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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 135, de 15/12/2025
cve: DSCG-15-CM-135
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 135
DE SEGURIDAD NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª EDURNE URIARTE BENGOECHEA
Sesión núm. 18
celebrada el lunes,
15 de diciembre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación sobre la prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la siguiente ponencia:
- De análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 154/000007 y número de expediente del Senado 573/000003) ... (Página3)
Posposición del debate correspondiente a los siguientes puntos:
- Contestación a las siguientes preguntas:
- Opinión del Gobierno sobre si el nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), imputada por unas actuaciones que presuntamente llevó a cabo en el ejercicio de sus funciones, ha sido proporcional a
la responsabilidad institucional que representaba, o está condicionado por los equilibrios políticos con formaciones independentistas, cuyo apoyo resulta clave para la actual mayoría parlamentaria.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001295 y número de expediente del Senado 681/000439) ... (Página4)
- Medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar a nuestros socios internacionales, especialmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no existen interferencias externas que comprometan la
seguridad compartida y la confianza en los canales de intercambio de inteligencia, a la luz de la petición del Congreso de los Estados Unidos de América
para revisar el envío de inteligencia a España por posibles vínculos del Ejecutivo con actores ligados a Rusia y China.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001308 y número de expediente del Senado 681/000450) ... (Página4)
- Valoración que hace el Gobierno sobre el impacto que tendría para la seguridad nacional de España la rescisión de los contratos con Israel.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001381 y número de expediente del Senado 681/000465) ... (Página4)
Contestación a las siguientes preguntas:
- Riesgos o amenazas concretos que se están analizando en la actualidad teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que tiene especial relevancia el terrorismo yihadista, con su presencia tanto en distintos países
europeos, como en el Sahel, Magreb y Oriente Medio.
Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/000957 y número de expediente del Senado 683/000172) ... (Página8)
- Opinión del Gobierno sobre si el nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), imputada por unas actuaciones que presuntamente llevó a cabo en el ejercicio de sus funciones, ha sido proporcional a
la responsabilidad institucional que representaba, o está condicionado por los equilibrios políticos con formaciones independentistas, cuyo apoyo resulta clave para la actual mayoría parlamentaria.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001295 y número de expediente del Senado 681/000439) ... (Página4)
- Medidas que está adoptado el Gobierno para garantizar a nuestros socios internacionales, especialmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no existen interferencias externas que comprometan la
seguridad compartida y la confianza en los canales de intercambio de inteligencia, a la luz de la petición del Congreso de los Estados Unidos de América para revisar el envío de inteligencia a España por posibles vínculos del Ejecutivo con actores
ligados a Rusia y China.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001308 y número de expediente del Senado 681/000450) ... (Página4)
- Opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei, frente a la posición de nuestros aliados europeos y atlánticos, contribuye o debilita la arquitectura de seguridad nacional de España en
materia tecnológica y de ciberdefensa.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001323 y número de expediente del Senado 681/000457) ... (Página11)
- Valoración que hace el Gobierno sobre el impacto que tendría para la seguridad nacional de España la rescisión de los contratos con Israel.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001381 y número de expediente del Senado 681/000465) ... (Página4)
- Actividad del presidente del Gobierno, conversaciones que mantuvo y órdenes que impartió a su Gobierno durante los tres primeros días de la catástrofe de la DANA del día 29/10/2024.
Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001457 y número de expediente del Senado 683/000299) ... (Página14)
- Razón por la que durante el apagón eléctrico del mes de abril de 2025 no se activaron los mecanismos previstos en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, ni en el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional, pese a que ambos instrumentos atribuyen al Gobierno la obligación de coordinar una respuesta nacional ante emergencias que afecten a infraestructuras críticas.
Autor: Vedrina Conesa, María Elisa (GP) Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001494 y número de expediente del Senado 683/000304) ... (Página17)
- Previsiones del Gobierno acerca de plantear alguna regulación específica que limite o condicione el borrado de datos en dispositivos electrónicos de autoridades y altos cargos públicos, como medida de seguridad nacional, para garantizar la
preservación de la información en casos de investigaciones judiciales o auditorías.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001509 y número de expediente del Senado 681/000532) ... (Página21)
- Calendario realista y público con que cuenta el Gobierno para la trasposición íntegra de la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo del día 14/12/2022 (NIS2), sobre ciberseguridad, así como para la adaptación de los
protocolos de seguridad en infraestructuras y servicios esenciales en España.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001511 y número de expediente del Senado 681/000534) ... (Página23)
- Medidas específicas que ha adoptado el Gobierno para frenar la implantación y expansión de bandas internacionales como el Tren de Aragua en España, e impacto que han tenido estas actuaciones en la reducción de la violencia asociada al
crimen organizado durante el último año.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001514 y número de expediente del Senado 681/000537) ... (Página26)
Se abre la sesión a las cuatro y un minuto de la tarde.
DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE LA PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SIGUIENTE PONENCIA:
- DE ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS EN EL CIBERESPACIO, EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 154/000007 y número de expediente del Senado 573/000003).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.
Se abre la sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del día 15 de diciembre.
El primer punto del orden del día es el debate y votación sobre la prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la ponencia de análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la inteligencia artificial y la
computación cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora, prórroga que se solicita hasta el 31 de marzo de 2026.
Como saben sus señorías, la solicitud de esta prórroga es una decisión que se tomó por unanimidad en la última reunión de la ponencia por todos los grupos a fin de tener tiempo para la elaboración del informe final, dado que ya hemos
celebrado todas las sesiones de la ponencia.
¿Hay algún portavoz que desee intervenir en relación con esta cuestión? (Pausa).
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento).
Pues queda aprobado este primer punto: la prórroga para la ponencia de análisis de amenazas en el ciberespacio hasta el 31 de marzo de 2026.
POSPOSICIÓN DEL DEBATE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES PUNTOS:
- CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE SI EL NIVEL DE RESPALDO OFRECIDO A LA EXDIRECTORA DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI), IMPUTADA POR UNAS ACTUACIONES QUE PRESUNTAMENTE LLEVÓ A CABO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA SIDO PROPORCIONAL A
LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL QUE REPRESENTABA, O ESTÁ CONDICIONADO POR LOS EQUILIBRIOS POLÍTICOS CON FORMACIONES INDEPENDENTISTAS, CUYO APOYO RESULTA CLAVE PARA LA ACTUAL MAYORÍA PARLAMENTARIA.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001295 y número de expediente del Senado 681/000439).
- MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR A NUESTROS SOCIOS INTERNACIONALES, ESPECIALMENTE EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN), QUE NO EXISTEN INTERFERENCIAS EXTERNAS QUE COMPROMETAN LA
SEGURIDAD COMPARTIDA Y LA CONFIANZA EN LOS CANALES DE INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA, A LA LUZ DE LA PETICIÓN DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA REVISAR EL ENVÍO DE INTELIGENCIA A ESPAÑA POR POSIBLES VÍNCULOS DEL EJECUTIVO CON ACTORES
LIGADOS A RUSIA Y CHINA.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001308 y número de expediente del Senado 681/000450).
- VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÍA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL DE ESPAÑA LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS CON ISRAEL.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001381 y número de expediente del Senado 681/000465).
La señora PRESIDENTA: El segundo punto del orden del día es la contestación a diez preguntas.
Debo informar a sus señorías de que esta mañana el Gobierno me ha remitido una comunicación en la que se indica que las preguntas orales con números de expediente -procedo a leer los números del Congreso- 181/001295, 181/001308 y 181/001381,
incluidas en el orden del día de la sesión hoy, no serán respondidas por el Gobierno -leo textualmente lo que me comunica el Gobierno; en este caso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes- dada la imposibilidad de asistir los altos
cargos del departamento competente.
El Gobierno solicita el aplazamiento de estas tres preguntas, que paso a señalar. La pregunta número 2 de las diez que tenemos, relativa a la opinión del Gobierno sobre si el nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del CNI, imputada por
unas actuaciones que presuntamente llevó a cabo en el ejercicio de sus funciones, ha sido proporcional a la responsabilidad institucional que representaba o está condicionado por los equilibrios políticos con formaciones independentistas, cuyo apoyo
resulta clave para la actual mayoría parlamentaria.
La siguiente pregunta a la que el Gobierno no va a responder hoy es la número 3 de las diez que tenemos, que se refiere a las medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar a nuestros socios internacionales, especialmente en el marco
de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que no existen interferencias externas que comprometan la seguridad compartida y la confianza en los canales de intercambio de inteligencia, a la luz de la petición del Congreso de los
Estados Unidos de América para revisar el envío de inteligencia a España por posibles vínculos del Ejecutivo con actores ligados a Rusia y China.
Por último, la tercera pregunta para la que el Gobierno ha solicitado aplazamiento y que no será respondida hoy es la número 5 de las diez que tenemos, relativa a la valoración que hace el Gobierno sobre el impacto que tendría para la
Seguridad Nacional de España la rescisión de los contratos con Israel.
Señorías, deseo añadir mi valoración como presidenta de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Las razones esgrimidas por el Gobierno no me parecen comprensibles ni aceptables para no enviar a nadie a responder estas preguntas en el día
de hoy, por dos motivos. En primer lugar, el Gobierno conoce estas preguntas desde hace muchas semanas, ya que están registradas desde hace mucho tiempo, y tenía conocimiento desde hace varios días de que se iban a sustanciar hoy. Y, en segundo
lugar, sobre todo, cuando el Gobierno indica a esta presidenta que la persona que podría responder no está disponible, les recuerdo, señorías, que, según el Reglamento, pueden responder a las preguntas orales en comisión tanto los ministros como los
secretarios de Estado y los subsecretarios. Por tanto, existen muchas personas que podrían estar disponibles -alguna de ellas hoy- para responder a estas tres preguntas. Sin embargo, dado que el Gobierno ha comunicado esto esta mañana y no ha
enviado a nadie, resulta imposible, evidentemente, sustanciar estas preguntas en el día de hoy. Por tanto, vamos a proceder a continuación a la contestación de las siete preguntas restantes. (El señor secretario, Rodríguez Palacios, pide la
palabra).
¿Sí?
El señor SECRETARIO (Rodríguez Palacios): Quisiera señalar que usted, como presidenta, ha hecho uso de su potestad; sin embargo, no toda la Mesa comparte de manera unánime este punto de vista. Cuando dice que hay muchas personas que
podrían responder, usted misma ha dado la respuesta: ministra, secretario de Estado y subsecretario. Y no son muchas. Si por muchas se entendieran tres personas, valdría el concepto. Porque parece que hablamos de una multitud, de decenas de
personas que podrían haber acudido, pero usted ha mostrado preferencia por tres personas concretas que, habiendo recibido la convocatoria el jueves, no parece tan descabellado que tengan cuestiones de agenda importantes que les impidan venir.
También participamos de la idea de que lo mejor es que las respuestas sean siempre dadas por la persona que más conocimiento tenga. Es una medida ponderada que no supone ningún demérito para la comisión. Además, como hemos visto en otro caso, va a
venir una secretaria de Estado a contestar siete de las diez preguntas formuladas. (El señor Ruiz de Diego pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Ruiz de Diego.
El señor RUIZ DE DIEGO: Como acaba de hacer mi compañero, quiero intervenir con respecto a la cuestión de estas tres preguntas, porque me ha parecido escuchar -y si me equivoco, rectificaré- que se decía que el Gobierno no quería o no venía
a contestar. No, no. Es que el propio orden del día está firmado el 11 de diciembre; la convocatoria no sé si saldría el 11 o el 12, y los días 13 y 14 han sido festivos. El Gobierno, como se va a demostrar hoy con la intervención de la
secretaria de Estado de Interior, va a contestar a siete de las diez preguntas. Y en el escrito registrado hoy no se indica que no se vayan a contestar las tres preguntas restantes, sino que se solicita que se pospongan para ser contestadas en la
primera sesión de la comisión. Desde luego, creo que ninguno de los casos relacionados con el Ministerio de Defensa da lugar a dudas sobre su disposición a venir a contestar las preguntas. Por lo tanto, estando en las fechas en las que nos
encontramos y habiendo sido convocada la comisión el día 11 para el día 15, no se puede dudar del interés del Ministerio de Defensa o del Gobierno en responder las preguntas. (El señor Hernando Fraile pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Sí. Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señora presidenta.
Como autor de alguna de las preguntas que no se van a contestar -el otro autor es el señor Monago, aquí presente, aunque hago yo de portavoz único-, quiero manifestar nuestra protesta por este hecho, ya que las preguntas son conocidas desde
hace bastante tiempo por el Gobierno y la respuesta se podía haber preparado con tiempo. El propio Reglamento de la Cámara habilita no solo a los miembros de un ministerio concreto, sino también a otros, a cualquier miembro del Gobierno, a
contestar este tipo de preguntas, aunque entiendo que las dificultades para contestar algunas de ellas son importantes no solo para el Ministerio de Defensa, sino también para el Ministerio de la Presidencia, porque alguna podría ser contestada por
el propio Gabinete del presidente de Gobierno. Por lo tanto, no entendemos las
explicaciones argumentadas por ninguno de los miembros de esta comisión que me han precedido en el uso de la palabra y que pertenecen al Grupo Parlamentario Socialista.
Queremos insistir en la relevancia que tienen los temas que se abordan en estas preguntas. En la primera, porque la propia exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia está siendo imputada por cuatro juzgados distintos y la última vez
que tuvo que declarar en un juzgado por el espionaje a través de Pegasus fue el 29 de septiembre de este mismo año. En la segunda, por la repercusión que van a tener para nuestra seguridad nacional las manifestaciones realizadas por miembros del
Parlamento americano, Congreso y Senado, en relación con el espionaje de China y Rusia y algunos contratos que ha venido realizando el Gobierno, así como la eliminación de la amenaza y el espionaje chinos como uno de los elementos que sí figuraba en
el Informe de Seguridad Nacional 2023, pero que ha sido borrado del Informe de Seguridad Nacional 2024. Y, en cuanto a la última, ¿qué les voy a contar a ustedes? Se anularon todos los contratos de armamento que afectan a nuestra seguridad
nacional que tienen que ver con Israel, esgrimiendo como causa la guerra en Gaza. Esta guerra se ha acabado y no sabemos realmente cómo va a afectar a cada uno de los contratos, y si ahora se atisba un cambio de opinión del Gobierno. Por lo tanto,
estamos hablando de temas de enorme relevancia que creo que han provocado esta fuga y huida del Gobierno, que no ha mandado a nadie a contestar estas preguntas.
Nada más y muchas gracias. (El señor Morera Català pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Señor Morera.
El señor MORERA CATALÀ: Muchas gracias, señora presidenta.
Una reflexión y una petición. Reflexión: si la incomodidad o las críticas del Grupo Parlamentario Popular son porque el día 11 se cursó la petición al Gobierno y no comparece nadie aquí para contestar a tres de las diez preguntas, ¿qué
podríamos decir de que el señor Mazón no haya comparecido en la comisión de investigación de la dana? (Aplausos y risas). Llevamos un año pidiendo la comparecencia del expresidente Carlos Mazón. ¿Qué podemos decir? (Rumores).
El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta...
El señor MORERA CATALÀ: Yo no he interrumpido al señor Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Si no es que me interrumpa, es que vaya a la cuestión. (Rumores).
El señor MORERA CATALÀ: No, la cuestión es la incomparecencia. Es la incomparecencia.
El señor HERNANDO FRAILE: Tiene usted una obsesión enfermiza. (Continúan los rumores).
El señor MORERA CATALÀ: La cuestión es la incomparecencia. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Si por cuatro días montan este canyaret, ¿por un año qué podemos decir? Dicho con todo el respeto, presidenta. ¡Menudo
canyaret por cuatro días!
El señor HERNANDO FRAILE: Es que no es esa la cuestión, es otra.
El señor MORERA CATALÀ: En todo caso, presidenta, si es usted tan amable, díganos la ordenación de la contestación de las preguntas para que podamos articular nuestro tiempo parlamentario, porque esta comisión coincide con otros actos
parlamentarios y nos gustaría tener claro cuándo van a tener lugar las respuestas del Gobierno.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Morera, como usted sabe, mi criterio es muy abierto a la hora de permitir cualquier tipo de argumentación, aunque nada tenga que ver con el tema, ya que, según mi valoración, si fuéramos muy estrictos, habría que
cortar muchas intervenciones. Dicho lo cual, también le digo que usted ha batido el récord hoy de incluir un argumento que nada tiene que ver con esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional. (El señor Morera Català: ¡Sí, sí!). No puedo dejar de
anotarlo, señor Morera. Insisto en que tengo un criterio muy amplio para que ustedes puedan incluir todos los argumentos, pero ese realmente no tiene nada que ver con la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. (Rumores.-Risas).
Por otra parte, cuando ustedes hablan de plazos, debo reiterarles que desde hace muchos días está aprobado por Mesa y portavoces que celebraríamos una sesión con preguntas el día 15 de diciembre. Eso se aprobó hace muchos días. (Rumores).
Y les repito que el Gobierno tenía conocimiento de estas preguntas desde hace varias semanas porque están registradas. Asimismo, debo reiterarles que, según el Reglamento, no solo un ministro, un secretario de Estado o un subsecretario pueden
contestarlas, sino que también pueden hacerlo ministros, secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios. (Rumores). Esto no está restringido únicamente a uno. Por eso, como presidenta, les reitero mi sorpresa, mi desagrado y
mi protesta, ya que esta mañana, aproximadamente a las diez y media, me he encontrado con un hecho consumado, esta comunicación del Gobierno (rumores), la cual, obviamente, no nos ha permitido tomar ninguna otra medida o buscar una alternativa para
dar respuesta a estas preguntas. Evidentemente, claro está, tendrá que ser más adelante, pero no por voluntad de la Presidencia de esta comisión, sino por voluntad del Gobierno.
Dicho esto, como les decía, nos quedan siete preguntas, ya que tres no se van a responder. (Rumores). A continuación, les voy a dar el número que tienen según la aprobación inicial, pero antes ¿pueden pedir a la secretaria de Estado, que
está esperando fuera a que terminemos el primer punto, que entre? (Se procede a avisarla).
El señor MORERA CATALÀ: Presidenta, ¿nos puede decir el orden del resto de las preguntas?
La señora PRESIDENTA: Me pide el señor Morera que diga específicamente cuáles son.
La número 1: Riesgos o amenazas concretos que se están analizando en la actualidad... ¿Quiere que le lea el título entero o simplemente...
El señor MORERA CATALÀ: No, el número.
La señora PRESIDENTA: La número 2 no se realizará: Opinión del Gobierno sobre si el nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del CNI...
La número 3 tampoco se realizará: Medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar a nuestros socios internacionales...
La número 4 sí: Opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei...
La número 5 no: Valoración que hace el Gobierno sobre el impacto que tendría para la seguridad nacional de España la rescisión de los contratos con Israel.
La número 6 sí: Actividad del presidente del Gobierno, conversaciones que mantuvo...
La número 7 también: Razón por la que durante el apagón eléctrico...
La número 8 también: Previsiones del Gobierno acerca de plantear alguna regulación específica que limite o condicione el borrado de datos...
La número 9 también: Calendario realista y público con que cuenta el Gobierno para la trasposición íntegra de la directiva...
Y, por último, la número 10 también: Medidas específicas que ha adoptado el Gobierno...
Bien, todas estas...
El señor MORERA CATALÀ: ¿Por ese orden?
La señora PRESIDENTA: Por ese orden, sí, tal y como figuran.
Antes de comenzar con la pregunta número 1, les recuerdo que cada pregunta tiene un tiempo total de quince minutos, repartidos en siete minutos y medio para quien pregunta y siete minutos y medio para quien responde. Según el Reglamento
-hemos sido flexibles con esto, pero les ruego que nos atengamos a lo que les voy a decir para controlar con más facilidad los tiempos-, la primera intervención será de cinco minutos y la réplica de dos y medio. En la réplica, como este reloj no
está preparado para el dos y medio -que nos han dicho que no se puede poner-, tendremos que poner tres, pero sepan que, cuando hayan pasado dos y medio, tendré que pedirles que acaben.
CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- RIESGOS O AMENAZAS CONCRETOS QUE SE ESTÁN ANALIZANDO EN LA ACTUALIDAD TENIENDO EN CUENTA QUE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL AFIRMA QUE TIENE ESPECIAL RELEVANCIA EL TERRORISMO YIHADISTA, CON SU PRESENCIA TANTO EN DISTINTOS PAÍSES
EUROPEOS, COMO EN EL SAHEL, MAGREB Y ORIENTE MEDIO.
Autor: HERNANDO FRAILE, RAFAEL ANTONIO (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/000957 y número de expediente del Senado 683/000172).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos, pues, con la primera pregunta, que leo a continuación: Riesgos o amenazas concretas que se están analizando en la actualidad teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que tiene
especial relevancia el terrorismo yihadista, con su presencia tanto en distintos países europeos como en el Sahel, Magreb y Oriente Medio.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Núñez Guijarro, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor NÚÑEZ GUIJARRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora secretaria de Estado, señorías, nuevamente, ayer fuimos conscientes de cómo el terrorismo sigue siendo, por desgracia, una de las principales amenazas para el mundo en su conjunto, y nuestro país no es una excepción. No lo dice el
Partido Popular; lo dicen, trágicamente, la cruda realidad y los propios documentos estratégicos del Gobierno. Así, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023 sitúa al fenómeno terrorista, y muy particularmente al yihadismo, como un reto
persistente y adaptativo y el Informe Anual de Seguridad Nacional 2024 insiste en la necesidad de análisis, evaluación y coordinación ante riesgos que no desaparecen, sino que mutan.
España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista -riesgo alto- vigente desde junio de 2015. Es decir, no estamos ante un debate teórico, sino ante una amenaza real, sostenida y reconocida institucionalmente. Y precisamente por eso y
porque en el plano operativo España tiene profesionales y capacidades que funcionan y lo hacen muy bien resulta incomprensible lo que ocurre en el plano político. Señorías, como sociedad avanzada, nos dotamos de un instrumento que simbolizaba la
unidad democrática frente al yihadismo: el Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, suscrito en febrero de 2015 por el Partido Popular y el Partido Socialista, que posteriormente se abrió a otras fuerzas políticas. La lógica era clara:
frente al terrorismo, la democracia habla con una sola voz, y esa voz se articula también en este Parlamento con una comisión de seguimiento. Sin embargo, hoy en día esa comisión se encuentra, en la práctica, desactivada, lleva años sin reunirse.
Secretaria de Estado, el Gobierno que usted hoy representa no la ha convocado para analizar la evolución de la amenaza tras los últimos atentados sufridos -y no solo en Europa- ni tras el agravamiento de la situación en Oriente Medio ni para
estudiar el impacto del recrudecimiento del yihadismo en el Sahel, que los informes señalan como epicentro que más perturba a Europa. Tampoco para valorar cómo están cambiando los perfiles: radicalización en línea, actores solitarios, captación de
jóvenes, uso de propaganda en redes y conexiones crecientes con la criminalidad organizada. Cuando el contexto cambia, el Ejecutivo no puede refugiarse en la inercia; tiene que convocar, escuchar, contrastar datos y rendir cuentas. Y lo más
llamativo es que ustedes pretenden dar por cumplida esta función con reuniones informativas esporádicas del señor ministro. Con todos los respetos, señora Calvo, informar no es coordinar, y una foto no sustituye a una comisión. Y permítanme
insistir en esto: la propia Estrategia Nacional de Seguridad habla de evaluación continuada, coordinación y aprender de las lecciones. Si eso se exige a los profesionales, también debe exigirse a la política, que es quien debe dar unidad y
cobertura institucional.
Señorías, si miramos a democracias comparables -incluso con mayorías parlamentarias frágiles, como es su caso-, estas han entendido algo elemental: la lucha antiterrorista también exige control, evaluación y rendición de cuentas. Así,
Reino Unido, Italia y Francia sí cuentan con un control parlamentario en materias de inteligencia, seguridad y lucha antiterrorista. En Reino Unido, un comité estatutario del Parlamento examina políticas y actuaciones. En Italia, el COPASIR
verifica de forma continuada que la inteligencia actúa conforme a la Constitución y a las leyes. Y en Francia, la Delegación Parlamentaria de Inteligencia controla la acción del Gobierno y evalúa la política antiterrorista. Sin embargo, aquí, en
España, se pretende normalizar algo inusual: nivel 4 de alerta desde 2015, diagnóstico oficial de amenaza y, aun así, siguen sin reactivar el instrumento parlamentario que representa la unidad. Tengan por seguro que no pedimos bajar la guardia,
sino al contrario; pedimos hacer lo que haría cualquier democracia
responsable: revisar criterios, revisar objetivos y ajustar medidas para que sean creíbles y sostenibles. Porque la alerta permanente sin evaluación parlamentaria genera fatiga institucional y transmite a la ciudadanía la idea de que todo
es excepcional hasta que deja de serlo. Señorías, la seguridad exige firmeza, pero también exige método, y lo más grave de todo es que, cuando el Parlamento empuja al Ejecutivo a cumplir, el Gobierno y sus socios miran para otro lado.
Hace escasas semanas, este Parlamento aprobó una iniciativa instándoles a convocar de inmediato la comisión de seguimiento del pacto, y salió adelante pese a los votos en contra del Grupo Socialista, de SUMAR y de Bildu. Qué paradoja o qué
inmoralidad: el mismo partido que impulsó y firmó aquel consenso de 2015 hoy vota en contra de reactivarlo. Por tanto, secretaria de Estado, lo que hoy le exigimos no es propaganda ni gestos, es política de Estado. Convocar la comisión de
seguimiento es oportuno y necesario para repasar con seriedad el contexto que nos mantiene en alerta alta desde hace más de diez años y, sobre todo, para devolver a los españoles el mensaje institucional que nunca debió apagarse: la unidad
democrática frente al terrorismo.
En definitiva, señora Calvo, hoy en día, ¿qué pesa más para ustedes, la seguridad de los españoles o la comodidad de sus socios?
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Bonilla Domínguez: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Núñez.
A continuación, va a intervenir la secretaria de Estado de Seguridad, doña Aina Calvo Sastre, a quien pido disculpas porque, con la alteración del orden del día, no la había presentado antes de iniciar estas preguntas. La señora Calvo es la
secretaria de Estado de Seguridad y va a responder a todas las preguntas que tenemos en el día de hoy.
Le doy la palabra para este primer turno de la primera pregunta.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta. Nada que disculpar.
Señorías, señor Núñez Guijarro, como bien señalaba, el terrorismo es un fenómeno dinámico; es altamente cambiante, adaptativo, de alcance transnacional, y exige un continuo análisis de su situación actual, su potencial riesgo y su posible
evolución. La respuesta a esta exigencia se materializa semanalmente a través de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, que es un mecanismo que analiza y valora el riesgo terrorista con objeto de favorecer la detección y neutralización de
una eventual amenaza de esta naturaleza. Solo este año se han celebrado cincuenta mesas de valoración, en las que, bajo la responsabilidad del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, han participado
representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, el Centro Nacional de Inteligencia, el Departamento de Seguridad Nacional y el CIFAS de Defensa, además de Instituciones Penitenciarias.
Esta acción concertada de las instituciones con responsabilidad en la lucha contra el terrorismo nos proporciona una valoración integral y permanentemente actualizada de la amenaza terrorista en general y del terrorismo yihadista en particular. En
la mesa extraordinaria celebrada justo el pasado viernes, a instancias del ministro del Interior con motivo de las festividades navideñas, sus miembros coincidieron en que el terrorismo yihadista es en la actualidad una de las mayores amenazas, como
usted señalaba, a la seguridad interior del Estado como lo es en Europa, si bien no han sido detectadas acciones concretas contra nuestro país.
El debilitamiento experimentado por las principales organizaciones terroristas de teología yihadista, lejos de ser su derrota, se ha transformado en el impulso necesario para encontrar nuevos vectores de confrontación contra Europa. Las
hojas de ruta de dimensión global de Al Qaeda y el Daesh han evolucionado en los últimos años hacia un modelo de delegación con el que poder confiar a sus simpatizantes asentados en todo el mundo la iniciativa para la comisión de acciones violentas
en su nombre. Por este motivo, uno de los riesgos a tener en cuenta viene representado por el fenómeno del terrorista autóctono, el cual afecta de manera especial a jóvenes y menores de edad con una alta exposición a contenidos violentos en
Internet y una vulnerabilidad creciente ante la captación digital. Las guerras actuales en Oriente Medio actúan como catalizadores de dinámicas de radicalización, promoviendo acciones individuales en suelo europeo bajo el pretexto de defender a la
comunidad islámica. En este contexto, cabe destacar que la propaganda es una de las herramientas que las principales organizaciones terroristas yihadistas utilizan para mantener el nivel actual de amenaza terrorista global. Por otro lado, con
independencia de la capacidad del Daesh para impulsar acciones de yihad individual a través de su elaborada propaganda yihadista, la provincia del Daesh en la región del Jorasán es el grupo que parece
mostrar mayor intención de proyectar acciones violentas hacia Europa, a pesar de estar afrontando un periodo de baja capacidad operativa.
Otro de los vectores a tener en cuenta es el de los combatientes terroristas extranjeros, dada la persistencia de los llamamientos efectuados por las principales organizaciones yihadistas a sus seguidores para que realicen la hégira a zonas
en conflicto donde estas se encuentran actualmente operando, y, en especial, hacia el Sahel, así como su retorno, al representar estos un mayor riesgo de cara a la planificación e implementación de acciones terroristas de mayor entidad en sus países
de origen. El terrorismo yihadista se ha ido intensificando en África, especialmente en el Sahel, hasta convertirse en el epicentro mundial del fenómeno terrorista. Se observa una clara regionalización de los grupos filiales del Daesh y Al-Qaeda,
sin apenas proyección fuera de sus zonas de actuación.
Por último, la reorientación de las relaciones internacionales desde la toma de poder del actual presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, estaría reforzando nuevas alianzas y permitiendo a Siria convertirse en el país número 90 de la coalición
global para derrotar al Daesh.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
A continuación, para responder, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ GUIJARRO: Gracias, señora presidenta.
Más que para responder, intervengo para puntualizar a la secretaria de Estado.
Lógicamente, le agradezco la información, como no puede ser de otra manera.
Sinceramente, creo lo que le he dicho en mi primera intervención. Este es un tema suficientemente importante, es un tema de Estado, como para que la comisión haga un seguimiento de ese pacto de Estado que ustedes reconocen que está vigente
en informaciones que han remitido tanto al Congreso como al Senado. Por eso, lo único que decimos, con seriedad y responsabilidad, es que la comisión de seguimiento se tiene que convocar, fundamentalmente porque hay aspectos relacionados con el
terrorismo, y, especialmente, algunos que usted ha mencionado, que tienen que ver con la radicalización en redes sociales, especialmente de nuestros jóvenes, como hasta el propio Centro Nacional de Inteligencia reconoce en sus informes.
Lógicamente, desde el Parlamento, desde donde se representa a la sociedad, sinceramente, creo que se pueden hacer una buena labor de prevención y ayuda a los operativos a la hora de prevenir ese tipo de comportamientos de radicalización de
potenciales terroristas.
Pero también le digo una cosa muy claramente. Ustedes no pueden confundir el secreto con un silencio o cerrojazo institucional. El Parlamento está para algo; aunque, desgraciadamente, a ustedes les incomode, el Parlamento está para algo,
y es para representar a la sociedad. Y, obviamente, la sociedad, más en estos momentos, ante los acontecimientos que se ven, y no solo por lo ocurrido ayer en Australia, sino, lógicamente, cada vez que se ve cualquier tipo de atentado, se alarma, y
se alarma con seriedad y responsabilidad.
Por tanto, nosotros no estamos aquí para tutelar sus aritméticas parlamentarias. Nosotros estamos aquí para exigir que apliquen la política de Estado a una materia que siempre ha sido política de Estado, y que, desgraciadamente, en los
últimos años para ustedes ya no es política de Estado. Para el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo la lucha antiterrorista es una política de Estado, y lo que demandamos al Gobierno, y, especialmente, a su presidente, es que vuelvan a los cauces
y a los canales de comunicación con el principal partido de la oposición en la lucha antiterrorista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Núñez.
Para cerrar esta pregunta, tiene la palabra la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señor Núñez. Le agradezco el tono de su intervención y tomo nota de su insistencia. No obstante, le apuntaría dos matices.
Creo que es bueno diferenciar -desde luego, desde el respeto a la Cámara, solo faltaría, y por eso estoy aquí respondiendo a sus preguntas, que, por cierto, son muy pertinentes, y, además, las agradecemos como Gobierno- la fragilidad de la
que usted hablaba de nuestra democracia. Usted habla de la aritmética parlamentaria y ha hecho referencia a esa fragilidad parlamentaria, y yo creo que es tan
legítima, porque suma votos como cualquier otra mayoría absoluta o absolutísima. Por tanto, creo que eso no debilita en ningún caso la acción del Gobierno.
En materia de lucha antiterrorista le puedo dar toda la tranquilidad, y aprovecho los minutos escasos que tengo para señalarle, y también para abundar en esa tranquilidad, que, por ejemplo, el Gobierno de España sigue participando, por
supuestísimo, en misiones y operaciones internacionales que contribuyen a la lucha contra el terrorismo. Además, creo que es bueno que conozcamos y que esta Cámara también tenga la información de que hay personas expertas del Ministerio de Interior
y del Ministerio de Justicia que participan en el proyecto CT JUST, que tiene como finalidad incrementar las capacidades de las autoridades de los países de las regiones MENA, Sahel y Cuerno de África a lo largo de toda la cadena penal
antiterrorista; que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desplegados en la misión EUCAP Sahel-Mali, que realiza actividades de capacitación en materia de lucha contra el terrorismo; que la Guardia Civil lidera el
proyecto GARSI, como sabe usted muy bien, que está trabajando en capacidades operativas de las autoridades nacionales en la mejora del control efectivo del territorio en el Sahel, también específicamente en Senegal y Mauritania, o que la Policía
Nacional cuenta con un equipo especializado de policía científica desplegado en la misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana.
En definitiva, participamos ampliamente en esa tarea. Creo que el objetivo nos une, no es una causa que nos separa. Y, en cualquier caso, tomo nota de la insistencia en su posición, que, obviamente, respeto.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI MANTENER SIN CALIFICACIÓN DE RIESGO A OPERADORES COMO HUAWEI, FRENTE A LA POSICIÓN DE NUESTROS ALIADOS EUROPEOS Y ATLÁNTICOS, CONTRIBUYE O DEBILITA LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESPAÑA EN
MATERIA TECNOLÓGICA Y DE CIBERDEFENSA.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001323 y número de expediente del Senado 681/000457).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número cuatro, relativa a la opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei, frente a la posición de nuestros aliados europeos y atlánticos,
contribuye o debilita la arquitectura de seguridad nacional de España en materia tecnológica y de ciberdefensa.
Tiene la palabra, para formular la pregunta, la señora Bonilla Domínguez.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes, señora Calvo, señora secretaria de Estado, y señorías.
Lo primero, bienvenida a las Cortes Generales, al Congreso, a esta comisión.
El tema que nos ocupa en esta pregunta, en concreto, es de extrema responsabilidad para todos y afecta a la arquitectura nacional de defensa de España, afecta a nuestra ciberdefensa y afecta también a nuestra situación, a la alineación
estratégica con nuestros aliados internacionales. Estamos hablando, señorías, de infraestructuras tecnológicas críticas. Hablamos de soberanía y de protección de los medios de comunicación, y todo eso es hablar de seguridad y de defensa nacional.
El último informe anual de seguridad nacional, el de 2024, ya decía que vivimos en un entorno con una situación complicada a nivel geopolítico, con una situación de graves riesgos de ciberataques y también de extremo riesgo de amenazas
híbridas cada vez más sofisticadas. En este contexto, la protección de nuestras infraestructuras críticas y de nuestros sistemas de comunicación es un asunto de extrema importancia, repito, para la seguridad nacional. Y, señorías, esta
preocupación se vio incrementada tras conocerse la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato a la empresa Huawei, esta empresa china para el suministro de tecnología vinculada directamente con sistemas de intervención legal
de comunicaciones. Hablamos de sistemas extremadamente importantes, sensibles, que hablan de una información que necesita una máxima protección, que afectan a investigaciones criminales, actividades de inteligencia y, en definitiva, a la seguridad
del Estado. Y vivimos, señorías, en un contexto en el que la seguridad ya no se limita a lo militar o lo territorial.
Hoy la infraestructura tecnológica, las redes de comunicación, el 5G, la gestión de datos sensibles forman parte del núcleo duro de nuestra defensa nacional. Y aquí hay un hecho incontestable, señora secretaria de Estado, y es que España
mantiene sin calificación de riesgo a operadores que nuestros aliados europeos y atlánticos califican como problemáticos a efectos de seguridad. Y no lo dice un partido político, lo dice la Comisión Europea a través del 5G Toolbox y también lo dice
ENISA, la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad, y también la OTAN, otros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia. Sin embargo, España decide apartarse de esa dirección, y, respecto a cuando uno decide desmarcarse de la
seguridad de sus aliados, no se trata de una decisión de soberanía, sino de una decisión con la que asume riesgos que otros no están dispuestos a asumir, y no solo los asume para su país, sino también para el resto de sus aliados.
Por eso, cuando la Unión Europea aprobó precisamente el 5G Toolbox no lo hizo por razones comerciales, lo hizo por razones de seguridad. Y toda infraestructura digital asume y alberga una información que es clave. Soporta comunicaciones
gubernamentales, sistemas críticos, transporte de datos sensibles, servicios esenciales y, llegado el caso, capacidades de defensa. Señorías, la mayoría de nuestros aliados -repito-, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y miembros de
la Unión, han adoptado medidas claras: evaluar, clasificar y limitar a los operadores considerados de riesgo.
Señora secretaria de Estado, España se aparta. Y ustedes, primero, ni siquiera han dado traslado a esta Cámara del contrato con SITEL; segundo, ni siquiera nos han dicho cuáles son los sistemas, qué metodología de evaluación aplican, qué
informe de seguridad avala su decisión ni qué garantías adicionales exigen para compensar esta ausencia de clasificación. Y a esta situación se suma el hecho, también inquietante, de que la UCO -la última noticia- parece que está investigando
también -por supuesto, no vamos a interferir- posibles contratos con este proveedor. Señorías, hablamos de datos sensibles, de sistemas públicos, de comunicaciones. No sé, nosotros no sabemos si ustedes tienen una información diferente al resto de
los aliados, no sabemos en qué se basan y, desde luego, nos preocupa, y mucho, porque hablamos de la seguridad -repito- de España y de todos los españoles.
Por eso, le reitero y solicitamos su respuesta a la pregunta sobre cuál es la opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei, frente a la posición de nuestros aliados europeos y atlánticos,
contribuye o debilita la arquitectura de seguridad nacional de España en materia tecnológica y de ciberdefensa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bonilla.
Tiene la palabra para responder la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señora Bonilla.
A ver si soy capaz de trasladarle tranquilidad y dar respuesta a los interrogantes que usted plantea.
Ya sabe usted que, en el ámbito de la ciberseguridad, nosotros consideramos que España tiene un modelo sólido y maduro. A nivel internacional, el Índice Global de Ciberseguridad, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su última
edición de 2024, mantuvo a España entre los países del Tier1, es decir, aquellos con un fuerte compromiso con la ciberseguridad y que representan un modelo a seguir. Además, España es el segundo país del mundo con más centros de ciberseguridad, tan
solo por detrás de Estados Unidos. El Gobierno ha puesto en marcha el centro público para el seguimiento, control y supervisión de las normativas y regulaciones en materia de ciberseguridad 5G, redes que implican mayores capacidades y nuevas
funcionalidades. El Real Decreto 7/2022, en vigor desde el 31 de marzo de 2022, que seguro que usted conoce, implementa la recomendación europea a la que usted hacía referencia, el Toolbox 5G. Define los elementos críticos de las redes 5G, permite
al Gobierno declarar proveedores de alto riesgo, impone a los operadores la obligación de presentar cada dos años un análisis de riesgos, así como las correspondientes medidas de mitigación, además de una estrategia de diversificación de proveedores
que se debe actualizar cada año. Impone, además, a los suministradores obligación de cumplir estándares de seguridad, presentar certificaciones y auditorías de productos y procesos y garantizar la independencia de injerencias externas.
El Real Decreto 443/2024, en vigor desde mayo del año 2024, como desarrollo del anterior, establece un tratamiento global y omnicomprensivo de la seguridad de las redes y los servicios 5G e incorpora, además, dos nuevas obligaciones de
aplicación a todos los operadores 5G, sin necesidad de que se haya producido
la declaración de proveedor de alto riesgo. Una es la exigencia de una autorización administrativa previa para estaciones base 5G nuevas o actualizaciones de estaciones existentes en ubicaciones catalogadas como sensibles, cuya puesta en
marcha ya ha sido comunicada a los operadores, y la segunda exigencia es la posibilidad de requerir a cualquier operador 5G la modificación de su estrategia de diversificación de proveedores, previo trámite de audiencia a los afectados, cuando se
considere que no se respeta la seguridad de las redes o que la exposición a un determinado suministrador es excesiva.
Este marco normativo es uno de los más completos y garantistas que existen en la Unión Europea. Permite la consecución de los objetivos de seguridad tanto si existe una declaración de proveedor de alto riesgo como en ausencia de esta
declaración, y así lo ha constatado la propia Comisión Europea, ya que la implementación de la Toolbox 5G fue incluida por el Gobierno español como una de las reformas normativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su
cumplimiento ha sido expresamente certificado por la Comisión el pasado 2024.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Tiene la palabra para la réplica la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Calvo, no me tranquiliza. Y, sobre todo, usted no me ha contestado. Usted me ha relatado toda una legislación -perfecto-, pero mi pregunta, nuestra pregunta es muy concreta. Ahora mismo estamos hablando de una adjudicación y hemos
encuadrado la situación de riesgo en la que estamos. Estamos hablando de lo que nos estamos jugando, que es la seguridad de los españoles, y nosotros le hemos preguntado por qué, ante la adjudicación por parte del Ministerio del Interior a un
proveedor declarado por nuestros aliados como de alto riesgo, España ha hecho caso omiso. Es verdad que el Ministerio de Educación tenía un contrato con ellos, con Huawei, y lo rescindió. Pero Interior, no; lo ha hecho. Y, ante eso, nuestros
aliados -la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, etcétera- han manifestado su preocupación y han evaluado los riesgos. Ellos han decretado, han calificado y han tomado medidas, medidas relativas a eliminar, restringir o avisar. Y, sin embargo,
acerca de España, no sabemos. Primero, en esta Cámara todavía no tenemos ni siquiera -han tenido que pedir amparo los diputados- el contrato que adjudicó el Ministerio del Interior. Y lo que no puede suceder es que exista este oscurantismo. Eso
es lo que no puede ser; aquí se necesita transparencia y responsabilidad.
Entonces, primero, no tenemos el contrato, y, segundo, no conocemos el método concreto con el que ustedes han evaluado. No sabemos cuáles han sido los informes que han avalado que se adjudique ese contrato y que se mantenga. Y, en tercer
lugar, si es que ha sido así, no conocemos las medidas, las garantías que se han adoptado. Entonces, señora secretaria de Estado, como usted comprenderá, aquí lo que hay es un problema, primero, de transparencia, y, segundo, de confianza. Y no
solo nos preocupa a nivel de España, puesto que formamos parte de una cadena internacional de seguridad y ya nos están avisando de que por España se puede abrir una brecha de riesgo en estos temas tan importantes, que afectan a la seguridad.
Por tanto, usted no me ha contestado, y le ruego concreción. Que me diga, por ejemplo, por qué no se ha entregado el contrato y cuáles han sido los métodos, y, en conjunto -esa es la pregunta-, que me diga si usted cree que nosotros,
actuando de manera distinta a nuestros socios, estamos fortaleciendo o debilitando nuestra situación de defensa propia pero también internacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bonilla.
Tiene la palabra, para la réplica y cerrar esta pregunta, la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, señora Bonilla.
Unas cuantas puntualizaciones más, a ver si así puedo facilitarle esa tranquilidad.
Para participar en licitaciones, en programas, proyectos o contratos en los que se vaya a manejar información crítica o clasificada, en cualquier caso las empresas contratistas necesitan disponer de la Habilitación de Seguridad de Empresa,
la HSEM, que concede la Oficina Nacional de Seguridad, la ONS, y eso debe estar ajustado al grado de clasificación de sensibilidad del programa, proyecto o contrato. Eso las faculta para generar y acceder a la información clasificada sin que puedan
manejarla o almacenarla en sus propias instalaciones. Además, el personal de las empresas que gestionan sistemas críticos -en
cualquier caso, hablo en genérico-, que se adscribe a un contrato de ese tipo, debe disponer de la Habilitación de Personal de Seguridad, HPS, que concede la propia ONS de manera individualizada. O sea, las empresas deben cumplir con las
normas, instrucciones, guías y recomendaciones de ciberseguridad que están desarrolladas por el Centro Criptológico Nacional. Además, los sistemas se certifican y acreditan para su cumplimiento y sometimiento al esquema nacional de seguridad en las
diferentes categorías, tanto el ISO como el UNE.
Dicho esto, no les podemos enviar un contrato que no tenemos, y no es una broma. El Ministerio del Interior no ha contratado con Huawei -yo lo vengo predicando, pero a ratos me digo que me debo explicar fatal-; lo que ha hecho el
Ministerio del Interior ha sido presentar esa oferta a través del sistema del SDA, el Sistema Dinámico de Contratación, dentro del sistema SITEL, al que usted muy bien hacía referencia. Y respecto a ese sistema dinámico, donde se presentan empresas
que han pasado por el sistema de acreditación, y, por tanto, todas ellas son europeas, están dentro del ámbito europeo, no es que lo hayamos hecho nosotros, es que viene haciéndose desde el año 2011. Es decir, no es una invención ni es una
escapatoria ni se trata de eludir una responsabilidad, es lo que se viene haciendo desde 2011. Y esto con respecto a Huawei. Por tanto, no existe un contrato Huawei.
Pero, dicho esto, oiga, podemos repasar todo lo que aparece en la plataforma de contratación, donde ustedes pueden ver perfectamente cuáles son las empresas que han obtenido licitación para el sistema SITEL. Y, además, vuelvo a reiterar que
Huawei, en el caso del Ministerio Interior, se utiliza como caja o depósito. La conexión, el cable, lo que conecta, lo que lo acerca a una zona de riesgo no es Huawei. Huawei es la caja, no la conexión, que es otra tecnología. Así pues, lleva
utilizándose desde 2011, no es un contrato que directamente haya puesto sobre la mesa este Gobierno y que haya señalado a dedo a Huawei; eso no ha sucedido. Y para finalizar -y creo que es lo más importante-, este Gobierno no considera que esté
poniendo en riesgo la seguridad nacional con esa contratación, que no es de Huawei, sino del sistema SITEL, porque, si lo considerara, si tuviera el menor atisbo, no lo mantendría. Y, sobre todo, no es que no lo mantendría el Gobierno, y eso
también lo vengo repitiendo...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señora secretaria.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): No me puedo imaginar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado depositando esa información crítica y sensible en un sistema que no fuera seguro.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
- ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, CONVERSACIONES QUE MANTUVO Y ÓRDENES QUE IMPARTIÓ A SU GOBIERNO DURANTE LOS TRES PRIMEROS DÍAS DE LA CATÁSTROFE DE LA DANA DEL DÍA 29/10/2024.
Autor: HERNANDO FRAILE, RAFAEL ANTONIO (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001457 y número de expediente del Senado 683/000299).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la sexta pregunta, referida a la actividad del presidente del Gobierno, conversaciones que mantuvo y órdenes que impartió a su Gobierno durante los tres primeros días de la catástrofe de la dana del día 29 de
octubre de 2024.
Para realizar la pregunta, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez, que sustituye al señor Tarno.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchísimas gracias, presidenta.
Señora Calvo, a lo largo de este último año hemos escuchado muchas excusas por parte del Gobierno de España a la hora de transmitir información acerca de cuál fue su gestión durante el 29 de octubre, y, muy especialmente, cuál fue su gestión
también en las horas posteriores al día 29 de octubre, cuando se produjo la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente.
Lo cierto es que hay hechos probados, y es que el Gobierno no estuvo a la altura. A decir verdad, no es que no estuviese a la altura, sino que el Gobierno, responsable de la gestión de aquella tragedia, no estaba ni en España, como después
detallaré. Hoy en día, y ahora mismo vengo de la comisión de la dana que se está celebrando en estos momentos, sabemos lo que hizo la inmensa mayoría del Gobierno valenciano, qué llamadas se hicieron y cuál era agenda. Sabemos prácticamente todo,
pero no conocemos nada acerca de lo que hizo el
Gobierno de España. Hemos preguntado por escrito, pero el Gobierno ha contestado con respuestas que no dan ningún tipo de información. No sabemos con quién habló el presidente del Gobierno, no sabemos con quién habló la vicepresidenta
Teresa Ribera, no sabemos con quién habló el secretario de Estado de Medio Ambiente, no sabemos con quién habló la directora general de Protección Civil y no sabemos tampoco con quién habló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Por
supuesto, tampoco tenemos ninguna información acerca de las comunicaciones que hubo entre ellos ni con el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, máximo responsable de los cauces y los barrancos en el ámbito de la provincia de
Valencia, causa de la inmensa mayoría de las víctimas que se produjeron el pasado 29 de octubre.
Hay hechos del pasado día 29 que están probados. Probado es que a las nueve de la mañana la delegada del Gobierno convocó a una reunión en la Delegación del Gobierno a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no convocó a
la Generalitat Valenciana. Está probado, porque así lo hemos sabido a través de medios de comunicación, aunque no porque se nos haya trasladado, que aquella misma mañana se emitió un informe de seguridad nacional, y, sin embargo, no se comunicó a
ninguna institución autonómica. Es decir, parece ser que en aquella reunión de las nueve de la mañana en la Delegación del Gobierno se estuvo valorando la información que el Departamento de Seguridad Nacional había emitido, y, sin embargo, no se
compartió absolutamente con nadie, esto es, en las primeras horas del día 29, cuando la información era fundamental para tomar las mejores decisiones. Ese informe, a no ser que usted nos traslade una información distinta, no se comunicó ni se
trasladó a la Generalitat Valenciana ni a ninguna institución de las que estaban trabajando desde bien temprano en la gestión de la dana. Y es un hecho que el Gobierno tardó casi catorce horas en reaccionar, casi catorce horas. El gabinete de
crisis no se constituyó hasta pasada la medianoche de ese mismo día, cuando ya se conocía que había víctimas mortales.
Pero sigamos con la propia cronología. Aquella misma mañana la delegada del Gobierno transmitió información parcial a través de los medios de comunicación, y, sin embargo, no lo hizo de manera oficial a ninguna institución de la Comunidad
Valenciana; ni a las diputaciones ni a los ayuntamientos afectados ni tampoco a la Generalitat Valenciana. A media mañana transmitió a los medios de comunicación que la alerta terminaría a las seis de la tarde, que las precipitaciones se
desplazaban hacia el interior, hacia Cuenca, y que, aparentemente, estaba todo bajo control de la Confederación Hidrográfica, que estaba monitorizando -y cito textualmente- los cauces y barrancos. Sin embargo, lo que se ha puesto de manifiesto es
que, efectivamente, allí no se estaba monitorizando absolutamente nada, o, si se tenía la información, no se compartió.
El presidente del Gobierno, a las dieciséis horas de aquel día ya había terminado su agenda oficial en la India, y, sin embargo, no cogió el Falcon ni ningún avión para volver a España. Por lo que hemos conocido a través de medios de
comunicación, parece que se fue a cenar tranquilamente con su mujer. El resultado, en las horas posteriores a aquella trágica tarde, es que tenemos un presidente del Gobierno que se va a cenar con su mujer, que no vuelve de manera inmediata de la
India y que no se comunica con las autoridades en la Comunidad Valenciana hasta las once de la noche a través de un mensaje de móvil.
Lo que espero que usted pueda aclarar hoy aquí es la gestión que hizo el Gobierno, si la seguridad nacional estaba garantizada con un Gobierno ausente: con un secretario de Estado que estaba en Colombia, con una directora general de
Protección Civil que aquella misma mañana, con alerta roja, cogió un avión para Brasil, con un presidente del Gobierno que no reacciona y se queda en la India horas y horas, mientras sabía que había una alerta roja en España, y con una
vicepresidenta, Teresa Ribera, que estaba haciendo pasillos en Bruselas para conseguir un puesto como comisaria, en vez de ponerse en contacto con las autoridades en la Comunidad Valenciana.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Le recuerdo que la vicepresidenta se puso en contacto por primera vez aquel 29 de octubre con las autoridades de la Comunidad Valenciana a las nueve de la noche, aproximadamente, con un mensaje que prefiero no hacer
público de nuevo, porque es ciertamente bochornoso.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que acabar.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Es de una persona que estaba ajena a lo que sucedía en aquellos momentos en la provincia de Valencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
A continuación, para responder, tiene la palabra la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, señor Sánchez.
En respuesta a su pregunta, el presidente del Gobierno de España durante los tres primeros días después de la dana del día 29 de octubre de 2024 estuvo cumpliendo sus funciones. La dana -ya lo saben ustedes y lo sabemos todos- es un
desastre natural, cuya respuesta se debe contemplar y se contempló en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, Ley 17/2015. El Gobierno, para realizar un seguimiento de los efectos de la dana en el litoral mediterráneo y Albacete,
constituyó un comité de crisis para coordinar los trabajos de respuesta y asistencia a las comunidades autónomas por este fenómeno, que se reunió diariamente desde el día 29 de octubre. El Gobierno de España estuvo en contacto con las autoridades
locales y autonómicas de las zonas afectadas por la dana antes, durante y después de los graves acontecimientos, cumpliendo sus cometidos y sus obligaciones en todo momento.
En cuanto se pudo, el Gobierno procedió a aportar todos los recursos de los que disponía y que eran necesarios para las labores de auxilio a la población afectada: asistencia, labores de limpieza, retirada del barro, etcétera. Además de
ello, el Gobierno aprobó medidas para comenzar la recuperación de la zona. El día 5 de noviembre de 2024 se aprobó, por acuerdo del Consejo de Ministros, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia, de Protección Civil, para
aquellas comunidades autónomas que hubieran comunicado al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias la activación de una situación operativa 1 o 2, establecidas en el Plan Estatal General de Emergencias, de Protección Civil.
Estas comunidades fueron la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears y Aragón.
Asimismo, el Gobierno aprobó distintos reales decretos leyes en los que se regularon medidas urgentes en todos los ámbitos para afrontar la reconstrucción de las zonas devastadas, entre los que se encuentran el 6/2024, de 5 de noviembre, por
el que se adoptaron medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la dana en diferentes municipios; el 7/2024, de 11 de noviembre, que también es un plan de respuesta inmediata de reconstrucción y relanzamiento frente a los daños
causados por la dana en diferentes municipios; el Real Decreto 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del plan de respuesta inmediata; el Real Decreto 12/2025, de 28 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la depresión aislada en niveles altos en diferentes municipios entre el 28 de
octubre y el 4 de noviembre.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Tiene la palabra, para la réplica, el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Señora Calvo, yo entiendo que estas preguntas sean bastante comprometedoras para el Gobierno en su conjunto y también para usted en particular, pero no ha contestado por qué no se dio traslado de aquel informe de
seguridad nacional a ninguna institución valenciana, por qué se convoca a las 9 de la mañana en la Delegación del Gobierno una reunión con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no se invita a la Generalitat Valenciana cuando,
supuestamente y según la izquierda en este país, ya a las 9 de la mañana parece ser que un informe de seguridad nacional ponía de manifiesto lo que venía. ¿Por qué no se comunicó con nadie?
A las 16:00 horas de aquel mismo día, hora local en España, se terminó la agenda del presidente del Gobierno y rehusó coger el Falcon y venirse a España a las 16:00 horas de aquella misma tarde. No se puede decir que el Gobierno de España
estuviera a la altura de las circunstancias aquel día. Insisto en que el presidente del Gobierno se puso por primera vez en contacto aquel día con las autoridades de la Comunidad Valenciana a las once de la noche a través de un mensaje de móvil.
La vicepresidenta lo hizo a las nueve de la noche, aproximadamente, con un mensaje que venía a decir más o menos así: La cosa está fea. Asimismo, el secretario de Estado mandó un mensaje a las ocho de la tarde a la consellera de Emergencias -a las
ocho de la tarde y no antes- desde Colombia para decirle que la presa de Forata estaba a punto de reventar. Menuda novedad. A las ocho de la tarde. No solo habían pasado ya algunas horas con riesgo de rotura de la presa de Forata, sino que además
el barranco del Poyo ya estaba desbordado y ya había arrasado a varias poblaciones de su ribera.
Yo entiendo que es complicado, que es difícil, porque ustedes aquel día o bien no tenían la información y fueron negligentes, o bien tenían información y la ocultaron por cálculo político, algo que nosotros sospechamos y así lo denunciamos,
porque no tiene ningún sentido que la delegada del Gobierno esté conectada al CECOPI telemáticamente junto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en ningún momento, pese a tener a toda la información que tenían allí en su
sede, trasladaran lo que estaba pasando en el barranco del Poyo, motivo por el cual perdieron la vida tantísimas personas.
No puede ser que se oculte información. Insisto en las preguntas. ¿Ese informe existe? ¿Ese informe se trasladó a la delegada del Gobierno? ¿Fue motivo de conversación en aquella reunión? ¿Por qué no se trasladó a ninguna autoridad de
la Comunidad Valenciana? Aquella mañana faltó información por parte del Gobierno de España. No hubo transparencia y se puso en riesgo, como así se vio después, la seguridad de todos los valencianos por un Gobierno negligente y opaco.
Gracias, (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
Tiene la palabra para la réplica y cerrar esta pregunta la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, señor Sánchez.
Para ampliar la información sobre la actuación del Gobierno, tiene usted plenamente a su disposición la comparecencia del presidente del Gobierno el 27 de noviembre de 2024. En cualquier caso, le adelanto que lo que usted afirma es falso
casi en su totalidad, por no decir totalmente, y la instrucción judicial seguramente acabará clarificándolo.
Lo que sí le puedo comentar -veo que tiene usted mucho interés en conocer cuáles son las conversaciones que mantuvieron los distintos miembros de su Gobierno- es que nosotros hemos quedado estupefactos, entiendo que como usted, al conocer
las comunicaciones entre la señora Pradas y el señor Mazón, por no hablarle de la curiosidad que sentimos todos y todas en este país por conocer también cuáles fueron las conversaciones, si es que las hubo, entre el señor Feijóo y el señor Mazón.
Nos ayudaría a todos y todas a clarificar los hechos.
Por encima de todo, y poniéndonos en la piel de los familiares de las víctimas, si es que podemos cualquiera de nosotros, le voy a señalar y le voy a confesar que estuve el día del funeral allí y que, en medio de un silencio atronador,
repleto de dolor -repleto de dolor-, lo que escuchamos fueron los gritos de quien sentía impotencia, de quien se sintió desatendido (el señor Sánchez Pérez: ¡Conteste!), de quien se sintió absolutamente ignorado y humillado por las circunstancias,
de quienes se sintieron desatendidos por su propio Gobierno. (El señor Sánchez Pérez: ¡Conteste!). Ya sabemos lo que acabó sucediendo horas después. La instrucción judicial seguirá su curso. Ahora bien, el peso sobre la conciencia del señor
Mazón, ese peso, no se irá nunca, por más que ustedes acallen el relato. (Rumores).
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
- RAZÓN POR LA QUE DURANTE EL APAGÓN ELÉCTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2025 NO SE ACTIVARON LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA LEY 36/2015, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD NACIONAL, NI EN EL REAL DECRETO 1150/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL, PESE A QUE AMBOS INSTRUMENTOS ATRIBUYEN AL GOBIERNO LA OBLIGACIÓN DE COORDINAR UNA RESPUESTA NACIONAL ANTE EMERGENCIAS QUE AFECTEN A INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.
Autor: VEDRINA CONESA, MARÍA ELISA (GP) HERNANDO FRAILE, RAFAEL ANTONIO (GP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001494 y número de expediente del Senado 683/000304).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número 7, que se refiere a la razón por la que durante el apagón eléctrico del mes de abril de 2025 no se activaron los mecanismos previstos en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad
Nacional, ni en el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional, pese a que ambos instrumentos
atribuyen al Gobierno la obligación de coordinar una respuesta nacional ante emergencias que afecten a infraestructuras críticas.
Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Vedrina Conesa.
La señora VEDRINA CONESA: Muchas gracias, presidenta.
Señora secretaria de Estado, señorías, el apagón eléctrico registrado en abril de 2025 afectó a la mayor parte de las comunidades autónomas de España y provocó una interrupción generalizada del suministro eléctrico, con impacto directo en
sistemas de transporte, redes de comunicaciones y servicios esenciales. Nos encontramos ante un episodio de alcance sistémico que puso en tensión el funcionamiento ordinario de nuestras infraestructuras críticas y también la capacidad de respuesta
coordinada del Estado. Durante ese apagón, desgraciadamente se produjeron fallecimientos cuya vinculación directa o indirecta con la pérdida de suministro no ha sido objeto hasta la fecha de un balance oficial público, lo que introduce un elemento
adicional de relevancia desde el punto de vista de la gestión de crisis y de la evaluación posterior del riesgo.
Conviene recordar, señorías, desde una perspectiva estrictamente normativa, lo que nuestro ordenamiento jurídico prevé para situaciones de esta naturaleza. La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece que, cuando
una situación compromete el funcionamiento de los servicios esenciales o de las infraestructuras críticas y supera la capacidad de respuesta ordinaria, corresponde al Gobierno asumir la dirección de la respuesta mediante los instrumentos del sistema
de seguridad nacional. Esta ley contempla, entre otros mecanismos, la declaración de una situación de interés para la seguridad nacional, la designación de una autoridad funcional para la dirección y coordinación del conjunto de medios públicos y
privados y también la articulación de una cooperación reforzada con las comunidades autónomas, las entidades locales y los operadores de infraestructuras críticas. El Real Decreto 1150/2021, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional
2021, desarrolla este marco y subraya de forma expresa que la energía y las infraestructuras críticas constituyen ámbitos prioritarios, señora Calvo, cuya protección incide directamente en la seguridad del país.
Durante el apagón de abril de 2025, estos instrumentos no se activaron. El Gobierno no declaró una situación de interés para la seguridad nacional ni designó a la autoridad funcional prevista en la Ley de Seguridad Nacional para dirigir y
coordinar el conjunto de recursos disponibles ni se desplegaron los mecanismos específicos de enlace y coordinación del sistema de seguridad nacional con las comunidades autónomas y con los operadores de infraestructuras críticas. La gestión quedó
circunscrita a los cauces sectoriales ordinarios del sistema eléctrico, a nuestro entender, y a los dispositivos autonómicos de protección civil, pese a que el alcance del episodio desbordaba claramente el ámbito de una incidencia técnica
convencional o territorial.
Señorías, permítanme que introduzca aquí una referencia concreta a mi provincia. En Tarragona contamos con tres reactores nucleares en funcionamiento y con el mayor polo de industria química del sur de Europa, instalaciones que integran el
entramado de infraestructuras críticas del Estado. Un episodio como el del apagón eléctrico producido en un entorno de esas características habría requerido, a nuestro juicio, una coordinación reforzada bajo los instrumentos del sistema de
seguridad nacional precisamente para garantizar una dirección unificada, una gestión integral del riesgo y una información coherente a los operadores y también a la población, más allá de la respuesta sectorial ordinaria. A este déficit de
activación de los mecanismos de coordinación se suma un elemento estructural que resulta especialmente relevante. La Estrategia de Seguridad Energética Nacional, actualmente vigente, fue aprobada en 2015. Desde entonces, el propio Consejo de
Seguridad Nacional acordó en 2020 un procedimiento formal para su revisión, con comités técnicos y de expertos, con el objetivo de adecuarla a un entorno de riesgos profundamente alterado por la pandemia, la crisis de las cadenas de suministro, la
emergencia energética europea y la guerra de Ucrania. Esa revisión, señora Calvo, no se ha culminado. Por tanto, España afrontó el apagón de 2025 con una estrategia energética de seguridad concebida hace una década, sin actualizar y sin alinearse
plenamente con los riesgos actuales.
En este contexto técnico conviene recordar, además, que el Grupo Parlamentario Popular hace ya meses que impulsó iniciativas, lideradas, entre otros, por el diputado Requena, orientadas a conocer qué medidas se estaban adoptando para la
actualización de la Estrategia de Seguridad Energética y para reforzar los mecanismos de coordinación previstos en el sistema ante la evidencia de que los riesgos energéticos se han intensificado y de que la respuesta institucional debe anticiparse
a escenarios de alta complejidad.
Desde esta perspectiva, la cuestión que se plantea no gira en torno al origen técnico del apagón, señora Calvo, sino a los criterios políticos y de decisión que llevaron al Gobierno, con el presidente Sánchez a la cabeza, a no activar los
instrumentos jurídicos diseñados específicamente para una crisis de esta naturaleza, pese a concurrir, bajo nuestro criterio, los presupuestos que la Ley de Seguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional prevén para una respuesta
coordinada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vedrina.
Tiene la palabra para responder la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Efectivamente, señora Vedrina, señoría, como bien ha señalado, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece un mecanismo de respuesta en los márgenes de la normalidad constitucional en forma de declaración de
situación de interés para la seguridad nacional. Este mecanismo se aplica cuando es preciso organizar una acción coordinada de las Administraciones públicas, como usted señalaba, frente a crisis multisectoriales o emergencias complejas que no
pueden ser afrontadas mediante los instrumentos previstos por la diversa legislación sectorial, ya sea de defensa nacional, conflictos armados, de protección civil, emergencias o catástrofes naturales, de salud pública, epidemias, enfermedades
contagiosas, etcétera
La respuesta durante el cese del suministro eléctrico acaecido el 28 de abril de 2025 fue desarrollada por las autoridades competentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se realizó en aplicación de las previsiones
del Plan de preparación frente a los riesgos en el sector eléctrico en España. Es un plan aprobado en el marco de la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019. Su
eficacia en la consecución de una pronta recuperación de la normalidad evitó que el sistema de seguridad nacional fuera activado para hacer frente a dicha crisis bajo la cobertura de una declaración de situación de interés para la seguridad
nacional, como usted señalaba.
Como saben, se constituyó un comité para el análisis de las circunstancias del incidente, que estaba presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e integrado por varios
ministerios y organismos competentes en la materia. El Ministerio del Interior, a su vez -aprovecho para compartirlo aquí- participó en este comité a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación
de Ciberseguridad, ambos dependientes de la Dirección General de Coordinación y Estudios. Desde su constitución, el comité trabaja activamente en la recopilación y evaluación de la información y datos del conjunto del sistema, y activó dos grupos
de trabajo para analizar, respectivamente, la posible existencia de causas técnicas o causas relacionadas con la ciberseguridad. Ese informe fue remitido a las Cortes y la información sobre los mecanismos activados para la protección de las
infraestructuras críticas ante esa emergencia ya fue aportada.
Esa es la información que le puedo facilitar.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Tiene la palabra para responder la señora Vedrina.
La señora VEDRINA CONESA: Muchas gracias, presidenta.
Señora Calvo, señorías, escuchada su respuesta, me veo obligada a entender que no se activaron esos mecanismos, que usted sostiene que no se activaron esos mecanismos porque no fue necesario. Lo lamento. porque yo creo que no estamos ante
una mera discrepancia de criterio ni ante una distinta valoración de oportunidad. Lo que a mi grupo parlamentario y a mí nos preocupa es que entendemos que lo que subyace es una forma de gobernar y una determinada concepción del poder, de sus
prioridades y de sus responsabilidades. España atraviesa una etapa en la que el Gobierno se encuentra cercado por investigaciones judiciales que afectan a antiguos ministros o a dirigentes del Partido Socialista responsables de empresas públicas,
incluso al propio entorno personal y familiar del presidente del Gobierno, y esa realidad puede acabar condicionando la acción política. Un Ejecutivo que está pendiente del calendario judicial y de su propia supervivencia puede acabar desplazando,
inevitablemente, el centro
de gravedad de su actuación. El Gobierno puede dejar de pensar en el interés general y comenzar a pensar, ante todo, no en la seguridad nacional, sino en su seguridad política.
En este contexto no resulta irrelevante que desde el inicio de la legislatura la prioridad del Gobierno haya pivotado sobre el control del Boletín Oficial del Estado y la utilización de los presupuestos generales del Estado como instrumentos
de sostén parlamentario, más que sobre una voluntad sincera de gobernar para todos los españoles y de atender las necesidades reales del país. Esa lógica podría explicar muchas de las decisiones de este Gobierno y también muchas de sus omisiones.
Puede explicar, por ejemplo, la incomodidad del Gobierno ante cualquier actuación clara, firme y solvente del Estado, una incomodidad que conecta directamente con la posición de sus socios de investidura y de Legislatura. (El señor Ruiz de Diego:
Esta no es la cuestión de la pregunta). Sus socios aborrecen un Estado fuerte, cohesionado y con capacidad de dirección y no creen en una respuesta unitaria ante la crisis. Son socios que trabajan abierta o veladamente por la fragmentación, la
ruptura o la confederación de España. Cuando el Gobierno renuncia a ejercer con plenitud, como esperábamos que hiciera en esa situación, las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye, nos tememos que no lo hace por una prudencia
institucional, como usted nos señalaba. Quizás lo hace por un cálculo político, no pensando en los ciudadanos o en la seguridad nacional, sino en no incomodar a quienes sostienen su mayoría parlamentaria. Ese cálculo tiene unas consecuencias.
Por eso, la pregunta que hoy se ha formulado no precisa de una justificación a posteriori, sino de una explicación política clara. Señora Calvo, ¿está nuestro Gobierno dispuesto a anteponer la estabilidad de sus alianzas y su propia
supervivencia a la obligación esencial de proteger de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos cuando una crisis como la del apagón pone en riesgo infraestructuras críticas en todo el país? Esta es la cuestión que, a mi juicio, sigue sin
respuesta.
Muchas gracias, señora Calvo.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vedrina.
Para finalizar, tiene la palabra la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora Vedrina.
Yo creo que al contar con un plan de preparación frente a los riesgos en el sector eléctrico en España nos permitió tener una reacción rápida e hizo que evitáramos ese enfoque de seguridad nacional al que usted atribuye una carga ideológica,
que ya le digo yo que es inexistente. Es un hecho que es objetivo.
Dicho esto, me gustaría también remarcar que este Gobierno, al que usted le atribuye -le agradezco que lo haya hecho en condicional: tal vez, puede que- ser un Gobierno desenfocado, es el mismo Gobierno que ha subido el salario mínimo
interprofesional, el mismo Gobierno que ha trabajado duro por la transición energética, el mismo Gobierno que ha inyectado dinero en la empresa privada para salir de la crisis postpandemia como nunca y el mismo Gobierno que consiguió que todos y
todas, todas las comunidades autónomas y ayuntamientos de este país, gobierne quien gobierne, pudieran disponer de fondos. Por tanto, yo diría que es un Gobierno centrado en capacitar económicamente a quienes tenían que salir de ese entuerto tan
complicado en el que nos dejó la pandemia. Es un Gobierno que ha convocado más reuniones de presidentas y presidentes autonómicos que ningún otro Gobierno en democracia, un Gobierno que ha trabajado muy duro para hacer frente a los cambios
derivados del cambio climático, pero, sobre todo, es un Gobierno que ante una crisis tan complicada como la de precio de la energía fue a Europa, en alianza con Portugal, país vecino, dio la batalla y la ganó. Yo entiendo que a ustedes, como
miembros del Grupo Popular, señora Vedrina, que en Europa dijeron que eso casi mejor que no sucediera, les cueste aceptar que la gestión del apagón se hizo conforme al marco técnico que teníamos establecido, pensando en la mejor de las soluciones
para una situación que, sí, fue imprevista y que esperamos que nunca más se vuelva a producir.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
- PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE PLANTEAR ALGUNA REGULACIÓN ESPECÍFICA QUE LIMITE O CONDICIONE EL BORRADO DE DATOS EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE AUTORIDADES Y ALTOS CARGOS PÚBLICOS, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD NACIONAL, PARA GARANTIZAR LA
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CASOS DE INVESTIGACIONES JUDICIALES O AUDITORÍAS.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001509 y número de expediente del Senado 681/000532).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la pregunta octava, que es la referida a las previsiones del Gobierno acerca de plantear alguna regulación específica que limite o condicione el borrado de datos en dispositivos electrónicos
de autoridades y altos cargos públicos, como medida de seguridad nacional, para garantizar la preservación de la información en casos de investigaciones judiciales o auditorías.
Tiene la palabra, para formular la pregunta, el señor Rodríguez-Comendador Pérez.
El señor RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Calvo, buenas tardes.
El enunciado de la pregunta parece engorroso, pero es bastante más sencillo de lo que aparentemente puede ser. Confío, señora Calvo, en que usted responda adecuadamente a las preguntas que se le van a formular y con más concreción, a ser
posible, de lo que lo ha hecho con mis compañeros.
Comparezco, señorías, para preguntar si el Gobierno va a impulsar una regulación específica que limite o condicione el borrado de datos en dispositivos electrónicos de autoridades y altos cargos. Lo hago por una razón muy simple y sencilla
y que usted va a entender perfectamente, la de la preservación de la información pública. Hoy es una cuestión de absoluta seguridad nacional. Por tanto, cuando hablamos de la seguridad nacional no lo hacemos ya solo de terrorismo o de ciberataques
o algo parecido, sino también de resiliencia institucional, de la capacidad del Estado para investigar, auditar y depurar responsabilidades sin que desaparezca la huella digital. Esa huella digital, en este siglo XXI y el año en el que estamos,
puede estar en móviles, en correos electrónicos, en la nube, en mensajerías, en cuentas corporativas, etcétera.
¿Por qué traemos aquí esta cuestión, señora Calvo? Por algo muy sencillo que usted seguramente va a entender perfectamente. Hemos asistido, yo diría que atónitos, a una situación que se produjo el año pasado y que creo que no debería
repetirse jamás, al borrado por el anterior fiscal general del Estado, ya procesado, condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo, de su teléfono móvil en un momento clave. Se produce cuando el Tribunal Supremo abre causa penal contra él sin
que exista ninguna norma que delimite y obligue al borrado de dichos datos. Además, estos datos no son propiedad personal del fiscal general del Estado, sino de la institución que representa. Esto no puede convertirse en una coartada para evitar
la acción de la justicia. Esto, señorías, no va de un caso concreto - he puesto un ejemplo, pero no es único-, sino de lo que mi grupo y yo entendemos que es una laguna que se ha tolerado por el Gobierno: por un lado, obligaciones de seguridad, de
protección de información y de trazabilidad en el sector público; por otro, un vacío práctico. ¿Qué pasa cuando un alto cargo decide resetear o borrar un dispositivo donde hay comunicaciones vinculadas a su actividad pública, que no privada, y esa
situación de borrado o de reseteado de sus dispositivos coincide con una investigación judicial abierta? ¿Qué ocurre? El problema es político-institucional.
Me parece muy bien que se pueda indignar alguien cuando le conviene -la indignación es muy propia en momentos adecuados y muy fácil de utilizar cuando interesa-, pero la realidad es que hay muchos países que tienen legislada y protocolizada
esta situación para que no se vea afectada la tutela judicial efectiva si se volatiliza la prueba digital, la lucha contra la corrupción y el buen gobierno, la seguridad de la información, la continuidad del Estado y la confianza ciudadana en que
las instituciones no jueguen con ventaja frente a los probos ciudadanos corrientes.
Por tanto, estamos hablando de un terreno en el que el Código Penal contempla responsabilidades para autoridades o funcionarios que, a sabiendas, sustraigan, destruyan u oculten documentos cuya custodia les está encomendada por razón de su
cargo, pero la realidad digital exige algo más operativo, que son reglas claras que afecten a los dispositivos oficiales, como la custodia, copias seguras, bloqueos de borrado y una situación legal cuando hay controles en marcha. Por eso, el Grupo
Popular plantea que haya un dispositivo oficial de un cargo oficial con una regla básica, que es que lo público se trata en
infraestructura pública. Hay que definir por norma qué es dispositivo oficial, que se prohíba por decisión unilateral el borrado cuando pueda afectar a información derivada de funciones públicas y que solo se permita bajo gestión, auditoría
y autorización oficial de la autoridad superior, valga de la redundancia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez-Comendador.
A continuación, tiene la palabra para responder la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Gracias, presidenta.
Señoría, voy a ver si puedo contestarle como usted espera.
La Ley de Seguridad Nacional no regula la actividad del Poder Judicial ni el control de las cuentas de Estado. En eso estamos de acuerdo, por supuesto. Por ello, no es posible abordar una regulación de dicha cuestión bajo su cobertura al
no constituir materia propia de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional no gestiona los dispositivos móviles de autoridades y altos cargos públicos. El DSN sí gestiona una aplicación de comunicaciones móviles seguras, COMSEC, que
se instala en dichos dispositivos -yo lo tengo instalado aquí, se lo puedo enseñar después-. La privacidad de dichas comunicaciones es absoluta y tampoco puede el DSN acceder a ellas.
El uso de dispositivos móviles en la Administración General del Estado se rige por las condiciones de uso de los dispositivos móviles que son propiedad de la AGE, norma del 17 de abril de 2023, que es emitida por la Secretaría General de la
Administración Digital, la SGAD, actualmente, la Agencia Estatal de la Administración Digital, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Los dispositivos corporativos están protegidos para cumplir con el
Reglamento General de Protección de Datos. La AGE no tiene acceso al sistema de ficheros del dispositivo ni a la localización ni al contenido de aplicaciones personales ni a cuentas de correo electrónico personales. En el caso de requerirse la
realización de una auditoría o un análisis forense a petición propia o de oficio por la unidad gestora del dispositivo se entrega de inmediato el terminal para su análisis.
Sin entrar en la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto a la protección de datos en las relaciones laborales, incluidas las de las empleadas y los empleados públicos, el marco legal en España está
definido principalmente por el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Bajo ese paraguas, hasta aquí le puedo decir.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Tiene la palabra, para la réplica, el señor Rodríguez-Comendador.
El señor RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ: Mi gozo en un pozo, señora Calvo, porque no me ha contestado usted a la pregunta, evidentemente. Usted me ha hecho una referencia sistemática legislativa impecable, perfecta, pero me quedo a dos velas.
No me contesta usted a lo que yo le he preguntado. ¿Por qué? Porque, desde mi punto de vista, debería establecerse una prohibición expresa del borrado unilateral de datos oficiales sin autorización formal cuando exista una investigación judicial
abierta, en curso o previsible o una auditoría administrativa o de Fiscalía. En ese caso, debería existir la obligación legal de la conservación de la información, porque no estamos hablando de información privada, la información es pública y, por
tanto, pertenece a la Administración, no a la persona que utiliza el dispositivo, sino a la Administración en la que ejerce sus funciones. Entiendo, señora Calvo, que eso no está todavía ni en la mente del Gobierno, porque ese principio de custodia
de la información, como le he dicho, debería tener un plazo mínimo de conservación de cinco a diez años, tanto los correos electrónicos oficiales como la mensajería institucional como los documentos y los mandatos previstos.
Hay que intentar, señora Calvo, predicar con la ejemplaridad. Y es fundamental que no vuelva a suceder lo que ocurrió el año pasado, porque eso mina la confianza en el Estado, y para los ciudadanos ha supuesto una situación absolutamente
anómala. ¿Qué piensa el ciudadano de a pie que ve cómo una persona -al margen de que sea una autoridad pública de primer nivel- borra y resetea su teléfono móvil cuando se abre una causa penal por el Tribunal Supremo contra él? Evidentemente,
piensa: Está borrando posibles pruebas que puedan encausarle, que puedan imputarle de alguna manera. Eso lo piensa cualquiera, no ya un propio abogado ejerciente o autoridad judicial, sino un ciudadano de a pie que no
tenga ningún conocimiento judicial. Es que la situación es de tal anomalía que evidentemente no cabe otra posibilidad que pensar mal, porque es evidente que cualquiera, en su caso, hubiera hecho lo mismo.
Muchas gracias, señora Calvo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez-Comendador.
Para responder y finalizar esta pregunta, tiene la palabra la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Gracias, presidenta.
Gracias, señor Rodríguez.
Hablaba usted de lo que deben opinar muchos ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que opinan muchas cosas sobre esa causa, y muy diversas, en las que no vamos a entrar en este momento. Pero, volviendo al
hilo de lo que usted comentaba, y saliendo del caso concreto para ir al planteamiento general, decía usted que se había quedado a dos velas. Yo le tengo que decir que lo que sí ha hecho es entender bien. Me ha dicho usted: Creo que he entendido
bien. Pues, efectivamente, ha entendido usted bien.
Gracias, señor Rodríguez.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
- CALENDARIO REALISTA Y PÚBLICO CON QUE CUENTA EL GOBIERNO PARA LA TRASPOSICIÓN ÍNTEGRA DE LA DIRECTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DEL DÍA 14/12/2022 (NIS2), SOBRE CIBERSEGURIDAD, ASÍ COMO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ESENCIALES EN ESPAÑA.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001511 y número de expediente del Senado 681/000534).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la novena pregunta, que es la penúltima que se va a realizar en la sesión de hoy. Es la referida al calendario realista y público con que cuenta el Gobierno para la trasposición íntegra de la
Directiva de la Unión Europea 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo del día 14 de diciembre de 2022, NIS2, sobre ciberseguridad, así como para la adaptación de los protocolos de seguridad en infraestructuras y servicios esenciales en
España.
Tiene la palabra, para formular esta pregunta, el señor Santamaría Ruiz.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señora secretaria de Estado, antes de entrar en la cuestión, y como senador valenciano con familia afectada directamente en la dana, le voy a decir una cosa: ha hecho usted un uso muy desafortunado -y voy a ser generoso- del dolor
de las víctimas de la dana. Hablaba usted de escuchar el dolor, pero ¿escuchó usted el dolor de los familiares de las víctimas -le pongo un ejemplo- de la valla de Melilla? Para tener conciencia y llevar algo sobre la conciencia, hay que tener
conciencia y hay que asumir responsabilidades políticas, cosa que ni su ministro ni su Gobierno han hecho ni en un caso ni en otro. (El señor Rodríguez Palacios: ¡Madre mía!-El señor Ruiz de Diego: Vaya a la cuestión). Además, le recuerdo que
debería usted -insisto, con todo el respeto- ser un poquito más humilde (el señor Ruiz de Diego: A la cuestión, a la cuestión), porque viene de una secretaría de Estado, la de igualdad y lucha contra la violencia de género, de un partido que es el
de la ley del sí es sí, del partido de las pulseras antimaltrato que no funcionan (el señor Ruiz de Diego: Ahora a la cuestión), y de un partido que no es capaz ni de proteger a sus compañeras, porque antepone los intereses del partido a los de las
propias compañeras. (Aplausos).
Dicho lo cual, y agradeciendo la iniciativa de mi compañero, el señor Monago, traemos hoy una pregunta muy concreta, pero con consecuencias muy reales. Nos gustaría saber si el Gobierno cuenta, sí o no, con un calendario realista y público
para la trasposición íntegra de la directiva NIS2 y para la adaptación de los protocolos de seguridad en infraestructuras y servicios esenciales. Hablamos de calendario realista y público, porque hoy lo que existe en la práctica es incertidumbre:
incertidumbre para los operadores esenciales, para la Administración y para la cadena de suministro, pymes incluidas, que
trabajan para sectores críticos. Y en ciberseguridad, señorías, la incertidumbre no es neutra, es una vulnerabilidad.
Recordemos lo básico. La Directiva de la Unión Europea 2022/2555, NIS2, fijó como fecha de trasposición el 17 de octubre de 2024; y la Comisión Europea, precisamente por los retrasos en su trasposición, abrió procedimientos de infracción a
veintitrés Estados miembros el 28 de noviembre del 2024. ¿Y qué ha hecho el Gobierno?, nos preguntamos. Aprobar en Consejo de Ministros, el 14 de enero de este año, un anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Doce
meses después, nos preguntamos si ese anteproyecto es o no es una trasposición, porque de momento es solo un anteproyecto. Y, mientras tanto, el reloj corre: corre para la Seguridad Nacional, corre para los operadores, corre también para la
credibilidad de España y también corre para los ciberdelincuentes, que nos atacan utilizando el ciberespacio y las cibertecnologías.
Pero lo más delicado, señora secretaria de Estado, y usted lo sabe, es que NIS2 no es papel, no es simplemente papel, cambia el perímetro: hay muchos más sectores afectados, muchas más entidades a las que se aplica -después del cierto
fracaso de NIS1-, endurece la gestión del riesgo, exige responsabilidad de dirección y obliga a una notificación de incidentes mucho más exigente, sin hablar, además, del duro reglamento o régimen disciplinario -régimen sancionatorio, mejor dicho-.
Todo ello requiere norma, desarrollo normativo, desarrollo reglamentario, guías, ejercicios, supervisión y recursos.
Y aquí estamos. Entramos en el segundo eje de la pregunta: infraestructuras y servicios esenciales. NIS2 no solo va de redes y sistemas; el país también necesita que esa ciberseguridad baje al terreno, al terreno de lo sectorial, de la
energía, del transporte, del agua, de la salud, de las telecomunicaciones, de la Administración pública y de los proveedores tecnológicos, entre otros. La propia comisión subraya el foco y pone interés en estos sectores críticos, lo cual conecta
con otra pieza europea gemela, que es la Directiva 2022/2557, CER, sobre resiliencia de entidades críticas, también con fecha de trasposición el 17 de octubre del 2024, es decir, ciberseguridad y resiliencia operativa deben caminar juntas. El
propio Ministerio del Interior ha impulsado un anteproyecto en esta línea, que conocemos, para reforzar la resiliencia de esas entidades críticas.
En el Partido Popular venimos insistiendo en que hace falta gobernanza clara, mando y coordinación, menos fragmentación, más capacidad operativa, y también más hablar con las comunidades autónomas. De hecho, en una moción registrada por
nuestro grupo se advertía del incremento de los ciberincidentes. Contamos ya con aproximadamente 200 000 ataques a la Administración pública española al año, de los cuales 350, es decir, uno al día, son críticos. Advertíamos de la gravedad del
incremento de esos incidentes e instábamos, entre otras cosas, a agilizar la trasposición y aplicación de NIS2. En la propia comisión mixta se ha debatido ya esa necesidad, incluyendo referencias expresas a NIS2 y a una autoridad competente única.
Le pregunto: ¿cuál es el calendario, con hitos y fechas? Es usted habilidosa -no se lo negaré- en el recurso al eufemismo a la hora de no contestar. Por eso le pedimos que nos especifique, con hitos y fechas, cuál es el calendario, cuándo
van a traer el proyecto de ley a las Cortes, cuándo van a aprobarlo y cuándo se va a culminar la trasposición; qué calendario manejan para ese aterrizaje sectorial, cuándo serán adaptados los protocolos y cómo se va a articular el punto de contacto
único y la autoridad competente.
Muchas gracias, secretaria de Estado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría.
Tiene la palabra, para responder, la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Señor Santamaría, como sabe, las trasposiciones de las directivas se hacen por ley -lo ha comentado usted ahora mismo-, por lo que se hace difícil precisar exactamente cuánto tiempo tardará en tramitarse en las Cortes Generales el próximo
proyecto de ley que presentará el Gobierno. No obstante, somos plenamente conscientes de que la directiva tenía que haber sido traspuesta el año pasado, en octubre, y el retraso es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno. Lo lamentamos
y, lógicamente, tiene una explicación que voy a proceder ahora a compartir con ustedes.
La elaboración se ha retrasado, primero, porque es la Directiva 2022/2555, que supone un salto cualitativo en la concepción de la ciberseguridad. Su trasposición implica un cambio de marco estratégico complejo que ha habido que afrontar
técnicamente de manera minuciosa y detallada. El ámbito de
competencia de su contenido y del nuevo marco estratégico afectan a diferentes ministerios y, desde su aprobación, además, se están extendiendo tecnologías disruptivas, lo que implica que hay que tenerlas en cuenta durante el proceso de
elaboración del anteproyecto.
Actualmente, el anteproyecto está pendiente de remitirse en breve plazo al Consejo de Estado. Creíamos haber podido tenerlo remitido ya y, de hecho, lo comuniqué así yo en la comparecencia que tuve en comisión, pero estamos justo ahí, a las
puertas para que informe por procedimiento de urgencia. Una vez que el Ministerio de Interior reciba dicho informe, adecuará el anteproyecto a las observaciones, se elevará a la Comisión General de Secretarios y secretarias de Estado y
Subsecretarios y subsecretarias y, finalmente, se aprobará en Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes y así iniciar su tramitación como proyecto de ley, lo que se espera que tenga lugar a lo largo del primer trimestre de 2026.
Le avanzo que este proyecto de ley refuerza significativamente las medidas de ciberseguridad de España, con la incorporación de nuevos mecanismos de gestión de riesgos y el establecimiento de nuevos requisitos de notificación a las
entidades. Asimismo, amplía los sectores estratégicos, que pasan de doce a dieciocho, potenciando la cooperación, el intercambio de información, la supervisión y el cumplimiento de las medidas de ciberseguridad.
El texto plantea, además, la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que, superando la actual dispersión competencial en materia de ciberseguridad, se constituye en autoridad nacional competente única en esta materia para la
dirección, impulso y coordinación de todas las actividades previstas en esta ley. Dicho centro actuará como punto de contacto único para garantizar la cooperación intersectorial y transfronteriza con otras autoridades competentes, así como
autoridad nacional de gestión de crisis de ciberseguridad. Finalmente, la ley establece medidas para garantizar una cooperación efectiva, eficiente y segura en el ámbito de la Unión Europea.
Por último, quisiera destacar que España no es el único país de la Unión Europea que va con retraso en esta materia. Desde luego, eso no es motivo de satisfacción; nos habría gustado ser los primeros en transponerla, pero es un proceso
complejo que también ha experimentado demoras en países como Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal o Suecia. En cualquier caso, el retraso es notorio, la dificultad está en la gestión de esa complejidad por parte del Gobierno y no le
puedo ocultar que nos hubiese gustado haber sido más rápidos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Tiene la palabra, a continuación, el señor Santamaría.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchísimas gracias.
Secretaria de Estado, la verdad es que le agradezco la sinceridad que muestra en el reconocimiento de la incapacidad de este Gobierno para resolver ningún problema complejo. Es más, yo lo extendería a la incapacidad de este Gobierno para
resolver cualquier tipo de problema, porque normalmente este Gobierno suele llegar tarde a todo; suele llegar tarde si no siempre, casi siempre.
Esta transposición de la directiva, efectivamente, es compleja porque regula ámbitos diversos, como todo lo relacionado con la necesidad de mejorar la formación del personal. Así lo pone de manifiesto el reciente informe del Ministerio del
Interior -de su ministerio- sobre la evolución de la delincuencia en ese trimestre, en el que se observa que el 20 % de los delitos ya están relacionados con la ciberdelincuencia. Debemos avanzar asimismo en esta transposición incorporando el
concepto de soberanía tecnológica suficiente en el ámbito de la ciberdefensa, ámbito en el que se abren también oportunidades para el sector en nuestro país, donde existe una enorme problemática y preocupación especialmente entre las pymes.
La pregunta que le hemos hecho usted la ha contestado más o menos en los plazos. La pregunta que nos seguimos haciendo es, en primer lugar, si el Gobierno, a pesar de todo, llegará a tiempo de aprobar la directiva dentro del primer
trimestre del mes de marzo. No podemos evitar preguntárnoslo. Y, en segundo lugar, no podemos evitar preguntarnos -y quizá usted nos pueda decir algo- si contarán con los apoyos que la sostienen a usted y a su Gobierno para poder tramitar y
aprobar esta norma tan necesaria.
Muchas gracias, señora secretaria de Estado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría.
Por último, para cerrar esta pregunta, tiene la palabra la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD (Calvo Sastre): Muchas gracias, señor Santamaría.
Nosotros vivimos con bastante más optimismo que el suyo. Como comprenderá, nos sentimos plenamente capaces de poderlo sacar adelante. Trabajamos duro, pero no solamente trabaja el Gobierno: trabaja el conjunto de funcionarios y
funcionarias que constituyen y configuran la Administración General del Estado, que es algo mucho mayor que el conjunto del Gobierno, que están ahí para dar respuesta a estos retos. Por tanto, esta es una transposición -y usted lo sabe- que tiene
un elevado componente técnico. Dicho lo cual, comprendo que ese planteamiento venga bien desde el punto de vista del eslogan político, y se lo acepto porque forma parte de la dialéctica propia de este debate. Lo que no le acepto es lo que ha
señalado respecto a una falta de respeto por mi parte. Me reafirmo en todas y cada una de mis palabras hacia las víctimas de la dana, incluido usted. Lamento sinceramente la situación en la parte que le corresponda.
En cualquier caso, tampoco he vivido como una especial amenaza mi paso por el Ministerio de Igualdad. Es más, sigo manteniendo competencias ligadas a la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales; una lucha que, por
cierto, mantiene incólume este Gobierno y que no piensa abandonar en ningún caso. Además, le diré -sin que usted me lo haya señalado- que, como militante socialista que soy, me siento orgullosa y sigo mirando al legado de las muchas mujeres
socialistas que han dejado una labor impresionante y han contribuido a transformar este país en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como al de tantos hombres socialistas que han sido copartícipes de ese avance. Y la memoria me lleva a
Carlota Bustelo, primera directora del Instituto de la Mujer, quien decía que feminismo y socialismo son caras de la misma moneda. A ella dirijo mi mirada, no la voy a bajar y, además, se la dirijo no con superioridad, sino con la admiración de
quien tiene la extraordinaria posibilidad y responsabilidad de poder contribuir a ampliar ese legado. No cejaremos en ello, con independencia del dolor que también sentimos cuando se producen errores y errores importantes.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Calvo.
- MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA FRENAR LA IMPLANTACIÓN Y EXPANSIÓN DE BANDAS INTERNACIONALES COMO EL TREN DE ARAGUA EN ESPAÑA, E IMPACTO QUE HAN TENIDO ESTAS ACTUACIONES EN LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA ASOCIADA AL
CRIMEN ORGANIZADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (SGPP)
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 181/001514 y número de expediente del Senado 681/000537).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, para finalizar esta sesión, a la pregunta décima, que es la relativa a las medidas específicas que ha adoptado el Gobierno para frenar la implantación y expansión de bandas internacionales, como el Tren de
Aragua, en España e impacto que han tenido estas actuaciones en la reducción de la violencia asociada al crimen organizado durante el último año.
Tiene la palabra, para formular la pregunta, el señor Bueno Vargas.
El señor BUENO VARGAS: Gracias, presidenta.
Señorías, señora Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, como bien ha indicado la presidenta, esta última pregunta de la sesión pretende reflejar nuestra preocupación, una preocupación social que afecta especialmente a los vecinos de los
barrios más vulnerables, en relación con esa situación que, muchas ocasiones, produce alarma. Por lo tanto, queremos manifestar nuestra preocupación por la gestión de estas medidas por parte del Gobierno y por los resultados obtenidos en la lucha
contra el crimen organizado de bandas transnacionales.
En primer lugar, nos interesaría por conocer las medidas llevadas a cabo para frenar la implantación y expansión de estas bandas. En especial, nos referimos a una que ha aparecido últimamente y de gran notoriedad sobre todo gracias a la
actuación de la Policía, como es el Tren de Aragua. También querría que nos informase del impacto de esas medidas, si han existido, en la reducción de la violencia vinculada al crimen organizado en este último año.
Nos gustaría saber si, dentro de este contexto, estas medidas contra la expansión de las bandas criminales existen, cuál ha sido su repercusión, principalmente en temas como la protección de víctimas de trata, de
explotación sexual y extorsión por actividades de bandas internacionales; cómo se garantiza la protección de testigos o colaboradores que informen sobre las actuaciones de estas organizaciones y toda la serie de medidas preventivas que se
llevan a cabo en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para impedir la entrada de miembros de estas organizaciones, así como la detención y deportación de todos aquellos detenidos que intentan entrar a España de forma irregular y que pertenecen a
estas bandas transnacionales.
Asimismo, es importantísimo para nosotros saber qué actuaciones se están llevando a cabo para evitar la captación de menores y de jóvenes por estas organizaciones criminales internacionales, sobre todo, en los barrios más vulnerables -que es
donde yo creo que existe más peligro de que se den estas situaciones-, en los que todos esos jóvenes se están formando y pueden empezar a creer en ciertos mitos o héroes, así como recibir y vivir valores que son destructivos no sólo en lo personal
para ellos, sino para nuestra sociedad, una sociedad libre y democrática como es la de España.
Por otra parte, sabemos que nos enfrentamos a un escenario criminal en el que organizaciones transnacionales, como, por ejemplo, esta banda del Tren de Aragua, intentan reproducir sus modelos de violencia y de control social e imponer sus
valores, así como captar en especial a los más jóvenes, con un modelo que es idéntico al que tienen en muchos países de Hispanoamérica. Este modelo es el que quieren traer a nuestra sociedad y, desde aquí, exportarlo hacia Europa. Como
comprenderá, esta preocupación es real, y que se esté desarrollando en los barrios más vulnerables y entre los jóvenes nos inquieta todavía más. De ahí la importancia de actuar y de reclamar la atención del Gobierno con medidas expresas contra el
crimen organizado de bandas internacionales. Esta expansión del modelo criminal ya ha empezado, y una prueba más de este fenómeno es, como he dicho al principio, la desarticulación de la primera célula asentada en España de la organización criminal
Tren de Aragua por las fuerzas de seguridad del Estado, pero este éxito no debe ocultar que la amenaza es real y que sigue existiendo.
Por lo tanto, consideramos que se debe trabajar en este sentido para que este intento de implantación y expansión en nuestro país no se lleve a cabo. Para ello resulta imprescindible un incremento presupuestario del Estado, aunque lo vemos
difícil, puesto que este año estamos otra vez sin presupuesto, y ya son muchos años en los que seguimos con el presupuesto de una legislatura anterior, un hecho inaudito. Creemos que debe haber una apuesta presupuestaria que permita trabajar frente
a estas organizaciones de alto riesgo criminal y garantizar el éxito en la lucha contra ellas. Para ello, el Gobierno debe poner a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado una serie de medidas que se basen principalmente en más medios
humanos y más recursos materiales. Quiero recordar que estos recursos deben ser para los profesionales que luchan contra estas bandas, adaptándose a la situación en la que operen. No podemos permitir que suceda lo que sucedió hace algún tiempo
-algo que aquí lamentamos-, las muertes de esos guardias civiles que se produjeron por no contar con los medios adecuados para la lucha que mantienen en el sur de España contra las mafias de la droga. Asimismo, es imprescindible garantizar una
coordinación judicial internacional...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Bueno.
El señor BUENO VARGAS:... así como contar con políticas migratorias y, principalmente, con programas de integración efectivos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bueno.
Tiene la palabra para responder la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señoría.
Señor Bueno, el despliegue de redes criminales internacionales en diversos países muestra el carácter transnacional del crimen organizado -lo decíamos también cuando hablábamos de la lucha antiterrorista- y de la delincuencia grave. En el
caso de España, su posición estratégica -la de nuestro país-, la amplitud de su costa, la calidad de sus infraestructuras, su proximidad a África y su conexión con América Latina constituyen factores que las organizaciones criminales aprovechan para
el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La cooperación internacional es clave para combatir la criminalidad y por eso España participa activamente en este esfuerzo, sobre todo con los países de origen más implicados en actividades
delictivas que afectan a nuestro país y a su entorno.
Conscientes de esta amenaza, el Gobierno ha aprobado la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025. Esta estrategia está diseñada para adaptarse a las nuevas formas del crimen organizado, que cambian
continuamente. Uno de los principales pilares es el de la anticipación, es decir, actuar sobre las causas, como le comentaba, mejorar la prevención y fortalecer la cooperación y el intercambio de información para evitar que estas redes se
consoliden en nuestro territorio. El primer eje estratégico de este ámbito plantea la necesidad de proyectar la acción del Estado hacia los países de origen y refugio de los autores y promotores del crimen organizado y la delincuencia grave. Este
enfoque prioriza la detección temprana en los lugares donde se gestan estas actividades, con el objetivo de impedir la entrada y el asentamiento de organizaciones criminales internacionales en nuestro territorio.
Para abordar cuestiones estratégicas en este ámbito, el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 15 de octubre de 2024, acordó la creación del Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Este órgano de
apoyo, en el marco del sistema de seguridad nacional, garantiza la coordinación e integración de esfuerzos, respetando las competencias de sus miembros y los protocolos de inteligencia y coordinación operativa existentes. De acuerdo con la
estrategia nacional, el comité tiene la función, por ejemplo, de proponer directrices al Consejo de Seguridad Nacional, supervisar el cumplimiento de la estrategia, de liderar revisiones y contribuir a la elaboración de planes estratégicos.
Siguiendo el principio de coordinación sinérgica entre todos los actores, se ha creado también la Mesa de Situación del Crimen Organizado, adscrita al CITCO, que tiene como misión analizar y actualizar periódicamente el estado del crimen
organizado, integrar información de las distintas instituciones participantes, identificar riesgos y nuevas zonas de vulnerabilidad, elaborar informes y proponer medidas concretas, informar al comité especializado sobre la situación del crimen
organizado. A nivel europeo, España contribuye al informe IOCTA, que ofrece una visión global de las amenazas de la delincuencia organizada y sirve de base para fijar prioridades en el EMPACT, que, como sabe, es la plataforma europea de cooperación
operativa contra el crimen organizado.
En el ciclo 2026-2029 se reforzará la atención sobre redes criminales de alto riesgo, incluidas aquellas de origen latinoamericano, debido a su capacidad transnacional y diversificación de actividades delictivas. Este enfoque permitirá
actualizar continuamente el mapa delictivo, correlacionar información de investigación con inteligencia en tiempo real y desarrollar estrategias sobre alianzas y dinámicas criminales, fortaleciendo así la prevención frente a amenazas emergentes,
como las comunicaciones cifradas y los servicios criminales en línea.
En referencia al ejemplo concreto que usted mencionaba y que también ha destacado en su intervención, cabe resaltar que, en los dos últimos años, en cumplimiento de requisitorias internacionales, se han llevado a cabo varias detenciones de
nacionales venezolanos vinculados al Tren de Aragua en distintos ámbitos delictivos, entre los que se incluye el blanqueo de capitales. Asimismo, son relevantes dos operativos policiales en los que se ha desarticulado la primera célula del Tren de
Aragua, como bien señalaba usted, así como un grupo criminal específico dedicado a la trata sexual, también vinculado a esta organización. Como bien sabe, en España, las fuerzas y cuerpos de seguridad desarrollan una labor constante en la lucha
contra las actividades del crimen transnacional.
En definitiva, España está reforzando su respuesta frente al crimen organizado mediante una estrategia moderna, coordinada y preventiva, con esfuerzos constantes de inteligencia, cooperación internacional y actuación policial, para detectar
y neutralizar cualquier amenaza. No obstante, quiero reconocer el acierto de su pregunta, en la que destacaba la necesidad de una intervención integral dado que cada vez hay más jóvenes y que el riesgo no se produce solamente en determinados
barrios, sino a través de Internet. De ahí la importancia de que el enfoque no se limite solo a la intervención policial, sino también a otros actores. También es necesario abordarlo desde el ámbito social, así como asegurar la participación
activa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de nuestro país.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
A continuación, tiene la palabra para la réplica el señor Bueno.
El señor BUENO VARGAS: Gracias.
Nos preocupa, y es un desafío, pero, en ese sentido, principalmente en relación con los jóvenes, insistimos en que la intervención debe ir más allá de la acción policial, debe ser formativa y educativa. En esta labor participan numerosos
actores, como los ayuntamientos, los servicios sociales, etcétera.
Ya que estamos hablando del Tren de Aragua -y esta es una situación especial-, quisiera saber, por ejemplo, cómo afecta en el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado la pasividad del Gobierno español frente a un régimen como de
Nicolás Maduro, del que se sabe que existe cierta complicidad, así como la relación de ese régimen con la organización Tren de Aragua, teniendo en cuenta los mandatos y directrices del Gobierno sobre actuaciones.
En ese sentido, vemos cierta pasividad del Gobierno con el régimen de Maduro. Ya lo vimos, por ejemplo, en la reunión en el aeropuerto de Delcy Rodríguez y el ministro -hoy, ya no ministro- y mano derecha del presidente de Gobierno, aunque
ahora no lo conoce. Por tanto, resulta evidente que existe una complicidad con ese Gobierno. Esta pasividad se ha manifestado incluso con hechos como la negativa a felicitar a María Corina como Premio Nobel de la Paz. Desde aquí, como Partido
Popular, reiteramos nuestra felicitación y reconocimiento por su labor en favor de la paz, la libertad y la democracia. (Rumores). Realmente, ella pone de manifiesto la naturaleza de un régimen totalitario y populista, como el que sufre hoy en día
Venezuela.
Desde aquí seguiremos insistiendo. Como bien ha señalado, en muchas de esas medidas ya se está trabajando, pero queremos hacer hincapié en que este Gobierno debe seguir invirtiendo en seguridad nacional, trabajando en el control migratorio
y fomentando la cooperación tanto con los países de origen como con los miembros de la Unión Europea (rumores) y, de manera especial, en la protección de los venezolanos, hispanoamericanos y todos los migrantes, dado que la inmensa mayoría son
personas honradas que han venido a trabajar y a integrarse en nuestra sociedad, conviviendo con nosotros en concordia. Por ello, debemos felicitarnos por su contribución y garantizar su protección. Eso es lo que pedimos a un Gobierno que debe
estar plenamente implicado en ese tema. También pedimos más fondos destinados a inteligencia, en los que, como usted ha señalado, ya se está trabajando. Asimismo -creemos que es importantísimo- hay que plantearse la creación de una ley contra el
crimen transnacional, similar a la ley antiterrorista que tan buenos éxitos dio a este país para la desarticulación de la banda terrorista ETA.
Muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bueno.
Tiene la palabra, para terminar, la señora Calvo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (Calvo Sastre): Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Bueno.
Para aprovechar la réplica, quería compartir con usted que, además de los buenos resultados que estamos teniendo en la lucha contra el crimen organizado a través del Plan Especial del Campo de Gibraltar, en detenciones, aprehensiones de
droga o en dinero del narco, en los últimos meses se han desarticulado, como veníamos comentando, algunas redes de crimen organizado. Una es el Tren de Aragua y, como ha visto usted, no hemos tenido ningún inconveniente con que se produjeran esas
detenciones de ciudadanos venezolanos. Aquí lo que perseguimos es a criminales y nos da igual la nacionalidad. Ya le digo que no tenemos ningún tipo de bloqueo en esas actuaciones. También la neutralización de la célula del Cártel Jalisco Nueva
Generación ha sido una operación importante, de origen mexicano en este caso, y la detención de Wilmer Chavarría, líder de la peligrosa organización ecuatoriana de Los Lobos, que creo que también es otra operación que merece la pena destacar.
Yo creo que la conclusión es clara: la lucha contra el crimen organizado en este momento es una lucha eficaz y, además, no vamos a bajar la intensidad. Estamos aplicando medidas innovadoras de cooperación policial internacional y voy a
destacar una que creo que es especialmente interesante y que opera desde hace poco más de un año, que es el European Operational Team de la Costa del Sol, en la que participan treinta y nueve países aliados. Esta iniciativa está financiada por la
Unión Europea y está centrada en la detención de objetivos de alto valor estratégico, los HVT. En estos momentos ya opera en toda España y es una iniciativa única en Europa, que permite el intercambio de información entre cuerpos policiales en
tiempo real y el desarrollo de operaciones por equipos policiales multinacionales de manera casi automática. Es un modelo de lucha contra el crimen organizado que Europol está interesada en poder aplicar al resto de Europa. Por tanto, en ese
sentido de eficacia nos queda mucho trabajo porque, desafortunadamente, el crimen organizado también se transforma y nosotros debemos adaptarnos continuamente a él.
Con respecto a su preocupación específica sobre la situación en Venezuela, me ha alegrado muchísimo su afirmación sobre esos migrantes, personas de bien, que son la inmensa mayoría, y se lo agradezco y se lo aplaudo. Y, por último,
recordemos que en este país tenemos un sistema de protección internacional específico para los ciudadanos y las ciudadanas provenientes de Venezuela.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Para terminar, le agradezco, en nombre de esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional, su presencia hoy aquí para responder a las preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las seis y tres minutos de la tarde.