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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 83, de 26/11/2024
cve: DSCD-15-PL-83
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 83
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 80
celebrada el martes,
26 de noviembre de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silecio ... (Página5)
Exclusión del orden del día:
-Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las medidas que va a tomar para garantizar el acceso a la red y atender los nuevos
suministros necesarios para la industria en sus procesos de reindustrialización y descarbonización. (Número de expediente 172/000082) ... (Página5)
Elección del presidente de la Corporación RTVE:
- Elección del presidente de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000010) ... (Página6)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022:
- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022 ... (Página10)
Elección del presidente de la Corporación RTVE. (Votación) ... (Página10)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022. (Votación) ... (Página10)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario VOX, para la garantía, a nivel estatal, del funcionamiento efectivo de la tarjeta sanitaria individual y de la plena interoperabilidad de las historias clínicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
120-1, de 7 de junio de 2024. (Número de expediente 122/000108) ... (Página11)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la activación inmediata de hasta 15 000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la DANA mediante la modificación de los actuales presupuestos generales del Estado. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 236, de 15 de noviembre de 2024. (Número de expediente 162/000361) ... (Página20)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la tasa en relación con los residuos municipales que deben implantar las entidades locales por los servicios que prestan. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 227, de 31 de octubre de 2024. (Número de expediente 162/000349) ... (Página31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de implementar de manera urgente las ayudas que necesitan los afectados por la DANA. (Número de expediente 173/000065) ... (Página42)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno. (Número de expediente 173/000066) ... (Página51)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos del mediodía.
Minuto de silencio ... (Página5)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por un asesinato por violencia machista.
Exclusión del orden del día ... (Página5)
La Presidencia, de conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las medidas que va a tomar para garantizar el acceso a la red y atender los nuevos suministros necesarios para la industria en sus procesos
de reindustrialización y descarbonización, lo que se aprueba por asentimiento.
Elección del presidente de la Corporación RTVE ... (Página6)
Elección del presidente de la Corporación RTVE ... (Página6)
La Presidencia informa de que la elección se hará por el sistema establecido en el artículo 205, en relación con el 204, del Reglamento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, resultando elegido aquel candidato o aquella candidata que obtenga mayor número de votos, alcanzando, al menos, una mayoría de dos tercios, es decir, 234 votos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sierra Caballero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Mariscal Zabala, del Grupo Parlamentario VOX, y Sarrià Morell, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora
Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022 ... (Página10)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022 ... (Página10)
La Presidencia informa de que en este punto ningún grupo parlamentario ha solicitado la palabra.
Elección del presidente de la Corporación RTVE. (Votación) ... (Página10)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022. (Votación) ... (Página10)
Se procede a la elección del presidente de la Corporación Radiotelevisión Española y a la elección de un diputado o una diputada con acceso a secretos oficiales, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022.
La Presidencia explica que para las votaciones, que serán secretas y por papeleta, sus señorías dispondrán de dos urnas, y detalla el procedimiento a seguir para cada una de las dos votaciones.
Sometida a votación la elección del presidente de la Corporación RTVE, resulta elegido don José Pablo López Sánchez por 176 votos a favor y 1 voto en blanco.
La Presidencia explica que, al no haberse alcanzado la mayoría de dos tercios requerida en primera votación, procede una nueva votación cuarenta y ocho horas después de esta primera, que anuncia no se iniciará antes de las 12:47 horas de la
sesión plenaria del próximo jueves.
Sometida a votación la elección de un diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022, resulta elegido don Enrique Santiago
Romero, por 177 votos a favor, 131 en contra y 3 votos nulos.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página11)
Del Grupo Parlamentario VOX, para la garantía, a nivel estatal, del funcionamiento efectivo de la tarjeta sanitaria individual y de la plena interoperabilidad de las historias clínicas ... (Página11)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor García Gomis, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; Recas Martín, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Sainz
Martín, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Belmonte Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página20)
Del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la activación inmediata de hasta 15 000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la DANA mediante la modificación de los actuales presupuestos generales del Estado ...
Defiende la proposición no de ley el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores González López, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR; Azorín Salar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Serra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la tasa en relación con los residuos municipales que deben implantar las entidades locales por los servicios que prestan ... (Página31)
Defiende la proposición no de ley la señora Clemente Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per
Catalunya, y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Badia Casas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y la señora García Chavarría, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Clemente Muñoz.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página42)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de implementar de manera urgente las ayudas que necesitan los afectados por la DANA ... (Página42)
Defiende la moción la señora Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; el
señor Ibáñez Mezquita, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y la señora Martínez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno ... (Página51)
Defiende la moción la señora Lorente Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Hace uso de la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Rodríguez Gómez de Celis, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, para la garantía, a nivel estatal, del funcionamiento efectivo de la tarjeta sanitaria individual y de la plena interoperabilidad de las
historias clínicas, se rechaza por 32 votos a favor, 174 en contra y 134 abstenciones.
Se suspende la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y todas.
Empezamos el Pleno.
Desgraciadamente, les tengo que pedir otra vez que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio, en este caso, por María Celeste, mujer de cuarenta y seis años, asesinada este sábado en Sevilla. (La Cámara, puesta en pie, guarda un
minuto de silencio).
Muchas gracias.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), A LA VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA RED Y ATENDER LOS NUEVOS
SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA INDUSTRIA EN SUS PROCESOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y DESCARBONIZACIÓN. (Número de expediente 172/000082).
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación
del orden del día, en el sentido de excluir el punto 37, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco PNV.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE:
- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000010).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el punto correspondiente a la elección del presidente de la Corporación Radiotelevisión Española, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radiotelevisión de titularidad
estatal.
La elección del presidente o la presidenta de la Corporación Radiotelevisión Española se hará por el sistema establecido en el artículo 205, en relación con el 204, del Reglamento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, resultando elegido aquel candidato o aquella candidata que obtenga mayor número de votos, alcanzando, al menos, una mayoría de dos tercios, es decir, 234 votos.
Los quince miembros electos del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española son: don Miquel Calçada i Olivella, don Eladio Jareño Ruiz, doña Rosa León Conde, don José Pablo López Sánchez, doña María Teresa Martín
del Caz, doña Esther de la Mata Ahedo, don Rubén Fausto Moreno Palanques, don Mariano Muniesa de Caveda, doña Mercedes de Pablos Candón, doña Marta Ribas Frías, don Ignacio Ruiz-Jarabo y Colomer, don Sergi Sol i Bros, doña María Roncesvalles Solana
Arana, doña Angélica Rubio Cerezales y doña Marina Vila Menor.
Les recuerdo que, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, este punto será sometido a votación por papeletas, junto a la elección de un diputado o una diputada con acceso a secretos oficiales, una vez finalice el debate
correspondiente a estos puntos. Las elecciones de referencia se verificarán en un único llamamiento con dos urnas.
En relación con la elección del presidente o la presidenta de la Corporación Radiotelevisión Española, el turno de fijación de posiciones será desde el escaño y por un tiempo máximo de tres minutos.
En primer lugar, tiene la palabra la diputada doña Pilar Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. (Pausa). Veo que no está en el hemiciclo.
Tiene la palabra, entonces, por el Grupo Parlamentario SUMAR, el diputado Sierra Caballero por un tiempo de tres minutos.
El señor SIERRA CABALLERO: Gracias, presidenta.
Recuerdan el cuento de Monterroso ¿no?: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Tenemos, señorías, con la RTVE un marrón o, si prefieren un Mazón, como ustedes gusten. El consejo informativo y los propios trabajadores del ente
han criticado el decreto y la asignación a dedo y anuncian movilizaciones. Pero este es el momento de salir de un impasse. Efectivamente, se necesita un cambio, un giro de timón.
Cuando termine la actual impostura política y la falsa polarización, cuando convalidemos este procedimiento administrativo, la corporación seguirá estando ahí. No vale ya contar cuentos ni microrrelatos, como el de Monterroso. No es tiempo
de cuentos, es hora de pensar en las cuentas, porque el futuro de Radiotelevisión Española es una cuestión de industria cultural, una cuestión de política cultural, que debe de hacer posible las identidades que conforman nuestro imaginario, nuestro
proyecto colectivo.
Lamentablemente, desde el grupo impopular se ha hecho discursos que casan poco o mal con la actividad parlamentaria. No solo se ha cuestionado el procedimiento después de bloquearlo, sino que, de algún modo, han planteado dudas nada
razonables. Hablan de okupación, de colonizar la radiotelevisión y las instituciones. Mi compañero de bancada Rafa Cofiño siempre me recuerda que es tan duro hundir este país, tan duro destruir España, tan duro destrozar esta construcción de
Estado-nación que realmente nos ven hasta mala cara.
Es para revisarlo, porque ustedes, cuando establecen cualquier discurso que vaya en contra de la situación del statu quo, te colonizo, como dice PlayGround Fire: si no hablan mi idioma, te colonizo; si no eres blanquito, te colonizo; si
no crees en Jesús, te colonizó, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Yo no sé quiénes les preparan el argumentario en el grupo impopular, pero ya les digo que, desde luego, no han estudiado la RAE, no saben lo que significa colonizar, salvo que
ustedes piensen que todo aquello que
aquí se apruebe, debata y se concluya en Cámara, que es lo que es la soberanía popular, se establezca como un principio y un acuerdo de gente ajena al Estado. Es decir, ustedes piensan que toda organización política, toda representación
política y toda construcción política que no sean las que ustedes definan como derecha extrema o ultramontana son ajenas a la norma y a la ley. Yo les señalaría que hicieran una lectura bastante diferente de la que han desarrollado hasta ahora, que
cambien el argumentario, por respeto a la RAE, primero; por respeto a esta Cámara, segundo; y, tercero y fundamental, porque ustedes sí que colonizan, son de mentalidad colonizadora en la televisión gallega, en Canal Sur, en Telemadrid, en la
televisión valenciana... No tienen decoro, principios ni normas. No lo han cumplido.
Y en este rumbo estamos por construir exactamente lo contrario, un pacto de Estado sobre los medios públicos de acuerdo con lo que constituye la filosofía del reglamento europeo de medios a este respecto, por el servicio público audiovisual,
por el pluralismo, por el cine propio, por la industria audiovisual, por el derecho a la comunicación, por las inmensas minorías, por las lenguas del Estado, por la solidaridad y los derechos humanos, por la igualdad y la justicia social. Es decir,
es un pacto de Estado por los medios públicos.
Ojalá que cambien el lenguaje y el argumentario...
La señora PRESIDENTA: Señor Sierra, tiene que terminar.
El señor SIERRA CABALLERO: ... porque ustedes son del mundo al revés. Ni han entendido el concurso público, ni han entendido lo que significa el decreto en cuanto a romper un impasse que se había generado en radiotelevisión, ni entienden
lo que es la participación de los trabajadores en los medios públicos, ni conciben lo que es el convenio marco como política de Estado en esta Cámara de representantes, ni tienen un proyecto estratégico para los medios públicos, ni han desarrollado
una voluntad política de un pacto de Estado respecto a Radiotelevisión Española. Y qué le voy a decir sobre el modelo de gestión.
En resumen, señorías del grupo impopular...
La señora PRESIDENTA: Señor Sierra, tiene que terminar, por favor.
El señor SIERRA CABALLERO: ... no vamos a dejar de reivindicar lo que es obvio, la necesidad de medios públicos, de servicios públicos, para que no ocurra lo que habitualmente sucede cuando ustedes están al mando del Gobierno: censura,
manipulación, vulneración y, por cierto, ataques a periodistas que no son de su cuerda, a los que habitualmente ustedes están acostumbrados. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sierra.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Mariscal Zabala por un tiempo de tres minutos.
Cuando quiera. (Aplausos).
El señor MARISCAL ZABALA: Gracias, presidenta.
VOX no va a participar en la votación para elegir al nuevo presidente de Radiotelevisión Española. No lo vamos a hacer porque nos encontramos frente al Gobierno de la mentira: todo lo que nos dice es falso, incluidos sus propósitos para
Radiotelevisión Española. Nos dice que, con el nuevo Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, la cadena pública será la televisión más plural de la historia, la más independiente y la de mayor calidad informativa, incluso nos llega a
decir que Radiotelevisión Española se va a convertir en la nueva BBC. Es falso. Lo único que el Gobierno quiere de Radiotelevisión Española es utilizarla para protegerse políticamente y beneficiarse económicamente. (Aplausos). No hay mayor
evidencia de esto que estoy diciendo que el nombramiento de José Pablo López como nuevo presidente de Radiotelevisión Española.
Este Gobierno está utilizando la cadena pública para protegerse de la verdad. Sabe que cada vez más españoles conocen la realidad mediante las redes sociales y mediante los medios de comunicación que no están controlados por el poder
político. Estos días lo hemos visto en Valencia: los españoles hemos podido conocer con mayor exactitud la magnitud de la tragedia de la riada por lo que nos contaban los vecinos de los municipios afectados a través de las redes sociales. El
análisis que hacían estos valencianos se acercaba mucho más a la realidad que el análisis que hacían los periodistas en Televisión Española.
Gracias a las redes sociales, los españoles están viendo que el fanatismo climático de este Gobierno mata, que el fanatismo feminista de este Gobierno es simplemente postureo y no evita que las mujeres
cada vez vivan más inseguras, que las políticas de fronteras abiertas de este Gobierno estén acabando con la seguridad en nuestras calles. (Aplausos). Gracias a las redes sociales, los españoles están viendo que el dinero de sus impuestos
no acaba en los hospitales, que cada vez están más saturados, sino que termina en sobres que después se reparten ustedes. [Y, gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa
oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional] 1. (Aplausos.-Rumores.-La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡Vamos,
hombre!). Quieren ustedes Radiotelevisión Española para, en un intento a la desesperada, ocultar estas verdades.
Pero hay otra razón por la que el Gobierno quiere controlar Radiotelevisión Española. El propio José Pablo López lo desveló hace unos días durante la Comisión de Nombramientos: reconoció que quiere aumentar la producción externa, es decir,
quiere contratar más productoras privadas, algo que ya ha supuesto a los españoles más de 750 millones de euros en los últimos cuatro años. ¿Por qué quieren contratar tantas productoras privadas? Este Gobierno no solo se conforma con
Radiotelevisión Española, sabe que va a necesitar mucho más para protegerse, por eso también quiere que su aparato de propaganda privado, el Grupo Prisa, tenga, además de emisoras de radio y del periódico El País, una televisión privada. Por eso
están dopando económicamente a las productoras cercanas al PSOE que hace unos años hicieron La Sexta, como la productora de José Miguel Contreras o la productora de Jaume Roures. Están destinando el dinero de Radiotelevisión Española a enriquecer
esas productoras con el objetivo de que monten en un futuro una televisión privada para proteger a este Gobierno. Esto es, sencillamente, malversación del dinero público.
En VOX nos sentimos orgullosos de no formar parte del nuevo Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, consejo que costará a los españoles más de 3 millones de euros al año. Pero lo peor de todo es que estará al servicio del
peor Gobierno de la historia, formado por mentirosos, traidores y corruptos. VOX no va a participar en esta votación. Distancia infinita con este Gobierno. Para acercarse a él ya está el Partido Popular. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mariscal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sarrià Morell por un tiempo de tres minutos.
El señor SARRIÀ MORELL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme dejarlo claro desde el principio. El actual consejo de administración es el más plural de la historia. Con él ponemos fin a una etapa de inestabilidad y bloqueo que comprometía el normal funcionamiento de la cadena
pública, bloqueo producido por el Partido Popular. Los socialistas siempre hemos considerado esencial para la democracia este servicio público y hemos apostado en todo momento por garantizar su pluralidad y también su viabilidad.
Para nosotros Radiotelevisión Española no debe ni puede ser subsidiaria de las cadenas privadas, como a algunos les gustaría y que vienen aquí a defender más a las cadenas privadas que a un servicio público. En un momento en el que arrecia
cada día más la desinformación, los discursos del odio, el terraplanismo o poner en cuestión valores constitucionales, como la igualdad, es más necesaria que nunca una cadena pública comprometida con la información confiable y con los valores
democráticos. Radiotelevisión Española además es, y debe serlo aún más, determinante para el sector audiovisual español, para la transformación digital, para la cohesión territorial. No es la 'España es una', de VOX, sino la España plural y
plurilingüe.
Hoy votaremos como presidente de Radiotelevisión Española al consejero José Pablo López Sánchez, que tiene en su haber un incontestable recorrido profesional en el sector. Acumula una valiosísima experiencia en uno de los retos que
precisamente tiene Radiotelevisión Española: ganar relevancia y ganar audiencia. No en vano, como director de contenidos de Radiotelevisión Española, impulsó programas como La revuelta, sí señor, que, mal que les pese, ha sido no solo un éxito de
audiencia, sino que ha atraído nuevos públicos a la cadena pública, entre ellos a la gente joven. En su comparecencia en la Comisión de Nombramientos desgranó un detallado programa de compromisos con la pluralidad
1 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. Ver Diario de Sesiones núm. 85, del jueves 28 de noviembre de 2024, última intervención de la señora presidenta del Congreso de los
Diputados en el punto del orden del día correspondiente a los Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
informativa y confiable, con la viabilidad de Radiotelevisión Española, con la eficiencia, con los profesionales de la casa, con la diversidad territorial de España o con el papel de Radiotelevisión Española en la promoción del talento y los
creadores. Son compromisos que evidencian una adecuada visión de lo que hay que hacer, visión, además, avalada por su trayectoria profesional en los medios, entre ellos, por cierto, Telemadrid, para el que fue elegido director general por consenso
parlamentario y donde, además de aumentar audiencias y el prestigio de la cadena autonómica, defendió su independencia. Por supuesto era algo que ni la señora Ayuso ni su triturador de medios podían consentir, y en cuanto el Partido Popular tuvo
mayoría absoluta cambiaron la ley y nombraron a José Antonio Sánchez, que ese sí es de los nuestros, es decir, de los suyos, como ya habían hecho en 2012 para poder elegir en solitario el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española -¡che,
mira qué casualidad!- o como en la Comunidad Valenciana, donde también han cambiado la ley, solo que allí el hasta la semana pasada director general ha dimitido por dignidad, después de comprobar que para el president Mazón era más urgente cambiarlo
a él en una comida que atender la emergencia de la DANA. (Aplausos).
Ahora, seguramente nos vendrán, con toda seguridad, con el asalto a la cadena pública o con que Broncano es un peligroso sanchista. Miren, dejen de hacerse el lobito bueno al que maltratamos todos los corderos y defiendan, por una vez, la
cadena pública.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sarrià.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Montesinos de Miguel tiene la palabra.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, presidenta.
Al señor portavoz de SUMAR he de decirle que a este grupo, al que usted ha denominado y ha calificado de una forma que no voy a reproducir, le votan más de ocho millones de españoles (aplausos) y a ustedes, al que se denomina Grupo SUMAR
-cada día es más dividir que sumar-, cada vez le votan menos; si no, haga usted una retrospectiva de todas las elecciones que hemos tenido en las autonomías y verá al resultado que han llegado. Mire, no le voy a responder a la sarta de falsedades
que usted ha vertido esta mañana porque no merece la pena: cada día son menos. (Una señora diputada: ¡Exacto!-Aplausos).
Lamentablemente, asistimos al último acto de las maniobras más obscenas y despreciables desde el punto de vista democrático, sí, desde ese punto de vista democrático al que usted antes aducía. Ustedes no tienen ese sentir democrático. Ya
tenían la Fiscalía General del Estado, el CIS, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, la Agencia EFE, etcétera, y solo les faltaba terminar de culminar el asalto a Radiotelevisión Española. Miren, no hablen de valores democráticos ustedes,
de verdad, ustedes, porque su bajeza moral les llevó a perpetrar -sí, sí- este asalto mientras la tragedia asolaba a mi comunidad, la Comunidad Valenciana, y a CastillaLa Mancha. (Aplausos).
Este último acto, el de hoy, supone la elección de un presidente plenipotenciario que tendrá un poder absoluto, solo equiparable a la figura del administrador único, ya que reduce las competencias del consejo de administración. Es una
administración a la que el Gobierno permitirá que contrate a las productoras amigas, decida qué información se emite, qué directivos pilotan, el medio y cuál es su organización, y no tendrá el contraste de ese consejo de administración tan necesario
para que no sea manipulado, y de forma absolutamente sectaria, por Moncloa.
Miren, señorías, el objetivo político de Sánchez es aguantar atrincherado en Moncloa y tener los recursos del Estado a su servicio para intentar tapar su corrupción. La avalancha de corrupción es imparable, les ahoga, la que le afecta a él
y a su Gobierno y la que estamos conociendo del comisionista Aldama en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional -esa tratará de taparla Radiotelevisión Española-: Begoña Gómez, su mujer; su hermano imputado; el jefe Ábalos; Koldo;
Air Europa; el IVA de los hidrocarburos; el imputado fiscal general del Estado, y ya veremos qué sucede el viernes con las declaraciones de Lobato; los ministros que no saben, no contestan; Torres; Armengol; Marlaska; Ribera. Son tantos y
tantos casos que no tengo tiempo para enumerarlos todos. Es tal la cantidad de podredumbre punible que le rodea que para el 'número uno' es urgente controlar Radiotelevisión Española. Y de esas prisas, esta cacicada. Desde que Sánchez es
presidente, de una forma u otra se ha ido apropiando de Radiotelevisión Española. Ahora, gracias a esa mayoría que conforman ustedes, a esa mayoría Frankenstein, radiotelevisión firma su acta de defunción: ni independencia ni pluralismo ni rigor.
Lamentablemente, eso es lo que ustedes han conseguido y conseguirán esta mañana.
En nuestra memoria colectiva e individual Radiotelevisión ha estado siempre presente con hitos históricos, ofreciendo una información veraz e independiente. Tras casi cincuenta años de democracia, hoy asistimos a un nuevo hito histórico,
pero no por el que presumía el ministro López, todo lo contrario: radiotelevisión estará al servicio de Sánchez, un líder sectario, un partido corrupto y un Gobierno en liquidación. (Aplausos). Este hito, esta tropelía, les pasará factura. No
podrán vencer la voluntad decidida del pueblo español para pasar página de esta pesadilla que representan todos ustedes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-El señor Tellado Filgueira: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022:
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022.
La señora PRESIDENTA: En el siguiente punto ningún grupo parlamentario ha pedido la palabra.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (VOTACIÓN):
- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000010).
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022. (VOTACIÓN):
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 26 DE ABRIL DE 2022.
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la elección de presidente o presidenta de la Corporación Radiotelevisión Española y a la elección de un diputado o una diputada con acceso a secretos oficiales, de conformidad con el punto tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022.
Para las votaciones, que serán secretas y por papeleta, sus señorías dispondrán de dos urnas: una primera para la elección del presidente de la Corporación Radiotelevisión Española y una segunda para la elección de un diputado o diputada
con acceso a secretos oficiales.
En relación con la elección del presidente de la Corporación Radiotelevisión Española, la votación se hará por papeletas. Cada diputado o diputada podrá escribir en la papeleta un nombre de entre los quince consejeros y consejeras electos.
En consecuencia, solo serán válidos los votos emitidos a favor de quien sea consejero. Cuando en la papeleta aparezca más de un nombre, la papeleta será declarada nula. Los votos en blanco son válidos. Se considerará voto en blanco aquella
papeleta en la que no figure nombre alguno. En esta votación se han emitido seis votos telemáticos, que introduciremos en primer lugar en la urna.
En relación con la elección del diputado o la diputada con acceso a secretos oficiales, cada diputado o diputada podrá escribir un nombre en su papeleta. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o este no se
corresponda con un miembro del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. En esta votación también se han emitido seis votos telemáticos, que introduciremos en la urna en primer lugar.
Ruego al señor secretario proceda al llamamiento de las señoras y los señores diputados. (Pausa).
Por las señoras y los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en las urnas.
Terminada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: ¿Algún diputado o diputada que quisiera votar no ha sido llamado? (Pausa).
Son las 12:47 a efectos oportunos para establecer la siguiente votación, si es necesario.
Vamos a empezar con el escrutinio de la votación de secretos oficiales. (Pausa.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Procedemos ahora al escrutinio de la votación del presidente de la Corporación RTVE. (Pausa).
Efectuado el escrutinio, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, el resultado de la votación para la elección del presidente de la Corporación RTVE ha sido el siguiente: votos emitidos, 177; votos a favor de don José Pablo López Sánchez,
176; votos en blanco, 1.
Al no haberse alcanzado la mayoría de dos tercios requerida en primera votación, procede una nueva votación cuarenta y ocho horas después de esta primera que hemos tenido; votación que les anuncio que, con independencia del desarrollo de la
sesión plenaria del próximo jueves, no se iniciará en ningún caso antes de las 12:47 horas de ese día.
Por otro lado, el resultado de la votación de la elección del señor diputado con acceso a secretos oficiales ha sido el siguiente: votos emitidos, 311; votos a favor de don Enrique Santiago, 177; votos en blanco, 131; votos nulos, 3.
Por tanto, queda elegido don Enrique Santiago. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, PARA LA GARANTÍA, A NIVEL ESTATAL, DEL FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DE LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL Y DE LA PLENA INTEROPERABILIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. (Número de expediente 122/000108).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, para la garantía, a nivel estatal, del funcionamiento
efectivo de la tarjeta sanitaria individual y de la plena interoperabilidad de la historia clínica.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, presidente.
Antes de comenzar, dos cuestiones previas. La primera, honrar la memoria de Joseph Edward Murray, médico estadounidense Premio Nobel de Medicina y pionero en trasplante de órganos, que falleció el día 26 de noviembre de 2012. El doctor
Murray fue pionero en campos como el trasplante de órganos, donde España es líder mundial, algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. La segunda, quiero dar todo mi apoyo a mi compañera María Elisa García Fuster, diputada por Barcelona en el
Parlamento de Cataluña, médico especialista en Anestesiología y Reanimación, que está siendo víctima del señalamiento y del apartheid separatista por no usar el catalán, algo de lo que no podemos estar nada orgullosos.
Señorías, ¿por qué estamos aquí? Porque España necesita respuestas y soluciones a los problemas diarios de los españoles. Hoy, nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes, y no por falta de recursos ni talento, sino por una
gestión profundamente ineficiente, que antepone los intereses ideológicos y egoístas y un sistema autonómico al bien común y a las necesidades de los ciudadanos. El Sistema Nacional de Salud debería ser un ejemplo de equidad y de acceso universal,
pero lamentablemente ha sido desgarrado por políticas que crean barreras entre comunidades y fragmentan lo que debería ser un sistema único. Señorías, si ustedes sacan su DNI, verán que todos son iguales: su foto, su número de DNI -cada uno el
suyo, por supuesto- con el mismo número de dígitos, y aparece el nombre, dónde hemos nacido y nuestros padres; toda la información igual, y es aceptado en todo el reino de España y en la Unión Europea y es el único DNI válido. Ahora, si ustedes
sacan sus tarjetas sanitarias, cada uno tiene la de su comunidad, todas diferentes, incluso con diferente cantidad de dígitos. Y a la hora de poder entrar
al sistema sanitario con los datos de un paciente desplazado a otra región, muchas veces no se puede hacer. ¡Si somos españoles, si tenemos el mismo DNI, si tenemos el derecho a la libre circulación por nuestro país, ¿por qué se empecinan
ustedes en que tengamos tarjetas sanitarias diferentes?! (Aplausos). ¡¿Por qué no tenemos los mismos derechos y la misma equidad?! ¿Por qué levantan muros entre españoles? ¿Por qué esa obsesión en dividir y dividir? Yo se lo digo: porque les
interesa; quieren su trozo de pastel, su pequeña taifa donde hacer y deshacer a su antojo, ¡y les da igual si es un sistema fallido o egoísta, si es un sistema que hace que nos sintamos extranjeros en nuestra propia tierra, que nos sintamos
desplazados o que nos sintamos ciudadanos de segunda! (Rumores).
Yo sé que la sanidad les importa bien poco, pero podían tener un poco de educación, por favor.
A ustedes les interesa obtener el control y el máximo número de competencias para poder colocar a los suyos en detrimento de la salud y el bienestar de los españoles. (Aplausos). Las regiones ricas, cada vez más ricas; las pobres, cada
vez más pobres. Están vendiendo el estado de bienestar por votos.
Por eso, VOX quiere poner freno y solución a esta deriva. VOX quiere acabar con esa desigualdad y cambiar la ley, para que todos los españoles, al igual que tenemos un DNI común, tengamos una tarjeta sanitaria común, algo que debería ser de
sentido común, valga la redundancia. La unificación de la tarjeta sanitaria única no solo es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de justicia, de equidad, algo que siempre hemos defendido en VOX, y en lo que creemos firmemente: en que todos
los españoles, sin importar su lugar de nacimiento, su residencia o su situación económica, deben tener el mismo acceso a la sanidad, una sanidad de calidad, una sanidad que garantice lo mejor para los españoles. VOX quiere anteponer la sanidad y
los derechos de los españoles a sus caprichos ideológicos y separatistas, a sus egoísmos.
Queremos derribar los muros creados artificialmente por ustedes, y que los españoles puedan ser tratados sin problemas en toda España. (Aplausos).
Señorías, tenemos un problema real de incompatibilidad de las tarjetas sanitarias. El 30 % de las recetas electrónicas no son válidas fuera de la comunidad que las emite, según datos del propio Gobierno, por lo que los pacientes crónicos
deben enfrentarse a una burocracia inútil para recibir tratamiento en otras regiones. No solo es ineficaz, pone en grave peligro la salud de los pacientes crónicos, y todo por sus caprichos ideológicos. Y no es que lo diga VOX, es que lo dice la
ley, porque aún no se ha dado cumplimiento a la creación de la tarjeta sanitaria individual -algo bochornoso e inaceptable-, un título que debería permitir el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos de la legislación
vigente, que debería ser válida en todo el Sistema Nacional de Salud y que esté dotada de un medio de identificación único para dicho sistema y una base de datos común. No hablamos de devolver las competencias de nuevo al Estado, como ustedes
siempre esgrimen, hablamos de que el Estado se haga cargo de su responsabilidad, de que se cumpla la ley y de que las tarjetas sanitarias sean válidas en toda España, que dejemos de sentirnos extranjeros en nuestro propio país. (Aplausos).
Pero es que ocurre lo mismo con los historiales clínicos, porque, a pesar de las promesas expresadas por este Gobierno y los anteriores, sigue sucediendo que un médico de Castilla y León no pueda acceder a la historia clínica de un paciente
de Andalucía. ¡Es que esto perjudica el diagnóstico y el tratamiento del paciente!, y es una violación y una vulneración de los derechos de los pacientes, de su salud y de los principios de igualdad. ¡Es que es totalmente incomprensible que esto
esté pasando todavía! ¡Y es peor todavía: en algunas comunidades autónomas ni siquiera vale en algunos hospitales!
Señorías, ¿no se dan cuenta de que estamos en pleno siglo XXI y aún estamos en estas? ¿Que la sanidad, como he dicho antes, debe unirnos y no dividirnos? Lo que hoy pedimos es algo imperativo que favorecerá la labor de los profesionales
sanitarios y a todos los pacientes. ¡Que esto va del beneficio de la sociedad española! Implementar una tarjeta sanitaria única y un sistema integrado de historias clínicas que funcione para todos los españoles es algo necesario para mejorar la
atención y la seguridad asistencial, tanto de los pacientes como del personal sanitario. Pero ustedes -aparte de estar hablando todo el rato- están a otras cosas.
La descentralización del sistema sanitario ha creado un modelo que no solo es ineficaz, sino que discrimina a los ciudadanos según la región en la que vivan. Las barreras creadas por las comunidades autónomas impiden que los españoles
reciban la atención que merecen. Pero a ustedes -como ya he dicho- les da igual, están empeñados en mantener esas barreras entre españoles, y en levantar muchas más si hace falta, por ejemplo con el idioma, como en Cataluña, donde mil médicos han
abandonado sus puestos debido a la exigencia del catalán como requisito para ejercer, dejando la situación caótica que tienen. Tenemos unos políticos más preocupados por la imposición lingüística -que está creando un obstáculo grave en la calidad
de la atención sanitaria que no puede continuar (aplausos)- que por solucionar el atasco que sufrimos en
atención primaria, en las listas de espera o en las listas con el especialista. Ustedes están en estas. Y además es un problema común en el resto de comunidades. Y, mientras, los españoles tienen que esperar días para ser atendidos en
atención primaria; mientras, esperan semanas, incluso meses, para que les vea un especialista, y algunos esperan incluso años para una cirugía.
Y ahora nos dicen que además quieren colapsar el sistema aún más regularizando a 900 000 ilegales, que no han contribuido al estado de bienestar. Mientras no hay camas en las residencias para los mayores, mientras el modelo sanitario está
tensionado por su transición hacia un modelo crónico, mientras tenemos graves problemas, ustedes continúan empeñados en que España sea el hospital de toda África y de todo aquel que cruce nuestras fronteras de manera ilegal. (Aplausos). Señorías,
la sanidad tiene límites y ustedes están llevándonos a un punto de difícil retorno. Funcas cifró en 2023 que en España vivían cerca de 700 000 ilegales y que estaban accediendo al sistema sanitario, generando un gasto de más de 2000 millones de
euros.
Señorías, mientras en Valencia seguimos bajo el barro y el fango, con auténticos cementerios de coches en las calles y miles de familias que no pueden hacer vida normal y que lo han perdido todo, el presidente Sánchez sigue regalando
millones a países que la inmensa mayoría de ustedes no saben ni señalar en un mapa; ¡dinero que sale de los impuestos de todos los españoles y que va para todo menos para los españoles! (Aplausos). No va para educación o sanidad, va para que el
presidente Sánchez lave su imagen a nivel internacional y asegure su salida de emergencia. Y mientras, este Gobierno está a lo suyo: 1000 millones más para mantener a los menores no acompañados, el Consejo de Ministros hace dos semanas aprobó 1000
millones más para solucionar el problema de la vivienda a los ilegales que están entrando por Canarias -y que ustedes traen en vuelos nocturnos a escondidas de los españoles-, millones y millones que son destinados a todo menos a los españoles. Con
esos 1000 millones, por ejemplo, se podría mejorar la sanidad; con esos 1000 millones se podrían construir perfectamente 10 000 viviendas de protección oficial. (Aplausos). Son millones que hacen falta para sacar del fango a decenas de pueblos
valencianos arrasados por la DANA. (Continúan los aplausos). Señorías, ¿qué mensaje le estamos mandando a la ciudadanía? Yo se lo digo: que sus impuestos no garantizan ni su salud ni su bienestar ni que el Estado estará a su lado cuando más
falta haga. Y Valencia ha sido un claro ejemplo.
Pero volviendo a la cuestión, lo que VOX propone hoy son medidas concretas y realistas a problemas reales. Uno, tarjeta sanitaria única y válida en todo el territorio nacional, que elimine las barreras burocráticas y garantice el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud. Dos, interoperabilidad de historias clínicas mediante la reforma de la Ley 41/2002 para garantizar que sean accesibles y comprensibles para cualquier profesional sanitario autorizado. Y tres, gestión y
eficiencia, algo que ustedes no saben qué es.
España se enfrenta a una encrucijada histórica, podemos seguir por el camino de la fragmentación, de la ineficiencia, de la desigualdad o podemos recuperar lo que es nuestro: un sistema sanitario que sirva de verdad a los intereses de los
españoles y no a ustedes. (Señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos). Nuestro sistema sanitario no puede seguir siendo un juguete de la incompetencia ni un refugio de políticas absurdas. Debemos luchar por una sanidad que
trate a los españoles con dignidad, que priorice el bienestar de quienes han contribuido a este país y que sea un ejemplo de eficiencia y equidad. Defender la sanidad española no es solo una cuestión política, es una cuestión de justicia.
Hagámoslo por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros mayores. Hagámoslo por las generaciones futuras, por el orgullo de sentirnos españoles y por nuestra sanidad. Señorías, pueden ignorar la realidad, pero no pueden ignorar las
consecuencias de ignorar la realidad.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker. Egun on guztioi.
Voy a intentar no entrar a contestar al portavoz del Grupo VOX por las barbaridades que ha dicho desde esta tribuna.
Como la gran mayoría de las propuestas de este grupo, esta también tiene una finalidad predeterminada ideológica: la creación de un relato que defiende la visión de un Estado -a mi juicio acomplejado- en el que se pone en tela de juicio el
marco competencial, sobre todo intentando generar preocupación a la
ciudadanía, culpabilizándolo de todos los males con medias verdades o mentiras sobre temas relativos a la seguridad, al trabajo, a la vivienda, y hoy le ha tocado a la salud. Deseo frustrado y contrario al ordenamiento jurídico que,
incluso, se explicita en la propia exposición de motivos, que no es otro que el de la devolución al Estado de las competencias sanitarias. Y, para ello, intenta, en esta ocasión, generar preocupación entre la ciudadanía en torno al historial
clínico, y lo hace haciendo hincapié en un doble sentido. Se intenta generar el temor de que la legislación actual no es suficiente para garantizar el mantra de la mal entendida igualdad de todos los españoles, porque no se garantiza
suficientemente la interoperabilidad de los datos médicos. ¿Y para ello qué proponen desde este grupo? Pues incorporar un par de palabras a la redacción del artículo 57 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y
eliminar cualquier referencia a las comunidades autónomas. Palabras que no suponen ninguna modificación relevante en el artículo que justifiquen el cambio propuesto y, si fuera así, en estos momentos se encuentra en tramitación el proyecto de ley
de cohesión, en el que podrían realizar tales observaciones.
Respecto a este punto, hay que decir que no es cierto que en la actualidad no exista interoperabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud, aunque puede que no sea perfecta. Los ciudadanos pueden desplazarse de una comunidad a otra y
solicitar asistencia sanitaria u obtener la dispensación de un medicamento o producto sanitario en otra comunidad. Existe un sistema de interoperabilidad de la información a través de la base de datos común de la tarjeta sanitaria individual que
posibilita el acceso de los profesionales sanitarios a la historia clínica digital del paciente desde cualquier punto del sistema, que posibilita el acceso de los y las ciudadanas a su historia clínica digital desde cualquier ubicación por medio del
DNI electrónico o el certificado digital y que permite la dispensación de la medicación prescrita en otra comunidad en cualquier oficina de farmacia por medios electrónicos. Como he dicho antes, la modificación del artículo 57 que propone no
expresa nada novedoso, no hay nada distinto a lo que hoy señala la ley. Y si hubieran existido los problemas técnicos para que se diera esta interoperabilidad, desde luego, no se iban a solucionar desde el adanismo de la proposición del Grupo VOX.
Pero lo verdaderamente relevante de esta proposición de ley no es el punto anterior, que simplemente es la excusa para el relato de la recentralización, lo relevante es el desprecio con el que se propone la segunda modificación, exigiendo
que las historias clínicas se redacten en español. No lo plantean como un derecho del paciente, sino como un derecho del profesional sanitario para garantizar la igualdad de todos y de todas las profesionales sanitarias. Se olvida la propuesta
intencionadamente de que el titular de los derechos -también de los derechos lingüísticos- es el paciente. Para VOX -y tal vez para algún grupo más de esta Cámara- el gran problema sea este, sin embargo, para nosotras es justo el contrario. Es
decir, el gran objetivo que hay que solucionar es que la atención médica y la documentación figure exclusivamente en castellano, sobre todo en el caso de los pacientes vascohablantes. Porque garantizar el uso de las diferentes lenguas oficiales
mejoraría la atención y el tratamiento, incluso la redacción del historial médico, ya que la cercanía y la empatía que generan son claves cuando al paciente se le habla en su idioma materno, sobre todo en el caso de los niños, de las niñas y de las
personas mayores. Así lo constatamos nosotros, y así lo hace el informe presentado por el Comité de Expertos del Consejo de Europa de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que exige más esfuerzo para asegurar la presencia de la
lengua minoritaria en el servicio público de salud, sobre todo por la dificultad de reclutar médicos y otro personal sanitario con conocimiento de los idiomas oficiales.
Muchos pacientes son euskaldunes vascoparlantes, por ello, el desarrollo de la historia clínica en euskera es imprescindible para garantizar a estas personas su derecho a recibir la información escrita en su idioma o que la documentación
sobre su asistencia sanitaria sea en euskera.
Historia klinikoa euskaraz idatzita egotea funtsezkoa da hizkuntza normalizaziorako eta hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eskubide bat pazienteena eta gure betebeharrak da hori bermatzea, Administrazio Publikoen betebeharra. Gure taldeak
defendatu eta defendituko duena. Eta kezkatzen duena profesional euskalduna ez izatea eta historia klinikoa ez ulertzea bada, ez kezkatu, itzultzaile neuronal nahikoak daude, adimen artifiziala euskaratik gaztelaniara, katalanetik, galegotik,
gaztelaniara itzultzeko programak. Baita ingelesetik portugesetik ere, eta abar ere, Europako herritarren txartel medikoen kasuan. Kasu honetan, arazorik ez dagoen arren, hori ez da arazoa. Arazoa beste hizkuntzak direlako, euskara, esaterako,
horiek direlako beste herri batzuk direnaren froga ukaezina Euskal Herria eta Euskadi kasu. Argi dago soberan dagoela esatea ekimen honen aurka bozkatuko dugula.
Mila esker.
Que la historia clínica esté redactada en euskera es clave para la normalización lingüística y para garantizar los derechos lingüísticos. Es un derecho, el de los pacientes, y es nuestra obligación garantizarlo, obligación de las
administraciones públicas que nuestro grupo ha defendido, defiende y defenderá.
Y si lo que preocupa es que el profesional no sea vascohablante y no entienda el historial clínico, no se preocupen, hay traductores neuronales suficientes, inteligencia artificial del castellano al euskera, del catalán o el gallego al
castellano; incluso desde inglés o portugués, etcétera, en caso de las tarjetas médicas de ciudadanos europeos. Aunque en este caso no habría problema, ¿no? Porque el problema son las otras lenguas, por ejemplo, el euskera, porque son la prueba
irrefutable de que existen otros pueblos como el pueblo vasco o Euskadi. Evidentemente, sobra decir que votaremos en contra de esta iniciativa.
Que la historia clínica esté redactada en euskera es clave para la normalización lingüística y para garantizar los derechos lingüísticos de los vascos y de las vascas. Es un derecho, el de los pacientes, y es nuestra obligación
garantizarlo, obligación de las administraciones públicas que nuestro grupo ha defendido, defiende y defenderá allí donde tengamos voz y poder de decisión.
Y si lo que le preocupa es que el profesional no sea bilingüe y no entienda el historial clínico, no se preocupe, haga como he hecho yo en esta última parte de mi intervención: ya hay traductores neuronales suficientes, inteligencia
artificial y programas para traducirlo de un lenguaje al otro, seguramente de todos los lenguajes del mundo al español. No hay ningún problema.
Pero creo que este no es el gran problema. El problema no son las lenguas como el inglés, el francés o el portugués; el problema son las lenguas como el euskera, el gallego y el catalán, porque estas son prueba irrefutable de que existen
otros pueblos como el pueblo vasco.
Mila esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, bon dia.
Bé, ens trobem davant d'una proposició de llei de VOX que, sota l'excusa de garantir la interoperabilitat de les targetes sanitàries i les històries clíniques, el que fa de nou és el seu clam típic de l'Espanya una, grande y libre. De fet,
en aquesta ocasió ha trobat el fil per fer-ho en les targetes sanitàries, com d'altres vegades ho ha fet amb les competències en educació per proposar, dit literalment dins el seu text, 'recentralitzar el sistema de salut de l'Estat'. Aquesta
iniciativa no només suposa un retrocés en l'autonomia sanitària, sinó que, per variar, es mira el melic per seguir amb la seva cançoneta i desaprofita aquest espai parlamentari on es podria parlar, per exemple, de les potencialitats de la tecnologia
i els avenços que ens pot proporcionar en matèria de salut.
I els he de dir una cosa: Cada cop que vostès surtin aquí a cantar la seva cançoneta, sortirem nosaltres a cantar la nostra i ho farem per un tema de compensar. Catalunya ha estat sempre pionera en la gestió de la seva sanitat. Disposem
d'un sistema modern, eficient, adaptat a les necessitats dels nostres veïns i veïnes amb una targeta sanitària integrada, que permet accedir a serveis de qualitat i a una xarxa interconnectada dins de tot el territori català. Aquest model ha estat
construït sobre la base del coneixement de la realitat local, un factor clau que cap centralització podrà substituir.
El que necessita el sistema, a Catalunya i a tot arreu, és un bon finançament que garanteixi que es pot desenvolupar amb garanties i no deixi ningú enrere. I sobretot, polítics que el defensin i vetllin perquè sigui així. VOX insisteix a
parlar de recentralització com si fos la solució a tots els mals de tots els dimonis. Però tornar a un sistema centralitzat seria fer un munt de passes enrere i tornar a un model rígid i menys adaptable. Segurament un model rígid i menys adaptable
del passat que vostès enyoren profundament.
En lloc de mirar cap al passat, el que hem de fer és conjurar-nos a mirar el futur. La Comissió Europea ja treballa en l'Espai europeu de Dades sanitàries, una iniciativa que promou l'intercanvi de dades mèdiques amb tot el continent. Això
sí que podria garantir una autèntica interoperabilitat no només entre comunitats, sinó també entre països. És un model que respecta les competències i utilitza estàndards tècnics comuns sense imposar una uniformitat. Entenc que, si volen garantir
els drets de tothom a ser atès a tot arreu, aquest model els deu semblar bé. I que jo sàpiga, en cap moment parla de centralitzar res.
Una altra cosa que ens preocupa d'aquesta proposta, també molt seva i que intenten colar sempre per qualsevol via, és l'intent de limitar l'ús de les llengües que no són el castellà en les històries clíniques, en aquest cas. Això no només
vulnera els drets lingüístics dels pacients i professionals, sinó que seria tan
fàcil de solucionar, com deia la companya, -aquest problema tan greu que a vostès els fa tanta urticària, que és que la gent parli idiomes que no són el seu espanyol- amb eines d'intel·ligència artificial, com per exemple, per exemple, per
traduir les històries clíniques a qualsevol idioma.
De fet, això és el que proposa l'Espai europeu de Dades sanitàries per tal que tothom pugui veure les històries clíniques en l'idioma que vulguin. Perquè saben què? A Europa molta gent parla idiomes diferents del castellà. I els prometo
que ningú ho fa -i permetin-me la vulgaritat- per fotre. Centralitzar no resol els problemes de comunicació. La tecnologia sí que pot fer-ho.
Però en tot cas, com poden imaginar, votarem en contra d'aquesta proposta que l'únic que pretén és trobar un altre pretext per imposar un model antic, recentralitzador i amb l'únic objectiu de sortir a aquest faristol a cridar allò de que
'España es una y no cincuenta y una' amb qualsevol excusa. Des d'Esquerra Republicana defensem una sanitat moderna, oberta a Europa i al futur i respectuosa amb l'autonomia i la diversitat. És hora d'avançar cap endavant, mirar el futur i no de
tornar a un passat en blanc i negre com el que vostès somien.
Moltes gràcies.
Buenos días.
Nos encontramos ante una proposición de ley de VOX que, bajo la excusa de garantizar la interoperabilidad de las tarjetas sanitarias y los historiales clínicos, hacen lo suyo típico de su plan de 'España, una, grande y libre'. En este caso,
ha encontrado el filón para hacerlo con las tarjetas sanitarias, igual que lo ha hecho en el pasado con las competencias de educación, para -y lo dice explícitamente en su texto- recentralizar el sistema sanitario del Estado.
Este sistema no solo supone un paso atrás en el sistema sanitario estatal, sino que aprovecha para mirarse el ombligo y desaprovecha el espacio parlamentario para hablar de las potencialidades de la tecnología y los avances que nos puede
proporcionar en materia de salud. Y hay algo que tengo que decirles: cada vez que vengan ustedes a soltar aquí su cancioncita, saldremos nosotros a cantar la nuestra, y lo haremos por aquello de compensar. (Aplausos).
Cataluña ha sido siempre pionera en la gestión de su sanidad. Disponemos de una sanidad moderna, eficiente, adaptada a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, con una tarjeta sanitaria integrada que permite acceder a servicios de
calidad y a una red interconectada dentro de todo el territorio catalán. Este modelo se ha construido basado en el conocimiento de la realidad local, un factor clave que ninguna centralización podrá sustituir. Lo que el sistema necesita en
Cataluña y en todas partes es una buena financiación que garantice que se puede desarrollar con garantías, y no deje a nadie atrás; y, sobre todo, políticos que lo defiendan y velen porque sea así.
VOX habla de la recentralización como si fuera la solución a todos los males de todos los demonios, pero volver a un sistema centralizado sería dar un montón de pasos atrás y volver a un modelo rígido y menos adaptable; seguramente un
modelo rígido y menos adaptable del pasado que ustedes tanto añoran.
En lugar de echar la vista atrás, lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro. La Comisión Europea trabaja ya en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es una iniciativa que promueve el intercambio de datos sanitarios en todo el
continente. Eso sí que podría garantizar una auténtica interoperabilidad, no solo entre comunidades, sino también entre países. Es un modelo que respeta las competencias y usa estándares técnicos comunes sin imponer una uniformidad. Entiendo que,
si quieren garantizar los derechos de todo el mundo o que se le atienda en todas partes, este modelo les debe parecer bien; y, que yo sepa, en ningún momento se habla de centralizar nada.
Otra cuestión que nos preocupa de esta propuesta -también muy suya y que tratan de colar siempre, sea por donde sea- es el intento de limitar las lenguas que no sean castellano, en este caso, en las historias clínicas. Eso no solo vulnera
los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales, sino que sería tan fácil de solucionar-como decía la compañera, ese problema tan grave que les genera a ustedes tanta urticaria, que es que la gente hable idiomas que no sea su español- con
herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para traducir los historiales clínicos a cualquier idioma. De hecho, eso es lo que propone el espacio europeo de datos sanitarios, para que todo el mundo pueda ver el historial clínico en el
idioma que quieran. Porque, ¿saben qué? En Europa mucha gente habla idiomas distintos al castellano; y les prometo que nadie lo hace -permítanme la vulgaridad- para tocarles las narices; por joder, vamos.
En cualquier caso, como pueden ustedes suponer, vamos a votar en contra de esta propuesta que lo único que quiere es encontrar una nueva propuesta para volver a un modelo antiguo y recentralizador y
para subir a este atril diciendo que España es una y no cincuenta y una, bajo cualquier excusa. Desde Esquerra Republicana defendemos una España abierta a Europa y al futuro. Es hora de mirar hacia adelante, al futuro, y no mirar a un
pasado en blanco y negro como aquel con el que ustedes sueñan.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Recas Martín.
La señora RECAS MARTÍN: Gracias, presidente.
Señorías, muchas de las que estamos aquí tenemos claro que los señores de VOX viven en el siglo XIX en casi todos los temas importantes para nosotras, desde los derechos de las mujeres al aborto, el machismo, la justicia fiscal y la justicia
social, el cambio climático, el racismo, la xenofobia... Pero debo decir que esta vez solo han vuelto veinte años atrás, a los años 2003 y 2004, que es cuando se aprobaron la ley de calidad y cohesión y el real decreto que crea la tarjeta
sanitaria. (Aplausos).
Las afirmaciones que hacen en el texto que tenemos entre manos nos hacen pensar que siguen quedándose muy atrás en el análisis de la realidad. Eso nos lleva a pensar que hay poco conocimiento técnico, porque esas propuestas de cambios
normativos ya se aplican. El texto propone modificaciones en la tarjeta sanitaria, habla de la historia clínica interoperable y de que en el futuro podamos... Señores de VOX, bienvenidos a su futuro, porque esto ya se aplica. (Aplausos).
No sé en qué país viven, pero solo tienen que meterse y leer la Estrategia de Salud Digital del Ministerio de Sanidad. Ustedes le dan a un clic y podrán ver que la tarjeta sanitaria interoperable, con definición de contenidos mínimos,
existe; que ya se pueden asegurar prestaciones farmacológicas en las 22 000 farmacias; que solo en octubre 375 000 personas de otra comunidad pudieron comprar un fármaco; que en agosto, que es cuando se va de vacaciones la gente, lo hicieron más
de 1 025 000 personas, es decir, que no tuvieron que meter su medicación crónica en la maleta porque no hace falta. Que se encuentra también disponible la historia clínica digital, perfectamente, más de 1 200 000 personas pueden verla y
compartirla. Que todas las comunidades autónomas participan y cuentan con un mayor o menor número de historias interoperables, el 91 % de la población española tiene algún informe interoperable, y esto es gracias a la colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas (aplausos), aunque, bueno, ya que se llevan bien, puede aprovechar para decirle a Madrid, a Aragón o a Andalucía que se pongan un poco las pilas, que les falta un poquito. Y le voy a dar dos datos
más: resulta que el ministerio y las comunidades autónomas han trabajado para la integración en la red europea de la Asistencia Sanitaria Transfronteriza y que España es líder. Y no solo eso: en septiembre se aprobó un real decreto sobre tarjeta
sanitaria virtual interoperable que armoniza las tarjetas virtuales asegurando su interoperabilidad, al igual que ocurre con las físicas. ¿Que esto es mejorable? Probablemente, pero no traiga aquí un debate sobre algo que ya se está haciendo.
Con respecto a las lenguas cooficiales, no voy a explicarle cómo los sanitarios trabajamos con datos normalizados ni lo que es un diagnóstico internacional ni el derecho que tiene un paciente a hablarle al profesional sanitario en la lengua
oficial que mejor le haga sentir. Y es que ustedes están obsesionados con la centralización, y no, no hablo de centralizar grandes subvenciones en fundaciones propias o donaciones opacas, sino de la definición que da la RAE. Centralización: hacer
que varias cosas dependan de un poder central; a poder ser el suyo, claro. A nosotras nos gusta más la acepción de reunir varias cosas en un centro común. ¿Y saben cuál es ese centro común, esa casa común? Los derechos de la ciudadanía que
depositan su confianza en los que estamos aquí dentro.
Yo llevo tres semanas en este hemiciclo, tres semanas en las que se han hablado de temas importantes como si esto fuese una cancha de tenis, y lo que les recomiendo, señores de VOX, es que cambien la palabra centralizar por centrarse:
centrarse en lo que le importa a la gente, sus problemas del día a día. (Aplausos). Centrarse en que los problemas de las comunidades autónomas donde están cogobernando o ayudándoles -o lo han hecho en algún momento-, como puede ser Murcia,
Valencia o Madrid, a no ser que quieran centrarse en las historias clínicas para señalar a inmigrantes o conseguir datos clínicos para algún amigo. Pero ahora pongamos que hablo de Madrid, céntrense en conseguir junto con sus amigos del PP esa
interoperabilidad ya no en el resto de España, sino en nuestra propia comunidad, ya que no podemos ver historias clínicas dentro de nuestra comunidad. Céntrense en mejorar las condiciones de profesionales sanitarios. Céntrense en mejorar las
estructuras sanitarias con sus amigos del PP. Céntrense en reorientar competencias del equipo de salud, incluidas las enfermeras. En su texto piden que los facultativos podamos entrar a la historia clínica, ¡actualícense! Las enfermeras ya no
llevamos
cofia y todo el equipo de salud entra en las historias clínicas para un manejo adecuado. (Aplausos). Céntrense en las listas de espera que tenemos en la Comunidad de Madrid para segundas, terceras y cuartas citas en salud mental.
Céntrense en parar el uso torticero que desde la Comunidad de Madrid se da a las empresas privadas para acabar con esas listas y, de paso, beneficiar a 'novios de'. (Aplausos). Céntrense en aumentar la inversión en sanidad, en investigación y, de
paso, céntrense en investigar las muertes de 7291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid con sus amigos del PP. (Aplausos). Céntrense en que nuestros niños y niñas tengan acceso a una atención temprana y en que nuestros pacientes al
final de su vida tengan unos cuidados de calidad. Céntrense para que tengamos en Madrid el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública. (Aplausos). Céntrense en apostar por una atención primaria cercana, ágil, resolutiva,
en la que un profesional sanitario tenga tiempo para poder hablar en la lengua que sea; no se preocupe, existen traductores e inteligencia artificial para saber lo que dicen. Céntrense para que podamos cuidar en domicilios. Céntrense en decir a
sus amigos del PP que podemos hacer muchas más cosas. En definitiva, céntrense en mejorar la vida de la gente que nos ha hecho llegar hasta aquí. Céntrense.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señora Sáinz Martín.
La señora SAINZ MARTÍN: Gracias, presidente.
Señorías del Grupo Parlamentario VOX, ustedes siguen buscando el punto final, como les diría mi amigo el escritor Eduardo Galiano, pero no lo van a encontrar, les aseguro que no lo van a encontrar, porque en esta proposición de ley parten de
dos premisas erróneas: la primera es achacar todos los males de la sanidad y su atención a las comunidades autónomas, y les recuerdo, señorías, que en este pequeño librito de bolsillo (muestra un ejemplar de la Constitución española), en este
pequeño librito donde está la carta constitucional de 1978 -que dentro de unos días vamos a celebrar su aniversario-, no solamente está el artículo 43 al que ustedes se refieren, sino que hay un artículo uno y un artículo dos en los que se ensalzan
precisamente el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran a España y la solidaridad entre ellas. Siguen pensando y actuando como si las autonomías fueran las plagas de Egipto a las que achacar todos los males. Les
recuerdo que el Sistema Nacional de Salud y sus servicios regionales de cada comunidad autónoma no producen lo que ustedes dicen, que es la consecuencia del traspaso de competencias en materia sanitaria desde el Estado a la Comunidad Autónoma, y
exponen como ejemplo el problema de la tarjeta sanitaria y de las historias clínicas de los pacientes. Son precisamente las autonomías las que han desarrollado el Sistema Nacional de Salud que ejecuta diariamente millones de actos médicos,
quirúrgicos, clínicos, farmacéuticos y sanitarios a través de sus servicios regionales.
La segunda premisa errónea es que se centran, señorías de VOX, en proponer unas medidas relacionadas con la tarjeta individual sanitaria y su interoperabilidad sobre las historias clínicas, pero ustedes saben -y es una buena noticia, aunque
a ustedes les sientan muy mal las buenas noticias porque no venden- que no solamente la tarjeta individual clínica está en soporte físico, sino también en soporte virtual. (Muestra un teléfono móvil). Por lo tanto, les informo que este sistema,
como instrumento técnico, permite el acceso de todos los españoles y españolas al sistema sanitario sin importar el lugar de residencia habitual. ¿Por qué? Porque precisamente está regulado desde la Ley 16/2003, de Calidad y Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y sus normas posteriores de desarrollo. Tiene un núcleo central con una base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud, gestionado precisamente por el Ministerio de Sanidad, por las Comunidades Autónomas y por
INGESA. El sistema de población protegida del Sistema Nacional de Salud y su tarjeta sanitaria funcionan de una manera rutinaria en todas las comunidades autónomas, precisamente porque existe un servicio compartido y lo mantiene el Ministerio de
Sanidad. Este sistema hace que las diferentes tarjetas autonómicas que operan en el Sistema Nacional de Salud sean compatibles e interoperen a través del sistema común, intercambiando datos administrativos y aseguramiento a sus usuarios. De este
modo, cada paciente se encuentra correctamente identificado de una única forma en el sistema sanitario público y puede circular sencillamente desde cualquier región, comunidad o ciudad autonómica española. Para ello, a cada persona registrada en la
base de datos del Sistema Nacional de Salud se le asigna un código de identificación único, vitalicio y válido en todo el Sistema Nacional de Salud, que se incluye igualmente en documento físico y en documento virtual, como les acabo de referenciar.
Pero, además, en la actualidad existe disponible la Historia Clínica Digital
del Sistema Nacional de Salud, un sistema de interoperabilidad que permite contenidos extraídos de la historia clínica electrónica, y otros sistemas de información de las comunidades autónomas, que están accesibles para los ciudadanos -que
son realmente los autores de su propia historia clínica, de su enfermedad y sus acciones de prevención- y para sus servidores, que somos los profesionales sanitarios autorizados en cualquier lugar del territorio nacional. El Gobierno, a través del
Ministerio de Sanidad, actúa como un nodo central de servicios, y las consejerías de Sanidad son las responsables de elaborar y poner a disposición del Sistema Nacional de Salud un formato interoperable de información clínica de las personas
atendidas y de promover el acceso a sus profesionales a este servicio. Por lo tanto, no se preocupen, está funcionando, va a ir corrigiéndose.
Pero, además, saben que la modificación del real decreto definirá elementos de interoperabilidad semántica -porque en nuestro país hay una gran riqueza del lenguaje, pero en el nuestro y en la conexión con el mundo, porque aquí
afortunadamente no estamos aislados del mundo, vienen otras muchas personas de otros lugares de la tierra con distintas lenguas y distintas expresiones- entre sus diferentes sistemas de información existentes en el Sistema Nacional de Salud,
recogiendo una estructura de información y su significado a través del enlace con terminologías médicas. Por lo tanto, esa modificación del real decreto tiene en cuenta los aspectos de interoperabilidad transfronteriza en el acuerdo de la Unión
Europea y de la Directiva 2011/24 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011, relativa precisamente a la aplicación de los derechos de los pacientes en su asistencia sanitaria transfronteriza. En su momento,
con la implantación generalizada, todos los sistemas serán interoperables.
Y voy terminando. Por lo tanto, señores de VOX, la proposición de ley y sus artículos no se sostienen y, además, inciden en una ley que ha sido desarrollada y extendida en el respeto a la autonomía del paciente, como es la Ley 41/2002,
precisamente de la autonomía del paciente, sus derechos y obligaciones en materia sanitaria. Son muchos millones de personas, muchos millones de actos clínicos, farmacéuticos, quirúrgicos que firman precisamente antes de esta intervención la
autonomía del paciente. Por lo tanto, déjenles hacer, porque lo hacen diariamente y muy bien millones de profesionales en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el grupo parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Benigno Belmonte Gómez.
El señor BELMONTE GÓMEZ: Gracias. Con la venia.
En el Grupo Parlamentario Popular opinamos que avanzar hasta la interoperabilidad total y práctica de la tarjeta sanitaria, la historia clínica y también la receta electrónica debe ser prioritario, pero desde el consenso pleno con las
comunidades autónomas y con los representantes de los profesionales y de los pacientes. Ello se tiene que conseguir desde un abordaje real, no maquillando leyes o reformándolas de manera incompleta.
Esta iniciativa es redundante e incide en un mal endémico: la sobrerregulación. Lo que se necesita es cumplir la ley que ya existe; se necesita más eficacia. Además, revela la añoranza de un Estado centralizado, vaciando de competencia a
las comunidades autónomas. No queremos imaginar lo que sería la sanidad española con las competencias concentradas en este Gobierno y en este Ministerio de Sanidad, que no ha hecho más que crear problemas en vez de solucionarlos. (Aplausos).
Estamos en un asunto que es del Ejecutivo y no del Legislativo.
Pero centrémonos, como han dicho los señores de SUMAR, centrémonos en el conjunto. El Gobierno nos podrá decir que la interoperabilidad es una realidad, pero no es así, y no lo digo yo, lo dice cualquier plataforma de pacientes y la
experiencia concreta de cualquier ciudadano que quiera ser atendido en las comunidades autónomas, fuera de su comunidad autónoma o cambiando de comunidad. Y no digamos en la Unión Europea, donde se nos conmina a una interoperabilidad que todavía no
es posible y de la que estamos muy lejos. Porque la situación de la gestión de los datos sanitarios es una buena metáfora de la realidad de la gestión de este ministerio: mucha teoría y poca práctica, muchos anuncios y poca realidad, muchas
declaraciones y poca plasmación que redunde en beneficios concretos para una realidad sanitaria tensionada.
Creo que tendrían que matizar la denominación del ministerio, que tendría que llamarse ministerio teórico de la sanidad. Llevan un año de mandato y han sido pródigos en anuncios a la galería y en sectarismo político, pero absolutamente
yermos en avances. Necesitamos un ministerio fuerte no para
imponerse a la realidad autonómica, sino para ejercer un liderazgo robusto en la coordinación de nuestro sistema de salud. El ministerio ha sido incapaz de ir más allá de las buenas intenciones. Un sistema no se puede gestionar únicamente
con voluntarismo. Todo en el ministerio es narrativa insustancial y obsesión ideológica. Se ha inventado un enemigo ficticio, que es la sanidad privada, sobre el que cargar todas las culpas y, en lugar de promover la colaboración, promueven el
enfrentamiento, también con las autonomías que no son de su espectro político.
Pero bueno, vamos a seguir centrándonos o vamos a decir cosas que a lo mejor son impopulares, como también se ha dicho aquí hace poco. ¿Qué podemos esperar de un ministerio al que se le llena la boca de atención primaria y únicamente ha
convocado dieciséis plazas más de atención primaria en toda España el último año? (Aplausos). ¿Qué podemos esperar de un ministerio que para la formación médica especializada, que la pagan las comunidades autónomas, no abandera la reivindicación
de una financiación justa para ellas? ¿Qué podemos esperar de un ministerio que lleva dos manifestaciones en la puerta del Congreso de personal sanitario extracomunitario para la homologación de sus títulos y no hace nada? ¿Qué podemos esperar de
un ministerio que demoniza la sanidad privada o que mira con desconfianza la labor de la industria farmacéutica? ¿Qué podemos esperar de un ministerio que se llena la boca de teoría y no es capaz de gestionar la única realidad práctica asistencial
que tiene, que es la atención de Ceuta y Melilla, donde los médicos y los profesionales llevan un año y medio de huelga? (Aplausos). Eso sí que es centrarse en las competencias, eso es centrarse. ¿Qué podemos esperar de un ministerio que quiere
restar capacidad de elegir su atención a más de un millón de trabajadores públicos, no apostando de manera decidida por el mantenimiento del sistema Muface?
Este ministerio no suma nada a la sanidad. Y voy un poco más allá. Les voy a leer un titular del 30 de enero de este año: La agencia estatal de salud pública comienza su tramitación parlamentaria. Estamos en diciembre y ustedes todavía
no han constituido ni la ponencia de dicha agencia. ¿Eso es de verdad es estar centrados en la sanidad? Desconfianza, sectarismo, ideología radical y falta de solidaridad con las comunidades autónomas; este es el balance del Ministerio de Sanidad
en este año. Porque el prestigio de la sanidad pública depende del reconocimiento libremente otorgado por la ciudadanía a nuestro sistema. Pongan recursos y ejerzan verdaderamente un liderazgo coordinado y real, ejerzan ese liderazgo, que no lo
están haciendo.
Para finalizar, la sanidad es secundaria para este Gobierno, y lo es porque este Gobierno no es un Gobierno; este Gobierno es un cajero automático, con la particularidad de que las tarjetas de ese cajero únicamente las tienen los socios de
Pedro Sánchez y el patrimonio que se extrae de él es el de todos los españoles. Un día los socios van al cajero y sacan la igualdad penal de los españoles y se la llevan en forma de amnistía política por puro interés. Otro día sacan de ese cajero
la dignidad de las víctimas del mayor terror que ha tenido España y la sacan de una manera torticera. Otro día sacan la igualdad tributaria y se la llevan en forma de financiación singular para una sola parte del territorio. Y otro día se llevan
la productividad y el consenso social, lastrando bajo la cortina de humo de que se creen ustedes que crecemos, pero crecemos con crédito y con deuda que pagarán nuestros hijos y las futuras generaciones. (Aplausos).
Y termino. En estos días estamos conociendo que muy posiblemente las cuatro esquinitas del colchón del manual de resistencia del presidente del Gobierno no las custodiaban precisamente ángeles de la guarda, sino guardas de sus propios
intereses personales. La corrupción ética -que existe- y la judicial -que existe también- acechan al Gobierno. Por todo ello y por las realidades de corrupción cada vez más evidentes, den la palabra a los españoles. Den la palabra a los
españoles, que no se merecen un Gobierno que solamente piensa en resistir y no en gobernar para mejorar las condiciones reales de vida, porque a ello sí se dedicarán Alberto Núñez-Feijóo, como presidente, y el Partido Popular, para recuperar la
dignidad política de los ciudadanos de esta nación antigua, plural, diversa y sabia, que se llama España.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA, PARA LA ACTIVACIÓN INMEDIATA DE HASTA 15 000 MILLONES DE EUROS PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA DANA MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS ACTUALES PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. (Número
de expediente 162/000361).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Junts per
Catalunya, para la activación inmediata de hasta 15 000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la DANA mediante la modificación de los actuales presupuestos generales del Estado.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.
Fa exactament un mes que es va produir la DANA de València, un desastre inicialment natural que ràpidament es va convertir en un desastre polític. Un mes que ha servit per evidenciar la incapacitat del govern autonòmic del PP i la
incapacitat del govern de l'Estat del PSOE i SUMAR. Un mes que ha que ha servit per evidenciar que, en lloc de posar el focus en les persones, uns i altres han posat el focus en la política més barroera i els rendiments electorals. Un mes en què
s'ha perdut un temps valuós que hauria estat clau durant les primeres hores per salvar més vides i durant la resta dels dies per recuperar com més aviat millor la normalitat.
Ara, però, cal ser contundents i mobilitzar els recursos necessaris per fer possible que al més aviat millor es recuperi la normalitat. I ha estat en aquest camí, el de mobilitzar els recursos necessaris, on hem viscut un dels episodis més
vergonyants a què feia referència abans: El dia 5 de novembre, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el president Sánchez reclamava -de fet, exigia- que els grups polítics li aprovéssim uns nous pressupostos Generals de
l'Estat, sota el pretext que aquests eren imprescindibles per tal de poder fer la reconstrucció dels territoris afectats. Ens trobàvem al mig de les hores més fosques del desastre i el president de l'Estat ja aprofitava per fer-nos xantatge i per
intentar aconseguir aprovar uns pressupostos generals de l'Estat que se li estan fent muntanya amunt.
Doncs, miri, no, això no va així. Si volen uns pressupostos generals de l'Estat per aquest 2025 ja coneixen el camí. Li hem mostrat reiteradament. Just dijous passat els hi dèiem clarament en l'aprovació del paquet fiscal que ja sabien
vostès on érem nosaltres. La resta és xantatge i no només xantatge, que ja seria prou greu en si mateix, sinó xantatge aprofitant-se de les desgràcies dels altres.
Cal mobilitzar tots els recursos possibles per recuperar la normalitat al País Valencià? I tant! Sense cap dubte. Cal aconseguir el màxim suport polític per fer ho? I tant! Sense cap dubte. I es pot fer sense uns nous pressupostos
generals de l'Estat? I I tant! Sense cap dubte. De fet, la pròpia Llei General pressupostària estableix en l'article 51 i successius els mecanismes per actuar amb tota la potència necessària davant d'aquestes circumstàncies. No fan falta uns nous
pressupostos generals de l'Estat per atendre el País Valencià.
I és de sentit comú, perquè si no ens estan dient que si la DANA hagués estat un 10 de gener amb uns pressupostos generals acabats d'entrar en vigor, no es podria fer res fins al cap d'un any, quan se n'aprovessin uns altres? Doncs és
evident que no és així. Per tant, una cosa són els seus desitjos d'aprofitar les circumstàncies i l'altra, la realitat.
Per això proposem avui aquesta proposició no de llei, perquè s'activin immediatament els mecanismes que contempla la Llei General Pressupostària per dotar fins a 15 000 milions d'euros addicionals per a la recuperació del País Valencià.
Activin l'article 52, per transferir dotacions de crèdit que tenen en altres partides pressupostàries que ara no és urgent executar. Activin l'article 53, per mobilitzar aquells ingressos que no tenien previstos en el pressupost inicial, sobretot
tenint en compte que el pressupost actual és una pròrroga del de l'any 2000..., de l'any 2023 i que hauran materialitzat uns majors ingressos del que estava previst en aquell pressupost. Activin l'article 54, per fer ampliacions de crèdit
necessàries. Activin l'article 55, per dotar els crèdits extraordinaris o els suplements de crèdit aprofitant que aquest article, el 55, reconeix precisament la possibilitat de ser utilitzat per a aquelles despeses que no puguin ajornar-se fins a
l'exercici següent.
Algú podria intentar dir que aquests mecanismes que hem dit ara no són suficients. No ho són? Mirem, doncs, les dades dels anys anteriors. Darrera liquidació dels pressupostos de l'Estat publicada, la de l'any 2022. Total de mobilització
de recursos que es va fer en aquell any gràcies precisament a aquests articles: 38 000 milions d'euros. Per tant, sí que és possible. I tant que és possible! Però encara es podrien mobilitzar molts més recursos, molts més.
Primer, com deia abans, poden vostès mobilitzar el marge econòmic fruit d'estar funcionant amb uns pressupostos prorrogats de l'any 2023, la qual cosa fa que comptin amb més ingressos dels previstos i menys despeses de les contemplades
llavors. Segon, poden mobilitzar els recursos extres fruit de la no deflactació de l'IRPF i, per tant, la recaptació de fins a 11 000 milions d'euros addicionals. Tercer, poden no executar per sobre del 100 % els pressupostos de les comunitats
autònomes on ho fan habitualment,
principalment la de Madrid i, per tant, obtenint uns recursos extres de fins a 2000 milions d'euros addicionals. I quart, poden millorar la cooperació internacional en la recaptació tributària i evitar així que, per falta precisament
d'aquesta cooperació, es perdin fins a 10 000 milions d'euros anuals que, per culpa de la fuga d'empreses i rics a refugis fiscals situats en les illes caribenyes i atlàntiques, doncs es deixin d'ingressar aquests 10 000 milions d'euros anuals. I
així podríem anar allargant la llista.
En definitiva, vincular la reconstrucció del País Valencià a uns nous pressupostos Generals de l'Estat és una mostra més de la perversitat política que utilitzen alguns de vostès aquests dies. És per això que els posem en consideració
aquesta proposició no de llei, per mobilitzar aquests 15 000 milions d'euros addicionals destinats a les obres i actuacions estructurals en els diferents municipis afectats, així com transferències directes als ajuntaments i ajudes als pagesos,
ramaders, autònoms de tots els sectors i empreses afectades per complementar les mesures dels anteriors reials decrets.
En conclusió, en aquests moments de màxim dolor per a tanta gent, aquesta proposició no de llei és una oportunitat per retornar la política allà d'on no hauria d'haver sortit mai.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Hace exactamente un mes que se produjo la DANA de Valencia, un desastre inicialmente natural que rápidamente se convirtió en un desastre político. Un mes que ha servido para evidenciar la incapacidad del Gobierno autonómico del PP y la
incapacidad del Gobierno del Estado, del PSOE y SUMAR. Un mes que ha servido para evidenciar que, en lugar de colocar el foco de atención sobre las personas, unos y otros han puesto el foco de atención en la política más burda y los réditos
electorales. Un mes en el que se ha perdido un tiempo valioso, que hubiese sido clave durante las primeras horas para salvar más vidas y, durante el resto de los días, para recuperar, cuanto antes mejor, la normalidad. Ahora, no obstante, hay que
ser contundentes y movilizar los recursos necesarios para hacer posible que, cuanto antes, se recupere la normalidad.
Ha sido en ese camino, el de movilizar los recursos necesarios, en donde hemos vivido uno de los episodios más vergonzosos a los que hacía referencia antes. El día 5 de noviembre, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, el presidente Sánchez reclamaba -de hecho, exigía- que los grupos políticos le aprobasen unos nuevos presupuestos generales del Estado, bajo el pretexto de que estos eran imprescindibles para poder hacer la reconstrucción de los
territorios afectados. Nos encontrábamos en las horas más oscuras del desastre y el presidente del Estado ya aprovechaba para hacernos chantaje y para intentar aprobar unos presupuestos generales del Estado que se le están haciendo eternos. Pues
bien, no, esto no va así. Si quieren unos presupuestos generales del Estado para este 2025, ya conocen el camino, lo hemos mostrado reiteradamente. Precisamente, este jueves pasado les decíamos claramente, en la aprobación del paquete fiscal, que
ya ustedes sabían dónde estábamos nosotros. El resto es chantaje. Y no tan solo chantaje, que ya sería suficientemente grave por sí mismo, sino chantaje aprovechándose de las desgracias ajenas.
¿Hay que movilizar todos los recursos posibles para recuperar la normalidad en el país valenciano? Claro, sin duda alguna. ¿Hay que conseguir el máximo apoyo político para hacerlo? Claro que sí, sin lugar a duda. ¿Y se puede hacer sin
unos nuevos presupuestos generales del Estado? Claro que sí, indiscutiblemente. De hecho, la misma Ley General Presupuestaria establece en el artículo 51 y sucesivos los mecanismos para actuar con toda la potencia necesaria ante estas
circunstancias. No hacen falta unos nuevos presupuestos generales del Estado para atender al país valenciano. Y es de sentido común, porque, si no, ¿nos están diciendo que, si la DANA hubiese sido un 10 de enero, con unos presupuestos generales
que acabaran de entrar en vigor, no se podría haber hecho nada hasta al cabo de un año, cuando se aprobasen otros? Pues es evidente que no es así. Por lo tanto, una cosa son sus deseos de aprovechar las circunstancias y otra es la realidad.
Por eso debatimos hoy esta proposición no de ley, para que se activen inmediatamente los mecanismos que contempla la Ley General Presupuestaria y dotar hasta 15 000 millones de euros adicionales para la recuperación del país valenciano.
Activen el artículo 52 para transferir dotaciones de crédito que tienen en otras partidas presupuestarias que ahora no son urgentes de ejecutar. Activen el artículo 53 para movilizar aquellos ingresos que no tenían previstos en el presupuesto
inicial, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto actual es una prórroga del del año 2023 y que habrán materializado mayores ingresos de los que estaban previstos en ese presupuesto. Activen el artículo 54 para hacer las ampliaciones de
crédito necesarias. Activen el artículo 55 para dotar los créditos extraordinarios o un suplemento adicional,
aprovechando que este artículo 55 reconoce precisamente la posibilidad de ser utilizado para aquellos gastos que no pueden posponerse hasta el ejercicio próximo.
Alguien podría intentar decir que estos mecanismos que acabamos de mencionar no son suficientes. ¿No lo son? Veamos los datos de los años anteriores, la última liquidación de los presupuestos del Estado publicada en el año 2022. La
movilización de recursos que se realizó ese año, gracias precisamente a esos artículos, fue de 38 000 millones de euros. Por lo tanto, sí que es posible. Claro que es posible. Pero todavía se podrían movilizar muchos más recursos, muchos más.
Primero, como decía antes, ustedes pueden movilizar el margen económico, fruto de estar funcionando con unos presupuestos prorrogados del año 2023, lo cual hace que cuenten con más ingresos de los previstos y menos gastos de los contemplados
entonces. Segundo, pueden movilizar recursos extras, fruto de la no deflactación del IRPF, y, por tanto, la recaudación de hasta 11 000 millones de euros adicionales. Tercero, pueden no ejecutar por encima del 100 % los presupuestos de las
comunidades autónomas, donde lo hacen habitualmente, principalmente la de Madrid, y, por lo tanto, obtener unos recursos extras de hasta 2000 millones de euros adicionales. Y, cuarto, pueden mejorar la cooperación internacional en la recaudación
tributaria, evitando de este modo que por la falta precisamente de esta cooperación se pierdan hasta 10 000 millones de euros anuales, y que por culpa de la fuga de empresas y de ricos en refugios fiscales situados en las islas caribeñas y
atlánticas se dejen de ingresar estos 10 000 millones de euros anuales. Y así podríamos ir alargando esta lista. En definitiva, vincular la reconstrucción del país valencià a unos nuevos presupuestos generales del Estado es una muestra más de la
perversión política que utilizan algunos de ustedes estos días.
Es por ello por lo que traemos a consideración esta proposición no de ley, para movilizar estos 15 000 millones de euros adicionales destinados a las obras y actuaciones estructurales en los distintos municipios afectados, así como a
transferencias directas en los ayuntamientos y ayudas a los payeses y ganaderos autónomos de todos los sectores y empresas afectadas para poder complementar estas medidas de los anteriores reales decretos.
En conclusión, en estos momentos de máximo dolor para tantas personas, esta proposición no de ley es una oportunidad para devolver la política allí de donde nunca tendría que haber salido.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señor presidente.
Señorías, una consideración previa dirigida expresamente a Esquerra, Junts y Compromís: no existe el país valencià. Eso es un invento del separatismo catalanista con el cual se pretende robar a los valencianos nuestra cultura (aplausos),
nuestra tradición, nuestra lengua valenciana y nuestro sentimiento inequívoco de pertenencia y lealtad a la nación española. Por eso, esa denominación de país valencià es profundamente rechazada por la inmensa mayoría de la sociedad valenciana,
digan ustedes lo que digan.
Con esta iniciativa Junts asume directamente lo que el Grupo Parlamentario VOX ha venido insistiendo desde el principio; es decir: primero, la incompetencia de la Administración autonómica; segundo, la mala fe con la que ha actuado el
Gobierno de Sánchez; tercero, que las ayudas aprobadas son insuficientes y, cuarto, que el Gobierno miente cuando dice que para dotar a Valencia de las ayudas precisas es necesario aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Una vileza
monumental con la cual el Gobierno pretende utilizar en beneficio propio la tragedia de los valencianos para intentar así blindar a Sánchez hasta el final de la legislatura. Por eso mi grupo parlamentario fue el único que votó en contra del decreto
de ayudas para no ser cómplices de la estafa, por considerarlo un decreto engañoso, insuficiente y puro maquillaje. (Aplausos).
Hoy presentamos una enmienda que recoge un conjunto de medidas concretas, de ayudas directas a los afectados que estarían en vigor desde el mismo mes de noviembre en el que estamos hasta el fin del ejercicio 2025. Solicitamos que se les
pague el IBI a todos aquellos propietarios que han perdido su inmueble, que se les pague el ICIO a todos aquellos que tengan que hacer obras de reparación y que se les pague el 80 % del precio de alquiler a aquellos que hayan tenido que utilizar
este recurso por la imposibilidad de seguir estando en su residencia habitual.
Solicitamos que se paguen a las familias de los afectados todos los gastos de servicios funerarios correspondientes. Solicitamos, igualmente, que se abonen las cuotas de los préstamos que se formalizaron
en su momento y que siguen pendientes para la adquisición de vehículos antes del día de la catástrofe. Solicitamos que se establezca una prestación extraordinaria por mantenimiento de la actividad a todos los autónomos afectados y que,
igualmente, se determine la aprobación inmediata y automática de todos los ERTE por fuerza mayor que se soliciten.
Pedimos que se devuelva el 100 % del IVA de todos los gastos efectuados por compra de alimentos, ropa, materiales de higiene, alimentos infantiles -biberones, pañales-, gastos de luz, agua, gas, servicios de telecomunicaciones e, igualmente,
por la compra de materiales y enseres para la reparación de viviendas, para la adquisición de vehículos o para la reparación de estos. Solicitamos la exención absoluta del IRPF y del IAE a todos los afectados, e igualmente del impuesto sobre
sucesiones y donaciones (aplausos) y del de transmisiones y actos jurídicos documentados por todas aquellas operaciones que tengan como causa directa los efectos de la catástrofe.
Solicitamos la exención del pago del IVA y de impuestos especiales para los carburantes, la supresión del impuesto sobre las primas de seguros y el establecimiento de una bonificación del 100 % del impuesto sobre sociedades para todas
aquellas empresas que mantengan el empleo o aumenten de plantilla. Igualmente, solicitamos el establecimiento de un sistema de créditos flexibles que permita a esas empresas compensar pérdidas durante los próximos diez años.
Finalmente, solicitamos la exención absoluta del pago de cuota a los autónomos afectados. Todo ello, señorías, con base en un principio fundamental: la unidad de la nación española y la solidaridad que ha de existir entre todas las
Administraciones (aplausos) como motor principal de la ayuda pública que precisan todos aquellos que lo han perdido todo.
A quienes lo han perdido todo hoy, desde aquí, un último mensaje: VOX no va a abandonarlos, vamos a estar siempre a su lado de forma clara, sin cálculos políticos; ese es nuestro compromiso que es hoy más que nunca un imperativo moral y un
deber patriótico inexorable. Per això, valencians, ara més que mai: amunt valencians. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Egun on.
De forma muy breve. Hoy debatimos una proposición no de ley en la que se nos propone que el Gobierno active 15 000 millones para daños por la DANA mediante los actuales presupuestos generales del Estado, porque -dice así- es necesaria una
respuesta rápida y eficiente por parte de las instituciones para proporcionar el apoyo necesario a los municipios afectados y a sus habitantes. Para ello, además, plantea la modificación de una serie de partidas del presupuesto actual;
modificaciones presupuestarias que son perfectamente posibles, aunque haya un presupuesto prorrogado, porque es la forma de poder reaccionar a circunstancias excepcionales, extraordinarias e imprevistos, algo que además ya ha ocurrido con
anterioridad como, por ejemplo, con la pandemia o la crisis energética.
Está claro que ningún territorio está preparado para financiar una catástrofe de la envergadura de la DANA, que va a requerir de una movilización ingente de fondos públicos para reparar los miles de millones de daños económicos, pero tenemos
dudas de que esta sea la vía para hacerlo, y me explico. Entendemos que va a ser necesario movilizar más recursos, pero tampoco creemos que podamos asistir semana tras semana a nuevas solicitudes -hoy tenemos una PNL y una moción-, bien de nuevas
medidas o de más fondos económicos que plantean los distintos grupos, por cuanto entendemos que, primero, ya hay dos decretos con distintas ayudas que van actualizándose a medida que se van conociendo las necesidades y nuevas circunstancias, a los
que además podremos realizar enmiendas para su mejora. Y porque creemos, además, que antes de plantear nuevas medidas o más fondos económicos deberíamos conocer no solo la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora, sino también conocer una
estimación, al menos económica, lo más realista posible de los daños, para poder habilitar los fondos necesarios, que desconocemos si deberán ser de 15 000 millones, como dice la PNL, o de un importe mayor o incluso menor. Y es que, dada la
intensidad de la DANA, aún parece imposible calcular el volumen de ayudas que se van a necesitar o que van a requerir los distintos territorios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon migdia a totes i a tots.
De fet, exactament d'aquí tres dies farà just un mes de la catàstrofe de la DANA -senyories de Vox-, sí, del País Valencià. Un esgarrifós impacte que segueix viu i que malauradament seguirà viu molt de temps. De fet, els equips
d'emergències encara avui segueixen buscant persones desaparegudes. I és aquí on hauríem de centrar tots els esforços, aquí i en reconstruir tot allò devastat i també en treballar incansablement per executar polítiques valentes, polítiques
contundents i també resilients. Polítiques que possiblement enfadin a moltes persones, però també possiblement salvin la vida de moltes més persones.
Debatem, doncs, una proposició no de llei que buscava, que busca activar mecanismes per ajudar els municipis afectats. Un paquet xifrat en 15 000 milions d'euros addicionals als aprovats fa una setmana, però si em permeten una proposició no
de llei sense massa concreció. Davant d'aquesta inconcreció i bona voluntat de la pròpia iniciativa, també, si m'ho permeten, davant de tanta postveritat i de veure dia rere dia com els dos partits del règim no fan altra cosa que jugar amb això
d''y tú más', com si tot plegat fos un cas més de corrupció, nosaltres sí volem concretar.
Nosaltres volem dir que estem completament d'acord a favor de qualsevol proposta d'implicació dels serveis públics en la reconstrucció del País Valencià. Nosaltres som els qui creiem en un estat del benestar ben finançat, un estat capaç
d'invertir de veritat per adaptar-nos als efectes del canvi climàtic. Som els qui defensem obertament una fiscalitat verda, per exemple, desplegant a Catalunya la llei catalana del canvi climàtic, establint impostos als grans vaixells o impostos,
per exemple, al querosè. També som aquells que volem establir un impost a les grans energètiques, que bonifiqui inversions en descarbonització en base a aquesta mateixa llei de canvi climàtic de Catalunya, com hem defensat sempre.
Però ja han passat quatre setmanes, 29 dies terribles i el que calen són propostes concretes, amb calendari, amb pressupost. Seguint, doncs, aquesta premissa, nosaltres hem desplegat i ho hem explicat, una bateria de propostes amb molta més
profunditat, alguna d'elles ja recollida en el decret del govern i d'altres que seguim exigint i reivindicant. La setmana passada el meu company Jordi Salvador ho feia des d'aquest faristol. Ampliar ajuts als autònoms per sobre dels 5000 euros
previstos en el primer Reial decret llei. Incrementar la dotació per reparació d'habitatges per sobre dels 60 000 euros anunciats. Regularitzar persones migrants en situació irregular, víctimes, òbviament, de la DANA. O suspendre l'execució
immediata de desnonaments per precari o per impagament de lloguer o de préstec hipotecari en zones òbviament afectades per aquesta catàstrofe.
I, per últim, si m'ho permeten, aprofitant els dos últims minuts, tornem a demanar la necessitat, des del nostre punt de vista imperiosa, per millorar el finançament local en dos àmbits; en dos àmbits per nosaltres claus. Cal permetre que
els ajuntaments duguin a terme les inversions necessàries d'adaptació al canvi climàtic -això és clau- i que puguin oferir una resposta, una resposta que estigui a l'alçada de les necessitats en casos tan greus com els que ens ocupen.
I ho han de poder fer amb dues mesures molt simples. La primera, donar oxigen als ens locals a l'hora de distribuir el sostre de dèficit entre les administracions. No pot ser que el govern central generi tot el dèficit estatal i exigeixi
constantment superàvits a les corporacions locals. No pot ser. I dos, cal modificar la Llei d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquella llei no sé si ho recorden d'aquell llunyà 2012. Una llei que limita moltíssim l'ús que
els ajuntaments poden fer dels romanents de tresoreria que en el fons serveixen per fer inversions, també contra el canvi climàtic, també per salvar vides. Una llei, vull recordar, aprovada per PP, per PSOE, per Convergència i Unió i per altres
socis, en aquell 2012, després que el PP i el PSOE reformessin la Constitució.
En definitiva, i acabo president, ja manca d'un marc d'adaptació sòlid que continuarà limitant la capacitat de les administracions, de totes, per protegir la ciutadania. Aquest marc és imprescindible. Necessitem, doncs, respostes legals
per anar molt més enllà de la immediatesa. I necessitem també molta més concreció davant d'aquesta catàstrofe sense precedents a la terra dels nostres germans valencians. Res més.
Moltes gràcies.
Buenas tardes a todos y a todas.
De aquí a tres días hará justo un mes de la catástrofe de la DANA -señorías de VOX-, sí, del país valencià; un terrible impacto que sigue vivo y que desafortunadamente seguirá vivo durante mucho tiempo. Los equipos de emergencias aún hoy
siguen buscando personas desaparecidas, y es precisamente aquí
donde deberíamos centrar todos los esfuerzos; aquí y en reconstruir todo aquello devastado y también en trabajar incansablemente para ejecutar políticas valientes, políticas contundentes y también resilientes, políticas que posiblemente
enfaden a mucha gente, pero que también posiblemente salven la vida a muchas otras más.
Debatimos, pues, una proposición no de ley que busca activar mecanismos para ayudar a los afectados: un paquete cifrado en 15 000 millones de euros adicionales de los aprobados hace una semana. Pero, si me lo permiten, es una proposición
no de ley sin demasiada concreción. Ante esta inconcreción y buena voluntad de la misma iniciativa, también, si me permiten, ante tanta posverdad y de ver día tras día cómo los dos partidos del régimen no hacen otra cosa que jugar con esto de 'y tú
más', como si todo fuera un caso más de corrupción, nosotros sí queremos concretar. Nosotros queremos decir que estamos completamente de acuerdo, a favor de cualquier propuesta de implicación de los servicios públicos en la reconstrucción del país
valencià. Nosotros somos aquellos que creemos en un estado del bienestar bien financiado, un Estado capaz de invertir de verdad para adaptarnos a los efectos del cambio climático. Somos aquellos que defendemos abiertamente una fiscalidad verde;
por ejemplo, desplegando en Cataluña la ley catalana del cambio climático, estableciendo impuestos a los grandes barcos o impuestos, entre otros, al queroseno. También somos aquellos que queremos establecer un impuesto a las grandes energéticas que
bonifiquen inversiones en descarbonización sobre la base de esta misma ley del cambio climático de Cataluña, como hemos defendido siempre.
Pero ya han pasado cuatro semanas, veintinueve días terribles, y lo que hace falta son propuestas concretas, con calendario, con presupuestos. Y, siguiendo con esta premisa, hemos desplegado una batería de propuestas con mucha más
profundidad, alguna de ellas ya recogida en el decreto del Gobierno, y otras que seguimos exigiendo y reivindicando la semana pasada; mi compañero Jordi Salvado, lo hacía desde este mismo atril. Ayudas a autónomos por encima de los 5000 euros
previstos en el primer real decreto ley, [...] dotación para la reparación de viviendas por encima de los 60 000 euros anunciados; regularizar personas migrantes en situación irregular, víctimas, obviamente, de la DANA; o suspender la ejecución
inmediata de los desahucios por precario o por impago de alquiler o de préstamo hipotecario en zonas obviamente afectadas por esta catástrofe.
Y, por último, si me lo permiten, aprovechando los dos últimos minutos que me quedan, volvemos a pedir la necesidad, desde nuestro punto de vista imperiosa, de mejorar la financiación local en dos ámbitos para nosotros claves. Hay que
permitir que los ayuntamientos lleven a cabo las inversiones necesarias de adaptación al cambio climático -esto es algo clave-, que pueden ofrecer una respuesta que esté a la altura de las necesidades en casos tan graves como los que nos ocupan.
Hay que poder hacerlo con dos medidas muy sencillas. Primera, dar oxígeno a los entes locales para distribuir el techo de déficit entre las Administraciones. No puede ser, no es posible que el Gobierno central genere todo el déficit estatal y
exija constantemente superávit a las corporaciones locales. Eso no puede ser. Segunda, hay que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aquella ley, que no sé si recuerdan, de ese lejano 2012; una ley que limita
muchísimo el uso que los ayuntamientos pueden hacer de los restos de tesorería que, en el fondo, sirven para hacer inversiones, también contra el cambio climático, también para salvar vidas; una ley, quiero recordar, aprobada por el PP, por el
PSOE, por Convergència i Unió y por otros socios en ese el lejano 2012, después de que el PP y el PSOE reformasen la Constitución.
En definitiva, y termino, presidente, falta un marco de adhesión sólido que continuara limitando a las Administraciones para proteger a la ciudadanía. Este marco es imprescindible y necesitamos respuestas legales para poder ir mucho más
allá de la inmediatez. Y necesitamos también mucha más concreción ante esta catástrofe sin precedentes en la tierra de nuestros hermanos valencianos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gràcies, president.
M'agradaria començar aquesta intervenció recordant que aquesta setmana fa un mes de la major tragèdia natural que ha viscut el poble valencià i recordant a totes les víctimes de la DANA, incloent també el treballador que esta setmana va
faltar, el treballador de Tragsa, empresa pública, que fa dos dies va faltar arreglant un col·legi públic amb la poca empatia, altra vegada, d'un govern valencià que no està a l'altura. Així que recordem, recordem a totes les víctimes i també
recordem a la classe
treballadora que al final sempre és qui s'enfanga fins a dalt per a solventar els problemes de la gent. Visca la classe treballadora!
Miren, del nostre grup parlamentari, pensem que el procediment davant d'aquesta tragèdia ha de ser l'ajuda, el dol, la investigació i la reconstrucció, i per això no ens oposem a aquesta PNL del grup parlamentari de Junts, però també
advertim del que hem de fer tots i totes i el que hem de fer és fer les coses bé després d'aquesta tragèdia. Hem de tindre una mirada ampla i llarga, exigir als governs eixa responsabilitat. Ara mateixa la prioritat és l'ajuda a les persones
afectades. Per això, convalidarem ací fa una setmana -vaig tindre la sort i el orgull de defensar-ho- el decret llei on s'han disposat més de 16 000 milions d'euros des del govern central. Per això, diversos ministeris estan fent un escut per a
protegir els vulnerables, com el Ministeri d'Infància, mobilitzant 60 milions per als més menuts o el Ministeri de Drets Socials, garantint les ajudes per a les persones en situació de dependència.
La ministra de Sanitat, garantint ajudes per a la salut mental i persones que han patit estrès durant aquest episodi. O altres molt importants com l'activació dels ERTEs per part del Ministeri de Treball i la vicepresidenta Yolanda Díaz,
amb 2370 empreses sol·licitants i més de 25 000 persones beneficiades pels ERTEs i la protecció de les treballadores durant aquestos episodis, sancionant a més de cent empreses que van ficar en perill la vida d'algun treballador durant aquests dies.
Uns fets intolerables que no anem a tolerar, siga qui siga l'empresari. Això és una mostra clara de la protecció social i del que ha de fer un govern responsable amb la gent que està patint.
Tot i així, les ajudes han de continuar i aquells que han..., i aquelles que han sigut destinades pel govern valencià també han de ser efectives. En estos moments durs, no val el partidisme i cal treballar units per traure del fang a la
nostra gent. I, per cert, d'aquests milions que han de ser destinats immediatament a l'emergència, no anem a consentir que servisca per a enriquir il·lícitament als de sempre. Anem a fiscalitzar cada euro, senyories, especialment el que ens
aplega, que està destinant el Consell Valencià a empreses lligades a trames de corrupció passades. No anem a tolerar ni una.
Perquè, mirem, el dol i l'emergència han d'anar també paral·lelament a la reconstrucció. I eixa reconstrucció no ha de ser com abans. La DANA, part d'uns fenòmens meteorològics que els experts -sí, els experts- consideren cada vegada més
perillosos. La costa mediterrània i les comarques valencianes són especialment més vulnerables. No podem caure en l'errada de tornar a edificar en llocs on mai es deuria d'haver construït. No podem caure en l'errada de pensar que el creixement
pot estar per damunt de la natura. Com diu Noam Chomsky: Si elegimos no hacer nada frente al cambio climático, estamos firmando la sentencia de muerte de millones de personas, incluidos nuestros propios descendientes. La pasividad no es una
opción ética, señorías. (Aplausos).
Hem de donar recursos a la prevenció, a la investigació, a aquells que ens van advertir i alguns no sols no volen escoltar, sinó que els denuncien i els demanden. Hem de destinar diners a les confederacions. No pot ser que un ajuntament,
com en el que vaig estar jo de tinent d'alcalde a Gandia, tinga més pressupost que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que abarca centenars de poblacions. No pot ser.
I, per últim, investigació. Hui des del nostre grup parlamentari hem registrat la proposta de creació d'una comissió d'investigació on la societat, on la gent que ha patit i està patint puga saber què va passar el passat 29 de setembre...,
de novembre, d'octubre. I per què el govern valencià no va avisar, sí, no va a avisar a ningú de que aplegava la pitjor riuada de la nostra història? On estava el senyor Mazón? I també per què a hores d'ara, i després de 170 000 persones als
carrers de València, el PP i també a vegades el PSOE, no han demanat la dimissió del senyor Mazón? Volem i exigim saber la veritat i que mai més tinguem a dirigents ineptes gestionant moments crítics.
Per últim, dos coses m'agradaria destacar el paper de la meua organització, d'Esquerra Unida del País Valencià, en tot aquest episodi terrible, el treball d'alcaldesses com la companya Judit Capellino, de Riola, que en el moment de vore
créixer el riu sense que ningú avisara, va anar amb les companyes del govern municipal casa per casa a advertir del que podia vindre. El treball de part de la meua executiva, que una part d'ells ho han perdut tot i tot i així estan deixant-se la
pell com a voluntaris, ajudant a cada veí dels nostres pobles.
I acabe. Senyories de Junts, està molt bé demanar modificacions pressupostàries i ací estarem nosaltres per a poder contribuir. Però on més necessitem els recursos són en els pressupostos generals de l'Estat. Allà podrem conjuntament
destinar els recursos que fan falta per a la recuperació. Allà podrem apretar als qui més tenen per a què el benefici col·lectiu siga una realitat. Visca el País Valencià! Estigam tots a l'altura en este hemicicle.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Me gustaría empezar esta intervención recordando que esta semana hace un mes de la mayor tragedia natural que ha vivido el pueblo valenciano y recordando también a todas las víctimas de la DANA, incluyendo el trabajador de TRAGSA, empresa
pública, que hace dos días falleció, y la poca empatía, otra vez más, de un Gobierno valenciano que no está a la altura. Por tanto, recordemos a todas las víctimas y también recordemos a la clase trabajadora que, al final, siempre es quien se
enfanga hasta arriba para resolver los problemas de la gente. ¡Viva la clase trabajadora! (Aplausos).
Desde nuestro grupo parlamentario, pensamos que el procedimiento ante esta tragedia ha de ser la ayuda, el duelo, la investigación y la reconstrucción. Y, para ello, no nos oponemos a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Junts
per Catalunya, pero también advertimos de lo que hemos de hacer todos y todas; y lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien después de esta tragedia. Hemos de tener una mirada amplia y larga, exigiendo a los Gobiernos esta responsabilidad.
Ahora mismo, la prioridad es la ayuda a las personas afectadas y, por ello, convalidamos aquí hace una semana, y yo tuve la suerte y el orgullo de defenderlo, el decreto ley en donde se dispusieron más de 16 000 millones de euros desde el
Gobierno central. Por ello distintos ministerios están haciendo frente para proteger a los vulnerables, como el Ministerio de Infancia, movilizando 60 millones para los más pequeños; o el Ministerio de Derechos Sociales, garantizando las ayudas
para las personas en situación de dependencia; o el Ministerio de Sanidad, para garantizar ayudas para la salud mental y las personas que han sufrido estrés durante este episodio. También otras muy importantes, como la activación de los ERTE por
parte del Ministerio de Trabajo y la vicepresidenta Yolanda Díaz, con 2300 empresas solicitantes y más de 25 000 personas beneficiadas por estos ERTE. Y la protección de las trabajadoras durante estos episodios, sancionando a más de cien empresas
que pusieron en peligro la vida de algún trabajador durante estos días; un hecho intolerable que no vamos a tolerar, sea quien sea el empresario. Esta es una muestra clara de lo que ha de hacer un Gobierno responsable con la gente que está
sufriendo. Aun así, las ayudas han de continuar y aquellas que han sido destinadas por el Gobierno valenciano también han de ser efectivas. En estos momentos duros no vale el partidismo; hay que trabajar unidos para sacar del fango a nuestra
gente.
Por cierto, estos millones han de ser destinados inmediatamente a la emergencia. No vamos a consentir que se permita vivir a nadie de forma ilícita; vamos a fiscalizar cada euro, señorías, sobre todo lo que está destinado por el Consejo
valenciano a empresas ligadas a tramas de corrupción pasadas. No vamos a tolerar ni una. Porque el duelo y la emergencia tienen que ir también en paralelo a la reconstrucción, y esta reconstrucción no ha de ser como antes. La DANA parte de unos
fenómenos meteorológicos que los expertos -sí, los expertos- consideran cada vez más peligrosos. La costa mediterránea y las comarcas valencianas son particularmente más vulnerables. No podemos caer en el error de volver a edificar en sitios en
donde nunca se tendría que haber construido. No podemos caer en el error de pensar que el crecimiento puede estar por encima de la naturaleza. Como dijo Noam Chomsky: Si elegimos no hacer nada frente al cambio climático, estamos firmando la
sentencia de muerte de millones de personas, incluidos nuestros propios descendientes. La pasividad no es una opción ética, señorías. (Aplausos).
Hemos de dar recursos a la prevención, a la investigación, a aquellos que nos advirtieron, y algunos no solo no quieren escuchar, sino que los denuncian y los demandan. Hemos de destinar dinero a las confederaciones. No puede ser que un
ayuntamiento, como Gandía, en el que yo estuve de alcalde, tenga más fuerza que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que abarca decenas de población.
Por último, investigación. Nuestro grupo parlamentario ha registrado la propuesta de creación de una comisión de investigación, en donde la sociedad y la gente que ha sufrido y sigue sufriendo pueda saber qué ocurrió el pasado 29 de octubre
y por qué el Gobierno valenciano no avisó; sí, porque no avisó a nadie de que venía la peor riada de nuestra historia. ¿Dónde estaba el señor Mazón? Y ¿por qué hasta la fecha, y después de 170 000 personas en las calles de Valencia, el Partido
Popular, y también a veces el PSOE, no ha pedido la dimisión del señor Mazón? Queremos y exigimos saber la verdad y que nunca más tengamos dirigentes ineptos gestionando momentos críticos.
Y, por último, hay dos cosas que me gustaría destacar: el papel de mi organización [...] en todo este episodio terrible; el trabajo de alcaldesas, como la compañera Judith Capellino, de Riola, que, en el momento de ver crecer los ríos y
que nadie avisara, fue a las compañeras del Gobierno municipal, casa
por casa, a advertir de lo que podría venirse encima; el trabajo de la Ejecutiva, que una parte de ella lo ha perdido todo, y, aun así, están dejándose la piel.
Acabo, señorías. Está muy bien pedir modificaciones presupuestarias, y también nosotros estamos aquí para poder contribuir, pero donde más necesitamos los recursos es en los presupuestos generales del Estado, porque allí podremos
conjuntamente destinar los recursos que hacen falta para la recuperación; allí podremos apretar a aquellos que más tienen para que el beneficio colectivo sea una realidad. Visca el país valencià! Estemos todos a la altura en este hemiciclo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Azorín Salar.
El señor AZORÍN SALAR: Señor presidente, señorías siempre, pero hoy más que nunca, los servidores públicos debemos estar a la altura de las circunstancias y tener empatía. Hoy subo a esta tribuna consciente de la responsabilidad que supone
ser uno de los 350 diputados de esta Cámara.
Empatía: ponernos en el lugar de otros, entender su sufrimiento y acompañarlos. ¿Cómo empatizar con una familia que ha perdido a un ser querido en las inundaciones provocadas por la DANA sabiendo que ningún consuelo verbal podrá
devolverles lo que han perdido? ¿De qué sirve nuestra empatía si la convertimos en una herramienta de enfrentamiento, si empezamos nuestros discursos mostrándoles solidaridad, cariño y afecto y algunos los terminan con acusaciones cruzadas,
crispación y con un tono que divide mucho más que une? Piensen, señorías, en algo tan sencillo como las llaves que llevamos en nuestros bolsillos. Para muchos esas llaves representan el acceso a su hogar, a su vehículo, a su seguridad y
estabilidad. Ahora, imaginen que esas llaves ya no tienen sentido porque su coche ha sido arrastrado por el agua, o porque su casa está inhabitable. Esto es lo que les está ocurriendo a miles de personas, mientras algunos se enfrascan en debates
sobre culpabilidades en lugar de dar respuestas efectivas.
Más doloroso aún es pensar en quienes han perdido a un ser querido. ¿Qué mensaje enviamos cuando en esta Cámara algunos hablan de los fallecidos con tanta frivolidad? Señorías, me pregunto: ¿es eso lo que nuestros conciudadanos quieren
escuchar? Estoy convencido de que no. Lo que las familias afectadas necesitan es algo mucho más valioso que nuestras palabras; necesitan soluciones; necesitan acción, y necesitan que esta Cámara sea un ejemplo de unidad en tiempos de adversidad.
(Aplausos).
No es posible que algunos aprovechen una tragedia para obtener rédito político. Gobernar no es un ejercicio de confrontación ante dicha situación, sino de servicio. Es responder con medidas concretas, como los 14 000 millones de euros para
la reconstrucción desplegados por el Gobierno de España. Señorías, hoy las ciudadanas y los ciudadanos damnificados no quieren mirar si somos de un partido u otro, quieren que seamos los y las representantes de un país que espera lo mejor de
nosotros, que espera lo mejor de nosotras.
Como les decía, me dirijo a ustedes desde lo más hondo del corazón, después de haber pisado el barro en primera persona tan solo cuarenta y ocho horas después de que se desatara el desastre. Las escenas desoladoras que presencié en aquellos
lugares me estremecieron hasta lo más profundo. Rostros marcados por el dolor y por la incertidumbre. Incertidumbre como la de amigos como Roser y Carlos, que estuvieron incomunicados de su hijo Carlos y a la mañana siguiente nos mandaron un
mensaje que decía literalmente: Carlos fue de Loriguilla a Riba-roja a trabajar y volvió andando sin coche porque las aguas se lo tragaron. Tuvo que pasar la noche en un bar del polígono y nosotros sin saber de él desde medianoche. Entre todas
estas imágenes, lo más desgarrador fueron los testimonios de aquellos que perdieron a un ser querido o aquellos que aún esperaban noticias de un desaparecido.
Señorías, por todas esas historias de dolor y pérdida, cada ayuda cuenta, cada gesto de solidaridad suma, cada aportación, por pequeña que sea, es un paso hacia la recuperación. He de decir que la resiliencia, esperanza, lucha y optimismo
del pueblo valenciano laten continuamente, que nos necesitan, y lo conseguiremos juntos y juntas, con militares, bomberos, guardias civiles, la Unidad Militar de Emergencias, policías locales, nacionales, Protección Civil, agricultores, sanitarios,
profesionales, con el apoyo de los psicólogos, forenses, veterinarios, cocineros, fontaneros, electricistas, también periodistas, arquitectos, empresarios, restauradores, científicos y un largo etcétera; y, por supuesto, de mis compañeros alcaldes
y alcaldesas, concejales y concejalas (aplausos), y de ese tsunami de voluntarios y voluntarias
que han demostrado ante la adversidad una vez más que nuestra comunidad, que nuestro país es grande por lo que es y por lo que tiene, que es capaz de levantarse una y otra vez.
València al nostre cor i tots a una veu.
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Rodríguez Serra.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Gracias, vicepresidente.
Señorías.
Señor Cruset, señora Jordà, a ustedes que tanto reivindican el derecho a decidir les agradeceríamos que como mínimo respetaran el derecho a decidir de los demás, en este caso el de los valencianos, que decidieron en su día denominarse
Comunitat Valenciana. (Aplausos.-El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!). ¿O es que consideran a los valencianos súbditos suyos? Espero que no.
Señorías, la proposición no de ley que debatimos pide que se destinen 15 000 millones de euros adicionales en ayudas directas a instituciones, empresas y personas afectadas por la DANA. Nuestro grupo comparte aproximadamente esa cifra. Los
dos reales decretos leyes, que a nuestro juicio son insuficientes -lo dijimos ya la semana pasada-, el 6/2024, con 10 600 millones, y el 7/2024, con 3750 millones, representan un total de 14 350 millones, que con los 15 000 de esta propuesta nos
llevarían hasta los 29 350, que se acercan bastante a los 31 400 millones solicitados por la Generalitat Valenciana. Pero debemos criticar y decir una vez más que no todo el monte es orégano: 3500 millones los aporta el Consorcio de Compensación
de Seguros, 5000 millones son avales, a lo que hay que añadir créditos y moratorias que se tendrán que pagar, que no son ayudas directas, sino que serán nuevas losas en forma de créditos sobre los afectados.
Ahora bien, más allá de los recursos económicos, que son imprescindibles, también es necesario algo que no está legislado, que el Gobierno no ha empleado y que una proposición no de ley no resuelve. Se ha mencionado varias veces: se llama
empatía. Supongo que la empatía para el señor Azorín debe ser ver a Pedro Sánchez huyendo, o ver a Teresa Ribera no yendo, u oír a Margarita Robles cómo abronca a los vecinos. (Aplausos). Eso no es ningún ejemplo de empatía.
Los otros puntos de la propuesta consisten en recordar los artículos de la Ley General Presupuestaria que permiten hacer modificaciones del presupuesto. Nosotros nos preguntamos: ¿es necesario? Para nosotros no, pero seguramente para el
Gobierno sí, pero sí más por interés que por desconocimiento. Del autor de 'si necesitan más recursos, que los pidan', el nuevo hit fue: necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado para hacer efectivas las ayudas a la Comunitat
Valenciana. Señor Azorín, esto es aprovechar una tragedia para obtener rédito político; esto. Por cierto, señor Cruset, el señor Sánchez no es presidente del Estado -aunque estoy convencido de que a él gustaría-, es presidente del Gobierno.
Imaginamos que en el momento en que ustedes oyeron en boca del presidente estas palabras surgieron remordimiento de conciencia en el grupo de Junts, y es que, claro, mantener a un Gobierno que está de lodo hasta las cejas no es para menos.
Es evidente que son deseables unos presupuestos actuales que orienten la acción del Gobierno, pero, sobre todo, es imprescindible un Gobierno orientado. En cambio, tenemos un Gobierno que se compromete a una cosa con unos y con otros a la
contraria. Vaya, lo que llamaríamos un Gobierno marxista, pero de Groucho: estos son mis principios y, si no les gustan, tengo otros.
Es necesario un Gobierno que no colonice las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. Tenemos un Gobierno con cada vez más ministros bajo sospecha de corrupción. Tenemos un presidente cercado por la justicia, que usa la
Abogacía del Estado en su defensa personal, con un fiscal general imputado y en connivencia directamente con la Moncloa. Les entendemos, cualquiera tendría esos mismos remordimientos de conciencia, pero les aseguro que no hay proposición no de ley
que lo remedie.
Gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Cruset Domènech, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
El señor CRUSET DOMÈNECH: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No. De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TASA EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS MUNICIPALES QUE DEBEN IMPLANTAR LAS ENTIDADES LOCALES POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN. (Número de expediente 162/000349).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la tasa en relación con los residuos municipales que deben
implantar las entidades locales por los servicios que presta.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Clemente Muñoz.
La señora CLEMENTE MUÑOZ: Gracias, vicepresidente. (La señora vicepresidenta, González Vázquez, ocupa la Presidencia).
Señorías, hoy el Grupo Popular trae a debate la necesidad que tienen los ayuntamientos de ser respetados, de ser respetada su autonomía y su libertad para aliviar la carga impositiva a sus vecinos en materia de residuos. Tratar de confundir
a los ciudadanos con las trasposiciones de las directivas y escudarse en Europa para justificar su tasazo, el tasazo de Sánchez, es cuando menos un insulto a la inteligencia de los españoles. (Aplausos).
La Directiva de 2018 sobre Residuos se traspone en España a través de la Ley 7/2022, que obligará a todos los ayuntamientos a establecer una tasa de residuos a partir del próximo 10 de abril de 2025. Ya entonces mostramos nuestros reparos,
aunque decidimos ser responsables y no oponernos a la transposición de esta directiva que esperaba la industria y que era tan importante para nuestro país. Esta trasposición llegaba tarde y también, desde luego, podía haber llegado mejor. El
objetivo de esta directiva es reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización y, sobre todo, fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales; pero su objetivo nunca fue -y repito nunca- aumentar la presión
fiscal a las familias. La Directiva sobre residuos no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basuras, como ustedes nos quieren hacer creer; marca medidas como la correcta planificación de las
infraestructuras de gestión de residuos o el uso de mejores técnicas para su tratamiento. Aquí sí que podrían haber utilizado los fondos Next Generation en lugar de haber usado esta directiva para crear una nueva tasa. (Aplausos.-El señor De Olano
Vela: ¡Muy bien!). Desde 2018 el Gobierno no ha impulsado ni planificado, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, infraestructuras para lograr los objetivos de reutilización. Mientras tanto, la Comisión Europea, una vez tras
otra, alertaba del riesgo de incumplimiento de los objetivos de residuos municipales marcados para 2025. Pero este Gobierno tampoco ha tenido en cuenta las distintas situaciones de los ayuntamientos de España. Nos ha impuesto el tasazo a todos por
igual.
Miren, señorías, yo soy alcaldesa de Celadas, un pequeño pueblo de Teruel de apenas 400 habitantes, y les aseguro que esta ley no nos ha tenido en cuenta. ¿Me van a decir cómo explico yo a mis vecinos que voy a cobrarles el doble por la
tasa de basuras porque el Gobierno no ha hecho sus deberes? (Aplausos). ¿Cómo les explico que cualquier inversión que haga para mejorar la gestión de residuos la van a tener que pagar ellos porque no han tenido en cuenta el impacto en el medio
rural, no han tenido en cuenta la falta de recursos que tenemos los pequeños municipios para cumplir los objetivos marcados, pero sí para los negocietes de Aldama, de Begoña, de Ribera...? Para eso sí que se acuerdan del reto demográfico.
(Aplausos).
Esta situación es otro fracaso más de la gestión de Ribera. El Ministerio de Transición Ecológica esta semana reconocía otro fracaso más con el reciclado de las botellas de plástico, que obligará a implantar un nuevo sistema de depósito y
retorno. Fracaso tras fracaso del Gobierno de Sánchez en la gestión de residuos que se traduce en lo mismo: más impuestos y más tasas a la ciudadanía. Como si los españoles no tuviéramos bastante con la subida de los impuestos, con la inflación,
con el precio de la vivienda, se inventan nuevas tasas que van directamente a saquear los bolsillos de los españoles. (Aplausos).
Pudimos ver la semana pasada aquí cómo el Gobierno y sus socios aplaudían -sí, aplaudían- la subida de impuestos y la creación de nuevos impuestos. Mientras tanto, las familias, cada vez más asfixiadas, sufren el coste de la vida y el coste
de la gestión de su Gobierno.
Esta preocupación que hoy traemos aquí es la preocupación de los ayuntamientos, que tendremos que cobrar a nuestros vecinos el importe total del coste de recogida, de selección, de transporte, de traslado, de gestión, sin que podamos asumir
parte del coste para aliviar este tasazo de Sánchez. Vamos a ser los alcaldes -sí, los alcaldes- los que pongamos la cara por la falta de gestión de este Gobierno. Alcaldes de todos los signos políticos, alcaldes de municipios grandes y pequeños,
alcaldes con
infraestructuras de gestión de residuos muy diversas, alcaldes de municipios con situaciones financieras también muy diversas, alcaldes que tenemos que decirles a nuestros vecinos -a los que durante años hemos pedido que sean responsables
con el medio ambiente, a los que hemos pedido que reciclen- que, como premio a su responsabilidad medioambiental, ahora les vamos a cobrar el doble. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Señorías, esta tasa va a incentivar el reciclaje y la recogida separada. Por lo tanto, es prioritario planificar las infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los residuos, habilitar nuevos procesos, concienciar a la sociedad
de los objetivos de reutilización y desarrollar el potencial del sector de residuos, a los que tenemos que considerar recursos; recursos para crear nuevos puestos de trabajo en el territorio alrededor de la economía circular.
Reducir la problemática de la falta de gestión de residuos a un tasazo, al tasazo de Sánchez, para cubrir el coste de la no gestión de este Gobierno no es más que otro fracaso de este ministerio. Como alcaldesa me niego; me niego a pensar
que todo se soluciona con más impuestos. (Aplausos). Los alcaldes no debemos ser los que impongamos la tasa a nuestros vecinos como imposición del Gobierno. Los alcaldes debemos ser los que gestionemos los residuos de una forma más eficaz para
lograr los objetivos marcados.
Se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido la oportunidad que ofrecían los fondos Next Generation para transformar este sector por la incapacidad de este Gobierno. Pero estamos a tiempo de recapacitar y estamos a tiempo de reconducir la
política medioambiental de este país, de derogar la implantación y aplicación de la totalidad del coste de la gestión de residuos que deja a los ayuntamientos sin autonomía ni libertad para establecer y gestionar sus propios tributos, pero también
nos deja a los alcaldes en una situación de inseguridad jurídica, como ayer mismo la presidenta de la FEMP le transmitió al presidente del Gobierno, porque falta una regulación clara. Sin un texto normativo y claro se va a generar un caos
tributario, como ya está advirtiendo la Asociación Nacional de Inspectores de Haciendas Locales; por no hablar de la incongruencia con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Los alcaldes solo pedimos mecanismos para mejorar. Los alcaldes pedimos el acompañamiento y la coordinación con el Estado y las comunidades autónomas para aprovechar las posibilidades que la economía circular brinda a nuestros municipios;
pero cargar el coste total de estas inversiones a los vecinos no es la solución. Los vecinos no deben ser quienes paguen la factura de las políticas nefastas de la señora Ribera. No debemos ser los alcaldes los que pongamos la cara por la inacción
de un ministerio que no ha estado en su lugar, ni ha desarrollado las políticas de planificación, ni ha ejecutado las infraestructuras necesarias para cumplir con los objetivos marcados, ni ha desarrollado y acompañado a un sector en auge.
Grandes han sido los anuncios, pero muy pocas las acciones de la señora Ribera, que hemos visto cómo en todos sus cometidos ha dejado la misma huella; la huella indeleble de este Gobierno, la huella del fracaso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias,
Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ya se ha dicho, todos los ayuntamientos de España están obligados a implantar antes del 10 de abril de 2025 una nueva tasa de gestión de residuos en virtud de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
Circular. La ley establece que el productor inicial de residuos -una familia, una empresa- tendrá que sufragar todos los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los correspondientes a la infraestructura necesaria y a su
funcionamiento y los relativos a los impactos medioambientales y, en particular, los de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello se obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de
carácter público no tributaria que recaiga sobre los productores de residuos.
Señorías, el fanatismo climático que promueven el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas tiene consecuencias directas en la vida y la prosperidad de los españoles, los cuales no pueden más, y no podemos aceptar que el fanatismo
verde de unos pocos acabe repercutiendo en el bolsillo y la economía de las familias y los trabajadores. Lo próximo va a ser que los españoles paguen por respirar. Nos asfixian a impuestos, nos atosigan con todo tipo de burocracia inútil y también
nos criminalizan con toda clase de
imposiciones absurdas. Si trabajas, te cobran impuestos; si vas de compras o a comer fuera, te cobran impuestos; si te compras una casa, te cobran impuestos; incluso si te mueres, te cobran impuestos (aplausos), y ahora, por tirar la
basura, nos pretenden atracar. Esto es insoportable.
Esta nueva imposición está generando un enorme caos y descontento en los ayuntamientos, de tales dimensiones que incluso el propio Ministerio de Hacienda ha tenido que publicar una guía para los municipios, donde matiza muchas de las
imposiciones restrictivas y radicales. Es una muestra más de la pésima capacidad de gestión del Gobierno de Sánchez, que ni por asomo busca el bien común de los españoles ni tampoco trabaja para que los ayuntamientos puedan gestionar lo mejor
posible sus competencias dentro de la autonomía local, a la que tienen derecho. Sánchez solo quiere ser el alumno más aventajado de Von der Leyen y de las políticas climáticas más radicales de los burócratas de Bruselas, sin importarle lo más
mínimo las consecuencias que este tipo de medidas van a tener para las familias y los españoles más vulnerables.
Aunque el Partido Popular ahora haga muchos aspavientos en contra de esta tasa, en realidad está en línea con todos los postulados de la ley de economía circular y es igual de responsable que el Partido Socialista. En las Cortes Generales,
el Grupo Popular se abstuvo en la votación de la enmienda a la totalidad que presentó VOX y se abstuvo en la votación final del texto (aplausos). También ha impulsado y aprobado leyes que desarrollan esas medidas en las regiones donde gobiernan,
algunas de ellas, como la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada con los votos del Grupo Socialista.
Señorías, bajo el principio de quien contamina paga, las élites que gobiernan en Bruselas quieren obligar a los españoles a pagar más impuestos por vivir y, por tanto, a empobrecerse. Es el camino al que nos conducen desde hace años las
agendas globalistas y que ya anunciaron sus élites a través del Foro Económico Mundial: no tendrás nada y serás feliz; dejarás de comprar, consumir, cocinar, cuidar tu jardín, tener hijos, vestirte, alimentarte, conducir tu coche, adecentar
adecuadamente tu hogar, etcétera, o, en caso contrario, pagarás cada vez más y serás incapaz de ahorrar y sacar adelante tu proyecto de vida. Desde VOX no aceptamos este dogma mentiroso, que solo busca empobrecernos e imponernos delirios. Mientras
que los que de verdad contaminan, que están muy lejos de España, tienen barra libre y cada vez les va mejor, a nosotros cada vez nos va a peor.
Termino ya, señor presidente. Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que propone dar una nueva redacción al punto 2 de la proposición no de ley, instando a la derogación de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para
una Economía Circular.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Moi boa tarde.
A lei de residuos traslada ao ordenamento español a Directiva de 2018 sobre esta mesma materia, que, após comprobar o incumprimento maioritario por parte dos Estados dos obxectivos de reciclaxe de 50 % dos residuos municipais para 2020,
pretendía fixar metas máis ambiciosas e, sobre todo, medidas máis efectivas para incrementar a reciclaxe e reducir a produción de residuos. O Estado español foi un dos que incumpriu claramente. E, no caso da Galiza, sitúase, se analizamos o
conxunto, á cola do Estado en materia de reciclaxe, cunha porcentaxe en 2022 de 21 %, moi lonxe do obrigado 50 % referido. Mais hai que destacar que certos concellos e mancomunidades, precisamente aqueles que operan á marxe de Sogama, do plan da
Xunta, situáronse por riba da media.
Os maus resultados da Galiza explícanse porque a Xunta incumpriu as directrices do plan estatal de residuos, PEMAR, e mesmo do plan de residuos urbanos de Galiza 2010-2022, que fixaba un obxectivo de recollida separada e tratamento de 245
000 toneladas de materia orgánica, agora chamada biorresiduos, e prevía a construción de doce plantas de compostaxe e outras microplantas, que nunca chegaron a seren construídas por falta de impulso precisamente da Xunta.
En lugar de levar a cabo estas medidas, o Goberno galego optou por unha deriva suicida de ampliación das instalacións de Sogama, que se sustenta na incineración de residuos, e tamén pola licitación de grandes contratos, a maioría co grupo
ourensán Valtalia-Copasa; contratos plurianuais e por valor de máis
de 750 millóns de euros, que é unha das causas principais do tensionamento das contas de Sogama, empresa mixta con capital 49 % de Gas Natural-Naturgy.
Efectivamente, a lei, recollendo o marcado na Directiva, establece a necesidade de penalizar determinadas prácticas, como a da incineración ou o depósito en vertedoiro, ao tempo que promove a reciclaxe, a reutilización, a redución na
produción de residuos a tratar e, en todo caso, a compostaxe como método de tratamento de residuos. Para isto, e para lograr unha maior concienciación e compromiso da cidadanía, foi introducido o deber de repercutir o custo da xestión de residuos,
tamén coa intención de facer copartícipes das políticas, pois para lograr unha redución é precisa a colaboración activa de veciños e veciñas e que vexan que coas súas boas prácticas poden reducir a factura da xestión do lixo. Claro, isto non
acontece na Galiza porque xa dixemos que as decisións do Partido Popular foron na dirección contraria. En todo caso, o BNG pode compartir a necesidade de axustar esta obriga e diferenciar os grandes concellos daqueles que teñen poucos habitantes e
poder valorar custos que nada teñen que ver co compromiso cidadán e que encarecen o servizo, como a dispersión poboacional característica da Galiza, e especialmente do medio rural. Porén, esta iniciativa é completamente oportunista e, cando menos,
o BNG coñece ben a política do PP nesta materia. A mediados do ano 2024, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon que cobra aos concellos polo servizo de Sogama nun 30 %, de 68 a 88 euros por tonelada. Os que tiñan bonificación de 15 %
pagaban 56 euros por tonelada. E agora anuncia un novo taxazo para 2025 que elevaría a factura ata os 108 euros a través da lei de acompañamento dos orzamentos de 2025. É dicir, a portavoz do PP fala do taxazo do Goberno español na Galiza e o
taxazo, señores do PP, son vostedes, que van duplicar o que teñen que pagar os concellos polo lixo. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento polo desfase das contas de Sogama, porque tiveron que aplicar o imposto á incineración. En todo
caso, o principal responsable é o propio Partido Popular, empeñado en manter un sistema de tratamento de residuos insustentábel de forma inxustificada. Mais empeñado tamén durante lustros nunha política de non colaboración, de asedio e de
afogamento daquelas alternativas municipais e/ou mancomunadas que optaron por erguer proxectos de reciclaxe e de compostaxe. Por iso, insistimos, partillando a necesidade de maior flexibilidade nalgúns supostos xustificados: quen debe rectificar é
o Partido Popular, con políticas que nunca buscan beneficiar as maiorías sociais, senón intereses empresariais e particulares.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes.
La ley de residuos traslada al ordenamiento español la Directiva de 2018 sobre esta misma materia, que, después de comprobar el incumplimiento mayoritario por parte de los Estados de los objetivos de reciclaje del 50 % de los residuos
municipales para 2020, pretendía fijar metas más ambiciosas y, sobre todo, medidas más efectivas para incrementar el reciclaje y reducir la producción de residuos. El Estado español fue uno de los que incumplió claramente. En el caso concreto de
Galicia, se sitúa, si analizamos el conjunto, a la cola del Estado en materia de reciclaje, con un porcentaje en 2022 del 21 %, muy lejos del obligatorio 50 % referido. Pero hay que destacar que ciertos ayuntamientos y mancomunidades, precisamente
aquellos que operan al margen de Sogama y del plan de la Xunta, se situaron por encima de la media.
Los malos resultados en Galicia se explican porque la Xunta ha incumplido las directrices del plan estatal de residuos, PEMAR, incluso del plan de residuos urbanos de Galicia 20102022, que fijaba un objetivo de recogida separada y
tratamiento de 240 000 toneladas de materia orgánica, que ahora se llaman biorresiduos, y preveía la construcción de doce plantas de compostaje y otras microplantas, que nunca llegaron a ser construidas por falta de impulso precisamente de la Xunta.
En lugar de llevar a cabo estas medidas, el Gobierno gallego optó por una deriva suicida de ampliación de las instalaciones de Sogama, que se sustenta en la incineración de residuos y también en la licitación de grandes contratos, la mayoría
con el grupo orensano Valtalia-Copasa; contratos plurianuales y por un valor de más de 750 millones de euros; una de las causas principales del tensionamiento de las cuentas de Sogama, una empresa mixta con capital en el 49 % de Gas Natural.
Efectivamente, la ley, recogiendo lo marcado en la directiva, establece la necesidad de penalizar determinadas prácticas, como la de la incineración o el depósito en escombreras, al tiempo que promueve el reciclaje, la reutilización y, en
todo caso, el compostaje como métodos de tratamiento de residuos. Para esto y para lograr una mayor concienciación y compromiso de la ciudadanía se introdujo el deber de
repercutir el coste de la gestión de los residuos, también con la intención de hacerles copartícipes de las políticas para lograr una reducción que precisa de la colaboración activa de los vecinos y las vecinas y para que vean también que
con sus buenas prácticas pueden reducir la factura de gestión de la basura. Claro, esto no sucede en Galicia, porque, como ya dijimos, las decisiones del Partido Popular fueron en la dirección contraria. En todo caso, nosotros, el BNG, puede
compartir la necesidad de ajustar este deber y de diferenciar los grandes ayuntamientos de aquellos que tienen pocos habitantes, de poder valorar costes que nada tienen que ver con el compromiso ciudadano y que encarecen el servicio, como la
dispersión poblacional característica de Galicia, especialmente en el medio rural. Sin embargo, esta iniciativa es completamente oportunista y cuando menos el BNG conoce bien la política del PP en esta materia. A mediados del año 2024, la Xunta
elimina la bonificación e incrementa el canon que cobra a los ayuntamientos por el servicio de Sogama en un 30 %, de los 68 a los 88 euros por tonelada. Los que tenían bonificación del 15 % pagaban 56 euros por tonelada y ahora anuncia un nuevo
tasazo para 2025 que elevaría la factura hasta los 108 euros a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2025. Es decir, la portavoz del Grupo Popular habla del tasazo del Gobierno español en Galicia y el tasazo, señora del PP, son
ustedes, que van a duplicar lo que tienen que pagar los ayuntamientos por la basura. La Xunta justifica la necesidad de este incremento por el desfase en las cuentas de Sogama, pues tuvieron que aplicar el impuesto a incineración. En todo caso, el
principal responsable es el propio Partido Popular, empeñado en mantener un sistema de tratamiento de residuos insostenible de forma injustificada. Pero se han empeñado también a lo largo de lustros en una política de no colaboración, de acoso y de
ahogo de aquellas alternativas municipales o mancomunadas que optaron por levantar proyectos de reciclaje y compostaje. Por eso, insistimos en que, compartiendo la necesidad de mayor flexibilidad en los supuestos justificados, quien debe rectificar
es el Partido Popular con políticas que no buscan nunca beneficiar a las mayorías sociales sino intereses empresariales y particulares.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Hoy el Grupo Popular nos trae la misma propuesta que ya se debatió en el Senado hace más o menos un mes. Yo la verdad es que no sé cómo calificar esta propuesta porque ustedes nos están solicitando que incumplamos con una directiva del
2018, que obliga a cobrar la tasa de basuras en función de los residuos que genera cada ciudadano o ciudadana. Es decir, una directiva que lo que viene a decir es que el gasto de recogida y tratamiento debe ser asumido por quienes la generan:
ciudadanía, comercios, empresas, y que no puede ser una tasa deficitaria. La directiva es clara por cuanto que dice que los Estados miembros deben -no dice, desde luego, podrán- recurrir a instrumentos económicos y a otras medidas a fin de
proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos como los instrumentos económicos y otras medidas que se indican en el anexo IV como sistemas de pago por generación, pay as you throw; una normativa que luego fue recogida
además en la ley de residuos del 2022. Ambas normativas, señorías del Grupo Popular, fueron aprobadas con sus votos a favor en Europa, por un lado, y con una abstención en la ley de residuos que, por cierto, da margen hasta el 2025 para aplicar
esta tasa u otro mecanismo económico. Por lo tanto, podríamos concluir que en el 2022 a lo mejor no les pareció tan mal esta regulación.
Miren, los Gobiernos autonómicos, los Gobiernos locales, las diputaciones, asociaciones de municipios conocen esta normativa. Lo sabían ya. Sabían que iban a tener que aplicar esa tasa o alguna medida económica desde el 2018. Esto no es
algo nuevo y, de hecho, las políticas que se han llevado por los distintos ayuntamientos son muy dispares. Hay ayuntamientos que ya la tienen en prácticas desde hace bastante tiempo y otros ayuntamientos que ni siquiera cobran la tasa de residuos,
lo cual desde luego parece que no es muy responsable. Y lo que ustedes proponen hoy es cuanto menos injusto, además, para aquellos ayuntamientos que están haciendo las cosas bien, que están aplicando la tasa y son responsables con la gestión de
residuos. Sin embargo, ustedes con esta propuesta quieren premiar precisamente a quien lo hace mal o a quien ni tan siquiera lo hace porque resulta impopular asumir el coste que conlleva aplicar esta directiva europea. Quizá lo que tienen que
hacer los ayuntamientos es explicar verdaderamente a la ciudadanía cuál es el objetivo de esta tasa que, por un lado, es incentivar la separación de residuos, así como el disponer de los recursos económicos suficientes para posibilitar
cambios en los propios sistemas de gestión y tratamiento de residuos para alcanzar ese 55 % de reciclaje, lo que, además, generará a futuro muchísimos menos gastos y una apuesta por trasladar una reducción de tasas a futuro, que es lo que va
a ocurrir.
Ustedes en su moción hablan de imposición y de repercusión al cien por cien a la ciudadanía, pero resulta que lo que no dicen es que, además, la tasa o prestación patrimonial no tributaria recogida en el artículo 11.3 y disposición final
primera de la ley de residuos, puede ser bonificada hasta un 95 % dentro de la autonomía de los ayuntamientos, y algunos ya lo han hecho. Algunos lo han hecho en su totalidad; otros han reequilibrado la presión fiscal reduciendo, por ejemplo, el
IBI en el mismo importe en el que se sube la tasa de residuos; otros proponen minorar el coste de la tasa de residuos mediante lo que se recaude, en su caso, por la posible tasa turística a futuro por varios ayuntamientos. Yo creo que son un
ejemplo de distintas posibilidades que se están dando. Porque hay que entender que la basura es de cada uno o de cada una y, desde luego, no se puede defender que se paga a escote porque una tarifa plana, además, no va a conseguir que la ciudadanía
tome medidas para separar en origen los residuos. Desde luego, no hace falta ni es responsable para nosotros solicitar instar a incumplir una directiva. Por lo tanto, no vamos a apoyar esa proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Bé, gràcies, president, senyories.
La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular, més coneguda a Catalunya com la llei amb la qual l'Estat ens va expropiar el cànon de residus, diu que a l'abril els ajuntaments han de fixar una taxa obligatòria per la
recollida dels residus que pagaran íntegrament els ciutadans en funció de la quantitat de residus generats. També hi ha l'opció que els ajuntaments fixin una prestació patrimonial de caràcter públic no tributària, és a dir, una prestació exigida de
manera coactiva per a fins d'interès general -en aquest cas, el tractament dels residus. Però la novetat radica en que aquesta taxa que paguen els ciutadans, que hauran de pagar els ciutadans i empreses, ha de cobrir el cent per cent del cost del
servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans. És a dir, que els ajuntaments ja no podran finançar aquests serveis a partir del pressupost municipal.
Això té un objectiu: que tothom sàpiga, de manera transparent, què costa tractar els residus que generem. Insisteixo, de manera transparent. Potser ens hem de preocupar o preguntar a qui no li interessa la transparència en aquest punt.
També es vol que tothom prengui consciència i canviï els hàbits, per exemple, reduint el volum d'escombraries, comprant a granel en lloc de productes empaquetats amb plàstic o separant els residus a casa nostra per poder cuidar el planeta, que no
deixa de ser la casa de tots nosaltres.
La diputada del PP deia que es nega a què els ciutadans hagin d'assumir nous impostos. No, miri, els ciutadans pagar, ja paguen. Pagar, ja paguem. Per exemple, ho fem amb costos indirectes, ara a través de l'IBI, ara a través de la
factura de l'aigua. De manera que com que no hi ha transparència, no podem mesurar d'una manera acurada el problema que tenim a sobre. Potser una de les propostes seria si ara se li passa aquesta taxa directa al ciutadà se li pot reduir l'IBI.
La realitat és que estem molt a prop en el temps i molt lluny en el compliment dels objectius que ens ha posat la Unió Europea. La reutilització i el reciclatge dels residus municipals ha de ser del 55 % al 25, 60 % al 2030 i 65 % al 2035.
A hores d'ara, l'Estat està en una mitjana d'un 24 % de recollida selectiva real. Per tant, cal incentivar la ciutadania a aplicar les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Vostès parlen de taxa justa. També els pregunto com es pot
establir una taxa justa si no sabem a quins costos ens estem enfrontant. Per tant, gestió transparent, números clars i que qui faci un consum responsable i una gestió sostenible dels residus rebi com a recompensa la taxa justa.
És cert que l'Estat espanyol va optar per obligar a cobrir, via taxa, el cent per cent del cost de reciclatge, tractament i reutilització dels residus perquè la Unió Europea l'estava pressionant per no haver fet els deures. Mirin, tampoc
els havia fet respecte de l'establiment del cànon de residus i ves per on, ho va solucionar a la brava; quan parlem de Catalunya, amb l'expropiació del cànon de residus català. Catalunya sí que havia fet els deures. Durant divuit anys, havia
creat, gestionat i millorat un cànon que obligava a tributar per l'abocament, la incineració, el tractament de residus, de la construcció o de la indústria, divuit anys, divuit anys facilitant l'economia, circular al reciclatge i fent una gestió
eficient. Una bona praxi elogiada a tota Europa, que va acabar sent de titularitat de la Hisenda pública espanyola. I ara els catalans cobrem i gestionem un tribut que ja no és nostre. I que, per cert, perquè ho sàpiguen, ha perdut la seva
eficiència en un 5 %, uns 5 milions d'euros a l'any com a conseqüència que l'Estat permet generar exempcions i també perquè han complicat la gestió, passant de quatre tipus de cànon a dinou.
I saben què ha passat a nivell de les diferents comunitats autònomes? Que la majoria de les comunitats autònomes no ha volgut saber res, absolutament res de la gestió i recaptació del cànon. Ho està fent l'Estat i després transfereix els
recursos. En conclusió, qui ho feia bé, Catalunya, ara es troba amb una gestió menys eficient, i això va en contra de la sostenibilitat.
Gràcies.
Muchísimas gracias, presidente.
Señorías, la Ley 7/2022 sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, más conocida en Cataluña como la ley con la que el Estado nos expropió el canon de residuos, dice que en abril los ayuntamientos tienen que fijar una
tasa obligatoria para la recogida de residuos que pagarán íntegramente los ciudadanos en función de la cantidad de residuos generados. Por otro lado, está la opción de que los ayuntamientos fijen una prestación patrimonial de carácter público no
tributaria. Es decir, una prestación exigida de manera coactiva para fines de interés general, en este caso el tratamiento de los residuos, pero la novedad radica en que esta tasa que tendrán que pagar los ciudadanos y las empresas debe cubrir el
100 % del coste de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es decir, que los ayuntamientos ya no podrán financiar estos servicios a partir del presupuesto municipal. Esto tiene un objetivo, que todo el mundo sepa de
manera transparente qué cuesta tratar los residuos que generamos. Insisto, de manera transparente. Quizá deberíamos preocuparnos o deberíamos preguntarnos a quién no le interesa la transparencia en este punto.
Por otro lado, queremos que todo el mundo se conciencie, que cambie de hábitos, por ejemplo, reduciendo el volumen de basuras, comprando a granel en lugar de productos empaquetados en plástico, o separando los residuos en casa para poder
cuidar del planeta, que no deja de ser la casa de todos nosotros. La diputada del Grupo Popular decía que se niega a que los ciudadanos tengan que asumir nuevos impuestos. No, mire, los ciudadanos, pagar, ya pagan. Pagar, ya pagamos. Por
ejemplo, lo hacemos con costes indirectos, a través del IBI, a través de la factura del agua, de modo que, como no hay transparencia, no podemos cuantificar de manera precisa el problema que tenemos encima. Quizá una de las propuestas sería, por lo
tanto, si ahora se pasa esta tasa directamente al ciudadano, se le podría reducir el IBI. La realidad es que estamos muy cerca en el tiempo y muy lejos en el cumplimiento de los objetivos que nos impone la Unión Europea. La reutilización y el
reciclaje de los residuos municipales debe ser del 55 % en 2025, el 60 % en 2030 y el 65 % en 2035. Hoy en día, el Estado está en un promedio del 24 % de recogida selectiva real. Por lo tanto, hay que incentivar a la ciudadanía a la aplicación de
las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Ustedes hablan de una tasa justa. También les pregunto cómo se puede establecer una tasa justa si no sabemos a qué costes nos estamos enfrentando. Por lo tanto, gestión transparente, números claros
y que quien consuma de manera responsable y haga una gestión sostenible de los residuos reciba como recompensa una tasa justa. Es cierto que el Estado español optó por obligar a cubrir vía tasa el 100 % del coste del reciclaje, tratamiento,
reutilización de los residuos, porque la Unión Europea le estaba presionando por no haber hecho los deberes. Tampoco los había hecho respecto al establecimiento del canon de residuos y mira por dónde lo solucionó a la valiente, cuando hablamos de
Cataluña con la expropiación del canon de residuos catalán. Cataluña sí que había hecho los deberes, durante dieciocho años había creado, gestionado y mejorado un canon que obligaba a tributar por la incineración, el tratamiento de residuos, el
vertido de la industria; dieciocho años facilitando la economía circular, el reciclaje y haciendo una gestión eficiente, una buena praxis elogiada en toda Europa que acabó siendo de titularidad de Hacienda pública española, y ahora los catalanes
cobramos y gestionamos un tributo que ya no es nuestro y que, por cierto, para que lo sepan, ha perdido su eficiencia en un 5 %, cinco millones de euros al año como consecuencia de que el Estado permite generar excepciones y también porque han
complicado la gestión pasando de cuatro tipos de canon a diecinueve. ¿Y saben qué ha pasado a nivel de las diferentes comunidades autónomas? Que la mayoría de las comunidades autónomas no ha querido saber nada, absolutamente nada de la recaudación
del canon, lo hace el Estado y después transfiere los recursos. En conclusión, quien lo hace bien, Cataluña, se encuentra con una gestión menos eficiente y esto va en contra de la sostenibilidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots de nou.
Permeti'm abans que res, contextualitzar. A l'Estat no s'estan complint de cap manera els objectius marcats per la Comissió Europea en matèria de residus. Dels tres indicadors claus per al 2025 i el 2030 només s'han superat el nivell
marcat en matèria de reciclatge d'envasos, segons dades del propi Estat espanyol. Per contra, l'Estat incomplirà els objectius marcats en reciclatge i en quantitat de residus que van a parar als abocadors municipals. Aquest incompliment es
produeix perquè no existeix al conjunt de l'Estat una aposta ferma per una política justa, econòmica i socialment en l'àmbit de residus, malgrat que a Catalunya fa anys que sí. Fa anys que s'ha fet aquesta aposta, una aposta que, evidentment,
contribueix -i ho fa amb escreix- a millorar les dades del conjunt de l'Estat. De fet, a Catalunya ja fa un parell d'anys que es va celebrar el 25è aniversari, és a dir, dues dècades i mitja de l'inici de la recollida de fracció orgànica de
residus. També superen ja els 300 municipis on s'apliquen sistemes d'alta eficiència de recollida de residus, com el porta a porta o els contenidors intel·ligents o models mixtes.
Dit això, entro a la proposició no de llei del Partit Popular. De fet, des d'Esquerra Republicana de Catalunya creiem que és evident que cal respectar els principis d'autonomia municipal. I sent nosaltres un partit que ens ho creiem, un
partit profundament municipalista, compartim que no s'ha d'establir, que no s'han d'establir càrregues fiscals inassumibles per a la ciutadania, això sí, però també cal ser curosos amb el compliment dels objectius mediambientals marcats, en aquest
cas, per la Comissió Europea, en un context, senyories del Partit Popular, d'emergència climàtica, al qual hem de respondre urgentment. I no em facin parlar, perquè no tinc temps, del que ha passat al País Valencià.
També cal remarcar que si ara estem debatent l'entrada en vigor de l'obligatorietat d'aplicar la taxa de residus al cent per cent dels municipis és perquè no s'han fet els deures fins a dia d'avui. De fet, falta molt per a complir els
deures. És evident que una taxa municipal, per definició, ha de cobrir el cost del servei i, per tant, també que cal complir amb el principi de que qui genera residus paga. I per una raó o per una altra, els deures que sí, repeteixo, que s'han fet
al meu país, que sí que s'han fet a Catalunya, que sí han fet i han pagat els catalans i catalanes, sembla que no s'han fet -de fet, no sembla- no s'han fet a la resta de l'Estat.
Fetes aquestes consideracions que ens duran a votar en contra, senyories del Partit Popular, d'aquesta proposta, és cert que en alguns casos l'aplicació d'aquesta llei el 2025 comportarà un augment notable de la pressió fiscal en determinats
municipis. En aquest sentit, des d'Esquerra Republicana estem oberts i hem proposat solucions per millorar la justícia, en aquest cas fiscal, allà on pertoqui. I m'explico. Una de les propostes que hem posat damunt la taula consisteix en sufragar
una part de la dels costos relatius a la recollida i gestió de residus amb la recaptació del recàrrec de l'impost turístic. Parlem de municipis on hi ha molt turisme.
I és que, com saben, ciutats com Barcelona, una part de la generació de residus està directament lligada a la presència, en el cas de Barcelona, de més de 15 000 milions de turistes que van visitar, per exemple, la ciutat l'any 2023. Segons
aquest principi, el principi de qui genera rebuig paga, aquesta proposta pretén alleugerir la pressió fiscal sobre la ciutadania resident a Barcelona, és a dir, els contribuents de la taxa, els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, els barcelonins i
barcelonines. Amb això s'aconseguiria mantenir l'ambició en matèria d'economia circular, sent a la vegada justos amb la ciutadania que conviu amb els grans fluxos turístics de ciutats com Barcelona, però també aplicable òbviament, a altres ciutats
turístiques, per exemple, a Sitges, a Palamós o a tants d'altres municipis catalans.
Aquesta proposta que els explico avui aquí, al Congrés dels Diputats, i que veig que totes i tots estan molt atents escoltant-la, es va aprovar amb els vots d'una majoria del plenari a l'Ajuntament de la capital, a l'Ajuntament de Barcelona.
I esperem que després d'haver-la posat també avui damunt de la taula, aquí, el PSOE per justícia fiscal, el PSOE també per compromís amb la transició ecològica, es pugui aprovar d'aquí molt poc al Congrés dels Diputats.
I acabo, president. Recordar que el millor residu que tenim és el que no es genera. Per tant, aprofitem per reivindicar les polítiques de prevenció de residus que evitaran després els costos i, sobretot, evitaran els sobrecostos de la seva
gestió. En definitiva, treballem totes i tots per un futur més just i més sostenible. Res més.
Moltes gràcies.
Muy buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Permítanme, antes que nada, contextualizar. En el Estado no se están incumpliendo de ningún modo los objetivos marcados por la Comisión Europea en materia de residuos. De los tres indicadores
clave para el 2025 y 2030, solamente se ha superado el nivel
marcado en materia de reciclaje de envases, según datos del propio Estado español; en cambio, el Estado incumplirá los objetivos marcados en reciclaje y cantidad de residuos que van a parar a los vertederos municipales. Este incumplimiento
se produce porque no existe en el conjunto del Estado una apuesta firme a favor de una política justa, económica y socialmente en el ámbito de los residuos, a pesar de que en Cataluña hace años que sí, en Cataluña hace años que se ha apostado por
ello, una apuesta que evidentemente contribuye con creces a mejorar los datos del conjunto del Estado. De hecho, en Cataluña, hace ya un par de años se celebró el 25.º aniversario, dos décadas y media de la recogida de fracción orgánica de
residuos; también superábamos los trescientos municipios en los que se aplican sistemas de alta eficiencia de recogida de residuos, como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes o modelos mixtos.
Dicho esto, entro en la proposición no de ley del Grupo Popular. De hecho, desde Esquerra Republicana de Cataluña creemos que es evidente que hay que respetar los principios de autonomía municipal, y siendo nosotros un partido que lo
creemos, un partido profundamente municipalista, compartimos que no se han de establecer cargas fiscales inasumibles por la ciudadanía, eso sí, también hay que ser prudentes en el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados, en este
caso, por la Comisión Europea en un contexto, señorías del Grupo Popular, de emergencia climática al cual debemos responder de manera urgente. Y no me hagan hablar, porque no tengo tiempo, de lo que ha sucedido en el país valenciano.
Hay que destacar también que si ahora estamos debatiendo la entrada en vigor de la obligatoriedad de aplicar la tasa de residuos al cien por cien de los municipios es porque no se han hecho los deberes hasta el día de hoy; de hecho, falta
mucho para acabar los deberes. Es evidente que una tasa municipal, por definición, debe cubrir el coste del servicio y, por lo tanto, también hay que cumplir con el principio de quien genera residuos paga, y, por un motivo u otro, los deberes que
sí se han hecho, repito, que sí se han hecho en mi país, que sí se han hecho en Cataluña, que sí han hecho y pagado los catalanes y catalanas, parece que no se han hecho; no es que lo parezca, es que no se han hecho en el resto del Estado.
Hechas estas consideraciones, que nos llevarán a votar en contra, señorías del Grupo Popular, de esta propuesta, es cierto que en algunos casos la aplicación de esta ley en el 2025 comportará un aumento notable de la presión fiscal en
determinados municipios, y en este sentido, desde Esquerra Republicana, estamos abiertos y hemos propuesto soluciones para mejorar la justicia, en este caso, fiscal allí donde corresponda. Me explico: una de las propuestas que hemos puesto sobre
la mesa consiste en sufragar una parte de los costes relativos a la recogida y gestión de residuos con la recaudación del recargo del impuesto turístico. Hablamos de municipios en los que hay mucho turismo. Como saben, en ciudades como Barcelona
una parte de la generación de residuos está directamente vinculada a la presencia -en el caso de Barcelona- de más de 15 000 millones de turistas que visitaron, por ejemplo, la ciudad en el año 2023. Según este principio, el principio de quien
genera residuos paga, esta propuesta pretende aligerar la presión fiscal sobre la ciudadanía residente en Barcelona, es decir, los contribuyentes de la tasa, los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. Por lo tanto, con esto se conseguiría mantener
la ambición en materia de economía circular siendo a la vez justos con la ciudadanía que convive con los grandes flujos turísticos de ciudades como Barcelona, pero también aplicable, evidentemente, a otras ciudades turísticas: por ejemplo, Sitges,
Palamós o tantos otros municipios catalanes.
Esta propuesta que les explico hoy aquí, en el Congreso de los Diputados -veo que todas y todos están muy atentos escuchándome-, se aprobó con los votos de una mayoría del Pleno en el Ayuntamiento de la capital, Barcelona, y esperamos que
después de ponerla sobre la mesa hoy aquí de nuevo, el PSOE por justicia fiscal, el PSOE, también por compromiso con la transición ecológica, se puede aprobar de aquí a muy poco en el Congreso de los Diputados.
Acabo, presidente. Quiero recordar que el mejor residuo que tenemos es el que no se genera. Por lo tanto, aprovechemos para reivindicar las políticas de prevención de residuos, que evitarán después los costes y, sobre todo, los sobrecostes
de su gestión. En definitiva, trabajemos todas y todos por un futuro más justo y más sostenible.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Badia Casas.
El señor BADIA CASAS: Muchas gracias, presidente.
Dado que solo tengo cinco minutos de tiempo, hoy no voy a hablar de los motivos ambientales que podrían justificar la creación de una tasa de residuos, sino que me voy a centrar en los motivos económicos. Es verdad que este Pleno de vez en
cuando nos recuerda que hay una mayoría de derechas, pues bien, hablemos de economía. Hoy hace ciento cincuenta días que la Unión Europea agotó todos sus recursos naturales, mismas fechas de mayo que también los agotó el Estado español, con lo que
evidentemente una política geoeconómica de Europa debe tener como principal prioridad el reciclado de sus residuos, para que vuelvan a ser recursos y para que esa economía no dependa tanto del exterior. Ese es el motivo central por el cual Europa
fija unos objetivos de reciclaje del 65 % para el año 2035. Cabe recordar, y se ha dicho aquí, que hoy España está muy lejos de esos objetivos, se encuentra hoy por debajo del 40 %, y es por eso que la Unión Europea, cuando hace las recomendaciones
una y otra vez al Estado español, le indica que para mejorar la recogida de residuos es pertinente y de forma muy destacada la creación de una tasa de residuos y avanzar hacia el pago por generación. Así pues, el principal motivo de la Unión
Europea es la geoeconomía, de la misma forma que el principal motivo del Estado español es la geoeconomía y la economía circular.
Vamos a hablar de los ayuntamientos. En eso puedo hablar en primera persona porque como concejal del Ayuntamiento de Barcelona impulsé la creación de esta tasa hace pocos años. Usted habla mucho de los alcaldes y las ciudades, y yo impulsé
esa tasa hace muy pocos años, la tasa de creación de residuos. (Aplausos). ¿Y por qué la impulsé? Porque el principal elemento que define los costes vinculados a la gestión y al tratamiento de residuos es si se recicla o no se recicla, y le
pondré un ejemplo muy simple: el coste de gestionar una tonelada de residuos del contenedor gris es de 130 euros por tonelada, el coste de gestionar un contenedor de reciclaje es de cero euros por tonelada. ¿Entienden cuál es la diferencia?
Entender los residuos como basura o entender los residuos como recursos; la basura que pagamos para llevarla a vertederos o a incinerar, o los recursos para generar economía. Es decir, que si lo que queremos de verdad es reducir la presión fiscal
de la ciudadanía vinculada a un servicio público, de nada nos servirá bajar la tasa que lo financia. Eso a lo que nos llevará es a que ese servicio entre en pérdidas o en fallida. Lo único que podemos hacer para disminuir los gastos en el caso de
la gestión de residuos es mejorar el reciclaje, reducir sus costes.
Por otro lado -se ha dicho-, no es verdad, no es verdad que la creación de una tasa de residuos signifique una mayor presión fiscal para la ciudadanía. De hecho, los costes del servicio ya forman parte de las arcas municipales, ya los paga
la ciudadanía. De lo que hablamos es de la visibilización del coste de un servicio, que no es incompatible con reducir otras medidas fiscales. De hecho, muchos ayuntamientos que sí que tenían la tasa de residuos la retiraron y subieron el IBI.
Pues ahora quizás lo que toca es hacer lo contrario.
Vamos a hablar de la ciudadanía, que es lo importante, porque también es injusto para la economía doméstica. Hoy en día, los ayuntamientos que no tienen una tasa de residuos sitúan a su ciudadanía ante dos injusticias: la primera, que un
hogar, independientemente de que recicle o no recicle, de que genere muchos residuos o no genere residuos, va a pagar lo mismo. ¿Qué incentivos tiene un hogar para reciclar? Que una familia no pueda reducir sus recibos porque independientemente de
lo que haga en su hogar siempre va a pagar lo mismo es la peor penalización que podemos hacer para la economía doméstica. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que, en función de sus buenos hábitos, puedan pagar menos y
que de esta forma no se discrimine a aquellos que sí están haciendo una buena labor. Pero es que no solo es eso; es que el hecho de que no tengan herramientas para aliviar su economía doméstica además hace que paguen por los que no lo hacen bien.
Es decir, si reciclar o no reciclar no comporta costes totalmente diferenciados, hace que las familias que hoy en día sí que reciclan estén pagando los costes de los que no reciclan; eso sí que es injusto, que los que están reciclando paguen por
los que no están reciclando. (Aplausos). Y le voy a dar un ejemplo muy fácil. Hoy en día en Barcelona una familia que recicla puede llegar a pagar tres veces menos que una familia que no recicla, un 300 % en la tasa de residuos. Eso es justicia
para la economía doméstica. (Aplausos).
Acabo, señorías. Estaré encantado de debatir otro día los motivos ambientales que también me llevarían a apoyar dicha tasa, pero simplemente por los motivos económicos que he expuesto, los geoeconómicos de la Unión Europea, la economía
circular del Estado español, para que los ayuntamientos puedan reducir los costes del servicio y para que la ciudadanía tenga herramientas para reducir la presión de su economía doméstica es preciso crear una tasa de residuos. Y le pido al Grupo
Popular que recapacite sobre esa campaña de alcaldes que no van a aceptar esa tasa. Explíquenselo a la ciudadanía, explíquenles
que independientemente de lo que hagan siempre les vais a cobrar lo mismo, que no vais a conseguir bajar los costes del servicio; explíquenles la verdad. Y además me adelanto, porque la semana pasada conocimos otra medida que va a ser
crucial para mejorar el reciclaje, conocimos que se habían instaurado en todo el territorio los sistemas de depósito, devolución y retorno. Y ya les adelanto que no gasten tinta en frenar su implementación, sino que los animo a que remen a favor de
Europa y de la economía familiar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Chavarría.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Moitas grazas, presidente.
Boa tarde, señorías.
Señorías del Grupo Popular, yo les pediría que dejaran de mentir y de hacer demagogia con un tema tan importante para el presente y para el futuro de todos. (Aplausos).
Señora Clemente Muñoz, la Ley 7/2022 tiene como objetivo principal reducir los efectos negativos de la generación y de la gestión de residuos. Son objetivos acordados en Europa precisamente para acelerar la transición de nuestro modelo
productivo hacia la economía circular frente al usar y tirar del modelo lineal. Y quiero dejar claro que el incumplimiento de estos objetivos derivaría en sanciones comunitarias. La norma no impone taxativamente la imposición de una tasa, sino que
pretende que paulatinamente se instaure el pago por generación, que está basado en el principio de que quien contamina, paga, o mejor dicho, quien más contamina, más paga. Y quiero dejar claro también que la tasa de residuos ya existía. Hasta
ahora, los ayuntamientos podían decidir imponerla o bien financiar el servicio de manera alternativa, pero financiarla de manera alternativa no quiere decir que no se pague, ¿verdad? Pero ustedes pretenden una vez más hacer de la mentira doctrina,
y esta PNL es una buena prueba de ello y también de su irresponsabilidad. Así que me veo en la obligación de recordarles que la Directiva Europea 2018/851 fue precisamente impulsada y aprobada por el comisario europeo Arias Cañete. ¿Le conocen
ustedes, verdad? (Aplausos). Quiero recordarles también que dispone que los Estados miembros deben establecer sistemas de pago por generación y deben además proporcionar incentivos a la separación en origen. Esto y su obligatorio cumplimiento es
conocido desde el año 2018 por todos, absolutamente por todos, desde los ayuntamientos a las empresas, empresas con las que, por cierto, señor Sánchez -que está por ahí-, nos reunimos ustedes y nosotros en la tramitación de esta ley. Por cierto, en
ella trabajaron ustedes junto al Grupo Parlamentario Socialista y los demás grupos de esta Cámara y entonces no se opusieron a ella, sino que se abstuvieron en esa votación. Supongo que entonces no le veían ustedes inconveniente alguno.
Dicho esto, señorías, como les decía al comienzo, por favor, dejen de mentir a la gente y dejen de hacer demagogia con esta ley. Porque resulta que vienen ustedes ahora aquí a decirnos que esto es una vulneración de la autonomía municipal y
de su libertad en el establecimiento de tributos; ustedes, precisamente ustedes, erigiéndose en los defensores de la autonomía municipal; ustedes, que con el Gobierno de M.Rajoy cometieron la mayor injerencia en la autonomía municipal (aplausos)
con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Les suena, verdad? Usted, que se ríe tanto, seguro que la recuerda. Entonces no les preocupaba a ustedes esa autonomía municipal, más bien les molestaba, y por eso no
tuvieron inconveniente alguno en asaltarla. Dejen de mentir a la gente, díganles la verdad, díganles que la tasa de basuras ya existía (rumores), que no es una invención de este Gobierno ni de Pedro Sánchez y que no viene tampoco de la mano de esta
ley de residuos. Digan la verdad a la gente y también a los ayuntamientos. Díganles que ahora la tasa deberá reflejarse con total claridad y no escondida dentro de otra tasa o impuesto, como ocurre en muchos casos -y ya se ha dicho aquí- dentro
del IBI, por ejemplo. Y díganle a la gente que lo que se hace ahora es diferenciar claramente el pago que ya se estaba haciendo y que ahora reflejará además el coste real tanto directo como indirecto de la recogida, el transporte y el tratamiento.
Dejen de mentir también respecto a que no se pueden implementar bonificaciones, porque la ley es muy clara y recoge perfectamente la posibilidad de bonificaciones por separar correctamente, para personas en riesgo de exclusión social, por compostaje
de forma individual o colectiva, etcétera.
Y ya que vamos a contar verdades, de galega a galegos, señorías do Partido Popular que están hoxe por aquí, xa de paso poden explicarlles vostedes tamén aos galegos e as galegas por que o canon de Sogama que pagan os concellos adscritos
pretenden vostedes bonificalo restándollo precisamente aos concellos do Fondo de Cooperación Local. Iso é unha bonificación?
... de gallega a gallegos, señorías del Grupo Popular que están aquí, ya pueden explicar a los gallegos y gallegas por qué el canon de Sogama que pagan los ayuntamientos adscritos intentan ustedes bonificarlo restando precisamente a los
ayuntamientos del Fondo de Cooperación local. ¿Eso es una bonificación? Eso sí que es interferir en la autonomía municipal (aplausos), porque restan recursos a los ayuntamientos y encima les cobran dos veces.
Para quienes no lo sepan, Sogama es la encargada de gestionar los residuos de 295 ayuntamientos gallegos. Es una sociedad participada por la Xunta y el 49 % restante por Naturgy, donde más del 81 % de los residuos van a incineración y a
vertederos precisamente, solo el 18 % a reciclado, justo lo que Europa dice que debemos evitar. ¿Es curioso, verdad? Pues así los ayuntamientos pagan el canon de Sogama altísimo precisamente por priorizar lo que más se grava, que es la
incineración y el depósito. La Xunta se recauda a sí misma y además...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Termino ya, presidente.
... detrae del Fondo de Cooperación Local dinero que ya es de los ayuntamientos; un negocio redondo, y todo eso sin sonrojarse el Partido Popular. Lo mismo ocurre con esta PNL, que es solo un ejemplo más de sus mentiras y manipulaciones
bajo la creencia del 'miente, que algo quedará'. Miren, señorías, ¿saben lo único que quedará? Lo único que quedará de manifiesto será una vez más su falsedad y su falta de lealtad y responsabilidad.
Nada máis. Moitas grazas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Clemente Muñoz, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas?
La señora CLEMENTE MUÑOZ: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De acuerdo.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DE MANERA URGENTE LAS AYUDAS QUE NECESITAN LOS AFECTADOS POR LA DANA. (Número de expediente 173/000065).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de implementar de manera urgente las
ayudas que necesitan los afectados por la DANA.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, esta semana se cumple un mes desde que mi tierra sufrió la mayor tragedia natural que recordamos; un mes desde que la riada arrebató la vida a más de doscientas personas y se llevó por delante miles de hogares, comercios, calles y
pueblos enteros. No puedo dejar pasar la oportunidad de tener un recuerdo para las víctimas y sus familias. Nos comprometemos a trabajar sin descanso para devolverles no todo, porque hay cosas que son irreparables, pero sí mucho de lo que han
perdido. (Aplausos).
Se ha dicho en esta Cámara, pero entiendo que es importante repetirlo para que la sociedad española lo tenga claro: hace un mes no falló la política, no falló el Estado; hace un mes falló el Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos). Falló
porque no hizo las obras necesarias para proteger a la población de estos acontecimientos climáticos tan devastadores; falló porque durante las dos horas y media más críticas del día 29 de octubre la confederación hidrográfica no informó de la
crecida del caudal del barranco del Poyo, y falló los días posteriores al no declarar la emergencia nacional y no mandar desde el minuto uno todos los recursos que tenía.
Señorías, la respuesta humana del Gobierno a esta tragedia ha dejado mucho que desear. 'Yo estoy bien', dijo el presidente; 'es nuestro momento', escribió la ministra de Igualdad, y la ministra de Defensa, 'el Ejército no está para todo' y
'yo no tengo la culpa'. Sánchez huyó, Teresa Ribera ni apareció y
Margarita Robles se permitió el lujo de abroncar a los que lo han perdido todo. Ni cercanía ni humildad ni empatía, señorías. (Aplausos). 'Si necesitan más recursos, que los pidan', dijo el presidente del Gobierno. Pues bien, pese a que
no tiene sentido que se tenga que pedir algo a lo que se tiene derecho, le tomamos la palabra en una de las frases más despreciables que le hemos escuchado. Este grupo parlamentario tiene la humildad que le falta al Gobierno y va a pedir los
recursos necesarios para que todas las personas afectadas puedan volver a la normalidad, para que puedan recuperar sus vidas lo antes posible. Hay que reconstruir, pero también hay que devolver la dignidad y la esperanza a las personas afectadas, y
seguiremos pidiendo hasta que el último vecino recupere su hogar, hasta que la última tienda abra sus puertas, hasta que la Albufera vuelva a ser el tesoro que siempre ha sido, hasta que las infraestructuras necesarias estén terminadas y hasta que
los servicios públicos estén garantizados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Los valencianos somos un pueblo humilde, trabajador, constante, luchador y resiliente y vamos a salir adelante, pero estamos ante la mayor tragedia natural de nuestra historia reciente y necesitamos que el Gobierno de España esté a la altura
de las circunstancias y no titubee con las ayudas. El Gobierno valenciano ha estimado en más de 30 000 millones de euros la reconstrucción, y no es de recibo que el Gobierno dé como respuesta ayudas insuficientes, algunas de ellas incluso a modo de
crédito. Les pregunto, señorías: ¿Creen que una peluquera de Paiporta o de Letur, que ha perdido su hogar, su comercio y también su coche, está en disposición de devolver un crédito al Gobierno? Los afectados necesitan ayudas directas que lleguen
sin dilación, sin excusas y sin discursos peregrinos. Muchas de las ayudas del Gobierno valenciano ya han llegado a las familias afectadas; sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, como siempre, llega tarde y mal. Han tenido mucha prisa en
asaltar Radiotelevisión Española; nosotros hoy les pedimos que tengan prisa y destinen su tiempo y esfuerzo a poner en marcha las ayudas para los afectados. (Aplausos).
El Gobierno acumula una recaudación tributaria récord, es decir, tiene recursos suficientes para ayudar a las familias afectadas de manera inmediata, y tiene la obligación de llegar hasta el último rincón, hasta el último afectado. Mi
partido ha presentado propuestas enmarcadas en el Plan Valencia, un plan destinado a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA como respuesta a la falta de un plan efectivo por parte del Gobierno, que está más centrado en proponer parches
que en proponer soluciones integrales. No puede quedar fuera ningún autónomo afectado. Debemos estar a su lado, como también tenemos que apoyar a los agricultores, a los ganaderos y a toda la industria que ha sufrido daños. También es
imprescindible que se aprueben líneas de ayuda para la cobertura del 50 % de los gastos de las obras en centros de salud, carreteras, equipamientos deportivos, residencias o centros de día, porque, si el Gobierno no está para esto, ¿para qué está el
Gobierno de España? Lo que ha ofrecido a las personas que han perdido su vehículo es ridículo, y por eso pedimos que se amplíen las ayudas en este sentido. Queda mucho por hacer. Tampoco hay que olvidar la necesidad de ejecutar cuanto antes las
infraestructuras hidráulicas necesarias para proteger a la población de estas catástrofes naturales, porque sabemos que esto puede volver a pasar.
Señorías, durante el último mes hemos visto a un Gobierno que, en vez de dedicarse a ayudar a los afectados, se ha dedicado a intentar sacar tajada política, pero les digo: No les va a salir bien; los valencianos no se lo vamos a perdonar.
(Aplausos). No es el momento del Gobierno ni del Partido Socialista. Sé que tienen muchos problemas con la justicia, que ha pillado sus tramas, pero ahora es el momento de los valencianos y del resto de los afectados; es el momento de estar mano
a mano, codo con codo sacando barro y reconstruyendo.
Señorías, no puedo concluir sin lanzar un mensaje claro: basta ya de excusas; dejen de echar balones fuera y hagan autocrítica. Los afectados no pueden esperar. Cada minuto de inacción es un minuto más de sufrimiento para quienes lo han
perdido todo. Pero no nos equivoquemos, esto no es una lucha de partidos, es una lucha por y para la gente que, con esfuerzo, garra, lágrimas y coraje, se está enfrentando a esta catástrofe. Por eso hago un llamamiento en esta Cámara a todos los
grupos políticos: Nuestra voz tiene que ser unánime, contundente y solidaria por Valencia, por el resto de las zonas afectadas y por un futuro en el que nunca más tengamos que lamentar una tragedia como esta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Hoyo.
Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Figaredo Álvarez-Sala, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Vemos una moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Popular en la que tratan de argumentar una serie de ayudas, las que ellos propondrían desde el Gobierno nacional para los afectados por la gota fría de Valencia. Las medidas
en sí tienen buen espíritu; se ve que en el fondo tienen ganas de ayudar, pero son incapaces de salirse de ese marco mental del autonomismo. Toda la iniciativa está plagada de un intento de reforzar el sistema autonómico como si fuese un sistema
positivo, como si efectivamente hubiese ayudado en algo, como si efectivamente hubiese servido para algo a los españoles, precisamente en este momento en el que hemos visto que el sistema autonómico ha dejado abandonados completamente a todos los
españoles. (Aplausos). Es un sistema autonómico que solo ha servido para que PSOE y PP se pasen la pelota del uno al otro tratando de adjudicar la responsabilidad el uno al otro. Por el contrario, desde VOX hemos presentado una enmienda que pide
que todos los recursos del Estado, que toda la fuerza de la nación española se dirija a aquellos españoles que más lo necesitan, en este caso, a los afectados por la gota fría en la zona de Valencia. Pedimos que se dirijan los fondos directamente a
la reconstrucción de infraestructuras; directamente todos los fondos de los que disponga España, para la limpieza y el restablecimiento del orden en las calles de los municipios afectados. Pedimos que se exonere completamente y sin trampas -no
como hace el Partido Socialista- del pago del IRPF a los trabajadores de esta zona y que se exonere a los autónomos afectados del pago de sus cuotas de cotización a la Seguridad Social. Estas son las medidas y esta es la línea que debemos llevar
para responder a las preguntas fundamentales que se hacen todos los españoles. ¿Por qué España y los Gobiernos sucesivos no hicieron todo lo posible por evitar esta catástrofe antes? ¿Por qué el Gobierno socialista, que lleva desde 2018, no hizo
las infraestructuras que sabía que eran necesarias? ¿Por qué cuando la propia Teresa Ribera dejó por escrito que sabía el peligro que existía en esa zona no hizo nada?, la misma Teresa Ribera que ahora ha salido huyendo de sus responsabilidades
sin dar ni una sola explicación. ¿Por qué no enviaron al Ejército en el primer minuto de la catástrofe? ¿Por qué? ¿Por qué cuando va ahora el Ejército la ministra de Defensa se dedica a regañar a los españoles que con buena voluntad tratan de
limpiar lo que ellos no son capaces de hacer? ¿Por qué? Esa misma ministra que regañaba a unos jóvenes voluntarios el otro día, esa misma ministra que dijo 'a veces no se puede llegar a todo', ese presidente socialista que dijo 'si quieren ayudas,
que las pidan', cuando hubo gente, voluntarios españoles, ciudadanos cualesquiera que fueron a ayudar con lo mucho o lo poco que tenían; cuando hubo miles de españoles que se organizaron -jóvenes en muchísimos casos-, incluso desde Arganda, que
dedicaron todo lo que tenían, su tiempo y sus recursos, para ayudar a quienes más lo necesitaban y para suplir precisamente las carencias de ese Estado autonómico que, por supuesto, el PSOE defiende y que ahora el PP, en esta iniciativa, también
quiere apuntalar. (Aplausos).
Lo que debemos hacer y lo que necesitan los españoles es una enmienda a la totalidad a todos los defectos que el Estado autonómico está demostrando; una enmienda a la totalidad a este Gobierno corrupto. No debemos darles ni un milímetro
para que puedan coger oxígeno. Por eso, cada vez que ustedes, señores del PP, pactan con ellos; cada vez que ustedes apoyan esas iniciativas del Gobierno con las que pretenden blanquearse; cada vez que votan a favor de Teresa Ribera, como acaba
de hacer la semana pasada el Grupo Parlamentario Popular en Bruselas y como hará el Grupo Parlamentario Popular de nuevo la semana que viene en Estrasburgo; cada vez que les apoyan; cada vez que acuden a los congresos de UGT; cada vez que llevan
a cabo una de estas acciones lo que están haciendo en realidad es blanquear a un Gobierno [criminal] 2, favorecer y darle oxígeno a un Gobierno [criminal]2 que cada día aguanta solo por los apoyos de quienes están renunciando a hacer oposición. Por
eso les pedimos que, si no están dispuestos a hacer una oposición frontal, al menos no estorben a quienes sí queremos hacerla.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo.
Le advierto que lo de 'criminal', por guardar el decoro de la Cámara, no cuadra. Se retirará del Diario de Sesiones.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene la señora Noemí Santana Perera, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
2 Palabra retirada por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mientras el Gobierno anuncia que habrá comisiones de investigación sobre la gestión de la catástrofe de la DANA, se ha apuntado a que el presidente Carlos Mazón tiene que responder incluso ante los tribunales por lo que ha sido una
negligencia manifiesta. Sin embargo, seguimos aquí sin que el Ejecutivo nos explique por qué no adoptó la decisión de tomar el mando ante la absoluta incompetencia e inutilidad del Gobierno de la Generalitat. Esa inutilidad, que fue evidente desde
el primer minuto, no se tapa con todas las excusas que ha puesto el señor Mazón sobre sus largas ausencias y su falta de acción. De hecho, al señor Mazón no le creen ni siquiera los suyos. Pero no solo es él, sino también el equipo que lidera; un
equipo que ha demostrado a todas luces que no ha estado a la altura de las necesidades del pueblo valenciano, con declaraciones torpes, falta de agilidad en la toma de decisiones, sin asumir ningún tipo de responsabilidad y, sobre todo, con la
incapacidad de gestionar un desastre que necesitaba una respuesta eficaz y eficiente. Esto no es una incompetencia aislada, es una ineptitud sistemática, y lo peor es que han intentado taparla como mejor sabe el Partido Popular: con bulos, medias
verdades, desinformaciones y ahora con ese llamado plan Valencia, que no es más que un parche que sirve como maniobra de distracción ante su absoluta falta de responsabilidad y de eficiencia en la gestión.
En Podemos tenemos claro que no vamos a tolerar esta falta de compromiso. Nosotras sabemos lo que es gestionar una catástrofe de tal magnitud. Yo misma, cuando estuve en el Gobierno canario como consejera de Derechos Sociales, tuve que
gestionar las consecuencias de una erupción volcánica, y lo hicimos con total lealtad y con el absoluto compromiso de trabajo de todas las instituciones a todos los niveles -a nivel municipal, a nivel insular, a nivel autonómico y también a nivel
estatal-, sin importar en ninguna circunstancia el color político de quién estuviera al frente de cada Administración. Tenemos que agilizar las ayudas, como se hizo en aquel momento. Nosotros incluso movilizamos fondos propios; pusimos en marcha
planes de acción para atender a las familias afectadas, dando ayudas inmediatas, que era lo que requería el momento, especialmente a las personas que estaban en una situación más vulnerable. Así, no dejamos de atender la gestión del día a día,
poniendo el foco -ayer fue 25 de noviembre y lo quiero recalcar- en cuestiones como la violencia machista; viendo cómo las consecuencias de las catástrofes también hacían que hubiera picos e incrementos de estas violencias que se ejercen contra las
mujeres. Lo tuvimos en cuenta y respondimos con la ayuda del Ministerio de Igualdad.
Señorías, nosotros lo tenemos claro, pero no aceptamos que el señor Mazón intente justificar su inacción con palabrería o desviando la atención con falsedades. Nosotras vamos a trabajar para poner soluciones sobre la mesa, para que el
pueblo valenciano se sienta atendido de una vez por todas y no sienta que las instituciones le estamos fallando. Hay que priorizar el interés general, y esto lo digo por el Ejecutivo autonómico, pero también por el Ejecutivo estatal; déjense ya de
pensar en los intereses partidistas y piensen en los intereses de las personas del pueblo valenciano. Ya sabemos que el señor Mazón es un [criminal] 3, es un negligente; actuó de una forma que le va a traer consecuencias en los tribunales, pero,
ahora, pongámonos a lo que importa, que es resolver situaciones muy complicadas, y más en un contexto en el que las personas lo que intentan es buscar la protección de sus Gobiernos y no la están encontrando. Por eso, parece que la gente mira más a
su vecino, mira a las entidades del tercer sector, que son los que están generando esa red de protección, y no a las instituciones, que en este momento les están fallando y parece que les están dando la espalda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Igual que le he trasladado al señor Figaredo, le anuncio que quitaremos, tal y como hemos hablado en la Junta de Portavoces, las palabras que van en contra del decoro de la Cámara, como es llamar 'criminal' a un político.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories.
Tornem a tenir a debat una moció conseqüència de la interpel·lació que la setmana passada el grup popular va fer a la ministra Montero. Una interpel·lació carregada de retrets entre uns i altres, ni més ni menys que la repetició del que ja
va passar fa quinze dies amb el ministre Marlaska. Perquè el Partit Popular, entremig
3 Palabra retirada por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
de la proposta d'un seguit de mesures que les han acabat recollint en dues mocions, aprofita per articular tots els mecanismes, inclús la desqualificació i la mentida, per desacreditar el govern. I els membres del govern, doncs no, es
queden curts i entren sovint al joc amb la mateixa vehemència. Al nostre entendre, tots plegats amb poc respecte pels que continuen esperant respostes, amb poc respecte pels que, com els deia la setmana passada, esperen respostes de veritat.
Respostes de veritat que els permetin començar a refer les seves vides.
Des de Junts per Catalunya hem tingut oportunitat d'expressar-nos àmpliament en relació a la gestió i els efectes de la DANA. Ho vàrem fer per primera vegada a la compareixença del ministre Torres en aquesta cambra. També ho va fer el
nostre portaveu al Senat, l'exdiputat Eduard Pujol, i fa una estona el meu company, el diputat Cruset, ha anat més enllà i ha defensat la proposta presentada pocs dies després dels tràgics aiguats. Proposta per a l'activació immediata de recursos
econòmics per pal·liar els seus efectes mitjançant una modificació a l'actual pressupost de l'Estat. Una proposta que, a diferència del que s'ha dit, és rigorosa i articulada a partir de les possibilitats de les normes i basada en números reals. I
una proposta que també pretén donar resposta al xantatge del president Sánchez en condicionar els recursos per la DANA a l'aprovació d'un nou pressupost.
Demà, la nostra portaveu, la diputada Nogueras, en tornarà a parlar a la compareixença del president Sánchez. Per tant, un servidor no entrarà gaire més en el detall, per bé que és evident que la gestió de l'emergència, en especial al País
Valencià, ha deixat molt per desitjar. I el que ha passat després i passa ara també. A mi personalment, em sorprèn que un cop més a dreta i esquerra, ens aparegui la patriòtica tradició de la política espanyola de militaritzar la resposta. Ja
sabem com ho ha fet el senyor Mazón, confiant la Conselleria i la Secretaria per a la recuperació als militars. I vam sentir el senyor Zapatero reclamant més unitat militar d'emergències.
Per nosaltres això no és solució a tantes mancances, però avui, com no hem fet cap dia, no ens afegirem al debat polític barroer i, com hem procurat fer des del primer dia, continuarem posant el focus en les persones. Per tot plegat, i més
enllà de fer propostes raonades per minimitzar els efectes d'aquesta DANA, el que farem cada cop que tinguem oportunitat i, com els deia l'altre dia, a risc de fer-nos pesats, és tenir un sentit record per totes aquelles persones que han perdut la
seva vida, per aquelles persones que encara avui no sabem on són i sobretot per les seves famílies, aquí, un cop més, doncs, traslladem tot el nostre escalf. Com traslladem tota la nostra solidaritat i el nostre recolzament a totes les persones
afectades per la riuada de destrucció de fa un mes.
I, per acabar, acabarem amb un agraïment a totes, absolutament a totes les persones, professionals i voluntaris, que han estat i estan col·laborant per minimitzar les conseqüències de tanta aigua, de tant de fang, però també de tanta
incompetència.
Gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Volvemos a tener debate de la moción consecuencia de la interpelación que el Grupo Popular hizo a la ministra Montero, una interpelación cargada de quejas de unos y otros; ni más ni menos que la repetición de aquello que ya ocurrió hace
quince días con el ministro Marlaska. Porque el Partido Popular, en medio de la propuesta de una serie de medidas que han acabado recogiendo en dos mociones, aprovecha para articular todos los mecanismos, incluso la descalificación y la mentira,
para desacreditar al Gobierno, y los miembros del Gobierno no se quedan cortos tampoco y entran a menudo al trapo con la misma vehemencia, a nuestro entender, todos con poco respeto por los que continúan esperando respuestas, con poco respeto para
aquellos que, como decía la semana pasada, esperan respuestas de verdad, respuestas de verdad que les permitan empezar a rehacer sus vidas.
Desde Junts per Catalunya hemos tenido la oportunidad de expresarnos ampliamente en relación con la gestión y los efectos de la DANA. Lo hicimos la primera vez en la comparecencia del ministro Torres en esta misma Cámara; también lo hizo
nuestro portavoz en el Senado, el exdiputado Eduard Pujol, y hace un rato mi compañero, el diputado Crusset, ha ido más allá y ha defendido la propuesta presentada pocos días después de los trágicos aguaceros; una propuesta para la activación
inmediata de recursos económicos con el fin de paliar sus efectos a través de una modificación del actual presupuesto del Estado; una propuesta que, a diferencia de lo que se ha dicho, es rigurosa y articulada a partir de las posibilidades de las
normas y basada en números reales, y una propuesta, también, que igualmente pretende dar una respuesta al chantaje del presidente Sánchez a la hora de condicionar los recursos para la DANA a la aprobación de un nuevo presupuesto.
Nuestra diputada, la diputada Nogueras, volverá a hablar en la comparecencia del presidente Sánchez. Por tanto, un servidor no entrará en mayor detalle, aunque es evidente que la gestión de la emergencia, en especial en el país valenciano,
en el país valencià, ha dejado mucho que desear, con lo que ocurrió después y lo que está ocurriendo precisamente ahora también.
A mí, personalmente, me sorprende que una vez más a un lado y a otro nos aparezca la patriótica tradición de la política española: militarizar la respuesta. Ya sabemos cómo lo ha hecho el señor Mazón, confiando la consejería y la
secretaría para la recuperación a los militares, y también oímos al señor Zapatero reclamando más Unidad Militar de Emergencias. Para nosotros esto no es solución a tantas faltas y a tantos problemas, pero hoy, como hemos dicho en otro momento, no
nos añadiremos al debate político burdo y, como hemos procurado hacer desde el primer día, continuaremos poniendo la atención y el foco sobre las personas. Y por todo ello, más allá de hacer propuestas razonadas para minimizar los efectos de esta
DANA, lo que haremos cada vez que tengamos la oportunidad -y como les decía el otro día, a riesgo de hacernos pesados- es tener un sentido recuerdo para todas aquellas personas que han perdido su vida, para aquellas personas que todavía hoy no
sabemos dónde se encuentran y, sobre todo, por sus familias, a quienes una vez más trasladamos toda nuestra calidez, al igual que trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por la [...] de destrucción de hace un mes.
Y para terminar, seguiremos con un agradecimiento a todas, absolutamente a todas las personas profesionales y voluntarias que han estado y están colaborando con el fin de minimizar las consecuencias de tanta agua, de tanto fango y, también, de tanta
incompetencia.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura, per un temps de cinc minuts. Quan vulgui.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda de nou.
Aprofito aquesta moció del Partit Popular no només per denunciar una vegada més aquest foc creuat, extremadament demencial i, evidentment, també amb la ultradreta sucant-hi pa i intoxicant bàsicament per fer tres afirmacions.
La primera, en aquesta catàstrofe hi ha responsabilitats. Hi ha responsabilitats polítiques i totes elles caldrà depurar-les. Per això avui Esquerra Republicana, al costat d'altres partits d'aquesta cambra, hem presentat, hem registrat la
creació d'una comissió d'investigació per depurar, doncs, tot el que faci falta.
La segona, la política, senyores i senyors diputats, pot costar vides, sí. Perquè retallar serveis públics i reduir la recaptació d'impostos sempre, sempre i sempre deteriora la capacitat de donar respostes davant de les crisis.
I tercera, vivim una realitat on cada dia hem de fer front a la postveritat, a les fake news, notícies falses que juguen d'una manera, deixi'm-ho dir així, perversa, d'una manera absolutament repugnant amb moltíssimes persones. I ho fan
també d'infinitat de maneres. Ho fan amb l'únic objectiu d'allunyar el poble de les institucions i de la política. I responen, evidentment i únicament, als interessos de la dreta i de l'extrema dreta més perversa o a vegades, fins i tot, serveixen
com a escut per eximir responsabilitats a qui o aquells qui realment la tenen, aquesta responsabilitat.
Per això avui vull llegir i posar veu a un manifest, un manifest signat per un grup de meteoròlegs i comunicadors d'informació meteorològica, tots ells catalans, per donar el seu suport a la tasca de l'AEMET, de l'Agència Estatal de
Meteorologia, i mostrar el seu rebuig, sobretot a la desinformació, a la persecució política i judicial que estan patint des de fa un mes. Nosaltres avui també ens hi sumem i diu així:
'Comunicat sobre els esdeveniments posteriors a les inundacions de València del 29 d'octubre. En resposta a la campanya de desprestigi continuada que ha viscut l'Agència Estatal de Meteorologia durant les setmanes posteriors a les
inundacions del 29 d'octubre, que va culminar la setmana passada amb la presentació d'una denúncia contra la seva presidenta per delictes d'homicidi imprudent, imprudència greu de lesions i danys per imprudència, els membres de la comunitat
meteorològica catalana que signen aquest comunicat manifesten:
'1. El nostre suport als professionals de l'AEMET que fa setmanes que pateixen atacs i insults constants per part d'alguns dirigents polítics i socials i que ara són objecte d'accions judicials que pretenen posar la ciència en el punt de
mira.
'2. El nostre reconeixement cap a la bona tasca de predicció i també de seguiment de les inundacions realitzades per l'AEMET tant el dia 29 d'octubre com en les jornades precedents, quan es van emetre avisos meteorològics pertinents dins
del termini i en la forma escaient per alertar la ciutadania i les autoritats del perill d'aiguats que hi havia en diverses zones i de les alarmants dades de precipitació que es recollien en temps real durant tota aquella jornada.
'També expressem el nostre reconeixement al seguiment constant realitzat pels tècnics de la Confederación Hidrográfica del Xúquer, que van alertar i ho van fer repetidament, de l'alarmant crescuda dels cabals o del cabal dels rius i barrancs
de la província de València i que hores d'ara també són objecte d'atacs i de demandes judicials'. Jo hi afegeixo, segurament per incompetència d'altres.
'3. El nostre compromís per seguir lluitant contra la desinformació en el nostre àmbit, que en els últims dies, setmanes i anys s'ha manifestat en forma de teories conspiranoiques i titulars informatius manipulats per aconseguir
interaccions en xarxes socials, entre d'altres. I 4 -i acabo- Finalment, volem reiterar la nostra solidaritat i el nostre suport, evidentment, a les víctimes d'aquest tràgic esdeveniment, a les seves famílies i amistats i a totes les persones que
han patit danys de tota mena'.
Acabo presidenta, només agraint a tots aquells i a totes aquelles que fan, que feu la vostra feina cada dia i que la feu, sobretot amb professionalitat i també amb rigorositat.
Moltes gràcies.
Muy buenas tardes nuevamente.
Aprovecho esta moción del Partido Popular no tan solo para denunciar una vez más este fuego cruzado extremadamente demencial y, evidentemente, también con la ultraderecha mojando pan e intoxicando, tan solo para hacer tres afirmaciones. La
primera: en esta catástrofe hay responsabilidades, las hay a nivel político y todas ellas tendrán que ser depuradas. Por eso hoy Esquerra Republicana, al lado de otros partidos de esta Cámara, hemos registrado y presentado la creación de una
comisión de investigación para depurar todo lo que haga falta. En segundo lugar, la política, señoras y señores diputados, puede costar vidas, sí, porque recortar servicios públicos y reducir la recaudación de impuestos siempre, siempre, siempre
deteriora la capacidad de dar respuestas ante las crisis. Y, en tercer lugar, vivimos una realidad en la que cada día tenemos que hacer frente a la posverdad, a las fake news, noticias falsas que juegan de una manera, cómo decirlo, perversa, de una
forma absolutamente repugnante con muchísimas personas, y lo hacen también de infinidad de formas y maneras, con el único objetivo de alejar al pueblo de las instituciones y de la política, y responden exclusivamente a los intereses de la derecha y
de la extrema derecha más perversa. A veces, incluso, sirven como escudo para eximir responsabilidades a aquellos que realmente la tienen, tienen esa responsabilidad.
Por esa razón, hoy quiero leer y dar voz a un manifiesto firmado por un grupo de meteorólogos y comunicadores de información meteorológica, todos ellos catalanes, para dar su apoyo al trabajo de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología,
al tiempo que mostrar su rechazo sobre todo a la desinformación, ante la persecución política y judicial que están sufriendo desde hace un mes. Nosotros hoy también nos sumamos. Dice así: 'Comunicado sobre los hechos posteriores a las
inundaciones de Valencia del 29 de octubre. Como respuesta a la campaña del desprestigio continuada vivida por la Agencia Estatal de Meteorología durante las semanas posteriores a las inundaciones del día 29 de octubre, que culminó la semana pasada
con la presentación de una denuncia contra su presidenta por delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia, los miembros de la comunidad meteorológica catalana que firman este comunicado manifiestan: 1.
Nuestro apoyo a los profesionales de la AEMET, que hace semanas que sufren ataques e insultos constantes por parte de algunos dirigentes políticos y sociales y que ahora son objeto de acciones judiciales que pretenden poner la ciencia en el punto de
mira. 2. Nuestro reconocimiento hacia el buen trabajo de predicción y también de seguimiento de las inundaciones realizadas por parte de la AEMET tanto el día 29 de octubre como en las jornadas precedentes, cuando se emitieron avisos
meteorológicos pertinentes, dentro del plazo y en la forma adecuada, para alertar a la ciudadanía y a las autoridades del peligro de aguaceros y lluvias y de los alarmantes datos de precipitación que se recogían en tiempo real durante toda esa
jornada. También expresamos nuestro reconocimiento al seguimiento constante realizado por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que alertaron, y lo hicieron repetidamente, ante la crecida de los caudales de los ríos y barrancos
de la provincia de Valencia, que actualmente también son objeto de ataques y demandas judiciales -y yo añado que seguramente por incompetencia de otros-. 3. Nuestro compromiso para seguir luchando contra la desinformación en nuestro ámbito, que
en los últimos días, semanas y años se ha manifestado en forma de teorías conspiranoicas y titulares informativos manipulados con el fin de conseguir interacciones en redes sociales, entre otras. 4. Finalmente, queremos reiterar nuestra
solidaridad y apoyo -evidentemente- a las víctimas de este trágico acontecimiento, a sus familias y amistades y a todas las personas que han sufrido daños de cualquier tipo'.
Termino, presidenta, con el agradecimiento a todos y a todas aquellas que hacen su trabajo cada día y que lo hacen con profesionalidad y rigurosidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, presidenta.
Señorías, veintiocho días después, con más de 222 muertos evitables, el señor Mazón, conocido por sus rasgos narcisistas, carentes de empatía, mentirosos y manipuladores, sigue sin dimitir. Hoy ha presentado su remodelación de Gobierno,
creyendo que así podrá seguir su huida hacia adelante a pesar de que sigue sin poder pisar la calle; una remodelación que sin su dimisión inmediata se queda corta; una remodelación machista, puesto que solo ha cesado a dos conselleras responsables
pero mantiene al secretario de Emergencias, el señor Argüeso, cuya única agenda pública el día de la DANA fue reunirse con el lobby taurino y continúa sin cobertura, y tampoco cesa al conseller Rovira, quien a su nefasta gestión educativa suma la
indolencia con la que trató a la familia del trabajador muerto en la escuela Lluís Vives, de Massanassa, otra muerte evitable, señorías.
El Ayuntamiento de Massanassa, gobernado también por el PP, advirtió el día 7 de noviembre que la escuela se encontraba en un estado ruinoso, y, aun así, la única explicación del conseller Rovira fue que solo era un porche. ¿Solo un porche?
¿Qué tipo de persona puede ser para explicar a la viuda y a las hijas que acaban de perder a su padre trabajando, reconstruyendo una escuela que solo era un porche, que no sabían si estaba en mal estado con anterioridad y que, por supuesto, ni él,
como conseller de Educación, ni el president iban a desplazarse porque era domingo y también tenían familia? (Aplausos).
Por supuesto que los gobernantes tienen derecho a descansar y a estar con sus familias, pero cualquier persona, cualquier buena persona a la que avisen y le digan que alguien ha muerto en accidente laboral arreglando un colegio devastado por
la DANA se levanta, no se termina la paella, da la cara e intenta consolar a la familia. Desgraciadamente, el PP ha hecho lo de siempre: iban a morir igual, falló todo el sistema. ¿Les suena? Es la defensa de cañas y barro, de Ayuso y de Mazón,
la del Partido Popular de siempre, la que hizo ante la muerte de miles de ancianos en las residencias durante el COVID en Madrid y la que ha hecho ahora con muertes evitables por la DANA en este último mes. No se olviden de que quienes desprecian
la vida también desprecian la muerte, y no podemos olvidar que el señor Mazón el martes pudo escoger entre los beneficios de la patronal turística y la seguridad de la mayoría y que eligió los beneficios de unos pocos.
¿Alguien cree que quien nos ha traído hasta aquí, negando la crisis climática, priorizando el capital a la vida, no asumiendo ninguna responsabilidad sobre la emergencia, mintiendo y manipulando, puede gestionar la poscatástrofe? De ello lo
único que conocemos hasta ahora es que hay cientos de contratos de emergencia que han repartido entre las empresas de la Gürtel: lo de siempre. De ello lo único que sabemos es que el teniente coronel vicepresidente, en plena crisis entre la
democracia y el autoritarismo, va a empezar ahora, con la calma, un plan de reconstrucción.
Señorías, la situación es mucho más dura de lo que imaginan. Las familias no pueden más. Las niñas juegan entre montones de chatarra, donde se amontonan 120 000 coches; los garajes siguen llenos de lodo -por cierto, todavía esperamos las
disculpas de la ministra Robles-, decenas de casas están apuntaladas, a punto de caer, y todavía hay municipios sin escuelas, sin centros de salud, sin agua potable y sin alumbrado. Señorías de todos los Gobiernos, pónganse las pilas.
El viernes -y con esto acabo, señora presidenta-, Juanma, de Chiva, me pedía que denunciara la situación de caos y abandono, la necesidad de seguir escuchándolos, que no nos olvidáramos, que ellos todavía no pueden dormir, que reviven una y
otra vez aquellas terribles horas en las que el agua les llegaba al cuello, que el silencio por la noche es un grito de auxilio pero que necesitan esperanza y algunas certezas. Por ello les digo que es importante que haya justicia y verdad. Habrá
tiempo en las comisiones de investigación, pero, por favor, señores del Partido Popular, dejen de mentir. Cada minuto
en que conocemos más detalles sobre lo que ocurrió el 29 es más preocupante. Por favor, si les queda un poco de dignidad, hagan que Mazón se vaya. Y, por favor, dejen de reírse de los muertos.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Ramírez por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora MARTÍNEZ RAMÍREZ: Gracias, presidenta.
Señorías del PP, acusan al Gobierno de lentitud en la respuesta, cuando ni siquiera ustedes son capaces de nombrar al señor Mazón, que tardó cinco horas en aparecer para ponerse al frente de la catástrofe. (Aplausos). No sé qué es más
grave, si la ineptitud del Gobierno valenciano para generar las alertas con la información que tenían o la irresponsabilidad del president cuando declara que, estando al corriente de la gravedad de la situación, todo el mundo estaba donde tenía que
estar. Si a Mazón le parece que donde él tenía que estar mientras los valencianos se ahogaban era comiendo tranquilamente con una periodista, está todo dicho.
Después de esas declaraciones, señorías, el señor Feijóo debería haberle obligado a dimitir. Pero no, Feijóo ha ligado su destino al de Mazón y prefiere hacer algo más que el ridículo en Europa y no aceptar la oferta de los socialistas
valencianos de respaldar con nuestros votos a un nuevo presidente, competente y solvente, que pueda salir a la calle sin que le abucheen, y ese no es el señor Mazón. (Aplausos).
Mazón -ustedes lo saben perfectamente- es un zombi político. Miren, lo sabe hasta la señora Ayuso. Y, si no, ¿cómo explican ustedes que 'la jefa', tan proclive a los excesos verbales contra el Gobierno de España, esté tan callada? ¿No les
chirría? Seguramente, está afilando los cuchillos para ir contra su jefe.
Señorías, el principal problema de esta catástrofe -se ha dicho- ha sido la falta de anticipación. Durante la DANA de 2019 el Cecopi se reunió dos días antes y movilizó a la UME y la situación fue totalmente distinta. Por lo tanto, no
faltan ni fallan los protocolos -habrá que revisarlos-, no fallan las administraciones: fallan las personas que en esta ocasión estaban al frente y que fundieron en negro durante una hora a los representantes del Gobierno de España en la reunión de
emergencias, sin que nadie hasta ahora haya dado explicaciones por ello. ¿Y por qué lo hicieron? Seguramente, para esconder su asombrosa incapacidad, su asombrosa ineptitud: Gobierno de incompetentes. (Aplausos).
Para el trabajo que nos queda hace falta política de la buena, sí, para no volver a cometer los mismos errores, y eso no puede dirigirlo quien no tiene ni crédito político ni autoridad moral. Es preciso repensar las políticas territoriales
y hacerlo con una mirada metropolitana, sin olvidar que el origen de la tragedia es el cambio climático. Llegan ustedes tarde, como el señor Mazón: un mes para cesar a dos conselleras, a quienes encima agradece los servicios prestados y permite
marcharse sin dar explicaciones; un mes en el que el PP valenciano, señorías, ha aprobado poder construir hoteles en la costa, a menos de 200 metros de distancia. (Aplausos). ¿Eso es lo que han aprendido ustedes de la catástrofe en la Comunidad
Valenciana?
Miren, el Gobierno de España ha movilizado más de 14 000 millones de euros, 8068 millones en ayudas directas a los afectados, que, a diferencia de lo que ustedes van diciendo, ni tributan ni habrá que devolver; una respuesta, señorías, que
multiplica por treinta y dos las que ha dado el Gobierno valenciano: 250 millones de euros. ¿No les da vergüenza? La mitad de lo que les han perdonado en impuestos a las clases más altas de la Comunidad Valenciana, eso es lo que han puesto
ustedes. (Aplausos).
Miren, tenemos miles de niños sin escolarizar y con miedo después de lo que ha pasado en estos días con ese derrumbe, tenemos miles de viviendas destruidas, miles de autónomos sin negocios, empresas arrasadas, y, mientras tanto, vemos que el
señor Mazón sigue parapetado tras el general. El presidente Sánchez se ha reunido con los sindicatos y todos los agentes sociales; una reunión, señorías, que ha sido calificada por los empresarios como muy positiva. Sinceramente, hoy estoy un
poco harta de las equidistancias. Y yo hoy no quiero ni puedo hablar con distancia. Estamos hablando de mi tierra, de mi comarca, de las víctimas, que son mi gente. Veo a los alcaldes y alcaldesas al pie del cañón, a los miles de voluntarios, a
las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el Estado, a más de 20 000 efectivos respondiendo, y de todos ellos, sí, de todos ellos me siento orgullosa. (Aplausos).
Señorías, 222 víctimas y 5 desaparecidos no pueden caer en el olvido. Ellos y sus familias merecen nuestro respeto, nuestro cariño, la certeza de que se tomarán todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Estamos
viviendo una situación completamente excepcional y el Gobierno de España
va a seguir respondiendo de manera excepcional. Como ha dicho el presidente Sánchez -y esto sí que lo ha dicho el presidente Sánchez-: Lo que haga falta durante todo el tiempo que haga falta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS CONTINUOS ATAQUES A JUECES Y MAGISTRADOS POR PARTE DE MIEMBROS DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000066).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Lorente Anaya por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora LORENTE ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quién nos iba a decir que después de más de cuarenta años de democracia lo revolucionario iba a ser hablar de independencia del Poder Judicial, calidad democrática, regeneración de las instituciones, libertad e igualdad de los
españoles o respeto a la libertad de expresión y de prensa. (Aplausos). Y, sobre todo, quién nos iba a decir que lo revolucionario iba a ser aceptar que la justicia es igual para todos, algo que no gusta mucho a la mayoría fija discontinua que
existe en esta Cámara.
Asistimos de forma sistemática a ataques, con menciones directas y acusaciones falsas, a jueces y magistrados no solo por parte de los socios de investidura del Gobierno, sino por parte del propio Gobierno. Prevaricadores, fachas con toga,
indecentes, tejeros sin bigote o corruptos son algunos de los insultos que se han vertido; ataques que no solamente se realizan desde las redes sociales y medios de comunicación, sino también desde la tribuna del Congreso de los Diputados que hoy
tengo el honor de ocupar. Intolerable y vergonzoso, como intolerable y vergonzoso es el silencio cómplice de la tercera autoridad del Estado. Señorías, no estaría de más que el Poder Legislativo, y más en esta Cámara, respetara la ley.
(Aplausos).
Inadmisible que se consienta a quienes empezaron atacando con nombre y apellidos, a los grupos que sostienen a un Gobierno que no gobierna, que solo permanece en el poder a cambio de pagar un precio cada vez más humillante.
Inaceptable que este modus operandi contagiara a los ministros del Gobierno, en especial cuando defienden al más puro estilo hooligan lo que cada día parece más indefendible, el círculo más cercano del presidente y a un ministro de Justicia
que en un principio decía rechazar este tipo de conductas y hasta aplaudió con entusiasmo a Isabel Perelló cuando afirmaba que 'ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces' pero que ahora tiene que insultarlos porque
tiene que contentar a los delincuentes perseguidos por las autoridades cuyos votos son necesarios en el Congreso. Y a ello se suma la estrategia del Gobierno para intervenir en la Judicatura con la incorporación de jueces no profesionales,
eludiendo las normas de acceso a la carrera judicial.
Y sangrante, sangrante que el propio Pedro Sánchez se haya convertido en el primer presidente del Gobierno en democracia que se querella contra un juez por investigar los presuntos delitos cometidos por su mujer. (Aplausos). Señorías, ¿qué
mensaje creen ustedes que se está mandando? Y no ha sido el capricho de un juez: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Además, embarca en esta bochornosa aventura a la Abogacía del
Estado -que pagamos todos los españoles-, lo que no es de extrañar, viendo cómo el Gobierno ha asaltado una larguísima lista de instituciones.
Hoy me paro en un ejemplo de politización extrema, el del fiscal general del Estado, cuya dimisión exigimos aquí y ahora. (Aplausos). Qué falta de escrúpulos y bajeza moral demuestran cuando quieren poner en jaque uno de los principios
fundamentales de nuestra democracia únicamente por seguir sentados en la bancada azul, sillones azules para un Gobierno secuestrado; secuestrado por las exigencias de sus socios de investidura, pero secuestrado también por lo que pueden declarar
delincuentes presuntos, confesos o condenados.
Sin embargo, tenemos que escuchar declaraciones como la del señor Santos Cerdán de hace unos días refiriéndose a Aldama: 'Un presunto delincuente no puede marcar la agenda política'. ¿De verdad,
señorías? Si la ministra Yolanda Díaz viajó a Bruselas, muerta de risa -para más escarnio-, para reunirse con Puigdemont; si el propio señor Santos Cerdán viajó a Suiza para reunirse con el mismo prófugo; si tienen como socio a Bildu, que
todos sabemos a quiénes llevan en sus listas, ¿de verdad que un presunto delincuente no puede marcar la agenda política? (Aplausos). ¡Si no han hecho otra cosa que desde que han llegado!
Señorías, la existencia de un Poder Judicial democrático garantiza que ningún político nunca estará por encima de la ley, y no estaría de más que el Gobierno empezara a respetar más a los jueces y menos a los prófugos y a los delincuentes.
(Aplausos). Hoy venimos a pedir respeto para el Poder Judicial: hay que poner freno de inmediato ante el peligro de que nuestro país llegue a convertirse en la república bolivariana que tanto admiran sus socios, y muchos de ustedes también, ¿para
qué negarlo? Y decir indignación se queda corto para describir lo que sienten millones de españoles ante esta cacería de brujas promovida y alentada por el Gobierno, en la que nosotros no nos queremos quedar impasibles como meros espectadores. Por
eso hoy también queremos mostrar el más profundo respeto, admiración y apoyo a todos nuestros jueces y magistrados. (Aplausos).
Señorías del Gobierno, nunca es demasiado tarde; hoy tienen ustedes la oportunidad de recuperar parte, solo parte, de la dignidad política que perdieron entre indultos, malversación, sedición, amnistía, cupos, invasión de instituciones y la
corrupción que les ahoga y sobrevuela cada vez sobre un mayor número de ministerios y miembros de las más altas esferas de su partido, sobre el reconocidísimo a nivel internacional director de orquesta o sobre el mismísimo 'dormitorio' de la
Moncloa. Para recuperar esa dignidad política que merecen y ansían los españoles, solo deben hacer una cosa: no estar supeditados a la supervivencia de una única persona, Pedro Sánchez. Dejen de presionar y atacar a los jueces; no quieran
concentrar todo el poder en una sola persona. Sin jueces independientes no hay Estado de derecho; sin Estado de derecho no hay democracia, y sin democracia no hay libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lorente.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, interviene el señor Sánchez García por un tiempo de cinco minutos. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
¿Pide respeto para el Poder Judicial la oradora del Grupo Popular? Pues, si ustedes quieren respetar al Poder Judicial, dejen de pactar políticamente la composición del Consejo General del Poder Judicial eligiendo a diez de sus vocales de
acuerdo con el Grupo Socialista. (Aplausos). No es posible que en una democracia el gobierno de la Judicatura esté controlado por los partidos políticos. ¡A ver cómo hay que explicarles a ustedes esto! No sé ya: ¡en chino mandarín! Y acepten,
por lo tanto, las enmiendas que hemos presentado, también la relativa a que los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo no sean nombramientos discrecionales, políticos, teledirigidos por los partidos políticos. ¡Ya está bien! ¡Están
ustedes tomando el pelo a todo el mundo, a esta Cámara primero y a los españoles también! ¡Es irritante esa actitud! (Aplausos).
'Los jueces y magistrados profesionales integrados en una carrera son la última garantía en un Estado de partidos como el español', lo escribió Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, designado por el Grupo
Socialista en 1986. Es la última garantía contra todos los excesos que supone el Estado de partidos, que lleva a una confusión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por esa razón, el Partido Socialista y este Gobierno, en particular, como no son
demócratas ni quieren ya la democracia ni la libertad en España, atacan sistemáticamente a jueces y magistrados. (Aplausos). Lo hemos visto con el nombramiento del fiscal general del Estado, porque les recuerdo que el Ministerio Fiscal forma parte
del Poder Judicial con autonomía. Y lo hemos visto porque ese nombramiento ha dado lugar, como estamos viendo en estos días, a que el designado sea en este momento imputado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, situación insostenible en
cualquier régimen democrático. Y a ese fin -tomen ustedes nota, señores diputados del Grupo Popular-, VOX en el día de ayer ha dirigido un escrito al Consejo de Ministros para pedir su destitución. Y, claro, probablemente el Gobierno la
desestimará -por acto presunto o expreso, nos da igual-: pues iremos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con arreglo a su anterior jurisprudencia sobre la declaración de nulidad del nombramiento del fiscal general del Estado, en tiempos de
Felipe González, Eligio Hernández. (Aplausos).
¿Y qué más escándalos de ataques a los jueces quieren ustedes? Pues, sí, los que hemos visto: intimaciones constantes a los magistrados del Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno
y el ministro de la Presidencia, señor Bolaños, en víspera del auto del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre de 2022, e intimaciones a los magistrados del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, que debían y deben aplicar la ley de
amnistía, todas ellas incursas, en opinión de quien les habla, en el tipo delictivo del artículo 508.2 del Código Penal. En esa situación estamos, por no hablar de lo anecdótico -que no lo es tanto- que ha mencionado la oradora del Grupo Popular, a
saber, que, al ser imputada su mujer, doña Begoña, la reacción de doña Begoña y su marido, citado a declarar en calidad de testigo en esa causa -insólita, no la he visto en mi vida-, ha sido querellarse contra el juez instructor. ¿Con qué
finalidad? Con una finalidad intimidatoria. ¡Desvergüenza absoluta! (Aplausos).
Y ahora ya lo último, que también mete de rondón, copiándonos, el Grupo Popular después del Pleno de la semana pasada: esa pretensión del Grupo Socialista, mediante una disposición final nueva en la ley orgánica de eficiencia de la
justicia, de que accedan o permanezcan de modo indefinido en la carrera judicial los jueces y magistrados suplentes y sustitutos. Aquí fue interrogado al efecto el señor Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, y, cómo no, mintió una vez
más. Mintió una vez más. Yo les pregunto a ustedes, señores diputados del Grupo Socialista: ¿no es posible que este sujeto, que comienza su encumbramiento político como maestro de ceremonias de la profanación de la sepultura de Franco y sigue en
destinos más altos (risas), donde está exhibiendo toda su ineptitud y su falta de rectitud e intención, no es posible que este sujeto, este individuo incalificable diga alguna vez la verdad en su vida política? En la otra no lo sé, no me importa.
(Risas y aplausos). ¿No es posible esto? ¿Es un imposible humano?
No es cierto lo que se ha dicho y lo que se ha escrito en esa disposición final introducida a modo de enmienda en ese proyecto. No es cierto. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de este año relativa a los
jueces honorarios italianos no dice en modo alguno que estos deban integrarse ni que deban permanecer con carácter definitivo en la carrera judicial. Dice exactamente lo contrario. Lo que dice esa sentencia es que no es conforme con el derecho
europeo que las normas italianas que prevén una limitación en el número de prórrogas del nombramiento de jueces honorarios sean indefinidamente repetidas, es decir, prorrogadas sin límite en el tiempo por el Gobierno italiano. Es decir, la
sentencia lo que pretende es que no se actúe en fraude a la ley y que esos jueces honorarios no permanezcan en la carrera judicial italiana indefinidamente. Es decir, este señor...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que ir terminando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... ha vuelto a mentir a este Pleno. Se ha mentido a través de enmienda y este sujeto sigue mintiendo sin tasa. Se dijo por Aldama el otro día...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que ir terminando. (El señor diputado continúa hablando con el micrófono apagado). Si no, no me oye. (Risas). Lo siento, pero es que si no, no me oye.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... que Sánchez era un mitómano, trastorno, como ustedes saben, de naturaleza mental. Pues no. No es un mitómano; si lo fuera, sería en algún grado inimputable y es imputable y será imputado igual que Bolaños.
(Rumores.-Risas.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera. (Rumores). Ruego silencio.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño y lo haré brevemente. Simplemente para manifestar que no apoyaremos la iniciativa del Grupo Popular, pues creemos que en muchas ocasiones ve la paja en las declaraciones de ciertos partidos de la Cámara y nunca
la viga en ciertos jueces y magistrados. Y ahora simplemente para recordar las declaraciones que el 13 de noviembre hizo el señor Velasco contra Irene Montero y contra Podemos. Nos parecen injustificables desde todo punto de vista.
Y con respecto a la regularización de la situación de los jueces y magistrados suplentes, compartimos lo que manifestó en la sesión de control la semana pasada el ministro Bolaños diciendo que, efectivamente,
las normas de la Unión y de los tribunales de Justicia de la Unión respecto a la disminución de la interinidad de los servidores públicos no excluyen en ningún momento a los funcionarios públicos que lo componen, los jueces y magistrados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Arratsalde on. Buenas tardes, señorías.
Señorías del Grupo Popular, en su moción presentan una serie de propuestas que, si las vemos en términos generales, pueden ser loables: el respeto a la independencia judicial, la no intromisión. Yo creo que eso es aceptable por cualquier
miembro de esta Cámara. Ahora bien, lo que ocurre es que esta lista que hacen aguanta mal la prueba del algodón y, además, incluyen en ella elementos que poco o nada tienen que ver con el fin de esta moción. Añadir que pueda ser una intromisión la
permanencia en la carrera judicial de magistrados y magistradas que están de alguna manera suplentes, ¿qué tiene que ver con el fin de la independencia judicial? De igual forma, el punto 1, de respeto y de no dar instrucciones a los magistrados,
choca con el punto 5, en el que dicen lo que se tiene que hacer a raíz del caso Víctor Aldama. Es que es incluso contradictorio. Por un lado, ustedes piden que no se den instrucciones; por el otro, se meten de lleno a decir qué se debe hacer
judicialmente con ese caso. Esto es, les queda un poco flojo como argumentario.
Pero vamos a la prueba del algodón que les decía. Y lo decía otro parlamentario, que no ven la viga en el ojo propio. Si hacemos un repaso a lo ocurrido en estos años, ¿no hemos visto a un senador, que hoy en día es eurodiputado, diciendo
que el Tribunal Constitucional era el cáncer de la democracia? ¿No hemos visto a un diputado que se sienta en su bancada diciendo que un magistrado era un pijo ácrata? ¿Eso no es una ofensa, no es un ataque? Pero vayamos más allá. Les animo a
hacer un repaso a la hemeroteca de lo que dijeron sus representantes, incluido un presidente del Gobierno, sobre los magistrados a raíz de la sentencia del caso Gürtel o del caso Lezo. Les animo a que den un repaso a la misma, pero escuchen. La
legislatura anterior nos cansamos de repetir esa frase de un senador de su partido diciendo que controlarían la Sala segunda por la puerta de atrás. ¿No es eso intromisión, o de qué hablaban? De igual forma, aquello de la Fiscalía te lo afina.
¿Pero saben lo que es más grave? Que al mismo tiempo estaban ustedes señalando a magistrados catalanes que supuestamente apoyaban el referéndum en Cataluña publicando sus caras, sus fotos del DNI en una portada de un periódico que, como ha quedado
probado judicialmente, fueron filtradas por miembros de su Gobierno. Esto es señalamiento a magistrados. ¿Ahí no hay respeto a los magistrados? ¿Ahí no tiene que haber? Claro, como son presuntamente prodemócratas o proindependentistas, ahí no.
Lo más grave es que, al mismo tiempo que hacían todo esto, tenían bajo su control al Consejo General del Poder Judicial, aquel que debe velar por el gobierno de los jueces. Lo tenían controlado, ¿y lo tenían controlado para qué? Lo tenían
controlado para hacer nombramientos que quedasen y perdurasen. Hay un ejemplo muy claro. En el año 1995, en la Sala segunda de lo Penal, del Supremo, esa que sentencia sobre casos de corrupción, que está formada por trece magistrados, había siete
magistrados progresistas y seis conservadores. ¿Saben cuál es hoy la ratio? Nueve conservadores y dos progresistas. ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? ¿Es casual? No. Ha ocurrido porque ustedes en esos años -veinticinco años en total de
bloqueos continuados del Consejo General del Poder Judicial- lo que hicieron es nombrar a magistrados de su cuerda para que esa supuesta independencia judicial fuera la que controlan ustedes, con lo cual no cuela. Y a raíz de esto, cuando hoy en
día un expresidente de su partido dice que el que pueda actuar que actúe, sabemos bien a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a que se produzcan casos como los que traían ustedes hoy a mención, precisamente por eso, porque han controlado por
detrás y controlan por delante también el Poder Judicial. Y ya digo que no es casual; lo han hecho bajo un esquema de trabajo, con lo cual no cuela.
Decía la señora Lorente que lo revolucionario hoy en día es hablar de independencia judicial. No. Lo contrarrevolucionario es que ustedes traigan esto intentando hablar de independencia judicial. Señorías del Grupo Popular, no cuela.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó por un tiempo de cinco minutos. Quan vulgui.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Sincerament, és difícil decidir com hem d'agafar-nos totes aquestes iniciatives que ens presenta el Partit Popular, els responsables de la instrumentalització partidista de totes, absolutament totes les institucions
democràtiques de l'Estat, els responsables en societat, indistingible amb la cúpula judicial espanyola, de la judicialització de la política i de la politització de la justícia, els responsables del govern dels jutges, de la dictadura de les togues,
ens tenen inundats amb iniciatives que són pura hipocresia.
El mes d'octubre, moció denunciant la baixa qualitat democràtica de les institucions espanyoles. El Partit Popular denunciant la baixa qualitat democràtica de les institucions. Una altra proposició reclamant el cessament immediat del
Fiscal general de l'Estat, com si els senyors del PP mai haguessin tingut res a veure amb noms com Maza, Moix, Grima, Grinda, Zaragoza, Madrigal, Cadena, Moreno, Mariscal, Pastor i tants i tants d'altres. I ara toquen els jutges i ens venen amb una
iniciativa molt indignats pel que vostès diuen 'continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno'.
És molt curiós que aquesta indignació no la tinguessin, com deia el diputat Iñarritu, quan un diari va treure la seva portada assenyalant 33 jutges catalans que defensaven senzillament l'exercici d'un dret perfectament democràtic i
perfectament constitucional. Sincerament, senyories, és difícil aguantar-se el riure quan llegeixes a la moció 'nos encontramos en un momento en el que la independencia del poder judicial y el respeto debido a jueces y magistrados está siendo
socabado por el Gobierno', com si els noms de Lesmes, Marchena, Llarena, García-Castellón, Velasco, Aguirre, Tardón mai haguessin existit per vostès.
Però deixem el riure. Deixem el riure per un altre moment i anem a la moció, que no fa tanta gràcia. Llegeixo una part que m'interessa, una part referida a la intervenció, a les intervencions que es va fer en aquest hemicicle el 14 de
novembre, quan es va debatre el dictamen del projecte de Llei orgànica de mesures d'eficiència en el Servei Públic de Justícia. Concretament, es deia: 'Se sucedieron una serie de comentarios' -en referència a suposats insults i acusacions falses-
'contra el poder judicial. Todo ello ante un ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, impertérrito, que no dijo nada al respecto, pues necesitaba sus votos. Se llegó a decir por parte de un diputado independentista que se
debía eliminar la Audiencia Nacional, entre comillas, un órgano inaceptable en cualquier estado democrático'.
Aquest diputat independentista, s'ho poden imaginar, era un servidor de vostès i em ratifico. Em ratifico. S'hauria d'eliminar l'Audiència Nacional no només perquè és l'òrgan successor sense solució de continuïtat del TOP, sinó també
perquè materialment és un tribunal que cada dia actua com un tribunal d'excepció, un tribunal impropi de qualsevol sistema democràtic. A més a més, senyora Llorente, s'ha deixat de dir que a la moció també vaig proposar establir un sistema de
responsabilitat penal que faci que els jutges s'ho pensin dues vegades a l'hora de delinquir.
I miri, també m'hi ratifico. Cal un sistema de responsabilitat que acabi amb el corporativisme de les sales de govern per fer front als jutges delinqüents. ¿És imaginable una justícia independent i imparcial si els jutges i magistrats són
els únics ciutadans de l'Estat, al costat del monarca evidentment, que estan exempts de tot sistema d'exigència de responsabilitats? No, no és possible. L'exercici de la funció jurisdiccional també ha d'estar subjecta als mateixos controls que la
resta d'autoritats públiques. Sinó, no hi ha estat de dret, sinó el resultat és la impunitat total. El resultat és institucionalitzar la prevaricació en l'exercici de la funció judicial. El resultat és la dictadura de les togues. Ho hem vist amb
un Tribunal Suprem rebel que es nega a aplicar, per motius estrictament polítics, una llei que és demolidora en la seva literalitat, la llei d'amnistia. Un Tribunal Suprem que menysprea els principis més bàsics de l'Estat de dret. El primer, el
primer principi que menysprea, és el principi de legalitat i que no accepta la jerarquia del Tribunal Constitucional.
Cal dir que no m'estranya. No m'estranya gens que la cúpula judicial hagi respost sense pensar-s'ho a l'ordre d'Aznar de que 'cada cual haga lo que pueda'. Perquè la llei d'amnistia no és un perdó, no és una indulgència graciosa.
Nosaltres no hem abaixat el cap. La llei d'amnistia no és només una esmena a la totalitat de la repressió judicial contra l'independentisme, sinó que és una impugnació radical del règim del 1978, que genera i ha de generar encara efectes de fons
que transcendeixen el curt termini.
I encara hi ha una altra cosa que voldria comentar per acabar. Si és un insult, si és un insult proposar la reforma de la justícia, si és un insult proposar l'eliminació de l'Audiència Nacional, també és un insult demanar modificar l'accés
a la carrera judicial? Doncs miri, també hi estem totalment d'acord. Cal replantejar de dalt a baix l'accés a la carrera judicial perquè, com explica molt bé el professor Joaquín Urías, en un llibre que es diu La justicia en el banquillo, que li
recomano molt que llegeixi, la carrera judicial està infiltrada massivament per jutges que abans eren jutges franquistes i ara són jutges de dretes i d'ultradreta, és a dir, pels mateixos.
Acabo. La seva moció no és per riure. Al contrari. Pas a pas, vostès estan aconseguint que qualli un relat fals, una realitat alternativa. I hem de reconèixer que sí, que ho estan aconseguint. I el Partit Socialista des de la Moncloa,
des del Ministeri de Justícia i des del Ministeri Fiscal també indirectament fan el que poden per donar-los la raó.
Moltes gràcies.
Sinceramente, es difícil decidir cómo tenemos que tomarnos todas estas iniciativas que nos presenta el Partido Popular, los responsables de la instrumentalización partidista de todas, absolutamente todas, las instituciones del Estado, los
responsables de la cúpula judicial española, los responsables de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, los responsables de la dictadura de las togas, que nos tienen inundados con iniciativas que son hipocresía.
En el mes de octubre denunciamos la baja calidad democrática de las instituciones españolas. Otra propuesta reclamando el cese inmediato del fiscal general del Estado, como si los señores del PP no hubieran tenido nada que ver con gente
como Grima, Grinda, Marsa, Bosch, Marina, Mariscal, Pastor y tantos otros. Ahora tocan los jueces y nos vienen con una iniciativa muy indignados, porque ustedes -dicen- consideran que hay continuos ataques a jueces y magistrados por parte de
miembros del Gobierno. Es muy curioso que esta indignación no la tuviesen, como decía el diputado Iñarritu, cuando un periódico puso en su portada a treinta y tres jueces catalanes señalándolos por defender simplemente el ejercicio de un derecho
perfectamente democrático y perfectamente constitucional. Sinceramente, señorías, es difícil aguantarse la risa cuando lees en la moción que nos encontramos en un momento en el que la independencia del Poder Judicial y el respeto debido a jueces y
magistrados está siendo socavado por el Gobierno, como si los nombres de Lesmes, Marchena, Llarena, García-Castellón, Velasco, Aguirre o Tardón no hubiesen existido jamás para ustedes.
Pero dejemos de reír, dejémoslo para otro momento y pasemos a la moción, que no hace tanta gracia. Leo una parte que me interesa, una parte referida a las intervenciones que se han hecho en este hemiciclo el 14 de noviembre, cuando se
debatió el dictamen de medidas de eficiencia energética en el Servicio Público de Justicia. Se decía concretamente que se sucedieron una serie de comentarios en referencia a supuestos insultos y suposiciones falsas contra el Poder Judicial, todo
ello ante la presencia de un ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes que no dijo nada al respecto, pues necesitaba sus votos. Se llegó a decir por parte de un diputado independentista que se debía eliminar la Audiencia Nacional, entre
comillas, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático. Este diputado independentista, ya se pueden imaginar, era servidor de ustedes y me ratifico en lo que dije: habría que eliminar la Audiencia Nacional, no solo porque es el órgano
sucesor sin solución de continuidad de todo, sino también porque materialmente es un tribunal que cada día actúa como un tribunal de excepción, un tribunal impropio de cualquier sistema democrático.
Además, tampoco se ha dicho que en la propuesta se proponía establecer un sistema de responsabilidad penal que haga que los jueces se lo piensen dos veces antes de delinquir. Y también me reivindico: es necesario un sistema de
responsabilidades que acabe con el corporativismo de las salas de Gobierno para hacer frente a los jueces delincuentes. ¿Se pueden imaginar ustedes una justicia independiente e imparcial si los jueces y magistrados son los únicos ciudadanos del
Estado, junto con el monarca, obviamente, exentos de cualquier tipo de sistema de exigencia de responsabilidades? No, no es posible. El ejercicio de la función jurisdiccional también tiene que estar sujeto a los mismos controles que el resto de
las autoridades públicas. Si no, no hay Estado de derecho; si no, el resultado es la impunidad total, el resultado es institucionalizar la prevaricación en el ejercicio de la función judicial, el resultado es la dictadura de las togas. Lo hemos
visto en un Tribunal Supremo rebelde, que se niega a aplicar por motivos estrictamente políticos una ley que es demoledora en su literalidad, la ley de amnistía, que menosprecia los principios básicos del Estado de derecho -el principio primero es
el de la calidad- y que no acepta la jerarquía del Tribunal Constitucional. Claro, que no me extraña en absoluto que la cúpula judicial haya
respondido sin pensárselo a las órdenes de Aznar: que cada cual haga lo que pueda. Porque la ley de amnistía no es un perdón, no es una indulgencia graciosa, no hemos bajado la cabeza. La ley de amnistía no es solo una enmienda a la
totalidad de la represión judicial contra el independentismo, sino que es una impugnación radical del régimen del 78, que genera y seguirá generando a efectos de fondo que trascienden el corto plazo.
Y hay otra cuestión que querría comentar para acabar. Si es un insulto proponer la reforma de la justicia, si es un insulto proponer la eliminación urgente de la Audiencia Nacional, ¿es también un insulto pedir que se modifique el acceso a
la carrera judicial? Pues también estamos totalmente de acuerdo. Hay que plantearse de arriba abajo el acceso a la carrera judicial, porque, como explica el profesor Joaquín Urías en un libro que se llama La justicia en el banquillo, que les
recomiendo mucho que lean, la carrera judicial está infiltrada masivamente por jueces que antes eran jueces franquistas y ahora son jueces de derecha y de ultraderecha, es decir, por los mismos.
Acabo. Su moción no hace gracia ni mucho menos. Paso a paso están ustedes consiguiendo que cuaje un relato falso, una realidad alternativa y, lo reconozco, lo están logrando. Y el Partido Socialista desde la Moncloa, desde el Ministerio
de Justicia y desde el Ministerio Fiscal indirectamente hace lo que puede para darles a ustedes la razón.
Muchas gracias. (El señor Figaredo Álvarez-Sala pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Pagès.
Señor Figaredo, ¿con base en qué artículo me pide la palabra?
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Por el artículo 72.1, en relación con el 103.1.
La señora PRESIDENTA: Diga.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Ruego, señora presidenta, que se llame al orden al anterior interviniente por señalar con nombres y apellidos y de forma directa a jueces y magistrados españoles por el mero hecho de hacer su trabajo y hacer
cumplir las leyes. Es absolutamente intolerable que en esta Cámara de forma sistemática y sin que nadie llame la atención...
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo...
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: ... se insulte a la judicatura. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, yo he entendido perfectamente la intervención del diputado y no ha insultado a ningún juez con nombres y apellidos. Le ruego que escuche la transcripción de lo que ha dicho el diputado, el señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero por un tiempo de cinco minutos.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una
científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al
despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia
de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales
organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del
Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las
actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales;
jueces que detectan tramas de 'indepes' catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan
al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo;
jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he
visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla.
(Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.
La judicatura que renuncia a ser imparcial no puede estar exenta de crítica y todos tenemos el mismo derecho de libertad de expresión que el Consejo General del Poder Judicial aplica para exonerar impresentables actuaciones de la judicatura.
El Partido Popular utiliza ampliamente la libertad de expresión cuando despelleja a jueces que resuelven de forma contraria a lo que consideran su derecho a la impunidad. El Partido Popular machacó al juez De Prada, ponente de la sentencia Gürtel;
Monago, Martínez-Almeida, De Cospedal, Rafael Hernando y Carlos Rojas descalificaron la sentencia y al juez y dijeron que era cercano a ETA. Durante la instrucción de las causas Gürtel y Bárcenas, el PP atacó a los jueces instructores y a los
fiscales generales del Estado. Rajoy tildó de cacería las investigaciones. De Cospedal y Cifuentes acusaron de hacer política de incoherentes e hipócritas a los jueces que paralizaron en 2014 la privatización sanitaria. Y el señor Hernando acusó
al juez Pedraz de pijo ácrata y de hacer demagogia política indecente. ¿De qué respeto a los jueces nos hablan ustedes? Al PP la democracia le estorba tanto que está poniendo a generales a hacer política. Una vicepresidencia y una secretaría
autonómica para la reconstrucción son responsabilidades políticas en una democracia. Si un teniente general, vicepresidente, desprecia las responsabilidades políticas, está despreciando la democracia (aplausos) y al anunciar que no acatará órdenes
políticas se pone a la altura de quienes sustituyeron democracias por dictaduras. Nadie se puede imaginar al general jefe de la UME diciendo que no acatará órdenes políticas. Y un general apolítico ya nos gobernó cuarenta años en dictadura.
(Aplausos).
Una solución técnica también responde a opciones políticas. Es una decisión política, por ejemplo, cómo financiar la reconstrucción, si con la tributación de grandes patrimonios o de los trabajadores; si recaudando dentro o fuera de la
Comunidad Valenciana; si reconstruir primero las infraestructuras o las viviendas de los más vulnerables. Y, como hizo Alfonso XII, el Partido Popular está entregando el poder político a jueces y a militares y ninguno ha pasado por las urnas. La
política es la principal herramienta de transformación para la clase trabajadora.
El Partido Popular y VOX hacen permanente política con las instituciones que controlan. No pretendan además callar la boca a quienes piden más democracia y no pretendan mantener en la precariedad indefinidamente al 20 % del Poder Judicial
por propia decisión del Consejo General del Poder Judicial.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Gómez de Celis por un tiempo de cinco minutos. (Rumores.-Varias señoras y señores diputados: ¡El tiempo!-Risas).
El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ DE CELIS: Bueno, cuento con el plus que me ha dado el representante y portavoz de VOX, que se ha pasado un minuto y pico. (Rumores.-Risas.-Aplausos). Para equiparar, para equiparar.
Muchas gracias, presidenta.
Hoy podríamos titular la iniciativa que nos trae el Grupo Popular como los que incendian permanentemente la justicia, hoy disfrazados de bomberos. Aquellos que más han trabajado por quebrar la independencia de los jueces permanentemente,
los que tienen colapsada la justicia con 1516 procedimientos por corrupción y más de treinta de los suyos en la cárcel, algunos de ellos ministros, estos nos vienen a dar lecciones. (Aplausos). Porque el Partido Popular quiere estar al lado de la
justicia, pero no para defenderla, sino para controlarla por la puerta de atrás. Un verdadero deseo del Partido Popular, su aspiración, su sueño, es tener una justicia sumisa, al igual que intentaron controlar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado mediante aquella policía patriótica en el Gobierno de M.Rajoy. Y después tenemos a la ultraderecha de VOX, haciendo hoy, señorías, esta mañana, apología del franquismo y del
fascismo, un tiempo sin libertad y sin democracia aplaudido por todos ustedes, señores de la ultraderecha, y con el silencio cómplice del Grupo Popular. (Aplausos). ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza!
En contraste, señorías, la máxima de este Gobierno y de nosotros, los socialistas, es actuar siempre con pleno respeto a la independencia de los jueces, siempre (rumores), porque para nosotros es sagrado el artículo 117 de la Constitución:
la justicia emana del pueblo. Y es cierto que hemos avanzado mucho en agilidad e independencia judicial con este Gobierno progresista. Por ejemplo, en la aprobación de la última ley para la modernización de la justicia, con el voto en contra del
Grupo Popular. Sin embargo, quedan grandes reformas pendientes: el acceso a la judicatura. Señorías, sí, reconozcámoslo, existe una evidente endogamia en el acceso a la judicatura, y el día en que haya más jueces hijos de obreros que hijos de
magistrados habrá vencido la democracia. (Aplausos). Sin embargo, tenemos a un Partido Popular que incendia permanentemente los poderes fundamentales de la justicia. Lo hicieron secuestrando al Consejo General del Poder Judicial por cinco años
(rumores) y lo hacen todos los días poniendo en duda y no respetando la independencia del Tribunal Constitucional. Por cierto, en esto le tengo que dar la razón a los señores de VOX, porque de los doce magistrados -de los doce magistrados-, diez
fueron apoyados por el Grupo Popular en el Senado o en el Congreso. A pesar de esto, hay que recordar las deleznables palabras de González Pons, calificando al Constitucional como el cáncer del Estado, una frase ofensiva no solo hacia los
magistrados y magistradas, no, sino hacia los millones de españoles y españolas que están padeciendo esta terrible enfermedad. No tienen ustedes ningún pudor en ningún momento.
Y basándonos en todo esto, señorías del Grupo Popular, les hago una pregunta: ¿ponen ustedes en duda la independencia del juez Peinado por ser el padre de una concejala del Partido Popular? (Rumores). ¿La ponen ustedes? Nosotros
respetamos sus resoluciones (protestas), aunque, evidentemente, no las compartimos y las combatiremos donde haga falta, claro que sí. (Aplausos). Mientras tanto, ustedes siguen y siguen y continúan intentando incendiar también la Fiscalía General
del Estado. (Rumores). Sí, también ustedes, sí. Nosotros, el Gobierno, el PSOE y este Parlamento, apoyamos su imparcialidad, su competencia profesional y la independencia del actual fiscal general, porque la única verdad jurídica hoy día es que
los correos y mensajes analizados por la UCO no revelan ninguna orden directa de filtración a la prensa, pero eso a ustedes les da igual. La verdad a ustedes siempre les da igual. (Aplausos). Porque cuando tienen que elegir estos señores y
señoras del Partido Popular y de la ultraderecha entre la verdad del fiscal general y las mentiras sin pruebas de un delincuente confeso, siempre con los delincuentes. Siempre con los delincuentes. (Rumores.-Aplausos).
Para terminar, señorías, ustedes tuvieron una semana trágica. Fuimos enterándonos de las andanzas del señor Mazón. Tenemos como vicepresidenta primera de Europa a la señora Ribera; por cierto, haciendo el ridículo otra vez el señor
Feijóo. (Grandes protestas). Sí, haciendo el ridículo.
La señora PRESIDENTA: Silencio, señores diputados.
El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ DE CELIS: Sí, otra vez haciendo el ridículo. (Continúan las protestas). Y, además, contra su pronóstico, logramos una reforma fiscal para que aporten más los que más tienen (protestas.-Varios señores diputados:
¡El tiempo!), a pesar del peloteo que les hicieron a los señores de Podemos por los pasillos, peloteo que todos vimos, y seguramente de los mensajes que mandaron al señor Iñarritu -seguro que a Bildu también le mandaron algún mensaje- para hacer
fracasar la reforma. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡El tiempo!). Y claro, para tapar todo esto, señorías, ustedes han encontrado un nuevo vellocino de oro. Han encontrado un nuevo dios. Alabado sea el señor Aldama, delincuente
confeso (protestas.-Varios señores diputados: ¡El tiempo!), porque ya sabemos que para ustedes la verdad, la palabra, la honorabilidad de personas honestas no vale nada. (Grandes protestas.-Varios señores diputados: ¡El tiempo!). Pero la palabra
de un delincuente, de un narcotraficante, sin pruebas, para ustedes es ley. (Rumores.-Aplausos). Por tanto, señores del Grupo Popular, dime con quién te juntas y te diré cómo eres. (Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez Gómez de Celis.
Votamos en dos minutos. (Pausa.-Rumores.-Una señora diputada canturrea, con la entonación utilizada en el sorteo de la Lotería de Navidad: ¡15 000 eeeuros!).
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, si ocupan sus escaños comenzamos con la votación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, PARA LA GARANTÍA, A NIVEL ESTATAL, DEL FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DE LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL Y DE LA PLENA INTEROPERABILIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. (Número de expediente 122/000108).
La señora PRESIDENTA: Esta tarde votamos únicamente la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, para la garantía, a nivel estatal, del funcionamiento efectivo de la tarjeta sanitaria individual y de la plena interoperabilidad de las
historias clínicas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 32; en contra, 174; abstenciones, 134.
La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.
Muchísimas gracias.
Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.