempla como una medida de carácter transitorio. En segundo
lugar, el esfuerzo inversor diferencial de las administraciones
públicas españolas, en relación con los países de nuestro
entorno, ha permitido incrementos sustanciales de nuestro stock
de capital público que, en la actual coyuntura, otorgan un amplio
margen de maniobra para ralentizar o reducir su ritmo de
acumulación, sin que ello suponga renunciar a la política de
inversión pública, que seguirá manteniendo dicho esfuerzo
diferencial en este y próximos ejercicios. Se han priorizado las
infraestructuras básicas y el transporte, cuyo peso en el
conjunto de la inversión real del presupuesto consolidado



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se sitúa en el 52,3 por ciento, aumentando incluso su
participación respecto a 1995, mientras que la inversión asociada
al funcionamiento operativo de los servicios es la que más
reducción experimenta.

En la vertiente de las políticas activas de gasto, debe
destacarse el crecimiento del 7,5 por ciento que registra la
política de fomento del empleo. La dotación presupuestaria de
esta política, que asciende ya a 383.000 millones de pesetas, se
destinará, entre otras actuaciones, a subvencionar a las empresas
que creen empleo estable, a bonificar las cuotas de la Seguridad
Social de los contratos realizados al amparo de las medidas de
fomento del empleo, a la realización de programas de formación
profesional ocupacional, tanto de parados como de ocupados, y a
la mejora de la gestión y funcionamiento de los servicios
públicos de empleo y colocación del Inem. Todo ello supone un
importante cambio de orientación en la política de empleo que
instrumenta el Gobierno al priorizar las políticas activas en
detrimento de las políticas pasivas.

Por el lado de los ingresos, el Estado, a través del régimen de
deducción por gastos en formación profesional, actividades de
exportación e investigación y desarrollo, otorgará unos
beneficios fiscales a las empresas; este régimen figura en la Ley
del Impuesto de Sociedades, cuya entrada en vigor está prevista
para comienzos de 1996. En conjunto, la suma de las subvenciones
otorgadas a través de las políticas de fomento del empleo y de
los beneficios fiscales de la política tributaria, van a suponer
una ayuda equivalente a más de cinco décimas del producto
interior bruto. Junto a todas estas medidas, en la Ley de Medidas
Fiscales de Orden Social y Administrativo se introducen también
modificaciones que mejoran la tributación, tanto de las personas
físicas como de las sociedades, y otras dirigidas a la lucha
contra el fraude.

Señorías, en la recta final hacia la moneda única es mucho lo que
se juega nuestro país, no sólo por lo que significa estar en el
núcleo duro de la construcción europea desde el principio, sino
también por las negativas repercusiones de no estar y el riesgo
de quedar relegado a ser un país periférico. La política
económica seguida por el Gobierno está facilitando nuestro acceso
a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria desde el
principio, y en esa línea se inscriben los presupuestos que hoy
presento. Se puede tener una visión distinta de cómo hacerlo, se
pueden tener unas medidas alternativas a las propuestas del
Gobierno, pero la importancia del asunto no debería llevarnos a
negar de antemano la posibilidad de discutir los presupuestos en
el Parlamento para encontrar, entre todos, un consenso de futuro
en estos asuntos de tanta trascendencia. Reitero, y así lo haré
hasta el final, mi llamamiento a todos los grupos parlamentarios
para discutir y acordar estos presupuestos, que deben permitirnos
situar a nuestro país en la puerta de entrada de la moneda única.

El Gobierno manifiesta su predisposición para ello; en este
debate se verá la de cada grupo político, salvo que se quiera
hurtar a la opinión pública este debate por el procedimiento de
negarse incluso a su realización.

Señorías, no voy a decir, como el Primer Ministro francés, tras
dos años de Gobierno de la derecha, que estamos en una situación
de emergencia financiera nacional; pero sí creo que las cosas que
necesitamos discutir en estos presupuestos son de suficiente
trascendencia para el presente y el futuro de nuestro país,
excesivamente volcado en la exégesis del pasado, como para que su
tramitación, rechazando las enmiendas a la totalidad presentadas,
permita poner de manifiesto las alternativas que cada uno
defiende con voluntad de llegar a un acuerdo. Si esto no ocurre,
si la defensa de intereses partidistas o electorales se antepone
a todo lo demás y la mayoría de este Parlamento rechaza incluso
discutir los presupuestos, y por tanto la posibilidad de negociar
y pactar enmiendas, anuncio ya que el Gobierno respetará la
Constitución: se prorrogarán automáticamente los presupuestos en
vigor para 1995, que es la situación prevista para cuando el 1.º
de enero de 1996 no haya aprobado unos presupuestos nuevos.

Pero el Gobierno cumplirá también sus compromisos con la sociedad
española, que no debe verse perjudicada en sus intereses
inmediatos por tal actitud del Parlamento. El Gobierno
garantizará en todo caso que impulsará las medidas necesarias
para revalorizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios de
acuerdo con lo pactado. Igualmente, adoptaremos un acuerdo para
limitar las obligaciones reconocidas comprometibles, de tal
manera que se garantice, con un recorte del gasto en otras
partidas, el cumplimiento del objetivo previsto de déficit del
3,5 por ciento del PIB.

El Gobierno va a hacer, pues, todo lo que está en su mano para
garantizar la continuidad del crecimiento económico, de la
creación de empleo y la convergencia con Europa, también durante
1996. La mejor forma de conseguirlo es a través del presupuesto
que hoy defiendo en esta Cámara; sin embargo, SS. SS. tienen la
palabra.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Enmienda de totalidad del Grupo Popular. Tiene la palabra el
señor Aznar. (Rumores.)



El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, estamos, sin
duda, ante el debate más importante de los que celebra la Cámara
a lo largo del año, el de los Presupuestos Generales del Estado
que son el principal instrumento político con que cuenta el
Gobierno para hacer realidad sus objetivos; también, la mejor
oportunidad para que el Gobierno ratifique el apoyo parlamentario
que sostiene su programa. Pretender que las circunstancias en que
se produce este debate no pesen sobre él sería, en todo caso, un
intento inútil.

Nos disponemos a deliberar sobre unos Presupuestos cuyo ejecutor
se está despidiendo, en una Cámara



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que tiene anunciada su disolución --el propio Ministro lo ha
dicho aquí esta tarde-- y al servicio de una futura voluntad
popular que todavía no conocemos. Además, a la luz de las
enmiendas presentadas, no parece que podamos esperar otro
resultado, salvo el de la devolución del proyecto de ley al
Gobierno.

Señorías, en el clima de degradación creciente que caracteriza la
situación política española, cuyos detalles no voy a enumerar
ahora, existe ya la convicción generalizada dentro y fuera de
España de que la presente legislatura está agotada, que se agotó
hace meses y de que se está prolongando artificialmente una
situación indeseable que, en otras circunstancias, hubiera sido
resuelta hace mucho tiempo. Nadie, ni siquiera el Gobierno,
discute esta realidad; nadie niega que deben celebrarse
elecciones y creo que muy pocos dudan de que, por razones que
nada tienen que ver con el interés de los españoles sino más bien
con los intereses particulares, bien del señor González o del
señor Pujol, no se han celebrado todavía. (Rumores.) El mismo
señor González, Presidente del Gobierno, lo ha reconocido así,
primero, al rechazar las elecciones durante el segundo semestre
del presente año, alegando los esfuerzos titánicos que requería
la Presidencia de la Unión Europea; y, segundo, al anunciar
reiteradamente que las elecciones generales tendrán lugar en el
mes de marzo de 1996. El caso es que se ha anunciado la
disolución de las Cortes, y es en este ocaso de legislatura, en
este clima final en el que hemos de abordar el debate que hoy nos
ocupa, y en el cual mi grupo defiende una enmienda de totalidad.

Yo no sé si habrá muchas personas o si otros creerán al señor
González u otros miembros del Gobierno cuando mencionan el mes de
marzo. Yo no, pero les quiero tomar la palabra; les quiero tomar
la palabra porque estamos tratando de unos presupuestos que nos
presenta un Gobierno que dice que, tanto se aprueben como no se
aprueben, se marcha. No digo más; digo que el Gobierno que nos
presenta los presupuestos para el año 1996 es el mismo Gobierno
que confiesa que no va a gobernar el año 1996. (Rumores.)
No podemos olvidar... (Continúan los rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor AZNAR LOPEZ: No podemos olvidar que el Presupuesto del
Estado es, como he dicho, el instrumento político más importante
en manos de un Gobierno para llevar adelante su programa durante
el próximo año. Señorías, no se puede gobernar sin presupuesto, y
nada plasma mejor las intenciones de un Gobierno que el
presupuesto donde se recogen sus criterios en materia de ingresos
y sus preferencias para distribuir la renta pública.

No estamos, señorías, pues, ante un simple cálculo de ingresos y
de gastos, sino, repito, ante el reflejo del programa político
del Gobierno y las directrices de su actuación; y hoy ese
carácter instrumental importa mucho más que el detalle concreto
de las cifras que encierra.

Evidentemente, los Presupuestos Generales del Estado los elabora,
y debe elaborarlos el Gobierno; pero no cualquier Gobierno. No
estamos, señorías, ante un gesto administrativo neutral, no
estamos, por decirlo de esa manera, ante un presupuesto
políticamente incoloro, como si se tratara del presupuesto de una
comunidad de vecinos. El plan que reflejan los presupuestos es
inseparable del Gobierno concreto que los inspira, de sus
intereses, de sus intenciones y de sus objetivos políticos. Es el
presupuesto de un Gobierno determinado, para unos fines
determinados, en un período de tiempo determinado, y no sirve
para otro Gobierno, para otros fines ni en otras circunstancias.

Debe elaborarlos el Gobierno responsable de su ejecución, el
Gobierno cuyo programa político haya inspirado los presupuestos.

Naturalmente, los presupuestos también deben ser controlados por
la Cámara, pero no por cualquier Cámara, sino por aquella que les
dio su aprobación porque contaba con el refrendo popular para
hacerlo. Pues bien, señorías, nos encontramos en una situación en
la que, como decía al principio y paradójicamente, deliberamos
sobre unos presupuestos cuyo ejecutor se despide, con la Cámara
anunciada su disolución y al servicio de una voluntad popular aún
desconocida.

Y bien, según afirma quien puede hacerlo, las elecciones se van a
celebrar en marzo y, en consecuencia, ignoramos, naturalmente, el
Gobierno al que corresponda ejecutar, si son aprobados, los
presupuestos que hoy debatimos. Sin duda, señorías --se han
precipitado un poco antes--, no prejuzgamos ni yo prejuzgo, en
absoluto, cuál ha de ser el Gobierno que resulte de dichas
elecciones, pero lo obvio es que será distinto del actual; será
distinto del actual, voten lo que voten, elijan lo que elijan y
cualquiera que sea el resultado de las elecciones. A efectos
políticos, jurídicos y administrativos se tratará de otro
Gobierno, de otra legislatura y de otra investidura. Estaremos,
señorías, en una legislatura nueva o, si se quiere, ante una
legitimidad nueva; por eso, estamos ante unos presupuestos cuyo
ejecutor no existe.

Esta Cámara, señorías, no será la encargada, en su actual
composición, de controlar estos presupuestos. Si las elecciones
deben celebrarse en marzo, es necesario que esta Cámara se
disuelva en enero, no sabemos si el día 1.º, el 31 o el día que
se quiera; pero, desde luego, en enero, (enero, mes de descanso
parlamentario), y hace que estas sesiones parlamentarias deban
concluir en diciembre, por lo que estamos ante uno de los últimos
actos parlamentarios de esta legislatura. De modo, señorías, que
tan pronto como entrasen en vigor estos presupuestos el Gobierno
adquiriría la condición de cesante en funciones y la Cámara
quedaría reducida a su Diputación Permanente. Me reconocerán
ustedes que no dejaría de ser una forma bastante



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singular y original de comenzar un ejercicio presupuestario.

(Rumores.)
Ahora bien, puede ocurrir, señorías, que el nuevo Gobierno
comparta los criterios del actual en materia de ingresos y
gastos, pudiera ser; pero pudiera ser que no, y en este segundo
supuesto, señorías, ¿cuál sería su capacidad para gobernar con
una ley presupuestaria elaborada desde criterios opuestos a los
suyos, por un Gobierno que ha desaparecido y cuya voluntad ya no
cuenta durante un mandato parlamentario concluso, y que son hijos
de una legitimidad que ya no está en vigor? (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor AZNAR LOPEZ: ¿Cabe mayor contrasentido, señorías? Sería,
efectivamente, un gran contrasentido, porque estaríamos eligiendo
al Gobierno que mejor se adapte a unos presupuestos del pasado,
en lugar de elegir al Gobierno que elabore los presupuestos del
futuro.

Lo que pide la Constitución, lo que exige la racionalidad
democrática elemental y el más puro sentido común, es que no sean
los presupuestos los que condicionen la voluntad popular, sino al
revés, que sea la voluntad popular quien determine, en todo caso,
la composición del nuevo Gobierno y el carácter de sus
presupuestos. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--
Rumores.)
Todas las razones que ha dado el señor ministro son perfectamente
válidas para llegar a esta conclusión. En resumen, señorías, si
como se dice vamos a celebrar elecciones en el mes de marzo,
estos presupuestos carecen de toda lógica.

Señor Presidente, no sería responsable por mi parte abandonar
esta tribuna sin hacer algún comentario, aunque breve (Rumores.)
sobre las consecuencias de este rechazo mayoritario a los
presupuestos, que es la primera vez que se produce en el curso de
nuestra democracia.

¿Qué significa, señorías, que se devuelvan los presupuestos al
Gobierno? No es una pregunta retórica, es una pregunta formal,
que debemos hacer al Gobierno. Nos gustaría saber qué ha previsto
el señor González, hoy ausente, para el caso de que los
presupuestos sean rechazados por la Cámara. Es una pregunta que
está obligado a responder el Presidente del Gobierno, más allá de
la mecánica del automático de decir que va a haber una prórroga,
o más allá, por supuesto, de la frivolidad de decir que da igual
lo que decida esta Cámara porque las decisiones ya están tomadas
y lo que aquí se decide, se debate y se aprueba, en todo caso es
irrelevante.

Eso no puede ser así... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aznar.

Señorías, guarden silencio.

El señor AZNAR LOPEZ: No puede ser, señorías, porque la teoría
del régimen parlamentario sostiene que el Gobierno debe contar
con la confianza del Parlamento; sostiene también que una de las
formas en las que puede expresarse y se expresa la retirada de
esa confianza es precisamente ésta: la devolución de la ley más
importante, que son los presupuestos.

Si los presupuestos son rechazados, el Gobierno y su Presidente
no podrán seguir ocultando que han perdido la confianza de la
Cámara. Ahora bien, ya sabemos que todo lo que aquí se diga tiene
una referencia al mes de marzo, y es que al ausente señor
González el mes de marzo le sirve realmente para todo: le sirve
para serenar al señor Pujol; para preservar la presidencia
europea; para comentar las incidencias del Tribunal Supremo; para
aceptar --espero que en buena lógica democrática, respetando las
mayorías-- las comisiones de investigación que aprueba el Senado;
y le sirve también mañana para responder a la devolución de los
presupuestos. Marzo aparece en el discurso político del Gobierno
como una fecha mágica, como una especie de apagafuegos o de
bálsamo Fierabrás que vale para todo, literalmente para todo:
para justificar el pasado y por supuesto también para justificar
lo que venga.

Yo no sé, ni conozco a nadie que sepa, cual ha sido la razón por
la que se ha escogido --el Ministro de Economía y Hacienda lo ha
vuelto a repetir esta tarde aquí-- el mes de marzo. Aquí no se ha
explicado. ¿Por qué en marzo? ¿Por qué en marzo y no en otro mes?
(Rumores.) ¿Por qué en marzo y no en el otoño de 1996? ¿Qué
lógica política tiene marzo? ¿Qué lógica política? (Risas.--
Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor AZNAR LOPEZ: ¿Cuál es la razón de someter a una Cámara
con la disolución anunciada a este debate de presupuestos?
Nosotros creemos que se trata de adelantarse a disolver las
Cortes antes de que estas circunstancias y estas Cortes se lo
impongan.

El Gobierno y el señor González saben que desde hace meses no
está en condiciones de prolongar su mandato, entre otras cosas
porque sabe que serían rechazados estos presupuestos. Lo sabe
todo el país desde el pasado mes de julio cuando se hizo esa
escenificación de la ruptura pactada con el señor Pujol.

En julio este Gobierno, y su Presidente, se quedó sin apoyos
parlamentarios, y ahí se cancelaron las condiciones que
permitieron la investidura de este Gobierno y de su Presidente en
1993. Lo que ha ocurrido es que no se ha querido reconocer esa
circunstancia, y se ha prolongado la situación para dar la
cancelación del respaldo hasta el mes de septiembre o el mes de
octubre.

Desde entonces no se hace otra cosa por el Gobierno y su
Presidente que ganar tiempo, nada más que ganar



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tiempo porque desde entonces se sabe que en cuanto se produjese,
entre otros, este debate, el más importante del año, la falta de
apoyo al Gobierno quedaría descubierta inmediatamente.

Tal vez por eso, para amortiguar los efectos de ese rechazo
anunciado, antes de que las Cámaras dejen en clara minoría al
Gobierno y exijan la disolución de la legislatura, se anticipa el
propósito de disolver; se prefiere decir que las Cortes se van a
disolver y va a haber elecciones en marzo, porque ya estaba
decidido, y no porque lo que diga la soberanía popular, que
representa esta Cámara, lo imponga o determine. Eso, señorías, es
disfrazar la cuestión, porque lo importante no es discutir sobre
una cuestión de fechas, no es así; estamos claramente entre una
cuestión de motivos. O se disuelve por una razón o por otra; se
disuelve por la conveniencia del Presidente del Gobierno, o se
disuelve porque los principios en que se basa la democracia así
lo exigen. Eso es lo que se pretende ignorar primero, y disfrazar
después, y yo no sé si ustedes y el Presidente del Gobierno son
conscientes del daño que puede causar a las instituciones con su
actitud y su comportamiento.

Señorías, nosotros creemos que se tiene tanto interés en plantear
las cuestiones de esta manera, para que lo que es un acto
político trascendental, la devolución de los presupuestos, pase
ante la opinión como que no tiene ninguna importancia. Si la
devolución de los presupuestos no obliga al Gobierno a nada, eso
significa que pueden cambiarse por encima de cualquier
declaración de opinión cuando se quiera; si no se está obligado a
disolver las Cámaras porque se devuelven los presupuestos, no
tiene que haber nada que obligue a disolver en el mes de enero.

Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que se apela
continuamente a marzo, como ha hecho ya el Ministro de Economía,
para tener las manos libres y hacer en marzo, o cuando sea, lo
que más convenga. Se trata, por tanto, de un ardid, un señuelo,
un subterfugio más para eludir las responsabilidades que al
Gobierno hoy le corresponden.

No nos manden ya más mensajes en relación con marzo, no ofrezcan
letras de cambio sin firma. Estamos, aquí y ahora, y se van a
devolver con toda probabilidad los Presupuestos Generales del
Estado. Esa es la cuestión, y a esa cuestión, por encima de
cualquier automatismo, por encima de cualquier disimulo, se debe
responder en los términos políticos que exige la soberanía
popular representada en esta Cámara. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
Señorías, conforme señala el Reglamento de la Cámara en su
artículo 110, una enmienda a la totalidad versa sobre la
oportunidad de los principios o el espíritu del proyecto de ley.

La segunda razón de esta enmienda de totalidad tiene que ver con
esto último, con el contenido de los presupuestos. (Un señor
Diputado: ¡Ah!) Si hasta aquí he afirmado que eran inoportunos,
ahora defenderé que son inadecuados.

Estos presupuestos, señorías, dígase lo que se diga, no son los
que hoy necesita España. Este proyecto de ley es un fiel reflejo
de la falta de credibilidad de la política económica del
Gobierno. Más allá de las cifras, más allá de los argumentos
numéricos, la herencia que dejan los gobiernos socialistas es una
aguda falta de credibilidad de la política económica. Cuando una
política económica, una política presupuestaria no es creíble a
los ojos de los ciudadanos, ante los agentes económicos, su
incapacidad será total para resolver sus problemas. La
recuperación de la credibilidad es condición necesaria para
facilitar el descenso de los tipos de interés. Es requisito
obligado para fortalecer el crecimiento económico y para que los
españoles perciban, que no lo perciben, que la recuperación
aumenta su bienestar.

El fracaso de la credibilidad, señorías, tiene su exponente más
visible en la elevada prima de riesgo que los mercados
financieros internacionales imponen a España, y la crisis
política del Gobierno es la causa más directa de la exagerada
diferencia de los tipos de interés de nuestra deuda a largo
plazo, frente a los países que merecen la confianza de los
inversores.

Ocurre, además, señorías, que los presupuestos, en nuestra
opinión, están mal diseñados y son manifestación de la impotencia
de este Gobierno. En 1995 el déficit público apenas se habrá
reducido unas décimas, a pesar de un crecimiento de la economía
superior a lo previsto, y ello gracias a una aplicación
incorrecta de los recursos obtenidos por las privatizaciones. En
los Presupuestos de 1996 las reducciones del gasto difícilmente
son creíbles o se practican donde no se debe, que es sobre la
inversión. Se hacen previsiones llenas de voluntarismo, por
ejemplo, en lo que concierne a la tasa de recuperación del
consumo privado. Se aumentan los impuestos pese a lo que se ha
dicho, el 0,7, a pesar de lo cual crece la deuda hasta casi el 67
por ciento de nuestro producto bruto, a pesar también de lo que
se ha dicho.

Conviene recordar, señorías porque parece que las
responsabilidades son de todos los demás y de toda la sociedad
española, excepto de aquellos que están en el Gobierno que sólo
en intereses de deuda vamos a pagar, en 1996, una cantidad
similar a la que pagamos en todas las pensiones de jubilación, en
lo que nos cuesta la sanidad, mucho más de lo que nos vamos a
gastar en educación y más del doble de lo que suman la política
exterior, la de defensa y la de seguridad conjuntamente. El 670
por ciento de crecimiento de deuda de 4 billones a 40 billones en
los últimos años y de 18 puntos a 600.000 millones por punto en
los últimos cuatro años es, señorías, un auténtico, escándalo de
despilfarro por parte del Gobierno. (Rumores.) A esto, señorías,
se añade la ausencia de reformas estructurales que el Gobierno no
está en condiciones políticas de acometer como, por cierto,
recientemente le acaban de recordar.

Estamos de acuerdo, señoras y señores Diputados, que el
calendario que impone nuestra aspiración de



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entrar en la tercera fase de la Unión Monetaria es muy exigente.

Ya hemos perdido 1994 y 1995 y no podemos permitir que suceda la
mismo con 1996. Está en juego el proyecto europeo de España, así
como la continuidad misma de la recuperación y de la creación
europea. De ello va a depender el futuro económico de la España
de comienzos del siglo XXI. Para entrar en los plazos
establecidos en esa Unión, para aprovechar sus ventajas y
despejar incertidumbres que empañan el futuro, nuestra política
económica, sin más dilación debe ganar eficacia en el objetivo de
reducción de la inflación y el déficit público, acometer las
reformas --y tener capacidad para hacerlo-- que procuren la
capitalización de la economía, la eliminación de nuestras
rigideces y la mejora de la competitividad internacional. Ha
llegado la hora, por tanto, de acometer reformas económicas
globales completas y coherentes, reformas que afecten al sector
público, a sectores claves para el funcionamiento económico,
como, la energía, los transportes, las comunicaciones o las
finanzas. Reformas que modernicen nuestra economía y que permitan
utilizar nuestro elevado potencial de crecimiento, que es la
única forma de resolver el problema del empleo y garantizar un
futuro mayor de bienestar.

Centrándonos en los presupuestos, el cambio que hay que imprimir
ha de sustentarse en una amplia reforma del sector público y
entiendo por tal una reforma que englobe el gasto, el sistema
impositivo y las empresas públicas. El efectivo control del
gasto, señorías, reclama una ley presupuestaria que ponga término
a los problemas de laxitud que provocan las frecuentes e
importantes desviaciones del pasado. Reclama, asimismo, vincular
el control interno del gasto a la Presidencia del Gobierno y
reclama potenciar las funciones del Tribunal de Cuentas y de
estas Cámaras.

Un más férreo control del gasto ha de ir acompañado de la
supresión de departamentos ministeriales, de la eliminación de
altos cargos y de la implantación progresiva del principio de
administración única. A ello debe añadirse la revisión de los
gastos de funcionamientos de las administraciones y de las
empresas públicas. Las reformas de los grandes servicios públicos
constituyen también una necesidad perentoria para que el coste de
los mismos no se convierta en su peor enemigo y para que los
españoles puedan recibir servicios de mejor calidad. Una política
de reformas es la antítesis de una política de recortes ciegos
que olvidan los criterios de eficacia y de productividad.

Quienes pretenden erigirse en defensores exclusivos del Estado de
bienestar se olvidan de que lo que ponen en riesgo es la falta de
empleo, que lo que corrompe es el exceso de burocratismo y los
excesos o abusos que se pueden generar.

La reforma de los impuestos debe acometerse antes de cualquier
otro objetivo encaminado a crear empleo: cambios fundamentales en
las principales figuras tributarias --en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sociedades,
en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el IVA o en los impuestos
especiales-- son claves para estimular el ahorro y canalizarlo
hacia fórmulas de medio y largo plazo y para promover la
modernización de la empresa y su expansión internacional.

Desgraciadamente, la propia creación de empresas a menudo se ve
desanimada por la existencia de impuestos que nada tienen que ver
con el beneficio real. Además, la reforma tributaria global del
sistema impositivo es un paso previo para cambiar el sistema de
financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales, de
acuerdo con la aplicación de auténticos principios de
corresponsabilidad fiscal.

También es urgente reordenar el sector público empresarial para
clarificar su futuro, para erradicar del mismo monopolios y
oligopolios. Una política clara de privatizaciones siempre es
preferible a las reconversiones dramáticas a las que este
Gobierno nos tiene acostumbrados. En sus manos, los ingresos de
las privatizaciones se han malgastado en financiar gastos
ordinarios en vez de reducir el endeudamiento público.

Por supuesto, la principal preocupación de nuestra sociedad es el
paro, problema que afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Por
ello, los Presupuestos del Estado deben enfocarse a la creación
de empleo, lo que implica favorecer permanentemente un entorno de
iniciativas y oportunidades productivas de las cuales va a
depender en última instancia esa creación de empleo.

En definitiva, señorías, los Presupuestos deben ser un programa,
un instrumento al servicio de unos objetivos. Además, de las
otras consideraciones expuestas con anterioridad no veo que ese
instrumento que hoy presenta el Gobierno sea útil para alcanzar
los objetivos que hoy demandan la economía y la sociedad
española.

Votaremos por que sean devueltos al Gobierno y esperamos de éste
y de su Presidente que acepten y respeten las decisiones
mayoritarias del Parlamento; que sean capaces de asumir sus
consecuencias, también cuando le son desfavorables; que asuman
sus responsabilidades sin más dilación y que, aunque sea por una
vez, antepongan los intereses generales a su permanencia en el
poder.

Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señor Aznar, debo reconocer que esperaba algo más de su
intervención (Rumores y protestas.), que ha tenido un doble
contenido: un contenido más político, de por qué se plantean los
problemas que se plantean y por qué pedimos la aprobación del
Presupuesto y,



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otro, que ha pretendido ser --digo «pretendido ser» porque no lo
he visto-- más técnico respecto a los problemas del mismo.

Permítame que dé la vuelta a la respuesta y empiece por el
segundo punto.

Su señoría ha hecho una serie de afirmaciones que creo que le han
explicado bastante mal. No ve por qué no se percibe por parte de
las familias la evolución del crecimiento, cosa que es bastante
evidente, cualquiera lo sabe. En cualquier proceso de
crecimiento, poco a poco, se va generando una mejor situación y
sólo se percibe a partir de un cierto momento. Su señoría sabe
que en el consumo privado con un crecimiento del 2 por ciento, se
inicia la percepción y estamos convencidos de que ese crecimiento
será del 3 por ciento el año que viene. Su señoría dice que no
sabe por qué. No se lo han explicado, pero se lo explico yo
ahora. Por una razón muy sencilla, porque la entrada de 250.000
personas más en el mercado de trabajo, manteniendo la misma
propensión marginal al ahorro que existe en este momento, da un
crecimiento del tres por ciento del consumo.

Su señoría insiste mucho en su preocupación por la prima de
riesgos y se rasga las vestiduras porque nuestro diferencial con
Alemania está en el cuatro y pico. Es cierto, desgraciadamente
está en el cuatro y pico, una cifra muy mala, pero no hay que
olvidar que nuestras cifras históricas estaban en el cinco y en
el seis por ciento y que este mismo Gobierno, que usted tanto
denosta, fue el que consiguió el mínimo histórico de diferencial
con Alemania, situándolo en el dos veintitantos por ciento en el
mes de febrero del año 1994.

Su señoría ha hecho también referencia a una serie de temas en
los que tienen razón, pero que convendría que le explicaran. Es
cierto que el déficit disminuye con las privatizaciones, pero
disminuye el déficit de caja, no en contabilidad nacional donde
las privatizaciones no cuentan.

Hay otra serie de temas que me gustaría poder discutir con cierta
tranquilidad y con cierta calma porque en muchas de las cosas a
las que S. S. ha hecho referencia, si las matizara un poco más, a
lo mejor podríamos incluso llegar a algún acuerdo. Sin embargo
hay otras que no comparto, como por ejemplo esa idea de la
política de recortes ciegos. Yo he dicho que hemos puesto en
marcha un presupuesto base cero, sobre el que hemos estado
trabajando desde principios de año, con objeto de definir
exactamente dónde está el margen de maniobra del recorte. No ha
habido laxitud en el control del gasto en el pasado y tampoco la
hay ahora. Yo comprendo que esto de las cifras es muy pesado,
pero entre las cifras que he dado he hecho referencia a que la
ejecución del Presupuesto de este año tiene una desviación del
0,1 por ciento; si eso es laxitud, que venga Dios y lo vea.

(Rumores.)
Su señoría ha hecho referencia también al problema de la
financiación de las comunidades autónomas, en el que estoy
totalmente de acuerdo: mucha más corresponsabilidad y mucha más
seriedad. Sin embargo, hay un punto al que no me he referido
nunca y dado que
S. S. sigue insistiendo en algo que me molesta especialmente --en
ese famoso agujero y todo lo que se oculta-- le voy a decir una
cosa. Desde que se producen las elecciones autonómicas, hay
cuatro comunidades autónomas que solicitan mejorar su margen de
endeudamiento porque dicen que hay agujero en sus comunidades
autónomas. Las cuatro que nos lo han pedido son del Partido
Popular, pero seguramente lo que S. S. no sabe es que, de las
cuatro, dos de ellas ya eran del Partido Popular. (Risas.) Digo
esto porque está bien modificar esos temas, conocer de lo que
estamos hablando y saber cuáles son los problemas.

Su señoría se ha referido a otros problemas de más enjundia, de
más profundidad, sobre los que también me gustaría hacer algunos
comentarios. Su señoría ha partido de un razonamiento que me
preocupa porque, llevado a sus últimas consecuencias, llegaríamos
a la conclusión de que nunca se pueden hacer Presupuestos en año
electoral. Su señoría ha partido del supuesto de que cómo vamos a
hacer Presupuestos si al final los va a aplicar otro. (El señor
Ollero Tassara: ¡Puedes renunciar!) Evidentemente que podemos
hacer Presupuestos aunque haya elecciones, ¡hasta ahí podíamos
llegar! La obligación del Gobierno es presentar su Presupuesto
antes del 30 de septiembre, y eso es lo que hemos hecho.

Su señoría hace un razonamiento y dice: «Ustedes tienen la
responsabilidad, ya que, al poner en marcha un proceso electoral,
en marzo no pueden hacer Presupuestos». Hagamos un razonamiento
sobre la base de su propio análisis. Imaginemos que se convocasen
elecciones mañana, se celebrarían en un día tan bonito como el 25
de diciembre, o el 19, o el 20, da igual, a efectos de mi
argumento es lo mismo; lógicamente, esas elecciones nos llevarían
a un nuevo Gobierno no antes de primeros de febrero.

Yo comprendo que ustedes piensan que van a ganar y que, como no
están de acuerdo con nuestro Presupuesto, van a hacer otro
radicalmente distinto. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que
necesitan, desde que fuesen capaces de sentarse en una mesa, para
hacer ese Presupuesto? (Risas.) Yo puedo aceptar que ustedes son
razonablemente inteligentes y que en un par de meses o tres
pueden tener el Presupuesto, pero me imagino que ustedes saben
que después tiene que venir al Parlamento y tiene que ser
aprobado y que, incluso a través del procedimiento de urgencia,
eso supone tres meses más; estaríamos hablando por tanto de la
entrada en vigor de ese Presupuesto en el mes de julio. Eso es lo
que he intentado ponerles de relieve en mi argumentación y en mi
presentación. Sean ustedes conscientes de que, hagamos lo que
hagamos, no vamos a tener Presupuesto nuevo hasta el mes de junio
o julio.

Es más, SS. SS. dicen otra cosa que me ha sorprendido a lo largo
de estas últimas semanas, que es: «Nosotros no haremos
Presupuesto sino que prorrogaremos



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el que tenemos». Me parece bastante poco serio, porque yo creo
que hay que hacer un Presupuesto, y yo creo que gane quien gane
las elecciones tiene que hacer Presupuesto. Es cierto que
nosotros lo tenemos más fácil porque esperamos ganar y volver a
presentar el mismo Presupuesto que tenemos. (Aplausos en los
bancos el Grupo Socialista.)
Su señoría se plantea que por qué marzo. Lo hemos dicho muchas
veces. Hemos puesto marzo, en primer lugar, porque consideramos
que es importante, damos mucho relieve a la Presidencia española
en la Unión Europea y consideramos razonable terminar ese período
con tranquilidad; período que, por cierto, está yendo bastante
bien, pero como ese tipo de cosas no tienen gran importancia en
este momento, pasan desapercibidas. En segundo lugar, porque
había un programa legislativo importante con múltiples normas en
la Cámara que considerábamos razonable que fueran aprobadas. En
tercer lugar, porque por los problemas a los que ha hecho
anteriormente referencia, es decir, que vamos a tener
Presupuestos muy tarde, nos parecía razonable tener la
posibilidad de discutir unos Presupuestos este año. No le digo,
señor Aznar, los Presupuestos del Gobierno, le digo cualquier
Presupuesto que esta Cámara defina y sea capaz de pactar.

Evidentemente, a partir de ahí, habría un argumento que a mí me
parece fundamental: que la persona a la que le corresponde tomar
la decisión de cuándo son las elecciones es el Presidente del
Gobierno y, por las razones que ha estimado oportuno, son el mes
de marzo.

Es cierto que eso ya supone un avance muy significativo respecto
a lo que inicialmente estaba previsto. En consecuencia, yo creo
que estamos en el debate de si son galgos o son podencos, que la
sociedad va a entender mal, porque yo creo que al final esta idea
de si es marzo, es enero o es febrero, lo entiende mal la
sociedad.

Su señoría plantea un último problema: ¿qué consecuencias tendría
el rechazo presupuestario? Y dice: «No se lo plantean
seriamente». Incluso usted hace una afirmación, que me parece
grave, hablando de frivolidad y diciendo que nos da igual. No, no
nos da igual en absoluto, nos parece muy importante que haya
Presupuesto; le hemos dado una gran importancia, y, de hecho,
hemos insistido permanentemente en la necesidad de que exista
Presupuesto. Somos conscientes de que si no hay Presupuesto,
habrá problemas y complicaciones adicionales en este país.

Por lo tanto, no somos frívolos en absoluto. Lo que sí
pretendemos es ser coherentes, y ya he notado en mi intervención
adicional que cuando yo, de forma enfática, decía que
respetaremos la Constitución, como es evidente y no puede ser de
otra forma, ustedes han tomado el rábano por las hojas porque lo
que yo estaba diciendo era algo un poco distinto. Quiere decir
que no jugaremos a ese juego al que tan habituados nos hemos
visto en los últimos tiempos, aquel de «como a mí me viene bien,
yo le digo no al Presupuesto y, luego, ya hablaremos y
negociaremos un decreto-ley que de hecho nos permita poner en
marcha el mismo Presupuesto al que le he dicho que no por unas u
otras razones». A eso es a lo que el Gobierno ha dicho no, el
Gobierno ha dicho que aplicaremos la Constitución en el sentido
de que la Constitución define de forma muy clara que cuando no
hay Presupuesto se aplica la prórroga del presupuesto. Por lo
tanto, el Gobierno hará frente a sus responsabilidades, tomará
las decisiones necesarias para ponerlo en marcha.

Es cierto que S. S. plantea el tema de forma mucho más ambiciosa,
porque S. S. dice que lo que habría que hacer cuando a uno le
rechazan los Presupuestos, es convocar elecciones y dimitir.

Bueno, es una opción que sin embargo usted pudo haberla ejercido
en su momento y no la practicó. Ya sé que ese tema,
evidentemente, no le gusta. Usted tuvo la experiencia personal de
que le rechazaran unos presupuestos, ése es un hecho, (Rumores.),
los presupuestos del año 1989. (Rumores.) Es cierto que usted en
aquel momento no dijo nada, le dejó todo su protagonismo a su
Consejero de Economía, que era el señor Pérez Villar. (Rumores.--
Protestas.) No hemos sido capaces de encontrar una sola
referencia de sus posiciones sobre aquel presupuesto. Usted, un
par de meses más tarde, aprobó el presupuesto con una formación
distinta de aquella con la que inicialmente se planteó.

Ya comprendo que cada uno toma las decisiones que estime
oportunas, pero le repito que sigo creyendo en lo que les he
defendido inicialmente. Creo que este país necesita unos
Presupuestos; creo que es mucho mejor la opción de Presupuesto
que la de no Presupuesto, y creo, evidentemente, que cada uno
debe adoptar las decisiones que estime oportunas, pero, sin duda
ninguna, responsabilizándose ante la sociedad de las decisiones
que tome.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, lamento
decirle, señor Solbes, que yo no esperaba más de usted. Por
tanto, tengo que decirle que a mí su intervención no me ha podido
defraudar, ni siquiera en la expresión que ha dicho usted
manifestando claramente su ignorancia del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, puesto que allí no es posible disolver el
Parlamento, sencillamente porque no se tiene facultades para
ello. Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores
y protestas en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor AZNAR LOPEZ: Señorías, sí he dicho antes, en mi
intervención --que por cierto no ha debido



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ser bien escuchada por el señor Ministro de Economía--, que no se
trataba de una cuestión de fechas (Un señor Diputado: ¡No se te
entiende!) Se trata de responder a la lógica política de la
Cámara en un momento determinado, como corresponde a un régimen
parlamentario que es, naturalmente, un régimen de mayorías. Y la
lógica política, la normalidad política, en cualquier país
democrático, no consiste en que un Gobierno presenta los
Presupuestos y anuncia la disolución de las Cámara, eso no es la
normalidad. El Gobierno puede presentar los Presupuestos y
anunciar la disolución de las Cámaras, y eso se podrá considerar
normal, pero eso no es un calendario lógico normal. Lo normal es
saber si el Gobierno, que recibió su investidura de esta Cámara
con arreglo a un apoyo determinado, la mantiene o no la mantiene;
si tiene la confianza de la Cámara o si no la tiene, y, si no la
tiene no puede seguir gobernando ni ahora ni en marzo. Esa es la
realidad. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Por tanto, aquí no se trata de una cuestión de empecinamiento en
una fecha determinada, es una cuestión de respeto a las reglas
del funcionamiento parlamentario cuando no se tiene la mayoría
con la cual uno llegó claramente al Gobierno. Esa es la realidad
de las cosas.

Y tiene usted razón, señor Ministro de Economía, en que la
situación es, sin duda, una situación delicada, grave; tan grave
que en esta Cámara la mayoría le está diciendo que lo que se
requiere es la disolución. Y usted sabe que lo que esperan los
agentes económicos es la disolución. Y, naturalmente, usted sabe
también que desde el mes de julio conocen que esta situación se
iba a producir. Contesten por qué mantienen esta situación, para
qué mantienen esta situación si no es para ganar tiempo, con
independencia de lo que significa la mayoría parlamentaria de
esta Cámara; a ver por qué otra razón se mantiene esta situación.

(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Me gustaría mucho, señor Ministro de Economía, que los esquemas
fundamentales de nuestro país, en línea con nuestra convergencia
económica, hubiesen mejorado, pero tengo que decir que en
convergencia nominal no hemos mejorado sino empeorado, en todos
los datos, y en la convergencia real, por desgracia, no nos
movemos.

Señorías, señor Ministro de Economía, señores del Gobierno, los
responsables de esta situación son ustedes. Y ahora, para
culminar su faena, anuncian y convocan una campaña electoral,
nada menos que de cinco meses de duración, en todo un ejercicio
de responsabilidad. Cuando se anuncia la convocatoria de
elecciones se hace todo ese ejercicio de responsabilidad para
luego venir a pedir confianzas ajenas. (Fuertes rumores y
protestas en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor AZNAR LOPEZ: Ustedes han perdido la confianza de esta
Cámara, están obligados a sacar las consecuencias y pueden
entender que atrincherarse en el poder es una buena fórmula.

Nosotros creemos que no. Creemos simplemente que en un régimen
parlamentario es mejor cumplir las reglas.

Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios
señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy mal! ¡Muy mal!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

¡Silencio, señorías!
Señor Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Voy a hacer tres comentarios. Es evidente que usted no podía
convocar elecciones en Castilla y León, pero había otras fórmulas
para hacer frente a la responsabilidad de la devolución
presupuestaria. (Fuertes y prolongados rumores.--Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¿Cuáles?--Varios señores Diputados
del Grupo Socialista: ¡Dimitir! ¡Dimitir!)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En
segundo lugar, S. S. plantea un modelo de lógica política
invirtiendo prácticamente lo que son los instrumentos
constitucionales para la consecución de ciertos objetivos. Lo
hemos dicho por activa y por pasiva: si lo que se quiere es
cambiar el Gobierno, si lo que se quiere es convocar unas
elecciones, siempre ha existido la moción de censura, y ahí la
tienen a su disposición para cuando la quieran ejercer. (Fuertes
rumores.) Y no vale ese argumento de que no la plantean porque no
tienen la mayoría. (Un señor Diputado: ¡Y la de confianza
también!)
Su señoría también hace referencia a que los agentes económicos
esperan la disolución y que la responsabilidad es nuestra porque
sabemos que se iba a producir esto desde hacía seis meses. Yo no
lo sabía, me lo temía, me lo temía. (Fuertes y prolongados
rumores.) Y es cierto que hemos intentado un esfuerzo para que el
debate volviera a la racionalidad que, desgraciadamente, no hemos
conseguido.

Por último, señorías, los datos económicos los sigue usted
teniendo equivocados. En la convergencia real, por ejemplo:
inflación, 5,1-4,9-4,5; déficit, 6,6-5,9-4,4. (Protestas.--
Rumores.) Es cierto que en deuda aumenta y en tipos de interés es
mucho más volátil y fluctúa en función de los años. Que le hagan
a usted los números y seguramente podremos hablar mejor.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!



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El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, pido la palabra.




El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, tiene la palabra. Un minuto,
una precisión.




El señor AZNAR LOPEZ: Si me lo permite, señor Presidente, sólo
voy a consumir cinco segundos.

Señor Ministro de Economía, no deja de ser una expresión
asombrosa y muy notable, digna de que quede reseñada en las actas
de esta sesión, que el Ministro de Economía del Gobierno no sabía
que todos los grupos habían anunciado su rechazo a los
Presupuestos, y que simplemente se lo temía. (Aplausos.--
Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Ribó. (Fuertes y prolongados rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ribó.




El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
han sido diversos los medios que han calificado este debate como
el debate de una moción de censura encubierta. Para nuestro Grupo
Parlamentario representa, sin lugar a dudas, la constatación de
que este Gobierno no dispone de mayoría parlamentaria. Pero
matizando lo que hemos escuchado hace un momento, señor Solbes,
ustedes no disponen de mayoría parlamentaria no porque no existan
grupos parlamentarios para que compartan con ustedes la política
económica y presupuestaria, que la comparten sustancialmente
Convergència i Unió y el Partido Popular, sino que ustedes han
perdido la mayoría parlamentaria por motivos políticos.

Coinciden ustedes en una visión continuista de la política
económica, coincidieron y coinciden con Convergència i Unió, e
incluso el Partido Popular, en lo poco que conocemos de sus
avances de política económica, parece que se mueve con la misma
matriz, quizás profundizándola, como lo demuestran sus propuestas
sobre el IRPF, sobre la reducción de la tabla por arriba o la
reducción de la prescripción. Una política económica continuista
que está en estos Presupuestos, que ha sido incluso criticada por
el Gobernador del Banco de España como tímida, a medio camino, y
que no escriben ni en el proyecto de presupuestos ni en el
posible Decreto-ley que posteriormente intente enmendar la
derrota de este debate. Una política continuista que ha sido
desmentida en sus asertos más importantes
--y lamento mucho que antes no se entrase en estas cuestiones--,
aquel aserto de que desregulación iba a significar empleo; el
reajuste que usted mismo tuvo que proponer al Gobierno en enero
de 1995 en unos Presupuestos recién estrenados; el que en años de
crecimiento no llegen a crecer los ingresos; el fracaso de las
previsiones sobre el IVA y el que el cuerpo social, por temor,
por inseguridad, no reanime lo que ustedes están esperando: el
consumo.

Existen otras políticas posibles. Usted recordará que un
antecesor suyo se hizo famoso por aquella frase «no hay otra
política económica que la nuestra» --Solchaga dixit--, que llevó
a un fracaso estrepitoso de la llamada «época de los milagros»,
que nos ha dejado un peso enorme, que arrastramos en deuda, y hoy
aquella política incluso es tratada en las universidades como
algo que nunca se debe hacer. Hay políticas diferentes, señor
Solbes, las hay en muchos frentes. Ustedes las negaron en las
pensiones, y debates parlamentarios e incluso la huelga general
les hicieron rectificar. Por eso nosotros presentamos una
enmienda de totalidad que contiene criterios de políticas
diferentes.

Voy a intentar desarrollar estas tres ideas: no se les derrota
por desavenencias en los Presupuestos, donde coinciden
sustancialmente tres grupos parlamentarios de esta Cámara, se les
derrota por motivos políticos de estos otros dos grupos
parlamentarios; la política presupuestaria que presenta es el
continuismo y hay otras políticas presupuestarias posibles.

En primer lugar, la derrota, que puede producirse mañana si nadie
llega a variar su posición anunciada, significaría dimisión,
señor Solbes. Yo no soy muy ducho en el Estatuto de Castilla y
León, pero le aseguro que no hay democracia parlamentaria
avanzada que nos pueda servir como ejemplo de un Gobierno que,
con la devolución de los Presupuestos, continúe gobernando. Es de
manual, señor Solbes, la derrota de una ley tan importante como
son los Presupuestos, la ruptura de la confianza en una ley tan
trascendental, significa dimisión.

¿Quién gestionará el no, señor Solbes, famosa frase que ustedes
acuñaron? Porque podrían cambiar la política presupuestaria e
intentar otro camino buscando otros consensos. ¿Por qué este
empecinamiento? No argumentemos sobre chantaje, porque usted
estos días --quizá movido por su predecesor en el chantaje, el
señor Saavedra, en el tema del Senado y Canarias--, ha llegado a
afirmar que las autonomías y la sanidad sufrirán un colapso
financiero. Me gustaría que explicase a qué se refería cuando
decía colapso financiero.

¿O es que no son responsabilidad de ustedes los defectos de
financiación de la sanidad o de las comunidades autónomas, que se
reiteran en estos presupuestos? Los presupuestos de 1996 siguen
las líneas de 1995, siguen las líneas de la política económica
que ustedes llegaron a crear con Convergència i Unió. Las
argumentaciones que conocemos por escrito de la enmienda de
totalidad de Convergència i Unió se alejan de cualquier
disparidad sobre ello. Nos hablan de oportunidad, de elecciones,
de coherencia de mercados, de institución internacional.

¿Dónde está la famosa gobernabilidad o estabilidad que habían
pactado? ¿Por qué se produce una ruptura, que es básicamente
partidista, cuando se quiere evitar por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència



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i Unió) costes electorales de continuar apareciendo suscribiendo
una determinada política que han elaborado de forma conjunta?
¿Por qué, señor Solbes, son tan irresponsables usted y los
máximos mandatarios de Convergència i Unió y se tiran a la cabeza
una enmienda a la totalidad de los presupuestos o un recorte en
la financiación autonómica, dos temas tan serios, pura y
simplemente por motivos partidistas? ¿Por qué lo hacen, cuando
además se sabe que están preparando un decreto-ley y que, tras la
derrota de mañana, ustedes ya están situados en el 20 de
noviembre y que, por lo tanto, este debate, si tenemos en cuenta
el decreto-ley, puede tener un cierto tufo de tongo en lo que se
refiere al posicionamiento de determinados grupos parlamentarios?
Ustedes preparan un decreto-ley, incluso lo han dicho desde el
Gobierno, que deberá requerir también de una mayoría. ¿Con qué
mayoría piensa contar, señor Solbes? ¿Cuál es el posible
contenido de ese decreto-ley? Quizá avanzaríamos hoy y mañana el
debate si usted entrase de forma valiente en este tema y no se
refugiase, como ha hecho en su intervención inicial, en la
estricta presentación de una serie de figuras, números y
políticas que ya conocemos los que hemos tenido que estudiar
estos presupuestos.

La demostración de esta coincidencia se ha visto en esta Cámara
muy a menudo. Estos presupuestos siguen con el monetarismo,
siguen con la desregulación laboral, siguen con los gastos
fiscales, tres temas que han sido abogados por Convergència i
Unió y por el Grupo Popular. Discutimos los presupuestos cuando
ya hemos discutido la modificación de la Ley de Delito Fiscal,
reduciendo las cuantías y las sanciones ante el fraude, o la Ley
General Tributaria, poniendo trabas a la inspección, o una
política de privatizaciones, medidas fundamentales para la
política presupuestaria, ya discutidas y aprobadas, en donde han
coincidido estos tres grupos.

Señor Solbes, en los presupuestos que usted nos presenta vemos la
continuidad de la política del Gobierno del PSOE, una política
acuñada junto con Convergència i Unió y que en algunos aspectos
ha fracasado estrepitosamente. Usted nos dice, en declaraciones
anteriores al debate, que si no se les aprueban los presupuestos
es que no les dejamos gobernar. Sin embargo, presenta unos
presupuestos que están poco dirigidos a gobernar sobre los
problemas que más preocupan a la población. Se plantean, como
primer objetivo, reducir el déficit y la inflación, y no creo que
nadie, desde una perspectiva racional, pueda discutir el
enunciado de este objetivo. Vamos a discutir el cómo y el con
quién. Se plantean alcanzar la convergencia europea nominal y no
hablan --a pesar de que usted ha tenido un lapso en una de sus
réplicas al señor Aznar-- de la real, cuando incluso la comisión
Europea ya está desarrollando estudios que abogan por subrayar la
importancia de la convergencia real y se plantean continuar su
crecimiento reduciendo el gasto y fomentando la desregulación.

¿No cree usted, señor Solbes, que continúan abordando el problema
del déficit, sobre el cual --repito-- este Grupo parlamentario ha
entrado y continuará entrando en su debate, con una rigidez que
ya llevó al señor Solchaga a hablar de la reducción al uno por
ciento, que fue un fracaso estrepitoso, cuando incluso se intentó
imponer el gobierno central a las comunidades autónomas y a los
poderes locales?
¿No cree usted que hablando de reducir el déficit de forma
mecánica, demasiado mecánica, como quien pudiese decir que si
sube el déficit bajo el gasto --y lo están haciendo en partidas
tan importantes como el Fondo de Compensación Interterritorial,
que va a disminuir las inversiones, que va a perjudicar a las
comunidades autónomas más pobres, que son las que deberían
recibir los mayores porcentajes de inversión bruta, que son las
que deberían recibir los beneficios de aquellos fondos de
nivelación, que no llegan ustedes a cuantificar, o recuperar la
deuda histórica-- van a incrementar, las desigualdades
territoriales?
¿No cree usted que rebajar gastos de infraestructuras, después
volveré a ello, no significa alejarse del potencial crecimiento
respecto a Europa, y no digamos lo que afecta a la investigación
o a la formación? ¿No cree usted que estamos ante una serie de
parches desordenados, que además nos los presenta sin ninguna
voluntad real de negociación, como aquella negativa que ya
practicaron en la Mesa social de 1993, cuando expulsaron a los
máximos dirigentes sindicales de cualquier tipo de acuerdo social
en líneas presupuestarias? Y le hablo en nombre de su Grupo
parlamentario que está dispuesto a ir a fondo incluso en
políticas de austeridad, pero realmente de austeridad, realmente
de reequilibrio o de redistribución de la riqueza.

En los presupuestos que usted presenta propone unos recortes que
van a afectar sensiblemente a la calidad de vida de la población
a medio plazo, y usted lo sabe mejor que nadie. Lo pueden
disimular hablando de una inflación controlada por la moderación
salarial y, sin entrar en los presupuestos, de otros factores
que, ya está más que demostrado, son los auténticos causantes de
la inflación. Se puede demostrar cuando, a pesar de todas las
apelaciones a Europa, mantenemos diferenciales tan importantes
sobre el paro, salarios, inflación, déficit, no el de
productividad, que hemos alcanzado gracias a la destrucción de
empleo. Y cuando otros Estados, como Portugal o Irlanda, por
darle una comparación a la baja en la tabla, no tienen tantas
diferencias en tantos indicadores de convergencia real respecto a
Europa; quizá también pesarían aquí los escándalos políticos que
arrastra este Gobierno desde hace tres años, que no facilitan la
recuperación de credibilidad.

Usted presenta una política presupuestaria que ataca la
progresividad del gasto público, que resitúa a la baja, por más
juegos de azar que quiera realizar hoy,



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las prestaciones de carácter social, que mantiene gastos fiscales
de dudosa eficacia, y le voy a recordar cifras de sus propios
estudios, y que mantienen una desigualdad de servicios según el
lugar de origen de los ciudadanos.

Ustedes continúan apostando por que el crecimiento se base en la
moderación de costes laborales y en la reforma del mercado de
trabajo. Lo diré muy rápidamente; la ocupación o el paro, que
sería muy importante tenerlos presentes en el debate
presupuestario, me parece a mí, la creación de empleo de poca
calidad, precaria, mal retribuida, de menor coste y de menor
calidad profesional continúa creciendo. Todos los estudios desde
los del BBV hasta los del propio Banco de España lo señalan. ¿Así
se avanza hacia una economía eficiente?
El 36 por ciento de contratación, precaria; el 50 por ciento ya
entre las mujeres. El 94 por ciento de contrataciones comunicadas
al Inem, temporales, manteniendo una tasa de paro «grosso modo»,
disminuyendo sensiblemente las prestaciones por el paro, según
los estudios del Gobierno, manteniéndose las aportaciones de las
cotizaciones. Algo menos del 50 por ciento del paro no recibe
ninguna prestación. Hemos pasado del 63 por ciento en 1993 al
cuarenta y nueve y pico por ciento en 1995. En este año, 400.000
personas han perdido la prestación. Tome usted las cifras del
Inem: 1.300.000 personas; o las de la EPA, 1.600.000 personas, ya
no reciben prestación por paro, cuando la OCDE nos dice que para
el año 2000 tendremos la mayor tasa de paro de toda la OCDE y nos
la sitúa en el 18,6 por ciento, o cuando estudios serios
recientes nos dicen, y titulan, que el beneficio sigue creciendo
a costa del empleo. El beneficio de las empresas creció en los
seis primeros meses un 13,8 por ciento, mientras que en el mismo
período el empleo descendió un 1,6 por ciento. Y recuerde, señor
Solbes, y recuerden señores de Convergència i Unió que los gastos
fiscales, que los volvemos a aumentar, ahora son 2,4 billones, no
han creado la confirmación de su aserto hace un año, anunciado
con tanta solemnidad: que iban a generar, en paralelo, la
recuperación del empleo. No hay ninguna posibilidad de demostrar
aquel aserto. Hay posibilidad de argumentar sobre cifras que lo
contradicen frontalmente, cuando no hay control ni relación
directa ni en la creación de empleo ni en la modernización de
empresas, en la enorme factura que está pagando el erario público
español por el continuo incremento de gastos fiscales
indiscriminados y con un consumo, insisto, que no se recupera,
que expresa no sólo temor o inseguridad, sino fractura social y
una creciente desigualdad. Crecen las desigualdades y crecen los
colectivos que situamos en aquello que llamamos la marginación.

A partir de esta consideración sobre su presentación triunfalista
de los presupuestos, permítame que le diga, señor Solbes, que no
nos creemos sus compromisos fiscales ni financieros; no los
creemos o por voluntaristas o porque, incluso, ni se basan en las
cifras, que ustedes nos aportan, de lo que están ingresando este
año. En primer lugar, por el enorme peso que arrastran de la
carga de la deuda de aquella época milagrosa del señor Solchaga.

Gastamos tres veces más en pagar intereses que en inversiones e
infraestructuras. Hemos incrementado los gastos financieros un
12,4 por ciento, ya sea por déficit acumulado, ya sea por
incremento de los tipos de interés. Qué poco conoce el ciudadano
español que quizás el Ministerio más importante está para pagar
los errores de un Gobierno como el de usted, señor Solbes, que
año tras año creyó en milagros y fue acumulando aquella losa.

No nos podemos creer incrementos como el que usted anuncia sobre
el IVA. Los datos de 1995 usted mismo los califica de mala
evolución, y en 1995 aumentaron un punto el IVA para recuperar la
baja de cotizaciones sociales, propugnada también con
Convergència i Unió. Y ahora nos sale usted con unas
declaraciones en las que nos dice que reducir más las
cotizaciones para impulsar la actividad es el cuento de la
lechera. De acuerdo, señor Solbes, pero no sean hipócritas.

Fueron ustedes los que empezaron reduciendo, de la mano de
Convergència i Unió, pensando que iban a promover actividad.

Han añadido dificultades a la propia Seguridad Social, porque no
se ha cumplido aquella partida de ingreso que iba a compensar la
baja de cotizaciones. Y ya que estoy hablando de Seguridad
Social, señor Solbes, de paso le digo: ¿dónde está el
cumplimiento de los compromisos del Pacto de Toledo, que se
debían aplicar en estos presupuestos, para mantener de verdad que
el superávit de las pensiones contributivas no sirva una vez más
para demagogias sobre quiebras futuras y para sufragar gastos que
debían empezar a ser sufragados desde otras partidas
presupuestarias?
Ustedes han renunciado, de verdad, a mejorar la estructura de los
ingresos, a los principios constitucionales de progresividad y
equidad. Sabe perfectamente que el 67 por ciento de los ingresos
del presupuesto consolidado proviene de los asalariados. Si había
IRPF, sí había cotizaciones a la Seguridad Social. Algo que
tampoco sabe el ciudadano de a pie y que poco se le explica.

Quizá entonces estaría algo más harto y escandalizado con
determinadas opciones de política económica. ¿Dónde están las
medidas y los programas en esos presupuestos para combatir un
fraude que ya tiene un volumen similar al déficit?
A nosotros nos gustaría poder entrar en un debate pormenorizado
de toda una serie de medidas de ingresos sobre los cuales no sólo
podemos poner una nube de incredulidad sino, también, una crítica
desde la perspectiva constitucional y desde una dimensión
progresista, sea en los retoques que han hecho en el IRPF, sea en
la opacidad del Impuesto sobre Sociedades, sea en un Impuesto del
Patrimonio que continúa sin tocar a las grandes fortunas. En
general, en el nulo alcance de progresividad



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y que están imponiendo una regresión objetiva en la escala de
ingresos.

Quizás el contenido continuista y conservador de los presupuestos
que nos presenta salta mucho más a la vista en los gastos y en
los recortes que ustedes anuncian en gastos.

Recortan partidas tan importantes como las infraestructuras, y
aquí le haría una doble crítica: la de desarrollo económico y la
de la sostenibilidad. Continúan apostando por la carretera y el
transporte individual sobre el ferrocarril y el transporte
colectivo. A pesar de un plan muy desarrollado de autovías y de
que dicen que están acabando de cumplir y que por ello no
necesitan tanto dinero, la apuesta es de 2,5 a uno de carreteras
sobre ferrocarril. Están reduciendo programas que afectan al uso
social del transporte colectivo.

Al mismo tiempo que estamos discutiendo en esta Cámara, con plazo
de enmiendas pendiente, un Real Decreto-ley sobre obras
hidráulicas (que se refiere prácticamente a saneamiento e
infraestructuras y que anula de verdad el debate sobre este tema
que nos presentan ustedes en su enfoque en los presupuestos,
porque además dejan el tema como partida superampliable en el
Decreto) nos hablan de un incremento en torno al 8 por ciento.

Bajan ustedes partidas tan importantes como el I+D un 6,3 por
ciento. ¿Cómo vamos a ser más eficientes, señor Solbes? ¿Es una
variable marginal para el Gobierno el I+D? Si se aprobasen los
presupuestos, estaríamos en 1996 en la partida de I+D en términos
inferiores a los de 1988. Y nos llenamos mucho la boca de que
vamos a ser eficientes, competitivos, modernos y vamos a hacer
frente a esta creciente deuda tecnológica --porque es creciente--
que tenemos respecto a otros Estados de la misma Unión Europea.

Reducen partidas tan importantes como la vivienda, como la
aplicación de la Logse, como la energía, y vuelvo a la
sostenibilidad, señor Solbes. Se destinan tan sólo 7.000 millones
de pesetas a normativa y desarrollo energético, y dentro de una
partida sin especificar no se sabe cuánto va a ahorro y eficacia
energética y energía renovables. ¿Dónde está el futuro, señor
Solbes? No hace falta exhibir ningún ecologismo fundamentalista
para saber que los Estados más avanzados y eficientes hace años
que están invirtiendo en estas partidas que ustedes o amagan en
los presupuestos o recortan incluso en lo que es partida global.




El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, le ruego concluya.




El señor RIBO MASSO: En general, reducen la inversión pública y
está muy lejos de aquella promesa electoral del PSOE, del año
1993, del 5 por ciento del PIB.

Me gustaría tener tiempo para poner dos ejemplos vergonzantes
para su opción política en lo que se refiere a estos recortes.

Sólo se los enuncio. Lo que afecta a entes territoriales, a
municipios, a poder local, que vuelven a retroceder en la
financiación pública por más que sus alcaldes y concejales
participen en declaraciones manifestando que aquello es el primer
escalón de la democracia y que, como ya le he dicho, afectan a
comunidades autónomas, en general, y, en particular, a las que se
deberían beneficiar de los fondos de nivelación.

Y un segundo ejemplo aún más importante, en cuanto a su cuantía,
es lo que afecta a la moratoria nuclear. Nos hablan de avalar
730.000 millones de pesetas que van a ir en beneficio de empresas
privadas que en su día cometieron el error de conseguir
determinadas centrales y que van a cobrar por desmantelarlas,
cuando se ha demostrado que son absolutamente innecesarias. ¿De
qué hubiera servido tener más centrales nucleares? Pregunta que
lanzo a usted y a algunos Diputados también de Convergència i
Unió cuando nos decían que íbamos a volver a la época de los
candiles cuando se decretó la moratoria y que no han entrado
nunca a estudiar las verdaderas alternativas a este problema.

Nuestro Grupo parlamentario propone en su enmienda --tengo el
honor de subrayar que es quizá la más concreta, precisa y extensa
en la línea de política alternativa a la que representa la del
presupuesto que usted nos presenta en esta Cámara-- objetivos de
creación de ocupación en paralelo a ir reduciendo la factura
medioambiental, de redistribución de la riqueza o disminución de
los desequilibrios territoriales y con una serie de instrumentos
que los tiene enunciados en la enmienda y que no voy a tener
tiempo de poder desarrollar.

Señor Solbes, en definitiva, creo que hoy no estamos discutiendo
sus presupuestos, que además sabe usted perfectamente que no van
a salir aprobados. Estamos discutiendo una serie de apuntes, que
sirven de excusa para posicionamientos diversos a otros grupos
parlamentarios que coinciden con su política económica y
presupuestaria, con la del Gobierno actual. Una serie de apuntes
elaborados por técnicos de un Ministerio, quizás muy poco
discutidos y asumidos por ministros del Gobierno, que son
suficientemente inteligentes para saber que no hay posibilidad
alguna de trabajar en ningún futuro sobre estas cifras. Y estamos
en esa situación, pura y simplemente, por motivos políticos, que
están anunciando a voces que en diciembre vamos a discutir
apaños. Hablemos quizá hoy de esos apaños, señor Solbes; vamos a
ganar tiempo.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.

Señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señor Ribó, S. S. ha presentado su enmienda a la totalidad sobre
la base de tres líneas fundamentales. En



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primer lugar, no estamos hablando del tema presupuestario. En
opinión de S. S., estamos hablando de un problema político: la
existencia o no existencia de una mayoría parlamentaria que
permita llegar a ciertos resultados, con independencia del
contenido que tengan los presupuestos. En segundo lugar, habla de
un continuismo de los presupuestos. En tercer lugar, no ha hecho
referencia --aunque ha hecho alguna alusión, no la ha expuesto
con detalle-- a sus políticas alternativas. Pues bien, seguiré su
línea de razonamiento e intentaré hacerle algunos comentarios que
me parecen relevantes.

Para empezar, S. S. plantea el problema de naturaleza política:
si no hay mayoría parlamentaria, ustedes tienen que dimitir. Si
no existiere mayoría parlamentaria para tomar ninguna decisión,
esa línea argumental podría tener una cierta razón de ser.

Evidentemente, hay muchos gobiernos que están gobernando en
minoría en todos los países. No cabe duda de que la situación de
no presupuestos no es una situación cómoda, y es evidente que va
a ser una situación complicada y difícil. Sin embargo, lo que no
acepto --y lo he dicho ya anteriormente en el debate con el Grupo
Popular-- es que se saque la conclusión de que la inexistencia de
presupuestos implica una convocatoria inmediata de elecciones,
que es tal vez la conclusión a la que S. S. quiere llegar, por
dos razones: Primero, porque ya se ha dicho por parte del
Presidente del Gobierno cuándo se van a producir esas elecciones,
y creemos con bastante fundamento que es el momento óptimo para
hacerlo. En segundo lugar, porque es evidente que esas elecciones
corresponde definirlas al Presidente del Gobierno y que, desde
luego, SS. SS. quieren, como he dicho antes, la alternativa de la
moción de censura. Está en su mano. Pónganse de acuerdo con el
grupo parlamentario que estimen oportuno. A nosotros esa foto nos
gustará mucho y ver cuál es la decisión que SS. SS. toman sobre
ese punto concreto.

Su señoría utiliza algunas palabras que me resultan en cierto
modo incómodas. Su señoría habla de chantaje, chantaje que yo
estoy haciendo, según S. S., en la búsqueda de un consenso en el
tema autonómico y sanitario. Primero, me gustaría que estas
palabras se midieran; segundo, me gustaría que se supiera de qué
se está hablando y, evidentemente, que se hablase con precisión.

Yo he dicho siempre, y lo vuelvo a repetir, que, por razones de
coherencia, esta Cámara puede hacer dos cosas: aceptar la
discusión parlamentaria y llegar al presupuesto que se estime
conveniente o no aceptarlo. No aceptarlo significa la prórroga
del Presupuesto del año 1995. Por lo tanto, no será el Gobierno
sino ustedes los que quitarán el dinero al sistema público de
sanidad y a las comunidades autónomas. Nosotros lo hemos puesto
en el presupuesto y en el presupuesto está. Si ustedes se niegan
a aprobar el presupuesto, es evidente que son ustedes los que lo
rechazan.

Y yo, desde su Grupo Parlamentario, haría una reflexión más:
¿Piensan el golpe que ustedes están dando al sistema de sanidad o
al sistema de Seguridad Social con la decisión que van a tomar?
Me parece que, como elemento de reflexión para el próximo futuro,
sería bueno que SS. SS. lo hicieran. Si lo pensaran con cierta
seriedad, llegarían, tal vez, a la conclusión de que su apuesta
puede ser beneficiosa a corto plazo, pero enormemente arriesgada
a medio o a largo plazo.

Parte S. S. de un juicio de valor que tampoco le puedo aceptar, y
es que ya hay preparado con Convergència i Unió un decreto-ley,
que se va a aprobar en un momento determinado, etcétera.

Evidentemente, no hay decreto-ley preparado y lo único que he
dicho, y lo vuelvo a repetir, es que, en ese momento, el Gobierno
únicamente se compromete a garantizar la presentación de la norma
que afecte a funcionarios y pensiones. A partir de ahí, todo son
de valor sin ninguna base real que intentan deformar la realidad
en función de lo que a SS. SS., por otro tipo de razones, les
puede preocupar.

Hace referencia S. S. a un presupuesto continuista; presupuesto
continuista, dice, que se basa en una serie de argumentos, que
SS. SS. no comparten, y dicen: ni siquiera el Banco de España
está de acuerdo con ustedes. A mí me gustaría que las
declaraciones del Gobernador del Banco de España se leyesen en su
integridad, no en los titulares que algunas agencias o algunos
periódicos han expuesto. Me preguntaron ayer, en Bruselas, a una
pregunta sobre este tema concreto, que qué opinaba sobre las
declaraciones del Gobernador del Banco de España, y dije que las
comparto totalmente, porque el Gobernador del Banco de España no
ha dicho lo que pretenden que diga sino lo que realmente ha
dicho. El Gobernador del Banco de España ha dicho dos cosas:
primero, los presupuestos, tal como están planteados, son
necesarios y, segundo, sin embargo, estos presupuestos no nos
garantizan a medio plazo la consolidación de la reducción del
gasto necesario y es imprescindible adoptar medidas estructurales
adicionales, puntos con los que estoy absolutamente de acuerdo.

A partir de ahí, hay una política continuista, y S. S. hace un
repaso, que yo querría también comentar, sobre la evolución de
ingresos y gastos, partiendo de una afirmación sobre la
convergencia nominal y real. A SS. SS. no les gusta nada la
convergencia nominal, porque, dicen que es algo que está definido
en Maastricht. A SS. SS. les preocupa incluso ese concepto de
reducción del déficit; parece que la reducción del déficit les
molesta, puesto que siempre lo matizan y dicen: no, no estamos
contra el déficit, sino contra una reducción del déficit tan
rápida y que se haga a medio plazo; es habitualmente la fórmula
que SS. SS. utilizan. Lo que sucede es que nunca encontramos
cuándo es razonable ese medio plazo para la reducción del
déficit. A mí me interesa y me preocupa mucho hacerlo a muy corto
plazo, porque cada punto de tipos de interés me cuesta 300.000
millones de pesetas al año y el déficit adicional
correspondiente, por ejemplo, al déficit del



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año pasado, nos introduce en el modelo de financiación de este
año, 300 o 400.000 millones de pesetas más. Luego podremos hablar
de esas cifras, si a S. S. le interesa, con el máximo interés.

Hablan SS. SS. de una convergencia real, que es verdad que cada
uno la puede definir como estime conveniente, pero que se está
produciendo, según le digo, en la medida en que nuestro nivel de
renta per cápita se va aproximando al comunitario. ¿Que hay,
evidentemente, puntos en los que esa convergencia real no se
produce? Es posible, pero no cabe duda de que, en términos
globales y en las cifras que mejor miden esa convergencia real,
se está produciendo lo mismo que en la convergencia nominal.

A partir de ahí, S. S. hace una afirmación, diciendo: no creo en
los compromisos fiscales y financieros del Gobierno y, a
continuación, hace unas referencias que, desgraciadamente, tengo
que rebatir y comentar, porque creo que o S. S. no ha trabajado
bien el presupuesto o no ha entendido exactamente qué es lo que
en el mismo viene.

Dice S. S.: no creo en el incremento de ingresos del IVA tal como
está planteado. Está bastante bien explicado. Hay cuatro
argumentos por los cuales el IVA, el año próximo, va a subir de
forma sustancial: primer argumento, el incremento del consumo
privado será del 3 por ciento en vez del 1,9 por ciento. Segundo
argumento, el año que viene se aplicarán los nuevos tipos para
las grandes empresas, doce meses en vez de once, y para las
pequeñas y medianas empresas, cuatro trimestres en vez de tres
trimestres, como este año. Tercero: este año hemos puesto en
marcha en la Ley de Presupuestos y en la de Acompañamiento del
año pasado, el sistema de decalaje comunitario, que ha supuesto
una pérdida de 90.000 millones de pesetas este año en la base. En
cuarto lugar, hemos acelerado las devoluciones para las empresas
que están aplicando el tipo reducido, que el año pasado se
devolvían en el ejercicio siguiente, y que introducen otros
200.000 millones de desfase en cuanto a la base de cálculo para
el año siguiente.

Por tanto, hay bastantes argumentos para explicar por qué el IVA
va a funcionar de una determinada forma, y esos argumentos están
claramente explicados en los presupuestos.

Su señoría plantea el problema del IVA-cotizaciones y hace una
referencia que yo nunca he hecho refiriéndome a la baja de
cotizaciones sociales. Siempre he dicho que la baja de
cotizaciones sociales es importante en términos cuantitativos. Mi
afirmación sobre el cuento de la lechera, que sí la he utilizado
más de una vez, se suele referir a esas propuestas fiscales que
nos dicen que vamos a bajar los impuestos y que, como
consecuencia de esa reducción, todos los españoles se apresurarán
a ir a pagar sus impuestos sin ningún tipo de coacción. Ese es el
modelo en el que no creo, que no se refiere a cotizaciones
sociales, sino que se refiere a otros temas.

Su señoría habla del Pacto de Toledo y dice: ¿Dónde está?
Evidentemente, por nuestra parte no hay ningún inconveniente en
hablar del Pacto de Toledo y, desde luego, en plantear las
soluciones que en el mismo se plasman.

Hace S. S. referencia a otros temas muy variados: la opacidad en
el sistema de sociedad y el IRPF. Es cierto que hemos puesto en
marcha un sistema que a mí me parece más razonable que el
existente anteriormente. Tenga en cuenta S. S. que, en el sistema
preexistente al actual sistema de sanciones, era necesario pagar
más del 100 por cien de la cantidad afectada para que el sistema
pudiera, digamos, reconocer el dinero negro existente en el país.

¿Cuál era el efecto práctico? Que, evidentemente, no funcionaba.

Comprendo que esos modelos teóricos están muy bien, pero en la
práctica sirven para muy poco.

Podríamos hacer referencia a muchas otras cosas, especialmente,
por ejemplo, a un tema que es muy querido para SS. SS., que es el
problema del fraude. Sobre el fraude se ha hecho mucho; le doy
los últimos datos que, por otra parte, están publicados en el
primer semestre de 1995, sobre efectos de la unidad del fraude.

En activos financieros han aumentado el 3,5 por ciento los
contribuyentes y el 630 por ciento la deuda tributaria; en el
sector inmobiliario ha aumentado el 25 por ciento la deuda
tributaria; en los programas IVA ha aumentado el 168 por cien la
deuda descubierta; en profesionales ha aumentado más del 12 por
ciento, etcétera.

Quiero decir con ello que el problema del fraude, siendo un tema
muy importante --estamos trabajando sobre él--, evidentemente es
algo que nos da un cierto margen de actuación, pero no pensemos
que con el fraude se resuelven todos los problemas.

Sus señorías dicen: «No, no; en lo que no estoy de acuerdo es en
esa política de gastos que ustedes están planteando. Queremos más
gastos.» El problema de querer más gastos es que, o queremos más
déficit, o queremos más ingresos. Más ingresos parece que a SS.

SS. les plantea alguna dificultad, incluso en lo que ya estamos
sugiriendo en este momento. Es cierto que SS. SS. siempre
recurren a la tesis de la famosa presión fiscal, y yo le diría
que estoy dispuesto a hablar de ella. Seguramente, si
descomponemos, en función del consumo, trabajo y capital, y los
comparamos con los países con los que estamos compitiendo, SS.

SS. verían que ese margen de mayor presión fiscal al que
habitualmente hacen referencia, evidentemente no ofrece tantas
posibilidades como S. S. estima conveniente.

Su señoría ha hecho referencia a que no le gusta la reducción de
gastos de inversión. A mí tampoco, pero ya he dicho anteriormente
que estamos hablando de una reducción del 1,9 por ciento; que
seguimos con los gastos de inversión en infraestructuras más
importantes de toda Europa; que pensamos que es bueno que se
reduzca el tipo de interés para ofrecer mayor actividad a la
iniciativa privada, y pensamos que es la iniciativa privada la
que puede sustituir, generando más empleo,



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a alguno de los problemas que en estos momentos se plantean.

Su señoría dice que en I+D hay problemas. Sin embargo, el
Ministerio de Educación ha tenido un tratamiento bastante bueno
en este presupuesto, dejando una situación parecida a la que
anteriormente tenía. Hay reducción, evidentemente, muy ligera,
pero bastante razonable en función de lo que el presupuesto
plantea.

En el tema de la moratoria nuclear, es como si de repente ésta
surgiese, como si no fuese un problema que existe desde hace años
y que lo que hay que intentar hacer es resolverlo. Ese es el
problema. No nos planteemos ahora si unos gastos que están
realizados van a absorberse de una forma u otra. Si nos
planteamos el tema de esa manera, nunca llegaremos a una solución
práctica.

La idea de que es vergonzante reducir la financiación a entes
locales y comunidades autónomas, ya he dicho anteriormente que no
es una decisión del Gobierno, sino que es una decisión que, en su
caso, este Parlamento adoptará cuando devuelva el presupuesto y
opte por la prórroga del de 1995.

Es verdad que a SS. SS. les preocupan los gastos sociales y hacen
referencia a una serie de puntos, que desgraciadamente yo no
puedo compartir. Su señoría dice que estamos apostando por un
crecimiento que se basa en la reducción de los costes laborales y
del incremento del empleo precario, y saca una conclusión, y es
que el empleo precario, si no fuese precario, sería el mismo. Mi
opinión es que el empleo precario, o el temporal --que me
gustaría mejor denominar-- si no fuese temporal, no existiría.

Ese es nuestro distinto enfoque. Sus señorías siguen apostando de
forma corporativa por aquellos que tienen trabajo y que tengan
mejores condiciones; nosotros seguimos apostando por que más
gente tenga trabajo en este país.

Es evidente que tampoco ha analizado con mucho detalle los temas
de gastos fiscales, porque, cuando S. S. hace referencia a que
los gastos fiscales los volvemos a aumentar, lo que no ha hecho
S. S. es leerse lo que la memoria dice sobre gastos fiscales. El
sistema de cálculo de este año es radicalmente distinto. Se basa
en una memoria diferente que se ha acompañado al proyecto de
presupuestos de este año. Hemos puesto en marcha unos grupos
especiales, en el Instituto de Estudios Fiscales, para establecer
una nueva metodología que, por primera vez, nos va a permitir
establecer niveles de comparación con el pasado. Por tanto, sacar
la conclusión de que este año los gastos fiscales tienen algo en
que parecerse a los del pasado, yo creo que no se puede hacer.

Es cierto que S. S. al final acaba con su modelo alternativo que
no ha expuesto, pero su modelo alternativo la verdad es que yo no
lo veo. No lo ha aplicado ningún país del mundo, no creo en él, y
es evidente que ese modelo, en el que en teoría con más gastos se
genera más actividad, más ingresos y todo funciona mejor, la
verdad es que no está funcionando en ningún sitio, ni se plantea
en la práctica.

A SS. SS. yo les haría una pregunta. Un sistema de mayor
endeudamiento y de mayor recurso al mercado financiero, ¿quién
nos lo financiaría? ¿Creen ustedes que alguien les prestaría
dinero para poner en marcha ese programa alternativo de
presupuestos? Yo, desgraciadamente, creo que no. Y le puedo
asegurar que, como responsable de que cada semana el Tesoro
Público tenga que recurrir a los mercados para captar 400,
500.000 millones de pesetas, ese modelo alternativo que ustedes
plantean no lo veo. Más bien veo el modelo alternativo contrario,
consistente en la reducción del déficit que nos permita la
reducción de tipos de interés, que sí nos acabará permitiendo
poner en marcha políticas activas que tanto ustedes como nosotros
deseamos. La diferencia es que ustedes escogen un camino que
nosotros no podemos aceptar porque creemos que, en vez de
llevarnos a la buena senda, nos llevaría al precipicio.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Ribó tiene la palabra.




El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señor Ministro, claro que
se puede gobernar en minoría, señor Solbes. Hay muchos países del
mundo donde hay gobiernos en minoría, y donde hay mayorías
parlamentarias circunstanciales.

Yo no le he argumentado (y no utilicemos la vieja técnica de
contradecir en la discusión con algo que el otro no ha dicho)
sobre la minoría. Le he dicho: déme usted ejemplos de democracias
parlamentarias avanzadas donde la devolución del presupuesto no
signifique dimisión del Gobierno. O, si usted quiere, un cambio
fundamental de política presupuestaria, buscando otros apoyos
para conseguir aprobar unos presupuestos. Es una disyuntiva muy
sencilla. Pero ustedes no están discutiendo con Convergència i
Unió y con el Partido Popular un cambio de política
presupuestaria. A ustedes les están diciendo que ellos les
devuelven los presupuestos porque no quieren que continúen
gobernando. Hoy su argumentación formal o real, depende de qué
grupo, no es sobre la política presupuestaria, señor Solbes, es
peor aún. Déme ejemplos de gobiernos estables, con gobernabilidad
--palabras que ustedes y Convergència i Unió se pusieron en la
boca muy a menudo-- que continúan en estabilidad y gobernabilidad
con los presupuestos devueltos, no en minoría. Y si quiere hablar
de minorías, recuerde que continuamos sin diálogo y que hace
tiempo ya que ustedes optaron, no casualmente de forma caprichosa
por un socio, sino porque significaba una coincidencia sustancial



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en la política económica. No miraron hacia la derecha para buscar
socios porque tiraron una moneda al aire, no; sino porque allí
está la coincidencia sustancial en la política económica,
continuista y conservadora. En matemática parlamentaria, si hay
otro contenido, sabe que hay otras posibilidades. Incluso su
incapacidad de diálogo. Yo le he sacado el ejemplo del año 1993,
cuando expulsaron de la mesa de negociación social a los máximos
dirigentes sindicales. No les expulsaron materialmente, señor
Solbes, pero les pusieron en una tesitura, que los llegaron a
sacar de la mesa. Su nula capacidad de diálogo le lleva hoy a
repetir el chantaje. Dice: No hemos hecho ningún chantaje. Pero
hoy lo ha vuelto a pronunciar y ha dicho: Serán ustedes los
responsables... Y nos describe las iras que nos van a caer
encima. Hablemos en serio, señor Solbes.

Le he hecho una pregunta. Si usted dice que si no se aprueban los
presupuestos habrá un colapso financiero en la sanidad y en la
financiación autonómica, explique el colapso, señor Solbes.

Aproveche el turno de réplica para explicarlo. ¿Quién será el
responsable de este colapso? ¿Cómo habremos llegado a este
colapso, por la votación de mañana, o por la gestión
presupuestaria gubernamental, de años ha, de ambos temas, señor
Solbes?
Al final, resultará que hay unos poderosísimos resortes que
surgen, aunque esta vez sólo con una votación. Esa es la pregunta
que le he hecho. Y usted sabe mejor que nadie que, en temas tan
serios como el de pensiones, que usted ha vuelto a sacar como
chantaje, nuestro Grupo parlamentario fue el único que proponía
unas actualizaciones y unas reformas que se nos negaban desde el
Gobierno --con su antecesor, señor Solchaga-- porque no eran
posibles. Y argumentó igual que usted: ¿Dónde están en Europa? No
se puede llegar por los números, etcétera. Hubo una huelga
general, y después sí fue posible. Y no fue un regalo de su
Gobierno, fue una propuesta parlamentaria, secundada después por
una serie de actuaciones sociales. Entonces sí que era posible.

Hubo un cambio sustancial sobre este problema, ya que usted ha
sacado el ejemplo de las pensiones.

Si quiere, continuamos buscando los ejemplos que ha sacado sobre
quién ha ido impulsando determinadas políticas sobre la función
pública. ¿Cuántos años han negado ustedes políticas de función
pública, que todo el colectivo de la función pública
reivindicaba, y nosotros estábamos proponiendo en el Parlamento,
señor Solbes? ¿O todo se ciñe a mañana y ustedes no tienen
ninguna responsabilidad antes de mañana?
Señor Solbes, dice que no hemos estudiado bien los presupuestos.

Yo creo que quien no los ha estudiado bien es usted, porque no me
responde si son ciertas o no las previsiones de ingresos. En
1995, en el año que estamos, a las semanas de haber aprobado los
presupuestos su Gobierno ya rectificaba. No los habían estudiado
bien ¿no?, y hacían recortes importantes a la semana de entrar en
vigor. Quizás había un mal cálculo. Se lo digo con toda humildad
para no tener que hacer la aseveración que ha hecho usted. Ocurre
este mismo año, señor Solbes, en la recaudación sobre el IVA, y
está recogido en un libro que ustedes nos han facilitado, o sea,
es de fuentes gubernamentales. En el año 1994 esperaban recaudar
dos billones y medio, y van por un millón y medio; y en el año
1995, de dos billones 600.000 millones, nos quedamos en un billón
cuatro cientos noventa y pico mil. Quizá sus cifras son
equivocadas; son las que nos facilitan ustedes. ¿Quién hace mal
los cálculos? ¿Acaso no miran ustedes las cifras que nos
facilitan para basar la continuidad de esta política? De aquí
viene nuestra crítica. No son creíbles las previsiones que hacen
ustedes sobre ingresos. Solamente le he mencionado el déficit
porque no tenemos tiempo --yo aún menos que usted por acotación
parlamentaria y reglamentaria-- de entrar a discutir en serio
sobre el déficit. No ha encontrado usted en ningún lugar de
nuestra enmienda una propuesta de mayor endeudamiento. No
argumente como un disco rayado sobre algo que no tiene nada que
ver con las propuestas que se hacen.

En nuestra enmienda proponemos rebajar una serie de partidas e
incrementar otras; curiosamente proponemos rebajar gastos
fiscales e incrementar gastos en educación y formación, por
ejemplo. No me argumente que lo que estamos propugnando no pasa
en Europa porque, por ejemplo, señor Solbes, impuestos
finalistas, que ustedes se niegan a aceptar, como las ecotasas,
están en vigor en muchos países europeos. Otra crítica manida
para descalificar la seriedad y racionalidad con que nuestro
Grupo parlamentario --hasta ahora el único-- está entrando, de
verdad, en el debate presupuestario. No en el debate político al
que le van a llevar, para otros, eso sí, a justificar su cambio o
la derrota de mañana, a pesar de su coincidencia fundamental en
la política económica.

A nosotros nos preocupa mucho las pensiones y la Seguridad Social
y por eso le he preguntado sobre el Pacto de Toledo. Usted sabe
cuáles eran los compromisos que no vemos reflejados en los
Presupuestos. ¿O es que no se acuerda de que llegamos al
compromiso de separar las pensiones contributivas de las no
contributivas, y de que el Estado llegaría a sufragar la
universalización de la Sanidad, cuando en estos Presupuestos
estamos por encima del 80 por ciento o algo más? ¿O es que estos
compromisos no los adquirimos? Quizás estamos equivocados. Creo
que es lo que suscribimos todos.

Señor Solbes, puede usted hacer una réplica basada de nuevo en
las puntas de lo que he dicho e incluso de lo que no he dicho.

Pero usted no me ha contestado sobre temas importantes: sobre la
relación lineal entre gastos fiscales y creación de empleo, señor
Solbes, y qué tipo de empleo y con qué estudios. Yo le he
mencionado estudios que no los ha hecho Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. No me ha contestado usted sobre si ha
caído o no la cobertura del desempleo...




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El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, le ruego concluya.




El señor RIBO MASSO: Concluyo, señor Presidente.

O sobre la precariedad y su relación con la eficiencia económica.

O sobre recortes en I+D o en otras partidas y el relanzamiento de
la economía.

Y, por último, señor Solbes, ya sé que la moratoria nuclear
existe. Sólo he querido poner un ejemplo de cómo continúan con
una política conservadora y en beneficio de los poderosos. Es el
usuario, el contribuyente, el que va a pagar --y nos lo recuerdan
los Presupuestos-- unas facturas multimillonarias por unas obras
faraónicas que no servirán para crear energía, cuando había vías
alternativas --que provocaban entonces la hilaridad de algunos
Diputados, que ahora espero que tengan el honor de reconocer cuán
equivocados estaban-- y que, una vez más, en una sociedad llamada
de mercado, no los va a asumir quien ha hecho el riesgo de la
inversión, los va a asumir el contribuyente y el usuario. Y esto
es lo que ustedes están protegiendo al alimón con otros grupos
parlamentarios que les dicen no, no por esto, sino por motivos
políticos.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señor Ribó, voy a intentar desgranar, aunque a usted no le guste,
los puntos que ha planteado, porque intentaré ir de acuerdo con
su lógica. ¿Supone la minoría la posibilidad de gobernar? Sí. ¿La
devolución presupuestaria implica la absoluta imposibilidad de
tomar decisiones? Evidentemente plantea problemas graves, pero ya
hemos hecho referencia a ese punto anteriormente y ya hay una
decisión del Presidente de Gobierno bastante clara en cuanto a
convocatoria electoral. Si lo que S. S. está planteando
nuevamente es si esas elecciones son en marzo, son en febrero o
son en enero, podemos entrar en una discusión de fechas que no me
parece que sea muy relevante. Si S. S. lo que quiere es conseguir
el triunfo político de que mañana se convocan las elecciones, me
parece un pequeño disparate en función de otras prioridades que
creo que el país tiene.

Su señoría hace referencia a una política económica continuista.

Yo prefiero hablar de proseguir en la misma línea en la política
económica, porque S. S. utiliza la palabra continuista con un
tono indudablemente peyorativo. Ahora, si vamos a seguir
creciendo al 3 por ciento, si vamos a reducir el déficit, si
conseguimos que la inflación se sitúe alrededor del 4 por ciento
y si generamos 350.000 empleos al año, creo que no está mal
seguir en ese continuismo; la verdad es que me preocuparía
cambiar.

Su señoría hace referencia a mi incapacidad para el diálogo
recordando las famosas negociaciones del año 1993. Creo que nadie
ha estado más horas que yo sentado intentando llegar a un
acuerdo. Esa filosofía de que en el diálogo, cuando no hay
acuerdo, la culpa es de la otra parte, normalmente no la acepto.

Yo puedo ser parcialmente responsable de aquel fracaso, pero
exactamente en la misma medida que lo fue la otra parte. Creo que
se hizo lo que en aquel momento había que hacer, aunque
seguramente se hubiera hecho mejor de forma pactada que de forma
no pactada.

Vuelvo a decirle que nunca he utilizado la palabra chantaje y
nunca la utilizaré; no es mi estilo, aunque otros prefieran
utilizarla. Pero no es chantaje, es un hecho, y vuelvo a
repetirlo: el presupuesto introduce un incremento en ciertas
partidas según acuerdos que tiene el Gobierno con comunidades
autónomas, con funcionarios, con una serie de agentes. Si ese
presupuesto se rechaza, seamos serios, señor Ribó, ¿de quién es
la culpa del rechazo del presupuesto, del Gobierno que lo ha
presentado o de aquellos que rechazan el presupuesto?
Es cierto que este año se produce un elemento adicional: hemos
hecho un esfuerzo excepcional para la sanidad, lo que nos permite
no sólo mejorar la deuda del pasado, sino, por segundo año
consecutivo en la historia, aceptar un incremento para la sanidad
en función del PIB nominal, lo cual da un tratamiento
excepcionalmente bueno a la sanidad; era el año en el que, por
fin, conseguíamos que el sistema de financiación sanitario
cristalizara con crecimientos excepcionales. Eso es lo que el
Gobierno quiere; no es el Gobierno el que dice no a ese
presupuesto, son ustedes los que dicen no a ese presupuesto. Por
tanto, no hay chantaje; hay que hacer frente a sus
responsabilidades. Si ustedes quieren optar por eso, que puede
tener dividendos políticos a su favor, tengan también la
responsabilidad de aceptar lo que ustedes hacen.

A partir de ahí, es cierto que no soy yo el que dice que la
sanidad y las administraciones autonómicas se quedarán sin esa
financiación; siguen teniendo derecho a tenerla, sólo que no hay
dinero, porque el presupuesto de 1995, prorrogado, no nos permite
disponer de esa financiación y, evidentemente, existirá una
deuda, deuda que traerá consigo echar marcha atrás en el sistema
y permitirá tener un debate en el futuro, que a ustedes les
gustará mucho, sobre lo mal que funciona la sanidad y las deudas
que tiene como consecuencia de que no se ha sido capaz de
resolver el problema de la sanidad. Ese debate lo tendremos en el
futuro y no planteado por nosotros.

Evidentemente, hay otro tipo de problemas, a los que S. S. ha
hecho referencia: las pensiones, también habría mucho que hablar
de la Función Pública, y los ingresos. Su señoría sigue sin
entender el problema de los ingresos; le he dicho que están bien
calculados y le he puesto un ejemplo, que es el IVA, donde el
diferencial de base entre el año 1995 y 1996 es superior a
250.000 millones. Esa es la razón por la cual el crecimiento es
tan rápido, unida al mayor crecimiento del consumo más el cálculo



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de los meses. Si a S. S. le divierte, podemos entrar impuesto por
impuesto, pero le voy a dar un dato: es cierto que el IVA este
año va peor de lo inicialmente previsto, pero todos los ingresos
fiscales acumulados en este momento sólo tienen un diferencial de
un punto en cuanto al crecimiento previsto en el presupuesto del
año 1995. Teníamos previsto un crecimiento del 8 por ciento y en
este momento estamos creciendo al 7 por ciento. Y no me mezcle
eso con el acuerdo de enero de 1995, que no tiene nada que ver.

El acuerdo de 1995 es un acuerdo de gastos, no es un acuerdo de
ingresos y se produce como consecuencia de dos factores: la
aplicación del artículo 11 de la Ley de Presupuestos. Le vuelvo a
recordar la historia, señor Ribó. Ese acuerdo se toma como
consecuencia de dos factores fundamentales. En primer lugar, la
modificación de los tipos de interés que se produce a final de
año y que genera un desfase financiero de 150.000 millones de
pesetas; en segundo lugar, los cálculos previstos en créditos
ampliables que en aquel momento ya se considera que hay que poner
en marcha. Ello nos lleva a tomar la decisión de reducir 150.000
millones de pesetas de gastos y a hacer una reserva de 400.000
millones de pesetas para otros gastos que iban a ser ampliables
en el futuro. No hay ninguna desviación de ingresos en ese
momento. Es más, le repito algo que ya dije entonces: el acuerdo
de primeros de enero estaba previsto tomarlo en todo caso, al
igual que este año lo tomaremos a finales de diciembre o a
primeros de enero, precisamente para respetar la obligación que
tenemos, de acuerdo con Maastricht, del 3,5 por ciento en cuanto
a déficit.

Su señoría ha hablado de nuevos impuestos, se ha referido a la
ecotasa y ha dicho que ya está en vigor en muchos países
europeos. No, no es cierto, hay una discusión comunitaria al
respecto; ayer mismo tuvimos un profundo debate sobre este tema y
hay un cierto acuerdo sobre el período transitorio, no así sobre
el régimen definitivo, y es urgente aceptar el régimen
transitorio, porque los dos países que han puesto en marcha la
ecotasa, si no aceptamos ese sistema, tendrán que suprimirla,
porque es ilegal de acuerdo con el modelo comunitario.

Su señoría ha dicho que no ponemos en marcha el Pacto de Toledo.

Sí lo ponemos en este Presupuesto, que ustedes van a rechazar, en
esos dos puntos a los que S. S. ha hecho referencia.

Concretamente, hay un principio de separación entre lo
contributivo y lo no contributivo, y hay una transferencia
adicional de 100.000 millones de pesetas para la sanidad, que se
descuentan de la aportación histórica de la Seguridad Social, y
pasan a ser aportadas por el Estado, con lo cual, el porcentaje
de participación del Estado a la sanidad sube del 74 por ciento
al 82 u 83 por ciento. Es un principio de aplicación que rechazan
también SS. SS. al rechazar el Presupuesto. Esa es la realidad y
ésos son los elementos con los que tendríamos que hablar.

Su señoría ha hecho referencia a gastos fiscales y de creación de
empleo, de recortes en las prestaciones, de eficiencia económica,
de relanzamiento económico, de moratoria nuclear... Podemos
entrar en este tipo de
debates si a S. S. le interesa, lo que sí le puedo decir es que,
en cuanto a prestaciones, especialmente la de desempleo, que es
la que a S. S. le puede preocupar, no hay ninguna modificación
normativa y que los resultados económicos son consecuencia de dos
factores, en primer lugar, la aplicación de las normas que ya se
pusieron en marcha en su momento, y, en segundo lugar, la clara
mejora de la situación económica que está permitiendo, por una
parte, la posibilidad de mayores recursos para el seguro de
desempleo, y, por otra parte, menores prestaciones. Esa es la
realidad, y yo creo que es importante que SS. SS. la tengan clara
para que cuando mañana emitan su voto sepan exactamente lo que
están votando, porque posteriormente decir que los resultados que
se consiguen con ese voto en contra no eran los que se
pretendían, me parecería inaceptable. Evidentemente, cada uno
puede hacer lo que estime oportuno, pero hay que ser coherentes
en la toma de decisiones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Ribó.




El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.

Medio minuto para decir que espero humildemente coherencia, la
coherencia que, tras una derrota presupuestaria, hace que un
Gobierno aquí, y en cualquier latitud que usted me pueda decir,
dimita.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

La verdad es que creo que, puestos a hablar de coherencia,
ustedes tendrían que tomar buena nota de más de un hecho que
hemos vivido en los últimos días.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El Pleno se reanudará mañana a las diez de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y treinta minutos de la noche.