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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 152, de 16/04/2026
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 152
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ
Sesión núm. 21
celebrada el jueves,
16 de abril de 2026
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000129)
... (Página3)
- Informe de fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa, O.A. ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y número de expediente del
Senado 771/000157) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., en la estrategia de financiación a las pequeñas y medianas empresas, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de
Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000158) ... (Página4)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000179 y número de expediente del Senado 771/000176) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de la actividad de Hulleras del Norte, S.A., S.M.E., en ejecución de su Plan de Empresa, ejercicios 2019 a 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000184 y número de expediente del Senado 771/000181) ... (Página6)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de la gestión por Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141) ... (Página7)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000195) ...
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000200 y número de expediente del Senado 771/000197) ...
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000158 y número de expediente del Senado
771/000156) ... (Página8)
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000163 y número de expediente del Senado
771/000160) ... (Página8)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000192 y número de expediente del Senado
771/000189) ... (Página14)
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000201 y número de expediente del
Senado 771/000198) ... (Página15)
- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000202 y número de expediente del Senado
771/000199) ... (Página15)
- Informe de fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000203 y número de expediente del Senado 771/000200) ... (Página15)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización aprobados en el ejercicio 2021 relativos a la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, S.A., M.P. y al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.P.E. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000128) ...
- Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización de la Fundación del Teatro Real, F.S.P., ejercicios 2018 y 2019. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado 771/000131) ... (Página21)
- Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones del informe de fiscalización '¿Han adaptado las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a las
condiciones actuales de expansión y de desestacionalización de los incendios?'. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000180 y número de expediente del Senado 771/000177) ...
- Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicios 2016 y 2017. Presentado por el
Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000199 y número de expediente del Senado 771/000196) ... (Página21)
Se abre la sesión a las diez y dieciocho minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000129).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que teníamos prevista para el día de hoy. Buenos días a todos y a todas.
Pasamos al primer punto del orden del día, que es la votación de las propuestas de resolución de los informes de fiscalización que figuran en los distintos bloques.
Comenzamos con las votaciones correspondientes al bloque I. Informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2021.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la 1 a la 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Socialista. Números 5 a 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Números 7 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA, O.A. EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y número de expediente del
Senado 771/000157).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa del ejercicio 2023.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX. Se votan por separado.
Número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 13; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario Socialista. Números 3 a 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Números 6 a 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario SUMAR. Números 15 y 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A., EN LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000158).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Empresa Nacional de Innovación en la estrategia de financiación a las pequeñas y medianas empresas, ejercicio 2023.
Votamos las resoluciones números 1 y 2 del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Socialista. Números 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Se votan por separado.
Números 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 7 a 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo Parlamentario SUMAR. Números 15 a 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO EN LA EJECUCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA, EJERCICIOS 2018 A 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000179 y número de expediente del Senado 771/000176).
El señor PRESIDENTE: Bloque II. Informe de fiscalización de la actividad de SEPES, entidad pública empresarial de suelo en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a 2023.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX. Números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Socialista. Se votan por separado.
Números 3 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Se votan por separado.
Números 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 9 a 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 17 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario SUMAR. Se votan por separado.
Números 20, 21, 23 y 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 22, 24 y 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E., EN EJECUCIÓN DE SU PLAN DE EMPRESA, EJERCICIOS 2019 A 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000184 y número de expediente del Senado 771/000181).
El señor PRESIDENTE: Votamos las resoluciones del informe de fiscalización de la actividad del Hulleras del Norte, en ejecución de su plan de empresa, ejercicios 2019 a 2022.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX. Número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo Parlamentario Socialista. Números 2 a 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Números 5 a 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario SUMAR. Números 15 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A., DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2022 Y EN 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141).
El señor PRESIDENTE: Votamos las resoluciones del Bloque III. Resoluciones del informe de fiscalización de la gestión por Renfe Viajeros, de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de
2022 y 2023.
Votamos las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo Parlamentario Socialista. Números 2 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Se votan por separado.
Números 9 a 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 16 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario SUMAR. Números 20 a 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL IMPLANTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y ADIF-ALTA VELOCIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000195).
El señor PRESIDENTE: Votamos las resoluciones del informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad,
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX. Números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Socialista. Números 3 a 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular. Se votan por separado.
Números 11 a 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 16 a 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario SUMAR. Números 22 a 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Hacemos un receso y continuamos con la sesión. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000200 y número de expediente del Senado 771/000197).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000158 y número de expediente del Senado
771/000156).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000163 y número de expediente del Senado
771/000160).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día de la sesión de hoy, dándole la bienvenida, siempre calurosa, a nuestra querida presidenta del Tribunal de Cuentas. Bienvenida, presidenta, a esta su casa, su comisión.
Pasamos a la comparecencia de la presidenta para informar sobre los siguientes puntos. Bloque I: informe global del sector público autonómico, ejercicio 2022; informe de fiscalización de la cuenta general de la Ciudad autónoma de Ceuta,
ejercicio 2022; informe de fiscalización de la cuenta general de la Ciudad autónoma de Melilla, ejercicio 2022. Para su explicación, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Buenos días.
Vamos a abordar la presentación de los informes que hoy están en el orden del día. En primer lugar, tenemos tres informes de fiscalización relativos al sector público autonómico, todos correspondientes al ejercicio 2022, y también las
cuentas generales de Ceuta y de Melilla, que fueron aprobados respectivamente en abril, mayo y diciembre de 2025. Esos informes, además de remitirse a las Cortes Generales, se remitieron a las Asambleas y a los Gobiernos autonómicos fiscalizados.
El primero de ellos, el informe de fiscalización del sector público autonómico de 2022, ofrece una visión global sobre el cumplimiento por las entidades que integran el sector público autonómico de la obligación de rendición de cuentas y
también de remisión de información sobre contratos, convenios y encargos a medios propios. (Apoya su intervención en una presentación digital). Este informe se ha elaborado a partir de los resultados de fiscalización que se incluyen en los
informes aprobados por los correspondientes órganos de control externo. Con eso quiero decir que no se han realizado en el tribunal otras actuaciones fiscalizadoras ni se han producido pronunciamientos sobre aspectos de la fiscalización con
anterioridad.
El presupuesto conjunto del sector público autonómico, excluyendo a Ceuta y Melilla, en este año fue de casi 262 000 millones, lo que supuso un 1,4 % más que en el año anterior. Entre los principales resultados, destaca que el número total
de entes obligados a rendir cuentas a 31 de diciembre de 2021 era de 17 Administraciones autonómicas, 2 ciudades autónomas y 1370 entidades del sector institucional. Sin embargo, el perímetro del sector público autonómico ni está plenamente
definido ni es homogéneo. Existen diferencias de criterio a la hora de incluir entidades que provocan que parte del sector institucional quede fuera del ámbito efectivo de la rendición de cuentas. Esto limita la integridad del control y dificulta
la obtención de una visión completa de la actividad pública. En este sentido, se ha comprobado la existencia de entidades sin actividad durante un largo periodo de tiempo, así como de procesos de disolución o extinción que están sin concluir, que
evidencian la necesidad de reforzar mecanismos de supervisión. No obstante, en el ejercicio fiscalizado se produce un avance normativo en Canarias, País Vasco y Extremadura.
También hemos podido constatar una elevada heterogeneidad en la configuración de las cuentas generales, habiendo aquellas que integran en las cuentas anuales toda la tipología de entidades que conforman su respectivo sector público y las que
incorporan exclusivamente las cuentas de la Administración y de sus organismos autónomos. Esta diversidad también se observa en el nivel de consolidación y agregación de las cuentas que integran la cuenta general, yendo de la formulación de una
cuenta única consolidada del sector público autonómico hasta la formulación de cuentas individuales con carácter independiente que están sin agregar y sin consolidar.
Los plazos de formación y rendición de las cuentas también son desiguales. Cuanto más se alejan los plazos del cierre de ejercicio, la información pierde relevancia y oportunidad y debilita su valor tanto para el control técnico como para
el propio control parlamentario. La mayoría de las cuentas generales incluyeron las cuentas de la totalidad de las entidades que debían integrarlas y se observan altos niveles de rendición en plazo, constatándose todavía una heterogeneidad respecto
al alcance de la obligación de remisión de información contractual.
Por otra parte, el análisis de los portales de transparencia autonómicos ha permitido constatar que, en general, cumplen con las exigencias de publicidad activa de la información económico-financiera, aunque se han detectado incidencias en
la publicidad activa de contratos y convenios.
Por último, el informe realiza un seguimiento de las recomendaciones del informe relativo a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, concluyendo que aproximadamente la mitad están cumplidas parcialmente y otro tanto, alrededor de cuatro, están sin
cumplir. Las recomendaciones de este informe reiteran la necesidad de avanzar en la delimitación normativa del sector público autonómico, incorporando criterios que reflejen no solo la participación mayoritaria, sino el control efectivo. Asimismo,
se recomienda continuar la adaptación de los estatutos de consorcios y fundaciones participadas, adelantar plazos de rendición de cuentas y asegurar que la cuenta general integre la totalidad de entidades del sector público correspondiente.
Ahora pasaré a explicar dos realidades institucionales específicas, que son Ceuta y Melilla. Ambas fiscalizaciones son de regularidad, realizadas por mandato legal, y arrojan una opinión favorable con algunas salvedades. Es decir, las
cuentas reflejan en términos generales la imagen fiel de la situación económico-financiera, aunque se producen incidencias que consideramos que deben ser corregidas. En relación con la gestión presupuestaria, se ha constatado que se ajusta en
términos generales a la normativa de aplicación, excepto por las irregularidades que se detallan en los informes.
En cuanto a Ceuta, la cuenta fue rendida tres meses fuera de plazo e incluye un total de diecinueve entidades. Entre las salvedades, se destaca las limitaciones en la valoración de lo inmovilizado, la sobrevaloración del resultado
presupuestario y del remanente de tesorería. También se han detectado incidencias en la valoración de activos y en determinadas estimaciones contables en organismos y sociedades públicas.
El informe recoge dos párrafos de énfasis relativos a los recursos adicionales obtenidos por la condonación de la devolución de las liquidaciones negativas de los recursos del sistema correspondientes al año 2020 y a la compensación recibida
del Estado por la implantación del Sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA. También la línea adicional de financiación europea de 8 millones de euros, derivada de la crisis migratoria de 2021, es objeto de un párrafo de énfasis.
Como otros resultados, el informe señala que la ciudad de Ceuta no ha elaborado las cuentas consolidadas de todo su sector público. Tampoco ha integrado la totalidad de sus entidades en la información económico-patrimonial. Y desde el
punto de vista de control interno, persiste la situación del puesto del interventor, que hemos reiterado y explicado aquí no tantas veces como el tiempo que lleva vacante, pero muchas, que está ocupado de forma accidental desde hace más de veinte
años. Aunque se ha convocado recientemente su provisión en el año 2024, curiosamente el proceso ha sido declarado desierto en febrero de 2025. La Intervención no ha elaborado un plan anual de auditoría o de actuaciones de control financiero ni
tampoco ha realizado controles financieros de eficacia sobre los servicios de la ciudad, sus organismos autónomos ni las sociedades dependientes.
En cuanto al grado de cumplimiento de las recomendaciones, se da un grado de cumplimiento escaso, solamente hay una cumplida, catorce sin cumplir y tres en curso de cumplimiento.
Por lo que se refiere a la cuenta general de Melilla, se formó con un retraso de dos meses y medio e incluye ocho de las nueve entidades que conforman su sector público. Entre las salvedades, destaca la tramitación de modificaciones
presupuestarias por 18 millones sin la debida justificación -por cierto, 13 de esos 18 millones no se ejecutaron-, así como la sobreevaluación del resultado presupuestario, igual que en el anterior, y del remanente de tesorería. Además, las
deficiencias en el inventario y en el registro contable han limitado la verificación de los saldos del inmovilizado. El informe de una empresa pública, EMVISMESA, deniega opinión de las cuentas, al no haberse podido verificar cuestiones muy
significativas que afectan al activo fijo, al activo no corriente, a las existencias o, entre otros, a la tesorería.
Como párrafos de énfasis, el informe destaca la dotación adicional de fondos que la ciudad de Melilla recibió con motivo de la devolución de las liquidaciones negativas de los recursos del sistema de 2020 y la compensación recibida por el
Estado por el efecto de la implantación del sistema de suministro inmediato de información del IVA. La ciudad recibió en 2022 recursos con cargo al fondo Next Generation por importe de 14 millones de euros, de los que se han ejecutado casi 350 000
euros. Estas desviaciones deben ser consideradas a la hora de interpretar el resultado del ejercicio y la solvencia financiera de la ciudad.
Dentro del apartado de otros resultados, se menciona que en Melilla no se realiza distinción de las funciones de contabilidad y control de la gestión económico-financiera y no se distingue el personal adscrito a funciones de fiscalización
previa y de control posterior, lo que hace del control interno un sistema muy debilitado.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones de 2021, siete de ellas no fueron cumplidas y cinco están en curso de cumplimiento.
En cuanto a las recomendaciones, como es habitual, el Tribunal formula algunas, entre las que se encuentra la recomendación a las dos ciudades de depurar la técnica presupuestaria para evitar acudir a modificaciones de crédito de manera
recurrente. En el caso de Ceuta, se sugiere regular mecanismos de revisión, control e intercambio de información de los estados contables de la Administración General de la Ciudad y sus entidades dependientes o completar el contenido de la memoria.
También se recomienda impulsar la liquidación de bienes y el reparto de haberes de todas las entidades cuya disolución haya sido acordada, así como aprobar anualmente un plan de control financiero que recoja las actuaciones de control permanente y
auditoría pública a realizar durante el ejercicio. A la ciudad de Melilla se le recomienda implantar un inventario completo, actualizado e informatizado, con conexión al sistema contable; mejorar la información sobre el patrimonio público del
suelo, anular contablemente o reclasificar las deudas aplazadas y fraccionadas, así como realizar un adecuado control y seguimiento respecto del encargo de gestión encomendado a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.
En definitiva, todos estos informes reflejan un sistema de rendición de cuentas que funciona en sus elementos esenciales, pero presentan márgenes relevantes de mejora en términos de integridad, homogeneidad y eficacia de control. Avanzar en
cada uno de estos aspectos resulta imprescindible para reforzar la calidad de la información pública, mejorar la gestión de los recursos y facilitar el ejercicio del control parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, presidenta.
Para la fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Chicano, por su comparecencia. Y, por supuesto, quiero reconocer el trabajo del personal del Tribunal de Cuentas.
Previo al análisis, es importante destacar la magnitud del sector público autonómico en nuestro país. Es un hecho que las comunidades autónomas disponen de más recursos que nunca. Han incrementado su presupuesto de gastos un 122,7 % en los
últimos veinte años y deben llevar a cabo un análisis profundo de su gasto. En el gráfico 4 del informe del Tribunal de Cuentas observamos que sanidad más educación más servicios públicos básicos más protección y promoción social representan un
67,9 % del gasto autonómico: luego, un 32,1 % no se dedicó a estos fines. Poniendo números, si el gasto autonómico del año 2022, según sus presupuestos, ascendió aproximadamente a 236 000 millones de euros, un importe de 76 000 millones de euros
no se dedicó a sanidad ni a educación ni a servicios públicos básicos ni a protección y promoción social. Y vemos también que en el sector autonómico los empleos no paran de crecer. Según el informe, en términos interanuales, los empleos no
financieros del subsector comunidades autónomas se han incrementado en el ejercicio 2022 un 6,21 %, y es que el empleo no financiero de las comunidades autónomas ha aumentado aproximadamente entre un 25 y un 35 % en los últimos veinte años.
Respecto a los temas que vemos en el informe, en primer lugar, el número de entidades se mantiene en un número elevadísimo. El conjunto de estas, junto con otras comunicadas adicionalmente por los ICEX, totalizan 1922 entidades; de ellas,
1891 mantenían su vigencia al 1 de enero de 2022. Esta proliferación dificulta el control, incrementa los costes administrativos y complica la gestión eficiente de los recursos públicos. A propósito, donde mayor número de entidades existen es en
Cataluña, que también es la comunidad autónoma con mayor importe de deuda autonómica total y una de las mayores en deuda sobre PIB. De estas entidades, 291 no rinden cuentas a los ICEX, a pesar de tener una participación pública mayoritaria o
control público. Y quiero destacar que la menor representatividad de entes que integran la cuenta general respecto del total de su censo se predica en la Comunidad Autónoma de Madrid.
En segundo lugar, existe una falta de delimitación clara y uniforme del sector público autonómico. Cada comunidad autónoma aplica criterios distintos para determinar qué entidades forman parte de su sector público, lo que genera una notable
heterogeneidad. Esta situación en algunos casos permite que entidades vinculadas a la Administración queden fuera del perímetro de control efectivo, debilitando así los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión.
En tercer lugar, respecto a la disparidad de plazos de formación y rendición de cuentas generales, en el gráfico 14 vemos que los plazos varían desde el 30 de junio en Aragón, Canarias y Comunidad Valenciana hasta el 30 de noviembre en
Castilla y León.
En cuarto lugar, la elevada cantidad de cuentas anuales individuales que se rinden fuera de plazo; hablamos de 110 fuera de plazo y de 24 no rendidas.
En quinto lugar, continuamos con el bajo cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores. En el informe de fiscalización del sector público autonómico de los ejercicios 2019 y 2020 se pusieron de manifiesto ocho recomendaciones,
de las cuales cinco no se han cumplido y tres solo parcialmente. Y es que no basta con identificar las deficiencias: es imprescindible actuar con determinación para corregirlas; y no es un mensaje para el tribunal, sino para las entidades
auditadas.
En sexto lugar, en materia de transparencia, el informe también detecta incumplimientos en las obligaciones de publicidad activa, especialmente en lo relativo a cuentas, contratos y convenios.
En séptimo lugar, el ámbito de la contratación pública se ha identificado como una de las áreas de mayor riesgo. Se observan deficiencias en la remisión de información, retrasos y un uso significativo de encargos a medios propios, lo que
puede reducir los niveles de concurrencia y competencia. Todo ello exige reforzar los mecanismos de control y garantizar una mayor transparencia en la gestión contractual.
También quiero destacar dos importantes recomendaciones. La número tres dice que aquellas comunidades que no lo hayan hecho todavía deberán desarrollar normativamente el establecimiento de un sistema de supervisión continua de sus entidades
dependientes, y ello con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera. Creo que esto es absolutamente clave, el comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su
creación y su sostenibilidad financiera. Y la recomendación cuarta habla de recomendar el impulso de las actuaciones necesarias para la disolución y liquidación de las entidades del sector público institucional autonómico sin actividad y la
culminación de los procesos de extinción en curso.
Por concluir, nos encontramos ante un sector público autonómico de gran relevancia, pero con debilidades estructurales en materia de control, transparencia y eficiencia, y la respuesta no puede ser la inacción. Es necesario avanzar hacia
una mayor homogeneización normativa, reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, mejorar la transparencia, racionalizar el sector público y garantizar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de los órganos de control.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Otero.
La señora OTERO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Señora presidenta, una vez más quiero darle las gracias, en nombre de mi grupo parlamentario, a usted y a su equipo por el trabajo que realizan.
Hoy traemos a esta comisión un debate que no es meramente técnico, sino profundamente político, el relativo al informe global del sector público autonómico del ejercicio 2022 elaborado por el Tribunal de Cuentas, el cual, lejos de ser una
simple auditoría contable, es un espejo de cómo funcionan nuestras instituciones, cómo se gestionan los recursos públicos y, en última instancia, cómo respondemos a la ciudadanía. Ese espejo nos devuelve a una imagen clara: hemos avanzado, sí,
pero seguimos teniendo desigualdades estructurales y déficits de gobernanza, que debemos corregir con valentía política. El propio Tribunal reconoce avances importantes, avances en la normalización contable, que han mejorado la compatibilidad y la
transparencia de la información económico-financiera en las comunidades autónomas, y esto no es menor: significa que hoy sabemos qué se hace con el dinero público, significa mayor capacidad de control democrático, lo cual señorías, es una conquista
del Estado social y de derecho. Sin embargo, no basta.
El informe también señala con claridad algo preocupante: una fuerte heterogeneidad entre comunidades autónomas tanto en la definición de su sector público como en el alcance de sus cuentas. Y ¿qué significa esto en términos políticos?
Significa que no todos los ciudadanos y todas las ciudadanas están protegidos por los mismos estándares de transparencia, significa que hay entidades públicas que en algunos casos quedan fuera del control efectivo, significa, en definitiva, que hay
zonas grises en la gestión de lo público. Desde nuestra perspectiva, la progresista, esto es inaceptable, porque defender lo público no es solo aumentar recursos, es garantizar que cada euro público esté sometido a control, transparencia y
rendición de cuentas. Y aquí debemos ser claros: no puede haber un sector público a la sombra, no puede haber estructuras financieras con dinero de todos que escapen al escrutinio democrático.
Pasando a abordar el informe de fiscalización de la cuenta general de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2022, lo primero que debemos afirmar con claridad es que la gestión autonómica no puede desligarse de la justicia social.
Cada desviación, cada deficiencia en el control, cada incumplimiento contable no es solo un incumplimiento administrativo, es una oportunidad perdida para mejorar la vida de la ciudadanía. El informe señala debilidades en los sistemas de control
internos, incidencias en la ejecución presupuestaria y carencias en la rendición de cuentas. No estamos ante cuestiones menores; estamos hablando de transparencia, de eficiencia y, en última instancia, de confianza pública de los ciudadanos.
Ceuta es un territorio con singularidades evidentes. Precisamente por su condición fronteriza, su estructura económica y sus desafíos sociales propios exige una gestión pública ejemplar. No basta con cumplir formalmente. Hay que gobernar
con responsabilidad, con planificación y con una clara orientación hacia el interés general. Se necesitan presupuestos más transparentes, más participativos y más evaluables. Necesitamos políticas públicas que prioricen la cohesión social y
necesitamos instituciones
que rindan cuentas de forma clara y comprensible para la ciudadanía en tiempo y forma, y no se está haciendo. Señorías, el informe del Tribunal de Cuentas nos dice que hay margen de mejora, que hay errores que corregir y prácticas que
reformar. El tiempo ofrece una oportunidad, la de avanzar hacia un modelo de gestión público más transparente, más eficiente y más comprometido con la igualdad.
Para finalizar, voy a referirme al informe de fiscalización de la Cuenta General de Melilla para el ejercicio 2022, un territorio que tiene muchísimas similitudes con el que acabamos de analizar. En el informe del Tribunal de Cuentas se
señalan las deficiencias, al igual que se hacía con el de Ceuta, en el control, en la ejecución presupuestaria y en la transparencia, o, lo que es lo mismo, está fallando la gestión pública, es decir, no falla un sistema abstracto, falla en sí mismo
el sistema económico-financiero, fallan, por tanto, los servicios que sostienen la vida de la gente. Y no basta con tomar nota; resulta imprescindible reforzar los mecanismos de control, mejorar la planificación y garantizar una rendición de
cuentas real y accesible a la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando García.
El señor HERNANDO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Buenos días, señora presidenta, y bienvenida de nuevo.
El título del primer informe que analizamos resultaría engañoso si esperásemos encontrar un reflejo detallado de la acción económica y financiera global de todas las comunidades autónomas. No es así, evidentemente. Lo que hay, en realidad,
y usted lo ha dicho, es un minucioso análisis acerca, sobre todo, de la operatividad normativa y contable del conjunto de aquellas Administraciones en lo relativo a la delimitación subjetiva del sector público autonómico; un asunto, sin duda, muy
importante.
Ahora bien, si leemos con atención las cifras macro que sirven de introducción al informe, advertiremos que son extraordinariamente reveladoras en cuanto que sí son, estas sí, reflejo fiel del devenir en el conjunto de la economía española.
En efecto, encontramos en el informe algunos datos que revelan, más allá de lo que seguramente pretenden, una tendencia irresistible a la degradación de las cuentas públicas y el inevitable contagio a las comunidades autónomas de un virus que tiene
su origen en la desastrada manera de conducirse por este Gobierno en relación con el dinero de todos. Y lo digo porque ninguno de los índices de eficiencia y eficacia presupuestaria que se describen en el informe van a mejor del 2021 al 2022 en el
conjunto de las comunidades autónomas; todo lo contrario.
Veamos. De acuerdo con el informe, el grado de pago de las obligaciones presupuestarias del ejercicio corriente fue inferior en 2022 respecto al año 2021. Los ingresos presupuestarios consolidados sufrieron un descenso interanual del 6,53
%, en conjunto. El grado de ejecución de ingresos previstos fue en 2022 inferior en ocho puntos -insisto, ocho puntos- al del año anterior. La representatividad de los ingresos presupuestarios respecto de los gastos presupuestarios pasó del 104,91
% al 97,66 %. En suma, a las comunidades autónomas les ocurre un poco lo mismo que al conjunto de los españoles: cada año son más pobres en términos relativos y tienen menos capacidad económica para afrontar sus obligaciones. Esto resulta
sorprendente y doloroso al mismo tiempo en un contexto de hiperhormonación financiera del Estado, cada año más voraz con sus impuestos, cada año más endeudado y menos transparente en la aplicación de sus fondos y cada año más exigente con ciudadanos
que cada año tienen menos.
A cambio, las comunidades autónomas incrementaron entre 2021 y 2022 el porcentaje del gasto destinado a atender los servicios públicos esenciales que tienen a su cargo -sanidad, educación y servicios sociales-, que pasó del 62,8 % al 65 %,
lo cual no puede entenderse en su totalidad como un incremento bruto, sino más bien como una medida de higiene financiera para compensar en lo que más importa, es decir, los servicios esenciales, la reducción de ingresos presupuestarios. Ya
entonces -y hablamos de hace cuatro años- se apreciaba el constante empobrecimiento de las economías domésticas y de las públicas no estatales -caso de las autonómicas-, y es que en 2022, de acuerdo con el informe, solo los ingresos procedentes del
IRPF crecieron para las comunidades autónomas en relación con el año 2021, y no porque los contribuyentes fueran más solventes, sino porque este es un impuesto que el Gobierno se ha negado a deflactar, tal como exigen las circunstancias económicas,
como ha reclamado el Partido Popular constantemente.
En cambio, las comunidades autónomas vieron reducidos sus ingresos procedentes de impuestos vinculados con la actividad económica y el consumo, el IVA, o impuestos sobre consumos específicos, de
manera que los datos contables y fiscales que se muestran en el informe, bien leídos, enmarcan a la perfección el imparable proceso de depauperación de los españoles y de enfriamiento de la economía productiva, con el consiguiente
empobrecimiento también de las comunidades autónomas, en llamativo contraste con el Estado, como hemos dicho, siempre insaciable.
Este escenario, agravado desde entonces, es el que permanece en el momento actual, en que el Gobierno persigue todavía empeorar más la situación financiera de la gran mayoría de las comunidades autónomas por la vía de un nuevo modelo de
financiación diferenciada, singular o la carta -como quieran llamarlo- a fin de satisfacer las exigencias de los socios independentistas catalanes, aunque ello suponga laminar la solidaridad interterritorial, poner en peligro la sostenibilidad
financiera del sistema autonómico y condenar al menos a doce comunidades autónomas a la pobreza; un panorama desolador que supongo que la candidata María Jesús Montero tendrá que explicar a sus paisanos andaluces, particularmente perjudicados
precisamente por las intenciones de la propia Montero, si es que puede, porque a los andaluces les miente sin parar, pero ya es difícil que los engañe.
En lo relativo a las conclusiones y recomendaciones del informe, poco que añadir a los atinados análisis del Tribunal de Cuentas. No es serio ni asumible que se mantenga entre las diecisiete comunidades autónomas diversidad de criterios de
pertenencia de las entidades al sector público autonómico, como si el control o la posición de dominio no significara lo mismo en un territorio que en otro. Tampoco es aceptable en absoluto que se mantenga dentro del sector a entidades sin
actividad o sin objeto. Y en este punto, como en el resto a los que se extienden las recomendaciones del Tribunal, estamos en total acuerdo.
Poco que añadir en relación con la cuenta general de Ceuta y Melilla. La portavoz del Grupo Socialista, en su intervención previa a la mía, incorpora reproches que, desde luego, van mucho más allá de los que incorporan los informes del
Tribunal de Cuentas, que, por lo general, se muestra de acuerdo con la naturaleza de las cuentas generales de Ceuta y Melilla, como reflejo fiel de sus cuentas. Solo quiero recordar a la diputada que ha intervenido que si hay algo que no funciona
en Ceuta y Melilla son los hospitales, que dependen del INGESA básicamente.
Y, por lo demás, efectivamente, en ambos informes se ponen de manifiesto disfunciones operativas, pero, en general, son comunes a multitud de municipios de régimen común, debido sobre todo a problemas de gestión, de personal y, en
definitiva, también de financiación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas por los distintos grupos, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Creo que no tengo grandes cosas que responder.
Todos los parlamentarios que han intervenido se han manifestado de acuerdo con el informe, que lo que pretende, como siempre, es dar la información más clara y analizada de la situación económico-financiera de los entes auditados. A cada
uno de ellos el informe les ha suscitado unas valoraciones políticas diferentes, y todas están fuera del ámbito de la actuación del propio tribunal. Además de que las críticas hechas por las malas gestiones sean responsabilidad de las entidades
auditadas, creo que este también es el espacio de la actuación política de control, lo que en cierta medida es la pretensión de nuestros informes. Como les he dicho, estos informes han ido a las asambleas legislativas, a las comunidades autónomas y
a las ciudades, y el control se puede ejercer desde aquí, desde allí, desde cualquier sitio donde esté instalado el control político, en cualquiera de las asambleas de nuestras comunidades autónomas, con lo cual, señorías, les invito a que utilicen
nuestros informes convenientemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000192 y número de expediente del Senado
771/000189).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000201 y número de expediente del
Senado 771/000198).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000202 y número de expediente del Senado
771/000199).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL Y DEL RESTO DE CUENTAS ANUALES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000203 y número de expediente del Senado 771/000200).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II, debate del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2023; informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ejercicio 2023; informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2023, e informe de fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2023.
Para su exposición, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Este bloque recoge la presentación de los cuatro informes de fiscalización de regularidad de las cuentas generales de las comunidades autónomas que no tienen institución de control propia y están referidas al ejercicio 2023. Están
elaborados en cumplimiento del mandato legal y han sido aprobados entre los meses de noviembre y diciembre de 2025. Como los anteriores, han sido remitidos a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas y a los Gobiernos autonómicos. Los
cuatro informes contienen opinión favorable, pero con salvedades, lo que significa, como saben ustedes, que las cuentas reflejan una imagen fiel, de acuerdo con los marcos normativos aplicables, si bien presentan limitaciones que afectan a algunos
aspectos en algunos casos relevantes, y la gestión presupuestaria de las entidades que integran el sector público autonómico se ajusta, con carácter general, a la normativa vigente. Pero, más allá de esta opinión global favorable, los informes
ponen de manifiesto debilidades recurrentes, que presentan elementos comunes en las cuatro comunidades autónomas fiscalizadas y principalmente afectan a la calidad de la información contable y a la gestión económico-financiera.
Desde un punto de vista cuantitativo, las cuatro comunidades presentan situaciones diversas tanto en lo que se refiere al equilibrio presupuestario como en reposición de tesorería. En Cantabria, el ejercicio 2023 presentó un resultado
presupuestario ajustado negativo en 106 millones y el remanente de tesorería del sector público-administrativo presentó un resultado negativo de 18 millones de euros. En Extremadura el resultado presupuestario fue negativo, por importe de 266
millones de euros, y el remanente de tesorería consolidado presentó un saldo positivo de 180 millones. En La Rioja el resultado presupuestario ajustado tuvo un resultado negativo de 3 millones y el remanente de tesorería ascendió a 14 millones.
Por su parte, en Murcia el resultado presupuestario reflejó un saldo positivo de 348 millones.
En cuanto a las principales salvedades que se recogieron en estos informes, en el caso de Cantabria afectan principalmente a la determinación del resultado presupuestario, que se ve condicionado por ajustes derivados de la incorrecta
imputación y valoración de derechos y obligaciones, en particular los vinculados a fondos europeos y a las transferencias de la Administración General del Estado. Se han observado deficiencias en el registro contable del activo no corriente,
ausencia de registro de las operaciones que no tienen reflejo presupuestario, sobrevaloraciones en las participaciones de las entidades de derecho público y en las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios de la Administración General, así
como una infravaloración de las cuentas de tesorería.
Como párrafos de énfasis se destacan las importantes desviaciones positivas de financiación que presenta la ejecución de los derechos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por ejemplo, la comunidad presentaba unas ayudas acumuladas a
finales de 2023 de 377 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 161 millones. Y también la dependencia y el carácter estructural de los
mecanismos extraordinarios de financiación ante la crisis financiera iniciada en 2007. Por ejemplo, en Cantabria, el 95 % de la deuda viva total, que son más de 3000 millones de euros, procede de estos mecanismos, así como su aplicación
para financiar las modificaciones presupuestarias del Servicio Cántabro de Salud. En el apartado de otros resultados de la fiscalización, el informe pone de relieve que por primera vez la cuenta general incluye las tres cuentas por subsectores, si
bien se aprecian deficiencias en la memoria. También se recogen irregularidades que afectan a la tramitación de las modificaciones de crédito y se concluye que el sistema de control interno de los organismos autónomos cántabros es insuficiente.
Esas insuficiencias afectan fundamentalmente al Servicio Cántabro de Salud, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. No se realizan controles sobre la Universidad de Cantabria ni sobre tres de las once fundaciones ni sobre
dieciocho de las diecinueve empresas públicas.
En Extremadura las salvedades se centran en la ausencia de un sistema de gastos de financiación afectada, lo que limita la fiabilidad del resultado presupuestario ajustado y el remanente de tesorería. Se detallan diversas deficiencias que
afectan a diferentes saldos contables, especialmente a deudores presupuestarios, tesorería o acreedores por operaciones devengadas, así como al inmovilizado. Además, el resultado económico patrimonial de la Administración registra un desahorro de
50 millones de euros. Los párrafos de énfasis en Extremadura se dedican a destacar la creciente dependencia financiera de la comunidad autónoma respecto de los mecanismos de financiación. También se pone de relieve la incertidumbre sobre la
capacidad de la comunidad para cumplir con el objetivo de estabilidad una vez que se apruebe el levantamiento de la suspensión de las reglas fiscales. Otros resultados que se recogen hacen referencia a que la cuenta general extremeña integra la
cuenta consolidada del sector público administrativo, mientras que las cuentas del sector público empresarial y fundacional incorporadas a la cuenta no se han consolidado, sino que se han agregado, o que los presupuestos de la comunidad no incluyen
información sobre la universidad, como ya he dicho. También se constata la ausencia de instrucciones precisas en materia de control de gasto público, solvencia financiera y defensa de la materia patrimonial, así como la ausencia de una supervisión
continua sobre el sector público empresarial y fundacional.
En La Rioja, las salvedades recogidas en el informe afectan principalmente a la representatividad del balance de la Administración autonómica como consecuencia de la falta de contabilización, amortizaciones, depreciación de activos de
inmovilizado, operaciones patrimoniales o determinadas deudas. Estas deficiencias también afectan al resultado económico-patrimonial y al remanente de tesorería de la comunidad. Además, la memoria tiene carencias de información, que limitan la
adecuada interpretación de los estados financieros. También recoge párrafos de énfasis en el sentido similar a los expuestos para otras comunidades. Se constata en el apartado de otros resultados que, dada la definición y configuración de la
cuenta general de la comunidad autónoma, su presentación se realiza a través de tres cuentas separadas, en lugar de en un documento único, y se deja abierta la posibilidad de que las cuentas se presenten por agregación, en lugar de por
consolidación, lo que afecta a la visión global de la actividad.
Las salvedades de la Región de Murcia se refieren principalmente a deficiencias en la valoración y registro de determinados elementos patrimoniales. En particular, se han identificado incidencias en el inmovilizado y en las existencias
derivadas tanto de la existencia de activos en usos no contabilizados como de activos registrados que no están operativos, así como falta de depuración y regulación de algunos saldos. Se observan sobrevaloraciones en existencias y en derechos
pendientes de cobro, así como ajustes en la valoración de participaciones en entidades públicas. Estas deficiencias afectan al resultado económico-patrimonial y remanente de tesorería. También en esta ocasión se recogen párrafos de énfasis que
ponen de relieve el efecto en las cuentas de la financiación procedente del mecanismo europeo y de los mecanismos extraordinarios. Asimismo, hay que destacar el incumplimiento recurrente del objetivo de déficit. Y se ha constatado que se han
superado las previsiones de deuda financiera en 676 millones de euros.
Tal y como viene reiterándose en nuestros informes, los créditos aprobados en el presupuesto del Servicio Murciano de Salud se encuentran por debajo de las necesidades reales del servicio, presentando a finales de 2023 un déficit acumulado
pendiente de cobertura por la Administración autonómica de 3724 millones de euros. Hay otras limitaciones en la delimitación del sector público autonómico al no coincidir el perímetro de entidades con las integradas en la cuenta general, lo que
afecta a la visión global de la actividad económico-financiera de la comunidad.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones incluidas en los cuatro informes, quiero decir que, con relación a Cantabria, dos derivadas del informe anterior se han cumplido totalmente, siete están en curso de cumplimiento y cuatro no se
han cumplido. En Extremadura, dos se han cumplido en su totalidad, siete están en curso y cuatro no se han cumplido. En cuanto a La Rioja, se han cumplido dos, tres están en cumplimiento y ocho no se han cumplido. En lo relativo a Murcia, una se
ha cumplido parcialmente, seis están en curso y cuatro se consideran no cumplidas.
Las recomendaciones incluidas en este informe para intentar subsanar las incidencias y deficiencias puestas de manifiesto son cincuenta y una entre las cuatro comunidades autónomas. En cuanto a Cantabria, se recomienda, entre otras,
adelantar el plazo de rendición de cuentas al 31 de julio del año siguiente al que se refieran, formular una cuenta general única y desarrollar un sistema contable que habilite su conexión con el inventario de la comunidad autónoma. Respecto a
Extremadura, se recomienda adelantar también el plazo de rendición al 31 de julio, introducir controles de eficacia sobre su sector público institucional, revisar deudores presupuestarios contabilizados cuya antigüedad supere plazos de prescripción
e implantar un sistema de gastos con financiación afectada integrado en el sistema contable. Con relación a La Rioja, elaborar y rendir una cuenta única, diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios y dotar a los
organismos autónomos de los servicios necesarios para que puedan ejercer las competencias que les atribuyen sus leyes de creación. En cuanto a Murcia, se recomienda modificar la normativa con el objetivo de aplicar como criterio de pertenencia a la
comunidad autónoma no solo la participación económica mayoritaria, sino la posición de dominio a través del control de órganos o de financiación, diseñar un nuevo marco legal para el sistema sanitario regional, definiendo, entre otros aspectos, la
naturaleza jurídica del servicio y su tipología, y solucionar errores existentes en el módulo de seguimiento de los gastos con financiación afectada. Es importante destacar que a las comunidades de Cantabria y de Murcia se les sugiere que ajusten y
adapten las dotaciones presupuestarias de su servicio de salud a las necesidades reales de gastos de cada año.
Como ven, en conjunto estos informes confirman que el cumplimiento formal de la normativa contable puede haberse alcanzado, pero se evidencia que persisten debilidades estructurales que afectan a la calidad de la información, incluso a la
toma de decisiones públicas. La mejora de los sistemas contables, la consolidación efectiva de las cuentas y el refuerzo del control interno siguen siendo elementos clave para avanzar hacia una gestión transparente, eficiente y sostenible de los
recursos públicos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
Para la fijación de posición de los distintos grupos políticos, tiene la palabra el señor Aizcorbe, del Grupo Parlamentario VOX.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, reitero la bienvenida y el saludo cordial y, como epílogo a la reflexión que ha hecho en el anterior bloque, quiero comentar que, efectivamente, los informes del Tribunal de Cuentas no son
literatura técnica para especialistas, que también. Quizá podría venir usted a hablar de lo que yo voy a decir, posiblemente con algún matiz diferente que nos cambiaría el rol, pero yo creo, basándome en las últimas palabras que ha dicho ahora, que
sí.
Los informes deberían ser una radiografía fiel de cómo se gestiona el dinero público en España, y cuando uno analiza varios de estos informes de forma conjunta, como es el caso, lo que aparece no es una sucesión de incidencias aisladas, sino
que aparece un patrón. Vamos a los datos. Recordemos que son informes correspondientes al ejercicio 2023. Respecto a la Región de Murcia, el Tribunal de Cuentas señala que el resultado presupuestario está sobrevalorado en 437 millones de euros,
pero lo verdaderamente relevante no es la cifra, siendo ya muy importante, sino que lo relevante es que existen obligaciones no reconocidas por más de 3700 millones de euros, es decir, gasto real que no está correctamente reflejado en las cuentas
públicas. Esto significa que la imagen de la situación financiera no es completa, como ha dicho, sino que parte del problema se desplaza posiblemente hacia el futuro y que las decisiones se toman sobre una base que no refleja exactamente toda la
realidad.
Si acudimos a La Rioja, el patrón apenas cambia: activos financieros sobrevalorados en torno a 62 millones de euros; acreedores infravalorados en más de 80 millones, y ausencia de provisiones, pese a la existencia de responsabilidades
judiciales potenciales y numerosos procedimientos en curso, que se deberían reflejar. Es decir, ingresos o activos inflados -no sé si la palabra es correcta o es muy catalana-, obligaciones que no se reflejan plenamente y riesgos que no se
incorporan a la contabilidad.
Si ampliamos la mirada a los otros dos informes, encontramos elementos que refuerzan la misma idea. En referencia a Cantabria, el Tribunal de Cuentas vuelve a señalar deficiencias en torno al sector público instrumentales y en el
seguimiento de las recomendaciones, que se repiten sin corregirse. En cuanto a Extremadura, aparecen debilidades en los sistemas de control interno y en la gestión económica y financiera, que apuntan a una falta de rigor sostenida en el tiempo. No
estamos, por tanto, ante un caso aislado, sino que estamos ante una pauta que se repite, y esta pauta tiene tres rasgos muy claros: se sobrevaloran determinadas magnitudes, se infravaloran obligaciones y no se registran adecuadamente todos los
riesgos. El resultado es siempre el mismo: una imagen que puede parecer razonable en términos formales, pero que no refleja completamente la realidad económica de las Administraciones.
Aquí es donde conviene dar un paso más, de ahí quizás los matices distintos, porque, cuando estos problemas aparecen en comunidades distintas y con Gobiernos de distinto signo político, la explicación ya no puede ser solo coyuntural, sino
que empieza a ser estructural. Eso nos obliga a mirar el modelo. El modelo autonómico ha multiplicado los centros de gasto, ha fragmentado la gestión y ha generado un entramado de entes instrumentales -consorcios, fundaciones, sociedades públicas-
cuya supervisión real es en demasiadas ocasiones insuficiente. Es un modelo en el que el gasto se descentraliza intensamente, pero en el que los mecanismos de control no han crecido al mismo ritmo que dicha descentralización. Es un modelo en el
que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se repiten año tras año sin consecuencias efectivas, lo que tiene un efecto claro: diluye responsabilidades. Cuando la gestión se fragmenta, cuando el control es desigual y cuando los problemas se
reparten entre distintos niveles administrativos, al final nadie responde plenamente de ellos.
Este no es un debate teórico, sino que tiene consecuencias muy concretas, y se ven en los informes. Cuando no se reconocen obligaciones por miles de millones de euros, como en Murcia, se está comprometiendo la sostenibilidad futura. Cuando
no se provisionan riesgos, como en La Rioja, se está ocultando información relevante. Cuando los sistemas de control fallan, como en Cantabria y Extremadura, se está debilitando la transparencia. Y todo eso acaba afectando a la calidad de los
servicios públicos y a la confianza de los ciudadanos.
Por eso, más allá del detalle de cada informe, deberíamos preguntarnos si el actual Estado de las autonomías está garantizando una gestión eficaz, homogénea y controlada del gasto público o si, por el contrario, está generando un sistema
donde los problemas se dispersan, se retrasan y, en demasiadas ocasiones, se ocultan. Cuando los mismos fallos -acabo, señor presidente- se repiten en distintos territorios con distintos Gobiernos y a lo largo del tiempo, ya no estamos ante
excepciones, sino ante un modelo que está fallando en algo esencial: el control del dinero público.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ SANTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.
Señorías, señora presidenta, me sumo al reconocimiento y a la expresión de gratitud del Grupo Socialista por su presencia y por el importantísimo trabajo que hace el Tribunal de Cuentas en tanto que es fiscalizador y garante de la buena
política, de las buenas prácticas de gobierno, de la transparencia y de la buena gestión de los recursos públicos.
Es verdad que en los diferentes informes se observan pautas que se van repitiendo. No es el caso en este bloque, que curiosamente se refiere a cuatro comunidades autónomas con Gobiernos del Partido Popular, que sí puede responder a un
cierto concepto de cómo se gestionan los servicios públicos y qué importancia deben tener estos. Es una pena que no aprovechemos de mejor manera las conclusiones y los resultados de los informes, pero, evidentemente, al ser solo recomendaciones,
quedan al arbitrio de las diferentes Administraciones.
Cuando se habla de que se formula una opinión favorable, se formula una opinión favorable sobre que las cuentas puedan reflejar el estado real. No quiere decir que el estado real sea favorable, sea bueno y responda a la salvaguarda de las
políticas públicas, de los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos de calidad; en absoluto. Como ejemplo tenemos precisamente a Extremadura, a Cantabria, a La Rioja y muy claramente a Murcia. En todos ellos
hay sobrevaloración en los resultados contables, infravaloración en partidas de gastos, así como no contabilización y necesidad de mejorar los registros patrimoniales. Resulta clave definir de manera clarísima el sector público. No hay una
formulación global de la opinión que se pueda tener sobre el estado de las comunidades autónomas, porque lo que se hace es una
suma del fundacional, las empresas y las propias Administraciones públicas. Pero sí que es verdad que apuntan en una dirección, que, por supuesto, es un ínfimo cumplimiento de las recomendaciones, y que al final siempre se deriva hasta el
siguiente informe, y hasta el siguiente informe, y así se van reproduciendo. Pero sí se está poniendo de manifiesto algo, y es que España está constituida en el Estado de las autonomías y estas son responsables de sus cuentas, y no todas las
autonomías las gestionan igual.
Nosotros llevamos muchos años ya escuchando que es el Gobierno el que no cumple con la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el que tiene un grado de atención sobre los objetivos muy por debajo del que debiera, pero
nos estamos dando cuenta de que son las comunidades autónomas las que están muy por debajo, tanto en el cumplimiento de objetivos como en la gestión. Me preocupa muchísimo el carácter estructural, como apuntan los cuatro informes, que tienen los
mecanismos de recuperación y resiliencia para las finanzas de las comunidades autónomas, cuando son coyunturales, excepcionales, pero fundamentales para el desempeño y el desarrollo de las finanzas públicas. Eso se reproduce en todos ellos, pero me
parece extremadamente grave la situación de Murcia, con un endeudamiento financiero de más de 12 000 millones de euros -ya lo apuntaba la presidenta-, 676 millones de euros por encima de lo previsto. Me parece increíble, en materia sanitaria, el
déficit de 3724 millones de euros, pero lo que me parece más increíble aún es que ni siquiera se cubren, en la definición presupuestaria, las necesidades reales del servicio de salud. Nosotros lo hemos vivido de forma muy parecida en Andalucía, con
incrementos de financiación de más de 55 000 millones de euros con respecto a lo que teníamos antes de 2018: se diseña un presupuesto en el que resulta que sí viene contemplado para las políticas sanitarias, pero luego se derivan más de 5000
millones a la sanidad privada. Es que aquí ni eso. Y sí, responde a un modelo, claro que responde a un modelo, a un modelo de gestión y a un modelo político. Evidentemente, la presidencia del Tribunal de Cuentas no tiene que entrar en el modelo
político ni en valoraciones de ese alcance, pero a nosotros sí nos corresponde, como órganos de control y como órganos de fiscalización, y sobre todo por nuestro compromiso con la ciudadanía, con las políticas públicas y con la prestación de los
servicios públicos esenciales. El ejemplo de Murcia es un ejemplo grosero, porque ni siquiera se cubren las formas.
Por lo tanto, creo que sería conveniente avanzar y que el papel que juega el Tribunal de Cuentas no solamente sea un papel de control, de fiscalización y de impulso de la transparencia y de las prácticas de buen Gobierno. También tenemos
que ser capaces de llevar a cabo esas recomendaciones, porque, en definitiva, esto va a redundar en un mejor servicio público y en el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Macías.
El señor MACÍAS GATA: Buenos días, presidenta.
Señorías, sinceramente creo que el representante del Grupo Socialista vive en un mundo aparte de lo que reflejan los informes de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, pero, bueno, es respetable.
La presidenta nos ha detallado los informes realizados por el Tribunal de Cuentas sobre el control económico y presupuestario de cuatro comunidades autónomas en el ejercicio 2023: Cantabria, La Rioja, Región de Murcia y Extremadura, mi
comunidad. Tras analizar los correspondientes a las comunidades de Cantabria, Murcia y La Rioja, quiero destacar, en primer lugar, que es especialmente relevante que el Tribunal de Cuentas emita una opinión favorable, señalando que las cuentas
representan en sus aspectos significativos la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de estas comunidades autónomas. Este es el principal aval institucional posible y demuestra que el sistema de rendición de cuentas
funciona.
En segundo lugar, debemos destacar el cumplimiento general de la normativa presupuestaria y contable, así como el correcto ajuste de la gestión económica a las reglas aplicables. Asimismo, señorías, es importante subrayar el cumplimiento de
los plazos legales de rendición de cuentas. En todos los casos, las cuentas han sido remitidas en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas, lo que refleja un compromiso claro con la transparencia institucional y con el control parlamentario.
Otro elemento positivo es el avance en la implementación de las recomendaciones de ejercicios anteriores. Los informes reflejan que algunas de estas recomendaciones ya han sido completamente cumplidas y muchas otras se encuentran en curso
de ejecución, lo que evidencia una actitud proactiva de mejora continua en la gestión pública.
Por último, señorías, estos informes también reflejan la capacidad de las Administraciones autonómicas para gestionar importantes volúmenes de recursos públicos, incluyendo los fondos europeos, dentro de marcos de control que permiten su
seguimiento y evaluación. En definitiva, estos informes nos trasladan una conclusión clara: las tres comunidades autónomas avanzan en buena dirección, con sistemas de control cada vez más sólidos, mayor transparencia y una gestión que, en términos
generales, es fiable y conforme a la normativa.
En relación con mi comunidad autónoma, Extremadura, quisiera poner en valor los avances que refleja el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al ejercicio en cuestión, el 2023, y lo hago desde
una premisa clara: los datos evidencian una evolución positiva respecto al ejercicio 2022, una mejora que coincide con el inicio de una nueva etapa política en Extremadura, liderada por el Gobierno del Partido Popular y la presidenta María
Guardiola.
En primer lugar, señorías, conviene destacar que el Tribunal de Cuentas mantiene en 2023 una opinión favorable sobre la cuenta general, señalando que con carácter general refleja la imagen fiel de la situación económica y financiera de la
comunidad. Pero lo relevante no es solo eso, sino también que los indicadores económicos muestran una clara mejora respecto a 2022. Por ejemplo, pasamos de un resultado económico negativo en 2022, con un desahorro de 228 millones de euros, a una
situación prácticamente de equilibrio en 2023, con un ahorro neto de 30 millones de euros. Este cambio no es menor pues supone una corrección sustancial en la gestión económica y financiera. Asimismo, el resultado presupuestario mejora en términos
relativos, reduciéndose el saldo negativo, y observamos una mayor aproximación entre ingresos y gastos, lo que evidencia una gestión más rigurosa y realista.
En segundo lugar, señorías, es importante señalar que el propio Tribunal reconoce avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores. En 2023 ya hay recomendaciones completamente cumplidas y una mayoría en
curso de ejecución, lo que indica una clara voluntad de corregir deficiencias estructurales heredadas.
En tercer lugar, también se aprecia una mayor disciplina en la rendición de cuentas y en el sistema de control, cumpliéndose los plazos legales de remisión al Tribunal de Cuentas, algo fundamental para garantizar la transparencia
institucional.
Es cierto que siguen existiendo salvedades, como las relativas a sistemas contables o gestión patrimonial, pero también es evidente que se ha iniciado una senda de corrección, con avances concretos en la integración de sistemas, en la
depuración de saldos y en el seguimiento de las recomendaciones. Esta es la clave de este informe: Extremadura comenzó a mejorar su gestión económica y financiera en 2023, y lo ha hecho coincidiendo con un cambio de rumbo político.
Señorías, no estamos ante un punto de llegada, sino ante un punto de inflexión. El Gobierno de María Guardiola ha heredado una situación con importantes carencias estructurales, pero los datos del Tribunal de Cuentas muestran que se ha
empezado a revertir esa dinámica. Hoy podemos decir, basándonos en este informe, que Extremadura avanza hacia una mayor estabilidad, una mayor transparencia y una mejor gestión de los recursos públicos.
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señoría.
El señor MACÍAS GATA: Entendemos que este es el camino y ese es el compromiso: seguir mejorando la calidad de las cuentas públicas y garantizar que cada euro de los extremeños se gestione con rigor, eficacia y responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas por los grupos, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Como siempre, asisto a una clase magistral de diferentes posiciones políticas. El mismo informe da para una cosa y para la contraria, cosa que no deja de satisfacernos, porque, efectivamente, lo que hace el informe es señalar la situación,
hacer una fotografía con la documentación que tiene. Ustedes harán lo que tengan que hacer. Si les parece que está todo perfecto, pues no tendrán nada que hacer; si les parece que no está todo perfecto, pues tendrán algo que hacer, porque sí es
su responsabilidad, ya que nosotros no somos el Legislativo, por mucho que algunos se empeñen. Nosotros no somos Poder Legislativo.
Con lo cual, hay un modelo respecto al que el señor Aizcorbe decía que podríamos disentir. No sé si disentiríamos o no. Es cierto que, como en muchos aspectos del tráfico económico-financiero de las Administraciones públicas, se dan
coincidencias en las deficiencias y en las dificultades, incluso en las irregularidades, y cuando se dan esas coincidencias a nosotros sí que nos dan pistas para saber que posiblemente el tema no sea tanto de gestión, sino también que el abordaje de
la propia ley que lo regula es lo que hace que todo el mundo tropiece en el mismo sitio. Siempre pensamos: A ver si esto no va a ser cosa de la gestión, sino de una dificultad que todo el mundo tiene al aplicar una normativa. Esto es lo que a
veces nos pone en vías de hacer una moción, que es adonde más podemos llegar.
Dicho esto, efectivamente me congratulo de que todos los sistemas contables públicos estén mejorando, en general. ¿Por qué? Porque hay más control sobre ellos y porque hay más posibilidades de utilización de medios tecnológicos para hacer
el reflejo de las cuentas. Vemos cómo en algunos sitios donde no las hay la situación es mucho peor. Acabo de hacer explicación de Ceuta y de Melilla, por ejemplo, que tienen problemas estructurales de personal y, sobre todo, de control y
definición del sistema. Eso que ponemos en el papel es exactamente la fotografía de la situación. Efectivamente, mejoramos en algunos aspectos y hay otros en los que decimos que la mejora todavía es posible, y siento mucho volver a repetir que en
sus manos está adelantar las mejoras de cualquier situación que se refleje que, o bien no sea de acuerdo con la ley, o bien no sea eficaz para las políticas públicas y la utilización del dinero público. De todas maneras, gracias a todos por
reconocer el trabajo del tribunal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN APROBADOS EN EL EJERCICIO 2021 RELATIVOS A LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A., M.P. Y AL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN E.P.E. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000128).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P., EJERCICIOS 2018 Y 2019. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado 771/000131).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN '¿HAN ADAPTADO LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CANTABRIA Y EXTREMADURA SUS PLANES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A LAS
CONDICIONES ACTUALES DE EXPANSIÓN Y DE DESESTACIONALIZACIÓN DE LOS INCENDIOS?'. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000180 y número de expediente del Senado 771/000177).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS DEL GRUPO PATRIMONIO, EJERCICIOS 2016 Y 2017. PRESENTADO POR EL
TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000199 y número de expediente del Senado 771/000196).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque III. Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización aprobados en el ejercicio 2021, relativos a la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión
de Innovación y las Tecnologías Turísticas y al Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Innovación. Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización de la Fundación del Teatro Real,
ejercicios 2018 y 2019. Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones del informe de fiscalización '¿Han adaptado las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios
forestales a las condiciones actuales de expansión y de desestacionalización de los
incendios?'. Y, por último, informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicio 2016 y
ejercicio 2017.
Tiene a continuación la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Ahora presentaré cuatro informes de fiscalización que están todos centrados en el seguimiento de recomendaciones formuladas en informes anteriores. Este informe tiene para nosotros una relevancia singular porque permite valorar no solo qué
se fiscaliza, sino qué impacto real tienen las recomendaciones del tribunal en la mejora de la gestión pública, que es lo que muchas veces todos echamos de menos -¡cuántas veces repetimos las mismas recomendaciones en los mismos informes!-. En
otras palabras, esto nos sitúa en el ámbito de la eficacia de la función fiscalizadora.
En este sentido, el seguimiento de recomendaciones es una línea de trabajo prioritaria para el Tribunal de Cuentas. Se trata de una herramienta esencial que nos permite verificar si las propuestas de mejora formuladas se traducen en cambios
efectivos en la gestión, en el control interno y en el uso de los recursos públicos. Por eso es especialmente relevante para nosotros. Su finalidad es comprobar en qué medida las entidades fiscalizadas han atendido las recomendaciones dirigidas a
reforzar el buen gobierno, mejorar la eficiencia y garantizar una utilización más adecuada de los fondos públicos.
Me voy a referir separadamente a cada uno de los informes. En el primer informe se ha analizado el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en dos informes de fiscalización del sector público empresarial no financiero que se
aprobaron en el ejercicio 2021, el de la actividad del sector turístico realizado por la sociedad SEGITTUR y el informe de los procedimientos de control y ayudas concedidas para el desarrollo tecnológico industrial, E.P.E, en los ejercicios 2019 y
2020. Las recomendaciones incluidas en esos informes que acabo de citar iban dirigidas, por un lado, a la Sociedad Mercantil Estatal SEGITTUR, a la Secretaría de Estado de Turismo, a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Centro para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación CDTI.
Se destaca que el grado de cumplimiento o implantación de las recomendaciones en estos dos informes es elevado. Como todo, puede mejorar. Alcanzó un 92 % y realmente el 8 % que queda hemos podido constatar que está en curso. De las trece
recomendaciones, diez fueron cumplidas totalmente, dos parcialmente y una está en curso. Por entidades, SEGITTUR, la Secretaría de Estado y Turismo y la Dirección General de Patrimonio han cumplido cuatro recomendaciones totalmente y CDTI seis
totalmente. Las recomendaciones cumplidas se refieren al fortalecimiento de los sistemas de planificación y evaluación, la incorporación de indicadores de cumplimiento en los programas presupuestarios -algo que es fundamental para nuestro
análisis-, la adopción de manuales de cumplimiento normativo y la planificación más estructurada de la actividad anual de SEGITTUR.
Por su parte, CDTI ha avanzado significativamente en materia de control interno, en revisión de procesos, en seguridad de la información, en ética corporativa y en atención a las solicitudes de información. Por ejemplo, CDTI ha plasmado en
los informes de evaluación el conocimiento que se genera a través de la evaluación de las ayudas que concede. Ha publicado en su página web, con la periodicidad que debe, los informes de monitorización de las actuaciones públicas. En el periodo
2021-2023 ha aprobado un proceso estratégico creando, modificando y eliminando procesos de negocio y procesos de soporte. Ha efectuado una revisión global del mapa de procesos para adaptarse al estándar BPMN. Ha actualizado el nivel de seguridad,
siguiendo también la normativa aplicable por el comité de dirección. En 2024 ha aprobado un código de ética y conducta que recoge expresamente principios de integridad, objetividad, imparcialidad y profesionalidad. Los principios de capacitación y
honestidad se pueden considerar también incluidos entre los que han de regir los comportamientos de sus trabajadores. El sistema interno incluye un canal, un responsable y un procedimiento para recibir y tramitar denuncias.
El segundo informe de este bloque está referido a la Fundación del Teatro Real, correspondiente a los años 2018 y 2019. También podemos concluir con una valoración positiva porque ha alcanzado un 86 % del cumplimiento, lo que supone un
avance sustancial en la mejora de su gestión. El 14 % responde a recomendaciones que están parcialmente cumplidas. Ese resultado refleja un compromiso significativo con la mejora en los procedimientos internos y el fortalecimiento del control.
Entre las actuaciones concretas desarrolladas cabe destacar la aprobación de nuevos manuales de contabilización y gestión presupuestaria, la regulación de los procedimientos de contratación y compras, la revisión del manual de venta de entradas, la
regularización de la situación contractual del inmueble en El Campillo y la
implantación de un sistema de seguimiento de los convenios de patrocinio. También la fundación ha incrementado los efectivos de la secretaría general aproximadamente en un 30 % con el fin de atender adecuadamente la carga de trabajo. La
única recomendación que permanece parcialmente cumplida se refiere a la mejora de coordinación entre los departamentos que elaboran y gestionan el presupuesto. En muchos casos, los procedimientos aprobados siguen siendo genéricos. Tengo que decir,
además, que esta fundación tiene el hándicap de haber pasado a gestionar por el sistema de contabilidad pública y por los sistemas públicos de contratación, con lo cual han tenido dificultades añadidas.
El tercer informe de este bloque -adaptación de los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios de las comunidades de Cantabria y Extremadura-, aprobado en 2023, también es un ámbito de especial relevancia porque tiene un
impacto importante en la protección del medio natural y por las implicaciones económicas y sociales de los incendios forestales, cuya frecuencia, intensidad y extensión han aumentado en los últimos años en un contexto de cambio climático y de
desestacionalización del riesgo. En este informe se incluyen tres recomendaciones: una dirigida a la Comunidad Autónoma de Cantabria, consistente en establecer los procedimientos para la elaboración de un plan de prevención de incendios, y otras
dos dirigidas a las otras comunidades autónomas, referidas a la inclusión en dicho plan de todos los contenidos exigidos por la normativa estatal, fundamentalmente por la Ley de Montes.
Como conclusión, se puede señalar que las recomendaciones han sido atendidas en términos generales con diferente grado de desarrollo. Extremadura ha cumplido la recomendación que le había sido dirigida. Y Cantabria ha avanzado de forma
significativa en la elaboración de sus planes anuales de prevención, cumpliendo la obligación básica de planificación, si bien la incorporación íntegra de todos los contenidos exigidos en la normativa estatal está aún en proceso de consolidación.
En este sentido, se ha comunicado al Tribunal de Cuentas el compromiso de incorporar en los sucesivos planes las que siguen pendientes. Este informe pone de manifiesto la importancia de disponer de instrumentos de planificación actualizados,
completos y operativos para hacer frente a un riesgo que presenta una tendencia creciente y que exige una respuesta pública cada vez más anticipada y coordinada. En este contexto, el seguimiento de las recomendaciones tiene un valor relevante para
asegurar que, efectivamente, los marcos normativos se traducen en capacidades reales de prevención y en capacidad de respuesta.
En el último informe de este bloque se ha valorado el cumplimiento de las recomendaciones del informe del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicios 2016 y 2017. El informe objeto de
seguimiento recoge quince recomendaciones que afectaban a dieciséis sociedades mercantiles estatales -Paradores, SELAE, Acuamed, ENISA, SENASA, etcétera- y a la Dirección General del Patrimonio, lo que ha supuesto que se hayan realizado noventa y
cuatro valoraciones de las recomendaciones. En concreto, treinta y cuatro son de cumplimiento total para diez recomendaciones, una de cumplimiento parcial en una y seis están en curso en cuatro recomendaciones. Hay nueve recomendaciones con
treinta y nueve valoraciones de no cumplimiento y algunas que no son aplicables porque ha cambiado la normativa o situaciones similares. En este caso, el grado de cumplimiento de las recomendaciones es bajo, porque es solo de un 36 %. No obstante,
el informe concluye que la Dirección General del Patrimonio ha cumplido en un 80 % las recomendaciones a ella dirigida. El grado de cumplimiento por parte de las sociedades afectadas, sin embargo, ha sido dispar, oscilando entre el 67 %, alcanzado
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, y el 17 % correspondiente a Paradores. Entre las más frecuentemente incumplidas podemos citar la elaboración de catálogos de puestos de trabajo, la motivación de los ceses y
nombramientos de personal directivo y la adecuación de los conceptos retributivos en nóminas y en contratos, la unificación de condiciones laborales y retributivas en algunas de las sociedades y la definición de procesos selectivos que sean más
transparentes y normalizados. Y entre las que frecuentemente son cumplidas está promover la concurrencia y la transparencia en la promoción profesional y la modificación de los estatutos para evitar concentración de votos.
Señorías, en el conjunto de estos cuatro informes se aprecia un panorama de progreso. Persisten, como hemos visto en el último informe, áreas donde el cumplimiento todavía es claramente insuficiente, en especial en el sector empresarial,
donde es claramente insuficiente el cumplimiento de las recomendaciones relativas a la gestión de los recursos humanos. Este informe pone de manifiesto la importancia del seguimiento de las recomendaciones como instrumento para asegurar la eficacia
de la función fiscalizadora. Esta línea de trabajo es la que seguirá impulsando el Tribunal de Cuentas, formulando una cultura administrativa basada en la mejora continua y en la rendición de cuentas. El compromiso del Tribunal de Cuentas es
seguir acompañando a las Administraciones en la senda de
modernización y de excelencia, con análisis que procuran ser lo más rigurosos posible, recomendaciones útiles y seguimiento permanente de estas. Les diré que en una ocasión -yo no era presidenta, pero sí consejera- nos hicieron al Tribunal
de Cuentas un examen externo -que volverá a hacerse en breve-, lo que llamamos un peer review, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas portugués, y a mí, como a una de las entrevistadas, me preguntaron: si usted alguna vez llegara a
ser presidenta, ¿para usted qué sería importante? Y recuerdo que dije claramente: el seguimiento de las recomendaciones. O sea, que es uno de los empeños que me parece más importante para asegurar que lo que hacemos sirve y mejora la gestión
pública.
Y por hoy he terminado de explicar los informes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta, efectivamente, lo ha dicho muy bien: cada loco con su tema, parafraseando la canción de mi paisano, que es una canción bonita, y además lo que dice. Pues bien, yo voy a seguir con mi tema y por eso me voy a centrar en el
informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicios 2016 y 2017. Lo hacemos porque, más allá
del contenido técnico, este informe refleja con claridad un problema de fondo en la forma de gestionar lo público en España. Recordemos que este informe -lo ha dicho- no se limita a analizar lo ocurrido en aquellos ejercicios, sino que lo que hace
es comprobar si, tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en 2021 y el impulso de esta Cámara en 2022, esas prácticas se han corregido. La conclusión, en aspectos relevantes, es que no. Y paso a lo concreto.
El informe examina el grado de cumplimiento de varias recomendaciones, entre ellas las relativas a la motivación de los nombramientos y ceses de alta dirección, a la adecuada documentación de los expedientes y a la mejora de los
procedimientos y de la transparencia de la gestión. La recomendación 8 es especialmente ilustrativa: exige que los nombramientos y ceses del personal directivo estén motivados, que se justifiquen los méritos y la idoneidad y que todo ello quede
documentado en el expediente, incluyendo el currículo de los candidatos y el proceso seguido. Pues bien, el informe es claro: en diez entidades -Paradores, SELAE, SENASA, AC/E, ACUAES, SEGIPSA, SEIASA, SIEPSE, SEITT- no se ha realizado ninguna
actuación para cumplir esta recomendación. Los nombramientos y ceses se siguen produciendo sin motivación suficiente ni respaldo documental.
Conviene detenerse en el caso de Paradores. No estamos ante una entidad menor, sino ante una empresa pública de referencia. También aquí, según el tribunal, se siguen produciendo nombramientos y ceses sin la motivación exigible ni el
debido soporte documental. No hablamos, por tanto, como antes de casos aislados, sino de prácticas extendidas en el tiempo. Pero no es la única cuestión. El informe pone de manifiesto carencias en la documentación de los expedientes, donde
debería constar con claridad el proceso seguido, y deficiencias en los procesos de selección y control que siguen sin garantizar plenamente la transparencia exigible. Varias de las recomendaciones formuladas hace años presentan un grado de
cumplimiento limitado o insuficiente, como ha dicho.
Aquí es donde el tiempo resulta determinante y aquí viene mi tema: los hechos se sitúan en 2016 y 2017; la recomendación se formula en 2021; esta Cámara insiste en 2022 y la evaluación se realiza en 2025. Han pasado años y han pasado
Gobiernos distintos, pero las prácticas, en demasiados casos, no han cambiado. Por eso, este informe permite formular una pronunciación política en sentido amplio: una acusación al bipartidismo que ha gobernado España durante las últimas décadas,
al Partido Popular y al Partido Socialista, no tanto por el origen de los problemas, sino por su incapacidad para corregirlos cuando ya estaban identificados. Lo digo con una convicción que creo compartida por muchos miembros de ambos partidos que
saben que estas cosas no son buenas prácticas y deben corregirse. Precisamente por esto resulta más llamativo que las inercias sigan intactas, porque de eso estamos hablando: de inercias de comportamientos. Estamos hablando de una forma de
gestionar en la que no se exige rigor en la motivación de los nombramientos ni que los ceses se justifiquen adecuadamente y sobre la que los expedientes no siempre reflejan con claridad cómo se toman las decisiones. Y cuando estas inercias se
mantienen en el tiempo, dejan de ser disfunciones para convertirse en un problema institucional. Insisto, no hace falta irse muy lejos para ver las consecuencias.
Lo estamos viendo estos días en el Tribunal Supremo en causas que afectan a altas responsabilidades políticas. No se trata -ya saben mi estilo- de equiparar situaciones, sino de entender que cuando los mecanismos de control fallan o se
relajan, el deterioro institucional es inevitable. Por eso hemos querido centrarnos en este informe. No hay tiempo en cinco minutos para abordar los cuatro informes con el mismo detalle, pero este permite identificar un problema que trasciende a
casos concretos y dura en el tiempo. La reflexión final es sencilla: la gestión de lo público exige ejemplaridad, rigor, responsabilidad; exige que las recomendaciones no queden archivadas, sino que se ejecuten, intentarlo, porque cuando los
incumplimientos se repiten en el tiempo dejan de ser errores y el error, posiblemente, está en el sistema.
Señora presidenta, como bien sabe, obras son amores y no buenas razones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Dalmau.
El señor DALMAU BLANCO: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, buenos días.
Señorías.
Quiero comenzar reconociendo el trabajo del Tribunal de Cuentas, ya que estos informes no solo evalúan, sino que permiten algo fundamental: distinguir entre quienes se toman en serio las recomendaciones y quien simplemente cumple por
cumplir, por hacer el mero trámite. Si vamos a los datos, en el ámbito estatal el resultado es claro. Por ejemplo, en el caso de la Fundación del Teatro Real, un 86 % de las recomendaciones se han cumplido; seis de cada siete recomendaciones
están plenamente implantadas. Por lo tanto: mejoras reales en el control interno, contratación y gestión contable. Esto, señorías, no es maquillaje administrativo; esto es progresar en la gestión que mejora, corrige y que avanza. Y esto tiene
una explicación muy sencilla: cuando hay un Gobierno que cree en lo público, las recomendaciones se aplican y se cumplen; cuando hay voluntad política, los informes del tribunal sirven para transformar la gestión.
Pero, cuando bajamos al ámbito de determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el panorama cambia bastante, y me explico. Por ejemplo, en el caso de Cantabria lo que vemos es preocupante. Sí que se aprueban los
planes, sí que se cumplen formalmente las recomendaciones, pero cuando uno analiza el contenido, la realidad es otra: planes incompletos, medidas esenciales ausentes y recomendaciones todavía en curso. Es decir, se cumple con el trámite, se cumple
con el objetivo, pero en una materia como la prevención de incendios forestales esto no es una cuestión menor. Esto no es burocracia, señorías; esto es seguridad, protección de las vidas y protección de los recursos naturales. Y aquí entiendo que
conviene decirlo con claridad: el Partido Popular está demostrando que sabe aprobar los planes, pero no siempre los hace y los hace bien. Y esto tiene consecuencias: planes que no recogen todos los contenidos exigidos por la ley y medidas que
quedan pendientes año tras año, compromisos que se posponen para el futuro. Y mientras tanto, los riesgos siguen ahí, como en el caso de Extremadura, donde es cierto que el grado de cumplimiento es muchísimo mayor, pero tampoco podemos obviar que
existen incumplimientos formales y deficiencias con aspectos exigidos por la normativa. Señorías, el contraste es evidente: donde hay gestión pública impulsada desde el ámbito estatal, desde la responsabilidad del Gobierno, el cumplimiento es
alto, las mejoras son reales y los avances son concretos; donde gobierna el Partido Popular -en esos casos-, el cumplimiento es parcial e insuficiente.
Trasladan una preocupación, una tendencia al cumplimiento formal, y esto nos lleva a una conclusión incómoda, pero necesaria: no todos los niveles de la Administración están respondiendo igual ante las recomendaciones del tribunal, y eso
debería preocuparnos, porque el tribunal no está solamente para que le demos la razón sobre el papel, está para que sus recomendaciones cambien la realidad. Y aquí, señora presidenta, le planteo dos cuestiones. ¿Considera el tribunal que aprobar
los planes incompletos o con medidas pendientes, como ocurre en algunos casos en algunas comunidades autónomas, puede entenderse como un incumplimiento adecuado de sus recomendaciones? En ámbitos críticos, como la prevención de incendios
forestales, ¿cree el tribunal que el incumplimiento en curso garantiza una protección efectiva o evidencia deficiencias en la gestión pública?
Termino. El informe nos enseña algo muy claro: hay Administraciones que utilizan las recomendaciones del tribunal para mejorar y otras que las utilizan para cubrir el expediente. Entre una cosa y otra, señorías, hay una diferencia enorme.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Buenos días, presidenta y bienvenida de nuevo a la comisión.
En este bloque estamos ante cuatro informes de fiscalización, pero, en esta ocasión, de seguimiento de recomendaciones realizadas en informes previos emitidos por el Tribunal de Cuentas. El primero de ellos, referido a la fiscalización del
ejercicio 2021 de varias empresas públicas -dos de ellas dependientes del Ministerio de Turismo-, analiza, a 30 de junio del 2024, si las recomendaciones de esos informes del 2021 se habían cumplido o no, y resulta que se han cumplido en un 92 %.
Respecto al CDTI, con un 8 % de las recomendaciones del informe pendientes de cumplirse, se ha realizado una revisión centrada en el esfuerzo de la gestión económica, análisis de contratación y transparencia y control. Se acaba de conocer
en estos días que el 1 de abril se ha publicado la actualización de los estatutos del CDTI, entre otros motivos, para reforzar control, supervisión, rendición de cuentas, con la validación del Tribunal de Cuentas. En el Partido Popular lo
celebramos, pero vamos a estar vigilantes para que se cumplan los objetivos del CDTI; el principal, que el tejido empresarial español genere y transforme el conocimiento científico-técnico en crecimiento competitivo, que falta nos hace en España
ahora mismo. En 2025, en su marco del Plan Estratégico 2024-2027, el CDTI proporcionó más de 2000 millones de euros para apoyar empresas y startups españolas. No sé si el Tribunal de Cuentas tiene previsto hacer seguimiento de esta cuantía y de la
importancia de este plan.
En cuanto a SEGITTUR, 100 % gestionada por la Administración General del Estado, sigue después de los años sin un plan estratégico.
Y en cuanto a la Dirección General de Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, que se encarga de la fiscalización y control de la gestión de bienes inmuebles y el patrimonio público, sería de vital importancia conocer los
fondos públicos destinados al mantenimiento de inmuebles, así como el detalle de inmuebles en uso inutilizados y abandonados, propiedad de Patrimonio Nacional, que, por desgracia, los hay, presidenta.
En lo que respecta al seguimiento de la fiscalización de las empresas del Grupo Patrimonio, conociendo algunas de las últimas declaraciones del propio Tribunal de Cuentas donde dicen que las nueve empresas que integran el grupo no han
justificado los nombramientos de directivos -la idoneidad o méritos para ocupar y desarrollar su trabajo en determinados puestos-, yo creo que mucho se ha tardado en constatar esta situación, o quizás había constancia, pero no explícita en los
informes del tribunal. En el informe que realizaron en 2016 y 2017 advertían de recomendaciones en materia de recursos humanos y, a pesar de haber transcurrido nueve años, siguen sin resolverse. Decía mi compañero que el no justificar estos ceses
y nombramientos del personal directivo en empresas públicas nos ha llevado efectivamente a lo que estamos viviendo en los juzgados: las sobrinas pasaban de una empresa a otra por decisión de Ábalos y Koldo. Por cierto, una de esas nueve sociedades
es ENISA, sociedad en la que estaban contratadas estas señoritas, las amigas de Ábalos. A eso no ha querido hacer mención la señoría del Partido Socialista. Insostenible la situación.
En cuanto al informe de fiscalización de los planes de prevención de los incendios en las comunidades de Cantabria y Extremadura, hay que hablar del Tribunal de Cuentas Europeo, que ha evaluado la forma en que la Comisión y los Estados
miembros hicieron uso de la financiación de la Unión Europea para tratar los temas de prevención y restauración frente a los incendios. Lo preocupante es que los fondos europeos contra los incendios no se gastan de forma eficaz sobre el terreno.
En el caso de España, el presupuesto se reparte entre todas las provincias sin tener en cuenta riesgos y necesidades. Y lo peor es que hemos enviado a la Unión una información antigua y obsoleta que no guarda relación ni con la propia financiación.
En España, para paliar los efectos de las emergencias, se aprueba el Real Decreto 15/2002 para mejorar la prevención externa y restaurar los terrenos forestales afectados, obligando a las comunidades autónomas -a todas- a aprobar planes anuales de
prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. No sé si el Tribunal de Cuentas está comprobando ya la aprobación de estos planes, presidenta. El Gobierno debería estar pendiente de la existencia de los planes anuales, pero no de dos,
sino de todas las comunidades autónomas.
En cuanto al informe del Teatro Real, poco que decir aparte de decirle a quien ha intervenido por parte del Grupo Socialista que la buena gestión en el Teatro Real no depende del Estado...
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señoría.
La señora ALÍA AGUADO: Termino, presidente.
Depende del patronato de la fundación y, evidentemente, es un motivo para seguir por parte de otras fundaciones, puesto que pasan de unos fondos propios negativos cuantiosos durante años a ser capaces de autofinanciarse en más de un 75 %.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las distintas posiciones tiene la palabra, por último, la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Bueno, se trata un poco de lo que decía el señor Aizcorbe: cada loco con su tema. Yo tengo que volver a decir que ustedes manifiestan sus discrepancias políticas en términos en los que saben que yo no puedo ni debo ni quiero entrar. Hay
una cosa que es obvia y la manifiestan cada uno de ustedes cada vez que hablan: toda la información, para mejor, para peor o para regular, la sacan de los informes del Tribunal de Cuentas. Quiero decir que la foto está bien hecha, la foto es
correcta. En cuanto a si tarde o temprano, señora Alía, ojalá pudiéramos hacer el presupuesto absoluto del Estado cada año, pero comprenderá que es absolutamente imposible no para nosotros, sino para cualquier tribunal de cuentas del mundo. En
cualquier caso, me congratulo de que cuando se han empezado a ver las cosas es desde que yo soy presidenta del tribunal, cosa que de alguna manera pone de manifiesto algo que a veces se cuestiona: la objetividad del propio tribunal. Yo le digo
que, efectivamente, nosotros ponemos de manifiesto cualquier cosa que sale en la foto, cualquier cosa que sale en el objetivo, mejor o peor, después de un análisis, después de una explicación y después de una alegación por parte de estos señores.
En cuanto a si me parecen más o menos relevantes algunos planes no concluidos, tengo que decir que, efectivamente, la foto, por muy bien hecha que está, es a posteriori, es cuando ya ha pasado la boda; o sea, no hacemos fotos de estudio
previas, es cuando ya están los presupuestos liquidados. ¿Qué quiere decir? Primero, que tenemos ese gap de tiempo y, segundo, que hasta que hacemos un seguimiento de las recomendaciones dejamos pasar un tiempo prudente para que se cumplan, para
que haya dado tiempo a tomar las medidas oportunas para el cumplimiento de las recomendaciones. Y estas recomendaciones en unos casos son gestión y no exigen mucho tiempo; en otros casos, son modificación de normativa, y, en otros casos, son
modificaciones que requieren un tiempo.
¿Qué ponemos de manifiesto? Esto sigue sin terminar. No quiere decir que no se vaya a terminar, pero nosotros en el momento en el que hacemos la recomendación no lo podemos saber. ¿Por qué lo ponemos de manifiesto? Porque a lo mejor
ustedes sí que tienen una intervención política y pueden plantear: Oiga, esto que está sin terminar ¿lo van a terminar ustedes o no? No lo sé, yo no les voy a dar ninguna pista. Nosotros hasta que no hagamos el siguiente informe no sabremos si
han terminado o no han terminado, porque cuando terminan los trabajos no se incorpora nada más al informe. Sí que se dice: Esto todavía está sin terminar, pero está en plazo.
Lo que sí me parece bien es lo que ha dicho la señora Alía de que ustedes se mantendrán vigilantes. Creo que eso completa el círculo de nuestro trabajo, que para eso está, y para que de alguna manera hoy tengamos la pequeña satisfacción de
que en algunos ámbitos hemos contribuido a que la gestión se esté mejorando y, por lo menos, a identificar espacios donde todavía tenemos que seguir insistiendo.
Como siempre, quedo a su disposición. Creo que nos vamos a ver pronto. Por mi parte nada más.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
Quiero reiterar,en nombre de esta Mesa, el agradecimiento a todas sus señorías, a los portavoces, por el tono, las formas y el talante en el debate, y también el agradecimiento al equipo del Tribunal de Cuentas. Sabemos todo el trabajo que
hay tras todas estas sesiones. Permítanme también que así lo haga a la querida presidenta por su paciencia con esta comisión.
Se levanta la sesión y nos vemos muy prontito.
Eran las doce y veintisiete minutos del mediodía.