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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 167, de 09/06/2026
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 167
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO PÉREZ LÓPEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 25
celebrada el martes,
9 de junio de 2026
ORDEN DEL DÍA
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los Ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado 771/000172) ... (Página3)
- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000176 y número de expediente del Senado 771/000173) ...
- Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000183) ... (Página5)
Bloque II:
- Informe de fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, ejercicios 2014 a 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de
expediente del Senado 771/000202) ... (Página5)
- Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200 000 y 300 000 habitantes, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de expediente del Senado 771/000203) ... (Página6)
- Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte público colectivo, ejercicios 2023 y 2024. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000205) ... (Página7)
- Informe de fiscalización sobre la rendición de las cuentas consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y
número de expediente del Senado 771/000204) ... (Página7)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de
expediente del Senado 771/000152) ... (Página8)
- Informe de fiscalización del ingreso mínimo vital, ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000162) ...
- Informe de fiscalización de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000178 y número de expediente del Senado 771/000175) ... (Página9)
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre el siguiente extremo:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004) ...
SESIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS CELEBRADA EL MARTES 9 DE JUNIO DE 2026
Se abre la sesión a las diez y cuatro minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTANDER, TORRELAVEGA Y CASTRO URDIALES, EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado 771/000172).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Señorías, se abre la sesión.
Buenos días.
En primer lugar, querría disculpar al presidente, que, como algunos de ustedes saben, ha sido padre recientemente, y le deseamos lo mejor en su tercera paternidad.
A continuación, procedemos a sustanciar el orden del día.
Como hacemos habitualmente, en primer lugar corresponde el debate y votación de las propuestas de resolución sobre los informes que fueron sustanciados en la pasada sesión.
Comenzamos por la votación relativa al bloque I, informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, ejercicios 2022 y 2023.
En primer lugar, propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario VOX; propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Propuestas números 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 4 a la 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas números 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.
Propuesta de resolución número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; de la 13 a la 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000176 y número de expediente del Senado 771/000173).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos al informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2023.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la 1 a la 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, números 6, 7, 9 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Plurinacional SUMAR, de la 14 a la 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA A LOS MUNICIPIOS DE SU ÁMBITO TERRITORIAL, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000183).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos al informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial, ejercicio 2023.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Comenzamos por la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Propuestas números 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 5 a la 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de la 20 a la 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL LOCAL, EJERCICIOS 2014 A 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de
expediente del Senado 771/000202).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos al bloque II. Informe de fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, ejercicios 2014 a 2023.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 8 a la 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Propuesta número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN ENTRE 200 000 Y 300 000 HABITANTES, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de expediente del Senado 771/000203).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200 000 y 300 000 habitantes, ejercicio 2023.
Propuesta presentada por el Grupo Parlamentario VOX; propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular, de la 2 a la 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 8 a la 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, EJERCICIOS 2023 Y 2024. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000205).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte público colectivo, ejercicios 2023 y 2024.
Propuesta presentada por el Grupo Parlamentario VOX; propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular, de la 2 a la 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 13; abstenciones, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 8 a la 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de la 12 a la 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LOS EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y
número de expediente del Senado 771/000204).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización sobre la rendición de las cuentas consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 2022 y 2023.
Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la 1 a la 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la 4 a la 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 12 a la 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de la 17 a la 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA, EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de
expediente del Senado 771/000152).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos ya a la votación correspondiente al bloque III, informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular, de la 2 a la 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comenzamos por la número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas 9 a 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL, EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000162).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización del ingreso mínimo vital, ejercicios 2022 y 2023.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Empezamos por la propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 13; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda rechazada.
Propuesta número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular, de la 3 a la 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 13; abstenciones, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 10 a la 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de la 15 a la 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000178 y número de expediente del Senado 771/000175).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Concluimos las votaciones con el informe de fiscalización de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, ejercicio 2023.
Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 13; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda rechazada.
Propuesta número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Propuestas números 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 7 a la 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de la 16 a la 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Finalizadas las votaciones, suspendemos por unos minutos la sesión a los efectos de que se incorpore la presidenta del Tribunal de Cuentas.
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE EL SIGUIENTE EXTREMO:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2024. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000008 y número de expediente del Senado 770/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Señorías, se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar sobre la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, número de expediente 250/000008.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Hoy voy a presentar la declaración sobre la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024, como ha dicho el presidente, que fue aprobada por el Pleno del Tribunal en la reunión de 29 de abril de 2026. (Apoya su intervención en una
presentación digital).
Como en ejercicios anteriores, el Tribunal realiza los trabajos de la declaración de la cuenta en cumplimiento de un mandato legal, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución y la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas. Su
finalidad es examinar y comprobar la cuenta general del Estado, que debe ofrecer una representación fiel de la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria del sector público estatal.
La cuenta general del Estado de 2024 fue formada por la Intervención General del Estado y remitida al Tribunal por acuerdo del Gobierno de 28 de octubre de 2025, habiéndose recibido el 29 de octubre, dentro del plazo legalmente establecido.
El 20 de febrero el anteproyecto de declaración fue remitido a alegaciones por un plazo de diez días hábiles, que se prorrogó por un periodo igual, de otros diez días. La declaración fue aprobada por el Pleno el 29 de abril de 2026, como he dicho,
cumpliendo el plazo de seis meses establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal, y se remitió a las Cortes Generales el 5 de mayo de 2026.
Esta declaración, como todas, tiene una doble naturaleza: por una parte, incorpora una vertiente financiera, porque se pronuncia sobre la fiabilidad de la información contenida en los estados financieros, y, por otra, incorpora una
vertiente de cumplimiento, porque analiza si la cuenta se ha elaborado de conformidad con las normas presupuestarias y contables aplicables.
Voy a intentar estructurar la exposición en seis apartados: en primer lugar, las primeras magnitudes de la cuenta; en segundo lugar, la opinión del Tribunal; en tercer lugar, las salvedades más relevantes; en cuarto lugar, párrafos de
énfasis; en quinto lugar, otros resultados que no afectan a la opinión, y, finalmente, las propuestas que el tribunal formula a las Cortes Generales.
En cuanto a las principales magnitudes, la cuenta general del Estado ofrece una visión consolidada del conjunto del sector público estatal. Incluye la Administración General del Estado como entidad dominante y, como entidades dependientes,
las entidades del sistema de Seguridad Social, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones, fondos sin personalidad
jurídica y otras entidades integradas en el perímetro de consolidación. En concreto, estamos hablando de 447 entidades del sector público estatal que deben integrarse en la cuenta general y de 231 entidades multigrupo y asociadas.
En términos de balance, el activo total consolidado ascendió en 2024 a casi 880 000 millones de euros, frente a los 867 000 del ejercicio anterior. El patrimonio neto consolidado fue negativo, por importe de 776 000 millones de euros, y el
pasivo no corriente se situó en 1,3 billones de euros. En la cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, los ingresos de gestión ordinaria ascendieron a 441 000 millones de euros, mientras que
los gastos de gestión ordinaria fueron 463 000 millones. El resultado consolidado del ejercicio fue negativo, por importe de 53 000 millones. Desde el punto de vista presupuestario, los derechos reconocidos netos ascendieron a 595 000
millones de euros, y las obligaciones reconocidas netas, a 613 000 millones de euros. El resultado presupuestario consolidado fue negativo en 18 000 millones de euros. Desde ese resultado, las operaciones no financieras presentaron un saldo
negativo de casi 42 000 millones de euros, mientras que las financieras arrojaron un saldo positivo de 23 605 millones. Esta composición permite apreciar la relevancia que siguen teniendo las operaciones corrientes y de capital y la gestión de
activos y pasivos financieros en una posición presupuestaria consolidada.
La opinión del tribunal es una opinión favorable con salvedades. En concreto, el tribunal concluye que, excepto por los efectos de las salvedades, la cuenta general del Estado del año 2024 presenta en todos sus aspectos financieros
significativos la imagen de la situación económicofinanciera patrimonial, cambios de patrimonio neto, flujos de efectivo y resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella de
conformidad con el marco normativo aplicable. Esto quiere decir, como saben, que el tribunal no cuestionó la representatividad global de la cuenta general, pero identifica deficiencias significativas que afectan a ámbitos concretos y que deben ser
corregidas. Estas deficiencias se refieren principalmente a la integración de entidades en la cuenta, a la imputación temporal de derechos y obligaciones, a determinados saldos de balance, a la valoración de activos, deterioros y provisiones y a
determinadas incertidumbres sobre saldos contabilizados.
Por su parte, las salvedades también se pueden agrupar en varios grupos. El primero de los bloques de las salvedades se refiere al perímetro de consolidación. De un total de 447 entidades del sector público estatal no se han integrado en
la cuenta general las cuentas de 65 entidades. Además, de las 230 entidades multigrupo y asociadas no se han integrado otras 38. Aunque se aprecia una mejora respecto del ejercicio anterior, el tribunal sigue considerando que la cuenta general
debe avanzar hacia la incorporación completa de las entidades que forman parte del sector público estatal.
El segundo bloque de salvedades se refiere a la imputación temporal de operaciones presupuestarias. El resultado presupuestario consolidado está sobrevalorado en 4090 millones de euros como consecuencia de una incorrecta imputación temporal
de obligaciones y derechos. A 31 de diciembre del año 2024 quedaban pendientes de reconocer obligaciones por importe de 5366 millones de euros y derechos por importe de 2021 millones, que deberán imputarse a presupuestos de ejercicios posteriores.
La correcta imputación temporal de derechos y obligaciones es importante para que la liquidación presupuestaria refleje la actividad económica del ejercicio al que se refiere.
El tercer bloque afecta a los pagos a justificar. A cierre del año 2024 figuraban en el balance pagos a justificar pendientes o aprobación por importe de 1627 millones de euros, habiéndose superado los plazos establecidos en la normativa.
Como dato para dar idea de la magnitud, quiero señalar que en el año 2024 Defensa tramitó gastos a justificar por importe de 4262 millones de euros como consecuencia de los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas. Los plazos
para justificar son de tres o seis meses -excepcionalmente se amplían a seis o doce- y el plazo para aprobar las cuentas es de dos meses. El plazo medio fue de trece meses. El incumplimiento de los plazos tiene efectos contables en cuanto a que el
registro de los datos y de las inversiones efectivamente realizadas se demora hasta la aprobación de las cuentas justificativas.
El cuarto bloque se refiere al inmovilizado. La declaración pone de manifiesto que los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes presentan deficiencias en cuanto a la valoración de
los elementos. No son completos, no están actualizados y la información que contienen no siempre es coherente con los registros y sistemas de gestión existentes. También se señalan deficiencias en relación con los bienes de Seguridad Social,
incluidos determinados inmuebles en los que no figura segregado el valor del terreno y de la construcción, por importe de 302 millones de euros.
El quinto bloque se refiere a los deudores y a sus correcciones valorativas. La declaración identifica una sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios de la Administración General por 11 263 millones de euros, así como una
infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, de SEPE y del FOGASA, por 2644 millones. También se constata una infravaloración de deudores por falta de registro de intereses de demora en deudas por cotizaciones sociales por importe de 781
millones de euros.
El sexto bloque afecta a determinadas incertidumbres y saldos específicos. Entre ellos destaca la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material registrado por Renfe Mercancías por 372 millones de euros. Existen incertidumbres
sobre la razonabilidad de los ingresos y derechos de cobro pendientes de facturar registrados por Renfe Operadora por el proyecto de alta velocidad La MecaMedina, por un importe total de 211,5 millones de euros. También se señala la incertidumbre
sobre el deterioro de existencias de productos en curso registradas en SEPE por 157 millones de euros y sobre un saldo de 881 millones registrado como periodificaciones a largo plazo en relación con el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible.
Finalmente, debe destacarse que las obligaciones correspondientes a pensiones y otras prestaciones económicas de diciembre del año 2024 se imputaron al presupuesto del año 2025, produciéndose una infravaloración neta de las obligaciones reconocidas
del año 2024 de 1008 millones de euros.
Como consecuencia de las deficiencias señaladas en varios apartados de la declaración de la cuenta, el resultado económicopatrimonial consolidado está sobrevalorado en 1695,2 millones de euros, lo que representa un 0,28 %.
La declaración incluye varios párrafos de énfasis que no modifican la opinión, pero llaman la atención sobre cuestiones relevantes. El primero se refiere a la falta de aprobación de presupuestos para el año 2024. La prórroga presupuestaria
determinó la aprobación de modificaciones que hicieron que los créditos definitivos superaran a los iniciales en 77 342 millones de euros, aunque una parte muy significativa de ese gasto, 73 183 millones, estaba previsto financiarla con deuda. El
buen comportamiento de los ingresos permitió que la variación del saldo vivo de la deuda fuese menor.
El segundo párrafo de énfasis se refiere al endeudamiento financiero consolidado de la Administración General del Estado, que ascendió a 1,46 billones de euros. Este endeudamiento corresponde esencialmente a deuda del Estado y aumentó en el
año 2024 en 56 293 millones de euros, un 4 % respecto al ejercicio anterior. En términos de producto interior bruto, la relación entre deuda y PIB se situó en el año 2024 en el 91 % y esta misma ratio fue del 93 en el año 2023. Es decir, la
relación entre deuda y PIB se redujo en dos puntos.
El tercer párrafo de énfasis se refiere a la situación patrimonial de la Seguridad Social. El balance de la Seguridad Social recoge desde el año 2017 un patrimonio neto negativo que a 31 de diciembre del año 2024 ascendía a 106 139 millones
de euros. Para su cobertura se han otorgado préstamos y transferencias corrientes por el Estado a la Tesorería de la Seguridad Social, cuyos importes acumulados ascendían a 109 002 millones y 103 209 millones de euros, respectivamente.
El cuarto párrafo de énfasis se refiere a la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La declaración señala la existencia de un déficit estructural que a 31 de
diciembre del año 2024 ascendía a 2677 millones de euros, con el consiguiente riesgo potencial de desequilibrio económicofinanciero si esta situación se mantuviera en el tiempo.
La declaración recoge otros resultados que no afectan a la opinión sobre la cuenta general, pero que aportan información relevante para la rendición de cuentas.
En relación con la dana de Valencia, las obligaciones reconocidas para gastos destinados a paliar los daños causados ascendieron a 2211 millones de euros y los pagos realizados sumaban 1043 millones. En materia de liquidación
presupuestaria, se constata que no se reflejan las previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9, pasivos financieros de la Administración General del Estado, por importe de 188 209 millones de euros. También se indica que la Administración
General del Estado no ha registrado modificaciones presupuestarias de las previsiones iniciales de ingresos, pese a la
existencia de expedientes cuya financiación debía haberse realizado mediante endeudamiento. Asimismo, se señalan dos modificaciones presupuestarias, por importe de 2389 millones de euros, destinadas a dotar partidas de pensiones de clases
pasivas y complementos de pensiones mínimas financiadas con bajas de créditos del servicio 50. La declaración indica que los fundamentos jurídicos utilizados deberían haber quedado mejor justificados por afectar a la gestión del servicio 50, que
tiene una regulación específica.
En relación con el balance consolidado, se destaca que la Tesorería de la Seguridad Social continúa sin disponer de un inventario general de bienes y derechos completo y conciliado con los registros contables. También se advierte la falta
de calidad en la información recogida en los inventarios de Ingesa, de la Tesorería y de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. En cuanto a la rendición de cuentas individuales, de las 447 entidades del sector público estatal, 359
rindieron sus cuentas en plazo, 75 fuera de plazo y 13 no las habían rendido. Si se señalan las entidades multigrupo y asociadas obligadas a rendir cuentas, el total asciende a 487 entidades, de las cuales 391 rindieron en plazo, 78 fuera de plazo
y 18 no rindieron. La falta de rendición de cuentas constituye, como señala la declaración, un incumplimiento legal y una falta de transparencia a los gestores públicos sobre la utilización de los recursos puestos a disposición.
La declaración incluye un seguimiento de las conclusiones formuladas por el tribunal en ejercicios anteriores y de las resoluciones adoptadas por los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado. En ese seguimiento se aprecia alguna
evolución positiva: ha disminuido el número de entidades dependientes cuyas cuentas anuales no se han incorporado a la cuenta general, pasando de 73 a 65 en 2024. También ha disminuido el número de entidades cuyas cuentas individuales no se han
rendido al tribunal, de 16 a 13, aunque se mantiene estable el número de entidades que rinden fuera de plazo.
Persisten incidencias relevantes. Continúan sin recogerse en el estado de liquidación de presupuestos e ingresos consolidados las previsiones iniciales del capítulo 9; la AGE sigue careciendo de inventarios completos del inmovilizado
material; la Tesorería sigue sin disponer de un inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social, y no se han regularizado determinados saldos deudores y acreedores sin movimiento en los últimos años. También continúan sin revisarse
los criterios aplicables al cálculo del deterioro de valor de derechos pendientes de cobro. La memoria de la cuenta de la Administración del Estado se elabora sin incluir el balance de resultados y el informe de gestión previstos en la Ley General
Presupuestaria.
En relación con las resoluciones parlamentarias, la declaración analiza las correspondientes a las declaraciones de los ejercicios 2022 y 2023. La mayoría de ellas siguen vigentes y se refieren a materias que han sido objeto de análisis en
la propia declaración: la integración completa de entidades en la cuenta general, la reducción de los plazos de rendición, la mejora de inventarios, la digitalización de procesos contables, la ampliación de la información de la memoria, la
conciliación de las partidas intragrupo y la resolución del endeudamiento del sistema de Seguridad Social frente al Estado.
A la vista de los resultados obtenidos, puede concluirse que la cuenta general del Estado de 2024 representa fielmente la situación económicopatrimonial y presupuestaria del sector público, excepto por las salvedades identificadas por el
tribunal. Como ya se ha dicho, estas salvedades afectan de forma especial a varios ámbitos: a la imputación temporal de operaciones al ejercicio al que corresponden, la valoración y soporte inventarial de determinados bienes del inmovilizado, la
estimación de deterioros y provisiones y la existencia de incertidumbres en relación con determinados saldos contabilizados. Asimismo, la declaración pone el acento en cuestiones de carácter estructural: el importante volumen de endeudamiento
financiero consolidado, los efectos de la ausencia de aprobación de presupuestos para 2024 y la situación patrimonial negativa de la Seguridad Social, que viene siendo advertida de forma reiterada. También debe destacarse, en sentido positivo, que
la IGAE continúa mejorando el contenido, especialmente en la memoria, y que se aprecian esfuerzos para mejorar y completar los inventarios en los bienes del inmovilizado.
La declaración finaliza con tres propuestas dirigidas a las Cortes Generales. En primer lugar, el tribunal propone que las Cortes insten al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias incluidas en
la declaración. También se propone que insten al Gobierno a que se apliquen las recomendaciones formuladas por el tribunal y que se pongan en práctica las resoluciones de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado procedentes de
declaraciones de ejercicios anteriores que continúan sin adoptarse. En segundo lugar, el tribunal propone estudiar la posibilidad de modificar la normativa presupuestaria contable y de elaboración de la cuenta general del Estado, con el fin de
reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al tribunal como el plazo de rendición de cuentas individuales aprobadas. El objetivo es que la declaración pueda emitirse en un momento lo más cercano posible al ejercicio al que se
refiere. Y, en tercer lugar, el tribunal propone adoptar medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera del endeudamiento del sistema de Seguridad Social frente al Estado, en particular, la correspondiente a préstamos y
deudas pendientes de amortización desde la década de los noventa.
Termino. La declaración sobre la cuenta general del Estado constituye uno de los instrumentos principales de rendición del sector público estatal ante las Cortes Generales. Su utilidad no se limita a verificar la corrección formal de la
cuenta, sino que permite identificar deficiencias recurrentes, valorar avances producidos y señalar ámbitos en los que resulta necesario seguir mejorando la calidad, la integridad, la oportunidad y la transparencia de la información
económicofinanciera pública. Desde esta perspectiva, la declaración de 2024 confirma que la cuenta general ofrece una imagen representativa del sector público estatal, pero también evidencia la necesidad de continuar corrigiendo deficiencias que se
reiteran en el tiempo y que afectan a materias esenciales a las que hemos hecho referencia en la exposición.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, por un tiempo de siete minutos -que serán gestionados con generosidad por parte de esta Presidencia-, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario VOX, el señor Sáez AlonsoMuñumer.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, por su presencia y su exposición.
Antes que nada, permita que nos alegremos porque el Tribunal Supremo haya considerado que no existen donaciones ilegales en los ingresos por actividades promocionales y haya anulado la injusta multa impuesta a nuestro partido de 862 000
euros en el ejercicio 2024. Y es que es importante, por una cuestión de presentación, veracidad y transparencia, que los saldos y operaciones reflejen su verdadera naturaleza.
Hoy se nos presenta la declaración sobre la cuenta general del Estado de 2024, una declaración sobre las cuentas generales del Estado que desde el año 2019 -primer año completo de la legislatura de Pedro Sánchez- no ha contado con nuestra
aprobación. Y no ha contado con nuestra aprobación porque llevamos años señalando, primero, que se debería incluir un párrafo de énfasis por el importe del patrimonio neto negativo; un patrimonio neto negativo que sigue empeorando año tras año y
se sitúa en cifras negativas de 776 000 millones de euros al cierre del año 2024; un patrimonio neto negativo que con el Gobierno de Pedro Sánchez ha empeorado en 305 630 millones de euros.
Segundo, se debería hacer énfasis tanto en las pérdidas atribuibles a la sociedad dominante como en las pérdidas del presupuesto consolidado, si se incorpora como salvedad que el resultado presupuestario consolidado está sobrevalorado en
4000 millones de euros. No obstante, hay que tener en cuenta -y se ha dicho en anteriores ocasiones en esta comisión- que el resultado presupuestario es el punto de partida de la fijación del déficit o superávit en términos de contabilidad
nacional, es decir, a efectos de la estabilidad presupuestaria, y esta circunstancia merecería un mayor énfasis en el dictamen.
Tercero, en el segundo párrafo de énfasis se menciona el elevado endeudamiento total de la Administración General del Estado, que asciende a 1,46 billones de euros. A propósito, un endeudamiento que ha crecido en 2024 y sobre el que en un
voto particular se menciona que debería estar autorizado por ley, y otros votos particulares mencionan que el análisis debería haberse completado con propuestas concretas de cómo y por quién debe ajustarse la variación del saldo de la deuda. Por
otro lado, nada se dice, en el párrafo de énfasis, sobre el importe de la carga de los intereses de la deuda, que han supuesto 32 362 millones de euros y que, a nuestro entender, se deberían reflejar. Hablamos de un elevado nivel de endeudamiento
que pone en riesgo la financiación de los servicios básicos como son la asistencia sanitaria, las pensiones o el gasto en dependencia. Hablamos de una elevada carga de interés que es un coste estructural que condiciona el equilibrio de las cuentas
públicas.
Cuarto, la situación financiera de elevado endeudamiento, junto con un fondo de maniobra negativo de 81 000 millones de euros en 2024, limita y condiciona la capacidad de gestión de los Gobiernos tanto a corto como a largo plazo; una
capacidad de gestión que se ve mermada también por el elevado importe de los compromisos de gastos presupuestarios adquiridos.
Quinto, el hecho de que siga habiendo un número muy elevado de entidades que no se hayan integrado en la cuenta general. En 2024 fueron 103 entidades, considerando también las entidades multigrupo y asociadas.
Sexto, en el tercer párrafo de énfasis se menciona la situación de las cuentas de la Seguridad Social; unas cuentas sobre las que VOX lleva años advirtiendo de manera reiterada; unas cuentas que reflejan un préstamo de 109 000 millones de
euros al cierre de 2024, y unas cuentas que, si eliminamos las transferencias recibidas como corresponde en toda consolidación, registran un patrimonio neto negativo de 209 000 millones de euros. Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones,
echamos en falta en este párrafo de énfasis una referencia al riesgo de sostenibilidad de las cuentas públicas a la vista del incremento en el gasto en pensiones, sanidad y cuidados, riesgo de sostenibilidad que organismos como la AIReF han puesto
de manifiesto en numerosas ocasiones.
Séptimo, pese a aprobarse en esta comisión propuestas de resolución, el Gobierno las ignora. Hablo, por ejemplo, de la propuesta en la que pedimos acometer un plan de reequilibrio para conseguir una imagen fiel de la situación patrimonial y
financiera, el resultado económicopatrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal; o en la que pedimos proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos estudiando la implantación de la metodología
presupuestaria del presupuesto en base cero. Vemos que en uno de los votos particulares también se recomienda promover la eficacia y eficiencia en la rendición de cuentas del sector público hablando de la gestión compartida de los servicios
comunes. En el dictamen de la cuenta general de 2024 se mantiene un número muy elevado de salvedades -veinticuatro recogidas en diecinueve puntos- y se incluyen cuatro párrafos de énfasis. Sobre dos de ellos, el segundo y el tercero, ya hemos
hecho mención anteriormente. De los dos restantes, en el primero se menciona una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria, y en el cuarto se menciona el déficit estructural de 2677
millones de euros en las mutuas colaboradoras por la incapacidad temporal por contingencias comunes. En este párrafo se incorpora una frase muy importante que dice: De mantenerse en el tiempo esta situación, existe un riesgo potencial de
desequilibrio económicofinanciero en el sector. Creo que, por consistencia, habría que aplicar lo de mantenerse en el tiempo y el riesgo potencial de desequilibrio económico a la situación de las cuentas públicas en su conjunto.
Señora presidenta, hoy nos presenta un dictamen de la cuenta general del Estado de 2024 que presenta votos particulares de seis consejeros; votos particulares a los que en algún caso ya hemos hecho referencia y votos particulares que
plantean diversas cuestiones que se deberían haber incorporado al dictamen o no haber sido eliminadas de este. Sobre esto, en nuestro grupo vamos a ser claros: el Grupo VOX votará en contra del dictamen porque consideramos escaso el énfasis dado
en el dictamen sobre la no
presentación de los presupuestos generales del Estado. Consideramos que hay que remarcar que la no presentación de los presupuestos constituye un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 134.3 de la Constitución. El Grupo
VOX votará en contra del dictamen porque consideramos que falta un análisis detallado de las consecuencias que ha tenido la prórroga presupuestaria para la correcta gestión del presupuesto y su financiación. El Grupo VOX votará en contra porque
consideramos que falta un análisis de las insuficiencias de la normativa que regula las prórrogas presupuestarias. El Grupo VOX votará en contra porque consideramos que falta un análisis de las consecuencias que dichas insuficiencias tienen a
efectos de una correcta gestión presupuestaria. El Grupo VOX votará en contra porque consideramos que falta un mayor énfasis ante el hecho de que, bajo presupuestos prorrogados, se provoca una dependencia creciente de las modificaciones
presupuestarias para financiar gastos estructurales y previsibles. El Grupo VOX votará en contra porque consideramos que las modificaciones presupuestarias por un importe de 2389 millones de euros para pagar las pensiones de clases pasivas y los
complementos a mínimos de pensiones de la Seguridad Social financiadas mediante bajas de créditos del servicio 50, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es un asunto que debería afectar a la opinión. El Grupo VOX votará en contra porque aceptar
la excepcionalidad de la utilización de esta fuente de financiación para pagar gastos estructurales cuantificables y previsibles debería haberse reflejado con un mayor énfasis en la opinión. El Grupo VOX votará en contra del dictamen porque
consideramos que, si existe una duda jurídica sobre si las modificaciones carecían de fundamento y respaldo jurídico o que el fundamento jurídico invocado era inadecuado y, por tanto, indebidamente aplicado, se debería haber reflejado en la opinión.
El Grupo VOX votará en contra del dictamen porque hablamos, en cuanto al uso de fondos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de un ámbito sometido a especial escrutinio europeo, y sobre este hecho no se realiza ningún énfasis en el
dictamen. El Grupo VOX votará en contra del dictamen porque entendemos que aceptar este tipo de operaciones debilita el principio de especialidad presupuestaria, reduce la trazabilidad de los fondos europeos, amplía excesivamente la
discrecionalidad del Gobierno en la gestión de créditos afectados y sienta un mal precedente institucional, y esto no queda reflejado en el dictamen. El Grupo VOX tiene claro su voto al igual que lo tuvo en ejercicios anteriores, y este año aún con
más razón. El Grupo VOX estima que, si se consideran importantes los temas comentados, por coherencia se debe votar en contra del dictamen, y así lo hará.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré Aregall.
El señor PARÉ AREGALL: Bon dia. Buenos días, presidenta, presidente, letrada y señorías.
En primer lugar, muchas gracias a usted y a su equipo por su trabajo. En el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos que haya grupos que tengan más interés en distorsionar la realidad e instrumentalizar las instituciones que en centrarse
en los datos positivos de la economía española y en la buena gestión del Gobierno de España. Aprovecho para mencionar que, en poco más de dos años, es la cuarta cuenta general que vemos en comisión; un claro ejemplo de su capacidad de trabajo, del
rigor con el que elaboran los informes y del compromiso también de esta comisión de analizarlos y tratarlos en el debate parlamentario. Además, quiero hacer un reconocimiento a la Intervención General del Estado, agradeciendo y poniendo en valor su
trabajo. En definitiva, la cuenta general del Estado es un documento técnico que se complementa del informe del Tribunal de Cuentas y, cada año, ambas instituciones mejoran su elaboración y su fiscalización incorporando nuevos datos y velando por
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Estado y de la Administración General en su conjunto. Usted lo decía: calidad, integridad, oportunidad y transparencia, evidentemente con retos, pero sin obviar la imagen fiel.
Antes de centrarme en los datos, no quiero dejar de pedir al Grupo Parlamentario Popular que responda a estas cuestiones. ¿La Constitución posibilita prorrogar las cuentas? Lo digo porque cuentas prorrogadas las tienen el Estado y
comunidades autónomas; cuentas prorrogadas las han tenido Gobiernos progresistas y Gobiernos populares. De cuentas generales aprobadas sin propuesta de presupuestos hay precedentes. Señorías del Grupo Popular, ¿el problema es la prórroga
presupuestaria o, conscientes de que no hay ningún problema con las cuentas del 2024, prevalece el objetivo del ruido y de embarrar el debate público? Contextualizo: la presidenta del Tribunal de Cuentas presenta hoy la declaración de la cuenta
general del Estado del 2024, cumpliendo así con el mandato constitucional fijado en el artículo 136 de la carta magna. Respecto a la prórroga, la Constitución señala: 'Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio
económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos'. Por cierto, recuerden que en el año 2023 hubo elecciones y que, a lo largo del segundo semestre, se
constituyó el Gobierno, y son datos que no son menospreciables. Digan la verdad: ¿la cuenta general del 2024 es correcta? ¿La imagen de las cuentas representa fielmente la situación económicopatrimonial y presupuestaria del sector público
estatal? Dado el ruido generado al respecto, conviene empezar por esto.
¿El Grupo Parlamentario Popular sostiene que la presentación de esta declaración de la cuenta general y el informe del tribunal menciona supuestas irregularidades? ¿Hay irregularidades? ¿Cuáles son? Así lo insinuaban en su solicitud, pero
no hay tales irregularidades, y lo saben. Se plantean, como cada año, algunas salvedades a modo de excepciones puntuales que, por supuesto, deben corregirse, pero ninguna ilegalidad, y quiero recordar que hubo once votos favorables de los doce que
integran el Tribunal de Cuentas. ¿La apreciación de salvedades puntuales son un elemento excepcional? En los resultados se incluyen siempre algunas salvedades, referidas mayormente, como decía la presidenta, a la imputación temporal, valoración de
determinados bienes y valoración de deterioros y provisiones, así como a la existencia de incertidumbres. Son, en todo caso, salvedades que será necesario revisar y corregir, en su caso, pero que no contradicen la conclusión principal antes
señalada de representación fiel de la situación económicopatrimonial y presupuestaria del sector público estatal.
Antes de pasar a analizar los datos económicos de 2024, les quiero recordar una cosa: son el único partido político español condenado por financiación ilegal. ¿Por qué no dejan de intentar meternos a todos en el mismo saco y piden
disculpas a la ciudadanía? Dejen de sembrar dudas. Dejen de intentar confundir a la ciudadanía. Lo único que les preocupa es que la gente se olvide de sus prioridades, pero siento recordarles que el primer presupuesto del señor Rajoy, en el año
2012, tenía dos características: recortes del gasto público y subidas de impuestos. O, si quieren, hablamos de Madrid y la gestión del gasto social. Recordando nuevamente a Enric Juliana, cuando la economía va bien y encima acompañada de medidas
sociales justas, hay que hacer ruido para que el pueblo no lo descubra o no lo entienda. A partir de aquí, aprovecho para poner en valor que este Gobierno progresista se caracteriza por todo lo contrario: por hacer compatible aumentar el gasto
público, aumentar la protección social y aumentar el crecimiento económico.
Respecto a su ímpetu en la actividad parlamentaria, ¿podemos saber qué justificaba anticipar esta comisión? ¿Qué necesidad había de avanzar una semana el trámite parlamentario de la cuenta general? ¿Cuántas veces se ha reunido esta
comisión? ¿Cuántos informes hemos tratado a lo largo de estos tres años? ¿Cuántas comparecencias ha hecho la presidenta del Tribunal de Cuentas en la comisión mixta desde que se constituyó la Legislatura actual? Imagino que no lo van a responder,
y traslado la pregunta a la presidenta del Tribunal. En resumen, hay un Gobierno y un Congreso que están mejorando la vida de los ciudadanos. Y, como dijo Su Santidad ayer, les invito a alzar la mirada, sus decisiones tocan a las personas. O, si
lo prefieren, 'la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario'. Y yo añado: de las instituciones del Estado. Recuerden que el señor Feijóo no es presidente porque no quiso. Acepten que hay una mayoría
social y política legitimada para gobernar y mejorar el
bienestar de la ciudadanía. Lo hemos visto en los años 2020 y 2021 con el COVID, en 2022 y 2023 con el volcán y la guerra de Ucrania y en 2024 con la dana; siempre con el mismo objetivo: protección social y progreso económico.
Respecto a la Comisión Europea, Bruselas actualiza positivamente sus pronósticos económicos para España, que continúa posicionándose como la locomotora económica de los grandes países del euro. Y respecto a los fondos europeos, se ha
afirmado -y así fue inicialmente recogido por algunos titulares de prensa- que el Gobierno habría desviado fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para pagar las pensiones. Esto es falso. Tal salvedad, filtrada a la
prensa, correspondía al texto del anteproyecto de la declaración remitido al Gobierno para sus alegaciones. Es decir, se hacía pública la salvedad, pero no la respuesta del Gobierno en la que se explicaba este aspecto. En ningún lugar del informe
ni en los votos particulares se expresa que hubiera tal ilegalidad. No se trata, insistimos, de ningún desvío de fondos de la sección 50. Como ha explicado el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, se trata de operaciones
temporales de tesorería por parte de los Estados miembros y no tienen impacto sobre la protección de fondos de la Unión Europea. Es, por tanto, un uso temporal de liquidez, y la Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control. El
propio Ministerio de Hacienda decía lo mismo: con el único requisito de que sean para atender necesidades puntuales ineludibles. Y ya que leen parcialmente los informes, los animo a leer los últimos informes de Goldman Sachs, pero, si se lo
quieren ahorrar, pueden consultar noticias económicas de ayer mismo, donde resumen los informes de la siguiente manera: La economía de España crece el triple que Europa y con aumentos de calidad, no solo de cantidad. El informe asegura que en
España se está creando empleo de calidad y que la productividad mejora. La tasa de desempleo en España ha caído a su nivel más bajo desde 2008 y la tasa de empleo se encuentra en máximos históricos. La deuda sobre el PIB se reduce. El economista
de Goldman Sachs destaca que el Gobierno ha implementado diversas reducciones fiscales y otras medidas para ayudar a hogares y empresas, y que el gasto adicional, que supera programas similares en Alemania, Francia e Italia, no ha perjudicado la
situación fiscal general del Gobierno. España es ahora la única nación de las cuatro principales de la Unión Europea que se espera que reduzca su ratio deudaPIB en los próximos tres años y en la declaración se pone énfasis en el saldo de la deuda
pública del Estado. Conviene precisar que ahora la deuda pública sobre el PIB es menor que la que dejó el PP de Rajoy al término de su mandato.
Acabo recordándoles que The Economist situó a España como mejor economía del año 2024 y destacó un desempeño global sólido al analizar el PIB, los mercados bursátiles, la inflación subyacente, el desempleo y los déficits públicos. El
crecimiento español se ha visto impulsado por el alto gasto público, confirmando que proviene de las contribuciones de los fondos Next Generation de la Unión Europea y los efectos persistentes de las iniciativas de gasto público tras la crisis del
COVID. En resumen, datos económicos: la economía española crecía en ese 2024 con una tasa del 3,2 %, con una creación de empleo y una afiliación en récord histórico, y el déficit presupuestario cerró el año en el 2,8 % del PIB, una consolidación
fiscal que sitúa a España con menor déficit que Alemania o Francia por primera vez en veinte años.
En definitiva, prorrogar los presupuestos es una posibilidad contemplada en nuestra Constitución. Las modificaciones de crédito están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Las cuentas públicas están controladas y fiscalizadas: desde
Bruselas hasta la Intervención General del Estado y el propio Tribunal de Cuentas. En consecuencia, no hay un Gobierno por encima de la ley, sino una oposición al margen de la realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alía Aguado.
La señora ALÍA AGUADO: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, presidenta. En mi grupo le agradecemos su presencia y el trabajo de su equipo.
No voy a responder al portavoz del Grupo Socialista, que ha iniciado hoy su campaña electoral con un magnífico mitin sin hablar de la cuenta general del Estado del año 2024, porque, lógicamente, a su partido y a su presidente no les
interesa.
Estamos ante el debate de la cuenta general de 2024, que el Tribunal de Cuentas aprueba el día 29 de abril de 2026 y que no ha dejado indiferente a nadie, presidenta, por su contenido, por sus omisiones y, en definitiva, por sus graves
irregularidades. La cuenta general sabemos que es un documento de gran importancia para esta comisión y que debería comprender balance, cuenta de resultados, cambios en patrimonio neto, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto -y no
prórroga- y memoria, consolidados. En la página 9 del informe se cita textualmente: Excepto por los efectos de las salvedades señaladas, la cuenta general de 2024 presenta fielmente en todos sus aspectos la imagen de la situación económica,
financiera y patrimonial, los cambios en patrimonio neto, flujos de efectivo, resultados, ejecución y liquidación del presupuesto, de conformidad con el marco legislativo que le resulta de aplicación. ¿De verdad, presidenta, es posible afirmar que
esta cuenta representa la imagen fiel? Yo tendría mis dudas, porque la magnitud de las salvedades y la existencia de votos particulares de los consejeros del Tribunal podrían haber dado lugar a una opinión más severa.
Usted ha ido a lo sencillo, errores identificados y cuantificados, que entiendo que por eso los considera salvedades, pero también hay cuatro párrafos de énfasis. Quienes conocemos el mundo de la auditoría sabemos que los párrafos de
énfasis para un auditor pretenden llamar la atención; sin embargo, no modifican la opinión. Está en la norma de auditoría, la NIA 706, y casualmente uno de ellos es la no presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2024, lo
que supone, como aquí se ha citado, una prórroga automática de los de 2023. ¿Por qué esta omisión no es salvedad, es párrafo de énfasis y además lleva a una opinión favorable? Le recuerdo que estamos ante un incumplimiento constitucional, el del
artículo 134.3 de la Constitución, que conlleva el mandato de presentar presupuestos. Esto no debería ser una incertidumbre en auditoría, sino un incumplimiento legal que, como tal, debería afectar a la opinión. El Gobierno no es que no apruebe
los presupuestos, presidenta, es que ni tan siquiera los presenta. Lo acaban de decir: Pedro Sánchez toma posesión el día 21 de noviembre de 2023. Podría haber presentado los presupuestos para 2024. Al no presentarlos, ¿qué hace? Impide su
debate parlamentario y, con ello, el examen, enmienda y aprobación que corresponden a las Cortes Generales: artículo 134.1 de nuestra Constitución.
Hoy, lo que se dejó de hacer en el año 2023 ya no es temporal, ya es costumbre de este Gobierno para mantenerse en el poder sin presupuestos. Se incumple con el mandato constitucional, utilizando órdenes ministeriales y acuerdos del Consejo
de Ministros, que incluso no se publican, intentando suplir la falta de presupuestos. Ustedes lo han denominado lagunas jurídicas, pero no, presidenta, son infracciones, consideraciones que afectan a la soberanía parlamentaria y, por consiguiente,
hoy, con tres prórrogas presupuestarias, de una gravedad total y absoluta. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Prorrogar con modificaciones masivas. Se superan los créditos iniciales en 77 341 millones de euros, y todo por un acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de diciembre de 2023 que ni han publicado. ¿Cómo puede el Tribunal de Cuentas avalar esto, presidenta?
Además, la insuficiencia de crédito para atender los compromisos de las pensiones los lleva al uso de fondos europeos. En noviembre de 2024, el Gobierno autoriza dos modificaciones de créditos por valor de 2389 millones para financiar el
pago de pensiones de clases pasivas y complementos a pensiones mínimas. Algunos consejeros han manifestado que debía haber una salvedad formal y no una simple incidencia contable, puesto que la normativa no permite financiar pensiones con fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno se encuentra con problemas para pagar pensiones en 2023, sí; sin embargo, presenta su primer plan fiscal y estructural de medio plazo a la Comisión Europea el día 15 de octubre de 2024. (El
señor Paré Aregall hace gestos negativos). Sí, señoría, mucha preocupación no se intuía por parte del Gobierno. Esta desviación de fondos, que figuraba inicialmente como salvedad, el Gobierno se la alega, se lo admiten y deja de ser salvedad,
indicativo de cómo el Tribunal de Cuentas
escucha al Gobierno y reduce la gravedad del hecho. Reconózcanlo, ¿de haber habido presupuestos se hubiera recurrido a la desviación de fondos?
Asimismo, hay un párrafo de énfasis de gran importancia, que es la cifra de deuda pública por importe de 1,4 billones de euros, un 4 % más que en 2023. Lo grave es que, además, conlleva millones de gastos financieros que se financian
íntegramente con deuda pública. La autorización para emitir deuda pública requiere una ley anual de acuerdo con el artículo 135.3 de la Constitución -no han hablado ustedes de ese artículo-, que dice textualmente: El Estado y las comunidades
autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. ¿Dónde está esa ley, presidenta, para 2024? ¿O dónde se regula la posibilidad de prorrogar el límite de la deuda? De ser así, ¿la emisión de deuda de 2024
carece de soporte legal? Una prórroga presupuestaria no puede cubrir la emisión de deuda de 2024 por orden ministerial. ¿O ustedes creen que sí? Los créditos para pagos de intereses y capital de la deuda se incluyen dentro del presupuesto de
gastos, son prioridad absoluta, pero no pueden modificarse sin autorización legal, artículo 135.3 de la Constitución española.
Otro párrafo de énfasis es en relación con el patrimonio neto de la Seguridad Social. Supera los 106 000 millones de euros y está financiado a través de préstamos del Estado con importe acumulado de más de 126 000 millones de euros, el 7,9
% del PIB. Está claro que supone un riesgo estructural para la sostenibilidad financiera que afecta a la solvencia del Estado. ¿Esto también es para ustedes imagen fiel?
Luego, está el cúmulo de salvedades que distorsionan la realidad económica y su envergadura, usted las ha nombrado. Se sigue sin conseguir la integración de todas las entidades. Hay una sobrevaloración del resultado presupuestario
consolidado de 4090 millones de euros, supera incluso en 1000 millones al año 2023. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por reconocer indebidamente obligaciones y derechos de ejercicios anteriores? ¿Por falta de imputación de obligaciones devengadas del
ejercicio 2024? Sin estos ajustes, el déficit del Estado sería superior al reflejado en las cuentas oficiales. Fíjense, incluso las pensiones de diciembre de 2024 se han imputado al año 2025, 1000 millones. Si esto es imagen fiel... Es
increíble, presidenta; esto es vergonzoso e inasumible. A finales de 2024 permanecen sin reconocerse más de 5300 millones en obligaciones, más de 2000 millones en derechos que se trasladan a 2025 y el Estado mantiene 1600 millones en pagos
pendientes de justificar fuera de plazo. Esto pone de manifiesto la trazabilidad en el uso de los fondos públicos. Es todo un despropósito. Las correcciones en el deterioro de Seguridad Social y SEPE están sobrevaloradas en 2644 millones; el
grave problema de los inventarios de la Administración General del Estado con deficiencias graves porque no están completos ni actualizados y su valoración es incoherente con los registros oficiales, y hablamos de una cifra de 319 000 millones de
euros. Los deudores -usted lo ha dicho-, sobrevalorados en 11 263 millones de euros, y todo porque la Administración General del Estado ha decidido no aplicar el Plan General de Contabilidad Pública. Una salvedad de este calibre a mí me haría
dudar sobre la imagen fiel; al Tribunal de Cuentas veo que no.
Por sectores, nos encontramos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con más de 265 millones de euros en gastos sin justificar. Además, hay una gran incertidumbre -usted lo ha mencionado- en empresas públicas como
Renfe Mercancías, Renfe Operadora, Sepes, con más de 880 millones sin respaldo documental. Lo peor es que hablamos de dinero que iba destinado al desarrollo urbanístico y promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social. Podemos
seguir. Sabemos que la memoria es de gran valía en todas las cuentas que se precien; sin embargo, la Memoria de la Cuenta General del Estado carece de aspectos relevantes, pero hay cambios en principios y criterios contables, criterios de
imputación, no se indica el número de trabajadores de la Administración, no se habla del alcance de los beneficios fiscales ni de los resultados del cumplimiento de objetivos por programas.
¿Y los hechos posteriores, presidenta? Quienes hemos trabajado en auditoría sabemos de la importancia de que se nombren en los informes, y yo, en el informe sobre la cuenta general del Estado, veo que no se han recogido, y hay hechos
posteriores muy importantes. ¿Qué son los hechos posteriores? Son los sucesos ocurridos entre el cierre
del ejercicio, en este caso 2024, y la emisión del informe, en este caso el día 29 de abril de 2026. Es evidente que tenemos la no presentación de los presupuestos generales del Estado para 2025 y 2026. Señorías del Grupo Socialista, hay
un cúmulo de hechos posteriores que ustedes no querrán reconocer, pero que están ahí y no se recogen en la cuenta general del Estado.
Termino. El conjunto de salvedades muestra un sistema contable que cumple formalmente, pero que presenta fallos de calado. Y no hablamos de problemas puntuales, hablamos de problemas que se repiten; por tanto, pasan de coyunturales a
estructurales. Presidenta, desde un punto de vista contable, los errores son acotados y cuantificados, sí, no se lo voy a negar, pero desde un punto de vista legal y constitucional, ¿mantiene usted la opinión favorable a la cuenta general del
Estado?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora Alía.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Señor presidente, voy a responder a todos en conjunto. Pensaba dejar para ustedes y para nosotros el contenido de la sentencia, pero como usted ha hecho mención a ella,
simplemente diré que la sentencia -y estoy leyendo uno de sus pasajes- dice que es muy importante comenzar subrayando que el modo en que VOX configuró y gestionó sus actividades está muy lejos de ser un modelo de rigor y transparencia. En una de
las conclusiones de la sala, se dice que la conclusión de cuanto queda expuesto es que ese es un litigio en el que ninguna de las partes tiene razón. La gestión de la actividad por el recurrente parte de una visión estrecha y formalista de la
legalidad, conduciendo a una práctica desinhibida. Creo que lo han leído igual que nosotros. Yo pensaba dejarles los laureles que van diciendo por ahí de que realmente lo que ha sucedido es similar a lo que ha pasado con otras sentencias, y es a
lo que ha hecho alusión el tribunal en tantas ocasiones. La legislación no se corresponde con la posibilidad que tenemos de sancionar. Y si se falla así -y lo dice el propio tribunal- es porque se trata de un ius puniendi. En cualquier caso,
muestra absolutamente que ninguna de las dos partes... Ni siquiera hace una condena en costas. O sea, yo me alegro mucho de que ustedes no paguen esa cantidad, pero llevamos años diciendo en este tribunal que se modifique la legislación, y lo han
oído todos ustedes por lo menos los cuatro años que yo llevo aquí. No sé si antes también, pero por lo menos estos cuatro años lo llevamos diciendo. Quizás se hace una aplicación un poco voluntarista de lo que tenemos, y eso es lo que nos dice el
tribunal. Con lo cual le quiero decir que me alegro de que no tengan que pagar ese dinero, pero el tribunal también dice lo que dice.
Y ahora voy a intentar dar respuesta a lo que sus señorías han manifestado en la exposición sobre la cuenta. Primero, ninguno de los aspectos que ustedes han mencionado deja de ser tratado en la declaración. Y esto es así porque ustedes
hacen mención de todos ellos porque constan todos en la declaración. Por otra parte, la declaración no es un examen exhaustivo de la gestión presupuestaria de todos los ministerios durante todo el tiempo, sino que se refiere a una presentación de
las cuentas de ingresos y gastos y a si estas representan la imagen fiel. La propia exposición de las cuentas representa todos los defectos a los que se ha hecho mención y que se han valorado.
Por otra parte, en contabilidades de estas dimensiones, como ustedes saben también, porque conocen muy bien los principios de auditoría, los desfases inferiores al 1 % se suelen considerar -y así se consideran en las auditorías públicas en
todos los Estados- problemas de redondeo, discrepancias de criterio técnico o retrasos de gestión y no permiten alegar la idea de quiebra o fraude sistemático. Las cantidades del resultado quieren decir que el balance general es fiable en un 99,72
%, por las cantidades y los porcentajes que suponen sobre el importe de los presupuestos.
Dicho esto, hay dos temas que veo que les preocupan fundamentalmente, y me voy a referir a ellos. A pesar de que ustedes dicen que hay seis votos particulares, no hay seis
votos particulares. Hay un voto particular y cinco votos concurrentes, que votan a favor la declaración de la cuenta y expresan discrepancias en dos puntos. Discrepancias de carácter técnico: para unos miembros del pleno debería haber
figurado como salvedad; para otros, como párrafos de énfasis, y para otros, como situaciones que se producen, pero que no afectan a la opinión. En ninguno de los casos, hubiera figurado como hubiera figurado, hubiera modificado la opinión de la
cuenta, porque ya ven ustedes que las salvedades no modifican la opinión de la cuenta; por eso son salvedades y no reparos a la cuenta.
Pero quiero dejar meridianamente claro que once consejeros y el fiscal han votado a favor de la cuenta y un consejero ha presentado un voto particular. Por cierto, tampoco es una circunstancia inédita ni algo que no haya sucedido jamás, ni
es la primera vez que el Tribunal de Cuentas rompe su manera de actuar con la presentación de un voto particular a la declaración de la cuenta. Creo que es el quinto voto particular que se presenta a la declaración de la cuenta general desde que
recuperamos el tribunal en democracia. En cualquier caso, la existencia de un voto particular no altera la posición aprobada por el pleno, que es mayoritaria.
Los votos concurrentes -ya les he dicho- no afectan a la valoración general de la cuenta. La discrepancia se concentra en el tratamiento técnico de una modificación presupuestaria concreta. Existe una diferencia de criterio sobre si las
modificaciones financiadas con créditos extraordinarios del servicio 50 debían figurar como salvedad o como información que no afecta a la opinión. En cualquier caso, esta discrepancia no afecta a la valoración global de la cuenta ni al resto de
salvedades que se recogen en la cuenta general.
Creo que el tribunal ha actuado con pura transparencia ante las Cortes. ¿Por qué? Porque la cuestión del servicio 50 y el mecanismo de recuperación se incorpora expresamente en el apartado 4 de la declaración, dedicado a otros resultados
obtenidos. Esta ubicación permite trasladar a las Cortes una información relevante sin convertirla técnicamente en salvedad. Y, por otra parte, ustedes hablan de seis votos porque quizá confundan los votos concurrentes con los votos particulares,
pero porque tienen la oportunidad de conocer los votos concurrentes que antes no tenían. Los votos concurrentes se mandan por un acuerdo de la Comisión de Gobierno que yo presido, que se adoptó para dar la categoría de transparencia tanto a los
votos concurrentes como al voto particular, algo que no venía siendo así en el Tribunal de Cuentas. Ya les dije que esto es un acuerdo de la Comisión de Gobierno que se adoptó hace aproximadamente dos o tres años. La cuenta no presenta en ningún
sitio al servicio 50 como una caja de fondos europeos finalista.
Otra de las cosas que se han dicho es que es el propio tribunal el que ha puesto de manifiesto un desvío legal de fondos europeos para el pago de pensiones. No afirma que las modificaciones presupuestarias se financiaran con fondos
finalistas ni que en 2024 se pagaran pensiones con fondos europeos. Lo que se recoge es que se utilizaron créditos excedentarios del servicio 50. La diferencia es relevante. El servicio 50 es una clasificación presupuestaria específica vinculada
al plan de resiliencia y al mecanismo, pero, como el resto del presupuesto de gastos, se ejecuta con cargo al presupuesto, a la Tesorería del Estado. El mecanismo, por su parte, opera conforme a la lógica de financiación por resultados. Los
desembolsos europeos se vinculan al cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos, no al reembolso directo del coste efectivo de cada gasto nacional. Por tanto, la controversia identificada por la declaración no consiste en si se pagaron
pensiones con fondos europeos, sino en si en un ejercicio que estaba en prórroga, las limitaciones aplicables permitían utilizar créditos sobrantes, que es lo que hizo que cambiáramos de opinión de un documento a otro.
La prórroga presupuestaria es una cuestión relevante. Se desborda, desde nuestro punto de vista; y cuando digo desde nuestro punto de vista me refiero al pleno, once consejeros más el fiscal, aunque los consejeros que presentan el voto
concurrente hacen alusión a que debería haberse aludido a la inconstitucionalidad de la prórroga. La declaración refleja los efectos de la prórroga, en particular el incremento de los créditos
definitivos respecto de los iniciales. Como han dicho ustedes, hasta noviembre de 2023 el Gobierno estuvo en funciones y la ley impide al Gobierno aprobar un proyecto que, sin ninguna duda, podría haber mandado después.
La cuestión de la inconstitucionalidad o no de la prórroga la tienen sometida ustedes al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones promovido por el Senado frente al Gobierno por no presentar presupuestos
generales durante 2024, 2025 y 2026. Por eso, la mayoría del tribunal ha entendido que no le corresponde a la declaración de la cuenta, nuestro informe, resolver esta cuestión. No obstante, estamos estudiando la posibilidad de hacer un estudio
jurídicotécnico sobre las consecuencias de las prórrogas en la gestión presupuestaria, pero, desde luego, no en la declaración, que no es más que la declaración de la cuenta. Otras cosas se estudian y se trabajan de otra manera. Estamos viendo si
se hace una nota, si se hace un informe, por el tema de que pueda haber alegaciones; en fin, cuestiones técnicas que se están debatiendo en el pleno para profundizar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos.
El servicio 50, que es el mecanismo de recuperación, es una clasificación orgánica específica incorporada en las secciones de los presupuestos generales del Estado para identificar los créditos vinculados al plan de recuperación. Como
saben, su régimen especial se articula en el Decreto Ley 36/2020, que dispone que su finalidad es asegurar la gestión de los créditos asociados al PRTR con reglas específicas de flexibilidad presupuestaria. Desde el punto de vista financiero, el
servicio 50 no funciona como una cuenta separada alimentada por ingresos europeos previamente recibidos, ni como un mecanismo clásico de reembolso de costes. Como cualquier otra parte del presupuesto, se financia con el conjunto del presupuesto de
ingresos y, en su caso, con deuda, no con fondos finalistas de la Unión Europea ni de ninguna otra procedencia.
Los créditos del servicio 50 se ejecutan con cargo al presupuesto y a la Tesorería del Estado. Estos créditos financian actuaciones del plan de resiliencia que contribuyen al cumplimiento de hitos y objetivos comprometidos. El acceso a los
fondos europeos se produce conforme a la lógica del propio mecanismo, una vez acreditado el cumplimiento satisfactorio de estos hitos, con independencia del coste efectivo concreto que haya supuesto, y de la coincidencia temporal entre pagos
nacionales y cobros procedentes de la Unión Europea. Esa precisión es relevante porque el tribunal no ha afirmado en la declaración ni en el acta resumen ni en la nota de prensa que se pagaran pensiones con fondos europeos. Lo que la declaración
pone de manifiesto es una cuestión distinta: que se realizaron modificaciones presupuestarias de créditos excedentarios del servicio 50 hacia partidas necesarias para atender pensiones y complementos a mínimos. Por tanto, para el tribunal la
controversia no está en si se pagaron pensiones con fondos europeos, sino en si en el ejercicio de prórroga presupuestaria las limitaciones aplicables al servicio 50 permitían o no utilizar créditos excedentarios para financiar modificaciones
dirigidas a otras necesidades.
En la declaración de la cuenta de 2024 el tribunal pone de manifiesto que en un contexto de prórroga de presupuestos se utilizaron estas dos modificaciones presupuestarias. En concreto, identifica una ampliación de 1700 millones de euros,
autorizada el 6 de noviembre, y una transferencia de crédito de 667 millones, autorizada el 19 de noviembre. Ambas se financian con créditos excedentarios del servicio 50. La utilización de estos créditos se fundamentó en la existencia
precisamente de créditos excedentarios previamente retenidos en el ámbito del plan, en la consideración de que no se compromete el cumplimiento ni la capacidad de absorción del mecanismo.
Esta descripción básica de los hechos es en lo sustancial la que se comparte en la declaración aprobada y en los votos formulados, los votos particulares. Ni siquiera parece que el voto en contra lo cuestione. La discrepancia se vuelve a
situar, como digo, en una valoración jurídica y es en el tratamiento técnico que debería darse a esta circunstancia en la declaración. La mayoría del pleno la incorporó en el apartado de otros resultados que no afectan a la opinión, señalando que
los fundamentos jurídicos que utilizó el ministerio deberían haber quedado mejor justificados, dada la incertidumbre sobre la aplicabilidad
en 2024 de las limitaciones de los créditos sobrantes. Algunos consejeros entendían que se debía mantener como salvedad y otros entendieron que lo que debía hacer era situarse como se ha situado.
Dada la trascendencia que se le ha dado a este asunto desde el punto de vista mediático, tengo que decir que desde el punto de vista institucional lo relevante es subrayar que el tribunal no ha omitido la cuestión ni la ha desplazado fuera
del conocimiento de las Cortes Generales. Al contrario, la ha incluido expresamente en la declaración. Tengo que decirle que el tribunal escucha al ministerio, por supuesto. El tribunal tiene un trámite obligatorio que es el de alegaciones,
porque es un procedimiento garantista. Por supuesto, escuchamos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Obras Públicas o a cualquier ministerio cuando hacemos un informe. Hay un trámite que es obligatorio, que es el trámite de alegaciones.
Claro que los escuchamos y los tenemos en cuenta o no en función de las alegaciones que presentan. No podríamos hacer otra cosa, porque estaríamos incumpliendo la ley si omitiéramos un trámite de alegaciones para escuchar al fiscalizado.
Toda esa incorporación que les he dicho constituye desde nuestro punto de vista una manifestación de transparencia, porque hemos trasladado nuestras propias incertidumbres. El tribunal traslada a las Cortes una situación que considera
relevante para comprender la ejecución presupuestaria.
Nadie puede concluir que el dinero del mecanismo de recuperación se haya utilizado para pagar pensiones, porque el dinero solamente se percibe una vez acreditado el cumplimiento del hito o del objetivo. El dinero se ha percibido únicamente
por el cumplimiento de las condiciones legales que liberan el cobro, previa verificación de la Comisión y aprobación del Consejo de la Unión Europea. De acuerdo con las normas de Eurostat, solamente se considera como un ingreso cuando se acomete el
gasto que lo libera. El Gobierno español tomó la decisión -y esto es una manifestación hecha por el Tribunal de Cuentas Europeo- de agrupar todas las inversiones vinculadas al plan de recuperación y resiliencia en lo que conocemos como servicio 50.
Eso no implica que el Gobierno, en las diferentes modificaciones del plan, no haya incluido inversiones o actuaciones financiadas con importes contenidos en otras partidas, ya que la decisión de crear este servicio 50 es una decisión del Gobierno
español.
Dentro de este servicio se dotaron inicialmente 28 691 millones de euros, y al igual que en el caso del resto de partidas presupuestarias, al prorrogarse el presupuesto se prorrogan estos créditos, lo que hace que existan más fondos de los
necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan. Que se haya incluido de una manera o de otra formalmente quiere decir que la incidencia, como ya les he dicho antes, afecta o no de forma material la opinión que debe dar el
tribunal en la declaración. Para que una cuestión se incorpore como salvedad, tiene que proyectarse sobre esa representatividad de los estados financieros, sobre la conformidad de la cuenta en el marco presupuestario y contable, y hacerlo con
importancia significativa. Les diré que el importe de estos dos créditos no llegó ni al 0,3 % del presupuesto.
Las salvedades no se justifican porque haya controversias jurídicas, ni por incertidumbres interpretativas o deficiencias de motivación administrativa, sino cuando la circunstancia genera una incorrección material o una limitación relevante
para obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los estados financieros. Podría darles miles de explicaciones. Incluso podría darles párrafos de un informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas Europeo sobre la utilización de los fondos por parte
de ocho Estados -y en otro caso diez-, y lo que dice de España. En fin, lo cierto es que la Comisión Europea dejó claro en mayo de 2026 que no existen dudas legales de la utilización de los fondos Next Generation por parte de España.
Estas dudas se abrieron camino hacia Europa a través de unas pretendidas manifestaciones del Tribunal de Cuentas de España en su informe sobre la declaración de la cuenta general. Es una cuestión que en ningún caso se expresa en dicho
informe, y me gustaría que esto quedara claro. No lo dice el informe, ni los votos concurrentes, y creo que ni siquiera el voto en contra del informe. Como todos conocen, surgen tras la intervención de un consejero en determinados medios de
comunicación y la explicación
posterior de su voto particular también en diferentes medios, que no es la posición del pleno. Desde el tribunal, ante estas situaciones -ante que un consejero vaya y explique su voto particular-, nosotros como institución no solemos
intervenir. Intervenimos exclusivamente cuando podemos aclarar algún error que se produzca en algún medio, etcétera, pero nunca intervenimos rebatiendo desinformaciones o encuadres selectivos, el famoso framing. Pero este sí es el lugar en el que
puedo decir estas cosas. No se dice en el informe que se utilizaron fondos europeos -y lo digo por enésima vez- para pagar pensiones. El voto en contra no es un hecho insólito ni es la primera vez que sucede en el tribunal en el tema de la
declaración sobre la cuenta general del Estado -no hemos pasado a descubrir América-, ni algunos otros datos que se han mantenido en todo un relato. Sabemos de sobra la utilidad de ser el primero en colocar los relatos, lo sabemos, pero esta
técnica, cuando menos, es engañosa. Lo lamento profundamente por la institución que presido.
Hay que tener en cuenta también, en este sentido, la mala visión de España que se ha dado desde España. Esta no es la España, como dicen algunos parlamentarios europeos, que duerme la siesta mientras los europeos del norte trabajan. Esta
no es la España que forma parte del sur que se divierte mientras en Alemania se trabaja. Lo digo con preocupación y con cierta indignación como máxima representante de una institución española.
El papa decía el sábado en el Palacio Real que la realidad es la que es y que lo demás hay que elaborarlo. Lo peor es que no tengo confianza en que cambien percepciones que sirven a fines que no tienen que ver con el tribunal. Por eso, es
mi obligación reiterar el rigor, la fiabilidad y la independencia que siempre han caracterizado al Tribunal de Cuentas en todos sus informes. En definitiva, se ha producido un impacto reputacional por el encuadre político del asunto y ha habido una
distorsión en la percepción pública y en el debate mediático. La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude o malversación de fondos europeos. Como he dicho en muchas ocasiones, la institución
no puede verse arrastrada a una batalla política ni trabajar en la lógica de los partidos.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora presidenta.
Agotado el orden del día y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:40, se levanta la sesión.
Eran las once y cuarenta minutos de la mañana.