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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 14, de 23/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 14 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 12
celebrada el jueves, 23 de septiembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del
Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i
Unió):
-- Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista
del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i
Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
22.1, de 9 de septiembre de 1993 (número de expediente
410/000001) (Página 405)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía:
-- De las Cortes de Castilla y León, de Reforma del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León. (Orgánica.) «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie A, número 8.1, de 8 de julio
de 1993 (número de expediente 127/000009) (Página 405)
-- De la Asamblea de Extremadura, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 9.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000011) (Página 413)
-- De la Asamblea de Madrid, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Orgánica.) «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 10.1, de 8
de julio de 1993 (número de expediente 127/000012) (Página 420)
Votación de conjunto:
-- De la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència i Unió), en materia de ponderación del voto en
las Comisiones. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 22.1, de 9 de septiembre de 1993 (número de
expediente 410/000001) (Página 428)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Tramitación directa y en lectura única de la proposición de
reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentada por los grupos parlamentarios Socialista del
Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i
Unió) (Página 405)
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentada por los grupos parlamentarios Socialista
del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i
Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones
(Página 405)
No interviniendo ningún Grupo Parlamentario para fijación de
posiciones, el señor Presidente anuncia que las votaciones
correspondientes a este punto tendrán lugar una vez concluido
el debate y votación del siguiente punto del orden del día,
correspondiente a debates de totalidad de propuestas de
reforma de estatutos de autonomía.
Debates de totalidad de Propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía (Página 405)
De las Cortes de Castilla y León, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León (Orgánica.) (Página 405)
En representación de las Cortes de Castilla y León y para la
defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
interviene el señor León de la Riva. Señala que esta Comunidad
Autónoma, con sus casi 100.000 kilómetros cuadrados, la más
extensa de la Europa comunitaria y que ahonda sus raíces
históricas en las más profundas raíces de España, con las que
se fusiona, sin embargo, por paradojas del destino y también
por la miopía de algunos políticos del momento, fue la última
comunidad autónoma en tener aprobado su Estatuto de Autonomía,
al que accedían, además, por la llamada vía lenta del artículo
143 de la Constitución, en lugar de ser incluida entre las
llamadas comunidades históricas. Expone que el Título VIII de
la Constitución ni siquiera insinúa que en la nueva
organización del Estado deban existir distintos grados de
autogobierno, ni caben en ella comunidades de primera y de
segunda, sino diversas vías y tiempos para llegar al pleno
autogobierno, sin cuestionar en ningún momento ni la unidad de
España ni las competencias de la Administración central del
Estado en todo el territorio español.
Recuerda que el Estatuto de Autonomía de aquella Comunidad
entró en vigor el 2 de marzo de 1983, habiendo transcurrido
ampliamente el plazo de cinco años para su reforma, y así lo
intentaron hacer para conseguir mayores cotas de autogobierno.
Sin embargo, tales intentos chocaron siempre con la mayoría
socialista que entonces imperaba en este Congreso, habiendo
tenido que transcurrir diez años para que los castellano-
leoneses vean abierto el portillo de la esperanza para dar un
paso más, aunque no el último, en el logro de su autogobierno.
En este sentido considera obligado resaltar que esta reforma
estatutaria, fruto del Pacto Autonómico y de la Ley 9/1992, de
23 de diciembre, no colma plenamente las aspiraciones de
castellanos y leoneses. Consiguientemente nadie está
legitimado para
afirmar que con esta reforma se ultima el Título VIII de la
Constitución, ya que ni tan siquiera se configura de modo
estable la arquitectura autonómica de España para las próximas
décadas. Reitera que el Título VIII de la Constitución no
configura distintos techos competenciales entre unas y otras
comunidades autónomas. Tampoco considera preciso invocar
supuestos agravios comparativos, sino simplemente el ejercicio
de los derechos constitucionales que todos tienen, incluidos
los castellano-leoneses, a un autogobierno. Para este fin
espera contar con el apoyo de esta Cámara para sacar adelante
la reforma estatutaria que se propone.
Completa el turno en representación de las Cortes de Castilla
y León el señor Quijano González, que alude a la importante
coincidencia habida en las Cortes de Castilla y León para la
aprobación de esta reforma, como prueba inequívoca de la
voluntad de avanzar en el camino de la ampliación de
competencias para servir así más eficazmente a los ciudadanos
de la Comunidad. Expresa, por tanto, su apoyo inequívoco a
esta iniciativa legislativa, en coherencia con el compromiso
de dar un mayor impulso competencial a las comunidades que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución, a la vez que dar estabilidad al conjunto del
modelo que deriva del Título VIII, considerando siempre las
relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas desde
los principios de cooperación y solidaridad.
Termina expresando su deseo de que este proceso de reforma,
que conducirá a ampliar el ámbito de responsabilidades de
aquella Comunidad, abra una etapa fecunda de colaboración
eficaz en beneficio de los ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Madrid López, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación de totalidad la propuesta de reforma del
Estatuto de Castilla y León es aprobada por 275 votos a favor,
14 en contra y tres abstenciones.
De la Asamblea de Extremadura, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura. (Orgánica.) (Página 413)
En defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, y en representación de la Asamblea
de dicha Comunidad, interviene, en primer lugar, el señor
Sánchez Cuadrado, manifestando que la modificación estatutaria
que ahora contemplan, al igual que la de otros estatutos de
comunidades autónomas que llegaron a serlo a través de la vía
del artículo 143, constituye un ejemplo de cómo se debe operar
en este tema de las autonomías reguladas por el Título VIII de
la Constitución. Es un ejemplo de diálogo hasta llegar entre
todos a un consenso generalizado, poniendo por delante de todo
el interés nacional, que es el que debe primar siempre. En
este momento desea congratularse de que en esta reforma se
hayan hecho las cosas así, esperando que sirva de ejemplo para
futuras actuaciones, a la vez que expresa el temor de que en
otro aspecto tan importante como el de la financiación, hoy
tan en candelero, no se esté actuando con idéntico método y,
en cambio, se estén poniendo por delante otros intereses
distintos del interés general de las comunidades autónomas y,
en definitiva, de España. Teme que de esta forma se pueda
conseguir la estabilidad del Gobierno, pero al precio de
lograr la inestabilidad del Estado de las autonomías.
Completa el turno en representación de la Asamblea de
Extremadura el señor Herrera Silva, que expresa su
satisfacción por la oportunidad de defender la reforma del
Estatuto de su Comunidad Autónoma en este importante foro, en
el que reside la voluntad popular de los españoles. Destaca la
importancia de la reforma como logro muy importante para su
región en cuanto que acentúa y completa el proceso de
transferencias, dando respuesta a un objetivo irrenunciable de
la Comunidad Autónoma. Menciona los importantes logros
alcanzados en el desarrollo de la región en los últimos años,
conseguidos siempre por la vía del diálogo y del consenso,
procurando evitar fricciones en asuntos tan espinosos y
difíciles como la estructuración del Estado de las Autonomías.
Siguiendo en esta línea, afirma que la propuesta que hoy
someten a la decisión de esta Cámara goza de un amplio
respaldo por parte de los representantes extremeños.
Concluye expresando su idea favorable a compatibilizar y
armonizar las legítimas aspiraciones de las comunidades
autónomas con las necesidades del Estado mediante un proceso
de cooperación y coordinación que atienda y respalde los
intereses generales de todos los ciudadanos, sin cantonalismos
ni planteamientos insolidarios o excluyentes en una tarea que
necesita del concurso de todas las fuerzas políticas.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto; Olarte Cullén, del Grupo de
Coalición Canaria; Sánchez i Llibre,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Ramallo
García, del Grupo Popular, y Fuentes Gallardo, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura por 273 votos a favor, 12
en contra y tres abstenciones.
De la Asamblea de Madrid, de Reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid (Orgánica.) (Página 420)
En defensa de la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Madrid y en representación de la
Asamblea de esta Comunidad interviene el Diputado de la misma
señor Cobo Vega, manifestando que muchas personas confunden
Madrid con la Administración central del Estado, cuando por
muy grande que ésta sea no debe ensombrecer ni empequeñecer a
la Comunidad Autónoma madrileña, que debe estar en igualdad de
condiciones con el resto de las comunidades autónomas del
Estado español, y precisamente la reforma del Estatuto de
Autonomía que ahora se plantea es un paso más para la
consecución de ese fin. Agrega que el hecho de que la gran
mayoría de los ciudadanos de Madrid hayan nacido o sean
descendientes de personas nacidas en otras comunidades
autónomas quizá influya para que nuestras reclamaciones o
reivindicaciones y nuestros derechos sean ejercidos sin
agresividad, vehemencia o chantaje hacia nadie, pero ello no
se debe confundir con la pasividad ni desidia en la defensa de
los legítimos intereses de los ciudadanos madrileños, aunque
sin olvidar nunca, no ya la obligación, sino la devoción que
sentimos de ser solidarios con el resto de los españoles.
Alude a continuación a los pasos dados para la consecución de
la reforma que ahora se propone y el contenido fundamental de
la misma, esperando que merezca la aprobación de esta Cámara,
con el fin de dar un mejor servicio a los ciudadanos de esta
Comunidad Autónoma.
Continúa la defensa de la reforma del Estatuto, en
representación de la Asamblea de Madrid, el señor Ledesma
Bartret, calificando dicha reforma de claramente positiva para
los más de cinco millones de ciudadanos que pueblan esta
Comunidad Autónoma, que tiene las peculiaridades que de forma
breve menciona.
Agrega que, tras diez años de desarrollo y vida del Estatuto
de Autonomía, la Comunidad madrileña ha aprobado la reforma
que ahora se somete a esta Cámara y que desde un punto de
vista jurídico-formal supone la integración sistemática en el
Estatuto de Autonomía de aquellas competencias que por Ley de
diciembre de 1992 fueron transferidas a las comunidades
autónomas que nacieron al amparo del artículo 143 de la
Constitución. Añade que el contenido político de estas
transferencias es de hondo calado, ya que significan la
incorporación de más de 45.000 servidores públicos a la
Comunidad de Madrid y de un presupuesto cercano al billón de
pesetas. Por último, la reforma tiene la virtualidad política
de igualar a Madrid al resto de las comunidades autónomas y
acabar con la diferencia transitoria que la Constitución
estableció para la igualación competencial entre aquéllas.
Completa el turno en representación de la Asamblea de Madrid
el señor Ruiz Reig, manifestando que la propuesta reiterada de
su grupo político ha estado basada en un modelo federal del
Estado que ha sido patrimonio fundamentalmente de la izquierda
en nuestro país, siendo consciente de que en el Estado español
existen nacionalidades diversas con características peculiares
que han de tenerse en cuenta. Piensan que la construcción del
nuevo Estado debe tener en cuenta estas diferencias y
asumirlas, pero también debería tener presente que al final
del proceso lo ideal sería la igualdad, evitando diferencias
competenciales o ámbitos de poder o marcos económicos de
flagrante desigualdad y discriminatorios entre las distintas
comunidades autónomas.
Añade que en nuestra Comunidad se ha partido del acuerdo
exclusivamente entre dos formaciones políticas para el
desarrollo del Título VIII de la Constitución, impidiendo así
un trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas y
eludiendo lo que su grupo planteaba como fundamental, que es
más cotas de autogobierno y el reconocimiento de un marco
político por coincidencia con las características propias de
esta Comunidad. Sin embargo, el proyecto de reforma
estatutaria no responde a estas ideas y, por lo tanto, cree
que no es el adecuado a la realidad de nuestra Comunidad
Autónoma.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullén, del
Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); González Blázquez, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Cortés Muñoz, del
Grupo Popular, y Barrionuevo Peña, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid por
278 votos a favor, 11 en contra y cuatro abstenciones.
Votación de totalidad (Página 428)
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentada por los Grupos Parlamentarios Socialistas del
Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i
Unió).
Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista
del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i
Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones
(Página 428)
Se somete, en primer lugar, a votación la proposición de
reforma del Reglamento y las enmiendas que han sido formuladas
por los Grupos Parlamentarios a dicha proposición de reforma,
siendo aprobada por 291 votos a favor y dos abstenciones.
Asimismo queda aprobada dicha reforma, en votación de
conjunto, por 290 votos a favor y tres abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE LA PROPOSICION DE
REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL
CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I
UNIO):
-- PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA
DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I
UNIO), EN MATERIA DE PONDERACION DEL VOTO EN LAS COMISIONES
(Número de expediente 410/000001)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Tramitación directa y en lectura
única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso
de los Diputados.
¿Desea algún Grupo fijar la posición en relación con este
punto del orden del día? (Pausa.)
Las votaciones correspondientes a este punto tendrán lugar una
vez concluido el debate y votación del siguiente punto del
orden del día, que es el de debates de totalidad de propuestas
de reforma de estatutos de autonomía.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA:
--DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE CASTILLA Y LEON (ORGANICA) (Número de expediente
127/000009)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, remitido
por las Cortes de Castilla y León.
Para la defensa de la propuesta tiene la palabra don Francisco
Javier León de la Riva.
El señor LEON DE LA RIVA (Procurador de las Cortes de Castilla
y León): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las
Cortes de Castilla y León me han concedido el honor, en turno
compartido con el portavoz socialista, de, tras expresaros su
fraternal saludo de lealtad y solidaridad, recabar el apoyo de
esta Cámara para la toma en consideración de la proposición de
ley para la reforma del Estatuto de Castilla y León. Castilla
y León, que con sus casi cien mil kilómetros cuadrados es la
Comunidad Autónoma más extensa de la Europa Comunitaria;
Castilla y León, que hunde sus raíces históricas en las más
profundas raíces de España con las que se fusiona; Castilla y
León, que en frase de ilustres pensadores hizo España y se
hizo España, ha visto cómo, por esas paradojas del destino y,
por qué no decirlo, por la miopía de algunos políticos del
momento, era la última Comunidad Autónoma en tener aprobado su
Estatuto de Autonomía, al que accedía, además, por la llamada
vía lenta del artículo 143 de nuestra Constitución ante la
original interpretación, que no soporta la más mínima crítica
científica, de que nuestra Comunidad no debía ser incluida
entre las llamadas comunidades históricas.
Nuestros constituyentes, al redactar el Título VIII de la
Constitución, no predeterminaban con carácter imperativo la
organización territorial del Estado, y han sido los legítimos
representantes de la soberanía popular quienes han apostado
por una descentralización del Estado en diecisiete comunidades
autónomas. Pero este Título VIII de nuestra Constitución ni
impone ni siquiera insinúa que en esta nueva organización del
Estado deban existir distintos grados de autogobierno,
dicho sea en román paladino. En la Constitución Española no
caben comunidades de primera y comunidades de segunda, sino
distintas vías y un tempus diverso para llegar al pleno
autogobierno de nuestras regiones, sin cuestionar en ningún
momento, dicho sea en el frontispicio de mi intervención, ni
la unidad de España ni las competencias de la Administración
central del Estado en todo el territorio español, porque es
lamentable tener que recordar aquí que las comunidades
autónomas no somos huéspedes incómodos del Estado, sino que
también somos Estado y que las competencias estatales,
normalmente gestionadas desde la Administración central,
pueden gestionarse también desde la Administración autonómica
y local, sin necesidad de modificación constitucional alguna.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que entró en
vigor el 2 de marzo de 1983, prevé que se podría proceder a su
reforma a los cinco años de su andadura, plazo cautelar que se
establece en todos los estatutos de autonomía nacidos al
amparo del artículo 143 de la Constitución para observar
prudentemente el desarrollo de las autonomías. Hace ya años
que nuestro Estatuto cumplió esa mayoría de edad y hace años
también que en las Cortes de Castilla y León, y en
cumplimiento del mandato dispuesto en el artículo 29 de
nuestro Estatuto, intentamos una reforma que nos permitiera
acceder a mayores cotas de autogobierno, y así, el 23 de junio
de 1988, en sesión extraordinaria convocada al efecto, el
Pleno de las Cortes castellano-leonesas aprobó remitir al
Congreso de los Diputados una proposición de ley para la
reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Aquella decisión de
nuestra Cámara regional se vio condenada a dormir el más
injusto de los sueños por voluntad de la mayoría socialista
que imperaba por entonces en estas Cortes y en su Mesa. La
misma suerte y por idénticas razones corrió otra iniciativa
legislativa de nuestras Cortes dirigida a la asunción de
competencias de educación. Aquella iniciativa contó con el
apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara, pero tropezó con el muro infranqueable de los 153
votos socialistas. Han tenido que transcurrir diez años para
que castellano-leoneses veamos abierto el portillo de la
esperanza para dar un paso más, que no ha de ser el último, en
el logro de nuestro autogobierno, porque hora es llegada de
decir desde esta Cámara que esta reforma estatutaria, que es
fruto del pacto autonómico y de la Ley 9/1992, de 23 de
diciembre, y que supone un evidente paso adelante en el
desarrollo competencial de nuestra Comunidad y que como tal
asumimos y defendemos, no colma plenamente las aspiraciones de
castellanos y leoneses. En frase afortunada de nuestro
portavoz en el Senado, el pacto autonómico abrió muchas
puertas, pero no cerró ninguna.
Quede, pues, bien claro que nadie está legitimado para
afirmar, como recientemente se ha hecho desde esta tribuna,
que con esta reforma se ultima el Título VIII de la
Constitución, ni tan siquiera que se configura de modo estable
la arquitectura autonómica de España para las próximas
décadas, porque, ya lo hemos dicho, el Título VIII de nuestra
Constitución no configura distintos techos competenciales
entre unas y otras comunidades autónomas, no siendo preciso
invocar supuestos agravios comparativos, sino simplemente el
ejercicio de los derechos constitucionales que todos,
incluidos los castellanos y leoneses, tenemos a un
autogobierno y porque la arquitectura autonómica de España
hace varios años que está ya configurada. Aquí y ahora no
hablamos de arquitectura sino de autogobierno. Y es aquí
donde, señoras y señores Diputados, los ciudadanos de Castilla
y de León, que siempre hemos dado muestras de lealtad al
Estado y de solidaridad con el resto de las comunidades
españolas, esperamos contar con vuestro decidido apoyo hoy
para sacar adelante esta proposición de ley que os
presentamos, y mañana, si ésa es la voluntad del pueblo
castellano-leonés, para continuar perfeccionando nuestro
sistema de autogobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor León de la Riva.
Tiene la palabra don Jesús Quijano González.
El señor QUIJANO GONZALEZ (Procurador de las Cortes de
Castilla y León): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre de las Cortes de
Castilla y León me cabe el honor de dirigirme a SS.SS. en este
turno de presentación y defensa de la proposición de ley de
reforma del Estatuto de Autonomía. Lo hago con satisfacción,
compartiendo el turno con otro Procurador regional, consciente
de que en este trance ambos representamos a nuestro propio
Parlamento autónomo ante el de la nación más que a los grupos
parlamentarios a que pertenecemos. Cuando este texto que ahora
presentamos aquí fue debatido en las Cortes de Castilla y León
ya tuvimos ocasión de expresar una coincidencia importante,
que se corresponde con una mayoría muy amplia de los
ciudadanos de Castilla y León. Nuestra Comunidad quiere
expresar, y así lo hace, su voluntad inequívoca de avanzar en
el camino de la ampliación de competencias, sabiendo que al
aumentar su capacidad de autogobierno, aumenta también su
responsabilidad política y su compromiso de servir eficazmente
a sus ciudadanos que, no hay que olvidarlo, son los verdaderos
destinatarios de tales competencias.
Quiero, por tanto, expresar ese apoyo inequívoco a esta
iniciativa que deriva de un gran acuerdo, del llamado pacto
autonómico de febrero de 1992, por el que las fuerzas
políticas con mayor representación, tanto en el Estado como en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, nos hemos comprometido a dar un impulso competencial a
las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del
artículo 143 de la Constitución, pero nos hemos comprometido
también a la vez a dar estabilidad al conjunto del modelo
derivado del Título VIII y a fundar las relaciones entre el
Estado y las comunidades en un principio de cooperación y de
solidaridad, porque todo eso, señorías, es el contenido del
pacto autonómico y todo ello tiene idéntica importancia en su
desarrollo equilibrado.
En el caso de Castilla y León esa filosofía entronca además
directamente con la propia tradición histórica. Nuestra
Comunidad, en virtud de su especial contribución a la
configuración del Estado español, tuvo siempre una vocación
integradora que debe permitirle sintetizar su propio interés
con el nacional y hacerlo con gran facilidad. Por eso sabemos
que al modificar nuestro Estatuto para ampliar competencias
estamos también contribuyendo a afianzar la estructura
territorial del Estado. La combinación de esa doble
perspectiva es tal vez nuestra mejor aportación en este
proceso. De ahí nace el apoyo sin reservas a esta iniciativa
de reforma, que deriva, como dije, de un acuerdo responsable,
en el que, como en todo buen acuerdo, habrá algo de renuncia
mutua.
Como dije en el debate ante el Parlamento regional, el acuerdo
nos obliga a sustituir esa estrategia que a veces concibe la
autonomía como un ejercicio de reivindicación permanente por
otra en la que la autonomía es sobre todo responsabilidad
propia y nos obliga también a un cierto compromiso de
estabilidad. Dicho en otros términos, debemos aceptar que lo
que está en el acuerdo lo está porque hubo acuerdo para que
estuviera y lo que no está no lo está porque también hubo
acuerdo para que no estuviera y actuar en consecuencia.
Igualmente, esta comparecencia ante el Parlamento nacional,
con ese espíritu que acabo de expresar, tiene para nosotros un
significado especial. Es bueno que procedamos a reformar
nuestro Estatuto de Autonomía en virtud de un gran acuerdo si
tenemos en cuenta que su aprobación inicial estuvo acompañada
de algunas vicisitudes, hoy afortunadamente superadas, y si
recordamos que hubo otros intentos de reforma que no
culminaron, tal vez porque se plantearon sin esa visión de
conjunto que hoy relaciona la reforma de cada estatuto con un
pacto previo de Estado. Por otro lado, conviene insistir
también en un aspecto que frente a lo que pudiera parecer no
es una mera cuestión técnica o jurídica. El pacto autonómico
produjo su primer fruto en la Ley Orgánica de Transferencias,
aprobada en esta Cámara al amparo del artículo 150 de la
Constitución. Hay quien ha pensado que esa técnica,
perfectamente legítima y constitucional, convertía el modelo
de ampliación en un sistema de competencias otorgadas por ley
del Estado, quizá olvidando que tal ampliación, que es al fin
y al cabo una redistribución de competencias, no es sólo una
demanda unilateral de las comunidades, sino también una
decisión que afecta globalmente a la estructura del Estado.
Por eso este nuevo paso que es la reforma del Estatuto tiene
tanta significación. Ahora cada comunidad recoge esas
competencias en su propio ordenamiento jurídico, las hace
propias y las integra establemente en su norma institucional
básica. Las Cortes de Castilla y León ya declararon esa
voluntad con amplia mayoría y falta ahora la expresión de la
voluntad del Estado a través de las Cortes Generales, para
cuya formación les pido el voto favorable. Y queda,
finalmente, esperar un proceso de transferencia de
competencias en concreto que estoy seguro será ágil,
equitativo en la valoración y presidido por un espíritu de
colaboración y mutua lealtad, como corresponde a esa visión
cooperadora y no confrontada a que antes me refería y en la
que el interés de la Comunidad y el interés del Estado son
elementos complementarios y no contrapuestos. Y deseo
igualmente que este proceso de reforma, que conducirá a
ampliar el ámbito de responsabilidad de nuestra Comunidad,
abra una etapa fecunda de colaboración eficaz en beneficio de
nuestros ciudadanos. No estará por eso de más terminar
recordando que una Comunidad como la de Castilla y León, cuya
historia es un torrente inagotable de generosidad colectiva,
se sienta hoy plenamente legitimada para reclamar solidaridad
en la superación de los problemas y dificultades que hoy
afectan a su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quijano.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, por mi expresión oral, quiere en primer
lugar agradecer las palabras de salutación que los dos dignos
representantes de las Cortes de Castilla y León han dirigido a
esta Cámara.
Quiero basarme, para explicar el voto que va a dar Coalición
Canaria, de apoyo positivo y favorable totalmente a esta
aprobación de reforma del Estatuto de una entrañable Comunidad
Autónoma en el marco de la Constitución Española y al amparo
de su Título VIII, y no tanto en el pacto autonómico. Yo
quiero reconocer aquí el alcance de las palabras que el
Procurador que comenzó el debate, el señor León de la Riva, ha
dicho para clarificar que el pacto autonómico --reticente para
Coalición Canaria, que no lo suscribió-- no significa el
cierre de ninguna puerta, y esto es necesario decirlo,
repetirlo y convencernos de lo mismo, de que el Título VIII de
la Constitución española
ofrece una sentido de amplitud, de responsabilidad y de
generosidad, porque es fundamentalmente entender la amplitud
de miras constitucionales, de derechos de responsabilidades
que el Título VIII de la Constitución Española da a aquellas
comunidades de la vía denominada lenta o del artículo 143 que
traen hoy aquí causa para este debate. Por tanto, no se cierra
nada sino que se abren unos nuevos espacios de
responsabilidad, de cogobierno y de estar precisamente
comprometidos en la intimidad de los administrados con un
proceso de madurez que nosotros deseamos que sea positivo en
esta nueva andadura, no solamente para el Gobierno autónomo de
la Comunidad de Castilla y León sino, sobre todo, para su
Parlamento, para sus Cortes de Castilla y León, tremendamente
enriquecedoras y comprometedoras con todos los ciudadanos de
esta Comunidad Autónoma.
Por este principio de responsabilidad política con el Título
VIII de la Constitución y de su entendimiento y por este
principio de solidaridad, daremos nuestro voto favorable a
este Estatuto. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Jorge Guillén se preguntaba por qué puede quedar atrás
Castilla olvidada y sola si existe. Podía haber olvido si no
hablara, si no se expresara, pero habla y se expresa; existe.
Y, ciertamente, Castilla y León, como hoy hemos oído aquí, no
sólo tiene alma colectiva sino voz propia, a través de sus
Cortes. Con estas Cortes, según establece el Estatuto de
Autonomía --cito textualmente--, Castilla y León recupera su
máximo órgano de representación. Quedan configuradas así esas
Cortes como herederas y continuadoras de los viejos reinos de
León y Castilla.
Creo, señorías, que tiene importancia esa voluntad, ese
sentimiento de recuperación de las instituciones históricas, y
más cuando es un hecho que el conocimiento de la Historia
ayuda a comprender nuestra realidad presente.
Pues bien, como se ha dicho aquí, fueron esas Cortes las que
el 23 de junio del año 1988 acordaron presentar ante esta
Cámara una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía.
Creo no equivocarme si digo que fue el primer Parlamento
autonómico, de los de la vía del artículo 143 de la
Constitución, que utilizó, transcurridos los cinco años que
señala su artículo 148.2, la vía de la reforma estatutaria
para plantear, de forma directa y decidida, una nueva asunción
de competencias, poniendo con ello de manifiesto una firme,
una decidida voluntad de aumentar y profundizar su
autogobierno. Como también se ha dicho, esa temprana
iniciativa no tuvo un final singular, pues a través de los
pactos autonómicos, de febrero de 1992, se reconvirtió en la
propuesta que hoy se va a someter a consideración. Siendo ésta
una iniciativa adoptada mayoritariamente por las fuerzas
parlamentarias de Castilla y León, nuestro voto va a ser
favorable a la tramitación de la proposición de ley, y así
hasta su aprobación definitiva, con lo cual Castilla y León
dispondrá de más posibilidades de forjar su propio futuro.
Este criterio --recuerdo una vez más-- no difiere del que
siempre ha expresado nuestro Grupo, que tiene como pauta el
apoyar todas aquellas iniciativas presentadas por las
asambleas autonómicas, pero más las de este tipo que
representan una ampliación del techo competencial, con lo que
conllevan de reforzamiento del proceso autonómico y, a la vez,
son expresión de la evolución continuada que éste debe tener
sin más límites que los de la propia voluntad y los que
señalan la Constitución y los estatutos.
Quiero reiterar nuestro voto favorable y, para finalizar,
deseo felicitar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), al pueblo de Castilla y León y a sus
legítimos representantes por el paso adelante que con este
trámite dan a la consolidación de su autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, nos
encontramos en el debate de totalidad y toma en consideración
de una proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía
propuesta por las Cortes de Castilla y León, una Comunidad
Autónoma gobernada por el PP y de la que ha sido presidente el
actual jefe de la oposición en la derecha.
Debiera ser, por tanto, un ejemplo de alternancia, el espejo
donde poder mirar la capacidad de autonomía que puede
gestionar y conseguir el partido, que es una alternativa al
modelo de ejercicio del poder o de gestión institucional.
Sería bueno preguntarnos aquí si en alguna etapa aprobaron las
Cortes de Castilla y León una reforma distinta a ésta, si se
tramitó esa reforma en esta Cámara, qué techo competencial
tenía aquella reforma, de qué tipo de autonomía dotaba aquella
reforma a Castilla y León, y con qué respaldo y de qué manera
se elaboró aquella reforma que llegó a esta Cámara y que no ha
sido tramitada por decisión de las propias Cortes de Castilla
y León.
Deberíamos --así lo propuso nuestro Grupo-- estar tramitando
hoy las dos reformas, pero es cierto que esa autolimitación de
las Cortes castellanas --más que del
pueblo castellano, de los dos partidos mayoritarios en esa
Comunidad Autónoma, PSOE y PP--, expresó la voluntad de
tramitar esta reforma del Estatuto de Autonomía.
No pretende IU confrontarse con la decisión de los legítimos
representantes del pueblo castellano-leonés, sino con una de
sus decisiones soberanas, pues la soberanía es la misma. Es
más, una, fue aprobada de una manera, con una voluntad, con un
empuje y, otra, ha tenido la resistencia de por lo menos dos
fuerzas políticas y de un porcentaje de votos en esas Cortes
de Castilla y León.
Sería bueno preguntarnos, señorías, si después de once años de
experiencia autonómica, la comunidad autónoma de Castilla y
León está en condiciones de asumir mayores parcelas de poder.
¿Está en condiciones de asumir sanidad, educación, trabajo,
comercio, montes, o son el PSOE y el PP los que no están en
condiciones de asumir más competencias y más parlamentos? ¿Por
qué, en 1993, es válido tener menos parcelas de poder que hace
cinco años? Choca, pues, el posibilismo lacónico con el que el
portavoz del PP defendió en aquellas Cortes la reforma dictada
desde Ferraz y Génova cuando decía para presentarla: Podrá no
ser el óptimo que esta Cámara hubiese deseado, pero es lo
mejor, es lo máximo que se ha podido conseguir en este primer
paso de desarrollo autonómico en Castilla y León. He aquí
donde reside esa filosofía pedigüeña, esa filosofía que
demanda y pide a otro más grande. ¿De quién no se han podido
conseguir más parcelas de poder? ¿Por qué no se ha logrado
más? ¿Quién tiene que concederlo?
Voy, por tanto, a defender como criterio que esta reforma que
hoy debatimos aquí no es la reforma que necesita Castilla y
León, no es la reforma que necesita España para iniciar un
nuevo proceso, en los próximos cinco años, de desarrollo del
poder descentralizado, que no desconcentrado.
Yo creo que esta reforma es, más bien, fruto de una situación
preelectoral en el año en curso, en los meses de febrero y
marzo, que tendría que tramitarse muy rápidamente, porque en
junio tenía que culminar el desarrollo del debate en esta
Cámara, puesto que se anunciaban elecciones para octubre. Lo
cierto es que la rapidez con que se tramitó en cada uno de los
parlamentos regionales ha chocado con la tramitación que ha
tenido aquí, puesto que ha habido tiempo de sobra desde el mes
de marzo, en que se debatió en cada una de las comunidades,
hasta el mes de septiembre en que estamos celebrando aquí el
debate. Las Cortes castellanas, legítimamente y por mayoría,
han realizado una autolimitación de la reforma. ¿Por qué? Más
bien porque ha primado una concepción homogeneizadora a la
baja que tiene esta reforma y querezuma más a centralismo y a
paternalismo que a filosofía de autogobierno.
La cita utilizada por nuestro portavoz en el debate en aquella
Cámara se refería al señor Serra, que manifestaba por aquel
entonces unas prisas excesivas por cerrar la carrera de
competencias autonómicas. Quizá para dar paso hoy a otro
estadio de discusión, que sería dirigirse a otras formaciones
políticas. ¿Qué decía entonces el Vicepresidente del
Gobierno?: «El pacto autonómico cierra las previsiones del
Título VIII de la Constitución. El pacto autonómico y los
desarrollos normativos que implicarán su aplicación han venido
a culminar, en términos reales, las posibilidades de
desarrollo del modelo constitucional por la vía de nuevas y
sucesivas transferencias de competencias.» Esa era la
filosofía que emanaba de uno de los socios, de la parte
contratante. Otros, anuncian que eso no es así, que no tiene
límite, que es un principio de partido. Dicho el continente,
vayamos al contenido. Señoría, para este Diputado esta reforma
y su concepción tiene referencia con la novela picaresca más
que con cualquier otra cita, y podemos usar cualquiera de
ellas: La del Lazarillo, el Lázaro dando el botijo del vino,
pero con un agujero para que se vaya derramando; o la de Diego
Coronel, en el Buscón don Pablo, que va a Salamanca a
estudiar, a la casa del licenciado Cabra y que cuando le
sirven la cena, una cena muy lívida, muy poco densa, dice:
«Cenó él y cenamos todos.» Esa impresión tiene uno, que cenó
él y cenamos todos. Veamos qué techo competencial se nos está
ofreciendo, qué tipo de autonomía, qué tipo de poder pleno de
autogobierno se nos está ofreciendo. Se ha dicho aquí que no
es un cierre, que más bien es la incorporación a nuevos
espacios. Señorías, entendamos que si no es un cierre, por lo
menos es el aplazamiento a cinco años de la posibilidad de
incorporar, por reforma de Estatuto, nuevas competencias.
Digan por qué es bueno para Castilla y León aplazar su
capacidad de autogobierno cinco años en nuevas reformas para
obtener sanidad. Digan qué tareas de recuperación debe hacer
Castilla y León para poder incorporarse dentro de cinco años
donde ya se incorporan otras comunidades autónomas.
Veamos la discusión de competencias exclusivas. Aquí se ha
hablado de las nuevas parcelas de poder, pero saben ustedes
que en los estatutos de autonomía hay tres niveles
competenciales: uno, competencias exclusivas; otro, desarrollo
legislativo y capacidad de ejecución; y otro, solamente
ejecución.
Veamos algunas de las once competencias exclusivas que va a
recibir este Estatuto. ¿Cuáles son las competencias que
recibe? Una de ellas, espectáculos públicos. Y, ¿cuál es la
competencia de espectáculos públicos que va a recibir?
Seguridad en el recinto, puesto que la seguridad la tiene el
Gobierno central y puesto que el Ayuntamiento tiene la
concesión del local. Estadísticas para fines no estables.
Fundaciones que desarrollen
principalmente sus funciones en la comunidad autónoma.
Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de
la propia organización. Publicidad, sin perjuicio de las
competencias del Estado. Eso sí, no va a darle medios humanos
y materiales esta competencia. Servicio meteorológico para la
Comunidad Autónoma. Eso sí, respetando las competencias del
Estado para lo que son la capacidad del servicio meteorológico
a nivel estatal.
Esas son competencias exclusivas. No quiero decir que no sea
un avance. Ahora bien, díganme SS.SS. si no será otro tipo de
competencia tener sanidad con competencias exclusivas, o si
sería malo para Castilla y León tener como competencia
exclusiva investigación científico-técnica; si sería malo
tener como competencia exclusiva sanidad e higiene; si sería
malo tener la ordenación farmacéutica; si sería malo tener los
bienes de dominio público y patrimoniales, cuya titularidad
corresponde a la Comunidad Autónoma; si sería malo tener los
servicios forestales y las vías pecuarias; si sería malo tener
las instituciones públicas de protección y tutela de menores;
si sería malo tener las cámaras de comercio y los colegios
profesionales como competencia exclusiva. Estamos hablando de
unas competencias, algunas de ellas nominales y otras con
poder real --no podemos minimizar aquí lo que van a ser
algunas competencias--, pero no las competencias que nosotros
creíamos que de verdad daría una equiparación competencial con
otras comunidades.
Igual que hemos dicho esto, comparado con lo que se está
discutiendo hoy sobre corresponsabilidad fiscal, debemos
señalar que es verdad que vamos a recibir competencias de
gestión. Hablamos de corresponsabilidad fiscal, pero si no
tenemos capacidad de hacer normas, no estamos incorporando esa
corresponsabilidad. Igual pasa con las competencias que se
trasladan para la gestión y ejecución del Inserso. Se nos está
diciendo que va a ser la misma Administración periférica, que
va a seguir funcionando dependiendo políticamente de la norma
que marque el Estado. Eso sí, a nivel de gestión del poder
local, las oficinas y el horario lo pondrán la comunidad
autónoma.
En suma, señorías, Izquierda Unida no está pidiendo para esta
Comunidad ni en este proceso café para todos. No se trata de
café para todos. El problema, señorías, es que esta reforma
introduce café solo y sin azúcar para unos, para otros café
con leche y para otros café con leche y bollo. Los que tienen
más alimento, resulta que son los más fornidos. Ese no es el
planteamiento de Izquierda Unida.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, señorías, parece
obligado que al comienzo de mi intervención dé las gracias a
mi Grupo Parlamentario por permitirme defender o explicar hoy
su posición en la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León. Lo digo especialmente porque en
este mismo Grupo hay personas que, como en algún momento se ha
citado, han tenido también las máximas responsabilidades de
Gobierno de aquella Comunidad Autónoma, por lo cual --vuelvo a
insistir-- es muy de agradecer la cesión que hoy se ha hecho
en mi favor, puesto que, aunque también he tenido la ocasión y
la fortuna de compartir responsabilidades de gobierno de
aquella Comunidad Autónoma, mi actuación debe ser hoy
básicamente parlamentaria para explicar el porqué de nuestra
decisión. Nuestra decisión --entro ya en la cuestión de fondo-
- va a ser apoyar con nuestro voto esta propuesta de reforma
no sólo por congruencia, por continuidad de actos respecto a
lo que han sido anteriores debates (me permitiría remitirme al
que el 24 de septiembre, prácticamente hace un año, tuvo lugar
para dar cabida en esta Cámara y su tratamiento parlamentario
a lo que se dio en llamar el pacto autonómico), no sólo por
congruencia respecto a aquel debate, en el cual el señor Rajoy
creo que explicó perfectamente los motivos políticos que nos
impulsaban como Partido Popular a suscribir el acuerdo
autonómico, sino también por continuidad con lo que han sido
intervenciones como la de hoy mismo del representante de
nuestro Grupo en las Cortes de Castilla y León.
Ciertamente, un acuerdo tiene algo de cesión, un acuerdo puede
ser interpretado como el máximo para una parte y el mínimo
para otra, y si algún sentido ha querido darse desde el Grupo
Popular es precisamente que no se llegaba a ningún final, que,
como ya se ha dicho, no se cerraba ninguna puerta y que debe
mantenerse el sentido dinámico, un sentido de movilidad
necesaria para este Título VIII, siempre tan cuestionado,
siempre tan difícil y que no ha alcanzado, como no podía ser
de otra manera, sus límites de desarrollo respecto a un Estado
que poco a poco, día a día, tratamos todos de contribuir a
mejorar.
Desde luego, si ha de ponerse en correlación con el llamado
pacto autonómico, debo decir que, desde el Partido Popular,
entendemos como mucho mejor, mucho más positivo un diálogo
multilateral, de mayor amplitud, de mayor base política de
consenso que cualquier otra fórmula. Me permito decirlo en
días en los que se están abriendo polémicas asociadas al
proceso autonómico, en los que quizás características de este
tipo, de bilateralidad, de no tener una visión suficientemente
global o panorámica de los problemas, están creando verdaderos
y graves problemas o, en cualquier caso, distrayéndonos de lo
que sería un camino más acertado para resolver asignaturas aún
pendientes.
Nadie podrá negar que el pacto autonómico, por otra parte,
vino a cubrir un importante vacío, casi una situación de
desconcierto creado por la pérdida de sustancia que
experimentó la LOAPA, como consecuencia de aquella sentencia
del Tribunal Constitucional. Creo que no puede tener nada de
plenamente satisfactorio, que se trata de unas satisfacciones
parciales; otras han sido citadas a lo largo de la mañana.
Creo que no hay por qué establecer correlaciones o
comparaciones con otras reformas también propuestas que, sin
duda alguna, no pudieron ser tramitadas en la anterior
legislatura. Ahí me permitirán que destaque que también desde
la Mesa del Congreso se ha hecho un esfuerzo de consenso, de
unanimidad en este caso, para dotarnos de unas normas
procedimentales que permitiesen que situaciones como las que
inmovilizaron parlamentariamente los Estatutos de Castilla y
León, de Asturias o de Baleares, pudieran tener también
perfecta operatividad y capacidad de ser resueltas en esta
legislatura. A ese respecto, me permito destacar un segundo
esfuerzo quizás menor en el orden político, pero tampoco
banal, muy importante, para que estas situaciones no se
repitan.
Cabe solicitar el voto de otras fuerzas políticas, otra virtud
que ha tenido este pacto autonómico. A lo largo de la mañana
hemos podido escuchar también cómo fuerzas políticas que no
suscribieron en su día el pacto autonómico no han tenido
inconveniente en prestar su apoyo ya individualizado a muchas
o a todas las iniciativas estatutarias que han ido llegando a
la Cámara. Pienso que eso debe valorarse como enormemente
positivo. También debe valorarse como positivo --lo digo como
conclusión-- el que pueda existir un debate de estas
características en el que alguna fuerza política pueda tener
la tentación --creo que alguna ha sucumbido a ella-- de hablar
más allá de los temas que realmente conoce o más allá de su
propia y verdadera dimensión. Cada cual, cada fuerza política
tiene la dimensión que las urnas han querido que tenga, en
este espacio político, en este hemiciclo y en cualquier otro
foro. Cualquier fuerza política puede teorizar. Es el primer
derecho que le asiste, el proveerse de una ideología o de una
teoría política. Quizá la grandeza de la política está en
cuando se puede traducir o trasladar esa teoría a la práctica.
Habrá fuerzas políticas que querrán seguirse manteniendo
instaladas en una pura ideologización, en una pura teoría y
que cuando tienen que descender a la práctica --hay algún
ejemplo más reciente-- no lo hacen con la fortuna y con la
congruencia que a ellos mismos les gustase. Lo digo porque ha
habido alguna intervención que pretendía buscar algún grado de
provocación. Nada más lejos de nuestro ánimo que atender a
provocaciones cuando hay un trabajo tan importante y tan
apasionante por delante, comolograr un mejor Estatuto de
Autonomía para Castilla y León.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, señoras diputadas,
señores diputados, señores procuradores de las Cortes de
Castilla y León, un minuto exclusivamente para manifestar,
como no podía ser menos, en representación de mi Grupo
Parlamentario, que vamos a apoyar lo que significa todo este
proceso que culminará con un estatuto, con una capacidad mayor
de autogobierno para Castilla y León. Permítanme alguna
licencia personal y decir que mi última intervención en estas
Cámaras, en el año 1983, fue para defender el Estatuto de
Autonomía que hoy inicia su propia reforma y ampliación y para
hacer la última intervención en explicación de voto,
manifestando en aquel momento cómo a lo largo del desarrollo
legislativo de todos los estatutos, el de Castilla y León era
su broche final pues quedaban exclusivamente los de Ceuta y
Melilla, por su situación especial. Los castellanos y leoneses
habíamos cumplido, una vez más, habiendo permitido que el
resto de las regiones y nacionalidades de España se dotaran de
su propia norma para empezar a gobernar. Lejos quedan ya
algunas de las manifestaciones aquí realizadas --incluso por
algún muy destacado dirigente de la derecha que aquí se sigue
sentando-- en aquellas reuniones de la Ponencia de la Comisión
y también del Pleno. Como decía este dirigente: «Hay que
reconocer, se diga lo que se diga, que lo fundamental para
esta Comunidad será una mancomunidad de diputaciones. Ya sé» -
-continuaba-- «que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es
algo más que una mancomunidad de diputaciones, pero,
fundamentalmente, será --y si no el tiempo-- una mancomunidad
de diputaciones. Por tanto, todo lo que sea fortalecer las
diputaciones es bueno». Fin de la cita.
Pues bien, señorías, hoy estamos por suerte muy lejos de esas
previsiones, y hoy hemos visto cómo el Estatuto de Autonomía
ha sido un buen instrumento al servicio de la conformidad
sociológica, de la confirmación cultural y de la recuperación
de la propia esencia del pueblo castellano-leonés, teniendo en
cuenta las dificultades reales --como ya se ha dicho aquí-- de
la extensión territorial, del número de ayuntamientos, del
número de diputaciones y de una historia cargada que, por un
lado, es un elemento positivo porque da la propia unidad
cultural, pero, al mismo tiempo, cada rincón de nuestra
comunidad tiene sus peculiaridades concretas.
Yo creo que hemos trabajado con sinceridad para convencer a
todos los ciudadanos castellanos y leoneses de que un proceso
político de esta naturaleza, si no tiene un acompañamiento
social, si no tiene un acompañamiento de los ciudadanos, de
muy poco puede valer. Lo mismo que de muy poco valdrá, por
mucho que se amplíen las competencias del estatuto de
autonomía, si la capacidad política, la convicción política,
la voluntad política de desarrollarlas y de llegar a los
ciudadanos no se expresa a través de la acción de los propios
dirigentes que en cada momento están al frente de nuestra
propia comunidad.
Yo escuchaba hace un momento al señor Ríos y daba la
sensación, aunque yo les aseguro a ustedes que no es así, de
que mientras no se tengan nuevas competencias es como si los
castellanos y leoneses no tuvieran educación, no tuvieran
asistencia sanitaria o no tuvieran acceso a otro tipo de
cosas. Ustedes tienen que saber y también los ciudadanos que,
mientras tanto, hay otras administraciones, entre las que se
encuentra la central del Estado, que están haciendo una
gestión que se puede considerar como positiva y que, en todo
caso, si tiene algún sentido el momento de traspaso de
funciones y de gestión, ése es un tema fundamentalmente
pedagógico, de cercanía del poder a los ciudadanos y de
control democrático de la gestión política del Gobierno. En
este sentido, la prisa es importante, pero la serenidad, la
seriedad y el acompañamiento social tienen muchísimo más valor
que llenar muchas veces innecesariamente de competencias --
como hemos visto en otros lugares-- que después han resultado
en cierto modo un fracaso comparado con quien las gestionaba
anteriormente. Por eso, ustedes no se preocupen porque los
castellanos y leoneses irán a su ritmo. Yo no sé si Murcia ya
tiene toda la capacidad, todo el acompañamiento y todo el
esfuerzo político para vaciar de contenido al gobierno central
y al Estado y si su estatuto de autonomía cuenta con toda la
capacidad de autogobierno, pero en Castilla y León vamos a un
ritmo bastante aceptable, vamos a un paso que consideramos que
es también importante. Existen otras preocupaciones, pero no
es éste el momento de exponerlas cuando ahora lo que tenemos
que hacer los portavoces de los grupos parlamentarios es fijar
nuestra posición; tiempo habrá en el debate para hacerlo. La
otra preocupación es si los instrumentos que se ponen en manos
de las instituciones regionales o comunitarias son capaces de
sacar todo el partido a esa propia capacidad de autogobierno.
Esa es la dificultad y también la pregunta. Ahí yo creo que no
podemos utilizar la conformación y el desarrollo del Estado de
las autonomías y la concepción del Estado como una acción
permanente de trinca política de unos contra otros para ver
quién llega el último y quién es más. Señorías, estamos en una
fase que tiene mucho interés político en lo que puede ser el
desarrollo del Estado de las autonomías. La orientación y la
capacidad del nuevo estatuto que saldrá de aquí va a dar la
dimensión apropiada y oportuna para cubrir una fase muy
importante de las necesidades de autogobierno e incluso de la
petición de los propios ciudadanos.
Este Estatuto, como otros, han pasado por enormes e
importantes vicisitudes y contenciosos. No se olviden ustedes
que no hace mucho todavía teníamos contenciosos para conformar
nuestra comunidad; y para cerrarla desde el ámbito territorial
al ámbito competencial hemos tenido que recurrir en varias
ocasiones --y desde luego no por culpa del grupo que
represento-- a contenciosos en el Tribunal Constitucional. Les
recuerdo --más bien a los bancos de la derecha-- situaciones
como la de Burgos, como la de León como la de Segovia o como
la de otras provincias, en las que todavía no se aceptan con
buen grado ni siquiera las presencias --perteneciendo al mismo
grupo político--, de aquellos dirigentes que hoy tienen la
obligación de gobernar. Por eso, yo creo que el llamamiento y
la reflexión de todos nosotros --y lo reiteraremos a lo largo
del debate en Comisión y en el Pleno-- son necesarios, pues
tendría que haber un compromiso de Estado, renovar un
compromiso de Estado. A los que hoy tienen la máxima
responsabilidad del Gobierno de Castilla y León, además de
ofrecerles nuestro apoyo, darles también la oportunidad de que
aquellos asuntos aún no cerrados, pequeñas cosas que ocurren
en nuestra comunidad, tengan ocasión de cerrarse para que la
andadura que queda y que será larga --¡larga vida al
estatuto!--, pueda ser un buen modelo de lo que debe de ser
una comunidad que, como aquí se ha dicho ya, ha sido ejemplo
de solidaridad y ejemplo también de realización pacífica de
una buena actuación; un buen recorrido que nos permita a los
españoles encontrar, en determinados lugares de nuestro país,
la paz, encontrar el sosiego, encontrar la solidaridad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madrid.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad correspondiente a la propuesta de las
Cortes de Castilla y León de reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 275; en contra, 14; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la votación de totalidad.
-- DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE EXTREMADURA (ORGANICA) (Número de expediente
127/000011)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente a la
propuesta de la Asamblea de Extremadura, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Para la defensa de la propuesta de la Asamblea de Extremadura,
tiene la palabra don Vicente Sánchez Cuadrado.
El señor SANCHEZ CUADRADO (Diputado de la Asamblea de
Extremadura): Con la venia.
Señoras y señores Diputados, vengo aquí a defender la
proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura que ha remitido la Asamblea de dicha
Comunidad Autónoma para recoger el contenido de la ampliación
del techo competencial que en su momento se discutió en dicha
Asamblea. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) En primer lugar, tengo que mostrar ante SS.SS.
mi satisfacción por representar aquí, en estos momentos, al
Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura y poder participar
en la aprobación, que espero se produzca, de esta ley orgánica
en donde se incorporan al acervo del Estatuto de Autonomía
hasta 32 títulos competenciales en la reforma de los artículos
7.º, 8.º, 9.º, 10 y 13 de dicho Estatuto.
Como SS.SS. no ignoran la modificación del Estatuto de
Autonomía, al igual que la de otros estatutos de comunidades
autónomas que llegaron a serlo a través de la vía del artículo
143, es un ejemplo de cómo se debe operar en este tema de las
autonomías, en este tema regulado por el Título VIII de la
Constitución; un ejemplo de diálogo, un ejemplo de pacto y de
acuerdo que a partir de la iniciativa que tuvo el entonces
Presidente de la Comunidad de Castilla y León, señor Aznar, se
puso en marcha para poder, entre todos, llegar a un consenso
generalizado poniendo por delante de todo el interés nacional,
que es el que debe primar siempre que se afecta a algo
íntimamente, pues como dice el preámbulo que tienen SS.SS., la
ampliación de competencias se abordó concibiéndolas como un
proceso que afectaba a la esencia misma del Estado autonómico
y que, por tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental
entre las diversas fuerzas políticas que expresan el
pluralismo político en las instituciones.
Esto es así, y yo simplemente, después de congratularme de que
se haya hecho así y de que sirva de ejemplo para futuras
actuaciones, tengo que expresar un cierto temor de que en otro
aspecto tan importante para las autonomías como es el de las
competencias y, concretamente, el de la financiación de las
comunidades autónomas, que hoy está tan en candelero, no se
esté haciendo por este método ya comprobado y contrastado de
eficacia y se estén poniendo por delante otros intereses
distintos del interés general de las comunidades autónomas y,
en definitiva, de España. Yo me temo que, quizá, se pueda
conseguir la estabilidad del Gobieno, pero al precio de lograr
la inestabilidad del Estado de las autonomías. Esta es una
advertencia que no tengo más remedio que hacer ante SS.SS.
debido a la situación del debate en que nos encontramos
respecto a la financiación de las comunidades autónomas.
Por lo demás, señorías, simplemente tengo que decir que en
Extremadura hemos sabido comprender el alcance de la
incorporación de estas 32 nuevas competencias. Esperamos que
se pongan en marcha lo antes posible a través de las
comisiones mixtas que, lógicamente, ya se están retrasando y,
en definitiva, termino, señorías, pidiendo el apoyo de este
Congreso de los Diputados para la aprobación de la Ley
Orgánica de Modificación del Estatuto de Autonomía de
Extremadura.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
Cuadrado.
Tiene la palabra el señor Herrera Silva.
El señor HERRERA SILVA (Diputado de la Asamblea de
Extremadura): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero, antes que nada, expresar
mi satisfacción personal y la del grupo parlamentario de la
Asamblea de Extremadura que represento y, por qué no, la de la
amplia base social que lo sustenta, por esta gratificante
oportunidad que se nos brinda de formar parte, aunque
ocasionalmente, de este importante foro en el que se
residencia la voluntad popular de los españoles.
La iniciativa que hoy presentamos aquí constituye, como es
conocido, la segunda de esta naturaleza en el importante tema
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Ateniéndose a un sentido estrictamente formal, podría decirse
que se trata de un asunto de trámite, pero no es menos cierto
que el calado y la envergadura del proceso global que ampara
este decisivo paso es, si no en su medida sí en su esencia, un
logro muy importante para nuestra región. Acentuar y completar
el proceso de la asunción de transferencias constituye un
objetivo irrenunciable para la Comunidad que aquí represento.
Sin ningún afán de mimetismo uniformista, con un profundo
respeto a la secuencia temporal que el interés general de los
españoles determine y el consenso y diálogo entre las
distintas fuerzas políticas posibilite, los extremeños tenemos
como legítima aspiración el íntegro desarrollo del Título VIII
de la Constitución, que, fruto del acuerdo y el diálogo, un
día los españoles nos otorgamos.
Igual que en aquel período constituyente, es también ahora la
cuestión regional y la estructuración del Estado de las
autonomías motivo de fricciones y asunto extremadamente
espinoso y difícil. En la medida en que las distintas fuerzas
políticas que actualmente somos depositarias de la voluntad
popular seamos capaces de impregnar las acciones relacionadas
con este fundamental asunto del espíritu de acuerdo que
ejercieron los constituyentes, es esa medida, podrá decirse
que somos dignos herederos de una transición que ha pasado a
la historia política de este final de siglo como un modelo por
el que apuestan en diversos escenarios de todo el mundo.
Los extremeños nos disponemos a recibir estas 32 competencias
con una gran carga de ilusión y un riguroso compromiso de
trabajo y responsabilidad. En la gestión de este importante
traspaso de recursos humanos y materiales pondremos todo el
empeño y el acierto que parece deducirse de la mayoritaria
aceptación de la tarea que el Gobierno autónomo socialista
tiene por parte de sus administrados, los ciudadanos
extremeños. Al margen de los típicos y tópicos clichés que
sobre la capacidad de esfuerzo del pueblo extremeño ponen en
circulación sectores interesados en el mantenimiento de
ciertos privilegios, Extremadura en su conjunto ha dado un
extraordinario salto en la fase de su desarrollo a través de
un gran esfuerzo continuado de trabajo y responsabilidad. Pero
si importante es la cobertura jurídica que supone la
incorporación de las nuevas competencias a la estructura de
los estatutos de autonomía de las regiones que accedieron a su
autogobierno por la vía del artículo 143 de nuestra
Constitución, hay que convenir que la materialización y el
total ejercicio de esas competencias nunca serán plenos sin el
concurso de un firme compromiso solidario que racionalmente
vaya limando flagrantes desigualdades entre regiones que
injusticias históricas produjeron. No es con números de horas,
sino con un justo análisis retrospectivo de discriminaciones
seculares como creemos que hay que estructurar una moderna
idea del Estado de las autonomías en el que el respeto y la
asunción por parte de todos del hecho diferencial de algunos
vaya parejo al reconocimiento de las diferencias de hecho de
otros.
Es indudable --y con esto termino-- que gracias al encomiable
sentido de la responsabilidad y disposición al acuerdo de los
grupos mayoritarios de esta Cámara, la propuesta que hoy
representantes extremeños traemos a ella va a gozar de un
amplio respaldo. No obstante, no sería ocioso para el resto de
los grupos que no la apoyaron en su día y consideraran
instalarse en la discrepancia que puede ser además de cómodo
recomendable en cierto tipo de asuntos, pero no desde luego en
el que nos ocupa que es como todos sabemos, la configuración
armónica y racional del Estado de las autonomías.
Compatibilizar y armonizar las legítimas aspiraciones de las
comunidades autónomas con las necesidades del Estado mediante
un proceso de cooperación y coordinación que atienda y
respalde los intereses generales de todos los ciudadanos sin
cantonalismos ni planteamientos insolidarios o excluyentes es
una tarea que creemos necesita del concurso de todas las
fuerzas políticas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Herrera. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Poe el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en
nombre de Esquerra Republicana de Cataluña quiero dejar fijada
mi posición favorable a la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de Extremadura.
Favorable, en primer lugar, porque entendemos que la situación
de esta Comunidad Autónoma que raya en muchos aspectos el
tercermundismo, necesita urgentemente más parcelas de poder y,
por tanto, de decisión. Extremadura es una Comunidad en muchos
aspectos abandonada, sin gas natural, por ejemplo; casi sin
líneas de alta tensión, con deficiencias sanitarias
importantes; sin comunicaciones aéreas (si obviamos, por
supuesto ese peculiar avioncito con el que algunos extremeños
consiguen llegar a la capital del Reino); con una situación
energética deplorable a pesar de padecer en su territorio la
ubicación de la central nuclear de Valdecaballeros; con una
red ferroviaria, en fin, que merecería las excelencias de
alguna película de John Ford, esas deliciosas películas en las
que se narran las peripecias de ir en tren por el oeste
americano (Rumores.) ¿Para cuándo la solución de desastre
ferroviario que hay en Extremadura?
¿Qué decir de la situación económica, del tejido económico de
una comunidad que en su mayor parte está en manos de las
grandes oligarquías de siempre? Quisiera ser sincera. Siento
cierto pudor cuando pronuncio una palabra tan arqueológica
como es oligarquía. Pero, ¿qué hay si no en Extremadura?
Grandes oligarquías que detectan una inmensa mayoría de su
potencial económico y que condenan a la población a la
emigración o a vivir de la limosna permanente del Estado. Ese
es uno de los grandes retos que tenía el partido Socialista
cuando llegó al poder con su famoso lema del cambio, cambiar
la dialéctica de explotación que existía en Extremadura, hacer
las grandes reformas que sólo podía hacer un partido de
progreso. Pero el PSOE prefirió no tocar nada para que nada
cambiase y hoy se puede decir que gracias a los PER, gracias a
esa peculiar manera de poner prácticamente toda la ciudadanía
de una comunidad en nómina del Estado, las oligarquías de
siempre viven mejor que nunca. Mientras tanto, nadie plantea
cómo y cuándo va a emprenderse la auténtica reforma económica
que creemos necesita Extremadura. ¿O se considera una solución
de futuro la limosna permanente del Estado? Ni esa política
soluciona nada --más allá de las malas conciencias-- ni es
digna para los ciudadanos.
Ciertamente esta reforma del Estatuto no va a resolver los
problemas endémicos que padece Extremadura, pero en la medida
en que le da un poco más de autonomía, un poco más de poder
político, le da también más mecanismos de intervención.
Favorables a la reforma del Estatuto por solidaridad; por
solidaridad con sus problemas económicos y solidaridad por
coherencia ideológica. Rodríguez Ibarra dijo no hace mucho que
a él le pagaban por defender los intereses de Extremadura y no
los de España. No quiero pensar lo que habría escrito
determinada prensa si eso lo hubiera dicho un nacionalista
catalán. Pero esa es la clave: defender los intereses de tu
propio colectivo, porque si no, ¿quién los va a defender?
Lástima que a pesar de su narrativa comprometida y
grandilocuente, Ibarra sea el artífice en Extremadura de esa
cultura del subsidio permanente que acaba derivando en cultura
de la corrupción.
Votamos que sí, pues, a las dos reformas estatutarias
presentadas porque así entendemos la solidaridad, el respeto
mutuo entre los pueblos y la ayuda mutua para que todos,
naciones o regiones con las diferencias pertinentes de
soberanía, consigamos finalmente poder administrar nuestro
propio colectivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Muy brevemente desde el escaño, señor
Presidente, señorías, para expresar la solidaridad de
Coalición Canaria con la legítima y justa aspiración de la
comunidad extremeña, una comunidad que conocemos perfectamente
por estar sumida a una situación socioeconómica muy similar a
la comunidad a que pertenece quien se encuentra en el uso de
la palabra en este momento y, en consecuencia, anunciar que
nuestro voto será favorable en línea rigurosa con esa
solidaridad sincera que hemos expresado al principio de
nuestra intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, sean mis primeras palabras de
salutación a los ilustres Diputados de la Asamblea de
Extremadura, por su intervención aquí delante del Pleno de la
Cámara, en nombre de mi Grupo Convergència i Unió y en el mío
propio por su defensa del proyecto de ley de reforma del
Estatuto de la Asamblea de Extremadura. Ya les anuncio de
entrada que, como viene siendo habitual en nuestro Grupo de
Convergència i Unió, nuestro voto va a ser favorable a esta
iniciativa que parte de la Asamblea de Extremadura.
Se han cumplido holgadamente los plazos constitucionales que
marca el artículo 143 de la Constitución y se ha demostrado la
grandilocuencia por parte de la Asamblea de Extremadura en
asumir más competencias y profundizar en su autogobierno. No
deja de ser este motivo un hecho de satisfacción importante
porque, a través de esta reforma del Estatuto de la Asamblea
de Extremadura, se va configurando y consolidando nuestro
Estado de las autonomías. Me voy a referir a una serie de
competencias que va a sumir la Asamblea de Extremadura que van
a dar un amplio margen de maniobra en cuanto a sus
actividades. Va a asumir competencias exclusivas en temas de
industria, de cooperativas y de fundaciones. También va a
recibir más competencias de desarrollo legislativo en temas
tan importantes como defensa del consumidor y el usuario y en
temas de enseñanza, así como también va a adquirir más
competencias de ejecución en temas tan importantes como son la
gestión de la Seguridad Social, temas laborales y en
cuestiones de propiedad intelectual e industrial.
Como he dicho al inicio de mi intervención, nuestro Grupo de
Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa, ya que a
través de la reforma no deja de ser un hecho importante la
configuración del Estado autonómico, del Estado español. Es
innegable que las instituciones autonómicas, por su
configuración, por su transformación, cuanto más próximas
estén al ciudadano más son apreciadas por la sociedad. Por
ello yo diría que es interesante que dicha reforma del
Estatuto de Extremadura se pueda conseguir sin titubeos y con
el máximo consenso por toda la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la
palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, voy a
hacer mi intervención al hilo de la que ha hecho mi compañero
Pedro Antonio Ríos, por tanto, conectando con una serie de
ideas, esa pormenorización de competencias que ha realizado y,
consiguientemente,
no repitiendo esos argumentos e intentando complementar la
idea que aportaba.
Creo, señoras Diputadas, señores Diputados, que aquí no
estamos debatiendo una especie de tabla de quesos, y
perdónenme de nuevo la metáfora alimenticia; estamos en un
tema político clave, en un debate descafeinado, un debate
flojo, que es el debate del modelo del Estado.
Estamos intentando debatir desde el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña, de cara a un Estado no
centralista, donde por tanto se superen los desequilibrios
interterritoriales como consagra nuestra Constitución.
Fundamentalmente, señora Rahola, siempre hablamos desde la
solidaridad, desde la igualdad, que me parece es la única
forma de solucionar esos problemas a los que usted aludía.
Usted se refería a los subsidios personales de Extremadura,
pero no se ha referido a los subsidios de las empresas que
están solicitando gente de cierto territorio. ¿Esos subsidios
no generan corrupción o no pueden generar una dinámica de
corrupción? Consiguientemente, la estrategia que se está
diseñando, a nuestro juicio, como la forma de enfocar el
debate deja ver que no hay una auténtica responsabilidad del
Estado de las Autonomías tal como lo define la Constitución.
Incluso es posible decir que está funcionando una cierta falta
de lealtad con la Constitución y sus contenidos, porque si la
Constitución decía: así que pasen cinco años; ustedes están
diciendo, con todos los respetos a la mayoría de la Asamblea
de Extremadura; así que pasen diez años, y ya veremos que
ocurre después, cuando llegue ese nuevo punto de referencia,
esa nueva aduana.
A nuestro juicio se está empezando peligrosamente a diseñar un
estado de dos velocidades. Estamos pasando de la filosofía de
los hechos diferenciales a la filosofía de los techos
diferenciales, de las competencias distintas, de la falta real
de equiparación de competencias; aparece cada vez con má
fuerza un Estado donde empieza a confederarse el Norte,
excluida la sufrida Asturias, y empieza a provincializarse el
resto de las comunidades autónomas. Recordemos que provincias
en latín significa las vencidas, las doblegadas. Impresión
tanto más profunda en estos momentos de coyuntura política
donde el Partido Socialista Obrero Español, en función de sus
intereses partidarios de estabilidad, de estabilidad de
Gobierno y no tanto, como estamos viendo, de estabilidad de
Estado, está secando la construcción del Estado de las
Autonomías, y está segando la política de Estado en función de
acuerdos que simplemente basta evocar para que nadie se
despiste.
Nos encontramos, por tanto, en este momento con un Estado en
función de este acuerdo burocrático de los aparatos centrales
de dos partidos centralistas, PP y PSOE, que diseña un Estado
con tres tipos de comunidad autónoma, con tres
características: comunidades autónomas de competencia plena,
aunque a veces hay cierta diferencia entre ellas, porque, por
ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía (que también
conquistó el artículo de vía rápida y competencias máximas del
151) a veces, en función de la propia política de la dinámica
desigual que se ha iniciado, parece más del 143 que del 151;
comunidades autónomas del 143 mejorado, que se parecen mucho a
las del 151; y comunidades autónomas de tercera categoría como
la que hoy estamos aquí debatiendo, autonomías sin café, por
utilizar la terminología de cuando empezó el diseño de este
Estado que sobre la marcha está sufriendo ciertas reformas no
previstas y no consensuadas al inicio cuando se debatió el
texto constitucional. De alguna manera, astillada, se está
rompiendo el consenso constitucional sobre la marcha. Claro
está, a este diseño del Estado, y seguimos hablando de un
debate de Estado y de la construcción de un nuevo Estado
(asunto importantísimo, pero que aquí al diferenciar unas
comunidades de otras estamos supeditando intereses que no se
corresponden con la importancia del tema), se ha seguido una
dialéctica absolutamente antifederal y desde luego
centralista.
Insisto en que los aparatos de dos partidos de ámbito estatal,
a los que se les supone concepciones diferentes del Estado, el
Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, han
llegado a un acuerdo en el sentido de que todos los debates
que aquí se producen sobre temas concretos, muy agudizados en
las campañas o precampañas electorales, son debates dramáticos
o, mejor dicho, teatralizados, porque el fondo de la cuestión,
la matriz de fondo es la misma. Ustedes tienen el mismo
concepto del Estado, de un Estado a dos velocidades. En el
PSOE hay una gran contradicción; un Partido que siempre se ha
definido como partido de concepción federal, y en el Partido
Popular lo mismo. El Partido Popular, en su último congreso,
aprobó la necesidad de la administración única, y así figura,
negro sobre blanco, en sus papeles. Y ahora resulta que no es
la misma velocidad la que se les asigna en ese pacto de Estado
entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español a las distintas comunidades autónomas del Estado
español. Hubo una plantilla con dinámica federalizante que se
mandó de arriba abajo a todas las comunidades autónomas,
incluso con errores verbales de las personas o errores en los
borradores, transfiriéndola a sitios donde no había puertos,
ni puertos deportivos, plantilla que se asumió mecánicamente,
y a la que no se le permitió ni una sola corrección. Ese
debate no ha sido un debate popular, legítimo, legal, no ha
sido el debate que merece el diseño del Estado o la
construcción de un estado.
Ese acuerdo está generando una dinámica reivindicativa
desigual. Ahora el Partido Popular se queja del «pujolismo»,
se queja del chantaje --así se ha llegado
a decir por distintos portavoces; yo mismo también--. (Risas y
rumores.) Sí, yo creo que es un chantaje, como lo cree también
el señor Guerra. El Partido Popular también lo ha criticado
así. Pero resulta que la base de esa dinámica está en acuerdos
como éste.
Si se dan distintos techos competenciales y se acepta la
confederación del norte, exceptuando Asturias, se está
consiguiendo que la dinámica «pujolista» cobre cada vez más
fuerza porque tiene eficacia. Lo vamos a ver en los
presupuestos. Esa eficacia es la que estamos alimentando
constantemente, tanto en el Partido Socialista Obrero Español,
como en el Partido Popular.
Por cierto, a la luz de los nuevos acontecimientos, sumando a
este del pacto autonómico el tema del 15 por ciento del IRPF,
el señor Rodríguez Ibarra aparece ya de otra manera. No tiene
la imagen de antes del león reivindicativo. Está cambiando de
imagen porque corresponde que provincialice su imagen, que la
regionalice frente a la confederación de otras imágenes que se
están produciendo. Incluso se atreven a decir cosas como las
que se han dicho desde esta tribuna, homologando la corrupción
a gente que está cobrando 27.000 pesetas de subsidio en el
campo extremeño o en el campo andaluz. Me parecen barbaridades
que habrá que ir corrigiendo tranquila, moderada, pero directa
y rotundamente en esta Cámara, para no apoyar este Estado de
dos velocidades, de dos culturas y de dos morales a la hora de
definir la situación.
La alternativa que defendimos en Extremadura es la misma que
estamos defendiendo aquí. Parte del concepto del Estado
federal y, por lo tanto, de la construcción --nosotros sí
estamos de acuerdo y tenemos una lealtad constante hacia la
Constitución-- del Estado federal en función de esa dinámica
constitucional que habla de cinco años y no habla de
desconfianza. En todo caso, nunca habla de diez años a la hora
de homologar la autonomía del artículo 143 a las competencias
de las autonomías del 151.
Partimos de una estrategia de Estado de otra forma de hacer
las cosas y de la necesidad de dinamizar los debates de abajo
arriba. Y no se me diga, de nuevo, aquí y ahora, desde una
falta absoluta de sensibilidad democrática, que tenemos más o
menos votos. Esto es lo de menos. Aunque no tuviéramos ni un
voto, esto mismo lo estaríamos diciendo tranquila y
democráticamente a la puerta de este Congreso o a la puerta de
la Asamblea de Extremadura. No se nos diga que porque tenemos
menos votos tenemos derecho a expresar nuestros
planteamientos. Eso demuestra que no se tienen claras las
ideas democráticas en algunas intervenciones que aquí se han
hecho con ocasión del debate de otros estatutos de autonomía.
En definitiva --termino, señor Presidente--, nosotros pensamos
que hay que construir un Estado federal que al final, y ya se
debía haber llegado, porque así lo mandata la Constitución, a
los cinco años, todas las autonomías tendrían que haber tenido
el mismo techo competencial, el mismo poder político, la misma
capacidad de financiación, y no vamos por ese camino. Por
tanto, nosotros, respetuosamente, considerando que es legítima
y legal, desde el punto de vista democrático, la solución que
se ha dado, no aceptamos ni la forma ni el sentido final de
los acuerdos que se han adoptado y, consiguientemente, vamos a
votar en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tomo la palabra, en nombre del Grupo Popular, para
fijar la posición del mismo con referencia a la Ley Orgánica
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Aunque
este turno, señor Presidente, sea de fijación de posiciones,
permítaseme que aluda a dos de las intervenciones que ha
habido.
En primer término, quiero agradecer a la señora Rahola, en
nombre de mi Grupo y también como nacido y residente en
Extremadura, su preocupación por Extremadura. Señora Rahola,
los extremeños queremos abandonar, y lo estamos haciendo desde
hace tiempo, lo que en Andalucía se llama «el quejío» y en mi
tierra «la quejumbre». No queremos reclamar nada por el
«victimismo», queremos que se nos dé aquello que se nos debe,
y en ejercicio de ese derecho constitucional hoy precisamente
damos un paso más para tener algo que no teníamos, que es un
estatuto que se parezca más al de Cataluña, porque nosotros no
entendemos que deba haber mayores diferencias. De cualquier
forma, mi agradecimiento y, por supuesto, no compartimos la
doctrina Colom, no la del navegante, sino la de su
representante en el Parlamento catalán.
En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, nos satisface ver desde
mi Grupo que se abandonan antiguas tentaciones centralistas y
que ahora se cree más en las regionalistas. Bienvenido sea.
Por otra parte, señorías, quiero saludar a los representantes
de la Asamblea de Extremadura, que hoy nos honran con su
intervención en esta Cámara. Quiero exponer que para mí no
puede dejar de ser una satisfacción intervenir hoy en nombre
de mi Grupo. Quien hoy tiene el honor de dirigirles la palabra
estuvo presente en todos los trámites, tanto
extraparlamentarios como parlamentarios, que dieron vida,
primero, al Decreto-ley de instauración de la preautonomía,
antecedente directo de la autonomía, y también en todos
aquellos que culminaron en la aprobación del Estatuto de
Autonomía para mi Comunidad Autónoma. Así, desde las reuniones
de senadores y diputados que a lo largo del año 1977 y 78
redactaron el borrador del Decreto-ley que una vez dictaminado
por la Comisión de urgencia legislativa, dio nacimiento a la
preautonomía de Extremadura,
es mucho el camino recorrido, y en todo él quien les dirige la
palabra tuvo el honor de estar presente; desde un principio,
como primer Presidente de la Junta de Extremadura, iniciando,
por acuerdo de la misma, el día 12 de mayo de 1980, el proceso
autonómico según el artículo 143 de la Constitución y al
amparo de la disposición transitoria primera de nuestro primer
texto normativo. El acuerdo que tuve el honor de proponer
entonces y que mereció la aprobación, y que creo que es bueno
recordar hoy, decía: «Elegir la vía del artículo 143 de la
Constitución para el acceso a la autonomía de la región
extremeña, con el máximo techo que permite la Constitución y
reconociendo las peculiaridades típicas de Extremadura.» El
anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado
en Mérida el 12 de febrero de 1981 por la Asamblea prevista en
el artículo 146 de la Constitución, no vio su nacimiento
legislativo como consecuencia de la disolución de las Cámaras
en la primera legislatura y fue en la segunda cuando tuvo la
aprobación como Ley Orgánica de 25 de febrero 1/1983. Señor
Presidente, han pasado desde la aprobación del Estatuto de
Autonomía más de diez años. Como se ha recordado aquí antes,
cinco años más del tiempo que exige el número 2 del artículo
148 de la Constitución para que, mediante la reforma de los
Estatutos, las Comunidades Autónomas creadas al amparo del
artículo 143 pudieran ampliar sus competencias dentro del
marco del artículo 149 del mismo cuerpo legal, es decir, ir
logrando las competencias de las Comunidades que accedieron a
la autonomía por la vía del artículo 151. Se nos hace difícil
no recordar hoy aquí a aquel grupo político que reclamaba en
1980 mayores cuotas de autogobierno para Extremadura y afirmar
a renglón seguido, para su constancia, porque es justo que así
sea, en el , que habiendo tenido desde la promulgación del
Estatuto aquel mismo grupo político la mayoría absoluta,
porque así lo quiso el pueblo extremeño y el español, tanto en
la Asamblea de Extremadura como en las Cortes Generales, han
dejado transcurrir cinco años sin hacer aquello cuando ahora
era posible y antes se lo demandaban a los demás cuando casi
casi no era posible. Hoy nos congratulamos del consenso
alcanzado y del pacto autonómico o del acuerdo autonómico,
firmado el 28 de febrero de 1992 entre el Partido Socialista,
el Partido Popular y el Gobierno, que permitió la aprobación
de la Ley Orgánica 9/1992, de 3 de diciembre, y en su
consecuente proposición de Ley de la Asamblea de Extremadura,
que es la que hoy tramitamos, que permitirá, caso de
aprobarse, la modificación del Estatuto de Autonomía de
Extremadura y con ello la elevación del techo competencial de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Título VIII de la Constitución recoge un modelo de
organización territorial del Estado dinámico y que requiere su
desarrollo en el tiempo, y el paso que damos hoy así lo hace
patente, ya que, como certeramente afirmó el señor Sánchez
Cuadrado, que antes ocupó esta tribuna, el 25 de marzo de 1993
en la Asamblea de Extremadura, no sólo se ampliará el
contenido de las competencias estatutarias, sino también la
forma de ejercer las mismas, que se residencia en la propia
Comunidad Autónoma.
Permítame, señor Presidente, recordar hoy aquí la magistral
intervención de don José Ortega y Gasset en las constituyentes
republicanas hace sesenta y dos años, concretamente el 4 de
septiembre de 1931. Sus palabras, a mi juicio, conservan toda
su vigencia y, avaladas por la historia, constituyeron la
mejor advertencia a quienes tuvimos el honor de ser partícipes
en la tramitación parlamentaria y en la aprobación de la
Constitución de 1978. Afirmaba desde esta tribuna el señor
Ortega y Gasset: «La imagen de nuestro pueblo» --estaba
hablando en el debate de aprobación de la Constitución de la
República-- «que el proyecto nos ofrece es una división de dos
Españas diferentes: una compuesta por dos o tres regiones
ariscas, otra integrada por el resto más dócil al poder
central. Para el proyecto es la autonomía algo especial,
puesto que no la estatuye para todos los cuadrantes españoles.
Esto, que pretende ser cautela, previsión y desamor a la
aventura, me parece más bien y a la par ingenuo y funesto».
Proseguía el señor Ortega y Gasset: «Resultará, pues, a la
postre, España ordenada íntegramente, pero de mala manera, en
regiones. Mientras tanto nos encontraremos con una España
centrífuga, frente a una España centrípeta; peor aún: con dos
o tres regiones semiestados frente a España, nuestra España.»
Supimos los constituyentes de 1978 diseñar un Estado de las
autonomías que, tomando en cuenta esta advertencia del señor
Ortega y Gasset y las enseñanzas de la historia, hicieron
posible la autonomía para todas las regiones de España. Hoy,
si SS.SS. así lo estiman, aprobaremos una reforma del Estatuto
de Autonomía que equipare más Extremadura al resto de las
regiones. Por ello hemos de felicitarnos, pero queremos
terminar, señorías, nuestra intervención, exponiendo una
reflexión y, al hilo de la misma, una preocupación. La
reflexión es que la construcción de un Estado democrático
sólido y estable, en nuestra patria, España, pasa por el
meridiano de la autonomía regional, y que este camino sólo
podrá ser recorrido a la luz de la solidaridad interregional
proclamada en la Constitución de 1978, es decir, de ese
sistema que no sólo reconoce la personalidad y la peculiaridad
de todas las regiones y su igual derecho en el plano jurídico
formal a la construcción del futuro y a la supresión de las
diferencias existentes, sino también al reconocimiento del
principio de que cada región debe contribuir según sus
posiblidades y recibir según sus necesidades. Autonomía cada
región debe contribuir según sus posiblidades y recibir según
sus necesidades. Autonomía
para todas las regiones españolas y solidaridad entre ellas
son las dos correcciones fundamentales que el
constitucionalista de 1978 introduce en el viejo modelo de
1931.
Y para terminar, señor Presidente, la preocupación que esta
reflexión me sugiere y que, seguramente, les sugiere también a
muchas de SS.SS. Mal camino habremo hecho si, al final, por
unas u otras causas, volvemos atrás en la senda de la Historia
y abrimos privilegios, repito, y abrimos privilegios para
regiones concretas. Eso sería, señorías, la muerte del Estado
de las autonomías y, lo que es aún más preocupante, pondría en
cuestión la unidad de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ramallo. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señores representantes de la Asamblea de
Extremadura, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista a la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía para Extremadura.
Estamos dando los últimos pasos de un proceso que se inició el
28 de febrero de 1992 con la firma de los acuerdos entre el
Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en lo
que se ha venido llamando . Más tarde, el 23 de diciembre de
1993, entró en vigor la Ley Orgánica para transferir
competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron por la
vía del artículo 143 de la Constitución. Porteriormente, el 25
de mayo de este año, la Asamblea de Extremadura aprobó la
reforma de su Estatuto y hoy estamos aquí ratificando esa
reforma por la que Extremadura accede a muchas y muy
importantes nuevas competencias. Vamos a votar sin ningún tipo
de reticencia, más allá de la opinión que nos merezca un punto
concreto, un aspecto parcial de esta reforma, porque creo que
difícilmente se puede estar en desacuerdo con la globalidad de
este texto. Es verdad que hay Grupos políticos que han
manifestado su discrepancia, y tienen todo el derecho a
hacerlo. No voy a ser yo quien les niegue ese derecho, pero sí
voy a hacerles una reflexión. Aceptando ese derecho a
manifestar su discrepancia y a votar en contra, hay un hecho
difícilmente cuestionable: que tanto en Extremadura como
previsiblemente aquí, casi el 90 por ciento de los
representantes del pueblo va a apoyar esta reforma. Es un
hecho que políticamente tiene mucha importancia.
No quería dejar pasar tampoco alguna alusión que hizo la
señora representante de Esquerra Republicana. Usted me parece
que se acerca a Extremadura como se acercaban los viajeros
ingleses del XIX a España: con una serie de prejuicios que
solamente se podrá romper visitándola. Pero solamente tres
palabras respecto a un latiguillo que se reproduce con mucha
frecuencia sobre la limosna del Estado. Porque parece que hay
algunas Comunidades que viven de la limosna del Estado, sobre
todo referido al Plan de Empleo Rural y a los trabajadores del
campo. Solamente le voy a dar un dato. Todo el Plan de Empleo
Rural de Andalucía y de Extremadura es el 50 por ciento del
presupuesto del INEM de Madrid o Barcelona. Esa es las
realidad. Señorías, hace 10 años, este diputado y otros
presentes en esta Cámara fuimos ponentes de la Ley que
establecía el Estatuto de Autonomía para Extremadura. Si en
aquel instante alguien nos hubiese dicho que 10 años más
tarde, hoy, estaríamos aprobando estas nuevas competencias,
probablemente, y en el mejor de los casos, nuestra respuesta
hubiese sido el escepticismo.
Lo que es más importante resaltar en este campo es que todo
este proceso se ha llevado a cabo desde la cooperación y desde
la colaboración, evitando victimismos y enfrentamientos
inútiles. Señoras y señores Diputados, como representantes del
pueblo español, creo que debemos sentirnos orgullosos, porque
en ningún país del mundo en tan corto espacio de tiempo se ha
logrado una transformación tan importante y tan formidable de
una estructura centralista hacia una estructura
descentralizada con importantísimas competencias en cada
comunidad autónoma.
Para terminar, señor Presidente, quiero mostrar mi
satisfacción por la aprobación de esta reforma, que es una
buena reforma no sólo porque aumente el poder, los recursos o
la competencia de la Junta de Extremadura. Esta es una buena
ley y digna de ser aprobada porque va a beneficiar a los
hombres y mujeres que viven en Extremadura, haciendo posible
que sus problemas, sus necesidades se resuelvan y superen de
manera más rápida y eficaz.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fuentes.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de totalidad de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura formulada por
la Asamblea de Extremadura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 273; en contra, 12; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de totalidad,
la propuesta de reforma.
-- DE LA ASAMBLEA DE MADRID, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORGANICA) (Número de
expediente 127/000012)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Asamblea de Madrid de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Para defensa de la propuesta de la Asamblea de Madrid, en
nombre de la misma tiene la palabra, en primer lugar, don
Manuel Cobo Vega.
El señor COBO VEGA (Diputado de la Asamblea de Madrid):
Gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.
Puede ser sorprendente la presentación que hoy hacemos de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid para aquellas personas que --en el mejor de los
casos, por error, en el peor, con otras intenciones--
confunden Madrid con diversas instituciones del Estado. Es
corriente --y sus señorías tienen buena prueba de ello-- la
identificación que se suele hacer de Madrid con las Cortes
Generales o con la Administración central del Estado por el
simple hecho de tener su localización física en Madrid. Así
escuchamos y leemos que tal comunidad autónoma negocia con
Madrid determinado asunto o cual comunidad autónoma exige a
Madrid medidas encaminadas a resolver determinado problema.
Los ciudadanos de Madrid tenemos muy claro que, por muy grande
e importante que sea la Administración central del Estado y
sintiéndonos orgullosos de este vecino, no debe ensombrecer ni
empequeñecer a nuestra Comunidad Autónoma, que debe estar en
igualdad y con las mismas condiciones que el resto de las
comunidades del Estado Español, y la reforma de nuestro
Estatuto, en los términos que se plantea, es un paso más en la
consecución de este fin.
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en su gran mayoría,
hemos nacido o somos descendientes de personas nacidas en
otras comunidades autónomas y quizá este hecho influya en que
nuestras reivindicaciones, nuestras reclamaciones, nuestros
derechos sean pedidos sin agresividad, sin vehemencia, sin
coacciones y sin chantajes hacia nadie, que no debe
confundirse con pasividad, ni desidia ni servilismo en la
defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos de
Madrid, que asumimos con la mayor firmeza y responsabilidad,
sin olvidar nunca no ya la obligación que tenemos, sino la
devoción que sentimos de ser solidarios con el resto de los
españoles. El ser solidario implica dar parte de lo que los
madrileños tenemos más, pero también --y esto parece que se
olvida--, recibir parte de lo que los madrileños tenemos
menos. El camino que estamos recorriendo para reformar el
Estatuto de la Comunidad de Madrid se inició, y se ha visto
favorecido por ello, con el pacto autonómico suscrito el 28 de
febrero de 1992 por el Partido Popular, el Partido Socialista
y el Gobierno de la Nación; acuerdo necesario para llevar a
buen puerto una modificación legislativa de la importancia y
trascendencia que tiene para la Comunidad de Madrid, así como
para el resto de comunidades que se encuentren en un trámite
similar.
Es evidente --y desde el Partido Popular, su máximo
representante, José María Aznar, lo ha manifestado en
numerosas ocasiones y no nos cansaremos de reiterarlo-- que es
imprescindible en todos aquellos asuntos que afecten
directamente a la esencia misma del Estado, tal y como está
estructurado en nuestra Constitución, un consenso fundamental
entre las diversas fuerzas políticas, y es por ello que nos
felicitamos por el acuerdo logrado por los dos partidos
mayoritarios, que ha posibilitado la reforma del Estatuto, que
deseamos ver aprobada.
He utilizado el término consenso fundamental, que es el
empleado en la exposición de motivos de la Ley Orgánica
9/1992, de 23 de diciembre, cuando se refiere al pacto
autonómico citado, y me parece acertadísimo, pues no se podría
entender como consenso fundamental aquel en el que no fueran
partícipes, cuando menos, el Partido Popular y el Partido
Socialista, con la representación otorgada en las urnas que
tienen ambos partidos en este momento. Por eso, y en aquellas
cuestiones fundamentales en que unánimemente coincidimos que
son de vital importancia, como la que en estas últimas semanas
nos preocupa a todos, pues afecta al núcleo mismo del
funcionamiento de las comunidades autónomas, su financiación,
exigen también un consenso fundamental que necesita para ser
tal, como ya ha quedado expresado, el concurso del Partido
Popular y que posibilitará que las 32 nuevas competencias que
se incluyen en la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid tengan el instrumento necesario para su
desarrollo. Treinta y dos nuevas competencias que no son todas
las que solicitaba el Partido Popular. Nosotros quisimos, y no
conseguimos, incorporar la transferencia de sanidad, pero
entendimos que no podía obstaculizarse la asunción de estas
nuevas competencias por el desacuerdo en materia sanitaria,
pues en todo caso es mucho y de gran entidad lo que se asume
en estos momentos y, por tanto, suficiente para mostrar
nuestro apoyo sin reservas.
Señorías, la bondad para la Comunidad de Madrid de esta
reforma de su Estatuto se explica por la misma razón de ser de
la Comunidad Autónoma de Madrid. Alberto Ruiz Gallardón,
Presidente del Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de
Madrid, ha dicho muchas veces, y repitió en el debate de
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, que ésta no es una comunidad que se explique
por razones históricas, porque nuestra historia es la Historia
de España; que esta no es una comunidad que se justifique por
razones culturales, porque nuestra cultura es la cultura de
España; ni lingüísticas, puesto que nuestra lengua es el
castellano; ni siquiera razones geográficas que justifican la
construcción en comunidad de determinados archipiélagos; ni
socioeconómicas, porque no tenemos razones distintas del
entorno de las dos Castillas que nos rodean. Nosotros tenemos
que ser Comunidad Autónoma no por los signos, no por las
enseñas, sino única y exclusivamente porque seamos capaces de
construir una administración más eficaz, más útil, a menor
coste, más próxima el ciudadano que la antigua Administración
central del Estado. Creo, señorías --y termino, señor
Presidente, tratando de no sobrepasar el tiempo que se me ha
concedido--, que esto mismo que decía el señor Ruiz Gallardón
es lo que demandan los madrileños. Por ello presentamos hoy la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, esperando su aprobación para dar un mejor servicio
a los ciudadanos de esta Comunidad. Muchas gracias, señorías;
gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cobo Vega.
Tiene la palabra don Javier Ledesma Bartret.
El señor LEDESMA BARTRET (Diputado de la Asamblea de Madrid):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra, igualmente como delegado de la
Asamblea de Madrid, para defender la proposición de ley de
reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, y lo hago con un
doble sentimiento de emoción y de satisfacción. De emoción
porque, desde luego, para cualquier demócrata su presencia en
la tribuna de esta Cámara es sin duda emocionante. De emoción
también personal por cuanto quien, como es mi caso, ha
dedicado buena parte ya de su vida, muchas horas desde hace
doce años a contribuir, siquiera modestamente, a que esta
Comunidad de Madrid naciera en su momento, se desarrollara, se
constituyera y fuera un instrumento útil para esos cinco
millones de ciudadanos que aquí viven. Y con satisfacción como
español y como socialista español, porque algunas cosas se han
hecho francamente bien en este período; una de ellas, sin
duda, es la creación y desarrollo del Estado de las autonomías
en España. Podemos sentirnos franca y razonablemente
satisfechos. Y como socialista español, porque sin duda el
Partido Socialista ha sido motor, eje vertebrador y
articulador de todo este proceso, desde su inicio, desde la
propia configuración del Título VIII de la Constitución, desde
los primeros pactos en el año 1981 para posibilitar el
nacimiento de estas comunidades autónomas desde su papel de
partido en la oposición y, finalmente, ya en el año 1992, para
posibilitar desde su responsabilidad de gobierno, en el
Gobierno de la nación y en gobiernos de múltiples comunidades
autónomas, el impulso final y la igualación entre el conjunto
de las comunidades españolas. Y también como madrileño, ¿cómo
no? Lo que presentamos a la aprobación de SS.SS. es positivo,
francamente positivo para los ciudadanos madrileños, como
decía, para esos más de cinco millones de habitantes que
pueblan esta región. Esta región que tiene sus peculiaridades
y que voy a recordar de forma breve.
En primer lugar, su carácter y su vocación municipalista. No
olvidemos que esta Comunidad nace a petición, primero, de la
Diputación Provincial de Madrid, hoy extinta, y del 99 por
ciento de los municipios de Madrid. Eso consagra una clara
vocación de apoyo y de trabajo en común con todos los
ayuntamientos de Madrid, empezando por el de su capital. Tiene
esta región metropolitana una marca especial por el hecho de
la capitalidad de España y sede de las altas instituciones
españolas. Es una comunidad, como aquí se ha recordado, sin
entidad regional histórica, pero que nace precisamente por
motivos de interés nacional. A mí me gusta, y tengo interés en
recordar, que esta Comunidad de Madrid nace autorizada por una
ley orgánica del año 1982, que posibilita la elaboración de su
Estatuto de Autonomía. Permítanme que recuerde cuál es esa
motivación, en qué consiste ese interés nacional que justificó
el nacimiento de esta Comunidad. Decía el legislador
instituyente así: . Así se hizo con la autorización de una ley
orgánica aprobada también por esta Cámara. Es una Comunidad
Autónoma --ya se ha dicho-- funcional, que nace para mejorar
la calidad de vida y para prestar mejores servicios a los
ciudadanos de Madrid. Pues bien, esta Comunidad Autónoma, tras
diez años de desarrollo y de vida de su Estatuto de Autonomía,
de prestar razonablemente mejor los servicios a los ciudadanos
de Madrid, ha aprobado, fruto del acuerdo autonómico, una
reforma de su Estatuto de autonomía que se presenta a la
aprobación de esta Cámara. Esta proposición de ley de reforma
del Estatuto de autonomía tiene un contenido, desde el punto
de vista jurídico-formal, que supone la integración
sistemática en el Estatuto de autonomía de aquellas
competencias
que por la ley de diciembre del año 1992 fueron transferidas a
todas las comunidades autónomas que nacieron al amparo del
artículo 143 de la Constitución Española. Ciertamente era una
de las posibilidades de alcanzar esa equiparación
constitucional y esta reforma de estatutos viene a dar
satisfacción a quienes solicitaban, probablemente con razón,
que ésa fuera la forma final de encajar esas nuevas
competencias en sus estatutos de autonomía y, por tanto, pone
fin de una manera sensata y definitiva a un debate jurídico-
doctrinal de cierto interés. Pero su contenido político es de
hondo calado. Se recordaba aquí que son 32 nuevas competencias
las que van a pasar a responsabilidad de la Comunidad de
Madrid, que significan la incorporación de más de 45.000
servidores públicos a la Comunidad de Madrid, de un
presupuesto cercano al billón de pesetas. Estamos hablando,
por tanto, señorías, de materias de gran importancia, como es
la Educación, y no olvidemos que en Madrid son cuatro
universidades públicas de extraordinaria importancia las que
van a pasar a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid.
Pero tiene también otro alcance especialmente notable hoy en
que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La
asunción de estas competencias en el caso de la Comunidad de
Madrid va a posibilitar que Madrid también acceda a la cesión
del 15 por ciento del IRPF, que no quede fuera de ese sistema
que implica mayor corresponsabilidad fiscal, que implica mayor
autonomía financiera. Con la transferencia de estos nuevos
servicios esa posibilidad está al alcance también de los
madrileños. Finalmente, tiene la virtualidad política de
igualar también a Madrid al resto de las comunidades autónomas
y acabar con la diferencia transitoria que la propia
Constitución estableció para la igualación competencial entre
las comunidades autónomas. Estas son, señorías, las razones de
fondo, las razones de peso, las razones políticas que
impulsaron a la Asamblea de Madrid a aprobar la proposición
que hoy sometemos a la consideración y a la aprobación de
ustedes.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
Tiene la palabra finalmente, en nombre de la Asamblea de
Madrid, don Jaime Ruiz Reig.
El señor RUIZ REIG (Diputado de la Asamblea de Madrid): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, sean mis primeras
palabras, como miembro de la delegación de la Asamblea de
Madrid y Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
un saludo cordial a la Cámara, al tiempo que deseo señalar la
muestra de una realidad política existente en nuestra
Asamblea. Tres grupos vienen a hablar en nombre de la Asamblea
de Madrid. Cada uno con su voz hemos abordado la tarea de
reformar el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid y
hoy venimos a informar de nuestros criterios al Parlamento de
la nación. Son tres opiniones que parten de criterios
distintos que no ha sido posible conjugar en el caso de
Madrid.
Señorías, la Constitución española de 1978 establece en su
Título VIII la vía de construcción del nuevo Estado
democrático y establece la más amplia vía porque era
consciente de la existencia de puntos de partida distintos. El
denominado Estado de las autonomías exigió abrir posibilidades
y abordar con cautela problemas históricos no resueltos en
nuestro país. Nuestra Constitución establece, fruto de su
realidad, un modelo propio, ajustado más a nuestra situación
que a las normas doctrinales o modelos existentes. Y ello fue
posible gracias a un clima político de compromiso de todas las
fuerzas políticas, a un clima de consenso, clima que se ha
seguido en esta propuesta de desarrollo territorial y
político.
Izquierda Unida ha venido exponiendo en múltiples ocasiones su
opinión y convicción de que hay que construir España
definitivamente en base a un Estado generado, consensuado y
asumido con claridad por todas y cada una de sus comunidades y
de sus pueblos. Nuestra propuesta ha sido una propuesta basada
en nuestro modelo federal, modelo que ha venido siendo
patrimonio fundamentalmente de la izquierda en nuestro país,
conscientes, sin embargo, de que en el Estado español existen
nacionalidades diversas, que existen procesos históricos
peculiares y que hay características que tienen que tenerse en
cuenta. Aún hoy la realidad es que existen cuatro comunidades
con la titularidad del artículo 151, otras con la del artículo
150.2 y otras con la del artículo 143 de la Constitución
Española. La construcción del nuevo Estado debe tener en
cuenta ésta y otras diferencias y asumirlas como tales en este
proeso, pero debería tener también presente que al final del
proceso, con el ritmo más adecuado, la federalidad ideal es
igualitaria, sin diferencias competenciales o ámbitos de poder
o marcos económicos de flagrante desigualdad discriminatoria
para con otras comunidades. No podría ser aceptado, sería
conculcar los propios mandatos constitucionales. En nuestra
Comunidad hemos padecido la ausencia de estas consideraciones
elementales en el trabajo de reforma del Estatuto de
Autonomía. Nosotros señalamos que no debemos ser triunfalistas
a la hora de trasladar a esta Cámara, en la que reside la
soberanía popular, que todo ha ido bien, que no hay
discrepancias, que solamente hay una opinión formalizada,
porque no ha sido realidad en la Cámara de Madrid. En nuestra
Comunidad, por tanto, se ha seguido el acuerdo exclusivamente
entre dos formaciones políticas y eso no es suficiente para
desarrollar el Título VIII de la Constitución, aunque lo más
incomprensible que hemos padecido ha sido la imposibilidad de
incorporar las experiencias,
experiencias conjuntas valoradas también por los tres partidos
políticos en Madrid, de los últimos diez años. No hemos
podido, por tanto, realizar un trabajo conjunto, ajustado a la
realidad madrileña. Un trabajo que se ha realizado eludiendo
lo que nosotros planteábamos como fundamental para aboradar la
reforma del Estatuto: más autogobierno, que quiere decir más
Parlamento; más competencias, que quiere decir aclarar el
horizonte de ellas, aunque el tiempo para su traslado podría
prolongarse; y más participación, porque los estatutos
requieren concentrar, recabar y desarrollar un proceso de
descentralización también autonómico, y establecer los
mecanismos de consulta y participación ciudadana. Es cierto
que el proceso autonómico madrileño no está sometido a una
fuerte presión ciudadana, que no hay en él antecedentes
históricos o diferencias de tipo lingüístico o cultural que
funcionen como elementos de cohesión o de limitación de los
ámbitos territoriales. Pero, señorías, es que la
característica de nuestra comunidad es la de ser hija directa
de la Constitución de 1978, del método utilizado (el consenso)
y de la existencia de unos ciudadanos (los madrileños) que
tienen arraigada la solidaridad, la tolerancia y la
comprensión como características culturales propias.
Alguna tentación tiene uno de explicar en esta Cámara al resto
de los españoles cómo padece Madrid, cómo han padecido y cómo
siguen padeciendo los madrileños el centralismo del Estado;
sería tema de suficiente interés. Esta Comunidad, que no
reclama por agravio ni protesta por mal trato, tiene
características propias y, en base a ellas, requiere el
establecimiento de un marco político propio: su estatuto. Esta
Comunidad tiene en su seno elementos específicos. La ciudad de
Madrid, sede de las instituciones del Estado central, con más
de la mitad de los ciudadanos de su comunidad viviendo en
ella, es una ciudad que por sus dimensiones, por su población
y características, exige también que se plantee su propia
descentralización y un adecuado marco de participación
ciudadana. La masa crítica existente en Madrid, la experiencia
administrativa, su propia realidad socieconómica que tira del
centro peninsular son razones suficientes para tener un
estatuto ajustado a esa realidad. Señorías, los estatutos de
autonomía son la cabecera del sistema jurídico de las
comunidades autónomas, forman parte del ordenamiento estatal,
interesan a las Cortes Generales como depositarias de la
soberanía popular de España. Creemos que es el momento de dar
un nuevo impulso al Estado de las autonomías ya que, en caso
contrario, se estará propiciando una situación de
inestabilidad --y no son palabras de este Diputado-- que
podría saberse cómo empieza pero nunca dónde termina. Este
impulso, a pesar de la ocasión perdida, debe servir para abrir
soluciones políticas globales y para la acomodación de
realidades distintas y nuevas que existen en nuestras
comunidades. Estado son los ayuntamientos, Estado son las
autonomías y Estado es también el Gobierno central. Nuestra
Constitución presenta competencias exclusivas a este último,
pero reconocerán que todos los demás, el resto de ámbitos que
quedan pendientes pueden ser recurridos y asumidos sin
cortapisas. Por tanto, se requiere de una nueva apuesta
política para estructurar territorialmente el Estado, no sólo
como descentralización sino también como nueva vertebración
del conjunto de la nación. Esta es nuestra opinión, éste ha
sido el criterio seguido y éste es el que proponemos en esta
presentación en la Cámara de la nación. El proyecto de reforma
del Estatuto no es el adecuado a la realidad de nuestra
Comunidad, aunque se le otorgue la posibilidad de no impedir
retomar en esta nueva legislatura un nuevo proyecto que
favorezca una mejor articulación de nuestro Estado, una más
ajustada expresión política de las nuevas realidades, entre
las que no puede quedar fuera la consideración de la propia
construcción europea. Esta ocasión perdida debe dar paso al
compromiso de una nueva ocasión para el encuentro, para el más
amplio acuerdo y para que éste facilite la adecuación de las
experiencias y necesidades de comunidades autónomas como la
madrileña. A ello, señorías, les invitamos y a ello nos
comprometemos a participar a partir de hoy, desde nuestra
Asamblea, desde nuestra formación política, desde nuestra
Comunidad, desde Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Reig.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, quiero
aprovechar esta oportunidad para explicar mi abstención en las
votaciones correspondientes a los temas que hoy estamos
tratanto, al igual que en sesiones anteriores. Quisiera
manifestar que mi abstención no tiene ninguna relación directa
con el tema que nos está ocupando, sino que va dirigida a un
debate más de fondo, que es el que quiero destacar y
denunciar.
Se ha dicho en esta Cámara, hace muy poco tiempo, que existe
un Estado de las autonomías prácticamente a dos velocidades.
Creo que ciertamente eso no es así, que existe
fundamentalmente sólo una velocidad, que me alegro de que sea
aplicada a los estatutos del artículo 148 de la Constitución,
y que no se ralentice sino que continúe con su marcha actual,
incluso me gustaría que se avanzara más. Pero la otra, la que
corresponde al resto de las autonomías, en particular a la del
País Pasco, está parada; lleva parada ocho años. Quiero
destacar que mi abstención tiene que ser necesariamente una
denuncia porque cincuenta y cuatro competencias consensuadas
en el Parlamento vasco por
los partidos democráticos, con la abstención de nuestra
coalición porque no creemos que el proceso pueda avanzar, no
encuentran vía de salida. Es más, la prensa denuncia hoy mismo
el desacuerdo que hubo el martes pasado entre el Ministerio de
Administración Territorial y el representante de Presidencia
del Gobierno autónomo vasco sobre estas cincuenta y cuatro
competencias. Este es el hecho que quiero destacar, y
aprovecho ahora para denunciarlo más claramente. Deseo que las
comunidades autónomas que experimentan ahora esa asunción de
competencias puedan verlas realizadas con eficacia, pero
también deseo que se termine esta sequía de ocho años de
parada de competencias para la Comunidad Autónoma vasca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, la
inexistencia de presión ciudadana en la Comunida Autónoma
madrileña, como motor que ponga en marcha todo el proceso que
en otras comunidades autónomas legitima y justifica de una
manera importante las aspiraciones de la consecución de las
máximas competencias, del máximo nivel competencial, no empece
para que consideremos que por los principios de eficacia y de
proximidad a los ciudadanos, como algún interviniente ha
destacado, se requiera aquí por esta Comunidad la reforma de
su Estatuto. Nos sentimos solidarios con tales aspiraciones y
expresamos desde ahora nuestro voto afirmativo a la iniciativa
que se ha traído a esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, en
primer lugar quiero dar la bienvenida a la Cámara, en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán, a los representantes de la
Asamblea de Madrid que han hecho uso de la palabra en esta
sesión para defender la reforma de su Estatuto de autonomía.
La Comunidad de Madrid, que accedió por la vía del artículo
143 de la Constitución a la autonomía, nos propone superar con
esta iniciativa la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de
competencias, incorporando su contenido al texto del propio
Estatuto de autonomía. Nosotros creemos --y siempre hemos
creído--que la ampliación competencial debe pasar por la vía
de la reforma estatutaria --y así lo manifestamos ya en su
momento--, puesto que para nosotros este es el camino que más
fielmente puede reflejar la voluntad de los parlamentos
autonómicos y, a diferencia de la vía de la delegación o
transferencia de competencias del artículo 150.2 de la
Constitución, el único que consolida el nivel competencial de
cada autonomía. Por todo ello vamos a votar favorablemente la
toma en consideración de esta proposición de ley, pero también
y sobre todo porque es costumbre, en la práctica parlamentaria
de este Grupo, facilitar con su voto la tramitación en la
Cámara de las iniciativas legislativas de los parlamentos
autonómicos, y aún lo hacemos con más convicción si cabe en
este caso, por cuanto la Asamblea de Madrid nos propone
precisamente la reforma de la norma básica de su autonomía, es
decir de su Estatuto de autonomía. Para finalizar esta breve
intervención, quiero reiterar nuestro voto favorable a la
misma y felicitar al pueblo de Madrid por el paso adelante que
se está dando en aras de la consolidación de su autonomía.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías,
permítanme destacar, en primer lugar, la actitud de la
Comunidad Autónoma de Madrid que ha decidido que su delegación
sea una expresión pluralista de la Cámara autonómica.
He seguido con atención las intervenciones que desde esta
tribuna han realizado los Diputados de la Asamblea de Madrid
pidiendo la reforma del Estatuto de la Comunidad, pactada
entre el PSOE y el Partido Popular con un texto --recordemos--
repartido e impuesto desde las sedes federales de sus
partidos. Comprendo que su obligación es defender a las
respectivas direcciones de sus partidos, por lo que han tenido
que adaptar su discurso en esta tribuna. Fíjense, señorías, lo
que el 19 de octubre de 1988 decía en la Asamblea de Madrid el
portavoz del Grupo Popular: «Proponemos la refundación de esta
institución que es la Comunidad de Madrid. Somos una
institución alejada de los problemas acuciantes de nuestros
convecinos, de esos que nos piden soluciones cuando estamos
incapacitados para dárselas.» Proseguía, dirigiéndose al
Presidente de la Comunidad Autónoma: «No sea tímido, no se
deje condicionar por la dirección implica la urgente reforma
del Estatuto de autonomía, haciendo uso del del artículo 148.2
de la Constitución y del artículo 29 del Estatuto.» Don
Joaquín Leguina, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid, iba más adelante por esas mismas fechas y decía
también: «La Constitución se hizo por consenso y en ese
espacio debiera mantenerse su desarrollo constitucional.» Pues
bien, unos y otros tuvieron que tragarse sus palabras y romper
esa voluntad
de consenso, ese clima de concordia y de trabajo en común que
existía en la Comunidad Autónoma para dotar a Madrid de
mayores cotas de autogobierno, y lo tuvieron que hacer, como
he dicho antes, por una imposición de la dirección federal de
sus partidos.
La región de Madrid, señorías, sus elementos específicos
derivados de su carácter metropolitano, de su condición de
capital del Estado exigía y exige, como manifestó en el mismo
debate la portavoz de Izquierda Unida, la formación de una
Mesa regional en la que estuvieran presentes las fuerzas
políticas representadas en la Asamblea. El Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, que no había cambiado sus propuestas por
el interés de los ciudadanos madrileños, que no había
renunciado a iniciativas que hicieran avanzar a esta Comunidad
Autónoma hacia su autogobierno, presentó una enmienda a la
totalidad con texto alternativo. En esta enmienda se contenían
propuestas como las competencias exclusivas, la capacidad de
disolución de la Cámara, el aumento del período legislativo y
las competencias de régimen local. Esta enmienda, señorías,
fue rechazada con los votos del PSOE y del Partido Popular
que, en vez de hacer de Madrid una comunidad autónoma con
soberanía política compartida y con capacidad de autogobierno,
cometieron el enorme error de aprobar una reforma que suponía,
a nuestro juicio, una mera descentralización administrativa.
Sólo una fuerza política, Izquierda Unida, fue capaz de
mantener los deseos de todos, e incluso las promesas
electorales de todos, mientras otros se vieron obligados a
votar al dictado.
Señor Presidente, señorías, como creo conocer la opinión de
bastantes diputados y diputadas de Izquierda Unida, del PSOE
e, incluso, del Partido Popular, no deja de sorprenderme que
para esta reforma no hayan tenido la voluntad de manifestar
con su voto ese espíritu de consenso y ese espíritu de ir
hacia el autogobierno en la Comunidad de Madrid, en defensa,
lógicamente, no de los intereses de sus partidos, sino de los
ciudadanos de Madrid y en defensa de una reforma del Estatuto
a la medida de los madrileños y no la fotocopia, como decía
antes, emanada de las sedes federales de sus partidos, que
vale, como se a dicho aquí, para todas las comunidades
autónomas, aunque tengan realidades políticas y sociales muy
diferentes. Que Madrid, señor Presidente, señorías, sea una
Comunidad de segunda regional será culpa, si se produce la
reforma del Estatuto avalada por el PSOE y el Partido Popular,
de estas dos fuerzas políticas. Permítame, señor Presidente,
que recuerde hoy a los diputados de Madrid en esta Cámara esta
situación para que la tengan en cuenta a la hora de emitir su
voto. Estamos dotando a Madrid de una autonomía sin contenido
político real, a pesar de su importante proyección en la
realidad política española, a pesar de que en Madrid se ubica
la capital del Estado, a pesar de que es la tercera Comunidad
en población y sin tener en cuenta que esta Comunidad, por
encima de su importancia en el área de los servicios, el
comercio o las finanzas, tiene unas desigualdades sociales que
hay que tener en cuenta a la hora de proponer soluciones
políticas, instrumentos políticos para su solución. La
realidad madrileña que tenemos, y que tenemos también que
atender, es la siguiente: un tercio de su población afectado
por la pobreza y más de un 15 por ciento de parados.
Permítanme, señor Presidente, señorías, que insista en una de
las argumentaciones que realizaba, en nombre de Izquierda
Unida, el señor Ruiz Reig. Es verdad que el proceso autonómico
de Madrid no está sometido a una presión ciudadana; es verdad,
pero quiero destacar, como él destacaba, que los madrileños
tienen muy arraigadas como características culturales propias
la solidaridad, la tolerancia y la comprensión, esos mismos
madrileños que sufren el llamado centralismo de Madrid. Ahora,
estos madrileños heredarán una Cámara y un Gobierno autonómico
sin prácticamente competencias. La Comunidad de Madrid, que
atiende y soporta, como hemos dicho anteriormente, los gastos
derivados de ser la sede de las instituciones generales del
Estado central, merecería, en nuestra opinión, un parlamento y
un gobierno con mayor peso específico. Frente al falso pacto
de Estado suscrito entre el PSOE y el Partido Popular hubiera
sido necesario, y quizá todavía lo es, un pacto institucional
entre todas las instituciones: parlamentos autónomos,
municipios y Estado, y las fuerzas políticas y sociales. Se
debería, en suma, apostar por una Administración plural en la
decisión y cooperativa en la gestión. Sin capacidad de
autogobierno, el papel destinado a los municipios de la
Comunidad Autónoma de Madrid deja mucho que desear. Una
comunidad sin soberanía poco puede hacer en favor del
municipalismo, poco puede hacer por el fortalecimiento de la
autonomía municipal y poco puede hacer por unos municipios ya
suficientemente encorsetados por una legislación que potencia
el presidencialismo y reduce la participación de los
ciudadanos en la gestión de lo público. Un modelo de Estado
que persiga la democratización de sus instituciones y el
acercamiento del poder a los ciudadanos tiene necesariamente
que apostar y tender hacia el autogobierno de sus comunidades
territoriales y hacia la potenciación de sus municipios. El
pacto PSOE-Partido Popular en la reforma de los estatutos
olvida totalmente a los municipios en el papel del Estado,
además de limitar --como hemos repetido constantemente--las
competencias de las comunidades autónomas. Para Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el modelo pasa porque Madrid
tenga un Estatuto en el que exista una equiparación real de
competencias con los estatutos del artículo 151. En su día
plantearemos también enmiendas que recojan estos elementos,
sustanciales
en nuestra opinión, para reforzar el poder del parlamento y
dotar a la Asamblea de una auténtica capacidad de
autogobierno. Un parlamento al que se le limitan los períodos
de sesiones y que no tiene capacidad de disolución de la
Cámara es un parlamento tutelado. Plantearemos --como antes
decía-- la cesión a la Comunidad de Madrid de la mayoría de
las competencias susceptibles de transferirse con la idea de
que se equipare a las comunidades del artículo 151, de forma
que la reforma del Estatuto pueda afrontar la relación de
cooperación y de transferencia de la Comunidad a los
ayuntamientos.
Nuestra propuesta contemplará otros aspectos también más
concretos relacionados directamente con la ciudad de Madrid en
la que viven casi la mitad de los habitantes de la Comunidad.
Aspectos tan importantes como la atención y el compromiso con
los gastos que suponen ser la sede de la mayoría de las
instituciones del Estado, además de otras iniciativas que
contribuyan a superar el déficit de participación de sus
ciudadanos, para que su nivel de posibilidades en la toma de
decisiones sea equiparable al que ya tienen otros municipios
de la Comunidad de Madrid. Madrid es una ciudad que por su
extensión, por las características de su población, requiere
medidas especiales de participación que eviten gobiernos
municipales centralizados y distantes totalmente de las
demandas reales de sus ciudadanos.
En resumen y para finalizar, señor Presidente, señorías, vamos
a votar negativamente a la reforma del Estatuto en coherencia
con el voto que ya expusimos en similar debate en la Asamblea
de Madrid. Esperamos merecer mejor suerte con las enmiendas al
texto que presentaremos en esta Cámara que la que obtuvimos en
su día en el trámite en la Asamblea de Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me corresponde en estos momentos fijar la posición
del Grupo Popular con respecto a la aprobación de la reforma
del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Creo que para
cualquier político debe ser siempre motivo de satisfacción el
participar activamente en la mejora y en el perfeccionamiento
de nuestro sistema del Estado de las autonomías.
Sin duda alguna, uno de los hechos más innovadores --por no
decir, quizá, el más innovador-- de nuestra Constitución de
1978 es precisamente ése en el que se crea el Estado de las
autonomías. Una creación, un sistema de Estado de las
autonomías que está basadoen tres pilares que los sustentan de
forma importante y de forma fundamental.
En primer lugar, naturalmente y de forma indiscutible, la
unidad indivisible de España. En segundo lugar, precisamente,
el ser la garantía, el reconocimiento al ejercicio de los
derechos que tenían las distintas nacionalidades y
regionalidades españolas para constituirse, como así lo
hicieron, en comunidades autónomas. En tercer lugar, el tercer
pilar, precisamente, el de la solidaridad entre todas y cada
una de ellas. Parece obvio e innecesario destacar que estos
tres pilares fundamentales, naturalmente, siguen estando en
plena vigencia, pero incluso alguno de ellos está en estos
momentos de candente actualidad.
Es cierto que la Comunidad Autónoma de Madrid es, si se
quiere, una Comunidad atípica en algunos aspectos, y eso
significa también, y quiere significar, que es una comunidad
con personalidad y con una idiosincrasia propias. Madrid no
busca, no intenta encontrar un hecho diferencial con respecto
a las distintas comunidades españolas. Se ha dicho antes, y
así lo ha apuntado y lo ha descrito el Diputado de la Asamblea
de Madrid, del Grupo Popular, Manuel Cobo, que la Comunidad
Autónoma de Madrid no busca su hecho diferencial ni en una
cultura diferente, ni en una historia distinta, ni en un
idioma o una lengua que se diferencia de la del resto de los
españoles. Naturalmente que la historia, la cultura y la
lengua de Madrid y de los madrileños es el compendio de todas
las de España. Naturalmente que Madrid tampoco busca el hecho
diferencial en el fenómeno o en la razón socioeconómica, que
no es distinta que la que tienen en las comunidades que la
rodean geográficamente. Pero Madrid, en contra de lo que
muchas veces se ha dicho o se repite, sí tiene razones
importantes y fundamentales para ser una Comunidad Autónoma.
Tiene muchas, pero yo quiero significar tres de ellas. La
primera, importantísima y que debe merecer siempre el respeto,
no ya de todos los parlamentarios españoles, sino de todos los
ciudadanos españoles, la primera, repito, la inequívoca y
manifiesta voluntad del pueblo madrileño de erigirse, como así
lo hizo, en Comunidad Autónoma. Y, si como antes se ha dicho,
y lo he escuchado aquí en esta Tribuna, el pueblo de Madrid no
presiona como parecen presionar los pueblos de otras
comunidades, yo he de decir que el pueblo de Madrid, sí se
preocupa, sí se interesa y presiona, pero presiona de forma
sosegada. La segunda razón es que en la geografía, en el
territorio de la Comunidad de Madrid está situada la que es la
capital de España y, en ella, la sede del Gobierno de la
nación española. Y, en tercer lugar, y también se ha apuntado
y se ha hecho referencias a ello, la Comunidad de Madrid, a
diferencia de lo que ocurría con la Administración central del
Estado, que era lenta en el ejercicio de sus acciones, que era
cara y onerosa en la generación y en la aplicación del gasto y
que no estaba
cercana a los problemas reales, a diferencia de eso, la
Comunidad de Madrid busca tener, quiere tener y merece tener
una Administración que sea sobria y austera en el gasto, una
Administración que esté cerca de los ciudadanos, en resumen,
como ya se ha dicho anteriormente, una gestión más eficaz. Que
asistamos hoy aquí a la reforma de su Estatuto, y precisamente
para dotarla de mayores competencias, significa sencillamente
que estamos procediendo, que estamos ayudando a su
perfeccionamiento jurídico, por un lado, pero también a
dotarla de los instrumentos necesarios para poder llegar,
precisamente, a eso que buscamos y que queremos: una gestión
más directa, una gestión más eficaz. Para el Partido Popular
es no sólo un ejercicio coherente, sino que es también un
ejercicio natural el congratularnos, una vez más de participar
activamente en lo que es el perfeccionamiento de nuestro
Estado de las autonomías. Nuestro voto, pues, debiera ser
exactamente lo que va a ser, es decir, un voto favorable a la
reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre del Grupo Socialista,
en este turno de fijación de posiciones, quiero adelantar,
como es obvio, nuestra posición favorable, nuestro voto
favorable a esta propuesta de refoma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Quiero también felicitar a los Diputados de la Asamblea
madrileña que han venido a presentar esta propuesta de
reforma: señor Ruiz, en nombre de Izquierda Unida; señor Cobo,
en nombre del Partido Popular; y señor Ledesma, en nombre del
PSOE, señalando nuestra felicitación expresa a esta última
intervención, muy elocuente y digna, en nombre también de los
Diputados de Madrid en este Congreso que estamos presentes.
Hace algún tiempo, en nuestro reciente pasado, hace algo más
de diez años, la participación de la Comunidad de Madrid en
nuestro Estado autonómico mereció comentarios, críticos
algunos, irónicos otros, y a veces hasta abiertamente
irónicos. Fruto quizá de este ambiente de aquel reciente
pasado fue el hecho de que las propias autoridades autonómicas
de Madrid, con ese espíritu sano y abierto, tolerante y
comprensivo para todos, que es una de las características de
Madrid, junto a las de solidaridad y pragmatismo, dieron carta
de naturaleza a un himno para la Comunidad Autónoma.
Yo creo que alguna de las estrofas de ese himno reflejan este
ambiente previo. Me permito leérselas a SS.SS. (Rumores.) Una
de esas estrofas dice: «Yo soy el ente autónomo último/el puro
y sincero/viva mi dueño, que sólo por ser algo soy madrileño.»
(Risas.) Y otra de las estrofas dice: «Cada cual quiere ser
cada una/No voy a ser menos/Madrid uno, libre, redodo,
autónomo, entero/Mire el sujeto, las vueltas que da el mundo
para estarse quieto.» (Risas.)
En nuestro Estado de las autonomías, señorías, se ha dicho, yo
creo que con acierto, que hay un notable culto a la
diferencia. Este culto a la diferencia, sin duda, tiene su
lógica y su fundamento. También es indudable que se utiliza en
ocasiones para fortalecer algunas pretensiones o algunas
reivindicaciones. No es el caso, obviamente, de Madrid; Madrid
no participa en ese culto y, sin embargo, en Madrid existen
algunos elementos, algunas notables diferencias que, como
digo, no se exhiben pero que no dejan de estar presentes.
Particularmente en los aspectos económicos y sociales, si
trazáramos una línea media o consideráramos unos cuantos
elementos estadísticos, veríamos que Madrid es seguramente la
Comuidad que más se separa de la media nacional en muchos de
esos aspectos económicos y sociales, hasta tal punto que
algunas de las normas que son de aplicación singular en este
momento en algunas comunidades autónomas, si se aplicaran con
generalidad, y consiguientemente también se aplicaran a
Madrid, veríamos que eran inviables, provocarían la ruina del
Estado. Hay otros ejemplos. Se suele insistir, como una
especie de lugar común, en considerar a Madrid como una
comunidad de servicios, como una comunidad --a veces se ha
dicho más irónicamente-- de funcionarios. Pero, ¿es esto así?
En todas las comunidades autónomas el sector servicios es el
más importante. En Madrid es más importante todavía,
ciertamente, pero, ¿se es consciente de que Madrid es también
el segundo núcleo industrial del país, solamente precedido de
Cataluña, y que, además, su participación en el producto
industrial nacional es constantemente creciente desde el año
1985? ¿Se es consciente de que cuando hay una menor
importancia del sector primario, de la agricultura, en el
conjunto del país es acerca del 10 por ciento del empleo y en
Madrid es el 0,6 por ciento? Hay diferencias, pero, como
decimos, Madrid no cultiva esas diferencias.
Superados aquellos momentos iniciales de alguna crítica
irónica, como decía, la autonomía madrileña está consolidada
y, lo que es políticamente más significativo, los habitantes
de la Comunidad la conocen, la perciben y la aprecian. Los
pilares básicos de esta autonomía siguen siendo el
pragmatismo, la solidaridad y la eficiencia, como han dicho
los representantes de la Asamblea de Madrid. Pero sigue siendo
pilar básico de esta Comunidad Autónoma el espíritu tolerante,
proverbial de los madrileños, y comprensivo para todas las
comunidades, para todas.
Concluyamos. Los pactos autonómicos de febrero de 1992 son
necesarios y acertados. Nos hubiera gustado que se sumaran a
ellos otras fuerzas políticas. En el caso de la Comunidad
madrileña nos parece que también debiera de haberse sumado el
Grupo de Izquierda Unida. Lamentamos que no haya sido así. La
Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992 abre el camino a la
puesta en práctica de estos pactos autonómicos. Otro paso en
esa línea es este debate, esta aprobación y esta tramitación
de la reforma de los estatutos de autonomía que, en el caso de
Madrid, como se ha repetido y reiterado, supone la asunción de
32 nuevas competencias.
El Grupo Socialista vuelve a reiterar su felicitación a los
representantes de la Asamblea madrileña que votaron por amplia
mayoría esta modificación y reitera su decisión de apoyar con
sus votos esta reforma. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrionuevo. Procedemos a
la votación.
Votación de totalidad correspondiente a la Propuesta de
Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
propuesta por la Asamblea de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 278; en contra, 11; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
VOTACION DE CONJUNTO:
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE LA PROPOSICION DE
REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOSSOCIALISTA DEL
CONGRESO, POPULAR DEL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO)
--PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA
DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I
UNIO), EN MATERIA DE PONDERACION DEL VOTO EN LAS COMISIONES
(Número de expediente 410/000001)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones,
conforme se había anunciado anteriormente, relativas a la
Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados.
Vamos a votar, en primer lugar, la proposición de Reforma del
Reglamento y las enmiendas que han sido formuladas por los
grupos parlamentarios a esta proposición de reforma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 291; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas la Proposición y las
enmiendas.
Votación de conjunto, de acuerdo con el artículo 72 de la
Constitución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 290; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por mayoría absoluta
la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara.
Se levanta la sesión.
Eran las doce del mediodía.