CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 153

SOBRE INSULARIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO VALBUENA ALONSO

Sesión núm. 12

celebrada el martes,

21 de abril de 2026

ORDEN DEL DÍA:


Celebración conjunta de las siguientes comparecencias:


- Del presidente del Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears (Benedicto Lacomba), para plantear la situación actual y las posibles soluciones al problema de acceso a la vivienda que tienen los residentes en la
comunidad autónoma. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 223/000009 y número de expediente del Senado 715/000323) ... (Página2)


- Del secretario del Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears (Abril Hervás), para plantear la situación actual y las posibles soluciones al problema de acceso a la vivienda que tienen los residentes en la
comunidad autónoma. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 223/000010 y número de expediente del Senado 715/000324) ... (Página2)


Modificación del orden del día ... (Página12)


Proposiciones no de ley:


- Por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la aplicación de las nuevas subidas de tasas aeroportuarias previstas por AENA para marzo de 2026 y para el ejercicio de 2027. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado (Junts
Per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002920 y número de expediente del Senado 661/001706) ... (Página12)

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- Relativa a la conservación y gestión pública del Castell d'Alaró (Mallorca). Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002284 y número de expediente del Senado
663/000165) ... (Página18)


- Sobre viviendas vacías en territorios insulares. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003311 y número de expediente del Senado 661/001954) ... href='#(Página21)'>(Página21)


- Relativa a la activación urgente de medidas en materia de reconstrucción y recuperación socioeconómica completa y definitiva de la isla de La Palma. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 161/003267 y número de expediente del Senado 663/000226) ... (Página27)


- Relativa a la mejora de la integración renovable en las islas Canarias y la aceleración del despliegue de la tecnología eólica marina en las costas del archipiélago canario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003284 y número de expediente del Senado 663/000231) ... (Página32)


- Sobre la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003328 y número de
expediente del Senado 661/001963) ... (Página37)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página40)


Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Si les parece, damos comienzo a la sesión, que tiene el orden del día que les ha sido remitido.


El primer punto, como suele ser costumbre, es la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 17 de marzo. ¿No tienen ningún inconveniente en aprobarla por asentimiento? (Asentimiento).


En caso de que tengan algún comentario que hacer, se lo trasladan al letrado para que lo refleje.


CELEBRACIÓN CONJUNTA DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:


- DEL PRESIDENTE DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LES ILLES BALEARS (BENEDICTO LACOMBA), PARA PLANTEAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA QUE TIENEN LOS RESIDENTES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 223/000009 y número de expediente del Senado 715/000323).


- DEL SECRETARIO DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LES ILLES BALEARS (ABRIL HERVÁS), PARA PLANTEAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA QUE TIENEN LOS RESIDENTES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 223/000010 y número de expediente del Senado 715/000324).


El señor PRESIDENTE: Seguidamente, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia conjunta del presidente y del secretario del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Balears, don Josep
Benedicto Lacomba y don David Abril Hervás, respectivamente, para plantear la situación actual y las posibles soluciones al problema de acceso a la vivienda que tienen los residentes de la comunidad autónoma. Como podrán ver, es una comparecencia
conjunta e intervendrán

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las dos personas que se encuentran en la Mesa. Les doy una cordial bienvenida a las Cortes, en concreto al Congreso de los Diputados.


Para completar el primer turno disponen de un tiempo de veinte minutos. Seguidamente intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, conforme a la importancia numérica del grupo parlamentario en la comisión, por
un tiempo de tres minutos, para finalizar con el turno de los comparecientes por un tiempo de diez minutos.


Les cedo la palabra a los comparecientes.


El señor PRESIDENTE DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LES ILLES BALEARS (Benedicto Lacomba): Gracias por su atención.


Hemos venido a explicar uno de los problemas más importantes que existen en nuestro país, pero también muy especialmente en nuestra Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Quiero agradecerles, por tanto, su atención, de la misma manera
que quiero darle las gracias al senador José Hila, que ha hecho todo lo posible para que esta comparecencia se pudiera realizar.


Nosotros venimos en nombre del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Balears. Es una entidad -porque es una entidad, no solo una plataforma- que está compuesta por los sindicatos más representativos de nuestra
comunidad, por asociaciones empresariales, por entidades de carácter cultural y de carácter medioambiental, por gente ocupada y preocupada por el bienestar de los habitantes, de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, por gente que está
preocupada por la economía, por cómo avanza nuestra comunidad y sus habitantes. Hemos sido capaces de constituirnos como entidad, no solamente como una plataforma al uso. Hemos celebrado ya dos congresos sobre temas importantes: uno sobre
turismo, que se desarrolló en el 2024, un tema recurrente en nuestra comunidad autónoma y que da tanto que hablar entre nuestros ciudadanos y ciudadanas; y este año pasado continuamos el ciclo con el tema de habitatge, de vivienda. Creo que tienen
ustedes la ponencia en la documentación del orden del día de hoy.


David Abril fue su coordinador y será quien a continuación hará la exposición. Yo, viendo el reloj de la sala que dice que mi tiempo de presentación ha acabado, quiero finalizar diciéndoles que nos gustaría que le prestaran atención. Es un
problema real. Las cifras que aparecen en el documento en cuanto al diagnóstico ya están superadas. No solamente hacemos un documento con diagnósticos, hacemos un documento también con ideas, con propuestas, hacemos un documento con iniciativas.
Nos encantaría que ustedes las recogieran, que las pudieran enmendar y pudieran hacer de ellas un elemento útil para su trabajo.


Creemos que hemos cumplido como sociedad civil con nuestra obligación de elevar estas inquietudes y estas iniciativas a los estamentos políticos, a quienes tienen la capacidad legislativa. Creemos que hemos hecho nuestro trabajo. Por
tanto, les damos este trabajo para que ustedes puedan proseguir con él en aras de solventar este problema.


Acabo diciéndoles que para el próximo año nos gustaría volver a comparecer, ya que este año haremos un tercer congreso sobre transiciones, que es otro tema que creo que también les puede interesar.


Muchas gracias por su atención.


El señor SECRETARIO DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LES ILLES BALEARS (Abril Hervás): Buenos días a todos y a todas.


Quiero reiterar los agradecimientos que ya ha compartido antes mi compañero y simplemente he de decirles que tanto el diagnóstico como las propuestas que procedo a compartir con ustedes en este momento no son fruto de una reflexión personal
o de una posición personal, sino que son el resultado de ese trabajo no solo de las principales entidades sociales y económicas a las que representa o pretende representar el foro, sino de un trabajo de consenso con el conjunto de la sociedad civil
y también con parte de las instituciones del ecosistema -por decirlo así- institucional balear en ese congreso que celebramos este último verano. El documento que se ha compartido con ustedes recoge esas más de cien enmiendas en forma de propuesta
que se consensuaron y fueron incluidas en el documento inicial que creamos en el foro.


En primer lugar, me gustaría compartir tres elementos de diagnóstico con todos ustedes. El primero es que la cuestión de la vivienda es una emergencia estructural en el caso de Baleares, no es un problema coyuntural. En Balears la vivienda
hace tiempo que ha dejado de ser un derecho para convertirse de forma muy preferente en un bien de mercado, con todo lo que esto conlleva, que puede tener algún elemento

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positivo, pero en este momento está repercutiendo de forma negativa para una parte significativa de la población del archipiélago. Desde el observatorio social, vinculado a la Universidad de las Illes Baleares, ya señalamos en 2023, en un
trabajo de un equipo de investigación del que formé parte, que las dificultades de acceso a la vivienda se han convertido en el principal factor de exclusión social en nuestra comunidad. Tres años después, como decía mi compañero, todos los
indicadores sin excepción han empeorado. Si en Baleares crece, por ejemplo, la pobreza laboral, lo hace básicamente porque, a pesar de tener trabajo, a pesar de tener un salario -incluso a veces un buen salario-, es imposible acceder a la vivienda
tanto en régimen de alquiler como en propiedad. Hemos experimentado también el crecimiento demográfico más importante del país -desde principios de este siglo, más de un 50 % de crecimiento de nuestra población- de la mano de un modelo económico de
éxito. Pero al mismo tiempo que lideramos indicadores de crecimiento, esto no se traduce en un reparto equitativo del PIB. El del crecimiento poblacional es un factor a este nivel claramente encadenado al modelo turístico. Igual que existe una
problemática vinculada a eso que hemos venido en llamar la España vaciada, también tenemos una problemática específica de la España superpoblada, que en este caso coincide además con un archipiélago, con una realidad insular e interinsular.


El segundo elemento de diagnóstico que quería compartir con ustedes es ese contraste entre precios disparados de la vivienda y salarios insuficientes. También hemos registrado en los últimos años el crecimiento más elevado de precios tanto
en compra como en alquiler: más de un 13,4 % solo en el ejercicio pasado, en 2025. El precio del alquiler por metro cuadrado se acerca a los 20 euros y subiendo. Hagan cuentas: un piso de 100 metros se podría ir a los 2000 euros. Las
habitaciones son cada vez más difíciles de conseguir por debajo de los 500, 600 o 700 euros, ni siquiera con acceso a servicios comunes en todos los casos. Y sobre las compras, tres cuartos de lo mismo: un tercio -según los datos del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y el Colegio de Notarios- las protagonizan extranjeros adinerados. Lo poco que se construye, incluso lo que se construye bajo el amparo de la denominada vivienda de precio limitado, es incompatible con la
estructura salarial de la mayoría de la población de las Illes Balears. Aunque el salario medio en Balears se sitúa en los 27 000 euros brutos, más del 50 % de las personas asalariadas en Balears, según los datos de la Agencia Tributaria, no llega
a los 18 000 euros brutos y el 35 % no llega a los 15 000 euros. Ese contraste entre salarios y precios de la vivienda nos lleva a que la política de vivienda deba tener en cuenta no solo que hay que construir vivienda, que hay que poner vivienda a
disposición, sino para quién se debe construir o procurar vivienda en Baleares. El límite, por ejemplo, de vivienda de precio limitado se ha situado en 380 000 euros. Ya les digo yo que con mi salario de profesor de universidad, que no está mal,
no me darían una hipoteca para poder llegar a ese límite ni tendría capacidad para tener ahorrados 60 000 u 80 000 euros para poder pagar una entrada. Evidentemente, hay una mayoría de la población que está todavía más afectada por ese desajuste
entre precios y salarios.


También tenemos el mayor porcentaje de población en alquiler del Estado, más de un 40 % en este momento, y en alguna isla como Eivissa ya supera el número de inquilinos al número de propietarios. Esto se traduce en una mayor vulnerabilidad
de la población, especialmente en contextos como el actual y con datos como los que les estoy compartiendo. Todo esto afecta a todos los sectores de edad, pero de forma muy especial a la gente joven. Según los datos del Observatorio de
Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15 % se podían permitir emanciparse en el año 2024 -y en este caso bajando-, y tienen que dedicar más del 135 % de su salario para alquilar, o necesitarían acumular treinta y tres años de su
salario íntegro solo para pagar una entrada si quisieran comprar una vivienda.


En clave de género, podríamos hablar de la cantidad de mujeres que, por ejemplo, tienen que convivir a veces con sus maltratadores porque no se pueden permitir buscar otro hogar, otro techo. Siendo también la comunidad que tiene la tasa más
elevada de familias monoparentales -o, mejor dicho, monomarentales, porque las cabezas de familia, en este caso, son mayoritariamente mujeres-, se pueden imaginar que las dificultades que experimentan son muy importantes.


El tercer elemento de diagnóstico que querría compartir con ustedes es la paradoja entre la escasez de vivienda de la que se viene hablando mucho, sobre todo en términos del mercado, y los usos que se dan a la vivienda o a las viviendas en
Baleares. Claro que hablar de vivienda es hablar de infraestructuras, es hablar de edificios, es hablar de inmuebles, pero la escasez a la que muchas veces se interpela cuando nos referimos a la vivienda simplemente como un bien de mercado -aunque
su función social es mucho más profunda, mucho más importante-, desde el Foro consideramos que es relativa, porque, para que se hagan una idea, de un parque de aproximadamente unas 650 000 viviendas en Baleares, solo 441 000

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viviendas son vivienda principal y 210 000 tienen un uso secundario o se dedican también a alquiler turístico, por tanto, no tienen un uso como primera vivienda y, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen un uso residencial. Un
tercio, por tanto, del parque de vivienda en Baleares no se dedica a primera vivienda, una de cada tres; viviendas vacías o de uso temporal y el resto mayoritariamente, como les decía, de uso turístico, legal o ilegal. Un dato, para que se hagan
una idea: quince municipios de los cincuenta y tres que tienen las Illes Balears tienen ya más viviendas turísticas que residenciales. En cambio, lo que no escasea, a pesar de la supuesta escasez, son las inmobiliarias -un sector, por cierto, muy
poco regulado, aprovechando que estamos en una cámara legislativa-: de 3987 inmobiliarias en el año 2013, saliendo de la gran recesión, de la gran crisis financiera del año 2008, a 9476 en el año 2023, según la encuesta de estructura empresarial
del INE.


Por tanto, para ir concluyendo con este diagnóstico, pensamos que no se puede reducir un problema político, en tanto que afecta a buena parte de los habitantes de la polis que somos las Illes Balears, a una simple cuestión de mercado, a una
simple cuestión de oferta y de demanda, porque también podríamos entrar en qué tipo de demanda, en qué es lo que se oferta y, sobre todo, en que no se puede ignorar que la vivienda se ha convertido en una pesadilla para muchos de los habitantes de
las Illes Balears y en un negocio tremendamente lucrativo para otros. Si quieren algunos datos del catastro sobre la concentración de la propiedad de la vivienda, somos la séptima comunidad autónoma en cuanto a grandes tenedores. Unas siete mil
viviendas del parque al que me refería están en manos de gente que tiene más de cien casas, otras siete mil en manos de gente que tiene entre veinticinco y cien casas y unas doce mil en manos de propietarios que tienen entre diez y veinticinco
casas. Por tanto, yo creo que es obvio que habría que gravar -por una cuestión de sentido común- con impuestos significativos este tipo de concentración de la propiedad para poder desarrollar también las políticas de vivienda que hacen falta.


Entonces, esta emergencia estructural tiene cara y ojos en forma también de emergencia social. Somos la comunidad con mayor tasa de desahucios por arrendamiento del Estado. Se han normalizado fenómenos impropios de una sociedad europea:
cientos de personas -ustedes ven las noticias, más allá del nivel de sensacionalismo con el que muchas veces se realiza la cobertura de este tipo de situaciones- están viviendo en caravanas o en furgonetas o en tantos otros vehículos, aunque tres de
cada cuatro personas que están viviendo en este tipo de infraviviendas tienen empleo, como constató también un estudio de mis colegas de Geografía de la universidad. Como les decía, muchas de estas personas tienen trabajo; Baleares es una sociedad
de pleno empleo prácticamente, otra cosa es entrar en la calidad de ese empleo y en los salarios, pero es una situación cada vez más dramática para muchísimas personas.


Antes de pasar a las propuestas del foro, me gustaría subrayar que las políticas de vivienda en este país, en nuestra opinión -y así lo constatamos en el documento que les hemos compartido- han llegado tarde y mal. Cada Administración tiene
su nivel de responsabilidad; lo tienen, por supuesto, la Administración General del Estado y las autoridades legislativas, pero todas las Administraciones. En nuestro caso, ayuntamientos, consells insulars y el Gobierno autonómico pueden hacer, en
nuestra opinión, mucho más de lo que hacen. Por ejemplo, en cincuenta años de etapa democrática, solo un ayuntamiento, el de Calvià, en el caso de Baleares, ha construido por su cuenta vivienda pública, y está claro que no es una competencia
municipal, es una competencia eminentemente autonómica, aunque todas las Administraciones pueden hacer a su nivel. En este momento hay muchos ayuntamientos con decenas de millones de euros en la cuenta del banco como consecuencia de la normativa
Montoro -que en buena medida también sigue en vigor- que se podrían dedicar a este fin. Pensamos que hacen falta medidas a la altura de la magnitud del problema que les estoy exponiendo, a todos los niveles y haciendo todo el mundo lo que pueda
hacer en el rango de sus competencias, y más.


Les relato algunas de las propuestas que planteamos y que se aprobaron y se consensuaron en este congreso social sobre la vivienda hace unos meses. El primer bloque de propuestas tendría que ver con la disponibilidad de suelo y vivienda.
Con estos datos que les acabo de compartir es evidente que habrá que construir, que existe la necesidad de construir, sobre todo porque, a pesar de ser la comunidad autónoma en la que sus ciudadanos y ciudadanas hacen un mayor esfuerzo para pagar la
vivienda, somos la que menor parque público tiene del Estado. El IBAVI, el Instituto Balear de la Vivienda, gestiona unas 2500, y en este momento el Gobierno balear tiene previsto ampliar en unas 1200 con varias iniciativas en tramitación. Es un
esfuerzo importante, es más de un 50 % en términos relativos, pero con las cifras en la mano que les acabo de compartir es una gota de agua en medio de un océano. Hacen falta muchos miles de viviendas a corto o medio plazo y no llegamos. Si
queremos, por ejemplo, elevar en el año 2040 -que es el horizonte que planteamos- el parque público a un 10 %, que sería una cifra

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razonable a la hora de tener alguna incidencia en el mercado, necesitaríamos unas 40 000 viviendas, unas 2600 por año. Por eso no basta con construir, sino que de lo que se trata también es de poner vivienda sobre la mesa sacándola de
alguna forma de la lógica del mercado, porque el mercado es tan voraz que se las da al mejor postor ipso facto y el mejor postor no siempre es quien más necesita esa vivienda. Incluso hace unos días dimitió de la patronal de la pequeña y mediana
empresa uno de los promotores que construía vivienda a más bajo precio. Uno de sus principales argumentos es que constataba que la vivienda de precio limitado estaba haciendo que se llevase esas viviendas gente que no era precisamente la que lo
necesitaba.


¿Qué tipo de medidas pensamos que hacen falta para facilitar esa disponibilidad de suelo y de vivienda? Pensamos que es necesario crear un banco de suelo y de vivienda supramunicipal de titularidad pública que se dedique prioritariamente a
comprar, a conseguir y a ceder suelo para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, así como a la compra de vivienda, sobre todo de edificios enteros, porque creemos que pueden incrementar de forma más rápida ese parque público de
vivienda, aplicando de forma efectiva una figura que existe en nuestra normativa autonómica, como es el tanteo y retracto, y promoviendo un cambio de usos turísticos a usos residenciales. Esta es una propuesta en la que llevamos trabajando ya unos
años en el foro, con incentivos a los propietarios de viviendas en alquiler turístico, y también con una propuesta que, aunque ustedes no lo crean, se ha consensuado con una parte importante del sector hotelero y de las principales patronales del
sector, como es la reconversión de hoteles obsoletos en viviendas asequibles. Esta medida ha sido incluso aprobada por la Administración autonómica, pero no hay un solo proyecto ejecutado hasta la fecha, porque, incluso siendo obsoletos, dentro de
esta vorágine del mercado, estos hoteles también tienen un valor inmobiliario que dificulta que este tipo de medidas se puedan poner en marcha. Y, por supuesto, también nos gustaría que se cumpliese la legislación. Cuesta entender que se niegue en
la propia comunidad autónoma la condición de zona tensionada a un territorio que cuenta con todos estos datos que les acabamos de compartir. Por tanto, cuesta entender que no sea un territorio tensionado y preocupa hasta qué punto se pueden
tensionar la cuerda y las vidas de los ciudadanos y las ciudadanas de las Illes Balears.


Siguiendo con esta idea de desmercantilizar la vivienda, pensamos que hay que promover un modelo distinto de colaboración público-privada. La colaboración público-privada está bien, pero nosotros en el foro hablamos de colaboración
público-social, basada en criterios sociales. También es necesario introducir en el mercado de la vivienda a actores que construyan o faciliten vivienda, pero que estén fuera de la lógica del mercado, a partir de figuras que existen en la economía
social: las cooperativas de construcción de vivienda, las cooperativas que gestionan vivienda o las entidades del tercer sector, que son muy potentes en nuestra comunidad autónoma y que tienen ya una expertise, una experiencia, en toda esta
cuestión.


Finalmente, están las propuestas que tienen que ver con las cuestiones de gobernanza. Hace falta un plan de vivienda que esté consensuado, porque los colores políticos y los Gobiernos van y vienen, pero la problemática se mantiene, se
resiste y se convierte todavía en más estructural, y cada vez más las propuestas sueltas de un Gobierno u otro se convierten en parches si no somos capaces de construir. Sé que es difícil en tiempos de tanto ruido político y mediático, pero
Baleares necesita con urgencia un consenso en torno a un plan de vivienda y un paquete de medidas -que pueden ser estas que les acabo de plantear u otras- que tengan una incidencia real sobre las vidas de tanta gente.


El tema es grave, pero también hay otra cuestión que afecta a la gobernanza: muchas veces no tenemos datos sobre algunas de estas cuestiones que les estoy compartiendo. Sabemos que el sinhogarismo es un problema, pero solo es la punta del
iceberg. Por ejemplo, en el sinhogarismo no cuentan las personas que están en otras situaciones de exclusión residencial, viviendo en caravanas, debajo de puentes o en los cada vez más presentes asentamientos que se dan en todas las Illes Balears.


Voy acabando, porque veo que ya estoy en rojo. Para concluir, quiero decirles que la vivienda no es un problema social más, sino que en estos momentos es el derecho que condiciona el acceso a otros derechos en nuestra comunidad, como al
empleo, a la educación, al arraigo y al proyecto de vida de mucha gente y, de forma muy intensa, de los ciudadanos y las ciudadanas de Baleares. La tensión se siente y va a más y las manifestaciones se suceden, como hace unos días también en
Menorca, aunque sea la isla más alejada de la Península. Por supuesto, existen válvulas de escape más allá de la protesta social. Existe la emigración, no solo la inmigración, y es algo que hemos conocido en nuestra comunidad desde hace solo unas
décadas. En este momento hay más de 13 000 jóvenes fuera, más o menos la mitad en la Península y la mitad en el extranjero, que muchas veces son jóvenes cualificados que de alguna

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forma están huyendo también de esta situación. Las propias empresas tienen serios problemas para retener a sus empleados. Y, aunque el saldo migratorio sigue siendo positivo, estamos llegando a un punto de saturación insostenible como
sociedad. Del mismo modo que es difícil imaginar un proyecto de vida sin un techo, es inviable una sociedad que niega esa condición de posibilidad a cada vez más gente. Por eso, como les decía, aunque vivamos en tiempos de tanto ruido, en el Foro
de la Sociedad Civil les pedimos algo menos de ruido y un poco más de consenso, pero sobre todo que sea un consenso que se traduzca en propuestas y en acción para cambiar toda esta situación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos a la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por orden de menor a mayor.


Empezamos por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y Mixto en el Congreso de los Diputados y Grupo Parlamentario Plural en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego.
(El señor Sanginés Gutiérrez hace signos negativos). Su portavoz no quiere hacer uso de la palabra.


Pasamos seguidamente al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR e Izquierda Confederal.


Tiene la palabra el señor Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


Muchas gracias por vuestra presencia.


Creo que exposiciones como la que hemos escuchado hoy ponen de manifiesto la utilidad de esta comisión para que conozcamos la realidad que se vive en las Illes Balears, para que nos alejemos de imágenes estereotipadas y para que analicemos
con datos situaciones tan duras como las que nos han expuesto ustedes. Evidentemente, ahora mismo, la vivienda es lo que genera más desigualdad en las Illes Balears, lo que excluye a más gente y lo que supone un reto estructural, como bien se ha
dicho; pero no se afronta de esa manera. Yo me quedo con la expresión que ha utilizado usted de coordinación entre las diferentes Administraciones -Administración local, consells, Gobierno autonómico y Gobierno estatal-, pues todas tienen su parte
de responsabilidad y no tiene que haber un debate desde un lado hacia el otro, sino una coordinación que ahora mismo no existe. Por ejemplo, debería haber coordinación en el plan de vivienda y, evidentemente, este tendría que estar adaptado a la
realidad de las Illes Balears. Hay un marco que utiliza mucha gente, que es el de no intervenir en el mercado, pero esta no es una opción, o es una opción que genera las consecuencias que estamos viendo. También es una opción política no
intervenir. A veces se criminaliza cuando decimos que tenemos que intervenir en el mercado, pero no hacerlo está llevando a la expulsión de los jóvenes de las Illes Balears, de nuestro territorio. Por tanto, debemos actuar, porque, como bien se ha
dicho, la vivienda en las Illes Balears ya no es para uso social, sino que se ha convertido en un bien de inversión a nivel internacional, con una rentabilidad increíble que no se da en otros ámbitos. Por tanto, debemos actuar.


Me quedo con lo que ustedes han planteado: un diagnóstico basado en el incremento de población debido al modelo económico, al incremento de precios por este mercado tensionado que estamos teniendo y, evidentemente, a la paradoja de que un
tercio de las viviendas están destinadas a un uso no residencial. Pero lo más importante son las cien propuestas que tiene su documento, porque es ahí donde tendremos que trabajar y ponernos de acuerdo y porque, aunque sea estructural, hay
urgencia. Tenemos dos oportunidades inmediatas: la prórroga de los contratos que tendremos que votar dentro de quince días o a final de mes, y, evidentemente, la aplicación del marco legal de la ley de vivienda que declara zona tensionada a las
Illes Balears. Dos cosas inmediatas que tendrían efectos inmediatos sobre la población. Después, evidentemente, tendremos que trabajar con la disponibilidad de suelo, para que se puedan construir más viviendas; con la reconversión de la Sareb;
con la regulación de la compra por parte de no residentes -he dicho no residentes, quiero remarcar ese hecho-, porque la especulación que se está viviendo con la vivienda en las Illes Balears tiene que ser tratada con una singularidad. Por tanto,
si el Gobierno está trabajando con esta medida en Canarias, también tendrá que hacerlo en las Illes Balears. Evidentemente, la Sareb tiene que jugar un papel, pues no puede ser que esté poniendo en riesgo de desahucio a gente en Menorca, y se tiene
que paralizar este hecho. Por tanto, creo que ha sido una presentación muy interesante y muy ilustrativa, y esperemos que no haya caído en saco roto.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, pasamos al Grupo Parlamentario VOX y Grupo Parlamentario Mixto en el Senado.


Tiene la palabra el señor Campos Asensi.


El señor CAMPOS ASENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenidos, señor Benedicto y señor Abril.


Personalmente, comparto algunos de los puntos del diagnóstico que ustedes han hecho, pero no puedo estar de acuerdo en algunas de las medidas que ustedes proponen y que han incluido en ese documento, porque se ha demostrado que son
perjudiciales para facilitar el acceso a la vivienda, como la declaración de zonas tensionadas.


No han hablado ustedes del alquiler. He visto en el programa que ustedes proponen el control del alquiler, pero, por ejemplo, si hablamos del alquiler, son interesantes una serie de datos que demuestran que estas medidas son perjudiciales.
Precisamente ahora se acaban de cumplir dos años desde la entrada en vigor del control de precios del alquiler que el Gobierno planteó como solución a esta crisis que estamos viviendo -y que nadie duda- de acceso a la vivienda, y no ha habido caída
de precios; lo que se ha producido es un fuerte descenso de la oferta de vivienda disponible para alquiler. Le pongo solo como ejemplo el caso de Barcelona. En comparación con 2021, la oferta de vivienda se ha reducido un 43 %. En Navarra, un
44,2 %. En La Coruña, tras la declaración de zona tensionada en julio de 2025, los contratos de alquiler se han desplomado un 51 %. Es evidente que el problema estructural sigue siendo la falta de oferta de vivienda y que España arrastra un
déficit acumulado de unas 700 000 viviendas desde 2021, pues se estima que serán necesarias alrededor de 2,5 millones adicionales hasta 2030 para resolver la demanda, y en Baleares estamos en torno a un déficit de 30 000 viviendas.


Hay que tener algo en cuenta que ustedes no han citado y es que en toda esta temática influye la entrada en España de tres millones de extranjeros en los últimos cinco años. Esta demanda, combinada con la drástica reducción de vivienda
disponible, ha conducido a una subida de precios de un 30 % solo en el mercado del alquiler. Porque no se puede hablar de vivienda sin hablar de inmigración. Nosotros lo que decimos es que fronteras seguras son pisos asequibles. Hay una oferta
raquítica y un exceso de demanda que está llevando a estos precios récord y, desgraciadamente, hemos pasado de ser un país de propietarios a uno de precarios sin casa.


También estoy de acuerdo en que los salarios son precarios, por supuesto. Pero, fíjense, en 2002 el 65 % de los jóvenes entre 23 y 28 años eran propietarios, y ese dato ha caído más de 40 puntos. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años
eran dueños de sus casas y hoy solo lo es el 31 %. Nosotros proponemos otras soluciones, soluciones que pasarían por derogar la actual ley socialista de vivienda; derogar toda normativa intervencionista por fracasada -como se ha demostrado con los
datos-; fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler a través del incremento de las bonificaciones fiscales; liberar suelo; simplificar los trámites administrativos y mejorar la seguridad jurídica; tener mano dura contra la
okupación; construir vivienda protegida; reducir impuestos en la adquisición del suelo, en la construcción y en la adquisición de vivienda. Hay una serie de medidas que nosotros proponemos que creemos que son efectivas, porque muchas de las que
ustedes proponen, precisamente, son las que perjudican el acceso a la vivienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, pasamos al Grupo Parlamentario Socialista.


Señor Hila Vargas.


El señor HILA VARGAS: Muchas gracias, presidente.


Enhorabuena. Muchas gracias por comparecer aquí para, como representantes de la sociedad civil, explicarnos a los representantes políticos -en este caso a las Cortes- el diagnóstico y las propuestas que nos hacen llegar para que luego
nosotros las podamos trabajar. Muchas gracias por su trabajo y, como digo, por comparecer.


Hoy, por ejemplo, en Ibiza estamos viviendo el desalojo de uno de los asentamientos más importantes, el de sa Joveria, un asentamiento de personas trabajadoras que viven en chabolas o en roulottes. Lo triste es que se les desaloja sin
darles una alternativa, con lo cual tendrán que ir a otro sitio a poner su roulotte o su chabola. Esa es la triste situación que nos encontramos en una isla donde esas personas tienen un sueldo y es un sueldo decente, pero es que hoy en día
alquilar un piso pequeño en Ibiza cuesta de 2000

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euros para arriba. Es imposible que un trabajador de la hostelería, de la restauración lo pueda pagar. Esa es la triste realidad. Llevamos tres años de gobierno autonómico y he de decir que está muy bien criticar las medidas a corto plazo
que propone el Estado y que no se han aplicado para saber si funcionaron o no, pero yo en tres años no he visto por parte de los que gobiernan en Baleares -PP y VOX- ninguna medida a corto plazo que haya funcionado, porque todos los precios están
subiendo más que nunca. Por tanto, si hay dos medidas que propone el Gobierno de España a corto plazo, que no se han probado y podrían funcionar, probémoslas y luego las critican y nos dicen que no funcionan. Pero no hacerlo por si acaso, cuando
ustedes no han sido capaces de tomar ninguna, me parece un error gravísimo que afecta a miles de ciudadanos. (El señor Campos Asensi pronuncia palabras que no se perciben).


Le pongo un ejemplo. Ahora acaban los contratos de la época de la pandemia, 25 000 contratos de alquiler. Lo que se propone de prorrogar los contratos afectará a 70 000 ciudadanos de Baleares -escúchenlo, porque ustedes tomarán la
decisión- que pasarán de pagar 700 u 800 euros al mes a pagar 1500 o 2000 euros al mes. Es decir, muchos de ellos tendrán que irse a la calle con sus hijos, con sus hijas, con su familia, a una caravana o a una chabola. Esa es una decisión que
ustedes votarán en el Congreso pronto. Voten a favor de las personas, voten prorrogar esa medida. (Aplausos).


Zonas tensionadas. En España hay trescientos municipios de distintos colores políticos que han pedido ser zona tensionada. ¿Saben cuántos han pedido salir después porque no ha funcionado? Ninguno. Ustedes hablan de palabra, pero hay
trescientos que ya lo han hecho y todos siguen. (Aplausos). Por algo será. Piensen en los ciudadanos y déjense de ideología solo porque lo propone Pedro Sánchez. Nosotros creemos que mientras se construye vivienda -que eso es a medio y largo
plazo, porque 40 000 viviendas tardan en construirse muchos años- se tienen que tomar medidas para el hoy. (La señora Corujo Berriel: Muy bien). Hoy hay gente desesperada que necesita una vivienda. Tomen las medidas; están gobernando, tienen
dinero.


Nosotros pensamos que se tienen que tomar esas medidas, se tienen que construir esas viviendas y pensamos que las Administraciones tienen que intervenir en el mercado. Solo dejándolo a la oferta y la demanda no se solucionará. Cuando se
han producido crisis en el pasado, ya sea la de las hipotecas, ya sea la del gas, ya sea otra, ha tenido que intervenir la Administración y se ha podido solucionar. El mercado sólo hubiese tardado muchos años en solucionarlo. Es una cuestión de
emergencia. Creo que las Administraciones tienen que intervenir y tienen que posicionarse.


Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Corujo Berriel: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Simarro Vicens.


El señor SIMARRO VICENS: Gracias, señor presidente, señorías.


Primero, quiero agradecer al Fòrum de la Societat Civil, al señor Benedicto y al señor Abril, su presencia aquí y la explicación que han dado de un problema en el que, sin ninguna duda, estamos de acuerdo con los síntomas, estamos de acuerdo
con el pronóstico, que es un pronóstico grave que tiene esta sociedad, pero no estamos muy de acuerdo con el tratamiento. Venimos de unos años en los que los Gobiernos anteriores no priorizaron solucionar los problemas de la vivienda. En Baleares,
durante los ocho años anteriores del Gobierno de la señora Francina Armengol no se construyeron o no se adaptaron más de cien viviendas al año de protección oficial o de precio controlado. Y en Baleares, además, se aprobó la ley Armengol, sobre la
cual me gustaría saber su opinión, que supuso en la práctica la eliminación del suelo urbanizable sin ofrecer alternativas reales. Se restringió la capacidad de crecimiento, se limitaron las posibilidades de desarrollo y, lo más grave, no se
impulsaron medidas efectivas para aumentar la oferta de vivienda para los residentes. Es decir, se actuó sobre la demanda con mucho discurso, pero se ignoró por completo la necesidad de generar viviendas de manera efectiva. El resultado de estas
políticas nos llevó a la situación actual en la que hay menos suelo disponible, menos vivienda construida y, en consecuencia, los precios son más altos y las familias tienen mayor dificultad para poder acceder a ella.


Hoy en Baleares se están impulsando medidas concretas para incentivar esta oferta de vivienda, que confiemos que den resultado -y ya lo están dando- para conseguir que haya más suelo disponible en el mercado. Se están agilizando los
procedimientos urbanísticos y se están promoviendo iniciativas para movilizar vivienda vacía y fomentar alquileres de precios asequibles. Además, se está priorizando claramente el acceso a la vivienda para los residentes, entendiendo que no se
puede permitir que quien vive y trabaja en las islas quede expulsado de este mercado simplemente porque no tiene vivienda donde

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residir. Es un cambio de modelo priorizando a los residentes, aumentando la oferta de suelo y facilitando el acceso financiero. Más suelo, más vivienda pública, más vivienda públicoprivada, más ayudas, más seguridad jurídica al propietario
y más oportunidades para los ciudadanos.


Pero, señorías, este esfuerzo desde el ámbito autonómico necesita también el compromiso del Gobierno de España, y aquí, lamentablemente, volvemos a encontrar bloqueos injustificados. Hay dos reformas fundamentales que están paralizadas hoy
en este Congreso de los Diputados bajo la responsabilidad de la presidenta, la señora Armengol. La primera, la conocida como ley antiokupas, es clave para poder reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, porque sin seguridad jurídica estos
propietarios no tienen confianza y, sin confianza, no sacan sus viviendas en alquiler. La segunda es la necesaria modificación de la ley del suelo, que permitiría agilizar los cambios de los planes generales de la ordenación urbana de los
municipios, que actualmente tardan más de quince años en conseguir una modificación. Esta es una herramienta imprescindible para poder poner más suelo a disposición y, por tanto, para poder construir más vivienda especialmente destinada a
residentes. Bloquear toda esta reforma no es por un motivo técnico ni procedimental, es una decisión política que tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando, señoría, por favor.


El señor SIMARRO VICENS: Voy acabando, presidente.


Por esto, señorías, el problema de la vivienda no se resuelve con más intervencionismo ni con restricciones, se resuelve aumentando la oferta, dando seguridad jurídica y facilitando la colaboración entre las Administraciones. Esto es lo que
está haciendo el Govern de Marga Prohens en Baleares y es lo que debería también hacer el Gobierno de España, dejar de bloquear las normas y empezar a facilitar la vida a los ciudadanos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar el punto del orden del día, por un tiempo de diez minutos, tienen la palabra los comparecientes.


El señor SECRETARIO DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LES ILLES BALEARS (Abril Hervás): Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones.


Se ha hablado de uno de los temas que veo que forma parte de las diferencias entre los grupos parlamentarios, por lo menos entre el bloque de izquierda y las derechas, de la cuestión de la intervención en el mercado. De forma objetiva, lo
que nos ha llevado a estos datos no es la intervención. Las propuestas de intervención, los intentos de intervención, la zona tensionada -que, en nuestro caso, incluso con los datos que les he puesto sobre la mesa, es una cuestión opcional para la
comunidad autónoma- no nos llevan a esos resultados que tenemos sobre la disminución del número de propietarios, sobre las dificultades que tiene la juventud para emanciparse, sobre las cifras de exclusión residencial que excluyen cada vez más de
cualquier proyecto de vida a muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Baleares. Como decía, no son resultado de la intervención del mercado, sino de la no intervención, que es una gran inercia que arrastran las políticas de vivienda en este país. Por
eso, desde el foro planteamos -si no se quiere intervenir en el mercado, incluso desde esa visión no intervencionista- lo poco que tienen que asegurar las Administraciones. Imagino que en esta Cámara legislativa ustedes compartirán esa doble visión
que tiene también la Constitución -contradictoria, seguramente- de que la vivienda es a la vez un derecho y un bien de mercado. ¿Cómo combinamos esas dos almas de un tema tan necesario y esencial para la vida de cualquier español o balear? Eso
obliga a intervenir, aunque sea de forma mínima.


Hemos puesto una propuesta sobre la mesa. Por lo menos tendrán que estar a la altura de otros territorios y que -mirando incluso más arriba, hacia Europa- sin necesidad de limitar directamente los precios, haya un aumento del parque de
vivienda pública en alquiler que contribuya a bajarlos de forma indirecta.


Sin embargo, en el caso de la vivienda de precio limitado, los datos muestran que resulta muy difícil compatibilizar la estructura salarial de Baleares. Ya les he dado la cifra antes: 380 000 euros de límite. Aun así, si atendemos a la
estructura salarial de Baleares, más de la mitad de los asalariados no llegan a 18 000 euros brutos. Entonces, ¿para quién son esas viviendas de precio limitado? Ya lo empieza a decir incluso algún promotor: no son para la gente que necesita esa
vivienda, no son para los que viven en

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Baleares, no son para los residentes, son para quien pueda pagarlas. Eso es el mercado. Entonces, ¿cuál es el papel de las Administraciones?, ¿facilitar todavía más esa voracidad que les comentaba del mercado? Nosotros pensamos que no.


Señor Simarro, yo creo que no se trata de decir que los que hay ahora lo están haciendo mejor que los que había, o que los que estaban antes lo hacían mejor que los que están ahora. Ya les he dicho que la política de vivienda en España
arrastra un déficit desde hace muchos años, y han utilizado ustedes el término en algún momento. Además, es una política que requiere de grandes inversiones y de una movilización de infraestructuras y de activos muy importante. Es, por tanto, una
maquinaria muy difícil; la Administración en general lo es, pero la de vivienda en particular lo es todavía más. Romper con esas inercias cuesta mucho. Intentar limitar los precios, declarar zonas tensionadas, etcétera, son cuestiones que
contribuyen, pero están todavía muy lejos de pasar de ser una gota en el océano. Creo que, tanto antes como ahora, todas las Administraciones, de diferentes colores políticos, pueden hacer mucho más de lo que hacen, incluso más allá de sus
competencias. Y creo que ahí conecto con el señor Campos, con el que compartía algunas cuestiones del diagnóstico -no tanto de las propuestas-. Por lo menos coincidimos en alguna cosa; si comparten por lo menos esa parte del diagnóstico de que es
una situación de emergencia en Baleares y en otros lugares del Estado español, también las Administraciones tienen que hacer su parte, y ustedes por supuesto también como legisladores. Lo que no puedo compartir de ningún modo con el señor Campos es
introducir un poco con calzador, porque no es lo que nos indican los datos, la cuestión de la inmigración para responsabilizarla también del problema de la vivienda.


En cuanto al problema del crecimiento poblacional -no de la superpoblación, porque todavía incluso tenemos margen de crecimiento si nos comparamos con otras realidades insulares como Malta, donde he tenido la suerte de vivir-, está claro que
es un crecimiento poco sostenible: se ha producido más de un 50 % de crecimiento de población desde 2000 hasta la fecha. Pero el principal factor de atracción es el modelo económico y el modelo turístico, que necesita -y eso es fácil calcularlo,
yo ya lo he hecho desde el ámbito académico- entre 15 000 y 20 000 personas anuales extra, porque con las que están no basta. Este año muy probablemente superemos los 20 millones de turistas. Entonces, si queremos que haya cada vez más turistas,
necesitaremos más gente para atenderlos. ¿Que luego eso tiene una repercusión sobre las infraestructuras y los servicios públicos? Claro que la tiene, pero alguien deberá responsabilizarse.


Y conecto esto con la última parte de nuestras propuestas. Hacen falta muchas más políticas de vivienda, políticas de vivienda a todos los niveles; hace falta un compromiso de la clase política mucho más claro -más allá de la retórica, que
decía el señor Simarro-, mucho más allá del que tenemos en este momento, y eso habrá que financiarlo con algo. Yo creo que los discursos que vemos hoy en día -casi casi antiimpuestos- nos obligan a preguntarnos desde el foro -y desde el sentido
común, diría yo-: ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Porque también las reducciones en el impuesto de patrimonio, que podrían ser una buena fuente de financiación para impulsar las políticas necesarias, tienen un impacto en Baleares. Antes les
hablaba de lo que significa en cifras la concentración de la propiedad en pocas manos, en esas personas que tienen muchísimas viviendas. Se concentran más de 7000 viviendas en manos de gente que tiene más de cien viviendas. Mediante la reducción
del impuesto de patrimonio en el último ejercicio, hubo tres personas -propietarios o inversores, como quieran llamarlos- cada una de las cuales se ahorró 55 millones de euros. En conjunto, se recaudaron 460 millones de euros menos, que ya no
tienen las arcas de la comunidad autónoma para hacer esa política necesaria. En todo caso, tendrán que ver de dónde sacan ese dinero si realmente se quiere avanzar de alguna forma en la política de vivienda.


Acabo volviendo al tema de la gobernanza. Como les decía, apelo a ese reconocimiento mínimo del doble papel que tiene la vivienda, de ese doble rol de derecho y, a la vez, de bien de mercado. Ustedes, como legisladores, no se queden solo
con la visión de bien de mercado o solo con la visión de los propietarios -que por supuesto también tienen sus derechos-, quédense sobre todo con la necesidad social.


Por último, les agradezco que nos escuchen, porque sobre todo en los foros privados, pero también en muchos públicos, en los que hablamos de la problemática de la vivienda, estamos cansados de ver -y así lo hemos denunciado- cómo casi
siempre se llama a actores de mercado que al final van -legítimamente, si quieren- a hacer negocio con el problema de la vivienda. A nosotros, pero sobre todo a ustedes, corresponde compensar esa balanza y decantarla del lado de la ciudadanía y de
quien sufre el problema de la vivienda, que, como les decía, es el problema de Baleares en este momento y yo creo que de buena parte del país.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Sin más, damos por concluida esta comparecencia. Hacemos un receso de... (El señor presidente del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Balears, Benedicto Lacomba, pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Sí, perdón.


El señor PRESIDENTE DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LES ILLES BALEARS (Benedicto Lacomba): Yo solamente quería agradecer su tiempo y su atención.


Hemos visto cómo se han leído el documento, lo cual nos alegra, porque también estamos acostumbrados a ir a foros a explicar y nos damos cuenta de que no se lo han leído. Se lo agradezco firmemente.


Este documento ha sido, como explicaba David, elaborado entre mucha gente, entre muchas entidades de carácter muy plural; no es un documento surgido de no sé qué trinchera, no, es muy plural y han participado en él promotores,
constructores, arquitectos, gente del derecho... Este es el documento que ha salido consensuado, un documento en el que en cierta parte del debate ha participado y hemos contado con la presencia de miembros del Govern balear. El propio conseller
estuvo presente dos veces: una en el congreso que celebramos y la otra en unas reuniones posteriores, y estaba encantadísimo con las propuestas que les habíamos planteado. ¿Quiere decir que estuvieran de acuerdo en todo? No. Sería muy
pretencioso venir aquí y que estuvieran ustedes de acuerdo con todo lo que decimos, pero enmiéndenlo, háganlo. Ya se lo decía anteriormente, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos reunido a toda esta gente, hemos elaborado este documento y
hemos identificado un problema en el que sí coincidimos todos. Ahora hay que hacer algo. Háganlo. Nosotros creemos que lo hemos hecho, se lo aportamos, es gratis. Lo único que esperamos es que ustedes puedan desarrollarlo de la mejor forma
posible. Si es de una forma consensuada, mucho mejor; no queremos provocar aquí ningún rifirrafe, para nada, ni antes ni después. Tenemos un problema y queremos solventarlo. Mejor si arrimamos un poco todos el hombro; mejor que lo hagamos entre
todos para que salga mejor. Encontremos una solución de presente y sobre todo para el futuro.


Muchas gracias por su atención. Creo que hemos acertado hasta en el tiempo consumido.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


Ahora sí, damos por concluida la comparecencia.


Hacemos un receso de tres minutos para poder despedir a los comparecientes y seguiremos después con orden del día. (Pausa).


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Debatiremos primero la segunda moción y luego pasaremos a la primera.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONSIDERAR LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS SUBIDAS DE TASAS AEROPORTUARIAS PREVISTAS POR AENA PARA MARZO DE 2026 Y PARA EL EJERCICIO DE 2027. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO (JUNTS
PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002920 y número de expediente del Senado 661/001706).


El señor PRESIDENTE: Empezamos con la segunda moción.


Moción del Grupo Parlamentario Plural en el Senado (Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la aplicación de las nuevas subidas de
tasas aeroportuarias previstas por AENA para marzo de 2026 y para el ejercicio 2027.


Se han presentado dos enmiendas a esta moción, una del Grupo Parlamentario VOX y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero recordarles los tiempos: tienen cinco minutos para la defensa de la moción, dos minutos para la defensa de
cada una de las enmiendas, después un turno de dos minutos para señalar si se acepta o se rechaza la enmienda y pasaremos por último al turno de portavoces.


Por lo tanto, para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Sanginés.

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El señor SANGINÉS GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.


Buenos días. ¿Me dijo que el tiempo era? Perdón.


El señor PRESIDENTE: Cinco minutos.


El señor SANGINÉS GUTIÉRREZ: Con tres tenemos suficiente, y con menos.


Como es sabido, a diferencia de otros territorios, en Canarias el avión no es una alternativa, es un servicio básico, estructural, y por eso nuestro estatuto de autonomía reconoce el derecho a la participación de la comunidad autónoma en
determinadas decisiones de planificación y gestión de las infraestructuras aeroportuarias. Por esta misma razón la agenda canaria que suscribió el Partido Socialista con motivo de la investidura de Pedro Sánchez también lo contempla.


Me gustaría detenerme un segundo, porque pareciera que hablamos de hipótesis, pero, dada la condición de ultraperiferia de Canarias, lo que dice al respecto exactamente nuestro estatuto de autonomía, en su artículo 161, apartado 2, es lo
siguiente: Corresponde -dice textualmente- a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y programación de la gestión de los aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal. Esto es
cierto, pero también dice en su apartado 3 que los aeropuertos de interés general tendrán un régimen especial en el que participarán las Administraciones públicas canarias. Y en su apartado 4 establece que la Comunidad Autónoma canaria podrá -y es
lo que viene a colación con esta moción- participar en las decisiones que se adopten para el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones. En definitiva, si no le reconoce una plena cogestión directa, sí establece ese estatuto,
aprobado por el Congreso de los Diputados, una participación reforzada, institucional y obligatoria de Canarias en decisiones estratégicas de planificación, programación y gestión. Lo digo porque no se trata aquí ni mucho menos de la titularidad o
la competencia -que obviamente es estatal- cuando se aduce la inconstitucionalidad de que participen las comunidades autónomas.


También el Estatuto de autonomía tiene una base constitucional y, en todo caso, parece un burdo pretexto o excusa aducir la inconstitucionalidad o la incompatibilidad de que participaran las comunidades autónomas en la toma de decisiones
estratégicas cuando sí lo hacen, ya que el sector privado tiene un 49 % de participación en AENA. Esto no se lo traga a nadie. Lo digo porque tampoco se trata necesariamente de que ocupemos un sitio en el Consejo de Administración, sino, como ya
he dicho y refiere el estatuto, de articular fórmulas que permitan una participación efectiva en la toma de decisiones estratégicas a que se refiere el referido estatuto, que, como digo, también tiene una base constitucional. El problema aquí es
que tanto el presidente de AENA como el ministro -todo hay que decirlo-, a tenor de sus declaraciones, responden más a los intereses privados que a los públicos que debieran defender. Y a eso se le ha sumado -también tengo que decirlo- un partido
socialista canario que, en lugar de cumplir, hacer cumplir y defender los derechos que nuestro estatuto nos otorga, rinden pleitesía a un Gobierno de España que no tiene voluntad e impide el desarrollo de dicho estatuto.


En definitiva, esta moción versa sobre el último de los aspectos de ese artículo 141, concretamente el apartado 4, cuando habla de las tasas aéreas, que supongo que ya se habrán subido en el mes de marzo. Esta moción tiene ya algunos meses
y solicita instar al Gobierno de España a que reconsidere la aplicación de estas tasas en el caso de los aeropuertos canarios, especialmente para el ejercicio 2027 ya, y garantizar que la política tarifaria de AENA tenga en cuenta estas
singularidades canarias en tanto se abre un proceso de diálogo -al parecer se ha abierto, pero para negarlo- y se negocian con el Gobierno de Canarias estas eventuales subidas que afectan, por razones obvias, no solamente al desplazamiento de los
que allí vivimos, sino a nuestra principal industria, el turismo, con los precios y la competitividad de nuestros aeropuertos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


La enmienda que hemos presentado los diputados de VOX está relacionada con el primer apartado del petitum de la iniciativa en lo referente al marco temporal, en tanto que lo que se está revisando y lo que es objeto de revisión ahora mismo es
el tercer documento de regulación aeroportuaria, el DORA III,

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en el que hay una propuesta de revisión de tarifas por parte de AENA para el periodo regulado 2027-2031. La Dirección General de Aviación valorará, estudiará y remitirá esa propuesta al Consejo de Ministros a través del Ministerio de
Transporte, del que depende. Por lo tanto, entiendo que debería ser el objeto de esta iniciativa, ya que es lo que se está dilucidando ahora por parte del Gobierno de España.


En cuanto al segundo apartado, queremos eliminar lo relativo al sesgo nacionalista o separatista que ha introducido Coalición Canaria, que sigue avanzando en la línea de esa bandera que ha asumido, la de la organización terrorista de MPAIAC.
Como estamos hablando de tasas aeroportuarias, tengo la obligación de recordar que el aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria del día 27 de marzo de 1977 provocó la muerte de 583 personas en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Por lo
tanto, una vez más se constata que el odio a España que se ha promovido por parte de los nacionalistas durante décadas tiene unas consecuencias nefastas y criminales.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA DOMÉNECH: Gracias, presidente.


Muy buenas tardes a todos.


El Grupo Socialista ha presentado hoy una enmienda de sustitución a todo el petitum de su moción. Lo hacemos responsablemente y por varias razones. De los tres puntos que se plantean, el primero se refiere a la subida de las tasas
aeroportuarias, solicitando en el punto 1 la reconsideración de la subida al partir de la base de los posibles impactos socioeconómicos y territoriales en Canarias y que esa reconsideración parta de un proceso de diálogo y negociación con el
Gobierno de Canarias. Pero, claro, usted sabe que este punto no es exactamente así, porque el Gobierno canario sí cuenta con toda la colaboración del Gobierno de España para avanzar en materia de coordinación. Lo que establece la legislación es
que la propia AENA, para actualizar o modificar las tarifas aeroportuarias, debe celebrar unos procesos de consulta con las aerolíneas, con las asociaciones representativas de los usuarios y con la Dirección General de Aviación Civil.


No me detendré demasiado en explicar por qué el punto 2 creemos que se tiene que suprimir, ya que se trata de un punto absolutamente estéril para el debate político cuando lo que pretenden ustedes es encajar sus exigencias desde el marco
normativo canario y no están teniendo en cuenta para nada el marco legislativo de AENA e incluso obvian que en Canarias hay aeropuertos de interés general, que son competencia del Estado.


Respecto al punto 3, no compartimos tampoco esa afirmación de la afectación de la subida de las tasas directamente a la conectividad aérea. Pero de este tema hablaré después, en el turno de portavoces, porque ahora no tengo mucho tiempo.


No obstante, con ánimo de votar a favor de su moción, nosotros les hemos propuesto esta enmienda para que se sustituyan esos tres puntos por un único punto que sí creemos que se alinea con el espíritu más constructivo que pueda tener su
moción: instar al Gobierno a mantener tarifas aeroportuarias competitivas y políticas de incentivos que impulsen la conectividad de las islas Canarias.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, para manifestar si se acepta o no la enmienda, tiene un tiempo de dos minutos. Pero si quiere, señor Sanginés, acumulamos los dos tiempos porque justamente después hablaría en el turno de portavoces. Tendría cinco minutos.
(Asentimiento).


Pues tiene la palabra.


El señor SANGINÉS GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


La enmienda de VOX no la vamos a aceptar, sin mayores comentarios. Obviamente, ni Coalición Canaria ni el actual Gobierno de Canarias tienen ninguna intención separatista. Me parece suficiente con este comentario.


En cuanto a la enmienda del Partido Socialista, diré que algunos no, todos los aeropuertos canarios son de titularidad estatal, sin excepción. Son los puertos; puertos sí hay algunos de competencia exclusivamente autónoma. En cualquier
caso, no podemos aceptar la enmienda porque lo único que

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estamos solicitando en realidad es que cumplan, que cumplan con lo que firman, que cumplan con lo que aprueban, y el Partido Socialista aprobó el estatuto de autonomía y también suscribió la Agenda Canaria, que habla del desarrollo de estos
aspectos del estatuto de autonomía, ya que los instrumentos de consulta y de participación actuales se han revelado absolutamente insuficientes para dar respuesta a lo que se espera, como dije en la exposición de la moción, de una participación
efectiva en la toma de decisiones estratégicas que afectan a la gestión de esos aeropuertos.


En definitiva, tampoco aceptamos esa enmienda porque no permitiría cumplir con el objetivo de la moción, que versa exclusivamente sobre las tasas, pero, sobre todo, sobre lo que subyace en el fondo de todo esto que, insisto, es el desarrollo
y cumplimiento de nuestro estatuto de autonomía en relación con la gestión de los aeropuertos y la participación de la comunidad autónoma.


El señor PRESIDENTE: Seguimos con el portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR-Izquierda Confederal-Más Madrid- Eivissa i Formentera al Senat- Compromís-Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai, señor Chinea.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Desde Agrupación Socialista Gomera apoyamos esta iniciativa porque es verdad que -ya lo dijo también su proponente- aborda una cuestión central para Canarias, como es esa política de tasas aeroportuarias; en definitiva, ese modelo de
gestión de una infraestructura que para nosotros, señorías, no es secundaria, sino estructural. En nuestra tierra, el transporte aéreo no es una alternativa, sino lo que nos garantiza a los canarios y las canarias nuestra movilidad, nuestra
cohesión territorial y, por supuesto, el funcionamiento de nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Por eso, cualquier decisión que afecte a los aeropuertos de las islas no puede adoptarse como si se tratara de un territorio
continental más, y lo que está ocurriendo es eso. Pero ya les decimos que nosotros vamos a seguir alzando la voz sobre este tema. Esta iniciativa lo expresa, y además de manera clara.


Las subidas de las tasas aeroportuarias previstas por AENA para el periodo 2026-2027 se plantean de una manera uniforme y sin tener en cuenta nuestras singularidades como región ultraperiférica, como archipiélago y, por supuesto, como
dependientes del transporte aéreo para movernos entre islas y fuera de ellas. Señorías, creemos que eso no es un error simple y técnico, sino un error político de primer orden que entendemos está mucho más relacionado con esa política comercial y
esas previsiones de beneficio de AENA, en particular de sus accionistas privados, con cuyos intereses parece que está bastante volcado el presidente de la empresa mixta a tenor de sus últimas declaraciones. Además, hay que recordar que aplicar el
mismo criterio a realidades tan distintas acaba generando algo que no queremos que pase, desigualdad. En este caso, las consecuencias son evidentes: subida del precio de los billetes, pérdida de competitividad turística, menor conectividad y, en
última instancia, una penalización directa a la gente de las islas.


No podemos olvidar -ya lo dijo el proponente de la iniciativa- que nuestro estatuto de autonomía reconoce expresamente el derecho de Canarias a participar en la planificación y gestión de sus infraestructuras aeroportuarias. Sin embargo,
parece que la realidad es que las decisiones se siguen adoptando año tras año de manera unilateral, sin diálogo y sin tener en cuenta la voz de las instituciones de las islas precisamente en aquellas decisiones tan vitales y cruciales en las que la
cogobernanza es más que necesaria, como esa política de fijación de tasas o, por ejemplo, la planificación de inversiones de nuevas infraestructuras en las islas. No es la primera vez que nuestra tierra se ve perjudicada por decisiones en materias
como esta del transporte que no tienen en cuenta la realidad de las islas. También lo hemos visto, por desgracia, en el ámbito portuario -voy terminando ya, señor presidente-, donde medidas pensadas en otros contextos han dejado fuera ese tráfico
interinsular de las islas, agravando aún más esa vulnerabilidad de las islas no capitalinas, como La Gomera o El Hierro. Por eso insistimos siempre en lo mismo: no se trata de privilegios, sino de justicia. Señorías, lo que pedimos es razonable;
pedimos que se reconsideren las subidas de las tasas, que se evalúe su impacto específico en las islas y, por último -y ya termino-, que se abra un proceso real de diálogo con las instituciones canarias para definir una política aeroportuaria
adaptada a las singularidades de las islas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.

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El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Empiezo por los comentarios del senador de Coalición Canaria con relación a la enmienda que había registrado el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados. Dice que Coalición Canaria no tiene pretensiones separatistas. Pues la
pregunta es por qué ha elegido Coalición Canaria como bandera oficial de su partido la bandera separatista de la organización criminal y terrorista MPAIAC. Ya digo que es un hecho especialmente relevante en una moción que trata de tasas
aeroportuarias. Señor Sanginés, los que inventaron esa bandera que ustedes tienen como oficial en su partido provocaron el mayor accidente de la aviación civil, con 583 muertos, en el aeropuerto de Los Rodeos. No se ha pronunciado usted, señor
Sanginés, respecto a esta cuestión que he puesto de manifiesto.


Insisto en que tanto Coalición Canaria como también ahora la Agrupación Socialista Gomera se refieren al incremento de las tasas para el ejercicio 2026. La realidad es que ya estamos en abril de 2026 y la cuestión importante sobre las
tasas, que va a afectar en un periodo bastante más amplio, es lo relativo al tercer documento de regulación aeroportuaria, el DORA III, que tiene que remitirse para que después del verano el Consejo de Ministros adopte una decisión sobre este
periodo regulado 2027-2031. Esto es lo importante y poco o nada se dice en la iniciativa de Coalición Canaria. Profundizando en este tema, que es el importante, la realidad es que la propuesta de AENA trata de una subida anual del 3,8 % en las
tarifas de cada uno de esos ejercicios hasta 2031 y que hoy en día lastra la competitividad. Además, ese crecimiento sostenido agravaría la situación y tampoco se ajusta a una previsión de IPC por parte del Gobierno.


En cuanto a los apartados segundo y tercero de la moción de Coalición Canaria, el 14 de abril -es decir, la semana pasada- el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo compareció ante la Comisión de Transportes del Congreso. Si
hubiese ido alguien de Coalición Canaria se habría dado cuenta de que la estructura tarifaria tiene en cuenta una serie de características, como la lejanía y no tener un medio de transporte alternativo en los aeropuertos canarios. Pero el problema,
ya digo, no está en lo que pide la moción de Coalición Canaria, sino en ese incremento sostenido de precios del 3,8 % sin ningún tipo de explicación, que va a complicar la vida, va a empeorar la vida de los canarios en el ámbito del transporte aéreo
hacia la Península y también, otra cosa fundamental, va a lastrar la competitividad de nuestro sector turístico, que es tan importante para la economía de Canarias.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Saavedra Doménech.


La señora SAAVEDRA DOMÉNECH: Gracias, presidente.


Después de escucharles, he de decir que las tasas aeroportuarias son el elemento central de la sostenibilidad económica a largo plazo del sistema aeroportuario español y permiten que se financien importantes inversiones en nuestros
aeropuertos. En Canarias, concretamente, si hablamos del Plan DORA III, hablamos de 1800 millones que se invertirán en los aeropuertos en el periodo 2027-2031. (Aplausos). Por citarles un ejemplo cercano a ambos, concretamente 250 millones irían
al aeropuerto de Lanzarote y más de 336 millones al de Gran Canaria, lo que quintuplica la inversión del convenio anterior. Estamos hablando de la mayor inversión de la historia.


Jurídicamente, las tarifas aeroportuarias son fruto de un tasado mecanismo de cálculo fijado en la ley y sus desarrollos normativos, mientras que a lo que atiende el precio del billete es a lo que establezcan las aerolíneas. Por tanto, no
se pueden alterar las tarifas por capricho ni vaciarlas de contenido cuando usted sabe que están aprobadas, supervisadas y controladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La CNMC sigue estrictamente la normativa vigente y por
eso aprobó el ingreso máximo anual aplicable para 2026 en 11,03 euros por pasajero, lo que supone un aumento de 68 céntimos de 2025 a 2026. Yo me planteo, ¿cuál es exactamente la queja, señorías? ¿Que se suba la tarifa en 68 céntimos por pasajero
en un año? Con 68 céntimos usted no se toma ni un café. Luego los oiremos quejarse porque no hay inversiones en los aeropuertos. Les recuerdo que las tarifas estuvieron congeladas diez años, señorías.


Ustedes llevan un tiempo realizando una serie de comentarios y utilizando de una manera, a mi juicio, torticera el recurso del estatuto de autonomía hablando de cogestión, porque saben que no se corresponde con la realidad jurídica y lo que
esta permite. En el estatuto de autonomía no viene recogido que ningún Gobierno autonómico pueda tener voz ni voto o participar en las decisiones del Consejo de Administración de AENA. Pues claro que no. Sin embargo, sí se dedican a generar
expectativas con el argumento de la

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cogestión de los aeropuertos. Nosotros les pedimos que respeten el marco legal vigente. Le recuerdo, señor Sanginés, que además fue con un Gobierno socialista en la Moncloa cuando se logró subir el descuento a residentes insulares en un 75
%, eso no fue con sus socios de gobierno en Canarias, el Partido Popular; no fue con ellos. Así que, cuando se vaya a afirmar que se pone en riesgo la competitividad turística en Canarias por la subida de tarifas, pediría un poquito más de
seriedad, porque las cifras de crecimiento son meridianas: se incrementaron en un 3,4 % las llegadas de turistas a Canarias por los aeropuertos en el año 2025.


Termino diciendo que en AENA y en el Gobierno de España se respeta totalmente la singularidad de Canarias, y prueba de ello han sido las recientes reuniones que, como usted sabe, se han venido manteniendo de manera bilateral entre el
Gobierno canario y el de España. Creemos que es compatible mantener el modelo de trabajo en red con el respeto a las especificidades canarias.


Insistimos, señoría, en que tenemos la mano tendida. Por favor, más gobernanza y menos confrontación.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Finalizamos el turno de portavoces con el portavoz del Grupo Popular, el señor Rojas Manrique.


El señor ROJAS MANRIQUE: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías.


Permítanme empezar haciendo un poco de memoria. Durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, el Grupo Popular presentó una enmienda muy clara: congelar las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031 y establecer un plan de
incentivos para los aeropuertos regionales, una medida pensada para proteger la conectividad de territorios como Canarias. ¿Y qué ocurrió? Votaron en contra el Grupo Socialista, SUMAR y el resto de los socios, Esquerra, Junts, PNV y Bildu. Y
Coalición Canarias, señoría, optó por la abstención, no para impedirlo, pero tampoco para defender con claridad algo que era clave para Canarias. Me alegro de que, aunque tarde, hayan cambiado de opinión. Hoy estamos debatiendo exactamente aquello
que el Grupo Popular quiso evitar. Si hubiera sido aprobada aquella enmienda, hoy la ley impediría la subida de tasas.


Señorías, la situación actual no es casualidad, y la subida de tasas aeroportuarias se suma a un contexto especialmente complicado: incremento del precio del combustible y aumento de costes operativos y precios por la inflación. ¿Y qué
ocurre cuando se juntan todos estos factores? Lo sabemos: suben los precios de los billetes y se resiente la conectividad. Y en Canarias, como en Baleares, en Ceuta y en Melilla, esto no es un asunto menor. Aquí el transporte aéreo no es una
alternativa, es una necesidad básica para garantizar la igualdad de oportunidades. Y no me vale el argumento que hemos escuchado de que la subida es pequeña, que no da para un café y que es necesaria para financiar inversiones o los DORA.
Señorías, eso no se sostiene, porque AENA ha registrado beneficios históricos. Y dice la portavoz socialista que AENA acaba de decir que hará la mayor inversión de la historia precisamente con todas las tasas congeladas gracias a una ley del
Partido Popular. Es decir, se ha demostrado que se puede invertir y mejorar el sistema aeroportuario sin subir las tasas y sin cargar más costes sobre los ciudadanos. Por tanto, no estamos ante una necesidad, estamos ante una decisión política, la
de ustedes, señorías.


El Grupo Popular apoya esta iniciativa -queremos decirlo claro-. La apoyamos porque es razonable, porque responde a la realidad de Canarias y porque, aunque llegue tarde, va en la dirección correcta. Pero también conviene decirlo: cuando
se trata de tomar posición, algunos prefirieron quedarse en tierra de nadie, y en asuntos como este, que afectan directamente a los canarios, no basta con no oponerse, hay que defenderlos con claridad. Por eso, más allá de esta moción, lo que toca
ahora es actuar, evitar estas subidas, evaluar su impacto real en Canarias y en el resto de los territorios no peninsulares y garantizar que no se traduzcan en menos conectividad y más costes para los ciudadanos. De lo que estamos hablando no es
solo de tasas, sino de la movilidad de los canarios, de nuestro principal motor económico y de la igualdad entre españoles. Y ahí, señorías, no caben medias tintas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

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- RELATIVA A LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL CASTELL D'ALARÓ (MALLORCA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002284 y número de expediente del Senado
663/000165).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la que estaba como primer punto, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR relativa a la conservación y gestión pública del Castillo de Alaró en Mallorca.


Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley, una del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai), y una del Grupo Parlamentario
VOX.


Para la defensa de la proposición no de ley, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias, presidente.


Justo hace un año, el 14 de abril, nos reunimos los diputados y senadores por las Illes Balears en Alaró, en una reunión convocada por el alcalde y por todas las agrupaciones políticas de los diferentes partidos, muy preocupados por la
conservación del Castell d'Alaró, y asumimos un compromiso que traemos a esta comisión: una proposición no de ley para poner de manifiesto la unidad que había para la conservación del castillo. Incluso diré que el redactado no es mío, sino que
sale del Ayuntamiento de Alaró y de las fuerzas políticas que tienen representación, entre ellas Més per Mallorca, que decidimos presentar esta PNL. La idea es incidir políticamente en todas las Administraciones que tienen responsabilidades con el
Castell d'Alaró para que consigamos el objetivo común que todos tenemos, que es su conservación.


Para los que no lo conozcan, el Castell d'Alaró es un bien de interés cultural, es un castell de les roques, un castillo de las rocas, que tiene una singularidad; solo quedan dos en Mallorca y, por tanto, tiene un especial interés. Está en
la Sierra de Tramontana, declarada patrimonio mundial por parte de la Unesco, y evidentemente paraje natural.


El Castell d'Alaró ha sido siempre muy querido por los ciudadanos de Alaró, que han demostrado su energía trabajando siempre para su conservación. Por eso, quería agradecer a Al Rum, a la Fundación Castell d'Alaró, participada por el
Ayuntamiento, el Consell de Mallorca y el Obispado, y a los voluntarios, también locales, la conservación de los bienes que tienen en el Castell, así como agradezco su trabajo a todos los voluntarios que durante años han participado en la
rehabilitación, que ha permitido, por ejemplo, tener la hospedería que ahora mismo está en funcionamiento. Pero, evidentemente, la sociedad pide un paso más, pide que el patrimonio, que las murallas no se degraden al ritmo que lo están haciendo;
que todas las Administraciones se pongan de acuerdo y actúen. Creo que están un poco cansados -si me permiten la expresión- de oírnos hablar, porque ha habido varios intentos por parte de diferentes Administraciones, pero, desgraciadamente, no
hemos conseguido el objetivo, y por tanto nos tenemos que coordinar. Por un lado, el consell y el ayuntamiento han firmado un convenio de colaboración con la intención de adquirir los terrenos de la finca que está alrededor del Castell d'Alaró.
Además, se han ofrecido a liderar la rehabilitación. Evidentemente, el Estado tiene que facilitar la información, los informes técnicos y ceder parte de la propiedad que tiene, que son las murallas, para así poder crear un conjunto gestionado de
manera inequívoca por la Fundación Castell d'Alaró o por parte del Consell de Mallorca. Con esta coordinación, fruto de esa reunión, se solventaron en ese momento unas excavaciones que estaban pendientes de los informes de forma muy ágil. Dentro
de los días siguientes a esa reunión, el Ministerio informó favorablemente unas catas que se tenían que hacer. Se hicieron esas catas, esa colaboración arqueológica y tenemos más datos, pero tenemos que seguir avanzando en las actuaciones. No se
está haciendo lo más importante, que es la rehabilitación. Por tanto, hoy, entre todos, tenemos que avanzar en esa línea.


La petición es sencilla, que el Ministerio de Cultura autorice a las Administraciones locales, en este caso al ayuntamiento y al consell a llevar a cabo las actuaciones para la conservación. Y después hemos presentado una autoemienda para
actualizar ese texto, pues ya ha pasado un año, en la que pedíamos la cesión de las murallas al Consell de Mallorca. El Grupo Socialista me ha hecho una observación que creo que merece la pena incorporar a esa enmienda que nos habíamos hecho: que,
evidentemente, antes de poder ceder un bien el Estado tiene que delimitar esa propiedad, tiene que registrar la propiedad adecuadamente y, después, iniciar el proceso de cesión. A ese punto de consenso llegamos en esa reunión de hace un año, pedir
al Ministerio que agilizara la respuesta a las Administraciones locales para

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que pudieran actuar, pero creo que también sobrevolaba en esa reunión la necesidad de la cesión de las murallas. Por tanto, recogemos hoy en esta PNL la intención de todos los partidos políticos y la intención del pueblo de Alaró de seguir
avanzando en esa línea y que todas las Administraciones, con sus competencias y con sus responsabilidades, actúen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Entendemos que la enmienda está defendida con su intervención, ¿no? (El señor Vidal Matas hace gestos de asentimiento). Gracias.


Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario VOX, por un tiempo de dos minutos. El señor Campos Asensi tiene la palabra.


El señor CAMPOS ASENSI: Gracias, señor presidente.


Nosotros hemos registrado una enmienda, cuyo primer apartado hace referencia a la exposición de motivos y es simplemente una corrección, y es que los términos que están escritos en catalán en un texto en español se traduzcan al español. No
porque lo diga yo, sino porque es una recomendación de la propia Real Academia Española. Si uno escribe en español y el término que utiliza también tiene traducción al español, lo normal es que lo ponga en este idioma. Existen castillos roqueros,
Castillo de Alaró y Consejo Insular de Mallorca. No creo que tenga ningún problema, a no ser que al señor Vidal le cree sarpullido utilizar la terminología que también existe en español. Lo correcto es que esté en este idioma en un texto escrito
en el idioma oficial del Estado.


Por otra parte, hemos incluido tres puntos que demuestran nuestro compromiso con el patrimonio español, especialmente con el Castillo de Alaró. Se las leo brevemente. En el punto 1 se hace referencia a: condenar el abandono del Castillo
de Alaró en Mallorca por parte del Ministerio de Cultura, incumpliendo sus obligaciones como titular de este bien de interés cultural; instar al Ministerio de Cultura a cumplir con sus obligaciones legales de conservación y rehabilitación de este
deteriorado bien del patrimonio español del que es titular y, en todo caso, a permitir al Ayuntamiento de Alaró y al Consejo Insular de Mallorca a llevar a cabo las acciones necesarias para la restauración y conservación del bien protegido,
autorizando la solicitud remitida por la institución insular; y, finalmente, instar al Gobierno de España a promocionar a nivel nacional e internacional la riqueza patrimonial, cultural, artística y gastronómica de España, utilizando para ello la
publicidad y comunicación institucional.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para manifestar si se acepta o se rechaza la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional, tiene la palabra el señor Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


No aceptaremos las enmiendas básicamente por respeto al texto. El texto no está redactado por mi persona, está redactado por los responsables del Ajuntament d'Alaró, Al Rum, el Consell de Mallorca y todos los que estábamos presentes en esa
reunión, que lo tuvimos a bien, y donde también estaba usted, señor Campos. Por tanto, he copiado el texto que me dieron. Y decir Consell de Mallorca, creo que es respetar los nombres de las instituciones, faltaría más. En cuanto al tercer punto,
sobre el turismo, lo importante y lo prioritario es que se conserve y se rehabilite el Castell d'Alaró, no su explotación turística. Lo importante es conservar ese patrimonio; primero, lo que nos une. En aras de ese consenso, el texto es el que
salió en esa reunión y no voy a modificarlo para no romper ese consenso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al turno de portavoces.


Coalición Canaria no va a hacer uso de la palabra.


Por tanto, volvemos al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR e Izquierda Confederal.


Señor Vidal Matas, tiene la palabra por tres minutos.


El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias, presidente.


Es fácil -y además es lo que se nos pidió en esa reunión- que entremos en un debate, como pretendía el señor Campos, y meter caña entre las diferentes Administraciones. Sin embargo, existe consenso para pedir al Ministerio de Cultura que
actúe y que permita las actuaciones, tal como se dice en

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la moción. Creo que en este texto se pide la cesión de las murallas, en los términos de la enmienda transaccional que hemos redactado. Por tanto, se respetan los consensos y se intenta no generar más debate, ya que todas las
Administraciones han sido responsables, durante mucho tiempo, de la situación del Castell d'Alaró. Ha habido diversos intentos de actuaciones que no han fructificado. Lo que nos conviene, pues, o lo que nos interesa es generar consenso entre todos
para que esto funcione y, por fin, que con el Castell d'Alaró se pase de las palabras a los hechos. Ahí nos encontrarán. Pero no entraremos en ese debate.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Campos Asensi.


El señor CAMPOS ASENSI: Gracias, señor presidente.


No sé de qué consensos habla el señor Vidal. Hace un año nos reunimos con el alcalde de Alaró, en Mallorca, y con representantes del Consejo Insular para tratar el grave deterioro del Castillo de Alaró, cuya titularidad recae en el
Ministerio de Cultura. A la salida de la reunión declaré que era muy probable que el ministerio siguiera sin hacer nada, y no me he equivocado. Así ha sido.


El ministerio de Cultura es del señor Ernest Urtasun, de la coalición SUMAR, la misma coalición a la que pertenece Més per Mallorca, quien ha presentado esta iniciativa. El señor Vidal, diputado de Més, presenta esta iniciativa para
intentar blanquear su responsabilidad en el abandono al que este ministerio, en manos de su propio partido o su propia coalición, ha sometido al Castillo de Alaró.


Su coalición, SUMAR, y el propio ministerio del señor Urtasun se ríen; se ríen del señor Vidal y se ríen de Més, como cuando en julio del año pasado invitaron al secretario de Estado de Cultura, el señor Jordi Martí, para hacerse una foto y
nada más. Bueno, no sé si comieron sobrasada, supongo que sí.


Señorías, Més per Mallorca es un partido separatista, pancatalanista, defensor de la entelequia de los llamados países catalanes y, por tanto, profundamente antimallorquín. Lo demuestran con hechos, como cuando siguen formando parte de un
Gobierno, el de Pedro Sánchez, que entre sus múltiples fechorías perjudica continuamente a Mallorca y a todas las islas Baleares.


Nosotros, sin tener representación en el Ayuntamiento de Alaró, sí tenemos un compromiso con la preservación de su castillo. Ya registramos una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Cultura de SUMAR. Lo tengo aquí. (Muestra un
documento). Lo digo por si le quieren echar un vistazo. Su respuesta, la respuesta de quien es titular y podría actuar, fue que el proyecto presentado por el Consejo Insular de Mallorca para una intervención urgente en el castillo no era adecuado
y que estaba contemplada la celebración de una reunión textual. (Muestra otro documento). También, si lo quieren consultar, está aquí. Eso es todo. De esto hace un año.


La dejadez de este Gobierno provocará que el Castillo de Alaró desaparezca, y Més, por formar parte del Gobierno, también será responsable.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguidamente, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hila Vargas.


El señor HILA VARGAS: Muchas gracias, presidente.


Es indudable que el Castillo de Alaró tiene una importancia simbólica para todos los mallorquines y, por tanto, todos tenemos que trabajar de la mano para conservarlo y protegerlo. Por eso, en el Partido Socialista estamos de acuerdo en que
se haga. Estamos de acuerdo en que se colabore con el Ayuntamiento de Alaró y el Consell de Mallorca desde el Ministerio de Cultura para hacerlo posible en la fórmula que ellos acuerden. No creo que tengamos que ser nosotros, lo tienen que hacer
ellos, pero tienen todo nuestro apoyo. También por eso hemos hecho esta aportación a la enmienda.


Nosotros somos favorables a que, en su momento, se pueda ceder a las Administraciones locales, autonómicas o insulares, la titularidad de este bien, pero previamente se tiene que hacer un trabajo registral. Sin eso no hay nada que ceder.
Por tanto, pedimos que, primero, se impulse ese trabajo registral y, después, se inicie el proceso de cesión para que se atienda esta demanda, tanto del ayuntamiento como del Consell de Mallorca, que es justa y positiva. Nosotros nos sumamos y
apoyamos desde el minuto uno esta moción, sin tener que buscar tres pies al gato, como otros grupos, para intentar decir que no la apoyan.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Finalizamos el turno de portavoces con el Grupo Popular.


Tiene tres minutos, señor Torres.


El señor TORRES VALLS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Castell d'Alaró se encuentra situado en un enclave estratégico de la sierra de la Tramuntana y, junto con el de Pollença y el de Felanitx, constituye uno de los tres castillos roquers de nuestra isla. Su existencia ya consta en
documentación del siglo X. En 1931 fue declarado Bien de Interés Cultural, siendo uno de los primeros monumentos mallorquines en recibir esta denominación. Compartimos la preocupación por su conservación como bien patrimonial de primer orden,
integrado en la sierra de la Tramuntana y reconocido por la Unesco.


En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ya había presentado con una anterioridad una moción en esta comisión instando a actuar con urgencia sobre el castillo. Tanto esta iniciativa como la de SUMAR se producen tras la reunión del
alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, con diputados y senadores para pedir ayuda ante la inacción del Estado.


Consideramos que la rehabilitación y conservación de un bien de esta envergadura histórica y patrimonial es esencial y prioritaria. No estamos, por tanto, ante una reacción improvisada. Lo más importante es que hoy sí hay avances reales
bajo el liderazgo de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Se ha aprobado un marco legal que permite declarar el castillo de utilidad pública y habilitar su expropiación como herramienta para garantizar su conservación. El Consell de Mallorca,
presidido por Llorenç Galmés, ya ha activado esa herramienta, impulsando los procedimientos necesarios y actuaciones reales sobre el terreno. De hecho, por primera vez en la historia reciente del monumento, se han iniciado excavaciones
arqueológicas sistemáticas y están permitiendo documentar nuevas estructuras, mejorar el conocimiento del conjunto y establecer las bases técnicas de su restauración.


Señorías, hablamos de hechos, de marco un legal aprobado, de instrumentos activados y excavaciones en marcha. Frente a ello seguimos encontrando el mismo problema de fondo: la falta de agilidad y respuesta efectiva del Estado, titular
parcial del bien en el marco de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. El Castell d'Alaró no necesita más debates ni bloqueos administrativos, necesita coordinación institucional, seguridad jurídica y ejecución inmediata. Eso es lo que
ya están haciendo las instituciones gobernadas por el Partido Popular: pasar de las palabras a los hechos. ¿Qué hace el Estado? Yo se lo diré, señorías: seguir de brazos cruzados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.


- SOBRE VIVIENDAS VACÍAS EN TERRITORIOS INSULARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003311 y número de expediente del Senado 661/001954).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, por lo tanto, al tercer punto del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre viviendas vacías en territorios insulares. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal y otra del Grupo Parlamentario de VOX.


Para la defensa de la proposición no de ley, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Corujo Berriel.


La señora CORUJO BERRIEL: Muchas gracias, presidente.


Señorías, hoy no se trata de analizar la obsesión por Pedro Sánchez que tienen y que es conocida. La gente sabe perfectamente quién les está privando del acceso a una vivienda que no pueden pagar: cuando sus hijos no pueden emanciparse o
cuando tienen que irse simplemente de su pueblo o de su isla porque la vivienda es inasumible. Lo que de verdad importa hoy aquí es si el Congreso y el Senado quieren ponerse al lado del derecho a la vivienda y no a la especulación de los grandes
tenedores.


El principal problema que tiene hoy la ciudadanía es la vivienda. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y en infinidad de comisiones en este Congreso y en el Senado. En España, señorías, hay 26,6 millones de viviendas. Si miramos el
consumo eléctrico, se identifica que 3 084 000 viviendas se encuentran vacías. Es decir, un 14,4 % y más de 2,5 millones son de uso esporádico, sobre todo en las zonas turísticas y también de montaña. No lo decimos nosotros, señorías, no lo dice
el Gobierno, no lo dice el Partido

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Socialista, lo dicen organismos europeos como Housing Europe, que utilizan precisamente el análisis del consumo eléctrico para identificar vivienda vacía y advierten, además, de que su persistencia reduce indudablemente la oferta disponible,
encarece los precios y exige medidas disuasorias y gestión activa. El INE nos informa de que casi la mitad de este stock de vivienda vacía está en municipios de menos de 10 000 habitantes y, sin embargo, en municipios de más de 250 000 habitantes
solo se concentra el 10 %. ¿Qué quiere decir esto, señorías? Que tenemos cientos de viviendas cerradas a cal y canto y esto no es razonable, no es eficiente y, sobre todo, no es justo. Además, hay comunidades autónomas, como la del Gobierno de
Canarias, que han declarado la emergencia habitacional.


Señorías, hay otros territorios que han actuado, que han intervenido y que, además, se han adelantado y mucho a las gestiones del Gobierno de Canarias y del Gobierno de las Islas Baleares. Por ejemplo, el Gobierno vasco aprobó un decreto de
vivienda precisamente para hacer frente a las viviendas vacías, a las viviendas deshabitadas, y esto lo hizo mediante una ley en el año 2015. Esta ley autonómica permite que los ayuntamientos puedan detectar viviendas vacías, iniciar un proceso de
requerimiento y, si en un plazo de dos años no se pone en el mercado de la vivienda, establecer un canon de 10 euros por metro cuadrado. Esto incluso se iría incrementando en el tiempo hasta triplicarse los años. Si esta situación se mantuviese en
el tiempo, el Gobierno autonómico tendría incluso la competencia de poder intervenir sobre ella. Esos son casos extremos. Pero, evidentemente, lo que es plausible es que el Gobierno vasco en este sentido ya ha establecido mecanismos para la
gestión de la vivienda vacía.


Ayer conocíamos que el Gobierno de Canarias hacía público también un paquete de medidas para intervenir sobre las viviendas vacías, que afecta en nuestro territorio, nada más y nada menos, que a 211 000 viviendas. La situación y el modelo
que establece el Gobierno de Canarias evidentemente no lo compartimos porque no tiene en cuenta la participación de los ayuntamientos, sino que trata algo bastante complejo como que el tercer sector u otras entidades se encarguen de captar y
detectar las viviendas vacías para luego gestionarlas. Escucharemos mejor al consejero y al presidente para podernos pronunciar con mayor rigurosidad en este sentido. Por tanto, señorías, hoy debatimos un asunto que debiera preocuparnos y
ocuparnos a todos, y es qué hacemos con esas viviendas vacías, cómo podemos incluirlas en el mercado de la vivienda y qué mecanismos tenemos, desde el punto de vista jurídico, para intervenir ante esta situación. La ley de vivienda, ya existente,
recoge jurídicamente cuáles serían las herramientas que tendrían las Administraciones autonómicas y, por ende, los ayuntamientos para poder intervenir en estas viviendas.


Saben ustedes perfectamente que la situación de las islas es mucho más preocupante que en el conjunto de la península. En primer lugar, porque no tenemos suficiente suelo, hay una escasez importantísima; porque gran parte de nuestro
territorio está protegido; y porque, además, tenemos una fuerte dependencia del turismo. Al mismo tiempo nos enfrentamos a la incapacidad de los Gobiernos autonómicos, tanto de Canarias como de Baleares, para controlar el fenómeno de la vivienda
vacacional que ha provocado que saquen del mercado de la vivienda más del 110 % de lo que existía hace apenas tres años. Es decir, se ha incrementado el parque de la vivienda turística en un 110 % en estos tres últimos años.


Por esa razón, señorías, y ya termino, incluimos medidas que establezca la colaboración interadministrativa que nos permita poner dentro de la ley de vivienda todos los mecanismos jurídicos que estén a nuestro alcance para poder colocar la
vivienda vacía dentro del mercado del alquiler.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y por un tiempo de dos minutos, tiene la palabra el señor Chinea.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


La Agrupación Socialista Gomera ha presentado esta enmienda que pretende, señorías, completar esta iniciativa desde una perspectiva de realismo político y también de eficacia social; porque es verdad que si algo nos dice la experiencia,
especialmente en territorios como Canarias, es que la política de vivienda no admite soluciones simples ni unilaterales.


Partimos de un diagnóstico compartido. Es verdad que hoy por hoy existe un volumen significativo de viviendas que están vacías y que no cumplen esa función social que consagra nuestro artículo 47 de la Constitución. Por eso, en un
territorio fragmentado, con un suelo limitado -también lo ha dicho la

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proponente- y con una presión creciente derivada del turismo, esta realidad no solamente es una anomalía estadística, sino que, señorías, es una urgencia social.


Ahora bien, la pregunta clave no es si hay que actuar, que es evidente que hay que hacerlo, sino cómo tenemos que actuar de una manera un poco más eficaz. Aquí es donde creemos que la enmienda que ha presentado ASG introduce un matiz
esencial, y es esa necesidad de combinar incentivos y también medidas disuasorias. Por un lado, debemos generar condiciones atractivas para que estas viviendas vacías salgan al mercado con incentivos fiscales, como rebajas en el IRPF, o garantías
públicas al alquiler que puedan reducir esa incertidumbre de los propietarios y facilitar que muchos de ellos opten por arrendar sus inmuebles a precios asequibles. Pero, por otro lado, señorías, no podemos ignorar que también existe un gran
segmento de vivienda vacía que permanece al margen de cualquier función social.


Por eso proponemos que también se incorporen medidas disuasorias que sean jurídicas, como recargos en el IBI para viviendas desocupadas sin causa justificada durante muchísimos y muchísimos años en el tiempo. Aquí no estamos hablando de
castigar por castigar, sino de corregir, señorías, comportamientos que perjudican al conjunto de la sociedad, especialmente en territorios donde el suelo es limitado como Canarias. Y esto lo decimos porque en las islas la vivienda se ha convertido
en un bien escaso de primera necesidad. Cuando esto ocurre, señorías, el interés general exige equilibrio. Derecho de propiedad, sí, por supuesto que sí, pero también una exigencia con respecto a la función social que cumple la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


La enmienda de VOX va en el sentido contrario a las medidas intervencionistas propuestas en la enmienda que acaba de defender la Agrupación Socialista de La Gomera, el partido de Casimiro Curbelo, expulsado del PSOE. Por cierto, qué poco se
habla de la expulsión de Casimiro Curbelo del PSOE; en VOX no dejaremos que caiga en el olvido porque creemos que los gomeros se merecen mejores responsables públicos.


VOX propone algo de sentido común, que es dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda social y a las ayudas para el acceso a una vivienda. También proponemos desde VOX medidas dirigidas a solucionar el problema, que no es otro
que el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por eso proponemos derogar la sectaria ley de vivienda de los separatistas y golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña y de los filoeterras de Bildu; impulsar un marco normativo que incentive
a los propietarios para el arrendamiento de vivienda, y la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad. Esto es crítico, señorías. El PSOE excluye a los trabajadores de la posibilidad de tener una vivienda en propiedad. En VOX
rechazamos el coliving y cualquier otra propuesta en la línea de la Agenda 2030 que han promovido el Partido Popular y el PSOE. Esa idea de no tendrás nada y serás feliz es una falacia comunista y globalista, ya digo, contraria a la propiedad
privada, uno de los aspectos más elementales de la dignidad humana.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre si se aceptan o no las enmiendas presentadas, por parte del Grupo Socialista y por un tiempo de dos minutos, tiene la palabra la señora Corujo Berriel.


La señora CORUJO BERRIEL: Muchas gracias, presidente.


Aceptamos la propuesta presentada por el grupo de Izquierda y, evidentemente, votamos en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo VOX.


Aparte de los calificativos que estamos acostumbrados a escuchar día sí y día también, hablándonos de filoetarras y de comunistas, no voy a entrar en que sean neofascistas, ni mucho menos, pero sí quiero poner de manifiesto cuáles son las
ventajas que se están llevando a cabo y que, además, son objetivas en cuanto a la aplicación de la ley de vivienda que ustedes, por supuesto, demonizan. Desgraciadamente, la demoniza tanto el Partido Popular como VOX y, desgraciadamente para mi
tierra, también Coalición Canaria, porque se han negado a aplicar la ley de vivienda, y allí donde se aplica no solo funciona, sino que además tiene beneficios importantísimos para las familias. Tanto es así que -se lo recuerdo al

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Partido Popular- el Gobierno autonómico gallego autorizó a la alcaldesa de A Coruña, del Partido Socialista, a declarar zonas tensionadas. Las zonas tensionadas permiten que se tope el alquiler en los lugares donde es prácticamente
imposible acceder a una vivienda. En fin, no sé si hay un PP bueno, un PP malo, un PP moderado, no lo sé, pero lo cierto es que -háganselo mirar-, como forman parte también del Gobierno de Canarias, me gustaría que aplicaran en aquellos municipios
que lo soliciten la ley de vivienda.


Me ha parecido muy raro que en la intervención de VOX no hablaran de inquiokupas. Lo digo porque, evidentemente, lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, cuando con el voto del Grupo Popular y de VOX se derogue la
prórroga de los contratos de alquiler, como ustedes sabrán, afectará solo en nuestra tierra -lo decía el compareciente de Baleares- a 70 000 familias.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, tienen tres minutos para la portavocía.


La señora CORUJO BERRIEL: Y serán 40 000 familias en Canarias las que se verán afectadas por la subida de hasta un 30 % del alquiler si ustedes no apoyan la prórroga de los contratos de alquiler.


Por tanto, no apoyaremos la enmienda presentada por VOX y sí apoyaremos la de Izquierda.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


Pasamos, por lo tanto, al turno de portavoces.


El Grupo de Coalición Canaria no ejercerá el uso de la palabra.


Por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR-Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Ferrer.


El señor FERRER MARTÍNEZ: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías.


Es una lástima que haya llegado tarde -teníamos Junta de Portavoces y este mes soy yo el portavoz de mi grupo- al diagnóstico tan interesante que han hecho los comparecientes, a los cuales sigo hace ya tiempo. Según lo poco que he podido
escuchar, uno de los aspectos fundamentales del problema de la vivienda, decía, es que una tercera parte tenía un uso turístico temporal y que seguramente esa tercera parte de las viviendas en las islas también se corresponde con las que están
vacías, que es la moción que nos presenta el Grupo Socialista.


A mí de esta moción me ha gustado más la parte expositiva que la dispositiva. Creo que la dispositiva se ha quedado mucho más enriquecida con la enmienda aceptada de mi compañero Chinea. Por cierto, en la isla de La Gomera, que yo sepa,
están ganando últimamente por mayoría absoluta, por lo tanto, lo que se ha comentado antes aquí es un grave desprecio a los principios democráticos.


Siguiendo con la moción, diré que en la parte expositiva hay algunas cosas que querría comentar. El artículo 47, indican que legitima la intervención en este tipo de políticas de vivienda, y yo creo que eso no es así. Creo que no es que
legitime nada, simplemente obliga; o sea, el artículo 47 no legitima, sino que utiliza el verbo promoverán y, por lo tanto, es una obligación, no una legitimación. Si dijera pueden promover, a lo mejor sí que podría legitimar esa intervención,
pero no es así, es una obligación. También me hubiera gustado escuchar alguna referencia a la ley de vivienda balear -se han citado la vasca y la canaria-, puesto que estamos hablando de competencias autonómicas y, por lo tanto, son las comunidades
autónomas las que tienen la principal competencia para solucionar este problema del acceso a una vivienda digna y asequible.


Volviendo a las casas vacías, ya en el año 2023 el municipio de Eivissa Ciutat -Vila, como decimos nosotros- hizo un estudio sobre cuántas viviendas vacías había. Ahora el Consell Insular de Ibiza vuelve a a hacer otro estudio, pero tampoco
hace falta irse muy lejos. En enero se presentó el informe FOESSA, impulsado por Cáritas, y es demoledor. El 33 % de la población de la isla de Ibiza -este informe se centra en la isla de Ibiza- está en exclusión social, y el 20 %, por
habitacional. Hay un 10,2 % de viviendas vacías en Vila, un 35,5 % en Sant Joan, un 26,7 % en Santa Eulària, un 21,4 % en Sant Josep y un 18,6 % en Sant Antoni. Por lo tanto, en las islas siempre el problema de la vivienda se acrecienta muchísimo
más, y los datos, por desgracia, son muchos más desalentadores.


Finalmente, hoy querría señalar que se está produciendo el desalojo de uno de los mayores asentamientos en la isla de Ibiza, el asentamiento de Sa Joveria, donde seguramente más de mil personas

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irá no sabemos dónde, probablemente en otro asentamiento. En esa noticia se decía, para que se hagan ustedes una idea, señorías, que una habitación para tres personas...


El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando, por favor.


El señor FERRER MARTÍNEZ: Ya finalizo con esto, señor presidente.


Una habitación para tres personas estaba a 1800 euros al mes. No estoy hablando de un piso para tres personas, sino de una habitación para tres personas. 1800 euros al mes. Tenemos que hacer algo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


La señora Corujo, del Grupo Socialista, ha etiquetado a VOX como neofascista. Señoría, VOX rechaza el fascismo y cualquier otro régimen totalitario. En su siguiente turno podrá aclarar, señora Corujo, si el Grupo Socialista rechaza el
comunismo y el independentismo con los que gobierna o en quienes se apoya para gobernar. Son ideologías totalitarias o que van en contra de la indisoluble unidad de la nación española que proclama nuestra Constitución. Les recuerdo, señorías, que
todos los miembros de esta comisión prometieron o juraron acatar la Constitución.


La moción propone aprovechar las herramientas que ofrece la nefasta, sectaria y antieconómica ley de vivienda de separatistas y golpistas de Esquerra Republicana y los filoeterras de Bildu. He dicho bien porque fueron ellos quienes la
presentaron, señora Corujo, para estimular la movilización de viviendas vacías. Esto es lo que pretenden, pero la realidad es que ahonda en la causa del problema. Ya avisamos durante la tramitación -yo fui ponente en esa norma- de que se reduciría
la oferta y, por tanto, tendría el efecto contrario al pretendido, aumentando el esfuerzo económico para acceder a una vivienda de alquiler. Ya no es una teoría, sino una evidencia que donde se han aplicado las declaraciones de zonas tensionadas,
por ejemplo, se ha reducido la oferta por las restricciones adicionales impuestas a los propietarios y, como consecuencia inexorable, el alquiler de las viviendas se ha encarecido. Por ejemplo, una noticia publicada hace unas semanas en El Mundo:
El stock del alquiler se desploma a doble dígito en las zonas declaradas tensionadas. Pamplona pierde el 26 % de su oferta y La Coruña el 21 %. Los mercados que se han declarado zonas tensionadas ya pierden oferta permanentemente a doble dígito,
según el último análisis de Idealista relativo al cuarto trimestre de 2025, con las caídas más fuertes del Estado en zonas tensionadas, como Pamplona, con un 26 %.


El Gobierno de Cataluña abrió el uso de la declaración de zona tensionada. ¿Qué ha pasado? En aquel momento recibió el aplauso del Ministerio de Vivienda y dos años después ha visto desaparecer el 20 % de las viviendas disponibles en
Lérida, la tercera que más pierde; un 15 % en Barcelona, una de las capitales que más demanda recibe; y un 14 % en Tarragona. Cataluña es la comunidad con más capitales en el listado donde más ofertas se pierde, aunque el resto de las autonomías
no se quedan atrás. Luego de Pamplona, que lidera la lista y fue declarada en julio de 2025 en una tanda de veintiún municipios de la comunidad foral, en La Coruña -en una comunidad gobernada con mayoría absoluta por el PP- cayó un 21 % la oferta
de alquiler.


Por cierto, fue lamentable el espectáculo en la última adjudicación de viviendas sociales en Galicia, precisamente en el barrio coruñés de Xuxán, donde la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras del Gobierno de Galicia ha
anunciado la concesión de cuarenta viviendas públicas en régimen de alquiler, desatando una oleada de críticas tras conocerse que solo once de los beneficiarios presentan nombres y apariencia española, frente a una mayoría de solicitantes con
nombres de origen extranjero. VOX es el único partido que exige lo que marca el sentido común: la prioridad de los españoles en el acceso a la vivienda pública. En perjuicio de los españoles nos hemos encontrado sistemáticamente el voto en contra
del Partido Popular y del PSOE. Empieza el cambio con el pacto en Extremadura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Corujo Berriel.

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La señora CORUJO BERRIEL: Muchas gracias, presidente.


Quiero aclarar que el Partido Socialista está, ha estado y estará siempre con la Constitución, y estar con la Constitución es respetar la pluralidad política, al margen de que usted eso no lo pueda entender y que solo use la carta magna
cuando le interese.


Miren, voy a hablar de determinados datos que me parecen importantes a la hora de debatir, o al menos de configurar, la posición de los grupos parlamentarios en esta comisión sobre esta iniciativa. En Canarias tenemos 40 000 familias que se
van a ver afectadas si se deroga finalmente la prórroga de los alquileres. Esto implica que el parque de vivienda en Canarias es de 1,2 millones de viviendas, y de esos 1,2 millones de viviendas, como se han lanzado tantos bulos y tantas mentiras,
quiero decirle que el total de viviendas ocupadas en las Islas Canarias es de 663.


Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿saben cuántos desahucios se han dado en el mismo año, en el año 2025, frente a las 663 viviendas ocupadas de un parque de viviendas de 1,2 millones? ¿Saben cuántos desahucios se
han dado? Se han triplicado, señoría; triplicado: 1304 desahucios se han dado en este momento. Imagínense la situación desoladora en la que nos vamos a encontrar si no se llegan a prorrogar los contratos de alquiler.


Creo que esta iniciativa ha puesto blanco sobre negro la realidad que tienen las islas Canarias y las Islas Baleares en cuanto a la capacidad jurídica y técnica que ampara la ley de vivienda para poder movilizar la vivienda vacía. Hay
muchísimos mecanismos desde el punto de vista fiscalizador: poniendo cánones o hablando del tipo impositivo. Hay mecanismos, pero esos mecanismos tienen que ponerse en marcha siempre y cuando se aplique la ley de vivienda.


Señoría, creo que, honestamente -y lo digo con absoluta claridad-, este debiera ser un compromiso de todos y no debiera convertirse en una batalla política. Cuando se interviene en el mercado energético y vemos resultados que son positivos
para la sociedad, que son intervenciones temporales, creo que nadie cuestiona la medida. Cuando hablamos de intervenciones en este momento, con la guerra ilegal en este caso de Netanyahu y Trump contra Irán, y vemos que se ponen medidas de
fiscalidad, medidas que bonifiquen en este caso al gasóleo y al gas, creo que ustedes también apoyan este tipo de iniciativas.


No se puede declarar la emergencia habitacional en Canarias y en Baleares y no aplicar la ley de vivienda, y no pueden no apoyar esta medida cuando a lo que obliga y lo que permite es facilitar el acceso a la vivienda a las personas que lo
necesitan. Y en este caso son medidas de incentivo para que el parque de vivienda sea cada vez más robusto y que las viviendas vacías, que no generan absolutamente nada y ni siquiera tienen un valor añadido, puedan ser puestas a disposición de las
familias.


El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando.


La señora CORUJO BERRIEL: Así que les pido, de verdad, encarecidamente, que apoyen esta medida si realmente les preocupa el acceso a la vivienda de nuestra gente.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Mesquida.


El señor MESQUIDA MAYANS: Muchas gracias, presidente.


En España principalmente hay tres motivos por los que tenemos más de tres millones de viviendas vacías. Uno es la ubicación, porque se encuentran en municipios de provincias donde no hay una especial demanda, y aquí han funcionado
históricamente las políticas públicas de ayudas a familias jóvenes para que se instalen, con mejoras de los servicios públicos como la educación o la conectividad.


Otro motivo es el mal estado de conservación de estas viviendas y que necesitan una rehabilitación muy costosa; en el plan de vivienda del Partido Popular se proponen ayudas directas a los propietarios. Es una colaboración público-privada
para que estas viviendas pasen al alquiler asequible, y esto también funcionaría.


Y un tercer motivo es la desconfianza, la inseguridad jurídica. Este Gobierno ha provocado que cuando un propietario ha tenido una mala experiencia, o un conocido o un familiar, desconfía de las reglas del juego que tenemos y, por tanto,
quita su propiedad del mercado. Aquí tenemos la ley antiokupación, que se aprobó en el Senado en febrero de 2024 y que, desde entonces, la señora Armengol tiene encima de la mesa, congelada, al igual que otras cuarenta leyes. Todo esto ya veremos
si es legal o no, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que no es ético y que no tiene ningún sentido políticamente hablando.

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El Gobierno del señor Sánchez, con la Sareb, con las propiedades que son del Estado amenaza con los desahucios, y cuando el propietario es un ahorrador, lo ningunean; esto no tiene ningún sentido. La Unión Europea dice que siempre la
Administración pública se debe hacer cargo de las familias vulnerables, que no pueden trasladar la responsabilidad a los particulares.


Ante toda esta realidad, el Partido Socialista nos presenta aquí una iniciativa que pretende intervenir, que pretende multar a los propietarios que dejen sus viviendas vacías. Y dice -cito textualmente- que en casos extremos podrían
expropiar forzosamente, ¡expropiar forzosamente! Señorías del Partido Socialista, me parece, con todos mis respetos, que están desnortados. Estamos hablando de medidas que han defendido siempre sus partidos minoritarios, que es grave gobernar
gracias a ellos, pero les están comprando el ideario comunista. A lo largo de la historia, el comunismo no ha funcionado en ningún país del mundo y los pocos que quedan hoy, léase Nicaragua, Cuba o Venezuela, están sometiendo a su población a una
absoluta miseria.


Por tanto, ante estas propuestas del Partido Socialista, votaremos lógicamente en contra de esta iniciativa.


Esto es todo. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- RELATIVA A LA ACTIVACIÓN URGENTE DE MEDIDAS EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA COMPLETA Y DEFINITIVA DE LA ISLA DE LA PALMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 161/003267 y número de expediente del Senado 663/000226).


El señor PRESIDENTE: Viendo que están los portavoces de la siguiente moción, la podemos tratar tal como estaba prevista en el orden del día. Sería el cuarto punto, que es proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
relativa a la activación urgente de medidas en materia de reconstrucción y recuperación socioeconómica completa y definitiva en la isla de La Palma. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa, en primer lugar, de la moción, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, por el grupo proponente, la señora Molina León.


La señora MOLINA LEÓN: Presidente.


Señorías, han pasado más de cuatro años desde la erupción volcánica que transformó para siempre la isla de La Palma; cuatro años desde que miles de palmeros perdieron sus hogares, sus cultivos, sus negocios y, en muchos casos, el proyecto
de vida que habían construido durante décadas. Hoy, en 2026, la realidad es clara: la reconstrucción completa de La Palma sigue sin culminarse. No es una opinión, es un hecho, porque, cuando hablamos de reconstrucción no hablamos solo de
infraestructuras; hablamos de viviendas que aún no se han repuesto, hablamos de compensaciones que no han llegado o que no han cubierto el valor real de lo perdido, hablamos de agricultores que siguen sin poder recuperar su actividad con normalidad
y hablamos también de familias que siguen viviendo en una situación provisional que se ha alargado demasiado en el tiempo.


Señorías, en Canarias -como, por supuesto, en otros lugares- sabemos muy bien lo que significa empezar de cero: sabemos lo que cuesta levantar una casa, cuidar una finca y sacar adelante a una familia en una tierra donde nada es fácil y en
la que todo se construye con esfuerzo. Y por eso sabemos también que, cuando un canario lo pierde todo, no pierde solo bienes materiales; pierde estabilidad, pierde seguridad y pierde una parte de su vida.


En mi tierra hay una forma muy clara de decir las cosas: la gente cumple o no cumple. Durante años, hemos escuchado muchos anuncios, muchas cifras y muchos compromisos -se habló de una movilización histórica de recursos, se habló de
agilidad administrativa y se habló de una reconstrucción ejemplar-, pero la realidad sobre el terreno no responde a este relato, porque anunciar no es ejecutar y comprometer no es cumplir. La Palma no puede seguir viviendo de titulares. Hoy
seguimos viendo retrasos en los pagos, dificultades en la tramitación de ayudas, desigualdades en las compensaciones y, en definitiva, una gestión que no ha estado a la altura de lo que La Palma necesita. Esto no lo decimos solo en este grupo
parlamentario; lo dicen los propios afectados, lo dicen los sectores productivos de la isla y lo dice el tiempo que ha pasado sin que la recuperación sea completa.

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Señorías, La Palma no puede convertirse en un símbolo de buenas intenciones incumplidas; tiene que ser un ejemplo de compromiso real. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición no de ley y lo hacemos con un
objetivo muy concreto: impulsar de manera definitiva la reconstrucción y la recuperación socioeconómica de la isla. Hablamos de medidas claras: garantizar que las indemnizaciones por viviendas afectadas cubran el valor real de reposición para que
las familias puedan reconstruir su hogar en condiciones dignas; acelerar el pago de todas las compensaciones pendientes, incluyendo fincas agrícolas, explotaciones y segundas residencias que también forman parte del sustento de muchas familias;
cumplir íntegramente los compromisos económicos adquiridos por el Estado, sin retrasos ni excusas; reforzar el apoyo al sector agrícola, clave en la economía de la isla, que ha sufrido un impacto devastador y necesita una recuperación efectiva, no
solo declarativa, y, en definitiva, establecer un marco de actuación que garantice que la reconstrucción deje de ser un proceso abierto sin horizonte claro.


Señorías, esto no va de confrontación política, va de responsabilidad institucional. Va de entender que, cuando el Estado adquiere un compromiso con una ciudadanía que ha sufrido una catástrofe, ese compromiso debe cumplirse en tiempo y
forma, porque no estamos hablando de cifras en un presupuesto; estamos hablando de personas, de familias que quieren volver a su casa, de agricultores que quieren volver a trabajar su tierra y de una isla que quiere recuperar su normalidad, y eso
no puede seguir dependiendo de plazos que se alargan indefinidamente. Señorías, los palmeros han demostrado una enorme capacidad de resistencia, de dignidad y de esfuerzo. Los palmeros no piden privilegios, piden lo que les corresponde como
canarios y como españoles. Ahora les toca a las instituciones estar a la altura de esta respuesta. Los palmeros no han perdido la esperanza y, aunque tienen claro que les ha servido de muy poco tener a un canario como ministro en el Gobierno de
Sánchez, quieren seguir luchando por su tierra. Por eso, les pedimos su apoyo a esta iniciativa, para que la reconstrucción de La Palma deje de ser una promesa pendiente y se convierta por fin en una realidad cumplida.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra por un tiempo de dos minutos el portavoz socialista, el señor Sánchez San Juan.


El señor SÁNCHEZ SAN JUAN: Gracias, señor presidente, señorías.


Señora Molina, usted habla en la parte expositiva de la PNL de actuaciones urgentes, y yo, como senador de la isla de La Palma, destaco el Real Decreto Ley 19/2021, de 5 de octubre, que fue aprobado para realizar acciones urgentes en la isla
de La Palma. Ustedes ya reiteran proposiciones no de ley todos los años para hacer una estrategia comunicativa en cuanto a la situación de crisis en la isla de La Palma, y han presentado una PNL que, básicamente, lo que viene a decir es: hagan lo
que ya se está haciendo. Han presentado una PNL con trece puntos en la parte dispositiva y, de esos trece puntos, la mayoría están en desarrollo. No lo digo yo como senador de la isla de La Palma, sino que hay muchas entidades que avalan el amplio
grado de cumplimiento de las medidas del Estado con la isla de La Palma.


Hemos presentado una enmienda de modificación porque entendemos que es de rigor y de capacidad parlamentaria poder enmendar una PNL que está llena de mentiras y que lo único que pretende es tensar la situación. En la enmienda que hemos
presentado hablamos de continuidad para poder seguir desarrollando acciones para dar cumplimiento al objetivo de recuperación completa. El objetivo del Partido Socialista, del Gobierno de España y del ministro Torres -al que usted ha hecho alusión-
es el de la recuperación completa. Ustedes han presentado un plan de trabajo -o dicen presentar un plan de trabajo en esta PNL- que se basa en mil millones de euros. Yo le digo a usted, señora Molina, que, en la isla de La Palma, el Gobierno de
España ha posicionado 1237 millones de euros (aplausos), lo que supone el 75 % de los fondos movilizados en la isla.


Señora Molina, la invito a que visite la isla de La Palma y a que conozca los recursos puestos en nuestra isla, porque hablar de actuaciones urgentes es, cuando menos, una falta de respeto al pueblo palmero. (Aplausos.-Una señora diputada:
¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para pronunciarse sobre si se acepta o no la enmienda, por un tiempo de dos minutos, tiene la palabra la señora Molina León.

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La señora MOLINA LEÓN: Gracias presidente.


En primer lugar, quería comentarle al señor Sánchez San Juan que visito a menudo la isla de La Palma puesto que mi familia paterna es de allí. La visito habitualmente y por supuesto que veo cómo está la situación en la isla.


En relación con la enmienda presentada, quiero empezar reconociéndole algo al señor Sánchez San Juan: compartimos el objetivo de que la reconstrucción de La Palma avance, pero el problema está en los resultados. Dice usted que está en
desarrollo, y a mí particularmente sí que me parece una falta de respeto a los palmeros cuando han pasado cinco años de la erupción. Introducir matices, reformular compromisos o suavizar las exigencias no cambia la realidad que siguen viviendo los
palmeros. Aquí hay un problema de fondo: se está intentando trasladar una imagen de normalidad que los palmeros no reconocen, y la realidad es que la reconstrucción de la isla no está completa, que hay ayudas pendientes y que los tiempos no han
sido los que se prometieron. Sí, se han anunciado medidas, y, sí, se han comprometido recursos, pero la realidad sigue siendo otra: ayudas que no llegan a tiempo, compensaciones incompletas y una reconstrucción que no termina. Le recuerdo que los
últimos 100 millones prometidos por el Estado los ha tenido que poner el Gobierno de Canarias de su superávit porque, una vez más, prometen pero no cumplen.


Con motivo del desplazamiento de Pedro Sánchez a La Palma declaraba -cito-: 'Los palmeros deben saber que contarán con el respaldo de todas sus Administraciones y con todas las herramientas del Estado'. Tres meses más tarde, en diciembre
de 2021, Pedro Sánchez renovaba su compromiso: 'No vamos a olvidar a los palmeros y palmeras y vamos a dar respuesta a todas sus demandas e inquietudes'. Si esto que ha prometido Pedro Sánchez se hubiera cumplido, hoy no estaríamos aquí debatiendo
en este sentido. Aquí no estamos debatiendo intenciones; estamos debatiendo resultados, y los resultados, a día de hoy, son insuficientes. No se trata de negar lo hecho; se trata de reconocer lo pendiente, y lo pendiente es mucho. Por eso, esta
propuesta no sobra; hace falta. Hace falta para acelerar, para corregir y, sobre todo, para cumplir, porque los palmeros no pueden vivir instalados en la espera. Señorías, hoy no toca justificarse, hoy toca comprometerse.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al turno de portavoces.


En primer lugar, Coalición Canaria no hace uso de la palabra.


Seguidamente, por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Chinea.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


En ASG apoyamos esta iniciativa porque es verdad que responde a una realidad que nadie puede negar, y es que la recuperación de la isla de La Palma no puede seguir esperando. Ya pasaron más de cuatro años desde aquella erupción volcánica y,
sin embargo, parece que la sensación sigue siendo de incertidumbre y de lentitud, quizás, en las ayudas. Los datos son conocidos: miles de personas evacuadas, centenares de viviendas destruidas, explotaciones agrícolas arrasadas y una parte
sustancial del tejido económico del Valle de Aridane gravemente afectado por aquella erupción. Pero si algo preocupa especialmente a día de hoy es la falta de certidumbre. Es verdad que se comprometieron recursos económicos importantes para la
reconstrucción de la isla con una planificación plurianual que debía dar estabilidad y seguridad a los afectados y a las afectadas. Sin embargo, como se expone en la iniciativa, esas transferencias no se han materializado en tiempo y forma: han
llegado tarde generando retrasos que para muchas familias son difíciles de justificar. Aquí nosotros queremos ser claros, porque estamos hablando de ayudas que necesitan las familias que en ese momento lo perdieron todo, señorías, y de
compensaciones para agricultores que aún hoy en día, en algunos municipios como El Paso, no han podido recuperar del todo su actividad económica o, por supuesto, también, de inversiones imprescindibles para la reconstrucción de infraestructuras
básicas.


Por eso creemos en la ASG que hace falta acelerar un poco más los tiempos y ofrecer un poco más de certeza a la gente y no entendemos el retraso en esa transferencia de unos recursos ya aprobados para las políticas públicas centradas en esa
recuperación del tejido productivo del valle de Aridane. En general, parece que se trata de una carencia que tiene el Ministerio de Hacienda en este asunto y en otros tantos relevantes para Canarias para lo que francamente nosotros en la ASG no
hallamos explicación alguna. Es verdad que, junto a esta denuncia -hay que decirlo-, también hay medidas que han demostrado ser bastante eficaces en la isla y que merecen, por supuesto, ser reconocidas y reforzadas,

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como esa rebaja fiscal del IRPF aplicada en la isla de La Palma, que es una medida positiva, es una medida útil que ha contribuido a aliviar esa carga económica de la gente en un momento bastante difícil.


Por eso, señorías, esta iniciativa acierta en lo fundamental, que es la necesidad de tener un plan real ejecutable y dotado económicamente que permita culminar esa recuperación económica y social de los palmeros y de las palmeras, pero
también nos recuerda algo más importante, y es que creemos que la política debe dar un paso más, y sobre todo en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, que debe estar a la altura de las circunstancias cuando la gente más lo necesita, y todavía
la gente sigue necesitando que esas ayudas lleguen lo más pronto posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Seguimos por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, presidente.


Intervengo muy brevemente, simplemente para manifestar que los diputados de VOX apoyaremos la iniciativa. Es evidente que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias con respecto a los palmeros. Ya le dije en su momento,
también en la tribuna de oradores, al ministro Torres que esta situación era una vergüenza, especialmente para todos los canarios. El Gobierno tenía la oportunidad de volcarse y de poner de manifiesto que allá donde se necesita su acción para
ayudar a los más perjudicados, a los más desfavorecidos, están todas las herramientas del Estado, y es lamentable que no se haya hecho así mientras sí se hace para muchos otros como, por ejemplo, los que violentan nuestras fronteras y perjudican y
violentan mucho la convivencia de los españoles en este país.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sánchez San Juan.


El señor SÁNCHEZ SAN JUAN: Gracias, señor presidente.


Señorías, como veo que no les convencen mis palabras, vamos a analizar los datos, a ver si de esta forma, analizando de manera cuantitativa las ayudas en la isla de La Palma, lo podemos ver de una manera más clara -o ustedes lo pueden ver de
una manera más clara, aunque lo dudo, porque evidentemente están politizando una desgracia, una crisis-. Ya a Coalición Canaria le salió rentable, y el Partido Popular intenta ahora sacar tajada de esa política plañidera; parece que se les están
pegando algunas cosas, ya que van de la mano en el Gobierno de Canarias.


Creo que es importante destacar que el Gobierno de España, como ya he dicho en mi intervención anterior, ha desplegado más de 1237 millones de euros en la isla de La Palma, lo que supone, repito, el 75 % de los fondos movilizados. Creo que
tenemos que retrotraernos al supuesto acuerdo de Gobierno que le presentó el señor Feijóo a Coalición Canaria para una posible investidura en donde no aparecían los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma y, cuando la
fallida investidura de Feijóo, el Partido Socialista negoció con Coalición Canaria el voto favorable para el Gobierno de Pedro Sánchez y se incorporaron los 100 millones de euros, no plurianuales, y esos 100 millones de euros no solo están
transferidos en el año 2023, sino que se han desarrollado más medidas para descentralizar fondos en la isla de La Palma.


Creo recordar, y quiero ponerlo encima de la mesa, que la reconstrucción de la isla de La Palma no es única y exclusivamente del Estado. Compete a todas las Administraciones públicas: al Estado, al Gobierno de Canarias, al cabildo y a los
ayuntamientos de los municipios afectados. Creo que es importante destacar que la isla de La Palma ha posicionado fondos, importantísimos fondos, en la isla de La Palma. Creo tener por aquí el convenio firmado entre el Gobierno de España y el
Ayuntamiento de los Llanos de Aridane donde se ponen en funcionamiento 53 millones de euros para la reconstrucción del municipio. (Muestra un documento). El 50 % corresponde al Gobierno de España, el 25 % al ayuntamiento y el 25 % al Gobierno de
Canarias. Su compañera Matilde Asian, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, no ha puesto todavía ese 25 % de los fondos, y el ayuntamiento de los Llanos de Aridane, en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular, solo ha ejecutado un
7 %. Si hablamos de los fondos trasladados a la isla de La Palma con la bonificación del IRPF, estamos hablando de 378 millones de euros. La última actuación del ejercicio de la renta, en el modelo 100, ha dejado 111 millones de euros en la isla
de La

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Palma. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Nada. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España con la isla de La Palma? Posicionar crédito y dar estabilidad y funcionamiento en la isla de La Palma.


En cuanto a medidas de empleo, en el año 2022, 63 millones; año 2023, 30 millones; año 2024, 30 millones, y año 2025, 12 millones. Eso ha permitido que la tasa de empleo en la isla de La Palma supere el 49 % respecto al año 2022, cuando
se situaba en un 46 %. Estamos en una tasa de desempleo del 13 %.


El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando.


El señor SÁNCHEZ SAN JUAN: Hemos destinado fondos múltiples para la isla de La Palma, pasando por inversiones aéreas, marítimas, incentivos... Hemos posicionado crédito para la reconstrucción de la isla. ¿Qué han hecho el Partido Popular
y Coalición Canaria? Dejar de invertir más de 3000 millones de euros en Canarias por su ineficaz gestión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando.


El señor SÁNCHEZ SAN JUAN: Y siguen haciendo una política plañidera, todo el día llorando y exigiendo al Gobierno de España lo que son incapaces de hacer con la responsabilidad de nuestra tierra, Canarias y La Palma. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar el debate, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Molina León.


La señora MOLINA LEÓN: Gracias, presidente.


Hablando de datos, su Gobierno aún debe a La Palma 200 millones pendientes de sus aportaciones de 2024 y 2025. Y ahora le deben también a Canarias otros 100 millones más que nos obligan a adelantar. (Aplausos.-El señor Sánchez San Juan:
Que no está firmado).


Señorías, hoy no quiero terminar este debate hablando solo de cifras o expedientes administrativos. Quiero hablar de personas, porque ha faltado mucho hoy en el debate. Quiero hablar de La Palma, de mi isla paterna, de una isla que no se
rinde, una isla que ha sabido levantarse una y otra vez. De una gente que ha demostrado una dignidad enorme incluso en sus momentos más duros. Porque quienes conocemos Canarias sabemos que allí las cosas no se miden solo en números, se miden en
esfuerzo, en arraigo, en lo que cuesta construir una vida y en lo que duele perderla.


A lo largo de este debate hemos escuchado distintas posiciones, distintos matices y también distintos intentos de justificar la situación actual. En La Palma no se perdió solo tierra bajo la lava; se perdieron hogares, se perdieron
cultivos que eran sustento de generaciones, se perdieron proyectos, recuerdos y estabilidad y, aun así, los palmeros siguieron adelante, sin ruido, sin rendirse, esperando, esperando a que las instituciones cumplieran. Y hoy por hoy hay una
realidad que no cambia: la reconstrucción de La Palma no está completa. Y eso no es una valoración política, es la situación que siguen viviendo miles de personas hoy en día. Personas que siguen esperando una vivienda definitiva, personas que
siguen pendientes de compensaciones justas, personas que necesitan recuperar su actividad económica con normalidad. Y esa realidad exige algo muy sencillo: respuestas eficaces.


Señorías, cuando ocurrió la erupción, este país estuvo a la altura en la emergencia. Hubo unidad, hubo solidaridad y hubo un compromiso claro con La Palma. Pero la emergencia ya pasó y ahora lo que se evalúa no es la reacción inicial, sino
la gestión sostenida en el tiempo. Y ahí es donde no podemos conformarnos, porque la reconstrucción no puede depender de anuncios, no puede avanzar al ritmo de la burocracia y no puede dejar atrás a quienes más lo necesitan.


Señorías, esta proposición no de ley no es una crítica sin alternativa, es una hoja de ruta para avanzar, para garantizar que las indemnizaciones sean justas, para acelerar los pagos pendientes, para cumplir los compromisos económicos, para
reforzar los sectores que sostienen la economía de la isla, en definitiva, para cerrar un proceso que no puede seguir abierto indefinidamente. Hay algo que no debemos olvidar, y es que detrás de cada retraso hay una vida en pausa, detrás de cada
expediente hay una familia esperando y detrás de cada promesa incumplida hay una pérdida de confianza en las instituciones.


Señorías, hoy no estamos ante un trámite más. Estamos ante una decisión que tiene consecuencias reales. Pueden optar por considerar que lo hecho es suficiente o pueden reconocer que aún queda mucho por hacer. Pueden optar por el
conformismo o pueden optar por el compromiso. Pueden mirar hacia otro lado o pueden estar al lado de La Palma. La pregunta hoy es muy clara: ¿Queremos dar por buena la

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situación actual o queremos mejorarla? En el Grupo Parlamentario Popular lo tenemos claro: La Palma no puede seguir esperando, y ustedes hoy tienen la oportunidad de demostrarlo con su voto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- RELATIVA A LA MEJORA DE LA INTEGRACIÓN RENOVABLE EN LAS ISLAS CANARIAS Y LA ACELERACIÓN DEL DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA EÓLICA MARINA EN LAS COSTAS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003284 y número de expediente del Senado 663/000231).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la integración renovable en las islas Canarias y la aceleración del despliegue
de la tecnología eólica marina en las costas del archipiélago canario.


Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX a esta PNL.


Para la defensa de la iniciativa, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos la señora Delgado-Taramona.


La señora DELGADO-TARAMONA HERNÁNDEZ: Gracias.


Señorías, hoy mismo se inaugura en Madrid la feria WindEurope 2026, el mayor evento de eólica de Europa. Es la ventana perfecta para que Pedro Sánchez anuncie al mundo que por fin desbloquea la eólica marina en España. Y, si el lanzamiento
a nivel nacional se va a retrasar, que ponga en marcha, al menos, una subasta piloto específica para Canarias. Esto es lo que exigimos en esta PNL, porque no hay nada que lo impida; al contrario, Canarias está preparada para que eso ocurra y no
hay ni un segundo que perder. Canarias tiene viento, mar, puertos, tiene empresas preparadas, lleva más de una década preparándose para todo esto, pero, sobre todo, lo que tiene Canarias es una necesidad imperiosa de dejar de depender del petróleo.


Desgraciadamente, lo que Canarias no ha tenido hasta ahora ha sido un Gobierno de Sánchez que esté a la altura, y esperemos que hoy eso cambie, porque, mientras que el resto del país avanza en transición energética, en Canarias seguimos
quemando petróleo cada día para producir electricidad. Y es una paradoja inaceptable, porque tenemos uno de los mejores recursos eólicos del planeta, pero nuestra dependencia de combustibles fósiles -caros y volátiles- es casi absoluta. Los datos
son demoledores. Mientras que en la península la penetración de renovables ha subido 12 puntos, en Canarias apenas solo han sido 3. Y las emisiones en el archipiélago han aumentado un 9,5 desde 2021, mientras que en el resto de España han bajado
un 24,5. El sistema eléctrico canario está al límite, con un riesgo real de sufrir ceros energéticos en 2026 si no tomamos decisiones estructurales hoy mismo. Y Sánchez no nos puede seguir condenando a los canarios a un sistema eléctrico frágil,
caro y contaminante ni a convertirnos en la excepción en una Europa que camina inexorablemente hacia la descarbonización.


Señorías, hay una solución: se llama eólica marina flotante. Y ¿por qué es la adecuada? Porque es la única tecnología que se puede instalar en Canarias en el mar, por nuestra condición de islas volcánicas sin plataforma continental, y es
la única que permite alejar los aerogeneradores de la costa, mar adentro, a grandes profundidades, donde el viento es más fuerte y constante y el impacto visual es mínimo. A cambio, obtenemos una estabilidad de generación que supera, con creces, a
la eólica terrestre o a la fotovoltaica, o sea, ideal para territorios limitados y aislados como el nuestro. Y, además, en Gran Canaria tenemos la pieza clave para que esta energía no se desperdicie, el Salto de Chira, un sistema de almacenamiento
que, combinado con la eólica marina, es la fórmula matemática para lograr nuestra soberanía energética.


Y no se trata solo de kilovatios limpios, hablamos de un ahorro fiscal concreto. Un parque de 250 megavatios podría suponer un ahorro de 116 millones de euros y evitar la emisión de 570 mil toneladas de CO2 al año. En un archipiélago donde
la electricidad supera los 150 euros por megavatio y el Estado cubre la diferencia vía presupuestos generales esto no es una opción, es una obligación. Y, desde el punto de vista industrial y de empleo, el despliegue de la eólica marina en Canarias
representa una oportunidad histórica, un motor económico sin precedentes. Estamos hablando, según datos del sector, de un impacto de hasta 12 000 millones de euros y la generación de 8000 puestos de trabajo cualificados, en ingeniería,

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logística marítima, mantenimiento avanzado, al tiempo que de consolidar nuestros puertos canarios como hub estratégico en África.


Señorías, si todos son ventajas ¿por qué el Gobierno de Sánchez lo está paralizando? Tras la aprobación del Real Decreto 964/2024, que regula la energía marina renovable, el MITECO sigue sin cerrar un calendario indicativo. Eso sí, el 4 de
febrero lanzó la consulta pública previa para la orden ministerial, pero no lo hizo por iniciativa propia, lo hizo por la presión de esta PNL, que registramos en noviembre. Es un primer paso, pero no es suficiente: todavía queda un largo camino
por recorrer. Si hoy tuviésemos la suerte de que Sánchez desbloqueara este asunto, el primer parque no lo veremos hasta 2035. Y si no sacamos la subasta ya, los inversores que hoy miran hacia Canarias se llevarán su capital a Francia, Reino Unido
o Portugal, países que sí dan señales claras. Lo que se necesita es un marco jurídico para actuar, pero ya.


Por eso, exigimos al Gobierno que dé rápidamente todos los pasos necesarios para que se instale el primer parque eólico marino comercial en el sudeste de Gran Canaria, convocando cuanto antes la primera subasta. Canarias no puede esperar a
que el resto de España esté preparada. Por eso exigimos al Gobierno un fast track administrativo, que permita una subasta piloto específica para Canarias, porque, además, tenemos no solo las mejores condiciones naturales del mundo, no solo una
cadena de valor preparada, sino lo más importante, un consenso social total. El sector pesquero, el turístico y las instituciones estamos alineadas. Lo único que falta es la voluntad política del MITECO. Queremos energía limpia, queremos empleo
de calidad y queremos soberanía energética para Canarias, y la queremos ya. Todo está listo: solo falta que Sánchez se decida, y, si puede ser hoy, mucho mejor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda, por un tiempo de dos minutos, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


El texto de la enmienda es bastante elocuente sobre lo que pretende mi partido. En primer lugar, proponemos defender el desarrollo de un mix energético equilibrado y diversificado, que proporcione solidez al sistema, evitando la dependencia
de tecnologías intermitentes o poco maduras, como son, en general, las renovables. En segundo lugar, establecer un marco normativo estable, que garantice la seguridad jurídica para las inversiones en energía nuclear, promoviendo a su vez la
confianza de los inversores en nuevas tecnologías asociadas, como los reactores modulares pequeños. En tercer lugar, incorporar a los pescadores a los proyectos de desarrollo de eólica marina susceptibles de afectar a los recursos pesqueros y a la
situación de los caladeros, teniendo en cuenta sus puntos de vista, actividad económica y necesidades. No hay que olvidar que para VOX los pescadores canarios representan un arte tradicional que no puede ser obviada, desplazada o perjudicada por
estas iniciativas. Esto no es nada nuevo; a veces ciertas visiones sesgadas sobre fanatismo climático acaban afectando a actividades económicas muy arraigadas, como es la pesca en Canarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para pronunciarse sobre si se acepta o no la enmienda, por parte del Grupo Popular, por un tiempo de dos minutos, tiene la palabra la señora Delgado-Taramona.


La señora DELGADO-TARAMONA HERNÁNDEZ: Lógicamente, la vamos a rechazar. De hecho, pensé que la iba a retirar el diputado de VOX, porque no entiendo cómo un diputado canario se ha atrevido a presentar una enmienda de este tipo. O bien no
se ha leído la PNL, que dice claramente que busca mejorar la integración de las renovables en Canarias y acelerar el despliegue de la eólica marina, o, como canario, no tiene ni idea de que en Canarias no tenemos nucleares ni nunca las vamos a
tener. Y acerca de que en Canarias el mix energético es equilibrado -el típico panfleto de VOX anti cambio climático, anti pacto verde y antitodo-, en Canarias no funciona, y se lo acabo de explicar con mi PNL. En Canarias dependemos del petróleo
o de las renovables. Y usted dice que hay que acabar con las tecnologías intermitentes y poco maduras. Bueno, esta que proponemos hoy es intermitente, porque depende del viento, y es poco madura, porque se tiene que desarrollar, pero resulta que
es la única. ¿Usted qué quiere, que sigamos quemando petróleo para poder encender las bombillas?

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¡Y que ustedes ahora se erijan en defensores de los pescadores! Llevamos diez años trabajando esto con los pescadores. Además, no tiene ni idea, porque usted dice que es por proteger los caladeros, pero los caladeros en Canarias no son de
pesca de arrastre, precisamente porque somos islas volcánicas; son de pesca artesanal.


Hay un análisis del Instituto Oceanográfico Español donde se analizan las zonas de toda España potencialmente afectadas por la eólica marina. ¿Y sabe qué porcentaje calcula que podría afectar a Canarias? El 0,12 %.


Por eso, por favor, señor Rodríguez, le pido que la próxima vez que presenten una enmienda a una propuesta que afecta a Canarias aleje un poquito esos mítines de VOX de última hora para intentar captar votos e intentar hacerse con los
pescadores, porque lo que hay que hacer es escucharlos y, efectivamente, estar con ellos siempre, no cuando interesa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ¿no hace uso de la palabra su portavoz? (Denegaciones).


Seguidamente, pasamos al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Tiene la palabra el señor Chinea.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


Intervenimos en este punto para manifestar que ASG va a votar a favor de esta iniciativa, que aborda una cuestión estratégica para el futuro de nuestra tierra, como es ese desarrollo en energía eólica marina como palanca de transformación
económica, energética y, por supuesto, ambiental. Y es que en Canarias no podemos llegar tarde a esta revolución, porque hablamos no solo de tecnología, sino de una oportunidad -que, a mi juicio, es histórica- para corregir una de nuestras
principales debilidades estructurales, como es la dependencia energética del exterior y de los combustibles fósiles. Aquí, señorías, es donde la energía eólica marina se convierte en una pieza clave en el archipiélago, y es cierto que nuestra
tierra reúne condiciones excepcionales para su implantación, especialmente a través de la tecnología flotante adaptada a la profundidad de nuestros fondos marinos.


Pero no estamos hablando solo de energía, señorías, también estamos hablando de un modelo productivo en las islas, porque uno de los grandes argumentos que refuerzan esta apuesta es su capacidad de generar desarrollo industrial en el
archipiélago. El despliegue de la eólica marina activaría una cadena de valor que iría muchísimo más allá de esa generación eléctrica, pues implica construcción, embalaje, mantenimiento, logística, también portuaria en los muelles, y servicios
tecnológicos. Ahí es donde nuestra tierra tiene una ventaja competitiva aún mayor, que estamos obligados a aprovechar, y es que nuestros puertos y astilleros -con empresas como Astican, por ejemplo- están llamados a desempeñar un papel bastante
importante.


Y esto no es una hipótesis, sino una realidad que está en marcha, porque nuestro sector naval canario ya se está preparando para asumir proyectos vinculados a la eólica marina, con demanda de perfiles cualificados en las islas y capacidad
para exportar servicios y conocimientos con la marca canaria de bandera. Además, esta actividad también contribuye a una economía mucho más diversificada y genera empleo de calidad estable, bien remunerado, ligado a la industria de las islas y a la
innovación, y, por supuesto, sí o sí, cumpliendo con la sostenibilidad. Y a ello también se suma un impacto económico potencial bastante importante, porque estamos hablando de miles de millones de euros de inversión y de miles de empleos vinculados
a una nueva industria estratégica si se desarrolla con ambición y bajo la bandera de la sostenibilidad.


Ahora bien, esa oportunidad exige algo fundamental, que es la certidumbre, señorías, porque se necesita un calendario claro, una subasta específica y una coordinación que tiene que resultar efectiva entre las distintas Administraciones de
las islas. Por eso, en Agrupación Socialista Gomera creemos que apoyar este tipo de iniciativas no solo va de energía, sino de construir un futuro que sea un poco más sólido y diversificado y bastante más justo respecto a la realidad territorial de
las islas. Y esto ya lo venimos haciendo en la isla de La Gomera mediante una apuesta impulsada por nuestro cabildo insular por el despliegue de las energías renovables y, por supuesto, una apuesta hacia la sostenibilidad a través de la Estrategia
Gomera 36, que incluye actuaciones orientadas para avanzar en la autosuficiencia energética de nuestra isla, y, por supuesto, en la descarbonización.

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Por eso, Canarias está haciendo de su parte, e islas como La Gomera son un ejemplo de compromiso con esa sostenibilidad ambiental. Creemos que ahora es el momento de que el Gobierno de este país, al igual que apoya nuestro compromiso con la
sostenibilidad de la isla de La Gomera, también apoye y acompañe ese esfuerzo con planificación, inversiones y, en el caso de la energía eólica marina, respecto al objetivo final, que no es otro que el depender del uso de los combustibles fósiles en
las islas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Tras oír a la portavoz del Grupo Popular, señora Delgado-Taramona, y leer la iniciativa que defiende, da la impresión de que el Partido Popular sirve a los intereses de empresas canarias de la eólica marina. Yo me pregunto -y le pregunto,
señora Delgado-Taramona-: ¿No será que hay lazos de empresarios canarios de la eólica marina y el Partido Popular? No sé, la verdad es que esto lo investigaré o lo miraremos un poco, porque sorprende su tono y falta de objetividad con respecto a
nuestro posicionamiento.


Además, sorprende esta iniciativa especialmente por su exposición de motivos, porque es contradictoria con el informe del propio Partido Popular en el Senado, en el que se dice que el PNIEC fue el responsable del apagón en el sistema
eléctrico peninsular hace casi un año, el 28 de abril de 2025. ¿Le parece razonable fundamentar su iniciativa en el PNIEC precisamente? A nosotros nos parece contradictorio no solo por haber causado el apagón en el sistema eléctrico peninsular,
sino también por ser responsable del déficit de capacidad de generación en el sistema eléctrico en las islas Canarias.


El fanatismo climático, señorías del Partido Popular, tiene consecuencias gravísimas para la vida de los españoles por el elevado coste de la factura eléctrica, por lastrar la competitividad de la industria española. También en el campo
español, en la Andalucía de la mayoría absoluta del popular Juanma Moreno se produce una tala masiva de olivos centenarios que han contribuido a la riqueza y prosperidad de los agricultores andaluces durante generaciones para sustituirlos por placas
solares, por un mar de placas solares. No sé si eso a ustedes les parece razonable.


En el caso de la eólica marina, si no se tiene en cuenta a los pescadores, las consecuencias serán tan negativas como las sufridas por los agricultores andaluces. Y la pregunta es: ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Popular con
relación a la energía nuclear? Cerraron y celebraron el cierre de Garoña, se atribuyeron su cierre, y ahora apoyan todo lo contrario, prolongar la vida útil de Almaraz. ¿Y en Canarias? La voz del Partido Popular ha sido contundente. Dice que en
Canarias no hay ni habrá energía nuclear. Señora Delgado-Taramona, ¿es su opinión personal o es el posicionamiento del Partido Popular? Su compañero de partido y circunscripción electoral -la misma, la provincia de Las Palmas-, el señor Mariscal,
¿comparte esa opinión? Parece que no, en la Comisión de Industria defiende y promueve la energía nuclear.


En VOX lo tenemos claro: los pequeños reactores modulares son una solución adecuada para contribuir al abaratamiento de la factura eléctrica y permitir la tan necesaria soberanía energética del sistema eléctrico canario. Y no es que lo
diga VOX, es que toda la documentación relativa a los beneficios de esa tecnología hace idóneas islas como Gran Canaria o Tenerife para la instalación de esos pequeños reactores modulares.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Almeida.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Quintero Hernández.


El señor QUINTERO HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista compartimos el objetivo de acelerar la transición ecológica en Canarias. La insularidad no puede seguir siendo sinónimo de dependencia energética, sobrecostes y emisiones más altas que en el
resto del territorio. Pero también conviene decir la verdad completa: no partimos de cero. España ya cuenta con una hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina que fija objetivos claros: liderazgo tecnológico, capacidad industrial,
sostenibilidad ambiental y un marco ordenado para el despliegue de estas energías. Asimismo, se han aprobado los planes de ordenación del espacio marítimo, imprescindibles para compatibilizar la eólica marina con la pesca, la

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biodiversidad, el turismo y el resto de los usos del mar. Además, se ha dado seguridad jurídica con el Real Decreto 964/2024, que regula la producción eléctrica renovable en instalaciones ubicadas en el mar. Es decir, hay planificación y
hay marco regulatorio. Y también hay inversión pública real: este año el MITECO lanzó 212 millones de euros en ayudas para adaptar puertos estatales al despliegue de las renovables marinas, de los cuales 30 millones se reservan para Canarias.


Me sorprende que el Partido Popular traiga a esta comisión una PNL como si no se hubiera hecho nada o no existiera una hoja de ruta, y es que esta iniciativa se basa más en la acción del Gobierno que en aportar nuevas propuestas, quitando,
evidentemente, el interés empresarial. Señorías, Canarias merece rigor. La eólica marina se despliega con planificación, consenso social, estudios ambientales serios, refuerzo portuario y garantías para los sectores tradicionales, especialmente la
pesca.


Y permítame detenerme especialmente en mi isla, El Hierro, ejemplo de lo que significa convertir la insularidad en oportunidad. Allí, Gorona del Viento ha situado a una isla pequeña en la vanguardia mundial, combinando energía eólica con
hidráulica para avanzar hacia la autosuficiencia energética. Gorona del Viento no es solo una central, es el ejemplo de lo que Canarias puede lograr cuando hay visión institucional, colaboración entre administraciones y acuerdo con los sectores
implicados. La eólica marina en Canarias avanza con especial protagonismo de Gran Canaria, actual referente del archipiélago y de España. Por su parte, Fuerteventura lidera en superficie disponible para futuros parques, seguida de Gran Canaria,
Lanzarote y Tenerife, donde además ya se estudian proyectos piloto en Granadilla. Y es que, en un contexto internacional marcado por conflictos e inestabilidad, como hemos visto recientemente en Oriente Medio, Europa y España no pueden seguir
dependiendo energéticamente de terceros países, y las canarias y los canarios conocemos mejor que nadie lo que significa esa vulnerabilidad.


Lo que no se puede pretender es venir aquí a combatir la emergencia climática, disponer de electricidad más barata y reducir la dependencia del exterior y, al mismo tiempo, colocar una alfombra roja a los negacionistas de VOX. ¿No se dan
cuenta de que es completamente incongruente y, además, profundamente irresponsable? Son ustedes mismos, el Partido Popular, los que continúan dando espacio a discursos negacionistas, que precisamente frenan el avance de las energías renovables y
debilitan la respuesta colectiva que exige este desafío.


Por eso, más allá del debate partidista, hago un llamamiento para lograr la aprobación de un pacto de Estado frente a la emergencia climática que permita adaptar nuestras islas a sus consecuencias y acompañar el despliegue renovable, así
que, señorías del Partido Popular, permítanme decirles que les hace falta más responsabilidad y menos pactos negacionistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para cerrar el turno de portavoces, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de tres minutos la señora Delgado-Taramona.


La señora DELGADO-TARAMONA HERNÁNDEZ: Muchas gracias.


La verdad que es un gustazo escuchar a otros canarios debatiendo de algo que es tan importante para el futuro de nuestra tierra y que estemos todos de acuerdo, menos uno, el portavoz de VOX, que, como ya he dicho, sinceramente creí que iba a
retirar su enmienda, ya que con su discurso ha terminado de confirmar que, aun siendo canario, es un gran desconocedor no solo de todos los problemas que tenemos allí, sino de lo que puede suponer esto de cara al futuro, porque con esas
insinuaciones tan absurdas que ha hecho respecto a la diversificación económica de una tierra que depende solo del turismo -sin duda, como dije antes, sería el motor económico, el que va a conseguir que Canarias de una vez por todas se convierta más
en referente mundial del lanzamiento de la eólica flotante-, usted mismo se desacredita.


Pero lo de la nuclear sí que me ha dejado, de verdad, alucinada. ¿Usted dónde quiere poner una central nuclear, encima del Teide? ¿Encima del Roque Nublo? La verdad es que eso no lo he entendido muy bien. Como no tiene réplica, no me
podrá contestar, pero esto que estamos diciendo hoy lo oirán los canarios y, cuando piensen en apoyarles a ustedes, sabrán los disparates que ustedes traen aquí.


Como decía, esto yo lo traslado con mucha pasión, porque personalmente llevo muchísimos años defendiendo que salga adelante. Y, respecto a cuando se decía ahora que si nos habíamos olvidado, por supuesto que sabemos todo lo que se ha hecho,
pero es que llevamos más de diez años peleando por que esto ocurra. Se han ido empresas noruegas, se han ido empresas inglesas, escocesas; se han marchado aburridas, porque hace diez años había una perspectiva que hasta ahora todavía no ha
llegado. Y sí, la hoja de ruta está, es del año 2021, pero es que estamos en 2026. Hoja de ruta no, no hacen falta

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más papeles, no hacen falta más POEM; lo que hace falta es que hoy -y espero salir de aquí con la gran noticia, de verdad- Pedro Sánchez haya ido a inaugurar la WindEurope 2026 para, de una vez por todas, desbloquear la eólica marina, y, si
no puede ser en toda España, porque quizás todavía haya que prepararlo, por lo menos en Canarias, y no por los canarios, sino por toda España, porque al final nos acabaremos beneficiando todos de esto.


Así que siento ser tan vehemente y pasional, pero de verdad que estoy convencida de que al final lo lograremos, y nuestros hijos y las futuras generaciones no solo se beneficiarán de una energía limpia, sino que podrán abandonar -déjenme
terminar con una frase que me acaba de surgir- los humos del petróleo para abrazar los vientos favorables de los alisios, que a los canarios siempre nos han beneficiado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- SOBRE LA FALTA DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003328 y número de
expediente del Senado 661/001963).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las Illes Balears.


Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX.


Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Marqués.


El señor MARQUÉS PALLISER: Gracias, presidente.


Señorías, hoy traemos a esta comisión un problema que no es nuevo, pero que cada día es más evidente: la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Illes Balears. Y no hablamos de una percepción, hablamos de una
realidad objetiva, medible y cada vez más preocupante, porque, mientras que la población residente en Baleares crece cada año, y no poco, los recursos humanos del Estado no lo hacen y en algunos casos incluso disminuyen.


Señorías, Baleares ha experimentado en los últimos años un crecimiento muy importante de población. Más residentes, más actividad, más presión sobre los servicios públicos, y todo esto aparte del incremento estacional de población que
tenemos, evidentemente, en verano, que en algunos momentos multiplica las cargas de trabajo de los servicios públicos. Es sencillo. Más población significa más necesidades; más población significa más presión sobre la seguridad, pero la respuesta
del Estado es muy decepcionante: plantillas incompletas, falta de planificación y ausencia de medidas estructurales. Los datos son claros. Según el Ministerio del Interior, la criminalidad ha subido un 4,8 % en Baleares, y en Menorca hay un dato
especialmente preocupante, el incremento del 18,9 % en delitos contra la libertad sexual. Y frente a esto, ¿qué tenemos? Más de mil vacantes en Policía Nacional y Guardia Civil en Illes Balears; agentes que llegan, pero que no se quedan; un
sistema que no consigue fijar plantilla.


Y aquí encontramos uno de los problemas más importantes, el complemento de insularidad. Señorías, recuerden la comparecencia que tuvimos en esta comisión de la plataforma Insularidad Digna, cuando denunciaron el actual complemento, que no
es suficiente, no refleja el coste real de vivir en Baleares y, en la práctica, no funciona. ¿Por qué? Porque hace veinte años que no se actualiza y hoy en día es un complemento irrisorio. Pregunto: ¿A qué espera el Gobierno de España a hacer su
trabajo, a tomar alguna medida? Ahora no está haciendo nada, y, mientras que no se haga nada, Baleares seguirá siendo un destino de paso para policías y guardias civiles. Los agentes no se quedarán, se irán, y el déficit se cronificará. Esto no
es casualidad, es una consecuencia directa de la absoluta inacción del Gobierno, que no hace nada.


En mi isla, en Menorca, tenemos un déficit de 140 plazas sin cubrir entre policías nacionales y guardias civiles. Datos: 60 plazas sin cubrir en la Comisaría de la Policía Nacional de Mahón y más del 30 % de la plantilla en la Comisaría de
la Policía Nacional de Ciutadella. Y en la Guardia Civil pasa exactamente lo mismo: plazas sin cubrir en todos los puestos, empezando por puertos y aeropuertos y pasando por tráfico. No se puede gestionar la seguridad de un territorio insular con
crecimiento de población constante como si fuera un territorio cualquiera de la península, porque no es lo mismo, y seguir actuando como si lo fuera es un error.

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Por eso, esta moción plantea algo muy sencillo: cubrir vacantes, planificar con criterios reales, adaptar las plantillas y, sobre todo, cumplir con Baleares en materia de insularidad. Sin un plus de insularidad digno, actualizado, no habrá
estabilidad, y sin estabilidad, no habrá seguridad. Señorías, la seguridad no puede depender de parches, no puede depender del esfuerzo extra de los agentes y no puede depender de que otras administraciones cubran las carencias del Estado. La
seguridad es una competencia del Estado, y hoy en Baleares el Estado no está cumpliendo como debería.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda, por un tiempo de dos minutos tiene la palabra el señor Campos Asensi.


El señor CAMPOS ASENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestra enmienda propone prescindir de connotaciones ideológicas en la terminología de violencia de género y centrar la cuestión en lo realmente importante, que es la protección de la mujer en una cuestión tan importante como es la que
recoge esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para pronunciarse sobre si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el señor Marqués por un tiempo de dos minutos.


El señor MARQUÉS PALLISER: Sí, la aceptamos.


El señor PRESIDENTE: Pasamos directamente al turno de portavoces.


Coalición Canaria no hará uso de la palabra.


Seguidamente, pasamos al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai).


Tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


No íbamos a intervenir en este punto. Iba a decirle al senador que en todo lo que es el plus de insularidad creo que este grupo se ha manifestado y que tanto el senador Juanjo Ferrer como yo mismo hemos presentado diferentes iniciativas en
el mismo sentido. Le iba a decir que la falta de personal también afecta a otros servicios públicos por los que estamos muy preocupados, como pueden ser justicia, puertos, servicios de extranjería u otros servicios que tenemos que reforzar para
tener buenos servicios públicos.


Evidentemente, nos íbamos a abstener, pero después de que usted haya aceptado una enmienda de VOX para quitar el término 'violencia de género', habiendo utilizado el concepto en su exposición de motivos como uno de los motivos para reforzar
la seguridad en Menorca, evidentemente votaremos en contra. Nos parece vergonzoso que el Grupo Popular vaya abandonando las posturas y los conceptos básicos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Campos Asensi por un tiempo de tres minutos.


El señor CAMPOS ASENSI: Gracias, señor presidente.


Señorías, Baleares es un paraíso para los delincuentes por la falta de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y esta responsabilidad es directa del Gobierno socialista y de su delegado en Baleares, el señor Alfonso Rodríguez,
quien ya debería haber dimitido por su manifiesta incompetencia. Y esto no lo digo solo yo, sino las asociaciones y sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los mismos sindicatos que piden auxilio por el caos
inmigratorio que vive Baleares.


Escuchen atentamente: La Policía Nacional y la Guardia Civil se desangran por la incesante llegada de inmigración irregular en patera. Exigimos el aumento de las plantillas y unas infraestructuras adecuadas. Esta es la reclamación textual
de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Actuamos con

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retraso por la falta de agentes a la hora de atender a los ciudadanos porque estamos con las pateras: son declaraciones del portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, José Gregorio Barajas. Ya denunciábamos que no éramos
suficientes para atender el grave aumento de la criminalidad: lo dice el portavoz del sindicato CEP de la Policía Nacional, David Pola.


Criminalidad disparada por la inmigración ilegal, masiva y descontrolada que sufrimos en Baleares, señorías, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado abandonados por el Gobierno socialista. Los sindicatos policiales han cifrado el
déficit real en unos ochocientos agentes, trescientos en la Policía Nacional y quinientos en la Guardia Civil. Nuestros policías y guardias civiles, de los que hay que estar orgullosos -y desde aquí traslado mi admiración y la de nuestro grupo-,
siguen haciendo más con menos, con una sobrecarga de trabajo que no se corresponde con los recursos humanos ni materiales de los que disponen. El complemento de insularidad, señorías, ni está ni se le espera. Hace dos años que se aprobó una
iniciativa de VOX en esta misma comisión para que se ejecutara el complemento, y el Gobierno sigue sin hacer nada. ¡Qué vergüenza, señorías! Siguen engañando a los que se juegan la vida por nosotros, que malviven porque no pueden acceder a una
vivienda y no pueden llegar a final de mes. De hecho, los agentes no quieren ir a Baleares. Los que van son de nueva incorporación y, cuando cumplen el tiempo de permanencia que tienen que cumplir, se van. Esto genera desgaste de la plantilla,
mucha rotación y sobrecarga de trabajo.


El Gobierno y el Partido socialista también engañan con las cifras de agentes que van a Baleares. La Asociación de la Guardia Civil, JUCIL, ha alertado hace dos meses de que solo se han cubierto el 9 % de las plazas ofertadas con agentes
procedentes de fuera del archipiélago; que la falta de actualización del plus de insularidad y el alto coste de la vida provocan que ochenta y cinco agentes abandonen las islas frente a solo quince incorporaciones, y que hasta cuatrocientos agentes
van a poder solicitar su traslado fuera de Baleares. De hecho, Menorca se va a quedar sin agentes antiexplosivos. ¿Y cuál es el resultado? Una inseguridad sin precedentes debido a que el Gobierno socialista promociona el efecto llamada de
delincuentes de todo el mundo y el efecto patada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando debería ser al revés. Baleares y España, paraíso de los delincuentes. Tampoco es de extrañar viendo quienes nos gobiernan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al Grupo Socialista. Por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Mercadal.


El señor MERCADAL BAQUERO: Gracias, presidente.


Buenos días.


Quiero empezar expresando nuestra sorpresa y nuestro enfado por el hecho de que el Grupo Popular haya aceptado, sin necesitarlo, una enmienda de VOX eliminando el concepto de violencia de género. ¡Es que hasta aquí hemos llegado! ¡Lo que
tenemos que ver! Están totalmente vendidos a VOX. Además, en esta comisión, que no necesitan a VOX para aprobar esta moción, ¿por qué aceptan esta enmienda? ¿Qué está pasando en el Partido Popular? (Aplausos). ¿Y qué está pasando en el Partido
Popular de Menorca? ¿Son ustedes los más radicales de todos, que aceptan estas cosas?


Cada vez que vienen aquí y se pretenden alzar como los defensores de los agentes de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en Baleares hay que empezar repasando los datos, la realidad. De 2011 a 2018, ¿quién gobernaba en España?
El Gobierno de Mariano Rajoy. Hubo un recorte de 125 efectivos en las Islas Baleares. De 2018 a 2025, con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha habido un aumento en 477 efectivos. No solo hemos recuperado el recorte que hicieron ustedes, sino que
hemos incrementado en 352 los efectivos respecto a 2011. Pero parece que de eso no se acuerdan; parece que de los Gobiernos de Mariano Rajoy últimamente el Partido Popular no se acuerda; se lo tiene que ir recordando de vez en cuando el señor
Bárcenas. (Aplausos). Por lo tanto, cada vez que ustedes hablan de esto, piden lo que ustedes fueron incapaces de hacer: piden reforzar plantillas cuando fueron ustedes los que recortaron las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil.


Después hay otro punto: este discurso sobre la inseguridad; un discurso irreal, un discurso falaz que tenemos que rechazar. Las Islas Baleares son seguras, son un hogar seguro para los que vivimos ahí; el señor Marqués lo sabe
perfectamente, porque, como el señor Mesquida y como yo, vive ahí y sabe que estamos seguros tanto en Menorca como en cualquier otra isla. Es un destino turístico seguro. Por lo tanto, dejen este discurso de la inseguridad. Somos unas islas
seguras gracias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y también a las policías locales.

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Lo que tenemos es un reto para mantener esta seguridad en el futuro y para mejorarla siempre que sea posible, y el reto se llama crisis de vivienda. No se puede hablar de los efectivos, de las plantillas de cualquier Administración o de
cualquier ministerio del Estado en las Islas Baleares sin hablar de la crisis de vivienda. Hay que exigir políticas de vivienda a la Administración competente, que es el Gobierno de las Illes Balears, en favor de más vivienda pública. Solo les
daré un dato, porque no me queda tiempo: cero viviendas públicas ha iniciado el Gobierno de la señora Prohens, cuando el Gobierno de la señora Francina Armengol inició 937 pisos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar con el turno de portavoces, tiene la palabra el señor Marqués por un tiempo de tres minutos.


El señor MARQUÉS PALLISER: Gracias, presidente.


Sobre la enmienda de VOX, creo que añadir protección a la mujer -repito, protección a la mujer- es aceptable. Ni que hubiera propuesto aprobar una ley como la del sí es sí, que ha liberado a pederastas y violadores, repito, que ha liberado
a pederastas y violadores. (Aplausos.-La señora Herrera García: Pacto de Estado). Un poco de respeto.


Dicho esto, la realidad es tozuda. El Govern balear de Marga Prohens ha actualizado el plus de insularidad para los funcionarios autonómicos en solo dos años de gobierno. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo ha hecho para los funcionarios
del Estado y lleva ocho años de gobierno. No voy a hablar de Armengol, que no hizo nunca nada. No puede estar más claro quién actúa y quién no.


Les cuento otro ejemplo de quién trabaja para que los policías y guardias civiles se queden en las Islas Baleares. El Govern de Marga Prohens, viendo que el Gobierno central no hace nada, ha introducido bonificaciones fiscales del IRPF de
hasta el 40 % a los policías y guardias civiles destinados en Baleares. Ante la inacción del Gobierno del Partido Socialista, los Gobiernos del Partido Popular actúan.


Y hablemos de vivienda. Señor Mercadal, ¿cuántas ha construido el Gobierno de Pedro Sánchez en Menorca? Cero, cero patatero. (El señor Mercadal Baquero: No es cierto). Y no solo eso, sino que la Sareb, que depende del Gobierno, quiere
desahuciar a familias en Mahón. Aprovecho para pedir públicamente la prórroga de este contrato.


Señorías, los datos son muy claros. La población crece en las islas y el Govern balear hace un gran esfuerzo para tener más profesores, más médicos y más policías locales, mientras que los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil
no crecen; es más, en algunos casos disminuyen. Lo hemos visto en Menorca con la desaparición del Grupo GEDEX de la Guardia Civil por una decisión política del Partido Socialista. A partir de este verano, Menorca perderá un servicio por culpa del
Gobierno de Pedro Sánchez. Podría seguir con los recortes de servicios públicos que dependen del Estado en Menorca y en todas las islas.


Señorías, por desgracia estamos normalizando que falten más de mil policías y guardias civiles en las Islas Baleares. Se está normalizando que los policías locales asuman funciones que no les corresponden. Se está normalizando que el
Estado no esté a la altura. Nosotros no lo vamos a normalizar porque la seguridad no es un lujo, es un derecho y, además, en un territorio insular es una responsabilidad aún mayor para el Estado. Por eso, esta moción es clara: que se refuercen
los efectivos y que se corrija de verdad el complemento de insularidad, o el problema va a seguir creciendo.


Señores del Grupo Socialista, dejen de buscar excusas, cumplan con su trabajo, cumplan con lo prometido en Baleares y aprueben y actualicen el plus de insularidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de todos y cada uno de los puntos incluidos en el orden del día, vamos a pasar lista, sobre todo a efectos de sustituciones, y después empezaremos con las votaciones.


Por el señor presidente se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la comisión, presentes y sustituidos.

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Procedemos a la votación de las proposiciones no de ley y mociones debatidas, por el orden de su inclusión en el orden del día. Se votarán en sus propios términos, con la adición de las enmiendas aceptadas o con las enmiendas
transaccionales acordadas, en su caso.


En primer lugar, pasamos a la votación de la Proposición no de ley relativa a la conservación y gestión pública del Castell d´Alaró, en Mallorca, a la que ha sido presentada una enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Moción por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la aplicación de las nuevas subidas de tasas aeroportuarias previstas por AENA para marzo de 2026 y para el ejercicio 2027.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Seguidamente, Moción sobre viviendas vacías en territorios insulares, a la que se le incluye la enmienda transaccional presentada por Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Seguidamente, Proposición no de ley relativa a la activación urgente de medidas en materia de reconstrucción y recuperación socioeconómica completa y definitiva de la isla de La Palma.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Seguidamente, Proposición no de ley relativa a la mejora de la integración renovable en las islas Canarias y la aceleración del despliegue de las tecnologías eólicas marinas en las costas del archipiélago canario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 2; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Finalmente, Moción sobre la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las Illes Balears, que se aprueba con la inclusión de la enmienda presentada por el Grupo VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Muchas gracias.


Eran las dos y diecinueve minutos de la tarde.