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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 160, de 18/05/2026
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 160
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO FABRA PART
Sesión núm. 45
celebrada el lunes,
18 de mayo de 2026
ORDEN DEL DÍA
Posposición de los siguientes puntos del orden del día:
- Preguntas:
- Gobiernos europeos que se comprometieron a apoyar la iniciativa de oficializar el uso de las lenguas regionales españolas en las instituciones de la Unión Europea con ocasión del Consejo de Asuntos Generales del día 27/05/2022, y tipo de
concesiones por parte de España a cambio.
Autor: Flores Juberías, Carlos (GVOX) Sánchez García, José María (GVOX)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001329 y número de expediente del Senado 683/000263) ... (Página4)
- Posibilidad de garantizar, por el Gobierno, la ejecución del 100 % de los fondos Next Generation.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP) Bravo Baena, Juan (GP) Conde López, Francisco José (GP) Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) Fabra Part, Alberto (GP) Rodríguez Herrer, María Elvira (GP) Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
DelgadoTaramona Hernández, Jimena (GP) Garrido Valenzuela, Irene (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001807 y número de expediente del Senado 683/000413) ... (Página4)
- Cuantía que han recibido realmente los beneficiarios finales de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en términos de contabilidad nacional (ejecución real) y porcentaje de dicha ejecución que se ha asignado a
entidades u organismos públicos, así como a empresas del sector privado.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP) Bravo Baena, Juan (GP) Conde López, Francisco José (GP) Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) Fabra Part, Alberto (GP) Rodríguez Herrer, María Elvira (GP) Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
DelgadoTaramona Hernández, Jimena (GP) Garrido Valenzuela, Irene (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001808 y número de expediente del Senado 683/000414) ... (Página4)
Preguntas:
- Motivo de que la Comisión Europea haya abierto expediente al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP) Fabra Part, Alberto (GP) Conde López, Francisco José (GP) Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Agüera Gago, Cristina (GP) DelgadoTaramona Hernández, Jimena (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP) Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001809 y número de expediente del Senado 683/000415) ... (Página5)
Proposiciones no de ley:
- Relativa al fracaso del Gobierno en la adaptación de la legislación europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003193 y número de expediente del Senado
663/000217) ... (Página11)
- De rechazo a la propuesta de Acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Económica de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido, por otra. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 161/003296 y número de expediente del Senado 663/000233) ... (Página14)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar un enfoque integrado que aborde el cambio climático y los riesgos de corrupción asociados a la transición ecológica como factores que inciden directamente en la seguridad europea. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003345 y número de expediente del Senado 661/001968) ... (Página18)
Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) número 999/2001, (CE) número 1829/2003, (CE) número 1831/2003, (CE) número 852/2004, (CE) número 853/2004, (CE) número 396/2005, (CE)
número 1099/2009, (CE) número 1107/2009 y (UE) número 528/2012 y (UE) número 2017/625 en lo que respecta a la simplificación y el refuerzo de los requisitos de seguridad de los alimentos y los piensos COM (2025) 1030. Por acuerdo de la Comisión
Mixta para la Unión Europea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000147 y número de expediente del Senado 574/000107) ... (Página21)
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1814 en lo referente al cese de la invalidación de derechos de emisión en la reserva de estabilidad del mercado COM (2026) 153. Por
acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000148 y número de expediente del Senado 574/000109) ... (Página23)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página24)
SESIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA CELEBRADA EL LUNES 18 DE MAYO DE 2026
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
POSPOSICIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
- PREGUNTAS:
- GOBIERNOS EUROPEOS QUE SE COMPROMETIERON A APOYAR LA INICIATIVA DE OFICIALIZAR EL USO DE LAS LENGUAS REGIONALES ESPAÑOLAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON OCASIÓN DEL CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES DEL DÍA 27/05/2022, Y TIPO DE
CONCESIONES POR PARTE DE ESPAÑA A CAMBIO.
AUTOR: FLORES JUBERÍAS, CARLOS (GVOX) SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA (GVOX)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001329 y número de expediente del Senado 683/000263).
- POSIBILIDAD DE GARANTIZAR, POR EL GOBIERNO, LA EJECUCIÓN DEL 100 % DE LOS FONDOS NEXT GENERATION.
AUTOR: MARCOS ORTEGA, MILAGROS (GP) BRAVO BAENA, JUAN (GP) CONDE LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ (GP) OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP) FABRA PART, ALBERTO (GP) RODRÍGUEZ HERRER, MARÍA ELVIRA (GP) CARBALLEDO BERLANGA, MARÍA EUGENIA (GP)
DELGADOTARAMONA HERNÁNDEZ, JIMENA (GP) GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001807 y número de expediente del Senado 683/000413).
- CUANTÍA QUE HAN RECIBIDO REALMENTE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (EJECUCIÓN REAL) Y PORCENTAJE DE DICHA EJECUCIÓN QUE SE HA ASIGNADO A
ENTIDADES U ORGANISMOS PÚBLICOS, ASÍ COMO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO.
AUTOR: MARCOS ORTEGA, MILAGROS (GP) BRAVO BAENA, JUAN (GP) CONDE LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ (GP) OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP) FABRA PART, ALBERTO (GP) RODRÍGUEZ HERRER, MARÍA ELVIRA (GP) CARBALLEDO BERLANGA, MARÍA EUGENIA (GP)
DELGADOTARAMONA HERNÁNDEZ, JIMENA (GP) GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001808 y número de expediente del Senado 683/000414).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Si les parece, damos inicio a esta sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Había cuatro preguntas que iban a formular sus señorías, pero al final ha habido una solicitud por parte del Gobierno para no dar contestación a tres de ellas porque tenían una
coincidencia con otro acto. Lo que hemos hecho ha sido, en la Mesa y portavoces previa a esta comisión, convocar otra sesión de la comisión el miércoles a las cuatro para que se dé contestación a esas tres preguntas.
PREGUNTAS:
- MOTIVO DE QUE LA COMISIÓN EUROPEA HAYA ABIERTO EXPEDIENTE AL REINO DE ESPAÑA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES.
AUTOR: MARCOS ORTEGA, MILAGROS (GP) FABRA PART, ALBERTO (GP) CONDE LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ (GP) CARBALLEDO BERLANGA, MARÍA EUGENIA (GP) HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, PABLO (GP) AGÜERA GAGO, CRISTINA (GP) DELGADOTARAMONA HERNÁNDEZ, JIMENA (GP)
FLORIANO CORRALES, CARLOS JAVIER (GP) GALLARDO BARRENA, PEDRO IGNACIO (GP) RODRÍGUEZ HERRER, MARÍA ELVIRA (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001809 y número de expediente del Senado 683/000415).
El señor PRESIDENTE: Hoy sí que contamos con don Alejandro Dorado Nájera, comisionado para la Economía Circular, para responder a la pregunta que queda todavía viva para la contestación solicitada por sus señorías. La pregunta es el motivo
por el que la Comisión Europea ha abierto expediente al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres.
Ha sido presentada por el Partido Popular y tiene la palabra su portavoz, la señora Marcos Ortega, para la formulación de la pregunta.
Como saben, tienen un tiempo de diez minutos cada uno, que pueden administrar en los dos turnos como quieran.
La señora MARCOS ORTEGA: Gracias, presidente.
Señor Dorado, buenas tardes. Mi pregunta es muy clara. ¿Por qué el Gobierno de España sigue incumpliendo deliberadamente la directiva hábitats, la legislación nacional y las obligaciones europeas en materia de gestión de hábitats naturales
y fauna silvestre, pese a los reiterados requerimientos de las comunidades autónomas, pese al expediente abierto por la Comisión Europea y pese a disponer de informes técnicos oficiales ya aprobados por los órganos competentes?
Conoce perfectamente cómo hemos llegado a esta situación, porque ustedes mismos la han provocado. Hace un año la Unión Europea modificó el marco jurídico para proteger determinadas especies -entre ellas, el lobo- y garantizar una gestión
compatible con la conservación y con la supervivencia del medio rural. La mayoría parlamentaria aprobó adaptar la regulación nacional a la europea y el mecanismo para hacerlo; con el Gobierno y el Partido Socialista en contra, aquí y en Bruselas,
es cierto. Un año después, el Gobierno sigue intentando imponer su criterio contra Europa y contra la voluntad de este Parlamento, y además está utilizando el bloqueo administrativo, la inacción institucional y maniobras procedimentales de todo
tipo para impedir su aplicación.
La realidad en España es demoledora. Su sectarismo doctrinario lo pagamos todos, pero sobre todo las cerca de 450 especies animales y los 115 hábitats naturales que forman parte del informe sexenal y que ustedes están poniendo en peligro
impidiendo que se actualice por pura ideología. La directiva hábitats habla de conservación, no de abandono, ni de descontrol, ni de imponer una visión ideológica ignorando la realidad técnica. ¿Piensa que pueden hacer lo que quieran e incumplir
sin más? ¿Piensa que esto
no tendrá consecuencias nefastas? Las está teniendo ya para los ciudadanos y para el medioambiente. ¿Piensa que no tendrá coste administrativo, judicial e incluso penal para el Gobierno? Pues se equivoca, se equivoca. Están atentando
contra el medioambiente, contra las personas y contra el Estado de derecho. El artículo 16 de la directiva es muy claro: los Estados miembros tienen obligación de actuar y controlar la población de fauna silvestre cuando haya problemas para las
personas o para el mundo rural. Los accidentes de tráfico vinculados a fauna silvestre, según sus propios datos, se han duplicado, con pérdida de vidas humanas y de todo tipo de animales silvestres. ¿Sabe que hay lobos en las puertas de los
colegios y de las iglesias en Asturias, Cantabria y País Vasco, por ejemplo? ¿Sabe que España es el único país europeo en el que ha habido más de diez enfermedades epidémicas de animales coincidentes relacionadas con el descontrol de la fauna
silvestre? ¿Sabe el riesgo que eso supone para la salud humana? ¿No ha escuchado que cada vez hay más enfermedades que se transmiten a humanos? ¿O piensa que cuando la directiva hábitats, los epidemiólogos, los veterinarios, los agrónomos y los
expertos en salud pública alertan del riesgo de no gestionar la fauna lo hacen por diversión? ¿Sabe el perjuicio de que desaparezca la ganadería extensiva que mantiene limpio el monte previniendo incendios? Pues, mire, hay tres millones de cabezas
de ganado menos y más de cincuenta animales asesinados por lobos cada día. ¿Ese es el equilibrio ecológico que pretenden conseguir? Para mí es un atentado contra el medio ambiente sin ninguna duda. ¿No le parece que ya está bien de obligarnos a
sufrir su enfermiza ideología?
Ahora vamos a ir con la parte procesal. Sepa que prevaricar por ideología también es prevaricar, y están prevaricando sin ningún pudor. Estaban obligados por ley a aprobar en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el Informe Sexenal
20192024 previsto en el artículo 17 de la directiva hábitats y a remitirlo a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025. Ese informe fue aprobado técnicamente el 16 de julio del año pasado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, es decir, por los técnicos oficiales del Estado y las comunidades autónomas, funcionarios de carrera de todas las Administraciones públicas. En él se actualiza el estado de esos 145 hábitats y esas 450 especies y, entre otras
cosas, se concluye que el estado de conservación del lobo es favorable en las regiones atlántica y mediterránea, lo que implica que las comunidades autónomas deben gestionarlo para evitar problemas a la población y para asegurar el equilibrio y la
conservación de la especie. Pero como los datos reales de una especie, el lobo, desmontaban su relato político, decidieron bloquear el procedimiento. Desconvocaron unilateralmente la conferencia sectorial y se han negado a convocarla hasta en tres
ocasiones en que las comunidades autónomas lo han pedido formalmente, dos en 2025 y una en 2026. Algunas hasta han presentado ya recurso contenciosoadministrativo, como Castilla y León. Llevan casi un año evitando deliberadamente convocarla para
impedir el envío del informe sexenal a Bruselas. Y eso es prevaricar. Primero, porque el reglamento interno de funcionamiento de la conferencia les obliga a convocarla cuando lo solicita al menos un tercio de las comunidades autónomas. Se lo han
solicitado catorce de diecinueve, y no son todas ultra, ¿eh? Mire, aquí tiene incluso al Gobierno vasco solicitándoselo. (Muestra un documento). Y, segundo, porque estamos hablando de una negativa consciente a permitir que el órgano colegiado
ejerza las competencias que la ley le atribuye.
Señor comisionado, lo peor es que para sortear esa obligación legal están haciendo el ridículo más espantoso, utilizando triquiñuelas de patio de colegio que avergonzarían a cualquier Gobierno decente. Hacen consultas abiertas año y medio
después de finalizar el plazo de cierre del informe. Inventan el número de manadas que debe haber, como si fuera un criterio de la Comisión Europea, cuando incluso la Comisión Europea se lo está desmintiendo. Alegan que no se tuvieron en cuenta
los incendios de 2025. Hombre, claro, es que el informe finaliza en diciembre de 2024; hay que saber contar. Mentiras, diciendo que la Comisión les había ampliado el plazo. La propia comisaria vino aquí negándolo, diciendo que eso era falso y
que les había abierto expediente por incumplimiento. Más mentiras y artificios, provocando llevar el asunto al Tribunal Constitucional, cuando saben
que en nada afecta al envío del informe en tiempo y forma y al cumplimiento de la directiva. Hasta a la nueva fiscal general le abochorna la utilización que hacen del Tribunal Constitucional; a nosotros mucho más y a los ciudadanos
también.
La única finalidad del Gobierno es impedir que el procedimiento legalmente establecido produzca el efecto jurídico para el que está previsto. Y le repito que eso es prevaricar. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara. Primero,
la Administración no puede utilizar mecanismos para vaciar de contenido las garantías legales ni para impedir el ejercicio efectivo de competencias atribuidas a órganos colegiados, y lo están haciendo. Segundo, la inactividad persistente y
deliberada puede equivaler jurídicamente a una negativa abierta a cumplir la ley cuando existe un deber reglado de actuación, y existe. Le guste o no, en un Estado de derecho la Administración no puede elegir qué normas cumple y cuáles bloquea por
razones ideológicas.
Por eso le vuelvo a preguntar: ¿por qué no cumple el Gobierno con la obligación legal de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, elevar el informe sexenal elaborado por los funcionarios expertos de las comunidades autónomas y
enviarlo a la Comisión Europea, tal y como establece la Ley 1/2025 y la directiva hábitats, y tal y como le exige la Comisión Europea? Y le voy a pedir, por favor, que no nos cuente cuentos. Los ciudadanos no estamos para bromas; los del mundo
rural muchísimo menos. Y, desde luego, sus perspectivas procesales me temo que tampoco lo están.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcos.
Para contestar tiene ahora la palabra el comisionado para la economía Circular, don Alejandro Dorado Nájera.
El señor COMISIONADO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR (Dorado Nájera): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, como siempre, señora Marcos Ortega. Antes de contestar a la multitud de imprecisiones, de contradicciones y de mentiras que ha venido exponiendo, voy a intentar explicar realmente cuáles son las razones detrás de esa
apertura del procedimiento de infracción por ausencia de notificación de ese informe sexenal, como ha mencionado, que tenía fecha a 31 de julio de 2025. Una vez transcurridas las prórrogas que se habían acordado, como ha dicho, se ha abierto ese
procedimiento debido a una insólita situación creada por diversas comunidades autónomas y por la inseguridad jurídica también ocasionada por cambios legales que usted conoce bien, cambios recientes en lo relativo al estatus de protección y a la
ficha sexenal del lobo ibérico.
En primer lugar, como bien saben, a través de las modificaciones que ha citado y que, a instancias de partidos de derecha y de extrema derecha, se incluyeron en la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio
Alimentario, se desprotegió al lobo ibérico en el conjunto de nuestro país, sacándolo del LESRPE; ignorando el conocimiento científico, pese a encontrarse el lobo en una situación de conservación desfavorable; pervirtiendo el proceso de inclusión
y exclusión de especies en el listado conforme a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y, además, atribuyéndose el Parlamento una potestad que hasta ese momento residía en el Ejecutivo y privando al conjunto de la sociedad de
la posibilidad de participación pública que garantiza nuestra Constitución.
Adicionalmente, esas modificaciones también introdujeron la necesidad de que, con carácter previo a la remisión a la Comisión Europea, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente apruebe políticamente los informes sexenales de la directiva
hábitats elaborados científicamente por el MITECO, en una perversión sin precedentes del proceso. Cabe reseñar también que esas modificaciones introducidas extemporáneamente a través de la ley de desperdicio alimentario han sido objeto, como bien
conoce, de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo que, como sabe, protege los derechos de todos nosotros, lo que añade un componente de inseguridad jurídica adicional que también ha dificultado la
toma de decisión respecto al envío.
No obstante, y como es su responsabilidad, el ministerio, el MITECO, elaboró los informes científicotécnicos para las especies y tipos de hábitats requeridos por el artículo 17 de la citada directiva, que se encuentran preparados en su
totalidad desde julio de 2025 y listos para ser enviados a la Comisión Europea. En particular, para el caso del lobo ibérico, el informe científicotécnico del MITECO se ha basado en los propios datos objetivos proporcionados por las
Administraciones autonómicas, en el conocimiento científico y técnico existente y en el ejercicio de las competencias del ministerio de evaluar y velar por el estado de la especie en el conjunto del país. Dicho informe, que concluye objetivamente
que el lobo se encuentra en situación de conservación desfavorable en nuestro país, fue ya también compartido con la Comisión Europea mediante un escrito del secretario de Estado de Medio Ambiente el 5 de agosto de 2025. En paralelo, cuatro de las
comunidades autónomas han remitido informes alternativos con criterios divergentes que, lejos de esa mirada global y científica del informe del MITECO, responden a presiones políticas y sociales locales más que a una evaluación técnica y científica
rigurosa. No obstante, esos informes también fueron puestos a disposición de la Comisión Europea en el escrito remitido por el secretario de Estado de agosto de 2025, junto a un preciso razonamiento de por qué el MITECO considera inadecuada la
evaluación realizada por las autoridades autonómicas interesadas. Sobre la base de esto, y ante la divergencia existente entre el ministerio y las comunidades autónomas, no se ha llegado a producir la aprobación de los informes sexenales en la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, lo que ha generado la imposibilidad de que se pudieran reportar a la Comisión Europea.
En segundo lugar, desde el ministerio nos preocupa el impacto que sobre el lobo hayan podido tener los importantes incendios en verano de 2025 que ha nombrado, porque podrían haber afectado de manera significativa la situación y el estado de
conservación de una especie que ya se encontraba previamente en estado desfavorable de conservación. Además, los incendios se concentraron en comunidades autónomas que precisamente albergan alrededor del 90 % de la población de lobos de nuestro
país. Se solicitó a las comunidades autónomas que nos aportaran datos sobre la incidencia de los incendios sobre esa especie, sin que se haya obtenido respuesta por su parte.
En tercer lugar, tras la aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y la subsiguiente salida del lobo del LESREP por criterios políticos, algunas comunidades autónomas han empezado a exterminar una
cantidad importante de lobos en sus territorios, lo que también afecta al estado de conservación del lobo que, como vengo repitiendo, ya se encontraba en estado desfavorable.
Es importante recordar también que el MITECO recibió una carta abierta suscrita por más de cien científicos y científicas de España por la protección del lobo y por el respeto a la ciencia, en la que se solicitó y justificó que la especie
volviera a estar estrictamente protegida y se mantuviera la consideración de un estado de conservación desfavorable en España, de acuerdo al consenso y al conocimiento científico. Este tipo de consideraciones tendrán oportunidad de verse reflejadas
en el proceso de información pública que usted ha nombrado -y al que no hay que tenerle miedo, señora diputada-, que ha abierto este ministerio, que dura hasta el 27 de mayo y que seguro que enriquecerá la información que se envíe a la Comisión.
De este modo, y para concluir, la coyuntura jurídica y administrativa extraordinaria que afecta al proceso técnico de elaboración y de validación de la ficha del lobo ibérico, con intromisiones políticas en el proceso de algunas comunidades
autónomas y la inseguridad jurídica creada por las modificaciones de dudosa constitucionalidad incorporadas al proceso por fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha, ha motivado esa falta de remisión del informe sexenal a la conferencia
sectorial y a la Comisión Europea, si bien los informes técnicos y científicos que demuestran que el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable están elaborados desde 2025 y preparados por parte del MITECO para ser enviados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor comisionado.
Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por los dos minutos y sesenta y cuatro segundos de tiempo que le restan.
La señora MARCOS ORTEGA: Señor Dorado, le repito que prevaricar por ideología también es prevaricar. ¿Mienten todas las comunidades autónomas? ¿Miente la comisaria europea cuando dice que no les ha ampliado el plazo y que les ha abierto
un expediente? ¿O miente usted? ¿Provoca inseguridad jurídica cumplir una ley y una directiva europea? ¿A quién le provoca inseguridad jurídica? ¿Pero cómo puede decir eso? Se ignora a la sociedad cuando se impone la ideología, no cuando se
cumplen las leyes aprobadas por la mayoría del Parlamento, le gusten a usted o no. Ahora dice que las apoyaron la derecha y la de extrema derecha, o sea, ahora sus socios de gobierno son también de extrema derecha. Oiga, que las apoyaron. ¿Pero
qué está diciendo? Dígame en qué artículo de qué norma está previsto que año y medio después de finalizar el periodo que recoge el informe sexenal, diciembre de 2024, hay que lanzar una consulta pública sobre qué efectos jurídicos tiene lo que
debería estar enviado a la Comisión Europea hace más de un año. Se lo digo yo: ninguno.
Sabemos que para usted solo son expertos quienes les dicen lo que quieren oír, pero a los ciudadanos no nos valen ya más soflamas de quienes dependen de las subvenciones del Gobierno para sobrevivir. Y no le voy a consentir que ponga en
entredicho la profesionalidad de los compañeros funcionarios de carrera con años de experiencia en la conservación de sus hábitats solo porque le dicen la verdad y no lo que usted quiere escuchar. Ni les vamos a consentir que hagan chantaje y
terrorismo presupuestario para dejar sin indemnizaciones a los ganaderos que han perdido miles de cabezas de ganado porque ustedes impiden que se cumplan las leyes. No son capaces de aprobar el presupuesto, hacen el trilero con los fondos europeos
y transfirieron los 20 millones de euros de los ganaderos al Plan MOVES III para el coche eléctrico; mientras, usted por escrito me contesta que han tenido problemas presupuestarios o problemas de gestión administrativa. Miren, no pueden ser más
rastreros. Se quedan con el dinero y tienen la desvergüenza de decir que es porque se ha aprobado una ley que cambia el estatus de protección, cuando ustedes mismos siguen impidiendo que se aplique la ley. Es que eso es no tener vergüenza. Espero
que nos diga cuándo van a transferir el dinero de 2025 y 2026 a los ganaderos. ¿Cuándo?
Termino ya. La biodiversidad se protege escuchando a quienes realmente conocen el territorio: agricultores, ganaderos y funcionarios de carrera de las comunidades autónomas que elaboran los censos oficiales, pisan el monte todos los días y
conocen la realidad ecológica de España. Ellos no tienen que adaptar sus informes para conservar subvenciones ni para sostener un relato político impuesto desde arriba; eso dicho por ellos. La protección de la biodiversidad exige rigor técnico,
legalidad y equilibrio. No puede construirse sobre la asfixia del medio rural, que es quien lo mantiene. Ni puede utilizarse como excusa ideológica mientras se incumple sistemáticamente el derecho europeo, se bloquean procedimientos obligatorios y
se abandonan nuestros pueblos. Convoquen ya la conferencia sectorial para aprobar el informe sexenal elaborado por los funcionarios de las comunidades autónomas. Y le recuerdo de nuevo que prevaricar por ideología también es prevaricar y que
actuar anteponiendo el interés particular o partidista por encima de los intereses generales es la definición más extendida de corrupción.
Muchas gracias, pero no lo olvide. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcos.
Para terminar este turno, tiene la palabra el comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado.
El señor COMISIONADO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR (Dorado Nájera): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Marcos. Yo, en primer lugar, le pediría un poquito de moderación en el tono. Usted ha dicho aquí que somos rastreros; ha llamado a mi ideología 'ideología enfermiza'. No es la primera vez, la anterior ocasión en la
que estuve aquí
también dijo lo mismo. Mi ideología, la de muchos de los compañeros que estamos aquí presentes, no es enfermiza. Podría ser enfermiza si lleváramos a cabo políticas racistas, xenófobas, machistas (aplausos) o si estuviéramos pactando a
cambio de esas políticas en Gobiernos autonómicos, si utilizáramos la prioridad nacional y sus políticas totalmente xenófobas y machistas para intercambiar Gobiernos autonómicos. Mi ideología se merece respeto y así se lo pido.
Entrando al fondo de la cuestión, que es a lo que venimos, usted, en su intervención, como hace de forma habitual -ya es la cuarta vez que nos enfrentamos aquí, en esta comisión-, mezcla los accidentes de tráfico con la presencia del lobo,
cuando precisamente el lobo -y ya lo discutiremos fuera, porque parece que después de cuatro sesiones tampoco lo llega a entender- controla las poblaciones de animales salvajes. Por lo tanto, no puede relacionar, en una contradicción flagrante, el
número de accidentes de coches con la presencia del lobo. Igual que en la presencia de epizootias -que no son epidemias, son epizootias porque vienen de los animales-, el lobo precisamente es un controlador de epidemias. Entonces, no se puede
estar quejando de la presencia de epidemias y a la vez estar llevando políticas que exterminan al lobo y, por lo tanto, la forma que tenemos de controlar esas epizootias y su salto a la ganadería extensiva, su salto a la presencia humana. Con los
accidentes de tráfico, pasa lo mismo.
Utiliza los datos, los pocos datos que da, de forma torticera. Habla de la disminución del número de cabezas de ganado que ha sufrido nuestro país, que es cierta, pero es cierta donde hay presencia del lobo y donde no hay presencia del
lobo. Tiene a una persona a su lado que ha sido consejera en la Región de Murcia. En la Región de Murcia, lamentablemente, la ganadería extensiva sigue disminuyendo; sigue habiendo menor número de ovejas, sigue habiendo menor número de cabras.
No hay lobo ¿desde hace cuántos años? Cien años en la Región de Murcia. Entonces, por la misma razón, podría yo decir que la ausencia del lobo puede explicar la disminución de la ganadería extensiva. No. Hay causas subyacentes que a ustedes no
les importan, porque siguen centrándose en el lobo como cabeza de turco que explica esa bajada del número de reses en nuestras zonas rurales. Son razones que tienen mucho más que ver con las políticas que pueden llevar a la despoblación. Usted ha
sido consejera en una comunidad autónoma, la más despoblada de España; no sé cuánto llevan en el Gobierno, creo que treinta o cuarenta años, y no han sido capaces de frenar la despoblación en Castilla y León y sus políticas han sido expulsadoras de
la gente del mundo rural. Esas políticas son las que explican la disminución del número de reses en nuestras zonas rurales, no la presencia del lobo. La presencia del lobo, según dice el criterio científico -y a ver si después de la cuarta
comparecencia sobre este tema queda claro-, favorece los ecosistemas, favorece el mantenimiento de una biodiversidad que favorece a su vez a la ganadería extensiva, y la ganadería extensiva se beneficia de la presencia del lobo con un control de
enfermedades, con un control de los servicios de esos ecosistemas que benefician.
Lo que hay que hacer es invertir en medidas preventivas, como se hizo en la legislatura pasada en muchos Gobiernos socialistas. A ustedes no les ha dado la gana. Ustedes no han querido invertir en medidas preventivas. Están en una lógica
de confrontación del lobo con la ganadería extensiva, y su única solución es la misma que teníamos hace cien o doscientos años, una solución prehistórica, que es la exterminación. Yo les pediría, por lo menos, un poco de rigor y un poco de
sinceridad y que, en vez de hablar de coexistencia entre ganadería extensiva y presencia del lobo, digan ya a las claras que lo que quieren es exterminar el lobo de nuestros montes, que sean sinceros por lo menos con la ciudadanía. Yo creo que se
merecen esa sinceridad por nuestra parte. Animo sinceramente a sus Gobiernos autonómicos y a los representantes que ustedes tienen en esta Cámara, a empezar a explorar otras alternativas que realmente son buenas para nuestras zonas rurales, que
benefician la ganadería extensiva, que benefician la biodiversidad y que pasan por medidas preventivas y medidas de conservación y de cohabitación.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Marcos Ortega: ¿Vais a cumplir la ley o no?).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dorado, por su intervención.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL FRACASO DEL GOBIERNO EN LA ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003193 y número de expediente del Senado
663/000217).
El señor PRESIDENTE: Despedimos al señor Dorado y pasamos a debatir y votar las proposiciones no de ley que se han presentado por los distintos grupos y que figuran en el orden del día.
La primera de ellas es la relativa al fracaso del Gobierno en la adaptación de la legislación europea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Como saben ustedes, el grupo que presenta la iniciativa dispone de un tiempo de siete minutos; el resto, de tres minutos, tanto para defender las enmiendas como para fijar la posición de cada grupo.
A esta PNL se han presentado dos enmiendas, del Grupo Parlamentario VOX y del Grupo Socialista.
Tiene la palabra, para defender la propuesta, la señora Carballedo por tiempo de siete minutos.
La señora CARBALLEDO BERLANGA: Gracias, presidente.
Hace más de un año esta Comisión aprobó una iniciativa del Grupo Popular en la que denunciábamos la existencia de ochenta y siete directivas europeas, de ellas, treinta y una fuera de plazo. Desde entonces, la situación es límite. Sin ir
más lejos, lo habrán leído, el pasado mes de marzo la Comisión Europea llevó al Gobierno de España a la justicia por negarse a trasponer la directiva -fíjense- que exime del IVA a los autónomos que facturen hasta 85 000 euros. Esta negativa del
presidente Sánchez no solo perjudica gravemente a la pequeña y mediana empresa, que ya está atosigada a impuestos; estamos hablando de un incumplimiento que, además, lleva implícitas sanciones pecuniarias contra España, repito, sanciones
pecuniarias, multas. Este mismo camino lleva otro toque de atención de la Comisión Europea al Gobierno de España por no trasponer otras tres nuevas normas comunitarias sobre transparencia financiera, banca y pruebas electrónicas. Verán que en esto
de faltar a nuestras responsabilidades no nos gana nadie. España es el Estado miembro más incumplidor en la aplicación de la legislación europea. Somos la vergüenza de Europa. Tenemos 101 directivas pendientes de trasponer; ya no son las noventa
de nuestra iniciativa, son 101, cincuenta de ellas con el plazo vencido. Nunca en la historia de España, desde la década de 1990, hemos llegado a este nivel de ninguneo hacia las instituciones europeas.
Esta actitud pasota y arrogante del Gobierno de España no solo nos cuesta muy cara en términos reputacionales, que también, sino que supone un grave quebranto para las cuentas públicas. Fíjense, nuestro país está sometido a noventa y dos
procedimientos de infracción susceptibles de sanción, noventa y dos que sepamos. Se acumulan las infracciones y se acumulan las sanciones, las que propone la Comisión Europea y las que impone el Tribunal de Justicia de la Unión. En 2024 el
Ministerio del Interior hizo frente a dos multas de 15 y 8 millones. En 2025, el Ministerio de Trabajo, 7 millones por no trasponer la directiva de condiciones laborales, y una segunda sanción de otros 15 millones por no trasponer la directiva de
administradores de crédito. En agosto pasado el TJUE impuso a España una multa de 6,8 millones por no trasponer en plazo la directiva de conciliación y permiso parental. Y fíjense que además de estas sanciones se devenga una multa diaria; desde
la publicación de la sentencia del TJUE, una multa cada día en el que no está traspuesta la citada normativa. En el caso de la directiva de administradores de crédito, una multa de casi 90 000 euros al día; en la de conciliación, casi 20 000; en
la de aguas residuales, 17 200; en la del IVA, más de 30 000 euros al día. Es absolutamente inaceptable que el Gobierno de España haga recaer sobre los bolsillos de los contribuyentes su propia incompetencia y su parálisis política y
administrativa. Basta ya. Basta de mentir en las contestaciones que dan a este grupo parlamentario. Basta de
opacidad. Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, que publique en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores un listado actualizado de la normativa europea pendiente de trasponer. Pero no lo hace, no lo quiere hacer. Por eso les
pedimos, señorías, que no sean indiferentes, que no sean cómplices de esta deriva que convierte a España en un país poco fiable, sin credibilidad y sin influencia en Europa.
Miren, estamos en un momento crítico. España está bajo sospecha. Piensen que la Fiscalía Europea solo el año pasado ha recibido 108 denuncias contra España, 108. Ha abierto cincuenta y siete expedientes de todo tipo, desde posibles
fraudes del IVA hasta el uso de los fondos europeos. La Fiscalía hoy está investigando, por ejemplo, el uso de los 111 millones de euros que tendrían que haber servido para hacer obras en las vías del tren en las que, desgraciadamente, en la
localidad de Adamuz, perdieron la vida cuarenta y seis personas -fallecimientos que se podrían haber evitado- y 120 personas resultaron heridas. La Fiscalía Europea hoy también está investigando el caso mascarillas o el caso PSOE; investiga el
desvío de 18 millones de fondos europeos en los servicios de salud de Canarias y de Baleares por la conexión de sus presidentes socialistas de entonces con el ministro Ábalos, hoy en la cárcel. Señorías, damos vergüenza ajena, y por si esto fuera
poco, hemos sabido hace pocos días, gracias al Tribunal de Cuentas, que el Gobierno ha desviado los fondos europeos que deberían estar ya transformando, modernizando la economía española, a financiar gasto corriente; otro burdo intento de tapar su
incapacidad, su incapacidad de traer aquí siquiera un presupuesto en toda una legislatura. Tampoco estamos cumpliendo con nuestros socios europeos en lo que a Huawei se refiere. Ayer mismo, ayer domingo, podíamos leer noticias que daban cuenta de
que el Gobierno continúa adjudicando contratos que comprometen seriamente los acuerdos de la Unión Europea.
Está concluyendo la legislatura. Nos queda prácticamente un año. El Gobierno del muro, el Gobierno del uso y abuso del decreto ley, el de 'gobernaré sin el Parlamento' ha tomado también la decisión -al menos en los hechos es lo que nos
está transmitiendo- de gobernar dando la espalda a la normativa comunitaria y a nuestros socios europeos, y eso, precisamente en esta comisión, en la Comisión Mixta de la Unión Europea, estaremos todos de acuerdo, no lo debemos permitir. Por eso
les pedimos, señorías, con humildad, pero también con determinación que apoyen esta iniciativa que ha presentado el Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carballedo.
Para la defensa de su enmienda, por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Flores, por tiempo de tres minutos.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
Tenemos un Gobierno que no es capaz de concitar el apoyo de los ciudadanos; de hecho, nunca lo tuvo. Recordemos que el Partido Socialista perdió las elecciones parlamentarias de 2023 y ha perdido siete de las ocho elecciones que se han
celebrado desde esa fecha hasta el día de ayer: las europeas de 2024, las autonómicas de Galicia y el País Vasco en ese mismo año, las de Extremadura y Aragón en 2025 y las de Castilla y León y Andalucía en 2026, la segunda de ellas el mismo día de
ayer.
Tenemos un Gobierno que no es capaz de sacar adelante su agenda normativa. Según los datos que el propio Ejecutivo proporciona y que proporcionó hace unos días en su informe de evaluación del Plan Anual Normativo del año 2025, el pasado año
el Gobierno apenas fue capaz de aprobar el 36 % de las normas que se había propuesto sacar adelante. Es decir, casi el 64 % de las iniciativas que pretendía el Ejecutivo haber sacado adelante el año pasado se quedaron pendientes de tramitación. A
31 de diciembre del pasado año, el 46 % de ellas estaba en algún punto del proceso de tramitación y el 17 % ni siquiera se había empezado a tramitar. Y eso, que las ambiciones del Gobierno son bien parcas.
Tenemos un Gobierno que no es capaz de salir airoso de sus envites parlamentarios. El 75 % de las normas aprobadas en el año 2025 fueron reales decretos: seis leyes
orgánicas, doce leyes ordinarias y cincuenta y cuatro reales decretos, en lo que constituye un abuso sin parangón. Pues bien, ahora sabemos que también tenemos un Gobierno que no es capaz de cumplir con sus compromisos europeos. Como ya se
señala en la PNL del Grupo Popular, en su exposición de motivos, España ha terminado el año 2025 como líder en déficit de trasposición de la legislación europea en los Estados miembros -3,3 % en España, doblando la media europea de 1,5 %- y en
procedimientos de infracción abiertos por Estados miembros: 92 % en España, prácticamente doblando la media europea. Y los datos del primer mes del 2026 aún empeoran el panorama. Esta situación no es más que el resultado de la parálisis
políticoadministrativa en la que el Gobierno Sánchez ha sumido a España, que provoca que no se incorpore normativa europea porque ni las Cortes ni el Gobierno están trabajando a pleno rendimiento, señala esta PNL. Sin dejar de compartir ese
diagnóstico, me habrán de permitir sus promotores que lo matice o más bien lo complete. No es solo que ni las Cortes ni el Gobierno estén trabajando a pleno rendimiento, es que lo están haciendo en la dirección equivocada, trayendo una y otra vez
propuestas normativas que la Cámara no va a hacer suyas, enredándose en asuntos absolutamente triviales al objeto de permitir la posposición de los verdaderamente relevantes o focalizándose en reivindicaciones del exclusivo interés de los partidos
que lo sustentan, mientras los problemas reales de los españoles permanecen en el cajón y la pérdida de credibilidad y de influencia de nuestro país en Europa se hace cada vez más patente.
Termino, señorías. Apoyaremos esta iniciativa, si bien sugerimos a sus proponentes la conveniencia de añadir al final una apostilla que estimamos será plenamente aceptable por el Grupo Popular, instando al Gobierno a evitar procesos de
sobrerregulación o imposición de obligaciones adicionales no previstas en la normativa europea, garantizando el respeto al principio de subsidiariedad y evitando cualquier extralimitación de las competencias atribuidas a la Unión por los tratados
que afecten al ámbito de soberanía de los Estados miembros. Estando en una comisión de Unión Europea es una precaución que desde luego no resultará ociosa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Flores.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco Arrúe.
El señor BLANCO ARRÚE: Gracias, presidente.
Miren, la trasposición de directivas europeas representa una herramienta fundamental para garantizar la coherencia, la seguridad jurídica y la igualdad de derechos y oportunidades en la Unión Europea. En un contexto de profundas
transformaciones económicas, tecnológicas, energéticas o geopolíticas, la normativa europea desempeña un papel clave para ofrecer respuestas comunes a desafíos compartidos. Por ello, los procesos de trasposición requieren de rigor técnico, de
coordinación administrativa y de diálogo con los sectores involucrados para asegurar su eficacia y utilidad. Así lo hemos entendido siempre los socialistas y así seguimos concibiéndolo.
Es evidente y cierto que esos procesos de trasposición no siempre se llevan a cabo en los plazos fijados para ello, algo que tiene consecuencias que no son positivas. Es por eso que hemos presentado esta enmienda con medidas serias y reales
para lograr un objetivo, el de acelerar esas trasposiciones, con el que el Grupo Parlamentario Socialista se alinea, desde luego, plenamente. Planteamos medidas que buscan actuar por todos los frentes posibles, impulsando medidas reglamentarias,
pero también medidas legislativas, como la elaboración de un proyecto de ley ómnibus que lleve a cabo la trasposición de las directivas vencidas a día de hoy o próximas a vencer. Estaríamos hablando de impulsar un anteproyecto de trasposición de
directivas ya existentes, también de impulsar un anteproyecto de ley que regule un procedimiento para articular de manera anual la trasposición de directivas cuyo plazo de trasposición está a punto de vencer. En fin, son medidas necesarias para
acelerar de manera general los procesos de trasposición.
Por cierto, quiero aprovechar esta intervención para corregir algunos de los datos recogidos en la exposición de motivos de esta PNL y que no son correctos, porque la
preocupación por la trasposición de directivas no está reñida con la aportación de datos correctos. En la presente legislatura se han completado cuarenta y siete trasposiciones y no veintitrés, como aparece en la exposición de motivos y, de
las anteriores, veintidós se han realizado antes de sobrepasar el plazo, y no nueve, como se indica.
También quiero añadir que se olvida usted, señora portavoz del PP, cuando enumera las sanciones recibidas por España, de que muchas de esas infracciones corresponden a comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por su partido, que no
pueden ser sancionadas directamente por la Unión Europea. Miren, el Gobierno de España mantiene un compromiso firme y acreditado con la Unión Europea. Ese compromiso no se mide únicamente por estadísticas aisladas, sino por el liderazgo político
que ejerce España en los grandes debates europeos de esta década: la respuesta común a la pandemia, el despliegue de los fondos Next Generation, la reforma del mercado eléctrico, la excepción ibérica, el impulso a la transición ecológica o el apoyo
decidido a los valores básicos de la Unión Europea y a los derechos humanos en la arena internacional. Y este Gobierno trabaja para acelerar los procedimientos, reforzar la coordinación y garantizar trasposiciones rigurosas y útiles, evitando
improvisaciones y asegurando la seguridad jurídica.
No puedo terminar sin apuntar una cuestión que refleja la hipocresía del PP en esta cuestión. Resulta llamativo escuchar hoy al PP erigirse en guardián del europeísmo y de la correcta trasposición de directivas, con ese tono afectado,
cuando han abierto y están abriendo de par en par las puertas de comunidades autónomas y ayuntamientos a VOX, un partido que cuestiona abiertamente el proyecto europeo, la integración comunitaria y muchas de las políticas comunes de la Unión
Europea; un partido que se ha marcado como objetivo torpedear la Unión desde dentro y que rechaza y ataca los valores fundacionales mismos sobre los que se asienta toda la Unión Europea. No se puede presumir de defender Europa mientras se
normaliza y se depende políticamente de quienes quieren debilitarla desde dentro. España no necesita elecciones de europeísmo de quien pacta con quienes desprecian el proyecto europeo y quieren destruirlo.
Por nuestra parte vamos a seguir trabajando con responsabilidad, diálogo y lealtad institucional para cumplir con Europa y fortalecer el papel de España en la Unión. Nos gustaría encontrarles en el camino.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Ya han intervenido todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión, con lo que debo preguntar a la proponente si acepta alguna de las enmiendas.
La señora CARBALLEDO BERLANGA: La de VOX la podemos aceptar. (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DE RECHAZO A LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE GIBRALTAR ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD ECONÓMICA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, POR UNA PARTE, Y EL REINO UNIDO, POR OTRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 161/003296 y número de expediente del Senado 663/000233).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley de rechazo a la Propuesta de Acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Económica de la Energía Atómica, por una parte, y
del Reino Unido, por otra. El autor es el Grupo Parlamentario VOX. A esta PNL se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Por parte del grupo proponente, tiene la palabra, como portavoz del Grupo Parlamentario VOX el señor Sánchez, por tiempo de siete minutos.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia. Esta proposición no de ley es una proposición que postula que esta Cámara se pronuncie en contra de la celebración del Acuerdo -no celebrado aún porque no están ultimados los consentimientos precisos
al
efecto, pero en proceso de celebración- Acuerdo -digo- sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la Unión Europea, además de la Comunidad Económica de la Energía Atómica, pero esto no es relevante al efecto de lo que voy a decir.
Es la segunda proposición no de ley que hemos tratado de que se debata en esta comisión. La primera no ha sido posible por inadmisión, a nuestro juicio indebida y antirreglamentaria, de la Mesa de la Cámara, pero la materia abordada en
aquella ya fue objeto de una pregunta o de varias interpelaciones que se le hicieron al señor ministro en su última comparecencia ante esta comisión. Esta, por el contrario, es una proposición que lo que pretende es denunciar el contenido de ese
acuerdo, no el modo de celebración, que a nuestro juicio es disconforme con las exigencias del derecho de la Unión Europea y es disconforme con la Constitución española.
Entonces dijimos que se trataba de un acuerdo, aunque el ministro lo calificó de asociación. No tenemos problema en aceptar tal calificación jurídica porque, en razón de ella, por aplicación del artículo 218.8, ese acuerdo, al efecto de su
celebración, precisa de la unanimidad del Consejo de Ministros -se entiende- de la Unión, y en esa unanimidad, España pudo hacer algo muy sencillo, que es vetar por no concurrir con su voto para formar esa unanimidad, toda vez que este contenido nos
parece de todo punto inaceptable.
También se puede decir, con arreglo al mismo precepto, que se trata de un acuerdo mixto, es decir, un acuerdo que en su objeto regula materias que requieren la unanimidad del Consejo, como son todos los acuerdos cuyo contenido va más allá de
lo que son competencias exclusivas de la Unión, que es el caso. Pero, claro, si por una razón o por la otra, que son coincidentes materialmente, no se hace uso de esa facultad, impropiamente llamada de veto, que supone no concurrir con el voto de
un Estado miembro como es España para formar la unanimidad y lo que se hace, por el contrario, es simplemente consentir en un acuerdo manifiestamente lesivo para los intereses de España, ustedes comprenderán que estamos ante una situación de
vergüenza nacional, verdaderamente una decisión de lesa patria y, sobre todo, una decisión que no aprovecha una oportunidad que acaso sea única para, con fuerza legal desde la Unión Europea, exigir que un acuerdo, cualquiera que este sea, relativo a
Gibraltar, por celebrar entre el Reino Unido y la Unión Europea, se funde en una premisa irrenunciable que es la soberanía española sobre ese territorio. Y esto es lo que el Gobierno español, pudiendo hacerlo, no lo ha hecho.
¿Por qué no lo ha hecho? Pues yo ya he explicado a modo de descripción que es una decisión de lesa patria, es una decisión contra los intereses nacionales, y las razones últimas no renuncio a entenderlas porque creo que se pueden entender
habida cuenta de lo que este Gobierno está representando para España y nada nos puede ya sorprender, aunque he de decir que al Gobierno no le sorprende, según parece, que los españoles le hayan retirado abiertamente su confianza; basta mencionar
las cuatro últimas elecciones celebradas en España en el ámbito autonómico, regional, con un castigo a este Gobierno, persistente y creciente, pero, en fin, parece que le da igual. Parece que le da igual porque este señor que lo preside me recuerda
a lo que ha dicho en un conocido ensayo un político y alto funcionario francés recientemente, al titular su obra, refiriéndose al presidente Macron, El hombre que no amaba a Francia. Yo diría que el presidente del Gobierno es el hombre que no ama a
España, no sé a quién ama, dice que a su mujer mucho -es posible, no me interesa lo más mínimo-, pero desde luego a España es evidente que no la ama en absoluto.
Miren, este acuerdo en su contenido material es un absoluto disparate. Si alguien está aquí en condiciones de explicármelo, le agradecería que lo hiciera, porque resulta que, mientras el Reino Unido fue Estado miembro de la Unión Europea,
Gibraltar no formaba parte ni de la zona Schengen ni de la unión aduanera, pero paradójicamente, ahora que el Reino Unido ya no es Estado de la Unión Europea, por arte de magia o de birlibirloque -que diría Bergamín- o no sé por qué arte, Gibraltar,
que es un territorio ajeno a la Unión Europea, forma parte de la zona Schengen y se integra en la unión aduanera común. Bueno, pues si ustedes me explican esto... Esto no es una ficción jurídica, esto es magia legal. ¿Esto cómo se explica? Esto
se explica por una razón muy sencilla que ya tuve oportunidad de exponerle o de espetarle a quien era ministro de Asuntos Exteriores en un
Pleno en esta Cámara cuando se firmó aquel principio de acuerdo nonpaper entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, en el mes de diciembre del año 2020. Esto solamente se explica por una razón que es muy sencilla, y es que este acuerdo
lo ha redactado el Gobierno de Gibraltar, porque es el único favorecido por el contenido material de este acuerdo. Y esta es una exigencia que el Reino Unido ha planteado ante la Unión Europea en la negociación del brexit, de su acuerdo comercial;
la Unión Europea ha consentido -porque ya pueden ustedes comprender, señores diputados y senadores, que al resto de los Estados Unidos de la Unión Europea lo que pasa en Gibraltar les importa algo así como nada o negativo, al único que le interesa
es España- y España ha agachado la cabeza y se ha dejado -no voy a decir una ordinariez- golpear con el rodillo de amasar por el Reino Unido y por un señor como el señor Picardo, que ustedes comprenderán que lo que pinta en el orden internacional es
lo que pinta su abuela, es decir, nada. Por cierto, su historia es bastante complicada y no voy a hacer mención a ella porque no es agradable.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, termino. Este acuerdo dice que pretende que se establece una relación de cooperación mutua entre las partes, entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¡Mentira podrida! Este acuerdo lo único que pretende es la
prosperidad de Gibraltar en detrimento de la española. Y habla de esta historia, que el PP a veces ha manejado, yo no sé por qué -lo decía el señor Landaluce, que no sé si está hoy aquí-, de la prosperidad compartida. Pero ¡vamos a ver! ¿Alguien
se cree seriamente que después de la historia que tenemos en relación con Gibraltar y con el Reino Unido, Gibraltar y el Reino Unido van a querer compartir algo con España que suponga riqueza económica?
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Esto es un chiste malo. Esto es un chiste malo.
Y, además -y concluyo-,desde el punto de vista legal esto es muy grave, porque hasta ahora esta cuestión de Gibraltar, una vez fuera de la Unión Europea el Reino Unido, era una cuestión que debía ser abordada bilateralmente entre España y el
Reino Unido. Ahora, por este extraño acuerdo, pasa a ser una cuestión de derecho europeo cuando se refiere a un territorio ajeno a la Unión Europea y sobre el que pesa una reivindicación secular de naturaleza territorial de un Estado miembro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.
A esta PNL ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz, el señor Floriano, tiene la palabra por tiempo de tres minutos.
El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ya tuvimos ocasión de debatir en profundidad sobre los motivos que nos llevaban a rechazar este acuerdo, y ahora voy a hacerlo en estos tres minutos que me concede el Reglamento.
Presentamos esta enmienda con un intento de especificar algunas de las razones por las que los diputados españoles debemos rechazar este acuerdo. Tras el brexit, señorías, teníamos la oportunidad, porque así nos lo había dicho el Consejo
Europeo, de que ningún acuerdo sobre Gibraltar pudiese alcanzarse sin el consentimiento de España. La historia nos brindaba la mejor oportunidad en trescientos años para dar pasos en el camino, en la senda de la soberanía; si quieren ustedes, de
la cosoberanía. La historia nos ponía encima de la mesa la posibilidad de que nuestra generación política diera un paso en algo que en trescientos años no se había dado.
Incomprensiblemente el Gobierno no ha aprovechado esta ocasión y no se puede entender por qué no se ha hecho. Es más, no solamente no ha aprovechado la ocasión, sino que ha aprovechado para hacer exactamente lo contrario, que es reconocer
de iure que terrenos que lleva reivindicando España históricamente tienen, a partir de este momento, un sustrato, un fondo legal que le otorga este acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Señorías, no hay ningún motivo. El tan manoseado concepto de prosperidad compartida es algo así como: quiten la verja que ya la prosperidad pasa de un lado al otro. Pero eso es lo que teníamos durante la Unión Europea y la prosperidad se
quedó solo en un sitio, que fue en el Peñón. No hay, por tanto, ninguna razón que nos lleve a apoyar este acuerdo, porque no se resuelven los problemas fiscales, que es el verdadero origen de que haya una diferencia entre los niveles de renta del
Campo de Gibraltar y del Peñón, diferencias en términos económicos, en términos de empleo, en términos de renta; porque se niega la posibilidad de que estas Cortes Generales se pronuncien sobre este acuerdo. Señorías, el Congreso no va a votar
sobre Gibraltar lo que sí se va a votar en el Parlamento Europeo.
Con este acuerdo no obtenemos ningún avance. El único avance que se obtiene es para los ciudadanos que vivan en Gibraltar, pero no para los que vivan en el Campo de Gibraltar, que son los que primero nos deben preocupar.
Especificamos cuatro motivos al rechazo al acuerdo, que es la iniciativa que presenta VOX.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Para la intervención de grupos parlamentarios tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Montávez.
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de esta proposición no de ley de VOX, porque no defiende los intereses de España ni del Campo de Gibraltar; defiende el bloqueo, la confrontación y una política exterior basada en
el ruido y no en las soluciones.
El acuerdo sobre Gibraltar representa un avance importante, supone la desaparición de la verja, garantiza la movilidad de personas y mercancías, y permite que por primera vez autoridades españolas ejerzan controles Schengen en el puerto y el
aeropuerto de Gibraltar, además de controles aduaneros sobre las mercancías. Eso significa más seguridad, más control y más capacidad de actuación para España. También supone estabilidad para miles de trabajadores transfronterizos, para las
empresas y para las familias del Campo de Gibraltar, que necesitan certezas y oportunidades. Además, el acuerdo refuerza la lucha contra el contrabando, mejora la cooperación fiscal y medioambiental y protege los derechos laborales y de seguridad
social de quienes trabajan a ambos lados de la verja.
Y conviene dejarlo claro: este acuerdo no implica ninguna renuncia a la posición española sobre la soberanía. Preserva expresamente las posiciones jurídicas de España. Frente a la caricatura que intenta construir VOX, aquí no hay cesión,
hay diplomacia eficaz y defensa de intereses nacionales. La pregunta es sencilla, señorías: ¿Cuál es la alternativa de VOX?, ¿mantener la verja, volver al bloqueo, perjudicar a los trabajadores y aislar al Campo de Gibraltar? Su propuesta no
aporta soluciones, solo utiliza Gibraltar como instrumento de confrontación política.
Y nos preocupa, sinceramente, la posición del Partido Popular. El Partido Popular sabe perfectamente que este acuerdo mejora la posición de España tras el brexit. Lo saben las instituciones europeas, los alcaldes del Campo de Gibraltar, la
Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales de la comarca. Sin embargo, el Partido Popular vuelve a actuar igual: criticar sin proponer y acercarse a VOX, aunque eso perjudique los intereses reales de Andalucía y de España.
Señorías, patriotismo no es levantar la voz ni agitar las banderas. Patriotismo es alcanzar acuerdos útiles, proteger a los trabajadores y garantizar más seguridad y más influencia para España. Este acuerdo abre una nueva etapa de
convivencia, cooperación y, sí, prosperidad compartida, que tanto les molesta, para el Campo de Gibraltar, para Andalucía y para España. Por eso, frente al bloqueo, soluciones; frente a la confrontación, diplomacia, y frente al patriotismo de
pancarta, defensa real de los intereses de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montávez.
Señor Sánchez, le tengo que preguntar si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN ENFOQUE INTEGRADO QUE ABORDE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA COMO FACTORES QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD EUROPEA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003345 y número de expediente del Senado 661/001968).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no la ley, por la que insta al Gobierno a impulsar un enfoque integrado que aborde el cambio climático y los riesgos de corrupción asociados a la transición ecológica como factores que
inciden directamente en la seguridad europea.
El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista y a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la moción tiene la palabra su señoría don Pere Joan Pons por
tiempo de siete minutos.
El señor PONS SAMPIETRO: Buenas tardes. Gracias, presidente, por darme la palabra.
Esta proposición no de ley parte de un informe que se presentó a principios de 2026, el informe que se publica anualmente antes de la cumbre de Davos; es el informe número 21. Se produjo en paralelo a una de las intervenciones durante el
Foro de Davos de la presidenta Von der Leyen, en la que decía que el segundo cuarto del siglo XXI se iniciaba en un marco completamente diferente en el que se había iniciado el primer cuarto de siglo. Entonces, cuando ustedes se acerquen al
documento y lo lean, comprobarán que es el punto de partida que hemos utilizado el Grupo Socialista para presentar esta proposición de ley. ¿Por qué? Porque este informe lo que viene a decir es que se está produciendo un proceso de retirada del
multilateralismo a nivel global, que los riesgos económicos se están intensificando, que los riesgos tecnológicos se están incrementando y que todos los temas que están relacionados con el cambio climático y con la transición energética y el medio
ambiente -se dice en el informe de una forma textual-han perdido prioridad y que, por tanto, están -entre comillas- bajando de división en el orden de prioridades. Eso es lo que dice el informe, pero al mismo tiempo, cuando se va a las
conclusiones, a las prioridades a corto y a largo plazo, vemos que los tres elementos más importantes a largo plazo son los eventos de calor extremo o de frío extremo, el colapso de la biodiversidad y los cambios en los sistemas de la tierra. Eso
es lo que se señala en cuanto a las grandes prioridades en diez años.
Por tanto, la proposición no de ley que nosotros hemos presentado es muy clara. Hemos pedido que se vuelva -lo decimos en el primer punto del petitum- a poner el Pacto Verde en la agenda de máxima prioridad y que haya una gobernanza sólida
para que se implementen los acuerdos de París. Ustedes saben que hay un compromiso para que no se aumente el impacto de la temperatura global más de 1,5 grados centígrados, pero también creemos que es importante -y esto lo están alertando todos los
organismos internacionales, las instituciones multilaterales- que la transición energética implique una transferencia -diríamos- de recursos muy alta, y eso tiene que venir acompañado de un mejor sistema de gobernanza global. Y es ahí donde
nosotros hacemos hincapié, como Grupo Socialista, en la necesidad de que haya un seguimiento de la accountability, de la rendición de cuentas y de la transparencia a la hora de la transferencia de estos fondos para frenar el cambio climático.
Otro punto que también hemos puesto en esta proposición no de ley, y que venimos señalando en muchas intervenciones que hace este grupo, es que la transición tiene que ser una transición justa. No puede ser una transición que permita que
haya una narrativa,
que yo creo que hoy hemos escuchado en algunos de los pasajes anteriores, en la que la transición energética, la transición climática, acabe siendo un instrumento para que los populismos digan que hay una élite que va a hacer esa transición
y que la va a hacer al margen de la sociedad civil y de la población en general.
Nosotros hemos hecho esta propuesta a partir de un informe que apareció hace pocos meses, y que pone de manifiesto la necesidad de poner todo esto en el centro, y creemos que nuestro Gobierno, el Gobierno al que nosotros apoyamos, ha sido
uno de los que, además, ha acelerado.
Ha sido sorprendente escuchar anteriormente el tema de los fondos Next Generation, y se pueden poner ejemplos como cuando -y lo dije la semana pasada, en una intervención que hice en el Senado- el primer partido ahora y el principal partido
de la oposición en la legislatura pasada se ha dedicado en los últimos años a tratar de boicotear la transferencia de fondos y ha hecho un lobby inactivo. Yo he estado en muchas reuniones en las que he escuchado activamente al Partido Popular
tratar de boicotear la transferencia de fondos europeos, tanto en Bruselas como aquí en reuniones, con las personas de negro -con las mal llamadas personas de negro- que han venido a visitar y a hacer evaluación sobre los fondos europeos y, por
tanto, creo que es sorprendente que se nos den lecciones sobre eso.
Por tanto, vamos a pedirles que apoyen estos puntos, ya que creo que es importante que estén ligados a acelerar el Pacto Verde, que haya una transición justa, que la gobernanza sea sólida y que haya un cambio hacia tecnologías limpias e
innovación, y que se haga desde la transparencia y la accountability.
Muchísimas gracias, señor presidente, por darme la palabra y espero que contemos con el apoyo de los diferentes grupos. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Luengo.
El señor LUENGO ZAPATA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
Hoy el Grupo Socialista nos pide que combatamos la corrupción en la transición ecológica y nosotros decimos sí, pero empecemos por la suya. Porque hay que tener una desfachatez notable para traer a esta Cámara una moción sobre integridad,
transparencia y lucha contra la corrupción en la política climática, cuando es precisamente el Gobierno del señor Sánchez el que tiene dos escándalos judiciales abiertos que manchan de corrupción la transición ecológica española: el caso
Hidrocarburos y el caso Forestalia. No es casualidad, señorías, no es coincidencia. Es el patrón de un gobierno que predica lo que no practica, que legisla lo que no cumple y que utiliza las grandes causas -el clima, Europa, la sostenibilidad-
como cortina de humo para tapar su propia nefasta gestión.
El caso Forestalia no es un rumor; es una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la autorización de proyectos de energías renovables. El caso Hidrocarburos tampoco; son expedientes de autorización que, según la
justicia, merecen investigación porque hay indicios sólidos de corrupción por desvío de fondos públicos a bolsillos afines al Gobierno de Sánchez. ¿Y qué hace el Gobierno? Traer una moción pidiendo transparencia a los fondos climáticos. Señorías,
esto no es política climática, esto es cinismo institucional.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda precisamente para que quede constancia en el texto aprobado de que la transición ecológica debe blindarse frente a la corrupción, incluyendo la corrupción del Gobierno sanchista. Porque si no
nombramos lo que ocurre, si no ponemos negro sobre blanco los casos concretos, este texto se convierte en papel mojado, en propaganda verde sin ningún efecto real. Pero hay más. Este Gobierno lleva años mirando hacia Bruselas cuando le conviene y
mirando hacia otro lado cuando no le interesa. El Pacto Verde Europeo, en su formulación actual, tiene consecuencias gravísimas para el sector agroalimentario español, para todos los agricultores y ganaderos
de España, que no saben si van a poder seguir o no produciendo alimentos. ¿Qué hace el Gobierno del señor Sánchez? Nada. No defiende los intereses del campo español en Bruselas. Gobernar no es claudicar ante el ecologismo radical de
salón; gobernar es defender a los españoles dentro de Europa. Y mientras tanto, sin presupuestos generales del Estado, sin una hoja de ruta financiera clara. Le pregunto al Gobierno: ¿con qué dinero va a financiar esa transición ecológica?,
¿con qué partidas?, ¿quién controla su ejecución? Nadie. Porque este Gobierno no tiene presupuestos, no tiene mayoría y, lo que es peor, no tiene ni siquiera proyecto.
Se exige al Gobierno con esta enmienda, aunque le resulte incómodo, que nadie utilice el clima como bandera electoral mientras lo gestiona con negligencia o corrupción. Señorías socialistas, esperamos que acepten nuestra enmienda, porque de
lo contrario demostrarían que no quieren cumplir el Acuerdo de París en su artículo 2.1.b. De no aceptarla hoy, quedaría claro que el Partido Socialista no está de acuerdo con que la nueva PAC priorice la disponibilidad de alimentos y la seguridad
alimentaria de Europa sobre cualquier otra consideración.
Termino, señorías, con tres conclusiones que este grupo quiere que queden grabadas hoy en el Diario de Sesiones. Primera: un Gobierno con dos casos de corrupción abiertos en la transición ecológica energética no tiene autoridad moral para
dar lecciones de integridad climática; primero, que limpie su casa. Segunda: una política climática que abandona el campo español, que ignora las singularidades del sur de Europa y que se ejecuta sin presupuestos ni control parlamentario no es
una política climática, es demagogia verde. Y tercera: Europa necesita una España que defienda a sus ciudadanos, no un Gobierno que se esconde detrás de las siglas europeas para no rendir cuentas ante los suyos.
Señorías, el clima no se salva con mociones, se salva con honestidad, con control, con presupuestos y con un Gobierno que esté a la altura, y, lamentablemente, este no lo está.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luengo.
Para intervención de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez, tiempo de tres minutos.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. Con la venia.
Habría mucho que decir o en realidad muy poco, porque esto es lo ya oído dos mil, tres mil, cuatro mil o cien mil veces, aunque con una novedad, y es que a toda esta cosa del timo climático, el PSOE, no sabemos muy bien por qué, ha anudado
la corrupción. ¡Hombre, no son ustedes el partido más indicado para esto!, ¿eh? Yo creo que son el menos indicado. Es que no sé si esto es un poco tomadura de pelo. Conociendo al orador del Grupo Socialista, interpreto que no, pero también he
advertido una cierta languidez en su tono. Yo creo que esto que ha explicado usted hoy no se lo cree mucho o acaso no se lo cree nada.
Y luego me va usted a permitir decirle -no es maldad- que ha sido usted poco oportuno cuando ha utilizado la expresión 'poner en el centro'. Esto, en la historia de este Gobierno, tiene muy mala prensa, ¿eh? Porque lo de poner en el centro
el consentimiento con una reforma inútil -eso ya era doctrina legal del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, para conseguir la excarcelación y la rebaja de penas de delincuentes sexuales contra las mujeres- no es precisamente un timbre de honor en
su trayectoria. Yo creo que eso se lo podría usted dejar a Podemos, que así le va. Pero, en fin, no sé, esto de 'poner en el centro', usted sabrá por qué lo ha utilizado.
No, aquí no hay que poner en el centro nada de lo que usted ha dicho. El Acuerdo de París, el cambio climático -que en realidad es el timo climático-, el Pacto Verde Europeo y la financiación climática..., ¿y el coste? Ustedes no nos han
dado nunca el coste; ni el presidente del Gobierno, ni ninguna ministra o ministro competente nos ha dado nunca el coste, el coste público que ha supuesto en España el desarrollo de las energías renovables. ¡Porque es inconmensurable! Y todo esto
pensando que sí, que en el futuro esto va a beneficiar a la economía española. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo y cuánto? Porque a mí estas cuentas de la lechera climáticas no me gustan nada, porque no son convincentes.
Voy a dedicar unas palabras al presidente de la Junta de Andalucía. Como todos nos conocemos, le voy a llamar Juanma. Se aprobó el año pasado el Real Decreto Ley 15/2025 para que ayuntamientos y comunidades autónomas utilizasen el
superávit generado en 2024 para financiar inversiones sostenibles durante 2025, 2026 y 2027, es decir, adicionando una posibilidad a la existente que da simplemente la de amortización de deuda. El señor Moreno Bonilla -Juanma, para los amigos; no
sé si para los enemigos también- manifestó una gran satisfacción. Dijo que esto le gustaba mucho, que él no tenía ninguna intención de amortizar deuda -¿para qué?-, pero sí de ejecutar proyectos vinculados con la eficiencia energética o la lucha
contra el cambio climático. No opuso resistencia en absoluto a tal cosa, que es un disparate, un disparate contra Andalucía y, por el contrario, mostró gran entusiasmo. Bueno, vamos a ver si el resultado electoral le hace recapacitar; yo tengo
una cierta confianza. Que el Partido Socialista recapacite ya está visto que es imposible. No sé si lo que quieren ustedes ya es que los electores los precipiten por los acantilados de las playas del litoral andaluz o no sé por dónde...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... para entender que ustedes gobiernan en contra de lo que los españoles quieren. ¡A ver si les mete en la cabeza! y a ver si como partido reaccionan, ¡porque ya está bien!
El señor PRESIDENTE: Señor Pons, ¿acepta usted la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor PONS SAMPIETRO: No podemos aceptar una enmienda en la que se nos dice que no politicemos esto, porque nosotros no politizamos nada. Estamos haciendo una pura aplicación, como he dicho, o transacción de lo que nos estaba
proponiendo el World Report de Davos.
Por cierto, no son los otros partidos los que nos tienen que dar lecciones sobre...
El señor PRESIDENTE: Señor Pons...
El señor PONS SAMPIETRO: ... si nos equivocamos o no, son los electores.
El señor PRESIDENTE: Recuerdo que el último turno lo tiene el proponente simplemente para aceptar rechazar las enmiendas y no para justificar el porqué lo hace.
DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (CE) NÚMERO 999/2001, (CE) NÚMERO 1829/2003, (CE) NÚMERO 1831/2003, (CE) NÚMERO 852/2004, (CE) NÚMERO 853/2004, (CE) NÚMERO 396/2005, (CE)
NÚMERO 1099/2009, (CE) NÚMERO 1107/2009 Y (UE) NÚMERO 528/2012 Y (UE) NÚMERO 2017/625 EN LO QUE RESPECTA A LA SIMPLIFICACIÓN Y EL REFUERZO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LOS PIENSOS COM (2025) 1030. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN
MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000147 y número de expediente del Senado 574/000107).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea.
El punto número ocho del orden del día es la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo del Consejo por el que se modifican varios reglamentos en lo que respecta a la simplificación y el refuerzo de los requisitos de seguridad de los
alimentos y los piensos COM (2025) 1030, con número de expediente del Congreso 282/000147 y del Senado 574/000107.
Se ha recibido informe del Gobierno. Interviene para presentar el informe su señoría el señor Gallardo Barrena, y tiene un turno de cinco minutos.
El señor GALLARDO BARRENA: Señor presidente, señorías, buenas tardes.
Comparezco hoy para informar sobre la propuesta del reglamento 1030 de la Comisión Europea relativa a la simplificación y refuerzo de los requisitos de seguridad de alimentos y los piensos, y analizar su adecuación al principio de su
seguridad previsto en los tratados de la Unión Europea.
Nos encontramos ante una iniciativa de amplio alcance, ya que modifica hasta diez reglamentos europeos esenciales en materias tan sensibles como los productos fitosanitarios -más bien diríamos las medicinas de las plantas-, los límites
máximos de residuos, los controles oficiales, los biocidas, la alimentación animal, la higiene alimentaria, los organismos genéticamente modificados o el bienestar animal. La propuesta tiene como objeto claro simplificar los procedimientos
administrativos y acelerar determinados procesos regulatorios que actualmente generan una importante carga burocrática tanto para los operadores del sector agroalimentario como para las autoridades competentes de los Estados miembros.
Esta orientación general responde a una demanda histórica del sector primario europeo. Agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias alimentarias llevan años reclamando una Unión Europea más ágil, más proporcionada, más sensible a la
realidad productiva del campo europeo. En este sentido, consideramos especialmente relevante la voluntad de facilitar el acceso al mercado de sustancias de biocontrol. También, por supuesto, el simplificar determinados procedimientos de
autorización y racionalizar los controles que en muchos casos resultan excesivamente complejos o lentos. Ahora bien, esta simplificación administrativa no puede traducirse en una rebaja de las garantías sanitarias, fitosanitarias, ambientales o de
bienestar animal que caracterizan al modelo europeo de producción alimentaria. Europa debe seguir garantizando los máximos estándares de seguridad alimentaria y trazabilidad, evitando situaciones de competencia desleal frente a productos importados
de terceros países que no cumplen con las mismas exigencias ni con las mismas reglas de juego, y apoyando siempre a nuestros agricultores y ganaderos europeos.
Desde el punto de vista del principio de subsidiariedad, entendemos que la propuesta se ajusta al mismo, dado que las materias reguladas afectan directamente al funcionamiento del mercado interior, a la protección de la salud pública y a la
armonización normativa entre Estados miembros, objetivos que difícilmente podrían alcanzarse de manera eficaz de otra forma. Como digo, desde el punto de vista de la subsidiariedad entendemos que la propuesta lo recoge perfectamente, y también la
base jurídica que se invoca por la Comisión Europea, que se refiere a los artículos 43, 114, 168 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y resulta coherente con el contenido de la iniciativa y con la necesidad de establecer un marco
común para garantizar las condiciones homogéneas de toda la Unión Europea.
No obstante, también debemos señalar que cualquier proceso de simplificación normativa debe ir acompañado siempre de una evaluación rigurosa del impacto sobre el sector productor europeo, especialmente en un momento como en el que nos
encontramos ahora de enorme presión económica, de incremento de los costes de producción y de la pérdida de competitividad frente a importaciones de terceros países.
Por todo ello, y sin perjuicio del seguimiento que deba realizarse durante la tramitación legislativa europea, esta ponencia considera que la propuesta es conforme al principio de subsidiariedad. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallardo.
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? (Pausa).
¿La damos entonces por aprobada? (Asentimiento).
Muchas gracias.
- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISIÓN (UE) 2015/1814 EN LO REFERENTE AL CESE DE LA INVALIDACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN EN LA RESERVA DE ESTABILIDAD DEL MERCADO COM (2026) 153. POR
ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000148 y número de expediente del Senado 574/000109).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2015/1814 en lo referente al cese de la invalidación de derechos de emisión en la reserva de
estabilidad del mercado COM (2026) 153, con número expediente del Congreso 282/000148 y del Senado 574/000109.
Este informe lo tenía que presentar su señoría Sánchez Pérez, pero tiene una comisión y no puede acudir, por lo que lo hará en su lugar su señoría Llorens, por un tiempo de cinco minutos.
El señor LLORENS MONZONÍS: Muchas gracias, señor presidente.
La modificación del mecanismo europeo de Comercio de Derechos de Emisión, el ETS, y en particular de la Reserva de Estabilidad del Mercado, representa una decisión estratégica para el futuro de las industrias española y europea. Sectores
industriales clave para España, como la cerámica, el papel, el aluminio, el químico e incluso parte de la industria agroalimentaria dependen de manera directa de un marco regulatorio europeo que aporte estabilidad, previsibilidad y competitividad.
En el caso concreto de la industria cerámica, especialmente concentrada en la provincia a la que represento en el Senado, la provincia de Castellón, hablamos de un sector intensivo en consumo energético, exportador, generador de empleo de
calidad y sometido desde hace años a una creciente presión regulatoria y de costes. La modificación prevista del ETS puede ser determinante para evitar una escalada artificial del precio de los derechos de emisión que termine agravando todavía más
la pérdida de competitividad industrial europea frente a terceros países. Porque mientras Europa endurece costes regulatorios y energéticos, actores internacionales, como pueden ser China, India e incluso Estados Unidos, avanzan con políticas
industriales mucho más agresivas, con menores cargas regulatorias y fuertes mecanismos de apoyo público a sus sectores estratégicos. Así lo hemos puesto de manifiesto en el punto tercero de este informe conforme al principio de subsidiariedad. En
línea con la propuesta, la Unión Europea necesita abordar mecanismos para garantizar la competitividad y la autonomía estratégica; acciones concretas que eviten la deslocalización industrial, protejan el empleo y la inversión, y contribuyan a
introducir certidumbre y estabilidad económica.
España no puede seguir afrontando esta transición climática desde una posición de ingenuidad política. La política climática impulsada por el Gobierno ha priorizado el discurso político frente a la defensa efectiva de la competitividad de
nuestras empresas. El resultado es el que es: incremento de costes energéticos, inseguridad regulatoria, pérdida de capacidad industrial y creciente riesgo de deslocalización. Por ello resulta imprescindible que el Gobierno de España abandone la
pasividad que ha mostrado hasta la fecha y adopte una posición firme en la futura revisión del ETS prevista para dentro de pocos meses. España debe liderar una defensa clara de sus sectores estratégicos exigiendo mecanismos que permitan
compatibilizar la descarbonización con la competitividad industrial y apostar por la estabilidad y previsibilidad en el mercado de derechos de emisión; exigiendo medidas eficaces contra la fuga del carbono, protección de sectores electrointensivos,
acompañamiento financiero y tecnológico, y una revisión del ETS que tenga en cuenta la realidad industrial de regiones como la Comunitat Valenciana y específicamente provincias como la de Castellón, porque para Castellón la cerámica cuenta con el
consenso de todos en cuanto a que es mucho más que un sector puramente económico.
Hago mías las palabras de la presidenta de la Diputación Provincial, doña Marta Barrachina, cuando afirmaba hace pocos días que la provincia de Castellón no se entiende
sin cerámica, ya que hablamos del futuro de uno de cada cuatro empleos y de dieciocho municipios con producción cerámica, donde esta industria fija población y genera oportunidades y bienestar. La cerámica no es solo un sector económico, es
el corazón de nuestra provincia. Y es que estamos hablando de hasta 70 000 familias que viven del sector cerámico, con empresas implantadas en Almassora, Betxí, Cabanes, Castellón, Figueroles, L'Alcora, La Llosa, La Vall d'Uixó, Llucena, Moncofa,
Nules, Onda, Ribesalves, Sant Joan de Moró, La Vall d'Alba, Vilafamés, Vilareal y Xilxes.
Por eso desde el Partido Popular queremos lanzar hoy una advertencia muy clara ante la futura modificación del ETS que será absolutamente determinante para el futuro industrial de Castellón de la Comunidad Valenciana y de España. El sistema
ETS es cierto que nació con un objetivo legítimo, pero se ha convertido también en un enorme factor de presión para los costes industriales y un elemento evidente de inflación energética. Y si Europa no corrige determinados desequilibrios, corremos
el riesgo de descarbonizar Europa, sí, pero también de industrializar otras regiones del mundo.
Desde el Partido Popular defendemos una posición clara y de sentido común en cinco ejes. El primero, que la política climática europea debe acompasarse con la competitividad industrial. El segundo, que la modificación futura del ETS debe
incorporar mecanismos reales de protección para los sectores estratégicos españoles como la cerámica, la química, el papel, el aluminio y la siderurgia. Tercero, que España debe exigir una revisión profunda del impacto acumulado regulatorio
energético que ha tenido ya sobre esta industria. Cuarto, que Europa debe avanzar hacia una auténtica autonomía energética y tecnológica; no podemos sustituir la dependencia rusa por una dependencia china. Y, en quinto lugar, España debe
aprovechar su enorme potencial estratégico en renovables, almacenamiento, hidrógeno, regasificación y su posición mediterránea. Para eso hace falta algo fundamental: planificación, liderazgo y visión estratégica del país. Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llorens. ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene un tiempo de cinco minutos.
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: No voy a consumir todo mi tiempo. En este mitin que hemos tenido, supongo que para hacer méritos en su comunidad autónoma, el ponente se ha olvidado de cuál es el fin de este informe. Y es que no ha explicado
en ningún momento por qué se incumple el principio de subsidiariedad. Pero es que se cumple el principio de subsidiariedad porque este es un problema transfronterizo, como es la lucha contra el cambio climático.
También quiero comentar muchas de las palabras que ha dicho, pues, por ejemplo, ha puesto en duda la competitividad española con los precios de la energía. Los mapas europeos del precio de la energía dicen absolutamente lo contrario a lo
que se ha referido el ponente, que en lugar de hacer un informe de subsidiariedad ha querido marcarse un speech para sus redes sociales. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montávez.
¿Aprobamos el informe por asentimiento? (Asentimiento).
Muchas gracias, señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votaciones cuando los portavoces de los grupos nos digan que ya tienen todos los miembros presentes en la sala. (Pausa). Me indican los portavoces que ya están todos los miembros de la comisión. Si
les parece, procedemos a la votación de las tres PNL.
La primera es la relativa al fracaso del Gobierno en la adaptación de la legislación europea. Esta PNL ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se vota con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La segunda PNL es la de rechazo a la Propuesta de Acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Económica de la Energía Atómica, por una parte, y del Reino Unido, por otra. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX y
se vota con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La última es la moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un enfoque integrado que aborde el cambio climático y los riesgos de corrupción asociados a la transición ecológica como factores que inciden directamente en la seguridad
europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta PNL se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión a las cinco y treinta y seis minutos de la tarde.