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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 45, de 10/02/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 45 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 44
celebrada el jueves, 10 de febrero de 1994



ORDEN DEL DIA:



Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

(Sesión secreta):



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(números de expedientes 004/000067, 004/000130, 004/000156,
004/000174, 004/000183, 004/000255, 004/000295 y 004/000353)
(Página 2124)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:



--Real Decreto-Ley 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las bases para la regulación de horarios
comerciales. («Boletín Oficial del Estado», número 6, de 7 de
enero de 1994) (número de expediente 130/000011) (Página 2125)
--Real Decreto-Ley 1/1994, de 21 de enero, por el que se
autoriza al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(YRIDA), a anticipar los fondos necesarios, mediante Acuerdo
con Instituciones Financieras, para la aplicación del régimen
de ayudas para fomentar inversiones forestales en
explotaciones agrarias previsto en el Real Decreto 378/1993,
de 12 de marzo. («Boletín Oficial del Estado», número 21, de
25 de enero de 1994) (número de expediente 130/000012)
(Página 2134)



Página 2120




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:



--Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y
sobre su destrucción, hecho en París el 13 de enero de 1993,
así como declaración a formular por España. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 33.1, de 11 de
octubre de 1993 (número de expediente 110/000027) (Página 2141)
--Convenio entre el Reino de España y la República de la India
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Nueva Delhi el 8 de enero de 1993. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 34.1, de 11 de
octubre de 1993 (número de expediente 110/000028) (Página 2141)



Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos
extraordinarios, por importe acumulado de 6.844.812.000
pesetas, al Ministerio de Industria y Energía, con destino a
la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA), y a la
Sociedad Minas de Figaredo, S.A. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 32.1, de 8 de noviembre de
1993 (número de expediente 121/000018) (Página 2144)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proposición de Ley sobre modificación de los Aspectos
Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
actualización de los Puertos Francos. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 9.1, de 16 de julio de 1993
(número de expediente 125/000008) (Página 2144)
--Votaciones (Página 2161)



Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la
deliberación y votación final de iniciativas legislativas:



--Proyecto de ley por el que se regula la situación de segunda
actividad en el Cuerpo Nacional de Policía (Página 2161) --
Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la
Ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de
diciembre) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 41.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente
121/000030) (Página 2162)
--Proyecto de Ley por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 42.1, de 4
de enero de 1994 (número de expediente 121/000032) (Página 2162)
--Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 43.1, de 4 de enero de 1994 (número de
expediente 121/000033) (Página 2162)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados
(Página 2124)



Se inicia la sesión con carácter secreto para tratar sobre el
dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados que es
aprobado (Página 2124)



Se reanuda la sesión con carácter público.




Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 2125)



Real Decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las bases para la regulación de horarios
comerciales (Página 2125)



En nombre del Gobierno explica las razones que han obligado a
la promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de
Comercio y Turismo (Gómez-Navarro Navarrete), manifestando que
se hallan ante un tema polémico, no sólo en España sino



Página 2121




también en toda Europa, que en este momento está sometido a
debate en la mayor parte de los países europeos y no resuelto
definitivamente en ninguno de ellos. Es un tema, por otra
parte, sobre el que se ha pasado de una legislación muy
restrictiva hasta 1985 a una posición maximalista, atribuyendo
al llamado Decreto Boyer del 85 efectos extraordinariamente
positivos en la modernización y distribución comercial
española, aunque esa eficiencia se ha realizado a cambio de
una profunda y traumática reestructuración del comercio
tradicional, que con la agudización de la crisis económica de
los años 92 y 93 generó una crispación y auténtica
desesperación en el pequeño comerciante.

La posición del Ministerio de Comercio fue desde el primer
momento la de escuchar a los distintos sectores comerciales y
buscar, en la mayor medida posible, el consenso entre ellos.

Por otra parte, este Congreso tomó en consideración, el 26 de
octubre último, una propuesta de Ley de Comercio, presentada
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), decidiendo, por
tanto, que había que elaborar una ley de comercio que en este
momento se halla en trámite en la Cámara.

A partir de este hecho, la voluntad del Gobierno es hacer una
ley de comercio consensuada al máximo social y políticamente,
ley de comercio que afecta al cien por cien de los ciudadanos
como consumidores, y específicamente a más de dos millones de
personas que trabajan en el sector comercial. Para poder
elaborar esta ley y conseguir el mayor grado de consenso
posible conviene disponer de bastante tiempo y, a la vez,
intentar alejarnos de la crisis actual para poder estar menos
sometidos a las presiones
coyunturales de la misma sobre los comerciantes.

Consiguientemente, después de un amplio diálogo con los
representantes de los comerciantes, se llegó a la conclusión
de actuar en el sentido indicado y, entre tanto, intentar
resolver, aunque fuese de forma urgente y coyuntural, el tema
de los horarios y apertura de los domingos, que era el punto
que mayor crispación producía entre los comerciantes. Desde el
primer momento, la voluntad del Ministerio fue la de llegar al
consenso entre los comerciantes, y fue relativamente sencillo
alcanzarlo en materia de horarios, acordándose un horario
básico de lunes a sábado de 72 horas, que significa 12 horas
diarias durante seis días de la semana, sin que se
produjesen divergencias significativas. Donde no se consiguió
el acuerdo, a pesar de las múltiples reuniones celebradas, fue
en la apertura de domingos y festivos, donde había que tener
también en cuenta los diferentes hábitos de consumo en las
distintas comunidades autónomas, materia sobre la que el
Tribunal
Constitucional, en una sentencia sobre horarios de la
Comunidad Valenciana, les inspiró el camino a seguir.

Concretándose en el contenido del Real Decreto-ley, señala su
carácter transitorio, dado que se halla en trámite en la
Cámara el proyecto de ley de comercio, como anteriormente
decía, y en su elaboración se intenta alcanzar el mayor
consenso en el sector comercial. A través de esta norma se
pretende ayudar a salir de la crisis a pequeños comerciantes,
imprescindibles en una sociedad urbana como la europea. Dentro
del marco establecido en el Decreto-ley, cada comunidad
autónoma podrá regular sus aperturas y sus festivos,
contemplándose la excepción de las zonas turísticas,
importantísimas en nuestro país, especialmente en las
temporadas turísticas.

Termina agradeciendo los esfuerzos realizados por las
asociaciones de comerciantes y los esfuerzos de aproximación
realizados también por los partidos políticos para llegar a un
acuerdo a la hora de debatir y comprender las posiciones del
Ministerio de cara a la promulgación del Decreto-ley.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur
Bernad, del Grupo Mixto; Martín Menis, del Grupo de Coalición
Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Molíns i
Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras,
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Aguirre
Rodríguez, del Grupo Popular, y Martín Mesa, del Grupo
Socialista.

Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 277 votos a favor y 16 abstenciones.




Real Decreto-ley 1/1994, de 21 de enero, por el que se
autoriza al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(IRYDA), a anticipar los fondos necesarios, mediante acuerdo
con instituciones financieras, para la aplicación del régimen
de ayudas para fomentar inversiones forestales en
explotaciones agrarias previsto en el Real Decreto 378/1993,
de 12 de marzo (Página 2134)



En nombre del Gobierno explica las razones que han llevado a
la promulgación del Real Decreto-Ley el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Albero Silla). Expone que
el Decreto-Ley fue aprobado por Consejo de Ministros en su
reunión del pasado 21 de enero, una vez constatada la
imposibilidad material de disponer a tiempo de los
correspondientes fondos del FEOGA para poner en marcha este
importante programa forestal. Las razones



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de urgencia que justificaron la promulgación del Real Decreto-
ley se basan en que a primeros de febrero de 1993 España
presentó a la Comisión Europea un programa marco nacional,
cuyo contenido fue consensuado con las comunidades autónomas,
mediante el cual se pretendía forestar 400.000 hectáreas,
según la
normativa comunitaria aprobada con la reforma de la PAC.

Posteriormente, las comunidades autónomas realizaron una
propuesta al objeto de duplicar la superficie a forestar
prevista inicialmente en el programa marco. Así, en julio del
pasado año se presentaron a la Comisión Europea los
correspondientes programas regionales cuya aprobación es
necesaria e imprescindibe para poder disponer de la
correspondiente cofinanciación. Agrega el señor Ministro que,
una vez analizado en profundidad el problema de la
forestación, el Gobierno ha llegado a la
conclusión de que España no puede aceptar más retrasos en la
aplicación del programa, ya que si no se realizan las
plantaciones durante este primer trimestre se corre el riesgo
de perder parte de la favorable acogida que ha tenido el
programa forestal en el conjunto de la sociedad española. Con
este fin, el Real Decreto-Ley autoriza al IRYDA a anticipar
los fondos que aporta el FEOGA para este tipo de medidas y, a
fin de disponer de tesorería suficiente, se autoriza al IRYDA
a endeudarse temporalmente, concertando una póliza de crédito
con las
instituciones financieras de hasta 15 millones durante el
ejercicio de 1994. De esta forma, ni los agricultores ni las
comunidades autónomas tienen que endeudarse, y dado que la
parte correspondiente de la financiación española ya figura en
los presupuestos, únicamente hacía falta anticipar lo que
llegara posteriormente de la Unión Europea. Por tanto, el
coste de la operación es nulo para el agricultor y para las
comunidades autónomas. Termina el señor Ministro solicitando
el apoyo de la Cámara para la convalidación del Real Decreto-
ley.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Vidal i Sardo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la
señora Rivadulla Gracia, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y los señores Ramírez González, del Grupo
Popular, y Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 297 votos a favor, uno en contra y una
abstención.




Dictámentes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 2141)



Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción,
el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre de
destrucción, hecho en París el 13 de enero de 1993, así como
declaración a formular por España.

Convenio entre el Reino de España y la República de la India
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Nueva Delhi el 8 de enero de 1993. Para fijar la
posición en torno a la Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su destrucción intervienen los señores
Rupérez Rubio, en nombre del Grupo Popular, y Moya Milanés,
del Grupo Socialista.




Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 2144)



Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos
extraordinarios, por importe acumulado de 6.844.812.000
pesetas, al Ministerio de Industria y Energía, con destino a
la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA), y a la
Sociedad Minas de Figaredo, S.A. (Página 2144)



No formulando petición de palabra ningún Grupo Parlamentario
en relación con este dictamen, el señor Presidente anuncia que
la votación correspondiente al mismo tendrá lugar
posteriormente.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 2144)



Proposición de Ley sobre modificación de los Aspectos
Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
actualización de los Puertos Francos (Página 2144)



En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Popular interviene el señor Villalobos
de Paiz. Expone que su Grupo ha presentado una enmienda a la
totalidad de la proposición de Ley porque tiene discrepancias
básicas en conceptos y enfoque general de la misma. A
continuación expresa su condena porque un tema de tanta
trascendencia para la región canaria,



Página 2123




como es su régimen económico-fiscal, se haya traído a este
Parlamento como proposición de ley, sin el necesario consenso
de las principales fuerzas políticas canarias que integran la
Comunidad Autónoma y con el solo apoyo de la mayoría estricta
y circunstancial de Coalición Canaria. También critica la
conducta posterior de Coalición Canaria, que ha pasado de una
actitud radical y de enfrentamiento al Gobierno de la nación a
una postura claudicante, de rendición y entrega al Partido
Socialista. A la postre, no ha podido ocultar la radical
impotencia de un grupo de cuatro Diputados en esta Cámara,
prevaleciendo el texto elaborado por el Ministerio de Economía
y Hacienda que significa la definitiva liquidación de los
elementos fundamentales del tradicional «status» especial
canario.

Frente a ello, el Partido Popular presenta un texto
alternativo al considerar que no se puede tratar el régimen
económico y fiscal de Canarias sin partir de la constatación
de sus
peculiares condiciones geoeconómicas motivadoras de su
especialidad, condiciones que vienen determinadas por su
situación geográfica de lejanía, el carácter insular y la
pequeña dimensión y la discontinuidad de su territorio. Pero
si onerosas son las consecuencias de su situación geográfica
en el
encarecimiento de sus aprovisionamientos, más graves son aún
sus efectos sobre la actividad económica productiva, ya que la
lejanía se constituye en barrera y obstáculo al envío y
exportación de sus bienes y productos que tienen que soportar
elevados fletes de transporte marítimo y aéreo. A lo largo de
la historia, el resto de España ha venido reconociendo esta
singularidad geopolítica y económica del archipiélago, y de
ahí el «status» económico-fiscal especial del que han
disfrutado las islas desde el mismo siglo XV, elevado a mayor
rango
jurídico-político por nuestra Constitución de 1978.

La constante inspiradora de todas las disposiciones legales
han sido siempre arbitrar fórmulas de compensación a Canarias
por las desventajas económicas que le vienen impuestas por su
situación geográfica de aislamiento y lejanía, conformándose
así lo que acertadamente se denomina el núcleo central de su
tradicional régimen económico. Agrega el señor Villalobos que
la integración de Españaen la Comunidad Económica Europea ha
supuesto una profunda aceptación del núcleo esencial del
régimen económico y fiscal de Canarias, lo que, junto a
múltiples transformaciones de su economía, excesivamente
concentrada en el sector turístico, obliga a una profunda
revisión de su tradicional régimen económico y fiscal.

Expone a continuación los graves inconvenientes que acarrearía
aprobar el texto que se presenta, en sus actuales términos,
así como las ventajas del texto alternativo presentado por el
Grupo Popular, y aunque reconoce las dificultades para que
éste pueda prosperar, dada la composición de la Cámara,
mantienen el mismo desde su convicción de que con él están
rindiendo un importante servicio a Canarias y a toda España.

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya interviene el señor Romero Ruiz, manifestando que la
situación de Canarias no se resuelve con más de lo mismo, que
es lo que representa la enmienda del Grupo Popular, habida
cuenta del fracaso de los intrumentos del régimen especial de
1972, cuya continuidad no conduce a ninguna parte. El hecho
evidente de hoy es el deterioro económico de la isla, que se
desmuestra en la pérdida de producto interior bruto per cápita
respecto a la media nacional, en su elevada tasa de paro y en
su inflación, por encima también de la media nacional. El
Grupo de Izquierda Unida presenta en esta sesión una ley
alternativa cuya elaboración les ha supuesto un enorme trabajo
técnico y político. Se trata de un texto con una visión global
de conjunto sobre el futuro de la fiscalidad y de las
características especiales de la economía canaria. Los
objetivos últimos que persiguen son la creación de puestos de
trabajo para la juventud canaria y para los trabajadores
canarios en general, para lo que es necesario aumentar la
renta de Canarias, pero no de forma coyuntural, sino poniendo
en marcha un nuevo modelo de desarrollo sostenido. En este
sentido plantean la necesidad de una coordinación política
regional y de ámbito estatal y
comunitario, en orden a potenciar actividades productivas y
generadoras de empleo y respetuosas con el medio ambiente,
prestando la necesaria atención a la pequeña y mediana empresa
y la dotación de un adecuado marco artesanal como factores
claves del desarrollo canario.

Seguidamente expone las líneas fundamentales y objetivos del
texto alternativo presentado.

En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Trujillo Oramas.

Recuerda que el 26 de octubre último todos los Grupos de la
Cámara admitían esta proposición de ley, aun cuando eran
prácticamente unánime las críticas al escaso apoyo con que
este texto venía del Parlamento canario. También era conocido
entonces que se estaba celebrando una negociación entre el
Gobierno de la nación y el Gobierno regional para mejorar los
contenidos específicos del texto remitido. Curiosamente, dicha
negociación era aplaudida por el Grupo Popular,



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por lo que no se entienden bien los términos que ahora utiliza
para descalificar el consenso alcanzado. Alude también a la
intervención del Grupo Socialista en aquel debate, donde puso
de manifiesto la necesidad imprescindible de mejorar el texto
presentado e incorporar al mismo los acuerdos a que se
llegase. A esta tarea se han encomendado desde el 26 de
octubre hasta el día de hoy, y es conocido por todos que se ha
presentado un volumen de enmiendas considerable para mejorar y
modificar sustancialmente la proposición admitida a trámite.

Explica los principales beneficios que el nuevo texto va a
representar para la economía canaria, anunciando, además, que
pretenden que en el trámite parlamentario se incorporen
algunas otras propuestas para mejorar lo ya consensuado. En
ese sentido, desearía el Grupo Socialista que el consenso
pudiese ampliarse a otros grupos, aspirando a un régimen
económico-fiscal
beneficioso para todos los canarios y no para algún grupo
concreto o en favor de tal o cual posición ideológica o
política. En consecuencia, el Grupo Socialista rechaza las
enmiendas de totalidad presentadas, reiterando el propósito de
su Grupo de aumentar el consenso en el siguiente trámite
parlamentario, para conseguir un régimen que no debe ser
patrimonio de nadie y sí patrimonio de todos en beneficio de
Canarias.

Replican los señores Villalobos de Paiz y Romero Ruiz,
duplicando el señor Trujillo Oramas.

Para turno de fijación de posiciones intervienen el señor
Olarte Cullen, del Grupo Coalición Canaria, y Homs i Ferret,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




Votaciones (Página 2161)



Seguidamente se procede a las votaciones pendientes,
comenzando por el dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales relativo a la
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y
el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, así como
la declaración a formular por España, siendo aprobado por 309
votos a favor y dos abstenciones. Asimismo se somete a
votación el dictamen de dicha Comisión relativo al Convenio
entre el Reino de España y la República de la India para
evitar la doble imposición, que es aprobado por 300 votos a
favor y una abstención. Se somete a votación el dictamen
relativo al proyecto de Ley sobre concesión de créditos
extraordinarios con destino a la Empresa Nacional Hulleras del
Norte, S.A., y a la Sociedad Minas de Figaredo, S.A., siendo
aprobado por 300 votos a favor y una abstención. Sometida a
votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo Popular a la proposición de ley sobre modificación del
régimen económico y fiscal de Canarias, es rechazada por 130 a
favor y 181 en contra. Asimismo es rechazada la enmienda de
totalidad de texto alternativo presentada por Izquierda Unida
a la misma proposición de ley por 18 votos a favor y 293 en
contra.




Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la
deliberación y votación final de iniciativas legislativas
(Página 2161)



Proyecto de ley por el que se regula la situación de segunda
actividad en el Cuerpo Nacional de Policía (Página 2161)



Sometido a votación, se acuerda por asentimiento la avocación
de la deliberación y votación final de dicho proyecto de Ley.

Igualmente se aprueba por asentimiento la avocación por el
Pleno de los proyectos de ley de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación, del proyecto de ley por la que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, y del
proyecto de ley por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal.

Se levanta la sesión a la una y quince minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto.




DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.

(Sesión secreta.):



--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES
DIPUTADOS (Números de expedientes 004/000067, 004/000130,
004/000156, 004/000174, 004/000183, 004/000255, 004/000295 y
004/000353)



Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.




Página 2125




Se reanuda la sesión con carácter público.




CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:



--REAL DECRETO-LEY 22/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES PARA LA REGULACION DE HORARIOS
COMERCIALES (Número de expediente 130/000011)



El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día,
convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.

Real Decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las bases para la regulación de horarios
comerciales. Para explicar, en nombre del Gobierno, las
razones que han obligado a la promulgación de este Real
Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Comercio.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señor Presidente, señorías, me corresponde
presentar un decreto-ley sobre un tema muy polémico, y no muy
polémico sólo en España, sino en toda Europa. Es un tema que
está en este momento sometido a debate en la mayor parte de
los países europeos y no resuelto definitivamente en ninguno
de ellos. Es un tema que en España ha sido, quizá como otras
cosas, fruto a veces de la ley del péndulo. Hemos pasado en el
año 1985 de una legislación muy restrictiva a una posición
maximalista.

El «Decreto-ley Boyer» de 1985 ha tenido y tuvo efectos
extraordinariamente positivos en la modernización y eficiencia
de la distribución comercial española, que ha mejorado
sustancialmente, y si la comparamos con la italiana, por
ejemplo, podemos estar muy satisfechos de cuál es nuestra
distribución comercial. Pero, evidentemente, esa eficiencia se
ha hecho a cambio de una profunda y traumática
reestructuración del comercio tradicional, que se hizo
insoportable con la agudización de la crisis económica en los
años 1992 y 1993. La crisis económica generó, junto con la
legislación en vigor, una crispación y una auténtica
desesperación del pequeño comerciante en los últimos años. El
Gobierno tomó posesión el 14 de julio, y ese mismo día el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentó en esta Cámara un
anteproyecto de ley para regular el comercio. Por lo tanto,
este Ministerio tuvo que enfrentarse a este tema desde el
mismo día de su toma de posesión, y la posición del Ministerio
fue desde el primer momento escuchar a los sectores
comerciales y buscar, en la mayor medida posible, el consenso
entre los diferentes segmentos y sectores del comercio.

El primer debate, por lo tanto, al que tuvimos que dar
respuesta desde el Gobierno era si era necesaria o no una ley
de comercio; si, por lo tanto, había que mantener la posición
extrema de que la mejor ley de comercio es la que no existe o
había que abordar la elaboración de una ley de comercio que
tuviese en cuenta la realidad comercial española.

Esta Cámara tomó en consideración el 26 de octubre el proyecto
de ley de comercio presentado por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y, por lo tanto, se tomó la decisión de
que había que elaborar una ley de comercio, que está en
trámite en esta Cámara. A partir de ese momento, la voluntad
del Gobierno es hacer una ley de comercio consensuada al
máximo, social y políticamente. La ley de comercio afecta al
cien por cien de los ciudadanos, a más de dos millones de
personas que trabajan en el sector comercial, pero a todos los
ciudadanos porque todos somos consumidores. Por tanto, la ley
de comercio tiene que tener el mayor grado posible de debate
para conseguir el mayor grado posible de consenso político y
social. Por ello, para poder elaborar esa ley y poder cumplir
esas condiciones del mayor grado de consenso posible, es
necesario un amplio tiempo para su debate y su elaboración y
al mismo tiempo intentar alejarnos del centro de la crisis
para estar menos sometidos a las presiones
coyunturales que la crisis aguda realiza sobre los
comerciantes. Por tanto, a través del amplísimo diálogo que
desde el primer día tuvimos con el conjunto de las
asociaciones comerciales y los representantes de los
diferentes sectores comerciales, llegamos a la conclusión de
que para producir un ambiente en el que se pudiese debatir con
tranquilidad una futura ley de comercio y se pudiesen
conseguir los consensos necesarios habría que intentar
resolver, aunque fuese de forma urgente y coyuntural, el tema
de los horarios y apertura de los domingos, que era,
evidentemente, el punto que mayor crispación producía entre
los comerciantes. Desde el primer momento la voluntad del
Ministerio fue intentar conseguir un consenso, intentar una
autorregulación de los comerciantes o que se pusiesen de
acuerdo sobre cuáles deberían ser los límites de sus
comportamientos. Fue relativamente sencillo conseguir un
consenso en materia de horarios. Tanto pequeños como grandes
comerciantes, las asociaciones a nivel nacional de pequeños y
grandes comerciantes acordaron un horario básico de lunes a
sábado de 72 horas, que es un horario amplio que permite
comprar a cualquier persona con independencia de su horario de
trabajo; significa doce horas diarias durante seis días a la
semana y en ese punto no hubo divergencias
significativas; hubo los rifirrafes normales de una
negociación donde el punto de partida de cada uno es muy
diferente.

Donde no se consiguió acuerdo, a pesar de las múltiples
reuniones que se celebraron, tanto a dos bandas entre el
Ministerio y las asociaciones de comerciantes como entre las
diferentes asociaciones con el Ministerio



Página 2126




como intermediario, fue en la apertura de festivos y
dominicales. Después de numerosas reuniones llegamos a un
punto claro de que era imposible el acuerdo.

Al mismo tiempo teníamos que tener conciencia de que los
hábitos de consumo de las diferentes Comunidades Autónomas
eran
radicalmente diferentes, que las realidades sociales y
culturales con respecto al hecho comercial eran diferentes y
que, por tanto, teníamos que tener en cuenta esas diferentes
realidades a la hora de regular.

El Tribunal Constitucional, asimismo, en la sentencia sobre
los horarios de la Comunidad de Valencia, dice lo siguiente, y
leo textualmente: El margen de actuación de los órganos
autonómicos, indudablemente habría sido más amplio si la norma
estatal, por ejemplo, hubiera establecido un régimen de
horarios comerciales basado en un mínimo de días y horas
semanales como común
denominador normativo, de manera que a partir de dicho mínimo
cada Comunidad Autónoma podría, en atención a sus propios
intereses, introducir las peculiaridades que estimase
convenientes. La sentencia del Tribunal Constitucional nos
inspiró el camino por el que podíamos ir.

Por tanto, ¿qué es lo que pensamos? ¿Hacia dónde hay que
caminar en el futuro en el tema del comercio y de los horarios
comerciales? A la elaboración de una ley consensuada, como les
decía antes, con el máximo consenso social y político posible,
ligada a un plan de apoyo, junto con las Comunidades
Autónomas, para la modernización del pequeño comercio que
permita a éste salir de su crisis; en la que se tengan en
cuenta al máximo las necesidades de los consumidores, sin
perjuicios para los
comerciantes; en donde claramente el comerciante asuma su
papel de intermediario entre el productor y el consumidor y la
sociedad le exija la eficacia necesaria, basada,
evidentemente, en el tema competencial, en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Por tanto, el Decreto que
presentamos, teniendo en cuenta que está aceptada y en proceso
de trámite en esta Cámara una ley de comercio, es transitorio
y es consecuencia, en la mayor medida que ha sido posible, del
debate y del consenso entre el sector comercial. Pretende
ayudar a salir de la crisis al pequeño comerciante,
imprescindible en una sociedad urbana como la europea. Muchas
veces comparamos nuestra sociedad con la
americana y pensamos que nuestro sector comercial puede ser
como el americano. En Estados Unidos no existen más allá de
siete u ocho ciudades en el sentido estricto en todo el país
y, por tanto, el problema que se plantea en el pequeño
comerciante tradicional del centro de las ciudades no tiene
nada que ver con los problemas comerciales norteamericanos y
sí mucho que ver con el problema del pequeño comerciante en el
centro urbano de las ciudades europeas.

Presentamos, por tanto, un Decreto que establece para las
Comunidades Autónomas unos mínimos de apertura comercial, que
son de 72 horas a la semana y ocho festivos al año. Las 72
horas a la semana ya he dicho que son fruto del consenso entre
las asociaciones de comerciantes y los ocho festivos mínimos
significa, evidentemente, una medida restrictiva con respecto
a lo que era la legislación actual nacional en este momento, y
sí quiero decir que, en cambio, significa una mayor apertura
de la que se realizaba en más del 70 por ciento del territorio
español. Es decir, con la excepción prácticamente de Andalucía
y Madrid, en la mayor parte de España no se abría ni siquiera
ocho festivos al año.

Dentro de ese marco, cada comunidad autónoma podrá regular sus
aperturas y sus festivos. Se presentan en el Decreto las
excepciones a las limitaciones de apertura en los domingos que
se consideran necesarias y se establece la posibilidad de que
las zonas turísticas, evidentemente importantísimas en nuestro
país, sean exceptuadas, en las temporadas turísticas y
determinadas cuáles son zonas turísticas por las comunidades
autónomas, del cumplimiento de estas normas.

Sí quiero, antes de terminar, agradecer los esfuerzos que han
realizado las asociaciones de comerciantes para intentar
llegar a un acuerdo. Evidentemente, como en cualquier
colectivo, hay grupos maximalistas y fundamentalistas, pero la
mayor parte de las sociedades comerciales ha hecho un
importante esfuerzo de aproximación y de diálogo que quiero
agradecerles y agradecer también a los partidos políticos la
deferencia que han tenido con nosotros a la hora de debatir y
comprender las posiciones que el Ministerio tenía para
establecer este Decreto-ley. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Turno en contra
de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros vamos a apoyar esta convalidación del Real Decreto-
ley, aunque me gustaría explicar brevemente que a nuestro
juicio este Real Decreto-ley no va a solucionar el problema
planteado, que es mucho más que el de horarios comerciales. De
ahí que quizá pudiera haberse obviado la rapidez o el
instrumento jurídico del Real Decreto-ley, que tiene que ser
siempre restrictivo, habiendo impulsado algún otro tipo de
iniciativa legislativa con
anticipación, como en este momento tenemos en marcha la ley de
comercio, que es el instrumento adecuado donde deben tratarse
este problema de los horarios comerciales y muchos más
problemas que afectan a las relaciones entre los comerciantes
y los consumidores, en el que siempre es difícil encontrar el
equilibrio justo entre los intereses de dos partes que,
evidentemente, a veces no coinciden.




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Por tanto, diciendo que sí a la convalidación, he de señalar
también que no podemos simplificar el problema, puesto que es
mucho más que el de los horarios; que habrá que buscar muchas
más causas y muchas más soluciones a los problemas que tiene
en este momento el pequeño comercio, que forma una estructura
básica en muchas ciudades, que afecta a muchos puestos de
trabajo y a intereses legítimos que se ven, lógicamente,
dificultados y sacudidos por las nuevas normas, por las nuevas
costumbres, por los nuevos modos de ejercer y de entender el
comercio. Yo creo que tendremos que buscar medidas
complementarias para que, sin cerrar ninguna puerta a la
libertad, que, en definitiva, de eso se trata, y al progreso,
que no se puede evitar, tener también en cuenta las medidas
complementarias para que ese pequeño comercio afectado en este
momento de manera muy grave pueda ponerse al día, pueda
reciclarse, pueda, en definitiva, estar en condiciones de
competir. En cuanto a las competencias de las comunidades
autónomas para fijar los horarios, como la validez de este
Decreto-ley va a ser muy transitoria, hasta que la ley del
comercio entre en vigor, tampoco vamos a hacer una cuestión
del tema competencial; pero toda la Cámara sabe que las
competencias de las comunidades autónomas no son iguales, no
son homogéneas y quizá lo que el Decreto-ley prevé no sea
fácil de aplicar en todas y cada una de las comunidades
autónomas. Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Martín.




El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, señores Diputados, el
Grupo de Coalición Canaria va a apoyar la convalidación del
Real Decreto-ley que establece las bases para la regulación de
horarios comerciales, porque creemos que la única salida
inmediata para poder resolver la situación es que las
comunidades autónomas regulen, con la mayor urgencia, los
horarios
comerciales de las grandes superficies; horarios comerciales
generales, pero que atañen fundamentalmente al problema
planteado en este momento por las grandes superficies.

La situación del sector, como todo el mundo conoce, sobre todo
las comunidades, como decía el Ministro, es que se está
permitiendo la apertura en domingo de las grandes superficies,
y entre ellas, además de las de Andalucía y Madrid, están las
de Canarias, lo que está creándo grandes problemas al sector
del pequeño y mediano comercio. Además, el crecimiento enorme
de las grandes superficies está creando el problema de que
cada vez van disminuyendo aquellos espacios digamos físicos
sobre los que van creciendo nuevas grandes superficies, que
comenzaron por núcleos de 200.000 habitantes, pasaron a los de
100.000 y hoy están bajando, sin que sepamos cuál va a ser su
límite, incrementando su participación en el mercado en el
pequeño comercio, lo que va a llevar a situaciones difíciles
no sólo al pequeño comercio, sino también a la industria
agroalimentaria. En el caso canario, que, como siempre, tiene
su especificidad, además de la
dificultad que tiene el pequeño comercio al moverse en un
entorno pequeño como es una isla, la dificultad de la
industria resulta doblemente grave, porque la industria
agroalimentaria pequeña canaria no puede acudir al mercado
peninsular, el transporte lo imposibilita y, sin embargo, como
las grandes superficies compran en cantidades masivas a la
gran industria, les impide a ellos suministrar, así como venir
al mercado peninsular a competir, tal como se decía antes, por
lo que su único destino, si se sigue concentrando y llevando
esa política de compras, es el cerrar. Por eso creemos que
este Real Decreto es importante aprobarlo hoy para que se
pueda regular por la comunidad autónoma, con la mayor urgencia
y con el máximo de horas que se establecen en el mismo, para
que ese mínimo se convierta en máximo y ese mínimo de domingos
también se convierta en máximo, hasta tanto llegue la ley del
comercio. Lo que realmente necesitamos es sacar esa ley del
comercio, que ya está en esta Cámara, y sacarla en tiempo,
porque no vale sólo tener una buena ley, sino tener tiempo,
porque es necesario para ese sector. Es indudable que estamos
para trabajar en esa ley consensuada, en esa ley que necesita
el comercio de nuestro país, pero en esa ley que, además, ha
de contemplar aquellas
especificidades, cuando se necesiten, que permitan vivir a
todos los sectores. Muchas gracias, señores Diputados, y, una
vez más, ofrecemos nuestro esfuerzo en ese consenso tan
necesario.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.

El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, intervengo en nombre del Grupo
parlamentario Vasco para justificar nuestro voto ante la
convalidación o derogación de este Real Decreto-ley 22/1993,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las bases para la
regulación de los horarios comerciales. La situación por la
que atraviesa el sector de distribución comercial, junto con
la evolución que el mismo está teniendo, demandaban una
regulación en profundidad de la política
comercial, demanda que así la entendimos todos los Grupos
parlamentarios y que propiciará el que en breve plazo podamos
disponer de



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una ley de comercio interior que regule esta importante
actividad. Mientras tanto era necesario disponer de una
normativa que transitoriamente regulara los horarios
comerciales, dada la situación que se estaba creando, por una
parte, por los actuales hábitos de los consumidores y, por
otra, por los intereses contrapuestos de algunos colectivos
del sector; regulación que desde nuestro Grupo parlamentario
entendemos que debe de conjugar, dentro del marco de la
libertad de mercado, al menos los siguientes intereses: En
primer lugar, la defensa de los intereses de los usuarios y
consumidores. En segundo lugar, adecuar los intereses de los
diferentes colectivos empresariales. En tercer lugar,
preservar los derechos de los trabajadores encuadrados en el
sector. En cuarto lugar, contemplar la adaptación de la
legislación del Estado al proceso de integración al Mercado
Unico Europeo. Finalmente, reconocer la potestad reguladora de
aquellas comunidades autónomas que, como la vasca, tienen
reconocidas estas competencias en sus estatutos de autonomía.

Todos estos aspectos tendremos ocasión de discutirlos --
espero--a través del próximo debate de la proposición de ley
sobre comercio interior trasladada al Gobierno por esta
Cámara. Mientras tanto, y en aras a la urgencia de regular al
menos transitoriamente los horarios comerciales, el Gobierno
nos presenta este Real Decreto-ley con el que coincidimos en
la urgencia pero con el que discrepamos en parte en su
contenido. ¿Cuáles son estos motivos de discrepancia por
nuestra parte? La exposición de motivos comienza por hacer
referencia al artículo 5.º1 del Real Decreto-ley 2/1985, del
30 de abril, conocido como Decreto Boyer, que limita la
competencia normativa, establecida en el artículo 10 del
Estatuto de Guernica, que tiene la
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de comercio
interior como usted, señor Ministro, conoce.

Continúa esta exposición de motivos con otra referencia a la
sentencia del Tribunal Constitucional, por cierto desde
nuestro punto de vista muy discutible, delimitando el
ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas en
esta materia. Decimos que desde nuestro punto de vista esta
sentencia es muy discutible porque de los magistrados que
componen el pleno del Tribunal Constitucional sólo siete
aprobaron esta medida frente a los cinco que votaron en contra
de la tesis y que son
favorables a que las comunidades autónomas sean quienes tengan
competencia para regular los horarios comerciales. Otro
detalle es que la sentencia tardó seis años en ser dictada,
desde el 31 de marzo de 1987, en que fue presentada, hasta la
promulgación. Por tanto nosotros discrepamos, como también
creo que es
conocido, de la sentencia y es uno de los aspectos que
debatiremos en el próximo proyecto de ley de comercio
interior. Hay que reonocer que estamos hablando de un Real
Decreto-ley de duración limitada, por tanto transitorio, y que
estos aspectos serán, como digo, debatidos en la futura ley de
comercio
interior.

Por lo que respecta a las disposiciones que contempla este
Real Decreto y entrando ya en su contenido consideramos que
establecer un mínimo de 72 horas semanales de apertura es
excesivo teniendo en cuenta que estamos hablando de mínimos.

En este aspecto ni las asociaciones de comercio ni las
federaciones de consumidores, por lo menos las que yo conozco
y tengo que hacer referencia a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, están de acuerdo con esta norma acercándose mucho más a
las 60 horas que a las 72. Lo mismo podemos decir de los
domingos o días festivos que podrán
permanecer abiertos al público; según este Decreto, como
mínimo, ocho días al año. Nuevamente volvemos a hablar de
mínimos y nuevamente se distancia de lo que en estos momentos
es el interés general y lo expresado por los colectivos que
antes hemos señalado. Incluso tengo que hacer referencia al
acuerdo a que se ha llegado en el territorio histórico de
Vizcaya entre sindicatos y patronales para la apertura de los
comercios, que está en orden a los cinco días de apertura en
festivos y domingos, y han dejado a los convenios colectivos
que regulen el número de horas que tienen que abrir los
comercios.

Con esto quiero decir que la realidad, por lo menos, desde el
ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca es muy distinta a lo que
en este Real Decreto-ley se establece.

El problema de que queden establecidos como mínimos hace en la
Comunidad Autónoma Vasca que puedan suceder problemas de
intereses contrapuestos entre trabajadores y empresarios,
entre sindicatos y entre consumidores y usuarios.

Por tanto, por todas estas razones y aun considerando oportuno
por la urgencia de regular los horarios comerciales el Real
Decreto-ley presentado a su convalidación, anunciamos que
nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación
correspondiente. Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Molíns
tiene la palabra.




El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, nuestro grupo parlamentario dará
apoyo votando favorablemente la convalidación de este Real
Decreto-ley. Supongo que a nadie le extrañará esta afirmación.

De hecho este Real Decreto-ley tiene mucho que ver con
actuaciones llevadas a cabo por nuestro grupo parlamentario,
fundamentalmente con la presentación ante esta Cámara de una
proposición de ley de comercio --ya recordada por



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el señor Ministro en su intervención-- que ha sido tomada en
consideración por la misma y que verá su discusión a partir
del momento en el que finalice el período de presentación de
enmiendas, es decir a partir del día 3 de marzo.

Como recordaba el señor Ministro una situación de crisis
económica y también una sentencia del Tribunal Constitucional
obligaba a tomar, con mayor urgencia de la que permite la
discusión de una proposición de ley de estas características,
obligaba a tomar --digo-- determinadas medidas en lo que hace
referencia a los horarios comerciales. Esto es lo que pretende
este Real Decreto-ley que hoy se presenta a nuestra
convalidación.

Debe notarse que nuestro grupo parlamentario presentó esta
proposición de ley a la que hago referencia en el pasado mes
de junio, antes de las sentencias del Tribunal Constitucional
y, por tanto, nuestra presentación tenía más que ver con la
situación de crisis del propio sector que no con la necesidad
específica de esas comunidades autónomas, que recordaba el
señor Ministro, en las que de hecho no está en vigor el
Decreto Boyer y, por tanto, no existía esa libertad de
apertura comercial.

Nuestro voto favorable se justifica fundamentalmente por el
contenido del artículo 1.º, es decir, la adjudicación a las
comunidades autónomas en la competencia --que después se
limita--es fundamental en los horarios comerciales y nos
parece
extraordinariamente importante. Después hablaremos de las
limitaciones. En el artículo 1.º, en forma muy distinta al
Decreto Boyer, adjudica a las comunidades autónomas la
competencia en los horarios comerciales. Este artículo nos
parece fundamental porque de hecho obedece a una situación muy
concreta --como también recordaba el señor Ministro-- y es que
las realidades comerciales son distintas y no se pueden tratar
de la misma forma realidades distintas. Así como la estructura
comercial americana nada tiene que ver con la europea, tampoco
la estructura comercial, por ejemplo, mediterránea tiene que
ver con la estructura más rural, son realidades distintas y
muy probablemente necesitan o requieren tratamientos
distintos, ordenaciones y regulaciones diferentes.

A partir de esta afirmación y a partir del contenido del
artículo 1.º, se ponen de manifiesto los equilibrios
realizados para intentar hacer frente a dos realidades
distintas, a las que anteriormente me refería. Decía el señor
Ministro que en el 70 por ciento del territorio español no
existía esa libertad de horarios y sí existía en el 30 por
ciento. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional --
agosto, septiembre, octubre-- esos territorios pasan a tener
de golpe una libertad de horarios que hasta ese momento no
habían tenido. El Real Decreto-ley pretende un equilibrio, una
solución de compromiso entre esas dos
realidades tan distintas. Esa solución de compromiso son esas
72 horas a las que se llega con un acuerdo con el sector, así
como los ocho festivos a los que se llega por una decisión del
Gobierno. Gobernar es también tomar decisiones de este tipo.

Tenemos esos ocho festivos, solución de compromiso y
equilibrio, que estoy seguro no satisface ni a unos ni a
otros, pero que puede ser suficiente para calmar los ánimos,
para templar la situación y ver cómo a través del tiempo
(estando en esta Cámara una proposición de ley que va mucho
más allá y que trata muchas más cosas que los horarios
comerciales, pero que también incluye éstos), podemos tomarnos
el necesario y dejar que maduren las cosas lo suficiente como
para poder determinar definitivamente el tema relativo a los
horaros comerciales. Tres cosas quisiera recordar. En primer
lugar, entendemos que existe la urgencia que siempre debe
rodear un Real Decreto-ley. Existe esta urgencia por las
razones que decía: una sentencia del Tribunal Constitucional
ha dejado sin regulación a casi el 70 por ciento del
territorio, se necesitaba regular esa situación y una
proposición de ley como la que está ante la Cámara requiere un
tiempo de maduración y de discusión que viene a justificar la
regulación urgentemente del tema específico de los horarios
comerciales. En segundo lugar, y en las discusiones que se
están teniendo, entiendo que no es bueno que haya una,
digamos, relación directa entre libertad de horarios y
libertad de comercio, la libertad de comercio no es
exactamente la libertad de horarios o la libertad de horarios
no significa libertad de comercio; por tanto, la libertad de
comercio va mucho más allá que la libertad de horarios, hay
que regularla en forma distinta y puede querer decir cosas
distintas en una realidad comercial con una u otra estructura.

En tercer lugar, recordar algo que ya ha dicho el señor
Ministro, respecto a esta regulación de ocho festivos y 72
horas semanales, y es que la estructura europea comercial va
más allá en cuanto a la libertad y apertura en festivos. Esto
es algo que se olvida con mucha frecuencia, pero en el 90 por
ciento del territorio europeo --para trasponer este asunto a
esa realidad-- los festivos no abren. Por tanto, ahora estamos
regulando esto de forma que, de hecho, se puede trabajar en
esta realidad con notable libertad en cuanto a horarios se
refiere, porque ya he dicho antes que no siempre libertad de
horarios es lo mismo que libertad de comercio o, al menos,
nosotros así lo entendemos. En cualquier caso, acabo ya, señor
Presidente, señorías,
confirmando nuestro voto favorable a la convalidación de este
Real Decreto-ley, esperando que en la discusión por esta
Cámara de la proposición de ley que hemos presentado pueda
darse solución definitiva a todos los temas, entre los que se
encuentra, por supuesto, el de los horarios comerciales.

Gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molíns.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, voy a hacer una intervención tan efímera como
transitorio va a ser su decreto porque, según nos ha anunciado
y a mí me habían comunicado previamente, a finales de marzo va
a tener lugar en esta Cámara el debate del proyecto de ley.

Esperamos que en ese debate concreto el proyecto que en su
momento presentó Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
tenga mejor fortuna de la que tuvo en el momento inicial de
ser presentado, hace prácticamente cinco años, por considerar
que era absolutamente necesaria una ley de comercio que
regulara el conjunto del sector.

El decreto nos parece que es cierto paso adelante para hacer
frente a una situación, aunque se debe relativizar mucho
--efectivamente es muy transitorio-- en función del acuerdo
final a que se llegue en el debate sobre la ley.

Mi grupo y yo no compartimos su optimismo sobre el proceso que
media entre el llamado Decreto Boyer y la situación actual en
el conjunto del comercio. En los últimos años hemos visto
movilizaciones muy importantes del conjunto de los
comerciantes, muy especialmente de los pequeños comerciantes y
de los
trabajadores del sector, que en muchos momentos vieron
agredidos sus legítimos intereses. Esto lo han expresado y
nuestro grupo se alegra, se congratula de que haya más
receptividad desde el Ministerio y ahora se tomen en
consideración algunas de las propuestas o reivindicaciones que
los sectores llamémosles más débiles desde el punto de vista
económico y social del comercio. La ley, por tanto, es
necesaria, imprescindible y por ello presentamos nuestro
proyecto; una ley que deberá tener en cuenta inmediatamente
cuestiones que ya han aparecido hoy, aunque colateralmente, en
el breve debate que estamos teniendo; por ejemplo, que estamos
en un Estado con un mismo mercado o que el respeto a la
singularidad de cada comunidad autónoma o a las cuestiones
específicas que pueden afectar a la venta los
domingos, a los horarios, etcétera, en determinadas zonas se
tiene que contemplar en el marco de una regulación que, ya que
se quiere rendir un culto al mercado, muchas veces incluso de
forma ciega, se debe hacer en función de que hay un mercado de
carácter general. Es lo que dicen las organizaciones de
comerciantes, de pequeños y no tan pequeños comerciantes. En
segundo lugar, las excepciones se deberán concretar también en
esta especie de ley orgánica o de
bases para que sean claritas. (Se rompe el escaño ocupado por
el señor Ministro de Comercio y Turismo.--Rumores.)El tema de
las superficies es otro de los elementos a contemplar en la
próxima ley --lamentaría que el señor Ministro no encontrara
su
superficie adecuada en este Parlamento-- y se deberán tener en
cuenta los intereses de los consumidores, trabajadores y
pequeños comerciantes. Cuando entremos en concreto en el
debate vamos a introducir todas las enmiendas pertinentes.

Finalmente, en relación al Real Decreto-ley presentado,
nuestro Grupo, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, va a abstenerse porque considera que hay elementos
de cierto calado que están en cierta contradicción con
propuestas que nosotros hacemos y, naturalmente, no queremos
ser contradictorios con nuestras propias iniciativas. Por
ejemplo, en la cuestión de los horarios, las 72 horas como
mínimo nos parecen excesivas, al igual que a algunas
organizaciones de pequeños comerciantes; lo mismo que los ocho
domingos como mínimo. Por tanto, en el momento de aplicarlo en
cada comunidad autónoma se puede llegar a unas cotas que ya no
sean mínimos, que sean máximos y que se aproximen a la
realidad actual que se piensa corregir.

Por tanto, señor Presidente --y termino mi intervención--,
nuestro voto no va a poder ser afirmativo en esta ocasión.

Esperemos que después de que la ley de comercio siga su
trámite pueda ser afirmativo y podamos superar estas
deficiencias que vemos en el Real Decreto-ley y en las
propuestas de otras proposiciones de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




Señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Por el Grupo Popular, el señor Aguirre tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, no le he visto muy cómodo en su intervención,
porque tener que pasar de la liberalización del Decreto Boyer
a esta regulación posiblemente no le pone en una situación muy
cómoda. A lo mejor tal incomodidad se ha podido traducir en
ese resbalón. Además, me ha parecido ver en su discurso cierto
tono de excusa, como si usted no hubiera sido el proponente
directo del contenido total de esta regulación. Corresponde
ahora al Grupo Popular fijar su posición y, en este sentido,
queremos anunciar que no vamos a impedir con nuestros votos la
convalidación de este Real Decreto. Este Real Decreto se
podría dividir en seis partes distintas respecto de las cuales
el Grupo Popular mantiene posición en unos casos de
conformidad y en otros casos de disconformidad; disconformidad
que nos importa poner de manifiesto, señor Ministro, a lo
largo de esta intervención para dejar reflejado nuestro voto
favorable, cargado de reservas ante lo que entendemos



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un decreto-ley cuyo método de consultas para su elaboración ha
sido claramente insuficiente y cuyo articulado crea unos
efectos que a todas luces han sido incorrectamente calculados.

En definitiva, es un decreto que supuestamente promulgado para
mediar en un conflicto, por el contrario ha irrumpido para
añadir a los problemas ya existentes en el comercio
dificultades jurídicas en su desarrollo. Queremos anunciar
que, de concretarse en una futura ley de comercio, nos haría
modificar la posición favorable que hoy exponemos con tantas
reservas.

Vayamos por partes, señor Ministro. El sentido favorable de
nuestro voto tiene su origen en dos razones: en primer lugar,
la necesidad de contribuir desde las administraciones públicas
a que el tejido comercial español se adecue de una forma
pactada y de una manera no traumática a las nuevas fórmulas de
comercialización; la segunda y más importante, el carácter
temporal de la medida que hoy convalidamos, que ya ha
reconocido en su discurso. Exclusivamente estas dos razones,
señor Ministro, nos hacen acompañarles en su propuesta. El
resto del decreto, señor Ministro, es un semillero de
conflictos; un semillero de conflictos que por su incapacidad
para ejercer con
responsabilidad y compromiso las tareas de gobierno han
trasladado, yo diría han precipitado, en alguna medida a las
comunidades autónomas, sin consulta previa a los receptores y
sin medir, por un lado, las competencias que en comercio
interior tienen las distintas comunidades autónomas y, por
otro y muy principal, las que corresponde y se reserva
constitucionalmente el Estado.

Decimos sin valorar las competencias que en comercio interior
tienen las distintas comunidades autónomas porque habrá podido
comprobar en las últimas reuniones que ha tenido con los
representantes de éstas, con la fórmula jurídica elegida por
el gobierno el desarrollo del decreto en unos casos no será
posible sin una tremenda complejidad; en otros será necesaria
de forma apresurada la redacción de una ley para habilitar la
oportuna regulación administrativa; y crucemos los dedos,
señor Ministro, para que nadie utilice una figura jurídica
inadecuada que también podría ocurrir. Es decir, a la solución
de un problema que tiene y que tenía un marcado carácter
económico, su imprudencia, señor Ministro, ha venido a
añadirle un problema de inseguridad jurídica.

El artículo 1.º, señor Ministro, señores de Convergència i
Unió, es francamente desafortunado y mi grupo confía sea
mejorado en su redacción a la hora de reflejar la regulación
de horarios comerciales en la inmediata y futura ley de
comercio. De lo contrario, señor Ministro, queremos
anticiparle con toda nitidez que nuestro voto no respaldará
esa parte de la ley si se pretende hacer estable y definitiva
una definición compe-tencial que entorpece la ordenación
general de la economía.

Señorías, decíamos al principio de la intervención que el
carácter temporal de la medida era y es una de las razones --y
la principal--, que nos movían a apoyar el Real Decreto de
regulación de horarios. En este sentido, nos gustaría invitar
al señor Ministro a que efectúe una reflexión respecto de los
límites de apertura en domingo. Le decimos esto porque damos
por sentado que parece extenderse la conformidad en torno a
las 72 horas de apertura en días laborables y que este
extremo, de alguna manera, no está generando dificultades
añadidas.

Señor Ministro, la posibilidad que ahora existe de que cada
comunidad autónoma desarrolle al alza el mínimo de apertura en
festivos va a producir, con toda seguridad, la falta de
homogeneidad en el número de festivos abiertos en cada
comunidad autónoma, como ya conoce usted, lo que va a tener
como
consecuencia directa la presencia de flujos indeseados de la
demanda entre comunidades autónomas que son límite y tienen
topes distintos en festivos. Parece, señor Ministro, que
podríamos estar perdiendo una ocasión de oro para reforzar,
con medidas complementarias como ésta, la unidad de mercado.

Cuando nos aproximamos al artículo 3 en el que se plantean las
excepciones, es decir, aquellos comercios que tendrán plena
libertad para el ejercicio de sus actividades, sea cual sea el
día y la hora de la semana, queremos realizar algunas
observaciones en torno a los tres tipos de excepciones que nos
marca. La primera, señor Ministro, la relación de
establecimientos comerciales que se exceptúan nos resulta
absolutamente incompleta porque olvida las actividades
comerciales típicas y específicas de algunas comunidades
autónomas y curisosamente por qué en este caso, señor
Ministro, se olvida también de posibilitar expresamente a esas
comunidades para que amplíen las relaciones de excepción.

Segunda observación. Crea usted el concepto de zona de gran
afluencia turística. En este caso, remite usted a las
comunidades autónomas la potestad de establecer los criterios
para
definirlas. ¿Cómo se han pronunciado, señor Ministro, las
comunidades autónomas en torno a esta potestad, a esta
novedad? Señor Ministro, ¿usted cree que es posible que se
adopten criterios absolutamente distintos y dispares entre
comunidades autónomas para definir lo que son grandes zonas de
afluencia turística? ¿Por qué no ha definido qué órgano, bien
sea el consejo de gobierno, bien sea la asamblea, define estos
criterios? ¿Por qué no ha entrado el decreto a definir qué
instancia tiene capacidad de proponerlo? Señor Ministro,
pareciera que en este decreto en algunos puntos ustedes se
pasan y en otros no quieren llegar. En éste concretamente
ustedes se inhiben.




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Tercera observación en el capítulo de excepciones: crean
ustedes las llamadas tiendas de conveniencia. A la vista de
los criterios que ustedes establecen, más parece que están
ustedes definiendo la conveniencia de alguna tienda concreta
que el hecho de definir las tiendas de conveniencia. ¿Por qué
no han querido ustedes hacer excepciones con centros que están
diseñados específicamente para la venta agrupada de pequeños
comerciantes, en un tipo de venta combinación-ocio, que están
ubicados geográficamente precisamente en las afueras de las
grandes ciudades para atender la demanda de ocio?
Señor Ministro, no sé a quién va a convenir este decreto.

Desde luego, le digo a un sector al que no le va a convenir: a
las amas de casa y, sobre todo, a las amas de casa
trabajadoras. Ya lo sentirá usted en su despacho en breves
fechas, y precisamente con representantes muy cercanos a su
partido y de su propia
militancia. Con este decreto, señor Ministro, es muy probable
que usted vaya a hacer emerger otros tipos de ventas, otros
tipos de ventas que no dan garantías suficientes a los
consumidores. Señor Ministro, no damos un paso atrás, pero sí
es un paso torpe, un paso que pone algún pie cambiado respecto
de las inercias de Europa. Recuerde usted los últimos casos de
Inglaterra, de Roma y de Alemania.

Como guinda, al final del decreto se establece el sistema
sancionador a las infracciones de la normativa, que, como
hemos anticipado al inicio de nuestra intervención, representa
otra dificultad añadida para aquellas comunidades autónomas
que por sus competencias de comercio se ven obligadas a
redactar una ley que habilite el desarrollo de una regulación
administrativa. Señor Ministro, ¿ha pensado usted qué número
de funcionarios necesitan las comunidades autónomas para tener
un seguimiento puntual y control del cumplimiento de este
decreto? La
contestación es que esto no sería posible.

Señorías, el Real Decreto-ley 2/1985, más conocido como
Decreto Boyer, al que pretende sustituir parcial y
temporalmente el que ahora convalidamos, hizo posible que la
aparición de nuevas fórmulas comerciales mejorara la calidad
de vida de los
consumidores. Señor Ministro, no es cierto que el pequeño
comercio como consecuencia de la libertad de horarios se
encuentre en situación crítica. La amenaza que existe de
desarticular en alguna medida esta parte del tejido
empresarial radica en el proceso de reconversión en que se
encuentra inmerso el comercio tradicional. Este proceso de
reconversión, señor Ministro, se ha visto agravado en los
últimos años por la crisis económica que los sucesivos
gobiernos socialistas han propiciado. Por tanto, señor
Ministro, la polémica sobre horarios es un apartado muy
pequeño del debate abierto sobre la reconversión de nuestro
comercio tradicional, y sería bueno, sería deseable, señor
Ministro, que no intenten ustedes ocultar tras la polémica de
horarios el auténtico tamaño de la reconversión del comercio
tradicional.

Señor Ministro, a mi grupo le hubiera gustado votar
favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley sin
tener que haber utilizado los dos tercios del tiempo de
nuestra intervención en poner de relieve la imprudente y
desafortunada fórmula jurídica en que descansa el decreto, que
llega en algunos casos, señor Ministro, en algunos extremos de
su redacción a hacer incursiones furtivas en el pacto
autonómico suscrito entre socialistas y populares. No
obstante, y por las razones apuntadas al inicio, es decir, por
contribuir de forma responsable y serena a la superación de
las dificultades por las que atraviesa el pequeño comercio y
por el carácter temporal de la medida, nuestro voto será
favorable.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.

Por el Grupo Socialista, el señor Martín Mesa tiene la
palabra. El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista voy a consumir el turno que nos corresponde al
objeto de fijar
claramente nuestra posición favorable a la convalidación del
Real Decreto-ley 22/1993, por el que se establecen las bases
para la regulación de horarios comerciales. Permítanme que
empiece diciendo que estamos, sin duda, ante un tema polémico,
controvertido, con posturas enfrentadas,
contrapuestas, que ha terminado provocando, esto es indudable,
un gran debate en la sociedad y del que se vienen haciendo
fiel eco los medios de comunicación. Sin embargo, señorías, de
entrada quiero trasladarles nuestro absoluto convencimiento de
que este no es el problema prioritario --yo diría ni tan
siquiera
fundamental-- que tiene planteado el comercio y el sector de
la distribución en España.

Por diferentes sectores se viene defendiendo con énfasis en
unos casos las grandes ventajas y en otros los graves
inconvenientes que tienen, o bien la libertad de horarios
comerciales o bien las restricciones a dicha libertad. Sin
embargo, pese a la retórica empleada, no está en absoluto
demostrada la existencia de una relación inequívoca entre
libertad de horarios y reducción de la ocupación en el sector,
o aumento de la ocupación, o destrucción o aumento del número
de establecimientos. El caso más patente lo tenemos en
Alemania. Un reciente informe de la consultora Roland Berger
and Partner pone de manifiesto cómo en un país, en el país que
mayores restricciones de horarios tiene, que es Alemania, por
ejemplo de lunes a viernes está permitida la apertura de
establecimientos de siete de la tarde a seis y media, pero los
sábados es de siete a dos, excepto en verano, que es de siete
a cuatro, y que incluso hay



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excepciones para los primeros sábados de cada mes o para los
cuatro sábados anteriores a la Navidad. Pues bien, con estos
horarios tan restrictivamente regulados, sin embargo el número
de establecimientos comerciales de tipo tradicional no ha
hecho sino reducirse en los últimos decenios. Por ejemplo, en
el decenio de los sesenta descendió en un 28 por ciento; un 55
por ciento en el decenio de los setenta; un 65 por ciento en
el decenio de los ochenta, pasando, en definitiva, de más de
160.000 establecimientos a apenas algunos más de 50.000 en el
momento actual. Y es que sencillamente los argumentos que hoy
se están esgrimiendo en Alemania para solicitar una mayor
ampliación de horarios son idénticos a los que se están
utilizando por algunos sectores hoy en España para defender
una restricción al actual sistema de horarios.

Es absolutamente cierto también --y más de un Grupo lo ha
puesto de manifiesto esta mañana-- que en los últimos años se
está produciendo un proceso de reconversión en el sector de la
distribución, proceso de reconversión que se detecta tanto por
el lado de la demanda --hay que referir tan sólo los cambios
en los hábitos de los consumidores--, como cambios por el lado
de la oferta, desde incremento de la dimensión media de los
establecimientos a aumento de los coeficientes de
concentración, aumento de la diversificación de los
establecimientos
comerciales, reducción de la importancia del papel de los
mayoristas en la distribución comercial, etcétera, aspectos
todos ellos que están perfectamente recogidos en un reciente
informe de la OCDE.

En este contexto se ponen de manifiesto ciertas necesidades
que el sector de la distribución ha de afrontar de forma yo
diría que urgente: corregir exceso de capacidad instalada,
modernizar establecimientos obsoletos, formar y readaptar la
mano de obra, introduciry adoptar nuevas tecnologías,
adaptarse a la demanda actual, afrontar necesidades de
inversión, etcétera. Pues bien, en cuanto acabo de
esquematizar hay que buscar el origen y, por supuesto, las
soluciones para el sector de la distribución comercial, siendo
los horarios un ingrediente y nada más que uno, de este
proceso de cambio. En efecto, el proceso de reconversión que
viene experimentando el sector de la distribución se ha
encontrado con una crisis económica en los momentos actuales,
una crisis que, lógicamente, provoca un retraimiento de la
demanda y que agrava aún más la situación del pequeño
comercio. Si tenemos en cuenta, en primer lugar, la situación
coyuntural de crisis económica; en segundo lugar, que el
Tribunal
Constitucional ha declarado inconstitucional las restricciones
a la libertad de horarios establecida en las comunidades
autónomas de Galicia, Cataluña, Aragón o Valencia, y, en
tercer lugar, que la libertad de horarios comerciales, como
esta misma mañana nos recordaba aquí el Ministro, sólo se
venía aplicando aproximadamente en el 30 por ciento del
territorio nacional, parecía más que conveniente, tal y como
señala el preámbulo del Real Decreto que hoy convalidamos,
introducir algunas
limitaciones al principio de libertad de horarios que consagró
en su día el Real Decreto-Ley de 1985. El Real Decreto que hoy
se presenta a la Cámara para su
convalidación o derogación establece las bases o los
principios generales sobre los que las comunidades autónomas
podrán regular los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos en sus respectivos territorios, estableciendo
72 horas mínimas semanales (ni que decir tiene que la
situación que consagraba el Decreto era de 168 horas, es
decir, 24 por siete) y ocho domingos y festivos al año.

Permítanme que les diga que, tal y como ha recordado el señor
Ministro esta mañana, lo que hace el Real Decreto no es sino
poner en práctica lo que sugiere la propia sentencia del
Tribunal Constitucional respecto al recurso de
inconstitucionalidad de la Ley del Comercio Valenciano.

Conocemos las propuestas que han presentado otros grupos de la
Cámara esta mañana, que van desde los límites de las 60 y las
30 horas que establece tanto la proposición de ley de CiU como
la de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si bien este
último Grupo llega a un mayor reglamentarismo al establecer
horarios obligatorios de diez a una o de cinco a siete de la
tarde, etcétera; sin embargo, creemos que lo que propone este
Real Decreto es una adecuada solución.

El Grupo Socialista es consciente, como ya se ha puesto de
manifiesto, que la solución adoptada en el Real Decreto no
termina de contentar a todos, no termina de contentar a los
pequeños comerciantes ni a los de grandes superficies, y que
existen diferencias de matiz entre los diferentes grupos
políticos. Sin embargo, a nuestro juicio, ahí radica
precisamente una de sus virtudes, que es --y esto no lo
negarán-- acercar posiciones. Señor Presidente, voy a ir
concluyendo enlazando con la
argumentación que establecía al principio de mi intervención.

El problema del sector servicios, en el cual obviamente se
incluye la distribución comercial, es fundamentalmente la
reforma de las estructuras y la contención de la inflación.

Permítanme que les recuerde que donde está experimentando un
mayor aumento el índice de precios al consumo es precisamente
en el sector servicios. Con base 100 en 1979, el índice de
productos
industriales apenas sí alcanza el índice 300 en 1993, mientras
que el sector servicios supera ampliamente el 400. Pues bien,
potenciar la modernizción y compatibilizar los intereses del
pequeño comerciante y de la gran superficie deben ser siempre
compatibles con la mejora de la competitividad y de la
eficiencia del sector comercial en particular y de la economía
española en su conjunto.




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Tal y como ha manifestado el señor Ministro en ocasiones
anteriores, y hoy ha reiterado aquí el Ministerio está
elaborando un plan de modernización del comercio interior que,
de acuerdo con lo establecido en el programa electoral del
Partido Socialista en las pasadas elecciones, debe garantizar
la modernización del sector, la competitividad y la unidad del
mercado, todo ello mediante políticas de formación, mediante
líneas específicas de crédito para la introducción de nuevas
tecnologías o mediante sistemas conjuntos de gestión de
almacenes, y de forma que se garantice la continuidad de los
comercios tradicionales como elemento, por una parte, de
creación de empleo, y, por otra, de bienestar e indudablemente
de cohesión social.

En definitiva, señorías, en trámite parlamentario actualmente
una proposición de ley de comercio, en trámite parlamentario,
asimismo, una Ponencia sobre plazos de pago entre empresas del
sector de la distribución, en elaboración --por parte del
Ministerio-- un plan de modernización del comercio interior,
el Real Decreto-ley que hoy se somete a convalidación tiene la
virtud (de ahí nuestro apoyo) de afrontar el problema
suscitado en torno a los horarios comerciales, para que, una
vez eliminada la hojarasca que nos impide hoy ver el bosque,
podamos afrontar la verdadera problemática del sector.

Señor Presidente, ahora ya sí para terminar, permítame que le
diga que cuando concluya sus trabajos la Ponencia sobre plazos
de pago, cuando el plan de comercio esté terminado por el
Ministerio, cuando la Ley del comercio esté lo suficientemente
consensuada --y aquí sí quiero decirle que estamos dispuestos
a discutir todos los aspectos fundamentales de la ley, sin
excluir ninguno--, cuando la crisis actual remita, habrá que
plantear, desde nuestro convencimiento y en consonancia con el
resto de la Unión Europea, una progresiva liberalización de
horarios, que estamos seguros que entonces podrán afrontar
unos comercios más modernos, más actualizados,
tecnológicamente más avanzados que los actuales.

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.

Vamos a proceder a la votación.

Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
bases para la regulación de horarios comerciales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 277; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.

¿Desea algún grupo que se someta a votación la tramitación
como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado?
(Pausa.)



--REAL DECRETO-LEY 1/1994, DE 21 DE ENERO, POR EL QUE SE
AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO
(IRYDA) A ANTICIPAR LOS FONDOS NECESARIOS, MEDIANTE ACUERDO
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA LA APLICACION DEL REGIMEN
DE AYUDAS PARA FOMENTAR INVERSIONES FORESTALES EN
EXPLOTACIONES AGRARIAS, PREVISTO EN EL REAL DECRETO 378/1993,
DE 12 DE MARZO (Número de expediente 130/000012)



El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 1/1994, de 21 de enero,
por el que se autoriza al Instituto Nacionalde Reforma y
Desarrollo Agrario (IRYDA) a anticiparlos fondos necesarios,
mediante acuerdo con instituciones financieras, para la
aplicación del régimen de ayudas para fomentar inversiones
forestales en explotaciones agrarias, previsto en el Real
Decreto 378/1993, de 12 de marzo.

Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que le han
llevado a la promulgación de este Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante SS.SS. al
objeto de someter a esta Cámara el Real Decreto-ley 1/1994 por
el que se autoriza al IRYDA a anticipar los fondos
comunitarios
necesarios para fomentar las inversiones forestales previstas
en el Real Decreto 378/1993, y, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 86.2 de la Constitución Española, solicitar su
convalidación por el Congreso de los Diputados. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Como SS.SS. conocen, este Real Decreto-ley fue aprobado por el
Consejo de Ministros en su reunión del pasado 21 de enero a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y una vez constatada por el Gobierno la imposibilidad material
de disponer a tiempo de los correspondientes fondos del Feoga
para poner en marcha este importante programa forestal. Voy a
exponer a SS.SS., de forma resumida, el contenido y objetivos
del Real Decreto-ley, así como las razones que
justificaron la propuesta del Ministerio y su aprobación por
el Gobierno. Las razones de urgencia de este Real Decreto-ley
se basan en que a primeros de febrero de 1993 España presentó
a la Comisión europea un programa-marco nacional cuyo
contenido fue consensuado con las comunidades autónomas,
mediante el cual se pretendían forestar 400.000 hectáreas en
base a la normativa comunitaria aprobada con la reforma de la
PAC.




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Con posterioridad, las comunidades autónomas realizaron una
propuesta al objeto de duplicar la superficiea forestar
prevista inicialmente en el programa-marco. Así, en julio del
pasado año se presentaron a la Comisión europea los
correspondientes programas regionales, cuya aprobación es
necesaria e
imprescindible para poder disponer de la correspondiente
cofinanciación comunitaria: un 75 por ciento en las zonas de
objetivo uno y un 50 por ciento en las zonas objetivo «b».

Para el año 1994, el programa español prevé una inversión
máxima de 43.196 millones, con una participación del Feoga de
30.583 millones. Al Estado español le correspondería aportar
12.613 millones de pesetas entre el Ministerio de Agricultura
y las comunidades autónomas. Hasta la fecha han sido doce las
comunidades autónomas que han puesto en marcha la admisión de
solicitudes en el último trimestre de 1993, con un total de
8.893 solicitudes y una superficie solicitada de 194.052
hectáreas, con una media de 23 hectáreas por solicitud. Con el
fin de aprovechar al máximo la aplicación de este programa,
algunas comunidades autónomas han procedido a la aprobación de
las solicitudes, y de esta manera los agricultores pueden
realizar la plantación en el período enero-marzo del presente
año.

Señorías, después de analizado en profundidad, planteado al
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y
debatido con el Comisario de Agricultura en más de una
ocasión, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que España
no podía aceptar más retrasos en la aplicación de este
programa, ya que si no se realizan las plantaciones durante
este primer trimestre se corre el riesgo de perder parte de la
favorable acogida que ha tenido el programa forestal en el
conjunto de la sociedad española. El Real Decreto-ley que
someto hoy a la convalidación de SS.SS. autoriza al Iryda a
anticipar los fondos que aporta el Feoga para este tipo de
medidas. En consecuencia, y a fin de disponer de tesorería
suficiente para hacer este anticipo, se faculta al Iryda a
endeudarse temporalmente, concertando una póliza de crédito
con las instituciones financieras de hasta 15.000 millones de
pesetas durante el ejercicio de 1994. El prestatario será el
propio Ministerio, a través del Iryda, y, por tanto, ni los
agricultores ni las comunidades autónomas tienen que
endeudarse. Con esta póliza de crédito el Iryda aportará como
anticipo la parte de financiación comunitaria, y este punto es
el fundamental para comprender el contenido de este Real
Decreto. La financiación española ya figura en los
presupuestos y, por tanto, únicamente hacía falta anticipar la
que llegará
posteriormente de la Unión Europea.

Por consiguiente, como he dicho, el coste de esa operación es
nulo, tanto para el agricultor como para las comunidades
autónomas. Además, el Real Decreto también establece la
aplicación presupuestaria que va a ser utilizada para este
fin. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para el año
1994 figura, en la Sección 21, organismo 109, una dotación de
gasto de 26.674 millones de pesetas, y como contrapartida
figura en el concepto de ingresos una transferencia del Feoga
de 23.093 millones de pesetas, que representan la contribución
comunitaria en dicho gasto. Los restantes 3.542 millones,
junto a una cantidad similar de las comunidades autónomas,
permiten la inversión necesaria para la aplicación en España
de las medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC,
destinando la mayor parte de este gasto al programa de
inversiones forestales en tierras agrarias.

Como SS.SS. conocen, el sistema tradicional de pagos a través
del Feoga-garantía se realiza mediante anticipos del Tesoro
que más tarde son reembolsados por el Feoga. Sin embargo,
estos
reembolsos sólo se producen a partir de la fecha en que el
programa correspondiente está aprobado por la Comisión y el
Colegio de Comisarios. Por tanto, el objetivo final del Real
Decreto-ley es anticipar dichos fondos comunitarios durante el
primer semestre de 1994, para que aquellos agricultores que
hayan iniciado las plantaciones puedan percibir, sin más
demora, las subvenciones que están aprobando las comunidades
autónomas. Tal vez este programa sea la oportunidad más clara
e interesante, desde el punto de vista del agricultor, para
forestar tierras de difícil rentabilidad, puesto que se le
paga, como saben SS.SS., la totalidad de la inversión y se le
compensa la pérdida de renta durante 20 años. También desde el
punto de vista del Estado, puesto que el 70 por ciento del
coste es financiado por el Feoga. Este programa forestal va a
generar un importante número de empleos en el medio rural, ya
que unas 46.000 personas trabajarán durante los seis meses de
plantación, con la consiguiente eliminación de la tasa de
desempleo en dicho medio rural en unos tres puntos.

Como complemento de lo anterior, la disposición final segunda
establece una reducción en el tipo de interés nominal de los
préstamos que fueron concedidos a los agricultores por el
Iryda y que se encuentren en período de amortización, y queda
fijado en un máximo del 9 por ciento en aquellos casos en los
que el tipo de interés fuese superior.

El descenso de los tipos de interés en el mercado financiero,
acaecido a lo largo de 1993, ha motivado que el Iryda se
encuentre con 22.400 expedientes de amortización de préstamos
con intereses superiores a los preferenciales de la banca. En
su momento fueron préstamos concedidos en mejores condiciones
que las del mercado. Ante esta circunstancia, convendrán
conmigo en que era necesario y urgente modificar los tipos de
interés de los préstamos vigentes y facilitar a dichos
agricultores su gestión empresarial.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Gobierno manifiesta su
confianza en el programa forestal, apoya con



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decisión la recuperación de la cubierta vegetal y la lucha
contra la erosión y decide adoptar medidas extraordinarias y
de urgente necesidad mediante este Real Decreto-ley cuya
convalidación solicito a sus señorías. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno
en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación
de este Real Decreto-ley que nos ha sido presentado hace
escasos momentos por el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Y lo hacemos, en primer lugar, porque
consideramos que hay que llevar a cabo la canalización de las
ayudas que favorezcan al sector forestal en España no
solamente desde un punto de vista tangible de riqueza
maderera, sino por lo que conllevan fundamentalmente como
protección del medio ambiente, como consolidación de terrenos
frente a la desertización, frente a una lucha activa y
positiva contra la desolación y deforestación que producen los
incendios forestales, así como también por permitir
determinadas reconversiones a las que las Directivas de la
Unión Europea nos obligan.

Entendemos que esto es poner a disposición de los agricultores
que quieran realizar actividad forestal un instrumento
económico-financiero con flexibilidad, con operatividad y con
garantías de que se cumple. Si esto se lleva al ámbito de
actuación operativa el instrumento idóneo que lo tiene que
desarrollar es el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario, porque si aquí se hace una dotación de gastos
precisamente para ayudar al fomento de estas inversiones
forestales --de cuya necesidad diría que ninguna comunidad
autónoma de España está exenta, desde las periféricas de las
costas atlánticas, cantábricas o mediterráneas hasta las
insulares, tanto de Baleares como del Archipiélago Canario--,
vemos inmediatamente la necesidad de canalizar estas
actuaciones. Entendíamos también, en línea consecuente con lo
que había señalado el Real Decreto 378/1993, que había que
fijar un régimen de ayudas para el fomento de las inversiones
forestales en estas explotaciones agrarias que favoreciera
también la capacidad de endeudamiento del instrumento que pone
la Administración al servicio de ellas.

Por tanto, si con este Real Decreto-ley se autoriza a
anticipar los fondos de financiación para los agricultores que
lo demanden, a concretar, precisamente a lo largo de este año
1994, las operaciones de crédito para financiar esos anticipos
previstos en el propio artículo primero del Real Decreto-ley
que aquí tratamos de convalidar, y se dan, digamos las
garantías de todos los apoyos financieros que se contemplan en
el artículo tercero del mismo, dada su finalidad nosotros,
como digo, vamos a apoyar esta convalidación por entender que
en esta línea hay que trabajar con esta flexibilidad y que se
cumple el principio de la propia Directiva que se ha señalado
aquí de la Unión Europea. Creemos, además, que lo que se
contempla en el Reglamento 2.080, del año 1992, de la entonces
Comunidad Económica Europea, es positivo. A lo largo del
pasado año, incluso cuando discutimos aquí el presupuesto para
1994 del Ministerio de Agricultura, hemos tenido debates sobre
esta cuestión de los fondos
forestales. Celebro que el señor Ministro con este Real
Decreto haya cumplido aquel compromiso, porque siempre
producía
reticencias ver una dotación escasa. Creo que es acertada y de
sentido común la medida de que sea el Iryda el cauce e
instrumento de la financiación por la agilidad operativa y la
prefinanciación que supone. Es una buena medida y por esa
razón Coalición Canaria la va a votar favorablemente.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, debatimos hoy la propuesta del
señor Ministro de Agricultura de convalidación del Real
Decreto que contiene dos medidas en beneficio de la
agricultura, a nuestro juicio muy significativas. La primera
de ellas manifiesta la voluntad de impulsar las medidas de
acompañamiento de la nueva política agraria común y supone un
cambio positivo e
imprescindible respecto a los métodos y plazos por los que
hasta ahora los agricultores accedían al régimen de ayudas de
los fondos europeos del Feoga-garantía hasta que podían ser
cobrados. Significa un cambio positivo, por tanto, respecto a
la
efectividad real de estas yudas, pues hasta ahora los retrasos
en la percepción les habían restado eficacia cuando no
pudieran haber resultado perjudiciales. Por esta causa, muchos
agricultores podrían haber renunciado a solicitar estas ayudas
y, por tanto, haber renunciado a hacer las inversiones
imprescindibles para mejorar o cambiar sus producciones, a
acogerse a las directrices de la PAC y, por consiguiente, a
complementar sus rentas. Ciertamente, hacía falta una medida
como la que propone la primera parte del Real Decreto 378/1993
para ahuyentar estas dudas y reticencias que estaban en el
ánimo de muchos agricultores. Pensamos que con estas medidas
cualquier agricultor que tramite una solicitud



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de ayuda para forestar tierras de escasa rentabilidad para
otros cultivos y obtenga la aprobación de su comunidad
autónoma tendrá acceso a la subvención y garantizado su cobro,
cobro de forma casi inmediata a la expedición del certificado
de haber realizado las tareas de plantación. Con ello se evita
que el período de tiempo que transcurra entre el desembolso de
la inversión y el reembolso de la parte correspondiente a la
participación del Feoga-garantía precise del endeudamiento del
agircultor, porque será el Iryda a cuyo cargo correrán el
crédito y los gastos financieros de los intereses. Nuestro
Grupo, señorías, considera esto muy acertado, porque pensamos
que esta inmediatez en el cobro, juntamente con el ahorro a
los agricultores de los intereses, será agradecido también por
éstos y contribuirá al éxito de los programas de regeneración
de una masa forestal del país que necesita de una acelerada
ampliación. También valoramos positivamente la reducción de
los intereses de los préstamos que fueron concedidos por el
Iryda a quienes los tengan fijados a tipos superiores al nueve
por ciento, siguiendo la tónica de los descensos producidos en
el mercado financiero. Tal vez solamente podríamos objetar que
al tratarse de dos cuestiones tan
independientes su aplicación administrativa podría dar lugar a
confusión y tal vez hubiera sido más conveniente y práctico la
tramitación de dos decretos diferenciados.

A pesar de ello, por todo lo anterior nos reafirmamos en
nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto y a
las dos medidas que contiene. Nada más y muchas gracias, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Vidal. Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a votar favorablemente la convalidación de este
Real
Decreto-ley y lo vamos a hacer fundamentalmente porque no
queremos que los miles de solicitantes de las ayudas que este
Decreto contempla sufran como en otras ocasiones las
consecuencias de la improvisación del Gobierno.

El Gobierno nos pide hoy el voto favorable para una operación
de endeudamiento del Iryda por un importe de hasta 15.000
millones de pesetas, una operación que hubiera sido
absolutamente
innecesaria si se hubiese actuado con la mínima diligencia.

Pero sucede que el Gobierno ha vuelto otra vez a poner el
carro antes que los bueyes; ha vuelto a poner en marcha una
serie de ayudas para la reforestación sobre la base de un
programa que todavía no ha sido aprobado por Bruselas. La
Comisión se está tomando su tiempo, lo que por otra parte no
es de extrañar, si tenemos en cuenta que la Administración
española agotó al máximo el plazo para la presentación del
mismo, exactamente un año después de la aprobación del
Reglamento comunitario. El caso es, señorías, que el programa
no está aprobado y no sabemos si es por el motivo antes
señalado o porque existe discrepancia en la Comunidad respecto
al contenido del mismo. Como consecuencia de todo ello, el
programa va a sufrir un encarecimiento importante y se va a
producir la circunstancia de que van a ir a parar a manos de
entidades financieras, en concepto de intereses, sumas
importantes que, en principio, debían ser destinadas a los
agricultores en concepto de compensación de rentas. Mal
empieza, señor Ministro, un programa a nuestro juicio tan
importante y que, de ser aplicado correctamente, debe influir
muy
positivamente sobre las rentas, sobre el nivel de vida de los
agricultores, pero también sobre el medio ambiente y el
equilibrio territorial.

Señor Ministro, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se
propone hacer un seguimiento intenso de la aplicación de este
Real Decreto 378/1993 en las distintas administraciones
--autonómica, local y central-- para que se pueda conseguir el
objetivo fundamental, esto es, la compensación de rentas para
aquellos agricultores perjudicados por la reforma de la
política agraria comunitaria. Instaremos, por tanto, para que
las ayudas vayan para aquellas explotaciones cuyos titulares
se dediquen personalmente a la actividad agraria, obtengan la
mayoría de sus rentas de la misma, residan en la zona de la
explotación y, además y sobre todo, hayan visto disminuidas
sus rentas. Estas, señorías, señor Ministro, deben ser las
personas destinatarias fundamentalmente de estas ayudas. Por
ello, señor Ministro, consideramos que es indispensable que
las distintas
administraciones --central, local y autonómicas-- orienten
para que este programa realmente cumpla sus objetivos, que no
solamente consisten en la compensación de rentas sino en algo
importantísimo como es la restauración de la masa forestal, la
mejora de los recursos forestales, como se contempla en el
Real Decreto, el favorecimiento del desarrollo de ecosistemas
forestales y la creación de una cubierta vegetal tan agotada
en nuestro territorio. Para que todo esto se cumpla realmente
debe haber una tarea importante por parte de las
administraciones central, autonómica y local, en la que se
oriente a los
agricultores para la plantación de las especies más idóneas en
cada territorio, haciendo realmente énfasis en que se planten
especies autóctonas que requieren un menor consumo de agua y
que realmente contribuyen a que la cubierta vegetal se vaya
incrementando.

Es necesario, señor Ministro, que se eliminen aspectos tan
negativos del Real Decreto como el que se recoge en el punto 3
del artículo 9 y en el punto 2 del artículo 11, por cuanto
permite especies tan negativas



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y tan denunciadas por las organizaciones ecologistas como la
del eucalipto, que desde el punto de vista ecológico es
absolutamente perjudicial, ya que provoca e incrementa el
riesgo de incendios. Por ello esta especie se debe eliminar
del Real Decreto por cuanto puede provocar una plantación
masiva del mismo, al ser de crecimiento rápido y permitir, un
ciclo de explotación más corto, siendo, por tanto, mucho más
interesante para aquellas empresas que se plantearán un uso
abusivo de este cultivo para su
explotación más a corto plazo.

Hay muchos temas, señor Ministro, en los que deberíamos
profundizar: en la cuestión de las plantaciones más idóneas
para evitar el riesgo de incendios, para evitar el exceso de
cortafuegos y hacer unas plantaciones que escalonamente puedan
ellas mismas evitar ese riesgo. La formación de los
agricultores es muy importante. Hay que pensar que nuestros
agricultores hasta ahora sembraban productos hortofrutícolas,
viñedos; no son lo mismo unas plantaciones de arbolado, que
requieren un
tratamiento, y, por tanto, habrá que hacer esfuerzos
importantes en la formación de los agricultores. Pero también
es muy
importante que cuidemos el entorno de esta producción. El
señor Ministro y SS.SS. saben que hay cantidad de
explotaciones forestales que han cerrado durante los últimos
años y empresas pequeñas aserradoras que también han tenido
que cerrar porque el precio del papel ha ido bajando durante
los últimos años. Por eso creemos que desde las
administraciones se debe coadyuvar al impulso y al desarrollo
tecnológico y de comercialización de este sector maderero.

Le instamos también, señor Ministro, con motivo de este debate
sobre el Real Decreto-ley, a que se ejerza un control riguroso
sobre las empresas que han proliferado últimamente como
churros y que van a ir a ofrecer sus servicios de plantar,
tratar, talar, no se vaya a dar la circunstancia de que estas
empresas, que tienen muchos recursos y mucha capacidad de
gestión, sobre la base de la picaresca, que a veces se da,
vayan a atar otra vez de pies y manos a los agricultores que
van a optar por la plantación de árboles y se lleven
fundamentalmente ellas los beneficios. Le insto a una labor de
control sobre este tipo de empresas, señor Ministro.

Finalmente, una última consideración sobre los convenios de
forestación para Ciudades Patrimonio de la Humanidad, noticia
que salió publicada ayer en los períodicos y que usted
inauguró en la ciudad de Salamanca. Desde luego, no va a ser
nuestro Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el
que se oponga a medidas de este tipo, pero le invito a
reflexionar, señor Ministro, sobre la oportunidad de que en un
año de restricciones presupuestarias, en un año en el que el
gasto español
presupuestario ha tenido una disminución considerable en
infraestructuras de regadío, en formación y en otras tantas
partidas, usted considere oportuno el gasto de 200 millones de
pesetas para estas actividades de forestación en ciudades. Ya
digo que nuestro Grupo, en cualquier otro momento, no sólo no
se opondrá, sino que le alentará a ejercer este tipo de
actividades, pero 200 millones, señor Ministro, son muchos
millones en un año de crisis.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Popular va a votar afirmativamente la
convalidación del Real Decreto que nos acaba de presentar el
Gobierno, pero, dicho esto, señor Ministro, lo haremos
exclusivamente por los agricultores, que están siendo
sometidos a un retraso inexplicable en la aplicación en España
de las medidas de acompañamiento previstas en la reforma de la
política agraria común.

La política agraria común fue reformada en mayo de 1992. La
Comunidad Económica Europea aprobó, en junio de 1992, el
Reglamento que hacía posible y obligatorio a los Estados
miembros la aplicación de las medidas de acompañamiento. El
Gobierno socialista, hasta marzo de 1993, no aprobó el primer
marco jurídico, el Real Decreto, que permitía la aplicación en
España de esas medidas de acompañamiento, y nada más desde
marzo de 1993. Eso sí, ha habido una campaña electoral, ha
habido unas promesas, ha habido unas afirmaciones del
Presidente del Gobierno en cuanto a que el Gobierno socialista
iba a forestar un millón de hectáreas, un millón de hectáreas
que en una cuenta de la lechera se transformaban en que
800.000 hectáreas, se iban a hacer directamente entre el
Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas y
200.000 hectáreas se iban a hacer por el sistema clásico de
forestación por parte del Icona. Incluso se contabilizó ese
plan forestal y se dijo que el coste total iba a ser de
300.000 millones de pesetas; que se habían solicitado de la
Comunidad Económica Europea 196.000 millones de pesetas; que
además íbamos a tener la aportación de los fondos del FEOGA-
orientación por valor de 17.000 millones de pesetas; que las
comunidades autónomas iban a participar con 65.000 millones de
pesetas y el Ministerio sólo con 21.800 millones de pesetas,
es decir, el 3,5 por ciento del total del plan forestal que
durante cinco años, el quinquenio 1994-1999, iba a transformar
la faz forestal de España.

A este respecto hay que recordar, señorías --supongo que
algunos lo conocerán; a otros les puede resultar interesante--
, que tenemos 23 millones de hectáreas de superficie agraria
útil; barbecho, 3,5 millones; tierra forestales,



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5,5 millones de hectáreas, y, por lo tanto, susceptibles de
una forestación, 3 millones de hectáreas. El programa de por
sí pequeño, de por sí insuficiente hablaba de una forestación
de un millón de hectáreas en cinco años. Hemos visto la
financiación y hemos visto cuál iba a ser la aplicación en
1994. En 1994 el coste total del programa iban a ser 48.000
millones de pesetas, porque pensábamos que el Feoga-Garantía
iba a aportar 31.000; el Ministerio, incluidos los reembolsos
del Feoga-orientación, 5.600; que las comunidades autónomas,
11.000 millones de pesetas, contando con el reembolso de los
fondos comunitarios.

Pero desgraciadamente, señorías, hay que hablar de la
incapacidad del Gobierno socialista. Como ayer se puso de
manifiesto, cuando defendemos en solitario una cuestión como
es la del tomate canario, no lo podemos sacar adelante; cuando
Francia defiende otra cuestión, como es la de los plátanos,
efectivamente nuestros intereses salen adelante. En este caso
concreto hay que decir que en febrero de 1994 nuestro plan
forestal no ha sido aprobado por la Comunidad Económica
Europea. Por lo tanto, estamos aprobando un Real Decreto que
prevé trasladar a los agricultores unos fondos que previamente
autorizaremos al Iryda para que los concierte con las
comunidades autónomas sin tener absoluta garantía de que ese
plan vaya a ser aprobado por la Comunidad Económica Europea ni
en la cuantía que hemos presentado. Nuestro plan está valorado
en más de 1.000 millones de ecus. La Comunidad Económica
Europea, la Unión Europea, para todo el programa forestal de
la totalidad de los países que componen la Unión tiene
presupuestado para este cuatrienio próximo 600 millones de
ecus. El señor Ministro dice que se ha reunido con el
Comisario Steichen y que éste le ha prometido unas cantidades,
pero en febrero no están hechas efectivas estas cantidades,
señor Albero. Por lo tanto, estamos aprobando una obligación
del Iryda con relación a las entidades bancarias sin ninguna
garantía de que este dinero pueda venir en 1994.

Volvamos por lo tanto a aquello que condicionó muchos
elementos de la campaña electoral y que permitió al Gobierno
hacer una demagogia absolutamente recusada por esta realidad
que se demuestra que se estaba haciendo sin datos en la mano.

El millón de hectáreas, señor Albero, es imposible alcanzarlo.

Hace poco le dije en un debate que las afirmaciones que venía
realizando el Secretario General de Estructuras sobre la
realidad de forestación de 200.000 hectáreas en 1994 eran
inciertas y usted se manifestó con relación a la certidumbre
de esas afirmaciones. Los datos lo hacen imposible. ¿Cuántas
hectáreas se van a forestar con los 15.000 millones, señor
Albero? Dígalo. No lo ha dicho. ¿Se lo digo yo? Unas 60.000 de
las 200.000 de 1994, escasamente 60.000 hectáreas, señor
Albero. Y ¿dónde van a cortar ustedes? Más de 200.000
hectáreas han sido solicitadas por los agricultores,
expedientes aprobados por las diferentes
comunidades autónomas; agricultores que están a la expectativa
de recibir la autorización del Ministerio y de su comunidad
autónoma. Es más, han paralizado esas tierras, las tienen
esperando la autorización, no han sembrado en el otoño de 1993
esas 200.000 hectáreas ¿Por dónde van a cortar ustedes, señor
Albero? ¿Qué preferencias van a dar? Aquel que no le permitan
forestar, porque con 15.000 millones de pesetas escasamente
usted puede atender 60.000 hectáreas, ¿qué va a hacer este
año? No ha sembrado, no puede forestar. ¿Quién le compensa la
renta perdida? ¿El señor Presidente del Gobierno cuando decía
en televisión que ibamos a forestar un millón de hectáreas? Es
el responsable. Cuando ustedes vendieron el ritmo de 200.000
hectáreas anuales y se lo creyeron los agricultores ustedes
estaban montando una mentira, porque usted no tenía aprobado
el plan forestal por la Comunidad Económica Europea, y ahora
tiene usted que venir con unas cifras mucho más pequeñas.

¿Dónde va a cortar usted? Es fundamental conocerlo. ¿Qué
preferencias va a establecer usted, señor Albero? Porque aquí
están incluidos agricultores y
entidades jurídicas de carácter público, aquí están
ayuntamientos, aquí están diputaciones. ¿Quién va a tener
preferencia, señor Albero, en el disfrute de los 15.000
millones de pesetas? ¿Los agricultores, a los que está
dirigida la reforma de la política agraria común; los que
realmente tienen que recibir la compensación de renta, los que
tienen paralizada la tierra porque creyeron la falacia
socialista, o las instituciones de carácter público de cara a
un proceso electoral municipal en 1995? Eso es lo que tenía
que haber dicho usted aquí.

Por lo tanto, sí a los 15.000 millones de pesetas, sí a
demostrar cuando debatimos el presupuesto que era insuficiente
el dinero que constaba en el concepto 712 D para la
financiación de las medidas de acompañamiento de la política
agraria común. Sí, por lo tanto, a desbloquear la aplicación
en España de medidas de carácter obligatorio, que desde junio
de 1992 podían haber estado siendo disfrutadas por los
agricultores españoles. No a la manipulación socialista, no al
engaño al que el Presidente del Goierno sometió a los
agricultores españoles.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Protestas en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, a nadie se le oculta la importancia del tema que
estamos debatiendo esta mañana sobre el Real Decreto para
anticipar financiación con destino al programa forestal. Hoy
ha sido puesto de manifiesto reiteradamente



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que este programa es de gran importancia en nuestro país, es
reconocido por todos, es, quizá, de los programas más
debatidos en la sociedad española en los últimos tiempos; no
en vano ha habido por medio en su tramitación una campaña
electoral --como recordaba algún portavoz anterior--en la que
ha sido debatido por activa y por pasiva y donde ha dado a
conocer en todos sus aspectos. Digo que es de gran importancia
para nuestro país porque, además de aprovechar la reforma de
la PAC para los complementos de renta a los agricultores,
significa, y puede significar y debemos hacer que signifique
un nuevo impulso y una nueva filosofía de política forestal
para primar la conservación y la función social de la
forestación y también la producción de madera en nuestro país,
de la que somos claramente deficitarios. Por estas dos razones
este programa ha tenido una gran acogida social y ha sido
sometido --repito-- a un amplio debate. Lo que estamos
debatiendo aquí hoy no es el fondo del programa --que ya ha
sido debatido--, sino la necesidad y la urgencia o no de las
medidas de anticipo presupuestario para el inicio en nuestro
país de ese programa. Se podrá decir --y se ha dicho-- que el
programa se iba a retrasar, que no se aplicaría entre los años
1993 y 1997, que no se iban a cubrir las hectáreas --estos
comentarios los han hecho varios portavoces--; esto es
evidente, pero ello ha ocurrido no sólo en nuestro país,
España. También hay retraso comunitario en la aprobación de
los programas forestales en toda la Comunidad. Hay países que
no van a iniciar las plantaciones ni siquiera en este
trimestre, en este final del invierno, sino que lo harán a
final del año 1994. Nosotros, al contrario, precisamente
tratamos de avanzar en la aplicación de estos programas en
nuestro país antes que en esos otros países, anticiparnos y
aprovechar el período de plantación que todavía nos queda,
generar confianza en los agricultores y en los peticionarios y
no la desconfianza que se ha venido intentando generar a lo
largo de estos meses, anunciándose a bombo y platillo por
parte de algunos grupos políticos en todos los foros a los que
se podía acudir que no se iba a llevar a la práctica, que no
se iban a dar las ayudas, que no iba a haber fondos, es decir,
todo lo contrario de lo que debería haber sido una política
responsable de críticas, de preguntas, de interrogantes, de
incertidumbres que debieran ser aclaradas, pero no generando
desconfianza absoluta en el programa, que estaba totalmente
injustificada, puesto que viene a demostrarse con la actuación
del Gobierno, mediante este Real Decreto-ley con carácter de
urgencia, que era injustificada y que dichas medidas van a
garantizar --y de hecho garantizan--la financiación para el
inicio del programa, y aprovechando el período de plantación,
todavía hábil, y las plantaciones que algunos agricultores
incluso han iniciado o que están aprobadas por sus respectivas
comunidades autónomas.

No se puede decir que esto sea insuficiente, puesto que lo que
se ha hecho en el programa es trasladar las financiaciones
para el inicio del año 1994, puesto que, como es conocido, el
primer programa marco hablaba de 1993 como primer año. Estamos
en 1994 y éste empieza a ser el primer año financiero del
programa cuya aplicación tiene lugar en este primer trimestre.

Evidentemente, como ya he dicho al principio de mi
intervención, no hay ningún programa comunitario aprobado,
puesto que la Comisión todavía no lo ha aprobado; existen los
informes técnicos y los contactos previos necesarios para
garantizar que va a haber financiación comunitaria, aunque los
programas nacionales y, lógicamente el español, quizá tarden
algunos meses en aprobarse en la Comisión. Por tanto, no hay
esa aprobación que permita el mecanismo financiero Feoga, que
es el reintegro en el mes siguiente del gasto. Como no existe
esa aprobación, hay fondos nacionales, pero para la parte
nacional que habría que aplicar si el mecanismo ya estuviera
en vigor. Lógicamente, esos fondos nacionales necesitan ser
complementados con la aportación que correspondería al Feoga,
que no está aprobada, y el propio reglamento no permite que,
sin estar aprobado en la Comisión se puedan reintegrar fondos.

Por ello la financiación es necesaria y urgente, como decía al
principio, puesto que es de vital importancia para nuestro
país, para la política forestal y para la credibilidad de este
programa, para eliminar las reticencias que demagógica e
irresponsablemente han sido sembradas por algunos. Por tanto,
es necesario que se ponga en marcha esta financiación con la
debida urgencia, como el Gobierno ha hecho, para aprovechar
estos meses que todavía son hábiles para plantar y generar
confianza y credibilidad en el programa, lo que permitirá dar
un nuevo impulso a la política forestal española y a la
compensación de rentas a los agricultores, generar confianza
en la aplicación de la reforma de la política agraria
comunitaria y trasladar esperanza a nuestros agricultores y a
nuestro sector forestal. Señorías, creemos que éste es el
debate que demuestra, a la luz de estos datos y de lo que los
portavoces han admitido en el fondo, que es urgente y
necesaria la medida que el Gobierno ha adoptado y, en nuestra
opinión, lo es, fundamental y
políticamente, para generar esa confianza y la credibilidad en
el programa que todos apoyamos y deberemos apoyar y que se
podrá criticar o no y respecto del cual se podrán plantear
incertidumbres e interrogantes, pero nadie dudará de la bondad
de su fondo y de lo que puede significar para nuestro país.

Por tanto, repito, no se trata de discutir hoy aquí sobre el
fondo del programa, que lo hemos hecho y podemos seguir
haciéndolo con detalle --de hecho parece que ya hay
iniciativas en ese sentido en la Comisión--, sino a decir si
estamos de acuerdo con la necesidad y la urgencia, como dicen
el Reglamento y la Constitución,



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de una medida de este tipo, de convalidación de un decreto-
ley. Todos admitimos que es urgente y necesario y, por tanto,
nuestra felicitación al Gobierno por la iniciativa y nuestro
agradecimiento al fondo de la intervención de los grupos, a
pesar de la, yo diría, demagogia y ficticia dureza con que en
algunos casos se manifiestan y que algunos grupos han puesto
de relieve. En el fondo estamos de acuerdo en la bondad de
este programa y en que hay que aplicarlo con urgencia porque
redundará en beneficio de nuestros agricultores y de nuestro
sector forestal. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Roncero. Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación
sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por
el que se autoriza al Iryda a anticipar los fondos mediante
acuerdo con instituciones financieras. (El señor Presidente
ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 1/1994, de 21 de enero.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.

¿Desea algún Grupo que se someta a votación la tramitación
como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado?
(Pausa.)



DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONES:



--CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA
PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y
SOBRE
SU DESTRUCCION, HECHO EN PARIS EL 13 DE ENERO DE 1993, ASI
COMO DECLARACION A FORMULAR POR ESPAÑA (Número de expediente
110/000027)



--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO, HECHO EN NUEVA DELHI EL 8 DE ENERO DE 1993 (Número
de expediente 110/000028)El señor PRESIDENTE: Punto octavo del
orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales.

Para fijar posición sobre alguno de los puntos incluidos en
este apartado del orden del día, por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Rupérez. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.




El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Popular quiere fijar su posición,
brevemente, con relación a la ratificación de la Convención
sobre la
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y
el empleo de armas químicas y su destrucción. Nos parece que
siendo el trámite habitual la consideración por parte del
Pleno de esta Cámara de los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores más bien formal, sin embargo, la
importancia y la trascendencia de esta Convención merece que
la ocasión no sea de trámite y simplemente aprobada --como
esperamos que así lo sea, en cualquier caso lo será con el
voto positivo del Grupo
Popular--, sino que además merece una reflexión, por breve que
resulte, sobre un tratado al cual nosotros, y en general la
comunidad internacional, hemos concedido una gran importancia
merecida.

Recordarán SS.SS. que el pasado 13 de enero de 1993 se
producía en París una celebración importante, que coincidía
precisamente con la firma de esta Convención. La verdad es que
esa elevada acumulación de líderes mundiales representativos
para proceder a la firma de esta Convención tenía una
justificación
significativa.

Es importante subrayar la significación genérica de esta
Convención. Se produce en una situación peculiar positiva. La
humanidad ha ido dando pasos relevantes, aunque no sean
completamente definitivos, sobre el control de las armas
atómicas. La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas ha
conseguido desde ese punto de vista, con otras negociaciones
bilaterales y multilaterales, avanzar de una manera importante
en ese objetivo genérico de las Naciones Unidas que es llegar
al desarme universal y completo bajo control internacional
eficaz. Como digo, una vez solucionados, en gran parte al
menos, los problemas planteados por la proliferación de armas
atómicas, quedan dos sectores radicalmente distintos e
importantes en lo que es la gran necesidad de desarme de la
comunidad
internacional. Uno es éste que ahora consideramos, el de las
armas químicas; otro es el de las armas de tipo biológico. Por
una parte, como el mismo preámbulo de la Convención recuerda,
estamos en ese camino del desarme universal y completo bajo
control internacional eficaz y, por otra parte también, se
avanza de una manera significativa en el terreno de la no
proliferación e incluso de la aniquilación de armas de
destrucción masiva.




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Además, esta Convención tiene algunas cosas importantes de
tipo específico que nos gustaría subrayar. En primer lugar, es
el primer texto omnicomprensivo que abarque no únicamente la
prohibición y la reducción, sino, además, la radical
prohibición y la destrucción de las armas químicas con unos
antecedentes, meritorios pero insuficientes, como fue, por
ejemplo, la
Convención de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del empleo
de gases asfixiantes tóxicos o similares.

Hay que recordar que hace sólo dos años, en esta misma Cámara,
procedíamos, con el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, a la retirada de la reserva que en su momento
había presentado España a esa Convención sobre gases tóxicos
en un sentido que nos pareció enormemente positivo, que era
admitir el principio de la destrucción universal y no
únicamente parcial ni dependiendo de los datos del conflicto
de este tipo de armas. Es evidente que esta Convención
insiste, apoya y subraya lo que es en este momento una
necesidad crítica, desde el punto de vista del desarme, en el
contexto internacional. Las armas químicas --todos lo sabemos-
- son relativamente fáciles en su producción,
relativamente baratas en su generalización, hasta el extremo
de que en una frase un tanto convencional y tópica pero
gráfica, se ha llegado a decir que el arma química era el arma
atómica de los países pobres. De manera que insistir en la
prohibición, en el control de las armas químicas, es tanto
como avanzar de una manera significativa en un sector todavía
poco explorado del desarme universal. Hay que recordar a la
vez que lo que esta Convención contiene no son prohibiciones
parciales, no son reducciones o limtaciones en el uso de las
armas químicas, sino que son medidas radicales, medidas que,
como dice la Convención, incluyen la prohibición, la
destrucción y la no producción de esas armas. La Convención no
es de tipo declamatorio, no es una convención que simplemente
se limitara a la enumeración de determinados principios
generales, sino que desciende con una gran voluntad de
precisión, y consiguiente de compromiso, en terrenos
militares, económicos y técnicos. Se establece un sistema muy
firme de controles de manera que los principios de la
prohibición o de la reducción de la utilización de las armas
químicas no sean simplemente una actividad declamatoria sino
una actividad que, efectivamente, comprometa a todos los
Estados a los cuales la Convención está abierta, que son todos
los del mundo.

Consiguientemente, hay una descripción precisa de lo prohibido
y de las acciones que quedan relacionadas con esas
prohibiciones. Hay toda una serie de consecuencias que tienen
que ser
consideradas por todos los países firmantes y que tiene que
ver con la misma producción de los agentes químicos, los
llamados precursores; agentes químicos no necesariamente
relacionados con la producción de armas químicas pero que
pueden servir para entrar en la cadena de producción de las
mismas. También hay una serie de declaraciones iniciales, los
catálogos de los mismos productos que quedan sometidos a
revisión y a inspección; igualmente, existe una necesidad, que
en su momento tendremos que abordar en esta Cámara, sobre la
adecuación de la legislación nacional a lo que la Convención
establece; hay toda una serie de mecanismos nacionales de
verificación y, finalmente, está la Organización Internacional
sobre las Armas Químicas, que surgirá como consecuencia de
esta Convención y el establecimiento de la autoridad nacional.

Todo ello tiene unos plazos precisos que empezarán a jugar de
manera automática a partir de 1995, en el momento en que la
Convención entre en vigor, según los términos de la misma. Por
eso nos parece importante recordar no sólo las obligaciones
genéricas que vamos adquiriendo, en las cuales vamos entrando,
sino también la necesidad de que, desde el punto de vista de
la industria química nacional, desde el punto de vista de los
establecimientos industriales públicos o privados, desde el
punto de vista de las mismas Cámaras legislativas, tomemos
conciencia de la necesidad de realizar las consiguientes
adecuaciones. En el terreno de la misma Convención, en el
proceso de
negociación de la Convención sobre las armas químicas, España
ha mantenido una actitud a veces ambigua y generalmente
pasiva. España forma parte del grupo australiano, que es una
agrupación informal de 22 países en donde se encuentran
representados todos los países occidentales. Hay que recordar
que, leyendo la literatura administrativa que se ha producido
por parte española como consecuencia de la negociación de la
Convención, nos encontramos con que hace pocos meses todavía
no cumplíamos los compromisos contraídos en materia de
controles a la exportación de productos químicos, los llamados
precursores, a los que me refería anteriormente; que hace
todavía muy pocos meses no se habían tomado las medidas
oportunas sobre los agentes patógenos para seres humanos
precursores de armas biológicas; que hace todavía pocos meses
no sabíamos nada sobre las supuestas
proliferaciones químicas que se producían en algunos países
vecinos y, en concreto, en el caso de Argelia, donde hay
alguna posibilidad de que en la localidad de Gharda-yah los
argelinos estén realizando investigaciones sobre la
construcción de armas químicas; que hace todavía pocos meses,
sólo hace pocos meses, se facilitaban los controles sobre los
primeros cincuenta precursores que el grupo australiano
llevaba preparando; que hace todavía muy poco tiempo España no
tenía postura sobre las armas biológicas en terrenos muy
sensibles, como los agentes patógenos sobre los seres humanos
y animales y plantas, sobre los equipos biológicos de doble
uso; que España no tiene legislación para actuar



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contra individuos y empresas que se sospeche puedan colaborar
en la fabricación de las armas químicas o biológicas.

Por otra parte, la Administración española ha participado poco
en la Comisión preparatoria, a pesar de que en dicha Comisión
figuramos en el puesto número nueve, según las cantidades que
aportamos para el mantenimiento de la misma. Es necesario
también que pronto la Administración española se ponga de
acuerdo para construir, por lo menos, el germen de esa
autoridad nacional que será la última responsable de la
aplicación a aspectos nacionales y la interlocutora válida en
lo que se refiere a aspectos internacionales de la Convención
que hoy se nos somete a
ratificación. Por eso, desde esta tribuna, queríamos excitar
el celo de los sectores administrativos correspondientes,
fundamentalmente los de los Ministerios de Exteriores,
Industria y Defensa, para que pronto se pueda contar con el
embrión de esa autoridad nacional, sin la cual una parte
importante de la Convención quedaría sin contenido. Hay una
cuestión adicional que quería señalar. El texto que se somete
a la consideración y a la ratificación de esta Cámara
posiblemente no sea el texto
definitivo desde el punto de vista lingüístico. Se ha podido
observar en dicho texto toda una serie de errores de
traducción del original inglés, hasta el extremo de que en
algunos puntos la interpretación del texto español pudiera
conducir a error o simplemente a ambigüedades
interpretativas con respecto al original. Al respecto, nos
hemos permitido presentar una proposición no de ley ante la
Cámara para que el Gobierno remita, en el momento en que sea
posible y disponible, el texto definitivo del tratado de la
Convención sobre armas químicas.

En definitiva, señor Presidente, señorías, quería terminar
estas palabras diciendo que para nosotros éste es un momento
importante en la evolución de la comunidad internacional hacia
esos altos objetivos que todos compartimos o deberíamos
compartir, sobre el desarme universal y completo bajo control
internacional eficaz: que la Convención que hoy se somete a
nuestra ratificación sobre las armas químicas es un hito
extraordinariamente importante y significativo en ese camino
y, consiguientemente, lo que trae consigo la ratificación en
el futuro inmediato. Quería anunciar con nuestro voto positivo
la necesidad de que todos en esta Cámara, todos en España,
seamos conscientes de la importancia y de la trascendencia que
esta Convención tiene para la edificación y para la
imaginación de una comunidad en paz, en seguridad y en
libertad.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Aunque no teníamos intención inicialmente de intervenir en
este importante Convenio, la pertinente intervención del
Diputado anterior nos ha invitado a ello. Queremos señalar el
acuerdo de Izquierda Unida con esta Convención que, como bien
se ha dicho, es una Convención omnicomprensiva que intenta
establecer
criterios sobre la prohibición de todos los ámbitos en los que
se producen las armas químicas: el desarrollo, la producción,
el almacenamiento y el empleo, así como el detalle de una
larga lista de sustancias químicas precursoras para la
utilización final de estas armas químicas. Nos parece que ha
sido pertinente la intervención anterior, que nos motiva a
ésta, para que este Convenio, sin duda trascendental, no pase
en la rutina de una aprobación, como muchos otros convenios
que siendo todos
importantes motivan intervenciones en la Comisión pero no en
el Pleno. En esta Convención se pasa también --y eso conviene
resaltarlo-- del desiderátum de la lucha contra la
proliferación de armas de cualquier tipo a la concreción de
medidas que permiten avanzar seriamente en esa dirección.

Acabo, señor Presidente, manifestando una vez más nuestra
posición
absolutamente favorable a la Convención que hoy se nos
presenta. Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.

Mi Grupo tampoco quiere dejar pasar la ocasión en este trámite
del Pleno para comentar los aspectos más relevantes de este
importante y trascendental Tratado que se nos somete a
ratificación en este día y que ya los anteriores portavoces de
los grupos intervinientes han dejado prueba manifiesta de la
trascendencia del mismo. Evidentemente, desde finales del
siglo XIX, la comunitad internacional se ha visto confrontada
a uno de sus retos más importantes en materia de desarme, cual
era la conclusión de un tratado de prohibición total de armas
químicas. El primer logro significativo, aunque parcial, fue
el Protocolo de Ginebra, de 17 de julio de 1925, y con
posterioridad se adoptaron una serie de iniciativas que
resultaron infructuosas hasta la década de los ochenta. En el
contexto de una
proliferación creciente del uso de armas químicas, la
Conferencia de Ginebra negoció, entre 1984 y 1992, el texto de
la presente Convención, que finalmente ha sido aprobado por
resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y
acordado, por consenso, en su actual período de sesiones. Como
ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, la Convención
tiene por objeto impedir de forma efectiva y global el uso y
la existencia de armas químicas,



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cuya definición establece con carácter amplio y detallado. Yo
creo que se podría resumir perfectamente el contenido de la
misma manifestando que tiene obligaciones de hacer y
obligaciones de no hacer, obligacionesde destruir todas las
armas químicas e instalaciones de producción existentes en un
territorio y obligaciones de no usar las armas químicas, no
desarrollarlas, no producirlas, no adquirirlas, no
almacenarlas y no
transferirlas.

Se da un paso indudablemente importante en cuanto a los
mecanismos de verificación que este proceso va a llevar
consigo, puesto que se establece con carácter detallado la
necesidad del cumplimiento de las obligaciones antedichas por
medio de la creación de una organización «ad hoc» para la
prohibición de armas químicas que tiene la virtualidad de
carácter independiente de los Estados parte y que se crea para
aplicar la Convención. Me parece que la creación de un
mecanismo de asistencia y protección contra el empleo o la
amenaza de empleo de estas armas químicas, así como un esquema
de sanciones rigurosas que pueden llegar hasta someter el
incumplimiento del convenio a la atención de la Asamblea
General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, da
cumplida medida del rigor de la presente Convención. España
encaja perfectamente en el marco de la política general de paz
y seguridad desarrollada por el Gobierno y en el constante
apoyo de este último y de todas las fuerzas políticas
representadas en esta Cámara a los procesos de control de
armamentos y desarme, y en particular por lo que concierne a
las armas de destrucción masiva. España ha favorecido en todo
momento la conclusión de un tratado de prohibición de armas
químicas, siendo claros y evidentes los esfuerzos realizados
al respecto en los distintos foros internacionales de los que
formamos parte: Naciones Unidas, CSCE, Comunidad Europea, OTAN
y UEO. Quiero resaltar, al igual que han hecho mis anteriores
colegas, la vocación universal omnicomprensiva --en términos
expresados por los anteriores intervinientes-- con que está
concebido el presente convenio que representa un hito
importante en la eliminación de esta clase de armas y que
supone, sobre todo, un precedente muy valioso en materia de
desarme multilateral. Yo creo que los logros que se consigan
con la firma del presente convenio suponen un estímulo para
seguir avanzando y progresando de manera decidida en los demás
campos del desarme, así como para retomar los pasos ya dados
en otros aspectos, como puede ser el desarme convencional, e
indudablemente también para seguir avanzando en el terreno del
desarme nuclear. Creo, por tanto, que es motivo de
satisfacción para todos los grupos de esta Cámara --para mi
Grupo lo es-- el poder votar hoy favorablemente la
ratificación del presente Convenio.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.

Las votaciones correspondientes a estos dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores tendrán lugar antes de proceder
a las votaciones correspondientes al punto décimo del orden
del día.




DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE DOS CREDITOS
EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE ACUMULADO DE 6.844.812.000
PESETAS, AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, CON DESTINO A
LA EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), Y A LA
SOCIEDAD MINAS DE FIGAREDO, S.A. (Número de expediente
121/000018)



El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día:
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas.

Proyecto de ley sobre concesión de dos créditos
extraordinarios por importe acumulado de 6.844.812.000 pesetas
al Ministerio de Industria y Energía, con destino a la Empresa
Nacional Hulleras del Norte (HUNOSA), y a la Sociedad Minas de
Figaredo, S.A. ¿Desea intervenir algún Grupo en relación con
este dictamen? (Pausa.) La votación del mismo tendrá lugar en
el momento anunciado en relación con los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS
ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y
ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS (Número de expediente
125/000008)



El señor PRESIDENTE: Punto décimo de orden del día: Debates de
totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad
subsiguiente a las enmiendas de esta naturaleza presentadas a
la proposición de ley sobre modificación de los aspectos
económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
actualización de los puertos francos. El debate de este punto
del orden del día tendrá lugar de forma acumulada, de manera
que habrá un turno en contra de estas enmiendas y las
fijaciones de posición también serán únicas en relación con
las dos enmiendas.

Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Villalobos.




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El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente, señorías,
permítanme que, como Diputado canario, manifieste en estas
primeras palabras de mi intervención el profundo respeto con
que abordo esta cuestión y la conciencia de la alta
responsabilidad que adquirimos quienes participamos en este
debate que atañe al instituto jurídico representativo por
excelencia de las especialidades económico-fiscales de nuestro
archipiélago. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) El Partido Popular, en cuyo nombre me cabe el
honor de hablar, ha presentado una enmienda a la totalidad a
la proposición de ley porque mantiene discrepancias básicas en
conceptos y en el enfoque general de la misma. Pero, antes de
entrar en la exposición y defensa de nuestra enmienda, es
preciso hacer unas breves consideraciones acerca de la forma
en que esta iniciativa legislativa se ha presentado en esta
Cámara y sus visicitudes posteriores.

En primer lugar, hemos de reiterar nuestra condena a que un
instituto de tanta trascendencia para la región canaria se
haya traído aquí como proposición de ley de su Parlamento sin
el necesario consenso de las principales fuerzas políticas que
lo integran, con el solo apoyo de la mayoría estricta y
circunstancial de Coalición canaria.

En segundo lugar, también debe criticarse la conducta
posterior de Coalición Canaria que ha pasado de una actitud
radical, desafiante y de enfrentamiento al Gobierno de la
Nación, a una postura claudicante, de rendición y entrega al
Partido Socialista. Ha intentado de esa manera evitar que su
proposición de ley fuera desplazada formal y abiertamente del
debate parlamentario por una enmienda a la totalidad del Grupo
Socialista, aunque a nadie engaña. De hecho, las 123 enmiendas
pactadas con ese Grupo no pueden disimular su naturaleza de
real y auténtica enmienda a la totalidad. A la postre, no han
podido ocultar la radical impotencia de un grupo de cuatro
Diputados en esta Cámara, y ha prevalecido el texto elaborado
por el Ministerio de Economía y Hacienda que significa la
definitiva liquidación de los elementos fundamentales del
tradicional «status» especial canario. Pues bien, frente a
ello, el Partido Popular presenta un texto alternativo,
ambicioso y moderno, inspirado en el profundo respeto a lo que
ha constituido históricamente su núcleo esencial. No se puede
tratar el régimen Económico y Fiscal de Canarias sin partir de
la constatación de sus peculiares condiciones geoeconómicas
motivadoras de su especialidad, condiciones que vienen
determinadas por su situación geográfica de lejanía, el
carácter insular y la pequeña dimensión y discontinuidad de su
territorio. Situada a mil millas de distancia de la península
ibérica, se encuentra aislada en medio del Atlántico, pues el
Africa que tiene próxima es una tierra desierta, vacía de
población y carente de toda actividad económica y comercial
apreciable. De ello se derivan innegables desventajas
geoeconómicas; su lejanía geográfica de todo centro económico
importante impone un gravoso encarecimiento a las mercancías
que debe importar con transporte marítimo y aéreo y que
constituyen, dado su bajo grado de autoabastecimiento, el 58
por ciento de sus suministros en términos de PIB regional.

Pero si onerosas son las consecuencias de su situación
geográfica en el encarecimiento de sus aprovisionamientos, más
graves son sus efectos sobre la actividad económica
productiva, en cuanto que el aislamiento y la lejanía se
constituyen en barrera y obstáculo al envío y exportación de
sus bienes y productos, que tienen que soportar elevados
fletes de transporte marítimo y aéreo. Es lo que ha venido en
llamarse el coste de la insularidad.

A lo largo de la historia, el resto de España ha venido
reconociendo esta singularidad geopolítica y económica del
archipiélago. De ahí el «status» económico-fiscal especial del
que han disfrutado las islas desde el mismo siglo XV, elevado
al mayor rango jurídico-político por nuestra Constitución de
1978. La constante inspiradora de todas las disposiciones
legales que han ido desarrollando el REF ha sido siempre
arbitrar fórmulas de compensación a Canarias de las
desventajas económicas que le vienen impuestas por su
situación geográfica de aislamiento y lejanía. Y así se ha
conformado lo que acertadamente se denomina el núcleo esencial
de su tradicional régimen económico. Por un lado, la libertad
de comercio exterior y la franquicia aduanera, que permitía el
abastecimiento de las islas en los mercados internacionales en
condiciones más baratas y exentas de pago de aduana. Y, por
otro, la franquicia fiscal al consumo, que suponía importantes
derogaciones al régimen general de la imposición indirecta que
regía en el resto de España y que permitía una tributación
local autóctona más benigna y menos gravosa.

Pues bien, la integración de España en la Comunidad Europea ha
supuesto una profunda afectación del núcleo esencial del REF
de Canarias. Por una parte, las franquicias aduaneras
tradicionales quiebran ante la inclusión de la región canaria
en el arancel aduanero comunitario y, por otra, el proceso de
armonización comunitaria de la imposición indirecta ha
supuesto la desaparición de la franquicia fiscal al consumo.

Esta circunstancia, junto a múltiples transformaciones en su
economía, excesivamente concentrada en el sector turístico,
obligan a una profunda revisión de su tradicional régimen
económico fiscal.

Y, en este propósito, dos grandes opciones o vías alternativas
se ofrecen como ejes articuladores del futuro modelo
económico. Por un lado estaría aquella opción que pone énfasis
en un marco de especialidades económico-fiscales que permita
el asentamiento en



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su territorio de determinadas actividades orientadas hacia
mercados de terceros países no comunitarios, dirigida a la
realización de operaciones con empresas y particulares
residentes en países terceros, no pertenecientes a la
Comunidad Económica. Este sería un modelo en sintonía con las
denominadas zonas «off shore» y paraísos fiscales. Por otro
lado, estaría aquella opción que apuesta porque el conjunto de
las especialidades económicas y fiscales de Canarias comporte
ventajas que sirvan para promover su mayor integración en la
economía y en los mercados del resto de España y de la
Comunidad Europea, que actúe de puente que salve las
distancias geográficas que separan las islas de la Península
Ibérica y del continente europeo; que sea, en
definitiva, un mecanismo de compensación que permita la
aproximación efectiva de Canarias al resto de España y de
Europa, tratando de equipararla con otras regiones
continentales. Desde nuestro punto de vista, el texto que
propugna Coalición Canaria y el Partido Socialista representa
la primera opción, por cuanto hace gravitar sobre la zona
especial de Canarias, la ZEC, el centro de gravitación de su
modelo y a ella dedica más de las dos terceras partes de su
articulado. La ZEC no es otra cosa que una zona «off shore»,
limitada, en sus operaciones y actividades, a los residentes
fuera del propio territorio y provista de unas cláusulas de
estanqueidad que impiden operar con residentes en España y en
la Comunidad Europea. No caigamos en la trampa de falsos
espejismos.

Las zonas «off shore» y los paraísos o refugios fiscales son,
en la mayor parte de los casos, meros centros de domiciliación
formal de empresas y sociedades que desarrollan realmente sus
operaciones y actividades fuera de las mismas. Las sucursales
de los grandes bancos situados en las zonas «off shore» son
casi siempre meras unidades de imputación contable donde se
anotan las operaciones que realmente se gestionan y
administran en los grandes centros financieros
internacionales.

Los buques inscritos en los registros de conveniencia nunca
recalan en sus puertos, no enrolan en ellos su tripulación ni
se aprovisionan ni pertrechan en ellos. Por eso, una zona «off
shore», que puede ser palanca de apoyo a las economías de
pequeños territorios soberanos de muy escasa población, como
Liechtestein, Luxemburgo o Gibraltar, no podrá tener más que
una limitadísima incidencia en la economía de un archipiélago
de un millón y medio de habitantes, con fuertes obstáculos en
el desenvolvimiento de su actividad económica y elevados
índices de desempleo.

Si nos referimos a la zona franca industrial, sus ventajas
sólo se otorgan en tanto sus productos se exportan a terceros
países no comunitarios, sin posible acceso a la Comunidad
Europea, lo que le priva de toda viabilidad. Por ello, a
muchos nos llena de honda preocupación que se quiera convertir
el nuevo modelo de REF de Canarias en algo como lo de Madeira,
unas islas que apenas alcanzan, en dimensión y
demografía, una quinta parte de las Canarias y en las que la
implantación de una zona «off-shore», hace ya unos seis años,
no ha tenido incidencia preceptible en su economía en términos
de crecimiento del PIB regional o en términos de creación de
empleo. La ZEC puede ser, y lo es en algunos de sus aspectos,
un elemento a incorporar al REF, pero sería un error
histórico, de graves consecuencias, erigirla en pieza clave y
eje configurador del modelo especial canario.

El texto alternativo del PP a la proposición de ley de
modificación del REF apuesta decididamente por la segunda de
las opciones. Propugna un régimen económico fiscal cuyas
especialidades sirvan para superar, en cuanto sea factible,
los obstáculos geográficos que se oponen a nuestra mayor
incardinación en las economías españolas y europeas. Desde
esta opción, la propuesta de REF del texto alternativo del
Partido Popular se asienta en cuatro pilares fundamentales.

Por el primero de ellos el Partido Popular propugna la
remoción de los monopolios y la liberalización del transporte
marítimo y aéreo, así como de las telecomunicaciones, pero
sabe que ésta no va a ser materia exclusiva de la especialidad
canaria, sino que va a generalizarse a todaEspaña como
normativa vinculada al proceso de integración de la Comunidad
Europea. Así, el texto alternativo del Partido Popular se
enfoca preferentemente a una formulación más ambiciosa de la
subvención pública al transporte marítimo y aéreo de
mercancías y viajeros y al tratamiento favorecedor de las
actividades empresariales ligadas al tráfico y a las
operacionesen puertos marítimos y aeropuertos. Unos
transportes y unas comunicaciones baratas, unos puertos y
aeropuertos eficientes, ágiles y económicos, son requisitos
imprescindibles para rebajar el coste de los abastecimientos
en las islas y permitir la competitividad de sus
exportaciones. El segundo y más importante pilar en que se
sustenta el modelo propuesto por el texto alternativo del
Partido Popular es un tratamiento fiscal diferenciado y
favorable en la aplicación de los impuestos directos del
Estado en la región canaria,
compensatorios del coste de la insularidad. Por un lado, se
propone, de forma general, una bonificación del 20 por ciento
en la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de Sociedades y otra, de forma específica,
articulando incentivos fiscales a la actividad empresarial
exportadora y a la inversión; esta última a través de la
figura de la reserva para inversiones.

En este punto parece obligado hacer dos breves
consideraciones. La primera es que una fiscalidad más
favorable y benigna en Canarias que en el resto de España ha
constituido históricamente un elemento esencial y



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siempre presente en su régimen especial. Tradicionalmente esa
menor fiscalidad se aplicaba en la imposición indirecta sobre
el consumo. Era la especialidad canaria llamada franquicia
fiscal al consumo. Pues bien, el hecho de que el proceso de
integración en la Comunidad Europea conlleve la necesaria
armonización de la imposición indirecta hace preciso que, para
la preservación de esta especialidad del régimen canario, esta
minoración fiscal se traslade a los impuestos directos sobre
la renta de las personas físicas y sobre las sociedades. Y
esto es lo que hace el Partido Popular, elevando esta cuestión
a pieza esencial de su modelo de régimen económico fiscal. La
segunda consideración que es preciso hacer se refiere a que
las medidas de orden fiscal que se incorporan al nuevo REF
deben tener una vocación de permanencia y estabilidad en su
proyección temporal, como elemento
consustancial al «status» especial canario, que responde a
circunstancias geoeconómicas que son de carácter natural y
permanente. Sería un gravísimo error, de serias consecuencias,
despojar al régimen económico fiscal de Canarias de una de sus
piezas fundamentales, rebajar la
especialidad fiscal a una batería de medidas coyunturales, de
horizonte temporal limitado, a unas vacaciones fiscales, por
otra parte, previstas para todo el país.

El tercer pilar formula el compromiso del Estado de que en
ningún caso la minoración de los ingresos del Estado que le
supusiera la especialidad del régimen canario conduzca a una
menor
inversión pública del Estado en el archipiélago, así como el
compromiso de ayuda para paliar la carencia de recursos
energéticos y la escasez de agua, como factores limitativos de
su desarrollo económico.

Por último, el cuarto pilar persigue consolidar y ampliar en
lo posible las especialidades y excepciones reconocidas a
Canarias en el contexto de su inclusión en el territorio
aduanero de la Comunidad Europea, especialidad recogida en la
decisión del Consejo denominada Poseican (Programa de Acciones
Específicas por la Insularidad y Lejanía de las Islas
Canarias) y por los diferentes reglamentos que regulan el REAC
(Régimen Específico de Abastecimiento de Canarias).

Se trata de consolidar y desarrollar en su máxima amplitud la
brecha que se abre para Canarias dentro del arancel aduanero
comunitario y de la política comercial común a las
importaciones procedentes de terceros países no comunitarios
de productos agrícolas esenciales, así como de productos
manufacturados que se consideran sensibles para la economía de
las islas. Estas excepciones que se abren a Canarias dentro de
la barrera aduanera comunitaria no dejan de responder y se
insertan de forma clara dentro de la mejor tradición de las
franquicias aduaneras canarias que constituyen pieza esencial
de su acervo histórico du-rante muchos años conocido como
régimen de puerto franco. Señores Diputados, el Grupo Popular
sabe que la lógica
parlamentaria que deriva de la composición de esta Cámara con
su actual mayoría va a hacer imposible que su enmienda a la
totalidad con texto alternativo pueda prosperar en estos
momentos, pero está firmemente convencido de su obligación
política de mantener y defender su modelo de REF y de que con
ello está rindiendo un importante servicio a Canarias y a toda
España.

Frente al texto del Partido Socialista, al que se ha plegado
enteramente Coalición Canaria, que supone meter a Canarias en
una vía muerta, que se aparta de la línea en que se inscribe
el núcleo esencial de su régimen económico fiscal tradicional,
el texto del Partido Popular quiere mostrarse como una
necesaria referencia para la rectificación que en un futuro no
lejano habrá de producirse como una promesa de esperanza, como
un compromiso de solidaridad con esa tierra española desgajada
y alejada del resto del territorio nacional, para que esta
lejanía no sea nunca una barrera de separación y de
aislamiento.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Villalobos.

Para la defensa de su enmienda de totalidad de texto
alternativo, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Romero tiene la
palabra.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, la situación
de Canarias no se resuelve con más de lo mismo. Los
periodistas suelen decir que el muerto en primera línea y que
luego se explican las causas. Esta quizás sea la frase más
definitoria del texto alternativo que presenta mi Grupo
Parlamentario.

La situación de Canarias no se resuelve con más de lo mismo.

Hacer una fotocopia muy ligeramente alterada de los mismos
instrumentos del régimen especial de 1972, que han fracasado,
no conduce a ninguna parte. Los clásicos dicen que
desgraciados los tiempos en los que hay que demostrar lo
evidente y lo evidente es, señoras y señores Diputados, el
deterioro económico de las islas. En 1989 el producto interior
bruto per cápita de Canarias era del 99,5 por ciento de la
media nacional; en 1992 fue del 95,7 por ciento y actualmente
tiene una diferencia per cápita de 50.000 pesetas. En 1989 la
tasa de paro alcanzaba en Canarias el 21,5 por ciento de la
población activa; en el tercer trimestre de 1993 se superaba
el 23 por ciento y debemos estar en estos momentos, a la
espera de los últimos datos oficiales, rozando el 24 por
ciento de desempleo, de paro en las Islas Canarias. La
inflación en 1993, el año pasado, se



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situó en un 5,4 por ciento, mientras que la media nacional
ascendía al 4,9 por ciento.

Estos son datos de documentaciones oficiales de la Comunidad
Canaria, de la Administración General del Estado y de nuestra
propia elaboración; por tanto, son datos muy rigurosos
extraídos de dichas estadísticas que demuestran, que ponen
sobre la mesa una radiografía del deterioro de la economía de
las Islas Canarias. Los principales estrangulamientos, los
verdaderos cuellos de botella de la economía canaria son: el
bajo nivel formativo de su población, la fragmentación
territorial en los mercados, la capacidad de carga y la
superpoblación en algunos lugares, la degradación del medio
ambiente, la escasez de suelo agrario y de agua, la reducida
dimensión, a su vez, de las explotaciones agrícolas, la falta
de protección frente a las exportaciones, el envejecimiento de
la flota de pesca, los problemas con el caladero marroquí, la
desorganización de las bases productivas y comercializadoras y
un caciquismo
históricamente rentista y pasivo.

Ustedes presentan un proyecto para un sector de la sociedad
canaria. Nuestro Grupo Parlamentario presenta en esta sesión
una ley alternativa y ello ha supuesto un enorme trabajo
técnico y político de Izquierda Unida canaria. La capacidad de
iniciativa y de propuesta se demuestra presentando un modelo
integral y alternativo al que ustedes han presentado. Nuestros
compañeros de Izquierda Unida canaria lo han hecho y para el
Grupo Federal de Iniciativa per Catalunya y de Izquierda Unida
es un honor dar voz y defensa parlamentaria a este importante
proyecto para Canarias.

Nuestro texto tiene una visión global, de conjunto y sobre el
futuro de la fiscalidad, de las características especiales de
la economía canaria. Izquierda Unida considera que el problema
dramático del paro es el que hay que abordar desde un enfoque
distinto, desde un enfoque integral. Nuestra enmienda a la
totalidad con texto alternativo persigue la creación de
puestos de trabajo para la juventud canaria y para los
trabajadores canarios en general. Por tanto, los objetivos
últimos de las bases económicas no pueden ser otros que elevar
la capacidad de creación de empleo. Esos son nuestros
objetivos últimos, lo que debe pretender la ley que estamos
debatiendo en la actualidad. No podía ser de otra manera
teniendo en cuenta los datos
descritos y el enorme drama que suponen las altas cotas de
desempleo en las Islas Canarias.

Es necesario aumentar la renta de Canarias de forma no
coyuntural, poniendo en marcha un nuevo modelo de desarrollo
sostenible, siendo esto lo que podría justificar un conjunto
de medidas que tuvieran un determinado costo fiscal
significativo. En función de este objetivo deben definirse dos
opciones
estratégicas compatibles, tales como la inserción, potenciando
y facilitando las telecomunicaciones y el acceso de los
productos y viajeros a mercados y destinos, con incentivos a
esa
exportación y a determinadas actividades y servicios,
especialmente las referidas a transferencias tecnológicas y de
asesoramiento, así como una movilización de recursos creando
factores de desarrollo y aprovechando los recursos endógenos.

En la exposición de motivos de nuestro texto alternativo se
habla de la necesidad de una coordinación de la política
regional y de ámbito estatal y comunitario, en orden a
potenciar actividades productivas generadoras de empleo y
respectuosas con el medio ambiente, a través de un sistema que
incentive la inversión, la innovación tecnológica, el reparto
del trabajo existente, la cualificación de los trabajadores,
prestando la necesaria atención a la pequeña y mediana empresa
a las distintas formas de economía social, así como a la
dotación de un adecuado marco artesanal como factores claves
del desarrollo canario, atendiendo a los costes de factores
esenciales y estratégicos para la producción como el agua, la
energía y el transporte.

En coherencia con este objetivo, la estrategia y políticas
propuestas en nuestro texto, en nuestra modificación del
régimen económico y fiscal de Canarias en sus aspectos
económicos, se ordenan de una forma clara, exponiendo en el
Título preliminar las finalidades de esta ley para el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que son, fundamentalmente,
tres.

La primera, dotar a las Islas Canarias de un conjunto de
instrumentos coherentes de política regional en orden a crear
las condiciones de generación de empleo en el marco de un
modelo de desarrollo sostenible. La segunda, garantizar una
eficaz
inserción en la economía mundial y, en especial, en la europea
a través de la
transformación productiva requerida y de la ruptura con las
limitaciones impuestas por la insularidad y la lejanía en
relación con la península, con el resto del Estado.

Y la tercera, potenciar los recursos endógenos a fin de
incentivar el desarrollo sostenible de sectores productivos de
empleo estable que equilibren el excesivo peso específico de
los servicios en la estructura económica canaria y que aborden
un desarrollo integral para Canarias, para su población, para
su gente, que no se oriente hacia un monocultivo específico
del sector servicios ni tampoco hacia una salida de paraísos
fiscales con bonificaciones adicionales que convertirían a la
población canaria en una de esas islas que terminan siendo
paraísos incluso de actividades de carácter criminal y mafioso
a nivel
internacional.

Por tanto, es muy importante que, de acuerdo con las tareas
derivadas del reglamento de la Comunidad Económica Europea, de
acuerdo con las razones ambientales, sanitarias, sociales, de
orden general que hemos admitido, se aborden todas las
características de la libertad comercial, de la aplicación en
Canarias de todos los elementos nuevos que se desprenden de la
Unión Europea y de nuestros compromisos con ella y de la



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necesidad de dotar de mecanismos jurídicos adecuados a un
nuevo modelo de desarrollo, porque el actual ha fracasado. Y
ahí están los datos que desde Izquierda Unida hemos puesto
sobre la mesa, que son datos oficiales. Hay un primer apartado
en nuestro proyecto de promoción de la actividad económica,
incentivando el mantenimiento y la creación de empleo y la
reserva para las inversiones.

Yo destacaría, señoras y señores Diputados, las novedades que
introduce nuestro proyecto de ley alternativo y que no se
contemplan ni en el proyecto que se somete a la consideración
de la Cámara ni en la enmienda a la totalidad que acaba de
defender el Grupo Popular desde esta tribuna: la necesidad de
incorporar los fondos de inversión obligatorios, definiendo en
qué consisten estos fondos, cómo se deben aportar y la
necesidad de que participen en su gestión y en su destino los
representantes de los trabajadores; que haya una evaluación y
un seguimiento; que haya también un determinado porcentaje
establecido para que todas las personas físicas y jurídicas
que obtengan rendimientos empresariales sujetos y no exentos a
tributación en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas
o en el Impuesto sobre la Renta de Sociedades en las Islas
Canarias destinen periódicamente y en las condiciones que
legalmente se establezcan un porcentaje de sus beneficios
después de impuestos para la constitución de un fondo de
inversión obligatorio. Dicho fondo integrará el pasivo del
balance de situación, se dotará con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias, tendrá carácter indisponible y estará
exclusivamente afectado a la financiación de proyectos
descritos en el artículo anterior. Su gestión y control
contarán
necesariamente con la participación de los trabajadores, a
través de sus representaciones legales y legítimas, indicando
que ese fondo de inversiones debe orientarse a la creación de
empleo y al desarrollo integral de las Islas Canarias,
determinando ese porcentaje, creando ese fondo y consiguiendo
que haya una agencia pública canaria de gestión de los fondos
de inversión
obligatorios para que asuma las competencias y funciones que
determine esta ley y todas aquellas que se señalen en las
disposiciones legales. Para su funcionamiento contará con la
presencia paritaria de representantes de trabajadores,
empresarios y otros sectores sociales en los órganos de
gestión, administración y control.

Planteamos también --y no se recoge en el proyecto de ley ni
en la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular-
-incentivos al reparto del trabajo para aumentar el empleo. Un
reparto del trabajo donde las empresas que tengan en su
actividad en las Islas Canarias los siguientes requisitos
pueden obtener bonificaciones de hasta el 75 por ciento de la
cuota patronal a la Seguridad Social en los nuevos contratos
que realicen durante el período igual a la validez del
contrato y siempre y cuando cumplan estas condiciones: que se
disminuya la jornada laboral en un 25 por ciento semanal y no
realicen jornadas partidas --es decir, 30 horas a la semana en
turnos de jornada continua de seis horas diarias--, que
aumente la plantilla al menos en un 15 por ciento, dada la
menor jornada individual, y que cubran estas plazas con
parados registrados como de larga duración.

El aumento del empleo, la programación de la inversión
pública, la necesidad de distribuir el trabajo existente por
el adelanto tecnológico y la aplicación al aparato productivo
de estas técnicas es una demanda de la sociedad moderna. Se
está abordando en Europa, se está abordando en Dinamarca, en
Alemania y en otros lugares y es necesario que, al no disponer
de trabajo para todos, se reparta el trabajo existente,
reduciendo la jornada laboral. Es una reivindicación del
movimiento sindical, de la izquierda, de los economistas y
viene impuesto por el actual modelo de desarrollo y los
actuales niveles tecnológicos en el aparato productivo.

Hay incentivos a la exportación de un 25 por ciento, con unas
condiciones específicas; hay incentivos a la inversión
relacionada con la exportación en nuestro proyecto; una
inversión en investigacion más desarrollo, teniendo en cuenta
que en España se destina el 0,8 por ciento del producto
interior bruto al I+D y la media europea es del 2,5. Eso
explica que ahí se encuentre uno de los cuellos de botella
fundamentales para la falta de competitividad de nuestra
economía y no en la vía elegida por el Gobierno y sus aliados
de las derechas más diversas y de la cúpula de la patronal de
este país de abaratar el coste del trabajo, sin incidir en la
necesidad de aumentar la inversión en nuevas tecnologías para
conseguir homologarnos a Europa y tener mayor competitividad
de nuestros productos industriales, de nuestros productos
manufacturados, de nuestros servicios en general en relación
con el mercado europeo e internacional. Se habla de un apoyo a
las pequeñas y medianas empresas, a la economía social, un
capítulo a la artesanía, al turismo de Canarias, con una serie
de ideas como las fusiones y la
coordinación de la pequeña y mediana empresa en Canarias. Se
plantea un sector público a la actividad económica, una
financiación de la inversión, seguros para el riesgo comercial
exterior. Todos estos puntos, unidos a un ambicioso plan de
formación profesional y de investigación más desarrollo,
generarían una nueva situación, sentarían las bases para que
Canarias saliera de su atraso, de su marginación, de los
niveles de subdesarrollo que sufre y de sus diferencias en
relación con la media nacional en una serie de temas. Hemos
hablado del transporte, de las comunicaciones, de la
subvención y
bonificación al transporte de viajeros, un 33 por ciento en
los trayectos directos entre Canarias y el resto del Estado y
un 10 por ciento



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en los trayectos interinsulares; también se incluye un
apartado dedicado a la subvención y bonificación al transporte
de mercancías. En relación con el agua y con la energía, el
último artículo de nuestro texto alternativo, que es el número
40, expone con claridad lo que nosotros entendemos como un
modelo de desarrollo que no sea agresivo ni deteriore el medio
ambiente. Por lo tanto, se impulsará de forma decidida el
estudio y el uso de energía renovable, fundamentalmente eólica
y solar y en todo el territorio insular canario como elemento
abaratador de costes energéticos por su necesidad obvia en
cuanto a la desalinización del agua y por sus efectos
positivos y no beligerantes con el entorno natural. Asimismo
se propiciará el desarrollo y la implantación de cogeneración
preferente en la industria
petrolífera y en el sector servicios. En el caso de crear
nuevas centrales eléctricas por necesidades comprobadas, éstas
serán de signo combinado y de gas natural. Abordamos la
necesidad de que los edificios de nueva construcción estén
obligados a instalar energía solar, térmica, para la obtención
del agua caliente, y se aprobará un plan de financiación para
rehabilitar edificios antiguos que contemplen una serie de
medidas de este tipo.

El único texto para abordar los problemas de Canarias desde un
nuevo enfoque y no haciendo una mala fotocopia de lo que ya ha
fracasado es el que presenta mi Grupo Parlamentario en este
momento ante esta sesión del Congreso de los Diputados. Es un
texto hecho desde la izquierda. Nosotros respetamos el texto
que ha hecho el Grupo Popular desde su ángulo, en defensa de
su ideología, de sus valores y de su forma de ver las cosas,
pero no lo compartimos, así como no compartimos el texto que
se propone, al que ya se va a someter a enmienda, ya que por
lo visto tienen ustedes apalabradas con el Grupo Socialista
ciento y pico enmiendas para el debate en Comisión y, al
final, a lo mejor estamos enmendando un texto que no será el
que salga de su trámite por Comisión, aunque han hecho alguna
reserva para defenderse y hay siete enmiendas por separado.

Pero allá ustedes con la negociación con el Grupo Socialista
sobre el final de este proyecto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, vaya
terminando, porque ha concluido su tiempo.




El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente, y le doy las
gracias por su generosidad. Termino en un minuto.

Termino en un minuto planteando que ya veremos este texto, ya
veremos el final del mismo en su paso por Ponencia y Comisión
y en las enmiendas que recibe. De todas maneras, lo que
proponemos nosotros, y se debe reconocer, se comparta o no
nuestra visión de las cosas, es una apuesta desde la izquierda
por el interés general de Canarias, por un modelo de
desarrollo integral económico y fiscal, con novedades como el
fondo obligatorio de inversiones, como el reparto del trabajo,
como la atención al medio ambiente y a la ecología. Es un
mensaje de esperanza para la juventud canaria. No es más de lo
mismo de los que al final comparten un mismo modelo, Coalición
Canaria y otra gente, como se demostrará y se verá un cierto
numerito en Canarias, porque sigue coleando que alguna
componente que se llama de izquierdas en Coalición Canaria
defienda el voto para el Parlamento Europeo del señor
Arzallus, que es, como todo el mundo sabe, un hombre de la
democracia cristiana y de la derecha vasca, naturalmente
legítima su posición, como Convergència i Unió y como otras
derechas. Ese es su barco; el nuestro no es éste.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.)
El señor Trujillo tiene la palabra, en nombre del Grupo
Socialista.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, estamos asistiendo hoy al debate sobre las
enmiendas a la totalidad de la proposición de ley que remitió
el Parlamento de Canarias en torno a la modificación de los
aspectos económicos del régimen económico y fiscal de dicho
archipiélago. Allá por el 26 de octubre admitíamos todos los
Grupos dicha proposición de ley, aun cuando prácticamente
también era unánime la critica al escaso apoyo con el que
venía dicho texto del citado
Parlamento. Por tanto, estábamos en una situación de
importante consenso en cuanto al contenido específico de dicha
proposición de ley. También por aquel entonces, y se señalaba
en esta Cámara por parte fundamentalmente del interviniente
del Grupo Popular, de todos era conocido que se estaba
celebrando una negociación entre el Gobierno de la Nación y el
Gobierno de Canarias para mejorar dicha situación y los
contenidos específicos de aquel texto que remitían.

Curiosamente --y permítanme que utilice ese término--, era
aplaudida por el Grupo Popular dicha negociación, por lo que
ahora no se entiende mucho los términos que utiliza para
descalificar el consenso que se ha alcanzado.

Señalábamos los socialistas en aquel momento que era
imprescindible mejorar el texto e incorporar dichos acuerdos.

A esa tarea nos hemos encomendado desde la fecha del 26 de
octubre hasta el día de hoy y ya es conocido por todos --lo ha
señalado algún que otro orador antes de mi intervención-- que
se ha establecido un volumen de enmiendas considerable, en
total 126 de manera conjunta, para mejorar y modificar
sustancialmente la proposición de ley admitida. Fruto de esas
enmiendas y con independencia de las enmiendas particulares



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que cada uno de los Grupos parlamentarios también vayamos a
presentar, ha surgido un esquema que yo recomendaría no
simplificar en el sentido de pensar que lo que estamos
discutiendo aquí del régimen económico y fiscal de Canarias es
el establecimiento de una zona «off-shore», o, como se decía
por el Grupo Popular en otro momento, que la bandera del
régimen económico y fiscal eran las vacaciones fiscales, o
incluso, simplificando la discusión de este asunto, en torno a
lo que venía a ser la reserva de inversiones. En modo alguno.

El Régimen Económico y Fiscal y el esquema además que estamos
planteando en aras al consenso alcanzado llega a términos tan
ricos y variados como la libertad comercial, la ausencia de
monopolios, la garantía del coste económico competitivo de la
actividad
económica en el archipiélago, comparativamente hablando, los
transportes, las telecomunicaciones, la energía, el agua, las
inversiones en infraestructura como consecuencia de la
compensación de la recaudación normativa líquida de
compensación del ITE por el Estado; medidas económicas que van
desde el desarrollo energético, medioambiental, la promoción
comercial, incentivos a la inversión mediante créditos
blandos, la promoción turística, incentivos económicos
regionales específicos,
formación profesional, medidas fiscales en telecomunicaciones
con exenciones fiscales, incentivos a la producción, reserva
para inversiones, la zona «off-shore», zonas francas y una
nueva adaptación al registro de buques. A eso además
pretendemos, en el trámite parlamentario, al menos por parte
del Grupo
parlamentario socialista, incorporar novedades en torno a los
transportes, las telecomunicaciones, ahondando y mejorando lo
ya consensuado, e incentivos a la exportación y esas
denominadas vacaciones fiscales con ciertas singularidades
para nuestro territorio. Por lo tanto, yo creo que no caben
esos esquemas de simplificaciones excesivas y, desde luego,
pongamos la discusión en sus justos términos, que a buen
seguro nos va a ayudar a debatir dicho asunto. También tenemos
que rechazar que a un esquema de esa riqueza se le pueda
tildar de más de lo mismo. Contiene novedades
importantes e históricas en el proceso de régimen económico y
fiscal de Canarias; por lo tanto, en modo alguno es un esquema
de volver a incidir en algunas materias, propuestas o
instrumentos que hasta ahora se han mostrado inadecuados o no
han dado el fruto apetecido en la actividad económica del
archipiélago canario.

Pasando de ese disenso total a este significativo consenso, no
cabe la menor duda de que al menos el Grupo parlamentario
socialista pretende abundar en lo que debiera ser un consenso
aún mayor. Estamos en torno al debate que se está produciendo
en este asunto, tanto en esta Cámara como en el propio
archipiélago canario, huyendo de lo que pretenden algunos
grupos, que es aspirar a la paternidad de un documento de esta
naturaleza. Nosotros aspiramos a que el REF sea un REF de
todos los canarios y en modo alguno el REF de tal o cual grupo
o de tal o cual posición ideológica o posición política.

Estando en este momento en esa situación, es lo que nos lleva
a intervenir y a rechazar las enmiendas a la totalidad
presentadas, no tanto como valedores de la proposición de ley
que se pretende enmendar, sino como defensores, o en calidad
de valedores, de esa otra que se articularía: sobre la base
del fruto del consenso obtenido hasta ahora y que, como digo,
debe ser enriquecido. También rechazamos las enmiendas a la
totalidad por lo que respecta a algunos contenidos específicos
de las mismas.

Por lo que respecta a Izquierda Unida, plantea un esquema que
en algunos aspectos se parece incluso al que les acabo de
comentar; plantea como objetivo la creación de empleo y el
incremento de las rentas en el archipiélago canario y
especifica dos opciones para conseguirlo: una serie de
mecanismos, que llama de
inserción, que fundamentalmente están ligados a la mejora de
la accesibilidad del sistema productivo canario y otra serie
de mecanismos que denomina movilización de recursos.

Con algunos de esos aspectos incluso tenemos coincidencias
importantes, aunque en otros hay matices, yo diría que en
algunos hasta mala redacción por parte del grupo proponente,
que podrían ser corregidos. También es cierto que plantea una
serie de instrumentos que, desde luego, desde el punto de
vista práctico de política económica, difícilmente pueden ser
aceptados. Fundamentalmente el motivo que nos lleva a rechazar
esos
instrumentos no son otros que el escaso realismo pragmático
que tienen algunas de esas propuestas, las cuales las hace en
la realidad tremendamente difíciles de llevarse a la práctica.

Por ejemplo, plantean la reserva de inversiones en un esquema
en algunos casos similar al que propone el Grupo parlamentario
socialista, pero estableciendo una serie de corsés,
probablemente más en la dinámica del deseo que lo que vienen a
ser propuestas económicas prácticas, fijando rigideces en
cuanto a las horas contratadas por las empresas con respecto a
ejercicios
anteriores. Eso, desde el punto de vista práctico, significa
que una empresa que estuviese en una fase incluso de
reconversión positiva pasando una coyuntura difícil y que
tuviese perspectivas de reconducir su actividad, no se podría
acoger, si nos ceñimos al texto de Izquierda Unida, a este
tipo de beneficios.

Qué decir de esa otra figura que también fue planteada en el
Decreto que discutía el fomento de la ocupación, que es el
fondo de inversión obligatorio. Establecer que se van a primar
actividades económicas social y medioambientalmente útiles,
verdaderamente es difícil imaginarse qué tipo de actividades
van



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a ser discriminadas positivamente para ser acogidas a ese
fondo, con independencia de lo que significa ya un impuesto
más fijo respecto a las empresas. Se fija el umbral de la
rentabilidad social y medioambiental, evidentemente no se
define, pero pensar en un taller, pensar en un pequeño
comercio o cualquier actividad de este tipo propia --por
cierto, en nuestro archipiélago-- que pueda ser
medioambientalmente útil, probablemente pueda ser no nociva,
desde el punto de vista medioambiental, pero la utilidad de
cualquier acción humana tiene un impacto medioambiental equis,
y en el caso de los ejempleos que les he transcrito
difícilmente se pueden tildar de utilidad esas actividades,
aunque, desde luego, son socialmente útiles. Se fija, además,
un sistema de cantidades complejísimo. Yo no voy a entrar en
él, pero los porcentajes a destinar a este tipo de fondos son
de una
complejidad que raya lo arabesco. Se fijan otra serie de
incentivos --y ya he hecho especial mención--, como el del
reparto del trabajo, que no son novedosos en esta Cámara y que
desde luego inciden en la falacia de pensar que existe una
cantidad total de trabajo en el mercado. Eso no es correcto.

En cualquier caso, con estos requisitos, tal y como se
articulan, difícilmente, por la tipología de las empresas
canarias, podrían acogerse a ese mecanismo. Es decir, aun
cuando quisiéramos establecer un mecanismo de esa naturaleza,
tal y como está concebido, difícilmente se puede llevar a la
práctica. Formulan también, a modo de dinámica del deseo,
algunos
mecanismos, como el aumento del empleo que se debe producir
por las inversiones de la Administración pública --no se dice
nada en concreto en el artículo 14, por supuesto, tanto
directo como indirecto--, y a la vez establecen una serie de
incentivos a la exportación, en aras y coincidiendo con los
incentivos a la exportación, al menos en el esquema de
introducir una figura de la naturaleza que plantea al Partido
Socialista. Yo les
recomendaría que se releyesen la redacción del incentivo,
porque, salvo que fuese un error mecanográfico --y creo que es
así--, sería una broma de mal gusto. Difícilmente los canarios
podemos exportar sanidad, educación, vivienda, agua, productos
alimenticios de primera necesidad si tenemos todo un régimen
precisamente especial para abastecernos de ese tipo de cosas y
pretendemos, además, con este instrumento o mejorar los
déficit que tenemos en esas situaciones. Probablemente está
mal
redactado. No quiero tampoco sacar otra lectura. Estos
ejemplos --que no son todos, desde luego-- nos hacen pensar
que se mueven con un escaso realismo político a la hora de
articular lo que son propuestas concretas, en aras de
conseguir ese objetivo, en el que coincidimos, de incrementar
la renta, el empleo, etcétera. En lo que respecta al esquema
del Partido Popular, su portavoz ha hecho la descripción de
cuál era el modelo que estaba
elaborando. Formula, en principio, una serie de medidas
relacionadas con la insularidad, la doble insularidad, el
concepto de región ultraperiférica de la Comunidad Autónoma
Canaria, la libertad comercial, la inexistencia de monopolios,
la coincidencia de que este Régimen Económico y Fiscal no vaya
a suponer merma del gasto público que hace el Estado, vía
Presupuestos Generales del Estado, en Canarias, y en muchos de
estos aspectos tenemos coincidencias amplias, con
independencia de que luego, a la hora de redactar o plasmar en
lo concreto algunas medidas relacionadas con esta materia,
pensemos que debieran ser modificados algunos de los apartados
que ustedes plantean.

Posteriormente, en el Título I, que es donde han hecho
especial mención a sus políticas, establecen lo que vienen a
significar especialidades y es donde se reflejan las
principales diferencias con el esquema que plantea el Grupo
parlamentario Socialista. Por significar lo que son las
diferencias más importantes con respecto a nuestro
planteamiento, haría el siguiente esquema, muy sencillo.

Ustedes suprimen lo que es la creación de la Zona Especial
Canaria y la nueva adaptación del registro de buques que
nosotros planteamos y, por contra, plantean una serie de
especialidades marítimas y aéreas y de especialidades
financieras relacionadas con las cuentas exentas en divisas y
las inversiones extranjeras. Nosotros, se lo digo con absoluta
claridad y rotundidad, creemos que esos mecanismos son mucho
menos potentes que los mecanismos que nosotros articulamos si
queremos
incrementar la actividad productiva en el archipiélago.

Podríamos entrar en matices --creo que a lo largo del trámite
parlamentario tendremos suficiente tiempo, foros y momentos
para discutirlo--, pero, con sinceridad, pensamos que nuestro
planteamiento es mucho más potente y mucho más rico, así como
todos los planteamientos que nosotros realizamos, no sólo a
través del REF, sino incluso a través de otras políticas del
Estado relacionadas con nuestros puertos y aeropuertos.

Ustedes pretenden potenciar la actividad creando ese registro
especial de empresas marítimas con una serie de
bonificaciones, así como a aquellas empresas aéreas que se
instalen en el archipiélago. Sinceramente, creemos que nuestro
modelo es mucho más potente para el fin que le señalaba de
incremento de la actividad económica en el archipiélago. En su
texto ustedes también plantean, y lo señalan como algo
novedoso y muy importante, todo lo que hace mención a la
plasmación en el REF del «status» comunitario con la Comunidad
Económica Europea, en lo que llaman principio de
incorporacion. Le puedo leer algo específico. Con respecto al
régimen específico de abastecimiento, señalan que el Gobierno
hará valer ante las instituciones comunitarias que se
mantendrá en vigor hasta la equiparación de la renta media el
régimen específico de abastecimiento, lo decida quien lo
decida.




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Mire, intentar plasmar en el REF lo que es el estatuto
comunitario de la Comunidad Autónoma Canaria tiene, desde el
punto de vista jurídico, todas las dudas del mundo, pero, con
independencia de la discusión jurídica, permítame que le diga
que políticamente es un acto meramente testimonial y, por
tanto, a nosotros nos parece que esto, primero, no debe estar
ahí, por los motivos que le señalo, y, en segundo lugar, que
esa significación que ustedes le dan a este aspecto no tiene
validez alguna y que debe ser regulado por norma comunitaria.

Ahora bien, la principal diferencia --y es lo que ustedes han
señalado y por lo que ustedes han hecho bandera en su texto
con respecto al texto que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista, que lo ha ido consensuando de manera importante
con Coalición Canaria en el proceso que le señalaba al
principio de mi intervención-- está en lo que hace referencia
a esa disminución de la fiscalidad directa en Canarias,
fundamentalmente a esa deducción del 20 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Nosotros
promulgamos, y así lo establecemos, el mantenimiento de una
significativa menor presión fiscal para Canarias, pero en modo
alguno podemos estar de acuerdo con una medida de esa
naturaleza, fundamentalmente por dos motivos: uno, que es de
principio; además, probablemente de esos principios que
separan a un partido como el Partido Socialista del Partido
Popular, y es que una medida de esta naturaleza, por la que se
trata de manera desigual a lo desigual incrementando las
desigualdades, difícilmente puede ser apoyada desde nuestra
opción política y nuestro concepto de la sociedad; pensamos
que es una medida injusta socialmente hablando. Desde el punto
de vista económico --y ustedes lo han señalado en esos
ejercicios que hacen a veces de exceso de simplificación de lo
que es un texto tan rico y tan variado como los textos que se
están discutiendo, todos los textos, en torno al régimen
económico y fiscal--, hacen especial mención a este mecanismo
como mecanismo más potente, piensan que este mecanismo va a
incrementar o a producir un movimiento económico significativo
en Canarias. Nosotros pensamos que el gasto fiscal, además en
una región como Canarias, claramente dependiente del exterior,
tiene que ir dirigido a incrementar la inversión productiva.

Una medida de la naturaleza de la que ustedes plantean lo
único que puede producir es un mayor consumo al haber mayor
renta disponible o un mayor ahorro, ahorro en absoluto ligado
a ningún tipo de actividad y, desde luego, un incremento del
consumo, lo que, en una región como la nuestra, con déficit de
actividades productivas, va a producir un incremento de las
importaciones y, por tanto, ahondar además en nuestra
dependencia del exterior.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, vaya
concluyendo, por favor.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Voy concluyendo, señor Presidente.

Por lo tanto, ante esa medida o ese planteamiento diferencial
que ustedes quieren señalar con respecto a nosotros, le
planteamos que en absoluto podemos estar de acuerdo por los
motivos señalados.

Permítame, en cualquier caso, finalizar con alguna reflexión.

En primer lugar, creo que debemos desdramatizar el debate del
régimen económico y fiscal. Este régimen es un tema
importante, importantísimo para Canarias, crucial si se
quiere, pero en modo alguno es el único ni el todo del futuro
de Canarias. En segundo lugar, creo que podemos aprovechar la
oportunidad histórica para que, demandando la atención a
nuestro déficit y estrangulamientos, pongamos dicha demanda en
equivalente concordancia con nuestras necesidades reales y
huyamos de esos discursos que se han estado instalando en
nuestra comunidad autónoma desde hace tiempo, pidiendo
demandas excesivas que lo único que han hecho es perjudicar al
pueblo canario.

Por último y para finalizar, quiero señalar que nuestro REF,
como no podía ser de otra manera, persigue el incremento de la
actividad productiva, de la competitividad del sistema
productivo canario, de la ocupación, del empleo en Canarias.

Todas las propuestas, en mayor o menor medida, con mayor o
menor énfasis, con mayor o menor acierto, intentan incidir en
ese aspecto. Intentemos a lo largo del amplio trámite
parlamentario que aún nos queda aumentar el consenso que se ha
conseguido para hacer que ese régimen, que, como les decía, no
debe ser patrimonio de nadie y sí patrimonio de todos, se
aumente de manera considerable.

Gracias, señorías; gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Trujillo. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Villalobos.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente, señorías, voy a
replicar a los argumentos esgrimidos por el portavoz del Grupo
Socialista. Creo, francamente, que el Grupo Socialista en este
caso confunde dos cosas de naturaleza absolutamente distinta.

Una cosa es la vía que se ha empleado para que se debata en
esta Cámara, en este Congreso, algo tan importante para
Canarias como es su «status» especial, algo tan importante
como es su régimen económico y fiscal y otra cosa es el
resultado al que se haya llegado. Ciertamente, nuestro Grupo
siempre defendió desde el Parlamento de Canarias que la vía
idónea era la negociación desde el Gobierno de Canarias con el
Gobierno de la Nación y que condenábamos la iniciativa de una
mayoría circunstancial existente en el Parlamento para que sin
el consenso debido, sin el respaldo de todas las fuerzas se
trajera algo al Parlamento de la Nación



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que era, en definitiva, quien tenía que decidir. En lo que no
estamos de acuerdo es en que justamente esa negociación se
haya hecho sin ese respaldo de las fuerzas políticas, que
reclamamos, del Parlamento Canario, desde luego sin contar con
un Grupo tan importante en Canarias y en toda España como es
el Partido Popular. Ustedes no han querido negociar con
nosotros, porque gestos y ofrecimientos ha habido muchos. El
Presidente regional de nuestro Partido, en el momento en que
se elaboró el texto alternativo del Partido Popular, fue a
hacer su presentación al Presidente del Gobierno regional,
señor Hermoso. Hubo ofrecimientos en todos los órdenes tanto a
Coalición Canaria como al Partido Socialista, con el que se
mantuvieron algunas conversaciones, pero es evidente que
nuestro listón estaba muy alto y que el Partido Socialista no
podía llegar de ninguna manera a dar la respuesta real de lo
que significa, en definitiva, la compensación de las
desventajas económicas del Archipiélago canario por falta de
sensibilidad y de comprensión de la problemática y de la
singularidad canaria.

Dice el portavoz del Partido Socialista que es dudoso que de
alguna manera se pueda introducir la disposición adicional que
recoge nuestro texto alternativo en el sentido de instar al
Gobierno a que vele, a que defienda, dentro de los órganos
comunitarios, la consolidación de las especialidades y
excepciones que hoy están recogidas en la propia normativa
comunitaria, como es el Poseicán, como son los reglamentos de
abastecimiento de Canarias. Creo, francamente, que eso no
tiene sentido ninguno. No se están invadiendo unas
competencias legislativas ajenas, sino que de alguna manera se
está impartiendo un mandato al Gobierno de la Nación para que
vigile y defienda algo tan importante como son las franquicias
aduaneras canarias y trate de consolidar lo ya conseguido por
la propia normativa y que se refleja en esa declaración de las
regiones ultraperiféricas en el Tratado de Maastricht de
manera que se consoliden esas especialidades y esas
excepciones porque hoy todavía están abiertas y es necesario
defenderlas hasta el término de la temporalidad del Poseicán y
porque están, incluso, reflejadas en las propias cláusulas,
como es el artículo 25 del Tratado de Adhesión de España a la
Comunidad Europea.

Discrepo con el portavoz del Partido Socialista en el sentido
de que haya una gran coincidencia. Estamos discutiendo y se va
a discutir el texto impuesto por el Ministerio de Economía y
Hacienda y no la proposición de ley enviada a esta Cámara por
el Parlamento Canario, que ha merecido tal cúmulo de
enmiendas, como son las 126 formuladas.

Como digo, francamente, no creo que exista una coincidencia;
existe una discrepancia básica, porque, insisto, ustedes se
apartan, por un lado, de lo que ha constituido el meollo, de
lo que ha constituido la esencia y el núcleo esencial --valga
la redundancia-- de todas las especialidades económico
fiscales de Canarias. Se han olvidado de la franquicia fiscal
al consumo, se han olvidado de la franquicia aduanera. Por el
contrario, como sacrificio y como compensación o, de alguna
manera, contrapartida a ese tremendo sacrificio, ofrecen algo
que no tiene perspectiva alguna; ofrecen una sola opción que,
de todos es sabido, no tiene efectividad, y ahí está el caso
de Madeira, al que antes me he referido. Pienso que es un
falso señuelo que nos aleja y nos aparta de lo que es la
esencia de las tradiciones y de las especialidades canarias.

Fórmulas originales existen en nuestro texto, pero, antes de
hablar de ellas, aunque sea muy brevemente, porque no dispongo
de mucho tiempo, quisiera decir que existe otra diferencia
básica y fundamental. Insistimos en que el modelo de REF que
ustedes proponen es despachar el problema diciendo:
Entiéndanselas ustedes con terceros países. Les vamos a dar
unas facilidades de orden fiscal, pero para las empresas ZEC
que no pueden operar con los residentes en Canarias, con los
residentes en España y que no podrán operar, lógicamente, con
los residentes en la Comunidad Económica. Entiéndanse ustedes
con terceros países ¡No puede admitirse eso! A Canarias no se
la puede despachar diciendo: Entiéndanse ustedes con los
terceros países no comunitarios. Hay que facilitar un marco de
especialidades, un marco de ventajas que compensen esa
desventaja geoeconómica que tenemos, que compensen esa
posición geográfica que se convierte en servidumbre para
nosotros, que, en definitiva, sea, como dije antes, un puente
de aproximación en las relaciones entre Canarias, en términos
económicos y comerciales, y el resto de España.

Y hablando de originalidades, le diré que nuestra propuesta en
términos a la subvención al transporte marítimo y aéreo es
muchísimo más ambiciosa, muchísimo más concreta que la de
ustedes, que se mueven, naturalmente, en unos parámetros muy
vaporosos. En este tema concreto, nosotros hacemos propuestas
específicas: que el transporte viajero marítimo y aéreo entre
las islas no sea más caro que el que existe entre dos
provincias de la misma comunidad autónoma. Y pedimos también
que el transporte marítimo y aéreo de viajeros entre Canarias
y el resto de España no sea más caro que el que existe entre
las dos provincias españolas más alejadas. Y está, por
ejemplo, el énfasis que hemos puesto en ese tratamiento de las
empresas ligadas al tráfico y a las operaciones portuarias,
porque por el puerto y a través de los transportes Canarias
depende enteramente... Es el 58 por ciento de su PIB lo que
significan los suministros exteriores y el abastecimiento con
el exterior.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalobos, le
ruego concluya, ya que ha terminado su tiempo.




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El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Muchísimas gracias.

En definitiva, quisiera terminar brevemente diciendo...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muy brevemente.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Muy bien, señor Presidente;
gracias por su benevolencia.

Existe un rechazo unánime y contundente de la opinión pública,
de los agentes sociales y de las organizaciones empresariales
al texto del REF impuesto por el Partido Socialista a través
de 126 enmiendas parciales, al que se ha plegado enteramente
Coalición Canaria. Y ahí hay múltiples testimonios, desde el
Presidente del Consejo Económico y Social, que, de alguna
manera, acusa al Gobierno de cicatería histórica contra
Canarias, como todas las expresiones de las organizaciones
empresariales y Cámaras de Comercio que lo tachan de pobre, de
insuficiente y de alejado de lo que ha constituido el núcleo
esencial de las tradiciones fiscales y económicas de Canarias.

Incluso destacados dirigentes de Coalición Canaria, máximos
dirigentes de Coalición Canaria, como es el portavoz en el
Parlamento de Canarias, señor Ucelay, y el propio Presidente
del Gobierno se apuntan a esta línea, si bien es verdad han
tenido que bajar de alguna manera el diapasón de sus críticas
y someterse a otros socios, quizá, con más autoridad, dentro
de esa heterogénea coalición.

Señorías, el REF, si no ocurre un milagro, va a caer víctima
de la incomprensión del Partido Socialista respecto a lo que
han sido las especialidades económicas y fiscales de Canarias
y de lo que es su justificación geoeconómica e histórica. Ahí
están manifestaciones y protestas dentro de las propias filas
del socialismo canario, y las manifestaciones que hizo don
Augusto Brito, Vicesecretario General...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalobos, le
ruego concluya.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Termino, señor Presidente. Las
manifestaciones del Vicesecretario General del Partido
Socialista Canario, PSOE, que imputa la situación de grave
deterioro del socialismo en Canarias a una incomprensión y a
una falta de sensibilidad del socialismo respecto a los
problemas de Canarias y a la problemática singular de
Canarias. Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el turno en contra que se ha producido por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha planteado, en
relación con nuestra enmienda a la totalidad de texto
alternativo, que es una enmienda poco realista, que contiene
elementos utópicos, que para la política económica práctica no
se pueden realizar desde su opinión, que, dicho sea de paso,
es el mayor elogio que ha hecho a nuestra enmienda a la
totalidad del texto alternativo. A continuación ha planteado
que no se puede definir el proyecto como más de lo mismo
porque contiene importantes y numerosas novedades. Finalmente,
ha dicho que en la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida hay mala redacción y se
maltrata el idioma. Esas han sido en síntesis las críticas;
que se maltrata el idioma lo añado yo para ilustrarlo, pero ha
dicho que hay errores de redacción y que hay algunos párrafos
que no se entienden.

Voy a utilizar estos minutos brevemente para decir lo
siguiente: cuando nosotros decimos que es más de lo mismo lo
decimos porque el nuevo proyecto mantiene el modelo de fondo
en que se ha asentado la economía canaria en el último
período. Se introducen las novedades forzadas de nuestro
ingreso en la Unión Europea, una serie de aportaciones
técnicas de los reglamentos
comunitarios, se introducen otras novedades, pero sin alterar
el modelo que ha provocado que estemos en el 24 por ciento de
la tasa de desempleo en las Islas Canarias, que tengamos
atrasos seculares y que tengamos una visión rentista y
parasitaria históricamente, que no se ha quebrado todavía con
la política económica de su Gobierno a nivel del Estado, ni
con las políticas que se han hecho allí, en el marco de las
competencias autonómicas, en el último período de esa herencia
histórica de las islas Canarias.

Por tanto, es más de lo mismo porque mantienen el modelo.

Usted ha dicho de manera clara que el REF debe ser para todos
los canarios sin partidismos y sin ideologías; pero se ha
retratado aquí de una manera muy clara: que sigan las cosas,
lo cotidiano, sin ninguna esperanza, sin alternativa a este
modelo, que refleja atraso, desempleo, marginación. Es
necesario que ese modelo tenga una alternativa de carácter
integral, que ustedes no dan y critican la nuestra, la tachan
de utópica, la tachan de poco práctica, de poco realista. ¿Es
realismo el 23 por ciento de paro? ¿Es realismo el escaso
tejido industrial? ¿Es realismo que haya un monocultivo de
servicios y no esté diversificada la economía canaria? ¿Es
realismo que no se apoye a la agricultura ni a las energías
renovables para hacer un modelo que no perjudique al medio
ambiente, que sea útil y que se reconcilie con el medio
ambiente? ¿Qué es realismo para usted? ¿Mantener lo que
existe? Por lo que existe ya vemos la leche que da la vaca.

Ahí están los resultados. Habrá que introducir novedades y no
parciales, no de maquillaje sino de fondo. Por eso nuestra
alternativa



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es una alternativa con novedades. El fondo de inversiones,
pero, por favor, ¿cómo puede usted decir aquí que los
trabajadores moderen el crecimiento salarial y pierdan poder
adquisitivo; que los pensionistas pierdan poder adquisitivo;
que a los funcionarios se les congele el sueldo; que los
beneficios empresariales aumenten? Después, ¿hay control sobre
los beneficios empresariales para que vuelvan a la inversión
creadora de empleo? Aquí sólo se controlan los salarios, aquí
sólo se controlan las pensiones, aquí sólo pagan los costes de
las crisis los mismos. Porque luego ustedes dicen: ¡Eh!, la
sacrosanta libertad del mercado. ¿Quién ha dicho que haya
representantes sindicales y de la Administración en los
beneficios de una empresa, para que una parte de los mismos
sean devueltos en un fondo de inversiones? Pues eso es lo que
debe hacer con la Constitución española en la mano un Gobierno
mínimamente progresista; eso es lo que se debe hacer en un
país donde los sacrificios sean de todos, para que la salida
de la crisis sea equilibrada, tenga un reparto equitativo y
justo y no caiga sobre las espaldas de los de siempre. Por eso
no se puede invalidar el fondo de inversión, que es lo que
nosotros proponemos. Cuando proponemos el reparto del trabajo,
usted dice: Es que no hay trabajo que repartir. ¿No hay un
volumen de horas extraordinarias en España? ¿No hay un
incremento importante --y en Canarias también-- de
pluriempleo? ¿No hay un horario a reducir, como se está
haciendo en Europa? Estamos abocados a ello, desde el punto de
vista del desarrollo científico-técnico aplicado a la
producción; el trabajo, para que trabaje la gente, consiste en
crear puestos de trabajos nuevos, repartir también el volumen
de trabajo existente y ajustar los costes a un nuevo modelo de
desarrollo.

Por tanto, nada de utopías, sino alternativas desde la
izquierda y desde el progreso, y no instalarse en este modelo
en el que ustedes se han instalado que es el mismo modelo. No
puede decir, porque tenga más artículos o porque hayan hablado
de 100 enmiendas con el señor Olarte o con Coalición Canaria,
que esto va a ser totalmente nuevo con lo que había, porque en
el fondo, en la columna vertebral de este proyecto, se
mantiene la misma filosofía, la misma sinfonía y música de
fondo que ha ocasionado el deterioro económico en las Islas
Canarias. Esa es la verdad, con mayúsculas.

Termino diciendo que cuando nosotros planteamos la redacción
de una ley, no ha entendido bien ni el tema sanitario ni el
tema inmobiliario, no lo ha entendido bien; nosotros podemos
cometer errores de carácter literario, pero no nos venga usted
a dar lecciones, porque tenían a una Portavoz del Gobierno que
se equivocaba, y ahora tienen a uno que ignora las palabras y
llama convocatoria sindical a una huelga general; se come las
palabras enteras. Es decir, que la literatura española y el
matrato del idioma no lo hace el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida; desde sus filas se maneja muy mal el idioma,
se maneja muy mal el castellano. Haremos las correcciones
correspondientes pero, desde luego, nuestra enmienda y el
trabajo importantísimo de Izquierda Unida-Canarias consiste en
elaborar técnicamente y con rigor una propuesta alternativa
desde la izquierda. El REF debe ser para toda la población si
tiene en cuenta el interés general, desde la mayoría de la
población, que son los trabajadores, las capas populares, las
capas medias, los artesanos y la pequeña y mediana empresa; el
REF no es para todos si se mantienen las desigualdades, como
usted ha dicho aquí, replicando al PP, o si se hace ley para
mantener un modelo que ha fracasado. Y no suba usted a esta
tribuna a decirme que no ha fracasado porque ahí están las
calles de Canarias, sus ciudades y sus aldeas, para decirle
que el fracaso es evidente, la prueba está en el paro y en
todos los problemas que ha generado la política hasta ahora.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Trujillo.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente, y con
mucha brevedad.

En su intervención el portavoz del Grupo Popular, ha dicho
muchísimas cosas. Ha planteado que han querido negociar, y yo
le recuerdo --no sé si usted ha participado o no, yo sí--,
reuniones en Canarias con todos los grupos parlamentarios,
incluido el suyo. Además, se empeña en hablar aquí de textos
del Ministerio de Economía y Hacienda --en cualquier caso
reivindicamos también el texto del Ministerio de Economía y
Hacienda--, pero usted olvida un poco la historia,
tremendamente reciente, de las relaciones que hemos mantenido
entre los dos partidos y entre nuestros partidos y otros
partidos, en la propia Comunidad Autónoma Canaria.

Respecto a su clamor, al clamor popular que usted señala que
hay en Canarias en relación a la propuesta sobre el REF, del
Partido Popular, en primer lugar convendrá conmigo que este es
un tema que, salvo determinados entendidos y la importancia
que le dan algunos medios de comunicación, no siempre
adecuadamente, lo del clamor popular no es así; difícilmente
en una sociedad que no sea muy avanzada, los temas de esta
envergadura técnica pueden estar, al menos, clamando.

Permítame le diga que los que usted señala como prescriptores
de ese clamor, ¡claro que van a estar a favor de lo que
ustedes plantean!
En la dinámica del debate sobre el Régimen Económico y Fiscal
se ha producido algo parecido a lo que decía aquella canción
de todos queremos más y, a medida que algunos íbamos
planteando propuestas, otros iban subiendo el listón, listón
que, según ha señalado, han puesto ustedes muy alto. Ustedes
ponen una serie de beneficios para algunos que no van a
significar ningún



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compromiso en la inversión productiva en Canarias. Además
nosotros no queremos ese listón que para nosotros no es que
sea alto, es que no es nuestra altura; nosotros estamos en
otra óptica distinta y posiblemente consideramos otro más
elevado, pero por otros motivos distintos de los que a usted
le mueven. Minusvalora usted el proceso de consenso que se ha
ido produciendo desde el 26 de octubre hasta el momento
actual, y no quisiera recordarle lo que decía el portavoz del
Grupo Popular en aquella fecha, cuando debatíamos la
proposición de ley que remitió a esta Cámara el Parlamento de
Canarias, al manifestar que era una proposición de ley con un
exiguo apoyo; desde luego, Coalición Canaria y el Partido
Socialista, como partido claramente mayoritario en Canarias,
representamos más del 90 por ciento del Parlamento de
Canarias; digo esto por la referencia que ha hecho usted en
este sentido.

Cuando yo hacía especial hincapié en las coincidencias entraba
dentro de esa estrategia que veo va a ser difícil lograr con
ustedes, si bien le reitero la invitación que hacía al final
de mi anterior intervención de ahondar en el consenso en los
temas relacionados con el transporte, los déficit de energía,
del agua, o la accesibilidad de la economía productiva de
Canarias a los mercados no sólo de los países terceros. Usted
sabe que al menos en el enunciado y en el desarrollo de alguno
de esos enunciados tenemos coincidencias; no se asuste por
decirlo, aunque nos separan algunos elementos considerables,
sobre todo el último que yo señalaba.

Ha vuelto a hacer mención de nuestro texto en lo relativo a la
zona «offshore» y ha vuelto a recalcar que hace pensar que la
zona «offshore» es el elemento de dinamización sobre el que
debe girar la estrategia de Canarias. Ya se lo he explicado,
no sé cómo se lo puedo decir de otra manera. Desde luego para
nosotros la zona «offshore» es un elemento más de la zona
especial de Canarias, que no es un paraíso fiscal como algunos
dicen, probablemente desde la ignorancia, y no es nuestro
elemento transcendental, en absoluto; hemos dado más
importancia incluso a temas como el transporte, a pesar de que
tenemos ahora mismo redacciones distintas. Ustedes llaman a la
nuestra ortodoxa, no sé cómo tomarme el empleo de ese término,
aunque tampoco parece un descalificativo; nosotros le damos
mucha más importancia a este tema que a esa otra figura a la
cual también damos importancia; mientras que ustedes, por
contra, crean esas cuentas exentas para inversiones
extranjeras; nosotros pensamos que es un mecanismo mucho más
potente el nuestro. Lamento que incida en los elementos que yo
considero son negativos para este diálogo, pero reitero
nuestra voluntad de ahondar en el mismo.

Quisiera también decirle una cosa muy breve, y es lo
siguiente. Cuando se habla de los logros de Canarias respecto
a la Comunidad Económica Europea ¿qué pasa?, ¿pensamos que el
Gobierno español no juega ningún papel en la consecución de
esos logros? Digo esto porque, a veces, me parece que es una
cosa que algunos no entienden.

En cuanto a la crisis del Partido Socialista en Canarias,
permítame le diga que, mientras que nosotros tengamos 23
diputados y ustedes cinco, está por ver dónde está la crisis y
dónde está la representatividad.

Señor Romero, si usted toma por elogio estar fuera del mundo
para resolver un problema tan grave en Canarias como es el
desempleo y le parece un piropo porque yo le diga que su
política es utópica o no es práctica, desde luego flaco favor
vamos a hacer a los desempleados canarios, flaquísimo favor.

Todo el proyecto y esquema del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias que nosotros proponemos es un cambio radical de la
actual situación sectorial de Canarias, o al menos pretendemos
introducir los elementos que conllevan a ello, y cuando usted
habla del modelo económico canario desde luego tendría que
leerse las plasmaciones prácticas que tiene usted en ese
documento. Si elementos tan folclóricos --permítame el
calificativo, aunque no quería emplear términos de esa
naturaleza-- como la ayuda a la artesanía de la manera que
usted la plantea, mucho menos potente que los elementos que
existen al día de hoy en el archipiélago canario, lo considera
usted sustancial para el incremento del empleo, desde luego
mal nos va a ir. En cualquier caso, no intente patrimonializar
conceptos como el de izquierda --allá usted con sus modos y
maneras--, concepto que yo también reivindico; estamos
dispuestos a avanzar lo que podamos, pero desde luego, por
nuestra parte, dando una respuesta a los problemas de los
canarios y no presentando propuestas que nada tienen que ver
con la solución de los mismos. (Un señor Diputado del Grupo
Socialista: ¡Muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Trujillo. Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el
debate y quieran fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Olarte tiene la
palabra. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor, y
ocupen sus escaños.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, creo que
es conveniente hacer una precisión importante al principio de
mi intervención. En el archipiélago canario Coalición Canaria
dispone de la mayoría absoluta en el Parlamento regional, cosa
que no ocurre en esta Cámara por lo que al Partido Socialista
respecta. Segundo. El Partido Socialista con Coalición Canaria
representan en la Cámara regional canaria exactamente el 90
por ciento de los escaños que la componen.




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El Partido Popular representa exactamente, con sus seis
escaños, el 10 por ciento de una Cámara integrada por 60
Diputados regionales. De ahí que hoy me haya sorprendido
profundamente la introducción del señor Villalobos cuando
hacía una expresión tajante y literal, no sólo en el fondo
sino en la forma, de condena a que estuviésemos aquí en
presencia de la tramitación de una proposición de ley que
emana del Parlamento de Canarias, que llega a esta Cámara en
virtud de la mayoría absoluta que represeta allí la Coalición
Canaria y que, en definitiva, constituye el ejercicio de un
derecho no sólo genéricamente reconocido en la Constitución y
en la normativa legal que la desarrolla, como es el de las
asambleas de las comunidades autónomas a traer a las Cortes
Generales sus iniciativas legislativas, sino, además, en el
caso canario, algo tan importante como el Régimen Económico
Fiscal canario, en este caso en su vertiente económica, que
tiene una enjundia, una importancia tan grande en las islas
que incluso el legislador constituyente, en la disposición
adicional tercera, estableció la necesidad de oír a la
Comunidad canaria cuando se estableciera cualquier
modificación a propuesta de alteración en nuestro Régimen
Económico y Fiscal. Y he aquí que, cuando la propia Comunidad
presenta la proposición de ley correspondiente que se remite a
esta Cámara, hoy sin embargo se trata de dar la vuelta al
traje y de no construir el cesto con los mimbres que
legítimamente emanan del Parlamento regional canario sino, por
el contrario, establecer un girocopernicano a que son unos
principios, los establecidos en aquella proposición, que
admiten evidentementemuchas modificaciones, como todas las
obras humanas y de cualquier parlamento, que son perfectibles,
pero que en definitiva lo que no puede establecerse hoy es
poco menos que la ausencia de legitimidad moral y política
para transmitir desde allí a esta Cámara la proposición de ley
en virtud de la cual y por la presentación de las enmiendas a
la totalidad, con texto alternativo contra la misma, estamos
molestando la atención de SS.SS.

Podría decir hoy que la intervención del señor Villalobos ha
sido una intervención llena de bravura, si no fuera porque
podían interpretar mal el resto de SS.SS. el hecho de que yo
hablase de que ha sido un discurso bravo. Ha sido un discurso
bravo, bravísimo, un discurso elaborado por su jefe supremo en
las islas, que se ha traído debajo del brazo para leer aquí al
igual que, sin embargo, ahí sí que lo ha reconocido el señor
Romero, que ha recibido el suyo por FAX, que sus
correligionarios de allá le enviaron. (El señor Romero
pronuncia palabras que no se perciben.) ¿En mano? Muy bien,
pues me alegro mucho porque se habrán dado, además, el
viajecito a Madrid, por cuenta de Izquierda Unida. Me alegro
muchísimo. En cualquier caso, señor Romero, yo me alegro de
que en los últimos tiempos haya asumido usted el protagonismo
de cambiar los chanquetes por las papas arrugadas. Muy bueno,
así tenemos aquí también una persona que empezará a conocer y
a profundizar en nuestros temas, pues para la defensa de los
mismos siempre son pocas todas las ayudas. Tengo que decirle,
señor Romero (y creo es bueno que se vaya acostumbrando al
léxico de las islas, ahora que tanto vamos a hablar
conjuntamente de estos temas) que si bien el texto que le han
remitido ha sido de una corrección absoluta --ha establecido
unas discrepancias legítimas y en ningún caso ha habido
descalificación--, sin embargo, cuando ha hecho su aportación
personal, cuando no ha leído lo que le han dictado de allá, ha
hecho algunas descalificaciones que no podemos aceptar y es lo
que calificamos desde allá como que le ha patinado el
embrague. Vaya aprendiendo este léxico porque en el futuro
vamos a hablar mucho de temas comunes, estamos seguros.

Creo conveniente hacer algo de historia, muy sucintamente, de
lo que ha sido la tramitación. (Rumores.) Creo que en diez
minutos... (Continúan los rumores.--Protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Olarte. Por favor, señorías, guarden silencio.




El señor OLARTE CULLEN: Nosotros, aunque quisiéramos, como
somos tan pocos, no podemos alborotar mucho, ni siquiera
formar la clásica clac, en virtud de razones cuantitativas, de
nuestra reducida presencia en esta Cámara. En cualquier caso,
yo les prometo a ustedes brevedad... (Rumores.), además, entre
otras razones, porque hoy es jueves y estoy convencido de que
SS.SS. están deseando ya emprender el viaje de retorno. No les
voy a perjudicar ni van a tener que cancelar ninguna reserva
hecha días atrás. En cualquier caso, en el archipiélago
canario, en virtud de la decisión de la Cámara regional, se
tramitó la proposición de ley que en un primer momento merece
el reparo del Grupo Popular, porque creen que van a ganar las
elecciones generales y nos dice que no es ésa la vía, que el
cauce es la negociación de Gobierno a Gobierno. Es lo que
hemos hecho, hemos negociado de Gobierno a Gobierno; lo que
ocurre es que en ese Gobierno no estaba el señor Aznar, cosa
que los paisanos canarios es posible que en un primer momento
pudiesen intuir.

La realidad es que se verifica la tramitación correspondiente,
se establecen las negociaciones Gobierno a Gobierno... No es,
señor Romero, que tengamos apalabradas unas enmiendas (aparte
de que para nosotros nuestra palabra es más que una firma);
hemos firmado un centenar de enmiendas con el señor Solchaga,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y yo mismo en
nombre de Coalición Canaria. Están firmadas y, sin embargo,
hemos establecido unos criterios



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que, en cuanto a nuestras discrepancias, marcan unas enmiendas
que en poco más de media docena --siete nosotros y no sé si
ocho o nueve el Grupo Socialista-- también han sido
presentadas específicamente por cada uno de los grupos. Esta
no es una práctica parlamentaria novedosa, hoy parece que se
va a repetir también con motivo de la reforma de la Ley
Electoral; es absolutamente ortodoxa.

Ofrecimos en su día el máximo diálogo a todas las fuerzas
políticas presentes en el archipiélago canario, incluso a
alguna fuerza extraparlamentaria, como fue Izquierda Unida en
el archipiélago canario. El otro día, usted lo reconoció así
en su intervención, cuando se debatió la toma en consideración
de la proposición de ley emanada del Parlamento. También hubo
varias reuniones, entrevistas, cambios de impresiones con el
Grupo Popular. Otra cosa es que el Grupo Popular haya querido
tirar por la calle de en medio y haya arrumbado cualquier
posibilidad de consenso, que todavía nosotros ofertamos por si
en el trámite de enmiendas es posible llegar a algunos
acuerdos, cosa que dudamos, tratándose de un régimen tan
importante como es el económico para Canarias y tratándose de
una normativa que todos reconocemos es fundamental en el
archipiélago (por eso el otro día nadie discrepó de la toma en
consideración de la proposición que emanaba del Parlamento de
Canarias), pero nunca es tarde si la dicha es buena y vamos a
ver si conseguimos el acuerdo.

Nosotros sí ponemos de manifiesto nuestra preocupación ante el
hecho de que hoy se haya tratado de estigmatizar la iniciativa
que emanó del Parlamento de Canarias, gracias eso sí a
Coalición Canaria, estigmatizándola, digo de que no consiguió
la adhesión de los votos populares. Si en el futuro, en una
democracia parlamentaria, la mayoría no significa nada espero
que ustedes, en aquellos supuestos en que nos propongan una
serie de decisiones para tratar de derrotar a los señores
socialistas, no lo hagan así, porque si no hay consenso
carecería de legitimidad democrática esa mera posibilidad.

Creo que es bueno desde ahora empezar a aclararnos. Nosotros
discrepamos totalmente de las dos alternativas que se traen
hoy a esta Cámara, no sólo por razones de forma sino por
razones de fondo. Creemos que el conjunto importante de
enmiendas que una y otra fuerza política han formulado (no sé
si son 40 enmiendas las de Izquierda Unida y alrededor del
centenar las del Grupo Popular) constituyen un trabajo más que
suficiente para volcarlo en lo que hayamos de realizar en la
Comisión. También digo y reitero, con absoluta firmeza, que
estamos dispuestos a analizar conjuntamente todo aquello que
puede redundar en una mejora del texto que remitió, en su día,
el Parlamento de Canarias.

Optamos por la negociación que ya ofrecimos aquí en el debate
de investidura, donde ustedes recordarán que no hubo
precisamente muchos puntos de acuerdo entre el contenido
explicitado por el representante, en aquel momento, de
Coalición Canaria y el candidato a la Presidencia del
Gobierno. Sin embargo, el señor González ofreció un diálogo y
un entendimiento con el Gobierno de Canarias, para profundizar
en ese entendimiento cada vez con mayor rigor. Hicimos una
serie de alusiones muy puntuales y muy concretas al régimen
económico fiscal, en su vertiente económica, y precisamente
por eso hemos tratado de aportar un conjunto de enmiendas que
enriquezcan y mejoren el proyecto de normativa, la proposición
que emanó del Parlamento de Canarias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le ruego concluya,
señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Voy concluyendo, señor Presidente. La
enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular es
restrictiva, pero elaborada en relación al texto admitido a
trámite, establece una zona económica de Canarias que ha sido
rebasada por las enmiendas que hemos presentado y también por
el Grupo Socialista (eso hay que reconocerlo, pues ustedes
presentaron una alternativa no en función de las enmiendas que
hemos hecho nosotros sino en función del texto original); en
definitiva, reproducen un conjunto de normas y de conceptos
que nosotros habíamos establecido ya desde que se había
elaborado la iniciativa del Parlamento de Canarias. Por lo que
se refiere a Izquierda Unida es indiscutible que hay también
un número importante de reiteraciones de lo que ya se contiene
en el texto del Parlamento de Canarias, hay que reconocerlo, y
si nos sentamos sosegadamente veremos que, tanto en uno como
en otro caso, hay reiteraciones y refundiciones de las que
nosotros nos congratulamos, en cuanto al texto del Parlamento,
aparte de una serie de conceptos novedosos, de los que
discrepamos pero que respetamos profundamente. Esto está fuera
de dudas. Ustedes aceptan y ustedes también (Señalando los
escaños a derecha e izquierda del hemiciclo.) el principio que
se establecía, incluso en sus propios términos, de la
ratificación de la libertad comercial del archipiélago
canario, que ya lo recogía el régimen económico fiscal
precedente y que nosotros, en su día, lo llevamos al
Parlamento de Canarias con esa literalidad. Lo dicen
exactamente igual. Y ustedes también. Ya esto es un principio
importante como una serie de conceptos más que se desarrollan
en ella.

Nosotros finalmente, y termino con esto, señor Presidente,
incluimos en nuestro proyecto no sólo la consagración de ese
principio sino la necesidad de posibilitar el desarrollo
socioeconómico de nuestro archipiélago, contemplado desde los
problemas fundamentales que acosan una región como aqúella,
que se



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encuentra en una situación de paro lamentable y que, además,
tiene una economía necesitada de soluciones estructurales y no
meramente coyunturales precisamente porque soportamos los
rigores de la doble insularidad y de la lejanía. Por eso en
nuestra propuesta --en la propuesta inicial con la mejora de
las enmiendas correspondientes-- establecemos con mucho rigor
las compensaciones correspondientes para corregir estos
inconvenientes. Establecemos una serie de anotaciones muy
importantes, y compartidas en ambos casos también, en orden al
transporte marítimo, aéreo y terrestre; en cuanto a las
comunicaciones, a la necesidad de cooperación y de
coordinación entre las administraciones públicas de allá y de
aquí en aras al mejor desarrollo y la mejor vigilancia de la
observancia de los principios que se contienen en esta
reforma; el segundo registro de buques, de lo cual ustedes
discrepan por una serie de razones, que constituyen también,
en cuanto a las nuestras, otra discrepancia, y desde luego
referencias puntuales al turismo, ese turismo que hoy parece
que empieza a mejorar allí, lo que no quiere decir que con
ello mejore absolutamente la economía canarias, sino en una
coyuntura muy concreta y temporalmente, aunque ojalá sea lo
más amplia posible.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor
Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: En definitiva, para que SS.SS. puedan
ya retornar a la paz familiar, que bastante falta nos hace a
todos, volviendo a los hogares correspondientes, termino mi
intervención diciendo que a diestra y siniestra el voto de
Coalición Canaria será evidentemente negativo para ambos
textos alternativos presentados por el Partido Popular y por
Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.

Muchas gracias. (El señor Villalobos de Paiz pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalobos,
¿para qué solicita la palabra?



El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Por alusiones, señor Presidente,
y para decir muy brevemente...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalobos,
usted pide la palabra por alusiones, y esta Presidencia
entiende que lo que ha hecho el señor Olarte ha sido fijar su
posición con respecto a la enmienda de totalidad.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente, muy
brevemente...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalobos, está
hablando el Presidente.El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Sólo
quiero decir, señor Presidente...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra,
no ha habido alusiones.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le llamo al orden,
señor Villalobos, no tiene la palabra.

Señor Homs, tiene la palabra.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muy brevemente para
transmitir a la Cámara la posición de nuestro Grupo en
relación con las dos enmiendas de totalidad.

Vaya por delante que nuestra posición acerca de la iniciativa
que pueda plantear en esta Cámara cualquier parlamento de una
comunidad autónoma va a ser la de admitirlas a trámite, nos
parece que lo procedente es aceptar a trámite las iniciativas
que por mayoría nos propongan los parlamentos de las
comunidades autónomas.

En esta ocasión, y sin entrar en el contenido de la
proposición de ley, nosotros vamos a rechazar las dos
enmiendas de totalidad, y lo vamos a hacer, señorías, por una
razón muy elemental, y nos ha sorprendido que ambos grupos
hayan tomado esa iniciativa. No nos oponemos a considerar el
contenido, mediante enmiendas parciales, al artículado del
texto, pero nos parece que
políticamente no tiene fundamento desear que esta Cámara
admita a trámite un texto alternativo apoyado por un grupo
político que no tiene representación en la Cámara autonómica
de Canarias, o por un grupo político cuya representación es el
10 por ciento de esa Cámara. Es muy legítima la discrepancia
que pueda mantener el Grupo Popular, vamos a considerar las
enmiendas al articulado que se puedan plantear, pero se nos ha
dicho por el portavoz de dicho Grupo Parlamentario que si esta
iniciativa hubiera llegado a este Congreso de los Diputados
apoyada unánimemente por todo el Parlamento de Canarias,
entonces sí que la hubieran aceptado. Entonces. ¿cómo nos
piden a los demás grupos de esta Cámara que no apoyemos una
iniciativa mayoritariamente propuesta y sí, en cambio,
apoyemos un texto alternativo sustentado por el 10 por ciento
de los Diputados de dicha Cámara? Señorías, creo que la
cordura en este trámite tiene que prevalecer. Vayamos a
discutir el contenido vía enmiendas transaccionales y al
articulado, pero oponerse a la totalidad de dicho texto y
basar la acción legislativa de esta Cámara sobre un texto
alternativo propuesto por una fuerza política que tiene la
representación del 10 por ciento de una Cámara legislativa
autónoma, no se sostiene. No se nos puede plantear en el
Congreso de los Diputados que la admisión a trámite



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sea partir de una iniciativa que tenga esa limitada
representación. Creo que sería un mal proceder político de
esta Cámara rechazar una iniciativa mayoritariamente propuesta
por una Cámara autonómica y darle trámite a una que no tiene
esa legitimidad.

Por tanto, reconduzcamos este debate, no lo extendamos más,
vayamos al articulado, y en todo caso desechemos ya esas
posiciones políticas que no tienen fundamento.

Nada más. Muchas gracias. (La señora De Palacio Valle-Lersundi
pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.

Tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Una cuestión de orden. En la intervención del
Portavoz del Grupo de Coalición Canaria se ha hecho referencia
a si los papeles que traía el Diputado que ha intervenido en
nombre del Grupo Popular se los habían envíado o no se los
habían enviado, cosa que nada tiene que ver con fijar una
posición respecto a un texto. Esa es una alusión muy clara a
la actuación de un Diputado, y entiendo que en este caso
concreto es procedente el aplicar una pequeña réplica por
razón de alusiones. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio, en
el uso de las intervenciones habituales en esta Cámara se han
hecho con mucha frecuencia, y por parte también de su Grupo,
alusiones a que si determinado Diputado ha traído los papeles
de un Ministerio. Yo entiendo que eso no es ninguna ofensa y,
por tanto, no ha lugar a la alusión.

Finalizado el debate, señorías, vamos a pasar a las votaciones
pendientes y a la de este proyecto de ley. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



VOTACIONES:



El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo a la convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su detrucción, así como declaración a
formular por España.

Comienza la votación (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 309; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Dictamen relativo al Convenio entre el Reino de España y la
República de la India para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio.

Comienza la votación (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Dictamen relativo al proyecto de ley sobre concesión de dos
créditos extraordinarios al Ministerio de Industria y Energía
con destino a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A.

(Hunosa), y a la Sociedad Minas de Figaredo, S.A.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular a
la proposición de ley sobre modificación de los aspectos
económicos del régimen económico y fiscal de Canarias y
actualización de los puertos francos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 130; en contra, 181.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda de totalidad de texto alternativo a la misma
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votaci]on, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 18; en contra, 293.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




SOLICITUD DE AVOCACION POR EL PLENO DE LA CAMARA DE LA
DELIBERACION Y VOTACION FINAL DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA LA SITUACION DE SEGUNDA
ACTIVIDAD EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA



El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad



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con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer
al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y
votación final del proyecto de ley por el que se regula la
situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de
Policía.

¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA
OCUPACION (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE
DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000030)



El señor PRESIDENTE: En los mismos términos, la Mesa de la
Cámara ha acordado someter al Pleno la avocacion del proyecto
de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación.

¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.




--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS
ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (Número de
expediente 121/000032)



El señor PRESIDENTE: Igualmente, la Mesa de la Cámara somete
la avocación, en los mismos términos, del proyecto de ley por
el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los
Trabajadores y del texto articulado de la Ley de
Procedimientos Laboral. ¿Se aprueba la avocación?
(Asentimiento.)
Queda aprobada.




--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL (Número de expediente 121/000033)



El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa de la Cámara propone
la avocación del proyecto de ley por el que se regulan las
empresas de trabajo temporal.

¿Se aprueba la avocación? (Asentimiento.)



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de avocación.

Se levanta la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.




CORRECCION DE ERRATAS: En los «Diarios de Sesiones» números 28
y 29, de fechas 17 y 18 de noviembre de 1993, respectivamente,
se han deslizado sendas erratas de imprenta:



En el número 28, página 1194, segunda columna, en la cuarta
votación aparece la cifra de 144 votos en contra, cuando en
realidad fueron 155. En el número 29, página 1324, segunda
columna, en la última votación figuran 331 votos en contra,
habiendo sido realmente 311.