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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 53, de 02/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 53 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 52
celebrada el miércoles, 2 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 2579)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que adoptará el Gobierno para garantizar el cobro de
las pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas
privadas de ahorro a largo plazo (número de expediente
172/000035) (Página 2602)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para
garantizar el mantenimiento, actual y futuro, de un régimen
público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas (número de expediente 172/000036)
(Página 2602)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para asegurar la continuidad futura de un sistema público de
pensiones justo, equilibrado y solidario (número de expediente
172/000037) (Página 2602)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
54, de 3 de marzo de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 2579)
Del Diputado don Agustín Díaz de Mera y García Consuegra, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Considera el Sr. Ministro que
son aceptables las condiciones de vida de la tropa del
ejército en los cuárteles militares? (Número de expediente
180/000327) (Página 2579)
Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Es intención del Gobierno modificar su
posición respecto de la «insumisión» promoviendo su
despenalización? (Número de expediente 180/000322) (Página 2580)
Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Justicia: Dadas las serias dificultades
de gestión de los Juzgados de Tarragona, Reus, Tortosa, Valls
y El Vendrell, ¿considera prudente el Sr. Ministro la
denegación de la ampliación de plantillas y el no contemplar
la creación de nuevos Juzgados? (Número de expediente
180/000340) (Página 2581)
Del Diputado don Javier Arenas Bocanegra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Industria y Energía: ¿Qué medidas contempla el
Gobierno en relación con la crisis de Santana Motor, S.A.?
(Número de expediente 180/000325) (Página 2582)
Del Diputado don Manuel Milián Mestre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las razones que han llevado a IBERIA a vender once aviones de
su flota al consorcio holandés JULYCO? (Número de expediente
180/000326) (Página 2583)
Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son las causas por las que el
INSALUD va a modificar el sistema de atención sanitaria
especializada y el modelo de concierto con clínicas privadas?
(Número de expediente 180/000329) (Página 2584)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué razón discrimina el Gobierno a Ceuta y Melilla, al no
controlar como en el resto de España la sanidad de los
alimentos destinados al consumo de los habitantes de estas dos
ciudades? (Número de expediente 180/000333) (Página 2585)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Cuál es el grado de
conformidad del Ministerio de Comercio y Turismo respecto del
sistema de estudios y titulaciones relativas al turismo?
(Número de expediente 180/000331) (Página 2586)
De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Podríamos
saber cuáles son las razones por las que el Gobierno ha
incumplido el mandato de esta Cámara, en virtud del cual en el
plazo de tres meses debiera haber remitido, para su debate, al
Congreso de los Diputados una comunicación en donde quedara
definido el modelo de funcionamiento y gestión de la
radiotelevisión pública, que garantizara la estabilidad
financiera que este servicio requiere? (Número de expediente
180/000330) (Página 2588)
Del Diputado don Lluís Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno:
¿Qué medidas adopta el Gobierno para garantizar el
cumplimiento de la normativa publicitaria en televisión?
(Número de expediente 180/000321) (Página 2589)
Del Diputado don José Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuánto tiene
previsto el MOPTMA iniciar las obras del tramo Tarancón-Cuenca
de la Autovía de Castilla-La Mancha? (Número de expediente
180/000336) (Página 2590)
De la Diputada doña Angeles Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para garantizar el suministro de agua
potable según los parámetros de la Organización Mundial de la
Salud a las Islas Baleares? (Número de expediente 180/000323)
(Página 2591)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para proteger las vías
pecuarias? (Número de expediente 180/000332) (Página 2592)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Está dispuesto el Gobierno español a aceptar la modificación
de la cuota de entrada en la Unión Europea de plátano
procedente de países americanos de la llamada «área del
dólar», cifrada en la Organización Común de Mercados del
plátano en dos millones de toneladas? (Número de expediente
180/000335) (Página 2593)
De la Diputada doña María Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cómo se va a constituir
y con qué criterios se van a distribuir las cantidades de
referencia (Cuotas) de la Reserva Nacional Láctea? (Número de
expediente 180/000345) (Página 2595)
De la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante la situación de malos
tratos que sufren muchos niños en España? (Número de
expediente 180/000339) (Página 2595)
De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Existe algún tipo de
negociación o acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y el Ministerio de Asuntos Sociales respecto a la atención a
personas mayores que no requiriendo hospitalización, por
razones más de naturaleza social que sanitaria, ocupan camas
hospitalarias? (Número de expediente 180/000342) (Página 2597)
De la Diputada doña María Teresa Sempere Jaén, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el
Gobierno desarrollar los programas de atención a las mujeres
en las comisarías de la provincia de Alicante? (Número de
expediente 180/000344) (Página 2597)
Del Diputado don Jon Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV),
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda:
¿Podría indicar el Sr. Ministro cuál ha sido el motivo por el
que no se han incluido proyectos de las Administraciones
Públicas vascas en la petición de ayuda realizada por el
Estado español al Fondo de Cohesión toda vez que dichos
proyectos cumplen sobradamente los requisitos exigidos por la
normativa comunitaria? (Número de expediente 180/000324)
(Página 2598)
Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: Dentro del plan de
amortización de sus deudas, ¿cuáles son los ingresos previstos
por Barcelona Holding Olímpico, S.A., provenientes de
todas sus participaciones en empresas? (Número de expediente
180/000328) (Página 2599)
Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
piensa adoptar el Gobierno a los efectos de impulsar el
desarrollo económico y social de La Rioja? (Número de
expediente 180/000337) (Página 2600)
Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Sigue manteniendo
el Sr. Ministro la opinión de que las pensiones del futuro no
están en peligro? (Número de expediente 180/000334) (Página 2601)
Interpelaciones urgentes (Página 2602)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que adoptará el Gobierno para garantizar el cobro de las
pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas privadas
de ahorro a largo plazo (Página 2602)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política del Gobierno para garantizar el
mantenimiento, actual y futuro, de un régimen público de
Seguridad Social y de pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas (Página 2602)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para asegurar la continuidad futura de un sistema público de
pensiones justo, equilibrado y solidario (Página 2602)
En representación del Grupo Popular defiende la interpelación
el señor Montoro Romero, manifestando que la intención de la
misma es clara y consiste en tratar de conocer mejor la
opinión del Gobierno sobre el futuro de las pensiones en
España y la explicación sobre las medidas que piensa adoptar
para garantizar su futuro. Expone que la interpelación y su
preocupación nacen de las declaraciones del señor Ministro de
Economía y Haciendo poniendo en cuestión el futuro de nuestro
sistema de pensiones, habiendo actuado, en su opinión, con una
irresponsabilidad manifiesta y, lo que es peor, utilizando una
verdad a medias. Insiste en que las declaraciones son
irresponsables porque han creado una alarma social
injustificada, con lo que el pánico que se ha generado puede
ser incluso más peligroso que las propias consecuencias del
riesgo detectado. Sucede, además, que el señor Ministro es
reincidente, ya que no es la primera vez que sus declaraciones
suscitan preocupación en la sociedad española. Ya lo hizo en
el pasado mes de octubre cuando realizó ciertas invitaciones
para acudir a los fondos privados de pensiones ante la
inseguridad de seguir cubriendo el día de mañana las
pensiones.
Pero, siendo todo esto grave, es peor que el señor Ministro
nos haya dicho la verdad a los españoles en sus
planteamientos, utilizando la figura de la verdad a medias y
sin duda intentando ocultar su responsabilidad en este grave
asunto. En efecto, el señor Ministro sabe que el verdadero
problema de las pensiones no está en la evolución de la
población española sino que es de carácter económico y procede
de la deficiencia de nuestro sistema económico, de su escasa
capacidad para generar empleo, de la baja tasa de actividad
que tenemos en España y del alarmante nivel de desempleo,
fruto, en buena parte, de la política económica del Gobierno
socialista que el señor Solbes continúa fielmente. En tales
circunstancias insiste en la manifiesta irresponsabilidad con
que ha actuado el señor Ministro, provocando la alarma de los
ciudadanos al actuar de pirómano. La intransigencia de su
política económica es la clave y la que realmente amenaza el
sistema público de pensiones.
Expone a continuación que el sistema público de pensiones
padece en España un exceso de politización y desde el Grupo
Popular solicitan que se deje ya de hacer ese tipo de política
barata con las pensiones de los españoles. Considera que ya
está bien de presentarse ante la opinión pública como los
garantes de ese sistema público como si fuera un patrimonio
suyo, cuando lo es de todos los españoles. Ya está bien de
asustar a nuestros mayores con la llegada al Gobierno de una
derecha que recortaría las pensiones, cuando las prestaciones
las está recortando el señor Ministro, como se dispone a hacer
y reseñará después. Afortunadamente los pensionistas españoles
ven cada vez con más claridad el formidable engaño del que
fueron objeto el 6 de junio y ahora perciben quién es la
amenaza para el futuro de sus pensiones y quién se ha quedado
con las tan traídas o llevadas 8.000 pesetas. Pregunta al
señor Ministro por qué no expuso
sus dudas antes del 6 de junio si tanto le preocupaban, ya que
las previsiones económicas relativas a los años 2020 o 2030 no
podían ser muy diferentes.
Concluye señalando que el desatino en el que ha incurrido el
señor Ministro ha podido ser mayor al no acertar a definir el
problema y, desde luego, no ha aportado ninguna solución. El
problema, a su juicio, radica en la insuficiencia de nuestro
sistema productivo para dar empleo a los españoles que lo
buscan, con una cifra escalofriante de 3.700.000 parados, cuya
veracidad niega, por cierto, el señor Presidente del Gobierno,
y que de tener posibilidad de trabajo los convertiría en
cotizantes a la Seguridad Social, robusteciendo la
financiación de nuestro sistema público y haría que no
peligrara su futuro.
La causa fundamental del problema planteado está en la falta
de empleo, cuestión que no ha introducido el señor Ministro en
las reflexiones que ofrece a la sociedad y que nace
precisamente del clamoroso fracaso de la política económica
del Gobierno
socialista. Es una política que ha provocadotan alta tasa de
desempleo y cuya responsabilidad recae también sobre los
grupos parlamentarios que lo están apoyando en esta Cámara,
contribuyendo así a ensombrecer el futuro de las pensiones en
nuestro país. También es cierto que se ha de reorganizar la
Seguridad Social definiendo su ámbito de actuación, cambiando
su esquema de financiación actual y complementándola con
sistemas privados, pero no debe utilizarse esta necesaria
reforma para asustar a los españoles y ocultar nuevos recortes
de prestaciones sociales. Si este recorte ha de producirse
debe decírselo a los españoles a las claras, reconociendo que
el Gobierno no es capaz de controlar el gasto público nada más
que de esta manera. La posición del Grupo Popular, en una
materia que tanto afecta a los españoles, es la de enviar un
mensaje de confianza y optimismo allí donde se ha sembrado
confusión y alarma,
declarando que el sistema público de pensiones no está
amenazado ni cuestionado por nada ni por nadie en el futuro.
Cuestión distinta es que los poderes públicos tengan que
actuar para despejar ese futuro. Sobre este particular el
Partido Popular postula la existencia de un sistema de
pensiones públicas sólido y estable que hay que salvaguardar
porque es una cuestión de Estado, para la que solicita su
despolitización. El interés del Grupo Popular está en resolver
la crisis económica actual por estar seguro de que resolviendo
la misma garantizarán las pensiones de hoy y de mañana.
El señor Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, defiende la interpelación
manifestando que presenta la misma fundamentalmente porque hay
en el Gobierno un Ministro irresponsable que ha levantado la
alarma social. En contra de lo manifestado, el Grupo de
Izquierda Unida piensa que sí tenemos un sistema de Seguridad
Social fuerte y capaz de hacer frente al futuro si de verdad
el Gobierno consigue que haya empleo, que se redistribuya el
mismo y haya una reforma laboral que consiga cotizar para el
sistema y así incrementar la
capacidad de recaudación del propio sistema. Reitera que el
sistema es sólido como lo demuestra el que ha sido capaz de
hacer frente a embates muy fuertes y a ampliarse y
generalizarse en un proceso corto de tiempo, a la vez que de
hacer frente a un proceso de reconversión importante. Es un
sistema de seguridad social al que en este momento se le debe
un promedio de un billón de pesetas al no cotizar las empresas
y de cuya cifra el propio Gobierno reconoce que sólo un 30 por
ciento es recuperable. Añade que un Gobierno que no ha sido
capaz de acertar en ninguna de las previsiones para el año
1993 se atreve a decir qué va a pasar con las pensiones nada
menos que dentro de 25 o 30 años, lo cual achaca a una
estrategia del propio Gobierno de cara a conseguir un paso de
tuerca más en la reforma del sistema productivo, relativizando
el número de obligaciones para con los ciudadanos en una
sociedad con alto porcentaje de desempleo y desmontando un
régimen de bienestar que Izquierda Unida considera que es
posible mantener.
Otro objetivo del Gobierno es forzar el ahorro viendo los
planes de pensiones más que como una política social como un
producto financiero, pero sobre este particular pregunta qué
condiciones existen para que esos fondos de pensiones privados
se puedan garantizar cuando tenemos un sistema financiero que
entra en dificultades de forma permanente. Para tranquilizar a
los españoles se les ha hablado de la garantía de una pensión
digna, preguntando al señor Ministro qué considera por tal
pensión digna. Por otra parte, se culpa del problema a la
demografía cuando el mismo se debe al fracaso de la política
económica y a la propia capacidad del Gobierno para
administrar y gestionar dicha política.
Concluye señalando al señor Ministro que si no es capaz de
defender el Estado social y de progreso que establece la
Constitución lo menos que podía hacer es dimitir y marcharse.
En defensa de la interpelación del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), interviene el señor Homs i Ferret, manifestando que
se encuentran ante un debate controvertido que no debieran
sacar de los cauces por donde tendría que desarrollarse con
objetividad, porque el problema planteado lo requiere,
y sobre todo con serenidad para no transmitir lo que no desean
transmitir al país, es decir, alarmismo. Si en algún momento
determinadas declaraciones del señor Ministro de Economía
pudieran ser interpretadas o generar alguna imagen de alarma
en la sociedad, hoy tienen una buena oportunidad para
transmitir a esa sociedad una cierta imagen de tranquilidad
frente a este problema. En todo caso su Grupo Parlamentario no
va a hacer demagogias en torno a esta cuestión para poder
favorecer
determinadas estrategias políticas.
Precisamente a raíz de las declaraciones emitidas por el señor
Ministro, difundidas por los medios de comunicación y dado el
impacto que las mismas causaron, Convergència i Unió creyó
necesario y urgente que esta Cámara debatiera la cuestión con
la intención de poder clarificar criterios políticos. No se
trata hoy de realizar el debate en profundidad sino de
transmitir los criterios de esta Cámara para deshacer
cualquier malentendido que se hubiera podido generar en la
población a raíz de las
declaraciones del señor Ministro de Economía. Considera que es
misión de todos los grupos de la Cámara tranquilizar hoy a la
población y de ahí que desee que el señor Ministro exponga su
opinión en la tribuna y las razones, porque sabe que está
lejos del ánimo del señor Ministro generar ningún tipo de
alarma. Expresa el convencimiento de su Grupo Parlamentario de
que el sistema público de pensiones no está en este momento en
cuestión. Las pensiones no van a dejar de pagarse y esto
debiera decirse también claramente por todos los grupos
parlamentarios.
A continuación alude al debate habido la semana anterior como
consecuencia del cual se ha constituido una Ponencia en la
Cámara para analizar la actual situación del sistema público
de
pensiones y piensa que ahí tendrán la oportunidad de afrontar
el verdadero debate con serenidad y responsabilidad. En este
momento de lo que se trata, a su juicio, es de que el señor
Ministro explique el alcance de las palabras que emitió, al
ser
interpretadas de manera que generaran cierta alarma.
En nombre del Gobierno contesta a las interpelaciones el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), manifestando
que podría subir hoy a esta tribuna y contestar a las tres
interpelaciones señalando simplemente que nunca dijo lo que
dicen que dijo y que si hubieran oído o leído la transcripción
literal de sus palabras les resultaría difícil de justificar
esta sesión, y mucho menos con los tonos con los que se ha
planteado. Sin embargo, no va a hacerlo.
Se ha provocado un debate que, aun yendo mucho más allá de sus
declaraciones, cree que no puede dejar pasar para adoptar una
posición sobre el mismo. Para ello va a partir de un criterio
de autoridad sobre el que espera que todos estén de acuerdo y
que es la decisión unánime de este propio Congreso de los
Diputados de fecha 15 de febrero de 1994, es decir, cinco días
antes de sus declaraciones, de crear una Ponencia con la
finalidad de elaborar un informe donde se analicen los
problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y se
indiquen las principales reformas que deberán acometerse en
los próximos años para garantizar la viabilidad del mismo y
evitar mayor desfase público en el Presupuesto del Estado.
Menciona algunas intervenciones habidas en la Cámara durante
aquel debate y que, en su opinión, fueron bastante más lejos
de lo que él dijo, aunque parece que tales manifestaciones no
tuvieron la virtualidad de generar alarma social. Considera
que no existe ninguna discrepancia de fondo entre lo que
dijeron en esta Cámara los que intervinieron en el debate de
hace 15 días y lo que él manifestó posteriormente en una
entrevista de radio que, por otra parte, no es distinto de lo
que el Gobierno propuso públicamente negociar con los agentes
sociales en el pasado mes de septiembre o de lo que se propone
en documentos de la OCDE, de la Comisión Europea, o de lo que
se está haciendo ahora mismo en Francia por un Gobierno de
derechas y por decreto, sin consultar a nadie.
No se trata de un problema de mala política económica, como se
pretende plantear, sino de algo bastante más profundo.
Consiguientemente, si no hay discrepancias de fondo se
pregunta si el problema es de oportunidad, ya que considera
difícil de valorar el que en quince días cambien tanto las
cosas como para que sea oportuno decirlo en el Congreso, en
sesión pública del Pleno e inoportuno en un medio de
comunicación. Añade que ha seguido con atención el debate
producido durante estos días, escuchando muchas opiniones y se
pregunta si se ha alarmado a la opinión pública por el hecho
de haber realizado desde el Gobierno un planteamiento serio y
responsable de un problema que, de no hacer nada, podría
plantearse dentro de 20 o 30 años.
Personalmente no es ésa la impresión que ha obtenido, aunque
hay que reconocer que no todo el mundo está en esa posición.
Diría incluso que mucha gente ha valorado positivamente su
intervención como ejemplo de responsabilidad, pero
desgraciadamente no puede extenderse esto a todos los grupos
de la Cámara, teniendo la impresión de que muchas visiones
catastrófistas que se lanzan desde la oposición sobre la
situación del país alarman a la gente, aquí y ahora.
Pregunta qué concepto tienen de los españoles algunos grupos
al considerar que no tienen aquéllos la suficiente madurez
para aceptar un debate sobre
un problema que pueda plantearse en el futuro y sobre el que
hay que empezar a tomar decisiones pronto para resolverlo
antes de que se produzca. Personalmente cree que los más
alarmados han sido algunos miembros de la Cámara, y no por
desconocimiento de la cuestión sino por razones muy distintas
y, desde luego, con un cálculo político evidente. Si se está
por debatir sobre las pensiones, hágase ateniéndose a la
razón, a la cordura y, por supuesto, con el ánimo dispuesto
para solucionar los problemas. Esa es su intención y la del
Gobierno y difícilmente van a entrar en el turbulento
mecanismo de hacer mercancía política o
electoral de un debate de tal envergadura. Háblese con
serenidad suficiente, sin doble lenguaje, de lo que ocurre,
siendo la postura del Gobierno la misma que la mantenida hace
casi diez años al reformar la legislación para consolidar un
sistema público de pensiones, garantizando así que todos los
ciudadanos tengan despejado el horizonte y sepa que van a
cobrar una pensión cuando alcancen la edad de jubilación.
Expone seguidamente las medidas adoptadas por el Gobierno
socialista durante los últimos diez años con el objetivo
primordial de la consolidación y desarrollo del sistema de la
Seguridad Social y concluye afirmando que el cobro de las
pensiones en el futuro está plenamente garantizado como fruto
y resultado de la acción del Gobierno llevada a cabo en la
década anterior, sin perjuicio de que sea conveniente y
necesario efectuar una reflexión sobre cómo reforzar a largo
plazo la estabilidad del sistema. Espera asimismo que del
debate amplio que debe producirse en la Cámara puedan
recogerse elementos adicionales que les permitan llegar a la
modificación del sistema, manteniendo en todo caso la voluntad
política del Gobierno de continuar y potenciar un sitema de
pensiones público justo, solidario y plenamente establecido.
Replican los señores Montoro Romero, del Grupo Popular, Ríos
Martínez de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Homs i
Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Duplica el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes
Mira). Para fijación de posiciones interviene el señor
Mauricio
Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria.
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON AGUSTIN DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE
SON ACEPTABLES LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA TROPA DEL
EJERCITO EN LOS CUARTELES MILITARES? (Número de expediente
180/000327)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 14, del señor Díaz de Mera, que tiene la
palabra.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Gracias, señor
Presidente. ¿Considera el señor Ministro que son aceptables
las condiciones de vida de la tropa en los cuarteles
militares?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz de Mera.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señor
Presidente, en general, sí, aunque depende de en qué tipo de
cuartel las condiciones son mejores o son menos confortables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Díaz de Mera.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, su respuesta me parece
insuficiente y, desde luego, alejada o distante de la
realidad, por lo menos de la realidad que yo conozco. Señor
Ministro, gobernar es tomar decisiones, es priorizar y es
acertar cuando se prioriza. No traiciono ningún secreto de
Estado ni creo que pongo en peligro la seguridad nacional si
afirmo que usted dice que la
problemática más importante que tienen nuestros ejércitos se
reduce a tres ítem: al de la organización, al del personal y
al de la gestión. Tampoco traiciono nada si digo que, como a
usted, lo que más me preocupa es el personal.
Pues bien, señor Ministro, la realidad y mi intervención
pretenden demostrar lo contrario. El día 2 de febrero visité
el Tercio de Armada de San Fernando --Cádiz-- y pude constatar
que al lado de un magnífico material, de un equipamiento
estupendo, del que me llamó especialmente la atención los
vehículos Hammer, encontré a 2.000 hombres que viven en
chabolas, en forma miserable, que se mojan cuando llueve y se
asan
cuando hace calor. En el TEAR de San Fernando, señor Ministro,
su Ministerio vulnera todas las normas que a sí mismo se ha
dado en materia de construcciones militares. Estamos hablando,
señoría, de 17 barracones que albergan entre 100 y 150
hombres, construidos por soldaditos en el año 1965 y que,
desde entonces, están sin tocar. Estamos hablando de naves --
es una forma de definir-- donde viven 150 hombres que tienen
que compartir cuatro duchas, cuatro servicios y veinticuatro
lavabos, y dan gracias...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz de Mera.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señor Diputado,
si usted no hubiera hecho la pregunta como la ha realizado, yo
le hubiera contestado de otra manera. Además, suponía que se
iba a referir al Tercio de Armada. Ahí, señoría, todas las
críticas que vaya a hacer no voy a poder sino aceptarlas,
porque la situación aproximada es como usted dice. Desde
luego, no exactamente, sobre todo lo de los lavabos, las
duchas, porque el edificio del siglo XVIII anejo sí dispone de
esos servicios. En cualquier caso, conozco muy bien de lo que
está hablando porque lo he visitado en muchas ocasiones.
El problema de ese acuartelamiento es que en la ubicación en
que está ahora nunca va a poder disponer de unas instalaciones
de infraestructura suficientes. Esa es una cuestión que se ha
venido debatiendo en múltiples ocasiones, interviniendo,
incluso, las fuerzas políticas de la ciudad de San Fernando, y
que, de una u otra forma, hay que resolver. Sí le digo que una
decisión, que se tendrá que aplicar de forma casi inmediata,
es que parte de las instalaciones, sobre todo lo que afecta a
carros y material más pesado, se desplace a Rota para evitar
los riesgos de pasar por en medio de San Fernando cada vez que
hay una maniobra, y con eso ganar espacio para mejorar las
instalaciones que usted dice, que no son chabolas, que son
barrracones, pero que no tienen la dignidad que tienen el
resto de las instalaciones de los
ejércitos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES INTENCION DEL GOBIERNO
MODIFICAR SU POSICION RESPECTO DE LA INSUMISION PROMOVIENDO SU
DESPENALIZACION? (Número de expediente 180/000332)El señor
PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Romero Ruiz.
Tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la juventud, cada vez en un mayor número, se
declara insumisa al servicio militar obligatorio y a la
prestación social sustitutoria. Hay en España 4.000 jóvenes en
esta situación, de los cuales cerca de un centenar han sido
condenados a penas de cárcel. En muchas ocasiones el tribunal
que los condena a continuación pide el indulto al percatarse
de que la sociedad rechaza la cárcel para los insumisos. Por
eso, formulo la pregunta, en nombre de Izquierda Unida, de si
usted, como Ministro de Justicia, y su Gobierno piensan
despenalizar la cárcel para los insumisos en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, los términos de la pregunta se
prestaban a cierta ambigüedad. Hablaba usted en el texto de si
pensábamos despenalizar. En esos términos, la respuesta es
negativa. El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de
Código Penal en el que la insumisión seguirá siendo
considerada un delito. En los términos de su pregunta, sin
embargo, parece que ahora alude no tanto a la despenalización
cuanto al tipo de pena correspondiente. En función de su
intervención, le aclararé los extremos que considere
oportunos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Romero, tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Ministro, usted ha declarado en
más de una ocasión públicamente que piensa proponer, en la
redacción del nuevo Código Penal, la supresión de la condena
de cárcel para la insumisión y establecer la inhabilitación.
Nosotros queremos saber si usted lo que pretende es sacarlos
de la cárcel e integrarlos en la sociedad o usted propone
sacarlos de la cárcel y sacarlos también de la sociedad,
porque si la inhabilitación es absoluta para la función
pública o para cargo público a todo joven que se declare
insumiso, eso no sería aceptable, no sería constitucional, y
saldríamos de Guatemala para entrar en
«Guatepeor», además de no solucionar un problema gravísimo que
en España ponen de manifiesto nuestros jóvenes al declararse
objetores de conciencia e insumisos cada vez en mayor medida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): La verdad es
que me sorprende la facilidad con que S.S. habla de que una
cosa es inconstitucional o no. A mí no me gusta emplear esa
terminología, es un tema muy complicado. Inconstitucional es
lo que decide el Tribunal Constitucional que es
inconstitucional, y nada más. Aclarado lo anterior, una vez
que ya concreta la pregunta de otro modo --porque entonces no
debería haber hablado de
despenalización; despenalización supone dejar de ser delito, y
a eso le he contestado--, a usted en realidad le interesaba
saber cuál es la respuesta a ese delito. En ese campo,
efectivamente, el Ministro de Justicia ha mantenido muchas
veces, y lo sigue manteniendo, que la respuesta correcta al
delito de insumisión --que no tengo ninguna duda de que debe
ser considerado como delito-- quizá no sea la pena privativa
de libertad, lo dudo seriamente. Sin embargo, sobre ese tema
hay más que la opinión del Ministro de Justicia --también se
lo he aclarado numerosas veces;--; el Gobierno deberá decidir
por vía de proyecto lo que entienda más conveniente y SS.SS.,
sobre todo, decidirán una cosa u otra, que para ello descansa
en estas Cámaras la soberanía popular. Lo que le puedo
garantizar es que la posible
inhabilitación, en mi modesta opinión, es la respuesta
correcta y razonable, la que se corresponde a la actitud
insolidaria de unas personas que no quieren cumplir con el
deber jurídico de colaborar personalmente con el Estado. El
Estado está plenamente legitimado para contestar en términos
idénticos, que
prácticamente suponen el contrato social, es decir: usted no
quiere colaborar con el Estado, el Estado no quiere colaborar
con usted.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: DADAS LAS SERIAS DIFICULTADES DE
GESTION DE LOS JUZGADOS DE TARRAGONA, REUS, TORTOSA, VALLS Y
EL VENDRELL, ¿CONSIDERA PRUDENTE EL SEÑOR MINISTRO LA
DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLANTILLAS Y EL NO CONTEMPLAR
LA CREACION DE NUEVOS JUZGADOS? (Número de expediente
180/000340)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que va a formular el
señor Carrera i Comes.El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, los juzgados de Tortosa, Reus,
Tarragona, Valls y El Vendrell tienen dificultades
especialmente constatables durante el año 1993, que afectan
tanto a los juzgados penales y civiles como a las
Magistraturas de Trabajo. Aunque sea sólo un ejemplo que
afecta a Tarragona, el juzgado social, desde 1986, está
pidiendo la creación de un nuevo juzgado, en este caso número
3, que no llega; en el juzgado penal se crearon, es verdad,
tres juzgados encargados de dictar sentencias, pero como
enfrente de estos tres hay 29 que instruyen las propias
diligencias, esto hace existan 800 expedientes pendientes.
¿Cuál sería, por ejemplo, la solución también en este caso?
Quizá la contratación de cuatro o cinco jueces para
expedientes atrasados. Señor Ministro, son puros ejemplos,
concretos en este caso de Tarragona, que hacen que le plantee
la siguiente pregunta. Dadas las serias dificultades de
gestión de los juzgados de Tarragona, Reus, Tortosa, Valls y
El Vendrell, ¿considera prudente el señor Ministro la
denegación de la ampliación de plantillas y el no contemplar
la creación de nuevos juzgados?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del presente. Señoría, la verdad es que la situación de la
provincia de Tarragona, en términos relativos, no se
corresponde en modo alguno con la preocupación manifestada por
S.S. La realidad es que dentro del desarrollo de la Ley de
Demarcación y Planta, como conoce S.S., para la provincia de
Tarragona hay 50 plazas judiciales, de las cuales 8
corresponden a tribunales colegiados y las 42 restantes a
órganos unipersonales.
El nivel de desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta en
Tarragona es muy superior a la media en el conjunto del
Estado, hasta el punto de que sólo faltan por cubrir cinco de
esas plazas, tres correspondientes a juzgados unipersonales de
lo contencioso y la cuarta al Juzgado de lo Social, que usted
ha mencionado, y un juzgado de primera instancia e instrución
en Reus. Fíjese hasta qué punto la situación no es preocupante
que el Consejo General del Poder Judicial en su Memoria de
necesidades no ha considerado conveniente en modo alguno
incluir ninguna plaza a crear para la provincia de Tarragona,
porque la verdad es que las cifras no justifican objetivamente
dedicar una actividad especial a la realidad judicial de
Tarragona. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Carrera tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Señor Ministro, seguro que las
cifras y la situación que usted ha tenido a bien comentar a
raíz de la formulación de mi pregunta no encajan con las que
tiene este Diputado y que hacen referencia a estos juzgados
que menciono en la misma. Añadiría que no sólo es una
preocupación nuestra, sino que también lo es de los propios
decanos de los distintos colegios de abogados y procuradores.
El señor Ministro está dentro del margen obligado de confianza
en cuanto a que es como usted ha señalado, pero nosotros
entendemos que si la situación continúa deteriorándose
progresivamente, incluso nos veríamos obligados a insistir
sobre el tema intentando alguna iniciativa parlamentaria.
Seguiremos las propias cifras y planteamientos del señor
Ministro...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoría, efectivamente, la situación que hemos
podido contrastar está dentro de los márgenes en que una
medida de urgencia resulta, hoy por hoy, no procedente. No
obstante, es verdad que tiene un nivel de entrada de asuntos
civiles y penales
ligeramente superior a la media del conjunto del Estado.
Todavía no llega a los baremos que justifiquen medidas de
urgencia, pero la preocupación de S.S. será tenida en cuenta a
los efectos de que en el momento en que llegue al dintel en
que objetivamente sea posible adoptar esas medidas, las
adoptaremos.
Nada más, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿QUE MEDIDAS CONTEMPLA EL
GOBIERNO EN RELACION CON LA CRISIS DE SANTANA MOTOR, S.A.?
(Número de expediente 180/000325)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, del
señor Arenas Bocanegra, que tiene la palabra para formularla.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas contempla el Gobierno en relación
con la crisis de Santana Motor?
Muchas gracias.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas. El
señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Arenas, el Gobierno está haciendo, como he tenido
ocasión de decir, lo posible y lo imposible por hacer viable,
por conseguir las condiciones que puedan garantizar la
viabilidad económica de una actividad productiva como es la de
Santana Motor. Estamos tratando de encontrar esa vía,
reconociendo la situación absolutamente desesperada, desde el
punto de vista económico, de una planta como la de Santana
Motor a la vista de las consecuencias que tiene no solamente
sobre Linares, sino sobre la provincia de Jaén, sobre
Andalucía y sobre el conjunto de España. Algo que pasa por el
mantenimiento de Suzuki Motor como accionista mayoritario en
la compañía y algo que pasa por el esfuerzo de todas las
partes que pudieran conducir a
garantizar esta viabilidad. En el momento en que éstas, que
son intenciones, esfuerzos y aproximaciones, puedan tener una
expresión mucho más concreta, tendré sumo gusto en explicarle
en qué puede consistir esta posible solución que estamos
tratando de discutir o de negociar con Suzuki Motor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Atenas tiene la palabra.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señor Ministro,
yo deseo que cuanto antes se puedan hacer públicas esas
medidas o el paso de las intenciones a las realidades. Hoy me
parece traslucir una cierta esperanza en su intervención,
porque la otra vez que le oímos en la Cámara sólo se reflejaba
preocupación ante la pregunta de otro parlamentario. Señor
Ministro, sería
importante saber cuál es la actitud de su Ministerio.
Señorías, en Santana Motor, en relación con el asunto Suzuki,
en este momento no se está debatiendo la intervención de las
administraciones públicas, porque ya en marzo de 1993 en un
laudo de la Junta de Andalucía había un compromiso de aportar
1.000 millones de pesetas, 2.000 millones de pesetas de
créditos sin intereses, y el compromiso de crear un parque
«técnico
industrial» a la vez que financiar inversiones de la empresa
en Andalucía. Por lo tanto, hay un compromiso público y me
gustaría que dijera si, en su opinión, está o no incumplido.
En segundo lugar, señorías, según todos los datos oficiales,
la OCDE ha perdido dos puntos en el índice de producción
industrial el primer semestre de 1993; Europa, cinco puntos;
España, siete puntos; Andalucía, treinta puntos en el índice
de producción industrial.
Cuando hablamos de Suzuki y de Santana no lo hacemos solamente
de la tragedia humana de Linares, sino de multitud de
empresas, porque parece haberse
condenado a Andalucía a la inexistencia de cualquier sector
industrial. Señor Ministro, usted ha dicho que no habrá dinero
público para la crisis de Santa Motor en el asunto de Suzuki.
¿Puede justificar en la Cámara por qué hay dinero público para
Radiotelevisión Española u otras industrias de España y no hay
dinero público para industrias en Andalucía? El señor
Presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que está
dispuesto a aportar capital para que siga Santana Motor; usted
ha dicho textualmente que no habrá dinero público, por activa
y por pasiva. Creo que lo ha dicho o hay muchos medios de
comunicación que están equivocados, pero aparece en multitud
de medios de comunicación. Quisiera saber cuál es la actitud
del Ministerio y si podemos pensar en Andalucía que, aparte de
a nuestro campo y a nuestros servicios, podemos aspirar
legítimamente a un sector industrial o el Gobierno nos condena
al subdesarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Arenas, lamento su intervención. Al final, mezcla la
producción industrial, Andalucía y Linares. Naturalmente,
cuando se mezclan las cosas se obtiene la confusión, pero
quizás es esto lo que usted está deseando. La situación de una
empresa no se puede analizar como si fuera representativa de
todo el conjunto, ni de una región, ni siquiera de una
provincia. Me pregunta usted por Suzuki y en su problema
específico de una empresa que lleva muchos años con muchos
problemas estructurales. Le aseguro que, desde el punto de
vista económico, en una situación prácticamente imposible si
no hay esfuerzo de todas las partes.
Yo no he dicho que no habrá dinero público. No me cite los
periódicos, a veces los periódicos dicen lo que yo no digo. En
todas las crisis industriales hay dinero público, lo sabe
usted porque lo pagamos entre todos los ciudadanos, dinero
público al amparo de la legalidad. Lo que he dicho, y repito,
es que el Estado, y supongo que la Junta de Andalucía, no
tiene la voluntad de convertirse en el empresario de Santana
Motor, que son dos cosas distintas, pero apoyo habrá...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO A IBERIA A VENDER ONCE
AVIONES DE SU FLOTA AL CONSORCIO HOLANDES JULYCO? (Número de
expediente 180/000326)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Milián
Mestre. Tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Ministro, ¿cuáles son las
razones que han llevado a Iberia a vender once aviones de su
flota al consorcio holandés Julyco?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
De una manera muy sintética, señor Diputado, le diré que las
razones son una mayor flexibilidad y una reducción de sus
costes
operativos a lo largo del año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Sin abundar en lo que dijo mi
compañero Felipe Camisón en su día refiriéndose a este punto,
en el sentido de que aunque se resuelva el problema coyuntural
de tesorería convierte a Iberia en una compañía secundaria que
abandona el núcleo de las grandes compañías de bandera,
quisiera hacer algunas reflexiones en torno a este dato,
puesto que se venden once de los mejores aviones que posee la
compañía. Como se dice en la nota a la que me he referido y
que publicó la prensa recientemente, se resuelve un problema
coyuntural de tesorería, pero yo digo que se agrava el ya
endémico déficit de la
explotación, aparte de las razones de prestigio nacional a que
se refería mi compañero. Si una multinacional financiera, cual
es Julyco, con sede en Holanda, adquiere aviones para alquilar
después su uso a Iberia, obviamente el costo de alquiler tiene
que ser muy superior al de la amortización; ese coste de
amortización sería exclusivamente el que gravaría los costos
de explotación de Iberia si ésta siguiese con la propiedad de
los aviones. Por tanto, a partir de usarlos en régimen de
alquiler, Iberia soportará en sus costos de explotación el de
la
amortización más el del beneficio que Julyco le sumará para
obtener rentabilidad a su inversión.
El argumento es elemental y nadie lo ignora, salvo el que
quiera que se olvide, en este caso la alta dirección de
Iberia. Así, por ejemplo, al cerrar su ejercicio de 1994, el
ingreso de los 42.000 millones reducirán a casi cero el
agujero de 1993 y lo
proclamarán «urbi et orbi», naturalmente, pero habrán sentado
las bases para que empiece a generarse un déficit imparable,
el de la
explotación, que, desde el punto de vista de la rentabilidad
industrial, es más grave que cualquier otro.
Los déficit de origen financiero se van eliminando de forma
natural si los costos de explotación son rentables, pero si
éstos no lo son se va acumulando un déficit que ninguna otra
partida contable puede aminorar. Lo que en el fondo se va
buscando, entiendo yo, con tan engañosa terapia, es demostrar
al pueblo español que mantener Iberia como compañía de bandera
es un lujo imposible en base a razones de prestigio nacional
antieconómicas y, en consecuencia, hay que venderla a otra
compañía extranjera o a un «pool» de compañías competidoras y,
en el caso de Iberia, se encontrarían además con el regalo de
que al admitir ésta a precio de saldo, naturalmente, como
acaso ocurrió en Pegaso, adquirirían Aerolíneas Argentinas,
etcétera, entre otras líneas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, como discurso patriótico, el suyo es un desastre; y
como discurso financiero, un conjunto de ignorancias. Si usted
me plantea cuánto cuesta esta operación, le podré decir que
significará un saldo financiero a favor de Iberia en torno a
800 millones/año. Si usted me plantea que por esto perdemos
una posición de prestigio, le diré que usted ignora
radicalmente cuáles son los elementos que definen la posición
de una compañía de bandera. En este sentido, Iberia seguirá
siendo la cuarta compañía en Europa --la cuarta compañía-- en
razón al número de aviones en propiedad o en «leasing»
financiero operados. Sería también la cuarta compañía por el
volumen total de aviones en Europa. Por lo tanto, permítame,
por lo menos a los efectos de ilustración, que le diga que el
ahorro previsto en gastos financieros y amortizaciones supone
del orden de 5.000 millones de pesetas y que el mayor cargo
por razón de alquileres supone una cifra en torno a 4.200
millones, lo cual significa un saldo del orden de 800
millones; una operación, por otro lado, nada diferente a la
que han hecho entidades tan significativas como British
Airways, Air France, Swissair, etcétera. Por lo tanto, es una
operación que tiene, además, un efecto de reducción del grado
de apalancamiento financiero necesario en la compañía, de
reducción del tamaño del balance y, en consecuencia,
beneficios de flexibilidad que no debiera usted ignorar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS
QUE EL INSALUD VA A MODIFICAR EL SISTEMA DE ATENCION SANITARIA
ESPECIALIZADA Y EL MODELO DE CONCIERTO CON CLINICAS PRIVADAS?
(Número de
expediente 180/000329)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, del
señor Villalón Rico.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, en los últimos meses los
máximos responsables del Ministerio han realizado diferentes
declaraciones de carácter contradictorio.
Si a esto le añadimos el controvertido catálogo de ordenación
de prestaciones sanitarias, la modificación del sistema
asistencial, la reforma de los conciertos, a mi modesto
entender se está reconociendo el fracaso de la gestión
socialista en materia sanitaria. Es por ello que formulo la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las causas por las que el
Insalud va a modificar el sistema de atención sanitaria
especializada y el modelo de concierto con clínicas privadas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tal y como establece la Ley General de Sanidad, en el
nivel de atención especializado a realizar en los hospitales y
en los centros de especialidades dependientes funcionamente de
aquéllos, se ha de prestar atención a los problemas de salud
de mayor complejidad. Para ello el Insalud cuenta con una
amplia red de hospitales y de centros de especialidades, que
se complementan con la utilización de otros recursos públicos
y privados mediante un sistema de concertación.
Los cambios demográficos, epidemiológicos, científicos,
culturales y económicos que se producen constantemente en el
entorno del sistema sanitario requieren adaptaciones
permanentes, y por ello aparecen nuevas modalidades
asistenciales, de
organización y de gestión.
En lo que se refiere a la concertación, por la que S.S. se
interesa, no ha sido prácticamente modificado el sistema desde
la resolución del año 1980, que lo regula.
Pero el desarrollo en los últimos años de nuevas técnicas
quirúrgicas y, sobre todo, anestésicas, ha puesto en cuestión
el sistema de concertación basado en la estancia, ya que, por
una parte, el gasto más importante de las intervenciones de
cirugía mayor ambulatoria se produce en el acto quirúrgico y,
por otro, los avances
técnicos han hecho innecesaria la permanencia por mucho tiempo
en el hospital. Por ello, desde el año 1993 se ha iniciado un
proceso de cambio a un sistema que prima la eficacia y no la
ocupación de camas en el convencimiento de que si no se
realiza este cambio no se podrán desarrollar, por ejemplo,
unidades de cirugía ambulatoria de corta estancia y será
preciso hospitalizar a los pacientes innecesariamente. Los
precios vigentes que se recogen en la Orden de revisión de
tarifas de 1993 incluyen los estudios y pruebas preparatorias,
las intervenciones y
reintervenciones quirúrgicas, las estancias, los tratamientos
farmacéuticos, la asistencia especializada, la alimentación,
las consultas postoperatorias y las prótesis intraoculares en
las cataratas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ya me imaginaba yo por dónde iba a ir su
respuesta y, por supuesto, que no iba a hacer frente a la
realidad sanitaria. Pero como usted no me ha dicho las causas
por las que modifican algunas de las cuestiones que plantea el
Ministro, le voy a ofrecer algunas de ellas: las interminables
listas de espera, la falta de incentivación en los
profesionales sanitarios y, por supuesto, el déficit del
Sistema Nacional de Salud. Estas son algunas de las cuestiones
que a ustedes les han hecho rectificar e intentar aprovechar
al máximo los recursos sanitarios, tanto materiales como
humanos, que es lo que nosotros hemos planteado desde hace
muchos años. Pero se les plantea otro problema: que no creen o
no saben utilizar estos criterios que ustedes quieren utilizar
ahora. Porque, señora Ministra, yo le pregunto: ¿piensa usted
que las listas de espera van a disminuir si en las consultas
de atención especializada está un médico de medicina general?
¿Piensa usted que se van a utilizar todos los recursos de los
hospitales si a los facultativos de esos
hospitales se les impone unos horarios y unas formas de
trabajo sin haberlo negociado anteriormente? Y que decir, por
supuesto, del nuevo concierto con las clínicas privadas: el
pago por proceso. Nosotros decimos: Bienvenido sea, pero nos
llama la atención que cuando ustedes no tienen el coste del
pago por proceso en los hospitales del Insalud lo quieran
imponer en las clínicas privadas.
Señora Ministra, ustedes ni saben ni pueden solucionar los
problemas de la sanidad española, entre otras cosas porque no
tienen credibilidad entre los profesionales sanitarios y
porque los ciudadanos desconfían de sus reformas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Tiene la palabra la señora Ministra.La señora MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor
Presidente. No es extraño, señoría, que se imaginara usted lo
que le iba a contestar porque yo vengo aquí a contestar a lo
que se me pregunta y la pregunta está formulada acerca de la
concertación. Pero naturalmente a S.S. no le interesa la
información sobre la concertación, sino que (hablando de
aprovechar, que lo ha dicho S.S.) quien aprovecha este trámite
y el control al Gobierno para verter esas afirmaciones que por
reiteradas van a acabar por no surtir el más mínimo efecto es
S.S. y su grupo Parlamentario. Yo le he dado la información
que me pide sobre la concertación y, además, aprovecho, ya que
me pregunta...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE RAZON DISCRIMINA EL GOBIERNO A CEUTA Y MELILLA AL NO
CONTROLAR, COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA, LA SANIDAD DE LOS
ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO DE LOS HABITANTES DE ESTAS DOS
CIUDADAES? (Número de expediente 180/000333)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor González
Pérez. Tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, desde el 5 de enero de este año está en vigor
el Real Decreto 2022/1993, de 19 de noviembre, por el que se
establecen los controles veterinario aplicables a los
productos que se introducen en territorio nacional procedentes
de países no pertencientes a la Comunidad Europea. Como
consecuencia le pregunto: ¿Por qué razón discrimina el
Gobierno a Ceuta y a Melilla al no controlar, como en el resto
de España, la sanidad de los alimentos destinados al consumo
de sus habitantes en estas dos ciudades?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, el sistema de control higiénico-sanitario de los
alimentos y de las industrias alimentarias en Ceuta y Melilla
es el mismo que en el resto de las comunidades autónomas, sin
que exista discriminación ninguna, ni teórica ni práctica. En
primer lugar, porque
no existen disposiciones que contemplen condiciones menos
estrictas o distintas para Ceuta y Melilla que las que se
exigen en el resto del Estado; además, porque los criterios y
los parámetros sanitarios aplicables en los controles de los
alimentos importados en Ceuta y Melilla son los comunes y
generales establecidos para todo el territorio en las
reglamentaciones técnico-sanitarias y en las reglamentaciones
específicas. Además, Ceuta y Melilla están integradas en el
sistema coordinado de intercambio rápido de información que
permite la notificación y el conocimiento de riesgos en los
distintos territorios, lo que facilita a los responsables
sanitarios la adopción de las medidas preventivas o
correctoras oportunas en cada caso, y participa regularmente
en las reuniones de la Comisión de Coordinación y Cooperación
en Salud
Alimentaria, de la que forman parte las administraciones
central y autonómica.
La prueba más evidente, señoría, de que no existe ese
tratamiento diferente al que usted alude, es que no se produce
una mayor incidencia de enfermedades de transmisión
alimentaria en estas dos ciudades en comparación con el resto
del territorio. Los últimos datos, que son los de 1992,
cerrados en mayo de 1993, muestran que en ese año se
produjeron cuatro brotes en Ceuta y dos en Melilla y, por
tanto, estos resultados aclaran
definitivamente que no existe el problema que S.S. indica.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor González, tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Gobierno parece inclinado a agraviar, una
vez más, a los habitantes de Ceuta y Melilla de una manera
totalmente innecesaria, y ahora entraré en la cuestión.
El Real Decreto 2022/1993, de 19 de noviembre, que antes he
mencionado, por el que se establecen los controles
veterinarios aplicables a los productos que se introducen en
el territorio nacional (y fíjese bien, señora Ministra, que
dice: territorio nacional), procedentes de terceros países no
pertenecientes a la Comunidad Europea (bien podía haber dicho
también en este Real Decreto Unión Europea), establece en su
artículo 2, apartado 1), que el territorio nacional es el
territorio del Reino de España excepto Ceuta y Melilla.
Explíquenos, señora Ministra, por qué razón el Gobierno deja a
Ceuta y Melilla fuera del contexto del territorio nacional, al
menos para lo establecido en este Real Decreto, y soy
benévolo, señoría. ¿Es que acaso Ceuta y Melilla están
excluidas del territorio nacional; desde cuándo y por qué?
Explíquenos también por qué los productos agrícolas, ganaderos
y pesqueros importados de terceros países no comunitarios,
destinados al consumo de sus habitantes, a los habitantes
españoles de la península, de los archipiélagos de Canarias y
Baleares, sufren un control veterinario distinto, según el
decreto, al de los productos de importación destinados al
consumo de habitantes españoles de Ceuta y Melilla. Aceptemos,
en principio, que por las negociaciones que llevó a cabo este
Gobierno en la integración de España en la Unión Europea se
excluye a Ceuta y Melilla de este tipo de controles
veterinarios, pero lo que es totalmente inadmisible es que,
una vez más, se agreda a las ciudades de Ceuta y Melilla de
una forma tan gratuita. Este tipo de discriminaciones o, si
usted lo quiere, señora Ministra, torpeza del Gobierno en
todas las cuestiones relativas a Ceuta y Melilla son casi
norma para ustedes, y ejemplos no faltan; no hay tiempo para
exponerlos, pero sí existen.
Sobre el tema que nos ocupa (para los ceutíes y melillenses se
hacen los distingos) hay que decir lo siguiente. Llega un
momento que no se entiende la comprensión. Podemos incluso
pasar de puntillas sobre esta discriminación, pero lo que no
podemos olvidar ni comprender, y por lo tanto...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucho gusto le explico la laguna que S.S. tiene en la
comprensión del decreto que ha citado. El Decreto 2022, del
año 1993, por el que se establecen los controles veterinarios
aplicables a los productos que se introducen en el territorio
nacional procedentes de países no pertenecientes a la
Comunidad Europea, exceptúa de su ámbito de aplicación a Ceuta
y Melilla porque este decreto traspone la Directiva 90/675 de
la CEE sobre controles veterinarios a los productos que se
introduzcan en la Comunidad Europea procedentes de países
terceros, y en esta directiva, señorías, se excluyen los
territorios de Ceuta y Melilla, y ello porque no les es
aplicable la normativa derivada de la política agrícola común.
Sin embargo, señoría, esto no significa discriminación alguna
en los controles sanitarios, ya que al desarrollar este
decreto la orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de
enero de 1994 ha fijado las
modalidades de control sanitario a productos de comercio
exterior destinados a uso y consumo humano, y...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿CUAL ES EL GRADO DE
CONFORMIDAD DEL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO RESPECTO DEL
SISTEMA DE ESTUDIOS Y TITULACIONES RELATIVAS AL TURISMO?
(Número de expediente 180/000331)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Aguirre
Rodríguez, que tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro: ¿Cuál es el grado de conformidad del
Ministerio de Comercio y Turismo respecto del sistema de
estudios y
titulaciones relativas al turismo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
El señor Ministro de Comercio y Turismo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Gracias, señor Presidente.
Dicho así, como usted me lo pregunta, el grado de conformidad
del señor Ministro, en este momento, sobre los estudios
turísticos, es escaso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Aguirre, tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
La semana pasada le preguntaba a usted cuál era su opinión
respecto al apoyo financiero que recibían las exportaciones y
me decía que, en efecto, había fallos en esa aportación por
parte de la Administración española. Hoy me dice usted,
respecto de los estudios turísticos, que su grado de
conformidad es escaso. Desde luego, no me extraña, porque
tendrá usted que recordar que en su primera comparecencia ante
este Parlamento dijo que en torno a este tema iba a tener que
realizar un esfuerzo especial. Después de nueve meses, el
esfuerzo se traduce en una silenciosa
aparición de enseñanzas turísticas en las comunidades
autónomas, en la que se perfilan sistemas distintos, la
negativa de la Escuela Oficial de Turismo a impartir los
cursos de
especialización, la perversa incursión de esta escuela en los
cursos de tipo master al módico precio de 750.000 pesetas, que
después quedan desiertos, la colisión frontal entre el modelo
de enseñanza impartido por el FP con el grado de formación
obtenido en la Escuela Oficial de Turismo. También nos dijo
usted en esa comparecencia que tendría que reflexionar sobre
la ubicación orgánica de la Escuela Oficial de Turismo, sobre
los títulos que otorga esta escuela, sobre el sistema de
estudios en general. Yo no sé si sigue usted reflexionando,
después de nueve meses, pero me gustaría, desde luego, conocer
cuál es su opinión del impacto que se va a producir cuando las
competencias en materia de educación se transfieran a las
comunidades autónomas y se planteen interrogantes como la
aparición de sistemas distintos en cada comunidad autónoma, la
escasa posibilidad de coexistir las academias privadas con
este escenario de transferencias, cuál va a ser el sentido de
la reválida de la Escuela Oficial de Turismo, cuál va a ser el
destino final de la Escuela Oficial de Turismo.
Señor Ministro, ¿qué más necesita para poder dar, ante esta
Cámara, una respuesta oficial seria y comprometida para evitar
esta torre de Babel en la que se está convirtiendo el sistema
de estudios turísticos? Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señor Aguirre, en primer lugar, no llevo nueve
meses de Ministro, no llegan a ocho. En segundo lugar, yo no
reconocí fallos en mi comparecencia anterior al responder a la
pregunta de la semana pasada, sino que íbamos a cambiar
algunas cosas, lo cual no quiere decir fallos sino que siempre
todo es mejorable. En tercer lugar, en relación a la reflexión
que usted hace respecto a que en siete meses haya que cambiar
el sistema de enseñanzas turísticas, me parece que la
educación requiere la reflexión y el tiempo necesarios. Por lo
tanto, lo que tenemos que hacer es educar bien y formar bien a
las personas. Si en vez de siete meses hay que darle vueltas a
la cabeza doce, así lo haremos si pensamos que lo vamos a
hacer mejor. Quiero decirle que lo que estamos pensando, en
primer lugar, es por qué tiene que haber enseñanzas turísticas
y si tiene que haberlas o no, porque el turismo es un sector
económico y hay muchísimos sectores económicos que no tienen
títulos especiales, tienen especializaciones dentro de las
carreras, y porque el turismo no es una unidad. No tiene nada
que ver la formación que se necesita en una agencia de viajes
emisora con la que se necesita en una instalación hotelera.
Por lo tanto, es un tema lo suficientemente complejo como para
que le dediquemos el tiempo necesario. Lo que yo le digo es
que evidentemente no estoy conforme con el sistema actual. El
sistema actual no es eficiente, no da la respuesta que la
sociedad necesita, y vamos a reflexionar, contando con todas
las personas que tienen algo que decir sobre ello, el tiempo
necesario para que la respuesta que demos solucione los
problemas de la sociedad española y no sea una respuesta
improvisada para darle gusto a S.S. y que, en cambio, no
resuelva los problemas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PODRIAMOS SABER CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL
GOBIERNO HA INCUMPLIDO EL MANDATO DE ESTA CAMARA, EN VIRTUD
DEL CUAL EN EL PLAZO DE TRES MESES DEBIERA HABER REMITIDO,
PARA SU DEBATE, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UNA COMUNICACION
EN DONDE QUEDARA DEFINIDO EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO Y
GESTION DE LA RADIOTELEVISION PUBLICA, QUE GARANTIZARA LA
ESTABILIDAD FINANCIERA QUE ESTE SERVICIO REQUIERE? (Número de
expediente 180/000330)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora Mato
Adrover, que tiene la palabra.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿podríamos saber cuáles son las razones por
las que el Gobierno ha incumplido la obligación de remitir, en
el plazo de tres meses, una comunicación sobre el modelo de
funcionamiento de la radiotelevisión pública para garantizar
su estabilidad financiera?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.
Señora Mato, podría empezar por discutirle el plazo, discutir
si se ha cumplido o no en términos estrictamente de lo que es
el Derecho administrativo, pero me parece que eso no viene al
caso. Le puedo informar que el Gobierno está preparando un
nuevo estatuto de Radiotelevisión Española, que se está
discutiendo con los grupos políticos y que, lógicamente, tiene
su base en un modelo distinto, cuyos parámetros serán
presentados en esta Cámara en próximas fechas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Mato, tiene la palabra.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Gobierno socialista nunca se ha
caracterizado por cumplir y respetar sus compromisos ni por
cumplir en tiempo los acuerdos que se adoptan por la mayoría
de esta Cámara. Desde ese punto de vista, no me sorprende nada
su respuesta. Esto no significa, no obstante --y además no
puede significarlo--, que el Partido Popular pase por alto la
gravedad de cier-tos
incumplimientos, y en esta ocasión nos encontramos con uno de
ellos.
Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el
pasado 2 de noviembre de 1993, una moción en la que se instaba
al Gobierno a remitir a esta Cámara, en el plazo de tres
meses, es decir, hasta el pasado 3 de febrero --hace mañana un
mes--, una comunicación en donde se definiera el modelo de
gestión y funcionamiento que tiene pensado para la radio y
televisión públicas, modelo que, por supuesto, debería
garantizar la estabilidad financiera y económica de este
importante servicio público. En lugar de ello, la pasada
semana hemos conocido --aunque por desgracia no son datos
definitivos-- que
Radiotelevisión Española ha generado 127.000 millones de
pesetas de pérdidas, exactamente 76.000 millones de pesetas
más de lo presupuestado.
Señor Ministro, una gestión pública como la del señorGarcía
Candau, rodeada de oscurantismo y falsedades, un servicio
público como Radiotelevisión Española que está sometido a
criterios partidistas, donde lo público parece ser que
justifica el despilfarro económico y el desgobierno
financiero, debería merecer --y algún día lo hará-- la
atención del Gobierno, salvo que, por supuesto, ustedes tengan
un modelo previsto, que es el que recientemente estamos
conociendo, en el que pretenden sustraer definitivamente el
control y la competencia de este Parlamento mediante la
conversión del Ente Público en un órgano más del Gobierno,
como si no lo fuese bastante hoy. Entiendo, por todo esto, que
el incumplimiento no es solamente un desprecio más a esta
Cámara, sino que significa que no tiene nada nuevo que decir o
que no se atreve a plantear aquí lo que verdaderamente piensan
sobre el futuro de Radiotelevisión Española. En cualquier
caso, no le quepa la menor duda de que nosotros vamos a seguir
controlando y denunciando lo que es, sin duda, uno de los
mayores escándalos de la gestión socialista. En todo caso,
espero que en su próxima intervención nos comunique en qué
fecha piensa remitir la comunicación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): La
verdad es que pensé escuchar por parte del Partido Popular
algo más que la conocida y ya consabida retahíla de
acusaciones en relación con Radiotelevisión Española, que, por
cierto, inciden en esta ocasión en el problema del déficit,
que a su vez tiene que ver con la gestión de Radiotelevisión
Española, lo que a su vez nos remite a una discusión
estatutaria que justamente estos días estamos desarrollando
ante la opinión pública. Es verdad que el Partido Popular en
su alternativa, que llama genéricamente modificación
estatutaria y que se limita a ser una modificación en la forma
y nombramiento del Director General, no propone ninguna
alternativa al Consejo de Administración. Por el contrario,
los socialistas estamos justamente trabajando en esta
cuestión. Hay que mejorar la gestión de Radiotelevisión
Española. Para ello hay que mejorar el funcionamiento de su
Consejo de Administración, lo que, señora Mato, no es en modo
alguno incompatible con el control político que debe residir,
y el Gobierno así siempre lo ha dicho, en este Parlamento. En
ese camino estamos. Sorprende que se reclame al mismo tiempo
que todo quedeigual y se haga tanto para la elección de los
miembros del Consejo de Radiotelevisión Española como en una
proposición de ley, en donde se limita uno a tocar a la
Dirección General, y que junto a esa reclamación se
escandalice uno de que el Consejo de Administración no
funciona. Deberían ustedes ser más coherentes. Si no funciona,
cambiémoslo. En eso está el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS RECODER I MIRALLES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ADOPTA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PUBLICITARIA EN TELEVISION?
(Número de expediente 180/000321)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Recoder i
Miralles, que tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en los últimos tiempos ha sido constatable el
espectacular aumento de las inserciones publicitarias en
televisión. Todos los que en un momento u otro somos
espectadores, al hallarnos ante un programa interesante, nos
hemos sentido en cierta manera molestos por algunos excesos.
Además, la saturación publicitaria está llevando a una pérdida
de los efectos buscados por cualquiera de las 776.000
inserciones publicitarias del conjunto de las televisiones del
Estado en 1993, un aumento del 26 por ciento sobre 1992, pese
a que los ingresos se han reducido en un cuatro por ciento.
Esta situación viene en parte dada por los incumplimientos que
se producen respecto a la legislación vigente. Por un lado, el
incumplimiento por parte de algunos concesionarios de los
límites fijados para la publicidad en la Ley de la Televisión
Privada, que es del 10 por ciento diario y que no puede ser
superior en caso alguno a 10 minutos por hora. El cómputo
anual de las dos principales cadenas privadas del país fijaba
para una de ellas, en 1993, que este cómputo había sido del
10,3 por ciento de tiempo dedicado a inserciones publicitarias
y, para la otra, en la primera quincena de febrero de 1994, el
promedio ha sido del 10,1 por ciento, lo que representa en las
horas punta una saturación tremenda. Mayor cumplimiento se
produce, sin embargo --y debo reconocerlo--, en las
televisiones públicas, pero también existe algún exceso. Por
otro lado, se ha denunciado por parte de las asociaciones de
consumidores la violación de algunos preceptos de la Ley
General de Publicidad, como, por ejemplo, los anuncios de
tabaco y sobre todo de alcohol superior a los 20 grados.
También se produce una escasa aplicación de la Ley General de
Publicidad en el deslinde entre lo que es publicidad y lo que
forma parte del programa. En relación con este tema hay
numerosas denuncias de los consumidores. En estos dos casos
también hay un mayor grado de incumplimiento en las privadas
que en las
públicas.
Por todo ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas
adopta el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la
normativa publicitaria en televisión?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Gobierno no puede adoptar otras medidas que las
previstas en la Ley 10/1988 de Televisión Privada. Como usted
sabe, Televisión Española está sometida al control de su
Consejo y de su Director General sin intervención del
Gobierno. Las televisiones autonómicas tienen normativas
específicas dictadas por cada comunidad autónoma y en su
control tampoco interviene el Gobierno de la nación. En lo que
se refiere a las televisiones privadas, este Ministerio, a
través de la Dirección General de Telecomunicaciones, realiza
un seguimiento habitual de las mismas para comprobar el
cumplimiento de los parámetros que esa ley establece para las
emisiones de publicidad. Esos parámetros son, por una parte,
que la publicidad no exceda del 10 por ciento del total de
horas de programación anual y, por otra, que en ningún caso el
tiempo de emisión destinado a publicidad sea superior a 10
minutos dentro de cada hora de programación. Del seguimiento
que hemos efectuado resulta que ninguna cadena privada ha
sobrepasado el primero de estos parámetros; en cambio, el
segundo ha sido superado en varias ocasiones por dos de ellas.
A la vista de estos resultados, el siguiente paso de la
actuación
administrativa es corregir estos incumplimientos y, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico que le he citado, ya hemos
cursado varios apercibimientos, previa audiencia de las
cadenas
concesionarias. En el caso de que estos apercibimientos
cursados no fuesen atendidos y persistieran los
incumplimientos, el Ministerio abriría la vía de imposición de
las sanciones, también previstas en la citada ley, previa
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Ministro por su
respuesta, pero sabe usted y está de acuerdo conmigo en que
las disposiciones legales están para cumplirse y la Ley de
Televisión Privada fija un régimen sancionador severo --si
usted quiere--que no se ha utilizado. Mi preocupación viene
porque iniciamos en la Cámara la trasposición de la directiva
europea de
televisión sin fronteras, que establece precisamente un
régimen sancionador, y quisiera saber qué garantía tiene la
Cámara de que si aprobamos una legislación más severa, que la
que existe actualmente, vamos a conseguir que por parte del
Gobierno se inste al efectivo cumplimiento de dichas medidas,
si conviene, con medidas sancionadoras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Tiene razón S.S., la Cámara va a debatir dentro de poco --creo
que mañana--un proyecto de ley de trasposición de directivas
comunitarias relativas a la televisión sin fronteras que
regula los parámetros de publicidad en la televisión, que no
son más exigentes que los actuales; concretamente los 10
minutos por hora pasan a ser 12 minutos por hora, por ejemplo.
Esta será una buena ocasión para reforzar la capacidad
administrativa y política de hacer cumplir las normas, puesto
que será la primera vez que una ley haga referencia a todas
las emisoras de televisión a la vez, la estatal, las privadas
y autonómicas, lo cual refuerza su carácter genérico y, por lo
tanto...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSE MADERO JARABO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿CUANDO TIENE PREVISTO EL MOPTMA INICIAR LAS OBRAS DEL TRAMO
TARANCON-CUENCA DE LA AUTOVIA CASTILLA-LA MANCHA? (Número de
expediente 180/000336)El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23,
del señor Madero Jarabo.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
Pregunto al señor Ministro de Obras Públicas ¿cuándo tiene
previsto su Ministerio iniciar las obras del tramo Tarancón-
Cuenca de la autovía de Castilla-La Mancha?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Como sabe S.S., el Ministerio no hace las carreteras o las
autovías que le placen; no se lanza a construir carreteras en
función del libre albedrío o de la voluntad del Ministro o de
su capricho. Se construyen las carreteras que están
contempladas en planes, planes aprobados por las Cortes o
aprobados por el Gobierno en una fase de transición hasta que
las Cortes aprueban los siguientes planes. De momento estamos
ejecutando el primer Plan General de Carreteras y el
denominado plan puente o plan de actuaciones prioritarias,
hasta que no se apruebe el segundo plan, que espero que se
pueda presentar a las Cortes este mes de octubre, después de
la inminente aprobación por el Gobierno del Plan Director de
Infraestructuras. Ni en el primer Plan General de Carreteras
ni en el plan puente, que estamos ejecutando figura la autovía
por la que pregunta su señoría; ni ésa, ni otras muchísimas
más que están pendientes y solicitadas en el conjunto del
territorio y cuya programación tendrá que establecerse en unos
planes que tiene el Gobierno que elaborar y las Cortes
aprobar. Mientras tanto, la pregunta no puede ser contestada
de otra forma: hasta que no haya un plan que las incluya, el
Ministerio no puede dar fechas de inicio de obras que no están
contempladas en ningún plan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desde las administraciones central y
autonómica, y siempre coincidiendo con campañas electorales, a
Cuenca se le han hecho promesas de que esa obra se iba a
ejecutar, promesas que sistemáticamente han sido incumplidas
por las
administraciones socialistas, generando una frustración
verdaderamente lamentable. Sir ir más lejos, le diré que la
última frustración para los conquenses aparece en el «Boletín
Oficial del Estado» del 6 de enero de 1994, en el que se
anuncia la contratación del estudio informativo de la autovía
de Castilla-La Mancha que, según el borrador del PDI, unirá
Maqueda, en la Nacional V, con Toledo y Ocaña en la Nacional
IV, con Tarancón, en el cruce con la Nacional III y con
Cuenca. Pues bien, en la resolución de la Dirección General de
Carreteras en la que se anuncia tal adjudicación queda
excluido el tramo Tarancón-Cuenca; por eso le preguntaba a
S.S. si es que no pensaban ejecutar tal obra. ¿Por qué el
«BOE», cuando habla de la autovía de Castilla-La Mancha,
excluye el tramo Tarancón-Cuenca. ¿Es que no piensa
ejecutarse? Señor Ministro, en Cuenca estamos bastante dolidos
con los sucesivos y frecuentes
incumplimientos que en materia de carreteras se nos han hecho
y sepa que Cuenca, mientras tenga las pésimas comunicaciones a
que su Ministerio nos tiene condenados, estará en permanente
reclamación por la injusta discriminación a que nos tiene
sometidos la Administración socialista. Es obvio que unas
buenas comunicaciones son la condición necesaria para el
desarrollo de una capital y de una provincia que merecen y
necesitan unas inversiones que nunca llegan.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, está usted muy mal informado y me temo que su
pregunta no tiene otra intención que generar desinformación,
puesto que el estudio informativo de la autovía de Castilla-La
Mancha comprende el itinerario entre Maqueda, Toledo, Tarancón
y Cuenca, como verá, señoría, si mira usted todas las
resoluciones
publicadas en los Boletines del Estado del 12 de febrero de
1993, del 28 de julio de 1993 y la resolución complementaria
de 22 de noviembre de 1993.
Un estudio informativo es una preparación del terreno, es ir
avanzando para disponer, en su día, de los trazados, de las
reservas de suelo, de los estudios de impacto ambiental,
etcétera, pero naturalmente no implica ningún compromiso
porque, como le digo, el Ministerio ejecuta las obras que las
Cortes le encargan que ejecute a través de los
correspondientes planes y en ningún plan vigente aparece la
obligación, el encargo
legislativo de ejecutar esta autovía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGELES MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE SEGUN LOS PARAMETROS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD A LAS ISLAS BALEARES? (Número de expediente 180/000323)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, de la señora Maestro
Martín, que tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, dada la grave situación de insuficiencia en el
abastecimiento de agua potable, que previsiblemente se
intensificará en el período inmediato en la isla de Mallorca,
y que está llevando a que el agua de consumo humano tenga una
salinidad de 13 gramos por litro, cuando, según los criterios
de calidad de la Organización Mundial de la Salud, ésta no
debe superar el gramo por litro, ¿qué medidas piensa adoptar
el Gobierno para garantizar el abastecimiento de agua a medio
y largo plazo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, como usted debe saber, en este Estado autonómico y
descentralizado la responsabilidad del suministro público de
agua potable corresponde a los ayuntamientos, con el auxilio
financiero de las comunidades autónomas. Por tanto, esa
pregunta debería formularse, en primer lugar, a las
administraciones que son competentes.
Dicho esto, el Ministerio ha tomado las medidas que ha podido
en el ámbito de sus competencias que no son, ni mucho menos,
las primeras, para que una serie de iniciativas contribuyan a
paliar los efectos de la sequía e incluso mitigar situaciones
deficitarias de abastecimiento, que se deben no sólo a la
sequía actual sino también a la falta de infraestructuras;
extremo este que sólo puede ser achacable a las
administraciones territoriales responsables. En el caso de
Baleares, sin embargo, hemos llevado a cabo toda una amplia
serie de actuaciones.
En 1993 hemos acometido, y están prácticamente terminadas,
obras de emergencia por valor de 2.000 millones de pesetas,
que han permitido resolver situaciones críticas: aportación de
aguas desde los pozos de Llubí a la Bahía de Palma; pozos en
distintos municipios mallorquines de Calviá; mejora en el
abastecimiento de Pollensa y obras de alimentación de
la desaladora de la ciudad de Ibiza. Además, en 1993 el
Ministerio adjudicó las plantas desaladoras de San Antonio, en
Ibiza, de Formentera, por un importe adicional de otros 2.000
millones de pesetas. En el marco del convenio que próximamente
--espero-- podremos firmar con el Gobierno balear, este
Ministerio licitará las obras de la gran estación desaladora
de la villa de Palma, así como la de trasvases de los
manantiales de Sa Costera. Estas obras supondrán una inversión
de 12.000 millones de pesetas. Su puesta en funcionamiento
está prevista para 1996 y 1997.
Finalmente, con arreglo a la autorización que concede al
Gobierno el artículo 56 de la Ley de Aguas para casos
excepcionales, hemos aprobado un Real Decreto que contiene
medidas especiales para gestionar los recursos hidráulicos,
que también es aplicable a Baleares, hasta que culmine el
proceso de transferencias de funciones y servicios en materia
de recursos y obras hidráulicas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿no piensa usted que las medidas adoptadas por
la Administración central, en su caso, en el ejercicio de las
limitadas competencias que tiene en esta materia, son poco más
que parches a corto plazo para una situación que, sin duda,
obedece a un modelo de crecimiento económico insostenible,
planteado en la isla de Mallorca y que tiene que ver
directamente con una política expansiva en lo urbanístico, que
tiene que ver con la extensión de la urbanización de Ses
Planes a Calviá, con la revisión del plan general de
ordenación urbana de Palma, con la instalación de campos de
golf y que la solución a largo plazo para un problema que
desde luego no se resuelve con soluciones mágicas, y que
requiere políticas a largo plazo pasaría por la detención del
crecimiento urbanístico incontrolado, la
paralización de la construcción de campos de golf, la
depuración terciaria de las aguas, la eliminación de la
jardinería
ornamental, de fuerte consumo de recursos hídricos, la
aplicación de tarifas selectivas, individuales, etcétera; es
decir, por plantear un modelo de desarrollo en las islas que
tenga en cuenta su situación crónica y propia de escasez de
agua y que platee, por tanto, medidas a largo plazo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Señor Ministro, tiene diez segundos.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Son suficientes, señor
Presidente.
Señoría, esa es una excelente pregunta a formular al Gobierno
balear.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS ESTA TOMANDO EL GOBIERNO PARA PROTEGER LAS VIAS
PECUARIAS? (Número de expediente 180/000332)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Gómez
Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas está tomando el Gobierno para
proteger las vías pecuarias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, tal como expresé en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Congreso de
los Diputados al inicio de la legislatura, y de acuerdo con el
artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia exclusiva sobre legislación básica en materia
de vías pecuarias, estamos elaborando un anteproyecto de ley
básica de vías pecuarias. Las líneas que estamos contemplando
responden a una concepción estrictamente conservacionista de
la red viaria, que al tiempo que posibiliten toda una serie de
usos y
actividades compatibles con el tránsito ganadero, senderismo,
acampada, ocio o cicloturismo, aseguren la defensa de esta
herencia patrimonial y garanticen su preservación para las
generaciones venideras. Con este proyecto de ley se pretende
crear una red básica nacional de vías pecuarias sobre la que
ostentará competencias la Administración central y cuya
regulación es de singular importancia para la preservación de
toda la red viaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señor Presidente.
Sabe el señor ministro que estamos hablando de un hecho único
en Europa, estamos hablando de 100.000 kilómetros de
corredores, que podríamos denominar
verdes, y cerca de 500.000 hectáreas de terreno de dominio
público que atraviesan 40 provincias; estamos hablando de una
red de pastizales 15 veces más extensa que la red ferroviaria
nacional. En la actualidad, se está reivindicando su
recuperación como cauce para la regeneración de la fauna y
flora autóctona, además de darles una función turístico-
cultural. Por otra parte, algunos de los objetivos del Consejo
de Europa y de la Unesco es conseguir el uso colectivo y
ecoturístico no motorizado. Pues bien, con estos antecedentes,
S.S. ha permitido la invasión de vehículos todo terreno en la
cañada real segoviana. No puede argumentar desconocimiento el
señor Ministro puesto que esta invasión tiene su origen en dos
reportajes patrocinados por una gran empresa de automóviles,
que fueron ampliamente divulgados en uno de los periódicos
nacionales de mayor tirada, por cierto, con todo lujo de
detalles sobre itinerarios, accesos y demás características,
lo que ha provocado incluso la intervención del Fiscal-Jefe
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
No creo que esto hubiera sido posible en otros países
europeos, donde la legislación es muy clara al respecto. Pero
lo que es para poner los pelos de punta --dicho sea con el
mayor respeto, señor Ministro-- es que esto suceda en el
momento que la Unesco está estudiando incluir las vías
pecuarias españolas en la lista de los bienes considerados
Patrimonio de la
Humanidad. Señor Ministro, cumpla con su obligación de vigilar
las vías pecuarias y elabore con celeridad la legislación
necesaria al respecto o pasará a la historia como el Atila de
las cañadas, cordeles y veredas. Tras la aprobación de la ley
de vías pecuarias que usted ha anunciado pero que nunca viene,
las comunidades autónomas podrán asumirla en su totalidad, o
bien crear leyes propias incorporando lo establecido en la
normativa estatal. En el Decreto de transferencias a la
Comunidad de Castilla y León se relacionan las vías por
términos municipales, pero existen múltiples olvidos y
omisiones. Por ejemplo, señor Ministro, no existe en la
referida relación Zamora y su término municipal, y no se
recogen tampoco 43 vías pertenecientes a 13 términos
municipales en la provincia de Segovia. Es un buen ejemplo de
cómo no deben hacerse las cosas, señor Ministro. Por lo que se
refiere a los todo terreno, es interesante que sepa, señor
Ministro, que la Comunidad de Castilla y León hace año y medio
que se dirigió al Icona exponiendo ya esta preocupación,
solicitando la legislación de otras administraciones y
proponiendo una acción integral en este sentido. No se obtuvo
respuesta, abandonando una vez más la Administración central
el carácter de coordinadora, que es su principal función.
Respecto a las vías...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, la Administración Central
del Estado, como saben SS.SS. tiene una función de información
y de planificación en lo que se refiere a las vías pecuarias,
así como también de legislación básica. Ese es el objetivo de
la ley básica de vías pecuarias. Compartimos la preocupación
con las comunidades autónomas y estoy convencido que en este
curso legislativo entrará la ley en el Parlamento y llegaremos
a un acuerdo adecuado con todas las comunidades autónomas para
consolidar esa red básica que permita a las administraciones
autonómicas legislar, vigilar y controlar aquello que esté en
el ámbito de su competencia.
Es cierto que en los procesos de transferencias ha habido
algunos olvidos que se van a subsanar inmediatamente pero, en
todo caso, la preocupación, desde el punto de vista no sólo
pecuario sino también medioambiental y patrimonial respecto a
lo que ello representa para el conjunto de los españoles como
propiedad pública, es la que va a guiar el sentido de la ley a
que hacía referencia. Espero que en este curso legislativo la
ley entre en el Parlamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿ESTA DISPUESTO EL GOBIERNO ESPAÑOL A ACEPTAR LA MODIFICACION
DE LA CUOTA DE ENTRADA EN LA UNION EUROPEA DE PLATANO
PROCEDENTE DE PAISES AMERICANOS DE LA LLAMADA «AREA DEL
DOLAR», CIFRADA EN LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS DEL
PLATANO EN DOS MILLONES DE TONELADAS. (Número de expediente
180/000335)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Soriano
Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
La Organización Común de Mercado del Plátano que entró en
vigor el pasado 1.º de julio, estableció un cupo de dos
millones de toneladas de plátanos procedentes de los países de
la llamada «área del dólar», que pagan a la entrada en Europa
un gravamen aduanero de 100 ecus/tonelada, sufriendo la
producción que exceda de ese contingente un gravamen aduanero
de 850 ecus/tonelada. La propuesta del GATT es aumentar los
dos milones de toneladas en 100.000, durante 1994, y otros
100.000, durante 1995; a cambio se pedía la retirada
de la demanda alemana y de los países del «área del dólar»
ante el Tribunal de Luxemburgo, en contra del sistema de
cuotas de la OCM. A la vista de todos estos antecedentes,
señor ministro, ¿está dispuesto el Gobierno español a aceptar
la modificación de la cuota de entrada en la Unión Europea de
plátano procedente de los páíses americanos de la llamada
«área del dólar»?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, el Consejo de Ministros de
la Unión Europea, como S.S. ha expuesto, en busca de los dos
objetivos, la paz interna y la paz externa en el sector del
plátano, planteó una oferta, que la delegación española
aceptó, en aras de este objetivo, de incrementar ese
contingente a 2.100.000 y 2.200.000 toneladas. Esa oferta no
ha sido aceptada desgraciadamente por algunos países
latinoamericanos --yo espero que en el futuro lo sea--, pero,
no habiendo sido aceptada y habiéndose limitado por parte del
Consejo y de la Comisión el plazo para aceptación de ese
incremento, se ha retornado de nuevo a la posición inicial. En
este momento, la oferta comunitaria es de sólo dos millones de
toneladas, tal y como estaba previsto en el Reglamento, y
espero que en el futuro, en las próximas semanas y meses, los
países latinoamericanos acepten esa oferta que de nuevo espero
vuelva a plantear la Comisión y que nos garantice esa paz
externa que conlleva también la paz interna con los Estados
miembros. En todo caso, las aportaciones que la oferta hace a
esos países latinoamericanos en el sentido de asegurar que, a
través de las exigencias controlen de una forma eficaz lo que
en este momento está más en manos del control de las
empresas, sea valorado por los países latinoamericanos y
acepten la oferta que, a pesar de que incrementa 200.000
toneladas el contingente, nos parece correcta siempre y cuando
nos garantice que no se pueda presentar de nuevo ningún
problema ante el GATT.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
Por supuesto que no está retirada todavía la demanda ante el
Tribunal de Luxemburgo y las palabras del ministro realmente
no me han tranquilizado del todo y no pueden tranquilizar a
los
agricultores canarios. Efectivamente, el día 8 de febrero se
entrevista nuestro Ministro de Asuntos Exteriores con su
colega del Ecuador, Diego Paredes, en el Palacio de Santa
Cruz, y este señor declara después de esta entrevista que
espera que España desempeñe un importante papel ante los
países de la Unión Europea y agregó que se estaban
incrementando las simpatías hacia su postura, especialmente en
Alemania, Bélgica y Holanda.
Como es sabido, estos países pretenden elevar la cuota a
2.500.000 toneladas. La alarma se siembra porque
posteriormente los Ministros de Asuntos Exteriores del
Ecuador, Panamá, Honduras y Guatemala, visitan al Comisario de
Agricultura, René Steichen, y éste confirma que la Comunidad
tiene las ideas claras, que la oferta comunitaria se toma o se
deja, y será retirada si no es aceptada de aquí al 15 de
febrero. Pero esto ya ha pasado. Lo que más ha alarmado es que
también, aparte de Diego Paredes, la Ministra de Asuntos
Exteriores de Guatemala, en la revista «Europa», que pasa por
ser una revista oficiosa de la Agencia Internacional de
Información para la prensa de la Unión Europea, ha dicho que
la Unión Europea debe cambiar su política o se arriesga a
destruir la Ronda Uruguay; añadiendo que ella se siente
alentada por las respuestas positivas obtenidas en Londres,
Bonn, Copenhague y Madrid donde la delegación presentó su
oferta antes de visitar Bruselas.
Para nosotros, la conversación que ha habido entre los
Ministros de Asuntos Exteriores del «área del dólar» con el
Ministro Solana nos lleva a la sospecha de que aquí algo se
está fraguando y estas declaraciones diciendo que la señora
Ministra de Exteriores de Guatemala ha obtenido buenas
palabras no sólo en Bonn y Copenhague --que son tradicionales
opositores al plátano
comunitario-- sino en Madrid, es lo que no se me ha aclarado,
y por esto es por lo que los agricultores canarios quieren, de
una vez por todas, saber exactamente y acabar con la
incertidumbre. En la Organización Común de Mercado todos los
días salen noticias alarmistas, y estas declaraciones han
provocado alarma.
Hace más de un año que se llegó a un consenso entre el
Parlamento de Bruselas y el Consejo de la Unión Europea,
aprobado con una amplia mayoría, pero las incertidumbres
continúan y como el dictamen del «panel» del GATT, que ya se
sabe no es vinculante, por ello es preciso adoptar posturas
que no siembren el
desaliento y el desconcierto entre los agricultores canarios,
ya que son muchas las plantas que se están arrancando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, me gustaría eliminar todas esas incertidumbres. La
Comisión ha tenido una posición muy firme, ha retirado
efectivamente su oferta, la oferta en este momento
es de dos millones de toneladas y no va a superar los
2.200.000. Lo que el Gobierno español ha garantizado y ha
ofrecido a los países latinoamericanos es la gestión por ellos
mismos del 70 por ciento del contingente, cosa que les da un
poder sobre el sector muy importante, y eso es lo que les
hemos explicado. Pensamos que ese es un elemento más
importante incluso que cualquier
incremento de contingentes; que ellos mismos gestionen el 70
por ciento, dejando el 30 por ciento de ACP y de otros para la
gestión de los exportadores. Ese es un elemento de control,
que hemos ofrecido a esos países; pero en ningún caso se
superará la oferta de 2.200.000 toneladas, que en este momento
ni siquiera está sobre la mesa. Estará en el futuro cuando los
países latinoamericanos, en su debate interno, consigan llegar
a un acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO SE VA A CONSTITUIR
Y CON QUE CRITERIOS SE VAN A DISTRIBUIR LAS CANTIDADES DE
REFERENCIA (CUOTAS) DE LA RESERVA NACIONAL LACTEA? (Número de
expediente 180/000345)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, de la señora
Gorostiaga Saiz.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Real Decreto 1.888/91, de 30 de diciembre,
estableció un plan de ordenación del sector de la leche y de
los productos lácteos, que contemplaba una serie de medidas de
diversa índole para resolver los problemas que se planteaban
al sector y dar cumplimiento a la normativa comunitaria.
En el artículo 4.º del citado Real Decreto se estableció la
reserva nacional como un instrumento para facilitar la
reordenación del sector, que permitiera, además, atender con
agilidad las necesidades del mismo. En esta reserva nacional
se incorporarían las cantidades de referencia asignadas a
España, así como las concedidas o liberadas, y aquellas que,
por diversas causas, no se hayan asignado individualmente.
La reordenación del sector se inició, se han puesto en marcha
los programas de abandono y, como el señor ministro ha
informado recientemente, están prácticamente resueltos los
recursos a la asignación de cuotas. Asimismo, el pasado
viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que
modifica algunos aspectos de la actual normativa española en
cuanto a la regulación del sector de la leche. A la vista de
las consideraciones anteriores y de este nuevo Real Decreto,
preguntamos: ¿Cómo se va a
constituir la reserva nacional y con qué criterios se van a
distribuir las cantidades de referencia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gorostiaga.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el Real Decreto aprobado, efectivamente, el
pasado 25 de febrero, que publicó ayer el «Boletín Oficial del
Estado», se complementa todo lo relativo a reserva nacional,
de acuerdo con lo establecido en normativas precedentes. En la
reserva nacional pueden incluirse las cantidades de referencia
asignadas a España en la reserva comunitaria, así como las
concedidas o liberadas de acuerdo con la normativa de la Unión
Europea. Los recientes planes de abandono, por 287.000
toneladas, y por 5.650 toneladas en el último plan, van a
contribuir a fijar la reserva nacional, junto al trasvase de
cuotas de venta directa a venta a industrias, que estimamos en
unas 150.000 toneladas. En cuanto a los criterios que vamos a
seguir para su
reasignación, ya están establecidos en el artículo 15 del Real
Decreto 1888, y son los siguientes: que hayan realizado o
vayan a realizar --los ganaderos-- un plan de mejora de la
explotación que implique un incremento de la producción de
leche por encima de su cantidad de referencia; que se
encuentren dentro de la categoría de agricultores jóvenes; que
ejerzan la producción de leche como actividad principal; y que
la explotación se halle ubicada en zonas determinadas con
problemas específicos.
Todos estos criterios podrán ser complementados para tener en
cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma.
Además, y a propuesta de cada comunidad autonóma, siendo
imposible, desde el punto de vista de la normativa
comunitaria, la creación de reservas autonómicas, se tendrá en
cuenta que dentro de cada comunidad autónoma se asignarán o
reasignarán las cantidades de referencia de la reserva
nacional liberadas con cargo a recursos de la comunidad
autónoma, a propuesta de dicha comunidad
autónoma, pero siempre siguiendo criterios nacionales
uniformes. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO ANTE LA
SITUACION DE MALOS TRATOS QUE SUFREN MUCHOS NIÑOS EN ESPAÑA?
(Número de expediente 180/000339)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de la señora García-
Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señora Ministro, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno ante la
situación de malos tratos que sufren muchos niños en España?
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, uno de los objetivos básicos del Ministerio
de Asuntos Sociales en la presente legislatura es el
incremento de las medidas protectoras del menor. Hemos
adoptado diversas iniciativas, todas en la línea y con la
finalidad de garantizar el desarrollo armónico del menor en la
sociedad, bajo las condiciones psicosociales más adecuadas.
Concretamente, en el punto de los malos tratos, se están
llevando a cabo acciones de acuerdo con las pautas que marca
la convención de Naciones Unidas, ratificada por España, de
derechos del niño, y van dirigidas estas acciones,
fundamentalmente, a sensibilizar a la población, a la opinión
respecto de los problemas del menor; a mejorar la preparación
de los profesionales que actúan en el campo de la infancia; a
potenciar la colaboración institucional entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, a fin de
realizar programas conjuntos; y a fomentar también, mediante
la oportuna ayuda financiera, la labor que llevan a cabo las
asociaciones que se ocupan de la atención a los menores
víctimas de malos tratos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señora Ministro, lo que acaba usted de hacer es una
declaración de buenas intenciones. Usted sabe que los
responsables de la acción directa de las diferentes políticas
no ofrecen a la infancia ni a la familia la cobertura idónea
de sus necesidades personales y ambientales, núcleos
multifactoriales éstos muy importantes, responsables y de los
que dependen, en gran medida, los malos tratos. Existe una
cobertura legal que ustedes no aplican y que no cumplen, y no
existe --usted lo sabe muy bien--un marco de servicios
sociales que prescriben las prestaciones mínimas y señale las
líneas generales para la actuación
coordinada en los distintos territorios de España. Tampoco
existe la red básica de servicios sociales, ni siquiera en
muchos municipios de más de 20.000 habitantes, tal y como
dicta la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 26.1.c).
Tampoco existe una diferenciación en la asignación de
responsabilidad de servicios y prestaciones para cada nivel de
la Administración, por lo cual, con frecuencia, se producen
duplicidades y graves carencias en la prestación de servicios.
Todo ello contribuye, señora Ministro, a que exista un
desconocimiento importante en España en cuanto a la etiología
de este problema, en cuanto a las experiencias de intervención
e, incluso, en cuanto al alcance del mismo.
Ayer se aprobó, a propuesta del PP, una proposición no de ley
para lograr una mayor protección social a la familia. Ese,
señorías, es el camino por donde hay que ir. Hagan más caso y
presten más atención a las iniciativas del PP para que en
España empiece a haber, de una vez, equidad y justicia. Y,
señora Ministra, no se pase usted todo el tiempo estudiando y
no vaya a hacer nada, como su colega anterior.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
No sólo tenemos buenas intenciones --sin duda las tenemos-- en
el Ministerio de Asuntos Sociales, sino que, además, llevamos
a cabo una gran tarea en el ámbito de la infancia.
Usted se ha referido a la red básica de servicios sociales y
me asombra su ignorancia, porque el pasado viernes, en Consejo
de Ministros y para atención a la infancia de cero a tres años
y de cero a seis años, aprobamos un crédito de 700 millones de
los presupuestos generales, para distribuir a las comunidades
autónomas, y otro crédito para guarderías infantiles por
importe de 1.188 millones. La finalidad, en ambos casos, es
proteger a la infancia y ayudar también a la población activa
femenina a que pueda compatibilizar las tareas de cuidado de
los hijos con el trabajo asalariado fuera del hogar. Esta red
básica de servicios sociales y este plan se realiza
precisamente a través del Ministerio de Asuntos Sociales,
desde la Administración general del Estado, en un claro
ejemplo del efecto multiplicador de los recursos estatales y
de la repercusión de estos recursos sobre los municipios, que
es donde se lleva a cabo la atención, y también sobre las
comunidades autónomas. Merece la pena destacar este trabajo
porque aunque usted ha dicho que hay asignaciones que se
duplican y que esta red básica no llega a los municipios,
llega nada menos que a seis mil y pico municipios; al 80 por
ciento de los municipios españoles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTE ALGUN TIPO DE
NEGOCIACION O ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Y EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES RESPECTO A LA ATENCION A
PERSONAS MAYORES QUE NO REQUIRIENDO HOSPITALIZACION, POR
RAZONES MAS DE NATURALEZA SOCIAL QUE SANITARIA, OCUPAN CAMAS
HOSPITALARIAS? (Número de expediente 180/000342)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora Novoa
Carcacia.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, uno de los problemas que hoy día vive la
atención hospitalaria es que está sobrecargada, en términos de
demanda. Uno de los factores, que está influyendo en esta
realidad, al igual que en el gasto sanitario, es la presión
que ejerce sobre el sistema la población de nuestros mayores,
cuya esperanza de vida es cada día mayor, merced a la mejor
calidad de vida y a los avances de la ciencia médica. En
nuestro sistema Nacional de Salud existen dos niveles
diferentes de servicios sanitarios: la atención primaria y la
atención especializada y, dentro de ésta, la atención
hospitalaria. A la atención
hospitalaria han de llegar aquellos pacientes cuya patología
supera la posibilidad de diagnóstico y tratamiento de la
atención primaria o de la especializada ambulatoria. No
obstante, las personas mayores llegan y permanecen largamente
en la atención hospitalaria, en la mayoría de los casos, no
porque su patología no sea susceptible de ser diagnosticada o
tratada en otro ámbito sino porque la atención primaria y la
especializada ambulatoria no son capaces de dar respuesta
porque, en definitiva, son problemas más de naturaleza social
que sanitaria y su atención correspondería a una red de
recursos sociales alternativos al sistema sanitario. Por ello,
formulo la siguiente pregunta: ¿Existe algún tipo de
negociación o acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y el Ministerio de Asuntos Sociales respecto a la atención a
personas mayores que, no requiriendo
hospitalización, por razones más de naturaleza social que
sanitaria ocupan camas hospitalarias? El señor PRESIDENTE:
Gracias, señora Novoa.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, precisamente, el pasado 14 de diciembre el
Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Sanidad y
Consumo firmaron un acuerdo marco para trabajar conjuntamente.
De conformidad con dicho acuerdo-marco, nos comprometimos a
colaborar en la atención socio-sanitaria de los colectivos de
población de nuestras respectivas competencias, entre ellos,
mayores, personas con minusvalías, jóvenes, pacientes
crónicos, mujeres, etcétera. Ese mismo día firmamos un
convenio específico de colaboración para la atención socio-
sanitaria de las personas mayores. El objetivo de este
convenio es prestar una atención integral a la persona mayor
que evite, precisamente, en la medida de lo posible, la
institucionalización, y que permita abandonar el hospital
cuando se ha superado ese proceso agudo de
enfermedad.
Con este convenio se trata de poner en común los elementos
personales y materiales del Inserso y del Insalud, para, de
esta forma, prestar una buena atención primaria para no tener
que recurrir al internamiento de la persona mayor en
residencias o en hospitales. Como ahora existe una cobertura
de ayuda a domicilio, de servicio de estancias diurnas y de
estancias, también, para procesos de rehabilitación, esto nos
permite que podamos remitir luego a las personas que han
pasado ese proceso agudo de la enfermedad hacia el medio
habitual; es decir, no sólo es pasar del ámbito sanitario al
ámbito residencial, sino que, transcurrido un tiempo, se pasa
a la persona mayor a su entorno, al lugar donde ha vivido
habitualmente. Por tanto, se trata de llevar a cabo una
atención ajustada a las necesidades del mayor en cada caso.
Los beneficios de este modelo de coordinación sociosanitaria
son innegables. Por un lado, prestamos una mejor atención a la
persona mayor. Por otro lado, fomentamos el principio de
envejecer en casa, defendido por las modernas corrientes
gerontológicas y que, además, ha constituido uno de los
objetivos del año europeo de los mayores y de la solidaridad
entre
generaciones, que es mantener al mayor en su entorno. También
reducimos la lista de espera de ingreso y logramos --esto es
muy importante-- una mejor asignación de los recursos, porque
les damos el uso adecuado y evitamos las duplicidades,
reduciendo los gastos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA SEMPERE JAEN, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL
GOBIERNO DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LAS MUJERES
EN LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE? (Número de
expediente 180/000344)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Sempere
Jaén.
La señora SEMPERE JAEN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, afortunadamente las mujeres hoy no estamos por
el silencio ante la discriminación y agresiones que, por razón
de sexo, sufrían y sufren algunas mujeres. Las campañas de
sensibilización e información sobre los derechos de la mujer
llevadas a cabo por ayuntamientos, Instituto de la Mujer y
asociaciones de mujeres han favorecido, entre otras cosas, que
cada vez más las mujeres denuncien ante las comisarías las
agresiones de malos tratos y violaciones. Soy consciente de
que aún hoy no todos los casos son denunciados.
En la provincia de Alicante, según los datos de que dispongo,
en el año 1993 se formularon 492 denuncias entre malos tratos,
violaciones, agresiones sexuales, etcétera. Es necesario que
por el Gobierno se adopten medidas para que se dote a las
comisarías de personal femenino cualificado para atender y
ayudar a las mujeres que acuden con su angustia.
Aunque es cierto que ha mejorado la atención a estas mujeres,
entendemos que es insuficiente. Por eso hacemos esta pregunta:
¿Cuándo piensa el Gobierno desarrollar los programas de
atención a las mujeres en las comisarías de la provincia de
Alicante? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sempere.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, el servicio de atención a la mujer en la Comisaría
provincial de Alicante entrará en funcionamiento en cuanto se
resuelva el concurso general de méritos convocado por la
Dirección General de la Policía, con fecha 21 de febrero del
presente año, en el que se convocan, precisamente, las
vacantes de ese servicio. En consencuencia, la fecha de su
puesta en funcionamiento está supeditada a que finalice ese
trámite administrativo, debiendo calcular aproximadamente unos
dos meses. Respecto a este tema, quiero informar también a
S.S. que está en estudio la posibilidad de establecer un
convenio con la
Generalitat valenciana y corporaciones locales para la posible
adscripción a las comisarías de personal especializado en
trabajo social, que podría atender, en primer término, a las
mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, malos
tratos y contra el orden familiar. Un planteamiento de estas
características facilitaría incluso la posterior presentación
formal de la denuncia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO VASCO (PNV),
QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
¿PODRIA INDICAR EL SEÑOR MINISTRO CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR
EL QUE NO SE HAN INCLUIDO PROYECTOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS VASCAS EN LA PETICION DE AYUDA REALIZADA POR EL
ESTADO ESPAÑOL AL FONDO DE COHESION TODA VEZ QUE DICHOS
PROYECTOS CUMPLEN SOBRADAMENTE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA
NORMATIVA
COMUNITARIA? (Número de expediente 180/000324)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Zabalía
Lezámiz.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿podría indicarme cuál ha sido el motivo por
el que no se han incluido proyectos de las administraciones
públicas vascas en la petición de ayuda realizada por el
Estado español al Fondo de Cohesión, toda vez que dichos
proyectos cumplen sobradamente los requisitos exigidos por la
normativa
comunitaria?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando en su momento se aprueba en Edimburgo el
Fondo de Cohesión es consecuencia de un sistema de
compensación dado a nuestro país precisamente por no conseguir
poner en marcha otro sistema, que era el sistema de reducción
de las aportaciones. El nuevo sistema de cohesión tiene como
finalidad, entre otros objetivos, aproximarnos a los criterios
de convergencia y, consecuentemente, reducir el déficit
público. Como S.S. conoce, la aportación del Estado, realizada
siempre por la Administración central, a las Comunidades
Europeas es de 900.000 millones y lo que recibimos son 1
billón 300.000 millones. De ese 1 billón 300.000 millones,
aproximadamente 600.000 millones van a la agricultura y
300.000 a las comunidades autónomas. En
consecuencia, la devolución real al Estado
es de alrededor de 500.000 millones de pesetas menos que lo
que el Estado aporta. Por consiguiente, tomar la decisión de
que el Fondo de Cohesión se trasladara también a las
comunidades autónomas hubiera significado no sólo modificar el
sistema de financiación de las mismas, sino también
incrementar el déficit del Estado de forma no justificada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Zabalía, tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Ministro.
De todas formas, usted me ha dado unas explicaciones de por
qué financieramente el Estado no puede repercutir a las
comunidades autónomas sus proyectos, que estaban contemplados,
porque, como dice, no hay presupuesto suficiente para hacerlo.
Perdone, pero no lo entiendo. Es decir, sabemos que el
objetivo del Fondo de Cohesión es contribuir al
fortalecimiento de la cohesión
económica y social de la Comunidad Europea, aportando ayuda
financiera a proyectos relacionados con el medio ambiente o
con redes transeuropeas de los Estados miembros que tengan un
producto nacional bruto inferior al 90 por ciento, y ahí están
los países de España, Portugal, Irlanda y Grecia. Nosotros
cumplimos los requisitos, absolutamente todos, incluso ese
requisito condicional de que exista un plan de convergencia,
porque el País Vasco, Euskadi, está involucrado en el plan de
convergencia con la Comunidad Económica Europea a través del
Estado. Por tanto, si cumplimos los requisitos, si tenemos
presentados los proyectos, no me vale que me diga usted, señor
Ministro, que es por un problema presupuestario, porque al
final eso es lo que me temía. Es decir, ¿los fondos de
cohesión van a ser el instrumento para reducir el déficit
público del Estado? ¿Eso va a ser así? Porque esa es la
conclusión que se puede sacar después de su intervención, y
usted sigue sin decirme por qué no se ha presentado ningún
proyecto de la Comunidad Autónoma Vasca para los fondos de
cohesión, si cumplimos los requisitos en todas sus variantes.
Sigo sin tener la respuesta y, como digo, lo que sentiría
sería que precisamente --y esto quiero que quede claro--los
fondos de cohesión pudieran servir para reducir el déficit
público. Si es así, señor Ministro, yo creo que nos estamos
confundiendo todos con el tema de los fondos de cohesión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo creo que no es un problema presupuestario, es un
problema de concepto, de cuáles son los flujos financieros y
cómo funcionan. No parece correcto que sea el Estado el que
aporte los fondos a la Comunidad Europea y que la devolución
de fondos de la Comunidad Europea se realice a las comunidades
autónomas. Eso implicaría una modificación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas que no está
planteado y que, desde luego, no debe obtenerse a través de
una vía indirecta como es la utilización de fondos de
cohesión. Y S.S parte de un supuesto que no es exactamente
correcto y es: ¿puede el Estado realizar inversiones también
en temas de cohesión y en tema de
infraestructuras europeas? Sin duda alguna, sí, y lo está
haciendo. Por tanto, parece bastante razonable que sean las
inversiones estatales --es el Estado el que ha aportado esos
fondos a Bruselas-- las que se realicen en todo el territorio
nacional, también en el País Vasco, y es cierto que los fondos
de cohesión se han utilizado para programas propuestos por el
Gobierno, pero no para programas propuestos por el Gobierno
vasco. Si lo que S.S. quiere plantear es una reconsideración
de todo el sistema de financiación de comunidades autónomas,
evidentemente se puede hacer, pero en ese caso tendremos que
plantear también qué aportan las comunidades autónomas a la
financiación comunitaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: DENTRO DEL PLAN DE
AMORTIZACION DE SUS DEUDAS, ¿CUALES SON LOS INGRESOS PREVISTOS
POR BARCELONA HOLDING OLIMPICO, S.A., PROVENIENTES DE TODAS
SUS PARTICIPACIONES EN EMPRESAS? (Número de expediente
180/000328)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Carreño
Rodríguez-Maribona.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
Presidente. Con independencia de considerar inadmisible y un
agravio comparativo para el resto de ayuntamientos españoles
que el Gobierno haya subvencionado muy generosamente al
Ayuntamiento de Barcelona al pagar desde Holsa el 50 por
ciento de las obras, exclusivo compromiso del Ayuntamiento de
Barcelona para los Juegos Olímpicos --traducido a pesetas,
50.000 millones--, es aún más grave que nuevamente el
Gobierno, con obscurantismo,
modificara aquel compromiso ampliándolo hasta el año 2009 --
creo que es el compromiso presupuestario asumido por el
Gobierno a más largo plazo,
año 2009--, por aumentos de o por nuevas obras, pagando más
dinero anualmente que el que dedica en toda España el Estado a
inversiones en instalaciones deportivas. Con obscurantismo,
decía, porque la Comisión delegada del Gobierno creada para
controlar sus inversiones para los Juegos de Barcelona se
disolvió el 29 de diciembre de 1992 antes de cumplir sus
obligaciones, y, posteriormente, el 3 de marzo de 1993, se
firma un nuevo convenio. En él aparecen clara y
escandalosamente los compromisos de pagos de deudas olímpicas,
como digo, hasta el año 2009, pero me da la sensación, por los
datos de que dispongo, que los ingresos de Holsa se prevén
sólo hasta 1995 por importe global de 19.000 millones de
pesetas, y creo que no están todos los que son.
Espero, señor Ministro, su respuesta a cuáles son los ingresos
previstos por Holding Olímpico provenientes de todas sus
participaciones en empresas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
En respuesta a su pregunta específica le diré que la previsión
de ingresos de Barcelona Holding Olímpico, a 28 de febrero --
por tanto, el último dato del que tengo disponibilidad--, es
de 16.788 millones de pesetas.
El seor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Carreño tiene la palabra.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
Presidente. Ciertamente, han corregido, ampliando los
ingresos, la respuesta que me ha dado el Gobierno el 7 de
octubre de 1993. Evidentemente, en aquella respuesta no
estaban todos los que eran, pero veo que en esta ocasión
siguen faltando, porque, según mis datos, en concepto de
deudores por obra delegada hay 10.000 millones, o había a 31
de diciembre de 1992; en concepto de ventas y amarres, 3.000
millones; por ventas de terrenos, 5.600; por ventas de la
Villa Olímpica está pendiente el 40 por ciento, y deudas de
clientes, 13.000 millones. A mí me sale una cifra
considerablemente superior de ingresos que espero que vuelva a
rectificar al alza el señor Ministro en próxima respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Respecto a la cifra que inicialmente habíamos dado el 22 de
septiembre, la hemos rectificado a la baja, no al alza, y ello
es consecuencia, evidentemente, del ajuste a la nueva
situación. Las cifras que yo tengo tanto por ventas de
terrenos, como por obras realizadas por cuenta del
ayuntamiento, concesiones de gasolineras, concesiones en zona
marítima, amarres, deudas por venta de terrenos, etcétera, me
dan 16.788 millones, y ésta es la mejor cifra disponible que
en estos momentos existe en el Ministerio de Economía y
Hacienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NEFTALI ISASI GOMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO A LOS EFECTOS DE
IMPULSAR EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA RIOJA? (Número de
expediente 180/000337)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Isasi
Gómez.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno a los
efectos de impulsar el desarrollo económico y social de La
Rioja?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
El Gobierno, respecto a La Rioja, como respecto al resto de
las comunidades autónomas, introduce en los Presupuestos
Generales del Estado una serie de capítulos para inversión. Es
verdad que hay otro tipo de actuaciones, como las
transferencias de capital, que son más difíciles de
desagregar, pero sí puedo decirle lo que en este momento
conocemos. Para los próximos años, las
inversiones previstas, de acuerdo con los presupuestos, en
Rioja son de alrededor de 40.000 millones de pesetas. Entre
las mismas, destacan fundamentalmente las obras hidráulicas
con más 13.000 millones, carreteras con 6.700, educación con
más de 2.000 millones y otras actuaciones contempladas como
rehabilitaciones de teatros, en el marco Inem-Mopu, etcétera,
que son sin duda alguna los elementos fundamentales de esta
inversión. Además, La Rioja también tendrá tratamiento
favorable desde el punto de vista de los fondos estructurales
comunitarios y, por esta vía, también recibirá más de 8.000
millones de pesetas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en La Rioja se están dando los índices
socioeconómicos peores de la historia, no sólo por la
influencia de la situación general en España. Durante 1993 se
ha incrementado el paro en un 20 por ciento, se ha cerrado una
empresa cada día, los expedientes de aplazamiento de pago a
Hacienda han aumentado un 85 por ciento; en millones de
pesetas, estos aplazamientos han supuesto el 130 por ciento.
Las expectativas de modernización de las infraestructuras,
esenciales para el desarrollo de La Rioja y su incorporación a
los mercados nacionales y del resto de Europa se han esfumado
de los grandes proyectos y programas del Gobierno. Para colmo,
estamos sufriendo como nadie, justamente al otro lado de la
calle, en el extrarradio de los principales núcleos de
población, unas reglas de juego socioeconómicas «distintas»,
entre comillas, señor Ministro, con lo que es imposible
competir, mediante las cuales se ha provocado la huida del
principal potencial económico e industrial de las principales
ciudades de La Rioja, que ven cómo en la acera de enfrente, a
las puertas de nuestras ciudades pero fuera del territorio de
la Comunidad Autónoma, se instalan importantes polígonos
industriales, señor Ministro, para los que se exime del pago
del Impuesto de Sociedades durante diez años, se otorgan
subvenciones a fondo perdido, se conceden terrenos gratuitos,
se conceden autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo
a discreción. Señor Ministro, todo ello no se arregla
solamente presentando recursos contra determinadas actuaciones
coyunturales; el único arreglo que aquella injusta situación
tiene es la vía de la compensación económica para que La Rioja
no pierda su capacidad vital de creación de riqueza afianzando
en su ámbito territorial a sus propias empresas, pudiéndoles
proporcionar al menos semejantes reglas de juego para competir
con lealtad entre todos los españoles.
Señor Ministro, ponga atención a lo que le voy a decir. Que
nadie dude de que esta fórmula que le expongo siempre será
mucho más moderada, serena y razonable que las fórmulas que, a
fuerza de sufrir agravios, se están empezando a oír en aquella
Comunidad por otras fuerzas políticas radicales que, aunque
con poca representatividad, comienzan a reivindicar hacienda,
caja y legislación propias.
Los riojanos, señor Ministro, pedimos el amparo del Gobierno
de España, que tiene la obligación, dentro de la diversidad
territorial, de garantizar a todos los españoles al menos
igualdad de oportunidades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, no dudo de que las cifras que me acaba de citar son
absolutamente correctas y que la situación en Rioja ha
empeorado, como en el resto del país; por otra parte, eso no
es ninguna novedad. Sin embargo, Rioja, en términos
comparativos, sigue siendo una región con una posición que yo
diría que sería enormemente atractiva para otras comunidades
autónomas. En términos de valor añadido bruto, Rioja sigue
siendo la tercera comunidad autónoma de este país con el 22,6
por ciento del valor añadido bruto superior a la media
nacional. Lo mismo sucede en renta disponible por habitante.
Por lo tanto, en ese sentido, yo diría que Rioja, a pesar de
la proximidad a otras zonas, que le crea algunos problemas,
también le genera algunas ventajas. En términos de empleo, la
situación también es parecida. En el año 1993, últimos datos
disponibles, es verdad que Rioja ha aumentado su desempleo a
un 14,5 por ciento, pero está claramente por debajo de la
media comunitaria que se sitúa en el 22,7 por ciento.
Su señoría está planteando su preocupación por todo el tema
referido a las vacaciones fiscales en el País Vasco. Mire
usted, hay una normas constitucionales que en este país hay
que cumplir. Desde luego el País Vasco considera que tiene
margen de actuación en cierto tipo de temas. Nosotros
consideramos que no; por eso se han planteado los recursos que
en estos momentos están pendientes de resolverse en los
tribunales. Ir a sistemas de compensación, desde luego, en mi
opinión, no tiene ningún sentido...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿SIGUE MANTENIENDO
EL SEÑOR MINISTRO LA OPINION DE QUE LAS PENSIONES DEL FUTURO
NO ESTAN EN PELIGRO? (Número de expediente 180/000334)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 21, del
señor Peñarrubia Agius.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado 3 de noviembre le formulaba una
pregunta referente a si compartía el informe emitido en aquel
momento por una importante entidad de ahorro que reflejaba que
las pensiones de los españoles entre 40 y 50 años estaban en
peligro. La respuesta que S.S. me dio consta en el «Diario de
Sesiones» y por
deferencia a los señores Diputados y a usted mismo no se la
voy a leer. No ha transcurrido mucho desde aquella fecha
cuando el Ministro de Economía manifestaba a bombo y platillo
que efectivamente las pensiones del futuro estaban amenazadas.
Por tal razón, le pregunto: ¿Sigue manteniendo la opinión de
que las pensiones del futuro no están en peligro?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Sí, señoría. Lo sigo manteniendo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me asombra su terquedad. La respuesta es
forzada, es obligada por las circunstancias y es, desde luego,
poco convincente. En cualquier caso parece evidente que o bien
nos engaña el señor Solbes o nos engañan usted y el Presidente
del Gobierno, y teniendo en cuenta los antecedentes, me da la
sensación que falta a la verdad quien sin rubor y con todo
cinismo ha llegado a decir que un gobierno del PP recortaría
aún en 8.000 pesetas las pensiones, cuando todos los
pensionistas de este país saben que han sido el González quien
ha recortado las prestaciones sociales. Me da la sensación que
falta a la verdad quien en un programa reciente de televisión
ha afirmado,
superando lo imposible, que las pensiones están garantizadas
salvo que un gobierno no socialista opinara lo contrario.
Peroesta sensación, señor Ministro, no la tengo en exclusiva,
sino que la tiene la inmensa mayoría de los españoles que
observan cómo un Gobierno despilfarrador e incapaz de crear
empleo no puede, por razones obvias, garantizar las pensiones
futuras. En cualquier caso, esta ambigüedad, no sé si
calculada o no, es perjudicial y dañina, ya que genera
desconfianza e inseguridad en nuestra ya maltrecha situación.
Señor Ministro, digan de una vez la verdad, no ya sobre las
pensiones sino sobre que son incapaces de sacar este país
adelante.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
No me atrevería yo, señorías, a hablar en nombre de la inmensa
mayoría de los españoles, aunque sí podría hacerlo en nombre
de una mayoría mayor de lo que puede hacerlo usted. Sí le
podría decir también que la credibilidad se mide no solamente
por lo que se dice hacia el futuro, sino por lo que se puede
mirar hacia el pasado, que es normalmente lo que puede hacerse
cuando se habla de un sistema de pensiones; un sistema de
pensiones que tiene el crédito que tiene precisamente porque
en los doce últimos años ha experimentado una mejoría
sustancial, y esa mejoría sustancial del pasado es la que
permite abrigar fundadas esperanzas para su propio futuro. Hay
factores de riesgo en todo sistema de
protección social, factores de riesgo que están en la
población, en el movimiento demográfico, que están en el
movimiento del empleo y que son factores de riesgo que tiene
que atender el Estado precisamente para que las conquistas de
ayer sigan siendo otras conquistas del mañana. Hay otros
factores de riesgo que están menos en manos del Gobierno y más
en manos de todos los españoles, y yo creo que el mayor factor
de riesgo que tiene ahora mismo el sistema de pensiones es un
hipotético gobierno del Partido Popular. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL COBRO DE
LAS
PENSIONES EN EL FUTURO Y PARA POTENCIAR LAS FORMULAS PRIVADAS
DE AHORRO A LARGO PLAZO (Número de expediente 172/000035)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUAL Y FUTURO, DE UN REGIMEN
PUBLICO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES ADECUADAS Y PERIODICAMENTE
ACTUALIZADAS (Número de expediente 172/000036)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD FUTURA DE UN SISTEMA PUBLICO DE
PENSIONES JUSTO, EQUILIBRADO Y SOLIDARIO (Número de expediente
172/000037)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación del
Grupo Popular sobre medidas que adoptará el Gobierno para
garantizar el cobro de las
pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas privadas
de ahorro a largo plazo.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la intención de la interpelación que presenta el
Grupo Parlamentario Popular es clara. Tratamos de clarificar,
de conocer mejor la opinión del Gobierno sobre el futuro de
las pensiones en España y la explicación sobre las medidas que
piensa adoptar para garantizar dicho futuro. La interpelación
nace por nuestra preocupación ante las declaraciones del señor
Ministro de Economía, quien ha puesto en cuestión el futuro de
ese sistema de pensiones.
Señor Ministro, usted ha actuado en esta materia con una
irresponsabilidad manifiesta y, lo que es peor, lo ha hecho
porque ha practicado, ha utilizado una verdad a medias. Sus
declaraciones son irresponsables porque lo que han hecho ha
sido crear una alarma social injustificada. Déjeme que utilice
una figura para explicar lo que ha sido su actitud en esta
cuestión. Usted ha actuado, señor Ministro, como el gerente de
un teatro que en plena representación irrumpe en la sala
repleta de público y grita: ¡fuego! El problema, señor
Ministro, es que a usted, que es el responsable de la
seguridad del teatro, se le ha olvidado abrir las puertas de
seguridad e incluso las puertas de acceso normal a ese teatro.
El pánico que se ha generado puede ser más peligroso incluso
que las propias consecuencias del riesgo detectado. Además,
señor Ministro, es usted reincidente. No es la primera vez que
con sus declaraciones suscita esa preocupación a la sociedad
española. Ya lo hizo en el pasado mes de octubre cuando
planteó ciertas invitaciones para acudir a fondos privados de
pensiones ante la inseguridad de seguir cobrando el día de
mañana las pensiones.
Y siendo todo esto grave, siendo esa alarma grave, lo que es
peor, señor Ministro, es que usted no ha dicho la verdad a los
españoles en sus planteamientos, porque, en todo caso, habría
utilizado una figura que es la de la verdad a medias y, sin
duda, intentando ocultar su responsabilidad en este grave
asunto. Usted sabe, señor Ministro, como yo, que el verdadero
problema de las pensiones no está en la evolución de la
demografía, no está en la evolución de la población española.
El verdadero problema, señor Ministro, es de carácter
económico. Procede de la
deficiencia de nuestro sistema económico, de su escasa
capacidad para generar empleo, de la baja tasa de actividad
que tenemos en España, del alarmante nivel de desempleo, que
es fruto,
precisamente, en buena parte, de su política económica, señor
Solbes, de esa política económica que usted continúa fielmente
heredando de sus antecesores en el cargo. Ahí está su media
verdad, y ahí está la responsabilidad en esta materia, en este
asunto. En estas circunstancias, señor Solbes, no me cabe
ninguna duda de que usted ha actuado con una manifiesta
irresponsabilidad, provocando la alarma de los ciudadanos,
porque en este caso, señor Ministro, no es que usted no sea
héroe; es que está actuando de pirómano. La intransigencia de
su política económica, señor Ministro, es la clave, es lo que
realmente amenaza al sistema público de pensiones.
El sistema público de pensiones padece en España de un exceso
de politización. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario
Popular, lo que solicitamos es que se deje ya de hacer ese
tipo de política barata con las pensiones de los españoles. Ya
está bien, señor Ministro, de presentarse ante la opinión
pública como los garantes del sistema público de pensiones,
como si fuera un patrimonio suyo, lo que no es sino un
patrimonio de todos los españoles. Ya está bien de asustar a
nuestros mayores con la llegada al Gobierno de una derecha que
recortaría las
prestaciones, cuando las prestaciones, señor Ministro, las
está recortando usted, como además se dispone a hacerlo, como
después insistiré. Afortunadamente, los pensionistas españoles
ven cada vez con más claridad el formidable engaño del que
fueron objeto el 6 de junio; ahora perciben quién es la
amenaza, dónde está, dónde radica esa amenaza para el futuro
de sus pensiones, quién se ha quedado con las tan traídas y
llevadas 8.000 pesetas. Señor Ministro, ¿por qué no realizó
esas reflexiones, que ahora tanto le preocupan, antes del 6 de
junio? Porque, sin duda alguna, las previsiones económicas,
las relativas al año 2020 o al año 2030, no podían ser muy
diferentes. En seis meses no han podido cambiar
fundamentalmente esas previsiones. El desatino en el que han
incurrido, señor Ministro, no ha podido ser mayor. No ha
acertado a definir el problema y, desde luego, no ha aportado
ninguna solución. En pocas palabras, lo que usted ha hecho ha
sido coger el rábano por las hojas.
Le decía que el problema de las pensiones no es
sustancialmente demográfico, reconociendo por supuesto que la
demografía juega en el sentido de considerarlas como un
problema. El problema tampoco se plantea a 30 ó 40 años vista.
El problema, señor Solbes, está presente hoy en la sociedad
española, es un problema que radica en la insuficiencia de
nuestro sistema productivo para dar empleo a los españoles que
lo buscan. En la España de 1993 había 3.700.000 parados, una
cifra escalofriante que, como al señor Presidente del Gobierno
no le gusta, lo que hace ya es negar su veracidad. Por cierto,
señor Ministro, ¿a usted le satisface el resultado de la
encuesta de población activa? En esa misma España la tasa de
actividad, es decir, el porcentaje de la población activa
sobre el total de población en edad de trabajar es del 19 por
ciento, mientras que en el Reino Unido es de un 76 por ciento;
en
Francia, de un 66 por ciento; en Alemania, de un 69 por
ciento; en Japón, del 74,1 por ciento y en Estados Unidos del
77 por ciento. Casi 20 puntos de diferencia respecto de los
países más desarrollados. La distancia que nos separa de la
media de la OCDE es de más de 12 puntos porcentuales. En otras
palabras, esas comparaciones significan no sólo que en España
la tasa de paro sea para figurar en el libro del Guinnes de
récords, de triste record con ese 24 por ciento de la
población activa en paro, sino que nos faltan millones y
millones de españoles por
incorporar al mercado de trabajo. Son los que llamamos
desanimados; son españoles que deberían estar en ese mercado
de trabajo integrando la población activa y no lo están, y son
fundamentalmente mujeres, y mujeres casadas a las que no se
les ofrece ninguna alternativa, ningún atractivo para
incorporarse a ese mercado de trabajo. Esas mismas tasas de
paro abultadas y esa cifra tan elevada de desempleo nos hablan
a las claras de las ingentes posibilidades que tenemos en
España de aumentar el número de cotizantes a la Seguridad
Social. Eso, desde luego, robustecería la financiación de
nuestro sistema público de pensiones y haría, en definitiva,
que no peligrara su futuro. Señorías, en una palabra, los
agobios del Sistema de la Seguridad Social y, en definitiva,
la sombra que ennegrece su futuro tienen una causa fundamental
y es la falta de empleo. Este factor, señor Ministro, no lo ha
introducido usted en la reflexión que ofrece a la sociedad, y
eso, señorías, es abrir un debate en falso, una omisión grave
que lo que busca es eludir responsabilidades. Cuando usted
plantee esta cuestión a la sociedad, hágalo diciendo en primer
lugar que el problema nace de un clamoroso fracaso de la
política económica del Gobierno socialista. Es una política
que ha desanimado la incorporación de los españoles al mercado
de trabajo, es una política que ha provocado, en definitiva,
una alta tasa de desempleo. Por cierto, esa responsabilidad de
la política económica es la misma que tienen lo grupos
parlamentarios que la están apoyando en esta Cámara y que, por
tanto, están contribuyendo también a ensombrecer el futuro de
las pensiones en España.
Decía que es un problema sustancialmente económico el de las
pensiones y un problema de falta de ahorro. Efectivamente,
tenemos que procurar que haya más ahorro en la economía en la
sociedad española, pero, señor Ministro, el ahorro no se
provoca con miedo, ese no es el procedimiento para aumentar el
ahorro familiar. Eso es lo que ha pasado en la España del 93,
una España en la que los españoles han ahorrado más por miedo
al futuro, sin que eso sirviera para aumentar la inversión,
sin que eso sirviera para crear más empleos. Por tanto, el
ahorro hay que potenciarlo, desde luego, y hay que potenciarlo
con cambios fiscales, con mejoras de renta, con aumentos de
beneficios empresariales y con una actitud menos dilapidadora
de las administraciones públicas, con una actitud mucho más
responsable por parte de las cuentas públicas. Hay que
potenciar efectivamente ese ahorro a medio y largo plazo --
que, por cierto, reconoce la Constitución Española como
complemento al sistema público de pensiones--, pero eso hay
que hacerlo con estos cambios en la fiscalidad y en la
reglamentación a los que me he referido.
Señorías, los problemas de la Seguridad Social nacen de la
falta de desarrollo económico, como ya han advertido desde
esta tribuna los portavoces del Partido Popular, el señor
Rato, hace años, y la señora Villalobos, más recientemente.
Ahí está el núcleo de ese problema. También es cierto que
hemos de reorganizar la Seguridad Social definiendo su ámbito
de actuación, hemos de cambiar su esquema de financiación
actual y hemos de
complementarla con sistemas privados. Pero, señor Ministro, no
utilice estos argumentos, no utilice la necesaria reforma de
la Seguridad Social, no utilice el efecto amendrantamiento de
los españoles para ocultar lo que van a ser, seguramente,
nuevos recortes de prestaciones sociales. No haga esto. Si
tiene que recortar las prestaciones sociales, dígaselo a los
españoles a las claras, diga que no es capaz de controlar el
gasto público nada más que de esta manera, diga que no es
capaz de hacer una reforma estructural del sector público que
conduzca a un gasto público más eficiente y más solidario.
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, le ruego concluya.
El señor MONTORO ROMERO: Enseguida concluyo, señor Presidente.
En poco tiempo, señor Ministro, hemos pasado de ser el país
donde se ganaba dinero más rápidamente, como afirmó su
antecesor el señor Solchaga, a poner en cuestión el pago de
las pensiones públicas. Estas son las contradicciones típicas,
clásicas del socialismo, unas contradicciones que quedan
patentes estos días en las declaraciones de sus dirigentes,
por ejemplo, presidentes autonómicos, que en sus autonomías se
han dedicado a contradecir sus declaraciones, señor Ministro.
Deseo finalizar, señor Presidente, explicando con claridad
cuál es la posición de mi Grupo Parlamentario en esta materia
que tanto afecta a los españoles. Allí donde se ha sembrado
confusión y alarma, nosotros enviamos un mensaje de confianza
y optimismo. El Partido Popular declara que el sistema público
de pensiones no está amenazado ni cuestionado por nada ni por
nadie en el futuro. Cuestión distinta es que los poderes
públicos tengan que actuar para despejar ese futuro. Nosotros,
el Partido Popular, postulamos la existencia de un sistema de
pensiones público, sólido y estable.
Entendemos que este sistema es expresión de un concepto de
solidaridad intergeneracional, que ha funcionado y seguirá
operando en nuestro país. Se trata de aplicar las cláusulas de
un contrato social, en su acepción rousseauniana, que nosotros
apoyamos por completo y cuya vigencia vamos a posibilitar. Las
pensiones, el sistema público de pensiones, son un patrimonio
de todos los españoles; por tanto, para nosotros el sistema
público de pensiones es una cuestión de Estado, es una
cuestión para la que solicitamos su despolitización. Y
queremos decir
rotundamente, con la mayor seguridad, a nuestros mayores y a
todos los que cotizan hoy, que las pensiones se pagarán hoy y
mañana. Pero, para garantizar ese pago, hay que aplicar una
política económica eficaz contra la crisis, una política
económica capaz de crear empleo, una política económica capaz
de promover ahorro, de aumentar el ahorro nacional. Quiero
terminar insistiendo en lo que ha sido la postura del Grupo
Parlamentario Popular en esta Cámara desde el primer día,
desde el primer discurso de nuestro Presidente, el señor
Aznar. Nuestra actitud es la de hacer posible ese cambio de
política económica sin condiciones, es decir, nos alejamos de
esto que afortunadamente se ha llamado política mercantil.
Nuestro interés está en resolver esa crisis económica, porque
estamos seguros de que resolviendo esa crisis económica
garantizaremos las pensiones de hoy y de mañana.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del
Gobierno para garantizar el mantenimiento, actual y futuro, de
un régimen público de Seguridad Social y de pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya trae a debate una interpelación al Gobierno,
fundamentalmente, porque tenemos en el Gobierno un Ministro
irresponsable, que ha levantado la alarma social, que ha
puesto en duda la capacidad del Estado para garantizar la
cotización de los ciudadanos a lo largo de su edad productiva
y porque esta propuesta no deviene solamente de una actuación
fugaz de un miembro del Gobierno, sino continuada y permanente
a lo largo de todo este tiempo. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Nosotros, en contra de la opinión que está vertiéndose hoy en
la Cámara, creemos que tenemos un sistema de Seguridad Social
fuerte, que tenemos un sistema de Seguridad Social capaz de
hacer frente al futuro si de verdad el Gobierno consigue que
haya empleo, que se redistribuya el empleo y que haya una
reforma laboral que consiga cotizar para el sistema y así
incrementar la capacidad de recaudación del propio sistema. El
sistema es fuerte, porque este sistema ha sido capaz de
recibir embates fortísimos, porque este sistema ha sido capaz
de ampliarse y generalizarse en un proceso corto de tiempo y
porque este sistema ha sido capaz de hacer frente a un proceso
de reconversión fortísimo. Cada proceso de reconversión y cada
empresa que se ha estudiado y analizado, ha terminado con dos
posiciones,
fomentadas desde el Gobierno, negociadas y discutidas por los
sindicatos y por las propias empresas. Dos posiciones:
primera, a la empresa en situación complicada, le condonamos
lo que debe a la Seguridad Social y, segunda, estimulamos e
incentivamos la jubilación anticipada. Este ha sido el proceso
de los últimos años. Por tanto, creemos que, al margen de
actuaciones de futurología, de «rappelismo» político del
último momento, es posible hacer frente desde otra óptica
distinta, modificando la posición política que hasta ahora
hayamos podido tener.
Es más, a este sistema de la Seguridad Social hoy se le debe,
aproximadamente, por la cotización de las empresas, un billón
de pesetas, y el propio Gobierno reconoce que, de ese
porcentaje, apenas un 30 por ciento es recuperable, el otro se
da por perdido. Por tanto, podemos actuar sobre esto.
Sin embargo, un Gobierno que no ha sido capaz de acertar en
ninguna de sus previsiones en este año 1993 ni en tasa de
inflación, ni en déficit público, ni en recaudación de
impuestos, ni en porcentaje de desempleo, ni en PIB, ni en
IPC, ni en el crecimiento de la economía, se atreve a predecir
nada más y nada menos que dentro de 25 años, según el señor
Solbes, según otro miembro del Gobierno, desde 55 años en
adelante, qué va a pasar con el sistema de pensiones.
Nosotros creemos que no obedece, por tanto, a una coyuntura,
sino a una estrategia. Pensamos que se establece una dinámica
del bueno y del malo: uno, en el Gobierno, que es malo, que
desde un concepto de administrador, de técnico, de contable,
pone los números por encima de las ideas y de la política y
obliga al propio Gobierno. Cuando se abre la espita de un
debate, no se sabe dónde va a llegar, pero se empieza a entrar
en una dinámica. Creo que se pretenden conseguir dos
objetivos: primero, ultimar un paso de tuerca en una reforma
del modelo de sociedad que vamos a tener a nivel productivo
para el futuro, una sociedad que va a trabajar temporalmente,
que tiene un alto porcentaje de desempleo, que no va a cotizar
y que, lógicamente, va a
relativizar el número de obligaciones para con esos ciudadanos
en el futuro. Están desmontando o planteándose desmontar un
régimen del Estado del bienestar
que nosotros creemos que es posible planteárselo para una
sociedad de futuro y de progreso.
Segundo objetivo --que el Gobierno no ha conseguido con la
ilusión o estimulando--, forzar el ahorro. Ustedes ven los
planes de pensiones más que como una política social, como un
producto financiero, y unos fondos de pensiones que llevan
recaudados en la actualidad, aproximadamente, 1,2 billones de
pesetas --aunque hay un fondo de inversiones de casi 10
billones de pesetas--vienen a demostrar que hay capacidad de
ahorro en este país. El problema es que la capacidad de ahorro
no se ha dirigido a la inversión productiva, sino a la
inversión especulativa. Ustedes pretenden forzar el ahorro
(vía las personas que tienen recursos, las personas de 40 o 50
años que tienen capacidad) para forzar unos fondos. En otros
países, por ejemplo, en Estados Unidos hay un fondo de
pensiones fortísimo, totalmente privado --espero que ése no
sea el modelo que queremos copiar--, con casi 120
billones, que su movimiento condiciona políticas. A ustedes
les gustaría un fondo de pensiones que capitalizara una
determinada cantidad de dinero pero que lo pusiera ya hoy en
activo. Pero, ¿qué condiciones hay para que esos fondos de
pensiones de verdad se puedan garantizar después, siendo
privados, cuando tenemos un sistema financiero que entra en
dificultades de forma permanente? Lo que hoy se pone en
marcha, ¿va a garantizar, dentro de quince años, que lo que se
ha cotizado después esté al frente? Los ejemplos de cómo se
han producido determinadas crisis del sector financiero los
tenemos cerca.
Por tanto, el problema para Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es que en este Gobierno priman más los contables y
los administradores que condicionan las políticas que las
ideas y los programas que condicionan y dan instrucciones a
los propios administradores. Y no es buena esa dinámica de los
buenos y de los malos. ¿Cuál es esa corrección que se ha
hecho, a nivel de declaración, desde el propio Gobierno para
tranquilizar a los ciudadanos? Hombre, a todos los españoles
se les garantiza una pensión digna. ¿Qué es para ustedes una
pensión digna? ¿Es digna una pensión, por ejemplo, la no
contributiva, que hoy está fijada en 32.625 pesetas? ¿Puede un
ciudadano --usted como Ministro, por ejemplo-- considerar
digna, vivir con una pensión de 32.625 pesetas? ¿O podíamos
entender una pensión digna, por ejemplo, la pensión de
jubilación sin un cónyuge, aproximadamente de 49.000 pesetas
al mes? ¿Qué es lo que entendemos por una pensión digna?
Podemos estar caminando a reducir el número de personas que
hoy tienen derecho --porque han cotizado-- a incorporarse por
la vía de ampliación de los años cotizados. Hoy está en
quince, ya es difícil. Con la reforma del mercado laboral que
se ha puesto en marcha, los jóvenes que se incorporan al
mercado productivo de mala manera van a tener cotizados quince
años. Si lo amplían, desde luego ellos no entran. Los que ya
están cotizando, vamos a verlo. Y luego, para fijar la base de
cotización, en lugar de hacerlo en lo cotizado en los últimos
ocho años, ampliarlo. Esta puede ser otra propuesta, con lo
cual reducimos el número de españoles que tienen derecho a una
pensión contributiva.
Transformamos «de facto» las pensiones contributivas en no
contributivas. Desde luego, ése no es el sistema que nosotros
creemos que puede seguir hacia adelante.
¿Cuáles son las dos razones que el Gobierno y el señor Solbes
utilizan para analizar la pretendida crisis de un sistema,
para poner en duda que tengamos capacidad? Dos razones. La
primera razón es que culpamos a la demografía; es decir,
nuestra pirámide de población se ha envejecido y, además, no
nacen muchos niños. Eso no es planteable hoy. Y no es
planteable hoy porque la pirámide de población de un país
desarrollado va envejeciendo, eso ya se sabía en la época que
yo estudié, y fue en el año 1970. El problema no es que no
nazcan personas, podemos tener mano de obra para trabajar; no
es un problema de personas que nazcan. El problema es de falta
de planificación y previsión del Gobierno. El fracaso de una
política económica que no ha conseguido estabilizar un sistema
que pusimos en marcha, que consolidamos y desarrollamos
durante una serie de años. Por tanto, la
demografía es un problema para planificar y prever, como lo
han hecho otros países occidentales, como debiéramos hacer
nosotros. La segunda razón es un falso antagonismo. Ustedes
son fabulosos. El problema es de la demografía y de que los
que hoy están cotizando le están pagando la pensión a los
pensionistas. Enfrentan a los pensionistas que ya perciben hoy
su pensión con los que están cotizando, uniendo dos conceptos,
y hasta ahora, parece ser que los que han cotizado no lo han
hecho en un sistema contributivo. Yo creo que o se miente hoy
o se ha estado
engañando a los ciudadanos españoles durante estos años. Un
sistema de cotización lleva unido que he cotizado para mí y
para el sistema. No es un sistema solidario y redistributivo,
eso se hace a través de los impuestos. Los impuestos sí que
hacen recaudación y redistribución solidaria, pero no la
figura de cotización. Por tanto, los que hoy están jubilados,
están jubilados y cobrando porque durante su etapa han estado
cotizando desde sus empresas y en su propia realidad. No es
posible que obedezca a esa dinámica. Y ustedes salen de
rositas de esto. No es culpa de la incapacidad manifiesta de
ustedes para gestionar y administrar. Lo ha dicho el propio
Tribunal de Cuentas: el problema del sistema de la Seguridad
Social no es un problema de déficit o deficiencia en la
gestión. Ustedes encabezaron, lideraron en el año 1982 algo
muy importante: la voluntad de cambio, la ilusión, el
compromiso por una sociedad que iba a ser democrática y a su
vez social, con elementos y contenido
sociales; lideraron con ilusión
un proyecto; hoy no tienen modelo de sociedad. ¿Qué modelo
productivo van a definirnos ustedes en la producción, en la
participación y, después, en la pensión? Hoy lideran ustedes
el pesimismo, el miedo, no lideran ustedes un modelo
ilusionado, comprometido. Un ministro que realmente tuviese en
perspectiva garantizar lo que hoy administra, en lugar de
decir: no sabemos si después de los 55 años podremos seguir
cotizando, no sabemos si dentro de 20 o 25 años..., lo que
debiera haber dicho es: removeremos cielo y tierra para que el
primer objetivo de la política del Gobierno al que pertenezco
sea garantizar una pensión digna y actualizada. Eso es lo que
debiera haber dicho el Ministro de Economía y Hacienda; eso es
lo que debiera haber sido la promoción, para evitarnos toda la
sensación de
desasosiego que ahora mismo existe en la sociedad.
Yo creo que es posible liderar una sociedad distinta, una
sociedad que genere más empleo, que redistribuya el poco
empleo que tiene, que cotice, en la que desdelos impuestos se
mantenga una pensión no contributiva y que, como figura
complementaria, tenga fondos de pensiones desde las propias
empresas. Eso es posible hacerlo recaudando mejor la
financiación, administrando mejor y, sobre todo, planteándose
el futuro desde la perspectiva de un servicio público, de una
calidad pública establecida «motu proprio».
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cree que hoy es muy
importante recordar algo: en el consciente social de nuestro
país, el concepto de democracia se vincula no sólo a las
libertades y a votar cada cuatro años, sino también y
esencialmente a la protección social y al concepto y
definición que de España tiene la propia Constitución. Tierno
Galván hablaba del tipo de Estado que se establece en el
preámbulo de la Constitución y decía que España es un Estado
social y democrático de Derecho. Con ese binomio, democrático,
porque votamos, y con derechos --ligado a los derechos y al
Derecho-- más el otro binomio: economía y política social, es
como podemos construir una alternativa de futuro. Si se
abandona la trinchera del Estado de bienestar social, del
Estado social, si se abandona esa trinchera, ¿qué trinchera
queda para un proyecto progresista de centro-izquierda hoy en
Europa?
Creemos que cuando algunos miembros del Gobierno abandonaron
el marxismo no se fueron a ninguna posición intermedia, se
echaron en manos de otro Carlos, March. Por tanto, señor
Ministro, si no es capaz de defender el Estado social y de
progreso que marca la Constitución, defenderlo y abanderarlo,
lo mejor que podía hacer es dimitir y marcharse.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Diputado. Interpelación del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) sobre medidas de política general que piensa adoptar el
Gobierno para asegurar la continuidad futura de un sistema
público de pensiones justo, equilibrado y solidario. Para la
defensa de su interpelación tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera intervenir en el debate de esta tarde
intentado recabar de todas SS.SS. y de los portavoces de los
distintos grupos toda nuestra autocapacidad de serenarnos. Es
un debate controvertido que no debemos sacar de los cauces por
donde debiera desarrollarse con sinceridad por parte de los
portavoces de los distintos grupos, con objetividad, porque el
problema la requiere, la exige, y, sobre todo, como he dicho
en primer lugar, con serenidad, para no transmitir lo que no
deseamos transmitir a todo el país: alarmismo. Si en algún
momento las declaraciones del señor Ministro de Economía
fueron interpretadas en su día relacionadas o transmitidas con
el fin de generar alguna imagen de alarma a la sociedad, creo
que hoy, señoras y señores
Diputados, tenemos una buena oportunidad para poder
transmitirle a la sociedad una cierta imagen de tranquilidad,
de calma, de poco alarmismo frente a este problema. En
definitiva, lo que les aseguro que nuestro Grupo no va a hacer
son ciertas demagogias en torno a esa cuestión. Siempre hemos
estado lejos de utilizar cualquier argumento en ese ámbito de
las pensiones para favorecer determinadas estrategias
políticas. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad para
situar el debate político en torno a ese problema, con
serenidad, repito, sin demagogias, con objetividad, con
sinceridad, para orientarlo hacia el futuro.
Creo que éstas, señor Ministro, son las razones profundas por
las cuales nuestro Grupo Parlamentario presenta esta
interpelación. A raíz de las declaraciones emitidas por usted,
que fueron difundidas por los medios de comunicación, y quizá
por los efectos y el impacto que éstas causaron en los propios
medios y también en los distintos grupos parlamentarios, fue
por lo que nuestro Grupo creyó necesario, urgente --por eso el
instrumento de la interpelación urgente--, que esta Cámara
debatiera esta cuestión, con la intención de poder clarificar
criterios
políticos. No se trata hoy de realizar el debate profundo; se
trata de transmitir unos criterios políticos, los criterios de
esta Cámara, para poder transmitir a la población cualquier
mal entendido que se hubiera podido generar a raíz de unas
declaraciones efectuadas por usted, señor Ministro de
Economía. Creo que es misión de todos los grupos de esta
Cámara
tranquilizar hoy a la población. Y en este sentido va la
interpelación de nuestro Grupo. Por eso, deseamos conocer la
opinión del Ministro de Economía, que la exponga en esta
tribuna, que la explique, que la razone, porque sabemos y
conocemos que está lejos del ánimo del señor Ministro generar
ningún tipo de alarma,
por supuesto. Por tanto, creo que es interesante que esta
interpelación se suscite y se haya presentado.
Nuestro Grupo quiere indicar que el sistema público de las
pensiones no está en este momento en cuestión; no estamos
cuestionando el sistema público de las pensiones en este país.
Las pensiones, señorías, no van a dejar de pagarse, y quisiera
que eso se dijera claramente por parte de todos los grupos.
Por parte de nuestro Grupo estamos absolutamente convencidos y
fue lo que estuvo en debate hace pocos días en esta Cámara, a
raíz de una iniciativa de mi Grupo Parlamentario para
constituir una ponencia que estudiara y analizara la actual
situación del sistema público de las pensiones, no en lo
relativo al objetivo ni a la estructura ni al destinatario de
las pensiones en España, sino simplemente al mecanismo
económico-financiero que hoy garantiza, y que en el futuro
deseamos que garantice, el sistema público de las pensiones. Y
este debate que tuvimos la semana anterior dio como resultado
una gran unanimidad por parte de todos los grupos de esta
Cámara. Se constituyó aquella ponencia y hoy precisamente nos
hemos reunido por primera vez. Hemos establecido ya un
calendario de trabajo y de actuaciones; todos los grupos
tenemos el interés político de alcanzar unos
resultados en esta Ponencia no antes de finalizar este año, y
en eso estamos todos comprometidos. Por tanto, no se trata de
realizar hoy otra vez el debate que iniciamos en aquella
sesión, ni tampoco se trata de trasladar a la sesión de hoy lo
que sí hemos de estar debatiendo y analizando los distintos
miembros de esta Ponencia en los trabajos de la misma.
¿De qué se trata? Yo creo --y reitero-- que se trata de
conocer la opinión del Ministro de Economía, de saber cuál era
el alcance de las palabras que emitió, porque fueron
interpretadas de una forma que generó cierta alarma, que
sabemos que no es el deseo de ningún grupo de esta Cámara, y
deseamos que de esta
interpelación pueda desprenderse, frente a la sociedad, la
imagen de que el sistema público de pensiones va a continuar
garantizándose. El compromiso político que debe impulsar a
esta Cámara es abrir una reflexión sobre el sistema económico-
financiero que hoy garantiza este sistema, que deseamos que lo
garantice mañana y en el futuro. Si este sistema económico
financiero hay que revisarlo y hay que incorporar
modificaciones para que pueda realmente garantizar un sistema,
digamos, de pensiones, justo, equilibrado y solidario, como
nosotros
proponemos, debe hacerse para que pueda ser una realidad. Pero
no nos engañemos tampoco. He escuchado las intervenciones de
los otros portavoces que han intervenido y quiero señalar que
no debemos caer en el otro extremo de decir que aquí no pasa
nada. No. En ese sentido, quiero decir al señor Ministro que,
en cierta forma, sus declaraciones contribuirán, estoy seguro,
a tomar mayor conciencia en torno a cómo se debe garantizar el
sistema público de pensiones en España en el futuro,
contribuirán a tomar mayor conciencia de un problema que
existe en España, pero que existe también en todos los países
en fase de desarrollo o ya desarrollados pero con
transformaciones estructurales en su demografía. Señorías, no
estamos frente a un problema digamos ficticio. No es verdad
que aquí no pasa nada, no lo es, y hay que ser sinceros frente
a la sociedad y no dar tampoco imágenes que no responden a lo
que realmente sucede. Yo creo que a los españoles no les
preocupa que les digamos exactamente lo que pasa. Y lo que va
a pasar es que, dentro de unos 10 o 15 años, cambiará
profundamente la pirámide demográfica de nuestra sociedad; no
es sólo un problema de política económica, es que va a cambiar
profundamente la estructura de la población en España. Por
tanto, si ustedes creen que un cambio profundo en la
estructura demográfica no tiene incidencia en todos los demás
aspectos de la vida de la sociedad y de la política económica,
están muy equivocados. Toda Europa, en previsión de lo que es
la evolución demográfica que han tenido y que están teniendo,
hace años que está tomando unas medidas que nosotros todavía
no hemos tomado. Toda Europa hace años que está reflexionando
sobre cómo anticiparse al problema antes de tenerlo encima sin
capacidad de actuación; toda Europa ha tomado mayor conciencia
que nosotros sobre la evolución demográfica de su población.
En España tenemos una diferente estructura demográfica y este
problema nos está llegando con cierto retraso en comparación
con otros países de Europa, pero no es verdad que no haya
ningún problema, no lo es, porque hoy no lo hay pero sí puede
haberlo si no adoptamos medidas cautelares preventivas; hay
que prever la evolución futura de los impactos demográficos
que sobre el sistema
económico o sobre el sistema público de pensiones puede tener
esa evolución demográfica en nuestra sociedad. Por esa razón,
porque nuestra población envejece --yo creo que a los
ciudadanos españoles no les debe importar que se lo digamos--
y va a seguir envejeciendo de una forma importante durante los
próximos años, es por lo que comprendemos buena parte de las
declaraciones del Ministro de Economía y por lo que nosotros
hemos presentado una iniciativa en esta Cámara, para que se
constituya una Ponencia que analice y profundice sobre estos
cambioos que va a provocar esa evolución demográfica.
Tenemos la gran oportunidad de afrontar ese debate, señor
Ministro, con serenidad y con responsabilidad. Yo creo que es
absolutamente necesario el espíritu unánime de los grupos de
esta Cámara para afrontar un debate que nos pueda llevar, en
última instancia, a un pacto de Estado entre todas las fuerzas
políticas para poder tomar las medidas necesarias que
garanticen y aseguren ese sistema público de pensiones justo,
equilibrado y solidario que todos deseamos.
Por tanto, señoras y señores Diputados, el motivo de esta
interpelación que hoy presentamos, así como el de la solicitud
de comparecencia del Ministro de Economía, no es otro que el
de poder conocer las razones que le llevaron a efectuar esas
declaraciones y el poder transmitir un sereno y tranquilo
mensaje político a la población, por cuanto que no es cierto
que no se vayan a pagar las pensiones, no es verdad, y quien
lo repita en esta Cámara está haciendo ciertas manipulaciones
en torno a ese tema. El sistema de pensiones va a garantizar
todas las
obligaciones hoy contraídas por el Estado frente a los
ciudadanos, lo único que sucede es que la demografía española
está sufriendo una transformación y hay que prever con tiempo
los impactos que ello puede tener en el sistema público de
pensiones y en toda la economía. Por ello, la Cámara tomó
conciencia del problema y adoptó la decisión de constituir una
ponencia para que trabajase en esa dirección. Nuestro Grupo
reitera la necesidad de que todos los grupos trabajemos
unánimemente en ese tema para poder llegar a acuerdos.
Señor Presidente, lejos de nuestro ánimo está el generar una
polémica, una actitud alarmista. Brindo por parte de mi Grupo
la posibilidad de confeccionar una moción conjunta por los
tres Grupos que hemos suscitado esa interpelación, con un
primer propósito: transmitir un mensaje de serenidad a la
población, y un segundo propósito: tomar la decisión política,
firme y contundente, de proceder por parte de esta Cámara a
una reflexión serena, seria y urgente, frente a todas las
medidas necesarias que se deban adoptar, para garantizar en el
futuro un sistema público de pensiones, el que tenemos, para
que continúe siendo justo, equilibrado y solidario. Estas son
las dos esencias del resultado del debate que hoy iniciamos y
que la semana que viene podría finalizar con esa moción
conjunta que brindo por parte de mi Grupo Parlamentario para
suscribirla entre todos los grupos de esta Cámara y no
enzarzarnos en una discusión o enfrentamiento político en
torno a un problema, ya que la discusión entre nosotros sólo
contribuye a provocar en la sociedad inseguridad, temor e
incertidumbre. No generemos incertidumbre, demos
seguridad, serenidad; no generemos en la sociedad unas
imágenes inciertas, y trabajemos conjuntamente para encontrar
soluciones a ese problema conjunto de futuro que es el sistema
público de pensiones en nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para contestar a las tres interpelaciones, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Ya las ha
contestado!) El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes
Mira): Gracias, señor Presidente.
Señorías, podría hoy subir a esta tribuna y contestara sus
interpelaciones diciendo simplemente que nunca dije lo que
dicen que dije, que si se hubieran oído o leído la
transcripción literal de mis palabras, resultaría difícil de
justificar hoy esta sesión, y mucho menos en los tonos con los
que se ha planteado. Pero no voy a hacerlo. Se ha lanzado un
debate y, aun yendo mucho más allá de mis declaraciones, creo
que no podemos dejar pasar la ocasión para adoptar una
posición sobre el mismo. Para ello, voy a partir de un
criterio de autoridad sobre el que espero que estaremos todos
de acuerdo; una decisión de este propio Congreso de los
Diputados. Con fecha 15 de febrero de 1994, es decir, cinco
días antes de mis declaraciones, se produjo un interesante
debate en esta Cámara como consecuencia del cual SS.SS.
aprobaron por unanimidad crear una Ponencia con un objetivo
que cito textualmente: «Con la finalidad de elaborar un
informe donde se analicen los problemas estructurales del
sistema de seguridad social, y se indiquen las principales
reformas que deberán acometerse en los próximos años para
garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y
evitar mayores déficit públicos en el presupuesto del Estado.»
En el debate sobre este asunto, pudimos oír al señor Peralta,
de Izquierda Unida, diciendo textualmente lo siguiente:
«Cualquier persona que siga con un mínimo de atención la
realidad, tendrá que reconocer que efectivamente los sistemas
públicos de protección social atraviesan dificultades,
dificultades que hoy día ya son reales y en unos términos
preocupantes». Y añadía más adelante: «Es asimismo cierto que
las previsiones más realistas de cara al futuro nos anuncian
dificultades aún mayores en los próximos años». Fin de la
cita.
Como ven SS.SS., algunos se han atrevido a ir bastante más
lejos de las cosas que yo dije. Pero, al parecer, estas
palabras tuvieron la virtualidad de no generar ninguna alarma
social. También oímos al señor Aparicio Pérez decir, en nombre
del Grupo Popular, y cito textualmente: «Parece que es
evidente --y eso no da para mucho en el debate político-- que
es necesario afrontar reformas de la Seguridad Social». Señor
Aparicio, a algunos representantes de su Grupo no les ha
parecido tan evidente ese planteamiento. (Rumores.)
¿De qué estamos hablando, pues, señorías? No parece existir
ninguna discrepancia de fondo entre lo que en esta Cámara
todos ustedes han dicho hace quince días y lo que yo manifesté
en una entrevista de radio que, por otra parte, no es distinto
de lo que el Gobierno propuso públicamente negociar con los
agentes sociales en el pasado mes de septiembre, o que se
propone en documentos de la OCDE, de la Comisión Europea o de
lo que se está haciendo ahora mismo en Francia,
donde, eso sí, con un gobierno de derechas, se ha hecho por
decreto y sin consultar con nadie. (Rumores.) Por lo tanto, no
es un problema de mala política económica, como se pretende
plantear, sino que es algo bastante más profundo.
Ahora bien, si no hay discrepancias de fondo, ¿cuál es el
problema? ¿Es una cuestión de oportunidad? Es difícil de
valorar que en quince días cambien tanto las cosas como para
que sea oportuno decirlo en el Congreso, en sesión pública en
el Pleno, y, por tanto, con conocimiento general, e inoportuno
en un medio de comunicación. Al margen de que habrá que
determinar quién fija la oportunidad o no y en función de qué,
si del regateo político en corto, o de la visión a más largo
plazo. ¿Es, entonces, una cuestión de la forma más o menos
adecuada de decirlo? ¿Cuántos de SS.SS. han oído o leído
literalmente lo que dije y cómo lo dije? Pero da lo mismo este
pequeño detalle, pues, al parecer, la supuesta alarma ya está
lanzada. He seguido con atención durante estos días todos los
medios de comunicación, he hablado con mucha gente y oído y
leído muchas opiniones. ¿Se ha alarmado por haber hecho desde
el Gobierno un planteamiento serio y responsable de un
problema que, de no hacer nada, podría
plantearse dentro de veinte o treinta años? No es la impresión
que yo he recibido, no todo el mundo está en esa posición.
Incluso diría que mucha gente lo ha valorado positivamente
como ejemplo de responsabilidad, que, desgraciadamente, no
puede extenderse a todos los grupos de esta Cámara, pero sí
agradecería al señor Homs su referencia a este punto concreto,
en la medida en que ha entendido bien de qué estamos hablando.
Tengo la impresión de que muchas visiones catastrofistas que
se lanzan desde la oposición sobre la situación del país
halagan mucho más a la gente aquí y ahora. Y no fue ni desde
el Gobierno ni desde el Grupo Socialista que se predijo el
suicidio económico de nuestro país. Porque, ¿qué concepto
tienen ustedes de los españoles que consideran necesario
adoptar un extraño
paternalismo sobre ellos? ¿No consideran que tienen la
suficiente madurez para aceptar un debate sobre un problema
que puede plantearse en el futuro y sobre el que hay que
empezar a tomar decisiones pronto para resolverlo antes de que
se produza? En su opinión, ¿no se les puede contar ciertas
cosas a los españoles en la radio, para no alarmarles, pero sí
en el
Parlamento? Señorías, me parece que los más alarmados han sido
algunos de ustedes, y no por desconocimiento de la cuestión,
sino por otras razones muy distintas y, desde luego, con un
cálculo político evidente.
Si estamos por debatir de pensiones, hagámoslo ateniéndonos a
la razón, a la cordura y, desde luego, con el ánimo bien
dispuesto a solucionar los problemas. Esa es, por supuesto, mi
intención, es la intención del Gobierno y difícilmente vamos a
entrar en el turbulento mecanismo de hacer mercancía política
o electoral de un tema de tanta envergadura. (Rumores.)
Hablemos de pensiones y hagámoslo con la serenidad suficiente
y siguiendo esa mínima regla de juego que consiste en hablar
sin doble lenguaje, claramente de lo que ocurre y de lo que
queremos o tenemos que hacer para llevar adelante nuestras
ambiciones. Y las nuestras, las del Gobierno, son hoy las
mismas que fueron hace casi diez años cuando reformamos la
legislación: consolidar un sistema público de pensiones,
garantizando así que todos los ciudadanos tengan despejado el
horizonte y sepan que van a cobrar una pensión cuando alcancen
la edad de jubilación. (Varios señores Diputados: ¡Eso, eso!)
Tenemos hoy un sistema público de pensiones estable y
solidario, que ha conseguido su progresiva consolidación a
través de una política minuciosa en lo legislativo y generosa
en lo financiero. (Rumores.) No cabe olvidar que en los
últimos años hemos visto cómo se han corregido las tendencias
más negativas que
históricamente marcaron nuestro sistema y cómo hemos pasado de
un sistema de bases tarifadas, y por ello de prestaciones
bajas, a un sistema de bases reales y, por tanto, de
prestaciones contributivas. Ello ha requerido un enorme
esfuerzo de
aportaciones del Estado para compensar la insuficiencia de las
pensiones que se causaron por bases tarifadas, aportando más
de tres billones de pesetas en el decenio. Al mismo tiempo, ha
exigido un notable cambio legislativo para configurar
racionalmente el sistema.
Desde el año 1983, el Gobierno Socialista ha ido adoptando una
serie de medidas que han tenido como objetivo primordial la
consolidación y el desarrollo del sistema, en el
convencimiento de que la Seguridad Social es un instrumento
decisivo para redistribuir la renta y uno de los factores
clave para hacer efectivo el principio de igualdad, a cuya
promoción estamos obligados todos los poderes públicos de
acuerdo con el mandato del artículo 9.º de la Constitución.
Esta política, que ha abarcado toda una década de gobierno, ha
estado presidida por el convencimiento y la necesidad de
establecer, frente a la situación anterior, un sistema de
protección social permanente, plenamente articulado y
caracterizado por la definición de tres niveles de protección
integrados de forma armónica. En primer lugar, un nivel
contributivo y estable, que diera rentas de sustitución de los
salarios que dejaban de percibirse en las contingencias de
vejez, invalidez o muerte. A tal finalidad respondió,
fundamentalmente, la reforma introducida por la Ley 26/1985,
la que hoy conocemos como Ley de pensiones, cuyos efectos
todavía no se han producido con toda intensidad, y que ha
servido para dar estabilidad al sistema de pensiones para un
horizonte de más de dos décadas. En segundo lugar, un nivel no
contributivo, instaurado en el año 1990 a través de la Ley
26/1990, dirigido a paliar
las situaciones de necesidad ante las contingencias de vejez o
invalidez. Por último, el nivel complementario, articulado
principalmente a través de la Ley de Planes y Fondos de
Pensiones, del año 1987, complementario y nunca sustitutivo
del nivel contributivo, para quienes tuviesen una capacidad
adecuada de ahorro, para quienes estuvieran dispuestos a
introducir rentas adicionales sobre aquellas que cubre el
sistema público de la Seguridad Social.
Estas medidas, que han permitido la creación de un sistema
integrado de Seguridad Social, se han visto acompañadas de una
decidida voluntad política de mejora de las pensiones, con la
finalidad, por una parte, de mantener el poder adquisitivo de
las mismas, y, por otra, incrementar la cuantía de aquellas
que eran más reducidas, que han significado, por ejemplo, que
en término medio las pensiones de la Seguridad Social hayan
ganado en los últimos cuatro años más de seis puntos de poder
adquisitivo, o que la revalorización de pensiones, así como
las políticas adicionales de mejora de las pensiones mínimas,
hayan supuesto que, sólo por estos conceptos y durante los
diez últimos años, se hayan transferido a los pensionistas de
la Seguridad Social en torno a 19 billones --con b-- de
pesetas. En conclusión, y frente a la situación de
desequilibrio económico-financiero que pesaba sobre la
Seguridad Social en 1982, así como frente a la incertidumbre
de la viabilidad del sistema, que, por otra parte, los propios
responsables de entonces afirmaban que era
financieramente insostenible, el Gobierno socialista ha
llevado a cabo una política de progreso social que ha
producido una mejora sustancial de las condiciones de vida de
nuestros
pensionistas, dentro de un marco de equilibrio económico y
financiero y creando una situación de estabilidad para el
futuro de ese propio sistema. En síntesis, las políticas
adoptadas no sólo han respondido a una clara decisión política
de fuerte avance social, sino también al objetivo de la
creación y
reforzamiento de la estabilidad del sistema público de
pensiones. Es cierto que, en el momento presente, sobre el
sistema de protección social inciden dos problemas
importantes, pero, al mismo tiempo, perfectamente
identificados: el desempleo y las prestaciones de incapacidad.
Son dos problemas que están siendo afrontados para mantener la
estabilidad del sistema y no romper su equilibrio.
Con independencia de estos dos temas a los que me he referido,
el sistema de pensiones no presenta hoy --y me refiero a éste
y a los próximos ejercicios económicos-- ningún problema,
puesto que no existe ninguna situación que ponga en peligro en
las próximas décadas el equilibrio actual del sistema de
pensiones de la Seguridad Social. Ello no significa, sin
embargo, que no deba efectuarse un análisis permanente de los
factores que inciden significativamente en la estabilidad del
sistema de pensiones. Pero ese análisis, al menos desde
nuestra perspectiva, está inserto en una clave política, cual
es que el Gobierno entiende que el sistema de pensiones que
tenemos establecido es el más adecuado a la realidad social
actual y el que produce una mayor solidaridad, puesto que ha
permitido y permite dar
respuesta a las necesidades sociales y a la falta de cobertura
de protección, que se dio en el pasado o que pueda producirse
en el futuro. Todo ello dentro de la racionalidad de nuestras
posibilidades económicas. Un sistema que ha originado que en
la actualidad casi el 50 por ciento del gasto en pensiones
tenga como finalidad el pago de las revalorizaciones
acumuladas de las mismas y de los componentes de mínimos.
Elementos que constituyen un factor decisivo para asegurar el
principio de igualdad y solidaridad con la población de mayor
edad y el resto de
colectivos de pensionistas. Principios en los que debe
basarse, en nuestra opinión, un sistema que quiere ser
público, justo y equilibrado.
En este contexto sí debemos hacer una reflexión sobre
determinados factores que inciden en el sistema de pensiones,
como es...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): ... la
evolución demográfica y, especialmente, la variación de la
esperanza de vida. Señorías, éste es un punto fundamental. Si
hace 50 años, por encima de 65 años, teníamos una esperanza de
vida de 10 años, en el año 1990, es de 18 años.
Por supuesto, no es la actividad económica el único elemento
fundamental. El señor Montoro se ha referido a las tasas de
actividad de forma equivocada. Pero no cabe duda que la tasa
de actividad y el empleo cubren un papel fundamental, sin
olvidar la evolución de la demografía. Es cierto que, además
de este problema de la demografía, es absolutamente
imprescindible plantearse cuál debe ser nuestro sistema de
futuro. Nuestro sistema de futuro, en nuestra opinión, debe
seguir basándose en un sistema de reparto y no en un sistema
de otra naturaleza. Sus señorías han hecho referencia al
sistema intergeneracional, que en estos momentos está en vigor
y que, sin duda alguna, es una referencia correcta, pero
también es un sistema de una compensación intrageneracional.
El señor Ríos ha hecho una referencia correcta a la
importancia de los sistemas de
reconversión, que se han planteado como consecuencia
precisamente de la aplicación a algunos colectivos
tradicionalmente no incluidos en el sistema de pensiones.
En definitiva, por terminar, quisiera hacer las siguientes
afirmaciones por parte del Gobierno. En primer lugar, el cobro
de las pensiones en el futuro está plenamente garantizado,
como fruto y resultado de la acción del Gobierno llevada a
cabo en la década anterior,
sin perjuicio de que sea conveniente y necesario efectuar una
reflexión sobre cómo reforzar a largo plazo la estabilidad del
sistema. Probablemente, de esa reflexión se deduzcan algunas
modificaciones generales. En segundo lugar, continuando en la
misma línea de actuación de los últimos 10 años, seguimos
garantizando unas pensiones públicas que dan una renta de
sustitución --a la que ya me he referido--, de modo que se
mantenga su poder adquisitivo, con independencia de que además
se posibilite, a quienes tengan capacidad adecuada de ahorro,
obtener una renta adicional a la del sistema público. En
tercer lugar, sobre estas premisas, estimo que es posible y
que debemos mantener a largo plazo un régimen público de
pensiones de Seguridad Social, de corte similar al actual, que
continúe garantizando rentas en la situación de pasivo y
permita la solidaridad entre colectivos.
No creo que quepa aventurar nada más en estos momentos sobre
estos temas. Sin embargo, espero que en el debate amplio sobre
el sistema de Seguridad Social que debe producirse en esta
Cámara, recojamos elementos adicionales que nos permitan
llegar a la modificación de este sistema, manteniendo, como he
dicho, esa voluntad política del Gobierno de continuar y
potenciar un sistema de pensiones público, justo, solidario y
plenamente establecido. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, escuchándole a usted me viene a la cabeza una
cita de Machado --cito de memoria--, cuando en uno de sus
versos escribió: Di media verdad y dirán que mientes dos
veces. (Varios señores Diputados desde los escaños del Grupo
Popular: ¡Muy bien!)
Señor Ministro, en un estado de opinión pública como el que
vivimos, las cosas son como son y no como los protagonistas
quieren que sean. Usted es un Ministro del Gobierno, usted
tiene unas responsabilidades cuando habla en público. Yo, que
he leído atentamente esas declaraciones, le digo que ha
incurrido en esa responsabilidad levantando la amenaza del
futuro del sistema de pensiones en España. Es más, le digo
otra cosa: Usted ha hablado en esas declaraciones del sistema
de capitalización, cosa que no ha hecho cuando ha subido a
esta tribuna. Ha hablado de mantener el sistema de reparto,
cuando en esas declaraciones usted abogaba por un sistema de
capitalización. Esas son sus palabras
contenidas en esas declaraciones, señor Ministro.
No nos ha explicado nada de lo sustancial cuando ha subido a
la tribuna. No ha explicado que la causa del problema de las
pensiones, la responsabilidad última, radica en esa falta de
empleo. Se ha referido a ello como de tapadillo, de segunda
acción, pero no le ha dado la importancia que realmente tiene.
Esta falta de reconocimiento, señor Ministro, lo que hace, en
definitiva, es restar credibilidad a sus palabras, a su
política económica, porque es una política económica que no
acierta, que no tiene unos objetivos firmes y fijos a los que
conducirse. Usted y su Gobierno están siendo prisioneros de
una crisis en la que nosotros no somos profetas de la
catástrofe, como nos quiere tildar, ni mucho menos, no hacemos
más que decir la verdad a la sociedad española de una realidad
que está viviendo; una verdad en la que no hay ni un punto de
exageración; una verdad que es exactamente la que no les
dijeron ustedes a los españoles en las pasadas elecciones
generales en esta materia tan importante, tan sensible para la
opinión pública y, en general, sobre la
situación económica. Por eso ahora se agrandan sus palabras,
porque la sociedad española se ha sensibilizado ya, y sabe
perfectamente qué es ese contraste entre la realidad que está
viviendo y lo que ustedes le dijeron en esa campaña electoral.
En ese contraste es donde aparecen y se magnifican
determinadas afirmaciones. Lo hacen aquellos que saben que en
la sociedad, en la opinión pública, está asentada esta
preocupación.
Nosotros estamos hablando, señor Ministro, de problemas de
desempleo, de baja tasa de actividad, de reformas de la
Seguridad Social, que es exactamente la reforma a la que se
refiere el señor Aparicio. Nosotros estamos preconizando que
hay que hacer una reforma de la Seguridad Social en las líneas
que yo mismo he apuntado. Hablamos de reformar ese sistema
dentro de un proyecto de política económica que recupere la
actividad económica, que nos devuelva a una senda de creación
de empleo. No hablamos, como hacen ustedes, de recorte de
prestaciones sociales, que es exactamente la última causa de
sus palabras, señor Ministro. Usted está abriendo un debate en
la sociedad española para prepararla para la siguiente
andanada de recortes de prestaciones sociales, porque eso es
lo que sabenhacer. No saben reformar esencialmente las
estructuras del sector público. Lo que saben es, por supuesto,
recortar prestaciones en un momento en el que el dinero
público ya no da para más, porque el déficit público y la
deuda pública se convierten en obstáculos infranqueables al
crecimiento económico. Ustedes, señor Ministro, son los que
están perjudicando las condiciones de vida de los pensionistas
españoles. Esas pensiones de las que se jactan tienen unos
niveles, para la mayor parte de los pensionistas, de práctica
miseria. Son unas pensiones que no merecen una calificación de
dignidad, no son propias de una sociedad desarrollada. Estamos
dando pensiones de las que no sé cómo pueden ustedes presumir.
Eso es así porque el sistema económico está empobrecido por
una política económica que lo está lastrando, que está
impidiendo su desarrollo. Eso es así porque ustedes tienen
que recurrir a recortes, a cambios, en el sistema de
actualización de las pensiones que, por supuesto, no habían
anunciado en la campaña electoral.
No sé quiénes les están felicitando por lo que están haciendo.
Mejor dicho, sí sé quiénes les están felicitando. La opinión
del señor Homs se ha vuelto a quedar aquí bien reflejada en un
papel de portavoz que realmente supera la condición de los
portavoces socialistas. (Varios señores Diputados desde los
escaños del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) ¡Allá el
nacionalismo catalán con sus responsabilidades! ¡Allá con la
responsabilidad de la destrucción de empleo en nuestro país!
¡Allá con su responsabilidad en el constreñimiento de las
pensiones en España! (Varios señores Diputados desde los
escaños del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Señor Ministro, nosotros estamos hablando con toda sinceridad
a la sociedad española, estamos mirandoa los ojos a la
sociedad española desde el primer momento diciéndole la
verdad, la verdad de una realidadque para superarla tenemos
que hacer un gran esfuerzo. Nosotros no estamos disfrazando el
déficit público, señor Ministro. Nosotros no estamos engañando
sobre las cifras de crecimiento económico. Nosotros no estamos
engañando sobre la autenticidad, sobre la magnitud del
problema del desempleo en este país. Eso no es alarmismo,
señor Ministro. Eso es realismo, eso es describir una
realidad, una realidad objetiva que los españoles saben
perfectamente, que conocen, pero que...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, vaya
concluyendo.
El señor MONTORO ROMERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que los españoles son los primeros en conocer; los
españoles son los primeros que nos reclaman, que reclaman a
los miembros de esta Cámara una solución para sus problemas.
Señor Ministro, hay declaraciones como las de las pensiones
del señor Solbes que crean inquietud y alarma social. «En
cualquier país ese Ministro habría cesado al día siguiente.»
(Varios señores Diputados desde los escaños del Grupo Popular:
¡Muy bien! ¡Muy bien!--Un señor Diputado del mismo Grupo: ¡Sí,
señor!) Esas son las palabras de un Diputado de esta Cámara,
de don Francisco Vázquez, publicadas en una entrevista en un
diario nacional esta mañana. (El señor Cuesta Martínez: ¿Qué
diario nacional es?) Ahí se refeja bastante bien cuál es la
problemática, cuál es esa alarma social que se provoca incluso
en las filas del Grupo Parlamentario Socialista. Acabo con una
cita de don Antonio Maura que creo que describe bastante bien
el proceso al que estamos asistiendo en este país en lo que es
materia de acción de gobierno. Decía don Antonio Maura que una
cosa es estar en el Gobierno y otra bien distinta es gobernar.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Popular.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ríos tiene la
palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, oía ahora
al subir a la tribuna: «Lo ha leído, lo ha leído». Estaba
convencido de que se refería a la intervención del señor
Ministro, que ha tenido que traer escrito el discurso para así
no equivocarse y no salirse del tono, no salirse del tiesto.
(El señor Valls García: ¡Mira quién te aplaude!) Yo no hablo
mirando a quién me aplaude, sino diciendo lo que pienso.
(Rumores.) Señor
Presidente, le ha pasado al señor...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ríos. Apelo a la cortesía parlamentaria de sus señorías para
que cada uno de los oradores pueda expresarse con libertad.
Continúe, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Le ha pasado al señor Ministro aquello que le pasó a una
persona que cayó del tercer piso a la calle. Alrededor de él
se montó una algarabía de personas interesándose por ver qué
había pasado, y cuando le preguntan qué ha pasado, se pone de
pie y dice: Yo no sé nada porque acabo de llegar. Eso es lo
que le ha pasado a usted. Usted dice: Yo no sé nada, se ha
montado un revuelo aquí porque lo que yo he dicho nadie lo ha
leído. No es lo mismo que una opinión salga de un Grupo de la
oposición o de un Diputado que de un gobernante, que tiene la
responsabilidad de hacer frente a los compromisos del Estado
ante los propios ciudadanos. Lo que ha pasado es que la alarma
social generada ha sido fruto de una evolución permanente de
posiciones del propio Gobierno. Usted ya ha conseguido ahora
un nuevo objetivo: con este nuevo órdago que ha echado, en
este suma y sigue de declaraciones o de posiciones, desde
luego hoy se habla de las pensiones y se ha olvidado lo que
fue la reforma del mercado laboral y el rechazo social que
tuvo esa reforma. Hay un objetivo logrado: distraer o
posicionar otra evolución distinta; pero lo cierto y verdad es
que, tanto en la forma como en el fondo, sus declaraciones y
la postura del Ministerio de Economía y Hacienda no están
claras en cuanto al posicionamiento público.
Si algún medio de comunicación no hubiera transcrito bien sus
declaraciones, podríamos entrar en discusión, pero es que ha
sido al unísono, toda una semana y media de proyección.
Nosotros creemos que es posible
hacer frente a otras actuaciones desde el compromiso de todos
los Grupos.
Desde luego, no hay tongo en nuestra interpelación; no hago
que interpelo cuando en realidad estoy del lado del que está
gobernando. Eso lo hacen otros Grupos. Hemos presentado una
interpelación porque sí creo que es bueno que esta Cámara
conozca, por ejemplo, si van a acometer algún tipo de reforma
antes de que termine la Ponencia su propios trabajos, tanto en
lo que se refiere a la pensión como en lo que afecta al
régimen general de la Seguridad Social en Inem en invalidez,
en desempleo. ¿Va a haber algún tipo de reforma? ¿Está
estudiándose, se está forzando el debate social o se está
planteando desde el propio Ministerio? Porque es importante
saber qué carta jugamos todos en esta institución, en este
Parlamento.
Estoy convencido de que es posible mejorar la cotización a la
Seguridad Social con una buena actuación programada, porque el
capítulo de ingresos es uno de los problemas, al margen de la
demografía que podamos tener. Se trata de programar cómo
llegar a esa realidad, porque la demografía no explota de
golpe y porrazo, va evolucionando. Todos sabemos cuáles son
las pirámides de población de un país desarrollado, de un país
en vías de desarrollo y de un país subdesarrollado. Nosotros
creemos que eso está claro y que es posible hacer frente a
ello.
En todo caso, además de incrementar el número de personas que
cotizan, esperamos que no se planteen figuras desde el
Gobierno, por mucho que se lo indiquen algunos socios, algunos
de los que colaboran con ustedes, como por ejemplo,
transformar cotizaciones de la Seguridad Social, reducirlas, a
cambio de incrementar IVA en lo que es el consumo. Espero que
reducir la cotización a la Seguridad Social no sea un
planteamiento. También espero que no sea un planteamiento
reducir las pensiones contributivas de las personas que ya
están cotizando, agrandando los espacios de cotización y
reduciendo la fijación de la cuantía de la pensión de los
últimos años cotizados. Espero que tampoco se reduzca el
número de personas que perciben una pensión contributiva,
generalizando las no contributivas.
¿Es una pensión digna la no contributiva o se camina hacia la
contributiva como régimen general? Se entiende que la no
contributiva es una figura para personas que no pueden acceder
a ella desde la figura impositiva, desde donde se puede hacer
la política de solidaridad.
En suma, creemos que no es bueno utilizar un momento
accidental de crisis --ustedes dicen que la crisis es
coyuntural, que vamos a empezar a salir de ella-- para asestar
una modificación en el esqueleto del modelo del Estado de
bienestar no es bueno utilizar esta coyuntura para hacer eso;
otra cosa es que utilicemos actuaciones coyunturales para dar
respuesta a situaciones coyunturales. Si va a haber personas
que van a cotizar menos, no sería ninguna locura, en lugar de
agrandar los años cotizados, reducirlos para que esas personas
también puedan incorporarse al Estado del bienestar, a la
parte social que debemos de pagar todos desde lo que es el
déficit público o desde la actuación solidaria de un sistema
público.
En todo caso, señor Ministro, el revuelo que ha habido en la
sociedad hoy se ha producido también aquí con su propia
intervención. El Parlamento es algo más que traer la canción
escrita: escuchar y responder. Eso debiera ser el Parlamento.
Por eso, no se preocupe de lo que antes se ha planteado,
responda a lo que planteamos hoy.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La verdad, señor Presidente, es que en cuanto a la referencia
a nuestro Grupo instándonos a que reflexionemos sobre nuestro
sentido de responsabilidad (sin ánimo de polemizar ni de
entrar en discusiones con los distintos portavoces, porque yo
creo que le haremos un flaco favor al tema y al interés que
pueda tener el ciudadano sobre lo que estamos debatiendo en
esta Cámara), yo les aseguro a todos ustedes que si algo tiene
en estos momentos nuestro Grupo parlamentario, y en esta
Legislatura lo está administrando con importante delicadeza,
es nuestro sentido de la responsabilidad. No se puede decir
que nuestro Grupo está falto de responsabilidad en esta
Cámara. Al contrario, creo que estamos administrando muy
responsablemente nuestra posición en esta Legislatura, y les
aseguro que lo vamos a continuar
haciendo.
Es precisamente porque creemos que con responsabilidad hay que
afrontar el tema que estamos discutiendo, por lo que hemos
pedido serenidad a la Cámara, hemos pedido serenidad a todos
los Grupos Parlamentarios, para que no entremos en una
discusión entre nosotros que no llevaría al resultado que debe
tener ese debate político, que es alcanzar un amplio acuerdo,
a poder ser con todas las fuerzas políticas, para poder
orientar la revisión, que sin duda debe hacerse en torno al
sistema público de pensiones. El objetivo que todos
perseguimos es garantizar su existencia, su seguridad su
posibilidad de que en el futuro no ponga en cuestión el
objetivo que tiene en estos momentos, que es conceder
pensiones justas, equilibradas y solidarias en nuestra
sociedad. Quiero decir a alguno de los portavoces que ha hecho
referencia al sentido de responsabilidad de nuestro Grupo que
no se preocupe por él. No se preocupe por él porque lo vamos a
continuar administrando como lo hemos hecho hasta la fecha.
Precisamente les invitaría
a que todos ustedes fuesen más responsables al abordar esta
delicada cuestión de las pensiones públicas.
Por esa razón he hecho una referencia a la serenidad, a la
necesidad de no afrontar ese debate con ciertas demagogias,
sino con el ánimo de poder contribuir a tranquilizar un poco
la imagen que de esta Cámara debe surgir para toda la sociedad
y para el colectivo de los pensionistas que hoy pudieran estar
atentos a lo que debatimos en esta Cámara. Quiero simplemente
apuntar que si hay algún matiz discrepante no debería, en esa
temática, provocar confrontaciones entre los distintos Grupos.
Vaya por delante el ofrecimiento de mi Grupo parlamentario y
que en esa materia de la revisión del sistema público de las
pensiones respetemos los matices. Respetemos los criterios. No
pasa nada si hay un matiz discrepante. No se inquieten ustedes
tanto si hay algún matiz discrepante de algún Grupo
parlamentario. Respetémonos los criterios discrepantes pero,
por favor, vayamos a ese debate político que es muy importante
para el futuro de un colectivo de ciudadanos en España.
Vayamos a ese debate --reitero-- con serenidad y con espíritu
de conformar unas conclusiones unánimes para que puedan
orientar algo que es de interés común para toda la sociedad,
que es este sistema que hoy tenemos y que queremos que en un
futuro continúe, de forma que pueda garantizar las
prestaciones sociales que hoy está
cubriendo. No quiero entrar en ninguna discusión. Es más, hoy
saben ustedes --los portavoces que han intervenido-- que esta
mañana en la Ponencia mi Grupo parlamentario, este Diputado
que les dirige la palabra, ha estado poniendo de relieve la
importancia de que los trabajos que realicemos se ejecuten con
un espíritu de consenso y que lo hagamos con una buena actitud
política; que no convirtamos la Ponencia en un vaivén de
confrontaciones políticas entre los Grupos porque esto no nos
lo pide hoy la sociedad y nuestro sentido de la
responsabilidad no nos lo debiera permitir.
Creo, señorías, que no tengo nada más que decir, porque el
debate, señor Ministro, es con usted, no es con los demás
Grupos parlamentarios. La verdad es que, en relación con lo
que usted ha dicho, no tengo más que añadir, sólo transmitirle
que nuestro Grupo es partidario de reflexionar sobre el
sistema y sobre la dimensión económica y financiera.
Usted ha apuntado que el sistema va a continuar en un futuro
en base a los mecanismos de reparto. Es verdad, debe ser así.
No podemos estar pensando hoy en transformar el procedimiento
de reparto en una norma de capitalización dentro del sistema
público. Por lo tanto, yo coincido en que la norma de reparto
debe orientar toda la revisión del sistema público de
pensiones. También quiero decirle que no se olvide de que hay
que hacer en esta Cámara un segundo debate, un debate
paralelo, externo al sistema público de pensiones --pero
paralelo en la evolución de nuestra sociedad y de nuestra
economía-- que es el del ahorro, que es de los instrumentos de
ahorro, que es el debate de cómo se fomenta los mecanismos que
pueden garantizar también la libre decisión del ciudadano de
asegurar complementariamente los derechos económicos que le
cubra la Seguridad Social por el sistema público. Yo creo que
este es un segundo debate. Ya lo realizaremos, ya entraremos
en ese segundo debate en base al que efectuemos en el sistema
público de pensiones. Pero no cerremos la importancia a los
mecanismos de capitalización, porque pueden darnos
consistencia, pueden dar estabilidad a lo que es hoy el
sistema de cobertura de todas las prestaciones económicas para
el colectivo de ciudadanos que entra a partir de una edad en
la fase de clases pasivas. Reitero que es importante la
decisión política que ha tomado esta Cámara de constituir la
Ponencia sobre esta materia. Muy importante; creo que
ejemplar. No sé si algún parlamento europeo --lo desconozco,
quizá lo tengamos que investigar-- nos precede en esta
decisión política, pero creo que hemos tomado una buena
decisión, un buen camino o elegido un buen instrumento para
afrontar esta revisión que usted apuntaba y que todos los
Grupos deseamos, porque en nuestros programas
electorales hacemos referencia a ello todos los Grupos.
Por tanto, señor Presidente, simplemente, deseo impulsar la
iniciativa o la sugerencia que ha hecho mi Grupo en mi
anterior intervención. Y, señor Ministro, sería bueno, sería
positivo que todos los Grupos alcanzáramos en torno a esta
interpelación una moción conjunta. Reitero mi ofrecimiento a
trabajar en la moción conjuntamente, en la que haya dos
puntos, dos contenidos: el primero, una declaración política
en favor de lo que debe ser la garantía de la pervivencia y de
la existencia de un sistema público de pensiones justo,
equilibrado y solidario en el futuro y, un segundo compromiso,
afrontar la revisión mediante los trabajos que la Ponencia de
esta Cámara va a realizar en un futuro y que, si quieren
ustedes, podríamos acotarlo en el tiempo para poder transmitir
a toda la sociedad el resultado de esta reflexión que vamos a
realizar en estos próximos meses. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Homs. Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Señorías, he oído con el máximo interés las citas que el señor
Montoro nos ha dedicado de Machado, de Maura y alguna más. Sin
embargo, en su intervención
he creído percibir cierto tono de maniqueísmo diciendo:
nosotros hablamos con sinceridad a la sociedad, la miramos a
los ojos. Evidentemente, no lo ha dicho pero, «sensu
contrario», ustedes no lo hacen. Yo creo que podríamos hablar
mucho, podríamos profundizar mucho en ese punto. A lo mejos
usted lo intenta, pero lo que sucede es que parte de conceptos
erróneos, lo cual complica las cosas. Y, en algunos casos,
esas medias verdades a las que S.S. hace referencia se ven con
gran detalle en su exposición. Quiero hacer algún comentario.
Realmente, ¿es un problema del empleo y específico de España?
¿Qué esta sucediendo con todos los estudios que sobre el
sistema de pensiones se está elaborando en distintos
organismos
internacionales? Su señoría, que se dedica a esto de la
economía, imagino que conoce el informe de la OCDE del año
1993 sobre las obligaciones de pensiones de los siete países
más importantes. Quizá no tienen exactamente los mismos
problemas de empleo y de mercado de trabajo que nosotros y,
sin embargo, siguen
preocupados. Su señoría, por otra parte, utiliza un pequeño
truco también cuando habla de la tasa de actividad, a la que
le da mucha importancia, y es mezclarme la tasa de actividad
OCDE, que se calcula con bases distintas, con la tasa de
actividad
nacional. Eso le da datos distintos, diferentes. No sé si eso
son medias verdades, pero evidentemente el 75 por ciento del
Reino Unido no se corresponde con el 47 por ciento español.
Basta ver las estadísticas. Además ofrece S.S. una definición
que yo creo que está muy bien para la galería, para esa
galería y para esa opinión pública a la que usted quiere
hablar con sinceridad y a la que dice: las pensiones son de
miseria. Me parece una
afirmación arriesgada y yo creo que falsa, claramente falsa.
Las pensiones han crecido enormemente en los últimos años y
posiblemente están en el límite de lo que, con el sistema
actual, se puede financiar. Ya sé que S.S. me va a decir que
con su fórmula mágica de generar más empleo sin saber cómo
(parece ser que reduciendo los impuestos) se pueden pagar más
pensiones y que esas pensiones no sean de miseria, y la verdad
es que nos gustaría conocer alguna vez cuál es esa fórmula
mágica en la práctica, de la que tantas veces hemos oído
hablar.
Al señor Ríos yo le diría que estoy de acuerdo en un punto: en
la planificación. Eso es lo que intentamos hacer y eso es lo
que parece que a ustedes les preocupa; estamos intentando
hablar de aquí a 25 años y a ustedes parece que eso les crea
problemas de alarma social. Y no estoy en absoluto de acuerdo
con su
afirmación de que lo que dice el Gobierno crea alarma social y
lo que dicen los Grupos parlamentarios es gratis. Comprendo
que lo que dice el Gobierno tiene una repercusión mayor, en
términos de opinión pública, pe-ro sacar de ahí una u otra
conclusión, me parece excesivo.
Su señoría ha planteado una serie de problemas concretos,
específicos, que se van a discutir en la Ponencia. Para
algunos, evidentemente, ya están planteadas las soluciones en
algunas de las normas que en estos momentos están en
discusión; sobre algunos ya se han avanzado, por parte del
Gobierno, sus puntos de vista, pero no cabe la menor duda de
que el interés del Gobierno es conocer al máximo y cuanto
antes los resultados de esa Ponencia para tenerlos en
consideración.
Se preocupa S.S. por algo que a mí me parece también en cierta
medida un poco absurdo, y dice: están ustedes aprovechando la
situación de crisis para desmantelar el Estado del bienestar.
Esa es más o menos su posición. Y S.S. conoce perfectamente
que toda la actuación del Gobierno es exactamente la
contraria: es hacer todo lo necesario para intentar mantener
un razonable Estado del bienestar. Su señoría tal vez querría
ir más lejos, y a lo mejor yo también, pero desgraciadamente
las limitaciones financieras no nos permiten esas alegrías que
muchas veces se nos plantean desde su Grupo. Como le decía
antes al señor Montoro, no es un problema de la crisis
española, es mucho más profundo. Hoy el problema del futuro de
los sistemas de pensiones está vinculado a la evolución de la
demografía en todos los países del mundo, porque no es tanto
(y es verdad, S.S. lo decía) el problema de la natalidad el
que plantea las dificultades como el problema de esperanza de
vida al que tendremos que hacer frente. Mas, evidentemente,
los problemas derivados de ese desempleo que todos intentamos
resolver pero que, sin embargo, todavía no hemos sido capaces
de encontrar la fórmula mágica, ni en España ni en otros
sitios, para una solución adecuada. Por tanto, yo creo (diría
con el señor Homs) que el debate es oportuno, que hay que
avanzar en él, que sería enormemente útil que la Ponencia
adelantase al máximo sus trabajos, y tan pronto como
dispusiésemos de los primeros documentos de la misma, poderlos
tomar en consideración para intentar (y eso me parece lo más
positivo del día de hoy) reforzar y consolidar ese sistema
público de pensiones que siempre hemos defendido y que
seguiremos defendiendo en el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Grupos que no han intervenido hasta ahora en el
debate y que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Con la venia, señor Presidente.
De una manera muy breve, y con el ánimo ya, a estas horas de
la tarde, de fijar la posición de mi Grupo, quisiera
manifestar que Coalición Canaria considera que este debate es
oportuno, pero tiene el peligro, como algún Grupo ha dicho, de
politizarse excesivamente. El peligro es que no entremos en el
debate de fondo que han planteado las declaraciones,
probablemente
confusas, y hasta es posible que mal interpretadas, del señor
Ministro de Economía, pero que han abierto un debate que no se
va a cerrar simplemente con llamamientos a la serenidad y a
tranquilizar a la opinión pública española.
Es evidente que no está en peligro el que los pensionistas
españoles puedan cobrar su pensión en los próximos años, pero
se abre un debate importante en el que mi Grupo interviene en
este momento para intentar que los grupos que han presentado
esta interpelación, y el propio Gobierno, en la discusión de
la próxima semana, no repitiéramos un debate que creo que en
gran parte podría parecer, en eso que se ha llamado
politización, algo así como la busca y captura del voto de los
pensionistas. A nosotros nos interesaría más que el debate, la
próxima semana, de las mociones presentadas abriera más los
criterios y dejara más claras cuáles son las posiciones de
cada grupo a la hora de que la Ponencia que se ha constituido
esta mañana, y de la cual yo también soy miembro, empezara a
trabajar con la mayor
celeridad posible. Porque esta mañana se ha hablado de la
posibilidad de que esa Ponencia dure hasta final del año y a
mí me parece que, efectivamente, el rigor del trabajo exige
quizás ese tiempo, pero la urgencia de las respuestas a la
sociedad probablemente exija un menor tiempo y una mayor
celeridad en los trabajos de la Ponencia. Y la mejor forma de
avanzar en los trabajos es que las mociones que presenten la
próxima semana los grupos --yo no sé si unitariamente o no,
como ha ofrecido el señor Homs-- abran algunos criterios mucho
más claros sobre lo que opinan determinados grupos
parlamentarios, los grupos mayoritarios en esta Cámara, sobre
lo que es la reforma de la Seguridad Social.
Para no esquivar yo el bulto del debate --porque me da la
impresión de que otros grupos, en cierto modo, hoy lo han
hecho--, quisiera decir que mi Grupo está por lo siguiente. En
primer lugar, entendemos que el debate sobre la Seguridad
Social, que necesita la reforma y el estudio de su
desequilibrio financiero, para definir sus líneas maestras,
tiene que encuadrarse en el artículo 1.º de la Constitución
Española --¡fíjense ustedes lo lejos que me voy!-- en aquél
que define el Estado social y democrático de Derecho y que los
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son, entre
otros, la justicia y la
igualdad. A partir de ahí, el derecho al trabajo, el derecho a
una vida digna, el derecho a la educación y a la sanidad son
valores permanentes que no dependen de coyunturas o de crisis
económicas en un momento u otro, ni dependen de que esa
Constitución se haya hecho en 1978, la época del desarrollo y
de la expansión económica europea, ni de que hoy, en los años
noventa podamos desmantelar algunos principios esenciales de
la Constitución Española hablando de una cierta privatización
del sistema de pensiones de la Seguridad Social, de recortes
del seguro de desempleo, de sistemas de privatización de la
educación o de la sanidad. Esos serían ataques frontales al
Estado social y democrático de Derecho. Por tanto, el debate
actual del desequilibrio y de la necesidad de recuperar el
equilibrio financiero de la Seguridad Social debe enmarcarse,
en sus líneas maestras, en los valores permanentes del derecho
a la pensión y del derecho a la protección social.
Planteado así, el debate entonces se abre en la línea
siguiente. Si hay desequilibrio es porque disminuyen los
ingresos y se incrementan los gastos. Alguien aquí nos ha
dicho que la
disminución de ingresos es un problema coyuntural --y nos
remite a un problema de política económica-- del incremento
del
desempleo, de que el número de trabajadores españoles que
cotizan se reduce --hoy son cuatro trabajadores que cotizan
por dos pensionistas y un desempleado-- y que esa ruptura del
equilibrio lleva a la necesidad de reformar ese sistema. La
pregunta es: La reforma del sistema, por la vía de los
ingresos y de las
prestaciones, ¿va dirigida a que las pensiones contributivas
sean las menos posibles, las pensiones asistenciales se
mantengan y las pensiones complementarias se incrementan
sustancialmente? El equilibrio entre esos tres factores es lo
que diferencia, en nuestra opinión el Estado de bienestar del
Estado asistencial; son dos cosas distintas.
Aquí casi todos los grupos coinciden y, por eso, nosotros nos
negamos a debatir la próxima semana unas mociones
tranquilizadoras, que sólo nos hablen de la necesidad de
mantener el servicio público de pensiones. Los tres Grupos que
han presentado interpelaciones hablan de lo mismo, pero yo
creo que con importantes subrayados distintos. Nos gustaría
que nos dijeran: ¿Estamos buscando un sistema prácticamente
asistencial y la liberalización del sistema de la Seguridad
Social por la vía de incrementar sustancialmente las pensiones
libres, los fondos de pensiones, las prestaciones puramente
complementarias? ¿O seguimos pensando que si hay un
desequilibrio de ingresos debemos cubrirlo con otros ingresos,
con ingresos, por ejemplo, de la renta, del IVA u otros?
Si el valor permanente de la sociedad española es que hay que
proteger a la vejez...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mauricio,
concluya, por favor.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Termino en seguida, señor
Presidente.
Repito que si hay que proteger a la vejez, la cuestión que se
plantea entonces es la siguiente: ¿esa protección depende de
las coyunturas económicas o es un valor fijo y hay que sacar
los recursos de una sociedad que tiene 14.000 dólares por
habitante y año, y que en el 2035 tendrá el doble,
aproximadamente, o más, y no puede seguir pagando pensiones
dignas? El otro tema trata de los gastos --y termino, señor
Presidente, con su benevolencia--. A mí no me gusta el tópico
del envejecimiento de la población española. Que la población
española tenga una edad de mortalidad superior y más años no
quiere decir que necesariamente sea más vieja. Si la edad de
mortalidad sube, quiere decir que la edad de envejecimiento
también sube, así como la posibilidad de conseguir que las
personas, de manera voluntaria, amplíen su edad laboral --es
un elemento importante que tenemos que considerar--con nuevas
formas de trabajo o con trabajos a tiempo par-cial. De ahí
viene todo el asunto de la reforma de la sociedad española en
la línea de nuevas formas de trabajo y el reparto del
desempleo. En esa dirección nuestro Grupo está dispuesto a
trabajar, para equilibrar ingresos y gastos, pero también para
defender el Estado social y democrático de Derecho y el
sistema de prestaciones de Seguridad Social de carácter
público, el Estado de bienestar y no el asistencial.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mauricio. El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la
mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.