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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 94, de 11/02/2025
cve: DSCD-15-PL-94
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 94
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 90
celebrada el martes,
11 de febrero de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página4)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Andalucía, de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
150-1, de 25 de octubre de 2024. (Número de expediente 125/000008) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la violencia en el ámbito sanitario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 160-1, de 15 de noviembre de 2024. (Número de expediente 122/000141) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre programado de la generación nuclear en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 232, de 8 de noviembre de 2024. (Número de expediente 162/000359) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la menopausia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 236, de 15 de noviembre de 2024. (Número de expediente 162/000362) ... (Página45)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Valido García), sobre la atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas canarias cada mes. (Número de expediente 173/000073) ... (Página55)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página65)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
SUMARIO
Minuto de silencio ... (Página4)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por el asesinato de dos mujeres, víctimas de violencia machista.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ... (Página4)
La señora doña Viviane Ogou i Corbi y el señor don Luis Antonio Gómez Piña adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento de Andalucía, de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ... (Página5)
En turno a favor intervienen las señoras Gómez Corona, del Grupo Por Andalucía, y Navarro Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, representantes del Parlamento
de Andalucía.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Rivera Arias, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR;
los señores Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX, y Losada Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Ramírez Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la violencia en el ámbito sanitario ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras y Rego Candamil y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Ruiz de
Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Recas Martín, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR; el señor García Gomis, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Martínez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre programado de la generación nuclear en España ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rego Candamil y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Ruiz de Pinedo Undiano,
del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; los señores Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y Badia Casas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y la
señora Pérez Ortiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mariscal Anaya.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la menopausia ... (Página45)
Defiende la proposición no de ley la señora Sainz Martín, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fija posición; Gil de Reboleño Lastortres, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Reynal Reillo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Aguirre
Gil de Biedma, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sainz Martín.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página55)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Valido García), sobre la atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas canarias cada mes ... (Página55)
Defiende la moción la señora Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada el señor Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; los señores Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario
Republicano; Cofiño Fernández, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Diouf Dioh, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Delgado-Taramona Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Andalucía, de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, se aprueba por 344 votos a favor.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la violencia en el ámbito sanitario, se rechaza por 171 votos a favor y 173 en contra.
Se levanta la sesión a las ocho y diecisiete minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres y tres minutos de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Buenas tardes a todos y a todas.
Desgraciadamente, antes de empezar el orden del día tengo que pedirles de nuevo que nos pongamos todos en pie para guardar un minuto de silencio por las dos mujeres asesinadas, víctimas de violencia machista: por Karilenia, asesinada en
Asturias el 31 de enero, y por Catalina, asesinada en Málaga el 9 de febrero. A ver si esto para de una vez. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchísimas gracias.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
Ruego a los miembros de la Mesa que nos pongamos en pie.
En sustitución de doña Gala Pin Ferrando, pregunto a doña Viviane Ogou i Corbi si jura o promete acatar la Constitución.
La señora OGOU I CORBI: Por los derechos de la juventud y de las personas migrantes, sí, prometo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
En sustitución de doña Paula Fernández Pena, pregunto a don Luis Antonio Gómez Piña si jura o promete acatar la Constitución.
El señor GÓMEZ PIÑA: Sí, prometo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
Doña Viviane Ogou i Corbi y don Luis Antonio Gómez Piña han adquirido la condición plena de diputada y diputado, respectivamente.
Enhorabuena y bienvenidos. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, DE REFORMA PARCIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. (Número de expediente 125/000008).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Andalucía de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Es por ello por lo que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Andalucía, a los que doy la bienvenida. Esta es vuestra casa. Muchas gracias por estar aquí y compartir este momento de debate de una iniciativa que nos viene de su
Parlamento.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, doña Esperanza Gómez Corona, del Grupo Parlamentario Por Andalucía, por un tiempo de cinco minutos.
Por favor, un poco de silencio.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gómez Corona): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es un honor estar hoy aquí en la sede de la soberanía popular española, y hacerlo, además, en representación del Parlamento de Andalucía. Mayor aún, si cabe, es el honor porque la proposición de ley que hoy traemos fue aprobada
por unanimidad y puede cambiar la vida de miles y miles de personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Por fortuna, la percepción de la discapacidad está cambiando, y en los últimos años estamos asistiendo a reformas profundas en nuestra legislación, que ya considera, por fin, a las personas con discapacidad como personas con plena capacidad
jurídica, capaces de tomar sus propias decisiones y a las que el ordenamiento solo tiene que proveer de apoyos puntuales cuando sea necesario. Recientemente, además, se ha modificado la legislación electoral para garantizar su derecho de sufragio;
y hace ahora un año estas mismas Cámaras modificaron el artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido del texto constitucional.
En esta línea de avance en el reconocimiento de sus derechos, pero también de su diversidad, presentamos hoy una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para adaptar la normativa de acceso al empleo público a la realidad de las
personas con discapacidad intelectual.
Como saben, esta norma contiene una reserva del 7 % de plazas para para personas con discapacidad, y de ella reserva un mínimo del 2 % para las personas con discapacidad intelectual. La inclusión de este cupo en el Estatuto Básico supuso,
sin duda, un paso de gigante al establecer por primera vez en una norma con rango de ley la obligatoriedad de la reserva de plazas para un colectivo con unos índices de desempleo superiores al 85 %.
Sin embargo, muy poco se dijo entonces de cómo debía producirse ese acceso al empleo público. En consecuencia, la inercia propia de las cosas ha hecho que se utilizara el mismo sistema que para el acceso de las personas sin discapacidad, la
prueba teórica. En el fondo, les estábamos aplicando nuestro método: si la regla general es el examen, en el caso de la discapacidad intelectual también, aunque con un temario adaptado y algunas facilidades. Un examen más facilito, pero un
examen, en resumidas cuentas.
El paso del tiempo ha puesto de manifiesto que, si queremos cumplir con ese cupo del 2 % y hacer que el examen responda al mismo objetivo que en los demás casos -es decir, valorar la idoneidad de las personas candidatas sobre la base del
mérito y la capacidad-, una prueba teórica no solo no es la más apropiada, sino que es ineficaz para cumplir ese objetivo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen enormes dificultades para memorizar cuestiones relacionadas con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestro sistema político español o con nuestras leyes administrativas. Pasan años estudiando
y las familias nos cuentan que ese tiempo supone una auténtica tortura porque, no lo olvidemos, en el caso de la discapacidad intelectual se involucra y estudia toda la familia. He conocido a madres que adaptan temarios y buscan información, por lo
que acaban conociendo los temas mucho mejor que sus hijos e hijas. Y es así porque no todas las personas con discapacidad intelectual están preparadas para una actividad memorística; incluso cuando son capaces de aprender, cuando superan esa
barrera, no siempre pueden afrontar una prueba teórica, un examen
que suele ser tipo test y que no pueden abordar. Porque, si difícil es adquirir los conocimientos teóricos necesarios, mucho más difícil es saber plasmarlos o volcarlos en una prueba teórica, por fácil que nos parezca a nosotros y nosotras.
En consecuencia, llevamos años con un sistema que, si bien ha supuesto un avance, no es adecuado para las personas con discapacidad intelectual, que tienen problemas para hacer el examen, pero que podrían desempeñar muchas otras tareas dentro de la
Administración.
Por eso les proponemos una prueba de situación, una prueba práctica en la que se valoren sus competencias en el desempeño de las tareas que van a realizar en la Administración, que no tienen nada que ver con el conocimiento de la
Constitución o de las leyes administrativas. Sería una prueba que valore sus competencias, diversas -es verdad-, pero aptas para el desempeño de un empleo público. Hasta ahora lo que ha primado ha sido la concepción de la discapacidad como una
minusvaloración de su capacidad. No siempre las vemos como personas adultas con capacidades diferentes, sino que las vemos como eternos niños y niñas. Pero las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos sueños que las demás: quieren
emanciparse, amar, trabajar y aportar a la sociedad. Por eso, la responsabilidad del poder público, de la Administración Pública, es enorme. No basta con establecer un cupo y dejarlos a su suerte, ahora toca hacer lo más difícil: ponerse en su
piel y buscar la manera de medir sus capacidades no basándonos en nuestro rasero, sino en el suyo, con un sistema que no es el más cómodo, que no es el más fácil, pero sí el más justo y, lo que es más importante, el único capaz de medir sus
competencias reales, porque las tienen y están deseando enseñárnoslas. Un sistema, además, que permitirá cumplir con los objetivos de mérito y capacidad, y lograr una Administración eficaz.
Por eso -y acabo señorías- en nombre del Parlamento andaluz les traemos una iniciativa que no abre telediarios, pero que permite dignificar nuestra tarea de representantes públicos y que sirve para hacer justicia con las personas con
discapacidad intelectual, que tienen derecho a que el mérito y la capacidad se midan con criterios aprobados para ellas. De esta manera, señorías, solo podemos pedirles que apoyen la toma en consideración de esta iniciativa, que ya cuenta con el
apoyo unánime del Parlamento andaluz. Hagamos política con mayúsculas y hagamos historia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gómez.
Tiene ahora la palabra la señora María del Pilar Navarro Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Navarro Rodríguez): Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía quiero empezar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo a mi grupo mi designación para defender una iniciativa tan importante para nosotros y nosotras como es
la que debatimos hoy aquí. Porque se trata, en esencia, de defender y seguir avanzando en el principio de igualdad, señorías. Un principio que los socialistas llevamos insertos en nuestro ADN, un principio por el que tanto han luchado nuestros
predecesores y un principio por el que tenemos que seguir luchando los que hoy tenemos la oportunidad de estar en las Cámaras legislativas o en los distintos Gobiernos.
Estamos hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, mandatados por nuestro Parlamento, el Parlamento andaluz, para hacer algo de justicia social, para hacer algo tan lógico, evidente y, además, si me apuran, señorías, algo de puro sentido
común como es el hecho de que para las personas con discapacidad, cuando pretenden acceder a un empleo público, en las pruebas de acceso no se las evalúe con un examen, como hasta ahora, puramente memorístico, que para ellos es muy complicada de
retener o, peor aún, con un tipo test, que por sus características suele tener una pregunta trampa que, prácticamente, para ellos y para ellas es casi imposible de comprender. Se trata de cambiar ese sistema, señorías, por otro con el que se evalúe
si tienen o no las aptitudes necesarias para desarrollar el puesto concreto que van a tener que realizar.
Es algo tan evidente y sencillo como eso, señorías. Como les decía al principio, se trata de seguir avanzando y profundizando en el principio de igualdad que implica, como saben ustedes, tratar de forma igual a los iguales, pero también
tratar de forma desigual a los que son desiguales.
Señorías, además es algo que, desde el punto de vista jurídico, también implica una modificación muy sencilla, ya que apenas supone cambiar un único artículo del Estatuto Básico del Empleado Público. Fíjense qué paradoja tan grande: algo
tan sencillo, tan lógico y tan evidente que, sin embargo, puede
cambiar la vida de tantas y tantas personas con discapacidad en nuestro país. De ellos y ellas y de sus familias. Pero, señorías, hay algo quizá más importante y es que, además, les va a permitir abrir un horizonte de esperanza en sus
vidas. No solo a los que ya son adultos y adultas, sino sobre todo y ante todo a los más pequeños, a los que crecerán más pronto que tarde y que querrán tener su propia esperanza, querrán tener su propio trabajo, y por qué no, en la Administración.
Aquí estamos, señorías, para intentar ayudarles a que eso sea una realidad.
Señorías, si me permiten el símil, y salvando todas las distancias, aprobando esta toma en consideración y después la iniciativa cuando se traiga para su aprobación definitiva, ustedes con su voto favorable estarán permitiendo algo similar a
aquello que se sintetizó en esa célebre frase de Neil Armstrong cuando dijo: 'Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad'. Salvando las distancias, por supuesto, con esta aprobación ustedes estarán consiguiendo que
se modifique una cuestión normativa muy sencilla, pero que va a suponer un gran avance para la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. No ha sido baladí que haya querido traer a colación las palabras de un
americano, no ha sido por casualidad; ha sido porque, como saben sus señorías -y, por desgracia ya todo el mundo-, no corren buenos tiempos en el plano internacional para las minorías ni para las personas en situación de desigualdad, como son los
migrantes y las personas con discapacidad. No corren buenos tiempos, y lo hemos podido comprobar hace escasamente diez días escuchando otra frase de otro americano, en este caso del actual presidente de los Estados Unidos, echando la culpa sin
pruebas de un accidente aéreo en su país a las políticas demócratas del anterior presidente de Estados Unidos por haber contratado, precisamente, a personas con discapacidad severa.
Por eso, hoy -de hecho, esta mañana el Consejo de Ministros de un Gobierno progresista como el que tenemos la suerte de tener en España ha vuelto a avanzar con iniciativas en favor de la discapacidad y de la dependencia- tiene más sentido
que nunca que ustedes aprueben esta toma en consideración, porque de esta manera conseguiremos que nuestro país siga siendo un faro de esperanza y que siga siendo un ejemplo en todo el mundo de políticas de igualdad y de políticas para la inclusión
y la diversidad, aprobando iniciativas como la que hoy traemos aquí, con toda la humildad, en nombre de Andalucía. Ustedes lo tienen en su mano.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
En último lugar, tiene la palabra don Antonio Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía. Cuando quiera.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Martín Iglesias): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.
La iniciativa que hoy les traemos desde Andalucía para su toma en consideración viene envuelta en un halo de eso tan deseable, pero tan poco frecuente en los tiempos que nos han tocado vivir que es el consenso. Y es que, tanto las diputadas
que han intervenido antes que yo como yo mismo, venimos de una tierra en la que lo que gobierna hoy es la solvencia, es el sentido común, es el sosiego, y, además de eso, es la convicción de que a los grupos minoritarios no hay que machacarlos
porque estén en la oposición, sino que lo deseable es que se puedan acordar iniciativas con ellos sin trincheras ideológicas y sin sectarismos, tan solo porque es lo mejor para los andaluces. (Aplausos).
Andalucía es una tierra con un Parlamento -lo pueden ustedes comprobar, hoy traemos esta iniciativa, pero les anuncio que vamos a traer más- en el que es frecuente que el grupo mayoritario, el Grupo Popular -el grupo que, además, sustenta al
Gobierno-, respalde y con ello permita la aprobación de iniciativas de grupos minoritarios, por muy minoritarios que sean y por muy en las antípodas ideológicas que estén del Grupo Popular. Creo que eso es toda una lección, porque no necesitamos
los votos de estos grupos para mantenernos en el Gobierno ni necesitamos los votos de estos grupos para que nos compren nada -porque en Andalucía hay muchas cosas que no están en venta-; lo hacemos, sencillamente, porque es bueno para todo el
mundo, porque estamos en ese convencimiento y porque entendemos que un Gobierno no debe tener miedo al diálogo con el resto de grupos ni a adoptar ese principio tan en desuso que dice que lo importante son las iniciativas y no quien las propone.
Como entenderán, no he venido a esta Cámara para dar lecciones a nadie de cómo hay que gobernar, faltaría más, pero también deben entender que me suba a esta tribuna absolutamente orgulloso de venir de una Andalucía en la que
hoy anteponemos los intereses de los andaluces a cualquier otro interés partidista o de supervivencia política de nadie. Solo el interés de los andaluces, señorías. (Aplausos).
Cuando quiten el envoltorio de consenso en el que viene esta iniciativa, van a descubrir que dentro hay una proposición de ley que brilla, y es brillante porque no ha nacido para generar discordia, sino que ha nacido para solucionar los
problemas de personas y de sectores, ya que, por su vulnerabilidad, tienen muchos más que los demás. Esta iniciativa busca algo muy simple, pero muy poderoso, que es eliminar barreras. Deben saber que las personas con discapacidad intelectual que
intentan acceder a una plaza de la función pública se encuentran con que las pruebas de acceso no son una puerta, sino que en muchas ocasiones son un auténtico muro. No son un muro porque a estas personas les falte talento o les falte capacidad o
no tengan ganas de trabajar -que las tienen de sobra-; son un muro porque las pruebas de selección se plantearon y se idearon sin tenerles en cuenta. De alguna manera, lo que buscamos con esta iniciativa es adecuar esas pruebas respetando
evidentemente los principios de igualdad, mérito y capacidad que están consagrados en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero, desde luego, garantizando y asegurándonos también de que nadie se va a quedar fuera por cuestiones ajenas a su
valía. Créanme, si alguien tiene la duda se la aclaro: esto no es un regalo. Esto es una cuestión de justicia, y lo que hay que hacer a la justicia -qué les voy a contar a ustedes- es allanarle el camino y no ponerle piedras. Eso es lo que hay
que hacer. (Aplausos).
Señorías, lo que pide esta iniciativa -verán que hablo muy bien de Andalucía, y es que me salen los colores por la boca y por el corazón- ya lo hacemos en Andalucía. Hemos sido pioneros también por esa generosidad del grupo parlamentario
mayoritario, porque cuando se tramitó la Ley de la Función Pública de Andalucía el mismo grupo que ha propuesto esta iniciativa planteó una enmienda que nosotros transaccionamos, y hoy los andaluces ya se benefician de esta situación. Por lo tanto,
lo que traemos aquí es la posibilidad de que ustedes lo exporten al resto de España para que todas las personas con discapacidad intelectual del resto de España se puedan beneficiar de algo de lo que ya se benefician los que viven en Andalucía.
Señorías, concluyo. Andalucía está marcando un camino diferente, un camino que demuestra que se puede y se debe gobernar entendiendo siempre el Gobierno como una herramienta para construir y en ningún caso para destruir, que se puede y que
se debe gobernar siempre dialogando, consensuando y acordando, porque el futuro de Andalucía -y estoy seguro de que el futuro de España también- jamás se va a poder construir desde las imposiciones y desde los chantajes, sino solamente desde el
acuerdo, desde el diálogo y desde los consensos. Así tendremos una Andalucía mejor, y estoy seguro de que también una España mejor. Ha sido un honor y un orgullo intervenir en esta Cámara.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Velarde Gómez por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, llega al Congreso desde Andalucía esta iniciativa de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para facilitar el acceso -como ya han podido explicar aquí las parlamentarias y el
parlamentario andaluz- a personas con discapacidad intelectual a la función pública mediante una modificación del sistema de oposiciones. Quiero dar las gracias porque ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía, así que muchas
gracias. Creo que gracias a ese esfuerzo hemos llegado hoy aquí.
Es una propuesta que apoyamos y defendemos porque parte de un principio que es fundamental y que está recogido en nuestra Constitución, que es garantizar la igualdad por parte de los poderes públicos, lo cual no significa poner una raya en
el suelo y no significa poner un punto de partida, sino que lo importante es garantizar la igualdad desde los poderes públicos y remover todos -absolutamente todos- los obstáculos e impedimentos que no lo hacen materialmente posible.
Aquí hemos oído que algunos y algunas, en muchos momentos y cada vez que aumentamos la protección para determinados colectivos, han dicho en sus discursos que si tienen cuotas, que si tienen más derechos que otros... No, señorías,
planteamos justo lo contrario. Se está proponiendo reconocer el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio y las dificultades objetivas para conseguir ese propósito final que determinadas personas sufren y que hasta ahora no estaban plenamente
reconocidos. Estamos ampliando
derechos, estamos universalizando derechos, estamos dando un pasito más hacia la igualdad material para todas las personas que quieran acceder al funcionariado público y que hasta ahora lo tenían muy difícil, por no decir que prácticamente
imposible. Y eso es ampliar y avanzar hacia una mayor accesibilidad en el empleo público y es algo que nos mejora como sociedad y como democracia.
Pero vamos a recordar que vivimos tiempo oscuros y que hasta algo de tanto sentido común como es esta iniciativa a algunos y a algunas les parecerá raro, innecesario e incluso injusto. Y sabemos bien que en esta Cámara algunos aspiran y
desean tener una sociedad más injusta, basada en la desigualdad y forjada, cómo no, en la ley de la jungla. Para algunos miembros de esta Cámara el Estado solo tiene que servir para reprimir y para mantener y garantizar los privilegios de una
minoría, a costa del bienestar y de la vida de los demás. A la ultraderecha no le gusta la democracia, no le gusta el progreso, no le gustan los avances sociales y civiles y tampoco le gusta que estemos aquí ampliando derechos. A lo mejor hoy
votan a favor, pero no creo que sea por convicción sino por vergüenza, porque les sobramos muchos y muchas de nosotras. Si pudieran, nos deportarían por mujeres, por extranjeras, por diversas, por rojas, por lesbianas, por gais o por ateas. Y esto
no es una exageración, no estoy exagerando para nada: lo proclaman ya sin ningún tipo de complejos, y, además, estamos viendo que hay países que no solo lo dicen, sino que lo hacen.
Hoy estamos debatiendo algo tan básico como que se reconozca el esfuerzo de personas con distintas capacidades y hoy estamos reivindicando el papel del Estado y de los poderes públicos para velar por una sociedad de iguales. Y lo hacemos
pocos días después de que en esta ciudad, Madrid, unos cuantos extremistas peligrosos venidos de toda Europa pusieran la mira en nuestro país hablando de reconquista. Ha quedado claro lo que quieren si llegan al poder, que es echar al diferente y
acabar con el diverso, que tiene que ver mucho con esta iniciativa. Sin embargo, como mujer y como andaluza, os digo que no os tenemos ningún miedo, señorías de la ultraderecha. Os vais a tener que esforzar muchísimo más, y, aun así, no vais a
conseguirlo. Nosotros estamos aquí y os estamos esperando. Y ya os lo adelanto: No vais a poder con nosotras ni con todos los pueblos de España. Vuestros sueños son los de llevarnos al pasado más oscuro, y eso va a chocar con un muro de dignidad
y de verdadero patriotismo. Y digo patriotismo, sí, no como ustedes, que ya tienen el dólar como bandera y han declarado su lealtad a un puñado de millonarios psicópatas americanos. Son unos vendepatrias y se les ha visto mucho el plumero.
Hoy esperamos el voto favorable de toda la Cámara para apoyar esta iniciativa, incluso el de ustedes, señorías de la ultraderecha. Pero lo más importante es que luego se pueda aplicar. ¿Y por qué digo esto? Porque, a pesar del discurso
del parlamentario andaluz del Partido Popular que me ha precedido, en Andalucía, por desgracia -realmente, no sabemos si ha venido a hacer un mitin porque a lo mejor Moreno Bonilla va a adelantar las elecciones y tiene que hablar aquí de lo bueno
que es su Gobierno o si ha venido a regañar a las señorías del Partido Popular en el Congreso porque aquí nunca votan a favor de mejorar la vida de la gente, como hicieron votando en contra de la subida de pensiones, de las ayudas al abono
transporte y todo lo que se votó el otro día, que no quisieron apoyar, aunque ahora les parece que sí... (risas). No, no se rían, porque les ha regañado su parlamentario andaluz, diciendo que aquí deberían hacer lo mismo que allí seguramente y que
ustedes voten a favor de lo que tienen que votar, que es subir las pensiones, las ayudas al transporte y las ayudas para los afectados por la dana. Así pues, tanto si es mitin como si es regaño, ha salido bastante mal.
Pero, como digo, la desgracia que tenemos en Andalucía es que resulta muy complicado, porque, aunque se aprueben las leyes, luego no se ejecutan. Y las leyes, si son justas y son necesarias, se tienen que hacer para defender los intereses
de la ciudadanía y, por supuesto, de sus necesidades. Sin embargo, tenemos el Gobierno, del Partido Popular, del 'moderado' (hace el gesto de comillas con los dedos) Moreno Bonilla que, cuando se trata de actuar para defender los intereses de la
mayoría y de las andaluzas, sea cual sea su condición, mira siempre hacia otro lado. Y probablemente no hay un Gobierno que menos vele por los intereses de la clase popular y de la mayoría social andaluza que el Gobierno del señor Moreno Bonilla.
Pregunten a los miles de dependientes en listas de espera, a los familiares que han visto morir a sus seres queridos sin llegar a percibir la prestación que les tocaría por derecho. Pregunten a los miles de jóvenes que han tenido que desistir de
obtener una ayuda para pagar el alquiler porque el señor Bonilla ha transformado una sencilla convocatoria pública en los juegos del hambre. Pregunten a los profesionales sanitarios y de la educación, que están machacados y reventados a trabajar
por falta de recursos y que tienen que hacer auténticos milagros para hacer su trabajo. El Partido Popular gobierna en contra de los avances y de los derechos y en contra de la igualdad y de la justicia de los andaluces y de las andaluzas.
Y termino. Apelo al Gobierno. No basta con legislar hoy aquí. Hay que vigilarlos, hay que apretarlos, hay que presionar donde gobierna el Partido Popular, porque los avances que conseguimos arrancar en esta Cámara luego no pueden caer en
saco roto. Menos batallitas bipartidistas entre Partido Popular y el Partido Socialista, menos pulsos -que no importan a nadie- y más trabajar y cumplir con las leyes que traemos aquí. Solo así vamos a tener la posibilidad de que la internacional
vendepatrias no lo tenga tan fácil y que, por supuesto, el PP no sea un cortijo al servicio de clanes y amiguetes, como está pasando ahora con José Manuel Soto.
Señorías del Gobierno, sabemos...
La señora PRESIDENTA: Señora Velarde, tiene que ir terminando.
La señora VELARDE GÓMEZ: ... que cuesta mucho imponer, incluso a vuestros barones, pero para eso vamos a estar nosotras, como siempre, y, por eso, seguimos siendo tan necesarias y útiles. Desde Andalucía, pedimos, por favor, el voto para
esta reforma y también para su cumplimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Arratsalde on, jaun-andreok. Buenas tardes.
Intervendré brevemente, señorías.
Debatimos la toma en consideración de una iniciativa del Parlamento de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para modificar el artículo 61.2 del texto refundido del EBEP, añadiendo un nuevo párrafo tercero a fin de que, en los
procedimientos selectivos para el acceso al empleo público, las personas aspirantes con discapacidad intelectual igual o superior al 33 % sean eximidas de pruebas de conocimientos teóricos y que las pruebas selectivas que testen su mérito y
capacidad para las tareas del puesto de trabajo al que aspiran consistan en una prueba de situación, es decir, ejercicios prácticos a realizar que reproduzcan las tareas que configuran el puesto al que se aspira, lo que se plantea como un avance
hacia procesos selectivos más adecuados a las características de los aspirantes con discapacidad intelectual, sin menoscabo de la adecuación entre las pruebas a superar y los puestos de trabajo a desempeñar y sin menoscabo de los principios de
mérito y capacidad, a través de los cuales se configura el principio de igualdad para el acceso a la función pública; procedimientos selectivos más adecuados a las características de los aspirantes con discapacidad intelectual, que, sin duda,
además coadyuvarán a una mejor posibilidad de integración laboral y, en definitiva, a proyectos de vida autónomos, sin perjuicio, en su caso, de los apoyos necesarios, así como a remover obstáculos que dificultan valores de igualdad, diversidad e
inclusión.
Señorías, a tenor de la finalidad que se plantea en la iniciativa que debatimos, ya anunciamos que nuestro grupo parlamentario votará a favor de su toma en consideración, no obstante las consideraciones que a continuación realizaré.
Ciertamente, señorías, y más allá de la iniciativa, estos procesos selectivos consistentes en pruebas de situación para las personas con discapacidad intelectual, como les decía, ya se vienen realizando en distintas Administraciones públicas
y en distintas ofertas de empleo público. Para no extenderme, citaré la comunidad autónoma de la iniciativa, Andalucía, cuando introduce las pruebas de situación para personas con discapacidad intelectual en los procesos de selección derivados de
las OPE de la Administración pública de la Junta de Andalucía a través de una reforma de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad introducida en una reforma de la Ley de la Función Pública. Y de igual modo ha sucedido,
por citar casos cercanos, en la Diputación Foral de Vizcaya respecto a algún proceso selectivo reciente. Y el artículo 75.5 de la Ley de Empleo Público Vasco también contempla este tipo de pruebas para este tipo de personas. Es decir, señorías,
por el momento nada ha impedido a determinadas Administraciones públicas -sin la reforma del EBEP que se insta- realizar pruebas de situación en sus OPE para las personas con discapacidad intelectual, aunque -también es cierto y tengo que señalarlo-
contemplarlas en el EBEP despejaría posibles dudas que pudieran plantearse respecto a las adaptaciones que el artículo 59.2 del EBEP habilita para cada Administración en los procesos selectivos que convoque para las personas con discapacidad,
singularmente aquellas con discapacidad intelectual,
aunque tampoco consideramos que este tipo de pruebas deban ser siempre las únicas, como se indica en la proposición de ley cuando se dice que estas pruebas consistirán en una prueba de situación. Y nos llama la atención esta imperatividad y
esta exclusividad viniendo del Parlamento andaluz, como les decía, cuando en las leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 28.3 de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, ya referida con anterioridad,
es una facultad potestativa, y no mandato imperativo, al señalar que en el caso de las personas con discapacidad intelectual se podrá realizar una prueba de situación.
Además, señorías, en la fase de selección, las pruebas a realizar se dirigen tanto a examinar la aptitud para desempeñar las tareas del puesto o del cuerpo como a establecer la prelación entre los candidatos en competición, y de esa prueba
de situación en exclusiva nos preguntamos si sería hábil en todos los casos para esa dimensión competitiva de todo proceso selectivo y si, igualmente, sería hábil para procesos selectivos no para un puesto de trabajo concreto -como sucede, por
ejemplo, en el acceso a puestos laborales-, sino para cuerpos funcionariales, que pueden cubrir distintos puestos y distintas tareas, a veces de muy diversa condición.
Por ello, señorías, ya adelantamos que, si llegara a tomarse en consideración esta iniciativa -nosotros así lo deseamos-, durante el periodo de enmiendas valoraríamos estos aspectos que señalaba, ya que entendemos que deben ser las
Administraciones públicas, las entidades y los organismos públicos los que, a la hora de seleccionar a su personal funcionario y laboral, determinen el procedimiento selectivo a seguir, con la única limitación del principio de adecuación entre las
pruebas a realizar y los puestos de trabajo a desempeñar o los cuerpos y el principio de adecuación también a considerar, proceso a proceso, por las Administraciones convocantes cuando concurran personas con discapacidad, en función de las personas
que concurran, las tareas de los puestos a desempeñar y, en su caso, los cuerpos en los que se desee ingresar.
Por último -y voy finalizando, presidenta-, quizá también habría que considerar, entre otras cosas, si la reforma que se pretende tendría mejor ubicación en el artículo específico que el EBEP dedica a las personas con discapacidad en el
acceso al empleo público, es decir, en el artículo 59, en vez de en el artículo 61, como se propone en la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Republicano no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera Arias por un tiempo de siete minutos.
La señora RIVERA ARIAS: Muy buenas tardes.
Primero de todo, quiero saludar a las parlamentarias y al parlamentario andaluz que nos acompañan y felicitarles por su empuje y entusiasmo en esta tarea de ensanchar derechos con esta propuesta de modificación del TRLEBEP que venimos a
considerar hoy en este Pleno. Queremos agradecer al Grupo Parlamentario Por Andalucía haber llevado esta propuesta al Parlamento andaluz y haberla traído hasta este Congreso.
Es importante remarcar que esta proposición fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía y sin enmiendas. Esta propuesta nace de la sociedad civil organizada, de las asociaciones, de esas madres y padres que padecen día a día
las deficiencias y la falta de actualización de nuestra legislación para afrontar el reto de alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y en este caso concreto, hoy hablamos de las personas con discapacidad
intelectual, pero existen otras discapacidades mentales que también necesitan adaptaciones en los procesos selectivos para que las ofertas de empleo público no resulten un simple brindis al sol, sino que tengan un resultado material y tangible en el
bienestar y el futuro de las personas con discapacidad. Pongo tres ejemplos muy concretos, que creo que es de justicia citar, que, aunque no son discapacidades intelectuales, esperamos que se resuelvan en este proyecto, que ha estado en consulta
pública, del real decreto de función pública para la adaptación de puestos de trabajo y acceso a las personas con discapacidad. Hablo de las personas afectadas por trastornos de desarrollo, como es el TEA; de las personas con trastornos del
aprendizaje, como es la dislexia, y de las personas con trastornos del comportamiento, como es el TDAH. Creo que es de justicia nombrarlas, porque también se encuentran frente a las mismas dificultades para acceder a la función pública. En el
propio TRLEBEP existe un mandato claro para todas las administraciones públicas,
es decir, las personas con discapacidad tienen que suponer el 2 % de efectivos totales en la Administración pública, si bien es una realidad que hoy no se cumple. (Aplausos).
En el propio artículo 59.2 del TRLEBEP se nos dice que cada Administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables en tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho
proceso, las adaptaciones en el propio puesto de trabajo a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Por tanto, en consonancia con ese artículo 59, esta propuesta tiene como objetivo principal adecuar las pruebas de acceso al empleo
público de las personas con discapacidad intelectual, de modo que no supongan otra barrera más, sino una oportunidad laboral, cumpliendo con ese mandato establecido en la ley. Ello significa que para acceder a un empleo público tendrán pruebas
adaptadas, en las que se compruebe que son capaces de desarrollar el puesto, sin necesidad de hacer pruebas teóricas, que son obstáculos gigantescos para el acceso de estas personas a la Administración pública.
El empleo es un pilar esencial para poder construir un proyecto de vida. No solo proporciona ingresos, sino que también permite a las personas contribuir activamente al progreso y bienestar de la sociedad y, sobre todo, también permite la
autonomía personal, que es un derecho sustantivo y material, y de esto va esta propuesta, de cumplir derechos sustantivos y materiales. (Aplausos). Esta iniciativa es muy importante para toda la comunidad, ya que una sociedad inclusiva es aquella
donde todas las personas tienen derecho a desarrollar una vida plena y sin barreras. Sin embargo, el informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad publicado en diciembre 2024 nos muestra un panorama muy diferente a esto que tenemos como
objetivo y pone de manifiesto una situación muy preocupante en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En 2023 había casi dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, que es el 6,2 % de la población total
en edad laboral, y, sin embargo, el informe destaca una baja tasa de actividad de este grupo, en comparación con las personas sin ningún tipo de discapacidad. En concreto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 43 puntos inferior
a la de personas sin discapacidad, es decir, un 35,5 %, frente a un 78,5 %, respectivamente; la tasa de paro es casi 8 puntos mayor, un 19,7 %, frente a un 12 %, y la del empleo, 40,5 puntos inferior, un 28,5 %, frente a un 69 %. Estos datos
evidencian la mayor dificultad para estas personas con discapacidad a la hora de encontrar un empleo y, por lo tanto, a la hora de iniciar un proyecto de vida lo más autónoma posible y ocupar ese lugar que todas hemos de tener en nuestra sociedad.
(Aplausos).
Pero, además, los datos de 2023 revelan una brecha de género en el empleo de personas con discapacidad en España. Las mujeres presentan una tasa de actividad ligeramente menor que los hombres con discapacidad, esto es, un 35,1 %, frente a
un 35,8 %, y esta circunstancia también se observa en la tasa de empleo, un 28,3 %, frente a un 28,6 %. La distancia entre hombres y mujeres con discapacidad se ha reducido con respecto a 2022, por lo que parece que vamos por el buen camino,
aunque, a nuestro entender, todavía no es suficiente. Queda mucho trabajo por delante y muchos pasos que quedar, especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual. La tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2023
fue del 35,5, como he dicho antes; la de las personas con discapacidad intelectual supuso el 33,8 %, es decir, por debajo. Y respecto a la tasa de empleo, la de las personas con discapacidad, en general, supuso el 28,5 %, mientras que la de las
personas con discapacidad intelectual representó una tasa de desempleo del 21,9 %, prácticamente siete puntos menos. Y, además, nos parece muy importante que esta propuesta venga de Andalucía, porque, según este informe, esta comunidad se encuentra
entre las regiones con menores tasas de actividad de personas con discapacidad, suponiendo un 29,2 %, frente al 35,5 % del promedio nacional. Por tanto, queda mucha tarea por delante también en Andalucía.
Estas cifras revelan una sociedad que aún excluye a una importante parte de la población. Y esta exclusión es todavía más pronunciada en mujeres y personas con discapacidad intelectual. En conclusión, podemos afirmar que una mujer con
discapacidad intelectual enfrenta serias dificultades para acceder a un empleo y construir ese proyecto de vida que merece. Por eso, cuando hoy votemos por unanimidad tramitar esta proposición de ley -soy absolutamente optimista y creo que vamos a
aprobar esta proposición de ley por unanimidad-, habremos dado un paso muy importante para la inclusión y el derecho a la autonomía personal de muchísimas personas, y, por tanto, estaremos construyendo una sociedad más justa.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Con su venia.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento andaluz, que nos han acompañado hoy en el Congreso, y agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí para realizar la presentación formal de su
iniciativa.
Decía el portavoz del Partido Popular en Andalucía que en el Parlamento andaluz son respetuosos con los grupos minoritarios. Bien, en el Congreso de los Diputados su partido ha excluido tanto de la mesa general como de las mesas de todas
las comisiones a la tercera fuerza política, al Grupo Parlamentario VOX. (Aplausos). Una vez más queda demostrado que el Partido Popular en unos sitios dice y actúa de una forma, en otros de otra y que realmente todavía nadie conoce cuáles son sus
principios, sus valores y su forma de actuar. En fin, yo agradezco que en Andalucía tengan en consideración, como usted decía, a los grupos minoritarios; a ver si toma nota el partido a nivel nacional.
Y a la señora portavoz de Podemos quiero decirle que sus insultos son medallas para nosotros. (Aplausos). Además, lo que demuestra usted es su talante comunista y antidemocrático: no se puede venir a esta tribuna para hablar de función
pública insultando a una fuerza que, como decía antes, es la tercera fuerza política en la Cámara. (Aplausos).
Como ya se ha apuntado, debatimos una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para que las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación. Se ha dicho que
esto supone un avance hacia procesos selectivos más adecuados, con pruebas selectivas que permitan la comprobación de las competencias y capacidades necesarias para el desempeño de las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo
convocados. Se ha apuntado también que se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz. Efectivamente, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario VOX en Andalucía votó a favor de esta iniciativa y, como no puede ser de otra manera, aquí
votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Señorías, todos somos conscientes de que al autócrata Sánchez le da igual la función pública. En sus más de seis años de Presidencia del Gobierno, la materia se la ha encomendado ya a seis ministros. Vamos a ministro por año, y, cuando se
empiezan a enterar de qué va la función pública, nos cambian el ministro: Batet, Darias, Iceta, Montero, Escrivá y ahora López. Por cierto, el señor López ni siquiera supo expresar las tres ideas principales de su programa electoral a la
candidatura de la Presidencia de Castilla y León. No fue capaz de pasar de la segunda. Citó pensiones y el subsidio de desempleo, y ahí se quedó trabado, no supo ni dar las tres ideas. Tampoco supo responder a las cuestiones que plantearon los
distintos grupos parlamentarios en la que hasta ahora ha sido su única comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados. Y no es capaz de resolver, como todos ustedes saben, el tema de Muface.
Pues bien, esa es la importancia que le da Sánchez a la función pública española. Sánchez ha creado la Administración más elefantiásica y mastodóntica de la democracia, con 22 ministerios -de los cuales hay tres vicepresidencias-, 31
secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, etcétera. Tienen nada menos que 551 altos cargos y, ojo, más de 1300 asesores; repito, más de 1300 asesores. Y ya que
estamos con diputados del Parlamento de Andalucía, solo el delegado del Gobierno en Andalucía tiene 21 asesores a dedo. El número de asesores y el gasto destinado es el más alto de todos los Gobiernos en democracia. Mientras que las familias, los
autónomos y las empresas tienen que apretarse el cinturón, pagando más impuestos, pagando más por el precio inasumible del gas y de la luz, por la subida de la cesta de la compra, el Gobierno sigue burlándose de los españoles, sin hacer el más
mínimo ajuste en el gasto improductivo. Y todo esto, por no hablar de las irregularidades detectadas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe -que seguramente los señores parlamentarios de Andalucía conocen bien-, que
estuvo funcionando durante los Gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, que contrató -según el juez- de forma injustificada, sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación, al menos a ochenta y
cuatro personas, una de las cuales es Carmen Ibanco, esposa del exsecretario general del PSOE de Andalucía y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas. El juez apunta que la contratación habría sido realizada con omisión de los
principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito
y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal contratado en distintos puestos de trabajo creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de
emolumentos y prestaciones por parte de aquellos. Pues bien, estos ochenta y cuatro enchufados socialistas entraban en la fundación mediante un correo electrónico en el que se rogaba su contratación, en muchas ocasiones, pese a no tener ninguna
cualificación profesional. Su aval: tener parentesco o afinidad con algún socialista, tal y como recoge un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Termino ya, señora presidenta. Una vez más queda acreditado que los socialistas se preocupan más por el bienestar de los políticos y de sus amiguetes que por el bienestar de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Losada Fernández por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida, en nombre del Grupo Socialista, a los representantes del Parlamento de Andalucía que hoy nos visitan y han defendido esta proposición de ley. También, cómo no, nuestro agradecimiento a las
entidades del tercer sector del mundo de la discapacidad y, en especial, a las familias de la discapacidad intelectual. Su dedicación y su esfuerzo diario bien merecen nuestro reconocimiento, y todo apoyo- seguro- será insuficiente.
Esta proposición de ley de reforma del EBEP, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, contará con nuestro voto favorable en este inicio de tramitación parlamentaria, porque los datos de empleo de las personas con discapacidad
intelectual en España nos indican que, aunque hemos avanzado mucho, nos queda mucho por hacer. Los datos del INE referentes al año 2023 en empleo de personas con discapacidad intelectual nos indican que la tasa de actividad se ha incrementado, la
tasa de empleo ha aumentado y la tasa de paro ha descendido. Pero hay otros datos que también son verdad: solo el 23 % de las personas con discapacidad intelectual tienen trabajo; la tasa de empleo en las personas con discapacidad intelectual en
España -se ha dicho aquí anteriormente- es en torno a cuarenta y cinco puntos inferior al resto de la población. Con estos datos es evidente que el empleo público supone una gran oportunidad para estas personas. Por ello, debemos trabajar e
implementar las acciones que posibiliten su acceso. En esto también hemos avanzado. Como bien dicen desde Plena Inclusión, si hace diez años preguntabas a una persona con discapacidad intelectual por la posibilidad de opositar, nadie o casi nadie
consideraba la idea. Hoy en día, rara es la persona del colectivo que no lo haya intentado o que, al menos, no conozca a alguien que lo intente.
Las políticas desarrolladas por este Gobierno progresista han contribuido a que la función pública avance también en igualdad y en inclusión, y la acción de mi grupo parlamentario y del Gobierno en estos años da buena cuenta de ello. La
oferta de empleo público de la Administración General del Estado de 2024 ha supuesto un aumento de las plazas reservada a las personas con discapacidad. Se ha aumentado del 7 al 10 % las plazas ofertadas y de ese 10 % -como saben-, un 2 % son las
reservadas a personas con discapacidad intelectual. Por otro lado -como saben-, una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado se está tramitando -debemos evolucionar hacia una Administración más cercana, que ponga
énfasis en la consecución de los objetivos sociales-; un proyecto de ley que recoge, entre otros, un principio inspirador de carácter transversal como es la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, el Gobierno está trabajando en el futuro real
decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. El contexto social actual demanda políticas públicas más inclusivas, poniendo el foco en la eliminación de barreras de acceso, en la promoción de la igualdad de
oportunidades y en el reconocimiento de la diversidad funcional como un valor para la Administración pública. Para ello es imprescindible adaptar el marco regulador a los principios actuales, garantizando su coherencia con las normativas vigentes y
las mejores prácticas en materia de empleo inclusivo. Mediante este proyecto de real decreto se pretende, entre otras cuestiones, ofrecer certidumbre con respecto al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad, actualizar el cupo de reserva de las plazas para personas con discapacidad y también consolidar una Administración -como digo- inclusiva y representativa, promoviendo una cultura organizativa basada en el respeto a la diversidad y en
la igualdad de oportunidades.
El Gobierno de España está trabajando. Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que mejorarán el sistema y reforzarán los derechos de las personas más vulnerables. (Aplausos).
El Grupo Parlamentario Socialista apoyamos esta proposición del Parlamento de Andalucía, pero debemos ser conscientes de que el Estatuto Básico del Empleado Público, como su propio nombre indica, es de carácter básico, porque son las comunidades
autónomas las que deben legislar, concretando lo que ellas consideren más oportuno dentro de su ámbito competencial. No debemos olvidar que las competencias están -muchas de ellas- en las comunidades autónomas. Tampoco podemos olvidar que todas
las reformas pendientes -la nueva ley de función pública, la modificación del EBEP- deben contar con el mayor acuerdo posible, fruto del diálogo social con las entidades del sector y los representantes sindicales; y porque trabajar por la igualdad
y las personas con discapacidad intelectual no es solo adaptar el EBEP.
En Andalucía -porque en Andalucía tienen las competencias para ello-, el Gobierno de la Junta Andalucía debe asumir su responsabilidad. (Aplausos). Trabajar de verdad por las personas con discapacidad es también mejorar y no desmantelar la
sanidad pública -como está haciendo el PP en Andalucía-, es aumentar el presupuesto para la atención temprana, es no cerrar aulas en la educación pública y es proveer de más medios y profesionales a los centros educativos, más maestros de PT, de AL,
más PTIS (aplausos) y no tratar de manera despectiva -como se ha hecho- a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales. (Aplausos.-Rumores). Andalucía tiene sus competencias, y una es hacer cumplir también la ley de dependencia.
Los andaluces son los que más tardan en ver resuelta su solicitud. En Andalucía se tarda 609 días para resolver un expediente, 280 más que la media nacional. Señor Martín, no sé de qué Andalucía viene usted. Creo que no es la misma que yo veo
todos los días; creo que es muy distinta. Usted ha pintado aquí una Andalucía ideal que no es la que me encuentro yo en la calle. Andalucía está a la cola -lo ha dicho la compañera de SUMAR- de las comunidades autónomas en tasa de actividad de
las personas con discapacidad. Está muy por debajo de la media nacional, y eso es competencia del Gobierno del señor Moreno Bonilla (aplausos), porque, señorías del PP, llevan ya más de seis años gobernando en Andalucía.
Concluyo. Hace ahora un año que dimos un buen ejemplo al aprobar la modificación del artículo 49 de la Constitución Española para dar dignidad a las personas con discapacidad. Sigamos ese ejemplo y no otro -por cierto, VOX votó en contra-.
Sigamos ese ejemplo, porque, señorías de VOX y de todo su club internacional de patriotas, para nosotros no es ningún ejemplo el señor Trump, bien lo ha explicado mi compañera Pilar Navarro. Señores superpatriotas, ese no es ni será nuestro
ejemplo.
Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Losada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ramírez Martín, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora RAMÍREZ MARTÍN: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Quiero darles la bienvenida a los parlamentarios andaluces que nos acompañan esta tarde aquí y felicitarles por esta magnífica iniciativa.
Mis primeras palabras quisiera dedicarlas hoy como andaluza a recordar que el pasado 9 de febrero se cumplió un año de la tragedia de Barbate, un año del cruel asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González. (Aplausos). Un año después,
nadie asumió responsabilidades políticas. Y un año después exigimos justicia y exigimos verdad.
Como diputada del Partido Popular y como andaluza hoy tengo el orgullo de representar en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, a mi tierra, Andalucía, una tierra que ha demostrado ser pionera, innovadora, comprometida con las
políticas de discapacidad; y el mío es un partido que allí donde gobierna trabaja para que la discapacidad no sea un obstáculo, sino una oportunidad. En el Partido Popular tenemos el compromiso inquebrantable con la igualdad de oportunidades y con
la inclusión real de las personas con discapacidad.
La proposición de ley de reforma parcial del Estatuto Básico del Empleado Público viene impulsada desde el Parlamento andaluz, desde Andalucía, tierra que, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, ha impulsado políticas activas para eliminar
barreras y para fomentar la plena inclusión de las personas con discapacidad. La aprobación de esta iniciativa en el Parlamento andaluz es reflejo de esa voluntad política y es muestra de que se pueden transformar las palabras en hechos, que la
política útil puede mejorar la
vida de las personas con discapacidad y puede garantizar su plena inclusión en el mercado laboral. Señorías, se trata de un asunto que trasciende la política partidista. La inclusión de las personas con discapacidad en la función pública
no es una cuestión de ideologías, sino de justicia social y de cohesión democrática. Es una deuda pendiente con miles de ciudadanos que desean aportar su talento y su esfuerzo al servicio público y que hasta ahora han encontrado barreras que
dificultan su acceso. Esta propuesta, señorías, busca garantizar un derecho fundamental: la igualdad real y efectiva del acceso a la función pública de las personas con discapacidad en condiciones de equidad; reforzando los principios de mérito,
de capacidad; con una visión más inclusiva y adaptada a las necesidades de esta nueva sociedad. Hoy defendemos mucho más que un cambio normativo; defendemos un modelo de éxito, una forma de gobernar que pone a las personas en el centro de la
acción política y que ha convertido a Andalucía en un referente en políticas de inclusión y de accesibilidad. (Aplausos).
En Andalucía hemos trabajado con rigor, con sensibilidad y con resultados palpables. Hemos demostrado que se puede gobernar desde el compromiso real con las personas con discapacidad, no con eslóganes, no con discursos, sino con hechos
concretos. Bajo el Gobierno del Partido Popular hemos convertido nuestra tierra en referente nacional de las políticas de discapacidad. Señorías, el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo el gran defensor de los derechos de las personas con
discapacidad en España. Nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de este colectivo es una realidad avalada por hechos y por reformas legislativas de calado. Bajo el liderazgo de Alberto
Núñez Feijóo, el Partido Popular ha llevado a cabo las reformas más importantes en materia de discapacidad, asegurando que las personas con discapacidad sean reconocidas con igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la educación y a la
vida independiente. Y lo hacemos con hechos, señorías. Llevamos en nuestro programa electoral la reforma del artículo 49. Durante los Gobiernos del Partido Popular se alcanzó un récord histórico de empleo para las personas con discapacidad.
Hemos promovido reformas para mejorar la compatibilidad entre pensiones y empleo, fortalecer los Centros Especiales de Empleo, programas de asistencia personal para garantizar la vida dependiente de las personas con discapacidad. En definitiva,
somos artífices de las leyes más importantes para las personas con discapacidad en España (aplausos): el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, de 2013 -a día de hoy, todo un referente
legislativo en esta materia-; la proposición de ley para equiparar la dependencia con el 33 % de discapacidad, aprobada en el Senado en 2023, sí, señorías en 2023. Y sí, estamos en 2025, y esta ley sigue dentro del congelador de la señora
Armengol, que pone palos en las ruedas para que no vean la luz iniciativas tan importantes y necesarias para las personas con discapacidad por el simple hecho de ser iniciativas promovidas por el Grupo Popular. (Aplausos).
El impulso de la ELA. Cumplan, señorías, ¡cumplan ya con la ELA! (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). Y nos preguntamos también cuánto tiempo va a estar en el cajón la reforma de la ley de dependencia y discapacidad que han anunciado
hoy. ¿Resuelve el problema de la financiación que está padeciendo Andalucía, cuya aportación está muy por encima de lo que le corresponde? ¿De dinero se habla, señorías? ¿De dinero se habla? Yo creo que no. Con un presupuesto prorrogado desde
2023, de dinero no se puede hablar. Frente al esfuerzo incansable del Partido Popular de mejorar la vida de las personas con discapacidad, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno han optado por la pasividad, convirtiendo la política
en una estrategia de propaganda donde priman los discursos vacíos y la inacción. Han preferido priorizar otros debates y han abandonado a las personas con discapacidad a su suerte. Bueno, sí, realmente algo sí que han hecho: el desastre de
MUFACE. Recortes, falta de inversión, abandono de miles de funcionarios, que ven peligrar su acceso a la sanidad. Nos encontramos con la desidia, la inacción y el oportunismo de Sánchez. Caos en la función pública, dejadez en las políticas de
discapacidad y desastres generalizados. Solo tienen un proyecto, señorías, un único proyecto, su proyecto es seguir en el poder. (Aplausos).
El Partido Popular ha sido y sigue siendo el gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad en España. Cumplimos con hechos, tenemos claro que vamos a seguir impulsando políticas que mejoren la vida de las personas con
discapacidad. Señorías, apoyemos esta reforma y construyamos una función pública más accesible, más equitativa y más preparada. Hoy no hablamos de números, no hablamos de datos, no hablamos de reformas, hoy hablamos de personas, de hombres, de
mujeres que, a pesar de las barreras, siguen adelante con determinación y con coraje; hablamos de quienes sueñan con aportar su talento, con demostrar que su capacidad es mucho más grande que cualquier discapacidad; hablamos de tantas y tantas
personas que no piden privilegios, solo igualdad de oportunidades. Por ellos,
por ellas, estamos aquí esta tarde. Porque una sociedad justa es aquella que no deja a nadie atrás. Porque un país verdaderamente avanzado es aquel que sabe que la inclusión no es caridad, es justicia. Y porque la verdadera grandeza de un
país se mide por la forma en la que trata a quienes más dificultades tienen cuando encuentran piedras en su camino. En el Partido Popular cumplimos con hechos y vamos a seguir políticas que mejoren la vida de las personas con discapacidad. Sigamos
el ejemplo de una política útil, de una política que cambia la vida; sigamos el camino de quienes creemos que la inclusión no es un privilegio, sino un derecho. Sigamos el ejemplo de Andalucía. Sigamos el ejemplo del Partido Popular, porque hemos
demostrado que cuando se gobierna con seriedad, con compromiso, con sensibilidad y con rigor, las cosas cambian y cambian a mejor, porque la verdadera inclusión no se proclama, se practica; porque la igualdad no se promete, se garantiza. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ramírez.
Una vez terminado el debate, agradecemos la presencia y las intervenciones de los tres ponentes del Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias, y también al resto de personas que acompañan a la delegación andaluza.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO SANITARIO. (Número de expediente 122/000141).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Velasco Morillo, por un tiempo de doce minutos. Cuando quiera.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señorías.
Antes de entrar en la defensa de la toma en consideración de esta iniciativa que presentamos por parte del Grupo Parlamentario Popular, quisiera empezar agradeciendo a los profesionales sanitarios que van a seguir el debate, bien desde la
tribuna, bien desde una sala del Congreso, a los representantes de la Organización Médica Colegial, del Consejo General de Enfermería, del sindicato SATSE, a los representantes del Consejo de farmacéuticos, psicólogos, podólogos y fisioterapeutas su
presencia; y a aquellos que no han podido venir y que respaldan la iniciativa, su apoyo. (Aplausos).
Señorías, los profesionales en el ámbito sanitario somos el principal activo del Sistema Nacional de Salud. A pesar de ello, somos un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad
profesional, situaciones violentas que nos ponen en riesgo y pueden provocar efectos nocivos tanto en la seguridad y en la salud de las personas afectadas como en el sistema sanitario en su conjunto. Las agresiones a los profesionales sanitarios
son un desafío de gran alcance que se evidencia no solo en los países de nuestro entorno, sino también en países iberoamericanos, donde la violencia física es una constante preocupación y cuentan con normativa específica. En el entorno sanitario, a
pesar del reconocimiento a los profesionales en la pandemia sufrida por la COVID-19 con los aplausos a las ocho de la tarde durante el estado de alarma, que seguro recordamos todos, la vuelta a la normalidad ha supuesto un incremento considerable de
las agresiones físicas y verbales una vez restablecida la consulta, no tratándose de un hecho aislado que acontezca alguna vez en un centro hospitalario, sino que se repite con demasiada frecuencia en urgencias y en los centros de salud.
Podríamos decir que en estos apenas cinco años tras la pandemia, los sanitarios han pasado del aplauso al insulto, de la gratitud a la agresión, profesionales que se han convertido en un objetivo de ataque en hospitales y centros de salud.
Tanto la propia Organización Internacional del Trabajo como la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que los profesionales sanitarios están especialmente expuestos a sufrir agresiones y situaciones de violencia. El
sector sanitario en particular ha sido testigo de un aumento preocupante de estas agresiones en los últimos años, con un patrón común que incluye principalmente agresiones verbales y psicológicas, aunque también se registran casos de violencia
física. Los principales agresores suele ser los pacientes, mayoritariamente hombres, y se dirigen principalmente a médicos y a personal de enfermería, mayoritariamente mujeres, pero también a psicólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, podólogos...
en fin, a todos los sanitarios.
En los últimos años, se han ido desarrollando diferentes medidas, como la modificación del artículo 550 del Código Penal en el año 2015, con la consideración de autoridad pública a la figura del médico y profesional sanitario que ejerce en
el servicio público; y la aparición de la instrucción 3/2017 del Ministerio de Interior, que da origen a la figura del interlocutor policial nacional contra las agresiones, en colaboración con el Ministerio de Sanidad. La ejecución de esta
instrucción está siendo llevada a cabo por los interlocutores nacionales Policía Nacional y Guardia Civil, a través de una red de interlocutores provinciales y autonómicos creada entre ambos cuerpos. Esta red ha realizado numerosas actividades
formativas para la prevención y autoprotección ante las agresiones a los profesionales en el ámbito sanitario. Así, el total de detenidos durante 2023 por las distintas incidencias ocurridas en el sector sanitario ascendió a 115 personas, nada más
y nada menos. Asimismo, cabe destacar que, en el año 2020, el Ministerio del Interior puso en marcha la app Alertcops, orientada a la protección específica de los miembros del colectivo sanitario. En el Ministerio de Sanidad, en el Pleno de la
Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en junio de 2017, se acordó la creación de un grupo de trabajo que elaborara las bases de un sistema de información de agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
En mayo de 2018, se constituyó el grupo de trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud ante la inexistencia de un sistema de información previa que recopilara de forma homogénea los datos de
las agresiones notificadas en los distintos servicios sanitarios.
Aún hay mucho por hacer. Sigue sin existir conciencia por parte de los profesionales sanitarios de que cualquier tipo de agresión física, insulto y amenaza es una lacra de repercusión social que afecta a la propia actividad sanitaria, a la
relación de confianza entre el sanitario y el paciente, a la salud del propio personal agredido y a la atención sanitaria que reciben los usuarios, pacientes y sus familiares. Si analizamos los últimos datos publicados, vemos que, en el año 2023,
en atención primaria y extrahospitalaria se notificaron 40,80 agresiones por cada mil profesionales, mientras que en atención hospitalaria se notificaron 17,37; un total de 14 657 notificaciones, correspondiendo un 57 % a atención primaria y un 43
% a atención hospitalaria, datos que lamentablemente, con respecto al informe de 2022, se han incrementado. El personal médico y el personal de enfermería son los que reportan un mayor porcentaje de agresiones en comparación con el resto de
categorías de profesionales existentes en las instituciones sanitarias, que aparecen recogidas bajo el epígrafe de 'otras'; con lo cual, realmente no sabemos a quiénes afecta dentro de esas 'otras profesiones sanitarias', siendo las mujeres de
entre 35 y 55 años el perfil de profesional agredido. Un 37 % de las agresiones ocurren en consulta y, en segundo lugar, en el área de hospitalización, seguido de cerca por los puntos de admisión e información de hospitalización, porque hay otro
personal que trabaja en el centro sanitario que también recibe agresiones. La mayoría de las notificaciones son por insultos y amenazas. La causa alegada más frecuente de agresión está relacionada con la atención percibida por el usuario, seguido
de las relacionadas con las demandas del usuario. Respecto al perfil de la persona agresora, es un usuario paciente en un 72 % de los casos, mientras que el perfil de la familia acompañante representa el 28 %.
Señorías, la realidad de los datos sobre las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud nos indica que se incrementan año tras año y supone un problema de gran relevancia, que no solo afecta a la integridad física y al
bienestar de la persona que desempeña su actividad profesional en el ámbito sanitario, sino que también provoca una disminución de la calidad y la cohesión del sistema sanitario en España, y eso que muchas de las agresiones que sufren los
profesionales siguen sin ser comunicadas y denunciadas, por lo que los datos que se ofrecen en este informe solo muestran una parte de la realidad. En nuestro país, la violencia de la que es víctima el personal sanitario no pasa desapercibida y
centra cada día más la atención de los poderes públicos, de las organizaciones profesionales y de los medios de comunicación, como hemos visto recientemente (muestra un artículo de prensa) en medios de comunicación con titulares como: Agredir hoy a
un sanitario es igual que agredir a un policía. Los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, así como las organizaciones colegiales profesionales, también han elaborado protocolos frente a las agresiones al personal sanitario que
abarcan los aspectos preventivos y ayudan a clarificar cómo debe reaccionar el personal ante situaciones de violencia para poder evitarlas. O han creado sus propios observatorios de agresiones, como los anunciados recientemente por los
farmacéuticos, fisioterapeutas y veterinarios.
Pero no solo las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales están trabajando en ello, también esta Cámara, el Congreso de los Diputados, aprobó, en marzo de 2024, una proposición no de ley, presentada por mi grupo
parlamentario, en la que se instaba al Gobierno a poner en marcha un plan contra las agresiones a sanitarios, medida que en el Partido Popular contemplábamos en nuestro programa
electoral. ¿Saben cuál ha sido el resultado, casi un año después, por parte del Gobierno? Nada de nada; cuestión a la que nos tiene acostumbradas el Ministerio de Sanidad. Podríamos decir que esta PNL forma parte de las muchas aprobadas
en la Comisión de Sanidad sobre las que el Gobierno aún no se ha dignado a hacer nada.
Esta es la realidad, señorías, porque tenemos una ministra más preocupada en imponer su ideario político en su proceder al frente del ministerio que en resolver los verdaderos problemas por los que pasa el sistema sanitario; con un déficit
de profesionales al que no da solución, a pesar de que se lo dicen incluso los informes de necesidades de médicos especialistas que elabora el propio Ministerio de Sanidad; con un alarmante déficit de médicos especialistas en el ámbito de Ceuta y
Melilla, que es, además, de su exclusiva competencia, provocando saturación y retrasos en la asistencia sanitaria, con graves consecuencias en la seguridad de los profesionales y para los pacientes. ¡Qué triste noticia la que leíamos el viernes del
niño que murió, lamentablemente, por no recibir asistencia por parte de un profesional adecuado! ¡Qué triste noticia!
Es un ministerio que está generando, además, un gran descontento entre los sanitarios. Ejemplo de ello son todas las movilizaciones de los médicos por el estatuto marco. Son especialistas en montar líos, señorías, y no resuelven ninguno.
Es una ministra que se queda sola pidiendo la eliminación de Muface, aun sabiendo que el sistema sanitario no podría asumir el millón y medio de asegurados. (Aplausos.-La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).
Señorías, mi grupo parlamentario trae esta proposición de ley en línea con lo que nos piden los sanitarios -no es una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular-, para que en el asunto de la violencia en el ámbito laboral cuenten con
una normativa específica; por supuesto, abierta a mejorarla, teniendo muy en cuenta el trabajo de las comunidades autónomas y de las organizaciones profesionales, y dar así solución a un problema estructural del sistema de salud como es el de las
agresiones a los sanitarios.
Por ello, les pido el voto a favor, porque el incremento en el número de agresiones que se produce año tras año requiere que estemos todos los grupos alineados para lograr una norma que aborde la llamada pandemia de los sanitarios, y para
que después de siete años de un Gobierno de Sánchez que les ha abandonado, en el que ha habido seis ministros al frente del ministerio, podamos decirles desde esta Cámara que vamos a hacer algo por ellos. Lo hicimos con los pacientes de ELA;
hagámoslo hoy por los sanitarios.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de dos minutos.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes.
Es lamentable, pero es la triste realidad que la sanidad en nuestro país no goza de buena salud. Y este es un caso concreto más: 647 son las agresiones que se produjeron en el año 2023, el 20 % de ellas fueron agresiones físicas; 4 de
cada 10 tuvieron su objetivo en mujeres; del total, 136, el 21 % fue provocado por uno de los acompañantes del paciente; el 44,2 % se produjeron en la atención hospitalaria. Si analizamos las plantillas por estamentos, podremos comprobar cómo la
mayor parte de las denuncias las realiza el personal de Administración.
Este es, señorías, el triste balance de las agresiones en el Servicio Navarro de Salud. Es una situación que se agrava año tras año. No cabe en ningún caso ni hay justificación para el uso de la violencia, ya sea verbal o física, para
defender nada, absolutamente nada, ni siquiera un diagnóstico no entendido.
Es evidente que a lo largo de los años se ha hecho mucho y también que se ha debatido. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra podríamos recordar el informe del año 2008 del Defensor del Pueblo, en el que establecía en detalle esta
cuestión, e incluso establecía las medidas que se deberían tomar. También había análisis del Defensor del Pueblo a nivel nacional y de algunas comunidades autónomas de lo que se había debatido y hablado en los Parlamentos autonómicos y en las
Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
En este caso concreto, también hay que agradecer el trabajo de concienciación y la denuncia que se ha realizado por parte de los órganos profesionales y colegiales, fundamentalmente de médicos, enfermeras y farmacéuticos. Pero todas las
medidas que se han venido adoptando hasta ahora no han
sido suficientes. Llama la atención cómo se han tenido que realizar cursos de autoprotección dirigidos a los profesionales, incluso repartiendo y concienciando a los propios profesionales con protocolos de actuación ante los ataques y las
agresiones de que son objeto. Realmente, es importante la sensibilización de la sociedad y la concienciación de los profesionales para que denuncien cuando sufran este tipo de agresiones. Pero es fundamental, señorías, la implicación inmediata y
directa de la Administración a la hora de proteger a los profesionales y también a la hora de establecer las sanciones administrativas correspondientes, e incluso las denuncias a los agresores.
Es mucho lo que se ha hecho, pero mucho es lo que queda por hacer. El compromiso de Unión del Pueblo Navarro a la hora de luchar contra esta lacra es sincero y, sobre todo, nos lleva a apoyar en la tarde de hoy esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene la palabra ahora el señor Rego Candamil por un tiempo de dos minutos.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Moi boa tarde.
Fica claro que o Partido Popular é incapaz de facer política sen facer demagoxia, mesmo cunha cuestión tan seria coma esta. Digo isto non porque o problema da violencia no ámbito sanitario non exista e non haxa que resolvelo, porque
infelizmente existe. De facto hai apenas uns días un traballador sanitario foi apuñalado no Complexo Hospitalario da Coruña e claro que hai que traballar para resolvelo, senón porque pensamos que cando se aborda esta cuestión, o que hai que facer
son achegar solucións que vaian á raíz dos problemas. E aquí é onde está a cuestión. O PP evita ir ás causas desa violencia e por tanto, a procurar solucións en erradicalas. E iso que mesmo son capaces de citar entre elas factores relevantes como
pobreza ambiental ou tempo de espera dos pacientes. Mais a partir de aí ningunha proposta neste ámbito, apenas medidas, cito, de protección de carácter pasivo ou estrutural, de carácter reactivo, de formación e información e só nas de carácter
organizativo realizan algunha alusión xenérica á mellora do sistema sanitario.
Estamos até de acordo con moitas delas, mais son claramente parciais e insuficientes. Falan vostedes como factor de risco da pobreza ambiental, mais ao mesmo tempo opóñense sistematicamente a calquera política social que permita avanzar
combatendo esa pobreza, unha fiscalidade máis xusta e distributiva, tomando, por exemplo, o imposto ás enerxéticas, a subir as pensións e as mínimas e non contributivas por encima do IPC, como o fixeron votando en contra o pasado vinte e dous de
xaneiro e chega mesmo á indignidade de cualificar de indigno ocupas as persoas vulnerábeis en réxime de aluguer en risco de perderen a súa vivenda.
Pasan con pés de lá por un factor chave como a frustración, o nerviosismo, o estrés e mesmo a desesperación que poden provocar as interminábeis listas de espera e unha deficiente atención que evidentemente non é responsabilidade dos
profesionais da saúde, senón dos recursos e medios insuficientes con que contan os sistemas públicos. E aquí a demagoxia e o cinismo do PP soben aínda de nivel porque vostedes son responsábeis en moitos casos da situación precaria dos servizos de
saúde, como no caso da Galiza do SERGAS, con políticas programadas de deterioro para impulsar a progresiva privatización da sanidade pública.
Só quero lembrarlle dous datos. 470 millóns de euros de sobrecusto no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, privatizado por vostedes e decenas de millares de persoas manifestándose polas rúas viguesas no pasado 16 de xaneiro, contra as
políticas privatizadoras da Xunta do PP.
En definitiva, señoras e señores do Partido Popular, menos demagoxia e máis asumir as súas responsabilidades. A solución pasa por máis e mellores políticas sociais, de vivenda, de emprego e máis e mellores servizos públicos como a sanidade,
con recursos, medios e persoal. Unha sanidade, en definitiva, pública, universal e de calidade.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes.
Está claro que el Partido Popular es incapaz de hacer política sin hacer demagogia, incluso con una cuestión tan seria como esta. Digo esto no porque el problema de la violencia en el ámbito sanitario no exista y no haya que resolverlo,
porque desgraciadamente existe; de hecho, hace apenas unos días un
trabajador sanitario fue apuñalado en el complejo hospitalario de A Coruña. Claro que hay que trabajar para resolverlo.
Pensamos que cuando se aborda esa cuestión lo que hay que hacer es aportar soluciones que vayan a la raíz de los problemas; y aquí es donde está la cuestión: el PP evita ir a las causas de esa violencia y, por lo tanto, buscar las
soluciones para erradicarlas; incluso, siendo capaces de citar entre ellas factores relevantes como la pobreza ambiental o el tiempo de espera de los pacientes. Pero, a partir de ahí, no hace ninguna propuesta en este ámbito, tan solo medidas
-cito- de protección de carácter pasivo o estructural, de carácter reactivo, de formación e información; y solamente en las de carácter organizativo realizan alguna alusión genérica a la mejora del sistema sanitario.
Estamos, incluso, de acuerdo con muchas de ellas, pero son claramente parciales e insuficientes. Hablan ustedes de la pobreza ambiental como factor de riesgo, pero al mismo tiempo se oponen sistemáticamente a cualquier política social que
permita avanzar combatiendo esa pobreza con una fiscalidad más justa y distributiva, tumbando, por ejemplo, el impuesto de las energéticas, subiendo las pensiones, las mínimas y las no contributivas, por encima del IPC, como hicieron votando en
contra el pasado 22 de enero. Incluso, llegan a la indignidad de calificar como inquiokupas a las personas vulnerables que viven en régimen de alquiler en riesgo de perder su vivienda. Pasan de puntillas por un factor clave, como la frustración,
el nerviosismo, el estrés e, incluso, la desesperación que pueden provocar las interminables listas de espera y una deficiente atención, que, evidentemente, no es responsabilidad de los profesionales de la salud, sino de los recursos y medios
insuficientes con los que cuentan los sistemas públicos.
Y aquí la demagogia y el cinismo del PP suben incluso de nivel, porque ustedes, en muchos casos, son responsables de la situación precaria de los servicios de salud, como en el caso de Galicia, del Sergas, con políticas programadas de
deterioro para impulsar la progresiva privatización de la sanidad pública. Solamente quiero recordarles dos datos: 470 millones de euros de sobrecoste en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, privatizado por ustedes, y decenas de miles de personas
manifestándose por las calles viguesas el pasado 16 de enero contra las políticas privatizadoras de la Xunta del PP.
En definitiva, señoras y señores del Partido Popular, menos demagogia y más asumir sus responsabilidades. La solución pasa por más y mejores políticas sociales, de vivienda, de empleo y más y mejores servicios públicos como la sanidad, con
recursos, medios y personal; una sanidad pública, en definitiva, universal y de calidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en último lugar, tiene la palabra la señora Santana Perera por un tiempo de tres minutos.
La señora SANTANA PERERA: Gracias, presidenta.
Esta tarde vamos a hablar de un tema muy preocupante, como son las agresiones a nuestras y nuestros sanitarios. Hay que ver cuál es la causa, y sin lugar a dudas es porque nuestra sanidad pública está herida, y esperemos que no sea de
muerte. Urgencias colapsadas, personal médico, enfermeras y enfermeros totalmente agotados y gente que, literalmente, muere esperando a ser atendida. Todo esto es consecuencia de la gestión del Partido Popular en las comunidades autónomas, porque,
sí, en la mayoría de las comunidades autónomas gobiernan ustedes. ¿Qué ha pasado? Pues que lo que debería haberse invertido en la sanidad de todas y todos, en la sanidad pública, se ha desviado a la sanidad privada, desde Madrid hasta Canarias.
¿Y cómo lo hacen? Recortando personal de la sanidad pública y desviando fondos a hospitales privados; cierran servicios y derivan pacientes a clínicas privadas. Y todo esto mientras que estas clínicas privadas, las aseguradoras y los hospitales
gestionados por empresas -que, por cierto, tienen vínculos con los suyos- se frotan las manos por el negocio redondo que están haciendo. Es decir, despojan de recursos a lo público para que lo privado sea, según ustedes, la única tabla de
salvación.
Mientras ustedes siguen con este saqueo de los recursos de la sanidad pública, hay una consecuencia que es inevitable y es que esas personas que están sufriendo su gestión, que esperan treinta horas a ser atendidas en urgencias y que ven que
su madre, por ejemplo, está literalmente agonizando en el pasillo de un hospital, pierden los nervios. La desesperación los lleva a perder los nervios. Por lo tanto, las principales culpables de estas agresiones son las políticas neoliberales que
ustedes aplican.
El pasado viernes tuve la oportunidad de hablar con el personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias, el HUC, y lo que nos contaban era aterrador. Como les digo, más de treinta horas de espera en
unas urgencias sanitarias en un hospital público; quinientas cuarenta y cuatro agresiones el año pasado, de las cuales solo llegaron a la Fiscalía cuarenta y una. Por cierto, ¿saben lo que nos contaron? Un dato muy curioso: llevan
ustedes poco más de un año en el Gobierno de Canarias, donde gobiernan Partido Popular y Coalición Canaria, ¿saben cuánto se han incrementado en este año y medio las agresiones? Un 23 %, que se dice pronto.
Por lo tanto, señores del Partido Popular, a las personas que están enfermas no las curan las Cámaras, las curan las profesionales sanitarias. Así que un respeto y apuesten por la sanidad pública. La sanidad no es un negocio, es un
derecho.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora VAQUERO MONTERO: Milesker, presidenta. Arratsalde on guztioi.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes.
El Grupo Popular presenta para su debate y toma en consideración una proposición de ley que ya presentó la pasada legislatura, con la que pretende un marco regulatorio específico para proteger a los profesionales sanitarios y reforzar su
seguridad. Nuestro grupo no avaló esta proposición de ley en el 2022 y, por los mismos argumentos que expusimos entonces, tampoco lo vamos a hacer en esta ocasión.
Somos conscientes de que el personal sanitario sufre agresiones. Los datos están ahí. Osakidetza registró el año pasado, en 2024, más de mil denuncias por agresiones verbales y físicas. Una cifra inaceptable sobre la que es necesario
seguir tomando medidas, porque, además de suponer un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras -mayoritariamente trabajadoras-, provocan un deterioro en el normal desarrollo de la atención sanitaria. En Euskadi,
además de la creación del Observatorio sobre agresiones a profesionales, se han tomado medidas como la guía para profesionales de la salud, con pautas de actuación en la prevención, detección precoz e intervención ante situaciones de violencia, o la
instalación de dispositivos de videovigilancia en pasillos, salas de espera y consultas, así como dispositivos de alarma. Existe, asimismo, un protocolo de actuación aprobado en 2003 que se ha ido adaptando a la realidad en sucesivas ocasiones.
Este protocolo recoge, además de las definiciones y una calificación de tipos de agresión, un procedimiento de actuación concreto y detallado en el que se designan los responsables y los trámites específicos a realizar, así como el apoyo psicológico
y el asesoramiento legal a la víctima. Con ello lo que quiero subrayar es que se han ido tomando medidas tanto legislativas como organizativas y ejecutivas en los diferentes sistemas de salud, acordadas por las diferentes Administraciones con el
personal sanitario y con campañas de sensibilización, formación, protocolos y planes para prevenir y paliar, en la medida de lo posible, tales hechos. También se ha reforzado la protección penal, tal y como ha dicho la portavoz del Grupo Popular,
con la reforma del Código Penal, mediante la cual se contempló en el tipo penal de delito de atentado -artículo 550- al personal sanitario como autoridad, agravando la pena de falta a delito en caso de agresión a este, tal y como se hizo con las
personas trabajadoras del ámbito educativo. Porque en estos dos ámbitos, como en otros, se produce un mayor número de agresiones tanto verbales como físicas.
Se abordan también en esta proposición de ley cuestiones ya recogidas en la Ley 3/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, existe un marco general legal reconocido tanto en la citada ley como en el Código Penal. Sin embargo, el
Partido Popular nos propone regular un marco específico que nosotras consideramos que no es necesario que se regule por ley, y mucho menos teniendo en cuenta que lo que se nos propone erosiona el marco competencial. Por competencia, por eficacia y
por eficiencia en cuanto al objetivo que se dice perseguir entendemos que es mucho más adecuado -tal y como se hace- plantear lo que aquí se propone en el ámbito de la negociación colectiva y la concertación entre empleadores y personas trabajadoras
en sus centros de trabajo, con planes, protocolos y también con campañas de sensibilización internas y, sobre todo, dirigidas a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta, evidentemente, las causas que agravan estos actos de violencia, para paliarlas en
la medida de lo posible y prevenir estas agresiones. Sin embargo, no podemos reducir nuestro mensaje diciendo que esta violencia es consecuencia natural de la frustración que siente el victimario agresor en su atención sanitaria, tal y como se hizo
en el debate de hace dos años. Sería justificar, en parte, la violencia.
Lege proposamenak adierazten du legearen xedea dela enplegu emaileak lantokietan ezarri beharreko gutxieneko eta oinarrizko neurriak arautzea, segurtasuna bermatzeko eta arriskuak prebenitzeko eta
saihesteko. Baina aipatzen diren oinarrizko neurri horiek beste lege batzuetan jada araututa daude, zioen azalpenean bertan jasotzen den bezala.
Prebentzio planei dagokienez, osasun sistemei eta zentroei dagokie beren eskumen eremuaren barruan hauek onartu eta ezartzea. Beraz, ez gatoz bat horiek lege honetan arautzeko beharrarekin, ezta neurrien eraginkortasuna bilatzen bada ere.
Gure ustez, lege proposamen honek ez du inolako babes gehigarririk ematen osasun langileei. Hala ere, arazoa ikusaraztea eta sentsibilizatzea lagungarria da, beti ere eztabaida hau lortu nahi den helburuetara bideratzen bada.
Esta proposición de ley señala que el objeto de la ley es regular las medidas mínimas y básicas a implantar por el empleador en los centros de trabajo para garantizar la seguridad y prevenir y evitar el riesgo. Pero esas medidas básicas que
se mencionan ya están reguladas en otras leyes, tal y como se recoge en la propia exposición de motivos.
En cuanto a los planes de prevención, corresponde a los sistemas y centros sanitarios su aprobación e implantación dentro de su ámbito competencial, por lo que no compartimos la necesidad de regularlos en esta ley. No es algo necesario,
aunque se busque la eficacia de las medidas. Entendemos que esta proposición de ley no ofrece ningún tipo de protección adicional al personal sanitario; sin embargo, visibilizar y sensibilizar en torno a este problema ayuda, siempre y cuando se
encauce el debate hacia el objetivo perseguido.
La proposición de ley no especifica los títulos habilitantes del Estado para regular sobre esta materia, que principalmente se destinan a los servicios públicos sanitarios con las comunidades autónomas competentes en la materia. Además,
consideramos que, obviando lo anterior, esta proposición tampoco aporta ninguna protección añadida al personal sanitario.
Por todo ello, y por los motivos ya citados, votaremos en contra de la toma en consideración de la iniciativa.
Milesker.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene este tema, cuando leí su propuesta tuve la sensación de que estaba en un déjà vu, en una situación en la que decía: bueno, me estoy equivocando; he cogido de nuevo la ponencia de hace tres años,
no puede ser que hayan presentado lo mismo. Pues es la misma propuesta punto por punto. Como entonces les dijimos, no vamos a aprobar esta proposición. En primer lugar, porque es una competencia que responde a nuestras comunidades autónomas, en
nuestro caso a la Comunidad Autónoma vasca y a Navarra. La definición de estas políticas y planes es competencia propia, incluso los protocolos policiales. En segundo lugar, y quiero insistir en ello, si analizamos qué propuestas siguen trayendo
una y otra vez, la intencionalidad no es eliminar, incluso ni reducir, es un intento de utilizar este problema como una pelota de viene y va, sin buscar la manera de solucionarlo.
Si fuera su objetivo erradicar esta forma de violencia el contenido sería diferente. De hecho, creo que no habrá redactado usted misma esta propuesta. En su bancada hay profesionales cualificados para dar un paso más allá de lo que debiera
ser una propuesta en este sentido. Como en su día le dijimos, la experiencia confirma que lo que hace esta propuesta es intentar manipular realmente lo que es la percepción de la realidad, ocultar la realidad del problema y dificultar la
identificación de los procesos que sí deben aplicarse en la reducción y eliminación de la violencia en el ámbito sanitario. La principal causa del incremento de la violencia en la sanidad es el aumento de la frustración y de la angustia de las
personas en su relación con los servicios sanitarios. Eso es lo que explica fundamentalmente qué es lo que está causando ese aumento de la frustración. Principalmente, es un deterioro de la atención, pero también hay otras cuestiones. No
solamente es el deterioro de la atención, también hay cambios en el perfil y en las expectativas de la población atendida. La ciudadanía debe entender que la frustración o la angustia por diferentes causas, como pueden ser los problemas de las
esperas, de la desesperación de pacientes y familiares, jamás deben justificar cualquier tipo de episodio de violencia hacia las profesionales y los profesionales.
También hay otros factores sociales que repercuten en esta cuestión. Uno de ellos es el incremento de la cultura de la violencia verbal. Por cierto, ¿esta Cámara está dando buen ejemplo precisamente de lo que tiene que ser la educación
verbal? Veremos que socialmente se están dando una serie de características y que la violencia verbal empieza a ser una cuestión normalizada. La otra es el sexismo y el machismo de amplios sectores en la sociedad. No es casualidad que las
profesionales y los profesionales que sobre todo sufren estas agresiones sean en muchos casos mujeres. No es casualidad, y eso es también porque hay una cultura social, porque hay una interrelación entre esa violencia verbal y ese sexismo. No
vale, entonces, ir buscando soluciones de tipo policial -Cámaras, aislar a las profesionales y a los profesionales de la atención de las personas pacientes-, sino que hay que buscar otros procedimientos. Afortunadamente, este incremento de los
comportamientos solo implica a una minoría de toda la población que está sufriendo el deterioro de la atención sanitaria.
Hay responsabilidades políticas que quienes ya han intervenido han puesto de manifiesto. En ese sentido, quiero decir que no solamente ha sido responsabilidad de su partido, porque está ocurriendo también en comunidades autónomas que no han
sido gobernadas por él. El deterioro de la atención es una cuestión generalizada y es consecuencia precisamente de la desatención hacia lo público. Desde esta perspectiva es desde donde debemos atender el problema. La cuestión es reforzar la
atención y no reforzar medidas de tipo autoritario, policial, punitivo y de aislamiento entre las profesionales y las personas pacientes, y mucho menos legislar estas medidas para que se apliquen de modo generalizado. Tenemos que aplicar las
medidas allí donde es necesario, pero no de modo generalizado en los centros de salud, por ejemplo.
Resolver la violencia en el ámbito sanitario debe ser un objetivo prioritario, porque tiene graves consecuencias para los trabajadores, para las organizaciones y, sobre todo, porque esa violencia afecta a las personas que están ejerciendo
esa violencia. Hay que darle más importancia a este problema, pero eso exige estrategias que vayan de raíz al problema. ¿Quieren abordarlo de verdad? Hay que atenderlo en sus causas, en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes ámbitos.
No hay que hacer una norma generalizada, sino aplicar el bisturí allí donde se está dando y con los colectivos que lo están haciendo. Si se quiere hacer un plan contra la violencia sanitaria, si se quiere hacer una nueva ley contra la violencia
sanitaria, les pido una cosa: consulten con los expertos y con las personas profesionales. Encontrarán que los factores de riesgo de la violencia están en unas estructuras organizativas rígidas, burocratizadas y autoritarias que no dan lugar
precisamente a la autoorganización de las profesionales y de los profesionales. Y han de tener medios para responder a estas situaciones. También encontrarán que los factores de riesgo de violencia están en relación con el mal clima organizacional
y la falta de capacidad de respuesta del sistema: condiciones de trabajo, masificación, mala calidad de la información, mal servicio y factores individuales predisponentes, como son historiales violentos, etcétera, que sí son personalizados y que
lo que requieren es atención a esas personas. Si se ponen medios para corregir estas cuestiones es cuando entonces podremos hacer planes de riesgo.
Por eso le digo que este proyecto no es práctico. Manipula y desvía la atención del núcleo de origen de los problemas de violencia. Insisto, por eso no lo vamos a apoyar. Estamos dispuestos a trabajar realmente en las líneas necesarias,
pero no para utilizar políticamente este problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bona tarda, senyories.
Debatem en aquest punt la presa en consideració de la proposició de llei del Grup Popular sobre la violència en l'àmbit sanitari. Val a dir que des de Junts per Catalunya reconeixem i compartim la preocupació per la violència que pateix el
personal sanitari en l'exercici de les seves funcions. I ho fem sabent que aquest fenomen no només posa en perill la seguretat dels professionals, sinó que també afecta la qualitat de l'atenció als pacients i, en conseqüència, el bon funcionament
del sistema sanitari en el seu conjunt.
El compromís de Junts per Catalunya en aquesta matèria està ben acreditat per la creació, l'any 2022, de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya, una iniciativa implementada per la Conselleria de Salut
catalana, liderada en aquell moment pel doctor Argimon. Un observatori que,
en l'actualitat, compta amb una eina per a la notificació de casos de violència en el lloc de treball, per als professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut del nostre país, Catalunya.
Reivindiquem el que s'ha fet, i ho fem sense cap cofoisme, conscients que hi ha camí per córrer i molta feina per fer, però la volem fer des de Catalunya. I és en aquest sentit que els volem recordar que la gestió del sistema sanitari és
una competència transferida a les comunitats autònomes. I, en el cas de Catalunya, el nostre sistema sanitari té un marc propi i unes particularitats que, si volen els nostres vots, han de ser respectades, cosa que reiteradament el grup popular
oblida i obvia.
Mirin, estem a favor d'establir mesures per garantir la seguretat i la salut del personal sanitari en els centres de treball públics i privats. Estem a favor també d'implementar els plans i les mesures necessàries per prevenir i evitar
actes de violència en l'àmbit sanitari. I estem a favor d'establir obligacions i garantir drets que protegeixin el personal sanitari. Però, com els deia, també estem a favor que respectin escrupolosament els marcs competencials i la idiosincràsia
de l'àmbit sanitari català. I no s'aboqui un cop més a la centralització, implementant models nacionals espanyols substitutius. I, sobretot, des de Junts per Catalunya, estem a favor de disposar del finançament just i necessari per fer les millors
polítiques per a tots els ciutadans de Catalunya, i en tots els àmbits, també en el sanitari, i concretament en el d'acabar amb la xacra que representa la violència que pateix el seu personal i que avui ens ocupa.
Per fer això, no ens cal aquesta nova llei. Per fer això, el que ens cal és erradicar-ne una altra de xacra, potser menys cridanera 'a priori', però igualment lesiva, una xacra que qui la pateix és Catalunya i tots els que hi viuen. Els
parlo d'una xacra que ha esdevingut una malaltia crònica per al nostre país, aplicada per tots els governs espanyols, siguin de dretes o siguin d'esquerres. Una xacra que es diu espoli fiscal i que representa cada any un dèficit de 22 000 milions
d'euros, o sigui, més del doble del pressupost del Departament de Salut català. O dit de forma senzilla, perquè tothom ho entengui, 2700 euros per cada habitant de Catalunya que venen a Madrid i no tornen mai. És evident que, si no es reverteix
aquesta situació, si no es posa fi a l'espoli fiscal, és impossible que cap iniciativa legislativa tingui a Catalunya l'impacte que la seva ciutadania, i en aquest cas els professionals de la sanitat, es mereixen.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Debatimos en este punto la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre la violencia en el ámbito sanitario. Cabe decir que desde Junts per Catalunya reconocemos y compartimos la preocupación por la violencia que
sufre el personal sanitario en el ejercicio de sus funciones, y lo hacemos sabiendo que este fenómeno no solo pone en peligro la seguridad de los profesionales, sino que también afecta a la calidad de la atención a los pacientes y, en consecuencia,
afecta al buen funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto.
El compromiso de Junts per Catalunya en esta materia está bien acreditado a través de la creación en el año 2022 del Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña, una iniciativa implantada por la Conselleria
de Salud catalana, liderada en ese momento por el doctor Argimon. Este observatorio cuenta en la actualidad con una herramienta para la notificación de casos de violencia en los puestos de trabajo para los profesionales de los centros y servicios
asistenciales del sistema de nuestro país, Cataluña.
Reivindicamos lo que se ha hecho y lo hacemos sin estar muy orgullosos, conscientes de que tenemos camino que recorrer y trabajo que realizar, pero queremos hacerlo desde Cataluña. Y es en este sentido en el que queremos recordarles que la
gestión del sistema sanitario es una competencia transferida a las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, nuestro sistema sanitario tiene un marco propio y unas particularidades que, si quieren nuestros votos, deben ser respetadas, cosa que
reiteradamente el Grupo Popular olvida y no tiene en cuenta.
Estamos a favor de establecer medidas que garanticen la seguridad y la salud del personal sanitario en los centros de trabajo públicos y privados. Estamos a favor de implementar los planes y las medidas necesarias para prevenir y evitar
actos de violencia en el ámbito sanitario. Estamos a favor de establecer obligaciones y garantizar derechos que protejan al personal sanitario. Pero, como les decía, también estamos a favor de que se respeten escrupulosamente los marcos
competenciales y la idiosincrasia del ámbito sanitario catalán y de que no se tienda una vez más a la centralización, implementando modelos nacionales españoles sustitutivos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la
Presidencia). Y, sobre todo, desde Junts per Catalunya estamos a favor de disponer de la financiación
justa y necesaria para llevar a cabo las mejores políticas para todos los ciudadanos de Cataluña, en todos los ámbitos, también en el sanitario, concretamente para terminar con la violencia que sufre el personal sanitario.
Pero para hacer esto no necesitamos esta nueva ley, lo que necesitamos es erradicar otro flagelo, quizá menos llamativo, pero igualmente lesivo, un flagelo, un azote, que sufre Cataluña y quién vive, un azote que se ha convertido en una
enfermedad crónica en nuestro país, aplicada por todos los Gobiernos españoles, sean de derechas o de izquierdas, un azote que se llama expolio fiscal y que representa cada año un déficit de 22 000 millones de euros, o sea, más del doble del
presupuesto del Departamento de Salud catalán, o diciéndolo de una forma más llana, para que todo el mundo lo entienda, 2700 euros por habitante de Cataluña que vienen a Madrid y no vuelven nunca. Es evidente que, si no se revierte esta situación,
si no se pone fin al expolio fiscal, será imposible que ninguna iniciativa legislativa tenga el impacto en Cataluña que necesitan la ciudadanía y el personal sanitario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Gràcies, president.
Bé, vull començar les meves paraules avui amb un reconeixement explícit i sincer a tot el personal sanitari i sociosanitari que, amb una gran vocació, treballa cada dia per garantir un dret tan fonamental com el de la salut. Un
reconeixement que també volem fer extensiu a tots els àmbits assistencials, des de l'atenció primària fins als hospitals, passant per serveis com el transport sanitari i les urgències, on sovint es viuen les situacions de més tensió. La seguretat
del personal sanitari en l'exercici de les seves funcions és un tema que a Esquerra Republicana ens preocupa i ens ocupa, tant que hem treballat des del Govern del nostre país per avançar en aquesta qüestió i garantir-la. A Esquerra hem tingut
l'honor de gestionar la Conselleria de Salut els darrers anys i coneixem de primera mà els reptes als quals s'enfronten els professionals sanitaris. Tenim un profund coneixement del sistema sanitari català i som perfectament conscients de la
necessitat d'invertir en més i millors recursos, per reforçar la seguretat en els centres de salut. Però també sabem que aquesta és una qüestió que s'ha d'abordar des de la proximitat, per aconseguir fer front a les realitats pròpies de cada
territori.
I tenim dubtes raonables que el Partit Popular sigui conscient d'aquestes diverses realitats. Són conscients, senyories del Partit Popular, que en molts CAPs de Catalunya no és possible que apretant un botó entri la seguretat privada a la
consulta? Saben per què? Perquè són CAPs que funcionen moltes vegades amb un metge i una persona d'administració. Perquè són CAPs de municipis i regions petites que funcionen a base de treballar colze a colze amb els companys i companyes, i que,
si hi ha situacions complexes, són aquests companys i companyes qui donen suport als altres. Tinc la sensació que vostès escriuen totes les seves propostes des del desconeixement absolut de la realitat del que passa als carrers. Massa anys fa que
vostès treballen des dels despatxos de Madrid i no posen els peus al carrer, i encara menys a cap carrer de Catalunya.
I no vull oblidar, evidentment, dir que, precisament perquè aquests temes cal abordar-los des de la proximitat més absoluta, per no cometre errors com el que vostès avui cometen, les competències en salut estan traspassades a les comunitats
i són aquestes qui les ha de gestionar. Vostès, de nou, no perden ocasió per presentar propostes recentralitzadores que, si s'arribessin a aprovar, no només no complirien la llei, sinó que no serien útils i empitjorarien el sistema sanitari. Això
sí, tot ben embolicadet amb una rojigualda. Ja existeixen eines més que suficients en l'àmbit autonòmic i dels propis centres. No cal que les tutelin vostès a 600 quilòmetres. Quina mania tenen en això. Respectin la seva tan repetida i estimada
estructura autonòmica, que al final és la seva, no la nostra. I si li volen fer un favor, ja que se la creuen tant, financin-la bé, en comptes de laminar-la per la porta de darrere cada vegada que tenen ocasió.
Per posar un exemple concret, a Catalunya ja s'han desplegat plans de seguretat en l'àmbit sanitari, amb mesures com la instal·lació de botons de pànic a les consultes, protocols d'actuació davant les agressions, contractació de seguretat
privada quan es pot, instal·lació de portes de seguretat i formacions específiques per als professionals, entre moltes altres coses. Aquestes mesures han estat desenvolupades en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior,
atenent la realitat específica de cada centre de salut. En aquest sentit, el text proposa la creació d'un Pla de prevenció contra la violència en l'àmbit sanitari, a l'article 4, que hauria d'incloure mesures com sistemes de videovigilància,
protocols d'actuació en cas d'agressió i la presumpció de veracitat del personal sanitari en les denúncies per
violència laboral. Són iniciatives que poden ser útils, en alguns casos, i necessàries i que, de fet, ja formen part de moltes de les estratègies que s'apliquen als centres de salut de Catalunya.
La proposició de llei que avui es debat és cert que parteix d'un principi que compartim: la necessitat de garantir la protecció del personal sanitari davant de qualsevol forma de violència. No podem normalitzar les agressions a metges,
infermeres, auxiliars o administratius, així com tampoc podem normalitzar els intents de la dreta i l'extrema dreta de buscar constantment uns mateixos culpables de tot, i establir un sistema de classes tan absolut que acabi convertint aquells que
vostès consideren de classe alta en els bons, i a tots els altres en els dolents; que acabi tenint el risc de convertir qualsevol pacient que un dia ha aixecat la veu en una consulta en un delinqüent per sempre més. Som partidaris de reforçar les
mesures de seguretat en els centres sanitaris, sí, absolutament. Però creiem que això s'ha de fer respectant l'autonomia de gestió de cada territori, des del coneixement dels problemes, l'empatia i apostant per la col·laboració institucional i,
sobretot, el traspàs dels recursos econòmics justos; més que no pas de la imposició d'un marc legal uniforme, que no té en compte les especificitats del nostre sistema de salut. És per tot això que ja els anuncio que el Grup Parlamentari Republicà
votarà en contra d'aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Quiero empezar mi intervención con un reconocimiento explícito y sincero hacia todo el personal sanitario y sociosanitario, que, con una gran vocación, trabaja cada día para garantizar un derecho tan fundamental como es el de salud. Es un
reconocimiento que queremos hacer extensivo a todos los ámbitos asistenciales, desde la atención primaria hasta los hospitales, pasando por servicios como el transporte sanitario y las urgencias, donde a menudo se viven las situaciones de mayor
tensión.
La seguridad del personal sanitario en el ejercicio de sus funciones es un tema que a Esquerra Republicana preocupa y la ocupa, tanto que hemos trabajado desde el Gobierno de nuestro país para avanzar en esta cuestión y garantizarla.
En Esquerra hemos tenido el honor de gestionar la Conselleria de Salud en los últimos años y conocemos de primera mano los retos a los cuales se enfrentan los profesionales sanitarios. Tenemos un profundo conocimiento del sistema sanitario
catalán y somos perfectamente conscientes de la necesidad de inversión en más y mejores recursos para reforzar la seguridad en los centros de salud. Pero también sabemos que esta es una cuestión que se debe abordar desde la proximidad para
conseguir hacer frente a las realidades propias de cada territorio, y tenemos dudas razonables de que el Partido Popular sea consciente de estas diversas realidades.
¿Son conscientes, señorías del Partido Popular, de que en muchos centros de atención primaria de Cataluña no es posible que, dándole a un botón, entre la seguridad privada en la consulta? ¿Saben por qué? Porque son centros de atención
primaria que muchas veces funcionan con un médico y una persona administrativa; porque son centros de atención primaria de municipios y regiones pequeñas que funcionan a base de trabajar codo con codo con compañeros, y cuando hay situaciones
complicadas son estos compañeros y compañeras los que apoyan a los otros. Tengo la sensación de que ustedes escriben todas sus propuestas desde el desconocimiento absoluto de la realidad de lo que ocurre en la calle. Hace demasiados años que
ustedes trabajan desde los despachos de Madrid y no ponen los pies en la calle, todavía menos en las calles de Cataluña.
Quiero decir -no quiero olvidarlo- que estos temas deben ser abordados, evidentemente, desde la proximidad más absoluta, para no cometer errores como el que ustedes cometen. Quiero recordar que las competencias de salud están traspasadas a
las comunidades y que estas son las que deben gestionarlas. Ustedes, de nuevo, no pierden ocasión para presentar propuestas recentralizadoras que, si se llegaran a aprobar, no solo no cumplirían la ley, sino que no serían útiles y empeorarían el
sistema sanitario. Eso sí, todo envuelto en una rojigualda.
Ya existen herramientas más que suficientes en el ámbito autonómico y en los propios centros y, por tanto, no es necesario que ustedes las tutelen a 600 kilómetros. ¡Qué manía tienen con esto! Respeten su tan repetida y querida estructura
autonómica, que al fin y al cabo es la suya, no la nuestra. Y si quieren ustedes hacer un favor, ya que ustedes se la creen tanto, fináncienla bien en lugar de laminarla por la puerta de atrás cada vez que tienen ocasión de ello. Les doy un
ejemplo concreto. En Cataluña ya se han desplegado planes de seguridad en el ámbito sanitario con medidas como la instalación de botones de pánico en las consultas, protocolos de actuación ante agresiones, contratación de seguridad privada,
instalaciones de puertas de seguridad y formaciones específicas para los profesionales, entre muchas
otras iniciativas. Estas medidas han sido desarrolladas en coordinación con los Mossos d'Esquadra y el Departamento de Interior, atendiendo a la realidad específica de cada centro de salud. En este sentido, el texto propone la creación de
un plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, el artículo 4, que debería incluir medidas como sistemas de videovigilancia, protocolos de actuación en caso de agresión y la presunción de veracidad del personal sanitario en las
denuncias por violencia laboral. Son iniciativas que pueden ser útiles en algunos casos y necesarias; de hecho, ya forman parte de muchas de las estrategias que se aplican en los centros de salud de Cataluña.
La proposición de ley que hoy se debate es cierto que parte de un principio que compartimos, la necesidad de garantizar la protección del personal sanitario ante cualquiera forma de violencia. No podemos normalizar las agresiones a médicos,
enfermeras, auxiliares o administrativos, como tampoco podemos normalizar los intentos de la derecha y de la extrema derecha a la hora de buscar constantemente los mismos culpables para todo y establecer un sistema de clases tan absoluto que acabe
convirtiendo a los que ustedes consideran de clase alta en los buenos y a todo el resto en los malos, que acabe convirtiendo, con el riesgo que esto tiene, a cualquier paciente que un día ha alzado la voz en una consulta en un delincuente para
siempre. Somos partidarios de reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios, sí, pero creemos que esto debe hacerse respetando la autonomía de gestión de cada territorio, desde el conocimiento de los problemas, desde la empatía y
apostando por la colaboración institucional y, sobre todo, el traspaso de los recursos económicos justos, en lugar de hacerlo imponiendo un marco legal uniforme que no tiene en cuenta las especificidades de nuestro sistema de salud.
Por todo esto, les anuncio ya que el Grupo Parlamentario Republicano votará en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR tiene la palabra la señora Recas Martín.
La señora RECAS MARTÍN: Buenas tardes.
Presidente, señorías, quería comenzar dando las gracias al Grupo Popular por traer hoy a este Pleno un tema tan relevante y del que cada día se habla más, pero que no es algo nuevo. Nuestra más absoluta solidaridad y empatía con las
agredidas.
Como bien dice la exposición de motivos de su propuesta, las agresiones en el ámbito sanitario se reconocen tanto a nivel nacional como internacional, así como normativamente hablando, también hay visibilidad y consenso: Organización
Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, Código Penal, leyes...
En nuestro ámbito, como bien ha expresado la representante del Grupo Popular, tenemos diferentes normativas, desde el Senado, la reforma del Código Penal, instrucción del Ministerio del Interior y su desarrollo en las comunidades autónomas.
No sé si son conscientes de que muchas de las cosas que piden en el articulado ya se hacen en las comunidades autónomas. No sé si saben sus señorías del PP que las comunidades autónomas ya tienen amplias competencias en toda esa materia, haciendo
planes y normativas propias. Igualmente hay que destacar que las profesionales mayoritarias, las enfermeras y los médicos, tenemos unos colegios profesionales a los que nos obligan a colegiarnos para trabajar -aquí en Madrid, por cierto, son un
nido de poca transparencia y de gestión cuestionable- y que nos aseguran atención ante agresiones con teléfonos veinticuatro horas y asesoría jurídica. ¿Mejorable? Sin duda.
El Ministerio de Sanidad creó en 2017 un grupo de trabajo junto con las comunidades autónomas que ha ido desarrollando diferentes trabajos, como, por ejemplo, el conjunto mínimo de datos para mejorarlos y tener una foto mejor sobre las
agresiones o hacer un informe anual y una jornada anual, que fue marzo del año pasado y espero que estuvieran presentes. A través del citado informe del ministerio y las comunidades autónomas tenemos una foto clara, aunque mejorable, sobre cómo son
las agresiones. Las agresiones en el ámbito sanitario son a mujeres -somos mayoría-, son en consultas de atención primaria -tres veces superior- y son agresiones, sobre todo, a médicas y a enfermeras, aunque en los últimos años destaca mucho cómo
están aumentando las agresiones a los administrativos, porque son los primeros que dan la cara a la ciudadanía. (Aplausos). La mayoría de las notificaciones son insultos y amenazas; las agresiones físicas están bastante por detrás. ¿Y qué dice
este informe de las razones? Pues las causas que alegan sobre todo están relacionadas con la atención percibida y la demanda del usuario -repito: atención y demandas del usuario-.
Sin eximir de responsabilidades, porque ninguna agresión debe ser permitida, imaginémonos lo siguiente. Vivimos en Madrid y yo soy una madre y mi hijo tiene una posible otitis. Llamo al centro de salud y cruzo los dedos para ver si hay
pediatra, y me dicen que sí. Casi lo consigo, pero no: son quince los días hasta que le pueden ver. Me dicen: váyase usted a urgencias. Voy a urgencias. Son cuatro o cinco horas esperando. Me recibe un médico que lleva muchas horas
trabajando, que me manda antibiótico y que, probablemente, esté pensando: ¿esto es una urgencia? Si en algún momento yo, como madre, en esta situación llego a increpar, ¿qué pasaría? Imaginémonos también que soy una mujer embarazada de alto
riesgo y que me llevan al Hospital La Paz. Llego de parto a las urgencias y no me ve de manera inmediata una matrona. ¿Qué pasa? Pues que las matronas de Madrid el mes pasado tuvieron que poner en el juzgado de guardia una denuncia porque no
podían asegurar la seguridad de las embarazadas. Último caso. Hospital 12 de Octubre. Cuarenta y ocho horas mi madre con una fractura de cadera. La van a operar y, de repente, paran el quirófano porque esa licitación que hizo la señora Ayuso a
una empresa de esterilización es tan sumamente mala que el material no es utilizable. (Aplausos). Esto es el día a día en la Comunidad de Madrid.
Pongamos ahora la foto en el otro lado, el de los profesionales que, si consiguen no abandonar la profesión ni ser increpados por la ciudadanía harta, siguen siendo maltratados por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid precariza
sus condiciones: nada de cupos para atención primaria ni las treinta y cinco horas ni las condiciones de seguridad. ¿Saben una cosa? Los madrileños y las madrileñas vamos a tener que asumir que el Gobierno de Ayuso, llevado a juicio por los
colectivos de atención primaria por no haber respetado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se enfrente a la mayor indemnización de la historia pagada con nuestros impuestos.
Señores del PP, todo eso son síntomas y elementos que facilitan que estas agresiones se produzcan y es nuestro deber minimizar dichos elementos. Hay leyes, sí, el Código Penal, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras que están por
venir, como la modificación de la Ley del Estatuto Marco, que mejorará las condiciones laborales y que, como ya ha comunicado la ministra Mónica García, puede llevar aparejados los elementos de protección relacionados con esta figura de autoridad
para los sanitarios. Desde aquí les invito a participar en la modificación y a votarla de forma positiva, ya que esta norma lleva más de veinte años sin actualizarse, también en sus gobiernos. (Aplausos). Señores del PP, han podido gestionar las
listas de espera, han podido gestionar las licitaciones, han podido gestionar la vuelta a las treinta y cinco horas, la temporalidad, la seguridad para todos y todas, han podido gestionar la esperanza y las expectativas de los usuarios, han podido
trabajar para minimizar los riesgos de que se produzcan agresiones. Prevenir los síntomas está en nuestras manos. ¿Saben cómo se llama? Se llama gestionar, gestión favoreciendo a todos y gestión favoreciendo a todos los sanitarios y mejorar la
atención más segura y eficiente para la ciudadanía, pero, claro, favoreciendo a todos los sanitarios y sanitarias, no solo a su sanitario preferido de cabecera y privilegiado, Alberto Quirón. (Aplausos). Hoy han querido arreglar con esta posible
ley cortina de humo lo que no han sabido arreglar 'simplemente' (hace el signo de comillas con los dedos) gestionando en las comunidades autónomas las competencias de las que ustedes son responsables.
Votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor García Gomis. (Aplausos).
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señor presidente.
Lo que ha descrito usted, señora Recas Martín, es lo que pasa en cualquier comunidad autónoma. Si quiere hablar de la Asamblea de Madrid, ahí la tiene usted, a unos cuantos kilómetros de aquí. Ustedes han gobernado la Comunidad Valenciana
con Compromís y, si mi hijo tiene que tener una otitis durante ocho meses, la ha tenido con un Gobierno de Compromís; o sea, menos gritos, Milagritos.
Miren, cuando ustedes vienen aquí a echarse los trastos a la cabeza y vienen aquí a permanecer inalterables cuando los Gobiernos de unos y otros han sido incapaces de poner a la sanidad en el lugar que le corresponde, la realidad que sufren
nuestros sanitarios, nuestros compatriotas, no la pueden tapar ni con cien mentiras. Los escucho a ustedes, pero no hay diferencia entre lo que hacen después unos y otros, azules, rojos, morados. Hacen bueno ese dicho de que si habla como un
socialista, piensa como un socialista y gobierna como un socialista, cuidado que quizá no es un socialista, quizás sea el señor Feijóo. (Aplausos). Veo que a alguno no le ha gustado. Son ustedes más de reír las gracias de Junts, PNV o Bildu.
Miren, hoy no vengo a hablarles de posicionamientos políticos ni de partidistas, sino de la realidad que atañe a todos nuestros sanitarios, no solamente de la Comunidad de Madrid. En todas las comunidades estamos viendo una plaga que asola
nuestros centros de salud, nuestros hospitales, y no olvidemos que nuestros sanitarios se tienen que desplazar a los domicilios. Los sanitarios están bajo un asedio constante, físico y emocional, no solo por la enfermedad y el sufrimiento humano al
que se enfrentan diariamente, sino también -esto es lo que más duele- por el fracaso de sus políticas, por la ineptitud y la falta de compromiso de quienes han gobernado hasta ahora nuestro país y nuestras regiones. Hablo del Partido Popular, hablo
del Partido Socialista y puedo hablar de SUMAR, de Podemos o de todos aquellos que han tenido la responsabilidad de proteger a nuestros sanitarios y que han fallado una y otra vez de manera estrepitosa. Ronald Reagan ya lo dijo: el Gobierno no es
la solución a nuestro problema, el Gobierno es el problema. Y los malos Gobiernos que hemos tenido aquí en España y en las regiones han destrozado nuestro sistema sanitario. Los Gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista han demostrado
una y otra vez que no están a la altura de la tarea encomendada. Porque yo pregunto: ¿dónde están esas políticas robustas para proteger a nuestros sanitarios de las agresiones?, ¿dónde están las leyes que los tienen que proteger, pero de verdad?,
¿dónde está la acción decisiva de nuestro Gobierno para proteger a médicos y enfermeras cuando son atacados verbal y físicamente, cuando son amenazados, insultados, agredidos, cuando tienen miedo de ir a coger su coche al terminar el turno porque
saben que les están esperando? Esto es lo que está pasando en España y lo que ustedes están aquí moviendo de un lado para otro, pero sin ser capaces de solucionar. (Aplausos).
Prometieron reformas, prometieron protección y ¿qué hemos visto?, ¿qué han hecho para frenar esto? Poco o nada. Ahí tenemos a la comunidad andaluza, que después de seis años de Gobierno del Partido Popular es la comunidad donde más han
crecido las agresiones a los sanitarios. Las proposiciones de ley, las mociones, las declaraciones no valen de nada, son papel mojado sin la fuerza real de la acción que acabe de una vez por todas con esto. Y el Partido Socialista no se queda
atrás, con su falso discurso de justicia social y de proteger a los trabajadores. ¿Dónde están cuando nuestros sanitarios los necesitan? Hablan de reformas, hablan de cambios, pero cuando llega el momento de actuar se esconden detrás de la
burocracia y de comités de expertos, muchas veces inexistentes. La protección a los sanitarios la han relegado ustedes a esto, a un debate parlamentario reciclado legislatura tras legislatura, mientras la violencia contra nuestros sanitarios sigue
creciendo. Esa es la realidad, por dura que sea. Las agresiones a nuestros sanitarios han aumentado, y no ha habido una respuesta contundente ni una campaña nacional de prevención y protección que merezca tal nombre. Y ustedes se dedican a eso, a
la foto, al postureo, a darles abrazos, pero sin dar una solución real a nuestros sanitarios. Los sanitarios han sido abandonados por aquellos que, se supone, debían velar por ellos. Así lo refleja el Ministerio de Sanidad en 2023, que notificó un
número récord de agresiones y de incidentes. Recordemos que muchas veces no son denunciadas por miedo a represalias y por haber dejado de confiar en un sistema que les ha abandonado.
¿Y qué hacemos? ¿Seguimos aplaudiendo a las ocho de la tarde? Porque todo lo arreglan ustedes con aplausos. Los aplausos son vanos si no van acompañados de acciones. Necesitamos que esas leyes categoricen las agresiones como más graves
todavía. Además, hay que hacer una protección real. Hace falta un sistema de denuncia eficaz, hace falta un apoyo psicológico para las víctimas, sobre todo una cultura de respeto y valoración hacia quienes se dedican a la sanidad. Necesitamos más
que palabras, necesitamos hechos, valentía política para enfrentar este problema.
El colapso del sistema sanitario, las listas de espera, el aumento de la violencia, la falta de personal sanitario, todo esto es un reflejo directo de las políticas fallidas del Partido Popular y el Partido Socialista. Ambos partidos han
tenido su oportunidad, décadas para demostrar si podían proteger a quienes nos protegen, y han fracasado, han fallado al no hacer de la protección de los sanitarios una prioridad real, no solo en el papel, sino en la vida real, de cada centro de
salud, de cada país, de cada hospital de este país y, como he dicho, también de los domicilios. Dejen de jugar a las apariencias y comiencen a hacer lo correcto y lo que sea necesario. Necesitamos un plan nacional contra las agresiones a los
sanitarios, necesitamos medios de protección, de disuasión, necesitamos que las comunidades autónomas y los municipios se involucren, necesitamos que la sociedad sea consciente de lo que está pasando. Nuestros sanitarios no son números, no son una
estadística, son personas, hombres y mujeres que están para servir y ayudar a las personas. Se merecen un escudo, no solo aplausos; se merecen justicia, no solo condolencias, y se merecen, sobre todo, respeto y no promesas vacías.
Voy terminando, señor presidente. Tenemos que actuar con la urgencia que demanda. Ni una agresión más. Ni una agresión más. Vamos a perder a nuestros mejores profesionales de la salud porque ustedes,
con su inacción y su parlamentarismo vacío de foto y pandereta, nos están llevando a perder un sistema de salud que era la joya de la corona. Solamente quiero terminar dándoles las gracias a nuestros sanitarios. Que Dios les bendiga a
ustedes, que Dios bendiga a España, y gracias a todos aquellos que han decidido dedicar su vida a servir a los demás.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Ramírez.
La señora MARTÍNEZ RAMÍREZ: Gracias, presidente.
Yo también quiero saludar a las organizaciones de profesionales que nos acompañan en la tribuna y en la sala adjunta y agradecerles el trabajo que hacen para atajar este grave problema.
Coincidimos, señorías, seguro, en que si es admirado nuestro Sistema Nacional de Salud es por la calidad y la dedicación de sus profesionales, que se dejan la piel para hacer su trabajo y no siempre en las mejores condiciones. La sanidad es
un pilar fundamental de nuestra sociedad y la protección de nuestros profesionales de la salud es prioritaria. El riesgo de violencia extrema en el lugar de trabajo afecta a muchos de nuestros servicios públicos, como la educación o el transporte,
también al que nos ocupa hoy, la sanidad. En el caso de la sanidad, las cifras de agresiones declaradas han ido en aumento en los últimos años. Hablamos de 14 706 agresiones, el 78 % dirigidas a las mujeres. Un 54 % de ellas se han desarrollado
en el ámbito de la atención primaria y un 43 % en el de la atención hospitalaria. El 16 % han sido agresiones físicas. En cuanto a las causas -se ha comentado-, la mayoría son reactivas a la insatisfacción de las demandas del usuario o a
discrepancias con la atención percibida, pero no podemos justificar, por supuesto, ninguna manifestación violenta en este sentido.
En este contexto es crucial reconocer las medidas contra las agresiones que ya se están implementando y evaluar su efectividad. Llevamos años trabajando para conseguir violencia cero. Se han dado pasos importantes, no suficientes, tanto
desde las Administraciones públicas como desde las organizaciones profesionales. Aquí quiero agradecer y valorar especialmente al Observatorio de la Organización Médico-Colegial, que lleva mucho tiempo trabajando y haciendo una excelente labor, y a
todas aquellas organizaciones que están implementando estos observatorios en los últimos tiempos; también al grupo de trabajo técnico para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que se constituyó
en el año 2018 y que analiza toda la información facilitada por el INGESA a las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior, elaborando un informe y un sistema de notificación homogéneo para evaluar la situación y tomar medidas también a
nivel nacional.
Por otro lado, se trabaja con las autonomías, y la mayoría de ellas implementan los planes y los procedimientos para prevenir y frenar cualquier tipo de agresión, además de que garantizan el acompañamiento en la asistencia y el
asesoramiento. En el año 2017, la instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior instituyó un protocolo común frente a las agresiones a profesionales de la salud, que también ha sido de gran ayuda para establecer medidas de
prevención. La figura del interlocutor policial territorial sanitario ha contribuido a mejorar la asistencia en estos casos, y se incluyeron en el Código Penal a los docentes y sanitarios como autoridades públicas protegidas, y actualmente, en el
seno del Estatuto Marco, se pretende ampliar a más categorías profesionales.
En último lugar, y no menos importante, los programas de formación y campañas divulgativas que el Ministerio de Sanidad dirige a los profesionales y a la ciudadanía para concienciar, evitar y, en su caso, denunciar las agresiones.
Todas estas medidas son necesarias, pero es verdad que no son suficientes. En nuestra opinión, la mejor manera de evitarlas, así como las causas que las producen, es aumentar los recursos destinados a sanidad, como está haciendo este
Gobierno. Invertir en ella será la mejor manera de cuidar de los que nos cuidan y, desde luego, señorías del PP, la política de limitar la universalidad de la atención sanitaria, de recortes y de copagos no ayudó en su momento. (Aplausos).
Tampoco lo hizo la reducción de plantillas de profesionales que hicieron cuando gobernaban, eliminando las tasas de reposición y expulsando a miles de trabajadores del sistema. Esas políticas, señorías del Partido Popular, contribuyeron
clarísimamente al deterioro reputacional de la sanidad y, en consecuencia, a aumentar la presión que soportan muchos profesionales que se ven incapaces de ofrecer a sus pacientes la dedicación que les quieren dar y que estos merecen.
La falta de inversión en atención primaria con el aumento de la demora y de los tiempos de espera es un caldo de cultivo que no favorece la confianza entre profesional y paciente. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Andalucía,
donde, además, se están derivando recursos de la pública a contratos a dedo en la privada. Ya llevan ustedes cuatro manifestaciones de la ciudadanía en la calle y creo que no van a ser las últimas. O en la Comunidad de Madrid que, junto a
Andalucía, es la que menos inversión pública destina por habitante. Hay una alarmante falta de médicos en los servicios de urgencias y en las zonas rurales, además de bajísimas ratios de enfermeras. O en mi comunidad, la Comunidad Valenciana,
donde los sindicatos, de forma unánime, denuncian que se legisla a sus espaldas imponiendo condiciones laborales sin ningún tipo de consenso, sin ninguna negociación; que se disminuye el gasto en sanidad suprimiendo plazas de refuerzo que aumentan
las listas de espera; que se abren nuevas infraestructuras sanitarias sin la necesaria dotación de personal porque no se ejecuta el incremento de la plantilla. Eso es lo que está pasando en la sanidad española en las comunidades donde ustedes
están gobernando.
Mire, reconozco que la suya es una propuesta bien intencionada, eso no lo voy a cuestionar, pero hacer una ley específica solo para sanidad, mientras sus líderes autonómicos se empeñan en desgastarla, no creemos que sea la solución al
problema. De verdad que no nos cerramos a seguir hablando en este ámbito parlamentario de ir implementando medidas que contribuyan a mejorar este problema, a disminuir las cifras y a proteger a los profesionales sanitarios. En el Gobierno
progresista seguiremos apostando por mejorar las condiciones laborales y las prestaciones de la sanidad pública. Es fundamental que entendamos que la solución a las agresiones sanitarias no se encuentra en recortes, sino que se encuentra en
inversión. Cada euro invertido en nuestros profesionales es una garantía de que estarán mejor protegidos y podrán ofrecer una atención de calidad a los pacientes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CIERRE PROGRAMADO DE LA GENERACIÓN NUCLEAR EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000359).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre
programado de la generación nuclear en España.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es un bien frágil y hoy más que nunca estamos obligados a defenderla. Puede parecer muy fácil hacer que la gente crea una mentira, pero resulta muy difícil deshacer ese trabajo después. En este momento estamos ante una mentira
que amenaza el futuro de todos los españoles. El Gobierno repite como un mantra que la energía nuclear no es competitiva, pero esa afirmación no es más que otra de sus falsedades. ¿No es competitiva? Si no lo es, es porque el propio Gobierno se
ha encargado de que no lo sea. Es este Ejecutivo el que ha diseñado un marco regulatorio que la estrangula y la asfixia. (Aplausos). Ese es el plan inconfesable: forzar su inviabilidad para que a las propias centrales no les quede otra
alternativa que el cierre. Mientras, fuera de nuestras fronteras esta tecnología vive un auge sin precedentes. Son quince ya los países en la Europa continental que cuentan con programas para su impulso. A esta corriente también se suma ahora el
Reino Unido. ¿Con qué palabras ha justificado el primer ministro laborista el cambio de opinión? Porque quieren dejar de ser rehenes de Putin, por ese motivo.
Señorías, la manifestación del 18 de enero hizo que muchos españoles abrieran los ojos. Esos miles de personas que en Extremadura, en Cáceres, se manifestaron contra el cierre de Almaraz nos han dado un ejemplo que debemos agradecer y que
nos sirve de guía. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). Sus representantes nos acompañan hoy en la tribuna para manifestar, una vez más, el sentir y la honda preocupación de la comarca del Campo Arañuelo. Por ese motivo les damos las
gracias. (Aplausos).
Hoy no hablamos solo de energía; hablamos de coherencia, de estrategia, de supervivencia económica y de autonomía estratégica, porque estamos ante la enésima demostración del doble rasero con el que este Gobierno maneja las políticas
públicas: antepone siempre su ideología a las personas. Mientras aquí, en España, la exministra Ribera dictó la sentencia de muerte de la energía nuclear, en Bruselas ahora la defiende con sorprendente fervor. Mientras aquí impulsó su cierre
irresponsable y
precipitado, la Comisión Europea, a la que ella pertenece, presentará en pocos días su nuevo programa de producción nuclear. ¿Por qué esta energía, que es reconocida por la Unión Europea como una herramienta fundamental para la
descarbonización y la reindustrialización, está siendo demonizada por este Gobierno? Los representantes del Partido Socialista defienden fuera lo que niegan dentro; un cinismo que compromete nuestro futuro.
Mientras otros países toman decisiones para fortalecer su autonomía estratégica, España va en la dirección contraria. Esta semana Letonia, Lituania y Estonia han cortado, por fin, su última conexión eléctrica con Rusia. ¿Y qué dijo el
comisario europeo de Energía, el danés y socialdemócrata Dan Jørgensen? Ningún país europeo debería depender de Rusia para nada. Y bien, mientras la Unión Europea ha reducido al 15 % las importaciones de gas ruso, España, con las políticas
energéticas del Gobierno socialista, ha convertido a Rusia en su segundo proveedor, pasando del 1 % cuando el tándem SánchezRibera alcanzaron el Gobierno al 21,3 % con el que cerraron 2024. Un leve incremento, levísimo, del 2000 %. (Un señor
diputado: ¡Qué barbaridad!). Es obvio que este gas tiene un coste oculto, pues limita nuestra libertad al hacernos más dependientes de quien trata de socavar los fundamentos últimos de nuestra democracia. Y si la autonomía estratégica garantiza
la libertad -y en eso estamos todos de acuerdo-, ¿por qué este Gobierno quiere cerrar una tecnología que proporciona fortaleza industrial, energía de forma continua, segura, limpia, libre de emisiones y que reduce la dependencia exterior?
Con la extensión de la vida útil que aboga esta proposición no de ley de Almaraz en Cáceres, Ascó y Vandellós en Tarragona, Cofrentes en Valencia o Trillo en Guadalajara, ¿seremos más o menos libres, más o menos dependientes? España es hoy
el único país del mundo con reactores en operación que ha decidido cerrarlos. ¿Y cuál es la alternativa? A esa pregunta el Gobierno sigue sin responder. ¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales para las comarcas donde se ubican estas
instalaciones y para el conjunto del país? ¿Qué propone el Ejecutivo para garantizar el suministro eléctrico de forma continua? No propone nada. ¿Y la industria? El precio de la energía es la principal variable para una industria. Además, se
prevé un enorme crecimiento del consumo eléctrico, obviamente, por la descarbonización, así como por los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué ofrece este Gobierno? Bien, el año pasado, durante dos días consecutivos,
dos días, Red Eléctrica tuvo que cortar el suministro a parte de la gran industria para evitar apagones en los hogares y el colapso del sistema eléctrico español; dos días de incertidumbre, de miedo a un apagón generalizado. Y eso ocurrió con
cinco de los siete reactores operativos. ¿Alguien se ha preguntado qué pasará cuando no quede ninguno?
Cataluña. Un 60 % de la energía eléctrica que se consume allí depende de Ascó y Vandellós. ¿Qué futuro les espera a las fábricas del cluster químico de Tarragona y a sus 11 000 empleados, el más importante del arco mediterráneo? ¿Qué les
dirán cuando la electricidad se dispare y los costes hagan inviables esas empresas o no llegue el suministro eléctrico? Las centrales nucleares españolas se encuentran entre las más seguras del mundo. En ellas se genera el 20 % de la electricidad
de nuestro país con apenas el 6 % de la potencia instalada. Hablamos del 25 % de la electricidad libre de emisiones de nuestro país; 25 %. Cerrarlas significaría enviar a la atmósfera cada año 20 millones de toneladas de CO2 adicionales. ¿Esa
era la transición verde de Pedro Sánchez de la que tanto habla? ¿Esa era la transición verde? ¿O más bien la transición de Sánchez sería la segura subida de precios con la desaparición de reactores nucleares? (Aplausos).
Como vemos, no hay razones ni económicas ni de sostenibilidad ambiental ni de autonomía estratégica para el cierre. España necesita un modelo energético que cuente hoy con energía nuclear porque es una pieza clave en esa ecuación. ¿Tan
dañina puede ser una ideología o, mejor dicho, una obsesión, señores de Grupo Socialista? ¿Tan dañina es esa obsesión? Y les miro a ustedes. Cerrar las centrales es un error monumental, un suicidio energético, una decisión basada en la ideología
y no en la racionalidad. Señorías, aún estamos a tiempo de que rectifiquen. Ahora, en el Grupo Parlamentario Popular les anunciamos que no vamos a rendirnos, que la estrategia que este grupo parlamentario lleva para que esto no suceda seguirá toda
la legislatura y en el Gobierno del presidente Feijóo cambiaremos esta torna.
Gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Nuestro grupo parlamentario considera que esta proposición no de ley a favor de extender la vida útil de las centrales nucleares es de sentido común, y lo es porque cualquiera que quiera defender los intereses nacionales de España sabe la
importancia de la energía nuclear para nuestros intereses nacionales, energéticos y productivos. A nosotros en VOX no nos hacen falta los informes de la Comisión Europea para tratar de justificarnos ante toda esta tendencia ecofanática. Lo tenemos
claro y lo hemos tenido claro desde la fundación de nuestro partido, más aún después de la situación a la que nos están sometiendo populares y socialistas después del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, también del pacto verde, que está destruyendo
nuestra industria y nuestro sistema energético tanto nacional como europeo. Somos el único partido fiable en defensa de la energía nuclear y de la soberanía energética de España. (Aplausos).
Solo unos ecopsicópatas, como califiqué en una anterior intervención a toda esa pléyade de políticos que están a favor de esas teorías ecofanáticas en contra de sus pueblos y de sus intereses nacionales, pueden renunciar a esta energía
nuclear, como ya ha hecho en España el Gobierno, comprometiéndose al cierre de las nucleares de manera escalonada para cerrar todas las operaciones y todas las centrales nucleares para 2035. Lo aprobaron ya en la ley de cambio climático -el único
grupo que votó en contra fue el Grupo Parlamentario VOX- y fue un acuerdo de hierro en esta legislatura por parte de SUMAR y del Partido Socialista. Es decir, que si no lo impedimos ahora, para 2035 estarán cerradas todas las centrales lugares de
España, y nadie da una alternativa lógica de cómo sustituiremos una fuente de energía que aporta más del 20 % de la electricidad y que sirve de respaldo a las muy intermitentes energías renovables. Un consumo eléctrico nuclear que es más del 50 %
en determinadas regiones, como es el caso de Cataluña. La primera central que va a cerrar es la central extremeña de Almaraz, y la seguirán en Cataluña tanto la de Vandellós como la de Ascó, y la última que cerrará será la de Castilla-La Mancha en
Trillo.
No les importa que el Parlamento Europeo, ya que además gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa, ratificara que el gas y la nuclear son energías verdes y, además, que son equivalentes a la energía solar y la eólica.
Es decir, lo están diciendo ustedes allí en el Gobierno que tienen conjuntamente. Ni el último informe Draghi de competitividad en el que, a pesar de justificar los desmanes de la clase política progre europea, a la que él pertenece además, al
menos se hace autocrítica y habla de la importancia de la energía nuclear para la competitividad de Europa y su autonomía.
Llama la atención la posición del Partido Popular en este caso, ya que en su momento votó en contra de la enmienda a la totalidad de VOX a la ley de cambio climático, en la que enmendábamos el cierre programado de las centrales nucleares.
Además, este mismo Partido Popular es quien se cargó las centrales de Zorita y Garoña, y creó unos impuestos que afectan a la producción nuclear con la aprobación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética, a través de su ministro Montoro -muy conocido por todos por su tendencia a los desmanes fiscales-, y mediante esto se regularon tres impuestos nuevos desde el punto de vista estatal. Estos desmanes fiscales, unidos a los impuestos
autonómicos contra la energía nuclear, han empujado a las empresas energéticas a no tener interés económico en el mantenimiento de los reactores nucleares. Esta fiscalidad que asola a las centrales nucleares además se ha aumentado hasta un 71 % en
los últimos cinco años, lo que denota la falta de compromiso de la clase política desde hace cuarenta años con nuestra soberanía energética, pues por parte de unos y otros se ha atacado a las nucleares, primero para beneficiar al gas y luego para
beneficiar a las renovables, al margen del interés nacional de España, como digo, y en beneficio de intereses externos.
Para fortalecer esta proposición no de ley, nosotros hemos planteado determinados puntos, como el reconocimiento de la energía nuclear como una fuente de energía imprescindible dentro de nuestro mix energético, cancelar el calendario de
cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, también llevar a cabo las modificaciones legislativas para poner fin a la imposición de gravámenes fiscales que están acabando con la energía nuclear y no les da ningún tipo de futuro. Nos
llevan al abismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar. Por favor, finalice.
El señor CHAMORRO DELMO: Sí, termino, señor presidente.
Y, simplemente, como yo he dicho desde el principio, creo que es una cuestión de sentido común -todos los países lo están haciendo- mantener reactores nucleares que, además, pueden funcionar
perfectamente e, incluso, crear nuevos reactores nucleares que mantengan nuestra soberanía energética y nuestro interés nacional, el interés nacional de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señor presidente.
Boa tarde.
É ben verdade que cando se trata de políticas retrógradas e reaccionarias, o Partido Popular apúntase a un bombardeo, mesmo se ese bombardeo for nuclear, e infelizmente isto que estou a dicir ten pouco de brincadeira porque o PP alentou
nestes anos irresponsabelmente a escalada belicista impulsada polos Estados Unidos e a OTAN, mesmo co risco de deflagrar nun conflito militar a grande escala coa implicación de potencias nucleares.
Hoxe traen unha iniciativa que tenta trabar o fechamento programado das nucleares no Estado español, prolongando a vida das centrais, e fano como é habitual sobre premisas falsas, particularmente a de que a xeración nuclear se realiza hoxe
cunha tecnoloxía limpa e segura, obviando a produción de residuos perigosos e os potenciais riscos de accidentes catastróficos, como os que xa se viviron en Harrisburg, Chernóbil ou Fukushima. Chega a afirmar que existe unha nova percepción sobre a
enerxía nuclear, mais o problema é que esa percepción non ten haber cunha realidade contrastada, senón que se trata dunha percepción inducida ao servizo do negocio das grandes enerxéticas, inducida, si, pola Comisión Europea e o chamado Informe
Draghi, que pretenden mesmo no máximo dos delirios facer pasar a nuclear por unha enerxía verde, útil, din para combater a mudanza climática. Infelizmente, nada máis lonxe da realidade.
Claro que cando se trata de defender o negocio das grandes corporacións, o mesmo lles dá a enerxía nuclear que calquera industria contaminante. Está a facelo, por exemplo, no caso da Galiza, defendendo o proxecto da macrocelulosa de Altri
na Ulloa, unha verdadeira bomba ambiental no corazón da Galiza, rexeitada rotundamente pola sociedade galega que no pasado 15 de xaneiro, perdón, 15 de decembro, se manifestou masivamente en Santiago de Compostela. A pesar diso, o presidente do
Goberno galego dedícase sen pudor a exercer de comercial de Altri para recadar fondos públicos para unha empresa privada contaminante que evidentemente o goberno do Estado non debe facilitar. Porque hai alternativas de industrialización racional e
sustentábel, como as hai a modo de xeración de enerxía máis respectuosos e menos perigosos que a nuclear.
Voulle lembrar unha cuestión para acabar, nos anos 70 do século pasado houbo un proxecto para instalar unha central nuclear na Galiza, en concreto en Xove, na comarca da Mariña. Foron as masivas mobilizacións populares impulsadas
decididamente polo soberanismo galego, e nas que tiven a honra de participar sendo aínda un rapaz, as que impediron que chegase a ser construída. O pobo galego derrotou os intereses económicos dos poderosos e voltaremos a facelo. Dixemos: non
Xove nuclear e gañamos. Dicimos Altri non e gañaremos. Evidentemente votaremos en contra da súa proposta.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
Buenas tardes.
Es verdad que cuando se trata de políticas retrógradas y reaccionarias el Partido Popular se apunta a un bombardeo; incluso, si ese bombardeo fuese nuclear. Desgraciadamente, esto que estoy diciendo tiene poco de broma, porque el PP alentó
estos años irresponsablemente la escalada belicista impulsada por los Estados Unidos y la OTAN, incluso con el riesgo de iniciar un conflicto militar a gran escala con implicación de potencias nucleares.
Nos ha traído una iniciativa que intenta trabar el cierre programado de las nucleares en el Estado español, prolongando la vida de las centrales, basado sobre premisas falsas, particularmente hablando de la excelencia nuclear y se realiza
con una tecnología limpia y segura, obviando la producción de residuos peligrosos que potencian riesgos y accidentes catastróficos, como se vivieron en Harrisburg, Chernobyl o Fukushima. Llegan a afirmar que existe una nueva percepción sobre la
energía nuclear, pero el problema es que esa percepción no tiene que ver con una realidad contrastada, sino que se trata de una percepción
inducida o al servicio del negocio de las grandes energéticas; inducida, sí, por la Comisión Europea y el llamado informe Draghi, que pretende incluso, en el máximo de los delirios, hacer pasar la nuclear por una energía verde útil para
combatir el cambio climático, y no hay nada más lejos de la realidad. Claro que cuando se trata de defender el negocio de las grandes corporaciones, sumamos la energía nuclear a cualquier industria contaminante; por ejemplo, en el caso de Galicia,
defendiendo el proyecto de la macrocelulosa de ALTRI en Ulloa, una verdadera bomba ambiental en el corazón de Galicia rechazada rotundamente por la sociedad gallega, que el pasado 15 de enero se manifestó masivamente en Santiago de Compostela. A
pesar de eso, el presidente del Gobierno gallego se dedica sin pudor a ejercer de comercial de ALTRI para recaudar fondos públicos para una empresa privada contaminante que, evidentemente, el Gobierno del Estado no debe facilitar, porque hay
alternativas de industrialización racional y sostenibles, como las hay de modos de creación de energía más respetuosos y menos peligrosos que la nuclear.
Voy a hablar de una cuestión. En los años setenta del siglo pasado hubo un proceso para instalar una central nuclear en Galicia, en concreto en Xove, en la comarca de A Mariña. Fueron las masivas movilizaciones populares impulsadas
decididamente por el soberanismo gallego, en las que tuve el honor de participar siendo aún un niño, las que impidieron que llegase a ser construida. El pueblo gallego derrotó los intereses económicos de los poderosos, y volveremos a hacerlo.
Dijimos no a la nuclear y ganamos; decimos ALTRI no y ganaremos.
Evidentemente, votaremos en contra de su propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra el Señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
La ultraderecha trae una PNL en defensa de la energía nuclear que, para sorpresa de nadie, está plagada de viejos mantras, datos erróneos y argumentos a la medida del lobby nuclear; yo creo que le ha pasado el argumentario el lobby nuclear.
Tengo muy poco tiempo, pero intentaremos desmontar algunos de estos argumentos o pseudoargumentos. VOX vuelve a repetir ese mantra de que la energía nuclear es una energía barata y eficaz, pero el talón de Aquiles de la energía nuclear sigue siendo
su alto coste económico. Estos últimos años la industria nuclear viene diciendo, y VOX lo repite como los perritos falderos que son, que las centrales nucleares de nuestro país se podrían alargar y ser rentables si se fijara un precio de 60 euros
por megavatio nuclear. El problema es que ese precio está muy por encima del coste del megavatio de las energías renovables, que ya se sitúa en los 27 euros por megavatio. La trampa de la nuclear está ahí. A las eléctricas no les interesa el
mantenimiento de la energía nuclear por su coste, salvo que se acuerde ese precio político de 60 euros por megavatio nuclear, pero pagar eso es hipotecarse, cuando el precio de las energías renovables es mucho más barato. De hecho, fueron las
propias empresas eléctricas, ese oligopolio, las que promovieron el acuerdo para el fin de las nucleares en el año 2019.
La proposición de la ultraderecha también recoge ese mantra de la industria nuclear que dice que la energía nuclear es limpia y casi que sería clave para esa transición energética, pero no es cierto que la energía nuclear sea neutra respecto
a las emisiones de gases de efecto invernadero. En todas las etapas del ciclo nuclear se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles, la seguridad de esas plantas también consume electricidad y grandes cantidades de agua y, además, la
construcción de esas centrales es algo muy a largo plazo, cuando el problema lo tenemos ahora. Por último, se agita ese manido argumento de que la energía nuclear crea empleo, que es una fuente inestimable de empleo, pero lo cierto es que, según
los últimos datos de la OIT, las energías renovables son las que más empleo por kilovatio producido están generando, y además se ha incrementado: desde el año 2018, año en el que derogamos el impuesto al sol del Partido Popular, se ha incrementado
casi un 70 % el empleo ligado a las renovables.
Por todo esto, además de que no es segura para la población -hay documentos muy solventes epidemiológicos y radiobiológicos que demuestran en la fase de generación de electricidad la relación entre la exposición de los elementos radiactivos
y el incremento del número de cánceres-, Podemos solo puede votar en contra de esta proposición de la ultraderecha porque la energía nuclear está muerta, como están muertos los dinosaurios, y este tipo de proposiciones solo buscan retrasar la
inevitable transición ecosocial que necesita nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Arratsalde on.
Hoy nos traen una PNL para alargar la vida de las centrales existentes. No es la primera que debatimos aquí. No vamos a negar que el debate de la energía nuclear ha resurgido y está cobrando protagonismo en el seno de Europa como
consecuencia de la guerra de Ucrania, los altos precios de la energía que hemos tenido, la incertidumbre acerca de la seguridad energética, la dependencia energética o incluso la mayor demanda de energía que van a exigir los centros de datos o la
inteligencia artificial, pero aquí en el Estado creemos que lo que quieren con esta PNL es resucitar un debate que creemos que ya está superado. La energía nuclear es verdad que tiene a su favor su capacidad de generar electricidad de manera
constante con bajas emisiones, que su producción es independiente de las condiciones climáticas y que es una opción estable para satisfacer la demanda energética. Pero pese a las nuevas tecnologías y la minimización de riesgos, su adopción sigue
suponiendo desafíos como la inversión, los costes o la gestión segura de los residuos radiactivos.
A pesar de que en su exposición de motivos aducen que la energía nuclear ha sido reconocida en la taxonomía verde, y es verdad, creo que también hay que matizarlo, porque la taxonomía se basa en dos criterios: por un lado, el que incluye
las tecnologías con una contribución positiva al medio ambiente y, por otro, donde se incluyen las tecnologías de transición, que no hacen un daño significativo, y es aquí donde se ha incluido a la nuclear y al gas; una inclusión precisamente
porque hay países que necesitan grandes inversiones por haber apostado por esa tecnología y necesitan tanto de capital privado como público. Las energías renovables, sin embargo, avanzan de forma significativa y sus costes son perfectamente
competitivos. El único problema de las energías renovables es que, como ya se ha dicho, son intermitentes y eso requiere en paralelo una energía de respaldo que permita cubrir los momentos donde no tenemos energías renovables, y este respaldo lo da
el gas, es decir, los ciclos combinados, porque la nuclear da firmeza al suministro, pero no sirve de respaldo, ya que no es flexible. Las centrales funcionan al máximo de su capacidad y apenas pueden adaptarse a las subidas y bajadas de demanda.
Por eso lo que necesitamos son tecnologías gestionables que sean capaces de respaldar las renovables y tecnologías que garanticen soberanía energética.
Por otro lado, no hay que olvidar que la retirada del parque nuclear se va a realizar de manera escalonada, en un calendario que ha sido pactado con sus titulares, y que esta retirada se compensará con el aumento de generación renovable, el
desarrollo a gran escala del almacenamiento, el hidrógeno verde y la gestión de la demanda. Además, la generación eléctrica está liberalizada y son las propias empresas, con criterios de rentabilidad, las que deciden mantener o no sus centrales o
apostar por una u otra tecnología. Hoy en día ninguna ha solicitado la ampliación de su vida útil.
Nosotros creemos que el futuro energético pasa por donde se tienen claras ventajas competitivas, y aquí estas ventajas residen en las renovables, sol y viento, con un precio más económico y competitivo. Por contra, la energía nuclear es
dependiente en casi toda su cadena de valor, tiene que importar el mineral -uranio que proviene en su mayoría de Rusia-, la tecnología de las nucleares es foránea, pero es que además el megavatio hora es más caro frente a otras fuentes. Lo que no
dicen en su PNL es, por un lado, que la generación eléctrica está liberalizada, y he dicho antes que son las propias empresas, con criterios de rentabilidad, las que deciden mantener o no o apostar por una u otra tecnología, pero tampoco nos dicen
que las principales propietarias del parque nuclear español estarían dispuestas, sí, a alargar su vida útil, siempre que haya un pago justo, lo que equivale a garantizar esa rentabilidad a las empresas, que asciende, como se ha dicho, a unos 60
euros megavatio hora, algo que ahora no siempre se da debido a la entrada masiva de renovables, que lleva en algunos momentos el precio a cero o a negativo. Esto conlleva que el Gobierno debiera articular quizá algún mecanismo para garantizar esa
rentabilidad que al final acabaríamos pagando todos, algo que ustedes ni han aludido porque no nos dicen ni quién va a asumir esos costes para que sigan funcionando más tiempo ni tampoco los costes de desmantelamiento. Tampoco nos aseguran que los
costes de esa decisión no recaigan en la ciudadanía.
Yo creo que la energía nuclear no va a resolver el trinomio energía, cambio climático y seguridad ambiental. Creo que lo que deberíamos hacer sería avanzar en un menor consumo energético y mayor eficiencia energética, en disponer de un
porcentaje de energía proveniente de tecnologías limpias y seguras y, desde luego, apostar por la generación distribuida.
Por último, no debemos olvidar que la actividad que generan estas centrales es muy importante, por lo que es necesario -eso sí- que el Gobierno y las Administraciones de los territorios en los que se encuentran ubicadas tengan un diálogo
para desarrollar planes de reconversión para que el cierre de estas nucleares tenga el mínimo impacto económico y laboral posible, porque no podemos ni debemos dejar a las personas atrás y estas personas, además, deben tener una alternativa a ese
cierre.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes.
Señorías, prolongar innecesariamente la explotación de la energía eléctrica de origen nuclear para la Península Ibérica no es conveniente. Desde el punto de vista del equilibrio del sistema eléctrico, la energía nuclear, afortunadamente,
cada vez tiene mucho menos peso. El porcentaje actual está en torno al 20 % y cada vez tiene menos peso, y podría ser mucho menor. De hecho, ¿cuántas comunidades energéticas están en estos momentos sin poderse conectar por problemas puestos por
las empresas, que quieren seguir vendiendo su energía eléctrica y a su precio?
El cierre nuclear programado es imprescindible e inexcusable. Cuando dicen que se está dando un cambio en la percepción a favor de la energía nuclear, me imagino que se están refiriendo a los lobbies que la defienden y que quieren hacer el
negocio en este sentido, a los lobbies industriales y a las campañas de la Asociación Nuclear Mundial, de la que están ustedes utilizando sus mismos argumentos y que están recogiendo de los mismos manuales. Porque, en lo que se refiere a la opinión
pública informada, la mayoría de la población informada tiene muy presente los graves accidentes nucleares de Harrisburg, Chernóbil y Fukushima y la grave amenaza que suponen las centrales nucleares situadas en contextos de guerra, como es el caso
de Zaporiyia, en Ucrania. Eso no es broma. Pero ustedes dirán que los accidentes ocurren solo por situaciones excepcionales que normalmente no deben ocurrir. Eso es, no ocurren hasta que anormalmente ocurren. Y sin ir a situaciones
excepcionalmente graves y llamativas, no es cierto, como afirman en su proposición, que son inversiones sostenibles, ni en lo económico ni en lo medioambiental. ¿Están poniendo alguna solución para los residuos radiactivos y la materia prima
radioactiva renovable? ¿La construcción, desmontaje y demolición de una central nuclear es una inversión rentable? La última estrategia de las empresas pronucleares es achacar los accidentes y los problemas de mal funcionamiento a la política de
limitación de la energía nuclear, como está ocurriendo en estos momentos en Francia. Señorías, no se puede jugar con la salud y la vida de la población, y mucho menos poner en jaque la salud de las futuras generaciones. No es una energía barata, y
mucho menos si se tiene en cuenta los costes de instalación y desmontaje y si se tiene en cuenta, asimismo, la dependencia en materia de producción nuclear. ¿Por qué, si no, hay presiones de las empresas instaladoras para conseguir subvenciones?
El cierre programado de las centrales nucleares es una oportunidad inaplazable. Lo que sí es preciso es renovar el plan de gestión de los residuos que asegure el control de estos atendiendo a los principios de máxima seguridad; elaborar un
marco legal de planificación y financiación que contemple a las próximas generaciones y que tenga en cuenta, por ejemplo, el almacenamiento geológico profundo de esos residuos; y también planificar, comunicar e invertir en la revitalización de las
comarcas donde se encuentran las centrales actuales y que van a ser clausuradas. Señorías, nuestra generación, la que se está aprovechando de los beneficios cortoplacistas, tenemos una deuda con las futuras generaciones. Hagámoslo por nuestras
nietas y por nuestros nietos.
Jaun andreok, gurea epe laburreko onurez baliatzen ari den belaunaldia da. Horregatik zorretan gaude etorkizuneko belaunaldiekin, ahalik eta arrisku txikienarekin bizitzeko bermeak utzi behar dizkiegu. Hori da gure betebeharra. Gaitasunak
eta bitartekoak utzi behar dizkiogu hurrengo belaunaldiari. Egungo instalazio nuklearrak desegiteko eta horren arrisku, kostu sozial eta ekologikoekin amaitzeko. Egin dezagun gure seme alabengatik gure bilobengatik. Nuklearrik ez.
Bukatzeko, agur esan nahi dizuet. Hau da nire azken interbentzioa osoko bilera honetan. Hau da, datorren astetik aurrera politika instituzionala utziko dut. Erretiroa hartuko dut azkenean. Eskerrik asko urte hauetan gizarte justu eta
parekide baten alde elkarrekin lan egiteagatik. Plazer bat izan da zuekin lan egitea.
Señoras y señores, queremos servirnos de los recursos que tenemos hoy en día -somos una sociedad así- por lo que le debemos a la sociedad futura. Queremos tomar los menores riesgos posibles y tenemos que garantizarles una sociedad así. Es
nuestro deber. Tenemos que darles recursos a las
futuras generaciones. Las instalaciones de hoy en día suponen muchos riesgos sociales y ecológicos. Debemos acabar con ellos. Preparemos un futuro mejor por nuestros hijos e hijas, nietos y nietas: no a las nucleares.
Para terminar, quiero decirles que me despido de ustedes, puesto que esta será mi última intervención en este Pleno. Es decir, a partir de la semana que viene voy a dejar la política institucional. Me retiraré, finalmente. Muchas gracias
a todas las personas que nos han ayudado, con las que hemos trabajado conjuntamente a favor de un mejor futuro. Ha sido todo un placer trabajar con ustedes.
Quiero deciros que esta es mi última intervención aquí, en este Pleno, en este Congreso, porque dejo la política institucional; ya me jubilo. Os agradezco los trabajos compartidos, y especialmente me dirijo a aquellas diputadas y diputados
que creéis, votáis y trabajáis por crear una sociedad más justa e igualitaria. Mis mejores deseos para vosotras y vuestras familias. (Aplausos). Y si vale para algo, os pido redoblar los esfuerzos para avanzar en el ejercicio de los derechos
sociales, muy especialmente en aquellos que afectan a las clases populares. También os pido dar pasos reales en el reconocimiento de los derechos nacionales de los pueblos que garanticen la cooperación y la convivencia entre ellos. Por nuestra
parte, este es el mandato que hemos recibido de la mayoría social de Euskal Herria, al que he intentado ser lo más fiel que he podido durante estos años. Eskerrik asko.
Muchas gracias a todas y a todos los trabajadores que habéis hecho más amable y fácil nuestra vida aquí. Eskerrik asko. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, algunos de ellos puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, president. Suerte, Iñaki.
Avui, el PP presenta una proposició no de llei, per tant, no vinculant, és important recordar-ho, amb un primer punt que demana estendre la vida útil de les centrals nuclears. Aquest és un tema que genera molta, molta polèmica i a Catalunya
molta preocupació, perquè els catalans depenem molt més de la nuclear que els ciutadans de la resta de l'Estat. L'any 2024, les centrals nuclears van generar 52 000 gigawatts/hora d'electricitat, representant només el 20 % de la producció elèctrica
neta de l'Estat. I diem només, perquè a Catalunya els tres grups nuclears, Ascó I, Ascó II i Vandellòs II, aporten més del 50 % del total de la generació d'electricitat. És a dir, un de cada dos catalans consumeix electricitat d'origen nuclear.
En els últims anys, aquest percentatge s'ha anat mantenint, perquè la incorporació de les renovables no ha cobert l'augment de la demanda. Aquesta és la crua realitat, una realitat que no ens agrada. Però algú ens pot garantir que en tan pocs anys
vista, a tants pocs anys vista, puguem tenir garanties, valgui la redundància, al 100 % per prescindir de la nuclear? Aquestes garanties ens les ha de donar el Govern del PSOE, que en altres ocasions nosaltres hem pogut comprovar que no era de
fiar, que no havia complert amb les seves projeccions. I consti que nosaltres no estem a favor de perpetuar la nuclear, de cap de les maneres.
Recordem d'on venim. El 2019, els operadors i el Govern van acordar el tancament escalonat de les nuclears entre el 2027 i el 2035. Gràcies que Red Eléctrica de España, l'actual Redeia, va dir que el tancament no posaria en risc la
garantia de subministrament elèctric, perquè la pròpia Redeia ja tenia previst anar ampliant la xarxa de línies MAT a Catalunya, per fer-hi arribar electricitat des de l'Aragó. Unes línies que trinxen el territori i que suposen una alternativa que
no millora la nostra situació de dependència com a país, que no ens acosta a la sobirania energètica de Catalunya. Si tanquen les nuclears a Catalunya, passem a dependre o bé de França, d'electricitat majoritàriament nuclear ¿un contrasentit, oi?¿,
o d'Aragó. I aquí ve el següent problema. Per sortir d'aquest atzucac necessitem més renovables a Catalunya i som molt lluny, molt, de complir els objectius PROENCAT, la Prospectiva energètica de Catalunya 2050.
El nostre diputat al Parlament de Catalunya, el Salvador Vergés, posa sempre un exemple molt visual. Des d'ara i fins al 2050, hauríem de fer tres camps de futbol al dia de plaques solars i un molí eòlic cada tres dies, per complir amb els
objectius. Però també necessitem que el Govern espanyol faci els deures, perquè l'aturada de les nuclears estava i està lligada al desenvolupament de les instal·lacions d'emmagatzematge d'energia, ja sigui per bombeig hidràulic o per bateries. I
el Govern encara no s'ha posat ni les bateries ni les piles. Aquesta situació posa contra les cordes els catalans, les indústries, les empreses, els consumidors. Per tant, no som aquí per respondre des del simplisme de nuclears sí, nuclears, no;
sinó per reconèixer que no podem prescindir de l'energia que ens aporten les nuclears sense caure en noves dependències o assumir riscos de falta de subministrament.
La proposta d'avui, insistim, no és vinculant, però la dependència dels catalans en la nuclear, amb més del 50 %, sí que ens vincula políticament a l'hora de buscar solucions que no ens desconnectin de la competitivitat i de la seguretat en
el subministrament. Hi ha moltes preguntes per les què volem resposta, des de la transparència per part dels operadors i del Govern espanyol. Només així podrem decidir què és el millor per al meu país, què és Catalunya.
Gràcies.
Gracias, presidente.
Suerte, Iñaki.
Hoy, el PP presenta una proposición no de ley -por lo tanto, no vinculante, es importante recordarlo- con un primer punto que pide extender la vida útil de las centrales nucleares. Este es un tema que genera mucha mucha polémica, y en
Cataluña mucha preocupación, porque los catalanes dependemos mucho más de lo nuclear que los ciudadanos del resto del Estado. En 2024 las centrales nucleares generaron 50 000 gigavatios hora de electricidad, representando solo el 20 % de la
producción eléctrica neta del Estado. Y decimos solo porque en Cataluña los tres grupos nucleares -Ascó I, Ascó II y Vandellós II- aportan más del 50 % del total de la generación de electricidad, es decir, uno de cada dos catalanes consume
electricidad de origen nuclear. Y en los últimos años este porcentaje se ha ido manteniendo porque la incorporación de las renovables no ha cubierto el aumento de la demanda.
Esta es la cruda realidad, una realidad que no nos gusta. Pero ¿alguien puede garantizarnos que a tan pocos años vista podamos tener garantías -valga la redundancia- al ciento por ciento para poder prescindir de la nuclear? Estas garantías
debe dárnoslas el Gobierno del PSOE, pero en otras ocasiones hemos podido ver que no era de fiar, que no había cumplido con sus proyecciones. Y conste que nosotros no estamos a favor de perpetuar lo nuclear; no, de ninguna forma. Recordemos de
dónde venimos. En 2019 los operadores y el Gobierno acordaron el cierre escalonado de las nucleares entre 2027 y 2035 gracias a que Red Eléctrica de España, la actual REDEIA, dijo que el cierre no pondría en riesgo la garantía de suministro, porque
la propia REDEIA ya tenía previsto ir ampliando la red de líneas MAT en Cataluña para hacer llegar la electricidad desde Aragón, unas líneas que destruyen el territorio y que suponen una alternativa que no mejora nuestra situación de dependencia
como país, que no nos acerca a la soberanía energética de Cataluña. Si cierran las nucleares en Cataluña, pasamos a depender o bien de Francia, de electricidad mayoritariamente nuclear -un contrasentido ¿verdad?-, o de Aragón. Y aquí viene el
siguiente problema: para salir de este callejón sin salida necesitamos más renovables en Cataluña y estamos muy lejos, mucho, de cumplir los objetivos Proença, la prospectiva energética de Cataluña 2050. Nuestro diputado en el Parlamento de
Cataluña, Salvador Vergés, siempre da un ejemplo muy visual: desde ahora y hasta 2050 deberíamos construir diariamente tres campos de fútbol de placas solares y una turbina eólica cada tres días para cumplir con los objetivos. Pero también
necesitamos que el Gobierno español haga los deberes, porque el cierre de las nucleares está relacionado con el desarrollo de instalaciones de almacenamiento de energía, ya sea por bombeo hidráulico o por baterías, y el Gobierno todavía no se ha
puesto ni las baterías ni las pilas. Y esta situación pone contra las cuerdas a los catalanes, a las industrias, a las empresas y a los consumidores. Por lo tanto, no estamos aquí para responder desde el simplismo nucleares sí o nucleares no, sino
para reconocer que no podemos prescindir de la energía que nos aportan las nucleares sin caer en nuevas dependencias o asumir riesgos de falta de suministro.
La propuesta de hoy -insistimos- no es vinculante, pero la dependencia de los catalanes respecto a la energía nuclear en más del 50 % sí que nos vincula políticamente a la hora de buscar soluciones que no nos desconecten de la competitividad
y la seguridad en el suministro. Hay muchas preguntas para las que queremos respuesta desde la transparencia por parte de los operadores y del Gobierno español. Solo así podremos decidir lo que es lo mejor para mi país, que es Cataluña.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, president, diputats, diputades.
Molta sort Iñaki en el teu futur.
Avui debatem una proposició no de llei sobre el futur de l'energia nuclear, però el problema d'aquest debat no és la nuclear en si mateix. El problema és que l'Estat i els diferents governs de l'Estat han estat irresponsables i no han fet
bé la seva feina, i ara tenim un problema, un problema greu. No hi ha hagut
plans de transició energètica que arribessin a temps i justos. No hi ha inversió suficient en renovables, no hi ha garanties en els plans d'emergència de les nuclears. I mentrestant tenim unes dretes que només defensen els interessos de
les elèctriques i dels oligopolis, sent responsables com han sigut en els governs en què han estat perquè això sigui així.
El tancament de les nuclears s'ha de fer. El tancament de les nuclears s'ha de fer, però s'ha de fer bé. I aquesta és la gran distància entre les dretes i nosaltres. El PP diu que defensa la indústria. Mentida. Mai ha apostat per la
reindustrialització de les zones nuclears. Mai. El PP diu que defensa els treballadors. Mentida. Mai ha plantejat cap alternativa laboral per al territori. Cap. El PP diu que defensa els treballadors. No és veritat. El PP diu que defensa la
seguretat. Les nostres centrals nuclears no tenen els plans d'emergència actualitzats, i això ho saben. El PENTA encara no s'ha adaptat als plans de seguretat segons les normes internacionals de post Fukushima. I això ho saben. El senyor
Guillermo ho sap, que és veterà, i ho he anat denunciant cada, cada, cada any. I la cosa continua exactament igual.
No es fan simulacres com caldria. L'últim simulacre complet es va fer l'any 1987. No hi ha plans d'evacuació clars de la població. Les infraestructures de transport i evacuació són un desastre. La comunicació d'emergències és
insuficient, amb mala cobertura mòbil i informació poc clara. Encara es fa servir el fax, no m'ho invento. Les piscines de residus estan plenes i seguim enviant residus a les nuclears de França, perquè aquí no tenim magatzems centralitzats. I
sabeu què és encara el més greu? Que en tota la PNL del Partit Popular no menciona ni una sola vegada el territori que més patirà aquest debat: el nostre. A l'Estat espanyol hi ha cinc reactors nuclears en funcionament, tres són a la demarcació
de Tarragona, i tenim una quarta central en desmantellament. I davant d'això, el PP vol allargar la vida de les nuclears com si res. On són les garanties de plans de seguretat? On són les mesures per protegir la població en cas d'emergència? On
són els recursos per a una avaluació energètica? Per reindustrialitzar? No existeixen. I per això aquest debat és una farsa.
I un recordatori, i un recordatori, senyor Guillermo, que ens fa molt de mal. El Fons de Transició Nuclear. L'Estat ens va deixar sols, ens va deixar sols. A Catalunya, des d'Esquerra Republicana vam impulsar el Fons de Transició Nuclear,
per garantir alternatives econòmiques i laborals a les zones afectades pel tancament de les centrals. I què va fer el Partit Popular? Què va fer el Partit Popular? El va portar al Tribunal Constitucional per tombar-lo, en una mostra més de
catalanofòbia que la porten al seu ADN. I què va fer el PSOE? I aquest és l'altre problema. Va mirar cap a una altra banda i no ha retirat el recurs d'inconstitucionalitat. L'Estat ens va deixar sols. I ara ens demanen que acceptem allargar la
vida de les nuclears sense cap alternativa.
El que està en joc per a nosaltres és el territori, és la seguretat i és el futur. Parlem de seguretat. Les piscines de residus són plenes. Els residus nuclears es continuen enviant a França sense solució estable. No hi ha plans
d'evacuació suficients.
Parlem de territori dels treballadors. No es poden tancar les centrals deixant un desert industrial darrere. No podem repetir el cas de Garoña, on es va tancar la central i el territori es va quedar sense alternativa econòmica.
Parlem de futur energètic. L'Estat va tard amb les renovables. No s'ha planificat la substitució de la producció nuclear. El model energètic del futur no pot ser un oligopoli que es protegeixi a si mateix amb els seus còmplices polítics.
Parlem d'allargar les nuclears com si això fos una elecció lliure. No, no és una elecció lliure. No ho és. La responsabilitat de que això avui dia no sigui lliure és seva. I vull que quedi clar. Nosaltres no defensem allargar la vida a
les nuclears, però tampoc volem un tancament improvisat que posi en risc l'economia i la vida del territori. No volem un tancament en el qual en aquests moments l'energia nuclear, malauradament és el 60 % pràcticament de l'energia del meu país.
Si es vol replantejar el calendari, cal que es compleixin aquestes condicions innegociables. Cal que es compleixin aquestes condicions innegociables. Garantia real de transició energètica cap a les renovables. Pla de reindustrialització
urgent i efectiu per a les zones nuclears. Protecció laboral sòlida per als treballadors afectats. Conclusió: nosaltres defensem el territori; les dretes defensen els beneficis dels oligopolis, com s'ha demostrat moltíssimes vegades en aquest
mateix hemicicle. No podem votar a favor d'allargar la vida de les nuclears incondicional sense calendaris, etc. No podem votar a favor d'una PNL que no reconeix la realitat territorial i social de milers de famílies. El tancament de les nuclears
s'ha de fer, però s'ha de fer bé. I avui el que queda clar és que els drets, les dretes, perdó, les dretes defensen les elèctriques, el PSOE no ha fet els deures i Esquerra defensa el territori, els treballadors i les seves famílies.
Moltíssimes gràcies.
Buenas tardes, presidente, diputadas, diputados.
Mucha suerte, Iñaki, en tu futuro.
Hoy debatimos una proposición no de ley sobre el futuro de la energía nuclear, pero el problema de este debate no es lo nuclear en sí mismo, sino que el Estado, que los distintos Gobiernos del Estado han sido irresponsables y no han hecho
bien su trabajo, y ahora tenemos un problema grave. No ha habido planes de transición energética que hayan llegado justo a tiempo ni inversión en renovables y no hay garantía en los planes de emergencia de las nucleares, y mientras tanto tenemos
unas derechas que solo defienden los derechos de las energéticas y los oligopolios. El cierre de las nucleares debe hacerse. Debe hacerse, pero debe hacerse bien y esta es la gran distancia entre las derechas y nosotros.
El PP dice que defiende la industria. Mentira, nunca ha apostado por la reindustrialización de las zonas nucleares, nunca. El PP dice que defiende a los trabajadores. Mentira, nunca ha planteado ninguna alternativa laboral para el
territorio, ninguna. El PP dice que defiende a los trabajadores. No es verdad. El PP dice que defiende la seguridad. Nuestras centrales nucleares no tienen los planes de emergencia actualizados y ustedes lo saben. Todavía no se han adaptado a
los planes de seguridad nucleares por Fukushima y ustedes lo saben. El señor Guillermo lo sabe porque es un veterano, y yo lo he ido denunciando año tras año y la cosa continúa exactamente igual. No se hacen simulacros como se deberían, el último
completo se hizo en 1987. No hay planes de evacuación claros para la población; las infraestructuras de transporte y evacuación son un desastre; la comunicación de emergencias es insuficiente, con mala cobertura móvil e información poco clara
-todavía se utiliza el fax, y no me lo invento-; y las piscinas de residuos están llenas. Continuamos mandando residuos a las nucleares de Francia porque no tenemos almacenes centralizados. Y lo más grave es que en toda la PNL del Partido Popular
no se menciona ni una sola vez el territorio que más va a sufrir este debate: el nuestro. En el Estado español hay cinco reactores nucleares en funcionamiento y tres están en Tarragona, y tenemos una cuarta central en desmantelamiento. Y ante
todo esto, el PP quiere alargar la vida de las nucleares como si nada. ¿Dónde están las garantías de los planes de seguridad? ¿Dónde están las medidas para proteger a la población en caso de emergencia? ¿Y los recursos para la industrialización?
Todo esto no existe y por eso este debate es una farsa.
Y un recordatorio, señor Guillermo, que es doloroso: el Fondo de Transición Nuclear. El Estado nos dejó solos. En Cataluña, desde Esquerra Republicana, impulsamos el Fondo de Transición Nuclear para garantizar garantías económicas y
laborales en las zonas afectadas por el cierre de las centrales. ¿Y qué hizo el Partido Popular? ¿Qué hizo? Lo llevó al Tribunal Constitucional para tumbarlo, en una muestra más de catalanofobia que lleva en su ADN. ¿Y qué hizo el PSOE? Miró
hacia otro lado y no ha retirado el recurso de inconstitucionalidad. El Estado nos dejó solos y ahora nos piden que aceptemos alargar la vida de las nucleares. Lo que está en juego para nosotros es el territorio, es la seguridad y es el futuro.
Hablemos de seguridad. Las piscinas de residuos están llenas. Los residuos nucleares se continúan mandando a Francia sin solución estable. No hay planes de evacuación suficientes. Hablamos de territorio y trabajadores. No se pueden
cerrar las centrales dejando un desierto industrial detrás de ellas. No podemos repetir el caso de Garoña, donde se cerró la central y el territorio se quedó sin alternativa económica.
Hablemos del futuro energético. Apostamos por las renovables, pero no se ha planteado esta sustitución nuclear. El modelo energético del futuro no puede ser un oligopolio que se proteja a sí mismo con sus cómplices políticos. Hablamos de
alargar la vida de las centrales nucleares como si fuera una elección libre y no lo es, y la responsabilidad de que esto no sea libre es suya. Nosotros no defendemos alargar la vida de las nucleares, pero tampoco queremos un cierre improvisado que
ponga en peligro la vida en el territorio. No queremos un cierre porque la energía nuclear representa el 60 % de la energía de mi país. Si queremos replantear el calendario, se deben cumplir estas condiciones innegociables. Se deben cumplir estas
condiciones: garantía real de transición energética hacia las renovables, plan de reindustrialización urgente y efectivo para las zonas nucleares y protección laboral sólida para los trabajadores afectados. Conclusión: defendemos el territorio y
las derechas defienden los beneficios de los oligopolios, como se ha visto muchas veces en este hemiciclo. No podemos votar a favor del alargamiento incondicional de las vidas de las nucleares. No podemos votar a favor de una PNL que no reconoce
la realidad de las familias. El cierre de las nucleares debe hacerse, pero debe hacerse bien y lo que queda claro hoy es que las derechas defienden a las eléctricas, que el PSOE no ha hecho los deberes y que Esquerra defiende al territorio y a los
trabajadores.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Badia Casas.
El señor BADIA CASAS: En primer lugar, quería agradecer esta PNL, porque realmente creo que es la evidencia más clara de la crisis profunda que tiene hoy el sector nuclear. Se puede decir más alto, pero no más claro: pone blanco sobre
negro la profunda crisis y demuestra que el sector nuclear hoy en día no puede competir con el mix energético del Estado español. Y ayer el señor Requena nos hablaba de pragmatismo energético. Pues le voy a tomar la palabra y vamos a hablar de
pragmatismo nuclear. Y no voy a hablar de los residuos nucleares, curiosamente los grandes olvidados de esta PNL, porque si los números no salen es precisa y justamente por los enormes costes ambientales que tienen las energías nucleares. Por eso,
cuando hablemos de medio ambiente, recordemos cuáles son sus costes ambientales.
¿De qué nos habla esta PNL? Primero, afirma que tienen los precios más bajos, pero, claro, cuando uno mira el propio informe mundial del sector de la industria nuclear, ellos mismos reconocen que la energía nuclear en los costes energéticos
nivelados es entre tres y cuatro veces más cara que las energías renovables. Luego dicen que España es el único país que ha rechazado mantener el parque nuclear. Claro, me imagino que Alemania y Suiza no forman parte de su mundo. Pero hay más.
En los últimos veinte años la Unión Europea ha cerrado veintisiete centrales nucleares y solo ha abierto tres. Ha cerrado veintisiete y solo ha abierto tres y de esas tres, las de Finlandia y Francia con un fracaso económico colosal. Esa es la
realidad del parque nuclear en Europa.
Luego hay una parte que a mí me encanta: autonomía energética y no depender de fuentes de energía externa. ¿En serio? Porque gas y petróleo no tenemos, ¿no?, pero ¿yacimientos de uranio, uranio enriquecido y refinerías? Yo estoy
esperando que vayamos a visitar esos yacimientos de uranio que hay en el Estado español, pero ya les adelanto que no va a haber tal convocatoria. Y después hablan de menos vulnerabilidad del mercado internacional, inestable a sus equilibrios
geopolíticos. Claro, claro, porque depender un 40 % del uranio ruso... Porque hablamos mucho de Rusia, pero si alguna fuente de energía depende hoy de Rusia es precisamente la energía del uranio. De hecho, en el informe del propio sector hay un
capítulo entero para hablar del problema de la dependencia de la energía nuclear con Rusia. Por no decir, y se ha dicho, que además esas centrales son objetivos militares. Pero, claro, ¿qué es un 6 % de potencia, esos 7000 megavatios? Pues, mire,
le voy a poner un ejemplo: es todos los parques de energías renovables que se pusieron en marcha en tan solo un año, en 2023, en el Estado español. En un solo año pusimos en marcha toda la potencia que hoy en día tienen todas las centrales
nucleares, en un solo año. De eso estamos hablando. Y, claro, dicen que aportan garantía de suministro. No, lo que aportan es rigidez de suministro, porque el futuro de la energía es la flexibilidad y la energía nuclear es de todo menos flexible;
es inflexible y cara. Ustedes se enorgullecen y dicen que solo es el 6 % de la potencia instalada, pero que supone el 20 % del consumo. Y yo les digo que esa es su mayor cruz. Es una energía prisionera de sus enormes costes fijos, que hacen que
el sistema no solo sea ingestionable, sino que convierten el mercado eléctrico en un mercado cautivo.
Hablemos de garantía de suministro. El día más crítico, el que producíamos menos energía y teníamos más demanda, fue el 15 de noviembre de 2017. Pues ese día, si no hubiera ningún reactor nuclear en marcha, podíamos haber cubierto toda la
demanda que tenía el Estado español. El día más crítico de los últimos diez años, el día más crítico, no nos hacían falta. Así pues, si las pudiésemos encender y apagar fácilmente, lo que estaría pasando hoy en día es que estarían permanentemente
apagadas. Esa es la realidad del sector nuclear y esto ya está pasando, porque el año pasado durante cuatro meses apagaron cuatro reactores porque no les salían los números.
Ampliación de la vida útil. Pues bien, la Comisión Europea hizo un informe para analizar los costes de la extensión de los reactores nucleares de Bélgica, los mismos reactores que tenemos en el Estado español. Costaban entre 2000 y 2500
millones de euros, el doble que las energías renovables. Y, claro, en una cosa sí que estamos de acuerdo: en una transición justa, y esa transición justa se hará, pero esta PNL no va de eso. Esta PNL es un llamado a hacer un rescate a las
centrales nucleares, un rescate que paguemos la ciudadanía, porque si los números saliesen, ya habrían pedido la ampliación de la vida útil. En estos treinta y ocho años ya habría algún proyecto encima de la mesa, pero los números no salen. Esta
es una muestra del fracaso de la liberación del sector nuclear y del éxito de las energías nucleares.
Acabo. Ustedes, señores del Grupo Popular, son los únicos que prefieren pagar el doble por un mismo producto. Porque, claro, cuando el dinero no es tuyo, sino que es de todos, cuando quien lo vende es un amigo, entonces pagar el doble no
es pragmatismo energético, es malversación de caudales públicos.
Ustedes son hoy simplemente una correa de transmisión de los intereses económicos, de los privilegios privados, por encima del interés general. Por todo ello, les avanzo que votaremos en contra. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Ortiz.
La señora PÉREZ ORTIZ: Gracias, presidente.
Primero, quiero dar la bienvenida a todas las personas del entorno de Almaraz que hoy nos acompañan. Y en cinco minutos voy a tratar de desmontar las mentiras del Grupo Popular. No va a ser fácil, aunque se han desmontado ya unas cuantas
en las anteriores intervenciones. Lo fácil sería contestarles a lo que proponen en esta PNL, pero esa respuesta ya la conocen ustedes, señorías.
Podemos denominar a esta primera parte de la intervención verdades sobre las centrales nucleares. La realidad es que con el informe de Red Eléctrica Española la producción eléctrica con energía nuclear ha sido en 2024 del 19 % y del 56,8
con energías renovables. Realidad es también que en 2019 las propietarias de las centrales nucleares firmaron un acuerdo de cierre ordenado con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa -repito, cierre ordenado y acordado-, y que las
empresas no lo recurrieron en ningún momento ni han pedido oficialmente continuar abiertas. Otra realidad es que las centrales nucleares no son ni baratas ni limpias. Ya está bien de mentir, porque dejan residuos que deben ser gestionados durante
cientos de años, miles en algunos casos, tras su cierre. De esto se encarga Enresa, garantizando, por supuesto, que deba pagar por esa gestión de residuos quien los ha generado. Es lo justo. Para eso esa tasa de gestión. Y por este proceso de
cierre tienen que pasar todas las centrales.
Señorías, por cada central nuclear que se construye en el mundo hay casi tres centrales que se desmantelan. (Aplausos). En España, las que están activas son de los años ochenta o noventa y se hicieron pensando, al igual que en otras de
tecnología similar, en una vida útil de cuarenta años, que es el tiempo en el que se espera conseguir los objetivos planificados. Con el calendario acordado, todas las centrales cierran con más de cuarenta años; la última en 2035, con cuarenta y
siete años de explotación. Es clave garantizar una transición justa: estudiar los territorios con centrales; conocer los empleos existentes, los necesarios para los procesos de desmantelamiento, que se prolongarán años, y que se mantengan los
puestos de trabajo existentes hasta ahora; y crear ecosistemas de nuevos negocios que garanticen la prosperidad de la zona, así como anticiparse y garantizar en todo momento el suministro eléctrico en nuestro país. Por cierto, que los impuestos
por los que tanto protesta el Grupo Popular para la energía nuclear los puso el propio Partido Popular. (Aplausos). Impuesto sobre la producción del 7 %, impuesto sobre el almacenamiento del combustible gastado... ¿Se acuerdan, señorías? Era
presidente Mariano Rajoy. También hay impuestos autonómicos y municipales. Que, si quieren ustedes quitarle presión a Almaraz, tienen la oportunidad de eliminar, por ejemplo, la ecotasa autonómica que cobra Extremadura, gobernada por el Partido
Popular, que le cuesta 82 millones al año.
Señorías, pasemos ahora a la segunda parte de la intervención: la realidad del PP y el cierre de una central nuclear como Garoña, por ejemplo. El PP entonces también salió diciendo que no se podía cerrar esa central nuclear, y abro
comillas: 'Con este partido en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar. Por tanto, se van a mantener los puestos de trabajo y el modelo de vida que aquí existe'. Cierro comillas. ¿Les suena? Porque es lo mismo que ha dicho el señor Mariscal hace
un momento. Pero esto lo dijo el señor Mariano Rajoy en 2009, cuando era líder de la oposición. (Muestra una fotografía.-Aplausos). Tres años después, con Rajoy como presidente del Gobierno, Garoña paró sus operaciones por la presión de los
impuestos del PP y por no poder hacer frente a las obras para alargar su vida útil. Y en 2017, también con el PP en el Gobierno, la empresa echó el cierre de forma definitiva. Además, esto se hizo con un abandono total del Partido Popular a los
trabajadores.
Este Gobierno no lo hará, porque la apuesta por las renovables no es solo un cambio de modelo a uno más sostenible; es una oportunidad para reindustrializar el país, para mejorar la competitividad y para ser autosuficientes. Este Gobierno
está atrayendo empresas de futuro a todo el territorio, como la fábrica de baterías de Navalmoral o la fábrica de diamantes de Trujillo. Un proyecto de energía renovable puede estar en funcionamiento en cuatro o cinco años frente a los veinte que
necesita un proyecto nuclear, y con la misma inversión las renovables pueden generar entre tres y cuatro veces más que la nuclear, es decir, las renovables pueden generar cuatro veces más energía y construirse en la cuarta parte de tiempo que las
nucleares y con precios más baratos. ¿Señorías, de verdad creen que las centrales quieren mantenerse abiertas tanto tiempo con las inversiones millonarias que significa alargar su vida útil?
Lo que hoy nos queda claro es que el PP no cree en las renovables ni en la transición justa y que el PP se alinea una vez más con los intereses privados y no con la gente, como ejemplo Garoña. Nosotros apostamos por las renovables por ser
sostenibles y autosuficientes, garantizando el suministro eléctrico, pensando en las personas y en los territorios. No se dejen engañar, el PP sigue siendo el partido que defiende los intereses privados. (El señor Tellado Filgueira: ¡Hala,
hala!). Nosotros seguiremos trabajando por la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señor Mariscal Anaya, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas? (El señor Mariscal Anaya hace un gesto indicando que lo comunicará más adelante). De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA MENOPAUSIA. (Número de expediente 162/000362).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la menopausia.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Sainz Martín.
La señora SAINZ MARTÍN: Señor presidente del Congreso, señorías, hoy debatimos aquí un tema de especial relevancia, una necesidad sentida y muchas veces silenciosa de millones de mujeres: la menopausia y cómo afecta a todos los aspectos de
la vida de todas nosotras. Una etapa vital que aún sigue siendo desconocida. Permítanme, además, poner en valor que es la primera vez que lo abordamos desde una perspectiva médica y científica. (Rumores).
Señorías, la esperanza de vida en España ha alcanzado niveles de récord situándose en la actualidad alrededor de 86 años para las mujeres, un horizonte que depende de los avances económicos y sociales, pero sobre todo de los avances de la
medicina, los hábitos saludables y también de la calidad del sistema de salud. Durante la mayor parte de la vida de las mujeres también juegan a favor de su salud los estrógenos y otras hormonas como la progesterona, que tienen un papel protector
frente al estrés además de hacer más lenta la evolución de algunas enfermedades crónicas. Pues bien, cuando las mujeres tienen la menopausia esas hormonas protectoras descienden durante el periodo que va alrededor de los 45 a los 55 años hasta el
cese de la menstruación, que llamamos menopausia. Y suelen tener durante algunos años los siguientes síntomas: estado anímico bajo, cansancio y fatiga, irritabilidad, dificultad de concentración, migrañas o cefaleas, trastorno del sueño, aumento
de peso, pérdida de interés en el sexo, menstruaciones irregulares, molestias vaginales, alteraciones del ánimo, incontinencia urinaria, dolor de articulaciones y muscular, hinchazón, lagunas de memoria, sensibilidad en los pechos... (continúan los
rumores). Las mujeres pueden tener con mayor o menor intensidad algunos o varios de estos síntomas que muchas veces...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento, por favor.
La señora SAINZ MARTÍN: Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, un momento. (Pausa).
Cuando quiera. Gracias.
La señora SAINZ MARTÍN: Las mujeres pueden tener con mayor o con menor intensidad algunos o varios de estos síntomas que muchas veces alteran su vida personal, sexual, familiar, social o laboral. La desatención sanitaria de la menopausia
puede derivar en el surgimiento o agravamiento de enfermedades, como pueden ser la osteoporosis, enfermedades cardíacas o la diabetes entre otras.
Señorías, quiero reconocer que en estos años de Gobierno ha habido avances normativos a través de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, tanto en lo que se refiere a la promoción de la atención especializada como a la
investigación y a la realización de estudios sobre esta etapa. Pero ustedes saben muy bien que es necesario, por tanto, que los profesionales de la medicina y de la salud se interesen, brinden apoyo y asesoramiento sobre la gestión de estos
síntomas asociados a las mujeres en la menopausia, para que estas reciban el reconocimiento de otras opciones y tratamientos físicos o bioquímicos en posologías vaginales u orales, incluida -si lo requieren- la terapia de sustitución hormonal,
siempre desde una perspectiva biopsicosocial y controlada médicamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente proposición no de ley al Congreso de los Diputados e insta al Gobierno a estudiar, investigar y analizar los casos de las mujeres con menopausia que tengan afectada su
salud por precocidad -lo que denominamos premenopausia- y en la menopausia y postmenopausia, climaterio, con signos y síntomas evidentes; trasladar información sobre la falta de efectividad del consumo generalizado de cremas, pastillas y terapias
alternativas acientíficas y que se exhiben sin ningún tipo de control e indicación para el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia; en colaboración y coordinación con las comunidades estudiar la creación de unidades de menopausia y su
función de una manera multidisciplinar, para que den respuesta a la atención integral de esta etapa; poner en marcha campañas de información, sensibilización, difusión y educación para la salud sobre la menopausia dirigida a la ciudadanía a fin de
evitar la estigmatización de las mujeres en una parte muy pero que muy importante de la vida personal, familiar y laboral; favorecer y mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales -tanto primaria como especializada- para que la
asistencia, la docencia, la investigación y divulgación desde la salud pública y comunitaria puedan atender la menopausia de una forma adecuada y correcta; impulsar, en colaboración con las administraciones locales y comunidades autónomas dentro de
sus competencias, la participación en la salud comunitaria durante la menopausia, como una importante -y larga- etapa de la vida de las mujeres.
Voy terminando, señorías. Me gustaría dar las gracias a las diferentes organizaciones, asociaciones, sociedades científicas y médicas, personas y representantes diversos que nos han acompañado e informado -hoy algunas nos acompañan aquí-
por su valiosa colaboración en esta propuesta de hoy. Hoy, precisamente, es un día precioso porque el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (Aplausos). Espero y deseo el voto favorable de sus señorías para
conseguir mejorar el acompañamiento de todas las mujeres españolas, que somos la mitad de la población, para que puedan, podamos, disfrutar de esta crucial etapa de la vida. Y para ello, repito, en mi grupo vamos a trabajar hasta el último momento
para tener en cuenta todas las consideraciones de los diferentes grupos parlamentarios con el fin de favorecer a toda la ciudadanía española, especialmente a las mujeres.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición- la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Estamos de acuerdo en que hace falta más investigación en salud con perspectiva feminista y no solo respecto a la menopausia. Desde este punto de vista es importante leer -y así lo recomiendo- a Carme Valls, que es una de las referentes
fundamentales para hablar de medicina con perspectiva de género, que aborda también de forma exhaustiva el envejecimiento medicalizado y, especialmente, lo que supone la menopausia en la vida de las mujeres. En su libro Mujeres invisibles para la
medicina Valls nos alerta de que no se estudia convenientemente el ciclo de las mujeres, tanto en lo relativo a la menstruación como a su marcha, pues defiende que solo hay dos síntomas reales en la menopausia, como son la sequedad vaginal y los
sofocos, atribuyendo todo lo demás -que se medica y se trata en consulta- al hecho más bien palmario de referirnos a mujeres que tienen normalmente más de 50 años, por lo que tienen otras derivadas físicas de cansancio y de carga mental, que no se
curan con parches, pero que quizás se pueden integrar naturalmente en una aceptación de la edad y también de las condiciones de cada cuerpo.
Todas las mujeres vamos a llegar a ese punto y tenemos esos dos ciclos: la menstruación y la menopausia; y por eso nos toca a todas abordarlo también desde un punto de vista de la buena vida y la escucha activa de cada uno de los cuerpos,
porque eso previene muchas enfermedades en la vejez, y también obliga a una perspectiva de género en la salud a nivel global que tiene que acompañar a todos los procesos de la vida.
Señala también Valls que la falta de calidad de vida de las mujeres mayores se debe claramente a una vida trabajando, cuidando, sufriendo y también, cómo no, a la realidad del patriarcado. Además -lo hemos comprobado durante mucho tiempo-,
los estudios y los ensayos se han ido efectuando durante años con una supuesta neutralidad científica sin incluir la diferencia sexual en este tipo de trabajos y de estudios. Un ejemplo es la sintomatología de los infartos en hombres y en mujeres.
Otros aspectos que hay que abordar también son la atención primaria y la medicalización excesiva en el ciclo hormonal, tanto en la menstruación como en la etapa de la menopausia. También se debería abordar la mayoritaria
presencia de mujeres como pacientes de enfermedades autoinmunes y el dolor invisible y el sesgo del diagnóstico del dolor como, por ejemplo, la fibromialgia.
Por todo ello, nosotras hemos presentado tres enmiendas a esta PNL. Hemos dicho muchas veces que, siendo Gobierno, nos traigan una PNL así... cuando ya el Ministerio de Igualdad con la Ley Orgánica 1/2023 abordó justamente estos temas,
pero no se han cumplido y no se han aplicado. No nos queda otra que decir que no nos hace falta una PNL tal cual, que es muy básica, sino que lo que nos hace falta es dar cumplimiento -por eso queremos poner esas tres enmiendas de adicción- a lo
que se recoge directamente en la Ley Orgánica 1/2003, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El artículo 5 habla de los objetivos y garantías
generales de la actuación de los poderes públicos citando el desarrollo de las políticas públicas de los poderes públicos. En el artículo 11 bis, sobre la investigación, recopilación y producción de datos, se recoge que se promoverá y garantizará
esa investigación que permita obtener la mejor y más amplia y actualizada información acerca de la menstruación y la salud durante las diferentes fases del ciclo vital de las mujeres, con un enfoque relativo a la prevención, al diagnóstico y también
al tratamiento de las patologías y los fármacos que afectan al ciclo menstrual. La última enmienda es la implementación y el desarrollo de los planes de educación menstrual en todas las etapas, como recoge ya la Ley 1/2023.
Por eso, yo pediría el apoyo a estas tres enmiendas que dan cumplimiento a la Ley 1/2023. Sobre la del PP, tenemos que decir que en vez de mujer se deberían recoger mujeres...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora VELARDE GÓMEZ: ... y que no estamos de acuerdo -y termino- en cómo aborda la menopausia como un problema. No se trata de una enfermedad, sino de una etapa más de la vida de las mujeres. Lo que sí tiene que haber es una atención
sanitaria que sea adaptada a esa etapa y, por supuesto, investigación para los problemas que se puedan derivar de ella.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR tiene la palabra la señora Gil de Reboleño Lastortres.
La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Buenas tardes, señorías.
Hoy hemos tenido la suerte y el privilegio de tener una sesión muy andaluza. Se ha oído muchísimo el acento andaluz. Quiero empezar felicitando a mis compañeras andaluzas, Esperanza e Inma, por ese tesón y ese esfuerzo que han tenido para
traer la reforma de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en favor de las personas con discapacidad. (Aplausos).
Una vez dicho esto, hoy les voy a invitar a hacer un ejercicio de imaginación a todos nuestros diputados -cuando digo diputados me refiero a los chicos- para que cierren los ojos y piensen en una mujer de 50 años. A las diputadas aquí
presentes no nos costará trabajo porque la edad media de todas las que estamos aquí ronda los 49,3 años. En este caso también podría hablar incluso en nombre propio por mi edad y por la etapa vital por la que estoy pasando ahora mismo. Piensen en
mujeres trabajadoras que cuidan a sus hijos e hijas, a sus mayores o incluso a ambos. Mujeres que se levantan temprano y que se acuestan tarde no por placer, sino por responsabilidad. Ahora imaginen que de repente su cuerpo empieza a cambiar. Las
noches se vuelven un reto contra el insomnio; los sofocos se convierten en una lucha diaria; los cambios de humor afectan a sus relaciones; el dolor limita su actividad o su deseo sexual disminuye. Sin embargo, nadie les ha explicado por qué.
Esto, señorías, se llama menopausia y es un proceso natural que, a pesar de afectar a la mitad de la población, sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú porque no se habla de ello en casa, en el trabajo o en los medios de comunicación, y cuando
se hace es desde el desconocimiento o el estigma. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida (aplausos) y, como tal, debe ser comprendida, visibilizada y atendida por todos los ámbitos, no solo por la medicina.
Nuestro grupo parlamentario presentó hace ya más de un año una proposición no de ley para que la menopausia se abordara de manera integral. Hablamos de una problemática que afecta a la vida de muchísimas mujeres. Muchas no entienden lo que
les ocurre, otras lo ocultan por vergüenza y en demasiadas ocasiones su entorno no sabe cómo apoyarlas. Es imprescindible que el personal sanitario esté bien formado y no solo los médicos, sino las matronas, las enfermeras y otros profesionales,
porque pueden desempeñar un papel muy importante en el acompañamiento y el seguimiento de esta etapa vital.
Hay una realidad innegable: la menopausia es un reflejo de la desigualdad de género en la investigación sanitaria. Durante décadas, la ciencia ha relegado los síntomas y el tratamiento de la menopausia a un segundo plano, dejando a las
mujeres sin información clara ni alternativas de tratamiento seguras y asequibles. Se ha normalizado que las mujeres soportemos sofocos, insomnio, cambios de humor o falta de deseo sexual. Esto debe cambiar. No, necesitamos más inversión pública
para garantizar que la ciencia y la medicina aborden la menopausia con el mismo rigor con el que se tratan otras condiciones de salud. Les adelanto ya que estamos dando pasos importantes desde el Ministerio de Sanidad: en breve se lanzará una
campaña de sensibilización para seguir promoviendo la concienciación y sensibilización sobre la menopausia. Además, la estamos incorporando dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, porque visibilizar es fundamental, señorías. Las
mujeres deben saber que no están solas, que lo que les sucede es normal y que hay recursos disponibles para afrontarlo.
Señorías, también debemos hablar de la presión social que se ejerce sobre las mujeres que están pasando por la menopausia. Esta trae cambios en el cuerpo y en la mente, pero también es una etapa de plenitud en la que muchas mujeres se
sienten seguras, empoderadas y con mayores logros personales y profesionales. Sin embargo, la sociedad las sigue juzgando por su apariencia física, por no responder a los estándares inalcanzables de la juventud eterna. Es el patriarcado el que ha
impuesto la idea de que la mujer menopáusica es una mujer acabada, y les aseguro que no lo es.
Debemos reivindicar una menopausia que reconozca y valore a las mujeres en esta etapa de la vida, que no las invisibilice ni las relegue a un segundo plano. La menopausia no es el final de nada: es una fase que merece atención,
investigación y, sobre todo, respeto. Celebro que estemos debatiendo esta cuestión hoy aquí, pero debemos ir más allá. Necesitamos políticas públicas que aborden la menopausia con una visión integral, que la saquen de la sombra y la coloquen en el
centro de la agenda feminista y sanitaria. Por todo ello, votaremos a favor.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Reynal Reillo.
La señora REYNAL REILLO: Gracias, presidente.
Señorías, buenas tardes.
Me resulta muy oportuno poder hablar hoy desde esta tribuna porque soy diputada desde hace poco, pero ginecóloga desde hace más de treinta años. Y coincido: es el momento de dar visibilidad a una etapa que vivimos las mujeres a partir de
una cierta edad y que afecta a nuestra vida diaria. Es una etapa que debemos normalizar, al igual que vemos normal la menarquia y los cambios hormonales que suceden con la primera menstruación, que tampoco son baladí.
El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una PNL que ya había presentado el Grupo Parlamentario SUMAR cinco meses antes. Señores, son ustedes Gobierno, a ver si se aclaran. Es preocupante ver que ustedes mismos no se ponen de acuerdo
en las cosas importantes, y en esta parece que tampoco.
Miren, hoy les presentamos una enmienda para mejorar esta iniciativa, atendiendo a las peticiones de las asociaciones y colectivos, para así ofrecer la mejor atención a las mujeres en España.
Que estemos debatiendo sobre estas cuestiones aquí solo pone de manifiesto una cosa: que este ministerio no funciona. Y que desde 2018 hayan pasado seis ministros distintos pone de manifiesto también que la sanidad pública en España no
tiene una hoja de ruta clara para afrontar los desafíos en nuestro país. Este es un Gobierno alejado de la realidad y alejado del sufrimiento de las personas. Cuesta comprender que la ministra todavía no haya ido a Melilla y tampoco a Ceuta,
cuando allí sus competencias en sanidad son exclusivas. Es un caos: peleas entre ministros -lo hemos visto esta mañana en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a ver si por fin se aclaran con la señora Díaz-, y la disputa entre
ministros con relación al concierto de Muface; tienen al personal sanitario en pie de guerra, que ya es difícil, por el estatuto marco; se cargan la compatibilidad público-privada; secuestran a los MIR para que sigan trabajando en la sanidad
pública cuando terminen la residencia. Y ahora este debate con la menopausia, cuando lo que hay que hacer es muy sencillo: lo más importante es dotar de una mejor financiación a las comunidades autónomas que ayude a mejorar la sanidad pública
española (una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos); apoyar la proposición de ley de mi grupo para proteger a los profesionales de las agresiones, que cada vez somos más agredidos; financiar la Ley ELA, que ya han pasado cien días desde que se
publicó y no hay ni un euro de inversión; la exención del IRPF a las ayudas de los afectados por la talidomida -por cierto, en el País Vasco el PSOE ha votado a favor, a ver si ya
empezamos a hacerlo aquí también-, y muchas cosas más para mejorar la sanidad y la percepción que tienen de ella los españoles. Es triste que, según muestran los propios datos del ministerio, el 50 % de los españoles desconfíe del
funcionamiento del sistema sanitario y que un 31 % entienda que hacen falta cambios profundos en la forma en que se gestiona la sanidad pública en España. De estos datos son los responsables, y también son responsables de que, cien días después de
la riada en mi provincia, en Valencia, solo se hayan cobrado el 13 % de las ayudas prometidas por Sánchez. (Aplausos). El 13 %. Eso no lo vamos a olvidar.
Volviendo al tema que nos ocupa, la menopausia no es el fin de la vida de la mujer, es una etapa más para vivirla con plenitud, y por eso les pido que se centren y atiendan nuestra propuesta de mejora. ¿Qué pedimos? La atención
personalizada; una financiación adecuada; los mejores profesionales; tratamientos individualizados, pero autorizados por la Agencia Española del Medicamento y recetados por facultativos o por aquel a quien se le dé poder para recetar... Les
pedimos seriedad, que se aclaren. Lo que pedimos en nuestra enmienda es perfectamente asumible y de sentido común: la coordinación con las comunidades autónomas, impulsar la innovación, una perfecta sinergia entre la atención primaria y la
hospitalaria, el apoyo psicológico a aquellas mujeres que lo necesiten, y, en definitiva, señorías, la atención que merecen las mujeres.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidente.
El Grupo Socialista nos trae en esta ocasión para debate una proposición no de ley en relación con la menopausia con seis medidas que fueron, si no me equivoco, también debatidas en el Parlamento navarro. Ámbito más adecuado, a nuestro
entender, para su debate, ya que en parte corresponde su desarrollo a las diferentes comunidades autónomas, que son las competentes para realizar las campañas de información y sensibilización, y la coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales de la salud pública y comunitaria.
Dicho esto, compartimos que es necesario un mayor control de aquellos medicamentos y productos que se venden como milagrosos con relación a los síntomas ligados a la popularmente denominada menopausia o climaterio, y, en general, de todos
aquellos productos milagrosos. Y respecto a la propuesta de crear unidades multidisciplinares para tratar la menopausia, primero deberían ser las propias Administraciones competentes las que decidieran sobre ello y su necesidad y, en todo caso,
sobre cómo gestionarlas, si bien, como ya hemos dicho a la portavoz socialista, este es un punto que nos genera muchas dudas.
La menopausia, como se ha expuesto, supone cambios en la vida de la mujer, afecta a su salud y también a cómo percibe su cuerpo, así como a su papel en la sociedad. Durante el climaterio pasamos de ser mujeres fértiles y jóvenes a no serlo
y, más allá del impacto en nuestra salud, este fenómeno biológico tiene connotaciones culturales negativas, ya que se asocia al envejecimiento y a la pérdida de la belleza, en una sociedad donde la juventud y la belleza son valores superiores, y más
aún en la mujer. Aunque hoy parece que hablamos con mayor normalidad de la menstruación, del embarazo, la menopausia, los diferentes ciclos de la vida de la mujer y las afecciones sobre su salud y vida social, aún no son temas normalizados en la
sociedad. Estoy de acuerdo con las anteriores portavoces que han subrayado este tema, si bien necesitamos un debate en el que se profundice, para que tampoco se banalice sobre ello.
Podríamos hablar -y esta proposición no de ley nos da la oportunidad- de la desigualdad que ha existido en la atención y la investigación sobre la salud de la mujer, ya que, aunque se están dando pasos, todavía no hay una adecuada atención y
falta llegar a una equidad. Por eso, se necesita más actuación, y quienes proponen esta proposición no de ley son el Gobierno, forman parte del Gobierno, y les toca actuar. La presencia de mujeres en los ensayos clínicos ha sido menor y, por lo
tanto, los tratamientos han podido no estar adecuadamente validados para su uso, aunque parece que tampoco le interesa mucho a la gente que esto haya sido así. Los ejemplos son numerosos, aunque algo está cambiando en el ámbito sanitario, sobre
todo en esta parte del mundo, tanto en atención como en investigación, ya que la proporción de mujeres en estas áreas va en aumento. Y tampoco han ayudado los estereotipos de género en la atención médica, ya que las mujeres a menudo somos
percibidas como seres emocionales, lo que puede llevar a que los síntomas sean desestimados o considerados menos serios, es decir, se nos infantiliza.
En definitiva, si bien no compartimos la literalidad de todos los puntos que se están planteando en esta PNL, esperaremos al término del debate y al acuerdo a que se llegue para tomar una decisión final respecto a nuestra posición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Senyories, és gairebé impossible sentir parlar de salut sexual i reproductiva sense que aquesta vingui relacionada amb tabús, mites, pors, estereotips, prejudicis¿ I impossible del tot quan del què toca parlar és de
salut sexual no reproductiva, quan parlem de l'arribada de la menopausa, perquè marca el final de l'etapa fèrtil de la dona i aquest ja és un canvi vital, que no una malaltia, un canvi vital què per si sol pot suposar problemes d'autoestima, de
vergonya, de pèrdua de desig sexual¿ Però, sobretot, perquè a cop de fogots, la menopausa ens marca l'inici d'una sèrie de patologies, algunes importants, què no es coneixen prou i què poden comprometre seriosament la nostra salut, la de les dones.
Quan ja no tenim la protecció de l'estrogen, arriba l'osteoporosi, l'augment dels nivells de colesterol, el major risc de problemes cardíacs o de diabetis, la pèrdua de memòria, l'insomni, l'ansietat, la irritabilitat, la depressió¿ En una
paraula, l'acceleració dels símptomes d'envelliment en general, tot un quadre què és àmpliament desconegut i ignorat encara pel 40 % de les dones. Això vol dir que hi ha un percentatge importantíssim què, per desinformació, no rep tractament.
Impacta, per tant, en la salut, en la vida laboral i en la qualitat de vida de les dones, i això és un fet què contribueix, de nou, a la bretxa de gènere.
Alguns països, com el Regne Unit, ja han inclòs la menopausa en plans d'educació i polítiques laborals. Prenem nota. La desinformació s'ha de corregir aprofitant tots els canals. En un món de superficialitat i xarxes socials plenes de
fotos retocades a cop de filtre d'eterna joventut, ja és tot un èxit que els continguts sobre menopausa hi estiguin fent forat. Arriben cada cop a més dones amb l'ajuda de l'algoritme què fa la feina de convertir-les en 'target'. Però això no és
suficient, i a vegades tampoc és convenient. Perquè les xarxes socials poden servir també ¿i ho veiem cada dia¿ per infoxicar. Per tant, estem d'acord en que cal promoure campanyes informatives fetes des del rigor. Sobre l'eficàcia i seguretat de
les teràpies hormonals de substitució, per exemple. O, per contra, campanyes què serveixin per analitzar i desemmascarar els falsos remeis i els falsos tractaments per a la menoPausa.
Però, i aquí ens preguntem, senyories, per què s'insten a fer des del Congrés el que és de la seva competència i obligació fer des del Govern d'ofici? Per exemple, traslladar informació sobre la manca d'efectivitat del consum generalitzat
de cremes, pastilles i teràpies alternatives acientífiques que exhibeixen sense cap tipus de control la indicació per al tractament dels símptomes associats a la menoPausa.Per fer aquesta tasca de control ja hi ha l'Agència Espanyola del Medicament
i del Producte Sanitari, i recursos no els en falten. L'Agència rep les taxes practicades per l'Administració General de l'Estat en matèria de medicaments, productes sanitaris, productes cosmètics i productes de cura personal. Per tant, ja haurien
d'estar fent això.
Respecte de la resta de propostes, de nou, el Govern espanyol torna a posar-se en un terreny que no li correspon, amb clara invasió competencial, com quan parlen d'estudiar la creació d'unitats de menopausa amb caràcter multidisciplinari.
Fan servir la frase de 'Col·laborar amb les comunitats autònomes', però resulta que això és competència de les comunitats autònomes. O quan des del grup socialista instaven el Ministeri de Sanitat de SUMAR ¿un punt què he vist que acaben de treure,
potser perquè no s'ho havien acabat de parlar i ara ja ho han fet¿¿ Però deien vostès: 'Afavorir i millorar la coordinació dels nivells assistencials d'atenció primària i especialitzada'. Tornaven a trepitjar les competències. Han afegit un punt
que diu: 'Donar suport a les comunitats autònomes en la millora dels nivells assistencials'. Home, nosaltres, més enllà de que ens donin suport, que està molt bé que ens donin suport, el que necessitem són més recursos econòmics per a la sanitat
catalana, què pateix, ho sap tothom, un infrafinançament estructural gravíssim, per millorar la salut de les dones en la menopausa, una etapa, recordem-ho, què no és una malaltia, és una etapa perfectament natural, sí, però en la que necessitem
cuidar-nos més i millor.
Señorías, es prácticamente imposible hablar de salud sexual y reproductiva sin que esta se relacione con tabús, mitos, miedos, estereotipos, prejuicios, y es imposible del todo cuando de lo que estamos hablando es de salud sexual no
reproductiva, cuando hablamos de la llegada de la menopausia, porque marca el final de la etapa fértil de la mujer. Y este es un cambio vital, no una enfermedad, que por sí solo
puede suponer problemas de autoestima, vergüenza, pérdida de deseo sexual, pero, sobre todo, porque, a golpe de sofocos, la menopausia nos marca el inicio de una serie de patologías; algunas importantes, que no se conocen lo suficiente y
pueden comprometer muy seriamente nuestra salud, la de las mujeres. Cuando ya no tenemos la protección de los estrógenos llega la osteoporosis, el aumento de niveles de colesterol, un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, insomnio,
ansiedad, depresión, irritabilidad; en una palabra, la aceleración de los síntomas del envejecimiento, en general; todo un cuadro, ampliamente desconocido e ignorado por el 40 % de las mujeres.
Esto significa que hay un porcentaje importantísimo que, debido a la desinformación, no recibe tratamiento. Y esto tiene un impacto en la salud, en la vida laboral y en la calidad de vida de las mujeres, y es un hecho que, de nuevo,
contribuye a la brecha de género. Algunos países, como el Reino Unido, ya han incluido la menopausia en planes de educación y políticas laborales: tomemos nota. La desinformación debe ser corregida aprovechando todos los canales. En un mundo de
superficialidad y redes sociales llenas de fotos retocadas sobre la base de filtros de eterna juventud, ya es todo un éxito que los contenidos sobre menopausia estén haciéndose un hueco. Cada vez llegan a más mujeres gracias al algoritmo que las
convierte en el objetivo, pero eso no es suficiente y a veces tampoco es conveniente, porque las redes sociales también pueden servir para intoxicar, para infoxicar. Por tanto, estamos de acuerdo en que debemos promover campañas informativas
realizadas con rigor sobre la eficacia y la seguridad de las terapias hormonales de sustitución, por ejemplo, o, al contrario, campañas que sirvan para analizar y desenmascarar los falsos remedios o tratamientos para la menopausia.
Pero en este punto les preguntamos, señorías: ¿Por qué se insta a hacer desde el Congreso lo que es de su competencia y obligación? Que lo haga el Gobierno, de oficio, como, por ejemplo, trasladar información sobre la falta de efectividad
del consumo generalizado de cremas, pastillas y terapias alternativas y acientíficas que exhiben, sin ningún tipo de control, la indicación para el tratamiento de síntomas asociados a la menopausia. Para hacer esta tarea de control ya tenemos a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y no les faltan recursos. La agencia revela tasas practicadas por la Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos de
cuidado personal. Por lo tanto, ya deberían estar haciendo esto.
Respecto al resto de propuestas, de nuevo el Gobierno español vuelve a meterse en un terreno que no le corresponde, en una clara invasión competencial, como cuando hablan de estudiar la creación de unidades de menopausia con carácter
multidisciplinar y de colaborar con las comunidades autónomas, porque eso es competencia de las comunidades autónomas; igual que cuando desde el Grupo Socialista instaban al Ministerio de Sanidad, de SUMAR -un punto que acaban de eliminar, quizá
porque no lo habían hablado y ahora ya sí-, y hablaban de favorecer y mejorar la coordinación de los niveles asistenciales, de la atención primaria y la especializada, porque, de nuevo, ustedes estaban pisando las competencias. Han añadido un punto
que dice: Dar apoyo a las comunidades autónomas en los niveles asistenciales. Bien, más allá de darnos apoyo -y está muy bien que nos apoyen- lo que necesitamos son más recursos económicos para la sanidad catalana, que sufre -y todo el mundo lo
sabe- una infrafinanciación estructural muy importante para mejorar la salud de las mujeres durante la menopausia, una etapa que no es una enfermedad, sino un momento perfectamente natural, pero en el que necesitamos cuidarnos más y mejor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bona tarda. Gràcies, president.
Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades.
La veritat és que aquesta proposició no de llei em va fer un efecte ambivalent. No volia ni sortir a defensar-la i ho havíem parlat amb algunes companyes que no¿ Gairebé, com aquell qui diu, no valia la pena, perquè el Govern o el Partit
Socialista, en lloc d'instar al Congrés, hauria de fer una cosa que és posar-se a treballar. Això, ho saben, és el Pla Integral d'Equitat Menstrual i Climateri ¿que inclou la menopausa? 2023-2025, que va fer el Govern de la Generalitat de
Catalunya, des de la Conselleria de Feminismes i Igualtat, que és el que toca, no sermonejar-nos, sinó agafar 60 mesures. Com ho farem? Estem emparades per les lleis vinculades als drets sexuals i reproductius i, per tant, no vinguin aquí a
instar-se les unes a les altres i facin el favor de presentar els programes, els plans, els objectius i com els avaluaran, d'una vegada. Que és el que es mereixen les dones espanyoles; les catalanes ja ho tenen.
I, per tant, hi ha un element competencial que, evidentment, em situava a l'abstenció. Però hi ha dos elements més que em preocupen. Mirin, tot el que és vinculat al feminisme té un risc cert, i amb el fragor de l'extrema dreta, té un risc
cert de banalització. I hem d'anar molt al tanto quan volem fer visibilització, per no acabar fent banalització. Aquí ho han dit totes les companyes, però cal dir-ho. On s'emmarca això? S'emmarca en un moment en què l'esperança de vida és molt
llarga i, per tant, ens podem estar un terç de la nostra vida en el climateri, premenopausa, menoPausa.I, a més a més, no és una malaltia. I aquest és el primer element que ha de quedar clar.
Perquè, és clar, i els ho dic, potser això no és políticament correcte, però ja fa temps que vaig deixar el políticament correcte a banda. Hi haurà gent allà fora que estarà pensant: 'Con la que nos está cayendo i aquesta gent està parlant
de la menopausia. Què cony està fotent el Congrés dels Diputats?'. Se suposa. Llavors, sortim les feministes i diem: 'A visibilitzar, a visibilitzar, perquè si això fos una qüestió d'homes, tindrien unitats especialitzades des de tota la vida'.
Com ens està passant amb els temes cardíacs, que, efectivament, com que el model és un home, son mal detectats. Però llavors necessitem treballar, senyores, treballar.
La menopausa és normal, la menopausa ens acompanyarà. Quin és l'element que hauríem de discutir? Per què el valor d'una dona té a veure amb la seva bellesa i amb la seva joventut? Que això sí que és imaginari col·lectiu que expliquem a
través dels discursos. Per què hi ha moltíssimes empreses farmacèutiques i de cremes que s'estan fent riques per vendre'ns cremes per a les arrugues i les taques? Perquè saben que no podem tenir taques ni arrugues, perquè això ens devalua. Quina
societat estem fent, en què el valor d'una dona té a veure amb la seva capacitat de ser fecunda, amb la seva bellesa i amb la seva joventut? I això és el que hem d'explicar a les escoles.
Teràpies substitutives. Jo aquí ho deixaré als que en saben, que són els metges. Però el que està demostrat és que aquestes teràpies, que tenien a veure amb l'administració d'estrògens, han provocat càncers. I el primer que hem de fer
quan parlem de feminisme és dir: 'No som conillets d'índies, que no investiguin amb els nostres cossos', que això està passant i està passant contínuament. Els recordo l'obra paradigmàtica de Naomi Wolf, 'El mito de la belleza'. Al mite de la
bellesa, una de les coses que ens va descobrir és que aquest paper de les dones basat en bellesa, en joventut i en fecunditat, té a veure amb lo riquíssima que es fa la indústria venent aquests elements que necessitem per ser més joves, més guapes,
més competitives. I el capitalisme, per tant, va colonitzar les nostres vides i els nostres cossos.
I, per tant, crec que el gran missatge a enviar és: des que sigueu nenes, sí, tindreu la menstruació, i és una merda. Sí, noies, però és el que hi ha. I després, tindrem la menopausa, que potser ho passem malament. Sí, però és el que hi
ha. Perquè ser dona és això. Ser dona és això. I que podem millorar els fogots? Estupendo. Però que no és una acció política de primer ordre millorar els fogots. L'acció política de primer ordre és dir: 'Les dones som éssers humans que valem
molt més que les arrugues que no tinguem, que els quilos que aconseguim perdre, que els fills que puguem portar en aquest món', com deia una diputada de VOX, 'para que nos cuiden cuando seamos ancianos', o que els diners que donem a les empreses
farmacèutiques. Ser dona és ser un ésser humà, és formar part d'aquesta societat, és ser també el centre de totes les polítiques. I, si us plau, deixin d'envair competències sistemàticament.
Moltes gràcies.
Buenas tardes. Gracias, presidente.
Buenas tardes, diputados y diputadas.
La verdad es que esta proposición no de ley tuvo un efecto ambivalente en mí, no quería ni salir a defenderla. He hablado con algunas compañeras y casi decíamos que no valía la pena, porque el Gobierno y el Partido Socialista, en lugar de
instar al Congreso, deberían hacer algo, que es ponerse a trabajar. (Muestra un documento). Este es el Plan Integral de Equidad Menstrual y Climaterio 2023-2025 -incluye la menopausia-, que hizo el Gobierno de la Generalitat de Catalunya desde la
Consejería de Feminismo e Igualdad, que es lo que toca; no sermonearnos, sino tener sesenta medidas y saber cómo lo haremos, y estamos amparadas por las leyes, estamos vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, no vengan
aquí a instarse unos a los otros, y hagan el favor de presentar los programas, los planes, los objetivos y decir cómo van a evaluarlos de una vez, que es lo que merecen las mujeres españolas. Las catalanas ya lo tienen, de modo que hay un elemento
competencial que quería señalar.
Y hay dos elementos que me preocupan. Todo lo que está vinculado con el feminismo tiene un riesgo cierto, y, en el fragor de la extrema derecha, tiene un riesgo de banalización, y debemos ir con mucho cuidado cuando queremos hacer
visibilización, para no terminar haciendo banalización. Todas las
compañeras lo han dicho: ¿Dónde se enmarca esto? Esto se enmarca en un momento en el que la esperanza de vida es muy larga, podemos estar durante un tercio de nuestra vida en el climaterio, en la premenopausia y la menopausia, y no es una
enfermedad. Este es el primer elemento que debe quedar claro.
Quizá lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero hace tiempo que lo dejé de lado. Habrá personas ahí fuera que estarán pensando: ¡Con lo que nos está cayendo y esta gente está hablando de la menopausia!, ¿qué está haciendo el
Congreso de los Diputados? Y después salimos las feministas y decimos que hay que visibilizar. Si esto fuera una cuestión de hombres, tendrían unidades especializadas de toda la vida, como nos está pasando con los temas cardíacos; como el modelo
es el del hombre, no se detectan bien los problemas en las mujeres. Pero necesitamos trabajar. La menopausia es algo normal, nos acompañará. ¿Cuál es el elemento sobre el que deberíamos discutir? ¿Por qué el valor de una mujer tiene que ver con
su belleza y su juventud? Esto sí es del imaginario colectivo que explicamos a través de los discursos. ¿Por qué hay muchas empresas farmacéuticas y de cremas que se están enriqueciendo por vender cremas para las arrugas y las manchas? Porque no
podemos tener ni manchas ni arrugas, porque eso nos devalúa. Pero ¿qué sociedad estamos creando, en la que el valor de una mujer tiene que ver con su capacidad de ser fecunda, ser bella y ser joven? Esto es lo que debemos contar en las escuelas.
Sobre las terapias sustitutivas, cuestión que voy a dejar a los que saben, a los médicos -porque lo que está demostrado es que esas terapias que estaban relacionadas con la administración de estrógenos han provocado cáncer-, lo primero que
debemos mostrar al hablar de feminismo es que no queremos que investiguen con nuestros cuerpos, y esto está pasando continuamente. Les recuerdo la obra paradigmática de Naomi Wolf, El mito de la belleza. Una de las cosas que nos descubrió es que
este papel de las mujeres basado en la belleza, la juventud y la fecundidad está relacionado con lo riquísima que se hace la industria vendiendo esos elementos que necesitamos para ser más jóvenes, más guapas y más competitivas; por lo tanto, el
capitalismo colonizó nuestras vidas y nuestros cuerpos. Por eso, creo que el gran mensaje que debemos transmitir es el siguiente: Seréis niñas, tendréis la menstruación -y es una mierda, pero es lo que hay- y después tendréis la menopausia -y
quizá lo vais a pasar mal-, pero es lo que hay, porque eso es ser mujer.
Y ¿podemos mejorar los sofocos? Fantástico, pero mejorar los sofocos no es una acción política de primer orden. La acción política de primer orden es decir que las mujeres son seres humanos, que valemos mucho más que las arrugas que no
tendremos, que los kilos que podemos perder, que los hijos que tendremos en este mundo -como decía una diputada de VOX- para que nos cuiden cuando seamos ancianos o el dinero que podamos dar a las empresas farmacéuticas. Ser mujer es ser un ser
humano, es formar parte de esta sociedad y también es ser el centro de todas las políticas. Y, por favor, dejen de invadir competencias sistemáticamente.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Aguirre Gil de Biedma. (Aplausos).
La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, cuando vi el orden del día del Pleno de hoy y que el tercer punto era una proposición de ley sobre la menopausia, pensé que era una broma, de verdad. Señorías, es el primer pleno de este periodo de sesiones, es el primer pleno del
año 2025, ¿y uno de los temas prioritarios que vamos a tratar es la menopausia? ¿Ustedes nos toman el pelo? (Aplausos). ¿De verdad ustedes creen que la menopausia es un problema tan importante para los españoles que hay que tratarlo en este
Pleno? ¿No será que ustedes no son capaces de aprobar ninguna ley, porque no les aprueban las leyes, y tienen que traer a debate una cosa que no importa nada los españoles, que es la menopausia? (Aplausos). De verdad, si no fuera por el daño que
hacen ustedes a España, habría que tomárselo en broma, aunque, ciertamente, dan ganas de llorar.
No tienen vergüenza, señorías del PSOE, porque, con la cantidad de problemas que hay ahora mismo en España provocados por este Gobierno, resulta que traen la menopausia. Lo podrían llevar a la Comisión de Sanidad, lo podrían llevar a las
comunidades autónomas, como han dicho varios compañeros, pero, no, tenemos que hablar aquí de la menopausia, y diciendo unas barbaridades como las que han manifestado ustedes, como que casi es el patriarcado el que tiene la culpa en la menopausia.
(Aplausos). No tienen ustedes respeto a lo que este Congreso y este hemiciclo representan ni tampoco lo tienen por los españoles, que están llenos de problemas desde que han llegado ustedes al Gobierno: inflación por
las nubes, precariedad laboral, millones de españoles que tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, somos el país con mayor tasa de pobreza infantil, la inmigración ilegal
desbordada está provocando graves problemas en nuestro país. Y vienen ustedes con esto, con la menopausia. (Aplausos).
Ya sabemos que todo esto ustedes lo hacen para distraer los casos de corrupción que afectan directamente al presidente del Gobierno: su mujer imputada por tres delitos; la asesora de su mujer; su hermano, que no sabe ni dónde está su
oficina; su mano derecha; varios ministros, y, ya para rematar, lo más delirante es el fiscal general del Estado, que resulta que es la persona que debe velar por el cumplimiento de la ley y parece que ha borrado unos wasaps para obstruir la
justicia. Y también podemos hablar del asalto a las instituciones y el deterioro de la democracia en España, que esto sí que está teniendo repercusiones internacionales (aplausos) -insisto, repercusiones internacionales, que a ustedes les importan
mucho-, y, según un informe del Banco Mundial publicado a finales de 2024, España es uno de los países peor valorados en control de la corrupción, eficacia gubernamental, calidad regulatoria y Estado de derecho, y hemos pasado de ser uno de los
países que eran ejemplo de democracia en el año 2000 a ser el país en el que el deterioro institucional es más acusado.
En fin, señorías, que tenemos ahora mismo la Rosa Nostra en España y ustedes vienen aquí a que hablemos de la menopausia, que, por cierto, no es ninguna enfermedad, como han dicho todos ustedes, sino una etapa natural en la vida de cualquier
mujer, que viene pasando desde Eva. (Aplausos). Señorías, por favor, todas las mujeres sabemos lo que es la menopausia, todas sabemos que en un momento dado de nuestra vida nos va a llegar esta etapa, como llegó a nuestras madres y abuelas, y
todas tenemos acceso a información para contrarrestar los síntomas de la mejor manera que consideremos, porque cada mujer lo vive de una manera, y no necesitamos que lleguen ustedes aquí, con su actitud paternalista de siempre y sus ganas de
controlarnos y utilizarlos, a decirnos qué es lo que tenemos que tomar, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, porque en la exposición de motivos, con el petitum, ya se les ve la patita, porque quieren dirigirnos hacia lo que ustedes
consideran 'mejor para nosotras'. (Hace el signo de comillas con los dedos). Por favor, no queremos que nos utilicen, porque ustedes no nos representan. (Aplausos).
Como siempre, ustedes quieren aprovechar este tema para meter su ideología, haciendo campañas y gastándose el dinero de los españoles, mientras que el Ministerio de Sanidad no paga el tratamiento para la leucemia infantil y las ayudas de la
ELA no llegan a los enfermos, por no hablar de las ayudas por la dana, de las que han llegado solo el 12 % a los valencianos. Señorías, la menopausia no es una enfermedad ni un tema tabú ni nadie se muere de ello. Simplemente, es una etapa más en
la vida de cualquier mujer, como lo fue la pubertad en su momento, y ocurre porque el cuerpo cambia; y muchas mujeres, de hecho, sienten que es una etapa de mayor libertad y una de las mejores de su vida, y lo digo por experiencia propia.
(Aplausos). Si de verdad ustedes quieren hacer algo por las mujeres que están en esta etapa de su vida, pueden hacer cosas ciertamente útiles y que nos ayudarían mucho, como, por ejemplo, que estén incluidos en las prestaciones de la Seguridad
Social el dentista y el oftalmólogo o dar incentivos a las empresas para facilitar el acceso al trabajo a estas mujeres, para que las contraten a pesar de su edad. (Aplausos).
Por favor, señorías del PSOE, dejen de tomar el pelo a los españoles, dejen de desviar la atención de los temas que de verdad importan a los españoles, que para eso nos pagan, y dedíquense a resolver los verdaderos problemas que tienen los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señora Sainz Martín, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas?
La señora SAINZ MARTÍN: Sí, tenemos transaccionales. Hemos aceptado las enmiendas de varios grupos y vamos a entregarlas a los grupos para que puedan leerlas y ver si las aceptan.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA VALIDO GARCÍA), SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS MILES DE MIGRANTES QUE LLEGAN A LAS COSTAS CANARIAS CADA MES. (Número de expediente 173/000073).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Valido García, sobre la atención sanitaria a los miles de migrantes
que llegan a las costas canarias cada mes.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Valido García. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.
Esta moción, como saben, es fruto de la interpelación que hice a la ministra de Sanidad en el mes de diciembre en la que di una amplia explicación de la situación sanitaria y el impacto que supone sobre unos servicios sanitarios
sobredimensionados para la población de las islas, con atención a cincuenta mil personas, por ejemplo, que son las que llegaron en el año 2024 a nuestras costas. Una vez más, y temo que por mucho tiempo, me toca hablar de inmigración, del drama
humanitario con el que convivimos en las islas desde hace ya tanto tiempo; y vuelvo a hablar de esta emergencia migratoria, que, aunque parezca que una siempre está hablando de lo mismo, ocupa mucho menos tiempo del que llenan en este hemiciclo o
en los medios de comunicación, en las tertulias radiofónicas o en las tertulias televisivas, los señores Koldo, Aldama, Mazón, Ayuso, el fiscal general del Estado y muchos más. Son la novedad, son lo importante en política, en los medios, en la
sesión de control, en la tele a todas horas, en la radio; no los miles de personas que se están muriendo en el Atlántico, no los seis mil niños que viven en centros sobreocupados, donde ya no cabe una litera más; no la situación que sufren algunos
lugares canarios, cuya vida se ha visto absolutamente modificada por la acogida a la gente que llega desesperada.
Yo no sé cuántas personas tienen que llegar para que seamos capaces de hablar de esto sin politizar, sin buscar eslóganes fáciles, sin buscar rédito político, y seamos capaces de actuar en conciencia, con responsabilidad y humanidad; no sé
cuántos miles de personas más tienen que venir. De nuevo, en esta última semana hemos asistido a la construcción de un relato falso, un relato que podría ser un perfecto ejemplo para la Antología del disparate. Muchos técnicos de muchas
comunidades vienen trabajando en conferencia sectorial desde hace mucho tiempo para establecer unos criterios de derivación, unos criterios que sean justos y observen la realidad de cada territorio, que tengan en cuenta a la población, los recursos
de que disponen y, cómo no, el número de personas migrantes que ya hay en cada uno de esos territorios. Pues bien, eso se ha traducido en un acuerdo que busca que a Cataluña y al País Vasco no vayan menores, y, sobre ese discurso, nos agarramos a
una excusa para no pactar, para no consensuar, para no dar una solución a los seis mil menores que hay en Canarias. Me parece lamentable, me parece inhumano y me parece que un partido que se precia de tener argumentos e ideología no puede utilizar
esto. Y lo más divertido es que pocas horas después se echan en cara unos a otros que utilicen a los menores políticamente. Pero ¿cómo pueden decir eso?
No obstante, en medio de todo esto, quiero agradecer a la Comisión de Juventud e Infancia de este Congreso que aceptara la invitación que planteé desde esta tribuna y que luego cursó el Gobierno canario para visitar los centros y conocer la
realidad de primera mano, y quiero decir que en este caso hemos vivido una excepción honrosa y ejemplar, porque los portavoces de todos los grupos se trasladaron a Canarias y visitaron los centros. Por una vez, estuvimos todos. Y quiero dar las
gracias también a la compañera de VOX, porque, aunque estamos en las antípodas respecto a muchas cuestiones, vino con nosotros, compartimos mucho, por lo que le agradezco enormemente su colaboración y su presencia; por supuesto a todos los grupos,
pero entenderán que me dirija a ella, cuando nuestros discursos son tan diferentes, para agradecerle que aceptara la invitación y compartiera con nosotros esos días.
Allí pudieron ver cómo están los centros, pero también escuchar a los vecinos. En La Restinga nos encontramos con gente muy enfadada. Pudieron escucharlos hablar sobre la soledad y el hartazgo en el que se encuentran, cómo lo mezclan todo
porque no se sienten escuchados. La Restinga es un pueblo que tiene pocas casitas, un puerto pequeño, donde nacieron, crecieron y viven, y allí se desarrollan sus actividades económicas, de ocio y de salud. Pues bien, ese puerto hoy está lleno de
espacios para poder atender a la gente que llega, en ocasiones moribunda. Ellos han ayudado, han acogido, han colaborado, pero quieren ayuda para poder convivir con un fenómeno que a un pueblito tan pequeño le viene muy
grande. Tienen muchas demandas y nos comprometimos con ellos, y todas y todos los miembros de la Comisión de Infancia y Juventud las haremos llegar a los responsables. Este pueblo solidario de El Hierro es un ejemplo de cómo un hospital
hecho para atender a unas seis mil personas recibió casi treinta mil el año pasado, el triple de la población que tiene, en momentos de sobreocupación, momentos en los que ni siquiera había disponible una cama en la UCI, o sea, si a alguien de la
isla le daba un infarto, teníamos un problema, porque había diez o veinte personas en riesgo de muerte.
Le dije a la ministra en su día que Canarias no tiene por qué asumir en solitario el coste de los servicios sanitarios para las personas migrantes que llegan a la frontera sur de este Estado, que es competencia del Estado responder, y no
solo me dio la razón en esa intervención y se comprometió a ir a Canarias, a reunirse allí con la consejera de Sanidad y alcanzar un acuerdo para ayudar a financiar todos estos servicios. Sin embargo, lamento decirles hoy que no se ha avanzado en
nada, que no hay contactos, que no hay fecha para esa visita, y lo digo por si los compañeros de SUMAR me pueden ayudar a que esa visita se produzca ya. Y también denuncié aquí que los trabajadores de Salvamento Marítimo están haciendo 168 horas
semanales; fíjense, justo en estos días, cuando hablamos de media hora en la reforma laboral. Pues bien, el Estado tiene trabajadores con semanas de turnos de 168 horas. Ayer, cuatro o cinco cayucos, casi quinientas personas; a esta hora, más de
cuatrocientas. A nadie, a nadie se le puede ocurrir que estuviéramos en esta situación si llegaran quinientas personas diarias a la costa de Andalucía o a la costa de Valencia; esto no estaría ocurriendo. Ustedes no tendrían que subir a esta
tribuna una y otra vez a repetir la misma situación, a repetir cómo están los niños, cómo están nuestros servicios públicos, cómo está nuestra gente. No lo permitirían. No lo permitirían. Pero, claro, esto ocurre a 2000 kilómetros, toca muy
lejos, no es prioridad.
Necesitamos esa financiación. Por eso, hoy les pido el apoyo a esta moción, para que haya un acuerdo ya para financiar los servicios sanitarios. Es muy importante que enfrentemos ese elefante en la habitación que todos ven, pero del que
nadie quiere hablar, que resulta tan incómodo y molesto que se evita, y en el que no se quiere profundizar.
La transformación social que están sufriendo nuestros pueblos tiene que ser abordaba. Este es un fenómeno imparable, digan lo que digan, no va a cambiar. Nosotros ya lo hemos asumido: siendo frontera sur, no nos va a quedar otro remedio
que verlos llegar, muchas veces al borde de la muerte, para ser atendidos. Y seguirán viniendo niños y niñas y mujeres embarazadas. Hemos tenido dos partos en cayuco. ¿Cómo de desesperado debe estar un ser humano para meterse en un cayuco a
semanas de parir? ¿Cómo de desesperado tiene que estar un niño que nos decía el otro día que después de haber estado días a la deriva si tuviera que volver, volvería a hacerlo porque allí la muerte es segura?
No solo esto no va a cambiar, sino que va a ir a más, y cuando este Congreso quiera dedicar el tiempo necesario a hablar de las políticas de migración que merecen las personas, cuando queramos ponernos a trabajar en alcanzar consensos para
enfrentar el que es el primer reto del Estado español y de la Unión Europea, podremos decir a la gente...
La señora PRESIDENTA: Señora Valido, tiene que terminar.
La señora VALIDO GARCÍA: ... que estamos trabajando en lo que importa.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Antes de dar la palabra al siguiente grupo parlamentario, les anuncio que esta será la última moción que veremos esta tarde.
Ahora, para presentar la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida por un tiempo de cinco minutos. (Aplausos).
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Señora Valido, trae a debate una iniciativa en la que explica la presión que la inmigración ilegal ejerce en la prestación de un servicio público esencial como es el de la atención sanitaria, pero la respuesta de Coalición Canaria es que los
españoles le den más dinero y que no cambie nada. También el Partido Popular pide más dinero de los impuestos de los ciudadanos para dar el visto bueno al reparto de menores a la península. Señorías, evidencian en sus peticiones que participan
como beneficiarios a título lucrativo en el negocio multimillonario de la inmigración ilegal. Esa y no otra es la razón por la que contribuyen al efecto llamada con regularizaciones masivas y gastando miles de millones de euros para hacer el
trabajo
de los traficantes de la inmigración desde las costas africanas, a cientos de kilómetros de las islas Canarias, hasta la península ibérica, consolidando el siniestro éxito de la más letal de las rutas de la inmigración ilegal: la atlántica
de las islas Canarias. (Aplausos).
En VOX hemos registrado una enmienda instando al Gobierno a declarar situación de interés para la seguridad nacional la crisis inmigratoria y la amenaza terrorista infiltrada a través de los flujos de inmigración ilegal que se dirigen a
España. Se trata, en primer lugar, de ser coherentes con el informe del Consejo de Seguridad Nacional que depende de Presidencia del Gobierno. En segundo lugar, es el instrumento más adecuado para acabar con las muertes en el mar y con el negocio
de la inmigración ilegal, poniendo los recursos públicos al servicio del orden, de la ley y, por ende, al servicio de los españoles. También pondríamos fin a la opacidad sobre la falta de acción del Gobierno, obligándole a informar periódicamente
sobre la evolución de la situación y las medidas que van adoptando.
El señor Clavijo -no sé si lo recuerda, señora Valido-, en una entrevista en El Mundo el 14 de julio de 2024, decía que no daba información del coste de la atención a los menores extranjeros no acompañados porque no quería dar alas a la
ultraderecha. Impresionante: un responsable público que dice que no va a responder, que no va a ser transparente con la gestión de los recursos públicos. Y, sin avergonzarse, reclama al presidente del Gobierno que deje de ser opaco y que sea
transparente con los 562 millones de euros que la Unión Europea entregó al Gobierno de España para la inmigración ilegal. Señora Valido, este no es el camino. (Aplausos).
Para los que desconocen nuestro ordenamiento jurídico y el incumplimiento sistemático del mismo por parte del Gobierno de España al servicio de las mafias de la inmigración ilegal y en perjuicio de todos los españoles, les aclararé que el
apartado b) del artículo 28.3 de la conocida como ley de extranjería establece que la salida del territorio español será obligatoria en los supuestos de 'expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la
presente Ley'. Como es el caso del apartado b) del artículo 58.3 de dicha ley, que prevé que ni siquiera será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en el supuesto de los que pretenden entrar ilegalmente en el país.
Y para aquellos que por ignorancia creen o por interés hacen creer a los demás que nuestro ordenamiento dificulta la devolución de los menores, les aclaro que el artículo 35.1 de la misma ley establece que 'el Gobierno promoverá el establecimiento
de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y -atención- el retorno de los menores no acompañados'.
Termino dirigiéndome al Grupo Popular. Parece que los Gobiernos autonómicos del Partido Popular no comparten el acuerdo del Partido Popular de Canarias con el Gobierno de España para el reparto de los menores. Deberían aclarar su posición
al respecto, y, si no compartiesen la decisión de su socio mayoritario en el Gobierno de Canarias, les animo a manejarse con un mínimo de honor y dignidad, tomar ejemplo de VOX y abandonar el Gobierno de Canarias si su socio incumple su pacto de
gobierno. (Aplausos). Si no abandonan el Gobierno de Canarias, pondrán de manifiesto que están mintiendo a los españoles, porque ustedes también han pactado el reparto de menores a la península ibérica o porque no tienen ni dignidad ni principios.
Sea cual sea la razón, deben saber que los españoles están hartos de las mentiras de Pedro Sánchez, pero también de las mentiras del Partido Popular, que se ofrece como alternativa.
VOX seguirá ofreciendo una alternativa patriótica, que cada vez cuenta con más apoyos. En España y en el resto del mundo es la hora de los patriotas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero por un tiempo de cinco minutos.
La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on berriro.
Canarias asume desde hace tiempo el esfuerzo de atención humanitaria a la población migrante que llega a sus costas huyendo de guerras, de persecuciones y del hambre en embarcaciones precarias, tal y como todos nosotros sabemos. La portavoz
canaria, la señora Valido, lleva desde el inicio de la legislatura insistiendo en que conozcamos esta situación, poniendo el foco y poniendo la voz a una realidad que nos interpela a todos y a todas, pero sobre todo a un Estado, a un Gobierno, que,
lejos de dar una solución mediante una planificación integral en un tema de su competencia, ha abordado hasta el momento esta
situación de forma parcial, sin asumir la responsabilidad que el Estado tiene en esta materia, ya que el archipiélago canario es la frontera sur de llegada de miles de migrantes que llegan por mar en una huida desesperada en la que se juegan
la vida y en la que muchos de ellos la pierden. Se necesita, por lo tanto, un plan integral de migración para abordar este reto estructural, que no va a cesar, que no va a parar, tal y como ha dicho la señora Valido. Pero también medidas
extraordinarias y urgentes, tal y como demanda el Gobierno de Canarias, para dar solución al sobreesfuerzo que están sufriendo las islas, para poder hacer frente al impacto que padecen los servicios públicos canarios.
La moción se centra en la atención sanitaria y da un dato: 22 millones de euros ha destinado el Gobierno de Canarias desde enero hasta octubre de 2024 para sufragar la atención sanitaria y social de las personas migrantes, para los
dispositivos a pie de playa y en puertos, ambulancias, UVI y hospitales. En la interpelación de finales de diciembre, la ministra de Sanidad, aparte de dedicar más tiempo a interpelar a otro grupo de la Cámara que a contestar a lo que la señora
Valido le pedía, hablaba de poner el hombro del ministerio y su granito de arena para llegar a soluciones conjuntas, a la vez que mostró su total disposición para el diálogo y para buscar soluciones efectivas. Sin embargo, lamento enterarme de que
la ministra todavía no ha hecho un hueco en su agenda para visitar Canarias. Esperemos que lo haga. Esto es lo que pide Canarias: soluciones efectivas, no granitos de arena ni hombros para el consuelo. Lo que pide es que se aborde esta crisis
humanitaria con la seriedad, la decisión y la responsabilidad que merece, porque cuando los servicios de atención sanitaria y social están tensionados, lo que se necesita es actuar de forma responsable y coordinada. Ante estas situaciones, las
buenas palabras tienen muy corto recorrido y es necesario actuar antes de que la situación sea inabordable. Por ello, no quiero ser condescendiente ni hacer un discurso basado en la caridad, pretendo hacer un discurso basado en la responsabilidad,
en esa responsabilidad y asunción de competencias que el Gobierno de Canarias y Coalición Canarias, a través de su portavoz, le piden al Gobierno del Estado.
Hace apenas unos días, una representación de la Comisión de Juventud e Infancia visitamos Canarias para conocer de primera mano la situación que se vive en las islas, sobre todo en el caso de los menores no acompañados. Desde aquí, quisiera
agradecer a todas las personas que nos acompañaron su disposición; al Gobierno canario, que afronta con dedicación y entereza, con una visión humanitaria, esta coyuntura; a las asociaciones del tercer sector, que atienden lo mejor que pueden a
estos menores, y a todo el personal que en puerto o en mar salva tantas vidas. Y también al pueblo canario, que en su gran e inmensa mayoría se solidariza y colabora con esta crisis. Hemos puesto cara y voz a parte de lo que allí se está viviendo.
Y digo a parte, porque nosotras fuimos, escuchamos, preguntamos y vimos, pero, tras dos días de intensa agenda, nos volvimos a nuestras casas. Ya saben que contarán con nuestro apoyo de la misma manera y forma que lo lleva haciendo el lehendakari
Pradales en nombre del Gobierno Vasco. Como es en el caso de los menores no acompañados, por lo que, ante una situación insostenible, pedimos que no se pierda más tiempo para que niños, niñas y adolescentes tengan un entorno seguro adaptado a sus
necesidades y derechos. Ello será posible si bajo la responsabilidad del Estado, en primer lugar, y de las comunidades autónomas en segundo lugar, se posibilita una distribución equitativa.
Se reclama que el Estado actúe y que esta asistencia sea financiada con fondos estatales y europeos, porque Europa también tiene responsabilidad en la frontera sur. A aquellos que nos acusan de insolidaridad, quiero recordarles que hay
comunidades autónomas, territorios que llevan asumiendo, como Euskadi, por su situación geográfica -frontera norte de la península- o por otras causas, un tensionamiento mucho mayor que en otras comunidades autónomas, aunque en número no podamos
compararnos con la realidad canaria. No pueden seguir asumiendo algunos territorios la parte de cuota de responsabilidad que otros no quieren asumir. Ya sé que algunos pensarán -o tal vez, incluso, hoy se verbalice- que distribución o reparto de
menores, aunque se le ponga el adjetivo equitativo, justo, suena mercantil. Les pido que no frivolicen tampoco con ello. Un reparto equitativo supone que los menores sean atendidos y tutelados con todos sus derechos para que puedan desarrollar un
proyecto de vida cuando lleguen a la edad adulta; darles la posibilidad de un futuro mejor, porque en recursos tensionados no se garantiza el mejor interés del menor y, difícilmente, podrán aspirar a mucho más que sobrevivir.
Como no podría ser de otra manera, votaremos a favor de esta moción.
Milesker.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez por un tiempo de cinco minutos también.
La señora CALVO GÓMEZ: Senyories, diputada Valido.
Gràcies a la invitació del Govern canari, fa uns dies, vam participar en la visita a Tenerife i a l'illa de El Hierro, en concret, al poble pesquer de La Restinga, el principal punt d'arribada dels cayucos plens de migrants que fugen de
l'Àfrica amb l'esperança posada a Europa. Conèixer els voluntaris i professionals de la Creu Roja va ser una experiència colpidora i inspiradora. Gent molt jove donant exemple de solidaritat, redimint una humanitat massa embargada pels conflictes
bèl·lics o les crisis humanitàries o climàtiques. Allà on no arriben els recursos, arriba la voluntat i el compromís del personal de Creu Roja. Però evidentment és una situació que desgasta i que sovint, quan el bon temps calma el mar i l'arribada
de migrants és massiva, posa en tensió la sanitat pública canària.
És una realitat que també vivim a Catalunya, de diferent manera, però també vivim a Catalunya. Als què ens acusen d'insolidaris, una dada. A Catalunya han estat distribuïdes 1988 persones migrades en la crisi de Canàries, declarada
l'octubre del 2023, gairebé 2000 persones provinents de Canàries. En aquell moment crític del 2023, el Govern espanyol va concedir una subvenció de 50 milions a Canàries, que no discutim de cap de les maneres, però a Catalunya no ens van assignar
cap recurs, malgrat la situació també extraordinària que es va viure amb aquesta arribada massiva i sostinguda d'immigrants, que no ha fet res més que agreujar l'infrafinançament que patim, que patim, en matèria d'assistència migratòria sanitària.
Aquesta és una de les reivindicacions de Junts en les negociacions per poder tenir la gestió integral de les competències en immigració. Perquè sabem molt bé com és de difícil poder donar resposta sense plena capacitat de decisió i sense
prou recursos. Especialment, quan es tracta d'intentar donar un acolliment digne als MENAS, un acrònim que ens distancia del significat de les paraules que el componen, 'menors no acompanyats', sols, perduts i que a Catalunya des del 2015 portem
acollits 10 538 menors.
No vull deixar passar l'oportunitat que m'ofereix aquesta moció per denunciar un fet que em va impactar i portar a la reflexió. L'Illa de El Hierro, com ens van explicar, és la darrera oportunitat de supervivència que tenen els migrants que
venen del Senegal, o de Mali, o de Gàmbia o d'altres països del Tercer Món. Quan els cayucos passen de llarg el far de la Restinga, estan condemnats a perdre's en l'oceà. Sentenciats a morir tots els que hi viatgen. Per això, en plena visita,
vaig preguntar si es reforçaven les patrulles navals per detectar vaixells en risc de desaparèixer a l'oceà. La resposta va ser no. Segurament, aquesta és una feina que hauria de fer Frontex, protegir la frontera sud de la Unió Europea, però també
protegir aquells que es juguen la vida perseguint el somni europeu.
Així que, quan la setmana passada vàrem visitar la Comissió Europea, acompanyada de la meva companya, la diputada Marta Madrenas, i vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb Magnus Brunner, el comissari d'Assumptes Interns i Migració, li ho
vàrem preguntar: què farà Europa per evitar més morts de migrants? Què farà per evitar, en la mesura del que és possible, que els cayucos es perdin en l'oceà més enllà de El Hierro? Incrementaran les patrulles navals de Frontex? La resposta va
ser que l'Estat espanyol ¿dit de manera literal pel comissari Brunner¿ no demana tota l'ajuda que podria a Frontex a l'hora de fer-se càrrec del control de la frontera sud de la Unió Europea. Així que la pregunta és òbvia, inevitable i al Govern
espanyol. Per què el Govern espanyol no demana més intervenció de Frontex, quan ho pot fer? Per què no fa tot el possible per evitar la mort segura de tants migrants?
L'endemà de la nostra visita a El Hierro, la premsa publicava una notícia que va passar pràcticament desapercebuda per a la majoria, però que als que estàvem de visita ens va colpejar. Un cayuco acabava d'arribar a les costes del Caribe amb
19 cossos de migrants morts que, ben segur, s'havien passat de llarg el far de La Restinga, el de l'última esperança.
Gràcies.
Señorías, diputada Valido.
Gracias a la invitación del Gobierno canario, hace unos días participamos en la visita a Tenerife y a la isla de El Hierro. En concreto, al pueblo pesquero de La Restinga, el principal punto de llegada de los cayucos llenos de migrantes que
huyen de África con la esperanza puesta en Europa. Conocer a los voluntarios y a los profesionales de la Cruz Roja fue una experiencia impresionante, inspiradora. Gente muy joven dando ejemplo de solidaridad, redimiendo a una humanidad demasiado
embargada por los conflictos bélicos o las crisis humanitarias o climáticas. Allí donde no llegan los recursos llega la voluntad y el compromiso del personal de la Cruz Roja. Pero, evidentemente, es una situación que desgasta y que, a menudo,
cuando el buen tiempo encalma el mar y la llegada de inmigrantes es masiva, pone en tensión a la sanidad pública canaria.
Es una realidad que también vivimos en Cataluña. De diferente manera, pero también la vivimos en Cataluña. A los que nos acusan de insolidarios les daré un dato: en Cataluña, se han distribuido 1988 personas migradas en la crisis de
Canarias declarada en octubre de 2023. Casi 2000 procedentes de Canarias. En ese momento crítico de 2023, el Gobierno español concedió una subvención de 50 millones a Canarias, que no discutimos de ninguna de las maneras, pero a Cataluña no nos
dio ningún recurso, a pesar de la situación también extraordinaria que se vivió con esta llegada masiva y sostenida de inmigrantes, que no ha hecho más que agravar la infrafinanciación que sufrimos en materia de asistencia migratoria sanitaria.
Esta es una de las reivindicaciones de Junts en las negociaciones para poder tener la gestión integral de las competencias en inmigración, porque sabemos perfectamente lo difícil que es poder dar respuesta sin plena capacidad de decisión y sin
recursos suficientes, especialmente cuando se trata de dar una acogida digna a los menas. Un acrónimo que nos distancia del significado de las palabras que lo componen: menores no acompañados, solos, perdidos. En Cataluña, desde 2015, hemos
acogido a 10 538 menores.
No quiero desaprovechar la oportunidad que me ofrece esta moción para denunciar un hecho que me impactó y que me llevo a la reflexión. La isla de El Hierro, como nos explicaron, es la última oportunidad de supervivencia que tienen los
migrantes que vienen de Senegal, de Mali, de Gambia o de otros países del tercer mundo. Cuando los cayucos se pasan de largo el faro de La Restinga están condenados a perderse en el océano, están sentenciados a morir, a morir todos los que viajan
en esos cayucos. Por eso, en plena visita pregunté si se estaban reforzando las patrullas navales para detectar barcos en riesgo de desaparecer en el océano. La respuesta fue que no. Seguramente este es un trabajo que debería hacer Frontex:
proteger la frontera sur de la Unión Europea, pero también proteger a aquellos que se juegan la vida persiguiendo el sueño europeo.
Así que, cuando la semana pasada visitamos la Comisión Europea, acompañada de mi compañera la diputada Marta Madrenas y tuvimos la oportunidad de hablar con Magnus Brunner, comisario de Asuntos Internos y Migración, se lo preguntamos: ¿qué
hará Europa para evitar más muertes de migrantes? ¿Qué hará para evitar en la medida de lo posible que los cayucos se pierdan en el océano más allá de El Hierro? ¿Incrementarán las patrullas navales de Frontex? La respuesta fue que el Estado
español -y lo dijo literalmente el comisario Brunner- no pide toda la ayuda que podría a Frontex a la hora de hacerse cargo del control de la frontera sur de la Unión Europea. Así pues, la pregunta es obvia, inevitable y al Gobierno español: ¿por
qué el Gobierno español no pide más intervención de Frontex cuando puede hacerlo? ¿Por qué no hace todo lo posible por evitar la muerte segura de tantos migrantes?
Al día siguiente de nuestra visita a El Hierro, la prensa publicaba una noticia que prácticamente pasó desapercibida por la mayoría, pero que nos impresionó a los que hicimos esa visita: un cayuco acababa de llegar a las costas del Caribe
con diecinueve cuerpos de migrantes muertos que seguramente se habían pasado de largo el faro de La Restinga, el de la última esperanza.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda.
Bé, ho faig des d'aquí perquè em sembla que fer aquesta PNL que parla de drets humans, la veritat em costa aquesta moció, em costa entendre-ho. I poca cosa més es pot dir després de la colpidora i didàctica explicació que ha fet la companya
Cristina Valido. Crec que ha estat molt clara explicant una realitat. Cada setmana, cada dia, embarcacions precàries arriben a les costes de Canàries. Hi arriben persones extenuades, ferides, deshidratades. Moltes han vist morir companys de
viatge, moltes altres fugen de la guerra, altres de la misèria, altres de la persecució. I això va de drets humans. Que hem de fer aquesta moció em costa entendre-ho. Això va de salvar vides, de garantir una atenció sanitària digna als qui
arriben i als qui ja hi són. Ho repeteixo, també als qui ja hi són, perquè si hi ha col·lapse sanitari, també afecta la gent que hi viu, també.
El poble canari no pot estar sol i de moment la migració és responsabilitat de tot l'Estat. I exigim a l'Estat i a la Unió Europea que posi tots els recursos necessaris perquè aquesta lacra acabi. Crec que Catalunya ha cooperat, en la
mesura que tocava i, si cal fer-ho més, ho farem. No ens importa. Som internacionalistes, des d'Esquerra, som internacionalistes, creiem en la cooperació entre els pobles, i per això votem sí, per justícia, per dignitat i per responsabilitat.
Moltes gràcies.
Buenas tardes.
Lo hago desde aquí (interviene desde el escaño), porque me parece que hacer esta PNL que habla de derechos humanos... bueno, esta moción me cuesta entenderla. Poco más se puede decir tras la conmovedora comparecencia de Cristina Valido.
Ha sido muy clara, ha explicado una realidad. Cada semana, cada día, embarcaciones precarias llegan a las costas de Canarias; llegan personas agotadas, deshidratadas, heridas, muchas han visto morir a compañeros de viaje, otras huyen de la guerra,
de la miseria, de la persecución... Esto va de derechos humanos. Esta moción me cuesta entenderla. Va de salvar vidas, de garantizar atención sanitaria digna a los que llegan y a los que ya están, repito, a los que ya están. Si hay colapso
sanitario también afecta a la gente que vive aquí. El pueblo canario no puede estar solo. De momento, la migración es responsabilidad de todo el Estado y exigimos al Estado y a la Unión Europea que pongan todos los recursos necesarios para que
esta lacra acabe.
Creo que Cataluña ha cooperado en la medida de lo que le correspondía, y si hay que hacer más, lo haremos. No nos importa. Somos internacionalistas en Esquerra, creemos en la cooperación entre los pueblos y, por ello, votamos sí por
justicia, por dignidad y por responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Cofiño Fernández por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: En 1943, en un pueblecito francés, el profesor Albert Lory se despedía así de sus alumnos: 'Me temo que ya no daré más clases. No sé cuánto tiempo me queda aún. Como la lección de hoy será muy breve, he querido
elegir un buen libro. Me lo dio el profesor Sorel. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi habitación y así lo salvé del fuego. Todo lo que vais a escuchar fue algo que escribieron grandes hombres; fue escrito en una noche de
entusiasmo hace ya mucho tiempo, hace ciento cincuenta años. Eran hombres de diferente condición y no entraron en polémica aquella noche. Todos se pusieron de acuerdo en aquella noche maravillosa. Otros hombres querrán destruir este libro, es
posible que acabe en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre. Por eso ustedes, los jóvenes, son tan importantes. Ustedes son la nueva nación'.
Y comenzó a leer: 'Declaración de los Derechos Humanos. Artículo primero: Todos los hombres nacen y permanecen libres y son iguales en derechos. Artículo segundo: La finalidad de todos los partidos políticos es la de proteger los
derechos naturales inalienables del hombre. El derecho a la libertad, la fraternidad, la igualdad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero: El principio de todo Gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo, puede
ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo'. El texto corresponde a Esta tierra es mía, una película de Jean Renoir que se estrenó dos años antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. El protagonista, que es Charles
Laughton, interpreta a un profesor tímido, pusilánime, que no ejerce ningún tipo de resistencia ante la barbarie nazi. Por una serie de circunstancias se vuelve valiente, deja la cobardía en el armario y se enfrenta de una forma valiente a la
resistencia al totalitarismo fascista y nazi. La escena corresponde al momento en que los nazis entran en la clase y se lo llevan para detenerlo.
La ultraderecha, el fascismo, el racismo y las políticas del odio son un virus, un virus de transmisión lenta que a veces no da síntomas, pasa desapercibido, pero que cuando aparece tiene consecuencias muy graves y es letal. La inmigración
ha estado en el centro de las políticas de la ultraderecha desde su resurgimiento. Han sido suficientemente listos para poner las políticas en el centro -ese elefante en la habitación que se mencionaba-, pero en sentido contrario a los derechos
humanos. Han logrado inocular ese virus en muchas personas que son amables, generosas y solidarias. Muchas de esas personas y sociedades amables, generosas y solidarias se han contagiado, y se han contagiado, porque se utilizan palabras de miedo,
de desconfianza o de recelo hacia el diferente, hacia la cultura diferente, hacia el que tiene otra religión, hacia el que come otra cosa o tiene un pantone de color de piel diferente.
Hoy se presenta una moción relacionada con la atención sanitaria en Canarias. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la diputada y al pueblo canario por lo que hemos visto. Nuestro Gobierno ya se ha expresado con claridad en este
sentido. Por supuesto, es necesario dotar de recursos de forma proporcional a las necesidades de cada territorio. No sé si es preciso que desembarque o no la ministra, pero sí es preciso que desembarquen los fondos de forma eficiente, efectiva y
proporcional a las necesidades de cada territorio.
Cuando hicimos la visita con la Comisión de Infancia hace unos días, nos dimos cuenta de algo que ya sabíamos: claro que tenemos un problema, no es solamente un elefante en la habitación, es un problema. Casi 10 000 personas fallecidas en
el proceso migratorio en el océano, 2800 personas que han llegado al muelle de La Restinga solamente en lo que va de año y 5500 críos, casi 6000, que no son menas, son niños y niñas solos, niños y niñas como nuestros hijos (aplausos); niños y niñas
solos, desorientados y perdidos cruzando un océano. Imagínense a sus hijos solos cruzando un océano. Hay que mirar de frente. Hay que señalar los problemas, pero también tenemos que señalar las oportunidades y las soluciones. No se trata de
solidaridad, se trata de derechos humanos y de protección a las personas migrantes y a la infancia migrante.
¿Qué debemos hacer? De una forma muy rápida, necesitamos una política migratoria sólida y no fraccionada. España necesita -estamos hablando de un pequeño tema- una política no fraccionada. Hay que evitar la transmisión del virus, y
necesitamos un cordón sanitario de todos los partidos no racistas frente a las fuerzas racistas de este país. (Aplausos). Es necesario mirar más a África. Yo no soy la persona más indicada. En esta Cámara hablará el compañero del PSOE, Tes o
Viviane, que son personas que conocen y miran a África. Necesitamos voces en esta Cámara y en esta sociedad civil que nos hablen y nos expliquen lo que es África.
Europa no se blinda, Europa es acogedora, pero debemos evitar los buenismos. Los buenismos se evitan con buenas políticas, con presupuestos y con personal. (Aplausos). Hay que hablar y escuchar más a las personas que están en las
fronteras. Se comentaba el ejemplo de La Restinga. Es necesario escuchar a las personas que vienen, pero es necesario sentarse con las comunidades que acogen, con los profesionales que trabajan y con las fuerzas de seguridad que están en las
fronteras; es necesario sentarse, escuchar y proponer soluciones. Los niños y las niñas no son bultos, no son paquetes y no son mercancías que se manejan por SEUR de un Estado a otro o de una comunidad a otra, son niños y niñas desorientados y
perdidos. Nuestro ministerio trabajará en criterios para todas, absolutamente todas las comunidades autónomas. Son necesarios modelos. Lo decía CEAR en una de las reuniones en Canarias: hace falta presupuesto, pero hace falta un modelo de
integración social, laboral, educativa y cultural en nuestro país.
Señorías, España puede y debe ser un referente para el mundo en políticas migratorias centradas en los derechos humanos. Debemos ser referentes ante este mundo y ante una Europa gris, rancia y casposa, apretada en sus trajes, que son de
todo menos elegantes, y respetuosos con aquel libro de los derechos humanos. Debemos ponernos de acuerdo también, como se pusieron de acuerdo en aquella noche maravillosa de hace más de doscientos años, y seguir defendiendo, como defendió el
profesor Lory, los derechos humanos, tal y como siguen haciendo en Canarias y en otras comunidades autónomas muchas personas hoy en día.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cofiño.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Diouf Dioh por un tiempo también de cinco minutos.
El señor DIOUF DIOH: Señora Valido, le planteo una cuestión previa: 23 de julio. Este grupo parlamentario (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y el Partido Socialista seguimos donde hemos estado para que los menores
puedan ser trasladados a la Península. Los que ponen los frenos no somos nosotros, son tus socios desde Canarias. (Señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Aplausos).
Buenas tardes, presidenta.
Señorías, quiero felicitar de nuevo a este Gobierno por confirmar una vez más que su patria y su bandera son los derechos humanos. Porque la empatía y la solidaridad son los verdaderos valores que nos deben acompañar, porque las catástrofes
no diferencian entre nacionales y extranjeros, las emergencias no saben de situación administrativa, pero sí los Gobiernos y su voluntad para evitar más sufrimiento.
Señorías, más de 25 000 personas van a tener la oportunidad de vivir con dignidad tras el desastre natural de la dana, van a dejar de estar en una situación administrativa irregular porque va a haber una regularización para ello. Porque
este Gobierno asume su responsabilidad con datos y transparencia en su gestión y en su comunicación, facilitando información veraz para seguir dando confianza.
Porque con la confianza desaparece el miedo y con la empatía desaparece el odio. Y esta confianza y solidaridad son las que hay que trasladar al pueblo canario con información veraz y contrastada, con hechos y no con elucubraciones.
Señorías, cuando una persona llega a la costa, desde el Ministerio de Sanidad se le incluye en el Sistema Nacional de Salud, concretamente en la base de datos de población protegida, y con esta base de datos se calcula el 38 % de
participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, mediante el cual el Ministerio de Hacienda financia a la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con la variable de población ajustada. Además, contamos con un programa de
atención humanitaria, siendo la Secretaría de Estado de Migraciones la responsable de declarar la emergencia para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos del programa a través de la Cruz Roja, quien da soporte a la primera ayuda.
Esto viene sucediendo desde el 14 de octubre de 2023, así como la concesión directa de ayudas para la protección de menores no acompañados del Ministerio de Juventud e Infancia, por la que Canarias ha recibido 50 millones. Hay que recordar, además,
que la Unión Europea aprobó una ayuda de 20 millones de euros con el fin de reforzar la atención humanitaria a las personas llegadas a las islas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Señora Valido, lo dijo en su interpelación a la ministra de Sanidad y coincidimos plenamente: las personas van a seguir llegando a nuestras islas y la gestión de estos flujos solo se puede hacer desde el respeto a la dignidad humana, a los
derechos humanos. Y por lo que se refiere a esta moción que debatimos, tenemos que tener en cuenta también el derecho humano a la salud. Como saben, el compromiso de los socialistas con el acceso universal a la sanidad es i-rre-nun-cia-ble.
Nosotros, ya sea gobernando, ya sea estando en la oposición, vamos a seguir atendiendo a las personas, tengan o no papeles (aplausos), primero, por principio, pero también por razones de salud pública.
Señorías del PP, que asumen la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Canarias, los profesionales sanitarios en Canarias, los que acuden a los centros de salud, los que llevan esperando meses y años para tener una cita con el especialista
saben bien que la falta de recursos materiales y humanos no es por culpa de los inmigrantes que llegan a las islas. No confundamos ni a los canarios ni a nadie (aplausos). Es la presión asistencial, son las listas de espera, la falta de personal,
la atención primaria, que en Canarias se demora cuarenta y ocho horas, es la falta de camas. Son las consecuencias de un modelo asistencial que tiene un grave impacto en los canarios y canarias. Y eso es debido a la falta de inversión del sistema
sanitario canario, que, entre otras cosas, está produciendo una penetración del seguro privado. Y no soy yo quien lo dice; el Defensor del Paciente ha sido tajante: Canarias es la comunidad autónoma con peores servicios de urgencias de toda
España. Los inmigrantes no son los culpables. Señorías, este Gobierno cumple y actúa y Europa también. Los trabajadores y las trabajadoras del tercer sector nos muestran la verdad del hambre, del sufrimiento, del dolor.
Señorías de VOX, es inmoral intentar silenciar el dolor con mentiras y bulos y declarando como situación de interés para la seguridad nacional la realidad migratoria. (Aplausos). Hasta copiando a Trump sois malos. (Risas).
Así que, señorías, defendamos el derecho a la sanidad universal con más solidaridad, más igualdad, más justicia social, más derechos y más libertad. Ahí sí nos vais a encontrar. Votaremos a favor. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Diouf.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Delgado-Taramona Hernández por un tiempo también de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora DELGADO-TARAMONA HERNÁNDEZ: Señorías, voy a ser directa y muy clara. ¿Saben ustedes cómo nos sentimos los canarios con la incesante llegada de pateras a nuestras costas? Completamente abandonados (aplausos), dejados de la mano
de Dios por un Pedro Sánchez que se ha convertido en el verdadero problema de los canarios. Y nosotros, señoría, no lo hicimos presidente, pero comparto con usted, señora Valido, que los servicios públicos están saturados y es el Gobierno de
Canarias el que está haciendo frente en soledad a una crisis humanitaria derivada de una emergencia migratoria que el Gobierno de España ni quiere declarar ni quiere hacerle frente. Porque ¿saben ustedes cuánto dinero ha recibido el Gobierno de
Pedro Sánchez de la Unión Europea para este fin? 562 millones de euros en 2024. ¿Y saben cuánto envió a Canarias? Tan solo
50 millones. Esta es la realidad que pone a cada uno en su sitio. Mientras que en las islas soportamos el 73 % de la llegada de inmigrantes ilegales por mar de toda España, solo recibimos el 8 % de los fondos. ¿Y por qué? Porque así lo
ha decidido Pedro Sánchez. ¿Entienden ahora la sensación de abandono que sentimos todos los canarios?
Con el ministro canario que es responsable del área, el señor Torres, estamos más decepcionados aún, porque conociendo perfectamente la tragedia que vivimos en nuestra tierra está obsesionado solamente con romper el pacto de gobierno entre
el Partido Popular y Coalición y no en buscar soluciones reales y duraderas en el tiempo ante el gravísimo problema al que nos enfrentamos. Lo único claro en este momento con el señor Torres es que está en el corazón de la presunta trama corrupta
(aplausos), no se le resiste un sumario: Tito Berni, caso Mascarillas, caso Koldo... Es que esto de tener ministros socialistas canarios está claro que a nosotros nos perjudica. Carolina Darias, ministra canaria de Sanidad, cero en la mejora de
la asistencia sanitaria a los canarios; eso sí, usó el ministerio como trampolín político para ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, donde, por cierto, ahora es incapaz de asegurar la convivencia en un barrio como La Isleta.
Miren, no hay una política migratoria más mezquina, inhumana e irresponsable como la que están utilizando ustedes, que es usar a los migrantes como moneda de cambio y abandonarlos a su suerte para seguir alimentando el populismo que mantiene
al señor Sánchez en la Moncloa. Su único objetivo es saturar los servicios públicos, generar malestar social, chantajearnos a todos, a los canarios y a los españoles en general. Si no, ¿qué sentido tiene excluir a Cataluña y al País Vasco del
reparto de menores? (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!). ¿Pero qué forma es esta de entender España? ¿Es que vale más un vasco del PNV o de Bildu que un canario? ¡Qué hipocresía la suya, la verdad!
Señorías, esto es un asunto de Estado. En 2024 Canarias vivió el peor año de su historia en llegadas de pateras, récord de toda Europa. Ustedes siguen sin querer solicitar el despliegue de Frontex, que está dispuesto a enviar helicópteros,
barcos y aviones para vigilar y controlar la ruta atlántica, la más mortífera del mundo, con diez mil fallecidos en el mar tan solo en 2024, que sepamos. ¿Cuántos más habrá? Ustedes han convertido el océano en un cementerio. (Aplausos). ¿Cuántas
muertes se podrían haber evitado? ¿Por qué no piden ayuda? ¿Por qué?
En islas como El Hierro, el Gobierno de Canarias ha tenido que instalar seis cámaras frigoríficas porque las morgues no tienen capacidad para albergar a tantos migrantes fallecidos, y el único hospital -pequeñito, de tan solo treinta y una
camas, diseñado para atender a once mil herreños- se ha visto colapsado con la llegada de casi veinticuatro mil inmigrantes en 2024. Pero la situación es aún peor: como El Hierro no da abasto, hay que tirar de los recursos sanitarios de otras
islas, que también están al límite: movilización de ambulancias, traslados urgentes, servicios forenses, gastos que el Gobierno de Canarias está asumiendo en su totalidad y en solitario. ¿Dónde está el Gobierno de España? Lo que queda cristalino
es que ustedes no han mirado a los ojos a los herreños, agotados después de más de dos años de crisis migratoria permanente y sin visos de solución mientras ustedes sigan gobernando.
Por todo lo anterior -sí, señoría-, apoyaremos la necesidad urgente de financiación extraordinaria para Canarias y, de paso, también la ordinaria, que sigue sin llegar. Nos oponemos frontalmente al desguace del Estado, a la desprotección de
nuestras fronteras y al abandono al que nos han sometido a los canarios.
Señora Valido, aquí tiene usted a ciento treinta y siete diputados, entre lo que hay seis canarios que, como yo, vamos a seguir incansablemente defendiendo los intereses de nuestra tierra. Porque si para este Gobierno hay españoles de
primera y de segunda, le garantizo que para el Partido Popular los canarios somos todos de primera, como el resto de los españoles (aplausos), y aquí estamos para protegerlos a todos de Pedro Sánchez.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-El señor Tellado Filgueira: ¡Viva Canarias!-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, DE REFORMA PARCIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. (Número de expediente 125/000008).
La señora PRESIDENTA: Empezamos con las votaciones.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Andalucía, de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; votos a favor, 344.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley del Parlamento de Andalucía. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO SANITARIO. (Número de expediente 122/000141).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; votos a favor, 171; votos en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley del Grupo Popular.
No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las ocho y diecisiete minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.