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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 172, de 23/06/2026
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 172
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO PÉREZ LÓPEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 26
celebrada el martes,
23 de junio de 2026
ORDEN DEL DÍA
Ratificación de la ponencia designada para estudiar la siguiente iniciativa:
- Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2024. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004) ...
Emitir dictamen a la vista del criterio emitido por la ponencia, y, en su caso, debate y votación de las propuestas de resolución presentadas sobre:
- Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2024. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004) ...
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de la Imprenta de Billetes, S.A., medio propio del Banco de España, desde su creación hasta 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000155 y número de
expediente del Senado 771/000153) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de la prestación por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos del Servicio Postal Universal y su control por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de
Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000155) ... (Página5)
- Informe de fiscalización operativa y con enfoque evaluador del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, ejercicios 2021 a 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000182
y número de expediente del Senado 771/000179) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2023. Presentado
por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000183 y número de expediente del Senado 771/000180) ... (Página5)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de los planes de impulso y modernización de la formación profesional en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2024. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000187 y número de expediente del Senado 771/000184) ... (Página16)
- Informe de fiscalización ¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros? Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000189 y número de expediente del Senado 771/000186) ... (Página16)
- Informe de fiscalización de la perspectiva de género en el presupuesto del Ministerio de Industria y Turismo, situación a 31 de diciembre de 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000190 y número de expediente del Senado 771/000187) ... (Página16)
- Informe de fiscalización de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos productos
considerados emergencia por el Gobierno en relación con el COVID19. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000193 y número de expediente del Senado 771/000190) ...
Bloque III:
- Informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, ejercicios 2021, 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000194 y número de expediente del Senado 771/000191) ... (Página27)
- Informe de fiscalización del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado, ejercicios 2021 a 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000196 y número de expediente del Senado 771/000193) ... (Página27)
- Nota sobre la liquidación de los Programas del Área de Gasto 4 'Actuaciones de carácter económico' de los Presupuestos General del Estado del ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000138) ... (Página27)
- Nota sobre las dificultades de las entidades del sector público administrativo del Estado para la formulación, aprobación y rendición de cuentas en plazo, ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000171 y número de expediente del Senado 771/000168) ... (Página27)
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS CELEBRADA EL MARTES 23 DE JUNIO DE 2026
Se abre la sesión a las diez y ocho minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA ESTUDIAR LA SIGUIENTE INICIATIVA:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2024. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Buenos días.
Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día corresponde a la ratificación de la ponencia designada para estudiar la cuenta general del Estado de 2024, de conformidad con lo establecido en las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre
tramitación de la cuenta general del Estado de 1 de marzo de 1984.
La ponencia ha estado integrada por los diputados y senadores siguientes: doña María del Pilar Alía Aguado, del Grupo Popular; don Luis María Beamonte Mesa, del Grupo Popular; doña María Mercedes Fernández González, del Grupo Popular;
doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Socialista; don Amaro Huelva Betanzos, del Grupo Socialista; don Josep Paré Aregall, del Grupo Socialista; don Juan José Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, del
Grupo Parlamentario VOX; doña Engracia Rivera Arias, del Grupo Parlamentario SUMAR; doña Miren Uxue Barcos Berruezo; don Josep Queralt Jiménez; don Josep María Cruset Domènech; don Josu Estarrona Elizondo, y doña María Dolores Etxano Varela.
¿Se ratifica la composición de la ponencia por asentimiento? (Asentimiento).
Queda ratificada la ponencia.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL CRITERIO EMITIDO POR LA PONENCIA, Y, EN SU CASO, DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2024. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Seguidamente, se procede a emitir dictamen, a la vista del criterio emitido por la ponencia, de la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024.
Se informa de que la ponencia encargada de estudiar la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024 ha emitido por mayoría criterio desfavorable respecto de su aprobación.
A continuación, corresponde votar por la comisión la declaración sobre la Cuenta General del Estado 2024. Los votos afirmativos se entenderán a favor de la aprobación de la cuenta general; los votos negativos se entenderán como rechazo a
la declaración.
Procedemos, por tanto, a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): En consecuencia, la comisión ha emitido dictamen de rechazo de la declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024.
A continuación, pasamos a la votación de las propuestas de resolución de la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 que figuran en el segundo punto del orden del día.
Comenzamos votando la propuesta de resolución número 6, del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 8, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Votamos las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas estas propuestas.
Finalizadas las votaciones, suspendemos por unos minutos a efectos de que se incorpore a la sesión la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA IMPRENTA DE BILLETES, S.A., MEDIO PROPIO DEL BANCO DE ESPAÑA, DESDE SU CREACIÓN HASTA 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000155 y número de
expediente del Senado 771/000153).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y SU CONTROL POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000155).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y CON ENFOQUE EVALUADOR DEL PLAN DE 130 MEDIDAS FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO, EJERCICIOS 2021 A 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000182
y número de expediente del Senado 771/000179).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EJERCICIOS 2021 A 2023. PRESENTADO
POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000183 y número de expediente del Senado 771/000180).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar sobre los siguientes extremos que figuran en el tercer punto del orden del día y que, como es habitual, están repartidos en tres bloques.
Comenzamos con el bloque número I, que consta de cuatro informes: informe de fiscalización de la Imprenta de Billetes, Sociedad Anónima, medio propio del Banco de España desde su creación hasta 2023; informe de fiscalización de la
prestación por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos del Servicio Postal Universal y su control por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2022; informe de fiscalización operativa y con enfoque evaluador del Plan de 130
medidas frente al reto demográfico, ejercicios 20212023; e informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, ejercicios 20212023.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Buenos días.
Comienzo con el primer informe, el relativo a la Imprenta de Billetes, medio propio del Banco de España desde su creación. (Apoya su intervención en una presentación digital).
IMBISA es una sociedad mercantil estatal creada en 2015 para adaptar la producción de billetes de euro al marco establecido por el Banco Central Europeo. Hasta ese momento, la fabricación de billetes para el Banco de España se realizaba en
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; con la creación de IMBISA, se optó por un modelo en el que la producción nacional de billetes se realizara a través de una imprenta propia del Banco Central emisor.
Esta fiscalización es una fiscalización integral, en la que se ha comprobado la representatividad de las cuentas anuales, el cumplimiento de la normativa aplicable, el proceso de creación de la sociedad, los procedimientos establecidos para
el cumplimiento de su objeto social y, de manera singular, la construcción y puesta en marcha de una nueva fábrica de billetes.
La conclusión general en materia contable es favorable. Las cuentas anuales de IMBISA de los ejercicios 2015 a 2023 expresan la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad. También, se ha
comprobado que las cuentas fueron aprobadas en los plazos previstos por la normativa mercantil. No obstante, las cuentas de los ejercicios 2015 a 2019 no se rindieron dentro del plazo legal, aunque fueron rendidas conjuntamente en 2020. Desde ese
momento, las de 2020 a 2023 siempre se han rendido en plazo.
El informe pone de manifiesto la evolución patrimonial de la sociedad. Su capital pasó de 50 millones de euros en el momento de su constitución a 220 millones de euros al cierre de 2023. El inmovilizado se convirtió en el componente más
relevante del balance, con un incremento vinculado fundamentalmente a la construcción y puesta en marcha de la nueva fábrica.
En materia de contratación, el tribunal comprobó que IMBISA remitió al tribunal las correspondientes relaciones certificadas de contratos y los extractos de expedientes. Sin embargo, se detectaron deficiencias en algunos contratos
relacionados con la nueva fábrica, entre ellos la aceptación de una oferta que no estaba ajustada plenamente a los pliegos, incumplimientos no justificados de plazos de ejecución, una modificación contractual no soportada suficientemente y ausencia
de actas de recepción en determinados contratos.
Especial relevancia tiene la situación del contrato de construcción de la nueva fábrica. A la fecha de aprobación del informe, el edificio no contaba con el acta de recepción definitiva, pese a que la recepción provisional se había firmado
treinta y cuatro meses antes y a que la actividad ya estaba trasladada al nuevo edificio en septiembre de 2023.
En relación con el suministro de papel para billetes, se formalizaron quince contratos por un total de 176,4 millones de euros. El informe destaca que, durante el periodo fiscalizado, los contratos se adjudicaron a dos de las seis empresas
europeas existentes con habilitación y acreditación del Banco Central Europeo.
En materia de personal, se comprobó que, en general, las contrataciones y nombramientos de personal directivo siguieron los procedimientos aprobados. No obstante, en algunas promociones no se respetaron los límites internos, lo que originó
incrementos salariales superiores a los máximos.
El informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas a IMBISA, entre ellas analizar los riesgos que puede generar la inexistencia del acta de recepción definitiva de la obra de construcción de la nueva fábrica; invitar a los procesos de
contratación a todas las empresas europeas acreditadas y con solvencia suficiente, con el fin de reforzar la competencia y reducir riesgos de retrasos, y aprobar un manual interno que describa las competencias de las unidades directivas, las
funciones de sus responsables y el procedimiento aplicable a las promociones.
Paso al segundo informe, relativo a la prestación por Correos del Servicio Postal Universal y su control por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, referido al ejercicio 2022.
El Servicio Postal Universal es el conjunto de servicios postales que deben prestarse de forma permanente en todo el territorio nacional, con una calidad determinada y de precio asequible para todos los usuarios. La normativa designó a
Correos como operador encargado de su prestación durante un periodo de quince años, hasta finales de 2025. La fiscalización ha analizado, por un lado, la prestación del servicio universal por Correos y, por otro, la supervisión ejercida por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los objetivos han sido verificar el cumplimiento de la normativa, valorar la racionalidad económicofinanciera de los procedimientos de prestación de servicios y analizar las actuaciones de control
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La conclusión más relevante es que no se ha conseguido el sistema de compensación previsto en la Ley 43/2010. La ley pretendía establecer un procedimiento anual y ordenado por el que Correos debía rendir su contabilidad analítica de costes
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que debía revisarla y determinar la carga financiera injusta financiable y, a partir de esa resolución, procederse al abono de la compensación correspondiente. Este funcionamiento regular no
se ha logrado. Como consecuencia, la financiación del Servicio Postal Universal no se ha basado hasta la fecha en un coste contrastado y liquidado de forma anual, sino en las cuantías consignadas en los sucesivos presupuestos generales del Estado
con carácter de anticipo a cuenta de las liquidaciones finales que apruebe en su momento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta situación afecta a la transparencia y a la trazabilidad del sistema de compensación.
El informe explica que el retraso en la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal dificultó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispusiera de criterios técnicos para determinar el coste neto y la
carga financiera injusta. Solo tras la aprobación de dicho plan comenzaron a emitirse resoluciones, iniciándose por el ejercicio 2011. A la fecha del informe, seguían pendientes las resoluciones de los ejercicios 2019 y siguientes.
En todas las resoluciones de verificación -hasta la última aprobada en el 2018-, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha ajustado a la baja el importe de coste neto declarado por Correos en un porcentaje que va del 2,5 % al
20,5 %. La suma de las correcciones para estos ocho ejercicios asciende a 109 millones, lo que representa un 10 % de los 1034 millones que Correos ha recibido entre 2011 y 2018 en concepto de cargas financieras declaradas.
El tribunal también detectó deficiencias en la gestión de Correos, en particular, el consejo de administración no recibía información suficiente sobre todos los indicadores de calidad del Servicio Postal Universal, más allá de los relativos
a los plazos de entrega. Tampoco participó de forma suficiente en el diseño y ejecución de la política de descuentos aplicada a grandes clientes. Se constató que Correos carecía de un documento formal aprobado por su consejo o por la SEPI que
definiera la estructura societaria, las competencias de los departamentos y sus interrelaciones. Además, las modificaciones
organizativas producidas entre 2021 y 2023 generaron inestabilidad en las unidades responsables de la prestación del Servicio Postal Universal.
El informe recoge varias recomendaciones. En materia de precios, se recomienda a Correos que regule formalmente el proceso de establecimiento de precios; que reforme el modelo de descuentos a grandes clientes para superar las deficiencias
detectadas; también se recomienda que introduzca en su contabilidad analítica los criterios establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que cumpla los requerimientos del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal
en materia de calidad. A la comisión nacional se le recomienda analizar la posibilidad de proponer al Gobierno un procedimiento regulador de la gestión de la contribución postal que permita dotar de mayor eficacia al sistema.
El tercer informe es la fiscalización operativa y con enfoque evaluador del plan de 130 medidas frente al reto demográfico correspondiente a los ejercicios 2021 a 2023. El plan 130 fue aprobado en 2021 como primera implementación de la
estrategia nacional frente al reto democrático (sic). Se concibió como un instrumento para articular actuaciones de cohesión territorial, en buena medida impulsadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La fiscalización ha
evaluado el diseño y ejecución del plan, su incidencia en la estrategia nacional, la adecuación de los medios de la Secretaría General para el Reto Demográfico y la aplicación de criterios de buen Gobierno.
Con carácter general, se ha de señalar que la política pública frente al reto demográfico es una política compleja, de maduración lenta, cuyos efectos no son plenamente apreciables en el corto plazo. Por ello, la fiscalización no pretende
valorar solo los resultados inmediatos, sino extraer aprendizajes útiles para el diseño de la nueva estrategia y de futuros planes. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que el plan 130 desarrolló una inversión de
13 419 millones de euros en el medio rural entre 2021 y 2023, utilizando 10 000 millones del PRTR. El informe considera que sesenta y una medidas, por importe de 4515 millones, tuvieron un impacto alto en el reto demográfico, lo que representa el
34 % del presupuesto estimado. El resto de las medidas tuvo un impacto medio o bajo. El informe valora positivamente que el plan permitió impulsar por primera vez una política transversal de reto demográfico y que contribuyó a extender
determinadas actuaciones en el medio rural. En particular, las medidas vinculadas al PRTR aceleraron la conectividad por Internet y la rehabilitación de entornos medioambientales; también se desarrollaron nuevas medidas de apoyo a la activación
económica y al empleo.
No obstante, el Tribunal identifica carencias en el diseño. El enfoque general hacia el medio rural y la falta de delimitación precisa de los objetivos limitaron el impacto potencial del plan sobre los municipios con mayor riesgo de
despoblación. También se detectaron insuficiencias en los indicadores, lo que ha dificultado la evaluación de los resultados. En cuanto a los medios, la Secretaría General para el Reto Demográfico contó inicialmente con recursos escasos, aunque
ello no impidió impulsar nuevas medidas y garantizar su seguimiento. Sin embargo, no se creó el observatorio de reto demográfico que estaba previsto en el plan, y el sistema integrado de datos municipales se encontraba en una fase muy incipiente.
El tribunal también señala que algunas áreas tuvieron un desarrollo limitado. En particular, las medidas fueron poco relevantes en materia de vivienda y movilidad, dos dimensiones esenciales para la habitabilidad y la permanencia de la
población en el territorio.
En cambio, se aprecia una valoración positiva en materia de buen gobierno. El plan se desarrolló con criterios de transparencia, participación ciudadana y colaboración entre los ministerios. El informe incluye varias recomendaciones. Al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mejorar el diseño de la estrategia nacional, asumir el mecanismo rural de garantía previsto en la ley de institucionalización de la evaluación y reforzar el sistema integrado de datos
municipales. Al Gobierno, valorar la actuación de los marcos normativos del medio rural y de los municipios pequeños, revisar la estructura y rango de los órganos competentes y promover ante la Unión Europea una mejor
delimitación de los territorios que pueden acogerse a fondos europeos. A la comisión delegada del Gobierno, impulsar medidas específicas sobre envejecimiento en el medio rural. Y a la Secretaría General para el Reto Demográfico, completar
la evaluación del plan 130 y desarrollar un nuevo plan con medidas diseñadas específicamente desde la perspectiva del reto demográfico.
El cuarto informe se refiere a la contratación celebrada por el CIEMAT en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia durante los ejercicios de 2021 a 2023. El CIEMAT es un organismo público de investigación, adscrito
al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, especializado en energía, medio ambiente y ámbitos tecnológicos relacionados. En el marco del PRTR los fondos europeos han financiado actuaciones dirigidas a fortalecer sus capacidades de
investigación, sus infraestructuras y la modernización de sus equipos. Esta fiscalización de cumplimiento ha analizado los expedientes de contratación formalizados para la ejecución de los PRTR, los instrumentos de planificación de la contratación,
la programación específica del plan y el sistema de integridad implantado. Se fiscalizaron 104 expedientes, que representan el 36 % del total de contratos, pero el 91 % del importe total acordado en ejecución del PRTR. El Tribunal constató que el
CIEMAT cumplió, en general, con las obligaciones derivadas de la financiación de los contratos con cargo al PRTR y avanzó en el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Con carácter general, los contratos fiscalizados han sido un instrumento útil para reforzar capacidades e infraestructuras relacionadas con los objetivos del plan. No obstante, el informe identifica deficiencias en distintas fases de la
contratación. En primer lugar, los planes de contratación tuvieron un formato y un contenido heterogéneo y fueron aprobados y publicados una vez iniciado el ejercicio al que se referían. Además, un 64 % de los contratos planificados con cargo al
PRTR en aquella fecha no se habían licitado. En lo que respecta a la preparación de los contratos, aunque las necesidades estaban en general adecuadamente justificadas, se detectaron insuficiencias en la motivación de la tramitación de urgencia y
en los informes de insuficiencia de medios. También se observó que en el 13 % de los contratos en que no se formaron lotes la justificación de esta decisión resultó excesivamente genérica. El informe destaca que en veinticuatro expedientes la
fórmula de valoración del precio se construía sobre porcentajes de baja y no sobre magnitudes económicas, lo que podría producir resultados desproporcionados en la puntuación. También se detectaron deficiencias en las condiciones especiales de
ejecución. Aunque se incluyeron en los pliegos, muchas estaban redactadas de forma genérica y su control descansaba en declaraciones responsables de los adjudicatarios. En la fase de ejecución, el 56 % de las licitaciones se ejecutó con retraso,
con una demora media de 148 días. En los contratos menores el retraso afectó al 77 %, con una demora media de 128 días. En contratación menor, se detectó que los informes del órgano de contratación eran genéricos y que no siempre se justificaba
suficientemente que no se estaba alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de reglas generales de contratación. Y en el seguimiento de recomendaciones anteriores relativas a medidas antifraude de las quince recomendaciones
formuladas en la ocasión anterior por el tribunal, cinco se habían cumplido íntegramente, seis parcialmente y cuatro se consideraban no cumplidas.
El informe hace varias recomendaciones al CIEMAT, entre ellas, elaborar planes coherentes con los recursos disponibles y los objetivos estratégicos, publicarlos con antelación suficiente y realizar un seguimiento efectivo de su ejecución,
elaborar fórmulas para la valoración del criterio precio que garanticen una relación adecuada entre las ofertas presentadas y la puntuación asignada, y concretar las condiciones especiales de ejecución en obligaciones específicas, estableciendo
mecanismos reales de comprobación.
Concluyo con una breve síntesis de los informes. El informe sobre IMBISA explicado muestra una entidad que ha consolidado su actividad y cuyas cuentas reflejan la imagen fiel, pero que debe reforzar determinados aspectos de su gestión
interna, especialmente su contratación, planificación y control de proyectos tan relevantes como la nueva fábrica de billetes.
El informe sobre el servicio postal universal pone de relieve una cuestión de mayor alcance, la necesidad de que la financiación de una obligación de servicio público esencial se apoye en un sistema anual, regular, verificable y plenamente
trazable de determinación de costes y compensaciones.
El informe sobre el Plan de Recuperación: 130 Medidas frente al Reto Demográfico ofrece una valoración útil para el diseño de futuras políticas públicas. El plan permitió impulsar una política transversal y movilizar recursos
significativos. Los efectos habrían sido mayores con objetivos más precisos, indicadores más robustos y una orientación más específica hacia los territorios con mayor riesgo de despoblación.
Además, el informe sobre la contratación del CIEMAT muestra que los fondos del PRTR han contribuido a reforzar capacidades científicas e infraestructuras estratégicas, pero también evidencia la necesidad de mejora de la planificación, la
preparación y el seguimiento de los contratos para asegurar una ejecución más ordenada y eficaz.
En definitiva, los cuatro informes ofrecen pautas concretas para la mejora de la gestión pública, reforzar la planificación, asegurar la trazabilidad de los costes, mejorar los sistemas de seguimiento y orientar los recursos hacia los
objetivos perseguidos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estime convenientes, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, en primer lugar, por los grupos parlamentarios SUMAR e Izquierda Confederal, la señora Rivera.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas y al propio tribunal por traernos estos informes de materias tan importantes vinculadas a organismos públicos. La evaluación y la rendición de cuentas de
estos organismos son una parte fundamental de la salud democrática del Estado y yo procederé a comentar algún aspecto de alguno de los informes expuestos.
Empezando por IMBISA, para nosotros es muy importante -aparte de lo que ha explicado la señora presidenta- resaltar los incumplimientos de IMBISA en lo relativo a su plan de igualdad. Nos sorprende de manera no agradable que la elaboración,
negociación y aprobación de ese plan haya durado cinco años, incumpliendo los plazos establecidos en la legislación vigente, y que, además, de las veintisiete medidas que establecía el plan que debían estar en marcha a finales de 2023, en esa fecha,
diez estaban en proceso y siete ni siquiera se habían comenzado a aplicar. Creemos que es imprescindible que los organismos fiscalizados por este Tribunal de Cuentas entiendan lo prioritario de la implementación de los planes de igualdad, porque no
son un capricho, son una cuestión de justicia social y de defensa de la igualdad.
En cuanto al informe sobre el Plan de Recuperación: 130 Medidas frente al Reto Demográfico, nosotros a principios de este siglo detectamos que la cuestión de la despoblación y el abandono del mundo rural llegaba a la opinión pública con
mucha fuerza, y es cierto que las Administraciones públicas comenzaron a incentivar la lucha contra esa despoblación. Nosotras creemos firmemente que la mejor receta para cumplir con este reto es recuperar y ampliar los servicios públicos. Solo
con ello se consolidarán los incentivos demográficos para nuestro país en estas zonas en condiciones dignas y similares a las zonas urbanas. La realidad del plan es que falla precisamente en cuestiones tan importantes como la movilidad y la
vivienda, que son determinantes a la hora de fijar la población en el entorno rural. Nosotras también creemos que, salvo esas medidas, no hay otra forma de lograr éxito que garantice la plena igualdad en la calidad de los servicios públicos y de
los servicios sociales tan necesarios, teniendo en cuenta siempre las diferentes características territoriales y también la diversidad del medio.
Creemos que una medida que podría ayudar en esta dirección podría ser aprobar el estatuto de municipios de reducida dimensión, que debería incluir un compromiso de dedicar al menos un 1 % del PIB anual a la lucha contra la despoblación.
Estamos de acuerdo, por tanto, con el análisis del tribunal cuando afirma que la política pública de reto
demográfico surge como respuesta a las brechas de cohesión social y territorial entre el medio rural y el urbano, y específicamente al riesgo de despoblación de los pequeños municipios, debido fundamentalmente a la falta de oportunidades
laborales, educativas y vitales, sobre todo de jóvenes y mujeres, y a las diferencias que se dan en las condiciones de habitabilidad de los territorios.
Y ya casi finalizando, entro en el informe del CIEMAT, donde el tribunal ha concluido que este tiene ciertas deficiencias -bastante numerosas- con respecto a sus planes de contratación, concretamente el hecho de que no se realizan de forma
coherente con los recursos económicos disponibles y con los objetivos estratégicos del organismo. Además, el tribunal indica que el CIEMAT debe mejorar en el seguimiento del cumplimiento de estos planes y tiene que evaluar las causas por las que un
elevado porcentaje de los contratos no han llegado a licitarse. Manifestamos nuestro acuerdo con el tribunal cuando indica que deben incrementarse los controles internos necesarios para favorecer la máxima transparencia y publicidad de toda su
actividad contractual. Para nosotras, la gestión pública es el instrumento político fundamental para garantizar que los derechos de las personas no dependan del código postal ni de la capacidad económica de las familias. No podemos permitir que
malas prácticas puntuales, que se señalan en estos informes de hoy, se conviertan en deficiencias estructurales, y debemos continuar para construir una Administración pública moderna, eficiente y sobre todo justa, que defienda los intereses de la
mayoría social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta, una vez más, en estos tórridos y calurosos días de junio.
Por casualidad, el otro día topé con una figura conocida en el derecho romano, aquella que los antiguos romanos llamaban el agrimensor, que es el funcionario encargado de restablecer los límites de las propiedades cuando una inundación o una
guerra los había borrado. Su trabajo consistía en separar la realidad de la apariencia, y algo parecido hace hoy el Tribunal de Cuentas. Esa es también, en alguna medida, la función del Tribunal de Cuentas, no en la equivocación de la palabra
demográfico y 'democrático'. (Risas). No se lo tengo en cuenta.
En distinto orden, en cuanto al informe que analiza el denominado Plan de Recuperación: 130 Medidas frente al Reto Demográfico, durante años hemos escuchado al Gobierno presentar esta política frente al reto demográfico como una estrategia
nacional contra la despoblación. El tribunal, sin embargo, nos recuerda algunas cuestiones, más que incómodas, censurables. Nos encontramos ante un plan al que el propio Gobierno atribuye más de 13 400 millones de euros movilizados entre 2021 y
2023. Más de un tercio de esa cantidad se concentra en actuaciones etiquetadas bajo el epígrafe transición ecológica y más de un 20 % en conectividad digital. Sin embargo, el tribunal constata la ausencia de indicadores suficientes para medir
resultados, la inexistencia del observatorio del reto demográfico, que debía evaluar las políticas aplicadas y las dificultades evidentes para conocer el impacto real que han tenido las actuaciones desarrolladas. Con 13 400 millones de euros ya
deberíamos saber qué resultado han dado esas políticas, y no lo hace, al menos el Tribunal de Cuentas así lo manifiesta.
Otro de los informes se refiere a Correos y su relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y aquí resulta imposible ignorar el contexto político en el que vivimos. Es esta una empresa pública cuya gestión corresponde
a una etapa que tuvo como principal responsable a Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete del presidente del Gobierno y muy nombrado en estos tiempos revueltos judicialmente. Hablamos de una etapa que hoy resulta imposible desligar del clima
político que atraviesa España y de nombres como Leire Díez, militante anónima del PSOE, también vinculada en esas fechas con la entidad.
Es evidente que el tribunal no puede entrar en estas cuestiones, pero sí retrata una empresa pública que pierde competitividad, acumula problemas de gestión y exige continuos esfuerzos financieros para sostener una situación cada vez más
difícil y justificarla, y todo ello, mientras los ciudadanos contemplan cómo quienes administran recursos públicos parecen vivir en una realidad paralela, ajena a cualquier exigencia de responsabilidad. Lo preocupante es que estas instituciones
terminan erosionando algo muy difícil de recuperar cuando se pierde la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y esa confianza no se deteriora de un día para otro. Es un estilo lamentable de hacer política.
El informe sobre el CIEMAT vuelve a situarnos ante una cuestión recurrente: los fondos europeos se anuncian en las comparecencias a bombo y platillo; después -como dice el Tribunal de Cuentas- llega la contratación, la ejecución y el
control, y es ahí donde el Tribunal de Cuentas encuentra incidencias y deficiencias que nunca aparecen, por supuesto, en las grandilocuentes notas de prensa.
El informe sobre IMBISA acredita inversiones muy importantes. Los activos pasan de 63 millones en 2015 a más de 230 millones en 2023. Son cifras que obligan a extremar el control sobre cada euro invertido, y son cifras que, efectivamente,
obligan a extremar el control cuando el Tribunal de Cuentas constata también deficiencias en dicho informe.
Y termino. Los cuatro informes presentan materias distintas, pero todos terminan conduciendo a la misma pregunta: ¿quién controla al controlador? El Gobierno tiene derecho a defender su gestión, por supuesto; e tribunal tiene la
obligación de medirla, como ha hecho, y la distancia entre ambas cosas aparece con bastante claridad en estos informes. Los antiguos agrimensores volvían a medir el terreno después de las crecidas porque sabían que las aguas podían alterar la
realidad sin modificar las apariencias. El Tribunal de Cuentas cumple hoy una función parecida, y la medición que reflejan estos cuatro informes dista mucho del país que el Gobierno describe en sus campañas y comparecencias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Rodríguez.
El señor GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias.
Buenos días, señora presidenta.
En primer lugar y en nombre de nuestro grupo, les damos la bienvenida, como siempre, a usted y a su equipo y les agradecemos las exposiciones, el trabajo y los documentos claros y didácticos de los distintos informes que conforman este
bloque.
Como se ha visto, este es un bloque de carácter muy diverso, centrado a nuestro entender en cuestiones procedimentales, por encima realmente del valor económico derivado de los mismos; procedimientos en áreas de trabajo muy sensibles, por
cuanto afectan a una gran cuantía de usuarios y en aspectos que influyen directamente muchas veces en nuestra vida profesional y en la vida cotidiana.
De las conclusiones de dichos informes y de las recomendaciones que se derivan -y también usted lo ha dicho ahora en la última parte de su exposición- me permito establecer una conclusión general, que no es otra que la necesidad de disponer
de una planificación estratégica en todas las organizaciones públicas. Como digo, la planificación estratégica es muy muy necesaria, y lo veremos especialmente en algunos casos de forma más relevante, como es el informe sobre el reto demográfico o
sobre las contrataciones del CIEMAT.
Si vamos al primero de los informes, el que hace referencia a IMBISA, creo que estamos todos de acuerdo en el modelo elegido por la Administración pública española, pero la verdad es que lo que nos sorprende es el funcionamiento interno en
algunos casos, que a estas alturas debería haberse corregido. Nos referimos concretamente a los contratos de suministros, a algunas cuestiones tan esenciales como el suministro de papel, que dice que solamente se adjudicaron a dos de las seis
empresas acreditadas por el Banco Central Europeo, o incluso a algunas cuestiones de gestión interna, como son las
promociones de directivos, en las que no siempre se respetaron los límites internos y en las que se originaron alzas salariales superiores a las máximas posibles. También nos sorprenden algunas faltas de gestión en cuanto a la formación y
en cuanto a la aplicación del plan de igualdad.
Además, lo que sobre todo nos ha costado más entender y aceptar son las debilidades surgidas en todo el proceso de construcción de la nueva fábrica. Efectivamente, ha sido un proceso largo y, me atrevería a decir, tortuoso. El proceso de
construcción duró más de ocho años, se retrasó cinco y hay importantes errores en la estimación inicial. Afortunadamente, hubo un menor coste, curiosamente, gracias a una menor partida dedicada a la maquinaria. Además -como pone en su informe-, en
2016, cuando se compraron los terrenos, se hizo de una forma exagerada, y luego solamente un 39 % se han ocupado, lo que ha dado lugar a una segregación de la finca. La última perla de este proceso de construcción de la nueva fábrica es el proceso
de la recepción provisional y la recepción definitiva. Es decir, hace más de tres años y medio que existe una recepción provisional y, sin embargo, no acaba de llegar a la recepción definitiva. Por tanto, creo que como Administración tenemos un
problema grave.
El segundo de los informes hace referencia al Servicio Postal Universal, y lo que me gustaría reseñar aquí, la conclusión general, es que debido a los errores derivados de la falta de desarrollo normativo se nos ha enquistado la cuestión
normativa. Es decir, una ley del año 2010, la Ley del Servicio Postal Universal, cuyo plan de prestación no se aprueba hasta el año 2021 y no entra en vigor hasta el año 2022, y el reglamento no llega hasta el año 2024. Por tanto, creo que aquí
todos tenemos que entonar un cierto mea culpa.
Hay otras conclusiones derivadas de este informe, como hablar de la contabilidad analítica. Hay que ver cuál es la carga financiera injusta que debe a ser compensada por el Estado. Yo creo que, a partir de ahí, tanto Correos como la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tienen su trabajo. Ahí se enmarcan otras deficiencias que usted ha reseñado, como la falta en la organización interna cuando el consejo de administración no recibe la información suficiente o
cuando no hay una normativa clara sobre el establecimiento de tarifas o sobre el modelo de descuentos. Por tanto, son debilidades que obligan a Correos a seguir y cumplir las recomendaciones del informe de este tribunal.
En cuanto a los otros dos informes, el tercero hace referencia al reto demográfico, a las famosas 130 medidas, que finalmente fueron un 20 % más porque se aplicaron medidas de más. Concretamente, fueron 158. Aquí también quiero decir que
el impacto económico es muy importante, sobre todo gracias a los 10 000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aunque también es cierto que no se incluyen los 6000 millones que podrían haberse anotado si se hubieran
incluido las inversiones de la PAC a través del Ministerio de Agricultura. Por tanto, es una inversión muy importante que, como se ha dicho, ha servido sobre todo para facilitar la digitalización y el acceso a Internet, pero evidentemente hay
debilidades ostensibles en el caso de la movilidad sostenible y especialmente de la vivienda. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con estas capacitaciones, pero lo que haría falta aquí es esta complementariedad en el trabajo de las
Administraciones.
Acabo, porque voy fuera de tiempo. El cuarto y último informe hace referencia al CIEMAT. Quiero decir que, efectivamente, aquí hay una gran estructura, pero no se pueden abordar todos los proyectos porque han quedado vacantes dos de cada
tres de estos proyectos. Por tanto, esta es una debilidad que creo que en el futuro no debemos ni podemos permitirnos. Termino agradeciendo su trabajo y diciendo que creo que a todos nos urge ser capaces de llegar a establecer una planificación
estratégica en cada una de estas instituciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Señora Chicano, gracias por su asistencia. Bienvenida, como siempre, en nombre de mi grupo.
Nos encontramos ante un bloque -si me permite la palabra- ciertamente hiperhormonado, habida cuenta de la importancia de los informes que incorpora. Poco tenemos que añadir a las atinadas conclusiones alcanzadas por el tribunal en el
informe de fiscalización de IMBISA, cuyas recomendaciones asumimos sin reservas, añadiendo sin embargo que parece evidente que es preciso aclarar el destino del paquete accionarial que mantiene aún la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en esta
mercantil.
En cuanto al informe relativo a la actividad de contratación del CIEMAT, este pone de manifiesto algunas disfunciones, señora Chicano, que a nuestro juicio resultan bastante más graves de lo que parece deducirse de las propias conclusiones.
No es desdeñable en absoluto el monto del total contratado: 125 millones entre 1600 contratos. Sin embargo, en este nivel cuantitativo, no resulta admisible que las fórmulas impuestas para la valoración del criterio de adjudicaciónprecio resulten
tan sumamente discriminatorias, pero sin atender a las cifras más importantes del contrato, sino a las bajas, creando con ello un caldo de cultivo para la arbitrariedad y la trampa contrario al principio de concurrencia. Por supuesto, no afirmo que
haya habido contratos amañados, pero sí digo que este tipo de irregularidades abre la puerta a que puedan existir trampas y arbitrariedades en la contratación.
Es inadmisible que existan deficiencias en materia de publicidad y transparencia, tratándose sobre todo de contratos vinculados con el plan de recuperación, y es absolutamente inaceptable que se haya convertido en un hábito para el CIEMAT la
asunción de retrasos sistemáticos en la ejecución de las prestaciones, que afectan -usted lo ha dicho- al 56 % de los contratos, que en ningún caso se adjudican o se imputan al adjudicatario. En definitiva, son demasiadas irregularidades sumadas
que merecerían un análisis más minucioso, tal y como ponemos de manifiesto en nuestras propuestas de resolución.
Es de lamentar sin duda también, señora Chicano, que una fiscalización tan absolutamente relevante como es la que se refiere a Correos y Telégrafos haya quedado tan sumamente desfasada en apenas unos meses, que son los que transcurren entre
la aprobación del informe por el Pleno del Tribunal el 28 de abril y la modificación de la ley postal de 2010 por la Ley 6/2025, de 28 de julio, que aparentemente se limitaría a extender a veinte años -es decir, hasta 2030- la designación de Correos
como Servicio Postal Universal, pero que alcanza a alterar sustancialmente -y genera con ello enormes dudas- el régimen general aplicable a Correos, al que se asigna tantos como cuatro servicios de interés económico general nuevos a desarrollar, por
cierto, al margen del Servicio Postal Universal. A ello se añade también la aprobación de la Orden 1030/2025, sobre contabilidad analítica, de la que no sabemos si es merecedora de las mismas críticas muy intensas y acertadas por parte del Tribunal
de Cuentas de las que se hizo acreedora la orden anterior del año 2004. En cualquier caso, ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su calidad de autoridad reguladora de la actividad postal, la que, acto seguido de la
aprobación de la reforma de la ley, emitió un informe demoledor que pone en entredicho la legalidad europea de algunas de las modificaciones introducidas por la reforma legal. Quedamos expectantes al próximo informe del Tribunal de Cuentas sobre
esta materia. En cualquier caso, las deficiencias de gestión en Correos son de enorme calado y afectan a la pervivencia misma de la entidad a partir del año 2030, si bien se trata de una cuestión que trasciende las posibilidades de esta sesión y de
este informe.
Termino hablando de la auténtica joya de este bloque I, que es el informe en torno al Plan de Recuperación: 130 Medidas frente al Reto Demográfico. Señora Chicano, no es fácil que un documento técnico de esta naturaleza brille en un
contexto político que mantiene el foco centrado en otros asuntos, como, por ejemplo, la corrupción que afecta a algunas de las principales instituciones del Estado, a la familia de Sánchez, a la familia de Zapatero, a la SEPI, al PSOE y sus cloacas,
etcétera. Pero este informe, ciertamente, ha
brillado, por lo cual tengo que felicitarla vivamente, señora Chicano. Primero, justificó una interpelación a la vicepresidenta Aagesen, que se vio obligada a hablar en sede parlamentaria por primera vez desde que se hizo cargo de su
departamento acerca del reto demográfico, que recordemos es el segundo apellido del ministerio que ostenta. Aunque, evidentemente, no pudo justificar el cúmulo de inconsistencias que, por cierto, el informe reveló en toda su extensión. Segundo,
este informe, que confirma punto por punto y con cifras y datos cada una de las críticas que habían sido formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, pone de manifiesto el inmenso fraude, el inmenso engaño, la brutal estafa que han supuesto las
políticas desplegadas por el Gobierno en materia de reto demográfico.
Sabemos que el Plan 130 ha sido el principal -yo diría que el único- instrumento de aplicación de estas políticas públicas. No obstante, veamos lo que constata el Tribunal de Cuentas. Primero, el Gobierno ha dejado sin desarrollar en lo
más mínimo dos de las tres líneas básicas de actuación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico de 2019, como son el envejecimiento de la población y la población flotante. Segundo, no se ha evaluado el impacto real del plan en la vida
de sus destinatarios por ausencia de los indicadores necesarios, como usted ha puesto de manifiesto. Tercero, ignoramos -dice el Tribunal de Cuentas en su informe- el grado de cumplimiento del plan y, en consecuencia, cuántos fondos de los
previstos han sido realmente ejecutados. Particularmente, señora Chicano, ha habido cero control de los fondos gestionados por las comunidades autónomas. Esto no lo dice el informe, pero lo sabemos nosotros a raíz de las respuestas a preguntas
parlamentarias. Cuarto, hay muchas medidas del plan que simplemente no se han cumplido, algunas de ellas estratégicas. Se ha citado el estatuto básico del pequeño municipio y podemos añadir el mecanismo rural de garantía, que tampoco se ha
impulsado por el Gobierno. Recuerdo, por cierto, que existe una proposición de ley de mecanismo rural de garantía impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que se mantiene bloqueada por la Mesa del Congreso.
Finalmente, señora Chicano, está la pistola humeante de la estafa y la prueba definitiva del engaño de la pifia gubernamental. De los cacareados 13 500 millones de euros del plan, solo 2255 -lo dicen ustedes-, es decir, menos del 17 %, se
corresponden con medidas de reto demográfico; el resto, once mil y pico, se atribuyen a medidas perimetrales, según expresión del propio Tribunal de Cuentas que luego fue asumida por la vicepresidenta Aagesen. El informe calcula en solo 4500
millones el presupuesto con impacto directo en el mundo rural, por lo que dos tercios del dinero del plan nunca sirvieron a la causa de la lucha contra la despoblación, ni sus medidas fueron diseñadas para cumplir los objetivos de reto demográfico.
En definitiva, no sé si consciente o inconscientemente, este informe pone de manifiesto un auténtico escándalo que se refiere a un ámbito completo de políticas del Estado desplegadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre ello queda mucho
que hablar, pero, evidentemente, no aquí.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Hernando.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Por la parte que me corresponde, les doy las gracias en cuanto a que les han gustado los informes. Por otra parte, ya les digo que casi siempre confunden al interlocutor, pero supongo que es la primera parte de la emisión de sus
recomendaciones posteriores, el análisis. Es verdad que -creo que todos ustedes lo han contrastado- los informes son fotos fijas en momentos y que terminan en un momento, así que para próximos exámenes veremos, por ejemplo, temas relacionados con
la contabilidad analítica, etcétera. De todas las maneras son bastante indicativos de cuál es la situación. (El señor vicepresidente, Rodríguez Serra, ocupa la Presidencia).
Lo único que no puedo compartir son algunas valoraciones que llevan las actuaciones a tipos penales, porque si se hubiera hecho por el tribunal a través del fiscal un traslado a quien correspondiera... Sí les diré que en uno de ellos, en el
de CIEMAT, se han abierto expedientes de responsabilidad contable. No sabemos cómo terminarán, pero por los indicios se han abierto expedientes de responsabilidad contable.
Una vez estamos todos de acuerdo, lo único a lo que yo no me sumo es a las imputaciones de tipos penales. Fraude, estafa... (El señor Hernando García pronuncia palabras que no se perciben). Todo eso lo ha dicho usted, y yo a eso no me
puedo sumar, pero en todo lo demás estamos de acuerdo. (El señor Hernando García: Estafa política, no estafa penal). Ah, bueno, yo no distingo entre los... (El señor Hernando García: Fraude generalizado). Vale, pues me alegro de que corrija.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES DE IMPULSO Y MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EJERCICIOS 2021 A 2024. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000187 y número de expediente del Senado 771/000184).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ¿ES EFICAZ Y TRANSPARENTE EL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS? PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000189 y número de expediente del Senado 771/000186).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000190 y número de expediente del Senado 771/000187).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO A ENTIDADES QUE REALICEN INVERSIONES PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y AQUELLOS PRODUCTOS
CONSIDERADOS EMERGENCIA POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL COVID19. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000193 y número de expediente del Senado 771/000190).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Pasamos a continuación al segundo bloque, que son los siguientes informes: Informe de fiscalización de los planes de impulso y modernización de la formación profesional en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2024. Informe de fiscalización ¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros? Informe de fiscalización
de la perspectiva de género en el presupuesto del Ministerio de Industria y Turismo, situación a 31 de diciembre de 2023. Informe de fiscalización de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a entidades que realicen
inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos productos considerados emergencia por el Gobierno en relación con el COVID19.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Paso a presentar estos cuatro informes. Han sido realizados todos a iniciativa del tribunal y se refieren a políticas públicas de especial relevancia social, económica o estratégica. Por ejemplo, la modernización de la formación
profesional en el marco de recuperación, transformación y resiliencia, el procedimiento de homologación de títulos universitarios extranjeros, la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto del Ministerio de Industria o las ayudas
concedidas para la fabricación de productos considerados de emergencia durante la pandemia de COVID19. Todos ellos han sido aprobados en noviembre del año pasado.
En el primer informe, referido a los planes de impulso y modernización de la formación profesional, la fiscalización se centra en el componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, referido al Plan estratégico de
impulso de la Formación Profesional. Se trata de una actuación orientada a transformar y modernizar el sistema de formación profesional para adecuarlo a las demandas de los sectores productivos. El plan incluye reformas e inversiones distribuidas
en distintos proyectos y cuenta con una financiación de relevancia económica.
El tribunal ha fiscalizado las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, especialmente por la Secretaría General de Formación Profesional, con tres objetivos principales: determinar si el
plan estaba adecuadamente diseñado para responder a las necesidades del sistema, verificar si las medidas previstas se habían implementado correctamente y si se habían alcanzado los hitos y los objetivos fijados y analizar si los sistemas y
procedimientos de control habían funcionado de manera adecuada.
El informe constata, en primer lugar, que la formación profesional es una política pública de evidente importancia económica y social y que su modernización resulta esencial para mejorar la cualificación profesional, favorecer la
empleabilidad y responder a las necesidades del tejido productivo. El informe permite destacar como punto de partida positivo que el plan de formación y el componente 20 constituyen el primer esfuerzo de planificación integral de la formación
profesional en España tras la integración en el Ministerio de Educación de las competencias en materia de formación profesional del sistema educativo y para el empleo, lo que da lugar, por tanto, a la primera estrategia global en este ámbito. Esta
iniciativa, que también es fruto de la fiscalización, ha sido valorada muy positivamente por los grupos de interés consultados, reconociendo un significativo esfuerzo institucional y el avance logrado en la coordinación y en la orientación de la FP.
Entre las conclusiones más relevantes, el informe señala que no existe una fuente única de información sobre las demandas formativas del mercado laboral. También se aprecian debilidades en el diseño del plan: los objetivos se presentan de
forma poco estructurada, sin una definición suficientemente clara de las metas que alcanzar y sin una adecuada conexión entre objetivos, indicadores y resultados esperados. El informe destaca, además, la necesidad de incorporar medidas más
específicas para abordar la brecha de género en la formación profesional, especialmente en ámbitos formativos en los que persisten importantes desequilibrios entre mujeres y hombres.
Desde el punto de vista de la gestión, el informe aprecia debilidades en el control interno y en la gestión de riesgos. Los indicadores miden el cumplimiento formal, pero no permiten evaluar el impacto de las reformas. En relación con la
ejecución, los resultados son desiguales. Algunas actuaciones han alcanzado los objetivos previstos con holgura, mientras que otras presentan niveles de ejecución bajos y riesgos de incumplimiento. A 31 de diciembre de 2024, la ejecución
presupuestaria de las medidas correspondientes al ministerio ascendía al 82 % de los 335,3 millones de euros previstos.
Las recomendaciones se orientan principalmente a establecer mecanismos estables de coordinación con el SEPE para integrar la información disponible sobre necesidades formativas, incorporar actuaciones concretas y estructuradas de orientación
profesional, definir futuros planes objetivos más claros y coherentes, establecer indicadores
estratégicos y operativos y reforzar la gestión proactiva de los riesgos que puedan afectar al cumplimiento de objetivos.
Paso al segundo informe del grupo, sobre si es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. La homologación es el reconocimiento oficial de la formación superada
para la obtención de un título extranjero equiparable a la exigida para obtener un título español que habilita para el ejercicio de una profesión regulada. Su importancia es evidente: afecta a derechos e intereses individuales, a la movilidad
internacional, al ejercicio profesional y también a la atracción de talento y a la cobertura de necesidades profesionales cualificadas. La fiscalización se ha centrado en el procedimiento establecido por el Real Decreto 889/2022 y en las
actuaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Subdirección General de Títulos y Ordenación Universitaria durante el ejercicio 2024.
El informe analiza si las actuaciones desarrolladas han mejorado la eficacia y agilidad del procedimiento, si se han cumplido las disposiciones aplicables, si el procedimiento permite a las personas interesadas conocer adecuadamente el
estado de tramitación de sus solicitudes, si la planificación y los recursos son coherentes con los fines perseguidos y si los sistemas de información permiten una gestión ágil, eficiente y transparente.
Las conclusiones ponen de manifiesto deficiencias estructurales y operativas. Como aspecto favorable, el informe señala que la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración, establecida en el decreto citado para el
procedimiento de homologación, debe considerarse de manera positiva y precisa que ha evitado la acumulación de expedientes en papel de la anterior normativa. También subraya el informe que la actuación de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación ha incorporado medidas que han demostrado ser altamente eficaces, acelerando significativamente la resolución de expedientes homogéneos.
No obstante, como he dicho, se aprecian deficiencias estructurales y operativas. Se destaca una regulación insuficiente de los sistemas de identificación y firma electrónica, así como de la representación y la falta de aprobación o
actualización de las listas de profesiones reguladas. Se constata también el incumplimiento del plazo máximo de seis meses para resolver los expedientes; la media observada fue de 212 días. En ese sentido, se puede señalar que a 30 de junio de
2025 existen algo más de 80 000 solicitudes pendientes de resolución. El informe aprecia, no obstante, un cambio positivo en la relación entre el número de resoluciones y el número de solicitudes, pero subraya que sigue siendo necesario un esfuerzo
decidido para reducir los expedientes acumulados y cumplir el plazo legal. Asimismo, se pone de manifiesto la ausencia de manuales integrales de procedimiento, lo que dificulta la homogeneidad y eficacia de la tramitación. La fiscalización aprecia
limitaciones en la actuación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, derivadas de plazos normativos poco realistas, carencias en los
sistemas informáticos y escasez en los recursos humanos y tecnológicos.
Las recomendaciones se dirigen tanto al Gobierno como al ministerio. Entre ellas, mejorar la gestión y seguridad del procedimiento, reforzar los medios personales y tecnológicos, garantizar la certificación en materia de seguridad e
interoperabilidad, actualizar las políticas de protección de datos, realizar auditorías periódicas, implantar controles automáticos sobre el cobro de tasas y establecer una contabilidad analítica que permita identificar los costes y recursos
asociados al procedimiento.
El tercer informe es el que se refiere a la perspectiva de género en el presupuesto del Ministerio de Industria y Turismo a 31 de diciembre de 2023. Este informe aborda una cuestión transversal: cómo se integra el principio de igualdad
entre mujeres y hombres en el proceso de elaboración de presupuestos. La presupuestación con perspectiva de género es una forma de aplicar el principio de transversalidad de género en la actividad económicofinanciera del sector público. Su
relevancia es clara, porque los presupuestos generales del Estado son el instrumento que habilita los recursos necesarios para el desarrollo de las políticas públicas.
La fiscalización ha analizado la presupuestación con perspectiva de género en el Ministerio de Industria, con intervención también del Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y del Instituto de
las Mujeres. El objetivo era valorar si se presupuesta con perspectiva de género, si la variable de género tiene un tratamiento cada vez más relevante en los programas presupuestarios y qué resultados tiene presupuestar con esta perspectiva.
El informe concluye que en la Administración estatal la presupuestación con perspectiva de género se articula principalmente mediante el informe de impacto de género que acompaña a los programas presupuestarios. Esta práctica presenta un
grado de desarrollo relevante en términos comparados, pero puede mejorar para abarcar de forma más clara el seguimiento de la ejecución, la evaluación de resultados y el control externo. Si bien existen avances tecnológicos, es urgente reforzar la
evaluación de los resultados obtenidos tras aplicar el gasto con perspectiva de género.
El informe aprecia que el informe de impacto de género presenta un alto nivel de transparencia, pero también que se puede mejorar la conexión entre el diagnóstico inicial de la situación y el impacto previsto en los programas
presupuestarios. Dicho de otro modo, no basta con identificar si un programa tiene pertinencia de género, sino que es necesario reforzar la coherencia entre los diagnósticos, los objetivos, los recursos, los indicadores y los resultados esperados.
En relación con los programas del PER, el informe indica que la mayor parte del importe de estos programas se identificó como de pertinencia baja de género.
Las recomendaciones están basadas en reformular el informe de impacto para mejorar la relación entre los apartados del informe, especialmente entre el diagnóstico inicial y el impacto previsto; introducir mecanismos de retroalimentación del
ciclo presupuestario basados en el seguimiento durante la fase de ejecución; involucrar en mayor medida a la Comisión Interministerial de Presupuestación con Perspectiva de Género e implementar la formación específica prevista en esa materia; en
definitiva, pasar de una elaboración documental a una evaluación exhaustiva de la eficacia de los fondos asignados, desarrollando herramientas más precisas que garanticen que las partidas presupuestarias reducen efectivamente la brecha de género.
Y paso al cuarto informe, que es la fiscalización de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y productos
considerados de emergencia por el Gobierno en relación con la COVID19.
La fiscalización se refiere a unas ayudas reguladas por la Orden 656/2020, de 15 de julio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuya finalidad era apoyar a entidades privadas en actividades de fabricación de productos
considerados de emergencia en relación con la COVID19. La convocatoria estuvo dotada con 11 millones de euros, con un máximo de 500 000 euros por entidad jurídica. El control de estas ayudas resulta especialmente relevante por el contexto en que
se aprobaron. La pandemia puso de manifiesto problemas de desabastecimiento, debilidades del sistema productivo nacional para atender una demanda extraordinaria de productos sanitarios y la dependencia exterior en la fabricación de bienes
estratégicos.
La fiscalización ha analizado la representatividad de la información contable, el cumplimiento de la normativa aplicable, los sistemas y procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones y la adecuación de los objetivos y su grado de
cumplimiento. El ámbito subjetivo fue la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y el ámbito temporal, el ejercicio de 2020.
El informe concluye que accedieron a la subvención cincuenta beneficiarios, lo que representa el 13,3 % de las solicitudes presentadas, por un importe de 11 millones de euros, equivalente a una ejecución del 99,7 % de la subvención
presupuestada. Las ayudas se dirigieron a un total de sesenta y cinco productos. No obstante, también se constatan devoluciones voluntarias por importe de 1 300 000 euros, equivalente al 12 % de las ayudas concedidas. De esas ayudas, siete
entidades devolvieron la totalidad.
El informe identifica debilidades en la convocatoria, especialmente la falta de determinación de prioridades en las actividades a subvencionar. También aprecia incidencias en la gestión que se producía en el ámbito de la legislación
especial: pagos a entidades que no se encontraban al corriente de obligaciones tributarias o en la Seguridad Social; incumplimientos en los plazos de rendición; carencias en el análisis de posibles concurrencias con otras ayudas, e incidencias
relacionadas con autorizaciones sanitarias, licencias y permisos de algunos beneficiarios.
Una conclusión especialmente relevante es que el impacto de la convocatoria en la producción nacional de los bienes declarados de emergencia fue limitado. No reduce la importancia de la medida en el contexto de urgencia en que se adoptó,
pero sí pone de manifiesto la necesidad de mejorar el diseño, la priorización y el seguimiento de este tipo de instrumentos en situaciones excepcionales.
Las recomendaciones se dirigen a mejorar el diseño de futuras convocatorias, reforzar la publicidad de los criterios de evaluación y adoptar medidas efectivas que eviten pagos a entidades que incumplan sus obligaciones tributarias sobre la
Seguridad Social; asimismo, a mejorar el control interno sobre la posible doble financiación, evitar retrasos en la revisión de las cuentas justificativas, garantizar la composición paritaria de los órganos colegiados y cumplir plenamente las
obligaciones de suministro de información a la base de datos nacional de subvenciones. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
Como en los casos anteriores, aunque los cuatro informes se dirigen a ámbitos diferentes, se permite formular una valoración común. Todos los informes ponen de manifiesto -lo mismo que los anteriores, a los que han hecho referencia también
ustedes- que la planificación estratégica debe apoyarse en diagnósticos sólidos, objetivos claros, indicadores útiles, recursos adecuados, sistemas de información fiable, controles internos efectivos y mecanismos de evaluación de resultados. En la
formación profesional, la clave está en conectar mejor la planificación con las necesidades reales del mercado laboral y con los objetivos de modernización del sistema. En la homologación del título de extranjeros, el reto es transformar una
reforma normativa en una gestión administrativa eficaz, transparente y capaz de resolver en plazo. En la presupuestación con perspectiva de género, el desafío es avanzar desde la identificación formal de la pertinencia de género hacia una verdadera
evaluación del impacto y resultados. Y en las ayudas para los productos de emergencia, lo principal sería la necesidad de que las respuestas excepcionales incorporen, incluso en contextos de urgencia, una mejor priorización, controles más sólidos y
evaluación de su impacto efectivo.
En definitiva, los cuatro informes refuerzan una misma idea. El control externo no solo verifica la legalidad y la correcta gestión de los fondos públicos, sino que también debe contribuir a mejorar el diseño, la ejecución y la evaluación
de las políticas públicas. Esta sería la aportación, a nuestro juicio, principal de estos cuatro informes.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la señora Rivera, del Grupo Parlamentario SUMAR e Izquierda Confederal.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
Gracias, presidenta, por la exposición.
Con respecto al informe de fiscalización de los planes de impulso y modernización de la formación profesional, hemos visto que el informe pone de manifiesto que en el periodo 20212024, sobre todo gracias a los fondos europeos, se realizaron
inversiones históricas en la formación profesional, pero también pone de manifiesto la falta de recursos humanos para la gestión de dichas inversiones. En el informe se explicita que, mientras que el presupuesto subió un 77 %, el personal de la
secretaría general quedó bajo mínimos para gestionar miles de millones. Se incorporó un único funcionario específico para la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La falta de personal y la falta de experiencia en la
gestión de los fondos del equipo gestor y la reducción del
presupuesto final convocado son las deficiencias más destacables que sacamos de este informe.
Pero también queremos hacer otra reflexión, y es que la formación profesional es una cuestión muy importante para nuestro sistema educativo y de futuro de país y, aunque las comunidades autónomas han recibido una inyección histórica de casi
1900 millones de euros para impulsar y modernizar la formación profesional, la realidad es que en muchas comunidades autónomas ese dinero ha ido al negocio de la FP privada. Un ejemplo es Andalucía, sin ir más lejos, en concreto, Sevilla, donde
estamos viendo cómo desaparecen líneas y líneas tanto de FP básica como de grados medios y grados superiores, que son rescatados por las entidades privadas y puestos en funcionamiento a costa de la equidad y de la justicia que debe tener cualquier
ciudadano o ciudadana a la hora de acceder a la educación pública y, en este caso, a la educación en Formación Profesional. Creo que hemos perdido una oportunidad histórica de reforzar los institutos de barrio y de mejorar los itinerarios para los
jóvenes y las jóvenes, que en este momento muchos de ellos padecen un problema -entienden que este mundo no tiene futuro para ellos- y no estamos ayudando en este tipo de cuestiones.
Con respecto al informe sobre el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros, creemos que es un problema todo el tema de los plazos. Hemos visto a colectivos de personas migrantes con
titulaciones universitarias sin homologar en las puertas de este Congreso protestando por la falta de respuesta en cuanto a esas homologaciones. Es imperdonable que no se cumplan los plazos. Una de las cuestiones de garantía de los derechos es
precisamente que las Administraciones públicas cumplan los plazos establecidos. Y es que tenemos muchas personas migrantes que están formadas y, en la actualidad, están precarizadas laboralmente en empleos que nada tienen que ver con su formación.
Son personas que pueden aportar conocimiento, práctica profesional y que están desarrollando su actividad en otros sectores de manera precarizada e infravalorada. Por tanto, es necesario que cuanto antes se simplifiquen y agilicen los procesos,
garantizando el cumplimiento de los plazos, tanto de la apertura de los expedientes como de las resoluciones de las solicitudes. Para ello, es fundamental reforzar la plantilla estable de la Subdirección General de Títulos y Ordenación
Universitaria, incorporando perfiles técnicos y reduciendo la dependencia de personal externo, que no está ayudando tampoco a acelerar los procesos. También es fundamental mejorar las condiciones de los expertos evaluadores de ANECA, garantizando
una plantilla suficiente y una retribución digna para su labor.
Con respecto al informe de fiscalización, coincidimos con el tribunal, porque lo que más nos llama la atención es la falta de valoración del impacto de la presupuestación en perspectiva de género. De nada sirve diseñar presupuestos sobre el
papel si luego nadie controla, si ese dinero reduce la brecha salarial o si hay segregación en sectores tan masculinizados como el de la industria. Para nuestro grupo, la perspectiva de género no es un ejercicio de estética ni de copiar y pegar en
las memorias; exige recursos, formación y un seguimiento absolutamente riguroso. La igualdad o se financia y se evalúa con impacto real o se queda en papel mojado.
Por último, el informe de fiscalización de las ayudas para la fabricación de dispositivos médicos y equipos de protección durante la COVID19 también nos deja una lección fundamental. En los momentos más duros de la pandemia, cuando faltaban
mascarillas y respiradores, quedó demostrado que la dependencia del mercado global y de la especulación privada cuesta vidas. No seré yo quien defienda la autarquía franquista, porque tampoco era lo necesario, pero sí hay que poner de manifiesto la
necesidad de una soberanía industrial en nuestro país, de un empuje de los sectores productivos y de un mayor aumento de la industria en nuestro país que nos permita no ser tan dependientes de ese mercado global y, por supuesto, de la especulación
privada.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora Rivera.
Por el grupo parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta, no interpelamos a la presidenta ni al Tribunal de Cuentas en las intervenciones. Al menos, antes no lo he hecho. Lo digo porque me ha parecido que ha habido una pequeña recriminación. Interpelamos al Gobierno a través
de los informes del Tribunal de Cuentas, que nos sirven.
Le voy a mostrar una diferencia. Mi estimada compañera de SUMAR se ha manifestado con relación al informe sobre las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en los dispositivos médicos sobre la soberanía y sobre
el desarrollo industrial nacional. Bienvenida al tema de la prioridad nacional (la señora Rivera Arias hace signos negativos) porque el tema va por aquí, y no sigo más porque me adhiero a las conclusiones del propio Tribunal de Cuentas cuando habla
del incumplimiento, las debilidades, las deficiencias y, por supuesto, al igual que ha manifestado la compañera de SUMAR, la necesidad de un desarrollo soberano industrial nacional, que también manifiesta el Tribunal de Cuentas.
El resto de los informes podrían referirse, a primera vista, a cuestiones distintas -formación profesional, homologación de los títulos universitarios y también perspectiva de género en el Ministerio de Industria y Turismo- y, sin embargo,
todos permiten reflexionar sobre una misma realidad: la relación entre formación, cualificación e incluso prosperidad nacional.
En relación con el informe de la formación profesional, estamos hablando de más de 2000 millones de euros financiados con fondos europeos. El tribunal detecta insuficiencias en planificación, dificultades para medir resultados y problemas
de coordinación en un sistema donde más del 80 % de los recursos terminan siendo gestionados por las comunidades autónomas. Además, recuerda que, cuando se diseñó el plan de desempleo juvenil, el porcentaje de desempleo juvenil rondaba el 40 % y
cerca de la mitad de la población activa carecía de una acreditación profesional formal, lo cual es algo absolutamente inexplicable.
Hay un dato especialmente revelador, y es que empresarios, sindicatos y centros educativos coinciden en señalar la falta de orientación profesional como una de las principales carencias del sistema. Mientras tanto, numerosos sectores siguen
teniendo dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Es una contradicción, como decía antes. La formación profesional sigue siendo una asignatura pendiente. Hoy muchos jóvenes encuentran mejores oportunidades a través de una buena
formación profesional que por otras vías formativas con más boato, posiblemente, que hace unas décadas parecían indiscutibles. No voy a hablar de las universidades laborales del otro régimen porque mi compañera de SUMAR quizás se enfadaría, pero
sin duda alguna esa salida profesional para muchos jóvenes es una gran salida, más allá -insisto- del boato de grandes títulos.
En relación con el informe que analiza la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero, durante años acumuló una bolsa de expedientes pendientes incompatible con una Administración moderna, tal como se desprende del
informe, que repercutía en numerosos profesionales -médicos, ingenieros, arquitectos, profesores, enfermeros- que no podían ejercer plenamente su profesión mientras esperaban una resolución administrativa. El rigor y la exigencia resultan
imprescindibles, pero un procedimiento concebido para resolverse en unos meses no puede prolongarse durante años sin causar un perjuicio evidente tanto a los interesados como a la propia sociedad.
En cuanto al informe relativo a la perspectiva de género del Ministerio de Industria y Turismo, confieso que me encuentro muy alejado del planteamiento conceptual que inspira este informe -veo que la señora presidenta asiente-. Es evidente
que la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley forma parte de los principios básicos de nuestro ordenamiento positivo, incluso, por supuesto, del derecho natural. Precisamente, por eso cuesta entender la proliferación constante de planes,
estrategias, memorias, indicadores y estructuras administrativas vinculadas a la denominada perspectiva de género, que es como se llama. Lo cierto es que el propio tribunal detecta también carencias en la evaluación y en los mecanismos de
seguimiento. Después de años produciendo
documentos, protocolos y memorias, seguimos encontrándonos con dificultades para determinar su utilidad real. Quizá convendría dedicar menos esfuerzos a construir estructuras administrativas cada vez más complejas y más tiempo a resolver
problemas concretos.
Vistos conjuntamente estos informes, ofrecen una fotografía bastante ilustrativa de algunas fortalezas y también de algunas debilidades de nuestras políticas públicas. También deja una impresión difícil de ignorar: España dispone de
recursos, dispone de profesionales y dispone de capacidad, pero sigue fallando con demasiada frecuencia la conexión entre esas piezas y la terrible gestión del Gobierno. Los informes permiten reflexionar sobre una misma realidad: la relación entre
formación, cualificación y prosperidad nacional, como decía al principio. La impresión que dejan dichos informes es que todavía tenemos un amplio, muy amplio, casi infinito, diría yo, margen de mejora para convertir todo ese esfuerzo público en
resultados más eficaces y más útiles para el común de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Entrena.
El señor ENTRENA ÁVILA: Gracias, presidente.
Señora presidenta del tribunal, nos mostramos de acuerdo con su aportación global y final respecto a los cuatro apartados que se han analizado hoy. Respecto al primero, al informe de fiscalización de los planes de impulso y modernización de
la Formación Profesional, el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto, en primer lugar, que estamos ante una iniciativa de gran relevancia estratégica. El plan de impulso y modernización de la Formación Profesional ha supuesto un primer
esfuerzo integral para transformar el sistema de Formación Profesional en España con una importante dotación económica y una orientación clara hacia la adaptación a las necesidades del tejido productivo. Además, como ha dicho, ha sido bien valorado
por distintos grupos de interés, lo que evidencia que responde a una demanda real del país. También es positivo destacar que existe una coherencia general entre el diagnóstico, los objetivos y las medidas diseñadas, así como los avances en la
coordinación institucional y en la ejecución de determinadas actuaciones, que incluso han superado los objetivos previstos.
En segundo lugar, persisten debilidades en la gobernanza y la coordinación, especialmente por nuestro modelo descentralizado, donde todavía no existe una fuente única de información sobre las necesidades formativas del mercado laboral. Los
niveles de ejecución han sido desiguales tanto en la Administración central, con una mayor ejecución global, como en la autonómica, con un más precario grado de ejecución, y entre unos programas y otros. De cara al futuro, coincidimos con el
informe en la necesidad de definir objetivos más precisos y medibles, reforzar los sistemas de indicadores y evaluación de impacto, mejorar la coordinación entre Administraciones, especialmente con el Servicio Público de Empleo Estatal, y avanzar
hacia una gestión más proactiva de los riesgos.
Respecto al segundo apartado, que es la homologación de las enseñanzas universitarias de los sistemas educativos extranjeros durante el año 2024, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el procedimiento de homologación de estas enseñanzas
universitarias de los sistemas educativos extranjeros para 2024 sin duda ofrece un diagnóstico exigente, pero también nos permite identificar avances y oportunidades que conviene poner en valor. En primer lugar, es justo reconocer que se ha
producido un cambio de tendencia positiva en la capacidad de resolución de los expedientes, especialmente en el último tramo analizado. Por primera vez, el número de resoluciones ha llegado a superar al de nuevas solicitudes, lo que indica que las
medidas adoptadas comienzan a dar resultados. Asimismo, la implantación del nuevo marco normativo y la digitalización del procedimiento han facilitado el acceso y han incrementado el número de solicitudes, lo que demuestra que España resulta cada
vez más atractiva para profesionales cualificados. Ese es un dato relevante en un contexto de escasez de talento en sectores
estratégicos. También debemos destacar el papel de la ANECA, que aporta rigor técnico y criterios homogéneos de evaluación, contribuyendo a la calidad del sistema.
Dicho esto, es evidente que debemos seguir avanzando. La principal prioridad debe ser reforzar los recursos humanos y técnicos para consolidar esta mejora de capacidad de resolución, pero, junto a ello, hay una línea de actuación
especialmente relevante: la simplificación y la estandarización del procedimiento. Por ello, una propuesta concreta sería impulsar la elaboración de un manual único, claro y vinculante que ordene todo el proceso de homologación y facilite tanto el
trabajo de la Administración como la comprensión por parte de los solicitantes. Señorías, tenemos la base para mejorar un sistema que empieza a reaccionar, instituciones técnicas sólidas y un objetivo claro, que no es otro que atraer talento sin
renunciar a la calidad. Tenemos también las recomendaciones de este Tribunal de Cuentas para dar el impulso necesario para que este procedimiento esté a la altura de lo que necesita nuestro país.
En cuanto al tercer apartado, cómo se integra el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el proceso de elaboración de los presupuestos en el Ministerio de Industria y Turismo a diciembre de 2023 -se ha hecho el informe a esa fecha-,
ya es un avance como país que el Tribunal de Cuentas tenga el mandato expreso de velar por la igualdad de género. En este caso, se ha analizado la presupuestación con perspectiva de género del Ministerio de Industria y Turismo que -como ha dicho la
presidenta- corresponde a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda; a la subsecretaría dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, y al Instituto de las Mujeres. La Administración del Estado
realiza un informe de impacto de género para cada programa presupuestario. Esta metodología es muy avanzada en términos internacionales. Coincidimos con el informe del tribunal, por un lado, en la conveniencia de mejorar la conexión entre
diagnóstico e impacto previsto y, por otro lado, la evaluación de resultados esperados. Nuestro grupo presentará propuestas de resolución en ese sentido.
Por último, respecto a la fiscalización de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria para la fabricación de distintos productos en relación con la COVID19, el informe del Tribunal de Cuentas sobre estas ayudas destinadas a la
fabricación de productos de emergencia durante la COVID19 -anualidad 2020- pone de relieve, ante todo, la capacidad de respuesta de nuestras instituciones en un momento crítico. Nos situábamos en un contexto de enorme incertidumbre, con mercados
internacionales colapsados y una escasez sin precedentes de material sanitario. En este escenario, estas ayudas permitieron movilizar con rapidez cerca de 11 millones de euros, apoyando a cincuenta entidades y contribuyendo a activar capacidades
industriales nacionales en tiempo récord. Fue una intervención necesaria que ayudó a reducir la dependencia exterior y a avanzar en un objetivo clave: reforzar nuestra autonomía estratégica en productos esenciales.
Además, el grado de ejecución presupuestaria evidencia que los recursos llegaron con facilidad al tejido productivo, cumpliendo su función en una situación de emergencia. A partir de esta experiencia, contamos hoy con un valioso
aprendizaje. El propio informe apunta oportunidades para seguir perfeccionando estos instrumentos, reforzar la claridad y publicidad de los criterios, seguir mejorando los mecanismos de control y orientar aún más estratégicamente las ayudas hacia
los ámbitos de mayor necesidad en cada momento. En definitiva, señorías, hablamos de una política que funcionó en lo esencial en un contexto extraordinario y que ahora podemos mejorar con la experiencia acumulada por estar aún mejor preparados ante
futuras crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Entrena.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Benito.
La señora GONZÁLEZ BENITO: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, buenos días. Bienvenida.
Señorías, los expedientes de este bloque analizan materias muy diferentes -ya lo ha dicho la presidenta-. Aparentemente no tienen nada que ver, pero cuando uno los estudia
conjuntamente descubre una constante que se repite una y otra vez -con ello ha finalizado el informe la señora presidenta- y que debería preocupar profundamente al Gobierno, porque los cuatro expedientes muestran que el verdadero reto no
está en diseñar mil políticas públicas, sino en demostrar que funcionan. Es precisamente ahí donde aparecen las dudas, cuando llega el momento de comprobar si se están alcanzando los objetivos previstos, cuando llega el momento de medir resultados
o cuando llega el momento de corregir deficiencias.
Señorías, el expediente 1648 analiza los planes de impulso y modernización de la Formación Profesional financiados con fondos europeos. Estamos hablando de miles de millones de euros y de uno de los proyectos más importantes del plan de
recuperación. Pues bien, el expediente pone el foco correctamente en cuestiones como la gobernanza, el seguimiento, el control y la evaluación de los resultados, porque, cuando se gestionan recursos de esta magnitud, no basta con anunciar
inversiones, hay que demostrar que los mecanismos de coordinación funcionan, que los objetivos se cumplen y que los recursos públicos generan una mejora real y medible. Es ahí donde el Tribunal de Cuentas identifica importantes áreas de mejora para
que la inversión de los fondos europeos se convierta en verdaderas mejoras estructurales para nuestro país.
Señorías, el expediente 1650 analiza el procedimiento de homologación de títulos universitarios extranjeros. El Gobierno impulsó, como bien se ha dicho, una reforma para agilizar las homologaciones y acabar con el colapso acumulado durante
años. Aquí encontramos uno de los mejores ejemplos de la idea que recorre estos cuatro expedientes, porque el reto no era exactamente crear una nueva normativa, sino demostrar que funcionaría, y el informe reconoce avances en la digitalización, la
gestión y la tramitación de los expedientes, pero los resultados siguen planteando muchas dudas. A finales del año 2024, permanecían pendientes de resolución más de 84 000 expedientes; más de 84 000 profesionales estaban esperando sus
homologaciones, de los cuales, más de 62 000 corresponden todavía precisamente al nuevo sistema llamado a agilizar el procedimiento. El propio informe identifica carencias de información a los interesados, incumplimientos de plazos y deficiencias
de seguimiento y evaluación, deficiencias graves, veo yo.
Por tanto, sí, se han adoptado medidas, pero sigue siendo difícil acreditar que hayan resuelto el problema para el que fueron creadas. Señorías, si a ello añadimos la controversia generada por algunas homologaciones especialmente rápidas
-exprés- conocidas a través de los medios de comunicación, la pregunta es inevitable: ¿cómo explica el Gobierno a quienes siguen esperando una resolución que la Administración continúe siendo tan lenta en la mayoría de los casos y en otros no?
Porque ahí aparece el verdadero problema, que no es la aprobación de una norma -ese no es el problema-, sino la dificultad para demostrar con resultados y transparencia que esa norma ha cumplido los objetivos para los que fue creada. Queda patente
que no ha cumplido los objetivos, como así lo recoge el expediente del Tribunal.
Señorías, el expediente 1651 analiza la perspectiva de género en los presupuestos del Ministerio de Industria y Turismo y plantea una cuestión especialmente relevante para un Gobierno que ha hecho de la igualdad una de sus principales señas
de identidad, ese Gobierno del 'soy feminista porque soy socialista'. Señorías, ¿cómo se traduce toda esta arquitectura normativa y presupuestaria en resultados concretos y medibles?, porque el expediente detecta dificultades de seguimiento, de
evaluación y medición del impacto real de las medidas, y una política pública no puede medirse por el número de anuncios que genera, sino por los resultados que consigue. Si estos resultados no se ven, ¿cómo puede un Gobierno que presume de
liderazgo en igualdad explicar que esté resultando tan difícil acreditar el impacto efectivo de muchas de las medidas adoptadas?
Para finalizar, señorías, el expediente 1654 analiza las ayudas destinadas a impulsar la fabricación de material sanitario durante la pandemia, una materia especialmente sensible porque la pandemia exigía rapidez y esta no puede estar reñida
con el rigor en la gestión de los recursos públicos. Este expediente pone de manifiesto debilidades concretas en los mecanismos de control, y la sociedad española, señorías, está harta de que se haya utilizado la situación sanitaria más dura de los
últimos años, con más de 120 000 fallecidos
-la pandemia de COVID-, para que algunos se enriquecieran, como ayer sentenció el Tribunal Supremo.
El informe recoge pagos realizados a entidades que no estaban al corriente de sus obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social -¿les suena?-; deficiencias en la comprobación de posibles ayudas concurrentes, -¿les suena?-, e incidencias
en la documentación sanitaria exigida y retrasos significativos en el seguimiento y justificación de los proyectos, y todo ello con unas ayudas financiadas con recursos públicos y concedidas en un momento especialmente delicado para nuestro país.
Señorías, la cuestión no es únicamente cuánto dinero se concede, la cuestión real es si se controla adecuadamente, cómo se concede y cómo se justifica. En el expediente se evidencia que también aquí aparecen dificultades para acreditar que los
mecanismos de control funcionaron con toda la solidez que los ciudadanos tenían derecho a exigir.
Señorías, estos cuatro expedientes analizan materias distintas, como he dicho, pero todos terminan planteándose la misma pregunta, la de cómo sabemos que las políticas públicas están funcionando realmente, porque en los cuatro casos
encontramos actuaciones llamadas a transformar, resolver, generar impacto o cumplir objetivos, respecto de las cuales siguen existiendo dificultades para evaluar resultados, medir su eficacia o acreditar plenamente su cumplimiento. Señorías, estos
expedientes recogen fondos que debían transformar, procedimientos que debían mejorar la rapidez de las resoluciones, políticas que debían producir impacto y ayudas que debían cumplir objetivos y, sin embargo, de todos ellos sacamos una misma
conclusión: gobernar no consiste únicamente en poner en marcha políticas públicas, sino que consiste en demostrar que funcionan. Eso exige control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, precisamente lo que estos expedientes, señorías,
invitan al Gobierno a reforzar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora González.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
De nuevo, me congratula que sus reflexiones estén expresadas en los informes. Claro que todas las cosas que usted ha dicho me suenan. ¡Cómo no me van a sonar si están en el informe! Me suenan todas. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Serra, ocupa la Presidencia). Aunque sí quiero decir una cosa, porque los planos en los que nos movemos nosotros -el Tribunal- y en los que se mueven ustedes son muy diferentes. Nosotros funcionamos de una manera consultiva y las políticas son de
tracto sucesivo. Por tanto, hago un informe referido a una fecha concreta, que normalmente es un año. Entonces, eso no me permite ni saber de dónde vengo ni a dónde voy. El de dónde vengo nos lo imaginaremos, porque ya no lo vamos a hacer, ya
estará hecho, pero el a dónde lo iremos viendo con cada año, con lo cual es posible que algunas de las cosas que se puedan detectar aquí, que son del año 2021, estén en marcha o estén resueltas, no lo sé. Pero quiero decir que la visión de ustedes
y la visión del tribunal, por naturaleza, es distinta. Nuestra acción es consultiva y dedicada a un ámbito temporal que se fija en unas directrices técnicas. Por ejemplo, en dos temas en concreto que analizamos hoy y por el dato más inmediato que
se ha analizado, sí que se ha producido un avance muy significativo, pero que después nosotros no hemos podido analizar, que son formación profesional, por ejemplo, y el tema de la tardanza en la homologación de los títulos. En ese momento está
como dice el informe. Viene de dónde viene y ya veremos cómo se desarrolla, porque las políticas tienen un tracto sucesivo -ustedes lo saben mejor que yo-, o sea, los actos no son analizables en el mismo momento en que se ha dictado una ley, sino
cuando se producen los acontecimientos.
Todo esto que nosotros decimos entendemos que es así de cierto. Lo que pretendemos es colaborar en la gestión de los Gobiernos, el central y de las comunidades autónomas, en que se empiecen a hacer cosas que exigen las nuevas maneras de
controlar la política
y de hacer política, que son las planificaciones estratégicas y una cosa les adelanté hace ya muchos meses, y es que en las recomendaciones solemos decir que se incluyan indicadores en la redacción de políticas públicas, de planes, etcétera,
porque, si no, es muy difícil hacer una evaluación del gasto con el resultado. En definitiva, estamos de acuerdo y simplemente también entiendo que es una perspectiva diferente de analizar las cosas. Se ven de esa manera y, luego, cada uno las
analiza desde su posición en el esquema constitucional.
No sé si decir algo, porque se ha ido el señor Aizcorbe, aunque el señor Sáez se lo puede decir de mi parte. Ha dicho que está fuera de su esquema intelectual el tema de la perspectiva de género. Ha dicho que nos dejemos de acciones
concretas, como el tema de la perspectiva de género, y vayamos a temas generales. El diseño de las políticas con perspectiva de género afecta a más de la mitad de la población, con lo cual no es una cosa concreta, es una cosa bastante general. Yo
me atrevo a decir que, al afectar a más de la mitad de la población, afecta a la población entera, pero ya sabemos que ahí tenemos un gap que no vamos a resolver y muchísimo menos en este momento.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, señora presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EJERCICIOS 2021, 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000194 y número de expediente del Senado 771/000191).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE) DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO, EJERCICIOS 2021 A 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000196 y número de expediente del Senado 771/000193).
- NOTA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE GASTO 4 'ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO' DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000138).
- NOTA SOBRE LAS DIFICULTADES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN PLAZO, EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000171 y número de expediente del Senado 771/000168).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Entramos en el tercer y último bloque, que contempla el informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior durante los
ejercicios 2021, 2022 y 2023; el informe de fiscalización del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado, ejercicios 2021 a 2023; la nota sobre la liquidación de los programas
del área de gasto 4, 'actuaciones de carácter económico' de los presupuestos generales del Estado del ejercicio 2022; y la nota sobre las dificultades de las entidades del sector público administrativo del Estado para la formulación, aprobación y
rendición de cuentas en plazo, ejercicios 2022 y 2023.
Para su exposición, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Esta parte contiene dos informes de fiscalización y dos notas. (Apoya su intervención en una presentación digital). Los informes, como ha dicho el presidente, se refieren a las inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior y al
PERTE del vehículo eléctrico y conectado; una de las notas, a la liquidación de programas de área de gasto y, la otra, a las dificultades de determinadas entidades del sector público y estatal. Ustedes lo conocen, pero les voy a recordar que las
notas proceden de informes realizados que, por modificaciones o necesidad de aclaración, etcétera, se realizan de la misma manera que los informes, es decir, se hacen directrices técnicas. Lo que pasa es que es un procedimiento más corto y dirigido
a un punto concreto que surge de uno de los informes que ya hemos realizado.
Como en todos los anteriores bloques, aunque los informes sean distintos, tienen siempre un elemento común, y vuelve a ser el mismo de este bloque de exposición. Todos ponen de manifiesto la necesidad de contar con planificaciones claras,
con objetivos e indicadores útiles, con gestión documentada y con información fiable en la rendición de cuentas.
El informe de fiscalización operativa de planificación, programación y presupuestación de inversiones del Ministerio del Interior destaca que las inversiones más cuantiosas en infraestructuras, que son edificios de obra nueva, construcción
de nuevos centros penitenciarios, comisarías de Policía Nacional y la mayor parte de acuartelamientos de la Guardia Civil, aeronaves y embarcaciones se financiaron en buena medida con recursos ajenos a los programas ordinarios del ministerio. Entre
2021 y 2024, los planes específicos aprobados por el Consejo de Ministros para infraestructuras penitenciarias, seguridad del Estado y centros de internamiento de extranjeros supusieron el principal origen de inversiones del Ministerio del Interior,
356 millones de euros, frente a los 233 procedentes de los créditos ordinarios de inversión en la sección presupuestaria del Ministerio. Esta fragmentación del origen nos dificulta conocer el esfuerzo real inversor, evaluar su eficacia y rendir
cuentas de forma plenamente transparente.
El informe identifica alguna insuficiencia estructural de recursos para financiar inversiones de reposición y renovación. En el caso de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se destaca que los créditos ordinarios del capítulo 6
resultaban insuficientes para cubrir las necesidades de reposición de equipamientos. Ello ha hecho que los recursos extraordinarios y ampliaciones de compromisos de ejercicios futuros se hayan convertido en elementos esenciales para poder mantener
la inversión.
En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el ministerio recibió 436 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética. Del importe asignado, el 57 % correspondió a actuaciones sobre edificios y el resto a
movilidad. Por centros directivos, el propio Ministerio del Interior, el 48 % fue asignado a la Dirección de la Guardia Civil, el 35 % a la Dirección General de Policía y el 14 % a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Se
adquirieron 4323 vehículos menos contaminantes, cumpliendo el objetivo previsto en plazo -el objetivo CIS 170-. Sin embargo, el compromiso relativo a eficiencia energética en edificios y puntos de recarga se encontraba por debajo del 25 % de
ejecución.
En materia de inmuebles, el ministerio gestionaba un parque de más de 3800 edificios. Se concluye que las limitaciones de medios humanos y técnicos provocan dificultades para la gestión de los proyectos y de los procedimientos necesarios
para ejecutar inversiones y para efectuar un seguimiento de los inmuebles en cuanto a su estado de conservación y gestiones patrimoniales, entre otros aspectos.
Pese al volumen de inversión acometido para el periodo 20212024 en mejora y modernización de las infraestructuras y equipamientos del Ministerio del Interior, financiado tanto con recursos propios como a través de los planes específicos y el
plan de recuperación, persiste un elevado número de instalaciones con deficiencias y en mal estado de conservación. Por ejemplo, la Policía Nacional clausuró seis dependencias en 2019 por inhabitabilidad; el 10 % de sus dependencias tiene más de
cincuenta años y
el estado de conservación es regular. En el ámbito de la Guardia Civil, treinta dependencias fueron clausuradas, a lo que se añaden setenta y tres edificios con patologías graves. En instituciones penitenciarias, sigue pendiente el inicio
de la construcción de una sede para los servicios centrales, cuyo alojamiento supone mantener un contrato de arrendamiento con un coste de más de 3,5 millones al año.
Con respecto a los elementos de transporte, el informe constata una antigüedad excesiva del parque móvil pese a la inversión realizada. Los fondos del plan de recuperación han permitido adquirir un número muy significativo de vehículos
menos contaminantes para la Policía Nacional, 2668 unidades, y para la Guardia Civil, 1599 unidades. Así, los dos cuerpos de seguridad operaban un parque de vehículos aquejado de una antigüedad significativa.
También se destaca que la renovación de aeronaves y embarcaciones destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado depende en gran medida de recursos extraordinarios, con unidades que operan al límite de su capacidad. La
renovación de aeronaves y embarcaciones destinadas al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado depende de recursos extraordinarios y, con frecuencia, externos, ya que la dotación ordinaria de los créditos de inversiones no permite
financiar inversiones que se corresponden con las más costosas de los elementos de transporte.
En materia tecnológica, el tribunal no identificó una planificación integral de tecnologías de la información en el conjunto del ministerio. Se apreciaron debilidades de interoperabilidad entre sistemas y deficiencias en la calidad de los
datos. Entre otras recomendaciones, se sugiere desarrollar una planificación integral de inversiones, reforzar los recursos asignados, mejorar los inventarios e instalaciones, regularizar la información sobre inmuebles, diseñar planes de renovación
de flotas y reforzar la interoperabilidad tecnológica.
El segundo informe de este bloque es una fiscalización operativa en la que se ha analizado el PERTE del vehículo eléctrico y conectado como instrumento de colaboración públicoprivada orientado a la transformación del sector de la automoción.
En particular, se ha analizado el diseño y la gobernanza del PERTE y las actividades de la línea de actuación integral sobre la cadena de valor industrial. Su ámbito temporal comprende los ejercicios 20212023. El PERTE VEC tiene una importancia
singular, ya que fue el primero de los PERTE. Como conocen, el PERTE es una nueva figura de colaboración públicoprivada abierta a todo tipo de empresas e instituciones y se centra en sectores estratégicos de gran capacidad de arrastre para el
crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía. Ya les digo, fue el primero de los aprobados por el Gobierno de España, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y pretende impulsar un sector
estratégico como es la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado.
Las conclusiones principales se refieren a la planificación. Se constata que el diseño del PERTE no definió de manera previa la participación del sector privado, que se incorporó en fases posteriores al proceso.
La segunda conclusión se refiere a la gobernanza. El informe destaca que la gobernanza establecida ha tenido una actividad limitada, con un número reducido de reuniones de los órganos previstos, lo que ha dificultado la coordinación. Se
identifican también debilidades en el marco de seguimiento. El informe destaca que, aunque se han definido indicadores para evaluar los objetivos, no existe un sistema estructurado de seguimiento ni un calendario para su cumplimiento, lo que limita
su utilidad. En materia de gestión de ayudas, se señala que la primera convocatoria de ayudas presentó una elevada complejidad, con numerosos requisitos, lo que dificultó la participación y redujo la eficacia del instrumento. Aunque en
convocatorias posteriores se introdujeron mejoras, una parte significativa de los recursos continúa pendiente de asignación, lo que refleja dificultades en la ejecución del PERTE.
Las recomendaciones se orientan a mejorar el diseño de futuros PERTE y a reforzar la gestión de este. Entre otras, se sugiere al Gobierno definir un procedimiento para diseñar los PERTE que permita cumplir los requisitos más importantes,
desde la participación de
la industria hasta las distintas fases del procedimiento, y al Ministerio de Industria articular una gobernanza efectiva del PERTE y definir un marco de información y seguimiento de objetivos.
En tercer lugar, se presenta una nota que analiza la liquidación de los programas del área de gasto 4, actuaciones de carácter económico de los presupuestos generales de 2022. El ámbito objetivo viene delimitado por los programas de las
políticas de gasto incluidas en el área de gasto objeto de la nota, de acuerdo con los anexos de la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que son agricultura, pesca y alimentación, industria y energía, comercio, turismo
y pymes, subvenciones al transporte, infraestructuras y ecosistemas resilientes, investigación, desarrollo, innovación y digitalización y otras actuaciones de carácter económico.
Esta área comprende, como pueden deducir, actuaciones de relevancia presupuestaria y estratégica vinculadas a sectores productivos, infraestructuras, investigación, desarrollo, innovación, energía y otras políticas con impacto económico. El
ámbito subjetivo es la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, como órgano encargado de la elaboración de Presupuestos Generales del Estado, y cinco entidades del sector público institucional estatal, que son el Fondo Español de Garantía
Agraria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III.
La nota se planteó con una finalidad complementaria a la declaración de la cuenta general del Estado de entonces, que era ofrecer a las Cortes una información más detallada sobre cómo se programan, ejecutan y evalúan determinados créditos
presupuestarios.
Las principales conclusiones serían que la presupuestación por programas no ha logrado todas las finalidades previstas. Aunque el presupuesto por programas debería permitir conectar recursos, objetivos, actuaciones e indicadores, el
tribunal aprecia que no se dispone de información suficiente sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en cada programa. La integración de los proyectos del PERTE ha supuesto una mejora porque ha introducido una lógica más vinculada
a hitos, objetivos e indicadores. Sin embargo, esta mejora no se ha extendido plenamente al conjunto de la presupuestación ordinaria. En la nota también se señala que la normativa vigente no establece un sistema suficiente de verificación de
resultados ni prevé consecuencias claras cuando se producen desviaciones significativas respecto de los objetivos inicialmente previstos. Esto limita la utilidad del presupuesto como herramienta de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el tribunal constata diferencias relevantes según la política de gastos y los entes gestores. Existe un desigual grado de ejecución presupuestaria tanto en función de la política como en función del
ente gestor. Parte de los retrasos de ejecución se deben a la existencia de demoras en la tramitación de convocatorias o ayudas o de los convenios, bien por depender de otras actuaciones que realizan otras instituciones, como la Unión Europea, o
por algunos retrasos propios.
Se destaca que las modificaciones presupuestarias incrementaron el presupuesto del área en un 25 %, fundamentalmente por medidas destinadas a financiar el sector energético. En 2022, los créditos iniciales de los programas del área de gasto
4 han aumentado un 25 %, mientras que la media del resto de áreas asciende a un 7 %. Este porcentaje más elevado de modificaciones se ha debido fundamentalmente a las medidas adoptadas para financiar el sector energético y ha sido financiado en su
mayoría por endeudamiento. También se observa que la ejecución de los proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue inferior al resto de programas del área y que su nivel de pago fue reducido en comparación con
otros programas.
Por último, con los presupuestos del 2022 se acompañan tres informes transversales, que son el de igualdad de género; infancia, adolescencia y familia, y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos informes se elaboraron
por la Dirección General de Presupuestos en función del análisis que de los distintos programas presupuestarios realizan los centros gestores, por lo que la información contenida se considera como una
aproximación que es objeto de mejora conforme se tenga más experiencia. Estos informes contribuyen a explicar la conexión entre el gasto público y determinados objetivos de interés general.
El Tribunal aprecia que no existe un seguimiento suficiente del cumplimiento efectivo de estos objetivos. El informe de impacto de género presenta una metodología más avanzada, pero en términos generales sigue siendo necesario mejorar la
definición de objetivos, calidad de indicadores y la evaluación posterior.
Por ello, el tribunal formula una serie de recomendaciones. Entre otras, se sugiere a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos mejorar el marco técnico de preparación de los programas presupuestarios y elaborar guías para que los
centros gestores definan objetivos concretos e indicadores mensurables. A los centros gestores se les recomienda definir objetivos propios para cada ejercicio con indicadores económicos y físicos que permitan conocer el grado de cumplimiento y sus
posibles desviaciones.
En cuarto lugar, presento la nota que examina las dificultades de determinadas entidades del sector público administrativo estatal para formular, aprobar y rendir sus cuentas anuales en plazo en relación con los ejercicios 2022 y 2023.
La rendición de cuentas es una obligación esencial del sector público. Permite conocer cómo se han utilizado los recursos públicos, facilita el control interno y externo, hace posible el examen parlamentario y garantiza a la ciudadanía el
acceso a la información básica sobre la gestión económicofinanciera de las entidades públicas.
El ámbito subjetivo comprende treinta y cinco entidades del sector público institucional estatal, siete agencias estatales y veintiocho organismos autónomos con presupuesto limitativo que, a 1 de octubre de 2024, presentaban incidencias en
la rendición de cuentas anuales del 2022 o 2023. El tribunal analiza las causas de esas incidencias en las distintas fases del proceso y formación de la cuenta anual, auditoría y aprobación, remisión al Tribunal de Cuentas y publicación.
Los datos muestran que las dificultades no fueron excepcionales. En el ejercicio 2022, el 26 % de las entidades del sector público institucional sujetas a presupuesto limitativo presentan dificultades para aprobar y rendir sus cuentas en
plazo. En el ejercicio 2023, ese porcentaje se elevó al 30 %. Esta nota identifica varias causas, algunas se sitúan en el inicio del proceso, es decir, en la formulación de las cuentas. Destacan la insuficiencia de personal cualificado, la
elevada movilidad en puestos de contabilidad, la necesidad de formación especializada y las limitaciones de los recursos técnicos. También incide en la complejidad de los trámites internos, la descentralización de algunas estructuras organizativas
y las dificultades de interconexión entre los sistemas de información necesarios para elaborar la cuenta anual. Más concretamente, en la nota se detalla que los principales puntos críticos identificados en el proceso contable que demora en la
formulación de las cuentas son una estructura de los servicios de gestión económica y contabilidad no adaptada a las dimensiones de la entidad; la ausencia de un conocimiento y planificación adecuados en los procesos de cierre; la dependencia del
cierre y calidad de la información de otras unidades administrativas internas, situación más relevante cuanto más descentralizada sea la organización y mayor sea el número de agentes implicados en los procesos; la demora en el registro de
operaciones y demás anotaciones contables; la falta de automatización de procedimientos; la coincidencia en el tiempo con otros trabajos -apertura de nuevo ejercicio, carga de nuevo presupuesto, etcétera-.
Por lo que se refiere al personal, también se ha identificado una necesidad de mayor cualificación, un elevado número de vacantes que se extiende en el tiempo, así como una rotación elevada en las jefaturas de servicio de contabilidad por
desproporción entre la responsabilidad y la intensidad del trabajo y las condiciones económicas.
Otras causas aparecen en la fase de auditoría. La nota señala que el plazo del que dispone el auditor para emitir su informe definitivo es de dos meses y medio, ya que, una vez emitido el informe provisional, la entidad dispone de un plazo
de hasta quince días para formular alegaciones. Se destaca que la aprobación de las cuentas por órganos colegiados en lugar de un órgano unipersonal incide, en algunos casos, en un retraso relevante en la aprobación y rendición de cuentas al
tribunal. La nota incluye una serie de
recomendaciones: entre otras, se recomienda al Gobierno revisar el actual modelo competencial en materia contable, se sugiere a los presidentes, subdirectores de entidades y a sus órganos de gobierno reforzar los servicios de contabilidad,
dotarlos de los medios adecuados y mejorar la planificación de los procesos. Se recomienda a la IGAE desempeñar un papel más activo en la vigilancia y control de la organización de las oficinas contables y ampliar o complementar el contenido de los
informes de auditoría de cuentas.
La valoración conjunta de estos dos informes y dos notas -y hoy es un hecho muy repetido- es que la calidad de la gestión pública depende de la calidad de la planificación, de la precisión de los objetivos, de la fiabilidad de los datos, de
la capacidad de seguimiento y de la rendición de cuentas. Todos son trabajos distintos y todos apuntan a la misma orientación. No basta con disponer de recursos públicos, es necesario planificarlos bien, ejecutarlos con criterios objetivos, medir
resultados y rendir cuentas ante las Cortes Generales y ante la ciudadanía.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Muchas gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que consideren necesarias, tienen la palabra los grupos parlamentarios.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de SUMAR e Izquierda Confederal, tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
Muchas gracias otra vez, presidenta, por su exposición.
Comenzando por el informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, nos ha llamado mucho la atención que entre 2021 y 2023 se tramitaron sesenta y siete contratos de
emergencia por un importe de más de 56 millones de euros para atender incidencias en inmuebles. Creemos que no se puede seguir funcionando sin previsión -creo que el informe también lo dice- a través de contratos de emergencia que, además, tan
problemáticos son por las faltas de controles y demás.
Coincidimos con el tribunal en esa necesidad de ese plan plurianual de inversiones que acometa las inversiones más urgentes y blindadas del presupuesto. Añado a lo que ha dicho finalmente la señora presidenta que la garantía de la calidad
de los servicios públicos también depende de la suficiencia de los recursos humanos, pero también de la dotación suficiente de equipamientos necesarios. Le sumamos todo eso.
El informe de fiscalización del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico conectado, el PERTE VEC, también pone de manifiesto cuestiones muy importantes relacionadas con la necesidad de
continuar mejorando la planificación y la gobernanza del proyecto estratégico para mejorar esa gestión. Necesitamos Administraciones públicas modernas que gestionen adecuadamente, y para eso hace falta acometer mejoras que yo creo que el Tribunal
de Cuentas señala muy acertadamente.
Nos parece fundamental la recomendación que hace el tribunal en relación con la necesidad de que el ministerio adopte medidas en las convocatorias encaminadas a contribuir a la igualdad. Hay en el informe un dato que para nosotras es
demoledor respecto a las plantillas de los beneficiarios, que solo son equilibradas en el caso de los centros de investigación y de seis beneficiarios. En siete empresas las mujeres no alcanzan ni el 10 % de la plantilla y en una no llega ni al 1
%. Hay empleos más masculinizados, pero creemos que es necesario seguir adoptando medidas para seguir alcanzando la igualdad y, además, acabar con una cuestión que es la segregación de sexos en el mundo del trabajo. Eso es algo tradicional, las
mujeres a cuidar y los hombres a producir, pero creo que esa época está superada y debemos avanzar en el objetivo de la igualdad máxima, incluso en el terreno productivo.
En relación con la nota sobre la liquidación de los programas del área de gasto 4, actuaciones de carácter económico de los presupuestos generales del Estado de 2022, nos llama mucho la atención también la brecha existente entre la ambición
de los recursos
presupuestados y los complejísimos cauces de gestión que ralentizan la llegada a la economía real de todas esas actuaciones. Que áreas estratégicas como el apoyo a la agricultura, la transición energética o la investigación sufran cuellos
de botella procedimentales es fruto de estructuras administrativas muy rígidas y anticuadas, y creemos que ahí hace falta mayor empeño para que esos procedimientos no impidan que se realicen políticas que lleguen realmente y tengan incidencia e
impacto en la economía.
Compartimos también las líneas de mejora que el propio tribunal defiende para el área económica. Es importantísimo adecuar la planificación presupuestaria a la capacidad real de gestión, también avanzar en la simplificación administrativa y
la interoperabilidad de los sistemas informáticos para acelerar la tramitación de expedientes y reforzar técnicamente las unidades gestoras. En el horizonte tenemos el objetivo de la Administración sin papeles, que hoy en día ya es posible y se
debe extender a la totalidad de la AGE, pero también al resto de Administraciones.
En relación con la nota sobre las dificultades de las entidades del sector público administrativo del Estado para formulación, aprobación y rendición de cuentas en plazo, también entendemos muy necesarias las observaciones del Tribunal de
Cuentas. Es cierto que necesita un plan de cobertura ágil y prioritario de las vacantes en áreas contables y financieras del sector institucional, pero también una reflexión de por qué huye el personal de esas áreas buscando otros destinos, no sé
si más cómodos, mejor remunerados o, a lo mejor, muchas veces mejor organizados. Es necesario revisar las condiciones y los incentivos de los puestos para frenar esa alta rotación y retener el talento técnico en los organismos. Y, por último, una
vez más, optimizar la interoperabilidad de los sistemas de gestión tan necesaria hoy en día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas por su comparecencia, por los informes presentados y por sus explicaciones.
Se han presentado cuatro informes en este bloque. El primero: Actuaciones de carácter económico de los presupuestos generales del Estado del año 2022. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos un importe muy elevado de las modificaciones de
crédito: 13 176 millones de euros. Las modificaciones de crédito están concebidas como instrumentos de ajuste para atender necesidades sobrevenidas, imprevistas o cambios puntuales en la prioridad del gasto, pero no como un modo ordinario de
ejecución presupuestaria. El problema es que la utilización reiterada de estas figuras para atender gastos estructurales amplía de forma preocupante el margen de discrecionalidad del Gobierno en la gestión de los créditos públicos. El problema es
que este Gobierno utiliza cada vez más este instrumento, mientras incumple la obligación constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado.
Tenemos también unas obligaciones reconocidas que suponen tan solo un 80,4 % de los créditos definitivos y unos pagos que suponen tan solo un 80,8 % de las obligaciones reconocidas. Vemos un informe que pone de manifiesto la existencia de
un limitado grado de ejecución presupuestaria en la Administración General del Estado. No se han comprometido 1 de cada 4 euros de los créditos definitivos aprobados. Vemos un elevado importe de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores: hay obligaciones pendientes de pago desde el año 2010 y hay obligaciones pendientes de pago del año 2021 por importe de 5896 millones de euros. Vemos también, entre sus comentarios, que en ocasiones el título del programa no es
coherente con las actividades que se financian. Desde una perspectiva técnica se puede concluir que los objetivos presupuestarios son genéricos, los indicadores son deficientes y no permiten medir adecuadamente la eficacia real del gasto público.
Segundo informe: Nota sobre las dificultades de las entidades del sector público administrativo y del Estado para la formulación, aprobación y rendición de cuentas en
plazo, ejercicios 20222023. Nos gustaría destacar varias de sus conclusiones. La primera, el acto de rendición de cuentas consiste en el deber que tienen las personas que ejercen labores de servicio público de informar, justificar y
responsabilizarse pública y periódicamente sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos siguiendo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Remarco: de informar, justificar y responsabilizarse pública
y periódicamente sobre el uso dado a los fondos asignados. La segunda, existe una dualidad competencial en materia contable en el sector público administrativo institucional. Y la tercera, la precariedad y movilidad en la ocupación de los puestos
del área económicofinanciera, en concreto del servicio de contabilidad.
Tercer informe: Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, ejercicios 2021, 2022 y 2023. Nos preocupan varios temas comentados en el informe. Primero, menciona la
renovación de aeronaves y embarcaciones que tienen mucha antigüedad. Segundo, menciona que las unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil operan al límite de su capacidad operativa. Y tercero, menciona la carencia de una planificación
integral y coordinada de inversiones para el conjunto del departamento. La realidad es que existe un déficit histórico de inversión en seguridad, un déficit que lo primero que hay que hacer es reconocerlo, pero no se reconoce cuando lo único que
escuchamos es una discusión sobre qué Gobiernos han invertido más y qué Gobiernos han invertido menos. Y si no se reconoce este déficit, nunca se va a corregir.
El cuarto informe es sobre la fiscalización del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, del vehículo eléctrico y conectado, ejercicios 2021 a 2023. Me parecen muy importantes sus recomendaciones, entre
ellas, cuando se recomienda al Gobierno la definición de un procedimiento para el diseño de futuros PERTE u otros instrumentos de colaboración públicoprivada que permita cumplir todos los requisitos importantes de su concepción; que permita cumplir
todos los requisitos importantes de su concepción. Creo que es una recomendación muy importante y que, cuando se incluye una recomendación de este importe y de esta importancia, se explica realmente qué ha ocurrido también con el PERTE eléctrico.
Segunda, se recomienda al Gobierno que la participación de la industria debe estar definida desde el principio para cada fase del procedimiento. Esto es importantísimo también, porque denota igualmente lo que ha pasado con el PERTE del
vehículo eléctrico y conectado.
Tercera, se recomienda al ministerio que adopte medidas urgentes para disponer de una gobernanza efectiva que dé respuesta a las necesidades operativas e institucionales de gestión pública del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, así
como a las necesidades de rendición de cuentas de la gestión de fondos a tenor de su naturaleza públicoprivada del instrumento. Quiero remarcar esta última frase que dice: 'así como a las necesidades de rendición de cuentas de la gestión de
fondos'. Creo que es algo absolutamente imprescindible en una Administración pública.
Desde una perspectiva técnica, podemos resumir que, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado presentó importantes debilidades de planificación, gobernanza y trazabilidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré.
El señor PARÉ AREGALL: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, le doy la bienvenida, al igual que a su equipo.
Antes de empezar, quiero recordar que este año hará tres años de las últimas elecciones generales y que está siendo un periodo importante a nivel legislativo -la semana pasada había ya más de sesenta iniciativas legislativas aprobadas-.
También lo traslado a esta comisión, que ha hecho un trabajo relevante; de hecho, solo es necesario ver los informes que nos quedan por tratar. A partir de aquí, también quiero trasladar ese
reto a la presidenta y al Tribunal de Cuentas. Nos hemos puesto al día, pero es necesario seguir avanzando y en el próximo periodo seguir analizando esos informes que, como usted bien sabe, es un trabajo que llevamos bien. En definitiva,
intentamos hacer política útil, y lo reivindico. Usted hablaba de las políticas de género y de igualdad; son un claro ejemplo de lo que es política útil y de lo que aporta mejoras a la ciudadanía.
Las notas que hoy vemos tenemos que asociarlas también a informes tratados, por eso quería hacer hincapié en el trabajo realizado. Igual que antes se hacía una reflexión entre lo que es democracia y lo que es democrático, yo aquí añado una
vez más, y hoy con una sensación de tristeza importante, que se respete a las instituciones, que seamos respetuosos con la política y, especialmente, que seamos respetuosos con las instituciones del Estado.
Teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas es consultivo y que analiza periodos concretos, les traslado una propuesta para que sigan avanzando en el tribunal, junto a la IGAE, en algo de lo que estamos hablando, que es un sistema
estructurado de seguimiento, precisamente para conseguir que la información sea suficiente para poder analizar el grado de los cumplimientos, de la eficacia, de la verificación y, en definitiva, para poder visualizar los objetivos versus los
resultados. En este sentido, sería positivo que pudiéramos avanzar en guías metodológicas, en formación y en elaboración de indicadores, en definitiva, en objetivos que avancen en la transparencia, en la fiscalización, en la evaluación y en el
control, como dicen precisamente estos informes. Como usted decía -y yo creo que también lo decía reivindicando el sector público-, al final, los que creemos en la calidad de la gestión pública debemos reivindicar la planificación, la ejecución y
la rendición de cuentas, como nos avanzan estas dos notas y estos dos informes.
Si nos centramos en el de la aprobación y rendición de cuentas, lo siento por sus señorías del Grupo Popular, pero aquí tengo que recordarles una vez más que son el partido más corrupto de Europa y el único partido condenado por financiación
ilegal en España. (Rumores). Aun así, se atreven a cuestionar las instituciones del Estado. Un PP cada vez más próximo a VOX, un PP cada vez más radical y un PP cada vez más alejado de la centralidad política. Mírense los informes, porque
precisamente se habla -y lo decía la señoría de VOX- de que el acto de rendición de cuentas consiste en el deber que tienen las personas que ejercen labores de servicio público de informar, justificar y responsabilizarse pública y periódicamente
sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos, siguiendo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Por eso, cuando se habla de las debilidades detectadas, es importante que aportemos medidas para
mejorar las que afectan al procedimiento, las que afectan al personal, las que afectan a los recursos técnicos.
Hablando de los programas del gasto, España se ha unido -como dice en su última parte- a una nueva tendencia internacional que trata de explicar la contribución de las distintas políticas a las áreas y objetivos de interés público que se
pretenden cubrir. Por ello, acompañan a los presupuestos generales del Estado del año 2022 tres informes: uno de igualdad de género; otro de infancia, adolescencia y familia, y un tercero de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es muy importante que los tomemos como ejemplo, precisamente por lo que representan, sin perder de vista el objetivo de que la calidad sea homogénea y haya una clasificación funcional del gasto. Por eso, cuando la IGAE habla de la inviabilidad de
incorporar cierta información a la cuenta general del Estado, es bueno que valoremos que esta información de gestión debe elaborarse, publicarse y rendirse en todo caso por las unidades gestoras y, a partir de ahí, centrarnos única y exclusivamente
en aspectos regulatorios, de control financiero y presupuestario, que es lo que realmente hace la declaración de la cuenta general del Estado. Por eso, reivindicamos metodologías más claras con manuales y guías que ayuden a confeccionar mejor el
presupuesto por programas, diferenciando entre los que son finalistas e instrumentales, pero siempre con el objetivo de evaluar y rendir cuentas.
Del PERTE se ha hablado mucho en esta comisión, precisamente por otros informes que ya se han tratado, pero es importante reivindicar lo que representa este PERTE...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Debería ir terminando, señor Paré.
El señor PARÉ AREGALL:... porque hay puntos fuertes, capacidad tractora, integración pyme, hitos europeos. Encontraríamos ejemplos. Debemos analizar el conjunto de los dos PERTE.
Y finalmente, hablando del Ministerio del Interior, se habla de Gobiernos que invierten más y Gobiernos que invierten menos. Yo acabaré con este gráfico. (Muestra un gráfico). Una imagen vale más que mil palabras. El dato mata el relato.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Camacho.
El señor GONZÁLEZ CAMACHO: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ser muy elegante, conforme a mi trayectoria en esta comisión, pero no tengo más remedio que hacer referencia al comentario del portavoz del Grupo Socialista, que creo que es de muy mal gusto, porque esta semana, que ayer
comenzó, no es la mejor para atacar al Partido Popular. Creo que debería estar usted más informado de lo que está ocurriendo y mirarse al espejo antes de criticar a nuestro partido, que no viene al caso hoy. (Aplausos).
Como decía, mi intervención iba a ser muy suave, primero, agradeciendo a la presidenta del Tribunal de Cuentas el trabajo que están realizando tanto ella como el tribunal, constatado en los informes y notas que hoy examinamos. Una vez más,
sus conclusiones constituyen una herramienta imprescindible para fortalecer la transparencia, mejorar la calidad institucional y avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos públicos. Los asuntos incluidos en este bloque son muy
diferentes entre sí, pero todos comparten una misma enseñanza: disponer de más recursos no garantiza por sí solo mejores resultados si no existe una adecuada planificación, seguimiento y evaluación de las actuaciones públicas. Así ocurre en el
informe relativo al Ministerio del Interior. El tribunal reconoce el importante esfuerzo inversor realizado entre 2021 y 2024, tanto con financiación ordinaria como con fondos extraordinarios procedentes del plan de recuperación, sin embargo, las
conclusiones muestran que persisten problemas estructurales de enorme relevancia.
Resulta especialmente preocupante la situación de las infraestructuras de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más de la mitad de los edificios de la Guardia Civil superan los cincuenta años de antigüedad y numerosas
instalaciones presentan deficiencias graves que han obligado incluso al cierre de dependencias y a la realización de reparaciones de emergencia. También preocupa el envejecimiento de parte de la flota y la falta de una planificación integral en
materia tecnológica. El tribunal insiste en la necesidad de contar con inventarios fiables y planes plurianuales de inversión que permitan anticiparse a los problemas, porque la seguridad de los ciudadanos exige que quienes la garantizan dispongan
de los medios más adecuados.
En segundo lugar, el informe sobre el PERTE del vehículo eléctrico conectado merece una reflexión igualmente importante. Estamos hablando del primer PERTE aprobado en España, dotado con más de 4000 millones de euros de financiación pública
y concebido como un instrumento estratégico de colaboración públicoprivada para transformar uno de los sectores industriales más importantes de nuestro país. Sin embargo, el tribunal concluye que la participación de la industria no fue
adecuadamente diseñada desde el inicio, que los órganos de gobernanza tuvieron una actividad prácticamente testimonial y que no llegó a consolidarse una verdadera colaboración públicoprivada ni una coordinación interministerial efectiva. El
tribunal constata, además, que la colaboración públicoprivada apenas llegó a desarrollarse y que los mecanismos de gobernanza tuvieron una actividad muy limitada. Asimismo, advierte de que sigue sin concederse una parte muy importante de las ayudas
previstas y de que faltan instrumentos eficaces para evaluar el cumplimiento de los objetivos. La lección es clara: no basta con anunciar grandes cifras; es imprescindible acreditar los resultados.
La misma preocupación aparece reflejada en la nota sobre el programa de gasto del área económica de los presupuestos generales del Estado. El tribunal señala que la presupuestación por programa sigue sin cumplir plenamente la finalidad para
la que fue concebida; los objetivos son frecuentemente genéricos, los indicadores resultan insuficientes y no existe un verdadero sistema que permita medir el grado de cumplimiento de las políticas públicas y adoptar decisiones en función de los
resultados obtenidos. Especialmente relevante es la constatación de que la flexibilidad extraordinaria otorgada a numerosos programas vinculados al plan de recuperación no se ha traducido necesariamente en una mejor ejecución ni en mayores niveles
de pago. En definitiva, seguimos encontrándonos con una Administración que, en demasiadas ocasiones, mide cuánto gasta, pero no evalúa con suficiente rigor el resultado que obtiene.
Por último, la nota relativa a las dificultades para la formulación, aprobación y rendición de cuentas de numerosas entidades públicas vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la gestión administrativa. Resulta preocupante que
alrededor de un tercio de las entidades analizadas presenten incidencias en la rendición de sus cuentas correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023. El tribunal identifica problemas recurrentes de personal, organización y modernización
administrativa. La rendición de cuentas no es una mera obligación formal; es una garantía esencial de transparencia, de control democrático y de confianza ciudadana en las instituciones.
Por ello, el Grupo Popular comparte la necesidad de impulsar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas. Necesitamos una Administración más orientada a resultados, con mejores sistemas de información, una evaluación más
rigurosa de las políticas públicas, una ejecución más eficaz de los fondos disponibles y una cultura permanente de la rendición de cuentas. La buena gestión pública no se mide por el volumen de recursos movilizados, sino por la capacidad de
transformar esos recursos en mejores servicios, mayores oportunidades...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Señor González, debe ir terminando.
El señor GONZÁLEZ CAMACHO: ... y una respuesta eficaz a las necesidades de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, señor González.
Para contestar a las cuestiones que han ido planteando los grupos parlamentarios, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Realmente cuestiones no planteaban, pero bueno. (Risas). Quiero decir que casi todos los intervinientes se han manifestado a favor de los contenidos de los informes, cosa que me parece bien.
Recogiendo las impresiones de todos y las declaraciones, efectivamente, se está tratando de hacer una nueva gestión pública, porque -como ha dicho la señora Rivera- las estructuras administrativas son muy rígidas y en muchos casos anticuadas
y no responden siquiera a las formas incluso tecnológicas de los avances. Todo eso dificulta mucho que las gestiones empiecen a responder a lo que ahora se exige a los gestores públicos.
Creo que valoran que el Tribunal de Cuentas se haya adentrado -diría yo que profusamente- en la fiscalización con carácter evaluador, y simplemente quiero decir que creo que esta orientación nos permite contribuir con mayor eficacia en la
mejora de la propia gestión pública y, desde luego, en una utilización eficiente del gasto público.
Señores, por mi parte he terminado. Felices vacaciones y que descansen. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Muchas gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, por sus explicaciones.
Habiendo agotado el orden del día, se levanta la última sesión del periodo, que no quiere decir que empiecen las vacaciones; queda todavía un tiempo antes de las vacaciones.
Gracias.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía