Antes de su aprobación por el pleno, la iniciativa fue modificada tanto en su trámite de ponencia como en su debate en comisión. Durante el trámite en ponencia, se incluyeron enmiendas para, entre otros asuntos, determinar que las empresas deban promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra las violencias sexuales de todo tipo a todo el personal a su servicio o que integren la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo para que resulten seguros y accesibles a todas las trabajadoras.

En el Dictamen, se añadió una disposición adicional por la que los organismos públicos, locales, fiscales o judiciales remitirán un informe cuatrimestral con datos estadísticos para la evaluación y "rendición de cuentas sobre los procesos de implementación de las políticas públicas y su impacto en la violencia contra las mujeres".  

En el mismo sentido, se promoverán "campañas de concienciación y sensibilización destinadas a desincentivar la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía". 

También se introdujeron nuevas modificaciones en el Código Penal, por ejemplo, en el sentido de penar el uso de imágenes de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en una red social; así como en lo referente a penas de prisión, de hasta doce meses, por la divulgación, revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales sin autorización de la persona afectada y cuando su divulgación menoscabe la intimidad de dicha persona.