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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 143, de 24/02/2026
cve: DSCG-15-CM-143
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 143
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO PÉREZ LÓPEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 20
celebrada el martes,
24 de febrero de 2026
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes en la Mesa de la comisión:
- Elección de la Secretaría Segunda de la comisión. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y números de expediente del Senado 570/000008 y 571/000006) ... (Página3)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000156 y número de expediente del
Senado 771/000154) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000167 y número de expediente
del Senado 771/000164) ... (Página5)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ejercicios 2020 y 2021. Presentada por el Tribunal de Cuentas.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 2022. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de
expediente del Senado 771/000126) ... (Página6)
- Informe de fiscalización con enfoque evaluador del control y supervisión de la subcontratación en los contratos de obras vinculados al Área de Gasto 2 'Actuaciones de protección y promoción social' de los Presupuestos Generales del Estado,
ejercicio 2022 y primer semestre de 2023. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000150) ... (Página7)
- Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las Políticas de Gasto 11 'Justicia' 12 'Defensa' y 14 'Política exterior y cooperación para el desarrollo', ejercicio 2022. Presentada por el
Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000165) ... (Página8)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de la bonificación extraordinaria y temporal del precio de combustibles y aditivos para automoción en el ejercicio 2022. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000164 y número de expediente del Senado 771/000161) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de la gestión y uso de inmuebles por el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus entidades adscritas, ejercicio 2022. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000177 y número de expediente del Senado 771/000174) ... (Página10)
- Informe de fiscalización del Programa para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, ejercicio 2022. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y
número de expediente del Senado 771/000139) ... (Página10)
- Informe de fiscalización del Programa 441N 'Subvenciones y apoyo al transporte marítimo', ejercicio 2023. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000170 y número de expediente del
Senado 771/000167) ... (Página11)
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega) para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2021. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000129)
... (Página11)
- Informe de fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa, O.A. ejercicio 2023. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y número de expediente del
Senado 771/000157) ... (Página11)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., en la estrategia de financiación a las pequeñas y medianas empresas, ejercicio 2023. Presentada por el Tribunal de
Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000158) ... (Página12)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a 2023. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000179 y número de expediente del Senado 771/000176) ... (Página20)
- Informe de fiscalización de la actividad de Hulleras del Norte, S.A., S.M.E., en ejecución de su Plan de Empresa, ejercicios 2019 a 2022. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000184 y número de expediente del Senado 771/000181) ... (Página20)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de la gestión por Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141) ... (Página28)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000195) ...
Se abre la sesión a las diez y once minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y números de expediente del Senado 570/000008 y 571/000006).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Buenos días.
Se abre la sesión y se procede a la tramitación del orden de día. Quiero disculpar al presidente, el señor Serrano, que se incorporará un poco más tarde a esta sesión.
En primer lugar, procede la elección de la Secretaría segunda de la comisión, vacante desde el pasado día 12 de febrero de este año. Se ha comunicado a la Mesa que existe consenso sobre la candidatura de doña María José Villalba Chavarría
para su elección como secretaria segunda. Por consiguiente, creo que dicha candidatura podría ser aprobada por asentimiento.
¿Se aprueba esta propuesta por asentimiento? (Asentimiento). Entiendo que sí.
Siendo así, me complace anunciar que ha resultado elegida secretaria segunda de la comisión doña María José Villalba Chavarría, que puede ocupar su puesto en la Mesa. (Así lo hace la nueva miembro de la Mesa.-Aplausos).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 23 DE JULIO DE 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000156 y número de expediente del
Senado 771/000154).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Seguidamente, pasamos a la votación de las propuestas de resolución presentadas a los informes de fiscalización que figuran en el punto segundo del orden del día.
Procedemos a votar. Intentaremos votar lo más ágilmente posible.
Empezamos con la votación correspondiente al bloque I, Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023, expedientes 251/000156 y 771/000154.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario SUMAR.
Votamos la propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas 2 a 5 del Grupo SUMAR.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 33; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.
Propuestas 6 a 8 del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Pasamos a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos las propuestas 9 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 11 a 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 18 a 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Pasamos a las propuestas 25 a 36, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 9 DE JUNIO DE 2024. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000167 y número de expediente
del Senado 771/000164).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos al informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024, expedientes 251/000167 y 771/000164.
Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario SUMAR.
Propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas 2 a 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 33; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.
Propuestas 6 a 8, del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Propuestas 9 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 11 a 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 18 a 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Finalizamos con las propuestas 25 a 36, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA, LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA, EJERCICIOS 2020 Y 2021. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos al bloque II. Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y la Mancomunidad de los canales de Taibilla,
ejercicios 2020 y 2021. Expedientes 251/000127 y 771/000125.
Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Votamos las propuestas 1 a 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 5 y 6, del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 7 y 8, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 9 a 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 30 a 36, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2022. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de
expediente del Senado 771/000126).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 2022. Expedientes 251/000128 y 771/000126.
Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario SUMAR. Propuestas de la 1 a la 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario VOX, propuestas 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular de la 7 a la 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas 18 y 19, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas de la 20 a la 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Y propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 25 a la 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE EVALUADOR DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRAS VINCULADOS AL ÁREA DE GASTO 2 'ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL' DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO,
EJERCICIO 2022 Y PRIMER SEMESTRE DE 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000150).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización con enfoque evaluador del control y supervisión de la subcontratación en los contratos de obra vinculados al área de gasto 2 'Actuaciones de protección y promoción social' de
los presupuestos generales del Estado, ejercicio 2022 y primer semestre de 2023. Expedientes 251/000152 y 771/000150.
Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario SUMAR, de la 1 a la 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario VOX, propuestas 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular números 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Y propuestas de la 9 a la 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Popular. Propuestas 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas de la 16 a la 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Y propuestas de la 22 a la 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Terminamos con las del Grupo Socialista, de la 25 a la 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO VINCULADOS A LAS POLÍTICAS DE GASTO 11 'JUSTICIA' 12 'DEFENSA' Y 14 'POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO', EJERCICIO 2022. PRESENTADA POR EL
TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000165).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto 11 'Justicia', 12 'Defensa' y 14 'Política exterior y cooperación para el
desarrollo', ejercicio 2022. Expedientes 251/000168 y 771/000165.
La propuesta 36 se ha retirado por escrito del Grupo Parlamentario Socialista de 20 de febrero de 2026.
Pasamos a la votación.
Empezamos por las propuestas del Grupo Parlamentario SUMAR. Propuestas 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 15; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.
Propuesta número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas del Grupo Parlamentario VOX, números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Empezamos por la propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas números 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas de la 11 a la 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas de la 17 a la 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas 21 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuesta número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.
Propuestas 25 y 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Y propuestas 27 a 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Finalizamos con las propuestas del Grupo Socialista de la 30 a la 35 y 37 y 38. La 36 ha sido retirada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PRECIO DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA AUTOMOCIÓN EN EL EJERCICIO 2022. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000164 y número de expediente del Senado 771/000161).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos a la votación correspondiente al bloque III. Informe de fiscalización de la bonificación extraordinaria y temporal del precio de combustibles y aditivos para automoción en el ejercicio 2022.
Expedientes 251/000164 y 771/000161.
Comenzamos con las propuestas presentadas por el grupo SUMAR, números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuesta número 3, del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 18.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda rechazada.
Propuestas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas números 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas de la 8 a la 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y USO DE INMUEBLES POR EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS, EJERCICIO 2022. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000177 y número de expediente del Senado 771/000174).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización de la gestión y uso de inmuebles por el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus entidades adscritas, ejercicio 2022. Expedientes 251/000177 y 771/000174.
Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario SUMAR. De la 1 a la 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario VOX. De la 5 a la 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Propuestas números 9 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas números 11 y 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; votos en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. De la 13 a la 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA AYUDA ALIMENTARIA A LOS DESFAVORECIDOS Y LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL, EJERCICIO 2022. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y
número de expediente del Senado 771/000139).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización del Programa para Ayuda Alimentaria a los Desfavorecidos y Lucha contra la Pobreza Infantil, ejercicio 2022. Expedientes 251/000141 y 771/000139.
Las propuestas números 7 y 8 se han retirado por escrito del Grupo Parlamentario Socialista de 20 de febrero del año 2026.
Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Números 3 a 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 441N 'SUBVENCIONES Y APOYO AL TRANSPORTE MARÍTIMO', EJERCICIO 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000170 y número de expediente del
Senado 771/000167).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Finalizamos con el informe de fiscalización del Programa 441-N 'Subvenciones y apoyo al transporte marítimo', ejercicio 2023. Expedientes 251/000170 y 771/000167.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario SUMAR. De la 1 a la 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario VOX. Números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Popular. De la 6 a la 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. De la 10 a la 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.
Finalizadas las votaciones, suspendemos dos o tres minutos la sesión a efectos de que se incorpore la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, EJERCICIO 2021. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000129).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA, O.A. EJERCICIO 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y número de expediente del
Senado 771/000157).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A., EN LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EJERCICIO 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000158).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar sobre los siguientes extremos que figuran en el punto tercero del orden del día y que, como es habitual, están repartidos en tres bloques.
Comenzamos con el bloque I, que comprende tres informes: el informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2021; el informe de fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa,
ejercicio 2023, y el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Empresa Nacional de Innovación en la estrategia de financiación a las pequeñas y medianas empresas, ejercicio 2023.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente. Buenos días.
Vamos a abordar los informes a los que ha hecho referencia el presidente. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Estos tres informes son distintos en lo que respecta a objetivo y ámbito subjetivo, pero tienen un propósito común, que es evaluar la gestión de la función pública, la solidez del control interno en estos centros y la eficacia de los
mecanismos de planificación y rendición de cuentas en ámbitos bien diferentes pero relevantes, como cultura, transición energética y emprendimiento innovador.
Con respecto al informe relacionado con el Museo Reina Sofía, se ha analizado la gestión económico-financiera en el ejercicio 2021. Responde a una iniciativa del tribunal aprobada el 29 de noviembre de 2024. Es una fiscalización integral,
donde se han examinado, entre otros aspectos, la representatividad de las cuentas anuales, el cumplimiento de la normativa, los sistemas y procedimientos de control interno y de gestión, el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el
tribunal en informes anteriores y las medidas sobre igualdad, sostenibilidad y transparencia.
Los principales resultados, que expondré a continuación, son: el retraso de la rendición de cuentas, que constituye uno de los hallazgos más importantes, dado que las cuentas anuales de 2021 fueron aprobadas y rendidas al tribunal con 426
días de retraso y las correspondientes a 2022 se aprobaron con un año de retraso, sin haber sido rendidas hasta la fecha en la que se terminó la fiscalización. Las cuentas de 2023 tampoco han sido aprobadas ni rendidas en plazo legal. Estos
retrasos se han debido principalmente a significativas carencias de personal en puestos relevantes de la gestión económica.
Por lo que se refiere a las cuentas anuales de 2021, que es el periodo analizado, presentaba en sus aspectos más significativos la situación financiera y patrimonial, si bien con algunos errores e incorrecciones contables que suponían
debilidades de control interno en áreas de gestión, tales como la carencia de un manual de procedimientos contables, falta de soporte documental en elementos del inventario del inmovilizado material, incorrecciones en la aplicación del principio de
devengo y en la periodificación de ingresos, deficiencias en los registros de las obras de arte o depósitos de obras recibidos que no se registraban en contabilidad, etcétera.
El informe revela, además, deficiencias estructurales en los sistemas de control interno. El museo carecía de manuales formalizados en áreas esenciales, tales como la gestión de obras de arte, la contratación, la contabilidad y los
procedimientos de ingresos. También se identificaron cuestiones relacionadas con la gestión susceptibles de mejora. Por ejemplo, el sistema informático para gestionar las colecciones presentaba múltiples limitaciones para efectuarla con el control
oportuno. Asimismo, los sistemas de seguridad instalados y los sistemas de protección contra incendios no resultaban adecuados para su fin en el ejercicio fiscalizado.
Como resultado de las deficiencias observadas, la gestión de las obras de arte que integran la colección del museo presenta incidencias que repercuten en su adecuado control; por ejemplo, deficiencias en la valoración de las obras, obras no
localizadas o sin precisar su ubicación; discrepancias entre los datos utilizados para el registro contable y los que figuraban en el registro de obras de arte; órdenes ministeriales de aceptación de donaciones que carecían de algunos datos
relevantes; el registro de obras
no disponía de relevante información sobre depósitos recibidos de terceros, o las obras depositadas en otras instituciones no disponían de todos los datos para la gestión y un control adecuado.
Por otra parte, los órganos rectores del museo no ejercieron plenamente las competencias que les atribuye la normativa, especialmente en lo relativo a la dirección estratégica, la definición y la estructura organizativa y la política de
recursos humanos.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones, se pueden considerar como cumplidas, parcialmente cumplidas o en curso ocho de las diez que se efectuaron en un informe del museo del ejercicio 2013, y las seis recogidas en el informe de
fiscalización en el que se abordó la contratación de los años 2015 y 2016 pueden considerarse no cumplidas, si bien una está en curso. Actualmente, y a través de este informe, se le formulan una serie de nuevas recomendaciones orientadas a corregir
todas las debilidades que hemos indicado; se dirigen bien al Ministerio de Cultura, al museo o a ambos. Según los casos, se sugiere la aprobación urgente de los manuales de procedimiento, el refuerzo de la estructura de recursos humanos, la
fiscalización de la migración del sistema de gestión de obras y la mejora de la seguridad y protección de las colecciones.
El segundo informe de este bloque se refiere al Instituto para la Transición Justa en el ejercicio 2023, que fue aprobado el 29 de mayo de 2025. Se trata de una fiscalización operativa con enfoque evaluador y de cumplimiento realizada a
iniciativa del tribunal. Este informe tiene como objetivos, entre otros, analizar la capacidad del Instituto para la Transición Justa para cumplir su función como responsable de la implementación de la Estrategia de Transición Justa; examinar el
marco de gobernanza previsto para dicha estrategia; evaluar los instrumentos territoriales, en particular los convenios de transición justa; analizar el sistema de ayudas y subvenciones, y valorar el sistema de control interno y el seguimiento de
recomendaciones anteriores.
Entre los principales resultados y conclusiones, el informe evidencia que la Estrategia de Transición Justa no cuenta con los elementos necesarios para servir como instrumento de planificación. La estrategia define el marco teórico de la
política pública de transición justa, pero no contiene los elementos necesarios para que actúe como un instrumento de planificación estratégica, los objetivos y las medidas, el marco temporal por sectores y la contribución de cada uno de ellos a los
objetivos climáticos y las fuentes de financiación e indicadores para valorar la evolución de la hoja de ruta definida, cuya medición serviría en su caso para ajustar las medidas.
También se destaca que el marco de gobernanza de la estrategia no ha alcanzado el grado de desarrollo necesario. Por ejemplo, el consejo asesor no ha ejercido sus funciones, aun cuando se define como un órgano de coordinación y seguimiento
de la implementación de la estrategia. En lugar de los convenios exigidos, se han suscrito protocolos generales que no contienen elementos necesarios para constituir planes territoriales operativos. Y aunque se han definido quince zonas y 197
municipios en ocho comunidades autónomas, las delimitaciones de las zonas de transición justa presentan algunas debilidades.
En el ámbito de las ayudas, el instituto mantiene líneas heredadas del antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras -infraestructuras y proyectos empresariales,
restauración y ayudas a personas- y continúa sin definir los elementos necesarios para que se pueda evaluar el impacto de las subvenciones que se han concedido.
Las ayudas de las zonas de transición descansan en fondos de origen europeo. Por un lado, el componente 10: Estrategia de Transición Justa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya ejecución corresponde al instituto,
con una dotación del mecanismo de 300 millones de euros, y el Fondo de Transición Justa de la UE para las ayudas a proyectos empresariales. Para poder cumplir con las exigencias temporales vinculadas a dichos fondos y compatibilizar la gestión de
las subvenciones mineras con las nuevas, el instituto ha marcado un calendario de convocatorias exigente para los interesados, especialmente para aquellos con recursos limitados.
Se concluye que el instituto no cuenta con un sistema robusto de control interno y focalizado en la gestión de riesgos ni con una programación que conecte las necesidades de las áreas de gestión de subvenciones con los recursos en las áreas
de apoyo, informática, contratación, personal, etcétera. Tampoco el operativo informático es el más adecuado para permitir la automatización de las tareas.
Por último, debe señalarse que el instituto ha puesto en marcha numerosas acciones para mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de mujeres y colectivos con problemas de acceso al mercado
laboral, como parados de larga duración o personas con discapacidad, en línea con lo previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas al instituto y al ministerio. Entre ellas, se sugiere al ministerio la revisión del enfoque estratégico para favorecer la eficacia de la política pública de transición justa. El
instituto, por su parte, debería definir indicadores que permitan evaluar el impacto de las ayudas, implantar un sistema de control interno basado en riesgos y adoptar medidas que favorezcan la eficiente participación de los interesados y de los
beneficiarios.
El tercer informe de este bloque se trata de un informe también de fiscalización operativa, aprobado por el Pleno el 29 de mayo de 2025, en el que se han analizado los procedimientos de gestión aplicados en el ejercicio 2023 por la Empresa
Nacional de Innovación, ENISA. ENISA es una sociedad estatal del Grupo Patrimonio adscrita al Ministerio de Industria y su principal actividad consiste en apoyar el emprendimiento y la innovación del tejido empresarial español mediante la concesión
de préstamos participativos a empresas, principalmente pymes.
Los fondos que ENISA emplea para el desarrollo de esta actividad de apoyo financiero proceden de los presupuestos generales del Estado en virtud de convenios suscritos con diversos ministerios. De acuerdo con estos convenios, el Estado
presta fondos a ENISA sin garantía que esta debe reembolsar tras su liquidación junto con una parte de los intereses devengados por los préstamos otorgados a terceros. Desde que comenzó a conceder préstamos participativos a ENISA, ha invertido
cerca de 1332 millones de euros en 8685 préstamos y han sido 7580 las empresas financiadas. La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes -conocida como ley de startups-, estableció como nuevas funciones
para ENISA la determinación del carácter innovador de una empresa emergente y su acreditación, así como la gestión del uso de la marca España Nación Emprendedora, medidas previstas todas ellas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
En 2023, ENISA debería haber informado en el procedimiento para la concesión de visados de residencia a emprendedores extranjeros. Pues bien, lo que se ha examinado fundamentalmente ha sido la actividad de financiación a los proyectos
empresariales, bien pymes u otros emprendedores; el desarrollo del Programa Marca España como Nación Emprendedora; las actividades de certificación de la ley de startups, y la gestión de visados de residencia para emprendedores extranjeros. En
particular, se han examinado el sistema de control interno de ENISA, los procedimientos de concesión y seguimiento de préstamos, el grado de cumplimiento de los convenios de financiación con los ministerios y sus liquidaciones, la integridad y
veracidad de las fuentes de información empleadas en su actividad, la información que ofrece sobre su impacto y la suficiencia e idoneidad de los medios destinados para desarrollar el Programa Marca España como Nación Emprendedora y también la
certificación de startups.
Los principales resultados han sido los siguientes. Se han apreciado, en primer lugar, debilidades en el sistema de control interno, especialmente en el área de seguimiento de préstamos. Se observa que el seguimiento de operaciones de
riesgo no está suficientemente sistematizado. Existen procedimientos no estandarizados y la documentación no siempre se integra adecuadamente en las herramientas informáticas. Por otra parte, se constata que, de los convenios liquidados en 2023,
el 30,8 % de los préstamos estaban o fallidos o en recuperación judicial. En tercer lugar, el diseño institucional implica que el riesgo financiero de los préstamos es asumido por el Estado, lo que exige reforzar mecanismos de seguimiento y
recuperación para asegurar una gestión eficiente. Se concluye, además, que la ampliación de su actividad en el ejercicio 2013 no se ha acompañado con un incremento de efectivos, lo que ha supuesto que técnicos analistas que gestionaban los
préstamos se hayan trasladado a las nuevas direcciones. La insuficiencia de recursos humanos se ha cubierto con contrataciones de asistencias técnicas, lo que supone un riesgo y una debilidad de control. Y, por último, se destaca que el área de
los sistemas de información se ha visto sobrepasada por el aumento de la actividad de ENISA, lo que se ha traducido en debilidades de control y problemas de rendimiento. El informe concluye con una serie de recomendaciones para subsanar esas
deficiencias. Entre otras, sugiere a ENISA reforzar los sistemas de control, actualizar los manuales de procedimiento, elaborar un plan de redimensionamiento de la entidad y mejorar la digitalización.
En su conjunto, señorías, estos tres informes ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la cultura de la planificación estratégica en las entidades públicas, de mejorar los sistemas de control interno y de modernizar los sistemas de
información, y también subrayan la relevancia de contar con recursos humanos suficientes y especializados. Confiamos en que estas recomendaciones contribuyan a reforzar la eficacia y la integridad del sector público.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estime convenientes, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Rivera Arias.
La señora RIVERA ARIAS: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, presidenta. Buenos días a los presentes.
Yo creo que lo primero, respecto a este bloque, es empezar por el Museo Reina Sofía y poner en valor que el Ministerio de Cultura y el museo, a pesar del número de recomendaciones que se hacen en este informe de fiscalización y en
anteriores, las están aceptando, las están poniendo en marcha y están trabajando en muchas de ellas. Considero que es una buena noticia, porque, de todas las recomendaciones que hace el tribunal en su fiscalización, nos parece fundamental que se
corrijan las deficiencias que impiden al museo aprobar y rendir cuentas anuales en los plazos establecidos. Y es importante la modernización de los sistemas de inventario y gestión y también seguir avanzando y profundizando en esa planificación
estratégica, tal como se recomienda en el informe de fiscalización. Es vital para el Museo Reina Sofía -del que creo que no hay que destacar su relevancia porque se ve lo importante que es esa institución por sí misma y el valor incalculable del
patrimonio que maneja- que su gestión esté a la altura del siglo XXI y que sea una administración con herramientas administrativas modernas, con procedimientos claros y con una planificación vinculada a objetivos medibles. Por eso creemos que es
importante que se continúen atendiendo todas las recomendaciones del tribunal.
Respecto al Instituto para la Transición Justa, es fundamental que se consolide el marco de cogobernanza sólido que permita a ese instituto liderar eficazmente la estrategia de transición justa apoyándose en el consejo asesor y haciendo
evaluación continuada para perfeccionar esa planificación estratégica tan necesaria que se repite en una y otra institución de las que se van viendo fiscalizaciones. Muchas de las recomendaciones del informe están orientadas a optimizar la gestión
de subvenciones y definir objetivos, indicadores cuantificables y plazos para cada línea de ayuda, así como a implantar cuadros de control interno y sistemas automatizados que aseguren eficacia y seguimiento de resultados, y a facilitar también la
participación de los beneficiarios mediante la adopción de manuales y guías de apoyo que permitan que las entidades puedan presentar proyectos completos, optimizando la tramitación de ayudas y favoreciendo el impacto positivo en los territorios.
Creemos que el objetivo es que mejore esa gestión de subvenciones para que la burocracia no frene los proyectos de hidrógeno verde o energías renovables que crean empleo local y nos permiten realizar esa transición ecológica justa tan necesaria
frente a los negacionismos existentes. Creemos que las recomendaciones que plantea el tribunal permitirán al Instituto para la Transición Justa desplegar políticas de transición justa de manera eficaz, coordinada y transparente y asegurarán que las
ayudas lleguen de forma eficiente a los territorios y a los colectivos que más las necesitan.
Por último, en cuanto al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Empresa Nacional de Innovación, SME, S.A., en la estrategia de financiación a las pequeñas y medianas empresas, ejercicio 2023, creemos que
esa entidad es una herramienta clave para la creación del tejido empresarial que constituye la mayoría de nuestro país. Las pequeñas y medianas empresas son las que generan realmente empleo en nuestro país y también generan tejido empresarial
justo, digno y sostenible. Por eso creemos que es fundamental, tal como dice el tribunal, mejorar los procedimientos de gestión y fortalecer el sistema de control interno y planificación estratégica. Es curioso que en las tres fiscalizaciones
coincida el tribunal en las mismas necesidades, que son procedimientos de gestión actualizados que permiten seguridad y protección, pero también fortalecimiento de la gestión interna para evitar que se tomen decisiones de manera inadecuada, que
siempre perjudican a los objetivos que se quieren alcanzar.
En este caso, nos parecen importantes dos ejes de mejora que vienen en esta fiscalización. Uno es -ya lo he dicho- la modernización de la gestión. Consideramos importante dimensionar la plantilla, no solamente por una cuestión -tal como
explicaba la presidenta del Tribunal de Cuentas- de debilidad de control, sino que también creemos que está más que acreditado que el empleo público siempre va a generar mejores servicios que la externalización de contratos. Por tanto, también es
un posicionamiento político claro que para nosotras es muy importante. Y, por supuesto, la digitalización integral, que hace a la Administración ágil, en ese objetivo que todas las Administraciones públicas deben tener de convertirse en
administraciones sin papeles. Alguna ya hay en nuestro país, pero queda mucho camino por recorrer en el resto.
En segundo lugar, otra cuestión vital para la garantía y los derechos de la ciudadanía es la transparencia. Creemos que es importantísimo reforzar el portal de transparencia de esta entidad, igual que de cualquier otra, y que el acceso a la
información debe ser directo y fácil de entender para cualquier ciudadano. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a conocer los contratos, las cuentas y los sueldos de cualquier entidad pública. Y, en este caso, es una obligación ética de
la gestión de los fondos públicos.
Además de ubicar toda la documentación y mantenerla publicada, creemos que deben estar los tres últimos ejercicios con mayor nivel de detalle. Y, desde nuestro grupo, vamos a proponer una resolución para que ENISA también implemente medidas
que garanticen la accesibilidad universal en su página web, con el fin de facilitar la lectura y la navegación a personas con discapacidad visual.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta. Gracias por sus informes y por su presentación.
Tres informes en este bloque. El primero sobre la fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2021. Vemos que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 fueron aprobadas con un retraso de 430 días.
El 2 de diciembre de 2022 la entidad facilitó unas cuentas formuladas pero incompletas y que no contaban con el preceptivo informe de auditoría de la IGAE. Le preguntamos: ¿dispone el Tribunal de Cuentas de ese informe?
Vemos que se emite una opinión de auditoría con salvedades y que el tribunal hace la siguiente consideración: Algunas salvedades que se ponen de manifiesto en este informe y que se consideran relevantes son consecuencia de las
características específicas del museo y están siendo corregidas por el propio museo, y otras carecen de la materialidad necesaria para alterar la representatividad de las cuentas. Continúa diciendo: Por ello, pese a las salvedades existentes, las
cuentas anuales representan los aspectos más significativos de la situación financiera y patrimonial, el resultado del ejercicio y la liquidación del presupuesto de la entidad. Sinceramente, me alegra que el tribunal considere básico tener en
cuenta la materialidad para la realización de la auditoría. Ese criterio debería ser absolutamente fundamental en todas las auditorías.
Quisiera remarcar también la recomendación número 13. Resulta necesario que el museo complete la valoración de los bienes de patrimonio histórico y aplique las normas de reconocimiento y valoración previstas en el Plan General de
Contabilidad Pública para que sirva como soporte de los registros contables de dichos bienes, informando en la memoria de las cuentas anuales sobre todos los aspectos relevantes vinculados con las obras de arte.
Por último, un hecho constatable: la gestión del museo es francamente ineficiente, y es ineficiente porque el 82 % de los ingresos del museo proceden de las transferencias recibidas del Estado y tan solo el 18 % restante lo integran
ingresos por patrocinios y mecenazgos -7 %-, venta de entradas -6 %-, ingresos por arrendamientos -3 %- y tasas por utilización de espacios -2 %-. Pongamos cifras a los porcentajes: hablamos de unas transferencias del Estado de 26,7 millones de
euros en el año 2021, que, desde el año 2011, acumulan 310 millones de euros. Es ineficiente también que el museo termine el año con unas pérdidas de 665 000 euros. Y, encima, en la recomendación número 8, el tribunal, en lugar de ajustar la
estructura de costes, propone dotar al museo de una estructura de recursos humanos adaptada a la misión y funciones que desarrolla, aprobando un organigrama adecuado. En definitiva, hay pérdidas, pero no se recomienda realizar un plan de
viabilidad; se recomienda más personal.
En segundo lugar, el informe de fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa, ejercicio 2023. Hablamos de un chiringuito de manual, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; un
chiringuito que en los presupuestos del ejercicio 2023 dispuso de un presupuesto de 501 millones de euros. Vemos que en las conclusiones se menciona la ausencia de procedimientos que identifiquen riesgos y controles para mitigarlos, la falta de
definición de una programación que conecte las necesidades de las áreas de gestión de subvenciones con los recursos en las áreas de apoyo y la carencia de aplicativos informáticos adecuados que permitan la automatización de las tareas que realiza el
instituto. O sea, un chiringuito y, además, mal gestionado.
En tercer lugar, el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Empresa Nacional de Innovación en la estrategia de financiación de las pymes. Las pymes españolas sufren
problemas crónicos de acceso a la financiación, escasa capitalización, baja productividad y una elevada mortalidad empresarial en los primeros años de vida. Analizando las cifras de ENISA en 2024, se observa una caída pronunciada en el
número de solicitudes presentadas: el año pasado se presentaron 1497 solicitudes, un 11,4 % menos que en el año 2023. Hay que remontarse al año 2018 en la serie histórica para encontrar un año con menos solicitudes. El porcentaje de presupuesto
ejecutado sobre el total del presupuesto del año 2024 fue de tan solo un 70,3 %, concediéndose operaciones por un valor total conjunto de 83,6 millones, lo que no dice mucho de su papel. El que más de un tercio del riesgo vivo de los préstamos
participativos se encuentre en situación de fallo evidencia que el sistema de evaluación no está alineado con la sostenibilidad de las empresas financiadas. Por eso creo que es importante la recomendación número 7, que habla de realizar un
seguimiento del cumplimiento de las estimaciones realizadas por las empresas para poder valorar el impacto de los préstamos en la inversión y en el empleo.
En definitiva, ENISA parece más orientada a cumplir objetivos formales y presupuestarios que a jugar un papel importante en la financiación de las pymes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Entrena Ávila tiene la palabra.
El señor ENTRENA ÁVILA: Gracias, presidente.
Presidenta del Tribunal de Cuentas, en relación con el primero de los informes analizados, el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, recojo que las cuentas rendidas de 2021 presentaban, en sus aspectos más significativos, la
situación financiera y patrimonial, así como los resultados de sus operaciones, y que contenía la información necesaria y suficiente para su correcta interpretación y comprensión, si bien se han observado algunos errores e incorrecciones que
suponían debilidades de control interno en algunas áreas de gestión.
Como elementos relevantes, queremos señalar desde nuestro grupo, en primer lugar, la necesidad de contar con una estructura de personal adecuada para cumplir, en los tiempos establecidos, con las obligaciones de rendición de cuentas en los
aspectos económicos y financieros, que se han notado necesarias; en segundo lugar, terminar de definir los manuales de contratación que garanticen expedientes correctos, pulcros y transparentes, y, por último, la necesidad de un aplicativo
tecnológico -se está migrando de uno a otro ahora mismo- que garantice la correcta gestión patrimonial propia y cedida por y a terceros, y que cuente con toda la información relevante y necesaria para una correcta gestión integral de los bienes
gestionados. Destaco como positivo del informe lo señalado por el propio tribunal, valorando positivamente la actitud de la dirección del museo, iniciando actuaciones tendentes a solventar o minorar las deficiencias expuestas en este informe. Por
supuesto, nuestro grupo hará sobre el mismo algunas propuestas de resolución.
Respecto al Instituto para la Transición Justa, totalmente en desacuerdo -pero no vamos a entrar en debate con el Grupo VOX- con que sea un chiringuito de manual. Se ha fiscalizado la capacidad del Instituto para la Transición Justa como
responsable del desarrollo de la Estrategia de Transición Justa durante el ejercicio 2023. El objetivo de esta estrategia es favorecer el desarrollo territorial en erosión, que es una evidencia, por la aplicación de las políticas de esta
estrategia. Destaco como fortalezas el desarrollo de procesos de participación pública de carácter territorial para definir necesidades, potencialidades, objetivos y acciones para afrontar con éxito la transición. Yo creo que la participación
pública es un buen mecanismo para definirlo.
También quiero señalar el esfuerzo que se ha desarrollado por parte del instituto mediante numerosas acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y las condiciones laborales de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de
acceso al mercado laboral, especialmente en comarcas donde el empleo tradicional estaba bastante masculinizado. Igualmente quiero destacar el abordaje del proceso de definición de procedimientos, de modernización de los sistemas informáticos de
gestión y de elaboración de nuevas guías de gestión para la homogeneización de dichos procedimientos. Como debilidad, el riesgo a la rutina en las convocatorias de ayudas establecidas y la falta de informes de evaluación del impacto que estas
inversiones están teniendo sobre el propio territorio.
Por último, respecto a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, a pesar de que su actividad principal es el apoyo al emprendimiento y a la innovación del tejido empresarial español mediante la concesión de préstamos participativos a
empresas -principalmente pymes-, ejecutando convenios de financiación con distintos ministerios, el alcance de este informe también ha incluido las nuevas
encomiendas que se le han hecho a la sociedad referidas al programa Marca para España como Nación Emprendedora, la certificación de startup y el programa de visados de residencia de extranjeros extracomunitarios.
Estas nuevas encomiendas han provocado una reestructuración del personal de la empresa en las distintas tareas y un incremento de las asistencias técnicas externas. Esta circunstancia se ha considerado como una debilidad de la sociedad -el
incremento de las asistencias externas-, tema que compartimos, y requiere un redimensionamiento de los recursos humanos disponibles, si bien teniendo en cuenta la diferencia entre las encomiendas estructurales de la sociedad y las de carácter
temporal dependientes de subvenciones coyunturales. Otro aspecto importante para la eficacia en el cumplimiento de la tarea encomendada es la adaptación a los nuevos aplicativos de gestión, la necesidad de formación del personal en su manejo y el
desarrollo de actualización en el portal de transparencia. Por último, quiero destacar la necesidad de incentivar la mayor eficiencia y eficacia posible en los sistemas de concesión, de seguimiento y, sobre todo, de recuperación de los fondos
públicos invertidos, así como el análisis de los resultados obtenidos en los distintos programas desarrollados. También sobre ello presentará nuestro grupo propuestas de resolución.
Termino con una generalidad y una obviedad, como reflexión global. Quiero señalar la importancia que tiene el papel del Tribunal de Cuentas respecto a la elaboración de estos informes de auditoría para las instituciones públicas sujetas a
ellos, pues tanto en su análisis de la situación real como con las conclusiones y recomendaciones se marca un camino positivo en la mejora de la gestión global de los recursos públicos encomendados por la ciudadanía a estas instituciones para su
buen uso y para dar satisfacción a las necesidades y demandas colectivas. Nos tiene que servir, evidentemente, para hacer las cosas mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Entrena.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía Aguado.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Buenos días, presidenta, y bienvenida a la primera sesión del año 2026 de esta Comisión.
Esta vez no le pregunto por nuestras peticiones de fiscalización, las del Grupo Popular, porque he podido comprobar que, si bien parte de ellas figuran en el programa de fiscalizaciones para el 2026, hay otras que no se han tenido en cuenta.
Hemos conocido que SUMAR ha presentado un escrito sobre la fiscalización de las contabilidades de elecciones locales de mayo de 2023 y deben saber -aunque no esté la representante- o se les debe explicar que el Grupo Popular solicitó la ampliación
de fiscalización de este informe y que estamos a la espera.
Presidenta, esta comisión debe ser útil y ágil y, por supuesto, debe cumplir con el mandato del artículo 136 de la Constitución. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado,
así como del sector público. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de independencia y, como tal, si en esta comisión se aprueban fiscalizaciones a petición de mi grupo, esa es la petición de fiscalización que debe llevarse a cabo, y no otra.
Paso a los informes de este bloque. En primer lugar, paso a referirme al informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía del ejercicio 2021. Anteriores informes realizados por ustedes y publicitados arrastraban
enormes deficiencias. Este informe sale a la luz a finales de 2024 e inicios de 2025 y estamos en febrero de 2026. ¿Seguirá el museo sin los sistemas de seguridad adecuados y sin los sistemas de protección contra incendios? Hablamos de un museo
nacional de arte. ¿Seguirá el museo sin tener control de las obras que entran en depósito de terceros y de las que se prestan a otras instituciones? ¿Seguirá sin tener localizadas parte de sus obras y su ubicación? Lo que está claro es que el
descontrol es total y absoluto, tanto por parte del museo como por parte del patronato del museo, y no solo por el retraso en la rendición de cuentas, sino también por las graves carencias en la gestión y por el incumplimiento de la normativa
vigente. Carecer de inventario de bienes en un museo nacional es insostenible. Creo que hay un nuevo director desde junio de 2023 y, por tanto, esperamos que le haya dado tiempo a revertir la situación. No es cuestión, como he leído en los
últimos días, de abrir nuevas salas, es cuestión de saber gestionar y proteger -muy importante- nuestro patrimonio.
El segundo informe es respecto al Instituto para la Transición Justa, ejercicio 2023. Es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y fue creado en el año 2020, estando en ese momento de ministra la señora Ribera,
lo cual me preocupa y me genera cierta inquietud. La evaluación
de la Estrategia de Transición Justa no se ha presentado ni a un consejo rector ni a un consejo asesor -tiene dos consejos-, con lo cual de nada ha servido. Por tanto, el instituto no ha dispuesto de planes territoriales adecuados en las 15
zonas definidas de transición justa que abarcan 197 municipios, 15 provincias y 8 comunidades autónomas. Muy preocupante es la gestión de los fondos de origen europeo, por valor de 300 millones de euros, cuya ejecución correspondía a este
instituto. El instituto no ha sabido canalizar estos fondos hacia zonas desfavorecidas con potenciales beneficiarios con recursos limitados. ¿Y eso qué ha provocado? Un importante número de subsanaciones -por encima del 85 %- y altas tasas de
renuncias -más del 7 %-. Para mi grupo sería importante conocer al detalle el destino de esos 300 millones de euros. No sé si usted nos puede dar más información al respecto.
Paso al informe de fiscalización de ENISA para el año 2023. Es una entidad dependiente del Ministerio de Industria, ejecutora de fondos Next, que en 2023 ha perdido 216 millones de euros -casi nada- de fondos públicos. Desde que se creó,
ha concedido 8600 millones de euros en préstamos sin saber si los proyectos han generado empleo, han cerrado, se han vendido o han desaparecido. Hay que explicarlo muy claro, presidenta, y preguntarse para qué sirven ENISA o Transición Justa, ¿para
malgastar el dinero público y premiar a quienes no cumplen, desincentivando a muchos de nuestros emprendedores? El tribunal tiene que ser duro en las recomendaciones, y así lo haremos nosotros saber en nuestras propuestas de resolución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora Alía.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Voy a intentar responder a los temas conforme se han ido planteando.
Es verdad que estos tres informes -así lo hemos hecho resaltar- tienen coincidencias básicas, como la necesidad de fortalecimiento de la gestión interna y de planificar estratégica y adecuadamente y que los sistemas de información respondan
a los retos que exige la gestión actual. Todo eso se pone de manifiesto, como habrán visto. He empezado diciendo que son fiscalizaciones operativas, fiscalizaciones que se hacen con evaluación de políticas públicas que, como saben, se han iniciado
hace poco. Estamos en un proceso de intentar conectar las herramientas que nosotros utilizamos para hacer evaluación de políticas públicas con la información que facilitan los centros fiscalizados, y por eso verán repetidas veces que se les piden
indicadores, que se les pide planificación estratégica expresa, que se les piden sistemas informáticos adecuados y menos procedimientos manuales y que se les pide una gestión interna eficaz. Todo eso va en relación con el cumplimiento de sistemas,
que constituyen lo que llamamos ahora sistemas de integridad, y con esa evaluación de políticas públicas, que creo que ayuda mejor a saber la eficacia del recurso público asignado a determinada política pública. Cuando digo eso es para bien o para
mal, es decir, a veces encontraremos que es para bien y a veces encontraremos que es para mal y que la política pública no ha respondido a los objetivos previstos.
En cuanto a por qué, si hay una deficiencia de medios en alguna organización, seguimos pidiendo en este caso en concreto o recomendamos que se aumente el personal, le diré que es porque se produce un aumento de funciones y no hay personal.
Si no se van a poder cumplir las funciones, la viabilidad está en juego y, por tanto, antes de hacer un plan de viabilidad vamos a ver si ponemos todos los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos que tiene previsto el organismo que
sea.
Al señor Entrena le agradezco su intervención y que valore el papel del tribunal en la parte que le corresponde. Siempre es satisfactorio pensar que al menos servimos para lo que estamos previstos.
En cuanto a las preguntas o reflexiones que ha hecho la señora Alía, del Grupo Popular, diré que es cierto que se siguen presentando deficiencias de gestión en el museo, como usted ha puesto de manifiesto, como se pone de manifiesto en
nuestros informes, como se pone de manifiesto en el seguimiento de nuestros informes y como se pone de manifiesto en la insistencia de fiscalizar un área de riesgo como es el museo con tanta asiduidad, cosa que no hacemos con otros organismos. Lo
que yo no sé, porque no hago el seguimiento de las Cortes, es si desde el punto de vista del control se hace también tanta insistencia y tanta presión sobre los incumplimientos que se derivan de las fiscalizaciones. Esto no lo sé. Nosotros hemos
hecho muchas más fiscalizaciones porque hemos detectado un área de riesgo, y cuando hay un área de riesgo hacemos una fiscalización y no esperamos veinte años a hacer otra, sino que procuramos hacerlas más periódicamente para ir viendo cómo se van
resolviendo los problemas.
Usted sabe cuál es el carácter de nuestras resoluciones. Nuestras resoluciones no son de obligado cumplimiento para el gestor ni de ellas se derivan sanciones ni ningún tipo de actuación posterior, salvo la que ustedes consigan a través del
control, siendo este el objetivo de nuestros informes, que las utilicen ustedes para el control. Alguien preguntó -no sé ni quién lo ha preguntado- si tenemos los informes de la intervención y si los utilizamos. Desde luego los tenemos y, cuando
los tenemos, los utilizamos porque son una pista previa para cualquier fiscalización.
En cuanto al destino de los 300 millones, está expresado en el informe, pero, si usted necesita alguna precisión sobre alguna partida que no ve expresada en el informe, no dude en dejar en la Mesa una pregunta, y se le contestará. En cuanto
a que seamos más duros o menos duros en las recomendaciones, ya les digo que podemos ser muy muy duros o muy muy blandos en función de qué cosas. Es decir, se puede ser muy duro porque va a servir lo mismo que ser muy blando. En cualquier caso, ya
le digo que apreciaciones de dureza o suavidad no son una apreciación objetiva, es una apreciación que depende del tema y de lo que le parece a cada uno de ustedes. Nosotros pretendemos hacer lo que sabemos y lo que podemos y, al final, las
recomendaciones, como saben, tienen fin donde tienen fin. Lo que sí que procuramos es ser ponderados y, teniendo en cuenta que no tenemos una siguiente actuación, mantenernos la más estricta cortesía con quien fiscalizamos.
Por mi parte, nada más, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO EN LA EJECUCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA, EJERCICIOS 2018 A 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000179 y número de expediente del Senado 771/000176).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E., EN EJECUCIÓN DE SU PLAN DE EMPRESA, EJERCICIOS 2019 A 2022. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000184 y número de expediente del Senado 771/000181).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos ahora al bloque II, que consta de dos informes: informe de fiscalización de la actividad de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a
2023, y el informe de fiscalización de la actividad de Hulleras del Norte S.A., en ejecución de su plan de empresa, ejercicios 2019 a 2022.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Continúo la comparecencia con este bloque II, en el que analizamos dos entidades públicas que gestionan procesos de transformación estructural con un respaldo financiero público importante. En un caso, la movilización de suelo para vivienda
asequible y, en otro, la reconversión de la empresa minera hacia un modelo energético y ambiental sostenible. Ambos informes permiten valorar no solamente el cumplimiento normativo, sino también la eficacia en la ejecución de políticas públicas
complejas. Son dos informes que se realizaron a iniciativa del tribunal y se aprobaron en el pleno del 25 de septiembre del año 2025 y el 23 de octubre del 2025, respectivamente. También son fiscalizaciones operativas y de cumplimiento.
El primero de los informes de este bloque tiene como ámbito subjetivo la entidad pública del suelo SEPES, creada en 1981, como saben, y adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El objetivo lo constituye la actividad de SEPES en
el marco de la política del Gobierno de España, con especial atención al plan de vivienda de alquiler asequible, lo que comprende tanto la ejecución de actuaciones de desarrollo urbanístico como la comercialización de viviendas finalizadas, suelo
urbanizado residencial para la construcción de vivienda protegida y posterior alquiler a precios asequibles o venta.
En concreto, el principal objetivo de esta fiscalización es analizar si la actividad de SEPES en los años 2018 a 2023 ha sido eficaz y eficiente en el cumplimiento de su objetivo de puesta a disposición de vivienda pública en respuesta a la
demanda existente en zonas geográficamente tensionadas. Entre las conclusiones del informe se destaca que SEPES ha cumplido con carácter general los requisitos legales
establecidos en materia de convenios. Los convenios analizados incluían el convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la ejecución del plan de viviendas para alquiler asequible, en virtud del cual a finales del año
2024 se habían transferido a SEPES más de 1500 millones. Esta cifra incluye los 622 millones aportados a SEPES en 2023 para la adquisición de suelo de titularidad del Ministerio de Defensa. Hay algunas excepciones en los convenios. Se han
analizado once actuaciones de desarrollo urbanístico en virtud de los convenios. A fecha del año 2023, se había adscrito al plan un total de dieciocho actuaciones y las once actuaciones fiscalizadas suponen un total de 15 300 viviendas de las 16
800 estimadas.
Estas debilidades que se han visto en los convenios afectan a las funciones de las comisiones de seguimiento y a la adaptación de los convenios a la Ley 40/2015. La situación física, jurídica y urbanística de su patrimonio inmobiliario está
actualizada y su gestión se realiza a través de aplicación informática. Todas las adquisiciones y ventas patrimoniales realizadas por SEPES se han realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa aplicable. No obstante,
existen parcelas dentro de la fase de comercialización que se encuentran en situación indeterminada, lo que incluye la falta de asignación de precio de venta o la no afección a ninguna de las actuaciones urbanísticas adscritas al plan de viviendas
para alquiler asequible.
El análisis de contratos de obras, suministros y servicios suscritos por SEPES revela que, en general, se ha cumplido con la normativa en materia de licitación, adjudicación y ejecución. No obstante, se han detectado incidencias relevantes
en algunos, lo que ha condicionado el desarrollo de actuación urbanística y, por ende, el cumplimiento de objetivos. Estas deficiencias incluyen resoluciones de contrato por resolución judicial derivada de la inviabilidad del proyecto, en algunos
casos; resoluciones por incumplimiento de los contratistas; declaración de concurso de algún contratista, o modificaciones de planes urbanísticos que impactaron en el objeto del contrato, como, por ejemplo, replanteos del informe de sostenibilidad
ambiental.
Los sistemas de información de SEPES presentan limitaciones en cuanto a su integración. Se han detectado flujos de validaciones de procesos fuera de los sistemas, lo que dificulta su trazabilidad e incrementa los riesgos en el tratamiento
de datos. Se observa que el presupuesto TIC es insuficiente para cubrir las necesidades de su plan de transformación digital. Se ha observado que SEPES no cumple la obligación de certificación por el esquema nacional de seguridad y carece de un
registro actualizado y publicado de actividades de tratamiento de datos. En lo relativo al seguimiento de actuaciones en fase de desarrollo urbanístico, hay demoras e incidencias en la ejecución de proyectos de urbanización y en la venta de
viviendas y de parcelas residenciales, concluyendo que se deben a la complejidad de la tramitación y de la distribución de competencias entre las Administraciones intervinientes, lo que incide negativamente en los costes y en la eficacia de los
resultados. En cuanto al seguimiento de la recomendación que la entidad continuaba manteniendo abierta, sigue en curso. Se trata de una recomendación referida a la necesidad de fundamentar las decisiones de actuación en el marco de una estrategia
global y en la necesidad de realizar estudios de viabilidad rigurosos. Por último, en materia de igualdad destaca que SEPES carece de un plan de igualdad. Este se encontraba en fase de elaboración, pero no lo han terminado.
Como recomendaciones dirigidas a SEPES se incluyen promover la realización de reuniones periódicas para el seguimiento de los convenios; decidir sobre la finalidad de darle al patrimonio inmobiliario pendiente de asignación al destino;
estudiar la posibilidad de reclamar eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios de aquellos contratos resueltos por causas imputables al contratista; establecer un presupuesto de inversiones TIC acorde con las necesidades de la entidad; en
relación con las actuaciones de desarrollo urbanístico, planificar y priorizar posibles emplazamientos; fijar plazos máximos de ejecución y consecuencias por incumplimiento; prestar atención a la coordinación y acción unificada de las partes
intervinientes, y elaborar un plan para dar salida al stock de inmuebles en venta.
En conjunto, el informe pone de relieve que el principal reto de SEPES no se sitúa en el cumplimiento formal de las normativas, sino en la ejecución en plazo de actuaciones urbanísticas. Los prolongados tiempos de desarrollo distancian la
necesidad de vivienda de su efectiva satisfacción. Además, estas demoras tienen un impacto económico relevante: los costes estimados a finales del 2024 son un 18 % superiores a los previstos dos años antes. En la fase de comercialización, los
retrasos en la venta de viviendas y de parcelas generan igualmente costes adicionales de mantenimiento y de conservación. En definitiva, la fiscalización subraya de nuevo la importancia de reforzar la planificación y la coordinación para que los
recursos públicos se traduzcan en resultados efectivos en plazos razonables.
El segundo informe se refiere a la empresa mercantil estatal Hulleras del Norte, HUNOSA, sociedad mercantil del grupo SEPI, participada al cien por cien por SEPI, y creada en 1967 mediante la integración de dieciocho sociedades dedicadas a
la extracción de carbón en la cuenca central asturiana. El objetivo de este informe son las actividades y las operaciones realizadas entre 2019 y 2022 por la empresa, en ejecución de los objetivos establecidos en el plan de empresa 2019-2027. Este
plan fue negociado con los sindicatos en 2019 y busca hacer frente al cese total de la actividad extractiva minera, garantizando un futuro a la sociedad a través de su completa renovación, conservando el empleo y realizando un tratamiento de los
excedentes de personal de forma no traumática. El plan busca transformar la sociedad en una entidad dirigida al uso de energías renovables y promover la creación de empleo y de actividad económica en las cuencas mineras afectadas por el cierre de
las minas de HUNOSA. Más que un documento contractual es una declaración de intenciones, cuya consecución, como se va viendo a lo largo del informe, se ve afectada por una variedad de factores externos.
Este plan se articula en cuatro componentes: plan industrial, plan de diversificación, plan de promoción industrial y plan de recuperación y actuación sobre recursos mineros y ambientales. El plan industrial busca la transformación
energética de la sociedad. El plan de diversificación, un conjunto de actividades de asesoramiento energético y aprovechamiento de fuentes alternativas. El plan de promoción tiene por objeto el fomento y el apoyo a empresas del lugar. El plan de
recuperación y actuación sobre recursos mineros, la restauración de los terrenos afectados por las extracciones mineras.
El informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones. En relación con los sistemas de control implantados por SEPI y HUNOSA, se observa que han sido adecuados. Las decisiones adoptadas han sido suficientemente documentadas y se han
seguido los procedimientos establecidos. También se ha verificado la corrección del flujo de fondos entre SEPI y HUNOSA, tanto en su origen como en su aplicación, a la finalidad a la que iban destinados. Los fondos aportados llevan una tendencia
descendente, oscilando de los 303 millones en 2019 a los 194 millones en 2021, con un ligero repunte en 2022. Se ha detectado un retraso notable en la entrada del segundo periodo del plan de empresa encaminado a la consolidación del grupo HUNOSA
con vistas a su funcionamiento estable a largo plazo. Este retraso se ha debido a la demora en la convocatoria oficial de la subasta del régimen económico de energías renovables por la Secretaría de Estado de Energía. La adjudicación a HUNOSA de
dicha subasta, que se produjo en octubre de 2022, constituye el requisito para la transformación de su central térmica en una central de biomasa, eje sobre el que giraba la viabilidad del plan de empresa.
Con relación a los diferentes planes que integran el plan de empresa, a los que ya he hecho referencia, se ha observado un cumplimiento desigual. El plan industrial enfocado en la transformación de la central térmica se vio afectado por el
retraso por la demora en la adjudicación de la subasta que se acaba de mencionar, lo que también provocó una demora en las inversiones y en los estudios técnicos. También se vieron afectadas las previsiones en lo referente a la explotación del
Lavadero de Batán debido a la contratación de la demanda por el COVID-19 y a los problemas de suministro de carbón de alta calidad como consecuencia de la guerra de Ucrania. No obstante, el informe concluye que HUNOSA actuó de forma diligente en
las actuaciones que dependían de la sociedad. En el marco del plan de diversificación, se concluyeron los proyectos de aprovechamiento de energía geotérmica, si bien por debajo de las previsiones. No obstante, al cierre de la fiscalización
existían proyectos abiertos para extender dicho aprovechamiento e iniciar otros en el ámbito de energías renovables.
El informe hace una valoración positiva desde un punto de vista financiero del reconocimiento de HUNOSA como medio propio de la Administración para actividades de restauración de terrenos degradados por la acción minera, dado que puede
suponer una fuente importante de ingresos sostenida en el futuro y coadyuvar a la creación de empleo y a la reactivación de las zonas afectadas. También se hace una valoración positiva del plan de promoción industrial, tanto por su objeto como por
su extensión y resultados. Los objetivos del plan de recuperación y actuación sobre recursos minerales centrados en la clausura de las minas se han desarrollado de manera satisfactoria, tanto en relación con la reducción progresiva del personal
como desde el punto de vista de la actividad desarrollada por el departamento de medio ambiente.
HUNOSA ha administrado adecuadamente su patrimonio inmobiliario y ha cumplido de forma adecuada la normativa sobre ayudas públicas, dirigidas principalmente a las obligaciones surgidas de la reestructuración de personal procedente de las
minas afectadas por los cierres, lo que incluye las prejubilaciones del personal. En materia de personal, se ha observado que la plantilla a finales de 2022 superaba en un 6 % a la prevista en el plan de empresa. Se ha comprobado que la labor de
formación
desarrollada durante el periodo fiscalizado cumple con el plan de empresa, si bien se observa la carencia de mayor relevancia en algunos temas ambientales y de capacitación para energías renovables, que es la transformación de la sociedad.
Finalmente, se han detectado incidencias que afectan a la formalización y publicación de la muestra de contratos fiscalizada, así como en materia de igualdad y de transparencia.
Se recomienda en el informe varias actuaciones dirigidas a HUNOSA, entre las que destacan adecuar sus costes e ingresos en las actividades que ingresa en su plan industrial y los servicios energéticos para garantizar la rentabilidad,
actualizando, si es necesario, los planes de negocio; desarrollar su cualificación como medio propio y establecer planes de negocio para obtener una rentabilidad estable derivada de esta; prestar atención al redimensionamiento de su plantilla para
ajustarla al perfil previsto de empresa orientada a un ámbito energético de elevado perfil técnico.
En conjunto, el tribunal aprecia una gestión razonable del proceso de transformación, si bien su consolidación exige ajustes adicionales en materia de rentabilidad, de formación y de dimensionamiento de recursos. Los informes que
presentamos en este bloque evidencian que el cumplimiento de la legalidad constituye un presupuesto imprescindible, pero no agota las exigencias de una gestión pública eficaz. La adecuada planificación estratégica, la ejecución en plazos
razonables, la coordinación entre Administraciones y la adaptación organizativa a los nuevos contextos resultan elementos decisivos para que los recursos públicos movilizados se transformen en resultados eficaces y sostenibles. En definitiva, esa
es la reflexión final del tribunal respecto a estos informes.
Por mi parte, presidente, he terminado el segundo bloque.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen la palabra a los grupos parlamentarios por cinco minutos.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario SUMAR. Tiene la palabra la señora Rivera Arias.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
En este bloque me voy a centrar en el informe de SEPES, porque el tema de la vivienda es un grave problema en este país. Este informe, además de la fiscalización y las recomendaciones -a nuestro entender, muy valiosas-, también incluye en
su Anexo III una serie de estudios y análisis sobre la situación de la vivienda en España llevados a cabo por diferentes instituciones que, al entender de mi grupo, arrojan datos muy preocupantes. Y me remito solo a tres ejemplos. En enero de 2025
el instituto Ipsos publica un estudio realizado en treinta países en el que nuestro país lidera la preocupación global por la vivienda y el 74 % de las encuestadas percibe que no se presta al problema de la vivienda la atención suficiente. O, sobre
el gasto en protección social en vivienda en los principales países de la Unión Europea en el periodo 2007-2021, en el promedio hay una variación enorme y preocupante, porque, mientras que Irlanda dedica 335 euros por habitante, nuestro país dedica
34 euros por habitante -estoy poniendo el que más dedica y el que menos dedica-. O el alquiler social o asequible es muy reducido en nuestro país, no alcanza más que al 1,6 % de los hogares, mientras que en Países Bajos supone el 35 %, en Austria
el 25 %, en Dinamarca casi el 20 % y en Francia se acerca al 15 % -estas cifras son de la OCDE de 2020-.
Y, claro, ante unos datos tan preocupantes, nos encontramos unas recomendaciones del Tribunal de Cuentas que resultan todavía más preocupantes, porque ponen de manifiesto una serie de inconsistencias y malos funcionamientos de la entidad que
ayudan poco a convertirla en una herramienta que ayude y participe en la solución de uno de los problemas más importantes por los que atraviesa este país, que es el del acceso a la vivienda. Y, en un marco de discusión política, donde para algunas
la vivienda es un derecho y para otras es una mercancía de negocio, creemos que para una institución como esta su obligación es llevar a cabo políticas públicas suficientes para resolver el problema y constituir la vivienda como ese derecho
constitucional que es para nosotras.
Entonces, nos preocupa muchísimo la dejadez en cuanto a los convenios, que no se reúnan las comisiones de seguimiento, lo cual influye en la calidad de la prestación. También se detecta una falta de control del patrimonio inventariado y,
por tanto, a qué se tiene que dedicar. Por otra parte, la cuestión sobre el estudio de posibles reclamaciones por daños y perjuicios también dice mucho sobre la debida diligencia en cuanto a la gestión del organismo. Y lo mismo sucede respecto a
la cuestión relativa a los sistemas de información y la falta de inversión suficiente para establecer sistemas que no solamente mejoren la gestión, sino también en materia de seguridad y protección de datos. Nos llaman mucho la atención los
retrasos tanto en el avance de los proyectos, como en la materialización de las viviendas, así
como lo relativo a la decisión sobre dónde se construye, el lugar geográfico donde acometer las inversiones, que tampoco guarda mucho orden ni concierto por lo que se desprende del informe de fiscalización. Creemos que es importante que
esta entidad haga caso de todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y nosotras también vamos a presentar alguna resolución.
Por último, quiero referirme a una cuestión que también ha puesto de manifiesto la presidenta, la ausencia del plan de igualdad exigido por la Ley Orgánica 3/2007. Resulta muy preocupante la falta de compromiso con la cuestión sobre
igualdad, o bien, simplemente, la falta de diligencia para llevarla a término, igual que también echamos en falta que muchísimas entidades no presenten los informes sobre impacto de género en todos los instrumentos y políticas que ponen en marcha,
lo que creemos imprescindible para avanzar en el tema de igualdad. Insisto en que la vivienda es un derecho, y, por tanto, los poderes públicos tienen que garantizar que cualquier ciudadana o ciudadano tenga derecho a techo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas por su presencia y a todos los miembros del tribunal por el trabajo.
Sirva este informe de fiscalización del SEPES -el único informe en el que me voy a centrar- como exordio que confirma algo evidente. Y digo que como exordio para confirmar que España no tiene solo un problema técnico de vivienda, sino un
problema político. Y este problema tiene dos ejes claros, más allá de lo que se trasluce del informe. Son décadas de mala gestión del bipartidismo y una presión demográfica, a través de la inmigración masiva y descontrolada, que afectan
directamente a la vivienda y a la crisis habitacional.
Empiezo con un ejemplo revelador que aparece en el informe, un proyecto que se presentó con grandes anuncios y escenografía gubernamental -como suele ser habitual en este Gobierno, en el que la hojarasca es lo más importante-, la operación
Campamento. Veamos: 2 110 206 metros cuadrados, 1 287 382 metros edificables, 10 700 viviendas previstas y el 65 % protegidas; inicio en 2001, protocolo en 2005, entrada del SEPES en 2009, nulidad urbanística en 2012, devolución parcial de
terrenos en 2013, parálisis efectiva entre 2014 y 2022, reactivación en 2022, previsión de ocupación provisional en 2031. Mientras tanto, el informe recoge que se han adscrito 662,54 millones de euros -el 75,15 % de los fondos del convenio
correspondiente-, nuevas transmisiones de suelo desde Defensa por más de 270 millones más IVA, encargos a Ineco, adendas sucesivas, comisiones de seguimiento, ingeniería administrativa constante y ejecución real inexistente. Y esta actuación se
presenta como estratégica dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible. Si el proyecto emblemático tarda tres décadas y no se ha entregado una sola vivienda, estamos ante un fracaso estructural, si no ante una estafa consentida por el pueblo
español.
Pero, claro, esa sería una lectura parcial si no ampliamos el foco a otras cosas. En España, el conjunto de las Administraciones públicas recauda aproximadamente 52 000 millones de euros anuales vinculados a la vivienda: IVA, transmisiones
patrimoniales, actos jurídicos documentados, IRPF, IBI, plusvalías municipales; en fin, que no quede por impuestos. El presupuesto del Ministerio de Vivienda el año pasado no alcanzó los 4000 millones. Con 52 000 millones de recaudación anual se
podría promover en torno a medio millón de viviendas protegidas de 80 metros cuadrados cada año. Y ¿cuántas viviendas de protección oficial se construyen hoy en España? En la última década, una media anual indica que a apenas en torno 10 000
viviendas. En los años sesenta del siglo pasado se construían más de 200 000 viviendas protegidas anualmente, con menos tecnología, peores infraestructuras y menos recursos financieros; y son datos objetivos, que ahí están.
No estamos ante un problema de falta de dinero: estamos ante un problema de prioridades políticas y de gestión. Y aquí aparece el segundo eje, que se evita deliberadamente: la presión migratoria masiva y desordenada, más allá del informe.
En España se construyen aproximadamente 90 000 viviendas al año y, al mismo tiempo, la población aumenta en centenares de miles de personas en cada ejercicio, y más va a crecer a tenor de regularizaciones masivas. Obviamente, esas personas
necesitan una vivienda. No se puede incrementar de forma masiva la demanda y mantener una oferta estructuralmente limitada. No se puede fomentar el efecto llamada a la inmigración y luego sorprenderse de que los precios del alquiler y de la compra
se disparan. Es evidente. Más población, misma oferta, precios más altos: es una ecuación simple.
El bipartidismo, en su última versión actual del Partido Socialista Obrero Español ha preferido intervenir precios, generar inseguridad jurídica, desincentivar al propietario y ralentizar el desarrollo urbanístico con una burocracia
paralizante, que tarda décadas en resolver el destino de un suelo. Mientras tanto, la vivienda protegida se hunde en mínimos históricos. La vivienda en propiedad fue la gran conquista social de las clases populares españolas: permitía
estabilidad, arraigo, ahorro y ascenso social. Hoy es evidente la ausencia de ese proyecto vital en millones de compatriotas, y el modelo que se está consolidando es profundamente desigual: a las grandes fortunas se las facilita la inversión, como
en la Comunidad Autónoma de Madrid, y a los barrios humildes se les impone la presión migratoria. En definitiva, el SEPES debería ser un instrumento ágil para liberar el suelo y ejecutar promoción pública con rapidez, y el informe demuestra que no
es tal como se está gestionando. Y aquí -insisto- es cuestión de decisiones políticas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Aizcorbe.
El Grupo Parlamentario Socialista ha comunicado su intención de repartir el tiempo entre dos portavoces. Empezará el señor Paré Aregall, en relación con el informe de actividad de SEPES.
Tiene la palabra, señor Paré.
El señor PARÉ AREGALL: Muchas gracias, presidente.
Empezaremos con el informe 251/000179, en relación con SEPES. Y es lamentable que se añoren tiempos predemocráticos. Y sí es verdad que queremos expresar nuestro compromiso, como Grupo Socialista, con la vivienda y las políticas que se
vienen realizando desde el ministerio y aprovechando instrumentos como el SEPES. Precisamente, en el periodo fiscalizado desde 2018 hasta 2023, el Tribunal de Cuentas aprobó -y aquí agradecemos la presencia de su presidenta-, en su sesión del 25 de
septiembre de 2025, el informe de fiscalización de la actividad de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, en la ejecución de vivienda pública en los ejercicios, como decíamos, desde 2018 hasta el año 2023, del cual podemos extraer las
siguientes conclusiones: la entidad es un actor clave en la dinamización de vivienda a precios asequibles y tiene suscrito un convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de noviembre de 2022, para la promoción de viviendas en régimen de
alquiler asequible o social para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados en ámbitos territoriales en los que existe un mayor desajuste entre las posibilidades de acceder a una vivienda y la evolución de esos precios. El importe
total transferido hasta el 31 de diciembre de 2024 es de 882 millones de euros, más otros 622 millones de euros para la adquisición de suelo de titularidad del Ministerio de Defensa. El 31 de diciembre de 2023, fecha límite del ámbito temporal de
fiscalización, se había adscrito al Plan de Vivienda en Alquiler Asequible un total de dieciocho actuaciones. SEPES se obliga a urbanizar aquellos suelos que sean de su titularidad y a celebrar con otras Administraciones públicas acuerdos de
colaboración.
En opinión del tribunal, SEPES ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo su ejecución efectiva. Del total de actuaciones, se selecciona una muestra de 15 300 viviendas, de las
que podemos concluir lo siguiente: se han cumplido los requisitos legales establecidos, pero se recomienda impulsar las comisiones de seguimiento previstas al menos con carácter trimestral, todas las adquisiciones patrimoniales fueron realizadas de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas legales de aplicación y se ha verificado el cumplimiento por parte de SEPES de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, los procedimientos establecidos en cada caso de licitación,
adjudicación y ejecución.
Por todo ello, entendemos que la actuación de SEPES es en todo correcta, ajustada a derecho y a los objetivos perseguidos, si bien existen posibilidades de mejora, con el objetivo de optimizar los recursos de la entidad y garantizar un mayor
compromiso de todas las Administraciones, y, en consecuencia, plantearemos las siguientes propuestas de resolución, que se podrán votar y debatir en la próxima comisión.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Paré.
Tiene la palabra el señor Soler Mur.
El señor SOLER MUR: Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta, por su presencia y por la labor del Tribunal de Cuentas, que contribuye, sin duda, no solo a la fiscalización, sino al cumplimiento de la legalidad y también a la identificación de aspectos de mejora en cada una
de las entidades fiscalizadas.
En relación con Hunosa, el Tribunal Constitucional aprobó en su sesión de 23 de octubre de 2025 el informe de fiscalización de la actividad entre los ejercicios 2019 y 2022, del cual podemos colegir lo siguiente. El Consejo de la Unión
Europea consideró en 2010 la posibilidad de que se otorgaran ayudas al cierre de minas de carbón, y la sociedad acordó, con las centrales sindicales y en base a esas ayudas, un plan de empresa 2019-2027, cuyo desarrollo en las anualidades realizadas
es objeto del actual análisis. En este marco temporal se analizan dos periodos: el trienio 2019-2021, donde debía producirse la transición hacia una empresa cuya actividad se desarrolle en el ámbito de la energía, de los servicios energéticos y de
la restauración ambiental, y, el segundo, a partir del 1 de enero del 2022, que permitiría la consolidación y el funcionamiento del grupo a largo plazo.
Como integrante del grupo SEPI, las decisiones de la sociedad de Hunosa han estado sometidas a su control y verificación en todo momento, y los fondos aportados por SEPI a Hunosa tienen, por tanto, un triple origen: aportaciones de capital,
aportaciones para la cancelación del almacenamiento estratégico temporal del carbón y los créditos fiscales de los años anteriores. Los fondos aportados presentan una tendencia descendente, entre los 302 millones de euros de 2019 a los 193 millones
de 2021. La aplicación de los fondos recibidos se desglosa en costes operativos, plan de recuperación y actuación sobre los recursos mineros y ambientales y las prejubilaciones y costes sociales, siendo este último concepto el que presenta mayores
importes. Las comprobaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas han permitido constatar que el nivel de ayudas otorgadas está dentro de los límites legales.
Y de los análisis realizados podemos extraer las siguientes conclusiones. El plan industrial ha quedado por debajo de las previsiones del plan empresa. Sin duda, los motivos han sido que el carbón extraído en el pozo San Nicolás carece de
la consideración de carbón a efectos de la normativa europea, los ingresos en el lavadero de Batán también han mantenido una tendencia claramente descendente y los resultados de los servicios centrales también han sido negativos. Por todo ello, se
recomienda que se resuelva el plan de negocio y adecuar los costes, para conseguir una explotación rentable y eficiente.
Dentro del plan de diversificación, hay actividades que están arrojando resultados positivos, como la formación a terceros. Y, por otro lado, el plan de promoción industrial, a través de la captación de proyectos empresariales y el uso del
propio patrimonio, ha presentado una evolución positiva.
En cuanto a la plantilla de actividades de la mina, ha disminuido de 335 a 196 trabajadores, y los ingresos de esta se sitúan en dos millones de euros, frente a los gastos, que son notablemente superiores, con 45 millones de euros. Con
relación al patrimonio inmobiliario cultural -600 edificios y 4300 hectáreas-, se está desarrollando una labor adecuada de conservación y puesta en valor. Y, con relación al personal, a finales de 2022 la plantilla era un 6 % mayor que la prevista
en el plan de empresa.
En relación con las subvenciones, no se ha detectado ninguna incidencia.
Por todo ello, plantearemos una serie de resoluciones de mejora, conociendo cuál es la labor de fiscalización que ha realizado el tribunal, que plantearemos a continuación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Soler.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Rodríguez Serra.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Gracias, presidente.
Gracias, presidenta del Tribunal de Cuentas. Lo digo porque reiteradamente se la hace presidenta del Tribunal Constitucional, y no: es presidenta del Tribunal de Cuentas.
Empiezo por el informe de fiscalización con relación a Hulleras del Norte, a Hunosa, porque precisamente ha sido el portavoz del Grupo Socialista el único que se ha referido a ello, lo cual me permite enlazar con la cuestión. Efectivamente,
del análisis de la fiscalización se pone de relieve la ausencia de incidencias en contratos, en convenios o en subvenciones, pero aquello que es fundamental en este informe de fiscalización es precisamente el plan de empresa: la evaluación del plan
de empresa, cómo evoluciona y, por lo tanto, cuál es la oportunidad de viabilidad de los puestos de trabajo vinculados antiguamente al mercado energético del carbón. Y todo el plan de empresa y toda la viabilidad de Hunosa pasa fundamentalmente,
como se reconoce en el informe y en la intervención de la presidenta, en relación con la central térmica de La Pereda, que pueda explotar biomasa como combustible renovable.
En el informe de fiscalización se pone en evidencia una demora aproximadamente de un año en la ejecución del plan de empresa precisamente por el retraso en la subasta de renovables, pero pareceríamos marcianos si a día de hoy no habláramos
de la realidad. La realidad es que, en las últimas semanas, ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que paraliza la central térmica de La Pereda. Esto pone completamente en riesgo el plan de empresa y la viabilidad de
Hulleras del Norte y, por lo tanto, de los quinientos trabajadores que todavía están en esta empresa. Aquí es donde queremos hacer énfasis en que el Gobierno de Asturias, pero también el Gobierno de España, de quien depende Hunosa, se tienen que
poner las pilas para resolver esta situación y evitar que la viabilidad de esta empresa quede quebrada en estos momentos por esta situación.
Paso al análisis de la empresa de suelo público y, si me lo permiten, voy a hacer spoiler, voy a decir cómo termina todo esto. En el informe de fiscalización se analizan once actuaciones residenciales. Estas once actuaciones residenciales
que se analizan significarían 15 333 viviendas en el mercado, que buena falta harían. En el día de hoy -no a día de cierre de la fiscalización, sino a día de hoy-, en 2026, la cantidad de viviendas que hay en el mercado de todas estas actuaciones
son cero, y esto nos tiene que hacer reflexionar; esto nos tiene que hacer reflexionar a todos. Se ha hablado ya, en relación con los convenios, de las verificaciones que se han hecho, de las excepciones al cumplimiento, de las comisiones de
seguimiento, de la adaptación a la ley de régimen jurídico en relación con la gestión del patrimonio. Incluso, sorprende que existan parcelas comercializables en una situación indeterminada, sin precios de venta asignados.
En cuanto a ejecución de contratos, aparecen incidencias relevantes sobre el desarrollo de la actividad urbanística. Pero aquello que nos parece más relevante del informe es la evaluación de la eficacia de la empresa. La actuación de la
empresa pública tiene un papel relevante en la política de vivienda -así se expresa en el informe- y particularmente en la dinamización del alquiler a precios asequibles. Saben cómo termina esto: con cero viviendas en el mercado.
De los muchos datos que podemos encontrar en relación con la necesidad de vivienda, cogemos el que aparece en el informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, que es del Ministerio. Por lo tanto, supongo que no debe ser sospechoso de
absolutamente ningún tipo de manipulación, bulo, mentiras, etcétera. El Observatorio de la Vivienda estima un déficit acumulado entre 2022 y 2025 de 600 000 viviendas. Es decir, necesitamos 600 000 viviendas y la empresa pública de suelo pone en
el mercado cero viviendas.
La primera conclusión yo creo que es determinante: solo con la actuación de la empresa pública no se va a resolver el problema de la vivienda. En el informe ya he citado que se analizan once actuaciones, quince mil y pico viviendas... De
las once, excepto dos actuaciones que se iniciaron en 2022 y en 2023, las restantes acumulan más de doscientos años de trámites. (La señora presidenta del Tribunal de Cuentas, Chicano Jávega: ¿Doscientos años?). Sí, doscientos dieciséis años de
trámites entre las nueve actuaciones restantes; entre diecinueve y treinta y seis años cada una de las actuaciones. Ya se ha destacado la importancia de la Operación Campamento en Madrid, que acumula solo veinticinco años de retrasos. Bueno,
tampoco nos debe sorprender. De hecho, el último año se demoró el inicio de las demoliciones seis meses para que Pedro Sánchez y medio Gobierno pudieran hacerse una foto con la excavadora.
De todo esto, hemos de sacar otras conclusiones: si con todos estos años de tramitaciones hoy en día no hay ni una sola vivienda en el mercado, algo tendremos que hacer. Y comparto la preocupación que ha expresado la portavoz de Sumar:
algo tenemos que hacer, porque lo que se está haciendo no está resolviendo el problema.
Nos encontramos con sentencias que tumban planes generales, y esto se podría resolver con una reforma de la ley del suelo, como la que presentó el Gobierno y retiró, o las que ha presentado el Grupo Popular en el Senado y también en el
Congreso para su aprobación, o reduciendo la burocracia. La reducción de la burocracia requiere una actuación urgentísima. La prolongación de los plazos supone incrementos de costes importantísimos.
Y la última cuestión, a la que ya me he referido, es que solo con actuaciones públicas, no se resuelve el problema de la vivienda. Así que, si hay algún grupo que, efectivamente, esté preocupado por el problema de la vivienda, yo le invito
a cambiar las políticas, lo cual se resuelve cambiando de Gobierno. Cuando quieran, nos ponemos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Rodríguez Serra.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Sencillamente, me gustaría constatar que todos han manifestado su preocupación con los contenidos que se derivan de los informes, cosa que me congratula porque es nuestra
principal función; porque entendemos, además, que solamente se puede intervenir, que solamente se puede corregir lo que se conoce. A partir de ese momento, ya saben lo que les digo siempre: a quienes les corresponden los siguientes pasos, ¿no?
En cuanto a la burocracia -también lo ponemos de manifiesto muchas veces-, les vuelvo a recordar que nosotros nos encontramos con leyes, con normas absolutamente rígidas en cuanto a la burocracia, a los trámites de las Administraciones -de
todas las Administraciones- y que todas pretenden -estoy segura de que lo hacen-, responder a salvaguardar otros extremos como han sido corrupciones, etcétera. Aun con tantas normas, se siguen viendo situaciones en las que las adjudicaciones de las
viviendas tampoco se comportan como deberían, lo cual quiere decir que les corresponde a ustedes estudiar el equilibrio entre tantos objetivos a conseguir: una eficacia plena, un control de la corrupción y de la no corrupción, o sea, de la
corrupción y de la propia acción de los Gobiernos. Pero vuelvo a decir que me congratulo de que nuestro trabajo sirva para poner de manifiesto cosas que necesariamente tienen que ser mejoradas, porque es obvio que requieren actuaciones públicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A., DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2022 Y EN 2023. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL IMPLANTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y ADIF-ALTA VELOCIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000195).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos pues al bloque III, que consta de dos informes. El Informe de fiscalización de la gestión por Renfe Viajeros S.A. de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en
el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023, y el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad, para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Finalizamos esta comparecencia con el Bloque III, en el que se presentan los informes aprobados por el Pleno del Tribunal el 18 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre del 2025. También son de cumplimiento y operativas.
El primer informe está centrado en el análisis de las actuaciones realizadas por la sociedad mercantil y estatal Renfe Viajeros, dependiente de la entidad pública Renfe Operadora, que ostenta el 100 % de su accionariado. Su objeto social y
actividad principal es la prestación de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril. Este análisis está en relación con la gestión de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario durante el tercer cuatrimestre de
2022 y el ejercicio 2023.
Estas ayudas han implicado la gratuidad del uso de los trenes de cercanías y media distancia declarados Obligación de Servicio Público. Ya saben que la actividad de Renfe comprende dos regímenes de gestión: los servicios calificados como
obligación de servicio público, que se prestan en virtud de
contrato con la Administración competente -actualmente los servicios de cercanías y media distancia de la AGE y de las comunidades autónomas de Aragón, Extremadura y Cataluña-, y los servicios comerciales, que se gestionan según criterio de
mercado y que comprenden la alta velocidad, la larga distancia, trenes históricos y turísticos.
Estas ayudas han implicado la gratuidad de estos trenes y la bonificación del 50 % para el uso de los trenes de media distancia prestado por la alta velocidad. El objetivo principal de esas medidas ha sido múltiple: hacer frente al alza de
los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania, fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, con la consecuente disminución de la dependencia energética y de la huella de carbono. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Serra, ocupa la Presidencia).
Entre las conclusiones de este informe, se destaca que Renfe adoptó todas las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la intervención pública a todos los servicios previstos en ella y realizó la difusión de toda la información que
obligatoriamente debía trasladar a los usuarios. Las comunidades autónomas titulares de servicios declarados obligación de servicio público -Aragón, Cataluña y Extremadura- cumplieron con su obligación de aceptar expresamente la aplicación de la
política de gratuidad, aunque en el momento de establecer la medida ninguna de ellas contaba con un contrato o convenio vigente con Renfe para la prestación de servicios. En el caso de Aragón, la prestación se cubrió mediante la firma extemporánea
de un contrato a finales de octubre de 2022 que dio cobertura a todo el periodo. En Extremadura, el último contrato vigente entre la comunidad y Renfe perdió vigencia en 2017. Desde entonces, el servicio se viene prestando por Renfe y la comunidad
compensaba los déficits de explotación mediante subvenciones nominativas anuales. Y, en el caso de Cataluña, el contrato de prestación acordado entre Renfe Operadora y la Generalitat en 2013 se encontraba pendiente de aprobación por las comisiones
bilaterales. La compensación a Renfe de los déficits de explotación se ha ido realizando mediante entregas a cuenta en los presupuestos generales del Estado de 2015 a 2023, tal y como se señaló en un informe que hicimos en 2022 sobre medidas
tomadas por el Grupo Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante el ejercicio 2020.
La normativa preveía que los consorcios y entidades públicas que gestionasen transporte metropolitano podían beneficiarse de la medida mediante la presentación de declaraciones responsables en las que se comprometieran a reducir el precio de
los títulos de transporte. Esa medida era aplicable a aquellos abonos multimodales en los que participan servicios de cercanías. Con la presentación de la declaración responsable, los consorcios y empresas públicas de transporte quedaban
exonerados de abonar a Renfe las liquidaciones correspondientes, siendo asumidas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Tres consorcios no habían presentado declaraciones responsables. En estos casos, Renfe practicó con ellos la liquidación correspondiente a los servicios prestados sin aplicar compensación. En otros, se constató ausencia de documentación
acreditativa de la reducción de tarifas.
Los sistemas de información de Renfe han sido diseñados con diferentes tecnologías y sin visión de conjunto. Algunos presentan dificultades de mantenimiento y soporte y riesgos de seguridad. También se han observado retrasos y dificultades
de accesibilidad en la página web y en las aplicaciones móviles. El coste considerado para la compensación fue de 201 millones de euros en el último cuatrimestre de 2022 y de 600 millones en 2023. Tras el análisis realizado, se estima que el coste
ajustado de la medida ascendió a 137 millones de euros en 2022 y a 419 millones en 2023, lo que evidencia una compensación superior al coste soportado por Renfe.
Se han detectado deficiencias en los sistemas de control relacionados con la habitualidad de los viajeros, la efectiva realización de los viajes y la adecuada utilización de los abonos. Estas deficiencias se debieron, entre otras cosas, a
la baja frecuencia y escasez de personal destinado a la realización de controles aleatorios del uso nominativo de los títulos o a la imposibilidad de controlar el número de viajes realizados a través de la lectura de las bandas magnéticas de los
billetes.
El análisis de las encuestas de calidad, estadísticas oficiales y quejas y reclamaciones presentadas durante este periodo demuestra que la medida llevó aparejada una mejora en la percepción de los usuarios en relación con la calidad-precio
en los distintos servicios, si bien empeoró la percepción sobre frecuencias y horas de los viajes y sobre regularidad y puntualidad del servicio. La fiscalización concluye que la medida hizo aumentar el número de viajes, recuperando en el caso de
cercanías y superando en media distancia y Avant el volumen de viajes prepandemia. Por otro lado, se destaca que Renfe no ha elaborado indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de la intervención pública, que eran: la lucha contra el
alza de precios, el uso del vehículo privado y la contaminación.
El tribunal ha valorado el impacto para hacer frente al alza de los precios cuantificando los importes que los ciudadanos no abonaron por los viajes realizados. Esta cifra ascendió a 121 millones de euros en 2022, como he dicho, y a casi
404 millones en 2023.
Respecto al impacto en el tráfico y la contaminación, el tribunal ha tomado en consideración los datos del municipio de Madrid, sin apreciar evidencia de un impacto significativo.
Las recomendaciones que se hacen en este informe están dirigidas a Renfe Viajeros. Entre otras, en lo relativo al cumplimiento de la legalidad, impulsar la formalización de contratos o acuerdos pendientes con las Administraciones con
competencias ferroviarias que regulen aspectos como los servicios a prestar, las compensaciones máximas, las obligaciones de las partes o, entre otros, indicadores que permitan un adecuado seguimiento. Asimismo, integrar y modernizar sus sistemas
de información y la accesibilidad de su página web y aplicaciones móviles. Por lo que se refiere a los procedimientos de control, generalizar la incorporación de los títulos de viaje a soportes que permitan controlar su adecuada utilización y la
efectiva realización de los viajes. Y en cuanto a la gestión de las ayudas, sobre todo de cara a futuras medidas que se pudieran adoptar, calcular su coste, analizar su efecto sobre la calidad del servicio y facilitar el desarrollo de indicadores
para medir el cumplimiento de los objetivos y el impacto de las ayudas.
El segundo de los informes de este bloque es la fiscalización realizada sobre las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF Alta Velocidad, entidades públicas empresariales que tienen encomendada la construcción y administración de las
infraestructuras ferroviarias de la red convencional y de la red de alta velocidad. Ambas ejecutan actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El informe analiza los procedimientos de gestión y control implantados por las entidades durante los años 2021 a 2024 para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, se han analizado catorce hitos y
objetivos vinculados a los componentes 1 y 6 del plan, relacionados con políticas de movilidad sostenible, segura y conectada. También se han comprobado sistemas, planes y medidas contra el fraude y la corrupción y conflictos de interés. La
fiscalización incluye el análisis de los objetivos 85, 88 y 95 del componente 6 de la Decisión de Ejecución del Consejo, relativos a medidas de corredores europeos, Red Transeuropea de Transporte, e intermodalidad y logística, y los objetivos 14, 16
y 17, sobre actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de cercanías ferroviarias, del componente número 1.
Las conclusiones del presente informe están fundamentalmente referidas a que ADIF y ADIF Alta Velocidad tienen encomendadas actuaciones del PRTR relacionadas con la movilidad. El coste estimado de estas actuaciones asciende a cerca de 6000
millones de euros, lo que las sitúa entre las entidades que gestionan un mayor volumen de recursos del plan. La fiscalización ha analizado el modelo de gobernanza interna de ADIF, que incluye cuatro vertientes: económica, ejecución, riesgos y
transformación. Esta última -transformación- fue creada para adoptar medidas de mejora de puntos críticos que pudieran implicar retrasos en la ejecución de las inversiones. Se han detectado deficiencias de diseño y aplicación, dado que no existe
evidencia documental de la conclusión e implementación de las medidas adoptadas, lo que no nos ha hecho posible verificar el grado de eficacia. Ambas entidades disponen de sistemas y procedimientos adecuados para la gestión y control de las
actuaciones del plan apoyados en sistemas propios de gestión y de seguimiento, lo que facilita la coordinación y el cumplimiento de los principios transversales del plan. Sin embargo, estos sistemas de información muestran alguna carencia con la
falta de utilización del protocolo HTTPS -que es la versión segura del protocolo HTTP- en la aplicación informática de la gestión de fondos europeos o la persistencia de algunos procesos manuales en la remisión de información a otras entidades y
aplicaciones externas.
El informe constata que ADIF y ADIF Alta Velocidad, en términos generales, han cumplido la normativa reguladora de la ejecución del plan, si bien con algunas deficiencias. En el área de contratación, la muestra pone de relieve que en el 74
% de los casos los pliegos utilizados no estaban actualizados a las exigencias del plan. Esa deficiencia se fue corrigiendo según se iban utilizando los pliegos tipo revisados. La falta de adaptación al plan incluía: omisión de referencia a la
utilización de financiación europea, falta de declaración de ausencia de conflicto de interés firmada por contratistas y ausencia de declaración de compromiso de cumplir con los principios del plan, entre algunas otras. También se ha analizado la
utilización de medios propios y el respeto al principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente.
En relación con el grado de ejecución, el informe señala que los hitos y objetivos declarados por ADIF y ADIF Alta Velocidad han sido evaluados por la Comisión Europea como cumplidos satisfactoriamente. No obstante, el tribunal identifica
ámbitos que, a nuestro juicio, requieren mejoras para reforzar la fiabilidad y la trazabilidad de la información. Se han detectado deficiencias en la fase de evaluación y selección de
actuaciones, en particular en la trazabilidad entre los elementos incluidos en la planificación inicial -la que sirvió de base para la asignación de los costes globales de las inversiones ferroviarias- y los instrumentos jurídicos
efectivamente vinculados al plan en alguna fecha concreta. Estas disfunciones se deben, fundamentalmente, a una aplicación insuficiente del procedimiento específico de modificación de actuaciones y a la consiguiente carencia de información
sistematizada sobre algunas actuaciones incorporadas.
En cuanto a las medidas contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, las entidades cuentan con un plan de medidas antifraude alineado con los principios del plan de recuperación. Este contiene elementos esenciales del ciclo
antifraude; a saber, prevención, detección, corrección y persecución, si bien existe campo de mejora en la gestión y análisis del riesgo del conflicto de interés del personal de su organización interna y de medios propios con funciones de gestión y
gobernanza. En concreto, se califica como muy deficiente el control interno ejercido por ADIF y ADIF Alta Velocidad sobre el personal procedente de medios propios que desempeña funciones de gestión y gobernanza, en particular en lo relativo a la
identificación de dichos efectivos y a la gestión y prevención del riesgo del conflicto de interés.
Respecto a la gestión de los canales éticos, la fiscalización concluye que las investigaciones realizadas en la tramitación de dos denuncias interpuestas a través de los canales éticos de INECO y ADIF -la denuncia de INECO afecta a tres
expedientes, uno de los cuales está afecto al plan- han sido insuficientes. Estas denuncias se referían a la presunta alteración irregular de los informes de valoración de puntuaciones de criterios sujetos a juicios de valor. Las denuncias
afectaron a dos expedientes tramitados por ADIF y ADIF Alta Velocidad vinculados al plan de recuperación.
Se recomienda a ADIF, tanto a ADIF como a ADIF Alta Velocidad, en primer lugar, reforzar el control interno previo y la fiabilidad de la información que sustentan las solicitudes de pago del plan de recuperación. Se aconseja que la
auditoría interna evalúe el cumplimiento de hitos y objetivos antes de la emisión de la declaración de gestión por la presidencia de las entidades y que verifique expresamente que las modificaciones de actuaciones y contratos se ajustan al
procedimiento establecido garantizando la trazabilidad y la elegibilidad del gasto.
En segundo lugar, conviene fortalecer el sistema de integridad, especialmente en materia de conflicto de interés. El tribunal propone sustituir las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de carácter genérico por declaraciones
específicas y verificables e intensificar el control del personal de medios propios que desempeña funciones de gestión y gobernanza, así como ampliar el alcance de dicha verificación a los compromisos de pago asumidos con empresas ajenas.
Y, en tercer lugar, se recomienda mejorar la calidad y seguridad de los sistemas de información mediante la automatización de la transmisión de datos entre aplicaciones, la eliminación de los procesos manuales y la ampliación de la
certificación del esquema nacional de seguridad a los sistemas más críticos.
En definitiva, tanto este informe como el anterior ponen de manifiesto que la gestión de políticas públicas de elevada complejidad, ya sea en el ámbito tarifario o en ejecución de fondos europeos, exige sistemas de información integrados,
indicadores fiables y controles preventivos sólidos. Nuestro objetivo, de nuevo, es reforzar los instrumentos que contribuyen tanto a una gestión de calidad como a mejorar la trazabilidad del uso de los recursos públicos.
Presidente, por mi parte, he terminado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, presidenta.
Es el turno de los grupos parlamentarios y para fijar posiciones. Por el Grupo Parlamentario SUMAR, Izquierda Confederal, tiene la palabra la señora Rivera Arias.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
Estos dos últimos informes se centran en la cuestión del transporte, que para nosotras también es un servicio público básico.
El primer informe es sobre la gestión de Renfe Viajeros de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023. En este primer informe lo importante es situar el contexto. Como
ha dicho la presidenta del Tribunal de Cuentas, las ayudas al transporte ferroviario se adoptaron en un momento excepcional, marcado por la crisis energética y el impacto económico derivado de la guerra en Ucrania. El objetivo fue claro: proteger
a las familias, fomentar el uso del transporte público y avanzar hacia una movilidad más sostenible. La gratuidad de los servicios
de cercanías -en Cataluña, rodalies- y media distancia convencional, así como la bonificación en los servicios Avant, han beneficiado a millones de personas, aliviando el gasto cotidiano de personas trabajadoras y estudiantes y facilitado
desplazamientos accesibles y sostenibles. Creemos que fue una respuesta rápida, ambiciosa y socialmente eficaz ante una crisis que exigía medidas valientes, demostrando que cuando el Estado actúa con determinación puede proteger a la mayoría social
y reforzar el transporte público como un eje más vertebrador de nuestro país.
El informe reconoce que Renfe fue adoptando las medidas necesarias para aplicar las resoluciones aprobadas y que fue ajustando sus sistemas. No obstante, sí formula unas cuantas recomendaciones relevantes que creemos que se deben tener en
cuenta; por ejemplo, mejorar las estimaciones económicas para evitar desajustes entre la compensación presupuestada y el coste efectivo real de la medida y diseñar indicadores específicos que permitan evaluar con mayor precisión el impacto de estas
ayudas en términos de reducción del tráfico rodado y de emisiones contaminantes. Creemos que estas recomendaciones son fundamentales, ya que expandir derechos como el acceso gratuito o bonificado al transporte público exige al mismo tiempo
fortalecer mecanismos de evaluación, planificación y control.
En el segundo informe del bloque se constata que ambas entidades han desarrollado marcos organizativos y específicos y circuitos de validación destinados a garantizar la correcta ejecución de los fondos. El Tribunal de Cuentas hace
recomendaciones relativas a la necesidad de reforzar la homogeneización de criterios entre entidades, avanzar en la digitalización -algo que viene a ser común en muchísimos de los informes de fiscalización que vemos-, la automatización de los
sistemas de control y, por supuesto, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del fraude y de conflicto de intereses. Coincidimos en que la gestión de los fondos europeos debe apoyarse en sistemas de control consistentes, trazables y
tecnológicamente avanzados.
Estos dos informes que conforman este último bloque analizan políticas públicas estratégicas impulsadas por el actual Gobierno, como son la protección de las rentas mediante ayudas al transporte público y la inversión masiva en
infraestructuras ferroviarias financiadas con fondos europeos. Igual que ocurre con la vivienda, el transporte público también tiene una función social. En el caso del transporte creemos que se cumple una función tanto de cohesión social como de
cohesión territorial, lo que ayuda a la igualdad de oportunidades por parte de la ciudadanía. Estas medidas responden a una visión clara de país: un modelo que apuesta por un transporte público frente a la dependencia estructural de vehículo
privado, que entiende la movilidad como un derecho vinculado a la igualdad de oportunidades y que concibe la inversión ferroviaria como palanca de transición ecológica y cohesión territorial frente a la dependencia de los combustibles fósiles. Por
eso, para cerrar, quiero dejar clara una idea: que frente a un modelo basado en la desigualdad y la dependencia del vehículo privado y de los combustibles fósiles, hay que defender un país que invierta en transporte público, movilidad sostenible y
derechos sociales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Me voy a centrar en el informe de fiscalización sobre ADIF y ADIF Alta Velocidad, que es una radiografía de cómo se están gestionando miles de millones de euros en infraestructuras ferroviarias críticas, mientras el sistema muestra síntomas
evidentes de fragilidad. El 31 de diciembre de 2024, ADIF y ADIF Alta Velocidad habían recibido 3570 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De esa cifra, 1416 millones correspondían a ADIF y 2154 millones a ADIF
Alta Velocidad. Estamos hablando de cantidades extraordinarias destinadas a modernización, digitalización, mantenimiento y seguridad de la red. El problema es que el propio Tribunal de Cuentas identifica deficiencias en el modelo de gobernanza y
en los sistemas de control interno. En la vertiente de transformación diseñada para adoptar medidas correctoras que mitigaran los riesgos de retraso, ejecución y mantenimiento el informe señala que no existe evidencia documental suficiente que
permita verificar la implantación real de las medidas ni su eficacia. No hay trazabilidad clara sobre si las mejoras anunciadas se han aplicado de forma estable y no revocable, pero cuando se gestionan infraestructuras ferroviarias, la ausencia de
evidencia no puede ser un simple detalle administrativo, es un síntoma de debilidad estructural en el control y eso es muy peligroso. También se dice que los procedimientos que debían dar seguridad jurídica y operativa al sistema llegan tarde y se
habla de carencias en materia de control interno. Y respecto a la dirección de auditoría interna, se dice que es insuficiente en 2023 y 2024 para supervisar
una ejecución que supera los 3500 millones. El propio plan de control del plan de resiliencia fue inicialmente incompleto y se fue actualizando conforme avanzaba la ejecución. El modelo se fue corrigiendo sobre la marcha; en fin, a
trompicones. Esto podría ser asumible -que tampoco- en una política ordinaria, pero no -mucho menos- en la gestión de infraestructuras, donde un fallo no genera una dolencia administrativa, sino que puede generar un descarrilamiento, puede generar
sufrimiento y puede generar muerte.
El tribunal también recoge que el sistema de información no utilizaba herramientas adecuadas en su tráfico interno, lo que supone un riesgo en términos de seguridad de la información. No hablamos de una aplicación secundaria, sino de la
herramienta que gestiona el seguimiento de fondos europeos. Además, se constata que el intercambio mensual de información con el ministerio se realiza de forma manual. Sí, sí, manual en un plan que presume de digitalización y trazabilidad.
Y, en fin, entramos en una fase del informe donde a todo lo anterior se suma que, en la vertiente de prevención del fraude y conflictos de interés, aunque los niveles de riesgo se califican en general como aceptables, existe una excepción
relevante: el riesgo de prácticas colusorias en las ofertas. Y cuando hablamos de contratación pública de infraestructuras ferroviarias por miles de millones, la colusión no es un riesgo teórico, es el cambalache, es la corrupción. La
expresidenta de ADIF y la ex secretaria de Estado han sido imputadas, varios directivos y cargos de ADIF han sido cesados o investigados y el ministro del ramo está en prisión. Todo esto no puede analizarse al margen de la realidad operativa que
indica el informe. En estos últimos meses hemos visto cómo fallos en la infraestructura han terminado en tragedia. No es necesario describirlos, los conocemos todos. La cuestión es otra. Si el propio órgano fiscalizador advierte debilidades de
implantación efectiva de medidas de transformación, retrasos en la aprobación de instrucciones clave, controles que se consolidan ex post y sistemas de información con carencias técnicas, el vínculo con el riesgo operativo es evidente. Si a ello le
añadimos las prácticas colusorias -lo que decía: el cambalache, la corrupción-, la negligencia en la gestión no es entonces una categoría abstracta, se complementa con todo lo anterior.
Cuando la cadena de control es débil, el riesgo, por supuesto, aumenta, y en el ferrocarril el riesgo no se mide en estadísticas, sino en vidas humanas. Y ADIF gestiona esta columna vertebral del transporte ferroviario. Si el sistema de
gobernanza, tal como aparece en el informe, presenta grietas, si los controles son insuficientes o tardíos y si la ejecución multimillonaria no se acompaña de una trazabilidad sólida y plenamente implantada, la responsabilidad no es técnica, sino
política. Y cuando hablamos de infraestructuras críticas, la negligencia y la corrupción son un riesgo para la seguridad de todos y pueden causar, como hemos visto, la muerte.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré Aregall.
El señor PARÉ AREGALL: Muchas gracias, señor presidente.
Primero, como hago siempre, quiero agradecer la presencia de la presidenta y del equipo del Tribunal de Cuentas. Además, con los hechos que han pasado últimamente, quiero poner en valor una vez más el trabajo que se está haciendo de
fiscalización y, evidentemente, avalar su trabajo, el rigor y el trabajo que hay detrás de cada uno de los informes. También tengo que lamentar que partidos como el Grupo Popular estén politizando una vez más esta comisión a través de distintos
informes y propuestas cuando, en todo caso, lo que debe valer es la institución de las Cortes que representamos entre todas y todos. Y, lógicamente, sumándome a las comparecencias hechas en Cortes del propio ministro y del propio presidente, quiero
trasladar, en nombre de mi grupo, el respeto a las víctimas y a la situación que ha pasado últimamente. Aunque han pasado días y ha habido comparecencias, hablando de transporte queremos sumarnos a este dolor que aún tienen seguro las familias.
También quiero agradecer a los servidores públicos su trabajo; ellos han estado detrás y siguen estando en los trabajos de recuperación de las líneas y del servicio. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
Son dos informes muy completos y con distintas propuestas de mejora. Como grupo, haremos, lógicamente, las presentaciones, pero nos sumamos a la intervención de la presidenta y a las conclusiones que ha presentado. Son informes distintos,
pero los dos tienen el mismo hito: la calidad del servicio y establecer indicadores que faciliten e incorporen sistemas de información, que incorporen el control y la trazabilidad de las medidas. Lo ha dicho muy bien la señora Rivera. Debemos
contextualizar también el periodo: años 2022 y 2023. He tenido la suerte de presentar las cuentas generales de este periodo y,
como grupo, siempre hemos dicho lo mismo, que se ha demostrado que las políticas públicas y la gestión permiten proteger, garantizar el estado del bienestar, fomentar políticas públicas y, en definitiva, gobernar para mejorar la calidad de
vida poniendo en el centro a la persona y los servicios que nosotros representamos.
Si nos centramos en Renfe Viajeros, hay un elemento muy importante. Se dice que la mayor parte de los viajeros que se beneficiaron de la gratuidad realizaron sus desplazamientos por motivos profesionales, de negocios o estudios. El segundo
motivo de los desplazamientos fueron cuestiones familiares o personales y porcentajes muy inferiores lo hicieron por ocio, turismo, compras y otros motivos residuales. Esto da una clara imagen de lo que representan y a quién benefician estos
servicios y la importancia de que se presten con el mismo rigor. El informe de Renfe Viajeros precisamente habla de la legalidad de la aplicación, pero detrás de la medida hay un objetivo: proteger a las familias y fomentar el uso del transporte
público. Por eso, la parte final implica incorporar mejores indicadores que evalúen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, lógicamente, su aplicación en los impactos relativos a reducir y cambiar la movilidad. Hay elementos que generan un
análisis muy correcto y muy interesante respecto a su valoración.
Respecto a ADIF, quería aprovechar que presidía el señor Rodríguez, porque el Partido Popular es el partido del 'no soy presidente porque no quiero' y 'no hay vivienda porque no gobernamos'. Precisamente ADIF, en sus alegaciones, presenta
en distintos momentos -y creo que es lo más importante- en el anteproyecto del informe de fiscalización distintas alegaciones, pero en la autoevaluación del riesgo de fraude concluida y aprobada en septiembre de 2025 se han valorado de nuevo los
referidos riesgos -como se realiza anualmente- teniendo en cuenta las recomendaciones del propio informe. Ahí se visualiza que ADIF, igual que el Gobierno en su conjunto, velan precisamente por que no haya corrupción, no haya conflicto de intereses
y, lógicamente, no haya fraude. Se trata de ir en la línea de gestionar y velar por el correcto uso público, y además en un periodo en el que los ministros han sido la señora Sánchez y el señor Puente.
Precisamente, creo que una de las acciones habla de la dana. VOX no ha dicho nada. Imagino que el Partido Popular aprovechará para decir algún elemento porque al final hablamos de hitos, objetivos y de distintas recomendaciones y
elementos.
Quiero acabar señalando que las solicitudes de pago cuarta y quinta presentadas por España a la Comisión Europea el 20 de diciembre de los años 2023 y 2024, respectivamente, incluyen objetivos cumplidos por ADIF y ADIF Alta Velocidad en la
ejecución de actuaciones de las medidas de los componentes 6 y 1. El resultado de la evaluación preliminar de la Comisión es cumplido satisfactoriamente. En consecuencia, hay necesidad de mejoras, pero también hay elementos que nos ponen como
ejemplo en fomentar el transporte, la movilidad sostenible y, en definitiva, las políticas sociales a través de políticas de desarrollo social y sostenible.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Paré.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Foronda Vaquero.
El señor FORONDA VAQUERO: Muchas gracias, presidente.
Le reitero la bienvenida, señora presidenta.
Me ha sorprendido el informe del Tribunal de Cuentas, porque además es demoledor. ADIF y ADIF Alta Velocidad han gestionado miles de millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una opacidad sistemática, al borde de
la ilegalidad, y en flagrante desprecio de la transparencia que merecen los fondos europeos. No hay gobernanza, solo hay un postureo. Presumen de veintidós iniciativas transformadoras para corregir cuellos de botella, pero el tribunal confirma que
muchas se dan por hechas sin un mísero documento que pruebe su implantación, ejecución o impacto real. Son planes fantasmas que vacían de contenido cualquier discurso de mejora. Aún más grave es que el 99,6 % de los 65 millones de costes de
gobernanza se canalicen a medios propios: Ineco y Tragsatec, sobre todo. Es decir, lo que debería ser un apoyo puntual es una externalización estructural encubierta, eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público, la concurrencia competitiva y
el control público. Siempre los mismos enchufes, sin licitaciones reales ni rendición de cuentas. Esto huele a favoritismo institucionalizado, que empezó con la señora Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional, y continúa con Ángel
Contreras.
La trazabilidad es una farsa absoluta en ADIF. El 55 % de los expedientes del componente 6 se cuelan en la cartera de recuperación y resiliencia sin modificar los costes fijos, variables, directos e indirectos, solo por conocimiento
informal de los responsables. El Tribunal lo clava: sin rastro documental es muy difícil o imposible auditar si cambian los gestores.
Esto viola de lleno la Orden HFP/1030/2021, en referencia al deber básico de pistas de auditoría, que es el principio universal de la contabilidad pública que está institucionalizada en la normativa de la Unión Europea: todo movimiento de
fondos debe dejar un rastro documental secuencial y reconstruible por terceros para permitir verificar la legalidad, economía y eficacia en cualquier momento. Con lo cual, uno se hace la siguiente pregunta: ¿cómo justificar ante Europa contratos
que aparecen de la nada?
En referencia a la contabilidad, es un despropósito, y lo digo porque existen dos costes iniciales contradictorios -abril y junio de 2021-, sin asignación formal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Me pregunto si son
subvenciones afectadas o meros hitos de país. Esta ambigüedad deliberada rompe el principio de afectación estricta del Real Decreto Ley 36/2020 y nos expone a correcciones financieras millonarias. Los controles internos -perdonen que utilice esta
palabra- son de traca. Existe un plan antifraude y una auditoría, pero aquellos riesgos clave, como las adjudicaciones directas encubiertas, sancionables al cien por cien por Bruselas, se parchean a posteriori tras quejas del propio tribunal. Con
lo cual, podemos decir que no hay prevención, sino una reacción fraudulenta.
Señorías, esto no son fallos técnicos, esto es un modelo podrido que prioriza circuitos internos y cerrados sobre la ley, la competencia y la responsabilidad personal. Además, es proactivo de las propias decisiones, acciones y sus
resultados, señorías, sin excusas. ADIF juega con fuego europeo y quema la confianza ciudadana. Tenemos que exigir auditorías más exhaustivas, la devolución de fondos mal usados, sanciones personales y dimisiones inmediatas. El tribunal tiene la
puerta de la Fiscalía y, a veces, uno se pregunta si sencillamente nos utilizan a nosotros como fiscales en estas comparecencias.
En cuanto a Renfe, los sistemas informáticos de Renfe son obsoletos y desorganizados, careciendo de un control efectivo sobre los viajes y las finanzas. Entre 2022 y 2023, el 45 % de las fianzas, que equivalen a 48 millones de euros, no
fueron devueltas. Además, en áreas sin tarjetas sin contacto se están aprobando solicitudes de manera masiva sin validar la identidad de los verdaderos viajeros. Durante el mismo periodo, Renfe Viajeros recibió 801 millones de euros, mientras que
el coste para el Tribunal de Cuentas se estimó en 556 millones y para Renfe Viajeros en 64 millones. Con lo cual, hay una disparidad, una discrepancia de 25 millones de euros, junto con un excedente de 245 millones de euros entregados por el
Gobierno para cubrir los costes, que no se devolverán y se utilizarán para cubrir el déficit de líneas como las cercanías de Madrid y Barcelona, así como los servicios Avant y de media distancia. El enfoque del Gobierno se centra más en cubrir los
déficits que en calcular los costes reales, que al fin y al cabo son los que distorsionan las cuentas. La publicidad fue contratada de manera irregular, incluso antes de firmar los contratos. El impacto de la gratuidad en el uso de trenes es
prácticamente nulo. El 85 % de los usuarios de cercanías ya utilizaban el tren antes de la implementación de esta medida, lo que indica que no se atrajeron nuevos pasajeros ni se logró reducir el uso de los vehículos. Con todo este excedente
económico, los trenes son viejos, están dejados y, además, me llama la atención que la página web de Renfe no cumpla con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad, limitando así su acceso a un público más amplio. Las quejas
relacionadas con la calidad del servicio, incluyendo cuestiones de puntualidad y del estado de los trenes, se han duplicado, evidenciando un notable empeoramiento a pesar del gasto adicional. En resumen, encontramos una Renfe obsoleta, con déficit
y carente de control y de gestión fundamental en viabilidad y sostenibilidad económica.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Foronda.
Para responder a los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Poco tengo que responder. Como es habitual, no me doy por aludida por todas las intervenciones. Es un espacio, como tantos otros, que ustedes usan a su criterio.
En cuanto al tribunal, me voy satisfecha. Creo que se les ha facilitado una información objetiva e importante. Espero que el señor Foronda, en vez de sorprenderse, entienda que esta es siempre la línea del tribunal. No es sorprendente,
siempre estamos en la línea de facilitar unos informes -unos mejores, otros peores- que recojan con rigor y sin ningún tipo de manipulación las informaciones que se derivan
de los procesos de fiscalización. Con lo cual, por la parte que corresponde al Tribunal de Cuentas, reitero que me voy satisfecha, y me atrevo a pedirles que esta sea una institución que cuiden y mimen, porque es obvio que hacemos un
trabajo que a ustedes les sirve.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce y cuarenta y ocho minutos, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y ocho minutos del mediodía.