El señor PRESIDENTE: Conforme al orden del día
establecido, a continuación vamos a abordar el Proyecto de Ley de
Movilidad Sostenible. Para la presentación del dictamen, tiene la palabra
el presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, el
senador Carnero García.

Señoría, tiene la palabra.

El señor CARNERO GARCÍA: Buenos días tengan
todos ustedes.

Señor presidente, presentación del dictamen del
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. El preámbulo de la ley establece
como objetivo principal el reconocimiento de la movilidad como un derecho
de la ciudadanía esencial para el ejercicio de otros derechos
constitucionales, como la educación, el trabajo, la salud y la protección
del medioambiente. En este sentido, la ley persigue configurar un nuevo
modelo de movilidad sostenible, segura, equitativa y conectada, que sitúe
a las personas en el centro del sistema y que articule la acción de los
poderes públicos para garantizar un acceso igualitario y eficiente a los
servicios de transporte en todo el territorio nacional, con especial
atención a las zonas rurales o afectadas por despoblación. Asimismo, la
norma está en línea con los objetivos internacionales de sostenibilidad y
descarbonización, especialmente con la Agenda 2030, el Pacto Verde
Europeo y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, promoviendo la
reducción de emisiones contaminantes, la eficiencia energética y la
digitalización de los sistemas de transporte. El texto pretende avanzar
hacia un modelo de movilidad intermodal y de bajas emisiones, en el que
el transporte público, la movilidad activa y las soluciones tecnológicas
e innovadoras constituyan los pilares de un sistema integrado y
respetuoso con el entorno. Finalmente, la ley tiene una clara vocación
estructural y programática, pues define los principios básicos y los
instrumentos de planificación, financiación y gobernanza que deberán
guiar las políticas públicas de movilidad. Para ello, crea el sistema
general de movilidad sostenible, impulsa mecanismos de coordinación
interadministrativa, fomenta la innovación y la digitalización del sector
y establece criterios homogéneos de evaluación y financiación de las
infraestructuras y servicios de transporte, asegurando así la coherencia
del marco normativo con los compromisos nacionales e internacionales en
materia de sostenibilidad y equidad territorial.

El presente proyecto de ley tuvo su entrada en
esta Cámara el pasado día 21 de octubre de 2025, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en la sección
del Senado, tramitándose por el procedimiento de urgencia. El plazo de
presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el pasado día 27
de octubre de 2025. A este proyecto de ley se han presentado un total de
una propuesta de veto y 188 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente
forma: enmiendas números 1 a 31 de los señores Bagué y Pujol, ambos del
Grupo Parlamentario Plural; enmiendas números 32 a 37 del señor Ferrer,
del Grupo Izquierda Confederal; enmiendas números 38 a 41 del señor
Chinea, también del Grupo Izquierda Confederal; enmiendas números 42 a 48
del señor Morera, también del Grupo Izquierda Confederal; enmiendas
números 49 a 69 del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia;
enmiendas números 70 a 155 del Grupo Popular en el Senado; enmiendas
números 156 a 176 del Grupo Vasco en el Senado; enmiendas números 177
a 188 del Grupo Parlamentario Socialista. Como he dicho, una propuesta de
veto, la número 1, de la señora Gómez Enríquez y de los señores Carbonell
Tatay y Gordillo Moreno, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

Por otro lado, la presidencia del Senado, en
ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su
reunión del día 29 de agosto de 2023, inadmitió las enmiendas números 49
a 52 y 55 del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia.
Posteriormente fueron retiradas por sus autores las enmiendas números 45,
del señor Morera; 59, del Grupo Parlamentario Izquierdas por la
Independencia, y 177, 178, 180, 185, 187 y 188 del Grupo Parlamentario
Socialista. Asimismo, el Gobierno, al amparo de lo establecido en el
artículo 134.6 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 151 del Reglamento del Senado, no dio su conformidad a la
tramitación de las enmiendas números 26, 30 y 31, de los señores Bagué i
Pujol, y 118 y 148 del Grupo Popular, lo que fue rechazado por la Mesa
del Senado en su reunión del pasado día 3 de noviembre de 2025.

La ponencia encargada de informar este proyecto
de ley, a la vista de las enmiendas presentadas, estuvo compuesta por los
señores senadores y señoras senadoras siguientes: señor Bagué Roura, del
Grupo Plural; señor Bernabé Pérez, del Grupo Popular; señora Caballero
Martínez, del Grupo Mixto; señora Castel Fort, del Grupo Izquierdas por
la Independencia; señor Ferrer Martínez, del Grupo Izquierda Confederal;
señor López Torre, del Grupo Vasco

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señor presidente de la comisión.

El señor CARNERO GARCÍA: Termino ya, señor
presidente.

Señora López Zapata, del Grupo Popular; señor
Morales Quesada, del Grupo Socialista; señor Poveda Zapata, del Grupo
Socialista, y señor Sanz Vitorio del Grupo Popular. Dicha ponencia emitió
informe el pasado día 31 de octubre, y acordó por mayoría incorporar al
texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 70
a 155 del Grupo Popular y 179 y 186 del Grupo Socialista. Asimismo, la
ponencia acordó, en relación con diversos errores técnicos de índole
gramatical detectados en el referido texto, efectuar las oportunas
correcciones, que no tienen naturaleza de enmiendas a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución. Y, por unanimidad,
incorporó también al texto aquellas correcciones de índole material que
sí tienen naturaleza de enmiendas e implican la vuelta del texto al
Congreso de los Diputados. El día 3 de noviembre se reunió la Comisión de
Transportes y Movilidad Sostenible, y aprobó como dictamen el texto
propuesto por la ponencia. Finalmente, se han presentado un total de ocho
votos particulares, manteniéndose la propuesta de veto y todas las
enmiendas, así como la solicitud de la vuelta del texto al Congreso en lo
modificado por las enmiendas números 70 a 155.

Por último, quiero agradecer a los servicios de
la Cámara, y muy especialmente a la letrada, señora Hernández González,
todo el trabajo realizado.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente
de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

A continuación, vamos a abordar el debate de
propuestas de veto. Propuesta de veto número 1, suscrita por la senadora
Gómez Enríquez, el senador Carbonell y el senador Gordillo, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Senadora Gómez Enríquez, tiene la palabra.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenos días.

Señorías, este lunes, en la Comisión de
Transportes, Vox se quedó solo, y se quedó solo porque todos los grupos
votaron en contra del veto que presentamos al Proyecto de Ley de
Movilidad Sostenible, uno a favor versus 33 en contra, incluidos los de
ustedes, señorías del Partido Popular. Se trata de una norma que, si aún
no se han dado cuenta, impulsa las zonas de bajas emisiones. Un proyecto
de ley que deja la puerta abierta a imposición de peajes, con el
principio de quien usa paga, una doble imposición injusta para los
españoles al gravar de forma adicional el uso de infraestructuras que ya
se financian con impuestos. Un robo más, señorías, de estas políticas
verdes que sufrirán las familias, las pymes y también los autónomos. Vox
les recuerda que las zonas de bajas emisiones restringen la circulación
en miles de municipios y castigan a quienes no pueden adquirir un
vehículo nuevo o un vehículo eléctrico, lo que genera una discriminación
social bajo el pretexto medioambiental. Y cito como ejemplo el caso de
Madrid, recordándoles que su alcalde, el señor Martínez-Almeida, utilizó
como eje principal de su campaña electoral la promesa de eliminar Madrid
Central, y finalmente engañó, claro que engañó, porque terminó ampliando
la zona de bajas emisiones diseñada por la señora Carmena. Con la
aprobación de esta Ley de Movilidad Sostenible se obligará a las empresas
a implantar planes de movilidad para sus trabajadores, lo que generará
nuevos costes para las compañías.

En Valencia, Vox ha logrado frenar esta zona de
bajas emisiones, y hoy estamos aquí para lograr nuestro veto a dicho
proyecto de ley. Se trata, señorías, de un proyecto que no responde a la
necesidad real de los españoles, sino que responde al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Gobierno con la Comisión Europea, con los
objetivos del Pacto Verde Europeo y con la Agenda 2030; compromisos estos
que, lejos de ser útiles, subordinan las políticas nacionales a una
estrategia supranacional impuesta desde Bruselas, limitando nuestra
soberanía energética, la libertad de nuestros ciudadanos y la capacidad
de decisión de nuestro país, España. Una ley que, lejos de aportar
soluciones a los problemas de movilidad, proclama principios genéricos
indeterminados y de carácter ideológico.

Señorías, la creación del derecho a la
movilidad sostenible carece de contenido jurídico concreto y se define
con criterios subjetivos como la igualdad de género o la pobreza del
transporte, parches estos de rédito económico 2030 y que nada tienen que
ver con la eficiencia del transporte o la libertad de movimiento. Esta
ley va en línea con los objetivos climáticos radicales, sin tener en
cuenta el impacto negativo que ello genera sobre los españoles y cómo
afecta a la movilidad de estos, priorizando la descarbonización a través
de la electrificación y el uso de combustibles renovables, tomando como
base para alcanzar dichos objetivos climáticos los principios fijados en
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. De igual forma, se
introducen instrumentos de control político, como los denominados
estudios de rentabilidad socioambiental, que podrán ser utilizados como
filtro para impedir la ejecución de proyectos de movilidad o para
justificar la imposición de nuevas tasas, peajes o restricciones a la
circulación. En definitiva, señorías, se trata de una ley que genera
inseguridad jurídica, aumenta la burocracia y dificulta la inversión
privada, afectando a sectores estratégicos como el transporte, la
automoción, la logística o el turismo. De hecho, dentro de esta
perspectiva, el Ejecutivo la podría utilizar bajo criterios ideológicos
para vetar autopistas, carreteras, mejoras rurales, etcétera, sin una
consideración real del interés social o económico.

Señorías, según lo expuesto, vemos que se trata
de un Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de carácter puramente
ideológico, contrario a los intereses de España y de los españoles porque
plantea políticas discriminatorias e ineficaces, políticas que no mejoran
el medioambiente, no se equivoquen, no lo hacen; lo que hacen es aumentar
la presión fiscal y la dependencia del ciudadano frente al Estado.

Señorías del Partido Popular, con ese no de
ustedes a nuestro veto se han sumado a la izquierda, pero aún están a
tiempo de revertir esa decisión, porque este nefasto proyecto de ley
puede decaer si ustedes apoyan el veto a la norma. No le den más balones
de oxígeno a Pedro Sánchez, no le den más oxígeno. Nuestro veto les
ofrece la oportunidad de frenar este disparate, porque cuando el proyecto
de ley vuelva vetado al Congreso será cuando exista la posibilidad real
de impedir su entrada en vigor, y los ciudadanos y los españoles nos lo
agradecerán.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gómez
Enríquez.

Los servicios de asistencia parlamentaria nos
indican que, en principio, no hay deseo de hacer uso del turno en contra
y arrancaremos, por tanto, con el turno de portavoces. Ha solicitado
hacer uso de la palabra el senador del Grupo Parlamentario Socialista,
señor Morales.

El señor MORALES QUESADA: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías.

Intervengo en este turno para defender el
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y dejar clara nuestra negativa a
este veto. Como viene siendo habitual en las derechas de este país, todo
lo que vaya a suponer nuevos derechos para la ciudadanía y modernizar el
país siempre va a tener en ustedes una contestación negativa, porque
siguen instalados en la España en blanco y negro, aunque, gracias a los
socialistas, ustedes pueden viajar en alta velocidad, pueden pasear por
zonas peatonalizadas o simplemente respiran mejor aire gracias a las
políticas de este Gobierno. Señorías, estamos ante una ley social que
habla del derecho a la movilidad, en la que se establecen las condiciones
necesarias para que la ciudadanía, entidades públicas y privadas puedan
disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo que sea
la herramienta para conseguir mayor cohesión social y territorial; una
ley que contribuya a reducir los gases de efecto invernadero y mejore la
calidad del aire. En definitiva, una ley que crea nuevos derechos y que
modernizará el país en una materia tan importante como es la
movilidad.

Este proyecto de ley tiene como finalidad
constituir el marco normativo que permita que las políticas públicas de
transporte y movilidad de la Administración en España respondan mejor a
las necesidades reales de la ciudadanía, del sector empresarial, y a los
retos actuales, por lo que es el momento de impulsar de forma decisiva el
transporte y la movilidad sostenible, la digitalización, la innovación y
la financiación del transporte. Esta lleva vinculados 10 000 millones de
euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y es el
momento, señorías, de dar soluciones de movilidad al conjunto del
territorio, tanto en los entornos urbanos y metropolitanos como rurales.
Y no puede ser muy mala la ley, señorías de Vox y Partido Popular,
cuando, una vez aprobada en la Cámara Baja con un amplio consenso, quince
organizaciones de la sociedad civil celebran la aprobación de la Ley de
Movilidad Sostenible.

Vamos a hablar con hechos de modelos de
movilidad, de modelos de ciudad sostenible que se verán reforzados con
esta ley, que es como mejor vemos cómo nos diferenciamos unos y otros en
nuestra forma de entender la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, nos
vamos a desplazar cerca de aquí, a la Gran Vía, donde Manuela Carmena
hizo una actuación valiente priorizando el peatón al transporte público.
Llega Martínez-Almeida y vuelve a permitir el paso de vehículos privados.
Señorías del PP, ustedes que ponen el grito en el cielo contra el
ministro Puente cuando un tren de Renfe se retrasa diez minutos, ¿lo van
a poner esta tarde cuando salgan de aquí dirección Chamartín, Atocha o
Barajas y se encuentren con que salir de Gran Vía les va a costar más de
media hora? ¿Van a traer ustedes aquí la reprobación del señor
Martínez-Almeida? Vamos a seguir con ejemplos de otras ciudades. Una de
las principales ciudades españolas con una de las redes de carriles bici
más importante en cuanto a kilómetros de extensión es Sevilla. ¿Saben
ustedes quiénes impulsaron el mayor desarrollo del uso de la bici pública
en esta ciudad? Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Espadas y Antonio
Muñoz, los tres alcaldes socialistas. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Otro ejemplo que les quiero poner. ¿Saben quién
promovió, siendo teniente de alcalde y concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Bilbao, la Bilbao 30, convirtiendo a Bilbao en la primera
gran ciudad europea en poner toda la ciudad a 30 kilómetros/hora como
límite máximo de velocidad permitida, lo que supuso calmar el tráfico y
dar prioridad al peatón, crear una red troncal de carriles bici e
impulsar la micromovilidad? Otro socialista, Alfonso Gil. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Y nos vamos al Baix
Llobregat, que tiene una de las más extensas redes ciclables
intermunicipales, que conecta a treinta municipios de esta comarca entre
sí y, además, los conecta con la ciudad de Barcelona. ¿Saben quién,
siendo alcalde de Sant Joan Despí, vicepresidente de Movilidad del área
metropolitana de Barcelona, fue uno de los impulsores del cambio ciclista
metropolitano para que la bici no fuera solo ocio, sino alternativa de
movilidad? Otro socialista, Antonio Poveda. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

Y les voy a hablar de mi ciudad, de Las Palmas
de Gran Canaria, con otro alcalde socialista, Augusto Hidalgo, hoy
vicepresidente del cabildo y trabajando por la movilidad de la isla, que
en su etapa de alcalde fue el precursor de la expansión y modernización
de la red de carriles bici en la ciudad. Pero fue mucho más atrevido con
la arteria comercial más importante de la ciudad, la Avenida José Mesa y
López. Hasta hace unos años tenía seis carriles de tráfico, tres carriles
en cada sentido. Se decide que se va a peatonalizar esta zona. ¿Saben
ustedes quiénes se opusieron? Los concejales del Partido Popular, que
fueron comercio a comercio, sublevaron a los vecinos, como siempre, con
miedo, mentiras y bulos, pero no lo lograron. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista). Se hizo, se peatonalizó y hoy es un
magnífico bulevar comercial peatonal con árboles que disfrutan los
ciudadanos y los visitantes, pasando de ser un sitio gris, ruidoso e
irrespirable a uno de los sitios más agradables para pasear por la
ciudad.

O nos vamos a la ciudad de Valladolid, donde el
magnífico ministro, a pesar de sus reprobaciones, en su etapa de alcalde
de Valladolid, apostó por la sostenibilidad de su ciudad creando una
amplia red ciclista urbana aumentando la bici pública, peatonalizó el
centro de la ciudad, renovó los autobuses urbanos con modelos más
eficientes; en definitiva, con Óscar Puente, Valladolid era un referente
de movilidad sostenible en Castilla y León, hasta que llegó un alcalde
del PP con sus socios de Vox y abrazando a estos revierten las medidas
del Plan de movilidad y donde había bicis ahora hay coches, además de
perder fondos europeos. El último ejemplo que les voy a poner: la ciudad
de Palma, con otro alcalde socialista, José Hila, que promueve la
transformación de la ciudad con su peatonalización, potenciando los
carriles bici y dejando totalmente preparado el proyecto de tranvía de la
bahía de Palma. ¿Y qué hace el actual Gobierno del Partido Popular con
Vox? Pues, además de desistir del proyecto del tranvía, para el que
además había financiación del Gobierno de España, renuncian sí, escuchen
bien a 13 millones de euros de fondos europeos para BiciPalma y
adquirir 22 autobuses eléctricos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

En definitiva, señorías, donde gobierna un
socialista gobernamos y gestionamos para mejorar la vida de nuestros
ciudadanos; donde ustedes gobiernan con sus socios de la ultraderecha, no
solo no se avanza, sino que destruyen lo que ya está hecho, aunque haya
que tirar dinero público a la basura. Mientras que en este lado del
hemiciclo estamos en el siglo XXI, porque creemos en la movilidad
sostenible, en la peatonalización, nos preocupa la salud de nuestros
ciudadanos, seguimos impulsando la España del coche eléctrico, de la
bici, del peatón, del transporte público, de la alta velocidad, en
definitiva, como dice Tonucci, la calle para las personas; en ese lado
del hemiciclo está la España en blanco y negro. Ustedes, señorías del
Partido Popular, siguen empecinados en su disputa con la ultraderecha en
quedarse en la España del 600.

Concluyo, señorías. El Partido Socialista
defiende este Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible porque creemos en
él, es un nuevo avance legislativo para nuestro país. Es el derecho de
todos los ciudadanos a poder disfrutar de un sistema de movilidad
sostenible, justo e inclusivo. Y, lo que es más importante, a las
generaciones que vienen detrás vamos a dejarles un país sano, moderno,
conectado y con nuevos derechos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista. El señor Carnero García pide la palabra
por alusiones).

El señor PRESIDENTE: No, señoría, ha sido
citado, que no aludido, que son cosas distintas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, le
corresponde el uso de la palabra a la senadora López Zapata.

La señora LÓPEZ ZAPATA: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías.

Señorías de Vox, se lo dijimos en la comisión y
lo volvemos a repetir esta mañana en la Cámara: no entendemos su veto, y
mucho menos sin añadir enmiendas. Estamos ante una mala o muy mala ley,
sí, pero nuestra obligación no es dinamitar. Aquí estamos para mejorar
las cosas, no para bloquear. Estamos para gobernar, incluso desde la
oposición, y mucho más con el Gobierno que tenemos. España no necesita
dogma, como persigue el Partido Socialista con esta ley, pero tampoco más
populismos, como pretenden ustedes con su veto. España necesita gestores,
no agitadores. ¿De qué lado están ustedes? ¿Del lado de los políticos que
arreglan y dan soluciones o de aquellos que dinamitan y que incendian los
plenos y las calles? Decídanse, señorías. Su veto, señorías de Vox,
resulta inútil, además de ser la salida fácil. Ustedes han hecho del no a
todo su programa político. Muestran su infinita indignación por la ley,
como en todo, pero no aportan ni una solución, como siempre. Echan mano
del veto para hacer ruido y como una herramienta más de propaganda
electoral. ¿Pero no se dan cuenta, señorías, que vetar es dejar que la
ley salga hoy adelante tal y como está? Si tanto les importa España, no
lo permitan. Nosotros creemos en las enmiendas, pero como herramienta de
Estado. No sé si aprecian ustedes la diferencia. Por eso, señorías,
teniendo en cuenta además los cambios de actitud recientemente acaecidos
en la Cámara Baja, donde el Gobierno de coalición sanchista va perdiendo
apoyos a diario y, por supuesto, para minimizar los efectos nocivos y
lesivos que tendría esta iniciativa legislativa si entra en vigor tal y
como nos ha llegado, mi grupo parlamentario ha optado por enmendar y por
poner sentido común. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). Esta ley, señorías, tal y como está, es un brindis
al sol, pero no se sumen ustedes a ese brindis.

Desde el Partido Popular hemos presentado 86
enmiendas. Son 86 enmiendas para mejorar esta ley, para hacerla útil,
para que se escuche a las asociaciones del sector, a quienes realmente
saben de movilidad y transporte en España, que, desde luego, no son y
coincidirán ustedes conmigo ni el ministro Óscar Puente, más pendiente
de aplaudir al número 1 que de atender las demandas de los sectores que
mantienen a este país en movimiento, ni mucho menos el número 1, al que
la única movilidad que le interesa es la del Falcon porque cualquier otra
modalidad, pues, no le consta.

Dicho esto, señorías, estamos ante un texto sin
objetivos claros, concretos y medibles, sin un compromiso real y
verificable, que no contempla criterios ciertos de financiación ni de
planificación de infraestructuras, que no prevé desarrollo reglamentario
en materias críticas y que únicamente se limita a repetir referencias de
Europa, esperando que desde allí les den una palmadita sin plazos ni
cronograma. Y todo esto, señorías, bajo una maraña de nuevos organismos,
foros, consejos, lo que podríamos llamar, por aquello de la
sostenibilidad, una auténtica burocracia circular, pero ustedes, como yo,
saben perfectamente que solo sirve para ralentizar las decisiones y
engordar aún más la estructura del Estado. Esta ley o este texto que nos
ha llegado por ser generosa en el término , tal y como ha venido del
Congreso de los Diputados no garantiza ni la movilidad ni la
sostenibilidad. ¿A quién pretenden engañar? Responde a los principios
básicos de este Gobierno, que son ineficacia, ineficiencia,
descoordinación y deslealtad institucional. Todos los aquí presentes
hemos sufrido la incapacidad del ministro de Transportes, que ha sido
capaz de llevar en un tiempo récord al ministerio a un punto muerto y que
lo único que persigue esta mañana es dar carpetazo a una ley que debía
haberse aprobado hace dos años.

Mi grupo parlamentario apela a un texto mucho
más ambicioso y no a un catálogo de utopías ni a un entramado de
organismos. Defendemos una ley que incluya, no que excluya, porque la
movilidad rural no es una cuestión ideológica, no va de izquierdas ni de
derechas, va de justicia, va de cohesión territorial y social, va de
futuro, porque no todos vivimos en el Paseo de Almería o en la Rambla de
Barcelona o en la M-30 de Madrid. El Gobierno, con esta ley, si hoy no lo
remediamos, no frena la España vaciada, pisa el acelerador a fondo. No
podemos medir la rentabilidad de una línea ferroviaria o de autobús solo
por su número de pasajeros, sino por las oportunidades que genera y por
los servicios que se prestan. No se hace una ley con una calculadora,
porque son miles las personas que los necesitan para su vida diaria, para
ir al médico, a estudiar, a trabajar o simplemente para ir a hacer la
compra. La España rural tiene derecho a existir, pero con esta ley, tal y
como ustedes, señorías socialistas, la han redactado, parece que les
estorba. Pero si nos apoyan, si apoyan nuestras enmiendas, ningún pueblo
perderá ni frecuencias ni paradas.

Hoy defendemos una ley que, además, no venga a
castigar a nuestros autónomos y a las pequeñas y medianas empresas con
más burocracia, y lo hemos dejado claro en las enmiendas introducidas al
respecto. El Estado debe contribuir financieramente a que todos puedan
alcanzar los objetivos de sostenibilidad, por supuesto, pero sin perder
rentabilidad. Se trata, señorías, de reducir emisiones, no de aumentar
las desigualdades. Y, en relación con la desigualdad, la introducción de
los vehículos eléctricos en España con esta ley se queda reservada para
las rentas más altas. Nosotros defendemos una descarbonización
sostenible, por supuesto que sí, pero, señorías, no es realista pensarlo
en un país con tantas barreras para el despliegue de la electrificación
del transporte ni con la red de recarga que tenemos actualmente. Para
alcanzar los estándares europeos se requieren planificación, estrategia,
implementación progresiva y, por supuesto, señorías, financiación, no
ayudas que llegan tarde y que, además, son difíciles de cobrar.

Y poco se habla, señorías, del caos ferroviario
que hemos vivido estos dos últimos años: averías, retrasos, incidencias,
trenes que no llegan y, mientras tanto qué, por parte del Gobierno; pues
el silencio institucional. Mi grupo lo ha dejado bien claro, necesitamos
de manera urgente un plan de choque ferroviario, que volvamos y todos lo
sabemos a recuperar los criterios de puntualidad de Renfe, que no se
eliminen derechos históricos como la estación pasante de Atocha, que es
vital para miles de murcianos, de gallegos o de andaluces. Los españoles
deben recuperar la confianza en el sistema ferroviario español. No
podemos permitir que se normalice que un servicio público esencial
funcione a medio gas. Y la confianza no se pide, se gana; se gana con
hechos, con una gestión que ponga al ciudadano por delante de la excusa y
del tuit diario.

Así que, sí, señorías de Vox, enmendamos,
enmendamos esta mañana para evitar castigo para España, para generar
expectativas de futuro, sin vetos que son de boquilla, pero que solamente
quieren fingir coherencia donde hay cálculo político.

Y acabo, presidente. Si de verdad, señorías
socialistas, quieren hablar de movilidad, empiecen ustedes por moverse,
pero hacia el sentido común, porque España no puede quedarse parada
mientras unos miran por el retrovisor de un 600 y ustedes lo hacen por el
retrovisor de un Peugeot.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías,
vamos a abordar el debate del articulado. En concreto, comenzaremos con
la intervención del senador Ferrer, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, para exponer las enmiendas 32 a 37, durante un tiempo no
superior a seis minutos.

El señor FERRER MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer a los
servicios jurídicos de la Cámara la corrección de las incorrectas
expresiones que había en el texto, concretamente «Illes Baleares» por
«Illes Balears», tal y como solicité en la comisión.

La verdad, señorías, es que afronto la presente
defensa de las seis enmiendas que no han sido incorporadas al dictamen de
la presente ley con cierto escepticismo, pero todavía con bastante
esperanza. Las enmiendas que aquí defendemos podemos agruparlas en dos
grupos: números 32 y 33, para mantener la gratuidad del transporte
público terrestre para 2026; y las enmiendas números 34 a 37, para
impulsar la cogestión aeroportuaria en las islas. La gratuidad del
transporte público no es un capricho ni un privilegio; es una medida
temporal y excepcional que se vincula con una apuesta decidida y
convencida para que la ciudadanía de Eivissa y Formentera se involucre en
un sistema de transporte público que permita la reducción del uso del
vehículo particular, que tantos problemas de contaminación, de saturación
y de salud nos está ocasionando en las islas. El transporte global aporta
el 30 % del CO2 total a la atmósfera y acapara el consumo del 60 % de los
combustibles fósiles. Esos porcentajes tenemos que rebajarlos, no solo
porque así lo creemos para mejorar nuestra calidad de vida, sino porque
también es una obligación dentro de la agenda europea, objetivo 55, de
cara a 2030, en la que también creemos por las evidencias científicas. Si
estamos limitando en las Pitiusas la entrada del vehículo particular a
las personas no residentes, esta medida tiene que venir acompañada de
ventajas económicas que permitan a la ciudadanía optar por el transporte
público, para mejorar nuestra calidad de vida general con la ayuda
directa al ahorro de las personas. Todo ello debe venir acompañado de una
mejora del servicio de transporte público, con mejores horarios, con
vehículos más eficientes y menos contaminantes, con paradas acordes a los
tiempos y a las necesidades de las personas usuarias, y no con una silla
de plástico y una sombrilla, como desgraciadamente tenemos que
soportar.

Esta apuesta por el transporte público
colectivo está movida por la misma filosofía que nos lleva a solicitar la
efectiva cogestión de nuestras principales infraestructuras de
transporte, aquí el aeropuerto. En las islas dependemos totalmente de una
correcta y adecuada gestión de esta vital infraestructura que condiciona
nuestro presente. Si en el ámbito terrestre apostamos por el transporte
público y colectivo, en el aéreo también, debiendo poner freno a la
expansión de la aviación privada, de los jets privados. Existen otros
ejemplos, pero quizás este sea el más llamativo y que ya hemos denunciado
en anteriores ocasiones. La deriva desigualitaria y el abuso de nuestros
recursos naturales tienen su máxima expresión en estos jets privados
navegación ejecutiva lo llaman , que contaminan catorce veces más que un
vuelo comercial y, por ello, tienen un consumo energético equivalente
superior, influyendo definitivamente en el cambio climático.

En la actualidad, el peso de la gestión
aeroportuaria recae en Aena, sin que los territorios podamos aportar
nuestra experiencia ni nuestras necesidades, y no es justo. Aena ya ha
manifestado que no piensa compartir la gestión con los territorios, como
si fuéramos menores de edad o incapaces. No solo no estamos de acuerdo,
sino que ya hemos aprobado en esta Cámara alguna moción en el sentido
pretendido por las enmiendas, por lo que espero y deseo que el Partido
Popular las apoye, como lo hizo el pasado viernes en Eivissa respecto a
la gratuidad. La moción, que fue presentada por el conseller de Unidas
Podemos, Óscar Rodríguez, obtuvo el voto favorable del Partido Popular y
del Partido Socialista, aunque en febrero el Partido Popular votó en
contra de otra moción propuesta por el Partido Socialista en los mismos
términos. Misterios de la política. Nos cuesta mucho llegar a consensos
políticos, señorías, por lo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo
posible para mantenerlos y que esos consensos sean decisiones efectivas y
mantenidas en el tiempo. De lo contrario, si no ocurre así, señorías del
PP, tendrán que explicar en las Pitiusas por qué votan consensuadamente
propuestas como las que aquí estamos defendiendo, mientras que en Madrid
votan todo lo contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Ferrer.

Ahora le corresponde el uso de la palabra, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, al senador
Chinea Correa, para la defensa de las enmiendas 38 a 41, por un tiempo de
hasta cuatro minutos.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías.

Desde Agrupación Socialista Gomera apoyamos esa
necesidad de contar con una Ley de Movilidad Sostenible que afronte los
retos del transporte del siglo XXI, tales como la descarbonización, la
accesibilidad y, por supuesto, señorías, la cohesión territorial. Pero
precisamente aquí, por esa ambición, creemos que esta ley no se ajusta a
todos los territorios y debe reconocer, como digo, esa singularidad de
quienes vivimos en regiones ultraperiféricas como, por ejemplo, Canarias.
Por eso, desde ASG presentamos cuatro enmiendas que persiguen corregir
esos desequilibrios evidentes y evitar que una norma concebida, señorías,
para garantizar ese derecho a la movilidad, se convierta,
paradójicamente, en una amenaza para ese mismo derecho en los territorios
insulares.

Y me voy a explicar. Miren, el proyecto de ley
introduce por primera vez un procedimiento para que las comunidades
autónomas o los cabildos insulares puedan proponer obligaciones de
servicio público. Y esto es positivo, señorías, porque abre la puerta a
que Canarias, incluso cabildos como, por ejemplo, el Cabildo Insular de
La Gomera, puedan plantear mejoras en conectividad. Sin embargo, el
artículo 46 introduce una cláusula que, señorías, para nosotros es
inaceptable, de corresponsabilidad financiera, porque es cierto que esta
medida, en la práctica, descarga sobre las Administraciones proponentes
el coste total de las OSP, señorías. Es decir, parece que aquí el Estado
se reserva esa potestad de aprobarlas, pero, señorías, parece que se
desentiende de financiarlas. Y esto no es corresponsabilidad; esto es
abandono. Por eso proponemos modificarlo, para dejar claro que las
obligaciones de servicio público, de competencia estatal, siempre deben
ser financiadas, en todo caso, por el propio Estado y que solo cuando se
acuerden mejoras o, por ejemplo, aumentos de frecuencia situación en la
que estaríamos hablando de un caso bien distinto , podrán acordarse
efectivamente por las comunidades autónomas. Y es que nosotros, desde
ASG, no estamos pidiendo aquí caprichos ni privilegios, sino coherencia.
Las OSP son un instrumento de cohesión territorial y, señorías, no pueden
depender de la capacidad económica que tenga una comunidad autónoma,
porque en este caso estaríamos negando el propio concepto que aquí
decimos defender.

Por otro lado, la disposición adicional
vigesimoquinta reconoce que el propio Estado y también la Comunidad
Autónoma de Canarias van a poder firmar convenios para desarrollar
infraestructuras ferroviarias en las islas. Pero es cierto que aquí el
propio texto original introduce esa salvaguarda que subordina la
financiación a la existencia o no de una partida en los presupuestos
generales. Y esto, señorías, nos parece, sinceramente, una aberración
jurídica porque los convenios, en este caso en infraestructuras de
interés general y pongo como ejemplo, en el caso de Canarias, el
convenio de carreteras , tienen carácter vinculante y plurianual. Por
tanto, su cumplimiento no puede depender de la voluntad política de cada
ejercicio presupuestario. Por eso proponemos que esta ley obligue a
incorporar anualmente esa partida correspondiente en los presupuestos
para que se garantice de este modo la estabilidad y la seguridad jurídica
de estos compromisos. Porque en Canarias, señorías, no podemos seguir
esperando a que cada año alguien decida si cumple o no cumple al
firmarlo.

Finalmente, nuestra cuarta enmienda se centra
en el transporte público terrestre. Y es que se da la paradoja de que el
actual marco presupuestario fija esa cantidad máxima cifrada en 162
millones de euros, que puede quedarse corta, señorías, ante ese
incremento en el número de usuarios y usuarias en Canarias.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor CHINEA CORREA: Termino.

Con estas cuatro enmiendas, señorías, nosotros,
desde ASG, queremos reflejar lo que consideramos una posición justa:
apoyar una ley necesaria, pero exigir

El señor PRESIDENTE: Le ruego que finalice,
señoría.

El señor CHINEA CORREA: que esa aplicación sea
justa también con todos los ciudadanos, independientemente de donde
vivan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, le
corresponde intervenir al senador Morera, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, por tiempo de hasta seis minutos, para la defensa
de las enmiendas 42 a 44 y 46 a 48.

Tiene la palabra, señoría.

El señor MORERA CATALÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Tenemos un proyecto legislativo importante y
ambicioso. Ayer mismo, algunos de los ministros de Medio Ambiente de la
Unión Europea plantearon reformar la ley europea sobre el clima y la
reducción de las emisiones de CO2. Por tanto, es un tema importante y muy
vigente, y lo primero que debemos decir es que en este Pleno del Senado
se evidencian las diferentes posiciones. Por una parte, el negacionismo
en contra de la ciencia, cuando toda la comunidad científica nos dice que
el negacionismo mata; mata por su emisión de gases y por los efectos que
provoca en diferentes ámbitos, incluso en la reducción de alimentos o en
la contaminación de las ciudades. La ciudad donde yo vivo, Valencia, en
estos momentos supera con mucho cualquier índice razonable de viabilidad
en lo que al bienestar se refiere. Hemos retrocedido respecto a lo que
hicimos en el pasado con Joan Ribó.

Esta ley es importante porque avanza en la
descarbonización del transporte y da apoyo a sectores estratégicos de las
ciudades, como el taxi, el bus, el tren, incluso la bici, el coche o el
coche eléctrico. Es una ley necesaria. Y ahí hay algunas reticencias por
parte del PP, que sí, que no, que caiga un chaparrón No lo tienen muy
claro y no ven que la sostenibilidad y el avance hacia una energía
descarbonizada, en una movilidad como la que estamos planteando, es una
opción que nos hace ser más competitivos y mejora nuestra calidad de
vida. En ese sentido, nuestro grupo se ha tomado muy en serio esta ley y
ha planteado muchas enmiendas en mi caso, desde Compromís, seis más que
creemos que mejoran el texto, y no entendemos la negativa del PP a
aceptarlas. Yo ya les digo que, si me permiten separar de la votación del
dictamen su enmienda número 143, que habla de convergencia de los
estándares, y la 131, sobre cercanías, votaría a favor. Creo que son unas
enmiendas positivas; votaría a favor si pudiésemos separarlas del
dictamen que se aprobó con su mayoría absoluta en la comisión del pasado
lunes.

No entiendo por qué están ustedes en contra de
mis enmiendas, porque aportan: la número 43, sobre el derecho de
movilidad de la autonomía infantil; la número 44, referida a la movilidad
sostenible en grandes centros de actividad, que es importante, porque los
grandes polígonos también necesitan ese tipo de atención y la ley no lo
contempla con toda su plenitud; la enmienda número 45, que tiene que ver
con los límites cuantitativos a las subvenciones para la financiación de
los costes operativos. Además, hemos retirado y pactado la enmienda 46.
La enmienda número 47 es sobre la promoción del transporte ferroviario
nocturno, que es un tema que en toda Europa está muy de actualidad, y
hemos de aprovechar la energía residual que se pierde por la noche para
el transporte de mercancías, ya que estamos muy lejos de lo que debería
ser la realidad. O nuestra enmienda de adición, la número 48, que tiene
que ver con el despliegue de puntos de recarga de los vehículos
eléctricos. Y la última, la número 48, que es nueva, sobre la
financiación del transporte público.

No entiendo por qué el Partido Popular se
niega. Ahora bien, lo que puedo entender es que ustedes son reticentes a
todo este tipo de medidas porque, vamos a ver se lo acaba de decir Vox ,
¿por qué van a entregar la gobernabilidad, la institucionalidad, la
investidura del pueblo valenciano a los negacionistas de Vox, señorías?
Tengan ustedes altura de miras; no pueden caer en su trampa. Están
cayendo en su trampa continuamente aceptando su relato falso. Y ahora, en
el acuerdo que están negociando desde Madrid, desde el centro no desde
el ámbito valenciano ni desde nuestro autogobierno, sino desde fuera ,
resulta que les van a imponer a ustedes que estén en contra del Pacto
Verde Europeo, que aprobaron ustedes en la Unión Europea y que aquí
niegan. Van a caer totalmente. ¿Y saben las consecuencias que tiene su
aceptación del negacionismo climático en este ámbito, en el de la
movilidad? Pues tenemos que una ciudad, la ciudad de Valencia, ha ido en
retroceso y ha incrementado su contaminación porque ha dejado totalmente
libre la zona de bajas emisiones. La actual alcaldesa, que se niega a ir
a la investidura para que la vote Vox, la señora María José Catalá, ha
perdido más de 100 millones de la Unión Europea por no aprobar el
proyecto de zonas de bajas emisiones, como nos exigen los acuerdos de la
Unión Europea, que además incluyen ayudas. Y ustedes no han conseguido
aprobar esta decisión.

Por tanto, señorías, vamos a caminar hacia lo
que es un modelo más ambicioso de sostenibilidad, de Pacto Verde Europeo,
de ley que permita la descarbonización del transporte. No tengan ustedes
tantas reticencias, acepten mis enmiendas y, por favor, no sometan la
Generalitat Valenciana a la degradación institucional pactando la
investidura del nuevo presidente o presidenta de la Generalitat con
Vox.

Y, por favor, no degraden más el Senado
haciendo que venga aquí el señor Mazón. No lo podemos tolerar. Que se
quede, que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja y que nos deje en
paz, porque no fue un error.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor MORERA CATALÀ: Fue una imprudencia
temeraria con resultado de muertes. Ya lo decidirán los tribunales.

El señor PRESIDENTE: A continuación, le
corresponde el uso de la palabra al senador del Grupo Parlamentario
Plural, señor Bagué Roura.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días.

Bien, nos encontramos ante un proyecto de ley
importante, que hay quien lo ha definido como un proyecto de ley paraguas
porque toca muchos aspectos de una cuestión tan importante como es la
movilidad y, en concreto, la movilidad sostenible. En cualquier caso, hay
algunas consideraciones previas que queremos hacer desde Junts per
Catalunya. La tramitación legislativa de este proyecto de ley ha ocupado
tres años en el Congreso de los Diputados, y en el Senado estamos
batiendo récords de velocidad; en diez días vamos a tramitar este
proyecto de ley cuyo contenido, lógicamente, es complejo, denso y
variado. En todo caso, quiero aprovechar también para felicitar a los
servicios jurídicos de la Cámara y a la letrada de nuestra Comisión de
Transportes porque realmente ha hecho un trabajo de alta eficacia, sobre
todo por la premura y con muy poco margen de tiempo, y, aun así, con un
alto rigor técnico.

Hay otra consideración que queremos hacer desde
el grupo de Junts sobre el veto del Gobierno que ha interpuesto otra vez.
Seguimos diciendo que el Gobierno, mientras no presente los presupuestos
generales del Estado, no tiene capacidad ni facultad para vetar ningún
proyecto de ley. Decimos lo que hemos dicho en ponencia, en comisión y
repetimos tantas veces como haga falta: mientras el Gobierno no presente
presupuestos generales del Estado, no tiene capacidad jurídica para vetar
ningún proyecto de ley. Lo repetimos otra vez.

Y, al mismo tiempo, queremos destacar algunas
de las enmiendas. Hemos presentado 31 enmiendas: una al preámbulo y 30 al
articulado. Rápidamente, vamos a efectuar una descripción de algunas de
las principales enmiendas que hemos presentado. Por ejemplo, en la
enmienda número 2 pedíamos la representación de las asociaciones
catalana, vasca y navarra de municipios en los organismos
correspondientes, porque entendemos que es importante que el mundo
municipal, más allá de la FEMP de la federación española , tenga también
su articulación a través de entidades municipalistas, en concreto en
Navarra, en el País Vasco y en Cataluña.

Otra enmienda que también hemos destacado es la
relativa al EDIM y a la centralización de los datos. Entendemos que, en
pleno siglo XXI y en el año 2025, la información tiene que ser compartida
entre los distintos niveles de Administración territorial. Y para las
comunidades que tengan competencias en tráfico por ejemplo, también
Navarra, el País Vasco o Cataluña es lógico y de recibo que tengan
acceso a toda la información correspondiente.






Por lo tanto, en la
enmienda número 4 plantemos la necesidad de compartir la
información.

Muchas de las enmiendas que hemos presentado
son para proteger a aquellas comunidades que tienen reguladas sus
competencias de Tráfico en sus estatutos y legislación vigente. En este
sentido, por ejemplo, en la enmienda número 8 decimos que las comunidades
autónomas y las entidades locales participen en la planificación de los
modelos de sostenibilidad y movilidad.

En la enmienda número 9 hablamos de la
contribución financiera del Estado.

En la enmienda número 10 mencionamos que se
tenga en cuenta la no ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios
a la hora de valorar cuál es la prioridad. Es decir, que si el Estado ha
tenido un ahorro por no ejecutar los presupuestos de infraestructuras los
años anteriores, que este factor se tenga en cuenta y se puntúen a favor
de los territorios que no han recibido el nivel de ejecución
presupuestaria que previamente se había aprobado.

La enmienda número 11 hace referencia a la
transferencia de recursos a las comunidades autónomas para la mejora de
la movilidad.

La enmienda número 13, al artículo 63,
desarrolla las pruebas en circuitos cerrados y precisa qué competencias
de Tráfico tiene la oficina central. Asimismo, hemos presentado enmiendas
relativas al espacio de pruebas para que se respete la competencia
autonómica. Muchas de estas enmiendas van en este sentido. Por otra
parte, hemos presentado una enmienda para que se defina la aclaración
competencial sobre la Oficina de Facilitación de Pruebas de Vehículos, la
OFVA.

En la enmienda 25 hablamos de los nodos
logísticos y de su justificación como puntos estratégicos.

En la enmienda 26 muy importante para Junts
proponemos un artículo nuevo a continuación del artículo 109, donde se
define la necesidad de previsión de descarbonización para el transporte
interurbano. Esta enmienda es muy importante, porque mientras se
contempla la descarbonización para el transporte aéreo y para la
navegación, nos olvidamos del transporte interurbano. Por tanto, es muy
importante que también se recoja la necesidad de descarbonización en algo
tan corriente como es el transporte interurbano en autobús.

La enmienda número 28 hace referencia al uso
obligatorio del casco en municipios de más de 5000 habitantes y a que el
seguro sea obligatorio para todo tipo de vehículos, ya sea monopatín o
cualquier nuevo vehículo de transporte. También hablamos de las tasas por
la utilización privativa del dominio público en las zonas de bajas
emisiones.

En la enmienda número 30 planteamos la
transferencia a la Generalitat de todas las líneas de Cercanías
gestionadas actualmente por el Estado a través de Renfe, cuya eficacia
salta a la vista que deja mucho que desear, porque tenemos averías
diarias. Por lo tanto, planteamos la transferencia de las líneas R1, R2,
R21, R3, R4, R7, R8, R11, R12 En fin, pedimos la transferencia de la
mayoría de las Cercanías Rodalies, en Cataluña . También recogemos la
transferencia de 35 000 millones de euros, que sería el cálculo del
déficit no ejecutado en ferrocarril en Cataluña entre 2009 y 2023.

En la última enmienda, la número 31, hablamos
de una disposición final para modificar el IRPF y el impuesto sobre
sociedades, sobre todo, en las nuevas formas de transporte.

Desde Junts hemos introducido estas enmiendas
y, durante su tramitación en el Congreso, también hemos mejorado mucho el
texto inicial de este proyecto de ley. Esta es una cuestión que nos
afecta a todos y que no podemos rehuir. Desde Junts per Catalunya estamos
comprometidos con la Agenda 2030 y lo hacemos por convicción y porque las
evidencias del cambio climático son cada vez más severas. Cada vez
sufrimos más y en el Mediterráneo de forma más acusada los efectos del
cambio climático. Ante esta situación, los poderes públicos deben ser
valientes, decididos, proactivos y avanzar a ritmos más acelerados en el
proceso de descarbonización. Y hay que empezar desde todos los niveles de
la Administración: ayuntamientos, consejos comarcales, cabildos,
diputaciones provinciales o Gobiernos autonómicos. También hemos puesto
en valor los nodos logísticos de Martorell, Vilafranca o Vilamalla, en
Figueras. Hemos resaltado también la importancia del aeropuerto de
Barcelona, El Prat, y su conexión con la alta velocidad, y también de los
aeropuertos de Girona y de Reus y sus conexiones. Hemos señalado la
necesidad esta es clave de que el Corredor Mediterráneo avance a un
ritmo razonable y que no hagamos un planteamiento de Corredor
Mediterráneo low cost, con terceros hilos, sino que se haga como debe
hacerse, es decir, en doble vía y con doble transporte: mercancías más
pasajeros, porque, si no, va a quedar estrangulado al poco tiempo de su
inauguración. Entendemos que esto es muy importante.

Desde Junts hemos contribuido modestamente,
pero con mucha convicción, a la mejora de este proyecto de ley.

En el turno de portavoces vamos a concluir
nuestra posición política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, le
corresponde el uso de la palabra al senador López Torre, por tiempo de
quince minutos, para la defensa de las enmiendas 156 a 176.

El señor LÓPEZ TORRE: Buenos días.

Antes de empezar, quiero por lo menos lanzar
una protesta por algo que creo que es común. Como saben, la diferencia
entre un ordenador cuántico y un ordenador común es que el ordenador
cuántico es capaz de procesar, sobre todo en ciertas operaciones, mucho
más rápido que un ordenador común. Pues bien, esto es lo que de alguna
manera parece que está pasando con esta ley y su tramitación en las
Cámaras. Mientras que el proyecto lleva en la Cámara Baja desde la
legislatura pasada y ha necesitado prácticamente cuatro años de
tramitación, se pretende que aquí se tramite en dos semanas. Por tanto,
tenemos la Cámara común y la Cámara cuántica, que es la Cámara en la que
estamos hoy.

Continuaré, con permiso de sus señorías
cuánticas, con la defensa de las enmiendas. (Aplausos del Grupo
Parlamentario Plural en el Senado Junts per Catalunya).

La primera enmienda presentada por mi grupo
propone defender la neutralidad tecnológica. Creemos que se deben tener
en cuenta como elementos de movilidad sostenible aquellos vehículos de
combustión interna renovable que utilicen biocombustibles avanzados o
sintéticos. No creemos que, de facto, se deban descartar, porque, en
algunos casos, pueden ser una alternativa cuando no hay otros sistemas
más adecuados o más limpios.

Por otra parte, hay varias enmiendas de
salvaguarda de las competencias de la Administración competente, sea cual
sea, no solamente de Euskadi, ya sean de las comunidades autónomas, las
diputaciones o las entidades locales. En algunos casos se nos ha olvidado
que las competencias son de las diputaciones o, en nuestro caso, de los
territorios históricos, pero también de los territorios insulares y los
cabildos. En otros artículos se han olvidado de que la competencia sobre
los planes de movilidad es de las comunidades autónomas. En el caso de
Euskadi, al menos, estamos hablando de que es la propia comunidad
autónoma la competente en los planes de movilidad.

Otra cuestión que también se olvida en varios
artículos a lo largo del texto es que la competencia en planificación
urbanística y ordenación territorial es de las comunidades autónomas y de
las entidades locales. No olvidemos que eso es competencia de las
comunidades autónomas compartida con las entidades locales y que, en todo
caso, a la Administración General del Estado le corresponde simplemente
su régimen administrativo o su procedimiento.

Hay otras enmiendas que regulan la gestión de
los datos de transportes y movilidad y de la oferta de servicios e
infraestructuras, que no solo deben ser accesibles para el ministerio. Se
les olvida que las comunidades autónomas han de tener también acceso a
esos datos, y me da igual qué comunidad autónoma sea. Euskadi ha de tener
acceso a sus datos, como lo han de tener Nafarroa o Cataluña, pero
también Castilla y León o Castilla-La Mancha. Todas las comunidades
autónomas tienen que poder acceder a sus datos, y no solamente el
ministerio.

Otro grupo de enmiendas están relacionadas con
la energía, porque si queremos que haya una movilidad sostenible, tiene
que haber también una energía descarbonizada. Son cuestiones que están
estrechamente vinculadas. Movilidad sostenible no es posible sin una
energía descarbonizada. Por eso, hablamos de mecanismos de alimentación y
de demandas firmes cuando hay proyectos firmes, cuando hay posibilidad de
alimentar a nuevos consumidores y cuando exista un distribuidor que pueda
canalizar esa petición. Esto es lo que llevamos pidiendo mucho tiempo y
seguimos insistiendo en solicitar en una de las enmiendas. Por otra
parte, pedimos una revisión mucho más ágil que el actual sistema de
revisión que tenemos en vigor para evitar capacidades cautivas o para que
las subestaciones que cuentan con capacidad pero que no tienen posiciones
no tengan que esperar a la siguiente planificación y puedan, de forma
prácticamente automática, ofrecer su capacidad para dar respuesta a otras
necesidades y, en este caso, a necesidades de movilidad sostenible.

Por otra parte, creemos que sería muy
interesante que las Administraciones públicas piensen sus señorías en
una sociedad pública de transporte ferroviario o de transporte de
autobuses eléctricos , a la hora de licitar el suministro eléctrico,
pudieran incluir en los contratos prórrogas de hasta diez años, para que
puedan hacer un PPA, por ejemplo, con alguna empresa que les ofrezca
energía renovable, algo que ahora no pueden hacer, porque con las
limitaciones que tenemos, los contratos quedan reducidos. Asimismo,
también podrían tener un precio garantizado durante diez años, sin
depender de los vaivenes del mercado.

Igualmente, proponemos medidas de
liberalización del sector de los hidrocarburos y dar por finalizadas
medidas que vienen del año 2013, que se adoptaron en ese momento de
manera transitoria, pero que, como pasa con otras muchas normas, con
otras muchas leyes, acaban por convertirse en algo fijo. Pasan los años y
siguen ahí, como una medida transitoria. Han pasado ya doce años desde
entonces y, ¡hombre!, creo que ya va siendo hora de que aquello que se
tomó como transitorio en 2013 deje de serlo, se revise y se actualice a
los tiempos presentes.

Creo que también son importantes las medidas de
lucha contra el fraude en la distribución de hidrocarburos líquidos,
especialmente las relacionadas con el IVA, para hacer el seguimiento
adecuado tanto de nuevos operadores como de esos operadores dormidos, vía
a través de la cual se dan estos fraudes.

Sin haber agotado mi tiempo, luego
seguiremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador López
Torre.

A continuación, le corresponde el uso de la
palabra a la senadora del Grupo Parlamentario Izquierdas por la
Independencia, la senadora Castel Fort, para la defensa de las
enmiendas 53, 54, 56 a 58 y 60 a 69.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Señorías cuánticas me ha gustado, aunque no
sabemos si estamos muertos o vivos, porque eso también es muy cuántico ,
centraré la defensa de las enmiendas en tres de ellas que consideramos de
importancia esencial para conseguir el objetivo de esta ley, que es
reconocer el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un sistema de
movilidad sostenible, pero, sobre todo, justo y que atienda las
necesidades de las personas, incluidas las que hasta hoy han quedado
olvidadas, es decir, las de las zonas geográficas afectadas por procesos
de despoblación. (El señor vicepresidente primero, Maroto Aranzábal,
ocupa la Presidencia).

Hemos presentado la enmienda 67, que propone
una nueva disposición adicional para la promoción del transporte a
demanda en zonas rurales, de conformidad con el propio artículo 4 del
proyecto de ley, que afirma el derecho a una movilidad que beneficie el
equilibrio territorial y que evite situaciones de pobreza de transporte.
También es conforme nuestra propuesta con el artículo 5.2 de este
proyecto de ley, que señala como principio rector la cohesión territorial
y social, con independencia del lugar de residencia, atendiendo de forma
especial los territorios más despoblados y con alta dispersión
poblacional. También es conforme nuestra propuesta con los artículos 56
y 57, relativos al Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad
Sostenible. Y, finalmente, también es conforme con el artículo 61,
relativo a las subvenciones para la movilidad urbana e interurbana. Por
lo tanto, nuestra propuesta está en línea con la propia ley, con sus
principios y sus propuestas. Esta enmienda tiene por objeto garantizar el
derecho a la movilidad justa para el acceso a servicios esenciales, como
los sanitarios, los educativos, los judiciales o los administrativos, en
pie de igualdad de condiciones, asegurando que el transporte público no
constituye un factor de exclusión o de discriminación con respecto a la
población que sí dispone de transporte subvencionado, y subvencionado
precisamente por los impuestos que pagan aquellas personas que no tienen
acceso a ellos. Por todo ello, proponemos esta disposición
adicional.

Queremos destacar la enmienda 68, que propone
la adición de un nuevo párrafo a la disposición final decimosexta, con el
objetivo de agilizar las cargas administrativas que conllevan el
despliegue de las infraestructuras de recarga mediante la sustitución de
las licencias o de las autorizaciones por declaraciones responsables,
aplicando lo previsto en el artículo 48.5 de la Ley del Sector Eléctrico
por lo tanto, aplicando la ley en vigor y también la Directiva 2014/24,
de contratación pública de la Unión Europea.

Finalmente, queremos destacar la enmienda 69,
que propone añadir un párrafo a la disposición final vigésima, con el
objetivo de velar por la competitividad en las concesiones, porque se
pide separar por lotes y evitar las licitaciones en bloque, que agrupan
en una sola licitación varios servicios energéticos. Señorías, la
práctica de licitar en bloque limita la competencia y distorsiona el
mercado, y la propia Comisión Europea urge a licitar de forma desagregada
y en lotes. Además, señorías, el Banco de España, por su parte, también
ha advertido que licitar en bloque atribuye ventaja estructural a los
actuales propietarios de estaciones de servicio, limitando por tanto la
libre competencia. Por todo ello, proponemos esta enmienda, que va en la
línea de impulsar la industria emergente de recarga ultrarrápida.

Queremos aprovechar para agradecer a los
diferentes grupos parlamentarios la disponibilidad a negociar nuestras
propuestas, y a la letrada de la comisión por el eficaz e ingente trabajo
realizado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Castel.

Por el Grupo Socialista, señora Martínez
Zaragoza.

La señora MARTÍNEZ ZARAGOZA: Gracias,
presidente.

Señorías, hoy tenemos ante nosotros la
oportunidad de aprobar la ley de movilidad sostenible, una norma
estratégica que responde a los grandes retos estratégicos de nuestro
tiempo: la lucha contra el cambio climático, la modernización de nuestras
infraestructuras, la digitalización del transporte y el impulso de una
economía de bajas emisiones.

Movilidad sostenible, precisamente ustedes,
señorías del Partido Popular, que son expertos en todo lo contrario, en
inmovilismo y en situaciones insostenibles. Porque inmovilismo fue,
precisamente, lo que practicó el señor Mazón aquel fatídico día en la
sobremesa en El Ventorro. (Aplausos de las señorías del Grupo
Parlamentario Socialista). E insostenible precisamente es que el señor
Feijóo lo encubriera diciendo que estaba informado en tiempo real, y hoy
ya sabemos que también mintió. E insostenible es que ese señor mantenga
hoy el acta de diputado en las Cortes Valencianas únicamente para
protegerse bajo su aforamiento. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). E insostenible es también, señorías, que el
Partido Popular deje en manos de Vox, nuevamente, a la Comunitat
Valenciana, reeditando ese pacto de la servilleta 2.0, repartiéndose
sillones y silencios. ¿Qué más nos queda por ver? ¿Quizás al señor Mazón
aquí, en la Cámara Alta? Insostenible.

Pero vamos a lo que hoy nos ocupa. Es
paradójico que la Mesa del Senado no admitiera a trámite algunas
enmiendas y, sin embargo, sí admitiera a trámite una enmienda en una ley
de movilidad sostenible que hablaba de seguridad nuclear. Pero no, el
Partido Popular vuelve a hacer lo que lamentablemente estamos
acostumbrados a ver: usar una ley de consenso, una ley que mira al
futuro, una ley para colar enmiendas anacrónicas y contrarias al espíritu
y al objeto de esta norma que hoy traemos y debatimos aquí, abusando de
su rodillo en la Cámara. Una enmienda que pretende suprimir las fechas de
cese definitivo de tres centrales nucleares. Una enmienda que habla de
seguridad nuclear, como ya he dicho, en una ley de movilidad sostenible.
Inconcebible. Señorías, conociendo su historial en gestión de
emergencias, conociendo su historial en gestión y en seguridad, me da
miedo solo de pensarlo, porque no es una enmienda técnica, es una
enmienda política con mayúsculas, un intento de saltarse a la torera el
Consejo de Seguridad Nuclear, la planificación estratégica nacional y los
compromisos internacionales de seguridad y sostenibilidad de España. No
solo es inoportuna políticamente, sino que es jurídicamente inviable, y
les voy a explicar por qué.

En primer lugar, porque la enmienda pretende
modificar mediante ley tres actos administrativos, tres órdenes
ministeriales sujetas a un procedimiento e informes técnicos preceptivos
del Consejo de Seguridad Nuclear. Alterar esos actos sin ese informe
vulnera la legalidad vigente; pero lo más importante, señorías, es que
también nos quita y nos suprime las garantías de seguridad nuclear para
nuestro país.

En segundo lugar, porque esta enmienda afecta a
los derechos legítimos de las empresas titulares de las centrales, que no
han pedido ninguna modificación. Forzarla por ley generaría inseguridad
jurídica, abriría la puerta a reclamaciones por responsabilidad del
Estado legislador y, además, privaría a las empresas de su derecho a
recurrir ante los tribunales.

Y, en tercer lugar, porque estaríamos ante una
ley singular, hecha a medida, con destinatario concreto. El Tribunal
Constitucional lo ha dicho claro: toda ley singular debe superar los
principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, y esta
enmienda no supera ninguno de los tres. No es necesaria porque ya hay
procedimientos previstos, no es proporcional porque causa más perjuicios
que beneficios, y no es razonable porque no aporta nada al interés
general.

Y, por si fuera poco, también fuerzan ustedes
otras enmiendas bajo una supuesta preocupación por la movilidad
ferroviaria. Señorías, ¿de verdad quieren ustedes hablar de trenes? Pues,
precisamente, preocuparse por el tren es votar a favor del Corredor
Mediterráneo, cuando en el Europarlamento el pasado verano se llevó a
debate, y ustedes, el Partido Popular, votaron en contra. Eso no es
preocuparse por el tren. Preocuparse por el tren es no bloquear cualquier
iniciativa que trae el Gobierno central aquí, que supone inversión en los
trenes y en la red ferroviaria del Estado. Eso es preocuparse por los
trenes.

Señorías, preocuparse por la movilidad y la
cohesión territorial no es colarnos enmiendas que congelan las tasas de
las aerolíneas, perjudicando las inversiones en nuestros aeropuertos y
beneficiando únicamente las cuentas de beneficios y de resultados de
algunas empresas. Señorías del Partido Popular, ¿para quién están
trabajando ustedes? ¿Trabajan por el interés general o solo trabajan para
unos pocos? Nosotros, en el Partido Socialista, tenemos ligeras
sospechas.

Por no hablar de esa escenita que ha
protagonizado la portavoz del Grupo Popular en el debate del veto.
(Rumores). Señorías, menos lobos, porque, cuando se trata de ocupar
sillones, ustedes pactan recortes en aquello

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ ZARAGOZA: Yo entiendo que
les moleste escuchar lo que les estoy diciendo, pero esa es la realidad.
(Aplausos de las señorías del Grupo Parlamentario Socialista).

Ustedes pactan con Vox, con la extrema derecha,
en aquellas comunidades donde han conseguido los Gobiernos, y ahora,
desgraciadamente, volveremos a ver en mi comunidad, en la Comunidad
Valenciana, cómo van a asumir todos los negacionismos y los postulados de
Vox. Recortarán en sanidad, recortarán en educación, recortarán en otras
cuestiones tan legítimas como las infraestructuras. Y no les importará,
como ya lo hicieron una vez, pactar y sentarse en la mesa con
maltratadores.

Mientras este Gobierno, señorías, impulsa la
movilidad eléctrica, el transporte limpio, la modernización de la red
ferroviaria y la reducción de emisiones, ustedes siguen anclados en un
modelo del siglo pasado, abrazando postulados negacionistas. No son
creíbles, señorías, ya no, porque ya votaron en el Congreso en contra de
esta ley. Por eso, el Grupo Socialista trae hoy, aquí, volver al texto
remitido por el Congreso, porque es fruto del consenso, porque sitúa a
España en la senda de la Europa de la sostenibilidad, de la innovación y
de la eficiencia. Una ley, señorías, que mira al futuro, no al pasado.
Una ley que representa a una España moderna, competitiva y justa,
señorías, justa.

Señorías del Partido Popular, vuelvan al
sentido de Estado, vuelvan a la cordura, vuelvan a velar por los
intereses generales de la mayoría de los españoles y no solo de unos
pocos. Dejen de ser españolitos de pulserita y empiecen a ser españoles
de corazón.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las
señorías del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Martínez Zaragoza.

Turno de portavoces. Grupo Mixto. Señora
Gómez.

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, dos años de tramitación, seiscientas
enmiendas, más de trescientas enmiendas vivas. Esto nos da la idea de la
chapuza de ley que ustedes quieren aprobar hoy, aquí, en el Senado. Es un
remiendo tras otro, remiendos que no sirven auténticamente para nada. Una
ley que, lejos de aportar soluciones a los problemas de movilidad en
nuestro país, ha sido creada para imponer su fanatismo climático,
perjudicando, una vez más, a los ciudadanos.

Entre esas imposiciones nos encontramos con la
ampliación y la implantación de las zonas de bajas emisiones, promovidas
tanto por el PP como por el PSOE desde todas las instituciones. Zonas,
señorías, tumbadas por los tribunales con una argumentación bastante
clara: que no son zonas verdes. Ustedes transforman estas zonas en peajes
urbanos, una especie de fronteras sociales donde solo entra el que paga.
Limitan la movilidad y el acceso de aquellas personas que no pueden
cambiar de coche. Penalizan a los trabajadores, a los autónomos, a los
repartidores, a las familias y, en general, a todos los ciudadanos. No
solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los tribunales una y otra
vez. Desde Vox, señorías, nos oponemos firmemente a la imposición de las
zonas de bajas emisiones por ser zonas de alta recaudación, que atacan la
libertad de movimiento del ciudadano y penalizan especialmente a las
clases medias y a las clases trabajadoras. Son zonas que responden a un
ecologismo ideológico y a los dogmas de la agenda climática impuestos por
el Gobierno central, impuestos por Bruselas, en lugar de responder a las
necesidades reales de salud pública y a las necesidades medioambientales.
Son restricciones que establecen barreras de clase, ya que muchos
ciudadanos, señorías, no se pueden permitir la compra de un vehículo
nuevo. Desde Vox hemos presentado varios recursos judiciales contra las
ordenanzas de las zonas de bajas emisiones en varios municipios, como,
por ejemplo, en mi ciudad, Granada, porque nuestro objetivo es
derogarlas. (Rumores). Además de al nuevo impuesto de basuras, que tanto
el PP como el PSOE siguen imponiendo bajo

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Senadora Gómez, un segundo, por favor. (Pausa).

La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Señorías del Partido
Socialista, están toda la mañana hablando. (El señor Sánchez San Juan:
Estamos escuchando). No prestan nada de atención, pero no solo a mí, sino
a ninguno de los que comparecemos aquí. Me parece una falta de educación
y, sobre todo, de respeto.

Continúo. Nuestro objetivo es derogar estas
zonas de bajas emisiones, además del nuevo impuesto sobre basuras, que
tanto el PP como el PSOE imponen bajo el paraguas de leyes climáticas. No
saqueen más el bolsillo de los ciudadanos, los tienen fritos a impuestos.
Señorías, Vox no será cómplice de esta estafa bipartidista.

Señorías del Partido Popular y señorías del
Partido Socialista, ustedes tienen un gran problema. ¿Saben ustedes cuál
es el problema que tienen? Que están casados, tienen un matrimonio en
muchísimas políticas. De hecho, en este caso, tienen una unión
inquebrantable en política climática, una política que recorta
libertades, arruina a las familias y destruye el tejido productivo
español. Una política que lleva consigo esta ley de movilidad sostenible,
una norma que ya nace desequilibrada, sin respaldo infraestructural y con
medidas que limitan la libertad de movilidad. (Muestra un documento). Y,
señorías, no solo nos oponemos nosotros, también se opone la Asociación
Española de Consumidores, porque perjudica la movilidad de los
consumidores españoles y también sus libertades. (Muestra otro
documento). Así como también FlixBus España, un operador de autobuses y
trenes de larga distancia, por considerarla perjudicial para todos los
usuarios. Estos, entre muchos otros.

En definitiva, señorías, se trata de una
política, la vuestra, que es una ruina para los ciudadanos y es una ruina
para España.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Gómez.

Izquierda Confederal, señor Ferrer, desde el
escaño.

El señor FERRER MARTÍNEZ: Gracias, señor
vicepresidente.

Como voy a ser muy breve, voy a intervenir
desde aquí porque, además, creo que nuestras posiciones políticas ya han
quedado fijadas anteriormente, en la defensa de las enmiendas, con el fin
de dar apoyo a una ley que, evidentemente, puede ser mejorable.

Pero nos gustaría adherirnos como grupo a las
palabras del señor López, que también expresaba el señor Bagué en
comisión, en tanto en cuanto, posiblemente, si hubiéramos tenido más
tiempo para tramitar esta ley en el Senado, algunas de nuestras enmiendas
podrían haber sido negociadas, acordadas, transaccionadas, pero,
desgraciadamente, por esa falta de tiempo no va a ser así. Por lo tanto,
quiero unirme a esa queja de que ha seguido el trámite ordinario en el
Congreso de los Diputados y aquí hemos tenido un trámite de urgencia, que
nos ha impedido, en mi opinión, llegar a ese tipo de acuerdos, que
hubieran sido muy beneficiosos, especialmente, para los territorios que
representamos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Gracias, señor Ferrer.

Grupo Nacionalista Vasco, señor López.

El señor LÓPEZ TORRE: Señorías, hoy vamos a
fijar nuestra posición en este Proyecto de Ley de movilidad sostenible,
una iniciativa que, lejos de ser un ejercicio legislativo, representa una
oportunidad para transformar la movilidad, haciéndola más justa,
eficiente y sostenible. Durante décadas, nuestras ciudades y territorios
se han estructurado en torno al vehículo privado, ha sido el vehículo
privado siempre quien ha tenido preferencia sobre peatones o sobre otros
medios de movilidad, como, por ejemplo, la bicicleta o cualquier otro
medio. Pero este modelo ha mostrado sus límites, y los problemas que
enfrentamos son evidentes. Nos encontramos con una congestión urbana
creciente, sobre todo en las ciudades más grandes; una contaminación
atmosférica, que en las ciudades más grandes todavía es más preocupante
no hace falta más que subirse, a veces, a un alto y ver esa nube de humo
o de contaminación ; la saturación del espacio público los atascos que
aquí mismo, por ejemplo, vemos habitualmente en Madrid, muy cerca de
donde estamos, en la propia Gran Vía ; emisiones de gases de efecto
invernadero, y las desigualdades de acceso a la movilidad segura y
asequible, desigualdades que afectan de diferente manera a unos
ciudadanos y a otros.

Los datos no dejan lugar a dudas: el transporte
representa más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero;
un porcentaje que, además, sigue en aumento, porque, mientras otros
sectores muestran reducciones importantes, como, por ejemplo, la
industria, que sí se va descarbonizado y va bajando sus emisiones de
gases de efecto invernadero año a año, en cambio, el transporte sigue
creciendo y, por tanto, ese porcentaje de emisiones sigue cada año yendo
a más. En concreto, el 90 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero del transporte corresponden al transporte por carretera. Así,
cada año, la contaminación del aire provoca unas 30 000 muertes
prematuras y más de 62 000 ingresos hospitalarios urgentes. En nuestras
ciudades, el tráfico es la principal fuente de dióxido de nitrógeno, con
consecuencias especialmente graves para niños, niñas, personas mayores y
personas que tienen problemas respiratorios. Esta contaminación, además,
no genera un problema inmediato, no lo vemos inmediatamente, como puede
ser una gripe, sino que es un envenenamiento lento, un envenenamiento
silencioso y, además, sin dolor (Rumores), como esos hábiles asesinos que
encontramos en las novelas de Agatha Christie.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Señor López, disculpe un segundo. (Pausa).

Continúe, por favor.

El señor LÓPEZ TORRE: Gracias,
vicepresidente.

Por otra parte, millones de ciudadanos y
ciudadanas carecen de una movilidad segura, asequible y accesible,
generando desigualdades territoriales y sociales.

Unido a todo esto, la Unión Europea ya nos ha
fijado objetivos: reducir en un 55 % las emisiones para 2030 y alcanzar
la neutralidad climática en 2050. Ignorar estas metas nos supondría
sanciones económicas, pérdida de competitividad y un coste humano
inasumible. Por ello, frente a esta realidad, la movilidad del futuro
debe ser sostenible, sin duda inclusiva, eficiente y planificada, además,
de manera inteligente, más teniendo en cuenta los medios de inteligencia
que ya tenemos a nuestro alcance. No se trata solo de reducir emisiones,
se trata también de recuperar el espacio público; mejorar la calidad de
vida; recuperar el espacio público, sobre todo, en las ciudades,
recuperarlo para las personas; retirar los vehículos para que el espacio
público las calles, las plazas sea para la gente, para la vida social,
que eso es, al fin y al cabo, trabajar por la calidad de vida y
garantizar la igualdad de acceso a todos los ciudadanos y a todas las
ciudadanas.

La ley que hoy debatimos es necesaria, pero
también presenta importantes deficiencias que tampoco deberíamos pasar
por alto. Por ello, el apoyo de nuestro grupo político es un apoyo
crítico, matizado y responsable, como creo que habitualmente suele ser.
Vamos a apoyar la ley porque supone un avance hacia la sostenibilidad,
pero no podemos aceptar un texto que desconozca la realidad competencial
y los modelos exitosos existentes en muchos territorios, como es el caso
de Euskadi.

Nuestro grupo ha presentado veintiuna
enmiendas, y estas enmiendas no son gestos simbólicos, sino propuestas
bien fundamentadas. Por un lado, están las de carácter competencial, que
consideramos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica, la
cogobernanza efectiva y el respeto a la autonomía territorial. No
renunciaremos a la defensa de lo que creemos esencial por una movilidad
sostenible, justa y coherente en el marco competencial del Estado. Por
otro lado, están las propuestas de mejora del sector energético, que
antes también he mencionado, muy estrechamente vinculadas a la movilidad,
porque el apellido sostenible que tiene este proyecto de ley es una
cuestión que inexorablemente va de la mano.

Euskadi, como decía, es un ejemplo de movilidad
sostenible y gobernanza eficaz que ilustra claramente por qué el modelo
propuesto por la ley puede resultar problemático. En Euskadi, las
diputaciones forales y el Gobierno vasco colaboran activamente en la
planificación de la movilidad, el despliegue de las redes de transporte
público, la reducción de emisiones, la promoción de la intermodalidad y
la descarbonización. Tenemos leyes propias, como la Ley de movilidad
sostenible de Euskadi y la Ley de Sostenibilidad Energética de la
Comunidad Autónoma Vasca, que regulan de manera efectiva la movilidad en
todos los niveles del territorio. Hemos logrado avances significativos en
billetaje único, digitalización, electrificación de flotas, planificación
metropolitana y transporte a demanda, así como en políticas de reducción
de congestión y pacificación del tráfico. Sin embargo, la ley propone una
gobernanza centralizada; no una cogobernanza, sino una gobernanza
centralizada, con órganos de impulso estatales y sin mecanismos de
participación efectiva de quienes gestionan realmente la movilidad. Eso,
como decía, no es cogobernanza, sino una centralización encubierta.
Defendemos que las comunidades autónomas no deben limitarse a ser
consultadas; deben participar activamente en la toma de decisiones,
porque conocemos el territorio, porque si alguien conoce el territorio es
precisamente la comunidad autónoma, porque gestionamos sus
infraestructuras y porque ejecutamos los servicios y, además, asumimos
responsabilidades presupuestarias.

Pretender homogeneizar desde Madrid lo que
funciona con éxito en Euskadi es un ejercicio de optimismo o, quizás, un
exceso de confianza aplicado con entusiasmo. Si no se respetan las
competencias ni se incorporan mejoras, se generarán desigualdades y se
reducirá la eficacia de las políticas de movilidad. A nivel
internacional, en países federales, como Alemania, Bélgica o Suiza, las
regiones gestionan la movilidad de manera autónoma y el Estado lo que
hace es, en todo caso, una labor de cooperación, coordinación y de
financiación. Esto, al final, lo que garantiza es una movilidad
sostenible y eficiente. Además de este principio de respeto competencial,
institucional y de cogobernanza, como también he mencionado, les he
hablado de enmiendas relacionadas con la energía. Voy a insistir otra vez
en esto, porque para que haya movilidad para mover hace falta energía
y, para eso, necesitamos una regulación energética adecuada. Con algunas
de las enmiendas presentadas, precisamente, proponemos modificaciones que
son capaces de generar grandes cambios en aras de una movilidad
descarbonizada y, por tanto, una movilidad sostenible.

En conclusión, vamos a apoyar esta ley porque
no queremos bloquear avances necesarios, ni mucho menos, pero lo hacemos
desde la crítica constructiva y la defensa de la autonomía territorial.
Exigimos que la ley se aplique sin invadir competencias ni recentralizar
insisto, no admitimos recentralizaciones ; que se refuercen los espacios
de cogobernanza por supuesto, cogobernanza real , con participación
efectiva de Administraciones competentes, sean comunidades autónomas,
diputaciones, territorios históricos o insulares, sean las que sean las
Administraciones competentes; que se incorporen mejoras concretas durante
el desarrollo reglamentario, que ahí habrá una nueva oportunidad,
garantizando claridad, seguridad jurídica, sostenibilidad financiera y
eficacia; que se reconozcan y respeten los modelos y las experiencias
exitosas, como es el caso de Euskadi, evitando duplicidades y conflictos
competenciales.

Muchas gracias.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal):

Muchas gracias, señor López.

Ahora sí, por el Grupo Plural, en primer lugar,
señora Da Silva.

La señora DA SILVA MÉNDEZ: Bo día.

La ley de movilidad, que tuvo un proceso de
tramitación en el Congreso bastante largo, durante ese debate experimentó
cambios importantes y mejoras significativas por la incorporación de
diversas enmiendas, entre ellas algunas del BNG muy relevantes para la
mejora del transporte público en Galiza. Gracias a la negociación del
BNG, se introduce en la ley de movilidad una disposición adicional que
establece la obligación de elaborar, en un plazo máximo de seis meses, el
estudio específico de los servicios de transporte ferroviario y de
proximidad en Galiza insisto, en Galiza , donde, gracias al acuerdo de
investidura del BNG, estos trabajos ya se están realizando.

El PP presenta una enmienda en esta Cámara para
retrasar el servicio de movilidad diaria en Galiza bajo la pretensión de
extenderlo a todas las comunidades autónomas. No quiere el PP que haya
una disposición legal que reconozca expresamente la necesidad de eliminar
la discriminación de Galiza en materia de transporte ferroviario de
proximidad. No quiere el Partido Popular que el transporte de Cercanías
en Galiza aparezca singularizado en la legislación estatal. El BNG hace
su trabajo en defensa de los intereses de Galiza, de la movilidad pública
de los gallegos y gallegas y de acabar con una discriminación de décadas,
mientras el Partido Popular trata de impedirlo. Vergüenza les tenía que
dar a los senadores y senadoras gallegas del Partido Popular. ¿Saben
cuántas enmiendas presentó el Grupo Popular en el Congreso en ese largo
trámite de debate sobre el transporte ferroviario de cercanías en Galiza
o en otra comunidad autónoma? De todas estas, de las noventa y cinco que
presentó, ninguna, absolutamente ninguna de las noventa y cinco que
presentó. Despreció el PP la posibilidad de introducir en la ley de
movilidad mejoras al transporte ferroviario de Cercanías en Galiza o en
otra comunidad autónoma. Su presunta preocupación empezó cuando se
conocieron las mejoras introducidas por el BNG. El BNG también logró en
el debate de la ley que se mantengan las paradas intercomunitarias. Logró
que se mantengan todas las paradas que el mapa concesional pretendía
eliminar. Se aprobó, gracias al BNG, una fórmula que garantiza la
financiación por el Estado de aquellas que sean asumidas por las
comunidades autónomas y las demás las seguirá manteniendo el Estado. (El
señor presidente ocupa la Presidencia). Por lo tanto y en resumen , el
BGN logra que se garantice mantener todas las paradas. Conseguimos que se
mantengan las 22 paradas que afectan a concellos gallegos y, en el caso
de que las asuma la Xunta, no les supondrá ningún gasto: mantener las
paradas y su financiación es competencia estatal, sin renunciar a las
competencias de la Xunta. Es el BNG quien hace el trabajo para garantizar
la movilidad y el transporte público en el rural de Galiza. Es el BNG
quien es útil para mejorar el transporte público en Galiza, mientras el
PP y la Xunta demuestran su inutilidad. ¿Y qué hace el PP ahora? Presenta
una enmienda en la que se invaden las competencias de la Xunta para que
parezca que defienden el mantenimiento de las paradas. La verdad es que
son unos auténticos trileros. Hacen barullo mientras el BNG trabaja
seriamente y, cuando el trabajo del BNG da frutos y se reconoce
públicamente, intentan hacer la trampa para colgarse la medallita.
(Muestra una página de prensa). Y no lo digo yo: «El Gobierno entierra
definitivamente el mapa de autobuses estatales que suprimía las paradas
rurales. Al escaso éxito territorial de la propuesta, se sumó la presión
de los socios de investidura del Gobierno, como el BNG, que introdujo una
enmienda en la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible que obliga a
Transportes a asumir los tráficos suprimidos si no había un acuerdo para
transferirlos a las comunidades autónomas». No lo digo yo, lo dicen los
medios de comunicación en Galicia, y ahí es cuando al PP le saltan las
alarmas. ¿Saben cuántas enmiendas presentó el Grupo Popular en el
Congreso sobre la supresión de las paradas en el artículo 48 ahora 49
de la ley? De todas estas noventa y cinco , ninguna, absolutamente
ninguna. Aquí se atreven a decir que son a los que les preocupa el
transporte, la movilidad y las comunicaciones en el rural. Ningún
diputado gallego del Partido Popular advirtió del tema. A ningún diputado
gallego del Partido Popular se le ocurrió presentar una enmienda. El BNG
sí estaba haciendo su trabajo. A la Xunta tampoco le preocupó; tampoco
advirtieron del asunto.

Por lo tanto, gracias al trabajo del BNG en la
tramitación de esta ley, se introducen más servicios ferroviarios para
Galiza, acabando con la discriminación de décadas en transporte de
Cercanías, del que carece Galicia; protección para las paradas de autobús
en el rural, y reconocimiento también de la realidad gallega en la
planificación de la movilidad, porque tenemos una forma diferente de
instalarnos en el territorio. Durante todo este tiempo, el PP y la Xunta
estaban ausentes, demostrando, una vez más, su inutilidad para Galiza.
Dejen que el BNG trabaje, ya que ustedes no hacen su trabajo. A los
senadores y a las senadoras del Partido Popular en esta Cámara se les
tenía que caer la cara de vergüenza. En resumen, vagos, se olvidan de
Galiza y son unos trileros.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Plural, senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.

Buenos días otra vez.

Acaba de aparecer en los medios de comunicación
que la Unión Europea ha anunciado una reducción del 90 % de las emisiones
de CO2 para el 2040, con flexibilidad introducen el término flexibilidad
, después de una maratoniana reunión de dieciocho horas de los ministros
de Transporte de la Unión Europea. Es verdad que acaba de aparecer ahora
mismo esta noticia que, a nuestro entender, a entender de Junts, es
positiva también, a pesar de que, en un mundo globalizado, si solo es la
Unión Europea la que va avanzando por ahí, vamos a echar en falta que
grandes países como China, Rusia o Estados Unidos también contribuyan de
la misma forma.

El compromiso de Junts con la Agenda 2030, que
ahora ha sido revalidada y confirmada en esta reunión, continúa y sigue
intacto. Desde Junts lo hemos dicho hemos hecho aportaciones
importantes de mejora en este proyecto de ley. Agradecemos también el
buen tono y la receptividad que han tenido los distintos grupos,
especialmente el Grupo Popular, con el que hemos podido establecer algún
tipo de acuerdo. Esperemos que no se tuerza en el último minuto. Nosotros
creemos que hay que construir un mundo mucho mejor. Como comentaba el
senador del Grupo Vasco, los débiles niños pequeños, gente mayor son
los principales afectados por la emisión excesiva de dióxido de carbono.
Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario para luchar
contra esto.

La movilidad es un conjunto de sistemas y
subsistemas en función de muchos factores: ámbitos territoriales,
corredores, modos de transporte, Administraciones competentes Y todos
estos sistemas están conectados entre sí. Por lo tanto, es un asunto de
una gran complejidad. La movilidad es de proximidad. Hay quien la define
como la de la última milla, la del último tramo. Por esta razón, desde
Junts siempre hemos defendido la necesidad de gestión próxima al
territorio. El transporte público debe ser gestionado de esta manera. Así
lo entendemos nosotros. Por ejemplo, en Cataluña, la Generalitat tiene
definida una estrategia de la bicicleta, por lo que no hace falta ahora
que el Gobierno ni el ministerio regulen sobre una cosa tan concreta como
la bicicleta, cuando lo que se requiere es que esta definición la hagan
los ayuntamientos y las diputaciones desde la proximidad. El objetivo que
debemos tener, como dije, es que las personas mayores, los infantes y las
personas con enfermedades respiratorias sean prioritarias en nuestro
trabajo. Este debe ser el objetivo. La reclamación, por ejemplo, de que
Adif adapte realmente sus estaciones y que sean efectivamente accesibles
para todo tipo de minusvalía o de discapacidad también es un factor
importante y, si se tiene un mínimo de sensibilidad, tendríamos que
priorizarlo.






En Cataluña, Ferrocarrils de la Generalitat tiene todas las
estaciones y los ferrocarriles adaptados. No es una cuestión menor si
entendemos que es una cuestión sensible y que requiere el esfuerzo de
todos. La necesidad imperiosa es que el Corredor Mediterráneo de
Algeciras a La Junquera, para evitar un estrangulamiento inmediato, sea
de doble vía para pasajeros y para mercancías también; no soluciones low
cost, de tercer hilo, que lo que van a hacer es complicar la resolución.
Tenemos que decir con claridad que hay que priorizar esto y no invertir
en Vicálvaro, que de Corredor Mediterráneo o Corredor Atlántico creo que
tiene poco. Si invertimos fondos de los corredores Mediterráneo y
Atlántico en el barrio madrileño de Vicálvaro para hacer no sé qué,
mientras haya que priorizar lo que hay que priorizar y mientras no estén
bien conectadas Algeciras con La Jonquera, creemos que es evidente que
tenemos pendiente hacer las cosas bien.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya
finalizando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, enseguida
termino.

El Estado español sigue en la cola del
transporte de mercancías por ferrocarril. Ahora es cuando hay que
demostrar si se apuesta de verdad por la descarbonización, porque,
mientras estemos en la cola, tenemos mucho trabajo por delante para
equipararnos a estándares europeos.

En todo caso, la posición de Junts va a ser de
voto afirmativo al conjunto del proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la
Independencia, le corresponde el uso de la palabra al senador Estarrona
Elizondo.

El señor ESTARRONA ELIZONDO: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías.

Las emisiones asociadas al transporte
constituyen un tercio del total de las emisiones de CO2. Vista la
evolución preocupante de las emisiones en el sector, nosotros entendíamos
que el eje fundamental de la movilidad sostenible, más allá de la
dimensión social como nuevo derecho a consignar, era la sostenibilidad,
entendida en su vertiente también ambiental, en concreto, en las
aportaciones que esta podía hacer en la tarea fundamental de
descarbonización que tenemos. Ha sido complicado avanzar en este sentido
en toda la tramitación de la ley. De hecho, consideramos que los logros
conseguidos que los hay son parciales, a menudo inespecíficos y, sobre
todo, van a quedar pendientes de la voluntad de quien desarrolle la norma
y de cómo la desarrolle. Se retrasan en el tiempo medidas que
consideramos que es fundamental adoptar hoy mismo y se quedan demasiadas
cosas a la espera de futuros análisis, de estudios, de propuestas o de
desarrollos reglamentarios, como pueden ser los procedimientos para las
evaluaciones de infraestructuras, los futuros estudios acerca de las
modificaciones de las etiquetas medioambientales, el estudio para
posibilitar la restricción de vuelos con alternativas ferroviarias
razonables, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el otro lado de la
balanza están los avances, como la consolidación de la movilidad como un
nuevo derecho social, la articulación de un sistema de movilidad
sostenible, la creación del fondo estatal o la vinculación del transporte
público a los objetivos climáticos del Plan de Energía y Clima, así como,
por último, la obligatoriedad de los planes de movilidad en los centros
de trabajo. Por eso, si bien nuestro balance no es del todo positivo
creemos, además, que el resultado final no está del todo a la altura que
requiere la situación de emergencia climática que vivimos , sí que es
verdad que hacemos una valoración positiva de la primera parte de la
tramitación de esta ley, que se ha llevado a cabo en la otra casa de las
Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. En este sentido y en
este punto, sí que queríamos agradecer las aportaciones de los diferentes
grupos, asociaciones, entidades y organizaciones ecologistas que han
trabajado la ley. Desde aquí queremos mandarles este agradecimiento,
porque, por lo menos para Euskal Herria Bildu, han sido una guía a la
hora de trabajar la ley.

Creemos que si esta ley sirve de algo que
sirve , se debe entender, además, como una pieza fundacional de una
política de movilidad actualizada, adecuada a los tiempos en los que
vivimos. En este sentido, habrá que seguir empujando entre todos y todas
para que sea desarrollada con ambición y avanzar en la consecución de un
sistema multimodal de transporte descarbonizado, eficiente, sostenible,
justo e inclusivo. Pero, hablando de inclusión, para inclusión la que
quieren hacer ustedes, señorías del Partido Popular, a través de esta
enmienda a la disposición adicional para decretar la supresión de la
fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares. En la
justificación de esta enmienda y creo que esto es importante , ustedes
hablan de que es un hecho incontestable así que la energía nuclear
abarata el precio de la electricidad. Que la nuclear abarata el precio de
la electricidad, no solo es mentira, no es verdad en la medida en que hoy
existen tecnologías más competitivas y baratas, como puede ser la
fotovoltaica, sino que además implica un desconocimiento del sistema de
fijación de precios, porque el precio de la energía se viene definiendo
por la casación de precios en el mercado eléctrico, y esa casación no se
hace con la energía nuclear, sino que, en todo caso, se hace con gas. La
nuclear, en el Estado español, no tiene capacidad de abaratar el precio
y, de hecho, los periodos prolongados de precios bajos son los que han
provocado durante todo este último año que la nuclear se desconectara
directamente, precisamente porque necesita de precios relativamente altos
para poder ser un negocio rentable. Y eso por no hablar de los 6000
millones de euros que hemos tenido que pagar entre todos y todas en
nuestras facturas eléctricas gracias a los diecinueve años de
moratoria.

Y ustedes, a través de esta enmienda, pretenden
condenar a la población a pagar lo que se considera esa factura oculta
durante los próximos años con este alargamiento de la vida de las
centrales nucleares. Por no hablar ya del coste que supone el tratamiento
de los residuos nucleares, que pagamos a escote y que supone una hipoteca
para las sociedades para los próximos cientos de años. Porque un
alargamiento de diez años de las nucleares esto es lo que está
estipulado supondría generar 1230 toneladas de uranio altamente
radiactivo. Además, las centrales nucleares son peligrosas, porque a la
hora de calcular el índice, no está solo la probabilidad de un accidente,
que es realmente baja, sino también el riesgo potencial, que en este caso
es altísimo. Y por si fuera poco todo esto, la energía nuclear no genera
ni de lejos el empleo por megavatio/hora equivalente al producido por las
energías renovables.

Por lo tanto, y ante este escenario, no es de
extrañar que el peso de la nuclear esté bajando; y va a seguir bajando.
Hoy hay muchas menos centrales operativas que hace quince años y más de
la mitad de la población en Europa vive en Estados sin energía nuclear.
Más del 90 % de la inversión en nueva generación eléctrica es renovable a
nivel mundial. Y la portavoz del Grupo Popular hablaba de sentido común y
de retrovisores, pero ustedes van directamente en sentido contrario al
sentido común; y diría que van marcha atrás quizá por los compañeros de
viaje, los negacionistas climáticos con los que andan montados en su
coche.

El señor PRESIDENTE: Le corresponde el uso de
la palabra a la senadora Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Señorías, esta ley es importante, y lo es
porque, por primera vez, se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a
un sistema de movilidad, no solo sostenible, sino también justo; a un
sistema justo, multimodal y, sobre todo, que favorezca el equilibrio
territorial. Por primera vez se reconoce que existen situaciones de
pobreza de transporte y por primera vez se enlaza el concepto de
movilidad, el concepto de cohesión territorial y el concepto de cohesión
social. Por primera vez se reconoce como principio rector de la movilidad
la igualdad de trato y no discriminación, y por primera vez se incluye la
salud de las personas, su bienestar y su calidad de vida como factores a
tener en cuenta por los sistemas de transporte.

En Cataluña, a los que somos usuarios del
transporte por ferrocarril hace años, décadas, aunque pagamos los mismos
impuestos, se nos trata peor. Y no solo se nos trata peor, sino que, por
la incertidumbre del sistema ferroviario, sufrimos agotamiento,
frustración, desesperación, ansiedad, estrés, viviendo en directo cómo
colapsan servicios esenciales. La cotidianeidad en Cataluña son las
incidencias, las averías de señalización, la rotura de carriles, los
convoyes antiguos que dejan de funcionar en medio de la nada, la nula
información o la información equivocada, es decir, pobreza de transporte
en dimensión máxima. En definitiva, todas esas miles y miles de personas
están esperanzadas en que por fin se asegure en una ley el derecho a un
sistema justo de movilidad que ponga a las personas en el centro de las
planificaciones y se reduzcan barreras.

Señorías, en Esquerra Republicana de Catalunya
abordamos la movilidad como un derecho con conciencia de futuro, un
derecho inclusivo con compromiso sincero por la justicia territorial que
hace de la colaboración interadministrativa la clave del éxito, que
apuesta por la descarbonización, que apuesta por la cohesión social y que
apuesta por la transformación a través de la igualdad de
oportunidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora
Castel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, le
corresponde el uso de la palabra al senador Poveda Zapata.

El señor POVEDA ZAPATA: Presidente, señorías,
efectivamente, diversos portavoces se han referido a la importancia que
tiene la aprobación de esta ley, porque la movilidad es uno de los
grandes retos para la sociedad del futuro y constituye un elemento
vertebrador esencial, define el modelo de sociedad que aspiramos a
construir, la visión de las ciudades que queremos habitar y, en última
instancia, el país que deseamos proyectar. Pero depende de cómo lo
hagamos va a afectar a nuestro planeta y también a la salud de las
personas. Y, señorías, yo creo que todos podríamos reconocer que hasta
ahora, en fin, tal y como lo hemos hecho no lo hemos hecho bien, y hemos
afectado a la salud del planeta y también a la salud de las personas. La
ley que hoy debatimos aporta soluciones concretas a problemas
estructurales de movilidad medioambiental. Esta ley llega al Senado con
un amplio consenso de las fuerzas políticas en el Congreso, excepto,
claro, del Partido Popular, que, a pesar de estar a favor de la ley
cuando se presentó inicialmente, ha decidido ahora ignorar la crisis
climática como hace, por cierto, el señor Mañueco con los incendios que
arrasan en su comunidad de Castilla y León. Deberían explicar, señorías,
qué ha hecho cambiar la opinión del Partido Popular. Ustedes ignoran
cualquier medida que favorezca a la ciudadanía. La aprobación de la ley
nos va a permitir conseguir 10 000 millones de euros de fondos europeos
que se van a invertir también en las comunidades autónomas que gobierna
el Partido Popular.

Señorías, la ley incluye como principal pilar
de sostenibilidad el transporte y la movilidad, incrementando el uso de
las energías renovables y reduciendo la intensidad de gases de efecto
invernadero. El aire que respiramos afecta a la salud de las personas.
Les recuerdo, señorías, que cada año mueren 10 000 personas de forma
prematura debido a la contaminación atmosférica que degrada la calidad
del aire que respiramos. Pero a ustedes, como negacionistas del cambio
climático, no les va a ganar nadie, señorías. Es más, viendo las
catástrofes climáticas que estamos padeciendo, como en Valencia, deberían
reflexionar y no hacer de forma irresponsable como el señor Mazón, que
mientras morían 229 personas, él estaba en El Ventorro. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Por cierto, señorías, ¿quién
ha impedido que dimitiera hace un año el señor Mazón? ¿Quién lo ha
impedido? ¿Fue el señor Feijóo? Esa pregunta la deben contestar,
señorías, en memoria de las víctimas. Y ahora, señorías del PP, resulta
que va a ser Vox quien va a poner el nuevo presidente a los valencianos.
¡Menudo papel tienen delante, señorías del Partido Popular!

Esta ley recoge también el papel de las
tecnologías para diseñar sistemas de transporte más inteligentes, capaces
de responder a las demandas de desplazamientos en zonas urbanas y
rurales, y conectados con los usuarios. Porque es vital que la ciudadanía
esté informada, es vital que la ciudadanía esté conectada entre las
administraciones. Pero no como hizo, por cierto, de forma ineficaz, el
presidente de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que ocultó el resultado
de los cribados de las mamografías a miles de mujeres.

Señorías, esta ley reconoce por primera vez el
derecho de las personas a una movilidad sostenible. La ley también
consolida nuestro sistema concesional de autobuses, evitando el
aislamiento de los pequeños municipios y de los municipios rurales. Y
para los que lanzan bulos, es decir, el Partido Popular y Vox, esta ley
no suspende ninguna parada del mapa concesional. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista). La ley no suspende ninguna parada
del mapa concesional. Señorías, la ley no las suspende. La ley es un
marco normativo. Así que, pueden seguir ustedes intoxicando a la prensa.
El modelo del PP es el de siempre: recortes, privatizaciones y abandono
del servicio público, como, por cierto, hace la señora Ayuso en las
universidades, en la vivienda, en el metro o en la sanidad pública.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

Por eso, señorías, les ha de sonar que esta
ley, sí, esta ley va de libertad, de libertad para que un joven pueda
estudiar sin que su movilidad sea un problema viva allá donde viva. De
esto va esta ley, señorías. La ley también se centra en el impulso
decidido a la movilidad activa y saludable y, en especial, al papel de la
bicicleta como modo de transporte. La ley va a permitir desarrollar la
estrategia estatal de la bicicleta. La ley asegura financiación estatal
al transporte urbano, tan necesario para mantener equilibradas nuestras
ciudades. Como ustedes saben, hasta ahora eran solo unas ciudades las que
recibían financiación por parte del Estado. Así, también las empresas
deberán contar con planes de movilidad para sus trabajadores, para ser
más eficientes y más sostenibles. Y se prevé crecer en el transporte de
mercancías, como aquí se ha comentado, y que, como saben, es escasamente
del 4 %, porque tenemos un exceso de transporte de mercancías por
carretera. De igual manera, señorías, la ley se centra en el impulso de
la electrificación de los puertos, el transporte ferroviario y el
despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica para los
vehículos.

Miren, los socialistas creemos que el
transporte público no es un lujo, sino un derecho. Por eso proponemos
diversas medidas, muchas de ellas concretas, como, por ejemplo, más
inversión en cercanías, gratuidad para los jóvenes y mayores, una
transición ecológica real con flotas limpias y digitalización de los
servicios. Y también, señorías, la ley pretende respetar todos los
ámbitos competenciales, como aquí se ha reivindicado por parte de algunas
señorías. Y tenemos el objetivo, conjuntamente con Europa, de llegar a la
neutralidad climática en el año 2050, pero para eso hay que tomar
decisiones y adoptar muchas medidas, que son las que recoge esta
ley.

Y enfrente de todo esto, ¿con qué nos
encontramos? Con la oposición del Partido Popular, que una vez más
demuestra su falta de compromiso con la ciudadanía. Hoy, muchos de sus
propios alcaldes esperan con impaciencia la aprobación de esta ley para
mejorar las condiciones del transporte público y de la movilidad en
general en sus municipios. Pero el Partido Popular, demostrando una vez
más su falta de compromiso, hoy va a votar en contra de esta ley, como ya
votaron en contra de los bonos gratuitos del transporte público. ¿Se
acuerdan de que votaron en contra de los billetes de transporte público
para los ciudadanos? Como también votaron en contra de los fondos
europeos, fondos que han mejorado nuestras ciudades, han electrificado
las flotas de autobuses y han hecho posible la bicicleta pública en
nuestras ciudades. Todo eso ha sido con fondos europeos, y ustedes han
votado en contra.

Señorías del Partido Popular, la semana pasada
tuvieron una mala semana. La presentaron como la gran oportunidad de
tumbar al presidente Sánchez, y al final la verdad es que han estado a
punto de tumbar al propio Senado por el desprestigio provocado. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Todos sabemos quién
estuvo detrás de la brillante operación: el señor Feijóo. Pues bien,
señorías del Partido Popular, ahora tienen una nueva oportunidad para
cambiar de imagen. Hoy el PP puede decidir votar sí a la primera ley de
movilidad del Estado o pueden seguir negando el cambio climático, como
hasta ahora han venido haciendo. Así que, señorías, podrán seguir negando
el cambio climático, pero lo que no podrán ustedes es negar el futuro de
nuestro planeta, por el que los socialistas y la mayoría de fuerzas
progresistas del Estado español trabajamos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular le corresponde el uso de la palabra al senador Sanz Vitorio.

El señor SANZ VITORIO: Señor presidente,
señorías, buenos días.

Quiero empezar esta intervención con alguna que
otra cuestión previa antes de entrar en materia. En primer lugar, quiero
manifestar mi solidaridad con el periodista de El Español, José Ismael
Martínez (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado), que fue salvajemente agredido por unos radicales, lo que supone
un intolerable ataque a la libertad de expresión y a la libertad de
información. Y es verdad que ha sido jaleado por la izquierda radical,
pero lo más doloroso es que ha sido silenciado por el Partido Socialista
como consecuencia de que los autores son los cachorros de su grupo amigo
más fiable. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado). Bastante triste es. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

Señorías, alguna otra cuestión previa

El señor PRESIDENTE: Perdón, senador Sanz
Vitorio.

Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario
Socialista que respete el uso de la palabra del senador Sanz Vitorio,
habida cuenta de que en la anterior intervención se ha citado a cuatro
presidentes autonómicos del Partido Popular y al presidente del Partido
Popular a nivel nacional. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Por lo tanto, ruego igual trato a la
bancada del Grupo Parlamentario Socialista.

Senador Sanz Vitorio, prosiga, que le
corresponde el uso de la palabra.

El señor SANZ VITORIO: Muchas gracias, señor
presidente.

En segundo lugar, quiero también decirle algo
al interviniente del Grupo Socialista en el turno de veto. Mire, el
alcalde de Valladolid que puso en marcha una verdadera revolución
estratégica en materia de utilización de la bicicleta se llamaba Javier
León de la Riva. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado). Es verdad que tenía la mala costumbre de humillar entre
comillas en votos cada vez que Óscar Puente se presentaba, pero eso no
quita su labor. Y le diré algo más, el actual alcalde del Partido Popular
en Valladolid ha incrementado los carriles bici en Valladolid en un 17 %.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

Y ya centrándonos en el asunto que nos ocupa,
quiero, en primer lugar, dar las gracias a la letrada, doña María
Hernández, por el excepcional trabajo realizado a lo largo de la
tramitación de este proyecto de ley, que ha sido un trabajo absolutamente
ingente como consecuencia del procedimiento utilizado. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

Señorías, estamos ante una ley que es la
consecuencia de un Gobierno en descomposición, que está acosado por la
corrupción y que, además, no tiene presupuesto, y esto le hace vivir en
la urgencia, lo cual le obliga permanentemente a estar en la ocurrencia,
y la urgencia en estos momentos se llama Bruselas. Y aquí se ha dicho. La
única razón de aprobar esta ley es que no tienen presupuesto y necesitan
fondos de recuperación, cosa que, por otra parte, no se entiende, porque
han demostrado que son unos absolutos incapaces en cuanto a su ejecución.
A 31 de agosto este ministerio ha ejecutado el 21,5 % de los fondos de
recuperación. Esos son realmente los datos. Y cómo había que sacarla como
fuera, hay que recordar cómo esta ley, que no salía adelante, sale
adelante. Y sale adelante porque Podemos se abstiene, y se abstiene con
dos condiciones: una, retrasar el aeropuerto de El Prat, y otra, retrasar
la ampliación del puerto de Valencia. Y yo me pregunto qué piensan los
senadores socialistas de Cataluña, qué piensan los senadores socialistas
de Valencia. Y mi compañera López Zapata, que tiene muy mala intención,
me dice que estoy dando por supuesto que alguna vez piensan algo. (Risas
y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Y efectivamente eso no puede ser así.

Pero nos encontramos ante esos hechos, y nos
encontramos ante una tramitación de esta ley que lleva casi tres años en
el Congreso, y que se ha solventado en once días naturales en el Senado
en un ejercicio de falta de respeto sin precedentes por parte del
Gobierno, probablemente en coherencia con lo que su líder, su amo y
señor, considera que es la Cámara: un circo. Yo no me lo tomé a mal,
señorías, es más, creo que lo que reivindicaba era un papel estelar en
ese espectáculo que normalmente llevan a cabo los payasos. Pero para eso
también se necesita dignidad. Dicho lo cual, como era poco este
procedimiento, han tratado de vetar aquellas enmiendas que decían que
tenían afección presupuestaria. Un Gobierno legal de dudosa legitimidad,
que vive en la ilegalidad de no presentar los presupuestos, veta
enmiendas porque afectan a los presupuestos. Esa es la realidad,
señorías.

En esta situación, nosotros hemos tratado de
minimizar, y para ello vamos a aprobar entre veinticinco y treinta
enmiendas de la oposición. Y hemos presentado ochenta y seis enmiendas
con la intención, en primer lugar, de volver a unos servicios de calidad,
recuperando los compromisos de puntualidad. Hemos presentado enmiendas
que garanticen que se anteponen las personas a los criterios económicos
en una ruta. Hemos presentado enmiendas que favorezcan que las medidas
que contempla esta ley no entorpezcan la competitividad de nuestras
empresas. Hemos presentado enmiendas que hagan viable la descarbonización
de manera efectiva, lo que en estos momentos es absolutamente
imposible.

Porque, señorías, esto no es una ley de
movilidad. Porque, ¿puede considerarse una ley de movilidad una ley que
no garantiza el transporte a 3 250 000 personas? (Varias señorías del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡No!). ¿Puede considerarse una
ley de movilidad una ley que no garantiza, con la supresión en 9305
paradas, las frecuencias? (Varias señorías del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado: ¡No!). ¿Se puede considerar una ley de movilidad
una ley que no garantiza las frecuencias con la supresión de 456 rutas?,
¿que deja a 1417 municipios sin frecuencias? (Varias señorías del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡No!). ¿Se puede considerar eso una
ley de movilidad? ¿Se puede considerar, señoría, una ley de movilidad
aquella que ahorra al Estado 110 millones de euros al año y pretende
compensar ¡al año! , repito, y pretende compensar con 40 millones de
euros en dos años? (Varias señorías del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: ¡No!). Pues eso pensamos nosotros.

Pero es que tampoco es una ley de
sostenibilidad, porque no existe infraestructura y, además de no existir
infraestructura, es absolutamente imposible que se pueda conseguir. Se ha
incumplido el PNIEC, que contemplaba que en 2023 tenía que haber entre 80
y 110 000 puntos útiles. Hay entre 40 y 42 000, solamente un 40 %, y
además, con dos años de retraso. Les voy a dar algunos datos. Según las
distribuidoras de media y baja tensión, las demandas previsibles de
futuro están saturadas al 83,4 %. Treinta y seis provincias están
prácticamente colapsadas, nueve colapsadas al 100 %, veintiséis están en
una situación crítica del 20 %. Según el estudio que encarga y obliga a
presentar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el País
Vasco y La Rioja están al 99 % de saturación, Aragón al 97 %, Cantabria
está colapsada al 100 %, Andalucía al 92 %. Según el Banco de España, de
los puntos de recarga, 10 333 están terminados y sin poderse poner en
servicio porque no hay conexión a la red. Entre el año 2020 y el año 2024
se han autorizado 43 000 megavatios de nueva potencia. Solamente en el
año 2024 se han denegado 40 000 megavatios de nueva potencia. Esta es la
realidad. Un cargador de carga ultra rápida necesita 50 kilovatios.
El 70 % de los cargadores son de carga lenta, es decir, siete kilovatios
por fase. Uno de carga rápida es de entre 22 y 50 kilovatios vatios. Una
carga ultrarrápida, que es la que lo hace viable, solo existe en el 10 %.
Esta es la realidad.

Y yo me pregunto si en este contexto, con estos
datos, se puede suprimir el 20 % de la capacidad de producción que
representan las nucleares. ¿Qué piensan los senadores de Extremadura? ¿Lo
van a decir aquí? Esta es la realidad. La realidad es que, con estos
datos, es absolutamente imposible cumplir los objetivos de transición
energética. Esta es la realidad. Y a la vista de estos datos no sé si
ustedes lo habrán visto la patronal UNO de plataformas logísticas y de
transportes dijo literalmente: «Colapsa la posibilidad de electrificación
para nuevas plataformas logísticas. Hace inviable la electrificación de
las flotas. Este bloqueo impide alcanzar los objetivos de transición
energética». Esa es la realidad, señorías. Pero a ustedes lo único que
les preocupaba, porque no tienen presupuesto, son los fondos de
recuperación. El dato puede ser mentira porque es de María Jesús Montero,
pero el dato de ejecución de fondos de recuperación del Ministerio de
Transportes a 31 de agosto es, sobre 1796 millones de euros ajustado que
saben que es lo que hay que hacer al ser un ejercicio prorrogado , de 386
de ejecución. Un 21,5 %. (Un senador del Grupo Parlamentario Socialista:
Es mentira). Usted dice que es mentira. Es probable, es probable porque
el dato es de Montero.

Señorías, termino. Háganme caso, una verdad
dolorosa a largo plazo es mejor que una mentira útil a corto. Es verdad
que a un grupo como ustedes, que viven sumidos, como diría Orwell, en la
mentira universal, la verdad se les convierte en un hecho revolucionario,
y yo añadiría: para ustedes, imposible.

Muchas gracias. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestas en pie).

El señor presidente lee los puntos 5.2.
y 5.2.1.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Para la defensa de la toma en consideración,
tiene la palabra el senador Milián Querol por tiempo de hasta diez
minutos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

El señor MILIÁN QUEROL: Gracias,
presidente.

Señorías, es para mí un gran honor tomar la
palabra por primera vez en esta Cámara. El Senado representa la voz
territorial de España, la institución que da equilibrio y profundidad a
nuestro sistema constitucional. Por eso intervenir aquí es un privilegio
que asumo con responsabilidad y gratitud. Además, quiero agradecer a mi
grupo, al Grupo Parlamentario Popular, la confianza que me ha brindado al
permitirme estrenarme con esta cuestión tan relevante. Lo hago con la
toma en consideración de la proposición de ley, que tiene una especial
trascendencia para mi tierra, para Cataluña, y para mi ciudad, Barcelona.
Hablamos de la reforma del Código Penal para combatir la
multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa, una iniciativa
necesaria para devolver la seguridad a nuestros barrios y la confianza en
nuestras instituciones.

Impunes. Así se sienten demasiados delincuentes
en nuestro país, impunes. En mi ciudad, en Barcelona, cientos de ellos
han sido detenidos una y otra vez por miles de hurtos y robos, y no pasa
nada. Nada. Se sienten impunes. Y se sienten así, señorías, porque el
Partido Socialista no quiere reformar el Código Penal. Ojalá hoy
rectifique. Ojalá hoy dejen de reincidir en su negativa a un cambio que
los españoles necesitamos. Hay impunidad para los delincuentes porque el
Partido Socialista quiere que la haya. Hoy se roba en España con
impunidad porque el Partido Socialista quiere. Los comerciantes lo saben
bien, porque lo sufren. Ven peligrar sus negocios, sus ahorros, su
futuro. Hay 1800 millones de pérdidas al año por hurtos en comercios.
Muchos bajan la persiana antes de hora, otros pronto ya no la levantarán.
Si no me creen, acompáñenme al barrio de El Raval en Barcelona y escuchen
a quienes cada día conviven con la inseguridad y con el miedo. Todo esto
ocurre porque el Partido Socialista quiere. Los turistas también lo
perciben. Visitan nuestras ciudades, disfrutan de su belleza, pero no son
pocos los que se marchan con una mala experiencia, sin reloj, sin móvil o
sin cartera. Y eso es porque el Partido Socialista quiere. Y lo más
grave, señorías, es que muchísimas familias ya no se sienten seguras en
sus barrios, ya no se atreven a volver a casa caminando por la noche, ya
no confían en que el Estado les proteja. Y eso también es porque el
Partido Socialista quiere. Mientras tanto, los delincuentes roban una y
otra vez y no pasa nada. Los detienen una y otra vez, y vuelven a las
calles una y otra vez a robar. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque el
Partido Socialista quiere.

Los agentes policiales, a los que tanto
debemos, se sienten frustrados. Cumplen con su deber, se juegan la vida,
pero ven cómo su esfuerzo se desvanece cuando los reincidentes quedan
libres inmediatamente. Los propios delincuentes les aseguran que sale más
a cuenta robar que trabajar. Y esto es así porque el Partido Socialista
quiere. Los jueces, señorías, están con las manos atadas. La ley no les
permite actuar con la firmeza que la justicia exige. Y esa impotencia
existe porque el Partido Socialista quiere. Algún día, señorías del
Partido Socialista, tendrán que dar explicaciones, tendrán que explicar
por qué se niegan a luchar contra la multirreincidencia, por qué
prefieren mirar hacia otro lado mientras los delincuentes reinciden una y
otra vez. Quizá hipótesis  , quizá, viendo el entorno del presidente
Sánchez, es por pura empatía. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). No lo sé, no lo sé..., lo tendrán
que explicar muy bien.

En todo caso, basta de mirar hacia otro lado.
La percepción de inseguridad en Barcelona es elevadísima. Según las
encuestas municipales, la inseguridad es la principal preocupación
ciudadana junto con la vivienda. No estamos hablando de una paranoia
colectiva, estamos hablando de una realidad, de una durísima realidad.
Permítanme desmontar aquí el relato de ese Partido Socialista que
proclama ufano que los hurtos han descendido un poquito este año. Un
tercio de los barceloneses ha sido víctima de al menos un delito en el
último año. Ojo al dato: un tercio de los barceloneses ha sido víctima de
al menos un delito en el último año. Según el índice de victimización,
estamos peor que en los años ochenta. No hay menos hurtos, señorías; hay
menos denuncias. Según la encuesta de victimización del área
metropolitana de Barcelona, de las personas que sufrieron un hecho
delictivo durante el año pasado en la ciudad o en su entorno
metropolitano, casi el 80 % prefirió no denunciar. Según la encuesta,
tres de cada cuatro víctimas no denunciaron al considerar que la policía
poca cosa puede hacer. Un 58 % declinó hacerlo por las dificultades
burocráticas que conlleva una denuncia. En definitiva, la única acción
que la Generalitat de Catalunya ha hecho para bajar el número de
denuncias, no ha sido luchar contra el crimen, sino luchar contra las
denuncias, hacer que la víctima pase horas y horas en comisaría o que
tenga que pedir cita previa y así acabe desistiendo. No están luchando
contra los delincuentes, están luchando contra sus víctimas.

Y, por cierto, hablando de Cataluña, para
luchar contra la inseguridad es necesaria una reforma del Código Penal
como la que propone el Partido Popular. Y son también necesarios más
recursos para los juzgados. Y son necesarios más policías en las calles.
En Cataluña, los Mossos d´Esquadra deben estar en las calles para luchar
contra los delincuentes, no para echar a la Policía y a la Guardia Civil
de los puertos y aeropuertos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). La Policía Nacional y la Guardia
Civil no se tocan, se respetan; hacen un trabajo excepcional, son unos
grandes profesionales y deben estar protegiendo nuestras fronteras.

Señorías, cuando hablamos de multirreincidencia
estamos hablando en muchas ocasiones de organizaciones criminales
internacionales que conocen perfectamente los códigos penales de los
diferentes países de la Unión Europea. Son organizaciones que han
aprendido a moverse por las grietas de la ley, grietas que nosotros,
desde las Cortes Generales, tenemos el deber moral y político de cerrar.
Estas organizaciones miran, comparan y, como no encuentran un Gobierno
más permisivo que el Gobierno socialista, vienen a robar España. Son
ladrones profesionales, no son pobres desesperados ni jóvenes
descarriados. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado). Son ladrones que han hecho del hurto su profesión, la única
profesión que en España no paga impuestos ni cotiza y que tiene total
impunidad, porque el Partido Socialista quiere.

Nosotros, desde el Partido Popular, queremos
cerrar esa grieta del Código Penal y proponemos una modificación
necesaria. En los artículos 22, 66 y 80 corregimos lo que el Tribunal
Supremo pidió hace años: permitir que los antecedentes por delitos leves
computen como agravantes. (El señor vicepresidente primero, Maroto
Aranzábal, ocupa la Presidencia). Eliminamos del artículo 234 el párrafo
que enturbió la Ley de 2022. Reformamos el 235, el artículo donde
verdaderamente se fija la pena de prisión, porque todos sabemos que las
multas ya no sirven de disuasión. Y, además, añadimos un nuevo apartado
en ese mismo artículo para castigar los hurtos de dispositivos
electrónicos, no por su precio, sino por el valor que tienen para las
víctimas. En definitiva, pedimos de uno a tres años de prisión para quien
hurte o estafe de manera reincidente, y que se reconozcan los hurtos en
terrenos agrícolas y ganaderos con la misma prioridad que los urbanos en
comercios o en el transporte público. Algunos pretenderán deslegitimar
esta reforma con el argumento de que las cárceles no resuelven los
problemas sociales. Y es cierto. La cárcel no arregla todos los
problemas, pero la impunidad los agrava todos, porque si la ley no se
respeta, la libertad se esfuma. Hoy defendemos esta reforma como una
afirmación de dignidad del Estado y de la ciudadanía, como un acto de
respeto a quienes cumplen las normas, trabajan, pagan impuestos y confían
en que el sistema les proteja. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Estas personas sostienen España y no
merecen vivir con el miedo mientras los reincidentes se burlan de la
ley.

Acabo. Quienes voten en contra que sepan que
votan a favor de la impunidad, que votan por dejar abiertas las puertas a
la delincuencia profesional, que votan por un Estado que se rinde ante el
abuso. Por eso, señorías del Partido Socialista, les pedimos que voten a
favor, y les vamos a pedir algo más. Les pedimos que exijan el fin del
filibusterismo antidemocrático de la señora Armengol en la Mesa del
Congreso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado). Las prórrogas continuas para evitar la reforma del Código Penal
solo pueden calificarse de secuestro de la democracia. Dejen de gobernar
sin el concurso del Legislativo. Dejen votar a los diputados. No pongan
más excusas. Si los delincuentes continúan robando en España con
impunidad es porque el Partido Socialista quiere.

Muchas gracias. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestas en pie).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor Milián.

Turno en contra.

Grupo Socialista. Señora Luna.

La señora LUNA MORALES: Gracias,
presidente.

Buenos días, señorías.

Señor Milián Querol, qué mal empieza usted.
¿Cómo puede usted decir aquí, en la tribuna, que el Partido Socialista
Obrero Español quiere que roben a los ciudadanos? ¿Pero en qué cabeza
cabe eso? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
No señor, no vamos a rehusar este debate. Además, usted no ha sido
riguroso, y lo peor de todo es que no sé si ha sido por ignorancia o por
mala fe. Usted ha hablado durante toda su intervención de robo. Estamos
tratando la multirreincidencia en los delitos de estafa y hurto, no de
robo. Y lo peor de todo es que su bancada le aplaude, con lo cual no sé
quién es más ignorante, si usted o su bancada. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).

Hoy nos vuelven a traer al Senado, señorías,
una reforma del Código Penal que está disfrazada de seguridad jurídica,
una reforma que agrava la pena por la multirreincidencia insisto del
hurto y de la estafa. Señorías del Partido Popular, vamos a comenzar por
aclarar porque creo que no lo tienen claro de qué hablamos exactamente.
Porque lo primero que me pregunto es qué entienden ustedes por este
concepto. ¿Multirreincidencia es la de Moreno Bonilla en Andalucía,
con 2317 mujeres que han visto peligrar su vida por la negligente gestión
en el cribado de cáncer de mama? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). ¿De eso no se avergüenzan? ¿Multirreincidencia
es la de Mazón (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado), con 229 víctimas mortales en la dana por su falta de
prevención y por su indecencia? ¿De eso no se avergüenzan?
Multirreincidencia es la de Isabel Díaz Ayuso, con 7291 fallecidos
muertes evitables en las residencias de mayores de Madrid, con los
recortes en vivienda y con los recortes en servicios sociales. Eso, eso
es la multirreincidencia.

Si a eso es a lo que se refiere, señor Milián,
entonces podemos hablar. Pero si a lo que se refieren es a que esta ley
solo sirve para castigar al que menos tiene mientras justifican a los
responsables políticos de su propia negligencia, entonces no estamos
hablando de lo mismo. Ustedes no claman justicia; lo que plantean es una
reforma tejida con los hilos del miedo, la desconfianza y la demagogia,
cargada, por tanto, de hipocresía con mayúsculas. ¿De esto no se
avergüenzan?

Miren, señorías, después de leerla con
detenimiento, de reflexionar y de pensar, esta reforma no busca proteger,
sino castigar. Incluso diría que nace y lo ha manifestado con el tema de
la inmigración el ponente de la obsesión por aventajar electoralmente a
la extrema derecha, a la que intentan parecerse siendo una mala copia de
esta. Se han convertido en el eco parlamentario de Vox, y ya sabemos lo
que ocurre cuando gobiernan juntos, que se recortan derechos, la igualdad
desaparece y se resienten definitivamente los pilares del Estado del
bienestar.

Por tanto, cuando traen iniciativas como la que
hoy debatimos, lo que hacen es competir con Vox para ver quién se muestra
más duro, más inflexible y justiciero. Y esa es la verdadera
multirreincidencia del Partido Popular, la reincidencia en el populismo
punitivo y en la utilización del Código Penal como instrumento de
propaganda. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
Cada vez que el PP endurece la ley penal, debilita un derecho social y se
retrocede en seguridad jurídica. Cuando hablan de seguridad ciudadana
debate que, insisto, no rehusamos , lo que infunden ustedes es miedo, es
castigo, no seguridad. Y no es justicia, es cálculo electoral.

Señorías, hace tiempo que el Partido Popular
renunció a ser un partido de Estado y ha abandonado el espacio del
consenso institucional, instalándose en la crispación y en la
exageración. Por eso esta ley no lucha contra las mafias ni contra el
crimen organizado; viene a criminalizar la pobreza. A ustedes les
preocupa más quien hurta 300 euros en un supermercado por necesidad que
quienes evaden millones a paraísos fiscales por ambición. Esa es su
escala de valores: castigo para el débil y comprensión para los
poderosos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
Y cuando gobiernan, los premian con amnistías fiscales
inconstitucionales, negando segundas oportunidades a quienes más las
necesitan. De esta forma, señorías, no se construye un país justo; así lo
que se hace es profundizar en las heridas sociales.

Esta reforma del Código Penal ni siquiera es
una novedad jurídica. Ya el año pasado, en el Congreso de los Diputados,
ustedes presentaron una exactamente igual, que está en trámite y en fase
de enmiendas. Además, el artículo 234 del Código Penal ya fue modificado
para dar respuesta legislativa a la preocupación por la delincuencia
patrimonial leve y para afrontar los problemas que estaba dando la
reforma del Partido Popular del Código Penal de 2015 en la aplicación del
agravante de multirreincidencia en los delitos leves.

En este sentido, el Tribunal Supremo corrigió
al Partido Popular en varias de sus sentencias algunas del juez Marchena
, advirtiendo que no se puede equiparar el hurto leve con un delito grave
y que la proporcionalidad no es caprichosa, sino un principio
constitucional. Y ustedes insisten; insisten sin buscar soluciones,
insisten a golpe de titulares para conseguir rédito electoral. Y eso no
es justicia. Esto, señorías, no es legislar, es manipular, es manosear el
derecho al servicio del miedo.

Señorías, lo que ustedes proponen con esta
reforma refleja su modelo de sociedad, un modelo basado en la sospecha y
en el señalamiento; una sociedad donde los problemas, incluso el más
social o el más humano, se resuelven con el Código Penal en la mano. Como
si tuvieran añoranza de otros tiempos.

Los socialistas creemos en otra España, la que
no deja a nadie atrás, la que combate la exclusión con derechos y no con
cárceles, la que apuesta por la prevención y la reinserción antes que por
el castigo y la estigmatización. Porque la inseguridad no se soluciona
con barrotes, señorías, sino con más empleo, con más educación, con más
salud mental y con políticas sociales que devuelvan la dignidad a quienes
la hayan perdido.

¿Y ustedes, señorías del PP, vienen a hablarnos
de reincidencia? Pero si ustedes son el único partido que está condenado
en España por corrupción. Reinciden una y otra vez en la mentira, en el
bulo, en el insulto y en la crispación. Sí, señorías, son ustedes los
reincidentes. Reinciden en el populismo y en convertir el miedo en
política de Estado. Pero lo grave es que esa reincidencia no es penal.
¿Saben lo que es grave? Que es moral.

¿Y por qué lo están haciendo? Piensen, piensen
ustedes también, que para eso tienen la cabeza encima de los hombros.
Porque dañan la confianza en la política, erosionan la credibilidad de
instituciones como el Senado y, lo peor, degradan el debate democrático
generando desafección. Eso, eso es lo peligroso. La Constitución española
es muy clara. El artículo 25.2 establece que las penas deben orientarse a
la reeducación y a la reinserción social. Y ustedes, tan
constitucionalistas que dicen ser, parecen olvidar este mandato,
sustituyendo el estado de bienestar a golpe de Código Penal.

Señorías, detrás de esos hurtos que tanto les
escandalizan hay personas enfermas, con patologías mentales graves, con
adicciones, con pobreza que están desesperadas. Y su respuesta siempre es
la misma: cárcel y castigo. Y una pregunta: ¿por qué no hablan en su
proposición de rehabilitación, de justicia restaurativa o de programas
sociales para prevenir la delincuencia? Pues se lo voy a decir yo, porque
su política penal se mide por la dureza, no por la humanidad. Y la dureza
sin humanidad no es justicia. ¿Saben ustedes lo que es? Venganza.

Desde el PSOE defendemos la seguridad
ciudadana, la que se construye desde los derechos y no contra ellos; la
que garantiza la tranquilidad de vivir en barrios cohesionados y la que
no castiga la desesperanza. Y, para ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha
aumentado la plantilla de la Policía que no la patriótica , ha reforzado
la cooperación judicial y ha luchado contra el crimen organizado con
eficacia y respeto a la ley, sin utilizar el Código Penal como altavoz
del miedo. Porque la verdadera seguridad no se construye sobre la
humillación del débil, sino sobre la dignidad de todos. Por eso,
señorías, no cuenten con nosotros para convertir el Código Penal en un
instrumento de propaganda ni para que el Senado se convierta en la
antesala del populismo punitivo.

Señorías, termino. Y termino con una reflexión
que quiero que se lleven a sus casas para este fin de semana: el valor de
una democracia no se mide por cuántas cárceles se construyan, sino por
las oportunidades que se ofrecen para no llenarlas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Gracias, senadora Luna.

Turno de portavoces.

Grupo Mixto. Señor Carbonell.

El señor CARBONELL TATAY: Con su permiso, señor
presidente.

Senador Juan Milián, yo he atendido a todo lo
que usted ha dicho y también he atendido a las palabras del Grupo
Socialista, y el texto que hoy se somete a debate aborda un asunto que
trasciende lo técnico para adentrarse en el terreno de los principios. La
justicia penal solo cumple su función cuando logra un equilibrio,
equilibrar el derecho del ciudadano a sentirse protegido con la
obligación del Estado de castigar con proporcionalidad. No creo que sea
una cuestión de diestra o siniestra y que se estén ustedes tirando los
trastos. Son derechos y obligaciones, y este equilibrio en los últimos
años creo que se ha visto seriamente comprometido. La realidad es
contundente, y es lo que hay, además del rumor en la sala.
(Rumores).

Los delitos de hurto y estafa, los más
numerosos de nuestro ordenamiento, presentan tasas de reincidencia
alarmantes. En ellos confluyen dos factores a analizar: la baja lesividad
individual de cada hecho y la reiteración sistemática de los mismos
sujetos activos, de los ladrones, de los delincuentes. ¿Quitarnos el
reloj o robarnos la cartera son hurtos menores? ¿Es un delito leve? El
resultado es un fenómeno de impunidad práctica que deteriora la confianza
social en el sistema penal y que transmite a la ciudadanía la idea de que
el cumplimiento de la ley es opcional.

El senador Milián ha hablado aquí de impunidad
se sienten impunes los ladrones, los delincuentes , pero también de la
frustración de la Policía, que los vuelve a detener en repetidas
ocasiones. Y conviene recordar el origen de este debate. La reforma del
Código Penal de 2015 introdujo el agravante de multirreincidencia con la
intención de dar respuesta a esta realidad. Sin embargo, las sentencias
del Tribunal Supremo de 2017 y 2019 anularon su eficacia al apreciar
deficiencias técnicas: la falta de precisión en la consideración de los
antecedentes por delitos leves y la desproporción de las penas previstas.
Dicho de otro modo, se legisló con buena intención, pero con escasa
técnica. Buena intención que deben tener la siniestra y la diestra, se
supone.

La proposición que hoy se examina busca
corregir precisamente esas deficiencias. Modifica los
artículos 22, 66, 80, 234, 235 y 250 del Código Penal para garantizar el
respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y
proporcionalidad, al tiempo que refuerza el valor preventivo del derecho.
Es, por tanto, una reforma muy necesaria. Pero sería muy ingenuo pensar
que el problema se agota con este texto legal. La multirreincidencia no
es solo un concepto jurídico, sino un síntoma social. Es el reflejo de un
Estado que ha ido debilitando su autoridad moral y que ha confundido la
indulgencia con justicia, y ha trasladado a la ciudadanía la idea de que
la transgresión reiterada carece de consecuencias reales.

No debemos permitirlo. Un Estado que se respeta
a sí mismo debe hacer respetar su ley, y ello exige coherencia, firmeza y
una concepción del derecho penal que, sin renunciar a la humanidad
señorías del Partido Socialista, sin renunciar a la humanidad. No nos
acusen de ello, por favor , sin renunciar a esa humanidad, mantenga
intacta su función disuasoria y protectora. Porque la ley no es un
instrumento de clemencia, sino el marco que garantiza la convivencia.
Cuando el delincuente habitual percibe que el sistema no reacciona, la
justicia deja de ser referencia moral y se convierte en una mera
administración de casos. Esta reforma debe entenderse, por tanto, como
una rectificación de rumbo. No basta con reparar el daño técnico de una
norma; es preciso restaurar la confianza en el Estado de derecho, en la
independencia de los jueces repito: en la independencia de los jueces y
en la autoridad legítima de quienes aplican la ley. Y, sobre todo, hay
que recordar que detrás de cada delito hay una víctima concreta: un
comerciante, un agricultor, una persona mayor, un ciudadano que ve cómo
su esfuerzo se desvanece ante la reiteración delictiva.

A ellos, señorías, a ellos debemos darles una
respuesta eficaz, justa y proporcionada. ¿Se han preguntado ustedes quién
debería indemnizar a las víctimas? ¿Debería ser el Estado, que, en
teoría, es el que nos protege a todos nosotros, el que tiene el deber de
protegernos? Sin justicia eficaz no hay igualdad, y sin igualdad ante la
ley, desde luego, no hay libertad. Y este es, en el fondo, el sentido
último de esta reforma y la razón por la que el debate de hoy no es
meramente técnico ni de partidos, sino moral; que la ley vuelva a ser un
compromiso serio del Estado con los ciudadanos honrados, los que
trabajan, los que pagan sus impuestos, y que el principio de
responsabilidad recupere el lugar que nunca, señorías, nunca debió
perder.

Muchas gracias por escucharme.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Gracias, señor Carbonell.

Grupo Nacionalista Vasco. Señor López.

El señor LÓPEZ TORRE: Buenas tardes.

La seguridad es una cuestión que inquieta en
nuestras calles y que preocupa a la ciudadanía. Eso es algo indudable y,
por tanto, debemos encontrar una solución. Y concretamente en Euskadi el
Gobierno vasco ha creado el Foro de Seguridad para hacer una reflexión
sobre ello, pero eso sí, huyendo lejos de alarmismos, haciendo una
reflexión integral y pegada a la ciudadanía sobre esta cuestión. Pero
necesitamos más instrumentos, porque evidentemente necesitamos reducir la
multirreincidencia delictiva.

Hablamos de hurtos a pie de calle, en centros
comerciales o en el transporte público. Hablamos de pequeñas estafas,
tanto presenciales como a distancia por teléfono o por Internet . No son
delitos graves, pero generan ciertamente una sensación de inseguridad en
la ciudadanía y una sensación de impunidad por su reiteración, porque, al
no ser juzgados a tiempo, pierden su efecto preventivo. Ahí está una de
las claves, que como no son juzgados a tiempo, realmente lo que se pierde
es ese efecto preventivo de la norma.

Incluso pueden llegar, en algunos casos, a
prescribir, y con ello se intensifica la sensación de que el trabajo
policial cae en saco roto. Lo que comúnmente dice la ciudadanía es que el
delincuente entra por una puerta y sale por otra, y es algo que,
evidentemente, debemos evitar. Y todo ello, además, con el consiguiente
desánimo para las fuerzas y cuerpos de seguridad y graves daños
principalmente en la actividad económica y comercial. Queremos atajar
este problema con medidas razonables, distanciándonos de quienes abogan
por el alarmismo, el sectarismo, el miedo o incluso los bulos. Porque a
veces lo que vemos es que se infla este problema de manera interesada,
por intereses políticos.

En el año 2022 se modificó el Código Penal,
pero los datos la verdad es que no han mejorado, y a estas alturas todos
sabemos que la solución a este fenómeno no consiste únicamente en su
elemento punitivo. No es la única solución. Nunca. Y no puede ser
únicamente el Código Penal la respuesta a todos los problemas ni mucho
menos los va a solucionar por sí solo. Con endurecer el Código Penal para
aumentar las penas no se acaban de resolver los problemas. Las soluciones
tienen que ser mucho más integrales.

El Código Penal puede ser una herramienta, una
herramienta que, sobre todo, tiene que ser preventiva, no punitiva. En la
medida de lo posible tiene que ser una herramienta preventiva y debe ir
acompañado de otras medidas, otros instrumentos y suficientes medios para
que, en este caso, también sean juzgados a tiempo.

Por eso son necesarias medidas de refuerzo en
los juzgados. La reorganización de los juzgados en Euskadi sigue sin
absorber la carga de trabajo que ya tienen. Se necesitan más medios, por
no hablar de las limitaciones para poder acceder al contenido íntegro de
las sentencias en el sistema de registro de la justicia a efectos de la
aplicación de la multirreincidencia, algo que suena increíble, que no se
pueda acceder a esos datos para poder aplicar, en su caso, la
multirreincidencia.

Se trata, por cierto, de una reforma en gran
parte coincidente con una proposición de ley también de Junts en el
Congreso. Pero no solo eso, es que esta misma proposición de ley ya fue
tomada en consideración en el Congreso el año pasado, en 2024, y ahora
mismo la pelota está en el tejado de la Comisión de Justicia del
Congreso. Está allí. Es verdad que lleva un año, desde septiembre del año
pasado, y que se van ampliando los plazos de enmiendas, pero creo que eso
no justifica esta nueva toma en consideración, que no va a ir más rápido
ni mucho menos que la proposición de ley que ya ha sido tomada en
consideración en el Congreso.

Por tanto, no le vemos mucho sentido a esta
nueva toma en consideración. Creemos que, en todo caso, lo que busca es
más un efecto político y publicitario que un efecto real.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señor López.

Grupo Plural. Señora Pallarès.

La señora PALLARÈS PIQUÉ: Gràcies, president.
Gracias, presidente.

Señores del PSOE, señoría Ángeles Luna, qué
rápido se les olvidan y borran sus compromisos con nosotros. ¡Qué rápido!
Será por eso por lo que hemos roto nuestro acuerdo con ustedes, por rigor
y coherencia con nuestras posiciones. Por rigor y por coherencia.

Señora Luna, sepan ustedes que este tema
preocupa a Junts desde hace mucho tiempo. Hace mucho más de un año que
presentamos en el Congreso, y se tomó en consideración nuestra propuesta
con amplia mayoría con sus votos, y también con los votos del Partido
Popular sobre multirreincidencia; y esta propuesta está durmiendo el
sueño de Morfeo en algún cajón porque ustedes no la han querido llevar
adelante. Por lo tanto, rigor y coherencia. Y cuando hay acuerdos, se
cumplen. Si no, se rompen los acuerdos.

Pero vamos a ser serios. Estamos aquí para ser
serios. Estamos aquí por un tema que recoge el malestar de muchos
alcaldes y alcaldesas. Además, hemos recorrido colegios de abogados,
hemos hablado con jueces y, por supuesto, con comerciantes y con mucha
ciudadanía y el tema les preocupa; el tema nos preocupa, y no tanto por
el valor de estos hurtos digo bien , sino por la multirreincidencia con
la que se producen porque esto genera malestar en la población, alarmismo
y sensación de desprotección.

Sorprendentemente y, como le decía, después de
un año de tener esta propuesta aprobada, ahí está, ahí está. Pero,
mientras tanto, los alcaldes, tanto en Cataluña como en el resto del
Estado, vienen advirtiendo de la necesidad de estas reformas legislativas
para afrontar el problema que hoy nos vuelve a ocupar en esta Cámara. Por
lo tanto, si me lo permiten, también me referiré a la propuesta ya tomada
en consideración en el Congreso, porque fue a iniciativa de Junts. Se da
la circunstancia de que, en muchos municipios, se trata de un número muy
reducido de personas que son autores de multitud de pequeños delitos;
evidentemente, poco graves, pero que acaban cansando al comerciante o a
la persona que va por la calle y continuamente se está encontrando con
que le roban cualquier cosa.






En este sentido, el propio sistema, ya sea
policial, administrativo o judicial, observa con impotencia la falta de
recursos para atajar el problema y, en muchas ocasiones, hay decepción,
porque estos infractores pasan a disposición judicial, pero en nada son
puestos en libertad y continúan delinquiendo impunemente. Seguramente,
son unos pobres diablos y detrás hay otras cosas, pero hay que atajar el
problema; es nuestra responsabilidad.

Tal y como contempla el corpus de la propuesta
del Partido Popular, la modificación del Código Penal se produjo en
agosto del año 2022, con la reforma de los delitos de hurto, facilitando
la pena de prisión porque hasta el momento no las había , pero a pesar
de esta modificación legislativa, y como también ya se ha dicho, la
situación no experimenta una mejora y se siguen denunciando situaciones
insostenibles en muchos municipios. Aquí se ha hablado de Barcelona, y yo
también me voy a referir a esa ciudad. Hace tan solo unos meses, en
febrero de este mismo año, el comissari en cap de la policía catalana, ya
advertía de que la delincuencia había aumentado un 6 % y que era
necesario actuar desde distintos frentes para evitar el deterioro de esta
percepción de la seguridad ciudadana. En este sentido, proponía sin
dilación una reforma del Código Penal, dado que la última, como se ha
dicho, no ha surtido el efecto que se esperaba. En el informe que hizo
público respecto a la multirreincidencia, hablaba de que el año 2022 se
cerró con 283 personas detenidas ¡2270 veces en Barcelona! O sea, que
estas personas habían sido detenidas más de diez veces cada una e
implicadas en más de 5600 hechos delictivos. Solo cinco
multirreincidentes, los más activos, fueron detenidos más de 120 veces en
la ciudad de Barcelona.

Señores del PP, también les recuerdo que
ustedes dieron su apoyo para que el señor Collboni se hiciera cargo de la
ciudad de Barcelona. Por tanto, ahora también es momento de que
reflexionen sobre sus decisiones, porque en ese momento tenía que haber
sido alcalde el señor Trias. Que cada palo aguante su vela.

Es verdad que no hay sistema judicial ni cuerpo
policial que aguante esta situación, señorías. Nuestra obligación es
velar por la eficiencia y la protección de nuestros servicios públicos:
jueces, policías, que, a su vez, deberían protegernos a nosotros. Como
saben, esto no siempre ha sido así en Cataluña, pero este sería otro
debate.

Nos constan también alertas, como la de la
degana del jutjats de Barcelona respecto al colapso judicial por este
aumento de hurtos y, evidentemente, de juicios y retrasos judiciales. Y,
como se ha dicho, este no es solo un problema de Barcelona, en zonas de
otras pequeñas ciudades o en zonas agrícolas, se producen hurtos
agrícolas de material, de productos del campo, etcétera.

Por lo tanto, nosotros vamos a decir sí a esta
toma en consideración, pero a la espera de poder introducir nuestras
enmiendas, que van un poco más allá, en la línea de lo que ya defendimos
en el Congreso. Como ya he dicho, contábamos con el compromiso del PSOE y
esperamos que lo mantengan, pero, de momento, ya van un año tarde.

Junts per Catalunya seguirá adelante con
nuestras propuestas, que son las que consideramos mejores para los
ciudadanos de Cataluña. Y ahora ya, señorías, sin ataduras, pero igual de
firmes y contundentes.

Valoramos positivamente de su diagnóstico el
hecho de centrarnos en los dispositivos móviles. Ustedes, incluso, van
más allá, en cuanto a que son instrumentos que tienen muchos datos y, por
lo tanto, habría un tema de protección. Es un punto que será importante
tener en cuenta.

Sin embargo, para poner peros a su propuesta,
ustedes solo hablan de la modificación de los artículos 234 y 235 del
Código Penal y, nosotros, en caso de que esto se abra, vamos a proponer,
otra vez, la modificación de la Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta
Judicial, porque sí o sí necesitamos el incremento de jueces para que
estos juicios rápidos se puedan producir y no tengamos este colapso; en
Cataluña, esto supondrá doblar su número de 35 a 70; asimismo, del Real
Decreto 95/2009, de 6 de febrero, que regula el Sistema de registros
administrativos que facilita a los jueces disponer de toda la información
de estos pequeños hurtos y de las diferentes detenciones, y también de la
LECRIM, porque tenemos que entrar a facultar... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Señora Pallarès, un segundo, por favor.

Guarden silencio, por favor. Hay corrillos de
pie, al fondo, y es imposible escuchar al orador. ¿Pueden tomar asiento?
Todos, por favor.

Gracias.

Continue, señora Pallarès.

La señora PALLARÈS PIQUÉ: Gracias.

Estaría bien que me escucharan, porque
necesitamos su apoyo para que se cumpla este acuerdo y sacar adelante
esta ley de multirreincidencia.

Iba por la LECRIM. Hay que empezar a tener en
cuenta a los ayuntamientos, que son la primera pantalla en cada uno de
los municipios, para que puedan intervenir en los procedimientos. Por
tanto, también habría que modificar la LECRIM.

A nuestro entender, sin estos elementos
complementarios a la modificación del Código Penal, este proyecto se
queda solo en un titular que, desde nuestro punto de vista, no acaba de
resolver el problema de la multirreincidencia.

Dicho esto, nos mostramos dispuestos a la toma
en consideración y esperamos que se desbloquee nuestra propuesta en el
Congreso. La ciudadanía espera de nosotros rigor y respuestas, y desde
Junts per Catalunya no les defraudaremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Pallarès.

Izquierdas por la Independencia. En primer
lugar, señora Duarte.

La señora DUARTE LÓPEZ: Eguerdi on.

Señorías, la propuesta que hoy nos trae a
debate el Partido Popular intenta responder a una sensación ciudadana de
inseguridad en la vía pública que es real, por lo menos, para una buena
parte de la ciudadanía; pero, a nuestro parecer, lo hace de una manera
totalmente errónea. Me explico. El Partido Popular, abrazando postulados
añejos de extrema derecha, afirma con esta propuesta que las leyes están
para proteger a los delincuentes y que hay que eliminar esa distinción
entre delitos leves y graves; que estos delincuentes, en una gran
mayoría, son personas migrantes, sobre todo del sur global, y que hay que
expulsar del Estado español a todo aquel multirreincidente que no sea
autóctono. ¡Oye, que si la multirreincidencia es de un español, ancha es
Castilla! Pero, casualmente, no plantean una reforma del Código Penal se
me ocurre , para elevar las penas mínimas por delitos de cohecho,
malversación, tráfico de influencias y prevaricación de dinero público,
que en términos económicos saben perfectamente que supone una millonada
en comparación con el valor económico de los hurtos. Tampoco plantean
medidas que den respuesta a los delitos con mayor tasa de criminalidad en
el Estado español, como son la violencia sexual o los ciberdelitos.
Estamos, pues, ante viejas estrategias de la derecha basadas en utilizar
argumentarios que conectan con sentimientos fuertes del electorado, como
son el miedo o la indignación, para luego construir ese relato que
justifica la necesidad de autoridad ante una supuesta sensación y
situación permanente de inseguridad.

La propia Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia, avisaba y alertaba la semana pasada con seria
preocupación del discurso de determinados partidos políticos en el Estado
español, que recurren intensamente a esas narrativas divisivas y de odio
contra los migrantes, asociándolos con la criminalidad y con una gran
carga para las arcas públicas, sin una base real que sustente estas
afirmaciones. Pero esto ya lo saben, es una práctica que realizan con
premeditación y alevosía, porque mientras se habla de hurtos y de
reincidencia no se habla de corrupción, multirreincidencia a nivel
experto en el Partido Popular: trama Gürtel, caso Nóos, Palma Arena,
Andratx, caso Fabra, operación Púnica, caso Taula, y no sigo porque me
quedaría sin minutos.

Además, mientras se habla de hurtos y de
reincidencia, tampoco se habla de precariedad, de todos los avances
sociales, sanitarios, en vivienda y medio ambiente que bloquean semana a
semana; de gestiones nefastas a la valenciana; de la necropolítica
andaluza, que pone en juego la salud y la vida de tantas y tantas mujeres
andaluzas, que debatiremos en la siguiente moción, o de la necesidad real
del sistema penitenciario actual desde la perspectiva de la reparación y
de la reinserción social. Y, desgraciadamente, en Euskal Herria, venimos
escuchando también las últimas semanas voces que cogen de la mano estos
discursos, que de ninguna manera van a la raíz del problema, porque, en
realidad, los hurtos ya están tipificados y sancionados, y la
reincidencia ya agrava la pena, según el artículo 66 del Código Penal;
por lo que, en todo caso, más que una reforma, lo que habría que hacer es
aplicar mejor la ley existente.

Los datos objetivos, no los bulos que nos
traen, demuestran que la multirreincidencia tiene raíces sociales: de
pobreza, de exclusión, de falta de red, y no raíces morales; y castigar
con prisión, sin abordar las causas reales, rompe el principio de
reinserción y perpetúa estos ciclos delictivos.

Y aunque las derechas, tanto en el Estado
español como en Euskal Herria, insistan en ese vínculo entre migración y
criminalidad, las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de los
delitos son cometidos por nacionales. La propuesta de expulsión
automática, además, sería una violación del principio de proporcionalidad
y los tratados internacionales de derechos humanos, aunque es cierto que
en los tiempos actuales poco queda de ellos.

Desde Euskal Herria Bildu entendemos y
compartimos las preocupaciones de la ciudadanía y por eso planteamos otro
tipo de soluciones que sí traerían mejoras reales, porque la sensación de
inseguridad no desaparecería con más punitivismo. Hay que afrontarlo
llegando a la raíz del problema, como hacemos en nuestra práctica
institucional diaria, luchando para mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía, como son la pobreza, la exclusión, la falta de vivienda o el
acceso a sistemas de salud física y mental. Tenemos referencias en otros
países europeos, como los nórdicos, que demuestran que aumentar las penas
no resuelve el problema y que han conseguido reducir esa reincidencia
al 40 % con medidas de cohesión social. Son estos modelos hacia los que
caminamos y, por todo ello, votaremos en contra, cómo no, a esta
propuesta.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Maroto
Aranzábal): Muchas gracias, señora Duarte.

Por el mismo grupo, señor Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Buenos días.

¿Qué hace reconocible a las derechas urbi et
orbi? Rebajas de impuestos, recortes sociales, xenofobia, populismo
involutivo; es decir, la huida hacia el derecho penal.

El año pasado, el PP nos presentó otra muestra
de su política criminal hiperbólica: incluir en el Código Penal
veinticinco penas de privación de libertad permanente. No una,
¡veinticinco! Y ahora quieren meter en la cárcel a todos los rateros. Al
final, los libres serán los corruptos, los corruptores y los
defraudadores fiscales, que dicen que no han cometido ningún delito. Ese
es el camino de la política criminal del Partido Popular.

La experiencia demuestra que incrementar las
penas no conduce a nada, sobre todo porque la delincuencia baja, incluso,
sin la franquista multirreincidencia. Ciertamente, hay que reconocer
aquí se ha dicho varias veces que el pequeño hurto crea inseguridad,
pero no crea peligro para las personas, y esto es muy importante; es muy
importante. Subir las penas a los delitos menores y no violentos es
criminógeno. ¿Por qué? Porque el delincuente, en una relación
economicista de esfuerzo-resultado dirá: si me van a poner la misma pena
si soy violento, seré violento y así aseguro el golpe. Esto lo que pasa
cuando se manejan medidas absolutamente demagógicas, bien aireadas por la
prensa sicaria.

En la memoria de su proposición de ley dan un
dato que, además, no corroboran. No les preocupa el ciudadano que va por
la calle, ese que ustedes dicen que no puede llegar a su casa cuando sale
del trabajo o cuando va a comprar el pan, en un Estado absolutamente
dominado por los criminales, donde las fuerzas de izquierda parecen
invitar a una ciudad de latrocinio. No. Esos rateros, según los datos de
su memoria, han producido unos daños de 1800 millones de euros a los
grandes comercios, y eso es lo único que les preocupa: proteger a los
grandes distribuidores de bienes y servicios, nada más. No a la
ciudadanía. Es decir, son víctimas de su propia demagogia.

La reincidencia, señorías, no es más que la
constatación del fracaso del sistema penal, porque el sistema penal no
el Código Penal no ataja los grandes males que están en la base de
algunos delitos; no de todos, pero sí de algunos. Por ejemplo, para
prevenir gran parte de la delincuencia hacen falta una serie de medidas
que vayan a esa raíz: medidas sociales o educativas. Algunas ya están en
vigor. Ustedes sabrán por qué no las aplican, porque muchas de ellas son
competencia de las comunidades autónomas. Pero estas medidas, previas a
la entrada en escena del Código Penal, tienen un problema, lo reconozco,
y es que cuestan dinero. Pero antes han recortado los impuestos En todo
caso, no se pueden aplicar medidas que no tengan financiación. Es el pez
que se muerde la cola, que es algo que también les va bien.

La cuestión es que la seguridad pública es
fruto de las políticas públicas y que cualquier política pública cuesta
dinero y se financia con impuestos. De momento, que sepamos, no se ha
descubierto otro sistema. Por lo tanto, ustedes proponen unas medidas de
endurecimiento, ante una bajada constante de la delincuencia, para
delincuencia no violenta. Es el disparate elevado al cubo. Yo les
recomiendo que estudien más, que lean más la ley y se hagan cargo de la
jurisprudencia, que les vendría muy bien. Así, ustedes podrán evitar ser
los campeones de la bulocracia, porque ustedes viven en una bulocracia.
Recuerden, desde la Ley Orgánica 7/2003 ¿se acuerdan ustedes de quién
gobernaba en 2003? , la multirreincidencia en los pequeños delitos es un
constante fracaso legislativo, apoyado siempre por las derechas y, en
alguna ocasión, también por algunas izquierdas. Por favor, pónganse las
pilas, estudien y sean realistas, déjense de ideología y vayan a medidas
realmente efectivas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, le corresponde el uso de la palabra el senador Adrián
Gutiérrez.

El señor ADRIÁN GUTIÉRREZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la Proposición de Ley Orgánica sobre
modificación del Código Penal en materia de multirreincidencia para los
delitos de hurto y estafa, que nos ha presentado el Grupo Popular para su
toma en consideración por esta Cámara, como ya han indicado varios de los
intervinientes entre ellos mi compañera, la senadora Luna Morales , es,
en esencia, la misma que el Grupo Parlamentario Popular presentó en el
Congreso y que fue tomada en consideración en la sesión del 11 de junio
del pasado año. Lo mismo ocurrió también en el Congreso de los Diputados,
el pasado día 17 de septiembre de 2024, con una proposición similar
presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, que contó,
asimismo, señora Pallarès, con el voto favorable del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso. Esta última proposición, como saben, está ya
pendiente de la convocatoria de la ponencia, tras el cierre del plazo de
enmiendas, situación que no se corresponde con la presentada por el
Partido Popular, que todavía está en fase de presentación de enmiendas en
el Congreso.

Con estos antecedentes, señorías del Partido
Popular, ruego que se pregunten lo siguiente: ¿qué sentido tiene, una vez
iniciado el trámite parlamentario en el Congreso de estas proposiciones
de ley orgánica, que el Senado remita un texto similar sobre la misma
cuestión para que, una vez aprobado aquí, inicie un procedimiento ya en
marcha en el Congreso, que vaya al Gobierno y al Congreso de los
Diputados para continuar la tramitación? ¿Tiene algún sentido?
Decididamente, ningún sentido, por reiterativo o, al hilo del objeto de
esta presente discusión, por reincidente. Ante esta evidencia, ¿no se dan
cuenta, sobre todo a la vista de la intervención de quien ha defendido la
toma en consideración por parte del Partido Popular, de que su fijación,
ya miope, de utilizar su mayoría en esta Cámara a los solos efectos de
actuar como una caja de resonancia contra el Partido Socialista, contra
el Gobierno y contra su presidente, les impide que el Senado cumpla su
función de Cámara territorial, que parece que han olvidado? Les ruego que
reflexionen sobre este asunto.

Pero volvamos a su propuesta, basada,
esencialmente, en el propósito de disminuir los delitos leves de hurto y
estafa imponiendo mayores penas. Por cierto, como deberían conocer, esta
propuesta se aleja de las legislaciones penales europeas sobre la
materia, nacidas de la Ilustración y vigentes en todos los países
europeos. Estas políticas penológicas europeas parten de Cesare di
Beccaria, como conocen, y del famoso tratado De los delitos y las penas,
que ya, en el año 1764, señalaba dos principios fundamentales: uno, el de
legalidad y, otro, fundamental, el de proporcionalidad. Pues de la
proporcionalidad de las penas hablamos, no de la cárcel, como ha
manifestado el representante del Partido Popular.

Como sus señorías conocen, la
multirreincidencia aparece como una circunstancia agravante especialmente
cualificada, que resulta de aplicación cuando el autor de un delito
aparece ya condenado por tres o más sentencias firmes sobre el mismo tipo
del Código Penal y de la misma naturaleza. Esta circunstancia, la
multirreincidencia, modifica la responsabilidad penal, agravando la pena
en mayor medida que la reincidencia ordinaria. Veamos su regulación para
ver si hay un equilibrio, una proporcionalidad, entre las penas recogidas
en el Código Penal sobre la materia y la realidad. En los delitos menos
graves de hurto, que aparecen señalados con penas de prisión de 6 a 18
meses, en el caso de multirreincidencia, por aplicación del
artículo 235.7.º del Código Penal, se convierten en una pena de 1 a 3
años, y en los delitos leves de hurto, a los que corresponde la pena de 1
a 3 meses de multa, pasaría a ser de 6 a 18 meses de prisión. Estaremos
de acuerdo en que ya supone una agravación importante de las penas que
imponer.

La regulación de la multirreincidencia como
factor de agravación de la pena, frente a la tradicional agravante de
reincidencia, ya fue impulsada por el Partido Popular lo han comentado
varios portavoces que me han precedido en el uso de la palabra ; fue la
reforma del Código Penal del año 2015, que, como saben, el Tribunal
Supremo dejó sin efecto con la sentencia ya citada de 28 de junio
de 2017. ¿Por qué fue dejada sin efecto? Uno de los elementos principales
fue la desproporción punitiva resultante cuando todos los delitos que
concurrían eran delitos leves. Lo mismo sucedió con la multirreincidencia
aplicada al delito de estafa, con la sentencia, igualmente, del Tribunal
Supremo, del año 2019: desproporción punitiva. Recuerden, principio de
proporcionalidad, Cesare di Beccaria, que hemos citado, 1764. La
regulación actual de la multirreincidencia, tras la reforma del año 2022,
vino a intentar resolver los problemas de la aplicación que indicó el
Tribunal Supremo y para resolver también una preocupación social derivada
del fenómeno de la delincuencia patrimonial menor o leve con carácter
habitual o cuasiprofesional.

Pero miren, señorías, además de la propia
reforma y para cumplir el postulado de Di Beccaria sobre la necesidad de
que el delito y la pena estén próximos en el tiempo, el Gobierno ha
adoptado otras medidas para su aplicación eficiente. Así, está la
circular 1/2022 de la Fiscalía General del Estado, para unificar los
criterios de aplicación de la multirreincidencia; igualmente, está el
incremento ya solicitado de los medios materiales y personales de la
Administración de Justicia. A modo de ejemplo, ya el Real
Decreto 1170/2023 adecuaba la planta judicial con 36 nuevos juzgados y 33
plazas de magistrado y magistrada de refuerzo. (Rumores).

Otras actuaciones

El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría, le
interrumpo un segundo. (Pausa).

Ruego a los senadores que están manteniendo una
conversación en pie que regresen a sus escaños y que las conversaciones
que se tengan que mantener en el interior de la sala se hagan lo más bajo
que sea posible.

Prosiga, señoría.

El señor ADRIÁN GUTIÉRREZ: Muchas gracias,
presidente.

Otras actuaciones dirigidas a acelerar el
proceso de la multirreincidencia aplicado a los procedimientos de delitos
menores son los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno de España con la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, en diciembre
pasado, con la puesta en marcha de cinco nuevos juzgados para conseguir
la aceleración de los juicios rápidos, el acceso importante de las
policías locales al sistema de registros administrativos de apoyo a la
Administración de Justicia, conocido como SIRAJ, que permiten, en su
nueva versión, que las policías locales puedan acceder y, además, con la
acumulación de las cantidades que se corresponden con hurtos anteriores
para rebasar los 400 euros, lo que permite la aplicación de la
multirreincidencia. Y todo esto, claro está, sin perjuicio del avance en
la tramitación de las proposiciones de ley citadas, cuyas iniciativas
están pendientes de la ponencia, como hemos dicho. Es en esta fase de
tramitación de las proposiciones admitidas en el Congreso donde los
socialistas intentaremos buscar soluciones compartidas, mejorando los
textos propuestos, mejorando su técnica jurídico-legislativa, con el
objetivo de lograr lo que hemos comentado: una mayor proporcionalidad en
las penas.

Por lo tanto, y en definitiva, resulta, a
juicio de este grupo, innecesaria, por reiterativa, la propuesta de toma
en consideración que hoy discutimos, e inconveniente, por encontrarse,
como se ha dicho, en fase de tramitación.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor ADRIÁN GUTIÉRREZ: Termino ahora mismo,
presidente.

Todos estos motivos concluyen que la posición
del Grupo Socialista es contraria a la propuesta que hoy debatimos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Adrián.

Por el Grupo Parlamentario Popular, le
corresponde el uso de la palabra al senador Bernabé Pérez.

El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, después de escuchar la primera
intervención de la portavoz socialista, sinceramente, le apetecería a uno
empezar a hablar ahora de Ábalos, de Koldo, de Cerdán, de Ángel Víctor
Torres, de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, del fiscal
general del Estado y de tantísimas otras cuestiones que ha sacado usted
en relación con presidentes del PP que no tenían nada que ver. Pero,
mire, no va a ser necesario porque es tal el tsunami político, judicial y
social que tienen ustedes encima de la mesa que la ola va a llegar de
forma inexorable, ya sea cuando Sánchez nos convoque a elecciones, ya sea
cuando algún otro grupo se anime a que pronto tengamos que darles voz a
los ciudadanos.

En todo caso, como les digo, es tal la
trascendencia del asunto que nos ocupa, es tal el cúmulo de barbaridades
que están sucediendo, que entendemos que tienen suficiente enjundia como
para centrar la intervención en esta materia de la multirreincidencia, en
los delitos de hurto y estafa, especialmente a la vista de las noticias
que hemos conocido en estas últimas horas. Ayer, la patronal del gran
comercio, AECOC, hizo público su estudio anual sobre la evolución de los
hurtos en España, y los datos son tan escalofriantes, señorías, que
verdaderamente no cabe sino, por un lado, constatar el fracaso de las
políticas de seguridad ciudadana del Partido Socialista y, por otro,
considerar lo que hasta ayer veíamos como una urgencia, sin ninguna duda,
como una auténtica emergencia, que nos exige a todos actuar de inmediato
y no seguir por más tiempo de brazos cruzados.

Señorías, ¿saben ustedes cuántos hurtos se
cometieron en España el año pasado? Más de 700 000. ¿Saben el porcentaje
que esa cifra supone? El 30 % de los delitos que se cometieron en España
están vinculados a estas sustracciones de patrimonio. ¿Saben lo que están
haciendo ahora los delincuentes que cometieron esos delitos en 2024? En
estos instantes, están haciendo exactamente lo mismo que hacían hace un
año: están en la calle libremente y siguen hurtando, estafando y robando
con total tranquilidad porque nuestras leyes así se lo permiten. Por eso,
el índice de criminalidad sigue creciendo: más de un 6 % el año pasado. Y
por eso se ha instalado en la sociedad una sensación de impunidad e
inseguridad absoluta, que hace que los ciudadanos sean un clamor,
pidiéndonos que de verdad actuemos y modifiquemos las leyes, porque lo
que la gente quiere es vivir en paz y con seguridad, y no refugiarnos en
esos eufemismos de los que hace gala el Partido Socialista.

Más datos de este informe, que son
contundentes. ¿Saben ustedes cuál fue el importe económico de los bienes
hurtados el año pasado en España? Más de 2800 millones de euros, a los
que, si les sumamos los impuestos que han dejado de ingresar las arcas
públicas, que son otros 500 millones de euros más, estamos hablando de
que el coste total de pérdida patrimonial en nuestro país ascendió a más
de 3300 millones de euros. Fíjense de lo que estamos hablando. Y fíjense
en qué se traducen estas magnitudes (Muestra un documento), en que
aumenta un 52 % Agencia EFE, teletipo de ayer por la tarde el valor de
los bienes hurtados en España en 2024 con respecto a 2023. Esta es la
realidad que tenemos hoy en nuestro país, señorías. Por cierto, el hurto
medio también está cuantificado: 195 euros de media cada vez que se
produce una sustracción. No es cuestión baladí. Además, no estamos
hablando solo de daños patrimoniales porque, en muchas ocasiones, como
cada vez que se roba o se hurta un teléfono móvil algo muy habitual , se
produce también un atentado contra la intimidad porque nos están robando
nuestros datos personales y atentando contra nuestra privacidad.

Más cuestiones. ¿Saben ustedes, señorías, que
un importante número de los delitos de lesiones con violencia que se
producen en España tienen su origen en los hurtos, cuando las víctimas se
dan cuenta de que les están sustrayendo sus pertenencias y se defienden,
produciéndose la pelea? Son datos que están en este informe, no son
opiniones del PP. Es lo que constata el barómetro de los comercios de
España. La violencia verbal o física contra las víctimas dice el
barómetro se disparó el año pasado un 74 %; fíjense de qué estamos
hablando, señorías.

¿Cómo incide en todo esto, además, el colapso
judicial? Pues, atentos, con plazos de prescripción de un año y la
habitual dilación, nos encontramos con que, cuando llega la hora del
juicio, en la mayoría de los casos ya ha vencido el plazo para poder
hacerlo.

En suma, señorías, con esta multirreincidencia
que estamos padeciendo, las consecuencias claras y evidentes a la vista
de todo el mundo son tres: la primera, la desprotección de las víctimas,
que ven cómo el Estado ni las protege ni las ampara; la segunda, la
desmotivación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y del Poder Judicial, que sienten que su trabajo no vale para
nada, y, la tercera, la impunidad de los delincuentes. Por cierto, más de
un 35 % lo dice el barómetro son miembros de mafias organizadas, que se
están riendo de continuo del Estado, en general, y, a título particular,
se ríen cada día de las policías locales, de la Policía Nacional, de las
policías autonómicas, de la Guardia Civil, de los fiscales, de los jueces
y también de estas Cortes y de nuestro Código Penal, porque saben que, si
son detenidos por la mañana, entran por la puerta a la comisaría y a la
mañana siguiente salen felices y contentos por la puerta del juzgado. Esa
es la realidad, señorías del Partido Socialista. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

Como muchos de ustedes, yo también he sido
alcalde y he conocido de primera mano las quejas de mis vecinos por esta
cuestión, pero también he sido delegado del Gobierno y nadie me va a
explicar lo que piensan la Policía Nacional y la Guardia Civil en
relación con esta lacra. Se sienten impotentes ante la falta de
herramientas legales para hacerla frente. ¿De qué sirve que ellos hagan
bien su trabajo si después los jueces van a tener que dejar en libertad a
los delincuentes, una vez que han sido detenidos? Claro que ha habido
intentos legales para arreglar esto; el último, de 2022, lo
protagonizaron ustedes, y ya conocen el resultado: que el Tribunal
Supremo lo declaró papel mojado por los múltiples errores que contenía
esa legislación. Desde entonces ya se ha dicho , se presentó la
proposición de ley del Partido Popular, de junio de 2024, en el Congreso,
la misma que ahora traemos aquí, por cierto, aprobada por una amplísima
mayoría. (Muestra un documento). Diario de Sesiones del Congreso. Señores
del PSOE, hace quince meses votaron ustedes a favor de esta toma en
consideración. ¿Les hemos entendido hoy que van a votar en contra? ¿Han
vuelto a cambiar de opinión? ¿Esta es su habitual congruencia? La misma.
Luego, vino la de Junts, en septiembre, que también fue ampliamente
respaldada, y ahora la que nos ocupa, a ver si a la tercera fuese la
vencida y tenemos más suerte.

Pero como ya los conocemos bien, señorías, y
dado que tienen ustedes una especial querencia por esto que les voy a
decir, les pregunto: en caso de que esta norma salga adelante, ¿van a
permitir ustedes que se tramite en el Congreso de los Diputados? ¿O van a
hacer como siempre, que detrás de sus buenas palabras, lo único que se
esconde es la voluntad de secuestrar la iniciativa legislativa del
Senado, bloqueando de forma indefinida en el Congreso de los Diputados
todas las normas que le llegan? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Más de dos años sufriendo ya el
cajón de la señora Armengol, exclusivamente por su sectarismo
político.

Resulta que esto no nos lo estamos inventando.
Señorías socialistas, tienen ustedes bloqueadas en el Congreso hasta las
leyes que aquí han votado a favor fíjense en lo que les digo , como, por
ejemplo, la modificación de la Ley sobre propiedad horizontal, esa que
traía como consecuencia que se pudieran celebrar juntas de propietarios
telemáticas; además, por cierto, la única que ha salido de esta Cámara
aprobada por unanimidad. Si son capaces de bloquear algo tan inocuo como
eso, ¿qué no van a hacer con esto otro que afecta a la seguridad
ciudadana y que tanto enerva como ya hemos visto a sus amigos los
batasunos y demás socios? Al final y a los hechos me remito , a ustedes
lo que les gusta es que los delincuentes estén en la calle en lugar de en
las cárceles y que sigan haciendo el mal. Si quieren ejemplos, les voy a
dar cuatro. Primero, la ley del solo sí es sí, que ha rebajado las penas
a más de mil depredadores sexuales en España, con cientos de ellos en la
calle, para pavor y terror de infinidad de mujeres ante esa decisión
absolutamente irresponsable. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Y solo porque sus socios de Podemos
lo pidieron para que Sánchez siguiera en la poltrona. Segundo, la
excarcelación, por los beneficios penitenciarios, de los etarras, con
cientos de asesinos, secuestradores y extorsionadores puestos en libertad
y, además, siendo recibidos con alharacas y homenajes en sus pueblos,
para mayor escarnio de las víctimas. (Dirigiéndose a la señora secretaria
segunda, Blanco Garrido). ¿Verdad, querida María del Mar? (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Y solo porque
se lo han exigido sus socios de Bildu para que Sánchez siga en la
poltrona. Tercero, los indultos y amnistías a los golpistas del procés,
que han eliminado todo resto de castigo y reproche penal a quienes
dieron, con todas sus letras, un auténtico golpe de Estado contra el
orden constitucional y la unidad de España. Y solo porque se lo pidieron
sus entonces socios de Junts y de Esquerra, para que Sánchez siguiera en
la poltrona. Cuarto y último, su increíble protección a los okupas, algo
que nunca vamos a terminar de entender. ¿Cómo es posible que el Partido
Socialista esté defendiendo a quienes están usurpando propiedades a sus
legítimos propietarios, vulnerando ese derecho fundamental que es el de
la propiedad privada? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). Esos son los hechos y eso es lo que ustedes están
haciendo.

En todo caso, como con estos bueyes hay que
arar y eso es lo que tenemos encima de la mesa, les pedimos, señorías, a
ustedes y a todas las fuerzas políticas, que voten a favor de la
tramitación de esta proposición de ley, pero sobre todo y lo más
importante que, cuando llegue al Congreso de los Diputados permitan que
se debata, se tramite y se vote, que es lo que hace cualquier buen
demócrata, porque, si no, lo único que va a quedar constatado y probado
es que ustedes son, para siempre, los mejores amigos de los
delincuentes.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Bernabé.

Señorías, finalizado el debate de la toma en
consideración de esta proposición de ley, les comunico que el plazo para
emitir el voto electrónico remoto por los senadores debidamente
autorizados se abrirá tras el último punto del orden del día. Asimismo,
les indico que la votación presencial de esta iniciativa tendrá lugar una
vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la presidencia.

El señor presidente lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Reglamento, el
senador Arenas.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Querido
presidente.

Señora diputada, que nos acompaña en la sesión
del día de hoy. (Dirigiéndose a la señora Gamarra Ruiz-Clavijo).

Tomo la palabra para presentarles el dictamen
de la Comisión de Reglamento acerca de la propuesta de modificación del
Reglamento, en la que se cambian y modifican diversos artículos.

La propuesta fue presentada originariamente
el 7 de marzo por el Grupo Popular, y fue tomada en consideración por el
pleno de esta Cámara el 11 de junio de 2025. Del texto original, se
desglosó la propuesta de reforma de los artículos 133, 160 a 166, 168
y 169, que fue aprobada también en sesión plenaria el día 17 de junio de
este curso.

A esta propuesta de reforma del Reglamento se
han presentado un total de 149 enmiendas: las números 1 a 7, por la
señora Gómez Enríquez, el señor Carbonell Tatay y el señor Gordillo
Moreno; de los números 8 a 24, conjuntamente por diversos senadores y
senadoras de los grupos parlamentarios Izquierda Confederal, Grupo Vasco,
Grupo Plural y Grupo izquierdas por la Independencia; y, finalmente, de
la 25 a 146, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

La ponencia de la Comisión de Reglamento,
integrada por los senadores don Joan Bagué, doña Estefanía Beltrán de
Heredia, don Francisco Manuel Fajardo que hoy no nos acompaña aquí
detrás, pero está allí , don Juanjo Ferrer, don José Latorre, don Alejo
Miranda de Larra, doña María José Pardo, don Antonio Silván y,
finalmente, el docto catedrático señor Queralt, aprobó como informe una
propuesta con la incorporación de todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular y también con las correcciones técnicas
incorporadas por los servicios jurídicos de la Cámara.

El informe, como quedó claro ya, se aprobó con
los votos del Grupo Parlamentario Popular y los votos en contra de los
grupos parlamentarios Izquierda Confederal, Grupo Vasco, Grupo Plural y
Grupo Socialista.

En la sesión de la Comisión de Reglamento
celebrada el día 21 de octubre, se acordó la ratificación de la ponencia
y se aprobó como dictamen el informe emitido por esta, con la inclusión
también de dos correcciones técnicas en los apartados 83 y 130 del
artículo único.

Finalmente, para la defensa de sus enmiendas,
han presentado votos particulares a este dictamen la señora Gómez
Enríquez y los señores Carbonell Tatay y Gordillo Moreno del Grupo
Parlamentario Mixto; y, conjuntamente también, diversos senadoras y
senadores de los grupos parlamentarios Izquierda Confederal, Plural en el
Senado e Izquierdas por la Independencia.

Estas son las conclusiones que presento ante la
Cámara en el día de hoy, no sin agradecer de forma muy especial el
trabajo de los extraordinarios servicios jurídicos de esta Cámara, de
todos los servicios jurídicos, que siempre son una garantía del Estado de
derecho y una garantía de legalidad para todos los senadores.

No tengo la aspiración de que a algunos de
ustedes les haya parecido interesante esta intervención, porque eso
resultaría imposible, pero, en cualquier caso, les agradezco su
atención.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente
de la Comisión de Reglamento.

Comienza el debate del articulado.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 7, le
corresponde el uso de la palabra al senador Gordillo.

El señor GORDILLO MORENO: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

Hemos leído con atención, como no puede ser de
otra manera, la propuesta de reforma del Reglamento del Senado que
realiza el Grupo Popular, y consideramos, como ustedes, que el Reglamento
debe ser modificado. Luego, en el turno de portavoces, tendremos ocasión
de debatir acerca del tono general de la modificación que ustedes
proponen; pero, en este turno de enmiendas, quisiera centrarme, señorías,
de las siete que hemos presentado, en un aspecto que nosotros
consideramos fundamental, básico. Nuestras enmiendas las siete que hemos
presentado van orientadas al uso de las lenguas llamadas
cooficiales.

La lengua, señorías a nadie se le oculta , es,
ante todo, un instrumento de comunicación, pero desde hace mucho tiempo
se ha venido utilizando la diversidad lingüística de España como elemento
de confrontación y división en lugar de como una riqueza y, sobre todo,
como un arma, señorías, para destruir la unidad de España consagrada en
la Constitución. Esta utilización a nuestro juicio ilegítima no es
casual, puesto que la lengua es un elemento esencial para consolidar la
unidad de la nación. Los ataques contra la lengua española, con la falsa
coartada de la protección de las lenguas regionales que están protegidas
, pretenden debilitar a aquella, la primera, como elemento que es de
cohesión política y territorial, generando fracturas sociales, señorías,
donde no existían. Se trata de una sustitución, no de una coexistencia.
El ataque separatista contra la unidad nacional con el arma de la lengua,
señorías, tiene más de un siglo antigüedad, y se ha llevado a cabo en
todos los frentes posibles: sociales, medios de comunicación, mundo de la
cultura, del arte Especialmente agresiva ha sido, señorías, en la
enseñanza, de tal modo que desde hace décadas se ha podido asistir a una
creciente e inconstitucional persecución del español en las aulas de
muchas regiones de nuestro país; también en la Galicia del señor Feijóo,
por supuesto. Y, sin duda, el ataque con el arma de la lengua se ha
producido también en instituciones públicas, como el Senado.

Señorías, no contentos con la imposición
arbitraria de lenguas regionales en todas las instancias parlamentarias y
administrativas de los poderes públicos territoriales y locales, desde
hace tiempo el separatismo dispuso el designio, con el concurso del
bipartidismo, de que las lenguas españolas de ámbito regional fuesen
usadas también en Cortes Generales, que son las depositarias de la
soberanía nacional. El Senado ha sido el habitual campo de pruebas de los
designios que describía en esta materia, consiguiendo sucesivos avances
en su agenda. Sucesivas reformas del Reglamento han ido ampliando la
esfera de uso de las lenguas regionales en la actividad parlamentaria, y,
si inicialmente se trató de una utilización limitada a la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, posteriormente se amplió a otros
supuestos, como la presentación de escritos o la defensa de mociones en
el pleno.

Como demuestra perfectamente la reforma del
Reglamento del Congreso de los Diputados, modificaciones como estas no
son para el separatismo más que pasos intermedios en lo que es una
ambición insaciable por hacer de las lenguas regionales un instrumento de
confrontación y, como he dicho antes, de sustitución.

Señorías, como ustedes saben perfectamente, la
Constitución indica que el castellano es la lengua española oficial del
Estado. Naturalmente, también dice que las respectivas comunidades
autónomas, de acuerdo con sus estatutos, establecen el uso y la
oficialidad de las demás lenguas españolas. De acuerdo con el
artículo 3.3 de la Constitución española, las lenguas que se hablen en
determinadas regiones del territorio nacional son también lenguas
españolas que forman parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra
riqueza. El Tribunal Constitucional, señorías, ha reiterado que, conforme
al modelo jurídicamente establecido por la propia Constitución, el
castellano es la única lengua que los españoles tienen el deber de
conocer y el derecho a utilizar, en tanto que es la lengua oficial del
Estado. Así se ha reiterado en sentencias como la 82/1986 o la 46/1991.
Esta última dispone que solo del castellano se establece
constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y, con él,
la presunción de que todos los españoles lo conocen. Otra sentencia dice
que no existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua
cooficial. Por otra parte, el empleo de lenguas distintas al español en
el debate parlamentario, que es en lo que queremos insistir, vulnera el
derecho fundamental al ejercicio de la función representativa recogido en
el artículo 23 de la Constitución española porque todos los senadores
tenemos el deber de conocer el español y no otra lengua yo, por ejemplo,
no hablo vasco ni hablo catalán , impidiendo así la plena efectividad del
derecho de representación.

El empleo de lenguas regionales, señorías,
supone también privar a la mayoría del pueblo español de la posibilidad
de conocer y comprender al momento todas las actuaciones, medidas e
intervenciones que se producen en el órgano que los representa, en este
caso, el Senado. Y en el ámbito material, la utilización en la Cámara de
lenguas regionales ha exigido la contratación de medios personales y
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones conforme a su
utilización, incluyendo servicios de traducción innecesarios, lo que ha
implicado, como ustedes saben perfectamente, ingentes gastos en recursos
materiales que perfectamente pueden ser calificados como un gasto
político innecesario.

Señorías, la utilización en el Senado de las
lenguas distintas del español no beneficia, de ninguna manera, a los
españoles. Por el contrario, constituye un ataque contra el sentido
común. Ha sido factor de gastos superfluos y de burocracia innecesaria.
Sobre todo y ante todo , es parte de un ataque más amplio contra el
orden constitucional y contra la unidad de España. Es un deber de todos
los senadores, señorías, la utilización del español para el completo
desempeño de nuestra actividad parlamentaria.

En turno de portavoces les haré alguna otra
observación.

Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Gordillo.

A continuación, para la defensa de las
enmiendas 8 a 24, los servicios de la Cámara me indican que tienen
intención de compartir estos 15 minutos el senador Morera, el senador
Queralt, la senadora Da Silva y la senadora Beltrán de Heredia. Ya que
veo al senador Morera de pie, si ustedes lo consideran oportuno

El señor MORERA CATALÀ: Muchas gracias,
presidente.

Este no es un debate normal; este es un debate
que plantea una anomalía de fondo, y es que no podemos hacer uso, en un
debate de reforma del Reglamento que ha propiciado el Grupo Popular, de
las lenguas cooficiales que tenemos en nuestras comunidades autónomas.
Por tanto, repito, es un debate anómalo.

Hemos firmado estas enmiendas, de la 8 a la 24,
un conjunto de senadores y senadoras de diferentes grupos parlamentarios
que queremos hacer un uso normal, correcto, de nuestras lenguas
oficiales. Si no podemos hacer un uso aquí, en el Senado, en la Cámara de
Representación Territorial, ¿dónde lo podemos hacer, señorías? Digo que
es un debate sustantivo no solo reglamentario , porque indica el modelo
de autonomía que algunos practican: un modelo de Estado autonómico de
nacionalidades y regiones, donde las nacionalidades y regiones no
pintamos nada. Es solo «Una, grande y libre», una nación, y lo demás son
aledaños que rompen la credibilidad de la voluntad autonomista de
autogobierno de la diversidad plurinacional que existe en este
Estado.

Y, si aquí no podemos hacer un uso normal, nos
tenemos que preguntar, señorías, ¿qué libertad defiende el Partido
Popular? ¿La libertad de prohibir? Los que tenemos varias lenguas
oficiales y las sabemos utilizar no somos pueblerinos. Como mínimo,
hablamos dos; en mi caso, mi lengua materna es el valenciano, que es lo
mismo que el catalán lo llamaremos valenciano, pero es lo mismo , y ¿no
lo podemos usar? Entonces, señorías del Grupo Popular, ustedes están
dañando el concepto primigenio de un Estado compuesto, de un Estado
diverso, de un Estado donde hay cooficialidad de lenguas oficiales en
nuestros territorios. Su libertad es impedir que yo pueda hacer un uso
normal y civilizado de mi lengua aquí, en el Senado. Si en el Senado no
podemos hacer ese uso, ¿qué autonomía, qué visión tienen ustedes? ¿El
pacto PP-Vox, para involucionar también en asuntos autonómicos? Ya lo
sabemos en asuntos ecológicos, territoriales, y sabemos que han hecho esa
involución dañando, por indicación de Vox, la Academia Valenciana de la
Lengua, una entidad estatutaria a la que ustedes prácticamente han
retirado todo su apoyo; o a la televisión valenciana, cada vez más
prostituida por sus políticas. Por tanto, es un debate sobre la libertad.
El PP rompe con su visión autonomista e impone la prohibición. No son un
partido de la libertad; son un partido de la prohibición, y eso lo vamos
a denunciar una y otra vez.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación, le
corresponde el uso de la palabra al senador Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Buenos días de
nuevo.

Me parece que es la última vez que intervengo
hoy, porque esto del pluriempleo es lo que tiene.

Hay dos palabras que el PP no utiliza nunca, lo
cual es sintomático. Una es rodillo y la otra es pluralismo. Su
concepción de su mayoría absolutista, que no absoluta, acredita sus
fueros pasados y abona los futuros, si llegan esperemos que no a
recuperar el poder, que, por cuna, creen suyo.

El rodillo está siempre presente, sin
concesiones. El pluralismo, tal como lo entienden ustedes, no es más que
una adhesión inquebrantable y prietas las filas a su unilateralismo; de
ahí el trágala de esta reforma cuasi integral del Reglamento, hecho a
medida de sus sectarias necesidades. Nosotros, sin embargo, no estamos
para arreglar nada de lo que ustedes se empeñan en estropear por tierra,
mar y aire, mañana, tarde y noche, 7/24. Nosotros hemos venido aquí a que
se nos respeten nuestros derechos, en este caso, lingüísticos; y ustedes,
con su gracejo habitual, llegaron a cualificar la defensa del catalán de
tan español como los toros. Vaya recibimiento a puerta gayola. No voy a
discutir con ustedes el toreo al que nos someten, censurándonos que nos
expresemos en nuestra propia lengua. Y oficial, no cooficial. Limitan
grosera e ilegítimamente la expresión, tanto la nuestra como la de
nuestros representados, que son inequívocamente comunidades nacionales.
Nos discriminan respecto a los diputados, ustedes, señorías del Partido
Popular, paladines sin par de la igualdad, cuando en el Congreso pueden
expresarse en cualquier idioma, mientras que aquí solamente podemos
hacerlo en dos ocasiones. Pero para ustedes todo esto son fruslerías. Les
propongo algo simple y que veo con pocas opciones de fracasar, si se
hiciera de verdad. Si tan seguros están del enjaulamiento de las lenguas
oficiales diferentes del castellano en esta Cámara, acudan a las
nacionalidades históricas y, en concejo abierto, no hablando a los
convencidos, pregunten por qué el castellano es primigenio en el Senado
es decir, imperial y no las demás lenguas oficiales, y por qué, o
precisamente por ello, las demás lenguas oficiales solamente son
oficiales en el Senado en dos momentos procesales diferentes.

¡Ah!, señores del PSOE, también hay para
ustedes. También hay para ustedes. En la legislatura pasada pudimos
arreglar esto y no se arregló. O sea, que aquí, quien más, quien menos,
arrastra una cruz que la llevamos todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Le corresponde el uso de
la palabra a la senadora Da Silva.

La señora DA SILVA MÉNDEZ: Grazas, señor
presidente. (Comienza su intervención en gallego).

El señor PRESIDENTE: Senadora, le ruego que, en
la medida de lo posible, la cita literaria la pueda realizar en
castellano. Se lo agradecería.

La señora DA SILVA MÉNDEZ: Sí, señor
presidente, pero no me siento capacitada para hacer la traducción. Es muy
breve. Por lo tanto, prefiero que se respete la lengua original.
(Continúa su intervención en gallego).

No podré seguir usando mi lengua, el gallego,
en esta Cámara, porque el PP está anclado en una época histórica que
niega la realidad plurilingüe, pluricultural y plurinacional del Estado
español. Porque, ¿cuáles son las razones del PP para impedir una vez más
que se puedan utilizar el gallego el idioma propio de Galiza, como dice
su estatuto y otras lenguas oficiales en esta Cámara? ¿Cuáles son las
razones del Partido Popular para ejecutar una política lingüística que
llevó al gallego a una situación de emergencia lingüística? La respuesta
está en el poema que acabo de leer: negar y renegar de la lengua gallega
e imponer socialmente el español. Eliminan y excluyen el gallego por
decreto de la enseñanza. Practican una política lingüicida con el
objetivo de hacer desaparecer socialmente nuestra lengua. Actúan Rueda y
Feijóo, por sumisión y convicción ideológica, como una máquina demoledora
de la diversidad de nuestra cultura y patrimonio. Acaba de decir
nuevamente el PP, en el anterior punto de este pleno, que estamos ante
una Cámara de Representación Territorial, mientras niegan la existencia
de Galiza como sujeto político y cultural e impiden el uso, en toda la
actividad de la Cámara, de las lenguas de los distintos pueblos que,
supuestamente, dicen representar. No lo van a conseguir. (Pronuncia
palabras en gallego). No lo consiguieron los Reyes Católicos, no lo
consiguió el franquismo, no lo conseguirá la segunda restauración
borbónica impuesta por Franco, esa de la que el emérito está tan
orgulloso. (Pronuncia palabras en gallego).

Señorías del Partido Popular, grazas por
nada.

El señor PRESIDENTE: Le corresponde el uso de
la palabra a la senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidente.

Esta será la cuarta reforma del Reglamento del
Senado en apenas dos años de legislatura y, de nuevo, cuatro grupos
parlamentarios hemos presentado conjuntamente un total de diecisiete
enmiendas que pretenden integrar en la actividad de la Cámara el uso
normalizado de las lenguas oficiales amparadas por la Constitución y
reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía. Y, al igual que
sucediera en ocasiones anteriores, la mayoría absoluta del Partido
Popular hoy también dará un portazo al euskera, al catalán, al galego.
Pero, señorías del Partido Popular, con la misma dignidad, volveremos a
traspasar esta puerta, a entrar en esta Cámara para defender el derecho
de los ciudadanos y ciudadanas a ser representados en su propia lengua y
el derecho de senadores y senadoras a representar a su ciudadanía en la
lengua oficial. Y de eso es de lo que estamos hablando, señorías. Estamos
hablando de derechos lingüísticos, estamos hablando de respetar los
derechos lingüísticos tanto de la ciudadanía como de los senadores y
senadoras. Porque las lenguas no son únicamente un medio de comunicación,
son la expresión de la cultura, de la historia, de la identidad de un
pueblo. Son la expresión de la territorialidad. Y no se puede entender
que una Cámara parlamentaria que se dice de representación territorial
vete el uso de las lenguas oficiales en cada territorio, porque
negándolas está negando también la diversidad territorial.

Yo creo que es tiempo ya de superar aquella
reforma de 2010 que permitió el uso del euskera, el catalán y el gallego
solo para intervenir en el caso de las mociones. Es hora de superar aquel
gesto, que era puramente testimonial, para normalizar de una vez y
extender el uso sin restricciones en la actividad parlamentaria de esta
Cámara de todas las lenguas, dándoles un trato igualitario. Porque no
existen ni razones técnicas ni razones jurídicas que impidan ese uso
normalizado de las lenguas, solamente hay razones ideológicas y la
concepción de un Estado monolítico, lo que lleva a algunos grupos de esta
Cámara a vetar el euskera, el catalán y el gallego en el Senado.

Sabemos que el Partido Popular es más proclive
a la uniformidad que a la diversidad, sea diversidad identitaria, sea
lingüística, y en esa concepción monolítica del Estado el Partido Popular
no solamente veta el uso de las lenguas aquí, en el Senado, sino que
también maniobra en Europa para impedir el reconocimiento de la
oficialidad del euskera, el catalán y el galego. Pero las lenguas no son
patrimonio de ningún partido político ni tampoco deberían utilizarse como
arma política, son y deberían entenderse como una riqueza colectiva que
las instituciones están obligadas a respetar, a proteger y a difundir,
según mandata la propia Constitución y recoge la Carta europea de las
lenguas minorizadas, que fue ratificada también por España.

Y hoy nos vemos obligados a defender de nuevo
en una Cámara Territorial estas enmiendas, que reivindican el uso
normalizado de las lenguas, unas lenguas que no amenazan nada ni a nadie,
que exclusivamente visualizan, que visibilizan una forma de entender, una
forma de vivir la identidad de cada uno de nuestros territorios. Y a lo
que temen, señorías, no es a las lenguas; ustedes temen la diferencia,
ustedes temen lo que representamos algunos grupos en esta Cámara. Pero,
como decía, hoy volveremos a defender estas enmiendas, porque es una
cuestión de justicia y de respeto a los derechos lingüísticos. Es una
razón de justicia, como digo, que esta Cámara normalice e integre el uso
de todas las lenguas oficiales en términos de igualdad, sin diferenciar,
sin tener que restringir, sin tener que limitar el uso de cada una de las
lenguas como si fueran armas arrojadizas o como si vinieran a romper esta
España que ustedes visualizan y de la que tienen esa concepción
monolítica y uniformizadora. España es diversa, el Estado español es
plurilingüe, es pluricultural y es plurinacional. Más vale que antes que
tarde reconozcan esta realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación,
vamos a abordar el turno de portavoces, ya que los servicios de
asistencia parlamentaria no nos indican que se quiera hacer uso del turno
en contra. (El señor Silván Rodríguez pide la palabra).

¿Quiere hacer uso del turno en contra?
(Asentimiento).

Senador Silván, tiene la palabra.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
presidente.

Hemos asistido, como han podido ver, a la
defensa de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios; de todos, menos de uno. Creo que nos consta a todos cuál
ha sido el grupo parlamentario que no ha presentado ninguna enmienda a lo
que es la reforma de nuestro Reglamento: el Grupo Parlamentario
Socialista.

Gracias a todos los grupos que han presentado
sus enmiendas por su contribución a intentar enriquecer la reforma del
Reglamento y, en todo caso, por su contribución al debate parlamentario.
No enmendar también es una declaración política: o aceptar el
planteamiento de la reforma o no participar democráticamente, como es la
responsabilidad que tenemos todos los senadores. Enmendar no implica
aprobar la reforma, implica contribuir a mejorarla y confrontarla con
propuestas alternativas. Y quien solo se limita a decir «no» no está
defendiendo las instituciones, no está defendiendo el Senado; está
bloqueando esta Cámara, retratándose parlamentariamente. Allá ustedes,
señores socialistas.

Hoy culminamos un trabajo serio, riguroso,
profundamente político, un trabajo que no busca el titular fácil ni la
consigna, sino devolver al Senado el papel que la Constitución le dio:
que la Cámara de Representación Territorial sea tal, de equilibrio y de
control democrático. Y el Partido Popular ha contribuido a estos
objetivos. Más de cuarenta años han pasado desde que se aprobó el actual
Reglamento, cuatro décadas en las que ha cambiado España, ha cambiado la
sociedad y ha cambiado también la política. Lo único que no había
cambiado eran las normas internas de esta Cámara. Considerábamos ello
como una anomalía, y hoy, señorías, esa anomalía se corrige.

Esta no es una reforma partidista, no va contra
nadie; va a favor de nuestra Cámara, va a favor del Senado de España y de
nuestra calidad democrática. Se ha elaborado con transparencia, con
informes jurídicos, que ahí están, con criterios de los servicios
jurídicos de la Cámara y con respeto absoluto al procedimiento
parlamentario. Por tanto, quien hable de atajos o de irregularidades está
faltando a la verdad y, diciéndolo claramente, mintiendo. Aquí no hay
improvisación ni abuso. Ha habido y hay trabajo, rigor y respeto
institucional.

Esta reforma no nace de una mayoría coyuntural,
nace de una convicción, la de que el Senado debe modernizarse, ponerse al
día, ganar autoridad y recuperar el peso constitucional que nunca debió
perder. Modernizamos más de un centenar de artículos, actualizamos
procedimientos, reducimos duplicidades y adaptamos la Cámara al siglo
XXI. Se regulan el voto telemático y las reuniones telemáticas. Se crean
nuevas comisiones, una para las entidades locales y otra para la
vigilancia de las contrataciones públicas. Se refuerza el control al
Gobierno. Y se da voz a los municipios. Y lo hacemos sin desnaturalizar
el Senado, porque fortalecer una institución no es hacerla más grande,
sino hacerla más eficaz, más transparente y más respetada. Hay plazos
concretos, controles efectivos y consecuencias claras para quien no
cumpla. Porque la transparencia, señorías, no es una moda, es respetar al
ciudadano, y el respeto al ciudadano se demuestra con ejemplaridad. La
política solo recupera confianza cuando la convierte en normas, no en
discursos, y esto hace o pretende hacer esta reforma.

Todos sabemos por qué era urgente: porque en
los últimos años hemos visto que se confundía la mayoría con la impunidad
y la urgencia con el abuso. Hemos visto al Gobierno legislar por decreto,
vaciar debates y qué triste despreciar al Senado. Y esta reforma dice:
basta. Basta de decretos exprés, basta de convertir el parlamentarismo en
un mero trámite, basta de Gobiernos que rehúyen el control. A partir de
ahora, al inicio de cada periodo de sesiones, un miembro del Gobierno un
miembro del Gobierno deberá comparecer ante la Comisión Constitucional
para rendir cuentas del cumplimiento de las mociones aprobadas en esta
Cámara.

El Senado, con este Reglamento, deja a salvo la
autonomía institucional del Senado y su función constitucional de
control. Reforzamos el derecho de información de los senadores y
actualizamos los plazos de preguntas e interpelaciones. Se acaban los
retrasos y las dilaciones injustificadas. Desaparece, por fin, el sistema
obsoleto de las bolas blancas y las bolas negras y se incorpora el voto
telemático por razones de conciliación o salud, porque la vida y el deber
parlamentario no son incompatibles. Señorías, este Reglamento no refuerza
al Partido Popular, por mucho que se empeñen, refuerza al Senado. No crea
privilegios, establece garantías. Y no debilita la pluralidad, la regula
y la protege. Pero, como vemos, o era de esperar, hay quien no soporta
ver a una institución fortalecerse. Determinados grupos han vuelto a
hacer lo de siempre: intentar convertir cualquier debate en una batalla
identitaria. Su obsesión, señorías, no es mejorar el Senado, es
fragmentarlo. Y han presentado enmiendas, sí, pero para imponer el uso de
todas las lenguas oficiales en cada trámite, en cada comisión, en cada
documento. Quieren transformar la Cámara Alta en una torre de Babel al
servicio exclusivamente de su relato político. Y también otros proponen
lo contrario: borrar de un plumazo cualquier uso de las lenguas oficiales
en España, eliminar lo que el Senado acordó con el voto favorable del
Grupo Parlamentario Popular hace ya tres décadas, con un consenso
amplísimo; también, como digo, con el voto del Partido Popular. Y así,
una vez más, los extremos coinciden: unos quieren imponer y otros quieren
prohibir. Ni unos ni otros respetan el equilibrio que ha funcionado
durante años. Y desde el Partido Popular decimos con claridad: ni
imposición ni eliminación. Defendemos el sentido común, la eficacia y el
respeto. El castellano, el español, es la lengua común que nos une, y
reconocer las lenguas cooficiales donde su uso tiene sentido no divide,
enriquece, pero usarlas como arma política sí divide. Y ese es el
problema, que algunos usan las lenguas para enfrentarse y no para
entenderse.

¿Y qué decir, señores socialistas? El Partido
Socialista, que gobierna, debería haber liderado esta modernización, y ha
decidido no presentar ni una sola enmienda, ni una; ni un párrafo ni una
propuesta ni un matiz. El Partido Socialista ha elegido la abstención
política y el silencio institucional, un silencio que no es neutralidad,
es miedo; miedo a molestar a sus socios, miedo a contradecirse, miedo a
ejercer el liderazgo que exige gobernar. Mientras el Partido Popular
reforma el Reglamento para que el Senado funcione mejor, el Partido
Socialista se limita a mirar a otro lado, rehén de quienes quieren
debilitarlo. Y esa, señorías, es la diferencia entre quienes tienen
convicciones y quienes solo tienen cálculos, cálculos políticos.

Señorías, esta reforma moderniza la Cámara,
refuerza la rendición de cuentas, garantiza la transparencia y actualiza
el derecho de los senadores, pero, sobre todo, devuelve a esta
institución su respeto. Porque las instituciones solo son respetadas
cuando se respetan a sí mismas, y el Senado se respeta cuando actualiza
sus normas, cuando exige transparencia a todos y cuando no se deja
manipular ni por los extremos ni por la conveniencia política del
Gobierno de turno. Hoy damos un paso importante para consolidar una
Cámara moderna, útil y eficaz, una Cámara que no vive de espaldas a la
ciudadanía, sino al servicio de ella, una Cámara que cumple su papel en
el equilibrio constitucional frente a los abusos muy especialmente,
últimamente, del Ejecutivo y frente a los que confunden la pluralidad
con el caos.

Señorías, voy terminando. El Partido Popular
está cumpliendo con su responsabilidad: reforzar la democracia desde las
instituciones. Quien quiera sumarse será bienvenido, y nosotros los
animamos a ello. Quienes prefieran bloquear, insultar o callar quedarán
retratados. Esta reforma, por mucho que se empeñen, no es del Partido
Popular, es del Senado y de España. Y esa, señorías, es la mejor garantía
de futuro que podemos ofrecer a los españoles, porque fortalecer el
Senado es fortalecer España y fortalecer las instituciones es defender
nuestra democracia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Iniciamos, ahora sí, el
turno de portavoces.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el senador Gordillo.

El señor GORDILLO MORENO: Muchas gracias, señor
presidente.

Pues sí, señor Silván, ese es el respeto del
Partido Socialista hacia esta Cámara: no colaborar siquiera con lo que
aquí se propone. Pero no es de extrañar en absoluto, cuando su jefe de
filas, el señor Sánchez, al que ha habido que traer a rastras al Senado
Vox ha pedido más de diez veces la comparecencia del número 1 en esta
Cámara , se presentó aquí para nombrar o motejar a sus comisiones como
comisiones de difamación y la labor parlamentaria del Senado como un
circo, sin darse cuenta el señor Sánchez de que los números más
aplaudidos y deseados en los circos son, señorías, los de los
equilibristas y los payasos, esos que, cuando les dan tortas, sigan
riéndose de una manera incomprensible y algo estúpida, la verdad. Así
que, señorías, el señor Sánchez no viene al Senado porque el Senado
tampoco tiene herramientas para obligarle.

La reforma del Reglamento que plantea el Grupo
Popular no se trata de una reforma de consenso ni de una reforma
institucional, señorías, sino de una reforma unilateral, que se diría que
está concebida más con un criterio de oportunidad política que de
regeneración democrática, que es lo que esta sala requiere. Es una
reforma, señorías, que nace viciada, porque el Partido Popular ha
decidido hacer del Reglamento del Senado, que debería ser la norma de
todos, un instrumento, en esta ocasión, al servicio de su estrategia
partidista. Y lo ha hecho, como he dicho antes, sin el concurso de los
grupos. Señorías, esta reforma no corrige los males que afectan al
Senado, ni fortalece su papel territorial, ni mejora su función de
control al Gobierno, ni garantiza la igualdad entre los españoles; y se
desaprovecha una oportunidad si consolida un modelo de Cámara subordinado
al Congreso, incapaz de ejercer con firmeza las funciones que la
Constitución le encomienda.

Y, señorías, llega a este pleno tras un
recorrido irregular y confuso. Incluía la modificación de varios
artículos, que acabaron siendo desplazados a otra propuesta. En fin, esa
forma de proceder define ya el espíritu de esta reforma: improvisación y
falta de transparencia. Y no cuestionamos, señorías, que haya aspectos
positivos, como el refuerzo de la transparencia mediante la obligación de
declarar bienes, rentas e intereses económicos, sobre todo, en esta
oleada de corrupción sanchista, que provoca la desafección de los
ciudadanos y la desconfianza en nuestra labor parlamentaria; o la
flexibilización del voto electrónico, que puede facilitar la organización
de grupos poco numerosos. También valoramos la posibilidad de que los
senadores puedan acudir con una asistente a la Junta de Portavoces, y
otras que sería prolijo aquí relatar y que sus señorías conocen
perfectamente. Pero el problema, señorías, es lo que la reforma no toca o
toca mal, como he dicho en la defensa de mis enmiendas: el uso de las
lenguas en esta Cámara, la proliferación de comisiones a veces
innecesarias, la instrumentalización política y la perpetuación del
bipartidismo, que desfigura nuestras instituciones.

Señorías, esta reforma no solo falla en el
terreno simbólico. Nos encontramos ante una propuesta que blinda la
creación de comisiones legislativas fijas, como la Comisión General de
las Comunidades Autónomas y la Comisión de Entidades Locales. Señorías
del Partido Popular, cuando han tenido la oportunidad de defender la
Constitución desde el Senado, la Constitución y la justicia, tampoco lo
han hecho. Recordemos que, en abril del 2024, la propia Mesa del Senado
pidió un informe jurídico para estudiar un conflicto de competencias con
el Congreso por la tramitación de la Ley de amnistía. Qué caros nos han
salido, señorías, dos años más de corrupción y bloqueo por parte del
señor Sánchez. Y el argumento era sólido, porque el Congreso estaba
aprobando una norma manifiestamente inconstitucional que afectaba a
materias judiciales que no pueden ser objeto de una ley ordinaria, o
incluso de una ley orgánica, sin vulnerar la Constitución. Y el propio
presidente del Senado anunció públicamente que se reservaba el derecho de
acudir al Tribunal Constitucional. ¿Y qué hizo el Partido Popular, que
contaba con mayoría en esta Cámara? Pues nada. Renunció a actuar. Tuvo en
sus manos la posibilidad de hacer valer la dignidad del Senado y frenar
un atropello constitucional, pero prefirió mirar hacia otro lado. Y ese
silencio y ese laissez faire son responsables del deterioro institucional
que ahora todos lamentamos, el de la situación actual. Por lo tanto,
comparten ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, la aceptación
del marco autonómico como intocable y la rendición ante las minorías
nacionalistas, y debería haberse hecho una reforma de mucho más
calado.

Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, le corresponde al uso de la palabra al senador
Ferrer Martínez.

El señor FERRER MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, en primer lugar, y si me lo permite,
señor presidente, querría realizar, muy brevemente, una expresa y
manifiesta defensa de la figura del payaso. De tocayo a tocayo. Los
payasos nos hacen reír, y en muchas ocasiones no hacen reír por
situaciones ridículas, pero también por nuestras propias miserias y
defectos. Ojalá hubiera más payasos que nos enfrentaran al espejo y que
nos hicieran pasar un buen rato, a la vez que nos hicieran reflexionar,
aunque quizá reflexionar sea lo que pretenden evitar. Por lo tanto,
señorías, más risas y menos misas.

Entrando en materia, la presente reforma del
Reglamento, impuesta por el Partido Popular, ignora de nuevo los derechos
lingüísticos de todas nuestras señorías de todas nuestras señorías , a
la vez que le pone frente al espejo de sus propias incoherencias. La tan
manida «Hagan ustedes lo que yo diga, pero no lo que yo haga». Sus
quejas, las que hemos escuchado y las que hemos compartido respecto a la
tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, aquí no se han escuchado.
La libertad que ustedes tanto predican en el ámbito de la M-30 nos la
limitan en esta Cámara a los afortunados que hablamos otras lenguas
oficiales, además del castellano. Porque una lengua es cultura, es
historia, es idiosincrasia, es tarannà una palabra catalana que me gusta
mucho y es futuro.

Llevamos dos años de utilización de las lenguas
oficiales en el Congreso de los Diputados, y yo no tengo la sensación y
sí la absoluta certeza de que su España no se ha roto. Sin embargo,
añaden otro elemento más para que a los grupos que aquí somos
minoritarios, pero que somos mayoritarios en nuestros territorios, se nos
discrimine por nuestro origen y por nuestra cultura. Es un elemento más
para buscar otro punto de fricción. La decepción que nos produce ser
discriminados en esta Cámara nos lleva a pensar que ustedes consideran
esta Cámara no como una Cámara de Representación Territorial o una Cámara
de segunda lectura, sino como una Cámara de segunda, muy al contrario de
lo que ayer expresaban precisamente aquí. Porque el movimiento se
demuestra andando, con hechos, no con literatura, que todos podemos
escribir y expresar grandilocuentemente en esta Cámara, pero que no
afectará a la mejora de los derechos de quienes tenemos la suerte de
poder expresarnos en otras lenguas oficiales, como lo son el aranés, el
catalán-valenciano, el euskera y el gallego. Que ninguna lengua oficial
se quede sin representación en esta Cámara.

La aritmética parlamentaria no es estable; ni
siquiera durante esta legislatura, como hemos visto o como vemos
constantemente en el Congreso. Imponer una reforma del Reglamento del
Senado, una norma que está dentro del bloque de la constitucionalidad,
sin consenso, sin acuerdo, en base a una mayoría democrática coyuntural,
pero en contra del resto de los grupos, es un mal antecedente. Y esta
forma de actuar, de imponer, ya ha sido sancionada por el Tribunal
Constitucional. Veremos qué ocurre con esta. Pero no van a contar con
nuestro apoyo. No lo necesitan, pero tampoco lo han buscado y, por lo
tanto, no lo quieren. En definitiva, no lo merecen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco, le corresponde el uso de la palabra a la senadora Beltrán de
Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, presidente jauna.

Desde mi grupo, señor Silván, coincidimos en la
necesidad de reformar el Reglamento para modernizarlo y adaptar los
procedimientos a formas de funcionamiento más ágiles, más efectivas,
incorporando y aprovechando también las posibilidades que nos da el
desarrollo de los sistemas y medios técnicos y tecnológicos, y para
favorecer la participación en igualdad de condiciones de todos los grupos
parlamentarios, independientemente del número de senadores y senadoras
que los conformen. Y también para la utilización de la lengua oficial que
cada uno quiera utilizar. Consideramos que el Reglamento, en tanto supone
definir el funcionamiento que debe regir esta Cámara parlamentaria, ha de
ser el resultado de la escucha, el diálogo y el debate de todos los
grupos parlamentarios con representación en el Senado. Unas reglas de
funcionamiento que han de tener voluntad de continuidad, de permanencia
en el tiempo y, por tanto, han de operar como resultado del mayor acuerdo
posible entre los grupos. Pero en este proceso, como en las tres
anteriores reformas, no ha habido ni el más mínimo atisbo de acercamiento
del Partido Popular, como impulsor de la reforma y como grupo mayoritario
de esta Cámara, al resto de los grupos. A pesar de esas seis prórrogas,
en esta ocasión, del plazo de enmiendas que han solicitado ustedes
mismos, no ha habido ni el más mínimo esfuerzo de diálogo y ni mucho
menos de acuerdo, sabedores de que la mayoría absoluta con la que cuentan
les legitima para aprobar cualquier reforma, aunque con ello traicionen
ese espíritu que orientó al constituyente cuando establece la mayoría
absoluta para la reforma del Reglamento, entendiendo que lo que buscaba
para este tipo de reformas es que se concitara el acuerdo de al menos más
de un grupo político.

La prolongación de los tiempos para operar de
facto esta última reforma obedece solo y exclusivamente a un cálculo
táctico del interés partidista del Partido Popular. Es una reforma de
calado, efectivamente, pensada en términos bipartidistas, orientada a
favorecer la labor de oposición al Partido Socialista, articulada para
ejercer de contrapoder al Gobierno del Partido Socialista. Pero también
es una reforma que rompe los equilibrios entre ambas Cámaras, abriendo un
frente de confrontación con el Congreso, porque, a nuestro entender,
vulnera el principio constitucional que establece el sistema bicameral
asimétrico e imperfecto, en el que se otorga, queramos o no, al Senado un
papel supeditado al Congreso.






Y ahora, con esta reforma lo que plantean y
lo que se pretende es colocar a ambas Cámaras al mismo nivel, algo que,
en principio, podría entenderse que puede rozar al menos la
constitucionalidad.

Una vez más se constata cómo la derecha
patrimonializa y utiliza en provecho propio las instituciones. Se
constata la falta de respeto a la democracia parlamentaria y a las
instituciones, incluso a su sacrosanta Constitución. Que ningún principio
democrático se oponga a tus ansias por conquistar el poder. Ese parece
que es el principio inspirador también en esta reforma. Una reforma que,
por cierto, ha incorporado, como ha expresado el señor Silván y como ha
expresado el señor Arenas, varias modificaciones a propuesta de los
servicios jurídicos de la Cámara, calificadas como correcciones técnicas,
y que, a nuestro modo de entender, como ya expuse en la comisión, exceden
esa calificación porque, en nuestra opinión, tienen naturaleza de
enmiendas. Por tanto, se han incorporado también contraviniendo el
Reglamento y con el único apoyo hay que decirlo del Partido
Popular.

Esta reforma volverá a negar nuevamente el uso
normalizado de las lenguas oficiales. Una Cámara Territorial que niega la
existencia de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, que
no solamente desprecia la participación de otros grupos con
representación en el Senado, sino que desprecia el sentir de muchos miles
de ciudadanos y ciudadanas a quienes representamos, y a quienes
seguramente ustedes también representan, que no pueden entender que se
utilicen las lenguas como elemento de confrontación, de exclusión. Y
decía en una anterior intervención que están ustedes haciendo seguidismo
de aquella proclama que hacía el dictador Franco cuando decía y abogaba
por la unidad nacional construida en torno a una única lengua, el
castellano. Así pues, creo que hay que dejar claro y constancia termino
ya, presidente de que esta reforma del Reglamento es consecuencia de la
decisión unánime y de la imposición del Partido Popular y de la forma
excluyente que tiene el Partido Popular de ejercer esta mayoría absoluta
en la Cámara, menospreciando...

El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando,
señoría.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: ...,
despreciando termino ya al resto de los grupos. Es un Reglamento no
hecho para reforzar la democracia parlamentaria ni en beneficio del
Senado, no nos engañemos.

El señor PRESIDENTE: Ruego finalice,
señoría.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Es un
Reglamento hecho a la medida del Partido Popular y para gobernar desde la
oposición, como ha dicho esta mañana una senadora del Partido Popular.
Están ustedes dispuestos y hacen todo lo posible para gobernar desde la
oposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías,
por el Grupo Parlamentario Plural, le corresponde el uso de la palabra al
senador Bagué Roura.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.

Otra ocasión perdida de normalizar el uso de
las lenguas en la Cámara Territorial, en el Senado. Este es el resumen.
Es la cuarta reforma del Reglamento. La primera que se impulsó fue para
retrasar la aplicación de la Ley de amnistía, en esta legislatura.
Reforman el Reglamento del Senado para retrasar una ley concreta que no
estaba ni tramitada en el Congreso en aquel momento. Cosas absolutamente
demenciales. Lo expuse en la ponencia y en la comisión. Es una cuestión
casi de formas. Si un ayuntamiento, cualquier ayuntamiento del Estado
español, para aprobar su reglamento orgánico municipal acuerda entre los
grupos, entre sus concejales, en qué régimen se va a celebrar el pleno,
qué día de la semana va a celebrarse el pleno, qué día se va a celebrar
la comisión de cuentas, qué asignación tiene el grupo municipal u otro
¡Hombre!, si en el mundo local hay el sentido común de saber acordar, de
saber consensuar los mínimos, ¿el Reglamento del Senado tiene que
reformarse cuatro veces en dos años, y siempre de forma unilateral por el
PP? Parece, como mínimo, poco razonable.

El único grupo parlamentario que lo impulsa es
el Grupo Popular. Y después, en comisión, nos dijo: «Bueno, tampoco los
demás grupos se han dirigido a nosotros, al Grupo Popular». Bien, es que
esto es la prueba al revés: el que impulsa la reforma es el que, si
quiere concitar más apoyos, debe dirigirse al resto, no al revés. Si el
que propone la modificación es el Grupo Popular, el que debería dirigirse
a los demás sería el Grupo Popular también; y no lo hizo.

Hemos presentado diecisiete enmiendas para el
uso normalizado de las distintas lenguas. Tener mayoría absoluta no
significa tener la razón absoluta. Lo dije en comisión también. Uno puede
tener la mayoría parlamentaria que quiera, pero la razón política es otra
cuestión. La calidad de cualquier democracia se mide, de manera
principal, por el respeto a los grupos minoritarios. Si uno abusa de su
mayoría parlamentaria, está deteriorando la calidad del sistema
democrático. Triste es para Junts per Catalunya que, en pleno siglo XXI,
en el año 2025, tengamos que estar reclamando y tengamos que hacer estas
reflexiones sobre el uso normalizado de las lenguas.

Las diecisiete enmiendas que hemos presentado
las hemos presentado veintidós senadores, representantes de siete fuerzas
políticas distintas, de siete partidos políticos. Esta es la realidad,
guste o no, y todos nosotros estamos representando a miles de ciudadanos
que nos eligieron o nos designaron desde sus respectivos
parlamentos.

Ahora, el Partido Socialista aparenta una gran
vocación lingüística. Recordamos con dolor cómo provocó la prórroga,
cincuenta y nueve veces, de una propuesta de Junts en su momento, de
reforma y del uso de las lenguas de forma normalizada. Otra ocasión
perdida.

Seis de las diecisiete comunidades autónomas
tienen lengua oficial o lengua propia. No estamos hablando de una rareza.
Pero yo creo que, en la definición que ha hecho el portavoz del Grupo
Popular, define el problema: ha definido como «extremismo» el uso de unas
lenguas oficiales. ¿Eso es extremismo? Y ha dicho: «La torre de Babel»,
como un gran problema. Yo, de extremos, creo que solo tengo el extremo
geográfico, porque estoy en Girona, a 718 kilómetros del kilómetro cero.
Pero, aparte de esto, extremista créanme que lo soy muy poco.

Y, en cuanto a plantearlo como un problema una
torre de Babel , es porque no lo ven como una riqueza. Siguen empecinados
en verlo como un problema. En lugar de ver la riqueza lingüística que
supone que un Estado tenga la diversidad lingüística que tiene, lo ven
como un problema. Bueno, pues ante este planteamiento es imposible que
nos podamos entender. Yo entiendo que, en su convención municipal tuve
la paciencia de leerme la convención municipal del PP , acuñaran el
término «lengua común». Eso no sale en ninguna parte de la
Constitución.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Una cosa es la lengua
oficial, que es el castellano, y otra es la lengua común. Lengua común
está en el latín, y tampoco lo sería, porque el vasco es prerrománico,
con lo cual ni así nos podríamos quedar con lo de la lengua común.

Termino ya. La lengua propia de Cataluña es el
catalán. Hemos resistido siglos de persecuciones, desde Felipe V, pasando
por Carlos III y Primo de Rivera, hasta Francisco Franco. Y, por más
persecución que se intente ejercer, nosotros, hasta el último aliento,
vamos a permanecer defendiendo el derecho legítimo de usar la lengua
propia de Cataluña, que es el catalán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la
Independencia, le corresponde el uso de la palabra al senador Zubiaga
Garate.

El señor ZUBIAGA GARATE: Presidente jauna.

Señorías, eguerdi on.

Cabe hacer dos reflexiones sobre esta alevosa
reforma del Reglamento del Senado, y voy a seguir la misma línea que ha
planteado la senadora Beltrán de Heredia. La primera se refiere al
procedimiento utilizado: un procedimiento abusivo, inaceptable, cuando se
trata de aprobar una norma que, por su naturaleza, debería tener carácter
consensuado. Dudo que tengan propósito de enmienda, pero, en ese
improbable caso, les recomiendo una lectura muy interesante: Pensar
institucionalmente, de Hugh Heclo.

Cuando se asume la gestión de una institución
no se debe renunciar al programa político propio, obviamente, pero, al
tiempo, se debe entender que se representa a la totalidad del cuerpo
electoral, con lo cual es preciso un ejercicio de autocontención, cosa
que aquí no ha ocurrido.

Ustedes no piensan institucionalmente, señor
Silván, a pesar de sus palabras solemnes. Su acercamiento a las
instituciones es un acercamiento accidentalista, un término de larga
tradición en la derecha española. Si la democracia me da el poder, vale.
Si no lo tengo, y el Gobierno alternativo no erosiona mi poder, vale. Y
si he perdido la mayoría y el Gobierno erosiona siquiera levemente mi
posición de poder, contra él todo vale. Y cuando decimos todo es todo. Lo
han demostrado de forma cruenta a lo largo de la historia.

¿Se podría haber hecho esta reforma de otro
modo? Sí, sin duda. Si hubiéramos abrazado los modelos de parlamentarismo
abierto, quizá habríamos podido organizar una ponencia de estudio para
conocer las experiencias comparadas o los instrumentos deliberativos más
modernos. Una vez más se ha perdido la oportunidad de estar a la
vanguardia del parlamentarismo democrático.

Pero no solo no se avanza, sino que la
involución de la Cámara es muy preocupante. Cada vez se muestra más
cerrada y hostil, sobre todo respecto a los grupos territoriales. Un
ejemplo reciente: el Parlamento goza de un núcleo inmune al control
político o jurisdiccional respecto de sus actos no normativos. Y si ya a
partir de la sentencia constitucional 42/2014 extender el control de
constitucionalidad respecto a resoluciones meramente políticas era ya muy
grave, ampliar ese control a expresiones verbales como «nación sin
Estado» y dejarlo, además, al arbitrio de la presidencia de la Cámara, es
realmente un puro disparate.

Y pasamos ahora a la segunda reflexión,
relativa al contenido material de nuestras enmiendas: el reconocimiento
pleno de nuestros idiomas oficiales en esta Cámara. Hace unos días,
Felipe VI, en Arequipa, dijo y leo : «Ninguna lengua nació para ser
barrera ni muro. Y si alguna vez lo han sido, es porque las han hecho
discurrir por un camino equivocado que desnaturaliza su función
primordial: comunicar». De acuerdo, pero se le olvidó al señor Borbón que
la lengua española ha discurrido y sigue discurriendo por caminos
equivocados en lo que se refiere al trato a nuestras lenguas, a las
lenguas de los pueblos y naciones que conforman este Estado. Por un lado,
porque el trato que se nos ofrece en nuestro propio país es inaceptable,
porque no nos permiten gestionar nuestra pluralidad interna, una forma de
gestión que necesariamente debe pasar por la discriminación positiva de
lenguas que todavía siguen estando minorizadas. Y, por otro, porque, a
nivel estatal, salvo en el Congreso, nuestras lenguas están y siguen
estando ninguneadas. No tienen ninguna presencia en las instituciones
centrales. No lo olvidemos, en un Estado plurinacional y
plurilingüístico.

¿No les chirría el hecho de que esta enmienda
haya sido suscrita por ocho grupos políticos, muy diversos
ideológicamente? ¿Sobre quién pretenden gobernar, si llegan alguna vez
esperemos que no sea en breve plazo a gobernar el Estado? ¿Sobre
Castilla, y gracias? Porque, evidentemente, están ustedes dejando de
gobernar sobre ocho partidos que representan amplísimas mayorías en
muchos territorios.

Para el catalán, el gallego y el euskera, el
castellano ha sido durante siglos no solo barrera, sino garrote. Y hoy,
mordaza. Porque la función primordial de las lenguas es comunicar,
evidentemente, pero la primera ley de la comunicación nos lleva a pensar
que debemos poder elegir nuestro idioma de comunicación, siempre y cuando
exista un sistema de traducción que garantice el entendimiento
mutuo.

La imposición unilateral de una lengua, el
castellano, sobre las lenguas que deberíamos poder usar en esta Cámara
destruye los fundamentos últimos de toda comunicación racional, ya sea
una comunicación racional dirigida al consenso o dirigida al
convencimiento. Y no nos digan, por favor, que todos nos entendemos en
castellano. Sí; y pronto, en inglés o en mandarín.

Siguen ustedes lo dije en la comisión
atrapados en el mito babélico y siguen pensando que la lengua previa a la
confusión de las lenguas era el castellano. Aterricen en estos tiempos y
asuman que permitir el uso de nuestras lenguas en esta Cámara no solo es
una muestra de reparación y justicia histórica, sino, simplemente, una
muestra de respeto y de educación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Zubiaga.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, le
corresponde el uso de la palabra al senador Fajardo.

El señor FAJARDO PALAREA: Buenos días, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

Señor Silván, nosotros no temblamos de miedo en
la dictadura. Menos vamos a temblar de miedo ahora, que vivimos en una
democracia, por la que luchamos y que ayudamos a construir, cosa que
otros no hicieron. (Aplausos de las señorías del Grupo Parlamentario
Socialista). Eso, en primer lugar.

En segundo lugar, no es una cuestión de bolas
usted ha nombrado bolas , es una cuestión de diálogo, una cuestión de
consenso. Y usted sabe perfectamente que esta propuesta de reforma nació
viciada de inicio, con una falsa promesa. Ustedes no cumplieron. Es una
reforma de la que ustedes, en el 90 %, no son autores intelectuales.

Es cierto que han comulgado con los trabajos
técnicos que se han hecho en lo que es la celebración de un santo
matrimonio legislativo. Pero, mire, los hechos les preceden. Veinticinco
reformas se han llevado a cabo del Reglamento desde el año 1994. Veinte
han sido con consenso o con unanimidad; cinco han sido sin consenso:
cuatro, que son las que llevan ustedes durante esta legislatura, sin
contar esta, más la votada el día 21 de julio del año 2010 a la que
hacía referencia la señora portavoz del PNV , que ustedes votaron en
contra alegando lo que costaban los traductores, lo que costaban unos
pinganillos que, por cierto, no se los pone ni Dios , y que iban a
convertir el Senado en una torre de Babel.

Yo he intentado por todos los medios buscar una
justificación democrática a su postura con respecto a esta propuesta de
reforma, y he llegado a la conclusión de que es el incumplimiento
voluntario de sus propios compromisos. Ustedes tuvieron un congreso en
julio, y en las páginas 15, 16 y 17 de la ponencia que ustedes aprobaron
hablaban de cosas tan importantes como: «Hay que institucionalizar el
diálogo democrático». ¿Dónde está el diálogo democrático? Decían:
«Defenderemos la normalidad democrática, evitando los excesos y los
abusos, respetando las reglas e impidiendo la instrumentalización de las
instituciones». Todo lo contrario. Decían ustedes también esta no tiene
parangón : «Rechazamos rotundamente el uso de recursos públicos para
fines privados». Y estamos pagando a un abogado de Manos Limpias con
dinero público del Senado. (Aplausos de las señorías del Grupo
Parlamentario Socialista). Y decían ustedes también: «Las instituciones
están al servicio de los ciudadanos y no son propiedad de ningún
partido». Pues vaya ejemplo están ustedes dando con la reforma de este
Reglamento.

Miren, el otro día, el jueves pasado, se pedía
respeto al Senado. Y le voy a decir: sí, señor, estoy de acuerdo con que
se respete al Senado. Pero respetar al Senado no es utilizar el Senado
como arma arrojadiza contra el Congreso y el Senado. No es reformar
inconstitucionalmente los artículos del Reglamento del Senado. No es
convertir el Senado en una institución de bloqueo, en vez de una
institución territorial. No es convertir el Senado en un bicameralismo
conflictivo, agresivo y obstruccionista, en vez del bicameralismo
imperfecto que nos hemos dado todos. No es elevar a la máxima esa famosa
frase de «El que pueda hacer, que haga».

Respetar al Senado significa respetar los
plazos naturales que marca la Constitución. ¿Cómo van a pasar ustedes de
veinte días naturales a uno más, si acaba el último día en un día
inhábil? Eso es una auténtica barbaridad. ¿O cómo se inventan ustedes
nuevos conflictos de atribuciones? ¿O cómo se atreven ustedes a intentar
legalizar, dar carta de naturaleza a un veto presunto? Para eso sí
serviría la teoría de interrogatorio del sí-no, sí-no. Como el del
intermitente, ¿no?

Porque claro, me dirán ustedes: «O hay veto o
no hay veto». Y eso es lo que hay. Y ustedes siguen insistiendo en esto.
Miren, respetar al Senado es que no sea una Cámara de difamación porque
voy a informar a la Cámara. Ya se produjo aquí un hecho muy grave de
alguien que presentó un escrito a una comisión de investigación, y
resulta que se mandó a la Fiscalía. Pero es que se ha presentado uno en
mano. Y eso lo van a tener que explicar: quién, cómo y dónde. Se
presentan escritos en el Senado, y el Senado no se puede convertir en una
Cámara de difamación.

Respetar al Senado significa respetar los
derechos de los senadores. ¿Cómo es posible que, después de ser pacíficos
desde el 3 de noviembre del año 2004, nosotros podamos pedir
documentación a las comunidades autónomas y a otros entes, porque así se
decidió por unanimidad por todos los partidos, y ahora nos quiten ustedes
ese derecho, si estamos en la Cámara Territorial, señor Silván? Y son
muchos más los ejemplos que podría poner, pero no tengo tiempo. Como
diría sarcásticamente el presidente de la comisión, ustedes han
presentado una reforma que es infumable. (Risas del señor Silván
Rodríguez). Pero, le voy a decir más. Y no se ría; no sé por qué se
ríe.

Mire, con toda la solemnidad posible. Todo el
mundo sabe de la frustración que tienen ustedes desde el año 2023
termino ya, señoría , y desde el jueves pasado ya no les quiero ni
contar. Pero mire, se lo pido como representante del Partido Socialista:
respeten al Senado. No vuelquen su frustración ni contra el Senado ni
contra los senadores y senadoras que representamos al pueblo de
España.

El señor PRESIDENTE: Ruego finalice,
señoría.

El señor FAJARDO PALAREA: Termino,
señoría.

Además, hacen ustedes un flaco favor, porque
con estos gestos y estas actuaciones ustedes están dando carta de
naturaleza a aquellos que quieren que el Senado se suprima.

Muchas gracias. (Aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, le corresponde el uso de la palabra al senador Silván
Rodríguez.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
presidente.

En primer lugar, gracias a todos los
intervinientes por el tono y el respeto en el planteamiento de sus
consideraciones, diferentes a las del grupo al que represento. En todo
caso, les diré algo: desde abril de 2025 ha sido un procedimiento abierto
o se ha abierto un procedimiento absolutamente participativo. Estamos en
noviembre de 2025, han pasado más de seis meses. Ustedes pensaban, y
denunciaron en su día públicamente, que iba a ser una reforma exprés. Se
equivocaron. Seis meses nos contemplan: 146 enmiendas presentadas.

Y me quiero referir, en primer lugar, al Grupo
Socialista, al señor Fajardo. ¿Sabe una cosa? No han participado en la
modernización del Senado, de esta Cámara, tristemente, porque no creen en
ella. Y ayer se dijo aquí que se trata o la consideraban de una Cámara
de segunda lectura. Sí, es una Cámara de segunda lectura, pero no una
Cámara de segunda división, como piensan muchos de ustedes. (Aplausos de
las señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Y la prueba
de ello es que no levantan la voz ni una sola vez no ya contra su líder,
sino tampoco, y en este caso, contra la presidenta del Congreso, que
amordaza y bloquea el trabajo de esta Cámara, el trabajo que nosotros
estamos ejerciendo como senadores. También ustedes, señores socialistas.
Una tristeza y una pena.

Pero ¿qué vamos a decir de ustedes, cuando su
líder califica a esta Cámara esta, nuestra Cámara; esta, su Cámara como
un circo? Qué pena y qué triste. Y ustedes, además, jaleándole y
aplaudiéndole. ¿Les consta, señores socialistas, que el Senado es un
circo? Lo que a mí me consta es que hay que tener muy poca vergüenza
política para que, en la sede de la soberanía popular, aquí, en el
Senado, se falte al respeto el respeto obligado a los ciudadanos, a
quienes todos nosotros representamos.

Señores socialistas, me consta que ustedes, en
cada fase del procedimiento de esta reforma del Reglamento, han
trasladado su pataleta en forma de escritos dirigidos a los servicios
jurídicos, dirigidos a la Secretaría General. Pero han trasladado su
pataleta con la boca pequeña, si me permiten la expresión, no en forma de
enmiendas. Ni una sola enmienda. ¿Les consta eso, señores socialistas? A
mí me consta y el Diario de Sesiones no me deja mentir.

No han presentado ni una sola enmienda respecto
a un reglamento que ustedes mismos consideran que debía reformarse. Y,
por supuesto que desde el Grupo Parlamentario Popular, en cada ocasión y
hoy nos lo han brindado una vez más , defendemos, respetamos y apoyamos
el trabajo de los servicios jurídicos de esta Cámara, porque los
servicios jurídicos de esta Cámara no defienden los planteamientos de los
grupos parlamentarios, defienden la legalidad, y los respetamos siempre,
cuando nos favorecen y cuando no nos favorecen.

En cuanto al planteamiento que han hecho
algunos grupos parlamentarios respecto a las lenguas, les tengo que decir
algo; sé que la memoria es frágil, pero yo se lo recuerdo: el Partido
Popular fue coautor, con el voto favorable, de las reformas de 1994
y 2005, donde se introdujo aquí, en el Senado, el uso de las lenguas
oficiales que hay en España. Lenguas, reitero, para unir y no para
dividir, y sí, por supuesto, para enriquecernos a todos, allí y aquí.
Aquí se están utilizando en iniciativas parlamentarias las lenguas
oficiales que hay en España. No es para nada un arma política para
nosotros, como parece que lo es para muchas de sus señorías. Y reitero:
ni imposición, ni eliminación.

Y, por supuesto, estamos aquí porque lo han
querido los ciudadanos. La mayoría es para todos la misma: cuando nos
interesa y cuando no nos interesa; cuando la tenemos y cuando no la
tenemos. Si hay mayoría, hay mayoría, y si no hay mayoría, para muchos de
ustedes hay atropello. Pues no, la mayoría es única. Por cierto, en el
Congreso también hay una mayoría. ¿Por qué no critican ustedes ese
bloqueo permanente de la señora Armengol a la iniciativa legislativa del
Senado, de ustedes, señorías, con más de treinta y cinco leyes allí
bloqueadas en el cajón de la señora Armengol por su voluntad?

Termino ya, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Ruego vaya finalizando,
señoría.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Es una reforma,
señoría, que fortalece el reglamento, y fortaleciendo el reglamento,
fortalecemos al Senado.

Defendemos el Parlamento o lo entregamos al
silencio. Nosotros, señorías, hemos decidido porque creemos en ello
defenderlo, protegerlo y, por supuesto, reiterar el apoyo a todo lo que
aquí realizamos como representantes de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado el
debate de esta iniciativa, les comunico que el plazo para emitir el voto
electrónico remoto por los senadores debidamente autorizados se abrirá
tras el último punto del orden del día. Asimismo, les indico que la
votación presencial tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando
sea anunciado por la presidencia.