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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 163, de 21/05/2026
cve: DSCG-15-CM-163
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 163
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ
Sesión núm. 24
celebrada el jueves,
21 de mayo de 2026
ORDEN DEL DÍA
Modificación del orden del día ... (Página4)
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega) para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los Ayuntamientos de Santander, Torrelavega y CastroUrdiales, ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado 771/000172) ... (Página4)
- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000176 y número de expediente del Senado 771/000173) ...
- Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000183) ... (Página4)
Bloque II:
- Informe de fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, ejercicios 2014 a 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de
expediente del Senado 771/000202) ... (Página13)
- Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200 000 y 300 000 habitantes, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de expediente del Senado 771/000203) ... (Página13)
- Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte público colectivo, ejercicios 2023 y 2024. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000205) ... (Página13)
- Informe de fiscalización sobre la rendición de las cuentas consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y
número de expediente del Senado 771/000204) ... (Página13)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de
expediente del Senado 771/000152) ... (Página24)
- Informe de fiscalización del ingreso mínimo vital, ejercicios 2022 y 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000162) ...
- Informe de fiscalización de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000178 y número de expediente del Senado 771/000175) ... (Página24)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión implantados por la entidad pública empresarial Red.es, M.P. para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024.
Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000210 y número de expediente del Senado 771/000207) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000213 y número de expediente del Senado
771/000210) ... (Página35)
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000214 y número de expediente del Senado
771/000211) ... (Página35)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones
públicas, ejercicios 2021 y 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000181 y número de expediente del Senado 771/000178) ... (Página36)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de la implementación por las comunidades autónomas del Programa para la digitalización del sistema educativo financiado con fondos Next Generation: especial referencia a la dotación de dispositivos portátiles para
la reducción de la brecha digital. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000162 y número de expediente del Senado 771/000159) ... (Página36)
- Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas de La Rioja y la Región de Murcia para el ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos (enero 2022marzo 2024). Presentado por el Tribunal de
Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000166 y número de expediente del Senado 771/000163) ... (Página37)
- Informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000173 y número de expediente del Senado 771/000170) ... (Página37)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las universidades y sus entidades dependientes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000174 y número de expediente del Senado 771/000171) ... (Página38)
- Informe de fiscalización sobre la evaluación de la perspectiva de género en el proceso de elaboración de los presupuestos de las Comunidades Autónomas: los informes de impacto de género. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000185 y número de expediente del Senado 771/000182) ... (Página38)
- Informe de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial de las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo autonómico, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000204 y número de expediente del Senado 771/000201) ... (Página38)
SESIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS CELEBRADA EL JUEVES 21 DE MAYO DE 2026
Se abre la sesión a las diez y treinta y ocho minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas.
Votaremos al final de la sesión, dado que vamos con retraso, para dar voz a la presidenta. Así, celebramos cuanto antes la comparecencia y votamos a posteriori. (Protestas).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTANDER, TORRELAVEGA Y CASTROURDIALES, EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado 771/000172).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000176 y número de expediente del Senado 771/000173).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA A LOS MUNICIPIOS DE SU ÁMBITO TERRITORIAL, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000183).
El señor PRESIDENTE: Sin más dilación, pasamos a la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas para informar del bloque I, que incluye los siguientes informes. Informe de fiscalización... (Rumores). Por favor, señorías del
Grupo Popular, silencio.
Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y CastroUrdiales, ejercicios 2022 y 2023; informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2023, e
informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial, ejercicio 2023.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, a quien aprovecho para darle una calurosa bienvenida a esta comisión.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente, por haber adelantado la comparecencia a la votación. Tenemos otros compromisos posteriores y, como se ha ido retrasando un poco... (La señora Fernández
González: ¡Como todos!). Ya, lo que pasa es que yo estaba convocada a una hora.
Si no les importa, de los tres informes a los que ha hecho referencia el presidente, empiezo por el informe global del sector público local, ejercicio 2023. (Apoya su intervención en una presentación digital).
En este bloque se incluyen esos tres informes a los que se ha hecho referencia, que fueron aprobados entre junio de 2024 y febrero de 2025 y son fiscalizaciones horizontales del sector público local.
Como saben, el informe global del sector público local es un informe recurrente. Se hace todos los años con el fin de evaluar el cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones de rendición de cuentas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora presidenta.
Por favor, guardemos silencio por respeto a la compareciente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): ... y de remisión de información relativa a contratos y convenios celebrados, así como de analizar la situación y la evolución de la actividad económicofinanciera y
presupuestaria; también el control interno del sector público local. Se analizan las principales magnitudes presupuestarias y económicas agregadas del sector público local en 2023 y su evolución durante dicho ejercicio. Esta fiscalización se ha
hecho, como todas las de este tipo, sobre la información proporcionada por las cuentas generales rendidas correspondientes al ejercicio 2023, las relaciones anuales de contratos y extractos de expedientes de contratación formalizados, las relaciones
anuales de convenios y expedientes de convenios y la información sobre el ejercicio del control interno remitidas por las entidades locales, excluidos País Vasco y Navarra. En cuanto a la composición del sector público, las principales conclusiones
son que, a 31 de diciembre de 2023, el sector público estaba integrado por un total de 12 926 entidades locales. De ellas, el mayor número eran ayuntamientos, 8129, y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, 2681.
Respecto al plazo de la rendición de cuentas, como saben, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija el 15 de octubre del ejercicio siguiente como fecha límite para la rendición de la cuenta general al Tribunal de
Cuentas. Sin embargo, las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Andalucía regulan en sus propias normativas plazos de rendición de cuentas generales de las entidades locales de los respectivos territorios a los órganos de control
externo de cada comunidad autónoma diferentes a la normativa de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esto genera que las entidades locales de estas tres comunidades autónomas puedan estar rindiendo a sus órganos de control externo en plazo
y, sin embargo, estén incumpliendo la obligación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Como conocen, esta es una situación que se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, incluso en las propias resoluciones de la comisión mixta.
En cuanto a los niveles de rendición de cuentas, en el ejercicio 2023, hay un incumplimiento generalizado de la rendición en plazo. Solo el 51 % de las entidades rindieron la cuenta dentro del plazo legal. Se vuelve a constatar en este
ejercicio que las comunidades autónomas con mejores niveles de rendición de cuentas son aquellas cuya normativa establece o bien la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas o bien condiciones de acceso para aquellas entidades locales
que no estén al corriente de dicha obligación. La aplicación de estas medidas, así como la retención de la participación en los tributos del Estado se ha demostrado que, en el tema de los niveles de rendición, tiene efectos positivos. En materia
de aprobación del presupuesto, las entidades locales también incumplen de manera generalizada la tramitación de los presupuestos. En cuanto a la integridad de sus cuentas, el 56 % de las entidades obligadas a formular cuentas consolidadas las han
rendido consolidadas. Además, de las entidades que presentan cuenta general, el 75 % incluyó información consolidada. Es un nivel de cumplimiento insuficiente, pero mejora respecto al ejercicio anterior.
Respecto a las principales magnitudes económicas y presupuestarias, cabe señalar que las entidades locales destinan la mayor parte de su gasto, el 61 %, a gastos de funcionamiento -personal, bienes corrientes y servicios-, el 14 % a
inversiones reales y el 3 % a operaciones financieras. Por lo que se refiere a ingresos, la principal fuente de financiación son los tributarios, del orden del 46 %, aunque hay una dependencia importante de las transferencias corrientes procedentes
de otras Administraciones, el 40 %.
El resultado de la actividad presupuestaria de las entidades locales en 2023 refleja una situación positiva a nivel general. En 2023 el endeudamiento de las entidades locales se situó en 16 751 millones, lo que supone una disminución del 2
% respecto del ejercicio anterior. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
El informe continúa con un análisis de la situación de las entidades instrumentales del sector público local. El 33 % no habían presentado cuentas anuales a diciembre de 2024 y, además, el 29 % de las sociedades mercantiles presentaron
resultados negativos, arrastrando situaciones de ejercicios anteriores. También se analiza el grado de cumplimiento de la obligación de remisión de la información contractual en el plazo establecido y la remisión de la relación anual de convenios,
destacando bajos niveles de cumplimiento. Por último, en cuanto al control interno, en el 36 % de los órganos de control interno se incumplió con la obligación de remisión de la información de control interno en plazo, lo que revela bajos niveles
de cumplimiento, aun con una ligera tendencia que se viene produciendo desde el año 2019 al alza, a la mejora.
En cuanto a las recomendaciones, entre otras, se sugiere a los órganos legislativos aprobar la oportuna modificación legislativa, condicionando la percepción de subvenciones o ingresos al cumplimiento de la obligación de rendición;
modificar los plazos de rendición generales de las entidades del sector público local, homogeneizando los previstos a la normativa estatal; actualizar la medida prevista en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para
regular la disolución de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que no rindan sus cuentas al tribunal al término de cada año. A los órganos competentes de la Administración General del Estado se les recomienda que pongan en
práctica la retención de la participación de los tributos del Estado prevista con carácter potestativo en el artículo 36.1 de la Ley de Economía Sostenible en el caso de entidades incumplidoras. Y los responsables de las entidades locales tendrían
que adoptar medidas oportunas para que los presupuestos se aprueben en los plazos establecidos.
Por lo que se refiere al segundo informe, analiza las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y CastroUrdiales en los ejercicios 2022 y 2023. El informe constata que ninguno de los tres
ayuntamientos dispone de una política pública global e integrada de la vivienda. La única iniciativa de mediación en el mercado del alquiler privado ha partido del Gobierno de Cantabria a través del programa MOVIVA. El Ayuntamiento de Santander
canaliza su política a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander S. A. En el periodo fiscalizado finalizó dos promociones de 186 viviendas. También ha adquirido siete parcelas urbanas, de las cuales seis se destinaron a la construcción
de vivienda de protección pública. El Ayuntamiento de Torrelavega ha centrado su política en la cesión de suelo al Gobierno autonómico para la construcción de vivienda. Los acuerdos suscritos en 2019 y 2020 con la Administración central y
autonómica han posibilitado que cincuenta y ocho nuevas viviendas puedan destinarse al alquiler o cesión en uso en el municipio. Por su parte, el Ayuntamiento de CastroUrdiales no llevó ninguna actuación para incrementar el parque de viviendas de
protección pública en el periodo analizado.
En cuanto al registro del patrimonio público del suelo en el inventario y la contabilidad local, los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, en líneas generales, cumplieron con las obligaciones legales de rectificación y comprobación de
sus inventarios. Por su parte, el Ayuntamiento de CastroUrdiales lleva sin actualizar su inventario desde 2019, además de no recoger de forma separada los bienes y derechos integrantes de su patrimonio público del suelo. En ninguno de los tres
ayuntamientos se observa un aprovechamiento suficiente del patrimonio público del suelo para la construcción de vivienda protegida.
Las recomendaciones de este informe, entre otras, son determinar los terrenos del patrimonio público del suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida, recomendación que se hace a los tres ayuntamientos; realizar
estudios específicos de las necesidades habitacionales para elaborar un plan de vivienda adecuado, dirigida a CastroUrdiales y Torrelavega; regularizar el estado de viviendas municipales con fines sociales, en Santander y Torrelavega, y reforzar la
colaboración para lograr una política de vivienda más eficaz y eficiente. Esto por lo que se refiere al segundo informe.
El tercer informe versa sobre las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial, ejercicio 2023, por lo cual se analizan las subvenciones
concedidas por las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz en el ejercicio del año 2023. Los resultados y conclusiones en materia de medios personales señalan que ninguna de las dos diputaciones contó con un área única encargada de la
gestión de subvenciones o de la coordinación entre las áreas afectadas. Solo la Diputación de Cáceres contó con una herramienta informática específica que permitió el seguimiento integral de las subvenciones concedidas. Por el contrario, esta
diputación no realizó estudios previos para conocer las necesidades de los municipios y priorizar las ayudas. También se constata que los planes estratégicos de ambas entidades locales presentaron carencias significativas que mermaron su utilidad
como mecanismos de planificación.
En el apartado relativo a las concretas subvenciones concedidas, en el informe se señala que la Diputación de Badajoz concedió subvenciones por importe de 31,6 millones, ascendiendo las concedidas por la Diputación de Cáceres a 40,8
millones. El informe analiza las incidencias detectadas en estas subvenciones. Con carácter general se puede afirmar que la concesión de subvenciones estuvo afectada por la ausencia de criterios objetivos para la distribución de los fondos, por
una insuficiente motivación de los informes de valoración y por la falta de justificación de las subvenciones nominativas. En cuanto al seguimiento y control de las actuaciones realizadas, ninguna de las dos diputaciones elaboró planes de actuación
encaminados a la comprobación de la realización por los beneficiarios de las actuaciones subvencionadas, y tampoco se efectuó un seguimiento de las actuaciones realizadas en el ejercicio de su actividad subvencional, con el objeto de verificar si
resultaban adecuadas y suficientes.
En materia de igualdad de género, se constata que los planes estratégicos incluyeron actuaciones vinculadas con la igualdad, si bien solo una convocatoria de subvenciones tramitada por la Diputación de Badajoz incluyó alguna previsión en
esta materia. En el informe se incluyen recomendaciones -hasta quince- a ambas diputaciones provinciales: centralizar en una unidad especializada la gestión y tramitación de las subvenciones, así como contar con un servicio de coordinación;
evaluar las necesidades dotacionales y la situación económica de los ayuntamientos antes de la concesión de subvenciones, o realizar una evaluación periódica de la actividad subvencional.
Por mi parte, con este bloque, terminamos, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen la palabra los grupos parlamentarios.
Comenzamos con el Grupo Parlamentario SUMAR. Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la señora Vergara Román.
La señora VERGARA ROMÁN: Muy buenos días.
Primero quiero indicar que sustituyo hoy aquí a mi compañera y agradecer a la presidenta la presentación y la coordinación con los organismos, como la Cámara de Cuentas y también el Tribunal de Cuentas Europeo, para traernos esta síntesis y
especialmente también las recomendaciones, que es lo que aspiramos a que escuchen las Administraciones autonómicas locales y también el Estado para dirigir nuestras políticas.
La gestión pública no es una mera cuestión de aritmética financiera, es el instrumento político fundamental para garantizar que los derechos humanos, como la vivienda y el acceso equitativo a los recursos públicos, no dependan del código
postal ni la capacidad económica de las familias. En primer lugar, estamos ante una erosión de la transparencia y la gestión ineficiente de los recursos públicos sin precedentes. A mayo del año 2025, un 19 % de las entidades locales aún no han
rendido la cuenta general del año 2023. Hablamos de una insumisión y una falta de compromiso sistemática con el control democrático de los fondos de los pueblos. Esta opacidad se agrava de manera flagrante en grandes municipios gobernados por las
derechas, como Marbella o El Puerto de Santa María, que acumulan ejercicios enteros ocultando sus cuentas a la ciudadanía. La
transparencia no es una opción ni un adorno burocrático, es la base de la confianza en lo público. Por ello, en nuestro grupo exigimos al Ministerio de Hacienda que deje de actuar como un espectador y aplique con el máximo rigor la
retención de la participación en los tributos del Estado a quienes incumplen; quien gestiona el dinero público a espaldas del pueblo debe afrontar consecuencias financieras que deben ser inmediatas.
Por otro lado, en plena crisis habitacional, los municipios fiscalizados, en este caso Santander, Torrelavega y CastroUrdiales, que concentran el 45 % de la población cántabra, carecen por completo de una política global municipal de
vivienda. Las pocas medidas que han tomado han sido vergonzosamente insuficientes para satisfacer la demanda de las familias. La falta de planificación impacta de forma directa y dolosa en la vida de la gente. De ahí la recomendación de que
identifiquen terrenos para hacer cesión. Además, los modelos de gestión locales privatizan por la vía de los hechos el derecho a la vivienda. En Santander destacamos la Sociedad de Vivienda y Suelo, que sigue priorizando la venta mercantilista
sobre el alquiler social y, para colmo, utiliza un sistema de sorteo manual que permite solicitudes duplicadas, rompiendo el principio de igualdad, y mantiene un reglamento de adjudicación que no incluye la atención prioritaria a las víctimas de
violencia de género, que está regulada por ley.
Finalmente, denunciamos firmemente el abuso sistemático de las subvenciones directas y nominativas por parte de ambas diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que el mismo tribunal denuncia. Este reparto a dedo
solo sirve para alimentar redes de clientelismo político en el territorio, arrinconando la concurrencia competitiva, que es la que asegura la igualdad de oportunidades para todos los municipios, y lo más grave -desde nuestra perspectiva de clase y
de justicia territorial- es la flagrante regresividad en el reparto de costes. En programas como el Plan Cohesiona de Badajoz o en los planes provinciales de Cáceres, se da la paradoja de que los municipios más pequeños terminan pagando
proporcionalmente más por habitante que los grandes. Esto no es cohesión, esto es un castigo directo a la supervivencia del mundo rural y a los municipios que sufren la despoblación.
Asimismo, queremos dejar constancia de que no nos conformamos con el lavado de cara institucional en materia de igualdad. Los distintos informes constatan que la perspectiva de género se reduce a un mero trámite estadístico; se recogen
datos desagregados de beneficiarias, pero no se evalúa el impacto real de las subvenciones ni se diseñan las ayudas para transformar la realidad material de las mujeres en nuestros pueblos, y todavía están en mayor riesgo tras los acuerdos de la
vergüenza.
En definitiva, como última reflexión, la normativa debe dejar de vincular los derechos de la ciudadanía a una burocracia paralizante, mientras la carga de trabajo y la presión sobre los servicios sociales no deja de aumentar. Los
ayuntamientos no pueden permitirse malgastar el suelo público, inflar alquileres o repartir el presupuesto de manera arbitraria. Desde el Grupo Parlamentario SUMAR y desde Izquierda Unida estamos exigiendo que las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas se traduzcan de una vez por todas en consecuencias políticas, legislativas y financieras coercitivas. El suelo público debe blindarse por ley exclusivamente para vivienda protegida y en régimen de alquiler, y los recursos públicos deben
distribuirse bajo estrictos criterios de justicia social y territorial. Se trata, en definitiva, de defender los servicios sociales y la vida digna de la gente frente a la dejadez y el clientelismo de algunas instituciones.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora Vergara.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta, y gracias por estar al quite.
El informe global del sector local correspondiente al ejercicio de 2023, que es en lo que me voy a centrar, tiene una singular importancia porque no analiza un caso aislado ni una Administración concreta, sino el funcionamiento general de
una parte esencial de nuestro
entramado institucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso resulta especialmente revelador, porque cuando se lee el informe con detenimiento -un largo informe, muy largo, con todas las conclusiones y alegaciones
posteriores- la conclusión que aparece de fondo no es únicamente contable o presupuestaria, es institucional, y usted lo ha insinuado. El Tribunal de Cuentas vuelve a advertir de incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas, retrasos en la
remisión de información obligatoria, deficiencias en materia contractual y debilidades persistentes en los mecanismos de control interno, y esto no debería contemplarse como una simple anomalía burocrática. Las instituciones -ayer se lo decía al
ministro Bolaños- no se deterioran de golpe, empiezan a erosionarse cuando el incumplimiento se normaliza, cuando los controles pierden eficacia práctica y cuando la responsabilidad política queda diluida en estructuras, eso sí, cada vez más
complejas. De hecho, uno de los aspectos más llamativos del informe es el crecimiento y la complejidad alcanzada por el sector público instrumental local. El tribunal contabiliza miles de entidades dependientes y adscritas, siendo la sociedad
mercantil la fórmula más utilizada para la gestión instrumental de los servicios públicos locales, y aquí aparecen algunos datos particularmente significativos.
El tribunal señala que veintinueve empresas públicas locales se encontraban en situación de disolución, diecisiete carecían prácticamente de actividad, cincuenta y tres sociedades mercantiles públicas presentaban desequilibrio patrimonial,
con un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social y, además, sesenta y ocho sociedades acumulaban al menos dos ejercicios consecutivos de pérdidas. A mí, como letrado mercantilista, se me ocurren las posibles derivaciones que pudiesen
existir tanto en las personas administradoras de dichas sociedades mercantiles como también en las coadyuvantes que lo han permitido. Conviene preguntarse qué sentido tiene mantener determinadas estructuras públicas que sobreviven no por verdadera
necesidad de servicio público, sino muchas veces por una pura inercia administrativa o por incapacidad política para racionalizar organismos que han dejado de cumplir una función eficaz, porque una administración no es mejor cuanto más grande ni
cuanto más fragmentada o más costosa resulta, una administración funciona mejor cuando sabe distinguir lo esencial de lo accesorio, cuando concentra recursos en aquello que verdaderamente corresponde al interés general y cuando el ciudadano percibe
que cada euro público tiene una utilidad concreta y verificable.
Nosotros creemos en un Estado fuerte -lo he dicho muchas veces en esta comisión- allí donde debe ser fuerte, que no significa grande: en la seguridad, en la justicia, en las infraestructuras estratégicas, en los servicios esenciales y en la
garantía de la unidad nacional. Pero precisamente por eso creemos que el Estado debe ser subsidiario en aquello que no constituye una función esencial y evitar la proliferación de estructuras paralelas, organismos redundantes y entramados
instrumentales difíciles de controlar, porque cuanto más se multiplica el perímetro burocrático, más difícil resulta exigir responsabilidades claras y más riesgo existe de que el control efectivo se debilite. El propio informe contiene una
advertencia particularmente seria en este sentido. El tribunal llega a afirmar expresamente que en determinadas comunidades autónomas existe una falta de cultura de cumplimiento de las obligaciones ante las instituciones de control externo, al
apreciarse que no se derivan consecuencias reales de tales incumplimientos. Es una afirmación grave que el propio tribunal hace, porque cuando una administración percibe que incumplir no tiene consecuencias, el deterioro institucional deja de ser
accidental y empieza a convertirse en una palabra que sale muy a menudo, que es estructural. Por eso resulta especialmente relevante una de las recomendaciones finales del tribunal: condicionar el acceso a subvenciones y ayudas públicas al
cumplimiento efectivo de las obligaciones de rendición de cuentas ante el propio Tribunal de Cuentas. Sinceramente, creemos que esa reflexión va en la buena dirección, porque las Administraciones públicas no se sostienen únicamente sobre
presupuestos, se sostienen sobre disciplina institucional, responsabilidad política y cultura de cumplimiento, y cuando eso desaparece, lo que termina debilitándose no solamente es la gestión administrativa, sino la confianza misma del ciudadano.
Por eso, el otro día, en un debate, en una mesa
redonda en el Colegio de Ingenieros sobre prevención de riesgos laborales, un viejo ingeniero -de los viejos, en el sentido noble de la palabra, hay que aprender; y acabo, señor presidente- dijo una frase que se me quedó: la
responsabilidad de la cadena de mando. Es importantísimo un gran rearme moral nacional en cumplimiento de dicha responsabilidad política que el propio Tribunal de Cuentas nos ha dicho en el informe.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Otero.
La señora OTERO GARCÍA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Bienvenida, presidenta. Comenzamos por el informe global del sector público local para el ejercicio 2023. En esta ocasión analizamos un documento que no habla únicamente de cifras, habla de prioridades políticas, de calidad democrática y
de cómo gestionamos los recursos que pertenecen a la ciudadanía. El informe insiste en la necesidad de reforzar la rendición de cuentas, mejorar los mecanismos de control y avanzar hacia una mayor homogeneización y transparencia en todo el sector
público, porque debemos entender y tener en cuenta que el sector público no es un problema, es la principal herramienta colectiva para garantizar igualdad, cohesión social y derechos. Frente a quienes utilizan cada informe fiscalizador para
desacreditar lo público, nosotros defendemos que las deficiencias detectadas deben servir para fortalecer las instituciones, no para debilitarlas ni privatizarlas.
El informe evidencia avances importantes en normalización contable y en la rendición de cuentas por parte de las Administraciones públicas. Eso demuestra que, cuando existe voluntad política y cooperación institucional, el sistema mejora.
Pero también se señalan carencias que no podemos ignorar, diferencias entre comunidades autónomas, retrasos en la rendición de cuentas, insuficiente consolidación de información y debilidades en mecanismos de control interno. Y aquí debemos ser
claros, la transparencia no puede depender del color político de cada Gobierno autonómico local, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestiona cada euro público, con independencia del territorio donde viva. La rendición de cuentas no es
burocracia, es democracia.
En este informe, el Tribunal de Cuentas nos vuelve a alertar de problemas estructurales, entidades públicas sin actividad efectiva, deficiencias en la remisión de contratos y convenios y sistemas de control que todavía representan
importantes desigualdades territoriales, lo que exige una respuesta política ambiciosa. No basta con señalar incumplimientos, hay que dotar a las Administraciones de medios técnicos, digitales y humanos suficientes para cumplir adecuadamente sus
obligaciones. Además, este informe nos recuerda algo esencial: la estabilidad presupuestaria no puede convertirse en una excusa para deteriorar servicios públicos. Las cuentas públicas deben ser sostenibles, sí, pero también socialmente justas.
El equilibrio fiscal no puede lograrse a costa de la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas de vivienda.
En cuanto al informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y CastroUrdiales en los ejercicios 2022 y 2023, el informe analiza la planificación, ejecución y
control de los tres municipios más poblados de Cantabria. Como conclusiones principales podemos decir que hay una falta de política integral de vivienda, puesto que el informe concluye que ninguno de los tres ayuntamientos disponía de una política
pública de vivienda global e integrada. Las actuaciones desarrolladas fueron parciales y consideradas insuficientes para responder a la demanda social de vivienda. También nos encontramos ante un escaso aprovechamiento del patrimonio del suelo
público. Se detecta un uso limitado del mismo para promover vivienda protegida, pese a la creciente dificultad de acceso a la vivienda en estos tres municipios. Del informe emanan varias deficiencias detectadas, como la ausencia de planificación y
estrategia municipal, falta de estudios actualizados sobre necesidades habitacionales, problemas en la gestión de viviendas sociales municipales y deficiencias de control, conservación y adjudicación de viviendas protegidas.
Ya para finalizar, con el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas en las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial en el ejercicio 2023, el informe destaca que
las diputaciones provinciales desempeñan un papel esencial para garantizar financiación y asistencia a los municipios, especialmente a los de menor tamaño y capacidad económica. Durante el ejercicio fiscalizado, la Diputación de Badajoz concedió
ayudas por aproximadamente 31,6 millones de euros y la de Cáceres por 40,8 millones, destinadas a inversiones, obras y servicios municipales. No obstante, el tribunal detectó varias deficiencias relevantes: insuficiente planificación estratégica
de las subvenciones, falta de indicadores claros para evaluar resultados e impactos, debilidad en el seguimiento y control de las ayudas concedidas, escasa justificación sobre el cumplimiento efectivo de los objetivos financieros y uso frecuente de
subvenciones nominativas sin una motivación suficientemente desarrollada. Para concluir, hay que destacar que, aunque las ayudas cumplieron una función importante de apoyo a los municipios, resulta necesario reforzar los mecanismos de control,
evaluación y transparencia para asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos, mejorar también la planificación anual, implantar sistemas de evaluación de resultados y fortalecer los procedimientos de seguimiento y comprobación de las
subvenciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Macías.
El señor MACÍAS GATA: Buenos días, presidenta.
Señorías, permítanme comenzar agradeciendo la presencia de la presidenta y destacando la labor encomiable que desarrollan todos y cada uno de los trabajadores del órgano que usted preside.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre las políticas de vivienda en Santander, Torrelavega y CastroUrdiales refleja con claridad tres modelos muy distintos de gestión municipal. Santander canaliza su política a través de la Sociedad de
Vivienda y Suelo, que desde su creación ha impulsado más de 1200 viviendas, finalizando además dos promociones con 186 viviendas durante el periodo fiscalizado y adquiriendo nuevas parcelas para seguir ampliando vivienda protegida. Frente a ello,
Torrelavega ha limitado esencialmente su actuación a la cesión de suelo al Gobierno de Cantabria, con una capacidad mucho más reducida de respuesta a las necesidades reales de vivienda. Pero lo más preocupante es el caso de CastroUrdiales, donde el
Tribunal afirma literalmente que no se llevó a cabo ninguna actuación para incrementar el parque de vivienda protegida durante el periodo analizado. Y no solo eso, el ayuntamiento incumplió su obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas
hasta el punto de motivar la imposición de una multa coercitiva a su alcaldesa. Por tanto, señorías, este informe demuestra que cuando hay voluntad política, gestión y planificación se pueden obtener resultados, como ocurre en Santander, y también
demuestra que la inacción y la falta de colaboración institucional tienen consecuencias, como hemos visto en CastroUrdiales y en parte en Torrelavega.
Respecto al informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público local correspondiente al año 2023, nos deja una conclusión clara: nuestras entidades locales siguen siendo una pieza esencial para la estabilidad económica y la prestación
de servicios públicos en España. A pesar de las dificultades, los datos muestran una evolución positiva de las magnitudes económicas y presupuestarias. En 2023, las entidades locales volvieron a registrar resultados presupuestarios positivos y
solo el 4 % de los ayuntamientos presentaron remanentes negativos de tesorería. Además, el endeudamiento del sector público local se redujo un 2 % respecto al ejercicio anterior. Es cierto que el informe señala importantes retos en materia de
rendición de cuentas y cumplimiento de obligaciones formales, especialmente en pequeñas entidades locales, pero precisamente por ello debemos reforzar la cooperación institucional, facilitar medios técnicos y avanzar en mecanismos que incentiven la
transparencia y la buena gestión. En definitiva, señorías, el Tribunal de Cuentas constata que, en términos generales, el sector público local mantiene
una situación económica positiva y continúa siendo un pilar fundamental de proximidad, estabilidad y servicios públicos para millones de españoles.
El tercer informe hace referencia a las dos diputaciones de mi comunidad autónoma, la Diputación Provincial de Cáceres y de Badajoz, en el año 2023, y pone de manifiesto importantes deficiencias en la gestión de unos recursos públicos que
son esenciales para garantizar el funcionamiento de nuestros municipios, especialmente de los más pequeños. Estamos hablando de más de 72 millones de euros en subvenciones concedidas entre ambas diputaciones y, sin embargo, el tribunal detecta
graves carencias de planificación, coordinación, control y transparencia.
En primer lugar, resulta preocupante que ninguna de las dos diputaciones dispusiera de una unidad única de coordinación para la gestión de subvenciones, funcionando de forma fragmentada entre distintas áreas y sin manuales de procedimiento
que garantizaran una actuación homogénea. A ello se suma una falta evidente de planificación estratégica. Los planes estratégicos de subvenciones, según el tribunal, no fueron auténticos instrumentos de planificación porque carecían de objetivos
concretos, indicadores, evaluación y horizonte temporal adecuado. Especialmente grave es la ausencia de criterios suficientemente objetivos en el reparto de fondos. El tribunal señala que las diputaciones se basaron casi exclusivamente en
criterios poblacionales, sin tener adecuadamente en cuenta la verdadera capacidad económica y de gestión de los municipios. Esto perjudica precisamente a los ayuntamientos más pequeños y con mayores dificultades, que deberían ser los principales
destinatarios de esta asistencia.
Pero quizá una de las cuestiones más preocupantes sea la relativa a las subvenciones nominativas y directas. El Tribunal afirma que no consta el procedimiento seguido para determinar beneficiarios, importes y proyectos ni se acreditan las
razones que justifican esas concesiones directas. Y, además, se repitieron de manera reiterada ayudas a los mismos beneficiarios, sin justificar suficientemente esa singularidad. Y todo esto se agrava porque ni la Diputación de Badajoz ni la de
Cáceres elaboraron planes de actuación ni realizaron un seguimiento efectivo para comprobar si las actividades subvencionadas cumplían realmente su finalidad.
Señorías, el Tribunal de Cuentas ha sido contundente y las recomendaciones son claras. Ahora corresponde a las diputaciones asumirlas y corregir estas deficiencias para garantizar que cada euro llegue donde más se necesita y con todas las
garantías de objetividad, control y buena gestión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora presidenta para contestar a todas sus preguntas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Quiero darles las gracias a todos por sus intervenciones y por la valoración que hacen de los informes del tribunal. Creo que se ponen de manifiesto las situaciones reales que
vamos examinando, sin atender a más criterios que los puramente técnicos y de gestión. Me ha gustado escuchar no solamente sus valoraciones, sino sus propias reflexiones sobre los temas que se tratan porque creo que contribuye a que, efectivamente,
se haga después un posterior seguimiento a través de la gestión política que a ustedes les compete.
Se ha tratado una cosa que me interesa particularmente por lo que afecta directamente al Tribunal de Cuentas, y es que de una recomendación no se deriva nada más que quizá algún titular en algún periódico local, y esto se puede arreglar con
la legislación. En otros países pasan otras cosas, las recomendaciones tienen otras consecuencias; con esta legislación tienen la que tienen.
De momento, afortunadamente y como alguno de ustedes también ha constatado, creo que en este tipo de informes que son de carácter global se aprecia, a pesar de que es muy recreativo tanto para ustedes como para nosotros, que se van mejorando
las cifras de las deficiencias, es decir, parece que tenemos cierta incidencia en la gestión, y podría ser más rápida y útil si se aplicaran otro tipo de medidas, como pasa con el tema de las rendiciones de cuentas. Desde luego, lo que más me
interesa es que casi todos ustedes
han valorado que cualquier deficiencia que suponga una mala gestión o algo así es mucho más que el incumplimiento de un hito burocrático y que afecta realmente a lo más esencial de la gestión de las instituciones públicas.
Quiero decirle al señor Aizcorbe que estoy completamente de acuerdo con él en lo del viejo. Hay un proverbio africano que dice: cuando un viejo se muere es como si se incendiara una biblioteca.
Por mi parte, nada más.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL LOCAL, EJERCICIOS 2014 A 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de
expediente del Senado 771/000202).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN ENTRE 200 000 Y 300 000 HABITANTES, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de expediente del Senado 771/000203).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, EJERCICIOS 2023 Y 2024. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000205).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LOS EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y
número de expediente del Senado 771/000204).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a bloque II. Informe de fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, ejercicios 2014 a 2023. Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y
transparencia de los contratos de los municipios con población entre 200 000 y 300 000 habitantes, ejercicio 2023. Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte
público colectivo, ejercicios 2023 y 2024. Y, por último, informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 2022 y 2023.
Para dar explicaciones sobre los distintos informes, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Este bloque incluye los cuatro informes a los que ha hecho referencia el presidente, aprobados todos en 2025 por el Tribunal de Cuentas, cosa que me permite decir que esta comisión está poniendo muy al día toda la tramitación de los
informes. Lo digo completamente en serio. (Risas). Cada vez nos acercamos más a los momentos en que se producen los informes y eso es bueno para todos, creo yo. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Estos informes abordan diversos ámbitos estratégicos de la gestión pública local, que son: la reordenación del sector público institucional local, la publicidad y la transparencia en la contratación municipal, las políticas locales de
movilidad sostenible en el transporte público colectivo y la rendición de las cuentas consolidadas de las entidades locales.
Aunque los objetivos son distintos, estos cuatro informes tienen algunos elementos comunes. Ponen de relieve los avances realizados por las entidades locales en el cumplimiento de exigencias legales; identifican debilidades estructurales
persistentes, especialmente en los sistemas de planificación, supervisión y rendición de cuentas, y formulan recomendaciones orientadas a reforzar la buena gobernanza, la sostenibilidad financiera y la confianza de los ciudadanos en las
instituciones públicas.
Voy a exponer resumidamente el contenido de cada uno de estos informes.
El informe de reordenación del sector público institucional local analiza las actuaciones llevadas a cabo por las entidades locales en relación con su sector público institucional tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, así como su adaptación a la posterior Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El ámbito objetivo comprende el proceso de reordenación y las medidas de reestructuración de las entidades del sector
público institucional local. Por su parte, el ámbito subjetivo incluye los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y sus entidades instrumentales.
Dado el elevado número de entidades que conforman este ámbito subjetivo, se ha seleccionado una muestra de veintisiete entidades locales, que son los ayuntamientos. No se los voy a leer, pero figuran en el informe. El ámbito temporal va
desde el ejercicio 2014 hasta el 2023 y los resultados muestran que la reforma legal promovió inicialmente una reducción del sector público institucional local con una disminución neta aproximada del 20 % del número de entidades instrumentales. Sin
embargo, este efecto fue limitado en el tiempo y perdió intensidad a partir de 2020. Por otra parte, se constatan incumplimientos relevantes, como la creación de entidades instrumentales sin cumplir los requisitos legales. Un 19 % de las nuevas
entidades dependientes y adscritas posteriores a la entrada en vigor de la ley de racionalización fueron creadas incumpliendo la prohibición para las entidades locales de constituir o adquirir nuevas entidades instrumentales durante el tiempo de
vigencia de un plan económicofinanciero o de ajuste. También se constatan aportaciones patrimoniales a entidades en desequilibrio financiero. Las entidades locales analizadas con planes económicofinancieros o de ajuste en vigor que se encontraban
en situación de desequilibrio financiero realizaron aportaciones patrimoniales a sus entidades instrumentales por un importe de 4,2 millones de euros, incumpliendo esa prohibición existente. Por otra parte, está el mantenimiento de entidades de
segundo nivel que debieron ser transformadas o extinguidas. En general, se respetó la prohibición de crear entidades de segundo nivel. En cambio, varias entidades de segundo nivel preexistentes a la entrada en vigor de la ley no fueron adscritas
ni disueltas o no se enajenaron las participaciones en las mismas.
En el informe se constata igualmente la insuficiencia generalizada de los sistemas de supervisión continua exigidos por la normativa. Únicamente los ayuntamientos de Cádiz y Tarragona cumplían con la obligación de tener un sistema de
supervisión continua conforme a la ley. Además, las actuaciones de control financiero por parte de los órganos de intervención de las entidades locales no fueron suficientes para suplir, en la mayoría de los casos, la carencia de un auténtico
sistema de supervisión continua de sus entidades instrumentales. Así, se concluye que ese proceso de reordenación fue muy heterogéneo. Por no hacerlo más largo, no les voy a dar los datos de la heterogeneidad del proceso porque lo tienen en el
informe.
A la vista de las conclusiones, en el informe se incluyen las siguientes recomendaciones. Por una parte, las entidades locales deberán avanzar en el proceso de reordenación de su sector público institucional, reforzar los instrumentos y los
medios de organización encargados del sistema de supervisión continua y extremar la vigilancia sobre las entidades de su sector público institucional que se encuentren en situación de desequilibrio financiero o con un elevado nivel de endeudamiento.
Por otra parte, al Gobierno se le recomienda desarrollar un marco normativo para garantizar la homogeneidad en la
determinación del coste efectivo y el rendimiento de los servicios públicos locales prestados a través de entidades instrumentales.
El segundo informe de este bloque examina los principios de publicidad y transparencia en la contratación pública de los municipios con población entre 200 000 y 300 000 habitantes y sus entidades dependientes. Esta fiscalización analiza
las actuaciones relativas a la publicidad y transparencia de los contratos formalizados durante el ejercicio 2023 por los dieciocho municipios con población comprendida entre 200 000 y 300 000 habitantes y sus entidades dependientes. La
fiscalización se centra fundamentalmente en tres aspectos: la publicación de la información general sobre la actividad contractual, la publicidad de los trámites de los procedimientos de contratación y el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad activa previstas en la normativa de transparencia.
Los resultados muestran un grado de cumplimiento globalmente satisfactorio, aunque desigual. En la mayoría de los ayuntamientos se publican los principales trámites de los procedimientos de contratación con porcentajes superiores al 70 %.
Se observa un mejor comportamiento en las entidades principales que en las dependientes. No obstante, el informe identifica carencias relevantes, como la escasa publicidad de los programas comprensivos de la actividad contractual. Solo siete
ayuntamientos publican un programa comprensivo de la actividad contractual de todos los órganos de contratación de la entidad principal. También se destaca la insuficiente información sobre los contratos menores -solo la mitad de los órganos de
contratación pública ha publicado información relativa a los contratos menores-; también la limitada publicidad de la composición de las mesas de contratación -solo la publican el 20,68 % de los órganos de contratación- e incumplimientos de la
publicación de determinados trámites posteriores a la adjudicación, como la formalización del contrato o la interposición de recursos. En el caso de la formalización del contrato, el porcentaje es de un 69 % y, en la interposición de recursos
contractuales, de un 63,27 %.
En materia de transparencia se destaca que, aunque todos los ayuntamientos examinados disponen de página web, sede electrónica y portal de transparencia, una parte significativa no publica la información contractual con el nivel de detalle
exigido por la legislación, limitándose a remitir el perfil del contratante. Así, el 35,29 % de los ayuntamientos y el 37,10 % de las entidades dependientes que disponen de portal no publican una relación de todos los contratos celebrados con el
detalle exigido por el artículo 8 de la ley de transparencia, sino que incluyen, a lo sumo, un enlace al perfil del contratante alojado en la correspondiente plataforma de contratación. Además, el 19,35 % de las entidades dependientes que disponen
de información sobre contratación pública en el portal de transparencia solo publican información relativa a los contratos menores. Se concluye que solo tres ayuntamientos, que no incurren en los incumplimientos anteriores, publican todos los datos
relativos a la contratación exigidos por la normativa. Son Coruña, Terrassa y Vitoria.
El tribunal subraya que la publicidad y la transparencia no constituyen meros requisitos formales, como ya se ha dicho, sino instrumentos esenciales para garantizar la concurrencia, la igualdad de trato y el derecho de los ciudadanos a una
buena Administración. El informe incluye una recomendación dirigida a las entidades locales, a las que se les sugiere publicar en el perfil del contratante de cada uno de los órganos de contratación un documento que comprenda el respectivo plan de
contratación global para cada ejercicio presupuestario o por periodos plurianuales.
El tercer informe de este bloque está referido a las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte público colectivo. Se han fiscalizado las actuaciones llevadas a cabo en los ejercicios
2023 y 2024 por los ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Córdoba, Las Palmas, Málaga, Murcia, Palma, Sevilla y Zaragoza. Se ha verificado el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y municipios con población comprendida entre
300 000 y 750 000 habitantes. Se ha tenido especialmente en cuenta que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a municipios como competencias propias la movilidad y el
transporte colectivo urbano y establece el transporte colectivo urbano de viajeros como servicio obligatorio en los municipios de más de 50 000 habitantes.
Todas estas fiscalizaciones están dirigidas a comprobar la movilidad sostenible en el transporte público urbano desde una triple perspectiva: medioambiental, social y económica, incluyendo actuaciones financiadas por el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El informe destaca que todos los ayuntamientos han aprobado instrumentos de planificación relacionados con el transporte público colectivo en los que incluyeron medidas dirigidas a mejorar la sostenibilidad medioambiental y social. Todos
cuentan con planes de movilidad urbana sostenible que contienen medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluidas medidas de integración multimodal. Se constata la realización de inversiones relevantes. Los ayuntamientos
fiscalizados realizaron en 2023 y 2024 actuaciones dirigidas a lograr la movilidad sostenible en el transporte colectivo urbano por importe de 414 millones de euros, de los que el 62,8 % corresponde a la adquisición de material móvil e
infraestructuras para la recarga de vehículos; el 26 %, a obras y estructuras en la vía pública; el 8,9 %, a digitalización; el 0,38 %, a información y difusión de transporte público, y un 1,8 %, a otras actuaciones.
Estas inversiones -como han oído, son flotas limpias, infraestructuras de recarga, etcétera- han permitido avances en sostenibilidad y en el uso del transporte público. No obstante, se han detectado deficiencias en planificación,
seguimiento y evaluación de las actuaciones. Igualmente, se han producido incidencias en la ejecución de algunos contratos, como demoras, modificaciones o ampliaciones de plazo. Con lo cual, el tribunal concluye que es necesario reforzar la
planificación estratégica, el rigor en la gestión contractual y los mecanismos de evaluación posterior.
Por supuesto, el informe incluye recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos fiscalizados. Entre otras, adoptar -salvo en Murcia y Palma- las medidas necesarias para adaptar los planes de movilidad urbana sostenible a las previsiones
contenidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; establecer procedimientos para garantizar el examen permanente del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los instrumentos de planificación; y establecer los
procedimientos que sean precisos para verificar el grado de ejecución y la efectividad de las actuaciones realizadas. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
Paso al cuarto y último informe de este bloque, que analiza la rendición de cuentas consolidadas de las entidades locales.
Se han fiscalizado las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios 2022 y 2023 rendidas por municipios con más de 50 000 habitantes y por las entidades de ámbito superior que tengan obligación de rendir cuentas consolidadas. Los
resultados muestran una evolución positiva en el grado de cumplimiento entre los años 2022 y 2023, especialmente en los municipios de mayor tamaño, aunque persisten diferencias territoriales y por tipo de entidad.
A 30 de abril de 2025, el porcentaje de rendición de cuenta general correspondiente al 2022 ascendía al 91 %. De las entidades que las rindieron, el 57 % incorporó cuentas consolidadas y noventa y dos entidades no lo hicieron. En la misma
fecha, el 85 % de las entidades locales había rendido la cuenta general correspondiente a 2023. De estas, el 78 % presentó cuentas consolidadas, lo que también supone un aumento respecto a la situación de 2022. Se destaca que los ayuntamientos de
municipios de mayor tamaño han sido los que presentaron mejores niveles de cumplimiento en la rendición de las cuentas consolidadas tanto en el 2022 como en el 2023. Así, a 30 de abril del 2025, todos los ayuntamientos de municipios con más de 500
000 habitantes habían presentado las cuentas consolidadas de ambos ejercicios. Por el contrario, fueron los cabildos y las mancomunidades los que tienen niveles de cumplimiento más bajos.
En la fiscalización se han detectado también incorrecciones relevantes en la delimitación del perímetro de consolidación, con entidades dependientes y asociadas no incluidas correctamente. Se destaca también que la calidad de la
información, especialmente de la memoria de las cuentas, presenta deficiencias.
Por último, en materia de transparencia, se destaca que el 60 % de las entidades que habían rendido cuentas consolidadas en los ejercicios 2022 y 2023 no las habían publicado en las páginas web.
El informe incluye recomendaciones dirigidas a las entidades locales que deberían incorporar en sus sistemas contables los módulos necesarios para la elaboración de cuentas consolidadas y para generar directamente los ficheros requeridos
para su remisión a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales; disponer de un procedimiento sistemático para la identificación, registro y actualización de las entidades dependientes, asociadas y multigrupo; reforzar
los sistemas para la elaboración de la memoria de las cuentas consolidadas, y mantener actualizada la información existente en el inventario desde el sector público como registro oficial de entes públicos y en la Plataforma de Rendición de Cuentas
de entidades locales.
Señorías, estos cuatro informes ponen de manifiesto algo a lo que ya hemos hecho alusión: avances importantes en la gestión pública local. Y también evidencian la persistencia de algunas debilidades estructurales que afectan nuevamente a
planificación, supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Formulamos, como siempre, recomendaciones técnicas realistas y fundamentadas con objeto de contribuir a la mejora continua de esta gestión pública y al fortalecimiento de la
sostenibilidad financiera y de la confianza ciudadana.
Por mi parte, señorías, doy por presentado este segundo bloque.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López). Muchas gracias, señora presidenta.
Pasamos al turno de fijación de posiciones y formulación de preguntas por parte de los grupos parlamentarios.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario SUMAR. Por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Vergara Román.
La señora VERGARA ROMÁN: El informe relativo a la ordenación del sector público institucional local entre los ejercicios 2014 y 2023, bajo una apariencia técnica, es en realidad la autopsia del fracaso de una de las leyes más dañinas e
inútiles de nuestra historia reciente: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, herencia del señor Montoro. A pesar de su nombre, la LRSAL no buscaba la racionalidad, buscaba la asfixia del municipalismo, el
desmantelamiento de la autonomía local y la alfombra roja para privatizar los servicios públicos más esenciales. El informe del Tribunal de Cuentas pone hoy de relieve lo que siempre defendimos: que la austeridad impuesta por la derecha ha sido un
absoluto fracaso; que la LRSAL estableció, entre otras medidas, impedir la constitución o la adquisición de nuevas entidades instrumentales cuando las entidades locales se encontrasen en dificultades económicofinancieras. Pero los ayuntamientos no
pueden dejar morir los servicios públicos por mucho que las leyes de la derecha intenten prohibirles respirar. Por eso, el informe revela un significativo grado de incumplimiento de esta prohibición: el 19 % de las entidades instrumentales creadas
en este periodo nacieron saltándose ese bloqueo forzado. Municipios de toda España y de todo color político se han visto obligados a esquivar la norma o a incumplir los requisitos de sostenibilidad financiera simplemente para poder seguir
gestionando el agua, la vivienda, la cultura o los servicios sociales, derechos, porque la realidad de los vecinos no entiende de techo de gasto ideológico.
Asimismo, el tribunal detecta que algunos ayuntamientos han inyectado de forma sistemática aportaciones patrimoniales para salvar empresas públicas que arrastran pérdidas. Y qué querían que hicieran los alcaldes y alcaldesas, ¿dejar caer
las empresas públicas de transporte o de recogida de basuras? ¿Dejar a los ciudadanos sin servicios públicos básicos? ¿Armar guerras, como Trump o Netanyahu?
No podemos compartir las recomendaciones de este informe, porque el informe se limita a analizar el cumplimiento estricto de la ley -nada que achacar al Tribunal de Cuentas-, pero es una ley que nuestro grupo parlamentario considera urgente
reformar de una vez por todas para garantizar el principio de suficiencia financiera de forma que asegure de manera blindada y pública la prestación de unos servicios de calidad por parte de nuestros municipios y una gestión como la que se ha hecho
de los fondos europeos.
Esa asfixia se proyecta en el resto de los informes de este bloque: cuando el informe relativo al cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200 000 y 300 000
habitantes denuncia deficiencias en la publicidad de los contratos en municipios de tamaño medio, o cuando el informe sobre la rendición de las cuentas consolidadas de las entidades locales constata que una parte importante de las entidades locales
no llegan a tiempo a la rendición de cuentas consolidadas, la derecha pretende culpar a la gestión municipal. Pero la realidad es otra; es la consecuencia directa de tener departamentos de intervención, secretaría e informática bajo mínimos, es
falta de recursos y adelgazamiento de lo público. No faltan ganas de transparencia ni de rigor contable en la mayor parte de las Administraciones. Faltan manos, falta personal público y faltan recursos estructurales que se les han venido denegando
sistemáticamente a los ayuntamientos, y la limitación de asociar a gasto corriente los fondos europeos.
Por último, respecto al informe sobre movilidad sostenible, vemos que los fondos europeos han sido un balón de oxígeno para digitalizar y renovar las flotas de transporte colectivo. Sin embargo, el tribunal vuelve a alertar de retrasos en
las obras y la ejecución. El diagnóstico es idéntico. No se puede exigir una agilidad administrativa de vanguardia cuando se mantiene a los ayuntamientos con una mano atada a la espalda, sin capacidad de contratación para gestionar unos volúmenes
históricos de inversión. Además, también ponen en valor la recomendación que se hace sobre el cumplimiento de objetivos y la aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, porque hay resistencia a aplicar las zonas de bajas
emisiones, pero la consecuencia es que la ciudadanía tiene una peor calidad del aire.
Quiero llamar también la atención sobre que este primer informe sobre los fondos de movilidad sostenible es el primero de una serie de dos, y que en el segundo informe que vendrá a esta Cámara hubo un cambio en muchos de los ayuntamientos de
ciudades que se auditaron en él, en el sentido de que muchos de esos ayuntamientos procedieron a no cumplir el reglamento, no cumplir los objetivos que marcaban -véase el desmantelamiento de la infraestructura ciclista en ciudades como Logroño- y,
de nuevo, la falta de capacidad de personal y de gestión mientras estaban gestionando la justificación de la primera convocatoria. Estos informes no deben servir para juzgar las carencias de las Administraciones locales, más bien deben servir para
comprobar la necesidad de dotar a nuestros municipios de la financiación, los recursos humanos y la autonomía que merecen para cuidar de forma cercana a nuestros y nuestras vecinas.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora Vergara Román.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez AlonsoMuñumer.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta. Gracias por su comparecencia y su exposición.
Se han presentado cuatro informes en este bloque. En cuanto al primero, sobre fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, nos parece muy adecuado y compartimos la recomendación general, que dice: se
recomienda a las entidades locales que avancen en el proceso de reordenación de su sector público institucional, de analizar la oportunidad de mantener de alta sus entidades instrumentales o bien de proceder a su transformación o extinción bajo los
principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto para VOX es una constante en todas nuestras intervenciones y una constante en nuestros posicionamientos; y es que todas las
Administraciones de España se deberían guiar por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El segundo informe habla sobre la fiscalización del ejercicio 2023, del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200 000 y 300 000 habitantes. Nos presenta
conclusiones sobre el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia sobre la actividad contractual y sobre cada uno de los trámites. Nos gustaría que nos informara sobre los criterios del
tribunal a la hora de valorar si los incumplimientos detectados suponen incumplimiento generalizado de los municipios de los requisitos de publicidad y transparencia. En definitiva, nos gustaría saber cómo valora el tribunal la importancia
relativa de esos contratos dentro del todo en la gestión de un municipio.
El tercer informe de fiscalización es sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte público colectivo, ejercicios 20232024. En el cuadro 3 de su informe, objetivos de la
fiscalización, se incluye uno que dice: analizar el alcance de las actuaciones realizadas por las entidades fiscalizadas para lograr la sostenibilidad en el transporte público colectivo urbano en su triple vertiente, medioambiental, social y
económica; su tramitación, coste, financiación y grado de ejecución. Me gustaría que nos explicara cuál es el concepto del tribunal sobre sostenibilidad económica en el transporte público; en general, cuál es el concepto del tribunal sobre
sostenibilidad económica a la hora de analizar las cuentas de un organismo público.
Cuarto: informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 2022 y 2023. En los objetivos generales de la actuación fiscalizadora se menciona, en el punto tercero: verificar que
las cuentas anuales consolidadas se han presentado completas, así como la coherencia de los importes registrados en los principales conceptos específicos de consolidación. Entiendo que estará de acuerdo conmigo en que, cuando hablamos de coherencia
y conceptos técnicos, hablamos de coherencia en los criterios de evaluación, ya que se deben aplicar los mismos principios y métodos al analizar información similar. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No se puede exigir un nivel de
evidencia distinto para situaciones equivalentes sin justificación. Coherencia entre evidencia y conclusiones: las conclusiones del informe deben estar respaldadas por un trabajo en el que se haya obtenido evidencia objetiva suficiente y adecuada,
evidencia que debe ser obtenida mediante procedimientos objetivos y verificables y que se debe encontrar correctamente respaldada documentalmente. Coherencia en la documentación: los papeles de trabajo deben soportar fehacientemente las
conclusiones obtenidas, no debiendo existir apreciaciones intuitivas, presunciones subjetivas ni hipótesis no contrastadas documentalmente. Coherencia temporal: el auditor debe mantener criterios uniformes entre ejercicios contables, a menos que
exista un cambio normativo. Coherencia ética y profesional: el comportamiento del auditor debe ser compatible con los principios de independencia, objetividad y diligencia profesional. Entiendo -y espero que estará de acuerdo con nosotros- que la
coherencia es básica, porque aumenta la fiabilidad del trabajo de auditoría, facilita cualquier tipo de revisión y fortalece la confianza en el informe emitido. La coherencia garantiza la fiabilidad de las conclusiones y refuerza la utilidad de las
recomendaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ ANTEQUERA: Muchísimas gracias, presidente.
Presidenta del Tribunal de Cuentas, en mi nombre y el de mi grupo, reiteramos el reconocimiento hacia usted y su equipo por esta detallada documentación y necesaria fiscalización y sobre los concretos informes.
Respecto al primero, sobre el bloque de fiscalización del proceso de reordenación del sector público y situación local entre 2014 y 2023, quiero comentar que el informe constata un importante esfuerzo de redimensionamiento del sector público
y que se ha avanzado en procesos de saneamiento, disolución o reorganización de entes con problemas financieros, aunque el Tribunal también señala que persisten entidades con desequilibrios financieros, algunas creaciones de nuevas sociedades
durante la vigencia de planes de ajuste contrarias a la normativa y deficiencias en los sistemas de supervisión continua y control financiero.
Del segundo informe, que se refiere a la contratación pública de los municipios españoles de entre 200 000 y 300 000 habitantes durante el ejercicio 2023, destacaríamos
que pone en valor avances importantes, un nivel elevado de publicación de información básica de contratación y que muchas entidades cumplen adecuadamente con las obligaciones de publicidad y especialmente en aspectos como la información de
contacto o la accesibilidad de los perfiles del contratante. Sin embargo, el tribunal indica que persisten retrasos e incumplimientos en la remisión de expedientes al propio Tribunal de Cuentas, insuficiente planificación contractual, deficiencias
en la publicación de contratos menores y falta de permanencia accesible de la información durante los cinco años exigidos por la ley.
Antes de pasar al siguiente análisis que ha hecho el tribunal, quiero comentar que todos los que estamos aquí -y más los que trabajamos o hemos trabajado en la Administración local- tenemos la obligación de poner en valor a los
ayuntamientos, a los pequeños, a los medianos, pero incluso a los grandes. Están pasando grandes dificultades, tanto de recursos económicos como de recursos personales. Hay una gran dificultad para cubrir, sobre todo, los principales puestos, los
puestos de habilitación nacional o puestos clave, pero realmente el nivel de cumplimiento, a pesar de todo, yo creo que es bastante grande y hay que ponerlo en valor.
El siguiente informe analiza las medidas adoptadas por diversas entidades locales para avanzar hacia una movilidad sostenible en transporte público colectivo durante los ejercicios 2023 y 2024, un estudio centrado en ciudades entre 300 000 y
750 000 habitantes. Recuerda que más del 60 % de los desplazamientos urbanos en España se realizan en transporte colectivo y que la circulación urbana genera una parte importante de las emisiones contaminantes -es importante también que el tribunal
ponga en valor este tipo de cuestiones medioambientales-. Entre los aspectos positivos el tribunal destaca el incremento del uso de transporte público en prácticamente todas las ciudades analizadas, impulsado sobre todo por las políticas de
bonificación tarifaria, como también por las mejoras en frecuencias, intermodalidad y renovación de flotas. También se observa un avance progresivo en la incorporación de autobuses menos contaminantes y eléctricos, así como actuaciones de
digitalización y mejora de la accesibilidad. Sin duda, es el camino. Pero el informe pone igualmente en valor instrumentos como las ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las políticas de descarbonización del
transporte público. Como ha comentado la diputada de SUMAR, el tribunal también señala deficiencias relevantes en esto porque algunos municipios no han adaptado plenamente sus planes de movilidad a las exigencias de ley del cambio climático o no
han cumplido todos los requisitos que ponían estas ayudas que hemos comentado y existen retrasos en nuevas licitaciones de transporte urbano.
El siguiente informe, el último, analiza la rendición de cuentas consolidadas de las entidades locales en los ejercicios 2022 y 2023. Aquí viene a decir que a 30 de abril de 2025 todavía había entidades locales de gran dimensión que no
habían rendido correctamente las cuentas consolidadas, pese a estar legalmente obligadas. Y entre ellas aparecen ayuntamientos muy importantes como Cádiz, Badalona, Motril o Roquetas de Mar. Me van a permitir, como funcionario en excedencia de
Badalona, que comente que este municipio estos días también ha sido noticia por tener un remanente de tesorería récord de 342 millones de euros, es decir, casi 1,5 veces su propio presupuesto anual, que no ha sido generado precisamente por su buena
gestión; noticia también ha sido, ayer o antes de ayer, porque tiene el dudoso mérito de ser uno de los pocos municipios de España en incumplir el pago a proveedores hasta el punto de tener que acogerse al plan especial de pago de proveedores, que
no deja de ser una intervención de facto de esa gestión.
En definitiva, en relación con los cuatro informes de fiscalización de las entidades locales, el tribunal viene a constatar que en la mayoría de los casos se progresa adecuadamente, cosa de la que me alegro.
Finalmente, me gustaría hacer un comentario también, a título personal, como funcionario de carrera y exconcejal de mi ciudad. Qué necesario es trabajar en pro de un sistema de Administraciones públicas que, entre otras cuestiones,
sistematice los procesos y herramientas de gestión de las distintas Administraciones públicas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señor presidente.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, quiero comenzar reconociendo el valor del trabajo de fiscalización, porque cuando hablamos de control externo no hablamos de poner obstáculos a la acción pública, hablamos de mejorarla, y en eso
coincido con usted. En el Partido Popular defendemos algo muy sencillo: autonomía local, sí; municipalismo, por supuesto, pero siempre con transparencia, eficacia y con el cumplimiento de las normas y del servicio público al que estamos
obligados.
En relación con el informe 1667, sobre publicidad y transparencia de la contratación, creemos que el tribunal pone de manifiesto una realidad que merece ser reconocida. Hay margen de mejora, sí, pero también hay ejemplos de buena gestión
municipal. Y quiero destacar, entre ellos, dos casos que aparecen en el informe, Cartagena y Jerez de la Frontera, ayuntamientos que alcanzan niveles muy elevados de cumplimiento en la publicación de los trámites de contratación con porcentajes
superiores al 90 %. Cartagena está hoy, precisamente, sumida en una operación política, una moción de censura entre el PSOE y antiguos concejales de VOX. Casualmente, los socialistas aquí bloquean a los diputados de VOX, pero son capaces de
intentar alcanzar el Gobierno con miembros que abandonan VOX desalojando al Partido Popular. Cartagena también tiene logros de buena gestión y lo demuestra este informe. Y Jerez, una ciudad que sufrió durante años una situación de inviabilidad
económica heredada de gobiernos de izquierdas, hoy acredita un cumplimiento destacado también en materia de transparencia contractual. Y esto merece ser dicho porque, cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas.
Respecto al informe 1669, apoyamos el objetivo de avanzar hacia unas cuentas consolidadas, claras, homogéneas y comprensibles. La rendición de cuentas no puede convertirse en un ejercicio meramente formal. Consolidar bien significa ofrecer
una fotografía real del conjunto del sector público local, algo esencial para la transparencia y para una adecuada toma de decisiones.
En cuanto al informe 1666, sobre la reordenación del sector público institucional local, compartimos plenamente el principio que inspira la fiscalización. Las entidades instrumentales tienen sentido si aportan eficacia, eficiencia y mejoran
la prestación de servicios, pero no pueden convertirse en estructuras permanentes, opacas, duplicadas o financieramente inviables. Nos preocupa especialmente una conclusión del tribunal, que el efecto reordenador impulsado por la LRSAL pierde
eficacia a partir de 2020. Y aquí conviene preguntarse por qué. ¿Qué razones explican esta desaceleración? ¿Falta de voluntad política, déficit de supervisión, relajación normativa? Desde luego, creemos que debe reforzarse el sistema de
supervisión continua y el control financiero de las entidades dependientes, porque no es razonable que subsistan entidades que deberían haberse transformado o haber sido extinguidas. Las entidades públicas locales tienen que ser útiles, sostenibles
y estar al servicio del ciudadano, no convertirse en administraciones paralelas permanentemente deficitarias.
Finalmente, el informe 1668 es el que, probablemente, mejor refleja hoy la contradicción que viven muchos ayuntamientos españoles. Los municipios tienen la obligación legal -y así lo ha referido- de garantizar el transporte público urbano.
Además, el Gobierno central impulsa políticas tarifarias, medidas derivadas de normas estatales climáticas, que obligan a reforzar servicios, renovar flotas, electrificar infraestructuras o asumir nuevos costes operativos. Todo ello es razonable
desde una perspectiva de sostenibilidad. Pero la pregunta es: ¿están siendo suficientemente compensados los ayuntamientos? Porque el propio informe muestra una realidad: los municipios han invertido cientos de millones en movilidad sostenible,
gran parte cofinanciados por fondos europeos, pero con incidencias, retrasos, sobrecostes y exigencias crecientes de cumplimiento. Además, el seguimiento posterior de la eficacia de estas inversiones sigue siendo limitado. Voy a poner un ejemplo
de uno de los municipios a los que el informe hacía referencia, que cumplía la adaptación del PMUS a las normativas de rango climático: Palma de Mallorca. Creo que es
especialmente ilustrativo. El incremento extraordinario de viajeros, más de un 50 % desde el año 2019, deriva fundamentalmente de una política estatal de gratuidad del transporte, no de una decisión exclusivamente municipal. Sin embargo,
ello ha obligado a quien gestiona estos servicios, al ayuntamiento, a reforzar el servicio, a asumir tensiones financieras e incluso a anticipar recursos ante retrasos de financiación estatal. Y esto abre un debate legítimo: cuando el Estado
impone una política pública, ¿está garantizando realmente su suficiencia financiera a la Administración competente?
Tras esta intervención rápida que he hecho, señora presidenta, me gustaría formularle algunas preguntas. La primera, ¿considera el tribunal que el actual modelo de financiación del transporte público urbano está trasladando una carga
económica excesiva a los ayuntamientos? La segunda, a la vista de las conclusiones del informe 1668, ¿cree necesario revisar los mecanismos de compensación económica estatal cuando las políticas nacionales incrementan de manera extraordinaria la
demanda del servicio? Tercera, respecto al informe 1666, ¿qué factores identifica el tribunal para explicar la pérdida de eficacia del proceso reordenador del sector público institucional local desde 2020? Y cuarta, ¿considera que el Ministerio de
Hacienda está proporcionando herramientas suficientes para garantizar una supervisión continua real de las entidades dependientes locales?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a sus preguntas, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): No soy capaz de coger a la velocidad de la lectura los términos de las preguntas. (Risas.-El señor Román Jasanada: Es que tenía cinco minutos). Ya, pero yo es que no puedo,
no soy... Es imposible. Tengo la idea de lo que pregunta, pero lo que no tengo son las preguntas concretas. Si usted las tiene por escrito y me las quiere pasar, intento contestarlas. (El señor Román Jasanada: Por supuesto). Lo he intentado,
pero a partir de la primera ya no he sido capaz de seguir escribiendo.
Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por sus intervenciones. Vuelvo a comprobar que los informes sí tienen una utilidad importante. Hay cosas que debo repetir porque sé que las entienden, pero sé que también hacen uso de reflexiones
que no podemos atender. Nosotros no tenemos competencia, no tenemos posibilidad -somos un órgano técnico-, y lo que no valoramos, y no podemos valorar, es el contenido de las leyes, nos gusten o no nos gusten. Y que nos gusten o no nos gusten es
individualmente, porque la respuesta colectiva es en relación con la letra de la ley; no podemos hacer otra cosa. No tenemos la influencia que ustedes sí tienen de modificar la normativa que no les guste. Además, siempre pasa una cosa: a quien
no le gusta una cosa le gusta otra, y es que no coinciden los gustos. Solo faltaba que nosotros hiciéramos una interpretación valorativa del contenido de las leyes. No hay ninguna posibilidad.
En cuanto a los criterios del tribunal, señor Sáez, se trabaja, como usted sabe, a través de muestra. Seguramente, cuando seamos capaces de hacer aplicaciones de inteligencia artificial, podamos tratar sobre el universo de las cosas, pero
hoy es a través de muestra. Trabajar de esta manera supone que la muestra va adoptando -y está escrito en el informe- los criterios. Los de sostenibilidad financiera derivan del artículo 4 de la ley de sostenibilidad financiera, como sabe; y de
los de sostenibilidad medioambiental -que no tenemos definiciones ni otros criterios-, lo que sí hay -y está publicada en la página web del tribunal- es una guía de sostenibilidad ambiental para facilitar a los auditores el análisis de las políticas
que tengan incidencia en o que tengan que ver con la sostenibilidad ambiental.
Usted ha repetido varias veces: Estará usted de acuerdo conmigo en todo lo que un auditor debe ser y en la coherencia que debe tener el contenido con las conclusiones y las conclusiones y el contenido con las recomendaciones. Por supuesto.
Eso está así expresado en nuestras normas de fiscalización. Es posible que usted se refiera a algún caso concreto de algún auditor concreto, lo que pasa es que esa es solamente una parte de un trabajo que después se revisa. No lo sé seguro, pero
tengo idea de que puede
referirse quizá a alguna actuación concreta. Las normas recogen, desde luego, el soporte documental de cada una de las afirmaciones que se hacen en el informe, y además con rigurosidad, pues cualquiera de los miembros del tribunal -los doce
consejeros más el fiscal- pueden pedir en cualquier momento el soporte documental -que no se adjunta, son papeles de trabajo-. Si se considera que está expresado de manera que la documentación no parece soportar la evidencia o simplemente porque
quiere comprobar que se corresponde con la evidencia, está a disposición, en cualquier momento del proceso de fiscalización, de todos los miembros del tribunal. Ya le digo que las normas son muy exigentes. Las acabamos de modificar, y cada vez que
modificamos las normas en algún sentido es por aquilatar más la calidad de los informes y la rigurosidad de la actuación de nuestros profesionales. Aun así, meteremos la pata, seguro, pero estamos siempre dispuestos a rectificar y, desde luego,
estamos dispuestos a retomar o a reforzar la relación de los auditores con los fiscalizados, siempre que lo sepamos.
Le doy las gracias y comparto con usted, señor Jerez, las reflexiones que ha hecho. Sí me gustaría que el señor Román me pudiera repetir las preguntas -que corra mi tiempo de respuesta-, porque, si no, no las puedo contestar.
Presidente, ¿es posible?
El señor PRESIDENTE: Por supuesto.
El señor ROMÁN JASANADA: Leo textualmente las cuatro preguntas, no las de la introducción, sino las finales.
La primera es sobre si considera el tribunal que el actual modelo de financiación de transporte público está trasladando una carga económica excesiva a los ayuntamientos. En segundo lugar, por el informe 1668, ¿cree necesario revisar los
mecanismos de compensación económica estatal cuando las políticas nacionales incrementan de manera extraordinaria la demanda del servicio? En tercer lugar -y en este caso es el informe 1666, el de la reordenación-, ¿qué factores identifica el
tribunal para explicar la pérdida de eficacia del proceso reordenador del sector público institucional que hace referencia, desde el año 2020, a esa desaceleración? Y la última es si considera que el Ministerio de Hacienda está proporcionando
herramientas suficientes para garantizar una supervisión continua real de las entidades dependientes vocales.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Bueno, ya sabe que el tribunal opina a través de los informes. No tenemos opinión individual, ni yo como presidenta. Creo que hemos puesto de manifiesto en algunos informes la
necesidad de hacer algunos retoques a los modelos de financiación, pero sin entrar en valoración de la ley y, desde luego, no como opinión personal. Lo mismo pasa con la carga fiscal en los mecanismos de compensación. Es la que se establece, y
nosotros lo único que podemos comprobar -como le decía a la señora Vergara- es si la gestión se compadece o no con la legislación. Otra cosa es lo que nos parezca. Sí que, a veces, por los presupuestos, uno mismo se da cuenta de que la carga que
se les impone a los ayuntamientos, y que depende de estos, excedería a sus propias posibilidades, pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de modificar esto. A veces hemos hecho alguna moción antigua en este sentido.
En cuanto a que, a partir de un momento, se nota que pierde eficacia, es porque los números empiezan a modificarse no dando resultados como los que se señalan en el informe hasta 2020, pero teniendo en cuenta también una cosa, y es que el
informe son fotos fijas que terminan en el momento que incluye el ámbito temporal de la fiscalización. Es decir, todo lo que se produce después de ese momento no es sujeto del informe. Y lo que sí hacemos, con una frecuencia trianual
aproximadamente, es un seguimiento de recomendaciones, en el que sí nos daríamos cuenta de si, efectivamente, esa expresión de que 'pierde eficacia a partir de tal' se comprueba en todos los años posteriores. Simplemente, a partir de un momento,
las cifras se nos modifican, entonces decimos que no tenía la eficacia que tenía antes.
En cuanto al Ministerio de Hacienda, no tengo nada que decirle. Cuando venga el ministro de Hacienda, le pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta, por contestar a todas las preguntas.
La última reflexión es: qué interesante sería un debate sobre el modelo de financiación municipal donde todo el mundo pudiera hablar. A los que hemos sido alcaldes nos duele esto en el corazón.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA, EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de
expediente del Senado 771/000152).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL, EJERCICIOS 2022 Y 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000162).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000178 y número de expediente del Senado 771/000175).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, si les parece a sus señorías, al último bloque de debate, los informes del bloque III que tenemos sobre la mesa: informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios
2019, 2020 y 2021; el informe de fiscalización del ingreso mínimo vital de los ejercicios 2022 y 2023; y, por último, el informe de fiscalización de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad
Social, ejercicio 2023.
Para su exposición tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Este último bloque tiene los tres informes que ha mencionado el presidente. Se aprobaron los tres entre marzo y septiembre de 2025. Aunque se refieren a ámbitos distintos -sanidad, salud pública, ingreso mínimo vital y atención ciudadana
en la Seguridad Social-, el elemento común es que analizan las políticas públicas de alto impacto social en las que la calidad en los sistemas de información, la coordinación administrativa, la capacidad de gestión y la accesibilidad de los
servicios resultan determinantes para que la acción pública, efectivamente, alcance sus objetivos.
El primer informe trata sobre los sistemas de información de sanidad y de salud pública. El sistema de información, como saben, es un conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar,
mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o transferir. En concreto, se han analizado los sistemas de información del Ministerio de Sanidad. Se ha fiscalizado la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de
Sanidad, incluyendo el Ingesa y el Instituto de Salud Carlos III, dependientes de esta secretaría, así como la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Además, se han analizado esos sistemas en
materia de vigilancia, alertas y emergencias epidemiológicas, vacunación y sanidad exterior durante los ejercicios 2019 a 2021. Este estudio incluyó su funcionamiento y gestión, la respuesta del ministerio a la emergencia del COVID19 en relación
con la adecuación, actualización y desarrollo de los sistemas de información y la coordinación institucional.
El informe constata que, antes de la emergencia sanitaria del COVID19, el ministerio carecía de un sistema de información específico para la gestión, monitorización y coordinación de emergencias sanitarias. Durante la pandemia, la mayor
parte de la gestión de estas alertas se desarrolló a través de herramientas ofimáticas comerciales, correos
electrónicos, llamadas telefónicas o videoconferencias. Los sistemas de información existentes, esto es, la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública y su sistema de información CVS, que fueron creados en 1995, no se encontraban
suficientemente preparados para dar respuesta a las necesidades de inmediatez y fiabilidad de la información que surgieron como consecuencia de la pandemia. Esto afectó tanto al rendimiento como a la capacidad de coordinación con los sistemas de
las comunidades autónomas.
Ante esta situación y la necesidad de hacer frente a la pandemia, el ministerio creó un procedimiento ad hoc de remisión de información epidemiológica al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. En la práctica, esto supuso un
desdoblamiento de las vías de información, que no siempre ofrecieron datos coincidentes: por un lado, la creada bajo la responsabilidad del Centro de Coordinación de Alertas y, por otro, la existente, que procedía de CVS, de contenido más amplio,
pero no actualizada. Esto produjo una alta carga de trabajo de complementación y de transformación de datos.
Para responder a las necesidades de la pandemia, desde marzo de 2020 se desarrollaron e implantaron varias herramientas tecnológicas, entre otros objetivos, para la monitorización sin desfase temporal de las pruebas diagnósticas y de la
capacidad asistencial del Sistema Nacional de Salud, para la creación de un registro de vacunaciones y para el control de entrada de viajeros internacionales. En general, se hace una valoración positiva de los sistemas implantados, dadas las
circunstancias de su desarrollo y el corto periodo para su implantación. Se pueden citar, a modo de ejemplo, y consta en el informe, el SERLAB, que era la aplicación encargada de registrar el resultado de las pruebas COVID; la herramienta que se
llamó Cuadro de Mando y Control, que permitía gestionar información diaria y semanal relativa a recursos humanos, capacidad asistencial y recursos materiales consumidos y disponibles en las comunidades autónomas; la Spain Travel Health, para el
registro sanitario de viajeros internacionales por vía aérea, y el registro para las vacunaciones realizadas. Este informe recoge varias recomendaciones dirigidas al Ministerio de Sanidad y a sus organismos, cuya orientación de fondo es avanzar
hacia sistemas integrados, interoperables y con capacidad de explotación de información en tiempo oportuno, reforzando, además, los medios humanos y técnicos en el área tecnológica.
El segundo informe analiza el diseño, la gestión y el control de la prestación del ingreso mínimo vital durante los ejercicios 2022 y 2023, aprobada por el Pleno del 26 de junio de 2025. El ingreso mínimo vital es una prestación no
contributiva a la Seguridad Social, como saben, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de una política pública de especial relevancia
social, tanto por su finalidad como por el volumen de recursos destinados a ella. En 2023, los pagos por esta prestación ascendieron a casi 3300 millones de euros y, desde su puesta en marcha en 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, el importe
acumulado superó los 8000 millones de euros. La fiscalización ha analizado el diseño de la prestación, las modificaciones normativas introducidas en su regulación, los procedimientos de gestión, control y seguimiento, así como la evaluación de su
impacto en la lucha contra la pobreza y en la inclusión social y laboral de sus beneficiarios. Y también se ha examinado el cumplimiento de las prescripciones de igualdad de género y transparencia relacionadas con el objeto de la fiscalización.
El informe parte de una constatación relevante: el ingreso mínimo vital constituye la medida de carácter general más importante de lucha contra la pobreza existente en nuestro país. No obstante, el tribunal aprecia debilidades en su diseño
y en su conexión con las principales estrategias estatales orientadas a este objetivo. En particular, con la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y con la Estrategia de Desarrollo Sostenible. En ese
sentido, el informe señala que la prestación no tiene un objetivo específico referenciado a niveles concretos de pobreza. Ello supone que su gestión no está orientada suficientemente a alcanzar una meta previamente definida ni a cubrir un
determinado umbral de pobreza, sino a financiar el límite de renta garantizada fijada para cada ejercicio. Desde el punto de vista de la suficiencia de la
prestación, el informe observa que, en 2023, la renta anual garantizada por el ingreso mínimo vital no cubría con carácter general el umbral de pobreza relativa, situado en el 60 % de la mediana nacional de ingresos, y tampoco garantizaba el
umbral de pobreza severa, situado en el 40 %, salvo en algunos supuestos concretos. Esa situación se reproduce en el plano autonómico y se ve agravada por las diferencias existentes en el coste de vida entre comunidades autónomas, dado que la
prestación se reconoce con independencia del territorio de residencia.
En cuanto a la cobertura, el informe pone de manifiesto que, en 2023, el ingreso mínimo vital alcanzaba al 40 % de los potenciales beneficiarios y al 20,8 % de las personas en situación de pobreza severa. Desde su establecimiento, el número
de hogares beneficiarios había sido de 659 000, con un total de 1,9 millones de personas beneficiarias. El informe también constata que el ingreso mínimo vital está produciendo un paulatino efecto de sustitución de las rentas mínimas de inserción
autonómicas, pese a que nació como una prestación suelo que debía ser complementada por estas últimas. Esta cuestión resulta relevante porque puede afectar al alcance efectivo del sistema de garantía de ingresos en su conjunto.
En relación con la gestión de la prestación, a finales de 2023 se habían presentado y resuelto al menos 2,3 millones de solicitudes, de las cuales más del 68 % no dieron lugar al acceso a la prestación. Las principales causas de inadmisión
o denegación fueron el incumplimiento de los requisitos de ingresos, renta o patrimonio y la falta de acreditación o cumplimiento de los requisitos relativos a la unidad de convivencia. También se aprecian retrasos en la tramitación. En el 43 % de
las solicitudes se superó el plazo máximo legal de resolución de seis meses, pero no pasó de ocho, aunque es una demora que considera el informe relevante si se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas potencialmente
beneficiarias. Junto a ello, el informe identifica otras deficiencias de gestión y control. Por ejemplo, la utilización de datos económicos del ejercicio anterior para valorar la vulnerabilidad y calcular la cuantía de la prestación, los retrasos
en la revisión anual de las cuantías provisionales, las demoras en la emisión de reclamaciones de deuda y las limitaciones en las aplicaciones informáticas utilizadas para gestionar y controlar la prestación.
A partir de estos resultados, tanto al Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones como al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las siguientes recomendaciones. Al ministerio se le recomienda orientar el ingreso
mínimo vital a la cobertura del umbral de pobreza severa mediante objetivos concretos e indicadores específicos de impacto; valorar la adaptación de la renta garantizada a la mediana de ingresos y al coste de vida de las comunidades autónomas;
elaborar el reglamento de desarrollo de la ley reguladora de la prestación, y estudiar la simplificación de determinados requisitos relacionados con la unidad de convivencia y la vulnerabilidad económica. Al Instituto Nacional de Seguridad Social
se le recomienda mejorar el proceso de admisión y reducir los plazos de resolución de las solicitudes, adelantar la revisión anual de la cuantía provisional para evitar la devolución de importes, agilizar la emisión de reclamaciones de deuda y
mejorar la aplicación del IMV, de forma que integre la gestión y el control de la prestación en una única herramienta.
En síntesis, el informe no cuestiona la relevancia del ingreso mínimo vital, sino que pone de relieve la necesidad de reforzar su orientación estratégica, mejorar su suficiencia y cobertura, simplificar su gestión y fortalecer los
instrumentos de control y evaluación para que esta prestación despliegue con mayor eficacia su finalidad de prevención de la pobreza y de la exclusión social.
Y, por último, el tercer informe analiza los sistemas y procedimientos de atención a los ciudadanos aplicados por las entidades que integran el sistema de Seguridad Social. Estos mecanismos se han aplicado a través de tres canales:
presencial, telefónico y telemático. Las entidades que integra durante el ejercicio 2023 son: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería y el Instituto Social de la Marina. Entre los motivos que impulsaron al Tribunal de Cuentas a
realizar esta fiscalización se encuentran las actuaciones que el Defensor del Pueblo inició de oficio en 2022 ante las quejas de los
ciudadanos por los problemas de acceso a los servicios de la Seguridad Social, urgiendo la necesidad de adoptar un plan de choque.
Principales conclusiones que se destacan en el informe con carácter general. Se ha observado que la normativa actual no prevé la posibilidad de que las prestaciones sean reconocidas de oficio, lo que entendemos que simplificaría el proceso.
Además, se observan deficiencias en la información de la página web de la Seguridad Social, lo que dificulta la adecuada elección en atención a las necesidades que tiene cada ciudadano. En el ámbito del INSS, se observa que en 2024 se recuperó el
76 % de la atención presencial que se venía prestando con fecha anterior a la pandemia, consolidándose el canal telefónico, que representó el 290 %, y el telemático, con más del 345 %. No obstante, se observan dificultades para la obtención de cita
previa presencial y telefónica. También se detectan debilidades en sus indicadores de gestión, que no identifican los intentos fallidos para obtener cita, las llamadas no atendidas o el número de atenciones o contactos necesarios para completar una
misma gestión. El informe menciona la existencia de lagunas de información, como falta de publicidad de los criterios de atención presencial sin cita -esos son los relativos a casos urgentes o colectivos vulnerables- o limitaciones en los sistemas
de identificación fehaciente del canal telefónico que imposibilitan realizar determinados trámites, como solicitar prestaciones de manera telefónica. En lo que respecta al canal telemático, se constata la ausencia de una automatización completa de
procedimientos. Esta falta de volcado automático de datos conlleva que la información previamente cumplimentada por el ciudadano en sus solicitudes tenga que ser introducida manualmente en los aplicativos de gestión, con la correspondiente merma de
la eficacia y eficiencia del canal y el riesgo de errores.
En el ámbito de la Tesorería, el informe constata la implantación de un nuevo modelo de atención al ciudadano basado en los principios de especialización y multicanal. La Tesorería ha fomentado la autogestión por vía telemática, lo que se
ha traducido en una reducción de la presencialidad. También se han detectado debilidades en sus herramientas informáticas, como una insuficiente información sobre la demanda de atención y sobre la solución ofrecida al ciudadano, lo que dificulta el
seguimiento estadístico y posiblemente la introducción de mejoras.
Por su parte, el Instituto Social de la Marina no tiene un sistema de registro y seguimiento de las atenciones; además, se observa la imposibilidad de que los ciudadanos sin identificación electrónica puedan efectuar trámites por vía
telefónica o telemática, al no tener un procedimiento de verificación de identidad. Al igual que el INSS, el Instituto de la Marina tampoco cuenta con procedimientos automatizados para la captura de datos previamente introducidos por el ciudadano.
Este informe recomienda al Ministerio de Inclusión que estudie la viabilidad del reconocimiento de oficio de determinadas prestaciones, con el fin de simplificar el acceso de los ciudadanos y reducir cargas administrativas. Al INSS se le
recomienda avanzar hacia un modelo de atención que reduzca progresivamente la presencialidad cuando existan canales alternativos eficaces, optimizar los sistemas de cita previa y reforzar los canales telefónico y telemático, especialmente mediante
sistemas seguros de identificación y una mayor automatización de los procedimientos. A la Tesorería se le recomienda completar la automatización de sus plataformas y mejorar sus herramientas de información y seguimiento para conocer mejor la
demanda de atención, los trámites realizados y las soluciones ofrecidas a los ciudadanos. Y, por último, al Instituto Social de la Marina se le recomienda implantar un sistema de registro y seguimiento de las atenciones y habilitar procedimientos
de identificación en los canales telefónico y telemático, de forma que los ciudadanos puedan realizar más trámites sin necesidad de acudir presencialmente. En conjunto, estos tres informes ponen de manifiesto que la eficacia de las políticas
públicas no depende únicamente del diseño normativo o de la existencia, incluso, de recursos presupuestarios, depende también de la calidad de los sistemas de información, de la interoperabilidad entre las Administraciones, de la capacidad de
gestión, de la automatización de los procedimientos y de que los ciudadanos puedan acceder de forma
efectiva a los servicios y prestaciones que les corresponden. Todas las recomendaciones van dirigidas precisamente a reforzar estos elementos.
Señorías, por mi parte, he terminado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario SUMAR, Izquierda Confederal, la señora Vergara Román.
La señora VERGARA ROMÁN: Haré una referencia superbreve al bloque anterior. Me refiero, presidenta, a un elemento objetivo y económico como las sanciones por no aplicación del reglamento o la reversión de actuaciones financiadas con el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de cinco años obligados de permanencia de las medidas.
Respecto al bloque III, la propagación del COVID19 a partir de enero de 2020 desencadenó, como todas sabemos, una pandemia que ocasionó una enorme pérdida de vidas y tuvo un impacto masivo en todos los ámbitos, sanitario y de salud pública
en primer lugar, pero también en ámbitos sociales y económicos. Cuando comenzó la pandemia carecíamos de muchos sistemas de información y coordinación que hoy sabemos que eran esenciales para emergencias de ese calibre; no teníamos ni los sistemas
ni los medios porque Gobiernos anteriores no consideraron que una tragedia como esa pudiera amenazar a la ciudadanía como lo hizo finalmente. Después lo vimos con la dana y, desde entonces, los avances que los sucesivos Gobiernos de coalición han
implementado y mantenido han supuesto que nuestro país esté mucho mejor preparado para las posibles crisis o pandemias que puedan amenazarnos. Aunque no todo el mundo ha estado de acuerdo. Tenemos como ejemplo los votos en contra del Partido
Popular, VOX y Junts a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública en marzo de 2025. Garantizar una sanidad pública, universal y de calidad debe ser uno de los objetivos de cualquier persona que aspire a gobernar este país. Y respecto a las
comunidades autónomas, que ostentan la mayoría de las competencias, nosotras lo tenemos muy claro, es una vergüenza que sucedan casos como el de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, una vergüenza para la ciudadanía, para la salud y para la
democracia. Por eso, debemos trabajar y mejorar para impedir que escándalos así vuelvan a suceder con impunidad.
Nosotras tenemos un proyecto para la sanidad. El principal objetivo de nuestras políticas públicas es transitar de la idea de sanidad a la de salud. Hay que transitar de la idea de derecho a la protección de la salud a la del derecho a la
salud en todos los ámbitos. Pasar del 'te curo cuando estés enfermo' y del 'mejor prevenir que curar' al 'trabajemos juntas para mantener tu salud, la de tu familia y la de tu comunidad', y además seguir siendo referentes internacionales, como lo
hemos sido en relación con la gestión y atraque del crucero en nuestras costas en territorio insular. Agradecemos al tribunal el análisis y la atención puesta sobre este importante tema y contribuiremos a su mejora, como hemos hecho siempre.
En cuanto al informe de fiscalización del ingreso mínimo vital y el que respecta a la Seguridad Social, comienzo diciendo que el ingreso mínimo vital supuso un cambio de paradigma y una apuesta imprescindible para la reducción de la pobreza
entre las personas que más lo necesitan en nuestro país. Es una medida que, pese a sus defectos, ha supuesto una mejora directa en la vida de muchas y muchos, y es la más potente de lucha contra la pobreza, según confirma el informe. A pesar de
esto, la medida presenta carencias que debemos analizar y mejorar. Recojo especialmente la referencia al umbral de pobreza cuando afirma que el diseño se llevó a cabo sin el establecimiento de objetivos concretos, metas e hitos que permitan
verificar sus efectos y su impacto, por lo que todavía podría ser mayor. Otra de las cuestiones a mejorar es el hecho de que la normativa vincula los conceptos de unidad de convivencia y de domicilio, lo que implica la acreditación de su existencia
cuando los solicitantes están empadronados en establecimientos colectivos o carecen de techo y figuran, por tanto, con un domicilio ficticio; por tanto, no solo deben aportar el certificado de empadronamiento y el libro de familia, sino también
certificados adicionales de los servicios sociales. Además, la emisión de estos certificados ha supuesto
una carga de trabajo muy significativa para los servicios sociales públicos sin recibir los recursos necesarios para su asunción. Y, finalmente, la mayor barrera de acceso es la que supone la burocracia a la que se enfrentan las personas
más vulnerables que quieren solicitarlo. Para acceder a medidas como el ingreso mínimo vital, es necesario realizar ciertos pasos que la mayoría de las personas objeto de la medida, bien por ignorar la medida o sus requisitos, bien por vergüenza o,
sobre todo, por la brecha digital, no realizan. Coincidimos con el tribunal en su valoración de que se debería hacer un análisis profundo sobre si el actual diseño de la prestación y el sistema de revisión de los expedientes es el más adecuado...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.
La señora VERGARA ROMÁN: ... estudiando -voy acabando- la posibilidad de flexibilizar el concepto de unidad de convivencia y reduciendo su extensión.
También podemos afirmar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe mejorar en términos de transparencia y flexibilidad.
En definitiva, las cuestiones de este bloque en los años fiscalizados han recibido importantes empujes por parte de los Gobiernos de coalición e incluso nos han colocado como referentes a nivel mundial en algunos casos. Sin embargo, además
de celebrar los avances, debemos continuar siendo críticas y buscando ámbitos de mejora para conseguir lo más importante, y estas recomendaciones son una aportación significativa para que las políticas públicas lleguen a su público objetivo: las
personas más vulnerables, que son las que más apoyos necesitan del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señora presidenta -me voy a ceñir al ingreso mínimo vital única y exclusivamente-, lo ha dicho usted: la eficacia no trae causa de un texto respetado de la norma. Obras son amores y no buenas razones, y este informe así lo
señala, ya que contiene una conclusión difícil de ocultar, que detrás de toda la historia, propaganda y realidades del escudo social existe un sistema enormemente costoso, burocrático, desordenado y que, además, no está llegando adecuadamente a
buena parte de las personas a las que supuestamente debería llegar.
Vamos a los datos del propio informe. Desde su creación, el ingreso mínimo vital ha supuesto un coste acumulado superior a 8000 millones de euros, de los cuales 3286 millones corresponden únicamente al ejercicio 2023. Sin embargo, frente a
la previsión inicial de más de 831 000 hogares potencialmente beneficiarios, en 2023 solo percibieron efectivamente la prestación algo más de 331 000 hogares. Y, según estimaciones recogidas por el propio informe, el denominado non takeup -es
decir, hogares que podrían acceder a la prestación pero no lo hacen- alcanza el 65,2 %. Traducido en términos sencillos: el sistema deja fuera a una parte enorme de las personas que dice proteger -que dice, no que necesitan protección-. Y quizá
el dato más preocupante de todos ellos sea el que el tribunal señala, que únicamente el 20,78 % de los hogares en situación de pobreza severa percibían el ingreso mínimo vital en 2023. Es decir, casi cuatro de cada cinco hogares en pobreza severa
no estaban cubiertos por la principal prestación estatal diseñada precisamente para cubrir, para combatir estas situaciones. Entonces, nos preguntamos: ¿estamos ante una verdadera herramienta de inclusión social o ante un gigantesco mecanismo
burocrático que el Estado exhibe políticamente pero que después no funciona eficazmente sobre el terreno? Hay un evidente problema de gestión y de cobertura. El tribunal describe un sistema fragmentado, apoyado en aplicaciones distintas y bases de
datos integradas insuficientes, hasta el punto de detectarse 667 identificadores personales con 4481 pagos duplicados. Estamos hablando de debilidades estructurales de control en una prestación de miles de millones de euros, y a ello se suma la
lentitud administrativa. Las solicitudes tramitadas a través de los CAISS representaban en 2023 un tiempo medio
de mecanización superior a 73 días, mientras que la fase manual de captura alcanzaba más de 56 días. Es decir, ciudadanos en situación de vulnerabilidad esperando meses atrapados en circuitos administrativos lentos y complejos, muchas veces
incomprensibles, y cuando esas resoluciones llegan, desgraciadamente, el problema continúa. Hasta diciembre de 2023, se habían presentado más de 228 000 reclamaciones previas contra resoluciones del ingreso mínimo vital, incumpliéndose en cerca del
70 % de los casos el plazo legalmente previsto para resolverlas. Todo ello dibuja una imagen muy preocupante, pero, además, el propio informe deja entrever una cuestión de enorme trascendencia política y social: el Tribunal recuerda que la tasa de
pobreza entre extranjeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea alcanza el 57 %. Y ese dato no puede despacharse superficialmente, porque refleja hasta qué punto las políticas migratorias impulsadas durante años están generando
bolsas crecientes de vulnerabilidad, dependencia asistencial y presión sobre los servicios públicos. Una política migratoria seria no puede consistir simplemente en incrementar flujos de entrada mientras después el propio Estado reconoce enormes
dificultades para integrar social, laboral y económicamente a parte de esa población. El propio informe refleja, además, una creciente complejidad administrativa y documental derivada de determinados procedimientos vinculados a solicitudes de
protección internacional, acreditación de residencia, vínculos familiares o documentación procedente de países en conflicto. Es decir, es un sistema cada vez más difícil de controlar, más burocratizado y más expuesto a errores. Y es que, cuando el
Estado promete abarcarlo todo, pero ni siquiera es capaz de gestionar adecuadamente prestaciones básicas, lo que se genera es una gran frustración en los ciudadanos afectados, y eso probablemente sea lo más grave.
Acabo, señor presidente. En definitiva, cabe hablar de aquellas diferencias entre la caridad como virtud teologal, la limosna como acto material sobrevenido, particular, urgente y concreto, y la ayuda asistencial mediante la intervención
pública, que es esto, el ingreso mínimo vital, como puente, como tránsito hacia la promoción humana integral. Eso debería ser el ingreso mínimo vital, y por eso ese ingreso mínimo vital debería tener en cuenta una prioridad, y la prioridad de la
que estoy hablando es la prioridad nacional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Huelva.
El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
Yo me voy a referir a los tres informes, porque creo que los tres informes son importantes, no solo uno de ellos. En primer lugar, quiero agradecer de verdad -no como una frase hecha, sino de verdad- el trabajo técnico y exhaustivo
realizado por el Tribunal de Cuentas en los informes de hoy y en aquellos sobre los que trabajamos y deliberamos en todas las comisiones, porque, si algo nos ofrecen estos trabajos, es una radiografía rigurosa de cómo nuestras instituciones han
respondido y están respondiendo en estos momentos extraordinariamente complejos y donde siguen existiendo, por supuesto, ámbitos de mejora.
Permítanme comenzar por una idea que, desde mi punto de vista, es esencial. Quien lea estos informes con honestidad intelectual encontrará problemas. Sí, claro que va a encontrar problemas, pero encontrará también algo mucho más
importante, que es un Estado que ha tenido que adaptarse, que ha tenido que modernizarse y responder a desafíos inéditos, especialmente tras la pandemia, y lo ha hecho protegiendo derechos y reforzando servicios públicos.
En relación con el informe sobre los sistemas de información de sanidad y de salud pública, conviene decir las cosas como son. El tribunal señala deficiencias relevantes en interoperabilidad, coordinación o capacidad tecnológica durante la
pandemia, pero también deja claro algo esencial, que la COVID19 tuvo una magnitud desconocida hasta entonces y desbordó todos los sistemas de información en España y en buena parte del mundo. Más aún, el propio tribunal reconoce que antes de la
pandemia ya existían debilidades
estructurales y una reducción significativa de inversiones tecnológicas entre los años 2012 y 2019. Y eso creo -creemos en mi grupo parlamentario- que es importante plasmarlo, porque algunos pretenden presentar dificultades de 2020 como si
hubieran surgido por generación espontánea, de la nada. Frente a ello, el informe también reconoce algo que quizás algunos omiten deliberadamente, y es que el Ministerio de Sanidad desarrolló en un tiempo extraordinariamente reducido, récord,
nuevos sistemas para monitorizar pruebas diagnósticas, capacidad asistencial, vacunación y control de viajeros internacionales. Incluso el tribunal hace una valoración positiva de herramientas interoperables, como es el SERLAB, implantadas en plena
emergencia sanitaria. Es decir, había carencias, sí, pero también hubo capacidad de reacción, inversión y modernización.
Señorías, si vamos al informe sobre la atención al ciudadano en la Seguridad Social, creo que hay que evitar dos simplificaciones: ni negar que haya dificultades ni caricaturizar la realidad. El tribunal refleja problemas objetivos,
especialmente en el acceso a la cita previa, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en determinadas cargas de trabajo, pero también contextualiza que la pandemia obligó a acelerar una transformación radical de los canales de atención y
que esa presión se vio incrementada por nuevas prestaciones sociales, como el ingreso mínimo vital. Aquí hay un dato importante. El informe reconoce una fuerte expansión y consolidación de los canales telemáticos y telefónicos, el esfuerzo del
personal, la reorganización de unidades y una transformación profunda del modelo de atención, especialmente en la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Queda trabajo por hacer? Sin ninguna duda, pero sería injusto ignorar el enorme esfuerzo
de modernización de un sistema que atiende millones de trámites y de prestaciones.
Llegamos al ingreso mínimo vital y aquí quiero ser especialmente claro. El propio tribunal define el ingreso mínimo vital como la medida más importante de lucha contra la pobreza de nuestro país. Es la primera conclusión políticamente
relevante. El debate no es si debiera existir o no, porque hoy protege cientos de miles de hogares, sino cómo mejorar su alcance y su eficacia. Por supuesto que el informe señala retos -coberturas insuficientes, retrasos en las resoluciones o
dificultades administrativas- y debemos tomarlos en serio, señorías, pero conviene recordar algo: el ingreso mínimo vital nació en plena pandemia, en el momento de mayor emergencia social en décadas, precisamente para proteger a quienes más lo
necesitaban. Lo fácil habría sido a lo que está acostumbrado el Partido Popular, a mirar hacia otro lado. Lo responsable fue construir una herramienta nueva, compleja, mejorable -sí, mejorable-, pero imprescindible.
Aquí, señora presidenta, le quiero hacer tres preguntas. ¿Considera el tribunal que las debilidades detectadas en los sistemas de información sanitaria respondían exclusivamente a la gestión de la pandemia o existían elementos estructurales
previos que condicionaron la capacidad de la respuesta? Conforme al informe de la Seguridad Social, le quiero hacer la siguiente pregunta: ¿comparte el tribunal que, pese a las dificultades detectadas, se ha producido una transformación relevante
en los canales telemáticos y telefónicos de atención a los ciudadanos?
Por último, sobre el ingreso mínimo vital, ¿puede afirmar el tribunal que el reto principal del ingreso mínimo vital...?
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando.
El señor HUELVA BETANZOS: Sí, termino, presidente.
¿... es su mejora en cobertura y gestión, más que la validez de la herramienta como política pública de lucha contra la pobreza?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Bienvenida una vez más, presidenta.
En cuanto al informe de fiscalización del ingreso mínimo vital de los ejercicios 2022 y 2023, quiero reiterar -ustedes lo dicen- que es el mecanismo más potente para luchar contra la pobreza. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2025, de
acuerdo con datos del INE, había un 25,7 % de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, a pesar del fomento de este mecanismo. Por lo tanto, mucho no ha solucionado. Solo un 21 % de la población en situación de pobreza severa recibió
esta prestación en el año 2023. También han dicho que en el 43 % de las solicitudes se supera el plazo máximo de resolución de seis meses. Poca preocupación del Gobierno en ayudar a los más vulnerables.
Un informe de la AIReF de febrero de 2026 nos dice que ha llegado al 20 % de la población, pero que podría o debería haber llegado al 50 %. ¿Usted qué opina de este informe que seguro que conoce, presidenta?
Si hablamos de datos acumulados -usted también lo ha dicho- desde que entra en vigor en junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, hay más de 2 332 000 solicitudes acumuladas, pero un 63,68 % de quienes podrían acceder no lo hacen, bien
por incumplimiento de ingresos, bien por falta de acreditación o, incluso, por errores del padrón. Hay que decirlo, presidenta, todo es fruto de una desorganización total y absoluta. Encima, cuando se concede, es provisional. Nadie ha hablado
aquí de que posteriormente y tras comprobaciones, les llega una carta a los más vulnerables diciéndoles que no cumplen los requisitos y tienen que devolver estas prestaciones. Me reitero, si ustedes lo advierten y el Gobierno no toma medidas, ¿qué
falla con esta prestación, presidenta?
Le quería hacer una pregunta. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia). Estamos oyendo estos días que el Gobierno ha desviado 1300 millones de fondos europeos para pagar el ingreso mínimo vital; la prórroga
presupuestaria de 2023 no permite alterar el destino final de los fondos europeos. ¿Qué opina usted, presidenta, de este tema del desvío de fondos para pagar esta prestación?
Continuamos con los otros dos informes. En cuanto al informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, se pone en evidencia que la sanidad no estaba al día en cuanto a sistemas de información, y se
demuestra así cuando llega la pandemia. Es un problema que arrastra desde hace años. Se ha comentado aquí que el Grupo Popular se opone a la creación de otro -por así decirlo- chiringuito, pero es que por real decreto se crea la Red Estatal de
Vigilancia en Salud Pública en junio de 2024 y fíjense qué interés tiene el Gobierno que hoy no hay desarrollo reglamentario. El sistema SiViEs, que vigila las epidemias, no estaba preparado para responder a una pandemia, pero tampoco para
controlar la entrada de viajeros internacionales. Además, la vigilancia de infecciones, como, por ejemplo, la del sida, se hace con una herramienta tecnológicamente desfasada, que no funciona desde el año 2020, además de no cumplir con la
protección de datos que son sensibles. Llegados hasta aquí, en 2026, presidenta ¿qué medidas ha tomado el Gobierno en estas materias para mejorar la situación? ¿Sigue sin haber el control de datos sensibles? ¿Seguimos desprotegidos en cuanto a
sistemas de información ante futuras pandemias?
Por último, respecto al informe de fiscalización de atención al ciudadano por las entidades de la Seguridad Social del ejercicio 2023, aprobado en Pleno del 25 de septiembre de 2025, no creo que debamos entrar en mucho debate si quienes
estamos aquí conocemos de sobra la existencia de un mercado negro de citas de la Seguridad Social, en el cual los ciudadanos llegan a pagar más de 100 euros para ser atendidos. Los problemas de los ciudadanos para ser atendidos son más que
evidentes. Los trámites digitales hay que facilitarlos al máximo, sí, pero también los presenciales, y en la Seguridad Social es un imposible. De hecho, desde el Grupo Popular hemos presentado mociones para mejorar esta situación y reforzar la
atención presencial de la Seguridad Social -en concreto en el Senado- y el Grupo Socialista las ha votado en contra. Ya no estamos en pandemia y las medidas que se tomaron en aquel momento, hace seis años, no pueden perdurar en el tiempo. Lo que
no entiendo es cómo el Defensor del Pueblo no inicia actuaciones en esta materia. El Tribunal de Cuentas lo detalla también en su informe y la situación no ha mejorado. ¿Qué podemos hacer, presidenta, ante estas situaciones que ustedes reflejan en
sus informes?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora Alía.
Para contestar las preguntas de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Varias cosas. En primer lugar, no sé por qué en algunas ocasiones me siento interpelada como si fuera Gobierno, y quiero aclararles que en absoluto soy Gobierno. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Quiero que lo tengan claro:
aunque a ustedes se lo parezca, no soy Gobierno. (Rumores). No lo tienen claro. (El señor Beamonte Mesa: No lo teníamos claro.-La señora Vergara Román: Es que cuando ellos gobiernan intentan que sí. Por eso no lo tenían claro).
El señor PRESIDENTE: No dialoguen, por favor. Está en uso de la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas. Después, a la salida, vamos a la cafetería y dialogamos lo que quieran.
Señora presidenta, cuando quiera.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Hay cosas que me preguntan que no es a mí a quien deberían preguntar, sino al Gobierno.
Los informes del Tribunal de Cuentas tienen no solamente un cometido, sino también una doble función que, como se ha dicho a lo largo de la jornada, lo que pretende es, primero, hacer una foto del estado de las cuentas de cada institución
que fiscalizamos (rumores)...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): ... y, segundo, intentar contribuir a que la gestión pueda ser lo mejor posible. No analizamos ni decidimos sobre la bondad o la no bondad de las normas que se ponen en vigor
por los Gobiernos; se trata de identificar qué problemas hay en ese caso -fundamentalmente de gestión- y en estos tres últimos informes para que sean efectivas unas medidas que se han adoptado. En los propios informes, como decía el señor Huelva,
se ponen de manifiesto muchas dificultades o muchas deficiencias de gestión. ¿Y qué hacemos? Pues ustedes son los que controlan políticamente al Gobierno y entiendo que lo hacen bien. Yo lo único que ofrezco es un panorama técnico de cómo está la
cuestión.
Los informes también reflejan algunos datos que se producen, porque son una foto de la situación. Por ejemplo, en el caso del ingreso mínimo vital recogen el número de personas que lo reciben y que antes no lo recibían. Cada uno valora
esto -cada grupo político, cada persona incluso- como le parece mejor, pero nosotros lo único que hacemos es decir: Esto es lo que hay, tantas personas lo reciben. ¿Tenían que ser más? Posiblemente. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha funcionado
este sistema de gestión, que no ha funcionado este sistema de información. Y eso es lo que puedo anotar. ¿Qué pueden ustedes hacer? Pues para los sistemas de información esto; para los sistemas de gestión aquello. Después de esta actuación,
nosotros no tenemos más que hacer porque ya le he dicho antes que nosotros hacemos recomendaciones y se ha terminado el asunto. No tenemos más posibilidades, más que hacer un seguimiento de recomendaciones que les volvemos a traer a ustedes. Es un
tema de gestión general y es un tema de consideración política.
Yo les agradecería muchísimo -lo he dicho en varias ocasiones porque entiendo que está siendo bastante inédito- que no intenten hacernos jugar la lógica de los partidos. El Tribunal de Cuentas es un organismo técnico, compuesto por
ochocientos funcionarios que hacen el trabajo de base. Entonces, nuestra interlocución es en ese aspecto y en ningún otro puede serlo. Yo estaría haciendo algo que no debo y ustedes me deberían demandar que no lo hiciera porque no debo hacerlo.
Y en cuanto a lo que usted me ha dicho de los millones de los fondos europeos, tengo que decirle que entiendo que pretende adelantar una discusión que no se va a producir hoy, por lo visto, pero rotundamente le digo que no se ha destinado
ningún fondo europeo
a ninguna cuestión que no haya sido.... O sea, hoy o no sé qué día, lo confirman tres comisarios europeos. En cualquier caso, lo veremos en el día que corresponda. Pero, categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos
para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
De nuevo, gracias a la presidenta, al equipo del Tribunal de Cuentas, por esta comparecencia.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): ¿Me permite un momento?
El señor PRESIDENTE: Claro que sí, presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Solo un momento, porque se me ha olvidado una cosa.
Es que, además, si leen bien el informe, en ningún momento pone que se hayan utilizado fondos; ni siquiera en los votos concurrentes. Pero, es más, ni siquiera en el voto particular de la declaración. El día que presente la cuenta general
hablaremos más despacio de este asunto. Pero, vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran.
Antes, en el segundo de los informes, se me olvidó ofrecerles -si quieren- conocer la plataforma de rendición de cuentas. Es una plataforma que utilizan todas las entidades locales. Si les interesa la explotación está a su disposición,
bien aquí o bien los responsables de la aplicación pueden venir a explicársela para que sepan con qué mecanismos rinden las cuentas las entidades locales a través de los propios OCEX y a través del Tribunal de Cuentas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
Insisto, gracias también a los grupos por el debate.
Hacemos un receso para despedir a la presidenta y, a continuación, votamos las propuestas de resolución. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000210 y número de expediente del Senado 771/000207).
El señor PRESIDENTE: Se les ha repartido la aclaración del primer punto de la votación a los distintos portavoces.
Votamos el bloque I. Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión implantados por la entidad pública empresarial, Red.es, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de
2024. Propuestas de resolución presentadas por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos de la 2 a la 8. Las propuestas números 4, 6 y 7 se votan en los términos acordados por la Mesa que hemos celebrado anteriormente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Un señor diputado: La 5 y la 8 se habían retirado, ¿verdad?). Sí. Las número 5 y 8 saben ustedes que se han retirado, como hemos acordado en la Mesa anterior.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos las propuestas que van de la número 9 a la número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas que van de la 13 a la 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000213 y número de expediente del Senado
771/000210).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2023.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, la número 1 y la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las del Grupo Parlamentario VOX, de la número 3 a la número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de la 7 a la 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000214 y número de expediente del Senado
771/000211).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2023.
Votamos las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, la número 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos de la número 3 a la número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de la 6 a la 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS GASTOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTAS FINANCIADOS CON CARGO A SUBVENCIONES
PÚBLICAS, EJERCICIOS 2021 Y 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000181 y número de expediente del Senado 771/000178).
El señor PRESIDENTE: Votamos el bloque II. Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de
estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicios 2021 y 2022.
Resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, de la número 1 a la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las número 8 y 9 de VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, la número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las número 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PROGRAMA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO FINANCIADO CON FONDOS NEXT GENERATION: ESPECIAL REFERENCIA A LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000162 y número de expediente del Senado 771/000159).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el bloque III. Informe de fiscalización de la implementación por las comunidades autónomas del programa para la digitalización del sistema educativo financiado con fondos Next Generation: especial
referencia a la dotación de dispositivos portátiles para la reducción de la brecha digital.
Votamos las resoluciones del Grupo Popular, de la número 1 a la número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 9 a la número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA Y LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SUS EDIFICIOS PÚBLICOS (ENERO 2022MARZO 2024). PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000166 y número de expediente del Senado 771/000163).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas de La Rioja y de la Región de Murcia para el ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos.
Votamos las resoluciones del Partido Popular, de la número 1 a la número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las del Grupo Socialista por separado. La número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la 7, de la 10 a la 13 y de la 15 a la 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las número 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000173 y número de expediente del Senado 771/000170).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar las resoluciones del informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2022... (Rumores). Por favor,
señorías, silencio. (Un señor diputado: ¡Qué sensible estás!). Por favor, soy más joven que usted. Un poco de respeto.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos de la número 1 a la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 8 a la número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS UNIVERSIDADES Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000174 y número de expediente del Senado 771/000171).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las universidades y sus entidades dependientes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2022.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la número 1 a la número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de la 7 a la 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000185 y número de expediente del Senado 771/000182).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la evaluación de las perspectivas de género en el proceso de la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas: los informes de impacto de género.
Votamos las resoluciones del Grupo Popular, de la número 1 a la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de la 5 a la 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000204 y número de expediente del Senado 771/000201).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los fondos de compensación interterritorial de las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo autonómico, ejercicio 2023.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, de la número 1 a la número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al no tener más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y nueve minutos de la tarde.