El señor presidente lee los puntos 3., 3.1.
y 3.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la vicepresidenta primera de la Comisión de
Justicia, la senadora Sánchez Gándara.

La señora SÁNCHEZ GÁNDARA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la proposición de ley que se somete a
la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el
procedimiento de urgencia tuvo entrada en esta Cámara el pasado 24 de
julio, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, que determinó el inicio de su tramitación.

Esta proposición de ley consta de dos artículos
que incluyen, respectivamente, modificaciones a la Ley 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y de la Ley 50/1981, por la que se regula el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dichas modificaciones afectan,
entre otros, a los requisitos para el nombramiento de magistradas y
magistrados en las salas del Tribunal Supremo, incrementando a veinte
años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera
judicial para su nombramiento.

También contiene cambios en la situación de
servicios especiales y las excedencias voluntarias de jueces y
magistrados, y modifica diferentes cuestiones referidas al Consejo
General del Poder Judicial, introduciendo un régimen de
incompatibilidades para poder ser designado vocal por el turno de
juristas de reconocida competencia.

Prevé la creación de una comisión de
calificación en el Consejo General del Poder Judicial y exige una mayoría
de tres quintos de los acuerdos de órganos colegiados del mismo cuando se
trate del nombramiento de presidentes de sala y magistrados del Tribunal
Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, presidentes de sala de la
Audiencia Nacional, presidentes de los tribunales superiores de justicia
y de sala de los tribunales superiores de Justicia, presidentes de
audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente
para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así
como su sustituto.

Esta proposición de ley aclara que el fiscal
general del Estado deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o
procedimientos cuando le afecte alguna de las causas de abstención
establecidas para jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el
nombramiento del fiscal general del Estado.

En su disposición adicional encarga al nuevo
Consejo General del Poder Judicial la elaboración de un informe en el que
se estudien los sistemas europeos para la elección de vocales integrantes
de órganos análogos de gobierno del Poder Judicial en otros países
europeos, con vistas a elaborar una propuesta de reforma legislativa que
se someterá a las Cortes Generales para, en su caso, darle la
correspondiente tramitación.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el día 29 de julio de 2024, siendo presentadas una propuesta de veto y
dieciséis enmiendas. La ponencia ha estado integrada de la siguiente
manera: por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Paloma Gómez Enríquez; por
el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, don Juanjo Ferrer Martínez;
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, doña Estefanía Beltrán de
Heredia Arroniz; por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la
Independencia, don Joan Josep Queralt Jiménez; por el Grupo Parlamentario
Socialista, doña Marta Arocha Correa y don José María Oleaga Zalvidea; y
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, doña María José Pardo
Pumar y don Antonio Silván Rodríguez.

El día 30 de julio se reunió la ponencia para
emitir su informe, el cual no introducía modificaciones en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. No obstante, en relación con
dos errores de índole gramatical detectados en el referido texto, se
efectuaron las correspondientes correcciones, que no tienen naturaleza de
enmienda a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la
Constitución española.

A continuación, se reunió la comisión, que
ratificó la ponencia referida y emitió dictamen de conformidad con el
informe elevado por esta. Quiero aprovechar este momento para agradecer a
los miembros de la Comisión de Justicia su colaboración para que la
tramitación de esta proposición de ley haya podido sustanciarse con
fluidez y agilidad.

Para terminar esta presentación, debo añadir
que han formulado votos particulares a esta proposición de ley el señor
Carbonell Tatay, la señora Gómez Enríquez y el señor Gordillo Moreno por
el Grupo Parlamentario Mixto para defender ante el Pleno su propuesta de
veto y las enmiendas 1 a 4. El señor Ferrer Martínez y el señor Morera
Català, ambos del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, para defender
las enmiendas 5 a 10 y 11 a 16, respectivamente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sánchez
Gándara.

A continuación, vamos a proceder al debate de
la propuesta de veto número 1, suscrita por el senador Carbonell Tatay,
la senadora Gómez Enríquez y el senador Gordillo.

Tiene la palabra la senadora Gómez.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

Señorías, comienzo mi intervención manifestando
que el actual sistema de elección de vocales del Consejo General del
Poder Judicial, que presenciamos aquí el pasado pleno en esta misma sala,
se presenta a una corrupción política, porque afecta a la apariencia de
independencia judicial y, sobre todo, a la confianza de los ciudadanos en
la justicia. Por estas y por otras muchas razones, es necesario un cambio
urgente del sistema de elección instaurado en España. Este sistema actual
convierte al Consejo General del Poder Judicial en un rehén del Gobierno
y de los partidos políticos, en este caso, del Partido Popular y del
Partido Socialista. (Rumores).

El Consejo está a las órdenes de lo que ellos
decidan sobre renovar o no y sobre las funciones que pueda o no ejercer,
teniendo como testigo la pasividad del Poder Legislativo. (Continúan los
rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Gómez Enríquez,
la interrumpo un segundo.

Por favor, ruego a sus señorías que mantengan
un tono de conversación, si es en el interior del salón, lo más bajo
posible.

Prosiga, senadora Gómez Enríquez.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Como prueba de ello, el artículo 567 y
siguientes de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial manifiestan que
la designación de los veinte vocales del consejo corresponderá al
Congreso y al Senado. Señorías, a todo esto se le llama reparto y control
partitocrático. Así de simple. No hay que darle muchas más vueltas.

Señorías del PP y señorías del Partido
Socialista, el pacto realizado entre ustedes, aunque quieran justificarlo
de algún modo, consolida una forma de elección de vocales notoriamente
politizada y traslada a la ciudadanía un mensaje claro y conciso: que
partidos políticos como el suyo se aferran a las cuotas de poder, lo que
provoca que la ciudadanía perciba una falta de imparcialidad, así como de
independencia.

Señorías, les recuerdo que, de forma simultánea
a este pacto, se comprometieron a reformar el sistema de elección de los
vocales para así poder, según ustedes y quedando bien ante la ciudadanía,
despolitizar la justicia. Toda esta puesta en escena, junto con sus
respectivas terminales mediáticas, nos la vendieron como un gran éxito de
pantalla. Sin embargo, horas más tarde se bajó el telón. Desde las filas
socialistas manifestaron que se trataba de una propuesta no vinculante.
El sanchismo, de nuevo, puede tener escondido un as en la manga para
dejar al segundón fuera del guion. Ustedes, señorías del Partido Popular,
están durmiendo con su enemigo.

Y qué decir de las puertas giratorias. Hay que
eliminarlas y, para ello, es necesario dotar de neutralidad y de
imparcialidad a las instituciones.

Señorías, ¿se acuerdan de lo que ocurrió con el
Ministerio Fiscal? Su imagen quedó muy dañada con el nombramiento de
Dolores Delgado y por las palabras de Sánchez: «Y la Fiscalía, ¿de quién
depende? Del Gobierno. Pues eso». Qué imagen corrupta, repugnante y
nefasta, que tiene como resultado la voladura de la independencia del
Ministerio Fiscal.

Me gustaría hacerles una pregunta: ¿Qué pasaría
si no se llegase a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder
así cambiar el sistema de nombramiento de los doce vocales? ¿Qué pasaría?
¿Qué ocurriría? Sería un gran problema, ¿verdad? Porque lo lógico hubiese
sido, antes de renovar el Consejo General del Poder Judicial, reformar la
Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque de esta manera se
cumpliría con los parámetros de independencia judicial que continuamente
solicitan las instancias internacionales. Todo esto tiene su lógica,
¿verdad? Pero aquí ustedes empiezan la casa por el tejado. Si se renueva,
como ustedes ya han hecho, conforme al actual sistema, esta renovación
estaría viciada de nulidad radical y sería contraria a los estándares
europeos sobre independencia judicial, con las consecuencias jurídicas
que ello implica.

Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave es
esta: si se le otorga al Consejo General del Poder Judicial la capacidad
de los nombramientos, ustedes y sus partidos perderían sus cuotas de
poder, por lo cual ya no tendrían ningún interés en nombrar a los vocales
y menos aún en controlar el consejo. Es mero sentido común. Señorías,
renovar o reformar primero: el orden de los factores aquí sí altera el
producto. Se podría haber aprobado la reforma en unos tres meses, con un
nuevo Consejo General del Poder Judicial acorde a la normativa, con todo
lo que ello implica. Quizás por esto, por el miedo a la pérdida de cuotas
de poder, así como por intereses partidistas, ustedes le han dado la
vuelta a la tortilla, prefiriendo hacerlo a la inversa.

Señorías, toda la performance que realizaron la
semana pasada en el pleno fue un auténtico paripé y un sinsentido. Y es
que la reforma del actual sistema de elección de vocales que exige la
Comisión Europea no puede ser posterior, es decir, después, ni paralela a
la renovación del Consejo General del Poder Judicial conforme al vigente
sistema de elección, sino que la reforma debe ser previa, anterior,
procediendo después a la renovación conforme al nuevo sistema de
elección. De lo contrario, derivarán importantes consecuencias jurídicas
que, a este paso, veremos en un breve espacio de tiempo.

Señorías del Partido Popular, señorías del
PSOE, al hilo de lo manifestado, solo puedo concluir diciendo que el
acuerdo alcanzado entre ustedes es una auténtica trampa; una trampa en la
que viven y sitúan a la sociedad en un sistema trampista, donde esta vez
lo atrapados son los jueces, no eliminando la politización, sino
perpetuándola; posponiendo la reforma del sistema de elección a una
futura e indeterminada propuesta, corriendo así el riesgo de que sea
bloqueada por alguno de los dos grupos de vocales, conservadores o
reformistas, como ustedes los llaman, y que ya forman parte del Consejo
General del Poder Judicial.

Todo esto, señorías, nos dice que estamos ante
un gran fracaso. El sistema actual de designación partidista ha
fracasado, y es por lo que no voy a perder más el tiempo profundizando en
los errores que ustedes causan, cuando la única solución real es la
despolitización de la elección de vocales, para que estos sean elegidos
por criterios de mérito y capacidad, sin injerencia ni influencia
política, y que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos
por los propios jueces y magistrados en activo, mediante voto personal,
directo y secreto y sin que intervenga en la elección ningún partido
político.

Muchísimas gracias. (Aplausos de algunas
señorías del Grupo Parlamentario Mixto).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gómez
Enríquez.

Los servicios de asistencia parlamentaria me
indican que, en principio, no habrá utilización del turno en contra de la
propuesta de veto. Consiguientemente, iniciamos el turno de portavoces,
por tiempo de diez minutos, de cada uno de los respectivos grupos
parlamentarios.

La senadora Gómez Enríquez me ha trasladado que
la suya era una intervención conjunta de la propuesta de veto, en su
turno a favor y del turno de portavoces.

A continuación, le corresponde el uso de la
palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la
senadora Barcos.

La señora BARCOS BERRUEZO: Gracias,
presidente.

Partido Popular y Partido Socialista
alcanzaban, el pasado mes de junio, el acuerdo para desbloquear la
renovación del Consejo General del Poder Judicial después de más de cinco
años. Con esta renovación y yo quiero poner esta mañana el acento en
este punto se desbloquea también el nombramiento de más de setenta
plazas pendientes en tribunales superiores y audiencias provinciales, un
asunto que ha estado enquistando, y mucho, el devenir lógico y razonable
de la Administración de Justicia. Ya solo este dato nos llevaría a votar
en contra del veto de Vox a esta proposición, si es que el veto tuviera
recorrido alguno, pero, francamente, no es la única razón de nuestro no a
Vox, con quien no compartimos tampoco la exposición que ha hecho su
portavoz esta mañana en esta tribuna ni los elementos más básicos de
estructura de una sociedad democrática.

Sin embargo, el no al veto va a ser tan
convencido como la crítica al acuerdo del que se deriva la reforma que
hoy analizamos. Por cierto, es una proposición de ley orgánica, señorías
del Partido Popular. ¿Saben las cosas que han dicho ustedes en esta
tribuna sobre una proposición de ley orgánica, al menos sobre una
concreta? ¿O es que el apocalipsis de la amnistía no era tal?

Y, señorías del Partido Socialista, yo me
pregunto lo hacíamos el otro día, pero quiero insistir en ello : ¿esta
reforma es la que marca el tono de su anunciado plan de regeneración
democrática? Porque mal pinta, francamente, el regusto que deja a una
parte sustancial de la sociedad, aquella que se sale de los márgenes del
bipartidismo y que durante décadas ha contribuido a dar la estabilidad
política que ni uno ni otro partido han sabido dar cuando les ha tocado
estar en la oposición. Por lo tanto, no participaremos tampoco hoy en la
votación de esta proposición de reforma de ley orgánica.

Además, quiero subrayar también, por último,
otra cuestión. Esta reforma nos deja una trampa. Hablaba el otro día el
senador Queralt de los quintos del 78; pues hoy van a consagrar una nueva
quinta, la del 24: los quintos, en este caso ya miembros del Consejo
General del Poder Judicial, que habrán de pactar, siempre en el seno de
sus acuerdos de tres quintos bipartidistas, la manera, por ejemplo, de
elegir la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial. No ha hecho
falta ni una sola semana desde la aprobación del nuevo consejo para tener
ya el primer traspiés, y lo tenemos ya por partida doble: ayer no fueron
capaces, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de nombrar
presidente o presidenta; esta mañana tampoco han podido hacerlo y se han
citado a las doce del mediodía. Yo creo que son elementos y razones más
que contundentes como para saber que no han sido capaces de acometer la
reforma que era necesaria. En definitiva, con esta propuesta que han
hecho de dejarlo en manos de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, de no llevarlo pactado, la facultad real del consejo de elegir
la Presidencia les ata de pies y manos, porque son las mismas reglas de
los tres quintos del bipartidismo. (El señor vicepresidente, Maroto
Aranzábal, ocupa la Presidencia).

Insisto, yo creo que es un acuerdo fallido en
esta materia. Habría sido más que deseable acometer una reforma profunda
en torno a la realidad del Consejo General del Poder Judicial y de los
elementos que de él se derivan, pero no ha sido así. Francamente, para
este viaje no hacía falta llenar alforjas durante más de cinco años.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Gracias, señora Barcos.

Por el mismo grupo parlamentario, señora
Delgado, tiene la palabra.

La señora DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Bueno, como hay mucha marejadilla, ruido de
fondo, voy a intentar proyectar, como si estuviéramos en el teatro romano
de Mérida.

Señorías de Vox, vamos a votar en contra, como
ya se lo podrán imaginar, de este engendro de veto porque, aunque no sea
la mejor ley, sí que es una reforma absolutamente necesaria. Cerca de
seis años han tenido que pasar para que el Partido Popular liberará de su
secuestro un Consejo del Poder Judicial absolutamente desacreditado y al
servicio de las posiciones más ultraconservadoras, donde se ha hecho la
guerra sucia jurídica para exterminar al adversario ideológico, llegando
la derecha a utilizar la justicia para obtener en los tribunales lo que
no conseguisteis en las urnas el año pasado.

Es una buena noticia el desbloqueo de la
mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, que en nada
representa a las mayorías sociales y parlamentaria actuales. Sin embargo,
la situación actual requería de cambios más profundos, no una ley donde
se ha vetado la participación del resto de los grupos políticos. Es una
pena que no se haya aprovechado para reformar en condiciones una norma
que básicamente es la misma Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, es
decir, de hace ciento cincuenta y cuatro años. La estructura es
prácticamente idéntica y no la hemos modernizado; el acceso a la
judicatura es, ni más ni menos, el mismo que hace un siglo y medio y,
además, no se corresponde con las necesidades de un poder democrático, de
un Estado de derecho del siglo XXI, señorías.

El texto de esta ley también incluye mandatos
al Consejo General del Poder Judicial para los que no tiene competencia.
Igualmente, habría que reformar las competencias que tiene el consejo
para ajustarlas a la plurinacionalidad de nuestro Estado, así como acabar
de una vez por todas con las guerras jurídicas y la utilización de la
política en la justicia; trasladar la investigación penal a la Fiscalía,
y habilitar la vía de la reclamación civil a los jueces, para que no
salgan sin despeinarse de aquellos atropellos que nos escandalizan y nos
avergüenzan día a día, como vimos ayer, con jueces ya denunciados por
prevaricación.

Pero el principal problema que tiene ahora
mismo la separación de poderes en España es que el Poder Judicial se cree
legitimado para socavar los poderes del Estado, respaldados por la
legitimidad que le dan las urnas al Legislativo y al Ejecutivo. Además,
en un Estado social, democrático y de derecho, donde todos los poderes,
absolutamente todos, emanan del pueblo, el gobierno del Poder Judicial
tiene que venir también de un poder elegido por el propio pueblo, de las
Cámaras elegidas democráticamente mediante el sufragio, es decir, el
Congreso y esta Cámara, el Senado, y no de un colegio profesional de
jueces, ya que el consejo es un órgano de gobierno de un poder del propio
Estado. Extrapolándolo, señorías, imagínense ustedes que fueran los
diputados y los senadores los que eligieran a los diputados y a los
propios senadores y no por el sufragio en las urnas. Pues miren, los
pasillos de esta casa y el Salón de los Pasos Perdidos se aproximarían
más a una escena de El Monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer,
que a otra cosa. Y, ojo, que fantasmas, haberlos, haylos.

Esta reforma también tiene sus puntos
positivos, como que el Partido Popular acepte de nuevo las medidas que
fueron propuestas en 2022 por el Gobierno de coalición, como la
regulación de las excedencias voluntarias, las incompatibilidades por
mérito de vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como del
fiscal general del Estado, o la regulación del tránsito de la actividad
política a la justicia o a la inversa.

Por lo tanto, no será con el voto contrario de
Más Madrid con lo que se impida la reforma del Consejo General del Poder
Judicial, pero tampoco la votaremos de forma favorable por todo lo que ha
quedado por el camino y porque, debido a un veto que no se entiende en
democracia, se ha cercenado la oportunidad única de enmendar esta ley
para mejorarla y adecuarla al siglo XXI, motivo por el que nos
abstendremos en la votación.

Y señorías de Vox, no sé si se lo dije al
principio, pero vamos a votar que no a este engendro de veto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Delgado.

Grupo Nacionalista Vasco, señora Beltrán de
Heredia. (Pausa).

¿El Grupo Nacionalista no interviene?

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: En turno
de portavoces del veto, no.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Beltrán de Heredia.

Por el Grupo Parlamentario Plural, ¿desea
intervenir algún portavoz en este momento?

¿Alguien más en el grupo? (Denegaciones).

Señor Pujol, tiene la palabra.

El señor PUJOL BONELL: President, señorías, bon
día.

Hace tan solo una semana me despedía del
Congreso defendiendo los derechos políticos de Cataluña. A la vez, pedía
respeto e invitaba a sus señorías a la civilidad, a la verdad, a la
negociación y a la política. Hoy debuto en esta Cámara como portavoz de
Junts per Catalunya afirmando que el catalanismo político no se
entendería sin una defensa absoluta de la democracia.

La base de todo es la democracia; es una idea
fácil, simple, muy básica, una idea que volvemos a defender hoy cuando el
Partido Popular y el PSOE se pondrán de acuerdo y abandonarán la justicia
en manos de la toga nostra, de los jueces prevaricadores y de la caspa de
siempre.

Hoy volvemos a denunciar aquí, donde ustedes
aprobaron el infausto 155, el golpe de Estado híbrido que se activó con
la aprobación en las Cortes de la Ley de amnistía y una parte del Poder
Judicial apostó por la rebelión y por no aplicar esta ley. Esto es
golpismo de togas, y lo grave es que ustedes todos o la mayoría continúan
sin reaccionar. Estamos ante una democracia de brazos caídos. Al Gobierno
español y a Pedro Sánchez solo les preocupan las desventuras judiciales
de la esposa del presidente, cuando en estos momentos deberían plantar
cara a la no aplicación total, con normalidad, de la Ley de amnistía, una
indecencia judicial que se da, por ejemplo, en el caso del president
Carles Puigdemont y que por lo visto (Pronuncia palabras en catalán)
también se dará en el caso del president Quim Torra.

Señorías, ¿qué le pasa a la España política con
los presidentes de Cataluña? ¿No tuvieron bastante con el fusilamiento
del president Lluís Companys, que hoy continúan flirteando con la peor
cara del Estado de muy poco derecho? Abran los ojos; señorías, abran los
ojos: la famosa máquina del fango, señorías, es un juego de niños. Lo
realmente grave es el miedo, su cobardía a plantar cara a los golpistas
profesionales que trabajan desde el mismo Estado para el propio Estado.
Esta reforma de la Ley del Poder Judicial así lo demuestra.

Para la mayoría de ustedes, evidentemente
también para Vox, es más importante parar al president Puigdemont, porque
para ustedes representa una determinada idea peligrosa, muy peligrosa, de
Cataluña, que la defensa misma de la democracia. Vamos a ver, seamos
claros: al PP y a una parte notable del PSOE la democracia les importa un
comino si pueden acabar con la dimensión política de Puigdemont y con el
partido mayoritario del catalanismo político, que es Junts per
Catalunya.

Ustedes piensan que si hay menos Puigdemont
habrá menos Cataluña, y esto los anima a hacer trampas antes que a
defender un Estado limpio, impoluto y democráticamente sano. La razón de
fondo, señorías, es evidente: la España política sabe muy bien quiénes
defienden siempre siempre siempre a Cataluña. La España política también
sabe perfectamente y estos días es noticia que Salvador Illa, míster
Lérida, y el PSOE nunca plantarán cara al Estado ni por Cataluña ni por
los catalanes. Esto sería pura ciencia ficción.

Pero, dicho esto, tengo una mala noticia.
Repasen la historia de Cataluña: Primo de Rivera, la Guerra Civil, la
dictadura de Franco, Aznar, el cowboy de Castilla, la represión de todos
estos años desde 2017, con prisión y exilio. Nada, señores y señoras,
nada, ha logrado silenciar a Cataluña. Cataluña continúa aquí, Cataluña
no es ni un momento, ni una coyuntura, ni una casualidad. Somos una
realidad nacional, somos una nación que sabe resistir.

Y atención (Continúa en catalán). Cataluña
también podrá superar, evidentemente, un posible mal pacto de investidura
en Cataluña (Continúa en catalán).

Pero volviendo a la Ley del Poder Judicial, a
las trampas del Estado, esta ley, señorías, es una camama, esta ley es un
teatrillo y perpetuar las trampas no está bien. Por favor, sean dignos de
la democracia (Continúa en catalán).

Señorías, la vida da muchas vueltas muchas
vueltas y la democracia, Cataluña y también Junts tienen tenemos memoria.
Señorías, reaccionen.

Moltes gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Pujol.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Arocha.

La señora AROCHA CORREA: Gracias
presidente.

Señorías de Vox, el artículo 1 de la
Constitución española establece que España se constituye como un Estado
social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes del Estado.

Para los demócratas este artículo 1 de la
Constitución establece los principios fundamentales sobre los que se
asientan el Estado español y su modelo de convivencia; un Estado social y
democrático en el que la ciudadanía elige a sus representantes a través
del voto y donde hay una separación de poderes.

He escuchado estos días a la senadora de Vox en
el pleno del Senado y cito textualmente que oposición significa
«resistencia, enfrentamiento, obstrucción y desacuerdo», adjetivos todos
que muestran el nivel de agresividad y conflictividad que sus señorías de
Vox traen a esta Cámara y al país. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Nada de eso se identifica con la oposición en
este país. La oposición es algún elemento básico y esencial en la
democracia. La oposición es, por supuesto, controlar la acción de
Gobierno, pero también es debatir para convencer al otro a través de la
palabra. Es dialogar, es llegar a acuerdos. No es obstrucción, es debate.
No es resistencia, es en muchas ocasiones ceder por el bien superior del
país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Venimos hoy aquí a defender uno de los pilares
fundamentales de la democracia, que es la capacidad de llegar a acuerdos.
La democracia necesita consensos. Precisamente lo que fortalece y hace
crecer la democracia es la capacidad que tengamos sus representantes de
poder llegar a acuerdos, lo que hace avanzar a un país demócrata como el
nuestro.

Señorías del Partido Popular, como partido
demócrata tendrán que reflexionar y copiar lo que se está haciendo
actualmente en las instituciones europeas aislando a la ultraderecha. Esa
ultraderecha que no cree en los valores de la democracia, que no cree en
los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, que no cree en
la libertad, en la igualdad, en el pluralismo político, en la justicia.
Esa extrema derecha que ve en un niño africano un enemigo al que
expulsar, sin importarle el miedo o el sufrimiento. Esa extrema derecha
que no respeta a las personas con discapacidad y vota en contra de
terminar con un concepto tan retrógrado y humillante como el de inválido.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Esa extrema
derecha que se niega a hablar de la violencia machista como una lacra de
nuestra sociedad. Esa extrema derecha con la que aprueban leyes que
vulneran el derecho internacional, los derechos humanos y que, además,
invisibiliza a las víctimas de la Dictadura. Señorías del Partido
Popular, rompan de una vez los acuerdos que tienen en 140 municipios con
la ultraderecha. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

Dotar a los poderes públicos de legitimidad
democrática es prioritario a cualquier otra consideración sobre su
funcionamiento orgánico. Es imperativo vincular el Poder Judicial a la
soberanía nacional, al Estado, al pueblo español, del que emanan todos
los poderes del Estado. La conexión entre el gobierno del Poder Judicial
y las Cortes Generales lejos de corromper, legítima y dignifica el Poder
Judicial, haciendo de esta una figura indiscutiblemente democrática. Sé
que no lo van a ver así los senadores de Vox. El entendimiento es uno de
tantos conceptos que sustentan la democracia que aún no han asimilado, de
ahí sus espantadas autonómicas después del necesario reparto de los
menores migrantes. Si las cosas no son como yo quiero, me voy. No se
negocia, no se habla. La responsabilidad como representantes de la
ciudadanía, si eso, en otro momento.

La distancia ideológica que separa en este
momento al Partido Socialista y al Partido Popular es enorme y salvarla
no ha sido un camino fácil. (Un senador del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado: ¡Gracias a ustedes!). Ha habido, como se dice en mi tierra,
que bregar mucho, pero hemos logrado llegar a un acuerdo que espero que
se extienda a otros asuntos de interés para la ciudadanía. Vox no tiene
argumentos para oponerse a esta reforma más allá de lo mucho que les
irrita ver que esa democracia que no entienden funciona y que logramos
llegar a acuerdos. Mientras tanto, y mientras Vox se mantenga en su
obstinación por ser piedra en el camino del acuerdo, yo me alegro
doblemente por ello, porque, como decía Leonard Cohen: «Ver a quienes
están enfrente nos sirve para saber que los demás estamos en el lado
correcto».

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Arocha.

Grupo Parlamentario Popular, señora Pardo.

La señora PARDO PUMAR: Muchas gracias,
presidente.

Señorías, quiero iniciar esta intervención
mostrando en nombre de todo mi grupo todo nuestro apoyo y solidaridad al
pueblo venezolano (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado), un pueblo valiente que está sufriendo la represión
del régimen de Maduro por defender la democracia, la transparencia y la
libertad en su país frente a quien pretende atrincherarse en el poder sin
entregar las actas y ante la fundada certeza de un fraude electoral.

Señorías, incomprensible nos resulta la tibieza
de este Gobierno con la dictadura de Maduro, el silencio atronador de
Pedro Sánchez y qué decir del expresidente del Gobierno Zapatero, cuya
actitud avergüenza a todo un país. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Como demócratas que somos, señorías,
debemos defender siempre y en todo lugar la democracia y la libertad, y
cómo no, los derechos humanos. Hoy toca defender los de Venezuela. ¿A qué
está esperando este Gobierno? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

Dicho lo cual, señorías, la proposición de ley
que hoy se debate de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
también del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal supone un gran paso
en la garantía de la independencia judicial y de la separación de poderes
en la que ya hemos visto que tristemente muchos de ustedes no creen. Una
reforma para garantizar la despolitización de la justicia y el fin de las
puertas giratorias, esas que en los últimos años se han convertido en el
sino del Partido Socialista. En definitiva, un paso adelante para mejorar
la independencia judicial.

Como hemos dicho, se incrementan los requisitos
para el nombramiento de magistrados del Supremo, que pasan a veinte años
de ejercicio. No podrán ser vocales quienes hayan ejercido actividad
política en los cinco años anteriores. Se establece un régimen de
incompatibilidades del fiscal general del Estado ay, el fiscal general
del Estado y se refuerzan las mayorías para nombramientos.

Señorías de Vox, ¿cuál de estas medidas no les
parece correcta para fundamentar su veto? Ustedes han reconocido la
necesidad del cambio del sistema. Es más, han defendido renovar y
reformar. Ahora dicen que no.

Sigo. Es una reforma fruto del consenso, de un
pacto que logró el Partido Popular en pro de la independencia judicial,
esa de la que en tantas ocasiones ustedes, señorías del PSOE, han
abjurado, pero al que les ha obligado la Unión Europea; un pacto que
escuece y de qué manera, como hemos podido ver también hoy aquí en los
socios de Gobierno del PSOE, a los comunistas y a los independentistas,
esos a los que se ha dotado de impunidad a cambio de poder.

Señor Pujol, yo le pediría a usted que retirase
las manifestaciones que ha hecho respecto a los jueces en esta sede
parlamentaria. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado. Denegaciones del señor Pujol Bonell). Se lo pediría,
porque se ha referido a ellos como la toga nostra o golpismo de togas, y
en esta Cámara, señor Pujol, respetamos el Poder Judicial y a los jueces.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Asentimiento del señor Pujol Bonell). Pero su posición no hace más que
reafirmarnos en que si a ustedes les molesta quienes no respetan al Poder
Judicial, quienes atacan a los jueces, quienes no creen en la división de
poderes es porque este es el camino correcto, y nos reafirma en la
necesidad de esta reforma que hoy traemos aquí. Un consenso que algunos
han dicho que era anómalo, que no era frecuente. Pues sí, es anómalo,
pero no por indebido o innecesario, sino porque es la primera vez en esta
legislatura que el PSOE no va de la mano de sus socios comunistas e
independentistas. Han hecho ustedes que lo que debería ser normal sea
excepcional. Ayer mismo lo demostraron con ese pacto que quiebra la
igualdad entre españoles y la solidaridad entre territorios, algo
vergonzoso y vergonzante. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

Señorías del PSOE, con esta reforma se acaban
las puertas giratorias. Es una reforma que garantiza que ya no habrá más
Dolores Delgado, ¿recuerdan?, la reprobada exministra socialista que pasó
directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado,
y ahí comenzó el asalto a las instituciones. Señorías de Vox, ¿acaso no
están ustedes de acuerdo con esto? Y continuó el asalto con el actual
fiscal general del Estado, ese que se ha convertido en abogado defensor
de Pedro Sánchez y su familia. Ese que está condenado por desviación de
poder. Ese que está al borde de la imputación, ni más ni menos que por
revelación de secretos. Señorías del PSOE, si creen en la regeneración
democrática, si creen en la independencia judicial y en la
despolitización, pidan ya la dimisión del fiscal general del Estado.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

Y termino. Señorías de Vox, no podemos
comprender su veto. Por eso vamos a votar en contra. ¿Es que acaso
ustedes no están de acuerdo con garantizar la independencia judicial? ¿Es
que no están de acuerdo con despolitizar la justicia? ¿No están de
acuerdo con terminar con las puertas giratorias? ¿No están de acuerdo con
estas proposiciones para implementar la garantía de independencia del
Poder Judicial?

Muchas gracias. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Pardo.

Iniciamos el turno de enmiendas. Señora Gómez,
usted ha presentado cuatro enmiendas. Para su debate y poder defenderlas,
tiene cuatro minutos.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señoría del PSOE, usted, la que nos llama
ultraderechistas, el término oposición, según la RAE no me lo invento yo
, significa resistencia, enfrentamiento, obstrucción, disensión. Diremos
que también oposición. Diremos que también los académicos que componen la
RAE tienen algo de ultraderechistas.

Continúo. Señorías, esta proposición de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal contará con varias enmiendas de sustitución y una de
supresión de la disposición adicional relativa al informe y propuesta del
Consejo General del Poder Judicial. Estas las hemos presentado los
senadores de Vox. Señorías, ha sido un constante runrún el que hemos
estado escuchando durante más de cinco años por parte del Partido
Popular, el cual aclamaba y dejaba más que claro que no iba a participar
en la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta que,
primero, no se reformase la ley y, además, quedase establecido un sistema
de elección de los vocales de procedencia judicial para que fueran
elegidos por y entre jueces y magistrados; y, segundo, como consecuencia
de ello, se procedería a la renovación de los vocales del consejo. Pues
bien, lo que han pactado ustedes, Partido Popular y PSOE, no tiene nada
que ver con lo manifestado, ya que en ninguna parte del acuerdo, y aún
menos en la proposición de ley, se refleja algo sobre la modificación del
sistema de elección de vocales. Únicamente se establece en la disposición
final que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
reforma, el consejo elaborará un informe con objeto de examinar los
sistemas europeos de elección de los miembros análogos al consejo español
y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales
designados entre jueces y magistrados.

Señorías, todo esto tiene un único objetivo:
vendernos reformar la independencia y la integridad de nuestro sistema
judicial, reforzando precisamente esa independencia y esa integridad.
Nada más lejos de la realidad. Nuestras enmiendas intentan reforzar la
despolitización del consejo y la despolitización de la Fiscalía General
del Estado. En definitiva, señorías, la situación actual en la que nos
encontramos deriva de la incapacidad de los grupos parlamentarios para
alcanzar un acuerdo acerca de los vocales que integran el Consejo General
del Poder Judicial, dada la pretensión de ambos partidos políticos de
controlar el consejo para colocar a afines en altos cargos judiciales
aprovechando el actual sistema de elección.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Gómez.

Señor Ferrer, para la defensa de las
enmiendas 5 a 10, dispone de seis minutos.

El señor FERRER MARTÍNEZ: Gracias, señor
vicepresidente.

Señorías, bon dia.

Tras casi seis años, tenemos un Consejo General
del Poder Judicial renovado gracias al acuerdo alcanzado por el Partido
Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el cual incluye la
presente propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para simplificar mucho, y
siguiendo su exposición de motivos, podríamos decir que la propuesta de
los grupos mayoritarios intenta desalentar las tentaciones políticas de
nuestras y nuestros jueces y fiscales que accedan a cargos públicos y
que, con su retorno, quede garantizada su independencia e integridad con
respecto, sobre todo, a los partidos políticos o instituciones por los
que fueron elegidos o nombrados.

Las cinco enmiendas principales que trae este
senador solo pretenden que la presente reforma se adapte al sistema
institucional del Estado de las autonomías que tenemos y que nos hemos
dado a día de hoy. La sexta quinta en orden se presenta a la vista de
la ampliación general de plazos que propone la reforma para acceder o
retornar a la judicatura, porque no casa con que nuestros jueces y juezas
puedan ser elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia
siendo miembros de la carrera judicial con solo un único año al margen de
servicio activo. No cuadra. A mi entender no cuadra un periodo tan corto
de tiempo y debería excluirse del todo o bien ampliarse. Y eso es lo que
se propone con esta enmienda.

Pero volviendo a las enmiendas principales, se
da la circunstancia de que con la presente propuesta un conseller insular
no queda sometido al régimen de cautelas que la reforma pretende. Está
excluido. Se han olvidado de incluir expresamente a los cabildos y
consells insulars, con competencias exclusivas en muchos casos. Por citar
algunas: transportes, promoción turística, aprobación definitiva de
planes urbanísticos, repito, aprobación definitiva de planes
urbanísticos. Quedan excluidos de estas cautelas y lo único que pretenden
nuestras enmiendas es que se incluyan expresamente. Entiendo las prisas y
los desbarajustes que aprobar las enmiendas propuestas podrían suponer en
el devenir de sus señorías, pero sin ellas, con toda humildad, la reforma
está coja. Y si se ponen en valor las Juntas Generales de los territorios
históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿por qué no nuestros cabildos y
nuestros consells insulars? La reforma de la letra g) del artículo 356 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta cita textualmente a dichas
juntas generales, pero no a nuestros cabildos ni a nuestros consells
insulars. Esta discriminación puede suponer que un consejero insular no
se encuentre en el mismo sistema de incompatibilidades o de excedencias
que un juntero vasco o que un alcalde, lo que, bajo mi punto de vista, no
se entiende. Aquí sí que hay puertas giratorias, señorías. Pero esa ha
sido la decisión de los grupos mayoritarios, tanto en comisión como
supongo que aquí, en este pleno. Por lo tanto, así quedará.

Y para finalizar, únicamente quiero desear a
sus señorías un merecido descanso, que el próximo periodo de sesiones nos
encontremos con las fuerzas recuperadas, cierta mesura en el discurso
que no estaría mal y respeto mutuo a las diferencias ideológicas, con
independencia del número de parlamentarios de cada uno de los
grupos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Ferrer.

Para las enmiendas decimoprimera a decimosexta,
señor Morera, tiene seis minutos.

El señor MORERA CATALÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Hemos presentado seis enmiendas de mejora al
texto. En este caso sí que han sido tramitadas por la mesa, lo cual es de
agradecer, no como en la reforma de la Constitución, cuando no se dio pie
a que se pudiesen tramitar las enmiendas que presentamos. En ese sentido
hemos presentado un recurso de amparo que ya veremos cómo se solventa por
el Tribunal Constitucional.

La virtualidad de este pacto entre PP y PSOE es
que después de un año de legislatura que llevamos, en el que el Partido
Popular ha repetido insistentemente que hay un Gobierno ilegítimo, que
vengan a pactar al final de este periodo de sesiones no deja de ser
sorprendente. Dicen que se pueden pactar cosas. Pactaron la Constitución
excluyendo las enmiendas y en este pacto excluyen a todos los que no
estamos en el PP-PSOE.






Es decir, vuelve el bipartidismo. Y podríamos
calificar este pacto como pacto del gatopardismo, que cambia algo para
que no cambie nada es Lampedusa . Y si alguien cree que este acuerdo
entre PP y PSOE va a servir para modificar positivamente todas las
reformas que se deben hacer en el ámbito judicial para conseguir una
mejora sustantiva, pues se van a engañar muchísimo. Esto no va por ahí.
Pero bueno, ustedes sabrán adónde nos llevan estos pactos. Y, en todo
caso, es un pacto de una legislatura muy polarizada que nos ha traído
situaciones que necesitamos abordar de una manera importante.

Ahora se ha planteado, en una investidura en
Cataluña, una posible reforma de la LOFCA y avanzar en un ámbito de
reformas plurinacionales del Estado de asimetría bilateral. Yo creo que
ese es el camino para solucionar un problema gravísimo que afecta a
muchas partes de este Estado, concretamente al pueblo valenciano.
Pactamos la semana pasada una moción para conseguir un fondo de
nivelación para las comunidades autónomas que tienen un déficit crónico
en los recursos de los que disponen para atender su capacidad de
suficiencia financiera y veremos adónde nos conduce esto. Porque lo que
está claro es que ese mantra que nos dicen desde el Grupo Popular, el de
la igualdad ante la ley, eso es una mentira como un piano. Eso es falso
de toda falsedad. No hay igualdad para el pueblo valenciano. Con el
sistema de la LOFCA no se atribuyen los mismos recursos a las comunidades
autónomas empobrecidas, pobres, con bajo nivel de renta. Sus responsables
en estos momentos gobierna el Partido Popular en solitario no tienen
recursos para atender las necesidades. Por lo tanto, bienvenida esa vía
que se ha abierto con ocasión de esta posible investidura. Decidirá quien
tenga que decidir. Pero, en todo caso, esto se debe modificar porque, si
no, tenemos un modelo singular que provoca una desigualdad manifiesta
cada día. Y no ya solo por inversiones públicas territorializadas, sino
por ser un modelo de financiación que beneficia a la Comunidad de Madrid.
¿Alguien nos puede explicar por qué la Ford y otras empresas, la Ford de
Almussafes, paga sus impuestos aquí, en la Comunidad de Madrid, con lo
que supone eso para esta comunidad en cuanto a recaudación de IVA y otras
prebendas? Por tanto, vamos a intentar apoyar, a ver si la próxima
legislatura cambiamos el modelo de financiación de la LOFCA para hacerlo
plurinacional, bilateral, con cada una de las comunidades autónomas,
porque el modelo actual no se aguanta. Y a ver si aprovechamos la
legislatura y el próximo periodo de sesiones para hacer unas reformas que
entendemos que son las que necesitaríamos. No esta reforma, que nos sitúa
en lo mismo ya conocido y que no atiende los cambios que se necesitarían
en el ámbito judicial.

Hemos visto, ahora que el presidente del
Gobierno ha hecho un balance de la legislatura, que entiende que hay un
juez prevaricador, el que le afecta a él, pero también hay mucha
prevaricación en muchas decisiones de muchos jueces que hacen política, y
eso se debe cambiar, no poniendo y controlando por la puerta de atrás
como se pretendía a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino haciendo
unas reformas que eviten la politización y la utilización perversa de la
justicia por parte de grupos parlamentarios concretos. Y nuestras
enmiendas iban en esa dirección. ¿No las aceptan? Pues bueno, tenemos un
pacto PP-PSOE que no augura nada nuevo. Y lo que sí podemos decir desde
el pueblo valenciano es que no tenemos la recuperación del derecho civil
porque no quisieron ustedes a través de la reforma de la Constitución,
ningún cambio en el modelo de financiación de las comunidades autónomas
ni ninguna medida. Y lo que sí tenemos es un ministro de
infraestructuras, de transportes, que viene al País Valencià y se alía
con los del PP para ampliarnos el puerto con un informe de una autoridad
incompetente. Por tanto, este es el balance de una legislatura y de un
periodo de sesiones negro para el pueblo valenciano, donde no hemos
solucionado ninguno de los problemas estratégicos que tenemos
planteados.

No aceptarán nuestras enmiendas y tendremos un
pacto de bipartidismo del Lampedusa: cambiar todo para que no cambie
nada. Y así no avanzamos en la reforma reformista plurinacional que
necesita este Estado.

Moltes gràcies, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Morera.

Turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene
la palabra la señora Gómez. (Denegaciones).

No interviene.

Por el Grupo Izquierda Confederal, señor
Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.

Señorías, más vale tarde que nunca. Esto es lo
único que les digo a las señorías del PSOE, como también a las del PP,
acerca de lo que pueden presumir ustedes en la sesión que estamos
celebrando hoy. Y es que han sido necesarios años de parálisis y años de
bronca para hacer posible este acuerdo que recoge unos mínimos. Y ha sido
necesaria también, como digo, esa mediación de la Unión Europea para que
los dirigentes de ambos partidos, señorías, se sentaran para finalmente
obtener la clase de acuerdo que sugería también el comisario de Justicia
de la Unión Europea. La primera parte de ese pacto era la renovación de
los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, y este segundo
paso que estamos debatiendo en la mañana de hoy es la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Y es bueno este acuerdo de independencia
para la justicia española. Por un lado, es verdad que está bien porque el
ya vencido Consejo General del Poder Judicial se había convertido,
señorías, en un organismo inservible, incapaz de designar esas múltiples
vacantes existentes en el sistema judicial de este país. Al final, lo que
se demuestra es que, después de tanta bronca, la designación de los
vocales del consejo se ha producido siguiendo una vez más el método
tradicional de pacto entre ambos partidos. Cada uno de los cuales ha
puesto sobre la mesa los nombres que estimaron más adecuados, buscando
ese equilibrio no escrito entre esas sensibilidades de juristas de
indudable trayectoria que, por supuesto, no vamos a discutir nosotros.
Pero permítanme recordarles, señorías, que hacemos un flaco favor al
funcionamiento del sistema judicial de este país cuando nos dedicamos a
ponerles etiquetas a nuestros jueces y a nuestros magistrados, un deporte
que parece que en los tiempos que corren en la política de este país ha
alcanzado proporciones casi olímpicas.

Y llegados a este punto, señorías, yo me
pregunto si será necesario que pasen otros cinco años para que los dos
grandes partidos se pongan de acuerdo en los métodos normativos y en los
métodos prácticos para abordar el drama de la acogida de los menores
migrantes que llegan por mar a Canarias. Y es que la última semana ha
resultado desalentadora para quienes, desde las islas, esperábamos un
poquito más de eso que llamamos corresponsabilidad entre los partidos
políticos y también entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos
de las distintas comunidades autónomas de este país, que han hecho suya,
por desgracia, como digo, esa espiral de reproches y cero soluciones que
deja en una situación insostenible al Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Estas medidas no son solamente solidarias, sino también
corresponsables, y resultan, señorías, necesarias en las actuales
circunstancias del fenómeno migratorio que vivimos y sufrimos en las
islas. Por un lado, no entendemos esa nula disposición del Gobierno
central para hacer suyas algunas reclamaciones bastante razonables de las
que propone el primer partido de la oposición, impuestas como condición
para aprobar una modesta pero urgente y necesaria reforma de la ley de
extranjería. Y, en particular, nos parece esencial contar con esa
garantía, señorías, respecto a esa financiación de la acogida
corresponsable en la medida en que la política migratoria, señorías, es
sin duda una competencia exclusiva del Ejecutivo central. Y, por otro
lado, la oposición de los gobiernos autonómicos presididos por el Partido
Popular nos parece, señorías, inaceptable, porque el encogimiento de
hombros no es una respuesta y tampoco lo es el alegato tramposo de tener
los servicios de acogida de menores al borde del colapso. Señorías, al
borde del colapso estamos en mi tierra, en Canarias, y ante esa dura
realidad el Gobierno de las islas busca soluciones al mismo tiempo que
plantea también, de momento en solitario, una petición de ayuda, que no
es más que la plasmación de un hecho, que es la actual crisis migratoria
en lo tocante a los menores de edad llegados a las islas, y que es una
realidad gestionable si la abordamos, señorías, entre todos y entre
todas. Eso es lo que pedimos desde Agrupación Socialista Gomera, ni más
ni menos; solamente eso, la corresponsabilidad. Esperemos que una reforma
normativa salga adelante y se produzca en un giro de guion, como este,
que hizo posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y
esperemos que ocurra, señorías, a la mayor brevedad, porque, señorías, en
Canarias no podemos seguir sufriendo en solitario el tema de los menores
migrantes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Chinea.

Por el Grupo Nacionalista Vasco, señora Beltrán
de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, maihaburu jauna.

Egun on denoi.

Hoy abordamos hoy en este pleno extraordinario
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, fruto del acuerdo forjado entre el
Partido Popular y el Partido Socialista todo hay que decirlo, con la
mediación de las autoridades europeas , acuerdo para la renovación del
Consejo General del Poder Judicial que llevaba implícito también el
acuerdo de la renovación de esta ley.

Después de casi seis años de mandato caducado
del Consejo General del Poder Judicial, la semana pasada el Senado
procedió a certificar la elección de los diez vocales acordados en una
suerte de reparto de puestos entre el Partido Popular y el Partido
Socialista, y hoy, culminando con esta tramitación exprés, se pondrá el
último sello de validación a la reforma de la Ley del Poder Judicial, un
texto que ha sido fraguado y acordado exclusivamente por el Partido
Popular y el Partido Socialista y cerrado a cualquier aportación de otro
grupo parlamentario; un texto que, salvando algunas correcciones
técnicas, salió igual que entró en el Congreso de Diputados, y aquí, en
el Senado, va a llevar la misma suerte. Como Cámara de segunda lectura,
en esta ocasión, también el papel del Senado se ha limitado literalmente
a eso, a releer el texto y ponerle el marchamo en la ventanilla de
salida. Casi seis años son los que el Partido Popular ha estado
bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial con
falsas diatribas en torno a la defensa de la separación de poderes y a la
necesaria reforma del sistema de elección para garantizar su
despolitización, cuando en realidad el único interés ha sido mantener el
control político de los órganos judiciales, aunque para ello hayan tenido
que incumplir la sacrosanta Constitución.

Lo que ha estado en el fondo de esta
confrontación entre el Partido Popular y el Partido Socialista durante
todos estos años ha sido el control de los órganos judiciales a través
del control de un órgano constitucional como es el Consejo General del
Poder Judicial, un tensionamiento por el reparto y colocación de personas
afines políticamente y de esta manera influir para que los nombramientos
que ha de hacer el consejo de los cargos gubernativos, judiciales y
también del Supremo recaigan en personas política e ideológicamente
cercanas, con la pretensión de que avalen las decisiones de uno u otro
partido, ya sea de quien tiene la responsabilidad de gobierno
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Señora Beltrán de Heredia, un segundo.

Señorías, por favor, guarden silencio.

Gracias.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidente.

Decía que la pretensión única es que se avalen
las decisiones de uno y otro partido político, ya sea de quien ejerce la
responsabilidad de gobierno o de quien asume la oposición, y en muchas
ocasiones diría yo que en demasiadas y cada vez con más frecuencia de
quien ejerce también de contrapoder político. Y es ahí donde reside el
problema de fondo: en las atribuciones de los nombramientos, porque ese
es el verdadero interés, y no solamente de los partidos políticos,
también de las asociaciones judiciales para copar el Consejo General del
Poder Judicial, extender sus tentáculos a las presidencias de las
audiencias y de los tribunales superiores de justicia y de las
correspondientes salas y órganos, así como del Tribunal Supremo. Por
tanto, en nuestra opinión, cualquier reforma que pretenda la
despolitización del consejo ha de pasar por desapoderarle de esta función
y, por qué no, atribuir la elección de los cargos gubernativos,
judiciales y del Supremo a jueces y magistrados en cada ámbito, como se
hace en el caso de los decanatos.

Señorías, efectivamente, para este viaje no
hacían falta tantas alforjas. Hoy, Partido Popular y Partido Socialista
nos presentan como un gran paso esta reforma para reforzar la separación
de poderes y garantizar la independencia judicial, cerrando el paso,
dicen, a las puertas giratorias, pero en realidad no es nada más que un
pequeño retoque de imagen para que todo siga siendo igual, porque tampoco
va a servir para reparar el deterioro y el descrédito que se han labrado
con decisiones y actuaciones que han sido de todo menos imparciales, ni
tampoco para cambiar la percepción social sobre la politización de la
justicia. Señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, han
perdido una gran oportunidad o quizás no había voluntad para entrar en el
fondo y abordar en toda su profundidad y amplitud el problema que
arrastra desde hace años el Consejo General del Poder Judicial, porque
incluso la encomienda que se hace de esta reforma

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Señora Beltrán de Heredia, debe finalizar.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Acabo,
presidente.

Decía que la encomienda que se hace con esta
reforma del consejo para que en seis meses elabore un informe comparado y
presente una propuesta de reforma del sistema de elección lo saben
ustedes no es nada más que, como se dice vulgarmente, patada para
adelante.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Beltrán de Heredia.

Por el Grupo Plural, señora Da Silva.

La señora DA SILVA MÉNDEZ: Grazas, señor
presidente.

Moi bo día.

Esta proposición de ley orgánica es producto de
las viejas formas de pactismo bipartidista entre el PP y el PSOE, que
siempre han sostenido el sistema procedente del régimen del 78. Estamos
ante un pacto del continuismo judicial en un contexto clarísimo de
lawfare en el Estado español, lawfare que no es una novedad, que no es
algo que esté pasando ahora por primera vez. Como decimos en Galiza
(Continúa su intervención en gallego). Esta propuesta no solo no resuelve
el déficit democrático en el ámbito de la justicia, sino que incluso lo
refuerza. Abre la puerta a que sean los jueces los que nombren el
gobierno de los jueces. Lo que nos trae aquí es una componenda de la
estructura del Poder Judicial sin cambiar el modelo: dejan en manos de
los propios jueces que presenten la reforma de designación de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Puede haber algo más
antidemocrático que el que sean los propios jueces los que escojan el
órgano de gobierno de los jueces, de la judicatura? Es decir, más
corporativismo en lugar de incentivar un control democrático de un poder
del Estado: todo atado y bien atado, tal y como se estipuló en los
resortes creados en el régimen del 78.

Esta proposición de ley contiene únicamente
retoques menores, sobre todo relativos a la limitación para ser juez o
fiscal después de pasar por la política institucional activa, porque es
evidente que los jueces y los fiscales están en política. El problema es
que vayan en candidaturas o que en algún momento tuviesen algún cargo de
representación institucional. Pactan el continuismo, dejando al margen lo
que es fundamental: conseguir agilizar y mejorar el funcionamiento de la
justicia en el Estado español, terminar con atascos y reclamaciones que
se eternizan en los juzgados, terminar con los problemas de falta de
medidas de protección de menores y de mujeres víctimas de violencia
machista, parar la eternización de las demandas a la banca, la
eternización de las demandas laborales. Esos son los problemas que tiene
la justicia en el Estado español y aquí no se mencionan. La apuesta
democrática debe pasar necesariamente por la descentralización de los
órganos de la justicia para que se ajuste a la realidad plurinacional del
Estado español, y difícilmente se avanzará en estándares democráticos o
se parará el lawfare con pactos del bipartidismo de siempre que apuntalan
el mismo sistema que lleva décadas vigente.

El Consejo General del Poder Judicial es un
órgano de gobierno de un poder del Estado y como tal debiera estar
legitimado democráticamente, es decir, emanar de los parlamentos y lo
digo así, en plural: de los parlamentos , porque solo así existirá y
podrá haber una auténtica división de poderes en el Estado. División no
significa ausencia de control, y son las cámaras legislativas, las que
emanan en este sistema de la voluntad popular, las que tienen que
controlar los órganos de gobierno. Es su obligación. No es un órgano de
representación orgánica de los jueces ni de defensa de sus intereses
profesionales, ni mucho menos un consejo de representación sindical de la
judicatura. Es un órgano de gobierno, y además ese carácter de órgano le
confiere competencias que versan sobre el funcionamiento de la
Administración de Justicia en general y no únicamente sobre temas
particulares que afectan a los jueces u otros actores de la
Administración de Justicia. De nuevo, decepcionan con este pacto del
bipartidismo a muchas personas que confiaban en que la regeneración
democrática, acabar con el lawfare, iba algo en serio. Decepcionan a
muchas personas: hacen para hacer que hacen y no hacer nada.

No cuenten con el BNG para este tipo de
fraudes. Como decía antes (Termina su intervención en gallego).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Da Silva.

Por el Grupo Izquierdas por la Independencia,
señora Bideguren.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías.

Hoy tramitamos en la Cámara Alta la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fruto del acuerdo
alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, un acuerdo
que, además de repartirse poder en el órgano de gobierno judicial,
persigue, según sus firmantes, despolitizar la justicia. Siendo esto así,
mi primera observación es que por fin existe un consenso amplio: sí,
efectivamente, la justicia está politizada. Pero no es un problema que ha
surgido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Algunas personas llevamos
muchos años denunciando la instrumentalización de la justicia para hacer
política, y, por tanto, es evidente la necesidad de hacer reformas
estructurales y valientes.

Hemos visto utilizar el Poder Judicial como un
instrumento más de oposición al Gobierno. Hemos escuchado en el debate
público a jueces cada vez más desinhibidos haciendo su lectura política.
Hemos visto con la Ley de amnistía a jueces actuando antes incluso de la
tramitación parlamentaria. Hemos visto también a jueces haciendo unas
interpretaciones fuera de los principios de racionalidad jurídica,
queriendo incidir en la política, y el caso más evidente ha sido con la
ley del sí es sí. Hemos vivido y sufrido juicios injustos. Tal es así que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones
a España por la parcialidad de algunos jueces y juezas. Pero ¿acaso esta
reforma acordada por los dos partidos mayoritarios españoles salva la
politización de la justicia? ¿Se puede decir que garantiza que no vuelva
a ocurrir el bloqueo tan inaceptable que hemos vivido durante seis años?
¿Se acaba así con el lawfare? ¿Se ponen las bases para que los cargos
gubernativos judiciales se vinculen solo al esfuerzo y al buen trabajo y
no a la afinidad política? ¿Se garantiza así la independencia de los
órganos jurisdiccionales? ¿Os parece que responde el Poder Judicial a los
valores e identidades presentes de la sociedad? ¿Será la justicia
diferente a partir de ahora? Es evidente que no. Por tanto, señorías del
Partido Socialista, si no se enfrentan al verdadero problema, ¿cuál es el
avance? Sinceramente, pensamos que se han repartido el pastel del Poder
Judicial. Han concedido el derecho al veto al Partido Popular, han
renunciado a la democratización del Poder Judicial y por supuesto están
ignorando la realidad cualitativa del Estado. Claramente, esta no es la
dirección correcta para la regeneración política anunciada por Pedro
Sánchez. Por tanto, señorías, reforma del Poder Judicial, sí, pero no
así.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu)).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Bideguren.

Por el mismo grupo parlamentario, señor
Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Buenos días. Continúo
la intervención de mi compañera.

Un dato empírico: ¿cuántos consejos del Poder
Judicial hay en el mundo occidental? Son minoría los países que lo
tienen. ¿Y dónde hay politización? Donde hay Consejo General del Poder
Judicial. Los países que no tienen Consejo General del Poder Judicial no
tienen politización de la justicia o no es un problema político. Este es
un primer dato. Por lo tanto, la despolitización de la justicia, que es
el lema de esta reforma, nace con una terrible falsedad.

Segunda cuestión: ¿cómo vamos a nombrar a los
altos cargos de la magistratura, de presidentes de audiencia provincial
hacia arriba? Pues como siempre, por afinidad, sin criterios legales
preestablecidos, sin que, cuando haya una convocatoria, se ofrezcan
cuáles son las bases de la convocatoria. Los méritos no se discuten, se
discute la afinidad. Más despolitización.

Respecto a la acción popular, ¿por qué se
permite que los partidos políticos, sindicatos y sus satélites puedan
ejercer la acción popular? ¿Por qué se permite? Cuando un partido
político, un sindicato o un satélite es una persona jurídica, la
actividad de esas personas jurídicas viene determinada por su objeto
social, y el objeto social de los partidos políticos no es poner
querellas criminales a troche y moche. ¿Ustedes se imaginan que las
empresas del IBEX, que son personas jurídicas, empezaran a ejercer su
derecho a la acusación popular? Sería divertido.

Seguimos con la despolitizando la justicia:
reclutamiento de clase. Mientras la mayoría de los integrantes de la
justicia y de la fiscalía provengan de la misma clase social, con el
sistema actual de ingreso, que son las oposiciones la fiesta nacional ,
no vamos bien. No hay despolitización.

Señorías, aquí acabo, y les deseo, como decimos
en catalán (Termina su intervención en catalán. Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu)).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Queralt.

Por el Grupo Socialista, señor Oleaga.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
maihaburu jauna.

Egun on guztioi.

Hemos llegado a un acuerdo, y creo que es una
noticia feliz, así lo entiende el Partido Socialista. Cierto que ha sido
tarde, pero, como decíamos ayer en la comisión, llegar a acuerdos es algo
bueno en democracia. No nos vamos a poner a discutir por el hecho de
llegar a un acuerdo. Debo decirles que esta es una característica del
Partido Socialista, y el actual Gobierno del presidente Pedro Sánchez es
un vivo ejemplo de cómo se puede gobernar escuchando, acordando y con
consenso. Y esto es lo que hacemos también hoy. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).

Esta ley tiene dos características. La primera
es que el artículo 117 de la Constitución deja con toda claridad sentado
que la justicia emana del pueblo. Son las cámaras legislativas, que
representan la soberanía popular, la soberanía nacional, al pueblo, las
que eligen todos los órganos constitucionales, las que determinan además
los regímenes de incompatibilidades, las funciones e incluso
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Señor Oleaga, disculpe un segundo.

Ruego a sus señorías que guarden silencio y,
entre otras cosas, ocupen sus escaños. (Continúan los rumores).

Señorías, ocupen sus escaños y guarden
silencio, por favor.

Continúe, señor Oleaga.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
maihaburu jauna.

los cuórum para tomar las decisiones. Por lo
tanto, en este sentido, es una característica fundamental. Estamos
haciendo hoy una ley que respeta la Constitución.

La segunda característica es que se ha seguido
el procedimiento que el Partido Socialista llevaba seis años diciendo:
vamos a respetar la ley vigente, vamos a elegir con arreglo a la ley que
tenemos y luego ya discutiremos si hay que mejorar o hay que reformar. De
hecho, el nuevo consejo tiene seis meses para plantear una reforma, que
estudiaremos y veremos cómo se ajusta a este artículo 117 de la
Constitución.

Y tenemos tres objetivos. El primer objetivo es
una justicia limpia, una justicia profesional, una justicia
independiente, limpia de bloqueos. Hemos tenido un consejo que fue
elegido y tomó posesión en diciembre del año 2013 y ha sido renovado en
el año 2024, casi once años, y que ha estado más de cinco años, casi
seis, secuestrado por el Partido Popular, que ha secuestrado a la
justicia española y ha generado además una profunda crisis que ha sido
reconocida así por la justicia europea. Esto no debe volver a pasar. Con
esta ley intentamos poner freno a un nuevo bloqueo. Por tanto, hablamos
de una justicia limpia frente a los que pretenden bloquear, bien sea por
la puerta de atrás, como decía el señor Cosidó, o bien por la puerta de
delante. Nunca más un bloqueo de la justicia y de un órgano
constitucional. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

El segundo objetivo es una justicia profesional
que acabe con las cacerías, con la utilización de la justicia por
aquellos que lo que pretenden es tomar el poder atacando a sus rivales,
como pasó, por cierto, en Andalucía. Creo que esto no tiene que volver a
pasar. (Rumores. Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Políticos como Moreno Bonilla atacando a sus rivales
políticos en una cacería. Votar hoy sí a esta ley es votar no a las
cacerías.

Y el tercer objetivo es una justicia
independiente de instrumentalización por aquellos que pretenden innobles
fines políticos. Miren, el sindicato fascista Manos Limpias lleva veinte
años intentando socavar la convivencia democrática en nuestro país. Ha
presentado querellas a todo el mundo: a la televisión pública vasca, a la
televisión pública catalana, al 15M, a Nunca Máis, al movimiento LGTBI, a
Manuela Carmena, al lehendakari Ibarretxe o a Carod-Rovira. Y en Euskadi
los conocemos bien: hace dieciocho años presentaron una querella e
intentaron meter en la cárcel al lehendakari Patxi López y a mi querido y
recordado Rodolfo Ares, simplemente por buscar el diálogo y acabar con el
terrorismo y buscar la paz en nuestro país. Esto lo intentaron hacer.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Y después
lo intentaron con Jesús Eguiguren y nada menos que con José Luis
Rodríguez Zapatero. Hacen mucho ruido. Consiguen llevar a la gente a los
tribunales. Consiguen que gente honrada tenga que ir a responder a los
tribunales. Y, al final, ¿en qué queda? En nada. Los conocemos bien y no
engañan a nadie. Bueno, sí, engañan a Alberto Núñez Feijóo, que ha
comprado el argumento de Manos Limpias y ha pedido ni más ni menos que la
dimisión del presidente del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Señorías, cuando ocurra lo que habitualmente
sucede con las causas que emprende este sindicato de la ultraderecha,
cuando ocurra lo que habitualmente ocurre, el que tendrá que presentar su
dimisión será Alberto Núñez Feijóo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Por tanto, con la aprobación de esta ley
decimos no a la instrumentalización de la justicia para fines políticos,
y lo que decimos es sí a una justicia independiente, que es lo que nos
exige el pueblo español con sus votaciones.

Y concluyo, señorías, para decirles que el
Partido Socialista hoy, nuevamente, vuelve a cumplir su compromiso de
hacer una ley por consenso para buscar una justicia limpia, profesional e
independiente que acabe con las cacerías, que acabe con la
instrumentalización y con los bloqueos. En definitiva, es lo que hace
siempre el Partido Socialista: defender la democracia, la libertad y la
defensa de las instituciones.

Eskerrik asko. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Oleaga.

Por el Grupo Popular, señor Silván.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias,
presidente.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular
tenemos motivos especiales para celebrar este acuerdo en relación con la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal. Proposición de ley, efectivamente, producto de un
acuerdo entre el principal partido del Gobierno y el principal partido de
la oposición. Un acuerdo político que, entre otras cuestiones, servirá
para poner en marcha la necesaria reforma del sistema de elección de los
vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Señorías, en una democracia parlamentaria, lo
importante es que los asuntos fundamentales del sistema político se
aborden mediante el diálogo y con voluntad siempre de consenso. Desde el
Partido Popular entendemos que existen motivos especiales para celebrar
este acuerdo político. No es un acuerdo guiado por intereses
exclusivamente partidistas, no responde a una mera transacción de votos
parlamentarios, no es una maniobra destinada a alzar muros, no es algo
que se haya pactado a hurtadillas. Todo lo contrario. El pacto tiene como
fin reforzar la independencia y la integridad de nuestro sistema
judicial. Es un pacto que llega con retraso, pero ha llegado, y es un
pacto transparente y avalado por la Unión Europea.

En definitiva, cuando hoy, previsiblemente, con
el refrendo del Senado, las Cortes Generales aprueben esta reforma,
tendremos motivos fundados para afirmar que la independencia judicial y,
por tanto, el principio de separación de poderes se verán potenciados,
porque desde el Partido Popular creemos que endurecer los requisitos para
poner límites a las llamadas puertas giratorias es avanzar en el buen
camino. La experiencia demuestra los graves riesgos asociados al abuso de
estas prácticas. Baste decir que si esta reforma hubiese estado en vigor
hace seis años, seguramente nos habríamos podido ahorrar el alarmante
deterioro que hoy padece la Fiscalía General del Estado. Y también desde
el Partido Popular entendemos que esta reforma va a servir para que
nuestro sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial se actualice conforme a los modelos más democráticamente
avanzados de otros países de la Unión Europea.

Será el nuevo consejo el que elabore la
propuesta y la apruebe mediante una mayoría cualificada, marcando el
rumbo de las modificaciones legislativas que deberán aprobar las Cortes
Generales. Y así deberá ser, y no de otro modo, tal como ha vuelto a
recordar la Comisión Europea en su informe anual sobre el Estado de
derecho en los países miembros publicado la semana pasada; un informe en
el que Europa también ha alertado sobre los riesgos para la independencia
judicial y, por tanto, para la confianza de la sociedad en la justicia,
que se derivan de las declaraciones públicas de Gobiernos que atacan
directamente a los jueces. No es esta una reflexión en abstracto, sino
una advertencia dirigida a Gobiernos de países concretos de la Unión
Europea y entre ellos, lamentablemente, el nuestro.

Hoy, las democracias constitucionales se están
viendo abiertamente desafiadas por ofensivas populistas, tanto de extrema
izquierda como de extrema derecha. Sus mensajes pueden ser distintos,
pero sus ataques confluyen en un mismo objetivo: nuestros modelos
garantistas de derechos y libertades, de equilibrio de poderes, de pesos
y contrapesos, cuyo fin es la protección de los ciudadanos frente a la
concentración y al abuso de gobernantes desaprensivos. Todas estas
garantías, cuyos fundamentos son innegociables, son la piedra de toque
que permite distinguir entre las democracias verdaderas y las simuladas,
porque no hay peor tiranía que la que se disfraza con falsas apariencias
de democracia.

No nos queremos olvidar tampoco de lo que
estamos viviendo estos días en relación con el régimen dictatorial
bolivariano que asola Venezuela desde hace décadas. Por eso, hoy, cuando
vamos a aprobar una reforma legislativa destinada a blindar la
independencia judicial frente al riesgo más o menos declarado, pero
siempre latente, de las injerencias del poder político, es imposible no
referirse a los graves indicios de fraude electoral en los comicios
celebrados el pasado domingo en Venezuela. Es el momento de que los
demócratas españoles expresemos nuestro total apoyo al pueblo hermano de
Venezuela. Y es el momento, por supuesto, de que el Gobierno español
mantenga una postura ni tibia ni taimada, sino firme e inequívoca
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado)
contra una nueva maniobra de usurpación de la voluntad, porque, señorías,
no se puede conchabar con el chavismo. Desde luego, el Partido Popular y
voy terminando va a actuar con la máxima firmeza, como siempre lo hemos
hecho, en defensa de la libertad del pueblo venezolano y de su derecho a
convivir y a progresar en una auténtica democracia. La democracia no es
un eslogan, no son palabras bonitas.

Y termino. Hoy, mediante la aprobación de esta
reforma, destinada a reforzar la independencia del órgano de gobierno del
Poder Judicial, daremos un importante paso para retomar la buena
dirección. Y desde el Partido Popular haremos también todo lo posible
para que este no sea un paso aislado, sino el primero de otros muchos
imprescindibles para la recuperación de la calidad de nuestra
democracia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Silván.

Iniciamos el plazo del voto telemático, para el
que disponen de diez minutos, hasta la una. A continuación, cuando se
carguen los votos, haremos la votación presencial.

Se suspende la sesión.

Se suspende la sesión a las doce horas y
cuarenta y nueve minutos.

Se reanuda la sesión a las trece horas y tres
minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión,
señorías, una vez que se ha efectuado el llamamiento mediante el sistema
de timbres.

A continuación, se procederá a realizar las
votaciones presenciales de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se someterá a votación, en primer lugar, la
propuesta de veto. Quiero informar a sus señorías de que para su
aprobación se exigiría la mayoría absoluta. Como saben, votamos la
propuesta de veto número 1, cuya autoría corresponde a don Fernando
Carbonell, a la señora Gómez Enríquez y al senador Pelayo Gordillo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 244; a favor, 3; en contra, 241.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, no habiendo sido aprobada la
propuesta de veto, procederemos a realizar las siguientes votaciones
reglamentariamente previstas. En primer lugar, se someterán a votación
las enmiendas presentadas por don Fernando Carbonell Tatay, doña Paloma
Gómez Enríquez y don Ángel Pelayo Gordillo, que son las enmiendas 1
a 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 244; a favor, 3; en contra, 240;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, se someterán a votación las
enmiendas presentadas por don Juanjo Ferrer Martínez, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal. En primer lugar, se someterán a
votación las enmiendas 5 a 7 y la número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 244; a favor, 5; en contra, 231;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, señorías, someteremos a
votación las enmiendas suscritas por don Enric Xavier Morera Català, que
son las enmiendas comprendidas entre la número 11 y la número 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 244; a favor, 5; en contra, 235;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, señorías, someteremos a
votación las enmiendas 8 y 9, a propuesta de don Juanjo Ferrer
Martínez.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 244; a favor, 5; en contra, 235;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, someteremos a votación en un
solo acto la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 244; a favor, 227; en contra, 6;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, queda definitivamente aprobada por
las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto orgánico
del Ministerio Fiscal. (Aplausos).

No habiendo más asuntos que tratar, les deseo a
todos un feliz verano.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y nueve minutos.