El señor PRESIDENTE: Señorías, conforme al orden del día de la sesión
plenaria que nos ocupa, a continuación vamos a abordar el Proyecto de Ley
Orgánica de Derecho de Defensa.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la
Comisión de Justicia, la senadora Ibarrola de la Fuente.

Señoría, tiene la palabra.

La señora IBARROLA DE LA FUENTE: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo su entrada en esta cámara el día 17 de julio de 2024,
fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 12 de septiembre
de 2024. A este proyecto se presentaron 40 enmiendas. El 24 de
septiembre, la comisión ratificó la ponencia, que quedó integrada de la
siguiente manera: por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Paloma Gómez
Enríquez. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, don Juan José
Ferrer Martínez. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, don Igotz
López Torres. Por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, don Joan
Bagué Roura. Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia,
don Joan Josep Queralt Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
doña María del Lirio Martín García y don José María Oleaga Zalvidea. Y
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, don Miguel Ángel Jerez
Juan y doña María José Pardo Pumar.

Ese mismo día se reunió la ponencia para emitir su informe, que
mantenía el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la
incorporación de las enmiendas números 22 a 40 del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, incluyendo la corrección de varios errores de
índole gramatical, que no tienen naturaleza de enmienda a los efectos
previstos en el artículo 90.2 de la Constitución.

La ponencia se reunió una segunda vez, durante un receso de la sesión
de la comisión, para incorporar algunas modificaciones en su informe, en
el sentido de adaptar la disposición final sexta a las supresiones y
cambios introducidos en los artículos 4, 11, la disposición adicional
nueva, que sería la quinta bis, y la disposición final nueva, que sería
la primera bis. Igualmente, se incorporó al texto la enmienda número 21
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. También se ha previsto que la
renumeración de los preceptos afectados sea efectuada, en su caso, una
vez que se complete la tramitación legislativa en este pleno, que, de
confirmarse las modificaciones introducidas, comportaría una correlativa
adaptación que afectaría principalmente a la que actualmente figura como
disposición final cuarta, así como la referida disposición final
sexta.

La Comisión de Justicia, reunida ese mismo 24 de septiembre, emitió
dictamen en los términos anteriormente expuestos. Han presentado votos
particulares a este proyecto la señora Gómez Enríquez y los señores
Carbonell Tatay y Gordillo Moreno, del Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Da Silva Méndez, del Grupo Parlamentario Plural; el Grupo
Parlamentario Izquierdas por la Independencia y el Grupo Parlamentario
Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Señorías, me transmite el equipo de asistencia
parlamentaria que se desea pasar directamente al turno de portavoces, al
considerar sus señorías que no es necesario iniciar el turno a favor o el
turno en contra. Consiguientemente, iniciamos el turno de
portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, le corresponde el uso de la
palabra a la senadora Gómez Enríquez.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Señorías, hoy nos encontramos ante un proyecto de ley que, por un lado,
no aporta nada nuevo a la materia que tiene intención regular, es decir,
el derecho a la defensa, y que, por otro lado, sigue ahondando en
positividad la desigualdad de los españoles, en contra de toda lógica
jurídica. Una vez más, nos encontramos con una norma teóricamente
destinada a regular un derecho fundamental que es manifiestamente
insuficiente, pero no nos sorprende, viniendo del Gobierno que viene, que
es el que más derechos fundamentales de los españoles ha vulnerado. En
fin, hoy nos traen aquí una ley en la que nos proponen está vacío de
contenido o ya viene regulado por otra norma. En primer lugar, vuelven a
la carga con la perspectiva de género, es decir, que existen españoles
con derecho a la defensa y otros que, por razón de su sexo, no. Una vez
más, señorías, se vuelve a vulnerar el artículo 14 de la Constitución
española.

A continuación, sus referencias a la asistencia jurídica gratuita están
vacías de cualquier contenido que pueda cubrir las necesidades reales de
los abogados y procuradores del turno de oficio, y yo diría que ellos son
un pilar bastante importante a la hora de garantizar el derecho de
defensa reconocido en la Constitución. Pero el Gobierno, al redactar esta
ley de indefensión no parece haberse dado cuenta de ello; una vez más,
pretenden expulsar del espacio público a cualquiera que pueda ser un
obstáculo en el reiterado asalto del Ejecutivo a las instituciones del
Estado. Continúan durante el texto incluyendo referencia a materias que
ya son objeto de regulación por otras leyes: asistencia jurídica
gratuita, orientación en materia de costas, regulación parcial e
innecesaria de colegios profesionales y, cómo no, también tenían que
pagar el peaje a sus socios separatistas, incluyendo referencias al
derecho de hablar las lenguas cooficiales.

Señorías, a ver cuándo se dan cuenta de que la lengua cuyo uso lleva
años sin protegerse ni garantizarse es el español. Por todo ello, a
iniciativa de los senadores de Vox, hemos presentado una serie de
enmiendas encaminadas a tratar de eliminar la carga ideológica que
intentan ustedes meter en cualquier propuesta que pase por sus manos.
Pero cuando el texto es malo en origen poco se puede hacer para
corregirlo. En fin, estamos ante otra norma más de este pésimo Gobierno
que, lejos de tratar de proteger los derechos de los españoles y de
ofrecer una herramienta funcional para aquellos que deben velar por
garantizarlo, vuelve a incidir en crear españoles de primera y de segunda
y en blindar los planes del Gobierno para desmantelar el Estado de
derecho.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gómez Enríquez.

Para la defensa de las enmiendas 13 a 20, a continuación, le
corresponde el uso de la palabra a la senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Buenos días.

Estamos ante la aprobación de una ley importante en nuestro entramado
constitucional que, con carácter orgánico, defiende y protege uno de los
pilares básicos sobre los que se sostiene un Estado social y democrático
de derecho, como es el derecho de cualquier persona a recibir un trato
justo a la hora de defenderse ante la acción del Estado a través de los
tribunales de justicia. Es una ley que los profesionales de la abogacía y
el Consejo General de la Abogacía si me lo permiten, quiero citar
expresamente a la hasta hace bien poquito su presidenta, Victoria Ortega,
porque trabajó mucho este tema que vienen demandando desde hace muchos
años y, como vienen repitiendo, es una ley pionera en Europa y cierra el
círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva,
regulando el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la
Constitución española como derecho fundamental indisponible. Se
garantiza, por tanto, el respeto a los principios esenciales del derecho
a ser defendido cuando alguien está incurso en un proceso judicial y se
recoge el elenco de derechos de las personas, destacando el derecho a la
información y el derecho a ser oídas. Con ello refuerza el principio
constitucional de la tutela judicial efectiva, que pertenece a la
ciudadanía, y consolida a los profesionales de la abogacía como un
elemento clave en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia,
estableciendo buena parte de las condiciones en las que deben realizar su
trabajo.

Me parece importante destacar, en este sentido, la consagración del
pleno respeto del secreto profesional y la garantía de la
confidencialidad de las comunicaciones. La ley refuerza también el
compromiso con servicios esenciales como la asistencia jurídica gratuita
para los más desfavorecidos y recoge el régimen de garantías
institucionales del derecho de defensa atribuido a los colegios de la
abogacía, asegurando el cumplimiento de las normas deontológicas y el
amparo de los profesionales en el ejercicio de sus funciones. Valoramos
el amplio consenso conseguido en torno a esta ley, que llegó a las Cortes
tras un amplio trabajo previo, que me consta que fue desarrollado de una
manera muy técnica y profesional, lo que debiera servir de ejemplo para
otras leyes. Y tal y como ha quedado esta norma en el Senado, una vez que
se han quitado unas enmiendas que se habían introducido en el Congreso,
que poco o nada le aportaban, Unión del Pueblo Navarro se manifiesta
favorable a aprobar esta ley, porque es muy importante para nuestro
entramado constitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Caballero.

A continuación, para la defensa de las enmiendas 1 a 7, le corresponde
el uso de la palabra a la senadora Da Silva.

La señora DA SILVA MÉNDEZ: Bo día.

En su texto inicial, la Ley Orgánica de Defensa no aportaba solución a
los principales problemas y tampoco introducía novedades. Únicamente
tenía la virtualidad de sistematizar, en una única norma, el conjunto de
derechos que amparan a los ciudadanos y ciudadanas ante la justicia. Bajo
nuestro punto de vista, esta ley necesitaba importantes mejoras, porque
el texto inicial era muy básico, y en eso nos empeñamos en su tramitación
en el Congreso, donde se mejoraron muchos aspectos. Entre ellos, se
produjo un destacado avance en el derecho a utilizar el galego y las
otras lenguas oficiales en procesos ante órganos con jurisdicción en todo
el Estado, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo; además, del
derecho a recibir las comunicaciones en cualquiera de las lenguas y
también a usar intérprete y/o traductor para aquellas personas que lo
requieran, facilitando que las personas puedan expresarse en su propia
lengua sin que menoscabe su derecho a la defensa. Gracias a las
aportaciones del BNG y de otras fuerzas políticas, la ley incorporó
avances sustanciales tanto para la ciudadanía como para los profesionales
de la abogacía.

Sin embargo, durante el trámite de la ley en esta Cámara, el PP se
encargó de laminar todas estas mejoras en materia de derechos
lingüísticos, que fueron fruto de negociaciones y transaccionales. La
regresión ha venido con ustedes, que en esta Cámara han empeorado
ostensiblemente la ley en materia de derechos lingüísticos. El hecho de
que me tenga que expresar en este momento en español es una prueba de la
animadversión que el Partido Popular mantiene al derecho que tenemos a
usar nuestras lenguas. Precisamente en este sentido va el conjunto de
enmiendas que mantenemos vivas, para impulsar los derechos lingüísticos
de las personas que hablamos en gallego y en lenguas distintas del
español.

Nuestras enmiendas van de normalizar el uso del gallego en el ámbito de
la justicia y de cumplir la Carta Europea de las lenguas, que, en su
artículo 9, recoge el derecho a escoger la lengua del procedimiento. La
involución que ustedes han practicado en el paso de la ley por el Senado
suprime avances como el poder presentar los documentos en diferentes
lenguas. Esto para el BNG es un paso atrás que, afortunadamente, se
corregirá cuando la ley vuelva al Congreso.

Votaríamos a favor de la enmienda número 21 del PNV si no estuviese
introducida en el dictamen, porque el resto del dictamen lo votaremos con
rotundidad en contra, así como todas aquellas enmiendas que tratan de
retroceder en derechos lingüísticos y en otros derechos
fundamentales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de las enmiendas 8
a 12, le corresponde el uso de la palabra al Grupo Parlamentario
Izquierdas por la Independencia.

Senadora Castel Fort, tiene la palabra.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Señorías, de las enmiendas que hemos mantenido como voto particular,
quisiera destacar dos: por un lado, la 8, que propone una adición no
proponemos borrar nada al artículo 4 en referencia a las tasas
judiciales, para que queden vinculadas al sostenimiento de los gastos
derivados, precisamente, del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Para ampliar la eficiencia del derecho a la asistencia jurídica para los
más desfavorecidos, esta enmienda garantiza que la recaudación de las
tasas judiciales quede finalísticamente vinculada a la justicia gratuita.
Por otro lado, destacamos la enmienda 10, al artículo 11, artículo que
ustedes, el Partido Popular, han fulminado. Esta enmienda trata del
derecho a intérprete y traductor para garantizar el derecho de defensa no
solo en las lenguas oficiales.

Sabemos que la posición expresada reiteradamente por sus señorías del
Partido Popular y de Vox respecto a la diversidad lingüística es de puro
supremacismo y, por lo tanto, esta enmienda no prosperará, aunque el
Consejo de Europa señale, en el informe dedicado a España, que «privar de
intérprete a aquellos que no entienden ninguna de las lenguas de este
Estado es una violación del derecho de defensa». Es decir, es una
violación de la ley orgánica que ustedes pretenden aprobar hoy aquí. Esta
circunstancia abre la puerta a vulneraciones que esperemos sean
revertidas cuando el texto vuelva al Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas
números 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y 22 a 40, del
Grupo Parlamentario Popular, le corresponde el uso de la palabra el
senador Oleaga.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidente jauna.

Egun on gustioi.

Antes de nada, el Grupo Parlamentario Socialista, quiere enviar un
fraternal abrazo a todas las familias que, como consecuencia de la DANA,
han perdido familiares o los están buscando. La verdad es que es un día
hoy bastante triste. Estos fenómenos tan duros de la naturaleza acreditan
que la idea del cambio climático y lo que está produciendo no es una
teoría rara, sino que es una realidad. Creo que debemos todos
preocuparnos muy seriamente por este tema. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

Hoy, el Grupo Parlamentario Socialista quiere defender la ley tal cual
vino del Congreso de los Diputados. Por eso este voto particular, que voy
a intentar explicar y voy a ver si soy capaz creo que podré hacerlo de
convencer al Grupo Popular de que retire todas las modificaciones que
introdujo y que vuelva al consenso que debe presidir la aprobación de las
leyes.

La Ley del Derecho de Defensa comienza con una afirmación que el Grupo
Parlamentario Socialista considera absolutamente esencial y que comparten
todos los componentes del grupo parlamentario por unanimidad; y es la
idea de que el Estado de derecho se basa en el derecho a la defensa de
los ciudadanos y de las ciudadanas y la tutela judicial efectiva. Son
estos dos elementos los que constituyen la base fundamental, en un
sistema democrático, de la defensa de los ciudadanos y las ciudadanas,
del acceso a los tribunales, de poder defender sus controversias. Es por
eso esta una ley muy importante, importantísima.

Es una ley que llevó al Congreso de los Diputados el Gobierno que
preside Pedro Sánchez y que fue tramitada de acuerdo a un principio
rector de todas las leyes de justicia que se están trayendo en esta
legislatura, que es la idea del servicio público, la idea de que todo lo
que hacemos en justicia, todo lo que se hace, es para garantizar el
bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas; son el centro de la
acción de la justicia. Por eso esta ley es tan importante. Es una ley que
hoy, probablemente, tenga que volver al Congreso, si se ha modificado el
texto inicial, pero, junto con otras dos leyes que vamos a aprobar hoy,
son ya cerca de dieciocho leyes en esta legislatura, que va a ser una
legislatura muy fructífera. Hay algunos que siguen empeñados,
especialmente uno, que es el señor Feijóo, en que hay una única ley que
se ha aprobado; y hablan de la Ley de amnistía, como si solo se hubiera
aprobado una. Pues no, se han aprobado muchas más. ¿Qué le ocurre al
señor Feijóo? Además de que no se entera de lo que aprueba, por un lado,
por otro está obsesionado con el álbum de fotos de Pedro Sánchez y,
entonces, no se dedica a lo que debe dedicarse, que es a saber qué cosas
se están tramitando, qué cosas afectan a la ciudadanía. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista). A diferencia de eso, el
Partido Socialista está demostrando realmente que hay un interés por
mejorar los sistemas de justicia.

Pero, además, esta legislatura está siendo especial y particularmente
interesante para el ámbito de la justicia, no solo por la modificación de
la Constitución, que ya en sí es un hito, sino porque hemos sido capaces
de acabar con el bloqueo al que habían sometido al Consejo General del
Poder Judicial y, por tanto, a un secuestro de la justicia por parte de
los tres últimos presidentes del Partido Popular. Haber conseguido
desbloquear esto y que la justicia hoy se encuentre, exactamente igual
que el resto de poderes, trabajando, es, creo yo, para felicitarse. Pero
es que hemos aprobado también una Ley de antecedentes penales, que va a
permitir aplicar en nuestro país los antecedentes penales de delincuentes
que hayan podido cometer delitos semejantes en otros. Son leyes, todas
estas, que van en el sentido de mejorar nuestra arquitectura de la
justicia. Esta, en concreto, esta Ley del Derecho de Defensa, es una de
estas leyes básicas, una ley que, junto con la del servicio público de
eficiencia organizativa, que está en este momento tramitándose en la
ponencia en el Congreso, y junto con las que afectan a la eficiencia
digital o, en su caso, las modificaciones que pueda haber de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, supone, desde luego, un antes y un después. Esta
legislatura puede ser un antes y un después en el ámbito de la
justicia.

Permítanme que les diga, señorías, que, en concreto, esta Ley del
Derecho de Defensa se ha hecho de acuerdo a la forma que tiene de
trabajar el Gobierno de Pedro Sánchez, que es con consenso y con acuerdo
con todos los operadores y con todos los interesados en esta materia. En
concreto, señorías, hemos hablado con el Consejo General de la Abogacía,
con los consejos de la abogacía de todo el país, con la procura, con
graduados sociales, en fin, con todos aquellos que tienen algo que decir.
Y de esa manera se consiguió un texto muy consensuado, muy trabajado y
que es apoyado por la inmensa mayoría de estos operadores jurídicos, de
manera que, cuando la ley llegó al Congreso, las fuerzas políticas fueron
introduciendo sus particulares opiniones o enmiendas y se consiguió un
texto verdaderamente muy serio, muy bien trabajado, un texto que responde
al diálogo y al consenso. El Partido Popular se ha sumado a este
consenso, pero lo ha hecho de una manera, a mi modo de ver, no admisible
permítanme que les diga esto, señorías del Partido Popular , porque
llegar al Senado y modificar la ley introduciendo las enmiendas que
ustedes tenían sin consensuarlas con nadie, es decir, introducir por la
puerta de atrás una serie de enmiendas que modifican una ley consensuada,
no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué es lo que
pretende el Partido Popular? ¿Demostrar que tiene mayoría en el Senado?
Ya sabemos que tiene mayoría. ¿Cuál es el objetivo? ¿Demostrar que a
ustedes no les interesa para nada el consenso con el resto de las fuerzas
políticas? No es esta la forma de hacer política.

Mañana jueves, una de las personas que va a ser homenajeado en el Día
de la Memoria es una escritora y una intelectual española, Consuelo
Berges, quien, en una conferencia que pronunció en Arequipa, en Perú,
hace casi un siglo en 1928, creo recordar , decía que hay que volver por
los fueros del sentimiento y hay que rehumanizar la política, rehumanizar
el periodismo, rehumanizar, en definitiva, las relaciones sociales.

¿Qué sentido tiene, señorías del Partido Popular, imponer sus tesis a
los demás sin contar con nadie? Pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de
esto? Es la diferencia con lo que han hecho el Gobierno socialista, el
Gobierno de coalición y los demás grupos políticos, que han consensuado
esta ley y, hombre, claro, al consensuar hay una cosa que aceptas, otra
que no, etcétera. Pero ¿cuál es el objetivo real de imponer las tesis y
solo admitir las enmiendas que uno lleva y no contar con los demás? ¿Qué
sentido tiene esto? ¿Se mejora así la ley? ¿Se mejora lo que ya habíamos
conseguido trabajando con los colegios profesionales? Creo sinceramente
que deberían ustedes reflexionar. No pasa nada porque en alguna ocasión
pierdan. No pasa nada si al final gana el conjunto.

Y me preocupa particularmente una cosa, fíjense y hay varias en las
enmiendas que ustedes plantearon, pero no me voy a referir a todas ellas
, que es esta obsesión que tienen con el tema de las lenguas; es algo que
no acabo de comprender. Vamos a ver, las lenguas en nuestro país son un
ejemplo de la diversidad; son un ejemplo del tipo de país que tenemos, en
el que hay diferentes sentimientos de pertenencia, diferentes
sentimientos de identidad, diferentes formas de expresión lingüística,
diferentes formas de expresión cultural, diferente gastronomía, diferente
política, diferente paisaje. Es así. Y en lugar de verlo como una
riqueza, lo ven como una amenaza, como algo que va en contra de algún
valor que ustedes defienden, no sé exactamente cuál, pero parece que es
el de la uniformidad. No entiendo, francamente, por qué están ustedes en
contra de las lenguas.

La Constitución dice, además del castellano o español, «las demás
lenguas españolas». O sea, no son unas lenguas ajenas; son parte de
nuestra cultura, parte de lo que somos nosotros mismos. Y decir, como se
ha dicho aquí por parte de la representación de la ultraderecha, que es
su socio principal, que hablar una lengua que no sea el español es poco
más o menos que hablar en... No sé, me recuerda a los tiempos aquellos en
los que se decía: «Habla en cristiano». (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

Hay una canción de cuna vasca muy bonita. No me deja mi grupo cantarla
(Risas), pero por lo menos la voy a citar. Dice (Continúa su intervención
en euskera). Es una canción que, si se la cantara a ustedes, verían que
es una nana. Yo se la he cantado a mi hija y se ha dormido; estoy
convencido de que, hablen el idioma que hablen, les cantan a ustedes esta
canción y se dormirían, y es una canción en euskera. ¿Qué pasa? ¿Hay
algún problema? Es una canción que popularizó Luis Mariano, que
popularizó, por ejemplo (Rumores). No, no es una chorrada. Fíjense, ha
dicho que es una chorrada, desde la bancada popular, cantar una canción
en euskera. Es increíble. (Un señor senador: ¡No ha dicho eso!). Es una
canción que popularizó Luis Mariano; que popularizó Pepita Embil; que
cantó, por ejemplo, Ainhoa Arteta en un concierto en Canarias, con la
orquesta sinfónica, y recibió el aplauso general. ¿Qué más da si es una
canción que busca un efecto, que es, en definitiva, arrullar a un bebé
para que pueda dormirse? Si trasladamos esto al ámbito de la justicia,
piensen ustedes que hay personas para las cuales poder expresarse en su
propia lengua, cuando están hablando de un tema íntimo, personal, es algo
muy importante. ¿Por qué están ustedes en contra de esto? Es que no lo
entiendo, no lo entiendo.

El otro día vi a una senadora del Grupo Popular, una senadora catalana
que había formado parte antes de otros partidos, que se quejaba de que un
interviniente anterior lo hubiera hecho en catalán. Y decía: «¿Por qué
hablas en catalán? Habla en el idioma en el que nos entendemos todos».
Una senadora de origen navarro, elegida por otra circunscripción, llegó a
menospreciar a quienes, en el viejo reino navarro, hablan euskera. Decía:
«Bah, son unos pocos, ahí, en el norte», como si fueran unos brutos en no
sé dónde. En el viejo reino el euskera era el idioma que se denominaba la
lingua navarrorum. Despreciar así una riqueza cultural como la nuestra
acredita, en definitiva, señorías del Partido Popular, que están ustedes
en contra de la diversidad. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Y les digo que ustedes deberían comprender y amar la diversidad. Hasta
que no lo hagan, no estarán dispuestos para poder gobernar este gran
país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Y voy a concluir. Me han dado muchísimo tiempo y por eso he podido
contar más cosas (Risas), pero voy a voy a concluir diciéndoles que esta
ley es una ley muy importante que regula o intenta regular todas las
posibles controversias entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y tiene
particular incidencia e importancia en aquellos que, en el ámbito penal,
están privados de libertad. Por tanto, voy a hacer mías las palabras del
ministro Félix Bolaños, quien, cuando presentó esta ley, dijo que era una
ley pionera en Europa como ha señalado también una interviniente
anterior y que cumple el mandato constitucional del artículo 14. Es, en
este sentido, un antes y un después; una ley que puede parecer que pasa
desapercibida, pero que va a suponer una revolución en nuestro sistema de
justicia. Por eso tengo que decirles que vamos a intentar revertir todas
esas modificaciones que ha introducido el Partido Popular por la puerta
de atrás; por eso defiendo este voto particular y por eso intento
convencerles de que la retiren, de que vuelvan a una senda de consenso,
que es la manera de trabajar en política: el consenso, que entre todos
nos entendamos y no imponer las tesis de uno frente a las tesis de los
demás. (El señor vicepresidente primero, Maroto Aranzábal, ocupa la
Presidencia).

Por tanto, vamos a intentar que hoy se pueda aprobar esta ley y que
vaya al Boletín Oficial del Estado y, si no es así, que se reviertan
todos esos cambios que se han introducido para, así, garantizar una ley
en condiciones como la que se consensuó con los colegios profesionales,
con los justiciables y las justiciables y con los grupos políticos, que
tuvo una enorme aceptación en el Congreso de los Diputados. Así que,
señorías, si hoy entre todos fuéramos capaces de alcanzar un consenso
como el que el Grupo Socialista practica y como el que defiende el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saldría una ley mucho mejor que
esta que han modificado desde el Partido Popular.

Eskerrik asko. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Muchas gracias,
señor Oleaga.

Comenzamos el turno de portavoces. Entiendo que el Mixto ha hecho uso
de su turno anteriormente. (Asentimiento).

Por tanto, por el Grupo Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor
Ferrer por un tiempo de cinco minutos.

El señor FERRER MARTÍNEZ: Gracias, señor vicepresidente.

Señorías, buenos días.

En primer lugar, quiero mostrar mi solidaridad y la de nuestro grupo
con todas las víctimas que las inundaciones de esta DANA están
ocasionando en toda la península. Así que vaya nuestra solidaridad,
porque las noticias que van llegando son cada vez peores.

Centrándonos en lo que nos ocupa, tal y como ya manifesté en la
Comisión de Justicia del pasado día 24 de septiembre, quiero expresar mi
satisfacción, en términos generales, por la aprobación de la presente ley
orgánica que ha logrado un consenso bastante amplio, con independencia de
las enmiendas respecto de la ampliación del uso de las lenguas oficiales,
que fueron rechazadas en dicho dictamen y que hoy se vuelven a plantear
tanto por el Grupo Izquierdas por la Independencia como por la senadora
Da Silva, del Grupo Plural. Otra oportunidad perdida para dar normalidad
al uso de nuestras lenguas, de nuestra forma de expresarnos y de
comunicarnos de una manera normal, sin restricciones. Y es que nunca he
considerado que se deba restringir su uso, pero, con la tecnología
actual, además, dicha restricción carece de justificación. El ilustre
Col·legi d Advocats de les Illes Balears ya manifestó que la ley recogía
gran parte de las pretensiones del colectivo manifestando públicamente su
apoyo a este proyecto. Por lo tanto, y en términos generales, vamos a
apoyar el proyecto remitido por el Congreso, con independencia de las
enmiendas que se hayan añadido por parte del Grupo Popular y pese a que
no se han aceptado las enmiendas sobre el uso de las lenguas oficiales,
salvo el castellano, evidentemente, y que puedan ser rechazadas de
nuevo.

Tal y como ya hice el día 24 de septiembre en la comisión y reiteré en
la comparecencia del ministro señor Bolaños el pasado día 2 de octubre,
no quiero finalizar sin entonar un canto a favor del turno de oficio.
Admiro profundamente la vocación y la dedicación de los compañeros y
compañeras que forman parte del turno de oficio y que no han tenido
cabida en esta ley orgánica, y se lo digo a pesar de que este que les
habla nunca ha estado en ese turno, por lo que aún más tienen mi
admiración. Espero que en la futura ley de justicia gratuita tengan el
reconocimiento y la regulación que se merecen, pues forman parte del
derecho de defensa del sistema judicial y son parte fundamental de él, y
que los colectivos más vulnerables y desfavorecidos tengan acceso a una
defensa de calidad.

Para finalizar, y aprovechando que en comisión la portavoz del Grupo
Socialista hacía gala del consenso que se había alcanzado en esta ley y
también ponía el ejemplo de la reforma constitucional del artículo 49, no
me queda otra a mí que reiterarles el consenso social y político que
existe para reformar el artículo 69 para que tanto las islas de Ibiza y
Formentera, así como otros territorios isleños, puedan tener su propio
escaño aquí en esta Cámara, en el Senado. Espero que este consenso se
materialice durante esta legislatura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Muchas gracias,
señor Ferrer.

Grupo Nacionalista Vasco, señor López.

El señor LÓPEZ TORRE: Nos encontramos ante una ley mixta, tanto
orgánica como ordinaria, que, además, de acuerdo con el informe del
Consejo General del Poder Judicial, es una ley ex novo y, como también ha
dicho el senador Oleaga, es una ley básica y necesaria; una ley que
recoge el mandato constitucional de los artículos 17 y 24 y que también
recoge la diversa legislación dispersa que hay, sobre todo en las normas
procesales. Lo que hacía falta ya era realmente recogerla en una ley ex
profeso y también recoger otra serie de cuestiones, entre las que
destacaría, por una parte, la defensa de la organización colegial, en
este caso la organización colegial de la abogacía, y también la defensa
de la abogacía frente al intrusismo, que también pretende garantizar un
mejor derecho de defensa.

Ahonda también en la defensa de todas las lenguas oficiales en el
Estado, aunque siempre se podría hacer más; pero, bueno, se han dado
pasos. Ahonda también en algo muy importante, y es que desde el sistema
judicial y desde el sistema, en general, seamos capaces de dirigirnos a
las personas encausadas con un lenguaje claro y que sea entendible. En
ese sentido va la enmienda que hemos propuesto, la enmienda número 21,
que viene a decir, siguiendo la doctrina tanto del Tribunal
Constitucional como del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que en el supuesto de personas con discapacidad
intelectual o de desarrollo o de aquellas personas que puedan tener
dificultades para entender lo que se les está explicando, los actos de
comunicación y todos los actos se hagan presencialmente para garantizar
que, en todo momento, entienden aquello que se les está explicando y las
consecuencias que puede tener para su persona. Esto es fundamental.
Además, pueden leer el informe «A tu lado» de la organización Plena
Inclusión, de 2020, que habla de las personas con discapacidad que están
cumpliendo condena. Dice que el 90 % de esas personas en esos
procedimientos penales acabaron con pena privativa de libertad. Y dice
también que solo en el 31,5 % de esos procedimientos examinados se ha
tenido en cuenta la discapacidad en algún momento del procedimiento.
Igualmente, señala que únicamente en el 3,3 % de los casos se detectó la
presencia de la discapacidad durante el procedimiento judicial. Si,
además, no garantizamos la presencialidad y los derivamos a sistemas
digitales, ¿cómo va a valorar un magistrado, un juez o una jueza si
realmente esa persona está entendiendo las consecuencias de eso que se le
está comunicando? Es imposible. Estamos hablando de personas como dice
también este informe que en un 22 % no saben leer y, aunque sepan,
el 50 % de ellas no comprenden lo que han leído. Es necesario que puedan
estar ante un juez o una jueza o ante un magistrado o una magistrada y
que se asegure de que entienden lo que se les está comunicando.

En ese sentido vemos positiva una de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu), que habla de que ese lenguaje claro sea
también una obligación para el Ministerio Fiscal, porque no debemos
olvidar que el Ministerio Fiscal no actúa solamente como dicen en la
justificación de la enmienda cuando se trata de menores, sino que
también actúa a veces, en ciertos procedimientos por ejemplo, en los de
tutela , en defensa de la persona para la que se pide la tutela, y es
necesario que el Ministerio Fiscal actúe con un lenguaje claro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Gracias, señor
López.

Por el Grupo Plural, señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, vicepresidente.

En primer lugar, desde Junts queremos expresar nuestro apoyo y
solidaridad a las familias de los afectados por los sucesos
climatológicos tan graves que están ocurriendo en las últimas horas en el
País Valencià y en otras partes, ocasionado por la DANA. Está aumentando
el número de víctimas y, por lo tanto, mostramos nuestra solidaridad y
nuestro afecto a todos sus familiares.

Estamos tratando el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Como se ha dicho por los intervinientes que me han precedido, es un
proyecto de ley importante porque es de los que definen y blindan
jurídicamente aspectos esenciales de la ordenación jurídica en España.
(Rumores).

Junts per Catalunya transaccionó quince enmiendas en su trámite en el
Congreso de los Diputados, trece de las cuales fueron incorporadas
totalmente y dos lo fueron parcialmente. En el trámite del Senado, se
introducen enmiendas por parte del PP y de Vox, que vuelven a penalizar
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Señor Bagué,
disculpe un segundo.

Señorías, ¿pueden ocupar sus escaños? Repito, señorías, ¿pueden ocupar
sus escaños? (Pausa). Gracias.

Continúe, señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias.

Decía que por parte del PP y de Vox se han introducido enmiendas que
penalizan si lo podemos decir así el uso ordinario y habitual de las
lenguas oficiales en España. Lo he dicho en otras ocasiones: hay grupos
que se erigen en muy constitucionalistas, pero la Constitución se la leen
a trozos o a ratos. El artículo 3 de la Constitución, además de fijar el
castellano como lengua oficial, dice que el Estado va a ejercer un
especial respeto y protección a la diversidad lingüística del Estado
español. Por lo tanto, si en el artículo 3 de la Constitución se habla de
este especial respeto y protección a la diversidad lingüística, no
entendemos por qué hay tanto problema con este tema. O bueno, sí, lo
entendemos, pero los que pretenden ser tan constitucionalistas muy a
menudo lo que demuestran es que no se leen la Constitución o se la leen a
conveniencia.

Aparte de la Constitución española, la Carta de los derechos europeos
de lenguas, incluso los derechos humanos en la ONU recogen la protección
que debe ejercerse sobre la diversidad lingüística. Por lo tanto, no
estamos hablando de una rareza, sino que estamos hablando de una cuestión
que a nivel internacional queda claramente fijada por posicionamiento de
la ONU y de la Unión Europea. Y si la Constitución española también lo
recoge, no sé dónde está el problema. En todo caso, esto es así.

Confiamos en que cuando el texto vuelva al Congreso se recupere en su
formato original. Por nuestra parte, vamos a apoyar las enmiendas que han
presentado los Grupos Esquerra Republicana y Bildu, BNG y PNV, y
votaremos en contra de las enmiendas del PP y de Vox.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Muchas gracias,
señor Bagué.

Por el Grupo Izquierdas por la Independencia, la señora Castel tiene la
palabra.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Señorías, solo me centraré en un aspecto del derecho de defensa que nos
preocupa, que es la indefensión que genera la privación de intérpretes
para aquellas personas que no entienden ninguna de las lenguas.
Imaginemos un español muy español que debe atender un juicio en Alemania,
y los alemanes que hablan alemán ya sabemos que solo por molestar
deciden que no le ponen traductor. Pregunto: ¿estaría el derecho de
defensa de este español muy español intacto? Ya les digo yo que no. Pues
de la misma manera, en España se debe ofrecer un derecho a defensa
completo que permita expresarse en las distintas lenguas.

A ustedes todo lo que les suene a catalán, euskera o gallego les
provoca supremacismo lingüístico. Y me voy a explicar. El supremacismo es
la ideología que defiende la preeminencia de un sector social sobre el
resto por distintas razones. Y en el caso del supremacismo lingüístico
que ustedes promocionan, defienden la preeminencia de una lengua, en este
caso el castellano, por encima del resto. (Rumores). Y se lo voy a
demostrar... Bueno, si me puedo escuchar a mí misma.

En el Pleno del pasado 25 de septiembre, el senador Carbonell, de Vox,
dijo: «Un debate parlamentario traducido no es un debate parlamentario,
ya que se le quita toda espontaneidad». Bien, según esta tesis, los foros
internacionales no son realmente ni foros ni debates. Luego, dijo: «No se
equivoquen, la ciencia y los negocios se entienden en inglés y en
español, un mundo occidental». Esto es supremacismo. La senadora
Caballero, de UPN, dijo: «La utilización en esta Cámara de distintas
lenguas genera barreras innecesarias que nos separan más que nos unen».
Bueno, como siempre, las lenguas que separan, según esta senadora, son
las distintas del castellano porque tienen alguna característica
intrínseca, digo yo, que genera barreras al entendimiento. Esto es
supremacismo. También dijo: «La igualdad de los españoles no significa la
igualdad de las lenguas». Esto es supremacismo. También dijo: «Me resulta
complicado seguir un debate con un pinganillo y entender correctamente lo
que está transmitiendo el ponente». Bueno, espero que la senadora no vaya
nunca de viaje oficial fuera de España a encuentros internacionales
porque sería despilfarrar recursos públicos. Luego vino el senador
Serrano, del PP, que dijo: «Quienes tienen una segunda lengua son
afortunados, tienen dos lenguas, la mejor del mundo, la más universal de
todas, y la suya propia». Tiene delito que se hable de segunda lengua,
dando a entender que hay un orden natural de primacía lingüística.

Señorías, para personas como yo, la primera lengua es el catalán y el
castellano es la segunda. Y afirmar que el castellano es la mejor lengua
del mundo es supremacismo al asumir que todas las demás, todas, son
peores.

Respecto a la modificación del Reglamento del Senado, ese senador dijo
que era una iniciativa que suponía reducir el espacio de la lengua común,
el espacio del castellano, asumiendo que hablar en otra lengua impide
hablar en castellano o que tiene el poder de borrar los diccionarios, de
destruir los libros o de apagar los medios de comunicación. Si hablar en
lengua distinta del castellano tiene este poder destructivo, señorías, no
entiendo cómo el castellano puede ser la mejor lengua del mundo. No lo
entiendo siendo tan débil. Resulta contradictorio.

Y preguntó también y finalizo con esta última cita : «¿Pretenden
decirnos que es un avance democrático que necesite un traductor para
entender a un gallego, a un catalán o a un vasco en nuestro país o en
esta Cámara, mientras soy capaz de entenderme con mexicanos, argentinos o
en cualquier foro internacional con millones y millones de personas?».
Esta cita es especialmente supremacista porque viene a decirnos que
hablar en lenguas distintas del castellano es un retroceso democrático y
que el castellano permite hablar con más personas. Es decir, que las
lenguas son válidas si tienen millones de hablantes. Las demás: un
retroceso democrático. Es más, si la cantidad de hablantes fuera la
variable explicativa de la validez de una lengua, ya les digo yo que
hablaríamos mandarín, hindi o inglés.

Señorías, los traductores e intérpretes aseguran los derechos
lingüísticos que permiten a las personas un auténtico derecho de defensa
en una situación de igualdad y no discriminación. Lo demás es
supremacismo lingüístico.

Y concluyo con un tema no menor: la Constitución establece en su
artículo 3.1 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que
todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
El deber de conocerla y el derecho, insisto, el derecho a usarla. Por una
parte...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Señora, Castel,
debe finalizar.

La señora CASTEL FORT: Finalizo en treinta segundos.

Por una parte, hay personas que no tienen el deber de conocerla por muy
bonita que sea. Por lo tanto, necesitarán traductores en ámbitos
específicos de la Administración.






Y, por otra y ya sí que finalizo , la
Constitución solo exige el deber de conocer el castellano, pero no exige,
y es así de clara, usarlo. Repito: la Constitución no exige usar el
castellano a los españoles.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Señora Castel, debe
finalizar su intervención.

La señora CASTEL FORT: Si es así de clara la Constitución, ¿por qué no
puedo usar en esta Cámara otra lengua distinta del castellano? Y yo les
respondo: por supremacismo lingüístico.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martín García.

La señora MARTÍN GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

En primer lugar, como ha hecho mi compañero, hago trasladar mis
condolencias a todas las familias y amigos que desgraciadamente han
perdido a alguno de sus miembros y toda mi solidaridad con las
comunidades autónomas afectadas y también con aquellos compañeros y
compañeras que les representan y que están sentados y sentadas hoy aquí,
en esta Cámara de representación territorial.

Permítanme destacar al inicio de mi intervención el valor transformador
del derecho para la mejora de nuestra sociedad, pero también para
ensanchar nuestra democracia y para ensanchar el Estado de derecho. El
derecho de defensa es uno de esos derechos que contribuye a constituir
uno de los principios básicos de nuestra democracia. De ahí la relevancia
que adquiere el precepto que traemos hoy aquí, a esta Cámara. Señorías,
la justicia como servicio público, como mecanismo para proteger los
derechos de la ciudadanía constituye una prioridad para el Grupo
Parlamentario Socialista. Por eso, el proyecto de ley orgánica del
derecho de defensa nos sitúa ante una norma pionera en Europa que pivota
en torno a las personas, una norma que desarrolla el derecho de defensa
en todas sus dimensiones. Desde el Gobierno de España se avanza en esta
dirección, impulsando los grandes proyectos transformadores que están en
marcha para adaptar el sistema judicial a las necesidades del siglo XXI.
Por eso, desde el Grupo Socialista presentamos una ley orgánica
garantista que desarrolla un derecho fundamental, centrada en la
ciudadanía, que construye una justicia más cercana, ágil, útil y moderna.
Un derecho que permite a los ciudadanos comunicarse con la Administración
de Justicia en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible. Una
justicia con vocación social, más empática con las víctimas, con un
enfoque de género y una especial atención a las personas con discapacidad
y también a los menores, donde los medios electrónicos se convierten en
eje central de la Administración de Justicia.

Pero, señorías, estamos ante una ley que también pone en valor la
actividad de los colegios profesionales de la Abogacía, como ellos mismos
han reconocido. Este proyecto de ley nos ubica también ante una norma que
nos permite avanzar en el uso de las lenguas oficiales en España. Una
cuestión cultural, una cuestión identitaria que nos debe unir y
enriquecer como sociedad.

En este punto, quiero agradecer de manera muy especial la asesoría
técnica ejercida por el letrado de la Comisión de Justicia, don Ignacio
Gutiérrez Casillas, que nos permite mantener la letra y el espíritu de la
norma. Ese consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados y que,
desgraciadamente, hoy no se refleja en el texto legal que se trae a esta
Cámara debido a la oposición del Partido Popular que, una vez más, usa
las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo
con sus estatutos, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución
española, como arma arrojadiza generadora de una brecha que nos separa.
Permítanme recordar que este consenso, alcanzado el día 11 de julio en el
Congreso de los Diputados, es lamentablemente difícil de alcanzar en esta
Cámara. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Señorías, guarden
silencio, por favor.

La señora MARTÍN GARCÍA: Porque el Grupo Popular, bajo la premisa de
mejora técnica, lo que hace es modificar, suprimir o adicionar tan
profusamente el texto legislativo remitido por el Congreso que supone
obviar el contenido que refleja el diálogo y el consenso, el acuerdo
fruto de un intenso debate entre los diferentes grupos parlamentarios,
pero también con la sociedad civil, con los colegios profesionales. Como
decía, bajo la premisa de mejora técnica, el Grupo Popular nos ha dado el
cambiazo en esta norma. Han ejecutado una modificación sustantiva en el
proyecto de ley a través de una distorsión del sistema.

Voy terminando.

Señorías del Partido Popular, en su ansia de poder son capaces ustedes
de ganar una votación en detrimento de los derechos fundamentales de los
españoles y de las españolas. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Ahora bien, no tengan ninguna duda: desde el
Grupo Parlamentario Socialista trabajamos y trabajaremos para revertir
los cambios que se han introducido en este texto legal y para
restablecerlo a su estado originario y recuperar la esencia y el espíritu
de una norma que es fruto del consenso. Es responsabilidad de todas y de
todos los aquí presentes trabajar para avanzar en derechos y libertades,
para seguir ampliando y consolidando el estado del bienestar, donde la
justicia se configura como un pilar fundamental.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal): Muchas gracias,
señora Martín.

Grupo Popular. Señora Pardo.

La señora PARDO PUMAR: Muchas gracias, presidente.

Lo primero de todo, y en nombre de mi grupo, queremos mostrar todo
nuestro apoyo y solidaridad a las personas que están viéndose afectadas
por la DANA, así como, por supuesto, nuestro más sincero pésame a los
familiares y amigos de las personas que han perdido la vida como
consecuencia de ella.

Dicho lo cual, señoría Castel, de verdad que tengo que decirle que, por
favor, no mienta. No diga que dejamos sin intérpretes, porque eso no es
cierto. Eso no se ha creado ex novo en esta ley. Eso ya está
perfectamente regulado, y lo tienen ustedes tanto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial como en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Entonces, dejen, por favor, de crear bulos y de
decir que nosotros impedimos la utilización del intérprete y dejamos
indefensas a las personas, porque eso es una mentira. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

Señor Oleaga, menudo ejercicio de cinismo que han hecho hoy aquí sus
señorías del PSOE, subiendo a esta tribuna y defendiendo, sin el más
mínimo sonrojo y sin el más mínimo atisbo de pudor, el fundamental
derecho a la defensa, el mismo que ustedes pisotean todos y cada uno de
los días que defienden al inidóneo e imputado sí, imputado fiscal
general del Estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). Ese sobre el que el Tribunal Supremo, por
unanimidad, ha dicho en su auto de 15 de octubre de 2024 que existen
indicios más que fundados de que ha cometido un presunto delito de
revelación de secretos, con el grave impacto que eso tiene en el derecho
a la defensa del ciudadano particular. Pero era para que no le ganasen el
relato. Y el derecho a la defensa pasa a otro plano. ¿De qué sirve
regular y desarrollar este derecho fundamental a la defensa a través de
un proyecto de ley orgánica si después ustedes van a permitir que se
quebrante de manera continua? Porque, mire, hemos visto cómo defienden
ustedes el derecho a la defensa: si es la mujer del presidente, Begoña
Gómez, sale un Gobierno en tromba a decir que se vulnera su derecho a la
defensa, acosando y hostigando al juez que instruye el caso, ¿recuerdan?,
y cuando la audiencia provincial les dice que no ha habido indefensión,
¿han pedido ustedes perdón al juez Peinado? Porque entendemos que
necesita que le pidan ustedes perdón si realmente defienden el derecho a
la defensa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y fíjense, cuando
el derecho a la defensa que está siendo vulnerado es el derecho a la
defensa de un ciudadano particular que, ¡oh!, resulta ser la pareja de
una adversaria política, y resulta que quien lo está quebrantando es el
ministro 23, entonces ese derecho a la defensa no requiere ser defendido
por ustedes. Ni es democrático ni respeta los derechos
fundamentales.

Este proyecto de ley trata de regular y desarrollar el fundamental
derecho a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución
española. Podemos afirmar que, si no se le respeta, no se puede hablar de
justicia, eso a lo que apelaban sus señorías del PSOE. Cuando ustedes lo
pisotean, se quiebra el Estado democrático y de derecho.

Miren, su voto particular, señorías del PSOE, lo único que demuestra es
que a ustedes no les importa lo más mínimo el derecho a la defensa ni la
calidad de las normas. A este grupo sí, y desde el primer momento hemos
hecho aportaciones para mejorarlas. ¿Qué tiene de malo, señor Oleaga, el
reforzar el amparo colegial? ¿Qué tiene de malo el combatir el intrusismo
profesional? ¿Qué tiene de malo el garantizar y reforzar la conciliación
de los profesionales de la Abogacía? ¿Qué tiene de malo el garantizar el
señor Ferrer se refería a ello que los abogados del turno de oficio, los
profesionales, cobren su indemnización cuando prestan el servicio,
independiente de que se le reconozca o no después al justiciable el
beneficio a la asistencia jurídica gratuita?, ¿o que se actualicen los
baremos de asistencia jurídica gratuita? Esas son las enmiendas que
nosotros hemos presentado. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿No están de
acuerdo con mejorar la vida de los profesionales de la abogacía, con
garantizar el pleno y libre desarrollo del derecho fundamental?

Y mire, ustedes no defienden el plurilingüismo. No, eso es un bulo.
Ustedes, con sus enmiendas transaccionales, lo que tratan de hacer y lo
que han hecho ha sido ceder a las presiones de sus socios
independentistas. Por eso nosotros lo hemos suprimido, porque no queremos
más chantajes, porque no todo vale. Las lenguas cooficiales y su uso
están perfectamente reguladas a través del artículo 3 de la Constitución
española y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y por supuesto que sí
que las respetamos, pero no cedemos a los chantajes de los
independentistas y por eso las suprimimos. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado). No sigan ustedes
mintiendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se suspende el pleno y les anuncio que
vamos a celebrar una Junta de Portavoces con carácter inmediato.

Por lo tanto, ruego a las portavoces y a los portavoces que vayamos al
lugar donde siempre se celebra la reunión para debatir con respecto al
desarrollo del pleno.

Se suspende la sesión.

Eran las diez horas y once minutos.

Se reanuda la sesión a las diez horas y treinta y ocho minutos.