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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 132, de 09/12/2025
cve: DSCG-15-CM-132
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 132
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ
Sesión núm. 19
celebrada el martes,
9 de diciembre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
- Elección de vacantes en la Mesa de la comisión:
- Elección de la Secretaría Segunda de la comisión. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y números de expediente del Senado 570/000008 y 571/000006) ... (Página4)
Elección de vacantes en la Mesa de la comisión:
- Elección de la Secretaría Segunda de la comisión. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y números de expediente del Senado 570/000008 y 571/000006) ... (Página4)
Debate y votación de la siguiente solicitud de fiscalización:
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación Disenso
correspondientes a los ejercicios 2020-2025. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000015 y número de expediente del Senado 772/000010) ... (Página4)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III, especialmente las relacionadas con el COVID-19, ejercicios 2020 y 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000124 y número de expediente del Senado 771/000122) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de los efectos de la COVID-19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000134 y número de expediente del Senado 771/000133) ... (Página10)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 y 2022. Presentado por el
Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000127) ... (Página10)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000142 y número de expediente del Senado 771/000140) ... (Página11)
- Informe de fiscalización del proceso de integración del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el 1 de
abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000098) ... (Página11)
- Informe de fiscalización de la Biblioteca Nacional de España, ejercicios 2021 y 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000123) ...
(Página12)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de las ayudas en concepto de acción social concedidas por los ayuntamientos de municipios de más de 100 000 habitantes, ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000123 y número de expediente del Senado 771/000121) ... (Página13)
- Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones convocadas correspondientes a 2021 destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las
entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000149 y número de expediente del Senado
771/000147) ... (Página14)
- Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por las entidades locales beneficiarias de las subvenciones convocadas en 2021 destinadas al fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000150 y número de expediente del Senado 771/000148) ... (Página15)
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega) para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000156 y número de expediente del
Senado 771/000154) ... (Página16)
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000167 y número de expediente
del Senado 771/000164) ... (Página16)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ejercicios 2020 y 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de
expediente del Senado 771/000126) ... (Página24)
- Informe de fiscalización con enfoque evaluador del control y supervisión de la subcontratación en los contratos de obras vinculados al Área de Gasto 2 'Actuaciones de protección y promoción social' de los Presupuestos Generales del Estado,
ejercicio 2022 y primer semestre de 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000150) ... (Página25)
- Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las Políticas de Gasto 11 'Justicia', 12 'Defensa' y 14 'Política exterior y cooperación para el desarrollo', ejercicio 2022. Presentado por el
Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000165) ... (Página25)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de la bonificación extraordinaria y temporal del precio de combustibles y aditivos para automoción en el ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000164 y número de expediente del Senado 771/000161) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la gestión y uso de inmuebles por el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus entidades adscritas, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000177 y número de expediente del Senado 771/000174) ... (Página34)
- Informe de fiscalización del Programa para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y
número de expediente del Senado 771/000139) ... (Página34)
- Informe de fiscalización del Programa 441N 'Subvenciones y apoyo al transporte marítimo', ejercicio 2023. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000170 y número de expediente del
Senado 771/000167) ... (Página34)
Se abre la sesión a las diez y doce minutos de la mañana.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y números de expediente del Senado 570/000008 y 570/000006).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días a todas y a todos.
Con la conformidad de la anterior reunión de la Mesa, vamos a modificar el orden del día según el artículo 68.2 del Reglamento del Congreso, en el sentido de incluir en el orden del día la elección de la Secretaría Segunda de la comisión,
debido a que doña Concepción Andreu Rodríguez ha causado baja como secretaria segunda con efectos del día 2 de diciembre de 2025.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada.
ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y números de expediente del Senado 570/000008 y 570/000006).
El señor PRESIDENTE: Se ha comunicado a la Mesa que existe consenso sobre la candidatura de don Jorge Amado Borrella para su elección como secretario segundo de esta Mesa. Por consiguiente, creo que dicha candidatura podría ser aprobada,
si así lo estiman sus señorías, por asentimiento.
¿Aprobamos la candidatura? (Asentimiento).
Siendo así, me complace comunicar el resultado por el que queda elegido como secretario segundo de la Mesa de esta presente comisión don Jorge Amado Borrella, para que ocupe su puesto en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SIGUIENTE SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN:
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACIÓN DISENSO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2020-2025. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000015 y número de expediente del Senado 772/000010).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día.
Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación Disenso
correspondientes a los ejercicios 2020-2025.
Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Verdejo.
El señor VERDEJO VICENTE: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
Hoy traemos a esta comisión una petición para que el Tribunal de Cuentas realice el más que necesario informe sobre la financiación de la Fundación Disenso, perteneciente al partido de VOX. Lo hacemos basándonos no en noticias inventadas,
no por leerlo en algunos titulares de seudomedios o por
voluntades de cryptobros; lo hacemos por un historial de sospechas sólidas que acompañan a la fundación y a dicho partido de VOX de multas por financiación irregular y de dimisiones en sus filas por presiones de la dirección para acometer
transferencias de dinero público en grandes cantidades a dicha fundación.
A parte de las cantidades importantes que ingresan ya por vía privada, esta fundación -por cierto, con valores que poco tienen que ver con los democráticos y los valores de libertad propios del siglo XXI- también recibe grandes cantidades de
dinero a través de las transferencias que realizan los grupos parlamentarios de VOX. Un claro ejemplo es Baleares, donde tres miembros de la dirección denunciaron públicamente presiones para desviar el 10 % en un principio y el 50 % más tarde del
dinero público que recibe el grupo parlamentario para la fundación en la que a Santiago Abascal se le asigna una paga vitalicia. Cito textualmente las palabras de la exportavoz balear de VOX: Y mientras se forran, le venden humo a la gente, van
enganchando adeptos con un discurso patriótico y, silenciosamente, aplican un descomunal giro político al partido para abrazarse a una derecha populista y radical que podemos calificar como la deriva Buxadé, exmilitante de la Falange Española que
odia todo lo que huele a libertad; esos son los intereses de Abascal: el dinero. Señorías, como decía, esto no lo dice un peligroso socialista catalán, sino que lo dice alguien que era la voz de VOX en el Parlament balear.
Efectivamente, ustedes, que vienen de chiringuitos cuando militaban ya en el Partido Popular, como el señor Abascal, que han sido multados por financiación irregular, que reciben financiación privada de bancos extranjeros y que crean una
fundación para que Santiago Abascal tenga una paguita vitalicia como es Disenso, tienen la cara después de venir al Congreso y votar en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, contra la revalorización de las pensiones y contra la
reforma laboral. Tienen que tener cuajo para hacerlo, señorías de VOX.
Encima, luego vienen vendiendo humo y esparciendo odio en las redes sociales con el intento de engañar y manipular a la clase trabajadora de este país. Por muchos reels y muchos tiktoks que hagan y que paguen con parte de este dinero, no
nos engañan. A ustedes la vulnerabilidad les va bien, ustedes la utilizan, no la quieren combatir -para muestra las votaciones que he citado anteriormente-; la utilizan para generar un clima de desafección y señalar al diferente. Mientras,
ustedes siguen asegurándose sus privilegios y los de los que más tienen y van sumando sobresueldos para sus dirigentes, como el del señor Abascal en Disenso. Estas prácticas son las que VOX utiliza allí donde está, ya sean negociaciones opacas para
perpetuar al Partido Popular en Gobiernos de la vergüenza, como en la Comunitat Valenciana -veremos seguramente después qué vota el Partido Popular y a cambio de qué es ese voto- o cuando se trata de financiar sus chiringuitos como Disenso. Estas
prácticas son cuando menos peligrosas para el sistema democrático y con profundas sospechas de irregularidad.
Como decía al principio, pedimos a esta comisión que se acuerde solicitar al Tribunal de Cuentas la realización de un informe de fiscalización especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación Disenso durante el periodo
correspondiente a los ejercicios 2020-2025.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Verdejo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano.
La señora ETXANO VARELA: Gracias.
Tal y como ha presentado en la moción el Grupo Parlamentario Socialista, en nuestra opinión estaríamos ante un debate sobre la correcta aplicación de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos y sobre la obligación de
activar mecanismos de control cuando aparecen indicios sólidos que pueden comprometer dicho cumplimiento.
En este caso, los indicios existen, parecen objetivos. Durante los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha impuesto a VOX sanciones que superan el millón de euros por financiación irregular, incluidas donaciones privadas no permitidas, tras
la fiscalización de los partidos políticos. Paralelamente, sabemos que la Fundación Disenso, vinculada orgánicamente al partido, ha recibido -según sus propios datos- más de 11 millones de euros desde 2020. En la última fiscalización de las
fundaciones relacionadas con los partidos políticos 2020-2021 eran 2,5 millones, algo que el tribunal también resaltó al ser VOX el único partido que transfiere estos importes -millones de euros- a su fundación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
Este patrón de funcionamiento plantea una pregunta o duda razonable: ¿Estamos ante una fundación que actúa como un canal paralelo, lo que permite desplazar actividades y gastos fuera del perímetro de control que la ley de financiación de
partidos políticos establece a los propios partidos?
La Fundación Disenso se presenta como un laboratorio de ideas, ideas que, por supuesto, rechazamos frontalmente en nombre del Partido Nacionalista Vasco, porque hablan de un proyecto ideológico incompatible con una sociedad democrática. Sin
embargo, su actividad real parece otra: el mantenimiento de un medio de comunicación propio, la difusión diaria de mensajes políticos, la articulación de redes internacionales afines, la formación de cuadros políticos, la producción de contenidos
ideológicos. Reproduce así, casi de forma exacta, funciones propias de un partido político. Cuando una fundación vinculada desarrolla actividades que duplican la actividad política y comunicativa del partido, pero lo hace en un entorno con menores
exigencias de transparencia, menos control contable y una fiscalización menos intensa, existe el riesgo bastante evidente de que estemos ante una forma de actuar de VOX y su fundación para eludir los controles que la ley orgánica establece. A este
escenario, además, se añaden -ya se ha comentado- las denuncias públicas de exdirigentes de VOX, que afirman haber recibido presiones para desviar ingentes cantidades de dinero público desde grupos parlamentarios autonómicos hacia la Fundación
Disenso.
No estamos prejuzgando un resultado, estamos reaccionando a hechos objetivos: aportaciones millonarias y sostenidas del partido a su fundación, un nivel de dependencia económica absoluto, una actividad funcional que se solapa con funciones
partidistas y un historial de sanciones al partido por prácticas de financiación irregular. En este contexto, activar una fiscalización especial del Tribunal de Cuentas para el periodo 2020-2025 es algo que entendemos como una garantía. Es el
instrumento para despejar dudas, verificar la trazabilidad de los fondos y determinar si se está produciendo una desnaturalización de la ley orgánica mediante el uso de una fundación como vía para eludir los controles propios del partido.
Por ello, y desde la coherencia, el compromiso con la transferencia y el buen uso de los recursos públicos, el Partido Nacionalista Vasco defiende esta solicitud de fiscalización especial de las cuentas de la Fundación Disenso para los
ejercicios 2020-2025.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ARIAS: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
A nosotros que se realice una fiscalización especial de las cuentas de la Fundación Disenso nos parece importante. Desde que se fundó en 2020 y hasta el año 2024 -según los informes de auditoría de las cuentas anuales que publica la propia
fundación- VOX ha ingresado a esa fundación 9 870 000 euros. No están publicadas las cuentas de 2025, pero, según informaciones periodísticas, con las aportaciones realizadas en 2025 habrían llegado a los 10,9 millones de euros ingresados por VOX a
su fundación desde 2020. En el ejercicio 2024 la Fundación Disenso tuvo un resultado negativo, a pesar de los millones de euros que ha recibido. Los gastos más importantes que creemos que hay que destacar son: otros gastos de actividad, 1 295 000
euros; 1 220 000 euros en gastos de personal; casi 703 000 euros de servicios de profesionales independientes, y casi 300 000 euros de otros servicios.
En estas cuentas que presenta la Fundación Disenso, los gastos se agrupan en partidas generales sin desglosar, por lo que no es posible conocer, por ejemplo, qué financiación tiene La Gaceta de la Iberosfera, que es una de sus actividades
declaradas. Este seudoperiódico digital es una maquinaria de propaganda dedicada a difundir bulos y mentiras, especialmente dirigidos contra personas migrantes y minorías. Algunos ejemplos de titulares difundidos por esta seudorredacción, pagada
con millones que VOX desvía hacia la fundación, son, por ejemplo -por poner tres-: 'La inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales que han llegado a España este año no huyen de conflictos ni guerras: Vienen a por ayudas sociales'; 'Noviembre, un
mes marcado en España por la criminalidad importada: agresiones sexuales, apuñalamientos, robos... y un atentado islamista'; o 'El Gobierno de Sánchez entrega el carné de conducir a más de un millón de marroquíes sin examen y mediante un trámite
telemático que evita la DGT'.
En definitiva, VOX ha desviado más de 10 millones de euros hacia su fundación privada, mientras presume de patriotismo y lanza acusaciones permanentes contra las instituciones democráticas. VOX ha convertido la Fundación Disenso en un
chiringuito al que desvía millones de euros procedentes de financiación pública y del que se sirve para hacer contrataciones opacas, con un gasto desproporcionado en personal y en profesionales independientes y cuya actividad principal es servir de
agencia de colocación
y producir bulos y propaganda xenófoba. Por todo ello, creemos imprescindible que el Tribunal de Cuentas fiscalice el origen y el gasto de cada euro para cada partida y cada actividad.
Creemos, además, que no es habitual que los partidos políticos aporten estas cantidades a sus fundaciones. De hecho, VOX es el único partido político que traspasa millones de euros a su fundación. Solo hay que ver el último informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el resto de los partidos. Según este, en el año 2021 se transfirieron un total de 3,8 millones de euros entre todos los partidos políticos, de los cuales 2,5 millones fueron de VOX, y en el ejercicio
2022, de 4 122 000, 2,5 millones de euros corresponden a transferencias de VOX. Por tanto, la financiación es claramente superior a la del resto de los partidos políticos. Los millonarios traspasos de VOX a Disenso han sido controvertidos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe ir acabando.
La señora RIVERA ARIAS: ... -sí, voy terminando- entre sus bases e incluso entre sus excargos institucionales y orgánicos.
Vamos a votar a favor de esta solicitud de fiscalización porque, frente a ese patriotismo de pulsera, financiación de bancos vinculados a Gobiernos extranjeros ...
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señoría.
La señora RIVERA ARIAS: ... y chiringuitos opacos, cuya actividad principal es la creación y difusión de bulos y xenofobia, nosotras defendemos un patriotismo real basado en la defensa de la democracia, la transparencia, la soberanía y la
verdad.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, pues el Partido Socialista y su charanga regresan con una obsesión, la de siempre: acosar a quien no controlan, con absoluta indecencia, falta de verdad e indigencia intelectual. Lo hemos oído. Lo que hemos oído es una barbaridad
detrás de otra. Ya les advertimos -en vano, por supuesto- que su ofensiva contra VOX fracasaría, y tomen nota: contra Disenso volverán a estrellarse.
El Tribunal de Cuentas, colonizado por el Partido Socialista, llegó a considerar ilegales unas donaciones finalistas a VOX cuya ilegalidad solo existió en la mente sesgada de algunos. Lo dijimos entonces: aquello no era una resolución
fundada en derecho, era una iniquidad calculada, jaleada incluso desde el propio púlpito de las Cortes por un ridículo presidente del Gobierno que permanece en el poder sostenido únicamente por la mentira y la corrupción política. Pero la farsa
socialista se ha desplomado. El Tribunal Supremo en su reciente -recientísima- sentencia del 13 de octubre de 2025 ha desmontado esa acusación pieza a pieza. No había infracción, no había irregularidad alguna, solo un bulo perfectamente alineado
con la historia de mentiras, abusos y corrupción de un partido que gime falsamente mientras oculta denuncias de acoso a mujeres en su seno, que presenta como candidatos a personas con el honor prófugo y que utiliza a tantos votantes y afiliados de
buena fe como escudo.
Fracasado su ataque a VOX, intentan ahora reciclar la misma estrategia contra la Fundación Disenso. Nuevamente chocan y van a chocar con la realidad. Disenso ya ha sido fiscalizada, y en varias ocasiones -tres-, desde 2020: ningún
reproche, ningún indicio de irregularidad, absolutamente nada. VOX estaría dispuesto a apoyar esta propuesta siempre y cuando incluya también la fiscalización de todas las fundaciones vinculadas a partidos políticos desde su nacimiento. Nada nos
complacería más, se lo puedo asegurar.
¿Qué busca entonces el PSOE? Hostigar a quienes no se dejan controlar ni comprar ni corromper, porque la Fundación Disenso es una historia de éxito y eso no lo soportan. Se ha convertido en un referente europeo y mundial del pensamiento
conservador, una red intelectual que enlaza a Europa con América: programas de liderazgo, como el celebrado recientemente en Washington; informes técnicos con autoridades académicas, como el de inmigración, que expone el daño a los más humildes
que los progres pretenden ocultar; el Foro de Madrid; la Cumbre de Madrid; el Instituto de Cultura; congresos, reuniones notorias y alianzas internacionales con líderes académicos y dirigentes a ambos lados del Atlántico. Hoy mismo, 9 de
diciembre, en Oslo, en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz, se estrena el documental producido por Disenso 'María Corina, la conquista de la libertad'; otra muestra del alcance internacional de Disenso.
Acabo, señor presidente. Esas son brevísimas pinceladas y cada una de ellas vale más que toda la arquitectura subvencionada del Partido Socialista Obrero Español que intenta mantener respirando artificialmente. Disenso -adecuado nombre
frente al consenso cuando es perverso- hace todo esto con muy pocos recursos. Si pretendían debilitarnos, solo han demostrado por qué Disenso debe fortalecerse más.
Aquí, mientras esté VOX y lo pueda evitar, no se perseguirá a nadie por pensar, estudiar, escribir, formar o servir a España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Beamonte.
El señor BEAMONTE MESA: Gracias, presidente.
Señorías, la transparencia no es un adorno, es una obligación estructural del propio sistema democrático, y todos saben bien que las fundaciones vinculadas a los partidos políticos están obligadas al control del Tribunal de Cuentas. Por
ello, pedir una fiscalización especial de la Fundación Disenso, como hace el PSOE, o de todas las fundaciones desde su creación, como ha hecho VOX presentando un escrito hace unos días en registro, carece de sentido en lo que es un marco ya
regulado. Otra cosa son los retrasos en la ejecución. No obstante, quien nada oculta nada teme y, como no tenemos ningún problema con la transparencia, con mucho gusto apoyaremos las dos iniciativas.
Señorías, el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar el destino ideológico de los gastos y el PSOE hoy intenta forzar ese límite para convertir esta institución en herramienta de combate electoral para distraer la atención. Resulta una
muestra de hipocresía contable y política que el PSOE pretenda erigirse hoy, precisamente en estos momentos, como el garante del control financiero, mientras arrastra advertencias del propio Tribunal de Cuentas, fundaciones con patrimonio neto
negativo y una investigación judicial abierta por pagos en efectivo no declarados, porque, mientras señalan a otros, sus fundaciones se hunden. La Fundación Pablo Iglesias cerró 2020, último ejercicio que conocemos, con un patrimonio neto negativo
de más de 2 250 000 euros, con pérdidas recurrentes y sin plan de saneamiento. ¿Con qué legitimidad piden fiscalizar a otros cuando el propio tribunal les exige a ustedes un rescate interno que ni siquiera atienden ni explican?
Cuando la fiscalización afecta a sus socios, ya sabemos cuál es su doctrina: mirar hacia otro lado. Lo pudimos ver el día 24 de junio de este mismo año. El Grupo Popular pidió fiscalizar un asunto concreto; no un ejercicio ni un periodo
completo de una fundación, un asunto concreto: los adelantos electorales a EH Bildu. ¿Y qué hizo el PSOE? Votar en contra. Porque para el PSOE la fiscalización no es un principio, es un arma que es dura con el adversario, pero muy indulgente con
el aliado.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional investiga pagos en efectivo no declarados del PSOE a Ábalos, a Koldo y a Pedro Sánchez también porque la UCO detectó movimientos de efectivo sin trazabilidad contable, sin soporte documental y sin
respaldo bancario. Esto no es transparencia, ¿o sí es transparencia?, ¿o, presuntamente, es financiación ilegal? La credibilidad no se proclama, se acredita, y su acreditación exige solvencia, coherencia y una verdad contable que tiene que ser
contrastada y verificable; estándares que distan muy mucho de los observados en las actuaciones presentes.
Señorías, mientras sigan viviendo de acusar a todos de bulos, de mentiras, de falsedades, de inventadas; mientras vivan de no asumir su propia realidad, no pueden exigir transparencia a nadie. Limpien su casa y colaboren con la justicia,
que es lo que tienen que hacer.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: A continuación, se procede a la votación.
Se somete a votación la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización especial de las cuentas de ingreso y gasto de la Fundación
Disenso correspondiente a los ejercicios 2020-2025.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda aprobada. (Rumores).
Vamos a hacer un receso de un minuto porque hay un punto de la votación que no le cuadra a uno de los grupos.
Un momento. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES GESTIONADAS POR EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON EL COVID-19, EJERCICIOS 2020 Y 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000124 y número de expediente del Senado 771/000122).
El señor PRESIDENTE: Continuamos.
Pasamos a la votación del informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III, especialmente las relacionadas con el COVID-19, ejercicios 2020 y 2021.
Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la 1 a la 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas de la 6 a la 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, de la 23 a la 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, la número 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
De la 29 a la 45.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
La número 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La 47.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 48.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA COVID-19 SOBRE LOS INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000134 y número de expediente del Senado 771/000133).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de los efectos de la COVID-19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de la 2 a la 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo SUMAR, de la 7 a la 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las números 11 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL IMPLANTADOS POR LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, F.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EJERCICIOS 2021 Y 2022. PRESENTADO POR EL
TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000127).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los
ejercicios 2021 y 2022.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos la propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 2 a 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, votamos las propuestas números 6 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 9 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 11 a 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 18 a 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL IMPLANTADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA, M.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA, SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000142 y número de expediente del Senado 771/000140).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2022.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos la propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos las propuestas números 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 4 a 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, votamos las propuestas números 10 a 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 13 a 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, DESDE EL 1 DE
ABRIL DE 2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000098).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización del proceso de integración del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos la propuesta número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario SUMAR, votamos las propuestas números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 6 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, EJERCICIOS 2021 Y 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000123).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de la Biblioteca Nacional de España, ejercicios 2021 y 2022.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos las propuestas números 1 a 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 7 a 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario SUMAR, votamos la propuesta número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario SUMAR, votamos las propuestas números 15 y 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 17 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 21 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 23 y 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 25 a 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS EN CONCEPTO DE ACCIÓN SOCIAL CONCEDIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 100 000 HABITANTES, EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000123 y número de expediente del Senado 771/000121).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque III.
Informe de fiscalización de las ayudas en concepto de acción social concedidas por los ayuntamientos de municipios de más de 100 000 habitantes, ejercicio 2021.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos las propuestas números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 5 a 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario SUMAR, votamos las propuestas números 14 a 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 22 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 27 y 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 29 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 31 a 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 34 y 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS CORRESPONDIENTES A 2021 DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS
ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EJERCICIOS 2021 A 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000149 y número de expediente del Senado
771/000147).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones convocadas correspondientes a 2021 destinadas a la transformación digital y modernización de las
Administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2023.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 2 a 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario SUMAR, votamos las propuestas números 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las propuestas números 10 a 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la propuesta número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 1; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS EN 2021 DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000150 y número de expediente del Senado 771/000148).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por las entidades locales beneficiarias de las subvenciones convocadas en 2021 destinadas al fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. presentado por el tribunal de cuentas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la propuesta número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las propuestas números 3 a 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario SUMAR, votamos las números 7 a 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las números 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las números 12 a 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20, en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Una vez concluidas las votaciones, hacemos un receso para dar paso a la presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa.-El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 23 DE JULIO DE 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000156 y número de expediente del
Senado 771/000154).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 9 DE JUNIO DE 2024. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000167 y número de expediente
del Senado 771/000164).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Retomamos la sesión.
Damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar sobre los extremos que figuran en el tercer punto del orden del día, repartidos, como es habitual, en tres bloques.
El primer bloque consta de dos informes: informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023, expedientes 251/000156 y 771/000154, e informe de fiscalización de las contabilidades de
las elecciones al Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2024, expedientes 251/000167 y 771/000164.
Tiene la palabra, para exponer los informes, la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente. Buenos días.
Buenos días a todos.
En este primer bloque les voy a pasar la información resumida para su debate sobre el informe de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023, que fue un informe que se aprobó en marzo de este año. Este
informe y el siguiente constituyen el resultado de las fiscalizaciones financieras y de cumplimiento que el tribunal realiza por mandato legal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las
dos fiscalizaciones se han desarrollado con idéntica metodología, basada, como siempre, en el examen de la documentación contable y justificativa remitida por las formaciones políticas a través de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas y en
comprobación del cumplimiento de los límites legales del gasto y de las obligaciones de justificación previstas en la normativa electoral.
Este informe, el de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales, tiene un ámbito subjetivo que comprende a las dieciséis formaciones políticas que obtuvieron representación en el Congreso de los Diputados o en el Senado. El
ámbito objetivo abarca la fiscalización de las contabilidades electorales presentadas por dichas formaciones tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista del cumplimiento normativo. El ámbito temporal, como es habitual, se
extiende desde la convocatoria electoral, que se efectuó por Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo, hasta la proclamación de electos.
Las principales conclusiones son que todos los partidos, las dieciséis formaciones políticas examinadas, presentaron en plazo su contabilidad electoral. Declararon recursos para financiar la campaña electoral por un total de cerca de 57
millones de euros. Si atendemos a su naturaleza, estos recursos proceden de las subvenciones electorales -casi 14 millones-, del endeudamiento bancario -casi 36-, de aportaciones realizadas por los partidos -casi 7- y de aportaciones privadas -250
000 euros-.
Los gastos electorales que el tribunal ha considerado justificados ascendieron a un total de algo más de 58 millones de euros. No se aceptaron gastos declarados por los partidos políticos por un importe de 492 851 euros por no tener los
gastos presentados naturaleza electoral, por no estar permitidos por la LOREG o no estar suficientemente justificados. Ninguna formación política superó el límite de gastos electorales ni tampoco los límites de gastos de publicidad exterior ni de
publicidad en prensa y radio.
En la fiscalización se han detectado pagos a proveedores fuera de plazo, excesos de facturación en sobres y papeletas y variaciones significativas de precios de adquisición de sobres y papeletas. El Tribunal de Cuentas no ha formulado
propuestas de no adjudicación de subvenciones electorales a ninguna
formación política; sí ha formulado, por el contrario, propuestas de reducción de subvenciones electorales respecto de seis formaciones políticas, todas por la misma razón: realizar pagos con posterioridad a los noventa días siguientes al
de la votación, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 125.3 de la LOREG.
En cuanto al seguimiento de recomendaciones del anterior informe, que fue el relativo a las elecciones celebradas en 2019, se han cumplido seis recomendaciones, siete no se han cumplido, dos están cumplidas parcialmente y cuatro se
encuentran en curso.
El presente informe contiene diecisiete recomendaciones, que en gran medida repiten las recomendaciones del informe anterior y que están orientadas a subsanar las deficiencias identificadas. Entre otras, se recomienda al Gobierno y se le
insta a promover iniciativas legislativas para clarificar las categorías de gastos electorales, regular los microcréditos, adaptar los límites de gasto a los medios digitales, vincular esos límites al número de electores, así como fomentar la
adquisición centralizada de material electoral. A la Junta Electoral Central se le recomienda establecer un código identificativo único para cada una de las formaciones políticas, avanzar en la digitalización de trámites y garantizar el NIF propio
de las coaliciones. Al prestador del servicio postal se le recomienda y se le insta a mejorar sistemas telemáticos y a los partidos políticos se les recomienda verificar que los proveedores incorporen en las facturas todas las especificaciones
exigidas por la normativa y se les sugiere acreditar la puesta a disposición de los electores de todas las unidades de sobres y papeletas electorales.
El segundo informe de este bloque está referido a la fiscalización de las contabilidades a las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024. El ámbito subjetivo lo constituyen nueve formaciones políticas que han obtenido
representación en las elecciones; el ámbito objetivo incluye la contabilidad electoral remitida por los partidos políticos, y el ámbito electoral comprende desde la convocatoria electoral efectuada por Decreto 363/2024, de 9 de abril, hasta la
proclamación de electos.
Las conclusiones principales son las siguientes. Han presentado contabilidad electoral ocho de las nueve formaciones políticas que han obtenido representación en el Parlamento Europeo. La agrupación de electores Se Acabó La Fiesta no ha
presentado contabilidad electoral. Las ocho formaciones políticas han declarado recursos para financiar la campaña por un total de 38,15 millones de euros, que procedían también de operaciones de endeudamiento, de adelanto de subvenciones
electorales, de aportaciones realizadas por partidos políticos y de aportaciones privadas. Los gastos electorales que el tribunal ha considerado justificados ascendieron a un total de 38,78 millones de euros. No se han aceptado gastos declarados
por los partidos políticos por importe acumulado de 695 000 euros por no tener los gastos naturaleza electoral o bien por no estar permitidos por la LOREG o no estar suficientemente justificados. El tribunal ha observado que gastos por importe de
634 000 euros no tienen naturaleza electoral porque no están comprendidos en el artículo 130; 90 euros han sido excluidos por haber sido realizados fuera de plazo los pagos; 6300 euros se refieren a gastos que tampoco están permitidos por la LOREG
y hay gastos por importe de 45 000 euros con justificación insuficiente. No obstante, ninguna formación política superó el límite de gastos máximos electorales y tampoco los límites de gastos de publicidad exterior ni de publicidad en prensa y
radio. En la fiscalización se han detectado pagos a proveedores fuera de plazo, excesos de facturación en sobres y papeletas y variaciones significativas de precios de adquisición de sobres y papeletas.
El Tribunal de Cuentas ha formulado una propuesta de no adjudicación de la subvención electoral a la formación política Se Acabó La Fiesta por no haber remitido contabilidad electoral para su fiscalización y ha formulado propuesta de
reducción de las subvenciones electorales respecto de tres formaciones políticas por un importe total de 100 000 euros por haber concurrido las irregularidades y deficiencias previstas en la LOREG y concretadas en la instrucción del tribunal
aplicable a este proceso electoral; en concreto, por haber realizado pagos a proveedores con posterioridad al plazo fijado en el artículo 125.3 de la LOREG.
En cuanto al seguimiento de recomendaciones, de las nueve recomendaciones que incluía el informe de 26 de mayo de 2019, seis no han sido cumplidas, una se ha cumplido parcialmente y dos están en curso. El informe actual incluye dieciséis
recomendaciones dirigidas al Gobierno, a la Junta Electoral Central, al prestador del servicio postal y a los partidos políticos, y son en gran medida coincidentes con las incluidas en el informe de fiscalización de las contabilidades de las
elecciones a Cortes Generales a que me he referido anteriormente.
Del análisis conjunto de ambos informes se desprende, en general, una valoración positiva del cumplimiento de las obligaciones contables y de transparencia de los partidos políticos. El tribunal constata
que las formaciones han rendido sus cuentas en plazo, han respetado los límites de gasto y han utilizado recursos públicos conforme a la normativa. Persisten, sin embargo, deficiencias recurrentes que aconsejan avanzar en reformas
normativas -a las que nos hemos referido en múltiples ocasiones- y en la modernización de los procedimientos de control; entre ellas, actualización de la regulación de los gastos electorales, mejora de la trazabilidad y digitalización de los
procesos y coherencia entre los límites de gasto y las subvenciones públicas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Etxano.
La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.
Gracias, presidenta, por la presentación de estos informes. Quiero agradecer al tribunal el trabajo que hay detrás de estos dos informes, tanto el de Cortes Generales como el de las elecciones europeas, que, como siempre, facilitan nuestra
labor de control y de análisis de qué es aquello que se puede hacer para mejorar.
Por lo que respecta a la Coalición por una Europa Solidaria, en la que se integra el Partido Nacionalista Vasco, el cual también está en las Cortes Generales, el informe concluye, como en relación con la mayoría de los partidos, que la
contabilidad se entregó en plazo, que la documentación formalizada era coherente, sin excesos y con algún ajuste en reclasificación técnica, pero sin reducción de la subvención.
Ya en general, el tribunal nos recuerda en sus recomendaciones, en las conclusiones, algo que ya aparecía en fiscalizaciones anteriores, y también habla de la moción del 27 de julio de 2021, sobre financiación y control de los partidos.
Entre ellas, estaría la recomendación de modificar la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos y la LOREG, y a esas dos me voy a referir con dos apuntes: uno en general y el otro es una pregunta al tribunal.
No sé si sería el momento. Nosotros defendemos que se abra una reforma serena de estas dos leyes, que, además, estaría directamente relacionada con estos informes, pero introduzco un matiz, porque muchas veces las recomendaciones del
tribunal apuntan legítima y lógicamente también a facilitar la fiscalización, a homogeneizar criterios y a clarificar conceptos. Ahí estaríamos de acuerdo, pero esto no podría traducirse en que resulte que todos los partidos sean modelos
organizativos uniformes ni crear unidades de gestión estándar que ignoren cómo se articulan en la práctica las distintas fuerzas políticas. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, es un partido con mucha implantación territorial, capilar en los
municipios, y con una estructura local, territorial y nacional que a veces resulta compleja a los auditores del Tribunal de Cuentas. No es lo mismo gestionar un partido fuertemente centralizado que uno que cuenta con esta capilaridad, que es la que
tenemos nosotros. Por eso, si hablamos de posibles modificaciones normativas, además de buscar un momento en el que hubiera cierta serenidad -no parece que ahora sea el mejor momento-, nuestro grupo estaría dispuesto a valorar las mejoras que den
seguridad jurídica y más transparencia, pero siempre que no se pretenda forzar que todos adoptemos el mismo modelo de gestión interna. Esta sería más una labor para el legislativo, en todo caso.
En cuanto a la consulta que le haría al Tribunal de Cuentas, se trata de la comunicación de los límites de gasto de cada proceso electoral. La ley orgánica es clara, lo establece en la disposición adicional dieciséis -qué le voy a contar-:
el Tribunal de Cuentas es el competente para comunicar a cada formación política concurrente a las elecciones los límites electorales. En el informe de las elecciones hace referencia, además, a que, una vez obtenidos los datos del Ministerio del
Interior, esto lo trasladan. Sin embargo, aunque formalmente esto es así, la experiencia práctica de las formaciones -y hablo desde la perspectiva de un partido más pequeño en comparación con los grandes-, la sensación con la que trabajamos es que
la comunicación no siempre llega por los canales más operativos para quienes están planificando la campaña y a veces no llega con el margen suficiente para que estas cifras se puedan incorporar a la planificación. Por eso es razonable plantear aquí
-es una petición- que esta obligación de comunicar los límites máximos no se limite a un trámite formal, sino que se traduzca en una información clara, accesible y con tiempo suficiente para que podamos ajustar nuestros presupuestos en campaña.
Dicho esto, esta sería la pregunta que le trasladamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra señora Rivera.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
Buenos días, señora presidenta.
Nos vemos hoy otra vez aquí y volvemos a destacar la importancia que tienen estos informes, porque son una herramienta para garantizar la transparencia, el análisis objetivo del cumplimiento en la financiación de los procesos electorales y
de la confianza ciudadana. Nos alegramos de los resultados arrojados por ambos informes, porque creo que es importante reconocer el cumplimiento generalizado en la presentación de contabilidades y que ninguna formación haya superado el límite
máximo de gastos electorales legalmente establecido, pero nos preocupan los problemas estructurales y persistentes que se repiten en todos los procesos y que en algunos casos provocan propuestas de reducciones de subvención que indican carencias, y
también estamos de acuerdo con el tribunal en que deben corregirse: no se pueden seguir dando pagos fuera del plazo legal de noventa días, el uso de cuentas no electorales, las deficiencias en la identificación de donantes y en la información de
terceros o las irregularidades en materia de transparencia y financiación. Nos parece especialmente grave el caso de VOX, que recibe financiación de origen extranjero, y su relación con el banco húngaro vinculado al Gobierno de Orbán. Creemos que
la financiación de los procesos electorales debe estar blindada frente a injerencias externas, y aún más desde la declaración del señor Trump de su posible injerencia en los procesos electorales próximos en Europa, en los que se incluye España, y su
apoyo de todas las formas posibles a los partidos patrióticos, como él los denomina.
Respecto al informe del Parlamento Europeo, entendemos que los mecanismos de control son eficaces y se demuestran, porque la propuesta de no adjudicación de subvenciones a la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta por la no presentación
de su contabilidad electoral es una muestra del funcionamiento de los mecanismos de control. Nosotras estamos convencidas de la necesidad del uso responsable de los fondos públicos, de la necesidad de una financiación electoral transparente y libre
de injerencias y del avance hacia procesos más sostenibles, digitales y eficientes. Creemos que coincide con lo expresado en los informes del Tribunal de Cuentas.
Hacemos nuestras todas esas propuestas y recomendaciones e intentaremos trabajar dentro de la correlación de fuerzas existentes y de nuestra posibilidad de empuje. Pero creemos que es muy importante adoptar las medidas necesarias para que
la Ley Orgánica 8/2007 prevea que las donaciones privadas que se realicen en el periodo comprendido entre la convocatoria del proceso electoral y la financiación de la campaña electoral se entiendan efectuadas para financiar dichos procesos
electorales y, por tanto, se sometan a los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, debiendo abonarse en las cuentas bancarias abiertas a ese efecto. Y, por supuesto, creemos que hay que adoptar las medidas necesarias
para fiscalizar apropiadamente a todos los partidos que incurren en excesos de facturación por sobres y papeletas electorales respecto a los envíos justificados, así como en su confección. Coincidimos en que hay que fomentar todas esas medidas
legislativas tendentes a la fiscalización de las organizaciones que realizan operaciones merecedoras de reclamaciones, como los pagos fuera de plazo, sin suficientes detalles o comunicación.
En definitiva, apoyamos todas las recomendaciones del tribunal y somos conscientes de la realidad de esa persistencia del atasco en el avance de esas modificaciones tan necesarias en aras de la transparencia, de la igualdad y -repito- de la
confianza de la ciudadanía en el sistema electoral de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta, y gracias por sus informes y su presentación.
En este primer bloque, analizamos los informes de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023 y de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024.
Varias consideraciones. Primera, no es normal que se emita el informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones generales de 2023 veinte meses después de la celebración de los comicios. Y tampoco lo es que se tarden doce meses en emitir
el informe de las elecciones europeas.
Segunda, VOX ha planteado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al entender que deben ser incluidos en la contabilidad electoral los intereses devengados hasta el reembolso de
los gastos electorales por parte de la Administración. Entendemos que los partidos no deben ser perjudicados por retrasos en la fiscalización y en el pago.
Tercera, nos parece inconcebible que EH Bildu reciba 805 000 euros, cuando el artículo 127.4 de la LOREG dice que las subvenciones electorales no se devengarán a un partido cuando sus órganos directivos -en los que está Arnaldo Otegi-
incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado
públicamente los fines y los medios utilizados.
Cuarta, una serie de precisiones sobre los préstamos. Una, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que expresamente regula este tipo de financiación bancaria, no establece ninguna limitación de origen. O sea, que respecto de los
fondos procedentes de créditos o préstamos la LOREG no establece ninguna -absolutamente ninguna- prohibición específica en cuanto a su origen. En realidad, lo único que dice la ley es que el tipo de interés que paguen los partidos no puede ser
inferior al que corresponda a condiciones de mercado. Dos, el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos habla de aportaciones -repito, aportaciones- de personas extranjeras. Quien considere que una aportación es lo
mismo que un préstamo -estoy seguro de que no es el caso del Tribunal de Cuentas- demuestra una enorme ignorancia. Tres, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación que abrió a VOX por financiación irregular a raíz de una denuncia del
PSOE. Repito, para que quede claro en el Diario de Sesiones. Fecha, 16 de junio de 2025. La Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación que abrió a VOX a raíz de una denuncia del PSOE. O sea, que VOX no tiene ninguna -ninguna- condena por
corrupción. Y no solo eso. El 15 de octubre de este año el Tribunal Supremo ha anulado las dos primeras sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas a VOX. Estamos convencidos de que las siguientes sanciones -también recurridas ante el Tribunal
Supremo- serán archivadas.
Hablemos ahora del PSOE. Caso Filesa: el Tribunal Supremo condenó a varios miembros del PSOE por financiación ilegal del partido mediante el entramado de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. Usó facturas falsas para justificar
gastos electorales y ocultar donaciones irregulares, que resultó en penas de prisión y multa. Caso de los ERE de Andalucía: desvío masivo de fondos públicos por cientos de millones de euros. Se condenó a ex altos cargos de la Junta de Andalucía,
incluidos los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Caso GAL: delitos de financiación de grupos parapoliciales; cargos del PSOE, como el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado, Rafael Vera,
fueron condenados.
Hablamos del PSOE, un partido que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por los pagos en metálico. Curiosamente, defiende los pagos en metálico, pero en sus cuentas anuales no figura ninguna partida de caja como parte de la
tesorería del partido. Hablamos del PSOE del caso Filesa, del caso Flick, del caso Hacienda, del caso Rumasa, del caso Aller, del caso Seat, del caso AVE, del caso Arcos, del caso Guerra, del caso Roldán, del caso GAL, del caso de los ERE de
Andalucía, del caso Asesores, del caso Ciempozuelos, del caso de los cursos de formación, del caso Campeón, del caso Mallén, del caso Comercio, del caso Matsa, del caso ACM, del caso Alhambra, del caso Feval, de la operación Madeja, del caso Delcy,
del caso Tito Berni, del caso Koldo, del caso David Sánchez, del caso Ábalos, del caso Cerdán, del caso Begoña y los que seguirán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Soler tiene la palabra.
El señor SOLER SANTOS: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, muchas gracias por su exhaustivo control. Y también quiero agradecerle su presencia hoy aquí después de unos días complicados y mandarle nuestro afecto.
Le agradecía el exhaustivo control porque realmente, de los informes que se nos han revelado, se desprende precisamente eso, un exhaustivo control de las cuentas públicas, como se ve en todos los informes del Tribunal de Cuentas por otra
parte, especialmente en algo tan delicado como es la financiación
en unas elecciones. A grandes rasgos, quiero destacar una frase que ha dicho usted: que, en general, la evaluación es positiva en cuanto a la transparencia de los partidos políticos. Por tanto, podemos decir que en España los partidos
políticos hacen una buena labor de transparencia de fiscalidad de cara a las elecciones generales y, en cuanto a la democracia, rendimos cuentas a la democracia y rendimos cuentas, por supuesto, a la ciudadanía.
En este sentido, quería hacerle la primera pregunta: si usted considera que los partidos políticos en España, efectivamente, hacen una buena labor en cuanto a la financiación y si tiene fundamento el discurso negacionista que escuchamos en
algunos partidos que va contra el sistema y también contra las elecciones, del que a veces llegamos a escuchar derivadas incluso de amaños electorales. Yo creo que, teniendo órganos tan fiables como el Tribunal de Cuentas, tenemos una garantía para
la ciudadanía de que se están haciendo las cosas bien y de que se está utilizando el dinero para los fines que pertocan. Por eso también me gustaría resaltar la importancia que tiene este trabajo de control en cuanto a la confianza en el sistema y,
al final, en la democracia.
Además, quería destacar que el diputado que ha intervenido por VOX hace menos de una hora se estaba quejando de que hubiese un control de sus cuentas y ahora viene aquí y lo primero que hace es reprochar que se haya tardado doce meses en
elaborar unos informes tan exhaustivos como estos. Hace una hora no eran capaces de tener un compromiso con la transparencia en cuanto a sus fundaciones y ahora vienen aquí a indicar que estos informes, que no se hacen de un día para otro, llegan
tarde porque han tardado doce meses. Bueno, cada uno pondrá los límites que vea convenientes, pero yo quiero poner en valor que en doce meses tengamos unos informes tan exhaustivos como estos y, además, con la confianza que nos puede dar a nosotros
como partidos políticos. También quiero decir al señor de VOX que, si no tienen ningún problema con la transparencia, no tienen más que traer la justificación que se les pide de los préstamos -porque, efectivamente, tienen préstamos-, con cuentas
vinculadas a amigos suyos de otros partidos de otros países; tan patriotas que son ustedes y tienen que financiarse a través de otros partidos de otros países que están relacionados con ustedes. Si no es nada raro -que yo no digo que lo sea, no
digo que haya nada raro ahí-, ustedes presentan las justificaciones que son requeridas, en este caso por el Tribunal de Cuentas, y nos quedamos todos tan tranquilos. Yo no dudo de que hagan ustedes las cosas bien, pero, como no tenemos ninguna
prueba ni sabemos de dónde viene esa financiación que ustedes reciben, tenemos que ponerlo en duda, y así lo ha destacado el informe del Tribunal de Cuentas.
Poca cosa más en relación con estos informes, solo insistir en la garantía que suponen y en el buen hacer de la mayoría de los partidos políticos en España. Vemos algunas cosas puntuales en algunos partidos. No hace falta que los
mencionemos para que nadie se sienta atacado, pero en algunos partidos hay algunas salvedades que se han presentado recurrentemente en ambos informes y que se tienen que pulir por los respectivos partidos, aunque en general nos podemos ir
satisfechos hoy, sabiendo que hay un ejercicio de control muy importante que al final nos garantiza, ya no solo como políticos o partidos políticos, sino también como ciudadanos, que se están haciendo las cosas bien, por mucho -insisto- que otros
intenten colar este discurso y luego digan que se llaman disidentes por no decir que son negacionistas, porque se quedarían más retratados.
Así pues, gracias por esta labor. Esperamos los próximos informes, que siempre son muy interesantes, y la animamos a seguir por aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alía.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Buenos días, presidenta, y bienvenida a esta comisión, hoy con más motivo.
Al no tener en esta comisión mixta la posibilidad de realizar preguntas escritas, tengo, una vez más, que comenzar preguntando por nuestras peticiones de fiscalización, las presentadas por el Grupo Popular, porque sí, soy pesada, pero
siempre que vengo recuerdo que la primera de ellas, la fiscalización del CIS, la pedimos el 17 de septiembre de 2024, y ha transcurrido más de un año y seguimos sin respuesta. Entiendo, presidenta, que tienen mucho trabajo, pero también mucho
personal, por lo que le agradecería una respuesta a cómo van nuestras peticiones de fiscalización.
Si ya pasamos a los informes de este bloque, referidos a las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 y a las Cortes Generales de 2023, en el informe relativo
al Parlamento Europeo vemos que acceden nueve formaciones políticas, de las que todas rinden cuentas al tribunal salvo Se Acabó La Fiesta, lo que implica que pierde alrededor de un millón de euros. Ante esta situación, presidenta, si el
Tribunal de Cuentas debe remitir al Gobierno y a las Cortes Generales el resultado de la fiscalización de las contabilidades, en casos de cierta relevancia, como es este, por el importe, ¿nos podría explicar dónde ha ido ese millón de euros que no
se entrega a Alvise y que forma parte del presupuesto público destinado a financiación de partidos políticos, según la LOREG? ¿Dónde ha ido? ¿Se incorpora a las arcas del Estado? ¿Son fondos públicos no ejecutados? Quiero entender que se
reintegra al presupuesto o se reasigna a convocatorias futuras. Le agradecería si usted me lo pudiera responder. En este informe, además, vemos cómo hay tres partidos que ven reducida su subvención por incumplimientos: Junts, SUMAR y VOX. Pagan
a sus proveedores fuera de plazo -lo ha dicho usted- e incluso es curioso cómo SUMAR no comunica las cuentas bancarias a la Junta Electoral y utiliza cuentas personales para hacer pagos. ¿Cómo es posible eso?
Muy importante también en este informe es la recomendación que hacen ustedes al Gobierno en cuanto al ahorro en la compra de sobres y papeletas, en línea con una moción aprobada por el Tribunal de Cuentas el 27 de julio de 2021. Más de
cinco años después, porque este informe tiene fecha de 26 de junio de 2025, todos sus consejos caen en barbecho, como se suele decir, porque el Gobierno sigue haciendo caso omiso y sigue gastando. Y para terminar con este informe, quiero comentar
que ya en el anterior, de 26 de mayo de 2019, hicieron nueve recomendaciones y seis años después no se han cumplido seis de ellas dirigidas al Gobierno.
En cuanto al otro informe, el de las elecciones a Cortes Generales de julio de 2023, los dieciséis partidos que concurren a elecciones presentan contabilidades y, por tanto, todos cobran subvención, si bien esta queda reducida a seis de
ellos por incumplimientos. Vuelve a sorprendernos SUMAR, un desastre contable a todas luces, que vuelve a pagar a proveedores desde cuentas que no han sido comunicadas. Además, tiene proveedores, entre ellos empresas como Meta, Prisa Media o El
País, por importe superior a 500 000 euros que no informan de nada al Tribunal de Cuentas, incumpliendo la obligación de comunicación para importes superiores a 10 000 euros, según marca la LOREG, unido a 260 000 euros sin justificar correctamente y
52 000 euros más que no cumplen con los requisitos para ser considerados como gastos electorales. A SUMAR se le une su socio de Gobierno, el Partido Socialista, que se salta la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, y no informa de
su financiación, en concreto del préstamo de 1 750 000 euros concedido por Unicaja, además de contratar spots con emisoras de televisión privadas, tema regulado en el artículo 60 de la LOREG, y a la fecha de firma de este informe, 27 de marzo de
2025, siguen sin cumplirse siete de las recomendaciones del informe de contabilidad a Cortes Generales anterior. La verdad es que se pone de manifiesto claramente que el Gobierno socialista y sus socios, en este caso SUMAR, tienen contabilidades de
dudoso proceder y credibilidad, y el Tribunal de Cuentas, que ya lo ha puesto de manifiesto en varios informes, debería, presidenta, ir más al detalle de los errores y de la falta de transparencia a la que nos tienen acostumbrados ya estos partidos.
Queda claro que el Tribunal de Cuentas debería, en futuros informes, analizar y justificar la trazabilidad de todos los movimientos de tesorería de todos los partidos. Sabemos que en 2023 el PSOE recibe donaciones por casi 6 millones de euros, un
Partido Socialista acorralado por los casos de corrupción, lo que nos lleva a sospechar aún más de sus movimientos de tesorería y de la credibilidad de sus contabilidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora Alía.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Como es habitual, asisto a un debate entre ustedes, en el que, por supuesto, no voy a entrar. La función del tribunal es la que es, y el crédito que ustedes le dan es también el que es; unos le dan más crédito y otros le dan menos crédito.
En la parte de los que menos crédito le dan, asumo la parte que nos corresponda por el trabajo que quizá pudiera ser mejor, pero nunca por ninguna voluntad de partidismo político, por mucho que repitan ustedes la colonización de las instituciones,
palabras que no había oído yo en los más de treinta años que llevo en el tribunal y que no han sido, precisamente, con la misma presidencia. Esa es una circunstancia que yo no comprendo, que entiendan colonizaciones en unos casos y en otros no,
pero no me voy a extender en absoluto en ese tema, porque ya les digo que los problemas
que ustedes tengan unos con otros y que estén relacionados con su propio trabajo y con sus propias posiciones ante procesos electorales para nada son objeto del trabajo del tribunal.
Sí que les quiero agradecer a todos los que han agradecido, como siempre, el trabajo del tribunal; yo creo que en el tribunal se hace un trabajo muy serio. Tuve oportunidad en la comisión de investigación -aquí no lo he traído, pero lo
puedo traer, si ustedes quieren, en otro momento- de mostrar un programa de trabajo de cómo se ven todos los partidos políticos, porque es un programa tipo. Es un programa exhaustivo, que va a cada uno de los rincones de los análisis, y a lo mejor
ese sitio es más sereno para que viéramos cómo es un programa de fiscalización de un partido político.
Digo que es más sereno que lo era la comisión de investigación y, a lo mejor, es bueno que ustedes conozcan exactamente cuál es el análisis. El análisis, para su tranquilidad, se hace por funcionarios de la casa que, como ustedes saben,
acceden por oposición, y son informes que se van elevando a diferentes grupos de funcionarios, que están sometidos a contradicción porque se mandan después alegaciones de los propios partidos políticos y sobre los que después opinan cada uno de los
doce consejeros del tribunal, además del fiscal y del abogado del Estado.
Dicho esto, con el propósito de animarlos a legitimar las instituciones, que creo que es fundamental -no solamente por la propia institución sino por los ciudadanos-, paso a contestar, si soy capaz, algunas de las cuestiones que ustedes me
han planteado.
Nos hacemos eco de lo planteado por la señora Etxano. De hecho, es una situación que hemos tenido encima de la mesa: esa distribución capilar que ella llama, que nosotros llamamos superdescentralizada, y que realmente nos cuesta mucho a la
hora de fiscalizar. En la medida en que llegue el momento de hacer una reforma de la LOREG o de acuerdo con la moción o no de acuerdo con la moción, nosotros apoyaremos desde nuestra institución no que se salte la generalidad de la ley como uno de
los requisitos básicos de las propias leyes, sino que se atiendan circunstancias que quizás merezcan tratamientos diferentes. La igualdad es el tratamiento diferente para el diferente; no es todos iguales, seamos lo que seamos -de eso entiendo
mucho-.
En cuanto al planteamiento de la señora Rivera, del Grupo SUMAR, quiero decirle que, efectivamente, es un hecho, y es un hecho evidente -si se hace un seguimiento de los distintos informes en los diferentes tiempos- que han mejorado mucho
los temas de la llevanza de las contabilidades en los partidos políticos. Yo creo que ustedes son conscientes de ello, porque seguramente ninguno acaba de entrar en el partido político y se habrán dado cuenta de que la legislación -y yo creo que
más la exigencia de la propia ciudadanía y a lo mejor la exigencia del propio Tribunal de Cuentas- ha hecho que cada vez sean más homogéneos en el sentido del cumplimiento de la normativa en general de los partidos políticos, y sí que persisten
algunas carencias que son las que se han puesto de manifiesto. Curiosamente, todas las disminuciones de subvención que se han producido en estos dos informes han sido por la misma razón: por el pago a proveedores pasado el tiempo, pasados los
noventa días. Quizá merezca la pena estudiar cuál es la situación que produce eso, porque a lo mejor haya un gap de la legislación o en alguna de las instrucciones que hace que eso se produzca, pero, claro, mientras se produce y puesto en la ley
orgánica, no tenemos más remedio que aplicar lo que nos corresponde, que es la disminución de la subvención.
En relación con los retrasos que ha planteado el señor Sáez, tengo que decirle -y no es que sea triunfalista, que no lo soy en absoluto- que creo que se ha avanzado mucho en ese tema y, además, se da una circunstancia y es que, desde que se
aprueban los informes y al día siguiente, los viernes -los informes se aprueban los jueves-, se remiten a las Cámaras firmados, están listos para que los vea la comisión mixta. Luego, hay un lapso de tiempo que ya no depende del Tribunal de
Cuentas, desde que la comisión mixta los convoca para la explicación. Digamos que ahí tenemos una responsabilidad conjunta.
Aunque la señora Alía diga que tenemos muchos funcionarios, ¡qué más quisiera yo que tener muchos funcionarios! Hay que tener en cuenta que tenemos una población en la casa muy envejecida, que ha habido muchos años, hasta que ha llegado a su
pleno, en que no se han convocado oposiciones, y se da una circunstancia este año, el pasado y el siguiente, y es que tenemos un número de jubilaciones enorme y que no tenemos cuerpo de opositores, porque no ha habido oposiciones seriadas -ahora ya
sí que las hay, hay todos los años- para cubrir el movimiento vegetativo que suponen las jubilaciones. Entonces, no se crea que tenemos mucha gente. Somos muchos, pero tenemos mucho trabajo, y cada vez tenemos más trabajo porque cada vez se añaden
más circunstancias a los elementos a fiscalizar. El asunto está en que los ritmos, es decir, el término medio de un informe -de cualquier tipo de informe- es de nueve meses a un año, porque hay un trabajo de campo que es imprescindible hacer y,
después, hay un trabajo -como saben y no me quiero alargar en esto- absolutamente exhaustivo de contradicción del propio
informe por dos vías, más alegaciones, en la mayoría de los casos nos piden prórroga en el plazo de alegaciones, etcétera. A mí me encantaría que los informes salieran muchísimo antes por muchas razones, entre otras cosas porque todo el
mundo diría lo listos que somos (risas), pero estoy segura de que no seríamos capaces de hacer los informes con esa precisión con la que se hacen.
En cuanto al no cumplimiento de recomendaciones, es un mal endémico. Nosotros no llegamos más que a hacer recomendaciones. No tenemos potestad sancionadora más que en el tema de partidos políticos y por incumplimiento de la LOREG.
Nosotros lo único que hacemos son recomendaciones y, en muchos casos, mociones cuando vemos que los incumplimientos de las recomendaciones son reiterados. Las mociones suelen tener un contenido legislativo importante y, como les he dicho tantas
veces, eso les corresponde a ustedes, que son el Legislativo, al Gobierno en la medida que pueda hacer un proyecto de ley, pero, desde luego, no al tribunal, que acaba en la insistencia de la recomendación y en la propuesta de una moción, con lo que
considera que ayudaría a resolver el tema que se presente.
Por lo que se refiere al CIS, señora Alía, está en trabajos de campo. Creo que en la anterior ocasión le dije que habían sido aprobadas las directrices técnicas y el inicio de la fiscalización. Entendemos que en el primer semestre del 2026
tendremos el informe ya realizado.
Me preguntan también qué sucede con las no subvenciones. Pues, realmente, cuando no hay subvenciones el dinero no sale de la Administración, no tiene que volver; constituirá remanentes seguramente, pero no sale de las Administraciones.
Con lo cual, no está en ningún limbo, constituirá remanente. Se dará a quien le corresponda.
En cuanto a lo planteado por Bildu, debo decirles que el tribunal entendió, con base en el artículo 127 de la LOREG, que a nosotros no nos correspondía entrar, porque, para la concesión del adelanto, la LOREG establece precisamente que la
Junta Electoral Central remitirá al órgano competente de la Administración General del Estado las solicitudes de adelanto de las subvenciones electorales formuladas por los administradores de partidos políticos, federaciones, coaliciones, y
rechazará las presentadas por formaciones políticas sin derecho a las mismas. Todo eso de acuerdo con el artículo 127 de la LOREG. Nosotros, después, lo que fiscalizamos es el uso de la subvención. Las condiciones para la subvención nos vienen
dadas por la propia Junta Electoral Central y por los órganos de la Administración que corresponda, si es que hay caso. Seguro que me dejo alguna cosa, pero estoy dispuesta a contestarla.
A usted le he dicho lo del CIS. Sé que le preocupa mucho que no metamos las fiscalizaciones, pero ahora mismo estamos con el programa, que aprobaremos dentro de unos días. Algunas de las que ustedes proponen estarán incluidas y, ya se lo
adelanto, otras no estarán incluidas, no porque no las vayamos a hacer -eso, en ningún caso-, sino porque la iniciativa fiscalizadora, como ustedes saben, además de a la Cámara corresponde al tribunal. El tribunal tiene una prioridad fiscalizadora
que quiere ejercer y que la haría absolutamente dependiente de un órgano diferente del propio Tribunal de Cuentas si prescindiera de su iniciativa fiscalizadora para atender exclusivamente la iniciativa fiscalizadora de las Cámaras. Quiero decir
que tenemos que optimizar recursos y prioridades. Irán algunas y verán que algunas otras no van, porque los propios ponentes ya tenían prioridades previas. En fin, por circunstancias que, cuando se les mande el programa, se les comunicarán
debidamente, claro.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA, LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA, EJERCICIOS 2020 Y 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de
expediente del Senado 771/000126).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE EVALUADOR DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRAS VINCULADOS AL ÁREA DE GASTO 2 'ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL' DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO,
EJERCICIO 2022 Y PRIMER SEMESTRE DE 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000150).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO VINCULADOS A LAS POLÍTICAS DE GASTO 11 'JUSTICIA', 12 'DEFENSA' Y 14 'POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO', EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL
TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000165).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos ahora al bloque II, que consta de cuatro informes: el Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ejercicios 2020 y 2021, expedientes 251/000127 y 771/000125; el Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 2022, expedientes 251/000128
y 771/000126; el Informe de fiscalización con enfoque evaluador del control y supervisión de la subcontratación en los contratos de obras vinculados al área de gasto 2 'Actuaciones de protección y promoción social' de los presupuestos generales del
Estado, ejercicio 2022 y primer semestre de 2023, expedientes 251/000152 y 771/000150; y, finalmente, el Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto 11, justicia, 12,
defensa, y 14, política exterior y cooperación para el desarrollo, ejercicio 2022, expedientes 251/000168 y 771/000165.
Tiene la palabra para exponerlos la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
En este bloque voy a presentar los resultados de los informes a que ha hecho referencia el presidente, que no repito, porque son larguísimos los títulos. Son todos ellos informes a iniciativa del propio tribunal. Los dos primeros, el de
las confederaciones hidrográficas y el de la Tesorería General de la Seguridad Social, fueron aprobados por su pleno en el año 2024, y los dos últimos en este mismo año, 2025. Y con eso me permito hacer referencia a que, efectivamente, muchas veces
transcurre mucho tiempo desde que se envía el informe al Parlamento y lo vemos en la comisión mixta. (Apoya su intervención en una presentación digital).
En conjunto, estos informes abarcan una contratación total superior a 1800 millones de euros, de los cuales casi 1000 millones fue el valor de los contratos que formaron parte de la muestra que realizamos. Estos datos ofrecen una imagen
representativa de la actividad contractual de la Administración general y de la tesorería. Los cuatro tienen como hilo conductor el control de la contratación pública, como instrumento esencial de gestión del gasto y garantía de los principios de
legalidad, eficiencia y economía, y también pretenden reflejar una evolución en el enfoque del tribunal a una fiscalización que no se limite a verificar la regularidad formal en exclusiva, sino que analice también la transparencia, la trazabilidad y
el valor público generado por las actuaciones contractuales. (El señor vicepresidente, Rodríguez Serra, ocupa la Presidencia).
Por lo que se refiere al informe relativo a la Dirección General del Agua, es una fiscalización de cumplimiento y operativa. La dirección general es un órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a la que a su vez están adscritos como organismos autónomos del ministerio las confederaciones hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo creado en 1927, cuyo
objetivo principal es el abastecimiento de agua potable a más de 2,5 millones de habitantes, cifra que en épocas estivales alcanza casi los 3 200 000. Este organismo gestiona el suministro de agua a través de tres fuentes principales: el río
Taibilla, el trasvase Tajo-Segura y la desalación, e incluye en su ámbito geográfico a Murcia, Albacete y Valencia.
Durante el periodo fiscalizado, que fueron los años 2020 y 2021, el volumen total de contratación rendido por las entidades ascendió a 575,5 millones aproximadamente, de los cuales el tribunal fiscalizó de forma directa 111 expedientes,
equivalentes al 74 % del total, esto es, a casi 431 millones de euros. Ninguna de las entidades fiscalizadas disponía de planificación de la contratación, conforme a la Ley
de Contratos del Sector Público. En el 26 % de los expedientes no se justificó adecuadamente la necesidad de la contratación y en el 40 % la justificación de la no división en lotes resultó excesivamente genérica. Ya saben ustedes que hay
una serie de circunstancias en la Ley de Contratos del Sector Público por las que se debe justificar esto. Las significativas diferencias entre los puestos base de licitación y los precios de adjudicación son indicativas de una estimación poco
fiable en los presupuestos de licitación. Las entidades han cumplido con las obligaciones de publicidad de los contratos, con alguna excepción, y en el 13 % de los expedientes no consta la acreditación de la solvencia del adjudicatario, conforme a
los pliegos de cláusulas. Con carácter general, el control de la subcontratación se realizó correctamente, en 10 expedientes de los 111 analizados hubo retrasos en el pago del precio del contrato y en otros 9 no pudimos comprobarlo por faltar
documentación. Entre las conclusiones, se han valorado determinados aspectos para formular las recomendaciones, entre los que destacan: que deban justificarse de manera detallada e individualizada tanto la necesidad de cada contrato como la
insuficiencia de medios; que se adopten medidas para la adecuación del presupuesto base de licitación a los precios de mercado; que se elaboren fórmulas para la valoración del criterio-precio que garanticen la proporcionalidad entre las ofertas
presentadas y las puntuaciones asignadas; que se establezcan controles necesarios que impidan la adjudicación de contratos públicos a empresas que no acrediten solvencia; que se incluyan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
procedimientos reglados para el control de la subcontratación, y realizar un seguimiento adecuado del pago de las facturas.
En cuanto al segundo informe, que son los resultados de la contratación celebrada por la tesorería en el ejercicio 2022, el informe examina 446 contratos celebrados durante 2022, con un importe total de 65,5 millones de euros. El tribunal
fiscalizó 69 expedientes, por valor de 38,1 millones de euros, lo que representa el 58,16 % del importe total de los contratos formalizados por la tesorería en el ejercicio 2022. En la distribución de la muestra que se ha incluido, el 87,50 % son
contratos de obra, el 33,50 % son contratos de suministros y el 72,44 % son contratos de servicios. Los principales hallazgos relativos a la transparencia y a la preparación, adjudicación y formalización de los contratos son: en el anuncio de
formalización de los contratos publicados en el BOE no consta la información relativa a la subcontratación; la justificación de la decisión de no dividir el objeto del contrato en lotes y de la elección de criterios objetivos de adjudicación
resulta excesivamente genérica, y se han incluido criterios objetivos de adjudicación y/o condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental, por lo que, si bien se valora positivamente, no queda reflejada en todos los casos
suficientemente la vinculación que puedan llegar a tener con el contrato. Las principales conclusiones relativas a las incidencias en la ejecución de los contratos y el control de la subcontratación han sido: retrasos en el inicio y ejecución de
las obras, reflejo de deficiencias en planificación -a las que he hecho referencia- y ausencia de comunicación al órgano de contratación sobre la subcontratación por parte de la empresa adjudicataria. Y, en cuanto al seguimiento de las
recomendaciones, de las seis recomendaciones formuladas en el anterior informe de fiscalización, relativo al ejercicio de 2018 y que se aprobó en el 2022, tres han sido cumplidas y una parcialmente, y no se han cumplido las relativas a la falta de
justificación de la no división en lotes y de la elección de los criterios de adjudicación.
Este informe contiene recomendaciones que se dirigen a la entidad, entre las que destacan: incrementar los controles internos para el máximo cumplimiento del principio de transparencia; justificar suficientemente en el expediente las
decisiones del órgano de contratación de no dividir en lotes el objeto de los contratos y la elección de los criterios objetivos de adjudicación utilizados; impulsar la mejora en el diseño de los criterios objetivos de adjudicación y de las
condiciones especiales de ejecución cuando se incorporen aspectos de carácter social o medioambiental, y reforzar el control de la subcontratación durante la ejecución de los contratos, especialmente de los pagos realizados por la empresa
adjudicataria a los subcontratistas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Paso al tercer informe, que es el relativo a los contratos de obras vinculadas al área de gasto 2: actuaciones de protección y promoción social. El ámbito subjetivo estaba compuesto por los órganos, organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta fiscalización ha adoptado un enfoque evaluador. Como saben, creo que he tenido ocasión de explicárselo, es un tipo de auditoría operativa que va
más allá de la mera comprobación de la legalidad para evaluar la eficacia, la economía, la eficiencia, la equidad y la utilización social de programas, políticas o procesos. Es un enfoque que analiza el impacto global y socioeconómico de una acción
considerando su diseño, resultados e impacto a lo largo del tiempo, yendo más allá del cumplimiento solo de la normativa. Como también les he dicho en algunas ocasiones,
tenemos en formación a gran parte de la plantilla en este nuevo avance del tribunal. Creo que empezamos el cuarto o el quinto curso de técnicas de evaluación. Son unas técnicas de auditoría que tienen, como todas ellas, su complicación.
Ya tenemos formados a bastantes de los auditores y nos parece importante seguir con esta actividad formativa. Por eso digo que este informe de la tesorería ha adoptado ese enfoque evaluador con un fin concreto, que ha sido constatar el control de
la subcontratación como instrumento de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Abarca 232 contratos con un importe conjunto de 135,5 millones, que se han fiscalizado en su totalidad.
Las principales conclusiones del informe son que la regulación de la subcontratación en todos los pliegos es adecuada a la ley, aunque no todos contemplan cláusulas de supervisión y de control que potestativamente permite incluir la Ley de
Contratos del Sector Público. En el 57 % de los contratos examinados ha habido subcontratación, con un porcentaje medio del 46 % sobre los importes de los contratos. La mayoría de los contratistas no comunicó los datos requeridos ni antes ni
después de la adjudicación. Los órganos de contratación no llevaron a cabo un control específico de la ejecución de la subcontratación ni del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución para los subcontratistas. Y los anuncios de
formalización no publicaron valores de la subcontratación, incumpliendo las exigencias de transparencia.
Este informe contiene, como todos, una serie de recomendaciones, entre las que cabe destacar que se deberían establecer controles internos necesarios dirigidos a realizar un seguimiento efectivo de la subcontratación. También se deberían
implementar medidas para efectuar el control del cumplimiento de los plazos del pago a subcontratistas. Asimismo, habría que recabar datos de la subcontratación siempre que sea procedente y publicarlos en el anuncio de formalización de los
contratos. Con esto termino este tercer informe y paso a los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto 11, 12 y 14, que son justicia, defensa y política para la cooperación.
Este informe analiza 743 expedientes por un importe total de 1043 millones de euros. Se fiscalizó una muestra de 103 contratos que representan 363 millones de euros, que es el 35 % del informe total. Las principales conclusiones del
informe están referidas a deficiencias de los informes de insuficiencia de medios sustituidos en ocasiones por menciones muy genéricas; ausencia de desglose de los costes salariales y de la identificación de los convenios que le son de aplicación;
errores en los cálculos para determinar el valor estimado; empleo como criterio de adjudicación de la reducción de plazos, sin incluir cláusulas de variación de precios que estén vinculadas al cumplimiento de los plazos; empleo de umbrales de
puntuación en la valoración de criterios sometidos a juicios de valor que, de no superarse, impiden la continuación en el procedimiento sin la intervención de comités de expertos u organismos técnicos especializados, y deficiencias en el control o
en la documentación del control de la ejecución.
Las condiciones especiales de ejecución establecidas son, en la mayoría de los casos, la mera exigencia de la normativa vigente. Se observan deficiencias en el control de su cumplimiento, sin que se hayan impuesto penalidades previstas para
algunos casos de incumplimiento. Las recomendaciones efectuadas en el anterior informe han sido, esta vez sí, cumplidas en su mayoría. Este informe recomienda a las áreas de contratación a las que nos hemos referido mejorar la calidad de los
informes de insuficiencia de medios de contratación; restringir la asignación de puntuaciones relacionadas con el plazo de ejecución, porque no incluyen cláusula alguna de variación de precios para que no se desvirtúe o se limite la concurrencia;
reducir el empleo de valoraciones que exigen la superación de umbrales sujetos a juicios de valor y encomendar su valoración a comités de expertos u organismos técnicos especializados; incluir en los pliegos de procedimientos de control de la
ejecución de los contratos claros y precisos formal y temporalmente, de manera que sean realmente efectivos, y emplear condiciones especiales de ejecución vinculadas con el objeto del contrato. Se recomienda a todos los ministerios, organismos y
entidades dependientes fiscalizados la inclusión de medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como criterios de adjudicación a efectos de desempate.
En conjunto, estos cuatro informes tienen una pauta común: la existencia de un cumplimiento formal generalmente correcto, acompañado de carencias en la planificación, motivación y control efectivo de la ejecución. Persisten deficiencias en
la justificación de la no división en lotes, en la trazabilidad de los criterios de adjudicación y en la verificación de la subcontratación. No obstante, se aprecia una evaluación positiva en la incorporación de criterios de sostenibilidad e
igualdad. Como corolario a lo que ya me he referido, quiero subrayar la evolución del control externo del tribunal en la contratación del sector público, que está evolucionando desde ese control que les decía meramente de legalidad y económico
hacia un enfoque integral y estratégico orientado al valor público y al impacto en el interés general. Ese cambio de
paradigma supondrá que no bastará con la preparación, adjudicación y ejecución del contrato conforme a la legalidad. Es necesario que produzca resultados tangibles que aporten eficiencia, sostenibilidad e impacto social positivo. De ahí
que insistamos en reforzar la planificación, la transparencia y el control de la ejecución para que cada contrato público no solo sea un procedimiento regular, sino una herramienta eficaz al servicio de la ciudadanía.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias, presidente.
Este bloque que trata de la contratación de las Administraciones públicas de la Administración General del Estado que nos acaba de exponer la señora presidenta, si bien es un tema que puede parecer excesivamente técnico, nos parece de
especial importancia y de importancia política. La eficiencia y el buen hacer de un sistema depende en todo momento de su contratación y transparencia, pero también de su rendición de cuentas.
Entrando en los informes, respecto al informe de fiscalización de la contratación celebrado por la Tesorería General de la Seguridad Social, vemos que se han detectado distintos errores en los importes de adjudicación de algunos contratos,
en la calificación del tipo de contrato y el procedimiento de adjudicación utilizado, lo que afecta a la transparencia y fiabilidad de la información oficial. Hay procesos que tienen una razón de ser, pasos que son necesarios para asegurar que
estamos sirviendo a la ciudadanía de la mejor forma posible y debemos dar ejemplo de transparencia y eficacia. Debemos apostar por reforzar mecanismos de planificación y fiscalización pública, incorporando de manera efectiva las cláusulas que
aseguren que cada euro público contribuye a generar empleo digno e igualdad de oportunidades para todas. Para nosotras es imprescindible que se promueva la contratación de pymes, porque hay que garantizar una distribución más justa de los contratos
con la finalidad de dejar de adjudicar grandes proyectos, enormes proyectos, únicamente a las grandes empresas.
Respecto a ese mismo informe, se recogen una serie de deficiencias estructurales. Se habla de insuficiencias que no son nuevas, pero que siguen sin corregirse, tales como controles de ejecución prácticamente inexistentes, uso indebido de
criterios de adjudicación, errores en los cálculos de los valores estimados de los contratos, ausencia de control de las subcontrataciones y una falta alarmante de aplicación real de cláusulas sociales y de igualdad, que no deja de ser una mera
formalidad sin ahondar en la bondad y la necesidad de ese tipo de cláusulas. No hablamos solamente de un asunto técnico, sino que es una cuestión profundamente política, ya que los contratos que suponen cientos de millones de euros del presupuesto
público ponen en entredicho si los fondos del Estado se destinan al interés general o si, por el contrario, consolidan estructuras de desigualdad y dependencia privadas dentro del propio sector público.
En el ámbito de la justicia, el tribunal detecta que en casi la mitad de los contratos examinados ni siquiera se justificó adecuadamente la insuficiencia de medios. Esto implica que no se acreditó la necesidad real de acudir a la
externalización de servicios. La externalización sistemática de tareas que deberían realizarse con personal propio debilita lo público, da lugar a la precarización del empleo y abre la puerta a la privatización silenciosa de funciones esenciales
del Estado.
En el caso del Ministerio de Defensa, el informe vuelve a señalar el uso excesivo de procedimientos de adjudicación restrictivos o negociados sin acreditar adecuadamente las causas que los justifican, lo que una vez más incide en esa falta
de transparencia. Asimismo, se constata una falta de control sobre la ejecución, subcontrataciones y el seguimiento de las condiciones especiales. En consecuencia, una parte significativa del gasto militar escapa al escrutinio público, en un
contexto en el que este presupuesto crece año tras año. Lo más preocupante es, sin embargo, que en políticas vinculadas al desarrollo y la cooperación apenas se incorporan medidas sociales, medioambientales o de igualdad de género. Las cláusulas
de igualdad y sostenibilidad que se incluyen suelen limitarse a reproducir la normativa vigente, sin mecanismos reales de verificación y eximiendo cualquier control sobre el cumplimiento. Es decir, se convierten, a nuestro entender, en papel
mojado. Este informe evidencia algo que llevamos tiempo denunciando. La falta de control, de recursos humanos suficientes y la carencia de voluntad política para la transformación de la gestión pública convierten a la eficacia en una excusa para
privatizar. Defendemos una contratación pública transparente, ética y con perspectiva de género, donde cada euro invertido sirva para fomentar y fortalecer los servicios públicos y no para debilitarlos. Prosiguiendo, la gestión pública del
agua debe basarse en los principios de transparencia, sostenibilidad y participación igualitaria. Por ello, es imprescindible que la dirección del agua del Taibilla impulse una planificación integral que logre responder a las necesidades
reales del territorio y de la población, priorizando siempre el interés general frente a los intereses privados.
Para garantizar todas estas cuestiones, el Tribunal de Cuentas nos trae una serie de recomendaciones y sugerencias que generalmente apoyamos en este grupo porque consideramos que contribuyen a mejorar los sistemas y los flujos de
información, que en ocasiones no funcionan como deberían. La contratación pública no puede ser un fin en sí misma ni un mecanismo rutinario de externalización, sino que para nosotras es una herramienta estratégica para orientar el gasto público
hacia la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta, por su presencia aquí y muchas gracias a todos los miembros del Tribunal de Cuentas por su trabajo, por aquel trabajo que se hace de forma contundente y bien.
Los cuatro informes que examinamos hoy pertenecen a ámbitos muy distintos, pero todos comparten un mismo hilo conductor -se ha dejado caer aquí-: la falta de planificación, la ausencia de control y una gestión pública que avanza a
trompicones, sin rumbo y sin coherencia. Esto ocurre en áreas esenciales del Estado: el agua, la justicia, la defensa, la política exterior y la protección social. No es un accidente, parece ser un modelo que convierte la Administración en un
mosaico desordenado y a veces ingobernable.
En cuanto al primer informe, relativo a la Dirección General de Aguas y confederaciones hidrográficas, quizá el más revelador desde el punto de vista estructural, el tribunal señala carencias que se repiten de forma sucesiva año tras año:
contratos mal programados, ausencia de estudios vivos, retrasos constantes, criterios poco homogéneos y una planificación fragmentada entre cuencas. España lleva décadas arrastrando una política hidráulica condicionada por fronteras administrativas
que no responden a la realidad y las necesidades del país. Cuando uno lee este informe, entiende por qué VOX defiende un plan hidrológico nacional, una política de agua que conecte cuencas, responda a las necesidades reales del territorio y evite
que cada organismo, cada confederación y cada consejería autonómica funcione como un reino aislado. No se puede gestionar el agua de España como si fuera propiedad particular de cada cuenca. El agua es un recurso nacional y su gestión exige una
visión nacional.
En el informe sobre justicia, defensa y exteriores -tres pilares del Estado, tres áreas donde la contratación pública debería ser ejemplo de rigor-, el tribunal recoge retrasos masivos en la remisión de contratos, heterogeneidad en los
expedientes, excesivo recurso a procedimientos abreviados y carencias de coordinación entre unidades. No sorprende. Llevamos viendo cómo el Estado se fragmenta incluso dentro de sus propias estructuras. Si un ministerio tiene dificultades para
coordinar sus propios servicios, ¿qué ocurrirá si este modelo se dispersa aún más? Estos informes confirman algo evidente: España no necesita más dispersión, sino más unidad, especialmente en ámbitos como la justicia, donde la eficacia depende de
que exista un solo criterio, un solo sistema e incluso una sola dirección.
En cuanto a defensa, el informe es igualmente inquietante: retrasos, modificaciones constantes de contratos, insuficiente previsión y control débil sobre suministros esenciales. Es llamativo escuchar al Gobierno presumir de prestigio
internacional, mientras su propia Administración reconoce que no es capaz de planificar adecuadamente los contratos más básicos. Y en exteriores, lo mismo.
Menciono brevemente los otros dos informes del bloque relativo a la Tesorería General de la Seguridad Social, un organismo cargado de procedimientos rígidos, que arrastra errores formales y deficiencias de control. Nada grave de manera
aislada, como se ha dicho, pero un síntoma más de un sistema que no se moderniza. El informe sobre subcontratación del área de gasto 2, vinculado a la protección social, vuelve a mostrar el mismo patrón: insuficiente control, poca supervisión real
y disparidad entre órganos de diferentes sectores.
En definitiva, todos estos informes describen un Estado que gasta sin planificar, contrata sin excesiva previsión y ejecuta sin evaluar y corrigiendo siempre tarde. Un Estado que improvisa no funciona bien. En VOX pretendemos y queremos
una España con instituciones fuertes, un agua gestionada como bien nacional, una justicia unificada y eficaz, y una Administración transparente y responsable ante ciudadanos, y estos informes son una advertencia que nos tenemos que tomar muy en
serio.
La señora presidenta ha criticado ciertas apreciaciones sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. He empezado esta intervención agradeciéndole a usted su presencia, su trabajo y el trabajo de todos los profesionales que trabajan en
el Tribunal de Cuentas. Séneca ya hablaba de que no había obra perfecta; incluso la obra perfecta tiene sus errores y debe ser perfeccionada. La perfecta, perfeccionada en sus errores. Por ejemplo, sabe perfectamente que el Tribunal de Cuentas,
cuando menos, erró en una de sus proclamaciones, de sus sentencias. Concretamente, la reciente sentencia de 13 de octubre de 2025, del Tribunal Supremo, sobre las donaciones finalistas recibidas por VOX, rectificó esa posición del Tribunal de
Cuentas. De ahí que, efectivamente, tengamos la convicción clara de que a veces, según qué decisiones del Tribunal de Cuentas, después tienen un recorrido complicado -acabo, señor presidente-, que afecta al honor de las personas, incluso de las
personas jurídicas, aunque lo del honor de las personas jurídicas sea dificultoso.
No quiero acabar esta intervención -tengo en cinco minutos otra comisión- sin agradecer a la señora presidenta su presencia hoy aquí y despedirme en unas fechas especiales, en un momento en el que supongo que usted tiene aquellos
sentimientos que la razón no entiende. Bueno, yo le aconsejaría humildemente que se abrazase a aquellas cosas que no mueren, incluso que a veces se rechazan, y que haga un escandallo de todas las cosas buenas que aquel que se ha ido ha celebrado
con usted. Quiero animarla a todo ello y desearle lo mejor en estos días.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García.
El señor GARCÍA RODRÍGUEZ: Buenos días, señorías.
Señora presidenta, sean mis primeras palabras para manifestar también nuestro sincero y sentido apoyo personal.
En primer lugar, me gustaría agradecer una vez más el trabajo ímprobo del equipo técnico del Tribunal de Cuentas para elaborar estos informes tan exhaustivos y tan bien presentados, informes que facilitan nuestro trabajo puesto que en
relativo poco tiempo nos permiten realizar una aproximación fundamentada sobre la manera de proceder de organismos tan complejos y tan distintos, como distinta es la realidad judicial que ha señalado anteriormente el portavoz de VOX, ya que, como él
conoce, el Tribunal de Cuentas impuso otras dos sanciones a su formación que todavía están pendientes de pronunciamiento en el Tribunal Supremo.
A pesar de la diferencia en cuanto al volumen económico objeto de contratación, diferencia significativa, lo cierto es que, de la lectura de los mismos, y usted lo ha manifestado en su exposición, se desprenden algunas carencias que pueden
ser genéricas. Nos referimos concretamente a tres deficiencias a subsanar. En primer lugar, la necesidad de incrementar los controles internos para garantizar la máxima transparencia y publicidad de la actividad contractual. En segundo término,
la necesidad de justificar debidamente en los expedientes de contratación los motivos que amparan la decisión del órgano de contratación de no dividir en lotes el objeto de los contratos sin que sea suficiente la utilización de formas genéricas. Y,
por último, la necesidad de reforzar el control de la subcontratación durante la ejecución de los contratos, especialmente de los pagos realizados por las empresas adjudicatarias a las subcontratadas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Serra,
ocupa la Presidencia).
A nuestro entender, el informe más importante de los tres que conforman este bloque es el referido al informe de fiscalización de la Administración General del Estado en justicia, defensa y política exterior y de cooperación para el
ejercicio 2022. ¿Por qué es de interés esta fiscalización? Porque, como es conocido y se señala debidamente en el informe, la política de gasto de defensa constituye una de las que soporta una contratación de mayor variedad de objetos y volumen
económico y, con ello, de riesgo. Asimismo, la contratación vinculada a la política exterior soporta unos mayores riesgos derivados de su lejanía de los principales órganos de control en su preparación y ejecución, lo que hace susceptible de acoger
mayor número de errores o deficiencias. Por último, la contratación vinculada a la política de justicia, pese a su relativo escaso volumen económico, presenta una elevada dispersión dentro del territorio nacional y, con ello, de exigencias en el
control.
El examen de la actividad contractual que usted ha señalado ha puesto de relieve determinadas deficiencias, concretamente de este último, incumplimientos que deben ser corregidos sobre todo en las fases de preparación y ejecución de los
contratos. De su informe, las principales deficiencias para nosotros derivan de la escasa justificación de las necesidades a satisfacer con la contratación, así como de criterios indebidos de adjudicación empleados. También se han detectado
deficiencias en la elaboración de los
estudios económicos que permitirían una mejor valoración de los presupuestos o del valor estimado de los contratos y del importe de las retribuciones y su adecuación a las normas laborales en vigor, lo que incide en la concurrencia y en la
calificación de las ofertas o su posible exclusión.
Por lo que hace referencia al segundo de los informes, este habla de la Dirección General del Agua, de las confederaciones hidrográficas y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Este informe no es un informe menor, es un informe
importante no solamente por el número de informes fiscalizados, sino por el importe de los mismos. Estamos hablando de 575 millones de euros. A nuestro entender, el dato más relevante que señala es que se aprecian diferencias significativas entre
los presupuestos base de licitación y los precios de adjudicación. Concretamente, hablan de un resultado a la baja del 36 % de media, lo que indica una estimación poco fiable de los presupuestos de licitación, necesaria, a nuestro entender, para
una mejor organización de los recursos públicos.
El último de los informes en orden al valor económico es el informe sobre la Tesorería General de la Seguridad Social, que asciende a unos 65 millones de euros. Nos complace leer la conclusión general de la fiscalización cuando se señala
que puede deducirse que la actividad contractual de la Tesorería General de la Seguridad Social se ajustó con carácter general a la legalidad. También es de agradecer que se destaque como una buena práctica de gestión la utilización de criterios de
adjudicación y de condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental. La principal deficiencia que señala se enmarca en relación con la publicidad de algunos datos contractuales, la información relativa a su contratación, donde
se han utilizado fórmulas excesivamente genéricas para justificar la elección de los criterios objetivos de adjudicación, para las condiciones especiales de la ejecución y la no división del objeto del contrato en lotes. Estas son carencias que
esperamos que se recojan para los próximos informes y, por tanto, aporten mayor luz a los mismos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ BENITO: Muy buenos días.
Señora presidenta, comienzo manifestándole el mayor de nuestros afectos en la situación por la que atraviesa.
Señora presidenta, me va a permitir, con todo respeto, ofrecer una crítica clara, profesional y jurídicamente exigente del conjunto de recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública en diversos organismos.
Las propuestas del tribunal son útiles y acertadas en muchos aspectos; sin embargo, resultan, a mi parecer, excesivamente blandas frente a problemas estructurales que requieren medidas coercitivas, controles vinculantes y responsabilidades
precisas. No basta con exhortar a mejorar, a coordinar, a adoptar medidas; la realidad exige un paso más cuando así proceda.
El tribunal reclama análisis previos de necesidades y planes anuales o plurianuales más transparentes. Esto es imprescindible, pero debe añadirse un deber formal de motivación técnica y económica previo a la inclusión de contratos en los
planes, con registros electrónicos que acrediten razonamiento, alternativas estudiadas y coste estimado. Además, la no publicación efectiva o la publicación meramente simbólica debe conllevar consecuencias administrativas: impugnabilidad reforzada
de adjudicaciones y responsabilidad patrimonial cuando la falta de transparencia cause daño a la competencia o al erario público. Por lo tanto, la justificación de la necesidad y la tramitación urgente o de emergencia no puede seguir siendo un
cajón de sastre. Los informes de insuficiencia de medios y las decisiones de tramitación excepcional han de contener análisis individualizados, cuantificados y verificables. Parece aconsejable que la normativa interna exija como requisito de
validez del expediente una memoria económica y técnica firmada por técnico competente y la remisión automática de estas justificaciones a los órganos de control interno y, en los casos de mayor gravedad, a la Fiscalía de lo Contencioso
Administrativo para valoración de posible fraude o simulación.
El tribunal recuerda que la no división en lotes de la contratación debe justificarse porque la regla general es dividir. Esa excepción debe documentarse con criterios objetivos y previstos legalmente, y estudios técnicos que acrediten
dificultades de coordinación, costes adicionales medibles o riesgos técnicos concretos. Cuando la justificación sea genérica, la adjudicación debería ser nula del pleno derecho y los responsables sometidos a medidas disciplinarias, si así se
considera. Las consultas de mercado y la memoria económica son buenas prácticas; ahora bien, exigir su mera realización es insuficiente si no se garantiza su independencia y verificación. Podría ser aconsejable la obligación de
consultas previas y de cotejo por unidad de coste estándar administrativamente aceptada, con posibilidad de recurso especial ante discrepancias objetivas. La proporcionalidad en fórmulas de valoración debe ser obligatoria mediante guías
técnicas homogenizadas que no queden a la discrecionalidad de cada órgano, evitando manipulación de ponderaciones para favorecer ofertas predeterminadas.
En cuanto a controles internos y transparencia, el propio tribunal recomienda incrementarlos. Es preciso elevarlos a obligación normativa concreta: creación de unidades de control de contratación con competencias sancionadoras internas,
acceso en tiempo real de la Oficina Antifraude y obligación de publicar bases de datos abiertas de procesos, adjudicaciones, subcontrataciones y pagos. La falta de implementación debería ser causa de responsabilidad administrativa.
Las recomendaciones sobre impedir adjudicaciones a empresas sin solvencia y supervisar pagos a subcontratistas deben ir acompañadas de mecanismos coercitivos: exigencia de garantías específicas, cláusulas de retención vinculadas al
cumplimiento de aplicaciones salariales y de Seguridad Social, obligación de justificar pagos a subcontratistas mediante instrumentos bancarios verificables y sanciones administrativas y contractuales por incumplimiento, y cuando o donde proceda,
derivación de responsabilidad también en este caso.
Es imprescindible que los criterios sean objetivos, medibles y proporcionados al objeto del contrato. La inclusión de aspectos sociales y medioambientales debe traducirse en indicadores verificables y en penalidades contractuales. Las
ponderaciones no pueden fragmentar la concurrencia. Su fijación debe pasar por un control previo de la unidad de contratación y por auditoría ex post. Además, la utilización de fases de valoración con umbrales debe estar estrictamente regulada y,
cuando afecte a juicios de valor, sometida a comités técnicos independientes. No puede permitirse que la valoración del plazo de ejecución se use para distorsionar la competencia si no existe vinculación contractual con cláusulas de variación de
precio o penalidades proporcionales. El principio es simple: quien valora a plazo debe atenerse a mecanismos que penalicen el incumplimiento real y permitan cuantificar el perjuicio.
Finalmente, en referencia a las medidas de cumplimiento y sancionadoras, quiero decir lo siguiente. Muchos de los déficits detectados por el tribunal se repiten porque las recomendaciones no tienen carácter vinculante ni acompañamiento
sancionador. Sería interesante la adopción de un régimen de responsabilidades administrativas disciplinarias y, cuando proceda, penales que se activen ante incumplimientos manifiestos de justificación, de transparencia, de división en lotes y
supervisión de subcontratación. Asimismo, conviene ligar la percepción de créditos presupuestarios y la autorización de nuevos contratos a la subsanación efectiva de las deficiencias detectadas con informes de seguimiento públicos.
Para concluir, diré que la auditoría expone los síntomas, pero la respuesta debe ser jurídica, no solo gestora. Exhortar está muy bien; exigir y sancionar es también en ocasiones necesario. Si no convertimos las recomendaciones en
obligaciones verificables, con mecanismos de control independientes y consecuencias reales para los responsables, seguiremos repitiendo informes que, con elegancia técnica, diagnostican fallos que nunca dejan de ser estructurales. La contratación
pública es un pilar de la confianza pública y de la eficiencia del gasto. Exigir mayor rigor jurídico no es ideología, es obligación democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, señora González.
A continuación, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas para dar respuesta a aquellas cuestiones que han planteado los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Empiezo agradeciéndoles a todos los intervinientes sus aportaciones.
Es cierto que estamos ante un tema de gran importancia, que es la contratación, y es cierto que es una herramienta de estrategia y no es un fin en sí misma, pero, dado el volumen que se maneja realmente, el examen exhaustivo nos permite
poner de manifiesto todos los aspectos que hay que mejorar.
Yo no voy a ponerme a discutir los modelos que al señor Aizcorbe le parecen mejores que los actuales. Nosotros fiscalizamos de acuerdo con la normativa vigente, con el sistema de competencias vigente y con la distribución tanto funcional
como administrativa, como de todo tipo que hoy contienen nuestras leyes.
Voy a hacer una pequeña alusión porque él -el señor Aizcorbe- lo ha hecho. Estaba casi segura de que la iban a hacer ustedes, pero, como no venía mucho con lo que estamos hablando, pensé que a lo mejor no lo harían. Me refiero a la
sentencia que les da la razón. Ustedes recordarán que yo siempre les decía cuando se quejaban que era una opinión. Tenemos un sistema garantista, un sistema que permite
enmendar la plana a quien yerra, como ha dicho el señor Aizcorbe. Yo siempre estoy tranquila porque sé que la última palabra no es la nuestra, siempre hay un sistema que reacciona ante posibles errores o malas aplicaciones del derecho.
Tengo que decirle, sin embargo, señor Sáez -usted se habrá leído muy bien la sentencia, primero, porque les interesa y, segundo, porque usted es muy estudioso; aunque no esté el señor Aizcorbe, yo sé que usted es muy estudioso-, que el fundamento
jurídico sexto de la sentencia dice una cosa que es bastante aclaratoria de la situación que hemos venido denunciando: 'No procede la imposición de costas por entender esta Sala que el caso presenta serias dudas de derecho, de conformidad con el
artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa'. Dicho queda. Estamos ante una legislación que hemos manifestado en doscientas ocasiones que hay que modificar, pero que no nos corresponde a nosotros. Vuelvo a
repetir que ustedes parece que no están en disposición de sacar una norma que agrade a todo el mundo, pero hemos comentado en muchas ocasiones que lo que hay escrito en las leyes electorales, en la ley de financiación, etcétera, da lugar a
interpretaciones varias por muchísimas razones que también hemos comentado. Este fundamento jurídico de la sentencia lo pone en manifiesto. No hay una interpretación errónea en sí misma, hay una interpretación que podría ser otra; yo entiendo que
es la otra la que ha entendido el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque hay serias dudas en derecho. Dicho esto, usted también sabe que yo siempre he dicho que me quedo tranquila porque siempre hay alguien detrás que remedie lo que a algunos les
parece irremediable.
El señor García ha hecho mención a todas las deficiencias que se han puesto de manifiesto en el informe, que realmente es de lo que se trata. Yo tengo que decirles que esas deficiencias no se dan en todos los contratos que hemos visto, por
supuesto, que la contratación es aceptable en la mayoría de los casos, por utilizar una palabra que no les pueda parecer disculpatoria. Sí que cuando se dan elementos para señalar, por supuesto son elementos que no tienen detrás de sí
responsabilidad y que coinciden. Por ejemplo, no justificar adecuadamente el tema de la división en lotes o los cuatro que hemos citado. Eso se remacha una y otra vez, y en algún momento, estoy segura, llegaremos a que esta aplicación un poco
ligera, porque no es una inaplicación de la ley, pueda dejar de ser como es y que la contratación se ajuste a todos los criterios que nos garanticen no solamente el récord jurídico, sino la transparencia, la efectividad, etcétera. Y esto lo voy a
unir con lo que ha expuesto la señora González, del Grupo Popular -a la que agradezco su apoyo y el de su grupo-, en cuanto a lo que ha dicho sobre hacer unas críticas a las recomendaciones. Yo he querido observar que no es tanto una crítica a las
recomendaciones, porque la propia señora González ha repetido 'las recomendaciones'. El problema es que no tengan carácter sancionatorio, y eso sí que no depende de las recomendaciones, sino de la legislación. Nosotros no podemos entrar en
expedientes disciplinarios ni declarar nulidades de pleno derecho, ni hacer impugnaciones, ni depurar responsabilidades patrimoniales, porque eso no entra dentro de nuestra función. También hemos repetido muchas veces esa sensación de frustración
que nos produce reiterar recomendaciones sistemáticamente, toda la vida del propio tribunal. Me he preocupado porque ha dicho que es una crítica a las recomendaciones y realmente es una crítica a que no podamos ir más allá, y no podemos ir más allá
porque no tenemos competencia para ello. Sí vamos más allá cuando hay algún indicio de responsabilidad contable, que es la única responsabilidad que a nosotros nos corresponde dilucidar; entonces sí se inician expedientes. Tengo que decirle que
en estas cuatro no hay ninguna petición de inicio de responsabilidad contable, con lo cual realmente estamos hablando, como decía el señor Aizcorbe, de mejorar hasta lo bueno. Sí es posible que en otros organismos se puedan dilucidar ese tipo de
cosas, y yo creo que debería ser exigible. Si hay un problema de nulidad de pleno derecho, a quien le corresponda debería poner encima de la mesa un problema de nulidad de pleno derecho. Por ejemplo, en algunos casos de los que están aquí se
podría haber alegado, seguramente, desde el punto de vista jurídico. Desde luego, yo estoy con usted: el rigor jurídico no es ideología, el rigor jurídico es cumplimiento de la ley y la ley es igual para todos. Creo que así lo ponemos de
manifiesto.
Me van a permitir una licencia. Hay una cosa curiosa, y es que cuando hablamos de las Administraciones, en general, de comunidades autónomas, a casi todos ustedes les parece que el tribunal es un poco benévolo, pero cuando hablamos de
partidos políticos les parece que es un poco riguroso. Les aseguro que pretende ser igual de riguroso o igual de benévolo en un caso que en otro. Así son las cosas, es natural, y nosotros lo comprendemos.
Si ustedes entienden que el tribunal de Cuentas debería tener alguna función que resolviera alguno de los problemas que se presentan -a mí se me ocurren varias, pero no me corresponde-, plantéenlo. Vuelvo
a decir lo de siempre: tienen en su mano los instrumentos. Nosotros lo hacemos a través de lo que podemos hacer, pero ustedes tienen en su mano los instrumentos: póngalos en juego. No puedo decir otra cosa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PRECIO DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA AUTOMOCIÓN EN EL EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000164 y número de expediente del Senado 771/000161).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y USO DE INMUEBLES POR EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000177 y número de expediente del Senado 771/000174).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA AYUDA ALIMENTARIA A LOS DESFAVORECIDOS Y LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y
número de expediente del Senado 771/000139).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 441N 'SUBVENCIONES Y APOYO AL TRANSPORTE MARÍTIMO', EJERCICIO 2023. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000170 y número de expediente del
Senado 771/000167).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Pasamos al bloque III, que es el último punto del orden del día, en el que tenemos cuatro informes. Informe de fiscalización de la bonificación extraordinaria y temporal del precio de combustibles
y aditivos para automoción en el ejercicio 2022, expedientes 251/000164 y 771/000161. Informe de fiscalización de la gestión y uso de inmuebles por el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus entidades adscritas, ejercicio 2022, expedientes
251/000177 y 771/000174. Informe de fiscalización del Programa para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, del ejercicio 2022, expedientes 251/000141 y 771/000139. Finalmente, el informe de fiscalización del
programa 441N 'Subvenciones y apoyo al transporte marítimo', del ejercicio 2023, números de expediente 251/000177 y 771/000167.
Para su presentación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
En este tercer y último bloque presento cuatro fiscalizaciones que fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas entre diciembre del año pasado, de 2024, y durante el año 2025. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Aunque son ámbitos muy distintos -contienen medidas sociales, de emergencia económica, de transporte marítimo, etcétera-, tienen un elemento común, que es el examen de políticas públicas que movilizan recursos importantes, relevantes, y cuyo impacto
recae directamente sobre los ciudadanos. El conjunto de este bloque abarca casi 7000 millones de euros.
En general, estos cuatro informes permiten obtener una visión amplia de cómo se diseñan, se gestionan y se evalúan políticas públicas en un contexto que está marcado por las crisis energéticas, el aumento del coste de la vida y la necesidad
de modernizar la gestión administrativa. Las conclusiones en su conjunto muestran que la respuesta pública ha sido rápida en muchos casos, necesaria en todos, pero que existen ámbitos en los que hay que reforzar de nuevo la planificación, el
control y la evaluación de resultados.
Por lo que se refiere al programa de ayuda alimentaria a los desfavorecidos, el primer informe de este bloque, se centra en el programa de ayuda alimentaria que ha gestionado el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Esta actuación se
financió íntegramente con fondos europeos REACT-EU en el marco del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. El objetivo del programa era garantizar el acceso a alimentos básicos a hogares en situación de vulnerabilidad. En
2022, más de 1,3
millones de personas recibieron ayuda alimentaria, distribuida a través de setenta y nueve millones de kilos o litros de productos, con un coste total superior a 86 millones de euros. La adquisición se realizó mediante contratos públicos
centralizados y la distribución se ejecutó a través de organizaciones acreditadas, principalmente Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, apoyadas por más de 5300 organizaciones de reparto en todo el país.
El tribunal ha valorado que este programa garantizó la continuidad de la ayuda en un contexto económico muy complejo; sin embargo, hemos detectado deficiencias que afectan a la calidad de control y que no nos permiten medir la efectividad
real. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia). Entre las principales incidencias destacan una verificación insuficiente de la situación de vulnerabilidad, con un 12 % de expedientes sin una documentación suficientemente
acreditativa; ausencia de mecanismos que evitan duplicidades, lo que impide asegurar que la ayuda llegue de forma equitativa a quienes realmente la necesitan; una justificación de subvenciones insuficiente, al admitirse declaraciones juradas en
algunos casos como único respaldo documental; controles limitados por parte del FEGA y de las organizaciones colaboradoras en el proceso de reparto; deficiencias en la publicidad activa, que no cumplen totalmente o plenamente la transparencia, y
ausencia de criterios medioambientales o sociales en los contratos de suministro.
El tribunal señala que los indicadores del programa fueron exclusivamente cuantitativos -número de beneficiarios y toneladas distribuidas-, lo que nos ha impedido evaluar una contribución efectiva a la reducción de la pobreza. Se observa,
no obstante, una tendencia creciente de mujeres beneficiarias que refleja desigualdades estructurales y que exigirá un análisis más detallado.
Las recomendaciones del tribunal se orientan a fortalecer el control y la evaluación del programa. Se insta a FEGA a incorporar evaluaciones de impacto social y de género, a reforzar controles sobre beneficiarios y organizaciones
colaboradoras, a garantizar las obligaciones con respecto a la transparencia y a introducir criterios sociales, medioambientales y de igualdad en la contratación pública conforme a la legislación vigente.
El segundo de los informes examina la medida extraordinaria establecida en el Real Decreto Ley 6/2022, que introdujo un descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible entre abril y diciembre de 2022. Esta actuación tuvo un
coste total de casi 6300 millones de euros, constituyendo la medida de mayor importe presupuestario de este bloque. La Agencia Estatal de Administración Tributaria fue la entidad encargada de gestionar esta bonificación. Dice el informe,
literalmente, que el éxito de la implantación de la medida con la urgencia que se precisaba fue posible únicamente por la implicación de todo el sector de suministradores minoristas de combustibles como colaboradores de la Administración pública, lo
que constituyó una novedad en el diseño de esta política pública. Se está hablando de más de catorce mil instalaciones de venta o de carburantes en territorio común.
La fiscalización reconoce la eficacia operativa de la medida e identifica a la vez deficiencias en el diseño normativo, en el control de los anticipos y en la cobertura presupuestaria. Entre los principales hallazgos destaca un pago
indebido a la Hacienda Foral de Navarra de 7,5 millones, debido a un incorrecto tratamiento de anticipos. No hemos tenido tiempo durante el transcurso de la fiscalización, porque estaba en plazo, de verificar si hay actuaciones para reparar esta
cantidad indebidamente satisfecha. Algunos de los controles que prevé la norma resultaron impracticables, como la verificación detallada de descuentos aplicados al aditivo AdBlue o la exclusión de embarcaciones de recreo. El real decreto excluye
la bonificación al combustible destinado a embarcaciones de recreo; sin embargo, se ha constatado lo difícil que es verificar esta exclusión de la norma. Ha habido una dependencia excesiva de los datos introducidos manualmente, lo que ha
incrementado el riesgo de error; no ha existido un intercambio plenamente integrado de información sobre volúmenes de venta entre operadores del Ministerio de Transición Ecológica y la propia agencia, y la cobertura presupuestaria no se ajustó a
los principios de la Ley General Presupuestaria, recurriéndose a ampliaciones de crédito, aun cuando había un coste conocido.
El tribunal reconoce que la medida contribuyó a mitigar el impacto del alza de los precios de la energía, pero subraya que en futuras actuaciones de carácter urgente será necesario mejorar la calidad de la información, la precisión normativa
y la proporcionalidad de los controles. Por ello, se formulan recomendaciones orientadas a reforzar los sistemas de tratamiento de datos y los controles automáticos, a mejorar los flujos de información entre operadores, a ajustar la financiación y
la previsión presupuestaria a la normativa vigente y a simplificar y precisar los controles normativos para que sean operativos y proporcionales al volumen de gestión. Por ejemplo, en esta exclusión a la que he hecho referencia que era imposible de
verificar de las embarcaciones de recreo, el tribunal ni cuestiona la legalidad de la
medida ni su eficacia social, sí el diseño normativo ex ante en situación de emergencia, donde una regulación muy compleja puede ser ineficiente si los controles son imposibles de aplicarse sin retrasar la ayuda. Por eso, la recomendación
busca mejorar la gobernanza de las políticas de urgencia, equilibrando el principio de control con el de eficacia.
El tercero de los informes es el relativo a las subvenciones y el apoyo al transporte marítimo, programa 441-N, gestionado por la Dirección General de la Marina Mercante, con la finalidad de garantizar la conectividad marítima entre los
territorios no peninsulares y el resto de España y entre las propias islas. En 2023, se gestionaron 271,9 millones de euros, destinados a bonificaciones de residentes, ayudas a navieras y contratos de navegación en líneas de interés público. Las
principales incidencias se han encontrado en ámbitos relacionados con los contratos públicos, con las bonificaciones y con la planificación presupuestaria. Por lo que se refiere a los contratos de navegación de interés público, en varias rutas no
se ha justificado suficientemente la necesidad del contrato, especialmente cuando coexistían servicios prestados por otras navieras. Se ha observado un control insuficiente de las tarifas máximas, algunas de las cuales han dado lugar a expedientes
de reintegro. Por lo que se refiere a las bonificaciones a residentes y familias numerosas, Marina Mercante ha implantado un sistema de liquidación que, en general, permite verificar el derecho al cobro. No obstante, el tribunal detectó un exceso
de bonificación correspondiente a más de 330 000 embarques, por importe de algo más de un millón de euros, lo que motivó la apertura de procedimientos de reintegro. Además, el diseño del sistema carece de límites legales sobre tarifas máximas,
número de viajes o categoría de acomodación, lo que tiene efectos en la equidad. Los usuarios que adquieren acomodaciones más caras reciben bonificaciones más altas en términos absolutos. Y hay una planificación presupuestaria insuficiente. Los
créditos iniciales fueron claramente insuficientes, obligando a ampliaciones que en 2023 superaron el 87 % del crédito inicial.
El tribunal recomienda revisar la normativa reguladora del programa, ajustar los créditos iniciales a las obligaciones previsibles, reforzar los mecanismos de control de tarifas, modificar el Real Decreto 1516/2007 y mejorar los indicadores
de seguimiento, incorporando criterios de suficiencia de la oferta, calidad del servicio y eficiencia del gasto.
Por lo que se refiere al cuarto de los informes -creo que último-, el de gestión y uso de inmuebles del Ministerio de Ciencia e Innovación, examina la gestión y uso de inmuebles adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación y sus
organismos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Instituto de Salud Carlos III, Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y Agencia Estatal de
Investigación.
Se trata de la primera fiscalización específica del tribunal centrada en la gestión patrimonial del ámbito científico-técnico, con una atención especial a la eficiencia energética y a la calidad de los inventarios. La fiscalización se ha
dirigido principalmente a la Dirección General de Patrimonio del Estado como principal centro de gestión, administración y explotación patrimonial de los inmuebles de la Administración General del Estado y también como responsable principal de la
llevanza del inventario general de bienes y derechos del Estado. El informe detecta debilidades en la información disponible y en la planificación de los usos de los edificios.
Las principales conclusiones son las siguientes. La aplicación CIBI, que sustenta el inventario general de bienes del Estado, no está integrada con los sistemas utilizados por los organismos, lo que genera discrepancias en superficie, en
valores o, incluso, en situación jurídica. No se aprobaron programas anuales de optimización del uso de edificios, pese a estar previstos en la Ley 33/2003. La Ley General de Patrimonio del Estado no realizó tareas de seguimiento e inspección
previstas en la normativa. Los datos del sistema informático de gestión energética de edificios son incompletos, lo que impide evaluar el consumo energético y la eficacia de medidas adoptadas. Y la información patrimonial publicada en el portal de
transparencia no está actualizada ni armonizada con los datos del inventario oficial. Estas carencias impiden disponer de una visión completa actualizada y útil del patrimonio inmobiliario del ámbito científico-técnico y dificultan la toma de
decisiones basadas en evidencia.
El tribunal recomienda mejorar la interoperabilidad de los sistemas, aprobar planes de optimización del uso de edificios, reforzar la evaluación energética y garantizar la actualización continua de los inventarios y de la información
publicada.
Como conclusión general hay que decir que estos cuatro informes son muestra de respuesta pública ante situaciones de necesidad social, urgencia económica y retos de cohesión territorial, que ha sido eficaz en algunos aspectos, pero que
también revela carencias estructurales en planificación, control y evaluación de resultados. El tribunal subraya que la eficacia inmediata, aunque necesaria, debe
complementarse con una gestión basada en información fiable, en controles proporcionados, en presupuestación realista y en evaluaciones de impacto.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las cuestiones que estimen oportunas, tienen la palabra los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario VOX.
Señor Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias, de nuevo, señora presidenta.
Por supuesto, quiero reconocer el trabajo de los miembros del tribunal, del que soy plenamente consciente.
La presidenta ha presentado cuatro informes. El primero es sobre fiscalización de la bonificación extraordinaria y temporal del precio de combustibles y aditivos para la automoción en el ejercicio 2022. Nos llaman la atención varios temas
del informe. Primero, que, del apoyo público al consumo de combustible, el 8,14 % fue a territorios forales. Haremos una pregunta sobre si esta bonificación tuvo impacto en el recálculo del cupo vasco y del concierto navarro. Sé que no es su
competencia. Segundo, llama la atención que se pida evaluación del impacto de género en una bonificación del precio de los combustibles. Tercero, se menciona que la bonificación no fue suficiente para paliar el efecto de la subida de precios de
los combustibles; no logró que se aumentara el consumo de carburantes. Cuarto, se ha perdido una oportunidad para reforzar la transparencia y la confianza ciudadana, dado que el análisis realizado por la CNMC sobre la traslación de los descuentos
a los precios no fue acompañado de informes públicos ni comunicados por parte de la CNMC.
El segundo informe versa sobre la fiscalización de la gestión y uso de los inmuebles por el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus entidades adscritas, también del año 2022. Varios puntos. El primero, la Administración General del Estado
tiene 27 342 inmuebles propios y los organismos públicos 1230. De los 27 342 bienes propios, 19 633 están sin uso, o sea, un 71,8 % de los inmuebles están sin uso. La verdad es que un Gobierno que deja un 71,8 % de los inmuebles sin uso se
encuentra incapacitado para resolver el problema de la vivienda en España. Segundo, no existe conexión con los inventarios de bienes de los organismos públicos gestionados a través de diferentes aplicaciones. Tercero, no se han aprobado los
programas anuales de optimización del uso de los edificios, que es el instrumento en el cual se debe realizar un análisis detallado de la situación de los edificios, sus características y el nivel de ocupación. Cuarto, preocupa la recomendación de
que se deberían comprobar los requisitos para evitar que determinados gastos de mantenimiento no cumplan con los criterios para ser considerados inversiones. Preocupa que no se sepa distinguir entre un gasto y un inmovilizado -no en el caso del
Tribunal de Cuentas, sí, en los organismos fiscalizados-.
Tercer informe, Informe de fiscalización del programa para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil. Quiero destacar varios puntos. El primero, se menciona que los objetivos e indicadores utilizados como
evaluación del programa no constituían verdaderos indicadores de resultado que evaluasen el grado de cumplimiento de los objetivos ni el impacto que las acciones emprendidas a través del programa tuvieron en los beneficiarios finales que recibieron
la ayuda alimentaria ni en la contribución a la reducción de la pobreza. O sea, un completo despropósito. Segundo, el 30,8 % de la ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas se destinó a inmigrantes, participantes de origen extranjero y
minorías, un 53,7 % a mujeres. Sí nos gustaría saber, señora presidenta, si en ese 53,7 % de las mujeres se incluyen también mujeres inmigrantes y participantes de origen extranjero, que es la categoría que he mencionado con anterioridad. Tercero,
algunos datos para saber dónde estamos: la pobreza entre menores de 16 años ha aumentado significativamente, pasó del 29,9 % en 2018 al 34,7 % en 2024. Otro dato: ha aumentado la carencia material severa, con un 9 % de la población que
experimenta dificultades graves para cubrir gastos básicos o hacer frente a imprevistos.
Cuarto informe, Fiscalización del programa 441N 'Subvenciones y apoyo al transporte marítimo' del ejercicio 2023. También, voy a incidir en varios temas. El primero, los indicadores establecidos no se consideran válidos para medir el grado
de eficacia alcanzado en la gestión de estas subvenciones, porque no se aprecia su relación directa con alguno de los objetivos, como el fomento de la competitividad. Segundo, es destacable la falta de capacidad del presupuesto inicial para atender
las obligaciones del ejercicio, que exigió un elevado grado de modificaciones presupuestarias, un 87 %. Tercero, la idoneidad
de las ampliaciones como sistema habitual de gestión presupuestaria de estas subvenciones queda en cuestión; son palabras incluidas en el informe del tribunal. Resumen: se presupuesta mal y, además, se cuestionan las ampliaciones de
crédito.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. En lo personal, muchísimo ánimo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz Santana.
El señor CRUZ SANTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta.
Quiero sumarme también, cómo no, al agradecimiento por su presencia una vez más aquí y trasladarnos el trabajo ingente, preciso y riguroso que hace la institución que usted preside. En lo personal, me gustaría trasladarle nuestro afecto y
consideración.
Entrando en materia, en relación con los cuatro informes que forman parte de este bloque, efectivamente tienen un nexo común, sobre todo los tres a los que usted se ha referido en primer lugar, el de las bonificaciones a los hidrocarburos,
la subvención y la ayuda alimentaria o la subvención al transporte marítimo. El hilo común es ese: el impacto directo ante situaciones complicadas o ante retos estructurales que hay que abordar y de qué manera se responde desde el Gobierno, de qué
manera se responde desde la Administración del Estado. Me quedo con otro elemento común en cuanto a la valoración en los tres informes sobre los tres programas de referencia: la eficacia, la agilidad, exitoso en el caso de la ayuda alimentaria y
de la lucha contra la pobreza infantil y cumplimiento de objetivos en el caso del transporte marítimo en la relación con Canarias.
Han tenido dificultades, como el programa para bonificar los hidrocarburos como consecuencia de la crisis política, militar, la guerra de Ucrania, que afectó directamente no solamente en el encarecimiento del precio, sino en la inseguridad
que generaba. Era necesario adoptarlo. Es cierto que, cuando se ven las recomendaciones -por cierto, es una herramienta fundamental en los informes, creo que la más importante-, más allá de la detección de lagunas, en este caso, se concluye que ha
habido una respuesta eficaz en cuanto a los objetivos que se perseguían. Evidentemente, se ponen de manifiesto puertas de escape o aspectos que hay que controlar, evaluar, mejorar y conocer para diseñar mejores políticas públicas en el futuro. Eso
está claro, pero son programas que tienen dificultades en tener que adoptar el diseño, la puesta en marcha y ejecución ante una situación sobrevenida de extrema gravedad y de extrema emergencia.
En el caso de la ayuda alimentaria, estamos hablando de 79 millones de kilos y litros; estamos hablando de más de 1 300 000 personas beneficiarias, pero, sobre todo, de más de 5000 entidades colaboradoras que, a diferencia de las 14 000
entidades colaboradoras que intervienen en el tema de los hidrocarburos -al fin y al cabo es su negocio y son profesionales- son normalmente del tercer sector que ni tienen recursos ni medios ni hay forma de hacerlo, salvo mucha voluntad, mucho
trabajo y esa declaración responsable que, evidentemente, hay que mejorar. Sobre todo, hay que aprovechar la escasa información o la que se pueda obtener del programa de alimentos para mejorar la eficacia y la efectividad, y aplicarlo a sucesivos
programas.
Igual ocurre con el del transporte marítimo. El transporte marítimo tiene muchas dificultades en tanto que se están garantizando dos cosas: por una parte, que las compañías navieras prestan el servicio de transporte y, por otra parte, nos
conectan a las personas que residen en las islas -Baleares y Canarias- como en las ciudades españolas del norte de África -Ceuta y Melilla-. Depende también de las necesidades, y es muy complicado cuantificar y ajustar. En el proceso de
contratación es cierto que se utiliza el proceso de urgencia en el sentido de acortar determinados plazos y determinados trámites que no impiden la libre concurrencia al proceso y la apertura para todo aquel interesado que considere que tiene que ir
a ese proceso competitivo para obtener el contrato correspondiente. Por tanto, igual que con el anterior, es un programa en el que hay deficiencias y tenemos que mejorar. La valoración que hacemos sobre las recomendaciones, como decía antes, es
muy positiva. Desde luego, entendemos que es la oportunidad para mejorar la acción política y la acción pública.
En cuanto al último informe, el Informe de patrimonio de los edificios, creo que pone de manifiesto una realidad que tenemos en todas las Administraciones, desgraciadamente. Hay una cierta dispersión entre quién tiene la competencia de la
gestión del patrimonio y quién tiene el uso, quién tiene el conocimiento y quién aplica el destino de los edificios. Ante esa dispersión no solamente en cuanto a los propios
organismos de la Administración del Estado, sino de todas las administraciones, el CIBI es una herramienta fundamental; es clave para que nos permita planificar y diseñar políticas eficaces y eficientes para el uso y destino de esos
edificios. Creo que es clave como también lo es, por supuesto, la unificación de la información en patrimonio.
Por lo tanto, quiero reiterarle el agradecimiento y el trabajo. Queda de nuestro lado el utilizar el conocimiento y la opinión de un órgano externo, independiente y muy muy cualificado para mejorar las políticas públicas que pretendemos
desarrollar.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández González.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Presidenta del tribunal, le agradezco una vez más su presencia y los trabajos de los equipos de fiscalización en el propio tribunal.
Comenzaba diciendo que los tres informes de fiscalización poco tienen que ver entre sí, y no puedo estar más de acuerdo. Es prácticamente imposible encontrar un denominador común, salvo el gasto de dinero público, pero el gasto de dinero
público es el principal objeto de fiscalización que tiene el Tribunal de Cuentas. Vamos a hacer unas referencias muy someras a cada uno de los bloques, porque el tiempo nos limita de forma importante.
La ayuda alimentaria a los desfavorecidos y la lucha contra la pobreza infantil. Nos parece que el hecho de que decrezca el número de beneficiarios en los programas de ayuda alimentaria es extraño, y sucede de forma sucesiva. El programa
se ejecutó en dos fases. En una de ellas, en la segunda, entendemos que hay una clarísima limitación al alcance porque ni el número ni la evolución de los perceptores se puede llegar a concluir. Luego, el seguimiento es prácticamente imposible de
realizar. Que se denomine contrato administrativo especial, personalmente tengo algunas dudas, pero el tribunal determina que así es. La aplicación informática es insuficiente y, por tanto, impide el seguimiento. La ausencia de informes sociales
y de criterios de reparto impiden dos cuestiones: primero, hacer un seguimiento del impacto social y, por tanto, de la utilización de esos recursos en las personas beneficiarias; y, segundo, saber si hubo o no hubo duplicidades, cuestión que el
tribunal no puede determinar y ello se debe a una gestión, a nuestro juicio, deficitaria.
Las recomendaciones que realiza en este programa el tribunal son tres. Créame, señora presidenta, que respecto a que el FEGA debe utilizar evaluaciones, nos parece bien; que el FEGA cumpla con la publicidad activa es una obligación que
debería haber cumplido; que haya una recomendación referida expresamente al impacto que las mujeres tienen en cuanto a beneficiarias, nos parece bien; pero, sin duda, echamos en falta, señora presidenta, una cuarta recomendación que es la referida
a la pobreza infantil.
Me remito al anexo 19 del propio informe de fiscalización y muy expresamente a las palabras del presidente de Unicef España, el señor Gustavo Suárez Pertierra, paisano mío, pero ministro socialista en dos ocasiones y, por tanto, creo que sin
sesgo en sus manifestaciones, que dijo recientemente en Asturias: La pobreza infantil en España es la más alta de la Unión Europea, un 34,6 % de menores de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza, más de 2,7 millones de niños están sufriendo la
pobreza. Que ante este drama no se haya hecho recomendación alguna en el informe que lleva también por título 'pobreza infantil', la verdad, nos parece sorprendente y desolador.
Me refiero al segundo informe. El segundo informe hace referencia a la comunicación entre las islas -las islas entre sí, y las islas y Ceuta y Melilla con la península-, a facilitar, en definitiva, la comunicación. Respecto a este
programa, quiero poner de manifiesto que el armazón normativo fue fruto de decisiones del último Gobierno popular. El armazón normativo de las bonificaciones a familias numerosas y de bonificaciones del 50 % entre territorios interinsulares fue una
decisión del Gobierno del Partido Popular. ¿Y qué hicieron ustedes -cuando digo ustedes, me refiero a los Gobiernos socialistas- Lo cumplieron a trompicones, como suelen hacer, y se estableció que la compensación a las empresas -y en ello quisiera
insistir, señora presidenta-, desde el año 2022, era que estaban exentas del concepto de subvención. Por contra, el tribunal critica algo que fue una decisión establecida en los presupuestos generales del Estado en el año 2017: que fuesen créditos
ampliables. Sinceramente, es que no se nos ocurre otra fórmula para dar cobertura a los usuarios, porque es imposible de predecir, y, curiosamente, en el informe del tribunal dicen: debe ajustarse el crédito inicial. Hombre, para ajustar el
crédito inicial,
señora presidenta, tiene que haber presupuestos aprobados, y los últimos se aprobaron el 31 de diciembre de 2022. Por tanto, penalizar a los beneficiarios a costa de imponer una cláusula de imposible cumplimiento -por lo que se ve, ya que
este Gobierno se demuestra incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado-, sinceramente, no se nos ocurre otra fórmula salvo la solución de créditos ampliables.
La gestión de inmuebles en el Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2022. Descontrol absoluto, descontrol y opacidad. Y yo me permitiría recomendarle a la subsecretaría del ministerio, que es quien tiene competencia en la gestión
patrimonial y en el mantenimiento del inventario, que realizase los trabajos y los actualizase. Lo único que se conoce en este descontrol en el Ministerio de Ciencia son los más de 100 000 euros que se gastaron en decoración y adecuación de la
vivienda de la señora ministra. En eso fueron perfectamente ágiles y eficaces. Por supuesto, en el informe -y quizás no fuese el caso- no se hace ninguna mención al extremo al que acabo de referir.
Por lo que se refiere, señora presidenta, a la bonificación en el gasóleo, a la puesta en marcha de ese plan extraordinario y a la fiscalización integral que ustedes hicieron, yo, desde luego, no comparto que por ser una fiscalización
integral no tenga que haber recomendaciones. Hacen ustedes dos recomendaciones absolutamente inocuas, absolutamente generalistas, pero, por contra, la CNMC no hizo ni evaluación, ni siquiera hizo públicas las conclusiones. Creo que el lenguaje se
cuida. Se lo digo porque formé parte de un OCEX durante bastantes años y que diga el Tribunal de Cuentas que fue globalmente exitosa la campaña, sinceramente yo creo que está de más el calificativo y que sobra la expresión en un informe de
fiscalización que debe ser austero, que debe ser ajustado a la veracidad y ausente de ningún tipo de sesgo. En definitiva, señora presidenta, alguna pregunta pudimos formular, pero poquísimas.
Agradezco al presidente la generosidad de los tiempos. Y, desde luego, descontrol y opacidad, es lo que nosotros evidenciamos en estos cuatro informes de fiscalización.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora Fernández.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): En definitiva, vuelvo a sentirme tranquila por la manera de actuar del tribunal. Se pone de manifiesto hasta el último detalle de las irregularidades, deficiencias, etcétera,
que son las que veo, como es lógico, y que ustedes, además, repiten cada vez que intervienen. Estamos viendo los informes y ustedes se hacen eco de lo que ponen los informes, es normal. Quiere decirse que la información que les trasladamos sigue
siendo un instrumento útil para que hagan toda la oposición que tengan que hacer, porque aquí caben las recomendaciones que propone el tribunal, también distintas o aquellas que a ustedes se les ocurran; es decir, no hay un límite de
recomendaciones ni de actuaciones en cuanto a las posibilidades del control parlamentario -interpelaciones, preguntas, proposiciones de ley, etcétera-. Nosotros les damos los datos y creo que lo hacemos de manera objetiva, rigurosa, fiable y
contrastable.
Yo estoy con usted, quizá no debería haber ninguna expresión calificativa, ni a favor ni en contra. Como presidenta del tribunal, lo digo en serio, siempre he dicho que los informes tienen que mantenerse en la asepsia de la emoción
personal, pero lo mismo en un sentido que en otro, es decir, no creo que haya que hacer una especial referencia a una maldad natural. Creo que hay que expresar lo que nosotros vemos y los comentarios son los que a ustedes se les van ocurriendo.
Por ejemplo, el señor Sáez ha ido sacando sus propias conclusiones de cada una de las recomendaciones, cosa que creo que es el objetivo último del informe, que ustedes saquen justo las conclusiones después de cada uno de los informes y actúen en
consecuencia.
El señor Suárez Pertierra, o quien corresponda, como responsable de esto, hace unas manifestaciones en un foro público con datos que nosotros no hemos valorado porque no estábamos viendo eso, estábamos viendo un programa concreto dentro de
un presupuesto que se financió con fondos REACT-EU y que tenía justo el título de ayuda alimentaria. Nosotros quisimos ver cómo podía interferirse. ¿Qué es lo que sucede? Que no existen indicadores específicos ni sobre infancia ni sobre otros
colectivos vulnerables. El tribunal siempre recomienda incorporar evaluaciones de impacto social para poder hacer una situación diferenciada de los colectivos vulnerables -como infancias en riesgo-, reforzar la documentación social, todo eso lo
hacemos siempre.
Yo creo que también les he contado aquí que, en el avance de nuestra integración en las fiscalizaciones de enfoques evaluadores, pedimos algo que tradicionalmente no ha existido nunca en la Administración
pública desde que yo soy miembro de ella, que es desde el año 1971, y son indicadores. O sea, no ha habido manera de seguir nada en la historia que yo conozco de la Administración pública, y son unos cuantos años. Hemos pasado por todo.
Y, cuando digo por todo, digo casi por todo menos por la Primera República. Con eso a lo que me refiero es a que, efectivamente, estamos en ese momento de tener que consolidar -si es que nosotros vamos a seguir por aquí, que lo vamos a intentar- la
exigencia de indicadores al diseñar una política pública. Es la única manera para que después nosotros podamos medir la eficacia. Si no, tenemos los datos que tenemos. Y los datos que tenemos son los que ponemos.
¿Que ha habido un esfuerzo económico? Ha habido un esfuerzo económico. ¿Que ha disminuido la pobreza? No lo sabemos, porque lo primero que pasa es que la pobreza está sin indicadores y sin definición objetiva para poderla medir, porque,
además, como usted sabe, depende de una región y depende de otras circunstancias. O sea, no es lo mismo la pobreza en España que la pobreza en Uruguay o en Canadá. Entonces, son esos aspectos sutiles de las evaluaciones de las políticas públicas
que tenemos que ir definiendo y diseñando. Yo lo lamento, porque siempre me gustaría darles más explicaciones, pero les doy las explicaciones a los que mi responsabilidad me exige, y es medir lo que veo, ponerlo encima de un papel y decir: oiga,
esto es lo que ha pasado. (Rumores.-La señora Fernández González pronuncia palabras que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): No dialoguen.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): No, no, es que no la he entendido. Difícilmente puedo dialogar (risas), porque no he entendido lo que ha dicho.
En definitiva, como ustedes saben, todos estos programas de impacto adolecen de muchas circunstancias que hay que empezar a armar, pero que no han estado nunca, jamás, en la vida. No es que diga que ahora haya cambiado el mundo, sino que ha
cambiado la exigencia de la sociedad y de los ciudadanos en cuanto a las políticas públicas, y no hay más remedio que afinar los instrumentos. Nosotros estamos haciendo algo que no se había hecho nunca, que son evaluaciones con objetivos de
evaluación en las políticas públicas, y recomendar que hagan indicadores para que podamos medir la eficacia. Si no hay indicadores, la eficacia la mediremos con criterios que no serán objetivos, y serán los que al auditor de turno se le ocurran.
De todas maneras, yo les agradecería que apoyaran mucho esta necesidad en sus intervenciones, porque haría nuestro trabajo muchísimo más útil. Por tanto, lamento no poder darles más datos. Y ni siquiera puedo contestarle por qué no hay
presupuestos públicos, porque esa es una cosa a la que yo no me dedico. Yo sé que, cuando me preguntan, a ustedes se les escapa 'ustedes', pero yo no soy 'ustedes'. Lo lamento, pero yo no soy 'ustedes'. Siempre se les escapa y siempre quieren que
yo sea 'ustedes', pero yo soy la presidenta del Tribunal de Cuentas, no soy 'ustedes'; a los ustedes que ustedes se refieren, que no sé cuáles son.
Señores, por mi parte, les agradezco mucho a todos su asistencia y, también, les agradezco a todos mucho su apoyo. Lo he sentido de verdad. A algunos pude darles un abrazo personalmente, lo que agradecí muchísimo; a otros, sus palabras
por otros medios, lo que también agradecí muchísimo; y a todos los demás, su apoyo hoy. Como hay que seguir, seguiremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y veinticuatro minutos de la tarde.