El señor presidente lee los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: Corresponde abordar ahora este
asunto que figura en el orden del día.

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por
tiempo de cinco minutos, la senadora Mayo Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La señora MAYO FERNÁNDEZ: Buenos días, señorías, y
muchas gracias, señor presidente.

Qué honor que mi primera moción en pleno sea esta.
Para una senadora por León, donde en 1188 se reunieron por primera vez en
la historia unas Cortes con representación de los ciudadanos, es un
orgullo hacer desde esta tribuna una defensa convencida del valor de las
instituciones democráticas, de la necesaria ejemplaridad de las personas
que en cada momento las encarnamos y de la imprescindible separación de
poderes. Esto no es ningún ataque personal al señor García. Ya se
desacredita él solito con sus acciones, la última ayer o la penúltima ya
, y con sus omisiones, como no informar a esta Cámara sobre la amnistía,
siguiendo la estela de descrédito institucional que alcanzó ya cotas tan
altas con su predecesora, la señora Delgado. Tampoco buscamos desgastar
al Gobierno, suponiendo que tengamos uno de verdad, porque, como hemos
visto recientemente, lo que tenemos es un presidente que se arroga de
facto todos los papeles, como en ese sainete infumable que nos ha
endosado, donde él hacía el libreto, protagonizaba la obra, daba la
réplica, movía la tramoya, y todo, todo lo hacía su persona. Este
episodio tragicómico es el mejor reflejo de lo que pasa con el señor
Sánchez desde hace años, que manosea, coloniza y desprestigia todas las
instituciones a su alcance. ¡Qué inmensa suerte que con algunas no pueda,
como este Senado! Será por eso por lo que por aquí solo vino un día y no
ha vuelto.

Centrándonos en la moción, solicitamos al Gobierno
que, en cumplimiento del artículo treinta y uno, apartados 1 y 3 de la
Ley 50/1981, evalúe la existencia de la causa prevista en el apartado d)
y se proponga el cese del señor García y el nombramiento de un nuevo
fiscal general del Estado digno de ese nombre. Entendemos que el Consejo
de Ministros, que lo estudiará con total agilidad, como todo lo que le
llega de esta Cámara, no tendrá ningún problema en apreciar
inmediatamente dicha causa de cese, ya que los incumplimientos, no es que
sean graves o reiterados, como marca la norma, es que son graves y
reiterados. Señalaré solo dos de las causas de cese más graves y
objetivamente acreditadas, aunque con solo reproducir aquí las
valoraciones de sus compañeros y de las principales asociaciones de
fiscales sobre su falta de transparencia, de prestigio y de auctoritas, y
su servilismo descarado al Gobierno, ya estaría el discurso hecho.

La principal causa de cese es que ha sido
desautorizado y van ya tres veces, señorías por sentencia del Tribunal
Supremo. Ya en noviembre de 2023 la Sala de lo Contencioso anuló el
nombramiento de la ex fiscal general del Estado como fiscal de Sala de lo
Militar y apreció por unanimidad una desviación de poder visible e
innegable. Sí, señorías, desviación de poder visible e innegable. La
secuencia de hechos de la sentencia no tiene desperdicio: convocatoria de
la plaza por la propia codemandada cuando aún era fiscal general del
Estado; dimisión poco después por motivos de salud; petición inmediata de
la plaza para ella, y propuesta totalmente a su favor de la señora
Delgado por quien fue su estrecho colaborador antes, y ya en ese momento,
su sucesor. Añadamos que ella le había promovido a él como fiscal de
máxima categoría dos años antes para que pudiera sucederla. ¡Pero qué
burdo manoseo! ¿no? Si tuvieran solo un mínimo de respeto institucional y
decencia, solo con este primer varapalo del Supremo ya sería suficiente
para que el señor García hubiera presentado su dimisión irrevocable o el
Gobierno hubiera propuesto su cese inmediato. Desviación de poder en
quien debe ser el máximo garante de la legalidad. ¿Cabe mayor indignidad?
Pues cabe; cabe, porque para su nombramiento se debió escuchar antes al
Consejo General del Poder Judicial. Y es la primera vez en democracia que
el consejo considera al candidato propuesto como no idóneo. Leo cuatro
argumentos literales para no emitir juicios de valor y escuchar a los que
la ley obliga a escuchar: Primero, la sentencia mencionada. Segundo, su
demora en ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que no le son
favorables. Tercero, su sesgada política de nombramientos, tan favorable,
curiosamente, a los miembros de su asociación, que agrupa solo al 7 % de
los fiscales, pero que obtiene el 66 % de los cargos discrecionales. Y
cuarto, ante la campaña de desprestigio del lawfare, el señor García,
lejos de defender el Estado de derecho, no es que haya estado callado, es
que ha mostrado una sintonía evidente con los promotores de esta campaña.
¡Y cómo no? ¡Si el señor Sánchez, esa pobre víctima del sistema, la
abandera hoy día junto a lo mejor de cada casa! Conclusión final,
literal, del Consejo General del Poder Judicial: «No parece que pueda
merecer juicio de idoneidad un candidato que ha demostrado tan deficiente
esmero en la pulcritud del desempeño de sus funciones». Pero, oye, como
en el sanchismo, todo demérito es mérito, va el Gobierno y lo renueva en
el cargo.

Señorías, desde el Partido Popular creemos que es
hora ya de recuperar el prestigio de las instituciones y exigimos que el
Gobierno estudie y acuerde ya el cese solicitado.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

La señora MAYO FERNÁNDEZ: Termino ahora mismo,
presidente.

Como digo, exigimos que el Gobierno estudie el cese
solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y
cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo
nivel de descrédito, y veo difícil que ninguno de los dos continúe ya
mucho más tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Mayo.

Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la senadora Delgado
Gómez.

La señora DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora Mayo, ¡viva la Pepa! Aquí ya no sabemos
quién queda por dimitir: el fiscal, el Gobierno... Al único al que parece
que ustedes no le piden el cese es al Consejo del Poder Judicial. ¡Qué
casualidad! (Rumores). Señorías del Grupo Popular, de verdad, me sigue
sorprendiendo, aunque parezca increíble, su capacidad para pervertir la
política y la democracia y elevarlo todo a conflictos que banalizan con
respecto a los problemas reales que tenemos, que son los problemas del
día a día. Me alegro de que al menos corrigieran la moción en los errores
que tenían con referencia a la legislación a la que alude, que ya es un
paso: un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esos
errores, señora Mayo, que pasan a ser horrores, nos señalan lo apresurado
y tosco de vuestra manera de hacer política, más propia de una banda de
matones y acosadores que de un partido político serio. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Sinceramente,
señorías, el otro día pasé vergüenza ajena...

El señor PRESIDENTE: Señoría.

La señora DELGADO GÓMEZ: ... cuando el ministro
Bolaños les señaló a ustedes...

El señor PRESIDENTE: Señora Delgado.

La señora DELGADO GÓMEZ: ... que no pueden cesar al
fiscal general del Estado como les plazca, tal como le pedían.

El señor PRESIDENTE: Señora Delgado.

La señora DELGADO GÓMEZ: Con lo que les gusta a
ustedes... (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señora Delgado.

La señora DELGADO GÓMEZ: ... precisamente eso,
hacer ruido, hacer bulla... (Continúan las protestas).

El señor PRESIDENTE: ¡Señora Delgado! (La señora
Delgado Gómez pronuncia palabras que no se perciben).

Señora Delgado, le ruego que mantengamos la
cortesía parlamentaria y que permita que los debates se vayan
desarrollando.

La señora DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, señor
presidente, por llamar al orden a sus señorías del Grupo Popular, que me
están interrumpiendo.

El señor PRESIDENTE: No, no. Ha sido lo contrario,
señoría, si es usted tan amable.

La señora DELGADO GÓMEZ: Y justamente, con lo que
les gusta a ustedes gritar y amedrentar a los intervinientes en esta
Cámara, el silencio se podía cortar con un cuchillo. Era el silencio del
ridículo y de la humillación de quien no conoce el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, pero que es tan atrevido o tan atrevida de plantear
una interpelación que diera como consecuencia esta moción. Pero, claro,
esto no había hecho sino empezar. A la senadora Pardo no se le ocurrió
otra cosa que justificar la ignorancia en el artículo 124 de la
Constitución española, que, por otro lado, tampoco habla del cese del
fiscal general, lloviendo sobre mojado el tremendo ridículo y la
apabullante vergüenza. Además, como dice el dicho, no hay dos sin tres,
porque para pedir el cese del fiscal general se ciñen ustedes al artículo
treinta y uno. Uno, que acaban de comentar, del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, el cual establece que sea un caso de incumplimiento
grave y reiterado en sus funciones. ¿Dónde pretenden avalarlo? ¿Con
quién? Con el Consejo del Poder Judicial, justo a ese al que ustedes no
le piden el cese. O sea, lo dice una mayoría conservadora de jueces que
han dado un golpe de Estado al Consejo del Poder Judicial y que, además,
responde a sus intereses políticos, a los del Partido Popular. Un órgano
que tiene el mandato caducado desde hace más de cinco años y medio. ¡Qué
vergüenza, señorías! Secuestrado por el Partido Popular.

Lo que yo les propongo hoy aquí es muy sencillo:
suspendan ustedes de sueldo a los jueces del Consejo del Poder Judicial y
ya verán qué pronto se les quita la tontería. Señorías, el lugar en el
que están dejando a la política española sobre todo aquí, en la Cámara
que controlan y donde hacen deshacen a su gusto hace un flaco favor a la
democracia y a la pulcritud que deben tener las instituciones. Pero
siento decirles que su máquina del lodo no lo puede todo, porque lo que
hay hoy aquí en disputa no es ni más ni menos que el futuro de la
democracia. Y nosotros, desde Más Madrid, tenemos claro de qué lado
estamos, y es apoyando al Gobierno progresista que democratice las
instituciones y los poderes del Estado, empezando por el propio Poder
Judicial. Porque no basta con iniciar un debate social; hay que ser
valientes para que no todo quede igual. Es la hora de dar pasos
firmes.

Señorías del Grupo Popular, esta moción
consecuencia de una interpelación bien podríamos llamarla el esperpento
consecuencia de uno de los mayores ridículos que he visto en esta Cámara
desde que soy senadora, errada en el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y errada en el artículo de la Constitución en el que pretenden
ampararse.

Voy terminando, señor presidente.

Del error al horror sin movérseles a ustedes un
músculo de la cara, porque ya han perdido el sentido del ridículo.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

La señora DELGADO GÓMEZ: Nuestro voto va a ser no,
a no ser que ustedes acepten nuestra enmienda, que me da a mí la
sensación de que va a ser que no.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, autora de la moción originaria, para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas. Senadora Mayo.

La señora MAYO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Sinceramente habría esperado de la señoría que
intervino otro talante. Yo hoy hubiera tenido muy fácil venir aquí a
hacer una intervención incendiaria con todas las portadas de los
periódicos que han salido y todas las noticias. Y no he querido. Me he
atenido a hechos que han valorado autoridades, como son el Tribunal
Supremo de forma reiterada ya y el Consejo General del Poder
Judicial.

De la renovación o no del Consejo General del Poder
Judicial es usted tan responsable como yo, porque es competencia de las
Cámaras, no es responsabilidad de los señores... (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.  La señora Delgado Gómez
hace gestos con la mano). Señoría, siempre que viene eleva el tono y nos
señala con el dedo. Yo no lo voy a hacer y le pediría que se abstuviera.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado).

Llevamos tiempo debatiendo sobre un artículo que
creo que a lo mejor es hora de que se lea. El artículo treinta y uno.
Uno. dice: «El mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración
de cuatro años. Antes de que concluya únicamente podrá cesar por los
siguientes motivos:...». Yo he apelado al apartado d) Incumplimiento
grave o reiterado que en este caso es grave y reiterado de sus
funciones. Y en el apartado 3 dice: «La existencia de las causas de cese
mencionadas en los apartados a), b), c) y d) del número anterior será
apreciada por el Consejo de Ministros». Lo que yo he pedido al Consejo es
que lo evalúe, que es lo que marca la ley. Entonces estaría bien que
todos nos lo leyéramos alguna vez.

Como le digo, yo podría haber empezado con todas
las portadas que hay, y no lo voy a hacer. Voy a pedir respeto, y creo
que los hechos son los que hablan por nosotros. Está muy bien quejarse de
un montón de cosas y luego venir aquí y no cumplirlas. Así que,
sinceramente, si su enmienda hubiera sido de adición y hablara de empezar
a y no de continuar velando por la integridad y demás cosas del fiscal
general del Estado, a lo mejor hasta se la hubiéramos aceptado. Pero
comprenderá que una enmienda de sustitución solo para venir aquí a faltar
al respeto y llamar banda de matones a mi grupo no se la vamos a aceptar.
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Mayo.

Iniciamos el turno de portavoces.

Consiguientemente, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, la senadora Gómez Enríquez.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el nombramiento del señor García Ortiz
como fiscal general del Estado ha estado, desde un principio, rodeado de
polémica debido a los escándalos protagonizados, dañando así la imagen
del Consejo Fiscal. Estamos viviendo una degradación institucional, una
erosión del orden constitucional, una conducta del Gobierno contra el
Poder Judicial y contra su independencia. Mediante el Ministerio Fiscal,
el Ejecutivo pretende someter a su control a todas las instituciones,
pretende ponerlas a su servicio y que no cumplan las funciones de
control.

Les recuerdo, señorías, que el nombramiento del
señor García Ortiz no tuvo el apoyo del Consejo General del Poder
Judicial. El mismo emitió un informe desfavorable al respecto, siendo la
primera vez que se rechaza al candidato a fiscal general del Estado
propuesto por el Gobierno. La mayoría del Consejo General del Poder
Judicial no tiene ninguna duda de que el señor García Ortiz, como fiscal
general, rema a favor de la Moncloa. Un ejemplo muy claro fue cuando,
siendo ya fiscal general, otorgó un trato de favor al nombramiento de su
predecesora, Dolores Delgado, que fue anulado por el Tribunal Supremo por
apreciar una desviación de poder, que anuló también ayer el nombramiento
de aquella como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática,
un nuevo revés para el señor García Ortiz.

También cabe señalar el papel de García Ortiz en la
tramitación de la ley de amnistía. Alegó, en una carta, que el Consejo
Fiscal no tiene las competencias para informar sobre una proposición de
ley, correspondiendo a los fiscales que llevan las causas relacionadas
con el procés posicionarse sobre la amnistía cuando esta llegue a los
tribunales; es decir, es una decisión que recaerá en exclusiva en los
jueces, una gran responsabilidad de patada hacia delante.

Señorías, tampoco podemos olvidar que el señor
García Ortiz no ha condenado el uso del término lawfare, apoyado en el
acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts. En el consejo, y también
fuera de él, consideran que el papel del fiscal general será el de
controlar posibles amagos de rechazo que puedan producirse en las filas
de la Fiscalía.

Señorías, los integrantes de la carrera se han
mostrado mayoritariamente críticos con el señor García en las últimas
semanas, hasta tal punto que la presidenta de la Asociación de Fiscales
llegó a pedirle que dimitiera, en un acto público. El motivo principal es
que el señor García Ortiz no cumple con el requisito de imparcialidad que
su responsabilidad implica, y que su trayectoria personal y profesional
crea una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo.

En julio de 2022, los más críticos del consejo ya
alegaban que se había demostrado una vinculación con el Poder Ejecutivo
al participar en actos del PSOE. Su abrazo con la señora Yolanda Díaz
durante la apertura de la legislatura en las puertas del Congreso de los
Diputados fue quizás el empujón definitivo para convertirlo en el primer
fiscal general no idóneo para la democracia. Este compadreo entre el
Ejecutivo y el Judicial es solo la punta del iceberg de un cúmulo de
desaciertos.

Señorías, aparte de la filtración de datos de un
particular, querella que ha sido admitida a trámite por el Tribunal
Supremo, debo señalar también las informaciones conocidas sobre las
órdenes dadas por el señor García Ortiz al fiscal jefe de la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. ¿En qué
consistieron estas órdenes? En detener la tramitación del caso Koldo por
la proximidad de las elecciones del 23J. Se trata de una gravedad que
supera la de todos los escándalos anteriores y alcanza el culmen de uso
partidista de la Fiscalía General del Estado, en cuya cúspide se halla el
señor García Ortiz.

Desde el Grupo Parlamentario Vox en el Senado,
proponemos el cese del fiscal general del Estado en atención a los
siguientes hechos: por carencia de la imparcialidad que la Constitución y
la ley exigen para su cargo; por su uso partidista del Ministerio Fiscal
y su favoritismo hacia sus fines; por sus agresiones a la separación de
poderes y al Estado de derecho; por su negligente actuación, que ha
permitido ataques de confidencialidad en la asistencia letrada; por sus
posibles injerencias en los resultados de unas elecciones generales con
fines ideológicos y partidistas; por sus acciones en perjuicio de la
acción de la justicia y por el incumplimiento que todo ello supone de las
funciones legalmente atribuidas al fiscal general del Estado.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gómez.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, le
corresponde el uso de la palabra a la senadora Delgado Gómez.

La señora DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora Mayo, vamos a ver si decimos bien las
palabras. No es lo mismo comportarse como una banda de matones que ser
una banda de matones, que es lo que usted ha dicho que yo he dicho, de la
misma manera que no es lo mismo comportarse como un señor o una señora
que ser un señor o una señora. Y la semántica importa, importa y mucho,
sobre todo si le queremos dar un doble sentido a lo que se dice para
luego mostrar, encima, un falso victimismo.

Pero si vamos a hablar de insultos, ya que usted
dice que yo insulto, no lo dude nunca, señora Mayo: yo sé lo que digo,
porque pienso antes de decirlo y mis palabras son completamente medidas y
llegan hasta el punto que yo quiero. Ahora, a lo mejor, no llegaron lo
suficientemente y a usted le interesó dar la vuelta y convertirlo en otra
cosa. Pero, bueno, para eso está ahora el turno de portavoces, para
poderme explicar, porque, por una vez, no cierran ustedes.

Si vamos a hablar de insultos, podemos hablar de
todo lo que le ha dicho Feijóo al presidente del Gobierno, al que ha
llamado Perro Sánchez, lo ha llamado déspota, lo ha llamado caudillista,
lo ha llamado ególatra. A mí me da también un poquito de vergüenza ajena
decir lo que dijo la señora Ayuso, en el Congreso, al presidente del
Gobierno de España; fue absolutamente indecente llamarlo hijo de no lo
voy a nombrar aquí, porque tengo más vergüenza que ella, pero, sobre
todo, porque yo sé lo que digo y cuándo lo digo.

Ahora, volvemos a lo que volvemos, que es que
ustedes, señorías del Partido Popular, desde que ha empezado esta
legislatura han intentado que dimitan o que cesen prácticamente todos los
ministros, todas las ministras, el presidente del Gobierno. Como les dije
antes, de quien no han pedido su cese es del Consejo del Poder Judicial.
Que no, señora Mayo, la culpa es de ustedes y solo de ustedes, porque
ustedes no saben perder, porque todavía no han aceptado el resultado de
las urnas del 23 de julio; porque ustedes están creando aquí, en este
Senado, un Gobierno en la sombra. A mí me gustaría también que ustedes
pidieran la dimisión de la señora Isabel Díaz Ayuso (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Sí, claro,
¡hombre!, la reina Midas, quien, a todo el que se le acerca, lo convierte
en oro. Si no, que se lo digan al hermano; si no, que se lo digan a su
expareja, el peluquero; si no, que se lo digan a su actual pareja. Vamos
a hacer una moción para que dimita la señora Ayuso, ¿verdad que no? No,
porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre todo, está muy
ocupado intentando quitar las lonas de Más Madrid, que le recuerdan
las 7291 personas que fueron asesinadas en las residencias de mayores.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Sí era legal, por ejemplo, ver una lona que insultaba al presidente del
Gobierno, pero debe de ser que hay un doble rasero y no es nada legal
poner una lona que diga 7291. Pues esa cifra, señorías, les va a
perseguir hasta el día del juicio final, porque fueron 7291 personas,
ancianos y ancianas, en las residencias de Madrid, pero, claro, como
decía la señora Ayuso, ¡qué más da si se iban a morir igual!

Por lo tanto, les reitero que basta de circos,
basta de panderetas y de utilización absolutamente vergonzosa de esta
Cámara. Vamos a votar que no a su enésimo intento de echar abajo el
Gobierno. Quieren ganar en este Senado lo que no pudieron ganar en las
urnas el pasado 23 de julio. Acátenlo, acéptenlo si realmente se creen
democráticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco, le corresponde el uso de la palabra al senador López Torre.

El señor LÓPEZ TORRE: Egun on, buenos días.

Vamos a relajarnos un poco.

Hoy asistimos también a un capítulo de la
politización de la justicia. Es verdad que el Greco, el Grupo de Estados
Contra la Corrupción, del Consejo de Europa, y también la Comisión
Europea, repetidas veces han apercibido a España sobre la necesidad de
independencia de la Fiscalía General respecto del Ejecutivo.

El Greco, concretamente, hacía tres recomendaciones
a España allá en el 2013. Decía que se reconsiderase el método de
selección y el mandato de la Fiscalía General; una segunda recomendación
hablaba de la transparencia de la comunicación entre la Fiscalía General
y el Gobierno, y una tercera pedía mayor autonomía en la gestión de los
medios del Ministerio Fiscal. En el informe de seguimiento realizado hace
pocos años, sobre la primera, sobre la independencia o sobre el método de
selección en el mandato de la Fiscalía General, decía que no ha habido
ningún avance. Y respecto a las otras dos recomendaciones, ha habido
avances parciales.

Es un cargo del Poder Judicial que elige el
Ejecutivo. Realmente es designado por el Gobierno o por la presidencia a
dedo. Es un puesto sensible y especial. Forma parte de un poder, pero es
elegido directamente por el otro. Habitualmente, además, es un puesto que
suele estar sometido al Ejecutivo, porque viene casi con carné o porque
está sufriendo presiones del Ejecutivo. Además, no hay más que tirar de
hemeroteca para verlo. Si nos vamos al inicio de la democracia, tuvimos
inicialmente tres fiscales generales que formaron parte de estas Cortes
Generales en representación de distintos partidos políticos. No voy a
nombrarlos, por respeto y además porque muchos de ellos no están aquí,
pero sí voy a repasar distintos hechos que han sucedido con distintos
fiscales generales.

En los ochenta hubo fiscales generales que
directamente seguían las directrices de los Gobiernos, en ese caso
socialistas, con total sometimiento. Tuvimos un fiscal general que tuvo
que cesar porque no cumplía los requisitos, que también había tenido
cargos en los Gobiernos socialistas, que trató de frenar la investigación
del caso Filesa o que quería meter en la cárcel a quienes no querían
hacer el servicio militar. Le siguió otro que tuvo también encontronazos
con el Gobierno socialista por las decisiones que tomó o porque inició
las investigaciones de los casos Cesid y GAL.

Posteriormente pasamos a los fiscales generales
elegidos por el presidente Aznar, que ya empezó con uno que tuvo una
rebelión de los fiscales de la Audiencia Nacional. Seguimos con otro
fiscal general, más prolijo, del que el Consejo General del Poder
Judicial ya alertó por sus ideas contrarias a los principios
constitucionales; que, además, se había manifestado contrario al aborto,
al divorcio, a la homosexualidad o a los métodos anticonceptivos, y al
que no le gustaba el pluralismo que existía o que para él existía en
España. Apartó a los fiscales que querían imputar a Piqué en el caso
Ercros y quiso perseguir que esta fue buena también a los manifestantes
que estuvieron delante de la sede del Partido Popular en la jornada de
reflexión de las elecciones generales de 2004. Se acordarán. Imagínense
que el actual fiscal general hiciese lo mismo, que quisiese ir penalmente
contra quienes se han estado manifestando delante de la sede de Ferraz.
Menudo escándalo, ¿verdad?

Posteriormente pasamos a los fiscales generales
elegidos por el presidente Zapatero. Tuvimos primero uno que hizo
absoluto seguidismo a la política antiterrorista del Gobierno y que
apareció en los papeles de WikiLeaks.

Después pasamos a otro fiscal general, en este caso
con el señor Rajoy, que volvió a revivir, en cuanto al 11M, esa teoría de
la conspiración, etcétera, que protegió a la infanta Cristina en el caso
Nóos y a los implicados en las tarjetas black. Y así podríamos continuar
y continuar.

Con todo esto, lo que quiero decir es que realmente
estamos ante un problema estructural. El propio Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, en el artículo treinta y uno. Uno. e), dice que el
fiscal general cesará cuando cese el Gobierno que lo hubiese propuesto. O
sea, el fiscal general cesa cuando cesan los ministros, como si fuese un
ministro más, como si fuese una parte más del Ejecutivo, cuando no es una
parte más del Ejecutivo. Y es un problema estructural. No es un problema
de Álvaro García Ortiz. El problema es la falta de división de
poderes.

Y, además, recuerdo, para acabar, algunas frases
que se han oído: «La Fiscalía, ¿de quién depende?» «Controlaremos la Sala
Segunda del Tribunal Supremo por detrás». Y una frase también conocida:
«Montesquieu ha muerto».

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya finalizando,
señoría.

El señor LÓPEZ TORRE: Efectivamente. No es que
Montesquieu haya muerto; a Montesquieu lo han matado y lo siguen
pisoteando, no vaya a ser que reviva. Este es el problema y no el actual
fiscal general del Estado. Ya se lo han dicho el Greco y la Comisión
Europea. Y, además, la Comisión de Venecia, por cierto, ya publicó unas
recomendaciones en cuanto a la Fiscalía General que bien nos vendría
tenerlas en cuenta...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que finalice,
señoría.

El señor LÓPEZ TORRE: ... y empezar a
aplicarlas.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador López.

Por el Grupo Parlamentario Plural, le corresponde
el uso de la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gràcies,
president.

Senyories, avui ens presenta una moció per part
dels reconeguts autors de: Esto la fiscalía te lo afina, en la que s
insta el Gobierno a què proposi la destitució immediata del fiscal
general de l Estat per incompliment greu i reiterat de les seves
funcions.

El Grup Popular ja sabem que coneix en profunditat
el tema fiscalia, especialment per la reconeguda experiència afinadora de
la Fiscalia de l exministre Fernández Díaz. També hi ha una frase cèlebre
de l època escrita per l exportaveu senyor Cosidó en un WhatsApp en què
presumia de què l elecció del jutge Marchena per presidir el Consell
General del Poder Judicial permetria poder controlar des de darrera la
Sala Segona del Suprem. Podria citar la policia patriòtica o el que ara
hem conegut de l Operació Catalunya, de la que el senyor Mariano Rajoy ja
coneixia des de l any 2012 la seva existència.

Per tant, el PP poques lliçons pot donar sobre
valors democràtics i respecte per la justícia. Això és així. Però clar,
davant, a qui tenim? Al senyor Pedro Sánchez, que va dir i abans el
company del Partit Nacionalista Basc hi feia referència , la coneguda
frase: ¿La fiscalia, de quién depende? Presumint que la fiscalia, com que
depèn del Gobierno, portaria el president Puigdemont detingut. Ho
recorden, oi? Clar, ens ho posen molt difícil a l hora de saber qui ho fa
pitjor. Recordaran que en infinitat de vegades he preguntat al senyor
Sánchez per la baixíssima qualitat democràtica de l Estat espanyol. Ell
sempre em diu: «És una democràcia plena». Bé, plena d irregularitats que
no respecten els valors democràtics. Ara, el senyor Sánchez, després de
cinc dies de reflexió, de fer el ploramiques, se n adona que l Estat
Espanyol necessita una regeneració democràtica. Per tant, de democràcia
plena, res de res. Deu haver tingut una aparició, darrerament.

Però recordem molt bé on eren el senyor Sánchez i
el senyor Illa quan l Estat Espanyol ens atonyinava a cops de porra els
catalans que votaven l 1 d octubre o inventaven comptes falsos contra
líders independentistes, o notícies falses, o el catalangate, o amb els
exiliats i presos. Ja els hi diré jo on eren. No cal que facin un esforç
de memòria. El senyor Sánchez, el senyor Illa i els socialistes estaven
votant el 155 contra Catalunya, donaven suport a la marxa d empreses del
nostre país amb el Partit Popular i donaven tot el suport a les
garrotades del Gobierno del senyor Rajoy. A més, el senyor Illa també, on
era? home, manifestant-se amb la dreta i l extrema dreta allà a l Estació
de França, a Barcelona, donant un trist paper per la democràcia. Això és
el que fan i van fer.

I és bo recordar-li al senyor Illa aquests dies que
el franquisme va castellanitzar els noms dels nostres municipis i
comarques, com perquè ara ell vingui i ens parli de Lérida, del Bajo
Llobregat. Jo tinc l honor de ser del Baix Llobregat i no he sentit ni a
gent castellanoparlant parlar del Bajo Llobregat. Una vergonya que un
candidat digui tot això. Quin poc respecte pel territori, per la llengua,
i amb una clara voluntat del senyor Illa de com a màxim arribar a
governador civil, que ja estan desapareguts gràcies a un pacte de fa
molts anys. Un governador civil, evidentment, al servicio del Gobierno d
España. I ara, a sobre, hem d aguantar el victimisme del senyor Sánchez?
Escolti, això és teatre i del dolent. Teatre i del dolent.

Per tant, com he dit, quan començava, ens ho posen
molt difícil, perquè del mal al pitjor. I per tant, quan et trobes en una
situació com aquesta, el millor que pots fer és abstenir-te.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, hoy se nos presenta una moción por parte
de los reconocidos autores de «Esto la fiscalía te lo afina», en la que
se insta al Gobierno a que proponga la destitución inmediata del fiscal
general del Estado por incumplimiento grave y reiterado de sus
funciones.

El Grupo Popular ya sabemos que conoce con
profundidad el tema fiscalía, especialmente por la reconocida experiencia
afinadora de la Fiscalía del exministro Fernández Díaz. También hay una
frase célebre de la época, escrita por el exportavoz señor Cosidó en un
WhatsApp, en la que presumía de que la elección del juez Marchena para
presidir el Consejo General del Poder Judicial permitiría controlar por
detrás la Sala Segunda del Supremo. Y podría citar a la policía
patriótica o la operación Cataluña, cuya existencia conocía el señor
Mariano Rajoy desde el año 2012.

Por consiguiente, el PP puede dar pocas lecciones
sobre valores democráticos y respeto por la justicia. Esto es así. Pero,
claro, ¿a quién tenemos enfrente? Al señor Pedro Sánchez, que dijo y
antes el compañero del Partido Nacionalista Vasco lo recordaba la
conocida frase «La Fiscalía, ¿de quién depende?», presumiendo de que,
como la Fiscalía depende del Gobierno, llevaría al presidente Puigdemont
detenido. Lo recuerdan, ¿verdad? Nos ponen muy difícil saber quién lo
hace peor. Recordarán que en infinidad de ocasiones he preguntado al
señor Sánchez por la bajísima calidad democrática del Estado español. Él
siempre me dice: «Es una democracia plena». Plena de irregularidades que
no respetan los valores democráticos. Ahora, el señor Sánchez, después de
cinco días de reflexión, de lloriquear, se da cuenta de que el Estado
español necesita una regeneración democrática. Bien, pues de democracia
plena, nada de nada; debe de haber tenido una aparición últimamente.

Recordemos bien de dónde vienen el señor Sánchez y
el señor Illa cuando el Estado español nos daba golpes de porra a los
catalanes que votábamos el 1 de octubre o inventaban cuentas falsas
contra líderes independentistas o noticias falsas o el catalangate. Ya
les diré yo dónde estaban, no hace falta que hagan un esfuerzo de
memoria. El señor Sánchez, el señor Illa y los socialistas estaban
votando el 155 contra Cataluña, brindando apoyo a la huida de empresas de
nuestro país, junto con el Partido Popular, y brindando apoyo a los
golpes del señor Rajoy. Además, el señor Illa también estaba ahí,
manifestándose con la derecha y la extrema derecha en la estación de
Francia, en Barcelona, con un triste papel por la democracia. Esto es lo
que hicieron y lo que hacen.

Hay que recordarle al señor Illa que el franquismo
castellanizó los nombres de nuestros municipios y comarcas y ahora viene
él y habla de Lérida y del Bajo Llobregat.






Yo tengo el honor de ser del
Baix Llobregat y nunca he escuchado a la gente decirlo en español, el
Bajo Llobregat. Por tanto, es una vergüenza que un candidato diga esto,
es tener muy poco respeto por el territorio y por la lengua, con una
clara voluntad del señor Illa de llegar a gobernador civil, ya
desaparecidos desde hace muchos años gracias a un pacto; evidentemente,
un gobernador civil al servicio del Gobierno de España. Además, ahora hay
que aguantar el victimismo del señor Sánchez. Esto es teatro y del malo.
¡Teatro y del malo!

Por consiguiente, como decía al principio, nos lo
ponen muy difícil, porque de lo malo, lo peor. Por lo tanto, en una
situación como esta, lo mejor que puedes hacer es abstenerte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cleries.

No nos consta que por el Grupo Parlamentario
Izquierdas por la Independencia se vaya a intervenir.

Por tanto, por el Grupo Parlamentario Socialista le
corresponde el uso de la palabra al senador Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidente
jauna.

El Partido Popular lleva la corrupción en su ADN.
Esta frase no es mía, es una frase que pronunció el candidato del Partido
Popular a las elecciones europeas, el señor Andrés Vázquez, cuando era un
alto cargo de Ciudadanos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Entonces, cuando el Partido Popular fichaba a
gente de Ciudadanos, decía que eran unos sinvergüenzas y que se iban al
partido de la corrupción. Ahora al que fichan es a él. Ustedes que tanto
se quejan, señorías del PP, de cambios de criterio, este es probablemente
el cambio de criterio más paradójico que uno puede conocer.

Siempre que están ustedes acorralados por la
corrupción arremeten contra todo lo que tiene que ver con el sistema de
justicia, y ahora lo hacen contra la Fiscalía General del Estado. Por
cierto, me hubiera gustado escuchar hoy al presidente de la Cámara
defender, como hizo ayer con otra institución del Estado, la
honorabilidad de una institución básica como es la Fiscalía General del
Estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

Hace muchos años hubo un caso, el caso Naseiro,
donde escuchamos unas conversaciones de un señor que se llamaba Zaplana
en las que decía que él tenía que ganar mucho dinero y que por eso estaba
en política. ¿Qué hizo el Partido Popular? Negar el caso, decir que era
el caso Manglano que era el nombre del juez , al que le hicieron la vida
imposible y, en cambio, auparon al señor Zaplana, que acabó siendo
ministro de aquel Gobierno indecente del señor José María Aznar, y la
corrupción triunfó. Posteriormente, hicieron lo mismo con el caso Gürtel.
Cuando se investigó el caso Gürtel, lo que hizo el Partido Popular en
vez de haber tomado medidas contra M. Rajoy y sus secuaces y haberles
expulsado del partido fue una rueda de prensa para decir que eso no era
una trama del PP, sino una trama contra el Partido Popular, y le hicieron
la vida imposible al juez De Prada, que había sido el ponente de la ley
que condenó a un partido, por primera vez en la historia de nuestro país,
por prácticas corruptas. Por cierto, una sentencia que fue luego
ratificada, punto por punto, por el Tribunal Supremo. Esto es lo que hace
habitualmente el Partido Popular, que es, básicamente, arremeter contra
todo lo que tiene que ver con la justicia, eso sí, intentando
instrumentalizarla, como está haciendo ahora con el Consejo General del
Poder Judicial, que lleva más de cinco años sin renovarse, degradando a
una institución como esta de manera absolutamente inadmisible.

Y ahora también la toman, además, contra el fiscal
general del Estado y contra el ministro de Justicia, como han hecho
contra otros operadores jurídicos en el pasado. Y uno se pregunta:
realmente, ¿qué tiene el Partido Popular contra la fiscal Dolores Delgado
o contra el ministro Bolaños? ¿Qué tienen para pedir su cese de esa
manera, con esa inquina y con ese odio? Parece muy claro: la señora
Delgado, una fiscal con un currículum brillantísimo empezó luchando
contra la corrupción en El Prat de Llobregat, contra el crimen
organizado, contra el terrorismo de ETA y contra el terrorismo yihadista
, un currículum impecable, era ministra de Justicia, y el señor Bolaños
secretario de Estado del Ministerio de Presidencia, cuando sacaron a
Franco de su mausoleo. Esa es la causa de la inquina del Partido Popular
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), como lo
demuestran esas leyes indecentes que están haciendo con la ultraderecha,
allí donde gobiernan con ellos, para descalificar a las víctimas y
ponerlas a la altura de sus verdugos. Unas leyes que hasta Naciones
Unidas les ha pedido que retiren porque son absolutamente
indecentes.

Y claro, uno se pregunta: ¿qué tendrán contra el
actual fiscal general del Estado? Porque no me digan que es que un juez
les ha quitado la razón en un caso. Miren, ustedes propusieron en la
comisión sobre la amnistía a la presidenta de la asociación conservadora
de fiscales, que vino aquí como experta propuesta por ustedes, y yo le
pregunté: «Oiga, ustedes dijeron que el procés era un golpe de Estado
violento y que debía ser considerado como rebelión, y luego los
tribunales dijeron otra cosa. ¿Ha hecho usted reflexión de esto?». Y la
señora contestó por cierto, tengo que decir que de manera muy honesta :
«Los fiscales estamos acostumbrados a que los tribunales nos enmienden la
plana». Por tanto, ¿cómo puede ser que si a un fiscal progresista le
enmienden la plana le pidan el cese y, en cambio, a una fiscal
conservadora no? Tiene que ser otra la razón. ¿Y la razón cuál es? Si uno
mira el currículum de este fiscal, verá que es muy brillante: un hombre
que ha trabajado en fiscalías en lugares donde, incluso, tienen lenguas
diferentes; que es experto en delitos medioambientales, y que ha sido el
secretario general técnico de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué
este ataque? Es muy sencillo: era el fiscal del caso Prestige y, tirando
del hilillo de esos hilillos de plastilina , hemos descubierto cuál es
la causa por la cual ustedes van contra él: nada que ver con el caso que
han alegado, sino porque no soportan ustedes recordar algunas de las
frases más estúpidas que uno ha escuchado en boca de un dirigente
político en el caso Prestige. Este es el asunto, sencilla y llanamente:
descalificar a la justicia y descalificar todo lo que tiene que ver con
la lucha contra los delitos.

Señorías del Grupo Popular, si ustedes se
consideran un partido de Estado, deben renovar el Consejo General del
Poder Judicial...

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Acabo ahora mismo.

Deben respetar a los hombres y mujeres que trabajan
en la Administración de Justicia y deben respetar al fiscal general del
Estado, que tiene una labor muy importante al ejecutar la política
criminal. Si hacen esto y abandonan los bulos, la confrontación y la
descalificación, si ustedes apuestan por la democracia y el prestigio de
las instituciones, allí se encontraron con el Partido Socialista, que
lleva ciento cuarenta y cinco años defendiendo la democracia, la libertad
y el respeto a las instituciones de este país.

Eskerrik asko. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.  Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, le corresponde el uso de la palabra a la senadora Pardo
Pumar.

La señora PARDO PUMAR: Muchas gracias,
presidente.

Lo primero que yo querría plantear es la
posibilidad de que se retirasen del Diario de Sesiones las acusaciones
que ha hecho la señora Delgado: banda de matones, secuestradores y la
referencia a los asesinatos por parte de este grupo político, por ser
total y absolutamente indecentes e impropias en esta Cámara. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

Señor Oleaga, no mientan: el fiscal general del
Estado sí puede ser cesado. Dejen de mentir a la ciudadanía española. Es
más, el fiscal general del Estado debe ser cesado de manera inmediata por
dignidad democrática, por respeto institucional y por respeto al Estado
de derecho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado). Ustedes mienten y han mentido siempre. Ha dicho usted aquí,
además y quiero contestarle , que renovemos ya el Consejo General del
Poder Judicial, como si fuera una cosa que solo depende de nosotros,
cuando, además, ustedes ya están preparando su asalto. (Rumores). ¡Lo que
les quedaba por conquistar! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Han anunciado ya que quieren rebajar
las mayorías, al propio estilo de Hugo Chávez. ¡Pero qué vergüenza!
(Protestas).

¿De memoria democrática nos quiere hablar usted, de
memoria democrática, esa que ustedes han pactado con Bildu, señores?
Lecciones, las imprescindibles en esa materia. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El fiscal general del Estado tiene que ser cesado,
pero, si tuviera la más mínima dignidad, ayer mismo el fiscal general del
Estado habría dimitido porque, nuevamente, el Tribunal Supremo y van dos
en cinco meses le ha dado un nuevo varapalo, pues ha anulado nuevamente
el nombramiento de Dolores Delgado. ¿Por qué? Porque le hurtó sus
atribuciones al Consejo Fiscal. Pero es que esto llega justo después de
que en 2023 le dijera que había incurrido, precisamente en esa propuesta
de acceso, en una clara desviación de poder. Lo que pretendía proponiendo
a Dolores Delgado y les voy a leer literalmente , entre otras cosas, era
reescribir las reglas de promoción de la carrera fiscal, ajustándolas
escuchen a sus personales preferencias, ¡de un fiscal general del
Estado! Y ustedes, en vez de cesarlo, le renuevan el cargo. ¡Eso no pasa
en ningún Estado democrático, señorías!

Si les queda algo de dignidad y de ética, señorías
del PSOE, cesen de una vez por todas al fiscal general del Estado.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

Pero si no era suficiente ese doble varapalo del
Tribunal Supremo a esa ilegal política de nombramientos afines por parte
del fiscal general del Estado, ahí tienen también el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que decide abrir causa contra esa
indebida orden de la fiscalía de no investigar la querella por revelación
de secretos, total y absolutamente salpicada por los escándalos. Primero
filtramos quién dio la orden. El fiscal general del Estado asumió las
consecuencias, pero, ¡oh, sorpresa!, aquí no pasa nada. Después, dan la
orden de archivarlo. La fiscal pide amparo. ¿Y qué hacen ahora? La
apartan, porque pretenden amedrentar al discrepante. Eso no es
democracia. ¿Y ustedes vienen aquí a hablar de regeneración democrática?
¿Pero regenerar qué democracia? ¿La democracia que señala a los jueces?
¿La democracia que ataca a la prensa cuando no dice lo que el señor Pedro
Sánchez quiere oír? ¿La democracia que amnistía a golpistas y
malversadores? ¿La democracia que asalta las instituciones? El mayor
ejemplo, la Fiscalía General del Estado, porque ¿de quién depende la
fiscalía? ¡Pues ya está! Por lo tanto, no digan que ustedes no lo pueden
cesar. Eso no es democracia, eso es un ataque a la democracia y al Estado
de derecho, señorías, porque ustedes son el mayor ataque a la democracia
y al Estado de derecho.

Si realmente quieren hablar de regeneración
democrática, ¿saben por lo que tienen que empezar? Por aprobar esta
moción y aprobar el cese del fiscal general del Estado. Eso sí es
regeneración democrática.

Y termino. Señorías del PSOE: saquen sus sucias
manos de las instituciones y cesen al fiscal general del Estado.
(Protestas del Grupo Parlamentario Socialista).

Gracias. (Aplausos de las señorías del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado el debate
de esta moción consecuencia de interpelación, les recuerdo que el plazo
para emitir el voto electrónico remoto por los senadores debidamente
autorizados se abrirá al finalizar el debate del último punto del orden
del día. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta
iniciativa tendrá lugar una vez finalizado este plazo, en los mismos
términos que indiqué anteriormente, cuando sea anunciado por la
presidencia, pero siempre y cuando que hayan sido debatidos todos y cada
uno de los asuntos incorporados dentro del orden del día.

El señor presidente lee los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado
una enmienda del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por
tiempo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
el senador Cuesta Alonso.

Señoría, tiene la palabra.

El señor CUESTA ALONSO: Señor presidente, señoras y
señores senadores, si nos atenemos a los datos publicados por el
Ministerio del Interior, en el año 2023 ha tenido lugar un repunte en los
datos de criminalidad respecto al año 2022. Concretamente, se ha
producido un aumento del 5,9 % en las cifras de delitos de un año a otro.
Pero si lo comparamos con los datos del año 2019, el anterior a la
pandemia en la que fuimos confinados en nuestras casas ilegalmente , el
aumento se cifra en más de un 11 %. Es decir, no solo se ha producido un
aumento respecto al año inmediatamente anterior, sino que también nos
encontramos en cifras superiores a fechas prepandemia. Se han producido
casi 2,5 millones de delitos, de los que casi 2 millones son de los
llamados delitos convencionales. Es decir, algo más del 80 % de los
delitos que se han perpetrado en nuestro país en el último año pertenece
a este grupo, sufriendo un aumento porcentual del 2,1 %.

Si revisamos los datos, es indudable que el
problema es, por norma general, más acuciante en las grandes poblaciones
y en unas comunidades más que en otras. Casualmente, cuando los miramos,
la comunidad con mayor tasa de delincuencia que nos encontramos es
Cataluña, lo que tampoco debe resultarnos extraño, porque tanto el
Gobierno de su capital, Barcelona, como el de la Generalitat llevan años
más preocupados de otras cuestiones como, por ejemplo, el favorecimiento
de la okupación ilegal o la ensoñación con una independencia que, les
guste o no, nunca se producirá, por mucho que el Partido Socialista
funcione como el colaborador necesario del independentismo y ahora
pretenda que los delitos cometidos durante el fallido proceso de
independencia de Cataluña queden impunes, se borren de la historia. Si
desde los poderes públicos se favorece y ampara la comisión de delitos,
lo que tenemos es una mayor delincuencia.

Los datos son tozudos, y dado que la delincuencia
es más elevada donde hay mayor aglomeración de personas, les haré una
comparativa entre las dos grandes ciudades de nuestro país, que
convendrán conmigo y en eso, al menos, estaremos todos de acuerdo en
que son Madrid y Barcelona. No hablaré de datos absolutos, pues soy
consciente de que me dirán que es en Madrid donde más delitos se cometen.
Así es en números absolutos, pero, para no ser falsarios, debemos
analizar los datos sobre la base de la ratio de delitos por cada 1000
habitantes. Si la media española está en 50 delitos por cada 1000
habitantes, en Madrid se encuentra en 74 y en Barcelona, nada más y nada
menos, que en 112 delitos por cada 1000 habitantes. Convendrán conmigo en
que la diferencia es clara y evidente.

Pero siendo estos datos preocupantes, que lo son,
ahora vamos a centrarnos en esos delitos relativos, tipificados como
delitos leves de hurto y estafa, que aun pareciendo menores, crean una
elevada carga de preocupación y alarma social entre nuestros
conciudadanos. Si miramos los datos del Ministerio del Interior, los
hurtos han crecido del año 2022 al 2023 un 3,3 %. Por cierto, uniéndolo
con lo anterior, en Madrid han disminuido un 3,4 % y en Barcelona han
subido un 7,4 %. Y digo que crean una alta preocupación y alarma social
entre la ciudadanía porque son, con clara diferencia, los más numerosos
y, por lo tanto, los que más sufrimos todas aquellas personas que vivimos
en España.

Hay una idea cada vez más interiorizada por los
españoles que se sintetiza y perdónenme la licencia en la famosa frase
de conversación de amigos o de barra de bar que dice: «Entran por una
puerta y salen por la otra». Estos delitos afectan tanto a ese trabajador
por cuenta propia o ajena, que ve cómo le son hurtadas las mercancías en
el establecimiento en que trabaja sin poder hacer nada, como a la gente
mayor, que ve cómo les sustraen la cartera en el metro por especialistas
en afanar lo ajeno, con el consiguiente quebranto para su economía. Y
esto no es demagogia, es una realidad preocupante. Año tras año, esos
pequeños delitos aumentan y es nuestra obligación, como miembros de uno
de los poderes del Estado, buscar una solución al problema y
atajarlo.

Además, si ligamos todo esto con el tratamiento que
se da en nuestras leyes penales al fenómeno de la multirreincidencia y
que, desgraciadamente, ha resultado ineficaz, vemos que el problema,
lejos de solucionarse, continúa en aumento, como bien indican los datos.
En el año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo una reforma
legislativa en la que se tipificó como delito agravado la
multirreincidencia en el hurto, cualquiera que fuese su gravedad. Así, si
una persona fuese condenada en firme tres o más veces por delito contra
el patrimonio, se le podría imponer una pena de entre 1 y 3 años de
prisión. Este tipo agravado incluye a los antecedentes de condenas por
delitos de hurto, sin sujeción a una cuantía mínima relativa al valor de
lo sustraído. El Tribunal Supremo, en sendas sentencias de 2017 y 2019,
desactivó la reforma que, sin ninguna duda, mientras estuvo vigente, tuvo
una evidente eficacia preventiva. En el año 2022, el Gobierno de Pedro
Sánchez llevó a cabo una reforma legislativa para intentar revertir la
situación, que por desgracia ha resultado ineficaz, como lo demuestra el
avance constante de las cifras de delincuencia, a las que ya me he
referido con anterioridad.

A día de hoy, nuestros jueces y fiscales siguen sin
tener herramientas para poder mandar a la cárcel a los delincuentes
reincidentes. No estamos frenando el incremento de los hurtos
comerciales. Y algo más de un año después de la modificación del apartado
segundo del artículo 234 del Código Penal, que contempla penas de 6 a 18
meses para la multirreincidencia en delitos leves de hurto, siempre que
el valor de los hurtos supere los 400 euros, sigue creciendo.

La Asociación de Fiscales viene reclamando cambios
legislativos y un aumento de efectivos para poder luchar con mayor
eficacia contra el constante incremento de hurtos. Los fiscales indican
que la aplicación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
con su actual redacción, no son suficientes para atajar los casos de
reincidencia de estos delitos, que son calificados en la actualidad como
leves; es por lo que piden, al igual que nuestra ciudadanía, una solución
urgente al problema, lo que ha de traducirse necesariamente en una
reforma legislativa.

En definitiva, la situación del tratamiento penal
de la multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa está
caracterizada por una ausencia de efectividad disuasoria. El Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una proposición de ley
orgánica para adaptar de forma clara y precisa el Código Penal a las
exigencias de las sentencias del Tribunal Supremo de 2017 y 2019, que he
mencionado con anterioridad. Esta iniciativa fue rechazada en el pleno
del Congreso la pasada legislatura. Nuestro deseo es que en esta salga
adelante, porque será beneficioso para el conjunto de la sociedad.

Con esta moción que hoy debatimos se pretende
instar al Gobierno, al igual que en la proposición de ley indicada, a que
se permita considerar los antecedentes penales por delitos leves en caso
de multirreincidencia, así como asimilar las penas por multirreincidencia
de delitos leves de hurto y estafa a la prevista por los tipos básicos de
ambos delitos en los artículos 234.1 y 249 del Código Penal,
respectivamente. Con estas modificaciones, desde el Partido Popular
creemos que damos respuesta a la exigencia, por un lado, a los principios
de legalidad penal y seguridad jurídica y, por otro, al principio de
proporcionalidad.

Pero esta moción, además de instar al Gobierno a
llevar a cabo la reforma legislativa ya indicada, lleva aparejado otro
apartado no menos importante. La reforma del Código Penal es una de las
dos patas para atajar los casos de reincidencia, pero si no aumentamos
los medios materiales y humanos para su desarrollo, nos quedaríamos
cojos. Es por ello por lo que en el petitum de la moción también
solicitamos al Gobierno que priorice las inversiones en seguridad dentro
de su política presupuestaria, de tal manera que se revierta la tendencia
alcista de este tipo de delitos en los últimos años. Instamos, por un
lado, a que se proceda al aumento de efectivos que se dediquen a la
seguridad ciudadana y se les dote de los medios necesarios básicos para
llevar a cabo sus funciones con un mínimo de dignidad para evitar
imágenes ya vistas y que a todos nos abochornan. Somos conscientes y
ojalá nos equivoquemos de que desde el Partido Socialista se dirá que
pedimos el aumento de efectivos cuando no estamos en el Gobierno, pero
que cuando gobernamos no llevamos adelante ese aumento. Tenemos que decir
que ese argumento parte de una falacia: no es cierto que esto sea así.
Cuando el Partido Popular, tras años de socialismo, llega al Gobierno de
la nación, se encuentra con ofertas de empleo público decrecientes para
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y el Partido Socialista,
cuando recoge nuestra herencia, se encuentra con ofertas de empleo
público para esos mismos cuerpos crecientes. (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

Desde el Ministerio del Interior no se rían,
señores socialistas , con su ministro al frente por cierto, el ministro
del Interior más reprobado y peor valorado de la historia democrática de
nuestro país , se cansan de decir que el número de plazas ofertadas por
su Gobierno es el más alto de la historia, lo cual no es cierto. En
ningún caso las convocatorias de plazas para nuestros cuerpos de
seguridad han superado las de los años 2017 y 2018, que son los dos
últimos años del Gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy como
presidente.

Todo esto sin necesidad de remontarnos a los
últimos años del Gobierno del campeón de los recortes, el señor Rodríguez
Zapatero, donde las ofertas de plazas fueron irrisorias. Pero aunque
fuese cierto lo que se dice desde el Ministerio del Interior y desde el
Partido Socialista repito, e incido en ello, no lo es , los Gobiernos
están para solucionar los problemas de los ciudadanos, y les recuerdo que
el señor Sánchez y su partido llevan en el Gobierno desde el año 2018.
Dejen de culpar a otros de su incompetencia. Lo creamos o no, el problema
de la reincidencia en hurtos es real y va en aumento, y al Gobierno le
compete poner los medios necesarios para revertir esta situación. Al
Gobierno se llega no para utilizar todos los medios del Estado en
beneficio propio, como si se fuese el dueño de un cortijo, sino para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, siendo la seguridad
uno de los más importantes, puesto que sin seguridad no hay libertad y
sin libertad no hay democracia.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cuesta.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el senador Morera
Català.

El señor MORERA CATALÀ: Muchas gracias, señor
presidente. Moltes gràcies, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular nos plantea una
moción interesante sobre un problema que afecta a la sociedad, que es la
generación de delitos leves multirreincidentes que no encuentran solución
y que provocan un malestar creciente. Señala algunas ciudades y nos
recuerda las cifras del Ministerio del Interior, pero, en todo caso, los
datos muestran que donde más delitos de este tipo se han incrementado no
ha sido en Cataluña. Tienen obsesión con Cataluña, pero es en las Illes
Balears. Bueno, da igual. Inciden ustedes ahí.

He presentado una enmienda, que espero que me
acepte, por lo siguiente. Se trata, básicamente, de suprimir el primer
punto de su propuesta de resolución. ¿Por qué digo esto? Porque habla de
priorizar las inversiones en seguridad. ¿Solo en seguridad? Quizá la
forma más efectiva para combatir este tipo de delitos leves, que
antiguamente llamábamos faltas, no sea solo invertir en seguridad, que
también, sino invertir en medidas preventivas, de reinserción, de
reeducación Hay que tener en cuenta algunas sentencias interesantes que
dictó el juez Emilio Calatayud, en Granada. Eso ayuda mucho, porque
estamos hablando de un tipo de delincuentes multirreincidentes que
necesitarían medidas sociales para evitar ese tipo de delitos; no todos,
pero una gran parte sí. Por tanto, centrar solo el combate en este tipo
de problemática en priorizar inversiones en seguridad va a incrementar
mucho el gasto público, aunque no sé si tanto como con Mariano Rajoy, que
incrementó la deuda pública de una forma muy exorbitante, pero creo que
hay otro tipo de medidas.

Por otra parte, como usted muy bien dice en su
exposición de motivos, hay en marcha una reforma legislativa que entró en
vigor lo dice usted muy bien el 28 de agosto. Sobre este tema, y dada
la lentitud de la justicia, quizá sería más conveniente invertir en
medidas para facilitar a la justicia su trabajo en ese sentido las
comunidades autónomas también deberían hacer su trabajo , pero todavía no
sabemos cómo ha funcionado esta reforma legislativa. Legislar en caliente
no es bueno, y quizás sea necesario legislar en ese sentido. Pero como
usted muy bien dice, nuestro expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
legisló sobre este tema, legisló en caliente, y luego el Tribunal Supremo
desactivó esta medida por considerarla desproporcionada. Lo dice usted en
su propia moción, cosa que le honra.

En ese sentido, nuestra propuesta estaría
encaminada a reducir no solo los delitos leves dedicados a hurto y
estafa, sino también los delitos de odio que, según la memoria, son los
que más han crecido; delitos de odio que se propagan insistentemente por
muchos medios. Son esos delitos de odio que nosotros, en les Corts
Valencianes, intentamos combatir reconociendo el trabajo de las personas
que trabajan para evitar esos delitos de xenofobia, de racismo, etcétera
a través del premio Guillem Agulló, que fue suprimido por las actuales
Cortes Valencianas.

¿Sabe usted cómo se propagan esos delitos de odio?
Por los medios de comunicación, por las redes. Pero si hay una persona
multirreincidente por delitos de odio, ese tiene nombre y apellidos,
Federico Jiménez Losantos, que se dedica a propiciar odio, violencia y
descalificaciones y que ha sido condenado de forma multirreincidente. Por
tanto, no solo deberíamos condenar y regular mejor los delitos de hurto y
estafa, sino también los de los propagadores del odio. Espero que usted
esté de acuerdo.

Regulemos esto, que es un perjuicio gravísimo a la
democracia y a la convivencia. Por cierto, este señor, este ayatolá
radiofónico, es muy subvencionado por los dineros del Partido Popular.
Hablaremos luego.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la
moción originaria, para indicar si acepta o no la enmienda
presentada.

Senador Cuesta, tiene la palabra.

El señor CUESTA ALONSO: Con su venia, señor
presidente.

Mi padre siempre tenía una frase que decía: «Qué
tiene que ver el culo con las témporas». (Rumores). Estamos debatiendo
una moción sobre la reincidencia en los delitos leves y me habla usted de
Jiménez Losantos. Si usted tiene un problema y una obsesión con el señor
Jiménez Losantos por cierto, ha ganado todas las querellas que le han
interpuesto , será un problema suyo. Hable usted con él. Llame al señor
Jiménez Losantos o pídale salir en antena y debaten ustedes juntos sobre
ese tema. Aquí estamos debatiendo sobre lo que estamos debatiendo, y en
su enmienda, de supresión, única y exclusivamente reza lo siguiente:
suprimir el primer punto. Entonces, todo lo demás que usted nos ha
contado que propone aquí no viene. Como bien podrá comprender, nosotros
no vamos a aceptar su enmienda, porque nuestro petitum tiene dos
apartados: la mejora de medios para rebajar los hurtos y la
multirreincidencia, y la reforma legislativa para que eso pueda llevarse
a cabo y favorezca la labor de fiscales y jueces y mejore la vida de los
ciudadanos.

Por lo tanto, no tengo nada más que decirle. Pero
eso sí, hágaselo mirar. Llame al señor Jiménez Losantos y quede con él a
tomarse unas cañas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.

En el turno de portavoces tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Gómez Enríquez.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la delincuencia no solo crece, sino que
también se transforma. Hay dos tendencias que se sostienen y que vemos
cómo se consolidan a medida que pasa el tiempo. Por un lado, el
crecimiento de la ciberdelincuencia. En los seis últimos años las estafas
informáticas se han multiplicado por cinco. Hoy, uno de cada cuatro
delitos que se denuncian en España es un delito cibernético. Y por otro,
el aumento de la violencia. Los delitos violentos, en especial los
delitos de lesiones, han crecido casi un 40 % desde 2019, y las
agresiones sexuales lo han hecho en un 32 %. Estas cifras muestran un
rebrote de la violencia, lo cual no solo merece una reflexión, sino una
urgente solución.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes
Valencianas presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a
proteger la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, a fortalecer
la ciberseguridad de las empresas y de las administraciones españolas
frente al espionaje industrial

El señor PRESIDENTE: Senadora Gómez, si me permite,
la interrupto un segundo.

Ruego a sus señorías que están manteniendo
conversaciones en el interior de la sala que lo hagan con un tono de voz
bajo o muy bajo o, en su defecto, que lo hagan en el exterior.

Prosiga, señoría.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Repito lo que estaba
diciendo.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes
Valencianas presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a
proteger la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, a fortalecer
la ciberseguridad de las empresas y de las administraciones españolas
frente al espionaje industrial o ataques por parte de potencias hostiles.
Porque, señorías, la posición geoestratégica de España la hace
vulnerable, lo que implica un deterioro de la seguridad a escala global.
Hay que hacer todo lo posible para reforzarla. Según el índice global de
crimen organizado, España es el segundo país de la Unión Europea con
mayores grupos de delincuencia organizada.

Respecto a la tendencia de futuro, es inquietante
la creciente simbiosis entre el crimen organizado y la corrupción. Cada
vez un mayor número de grupos criminales incluye la corrupción como forma
de infiltrarse y socavar la respuesta del Estado a su actividad
delictiva.

Existe también un proceso de legalización del
crimen organizado. Se ha detectado que más del 80 % de las redes
criminales usan estructuras de negocios legalmente creadas para conseguir
sus fines. También existe un sistema financiero paralelo que evita la
trazabilidad de las operaciones financieras del crimen como parte de una
economía criminal sumergida.

Otro fenómeno al que debemos prestar bastante
atención, señorías, es el asentamiento de las bandas juveniles, en muchos
casos formadas por menores. Surgen, normalmente, en las grandes ciudades.
Su actividad explica el aumento del tráfico de drogas, los robos con
violencia, hurtos, riñas, ocupación ilegal de viviendas y actos de
vandalismo, como pintadas o daño del mobiliario urbano.

Hay que hacer frente a todos estos desafíos para
proteger nuestra seguridad, lo que requiere un esfuerzo en el ámbito de
la educación, de la legislación de menores y de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.

Nos hacemos eco, por ejemplo, de lo que está
pasando con la Guardia Urbana en Barcelona. Está desbordada con la
delincuencia en la ciudad, frustrados de ver cómo algunos delincuentes
detenidos, la mayoría de ellos reincidentes, están en la calle antes de
que se termine el papeleo. Todo esto, señorías, lleva a un estado físico,
anímico y mental difícil de soportar, lo cual provoca gran cantidad de
bajas laborales policiales, siendo Barcelona la ciudad española con mayor
índice de criminalidad por habitante. En general, en Cataluña la
situación es muy preocupante. Se han disparado los robos a turistas,
aumentan las peleas y las agresiones sexuales. La sensación de
inseguridad es cada vez mayor. Los robos de relojes, móviles y joyas, los
hurtos, los atracos en farmacias o las agresiones sexuales preocupan
tanto a los vecinos como a la policía. Según datos oficiales del
Ministerio del Interior, en Cataluña la criminalidad ha aumentado un 57 %
más que en el resto de España durante el primer semestre de 2023.
Barcelona es la ciudad más insegura de España. No es una valoración
política, señorías, sino la constatación de un hecho. De los delitos
cometidos en España, cabe subrayar el aumento de los hurtos, de los robos
con fuerza en los establecimientos y estafas informáticas. La mayoría de
ellos son multirreincidentes, según datos de los sindicatos
policiales.

Por tanto, se deberá acabar con la ausencia de
efectividad disuasoria que hay en el actual Código Penal contra los
multirreincidentes, porque la sanción es la misma para quien comete un
delito que para quien comete una sucesión continua de delitos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gómez.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, le
corresponde el uso de la palabra al senador Morera Català.

El señor MORERA CATALÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Cuesta, sí que tiene que ver en este caso el
culo con las témporas. Se lo voy a explicar. (El señor vicepresidente,
Maroto Aranzábal, ocupa la Presidencia).

Hace poco, el Juzgado de Instrucción número 8 de
Madrid ha condenado al señor Federico Jiménez Losantos a una sanción
de 100 000 euros que debe pagar al señor José Luis Ábalos porque en su
antena dijo que en las maletas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy
Rodríguez, introducía cocaína, oro y divisas. Juzgado número 8 de Madrid.
Delito.

Segundo caso, que he mirado rápidamente: condenado
a 10 000 euros luego el Tribunal Supremo se lo rebajó a 5000 euros por
vejar a la dirigente de Podemos, Carolina Bescansa, porque dijo que su
hijo debe estar en algún contenedor. Condenado.

Tercer caso: 3000 euros por vejar con comentarios
machistas a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Condenado.

Cuarto caso: injurias graves con publicidad contra
el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, ¿le suena? Juzgado Penal número 6 de
Madrid. Graves injurias. Lacayo de la oposición, le dijo. Condenado a
pagarle 36 000 euros.

Quinto caso: esta sentencia es importante porque el
tribunal dijo que el derecho constitucional a la libertad de expresión no
reconoce un pretendido derecho de insulto, delito propiciado y practicado
reiteradamente, multirreincidentemente, por el señor Jiménez Losantos,
Federico. Tuvo que pagar 100 000 euros por derecho al honor, ¿sabe usted
a quién? Al exdirector de ABC, Juan Antonio Zarzalejos. Condenado.

Sexto caso: a Esquerra Republicana de
Catalunya, 60 000 euros de multa al multirreincidente Federico Jiménez
Losantos por daños y perjuicios. Juzgado número 17 de Barcelona. Les
llamó aprendices de asesinos.

Y hay más. Cuando se creó este medio, Libertad
Digital, inmediatamente una señora, expresidenta de la Comunidad de
Madrid, le dio 800 000 euros y luego tuvo unas importantes subvenciones
de la caja B del Partido Popular, sentencia del Gürtel. No me invento
nada. Y le dio la Comunidad de Madrid cuatro licencias de televisión,
señorías. Hace poco, la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, ha gastado la friolera de 41 millones de euros de 2022 a 2023, y
no sabemos en quién hay mucha opacidad , mucho más que lo que invierten
o gastan otras comunidades autónomas, pero con muchísima diferencia.

¿Y sabe lo que dijo el jefe de gabinete de la
presidenta de la Comunidad Madrid? Dijo lo siguiente: «No necesitas
comprar un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente».
¿Y sabe qué pasa? Pues que recientemente el multirreincidente condenado
Jiménez Losantos, regado con subvenciones públicas del Partido Popular,
ha llamado a usar la violencia contra los periodistas que investigan el
caso de la pareja de Ayuso. ¿Usted cree que esto es normal? Hay que
regular esto por el bien de la democracia. No solo los hurtos, no solo
las estafas o los delitos leves. Este es un delito gravísimo para la
democracia. Que ustedes, con sus mayorías en según qué comunidades
autónomas, estén financiando el odio que sale cada mañana por la boca de
un ayatolá radiofónico, eso es delito y se ha de combatir. Y se ha de
combatir con todas las de la ley, porque eso está pervirtiendo la
democracia, eso está rompiendo la convivencia y, por tanto, eso pone en
jaque nuestra democracia.

Y cuando vemos aquí como resuena lo que otros están
sembrando en medios de comunicación subvencionados para propiciar
falsedades, para propiciar mentiras, para propiciar delitos graves contra
la integridad personal de muchísimas personas y muchísimas entidades, eso
necesita una regulación seria, porque no podemos consentir que el Partido
Popular continúe subvencionando a este señor, que se dedica a insultar
todos los días y hacer de brazo ejecutor de las políticas del Partido
Popular. Eso es un daño gravísimo a nuestra democracia.

Por tanto, meditemos bien, porque la
multirreincidencia delincuencial está subvencionada por las políticas del
Partido Popular, y eso no lo podemos admitir, señorías. (Rumores.
 Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Muchas gracias, senador Morera.

Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra
el señor López.

El señor LÓPEZ TORRE: Buenos días.

Después de haber oído algunas intervenciones, creo
que la primera matización que hay que hacer es que este no es un problema
exclusivamente de Cataluña, como parece que se ha pretendido dar a
entender, que es un problema exclusivamente catalán, de Cataluña, y que
los catalanes son unos delincuentes. Creo que no tiene nada que ver con
la realidad. Eso es lo primero que quiero aclarar.

Estamos hablando de proteger la propiedad, algo que
en el ordenamiento jurídico español no tiene la protección que tiene en
otros países, o no la tiene con la misma intensidad que en otros países
nórdicos. Es cierto. A veces, en el caso de la multirreincidencia nos
encontramos con pequeños delincuentes que parecen casi abogados, porque
conocen el ordenamiento jurídico, concretamente el Código Penal y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, casi tanto o mejor que nosotros.

De las cosas que he oído, estoy de acuerdo con el
señor Morera en que siempre tiene que ir acompañado de medidas sociales.
Evidentemente, eso por supuesto. Y como decían, en 2015 hubo un primer
intento, que en este caso cayó por dos sentencias del Tribunal Supremo,
por dos cuestiones. La primera, evidentemente, como dicen, por la
imposibilidad de considerar los antecedentes penales, porque no se
modificó en ese caso el título primero del Código Penal. Y la segunda por
la desproporción punitiva, una desproporción punitiva en la que, además,
siguen insistiendo, por ejemplo, en el caso reciente de la ley
antiokupas. El Código Penal debe tener una proporcionalidad en sus penas.
Si perdemos esa desproporcionalidad, estaremos haciendo parches
constantemente al Código Penal y al final el Tribunal Supremo volverá a
tumbarlo.

El 28 de agosto de 2022 entró en vigor una nueva
modificación del Código Penal que, como dice la exposición de motivos de
la moción, pide que haya una sentencia. Pues bien, desde 2022 hasta ahora
hay tres sentencias firmes, por lo que no ha dado tiempo a que realmente
esta modificación del Código Penal haya podido tener un efecto real. No
ha podido tenerlo porque no se han podido dar esas sentencias firmes, que
son necesarias. Si le damos un año más a esa modificación del Código
Penal, quizás pueda empezar a tener el efecto disuasorio que no ha tenido
hasta ahora.

En el petitum hablan de priorizar las inversiones
en seguridad. Hombre, la verdad es que el momento oportuno de priorizar
las inversiones en seguridad era cuando se ha estado tratando en las
Cortes el presupuesto general del Estado para este año 2024. Creo que
realmente ese era el momento de priorizar esas políticas y no ahora a
través de una moción.

En la segunda petición hablan de adaptar el Código
Penal. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque la Asociación de
Fiscales, que es una de las asociaciones que hay, que no es la única,
hablaba no solamente de modificar el Código Penal, sino también la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que quizás haya que verlo con una visión más
global que exclusivamente con una simple modificación del Código Penal.
Pero en este caso están instando al Gobierno. O sea, estamos yendo a un
procedimiento mucho más largo de los que ahora mismo ya tenemos en la
mano. Estamos yendo a una forma de proyecto de ley, cuando, por una
parte, tenemos en el Congreso, en este caso, el Real Decreto 6/2023, de
medidas urgentes en el ámbito del servicio público de justicia, función
pública, régimen local y mecenazgo. Todavía no ha llegado a la ponencia,
pero sí hay oportunidad de hacer estas modificaciones, como otras en las
que se está trabajando, del Código Penal para incorporar estas
propuestas. Sería un camino mucho más corto que el que están proponiendo
ahora, que es instar al Gobierno. Aun así, hay otra vía, una proposición
de ley de los compañeros y compañeras de Junts en el Congreso,
precisamente sobre la multirreincidencia, proposición de ley orgánica
que, además, propone modificar tanto el Código Penal como la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Esta iniciativa ha tenido entrada en abril de
este año.

Por eso, entendemos que estas dos opciones, tanto
la del Real Decreto 6/2023 como la proposición de ley orgánica de Junts
en el Congreso, son mejores opciones que instar al Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Señor López, debe ir finalizando.

El señor LÓPEZ TORRE: Ya he terminado.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Muchas gracias, señor López.

Por parte del Grupo Plural, tiene la palabra la
señora Pallarès.

La señora PALLARÈS PIQUÉ: Gràcies, president.

Senyor Cuesta, de veritat, quina vergonya. Quina
vergonya, quin greu que ens sap que vostès relacionin sempre amb negatiu
els problemes de Catalunya. Quin greu que ens sap això. Ha de saber que
el pitjor moment d inseguretat ciutadana que va viure el nostre poble va
ser el dia 1 d octubre del 2017, quan, amb la complicitat del Govern de
Rajoy, el Govern de l Estat va venir amb els cossos policials i va pegar
la gent de bé, la gent del carrer, avis, nets, tota la gent. Aquest va
ser un moment complicat d inseguretat ciutadana a Catalunya, i vostès s
ho miraven des de juny. I encara més, un segon atac brutal contra les
institucions catalanes que va sortir d aquesta Cambra, amb l article 155.
Per tant, quan fan segons quins discursos d odi, haurien de pensar quina
ha sigut la seva actitud contra el poble de Catalunya. I això realment
ens sap molt de greu, sobretot perquè vostès saben que tenim unes
eleccions aquest cap de setmana. Potser les urnes també els tornaran a
posar al seu lloc a Catalunya.

Però anem al que ens ocupa, que és la
multireincidència. I és clar que ens preocupa. Però què s han cregut?
Clar que ens preocupa. Barcelona és una ciutat molt gran, amb molt
moviment, i com s ha dit aquí, hi ha altres llocs de l Estat espanyol on
hi ha també aquest problema. És clar que ens preocupa, i molt. Per tant,
nosaltres amb una part de la seva exposició evidentment que estem d
acord. Com no hem de reconèixer els problemes que tenim? Si el que volem
és solucionar-los i buscar mesures perquè sigui millor la convivència a
Catalunya. Com qualsevol persona a qualsevol territori. Només faltaria. I
el meu pare també en deia, de refranys, i deia que si vols estar ben
servit, fes-te tu mateix el llit. I per això volem ser independents. Per
no dependre d un Estat que sempre ens ha anat a la contra, senyor
Cuesta.

Però dit això, i afrontant la multireincidència,
des de Junts per Catalunya ja hem entrat una proposició de llei, que està
en aquest moment admesa a tràmit al Congrés, en la qual hi ha modificació
del Codi Penal i també de la Llei d enjudiciament criminal, que també ho
anomenat el senyor López. I amb mesures específiques, que van més enllà,
intentant donar també un suport a l Administració de Justícia per tal que
es puguin agilitzar aquests processos de multireincidència, els furts i
altres amb més violència; que evidentment que molesten la ciutadania que
entren als comerços i que fan realment que sigui una situació molt
incòmoda. Nosaltres no només en parlem, sinó que prenem decisions, més
enllà del PSOE, que ha tingut sis anys també per entrar modificacions
legislatives, amb el suport d Esquerra Republicana, i en canvi ho hem fet
ara.

Doncs molt bé, posem-nos-hi; posem-nos a treballar
per trobar solucions. Nosaltres tenim molt clar que volem afrontar aquest
fenomen de la multireincidència, perquè provoca desajustos en la societat
i en el dia a dia de la nostra ciutadania, però evidentment que no
entrarem en arguments i en discursos d odi com els que vostès articulen.
Per això, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señor Cuesta, de verdad, qué vergüenza, qué mal me
sabe que ustedes relacionan siempre en negativo los problemas de
Cataluña. Qué mal nos sabe eso. Debe saber que el peor momento de
inseguridad ciudadana que vivió nuestro pueblo fue el día 1 de octubre
de 2017, cuando, con la complicidad del Gobierno de Rajoy, el Gobierno
del Estado vino con los cuerpos policiales y pegó a la gente de bien, a
la gente de la calle, abuelos y nietos, a toda la gente. Ese fue un
momento complicado de seguridad ciudadana en Cataluña, y ustedes lo
miraban desde lejos. Y hubo aún más, un segundo ataque brutal contra las
instituciones catalanas que salió de esta Cámara con el artículo 155. Por
tanto, cuando hacen según qué discursos de odio, deberían pensar cuál ha
sido su actitud contra el pueblo de Cataluña. Y esto realmente nos sabe
muy mal, sobre todo porque ustedes saben que tenemos unas elecciones este
fin de semana. Quizás las urnas también les van a volver a poner en su
lugar en Cataluña.

Pero vamos a lo que nos ocupa, que es la
multirreincidencia. Por supuesto que nos preocupa, ¿pero que se han
creído? Claro que nos preocupa. Barcelona es una ciudad muy grande, con
mucho movimiento y, como se ha dicho aquí, hay otros lugares del Estado
español donde hay también este problema. Así que claro que nos preocupa,
y mucho. Nosotros, con una parte de su exposición, estamos de acuerdo,
evidentemente, cómo no vamos a reconocer los problemas que tenemos, y lo
que queremos es solucionarlos y buscar medidas para que sea mejor la
convivencia en Cataluña. Como cualquier persona en cualquier territorio,
faltaría más. Mi padre también decía refranes, como que si quieres estar
bien servido, tienes que hacerte tú mismo la cama. Por eso queremos ser
independientes y no depender de un Estado que siempre ha ido en nuestra
contra, señor Cuesta.

Pero dicho esto, y afrontando la
multirreincidencia, desde Junts ya hemos registrado una proposición de
ley, que está en estos momentos admitida a trámite en el Congreso, en la
que hay una modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, como también ha dicho el señor López, con medidas específicas,
medidas que van más allá, intentando dar también un apoyo y un respaldo a
la Administración de Justicia para que se puedan agilizar esos procesos
de multirreincidencia en hurtos y otros con más violencia que,
obviamente, molestan a la ciudadanía, como que entren en los comercios y
que hacen que sea una situación muy incómoda. Nosotros no solo hablamos
de ello, sino que tomamos decisiones más allá del PSOE, que ha tenido
seis años también para registrar modificaciones legislativas con el apoyo
de Esquerra Republicana; en cambio, nosotros lo hemos hecho ahora.

Pues bien, pongámonos a ello, pongámonos a trabajar
para encontrar soluciones. Nosotros tenemos muy claro que queremos
afrontar este fenómeno de la multirreincidencia porque provoca desajustes
en la sociedad y en el día a día de nuestra ciudadanía. Pero,
evidentemente, no vamos a entrar en argumentos y en discursos de odio
como los que ustedes articulan.

Por eso, nosotros nos vamos a abstener en esta
moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Muchas gracias, señora Pallarès.

¿Por Izquierdas por la Independencia quiere hablar
alguien? (Denegaciones).

Siendo así, por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Franco.

El señor FRANCO PARDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

Quiero empezar afirmando con rotundidad, además,
que, pese a estos mensajes apocalípticos, España es un país seguro.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). España es
un país seguro, y en buena medida gracias a la magnífica labor que
desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y quiero
aprovechar esta intervención, por cierto, para felicitar a la Policía
Nacional por el 200 aniversario que están celebrando y para felicitar
también a la Guardia Civil porque el próximo lunes celebran el 180
aniversario de su constitución. Simplemente puedo decirles que muchas
gracias. Gracias, con mayúscula, por la labor que realizan. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Usted, señor Cuesta, ha hecho una intervención que,
por supuesto, respeto, pero que está, digamos, preñada de adanismo,
porque parece que ustedes nunca han gobernado eso para empezar , aunque
estos temas de Interior a veces tengo la sensación se lo digo con toda
sinceridad y con el máximo respeto, por supuesto de que tienen un cierto
componente de masoquismo, porque ustedes, un día tras otro, me provocan y
me hacen decir aquí, resaltar y reseñar la cruda realidad: ustedes han
gobernado, y durante su última etapa de Gobierno, se pongan como se
pongan, señorías, se han destruido 13 000 efectivos de policías y
guardias civiles, 13 000 (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Y curiosamente, con el Gobierno socialista, con el señor
Grande-Marlaska en Interior y con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno,
se han creado 14 000 nuevos puestos de Policía y Guardia Civil. Y no
solamente eso, señorías. Hemos sido capaces seguro que menos de lo que
merecen, seguro de incrementarles sus retribuciones en más de un 38 % en
este tiempo, y además, señorías, se han invertido 1000 millones de euros
para mejorar las instalaciones, comisarías y cuarteles de la Guardia
Civil. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Señor Franco, disculpe un segundo.

Señorías, ruego, por favor, ocupen sus escaños y
guarden silencio.

Señor Franco, espere un segundo, porque nadie ha
cambiado su posición.

Señorías, les ruego silencio y ocupen sus escaños,
por favor.

El señor FRANCO PARDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo comprendo sinceramente que estas cifras no les
gusten, pero también deben tener en cuenta que la seguridad ciudadana,
siendo un tema muy importante nadie se escapa de esto , preocupa ahora
mismo ¿saben a qué porcentaje de población? Al 3,6 %. Creo que la
sociedad española está satisfecha con su seguridad ciudadana.






¿Es
mejorable? Por supuesto que sí. ¿Que no vivimos en el país de las
maravillas? Por supuesto que no. Pero también les quiero recordar que las
cantidades dedicadas a seguridad se han incrementado en los últimos
presupuestos en un 5,6 %, y en lo que se refiere a seguridad ciudadana,
un 11,6 %, señorías. Estos son datos y no palabrería, que no conduce a
nada.

Y con respecto a la multirreincidencia, estamos de
acuerdo en que es necesario, seguramente, adaptar el Código Penal. Y es
necesario porque su ley, la ley orgánica del señor Rajoy de 2015, ha
tenido que ser reformada porque hay varias sentencias de la sala dos del
Tribunal Supremo que decían que había problemas de aplicación, porque
saben ustedes perfectamente ustedes son inteligentes que la
proporcionalidad es un principio básico del derecho penal, y en la ley
del señor Rajoy no se daba esa proporcionalidad. Por eso, la Ley 9/2022
ha tenido que reformar los artículos 234 y 235 de esta ley para que pueda
ser aplicable. Las cosas son así. La verdad es esta, aunque les duela,
señorías, con lo cual hago un llamamiento otra vez al sentido común.

Señorías, señoras y señores de la derecha, yo no
voy a caer en esa trampa de la confrontación Madrid-Barcelona. Otros han
caído ya en su momento, con las consecuencias que hemos tenido. No voy a
caer en eso. Yo solo quiero hacer un llamamiento a todas las fuerzas
políticas a que en temas tan importantes como es la seguridad ciudadana,
temas tan importantes como es la multirreincidencia, seamos capaces todos
de alcanzar algún tipo de acuerdo. Es lo que nos demanda la ciudadanía, a
quien nos debemos, señorías, con sus votos. Gracias a sus votos estamos
aquí. Los ciudadanos, los españoles y las españolas, quieren soluciones
reales a sus problemas; también en seguridad. Y yo haría un llamamiento
al Partido Popular y a todas las fuerzas de esta Cámara, por ejemplo, en
temas de política exterior, en temas de seguridad, o para la reforma del
Código Penal, que, por cierto, ya es de los más duros de Europa. Pero se
ve que no es suficiente, porque la solución no está en la dureza del
Código Penal, señorías, sino que está en formación, en dar más medios.
Sin ir más lejos, el Real Decreto 1170/2023 incrementa en setenta el
número de unidades judiciales, en treinta y seis el número de nuevos
juzgados y en treinta y tres el de nuevos magistrados. Ese es el camino,
señorías: educación, formación.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Señor Franco, debe finalizar su intervención.

El señor FRANCO PARDO: También sería importante que
hubiera un amplio consenso en este tipo de políticas. Y si, de paso,
conseguimos renovar el Consejo General del Poder Judicial, seguro que
haríamos un gran beneficio a la democracia y, por supuesto, a
España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Gracias, señor Franco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Portillo.

El señor MARTÍNEZ-PORTILLO SUBERO: Señor
presidente.

Señorías, no voy a comenzar mi intervención con lo
que debería hacerlo, que es con la moción que mi grupo ha defendido. Y no
lo voy a hacer, porque creo que no podemos consentir que de lo único que
se hable aquí, cuando se debate una moción tan importante como la de hoy,
sea del ataque furibundo de la izquierda con lo de siempre: con aquellos
medios de comunicación que no le son afines, y especialmente que se
permita hacer, en contra de la libertad de expresión, un linchamiento
personal contra un periodista en esta sala de sesiones. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

Entrando en materia, que es de lo que se debería
tratar, señorías, non solum sed etiam se debería aprobar esta moción por
la brillante intervención de mi compañero Severiano, sino que también non
solum sed etiam se debería aprobar por la firmeza y tozudez de los datos.
Según los datos del Ministerio del Interior no son del Partido Popular,
son del Ministerio del Interior , en 2023 se ha producido un repunte de
las cifras de criminalidad. Es un hecho: la criminalidad aumentó en
España un 5,9 % en el año 2023 respecto a 2022. Pero si la comparamos con
los delitos denunciados en 2019, el crecimiento de la delincuencia en
España supera el 11 %. Si nos ceñimos a los delitos de hurto, que es lo
que nos atiende, en 2023 tenemos 663 370 casos, un aumento del 3,3 %, y
respecto del 2021, un aumento del 30,2 %.

¿A quién afecta esta situación? A todos los
españoles y, en general, a los titulares de pequeñas tiendas de barrio y
a los grandes espacios comerciales, que ven que, día tras día,
delincuentes profesionales que conocen perfectamente la insuficiencia de
las penas que se les ponen han convertido el hurto en su modus vivendi,
con un grave perjuicio para las economías de dichos comerciantes. ¿Qué
nos demandan estos ciudadanos y qué nos demanda la Asociación de
Fiscales? Adoptar medidas. Pero no adoptar las medidas que adopta el
Gobierno socialista, que son solo aquellas que le permiten sobrevivir en
su Gobierno, sino las que realmente solucionen los problemas reales de
los ciudadanos de España.

Y esto es lo que propone la moción de mi grupo por
medio de dos medidas que permitan que jueces y fiscales tengan una mayor
eficacia contra el aumento de hurtos y estafas: de un lado, el aumento de
efectivos de seguridad, y, de otro, la reforma del Código Penal en
materia de multirreincidencia. La primera tiene una defensa muy fácil. Si
no tenemos más guardias civiles y más policías nacionales que conozcan a
los delincuentes habituales y los detengan, difícilmente se puede atacar
la delincuencia habitual. Y los datos son cada vez más concluyentes,
aunque alguien los haya negado. Cada año de Gobierno del Partido Popular
la media de policías y guardias civiles aumentaba en 6000 efectivos, y
con el PSOE no llegaban ni a la mitad. La segunda medida carece de un
coste económico, pero su adopción seguro que traerá consecuencias
económicas favorables. Intentaré explicarlo refiriéndome al hurto, ya que
la penalidad que tiene es similar a la de la estafa. El artículo 234 del
Código Penal dice: El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles
ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con
la pena prisión de seis a dieciocho meses... Añade el precepto en el
siguiente párrafo que se impondrá una pena de multa de uno a tres meses
cuando lo sustraído no supere los 400 euros. Sigue diciendo el precepto
que, no obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado
ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este título,
aunque sean de carácter leve, y siempre que sean de la misma naturaleza y
que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros,
se impondrá la pena del apartado 1, que es la de seis a dieciocho meses.
Pero luego hubo una reforma socialista del artículo 235, que, por la
misma redacción, hablaba de una pena de prisión de uno a tres años. ¿Qué
ocurrió? Es muy sencillo: que los tribunales dijeron que esto era
desproporcionado y lo es y que lo que hay que hacer es reformarlo. Se
trata de que a un delincuente que haga hurtos por valor de 300 a 400
euros no se le puede poner una multa, porque ni va a pagar la multa ni
eso le va a impedir reincidir. Y tampoco se le puede imponer de tres o
seis años de prisión, porque es desproporcionado. De ahí el contenido de
nuestra moción.

Es una moción ajustada a derecho y que viene a
cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo. Por eso, estoy seguro de
que al menos el Grupo Popular la votará a favor, dudando mucho de que la
izquierda lo haga.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Muchas gracias, señor Martínez-Portillo.

El voto presencial y telemático se hará al final
del Pleno.

El señor vicepresidente primero, Maroto Aranzábal,
lee el punto 9.2.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto Aranzábal):
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Díaz.

El señor DÍAZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días.

Después de la sesión que llevamos, después de la
cantidad de cosas que hemos tenido que escuchar en este hemiciclo, vamos
a ver si aportamos algo más sereno y hablamos de las cosas del comer,
porque ya nos hemos enterado de que vivimos en un país anárquico. Nos han
dicho algunas lindezas, como «saquen sus sucias manos de las
instituciones», nos han llamado secta, nos han llamado aduladores, así
que nosotros vamos a hablar de algo que no les interesa a ustedes, que
son los servicios públicos y la universidad pública. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Quiero comenzar, si me lo permiten, mostrando el
orgullo del Grupo Socialista por todos esos jóvenes que están en los
campus universitarios de nuestro país luchando y enfrentándose a la
barbarie que estamos viviendo en Gaza. No le gusta al señor alcalde de
Madrid, no le gusta a la señora Ayuso. Mala suerte. La juventud es
reivindicativa y la juventud siempre estará del lado de los derechos
humanos frente a quienes los violan. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Señorías, decía al principio que, claro, ustedes no
quieren hablar de servicios públicos; no quieren hablar de que en este
país trabajan ya 21 millones de personas; probablemente tampoco quieran
hablar de que ayer el Consejo de Ministros aprobó un plan para la ciencia
dotado con 18 400 millones de euros, y, por supuesto, tampoco quieren
hablar de la universidad, porque ustedes dejaron el sistema universitario
público en el año 2018 en quiebra, literalmente en quiebra. Era un
sistema que estaba caracterizado por recortes, por la precarización del
profesorado y de los investigadores, que era inaccesible, con tasas
exorbitadas que dejaron a muchas personas, en años muy difíciles, fuera
de la universidad e hicieron que lo pasaran muy mal muchas familias, con
una tasa de temporalidad situada en el 48 %, con unas plantillas
envejecidas, y con el talento joven expulsado de nuestro país. Y
nosotros, señorías, desde 2018 hasta la actualidad hemos conseguido
revertir esa realidad, como tantas otras que heredamos en el año 2018,
porque este Gobierno apuesta por los servicios públicos, apuesta por la
educación y, por supuesto, apuesta por la universidad pública. Prueba de
ello son los datos: el señor Rajoy invirtió 445 000 millones de euros
entre los años 2013 y 2017 en la universidad. ¿Saben cuánto ha invertido
el señor Sánchez en estos casi seis años de Gobierno? La cifra es 624 529
millones, un 40 % más. Señorías, esto es compromiso por la educación
pública. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

Y todas estas reformas, como bien saben ustedes,
culminaron hace poco más de un año con la aprobación de la LOSU, la Ley
Orgánica del Sistema Universitario, que una de las cuestiones que
pretendía era que este país recuperase la ambición, que recuperase el
talento, y que lo recuperase en el mejor exponente que tiene un país para
hablar de ese tipo de cuestiones, que es la universidad. Y en ello
estamos: renovando plantillas, rejuveneciendo la universidad, atrayendo
al talento que se tuvo que marchar. Porque, señorías, aquí ya no vale lo
que decía alguna ministra de Empleo; acuérdense de aquello de que los
jóvenes son aventureros cójanse la mochilita y váyanse a buscar el
futuro . Este Gobierno quiere que el futuro esté en España y apuesta por
que los jóvenes puedan vivir en España, en el país en el que se han
formado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

Señorías, vivimos en un Estado descentralizado, y
eso es algo bastante obvio en esta Cámara territorial. Pero, aunque aquí
podamos hablar de quién es el titular de las competencias, la realidad es
que, fuera, los ciudadanos y las ciudadanas están preocupados por que los
servicios públicos funcionen. Y hoy aquí diré en principio una obviedad:
que la universidad es una competencia de las comunidades autónomas, lo
cual no quiere decir que el Gobierno de España se desentienda del buen
funcionamiento de la enseñanza universitaria. Y la ministra Diana Morant
lo está demostrando con los grupos de trabajo, con contactos constantes
con los consejeros de las comunidades autónomas, con contactos también
con la CRUE, y mostrando talante, disposición y flexibilidad para que los
ambiciosos objetivos de la LOSU se puedan alcanzar a tiempo y de la mejor
manera posible.

Por lo tanto, señorías, lo que hoy venimos a pedir
aquí es que ese esfuerzo que está haciendo el Gobierno se vea
materializado en un acuerdo entre las fuerzas políticas, porque estamos
hablando de una cuestión que es absolutamente fundamental para el futuro
de nuestro país. Y pondré la venda antes de la herida: habrá quien diga,
en los usos posteriores de palabra, que esto no va con ellos, como si no
gobernasen comunidades autónomas, como si no tuvieran responsabilidad en
buena parte de los Gobiernos autonómicos en nuestro país, y otros
entenderán espero que no lo hayan visto así que puede haber aquí un
afán de recentralización. Pero, créanme, no van por ahí los tiros, y
muestra de ello es la política que viene desarrollando el Ministerio de
Ciencia. De lo que venimos a hablar hoy aquí es de que se tienen que
sentar las bases para acabar con una cuestión que es una de las más
dañinas para la universidad pública: la precariedad de los contratos
públicos. Y para ello, señorías, el Gobierno ha impulsado el Programa de
Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades
Públicas, que establece, mediante un convenio entre el Gobierno y cada
una de las comunidades autónomas, que va a existir una financiación que
permitirá estabilizar a 3400 profesores de los 4200 que marca como
objetivo la LOSU, con una financiación procedente del Gobierno de España
que, insisto, no tiene las competencias en la materia de 150 millones
anuales a partir del curso que va a empezar en septiembre y que se va a
extender (Rumores) tranquilícense, que no he acabado en los próximos
seis años. ¿Qué más quieren, señorías del PP? No se enfaden. No se
enfaden, porque si ustedes no quieren cumplir con la ley, el Gobierno,
que, lógicamente, va a instar a que esta ley se cumpla, les va a ayudar
para que se alcance un objetivo de país. No se enfaden, de verdad, y
estén tranquilos, porque no he acabado.

Es así como entendemos los socialistas el ámbito de
la cogobernanza: no poniendo palos en las ruedas, no quejándose sin
argumentos, y con financiación sobre la mesa. Luego podremos hablar de lo
que hacen algunas comunidades autónomas, algunas que hablan tanto de
libertad y de otras tantas cosas y sacan pecho por su riqueza, pero que
tienen las universidades públicas como las tienen. Porque realmente, hoy,
aquí, lo que se demuestra es que, efectivamente, hay dos modelos de
entender el servicio público, hay dos modelos de entender la universidad
pública, y los socialistas, que hoy tenemos la responsabilidad mal que
les pese de gobernar nuestro país, lo que queremos es tenderles la mano
a ustedes y al resto de grupos parlamentarios para poder sacar adelante
estos objetivos. Y ustedes tienen dos caminos. Uno es seguir por el de la
oposición destructiva, por el de la oposición que no construye. Solo hay
que mirar los órdenes del día del Senado de las últimas semanas para ver
lo que hacen ustedes: todo es destruir, todo está mal, todo es poner
palos en las ruedas. ¿De qué habla el Grupo Socialista? Hoy habla de
universidades públicas, el otro día habló de oportunidades para los
jóvenes, de memoria democrática, de derechos laborales... (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Para eso estamos aquí,
señorías, para eso nos pagan el sueldo los españoles, independientemente
de las discrepancias políticas que legítimamente podamos tener. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Así que hoy ustedes tienen una buena oportunidad,
después del plenito que se han marcado yo sigo diciendo que se van a
arrepentir de haber puesto tres plenos al mes; creo que ya se han
arrepentido, por algunos hechos que vamos viendo . Pónganse a trabajar,
pónganse a construir un país mejor, y hagámoslo en un ámbito que debería
estar fuera de la confrontación política, que es la universidad pública.
Ahí tienen la mano del Grupo Socialista y ahí tienen la mano del Gobierno
de España. Ahora suya será la respuesta.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Mur Sangrá.

La señora MUR SANGRÁ: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señorías.

Querría empezar agradeciendo al Partido Socialista
que traiga al pleno esta moción, relativa y leo textualmente al
desarrollo de la Ley Orgánica 2/ 2023, de 22 de marzo, del Sistema
Universitario, porque lo que subyace, lo que está detrás de esta moción,
es muy importante para la universidad y constata que todavía falta mucho
camino por recorrer en una ley que se tramitó por el procedimiento de
urgencia, sin el necesario consenso que requiere un tema de tal
relevancia, y que fue aprobada sin memoria económica, salvo una pequeña
cantidad para cumplir los requisitos mínimos requeridos de presentación
del proyecto, dentro de esta política a la que nos tienen acostumbrados
de: yo, Gobierno, invito; y tú, comunidad autónoma, pagas. Efectivamente,
a día de hoy hay todavía muchas cuestiones en el tintero, siendo la que
ustedes traen en esta moción una de las más relevantes, aunque sin duda
no es la única: la financiación del sistema universitario público en
España para dar cumplimiento a la nueva ley en cuestiones de
profesorado.

De aquellos barros, estos lodos. ¿Y por qué?
Porque, entre otras cosas, esta ley limita las horas de docencia de los
profesores asociados, permanentes y ayudantes, provocando un mayor
esfuerzo de contratación a las universidades públicas y generando una
gran preocupación. De hecho, ha sido una de las cuestiones clave que ha
centrado el reciente encuentro de las universidades públicas del G-9 y
que comparten también las comunidades autónomas, como Administraciones
competentes en esta materia. Es importante poner en valor que, gracias a
la presión y el esfuerzo de las comunidades autónomas en el citado grupo
de trabajo para la implantación de la LOSU, finalmente se ha conseguido,
y desde aquí quiero felicitarlas, un cambio en la posición inicial del
ministerio en cuanto a la financiación de las plazas de profesor ayudante
doctor. El Programa para la Incorporación de Talento, que, curiosamente,
fue presentado el 15 de marzo por el presidente del Gobierno y la
ministra Morant de manera unilateral a los rectores, es decir, sin contar
con las comunidades autónomas, supone incorporar 3400 plazas de
profesores ayudantes doctores a las universidades públicas, insistiendo
en que las comunidades autónomas deben pagar el resto de la fiesta, hasta
alcanzar las plazas totales que necesitan para desarrollar la LOSU. La
siguiente cuestión, por lo tanto, es de cuántas plazas estamos hablando
realmente. Lo decía el senador Díaz. Es evidente, porque así lo
manifiesta la CRUE, que las universidades tienen necesidades superiores a
las del ministerio. La puesta en marcha de esta norma, según algunas
estimaciones, supondrá un coste de 844 millones en el conjunto de España
y se necesitarán del orden de 4200 nuevas plazas de ayudante doctor.

Llegados a este punto, otra cuestión evidente
vamos a hablar claro que echo en falta en su moción y que es de justicia
reconocer es que el planteamiento del ministerio se limita a los próximos
seis años, cuando la carrera de un ayudante doctor va a durar unos
treinta o treinta y seis años más. Y todo el coste de estabilización de
ese personal sí lo van a asumir íntegramente las comunidades autónomas,
incluyendo ascensos, complementos, costes de tribunales, etcétera no
quiero aburrirles . Por ello, quienes realmente van a consolidar y dar
estabilidad a la plantilla son las comunidades autónomas. Y lo que les
pedimos a través de estas enmiendas es la responsabilidad y el compromiso
de su Gobierno para que estas puedan acometer sin problemas sus
competencias autonómicas para construir una sociedad mejor para todos. Me
entenderán fácilmente con un ejemplo. A ustedes, señorías, ¿qué les
parecería si yo, al terminar este pleno, les invitara a merendar, pero al
llegar la hora de pagar les dijera: No, no, señores, vayan sacando la
cartera, que yo solo invitaba; ahora pagan ustedes? Probablemente se
indignarían. Eso es lo que les ha pasado a las comunidades autónomas.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Es sorprendente que ustedes apremien a las comunidades autónomas a pagar
su ley. Las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo. Les
voy a dar unos pequeños datos de mi comunidad, Aragón. A 30 de diciembre
de 2023, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha dejado a cero la deuda pendiente
con la Universidad de Zaragoza correspondiente a los incrementos
retributivos de 2022 y 2023, por un importe de más de 17 millones de
euros, herencia del anterior Gobierno socialista. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

En definitiva, señorías, somos coherentes con lo
que las comunidades han planteado desde la primera reunión de la LOSU y
reiteramos la necesidad de que el Estado se haga cargo de todos los
costes que producen sus iniciativas legislativas. No seré yo la que les
dé lecciones, porque no me cabe ninguna duda...

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

La señora MUR SANGRÁ: Voy terminando,
presidente.

No me cabe duda de que tienen capacidades más que
sobradas para ello. Si les sirve alguna idea, ayer aquí se habló de
Telefónica. Ahí lo dejo.

Buenas tardes.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la
representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción
originaria, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

Senadora Torres Valencoso, tiene la palabra.

La señora TORRES VALENCOSO: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

El Partido Popular tiene una gran oportunidad hoy,
apoyando esta moción, de reparar el daño que causó con sus Gobiernos por
los recortes a las universidades públicas, que condenaron a muchos y a
muchas jóvenes al exilio profesional, convirtieron a nuestro país en
exportador de talento y contribuyeron a que el personal docente e
investigador de nuestras universidades públicas trabaje en una situación
de tal inestabilidad, que uno de cada dos profesores tiene un contrato
temporal.

Sin embargo, señorías del PP, ustedes presentan hoy
unas enmiendas que no son más que el signo inequívoco de su
empecinamiento y de su incapacidad de rectificar. Evidentemente, no las
podemos aceptar, porque van justo en contra del espíritu de la LOSU y
porque, además, van en contra de la voluntad decidida del Gobierno de
España de dignificar las condiciones laborales. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista). Con este programa el Gobierno de
España ofrece a las comunidades autónomas, que son las competentes en
esta materia, una herramienta para crear y consolidar el 80 % de las
plazas de profesorado ayudante doctor. Asturias y Navarra han anunciado
ya su respaldo, como también lo ha hecho Castilla-La Mancha, mi región,
donde solamente hay universidad pública, y es en la Universidad de
Castilla-La Mancha donde se realiza entre el 80 % y el 95 % de la
investigación que se hace en mi tierra.

Señora Mur, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Se
van a sumar, señorías, a esta ayuda que ofrece el Gobierno de España a
los Gobiernos autonómicos? ¿Van a favorecer que el profesorado pueda
desarrollar carreras estables, carreras transparentes y carreras
meritocráticas, como en la mayoría de los Estados europeos de nuestro
entorno o, por el contrario, van a seguir apostando por el inmovilismo?
¿Van a seguir apostando por el sectarismo partidista? Este programa
permitirá terminar con la isla de precariedad laboral en el corazón mismo
de donde se genera el conocimiento, un conocimiento que está permitiendo
que uno de cada cinco empleos se cree en la ciencia, en la tecnología y
en la innovación, empleo de calidad, empleos mayoritariamente de mujeres
y de jóvenes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). La universidad pública, señorías del Partido Popular, no es
solo docencia, investigación y transferencia del conocimiento; también
tiene responsabilidad con nuestra sociedad: hacer mejorar la vida de las
personas formando a buenos profesionales, sí, pero también a los mejores
ciudadanos y a las mejores ciudadanas en valores y con el espíritu
crítico necesario para abordar los desafíos actuales y futuros.

Y finalizo, señor presidente, expresando, como
también lo hacía mi compañero, el senador Díaz, mi reconocimiento a esos
jóvenes que empezaron movilizándose contra el genocidio en Gaza en la
Universidad de Valencia, en las universidades de Barcelona, Alicante,
Sevilla, en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad del País
Vasco, y que continuaron en las seis universidades públicas de la
Comunidad de Madrid, a pesar de que el Gobierno de la señora Ayuso haya
pedido a los rectores que impidan esas concentraciones porque asegura que
la universidad no es lugar para la política. Pues yo les digo que sí, que
la universidad es un espacio para las ideas...

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

La señora TORRES VALENCOSO: ... para el debate,
para la discusión, donde se defienden la paz, la justicia y la
libertad.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista, con varias señorías puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Iniciamos, señorías, el turno
de portavoces.

Consiguientemente, por el Grupo Parlamentario
Mixto, le corresponde el uso de la palabra al senador Carbonell.

El señor CARBONELL TATAY: Con su permiso, señor
presidente. Muchísimas gracias.

Buenas tardes ya, señorías. Vaya por delante que
nuestro grupo está en la defensa de la promoción de la universidad
pública, de sus profesores y de la igualdad de todos los españoles. Por
ello, queremos exponer aquí nuestro criterio en cuanto al desarrollo de
la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, LOSU,
y la iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades,
Miciu, proponiendo el Programa de Incorporación de Talento Docente e
Investigador, como se ha dicho aquí.

Pero miren ustedes, en este plan de incorporación
de talento nuevo yo creo que nada está claro, y desconcierta; más parece
un ardid de seducción. El ayudante doctor que se incorpore no tendrá un
empleo permanente, es una posición temporal y una posición mal pagada, e
incorporar a tantos ayudantes doctores es un parche para una plantilla
docente envejecida y con dificultades para adaptarse, en bastantes casos,
a los cambios que la tecnología está imprimiendo en todos los ámbitos de
la educación. No todos los ayudantes doctores que se han incorporado son
jóvenes, muchos lo han hecho por encima de los 40 años. No están bien
remunerados aproximadamente, unos 1500 euros y no tienen una posición
estable. Y ahora, seis años de contrato, como dice la moción. Esto no es
estabilidad.

Además, tampoco es sencillo hacer docencia e
investigación al mismo tiempo lo saben los profesores , como expresa la
moción, dada la carga burocrática que conlleva recibir cualquier tipo de
financiación y el poco apoyo que se ofrece a los grupos emergentes. Lo
hemos dicho aquí, delante de la ministra en su comparecencia. No son
posiciones estables ni bien remuneradas. Son contratos diseñados en
origen para incorporar a recién egresados o con una trayectoria limitada;
sin embargo, se ha usado también, y lo saben, como una manera económica
de incorporar personal con un bagaje muy relevante en muchos casos en
unas condiciones que no son completamente adecuadas a su nivel. Se
necesita más financiación para el sistema de investigación, más plazas de
profesores titulares, que son los realmente estables, y, sobre todo, más
apoyo y soluciones para que estos hagan su trabajo en condiciones
óptimas. Y también medios para que no tengan que dedicar una notable
parte de su tiempo al trabajo administrativo, pues sabemos bien que
coarta y limita la creatividad y la labor docente e investigadora del
profesorado universitario.

Con respecto a la aplicación de la nueva LOSU, hay
mucha incertidumbre entre los rectores de la universidad pública porque
este año, 2024, tienen que preparar obligatoriamente la programación
docente del curso 2024-2025 con unas nuevas condiciones de dedicación
docente de su profesorado que pueden suponer un coste más elevado para el
sistema, y desconocen qué Administración lo financiará y con qué
criterios.

En segundo lugar, el sentido de la LOSU es lograr
la gran aspiración del sistema de acercarse a los indicadores de la
financiación pública universitaria media de los países de la UE de los
Veintisiete y de la OCDE, ambas a más de 4000 millones de distancia, y
que, contra toda lógica, parece seguir estando en terreno de nadie. Ello
no evitará que este año, 2024, y los siguientes se siga evaluando la
posición de las universidades públicas españolas en los rankings
internacionales de investigación, como si esa distancia sideral de
recursos no existiera. Todo apunta, pues, a que los indicadores de
financiación pública universitaria de la media de los países de la UE de
los Veintisiete y de la OCDE siguen fuera de nuestro alcance, señorías.
La Administración central viene a decir, en la memoria de la LOSU, que se
debe financiar sea como sea, pero a la hora de aportar la financiación se
encoje de hombros. Todo suena a que podemos volver a situaciones como las
de la Ley de dependencia, por las que quien programa los derechos no los
quiere pagar. Además, señorías, hay asimetrías regionales. Los análisis
de los traspasos de competencias en educación a las comunidades
autónomas, aplicando el principio del coste efectivo, que es el coste del
gasto universitario que tiene el Estado en cada territorio en el momento
del traspaso, revelaron que el Estado gastaba cantidades por estudiante
muy dispares según el territorio y, en consecuencia, no financiaba a los
usuarios de las diferentes regiones de forma equitativa. Lo que dicen los
datos es que las comunidades autónomas han realizado ya un notable
esfuerzo de aportación de suficiencia de recursos públicos al gasto
universitario. Parece, pues, muy lógico, necesario y, además, razonable
que sea el Gobierno central, que propuso la aprobación de esta ley, el
que proporcione mayoritariamente los recursos necesarios desde los fondos
de la propia Hacienda estatal.

Por todo lo expuesto, queremos aportar estas
conclusiones, para ver si les sirven. No existe ninguna restricción en
sus competencias para que la Administración central...

El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor CARBONELL TATAY: Muchas gracias. Termino
enseguida.

Que la Administración central pueda desarrollar
programas sectoriales para financiar a las universidades, atendiendo a
las necesidades urgentes de la LOSU. Tampoco existe ningún impedimento
para que los fondos estatales reequilibren la desigual financiación,
asegurando la aplicación del principio de equidad. Y es de la completa
responsabilidad estatal garantizar una política de becas y ayudas al
estudio que garantice la igualdad de oportunidades.

Y todo lo anterior, señorías, es perfectamente
encajable en una financiación pública, universitaria, estatal y
autonómica que financie a las universidades...

El señor PRESIDENTE: Le ruego finalice.

El señor CARBONELL TATAY: ... atendiendo a sus
resultados docentes de I+D+i.

Muchísimas gracias.

Disculpe, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Carbonell.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, le
corresponde el uso de la palabra la senadora Delgado.

Señoría, tiene la palabra.

La señora DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo
Socialista que haya traído a debate esta moción sobre un tema que
preocupa mucho a Más Madrid: la situación de las universidades públicas.
Esta moción pide que se desarrolle y financie suficientemente la Ley
Orgánica del Sistema Universitario, de 22 de marzo de 2023, lo cual es un
buen primer paso para mejorar la situación de las universidades públicas
y de su profesorado. Y también, que las comunidades autónomas, que son
las que tienen competencia en materia de educación, se hagan
corresponsables de la aplicación de esta ley y sus mejoras, sufragando la
parte correspondiente de las plazas de profesor o profesora ayudante
doctor.

En ese sentido, me parece fundamental denunciar
aquí la situación en que se encuentra el sistema educativo de la
Comunidad de Madrid y, en concreto, la de las universidades públicas.
Desde aquí, todo el apoyo a todas y a todos los estudiantes que se están
manifestando contra el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza,
mientras la señora Ayuso trata de impedir que esto se celebre. Sobre
todo, para que al Partido Popular no se le llene la boca acusando al
Gobierno de un problema que viene de muy lejos, ya que ustedes pueden
salir a decir que, además, esto es culpa de la LOSU o del propio
Gobierno. La LOSU puede tener muchos problemas, pero la situación de la
universidad madrileña no es una cosa de este año ni del año pasado. De
hecho, de 2010 a 2020, la mayor parte del tiempo con un Gobierno del
señor Mariano Rajoy, la financiación de la universidad madrileña
descendía ni más ni menos que un 15 %, una falta de financiación que ha
generado los datos de temporalidad y de precariedad general del
profesorado madrileño. Porque Madrid lleva años estando a la cola de la
financiación por alumno, pero, además, es la que más cobra por familia.
De hecho, lo poco que han bajado las tasas ha sido precisamente porque se
lo han impuesto desde el Gobierno central. Y, aun así, tuvieron la poca
vergüenza de que, mientras lo celebraban de cara a la galería, lo estaban
llevando a los tribunales. Y eso, señorías del Partido Popular, es
trabajar contra su ciudadanía, es trabajar contra su propio alumnado y,
además, imposibilitar el acceso a la universidad a las clases
trabajadoras, esas a las que ustedes desprecian.

Además, el 50 % de los contratos de la universidad
de Madrid y el 80 % de los contratos para gente de 40 a 44 años son
contratos temporales de 1600, 1200, 700 y 400 euros. Esta es la realidad
de la comunidad con la media de temporalidad más alta de España. Luego
tienen la desfachatez de hablar de empleabilidad y de captación de
talento, cuando ustedes, señorías del Partido Popular, no tienen nada que
ofrecer, solo empleos de miseria, como hemos visto. Y aun así se atreven
a hablar de meritocracia y de excelencia. Estas son, ni más ni menos, las
consecuencias de sus políticas, absolutamente elitistas, que son y
seguirán siendo nefastas para el futuro de nuestra sociedad. Desde Más
Madrid lo hemos dicho una y mil veces: queremos democratizar la
universidad para que todo el mundo pueda estudiar y tenga las mismas
oportunidades que el resto, y no solo los hijos de papá y de mamá con
pedigrí y una buena cuenta bancaria.

Y no sé si voy a poder decir lo que quiero decir
ahora mismo, pero entiendo que sí puedo hacerlo ya que una senadora del
Partido Popular ha dicho exactamente lo mismo, pero con otras cosas.
Señorías del Partido Popular, saquen sus sucias manos de la
educación.

Nuestro voto, señorías del Grupo Socialista, va a
ser favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, le corresponde el uso de la palabra el senador
Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko
presidente jauna.

Eguerdion guztioi.

Duela urte bete, gure Taldeak baiezko bozka eskeini
zion Unibersitateko Sistemaren Lege Organikoari. Adierazi genuen bezala,
LOSU delako legea ez zen gure legea, baina negozioazio eta elkarrizketa
ugari burutu eta gero, textuak ezinbesteko minimo batzuk betetzen zituela
ondorioztatu genuen, eta hortan oinarritu zen gure boto positiboa.
Besteak beste, EAJren Euskal Taldeak behin eta berriro azpimarratu genuen
lege organiko honek unibersitate sistemen marko orokor bat disenaitu
behar zuela, besterik ez. Izan ere, Estatuan Unibersitate sistema anitz
daude. Izan ere, Euskadin, urteetan zehar, guri dagokigun eskumenak
erabiliz, gure unibersitate sistema propioa araubidez garatu dugu,
aurrean ditugun erronka guztiei erantzuteko helburuarekin. Eta posizio
berbera mantentzen dugu gaur egun. Beraz, horrek esan nahi du autonomia
erkidegoek beren unibertsitate-sistema propioa garatzeko duten gaitasuna
defendatzen jarraitzen dugula.

Guzti horregaitik, gaur, Talde Sozialistak
aurkezten digun mozioari ez diogu gure babesa eskeiniko. Noski, ez diogu
borondate txarra egozten. Mozioak planteatzen dituen zenbait punturekin
ados egon gintezke. Bainan, ez ordea, Elkarte Autonomoei ezartzen zaien
eginbeharrekin. Ez dugu hori begi onez ikusten.

Gure Taldea ados dago adierazterakoan
Unibersitateen finantziazioa hobetu behar dela. Gure aburuz, beharrezkoak
dira epe luzerako ikuspegia duten finantzaketa-eredu objektiboak eta
gardenak, iraunkorrak eta urte anitzekoak. Baina Unibertsitate publikoen
finantzaketa hobetzeari dagokionez, komenigarria litzateke jakitea zertaz
ari garen. Estatutik zuzenean puntualki edo modu iraunkorrean ekarpenak
egiteaz ari al gara? Autonomia erkidego bakoitzean eta unibertsitate
publiko bakoitzean ikasle bakoitzeko inbertsio maila bat lortu arte
handitzeaz ari gara ala unibertsitate guztiei zuzendutako eskaeraz ari
gara era orokorrean? Tokiko, estatuko, Europako baliabideen inbertsioaz
ari al gara? Bainan, proposatutako textuak ez du, inolaz ere, guzti hori
azaltzen eta argitzen. Eta, gainera, Elkarte Autonomoek dituzten
eskumenen urraketa suposatzen du.

Beraz, arrazoi guzi horiengatik, ez dugu, berriz
diot, sozialistek proposatutako mozio honi geure babesa eskainiko.

Eskerrik asko.

Gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos y a todas.

Hace un año nuestro grupo votó a favor de la Ley
Orgánica del Sistema Universitario. Tal y como manifestamos en aquel
momento, la ley denominada como LOSU no era nuestra ley, pero tras largas
negociaciones y diálogos consideramos que el texto cumplía con los
mínimos imprescindibles, y ese fue el fundamento de nuestro voto
positivo. Porque, entre otras cuestiones, desde el Grupo Vasco, del PNV,
hemos reiterado una y otra vez que esta ley orgánica debía diseñar un
marco general del sistema universitario, y nada más. En efecto, en el
Estado hay multitud de sistemas universitarios, y en Euskadi,
efectivamente, durante muchos años, y mediante el uso de las competencias
que nos corresponden, hemos desarrollado nuestro propio sistema
universitario y su normativa con el objetivo de responder a todos los
retos a los que nos enfrentamos. Y a día de hoy seguimos defendiendo la
misma posición. Por tanto, seguimos defendiendo la capacidad que
corresponde a las comunidades autónomas para desarrollar su propio
sistema universitario.

Por todo ello, no vamos a apoyar la moción que nos
presenta hoy el Grupo Socialista, al que, por cierto, no le achacamos
mala voluntad. Podríamos estar de acuerdo con algunos puntos que plantea
la moción, pero no, en cambio, con las obligaciones que se les aplica a
las comunidades autónomas. Eso no lo aceptamos.

Nuestro grupo está de acuerdo cuando se dice que se
debe mejorar la financiación universitaria. En nuestra opinión, es
necesario que haya modelos de financiación objetivos, transparentes,
sostenibles y multianuales que tengan una perspectiva de largo plazo,
pero, en lo que respecta a la mejora de la financiación de las
universidades públicas, sería conveniente saber de qué estamos hablando.
¿Estamos hablando de hacer aportaciones puntuales o, de forma duradera,
directamente por el Estado? ¿Estamos hablando de que en cada comunidad
autónoma y en cada universidad pública se aumente la inversión hasta
lograr un nivel de inversión por cada estudiante? ¿O estamos hablando de
una petición dirigida a todas las universidades en general? ¿Estamos
hablando de la inversión local o de los recursos europeos? Son muchas
preguntas, como se puede ver, y el texto propuesto no explica ni aclara
esas cuestiones en absoluto. Además, supone una vulneración de las
competencias que corresponden a las comunidades autónomas.

Por todas estas razones, no vamos lo reitero a
apoyar la moción propuesta por el Grupo Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, le
corresponde el uso de la palabra al senador Bagué Roura.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, president.

Bé, en nom del grup de Junts per Catalunya, volem
fer unes quantes precisions. En primer lloc, volem anunciar que ens
abstindrem davant aquesta moció com ho he comentat al senador que ho
porta per part dels socialistes, però volíem fer unes quantes
precisions.

En primer lloc, el compromís de què parla aquesta
moció amb el talent docent, el govern anuncia un programa per oferir 3400
places de professor adjunt doctor amb un cost anual de 150 milions d
euros per compensar els canvis derivats de la LOSU i fomentar el
rejoveniment de les plantilles, que és una qüestió important. Hi ha un
segon punt, la modernització de la carrera docent. La LOSU estableix un
nou model de carrera professional per al professorat amb una entrada de
professorat jove a través de la figura del professor ajudant doctor,
consolidant-ne la doble funció com a docent i investigador i fomentant,
sobretot, la seva estabilitat. És una segona qüestió també important. La
LOSU estableix la corresponsabilitat entre les administracions per
augmentar el finançament de les universitats públiques. El Govern impulsa
el programa requerint la participació de les comunitats autònomes en el
finançament del professorat. Tampoc concreta més quantitats. S insta
també a la participació de cada una de les comunitats autònomes com a
administracions competents, que hauran de pagar la resta de les places de
professorat.

Per al grup de Junts, és una emoció massa general,
massa genèrica. Tot el que sigui augmentar el pressupost en l àmbit
universitari, òbviament, hi estarem a favor, sempre i quan això es
concreti amb fórmules concretes per a Catalunya.

L exposició de motius que ens fa la moció del PSOE,
al nostre entendre, són opinions, no són informacions massa contrastades,
és poc consistent i, sobretot, el fet que tot el que sigui més
finançament no es concreti ens suposa un impediment. Quan es va proposar
la LOSU el 2021, nosaltres com a Junts hi vam votar a favor. Però vam
introduir esmenes que feien referència a atorgar una major autonomia
acadèmica a les universitats en la seva oferta de títols i reconèixer un
paper fonamental a les agències d avaluació de la qualitat, incloent les
autonòmiques, que n hi ha algunes de molt destacades, responsables d
assegurar que les titulacions proposades mantinguessin sempre un nivell
de qualitat estàndard europeu. Aquesta és la posició que ja vam defensar
quan es tractava la LOSU. Per tant, estem en coherència estricte amb el
que havíem dit en el seu moment.

També hauríem de deixar clara la diferència entre
títols oficials i propis. L esmena 65, presentada per Junts per
Catalunya, eliminava la menció de la taxa de reposició en el projecte de
llei, perquè ja es mencionaven en altres lleis, com ara la de
pressupostos generals. Però és clar, aquestes poden canviar anualment,
com acabem de veure, perquè s han prorrogat. Aquest canvi buscava una
millor coherència normativa, una millor descripció. Per a nosaltres, al
programa electoral del 23 de juliol, hi portàvem el reforç del sistema
universitari i de recerca de Catalunya perquè constitueix la garantia del
futur del nostre país, proporcionant la formació dels nostres joves des
de l excel·lència acadèmica. I Catalunya, des del punt de vista d
investigació, és una potència a nivell europeu. Som de les tres regions
europees que excel·leix més en la captació de fons i de subvencions de la
Unió Europea quan es convoquen amb llibertat competitiva sense el BOE al
darrere destinant els diners cap aquí o cap allà.

En tot cas, l excel·lència, la qualitat, la
igualtat d oportunitats amb l eliminació de barreres socioeconòmiques per
no deixar ningú enrere. Hem de recuperar la idea de l ascensor social i
de l ascensor acadèmic. Tenim l oportunitat de fer-ho. Vull recordar, i
sap greu dir-ho tan sovint, però vull recordar que fa 30 anys, perquè va
ser l any 94, que el Tribunal Constitucional va donar la raó a la
Generalitat pel que fa al traspàs de beques. Llavors, nosaltres no ens
cansarem de repetir-ho. Hi ha diverses sentències del Tribunal Suprem i
algunes del Tribunal Constitucional, des de l any 94, que donen la raó a
la Generalitat pel que fa el traspàs de beques. Passen governs d un color
i de l altre, passen ministres i la llei no es compleix.

Per tant, des d aquest punt de vista, nosaltres ens
abstindrem i hauríem de recordar també que seria important l eliminació
de la taxa de reposició o la moció no se n parla perquè d aquesta
manera s està impedint el relleu generacional, que per a nosaltres és
molt important.

Moltes gràcies i, per tant, anunciem el vot en
sentit d abstenció.

Gracias, presidente.

En nombre de Junts per Catalunya, quiero hacer una
serie de precisiones. Primero, quiero anunciar que nos vamos a abstener
en esta moción, como le he comentado al senador que la lleva por parte de
los socialistas. Pero, como digo, quisiera hacer una serie de
precisiones.

En primer lugar, respecto del compromiso de esta
moción con el talento docente, se anuncian una serie de plazas de
profesores y doctores para compensar los cambios derivados de la LOSU y
fomentar el rejuvenecimiento de las plantillas, que es un tema
importante. Hay un segundo punto: la modernización de la carrera docente.
La LOSU presenta un nuevo modelo con la entrada de profesorado joven, con
la figura del profesor ayudante doctor, consolidando la doble función de
docente e investigador y fomentando, sobre todo, su estabilidad. Esta es
una segunda cuestión también importante. La LOSU establece la
corresponsabilidad de las Administraciones para aumentar la financiación
de las universidades públicas. El Gobierno impulsa el programa, y
requiere la participación de las comunidades autónomas en la financiación
del profesorado no concreta cantidades . E insta también a la
participación de cada comunidad autónoma, como Administración competente,
que deberá pagar el resto de las plazas de profesorado.

Para Junts se trata de una moción demasiado
general, demasiado genérica. En todo lo relativo al aumento de
presupuesto en el ámbito universitario estaremos, obviamente, a favor,
siempre que se materialice en fórmulas concretas para Cataluña.

Creemos que la exposición de motivos de la moción
del PSOE contiene opiniones y no informaciones demasiado contrastadas. Es
poco coherente, y todo lo que sea más financiación que no se concreta
para nosotros supone un impedimento. Cuando se propuso la LOSU, en 2021,
nosotros, Junts, votamos a favor, pero introdujimos una serie de
enmiendas que hacían referencia a otorgar una mayor autonomía académica a
las universidades en su oferta de títulos y a reconocer un papel
fundamental a las agencias de evaluación de la calidad incluso a las
autonómicas, de las cuales hay algunas muy destacadas , que deben
asegurar que las titulaciones propuestas mantengan siempre un nivel de
calidad según el estándar europeo. Este es el posicionamiento que
defendimos ya cuando se trataba la LOSU. Por tanto, estamos en coherencia
estricta con lo que dijimos en su momento.

También deberíamos dejar clara la diferencia entre
títulos oficiales y propios. La enmienda 65, presentada por Junts per
Catalunya, eliminaba la mención a la tasa de reposición en el proyecto de
ley porque ya se mencionaba en otras leyes, como, por ejemplo, en la Ley
de presupuestos generales. Pero, claro, estas leyes pueden cambiar
anualmente, como hemos visto ahora con la prórroga, y este cambio buscaba
una mayor coherencia normativa, una mayor descripción. A nuestro modo de
ver, en el programa del 23 de julio se planteaba el refuerzo
universitario, que nos parece que es garantía de país, proporcionando
formación para los jóvenes desde la excelencia académica. Y Cataluña,
desde el punto de vista de la investigación, es una potencia a nivel
europeo, es una de las tres regiones que más destaca en la captación de
fondos y de subvenciones de la Unión Europea cuando se convocan con
libertad competitiva y sin el BOE detrás, destinando el dinero hacia aquí
o hacia allá.

Sea como fuere, la excelencia, la calidad, la
igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras socioeconómicas
para no dejar a nadie atrás son importantes. Hay que recuperar la idea
del ascensor social y académico. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Y
quiero recordar lamento decirlo tan a menudo que hace treinta años,
porque fue en el año 1994, el Tribunal Constitucional dio la razón a la
Generalitat con respecto al traspaso de becas. Así que no nos vamos a
cansar de repetirlo. Hay diversas sentencias del Tribunal Supremo y
algunas del Tribunal Constitucional desde el año 1994 que dan la razón a
la Generalitat respecto al traspaso de becas. Pasan Gobiernos de un color
y de otro, pasan ministros, y la ley no se cumple.

Desde este punto de vista, por consiguiente, vamos
a abstenernos. Y deberíamos recordar también que sería importante
eliminar la tasa de reposición en la moción no se habla de ella ,
porque, si no, se está impidiendo el relevo generacional, que para
nosotros es muy importante.

Muchas gracias. Y anunciamos nuestra abstención en
la votación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la
Independencia, le corresponde el uso de la palabra al senador Zubiaga
Garate.

El señor ZUBIAGA GARATE: Señor presidente, egurdi
on guztioi.

Señorías del Grupo Socialista, compartimos la
filosofía que inspira esta moción, porque bajo la inmaculada colaboración
público-privada se esconde una ideología que socava los servicios
públicos y dinamita la cohesión social. Si permitimos que el mercado
defina el alcance material de nuestros derechos, habrá quien pueda
pagarse una vivienda, una educación, una formación universitaria, unos
cuidados, una sanidad de calidad, y habrá quien tenga que conformarse con
servicios miserables o quizá sin ellos. Por eso, la universidad pública
debe ser reforzada, sin ignorar al mercado, pero no al dictado del
beneficio privado. Las claves para impedirlo son ya conocidas:






controlar
la creación de universidades privadas; mejorar la financiación de la
universidad pública, y diseñar una carrera docente y universitaria que
acabe con el precariado, puerta de entrada del deterioro del servicio
público. En ese sentido, aplaudimos el apoyo a la figura de los ayudantes
doctores y el arbitraje de mecanismos para combatir las bolsas de
precariedad leo en la moción . En desarrollo de este último punto,
instamos al Gobierno a que solucione definitivamente la lamentable
situación en la que la ley ha dejado al profesorado sustituto de la
Universidad del País Vasco, situación que he podido conocer de primera
mano: jóvenes investigadores doctores que van a sustituir en la docencia
por 800 euros mensuales, porque se entiende que, en teoría política, no
hace falta investigar.

Sabemos que se está intentando acabar con ese
problema y que, al final, todo depende de una financiación suficiente
estatal, autonómica , pero también de las prioridades de cada
universidad, a veces muy poco sensibles a las condiciones laborales de su
profesorado. Aunque la consignación del objetivo de inversión del 1 % del
PIB en la propia ley es, evidentemente, afortunada, sería deseable una
mayor ambición en el porcentaje y una rápida concreción del aumento de
gasto, no sea que el retraso en los presupuestos o la deriva militarista
en el direccionamiento de los fondos públicos no olvidemos que los
fondos para la muerte, en este caso para los ejércitos, van a subir
al 2 % acaben con este objetivo deseable del 1 %, por no hablar de la
apuesta por lo privado, que esta moción pretende combatir. No sorprende
la falta de corresponsabilidad de los Gobiernos autonómicos de la
derecha, porque ya sabemos de su preocupación por la igualdad, una
igualdad formal, no material, que aumenta la brecha entre ricos y
pobres.

Sin embargo, la voluntad de disciplinar, con toda
razón, a los Gobiernos derechistas no debería afectar a la autonomía de
las comunidades autónomas que sí están dispuestas a asumir su parte en la
financiación pública. Es más, en esta y en otras materias, el
reconocimiento de la plurinacionalidad tendrá que ir acompañado de un
adelgazamiento radical de la legislación básica del Estado. Hay que
«desloapizar» el modelo territorial. Por eso, si se trata de reforzar la
universidad pública, somos aliados fiables, sí, pero nunca aliados
subalternos.

Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Le corresponde, a
continuación, intervenir al senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president.

Senyories, el desplegament de la LOSU té un cost.
Això és evident i ja ho vam dir en el seu moment, quan l estàvem
negociant. I, evidentment, el ministeri hi ha de fer front. Des del
Govern de la Generalitat de Catalunya ja hem fet i estem fent la feina, i
ja hem començat a revertir la precarietat a les universitats públiques
catalanes, motiu d orgull aquests dies per les mobilitzacions contra el
genocidi a Gaza.

Mirin, dues qüestions, de manera molt breu. Hem
aprovat un pla de xoc pel relleu generacional i contra la precarització a
les universitats públiques, per estabilitzar 820 professors associats,
amb la creació de places de professorat a temps complet, i per millorar
les plantilles dels grans oblidats, del personal tècnic de gestió i d
administració i serveis, més aquelles places que financen les pròpies
universitats. És a dir, 65 milions d euros en tres anys 2023, 2024
i 2025 , que continuarem tirant endavant el 26, 27 i 28. Un pla amb un
doble objectiu: reduir la temporalitat i la precarietat, amb la
contractació de figures docents a temps complet, i al mateix temps, una
qüestió que ja ens comença a afectar de cara a un futur immediat, com és
rejovenir les plantilles. En qüestió de 10 anys, bona part de les
plantilles docents, però també d administració i serveis, tècnic i de
gestió, es jubilaran.

Segona qüestió: també hem fet una aposta decidida
pel model català que vàrem blindar a la LOSU, amb l atracció de talent a
les universitats catalanes. Hem aprovat recentment el nou pla Serra
Húnter 2024-2027, incorporant una nova modalitat sènior i ara acabo,
president , destinada a la contractació de professorat distingit.
Desenvolupa, a fi de comptes, aquest pla. Hi ha una qüestió que hauria de
ser interessant per a tothom, que és el diàleg i el consens en l execució
de polítiques públiques, el que s estableix en el Pla Nacional per la
Societat del Coneixement; per tant, incrementant el finançament
un 82 %.

I acabo. Amb això no n hi ha prou, això és evident.
I és evident que el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha de
desplegar les seves capacitats i possibilitats i adaptar les plantilles a
la LOSU. I això, senyories del Grup Parlamentari Socialista, proposants
de la moció, es fa d una manera molt senzilla: recursos i transferència,
que nosaltres ja ens encarregarem de tirar endavant els programes de
rejoveniment del personal.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señorías, el despliegue de la LOSU tiene un coste,
eso es evidente ya lo dijimos en su momento, cuando la estábamos
negociando , y, evidentemente, el ministerio tiene que hacer frente a ese
coste. Desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ya hemos hecho y
estamos haciendo el trabajo, y ya hemos empezado a revertir la
precariedad en las universidades públicas catalanas, motivo de orgullo
estos días por las movilizaciones contra el genocidio en Gaza.

Planteo dos cuestiones de forma muy breve. Hemos
aprobado un plan de choque para el relevo generacional y contra la
precarización en las universidades públicas, para estabilizar a 820
profesores asociados con la creación de plazas de profesorado a tiempo
completo y para mejorar las plantillas de los grandes olvidados, el
personal técnico de gestión y de administración y servicios, más aquellas
plazas que financien las propias universidades. Es decir, son 65 millones
de euros en tres años, 2023, 2024 y 2025, que vamos a seguir impulsando
en 2026, 2027 y 2028. Es un plan con un doble objetivo: reducir la
temporalidad y la precariedad con la contratación de figuras docentes a
tiempo completo y, al mismo tiempo, una cuestión que ya nos empieza a
afectar de cara a un futuro inmediato, que es rejuvenecer las plantillas.
En cuestión de diez años, buena parte de las plantillas docentes, pero
también de administración y de servicios técnicos y de gestión, se va a
jubilar.

Segunda cuestión: también hemos hecho una apuesta
decidida por el modelo catalán, que blindamos en la LOSU con la atracción
de talento a las universidades catalanas. Hemos aprobado recientemente el
nuevo plan Serra Húnter 2024-2027, que incorpora una nueva modalidad
sénior y ya acabo, presidente destinada a la contratación de
profesorado distinguido, que desarrolla, a fin de cuentas, este plan. Una
cuestión que debería ser interesante para todo el mundo es el diálogo y
el consenso en la ejecución de políticas públicas, lo que se establece en
el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento, por tanto,
incrementando la financiación un 82 %.

Acabo. Con esto no basta, eso es evidente, y es
obvio que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades debe
desplegar sus capacidades y posibilidades y adaptar las plantillas a la
LOSU. Y eso, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, proponentes de
la moción, se hace de una forma muy sencilla: recursos y transferencias;
y nosotros ya nos encargaremos de sacar adelante los programas de
rejuvenecimiento del personal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Reniu.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, le
corresponde el uso de la palabra al senador Díaz Muñoz.

El señor DÍAZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Gracias a todos los oradores que me han precedido
en el uso de la palabra, al PP por sus enmiendas, y al resto de
portavoces, muy especialmente a los que han demostrado ese compromiso con
la educación pública, a la senadora Antonelli, y también a los portavoces
de Esquerra y de EH Bildu.

Entro en varias cuestiones. Decía el PNV, y es
cierto, que hicimos un esfuerzo en la anterior legislatura por llegar a
un acuerdo con la LOSU. Me consta también que el Gobierno vasco ahora,
en una situación de interinidad, porque está en funciones hasta que se
conforme un nuevo Gobierno tiene buena voluntad y buena predisposición
para con el Gobierno de España. No entiendo muy bien eso de que el
Gobierno no dialoga, de que el Gobierno no habla, porque la realidad, y
lo saben también las señorías del PP, es que la ministra mantiene su
teléfono abierto y está hablando con absolutamente todo el mundo. Y, como
decía al principio, no hay ningún afán de invadir ninguna competencia,
sino de sumar y de que ese objetivo que nos marcamos como país en la LOSU
pueda ser una realidad.

Al senador de Junts le diré algo muy similar en ese
sentido. Soy consciente también de que hay unas elecciones en Cataluña
este domingo y de que eso, de alguna manera, envuelve el clima, pero
confío en que podamos seguir trabajando y que el próximo Gobierno de
Cataluña, que espero que esté encabezado por Salvador Illa, también pueda
impulsar políticas en favor de la universidad pública. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

Y la verdad es que escucha uno al Partido Popular,
hace un análisis de cuál es la situación, y miren: hay buena
predisposición por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, del
Principado de Asturias, de la Comunidad Foral de Navarra, de Cataluña,
del País Vasco, de Canarias, pero llega uno al PP y algo ocurre, algo
pasa. La verdad es que sería interesante que pudieran hacer alguna sesión
de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para poder hablar de
este tipo de cosas, no para hablar solo del mismo mantra y de la misma
matraca, que tiene aburrido a todo el mundo. Igual nos llevaríamos alguna
sorpresa si dejaran hablar con libertad a algún consejero o consejera de
alguna comunidad autónoma. Me juego una Coca-Cola con el señor Serrano
(Rumores) o con cualquiera de sus señorías a que más de uno y más de dos
Gobiernos del Partido Popular van a acabar firmando este convenio, porque
saben que es bueno y que es necesario. (Rumores).

Yo invito y tú pagas. Bueno, señorías del PP,
ustedes se tendrían que hacer mirar, más allá de lo que dice la
Constitución en el ámbito competencial, lo que hacen en materia fiscal y
en materia impositiva. Y es que eliminan el impuesto a los ricos; la
señora Guardiola, con Vox, en Extremadura, y el señor Moreno Bonilla.
Eliminan el impuesto sobre sucesiones; el señor Mañueco en Castilla y
León. No paran de minar y, de alguna manera, dejar a las comunidades
autónomas sin capacidad de endeudamiento. Votan en esta Cámara en contra
del techo de gasto, que haría que esas comunidades autónomas, las suyas,
las que gobiernan también ustedes, pudieran tener muchos más recursos
para financiar, entre otras muchas cosas, la universidad pública. Y, sin
embargo, vienen hoy aquí a decir, y encima vienen enfadados, que el
Gobierno de España es muy malo porque pone recursos sobre la mesa para
que ustedes financien las políticas que tienen que desarrollar porque lo
dice la Constitución y porque lo dicen sus estatutos de autonomía.
Podrían tener un poquito más de sensibilidad y pensar un poco en la
realidad, porque yo sé, y ustedes lo saben, que, más allá de que ustedes
utilicen absolutamente todo con el afán de erosionar al Gobierno, de
castigar al Gobierno, este convenio y esta mano tendida del Gobierno de
España es buena; y por eso van a acabar asumiéndolo y lo van a acabar
aceptando. Y si quieren recursos, oigan, no eliminen impuestos a los que
más tienen y dediquen esos recursos a que la gente en este país se pueda
seguir formando en una política que, por cierto, desarrollamos los
socialistas desde los años ochenta en la universidad, para que la
universidad deje de ser el cortijo que era hace unos cuantos años, al que
solo unos cuantos privilegiados podían llegar.

¿Y qué hace la señora Ayuso en Madrid? Son 1136
millones de euros los que se invierten en política universitaria. Es
el 3,6 % señor Serrano, bien lo sabe usted del presupuesto de la
comunidad autónoma, el 0,4 % del producto interior bruto de la Comunidad
de Madrid. (Rumores). Fíjense, la ley dice que hay que llegar al 1 % de
inversión. Ustedes, que tanto sacan pecho por la riqueza, las cañas, la
libertad, porque les gusta la fruta, ¿de verdad no creen que sería
interesante que hicieran un esfuerzo para invertir en el futuro de los
madrileños y de las madrileñas y en el futuro de la universidad pública?
(Rumores. Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
¿De verdad no les da vergüenza que, con su riqueza y su opulencia, de la
que estamos hartos en el conjunto de España, solo inviertan 5600 euros
por alumno, cuando la media nacional está en 7000 euros? ¿No les da
vergüenza? De verdad, reflexionen, reflexionen, porque es verdad que
existen asimetrías entre comunidades autónomas y acabo, señor presidente
, pero la realidad es que ustedes tienen un compromiso nulo para con la
educación pública y con la universidad pública.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, le corresponde el uso de la palabra a la senadora Mur
Sangrá.

La señora MUR SANGRÁ: Muchas gracias,
presidente.

Buenas tardes de nuevo, señorías.

Antes de comenzar, querría volver a resaltar que el
tema que nos ocupa no va de ustedes o nosotros, pero es evidente,
señorías socialistas, que no lo han entendido así al rechazar nuestras
enmiendas; y lamento que así sea porque este debate no debería ser
ideológico. Los universitarios y los docentes necesitamos soluciones para
los problemas que está generando su ley y no postureo electoralista. Esto
no va de territorios, va de personas, de trabajadores y trabajadoras, de
jóvenes, de futuro y de querer lo mejor para nuestro país. Señorías, con
todos mis respetos y desde el más absoluto cariño: no han entendido nada,
nada de nada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado).

Señor Díaz, respeten las competencias autonómicas,
por favor. Lamentablemente, ustedes han venido aquí con el discurso
hecho. El interés partidista de su moción es que ustedes quieren celebrar
una fiesta y apremian a las comunidades autónomas para que la paguen.
Quizás sea porque no hayan querido entender nuestra postura desde su
política de bloques o porque realmente los docentes y los investigadores
no les importamos nada. Desde el Partido Popular nos tomamos muy en serio
nuestro trabajo y queremos una universidad que alcance la excelencia y se
adapte a las exigencias de un mundo cambiante, para poder preparar a
nuestros jóvenes, a nuestros hijos e hijas para unos puestos de trabajo
que ni siquiera imaginamos.

¡Que digan ustedes en la exposición de motivos que
somos los culpables de los recortes presupuestarios que desde hace quince
años sufren las universidades públicas! ¿Es broma? Porque llevan seis
años gobernando. ¿Qué han hecho, señorías, durante estos seis años?
(Rumores). Eso sí, cuatro ministros en seis años. ¿Saben ustedes cuál ha
sido el momento más duro que hemos vivido las universidades públicas en
los últimos años? Algunas señorías universitarias me van a entender.
Marzo de 2020, cuando ustedes decían que las mascarillas no eran
importantes, que se podía seguir asistiendo a las manifestaciones e,
incluso, las lideraban, ¿se acuerdan?; pues bien, los decanos y decanas y
los equipos decanales trabajábamos de sol a sol para intentar salvar el
curso académico y que ningún estudiante se quedara atrás. Mientras tanto
el ministro Castells fue fuertemente criticado debido a su falta de
liderazgo.

Señorías, no nos parece legítimo que vengan ustedes
a apremiar a las comunidades autónomas en su moción para la puesta en
marcha de la LOSU, cuando los que deberían tener prevista la inversión
necesaria son ustedes, pero tenemos unos presupuestos prorrogados porque
el presidente Sánchez lo recordarán renunció a presentar los
presupuestos de 2024 ante el anuncio electoral en Cataluña. Aquí,
señorías, es donde se focaliza la principal debilidad de su moción.
Humildad, señorías. Recuerden estas palabras: Un Gobierno que no tiene
presupuestos es un Gobierno que no puede gobernar, que no puede hacer
nada. Evidentemente, la frase no es mía. De hecho, la ministra Diana
Morant ha llegado a afirmar que va a priorizar este plan para hacerlo
posible. Ah, ¿pero que no era prioritario?, ¿que peligra su financiación?
¿Esto de qué va? ¿Vamos a jugar a los trileros?

Señorías, vienen a premiar a las comunidades
autónomas con la puesta en marcha de la LOSU, cuando lo que deberían
hacer es modificar determinados puntos de la ley que saben que no
funcionan y que generan el desorden y el caos en las universidades.
Señorías, hablemos de ámbitos de conocimiento, de áreas de conocimiento,
de ramas y de acreditación. Ustedes no están preocupados por este
desconcierto. Nosotros sí, y por otros muchos temas. ¿Se han parado a
pensar en los serios problemas que van a tener algunos departamentos para
cubrir las plazas de perfil de profesor ayudante doctor? Ah, no, perdón,
que quizás no haya departamentos; no lo sabemos todavía. ¿Qué va a pasar,
finalmente, con la compatibilidad de los profesores sustitutos? Yo
también estoy preocupada, señoría, porque me afecta en primera persona.
Menos buenas intenciones y más ejecución. Seamos consecuentes, ¿de dónde
viene todo esto de los falsos asociados? Yo se lo recordaré: de la famosa
tasa de reposición y también les recordaré quién trajo a este país la
tasa de reposición, aunque ustedes ya lo saben: la trajo José Luis
Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, lecciones, las justas. Cuando ustedes
afirman que el PSOE va a crear un modelo con una carrera profesional
sólida, de nuevo les pregunto: ¿recuerdan ustedes quién nos bajó el
sueldo a los funcionarios y empleados de la universidad? De nuevo
Zapatero, que bajó el sueldo a los profesores un 5 % y también a los
becarios, los más precarios de la universidad. Por alusiones, otro
recordatorio: ¿saben quién cedió el suelo y pagó el edificio para
construir la universidad privada en mi comunidad autónoma? Marcelino
Iglesias. ¿Lo recuerdan? (Rumores). Muchas gracias, señorías.

Finalizaré con dos conclusiones. La primera: las
comunidades autónomas están cumpliendo con su responsabilidad y
compromiso; es el Gobierno el que ha aprobado una ley sin memoria
económica. Y la segunda: no miren para otro lado, porque la raíz del
problema está en que el presidente del Gobierno ha renunciado a presentar
los Presupuestos Generales del Estado. Así de claro. Todo lo demás,
palabrería.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado el
debate, se procede, a continuación, a abrir el plazo de diez minutos para
emitir el voto electrónico remoto de la moción consecuencia de
interpelación y de las dos mociones debatidas hoy por los senadores
debidamente autorizados, desde este momento, que son las catorce horas y
cinco minutos, hasta las catorce y quince minutos. Asimismo, les recuerdo
que la votación presencial de estas iniciativas tendrá lugar una vez
finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la presidencia.

Se suspende la sesión, señorías.

Eran las catorce horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las catorce horas y
dieciocho minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudada la sesión
y verificado que se ha hecho el llamamiento a los senadores y a las
senadoras para participar en la votación, ruego a los servicios de la
Cámara que cierren las puertas.

El señor presidente lee los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: A continuación, se procede a
la votación presencial de la citada moción consecuencia de interpelación.
Recuerdo a sus señorías que se someterá a votación en sus propios
términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 149; en contra, 106; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Consiguientemente, queda
aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

El señor presidente lee los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se procede, a
continuación, a la votación presencial de la siguiente moción. Recuerdo a
sus señorías que la moción se votará en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 140; en contra, 105; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Consiguientemente, queda
aprobada la moción.

El señor presidente lee los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se procede, a
continuación, a la votación presencial de la siguiente moción
consecuencia de interpelación. Recuerdo a sus señorías que la moción se
someterá a votación en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 144; en contra, 97; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobada la
moción consecuencia de interpelación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor presidente lee los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se procede, a
continuación, a la votación presencial de la siguiente moción. Recuerdo a
sus señorías que se someterá a votación en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 144; en contra, 99; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
aprobada la moción. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).

El señor presidente lee el punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a sus señorías
que la moción se someterá a votación en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 105; en contra, 8; abstención, 147.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías,
queda aprobada la moción. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Muchas gracias.

No habiendo más asuntos que someter a votación, se
levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cincuenta y nueve
minutos.