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DS. Senado, Pleno, núm. 16, de 19/10/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2004 VIII Legislatura
Núm. 16
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 19 de octubre de 2004
ORDEN DEL DIA:
Primero
Actas:
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de octubre de 2004.
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia ferroviaria, especialmente en lo que concierne al ferrocarril convencional. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 96, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente 671/000012).
Tercero
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo entre los Estados parte del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la protección y el intercambio de información clasificada, París, 19 de agosto de 2002. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 1, de fecha 22 de septiembre de 2004). (Número de expediente S. 610/000001). (Número de expediente C. D.
110/000001).
--Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una
Organización conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 2, de fecha 22 de septiembre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000002). (Número de expediente C. D. 110/000002).
Cuarto
Informes del Defensor del Pueblo:
--Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 15, de fecha 25 de junio de 2004). (Número de
expediente S. 780/000001). (Número de expediente C. D. 260/000001).
Quinto
Mociones consecuencia de interpelación (Continuación):
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un Plan Integral de Museos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 96, de
fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente 671/000013).
Sexto
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para la modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 96, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente 662/000037).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a integrar los programas y acciones en materia de Sociedad de la Información y del Conocimiento, así como a presentar un nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y de Convergencia con Europa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 96, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente 662/000035).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
ACTAS (Página 677)
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de octubre de 2004 (Página 677)
Se aprueban las actas por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 677)
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia ferroviaria, especialmente en lo que concierne al ferrocarril convencional (Página 677)
El señor Cuenca Cañizares defiende la moción. El señor Macias i Arau defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Guillén Izquierdo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. El señor Aragonés Delgado de Torres defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. El señor Cuenca Cañizares expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces,
intervienen los señores Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bravo Durán, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Aragonés Delgado de Torres, por el Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés; Guillén Izquierdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ainsa Escartín, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Parlamentario Mixto por 16 votos a favor, 208 en contra y 14 abstenciones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 682)
Acuerdo entre los Estados parte del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la protección y el intercambio de información clasificada, París, 19 de agosto de 2002
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una Organización
conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998 (Página 682)
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Página 683)
Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2003 (Página 683)
El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) presenta el informe a la Cámara. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés, y Salvador García, por el Grupo Parlamentario Socialista; así como la señora Contreras Olmedo, por el Grupo Parlamentario Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Continuación) (Página 698)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un Plan Integral de Museos (Página 698)
El señor Van-Halen Acedo defiende la moción. La señora Aleixandre i Cerarols defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Navarro Lafita defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. El señor Bofill Abelló defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. El señor Van-Halen Acedo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, intervienen la
señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bofill i Abelló, por el Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés; la señora Navarro Lafita, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Van-Halen Acedo, por el Grupo Parlamentario Popular. La señora Navarro Lafita y el señor Van-Halen Acedo vuelven a hacer uso de la palabra en
virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 137 votos a favor y 105 abstenciones.
MOCIONES (Página 706)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para la modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (Página 706)
El señor Gutiérrez González defiende la moción. El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de modificación, firmada por todos los grupos parlamentarios. En turno de portavoces, intervienen los señores Ayala Fonte, por el
Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bofill Abelló, por
el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; la señora Martínez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez González, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la propuesta de modificación relativa a la moción del Grupo Parlamentario Popular por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a integrar los programas y acciones en materia de Sociedad de la Información y del Conocimiento, así como a presentar un nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y de Convergencia con Europa (Página 714)
El señor Salvador García defiende la moción. El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios. En turno de portavoces, intervienen los señores Albistur Marin, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y Salvador García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Coloma Pesquera, por el Grupo
Parlamentario Popular.
Se aprueba la propuesta de modificación relativa a la moción del Grupo Parlamentario Socialista por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cinco minutos.
- - - - -
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
ACTAS:
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2004.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Actas.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
¿Hay alguna objeción a las mismas? (Pausa.) Quedan aprobadas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA FERROVIARIA, ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE AL FERROCARRIL CONVENCIONAL (671/000012).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día. Mociones consecuencia de interpelación.
Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en
materia ferroviaria, especialmente en lo que concierne al ferrocarril convencional.
A esta moción se han presentado siete enmiendas, cinco del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, una del Grupo Parlamentario Socialista y
otra del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Cuenca.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la sesión anterior mantuvimos un debate, a mi juicio interesante, sobre la situación del ferrocarril en nuestro país; concretamente el que les habla pretendía defender,
como supongo se darían cuenta, uno de los olvidados en los últimos años, el ferrocarril convencional.
Fruto de ese debate, hemos presentado una moción que pretende hablar de los problemas del ferrocarril en nuestro país pero, fundamentalmente,
pretende hablar de criterios de sostenibilidad y protección ambiental; de mejora de las comunicaciones y de la accesibilidad; de la vertebración y de la cohesión social; de la mejora de las comunicaciones; de los problemas del transporte y de un
servicio público.
La moción que hoy sometemos a su consideración tiene como objetivo, como ya he mencionado, abordar el problema del ferrocarril en nuestro país, concretamente el ferrocarril convencional, el relacionado con los viajeros, con las
mercancías, con el ferrocarril urbano y, por tanto, con su futuro, abordándolo desde un elemento que consideramos ha sido dejado de lado ya que, presupuestariamente hablando, se han potenciado con mayor decisión otras alternativas.
Señorías, no es
una moción contra otros sistemas de ferrocarril. No lo tomen así. Estamos defendiendo una defensa de un modelo concreto de ferrocarril. No es una moción para confrontar y, por tanto, nadie debe tildarnos de estar en contra de algún modelo de este
transporte. Lo que pretendemos es, sencillamente, proponer medidas que saquen a esa alternativa de transporte que es el ferrocarril convencional de la situación en que se encuentra en los últimos años.
La moción que ahora someto a su consideración
consta de siete propuestas.
La primera de ellas se refiere a adoptar las medidas presupuestarias necesarias durante esta legislatura para hacer efectivas la potenciación y modernización del ferrocarril convencional con el fin de que sea un elemento
de vertebración territorial y cohesión social, al tiempo que respetuoso con el desarrollo sostenible.
Como he dicho hace unos instantes, no queremos que el ferrocarril convencional quede olvidado debido al giro de las inversiones ferroviarias
durante los últimos años, las cuales se han destinado, casi con carácter exclusivo, a la alta velocidad.
Al preparar esta intervención he analizado algunos casos que demuestran la situación actual de este modelo de transporte; y me gustaría
resaltar uno de ellos, en mi opinión muy significativo. Supongamos que hacen ustedes un viaje de Madrid a San Sebastián. Pues bien, actualmente el Talgo tarda media hora más de lo que tardaba en décadas anteriores. Al llegar a San Sebastián
podrán ver que la estación --por cierto, de interés arquitectónico-- presenta un abandono total en cuanto a su embellecimiento, sus instalaciones están deterioradas, hay goteras, etcétera. ¿A qué se debe esa desatención? ¿Por qué esa dejación del
ferrocarril convencional? Este ejemplo, y algunos más que podríamos citar, que ya expusimos a la señora ministra durante el Pleno anterior, constatan, insisto, el abandono del ferrocarril convencional, lo que no sabemos si obedece a la desidia o
simplemente a que lo que se pretende es la muerte de ese sistema de transporte por descrédito para ensalzar su alternativa.
Como ya he dicho, el ferrocarril convencional, además de jugar un papel importante en la vertebración y cohesión social, es
también un medio de transporte más asequible para el bolsillo de los ciudadanos y respetuoso con el medio ambiente. Y lo que pretendemos con esta moción es conseguir que tenga unos determinados niveles de calidad y prestación, incluso de alta
velocidad, atendiendo a los parámetros recomendados por la Unión Europea.
La segunda de nuestras propuestas se refiere a continuar con el plan de eliminación de pasos a nivel y mejora de la seguridad en el transporte ferroviario...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Sí, señor presidente.
Les decía que pretendemos acabar con el problema de los pasos a nivel.
En resumen, con todas y cada una de estas propuestas queremos mejorar todo lo relacionado con el transporte de
cercanías.
Sólo me queda hacer una referencia a la Ley del Sector Ferroviario.
Señorías, no es posible que dicha norma entre en vigor a principios de enero sin el diálogo y consenso con los diferentes sectores implicados y las comunidades
autónomas. Por tanto, consideramos que esta reforma, no sólo es necesaria, sino que en breve será imprescindible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señores senadores, mi grupo no puede sino saludar la iniciativa del Grupo Mixto ya que Convergència i Unió siempre ha apostado por el ferrocarril.
Ustedes mismos, señorías, han podido ser
testigos de esa postura a través de las muchísimas intervenciones de mis compañeros de grupo a lo largo de la historia democrática de esta Casa. Es más: este mismo período de sesiones se inició con la presentación por parte de Convergència i Unió
de una proposición de ley para la renovación del sistema ferroviario español. Por tanto, en nuestra opinión el sistema ferroviario del Estado es una pieza básica, tanto para nuestras posibilidades de comunicación como para la construcción de un
país que debe crecer de forma sostenible pero también sostenida.
Analizando la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, nosotros creemos que debe modificarse y, en este sentido, hemos presentado un conjunto de enmiendas que pretenden distintos
objetivos.
El primero de ellos intenta evitar la separación entre lo que denominamos red de alta velocidad, algo que sólo van a utilizar determinados ciudadanos a los que hay quien puede llamar ricos, y el resto de ferrocarriles, destinado a otro
conjunto de ciudadanos. Para nosotros esta diferencia es un tanto absurda; de hecho, desde el Gobierno de Cataluña hemos diseñado una aplicación del sistema ferroviario para que en la propia red de alta velocidad se puedan y se deban efectuar
servicios destinados a la movilidad cotidiana de las personas y, por tanto, a distintos niveles de poder adquisitivo. Una de las enmiendas va destinada a eliminar la diferenciación entre una y otra red, ya que nos parece un tanto artificial.
Consideramos que hay que crear una sola red, un solo sistema ferroviario, de ahí algunas de nuestras enmiendas.
En segundo lugar, puesto que en diversos puntos de la propuesta que se nos presenta para su aprobación se citan temas concretos:
Pajares, Camarillas, la «U» vasca y otros tramos deteriorados en la red, creemos que hay que complementar estos párrafos con alguna referencia a aquellas líneas de la red, en este caso de Cataluña y Aragón, francamente deficitarias, y sirva de
ejemplo la línea Reus-Caspe. Por tanto, un segundo objetivo es incluir todos los puntos negros sin olvidar ninguno, si es que se pretende enumerar uno a uno todos ellos.
Hay otro elemento sustancial --y aquí está la clave de la aceptación de estos
puntos por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió--, y es que debemos cumplir los mandatos constitucionales y estatutarios y, por tanto, traspasar a las comunidades autónomas aquellas competencias que prevén sus
estatutos. En ese sentido, nosotros creemos que en los puntos 6 y 7 hay que hacer referencia a la voluntad de incluir en la reforma de la ley del sector ferroviario la posibilidad de que las comunidades autónomas o los consorcios de transporte
existentes puedan asumir las competencias que los propios estatutos de autonomía ya les atribuyen en materia de ferrocarriles de cercanías y regionales que transcurren íntegramente por el territorio de una misma comunidad autónoma.
Por tanto,
nuestro grupo presenta este conjunto de enmiendas en un intento de aprobar esta moción, pero nuestra posición va a depender de que el grupo proponente acepte o no el conjunto de las enmiendas de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Guillén.
El señor GUILLEN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, a través del senador Cuenca, de Izquierda Unida, es consecuencia de la interpelación que se debatió en esta Cámara
la semana pasada; interpelación que el mismo senador le hizo a la ministra de Fomento y de la cual quise extraer tres puntos, fundamentalmente.
En primer lugar, el senador Cuenca hizo un esfuerzo importante por pedirle a la ministra la
potenciación y modernización de la red ferroviaria convencional. En segundo lugar, me pareció entrever una oposición a la política desarrollada hasta el momento en materia ferroviaria, la política de la alta velocidad llevada a cabo por el Partido
Popular durante los ocho últimos años. Y, finalmente, el senador Cuenca apostaba también por una modificación o una reforma de la Ley del sector ferroviario que, como sus señorías saben, debe entrar en vigor el día 1º de enero del próximo año.
Pues bien, en este sentido presenta una moción con siete puntos, con la filosofía de los cuales genéricamente nosotros estamos de acuerdo, y la enmienda que nosotros presentamos va en esa misma línea. Un primer punto consistiría en potenciar,
mediante medidas de ámbito presupuestario, la red ferroviaria convencional. En segundo lugar, velar por la seguridad del transporte ferroviario a través de un plan específico de supresión de pasos a nivel y de un plan de mejora de la seguridad en
el ferrocarril convencional; planes de supresión de pasos a nivel que ya el Gobierno está llevando a cabo desde el
día 1 de abril y que ha dado lugar a la supresión de aproximadamente 85 de estos pasos, además, siguiendo esta línea, en los presupuestos generales del 2005 la partida presupuestaria para esta supresión de pasos a nivel aumenta en
aproximadamente el 10 por ciento. En tercer lugar, se trataría de la elaboración y de la presentación ante esta Cámara de un plan, dentro del marco del PEIT, para potenciar el transporte ferroviario, también de mercancías, y hacerlo más competitivo
de cara a la liberalización de este sector a la entrada en vigor de la Ley del sector ferroviario. El cuarto punto versaría sobre la elaboración de un plan de mejoras y ampliación de las cercanías, teniendo en cuenta que efectivamente la partida de
los presupuestos del 2005 destinada a potenciar los trenes de cercanías supera aproximadamente el 52,3 por ciento del presupuesto del ejercicio anterior. Finalmente --y éste es uno de los problemas que tenemos y la razón por la cual hemos
presentado esta enmienda de sustitución-- el punto quinto habla de la modificación de la Ley del sector ferroviario. Nosotros estamos en contra de esta modificación, vuelvo a repetir, en primer lugar por una cuestión de respeto a la legalidad,
puesto que las directivas marco europeas nos obligan a la liberalización del sector ferroviario a partir del año 2005 y, en segundo lugar, por una razón de efectividad y de responsabilidad.
Este Gobierno, que desde hace seis meses tiene las
responsabilidades políticas en nuestro país, antes de entrar en vigor una ley no puede intentar su modificación. Este es uno de los puntos que más nos separan para poder llegar a un acuerdo con Izquierda Unida y yo espero que el senador Cuenca
todavía pueda aceptar la enmienda que presenta el Partido Socialista y podamos llegar a un acuerdo a lo largo de este debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aragonès.
El señor ARAGONES DELGADO DE TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo considera que el ferrocarril, y dentro de este medio de transporte el ferrocarril convencional, debe convertirse en una prioridad del actual Gobierno para
recuperar el tiempo perdido en estos últimos años. Por lo tanto, potenciar y modernizar el tren convencional, como reza la moción, como un elemento de vertebración, cohesión social y territorial y respetuoso con el desarrollo sostenible es una
cuestión con la que no podemos estar en desacuerdo, al contrario, tenemos que darle soporte.
Efectivamente, el ferrocarril es el medio que consume menos combustible y menos territorio en término de persona y de tonelada de mercancía transportadas.
Consideramos, pues, imprescindible cambiar la filosofía relativa al transporte --insisto-- tanto de personas como de mercancías.
Debemos primar el ferrocarril frente a otras actuaciones viarias de gran capacidad en las zonas densamente pobladas.
Quiero anunciarles que nosotros hemos presentado una enmienda a la moción inicial del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida. En el primer punto se quiere ahondar en la filosofía de la priorización del transporte ferroviario frente a otras
actuaciones viarias de gran capacidad --como dice la enmienda--, sobre todo en zonas densamente pobladas.
En cuanto al tercer y cuarto punto, no creemos conveniente que en esta moción se haga una decálogo de todas las zonas donde hay que actuar
porque son demasiadas. Nosotros planteamos una modificación en la que proponemos algo más genérico, como diseñar un plan de intervenciones de mejora y modernización de la red convencional en general y, además, introduciendo otro concepto, el de
hacerlo de común acuerdo con las comunidades autónomas, cuestión imprescindible para nuestro grupo para que esta moción se lleve adelante.
En el cuarto punto hablamos de potenciar el transporte ferroviario, pero de acuerdo con las comunidades
autónomas.
Finalmente, introducimos un punto nuevo, que para nosotros sería el número siete, que pediríamos a Izquierda Unida que lo aceptara porque para nosotros es condición «sine qua non» para dar soporte a esta moción.
Este punto se refiere
textualmente a impulsar los mecanismos necesarios para iniciar el traspaso a las comunidades autónomas de aquellas líneas que transcurren íntegramente dentro del territorio correspondiente; es decir, tal como reza el Estatuto y la misma
Constitución, que se traspasen a las comunidades autónomas los trenes de cercanías, los trenes regionales, y que sean ellas las que los gestionen.
Así pues, y a la espera de lograr una transaccional con la mayoría de los grupos, dejamos de momento
el debate no sin antes indicar la importancia que tiene esta moción para todo lo que hace referencia al transporte por ferrocarril, y la importancia que tiene para las comunidades autónomas puesto que se habla del traspaso de la gestión de las
líneas convencionales referidas a cercanías y regionales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para fijar su posición ante las enmiendas, tiene la palabra el senador Cuenca.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Quiero decir varias cosas sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, la Entesa y Convergència i Unió. En cuanto a las de Convergència i Unió admitiríamos la
modificación del punto segundo en lo que hace referencia a la dotación presupuestaria para la aceleración de la ejecución del plan de eliminación de pasos a nivel, así como la siguiente enmienda de adición que habla de la incorporación de un nuevo
un tramo Reus-Caspe.
De la enmienda del Partido Socialista no admitimos ninguno de sus apartados porque no mejora en absoluto la moción que estamos debatiendo.
Y de las diferentes modificaciones
que ha planteado la Entesa admitiríamos el apartado número siete, porque no estamos ahora en condiciones de abordar las otras, que es el que habla de impulsar los mecanismos necesarios para iniciar el traspaso a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, solamente como aclaración, he de decirle que no se puede trocear la enmienda de Entesa, o se acepta toda o no se acepta. Como la de CIU estaba dividida en cinco partes, puede aceptar aquéllas que estime
conveniente, pero, le repito, con la de Entesa o la recoge toda o no recoge nada.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Si, como me indica la Presidencia, tienen que ser todos y cada uno de los apartados de las enmiendas, entonces corrijo y no es posible admitir ninguna de las enmiendas.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
Por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, he entendido que sí que se pueden admitir las enmiendas a los puntos 2 y 4 presentadas por Convergència i Unió y en cambio no se puede admitir la de Entesa.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, la parte de la enmienda de Entesa que pretendía incluir prácticamente es igual que el punto 7 de nuestra enmienda, por ello le sugiero que lo tenga en cuenta.
En cualquier caso, nosotros anunciamos que votaremos sí a la propuesta del Grupo
Parlamentario Mixto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bravo.
El señor BRAVO DURAN: Gracias, señor presidente, señorías.
Me gustaría resaltar que en la interpelación que ha dado origen a esta moción, y que tuvimos la oportunidad de escuchar el día 6 de los corrientes, el partido interpelante ponía
sobre la mesa su particular visión de potenciar el ferrocarril convencional frente al de alta velocidad, pidiendo claramente el abandono de inversiones de alta velocidad para traspasarlas al convencional --eso está escrito, está dicho y recogido--.
La posición contraria, que el interpelante combatía, es la de primar la alta velocidad en detrimento del ferrocarril convencional. Falso debate.
Compartimos muchos de los argumentos de defensa utilizados en favor del ferrocarril convencional
--cómo no--. Claro que es el mejor medio para vertebrar el territorio, para acercar poblaciones, barato comparativamente, de bajo impacto ambiental, etcétera, así como también ayuda a descongestionar las carreteras de coches y de camiones. Debemos
apostar por el transporte de mercancías por ferrocarril, el ahorro energético es claro, por supuesto que sí, pero también apostamos por la alta velocidad. No van por vías diferentes, aunque físicamente sí, por supuesto, pero no en las necesidades
que tratan de cubrir. Los dos sistemas son necesarios, imprescindibles, es una apuesta clara de futuro.
No nos podemos permitir el lujo de optar por uno o por otro, necesitamos los dos sistemas, los dos. Los dos cumplen una función social, los
dos cubren unas necesidades sociales de comunicación--diferentes, tengámoslo claro, pero necesidades que deben cubrir los dos--. La apuesta debe ser por los dos sistemas, convencional y alta velocidad.
Por eso nos alegramos de que ahora se nos
haya dicho que no es una moción para confrontar --han sido palabras del representante de Izquierda Unida--, nos han dicho que no son antimodelo, sino en favor de este otro modelo de ferrocarril tradicional. Si es así, nuestra felicitación por esta
evolución positiva. Por cierto, nos ha citado el caso del Talgo Madrid-San Sebastián, ha citado precisamente una línea que, desgraciadamente, utiliza el peor material móvil de que dispone Renfe.
Algún día nos explicarán por qué, parece que estamos
castigados en este aspecto.
Creemos que será necesario apostar también por la interconexión, no debemos olvidarnos de los dos sistemas ferroviarios, para que realmente puedan tener la posibilidad de satisfacer, en la mejor forma posible en cada
caso, las necesidades de transporte de personas y de mercancías de corta o de larga distancia que nos requieran los ciudadanos. Porque los dos sistemas, insisto, son necesarios y posibles, por eso deben ser compatibles.
El problema, es bien
sabido, es puramente económico. Se requieren cantidades ingentes de dinero. Ya lo sabemos. Por eso, podemos hablar de tiempos, de prioridades.¡Ojalá pudieran acometerse a la vez las inversiones y las mejoras, pero sabemos que es imposible! Por lo
tanto, hay que establecer tiempos y prioridades, pero no opciones, no podemos optar. Necesitamos los dos sistemas, la alta velocidad para largas distancias, radiales y transversales, puesto que tenemos que comunicar, por ejemplo, Galicia con
Euskadi y Cataluña (Galeusca) y también el ferrocarril tradicional y potenciar a través de él el tráfico de mercancías.
Por ello nuestro voto va a ser favorable a la iniciativa parlamentaria planteada con la enmienda introducida, sin cuestionar
sobre una referencia, yo diría alfabética o semántica, de si es la «U» vasca o la «Y» vasca, puesto que es un punto afortunadamente ya decidido que además no corresponde a este foro, sin que ello nos haga olvidar lo que he mencionado respecto a la
necesidad de potenciar ambos sistemas ferroviarios.
Por lo tanto, nuestro voto será positivo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aragonès.
El señor ARAGONES DELGADO DE TORRES: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño puesto que ya he manifestado mi posición en la defensa de la enmienda; enmienda que creo entender que el grupo proponente no acepta, cosa que
lamento profundamente, puesto que nosotros consideramos que revestía de sentido común y enriquecía mucho la moción.
Asimismo, aprovecho para anunciar que el punto séptimo de la misma, que era de hecho el importante para nosotros, que hace
referencia al traspaso de ferrocarriles de cercanías y regionales a las comunidades autónomas, va a ser objeto en su momento de una moción de nuestro grupo. Por lo tanto, anunciamos nuestra posición de no dar soporte a la moción tal y como queda
redactada.
Quisiera aprovechar el turno de portavoces para señalar que desde nuestro grupo queremos recriminar la actitud que estamos detectando, que tiene más de intereses partidistas que de buscar un acuerdo común, transaccionado, que lleve
adelante la necesidad tan grande de impulsar todo lo que hace referencia al transporte por ferrocarril y al ferrocarril convencional.
Debo anunciar también que celebramos las primeras acciones del actual Gobierno del Estado en el sentido de llegar
a acuerdos para el traspaso de la gestión de la línea de tren de Lleida a Puigcerdà. Estas son las líneas correctas, todo lo demás, como decimos los catalanes, es marear la perdiz, que es lo que estoy detectando hoy en este hemiciclo.
Por lo
tanto, debo decir que nosotros vamos a presentar nuestra propia moción, que va hacer una clara referencia a la cuestión de los traspasos del ferrocarril a las comunidades autónomas y anuncio finalmente que no vamos a dar soporte a la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Guillén.
El señor GUILLEN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar que al no haber sido aceptada nuestra enmienda de sustitución a la moción que presenta Izquierda Unida, nosotros vamos a votar en contra de la misma. En todo
caso, sí quiero anunciarles que la intención de nuestro Partido, el Partido Socialista que sustenta al Gobierno de la nación, es seguir trabajando por el tren convencional y eso se hace fundamentalmente desde las inversiones. Ya he dicho en mi
anterior intervención que en los presupuestos para el 2005 se aumentan de manera considerable las inversiones en el sistema ferroviario convencional. Y la garantía de que se va a hacer una apuesta importante sobre la red convencional por parte de
este Gobierno ha sido sobre todo la asunción de gran parte de la deuda de Renfe por el propio Gobierno.
Creo que hacer solvente a una compañía como Renfe, que va a operar en la red convencional, es la mejor garantía de esa apuesta que va a asumir
nuestro partido y el Gobierno por la modernización y potenciación del sector ferroviario, tanto de mercancías como del transporte de viajeros en el sistema convencional.
Nada más, señor presidente, nuestro grupo parlamentario votará en contra de la
moción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ainsa Escartín.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, me van a permitir y con todo el respeto que les diga, en primer lugar, que subo realmente preocupado a la tribuna, porque si algo me preocupa es, como
no podía ser de otra manera, la salud de nuestros compañeros, del conjunto de los miembros de la Cámara. Y digo que me preocupa por una razón fundamental, y es que veo una auténtica fragilidad de memoria exquisita en la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara.
Señorías, nosotros hemos sido Gobierno durante ocho años y hemos tenido la oportunidad y la responsabilidad de gobernar; la responsabilidad de la oposición era demandar, no podía ser de otra manera. Pero dentro del
contexto de la demanda lo más importante, cuando menos, para el Partido Popular en aquellos momentos, era que absolutamente todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en multitud de ocasiones felicitaban al Gobierno Popular por su actitud en
todo el proceso de infraestructuras.
Es decir, que ayer todo fuese sobre ruedas --nunca mejor dicho, prácticamente en su totalidad, salvo el transporte marítimo-- y que hoy todo se haga mal, sinceramente, señorías, me preocupa por la fragilidad de
memoria de los grupos parlamentarios.
La señora ministra en su última intervención parlamentaria, cuando habló de la herencia que había dejado el Gobierno del Partido Popular, trataba de tranquilizar al senador Cuenca. Pues, señorías, al Partido
Popular no le tranquiliza la señora ministra de Fomento en el momento actual, más bien nos preocupa y no poco porque estamos contemplando día a día multitud de errores en el conjunto de las líneas de ejecución. Decía la señora ministra que a
cualquier Gobierno le preocupan el ferrocarril y las comunicaciones, ¡y cómo no nos van a preocupar a los demás!, y al PNV en el País Vasco, y a Convergència i Unió en su momento en Cataluña y al Partido Popular en toda España. No nos descubría la
pólvora la señora ministra, ya lo creo que nos preocupa muchísimo el concepto de ferrocarriles. Y atacan a la red convencional, pues ahí están los datos, señorías; del año 1997 al 2002 creció un 77 por ciento... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Esperemos que este Gobierno socialista lleve a cabo esa misma línea de actuación. Yo quiero agradecer a los convergentes
su preocupación por la línea de ferrocarril en el tramo Reus-Caspe, pero también habrá que agradecérselo a los que hemos estado trabajando, luchando y peleando por el tramo Huesca-Canfranc, donde ha habido multitud de manifestaciones y no se
ha llevado a la realidad, y el Partido Popular sí lo apoyaba en su programa de 2000-2010. Esperemos que el Partido Socialista con ese talante que le caracteriza, lleve a cabo la mejor actuación y se corresponsabilice de estos conceptos que está
pregonando permanentemente.
Nos dicen que el Partido Popular blanco o negro, o conmigo o contra mí.
Acabo de manifestar, señorías, la actitud que ha habido en la alta velocidad y acabo de manifestar la actitud que el Partido Popular ha tenido en
la red convencional y no le sirve al Partido Popular que se nos pongan los ejemplos de Madrid-Toledo.
Señorías, yo puedo remontarme mucho más atrás y podría hablarles perfectamente de la alta velocidad Madrid-Sevilla. Cuando se estaba construyendo
la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, saben sus señorías que con un talgo mejorado se perdían únicamente 14 minutos en lo que es el discurrir de dicho trayecto. ¡14 minutos, señorías, y teníamos un ahorro del 78 por cien en la inversión! ¿Qué
teníamos que haber hecho en aquellos momentos los populares? ¿Criticar al Partido Socialista? No.
¿Por qué? Porque nos preocupa, cómo no, el transporte por ferrocarril.
¡Bendito sea Dios! Y quiero felicitar al Gobierno socialista por haber
iniciado el AVE Madrid-Sevilla y quiero decir que ha habido un planteamiento continuista por parte del Partido Popular en todo lo que ha sido coherente para este país. Lo que no se puede permitir de ninguna manera, señorías... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor AINSA ESCARTIN: Un Gobierno durante ocho años ha creado unas magníficas infraestructuras y no se puede permitir plantear la situación de contigo o contra mí. No es eso, señorías. La obligación del Gobierno que continúa y que
tiene que recoger el testigo no es ni más ni menos que dar continuidad a la labor bien hecha, al trabajo bien hecho. Lo que ocurre es que como no hay capacidad para hacerlo, todo son mejoras de proyecto que, en definitiva, es anular todos los
programas y criticar todos los proyectos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señoría, que concluya.
El señor AINSA ESCARTIN: Voy a concluir, señor presidente, agradeciéndole una vez más su tolerancia y recomendando al partido que sustenta al Gobierno que tome buena nota de los
programas establecidos, que demos continuidad a los mismos, ya que esa es la obligación que tenemos como ciudadanos y como parlamentarios y esa será la forma de llevar al país donde realmente tiene que estar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, el senador Cuenca ha aceptado los puntos 2 y 4 de la enmienda de Convergència i Unió. ¿Es correcto? (Asentimiento.) Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 16; en contra, 208; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción, señorías.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA LA PROTECCION Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACION CLASIFICADA, PARIS, 19 DE AGOSTO DE 2002 (S. 610/000001)
(C. D. 110/000001).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día. Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo entre los Estados parte del convenio para el establecimiento de
una agencia espacial europea y la agencia espacial europea para la protección y el intercambio de información clasificada, París, 19 de agosto de 2002.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro de los plazos
correspondientes. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Se entiende que queda aprobado por asentimiento.
--CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA CREACION DE UNA
ORGANIZACION CONJUNTA DE COOPERACION EN MATERIA DE ARMAMENTO (OCCAR), HECHO EN FARNBOROUGH EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1998 (S.
610/000002) (C. D. 110/000002).
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal Alemana, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación
de una organización conjunta de cooperación en materia de armamento, hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.
No se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no, queda aprobado.
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO:
--INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2003 (S. 780/000001) (C. D. 260/000001).
El señor PRESIDENTE: Informe del defensor del pueblo. (Rumores.--Pausa.) Señorías, les ruego que guarden silencio.
Tiene la palabra el señor Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Me satisface presentar hoy el informe correspondiente a las actividades llevadas a cabo por la institución durante el ejercicio 2003. Aunque el
documento con el texto del informe fue registrado en las dos cámaras antes de las pasadas vacaciones veraniegas, los acontecimientos inaplazables propios del período electoral y del comienzo de la actividad en la nueva legislatura han retrasado de
manera notable esta comparecencia.
Como circunstancia previa y complementaria, debe señalarse que la actividad del Defensor del Pueblo se encuentra muy relacionada con los factores de todo tipo (Continúan los rumores.) que condicionan la vida de
los ciudadanos, factores que, a su vez ...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, apenas se oye al Defensor del Pueblo. El que no quiera escucharle, que salga. Pero, por favor, les ruego que guarden silencio.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): ... reflejan de modo natural el grado de eficacia de los derechos fundamentales de las personas reconocidos por el ordenamiento vigente, cuya tutela es el objetivo principal de la Institución,
lo cual, unido a la confianza manifestada con ocasión de diferentes encuestas en épocas distintas, nos impulsa y estimula nuestro esfuerzo. Un esfuerzo que se torna cada día más exigente debido al amplio y creciente abanico de problemas que plantea
la actuación de los entes y organismos de la Administración en relación con el ámbito de los derechos constitucionales de los ciudadanos y a la atenta y eterna vigilancia con que seguimos la cada día más compleja estructura configurada por los
poderes del Estado en sus respectivas parcelas de actuación. De este modo, la figura del defensor se convierte, por el mero ejercicio de sus competencias, en observatorio privilegiado para el análisis y la propuesta subsiguiente de posibles
reformas que pretenden favorecer la convivencia democrática a la que aspira nuestro Estado de Derecho.
Semejante objetivo no es fácil de lograr, y para llevar a cabo las tareas consiguientes, el Defensor del Pueblo dispone de diversos instrumentos
en tanto que comisionado de las Cortes Generales. Ahora bien, lo que proporciona una verdadera autoridad, aparte de esos instrumentos formales, es el arma de su independencia a ultranza. El Defensor de Pueblo --declara tajantemente la ley orgánica
que lo regula-- no estará sujeto a mandato imperativo alguno. Por si esto fuera poco, añade y precisa que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Independencia, pues, a toda
costa; independencia que debe presidir todas y cada una de sus actuaciones; independencia que, desde el primer momento de ser elegido, le concede autonomía incluso respecto de los diputados y los senadores que lo eligieron. Ningún poder del
Estado, ninguna fuerza política, por predominante que sea en los diferentes ámbitos de ese poder, condicionará una actuación celosa de la autonomía y de la independencia características del defensor. Manifestación suprema de esa radical
independencia es la legitimación para recurrir las normas emanadas del propio poder que lo elige y comisiona, así como la duración de su mandato institucional, más amplia que la de la misma legislatura.
Esa privilegiada posición del defensor del
pueblo en el ordenamiento jurídico no convierte sin embargo a esta figura en una instancia dominante, aislacionista o dogmática, al margen o por encima de los poderes del Estado. Muy al contrario, cuando el defensor admite una queja a trámite,
trata de ponerse en el lugar de quien reclama y de superar los conflictos inherentes a la queja. A tal efecto, procura establecer un puente tomando contacto con las diferentes administraciones públicas, proponiendo una salida acorde con el espíritu
de la norma y elaborando una solución conciliadora en el espíritu de la norma, sin perder un ápice del rigor necesario en cada caso. La resolución del Defensor pretende ser, por eso, un elemento superador de divergencias originadas en el ejercicio
de la actividad administrativa pública. Nunca un baluarte o una barricada. Ni un baluarte depositario de esencias intocables ni una barricada desde la que se enarbolan alegremente banderas reivindicativas.
En este sentido, y sin perjuicio de la
firmeza con que han de ser defendidos los derechos ciudadanos, se estima que el mandato recibido de las Cortes Generales tiene mucho más que ver con la creación de condiciones propiciadoras de soluciones eficaces que con la simple manifestación de
opiniones poco matizadas que, a la larga, resultarían seguramente contraproducentes. Tiene mucho más que ver con la prevención de situaciones perdurables de conflicto que con la intervención quirúrgica en circunstancias de abierta conculcación del
derecho. Tiene mucho más que ver, en definitiva, con la «auctoritas» persuasiva que con la «potestas» imperativa. Sin que ello afecte, repito, señorías, a la sólida convicción de que la tutela de los derechos exige a veces una firmeza y una
determinación sin fisuras. Convicción férrea, pues, bajo propuestas conciliadoras. Más de veinte años actuando con estos criterios han conseguido que la gran mayoría de los ciudadanos y de los grupos y las fuerzas sociales sigan depositando su
confianza en una Institución que desea y se esfuerza por seguir mereciendo ese crédito privilegiado.
Precisamente ahí radica, con toda seguridad, la causa de que el Defensor del Pueblo reciba peticiones ciudadanas, de carácter individual o
colectivo, que a veces se encuentran alejadas de las competencias propias de la Institución. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el año 2003, con las quejas
derivadas de la participación española en el conflicto de Iraq, más de 36.000, que pusieron a prueba, por su concentración en pocas fechas, el sistema informático recientemente instalado y que no se han computado, en su inmensa mayoría, como
quejas en los datos globales ofrecidos en el Informe, aunque sí aumentaron considerablemente la carga de trabajo de los servicios de la Oficina, puesto que todas ellas se analizaron y respondieron puntual y escrupulosamente.
Teniendo en cuenta, sin
embargo, que la Institución del Defensor del Pueblo no tiene atribuidas facultades que le permitan determinar u orientar la política exterior del país, o la misión de las Fuerzas Armadas, o la convocatoria de consultas populares en relación con las
decisiones de los poderes del Estado, esas peticiones no pudieron admitirse a trámite. Ni tampoco pareció viable la actuación procesal que permitiera cuestionar las correspondientes decisiones gubernamentales ante el Tribunal Constitucional, tal y
como proponían algunas de las reclamaciones. Pero todas fueron, como he dicho, cuidadosamente analizadas y respondidas.
Continuando la labor emprendida en ejercicios precedentes, el de 2003 registró un espectacular crecimiento de las tareas que
integran las relaciones institucionales. Se produjo un notable aumento del número de presencias e intervenciones en muy diversos foros. Aunque el Informe contiene una relación completa y detallada de tales actuaciones, permítanme subrayar,
señorías, la importancia de la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos número 59, en Ginebra, donde tuvimos ocasión de presentar un texto sobre «La situación de las víctimas del terrorismo en España», y la relevancia de la participación
en el VIII Congreso de la Federación Iberoamericana de «Ombudsman», en el que se aprobó la Declaración de Panamá. Entre las numerosísimas visitas de intercambio y cooperación mutua, debo destacar, como un humilde homenaje a su memoria, la reunión
celebrada en el palacio de Bermejillo con el que fuera Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sergio Vieira de Melo, luego asesinado en Iraq cuando se encontraba allí en misión de paz.
Un aspecto que deseo subrayar
especialmente en esta parcela de las relaciones institucionales es el de la estrecha labor de cooperación llevada a cabo con los comisionados parlamentarios de las distintas comunidades autónomas para la defensa de los derechos constitucionales.
Dentro del marco normativo aplicable, y en concreto bajo las directivas señaladas por la Ley de 6 de noviembre de 1985, la actividad de coordinación con los distintos comisionados se ha intensificado notablemente. Además de la colaboración
necesaria en los procesos de investigación habitual, cuando el ámbito de competencias respectivas así lo ha exigido, aumentó el número de contactos mutuos y se consolidó el ensanchamiento de las reuniones de coordinación que se celebran anualmente
para repasar los asuntos considerados más importantes en la gestión, intercambiar opiniones en torno a determinados núcleos de problemas de actualidad y abrir las puertas de nuestras instituciones al conocimiento por parte de los ciudadanos. Así,
con ocasión de la reunión correspondiente al año 2003, que ocupaba el número 18 en el orden de las celebradas, y que, organizada por la defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, tuvo lugar en Toledo y Albacete, se trabajaron diversos talleres
sobre los derechos de las personas con discapacidad, el derecho de acceso a la vivienda y el drama, que no cesa, de la violencia doméstica. Además, las sesiones de debate y el foro ciudadano se desarrollaron en torno a los problemas que plantea la
salud mental. La reunión generó un considerable volumen de documentación sobre estos asuntos y tuvo una indudable repercusión en la opinión pública y en los medios de comunicación.
El informe 2003 tiene la misma estructura que en ejercicios
precedentes con objeto de facilitar la comprensión comparativa interanual y asentar los criterios de elaboración de documento tan extenso y complejo, todo ello sin perder una cierta flexibilidad y teniendo en cuenta la construcción modular
intercambiable de sus contenidos. La presentación y las conclusiones tratan de estimular y facilitar su consulta, y los aparatos sustantivos del informe dan cuenta de la gestión siguiendo una progresión lógica en el «modus operandi» habitual de la
Institución.
Los datos principales de la gestión se centran en la tramitación de quejas y peticiones ciudadanas. Aparte de las relativas a la intervención en Iraq que, como dije, no son computables a estos efectos, el total de las quejas de los
ciudadanos recibidas por el Defensor del Pueblo alcanzó la cifra de 17.389. Las quejas iniciadas de oficio desde la propia Institución, también incluidas en ese total, ascendieron a 165. Aunque pueda tenerse por un dato cuantitativo menor, la
gestión de estos expedientes de oficio es de una gran importancia, pues exige, de un lado, mantener un alto grado de sensibilidad ante la posible aparición de conflictos, y de otro, la puesta en marcha del mecanismo indagatorio sin partir de más
datos que los proporcionados por alguna noticia, sin apoyo en una reclamación del ciudadano, que suele aportar unos niveles de conocimiento iniciales utilizables como base de la investigación correspondiente.
Pero, en términos cuantitativos, la
cifra más importante de las quejas sigue teniendo su origen en las reclamaciones ordinarias o quejas de los ciudadanos; reclamaciones que, dentro de una tendencia netamente creciente, oscilan de año en año con altibajos, con ejercicios punta y
ejercicios valle, con cantidades que pueden presentar un registro más elevado, como sucedió en el ejercicio 2002, o como parece que lleva camino de suceder en el que nos encontramos de 2004, si continúa la progresión observada en la comparación de
datos en el período que va desde principios de año a mediados de octubre. Relacionando el número de quejas recibidas durante ese mismo período, en el año 2003, al que se refiere el Informe, y en el actual año 2004, se observa en este último un
crecimiento en torno a un 70 por ciento en el número de quejas. En otras ocasiones, sin embargo, esas cantidades se encuentran ligeramente por debajo de la línea de tendencia, como es precisamente el caso del Informe correspondiente al ejercicio
2003 que hoy presentamos.
Del total mencionado de 17.389 quejas, tenían carácter individual 12.612; fueron consideradas como colectivas
otras 4.612, y como ya se ha dicho, 165 se incoaron de oficio. En cantidades absolutas, por comunidades autónomas, son de notar los incrementos de quejas procedentes de Cataluña, Navarra, Murcia y Valencia, así como los descensos en las de
Andalucía, Galicia, Madrid y País Vasco. De las recibidas del extranjero, unas 400 en total, vuelven a ocupar los primeros lugares los países iberoamericanos, sobre todo Argentina, México y Venezuela, y los países vecinos como Francia y Marruecos.
Es de notar asimismo el peso constante, mantenido en los últimos ejercicios, de las quejas procedentes del conjunto de países de la Unión Europea, como la ya aludida Francia, además de Alemania, Reino Unido, Bélgica e Italia, lo cual sugiere,
salvando los modelos defensoriales, una cierta conciencia de homogeneidad en los hábitos ciudadanos ante las instituciones.
En cuanto concierne a las distintas administraciones u organismos afectados, las quejas tienen que ver de modo sobresaliente
con los sectores de inmigración y atención a emigrantes españoles, Administración de Justicia y función pública. Se observa en este sentido un cierto cambio en los primeros puestos porque este último sector, el de la función pública, venía
figurando a la cabeza en los ejercicios precedentes. Conservan sus altas frecuencias asimismo los sectores de la sanidad y la Seguridad Social, la acción social, la ordenación de la actividad económica y la administración educativa.
Especial
interés en la gestión reviste el estado de tramitación de las quejas que venimos mencionando. De las quejas totales recibidas o incoadas, 9.476 no fueron admitidas a trámite, otras 6.249 se admitieron para ser investigadas ante las correspondientes
administraciones y 1.664 se encontraban pendientes de tomar la decisión oportuna a 31 de diciembre de 2003. Entre los motivos de inadmisión de las quejas, es preciso destacar la no existencia de indicios de irregularidad administrativa, la
comprobación de no intervención de los poderes públicos en el caso reclamado y el hecho de haber recaído sentencia firme o haberse producido intervención judicial. El alto número de quejas no admitidas se debe, en gran medida, a que se consideran
incluidas en ese grupo quejas de carácter colectivo con numerosos componentes singulares que se cuentan como quejas distintas; así ha sucedido en concreto, con quienes interpusieron quejas contrarias a la experimentación con células-madre
embrionarias y con quienes habían solicitado equiparación de vacaciones en el servicio de Correos, o determinadas reformas en las modalidades de los distintos ciclos universitarios. Por cierto, en el caso de las células embrionarias, una vez
asentados los criterios científicos y normativos correspondientes, sí que han sido admitidas las quejas de ciertos colectivos, muy singularmente las procedentes de personas afectadas por diabetes, para facilitar la oportuna terapia.
Las
resoluciones institucionales dirigidas a las administraciones públicas, como consecuencia de la gestión de las distintas quejas admitidas, alcanzaron unos totales de 154 recomendaciones de alcance general, 228 sugerencias en torno al tratamiento
concreto de determinadas situaciones, 103 recordatorios de deberes legales y una advertencia por estimarse falta de colaboración adecuada. A finales del año 2003, del total de recomendaciones y sugerencias habían sido admitidas 176, rechazadas 88,
y se encontraban pendientes de decisión 118. Esas cantidades, actualizadas a mediados del actual mes de octubre, alcanzaban las 245 para las resoluciones admitidas, 117 para las rechazadas, y sólo 20 resoluciones se encontraban pendientes de
respuesta. Cifras que arrojan una proporción cercana al 65 por ciento de resoluciones aceptadas por las administraciones a las que se habían dirigido. Además, el estudio monográfico sobre funcionarios interinos, puesto a punto por la Institución
en el ejercicio, generó otras 168 recomendaciones ante diversas administraciones y organismos, aceptadas total o parcialmetne en más del 87 por ciento de los casos.
Los incumplimientos más contumaces por lo que se refiere a la obligación de
colaborar con el Defensor en el ámbito autonómico fueron los de la Región de Murcia, seguida por los de Canarias, Galicia y Asturias. En el ámbito de la administración local destacan por su obstinación en dejar de responder a los requerimientos del
Defensor los ayuntamientos, por orden alfabético, de Barcelona, Becerril de Sierra, Cartagena, Hoyocasero, Jalón, Ladrillar, Lardero, Las Rozas, Miajadas, Navalafuente, Pozuelo de Alarcón, Real de Montroi, Sahagún, San Javier, Santa Cruz de
Tenerife, Soto del Real y Yeles. Además, en el Informe figura otra lista más larga de lo que sería deseable de los ayuntamientos que no han contestado, sólo lo han hecho tras un tercer requerimiento.
A la hora de entrar en el apartado más
voluminoso del Informe, el de la supervisión de la actividad concreta de las diversas administraciones públicas, hemos de proceder forzosamente con un cierto criterio selectivo dentro de cada uno de los sectores en que se organiza la actividad de la
Institución.
En cuanto afecta al Empleo Público, cabe delimitar las materias que se sitúan en el ámbito del Régimen General de la Función Pública, por un lado, y aquellos otros aspectos que afectan a situaciones estatutarias singulares. Por lo que
hace al Régimen General, la mayor parte de las quejas recibidas de los funcionarios públicos se refería al incumplimiento de las normas de acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
Por citar algunos
ejemplos de las resoluciones elaboradas, se destacan: la recomendación, finalmente atendida, para que en los sistemas de selección y provisión de ciertos puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local, con habilitación de
carácter nacional, se exija titulación académica de grado medio o superior; la recomendación, asimismo aceptada, estableciendo el criterio de que las calificaciones obtenidas por las personas con discapacidad, cuando hubieran superado el proceso
selectivo pero no conseguido plaza en el cupo de reserva de la convocatoria sean tenidas en cuenta para que puedan optar a las plazas de turno libre; la recomendación, esta vez no atendida, para que se reconociera el derecho a disfrutar de una
situación de licencia a quienes formalicen una pareja de hecho, en tanto se proceda a regular esas uniones, y, finalmente, la elaboración de un informe específico acerca de la situación de los funcionarios interinos y del personal
eventual en el sector público, del que se dio cuenta a las Cortes Generales, que recogía todo un abanico de problemas y una completa batería de sugerencias y recomendaciones para superarlos.
El otro gran ámbito del empleo público, el
referido a situaciones estatutarias específicas, acoge cuestiones que afectan principalmente a los siguientes grupos: al personal de los servicios de salud y a las tareas conducentes a la esperada aparición del Estatuto Marco, finalmente aprobado
por la Ley de 16 de diciembre de 2003; al personal que presta sus servicios en el sector docente público, tanto universitario como no universitario; al personal al servicio de la Administración de Justicia, sobre todo en cuanto se refiere al
sistema selectivo, la organización de las bolsas de trabajo o las repercusiones derivadas de la Ley Orgánica de 23 de diciembre de 2003, modificativa del Poder Judicial; al personal de instituciones penitenciarias y, en concreto, a la demandada
integración en el cuerpo de maestros o a las dificultades originadas por el incremento del horario de presencia en los centros; al personal al servicio de la Administración militar y su manifestada inquietud por el nuevo modelo organizativo de las
Fuerzas Armadas profesionales; al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por aspectos como la inadecuación de algunas funciones encomendadas, y la dificultad de llevar a cabo la acción sindical al margen de los cauces reglamentarios, y al
personal laboral, preocupado por la alta tasa de interinidad y por los inconvenientes que produce la movilidad interadministrativa.
La gestión llevada a cabo por el área organizativa de Defensa e Interior se centró durante el ejercicio 2003 en tres
ámbitos materiales de actuación: el penitenciario, la seguridad ciudadana y la actividad militar. Por lo que se refiere al marco general del ordenamiento, las modificaciones normativas producidas condicionaron muy acusadamente la gestión
correspondiente en este apartado. Hasta cuatro leyes orgánicas aparecieron en este sector: la de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; la de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los extranjeros; la de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, y la de modificación del Código Penal, que supuso una amplia reforma del mismo y que en sus aspectos
sustanciales ha entrado en vigor este mes de octubre.
En lo que hace referencia al sistema penitenciario es preciso señalar, además, el esfuerzo que supone adecuar los centros para un tratamiento conveniente de los internos cuando se produce un
incremento de la población penitenciaria superior al ocho por ciento, cuando el empleo de nuevas tecnologías se está llevando a cabo aún de forma incipiente por parte de la Administración penitenciaria, y cuando los problemas se hacen más y más
complejos debido a las dificultades específicas derivadas de un notable crecimiento del número de internos extranjeros que en la actualidad alcanza la proporción de uno a cuatro.
Desde el Defensor del Pueblo hemos seguido trabajando con especial
dedicación a esta parcela con objeto de preservar de la mejor manera posible el derecho a la vida y a la integridad física en los centros penitenciarios, la tutela de la salud, la libertad religiosa de los internos, los aspectos educativos, la
confidencialidad y la libertad de correspondencia, así como las actividades laborales desarrolladas en los centros. Se ha prestado asimismo una singular atención a los problemas que se plantean a las mujeres en prisión.
Un aspecto de crucial
interés dentro de este apartado es el de las infraestructuras de los centros penitenciarios. Las visitas realizadas periódicamente a todos y cada uno de esos centros ha permitido conocer su estado material, con muchas carencias en determinados
casos puntuales y con necesidades evidentes de mantenimiento, distribución y situación higiénico--sanitaria que, unidas a las masificación creciente, sobre todo en el caso de las internas con hijos, ha provocado la formulación de recomendaciones y
sugerencias a la administración competente con objeto de subsanar esas deficiencias y de prevenir posibles conflictos por su causa.
El área dedicada en el Defensor del Pueblo a Justicia y Violencia Doméstica gestiona, entre otros contenidos
funcionales, los expedientes sobre los asuntos planteados acerca del funcionamiento de la Administración de Justicia, por un lado, y de los problemas lacerantes y frecuentes suscitados por lo que ha dado en englobarse bajo la etiqueta de violencia
doméstica o de género, por otro.
Uno de los puntos que con más asiduidad aparece en los informes preceptivos cada año es el de las dilaciones y retrasos judiciales, que no acaba de encontrar vías de solución plenamente satisfactorias, a pesar de la
importancia que reviste el objetivo de que la justicia sea impartida a tiempo, tanto para la prevención de conflictos como para que la acción de juzgar se desarrolle en las mejores condiciones posibles que permitan alcanzar un máximo de eficacia.
Pues bien, a pesar de las medidas adoptadas, dotando a la Administración de Justicia de mejores medios, las dilaciones, de acuerdo con las quejas formuladas por los ciudadanos, siguen produciéndose con frecuencia, por lo que se requiere una
actuación urgente tras una reflexión ponderada.
Las dilaciones afectan tanto a los órganos colegiados como a los unipersonales. Sin embargo, también puede hablarse de ejemplos de superación funcional, como es el caso del Plan de Apoyo, puesto en
práctica por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el que se tuvieron en cuenta algunas propuestas y sugerencias formuladas por el Defensor del Pueblo con la finalidad de ir resolviendo los 21.879 asuntos civiles
pendientes en la Audiencia Provincial de Madrid. Dos años después de iniciado el Plan, a 31 de diciembre de 2003, los asuntos pendientes habían descendido en casi 9.000 casos y se situaban en 13.180.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta,
junto con las dilaciones, las quejas en torno al servicio público judicial, distinto de la función jurisdiccional propiamente dicha, un servicio que puede mejorar si se toman medidas organizativas apropiadas, se incorpora tecnología informática o se
introducen técnicas modernas de gestión.
Especial atención se dedica a las quejas relacionadas con la delincuencia de menores; atención que se ha manifestado el pasado ejercicio en las visitas giradas a diversos centros de internamiento en Ceuta, Valencia, Asturias, Ciudad Real,
Madrid, Sevilla y Cádiz, para comprobar el número de plazas disponibles, el estado de las instalaciones y equipamiento, y para cambiar impresiones con los menores y educadores al objeto de conocer las dificultades de aplicación adecuada de la Ley
Orgánica de 12 de enero de 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
De igual modo, en el ejercicio del que se informa se procedió a efectuar un seguimiento de las recomendaciones elaboradas como consecuencia del estudio
realizado por la Institución sobre la situación existente transcurrido un año de vigencia de la mencionada Ley Orgánica.
Las actividades relacionadas con la violencia doméstica no pierden, desgraciadamente, actualidad, lo que puede comprobarse por
la asiduidad indeseable con que los noticiarios nos dan a conocer nuevos casos. En la Institución se abrieron diversas investigaciones por este motivo durante el ejercicio de 2003, tanto relativas a mujeres fallecidas como a distintas agresiones
sufridas por mujeres, y otras que tienen que ver con las crisis de convivencia, también influenciadas en cierta medida por el mundo judicial, puesto que las decisiones judiciales que afectan al régimen económico, a la relación con los hijos, a la
espera prolongada de sentencia, o a cualquier otro aspecto, contribuyen de modo indirecto a la superación o al agravamiento de esas fases críticas. Mención singular debe hacerse de la recomendación dirigida al Ministerio de Justicia con objeto de
que se contemplara la posibilidad de elección, por parte de la mujer extranjera, de la ley española en los casos de separación o divorcio cuando ambos cónyuges residan en España, recomendación que se vio atendida con la modificación del artículo 107
del Código Civil mediante la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
En todo lo relacionado con la violencia doméstica, tenemos depositadas fundadas esperanzas en el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia
de género que, aprobada por unanimidad en el Congreso, se encuentra pendiente de ser debatida en esta Cámara. Más allá de los avances legislativos que se produjeron en esta materia en el año 2003 con la promulgación de la Ley Orgánica de 25 de
noviembre, de medidas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros; de la Ley Orgánica de 25 de noviembre, modificativa del Código Penal, y de la Ley de 31 de julio, sobre protección de las víctimas
de la violencia doméstica, el nuevo proyecto de ley orgánica representa un enfoque integral, multidisciplinar y polivalente que puede resultar de gran utilidad en el empeño de atajar la violencia contra las mujeres y las personas más vulnerables en
la esfera familiar.
Por otro lado, el área de gestión dedicada a la tutela de los derechos que tienen relación con la Administración económica está adquiriendo una importancia creciente en nuestro país y, como consecuencia, también en la actividad
del Defensor del Pueblo. Si a ello unimos las modificaciones normativas relacionadas con esta materia, nos encontramos con un cuadro que muestra un notable avance en la aplicación de los derechos económicos constitucionales. La actividad
correspondiente se ha visto muy influenciada por las nuevas leyes orgánicas recientemente aprobadas y también por los progresos tecnológicos y la generalización del uso de las telecomunicaciones.
Entre las modificaciones normativas aludidas destaca
el nuevo marco regulador ofrecido por la nueva Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003, que recoge los principios esenciales de la relación tributaria y regula las relaciones entre la Administración Tributaria y los contribuyentes. Y
aunque su aparición debe ser acogida con cautela hasta que se publiquen los oportunos reglamentos, sí parece resolver ciertos problemas que se planteaban con la normativa anterior. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad, que se abre con la nueva
ley, de que los tribunales económico-administrativos rectifiquen sus propias resoluciones cuando incurran en error de hecho, o de que se suspenda total o parcialmente el ingreso de la deuda tributaria sin aportación de la garantía.
Otra
modificación legal digna de mencionarse es la aprobación de la Ley de 18 de noviembre de 2003, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad, cuya elaboración fue recomendada en su día por la Institución del Defensor del Pueblo.
Hay, también, determinados puntos relacionados con este sector que merecen recordarse. Así, el de las investigaciones sobre el rechazo manifiesto de aseguramiento o la petición de primas exageradas de seguros en el ramo del automóvil a personas
jóvenes; el de las limitaciones de horario de caja en oficinas bancarias y los inconvenientes que eso supone para el pago de determinadas facturas; el de la información relacionada con el consumo contenida en los envases de alimentos; el de las
dificultades que para el adecuado suministro a determinados pacientes suponen los márgenes comerciales regulados en las oficinas de farmacia; y el de las cuotas y procedimientos previstos para la instalación y la desconexión telefónica y las
cantidades facturadas por las empresas de servicios telefónicos correspondientes a las llamadas líneas de tarificación adicional, que se reconocen por la utilización de determinados prefijos, y a las líneas para adultos.
El área de Ordenación
Territorial está encargada de gestionar las quejas y otras peticiones relacionadas con sectores tan amplios como el medio ambiente, en general, el urbanismo y la vivienda. Por lo que se refiere al medio ambiente, la heterogeneidad de aspectos que
comprende se orienta por el concepto negativo de la contaminación. Se trate de contaminación atmosférica, de la protección de espacios naturales, de la de espacios marítimos o litorales, del ruido, de los residuos o de las líneas de alta tensión,
el fondo de las quejas formuladas está condicionado por el deseo de que los sistemas naturales no contaminen ni se vean contaminados; un deseo de que la Administración lleve a cabo, impida o corrija determinados actos, con el fin de asegurar el
derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo, tal y como prevé nuestra Constitución.
En esta dirección, se ha actuado razonablemente para que se facilite el acceso a la información ambiental a los representantes de asociaciones o entidades preocupadas por esa información, y no sólo a los interesados directos y personales;
se han hecho esfuerzos repetidos con objeto de potenciar y extender la aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental; se han efectuado investigaciones diversas en materia de contaminación atmosférica, así como en relación con la obligación de
proteger los espacios naturales, entre los que destacan, por la necesidad de especial cuidado, las vías pecuarias, que sufren agresiones relacionadas con la ocupación ilegal de su superficie, el descuido y falta de restauración o los vertidos de
escombros.
En cuanto a la protección del espacio marítimo, incluyendo mar, costas y puertos, ha destacado durante el ejercicio de 2003 la continuación de las actividades desarrolladas en torno al naufragio del petrolero «Prestige» en la costa
gallega. El gran número de quejas recibidas y la investigación realizada generaron un volumen documental extraordinario y dieron lugar a un informe de la Institución en el que, tratando de sistematizar lo actuado, se reflejaron consideraciones
sobre la información suministrada, sobre la actuación de la Administración General del Estado y sobre la actuación de la Junta de Galicia, para concluir poniendo de relieve la necesidad de una investigación integral en sede parlamentaria, al tiempo
que se formulaban recomendaciones varias, de las que se dio traslado en su momento a las administraciones competentes.
Los problemas generados por la contaminación acústica, la prevención y gestión de residuos o el uso de líneas de alta tensión y
telefonía móvil dieron lugar, asimismo, a numerosas quejas y absorbieron buena parte del trabajo de análisis e investigación. Destacan, en este sentido, los casos del ruido provocado por el tráfico de los aeropuertos en las poblaciones cercanas, el
ruido callejero, incluido el provocado por los adictos al conocido «botellón», o el ruido procedente de locales de ocio o diversión.
Si se tiene en consideración la responsabilidad de la acción pública en el sector de la vivienda y el urbanismo, el
incremento excesivo de los precios y el muy elevado endeudamiento de las familias en relación con la renta disponible, no debe extrañar a nadie que desde el Defensor del Pueblo se haya reflexionado sobre un modelo urbanístico del que se trazan en el
Informe de 2003 algunas directrices orientativas. Estas directrices pasan por una adecuada política de vivienda que comprende extremos tan sustanciales como el cuidado en la elaboración de los planes y la oportuna evaluación ambiental, una
información completa y accesible a todos los ciudadanos, la participación de los mismos, la ejecución puntual, descentralizada y diferenciada, y una especial vigilancia en el caso de las urbanizaciones ilegales sobre las que, por cierto, se viene
formulando un apreciable número de quejas. En lo que respecta a la vivienda, el compromiso constitucional de hacer efectivo por los poderes públicos el derecho a una vivienda digna se convierte en objeto de atención específica por parte del
Defensor del Pueblo. Por eso, las recomendaciones y sugerencias correspondientes se dirigen a la mejora de las actuaciones públicas, los planes de vivienda y el régimen legal de las viviendas protegidas.
El área que se ocupa de la gestión de
quejas en el campo de la sanidad y la política social cubre los ámbitos funcionales de la Administración sanitaria, de la acción social, de la Seguridad Social y de la administración laboral. En la parcela de la Administración sanitaria, las
reclamaciones ciudadanas giran en torno a la accesibilidad a los servicios, la participación de usuarios y profesionales y el creciente interés por los aspectos cualitativos de la relación sanitaria. Así, se han recibido y estudiado quejas y se han
elaborado resoluciones acerca de la universalización plena y efectiva del derecho a la asistencia sanitaria, sobre el derecho a conocer la información y la documentación clínica, sobre las listas de espera, sobre el transporte sanitario, sobre la
atención extrahospitalaria, sobre presuntos errores clínicos, sobre la dispensación, financiación y control de los medicamentos, y sobre los problemas que se plantean a los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, tanto por las
dificultades de diagnóstico, como por la inexistencia de centros especializados de referencia.
El campo de la acción social tiene tres apartados nucleares: los menores, las personas con discapacidad y los ancianos. Más en concreto, pueden
señalarse los problemas generados por los procesos de adopción internacional, las cuestiones suscitadas sobre criterios, aplicación de baremos y demoras en el proceso de reconocimiento de la minusvalía y el seguimiento de problemas como el de los
mayores en la Comunidad de Madrid, especialmente en previsión de la tristemente consolidada soledad estival y de los fallecimientos de ancianos incomunicados en sus domicilios.
Por lo que se refiere al sistema de la Seguridad Social, que sigue
motivando un elevado número de quejas, continúan recibiéndose muchas reclamaciones referentes a la afiliación, a los errores en los informes sobre vida laboral y cuotas acreditadas y a la gestión recaudatoria por descubiertos en la cotización. En
cuanto a las prestaciones, se investigaron, entre otras, quejas sobre incapacidad temporal, incapacidad permanente y maternidad, pensiones de jubilación, prestaciones de supervivencia y desempleo y pensiones no contributivas.
El área de Inmigración
y Asuntos Exteriores despliega una actividad constante teniendo en cuenta las circunstancias actuales y los desplazamientos continuos de personas procedentes de países menos desarrollados, los problemas derivados del control de fronteras y la
acumulación de expedientes por tramitar. Modificaciones normativas, régimen de entradas a territorio nacional y entradas por puestos no habilitados, menores extranjeros no acompañados, centros de internamiento, expulsiones y devoluciones, asilo,
racismo y xenofobia son algunos de los grandes epígrafes del Informe en este sector. No queda más remedio, señorías, que entresacar unos pocos asuntos que pueden considerarse indicativos por no alargar esta presentación más allá de lo que se estima
razonable.
Desde que la presión migratoria fue haciéndose más elevada, y con motivo de la aparición de sucesivas normas en materia de extranjería, hemos mantenido contactos permanentes
con las diferentes administraciones ofreciendo nuestra colaboración en la elaboración de reglamentos y tratando de perfilar y normalizar los criterios de arraigo. En primer lugar, el arraigo familiar, cuya eficacia ha resultado evidente;
y, en segundo término, otros motivos de arraigo e integración, como el que se deriva de la contratación laboral o de la prestación continuada de servicios, que también podría contribuir a la oportuna regularización y a suavizar las tensiones que
provoca la situación incontrolada de gran número de personas que llegan a España.
Bajando al terreno de los casos concretos, como consecuencia de las quejas formuladas ante la Institución o de las visitas giradas a diversos puestos fronterizos y
centros de internamiento, para comprobar «in situ» las instalaciones y los procedimientos empleados, cabe destacar ciertos asuntos en el Informe. Así, la especial atención prestada en los casos frecuentes de menores extranjeros no acompañados, en
virtud de la cual se han analizado e investigado los procedimientos de repatriación y documentación de esos menores, siempre desde el criterio básico de la seguridad de los mismos. De igual modo, se ha supervisado el trato a los menores en los
centros, tanto en cuanto a una adecuada relación personal propicia a la integración como a la idoneidad de las instalaciones previstas. En el mismo sentido, se han visitado, durante el ejercicio que nos ocupa, los centros de internamiento de
extranjeros adultos situados en Algeciras, Barcelona, Málaga, Murcia y Valencia, lo que ha permitido comprobar determinadas deficiencias en las prácticas comunes de acogida y servicios, en la dotación de personal y en las instalaciones, deficiencias
de las que se dio el oportuno traslado a las autoridades responsables.
En lo concerniente a expulsiones y devoluciones, se han emprendido investigaciones en relación con las garantías establecidas para normalizar el procedimiento sancionador de
expulsión, con las propia tramitación de las expulsiones efectuadas y con la detención y traslado hasta Algeciras de un grupo de inmigrantes en situación irregular para incoarles expedientes de expulsión.
Por lo que se refiere al funcionamiento de
centros y oficinas que se ocupan de la regularización de inmigrantes, se han llevado a cabo actuaciones dirigidas a conocer el funcionamiento de las oficinas consulares en lo que afecta a atención a los usuarios y a la garantía de los procedimientos
establecidos, fundamentalmente en los procesos de reagrupación familiar, con respecto a los cuales se ha recibido un gran número de quejas. Asimismo, se ha vuelto a investigar el funcionamiento de las oficinas de extranjeros y la tramitación de las
regularizaciones y de los procesos ordinarios de extranjería.
Finalmente, señorías, el área que se ocupa del análisis y de la gestión de quejas en los ámbitos de educación y cultura invirtió buena parte de su trabajo en poner a punto, para su
presentación y difusión, un informe monográfico acerca de la escolarización de los alumnos hijos de inmigrantes, cuyas conclusiones pusieron de manifiesto algo que ya apuntaba la investigación derivada de algunas quejas recibidas en la propia
Institución. A saber, la concentración de tales alumnos afecta de manera muy especial y concreta a determinados centros que son los que acogen a hijos de emigrantes en porcentajes muy superiores a los de otros centros situados en la misma zona.
Ahora bien, todos los expertos coinciden en señalar que, cuando esos porcentajes superan una proporción determinada, es probable que se altere o perturbe el proceso educativo ordinario de acuerdo con la planificación prevista. Como resultado de la
investigación se formularon las oportunas recomendaciones a las autoridades educativas.
Además, se ha llamado la atención correspondiente con objeto de que trate de evitarse el deterioro de las instalaciones escolares y se cubran de modo adecuado
las nuevas necesidades de plazas que vayan surgiendo; se ha investigado acerca de los criterios de admisión de alumnos ante determinadas quejas recibidas y se han puesto de relieve las dificultades de convalidación y homologación de estudios, así
como la necesidad de ir perfeccionando los trámites y los criterios correspondientes, dada la creciente incorporación de alumnado extranjero a nuestro sistema educativo.
En lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con lo cultural, merecen
ser destacadas las actuaciones en materia de propiedad intelectual, muy en concreto en lo relativo a la venta callejera ilegal, al pago previsto de remuneración por copia privada y a las relaciones con la conservación del patrimonio
histórico-artístico, muy en especial las conectadas con los problemas del urbanismo y la edificación.
Hasta aquí la revisión, en síntesis, de la gestión derivada de la tramitación e investigación de las quejas. Pero, como es lógico, y ya lo he
mencionado de pasada, nuestras inquietudes van mucho más allá. No se trata tan solo de restablecer los derechos menoscabados, sino también de prevenir el menoscabo. Así, por ejemplo, señorías, en el aspecto que tanto nos interesa de la garantía y
la defensa del derecho de todos a la educación, nos parece inquietante --y así lo hicimos saber también ante la comisión mixta y ante el Pleno del Congreso-- una circunstancia concreta que está adquiriendo caracteres alarmantes y que puede
desvirtuar, o hacer estériles en muchos casos, los esfuerzos dirigidos a lograr la eficacia de los procesos educativos. Me refiero a los contenidos de ciertos programas televisivos conocidos como televisión-basura, y la impresión y el examen que
hizo el Defensor del Pueblo fueron aprobados por los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Sin ánimo de generalizar y, naturalmente, sin que puedan en absoluto verse
afectados los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de empresa, entre otros, sería preciso establecer unos principios, formular algunas recomendaciones o poner de relieve ciertos riesgos evidentes que la situación actual puede producir
en el resultado de los procesos educativos.
Una institución de tutela de los derechos constitucionales en una sociedad moderna y progresista no debe pasar por alto algo que sucede de manera cotidiana en muchos de nuestros hogares. A los niños y a
las niñas que vuelven a casa del colegio cada tarde con un pesado cargamento escolar y unos deberes pendientes les espera en la sala de estar o en el cuarto de cada uno la programación televisiva ritual;
una programación, por lo general y salvo honrosas excepciones, poco propicia a la sedimentación de los valores o de la información que hayan podido recibir en las aulas. Esa programación se impone en las horas libres y se necesita mucha
fuerza de voluntad para evitarla, porque se adoba con un lenguaje fácil, pobre y caótico; con situaciones en las que sobrenada la violencia y la procacidad; con una presentación espectacular en la que todo se experimenta en un clima de falso
compañerismo, de indolencia o de pasotismo. Las horas pasan veloces, los padres no pueden intervenir porque o no están en casa o han arrojado la toalla, y al día siguiente vuelta a empezar. Y así días y días. La conciencia del tiempo, que debería
dedicarse a dar contenido y a afianzar el derecho a la educación, desaparece como la grasa con el agua hirviendo.
Nuestros niños y adolescentes crecen y la sociedad se encuentra de pronto, de modo impensado e irremediable, con unos ciudadanos que
han pasado por el medio escolar pero a los que les resulta difícil convivir y que hacen difícil la convivencia, atiborrados de imágenes zafias, de cotilleos inútiles y absurdos, alejados de una realidad que por ley natural están obligados a tomar en
sus manos, sin recursos aprendidos para transformarla.
Se trata de un estado de cosas ante el que no podemos permanecer impasibles. La Institución del Defensor del Pueblo, encargada por la Constitución de la tutela de los derechos fundamentales,
tiene que hacer sonar la sirena de alarma para que ese panorama cambie de algún modo.
Somos conscientes de que ya se están dando algunos pasos en esa dirección. Según se ha informado recientemente, alguna cadena privada, consciente de su
responsabilidad, manifiesta haber elaborado un catálogo de medidas para evitar la emisión de determinados contenidos en horario infantil. Hasta el presidente del Gobierno ha dejado bien claro, en una entrevista publicada hace unos días, el firme
propósito del Ejecutivo de hacer respetar escrupulosamente ese horario en lo que se refiere a programación adecuada.
Con esta misma finalidad, nos encontramos manos a la obra en la tarea de organizar, en la sede del Defensor del Pueblo, una serie
de debates con todos los grupos sociales afectados, y participación plural y abierta, desde la misma UNICEF a los de profesionales interesados, con objeto de reforzar nuestra conciencia acerca de una pendiente que sólo nos conduce al abismo; unos
debates dirigidos a analizar la posibilidad de adecuar la programación televisiva al deber constitucional de otorgar una especial protección a la juventud y a la infancia, y amparados también en el deber de cooperación con el sistema educativo que
expresa la legislación vigente y la exposición de motivos del Estatuto de Radio y Televisión.
Considerando que forma parte vital de nuestra encomienda constitucional la vigilancia de los derechos básicos de todos, pero muy en especial de los niños
y de los jóvenes, a esta tarea pensamos dedicar en el futuro inmediato, como acabo de señalar, contando con la colaboración y los recursos disponibles, nuestro esfuerzo sin regateos, al objeto de incentivar y estimular el perfeccionamiento de una
verdadera democracia por la vía imprescindible de una educación adecuada y no impedida por tecnologías de la comunicación que tendrían que servir, por el contrario, para facilitar esa educación que deseamos.
Espero así que estas consideraciones
contribuyan a establecer y estimular la reflexión, señorías, y que con ello se pueda seguir mejorando la labor de defensa de los derechos constitucionales que nos ha sido encomendada.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Una vez finalizada la intervención del defensor del pueblo, daremos paso al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López Aulestia.
La señora LOPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre propio y en el de Izquierda Unida, fuerza a la que represento en este Senado, quiero manifestar mi respeto por la labor del defensor del pueblo y mi coincidencia con
los criterios expuestos por él mismo para llevar a cabo esta tarea, muy especialmente en lo que se refiere a su independencia. Dice en su Informe que no está sujeto a mandato imperativo alguno y precisamente es en esa independencia de cualquier
mandato político donde se debe basar el prestigio del Defensor del Pueblo.
Dicho esto, quiero señalar que de los datos presentados en su informe se desprende que actualmente la Institución del Defensor del Pueblo ha entrado en una fase que
podríamos llamar, aunque quizá sea duro el calificativo, de agotamiento, y que es necesario que esta Institución reciba un nuevo impulso, una nueva fuerza que le permita un mayor acercamiento a la ciudadanía y que le proporcione también mayor
credibilidad entre las ciudadanas y los ciudadanos. Quiero recordar, por lo menos a quienes ya tienen una cierta edad como yo, que en el momento en que se creó esta figura suscitó una expectativa muy positiva dentro del conjunto de la ciudadanía,
porque parecía que de alguna manera existía ya un asidero frente a la proverbial indefensión de los ciudadanos y ciudadanas ante la maquinaria de los poderes públicos.
No obstante, del Informe del Defensor del Pueblo se deducen algunos datos que
son preocupantes. Y voy a enumerarlos rápidamente para no alargarme demasiado. Son demasiadas las quejas inadmitidas, que él mismo reconoce.
Tal volumen de quejas que no se han admitido puede significar dos cosas o, quizá, las dos a la vez: o
que la ciudadanía desconoce el papel de esta institución y, por tanto, se dirige a ella de una manera no pertinente; o bien, como él reconoce, que en muchas, demasiadas quejas, creo que cita 2.844, no hay indicios de irregularidad, sin embargo, no
especifica qué trabajos de comprobación se hacen para desestimar una queja, para comprobar que, efectivamente, no hay indicios de irregularidad. Más del 33 por ciento de las quejas proceden de la Comunidad de Madrid, parece que es una institución
muy madrileña.
Sorprende, sin embargo, que las menos quejosas de nuestras comunidades autónomas sean, precisamente, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Parecería sensato pensar que estas ciudades
fronterizas y con una conflictividad muy específica, generaran situaciones que provocaran quejas sobre vulneración de derechos humanos.
Sin embargo, sorprende que sean las que proporcionalmente menos quejas dirigen al defensor del pueblo.
A mí como mujer me sorprende también que la mayoría de las quejas sean de hombres, teniendo en cuenta la actual situación de marginación y discriminación familiar y laboral, que todavía, desgraciadamente, padecemos las mujeres.
Por otra parte,
también se desprende del Informe una muy escasa relación con los defensores del pueblo autonómicos y, desde luego, muy pocas actuaciones de oficio. Y esto me lleva a un reproche que respetuosamente dirijo a esta Institución, y es su excesiva
complacencia con la Administración. Y voy a citar dos ejemplos. Uno es el que se suscitó a raíz de la participación española en la Guerra de Iraq. El defensor del pueblo confiesa haber recibido 1.734 quejas a propósito de la participación en este
conflicto, todas ellas desestimadas. Yo creo que el volumen de estas quejas exigía una actuación mucho más activa, que el Defensor del Pueblo hubiera hecho un informe y hubiera dado una respuesta activa, puesto que la mayoría, si no todas estas
quejas, harían referencia probablemente a la vulneración de derechos humanos. Y otro ejemplo es el accidente del Yak-42 en Turquía, en el que también creo que la actuación del Defensor del Pueblo fue demasiado tímida.
Asimismo, en el Informe
también se ve una actuación pobre y tímida en relación con el problema de la violencia de género. Le dedica cinco páginas del conjunto de su Informe, cuando hoy en día todos somos conscientes de que es un problema que genera alarma social y que,
incluso, puede calificarse como terrorismo social. Lo mismo sucede en relación con el problema de la vivienda. No acentúa su actividad en este ámbito el Defensor del Pueblo y habría que reconocer que el derecho al acceso a una vivienda digna está
reconocido en nuestra Constitución.
En definitiva, creo que las conclusiones del Defensor del Pueblo son poco críticas, hay poco autocrítica, y esto me lleva al principio de mi intervención. Pienso que la Institución precisa un relanzamiento, una
revitalización, debe recuperar una credibilidad, porque yo creo que ahora mismo está muy deteriorada, y convertirse nuevamente en una institución que sea útil para el conjunto de la ciudadanía. Además, hay ejemplos que se pueden constatar e imitar
de la actividad de esta institución en Europa, en concreto en los países nórdicos, en donde es una institución útil, respetada y que refleja las inquietudes para las que fue creada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor defensor del pueblo. En primer lugar, mis palabras son para darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. No voy a
extenderme, ya tuvimos oportunidad de profundizar en la Comisión Mixta Congreso-Senado respecto de un informe que, en general, valoramos muy positivamente tanto por el trabajo derivado de las quejas planteadas, como por aquellas iniciativas que de
por sí ha tenido la propia institución. Sin duda, el informe pone de relieve aquellos aspectos que son objeto de una mayor preocupación por parte de todas las instituciones y, desde luego, de mi grupo parlamentario.
Celebramos la iniciativa de lo
que usted ha llamado prevenir el menoscabo de los derechos. La denuncia de cómo puede estar afectando a los menores lo que se ha denominado «telebasura» nos parece una iniciativa valiente y necesaria y, por tanto, de compromiso --insisto-- con lo
que usted ha manifestado de prevenir el menoscabo del derecho y no sólo responder a la queja una vez se ha producido la vulneración del derecho.
Por otra parte, y como se destaca en el informe, los problemas son casi renuentes. Las dilaciones
judiciales --en esto hemos avanzado muy poco, tristemente-- en relación con la violencia de género lleva a que las denuncias planteadas al final terminen con la muerte de la víctima. En cuanto a la situación de los menores inmigrantes en centros de
acogida, hay que reconocer que la ley es una ley positiva y progresista, pero se transpasaron las competencias a las comunidades autónomas sin ningún tipo de recursos y en un momento en el que hay un incremento exponencial en los últimos años de
llegada de inmigrantes, en particular de inmigrantes menores de edad sin mayores a su cargo. Esto genera una situación por mí conocida, ya que en Canarias tenemos una situación compleja y difícil en esta cuestión de los menores.
También somos
plenamente conscientes de otro tema sobre el que usted ha llamado atinadamente la atención, como no podía ser menos, y es la situación de las instituciones penitenciarias, derivada, por una parte, del agravamiento de las penas, del cambio en el
Código Penal y de las nuevas legislaciones y, por otra, del proceso creciente de inmigración, que hace que las instituciones penitenciarias estén masificadas, debido mismo tiempo a la importancia progresiva del número de penados extranjeros.
Mi
grupo quiere saludar el esfuerzo realizado, animar a continuar en él y quiere que en torno a estas cuestiones coincidentes, que casi año tras año se repiten, todos los grupos políticos intenten hacer el mayor esfuerzo para llegar a consensos que den
salidas, que produzcan avances en estas cuestiones que tanto afectan a derechos fundamentales de las personas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor presidente.
Me van a permitir que improvise esta intervención, porque tenía preparada otra en función del Informe del Defensor del Pueblo, pero a raíz de la intervención de la senadora
López Aulestia prefiero improvisar sobre lo que ella ha dicho, porque aunque ella proceda de un campo ideológico distinto al mío, se produce una especie de compromiso histórico, y me ha gustado mucho el tino y la sensatez de sus palabras,
que me han hecho pensar un poco.
Yo recuerdo cuando era diputado en el Congreso que el Informe del Defensor del Pueblo era utilizado con mucha facilidad por los grupos de la oposición para criticar al Gobierno; se utilizaban las quejas de los
ciudadanos como arma arrojadiza contra el Gobierno. Evidentemente, es imposible que todo funcione bien, y lo que hace el Informe del Defensor del Pueblo es actuar como un termómetro de las cosas que deberíamos ajustar mejor. Pero repito que se
utilizaba básicamente como argumento de desgaste político.
Han pasado muchos años, hay quejas que son muy reiterativas, y da la sensación a veces de que la función del Defensor del Pueblo no acaba de verse, al final, como un resultado positivo por
el ciudadano que ha presentado la queja. Por eso la senadora López Aulestia decía que había un cierto agotamiento en el funcionamiento, en el modelo del Defensor del Pueblo. Creo que tiene razón su señoría, pero la culpa es nuestra.
El defensor
del pueblo es un comisionado de las Cortes Generales, y lo que hace es recoger quejas de ciudadanos que además son las que más deberíamos atender, porque se trata de personas que han tenido una relación con la administración insatisfactoria, porque
el derecho que creían tener no ha sido atendido como ellos creían que debiera haberlo sido, teniendo o no razón; en cualquier caso, son personas que utilizan los mecanismos institucionales, son personas que creen en el sistema, y ese valor hoy es
muy escaso --y sé lo que digo--; son personas que creen en lo que estamos haciendo y acuden a una institución para ver si pueden resolver aquello que para ellos no es justo, en su relación personal con la administración. Por tanto, las quejas son
cualitativamente muy importantes, porque las hacen quienes confían en nosotros. Insisto en que como la confianza en nosotros --y seamos realistas-- hoy lamentablemente es un bien escaso, si al final no le damos respuesta satisfactoria, no en cuanto
a la petición que hace el ciudadano, sino para que vea claro que las instituciones han hecho lo que tenían que hacer para satisfacerla, se producirá ese desajuste y la crisis del modelo que comentaba la senadora López Aulestia.
En consecuencia,
entre todos hemos de coger el ritmo exacto de la relación con el Defensor del Pueblo para ver cómo potenciamos una institución que puede ser muy útil para que muchos ciudadanos que creen en nosotros refuercen su confianza en un sistema democrático,
con instituciones independientes y que velan por los intereses de los ciudadanos.
Yo creo que el informe debería ser utilizado por nosotros como un libro de ruta que nos marca dónde personas que han tenido una relación insatisfactoria con la
administración ven defectos en el sistema; más que como crítica al Gobierno, ha de ser un termómetro de las cosas que deben mejorarse. Y además las de oficio que hace el Defensor del Pueblo recogen una sensibilidad social en algún tema y nos
dicen, también de oficio, dónde habría que actuar. Si hiciéramos ese ejercicio y reflexionáramos objetivamente --porque no es una cuestión de gobierno-oposición--, tendríamos que advertir que a todos nos interesa que la administración tenga una
relación buena con los ciudadanos, porque esto refuerza la confianza, y para que un país democrático funcione bien la confianza de los ciudadanos con las instituciones es fundamental. Por ello, el interés es común, y al final si se resuelve el
problema al ministro de turno le tocará ponerse la medalla legítimamente, y no pasará nada, porque en definitiva de lo que se trata es de que las cosas funcionen y mejoremos la confianza de las personas en lo que nosotros representamos.
Como tema
estrella del Informe del Defensor del Pueblo, que es de lo que yo quería hablar y en lo que pretendía poner mayor atención, está la parte final, que se refiere al tema juventud--educación--televisión. Es evidente que hay un consenso generalizado en
que este modelo no funciona; hay grandes déficit en el funcionamiento de las televisiones, en los contenidos, y en que estos contenidos estén dando valores a la gente joven que puedan ser positivos para el día de mañana, para tener una sociedad con
valores sólidos, potentes y capaz de dejar a las generaciones posteriores una sociedad vital, y para mí una sociedad es vital si tiene claro un esquema de valores, que no sean de derechas ni de izquierdas. Creo que existen valores muy compartidos
que facilitan que la convivencia entre las personas sea racional, y hoy es evidente que hay un desajuste en muchos de los programas que emiten por las televisiones --la llamada «telebasura» o algunos programas en horarios infantiles-- y que no
ayudan, sino todo lo contrario, en este sentido. Aquí sí que hay que hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo político muy importante, porque hay que conjugar intereses privados de empresas de comunicación que van a la búsqueda de la audiencia
para mejorar su cuenta de explotación. La televisión siempre será un servicio público y, por tanto, hay que hacer compatible el servicio público con el derecho o el interés legítimo de una compañía a lograr una buena cuenta de resultados, pero ésta
no puede ir en perjuicio de la educación de los jóvenes de nuestro país. Aquí sí que existe un acuerdo político en el que deberemos fijar cuáles son estos límites para que no se pierda la esencia de servicio público que siempre debe tener una
televisión. La educación es fundamental. Con el nuevo Gobierno se habla mucho de algunas cuestiones. Aquí mismo se han mantenido unos debates tremendos nada más iniciar la legislatura. Yo los escuchaba y pensaba: Este no es mi mundo. Fueron
debates tremendos. En estos asuntos no nos podemos dar los unos contra los otros. Nos estamos equivocando de una manera enorme.
Tenemos un problema con la educación. El modelo actual no acaba de funcionar en muchos casos. No hay principio de
autoridad en muchas escuelas, nos entretenemos en el debate sobre si escuela pública o privada. Es un grave error. El tema es la calidad de la enseñanza, y no es tan complicado llegar a armonizar un sistema en el que quepan todos, porque para algo
este es un país en el que se respeta la libertad de expresión. Aquí sí que es donde debemos hacer un esfuerzo político de verdad. Si lo hiciéramos, si fuéramos
capaces de debatir sensatamente, y no como sucedió aquí al principio de la legislatura, sobre estas cuestiones, habremos dado mucha utilidad al Informe del Defensor del Pueblo y habremos conseguido que el modelo no esté caducado, que el
modelo de la institución sea útil para la sociedad, que es para lo que se hizo. Por tanto, si nosotros queremos --está en nuestras manos y en las de nuestros compañeros del Congreso--, podemos resolver lo que ha expuesto la senadora López Aulestia,
que comparto totalmente; podemos poner el modelo al día y que la institución sea realmente eficaz para los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Señor defensor del pueblo, como le decíamos en la Comisión mixta, creemos que es muy importante la labor que están haciendo en esa institución del Estado, en cuya labor
principal, en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, es donde se asienta la verdadera democracia de cualquier país.
Pensamos que la institución del Defensor del Pueblo ha sido confirmada a lo largo de estos años por los ciudadanos, y
así aparece en las estadísticas sobre quejas y las diferentes significaciones, lo cual debe constituir un signo positivo para la estabilidad de este país.
Queremos señalar en nombre de nuestro grupo parlamentario, Senadores Nacionalistas Vascos, el
buen trabajo que, en general, ha llevado a cabo la institución, de ahí la felicitación que le trasladábamos para todo su equipo de colaboradores, en cada una de las diferentes y muy complicadas labores relacionadas con las competencias que se
recogen en el informe que nos presentó y que hoy ha resumido en esta Cámara.
Sería imposible que atendiéramos cada uno de los puntos que se recogen en dicho informe, pero sí que vamos a comentar algunos aspectos para tratar de animarlos a continuar
en esta labor que han iniciado y, en algunos otros, para manifestar una pequeña disconformidad sobre la actuación del defensor del pueblo o con algún punto de vista con el que podríamos estar en desacuerdo.
Nos parece muy importante la labor que se
destaca en cuanto a los problemas que se derivan de la llamada violencia doméstica. Es bien conocido en esta Cámara y en las comisiones correspondientes que el Gobierno y los diferentes grupos estamos empeñados en disminuir en esta legislatura esta
importante lacra. Estamos seguros de que existe una casuística que trata de conseguir que este asunto se pueda ir resolviendo.
Otro aspecto importante, como ha manifestado el Defensor del Pueblo, es el que hace referencia a la violencia que
estamos sufriendo en los contenidos de las diferentes televisiones, tanto públicas como privadas.
Ya se lo manifestamos y lo reiteramos. Estamos absolutamente de acuerdo en que este es un asunto primordial a acometer por parte de los diferentes
poderes del Estado y animamos al equipo del Defensor del Pueblo a trabajar en esta línea.
También le dijimos en la comparecencia ante la Comisión mixta que nos preocupaban mucho las quejas que existen sobre la cultura y la educación por parte de
los docentes de los diferentes cuerpos de la Administración Pública. En la universidad española existe una profunda preocupación en cuanto a la estabilidad en los puestos de trabajo, todo ello unido a la reforma que el Gobierno anterior inició y el
actual está llevando a cabo en cuanto a profundización y cambio en materia educativa. Nos gustaría que por parte del Defensor del Pueblo se atendieran estas quejas porque en buena medida van a servir también para potenciar, igual que decía antes él
mismo, a funcionarios de otros estamentos, como Correos, etcétera, a una parte importante, como son las personas que forman a la juventud de este país.
Otro capítulo que para nosotros es importante es la situación de la inmigración y de los
inmigrantes. También se ha abierto un debate en las dos cámaras en este mismo sentido. Consideramos que desde la Administración deben darse los pasos, unido al trabajo del Defensor del Pueblo y de su equipo, para que se puedan subsanar las
diferentes deficiencias que en esta materia se están produciendo en nuestro país.
Recientemente aparecía una estadística en la que veíamos que el siete por ciento de los ciudadanos del Estado español son inmigrantes, con todo lo que esto supone, y
consideramos que en este delicado aspecto debemos prestar especial atención, a todo lo relacionado con los menores hijos de estos inmigrantes.
Otro asunto que se debatió en la comisión correspondiente es la derogación de algunos artículos de la Ley
de Extranjería. Me estoy refiriendo a problemas que pueden causar la propia ley para solicitudes de asilo. Sería conveniente que en los próximos meses, desde el gabinete del Defensor del Pueblo, se hiciera un esfuerzo para que no se demore la
formalización de solicitudes de asilo. Esta recomendación, evidentemente, debe hacerse al Gobierno.
En el Informe se recogen dos puntos que también nos preocupan. Son los que hacen referencia al accidente del Yakolev y a los militares españoles
que murieron en Afganistán. Sobre ellos se ha pasado muy por encima --imagino que por falta de tiempo y por no hacerlo muy extenso--, pero creemos que es un asunto de singular importancia.
El ministerio señaló que había transmitido la información
disponible en aquel momento y recientemente se ha descubierto que ha habido mucha más información; por lo tanto, consideramos que el Defensor del Pueblo debería tomar de nuevo cartas en el asunto para poder aclarar, en la medida de lo posible,
dicho accidente y exigir las responsabilidades correspondientes.
De igual manera, consideramos que en cuanto al «Prestige» todavía queda mucho por hablar. Nos parece sorprendente que del Informe que remitió el Gobierno, en el que decía que eran
simples notas sin ningún orden ni concierto, de las que no se podía sacar ninguna conclusión, todavía queden pendientes de aclarar numerosas responsabilidades y aspectos.
Dos capítulos que para nosotros tienen especial importancia --y voy terminando-- son los que se refieren a la guerra civil. Todavía la pasada semana asistíamos a un desfile en el que se ponían en evidencia, según las manifestaciones de los
líderes de diferentes partidos, las heridas que en esta materia existen. Pensamos que es necesario asegurar un acceso riguroso de la información de los registros y de los diferentes archivos que, por fortuna, todavía están vigentes. Se recogen en
el Informe algunos casos, pero nosotros pensamos que existen aspectos en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una institución fuera de toda duda, cuyas peticiones parecen acceder a información en los registros de localidades que han sido rechazadas por
los juzgados, por ejemplo, en nuestro caso, en el juzgado de Gernika.
Querríamos que estas actuaciones se siguieran más de cerca, y que se impulse y coordine esa sensibilidad junto con los defensores del pueblo de las diferentes comunidades
autónomas. Pensamos que de esta manera se pueden hacer ciertas rectificaciones, que, a nuestro modo de ver, a veces se hacen por alusiones de carácter político, y se podrían adecuar las normas de los registros civiles a efectos de una correcta
identificación de las causas de la muerte que impulsen otra serie de medidas, como la desclasificación y catalogación de archivos diplomáticos y militares o la normalización legislativa de los bancos de datos de ADN elaborados de manuales de
antropología forense, etcétera. Por cierto, que unido a todo esto hemos comentado recientemente la proposición de reconciliación sobre el presidente Companys y, sorprendentemente, la moción que se hace a la denegación de los derechos para ocupar
una plaza en una residencia militar de la república incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional, que es nada más y nada menos que del año 1987.
Por último nos felicitamos, como Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de
que en el informe no aparezca ninguna situación de anormalidad referida al País Vasco en ninguno de los aspectos, cuando tanto se escribe desde diferentes medios de comunicación de la anormalidad en la que vivimos. Ninguna institución de Euskadi
autonómica, foral ni municipal aparece en el informe como entorpecedora de la actividad del defensor del pueblo o como otra administración que haya estado en el tercer requerimiento, pues siempre se ha contestado en el primero de ellos. En nuestra
opinión esto demuestra que las instituciones vascas conocen sus obligaciones y se aplican en el deber de colaboración y lealtad con las instituciones en defensa de los derechos de los ciudadanos, tanto vascos como españoles.
Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Batlle.
El señor BATLLE FARRAN: Gracias, señor presidente.
Señor defensor del pueblo, desde el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés reciba nuestro cordial saludo, que pedimos haga extensivo a todos los componentes de su equipo. Acaba
usted de presentarnos un informe hecho con método, serio, equilibrado y riguroso que nuestro grupo valora positivamente. Es un hecho demostrable que la institución que usted preside sigue ganando prestigio, lo cual nos alegra, pero gana también
algo más que a nuestro entender es muy significativo, pues gana en proximidad. Los ciudadanos la perciben como una institución cercana a la que no dudan en acudir, bien a título individual, bien de forma colectiva.
Prueba de ello son las más de
36.000 quejas recibidas por la intervención militar en Iraq y la participación de las tropas españolas en una guerra ilegal que indigna y repugna a una gran mayoría de la sociedad que en un momento de gran tensión ciudadana se dirigió a esta
institución. El estricto cumplimiento de la ley orgánica que regula el ámbito competencial de la defensoría ha hecho imposible su tramitación, aunque se agradece, y mucho, que hayan tenido una respuesta personalizada. Es sin lugar a duda un valor
añadido al esfuerzo realizado en la modernización de la oficina de la defensoría.
Me gusta destacar algunos de los temas analizados en el informe que, por cierto, muestran una buena foto fija de los problemas que ocupan y preocupan a los
ciudadanos, y por tanto, nuestro grupo comparte. Nos encontramos un año más con una crítica generalizada en la que se detectan quejas recibidas a las actuaciones y a la acción de un Gobierno que lógicamente debería abordar con más decisión algo tan
básico como la mejora de la Administración pública. El mal funcionamiento de las administraciones, y como consecuencia de ello, del Estado, se deja ver en todas y cada una de las áreas objeto de este informe.
El hecho de que se hayan rebajado en
3.800 las quejas no debe hacernos olvidar en ningún caso que detrás de las más de 17.300 recibidas, que siguen siendo muchas, se detecta una cierta cronicidad por ser repetitivas algunas de ellas. Por tanto, no estaríamos en lo cierto ni estaríamos
haciendo lo que es justo si no nos preguntásemos si no existe un cierto deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos, en la gestión de las administraciones públicas o en el modelo del Estado del bienestar, el cual, con todos los recursos
que se le destinan y que seguramente no son necesarios, estamos impulsando entre todos.
Y si hablamos de la Justicia como algo que usted conoce, señor Múgica, por su condición de ministro de Justicia en el pasado, el propio informe señala la
lentitud de la misma como una cosa endémica a pesar de que su actuación debería ser vigorosa y eficaz. Los datos ofrecidos sobre asuntos pendientes en el Tribunal Supremo son una buena muestra de ello, especialmente en lo que hace referencia a las
salas de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo. Este nos parece un caso especialmente grave.
Todos los datos que se ofrecen en relación con la Administración de Justicia son realmente desalentadores y nos reafirman en esa denuncia
persistente de la falta de medios humanos y económicos, que deberíamos hacer quizá con más contundencia, para que se haga efectivo de una vez por todas el derecho a la tutela judicial. La Justicia no puede ser considerada como tal si no se imparte
a tiempo.
Podemos hacer consideraciones temáticas particulares, y de hecho están en todo el informe, lo que no es nada nuevo porque el grueso de los déficit que temáticamente se describen en el exhaustivo informe sin duda está clonificado: las
instituciones penitenciarias están masificadas, la resocialización es sencillamente muy difícil, la Administración de Justicia sufre unos retrasos intolerables, como acabo de decir, y la violencia hacia la mujer y la delincuencia en los menores
hacen que esta Administración sea bastante deficiente.
Sobrecogedor es, sin duda, el informe en materia de inmigración: deficiencias en centros de estancia temporal, situación de menores, procedimientos de expulsión e inasistencia jurídica. Este
es un capítulo que merece una particular atención y un especial impulso político.
Función pública. Según ha descrito el defensor del pueblo esta tarde, ésta genera muchas disfunciones estatutarias y graves problemas de acceso. Pues bien, ese
déficit tiene que corregirse, como tienen que corregirse los abusos comerciales en servicios telefónicos, seguros y actuación farmacéutica. Y en el campo de la economía, cómo no, tienen que ser corregidos los abusos de los servicios financieros de
entidades bancarias y cajas de ahorros.
En materia de política social las deficiencias se acumulan: atención de menores, personas con discapacidades y personas mayores. Estamos hablando, pues, de minorías que necesitan específicas medidas de
apoyo.
La calidad democrática de un país se mide también por el grado de protección que se ofrece a estas minorías. Es un derecho fundamental la salud, pero parece evidente la cronicidad, informe tras informe, en las deficiencias del sistema de
salud especialmente en lo que hace referencia a los problemas de salud mental.
Por tanto, señorías, señor defensor del pueblo, hay una pregunta abierta en la sociedad que yo formulo en esta Cámara: el sistema sanitario español y el sistema
asistencial que tenemos,¿están preparados para afrontar el reto de la cronicidad o el de la vejez? ¿Hay que incidir o no hay que incidir en mayores políticas de apoyo? No olvidemos que casi el 16 por ciento de la población es anciana y que algo
más del 40 por ciento de la población hospitalaria lo es también. Nos encontramos, pues, con un país que está envejeciendo, y la pregunta sigue siendo la misma, ¿estamos aportando lo suficiente? ¿Estamos generando el esfuerzo necesario para
garantizar ese envejecimiento poblacional? Nos encontramos ante un panorama de carencias que necesitan impulsos políticos decididos, muy decididos. No son suficientes, aunque sí son necesarias, las recomendaciones y las sugerencias.
Permítame,
señor defensor y adjuntos que le acompañan, una crítica a su gestión. Si bien es cierto que en el informe aparece el concepto de recordatorio de deberes legales --algo que no debería ser necesario porque lo lógico sería que las administraciones
atendieran las recomendaciones que les sugiere, si son razonables-- hemos echado en falta en su actuación una acción más contundente en cuanto a su relación con los medios de comunicación social. Las declaraciones públicas del defensor del pueblo
tienen una fuerte repercusión social y generan, lógicamente, presión política. Se han rechazado un porcentaje a nuestro entender demasiado elevado de sugerencias o recomendaciones en todos y cada uno de los bloques a que hace referencia el informe;
esperábamos de usted y de la institución que preside una actitud más beligerante en defensa de esos intereses ciudadanos y del sistema de libertades del que gozamos. Esto pretende ser una crítica en positivo, para que se utilice la influencia
mediática de la institución del Defensor del Pueblo en defensa de esas libertades y de esos derechos. La garantía de derechos fundamentales y de derechos esenciales son el objetivo de todos, del defensor del pueblo y de nuestro grupo. Por eso nos
ponemos a su disposición, para que cuente con nuestra lealtad y con nuestro trabajo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor defensor del pueblo, señorías, es ésta mi primera intervención en el plenario de esta Cámara, por lo que puedo manifestar que me siento doblemente contento. Por una parte,
por el hecho en sí de realizar una noble actuación parlamentaria, y por otra, por la temática en la que me toca intervenir.
La institución del Defensor del Pueblo es una de las más importantes de nuestro Estado de Derecho. Una democracia moderna
como la nuestra, en la que la división de poderes define el marco de actuación para el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, necesita de otros instrumentos que garanticen y mejoren nuestro sistema de convivencia y que potencien el marco de
nuestras libertades. El defensor del pueblo es el último recurso del conjunto de la ciudadanía. Si algo no funciona adecuadamente o se vulnera por algún comportamiento inadecuado, las personas que consideran estar en indefensión o que crean que
sus derechos no están siendo respetados convenientemente pueden recurrir a usted, de ahí el nivel de aceptación de esta importante institución. Los ciudadanos ven en la figura del defensor del pueblo una garantía que les permite ser respetados,
algo que aumenta su autoestima cotidiana, proporciona la sensación de que si hay un problema él protegerá siempre a la parte más débil de cualquier intento de abuso de poder. Esa confianza que otorga a la ciudadanía es suficiente premio por el
esfuerzo realizado, pero aun así creo que es de recibo felicitar el encomiable esfuerzo que realizan usted, sus adjuntos y el resto de su equipo.
El informe que nos ha presentado demuestra lo mucho y bien que se ha trabajado, muestra rigor,
seriedad y mucho trabajo, aunque estoy seguro de que su espíritu perfeccionista le hará aspirar a subir el listón de la eficacia cada vez un poco más para que la gestión de su institución siga en tan alto grado de estima.
En la introducción del
informe se detallan una serie de estadísticas con el objeto de facilitar la comprensión de los datos. Un dato siempre relevante, sin duda, es el del número
de quejas recibidas en el período al que se refiere el informe: 17.389 se realizaron en el año 2003, aumentando las quejas individuales y las que ustedes han realizado de oficio y disminuyendo las colectivas.
Llaman especialmente la
atención las 2.388 quejas efectuadas a través de Internet; se comprueba, además, que el hecho de tener una mayor comodidad para trasladar una queja no significa que aumente el número de las mismas.
Es verdad que el Defensor del Pueblo, como define
la Ley Orgánica que lo regula, no tiene competencias para actuar ni contemplar las más de 36.000 quejas producidas por ciudadanos en contra de la guerra de Iraq, más del doble de las finalmente computadas, pero no es menos cierto que, dado que una
de las oportunidades que presenta su informe es disponer de una radiografía fidedigna de la realidad social, contar con un diagnóstico eficaz de lo que más preocupa y afecta a la sociedad española, los demás, aunque sea a título de su informe, no
podemos pasarlo por alto si no queremos defraudar a gente que también ha ejercido lo que creían su derecho de manifestarse usando el cauce del defensor del pueblo. Todos nosotros debiéramos tener en las materias propias de nuestra competencia su
informe como libro de cabecera para ser más capaces de corregir y subsanar errores.
Con relación a la distribución de las quejas por comunidades autónomas, pudiera decirse que el volumen se corresponde con el de su población.
Inicialmente, deseo
también felicitar a todas las administraciones que han aplicado sus recomendaciones y sugerencias y censurar duramente a aquellas que no lo han hecho sin una clara causa que lo justifique; el hecho de que un 35 por ciento de las recomendaciones o
sugerencias no haya encontrado una respuesta adecuada por parte de las distintas administraciones es algo que hemos de conseguir entre todos que disminuya año a año. Hay administraciones de casi todos los signos políticos, de algunos más que de
otros, pero la capacidad de autocrítica es siempre importante y necesaria para ayudar a mejorar este objetivo.
Como ya propuso el portavoz de mi grupo parlamentario en su intervención durante su comparecencia ante la Comisión Mixta, sin tener que
llegar a utilizar el artículo 502 del Código Penal, que permite al defensor del pueblo requerir conminatoriamente que las quejas planteadas sean contestadas en tiempo y forma y que sigan su propio trámite, es importante la colaboración de todos para
mejorar este objetivo absolutamente prioritario.
Igualmente recojo la propuesta de mi grupo en el sentido de intentar que la figura del defensor del pueblo sea aún más conocida y cercana a la gente, tan importante es su existencia como la capacidad
percibida por la ciudadanía de poder llegar a usted. Bien es cierto que Internet facilita ese trámite mejorando la accesibilidad, pero es necesario también aumentar el nivel de conocimiento sobre el funcionamiento y competencias de la institución
que usted dirige.
El informe es muy completo, acertadamente desgranado por políticas y temáticas, lo que permite realizar un trabajo sectorialmente adecuado. La visión que se traslada por políticas resalta el enorme trabajo que queda aún por
realizar en muchas materias; su informe justifica claramente la necesidad de que se hagan los esfuerzos necesarios para acabar con esa lacra que significa la violencia sobre las mujeres y las personas más vulnerables; la necesidad de seguir
apostando por reforzar las políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidades; la atención de los menores y de las personas mayores; problemas en los centros de estancia temporal para inmigrantes; la
situación de mujeres en ocasiones embarazadas y menores; procedimientos de expulsión e inasistencia jurídica, lo que nos obliga a todos a intentar mejorar la regulación de los flujos y a poner en marcha posibles medidas para una adecuada
integración de los que se queden a residir en nuestro país.
La vivienda, que para muchas familias se ha convertido en un drama para llegar a fin de mes, o el sueño imposible para cualquier joven que desee emanciparse y tener vida propia, es también
algo a tener en cuenta.
El informe resalta carencias en sanidad; en políticas medioambientales; en educación; en cultura; en fin, un informe tan extenso daría para una intervención interminable y, por ello, voy a centrarme únicamente en una
cuestión de candente actualidad que usted, con su intervención en la Comisión Mixta, elevó con fuerza a la opinión pública española, ejemplo de la repercusión de sus palabras y de la capacidad que puede tener para impulsar mejoras colectivas
individuales. Me refiero a la telebasura y a sus consecuencias, sobre todo en niños y adolescentes que ven cómo se incorporan a su escala de valores aspectos deformativos.
En esta Cámara, en sus anteriores comparecencias, nuestro portavoz ya
declaró nuestro compromiso firme y contundente para afrontar este problema. En la pasada campaña electoral José Luis Rodríguez Zapatero incorporó a nuestro programa propuestas a fin de mejorar la calidad de las televisiones públicas, excluyéndolas
de la parrilla de la competencia por la audiencia en el todo vale, hasta la telebasura, con un primer objetivo que ha sido capaz de acabar con la televisión de partido del gobierno de turno, garantizando la pluralidad informativa, trabajando por
mejorar los contenidos, reforzando más los informativos y programas que puedan aportar más calidad, formación y valores al ciudadano.
Saben ustedes que actualmente un comité de sabios, personas de reconocido prestigio, está elaborando un informe
que debiera estar finalizado antes de febrero de 2005; para proponer un modelo de televisión más adecuado, la creación de un consejo audiovisual, como existe en toda Europa, nos parece algo realmente imprescindible.
Y en cuanto a las televisiones
privadas, al igual que hizo usted durante su anterior comparecencia, también el presidente del Gobierno ha lanzado un mensaje público: o se autorregulan o se transforman, mejorando sus contenidos en horario infantil, o el Gobierno intervendrá.
La
primera respuesta ya la hemos visto: una cadena privada acaba de anunciar que prefiere autorregularse, y ha establecido 21 normas internas para controlar lo que ella misma ha definido como telebasura. En cualquier caso, el Gobierno estará
pendiente del resultado de esas medidas.
Señorías, garantizar el respeto a los demás y los derechos humanos es imprescindible para asegurar una armoniosa convivencia. Y también es un objetivo formar a nuestros niños en distintos valores y en la solidaridad.
Para finalizar les
comentaré que hace unos días en Granada se entregó un premio muy importante relacionado con la cooperación internacional al cantante Carlinhos Braun, músico brasileño de adolescencia difícil que un día decidió dedicar su vida a los demás y llevar la
esperanza a la gente más humilde de Brasil, a la gente de la favela de Candeal, en Salvador de Bahía. Nuestro querido director Fernando Trueba incluso lo ha inmortalizado, llevando el milagro de Candeal al cine. Pues bien, Carlinhos, al recibir el
premio, después de agradecerlo, como bien nacido, dijo unas palabras que se me quedaron muy grabadas: Nadie debería recibir un premio por ayudar a las personas.
Como comparto esa idea, no le daré ningún premio, señoría, pero sí el reconocimiento
de nuestro grupo a su labor, para que los milagros no se queden únicamente en Candeal.
Muchas gracias, señor presidente, por su infinita paciencia. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Contreras.
La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, al igual que han hecho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, también yo quiero agradecer la presencia del Defensor del Pueblo, así como la de sus
adjuntos y demás personalidades de esa institución que han trabajado en el informe correspondiente al pasado ejercicio de 2003, informe que abarca y estudia todos los temas de actualidad en nuestro país, así como los asuntos por los que los
españoles se sintieron preocupados durante el pasado año.
Una vez estudiado ese denso informe, y tras su presentación, para mi grupo es una satisfacción comprobar que el Defensor del Pueblo representa y cumple desde la objetividad, la rigurosidad y
la independencia, como bien ha recalcado el señor Múgica durante su intervención, con las funciones y misiones que se persiguieron con su creación, siendo esta una institución cada vez mejor valorada por los ciudadanos, que aprecian de ese modo la
atención ágil, personalizada y gratuita, un modelo que para nuestro grupo no está agotado, como también decía la señora López Aulestia.
Sin embargo, creemos que éste no es momento para la autocomplacencia ya que todavía quedan muchos escollos por
salvar, además de los distintos problemas que puedan surgir en una sociedad como ésta, viva y dinámica, en la que nos movemos a velocidad de vértigo. Por ello, debemos estar alerta para responder de forma ágil y rigurosa, legislando o modificando
normas en función de lo que la sociedad vaya demandando en cada momento.
Quiero entender que ese es precisamente el fin que se persigue con este informe anual, que hoy se ha presentado en esta Cámara.
En cualquier caso, vaya por delante que el
Grupo Parlamentario Popular valora muy positivamente el informe del Defensor del Pueblo; por ello, no me referiré a muchas cifras o datos estadísticos, sino a algunas actuaciones, no a todas, por la premura de tiempo.
Según los datos, el número de
quejas de 2003 es elevado: 17.789, si bien han disminuido en relación con 2002. En este sentido, durante la presentación del informe correspondiente a 2002, al referirse al número de quejas, que se habían incrementado respecto del ejercicio de
2001, algunos de los portavoces quisieron atribuir dicho incremento al deterioro de la gestión del servicio público, del Estado del bienestar, y en general de la Administración pública española. Si hoy siguiéramos ese silogismo podríamos pensar que
no se cumple y podríamos caer en la complacencia. No vamos a seguir ese silogismo, ya que consideramos que, sin duda alguna, esas fluctuaciones numéricas de crecimientos y disminuciones en el número de quejas indican un parámetro de normalidad
democrática de la ciudadanía. Las quejas aumentan o disminuyen en función de las circunstancias, independientemente de la gestión de la Administración.
Al igual que en el año 2002, las mujeres presentan menor número de quejas que los varones, y
nos preocupa en tanto que seguimos pensando que la igualdad no está conseguida, ya que, en teoría, las mujeres deberían presentar más quejas ante esta institución.
También es mayor el número de quejas que se presentan en el territorio nacional
respecto al extranjero, siendo los ciudadanos de países latinoamericanos, quizá por razones económicas, políticas, sociales o culturales, los que más quejas presentan.
Sobre el estado de tramitación de las quejas, hay que destacar el rechazo de más
del 50 por ciento de las mismas. Es una decisión totalmente justificada, por no haber irregularidad en la Administración, no observarse situaciones o actuaciones inadecuadas en los poderes del Estado y no haberse producido ninguna sentencia firme.
En este sentido, creo que sobran más comentarios al respecto.
Señorías, del informe se derivan una serie de soluciones, recomendaciones, sugerencias e incluso advertencias hechas a la Administración. Asimismo, del mismo se desprende que más del 77
por ciento de estas sugerencias han sido admitidas por la Administración española que gestiona el desarrollo de los acontecimientos del país. Esto es una buena respuesta de la Administración ante las sugerencias hechas por la institución del
Defensor del Pueblo, y nos alegramos de que este año no aparezca la Administración central del Estado entre las administraciones que no cumplen esa obligación de colaboración con el Defensor del Pueblo. Por ende, lamentamos que todavía no se preste
esa colaboración desde algunas administraciones locales y autonómicas de grupos presentes en este hemiciclo.
En cualquier caso, el Defensor del Pueblo es una institución cada vez más prestigiada que cada día goza de más confianza y respeto, tanto
entre los ciudadanos como en la Administración central, local y autonómica.
Volviendo al informe, de los diferentes apartados contemplados en el mismo, me voy a referir, en primer lugar,
al área de prisiones. Se ha producido un incremento sustancial en el número de población reclusa, que ha pasado de un 8 a un 8,5 por ciento.
Creemos que ese incremento se debe a la promulgación, como ha dicho el defensor del pueblo, de
importantes leyes que inciden en este ámbito, como las medidas concretas en materia de seguridad ciudadana contra la violencia doméstica, o sobre enjuiciamiento criminal en materia de prisión provisional.
Señorías, pienso que el endurecimiento de
las penas, el tercer grado y el tratamiento penitenciario de la libertad condicional, la ampliación del límite máximo del cumplimiento de las penas y el nuevo elenco de delitos y de faltas, así como la mayor eficacia judicial, tendrá mucha mayor
incidencia en el aumento de la población penitenciaria. Además del endurecimiento de las leyes, que era lo que demandaba la sociedad española y es lo que hizo el Gobierno entonces, ahora es el momento de exigir a la Administración un gran esfuerzo,
tanto en recursos materiales como humanos, para que los centros penitenciarios sean suficientes y adecuados para la población que tienen que atender.
Nos parece muy positivo --y hay que recalcarlo, si hablamos del capítulo de la institución
penitenciaria-- el programa que se ha llevado a cabo de intercambio de jeringuillas para evitar contagios indeseados, así como comprobar que la Administración ha hecho efectivo el cumplimiento de todas las sugerencias que, en materia de lucha contra
la droga, se contemplaban en el real decreto que se aprobó sobre la estrategia nacional contra la droga.
En lo referente a la Administración de Justicia, como el resto de los portavoces, lamentamos una vez más que sigamos hablando de dilaciones, de
retrasos, de demoras en los procedimientos judiciales. Merece especial mención la situación de retraso en la que se encuentra el Tribunal Supremo, especialmente la Sala de lo Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Nos preocupa más aún
que lejos de subsanarse y de avanzar en la reducción de los tiempos, vayan incrementándose a pesar de las numerosas normas que se han ido poniendo en práctica con la voluntad de evitarlas. Esta es una reflexión que tendremos que hacer entre todos
para ir dotando de más medidas a esa institución, puesto que nosotros tenemos claro que la justicia no puede considerarse como tal, si no se otorga a tiempo.
Otro capítulo que merece la pena ser destacado es el que se refiere a la inmigración, como
ha hecho en el informe el Defensor del Pueblo, que se extiende ampliamente en este capítulo, como no puede ser de otra manera, puesto que es una exigencia dado al crecimiento de este fenómeno de la inmigración en España en los últimos años. Debe
ser cada vez más efectiva la convivencia y la integración entre las personas que vienen a trabajar a nuestro país y los ciudadanos españoles. Es de resaltar que en el año 2003 se han mejorado multitud de situaciones gracias al alto número de
novedades normativas que regulan el fenómeno migratorio, pero no podemos caer en la complacencia, ya que queda mucho camino por andar para normalizarnos en este fenómeno. En este apartado, quiero aprovechar la ocasión para reconocer, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, el trabajo; la rigurosidad y la diligencia del defensor del pueblo en el cumplimiento de las previsiones reguladas en la ley.
Señorías, por ir terminando, haré una breve referencia a lo apuntado por el defensor del
pueblo en cuanto al encarecimiento de los precios de la vivienda, que se ve acompañado, sin duda alguna, de un mayor esfuerzo y de un mayor endeudamiento de las fórmulas para acceder a la primera vivienda. Hay que reflexionar sobre la necesidad de
ser eficaces en esta materia, ordenando nuestros modelos urbanísticos. Yo me quedo con el dato positivo de que el Gobierno durante el 2003 no solamente hizo un plan de financiación 2000-2005, sino que también apoyó medidas importantes para
estimular el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
No puedo terminar esta intervención sin unirme a la reflexión que hacía el defensor del pueblo cuando hablaba del capítulo de la educación infantil y de la educación en general, de las
agresiones que se producen a los niños en determinados programas de televisión. Qué duda cabe que el Grupo Parlamentario Popular siempre ha apostado y apostará por la libertad de información, por la libertad de opinión y, por tanto, por la libertad
de empresa, pero no nos cansaremos de luchar por la libertad de educación. Deben y pueden compaginarse ambos derechos, los derechos de libertad de unos y de otros. Sin duda, a una sociedad democrática y progresista le debe saltar la alarma, como
decía el señor defensor del pueblo, cuando se producen agresiones en la educación de esos niños...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
La señora CONTRERAS OLMEDO: Termino ya, señor presidente.
Concluyo como comencé, agradeciendo al señor defensor del pueblo, a los adjuntos, a los funcionarios y a todo el equipo técnico el esfuerzo realizado, el magnífico trabajo hecho y
plasmado en el informe que hoy se ha presentado, que se puede calificar de riguroso, serio, objetivo e independiente. Sirvan también mis palabras de aliento y de estímulo a esta institución para que siga vigilante por los derechos contenidos en
nuestra Constitución: derecho a la libertad, derecho a la información, derecho a seguir avanzando en la sociedad democrática. Es para eso para lo que nuestro grupo ha venido esta tarde a apoyar este informe y seguiremos apoyando el trabajo del
defensor del pueblo, que redundará en el beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, UN PLAN INTEGRAL DE MUSEOS (671/000013).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate sobre el Informe del Defensor del Pueblo, pasamos al siguiente punto del orden del día, no sin antes felicitar al defensor del pueblo por el informe.
Mociones consecuencia de interpelación. Moción
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un plan integral de museos.
A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias.
Señor presidente, señorías, esta moción nace porque las explicaciones de la señora ministra de Cultura en el Pleno pasado contestando a la interpelación que propusimos sobre museos no dejaron satisfecho
al Grupo Parlamentario Popular. La señora ministra dijo que no sólo en el ámbito teórico y conceptual, sino también en el empírico, se reflexiona sobre los museos. Dijo también que estaba en un período de análisis sobre lo recibido, de reflexión
sobre el plan del Gobierno anterior que han de reformar, redefinir y renovar; que están repensando la titularidad, el formato de gestión, las colecciones, las infraestructuras, y que no pueden caer en una dinámica de la que han sido herederos, que
no estaba a la altura de lo que hoy día se demanda.
También dijo que había que ir en una necesaria dirección de avance que es en la que el Gobierno se mueve. Habló de la respuesta del Gobierno a las demandas de traspaso de titularidad de
determinados museos a petición de las comunidades autónomas porque hasta ahora se contesta a las comunidades que se va a estudiar su viabilidad jurídica y naturalmente hasta ahora no se ha hecho.
Por las declaraciones de la ministra no nos
enteramos en el Pleno pasado del qué, el cómo, el cuándo, el para qué y el porqué de la política museística del Gobierno y, por eso, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta moción. Como la ministra en declaraciones diversas y en el Pleno
pasado afirmó que estaba todo en revisión, queremos que se nos presente en seis meses un plan integral de museos que contemple la política del Gobierno a este respecto, entendiendo que el término «integral» no significa que sea un plan invasor. La
palabra «integral» se refiere a la función y al concepto del plan, es decir, que contemple infraestructuras, digitalización, exhibición, colecciones; no se refiere, por supuesto, a otro concepto que pudiera indebidamente tomarse por la palabra
«integral».
Como el ministerio no está de acuerdo con el plan integral actual, según la ministra dijo, y como nosotros no sabemos cuál es su política global sobre museos, aunque suponemos que, naturalmente, sus intenciones son buenas, para salir de
dudas, hemos presentado una moción que en su primer punto insta al Gobierno a aprobar en seis meses un plan integral de museos que contemple el conjunto de las acciones de la política museística del Gobierno --en eso es integral--; y en el segundo
punto --que va a despejar muchas incógnitas de las comunidades autónomas de todos los colores, de diversos colores, que todavía no han visto despejado el camino no porque el Gobierno no lo quiera despejar, sino porque exige un estudio jurídico
pertinente-- se pide que se incluyan en el plan los estudios jurídicos pertinentes y que se diga la viabilidad del traspaso de la titularidad de museos estatales a la Administración autonómica a petición de ésta; no a iniciativa del Gobierno, sino
a petición concreta de las comunidades que son los que mejor saben los museos en cuya titularidad tienen interés.
Nada más. Esta es la moción que presentamos a sus señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la primera intervención de la ministra de Cultura, la señora Carmen Poyato, el pasado 24 de junio y en su comparecencia en la sesión plenaria del día 6, afirmó que el
Gobierno iba a plantearse una nueva política museística y, por tanto, iba a abordar un nuevo plan integral de museos. Debo decir que a mí las palabras de la señora ministra, en su conjunto, me parecieron bien --y así se lo expresé--, lo que no me
pareció bien fue lo de que toda la cultura era suya, y esto hirió un poco nuestra sensibilidad. Aun así, hablando con ella despejamos algunas de estas dudas.
La señora ministra también afirmó en su intervención en la Comisión de Cultura que entre
los planes del Gobierno estaba abordar la referenciación y clasificación de todas las obras de arte que había en distintos museos propiedad del Estado y muy especialmente los que estaban en el Museo del Prado, lo cual nos pareció bien puesto que
entre estas numerosas obras que se encuentran dentro del Museo del Prado --en sus sótanos, para ser más exactos-- hay muchas de ellas procedentes de dación en pago por deudas tributarias --práctica muy habitual en nuestro país--, algunas de ellas de
gran valor y poco conocidas o desconocidas para la sociedad en general. En la actualidad existe un vacío legal sobre la reglamentación que regule los criterios a seguir sobre el destino que debe darse a dichas obras. El artículo 65.4 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, desarrolló parcialmente la Ley de 25 de junio de 1985, sobre patrimonio nacional, donde se establece la entrega y la aceptación de bienes en pago de las deudas tributarias pero en ningún caso establece cuáles sean
los criterios que van a seguir en su destino, limitándose a hacer mención de las leyes del Patrimonio del Estado y del patrimonio histórico español.
Nuestro grupo ha solicitado en diversas ocasiones en las últimas legislaturas de una y otra forma
--y no hemos sido los únicos-- que estas obras de arte pudiesen ser expuestas en los museos de distinta titularidad situados
en las comunidades autónomas de donde proceden sus autores, sin menoscabo de su mantenimiento como patrimonio nacional. Entendemos claramente que la donación de estas obras pertenecientes al patrimonio nacional a otros patrimonios de
comunidades autónomas --porque estamos convencidos de que son también Estado-- es poco probable y difícil, pero sí creemos viable su cesión de manera permanente o temporal a estos museos que existen en las distintas comunidades. Ello redundaría en
su potenciación, lo cual conllevaría un aumento de su eficiencia y, por tanto, podría haber un mejor mantenimiento cumpliendo las exigencias de calidad de cualquier museo actual en conservación preventiva de las mismas obras y sin que ello fuese
demasiado oneroso para el Estado. Pero no sólo es importante la vertiente económica, desde el punto de vista cultural la descentralización de las obras de arte favorecería su utilización como bien público. Descentralizar el poder cultural es tan
importante como la descentralización de la misma administración.
Creí entender en su intervención el último día, señor Van-Halen, que no estaba muy de acuerdo en la distribución de las obras de arte por los distintos museos, haciendo una alusión a
la memoria histórica. A ella apelamos: algunas de nuestras obras son parte de nuestra memoria histórica, de nuestros ciudadanos, y no pueden continuar estando depositadas en los sótanos de un museo sin que nadie pueda disfrutar de ellas, en
ocasiones desconociendo totalmente su existencia. En este sentido hemos presentado la moción correspondiente en la Comisión de Cultura, que evidentemente sería retirada en el caso de que el Pleno aprobase esta enmienda.
A la mayor brevedad --y
estamos de acuerdo con ustedes-- el Gobierno debe aprobar un Plan Integral de Museos, entendiendo --y lo ha dejado usted muy claro-- integral como un plan integrador, que unifique, un plan completo, en el que se contemplen las atribuciones de las
comunidades autónomas y que sea realizado conjuntamente con ellas, pues sus administraciones --recuerdo de nuevo-- son también Estado. Coincidimos en que el Gobierno realice los estudios jurídicos pertinentes para poder traspasar la titularidad de
los museos estatales a las Administraciones autonómicas, siempre a petición de éstas, no sea que acabemos en algunas comunidades con museos de difícil gestión y de imposible viabilidad.
Por todo ello hemos pedido la inclusión de nuestra enmienda en
la moción del Grupo Parlamentario Popular. La enmienda dice: Que dicho plan arbitre la cesión permanente o temporal a los distintos museos de comunidades autónomas de origen de las obras de arte procedentes de dación de las deudas tributarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores senadores.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular cuyo contenido y razonamiento voy a explicarles.
La moción del Grupo Parlamentario Popular tiene por objeto instar al Gobierno a la adopción de dos medidas. La primera, aprobar, en el plazo de seis meses, un plan integral de museos que
recoja la totalidad de las acciones que piensa realizar el Gobierno en este campo. La segunda, incluir en dicho plan integral la viabilidad del traspaso de la titularidad de museos estatales a la Administración autonómica a solicitud de la misma.
En la enmienda que presentamos, el Grupo Parlamentario Socialista en un sólo punto insta al Gobierno a incluir en el Plan Integral de Museos los estudios jurídicos pertinentes para analizar la viabilidad de los traspasos a la Administración
autonómica en materia de museos estatales.
Como pueden observar, la diferencia entre ambas es muy sencilla y salta a la vista. Consideramos que ya existe un plan de museos. Lo que nos preguntamos, señor Van-Halen, es si acaso a usted no le gusta
ese plan o si acaso lo considera de una calidad tan baja que ha decidido solicitar que se presente otro nuevo en el plazo de seis meses. Nos parecería más lógica por su parte una defensa de la continuidad del plan.
Señor senador, usted ya sabe que
el Ministerio de Cultura es en la actualidad titular de 87 museos, de los cuales tres son organismos autónomos, 17 se hallan adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y los 67 restantes son gestionados por las diferentes
comunidades autónomas en las que se hallan.
Los museos tienen todos ellos una misma finalidad pero tienen características que los diferencian. Ya sabemos que su finalidad para todos es la preservación, la documentación e investigación del
patrimonio histórico español que tienen confiado con el objetivo de garantizar su difusión pública y su transmisión a las generaciones futuras. Pero al mismo tiempo estos museos representan realidades múltiples, unas realidades particulares y
específicas que deben ser estudiadas pormenorizadamente caso por caso y que deben ser afrontadas a través de la puesta en marcha de programas de actuación en los diferentes ámbitos del museo, en las colecciones, en las infraestructuras, en el
personal, en la difusión. Se trata de programas que se articulan en un plan de trabajo que afecta de modo integral a todas las instituciones, cuyas líneas básicas se han puesto en marcha recientemente.
El Ministerio de Cultura, por supuesto, ha
asumido la responsabilidad de iniciar un proceso detenido, metódico y ambicioso de reflexión acerca del cometido de la institución museística en la cultura contemporánea y particularmente del papel de cada uno de los museos cuya titularidad ostenta
no sólo como referente en la comunidad en la que se asientan, sino también como parte integrante de una estructura organizativa que potencia la comunicación y el intercambio de experiencias entre instituciones.
No voy a entrar en lo que la ministra
expuso en sus comparecencias porque considero que todos lo podemos leer en el «Diario de Sesiones», pero sí mencionar que expresó
la necesidad de interrelación entre estas instituciones museísticas y la necesidad de colaboración entre las instituciones y el Ministerio de Cultura. Por eso quiero resaltar la revitalización que desde el Ministerio de Cultura se ha dado a
la Conferencia Sectorial de Consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas, que no se convocaba desde el año 1994, y que sin duda va a ser un foro muy importante de intercambio de información y de instrumento de cooperación y coordinación.
El
segundo punto de la moción insta a que en el Plan Integral de Museos se incluyan todos los estudios jurídicos pertinentes, la viabilidad del traspaso de la titularidad de museos estatales a la Administración autonómica a petición de ésta. Este
deseo es compartido y ya lo expuso la ministra en su intervención en la Cámara. Pero ante este anuncio usted hizo una reflexión que no quiero interpretar, sino que voy a leer las palabras que usted pronunció tal y como constan en el «Diario de
Sesiones» de ese día: Decía: Voy a entrar en temas concretos para que no se nos escapen, y empezaré con aquello en lo que no estamos de acuerdo, que siempre es mejor. Yo ya había escuchado unas declaraciones suyas en nuestra querida Córdoba en
las que dijo que iba a estudiar la titularidad de los 83 museos. Le recomendaría a la señora ministra que lo hiciera --supongo que lo va a hacer así-- con cierto conocimiento, tranquilidad, mesura y estudiando cada caso, porque es un asunto que no
es lo que parece sino que hay bastante más fondo.
Observamos que usted le pide tranquilidad, mesura y estudio de cada caso pormenorizadamente y estamos totalmente de acuerdo, lo que no nos parece muy coherente es que esa tranquilidad, esa mesura y
ese estudio sea acorde con ese plazo de seis meses que usted plantea en el primer punto de la moción.
Este análisis riguroso exige la disposición de medios, de tiempo suficiente para que las conclusiones realmente lleguen a ser coherentes y para
que reflejen la realidad y las necesidades de los museos. Desde luego, estos análisis deben estudiarse en el ministerio en continua conexión con las comunidades autónomas y con las administraciones implicadas, para tratar no solamente la
titularidad, sino también la gestión, el estado, la ordenación de las colecciones, los inmuebles, la dotación, la dedicación de los profesionales y técnicos, los medios y, por supuesto, los recursos económicos.
Estamos seguros de que las
conclusiones de estos análisis se concretarán en un programa de objetivos priorizados, que siempre estarán encaminados a favorecer el correcto funcionamiento de los museos estatales, con criterios de rentabilidad social, cultural y económica. Por
todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLO: Moltes gràcies, senyor president.
Señoras senadoras, señores senadores, me gustaría poder expresarme en mi lengua, entre otros muchos motivos porque para mí es más fácil y natural, pero continuaré en castellano a la
espera de que no tardemos mucho en normalizar el uso de nuestras lenguas en esta Cámara.
En el ámbito de la cultura siempre tropezamos con la misma piedra: la no asunción efectiva de la competencia exclusiva que en esta materia tienen las
comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista, la propuesta incluida en la moción de que se abra la puerta al traspaso de los museos de titularidad estatal a las comunidades autónomas, a petición de éstas, no sólo es adecuada sino que hace
tiempo que debería haberse producido y acompañada, evidentemente, del traspaso de las partidas presupuestarias para el mantenimiento de los mismos. Y no deja de ser sorprendente que lo haga el Grupo Parlamentario Popular, ahora que no puede hacerla
efectiva porque no está en el Gobierno.
En nuestro caso reclamamos que se produzca ya el traspaso de titularidad a la Generalitat de Catalunya del Museo Arqueológico de Tarragona, el único en Cataluña que todavía es del Estado. También me gustaría
recordar aquí que algunos de estos museos de titularidad estatal en distintos puntos del Estado están cerrados desde hace años. Es el caso, por ejemplo, del Museo Monográfico de la Necrópolis Púnica de Puig des Molins en Ibiza que, a pesar de ser
Patrimonio de la Humanidad, está cerrado al público desde hace diez años. En casos como éste, el Estado ya debería actuar de acuerdo con las comunidades autónomas, realizar los trabajos necesarios para que abran sus puertas, si son museos viables,
y efectuar su traspaso.
En la misma línea, no sólo estamos de acuerdo con la esencia de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para que el Gobierno arbitre la cesión de las obras de arte procedentes de
dación por deudas tributarias a los museos de las comunidades de origen de estas obras, almacenadas muchas veces sin ser expuestas en los depósitos, por ejemplo, del Centro de Arte Reina Sofía, sino que creemos que el Estado, de acuerdo con las
comunidades autónomas, debería potenciar de manera razonada y equitativa, con obras y con aportaciones económicas, los museos públicos de todas las comunidades autónomas de acuerdo con sus gobiernos. Por este motivo ya anunciamos ahora que en la
Comisión de Cultura, donde se debate este jueves una moción centrada en la cesión de obras de arte procedentes de dación a los museos de las comunidades autónomas de origen, defenderemos estos criterios y haremos lo posible para que prosperen.
Pero
lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que se pretenda redactar un plan integral de museos o renovar el existente --mejor que esté guardado en un cajón--, porque es una clarísima invasión de competencias de las comunidades autónomas, por más
explicaciones que ahora nos haya prometido el senador Van-Halen. Que conste que se las agradeceremos, pero nos hubiera gustado más que simplemente hubieran obviado esa propuesta, que, como tantas anteriores del Grupo Parlamentario Popular,
objetivamente tienen un sentido armonizador, en el
mal sentido de la palabra, incluso en el lenguaje, es decir, un sentido digamos, avasallador.
El Gobierno debe pactar con las comunidades autónomas la política y la inversión museística. Debe traspasar a las comunidades autónomas que lo
soliciten los museos del Estado y las partidas para su mantenimiento y funcionamiento. Y en el caso de algunas instituciones singulares, como el Centro de Arte Reina Sofía, debe reorientar su política teniendo en cuenta la pluralidad del Estado.
Todos los conceptos que el senador Van-Halen pueda vincular a un posible plan de museos, deben ser pactados con las comunidades autónomas y se deben desarrollar teniendo en cuenta la pluralidad cultural y lingüística del Estado, y esto no consta en
su moción. El Gobierno debería dejar de considerar únicamente los museos del Estado, concepto cada vez más restringido si se traspasan a las comunidades autónomas, sino que en cualquier propuesta debería tener en cuenta todos los museos públicos e
incorporar la pluralidad lingüística y cultural del Estado y los puntos de vista de las comunidades autónomas a cualquier proyecto de catalogación o de web o de proyección exterior de sus exposiciones al cual puedan acogerse, por poner algunos
ejemplos.
Nos sorprende que algunos grupos, como Convergència i Unió, se hayan sumado a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en lugar de proponer una transacción que obviase la propuesta del Plan Integral de Museos y que nosotros hubiéramos
votado convencidos. Por nuestra parte, proponíamos una moción de sustitución únicamente para el traspaso de los museos del Estado a las comunidades autónomas, una propuesta que podía ser asumida por el conjunto de grupos de esta Cámara, pero otra
vez nos encontramos con una mezcla heterogénea y contradictoria de propuestas que parecen más destinadas a hacer bloque de oposición al Gobierno que a una voluntad efectiva de prosperar.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Van-Halen para fijar la posición con respecto a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que han intervenido anteriormente.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor presidente, señorías, la verdad es que estoy muy sorprendido con la intervención de nuestra querida colega del Grupo Parlamentario Socialista, ya que me pregunta si es que no me gusta el plan integral del
Gobierno anterior y por eso insto al Gobierno a que haga otro. Pues no. Pero, además, tengo una curiosidad, porque si cuando vino aquí la ministra y puso --como vulgarmente se dice-- a caer de un burro el Plan Integral de Museos por todas las
partes que se mire y luego ustedes, que no quieren hacer un plan integral, dicen aquí que ya hay un plan integral, me pregunto: ¿serán ustedes capaces de hacer una alternativa al plan? Porque a lo mejor estamos reflexionando --como usted ha
dicho-- como reflexionan ustedes en todo y no son capaces de hacer un plan de museos. ¡Fíjese que curiosidad tengo! Vamos a ver si ustedes hacen un plan.
Por otra parte, dice usted que es poco tiempo. Fíjese, me había tranquilizado mucho porque
al no presentar una enmienda para que fuera un año en vez de seis meses, pensé algo harán a su tiempo. Pues no, resulta que no han presentado la enmienda y a nosotros nos achacan que pedimos poco tiempo, que son sólo seis meses. Pues si pedimos
poco tiempo, podían haber hecho una enmienda pidiendo que fuera un año y, sin embargo, se han fajado, que me parece muy bien, y esperamos que el Gobierno cumpla y traiga un plan en seis meses.
No podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista precisamente porque cuando le conviene dice que el plan existe y cuando le conviene dice que ese plan no existe. Vamos a ver si traen ustedes un plan alternativo. Naturalmente, sé que existe, es un gran plan y no se merecía las críticas
de la ministra, las que hizo aquí y en otros foros.
No podemos aceptar la enmienda de Entesa, primero, porque con Entesa a mí me pasa una cosa bastante pintoresca, y es que siempre entra en juicios de intenciones, o sea, no entra en lo que decimos
y cuando decimos o aclaramos algo, dicen que no se lo creen. Y tienen un empleo de las palabras que a veces se da de bofetadas con el diccionario, porque la palabra integral significa lo que significa, si no, diría central o invasor, como si fuera
una película de dibujos animados.
Querido compañero de Entesa, no podemos aceptar su enmienda no porque no estemos de acuerdo con el fondo de lo que dice, sino porque en algún sentido generaliza la segunda parte de nuestra moción, que creo que es
mejor para las comunidades autónomas, ya que se dice que se traspasa la totalidad de los museos a petición de cada comunidad y su enmienda lo deja abierto. Sinceramente, nuestra enmienda es mejor.
Acepto encantado la enmienda de Convergència i
Unió porque sí me parece de contenido autonómico. No me parece demagógica, porque justo lo que pide enriquece e incorpora un elemento interesante a la moción, ya que habla de algo que a ustedes les debería interesar mucho, que es que las obras de
arte procedentes de dación por deudas tributarias, sin perjuicio de que continúen perteneciendo al patrimonio nacional --matiz importante-- puedan ser incorporadas, permanente o temporalmente, a los distintos museos de comunidades autónomas de
origen. Yo creo que esto sí es autonomismo cultural en serio; creo que enriquece la moción, es una gran enmienda y por eso la vamos a aceptar.
Por otra parte, para que quede muy claro, no sabemos qué quieren hacer con los museos ni la señora
ministra ni el Gobierno; pensamos que será lo mejor para los museos, vaya por delante, y estamos deseando que nos presenten el plan para conocerlo y sin duda alguna, si es como todos deseamos, para apoyarlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
(Pausa.)
No hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, si el Grupo Parlamentario Popular acepta nuestra enmienda votaremos a favor. Tenemos claro --y siempre está en nuestro programa y en nuestras intenciones--
que nos aliamos con quien nos da lo que queremos conseguir, y esto ha sido así con todos los gobiernos; creo que nuestros museos se merecen una ley así, y si lo conseguimos con el apoyo del Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista o con
el de Esquerra, no nos importa, pero vamos a conseguirlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero manifestar nuestra extrañeza ante la posición que se plantea en relación con el Plan Integral de Museos.
Nuestro grupo se manifiesta
abiertamente favorable a la propuesta del traspaso de la titularidad de los museos estatales a las diferentes administraciones autonómicas. Ponerle plazo fijo al Plan Integral de Museos para que contemple al conjunto de acciones de la política de
museos del Gobierno nos parece muy serio. Sí estamos de acuerdo en el objetivo último, ahora bien, lo que hace falta es voluntad para querer hacer bien las cosas, y eso supone diálogo y principios de acuerdo con las diferentes fuerzas políticas y
con todas y cada una de las comunidades autónomas; eso es precisamente lo que pedimos al Gobierno del Estado.
Pensamos que es muy importante establecer actuaciones globales en materia de adquisición, conservación y exhibición de las diferentes
obras. Ya le indicábamos a la señora ministra, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura, nuestro deseo de poder contar con la posibilidad de exhibir el «Gernika» de Picasso, en nuestro museo Guggenheim de Bilbao, y la ministra nos
manifestaba su viabilidad política, aunque, como hizo en su día el anterior Gobierno, se reservaba su decisión final a los informes de los expertos técnicos, referidos a la conveniencia, a la viabilidad o no de traslado de la referida obra. Pues
bien, seamos serios: tal y como le decíamos a la señora ministra, si ustedes en pleno siglo XXI no tienen los técnicos preparados para garantizar un traslado seguro del «Gernika» de Picasso, a Bilbao, nosotros les aportaremos los técnicos con un
compromiso de garantía.
En éste y en todos los temas hacen falta, como decía antes, voluntad y ganas. ¿A qué viene la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista tendente a incluir en el Plan Integral de Museos los estudios
jurídicos pertinentes para analizar la viabilidad de los traspasos a las administraciones autonómicas en materia de museos estatales? Señorías, ¡menos estudios y más voluntad! Los ciudadanos quieren ver gestos y resultados, y aunque los estudios
están muy bien y, qué duda cabe, son siempre necesarios, no hagamos trampas y encarguemos estudios dirigidos, cuyo resultado final sea el que quien encarga el estudio quiere que sea.
Decía la señora ministra en su comparecencia en esta Cámara, el
pasado día 6, que ha aparecido en cualquier lugar del planeta, y también en nuestro país --y nosotros decimos que se le olvidó decir: en todas y cada una de las diferentes comunidades autónomas--, una iniciativa prolífica de creación y nacimiento
de museos de muy diverso tipo que, además del arte, ha cambiado de formato y de soporte, lo que hace que los museos sean lugares muy diferentes en lo que a actividades se refiere. Además, el ejercicio pleno y cada vez más intenso de la cultura como
un derecho por parte de los ciudadanos hace que los museos tengan que repensar mucho sus actividades, y por tanto sus ofertas, sus estructuras, sus propios equipamientos e incluso el modelo personal y de formación de quienes los tienen que atender.
Suscribimos estas palabras y solicitamos al Gobierno que sea coherente con lo que dice. Cada una de las diferentes comunidades autónomas tiene su idiosincrasia y sus propias peculiaridades, y tenemos que respetarlas y fomentarlas.
Decía la señora
ministra que es necesario repensar la titularidad de los museos y el formato de la gestión de alguno de ellos y sus infraestructuras. Pues bien, le insistimos al Gobierno para que lo haga.
No basta con manifestar voluntades, repito, hay que ir un
poco más allá, ser valientes y tomar decisiones, y en esta materia se les presenta una importante oportunidad.
Nos parece muy apropiada la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, CiU,
que añade ese tercer párrafo en el que indica que dicho plan arbitre la cesión permanente o temporal a los distintos museos de las comunidades autónomas de origen de las obras de arte procedentes de la dación de deudas tributarias, sin perjuicio de
que continúen perteneciendo al Patrimonio Nacional.
Por todo lo expuesto, anunciamos nuestro apoyo a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLO: Gracias, señor presidente.
Tal y como están las cosas, ya les puedo anunciar nuestra abstención ante la moción que apoyan conjuntamente el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Nos parece bien el traspaso de los museos del Estado a las comunidades autónomas que lo soliciten y la cesión de obras procedentes de la dación a los museos de las comunidades autónomas, pero no podemos aceptar el principio de un plan
integral de museos que invade las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Por otro lado, está claro que es una «badada», como se dice en catalán, es decir, un desliz de Convergència, porque no se han enterado de que les están colando
un plan integral de museos que, de hecho, no respeta la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lo que nosotros queremos es que el Estado lleve a cabo una política de museos mínima, centrada en los grandes museos que no se pueden
traspasar a las comunidades autónomas, que traspase los museos que sean de su titularidad a las comunidades autónomas, y que financie con los fondos que tiene las políticas de museos de las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Este es el
auténtico plan que debe realizar el Ministerio de Cultura, es decir, ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas para desarrollar una política de museos. La propuesta del Grupo Parlamentario Popular no prevé en ningún momento que este plan
integral de museos se pacte con las comunidades autónomas, por lo tanto, es inaceptable. Ese es el motivo por el que nos abstenemos, no por ningún otro. No hay nada más que esto.
Por otro lado, ya le he anunciado que daremos nuestro apoyo a la
moción de Covergència i Unió en la Comisión de Educación y Cultura para la cesión de obras de arte a los museos catalanes y a los de las otras comunidades autónomas y, si es posible, presentaremos otra moción que pueda ser votada por todos los
grupos, puesto que se ha visto en este debate que había un acuerdo para que los museos de titularidad del Estado que las comunidades autónomas soliciten puedan ser traspasados. Puesto que todos estamos de acuerdo en esto, perfecto; será una
maravilla. Por fin el Grupo Parlamentario Popular, que nunca lo ha hecho, lo hará.
Perfecto, ya estamos de acuerdo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista y nuestra intención de voto ante la moción que, finalmente, queda presentada.
En primer lugar, quiero hacer
referencia a unas manifestaciones de la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la senadora Aleixandre, según las cuales lo que le molestó de la intervención de la señora ministra fue que parecía que toda la
cultura era suya. Debido al hecho de que la señora ministra es una compañera socialista, estoy segura de que eso no es así. Lo digo porque incluso aparece claramente reflejado en nuestro programa electoral, donde se dice que la cultura no puede
ser partidista y que a quien pertenece es a los ciudadanos, al igual que los derechos fundamentales. Solamente quería hacer esta reflexión porque consta en nuestro ideario.
En segundo lugar, señor Van-Halen, lamento que no haya estimado oportuno
aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pues entiendo que su contenido no es muy dispar del que ustedes presentaban. Considero que, de no aceptarlo, usted no está muy conforme con el plan existente. Insisto en lo
mismo, es decir, que si uno está contento con una cosa que tiene no pide la contraria; si usted está contento como senador no pedirá que otro senador le sustituya, o si el Partido Popular está contento con usted en su cargo no pretenderá que sea
otro quien lo ocupe.
La verdad es que no sé si pensar, señor Van-Halen, que a usted lo que le gusta es presentar interpelaciones sobre política de museos, porque viendo los «Diarios de Sesiones» observo que presentó una a este respecto en el año
1995, siendo ministra en esos momentos Carmen Alborch. Además, ella le contestó presentando un plan estratégico de museos, como consta en el «Diario de Sesiones» del 20 de febrero de 1995. Se trataba de un plan bastante ambicioso, respecto del que
ella misma decía que comenzaba en 1995 para finalizar en 2004, y usted contestaba que para esas fechas todos calvos.
Dice usted que no se sintió satisfecho con la exposición de la señora ministra porque no quedó claro el qué, dónde, cómo, por qué y
para qué.
Senador Van-Halen, en su intervención, con motivo de la interpelación del otro día, dijo usted que la ministra tardó tan sólo tres minutos en explicar su planteamiento en política de museos. No sé cuanto tiempo tardó, pero lo que he
hecho ha sido comprobar cuántas líneas ocupó dicho planteamiento en el «Diario de Sesiones», y he visto que son 139. A lo mejor es insuficiente y usted necesitaría una ampliación mayor de esos datos, pero le puedo decir que la intervención de doña
Esperanza Aguirre, en su comparecencia de las mismas características en la sesión del 27 de junio de 1996, ocupó 32 líneas, y que la de doña Pilar del Castillo ocupó tan sólo doce. No sé si en esos momentos usted se quedó satisfecho con las
explicaciones que dieron.
Usted nos pide un plan en un plazo de seis meses y, al mismo tiempo, nos dice que le parece raro que no hayamos dicho que queríamos un año. La verdad es que esta actitud parece responder más a la máxima de ver la paja en
el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque si consideramos que el Gobierno popular hasta el año 2003 no presentó su plan integral de museos, vemos que tardó siete años desde que accedió al Gobierno. ¿Para ellos siete años y nosotros debemos
realizar una labor similar en seis meses? En este sentido pienso que el tiempo es más bien la medida de los negocios, como el dinero lo es para las mercancías, según dijo un filósofo, y desde luego, hablando de negocios, negocio político es lo que
me parece que ha hecho usted hoy admitiendo el punto tercero de la moción, ya que su contenido se va a debatir en la próxima sesión de la Comisión de Cultura prevista para el jueves. El oportunismo político ha hecho que lo podamos adelantar unos
cuantos días y por eso quiero referirme a este punto tercero, porque a los anteriores ya me he referido en la anterior intervención.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que concluya.
La señora NAVARRO LAFITA: Sí, señor presidente.
Como veo que debo concluir y no tendría tiempo para entrar en el tema de dación de deudas tributarias --vamos a tener ocasión de retomarlo en la próxima sesión de la Comisión de Cultura que
tendrá lugar el jueves--, dejo la exposición y finalizo reiterando lo que he dicho en la anterior intervención, indicando simplemente sus propias palabras: usted pedía mesura, tranquilidad y estudio de los casos, y vuelvo a repetir que para
ejecutar los contenidos que ustedes nos plantean es necesario disponer de medios y de tiempo suficiente al objeto de que las conclusiones realmente sean coherentes y reflejen las necesidades y realidad de los museos.
Por todo lo anteriormente
expuesto, el voto del Grupo Parlamentario Socialista será de abstención.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor presidente, señorías, tengo por costumbre --o más bien porque así debe ser-- escuchar las intervenciones de los demás portavoces, y si no he oído mal, la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió ha dicho que si se aprobaba la moción en estos términos, retiraría la que tiene presentada ante la Comisión de Cultura, que se debatirá el próximo jueves, sobre la devolución de bienes del patrimonio histórico y cultural de
las comunidades autónomas transmitidos a la Hacienda Pública como dación en pago de deudas tributarias. Un punto éste que quiero aclarar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, debo decir que su señoría continúa emitiendo un juicio de intenciones. Dice usted que el plan que pedimos es intervencionista, y quizá usted lo haría así si estuviera en su mano, pero tengo confianza en
que el Gobierno socialista no lo haga. Pero es que su señoría me habla a mí como si quien tuviera que hacer el plan integral fuera el Gobierno del Partido Popular. ¡Dígale usted a esos señores (Señalando a los señores senadores de los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) que le pidan al Gobierno que representan que hable con las comunidades autónomas! Porque nosotros sólo instamos al Gobierno a que desarrolle un plan, y lo demás ya veremos quién lo hace.
Sé que a su señoría le
molestaría, por motivos de cercanía política, que fallara el Gobierno, pero aun así no me pida usted cuentas a mí, porque, como digo, aquí nosotros sólo instamos al Gobierno a que se apruebe el plan. Y es que le dice usted a la portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que se han dejado engañar como si nosotros fuéramos quienes vamos a hacer ese plan, e insisto, señoría, el plan lo van a hacer los señores del Partido Socialista, no nosotros.
Señora
Navarro, dice usted que no estoy de acuerdo con el plan integral del Partido Popular. ¡Pero si son ustedes los que tienen que estar de acuerdo con él! ¡Pues claro que yo estoy de acuerdo con el plan del Gobierno del Partido Popular! Pero ustedes
han dicho de forma reiterada, por activa y por pasiva, que no lo están, y por eso solicito que se lleve a cabo esta alternativa, algo que al parecer le molesta mucho. No lo hago porque a mí me parezca mal el plan, sino porque la señora ministra
vino aquí y, excepto inaugurar el Museo del Prado, parecía que todo lo había hecho ella. Yo quiero ver si ustedes hacen un plan integral de museos o, empleando la misma palabra utilizada por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, un plan integrador que nos guste a todos, pues, como digo, nosotros sí deseamos que ese plan nos guste.
Señora Navarro, dice usted que la señora Calvo utilizó 139 líneas del «Diario de Sesiones» para hablar de museos, y yo
dije que había utilizado tres minutos para hablar de museos y el resto para hablar del Museo del Prado y de otros temas. No obstante quiero aclararle que el «Diario de Sesiones» se edita a doble columna, y por tanto, no son 139 líneas completas,
sino la mitad. No sé cómo habrá contado usted, pero en cualquier caso no se puede comparar una cosa con la otra.
Usted se ha remitido aquí a tiempos de la prehistoria, ha traído a colación a ministros anteriores que ocuparon sus carteras hace
años, se ha referido a un diálogo que mantuve con doña Carmen Alborch, ministra de Cultura, que, por cierto, era un encanto, y con la que, como portavoz de Cultura en la oposición, tuve que dialogar mucho. Y debo decirle que las dos ministras del
Gobierno del Partido Popular que usted ha señalado, y que, según usted, emplearon menos tiempo en sus comparecencias que el utilizado por la ministra Calvo, pertenecían a ministerios que no sólo abarcaban Cultura, sino también Educación y Deporte, y
naturalmente en sus comparecencias tenían que tratar sobre las tres áreas de su ministerio. Ahora, en cambio, hay un Ministerio de Cultura que sólo se ocupa de eso y del que evidentemente los museos son una parte importante.
Usted dice que seis
meses es poco tiempo, y yo le digo que en tres meses han sacado ustedes los bulldozer y han querido dejar todo como un solar.
Por tanto, les corresponde ahora presentar un plan de museos en seis meses, o en lo que tarden, y contarán siempre con que
nuestro deseo es el de que acierten, pues se trata de que los españoles se encuentren con un Gobierno que lo haga bien. No se puede sacar el bulldozer y al minuto siguiente decir que tienen poco tiempo para construir, porque, como es natural,
destruir es siempre más fácil que construir.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Navarro Lafita pide la palabra.) Tiene su señoría la palabra por un minuto.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Pedía la palabra por el artículo 87 al haberme sentido aludida en la intervención del señor Van-Halen.
Quiero aclararle que por líneas de lectura se entiende lo que dice la propia expresión: líneas de lectura. Dejan de ser líneas de
lectura si uno se salta a otra línea que no continúa con el mismo texto.
Con respecto al dominio de la prehistoria, muy poco tendré que decirle a usted al considerar los años que lleva aquí como senador. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y con respecto a que este ministerio es única y exclusivamente de Cultura, precisamente es uno de los hechos de los que más orgullosos nos sentimos los socialistas al dar a la cultura la importancia que se merece
elevándola al rango de ministerio.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Navarro. (El señor Van-Halen Acedo pide la palabra.) Tiene la palabra el senador Van-Halen también por un minuto.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecerle su intervención a la señora Navarro diciéndole que espero verla muchos años en esta Casa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Sometemos a votación la moción con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió defendida por la senadora Aleixandre.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 137; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRAMITES PARA LA MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO (662/000037).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para la modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado. (Fuertes rumores.) A esta moción se han presentado dos enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista, Entesa Catalana de Progrés, Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario Mixto. (Fuertes rumores.) Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Gutiérrez.
Señorías, les ruego guarden silencio o salgan del hemiciclo. No vamos a dar comienzo a la intervención del senador hasta que no se guarde silencio. (Fuertes rumores.-- Pausa.) Señorías, les reitero que no vamos a dar comienzo a la
moción hasta que se guarde silencio en la sala. (Pausa.) Tiene su señoría la palabra.
El señor GUTIERREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae una moción fundamentada en algo que resulta vivo en la Justicia penal española, y no es más que la Ley del Jurado.
La Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado data de 1995, y se promulgó en nuestro país concomitante en el tiempo básicamente con el Código Penal, una profunda reforma penal y de enjuiciamiento criminal abordando un asunto que no era ni más ni menos que un
mandato constitucional. La propia Constitución de 1978 imponía al legislador regular lo que viene en denominarse el tribunal del jurado, y la regulación surge 16 años después de la promulgación de la Constitución.
Hoy han transcurrido casi diez
años desde la promulgación de esta Ley del Jurado, y desde el Grupo Parlamentario Popular considera que es el momento y el tiempo idóneo para hacer un análisis serio y riguroso de lo que ésta ha representado en el ordenamiento jurídico español: la
aplicación de un nuevo tribunal de composición distinta a lo que venía siendo habitual, por lo menos en el siglo XX, en el ordenamiento jurídico español. Diez años, repito, creo que es el tiempo idóneo para que podamos reflexionar sobre el
funcionamiento y la aplicación de la ley. Por ello, a finales de la década pasada se solicitó un informe a la Fiscalía General del Estado que sirviera como base y como punto de partida de aquellos posibles elementos estructurales de cara a una
modificación en el futuro.
Se planteó esta necesidad de modificar algunos aspectos de la ley orgánica no tanto pensando en la polémica inicial que podía surgir en el año 1978 en la doctrina entre aquellos que pudieran ser projuradistas o
antijuradistas, sino partiendo de la base de que hay un mandato constitucional que, como tal, debe cumplirse y que el tribunal del jurado debe existir y debe estar enmarcado en el ordenamiento jurídico español.
Desde ese punto de vista, el Grupo
Parlamentario Popular ha traído una moción a esta Cámara planteándose dos reflexiones sobre las que debería realizarse un análisis riguroso y serio, pero siempre con la idea inicial de que es bueno analizar las causas que pudieran permitir, no tanto
mirando al pasado sino al futuro, llevar a cabo unas reformas que sean vivas y eficaces, buscando con conocimiento de causa avanzar precisamente en el ordenamiento jurídico español. Por ello --y ahora lo anuncio antes de iniciar mi
disertación--, agradezco a los grupos parlamentarios que, junto con el Grupo Parlamentario Popular, hayan llegado a una enmienda transaccional que destaca precisamente este elemento. Vamos a reflexionar y a analizar aquellos componentes y aquellas
distorsiones que puedan verificarse desde el punto de vista práctico en la aplicación de la Ley del Jurado, y tras este análisis vamos a modificar construyendo hacia el futuro lo que puede representar algo más eficaz del tribunal del jurado.
Vaya
por delante, en consecuencia, mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por haber suscrito esta enmienda transaccional que nos permitirá avanzar a todos juntos en esta moción. No obstante, haré una reflexión sobre el contenido y lo que
representa la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Esos dos puntos a los que hacía referencia anteriormente significaban para nosotros elementos esenciales y estructurales de la Ley del Jurado.
Básicamente eran dos: hablar o reflexionar sobre
la composición del tribunal del jurado y hablar y reflexionar sobre las competencias del propio tribunal del jurado, es decir aquellos delitos que pueden comprenderse y enjuiciarse por el tribunal del jurado. No obstante, no somos ajenos, y así lo
debemos mantener, a que puede haber muchos aspectos de la propia ley que también necesiten de ese análisis, de esa reflexión seria y posiblemente de esa modificación. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Podemos hablar
de la fase de instrucción del jurado, algo que no es similar a los demás procedimientos ordinarios y que, sin duda, deberá afrontarse en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su conjunto.
Podemos hablar de la valoración de la prueba,
de la prueba ilícita, de las limitaciones de la prueba, algo que evidentemente estará en consonancia con la composición que podamos adoptar en el propio tribunal del jurado.
Quizá habrá que tocar el tema de la conformidad, cuándo se podrá conformar
y cuándo estará constituido el propio tribunal del jurado, y puede haber alguna desintonía en ambos aspectos; quizá habrá que entrar a corregir algunos matices en la selección de los miembros del jurado o incluso en la objeción de conciencia, de la
que este senador no es partidario, pero pudiera ser un debate a tener en cuenta.
Habrá que hablar también del veredicto y de la participación del magistrado presidente en el conjunto del tribunal del jurado y por qué no, del sistema de recursos,
quizá el sistema ideal que tengamos que exportar a otros procedimientos ordinarios, así como un análisis de conjunto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vaya por delante la idea de que el que yo haga un análisis somero de muchas cuestiones que
puedan ser modificadas en el ámbito de la ley no quiere decir que haga un análisis de que su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico ha sido nefasta . Nada más lejos de la realidad, y mucho menos que queramos derogar la Ley del Jurado. Nada
más ajeno a nuestra voluntad. Estamos ante un mandato constitucional y sobre él debemos construir o partir, ahora bien, con conocimiento de causa, y éstas son las causas que pueden llevarnos a un profundo análisis de la reforma de la Ley del
Jurado.
Como he querido delimitar mi espacio en el cual voy a realizar la disertación a dos postulados, a éstos me referiré, con independencia de la enmienda transaccional que hemos suscrito todos los grupos parlamentarios.
¿Se debe mantener el
jurado puro o debemos cambiar hacia un jurado mixto o escabinado? ¿Debemos hacer una reflexión sobre si adoptamos un sistema u otro? Es una cuestión muy importante. La decisión se adoptó en el año 1995 y tiene un carácter absolutamente político.
Lo sostuvimos, lo hemos sostenido, lo sostendremos y en el futuro así será. Es una decisión política que además tendrá mucho que ver con el modo y la forma posterior de emitir el veredicto por parte del jurado. Pero la idea de que sea una decisión
política no puede hacer olvidar que debe sustentarse sobre valores y aspectos técnicos que proporcionan un objetivo final, que es una mejor y más ágil Administración de Justicia.
¿Es conveniente un sistema u otro? Es algo sobre lo que debemos
reflexionar. El sistema puro es aquel compuesto en su totalidad por personas legas. Efectivamente, puede haber un mayor acercamiento a la sociedad; puede ser mucho más ágil en la toma de decisión; puede estar fundamentado en la percepción del
tribunal sobre la prueba de forma inmediata y, desde este punto de vista, no vamos a negarle un acercamiento a la sociedad; quizá tenga otros problemas, pero el juez lego puede juzgar en función de su razón, y su razonabilidad vendrá avalada no por
lo jurídico o no del contexto, sino por la decisión política del legislador de dejar en manos de personas legas el veredicto del sí o el no, el inocente o el culpable.
Frente a ello, nos encontramos con el jurado mixto, cuya composición quizá sea
menos leal con la sociedad desde el punto de vista de la inmediatez en la participación del ciudadano, ya que al introducir elementos técnicos en los elementos legos, evidentemente los unos pueden arrastrar a los otros al convencimiento de una
razón. Ahora bien, la razón será una razonabilidad jurídica por la cual puede apostar el legislador en aras de un mejor control de la motivación.
Por tanto, quizá esa deslealtad con la sociedad nos permita una mayor lealtad con el fondo de la
razonabilidad que pueda obtenerse a través de un veredicto dictado por un tribunal mixto.
Pues bien, ante una u otra decisión, así simplemente se adopta por parte del legislador la solución del llamado sistema puro; sistema que es legítimo pero
que evidentemente en España tendrá que estar subsumido a los llamados valores constitucionales; debemos tener en cuenta el ordenamiento jurídico aunque la decisión a adoptar sea la del jurado puro. Y es en este punto donde quizá nos podamos
encontrar con el primer problema, ya que la razonabilidad es una exigencia del artículo 24 de la Constitución. En consecuencia, tendrá que existir una motivación y una fundamentación no solamente legitimada por el aval de
una decisión política. Y de esta forma se arbitra lo que constituye un sistema sui géneris, que ni va hacia un camino ni va hacia el otro, en el que la composición es pura y, sin embargo, el funcionamiento interno y el nivel de exigencia
son propios del jurado mixto.
Llegados a este punto no tenemos otra forma que regular un recurso por el cual un tribunal, ya sin composición del jurado, pueda anular la decisión de éste, el cual exige una motivación, por falta precisamente de esa
motivación.
Quizá en este caso estemos cruzando los conceptos sobre la composición mixta o la composición del jurado. Quizá en este caso un miembro del jurado podría preguntar al Estado: Si usted me llama para juzgar, y yo juzgo lo que pienso y
en función de mi razón, pero a usted no le gusta lo que yo pienso y razono, y lo anula, ¿por qué me llama? O quizá también podría pensar: Si duda de mi razón, en Derecho, porque soy lego, integre en el jurado a personas que aporten razones
técnicas, y de la convivencia de ambas perspectivas obtendrá mejores resultados para la Justicia. Es decir, en función del ordenamiento jurídico y de la posible exigencia del artículo 24 de la Constitución, quizá deberíamos hacer una seria
reflexión sobre el sistema puro o el sistema mixto.
La segunda cuestión que quería traer a colación es la revisión que podamos hacer sobre la competencia del propio tribunal del jurado, es decir, qué delitos, desde el punto de vista del
ordenamiento jurídico español, consideramos que es propio, adecuado o lógico que sean estudiados por un tribunal del jurado. En este punto la propia Ley del Jurado parte de apostar por la amplitud de los hechos delictivos que van a ser enjuiciados
según dicha norma. Y en mi opinión lo hace en función de dos coordenadas. La primera de ellas es la consideración de aquellos tipos delictivos en los que la persona es objeto o sujeto pasivo del propio delito, es decir, aquellos que tienen como
resultado la muerte, el homicidio, el asesinato, etcétera. Sobre ellos no voy a hacer ninguna consideración, porque quizá lo propio sea que la Ley del jurado analice el esquema de estos tipos delictivos.
La segunda coordenada es más discutible,
sin que con ello yo quiera decir que deba eliminarse ese ámbito de aplicación de la Ley del jurado. De cualquier forma, engloba una serie de delitos ambiguos y cuyo único punto de conexión quizá sea un reflejo de la propia sociedad a la hora de
considerar el legislador que está más cerca el propio jurado de poder enjuiciarlos. Son delitos como los de incendio forestal, que se introdujeron en su momento por una perspectiva histórica, delitos contra la libertad y seguridad de las personas,
delitos contra el honor, algunos delitos de los funcionarios públicos, etcétera.
Voy a hacer dos reflexiones sobre este bloque de delitos, en el sentido de si se deben o no mantener o si quizá se deberían incluir otros tipos delictivos en la
competencia del jurado. Y posteriormente plantearé un serio problema que lleva a una desintonía en la aplicación de la propia ley.
Con respecto a los delitos de los funcionarios, efectivamente, se ha querido que se pudieran enjuiciar desde la
perspectiva social. Pero podemos encontrarnos con serios problemas. Por citar un ejemplo, y sin ánimo de que se pudiera introducir extraer del contexto de la ley, el propio delito de malversación de caudales públicos se mueve en dos ámbitos en
principio claramente predispuestos, y esto no lo digo yo, sino la propia Fiscalía General del Estado. Así, o bien se trata de un delito de los que podemos denominar de ingeniería financiera o económica, con un gran «aparataje» --valga la
expresión-- documental, por lo que va a desbordar la valoración que pueda realizar del mismo el tribunal del jurado, o simplemente es un delito pequeño, leve, que cualquier funcionario de Correos, como dice la Fiscalía, puede cometer con la venta de
los sellos, con lo cual, ese delito de tan poco coste social nunca debe representar un gran coste para que sea el jurado el que lo enjuicie.
Analicemos estas coordenadas, y veamos si eso se puede cumplir o no; qué podemos decir del cohecho, o del
tráfico de influencias, en los que la prueba básicamente va a ser documental o pericial, lo que desborda la amplitud del conocimiento del juez lego.
Pasando del contexto de los funcionarios al de la libertad de las personas, he de decir que el
allanamiento de morada es un delito, en principio, simple, que no causa ningún tipo de problemas. La entrada en morada ajena la podemos enjuiciar de un modo u otro, pero el allanamiento de morada puede ser un delito instrumental de delitos mucho
más graves, como son los delitos contra la libertad sexual de las personas en morada ajena o los delitos con robo con violencia en morada ajena. Entonces, el enjuiciamiento del allanamiento de morada sobre ese tipo de delitos nos va a llevar al
jurado y vamos a tener que enjuiciar --por lo que después diré--, dentro del contexto del jurado algunos tipos delictivos, como los de la libertad sexual de las personas, que en ningún caso ha querido el legislador llevarlos al terreno del jurado.
Además, en muchos casos el allanamiento de morada puede derivar de disputas de índole familiar o afectiva, y lo que el legislador no ha querido llevar al contexto de jueces legos es, precisamente, ese tipo de delitos donde se juzga algo íntimo.
Quizá, como apunta la propia Fiscalía, hay que reflexionar sobre el allanamiento de morada.
El problema fundamental no es si un delito es o no susceptible de atribución, porque algunos pueden entrar o salir en virtud de un análisis serio hecho
desde la práctica, sino los criterios que sobre la conexión ha planteado el legislador de la ley del jurado. En cuanto exista un complejo de delitos en conexión actuados por una sola persona que deban ser juzgados conjuntamente, como algunos de los
hechos delictivos sean competencia del jurado, todos irán al jurado. En consecuencia, vamos a introducir en el veredicto del jurado una complejidad de delitos absurda, desde el punto de vista del jurado, que, como ustedes saben, con el juego de las
mayorías y minorías puede desembocar en la realización de un...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.
El señor GUTIERREZ GONZALEZ: Concluyo en seguida, señor presidente.
Pues bien, esta vis atractiva en favor de la ley del jurado que nos plantea el legislador habrá que analizarla con mucho cuidado, porque, desde el punto de vista práctico --y el propio informe de la Fiscalía así lo ponía de relieve--, se
intenta o realizar calificaciones jurídicas de delitos forzadamente para evitar el jurado o llegar a introducir ese concepto que los estudiosos del derecho saben que es ambiguo, cual es la continencia de la causa; si no se divide la continencia de
la causa por conexión, se acude a un juzgado o a otro, concepto jurídicamente indeterminado y ambiguo allí donde los haya.
De ese concepto jurídicamente indeterminado depende la competencia del juzgado y el juez predeterminado por la ley del
artículo 24 de la Constitución, con lo cual de nuevo entra en juego un derecho fundamental que debe tener en cuenta el legislador a la hora de analizar esto en profundidad.
He querido poner de relieve tan sólo dos aspectos de los muchos que, como
decía al principio, creo que se deben reformar. Piénsese, además, que el legislador tampoco estaba muy seguro en alguno de los elementos que reguló, dado que en 1995, y antes de su entrada en vigor, esta ley se reformó en lo que era la competencia
de los delitos en una doble modificación del artículo.
Concluyo, señor presidente, manifestando que éste es el razonamiento y el fundamento de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Por ello, instábamos al Gobierno a que, tras
el análisis previo, introdujera una reforma de lo que representa la ley del jurado.
Como no quiero negar la realidad, y lo cierto es que todos los grupos del arco parlamentario estamos de acuerdo en realizar este estudio y promover esta reforma
construyendo el futuro más que pensando en el pasado, creo que haríamos un flaco favor si no nos sumáramos a esta idea que compartimos todos los grupos parlamentarios para que, por lo menos, en esta legislatura se haga un análisis serio de lo que
representa la ley del jurado en España, y repito que construyendo el futuro y no mirando al pasado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Se ha presentado
una propuesta de modificación que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios. Como entiendo que no ha lugar la defensa de enmiendas, pasamos directamente a las intervenciones de los grupos.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo hoy la posible modificación de la ley del jurado del año 1995. Cuando leí el contenido de la moción, pensé que hoy se iba a producir un debate entre los
amigos y los enemigos del jurado, en lugar de mejorar algunos aspectos formales de la ley, sin entrar en el fondo de la cuestión. Al parecer esto no va a ser así, puesto que hay un acuerdo entre todos los grupos.
La institución del jurado fue en
su día un avance del proceso democrático, la única institución en la que los ciudadanos participan directamente y, por tanto, modificar lo fundamental de esta ley significaría un retroceso democrático y una desconfianza en los ciudadanos que nos han
elegido. Cualquier iniciativa tendente a reducir el ámbito competencial del jurado y la composición actual del jurado sería, a mi juicio, ir en contra de la escasa democracia participativa que tenemos hoy en día.
Si se sustrae el jurado de su
parte más noble que tiene de compromiso constitucional con los ciudadanos, es decir, la acepción o no de la responsabilidad penal, entonces el jurado sobraría. No es, pues, una temeridad que los ciudadanos que no tienen conocimientos jurídicos
puedan intervenir en los procesos judiciales. La propia ley tiene mecanismo para evitar decisiones injustas, tiene una serie de filtros para evitar irregularidades y en ellos juega un papel importante tanto el juez presidente como el Ministerio
Fiscal.
Es cierto que los jurados se equivocan, puesto que ha habido algunos veredictos que han generado alarma social, pero también los jueces se equivocan. ¿O es que no ha habido sentencias de jueces que han escandalizado a los ciudadanos de
este país? El jurado es una institución seria, bonita, democrática y no debemos convertirla en un instrumento demagógico, en un instrumento de derribo al oponente político. Por tanto, señorías, dejemos que el jurado se consolide y que el próximo
año tenga un cumpleaños feliz.
En cualquier caso, el Grupo de Coalición Canaria está abierto a las modificaciones oportunas que se determinen, consensuadas por todos los grupos, destinadas a lograr una mayor eficacia del jurado.
Nada más y muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Moltes gràcies, senyor president.
Señorías, es evidente que el objetivo de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular es analizar la aplicabilidad de la ley en los últimos diez años, y es evidente también que
aunque el año que viene se cumplen los diez años de la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la satisfacción en la calle no es general. Es evidente que es un tema polémico por determinadas sentencias, pero no por ello tenemos que
aparcarlo o plantear objeciones al mismo. Por lo tanto, desde este punto de vista entiendo que estamos en un debate en positivo. No puedo hablar de dramatismo, ni mucho menos, ni voy a entrar en la casuística.
Entiendo que la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular es una apuesta por profundizar y ver qué resultados ha tenido esta ley que incide claramente en toda la ciudadanía y qué fórmulas podemos aplicar para mejorarla.
Desde este planteamiento quiero hacer referencia a una serie de
antecedentes que son importantes para conocer
cuál es el posicionamiento que al parecer va a ser por todos los grupos de la Cámara. Digo los antecedentes porque ya en el año 1997 se presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta del Grupo Parlamentario Popular de reforma de la
Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, cuando sólo habían pasado dos años de su aprobación. Esa proposición no de ley fue transaccionada posteriormente con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió donde se instaba al Gobierno en dos cuestiones fundamentales que hoy son perfectamente válidas. La primera, recabar al Fiscal General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial información sobre la experiencia de esos años y, la
segunda, a la vista de los anteriores informes, que se valorase impulsar o no la reforma de la ley. Repito que esto se hizo prácticamente llevando vigente la ley sólo dos años.
Quiero también recordar la intervención en ese debate, en el Congreso
de los Diputados, del representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que apuntó tres temas que siguen válidos y fundamentales para discutir un tema de tanta trascendencia como es el futuro del tribunal del jurado.
El portavoz de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados hablaba de ponderación y prudencia, hablaba de buscar las reformas para modificar, si es que se había de modificar, y , evidentemente, implicar a todas las fuerzas políticas y
también a la Judicatura, es decir, fiscales y jueces, para que estas reformas fuesen fruto de un estudio exhaustivo de la situación y de la experiencia.
¿Qué situación tenemos hoy? Hoy ya no se hace la propuesta a dos años, sino que se hace
prácticamente a diez y, evidentemente, no podemos hoy trasladar a la ciudadanía el concepto de error del Tribunal del Jurado como una cuestión general. Necesitamos nuevamente prudencia y no convertir el tema en una discusión política pura.
Estoy
de acuerdo en que podemos discutir y que cualquier planteamiento del Tribunal del Jurado puro o mixto o escabinado tendrá sus pros y contra. Todo planteamiento, y especialmente jurídico, puede tener diferentes interpretaciones, y esto lo tiene.
En
todo caso, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando la Constitución regula este tema y basa el principio democrático de la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia lo hace desde un punto de vista abierto lo máximo
posible y en ese posicionamiento sigue estando mi grupo parlamentario.
Hoy lo que hacemos es discutir una situación a futuro para mejorar una experiencia de diez años. ¿Cuál es la situación actual? En el informe de la Fiscalía se habla de
veredictos sorpresivos o de perplejidad colectiva. Yo no iría tan lejos, pero es evidente que ha habido sentencias complicadas o que la ciudadanía no entiende, o sea --como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria--, también se equivocan los
jueces. Por tanto, no es una cuestión fundamental.
Ha habido también un tema importantísimo --y en ello quiero incidir porque era una de las propuestas que hacía nuestro grupo en la enmienda de adición porque creía que era fundamental--, cual es
la problemática presupuestaria. Echamos para adelante y hemos disfrutado de una ley casi diez años, sin tener, un soporte presupuestario para que esta ley siguiera adelante. Les pondré un ejemplo claro. No puede ser que una de las bases del
Tribunal del Jurado sea el aislamiento de los miembros del jurado y que por defectos presupuestarios cuando acabe la jornada de debate o de vista los miembros del jurado se vayan a casa porque no hay las partidas presupuestarias consecuentes. De
aquí mi planteamiento de que lo que no podemos es legislar si no tenemos las dotaciones presupuestarias necesarias. De ahí que en la enmienda de adición que presentamos propusiéramos se tuviese en cuenta esa medida presupuestaria imprescindible
para hacer eso posible.
Finalmente, es evidente que hoy la situación es preocupante por las propias dificultades que he mencionado anteriormente y que es la suma de todas las cuestiones que he dicho. Por lo tanto, desde este punto de vista nos
alegramos de que todos los grupos parlamentarios de la Cámara demos el visto bueno a una propuesta conjunta. El debate futuro ha de ser claramente un debate abierto, volviendo a lo que he dicho anteriormente, de ponderación y prudencia y, sobre
todo, implementando la capacidad de todas las partes por discutir un modelo que está en la Constitución y que con sus pros y sus contras sigue siendo positivo para todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy a la Cámara para su debate una moción que tiene que ver con la institución del jurado y más concretamente con la revisión o
modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, que regula el tribunal del jurado. Una ley ésta, señorías, que --conviene recordarlo-- se demoró bastante en el tiempo pese a ser un mandato recogido en el artículo 125 de la Constitución y
pese también a que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio, de 1985 fijaba un plazo de un año para que el Gobierno remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley del jurado.
Hubo que esperar, por
tanto, casi 17 años para que, tal y como proclama la Constitución, los ciudadanos pudieran ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado y hubo que esperar no un año, sino bastantes más,
para que el Gobierno remitiera, por fin, a las Cortes el proyecto de ley exigido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Me parece igualmente oportuno recordar que la formación política a la que pertenezco y su grupo parlamentario mantuvieron
durante todos estos años una posición bien activa a la hora de demandar del Gobierno el cumplimiento de estos compromisos y la consiguiente articulación de los mecanismos legales que hicieran posible la presencia y participación del ciudadano en la
impartición de
la justicia a través de esta institución del jurado. Baste indicar a este respecto que nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ya presentó en 1983 una proposición de ley en tal sentido, proposición de ley que fue objeto
de debate y que, por cierto, fue tomada en consideración. Y este senador que hoy les habla --entonces en funciones de diputado-- preguntó repetidas veces al Gobierno sobre la regulación pendiente, llegando incluso a formular en el año 1989 una
interpelación y una posterior moción consecuencia de la misma.
Dicho lo dicho y centrándome ya en el contenido de la normativa vigente en el objeto propio de la moción, debo señalar que no nos parece mal, sino todo lo contrario, que una vez que
estamos próximos a que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado cumpla diez años de vigencia se ponga en marcha un proceso de reflexión y de revisión de la norma a la vista de la experiencia acumulada, de los errores ya advertidos y de las
deficiencias detectadas durante este tiempo --que, ciertamente, los hay y las hay--.
Las posibles modificaciones a introducir deberían ser, en todo caso el fruto o resultado de tal reflexión, revisión y, a nuestro juicio, deberían contar, eso sí,
con el consenso de todos los grupos parlamentarios o cuando menos de una inmensa mayoría dada la trascendencia e importancia de la institución.
Esta y no otra fue la posición que como grupo parlamentario mantuvimos a la hora de emitir nuestro voto
final en la tramitación de la vigente ley en esta Cámara. Dijimos entonces --el «Diario de Sesiones» de la Cámara del 26 de abril de 1995 así lo recoge y leo textualmente-- que «nuestro grupo votará a favor del dictamen de la comisión pese a no
haber sido aceptadas las enmiendas presentadas en la tramitación del Senado». Y dijimos --igualmente está recogido en el citado «Diario de Sesiones» y también vuelvo a leer textualmente-- que «una ley de esa naturaleza entendemos que es bueno que
cuente lo más claramente posible con el máximo consenso y acuerdo». Y añadíamos: «Quede, pues, con esta retirada de nuestras enmiendas, nuestra última aportación a este consenso.» Pues bien, señorías, en este consenso queremos seguir instalados.
Sí, por tanto y sin ningún género de dudas, a la revisión de la ley, a la reflexión de la ley --es más, creemos que la institución ciertamente lo requiere-- y sí también a la reflexión y revisión abierta y de conjunto.
Sí, en consecuencia, a una
reflexión y revisión que pase por el ámbito de aplicación o de atribución de competencias al tribunal del jurado, que pase por el sistema de recursos, que pase por la posible revisión de la valoración de la prueba en segunda instancia, que pase por
dotar al jurado de medidas de seguridad que garanticen su actuación imparcial, que incluso pase por el modelo de jurado --por qué no--, aunque yo personalmente, señorías, sería un profundo defensor del modelo de jurado puro.
Pretendo concluir con
todo ello que estamos de acuerdo plenamente con la filosofía que se desprende de la parte expositiva de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y defendida hoy por el senador Gutiérrez, y que no es otra que la de la revisión de la
ley. Hasta hubiéramos estado de acuerdo --y por eso quiero decirlo-- con el párrafo primero de la parte dispositiva en tanto que, aunque el término «revisión» es sustituido por el de «modificación», no generaba para nosotros especial preocupación
dado el carácter abierto del texto. Pero no hubiéramos estado de acuerdo --y debo decirlo--, al menos en este momento, con el párrafo segundo de dicha parte dispositiva en la medida en que se daba en él por sentada la modificación de la
configuración del tribunal sobre la base del jurado mixto o escabinado. Señorías, creemos que los pasos deben ser dados uno a uno, sin prejuzgar nada, sin cerrar el paso a ninguna posibilidad, pero tampoco imponiendo ya de inicio condiciones o
poniendo puntos predeterminados de partida.
De ahí que hayamos suscrito finalmente, junto con los demás grupos parlamentarios --con todos, y nos felicitamos por ello--, una enmienda que aboga y apuesta por la revisión de manera clara y rotunda y
que desembocará sin ninguna duda en una modificación de la ley, pero modificación que entendemos, siguiendo esa nuestra voluntad manifestada de consenso, será sin ninguna duda la que concite el mayor número de acuerdos posibles.
Esta es, señorías,
nuestra posición; posición que, afortunadamente, y a la vista de esa enmienda suscrita por todos, es unánimemente compartida y por ello nos felicitamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLO: Gràcies, senyor president.
Señorías, continuaré en castellano a la espera de la nueva normalización del uso de las lenguas cooficiales en esta Cámara. (Rumores.) Pronto hará diez años que entró en vigor la Ley del
Tribunal del Jurado, y efectivamente se han producido algunas disfunciones y problemas, algunos difíciles de evitar en una institución nueva que necesita un arraigo social.
Nos parece bien la preocupación del Grupo Parlamentario Popular por
mejorarla, y nos gustaría que tuviera la misma premura en revisar leyes fundamentales que están en vigor desde hace más de veinte años y que también necesitan ser mejoradas.
Estando de acuerdo en que puede ser necesaria una reflexión sobre el
funcionamiento del jurado para perfeccionarlo, seguramente no estamos de acuerdo en el diagnóstico. Para nosotros el jurado es una institución que encauza la participación ciudadana en la Administración de Justicia tal y como afirma la Constitución
y desde su implantación ha ido funcionando cada vez mejor y con mayor normalidad. De hecho, la mayor parte de los problemas que tiene el jurado no le vienen de los ciudadanos que son llamados a participar en él; los profesionales de la justicia
reconocen en general que los veredictos de los jurados son prácticamente siempre razonables
y de hecho los porcentajes de modificación o anulación no llegan al cinco por ciento cuando se someten a recursos de apelación.
Pero lo realmente significativo es que, en general, los veredictos anulados o modificados no lo son por errores
del jurado sino por errores del magistrado presidente o de las partes. El jurado es una institución que sin duda hay que perfeccionar, pero son mayores sus virtudes que sus inconvenientes.
Justamente el jurado obliga a instruir mejor las causas,
ya que su función dentro del proceso es pronunciarse sobre los hechos que plantea la instrucción y luego son los jueces y magistrados quienes deben decidir sobre los aspectos jurídicos de la aplicación de las penas. Insisto, por los datos que
tenemos, más que en el propio funcionamiento del jurado, hay problemas en la instrucción y en el respeto de las formas jurídicas y hay también problemas, que no son menores, de infraestructuras y de instalaciones, es decir, problemas de presupuesto,
como ya se ha puesto de manifiesto en otras intervenciones anteriores.
La moción inicial del Grupo Parlamentario Popular planteaba la necesidad de reformar el jurado pasando a un sistema de jurado mixto que cuente entre sus miembros a un
magistrado. Esta medida, aparentemente razonable, en la práctica podría suponer una desnaturalización del objetivo del jurado como forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia, ya que la experiencia de los países en los que el
sistema de jurado ha evolucionado hacia este modelo mixto muestra que se produce una inhibición de los ciudadanos ante la autoridad jurídica del magistrado.
Contrariamente al espíritu de desconfianza hacia la institución del jurado que nos parece
que respiraba la moción original, profesionales con experiencia en juicios con jurado nos han manifestado que a veces son las mismas medidas de control que contiene la ley, como son la obligada motivación del fallo y las preguntas sobre el mismo al
magistrado presidente, las que dificultan y distorsionan el correcto funcionamiento del jurado, que simplemente debería pronunciarse sobre los hechos que le plantea la instrucción.
En cualquier caso, lo que seguro que no podemos hacer hoy es
pronunciarnos ya en un sentido de reforma esencial del sistema del jurado sin haber realizado los estudios y las consultas necesarias sobre su actual funcionamiento. Por eso estamos de acuerdo con la moción conjunta de todos los grupos
parlamentarios, nos felicitamos de que se haya llegado a este acuerdo para que el Gobierno impulse este necesario estudio de las posibles disfunciones del jurado; estudio que debe contemplar también el ámbito competencial, ya que seguramente sería
necesario modificar el listado de delitos a conocer por el jurado, quizá eliminando algunos de menor entidad pero quizá también incorporando otros, entre los cuales, por ejemplo, una muestra de madurez democrática de nuestro sistema judicial sería
que figurara la acción penal por prevaricación de jueces y magistrados.
Gràcies, senyor president.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora doña María
Antonia Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista felicita a todos los grupos parlamentarios de la Cámara y se felicita a sí mismo por el texto y el acuerdo alcanzado entre todos para conseguir
el contenido de esta moción que, en definitiva, es lo que vamos a someter a votación. Pero quiero también felicitar de forma expresa al senador Gutiérrez por la adaptación que ha hecho de la moción transaccionada entre todos los grupos
parlamentarios en su intervención inicial, así como por la finura jurídica de la segunda parte de su intervención.
Decía el senador Ayala que esperaban encontrar esta tarde aquí un debate a favor y en contra del jurado, entre amigos y enemigos del
jurado, y no ha sido así no sólo porque existe un mandato constitucional que nos da el jurado como algo hecho y que el legislador tenía que legislar en su tiempo, sino porque con finura jurídica se plantea el debate entre un jurado con competencias
decisorias y un jurado con menos competencias, desde luego no decisorias, sino sencillamente como proclamador de hechos.
La elección plasmada en la ley de 1995 recogiendo el modelo de jurado puro cerró la discusión, así lo creíamos nosotros, sobre
el modelo puro o escabinado, pero nada más lejos de la realidad, y esta tarde lo hemos vuelto a ver en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En la VI Legislatura, como decía el senador Badia, el Grupo Parlamentario Popular
intentó una modificación a la luz de la experiencia de tan sólo 16 meses de aplicación de la ley, y entonces, además de cambiar el ámbito competencial y la limitación de la actividad del jurado, simplemente reduciéndola a la proclamación de los
hechos probados, planteaba también revisar los recursos. En aquel entonces decía-- y creo que decía bien-- que tal reforma la hacía con la intención de conseguir la consolidación de la institución. Y digo que creo que decían bien porque aceptó la
enmienda de CIU, a través de la cual no se modificó nada, sino que se solicitó un estudio serio y riguroso, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado, sobre el funcionamiento del jurado, porque efectivamente
la actividad que se podía presentar era todavía muy parca en el tiempo. La valoración que se hizo ya entonces no debió ser muy negativa porque nada se ha modificado, pero ahora con esta moción se pretendía --ya no, aunque en su intención ha quedado
claro que sí iban a seguir por ese camino--, además de introducir las modificaciones sobre el ámbito competencial, el inicio del estudio de un cambio de modelo de jurado dando así respuesta a lo que antes hacía por otro procedimiento, que era
reducir sus competencias dejándolo restringido a la proclamación de los hechos probados. Se aparta así de un pacto para la Justicia, que ya nadie sabemos muy bien cómo está, donde se llegó al acuerdo previo de no cuestionar
el modelo de la configuración del jurado, y hacer una readaptación posterior a la luz de la experiencia del funcionamiento del mismo.
Quiero decir claramente que a nosotros nos complace plenamente la transacción a que hemos llegado, en
tanto que supone instar a una evaluación rigurosa, seria, de estos diez años de funcionamiento del jurado, que se cumplen el año que viene, y a partir de ella atender a las modificaciones que sean necesarias para mejorar la eficacia del mismo en su
ámbito competencial, procedimental, y en todo aquello que proceda.
Pero lo que sí queremos dejar claro desde ahora a la vista de la intervención del Grupo Parlamentario Popular, absolutamente legítima, es que el Grupo Parlamentario Socialista no se
plantea en modo alguno un cambio de modelo de tribunal de jurado.
Pensamos, como pensábamos entonces, pero ahora con más motivo, que la reimplantación del jurado fue una conquista democrática a la que no debemos renunciar. La exposición de motivos
de la moción del Grupo Parlamentario Popular se refiere a que precisamente el jurado está compuesto por ciudadanos legos, que tienen que afrontar no sólo cuestiones de hecho, sino también de Derecho. Claro, es que en eso precisamente consiste la
esencia del jurado que aprobamos en el año 1995.
La participación popular en la Administración de Justicia supone el reconocimiento natural de la capacidad del pueblo para valorar una conducta. Si el pueblo tiene actualmente la intervención
directa en las funciones legislativas y administrativas, o sea, hace las leyes, las aplica, las desarrolla, ¿por qué no la va a tener también plenamente para intervenir en su calidad de lego en la Administración de la Justicia? No hay ninguna duda
para ponerlo en cuestión.
El jurado --repito-- fomenta la participación de la ciudadanía en la vida de la comunidad, dando pleno cumplimiento a los mandatos contenidos en los artículos 23.1 y 125 de la Constitución. Pero además, señorías, está
funcionando bien, los errores son puntuales, igual que ocurre con los jueces profesionales. Ninguna institución es perfecta. Ni jurados ni jueces profesionales están libres de cometer graves errores, dictando sentencias alarmantes y por ello no
nos planteamos la revisión de todo el sistema judicial, ya que creemos que el Derecho actual del que nos dotamos puede soportar --y de hecho soporta-- y no está inerme ante este tipo de fallos.
Además, el tiempo está corriendo a favor del jurado.
Recuerdo --y quiero traerlo a colación porque hacía, señor Badia, referencia al debate que hubo en el año 1997, cuando se pidió la modificación de la ley-- que entonces el señor Ollero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y muy
fino y reconocido jurista, decía, juzgando los fallos que también tenían los jueces a la hora de sentenciar, que es cierto que hay sentencias que escandalizan, pero que el Poder Judicial aguantaba esos fallos, o sea, que existían esos fallos en los
jueces pero que el Poder Judicial aguantaba esos fallos, y lo que él mostraba era su duda de si el jurado podía aguantar esos fallos. Han pasado casi diez años desde que se implantó el jurado y yo creo que el jurado soporta los fallos de los
ciudadanos-jurado; el Poder Judicial sigue aguantando los fallos de sus jueces profesionales y los ciudadanos, en su madurez democrática, cada día mejor soportan a uno y a otro. ¡Fíjense si serán sabios los ciudadanos que después de diez años
siguen soportando los fallos de uno y de otro! Señorías, pienso que no es este el trámite, el de una moción, el idóneo para reabrir un debate de esta naturaleza, muy legítimo de abrir por todos los grupos, entre otras cosas porque no podríamos
alcanzar aquí ni una pequeña parte de la extensión y la riqueza del debate que hubo en esta misma Cámara en torno al debate de la Ley del Tribunal del Jurado, pero creo que sí es el momento, por lo menos para mi grupo parlamentario lo es, de
constatar la oportunidad de que para hacer más eficaz esa institución se haga una valoración sobre su funcionamiento y a la luz de las deficiencias que puedan constatarse en su ámbito competencial y de procedimiento se aborden las reformas
necesarias para reforzar su eficacia.
En el ámbito competencial, no diría yo que es casi obligado, pero sí decía la exposición de motivos de la Ley del Tribunal del Jurado --por cierto, exposición de motivos que también votó en esta Cámara el Grupo
Popular-- que el ámbito competencial correspondiente al tribunal del jurado se fija en el artículo 1. Sin embargo, el legislador en el futuro valorará, sin duda a la vista de la experiencia y de la consolidación social de la institución, la
ampliación progresiva de los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento.
Señorías, nosotros somos esos legisladores del futuro y algunos también lo son de entonces y además se encuentran muy bien, como es el señor Zubia y la señora Rosa
Vindel, que en estos momentos no nos acompaña en el hemiciclo. (La señora Vindel López: Estoy aquí.) Ah, está entrando. La saludo cordialmente. Ya lo decía la ley, nosotros somos esos legisladores del futuro y creo que con la moción que
aprobamos podemos abordar esa valoración como preveía la propia exposición de motivos: a la vista de la experiencia y de la consolidación social de la institución. Mi grupo, señorías --quiero que lo sepan--, aborda ese compromiso sin prejuzgar en
ese ámbito si sólo debe ser de ampliación --como decía y dice la exposición de motivos de la Ley de 1995-- o debe reducirse o simplemente someterse a alguna variación. En cualquier caso, es evidente la necesidad de efectuar el estudio previo que
prevé la moción transaccionada, con objeto de ofrecer garantías suficientes de acierto.
El informe que redactó la Fiscalía General del Estado, a petición del Legislativo de aquel debate de 1997 --y al que ha hecho referencia de una forma muy
pormenorizada el señor Gutiérrez, pues ha entrado casi a enumerar muchas de las sugerencias y recomendaciones que en él se contiene--, va en esa dirección. Dice que hay que suprimir delitos que conoce en estos momentos el jurado y que no debería y,
sin embargo, apunta una serie de delitos, que no voy a repetir porque los ha dicho el señor Gutiérrez y espléndidamente, que sí debían ser de conocimiento del jurado.
También apunta la necesidad de modificar algunos aspectos del procedimiento sobre los cuales de entrada no me voy a manifestar, porque he dicho que no vamos a tener ningún prejuicio para evaluar, no ya desde la perspectiva de los 16 meses,
sino de los diez años, el resultado y la necesidad de que se modifiquen este tipo de requisitos procedimentales.
Pero quiero hacer referencia a uno de ellos que me ha llamado poderosamente la atención, y que se encuentra ya, a los 16 meses de su
entrada en vigor, en ese informe de la Fiscalía General del Estado, y es que entre las sugerencias de reforma del procedimiento propone --él dice que debería suprimirse-- eliminar la obligatoriedad de las instrucciones del magistrado presidente
precisamente a los jurados. Yo creo que aquí subyace un conato de cierta confianza en la institución; aunque había otros muchos que no son positivos --me hace alguna seña con la cabeza el portavoz de Justicia de mi grupo parlamentario--, y se
puede imaginar por el camino que andaban, fundamentalmente en el tema de recursos, donde nosotros en principio y en el debate de la ley no las teníamos todas con nosotros.
A todo ello y a todo aquello que además pueda surgir en la valoración que de
ese informe se haga, dada la ponderación de los medios de funcionamiento del tribunal del jurado, lo afrontaremos desde el Grupo Parlamentario Socialista sin apriorismos y sin más limitaciones que las de la propia esencia del jurado. Esa únicamente
es la limitación que tiene mi grupo parlamentario, porque sigue sintiendo que el modelo de jurado es correcto y que lo que hay que hacer es trabajar para perfeccionar su funcionamiento, su eficacia, para que siga alcanzando la confianza de los
ciudadanos y para que a través de ellos participen cada día más y mejor en la Administración de Justicia. Con ello ayudaremos también de forma colateral a mejorar el funcionamiento en su conjunto de la justicia que, como saben sus señorías, es un
empeño en el que todos estamos embarcados en esta legislatura y en algunas anteriores.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Sólo tomo la palabra brevemente para agradecer a los demás grupos parlamentarios su apoyo a esta enmienda transaccional, firmada por todos.
Evidentemente no es el momento de
entrar en discusiones jurídicas, en cuyos postulados podemos estar de acuerdo o no; creo que ése es un debate a posteriori, pero lo importante ahora es que todos fijemos un calendario de actuaciones, que es esta legislatura, para analizar,
profundizar, modificar y revisar, pensando en el futuro: lo que pueda representar la institución del jurado en el marco del ordenamiento jurídico español.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Teniendo en cuenta que la propuesta de modificación contenida en la enmienda de sustitución está firmada por todos los grupos parlamentarios, entiendo que puede
aprobarse por asentimiento la moción. (Pausa.) Queda pues aprobada, señorías.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INTEGRAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO, ASI COMO A PRESENTAR UN NUEVO PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION Y DE CONVERGENCIA CON EUROPA (662/000035).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a integrar los programas y acciones en materia de sociedad de la información y del conocimiento, así como presentar un
nuevo plan para el desarrollo de la sociedad de la información y de la convergencia con Europa.
Para presentar la moción tiene la palabra el senador Salvador.
El señor SALVADOR GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaremos ser breves, dada la hora y la intensidad de la tarde. En primer lugar, quiero decir que la moción que vamos a debatir esta noche contiene elementos estructurantes
para nuestra sociedad; una moción que, dependiendo de la decisión que adoptásemos, serviría para favorecer el camino de la modernidad o serviría para entorpecerlo. El conjunto de los grupos hemos demostrado madurez y por tanto responsabilidad,
pues sería difícil proponer que se construya, desde el consenso y desde el diálogo, si entre nosotros no hubiésemos sido capaces de ponernos de acuerdo.
Por tanto, para comenzar, quiero mostrar mi más profundo agradecimiento a la excelente
predisposición de los portavoces de la totalidad de los grupos, agradeciendo también especialmente las aportaciones tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Los avances
tecnológicos se desarrollan a un ritmo verdaderamente vertiginoso; el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento está provocando cambios estructurales en nuestra sociedad, que afectan directamente a las vidas de las personas en
el presente, pero sobre todo también en el futuro. Los países intentan adaptar sus economías a un mundo globalizado, donde muchas decisiones se toman con carácter supranacional. Por ello, para España, avanzar en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento y de la información no es un
reto más: es el reto, que de ser superado con buena nota nos permitiría situarnos a la cabeza de los países más desarrollados del mundo. Pero también es el reto que, de no acometerse adecuadamente, nos haría retroceder posiciones y perder
el tren de la modernización y del futuro.
Lo verdaderamente importante no es la posición que ocupamos actualmente en el «ranking» del desarrollo y la implementación de la sociedad de la información, ya que no estamos muy bien colocados, sino la
decisión con la que seamos capaces de acometer los retos del futuro, de desarrollar un plan de convergencia de nuestro país con la Unión Europea y también de ésta, a su vez, con Estados Unidos, fundamentado sobre la base del planteamiento de unos
objetivos claros, transparentes y evaluables. Se antoja como imprescindible, por tanto, para poder comprobar si el camino resultante de la interlocución entre el Gobierno con todos los sectores afectados más directamente y las decisiones que de ahí
se generen van por el camino correcto y nos permiten alcanzar las metas propuestas.
En el pleno del Senado, celebrado el 25 de septiembre de 2000, todos los grupos políticos, a excepción del que entonces era mayoritario, votaron a favor de impulsar
un plan de convergencia. Ahora las circunstancias han cambiado, pero se trata de mantener el compromiso intacto y de conseguir que todos estemos en el mismo rumbo.
A partir de aquí, la propuesta es la de integrar los programas y acciones de Info
XXI y «España.es» en un nuevo plan que se presenta a las Cortes para que entre en vigor antes del 1 de enero de 2006, un plan cuatrienal para el desarrollo de la sociedad de la información y de la convergencia con Europa y entre nuestras comunidades
autónomas que prevea objetivos mensurables, actuaciones concretas, indicadores que nos permitan medir si vamos bien o si hay que retocar y cambiar algo. Una memoria económica que garantice la aplicación de lo propuesto, y todo ello basado siempre
en el diálogo y el acuerdo con las comunidades autónomas, los entes políticos empresariales e institucionales, garantizando el acceso normalizado de las diferentes lenguas oficiales en los territorios del Estado y en los programas y acciones que se
impulsan en materia de sociedad de la información y del conocimiento.
El futuro de las generaciones venideras será sin duda mejor si entre todos conseguimos crear las condiciones más adecuadas para lograr que la penetración y el desarrollo de la
sociedad de la información y del conocimiento sea el adecuado para converger con la Unión Europea, así como la apuesta decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación.
Termino agradeciendo nuevamente a todas sus señorías la
predisposición mostrada y el que nos hayamos encontrado en el camino, pues eso, sin duda, favorecerá las expectativas para el futuro de este país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, por tanto, pasamos directamente a las intervenciones de los grupos.
¿Grupo
Parlamentario Mixto? (Pausa.) No interviene.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) No interviene.
¿Señora Aleixandre, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) No interviene.
¿Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
El tema que nos trae hoy aquí no es nuevo, aunque si va a ser nueva la conclusión a la que vamos a llegar, porque por lo menos se va a adoptar por unanimidad. Unanimidad que no
hemos conseguido durante los cuatro años anteriores, yo diría que casi ni en los ocho años anteriores, a pesar de que esta cuestión empezó a ser de rabiosísima actualidad ya hace casi cinco años. Fue sobre todo un empeño político traído a esta
Cámara para tratar de implicar a la Administración en un mejor servicio a los ciudadanos a través, precisamente, de la creación de lo que se ha llamado virtualmente, porque prácticamente no se ha llevado a la práctica --y valga la redundancia--, la
Administración digital. La Administración digital, por otra parte, recibe cantidad de informaciones digitalizadas de los usuarios, y tiene la posibilidad de conectar y devolver al ciudadano múltiples servicios, no a través de una ventanilla, sino
de un ordenador y de una pantalla, para simplificar las relaciones con la Administración con el fin de hacerlas más eficaces y, sobre todo, mejorar de forma significativa los servicios.
Se necesita un cambio de rumbo respecto al que hasta ahora se
ha seguido, y utilizo palabras sugeridas por Félix Lavilla, por el que siento una admiración particular, pues es un líder en esta materia y porque, realmente, su impulso a estos asuntos tendrá que dar su fruto en esta Cámara.
Si observamos las
comunidades autónomas vemos que existe una diferente convergencia no solamente con relación a Europa, sino dentro de la situación interna de España. Existe una diferencia notable y en algunos casos unos saltos cualitativos y cuantitativos muy
significativos.
Podemos decir que allí donde ha habido una voluntad política por parte de los diferentes gobiernos hoy día existe un importante número de personas conectadas a Internet, de instituciones que dan servicio a los ciudadanos y de
servicios informáticos que están ocupando el lugar de una administración antes burocrática y llena de papeles.
Por eso lo que hace falta es precisamente esa voluntad política. A eso es a lo que parece que nos lleva la enmienda transaccional que
todos los grupos hemos firmado, y ese es el objetivo que pretendemos, es decir, que finalmente se ha transaccionado para que a partir del 1 de enero del año 2006 se refundan toda una serie de iniciativas dispersas que han estado muy poco eficazmente
vigentes
en nuestra sociedad en lo que se llama un plan cuatrienal para el desarrollo de la sociedad de la información y de la convergencia con Europa y entre nuestras comunidades autónomas.
Es una oportunidad esta unanimidad como para animar al
Gobierno a que demuestre su voluntad política de ser un Gobierno moderno, que introduzca un cambio en la Administración, que introduzca un servicio público a través de lo que ya el ciudadano está utilizando en su vida privada y en sus transacciones
comerciales y empresariales y que se convierta verdaderamente en una administración rápida, eficiente, eficaz y moderna al servicio de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, mi grupo, obviamente, apoya la transaccional a esta moción y las posteriores enmiendas, es decir, todo este impulso positivo que el senador Salvador nos ha
presentado a debate. En definitiva, se trata de ver cómo somos capaces de impulsar y avanzar en el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
(Rumores.) Obviamente, pienso que este debate adolece de dos aspectos básicos. Uno,
un cierto mayor interés por parte del Senado y de este Pleno --me atrevería a decir también un poco más de silencio--, y dos, conocer a fondo el plan de trabajo del Gobierno respecto a esta cuestión. Pienso que hasta que no conozcamos el próximo
día 27 el informe que el ministro Montilla nos dé sobre cuáles son las prioridades, los objetivos, los fondos, los recursos que este Gobierno piensa dedicar en este sentido difícilmente podremos hacernos una composición de cuál es el debate real que
esta Cámara puede afrontar.
Lo que sí sabe mi grupo es cuál es el diagnóstico actual. Para nosotros no sólo se ha perdido un tiempo precioso, sino que se han hecho cosas bastante mal, otras muy mal, se ha perdido mucha capacidad de inversión en
este sector y, por otra parte, hay todo un marco legislativo que, desde nuestro punto de vista, entorpece más que favorece el desarrollo de la sociedad de la información.
Es necesario, pues, un plan completo que nos permita converger con la Unión
Europea y, por qué no, también con Estados Unidos. Yo quiero dejar una cosa clarísima. Así como son comunes las tecnologías que vamos a utilizar, los modelos no lo son. Nosotros apostamos por un modelo donde la Administración se implique
directamente en facilitar, favorecer y garantizar que el uso de las nuevas tecnologías y el acceso a esta sociedad de la información es un servicio público universal. Eso quiere decir que se garantiza el pleno acceso sin barreras sociales o
territoriales; eso quiere decir que se realiza a costos razonables para la mayoría de la población, y eso quiere decir que se garantiza una formación para poder tener las capacidades de acceso a esas nuevas tecnologías y a esa sociedad de la
información. En definitiva, evitar lo que se conoce como fractura digital. Con estos objetivos mi grupo se posicionará en su momento sobre el plan ahora cuatrienal para el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Pediremos
en él un plan director de infraestructuras que garantice el acceso real vivas donde vivas e independientemente de la condición social.
Solicitaremos la integración de redes en espacios comunes para poder operar en igualdad de condiciones.
Abogaremos por la alfabetización digital. Apostaremos por un «software» libre ya que para la Entesa nuestro modelo de sociedad de la información y del conocimiento debe estar escrito en código abierto. Apostaremos por el impulso a la industria
audiovisual, para hacer frente a este presente y a ese futuro multimedia.
En definitiva creemos que hay que avanzar en todas aquellas posibilidades que nos ofrece la digitalización: en democracia digital, en Administración digital y en la
innovación tecnológica de las empresas.
Asimismo presentaremos batalla para que la presencia del castellano, pero, sobre todo, también de las otras lenguas oficiales, esté recogida en la red. Por todo ello, creo que habrá que trabajar poco a poco
y tema a tema para ir focalizando y centrando los objetivos concretos que este Gobierno debe afrontar.
Gracias, señoras y señores senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Salvador.
El señor SALVADOR GARCIA: Gracias, señor presidente.
Dada la hora que es, y habiendo recabado ya el consenso necesario para poner en marcha un plan de estas características, que, volvemos a repetir, consideramos estructurante para el
conjunto de la sociedad española y estoy seguro que las generaciones venideras serán capaces de agradecer que alcancemos acuerdos de este tipo, diré simplemente que todos debemos ponernos a trabajar, y a partir de ahí, exigir al Gobierno que nos
presente lo que tenga que plantear, colaborando también todos con éste para que el desarrollo de la sociedad de la información en España sea una realidad mejor cada día.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, yo también voy a intentar ser breve, pero no sólo por lo avanzado de la hora, sino porque creo que dentro de un rato comienza algo muy importante, un gran partido de fútbol
que desde luego no voy a dejar que se pierdan sus señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular subo a esta tribuna para manifestar nuestra posición respecto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Considero que entre todos, como muy bien decía el senador Salvador, hemos
hecho un gran esfuerzo para intentar alcanzar un consenso, para llegar a un acuerdo y pactar una enmienda transaccional, porque éste es un asunto importante que a todos nos afecta y en el que considero que todos nos debemos implicar.
En un
principio, cuando leímos la moción, nosotros estuvimos de acuerdo --y seguimos estándolo-- con el fondo de la misma, pero reconozco que, tal y como estaba redactada, nos parecía una buena declaración de intenciones, pero sin compromisos concretos,
motivo éste por el que presentamos una enmienda. Como hemos venido defendiendo durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, creemos que hay que hacer políticas que acerquen a España a la situación en la que se encuentran los países más
avanzados del mundo en materia de sociedad de la información y del conocimiento dada la gran importancia que tiene la plena incorporación del uso de las nuevas tecnologías para la competitividad de las empresas y para nuestro tejido económico y
social, motivo por el que vamos a votar favorablemente la moción. Este es un reto en el que el Grupo Parlamentario Popular, y los gobiernos del presidente Aznar, hemos estado trabajando, un reto muy importante que todavía tenemos por delante y que
la sociedad española del siglo XXI está en condiciones de alcanzar.
Esta moción nos parece desde luego oportuna, y por ello tenemos que ir preparando ese nuevo plan para el desarrollo de la sociedad de la información. Sus señorías saben que, una
vez que concluyó el Plan de Acción «Info XXI: La Sociedad de la Información para Todos», que estuvo vigente los años 2001, 2002 y 2003 con una dotación presupuestaria de más de 6.000 millones de euros, el Gobierno del Partido Popular creó, en el
Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2002, una Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España conocida coloquialmente como «Comisión Soto», por ser Juan Soto el encargado de presidirla, que además
estaba formada por personas ajenas a la Administración, pero expertas en estos temas, siendo unas del ámbito de la empresa, otras del ámbito de las tecnologías y otras del sector académico. Personas, en suma, que pudieron dar una visión realista de
la situación en la que nos encontrábamos, que la analizaron, escucharon las propuestas de todos los ciudadanos a través de una página web que instalaron en dicha comisión, y que elaboraron una serie de propuestas encaminadas a lograr un mayor
desarrollo de la sociedad de la información.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que, una vez finalizado el plan «España.es», que tiene una vigencia de dos años, el 2004 y el 2005, y una dotación presupuestaria de 1.029
millones de euros, se prepare otro plan que habrá que ir elaborando, motivo por el que nosotros pedíamos que se presentara ante las Cortes Generales antes de junio de 2005. Hemos llegado a un acuerdo transaccional para que esto sea lo antes
posible. Nosotros lo pedimos para que antes de que sea aprobado en Consejo de Ministros tenga entrada en las Cortes y pueda haber un amplio debate con todos los grupos representados en el arco parlamentario. Deseamos que sea un debate en
profundidad en el que haya aportaciones constructivas. No tengan la menor duda sus señorías, porque desde el Grupo Parlamentario Popular así lo vamos a hacer. También desearíamos que hubiese un gran acuerdo nacional con la participación coordinada
de todas las administraciones públicas y con los interlocutores sociales de todas las fuerzas políticas para así poder conseguir y garantizar la continuidad de ese esfuerzo que a lo largo de estos años se ha venido realizando para que toda la
sociedad sea partícipe del mismo puesto que estamos convencidos de que esto interesa a todos.
Señor presidente, señorías, pensamos que la convergencia en materia de sociedad de la información no debe ser solamente con Europa. Por eso decimos que
no solamente tenemos que mirar a la Unión Europea --a la que sí debemos mirar--, de la que formamos parte. Es que, además, debemos ser ambiciosos y aspirar a que Europa converja con los países que van muy por delante de nosotros en el desarrollo de
la sociedad de la información, por ejemplo, los Estados Unidos.
Hemos visto que el senador Salvador ha sido consecuente y coherente con lo que en su día manifestaron, y como dice el propio petítum de la moción de mantener el compromiso intacto, el
compromiso de converger con Europa y Europa con Estados Unidos.
Instábamos también al Gobierno, y así se ha recogido en la enmienda transaccional, a una convergencia entre las comunidades autónomas, y el senador Albistur ha hecho referencia a ello.
Hay unas comunidades que van muy por delante de otras y creo que eso tampoco nos lo podemos permitir.
En un Estado de las Autonomías, como es el español, el Gobierno tiene la obligación de evitar ese tipo de diferencias entre las personas y entre
los territorios, y tiene también la obligación de crear un marco que contribuya a la cohesión social y a la vertebración territorial en el ámbito de la sociedad de la información, algo que debe ser de todos y de lo que todos nos debemos beneficiar
sin ningún tipo de discriminación.
También pedíamos con nuestra enmienda que ese plan de convergencia cuente con actuaciones y acciones concretas y que éstas se puedan medir y evaluar de una forma periódica a través de unos indicadores de
referencia para así poder analizar el éxito o el fracaso de dichas medidas, y sobre todo que se pueda contar con una dotación presupuestaria suficiente para que este plan, que debe ser ambicioso, tenga en cada acción perfectamente explicitado el
presupuesto que se requiere para su ejecución.
Solicitábamos asimismo que hubiese una memoria económica, que es lo que debe garantizarnos que el plan se lleve a la práctica.
Creo que con la enmienda transaccional que hemos firmado todos los grupos
parlamentarios se mejora muchísimo el texto de la moción inicial. Quien se va a beneficiar de ello va a ser, ni más ni menos, la sociedad española. Estamos seguros de que el reto de seguir avanzando en el impulso
de la sociedad de la información es una oportunidad que se nos ofrece y que debemos aprovechar como una fuente de solidaridad, de mayor desarrollo y de crecimiento económico y social. Por tanto, señor presidente, señorías, nuestro grupo va
a apoyar esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): La enmienda transaccional está firmada por todos los grupos. Pregunto, por tanto, si se puede aprobar por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Señorías, han pasado las nueve
de la noche, que es la hora límite que teníamos prevista para celebrar la sesión de esta tarde. Mañana se reanudará a las nueve y media de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas.