CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 125

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LUIS MARÍA BEAMONTE MESA

Sesión núm. 7

celebrada el lunes,

17 de noviembre de 2025

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del defensor del pueblo (Gabilondo Pujol):


- Para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con la crítica situación de la necesidad de vivienda de los españoles que está provocando el incesante aumento de los precios de los alquileres. A petición del Grupo Parlamentario
VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000244 y número de expediente del Senado 713/000094) ... (Página2)


- Para informar sobre los motivos que le han llevado a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de
abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000642 y número de expediente del Senado 713/000363) ... href='#(Página28)'>(Página28)


- Para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en los casos de violencia de género. A
petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000684 y número de expediente del Senado 713/000391) ... (Página39)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (GABILONDO PUJOL):


- PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA DE LOS ESPAÑOLES QUE ESTÁ PROVOCANDO EL INCESANTE AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000244 y número de expediente del Senado 713/000094).


El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes.


Vamos a dar comienzo a la sesión, no sin antes dar la bienvenida al defensor del pueblo, señor Gabilondo, en nombre de quienes conformamos esta comisión, así como a las adjuntas, doña Patricia Bárcena y doña María Teresa Jiménez-Becerril, y
por supuesto a todos ustedes.


Damos comienzo a la sesión, que saben que tiene tres puntos en el orden del día que responden a tres peticiones de comparecencias. La primera es para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con la situación de necesidad de
vivienda de los españoles, que está provocando el incesante aumento de los precios de los alquileres. Ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario VOX, por lo que, como es habitual, comenzaremos de menor a mayor con un primer espacio de tiempo de
diez minutos y una posibilidad de réplica -si ustedes la quieren utilizar- de tres minutos.


En primer lugar, damos la palabra al defensor del pueblo, señor Gabilondo, y posteriormente será el turno de intervenciones.


Señor Gabilondo, cuando usted quiera.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Buenas tardes.


Muchas gracias por convocarme a esta sesión en la que podremos abordar las tres comparecencias que ha activado la Mesa de esta comisión mixta a instancias de sus señorías.


Gracias, señor presidente de la comisión, don Luis María Beamonte, miembros de la Mesa, vicepresidentes y secretarios, señoras adjuntas del Defensor del Pueblo, señora letrada, señoras y señores portavoces, señoras y señores vocales,
señorías, señoras y señores. La existencia en España de un grave problema de acceso a la vivienda lleva tiempo siendo objeto del trabajo del Defensor del Pueblo y así lo ha recogido en las consideraciones, recomendaciones, sugerencias y
recordatorios de deberes legales que dirige a las Administraciones públicas competentes; es una constante en los informes que hemos presentado mis antecesores y yo ante las Cortes Generales en los últimos años. En los informes anuales
correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 -que se incluyen en el tiempo de gestión del actual equipo- esta institución ha señalado las grandes dificultades que encuentran amplias capas de la población para satisfacer su necesidad de vivienda.
Como decía, el problema viene de lejos y ya en 2018 fue objeto de un apartado especial monográfico en el informe anual que se envía a las Cortes Generales.


Los datos son elocuentes. El aumento de los precios de la compra y del alquiler de vivienda, no solo del alquiler, que se ha producido en la última década es muy superior al incremento de los salarios y de la capacidad adquisitiva de la
ciudadanía. De esta forma se han convertido en un factor que ahonda de manera determinante la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos. Dado que la financiación
hipotecaria de la compra de una vivienda exige unos requisitos de solvencia que muchas personas no tienen -sobre todo aquellas con empleos precarios, bajos salarios, bajo poder adquisitivo o escasa capacidad de ahorro-, la tensión se ha desplazado
con fuerza hacia la demanda de alquileres, cuyos precios llevan varios años aumentando en porcentajes muy elevados y en un contexto de crecimiento significativo de la población y de no suficiente construcción de vivienda, si bien los datos más
recientes indican que ha aumentado en el transcurso de este año. El incremento sostenido del precio de los alquileres tiene como consecuencia que un número muy alto de personas no pueda acceder a una vivienda y que amplias capas de población deban
realizar un sobreesfuerzo para poder pagar el alquiler de la vivienda en la que residen. Según datos de Eurostat de 2023, un 30,6 % de dicha población -la que alquila vivienda- dedica más del 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler, 10,3 puntos
por encima de la media de la Unión Europea. A su vez, los que dedican menos de la cuarta parte de sus ingresos apenas son un 35 %, muy por debajo de la media de la Unión Europea, 48 %, y lejos de países como Suecia, 49 %, o Alemania, 56 %. Esta
situación se produce en todas las comunidades autónomas y en los municipios de ciudades medias y grandes, pero es más

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intensa en aquellos territorios y ciudades con más población y más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados y a las personas y unidades familiares con
ingresos medios.


A los elevados precios de compra y alquiler se une el reducido tamaño del parque público de vivienda, de modo que esas personas tampoco pueden acceder a ese tipo de vivienda en plazos razonables a través de los procedimientos normativos de
adjudicación de viviendas establecidos en las comunidades autónomas y en los municipios. El parque de vivienda de precio limitado inferior al del mercado es también exiguo. En paralelo, las ayudas destinadas a sufragar el alquiler de la vivienda
llegan a sus beneficiarios con meses de retraso, y los fondos asignados no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos. La insuficiencia del parque público de vivienda y de precio inferior al del mercado impiden
amortiguar en España las consecuencias sociales del aumento de precio, así como dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.


España destaca negativamente en Europa por su escaso parque de vivienda social, que apenas representa el 3,4 % del total de hogares frente al 8 % de la media europea. Ello se debe a que la mayoría de las viviendas de protección oficial se
destinaron a la compra o al alquiler con opción a compra y contaron con una calificación limitada en el tiempo, lo que permitió su descalificación y posterior incorporación al mercado libre. Esta práctica ha reducido drásticamente el parque de
vivienda pública y de vivienda protegida de precio limitado. Desde 1960 se han promovido alrededor de 6,5 millones de viviendas protegidas, de ellas, 2,7 millones desde 1980 hasta 2023. Sin embargo, el parque de vivienda pública gestionado por
Administraciones autonómicas y municipales apenas alcanza las 318 000 unidades, un 1,5 % del total.


De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE en 2024, todo el conjunto del alquiler social se sitúa en torno al 3,4 %, muy por debajo de Austria, Francia o los Países Bajos, donde supera el 20 %. Tras la crisis de
2008, la promoción de vivienda protegida se paralizó casi por completo y desde 2015 solo el 12 % de las nuevas construcciones pertenecen a esta categoría. En 2024 se observa una ligera recuperación con más de 14 000 calificaciones definitivas y
casi 24 000 provisionales, los mejores datos en trece años.


El Defensor del Pueblo recomienda destinar las viviendas públicas y protegidas al alquiler y mantener su calificación de manera permanente. Aunque el parque social ha crecido del 2,5 al 3,4 % en los últimos cinco años gracias a la inversión
pública, es imprescindible avanzar para alcanzar los estándares europeos. En este contexto, el acelerado incremento en los últimos años del número de viviendas que se destinan al alquiler turístico de alta rentabilidad tiene un fuerte impacto sobre
el mercado del alquiler de vivienda permanente y habitual. Por un lado, ha generado una nueva brecha de desigualdad entre quienes son titulares de una vivienda y quienes no lo son. Por otro lado, ante la dificultad y el sobresfuerzo necesario para
arrendar, se han visto afectados el bienestar y la capacidad de ahorro de los hogares en alquiler con ingresos medios, y está afectando de manera grave a la vida y a las expectativas de los ciudadanos con menos ingresos, que no pueden alquilar ni
mucho menos comprar una vivienda. Cabe recordar, además, que los trabajadores que han de desplazarse desde otros lugares no encuentran vivienda o no pueden enfrentar su precio, y los jóvenes ven retrasada su emancipación.


Respecto a los jóvenes, según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación en 2024 se situó en 14,8 puntos porcentuales y alcanza su punto más bajo desde 2006. Siete de cada diez
de los jóvenes que trabajaban seguían en la vivienda familiar; esto significa que, ni aun teniendo un sueldo, pueden acceder a una vivienda. La edad media de emancipación se situó en los 30,4 años, mientras que en Europa la edad media era de 26,3.
Además, la tasa de emancipación en España era 14,9 puntos más baja que la europea.


El sinhogarismo es hoy un fenómeno cada vez más vinculado al contexto de crisis de la vivienda. Una parte significativa de las viviendas afectadas se refiere a personas con empleo o pensiones públicas, pero que aun así se ven empujadas a
abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar el coste de la vivienda. Insisto en la crítica situación de las personas sin hogar que pernoctan en determinadas infraestructuras. El IX Informe FOESSA -publicado y presentado estos días- lo
califica como la manifestación más extrema de la marginación o exclusión social, al tiempo que enfatiza la naturaleza residencial de la exclusión. Con un estrecho vínculo a la exclusión social y a la pobreza, no puede olvidarse la existencia de
asentamientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad, separados y aislados de los núcleos urbanos y en situaciones de ilegalidad urbanística y ambiental, cuyos habitantes se enfrentan a condiciones de exclusión social que determinan el
ejercicio y la situación de sus derechos.

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La erradicación del chabolismo y la infravivienda debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que han de programar medidas específicas y recursos suficientes para afrontar el problema. El objetivo ha de ser el realojo de
los habitantes con la mayor rapidez posible en viviendas dignas y entornos urbanos.


¿Cómo se ha reflejado todo esto en las quejas que recibe el Defensor del Pueblo? Se lleva reflejando en aquellas que atendemos todos los años, porque los ciudadanos se dirigen a esta institución expresando las dificultades que encuentran
para acceder a una vivienda a precio de mercado. Quiero señalar que por ejemplo en 2024 recibimos 822 quejas que refieren el esfuerzo que supone enfrentar el pago de alquiler y los gastos ordinarios de la vivienda, así como las demoras, los
retrasos que se producen en la recepción de las ayudas existentes con esta finalidad. Las ayudas destinadas a sufragar el alquiler de la vivienda llegan a sus beneficiarios con meses de retraso y los fondos asignados no cubren el total de las
solicitudes que cumplen los requisitos establecidos. Otras quejas denuncian las largas esperas existentes que se prolongan durante años en los procedimientos de adjudicación de vivienda de protección pública, en muchos casos con miles de inscritos
que reúnen los requisitos, lo que pone de manifiesto la escasez de viviendas de esta naturaleza que se ha descrito con anterioridad.


Por otra parte, un número considerable de personas y familias trasladan el drama social y humano que implican los desahucios al comunicar que van a ser objeto de un desahucio judicial de su vivienda habitual. Finalmente, se reciben también
algunas quejas de vecinos que refieren molestias y problemas de convivencia y vandalismo que producen los ocupantes sin título de viviendas del edificio y quejas de propietarios o arrendatarios que han visto suspendido el desahucio de inquilinos u
ocupantes sin título, es decir, ocupaciones ilegales o suspensión de lanzamientos o dilaciones judiciales.


¿Qué respuesta cabe ante esto? Los problemas y quejas descritos han sido trasladados por el Defensor del Pueblo a las Administraciones competentes -principalmente, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y, por supuesto, también el
Ministerio de Vivienda- junto con la consideración de que parece evidente la necesidad de incrementar la oferta de viviendas en nuestro país, singularmente las de carácter público y las protegidas, dadas las dificultades existentes para acceder al
crédito inmobiliario y los elevados precios de la vivienda en propiedad y en alquiler. En un Estado social y democrático de derecho como es España, el acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye una necesidad básica y un derecho
reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo. Por ello, las Administraciones públicas -cada una en
el ámbito de sus respectivas competencias- han de actuar con la mayor determinación en la promoción de las condiciones necesarias y en la adopción de las normas pertinentes para hacer realidad el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo ha insistido ante las Administraciones públicas y ante el Congreso y el Senado en que un aumento significativo del número de viviendas públicas y protegidas destinadas al alquiler hasta alcanzar como mínimo la
media europea con la máxima celeridad posible constituye el punto de partida indispensable para hacer eficaz la política social de vivienda. Es imprescindible dar una respuesta a las necesidades sociales existentes en este ámbito. A su vez, esta
medida resultaría un instrumento económico útil para reducir los precios de los alquileres en el mercado no regulado al contribuir a la reducción de la demanda. Las viviendas públicas y las sometidas a un régimen de protección pública deben
destinarse al alquiler frente a la compra y sujetarse a calificación permanente. Dado el reducido número de viviendas públicas y protegidas, los procesos de adjudicación han de realizarse con la mayor transparencia y eficacia y de acuerdo con
baremos públicos y objetivos. Asimismo, es precisa una adecuada regulación de la inscripción en los registros públicos de demandantes de vivienda, así como su interpretación a favor del acceso a una vivienda digna y adecuada. No debe olvidarse que
los procedimientos de adjudicación de vivienda pública en España son el eje de la política social de vivienda, el instrumento clave para garantizar el derecho. Deben mantenerse y mejorarse los programas de ayudas al pago del alquiler a corto plazo
y para colectivos vulnerables. Hay una gran polémica al respecto, pero esto parece importante para paliar el sobresfuerzo de los hogares. Las ayudas deben gestionarse ágilmente y las Administraciones están obligadas a resolver los expedientes con
celeridad y eficacia y a destinar medios para lograrlo. Ante el incremento sostenido de los precios del alquiler, las Administraciones públicas deberían procurar utilizar las herramientas que contiene la vigente Ley por el Derecho a la Vivienda, de
2023. Asimismo, dado que está generalmente aceptado que el acelerado incremento del alquiler turístico supone una disminución de las viviendas dedicadas al alquiler

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de residencia habitual, parece razonable limitar este tipo de alquiler en los numerosos municipios donde se produce este problema.


Cabe subrayar la aparición de algunas señales positivas en relación con las consideraciones del Defensor del Pueblo. Así, el Observatorio de Vivienda y Suelo, OVS, ha publicado recientemente el boletín estadístico correspondiente al primer
trimestre de 2025, que muestra un inicio de año marcado por una intensa actividad en la construcción de vivienda nueva y registros máximos de los últimos dieciséis años. En el primer trimestre de 2025 se iniciaron 34 416 viviendas, lo que supone un
incremento del 11,5 % con respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que se iniciaron 30 958. Se ha incrementado también el número de viviendas protegidas iniciadas con calificación provisional, que han alcanzado las 3 237, lo que supone
un incremento del 7,9 % con respecto al mismo trimestre del año pasado, cuando fueron 2998. Asimismo, en el nuevo boletín del OVS se puede observar un crecimiento de la actividad inmobiliaria: en el primer trimestre del año 2025 se realizaron un
total de 184 087 compraventas de vivienda -otro debate será quiénes compran esa vivienda-, lo que supone un incremento del 14,7 % con respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que hubo 160 441. Este constituye el mayor dato de operaciones
de compraventa en un primer trimestre de los últimos dieciocho años. Finalmente, también puede destacarse la actividad de financiación de vivienda en el primer trimestre de 2025 con un total de 119 913 hipotecas sobre vivienda, lo que supone un
18,3 % más que en el mismo trimestre del año anterior, cuando se formalizaron 101 384. A finales de junio de 2025, ante el problema de acceso a la vivienda, el Defensor del Pueblo decidió iniciar actuaciones con todas las comunidades y ciudades
autónomas, con el Ministerio de Vivienda y con los diez ayuntamientos más poblados de España, en el ámbito de sus respectivas competencias. A las diecinueve comunidades y ciudades autónomas y a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria se les ha solicitado que informen sobre las medidas que hayan adoptado o tengan previsto adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la
vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda. En concreto, se les ha pedido que envíen la siguiente información: el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su
territorio; el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible e incentivada; las medidas dirigidas a incrementar el parque de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública y de vivienda asequible e incentivada; si existen áreas de mercado residencial tensionado; cómo van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda; las medidas previstas para regular y, en su caso,
limitar las viviendas destinadas al alquiler turístico, y, por último, las medidas dirigidas a ayudar al pago de los alquileres. Al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana le hemos solicitado información del contenido del próximo plan estatal en
materia de vivienda, los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada y el grado de ejecución previsto de los planes y programas de construcción de viviendas. Hasta el momento, han enviado informes al Defensor del
Pueblo el Ministerio de Vivienda; las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, y, de entre los municipios, los de Alicante, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Ya ven que es más elegante
nombrar las que sí han respondido, pero de ahí deducirán ustedes las que no lo han hecho aún. (Risas).


Cada año, numerosas familias vulnerables acuden al Defensor del Pueblo con problemas de desahucios. Son hogares con personas a cargo y sin ingresos suficientes para acceder a un alquiler en el mercado ni alternativa habitacional. La
institución verifica que las Administraciones municipales y autonómicas ofrezcan soluciones de alojamiento a las personas afectadas y orienta a los ciudadanos sobre los recursos disponibles, los dirige a los servicios sociales y les recomienda
solicitar vivienda pública o ayudas de emergencia para afrontar el pago de alquileres o de otras alternativas habitacionales. En muchos casos, los ayuntamientos actúan ofreciendo viviendas temporales, centros de acogida o ayudas económicas para
costear alojamiento, pero falta vivienda pública y los largos plazos para adjudicar una vivienda alejan a las familias de soluciones estables. Paralelamente, el Defensor del Pueblo también recibe quejas de propietarios y arrendadores afectados por
la normativa que permite suspender temporalmente los desahucios y lanzamientos por impago de la renta del alquiler ante inquilinos en situación de vulnerabilidad económica. Esta suspensión -regulada desde 2020- solo se concede tras una valoración
judicial ponderada y con informe de los servicios sociales. Para acogerse, el inquilino debe acreditar desempleo o reducción sustancial de ingresos, y que el conjunto de estos sea inferior a unos determinados límites establecidos en relación con el
IPREM, o sea, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; y las circunstancias concretas de la unidad familiar: hijos a cargo, monoparentalidad,

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personas mayores o con discapacidad, en situación de dependencia o en situación de incapacidad laboral, así como demostrar que la renta del alquiler y los gastos básicos superan el 35 % de los ingresos familiares. También, los propietarios
pueden acreditar su propia vulnerabilidad para oponerse a la suspensión y, en todo caso, tienen derecho a ser compensados económicamente por las rentas de alquiler no percibidas, para lo que habría de procederse con una mayor celeridad. En los
supuestos de okupación sin título, la suspensión solo se aplica cuando las viviendas pertenecen a grandes tenedores -más de diez inmuebles- y el ocupante demuestra que es una persona dependiente, víctima de violencia sobre la mujer, o tiene a su
cargo, conviviendo en la misma vivienda, a alguna persona dependiente o menor de edad. El Tribunal Constitucional ha confirmado la constitucionalidad de esta regulación al entender que limita de forma proporcional y temporal el derecho de
propiedad, con compensación económica para los propietarios y arrendadores. En 2025, el Real Decreto Ley 1/2025 ha prorrogado hasta el 31 de diciembre -bien cerca está esa fecha- la posibilidad de suspender determinados desahucios y lanzamientos
por alquiler en casos de vulnerabilidad económica, manteniendo el equilibrio entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada.


Por lo que respecta a otras situaciones distintas a las de vulnerabilidad económica del inquilino u ocupante sin título, en especial en lo que se refiere a usurpaciones de vivienda, los comportamientos ilícitos no surgen ahora. Tras
actuaciones del Defensor del Pueblo de hace algunos años, se promulgó la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Distingue con acierto
la mencionada ley dos situaciones completamente distintas. La primera es la relativa a la existencia de un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial.
Según el párrafo primero del preámbulo, se trata de un problema social de primera magnitud, como lo es dar satisfacción al derecho a la vivienda. Y la segunda -véase el párrafo segundo del preámbulo- es la relativa a que de forma casi simultánea y,
en la mayor parte de los casos, sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa.


Esta institución considera que, al mismo tiempo que hay que proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica -situación que pueden sufrir los inquilinos, los ocupantes sin títulos y los propietarios de vivienda-, deben
rechazarse y combatirse conductas ilícitas como las descritas en el preámbulo citado. Tal es el propósito de la modificación de la Ley 5/2018, que, al mismo tiempo, introduce los servicios sociales en el proceso civil de ejecución para que puedan
ser atendidas situaciones que lo merecen, y dota de instrumentos a los propietarios de vivienda para corregir su recuperación. En los casos a que se refería el párrafo segundo del preámbulo citado, el Defensor del Pueblo considera que la eficacia
de la justicia es absolutamente fundamental.


Es claro que el diseño de procedimientos, en teoría ágiles y eficaces, y por tanto suficientes para combatir fenómenos anómalos de okupación de viviendas, no puede alcanzar los objetivos pretendidos si la justicia carece de los medios
personales y materiales suficientes. Por esta razón, el Defensor del Pueblo dedica buena parte de su actividad a reclamar una mayor y mejor dotación de medios para la justicia. A juicio del Defensor del Pueblo, en la búsqueda de soluciones que
sirvan para revertir estos problemas, es preciso tener en cuenta todas las situaciones descritas y comprender su estrecha conexión con el grave problema que supone, para amplios grupos de población, el acceso a la vivienda debido a los elevados
precios tanto de compra como de alquiler.


En definitiva, el acceso a la vivienda presenta diferentes aspectos que se conocen entre sí. Es un ecosistema afectado. No puede estudiarse un aspecto aislado de todo el sistema que tiene esta multidiversidad de causas, que deben conjugar
en el corto y en el largo plazo por los distintos ejecutivos y Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Insisto, señorías, es imprescindible un aumento significativo de la oferta de vivienda pública y de vivienda
protegida en alquiler.


Las viviendas públicas y protegidas deben destinarse al alquiler, frente a la compra, y sujetarse a un régimen de protección permanente. Los procesos de adjudicación de vivienda han de realizarse con la mayor transparencia y eficacia, de
acuerdo con baremos públicos y objetivos. El mantenimiento y la mejora de los programas de ayuda, así como el pago del alquiler y su gestión, ha de ser ágil y eficaz. Además, ante el incremento sostenido de los precios, las Administraciones
públicas deberían procurar utilizar las herramientas que contiene la vigente Ley de Vivienda 12/2023, de 24 de mayo, así como limitar el alquiler turístico. A pesar de la poca solemnidad que yo soy capaz de dar a la frase, sí quiero que resuene
aquí que el interés que ha de primar es el interés general, que ha de ser común y compartido, lo

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que requiere -perdón por esta expresión que voy a decir- amplios consensos y acuerdos. En las distintas Administraciones -la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y las Administraciones municipales-, los
acuerdos sociales y políticos no pueden plantearse como políticas a corto plazo. Es un problema estructural del país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


A continuación, comenzamos el turno de intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor López Torre, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos.


El señor LÓPEZ TORRE: Buenas tardes, señor defensor del pueblo, señor Gabilondo. Bienvenido una vez más.


Ha hablado usted de muchas cosas. Por una parte, del incremento del precio del alquiler. Hablaba básicamente de que quienes deciden alquilar una vivienda lo hacen por incapacidad de poder adquirirla en propiedad, lo que es cierto,
evidentemente, eso es innegable. Pero también hay otra serie de personas que optan por esta alternativa voluntariamente, por distintas circunstancias. Muchas veces, también, por ejemplo, es el caso de las personas extranjeras. Al final, su
primera opción, lógicamente, es esa porque, aparte de que no tienen todavía unos ingresos estables, tampoco saben dónde van a acabar de estabilizarse. Hay circunstancias y, además, sabemos que en los últimos años el Estado está creciendo en cuanto
a población migrante, en cuanto a población extranjera para los que su primera opción y lógica también es el alquiler. Es cierto que en el Estado siempre ha sido mucho mayor la cultura de la propiedad, a diferencia de otros países del centro y
norte europeo, donde hay mucha más costumbre de alquiler. Pero quizás también aquí empieza a haber un cambio, en gran parte por necesidad, pero también un cambio quizás de punto de vista.


Otra cuestión, que no sé si la he mencionado o no, es el problema que existe en algunas zonas por la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Sobre el extranjero residente que compra una vivienda y que al final quiere
establecerse, quiere trabajar y aportar a la sociedad, ¿qué vamos a decir? Que bienvenido sea, ¿no? Pero luego tenemos otro problema, que son los extranjeros no residentes, que compran viviendas que, al final, no se destinan a cubrir esa necesidad
de primera vivienda, porque ni su propietario las ocupa ni las destina al alquiler, con lo cual muchas de estas viviendas son para alquiler o para ocupación muy estacional, o simplemente, a veces, son pura inversión especulativa. Y esto sobre todo
se da en zonas turísticas porque la situación es muy distinta de unas zonas a otras del Estado. El auge del turismo, además, en ciertas zonas es verdad que ha empujado mucho el precio del alquiler; incluso hace casi inviable para los propios
residentes poder acceder a una vivienda de alquiler. Esto es muy llamativo, sobre todo en las zonas isleñas. Por ejemplo, en Baleares, sobre todo en verano, cuando llega todo el turismo, existen viviendas para los turistas, pero para las personas
que van a trabajar en el sector servicios para atender a esos turistas no hay viviendas. Ahí hay un desequilibrio y un problema importante que, evidentemente, sí que hay que encarar, y no solamente en las Islas Baleares, también puede darse incluso
en Málaga, Madrid o Barcelona.


Con todo esto, las políticas de vivienda y tener un parque de vivienda público amplio, como sucede en otros países de Europa, no se consigue de un día para otro. Evidentemente, eso lleva aparejada una política de inversión mantenida durante
muchos años y sucesivos Gobiernos. Eso es algo que, en este caso, las comunidades autónomas, que son las competentes, en general no han hecho. Mi comunidad autónoma creo que ha sido una excepción, ya que estamos hablando de que Euskadi tiene más
del 13 % de las viviendas públicas del Estado para el 4,6 % de la población. Pero eso no se ha hecho ni en dos ni en cinco años; requiere un esfuerzo mantenido, una apuesta por esas viviendas. También por una cuestión que ahora acaba de decir,
aunque luego cada comunidad autónoma tenga que decidirlo, que es la calificación de la vivienda y si esa calificación pública debe ser permanente o no, si después puede pasar o no a manos de, en este caso, quien la está legalmente ocupando, del
inquilino. Ahí lo que estamos haciendo realmente es traspasar un bien público, un patrimonio público, al patrimonio de una persona simplemente por el paso de los años. Porque hayan pasado, por ejemplo, veinte años, estamos detrayendo del
patrimonio público para destinarlo al patrimonio privado de otra persona u otra familia de la que, además, en el momento cero sí se tuvo en cuenta su situación laboral, económica y patrimonial, pero que en el año 2020 o 2025, o el que sea, puede ser
muy diferente y ya no se tenga en cuenta, y lo único que va a contribuir, en muchos casos, es a engordar un patrimonio que ya de por sí suele ser solvente. En mi grupo entendemos que eso realmente no tiene ningún sentido, es 'despatrimonializar' la
Administración

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pública en una finalidad tan importante como asegurar a la ciudadanía -y, sobre todo, a las personas más jóvenes- el acceso a una vivienda digna. Es cierto que las comunidades autónomas son competentes y actúan en consecuencia, pero
aprovecho también para expresar cuál es nuestra opinión.


En cuanto a los jóvenes, es cierto que nos encontramos con un grave problema. No vamos a decir que no hay acceso al mercado laboral, pero acceder a un contrato laboral estable, tener un salario suficiente como para poder hacer frente a un
préstamo hipotecario o, incluso, a un alquiler, sumado, además, al precio de la vivienda y al difícil acceso al crédito en muchos casos, supone que todo ese esfuerzo económico para los jóvenes es un gravísimo problema que debemos afrontar. Además,
es algo que se debe afrontar desde muy diversos ámbitos, y no solamente desde uno.


En cuanto a los ocupantes sin título, ciertamente hay un grave problema. Usted ha hecho la diferenciación, porque, evidentemente, está quien lo hace por necesidad, porque no tiene a dónde ir, bien porque haya estado pagando una hipoteca o
un alquiler y llega un momento en el que ya no puede hacer frente a ese gasto y tiene que cubrir una necesidad básica, vital. Ahí quien se tiene que responsabilizar es la Administración. Yo creo que ahí la Administración está fallando, estamos
fallando, y lo que no podemos hacer es pasar la responsabilidad a terceros. Creo que la Administración tiene que hacer frente a esa situación, tiene que dar una solución habitacional para esas personas. Lo que no entiendo a veces es por qué hay
quienes se empeñan en dar cobertura a esas ocupaciones ilegales, sobre todo porque luego se han convertido, como bien se ha dicho, en negocio de mafias y criminales. Lo he visto personalmente, lo he sufrido personalmente en el ayuntamiento en el
que estuve anteriormente, y ves que hay mafias que realmente se dedican a ello, lo cual no quita, evidentemente, que lo primordial es que la Administración, por una parte, dé una solución rápida y adecuada a esas personas que tienen una necesidad y,
por otra parte, cómo no, que el sistema judicial tenga las herramientas necesarias para dar respuesta ante esas otras personas que no están en una situación de necesidad sobrevenida, sino que estamos hablando de mafias.


Para finalizar, ha hablado usted, y estoy totalmente de acuerdo, de que lo que hacen falta son amplios consensos, pero para que haya amplios consensos tenemos que afrontar los problemas con seriedad y no pensando en cuál va a ser el titular
periodístico del día siguiente, que es en lo que más preocupados estamos, más que en afrontar los asuntos con datos y haciendo frente a los asuntos de frente y con valentía.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Queralt Jiménez tiene la palabra.


El señor QUERALT JIMÉNEZ: Bona tarda, senyor Gabilondo.


Moltes gràcies -aquí!- pel seu informe. Comencem pel final. Perquè hi hagi consens en les solucions, ha d'haver-hi consens en el diagnòstic. I estem molt lluny d'un consens en el diagnòstic. Les causes de la precarietat del mercat de la
vivenda o la limitació d'accés en condicions d'igualtat, són multifactorials. Atribuir només a un factor en un vector aquesta, diguem-ne, disfunció del mercat, seria il·lús. La primera és que el mercat per si mateix no resol res. És un dels mites
amb els quals estem embarcats. El mercat per si mateix no resol res. La prova és que ho estem veient amb el tema de la vivenda. Jo trobo i no vull jerarquitzar on nosaltres trobem, els factors són els que uns que a títol d'exemple jo diré ara,
però segur que n'hi ha més tan importants com aquests, però aquests són els més cridaners. Primer que hem arribat a aconseguir que la desigualtat s'instal·li a Catalunya i a Espanya i tinguem treballadors pobres. És a dir, tenim salaris
insuficients que no es corresponen amb el nivell de productivitat i creixement de l'economia espanyola de la qual els números canten. Però clar, com sempre, el macro diu una cosa i el micro, el casolà, el domèstic, diu una altra. I amb números
macros no es compren vivendes, es compren amb el patrimoni familiar o personal. Llavors, aquest patrimoni del treballador mitjà és insuficient per accedir ja no a la compra, perquè tampoc hi ha el dret a la propietat privada d'adquirir una vivenda
en propietat, sinó per tenir una vivenda digna. Digna vol dir més que les quatre parets de l'habitatge. Vol dir també que estigui en barris o en entorns segurs amb serveis. És a dir, escoles, hospitals o centres d'assistència, comunicacions.
Vull dir això és una vivenda digna perquè podríem construir un palau de marbre al mig del Sàhara del desert. Com idea ha de ser fantàstica però inútil. Vull dir és que l'habitatge és un tot. De fet, la vivenda és el fet urbà. La nostra
civilització és una civilització de ciutats i això és molt important. És una de les grans aportacions del món del món occidental.

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Llavors, és clar, des del punt de vista de salari, que és un gran obstacle a l'accés a l'habitatge, sense voler fer massa exageració, jo diria que estem en els temps del León XIII. Ara estem en temps de León XIV, de Lleó XIII, de Rerum
novarum. Vull dir, alguns s'ho haurien de fer mirar. En aquest context, hi ha dos factors que em semblen importants. Un, la vivenda ha passat de ser un objecte de renda o d'estalvi a ser un objecte d'inversió. És un actiu financer més. I,
llavors, en votar-se la seva naturalesa econòmica es muta en la seva finalitat. Aleshores, el que busca el tenedor d'habitatges és el màxim rendiment. Exactament com si comprés paper d'una empresa de l'Ibex. Això, jo crec que aquest canvi és molt
important perquè això ho han entès perfectament els grans operadors del mercat immobiliari.


La segona és un mar de fons perquè el tema de l'habitatge va lligat al sòl, i el sòl a Espanya és un mal endèmic, però un cop de gràcia se li va donar el 96 % quan es va liberalitzar el sòl. Tot és urbanitzable, llevat del que estigui
especialment protegit. Llavors, això ha fet un creixement salvatge, contrari precisament al que és les regles de l'urbanisme, que és la planificació i en altres països que no tenen planificació urbanística. Nosaltres, sí. I tenim una
administració que a més, teòricament, es dedica a perseguir les infraccions. Vull dir que forma part de l'arsenal de polítiques públiques, però està molt esbiaixat i una de les proves d'aquest esbiaixament és que a Catalunya, que hem intentat dur a
terme lleis de millora de la situació de la vivenda- Fixi's que hi diu 'millora de la situació de la vivenda', des de la vulnerabilitat d'alguns que hi viuen o hi volen accedir, la limitació dels usos turístics dels habitatges, sempre han estat
recorregudes davant del Tribunal Constitucional o dels tribunals ordinaris, però fonamentalment del Tribunal Constitucional. I, curiosament, no pels que podrien ser afectats, que son els propietaris, sinó perquè els que fan gratis, o no tant
gratis, del seu ariet. L'última la tenim amb la sentència del Tribunal Constitucional d'enguany, la 25/2025, que ve d'un recurs de VOX que pràcticament se centra més en temes competencials, no de fons. I ve a dir, i això ens va agradar molt, que
el dret constitucional a la propietat no quedava afectat per la llei, sí algunes de les ingerències per ser una competència de l'Estat. Però és curiós que la destral no vingui dels propietaris, sinó que vingui dels que es posen al servei dels
propietaris. I dic que en principi seria gratis, però jo no crec que alguns partits polítics siguin ONGs que ho facin tot gratuïtament.


Voldria entrar en un punt perquè em sembla que és important. El tema de les okupacions. Clar, quan vostè ha dit allò del consens, senyor Gabilondo, ha dit 'ens hem de posar d'acord el consens'. Jo li he dit que primer hem de tenir un
consens sobre el diagnòstic i després vindrà, per un ordre lògic, em sembla que vostè la lògica ho domina això. Com podem fer convertir un problema, el dels okupes, és a dir, del delicte d'okupació il·legal de vivendes del Codi Penal que no arriba
ni a 16 per 1 000? No arriba ni a 16 per 1 000. I, en canvi, està presentat davant de la societat com el gran problema de l'habitatge. Confonent intencionadament, via també generoses subvencions, que té els seus ariets, que crec que no són
gratuïts, de confondre i magnificar la morositat amb el lloguer o amb la hipoteca, però fonamentalment amb el lloguer amb okupació, i s'ha creat aquest barbarisme d'inquiokupas.


Un morós ha existit sempre. No és una descoberta d'ara. No ens hem trobat ara que, de sobte 'ui! Hi ha morosos. Hi ha gent que no paga'. Caradures o necessitats han existit sempre, però en tot cas això no representa més enllà del no
arriba al mig per cent. I convertir això en el gran problema nacional és d'una demagògia, un populisme, infondre temor a la gent. S'ha arribat a dir que vas a comprar el pa i quan tornes a casa la tens okupada. Això s'ha dit i es diu aquestes
televisions que estan en mans del gran capital. I la gent no es posa vermella, cosa que a mi suposo que serà un problema mèdic de pigmentació, que la gent parla d'unes coses i no es posa vermella. Però em sembla absolutament intolerable aquesta
desviació del problema. Per tant, li torno a repetir que ens hem de posar primer d'acord. Jo crec que a part de les seves línies, de les seves expressions, van enfocades, com tot es pot discutir i es pot parlar, però vostè ha ofert un panorama
que, en principi, jo crec que podria servir de base per discutir lleialment i formular un diagnòstic. Però em temo que la part més crua de la política, que no parla de valors sinó d'interessos, sigui el que realment alguns els impedeix el consens.


Moltes gràcies per la seva atenció.


Buenas tardes, señor Gabilondo, y muchas gracias por su informe.


Voy a empezar por el final. Para que haya consenso en las soluciones tiene que haber consenso en el diagnóstico, y estamos muy lejos de un consenso en el diagnóstico. Las causas de la precariedad del mercado de la vivienda o la falta de
acceso en condiciones de igualdad son multifactoriales, y atribuir a un solo vector esta situación del mercado sería iluso. Lo primero es que el mercado por sí mismo no resuelve nada, ese es uno de los grandes mitos a que estamos acostumbrados. La
prueba la tenemos ahora con

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el tema de la vivienda. No quiero jerarquizar, pero nosotros encontramos que los factores son los siguientes. Seguro que hay más, pero los que más llaman atención son los siguientes. Hemos llegado a conseguir que la desigualdad se instale
en Cataluña y en España y tengamos trabajadores pobres. Es decir, tenemos sueldos insuficientes que no corresponden al nivel de productividad y crecimiento de la economía española. Los números cantan, pero el macro es una cosa y el micro es otra,
la economía cotidiana es otra, y con los números macro no se compran viviendas, se compran con el patrimonio familiar o personal. Este patrimonio del trabajador medio es insuficiente para acceder, ya no a la compra de una vivienda privada en
propiedad, sino que no llega para tener una vivienda digna. Digna significa algo más que cuatro paredes; quiere decir que esté en entornos o barrios seguros, con servicios, escuelas, hospitales, centros de asistencia, etcétera. Eso es una
vivienda digna. Porque, claro, podríamos construir un palacio de mármol en mitad del desierto del Sáhara, que sería ideal pero inútil. En fin, la vivienda es un todo, es un hecho urbano. Nuestra civilización es una civilización de ciudades,
urbana, y eso es muy importante. Es una de las grandes aportaciones del mundo occidental.


Pero, claro, desde el punto de vista del salario, que es uno de los obstáculos de acceso a la vivienda, sin querer exagerar, yo diría que estábamos en los tiempos de León XIII, de la Rerum Novarum. Algunos se lo tendrían que hacer mirar,
diría yo. Y en este contexto, tenemos dos factores importantes. Uno, que la vivienda ha pasado de ser un objeto de renta o de ahorro a un objeto de inversión. Es un activo financiero más. Y al mutar su naturaleza económica, al cambiar esa
naturaleza económica de la vivienda, se cambia su finalidad. Entonces, lo que busca el tenedor de viviendas es el máximo rendimiento, como si comprara títulos de una empresa del IBEX. Bueno, pues este cambio es muy importante porque eso lo han
entendido muy bien los grandes operadores del mercado inmobiliario.


Segundo, aquí hay mar de fondo, porque el tema de la vivienda está vinculado al suelo. Y el suelo en España es un mal endémico, pero en el año 1996 se le dio el toque de gracia, cuando se liberalizó el suelo. Todo es urbanizable, excepto
lo que está especialmente protegido. Y esto ha hecho un crecimiento salvaje, contrario a lo que debería ser el urbanismo o sus reglas, como la planificación. Hay otros países que no tienen planificación urbanística. Nosotros sí y nuestra misión
es perseguir las infracciones, ¿no? Forma parte del arsenal de las políticas públicas, pero eso está muy sesgado. Y una de las pruebas de este fenómeno es que en Cataluña hemos intentado aprobar leyes de mejora de la situación de la vivienda que
se llaman así, desde la vulnerabilidad de los que viven o los que quieren acceder, o la limitación de los usos turísticos de las viviendas. Y siempre se recurren esas leyes ante el Tribunal Constitucional, sobre todo al Tribunal Constitucional. Y,
curiosamente, no por aquellos que podrían verse afectados, que son los propietarios, sino por los que hacen de ariete suyo gratis -o no tan gratis-; lo último es la sentencia del Tribunal Constitucional 25/2025, de este año, que viene de un recurso
de VOX, que se centra más en temas de competencias y no tanto en el fondo. Y debo decir que el derecho constitucional a la propiedad no queda afectado por la ley, pero sí algunas de las injerencias por ser una competencia del Estado. Pero, a ver,
es muy curioso que el hacha no venga de los propietarios, sino que viene de los que se ponen al servicio de los propietarios. Y a alguno le parecería que saldría gratis, pero yo no creo que los partidos políticos sean ONG que lo hagan todo gratis.


Y quería referirme a un punto que me parece que es importante: el tema de las okupaciones. Cuando usted ha dicho lo del consenso, señor Gabilondo, ha dicho: Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo le digo que, primero, es necesario el
consenso sobre el diagnóstico y, luego -usted domina esto-, el orden lógico de las cosas-. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que un problema con los okupas, el delito de ocupación ilegal de una vivienda, el delito que se recoge en el Código Penal,
que no llega ni a 16 ‰, se convierta ante la sociedad como el gran problema de la vivienda? Confundiendo, con intención, a través de generosas subvenciones que tienen sus arietes -que creo que no son gratuitos-, y magnificando la morosidad en el
alquiler o la hipoteca, pero sobre todo con el alquiler, con la okupación. Se ha creado este término de inquiokupas.


Los morosos han existido siempre, no es algo nuevo. No hemos descubierto ahora que de repente hay morosos, gente que no paga el alquiler. Caraduras o gente necesitada han existido siempre, pero esto no representa más del 0,5 %. Y
convertir esto en el gran problema nacional es de una demagogia y un populismo clarísimos. Para infundir temor a la gente se ha llegado a decir que uno sale a comprar el pan y que cuando vuelve se encuentra su casa okupada. Esto se ha dicho en
estas televisiones en manos del gran capital. Se dice y a la gente no se le suben los colores, salvo a mí -yo sí que tengo un problema de pigmentación y me pongo colorado-. Pero es que me parece intolerable esta descripción del problema. Yo creo
que, primero, nos tenemos que poner de acuerdo en cuanto al diagnóstico. Las líneas de su

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discurso van enfocadas o nos ha ofrecido un panorama que en principio podría servir de base, sí, para hablar con lealtad, debatir y llegar a un diagnóstico. Pero me temo que la parte más cruda de la política, la que no habla de valores sino
de intereses, sea lo que a algunos de verdad les interesa hacer hincapié en ello.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Queralt.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Ogou i Corbi.


La señora OGOU I CORBI: Muchas gracias.


Muchas gracias, defensor, por su informe, por su comparecencia.


Hace relativamente pocos años el sueño de cualquier joven era poder comprarse una casa, emanciparse, incluso el que más se atrevía a soñar pensaba en que acabaría teniendo un apartamentito en la playa o en la montaña. Hoy eso es imposible,
es decir, actualmente los jóvenes estamos soñando con no tener que alquilar una habitación. Ese es el sueño actualmente de la juventud, lo que nos muestra que tenemos una crisis grandiosa, porque si los jóvenes no podemos soñar con tener una
familia y con tener un hogar, pues ya no sé qué nos queda.


Como decía usted, defensor, vivimos en un contexto donde el alquiler ya no es una opción estable; de hecho, para cientos de miles de personas es una fuente constante de incertidumbre, de miedo, de tensión, de preocupación, que tiene un
impacto también en su salud mental, que tiene un impacto también en cómo pueden enfrentarse a la vida, porque si no tienes garantizada la vivienda, como decía, hay poco más que se puede hacer. Estamos hablando de familias enteras, de jóvenes que
empiezan su vida laboral, personas que llevan décadas trabajando, personas incluso que han vivido toda su vida en una misma vivienda, a las que quieren desahuciar. Ese puede ser el caso de Mari Carmen, de 87 años, de Madrid, que lleva viviendo en
la misma vivienda toda su vida y que le están subiendo el precio a unos límites que su pensión no da. ¿Qué le vamos a pedir a Mari Carmen a sus 87 años?


Todos ellos se están enfrentando a las mismas subidas de precios, que son inasumibles, a contratos que están venciendo y a una amenaza permanente de desahucio. Y quiero que esto quede claro, porque no estamos hablando de problemas
individuales, no dependen ni del esfuerzo ni de la suerte ni de la gestión personal. Estamos hablando de un problema estructural que muchas organizaciones y movimientos sociales llevan denunciando muchos años. Es decir, hoy estamos con la crisis
de la vivienda, pero recordemos que no hace tanto estábamos con la crisis del alquiler, estábamos con la crisis de las hipotecas. Es decir, llevamos casi veinte años sumidos en la misma crisis principal. Y eso se debe a que ahora mismo la vivienda
es un bien de especulación; ya no es un bien de uso social, es principalmente un bien de especulación. Hay fondos que se dedican a comprar y a vender vivienda simplemente para tener sus ingresos a costa de la ciudadanía española, de nuestros
residentes, a costa de que la gente pueda hacer su vida normal. Estamos hablando de familias que están condenadas a mudarse cada pocos meses porque no todo el mundo puede acceder a aquellas viviendas con contratos de cinco años, que es lo que ahora
mismo dice nuestra ley de vivienda. Al contrario, tenemos un gran coladero en las viviendas temporales o en los contratos de habitación que están haciendo muchísimas personas o fondos que se dedican a alquilar vivienda. Eso hace que escapen de esa
ley de vivienda y de la regulación de precios, que continúa incrementando, precisamente, ese precio de la vivienda, que está siendo ya inasumible para una gran parte de las personas. Hablamos de personas que están destinando hasta el 50 % de su
salario al alquiler.


Esto también tiene un impacto tremendo en las personas porque se tiene que mudar cada pocos años. Vemos que tienen que cambiar de barrio, que sus hijos tienen que cambiar de escuela; que no tienen una estabilidad y no se pueden adaptar al
mismo barrio porque tienen que ir saltando de un sitio para otro, con el impacto que esto tiene en el desarrollo de la infancia o que puede tener en el bienestar de cualquier familia, independientemente de su edad.


Además, como decía usted, esto está siendo especialmente grave en aquellas ciudades en las que se reciben muchos turistas o son muy cercanas a pueblos y ciudades con muchas visitas turísticas. Sabemos que el Ministerio de Consumo, durante
esta legislatura, ya ha retirado miles de anuncios ilegales de pisos turísticos, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Todo esto está dificultando mucho que las familias puedan encontrar vivienda, porque parece más rentable alquilarlas pocos días
a precios desorbitados a algunos turistas. Creo que es importante reiterar que no son casos aislados, sino que son experiencias cotidianas de nuestras ciudades, porque hay personas, fondos o grandes inversores que tienen intereses

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en seguir invirtiendo en el mercado inmobiliario y continuar teniendo un beneficio enorme sin asumir ningún tipo de responsabilidad social.


Pero, ahora mismo nos encontramos con un reto muy actual y de una gran dimensión, y es que este año van a terminar entre 300 000 y 500 000 contratos de alquiler, lo que se conoce ya como la gran revisión de los contratos que se firmaron
durante la pandemia. Estamos hablando de más de 300 000, casi 500 000 familias, que pueden ver ese vencimiento masivo, y que, por tanto, van a tener que hacer frente a unas subidas del alquiler, que muy probablemente no van a poder afrontar, como
dicen ya algunos informes.


Yo creo que aquí hay una responsabilidad política clara. Es cierto que durante años diversas comunidades autónomas se han saltado también las regulaciones de la ley de vivienda -son las gobernadas por el Partido Popular-, que han bloqueado
la aplicación de los topes de alquiler a pesar de la emergencia habitacional. Hoy esa negativa está teniendo consecuencias directas en miles de familias y no solamente en esas comunidades autónomas, sino que ahora estamos hablando de una gran
mayoría de personas que se encuentran repartidas por todo el Estado. Ante esta situación es imprescindible que encontremos soluciones.


En este sentido, nos gustaría conocer su opinión sobre la posibilidad de aprobar una prórroga extraordinaria y obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual de al menos tres años. Se trata de una medida que evitaría que
cientos de miles de personas quedaran en situación de desamparo y que frenaría una subida masiva de precios, como ya le he planteado. Porque estamos ante una realidad incontestable y es que, según el Banco de España, casi el 40 % de los hogares que
viven de alquiler están destinando más del 40 %. Por tanto, más subida es algo insostenible para la gran mayoría de familias.


Esta medida no es nueva. Si no me equivoco, ya formó parte del escudo social durante la pandemia y del plan nacional frente al impacto de la invasión Rusia de Ucrania. Se trata de unas prórrogas extraordinarias que estuvieron en vigor
durante veintinueve meses -entre 2020 y 2023- incluidas en al menos ocho reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros y convalidados por este Congreso. Además, usted avaló expresamente su constitucionalidad en una resolución del 16
de marzo de 2023 en la que planteó que era una medida coherente con la función social de la propiedad del artículo 33.3 de la Constitución, que no vaciaba de contenido el derecho de propiedad y que, además, estaba plenamente justificado por el
artículo 47 que obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso a la vivienda. Por eso, quiero preguntarle si considera que eso daría una respuesta a la crisis actual. Sabemos que no sería una respuesta estructural, pero sí, como mínimo,
paliaría la situación inminente que se van a encontrar esas 500 000 familias en nuestro país.


Durante la pandemia ya entendimos que proteger la vivienda era proteger la vida y, por tanto, hoy, ante una crisis tan profunda, tenemos que ser valientes para llegar a esos acuerdos, pero también valientes a la hora de proponer medidas que
garanticen que la ciudadanía, las personas residentes en nuestro país no se encuentren con situaciones de calle.


Para terminar, me gustaría dedicar este minuto que me queda a hablarles sobre una situación tremenda que se está viviendo en Badalona. En las próximas semanas se van a desahuciar a casi cuatrocientas personas que viven en una nave
abandonada en un pueblo donde los servicios sociales prácticamente no dan cita, donde no hay alternativas habitacionales y donde no hay albergues. Por tanto, no se está dando ninguna solución a cuatrocientas personas. Desafortunadamente, la
mayoría son migrantes, que no están encontrando el suficiente apoyo para salir adelante, pero también hay muchas familias de origen español. No hay ninguna alternativa, y eso es algo que estamos viendo cada día. Como usted ha planteado, cuando
alguien se queda en situación de calle -sea español o extranjero-, muchas veces acaba en estos asentamientos. Entonces, le pregunto: ¿cómo damos solución a la crisis de la revisión de los contratos y también cómo damos solución a esta gran crisis
reflejada en este gran desahucio de cuatrocientas personas en Badalona, pero también de miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país cada día?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra al señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Señor defensor del pueblo, buenas tardes.


Señorías, comienzo con unas afirmaciones que ha hecho usted, y que puedo compartir, cuando dice que el grave problema de acceso a la vivienda viene de lejos, que es estructural y que es multicausal o

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multifactorial. Las consecuencias de esto se ven en el número de quejas de ciudadanos que se reciben en la oficina anualmente, más de ochocientas, ha indicado. Esto, además, se corresponde con el hecho de que el pasado mes de octubre
conocimos que el barómetro del CIS sitúa el tema de la vivienda como la primera preocupación de los españoles; cosa que tampoco debe extrañar cuando llevamos ya muchos meses y muchos años en que este problema aparece entre las diez preocupaciones
más importantes de los españoles en cada uno de los barómetros que se vienen publicando. Yo añado que esto es consecuencia de la falta de políticas públicas serias en materia de vivienda.


Dicho esto, hago una pregunta: ¿la importancia que usted le da como defensor a este problema se corresponde realmente con una actividad suficiente de su oficina en los últimos años e incluso meses? Sinceramente, yo creo que no, porque, si
entramos en la web del Defensor del Pueblo -lo he experimentado- y en el buscador ponemos la palabra vivienda tenemos como respuesta solamente tres informes monográficos relacionados con la vivienda en las últimas décadas: residencias públicas y
privadas de la tercera edad, 1990; estudios sobre viviendas protegidas vacías, 2013; y crisis económica y desigualdad, 2018. Esta última creo que el buscador me la ha colado, porque quería darle un poquito más de poso. A mi juicio, esta
actividad es claramente insuficiente por parte de la oficina del Defensor, porque contrasta con la relevancia y la importancia objetiva que tiene el problema de acceso a la vivienda y que sufren los españoles. Por tanto, las palabras del defensor
son incoherentes con la actividad de su oficina en este ámbito.


Además, esta situación es todavía más llamativa, si cabe, si la ponemos en relación con otras actuaciones recientes de esta oficina, y me refiero concretamente al informe estrella sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
Digo informe estrella porque se ha dado mucha relevancia a este informe. Yo no niego que sea un tema relevante -nunca lo he negado y nunca lo voy a negar-, pero lo importante no es que sea relevante ni para mí ni para usted, lo importante es que
sea relevante para los españoles, y resulta que esta cuestión de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica no aparece en ningún caso como preocupación de los españoles en los sucesivos barómetros del CIS desde que se tienen registros.
Estamos hablando de que cada barómetro sitúa cincuenta y cinco preocupaciones, pero esta no aparece en ninguna de ellas desde que se tienen registros por parte del barómetro del CIS. Sin embargo, sí ha merecido dedicar recursos públicos de su
oficina para realizar un informe monográfico. Esto indica, a mi juicio, que el señor defensor se encuentra algo alejado de la realidad de los españoles, de sus problemas y de sus preocupaciones.


El artículo 47 de la Constitución española proclama que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Sin
embargo, la realidad que viven muchos ciudadanos demuestra que ese mandato constitucional se está incumpliendo de manera sistemática, no puntual. El aumento incesante de los precios de alquiler, el estancamiento de la oferta de vivienda asequible y
la falta de eficacia de las políticas públicas están convirtiendo la vivienda en un bien inaccesible para amplios sectores de la población: jóvenes, familias con ingresos medios o bajos, personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad.


Los problemas de acceso a la vivienda de los españoles no es una cuestión meramente tangible, es un elemento de infelicidad personal, familiar y social. La evidencia internacional lo confirma: estudios transnacionales, como el Better Life
Index, de la OCDE de 2023, o el World Happiness Report, ONU de 2024, destacan el acceso a una vivienda segura, estable y asequible como uno de los principales elementos del bienestar subjetivo. Eurofound, en 2022, advierte que los hogares que
destinan más del 40 % de sus ingresos a la vivienda tienen 2,3 veces más probabilidad de declarar baja felicidad o, lo que es más grave, tres veces más de sufrir depresión. No es solo una cuestión económica, la vivienda es también un bien
relacional que afecta a la estabilidad emocional, al arraigo comunitario y la percepción de futuro.


Pensadores como Amartya Sen, Martha Nussbaum o John Rawls han mantenido siempre que la vivienda es un bien primario esencial para el desarrollo humano y la justicia social. Por ello, esperamos que esta comparecencia pueda servir como una
oportunidad para activar actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, dirigidas a un informe monográfico como se merece este problema. Un informe actualizado que ponga encima de la mesa, de verdad, la preocupación del Defensor en este tema y que
no se quede en meras manifestaciones en esta sesión y sin actuaciones más específicas e institucionales de peso que lo justifiquen. Todo ello dentro, por supuesto, de su ámbito competencial y para analizar cómo se puede contribuir a garantizar que
la acción de las Administraciones públicas respete los derechos y

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principios constitucionales vinculados al acceso a la vivienda que, como digo, se están incumpliendo de manera sistemática desde hace ya muchos, muchos años.


A mi juicio, es necesario abandonar, por una parte, su inactividad ante este problema social -y se lo digo- y, de otra parte, abandonar también, si puede ser, sesgos ideológicos, que le hacen dedicar recursos públicos de manera ineficiente y
alejados de toda realidad de los españoles. Se lo acabo de acreditar: ese informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica no aparece en ningún informe ni encuesta estadística como una de las preocupaciones de los españoles.
Esto sí, el acceso a la vivienda sí es un problema y está sustentado, como digo, en el barómetro del CIS y en otras estadísticas, encuestas e informes que lo acreditan.


Usted es el defensor del pueblo y el pueblo le está reclamando que actúe en su nombre para que inste a las Administraciones de modo reforzado a políticas públicas en materia de vivienda que sean serias y eficientes.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señor Conesa.


El señor CONESA COMA: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías.


Buenas tardes, señor Gabilondo, y muchas gracias por su intervención y por sus datos.


Mi profesor de Antropología, Claudio Esteva Fabregat, dejó escrito que las personas necesitan un locus donde vivir, crecer y relacionarse, que es el lugar donde empiezas a tener tus primeros contactos sociales, y que la familia -ahora
diríamos familias- es el inicio de la formación como miembro de la comunidad. Esto significa que debemos trabajar para que ese locus -lugar, hogar- que decía el profesor se haga realidad; y en ello estamos, no solo en desarrollar que la vivienda
sea digna y asequible, sino también su entorno. Debemos garantizar que una vivienda y sus ocupantes estén en entornos sostenibles, adecuados, amables y con los servicios disponibles, se viva donde se viva. No solo teniendo más grúas y construyendo
sin criterio se garantiza una mejor política de vivienda.


Y señor Gabilondo, señor defensor, señorías, desconfíen de los que van diciendo que el problema de la vivienda se resuelve de forma rápida y fácil. No es verdad. Esto requiere planificación, requiere seriedad, requiere consensos y, sobre
todo, requiere políticas redistributivas y socialdemócratas.


Si me permiten, desde hace unos días soy un poquito más neoyorquino. También soy de los que siempre han pensado que uno no tiene la razón al 100 %. Yo creo que usted, señor Gabilondo, es también de este club, que piensa que hay una parte
enfrente que puede tener su parte de razón, que puede ser posible que nos entendamos, y más en una materia tan sensible y necesaria como es el espacio donde vivimos, donde nos sentimos seguros y donde nos desarrollamos. Pero ¿qué nos pasa, señor
Gabilondo? ¿Qué tenemos enfrente? ¿Con qué política nos encontramos en los que deben ejercer sus competencias en vivienda? Hay una falta de proyectos, falta de acuerdos, falta de sensibilidad y falta de empatía, lo estamos viendo en las
comunidades autónomas.


Cuando piensas que el que tienes enfrente no es tu adversario, sino tu enemigo, que en vez de confrontar ideas debes destruirlas y que todo lo que hace el que no opina como tú es desechable, ¿cómo puedes pretender tener capacidad de
gobierno? Si tu única obsesión es eliminar y deshacer todo lo que se ha realizado por un Gobierno le-gí-ti-mo, ¿cómo puedes tener la cabeza fría para actuar en esta materia y en otras? El odio obceca a la derecha, y ya lo vimos el otro día en el
Senado con la comparecencia del presidente del Gobierno. No se puede dialogar con quien no quiere, con quien no reconoce leyes aprobadas en este Congreso y que deben ser de obligado cumplimiento para todas las Administraciones.


Señor defensor, desde el Gobierno se ofrece colaboración, se ofrece presupuesto y sobre todo creemos que se debe lealtad institucional, aunque seamos de partidos diferentes, y lo que nos encontramos es rechazo absoluto. Tenemos comunidades
en rebeldía permanente con todo lo que se propone desde el Gobierno central, y las competencias están claras. Y, como hemos visto recientemente en Valencia, con una intervención vergonzante, nada es culpa del Partido Popular, todo es culpa de los
otros; y VOX le riñe con la boquita pequeña, pero después se ponen de acuerdo en todo. Además, es que no sé cuál es el problema de no querer admitir que la situación no funciona por su culpa, por su modelo, es que lo que tenemos es fruto de estas
políticas neoliberales. Este modelo que ha fracasado es el suyo, señorías del PP y VOX, no sé de qué se quejan tanto, defienden en sus propuestas sobre vivienda un regreso al pasado.

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Las políticas en vivienda aplicadas hasta ahora no han funcionado y nosotros queremos un cambio de paradigma, queremos que la vivienda se convierta en un derecho, ya que las políticas hasta ahora han provocado que solo sea un negocio.
Nosotros queremos que la vivienda, con participación de dinero público, sea pública para siempre -lo decían otros intervinientes-, que los jóvenes tengan futuro en vivienda, construcción de más vivienda asequible, más rehabilitación, vivienda
industrializada y más cohesión territorial con la nueva empresa pública. Como dijo Marx -el marxista-, con este sistema, el valor de uso se acababa subordinando al valor de cambio. El nuevo plan de vivienda va por estas líneas. Es un nuevo
instrumento para que la vivienda sea el eje de esta legislatura.


Le decía, señor defensor, que algunos quieren que esta legislatura sea la de la contienda. Nosotros pensamos que debe ser la de la vivienda, y no estamos por propuestas irrealizables; tenemos los pies en el suelo y las ideas muy arriba.
Creemos que debemos trabajar bajo las premisas legales, las municipales, las autonómicas, las estatales y también las europeas.


Sabemos que este problema está traspasando fronteras. Nos pensábamos que éramos los únicos con dificultades, pero ya estamos viendo cómo en diferentes países están trabajando para revertir muchas de las políticas instauradas y que no solo
con tener un parque público el problema está resuelto; hay que tomar medidas complementarias, observando la influencia de los mal llamados inversores, las viviendas para uso turístico... Hay que controlar los precios y, sobre todo, las zonas
tensionadas, es decir, todo lo que influye para que la vivienda esté fuera de su principal función. La prueba, señorías, creo que la tenemos con esos quince alcaldes de las capitales más importantes de Europa, lideradas por el alcalde de Barcelona,
Jaume Collboni; aunque, por cierto, falta el alcalde de Madrid. Claro, ¿cómo va a estar si ya sabemos que en Madrid no hay ningún problema de vivienda? Como les decía, estos alcaldes y alcaldesas han estado debatiendo y planteando a la Unión
Europea los retos que tienen las grandes urbes. Se ha reclamado regulación, implicación, partidas presupuestarias, pero, sobre todo, un cambio de visión. Se ha creado una nueva cartera con un comisario específico para vivienda -por cierto, a
propuesta del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo- ya que se ha visto claro desde las altas instancias europeas que existe un problema no solo español, sino continental y puede que hasta global. Hasta la señora Von der Leyen ha manifestado
su predisposición a la regularización ante la enorme preocupación por el tema.


¿Qué queremos decir con todo esto? Que debemos implicarnos todos. No podemos dejar que el mercado nos resuelva el problema, ya que tiene sus propios intereses, y por sí solo no se arreglará el tema. Se debe intervenir. Ya sabemos que
esto a ustedes, señorías de la derecha y de la ultraderecha, les chirría, pero no hay otra opción. Pueden pedir las comparecencias que quieran, pueden presentar las PNL que gusten, pueden hacer declaraciones altisonantes, pero como no nos
coordinemos entre las Administraciones, difícilmente podremos resolver este reto. Los municipios tienen sus responsabilidades; las comunidades autónomas, sus competencias y el Poder Legislativo y el Ejecutivo tenemos que ayudar a que las políticas
de vivienda tengan resultados factibles. Algunas podrán ser a corto plazo -pocas-, algunas a medio y bastantes a largo. Debemos dejar para las próximas generaciones el orgullo de que nos implicamos en un problema grave en un momento concreto de
nuestra historia y que supimos resolverlo entre todos.


Si continuamos aplicando la política del avestruz, de esconder la cabeza diciendo que no haciendo nada se solucionará y que solo con más vivienda se resolverá, no atacaremos el problema de fondo. Es evidente que existen diferentes
capacidades sociales y económicas para acceder a una vivienda -no toda la sociedad es homogénea-, y los poderes públicos debemos atenderlos desde sus necesidades y sus capacidades. (El señor vicepresidente, De las Cuevas Cortés, ocupa la
Presidencia).


Nuestro grupo tiene claro que el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra Rodríguez y su equipo, están utilizando todas las competencias y recursos económicos para dar cobertura a las comunidades autónomas. Cualquier iniciativa que haya
en el país lleva el sello del Gobierno progresista de España. Creemos, señorías, que este es el camino, el camino de las íes en mayúscula: implicarse en el problema, invertir, intervenir e incentivar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (De las Cuevas Cortés): Gracias, señor Conesa.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mayo Fernández.


La señora MAYO FERNÁNDEZ: Muchísimas gracias, presidente.


Buenas tardes a todos.


Bienvenido y gracias por sus palabras, defensor.

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He anotado alguna cosa de lo que ha dicho y, básicamente, es verdad que en estos últimos meses notamos una mayor implicación por parte de la oficina del Defensor del Pueblo en lo que tiene que ver con los problemas de vivienda, pero creemos
que, a lo mejor, es hora de hacer un monográfico; un monográfico que, como planteaba el compañero de Esquerra, hiciera bien el diagnóstico, más allá de las soluciones, porque alguna cosa de las que le he oído me parece que está contaminada de
cierta ideología, que no sé yo si es la mejor solución. Pero sí agradeceríamos un estudio profundo de los problemas y de cuál es la situación real para poder hacerlo correctamente y establecer las posibles soluciones.


Evidentemente, el problema de la vivienda, como ya se ha dicho aquí por otros portavoces, es un problema complejo, es un problema que viene de largo y es un problema en el que hay que implementar soluciones a largo plazo, a medio y a corto.
Tendríamos que diferenciar dos cosas: el acceso a la vivienda en compra y el acceso a la vivienda en alquiler. En el acceso a la vivienda en compra nos movemos claramente en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque ya acarreamos un déficit de
viviendas que no se construyen cada año y se deberían haber construido. El Banco de España estima que faltan seiscientas mil viviendas y, este año, como en los anteriores, hay un déficit de vivienda nueva construida de más cien mil viviendas. ¿Por
qué? Porque se forman muchos más hogares o hay un deseo por mucha más gente de aquella vivienda que es ofertada como vivienda nueva al mercado y, sobre todo -como se ha planteado aquí y ya se ha dicho-, por la llegada de inmigrantes a nuestro país,
cosa totalmente lógica, ya que vienen de otro entorno y no tienen vivienda ni tienen quien en su familia o en su entorno les proporcionen una vivienda; con lo cual, tienen que acceder sí o sí prácticamente todos al mercado de alquiler, por lo menos
en inicio.


Hay otro problema que aquí no se ha mencionado, pero que está teniendo un impacto, y es que hay unos ochenta mil divorcios -por lo menos divorcios oficiales, a lo que habría que añadir las separaciones de hecho que se producen anualmente-.
Esto genera una necesidad de vivienda y, dado que no se puede satisfacer dicha necesidad de vivienda, hay parejas que deberían estar disueltas y que están conviviendo en unas situaciones que a lo mejor no son las más favorables por un problema
económico y, sobre todo, por un problema de necesidad de vivienda.


Por tanto, respecto de la compra, lo primero que habría que hacer es establecer medidas a medio y largo plazo como las que ha planteado el Partido Popular. En primer lugar, modificar la ley del suelo, cosa que ya se ha llevado y está
aprobado en el Senado en esta legislatura -esperamos que la Mesa del Congreso dé paso a la tramitación de esta ley, que creo que saldría aprobada-, para solucionar problemas como que haya planes urbanísticos enteros parados por un pequeño defecto
que podría ser subsanable. Esto dificulta que se construyan nuevas viviendas. Otra de las cosas que bloquea la construcción de viviendas es la excesiva regulación y lo lento que son todos los trámites previos a la construcción de viviendas. Esto
hace que desde que se planifica hasta que muchas veces se termina de ejecutar la obra nos vayamos a plazos de diez años. Entonces, por la vía de la compra, pocas cosas podemos hacer en el corto plazo. Donde sí se pueden hacer muchas cosas en el
corto plazo -y aquí se les ha dado un enfoque desde mi punto de vista equivocado- es en el tema del alquiler.


En España que hay vivienda suficiente o bastante vivienda como para poder ponerla en alquiler, pero esas viviendas han salido del mercado del alquiler residencial por el miedo al llamado fenómeno de la inquiokupación, por el miedo a
alquilarla a alguien que después de un pequeño tiempo en el que sí, a lo mejor, te paga la renta -no hablemos ya de los casos de la okupación de la patada en la puerta-, o en un momento dado te pueden pagar la renta o tú esperas que te la paguen,
finalmente se quedan un año, dos años o tres años en tu casa sin abonarte las rentas y, además, obligándote a ti los tribunales -por lo menos hasta ahora, que ya ha habido un cambio en este sentido- a pagar los suministros a esa persona que está
haciendo uso de un bien tuyo.


Se le ha querido quitar importancia al fenómeno y se habla aquí de los grandes tenedores, cuando en realidad nuestro país es un país de propietarios y de pequeños propietarios, en el que muchos de ellos con mucho esfuerzo, después de pagar
muchísimo dinero en impuestos y ahorrando y privándose de muchas cosas, consiguen adquirir una segunda vivienda que piensan destinar para un complemento de la pensión, para su vejez, para tener una vejez más tranquila, y se encuentran con este tipo
de problemas. Es verdad que el número de estos casos no es excesivamente grande, pero es lo suficientemente alarmante, y además va en aumento por la tolerancia legal que hay respecto a este fenómeno. Este temor ha hecho que miles y miles de
propietarios hayan sacado del mercado sus viviendas esperando tiempos mejores en los que cambie la legislación. Esta legislación ya podría haber cambiado, porque en febrero del año pasado ya se aprobó en el Senado la primera ley Feijóo, como la
llamamos nosotros, para que

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esta gente y estos okupas sean sacados de la casa en veinticuatro horas. Son los servicios sociales de cada ayuntamiento quienes tienen que ocuparse de estas personas, si es que verdaderamente hay una situación de vulnerabilidad, una
situación precaria, no el españolito de a pie que ha adquirido esa vivienda con mucho esfuerzo y pagando muchos impuestos y con la que pretendía tener un complemento a sus ingresos; no es él quien tiene que cargar esto sobre sus espaldas.


El efecto de esto sobre el mercado de vivienda -lo estamos viendo todos- es devastador. Esta ley está bloqueada en este Congreso por la señora Armengol. Si se aprobara -podría salir adelante en cuanto se admita su trámite- muchísimas
viviendas, miles de viviendas, saldrían al mercado, lo que haría que bajaran los precios. En este sentido, me ha hecho gracia que el portavoz del Grupo Socialista diga que esto no se arregla con más grúas. Bueno, que yo sepa, estamos ante un
problema que es, para empezar, numérico, aparte de otras consideraciones. Estamos en un mercado regido por la ley de la oferta y la demanda. El problema es que hay un exceso de demanda y, por tanto, lo que hace falta es que aumente la oferta,
porque hay un número muy pequeño en la oferta. Además, este Gobierno, con su ley de vivienda, con sus medidas respecto a las zonas tensionadas y con el tope de los alquileres, lo único que hace es sacar más y más viviendas del mercado, viviendas
que se destinan a otros usos, a otros fines, o simplemente están cerradas. La propiedad privada en este país existe y es para que cada uno haga con sus bienes, que ha adquirido con esfuerzo, lo que le dé la gana o lo que crea más conveniente, sobre
todo para sus intereses.


Por tanto, la gente decide retirar la vivienda del mercado porque no quiere tener la preocupación, tampoco el sobrecoste, de tener una vivienda okupada. No quieren arriesgarse a estar uno o dos años pagando los suministros y, encima,
hacerlo sin recibir los ingresos que les deberían pagar por esa vivienda. El miedo es libre, y ese miedo lo han fomentado ustedes con su tolerancia durante estos siete años, en los que el aumento de los precios, además, ha sido exponencial. Pues
ahí tienen una de las causas, una de las más importantes, en mi opinión.


Nuevamente, el Grupo Popular, en un ejercicio de responsabilidad, va a llevar esta semana una ley al Pleno del Senado para que se apruebe que ya no sea considerado delito de coacciones dejar de pagar los suministros a tu inquiokupa o a tu
okupa. Esto es lo que nos faltaba. Esos propietarios han pasado a ser los vulnerables. Tienen que pagar todo lo que gastan esos señores. Algunos estarán en una situación de necesidad y, como ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, alguno
será también un sinvergüenza. A esto hay que ponerle coto. No hay que cargar en las espaldas de los españolitos la responsabilidad de aquellas personas que, por una situación de necesidad o por el motivo que sea -sea sobrevenido o lo que sea-
estén en una situación de necesidad habitacional. Para eso pagamos los españoles una barbaridad de impuestos -cien subidas de impuestos en lo que va de legislatura de este Gobierno-: estamos pagando los suficientes impuestos como para que las
Administraciones públicas y no el sector privado y la cantidad de pequeños propietarios que hay en este país corran con esto.


Otra cuestión que me parece especialmente alarmante sobre este tema es que el año 2024 ha sido el primero en cuarenta años en el que ha aumentado -se lo apunto al defensor del pueblo para que en este tema también se fije- el número de
personas que hay en cada vivienda. Llevaba cuarenta años disminuyendo -era lógico, porque se crean muchos hogares unipersonales y porque las familias tienen menos hijos- y, paradójicamente, ese número ha subido. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues
que tenemos no solamente a personas viviendo en habitaciones, sino a familias enteras viviendo en una habitación. Vamos a tener un problema de hacinamiento en algunos contextos y en algunas barriadas, y esto va a provocar muchos más problemas
sociales. Ahí ya tenemos un indicador claro de cómo se está agravando el problema.


Por eso, vuelvo a decir que la única medida a corto plazo es poner coto al fenómeno de la okupación. Y, como digo, no entro en el número, sino en la percepción que tiene la gente. Esto es como con las violaciones. Miren, vamos a quince
diarias. ¿Cuál es la estadística de que te toque? Muy baja. ¿Vas a tomar medidas para protegerte? Todas las del mundo, todas las mujeres lo van a hacer. Pues con la okupación pasa lo mismo. Cada pequeño propietario siente legítimamente ese
temor. Además, es un fenómeno que, según ustedes, está magnificado, pero nosotros creemos que está infradimensionado. Por otro lado, ustedes, que son los defensores de lo público, lo que han fomentado es que, como esos propietarios no pueden
acudir a la justicia para que proteja su derecho a la propiedad, crezcan las empresas privadas para desahuciar a okupas y para pagar a los okupas para que se vayan. Algo que debería ser tan legítimo como que alguien pueda ser desahuciado si no
tiene un título legítimo para estar en tu propiedad o si no está al corriente de pago se está derivando a sectores totalmente privados.

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El Partido Popular, como digo, ha planteado las medidas correspondientes de modificación del suelo, de modificación de la okupación y de modificación del tema de la obligación de pagar los suministros. Si la Mesa de este Congreso quisiera
tramitarlo -es una pena que la señora de SUMAR no esté porque forma parte de la Mesa; a los señores del PSOE ya no les pido nada-, ayudaría a que las familias españolas encontraran viviendas en alquiler, que es de lo que iba, tal y como leí, esta
propuesta de VOX.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mayo.


A continuación, tiene la palabra el señor defensor del pueblo, el señor Gabilondo, para contestar a los portavoces.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): En primer lugar, muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus aportaciones, por sus sugerencias, por sus recomendaciones y por sus recordatorios, las cosas que le corresponde hacer al
Defensor del Pueblo. Muchísimas gracias también por el tono parlamentario de las intervenciones. Les extrañará que agradezca esto, pero uno tiene la percepción de que no siempre suele ser así. Al menos yo, aquí, lo quiero agradecer y quiero
abordar lo que se me ha planteado.


¿Que podemos hacer más informes? Sin duda podemos hacer más informes. ¿Sobre vivienda? Pues sí, también sobre vivienda. También hemos hecho tres informes -están sobre la mesa de esta comisión mixta- que no son sobre vivienda, pero que
son informes y están presentados por nosotros. También les quiero decir que el informe que hemos hecho sobre los abusos en el seno o en el ámbito de la Iglesia Católica y el de los poderes públicos lo hicimos porque nos lo encomendaron ustedes. No
es que yo me levante un día y diga voy a hacer un informe sobre esto, sino que una PNL del Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo que haga esto. También quiero decirles que a mí no me pareció que el asunto fuera menor. ¿Que el
asunto no estaba en las estadísticas de lo que había presentado la ciudadanía como lo que más le incomodaba? Pues eso también tiene mucho que ver con que este asunto ha sido un tema velado y silenciado, también en el seno de las propias familias, y
sobre el que ahora hablan con mucha naturalidad: ustedes habrán tenido ocasión de ver cómo este asunto ha aflorado en distintas reuniones familiares o de amigos.


Yo estoy dispuesto, por supuesto, a recibir con mucho agrado las sugerencias que nos hagan sobre otros asuntos, pero no al precio de decir que este es un informe sobre un asunto que resulta indiferente a la sociedad española -no ha dicho la
palabra 'indiferente' y, por tanto, diré que es sobre un asunto que es lo que ha dicho usted, don Pedro Fernández Hernández, para que no haya problemas-. Señoría, creo que este asunto es de enorme importancia, y no me lo parece solo a mí ni solo al
Defensor del Pueblo, como habrá tenido ocasión de ver y como igual tiene ocasión de ver también más adelante, porque hay víctimas, y no estoy seguro de que estén todas aquí, pero ni siquiera estoy seguro de que no esté alguna de ellas aquí, porque
el asunto tiene un alcance importante.


Por tanto, hablemos de la vivienda con toda la seriedad con la que ustedes lo han hecho, pero yo entendí que esa era una encomienda que debíamos llevar adelante, y lo hemos hecho con rigor, con seriedad y con los presupuestos del Defensor
del Pueblo que ustedes aprobaron, y vamos a esperar que tenga efectos en la ciudadanía; es más, ya que usted me anima, le diré que espero que el Parlamento dé respuesta a las indicaciones y sugerencias de ese informe. El Parlamento nos hizo esa
encomienda y, ahora, nosotros esperamos que el Parlamento dé respuesta a esas propuestas que hicimos. Es más, tuvimos ocasión de conocer que se creó una subcomisión... (El señor Fernández Hernández pronuncia palabras que no se perciben). No se lo
estoy achacando a usted, como comprenderá, estoy hablando del Parlamento. (El señor Fernández Hernández: No me siento concernido). No, no lo pretendo. Se hizo una subcomisión para tratar de ver y estudiar las propuestas que nosotros hicimos, y,
en el plazo de seis meses, se pensaba que esa subcomisión daría unos determinados frutos. Yo no niego que esa subcomisión haya dado muchos frutos, lo que sí ha dado es ni una línea de escritura, ni una palabra al respecto. No tengo nada que
achacar, porque sé que hay muchas cosas que hacer, pero -repito- no achaquemos al trabajo realizado al respecto nada que tenga que ver con que sobre la vivienda no se haya hecho lo que había que hacer.


Hablemos de la vivienda. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las indicaciones que han señalado tanto usted como la portavoz del Grupo Popular sobre qué es conveniente hacer. Lo han llamado monográfico. Bueno, vamos a ver cuál es el
mejor nombre para eso, pero sí es necesario hacer un estudio serio y riguroso sobre la situación de la vivienda en España. La señoría María Asunción Mayo es la que

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ha recordado la propuesta. También lo ha señalado don Pedro Fernández Hernández. Ambos han subrayado eso mismo. Nosotros estamos trabajando en esa línea.


Que no se haga un monográfico no significa que no se tome en serio el asunto, pero sí comparto que es importante ahora centrarse seriamente en ese asunto. De hecho, habrán oído ustedes en la intervención que nosotros hemos hecho una
actuación de oficio de enorme amplitud y alcance, para la que esperamos -ahora diré yo, con el apoyo del Parlamento, o, al menos, con el apoyo de algunos parlamentarios- una colaboración muy seria de la Administración General del Estado, de las
Administraciones autonómicas y de las Administraciones municipales para empezar a responder a nuestra solicitud de información, toda vez que alguno -yo sé que nadie lo piensa así- pueda creer que nosotros podemos hacer un informe yendo por los
pueblos de España, por las comunidades autónomas, para ir actualizando los datos. Necesitamos la colaboración de todos.


La primera formalización del acuerdo sería, si ustedes lo desean, el compromiso por nuestra parte de que haremos ese informe -no sé cómo hay que llamarlo para no abrir demasiadas expectativas, pero agradecemos la sugerencia- y, la segunda
sería requerir su colaboración para dar respuesta a aquellos extremos que han sido solicitados para que el informe no esté vació de contenido o sea una pura declaración de principios o un espacio de confrontación ideológica. Haría falta mucho ánimo
para que ustedes encontraran en mis palabras mucha posición ideológica escorada, toda vez que de lo que se me acusa más bien es de no tenerla tan intensa. Lo que sí les puedo decir es que he dicho lo que creo seriamente que hay que decir. Con
estos dos asuntos estamos haciendo un trabajo, una actuación de oficio, con las comunidades y ayuntamientos. Ya he dicho que el informe se hizo por una encomienda parlamentaria y sé que era una preocupación del Parlamento. Confío en que sea
también una preocupación de usted, señoría, don Pedro Fernández Hernández.


Veo que cita usted literalmente el preámbulo de la ley de la vivienda. Efectivamente, el diagnóstico está recogido en varios informes. A mí me ha correspondido, por cosas que a uno no le pasan en la vida, tratar de hacer también algo sobre
la educación, un gran acuerdo, y en casi todas las reuniones iniciales todos pensaron, como se ha propuesto también hoy, que era importante hacer un diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo. De lo que no estoy tan seguro es de si el diagnóstico
precede al trabajo o es también resultado de un trabajo. Esto también es interesante, porque en el campeonato mundial de diagnóstico sobre la vivienda España va muy avanzada. Tenía incluso un listado de todos los informes que se han hecho sobre la
vivienda. Y, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Se reúne el Defensor del Pueblo para hacer un nuevo diagnóstico? Claro que es importante el consenso del diagnóstico -yo lo comparto absolutamente, así lo he dicho y me parece que es importante-, lo que
pasa es que nosotros no vamos a dedicarnos a una investigación sin más sobre el diagnóstico, porque algún diagnóstico tenemos. El señor Joan Josep Queralt ha pedido consenso en el diagnóstico. Me parece que es importante. Entiendo que no está
pidiendo que hagamos ahora la tarea de elaborar un diagnóstico, sino de tratar de poner sobre la mesa qué nos parece que pasa con esto, pero veo que tenemos concepciones distintas sobre algunas cosas, y las voy a subrayar.


Usted ha empleado la palabra 'iluso'. Pues está usted hablando con el iluso nacional. Iluso puede tener que ver con ilusionista, pero también con la capacidad de ilusionar, y me parece a mí que, en este momento, todos deberíamos tomar las
riendas para mandar a la sociedad el mensaje de que el Parlamento está en disposición de creer que, efectivamente, este es el problema fundamental y que vamos a trabajar juntos para abordarlo en colaboración con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Este sería muy buen mensaje y a lo mejor, aunque el iluso sea yo, el asunto les ilusiona. Yo creo que sí.


Ahora bien, ¿problemas? Pues todos los que queramos decir. ¿Que nosotros hemos tenido una actividad insuficiente? Pues no sé cómo nos las arreglamos para estar todo el día teniendo actividad y que sea insuficiente. Esta es una cosa que
merecería un estudio. Igual es que nos ocupamos -usted lo sugería- de cosas que no tienen importancia, como ese irrelevante estudio sobre los abusos. Pero igual es que nosotros no somos grandilocuentes, en el sentido de que no queremos hacer un
supuesto informe nacional sobre la vivienda si no es un compromiso nacional para hacer un informe sobre la vivienda. De todas maneras, y hablando con las personas que se ocupan más de esto en el Defensor, yo he señalado que lo que podríamos poner
en el informe, una vez que hemos llegado hasta donde lo hemos hecho, es una información muy relevante, poner quiénes no han contestado, quiénes no han participado o quiénes no han respondido a las preguntas que hemos hecho, y entonces se vería que
al menos lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Yo sí creo que hay que trabajar en un informe actualizado y espero que entre todos lo podamos hacer.

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Sobre si hay que modificar la ley del suelo o no, sinceramente creo que el Defensor del Pueblo no es el que lo debe señalar. Yo creo que ustedes tienen ahí un debate, que está muy bien. El Senado lo ha propuesto, y parece ser que esto no
ha sido respondido, a juicio de lo que indica su señoría, María Asunción Mayo, por parte del Congreso. Pues a ver cómo llegan ustedes a acordar esto y a resolverlo, pero no esperen a que venga el defensor del pueblo a hacer eso, porque una razón
fundamental es que no me corresponde a mí esa tarea; no me corresponde en absoluto.


Sí me correspondió hablar de la inquiokupación y, aunque yo creía que se habían aburrido ya de mí, me ha sorprendido que otra vez me vuelvan a hablar de esto. Hicimos aquí un monográfico específico para hablar de ese asunto -¡un monográfico
sobre eso!-, estuvimos tiempo hablando sobre eso, y yo pensé que no les había despertado tanto interés lo que dijimos y que ya había dejado sentado cuál era la posición que nosotros tenemos. ¿Que se tiene otra? Respetado queda. Una propuesta que
se ha hecho es la de sacar de casa a alguien en veinticuatro horas. Bueno, de entrada se me ocurren problemas y, además, supongo que no saldrían por la vía de 'oiga, hagan el favor', sino que habría necesidad de intervención de fuerzas del orden
público y demás. Yo no les aconsejo que esta sea la solución, pero si alguno cree que lo es no deje de hacerlo. O también se lo pueden decir en voz muy alta a ver si así salen todos más rápido. (Risas). Pero yo creo que esto es entrar en un
camino muy difícil. Ahora, ustedes debatan y voten que se ponga coto a la obligación de pagar los suministros si creen que este es el camino, porque no seré yo el que vaya a poner pegas. Lo que sí es interesante, y por eso no quiero hacer ninguna
caricatura de lo que se ha hecho, es que haya aquí modelos un poco distintos de algunas cosas. Igual el modelo fundamental más distinto es el que tiene que ver con dos percepciones del modelo económico. Es muy aburrido, así que voy a entrar en
ello.


También quería decir, aunque no esté ahora aquí la señoría Viviane Ogou i Corbi, que el defensor del pueblo no debe tener opinión sobre temas que tiene que decidir el legislador, que es el que tiene la legitimidad. Si me pregunta qué opino
yo, aunque no voy a decir que no opine nada, le diré que no creo que yo deba opinar. Respecto a hacer prórrogas extraordinarias y obligatorias de al menos tres años, ¿cómo lo ve el defensor del pueblo? El defensor del pueblo tiene mucho interés en
ver cómo lo ven ustedes. Lo digo de otra forma. Se ha dicho que yo avalé su constitucionalidad. No sé si a estas alturas ya hace falta decir que yo no avalo la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad de nada, simplemente hago una resolución
cuando veo que hay indicios o, a mi juicio, rasgos que puedan inducir a pensar que sería interesante que el Tribunal Constitucional hiciera un estudio sobre eso, aunque solo sea para añadir jurisprudencia o para añadir documentación o para dar una
salida. Pero quien resuelve sobre los casos de constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, no el Defensor del Pueblo. Eso sí que me parece importante, para no arrogarme más de lo que uno puede arrogarse.


¿Que la vivienda se ha convertido también en un bien especulativo? Yo creo que eso se puede asumir por parte de todos. Yo no digo que sea solo eso, pero, desde luego, hay personas que tratan de especular con ese asunto, y alguno dirá que
legítimamente. Bueno, hay que distinguir entre intereses legítimos. Todos tenemos intereses legítimos. ¿Por qué no tener intereses? Vamos a dejarnos de la ingenuidad de ese 'yo obro sin intereses'. A mí me preocupa mucho la gente que obra sin
intereses, me da mucho temor. Lo que pasa es que esos intereses tienen que ser legítimos, confesables, debatibles y compartibles, pero el bien especulativo... Hace mucho daño cuando todo -los afectos, las propiedades, las ideas- se convierte en
objeto de transacción económica.


Por otro lado, quería señalar que hay mucha vivienda vacía, efectivamente. No sé cuánto de okupada está la vivienda vacía. Ese es otro asunto también muy interesante. Sería una cosa casi metafísica: la vivienda vacía está okupada. Lo
que quiero decir es que, si hay vivienda vacía - el último informe de FOESSA señala que hay hasta 3,8 millones de viviendas vacías-, yo creo que hay dos preguntas: ¿hay que construir o no hay que construir?; ¿no hay que construir porque hay muchas
casas vacías o hay que construir? Yo creo que no son medidas que se opongan entre sí ni distintas. No se oponen. Pueden ser dos ideas distintas y no contraponerse. El aumento de la población y la creación de nuevos hogares que ofrecen los datos
económicos españoles parecen demostrar que se necesita construir, que se necesita más vivienda. El Banco de España dice que seiscientas mil. Otros hablan de cuatrocientas mil. Pero hay que darse cuenta -creo yo que todos nos damos cuenta- de que
la propuesta de que hay que construir no es una propuesta para siempre. Estamos en un momento de especial necesidad. En la pregunta que se ha hecho se ha llegado a hablar de crítica situación con respecto al alquiler. En este momento no sé si el
número de casas vacías no es tan alto; no lo sé. ¿Están todas en condiciones de salir al mercado de alquiler o venta o simplemente no salen todas por la inquiokupación? Aparte de que no

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siempre esas viviendas están vacías donde está la demanda. En las ciudades donde hay más necesidad de vivienda y más dificultades de acceso o en zonas más pobladas y turísticas muchas pueden ser segundas viviendas que no van a salir al
mercado, a pesar de los incentivos o las penalizaciones, o están en zonas con poca población y donde no hay tanta demanda. En cualquier caso, la construcción de vivienda, por un lado, y el incentivo dirigido a que las viviendas vacías salgan al
mercado, por otro, a nuestro juicio no son medidas contrapuestas.


¿Hay que dar ayudas al alquiler? Yo también he seguido sus debates -no se crean que no me los he leído bien y los he escuchado bien-, los que tienen en comisión, tanto que me ha sorprendido que venga también aquí esto, porque yo pensaba que
lo debatían en las comisiones, donde hacen control al Gobierno, donde hablan de estas cosas, donde piden que dimita quien sea o lo que fuera. Lo que ocurre aquí es que parece que no hay que dar ayudas al alquiler porque es una medida que contribuye
a que suban los precios. En primera instancia parece una máxima económica cierta: si dan más ayudas al inquilino para pagar la renta, el propietario sabe que le puede subir algo. Pero si suprimieran las ayudas en el contexto actual y con los
precios disparados que hay en este momento, en el corto plazo muchas personas inquilinas sufrirían aún más las dificultades que ya enfrentan para pagar el alquiler cada mes, y muchos no podrían pagarlo. Ya se ha dicho que más de un 30 % de los
inquilinos dedica más del 40 % de sus ingresos al alquiler. Hay que combinar corto, medio y largo plazo. Este es el asunto.


Estas ayudas son necesarias para las personas con menos ingresos mientras se consigue que haya más viviendas en el mercado. Algunos dicen: 'No, no, ninguna ayuda'. Pues yo creo que en el medio plazo o en el corto plazo hay gente que lo
necesita y hay que ayudarles, en espera de ver si hay más viviendas y bajan los precios, pero eso necesita ya medio plazo, porque en construir se tarda: las viviendas no se construyen de un día para otro, como se ha dicho. ¿Qué hacemos hasta que
haya más oferta de vivienda? ¿Ponemos a todo el que no tenga vivienda sentado en un lugar mientras van a ver las obras, como las personas de edad? Vamos a ver las obras, a ver cómo están haciéndose las casas. ¿Suprimimos las ayudas y dejamos a
todos los beneficiarios sin la ayuda, en una situación aún más difícil para pagar los gastos que les suponen sus casas? Me parece que eso supondría mayor sufrimiento social. ¿Suprimir esas ayudas serviría para que bajaran los precios
sustancialmente? Creo que no, no son la palanca clave, no son lo que explica los altos alquileres. Lo que nosotros podemos hacer desde el Defensor del Pueblo es reiterar la falta de vivienda, que genera precios muy altos de compraventa. A una
parte importante de la población no les dan hipotecas y esas cantidades y esa demanda se van entonces al alquiler. Es una crisis de oferta. El problema es que no hay suficiente número de viviendas.


No sé a quién le corresponde limitar los precios de los alquileres. Yo estoy seguro de que a mí no me corresponde. ¿Le corresponde al Gobierno hacer esa limitación? Pues no lo sé. Probablemente las zonas declaradas tensionadas y la
protección del inquilino frente a los desahucios desincentiven la oferta de vivienda, puede ser en parte cierto, pero esto pasará con un porcentaje de la oferta, no con toda. Yo no creo que se pueda decir que la limitación de precios acabe con la
oferta. Han sido citadas, de paso -aunque yo algo he entendido, creo-, las zonas de mercado residencial tensionado. Pues la Generalitat de Catalunya, creo que a través del registro de fianzas obligatorio, confirma que los alquileres residenciales
han bajado de media un 4,9 % tras la entrada en vigor de la medida, mientras que en Barcelona la reducción ha sido más notable, con un descenso del 8,9 % en el precio del alquiler. Ahora, siempre según el Ministerio, los contratos de alquiler han
aumentado. Otras medidas, como prohibir la compra que no sea para que el adquiriente resida, esta es una medida muy drástica; una intervención total en el mercado que para mí plantea dudas jurídicas y cuyos efectos serían inciertos, pues a veces
esto produce otros efectos.


En resumidas cuentas, si me preguntan sobre qué considero que hay que hacer, les voy a dar nuevamente una respuesta tibia, y es que hay que combinar medidas; hay que combinar medidas. La solución no está ni en el extremo de decir que 'nada
de ningún modo' ni en el de que 'absolutamente por aquí va la solución'. Combinar medidas: unas en el corto plazo, más tendentes a limitar el mercado en las zonas más tensionadas y ayudar a los que más lo necesitan para el pago del alquiler, en
todas partes; y otras que necesitan más tiempo, dirigidas a aumentar lo más rápido posible la construcción, la oferta de vivienda. Esa es la fórmula: un punto medio; mercado, pero mercado regulado y limitado. Esto es lo que nosotros pensamos.
No estamos diciendo que no deba haber mercado, pero el mercado debe estar regulado. Por eso la vivienda pública y protegida, la vivienda social, tiene que estar a precio inferior al del mercado. Es la que depende de las Administraciones públicas y
es lo que nosotros supervisamos. No se nos pida que tomemos posición, porque no podemos supervisar otra cosa que las viviendas públicas

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y protegidas. Los datos indican que el parque que tenemos está muy lejos de la media europea. Aumentar el parque es sin duda una política redistributiva contra la desigualdad.


Les he hablado de esto, que probablemente les ha aburrido un poco, un poco más que lo otro aún, pero me parece que es bueno también que sepamos que claro que estamos todos reflexionando sobre qué es lo que podemos hacer, y me parece que es
tan importante este asunto que las jornadas de coordinación anuales que hacemos los defensores del pueblo, los defensores autonómicos y el Defensor del Pueblo de España, van a ser sobre vivienda en la próxima ocasión. Yo espero que hagamos un
informe bueno sobre la vivienda no solo del Defensor del Pueblo, sino de todas las defensorías, porque estamos convencidos, como ustedes, de que hace falta un informe bueno sobre esto.


Hay muchas más cosas que decir, pero me parece que podemos seguir diciéndolas ahora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


Comenzamos el turno de réplica y lo hacemos con el Grupo Parlamentario Vasco. Señor López Torre, tiene tres minutos.


El señor LÓPEZ TORRE: Gracias.


Nos hemos desviado del objeto de la comparecencia, pero, dado el espíritu constructivo y propositivo, que creo que además es habitual en mi partido, el PNV, y que se ha pedido en esta sala, aprovecho y les planteo brevemente un resumen de
diagnóstico y medidas, como se pedía también, con cuestiones que se han puesto aquí sobre la mesa.


Por una parte, nos encontramos con una demanda creciente, con extranjeros que llegan al Estado que se están incorporando al mercado laboral y que vienen a aportar. Asimismo, tenemos jóvenes que también se incorporan al mercado laboral a la
vista de la bonanza económica que de momento tenemos y que quieren también formar nuevos hogares, pero con los problemas que antes mencionaban. Además, hay compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes que no cesa, lo cual también hace
que se incremente la demanda. El tamaño medio del hogar en el Estado ha pasado de 3,82 personas en 1970 a 2,58 en 2011 y ya estamos por debajo de 2,50 personas por vivienda de media. Y hay una mayor esperanza de vida, que ha aumentado más de diez
años en los últimos cuarenta. Todo esto lo que hace es apretar la demanda.


Por parte de la oferta tenemos una ausencia muy importante, como ha quedado patente, de parque público de vivienda y escaso peso de los grandes inversores institucionales. En cambio, las personas físicas son quienes han tirado del mercado
inmobiliario de alquiler la última década, especialmente pequeños ahorradores, a los que ahora parece que se pretende demonizar a veces. Las políticas de vivienda pública en el Estado se han centrado históricamente en la compra y con la limitación
temporal del carácter social de la misma, y que no tengan un carácter permanente ha evitado que la ya de por sí escasa dotación de vivienda pública se fuese acumulando en un parque de vivienda social destinado al alquiler; lo que ha hecho ha sido
decrecer ese parque de vivienda pública. Por otra parte, está la reducida disponibilidad de suelo finalista, entre otras cosas, por la rigidez procedimental de la actual ley del suelo estatal. Tenemos el auge del turismo, del mercado de alquiler
turístico, que en términos del Estado tiene un peso no muy grande, pero que se concentra en ciertas ciudades; por otra parte, la oferta de vivienda en alquiler se ha retraído a consecuencia del miedo de muchas personas propietarias a no poder
cobrar la renta, a no poder recuperar su vivienda o no recuperarla en las condiciones en las que la entregó, y por otra parte, por un incremento de los costes de construcción y la escasez de mano de obra cualificada. Total, una tormenta perfecta.


Con todo esto, ¿cuál es la esperanza a corto plazo? Ya se ha dicho, hay casi 4 millones de viviendas vacías, es verdad que el 45 % de ellas están en municipios pequeños, de menos de 10 000 habitantes, pero son viviendas que no se usan ni
siquiera como segunda residencia. Ahí hay una gran oportunidad. Pero claro, para eso tenemos que utilizar más la zanahoria y no el palo, porque últimamente estamos utilizando mucho el palo y poco la zanahoria. Hay que dar seguridad jurídica y
premiar a quienes destinen esas viviendas al alquiler, a precios, evidentemente, razonables, a precios que ayuden a solucionar el problema. ¿Medidas? Construcción industrializada y formación de jóvenes para que se incorporen a trabajar en la
construcción; respetar también el ámbito competencial, cómo no, de las comunidades autónomas; colaboración con las comunidades autónomas, y lo que tampoco debemos despreciar es la colaboración público-privada. También pedimos la modificación de
la Ley por el Derecho a la Vivienda para aportar más seguridad a la propiedad. Reflexionen, porque creo que es necesario, porque así se

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movilizará esa gran bolsa de viviendas vacías existentes y se revitalizará la inversión en vivienda destinada al alquiler. También es necesario hacer modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atajar el problema del
allanamiento de vivienda y de la usurpación u ocupación ilegal de inmuebles. Y modificar el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para acelerar la gestión del suelo y la regeneración urbana.


Finalizo, que ya se me va el tiempo. Además de estas medidas, habría que ofrecer un escudo social suficiente a los hogares y que sean las Administraciones competentes quienes se hagan cargo de ello. Este es el pequeño resumen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Queralt tiene la palabra.


El señor QUERALT JIMÉNEZ: Moltes gràcies, senyor president.


Moltes gràcies per la seva resposta, senyor defensor, senyor Gabilondo.


Telegràficament. Hi ha una brama que repeteix sempre, que és reservar el 30 % de la construcció per a habitatge públic i el contrarrestra amb que és massa. Llavors estem en un terreny que és terra de ningú: ni es fa ni es deixa de fer,
però es continua mancant. Això, el nombre, el parc de vivendes buides és absolutament catastròfic. Però és que a més, aquí ja tenim un culpable públic. La Sareb i ara la SEPES que té una sèrie d'immobles que vol fer negoci amb el qual pagaríem
dues vegades. Quan es va pagar perquè s'ho quedés la SEPES i ara per comprar-ho, en lloc de facilitar aquests terrenys o aquests immobles als ajuntaments. Un tema sobre el que no s'ha parlat.


M'ha sobtat el caràcter ultraliberal, malentesament lliberal, de la meva companya i senadora del PP, citant l'article 348 del Codi Civil. 'Uso y abuso'. Per favor, al segle no. Ha estat el social i democràtic de dret de la seva
Constitució. Llegeixin la sentència de l'adquisitat d'abans del 25/2025, que el propi tribunal diu l'article 348 del Codi Civil no es pot interpretar literalment. Això que jo amb la meva propietat faig el que vull, per exemple, no puc posar a casa
meva els toldos del color que jo vull, perquè la comunitat m'obliga a posar-los d'un determinat color, per exemple. Un tema que és merament estètic. I, en canvi, podem fer altres coses. I després d'això, que no paga el subministre, no tallar, no
paga el subministre de les cases ocupades, siguin coaccions, és més que discutible. Més que discutible. Però això ho veurem al Senat.


I vaig acabant. Catalunya al 1900 tenia 2 milions d'habitants. El 2040 serem, si el món no s'ha acabat, 10 milions. Fem regles de tres. Fem regles de tres. Tan fàcil com això. I evidentment, per molt alt que sigui el nivell de vida a
Catalunya no som tots milionaris. No tothom té accés a vivendes de 300 metres quadrats amb dos jacuzzis. Fa falta vivenda digna. Si és col·laboració publicoprivada, si és social, si és de promoció pública... Això és un tema que vindrà després.
Com deia Josep Pla, això qui ho paga? Però el problema el tenim davant i no podem defugir-lo més.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias por su respuesta, señor defensor, señor Gabilondo.


Telegráficamente. Hay un rumor que siempre se repite, un ruido, reservar el 30 % de la construcción para vivienda pública, y es demasiado. Estamos en un terreno que es tierra de nadie, ni se hace ni se deja de hacer, pero continúa haciendo
falta. Esto significa que el parque de viviendas okupadas, vacías, es absolutamente catastrófico. Pero además aquí ya tenemos un culpable público: la Sareb, y ahora la SEPES, que tiene una serie de inmuebles con los que quiere hacer negocio, con
lo cual pagaríamos dos veces: cuando se pagó para que se lo quedara la SEPES y ahora para comprarlo, en lugar de facilitar estos terrenos o inmuebles a los ayuntamientos, un tema sobre el que no se ha hablado.


Me ha dejado parado el carácter ultraliberal -malentendido liberal- de mi compañera senadora del PP cuando ha citado el artículo 348 del Código Civil, uso y abuso. Por favor, en el siglo XXI, no, en un Estado democrático y de derecho desde
su Constitución. Lea la sentencia del acta 25/2025, en la que el propio Tribunal Constitucional dice que el artículo 348 del Código Civil no se puede interpretar literalmente: yo hago lo que quiero con mi casa. Yo no puedo poner en mi casa, por
ejemplo, los toldos del color que quiero, porque la comunidad me obliga a ponerlos de un determinado color; por ejemplo, un tema meramente estético. En cambio, podemos hacer otras cosas. Y eso de no pagar el suministro de las casas okupadas es
más que discutible, pero eso lo veremos en el Senado.

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Voy terminando. Cataluña, en el 1900, tenía 2 millones de habitantes; en el 2040, si el mundo no se ha acabado, tendrá 10 millones. Hagamos reglas de tres, tan fácil como eso. Evidentemente, por muy alto que sea el nivel de vida en
Cataluña, no somos todos millonarios; no todo el mundo tiene acceso a viviendas de 300 metros cuadrados con dos jacuzzis. Es necesaria vivienda digna, y si es colaboración público-privada, social o devolución pública es un tema que llegará
después. Como decía Josep Pla, ¿esto quién lo paga? Pero el problema lo tenemos delante y no podemos huir de él.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la señora Barcos.


La señora BARCOS BERRUEZO: Sí, gracias, presidente.


En nombre de Geroa Bai en este caso y como representación de mi grupo en el Senado en esta comisión mixta, en primer lugar, quiero agradecer al defensor del pueblo, al señor Gabilondo, su aportación. Creo que es absolutamente necesario el
diagnóstico que nos ha hecho hoy de un problema tan extendido. Por poner las cosas en su sitio -o al menos como yo las veo-, comparto algunas de las recomendaciones que ha hecho el propio señor Gabilondo en cuanto a que aquí hemos venido,
efectivamente, a escuchar el trabajo -a petición parlamentaria o no- desde esa magnífica atalaya que es la oficina del Defensor del Pueblo en cuanto receptora de las quejas de la ciudadanía desde la que ver los problemas de la sociedad -cuando,
además, ya han fallado otras instancias-. Esto suele ocurrir tanto en la oficina del Defensor del Pueblo como en las diferentes oficinas en territorio de las comunidades autónomas.


Este ámbito que hoy nos ocupa, el de la vivienda, es, sin ninguna duda, el gran asunto de la política entendida con mayúsculas, aunque haya quien quiera mirar a otro lado o a otros problemas. Y es el gran asunto porque la vivienda es el eje
que vertebra la dignidad de la vida de las personas; sin vivienda, difícilmente termina habiendo dignidad en el día a día del individuo. Estamos, efectivamente, ante un asunto multifocal en el que yo, francamente, soy poco optimista en lo relativo
al consenso en el diagnóstico, por lo que excuso explicar ya si creo en el consenso en las posiciones o en las soluciones que hemos de dar. Considero que hemos tenido ocasión más que larga para advertir esto de lo que hablo hoy. Sin embargo, me
parece que sí podemos ser optimistas en el camino intermedio, en el camino para dar respuesta, y respuesta pronta, a esta cuestión, o, desde luego, algunas respuestas prontas, si no las definitivas. Creo que hemos escuchado ya un catálogo
magnífico, el que ha hecho el senador López en esta comisión esta tarde, y, desde luego, también otra muy concreta y que puede ser paraguas. Desde luego, es evidente que, en el problema de la vivienda tal como lo tenemos hoy pergeñado -con esa
multifocalidad y, desde luego, esa problemática tan diversa-, hay una política pública que debe ponerse en valor y, además, tomarse con urgencia, que es ese parque público de la vivienda y vivienda protegida. Es esencial que las políticas públicas
actúen en este punto. Las diferentes Administraciones y, por supuesto, los diferentes agentes concernidos y también el legislador, también las Cortes, tenemos que ser capaces de trabajar y de coadyuvar en esa materia: parque público y vivienda
protegida.


Podemos sacar conclusiones de dónde venimos, y lo cierto es que el sistema de vivienda protegida que pasa al mercado después de unos cuantos años no ha funcionado. Probablemente, el porcentaje de vivienda pública que hoy tendríamos para
acometer soluciones sería muy diferente respecto a ese porcentaje europeo si durante estos años pasados -hablamos de treinta o cuarenta años- hubiéramos tenido otra previsión. No se supo ver a dónde íbamos y se entendió que la vivienda protegida
debía también coadyuvar o caminar hacia esa cultura de vivienda privada como única realidad de ahorro. En fin, se mezclan tantas cosas también en esa visión de qué ocurrió que sería otro elemento más de discusión, y no es lo que pretendo. En este
caso, solo pretendo decir que, en esta sesión de hoy, señor Gabilondo, desde luego, recogemos el guante de lo que creo que sí ha sido una propuesta, y es que, en esa necesidad de actuar ya, debemos contar con el apoyo de las diferentes
Administraciones, con el trabajo de las políticas públicas y, en definitiva, trabajar por un parque público de vivienda y de vivienda protegida.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barcos.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández.

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El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Me quedo con lo positivo, y lo positivo es que le había propuesto hacer un informe monográfico y usted ha cogido el guante, de lo cual me alegro. Cuando resuelva el debate sobre si informe primero o primero diagnóstico, me imagino que ya
podrá darle un recorrido a ese informe monográfico final. En todo caso, para el diagnóstico sí le propongo dos puntos: el primero es un tema de diagnosis, y es determinar dónde fallan las Administraciones públicas; y, el segundo, cuál es la
responsabilidad del Gobierno estatal en haber llegado a esta situación, porque un diagnóstico sincero y honesto requiere plantear de forma cruda cuáles han sido los problemas que nos han llevado a esta situación para, a raíz de eso, proponer
soluciones -yo incluso podría estar de acuerdo con algunas de las que se han planteado-, pero primero hay que saber de dónde partimos y las causas que han originado esta situación.


Termino solamente con una mención a su señoría socialista (dirigiéndose al señor Conesa Coma), y tómesela bien: a ver si, como se descuide, con tanta intervención pública al mercado va a llegar usted a la ley de vivienda protegida de 1939.
Entre 1939 y 1975 se construyeron más de 4 millones de viviendas protegidas, lo digo por si no conociera el dato.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Conesa.


El señor CONESA COMA: Gracias presidente.


Yo sí que quería comentar un elemento que están utilizando últimamente los grupos parlamentarios, sobre todo VOX, que está introduciendo siempre el tema de hablar de las personas que vienen a buscar una vida mejor a nuestro país y que ha
incluido ya en el discurso de la vivienda un poco de lucha entre el último y el penúltimo. Me preocupa, señor Gabilondo, porque creo que, al final, a lo mejor sí deberíamos pensar en defendernos de esas ideas y no en defendernos de las personas con
menores ingresos o peor situación. Y lo digo porque, cada vez que los señores diputados y diputadas de la extrema derecha hablan de migración, la introducen ya como un elemento de culpabilidad del aumento de los precios en vivienda. A mí siempre
me viene a la cabeza una heroína que nació en Almería, que era madre soltera, que, con una mano delante y otra detrás, fue a Barcelona. Creo que estaría orgullosa de que su nieto les dijera que, por favor, tuvieran un poco de empatía con las
personas que vienen a mejorar su vida aquí, porque no pueden venir a trabajar y a crear riqueza e irse en metro a sus países.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mayo.


La señora MAYO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.


Muy brevemente, y con el cariño y el respeto que sabe que le tengo, defensor, no le he pedido que intervenga; le estaba informando de la situación. Y tampoco le he pedido que opine sobre qué le parece lo de la expulsión en veinticuatro
horas, que -como usted comprende perfectamente- es una simplificación que estoy haciendo por limitación de tiempo, y cualquier persona que me escuche entiende sin duda a lo que me estoy refiriendo. No le pedía tampoco su opinión sobre si era más o
menos acertado, sino que lo único que he venido aquí a decir y a informarle a usted es que esta Cámara está sin poderse expresar por un bloqueo de la Mesa sobre ese particular. Los senadores ya lo hemos hecho, y serán los diputados los que tendrán
que hacerlo como representantes de la soberanía nacional que son. Con todo respeto hacia su figura, creo que no le corresponde a usted.


Sí quiero cerrar con un par de comentarios. Como ha comentado el portavoz de Esquerra Republicana alguna parte de mi intervención, también cogiendo el rábano por las hojas, sí que quiero tomar una literalidad de su intervención, cuando ha
dicho que en este país hay trabajadores pobres; tristemente es verdad, y su partido sigue dando apoyo después de siete años a este Gobierno, que presume de que la economía va como un cohete. Será la economía de los que están en el Gobierno, porque
evidentemente la economía de los españoles y las posibilidades de acceso a la vivienda están todo lo limitadas que creo que pensamos hoy todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo y no hay nadie que pueda negarlo. Y como no hay nadie que pueda
negarlo, la intervención del señor Conesa es la habitual: un ataque a la derecha, como siempre, y quiere más intervención, más todavía. ¿Usted sabe la cantidad de legislación que tiene que cumplir un promotor o un constructor en este país, alguien
que desee construir viviendas,

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incluso un cooperativista? ¿Es usted consciente de la cantidad y de los límites que hay? Porque es una barbaridad.


Otra cosa que quiero aquí decir es que en este enfrentamiento que se ha propiciado desde la izquierda en este país, que se está enfrentando siempre a hombres y mujeres y no sé qué, estamos en el enfrentamiento de propietarios e inquilinos, y
parece que los inquilinos son todos buenísimos -los okupas también, por lo visto- y los propietarios son todos malos, malísimos, unos avariciosos y unos especuladores y una gente fatal. Pues no. Inquilinos y propietarios van en el mismo barco, sus
intereses son las dos caras de la misma moneda. Qué más quisieran muchísimos, miles de pequeños propietarios en este país que tener la tranquilidad, la garantía y la seguridad jurídica de que podrán alquilar en condiciones aceptables su vivienda
con las garantías que la ley les otorga y que estas garantías serán protegidas por los tribunales. ¡Qué más quisieran! Muchísimos de ellos es lo que están deseando y es lo que a nosotros, los legisladores, nos están pidiendo todos los días en la
calle, porque van en el mismo barco.


Yo, que he sido directora de banco -y, siendo directora de banco muchísimos años, me he comido la crisis de la construcción de 2008-, quiero romper también una lanza por otro colectivo que se ha demonizado hasta la saciedad, como es el de
los especuladores constructores. Vaya usted ahora a ver cómo ha quedado ese sector. Para ser constructor en este país lo único que hace falta es el DNI, un casco y 3 000 euros para hacer una SL, no hace falta ningún requisito más, y ni los propios
constructores y promotores han sido capaces de solventar la crisis anterior, salir adelante con sus empresas y con los trabajadores que les van quedando, porque ese es otro gravísimo problema: hay que construir viviendas, ¿quién las va a construir?
El señor del PNV pide, con toda razón, que sean industrializadas. Ahora, buscar un señor para que ponga un ladrillo encima del otro cuesta muchísimo, pero muchísimo; y ese es otro problema. Por eso, quiero romper una lanza también por los
constructores y los promotores, que arriesgan muchísimo patrimonio en inversiones que tardan años en dar resultados, sometidos a que a lo mejor venga el COVID, venga una racha de subida del paro, venga lo que sea y vean cómo esas viviendas que
llevan años construyendo luego no se venden o tienen que venderlas en otro precio o quedan algunas sin vender, que ese fue el problema que pasó en la crisis de 2008, como usted bien sabe.


Entonces, vamos a ver si dejamos de demonizar colectivos, vamos a ver si dejamos de enfrentar a españoles con españoles y vamos a ver si entre todos, como aquí se ha dicho, arrimamos el hombro. Las soluciones del Partido Popular están
encima de la mesa y lo único que pido, ya que estoy en este Congreso, es que se les dé paso y que los españoles, a través de sus representantes legítimamente elegidos, puedan decidir si quieren sacarlas adelante y desbloquear, por lo menos, el
mercado del alquiler.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mayo.


Tiene la palabra, para cerrar ya este primer punto del orden del día, el defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Nuevamente, muchas gracias.


Creo que de una u otra forma todos luchamos contra el maniqueísmo de hacer una película de buenos y malos. Creo que cada uno está defendiendo sus ideas con toda convicción, sin descalificar, en principio, esa es la voluntad de todos.


Nosotros tuvimos una reunión con la Asociación de Promotores Constructores de España, nosotros nos reunimos con los constructores y promotores de España. No satanizamos a los promotores y constructores de España, sino que tuvimos una
reunión con una asociación como la APCE, el 23 de octubre, por ejemplo. Sí nos expusieron la necesidad de suelo para poder promover la construcción de vivienda, sí expresaron alguna de las ideas que se han señalado aquí; nos pareció interesante,
porque aquí utilizamos todos los datos, pero no siempre decimos de dónde los hemos sacado. Yo tengo a veces curiosidad, pero no vamos a empezar a hacerle a cada uno aquí la prueba del nueve para ver si cada frase que ha dicho está llena de buena
voluntad, porque si lo ha dicho es porque lo cree. Nos expusieron esa necesidad y quedaron en enviar los datos a la institución sobre lo que tiene que ver con las aseveraciones que hicieron, sobre falta de suelo. Hemos pedido también datos a la
Administración a través de la actuación de oficio de la que les he hablado en esta comparecencia, y esperamos. Porque nos pasa un poco con algunas asociaciones que nos vienen a ver, que las vemos encantados, porque lo necesitamos y porque tenemos
que escuchar, y una vez que hemos tenido la conversación decimos: mandadnos una queja explícita sobre esto o enviadnos unos datos sobre esto, y no todos vienen y no todos envían la queja y no todos envían los datos. Esto nos pasa a veces.
Respetado queda, pero que

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conste que los necesitamos también. No estamos obviando la voz de los promotores y constructores de España en lo que tiene que ver con una manera de abordar dónde fallan las Administraciones públicas.


Cuando se pregunta -y acaba de preguntarlo su señoría- sobre cuál es la responsabilidad del Gobierno estatal, desde luego nosotros, cuando estamos hablando de responsabilidad, hablamos de corresponsabilidad. Me gustaría también añadir un
pequeño detalle: si vamos a hablar de responsabilidad también tenemos que hablar de la responsabilidad de los Gobiernos que ha habido en nuestro país, en España, y en las comunidades autónomas. Cuando hablados de responsabilidad compartida es
verdaderamente compartida. La historia de los avatares de la vivienda es una historia no de estos últimos cinco, siete o diez años, es una historia de veintitantos años, y la solución solo será, como se ha dicho muy bien y yo comparto
absolutamente, una solución de largo plazo. Tenemos que mirar con mirada larga.


Conozco un poquito a algunas de las señorías que están interviniendo, y también sé que algunos guardan el postre para la hora del postre. En ese sentido, tengo que mostrar también mi satisfacción por la intervención de Igotz López Torre, a
quien antes ni apenas he mencionado, en espera de que nos sacara el postre a relucir. Desde luego, puede decirse que, aunque yo no estoy de acuerdo con todos y cada uno de los parámetros que se han señalado, sí estoy muy de acuerdo con el estilo
con el que se plantea el asunto, con el afán propositivo, con el afán de encontrar también colaboraciones. Por ejemplo, se ha hablado de la colaboración público-privada, que aquí desde luego no ha sido tampoco cuestionada, y nos parece razonable.
También se ha hablado... No quiero ahora hacer un resumen, solo faltaría que encima haga el resumen de resumen para que todos estemos aquí unos días. Pero me ha gustado antes que, cuando se habla de cualquier política, se habla de que sea
mantenida en el tiempo. Mantenida en el tiempo. Porque tenemos una cierta tendencia a que se haga una ley de educación y 'no se preocupe, esté tranquilo que ya vendrá el siguiente a tirar la anterior para poner otra nueva', y así. Las políticas
mantenidas en el tiempo, ¡pero qué generosidad y qué visión de futuro hacen falta para tener una política mantenida en el tiempo! Lo cual no quiere decir que no se vaya modificando, pero eso sí que implica un verdadero acuerdo o consenso.


También creo que no se puede 'despatrimonializar' la Administración pública, que hay que abordar los asuntos desde diversos ámbitos y que las Administraciones, por lo que sea, no han acabado -no hemos acabado, entre todos- de encontrar un
poco la clave de por dónde podemos avanzar más directamente. Hay unas propuestas de leyes y ojalá en esas leyes sobre la ley del suelo o las propuestas que se han hecho desde el Grupo Parlamentario Popular se encuentre también un espacio para un
debate sobre ellas, yo sobre esto no tengo nada que objetar.


También quería señalar que el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado de la lealtad constitucional, que también es la lealtad institucional, porque también podemos tener convicciones diferentes y ser capaces de compartir un espacio común,
como ocurre en esta comisión. Que dos cosas sean diferentes no quiere decir que sean contrarias. Esta es la lección cero no digo de metafísica, sino de primero de EGB, que las cosas distintas no son siempre contradictorias. Y podemos pensar
diferente y ser capaces de trabajar juntos.


Empatía con los que sufren también es empatía con todos. No vaya a ser que pensemos que, como tenemos tanta empatía con los que sufren, el que no sufre nos importa poco. No, nos importan todos. Por eso se hace bien en señalar que hay
también otros en quienes hay que pensar, como en los propietarios y, por supuesto, en los inquilinos, es decir, en quienes tienen casa y en quienes no la tienen o en quienes están alquilados y en quienes, como se ha dicho, no tienen ninguna
mentalidad de estar alquilados. Yo también he salido de España alguna vez y he visto que casi se sorprenden del afán que hay de propiedad aquí, que todo el mundo quiere tener su casa. Se sorprenden porque hay países donde el alquiler es una razón
de ser habitual de vida. Entonces, no sé si tenemos que hacer un cambio o no de paradigma -como decía Ignasi Conesa-, pero sí tenemos que estar dispuestos a tener la valentía de abordar con todo rigor un nuevo, llamémosle, diagnóstico.


Si hay trabajadores pobres, sinceramente, todos sentimos el dolor de que sea así. A mí se me hace muy duro echar la culpa a un Gobierno de que pase eso, honestamente. A cualquier Gobierno y de cualquier comunidad autónoma. No se me ocurre
decir que, si una comunidad tiene trabajadores pobres, la culpa es del Gobierno de esa comunidad. Creo que eso es un asunto de una complejidad y de una profundidad que nos compromete a todos. Espero que se puedan desbloquear estos asuntos.


Muchas gracias también a Uxue Barcos. Es el gran asunto de la política. Es usted una diputada a la que no le da miedo la palabra 'política' y que la reivindica con toda su fuerza, cosa que me parece estupendamente bien. (La señora Barcos
Berruezo hace gestos afirmativos con la cabeza).

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Me voy a referir al parque público de vivienda, a la vivienda protegida y a las políticas públicas. Acabo en quince segundos, presidente. Me tocó la experiencia de pensar que cada vez que salía la palabra 'pública' alguien encontraba que
esto era peligroso. La palabra 'pública' no es peligrosa y la palabra 'privado' tampoco es peligrosa. Por tanto, a ver si guardamos un poco lo maniqueo porque público no se opone a privado. Esto es para otros días, que no les quiero aburrir más.


Les agradezco mucho sus intervenciones. Tengo muy en cuenta las consideraciones que se han hecho y también encuentro interesante que el trabajo que estamos haciendo ahora se atribuya a un grupo parlamentario que diga: muchas gracias por
haber hecho lo que yo digo. Le puedo decir: muchas gracias por proponer aquello que nosotros hacemos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


- PARA INFORMAR SOBRE LOS MOTIVOS QUE LE HAN LLEVADO A INTERPONER UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA, LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Y LA DISPOSICIÓN FINAL DECIMONOVENA DE LA LEY 1/2025, DE 1 DE
ABRIL, DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000642 y número de expediente del Senado 713/000363).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, relativo a la solicitud de comparecencia para informar sobre los motivos que han llevado a interponer al Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la
disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.


Señor Gabilondo, tiene la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, presidente.


Voy directamente al asunto, que es lo que requieren sus señorías. Les informo sobre los motivos que han llevado a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que ya ha dicho el señor presidente y que no
voy a repetir.


En efecto, en uso de su legitimación que confieren al Defensor del Pueblo los artículos 162.1 de la Constitución, 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril -que ustedes conocen y no
cuestionan-, tras haber recibido 279 solicitudes y haber estudiado con detenimiento la norma legal, y oída a la Junta de Coordinación y Régimen Interior de la institución del Defensor del Pueblo, el 1 de julio de 2025 interpuse un recurso de
inconstitucionalidad contra los tres preceptos citados de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.


Los preceptos impugnados tienen un elemento común, pues los tres giran alrededor de la misma cuestión: la inclusión del lobo como animal silvestre dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, creado por el
artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También presentan idéntico propósito la desactivación de la protección que dicha ley otorga al lobo como consecuencia de la inscripción de esta especie
o de poblaciones de ella en dicho listado. La disposición adicional octava establece una nueva causa conforme a la cual sea posible adoptar medidas -específicamente respecto de las poblaciones de lobo inscritas en el listado- que exceptúan la
protección otorgada a las especies incluidas en él, entre las que se incluyen su captura y muerte. En el caso de que el derecho de la Unión Europea rebaje la protección de las poblaciones del lobo al sur del Duero -modificando para ello los anexos
de la directiva hábitats-, la disposición transitoria única impide que las autoridades españolas decidan mantener dichas poblaciones del lobo en el listado con el fin de dotarlos de una protección reforzada en atención a su valor ecológico,
científico, su singularidad, su grado de amenaza o estado de conservación en España, y ello a pesar de que los Estados miembros de la Unión Europea en materia ambiental pueden adoptar medidas de mayor protección que las previstas en las directivas
europeas. Finalmente, la disposición final decimonovena tiene por objeto la cancelación de la inscripción de las poblaciones del lobo al norte del Duero en el citado listado de especies silvestres en el régimen de protección especial.


La motivación de esta interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional se exterioriza y desarrolla a lo largo de los fundamentos jurídicos en los que se apoya. Son catorce fundamentos jurídicos

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que constituyen su soporte argumental y un conjunto de razones jurídicas desarrolladas de manera ordenada, coherente y detallada. De ahí que, sin duda, la mejor manera de comprender los motivos que justificaron la presentación de dicho
recurso sea acudir al propio texto que ha sido publicado en la página web institucional del Defensor del Pueblo y por tanto es de público acceso y conocimiento. Esto no obsta, al contrario, para que se sintetice lo esencial de dichos fundamentos
ante esta comisión, dado que así, con todo derecho, se me solicita.


Tales motivos se centran en que esta institución constitucional ha entendido que la disposición adicional octava y la disposición transitoria única de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario
vulneran el artículo 45 de la Constitución -el derecho a un medioambiente adecuado- y que la disposición final decimonovena hace lo propio con el artículo 24.1 -derecho a la tutela judicial efectiva- sin ajustarse a la jurisprudencia constitucional
sobre las leyes de naturaleza autoaplicativa. Entre los derechos que recoge el título I de la Constitución, y que esta institución debe defender, se encuentra en el artículo 45.1 el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de preservarlo, mientras que el artículo 45.2 contiene un mandato dirigido a todos los poderes públicos -también al legislador- de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el
fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.


El Tribunal Constitucional ha interpretado que el artículo 45 exija a los poderes públicos armonizar la explotación de los recursos naturales con la protección de la naturaleza, lo que implica llevar a cabo una ponderación adecuada de los
valores constitucionales protegibles. Así, según una temprana y bien asentada jurisprudencia constitucional, el aumento de la producción no puede considerarse como un objetivo primordial y excluyente, sino que se ha de armonizar con la protección
del medio ambiente, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de vida. En el caso del legislador, para lograrlo debe ponderar todos los valores constitucionales protegibles. Y es en la ausencia de
ponderación de los valores ambientales en juego donde se apoya la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición adicional octava y la disposición transitoria única de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de
las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. En la disposición adicional octava de la ley, el Defensor del Pueblo aprecia la toma en consideración de solo uno de los valores en conflicto: la protección de la eficiencia productiva en el sector
ganadero, descartándose cualquier circunstancia ambiental derivada de la inclusión de la especie en el listado de especies en régimen de protección especial. No se olvide en este punto que, de la misma forma que las exigencias y limitaciones
ambientales deben resultar razonables y proporcionadas al fin propuesto, las técnicas dirigidas a la protección de la actividad económica también deben serlo.


En ausencia de ponderación de los valores ambientales, se aprecia también en la disposición transitoria única la referida ley que impone una medida que elimina las posibilidades de aumentar la protección que determine el derecho de la Unión
Europea respecto a las poblaciones de lobo al sur del Duero, impidiendo la apreciación de los eventuales informes científicos y técnicos que pudieran aconsejar lo contrario respecto a la situación de la especie en el territorio de España, lo que
difícilmente puede considerarse que respete el mandato que el artículo 45 de la Constitución dirige a todos los poderes públicos y, en particular, al legislador. Otra cosa sería que se tomara esta decisión tras realizar los pertinentes estudios
científicos y técnicos y mediante los procedimientos establecidos, pero la disposición transitoria única impide que ello suceda de esa manera, al imponer una reducción automática de la protección sin que las autoridades competentes españolas puedan
tener en cuenta la situación concreta de esas poblaciones de la especie en nuestro país.


Por último, al juicio de esta institución, la disposición final decimonovena supone un caso de ley singular autoaplicativa, mediante la que se excluye del listado de especies silvestres en régimen de protección especial al lobo al norte del
Duero; una ley que, en consecuencia, no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad material y típicamente ejecutiva de aplicación de la norma al caso concreto, y que no cumple con el canon de constitucionalidad
fijado para las leyes de esta naturaleza por el Tribunal Constitucional puesto que no acredita el carácter extraordinario o excepcional que ha de concurrir en esa clase de leyes, ni respeta las exigencias de proporcionalidad ni el derecho a la
tutela judicial efectiva de los sujetos afectados por su contenido.


A juicio de esta institución y en consonancia con su naturaleza de registro administrativo, la inscripción de una nueva especie en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial o la variación de la ya practicada,
introduciendo o suprimiendo referencias a sus poblaciones o taxones, o su

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cancelación, se configuran como actos jurídicos. Cada una de estas operaciones consiste en la adopción de una decisión singular en ejecución de un grupo de normas que regulan cuándo, en qué casos y a través de qué procedimiento cabe
tomarla. A su vez, la concurrencia de la inscripción registral actúa como condición para activar la consecuencia jurídica prevista en otras normas y que consiste en el otorgamiento de un mayor nivel de protección a las especies recogidas en dicho
listado respecto de las que no lo están.


Por tanto, esta institución considera que su naturaleza es la de un acto ejecutivo, no normativo, de naturaleza autoaplicativa, que no requiere ni necesita de actos ulteriores para llevarse a cabo. Y nada hay en el texto de la disposición
final decimonovena de la Ley 1/2025 ni en la situación de hecho que esta viene a tratar o en los instrumentos empleados para abordarla que pueda servir de explicación de la necesidad de emplear una norma con rango de ley para la adopción de tal
acto, ni que acredite la excepcionalidad o la extraordinaria trascendencia o complejidad que la jurisprudencia constitucional fija como canon de control de esta clase de leyes.


Además, a falta de una explicación suficiente de las razones por las que se acuerda la cancelación de la inscripción de las poblaciones del lobo al norte del Duero en el listado y, con él, el cambio de su régimen de protección, no es posible
examinar y debatir sobre la existencia de otras medidas diferentes al cambio del estatus de protección de estas poblaciones del lobo susceptibles de obtener los resultados queridos, juicio de necesidad e idoneidad de la medida ni la repercusión que
la misma puede tener sobre otros bienes o intereses en conflicto, como por ejemplo el equilibrio de los ecosistemas comprometidos por dicha decisión, juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Ello resulta significativo al tratarse de una
decisión que rebaja el nivel de protección ambiental otorgado y, por consiguiente, es de carácter regresivo, de manera que la ponderación entre los objetivos que la medida parece perseguir -la reducción del desperdicio alimentario- y los efectos que
ella produce en otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, como es la reducción de la protección de una especie amenazada y la conservación del equilibrio de los ecosistemas donde la misma tiene implantación -aspectos todos ellos
relacionados con el mandato de protección del medioambiente que el artículo 45 de la Constitución dirige a todos los poderes públicos- no aparece explicitada ni se aporta información que permita formularla, de modo que no cabe confirmar la
proporcionalidad de la medida legislativa contenida en la disposición final decimonovena de la ley, a pesar de que tal aspecto constituya uno de los condicionantes de su constitucionalidad según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


Finalmente, entre los derechos subjetivos e intereses legítimos afectados por la decisión de modificación del registro del lobo en el listado en lo referente a las poblaciones del lobo al norte del Duero, pueden identificarse los intereses
legítimos colectivos, esgrimidos por las asociaciones medioambientales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que no han podido participar en la tramitación de dicha decisión y que sufren los
efectos de su adopción.


Dado que existen situaciones jurídicas subjetivas afectadas por la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, susceptibles de tutela jurisdiccional, así como la imposibilidad de acceso por los particulares afectados a la
jurisdicción constitucional, que en cualquier caso no podría otorgarles una tutela materialmente equivalente a la de la jurisdicción contencioso-administrativa, se produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del que son
titulares los afectados por el acto adoptado a través de un instrumento con rango de ley. Desde esta perspectiva, la utilización del rango normativo de ley supone la elusión de la aplicación del régimen jurídico previsto para esta clase de
decisiones y, en consecuencia, su control judicial.


En conclusión, por las razones expuestas, en el Defensor del Pueblo se ha considerado que la disposición adicional octava y la disposición transitoria única no cumplen con el mandato derivado del artículo 45 de la Constitución de cohonestar
la actividad económica con la protección del medioambiente, ponderando todos los valores constitucionales protegibles. Y, además, que la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, es un ejemplo de ley singular autoaplicativa,
una ley que no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad material y típicamente ejecutiva de aplicación de la norma al caso concreto, y que no cumple con el canon fijado por las leyes de esa naturaleza en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


Podríamos terminar aquí, pero no se animen, voy a seguir, por una razón -y espero no extenderme-, por la razón que tiene que ver con el debate social y público al que el defensor no es insensible, en el cual también se expresan distintas
visiones y concepciones que al menos creo que debo tener en cuenta para no limitarme a una intervención jurídica y constitucional y para no darle una dimensión de mera respuesta, porque esto tiene otros alcances que a mí me gustaría compartir con
ustedes.

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Quiero insistir en que la actuación del Defensor del Pueblo, con su recurso de inconstitucionalidad, no tiene como objetivo posicionarse ni a favor ni en contra de una mayor o menor protección del lobo en España, asunto sin duda de enorme
interés; está a favor de que tal cuestión se dirima de acuerdo con las exigencias que se derivan de los artículos 45 y 24.1 de la Constitución y, por tanto, ponderando todos los valores constitucionales protegibles en juego. Si desea hacerse -no
diré hágase bien, porque parece mucho decir-, a juicio del defensor, este no es el modo de hacerlo. También la protección del medio ambiente, uno de cuyos elementos esenciales es la preservación de las especies autóctonas silvestres y su
variabilidad, que es manifestación del interés general y público en la preservación de la riqueza biológica, escasa y fácilmente extinguible, y cuyo régimen jurídico se conecta con el artículo 128.1 de la Constitución, que establece que toda la
riqueza del país, en sus distintas formas y cualquiera que sea su titularidad, está subordinada al interés general a través de su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y por su aportación al desarrollo
social y económico. De este modo, el recurso presentado no se fundamenta en el concreto estado de conservación del lobo en España ni es una toma de postura respecto a esa concreta cuestión o respecto a las razones científicas que aconsejan o no que
la especie cuente con una mayor o menor protección. Ambas cuestiones han de dirimirse de acuerdo con la información, los criterios y los cauces establecidos para ello -porque hay unos cauces para establecer eso-, que es la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas. Por tanto,
es así porque no es función del Defensor del Pueblo pronunciarse a favor o en contra de los estudios y análisis de carácter eminentemente técnico y científico especializado en los que se basan las decisiones administrativas, como son los estudios
sobre el estado de conservación de las especies silvestres, sus resultados o los criterios en los que se basan.


Por este motivo, y dado que esta institución no cuenta con medios periciales en el curso de sus actuaciones, el Defensor del Pueblo se atiene a los informes técnicos. Nosotros supervisamos a la Administración, no los informes técnicos,
informes que elabora la Administración; informes a los que los tribunales reconocen reiteradamente una presunción de veracidad y certeza respecto de los hechos recogidos en ellos, dada la competencia técnica, especialidad e imparcialidad de sus
funcionarios y la responsabilidad que asume la autoridad informante. Así pues, no ha sido el estado concreto de conservación del lobo lo que ha motivado la presentación del recurso de inconstitucionalidad, sino las razones jurídicas antes
resumidas, relativas a la conformidad con la Constitución de los tres preceptos de la ley que se impugnan. En todo caso, en estos momentos, la decisión respecto a la constitucionalidad de los preceptos referidos de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de
Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, no corresponde al Defensor del Pueblo, sino al Tribunal Constitucional. Por otro lado, los estudios y conclusiones relativos al estado de conservación del lobo corresponden a las autoridades
estatales y autonómicas competentes, de acuerdo con la información técnica y científica recabada y el principio de precaución.


En este sentido, y únicamente por contextualizar, baste con referir que el 27 de junio de 2025 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo público el censo nacional del lobo 2021-2024, al que, por las razones
expuestas, habrá de atenerse en sus actuaciones el Defensor del Pueblo. En la comunicación hecha pública, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma lo siguiente: las Administraciones competentes en la gestión del lobo
-las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- han dado por concluido el segundo censo nacional coordinado del lobo en España entre el Ministerio y las Administraciones. La cifra total es de 333
manadas en toda España, lo que supone un incremento del 12 % respecto al censo anterior, 2012-2014, en el que se registraron 297 manadas. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria albergan la mayor parte de la población nacional del lobo,
mientras que País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura forman los territorios en expansión y presentan un número muy reducido de manadas. El aumento poblacional y del área de distribución se considera moderado y se observa
especialmente en el límite del área de distribución oriental y meridional de la especie. Los científicos consideran que para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo deben alcanzarse las 500 manadas. Sin embargo, algunas
comunidades autónomas, como Galicia, Asturias, Castilla, León, Cantabria y La Rioja, sostienen que el Estado de conservación es favorable en rango, población, hábitat y perspectivas futuras, y cuestionan la metodología empleada por el ministerio.
Al respecto -ya digo que no entro en esto, como ven ahí hay posiciones diferentes-, no mucho tiempo

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después de la publicación del censo nacional del lobo 2021-2024, se hizo pública una carta abierta de la comunidad científica en apoyo a la clasificación del lobo ibérico como especie en estado de conservación desfavorable, y los cien
científicos firmantes nos enviaron el escrito al Defensor del Pueblo. En ella respaldan el criterio de establecer 500 manadas como umbral mínimo para garantizar la viabilidad a largo plazo de la especie, así como que se tenga en cuenta la totalidad
de la población de lobos de la Península Ibérica. La cifra de 500 manadas se basa en un reciente informe solicitado por la Comisión Europea a la Iniciativa de Grandes Carnívoros para Europa de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, considerándolo el mejor método disponible para valorar el estado de conservación de grandes carnívoros en Europa.


En conexión con este esencial debate sobre el que no me corresponde pronunciarme más allá de lo ya dicho, sobre la ciencia como base de seguimiento de la población de lobos y la evaluación del efecto de las medidas de gestión, de acuerdo con
una metodología aceptable científica e internacionalmente, y sin olvidar el principio de precaución, hay otro aspecto de enorme trascendencia para el éxito de las medidas dirigidas a la conservación del lobo respecto a la que el Defensor del Pueblo
sí puede pronunciarse y considera necesario hacerlo hoy. La necesidad de que, correlativamente a su protección reforzada -tal y como se determina en la normativa-, las Administraciones públicas hagan efectivo un sistema justo y eficiente de medidas
de compensación de los daños causados por los ataques de los lobos al ganado y de ayudas eficaces y suficientes destinadas a la adopción de medidas preventivas frente a dichos ataques. En este sentido, el Defensor del Pueblo considera que el
conflicto que produce hoy en día la conservación de una especie tan relevante en términos ambientales como el lobo podría evitarse si la ganadería extensiva, tan importante también para la conservación de la naturaleza, contara con un apoyo real y
una estrategia que diera solución al conjunto de los problemas y desafíos que enfrenta, y que no son solo los daños que provocan los lobos, sino otros posiblemente mayores y más difíciles, como la despoblación y el exceso de burocracia o, más
concretamente, una mal entendida burocracia que contraponemos a una Administración pública eficiente y solvente que esta institución defiende incansablemente desde sus inicios.


Dentro de este apoyo, que debe ser real e integral, y por lo que se refiere a los daños causados por los lobos, los ganaderos deben contar con compensaciones justas y rápidas. Las cantidades deben llegar a los afectados de manera ágil, sin
incurrir en los plazos de hoy en día, que no son admisibles, y cubrir todos los daños que les provoque el lobo, es decir, cubrir la suma de los gastos generados por los ataques y no solo el mero valor del animal muerto o herido. Podría pensarse
también en mejoras como primas para desarrollar la actividad en zonas con presencia de lobos, el pago del lucro cesante o los costes añadidos, como por ejemplo los gastos veterinarios, la disminución del rendimiento de los animales debido al ataque
o el coste laboral de buscar o atender a los animales muertos o heridos. Habría además que regular debidamente la valoración económica de los animales, los baremos y la complejidad o eficiencia del proceso de verificación de los ataques. Debe
tenerse presente que, tras la inclusión de todas las poblaciones del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y la aprobación de la Estrategia para la Gestión y Conservación del Lobo y su Convivencia con
las Actividades del Medio Rural, en 2022, se estableció un fondo de 20 millones de euros anuales para la aplicación de medidas preventivas como mastines, pastores y cercados -10 millones-, y el pago de compensaciones por daños a la ganadería -10
millones-. Estos 20 millones se transfieren desde el Ministerio de Transición Ecológica a las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y son sin duda una apuesta presupuestaria de una dimensión considerable que
no contaba con precedentes y que busca la coexistencia entre la especie y el sector ganadero.


Termino. Esta institución considera esencial que se asegure y mejore la eficiencia, la agilidad y la transparencia en la aplicación de estos fondos pues se trata de una inversión fundamental para que pueda funcionar un modelo de gestión que
priorice la prevención e indemnización de los daños sobre la eliminación de ejemplares del lobo, modelo que esta institución cree posible poner en marcha de forma eficaz y beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Porque no puede olvidarse, el
lobo es una de las mayores señas de identidad de la naturaleza ibérica. Se trata de uno de los pocos grandes depredadores que existen en los ecosistemas de la Península Ibérica, en los que desempeña un papel ecológico clave para regularlos al
situarse en lo alto de la pirámide trófica, preservando su salud y equilibrio. Como depredador, cumple su función -insustituible- reguladora del equilibrio natural al controlar las poblaciones de sus presas, evitando la sobrepoblación de herbívoros
y salvaguardando el equilibrio y la existencia de la cubierta vegetal. Y de la salud de los ecosistemas depende, al fin y al cabo, la existencia

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de la vida en la tierra, también la de los seres humanos y la de los animales domesticados, que constituyen la cabaña ganadera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


A continuación, procedemos a los turnos de intervención de los diferentes grupos parlamentarios.


¿Por el por el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación). Me dice el señor López que no.


¿Por el Grupo de Esquerra Republicana? (Denegación). Tampoco.


¿Por el Grupo Parlamentario SUMAR? (Denegación). Tampoco.


¿Por el Grupo Parlamentario VOX? (Denegación). Tampoco.


¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Asentimiento). Sí.


Tiene la palabra el señor Sancho.


El señor SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo, y buenas tardes también a sus adjuntas y a todo su equipo. Bienvenidos al Parlamento para dar cuenta de sus actuaciones en relación con diferentes temas y sensibilidades.


En este segundo punto, el defensor del pueblo, tal y como ya se ha dicho, comparece para informar sobre los motivos que le han llevado a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional octava, la disposición
transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que atañen a la modificación del régimen de protección del lobo en nuestro país. En suma, que el
Tribunal Constitucional examine la constitucionalidad de dichas disposiciones. El señor defensor -así lo ha confirmado usted- no está diciendo que esté a favor o en contra del lobo. Cuando se interpone un recurso es porque técnicamente no encaja
en los parámetros de la constitucionalidad, que es lo que pasa con las enmiendas a la ley del desperdicio alimentario, que rebajan la protección del lobo. Entre otras cosas, van contra un medio ambiente adecuado que garantice la calidad de vida y,
lo que es muy importante, el equilibrio del ecosistema, en el que el lobo es imprescindible.


Debe quedar claro de antemano que esta solicitud de comparecencia está hecha por el Grupo Popular y no porque de repente le entre una gran preocupación por dicha especie y por toda la problemática que la rodea, sino que la única motivación
que mueve al PP en este tema, como en la mayoría, es sacar rédito electoral, y les voy a explicar por qué.


Señorías, créanme que siempre intento ver la parte positiva de sus propuestas políticas, pero no la percibo de ninguna manera. Que en la ley de pérdidas y desperdicio alimentario introduzcan en el Senado la enmienda del lobo me parece
deleznable. Me pregunto: ¿qué tiene que ver el lobo con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y la problemática que le rodea, que ustedes no quieren solucionar? Créanme, solo pretenden embarrar y enfrentar al sector
primario. ¿Qué mensaje político quieren trasladar a la ciudadanía de su trabajo en las instituciones? El Senado, lamentablemente, es un claro ejemplo de ello con esta enmienda y otras, a las que siguió un espectáculo detestable en la comparecencia
de nuestro presidente, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Si realmente tuvieran un mínimo de decoro, de educación y de dignidad política, creo que se avergonzarían.


Señorías, permítanme que les comente como ganadero -es una parte de mi formación, de la que me siento orgulloso- que la convivencia de la ganadería, de los ganaderos y del lobo es imprescindible. Yo tuve la oportunidad, por mi condición de
ganadero, de pastor, de asistir al Congreso Mundial de Pastores Artzain Mundua, en Arantzazu, en dos ocasiones. Tuve la posibilidad -no se me olvidará nunca- de oír hablar a un pastor de León -no sé cuál será su situación actualmente, puede ser que
sea centenario- y de escuchar cómo nos trasladaba qué era el lobo ibérico y lo quiero compartir con ustedes, porque esta es una parte de mi universidad. Ese pastor nos decía que el lobo ibérico actúa de una forma muy singular: va a la cola de los
ganados. Recuerdo que eso también lo decían mis antepasados en mi territorio, porque en el 1800 y pico o en el 1900 había lobos en Mezquita. Iban a la cola del ganado y hacían una función: acudían a las ovejas que estaban tacadas. Esta es una
palabra de mi territorio. Tacadas es que estaban tocadas de pulmón, que eran las más débiles, y siempre iban a la cola. Pero jamás la actitud de un lobo ibérico era entrar en una paridera, es decir, saltar la pared de una paridera. Y las ovejas
siempre se protegían con el mismo instrumento, con los mastines, que hacían su actuación.


Quiero también trasladarles que, por suerte, un servidor tuvo la posibilidad de ser diputado y participar en este congreso. Tuve la ocasión de reunirme con pastores y alcaldes en Puente Almuhey y con

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representantes de ayuntamientos del Parque Regional de Montaña de Riaño y de Mampodre y también de los Picos de Europa en León y se llegó a una conclusión. ¿Debemos proteger a la ganadería? Sí. ¿A los ganaderos? Sí. ¿Al lobo? También.
Con un plan. ¿Cuál? De gestión del lobo. Debemos escuchar a los ganaderos y facilitarles y agilizarles las cosas: los pagos y el servicio para que la gestión de su ganadería sea más fácil y no se les interponga nada. Señorías, el mayor problema
que tenían esos ganaderos, y hablo de diferentes concejales y de diferentes alcaldes de esos territorios, no era el lobo, sino el desgobierno. Era la persecución por sus reclamaciones y la desprotección que tenían por parte de la consejería del
Gobierno del presidente Mañueco en Castilla y León. El debate en ese pueblo, en el que uno estuvo presente, es lo que les estoy trasladando: esa desprotección por los no pagos, esa persecución a los que reclamaban y ese seguimiento total para
hacerles desistir. Esa era la realidad y, como tal realidad, se la tengo que trasladar.


El PP, que está muy preocupado por dicha especie, el lobo, en las comunidades donde gobierna no tiene aprobado un solo plan para la gestión del lobo. (El señor De las Cuevas Cortés: ¡Mentira!). No me diga lo contrario. Podemos comparar
la gestión del lobo en una comunidad gobernada por el Partido Socialista frente al desgobierno que hay en las comunidades gobernadas por ustedes. Señorías, ustedes solo buscan el enfrentamiento y sacar rédito político, pero son incompetentes en su
gestión y a los ejemplos me remito. Galicia no tiene un plan aprobado ni operativo, las actuaciones están paralizadas por falta de respaldo legal y por recursos pendientes. Castilla y León, tras la judicialización del asunto, no ha reactivado un
nuevo plan de control y no está realizando extracciones; la gestión se encuentra bloqueada. En Cantabria, con un plan de gestión operativo, aunque sujeto al seguimiento judicial, su ejecución ha sufrido retrasos y recursos, lo que evidencia más
inseguridad jurídica, al contrario que el modelo asturiano. Qué casualidad que hoy en día solo Asturias dispone de un plan de gestión del lobo en vigor, operativo y jurídicamente contrastado. Solo Asturias ha logrado combinar seguridad jurídica,
control técnico, compensaciones y transparencia en un marco político estable y reconocido. Y lo ha logrado combinando una serie de preceptos desconocidos, señorías, para el Partido Popular: el control, la prevención, la transparencia y la
seguridad jurídica. Control selectivo y regulado en el marco de un programa y bajo la supervisión técnica. Prevención, una palabra que sonará extraña al PP. Se le digo yo, que escuché al consejero de Medio Ambiente del señor Mañueco, en Castilla
y León, decir que invertir en prevención de incendios es un gasto. Pues no, no es un gasto en ningún ámbito (aplausos), ni en incendios ni en el lobo ni en nada; la gestión es prevenir. Transparencia: balance público y verificable del plan con
datos auditados. Seguridad jurídica total: actuaciones respaldadas por resoluciones firmes, informes técnicos y cobertura legal. Todas las actuaciones se realizan siguiendo la acción que marca el propio plan, que establece con claridad qué fases
deben cumplirse antes de pasar a las siguientes. No se trata, por tanto, de actuar a la torera ni de improvisar, sino de cumplir el procedimiento reglado, técnico y garantista; un plan de ejecución, medidas presupuestarias y un sistema de control
sujeto a la ley, es decir, gestionar, otra palabra desconocida para ustedes. Y el PSOE, en las cuatro comunidades de mayor posición del lobo, tiene la misma posición esté en el Gobierno o en la oposición. Porque, frente a ustedes, los socialistas
defendemos un modelo de gestión que garantice la convivencia entre la fauna silvestre y la ganadería extensiva, que les hemos invadido su territorio, con una gestión responsable. Y ustedes son incapaces de establecer los instrumentos necesarios
para una gestión responsable. Cuando ustedes, en Galicia, en Cantabria o en Castilla y León sean capaces de poner en marcha la política que Asturias ha puesto en marcha sobre la gestión del lobo, hablen, porque la gestión del lobo, como la de los
incendios, no se improvisa ni se planifica.


En definitiva, debemos proteger a los seres vivos y a los ganaderos, ayudándoles, facilitando la convivencia y la supervivencia de sus explotaciones. Debemos proteger las plantas. Esto garantiza la biodiversidad. La biodiversidad es vida.
Ustedes votan en Europa contra todo esto. Para mí, eso es una ofensa política. Nosotros, lo digo con orgullo, somos un partido que realmente defiende lo que le interesa a la gente. Defendemos la política como la mejor herramienta para mejorar la
equidad en este mundo que nos toca vivir. Y defendemos la vida, repito, de todos los seres vivos. Mientras tanto, tomen nota, señorías. Dejen de enfrentar a la sociedad, pónganse a trabajar y respeten al sector primario para no enfrentarnos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sancho.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De las Cuevas.

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El señor DE LAS CUEVAS CORTÉS: Gracias, presidente.


Gracias, señor defensor del pueblo, por su comparecencia en esta comisión, agradecimiento que hago extensible a las defensoras adjuntas, así como a su equipo, que nos acompaña hoy.


Buenas tardes, señorías. Comparezco en esta Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo para expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la profunda preocupación y rechazo ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
contra la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.


Este recurso, a nuestro entender, carece de fundamento jurídico sólido, y luego lo voy a explicar. Ignora cuatro principios básicos: la regulación nacional; la directiva de la Unión Europea, que en sus recientes decisiones ha rebajado el
estatus de protección del lobo de estrictamente protegido a protegido; la situación real del lobo en España, que el Gobierno central se niega a reconocer, y esa es la clave del asunto; y, desde luego -venía preocupado y yo creo que me voy a ir muy
preocupado-, ignora la voz de miles de ganaderos que sufren los ataques del lobo, un problema que amenaza la supervivencia económica, social y del mundo rural. Señor defensor del pueblo, con todos mis respetos, ha nombrado una vez a los ganaderos;
una vez, y es para decir que tienen a favor las subvenciones. De verdad, no lo puedo entender.


Miren ustedes, la realidad que se ignora es justo el drama de los ganaderos desde 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió unilateralmente incluir al lobo en el LESPRE, sin consenso técnico, sin consenso territorial, ignorando a las
comunidades autónomas y al sector. Los ganaderos españoles, pero especialmente los situados geográficamente al norte del Duero viven una situación límite. Señor portavoz del Grupo Socialista, solamente en Castilla y León los ataques de lobo han
crecido el 47 % desde 2021, alcanzando casi los cuatro mil episodios y más de 5900 cabezas muertas de ganado, siendo Ávila, Zamora y Segovia la concentración de las mayores pérdidas. Pues bien, déjenme hablar -el señor portavoz del Grupo Socialista
me lo ha puesto muy fácil hoy- de un modelo de gestión, el de Cantabria. Cantabria representa ahora mismo el mejor ejemplo de equilibrio. Entre 2019 y 2024, los ataques del lobo pasaron de 1 048 a 2 681, es decir, aumentaron el 155 %, generando
3383 bajas de ganado en 2024, más del doble de los animales muertos en 2018. Ante ello, el Gobierno regional de Cantabria está aplicando, una vez aprobada esta ley que el Defensor del Pueblo ha recurrido, un plan de gestión, con un cupo de
extracción de cuarenta y un animales, equivalente al 20 % de la población estimada. A fecha de hoy, treinta lobos han sido abatidos de forma controlada, lo que permite ese plan de gestión técnico, logrando una clara reducción: más de mil reses
menos muertas respecto al año anterior. Y viendo ese exitoso plan, hoy mismo, señor Sancho, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha avalado las extracciones aprobadas por el Gobierno regional. Hoy mismo, esta mañana; ha venido usted
con los deberes mal hechos. Ha avalado las extracciones aprobadas por el Gobierno de Cantabria y ha destacado que las extracciones del lobo aprobadas por el Gobierno regional para la temporada 2024 se pueden hacer, y las medidas solicitadas por el
Partido Animalista se han rechazado. Ya le digo, ha sido esta mañana, hoy mismo.


Los lobos en Cantabria están presentes en más del 80 % del territorio, matando incluso muy cerca de la costa, lugares a los que nunca debieron haber llegado porque ese no es su hábitat natural. Esto ha ocurrido esta misma mañana. (Muestra
una fotografía). Esto es lo que está ocurriendo. Esto no es una oveja; no, no, esto es un potro, y ha ocurrido esta mañana en Cabuérniga. Esto es lo que está pasando, esto es lo que ha pasado esta mañana. Como digo, ha sido en Renedo de
Cabuérniga. Y el modelo que ha implantado el Gobierno regional es la convivencia real, la gestión técnica, sobre datos rigurosos, no sesgados, con respecto al territorio y al autogobierno. Los ganaderos no se merecen más imposiciones desde los
despachos alejados del campo. La falta de escucha es el déficit democrático. Es verdad, señor defensor, que su institución ha recibido 278 solicitudes para recurrir esta ley, pero ¿cuántas veces ha escuchado usted directamente a los ganaderos?
¿Cuántas veces ha ido a Cantabria, por ejemplo, o a Asturias, a Galicia o a Castilla y León? El verdadero déficit democrático yo creo que no está en la ley, sino en la falta de escucha. Entre el lobo y el ganadero, nosotros nos quedamos con el
ganadero, porque, como esto siga así, la ganadería y los ganaderos van a ser la especie en extinción, no el lobo. La Ley 1/2025 fue fruto de un proceso parlamentario transparente, apoyado por las fuerzas políticas con arraigo en los territorios
rurales. Es, por tanto, una norma legítima y necesaria que el Gobierno está queriendo boicotear incumpliendo la misma. Señor defensor del pueblo, de verdad, con todo respeto, no vemos la inconstitucionalidad de esta norma. De verdad, no la vemos.


En el mundo rural -y este es un problema existencial-, el debate no se trata solo del lobo, sino del futuro del mundo rural y de la ganadería extensiva, que es el pilar de la cohesión territorial y de la lucha

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contra la despoblación. Provincias como Ourense, Zamora o León perderán más del 30 % de la población rural para 2040. Más de cuatro mil municipios en la actualidad sufren despoblación severa y casi dos mil corren el riesgo de extinción.
El 84 % de las razas autóctonas de nuestro país están en peligro. Y sin ganadería extensiva, España pierde biodiversidad, pierde paisaje, pierde cultura. Los ganaderos son los verdaderos guardianes históricos de nuestro territorio y usted lo
debería saber, señor Sancho. Lo que nosotros hemos visto aquí es una doble vara de medir, porque resulta incomprensible que se recurra esta ley invocando al artículo 14 de la Constitución mientras su institución no actuó ante la ley de amnistía del
año 2024. ¿Por qué no hubo recurso entonces? ¿Por qué sí contra una ley que protege al lobo y a los ganaderos y dota de herramientas profesionales de gestión sostenible a las comunidades? Esta contradicción, a nuestro juicio, es un sesgo no
aceptable. La defensa de la igualdad ante la ley debe ser coherente para todos y en todos los casos.


Yo le hablaba antes de la debilidad de los fundamentos jurídicos. Primero, la gestión regulada por el lobo no vulnera el artículo 45, sobre el medio ambiente; al contrario, contribuye al equilibrio. Sigue los informes, aprobados por la
conferencia, de los técnicos de medio ambiente sobre datos reales, que ese es el problema. La Unión Europea reconoció en 2024 la necesidad de una gestión menos receptiva al modificar el estatus del lobo en el Convenio de Berna. España, en su censo
nacional, muestra un aumento del 26 % en solamente diez años. Segundo, yo no creo que haya una vulneración de la tutela judicial efectiva, pues esta ley sigue los cauces parlamentarios establecidos, aunque a alguno le pese. Además, varias
comunidades autónomas se han personado en contra del recurso, en defensa de su competencia constitucional, que ha interpuesto, señor defensor. Y tercero, utilizar el procedimiento legislativo, utilizar una ley de las Cortes Generales y no una orden
ministerial refuerza la legitimidad democrática. En 2021, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez fue una decisión ministerial, unilateral, que impuso la protección del lobo sin diálogo ni consenso. Esto nos ha llevado a unas consecuencias
letales para el sector ganadero y para el mundo rural.


La posición del Partido Popular y, por lo tanto, de este grupo parlamentario, representados en esta comisión, es defender una gestión técnica del lobo que garantice la convivencia real con la ganadería extensiva. Nosotros no queremos
cargarnos al lobo. No, no, queremos una convivencia real. Exigimos que se aplique la normativa nacional y la europea, que permite esa rebaja de protección. Pedimos e imploramos, si hace falta, que se escuche a los ganaderos, que son los
verdaderos conocedores del territorio, y que se proteja el medio rural. Reclamamos transferir toda la gestión de la especie a las comunidades autónomas: máxima autonomía a las comunidades autónomas en esta materia. Y reivindicamos la defensa del
mundo rural en su conjunto como una cuestión de Estado.


Para concluir, señor defensor del pueblo, en el Partido Popular le pedimos que retire este recurso y que escuche -creo que no lo va a hacer por cómo se ha expresado en su intervención- a quienes sufren sobre el territorio, que lo gestionan
responsablemente, a quienes tienen la responsabilidad de las comunidades autónomas. Los ganaderos no piden privilegios, no piden respeto, piden condiciones dignas para seguir trabajando. La Ley 1/2025 es una ley justa, equilibrada y
constitucional, fruto del diálogo y del sentido común. No se puede construir un futuro sostenible ignorando a quienes lo hacen posible. No se puede hablar de medioambiente sin reconocer que los mejores a la hora de conservar el medioambiente son
los que viven de la tierra, los que viven de su forma de ser, que son los ganaderos y los agricultores. Defienda la legalidad. Su obligación es también escuchar a los ganaderos, señor defensor. Defienda al pueblo, que ese es su cargo, defensor
del pueblo. Defienda a quienes mantienen vivo el corazón rural de España. Y esa es la razón de pedirle nuevamente la retirada de este inoportuno recurso ante el Tribunal Constitucional. Señor defensor, por favor, no dé la espalda a los ganaderos
y retire este recurso de inconstitucionalidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Cuevas.


A continuación, tiene la palabra el señor defensor del pueblo, el señor Gabilondo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchas gracias de nuevo.


Bueno, yo no he escuchado a todos los ganaderos, esa es la verdad; solo he escuchado a algunas asociaciones de ganaderos. Me parece que también tiene interés, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir que el 10 de octubre, a las diez y media de la
mañana -no coincidimos los dos, porque usted estaba en otra cosa y yo en esta-, el secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores vino a hablar conmigo y me pareció una persona -venía también acompañado de otras personas-
extraordinaria, con

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importantes argumentos. Expuso la dificultad de los ganaderos, pero no quiso patrimonializar a todos los ganaderos, no habló diciendo: Los ganaderos c'est moi; y tampoco se trata de pensar que todos los ganaderos son patrimonializados por
algún sector social o algún partido político. Pertenecen a nadie, pertenecen a ellos, pero forman parte de nuestro país y, desde luego, merecen todo nuestro respeto absoluto. Ahora, si se busca, que sé que no lo busca usted, pero si se busca algo
así como enfrentar la decisión del Defensor del Pueblo a los ganaderos, me parece que este no sería el estilo al menos de las personas con las que yo hablé. Ellos expusieron las dificultades de la explotación extensiva, las dificultades para cuidar
y proteger sus ganaderías ante las incursiones del lobo ibérico, y se mostraron también amigos de la naturaleza. Denuncian, sobre todo, el alejamiento de lo urbano y lo rural. Ese alejamiento no era tanto el alejamiento del Gobierno respecto de
nosotros, sino el alejamiento de una forma de concebir el mundo y la vida frente al modo de concebirlo ellos. Y ahora, si empezamos desde lo urbano a dar lecciones de empatía con los ganaderos, pues es muy interesante, pero ellos la percepción que
tienen es que es más bien la ruralidad lo que hay que preservar, lo que hay que armonizar y lo que hay que proteger; no solo al lobo, sino también su labor. Son muy conocedores de las zonas vaciadas del territorio, de lo difícil que es asentar
población y consolidar las explotaciones ganaderas. Le aseguro que hablan de estas cosas, no solo del lobo.


Explicó la densidad de las manadas del norte del Duero. Lo que no compartían ellos eran los cálculos que se hacen sobre la población de lobos en la península por parte de la Administración. Yo no puedo decir otra cosa que lo que decía el
escrito que recibimos de cien científicos, que hablaba de esa población y de que tenía que haber unas quinientas manadas. Ahora, si a mí me piden que tome posición sobre el número de manadas, yo lo único que les puedo decir es que los científicos
con los que he hablado hablan de quinientas manadas y lo que aparece en los datos que tenemos es que hay ahora 333. Si hay otros datos, bien; mejor será que haya los que tenga que haber.


Hay compensaciones, pero llegan tarde y mal. ¿Usted dice que he hablado de esto? Pues le quiero decir una cosa: de esto hablaron ellos, y mucho. Esto les importaba mucho, porque parece que es una cosa que me importa a mí y que a ellos lo
que les importa es otra cosa. No, esto les importa mucho. Tampoco comparten los baremos de valoración cuando padecen ataques. Yo, al hablar de los baremos, he añadido muchos elementos que no siempre se tienen en cuenta a la hora de hacerlos. Y
luego denunciaron otra cosa, que había mucha variación entre unas consejerías y otras, según fueran las comunidades autónomas. Usted ha hablado fundamentalmente de Cantabria, y yo no tengo nada que objetar ni nada que oponer ni nada que criticar a
lo que una comunidad está haciendo. Nos ha enseñado una fotografía que nos confirma que, efectivamente, los lobos matan a animales. Lo sabíamos de antes, también le quiero decir. En todo caso, lo que quiero señalar es que estamos ya todos muy
concienciados del daño que puede suponer esto, pero también estamos muy concienciados de que incluso cuando se quiere, por alguna razón, hacer algo que vaya en la dirección que usted ha señalado, si se quiere hacer con rango de ley hay que
hacerlo... No voy a criticar a los legisladores, porque yo sé que es muy difícil legislar, lo sé. Y sé, además, que se legisla y que luego vienen las enmiendas, y estas, se quiera o no, a veces llevan a decir: es que falta en el legislador una
coherencia absoluta, no saben legislar... Pero es que también son resultados de transacciones, donde entran unas enmiendas que logran que haya una disposición que modifica... Yo comprendo todo eso, y a veces nos pasa que en el resultado final se
resiente un poco toda la legislación. Nosotros lo hemos visto, pero no porque tengamos ningún afán de que esto se ponga perdido de lobos ni nada por el estilo, sino porque nos ha importado jurídicamente, que es lo que se nos pide. Si jurídica y
constitucionalmente vemos algo, en este caso yo creo que puedo decir que, desde nuestro punto de vista, no se ha acertado a la hora de buscar esos fines que usted tan noblemente señalaba, con el texto concreto y por el camino concreto con que se ha
querido lograr ese fin.


Nosotros no decimos que es inconstitucional; decimos que a nosotros nos parece que hay visos, trazos que indican que se han olvidado esos asuntos. Si resulta que el Tribunal Constitucional, al analizar lo que hemos señalado, dice otra
cosa, nosotros respetaremos absolutamente lo que diga -¡solo faltaba!-, y ustedes también. Por tanto, no acabamos de decidir que es constitucional o no; hemos decidido que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esto, cosa que, por cierto,
puede tener bastante interés, porque, además de esas reuniones o aproximaciones, también vienen otras personas a vernos. Por ejemplo, vino a visitarnos el Fondo Mundial para la Naturaleza, fundado en 1961, la WWF, que no es cualquier cosa.
Reconocen que el lobo es un problema para los ganaderos y declaran de interés para el país generar coexistencia y convivencia. Localizan los problemas de la ganadería extensiva en la competencia externa y dicen que muchas veces el problema está en
la burocracia para las ayudas. Y

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hacen una defensa de la necesidad de preservar la especie del lobo ibérico por su papel ecológico indiscutible. Ellos creen que nosotros deberíamos defender que haya ayudas preventivas y compensaciones rápidas y justas. En lo que yo he
visto que estaban totalmente de acuerdo las asociaciones ambientalistas -llámense así, aunque no es la mejor palabra- o las asociaciones de ganaderos es en que hay que ayudar a los ganaderos, y no solo con indemnizaciones, sino realmente con la
creación de toda una serie de condiciones para que puedan, efectivamente, desarrollar su labor, tan imprescindible en nuestro país. No hemos hecho esto contra los ganaderos. Supongo que no habrá que elegir entre los ganaderos y la Constitución
-usted no me lo ha dicho ni yo lo pienso así-, porque los ganaderos también son los primeros que viven la Constitución como todos nosotros. Entiendan que nuestra labor va dirigida única y exclusivamente a pedir que se adopten las medidas que haya
que tomar y que, si se han adoptado con una ley que se decide que no es constitucional, se resuelva por otra vía, si hay que resolverlo.


Quería decir al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que, efectivamente, también es un problema de gestión, de equidad por la vida y de convicción. Usted se ha puesto en un dilema difícil. Si hay que elegir entre los ganaderos y el
lobo, yo elijo a los ganaderos, pero yo creo que no hay que elegir porque no es ese el problema que se plantea, toda vez que estamos hablando de lograr espacios de coexistencia y convivencia. Nos puede conmocionar una foto de un animal que ha sido
devorado, pero también nos pueden emocionar otra serie de cosas. Yo no creo que al señor Herminio Rufino Sancho le haya faltado empatía con la situación de los ganaderos. No es que a usted no le preocupen los ganaderos y que a estos señores sí les
preocupen los ganaderos. Creo que a los dos les preocupan los ganaderos, solo que tienen visiones distintas del tipo de preocupación que tienen. El Tribunal Constitucional nos dirá si encuentra o no que este asunto merece la pena ser asumido.
Desde luego, asumido está desde el momento que ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional, lo cual quiere decir que lo van a estudiar. Entenderá que ahora yo no vaya a decirle que tuvimos ayer una reunión y que lo retiramos. Si ya está en
manos del Tribunal Constitucional, haga lo que honestamente crea que es mejor hacer.


Por ahora he terminado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


¿Alguno de los grupos presentes que no haya intervenido con anterioridad quiere intervenir? (Pausa). Pues pasamos al turno de réplica.


Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sancho.


El señor SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero decir que los ganaderos deben cobrar de forma rápida y ágil porque tienen que cubrir los gastos de los daños que les ocasionan y todos los gastos no palpables de lo que supone toda esa prevención.


Quiero trasladarle varias cosas al señor del Grupo Popular. Para mí los ganaderos son más que una prioridad. Los he defendido, los defiendo y los defenderé siempre. No tengan ninguna duda de que lo que tenemos que hacer -lo digo aquí para
que vean que sabemos de lo que hablamos- es defender la ganadería extensiva, poniendo en valor lo que producen, pero sobre todo poniendo en valor su labor en el medio, lo que previenen, y vale ya de decirlo, porque lo que tenemos que hacer es
hacerlo. Eso es fundamental, pero en ese juego está la convivencia para tener una biodiversidad lógica y una biodiversidad normal. No voy a entrar en más debates, solo diré que me alegro de que, si realmente Cantabria ya por fin -por fin- pone en
marcha un plan de gestión, se vaya a ayudar a los ganaderos por esos daños.


A título de coletilla, diré algo que también se me dijo en Artzain Munda: El lobo ibérico, por lo menos el de antes, mataba lo que necesitaba para comer. Cuando veo muchos animales muertos, tengo serias dudas de que sea el lobo ibérico o
sean perros asilvestrados. El tiempo nos dará o quitará la razón, pero los antepasados decían que el lobo ibérico únicamente mataba para comer. Así que me impresiona ese potro, como me impresionó cuando yo tuve un ataque de perros salvajes y vi en
mi explotación cuarenta y tres ovejas reventadas con dos corderos en su tripa, y eran perros asilvestrados -luego los cogieron-, no fue un lobo. Quiero decir que, sobre todo, estoy a favor de los ganaderos, pero también a favor del lobo y a favor
de un medio ambiente y un ecosistema. Vamos a agilizar los pagos y la protección y pongamos en valor la ganadería extensiva.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor De las Cuevas tiene la palabra.

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El señor DE LAS CUEVAS CORTÉS: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente. Señor Sancho, no es que empiece ahora el plan de gestión en Cantabria, es que empezó a los pocos días de aprobarse esta ley, y ya le digo que hay un cupo de cuarenta y un animales que técnicamente había que abatir y
que ya se han abatido treinta y uno.


Nosotros seguimos diciendo lo mismo, y por supuesto, defensor del pueblo, será el Tribunal Constitucional el que decida, el que determine, faltaría más. A nosotros nos preocupan mucho los ganaderos y nos preocupa mucho el mundo rural, creo
que también a gran parte de la sociedad, por lo menos a la sociedad cántabra. En el 80 % del territorio de Cantabria hay lobos, y le puedo decir el número. Los ataques del lobo en Cantabria han aumentado un 155 %. Como esta foto de hoy habrá más
mañana; es que son miles y miles, no un día concreto; tengo otra, pero no quiero enseñar más porque es desagradable.


Yo digo lo mismo. Esto no va de recibir subvenciones por la caída de animales debida a los ataques del lobo, no nos tenemos que engañar. El ganadero lo que quiere es que su rebaño no sea atacado por el lobo, vivir tranquilo cuando se va a
la cama, sin pensar qué se va a encontrar por la mañana cuando suba a la montaña a ver su ganado. Yo les invito allí a cualquiera de ustedes, y a usted, señor defensor del pueblo. Aquí está con nosotros un compañero de Cantabria que es senador y
alcalde de Vega de Pas. Él nos puede indicar qué es lo que vive todos los días en su pueblo, en Vega de Pas. Pero no solamente pasa en Vega de Pas, es que los lobos en Cantabria han llegado a pueblos que están al lado del mar. Es que el hábitat
ha cambiado por una sobreprotección al lobo antes de esta ley. La convivencia es lo que nosotros queremos, el sistema que ya había antes de que el lobo entrara, y eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular en Cantabria, lo ha hecho el Partido
Socialista con el PRC, lo hemos hecho sin lugar a dudas. Eso es lo que queremos. Nosotros no nos queremos cargar al lobo. Ahora bien, también le digo que, entre el lobo y el ganadero, claro que me quedo con el ganadero. Hace falta el lobo, pero
el lobo tiene que estar regulado. Es lo que ha dicho la Unión Europea. Hay que proteger al lobo, no sobreprotegerlo, porque, si no, terminará el ganadero en Cantabria y en todas las comunidades autónomas al norte del Duero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Cuevas.


A continuación, tiene la palabra el señor defensor, don Ángel Gabilondo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Un minuto. Muchísimas gracias.


Yo quiero decir que es muy respetable que el diputado no comparta los fundamentos jurídicos, queda absolutamente respetado, pero la legitimación de recurrir nos corresponde o, si quieren, la obligación de recurrir cuando creemos que está
legitimado hacerlo, y así lo hemos hecho. El recurso creemos que está fundado y explicado, y esto lo pueden ver todos ustedes. El Tribunal Constitucional, como usted muy bien ha dicho, resolverá y, además, en mi opinión es probable que no resuelva
centrándose en muchas de las cosas que aquí hemos hablado, que son muy importantes, sino en si jurídicamente el asunto está bien basado y está resuelto en relación con la Constitución. Lo digo para que no nos defraudemos todos el día en que veamos
que la resolución no habla de estos asuntos tan importantes, sin duda imprescindibles, de los que hemos tenido hoy la ocasión de hablar.


Muchas gracias por su intervención, y yo no sé si eran galgos o eran podencos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


- PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000684 y número de expediente del Senado 713/000391).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tratamos el tercer y último punto del orden del día, consistente en la comparecencia para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para
el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en los casos de violencia de género, a petición del Grupo Parlamentario Popular.


Para su exposición, tiene la palabra don Ángel Gabilondo.

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El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchísimas gracias.


Hay que reconocer que las propuestas de comparecencia tienen cada una su asunto, como tiene que ser, y se agradece.


Nosotros tenemos conocimiento de los problemas técnicos generados por los dispositivos de control telemático desde el año 2013. Las quejas por el mal funcionamiento de los aparatos se han repetido a lo largo de los años, mal funcionamiento
que ha afectado tanto a las víctimas como a los agresores. Las quejas más importantes han quedado reflejadas en los informes del Defensor del Pueblo de los años 2019, 2023 y 2024, en los que ustedes también encontrarán las recomendaciones y
sugerencias formuladas a la Administración en este asunto que han contribuido a la mejora del sistema.


El enfoque que se ha seguido a lo largo de estos años ha sido el de poner en el centro la situación y necesidades de las víctimas y afrontar los problemas de estos servicios desde una perspectiva global: se investigan no solo las conocidas
como pulseras antimaltrato o el sistema COMETA, sino todos los sistemas de asistencia telemática a las víctimas de violencia de género que ha creado el Estado para dar protección a las mujeres víctimas que cuentan con órdenes de protección,
alejamiento o prohibiciones de comunicación, ya sea como medidas cautelares o como penas, y que son varios.


En este sentido, se ha puesto el acento en cómo garantizar la actividad de las medidas de protección que acuerdan los órganos judiciales y en cómo asegurar la eficacia del sistema de protección frente a la violencia machista, que atiende a
un importante volumen de mujeres víctimas en situación de vulnerabilidad y en peligro, y que es responsabilidad del Estado. Recordemos que, según los datos del Ministerio de Igualdad, en septiembre de 2025 COMETA gestionaba 30 millones de
geoposicionamientos y alrededor de 1 700 alertas diarios y daba asistencia a 4 730 mujeres. Por su parte, ATENPRO, otro sistema dependiente del Ministerio de Igualdad, atendió desde su creación a un total de 152 887 mujeres, con más de 18 000 casos
activos en el año 2024. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2024 el número de víctimas por violencia de género ascendía a 183 908 mujeres, se acordaron 33 246 órdenes de protección y hubo 39 056 personas condenadas por violencia de
género, de ellas solo -aunque siempre que se dice 'solo' en este asunto hay que decir 'nada menos'- el 14 o 15 % estarían atendidas por COMETA; el 85 % de los casos no lo estarían.


Por tanto, las pulseras antimaltrato del sistema COMETA son solo uno de los instrumentos con los que se cuenta para garantizar el cumplimiento de las penas o las medidas cautelares en los casos de violencia contra la mujer. Existen otros
recursos públicos dependientes del Ministerio de Igualdad -como ATENPRO o el teléfono 016- que también funcionan con dispositivos telemáticos y que utilizan sistemas de telecomunicación y de geolocalización para la percepción de las víctimas. En
estos casos, se necesita la intervención de call centers atendidos por teleoperadores, que son quienes gestionan los dispositivos, reciben las llamadas de las víctimas o los avisos telemáticos y realizan las acciones concretas de protección, de
acuerdo con sus respectivos protocolos de funcionamiento, bien directamente, bien reportando la alarma a las fuerzas de seguridad. Junto a ellos, el sistema cuenta además con la protección policial que ofrece VioGén, dependiente del Ministerio del
Interior o de las comunidades autónomas, con Policía autonómica y los ayuntamientos que se han adherido al sistema.


En consecuencia, consideramos que en este ámbito también se debe hacer un abordaje integral que entienda estos dispositivos en el contexto global de un sistema de protección complejo que ofrece el Estado a las víctimas, tal como pretendía la
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y que requiere una actuación amplia y conectada de todos los factores que evite una victimización secundaria a las víctimas o la creación de alarmas
injustificadas. Así lo ha entendido también el Congreso de los Diputados en la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en febrero de 2025 -me refiero a las medidas 199, 210, 219, 225, 231, 323 y 355-,
que sigue apostando por este sistema y que pone atención en la necesidad de reforzar la red de servicios especializados de atención integral para la violencia de género en todas sus formas, la coordinación entre los distintos servicios y la
integración de los diferentes sistemas de protección. De ahí que en el Defensor del Pueblo se esté supervisando constantemente el sistema completo de garantía de cumplimiento de las medidas y penas en materia de violencia de género y cómo funciona
la protección de la víctima en peligro. Y, aunque en números absolutos no sean muchas las quejas que se han recibido sobre esta cuestión -un total de 16 quejas específicas en los últimos diez años sobre un total de unas 1500 tramitadas en materia
de violencia de género-, sí son casos muy relevantes que han tenido impacto en las mejoras que ha ido asumiendo el sistema de protección, tal y como se recoge en los informes anuales. Se puede concluir que, para el defensor del pueblo, no se ha

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producido un cuestionamiento general del sistema de protección a las víctimas, sino propuestas de mejora concretas para los incidentes -muy importantes, sin duda- que se han ido detectando en el sistema de protección telemática a lo largo
del tiempo.


Las actuaciones pueden ordenarse en tres momentos distintos: del año 2015 al 2019, del 2020 al 2023 y desde el 2023 hasta hoy. El periodo entre el 2015 y el 2019 es el de puesta en marcha del funcionamiento y expansión del uso de estos
dispositivos, que pasaron de los 153 casos iniciales en 2009 a alrededor de 1 800 casos abiertos en 2018. Las quejas que recibimos coinciden con las primeras denuncias públicas de los empleados del centro COMETA por los fallos técnicos en los
dispositivos y con el informe publicado por el sindicato UGT en 2018 por las malas condiciones laborales en el servicio que operaba el sistema de pulseras antimaltrato. Estas quejas coinciden también con la primera revisión del contrato con la
empresa telefónica y con la adjudicación del contrato de 2018 por el entonces Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, que comprometía mejoras en los aparatos y la inclusión de la tecnología 3G para evitar incidencias por falta de
cobertura.


El segundo periodo, de 2020 a 2023, coincide con la supervisión general del servicio que inicia el Ministerio de Igualdad en 2019, que concluye con la tercera convocatoria del concurso público del año 2023 y que, finalmente, produce el
cambio de la empresa adjudicataria a Vodafone. Se denuncia sobre todo la falta de cobertura de los aparatos en el mundo rural, la obsolescencia en los dispositivos y el uso indebido de las tarjetas SIM por las compañías teleoperadoras.


En el tercer periodo, de 2023 hasta hoy, se produce el grupo de quejas más abundante. Estas quejas, además de los problemas técnicos habituales, plantean otros, como la falta de coordinación entre servicios de protección o la coexistencia
de distintos sistemas de protección telemáticos que no se comunican entre sí o no cubren las necesidades de víctimas de violencia sexual o de las víctimas con discapacidad. Estas quejas coinciden en el tiempo con los incidentes generados por los
cambios de operadora y que se denuncian en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, aunque en la institución no se recibe ninguna queja relacionada con los sobreseimientos de los procesos judiciales por quebrantamiento de condenas
causadas por el mal funcionamiento del sistema hasta octubre de este año.


Ordenadas por temática, las quejas en conjunto versan sobre los siguientes asuntos. Las quejas más numerosas denuncian problemas técnicos de los dispositivos, tanto en los que porta la víctima como en los que lleva el agresor, que pueden
producirse por falta de cobertura de la telefonía móvil, por problemas de imprecisión geográfica de la geolocalización, por tener baterías deficientes, por una manipulación fácil de las pulseras o por tener los dispositivos una tecnología obsoleta.
Ello provoca constantes avisos y falsas alarmas. El centro COMETA no puede saber si el maltratador está realmente quebrantando el alejamiento y, en consecuencia, activa los protocolos de emergencia, aun cuando no hay causa suficiente para ello.
Esto es especialmente gravoso para las mujeres del mundo rural, como se detectó en la queja presentada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, del año 2023 -queja 23 570-. Su dispersión geográfica, la falta de
infraestructuras tecnológicas en el mundo rural o la dificultad para atender rápidamente sus emergencias hace difícil que sean debidamente asistidas ante una crisis real.


En el Defensor del Pueblo hemos trabajado para aclarar diferentes dudas sobre cuáles son las causas de esas falsas alarmas. ¿Por qué los dispositivos de las víctimas podían recibir spam? ¿Se estaba haciendo un uso indebido de los datos de
las víctimas? ¿Por qué el sistema, que debía facilitar información sobre las incidencias por mal funcionamiento, no emitía los informes pertinentes? Además, hemos preguntado en el entorno rural por qué COMETA modificaba la distancia establecida en
las órdenes de alejamiento por distancias menores sin autorización judicial y sin comunicarlo a la víctima, o por qué cuando la víctima se marchaba de viaje el dispositivo quedaba inutilizado.


Como consecuencia de este trabajo, el Defensor del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones y sugerencias. En este sentido, la recomendación es del 5 de diciembre de 2016, con inicio de actuaciones el 21 de mayo de 2018 -tengo los
números de los casos, pero no creo que sea procedente empezar a decírselos, aunque cada una de estas alusiones a las que me refiero están marcadas con números y con la fecha de inicio de actuaciones-. Como respuesta al Defensor del Pueblo, el
Ministerio de Igualdad informó sobre las reuniones periódicas y el seguimiento que estaba haciendo la Administración con el centro COMETA para resolver los incidentes o los requerimientos a la empresa adjudicataria para realizar un seguimiento del
servicio y mejorar la prestación. También se ha informado de la aprobación de los protocolos de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos en las distintas reformas del 2013 o del 2024 o la creación de la comisión de seguimiento
del protocolo como órgano competente

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para adoptar medidas de mejora de los sistemas. Nos consta que en otros casos - actuación de oficio del año 2018 y del año 2023- las denuncias por mal funcionamiento han sido tenidas en cuenta para redactar los pliegos de condiciones de los
nuevos contratos y han servido para que las empresas adjudicatarias asuman nuevas obligaciones y mejoras en la calidad del servicio.


La institución ha tramitado una queja presentada en abril de 2025, la 11 884, ante el Ministerio del Interior, competente en materia penitenciaria. La queja versa sobre la posible manipulación del dispositivo para que salte o emita sonidos
cuando el agresor quiere, causándole terror a la víctima, que se ha dirigido al Defensor del Pueblo. Los jueces han solicitado el cambio de pulsera y estamos pendientes de la contestación del Ministerio del Interior. En otro expediente, de junio
de este año 2025, es el agresor el que se queja, porque dice que su expareja utiliza indebidamente el dispositivo para generar falsas alarmas y causarle perjuicio en los procedimientos judiciales. Según dice en su escrito, la víctima es la que
rompe el perímetro de seguridad intencionadamente para que la pulsera lo detecte y genere incidentes de posibles quebrantamientos y que luego haya denuncia. Parecería lógico cuestionarse si estos casos pudieran constituir un ilícito distinto del
quebrantamiento.


El sistema COMETA o el servicio ATENPRO estaban inicialmente pensados para las víctimas de violencia de género amparadas por la Ley Orgánica 1/2004, es decir, para aquellas que tienen o han tenido una relación de pareja o similar con el
agresor. Sin embargo, esto excluía a otras víctimas reconocidas por el Convenio de Estambul, como a las víctimas de violencia sexual. El Defensor del Pueblo ha reclamado desde siempre la ampliación del concepto de víctima, pero desde la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la inclusión de las víctimas de violencia sexual en el sistema de protección es una obligación para el Estado. Esto es especialmente relevante cuando se trata de víctimas
en alto riesgo a cuyos agresores no se les ha impuesto la pulsera y que necesitan estar comunicadas permanentemente con el servicio de atención telefónica para su protección. En un informe que emitió la Federación Española de Municipios y
Provincias sobre una queja iniciada el año 2022, se reconoció que para dar cobertura a las víctimas de violencia sexual se necesitaban más fondos públicos y ampliar el servicio ofrecido por Cruz Roja, mejorar los terminales y adaptarlos a las
necesidades específicas de estos grupos de mujeres especialmente vulnerables, entre las que hay un número importante de mujeres extranjeras. Habría que aumentar la plantilla de teleoperadores, adquirir nuevos dispositivos, poner en marcha canales
de comunicación segura y desarrollar nuevas funcionalidades. El Defensor del Pueblo formuló una recomendación en diciembre de 2022 para que se permita su acceso tanto al servicio ATENPRO como a COMETA, incluyendo la entrega de terminales
telefónicos cuando fuese recomendado por los servicios de atención a la mujer de las redes municipales o regionales. Las recomendaciones han sido aceptadas y ya el protocolo lo contempla expresamente.


También se han decretado problemas de acceso y uso de estos servicios para mujeres víctimas con discapacidad. En otra queja del año pasado, los padres de una víctima de agresión sexual con discapacidad auditiva grave se quejaban porque los
teléfonos de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, UFAM, eran antiguos, no tenían acceso a datos, y eso impedía que los agentes protectores pudieran contactar con la víctima por mensajes de texto o que ella pudiera
atender por sí misma las llamadas, lo que obligaba a que la joven estuviera siempre acompañada por alguien que pudiera atender el teléfono cuando salía a la calle. En la investigación se conoció que las UFAM, que atienden a víctimas con medidas de
protección a las que no se ha impuesto pulsera COMETA, pero que tienen prevista una protección policial en su plan personalizado, les facilitan unos números de teléfono de contacto que permiten la comunicación directa con el agente protector en caso
de emergencia, pero los teléfonos que tienen los agentes son antiguos y no tienen acceso a datos, aunque el Ministerio de Interior está en proceso de renovación de las terminales. ATENPRO sí tiene estos teléfonos accesibles y podrían ser utilizados
en estos casos sin necesidad de comprar otros dispositivos. Se acaban de formular este mismo mes de octubre dos recomendaciones al Ministerio del Interior y al de Igualdad para que se establezca un sistema de coordinación eficaz entre el servicio
ATENPRO y los servicios de protección policial que evite duplicidades y para que se actualice el protocolo de ATENPRO de 23 de octubre de 2023, incluyendo al Ministerio del Interior. Estas recomendaciones están pendientes de respuesta.


Señorías, como hemos señalado, el sistema COMETA al que acceden las víctimas con orden de protección por mandato judicial convive con otros servicios, como ATENPRO, que da protección a las víctimas con medidas pero para las que no se ha
acordado judicialmente la imposición de la pulsera, o con los sistemas que gestiona VioGén a través de los planes personales de protección. Sin embargo, se ha comprobado que estos sistemas no se coordinan entre sí y que tienen dificultades para
comunicarse

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fluidamente con los jueces encargados de los casos, incluso se producen problemas de coordinación internos para atender a las llamadas de emergencia por los criterios territoriales de distribución de competencias entre Policía Nacional,
Guardia Civil, Policía autonómica y Policía local, lo que impide que la víctima sea atendida rápidamente. El Defensor del Pueblo emitió dos recomendaciones en junio de este año a la Secretaría de Estado de Seguridad para mejorar la comunicación de
ATENPRO y COMETA con las fuerzas de seguridad garantizando que, independientemente de la distribución territorial de competencias, las víctimas sean inmediatamente asistidas por quienes estén más cerca o más disponibles. Estas recomendaciones están
pendientes de respuesta.


Las víctimas tienen el derecho reconocido por ley de que se les comunique cualquier incidencia en el cumplimiento de las penas o medidas que se les imponen a sus agresores para su protección. En un caso del año pasado en Galicia, la
interesada -su hermana y su madre- solicitó ayuda porque su padre -exmarido de la madre-, condenado por delitos muy graves de violencia de género, había sido excarcelado en el País Vasco y le habían retirado la pulsera de control sin que, durante
los más de siete meses que estuvo disfrutando del permiso, tuviese ningún control por parte de la autoridad penitenciaria vasca ni se avisara a las víctimas o se adoptaran medidas complementarias de protección. En octubre del año 2024, el Defensor
del Pueblo formuló recomendaciones al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, al Consejo General del Poder Judicial, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Bilbao y a la Secretaría de Estado de Justicia para
mejorar los sistemas de comunicación entre juzgados -incluyendo los de vigilancia penitenciaria- y las víctimas. También se solicitó revisar los protocolos en estos casos para garantizar la coordinación entre Administraciones y entre comunidades
autónomas. Las recomendaciones fueron aceptadas.


En otra queja también del año 2024, la Oficina Judicial del Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva no notificó al condenado cuándo vencía el cumplimiento de la pena de alejamiento en la ejecutoria y, aunque la víctima lo denunció por
quebrantamiento, no pudo ser castigado porque el juzgado de violencia consideró que fue un error de la Oficina Judicial y que el agresor desconocía que tenía la orden de alejamiento aún en vigor. En mayo de este año, se recomendó al Ministerio de
Justicia que se mejorasen los procedimientos de notificación de las sentencias penales de violencia de género, que necesitan la notificación de la ejecutoria. El ministerio rechazó dicha recomendación.


En una queja más reciente, de este año, los problemas de comunicación con la víctima sobre las incidencias en la retirada de las pulseras se producen por parte de los propios juzgados de instrucción, que conocen como piezas aparte los
procesos por quebrantamientos. Algunos juzgados han entendido que, al tratarse de un delito contra la Administración de Justicia, no hay obligación de comunicarse con la víctima. Esto genera graves trastornos y una victimización secundaria
evitable.


En otras quejas, se ha visto que el problema que subyace en estos casos es el incremento exponencial en el uso de estos dispositivos por el aumento de víctimas que son atendidas y la falta de personal suficiente en los call centers para
atender adecuadamente los servicios. En un informe emitido para una queja del año 2021, el Ministerio de Igualdad anunció que estos dispositivos pasaban a ser financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan España te
protege, cuyo objetivo era ampliar los servicios tecnológicos de atención a las víctimas y que, en el marco del contrato con Telefónica, se incluiría la mejora tecnológica de los dispositivos telemáticos de control y la modernización y actualización
de las pulseras. Pero hay que tener en cuenta que, desde el año 2018, el número de mujeres atendidas por el servicio se ha multiplicado casi por cuatro, pasando de 1 800 mujeres atendidas por COMETA a 4 770 en 2025.


Ahora me referiré brevemente al resultado que estas actuaciones del Defensor del Pueblo han tenido a partir de las sugerencias y recomendaciones formuladas. El balance es positivo, aunque sigue habiendo mucho margen de mejora. Se han
conseguido mejoras en la tecnología de los dispositivos con la incorporación del 3G, del 4G y del 5G para ampliar la cobertura y en el alcance de los servicios gracias a nuevos planes de financiación; que los dispositivos cuenten con un botón SOS
para emergencias; que tengan funciones accesibles para mujeres con discapacidad como alertas en pantalla, mensajes de texto, sonidos o vibración; que se corrija el problema de fuga de datos de las usuarias para fines comerciales, o que no quepa la
reutilización de las tarjetas SIM. También se han conseguido mejoras en la coordinación de los servicios de protección y en el uso de los mecanismos de valoración de riesgo por parte del Poder Judicial, para acordar más medidas de control
telemático. Asimismo, ha habido mejoras en los protocolos para que se incluya a las víctimas de violencia sexual en los servicios y para que se refuerce la comunicación con los órganos judiciales. Se han incorporado mejoras en los sistemas de
comunicación

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entre los juzgados y las víctimas, incluyendo los juzgados de violencia penitenciaria, y el fortalecimiento de la función de las oficinas de atención a la víctima en la información de incidencias. Se incluye la modificación del protocolo
penitenciario de marzo de 2022 del Gobierno vasco para que se comunique cualquier información sobre los penados en sus cárceles a las víctimas y controles periódicos sobre la comunicación de ingresos y excarcelaciones de penados por violencia de
género.


De cara al futuro, señorías, queda una tarea importante por hacer, hay que seguir trabajando para que se cumplan los compromisos adquiridos en el pacto de Estado de febrero de 2025 y conseguir un sistema eficaz y completo que garantice el
cumplimiento de las medidas. Por eso, el Defensor del Pueblo seguirá actuando en el marco de sus competencias para la consecución de los siguientes objetivos. El primero, que los dispositivos funcionen adecuadamente, con cobertura suficiente, que
sean manejables y cómodos para las víctimas, accesibles para las mujeres con discapacidad y suficientes en número para atender a víctimas de violencia de género y sexual. Esto implica una importante inversión económica en tecnología y en recursos
humanos, además de un procedimiento que permita la actualización constante del sistema, porque ningún mecanismo tecnológico es infalible ni está suficientemente logrado y debemos estar preparados ante los fallos que puedan ocurrir.


El segundo, que los contratos de externalización incluyan las mejoras técnicas y de calidad del servicio que se vayan detectando y que se prevean en las licitaciones mecanismos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de los acuerdos
con las empresas privadas.


El tercero, que se respeten los sistemas de revisión de los procedimientos y de control que se establecen en los propios protocolos de funcionamiento del sistema y que se convoquen periódicamente las comisiones creadas al efecto.


El cuarto, que los servicios COMETA, ATENPRO, 016, 091, 062 o 112 cuenten con personal suficiente especializado y capacitado para atender el volumen de casos a los que dan servicio con calidad, incluyendo las víctimas de violencia sexual, y
que se potencie la incorporación de las policías autonómicas y locales al sistema de protección. Esta es una medida del pacto de Estado.


El quinto objetivo es que todos los servicios de protección se coordinen entre sí y que actúen de forma complementaria, sin que haya solapamientos o espacios en los que las víctimas queden desatendidas, especialmente con las medidas de
protección. Decaído a la espera de la ejecución firme.


El sexto, que se refuerce la intervención de los juzgados en el control y seguimiento de la ejecución de las medidas o de las penas cuando se producen incidentes o quebrantamientos. Ellos son los únicos que pueden cambiar una medida por
otra si se constata que el dispositivo no funciona o que genera una victimización secundaria.


El último objetivo es que se mejoren todos los sistemas de comunicación con la víctima para que conozcan inmediatamente las incidencias que suceden en el cumplimiento de las medidas a través de las oficinas de atención a la víctima, del
centro COMETA, de los agentes de protección de ATENPRO o de los servicios sociales.


En estos momentos, tenemos cinco actuaciones abiertas que responden a los objetivos aquí señalados. Realizamos una investigación a fondo sobre el funcionamiento de los dispositivos, sobre los sistemas de comunicación y coordinación entre
COMETA y las fuerzas de seguridad del Estado, sobre la coordinación de estos servicios con el Poder Judicial y la comunicación con las víctimas -etcétera-, incluyendo además estos otros muchos que les he expuesto y que también influyen en la mejor
protección de las víctimas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


A continuación, en el turno de intervención de los diferentes grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor López Torre.


El señor LÓPEZ TORRE: Gracias, presidente.


Gracias, señor Gabilondo, por las explicaciones que nos ha dado de las medidas y del seguimiento que están haciendo en la institución que dirige de este sistema y que, por lo que veo, llevan haciendo tiempo.


Como bien ha dicho, es un sistema más, porque no es el único que hay para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual -como antes diferenciaba claramente-, pero es un sistema importante y su fallo puede tener
consecuencias significativas. Por eso, creo que es fundamental que se esté encima de ello, porque, además lo que puede traer -como también ha dicho- es una victimización secundaria de esas víctimas. Desgraciadamente, hay una cierta utilización
partidista

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de este problema. También, en cierta forma -diría- hay una utilización irresponsable a veces, aunque tampoco hay que minimizar el problema, como creo que también se trata de hacer en otros lugares. Además, son mujeres que en muchos casos
se han atrevido a denunciar y realmente las estamos volviendo a victimizar, lo que puede traer como consecuencia una desconfianza en el sistema, porque puede haber mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que no quieran
denunciar después o que se desanimen si tuvieran que hacerlo a la vista de estos fallos. Por eso, también es importante que usted vigile por su parte que el Gobierno sea transparente y claro en la información que dé al respecto y, por supuesto, que
haga el seguimiento como es debido para minimizar esa desconfianza que se ha podido generar en el sistema en los últimos meses.


Por otra parte, es cierto que el sistema ha supuesto avances significativos, porque es una herramienta que ha beneficiado a muchas mujeres, pero también tiene ciertos problemas -algunos los han mencionado- como son los de cobertura en zonas
más rurales, falsos avisos o avisos reiterados. Al respecto de este último, se generan avisos reiteradamente para no sé si torturar -por decirlo de alguna manera- a la víctima; se utiliza este sistema para seguir victimizando y atacando a la
víctima, a la mujer. También la sustitución de los dispositivos ha fallado y han existido retrasos en su colocación. Por tanto, hay cosas que hay que mejorar y le pido que desde su institución vigile que todos los problemas se vayan solucionando
en este sistema.


Por la parte política, deberemos huir de los bulos, del ruido político y tratar de volver a generar confianza en el sistema para que las mujeres no tengan miedo a denunciar las situaciones que vivan. A este respecto, recientemente ha habido
un nuevo incidente tecnológico, del que supongo tendrá usted más que conocimiento. Es verdad que se ha activado el protocolo de protección de las víctimas y que, en general, no ha habido ninguna consecuencia grave, ni ahora ni anteriormente, pero
tampoco debemos esperar a que surja para tomar las medidas.


Sin más, le agradezco nuevamente las explicaciones. Insisto en la importancia de esta cuestión y de que sigan haciendo la vigilancia para que haya un buen funcionamiento del sistema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, señor Queralt, tiene la palabra.


El señor QUERALT JIMÉNEZ: Moltes gràcies, president.


Aquí part de la problemàtica que ens ha exposat, després entraré al Defensor del Poble, jo crec que s'ha d'emmarcar dins un mapa cultural de la política criminal espanyola bastant palesa. No tenim una cultura de l'execució de les penes ni
de les mesures de seguretat. Hi tenim una escassa cultura de protecció integral de les víctimes. Un exemple, no cal ser un especialista en dret penal, la llei per antonomàsia d'execució de la pena es diu Llei Orgànica General Penitenciària. No hi
ha una llei específica per a l'execució de la resta de penes. Està més o menys prevista al Codi Penal d'aquella manera i ja no diguem les mesures de seguretat, ni les mesures preventives de la llei d'enjutjament criminal, article 13 i concordants
de la llei d'organització criminal. Això és una falta de cultura. Llavors, anem absolutament apedaçant. Llavors, és clar aquest apedaçament fa que, necessàriament, sigui una conseqüència. Jo crec que torna a utilitzar una paraula que a vostè la
acceptarà de bon grat, quasi ontològica, és una conseqüència quasi ontològica, de que les coses no poden sortir bé, perquè el sistema està apedaçat amb peces amb estructures de diferents natura, concepció, dependències administratives no
coordinades, la fragmentació administrativa, no és fragmentació, és important perquè cada administració té uns objectius, però si això no es coordina, no serveix per a res. Llavors, una autèntica fragmentació. Llavors, jo crec que aquesta reflexió
inicial s'ha d'expressar per donar context.


En segon terme, a mi m'ha cridat l'atenció, que vostè ha recordat una xifra que per a mi és preocupant. Només el 14 % dels condemnats per violència de gènere, i ara també sexual, tenen una mesura d'allunyament o de control, diguem-li com
vulguem, mesura que, supervisada per un sistema, en sentit molt ampli, telemàtic. Clar, jo em demano per això, li deia, la cultura de l'execució i de protecció a la víctima, què passa amb el 86 % restant si les matemàtiques o la mètrica no em
falla? Jo crec que és un tema important. És un tema essencial.


Després vostè ha fet referència a casos, però no ha quantificat, seria interessant que quantifiqui els casos i el tant per cent en relació amb el volum general de, poso dos exemples, del que vostè ha dit, obsolescència de l'instrumental,
tant a l'estiu com a passiu. Centres de control, obsolescència. I una cosa que, des del meu punt de vista, modestament, és obertament delictiva. I jo esperaria que amb els seus

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informes es donés el tant de culpa al ministeri fiscal, la manipulació de les sims per obtenir dades personals. Això és un delicte del 197 i següents del Codi Penal. Vaja, de manual. O sigui, cas pràctic de primer de dret penal. Clar, si
resulta que el benefici d'aquestes empreses de comunicacions és obtenir tràfic il·legal amb les dades d'aquestes dones, no només referides a la seva protecció sinó a tot el seu comportament, em sembla que estem davant d'un colossal frau de llei, que
jo ja li dic, modestament, m'atreveixo a considerar obertament, clarament, palesament, delictiu.


Una cosa que a mi m'hauria agradat sentir-la a vostè, potser vostè ho ha dit i a mi m'ha passat per alt, també pot ser que no, -vull dir, jo no podria ser mai pèrit d'audició- és si els diferents contractes administratius, els diferents
concursos administratius, hi ha uns plecs de condicions: clàusula 1, 2, 3, 4 i els aparells han de ser així, el servei s'ha de deixar ahí. Comencen les fórmules matemàtiques que ningú entén i els que venim del camp de les lletres no sabem si
aquests algoritmes són veritat o mentida o pura ficció, però m'és igual estar en un concurs publicat al BOE. Alguns també poden ser, degudament, supervisats per la Unió Europea en funció del volum del contracte i que, malgrat aquestes anomalies que
vostè ha relatat i que algunes després, més o menys, sabem per jutjats, per policia, per ajuntaments, els contractes no es revoquen. No es demanin responsabilitats patrimonials a qui falla en un tema tan delicat com és -vaja, em sembla que és
delicat-, la seguretat física de les persones. Ja no la psíquica, fixi's bé, la física. O sigui, que no tornin a posar un ganivet al coll a la senyora. Pel que sigui, ja sigui perquè sigui parella o per agressió sexual. Després ja ens
preocuparem de les seqüeles psicològiques, dels danys psicològics, però la física no està garantida. I a mi el que em crida moltíssim l'atenció és que si aquestes... per això li deia que necessitava saber la quantificació, només l'esment, la
quantificació de les incidències si justifiquen una revisió. Això a part del cim, que jo crec que això del cim ja justifica el cessament absolut d'avui per demà dels contractes de gestió de tots aquests sistemes telemàtics. Però és que seria molt
important saber per què passa això i per què l'administració o les administracions, els ens públics, els jutjats, els jutges degans en alguns casos a les grans ciutats, els ajuntaments, unitats específiques de policia judicial, tant als grans
municipis com a les entitats policials, estatals i autonòmiques. Si això es recull, per què això no es denuncia i es trenquen els contractes? Perquè suposo que aquests contractes deu haver-hi clàusules de rescissió, com vaja, em sembla que com
tots els contractes públics i privats. Si no fem la contraprestació, no és l'adequada, una de les parts contractants pot rescindir el contracte i l'Estat té molts avantatges a l'hora de rescindir un contracte, no és un particular. Quan dic l'Estat
em refereixo a les administracions públiques.


Perquè el que jo no vull, en cap cas, és demonitzar una actuació administrativa concreta perquè em falten dades. Jo no entro si el ministeri tal, perquè aquí hi ha diversos ministeris en joc i, per altra banda, el Consell General del Poder
Judicial i l'Administració de Justícia en si mateixa, els diferents jutjats i els cossos de policia, i també intervencions de caràcter, diguem-ne, psicològic pal·liatiu. Abans ha esmentat a la Creu Roja, però també hi ha serveis de salut, etcètera,
etcètera. Llavors, jo crec que per abordar aquest tema amb serietat des d'una cultura de la prevenció, perquè què volem amb això amb aquestes mesures? El que volem és evitar la reproducció, perquè ja seria una victimització. No secundària,
terciària o quaternària, vull dir. Perquè, clar, és una repetició. I no només això, afecta a la víctima en el sentit jurídic o penal de subjecte passiu del delicte, sinó el seu entorn. I, per exemple, quan hi ha fills, la família queda
absolutament, com sabem posada a la diana i és un pal emocional impressionant.


Clar, com sempre, aquests problemes gruixuts s'han de tractar, no amb brotxa gruixuda, sinó amb un bisturí molt fi, però un bisturí multifunció. I com s'ha dit abans, per l'altre problema que hem estudiat amb la seva primera intervenció,
amb unes polítiques públiques de mirada profunda. De mirada amb projecció, perquè si no, no fem res. Perquè ara de poc serveix ara que es voti una partida de X milions per millorar els mòbils. Solucionarà el problema els propers 6 mesos. Però el
problema de base persistirà.


Llavors, acabo ja perquè no vull passar amb el temps. Tot això és necessari per evitar aquesta política permanent d'infundis, de mentides. I posaré només un exemple, i amb això acabo. És va dir que ja el ministeri fiscal amb la seva
memòria havia previngut, havia avisat, havia llançat la llum vermella sobre la quantitat d'arxius que s'havien produït per estar aquestes polseres, el sistema telemàtic en general, fora de servei, per les raons que fos. Jo me n'alegro que el
Defensor del Poble ha llegit la memòria i la memòria no diu això. La memòria diu 'Sortosament no ha passat això', però, clar, podria passar.


Llavors, jo li pregaria al Defensor del Poble és que pitges una mica, no tant l'accelerador, sinó el punxó de fons per arribar una mica al nervi.


Moltes gràcies.

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Muchas gracias, presidente.


Aquí parte de la problemática que nos ha expuesto el defensor del pueblo creo que se ha de enmarcar dentro de la política cultural española de una manera bastante clara. No tenemos una cultura de la ejecución de las penas ni de las medidas
de seguridad, tenemos una escasa cultura de protección integral de las víctimas. Un ejemplo -no hace falta ser un especialista en derecho penal- es la ley por antonomasia de la ejecución de penas, que dice: ley orgánica general penitenciaria. No
hay una ley específica para la ejecución del resto de penas, está más o menos previsto en el Código Penal de aquella manera. Y no digamos ya las medidas de seguridad ni las medidas preventivas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 13 y
concordantes. Es una falta de cultura y vamos apedazando. Entonces, es una consecuencia casi ontológica -vuelvo a utilizar una palabra que usted me aceptará de buen grado- de que las cosas no pueden salir bien porque el sistema está despedazado;
empiezas con estructuras de diferente naturaleza, concepción, dependencias administrativas no coordinadas. La fragmentación administrativa no es fragmentación. Esto es importante, porque la Administración tiene sus objetivos, pero si no se
coordina no sirve para nada; entonces, es una fragmentación. Yo creo que esta reflexión inicial se ha de expresar para dar contexto.


En segundo lugar, me ha llamado la atención una cifra que usted ha recordado y para mí es preocupante: solo el 14 % de los condenados por violencia de género, y ahora también sexual, tienen una medida de alejamiento o de control, medida que
es supervisada por un sistema, en sentido muy amplio, telemático. Yo me pregunto -por eso hablaba de la cultura de la ejecución y de la protección a la víctima- qué pasa con el 86 % restante -si las matemáticas no me fallan-. Creo que es un tema
importante, esencial.


Después, usted ha hecho referencia a casos, pero no ha cuantificado. Sería interesante cuantificarlos y dar el tanto por ciento en relación con el volumen general. Pongo dos ejemplos de lo que usted ha dicho: obsolescencia del
instrumental -tanto el activo como el pasivo- y de los centros de control. Y algo que desde mi punto de vista es abiertamente delictivo: yo esperaría que con sus informes se pusiera al tanto de la culpa al Ministerio Fiscal sobre la manipulación
de las SIM para obtener datos personales. Esto es un delito, artículo 197 y siguientes del Código Penal, de manual, de caso práctico de primero de Derecho Penal. Si resulta que el beneficio de estas empresas de telecomunicaciones es obtener
tráfico ilegal con los datos de estas mujeres, no solo referentes a su protección, sino a todo su comportamiento, creo que estamos frente a un colosal fraude de ley. Y, modestamente, me atrevo a considerarlo, abiertamente, claramente delictivo.


Algo que me hubiera gustado escuchar de usted -quizá lo ha dicho y se me ha pasado por alto, puede ser; no podría ser nunca un perito de audición- es si los diferentes contratos administrativos, los diferentes concursos administrativos -que
tienen unos pliegos de condiciones: cláusulas 1, 2, 3; los aparatos han de ser así; el servicio así, empiezan aquellas fórmulas matemáticas que nadie entiende; los que venimos de letras no sabemos si aquellos algoritmos son verdad, mentira o
pura ficción, pero me da lo mismo, están en un concurso publicado en el BOE; algunos también pueden ser debidamente supervisados por la Unión Europea en función del volumen del contrato-, y a pesar de estas anomalías que usted ha relatado, y
algunas que más o menos las sabemos después por juzgados, Policía, ayuntamientos, los contratos -repito- no se revoquen, no se pidan responsabilidades patrimoniales a quien falla en un tema tan delicado como es la seguridad física de las personas;
ya no la psíquica, la física: que no vuelvan a poner un cuchillo en el cuello de la señora, por lo que sea, porque es pareja o por agresión sexual. Después, ya nos preocuparemos de las secuelas psicológicas y de sus daños, pero la seguridad física
no está garantizada. Me llama mucho la atención, por eso le decía que necesitaba saber la cuantificación de las incidencias, si justifican una revisión. Eso va aparte de la SIM, que yo creo que solo la SIM ya justifica el cese absoluto de un día
para otro de los contratos de gestión de todo este sistema telemático. Sería muy importante saber por qué pasa esto y por qué la Administración o las Administraciones, los entes públicos, los juzgados en algunas ciudades, los ayuntamientos,
unidades específicas de Policía judicial, tanto en grandes municipios como en entidades policiales estatales y autonómicas, si esto se recoge, ¿por qué no se denuncia y se rompen los contratos? Porque supongo que estos contratos tienen que tener
cláusulas de rescisión, como todos los contratos públicos y privados. Si no se hace la contraprestación adecuada, una de las partes contratantes puede rescindir el contrato, y el Estado tiene muchas ventajas para rescindir un contrato, no es un
particular. Y cuando digo el Estado me refiero a las Administraciones públicas.

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Lo que no quiero en ningún caso es demonizar una actuación administrativa completa. No entro en si es el ministerio tal o cual, porque aquí hay varios ministerios en juego. Por otro lado, está el Consejo General de Poder Judicial, la
Administración de Justicia en sí misma, los diferentes juzgados, los cuerpos de Policía y también intervenciones de carácter psicológico-paliativo -antes ha nombrado la Cruz Roja-, pero también hay servicios de salud, etcétera. Entonces, creo que,
para abordar este tema con seriedad, desde una cultura de la prevención... porque ¿qué queremos con estas medidas? Evitar la reproducción, porque sería una victimización no secundaria, terciaria o cuaternaria, porque es una repetición. No solo
eso afecta a la víctima en el sentido jurídico-penal de sujeto pasivo del delito, sino a su entorno. Y, cuando hay hijos, la familia queda absolutamente en la diana y es una paliza emocional impresionante.


Como siempre, estos problemas grandes se han de detectar no con brocha gorda, sino con un bisturí muy fino, multifunción, como se ha dicho antes para el otro problema que hemos estudiado en su primera intervención, con unas políticas
públicas de mirada profunda, de mirada con proyección, porque, si no, no hacemos nada. De poco sirve que se vote una partida de equis millones para mejorar. No; esto solucionará el problema en los próximos seis meses, pero el problema de base
persistirá.


Acabo ya porque no quiero pasarme de tiempo. Todo esto es necesario para evitar esta política permanente de infundios, de mentiras. Y pondré solo un ejemplo: se dijo que ya el Ministerio Fiscal en su memoria había prevenido, había
avisado, había puesto la luz roja sobre la cantidad de archivos que se habían producido por estar fuera de servicio estas pulseras o sistemas telemáticos en general, por los motivos que fuera. Yo me alegro de que el defensor del pueblo haya leído
la memoria. La memoria no dice esto. Dice: Por suerte no ha pasado esto, pero podría pasar.


Entonces, yo le rogaría al Defensor del Pueblo que acelerase más la parte fundamental para llegar al nervio.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Ogou i Corbi.


La señora OGOU I CORBI: Muchas gracias, presidente.


Gracias, defensor, por su presencia en un momento tan delicado. Realmente es un tema que nos tiene a todos preocupados en las últimas semanas. Sabemos que es un asunto que no admite partidismos, que es algo que tenemos que analizar con
profundidad, con rigor, porque al final se trata precisamente de la protección de mujeres que están viviendo bajo la amenaza de la violencia machista, mujeres que han confiado en las instituciones públicas para garantizar su protección y, por tanto,
no estamos hablando de un trámite administrativo ni de un servicio técnico. Se trata de un escudo vital del que nos hemos dotado todos conjuntamente; de hecho, gracias precisamente a ese casi consenso del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. Por tanto, es fundamental que el país esté a la altura para defender cada vida. Sabemos que, si solo un dispositivo falla, puede costar una vida; sabemos que puede tener grandes consecuencias no solamente para la persona que busca esa
protección, sino también, como planteaba el defensor, puede tener consecuencias jurídicas, si el sistema falla, hacia otra dirección. Por tanto, cada error debe ser investigado con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional.


Nosotros dijimos que queremos toda la información sobre lo que ha pasado, cuándo se ha detectado, cuándo ha fallado, qué se ha hecho para corregirlo, etcétera, pero queremos poner el foco en la cuestión de las empresas adjudicatarias. Yo
creo que el representante de Esquerra Republicana lo ha planteado muy claro, y es que al final, cuando se ha contratado un servicio, estas empresas, frente a una situación de fallos reiterados, deben ofrecer también esas explicaciones. Se trata de
algo que debería ser una obligación, no una opción. Aquí la ciudadanía merece claridad; las mujeres que llevan esta pulsera merecen claridad y merecen seguridad. Yo entiendo que, con la situación que se ha dado, a pesar de que haya muchas
pulseras que estén funcionando correctamente, el temor persiste en muchas otras personas, que pueden dudar de si se va a dar una situación u otra. Todo eso también es algo que tiene que tenerse en cuenta. Hay que dar esa seguridad.


Entonces, nosotros le preguntaríamos si usted recomienda que un sistema que tiene que proteger vidas, un sistema que se basa en la seguridad, puede estar sometido a una lógica privada, una lógica de beneficio privado, o si el camino que
deberíamos seguir es conseguir un sistema que funcionara de manera pública, igual que tenemos cuerpos del Estado que funcionan de manera pública, pues garantizar que este tipo de proyectos, que las pulseras y que todo el sistema de protección a las
víctimas funcione principalmente como algo público. Porque no estamos hablando de un producto comercial, no estamos

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hablando de competir por contrato, no. Estamos hablando de prevenir asesinatos, de prevenir temor, de prevenir situaciones muy duras de mujeres que, además, en el momento en el que han denunciado, en el momento en el que han pasado por este
trámite, ya han hecho un gran acto de valentía, por ello tenemos que evitar también a toda costa la revictimización. Por eso creemos que es el Estado el que debe garantizar que haya un control público, una supervisión constante, una auditoría
técnica independiente y una capacidad de intervención inmediata. Y, si eso exige revisar un modelo de externalización porque ese modelo de externalización no está dando todas las garantías que se requieren, pues deberíamos revisarlo quizás. Si se
requiere más personal público, pues, en ese caso, deberíamos proponerlo, porque la seguridad de las mujeres no puede depender de la calidad de un hardware ni de migraciones de datos fallidas ni de decisiones empresariales que prioricen plazos y
cuotas por encima de la vida ni tampoco de la venta de datos para conseguir ese rédito económico. Debemos garantizar que lo público está blindado para proteger vidas.


Esta crisis ha desatado un debate que, francamente, nosotros consideramos estéril. Sabemos que principalmente se está debatiendo si el fallo se originó en una etapa política o en otra, si la firma fue de uno o del otro, que si la culpa...
No. Como usted ha dicho, se habla de que estas pulseras han reportado incidentes en muchos momentos diferentes y, por tanto, tenemos que darle una mirada más estructural y garantizar que la continuidad que esto tiene avala esa seguridad de la que
hablábamos.


Nosotros agradecemos que usted haya venido a plantear estos datos. Creemos que corresponde investigar a fondo y corregir con urgencia esta cuestión y, sobre todo, hacerlo sin ruido. Es decir, se trata de garantizar también esa seguridad
psicológica de la que hablábamos y, en este sentido, garantizar que podemos ofrecer a nuestra ciudadanía las respuestas que merece y que todos los sistemas de protección pública tienen la máxima calidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández. Cuando quiera.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Es un deber del Estado la protección de todos los españoles, especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Las medidas judiciales de alejamiento y prohibición de aproximación tienen como objetivo garantizar la
seguridad, en este caso de las mujeres, impidiendo que se cometa una nueva agresión contra ellas y, por ese motivo, exige una aplicación efectiva, inmediata y segura. Por tanto, el sistema de seguimiento por medios telemáticos debía constituir una
herramienta de protección real. Sin embargo, su gestión deficiente y los fallos técnicos acumulados en los últimos años han demostrado la incapacidad manifiesta de este Gobierno y, especialmente, del Ministerio de Igualdad, para gestionar cualquier
tipo de medida en relación con la protección de las víctimas.


La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2024, alertó de múltiples fallos en los dispositivos de seguimiento telemático, que llegaron a provocar una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios por la
imposibilidad de acreditar los incumplimientos de las órdenes de alejamiento. Y esto no es un bulo. Página 615 -literal, abro comillas-: La imposibilidad de que el centro COMETA facilite información ha impedido saber la ubicación o actuación de
los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone de facto la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación. En el Juzgado de lo Penal se impide que el legal
representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada al no tener tampoco acceso a la información, lo que en muchos casos aboca a una sentencia absolutoria -cierro
comillas-. Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial había advertido ya en enero y febrero de 2025 de fallos graves en el sistema: errores en la geolocalización, pérdidas de cobertura, baterías defectuosas, deficiencias en la señal y
posibilidad de manipulación del dispositivo por parte del agresor. La Guardia Civil -la unidad VioGén- también señaló que muchas víctimas habían devuelto las pulseras por falta de confianza en su eficacia. Incluso un técnico de COMETA denunció el
desastre total de las pulseras ante el Ministerio de Igualdad, y comentó que era notoria la incapacidad de este sistema para proteger a las mujeres. Por último, varias fiscalías señalan lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de
incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno de su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos.


Usted, señor defensor, ha concluido que no se ha producido un cuestionamiento general del sistema. Llama la atención, porque en los dos puntos anteriores ha sido usted muy prudente y no ha entrado en

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juicios de valor, pero en este caso sí se ha anticipado a dar un juicio de valor. Claro, a un juicio de valor así, tan concluyente, solamente se puede llegar porque se tenga la información a la siguiente pregunta. ¿Cuántas resoluciones de
archivo y sobreseimiento y cuántas sentencias absolutorias se han producido como consecuencia de los fallos del sistema? Solamente con esa información se puede llegar a la conclusión que usted ha llegado, con lo cual entiendo que esa información la
tiene. Si no la tuviera, estaría siendo usted en este caso bastante atrevido al concluir que no se ha producido ese cuestionamiento general. En todo caso, si no tuviera la información, yo le quiero preguntar si usted va a instar al Ministerio de
Igualdad y al Ministerio de Justicia a que den esa información como un acto de transparencia y de rendición de cuentas, porque estos pueden ser fallos tecnológicos, pero detrás tiene que haber alguien que sea responsable, un gobernante o un cargo
público. Y esta información sobre la que le estoy preguntando -si usted la tiene o no la tiene y, si no la tiene, si la va a instar- creo que es bastante importante para saber si tiene que haber una rendición de cuentas específica de algún
ministerio, de un cargo público o de algún alto funcionario.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Cercas.


La señora CERCAS MENA: Gracias, presidente.


Buenas noches, señor defensor del pueblo, y muchas gracias por esta comparecencia. Buenas noches, señorías.


Estamos ante una petición del Grupo Popular al Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas
de seguridad impuestas en los casos de violencia de género.


Yo me referiré a los últimos acontecimientos, es decir, a las últimas situaciones que se han dado. A mi grupo y a mí nos consta que las alarmas que el Partido Popular ha difundido sobre los dispositivos electrónicos de protección a las
víctimas no son ciertas. Ninguna mujer -insisto, en los últimos acontecimientos- ha estado en riesgo, y no hay sentencia judicial alguna que respalde estas acusaciones. La propia Fiscalía tuvo que rectificar en una nota de prensa unas primeras
afirmaciones realizadas en su memoria anual. De hecho, el Gobierno mismo ha solicitado que, de existir esa cascada de sentencias a las que alude el Partido Popular en sus intervenciones, se le faciliten, por favor, se den a conocer, porque está
especialmente interesado en poder verlas y analizar el impacto que, efectivamente, haya podido tener cualquier fallo de la tecnología del sistema COMETA. Porque, efectivamente, como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se trata de una
incidencia debida a un cambio de contrato y a las migraciones de sus datos; un fallo que, efectivamente, no puede volver a ocurrir, pero que nunca ha comprometido la seguridad de las mujeres protegidas. Y la tranquilidad que podemos tener es que
esos datos que se migraron de una empresa privada a otra en estos momentos son públicos, pertenecen al Ministerio de Igualdad, lo que sin duda permitirá que no se reproduzcan estas dificultades en el futuro.


Pero, señorías, mi grupo, como Gobierno que es, se hizo y se hace responsable y pidió perdón en su momento, porque somos conscientes de que una sola mujer que se sienta insegura es motivo suficiente para que las instituciones actúen. Por
eso, el ministerio y el Gobierno han explicado detalladamente, con plena transparencia y de manera continua, las incidencias ocurridas en los últimos tiempos, insisto, así como las medidas adoptadas para seguir garantizando la seguridad de las
mujeres protegidas.


Me gustaría explicar lo ocurrido y cómo se ha gestionado. El sistema COMETA es un dispositivo tecnológicamente complejo que gestiona más de treinta millones de geolocalizaciones al año y que protege actualmente a 4 730 mujeres. La primera
incidencia, como ya he señalado anteriormente, fue la relacionada con la migración de datos de una empresa a otra. No obstante, en ningún caso dejaron de funcionar los dispositivos. El problema, en todo caso, fue de información, que habría podido
afectar a los procesos judiciales en curso y que a día de hoy sabemos que fueron puntuales, si es que llegaron a pronunciarse.


En cuanto a los problemas de la semana pasada, dados a conocer de forma proactiva y transparente por el mismo ministerio, lo que sabemos es que nuevamente fue un problema de tipo técnico. Señorías, la tecnología puede fallar, pero lo
importante es que no lo hizo el sistema de protección y que se activaron de inmediato los protocolos de contingencia. Estos protocolos de contingencia incluyen lo siguiente: primero, un aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, reforzando la
vigilancia; segundo, una

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comunicación directa con las víctimas, informándolas de la situación; tercero, una supervisión manual intensiva del sistema; y, finalmente, un plan de rescate inmediato previsto para estas situaciones. Vuelvo al mismo resultado, es decir,
la seguridad de las mujeres nunca estuvo comprometida. En este punto, quiero volver a recalcar que fue el Ministerio de Igualdad quien informó públicamente de este problema, que en todo momento monitoreó la situación, que informó también
públicamente cuando quedó resuelto y que, además, puso a disposición de todos los grupos parlamentarios la información en tiempo real.


Me gustaría referirme a la eficacia y el valor del sistema, y dar más datos al respecto. COMETA forma parte de un sistema robusto de protección, que incluye el sistema VioGén, con más de 104 000 mujeres protegidas, que implica valoraciones
policiales de riesgo, coordinación judicial y recursos asistenciales y de emergencia. Señorías, la valoración de las usuarias es la siguiente: el 87 % se sienten más seguras con COMETA y el 90 % recomendaría su uso. Además, tanto Alemania como
Suiza estudian este modelo como referencia internacional.


Quiero recordar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -que se renovó el mes pasado con el consenso de casi todos los grupos parlamentarios, salvo VOX- reconocía la necesidad de seguir trabajando en estos sistemas, que nunca
han sido perfectos, sin duda, pero cuya utilidad está más que demostrada. Insisto en que nunca han sido perfectos y en que hace falta continuar trabajando. Esto evidencia que las incidencias no son por políticas ni de gestión reciente, sino por un
problema técnico, que se viene solucionando de forma continuada. Hablamos de sistemas de protección de las mujeres que salvan vidas a diario, por lo que debe ser empeño de todos no solo mejorarlo, sino también no desprestigiarlo.


En cuanto a la transparencia y la colaboración, respecto a los sobreseimientos, les diría que se han solicitado datos a los órganos judiciales y a la Fiscalía General del Estado, como les he comentado anteriormente, sin que hasta el momento
los haya obtenido el ministerio para poder evaluarlos. Y el compromiso que ya ha manifestado el Ministerio de Igualdad es que cualquier dato relevante se ponga a disposición de las Cortes Generales. Tras la primera incidencia, se activó un plan de
seguimiento reforzado que implicó lo siguiente: primero, determinar la causa exacta del fallo; segundo, reforzar la infraestructura tecnológica; tercero, ajustar los protocolos de emergencia; y, finalmente, incorporar estas mejoras en los nuevos
pliegos. Pero dejemos claro que el personal no falló, sino que actuó con diligencia, profesionalidad y transparencia. También ha sido así en la última incidencia de la semana pasada. Este grupo, mi grupo, quiere realizar un reconocimiento a los y
las trabajadoras del sistema COMETA, que en todo momento dieron lo mejor de sí mismos para reducir el tiempo de la incidencia y para estar pendientes de cualquier situación de riesgo. Por supuesto, se está trabajando para conocer los detalles del
origen y para poder prevenirlos en un futuro, siempre con la prudencia que nos debe dar el saber que, cuando hablamos de tecnología, los fallos son un riesgo no evitable al cien por cien.


Señor defensor del pueblo, señorías, insisto, las incidencias en estos últimos tiempos han sido puntuales y transitorias, los protocolos han funcionado correctamente y la seguridad de las mujeres ha estado garantizada. Pero permítanme
decirles algo importante, más que soluciones tecnológicas, la seguridad de las mujeres exige una unidad política, un rigor institucional y un compromiso firme de todas las fuerzas para no convertir esta materia en un arma partidista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carballedo. Cuando quiera.


La señora CARBALLEDO BERLANGA: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señor defensor.


Hemos pedido su comparecencia para conocer de primera mano cuáles han sido las decisiones que usted ha adoptado desde que, gracias a la Fiscalía, la sociedad española ha conocido el gravísimo fallo de las pulseras antimaltrato, que gestiona
la ministra de Igualdad, y que ha puesto en gravísimo riesgo la vida y la seguridad de las mujeres maltratadas y de sus hijos.


Decir en esta comisión que la seguridad de las mujeres nunca ha estado desprotegida y que nunca se ha visto afectada es dejar a las víctimas por mentirosas, señores del Grupo Socialista, y eso el Grupo Popular no se lo va a admitir. Las
mujeres maltratadas no están mintiendo. Han sido víctimas, han pasado el verano encerradas y han visto cómo su agresor merodeaba por la casa y manipulaba las pulseras. La pulsera no avisaba y ellas se topaban con su agresor por las calles. Las
mujeres maltratadas no están mintiendo, señores del Grupo Socialista. Paren ya de tapar lo que es un escándalo mayúsculo.

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Fíjese, señor defensor, de los veintidós ministros, hasta tres son responsables de la seguridad de estas mujeres: la ministra de Igualdad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior. Y todos ellos, los tres, fueron convenientemente
informados por distintas vías de que, efectivamente, las pulseras no estaban funcionando y no protegían a las mujeres, y ninguno de ellos hizo absolutamente nada durante ocho largos años. Lo ocultaron de forma premeditada y consciente hasta que la
desprotección fue de tal calibre que la Fiscalía tuvo que denunciar el hecho de esta situación dramática para las mujeres maltratadas, hasta el punto de que las consecuencias penales han sido absoluciones y sobreseimientos. Igual que salieron
violadores a la calle con la ley del solo sí es sí, también han salido agresores y maltratadores a la calle.


Imagínense tímidamente el terror de esas mujeres, que un día lograron vencer el miedo e hicieron caso del consejo de la Administración y denunciaron, pues esas pulseras, que, según les dijeron, las iban a proteger; lejos de hacerlo, las
están enterrando en vida, porque el maltratador las usa para torturarlas. Y eso no lo dice Eugenia Carballedo, lo dicen las víctimas. Lean los medios de comunicación, vean la televisión y escuchen la radio. Los medios han dado voz a las víctimas,
a las maltratadas y a las mujeres que sufren la agresión, a las que la ministra y el resto del Gobierno han querido tapar. Hasta el día de hoy, el Grupo Socialista todavía está dejando por mentirosas a las mujeres, y ya les digo que eso no lo vamos
a consentir.


Por eso, señor defensor, le pedimos que tome partido. Por favor, entienda que esta no es una negligencia más del Gobierno, que pone en riesgo a las mujeres, sino una negligencia consciente basada en la mentira. El Gobierno ha mentido sin
cesar. La ministra de Igualdad negó saber que el sistema fallaba. Decía: funciona, estén tranquilas. Mentía, las pulseras no funcionaban. Hay comunicaciones por escrito de la presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial
del 8 de enero de este año, del 21 de febrero y del 27 de febrero en las que le daban cuenta al ministro de los fallos que se estaban detectando en los juzgados de Granada y de Galicia. En marzo de este año, ¡en marzo!, los presidentes de las
audiencias provinciales le remitieron un informe en el que instaban a que se revisaran los dispositivos porque seguían fallando. Las mujeres no mienten, señores socialistas. Las fiscalías de Madrid, Castilla-La Mancha, Gerona, Granada y Tenerife
alertaron sobre los problemas de acceso a la información del proveedor anterior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informaron de que había mujeres que devolvían los dispositivos por sentirse desprotegidas, señores socialistas. Se han
publicado -lo hemos podido leer todos- las actas de las comisiones de seguimiento sobre violencia de género que certifican los fallos recurrentes de las pulseras que comunicaron a Moncloa jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad. El
Gobierno recibió toda una cadena de avisos, incluidos los de los técnicos de COMETA. Todos alertaron por escrito de lo que estaba sucediendo en la vida de esas mujeres. Los propios abogados de las víctimas y los fiscales dejaron de pedir la
imposición de esas pulseras antimaltrato por su inutilidad.


El Gobierno tenía en su poder abultada información, tenía conocimiento del drama que sufrían las mujeres por culpa de sus pulseras, y no hicieron nada. Durante ocho largos meses -no voy a cansarme de decirlo- no hicieron nada. Y cuando se
hizo público, gracias a la Fiscalía, ¿qué hizo el Gobierno? Lo que ha hecho hoy el Grupo Socialista, intentar tapar el escándalo diciendo que no era cierto. Y después trataron de minusvalorar el sufrimiento de las mujeres; 'no ha habido mujeres
afectadas' decían, dejándolas por mentirosas, como hoy ha hecho el Grupo Socialista. Y luego, el portavoz del Grupo Socialista, ¿qué es lo que dijo el señor Patxi López?: Ninguna mujer se ha quejado. ¡Ninguna mujer se ha quejado! Esa fue la
explicación que dio en esta casa el Grupo Socialista. Como no las han matado, como no se han quejado, según él, no están desprotegidas. ¡Pero qué vergüenza de Gobierno tenemos, señorías!


Eso, fíjense, lo dice el Gobierno más feminista de la historia. Ese Gobierno que, con la ministra de Igualdad a la cabeza, se ha dedicado únicamente a la propaganda, a propagar, señorías, mensajes ideológicos con los que dividir a la
sociedad y dividir a las mujeres. El Gobierno que antepone el relato y el marketing político a la gestión honesta del cumplimiento de las órdenes de alejamiento que necesitan las mujeres. Ese Gobierno que ha puesto en riesgo la vida de las mujeres
para ahorrarse 200 euros al mes por pulsera antimaltrato. El Gobierno que se gasta 2,8 millones en una campaña para promocionar la masturbación entre las mayores de 65 años. En eso está la ministra de Igualdad y en eso está Moncloa: en gastar
dinero en campañas a favor de la masturbación o en campañas chabacanas como la de 'Por huevos', en la que 1,6 millones se ha gastado el Gobierno, mientras ha intentado ahorrarse unos euros comprando unas pulseras en AliExpress. Es un Gobierno que,
además, está dinamitando la confianza que

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las mujeres necesitan tener en el sistema. Un sistema de protección que llevamos años, con enorme esfuerzo, poniendo en pie. Fíjense, las primeras pulseras, las primeras, se pusieron aquí, en los juzgados de la Comunidad de Madrid en el
año 2009. Eso ocurría en el año 2009. ¿Qué ocurre hoy? Pues sí, hoy ocurre que el Gobierno es incapaz de hacerlas funcionar tecnológicamente, ni siquiera la migración de datos. Está dinamitando la confianza en un sistema, y, sin ese sistema,
señorías, sin esa confianza olvídense de que la Administración pueda de algún modo proteger a las mujeres.


Por eso le pedimos, señor defensor, que no se quede al margen. Usted puede actuar de oficio. Ya lo hizo la institución en el año 2018. Puede actuar de oficio, usted puede hacer una auditoría integral del sistema de control telemático de
los maltratadores, al menos, desde que se produjo el cambio de proveedor en 2023, fecha desde la que, usted reconoce, se han disparado las quejas. Ayúdennos, señorías, porque el Gobierno no permite conocer los datos. Ahí está la Comunidad de
Madrid pidiéndoselos y se los niegan día sí, día no. Ayúdenos, señor defensor, a conocer las causas técnicas de los fallos que se multiplican con el nuevo contrato. Ayúdenos a saber qué medidas se han adoptado para recuperar los datos perdidos en
la migración y a conocer los protocolos de seguridad, de trazabilidad y de supervisión del sistema. Es vital poner recursos que permitan implementar medidas de mejora que ayuden de una vez a que estos fallos cesen. Fíjense, hasta la Comisión
Europea ha dicho que va a entrar a estudiar el sistema fallido, este que gestionan la ministra de Igualdad y la Moncloa. Hasta la Comisión Europea va a tomar partido en esto, fíjense la gravedad de lo que ha traído el Grupo Popular hoy a esta casa.


El Gobierno no solo da la espalda a las mujeres maltratadas, no, se lo da a la sociedad española. La sociedad española tiene derecho a saber. La información no es del Gobierno, es de los españoles y tenemos todo el derecho a conocer qué es
lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. El martes pasado un nuevo apagón del sistema volvió a dejar a las mujeres indefensas durante doce largas horas. Esa es la desprotección que niega hoy el Grupo Socialista.


Señor defensor, las mujeres no pueden recurrir al sistema si no confían en él. ¿Y cómo van a confiar en el sistema? Si el Gobierno y el Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, y muchos de sus socios -ahí está SUMAR, que dice que hay que
hacer una pequeña investigación y están metidos en el Gobierno cómodamente, que a gusto...-. Miren, las mujeres maltratadas nunca han necesitado más su atención y su interés. Por eso hoy le pedimos, por favor, que lidere esta actuación de oficio y
que nos ayude a entender qué está pasando para que las mujeres maltratadas consigan esa protección; saber qué necesitan ellas y sus hijos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carballedo.


A continuación, tiene la palabra el señor Gabilondo para contestar a los portavoces.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Desde luego, el asunto ha quedado en un terreno que no digo que no sea exactamente el más cómodo, porque probablemente es el terreno más cómodo para mí, pero no creo que sea el terreno más
fecundo para el debate que hoy deberíamos y podríamos hacer. Pero es el terreno que se ha elegido y en este terreno jugamos. Me habla usted de una actuación de oficio, señora Carballedo, pero esto no es una actuación de oficio, tal y como usted lo
plantea, es una actuación de encargo. O sea, usted lo que me está haciendo es un encargo y si va a hacer un encargo, haga una encomienda al Defensor del Pueblo. Nosotros tenemos actuaciones abiertas y en esas actuaciones abiertas caben algunas de
sus preguntas, algunas de ellas muy pertinentes. Me toca calificarlas porque usted, desde luego, en calificaciones no se anda con reparos. Entonces, lo que le quiero decir es que podemos pensar en algunas preguntas que usted ha hecho y en si
deberíamos incluirlas en las actuaciones que tenemos abiertas. Es que no sé qué idea tenemos de una actuación de oficio. ¡Si tenemos cuatro actuaciones abiertas!


Miren, el otro día ha habido una queja por fallos técnicos del sistema COMETA en Granada en 2025, el 8 de octubre, por fallos graves en el sistema, la víctima... Lo tengo aquí (muestra un documento), tengo en qué consiste toda la queja,
porque se había manipulado, probablemente, la pulsera, pero no quiero... No se actúa hasta que el caso llega a la Comisión Provincial de Granada, etcétera. ¿Qué hemos hecho con esta actuación? Pues incluirla en las actuaciones que tenemos
abiertas, porque cinco actuaciones abiertas del Defensor, con esta y con otra en Vinaroz, son más que una actuación de oficio. Además, en cinco direcciones y con las puertas abiertas. Así que, todas las sugerencias que nos están haciendo son muy
interesantes; ahora bien, una auditoría integral... No sé, supongo que yo no estoy a la altura de lo que debe ser eso de ser defensor, pero es que la idea de estar a la altura de lo que tiene que

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ser la Defensoría del Pueblo... Yo no sé quién podría hacer todos los estudios que es imprescindible que se hagan, como, por ejemplo, los monográficos. Porque cada vez que vengo aquí me voy a casa con dos monográficos, tres actuaciones de
oficio... Pero, perdonen ustedes, un poco de tranquilidad. Las que no tienen que tener tranquilidad -ni se la pido- son las víctimas, porque comprendo perfectamente que ellas estén en una situación de incomodidad, de preocupación y de percepción
de inseguridad. Lo comprendo perfectamente y ellas tienen todo el derecho. Siempre he creído que a las víctimas hay que escucharlas hasta el final y son ellas las que tienen todo el derecho. Ahora, a nosotros nos corresponde también poner un poco
de racionalidad.


Lo del cambio de proveedor no es una cosa menor. Pero ¿por qué se produjo el cambio de proveedor? ¿Por qué? También hay que analizar los porqués. Y respecto a que hay que decir las marcas... Ya las he dicho yo. De Telefónica a
Vodafone, ese fue el cambio que se hizo. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dicen: Telefónica no concurrió. ¿Pero por qué no concurrió? Porque a Telefónica le preocupa un trabajo de esta... No, porque había muchas críticas y además le llegaron,
y porque no tenía suficiente alcance, porque estaban unas medidas... Se le ha pedido 3G, 4G, 5G. Nosotros también hemos hecho cambio del sistema de gestión de los documentos o de los expedientes y puedo decirles que los cambios de sistema suelen
ser bastante difíciles, incluso traumáticos para las instituciones porque normalmente traen consigo una serie de errores, de fallos, de dificultades y de debilidades. Pero aquí parece, por lo que he oído, señora Carballedo... De verdad, dice usted
cosas muy interesantes, pero algunas veces se anima un poquito y nos empieza a decir que tome partido, que haga una auditoría. Bueno, un poco de serenidad, un poco de serenidad. La que yo me pido para mí mismo la pido también a los demás.


Maltratadores, todos han sido puestos en la calle. Pues no lo sé. Primero, es muy importante decir, como se ha dicho aquí, que el sistema de cuidado de las víctimas no se agota en esto de las pulseras, desde luego. Comprendo que esto de
las pulseras es como para preocuparse, es como para que trabajemos para ver qué ha pasado de verdad, pero es que ustedes ya... Su pregunta no es qué ha pasado de verdad. Usted ha empezado: Ministerio de Igualdad, Ministerio de Justicia,
Ministerio del Interior, lo ocultaron. Bueno, pues puede ser. Si usted tiene esos juicios y tiene esa seguridad, yo no se la voy a quitar de ninguna manera. Si tiene esa seguridad de que se ha hecho para ahorrar 200 euros por cada pulsera... No
conozco muy bien qué concepto tienen del mundo, pero no creo que nadie por ahorrarse 200 euros vaya a tomar esas medidas.


Usted hace un reduccionismo de las medidas a un ejército de personas. Dice que se ocultan las cosas, que les importan poco las personas, y entonces me dicen a mí que tome partido y que levante la bandera de la auditoría integral para
recuperar los datos. Podemos trabajar para recuperar los datos y seguiremos trabajando, pero si ahora abrimos una actuación de oficio paralizamos toda la actuación que tenemos abierta desde hace tiempo, con mucho contenido y con preguntas
directamente a estos ministerios y a otros lugares. O sea, que nosotros no nos hacemos preguntas en el aire, les preguntamos a ellos.


Creo, sinceramente, que lo más importante para todos nosotros ahora es la conciencia de que este asunto es grave, de importancia y que merece que todos hagamos todo cuanto sabemos y podemos para que se pueda abordar. También es importante
que tengamos la serenidad de saber que esto es una parte de un todo, pero que, con que una sola persona haya pasado temor y temblor por esto, que haya sufrido o haya sido victimizada, a mí me parece ya grave. O sea, que cuando digo grave no hablo
de cantidades. Nos han dicho, ¿cuántas cantidades? Antes nos preguntaban por las cantidades. En realidad, yo hablo de las quejas que conocemos y las quejas no cuestionan el sistema general, sino que denuncian fallos. Si yo digo eso, parece que
está diciendo: pero usted sabe... Y, claro, nuevamente don Pedro Fernández Hernández me lleva a la mayor y me dice: Si usted no sabe estas dos cosas, calle para siempre. (El señor Fernández Hernández pronuncia palabras que no se perciben).
Bueno, perdone, pero sí me dice algo parecido. Me dice: Si no lo sabe, ¿cómo dice que...? Porque yo hablo de lo que sé. ¿Y qué sé? Pues que solo 15 personas, que no son pocas -además, cuando he dicho 'solo', me he detenido y he dicho que solo
no quiere decir que sean pocas; bastaría una para decir que son muchas-, se han dirigido a nosotros en relación con 1 500 que tienen que ver con problemas de violencia de género. Pero quienes creen que no hay violencia de género es difícil que se
preocupen de las 15 que tienen que ver con las pulseras... O sea que esto también es una cosa un poco llamativa. Pero, en fin, yo no tengo nada que echarle a usted en cara. Haga lo que considere más oportuno. Pero ¿qué porcentaje? Pues 15
personas de 1 500. ¿Es mucho o poco? Es muchísimo, porque quince es muchísimo y por eso he dicho que, aunque sean 15, vamos a atender a cada una hasta el fondo de lo que están diciendo y vamos a ver qué es lo que pasa.

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Es muy grave. Y es muy grave también que se pueda manipular, que se pueda jugar con la víctima, haciendo labores de acercamiento, de aproximación, de distancia.


Decía don Joan Josep Queralt que no sabe si esto debería denunciarse. Yo he dicho respecto a los posibles quebrantamientos que ella denuncia que parecería lógico cuestionarse si estos casos pudieran constituir un ilícito distinto del
quebrantamiento. Esto -dicho por una vez de forma más corta a como lo que han dicho otros- está queriendo decir también que habrá que estudiar si es algo más que un quebrantamiento de una cosa, si tiene otro alcance. Usted ya le ha dado el
alcance, lo ha tipificado y ha señalado que debería ser denunciado. Pues no lo sé. Si yo supiera que merece ser denunciado, lo denunciaría; si supiera con seguridad que habría que ir al fiscal, estaría ya en el fiscal. Pero si estamos en un
asunto en el que estamos todos estudiando a ver qué ha ocurrido, el fiscal ya tiene toda la información porque de hecho ha intervenido. Por cierto, la Fiscalía ha intervenido. Además, ha intervenido y parece que estamos todos de acuerdo con su
modo de proceder en esta actuación.


En las quejas abiertas se ha pedido información y se espera su contestación. Además, ya decimos -insisto en eso y se ha dicho aquí por unos y otros- que el sistema de protección no son solo las pulseras. Esto es también muy importante,
porque hay 38 000 condenados y hay 180 000 personas que de una u otra manera se ven afectadas por esto. Claro, comprendo que haya nerviosismo, pero también comprendo que de esas no todas tendrán la preocupación, sobre todo todos los miles de
personas que no tienen pulseras. Por supuesto nosotros estamos preocupados y expreso nuestra solidaridad y nuestra voluntad de ayudarlas. Pero que no se deduzca aquí que todas las personas que están en este asunto de violencia de género están
ahora mismo sometidas a una quiebra total.


Sí que es verdad -se han citado casos y lo comprendo- que hay personas que están mal, que incluso han denunciado y que han perdido la confianza o la sensación de seguridad. Bueno, pues cuidemos en resolver todo esto y hagámoslo lo antes
posible. No sé si es delictivo o no el que ha manipulado. A mí sí que me parece que está bien ver las empresas adjudicatarias, que se aclare lo que haya podido haber, pero ellos no nos van a contar la historia del tránsito que les he contado yo,
que es que en la transición de un sistema de una empresa a otra empresa siempre se suele producir... Si es solo esto, sería mucho, pero probablemente ustedes ya dan la explicación. Dice la señora María Eugenia Carballedo que esto ha sido una
negligencia consciente. Hombre, no sé. Si usted sabe que es una negligencia consciente, es para denunciar a quien conscientemente haya tenido una negligencia semejante. Si usted considera que es así, supongo que habrá tomado ya las medidas al
respecto.


Lo de AliExpress lo he oído por todos lados. Yo no entiendo muy bien de AliExpress, pero lo oí tanto que me despertó interés y he seguido un poquito a AliExpress. Parece que no está confirmado; es más, parece que está desmentido
expresamente que se compraran en AliExpress, pero eso no ha servido para que se deje de hablar de que han sido compradas en AliExpress, sino que cada vez se dice más que están compradas en AliExpress. Pues vale, si están compradas en AliExpress o
no están compradas en AliExpress lo tendremos que dilucidar en el más allá cuando podamos verdaderamente dividir los justos de los injustos. Se ha dicho expresamente que no están compradas ahí. ¿Qué hace falta? ¿Pasar la factura? Que se vea la
factura. Yo no estoy defendiendo aquí... No sé si es mejor comprar en AliExpress o no, no lo sé. Es que igual es un error no haberlas comprado allí. Pero, por lo que parece, no se han comprado allí. Lo que le digo es que me sorprende que con
las extraordinarias intervenciones que hace -se lo digo así y la valoro-, con el contenido que les da a esas intervenciones, las vaya trufando con una serie de afirmaciones de descalificación y juicios políticos, que respeto. Lo hace de vez en
cuando, un poquito, como un estribillo de un juicio político y luego seguimos con el tema. Es su estilo y lo respeto, en mi opinión es de gran parlamentaria. Pero no nos diga aquí que el cambio de proveedor no es tan decisivo, que la negligencia
es consciente, que lo ocultaron a sabiendas, que las compraron en AliExpress, que yo haga una auditoría integral, y me manda a casa con deberes después de haber hecho una intervención un poco distinta. Esa es mi valoración. Valoro sinceramente y
alabo su intervención, que en general siempre comparto en su alcance, pero no en las valoraciones permanentes.


Ha dicho Blanca Cercas, del Grupo Socialista, que usted dialoga con ella, y yo estaré encantado de oír su diálogo y asisto encantado a su diálogo, pero es que he venido aquí a comparecer porque soy el defensor del pueblo. No he venido a ver
cómo va la cosa entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión; yo he venido a otra cosa. Ahora bien, cada uno da sus argumentos. No falló el sistema de protección, se dice. A mí me sigue pareciendo que
hay un problema serio. Pide unidad política y rigor institucional, no partidista. Bueno, yo esas cosas las puedo compartir. Pero sí me parece clave que no le restemos ninguna importancia a este asunto.

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Mis afirmaciones son sobre las quejas que tenemos, señor Fernández. Señoría, yo no puedo hablar sobre otras muchas cosas que ustedes, por lo visto, conocen o estudian muy a fondo; yo trabajo a partir de las quejas. Lo cual no quiere decir
que no lea el periódico. Creía que, al final, me iba a recomendar que hiciera otras actividades más interesantes, como leer los estudios que se han publicado aquí o allá; sin embargo, me dice: Lean el periódico, oigan la radio, vean la
televisión. Pues dígame, por favor, ¿qué programa de radio?, ¿qué programa de televisión?, ¿qué periódico? Porque, lamentablemente, también depende de qué se lee o qué se oye el que se tenga una valoración u otra. No remita como fuente para un
asunto de esta envergadura a que vayamos al periódico, salvo que usted nos diga cuál es; a la radio, salvo que nos indique a qué emisora se refiere, y a la prensa o a lo que fuera sin especificar a cuál. Hay otras cosas a las que remitirse.


También hay otra cosa muy importante que hace el Defensor del Pueblo, que puede parecer poca cosa, pero es pedir información directamente a aquel que considera que es el que ha tomado la decisión. Y lo hemos hecho. ¿Considera que el
sistema COMETA debería ser completamente público? Bueno, ya sabe que público quiere decir de todos, público no quiere decir del Gobierno. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque si público quiere decir del Gobierno entonces yo estoy un poco
equivocado o está equivocado el que crea eso. Público significa que es de todos. Por esa misma razón, el modelo de gestión elegido es una decisión que le corresponde a cada gestor público y que se toma en función de criterios políticos,
presupuestarios o administrativos, y que no le corresponde enjuiciar al Defensor del Pueblo.


Lo importante son las víctimas -y hoy se ha dicho-, no la naturaleza del servicio que se presta, ni si la gestión de este es puramente pública o está externalizada. Decía usted mientras hablaba -iba pasando y moviendo un poco su discurso-
que estaba a cargo de empresas privadas. Al Defensor del Pueblo el modelo de colaboración público-privado como tal no le inquieta, porque está para la defensa de los derechos fundamentales; lo que le importa es hasta qué punto se defienden mejor
los derechos de las víctimas. Lo importante es que el servicio se pueda evaluar, que cumpla con los objetivos que tiene establecidos y que, en definitiva, funcione. Ahora, si es un sistema que nadie puede ver ni cómo es... Me parecen bien, por
tanto, todas las preguntas que se hacen en la dirección de que haya máxima transparencia, de pedir información de cómo funciona, de qué es lo que de verdad ha fallado, y ver qué medidas se han tomado para que esto no vuelva a suceder.


Se ha dicho también -lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- que las tecnologías tienen también sus fallos. Bueno, pues si los tienen, hay que trabajar mucho para que no los tengan, porque solo trabajando mucho para que
no los tengan tendremos menos. Y, desde luego, una gran compañía que manda paquetes por todos los lados, me parece que ha tenido algún problema técnico también, ¿no? Hace poco. Se ha librado de tener que explicarlo aquí. Pero, se ve que la
tecnología falla en casi todos los lados. El problema es cómo se reacciona ante el fallo, qué alcance se le da a eso, qué respuesta se da.


También quería decir que, si se revocan los pliegos administrativos, hasta donde yo sé -que puedo estar equivocado- el cambio de Telefónica a Vodafone fue por problemas técnicos. Esto es hasta donde yo sé. Creo que fue por otro tipo de
razones, pero esto es lo que yo sé.


Los problemas de spam y del uso de los datos de las víctimas fue una queja del año 2023, y se tomaron medidas para corregirlo. Es la queja de la que hemos hablado de FADEMUR, del año 2023, la queja 23 570, de las pocas que he citado. No es
competencia nuestra revisar los contratos, podemos pedir que se convoquen los sistemas previstos para el seguimiento y control de la debida ejecución de esos contratos o la comisión de seguimiento prevista en estos contratos. Esto sí podemos decir
porque esos contratos tienen una comisión de seguimiento. Lo que podemos decir es que se convoquen las comisiones de seguimiento de esos contratos. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Pero no podemos revisar esos contratos.


También quería decirle a su señoría Igotz López Torre, que hace siempre una relación de distintos asuntos, pero yo me quedo con las propuestas de actitud, como que no hay que minimizar la desconfianza. Hay que trabajar para que no se
desanimen, para que no sean tan sensibles, aunque es difícil, a los discursos de desaliento. Pidamos que las Administraciones sean transparentes, porque es verdad que algunos utilizan los sistemas, incluso los de protección -se ha dicho- para
torturar a las víctimas. Es difícil, propone tareas imposibles, como huir del ruido y generar confianza. Ya le he dicho que el nuevo incidente de estos días ya lo conocemos, pero no sé si hay que huir del ruido o hay que generar confianza a pesar
del ruido, porque si pensamos que no va a haberlo, a veces nos llevamos un poco de disgusto.


De todas formas, les agradezco sus intervenciones. No sé si hay otra réplica, no sé si hay algo más, pero lo espero con mucho gusto.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


Me va a permitir, señor defensor del pueblo, que haga una precisión que no tiene por objeto reabrir un debate de ninguna naturaleza. Las referencias que puedan hacer los diferentes portavoces forman parte de lo normal en el debate político.
Creo que se han hecho siempre aquí -y también en esta sesión- con sumo respeto y, por lo tanto, creo que como tales se pueden seguir produciendo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Perdón, ¿puedo decir una palabra?


El señor PRESIDENTE: Puede decir una palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Desde luego, yo he buscado hacerlo con el máximo respeto. Si no lo he logrado, pido disculpas.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


Mi obligación es defender a los señores diputados en el ejército libre de sus actuaciones y de sus intervenciones, señor Gabilondo.


Seguimos con el turno de réplica.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor López.


El señor LÓPEZ TORRE: Muy brevemente, para poner un postre.


Lo he dicho anteriormente, sin más, como ha quedado patente, ni tanto ni tan poco. Insisto en que les rogaría rigor en las críticas y en las afirmaciones, porque cuanto peor no es mejor. Y a otros les ruego transparencia y claridad en la
información y medidas concretas, porque lo primero son las víctimas y tiene que ser por y para las víctimas.


Y a usted y a su equipo les ruego, evidentemente, que sigan trabajando, como ha dicho, en saber lo que ha pasado de verdad y en que la Administración haga lo necesario para que se corrijan los problemas. Porque, por encima de todo, lo que
debemos hacer es, como también he dicho antes y ha destacado, restaurar la confianza tanto en el sistema en general como en el sistema COMETA. Ojalá pongamos todos el foco, por encima de todo, en las víctimas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Queralt.


El señor QUERALT JIMÉNEZ: Moltes gràcies, president.


No vull entrar en polèmiques amb el Defensor del Poble. Jo m'hi he referit a que era categòricament un il·lícit penal la manipulació dels cims, extreure les dades personals per part de les companyies, no per part de la manipulació de les
polseres, que sí que és un delicte, 468.3 del Codi Penal. Però no m'hi fico.


El que sí em sembla molt greu, perquè és la part més feble, és la persona que porta un dispositiu de vigilància i se li extreuen les dades. I després amb aquestes dades no les extreuen per curiositat. Tots sabem per què s'extreuen les
dades i com després totes aquestes dades es manipulen. Dit això, jo li agraeixo el seu to perquè, vostè potser no, però els demés estem bastant acostumats a aquesta permanent crítica mil·lenarista, hiperbòlica, farcida d'absoluts fakes. Llavors,
nosaltres ja estem vacunats. És molest, però també és molest de vegades quan plou i t'has deixat el paraigües a casa. Vull dir, tampoc passa res. Procures agafar un taxi o entrar a un cafè a fer una cervesa i esperar que pari la pluja.


Res més. Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


No quiero entrar en polémicas con el defensor del pueblo. Me he referido a que era categóricamente un delito penal la manipulación de las SIM, el extraer los datos por parte de las compañías, no a la manipulación de las pulseras, que es un
delito del artículo 468.3 del Código Penal, pero no me meto en eso.


Lo que sí me parece muy grave, porque es la parte más débil, es la persona que lleva un dispositivo de vigilancia al se le extraen los datos. Después, no se sacan por curiosidad estos datos, todos sabemos por qué se extraen los datos y cómo
se manipulan después. Dicho esto, le agradezco su tono porque usted quizás no, pero los demás estamos bastante acostumbrados a esta permanente crítica milenarista hiperbólica, llena de absolutas fakes. Estamos ya vacunados, es molesto; pero
también es molesto a

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veces cuando llueve y te has dejado el paraguas en casa. No pasa nada, coges un taxi o entras en un café a tomarte una cerveza y a esperar a que pare la lluvia.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Queralt.


Por el Grupo Parlamentario SUMAR, señora Ogou i Corbi.


La señora OGOU I CORBI: Muchas gracias.


Me reitero en lo que he planteado al principio: que nos hemos dotado todos y todas -y además lo hemos hecho a través de mucha negociación- de una herramienta, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para abordar estas cuestiones.
Por eso, defensor, planteo esa necesidad de intentar escapar del ruido frente a su gestión, en la que más o menos estamos todos de acuerdo. Creo que aquí tanto la señora Cercas, que ha planteado que el ministerio ha tratado de ser transparente y ha
dado explicaciones, y también nosotros en SUMAR, que hemos pedido que se den todas las explicaciones que sean necesarias, sobre todo para proteger no solamente a las víctimas de una violencia física o de un peligro inminente, sino también por su
seguridad en el plano psicológico.


Y es un gran reto porque ahora mismo se están generando muchos bulos, además bulos que no son creíbles, porque lo de AliExpress no es creíble. No hace falta tener un doctorado para pararse a leer esto y darse cuenta de que parece raro, y
parece raro porque no hay un solo Gobierno que compre en AliExpress. Creo que todos y todas, con la educación tecnológica que tenemos o con la experiencia del uso diario, podemos diferenciar o cuestionarnos a nosotros mismos qué cosas pueden ser
bulos y qué cosas no. Y es importante porque, como decía, no es solamente el peligro físico que puedan vivir las víctimas ante un fallo -que se dice que en este caso no ha representado un peligro para las víctimas, pero que pudiera hacerlo y
estamos de acuerdo en que tenemos que garantizar que eso nunca se vaya a dar-, sino también el peligro psicológico y la ansiedad que esto pueda generar en ellas. Entonces, creo que aquí todos tenemos que ser muy responsables y garantizar que se dan
las explicaciones necesarias, que se ponen los medios necesarios y que se hace una evaluación de este sistema para garantizar que es siempre útil para las personas que lo tienen que usar. Del mismo modo creo que es bueno pedir que seamos cuidadosos
también con la información que replicamos, con la conciencia de que no es precisamente verídica.


Y, para terminar, defensor, disculpe que le haya preguntado específicamente por la cuestión de las empresas. Entiendo que no sea una decisión que tiene que plantear el Defensor del Pueblo, pero se la he planteado aquí porque creía que era
una pregunta pertinente. Y lo creía porque, frente a un reto que se está encontrando la ciudadanía y en este caso en que hay detrás una empresa privada, se puede intuir que quizás el hecho de que esté la empresa es el reto en sí, precisamente por
la cuestión de la protección de datos en una situación como la que estamos. Me refiero a que está costando mucho a nivel internacional regular la privacidad, es decir, que no solamente sucede en el contexto español, sino que ya estamos hablando de
contextos mayores.


Muchas gracias por la respuesta, lo tenemos presente para próximas comparecencias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Voy a ser muy breve.


En primer lugar, señor Gabilondo, como a usted, a mí también me gusta la lógica. Si usted dice que el Defensor del Pueblo no está para enjuiciar y al mismo tiempo dice que los fallos del sistema no han cuestionado en general todo el
dispositivo de alerta en este tipo de situaciones está usted enjuiciando, está usted ya dando una conclusión, pero tampoco tiene mayor importancia.


En segundo lugar, quiero preguntarle e insistirle: ¿va a reclamar la información que le he dicho que podía instar a los ministerios de Igualdad y de Justicia sobre esas resoluciones de sobreseimiento y sentencias absolutorias como
consecuencia de los fallos técnicos de los dispositivos? ¿Sí o no? ¿Lo estudiarán o no lo estudiarán? Si me dice algo, se lo agradecería.


Y, finalmente, una cuestión formal. Yo a usted me he dirigido con educación y usted ha hecho dos cosas que creo que no corresponden al Defensor del Pueblo si actúa con rigor. Ha puesto en mi boca palabras y expresiones que yo no he dicho.
Yo defenderé... (El señor defensor del pueblo pronuncia palabras que no se perciben). Sí, yo no le he dicho que se calle. Yo defenderé siempre que usted hable

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en cualquier sitio, aunque no esté de acuerdo con usted, pero no le he dicho a usted que se calle. Quiero que hable, que hable mucho y que dé muchas explicaciones. Por lo tanto, le pido que mantenga el respeto hacia esta señoría en futuras
sesiones.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Cercas.


La señora CERCAS MENA: A mí me va a costar un poco situarme ante un lenguaje tan desafortunado como han tenido ustedes, señorías del Grupo Popular.


He empezado dando todos los detalles que he recopilado sobre la información que ustedes pedían. He continuado explicándoles que mi grupo, como responsable del Gobierno, había pedido perdón por esta situación, a pesar de que a la Fiscalía no
le constaba ningún caso. Además de eso, he dicho que la seguridad y el sufrimiento de las mujeres exige unidad política, exige rigor institucional y que no podemos convertir esta materia en un arma partidista. ¡Vaya!, les estoy expresando los
deseos de mi grupo de colaborar en un problema tan enormemente duro y sensible como este, y usted me sale con un lenguaje, aparte de agresivo, infantil. ¿Cómo puede usted pensar que estamos llamando a las mujeres mentirosas? Es que ya simplemente
el comentario es francamente insólito.


Además, le diré otra cosa. Yo me he guardado muy mucho -porque no he querido entrar en discusión con ustedes- que, si están ustedes tan preocupados y tan indignados, díganme por qué han roto unilateralmente el acuerdo que habíamos alcanzado
sobre la declaración institucional del 25 de noviembre del día de la lucha contra la violencia de género. (Aplausos). El PP solo, unilateralmente -y que conste que esta información me la guardaba, no quería entrar en conflicto con ustedes-. ¿Y
por qué unilateralmente se han ido de este pacto? Además, no es solo eso, sino que en este pacto había personas de todos los partidos, a excepción de VOX. Entonces, ¿por qué se van así, si realmente esta cuestión es primordial en este pacto?


Y, por último, ustedes están en Castilla y León, en Valencia y en Extremadura gobernando con un partido que niega la violencia de género. Entonces, ¿qué pasa aquí? (La señora Carballedo Berlanga: Madrid, Madrid. Ayuso, Ayuso). No, es
que...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría. Perdón, señoría.


La señora CERCAS MENA: Insisto en que yo no quiero...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría. Le voy a seguir dando la palabra, pero me parece una absoluta contradicción por mi parte haberle dicho al defensor del pueblo que entienda que estos rifirrafes, lógicos y normales en política, se
pueden producir...


La señora CERCAS MENA: Sin duda alguna.


El señor PRESIDENTE: ...y que, si va a dedicar toda su intervención a otro grupo político, no le manifieste entonces que eso es una falta de consideración a quien hoy está aquí compareciendo y responde ante nosotros. Por lo tanto,
ajustemos un poco esas formas por todas las partes, porque es lo que procede. (Rumores).


La señora CERCAS MENA: Sí. Me ha dado la palabra, ¿verdad?


Simplemente estaba contestando, señor presidente. Estaba contestando que mi intervención ha sido, yo creo, de lo más suave posible; no ha sido agresiva. Y como he recibido una respuesta agresiva, estoy respondiendo a la agresividad. En
todo caso, mire, aparte de estas incongruencias del Partido Popular y de su agresividad, me había apuntado aquí que, francamente, me avergüenzo de que el señor Gabilondo venga a esta comisión y le traslademos esta imagen del debate político.


Lo siento. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cercas.


Quizás sean las horas, el azúcar baja... Iba todo muy tranquilo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Esperemos que no se estropee más.


La señora CERCAS MENA: No lo hemos incitado nosotros.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Carballedo.


La señora CARBALLEDO BERLANGA: Muchas gracias, presidente.


A nuestro entender, los hechos son inequívocos. Aquí no estamos en el ámbito de la opinión, de la fe, tampoco de la ideología; estamos en el ámbito de los hechos. Son oficios, son comunicaciones por escrito, son actas, son correos
electrónicos, son conversaciones, son testimonios que hemos podido leer. Y ahí está la información para quien la quiera ver.


Lo cierto es que Moncloa es una máquina de generar confusión, también en este asunto, donde la transparencia, la diligencia y la empatía faltan tantísimo, tanto en el Gobierno como en el Grupo Socialista, como aquí se ha vuelto a ver. (El
señor Conesa Coma: ¡AliExpress!). Esta falta de empatía es lo que a nosotros nos interpela para pedirle, señor defensor, que, por favor, ponga interés en esta negligencia que, insisto, no es una negligencia más. Es una negligencia basada en la
mentira del Gobierno y en una manera de entender el modo de gobernar o de gestionar, y es, sencillamente, atender más la propaganda que la gestión; es gastar dinero en propagandas, en campañas, en pancartas y dejar abandonadas a las mujeres que
necesitan que, efectivamente, la Administración garantice el cumplimiento de esa orden de alejamiento. Es evidente que el Gobierno se protegió a sí mismo y dejó tiradas a las mujeres maltratadas durante ocho largos meses y, por lo que se ve,
todavía lo sigue haciendo. Nosotros, en el Partido Popular, no vamos a normalizar, señor defensor, en ningún momento, que los fallos de las pulseras sean los que tienen que ser porque se ha cambiado de proveedor. No, no nos va a encontrar en ese
terreno, eso con absoluta seguridad; ni tampoco en el dogma en un tema tan sensible y que, a nosotros, desde luego, nos está quitando el sueño. Se lo digo de verdad: Nos está quitando el sueño.


Yo diré una y otra vez, una y mil veces, a quien diga delante de mí que la seguridad de las mujeres nunca estuvo comprometida por los fallos sistemáticos que aún se producen en los sistemas, que desde el Partido Popular sencillamente no se
lo vamos a admitir. No se lo vamos a aceptar, porque eso es dejar por mentirosas a las mujeres maltratadas. Y en eso, les aseguro, estamos enfrente.


Por lo demás, le escucho con atención, señor defensor. Nuestra propuesta era, efectivamente, hacer una auditoría integral de todo lo que es control telemático hacia los maltratadores que tienen que cumplir esa orden de alejamiento que las
mujeres maltratadas y sus hijos anhelan y necesitan.


Muchas gracias, en todo caso, por sus explicaciones hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carballedo.


Para terminar, tiene la palabra el defensor del pueblo, señor Gabilondo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Es verdad que esta comisión mixta -que es una comisión de relaciones, según dice la ley- a veces da un poco la impresión de que hay cierto control parlamentario o debate interpartidista. El
señor presidente me ha dicho que esto es lo normal en el ámbito parlamentario, yo lo he asumido y he pedido disculpas; lo he hecho sinceramente. Ahora recibo una nueva indicación de que he faltado al respeto. La verdad es que yo no sé cómo me las
arreglo para faltar al respeto (risas) para tener que pedir excusas, cuando, precisamente, no creo que mi estilo sea para esas cosas, pero lo hago.


Yo no quiero faltarle a usted al respeto. Yo le tengo a usted el respeto que usted se tiene. (El señor Fernández Hernández: Mucho). Entonces, sobre las resoluciones y sentencias absolutorias, veremos si nosotros podemos hacer esa
consulta o no. Yo todo lo que dicen aquí lo apunto; lo apuntamos y lo consideramos. Aunque se diga en los contextos que sean, todas esas cosas las pensamos. No venimos aquí a salvar el asunto. Desde luego, si viniéramos a eso, la verdad es que
yo me estaría portando muy mal, porque hemos llegado a las cuatro de la tarde y ustedes siguen aquí, cosa que agradezco muchísimo. Todos vamos modulando el tono, también. Yo creo que acabamos en un tono más razonable que en la vuelta anterior -eso
es lo que me ha parecido a mí-, y lo agradezco.


También he dicho que hay una solicitud para que hagamos una auditoría. Nosotros también pensamos todas las propuestas que se nos hacen. No las haríamos, pero no trabajamos a bote pronto, también lo quiero decir. Además, no sé si esto es
nuestra misión. Lo que más me preocupa de algunas sugerencias o propuestas que se hacen aquí es que, aunque a mí me pueden parecer razonables, estoy sujeto a una ley orgánica que me da unos límites de actuación muy definidos y que no me permite
hacer algunas cosas que igual me resultarían a mí también interesantes o importantes, porque yo soy nada menos y nada más que el defensor del pueblo. No solo no soy juez, es que no debo serlo. ¿Eso quiere decir que no tengo que

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tener juicio? Desde luego, es verdad que no tengo que dirimir puntos de vista de encuentro o desencuentro entre grupos o grupos parlamentarios; no me toca dirimirlos. A veces hay momentos en que me siento como interpelado a pronunciarme,
y yo me estaba un poco como escudando, porque me parecía que era otra cosa lo que pasaba aquí. Lo que más importa de todo lo que haya pasado aquí, si es que verdaderamente somos sinceros -y lo somos-, es que pensemos en las víctimas, que veamos
hasta qué punto son inequívocos los hechos. Algunos hechos son inequívocos; otros no son tan inequívocos. Para algunos los hechos son incontestables; para otros no han sido así. Todos hablamos desde los hechos que creemos que son nuestros
hechos.


Desde luego, no hay que dejar abandonadas a las mujeres, y si alguien presente opina otra cosa, me gustaría que cambiara de opinión. Pero yo creo que nadie quiere dejar abandonadas a las mujeres. Puedo estar equivocado. Otra vez es un
juicio, ¿verdad? Pero es que, bueno, tengo que procurar ser juicioso también, sin ser juez. Y como esas cosas son compatibles, yo les diré que atendamos a los hechos, no abandonemos a las mujeres. Los fallos no son simplemente de cambio de un
sistema a otro, pero el cambio de un sistema a otro genera una convulsión que puede producir, y no justificar, los errores o fallos que pueda haber. Que esté describiendo que aquello tiene que ver también con eso, no significa que para mí esa sea
la causa única, pero yo he estado un poco huyendo de que se pensara que hay una voluntad firme por parte de algunos de dejar abandonadas a las mujeres. Yo creo que no hay esa voluntad. Si eso ha ocurrido -también es otro juicio-, me parece a mí
que tenemos que trabajar todos para que eso no ocurra. Esto es lo decisivo.


Y, con permiso del presidente, antes de que él tenga -como debe tener- la última palabra, les quiero dar muchísimas gracias por su atención, señoras y señores, señorías. Muchas gracias, presidente, miembros de la Mesa, adjuntas, señora
letrada, señoras y señores parlamentarios, señorías, miembros del Defensor por su trabajo. Algunos han tenido un trabajo directamente vinculado a esto, así que todos los méritos que haya podido haber en alguna frase que haya dicho, que se me haya
escapado, es de ellos. También quiero agradecer a los servicios de la Cámara, como siempre, su trabajo. Algunas veces he leído un poco rápido porque tenía la impresión de que estaba ocupando demasiado tiempo y pensaba en las personas que están
haciendo taquigrafía, que deben haber hecho el curso completo, porque, si no, es imposible pensar que hayan podido seguir esto bien, y seguro que lo habrán hecho. A los ujieres, también. Bueno, y voy hoy a felicitar, por el hecho de que tengo
varios hermanos en los medios de comunicación, incluso a quien se ha puesto ahí (señalando al cámara que está cubriendo la sesión) para transmitir a la ciudadanía estas tres comparecencias. Yo me voy, desde luego, más próximo a ustedes que antes de
haber venido aquí, a pesar de todas las cosas que hayan podido hoy decirse u ocurrir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gabilondo.


También permítanme que les dé las gracias al defensor del pueblo, a sus adjuntas, al personal de la oficina del Defensor del Pueblo que le ha acompañado durante esta larga sesión, al personal de la casa, a la señora letrada y, por supuesto,
a ustedes, señorías. Independientemente de cositas que ocurren, la sesión ha transcurrido con respeto, con normalidad. Ojalá todas las sesiones fuesen así; otra cosa sería.


Feliz noche, feliz día. Hasta mañana.


Eran las nueve y cuarenta y dos minutos de la noche.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.