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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 11/06/2024
cve: DSCD-15-PL-46
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 46
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 44
celebrada el martes,
11 de junio de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. (Número de expediente
172/000040) .......
5
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 57-1, de 19 de enero de
2024. (Número de expediente 125/000005) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 103-1, de 26 de abril de 2024. (Número de expediente 122/000091) ... (Página20)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la protección de los menores en el entorno digital. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 117, de 5 de abril de 2024. (Número de expediente 162/000179) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para regular la inteligencia artificial para proteger a los más vulnerables. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 106, de 15 de marzo de 2024. (Número de expediente 162/000155) ...
M??ociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la anulación de la prórroga de veinticinco años otorgada a la concesionaria de la AP-9, la asunción de la gestión directa de la autopista, la supresión de los peajes y el
impulso de la transferencia a Galicia. (Número de expediente 173/000030) ... (Página53)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actual situación económica, política y social de nuestro país. (Número de expediente 173/000031) ... (Página62)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página70)
T?oma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Los señores don Guillermo Hita Téllez y don Juan Andrés Bayón Rolo y la señora doña María Elisa Vedrina Conesa han adquirido la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.
Exclusión del orden del día ... (Página5)
De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara de la exclusión del orden del día la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página5)
En turno a favor intervienen el señor Gómez Besteiro, del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia; la señora Pontón Mondelo, del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, y el señor Pazos Couñago, del Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, representantes del Parlamento de Galicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto, y Lago Peñas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; las señoras Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario VOX, y Taboadela
Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Conde López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página20)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Cervera
Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX; y la
señora Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página33)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la protección de los menores en el entorno digital ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley la señora Núñez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Armario González, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y
González López, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y la señora Plaza García, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Núñez González.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para regular la inteligencia artificial para proteger a los más vulnerables ... (Página44)
Defiende la proposición no de ley la señora Sanz Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y el señor Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Andala Ubbi, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores González-Robatto Perote, del Grupo
Parlamentario VOX, y Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sanz Martínez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página53)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la anulación de la prórroga de veinticinco años otorgada a la concesionaria de la AP-9, la asunción de la gestión directa de la autopista, la supresión de los peajes y el
impulso de la transferencia a Galicia ... (Página53)
Defiende la moción el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Chavarría, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Lago Peñas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actual situación económica, política y social de nuestro país ... (Página62)
Defiende la moción la señora Guardiola Salmerón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Junts
per Catalunya, y Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y el señor González Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página70)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia, se aprueba
por 309 votos a favor y 33 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia
en los delitos de hurto y estafa, se aprueba por 302 votos a favor y 40 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos y a todas. Señoras y señores diputados, si ocupan sus escaños, empezaremos el Pleno.
Se abre la sesión. Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. Los miembros de la Mesa, por favor, nos ponemos en
pie.
En sustitución de doña Zaida Cantera de Castro, pregunto a don Guillermo Hita Téllez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor HITA TÉLLEZ: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Ana María Pastor Julián, pregunto a don Juan Andrés Bayón Rolo si jura o promete acatar la Constitución.
El señor BAYÓN ROLO: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Pedro Luis Huguet Tous, pregunto a doña María Elisa Vedrina Conesa si jura o promete acatar la Constitución.
La señora VEDRINA CONESA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don Guillermo Hita Téllez, don Juan Andrés Bayón Rolo y doña María Elisa Vedrina Conesa han adquirido la condición plena de diputados y diputada. Enhorabuena. (Aplausos).
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES, SOBRE EL RESPETO A LAS CORTES GENERALES Y EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES. (Número de expediente
172/000040).
La señora PRESIDENTA: Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el
sentido de excluir el punto 26, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO (AP-9) A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000005).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, del Parlamento de Galicia, de Transferencia de la Titularidad y Competencias de la Autopista del Atlántico, AP-9, a la
Comunidad Autónoma de Galicia. Es por ello por lo que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Galicia, a los que les doy la más sincera bienvenida, que integran esta delegación que defenderá la propuesta y a quienes vamos a escuchar
ahora.
Para la presentación de la iniciativa, tienen la palabra, por un tiempo de quince minutos, don José Ramón Gómez Besteiro, doña Ana Belén Pontón Mondelo y don Alberto Pazos Couñago. Señor Besteiro, cuando quiera.
El señor ?REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Gómez Besteiro): Moitas grazas, presidenta. Moi boas tardes, señorías.
4 de febreiro do ano 2000, ese foi o día en que en realidade fomos convocados a estar hoxe aquí. Estamos aquí porque ese día o Goberno de Aznar prorrogou a concesión da AP-9 ata o máximo permitido e, logo, ademais, privatizouna. Un
traballo impecable para beneficiar a algúns e que galegos e galegas paguemos hoxe por unha vía que xa debería ser propia. Xa está pagada. Xa debería ser nosa. Xa debería ser de todos nós.
Vivimos na disputa entre tres modelos sobre a AP-9 en Galicia. Por un lado, os de quen a viron como unha oportunidade de negocio e, sempre que puideron, ampliaron, prorrogaron e facilitaron o aumento de peaxes, o verdadeiro problema que dá
orixe a todo isto.
Por outro lado, está tamén o incongruente modelo dos que rexeitaron a infraestrutura cando se proxectou, manifestándose belixerantemente contra unha autoestrada da que hoxe pouco menos que reclaman a súa maternidade, sen explicar, por
suposto, a inversión e os cartos necesarios para levalo a cabo.
Como terceiro modelo, os socialistas defendemos sempre que esta vía resultaba clave na vertebración da vida social e económica de Galicia. Defendemos ó inicio a súa implantación e defendemos hoxe que, por moitas dificultades que o
procedemento teña, que calquera sabe que as ten e, obviamente, que non son poucas, debemos traballar e esforzarnos ó máximo por xestionala e, sobre todo, porque ós cidadáns non lles supoña un custo. Porque si, queremos transferencia e queremos
gratuidade, pero, falemos claro, a gratuidade é, sen dúbida, o máis importante. Ós galegos e ás galegas impórtalles máis que se levanten as barreiras que a titularidade do asfalto.
De aí nace que o actual Goberno do Estado dende o ano 2021 estea bonificando as peaxes. Os galegos e as galegas pagámolas porque se prorrogou a concesión, pero hoxe pagamos menos porque o Goberno de España, este e non outro, financia unha
parte moi importante dende fai tres anos, en concreto, dende os orzamentos do ano 2021 que, por certo, si apoiou o meu partido.
Baixemos a un exemplo real: nun pequeno tramo da AP-9, entre Fene e á Coruña, un usuario habitual para ir ó seu traballo paga ó mes grazas ás bonificacións 72 euros fronte ós 171 que pagaba antes, un aforro de case cen euros ó mes.
Disto debemos sacar dúas conclusións. Primeiro, que quen non apoiou as bonificacións está en contra de máis de cen millóns de euros de aforro para galegos e galegas dende que se implantaron. E en segundo lugar, que, pese a todo, as peaxes
seguen sendo unha sangría para as economías familiares e para a competitividade empresarial.
Sexamos nítidos: a empresa concesionaria recada máis de 130 millóns de euros ó ano a partir dunhas elevadísimas peaxes que son unha carga abusiva e que limitan a mobilidade de galegos e galegas e tamén a competitividade dos traballadores
autónomos e das empresas.
Esta anómala situación non se dá igual noutros lugares e as autoestradas similares xa foron resoltas para o público ou están en camiño de facelo. É de xustiza que a AP-9 vaia polo mesmo sendeiro.
Os socialistas xa defendemos no seu momento a necesidade de negociar esa transferencia, xunto a outras, cando Emilio Pérez Touriño, que fora presidente de Galicia fai xa case 20 anos. O cambio de Goberno en Galicia parou esa reivindicación,
seguro que lles soará a algúns nesta Cámara. Ás veces parece que en Galicia as présas autonomistas empezaron en xuño de 2018. Antes: o páramo.
En todo caso, os socialistas galegos e as socialistas galegas somos firmes defensores da reivindicación que, en nome do conxunto do Parlamento de Galicia, traemos a esta Cámara, esta lei que, todo sexa dito, xa foi vetada para debaterse con
Gobernos do Partido Popular. O PP votaba cunha man e vetaba coa outra. Con este historial que vostedes xulgarán complexo cabe poñer en valor a capacidade de diálogo e a oferta de solución que os socialistas puxemos enriba da mesa.
Hoxe acudimos a este Congreso cunha proposta acordada por unanimidade no Parlamento galego e que amosa que esta petición ten un respaldo absoluto. Si, sabemos que esas complicacións veñen polos erros xa sinalados na xestión pasada, pero é
necesario mirar cara a adiante. Por iso, pedimos que se tome en consideración esta proposta e se camiñe cara a resolver unha situación inxusta, porque é o que corresponde e é o que Galicia demanda. Moitas grazas.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías.
El 4 de febrero de 2000 fue el día en que en realidad fuimos convocados a estar hoy aquí. Estamos aquí porque ese día el Gobierno de Aznar prorrogó la concesión de la AP-9 hasta el máximo permitido.
Luego, además, se privatizó; un trabajo impecable para beneficiar a algunos y que los gallegos y las gallegas paguemos hoy por una vía que ya debería ser propia. Ya está pagada, ya debería ser nuestra, ya debería ser de todos.
Vimos una disputa entre tres modelos sobre la AP-9 en Galicia. Por un lado, los que la vieron como una oportunidad de negocio y siempre que pudieron la ampliaron, la prorrogaron y facilitaron el aumento de peajes; el verdadero problema que
da origen a todo esto. Por otro lado, está también el incongruente modelo de los que rechazaron una infraestructura cuando se proyectó, manifestándose beligerantemente contra una autopista de la que hoy poco menos que reclaman su paternidad, sin
explicar, por supuesto, la inversión y el dinero necesarios para llevarlo a cabo. Como tercer modelo, los socialistas defendimos siempre que esta vía resultaba clave en la vertebración de la vida social y económica de Galicia. Defendimos al inicio
su implantación y defendemos hoy, por muchas dificultades que el procedimiento tenga -sabemos que las tiene y, obviamente, no son pocas-, que debemos trabajar y esforzarnos al máximo para gestionarla y, sobre todo, para que a los ciudadanos no les
suponga un coste.
Porque sí, queremos transferencia y queremos gratuidad, pero hablemos claro, la gratuidad es sin duda lo más importante. A los gallegos y a las gallegas nos importa más que se levanten las barreras que la titularidad del asfalto. De ahí
nace que el actual Gobierno del Estado, desde el año 2021, esté bonificando los peajes. Los gallegos y las gallegas pagamos porque se prorrogó la concesión, pero hoy pagamos menos, porque el Gobierno de España -este y no otro- financia una parte
muy importante desde hace tres años, en concreto, desde los presupuestos del año 2021, que por cierto sí apoyó mi partido. (Aplausos).
Bajemos a un ejemplo real. Por un pequeño tramo de la AP-9, un pequeñísimo tramo entre Fene y A Coruña, un usuario habitual para ir a su trabajo paga al mes, gracias a las bonificaciones, 72 euros frente a los 171 que pagaba antes; un
ahorro de casi 100 euros al mes. Con ello se deben sacar dos conclusiones: primero, que quien no apoyó las bonificaciones está en contra de más de 100 millones de euros de ahorro para gallegos y gallegas desde que se implantaron; y, segundo, que,
pese a todo, los peajes siguen siendo una sangría para las economías familiares y para la competitividad empresarial. Seamos nítidos, la empresa concesionaria recauda más de 130 millones de euros al año a partir de unos elevadísimos peajes, que son
una carga abusiva y que limitan la movilidad de gallegos y gallegas, y también la competitividad de los trabajadores autónomos y de las empresas. Esta anómala situación no se da igual en otros lugares. Las autopistas similares ya han sido
resueltas para el público o están en camino de hacerlo. Es de justicia que la AP-9 vaya por el mismo camino. Los socialistas ya hemos defendido en su momento la necesidad de negociar esa transferencia, junto a otras, cuando Emilio Pérez Touriño
fue presidente de Galicia hace ya casi veinte años. El cambio de Gobierno en Galicia paró esa reivindicación, seguro que les sonará a algunos en esta Cámara. A veces parece que en Galicia las prisas autonomistas empezaron en junio de 2018; antes,
el páramo.
En todo caso, los socialistas gallegos y las socialistas gallegas somos firmes defensores de la reivindicación que en nombre del conjunto del Parlamento de Galicia traemos a esta Cámara. Esta ley, todo sea dicho, ya fue vetada para
debatirse con gobiernos del Partido Popular; el PP votaba con una mano y vetaba con otra. Con este historial, que ustedes juzgarán complejo, cabe poner en valor la capacidad de diálogo y la oferta de soluciones que los socialistas pusimos encima
de la mesa. Hoy acudimos a este Congreso con una propuesta acordada por unanimidad en el Parlamento gallego y que muestra que esta petición tiene un respaldo absoluto. Sí, sabemos que esas complicaciones vienen por los errores ya señalados en la
gestión pasada, pero es necesario mirar hacia delante. Por eso pedimos que se tome en consideración esta propuesta y se camine hacia la resolución de una situación injusta, porque es lo que corresponde y es lo que Galicia demanda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Besteiro.
Tiene ahora la palabra doña Ana Belén Pontón Mondelo, del Bloque Nacionalista Gallego.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Pontón Mondelo): Señorías, para que nos paga a cidadanía? Estou convencida de que todos e todas vostedes dirán que para lexislar e para mellorar as súas vidas. Díganme se seguen pensando
o mesmo despois de escoitar esta cronoloxía.
2016, Galiza pide por primeira vez a transferencia da AP-9. A lei do Parlamento de Galiza nin sequera foi debatida polo veto imposto polo Partido Popular.
2017, Galiza pide a transferencia por segunda vez. A lei tampouco chegou a ser debatida porque, de novo, o Partido Popular vetou o debate da iniciativa.
2018, Galiza pide por terceira vez a transferencia da AP-9. Nesta ocasión, foi admitida a trámite, pero decaeu por unha convocatoria electoral.
2021, Galiza pide a transferencia por cuarta vez e esta Cámara aproba tramitala pola vía de urxencia, pero, finalmente, tamén decae en 2023, despois de que se solicitasen 15 prórrogas. 15 prórrogas para unha lei que tiña que tramitarse pola
vía de urxencia. Unha auténtica tomadura de pelo.
Estamos en 2024 e estou nesta tribuna porque Galiza pide de novo a transferencia da AP-9.
Seguen pensando, señorías, que no relativo á AP-9 están defendendo os intereses dos galegos e das galegas? E, sobre todo, será esta a definitiva ou van seguir burlándose da cidadanía galega?
Sabemos moi ben como as forzas estatais se alternan na discriminación a Galiza. De feito, as escusas que antes utilizaba o Partido Popular agora utilízaas sen ningún rubor o Partido Socialista. Negan a transferencia da AP-9 alegando que
esta é unha conexión internacional e é falso, porque a conexión con Portugal se fai pola autovía A-55. Eu creo que estaría moi ben que polo menos os ministros de Transporte tivesen claro este dato, que é elemental. Pero é que, ademais, o Estado xa
transferiu autoestradas que si tiñan unha conexión internacional, por exemplo, a Euskadi ou a Cataluña.
Outro argumento compartido polo Partido Popular e o Partido Socialista é que o rescate resulta inasumible para o Estado. Sen embargo, non tiveron ningún problema en rescatar as radiais madrileñas por miles de millóns de euros. Claro que
coas radiais madrileñas a petición viña da gran banca e das grandes construtoras e, neste caso, a petición vén do pobo galego.
O que queren é perpetuar a discriminación con Galiza, e aí están os feitos. En 1994, Felipe González ampliou a concesión dez anos, até o 2023. De non ser así, xa hai unha década que estariamos circulando libremente pola AP-9. No 2000, foi
José María Aznar quen ampliou a concesión 25 anos e, como guinda, privatizou a autoestrada en 2003 a prezo de saldo. E fíxense que coincidencia: isto fíxose despois dunha emisión de bonos de Audasa cuxo comisionario, perdón, comisario era un
coñecido desta Cámara: Luis Bárcenas. Que casualidade.
Esas prórrogas de PP e PSOE deixáronlle a Galiza unha das autoestradas máis caras. Pagamos 25 euros por percorrer 220 quilómetros. E tamén coa concesión máxima que permite a lei: 75 anos.
A última prórroga do Partido Popular provocou que a Comisión Europea abrise un expediente de infracción ó Estado español por incumprir a lexislación. Ese recurso do Estado tivo como resposta un segundo expediente de Bruxelas insistindo en
que a prórroga do Partido Popular é ilegal. Señorías, Europa está abrindo de par en par a porta ó rescate da AP-9. Crucen esa porta e acaben dunha vez por todas cunha estafa legalizada que sofren cada día 22 000 galegos e galegas.
É certo que até o de agora o único respiro para esas persoas usuarias foron os descontos logrados polo BNG a través do acordo de investidura co Partido Socialista, pero é insuficiente. Deixen de poñer escusas para negarlle a Galiza o que
outros desfrutan desde hai anos. Pídolles que non volvan converter este debate nunha burla ós galegos e ás galegas. É o momento de cumprir con Galiza e atender unha das demandas máis sentidas do meu país: poder circular por unha AP-9 galega e
libre de peaxes. Non fagan deste debate unha nova burla a Galiza. Moitas grazas.
Señorías, ¿para qué nos paga la ciudadanía? Estoy convencida de que todos y todas ustedes dirán que para legislar y para mejorar sus vidas. Díganme si siguen pensando lo mismo después de escuchar esta cronología: 2016, Galicia pide por
primera vez la transferencia de la AP-9; la ley del Parlamento de Galicia ni siquiera fue debatida por el veto impuesto por el Partido Popular. En 2017, Galicia pide la transferencia por segunda vez; la ley tampoco llegó a ser debatida, porque de
nuevo el Partido Popular vetó el debate de la iniciativa. En 2018, Galicia pide por tercera vez la transferencia de la AP-9; en esta ocasión fue admitida a trámite, pero decayó por una convocatoria electoral. En 2021, Galicia pide la
transferencia por cuarta vez, y esta Cámara aprobó tramitarla por la vía de urgencia, pero finalmente también decae en 2023 después de que se solicitasen quince prórrogas, quince prórrogas para una ley que tenía que tramitarse por la vía de
urgencia; una auténtica tomadura de pelo. Estamos en 2024 y estoy en esta tribuna, porque Galicia pide de nuevo la transferencia de la AP-9. ¿Siguen pensando, señorías, que en lo relativo a la AP-9 están defendiendo los intereses de los gallegos
y las gallegas? Y sobre todo, ¿será esta la definitiva o van a seguir burlándose de la ciudadanía gallega?
Sabemos muy bien cómo las fuerzas estatales se alternan en la discriminación a Galicia. De hecho, las excusas que antes utilizaba el Partido Popular ahora las utiliza sin ningún rubor el Partido Socialista.
Niegan la transferencia de la AP-9 alegando que esta es una conexión internacional, y es falso, porque la conexión con Portugal se hace por la autovía A-55. Creo que estaría muy bien que por lo menos los ministros de Transportes tuviesen
claro este dato, que es elemental. Pero es que, además, el Estado ya ha transferido autopistas que sí tenían una conexión internacional, por ejemplo, a Euskadi o a Cataluña.
Otro argumento compartido por el Partido Popular y el Partido Socialista es que el rescate resulta inasumible para el Estado. Sin embargo, no tuvieron ningún problema en rescatar las radiales madrileñas por miles de millones de euros.
Claro que con las radiales madrileñas la petición venía de la gran banca y de las grandes constructoras y, en este caso, la petición viene del pueblo gallego. Lo que quieren es perpetuar la discriminación con Galicia, y ahí están los hechos. En
1994, Felipe González amplió la concesión diez años, hasta 2023. De no ser así, ya hace una década que estaríamos circulando libremente por la AP-9. En el año 2000, fue José María Aznar el que amplió la concesión veinticinco años y, como guinda,
privatizó la autopista en 2003 a precio de saldo. Y fíjense qué coincidencia, esto se hizo después de una emisión de bonos de Audasa, cuyo comisario era un conocido de esta Cámara: Luis Bárcenas. ¡Qué casualidad! Esas prórrogas de PP y PSOE
dejaron a Galicia una de las autopistas más caras: pagamos 25 euros por recorrer 220 kilómetros, y también con la concesión máxima que permitía la ley: setenta y cinco años. La última prórroga del Partido Popular provocó que la Comisión Europea
abriese un expediente de infracción al Estado español por incumplir la legislación. Ese recurso del Estado tuvo como respuesta un segundo expediente de Bruselas, que insiste en que la prórroga del Partido Popular es ilegal.
Señorías, Europa está abriendo de par en par la puerta al rescate de la AP-9. Crucen esa puerta y acaben de una vez por todas con una estafa legalizada que sufren cada día 22 000 gallegos y gallegas. Es cierto que hasta ahora el único
respiro para esas personas usuarias fueron los descuentos logrados por el BNG a través del acuerdo de investidura con el Partido Socialista, pero es insuficiente. Dejen de poner excusas para negarle a Galicia lo que otros territorios disfrutan
desde hace años. Les pido que no vuelvan a convertir este debate en una burla a los gallegos y a las gallegas. Es el momento de cumplir con Galicia y atender una de las demandas más sentidas de mi país: poder circular por una AP-9 gallega y libre
de peajes. No hagan de este debate una nueva burla a Galicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pontón.
Tiene ahora la palabra don Alberto Pazos Couñago, del Grupo Popular.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Pazos Couñago): Gracias, presidenta.
Señorías, sin ningún género de duda, el sueño europeo se ha forjado a través de las rutas xacobeas transitadas por millones de peregrinos que, como señalaba el Códice Calixtino allá por el siglo XII, llegaron de lugares muy diferentes y
remotos persiguiendo un objetivo común: Santiago de Compostela, para después regresar a sus lugares de origen convertidos ya en europeos. Coincidirán conmigo en que resulta paradójico que a Galicia, destino final de esas rutas que han vertebrado
Europa y que hoy superan ya los 80 000 kilómetros, se le niegue la posibilidad de gestionar un camino que apenas alcanza los 200 kilómetros, pero que vertebra al 60 % de su población y por el que diariamente peregrinamos decenas de miles de
gallegos. Señorías, hoy tienen la oportunidad de resolver esta paradoja, aunque debo confesar que acudo a este debate con muy pocas certezas y con abundantes dudas.
Comienzo por las primeras. Confío en que hoy regresaremos a Galicia con un rotundo sí de esta Cámara a la admisión a trámite de esta proposición de ley, y sin duda esta será una magnífica noticia para Galicia y para los gallegos; agradezco
sinceramente a todos aquellos grupos y diputados que la van a hacer posible. Sinceramente, muchas gracias a todos. (Aplausos). Tengo también la certeza de que el Grupo Popular, mayoritario en esta Cámara, hará cuanto esté en su mano para que,
además de ser admitida a trámite, esta iniciativa resulte definitivamente aprobada en los términos que demanda Galicia y en los plazos razonables que esperan los gallegos. No es este un convencimiento basado en la suposición, sino en la
experiencia. Conozco de primera mano la firmeza de las convicciones de quien hoy preside ese grupo y también la coherencia de sus actos, y por eso, hoy quiero darle las gracias por seguir defendiendo en el Congreso lo que tantas veces defendió en
el Parlamento de Galicia. Muchas gracias, presidente Feijóo; muchas gracias, Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).
Pero, señorías, de todos es sabido que no hay rosas sin espinas, y la alegría que causan estas certezas resulta empañada por las dudas sobre cómo y cuándo tendrá lugar esta transferencia. Son dudas también estas basadas en la experiencia,
la experiencia de comprobar cómo hace escasos meses
el Gobierno de España aceptaba ceder la gestión de esta vía, pero no aceptaba transferir su titularidad ni aceptaba transferir los recursos económicos necesarios para su explotación ni aceptaba transferir la financiación necesaria para
ejecutar obras que ya han sido comprometidas. Dudas al comprobar cómo en la pasada legislatura, a pesar de acordar que esta iniciativa se sustanciaría por trámite de urgencia, acumuló una tras otra hasta quince prórrogas por imposición de los hoy
socios de Gobierno, que también ostentan el control de la Mesa de la Cámara. Dudas causadas por las declaraciones del ministro Puente, que afirma que la configuración de la AP-9 la convierte -abro comillas- 'en clara candidata a ser de titularidad
estatal, porque ofrece una conexión transfronteriza', una afirmación radicalmente falsa; o que estima su rescate en 4000 millones de euros sin más aval que su florido verbo, olvidando que fue su partido el que aprobó un incremento de tarifas del 1
% anual durante veinte años, que repercute en 14 000 millones de peajes extras, que salen del bolsillo de las gallegas y de los gallegos. (Aplausos).
Nada disto foi o que se prometeu ós galegos. Ós galegos prometéusenos unha AP-9 100 % galega e 100 % libre de cargas. E iso é o que pedimos: que se cumpra a palabra dada.
Non se me ocorrería exixirlle ó Goberno que cumpra os pactos alcanzados co Bloque Nacionalista Galego, como a inmensa maioría dos galegos, asumo que sempre foron papel mollado, pero si me parece razoable exixir dar cumprimento ás promesas
realizadas recentemente polo delegado do Goberno en Galicia ou por quen foi presidente da Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible nesta Cámara e, ata fai ben pouco, candidato socialista nas pasadas eleccións galegas, cando el mesmo aseguraba:
'Vou garantir a gratuidade da AP-9 e da AP-53. Por que? Porque co Estado hai que falar, hai que negociar e hai que ter influencia no Estado'. Pois ben, señorías, aquí estamos, estamos falando, estamos negociando e asegúrolle que, polo menos, as
dúas persoas que me acompañaron nesta delegación aseguran ter unha gran influencia no Goberno do Estado. En consecuencia, que se cumpra o prometido, porque o contrario sería unha fraude ós galegos e en Redondela de peaxes e de fraudes algo sabemos,
señorías.
A petición de Galicia é moi simple. Resúmoa nunha expresión pronunciada por Alberto Núñez Feijóo no Parlamento de Galicia: 'Galicia non vai pedir máis do que lle corresponde, pero non se vai conformar con menos'. Ou no recordatorio que o
presidente Rueda dirixía recentemente á portavoz socialista na Cámara galega: 'Vostede comprometeuse nun debate, dixo que a AP-9 sería gratuíta. Supoño que iso se mantén en pé e supoño que se pode facer de xeito inmediato porque, se non, vostedes
non o terían proposto'.
En definitiva, ese é o compromiso do actual Goberno de España e esa é a exixencia da sempre leal Galicia, e non renunciaremos a ela, pois, como deixou escrito don Ramón Cabanillas: 'Namentras o sangre vibre en beizos e corazón... a
espranza de vela libre i este berro: Redención!'. Señorías, atendan a chamada e Galicia saberá recoñecelos como fai sempre entre os bos e xenerosos. Moitísimas grazas.
Nada de esto fue lo que se prometió a los gallegos. A los gallegos se nos prometió una AP-9 cien por cien gallega y libre de cargas, y eso es lo que pedimos, que se cumpla la palabra dada. No se me ocurriría exigirle al Gobierno que cumpla
los pactos alcanzados con el Bloque Nacionalista Galego o con la inmensa mayoría de los gallegos, asumo que siempre han sido papel mojado. Pero me parece razonable que exija dar cumplimiento a las promesas realizadas recientemente por el delegado
del Gobierno en Galicia o por quien fue presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible en esta Cámara y hasta hace poco candidato socialista en las pasadas elecciones gallegas, cuando él mismo aseguraba: Voy a garantizar la
gratuidad de la AP-9 y de la AP-53. ¿Por qué? Porque con el Estado hay que hablar, hay que negociar; hay que tener influencia en el Estado. Pues bien, señorías, aquí estamos. Estamos hablando, estamos negociando y les aseguro que por lo menos
las dos personas que me acompañan en esta delegación aseguran tener una gran influencia en el Gobierno del Estado. En consecuencia, cúmplase lo prometido, porque lo contrario sería un fraude a los gallegos. En Redondela, de peajes y de fraudes
algo sabemos, señoría. (Aplausos).
La petición de Galicia es muy simple, la resumo en una expresión pronunciada por Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento de Galicia: 'Galicia no va a pedir más de lo que le corresponde, pero no se va a conformar con menos'. O el recordatorio
que el presidente Rueda dirigía recientemente a la portavoz socialista en la Cámara gallega: 'Usted se comprometió en un debate, decía que la AP-9 sería gratuita. Supongo que eso se mantiene en pie y que debe ser inmediato, porque si no, ustedes
no lo habrían propuesto'.
En definitiva, ese es el compromiso del actual Gobierno de España, esa es la exigencia de la siempre leal Galicia y no renunciaremos a ella, pues como dejó escrito don Ramón Cabanillas: 'Mientras la sangre vibre en labios y corazón, la
esperanza de verla libre y este... redención'.
Señorías, atiendan a la llamada y Galicia sabrá reconocerlos, como hace siempre, entre los buenos y generosos.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pazos.
Ahora es el turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor REGO CANDAMIL: Graza, señora presidenta.
Alégrame ter aquí unha representación do Parlamento da miña nación, do Parlamento da Galiza, co señor Couñago, a señora Ana Pontón, o señor Besteiro, aínda que recoñezo que non me alegra tanto que a causa sexa falar de novo da AP-9, porque
este é un asunto que hai moito tempo tiña que estar resolto. Máis unha vez, e xa van tres, é debatida neste Congreso unha proposición de lei do Parlamento de Galiza para a transferencia da autoestrada do Atlántico.
O dato dá conta da inmensa hipocrisía das forzas estatais do bipartidismo, o Partido Popular e Partido Socialista, que votan no Parlamento galego iniciativas do BNG porque saben que a cidadanía galega castigaría politicamente que non o
fixesen, mais despois manobran en Madrid para bloquear que esa mesma iniciativa saia adiante.
Na última ocasión, foi admitida a trámite por amplísima maioría unha proposición de lei similar a esta en febreiro de 2021. A partir de aí, a mesa demorou a tramitación inxustificadamente: o PP dificultouna con numerosas emendas de
concreción carentes de sentido, porque a lei era clara nas obrigas de cada quen e a concreción correspondería á Comisión Mixta de Transferencias, e, finalmente, o Partido Socialista acabou bloqueando após pretender deturpar o seu contido, pasando da
transferencia da titularidade á transferencia só da xestión. Un comportamento absolutamente vergoñoso que non ficou aí. No máximo do cinismo, o Partido Popular, responsábel, ademais, da prórroga de 25 anos da concesión entre 2023 e 2048, chegou a
impedir mesmo en dúas ocasións que a proposición de lei do Parlamento de Galiza chegase a ser debatida neste Congreso, bloqueándoa na mesa so a presidencia de Ana Pastor, para mellor sarcasmo, deputada por Pontevedra. E aínda teñen a cara de
afirmar, como fixeron recentemente na Galiza, que a demora é culpa do BNG, que non goberna nin na Galiza nin en Madrid, como si na altura facían vostedes, que gobernaban nos dous sitios. Así que, señoras e señores do Partido Popular e do Partido
Socialista, chega xa de se burlar do pobo galego e de enganar a cidadanía do noso país.
Exixímoslles, non só que voten hoxe a favor, que o farán, claro, senón que colaboren para completar canto antes a tramitación desta lei e poidamos ver tamén o antes posíbel unha AP-9 galega e libre de peaxes. Libre de peaxes, si, porque,
aínda que non sexa o obxectivo desta proposición de lei, que se limita á cuestión da transferencia, na exposición de motivos fica claro o impacto negativo para o desenvolvemento social e económico da Galiza e mesmo a discriminación que implica para
o noso país manter unhas tarifas de pagamento que están en vigor neste momento como consecuencia dunha prórroga dun Goberno do Partido Popular do señor Aznar no ano 2000. Unha prórroga que nunca se debeu producir. Unha prórroga que, ademais, a
Unión Europea considera ilegal ó non cumprir o criterio de concorrencia competitiva e, por tanto, que debe ser anulada canto antes.
Un bocadiño máis tarde, se non se traslada o debate para o día de mañá, debateremos precisamente unha moción do BNG consecuencia da interpelación realizada ó ministro de Transportes no día 29 de maio que busca xustamente pór punto final á
concesión da autoestrada do Atlántico o antes posíbel. Espero que sexa aprobada e atendida polo Goberno, porque é de xustiza.
Ollen, señoras e señores do Partido Popular e do PSOE, os galegos e galegas séntense estafados por unhas portaxes, das máis altas do Estado, que castigan os seus petos e a economía do noso país, dificultando a competitividade das empresas
galegas situadas no eixo atlántico, onde se concentra a maior parte da poboación e tamén da actividade económica da Galiza. E ademais, vense discriminados na medida en que as autoestradas da xeración da AP-9, ou finalizaron xa a concesión, ou están
a piques de facelo pasando a ser libres de peaxe. É hora de pór punto final a esta estafa e a esta discriminación.
Transferir a infraestrutura é un primeiro paso na boa dirección, sobre todo ficando claro, como establece a proposición de lei, que o Estado debe asumir todas as obrigas económicas en relación coa
concesión e tamén coas actuacións previstas, entre outras razóns, porque o Goberno non rescata a autoestrada do Atlántico como sería lóxico e é máis que probábel, coñecidos os precedentes, que sexa a Unión Europea quen declare a nulidade da
concesión.
O BNG leva moitos anos reclamando que se acabe dunha vez por todas coa estafa legalizada que implican as portaxes da AP-9. Conseguimos arrancar ó Goberno no acordo de investidura do ano 2020 a bonificación de até 70 % para os usuarios e
usuarias recorrentes actualmente en vigor e que, conforme ó acordo do ano 2023, habería que aumentar até 75 % e aplicar tamén á AP-53, outra autoestrada con concesión de longa duración, de 75 anos. Como temos remarcado moitas veces, precisamente a
Galiza, que ten unha posición periférica no Estado español xeograficamente, politicamente tamén, infelizmente, conta con dúas das tres autoestradas de concesión de 75 anos que aínda están en vigor. Claramente inxusto e inxustificábel.
Nós, o BNG, como a inmensa maioría do pobo galego, queremos que a AP-9 sexa galega e libre de peaxes. Hoxe podemos dar un paso decisivo para lograr o primeiro e, con certeza, nós continuaremos traballando para conseguir tamén e canto antes
que poidamos circular entre Ferrol e Tui sen ter que deixar polo camiño na viaxe de ida e volta 51 euros se formos nun vehículo lixeiro e nada máis e nada menos que 89 euros se fixermos a viaxe nun vehículo pesado. Un verdadeiro escándalo.
Así pois, como dixen, exiximos a PP e PSOE que, por unha vez, cumpran coa Galiza. É vergoñoso que esta proposición fose aprobada xa cinco veces no Parlamento da Galiza e debatida aquí por terceira vez. Estou convencido que o pobo galego
non perdoaría unha nova burla. Esta pode e debe ser, non a última, pode e debe ser a derradeira. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Me alegra tener aquí una representación del Parlamento de mi nación, de Galicia: el señor Couñago, la señora Ana Pontón y el señor Besteiro. Aunque reconozco que no me alegra tanto que la causa sea hablar de nuevo de la AP-9, porque este
es un asunto que hace mucho tiempo que debería estar resuelto, y una vez más, y ya van tres, se debate en este Congreso una proposición de ley del Parlamento de Galicia para la transferencia de la autopista del Atlántico. El dato da cuenta de la
inmensa hipocresía de las fuerzas estatales del bipartidismo -Partido Popular y Partido Socialista-, que votan en el Parlamento gallego iniciativas del BNG -porque saben que la ciudadanía gallega castigaría políticamente que no lo hiciesen-, pero
después maniobran en Madrid para bloquear que esa misma iniciativa salga adelante.
En la última ocasión, fue admitida a trámite por amplísima mayoría una proposición de ley similar a esta, en febrero de 2021. A partir de ahí, la Mesa demoró la tramitación injustificadamente, el PP la dificultó con numerosas enmiendas de
concreción carentes de sentido, porque la ley era clara en las obligaciones de cada uno y la concreción correspondería a la Comisión Mixta de Transferencias y, finalmente, el Partido Socialista la acabó bloqueando después de pretender cambiar su
contenido, pasando de transferencia de titularidad a transferencia solo de la gestión. Fue un comportamiento absolutamente vergonzoso que no se quedó ahí. En el culmen del cinismo, el Partido Popular, responsable además de la prórroga de
veinticinco años de la concesión entre 2023 y 2048, llegó a impedir, incluso en dos ocasiones, que la proposición de ley del Parlamento de Galicia llegase a ser debatida en este Congreso, bloqueándola en la Mesa, bajo la Presidencia de Ana Pastor,
para mayor sarcasmo, diputada por Pontevedra. Y aún tienen la cara de afirmar, como han hecho recientemente en Galicia, que la demora es culpa del BNG, que no gobierna ni en Galicia ni en Madrid, como en aquel momento sí hacían ustedes, que
gobernaban en los dos sitios.
Así que, señores y señoras del Partido Popular y del Partido Socialista, basta ya de burlarse del pueblo gallego y de engañar a la ciudadanía de nuestro país. Les exigimos no solo que voten hoy a favor -que lo harán, claro-, sino que
colaboren para completar cuanto antes la tramitación de esta ley y podamos ver lo antes posible una AP-9 gallega y libre de peajes; libre de peajes, sí. Porque aunque no sea el objetivo de esta proposición de ley, que se limita a la cuestión de la
transferencia, en la exposición de motivos queda claro el impacto negativo para el desarrollo social y económico de Galicia, incluso la discriminación que implica para nuestro país mantener unas tarifas de pago, que están en vigor en este momento
como consecuencia de una prórroga de un Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar en el año 2000, una prórroga que nunca se debió producir; una prórroga que, además, la Unión Europea considera ilegal al no cumplir el criterio de concurrencia
competitiva y, por tanto, debe ser anulada cuanto antes. Más tarde, si no se traslada el debate para mañana, debatiremos precisamente una moción del BNG consecuencia de interpelación realizada al ministro de Transportes el día 29 de mayo, que busca
justamente poner punto final a la concesión de la autopista del Atlántico lo antes posible. Espero que sea aprobada y atendida por el Gobierno, porque es de justicia.
Miren, señoras y señores del Partido Popular y del PSOE, los gallegos y gallegas se sienten estafados por unos peajes de los más altos del Estado, que castigan sus bolsillos y la economía de nuestro país, dificultando la competitividad de
las empresas gallegas situadas en el eje atlántico, donde se concentra la mayor parte de la población y también de la actividad económica de Galicia. Y, además, se ven discriminados en la medida en que las autopistas de la generación de la AP-9 ya
finalizaron la concesión o están a punto de hacerlo, pasando a ser libres de peajes. Es hora de poner punto final a esta estafa y a esta discriminación. Transferir la infraestructura es un primer paso en la buena dirección, sobre todo quedando
claro, como establece la proposición de ley, que el Estado debe asumir todas las obligaciones económicas en relación con la concesión y también con las actuaciones previstas, entre otras razones porque el Gobierno no rescata la autopista del
Atlántico, como sería lógico, y es más que probable, conocidos los precedentes, que sea la Unión Europea la que declare la nulidad de la concesión.
El BNG lleva muchos años reclamando que se acabe de una vez por todas con la estafa legalizada que implican los peajes de la AP-9. Conseguimos arrancar al Gobierno, en el acuerdo de investidura del año 2020, la bonificación de hasta el 60 %
para usuarios y usuarios recurrentes actualmente en vigor, que, conforme al acuerdo de 2023, habría que aumentar hasta el 75 % y aplicar también a la AP-53, otra autopista con concesión de larga duración, de setenta y cinco años. Como hemos
remarcado muchas veces, precisamente Galicia, que tiene una posición periférica geográfica y políticamente también en el Estado español, cuenta con dos de las tres autopistas de concesión de setenta y cinco años que todavía están en vigor.
Claramente injusto e injustificable. Nosotros, el BNG, como la inmensa mayoría del pueblo gallego, queremos que la AP-9 sea gallega y libre de peajes. Hoy podemos dar un paso decisivo para lograr lo primero. Desde luego, nosotros seguiremos
trabajando para conseguir cuanto antes que podamos circular entre Ferrol y Tui sin tener que dejar por el camino, en el viaje de ida y vuelta, 51 euros si vamos en un vehículo ligero y nada más y nada menos que 89 euros si hacemos el viaje en un
vehículo pesado. Un verdadero escándalo.
Así pues, como he dicho, exigimos al PP y al PSOE que por una vez cumplan con Galicia. Es vergonzoso que esta proposición fuese aprobada ya cinco veces en el Parlamento de Galicia y debatida aquí por tercera vez. Estoy convencido de que el
pueblo gallego no perdonaría una nueva burla. Esta puede y debe ser no la última, puede y debe ser la definitiva.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Lago Peñas por un tiempo de siete minutos.
El señor LAGO PEÑAS: Benvidos e benvida, deputados do Parlamento de Galicia.
Votaremos a favor da proposición de lei que nos presenta hoxe o Parlamento de Galicia. Farémolo porque é unha proposta unánime que vén do lugar onde reside a soberanía do pobo galego e iso debe ser sempre respectado. Tamén porque SUMAR
comparte plenamente a necesidade de transferir a competencia sobre a autoestrada do Atlántico á Xunta de Galicia. Por ámbalas dúas razóns votaremos a favor.
Con todo, consideramos que a simple transferencia da competencia é unha medida necesaria, pero claramente insuficiente para resolver a grave distorsión que supón que a principal arteria de comunicación de Galicia sexa explotada por unha
empresa privada, empresa privada que, á súa vez, é propiedade de fondos de investimento holandeses, británicos e canadenses. O principal problema que se deriva da explotación privada da autoestrada son as peaxes abusivas que hai que pagar polo seu
uso. A transferencia da competencia é necesaria, pero é insuficiente para abordar este grave problema.
En primeiro lugar, como xa dixeron a deputada e os deputados do Parlamento de Galicia, porque a explotación da AP-9 se vai estender aínda durante 24 anos máis, ata chegar ó 2048. É un escándalo. Unha discriminación inaceptable para
Galicia, porque todas as autoestradas de primeira xeración terminan ou terminaron o seu período concesional antes do 2026, mentres que a autoestrada galega seguirá cobrando peaxes ata o 2048. Vou poñer un exemplo: cando xa teñan pasados 31 anos
dende que a autoestrada AP-1 Vitoria-Burgos volvera ser pública e gratuíta, en Galicia, 31 anos despois, seguiremos pagando peaxes.
A AP-9 iniciou a súa actividade en 1973. Tiña 39 anos de concesión. Remataba a concesión no ano 2012. Xa fai 12 anos que esa autoestrada tiña que ser pública e gratuíta. Por que non o é? Porque
diferentes Gobernos ampliaron o período concesional. A última, a máis grave, foi perpetrada en 2023 polo Goberno presidido por Aznar, que prolongou a concesión da autoestrada 25 anos. É a historia dun espolio interminable. 75 anos de
explotación privada da principal vía de articulación do meu país.
En segundo lugar, as peaxes que cobra a autoestrada do Atlántico están entre as máis caras de España. Ten que ver con que os prezos das autoestradas están regulados, pero ten que ver tamén con que a empresa concesionaria foi quen de
negociar un incremento adicional das peaxes durante vinte anos que explica que as peaxes de Galicia sexan máis caras que as do resto do Estado. En síntese: a empresa que explota a AP-9 foi quen de prolongar a concesión ata os 75 anos, que é o
máximo, non é máis porque este é o máximo prazo legal posible, e de blindar incrementos abusivos das peaxes durante 20 anos máis.
Vou dar unha cifra que reflicte cal é o espolio que paga o pobo galego, unha cifra que está nas contas anuais de Audasa, pódese ler. Audasa estima que ata o ano 2048 vai cobrar por peaxes en Galicia 9561 millóns de euros. Non me trabuquei
como o señor Pazos na cifra. Son 10 000 millóns de euros en peaxes, que supoñen unha enorme transferencia de rendas da cidadanía ós petos dunha empresa privada propiedade, á súa vez, de fondos de investimento.
Falouse nas intervencións anteriores de que hai bonificacións nas peaxes. Si, e iso para min fai aínda máis complicado explicar estas cifras, porque o Goberno de España no Real Decreto 681/2021 bonifica as peaxes, é certo, pero iso ten un
custo, vou dicir a cifra, de 2300 millóns de euros, isto é, pagamos con impostos 2300 millóns de euros dirixidos a unha empresa privada propiedade de fondos de investimento. É un negocio redondo. Se bonifican as peaxes, hai máis tráfico, pero como
o Estado paga a diferenza, a empresa cada vez gaña máis cartos.
Aínda máis, ademais dos 2300 millóns de euros da última bonificación, o Estado ten comprometidos outros mil millóns de euros para pagarlle á empresa concesionaria. Polo tanto, imos pagar con cartos públicos 3400 millóns de euros a unha
empresa privada que explota a principal vía de articulación terrestre de Galicia. Iso é un escándalo inaceptable. É un negocio privado soportado por recursos públicos.
E remato. Galicia non pode ser a única comunidade autónoma do Estado que siga pagando peaxes en 2048. Non podemos aceptar os galegos pagar 9000 millóns de euros máis a unha empresa privada propiedade de fondos de investimento estranxeiros.
Non pode ser que o Estado financie con 3400 millóns de euros os beneficios dunha empresa privada. Por iso, a proposta de SUMAR é recuperar a AP-9 para o público, digo recuperar porque esta empresa xa foi pública ata que a privatizou Aznar,
recuperala para o público e transferirlle á Xunta de Galicia a súa competencia para que faga unha explotación e a xestione en beneficio da cidadanía e da economía de Galicia. Moitas grazas.
Bienvenidas y bienvenidos los representantes del Parlamento de Galicia.
Votaremos a favor de la propuesta de ley que nos presenta el Parlamento de Galicia. Lo haremos porque es una propuesta unánime que viene del lugar donde reside la soberanía del pueblo gallego, y eso debe ser siempre respetado; también
porque SUMAR comparte plenamente la necesidad de transferir la competencia sobre la autopista del Atlántico a la Xunta de Galicia. Por ambas razones votaremos a favor.
Con todo, consideramos que la simple transferencia de la competencia es una medida necesaria, pero claramente insuficiente para resolver la grave distorsión que supone que la principal arteria de comunicación de Galicia sea explotada por una
empresa privada (aplausos), empresa privada que, a su vez, es propiedad de fondos de inversión holandeses y canadienses, y el principal problema que se deriva son los peajes abusivos que hay que pagar por su uso.
La transferencia de la competencia es necesaria, pero es insuficiente para abordar este grave problema. En primer lugar, como ya han dicho la diputada y los diputados de Galicia, porque la explotación de la AP-9 se va a extender todavía
durante veinticuatro años más, hasta llegar a 2048. Es un escándalo, una discriminación inaceptable para Galicia, porque todas las autopistas de primera generación terminan o terminaron su periodo de concesión antes de 2026, mientras que la
autopista gallega seguirá cobrando peajes hasta 2048. Voy a poner un ejemplo. Cuando han discurrido treinta años desde que la autopista AP-1, Vitoria-Burgos, volvió a ser pública y gratuita, en Galicia, treinta y un años después seguiremos pagando
peajes. La AP-9 ha empezado su actividad en 1973, tenía treinta y nueve años de concesión. La concesión iba a acabar en 2012, por lo que hace doce años que esa autopista debía ser pública y gratuita. ¿Y por qué no lo es? Porque diferentes
gobiernos ampliaron el periodo de concesión. La última fue perpetrada en el 2023 por el Gobierno presidido por Aznar y prorrogó la concesión de la autopista durante veinticinco años más. Es la historia de un expolio interminable. Setenta y cinco
años de explotación privada de la principal vía de articulación de mi país.
En segundo lugar, los peajes que cobra la autopista del Atlántico son de los más caros de España. Tiene que ver con que los precios de las autopistas están regulados, pero tiene que ver también con el hecho de que la empresa concesionaria
fue capaz de negociar un incremento adicional de los peajes durante veinte años, lo que explica que los peajes de Galicia sean más caros que en el resto del Estado. En síntesis, la empresa que explota la AP-9 consiguió prorrogar la concesión
durante setenta y cinco años -es el máximo, no se puede prorrogar más, es el plazo máximo legal posible- y blindar incrementos abusivos de los peajes durante veinte años más. Voy a dar una cifra que refleja el expolio que paga el pueblo gallego,
una cifra que está en las cuentas anuales de Audasa. Se puede leer: Audasa estima que hasta 2048 conseguirá cobrar por peajes en Galicia 9561 millones de euros. No, no me equivoco como el señor Pazos en la cifra. Son 10 000 millones de euros en
peajes que representan una enorme transferencia del dinero de los bolsillos de los ciudadanos a una empresa que pertenece a fondos de inversión.
En las intervenciones anteriores se ha hablado de bonificaciones a los peajes, y eso para mí es una parte todavía más complicada de explicar en estas cifras, porque el Gobierno de España, en el Real Decreto 6/81, bonifica los peajes, es
cierto, pero eso tiene un coste -voy a decir la cifra- de 2300 millones de euros. Eso es que pagamos con impuestos 2300 millones de euros dirigidos a una empresa privada propiedad de fondos de inversión. Un negocio redondo. (Aplausos). Se
bonifican peajes, hay más tráfico, pero el Estado paga la diferencia y la empresa cada vez gana más dinero. Todavía más. Además de los 2300 millones de euros de la última bonificación, el Estado ha comprometido otros 1000 millones de euros para
pagar a la empresa concesionaria. Vamos a pagar con dinero público 3300 millones de euros para pagar la vía que articula la comunicación terrestre de Galicia. Es un negocio privado soportado por recursos públicos.
Finalizo. Galicia no puede ser la única comunidad autónoma del Estado que siga pagando peajes hasta 2048. No podemos aceptar pagar 9000 millones de euros a una empresa privada propiedad de fondos de inversión extranjeros. No puede ser que
el Estado financie con 3400 millones de euros los beneficios de una empresa privada. Por eso la propuesta de SUMAR es recuperar la AP-9 para el público -digo recuperar porque esa empresa ya fue pública, hasta que se privatizó por parte de Aznar- y
transferir a la Xunta de Galicia su competencia para que se pueda hacer una explotación y una gestión en beneficio de la ciudadanía y la economía de Galicia desde la Xunta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lago.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene ahora la palabra la señora Mejías Sánchez, por un tiempo de siete minutos. (Aplausos).
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
Quiero darle la bienvenida a la delegación del Parlamento de Galicia aquí, al Pleno del Congreso.
Creo que esta iniciativa es uno de los mejores ejemplos de por qué el nacionalismo no triunfa en Galicia, y es porque hoy, como podemos ver, el Partido Popular viene de la mano del BNG y del Partido Socialista de Galicia a presentar una
iniciativa que supone una transferencia de titularidad de una red principal de las autopistas del Estado. Y yo me pregunto por qué. (Aplausos). ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque el PP de Galicia tiene esta obsesión por
mimetizarse siempre con el nacionalismo y les compra todos sus mantras? (El señor Tellado Filgueira: Cero escaños en Galicia). Tendremos cero escaños, pero no hacemos lo que hace usted, que es venderse a los intereses de los nacionalistas
gallegos. (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira: No representan a nadie en Galicia). Ustedes no solo les han comprado todos los mantras, no solo la transmisión de la titularidad de esta autopista principal del Estado, sino que también aplican sus
políticas lingüísticas, aplican sus leyes de género y otras muchas cosas. (Rumores).
Pero vamos al tema. Usted hoy nos propone que traspasemos la titularidad de la autopista del Atlántico, la AP-9, de titularidad del Estado, a la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata de que el Parlamento gallego, donde hay mayoría
popular, pretenda que una de las vías principales de Galicia, pagada con el dinero de todos los españoles y concesionada por uno de los gobiernos del Partido Popular, que vertebra todo el territorio gallego de norte a sur, desde Ferrol hasta Tui, y
llega a la frontera con Portugal sea transferida a la comunidad autónoma. Pero es que, además, comunica las principales ciudades gallegas, de ella depende la mayor parte de la actividad económica de Galicia y es una autopista que forma parte, como
digo, de la Red de Carreteras del Estado. Ustedes pretenden que deje de hacerlo porque hay que parcelar la Red de Carreteras del Estado simplemente por un error. Creo que esta iniciativa lo que pretende
es enjuagar sus culpas por una mala gestión (aplausos), porque esta situación se ha producido como consecuencia de que desde hace muchos años se gestiona mal.
Como digo, esta es una autopista de la red principal de las carreteras del Estado, que fue concesionada a una empresa, Audasa, actualmente Itínere. Es cierto que está participada por fondos de inversión extranjeros, que lo que quieren,
evidentemente, es rentabilizar sus ingresos al mayor nivel y, por lo tanto, pretenden aprovecharse de una autopista que pagamos con el dinero de todos los españoles y que ahora ellos pretenden rentabilizar. Pero ¿por qué? Pues precisamente por ese
apaño que se hizo de alargar esa concesión, que había de acabar en el año 2023, hasta el año 2048 por un Gobierno presidido por el presidente Aznar. ¿Y qué ha pasado? Que, además, esa concesión se hizo contraviniendo las normas del concurso
público y hoy está bajo investigación de la Comisión de Bruselas. En este momento, si esa concesión es declarada ilegal por una mala gestión, ya que hay abierto un expediente informativo, el resultado será que todos los españoles tendremos que
pagar una indemnización a la concesionaria de más de 1000 millones de euros; 1000 millones de euros cuando estamos hablando de una empresa, la empresa Itínere, que tiene actualmente un valor de 1300 millones de euros. Casi les vamos a pagar la
empresa.
¿Y por qué? Es cierto que los gallegos tienen motivos para estar quejosos, porque están pagando valores desorbitados por unos peajes absolutamente necesarios, que esquilman los bolsillos de las familias, pero que traen causa de que en el
año 2011 el Gobierno de Rajoy suscribió con esa concesionaria, en virtud de un convenio, el compromiso de ampliar la autopista en la circunvalación de Santiago y entre el puente de Rande, permitiéndole a cambio elevar un 1 % el importe de los peajes
durante veinte años acumulativos (rumores.-Los señores Pérez López y Tellado Filgueira, señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: Pepe Blanco), veinte años con un incremento del 1 % en los peajes. Ahora los peajes son desorbitados
y tienen un problema. (El señor Pérez López, señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: Nosotros no, fue Pepe Blanco). No, no, ustedes también tienen culpa; llevan muchos años gobernando y podrían haberlo gestionado. ¿O no
gobernaban ustedes cuando gobernaba Rajoy? (Aplausos). Y ahora quienes lo pagan son los usuarios de una de las principales vías gallegas, que se ven perjudicados no solo por el coste de los peajes, sino también porque este perjudica el transporte
de mercancías, perjudica la competitividad de las empresas y, además, no existe ningún tipo de vía alternativa. Es decir, se han generado un montón de agravios y ahora, como se gestionó mal, la solución es traspasar la titularidad y la competencia
al Gobierno de Galicia, como si no tuviéramos suficientes ejemplos que demuestran que el traspaso de competencias y el traspaso de titularidad no son necesariamente sinónimos de una gestión eficaz al servicio de todos los ciudadanos. Por lo tanto,
nosotros no somos partidarios de parcelar la Red de Carreteras del Estado. Entendemos que el señor Rueda quiera en este momento ponerse una medalla y conseguir esa rebaja de peajes, pero estamos convencidos de que esto lo que va a suponer es un
perjuicio para la concesionaria que vamos a acabar pagando todos los españoles. Como les decía antes, estamos hablando de más de 1000 millones de euros, y esto lo hace el PP.
Pero es que aún hay más, la prueba de que ustedes se mimetizan con el nacionalismo es que esta transferencia de titularidad fue objeto de un pacto de investidura entre el BNG y el PSOE para investir a Sánchez, y ustedes se la compran.
(Rumores). Ustedes se la compran. Ya veo que al señor Tellado no le ha gustado mi intervención y se ha marchado del Pleno. (Rumores.-Aplausos). Es decir, que, aunque el PP lo consiga, el mérito se lo va a llevar el BNG. No sé exactamente cuál
es el beneficio que ustedes sacan de esta iniciativa.
En definitiva, no cuenten con nosotros. Nosotros somos partidarios de negociar, evidentemente, y de que los ciudadanos gallegos que usan esa infraestructura principal para la comunidad gallega lo hagan a un coste aceptable, pero, desde
luego, en lo que no estamos de acuerdo es en parcelar la Red de Carreteras del Estado ni en convertir -es lo que se pretende en esta iniciativa- el 150.2 de la Constitución en el caladero del traspaso de las competencias de todo aquello que no
funciona, porque transferir competencias, como les digo, no es jamás sinónimo de eficacia y de buena gestión.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mejías.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Taboadela Álvarez, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora TABOADELA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Boas tardes, señorías. Señorías do Parlamento de Galicia, benvidos e benvida.
Buenas tardes, señorías. Señorías del Parlamento de Galicia, bienvenidos y bienvenidas.
Como se ha dicho aquí, la autopista AP-9 es una infraestructura de primer orden, que conecta cinco de las siete ciudades más importantes de Galicia y, a su vez, conexiona y coordina los aeropuertos y puertos de la comunidad autónoma. Por
tanto, lejos de haber supuesto una división para Galicia, ha contribuido tanto a cohesionar el territorio como al desarrollo y modernización de nuestro país. Al BNG le damos la bienvenida a esta nueva consideración de las infraestructuras como
elemento de cohesión. Creo que ya han entendido que efectivamente estas infraestructuras no dividen, sino que unen los pueblos y los territorios.
La puesta en servicio de esta autopista no estuvo exenta de dificultades. En 1984, cuando todavía se estaba construyendo, debido a la delicada situación financiera por la que pasó la concesionaria, el Estado pasó a ser el titular de la
autopista a través de la empresa pública ENAUSA. En los años siguientes se fueron construyendo tramos y, al mismo tiempo, también se fue saneando la concesión, de manera que para 1994 la sociedad pública presentó un resultado positivo de
explotación. No será hasta 2003 cuando se finalice la autopista, con un tramo final de 218,9 kilómetros. En los años siguientes -como ha dicho nuestro secretario xeral y parlamentario, el señor Gómez Besteiro- ocurren dos hitos que explican por
qué hoy estamos aquí. Primero, en el año 2000, la modificación de la concesión con el otorgamiento de una prórroga que llevó a una ampliación de veinticinco años más sobre la que ya había. Señorías, ¿saben cuántos años en total va a tener de
explotación esta autopista? Setenta y cinco años. Nunca una autopista en España tuvo una concesión tan larga. (Aplausos). Eso al mismo tiempo que José María Aznar, que fue el que lo hizo como presidente, decía eso de que España iba bien. Se
conoce que España iba bien, pero en Galicia no nos enteramos, desde luego. La segunda decisión, también tomada por el Gobierno del Partido Popular, fue vender la infraestructura a un grupo privado una vez saneada la autopista con dinero público.
Ambas decisiones, insisto, fueron tomadas por gobiernos del Partido Popular y ambas decisiones fueron muy lesivas para los intereses de los gallegos y gallegas. Hasta aquí el relato de los hechos que han sucedido desde entonces.
Efectivamente, el resultado es una situación de desequilibrio territorial, ya que los gallegos tenemos que pagar peajes frente a otras comunidades autónomas donde la circulación por la red es gratuita. Esta situación es la que estamos
tratando de corregir desde el Gobierno. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues bien, hemos destinado unos 55 millones de euros para bonificar los trayectos de la AP-9. En total, los gallegos y gallegas hemos ahorrado 115 millones de euros en peajes
desde 2021 hasta 2024. Estos descuentos se suman a otros ya existentes, por cierto, también aprobados por otro Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que dio gratuidad a dos tramos de la autopista. Asimismo, el 1 de enero de 2023
el Gobierno llegó a un acuerdo para limitar la subida de todas las tarifas en las autopistas de España, con lo cual también ha supuesto un ahorro suplementario para los gallegos y gallegas. En los presupuestos generales de 2024 se han incluido 21,6
millones de euros adicionales al presupuesto ya comprometido, hasta alcanzar los 76 millones de euros, pese al presupuesto prorrogado, desde luego, con la intención de materializar estas bonificaciones durante el año 2024. Insisto en que nada de
esto se hizo bajo gobiernos del Partido Popular, ni cuando gobernaban en Madrid ni cuando el señor Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. (Aplausos). Así que, señorías del PP, lecciones las justas, lecciones las justas. Cuando han podido
hacer algo lo han hecho beneficiando a las concesionarias y no a los gallegos.
Señor Rego, di vostede que lle arrincou non sei que bonos nos prezos da AP-9 ó Goberno. Mágoa que despois se esqueceu do máis importante, que era aprobar os Orzamentos Xerais do Estado onde ían incluídas esas bonificacións.
Señorías do PP, máis do mesmo: exixen bonificacións, pero votan en contra da lei que as fixo posibles. Outra vaca no millo.
As autoestradas non teñen ideoloxía, pero si a ten a política de infraestruturas. Non é o mesmo privatizar e ampliar os anos de concesión que bonificar as peaxes e financiar a gratuidade dalgúns tramos. Non é o mesmo porque os beneficiados
dunhas e doutras políticas non son os mesmos. Este Goberno defende as galegas e galegos. Os anteriores Gobernos do Partido Popular pensaron máis na conta dos resultados da concesionaria. Así de clariño. Así que, señorías do PP, leccións
ningunhas.
Tamén nos alegramos moito de que todos agora pensemos que as infraestruturas non son unha fenda, senón un elemento de desenvolvemento e cohesión. Tamén me gustaría ver a mesma opinión con outras políticas determinantes para o futuro de
Galicia, como a política enerxética ou a política industrial.
Ben, máis aló do título de propiedade, a este Goberno interésalle seguir mellorando a economía dos galegos e de Galicia, porque é de xustiza. Dende o 2018, o Goberno de Pedro Sánchez dedicou máis de 200 millóns de euros para mellorar as
condicións impostas na concesión da AP-9 polo Partido Popular. Iso é gobernar para Galicia. O PSOE no Goberno do Estado fixo máis polas infraestruturas galegas e polos galegos e galegas que ningún outro partido no Goberno da Xunta nin mesmo na
oposición.
Señor Rego, dice usted que le arrancó no sé qué bonos al Gobierno. Lástima que después se olvidó de lo más importante, que era aprobar los presupuestos generales del Estado donde iban incluidas esas bonificaciones. Señorías del PP, más de
lo mismo. Exigen bonificaciones, pero votan en contra de la ley que las hizo posibles. Otra burra en el trigo.
Ustedes no tienen ideología, pero sí la tiene la política de infraestructura. No es lo mismo privatizar y ampliar los años de concesión que bonificar los peajes y financiar la gratuidad de algunos tramos; no es lo mismo porque los
beneficiarios de unas y otras políticas no son los mismos. Este Gobierno defiende a los gallegos y gallegas. Los anteriores gobiernos del Partido Popular pensaron más en las cuentas de resultados de la concesionaria, así de claro. Así que,
señorías del PP: lecciones, ninguna.
También nos alegramos mucho de que todos ahora pensemos que las infraestructuras no son una brecha, sino un símbolo de cohesión y de desarrollo. También me gustaría ver la misma opinión con otras políticas relativas a Galicia: política
energética, política industrial. Más allá del título de propiedad, a este Gobierno le interesa seguir mejorando la economía de los gallegos y de Galicia, porque es justicia que se pide. Desde 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez ha dedicado más de
200 millones de euros para mejorar las condiciones impuestas por la concesión de la AP-9 por el Partido Popular. Eso es gobernar para Galicia. El PSOE en el Gobierno del Estado hizo más por las infraestructuras gallegas y por los gallegos y
gallegas que ningún otro partido en el Gobierno de la Xunta e incluso en la oposición.
Señorías, la AP-9 ha sido y continuará siendo un elemento vertebrador y dinamizador de primer orden para Galicia. Ha unido nuestra tierra con el resto de España y con Europa. Además de seguir cumpliendo con ese objetivo, nuestra obligación
como políticos es seguir mejorando la vida de las personas a las que representamos, y hoy, más allá de nuestras diferentes visiones del mundo, debemos estar de acuerdo con ese fin común. Por eso, vamos a votar afirmativamente la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. Moitas grazas. Boa tarde. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Taboadela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra el señor Conde López, también por un tiempo de siete minutos.
El señor CONDE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes a todos.
Benvida a delegación do Parlamento de Galicia. Bienvenida la delegación del Parlamento de Galicia. Gracias a los tres representantes por haber traído a esta Cámara una demanda unánime del Parlamento gallego y gracias también por traer a
este Congreso un texto legal que puede contar con la amplia mayoría de esta Cámara.
Entiendo que ustedes están acostumbrados a un Parlamento donde las iniciativas legislativas se tramitan y, además, se aprueban; un ejemplo y un modelo de estabilidad muy distinto a este Congreso, donde el Gobierno se ve obligado a retirar
leyes porque no se las apoyan ni los propios miembros del Gobierno. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!). Por lo tanto, a falta de iniciativa legislativa del Gobierno, bienvenida sea la de los Parlamentos autonómicos, muy especialmente cuando
viene avalada por el consenso, y si además procede de la comunidad autónoma que compartimos, donde la estabilidad gubernamental es un valor añadido, también bienvenida sea.
Confiamos en que este consenso facilite su tramitación y no ocurra como en las múltiples iniciativas legislativas promovidas por otros grupos parlamentarios, por el Senado o por otras comunidades autónomas que se mantienen congeladas por el
Gobierno de coalición en la Mesa de este Congreso, porque esta ley, señorías, ya ha esperado demasiado, ocho años desde la primera vez que fue remitida desde Galicia a este Congreso, y hoy la recibimos por cuarta vez. Ya se ha hablado aquí de
bloqueos, pero yo simplemente les recuerdo que seis años y medio de Gobierno del Partido Socialista, apoyado por
el Bloque Nacionalista Galego, lo dicen todo. Si ha habido un bloqueo, y es cierto que lo ha habido, los responsables tienen nombres y apellidos. Creo que ustedes me entienden y, desde luego, los gallegos también.
Fíjense en estos últimos seis años y medio, desde el año 2018. Hemos pasado por diferentes momentos políticos, con tres elecciones generales y dos elecciones autonómicas en Galicia y con dos presidentes elegidos por mayoría absoluta de los
gallegos: el presidente Feijóo y el presidente Rueda. En todo momento este grupo parlamentario ha defendido lo mismo: la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia. Para cambios de titulares en el mismo día o decir en
Galicia una cosa y en Madrid la contraria ya están otros partidos, y ustedes lo saben. Y ha sido así porque ha sido una posición común de la Xunta de Galicia, del Parlamento de Galicia y del Grupo Popular en el Congreso; una posición común que no
ha sido una prioridad común en este Congreso, porque otros grupos se han puesto de acuerdo para que no saliese adelante, y es bueno recordarlo.
Permítanme remitirme a las fechas. En enero del año 2020, el Partido Socialista Obrero Español y el Bloque Nacionalista Galego pactaron como contrapartida a la investidura de Pedro Sánchez que la ley para la transferencia de la AP-9 se
aprobaría ese mismo año. Pusieron fecha: 2020. Han pasado los cuatro años de legislatura, en los que el Gobierno y el Bloque Nacionalista Galego han tenido de forma constante la mayoría, y nada se ha avanzado. Después de estos cuatro años solo
ha cambiado una cosa, que en el siguiente pacto de investidura, el que se firmó en noviembre del año pasado, el Bloque Nacionalista Galego ya ha rebajado el tono, y ahora ya no se atreve a mencionar la titularidad. El Bloque Nacionalista Galego sí
presumió que, según el acuerdo con el Partido Socialista, los presupuestos generales del Estado traerían nuevas bonificaciones. Y la realidad, señores del Bloque Nacionalista Galego, les ha puesto en su sitio, igual que ha puesto en su sitio al
Partido Socialista de Galicia. No hay ni presupuestos ni hay bonificaciones. (Aplausos). No hay presupuestos, porque no los han presentado, y no hay bonificaciones, pero lo que sí ha habido -y los gallegos lo sabemos bien- ha sido la segunda
subida más grande de este siglo.
Señorías, hoy estamos aquí iniciando una vez más el trámite para la aprobación de la transferencia de la AP-9, no porque lo haya traído el Gobierno como proyecto de ley y no porque lo haya traído alguno de los socios de investidura, el
propio Bloque Nacionalista Galego, como proposición de ley, no; hoy estamos aquí porque el Parlamento de Galicia, a iniciativa del Partido Popular de Galicia, lo ha vuelto a solicitar. (Aplausos). Ya les avanzo que el Grupo Parlamentario Popular
no solo va a apoyar la toma en consideración de este texto, sino que va a trabajar cada día para que se tramite y, por lo tanto, no se bloquee. Y no lo vamos a hacer únicamente por los compromisos del Partido Popular con el desarrollo económico y
estatutario de Galicia; lo haremos, señorías, en defensa de la igualdad de trato de toda la ciudadanía y de todos todos los territorios.
Señorías, estamos ante el Gobierno de la arbitrariedad, donde las cosas suceden o no, según convenga al Gobierno. Los delitos de un ciudadano común se juzgan, pero los de los socios del Gobierno se amnistían. Las competencias de gestión
del litoral se transfieren al Gobierno vasco, pero se niegan a la Xunta de Galicia hasta que tiene que venir el Tribunal Constitucional a darle la razón a la Xunta. (Aplausos). Y la titularidad autonómica de autopistas y autovías de similares
características se transfiere en otras comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco, pero se bloquea en Galicia.
Señorías, en una legislatura donde las únicas leyes que se aprueban son trajes a medida para los socios del Gobierno, que solo les afectan a ellos, esta proposición de ley es un soplo de aire fresco en medio del agotamiento del Gobierno, un
agotamiento, señorías, que ya es crónico. Gracias al Parlamento de Galicia por permitirnos debatir una ley que responde a una demanda real, que tiene beneficios directos para la ciudadanía, que es justa y que es legal. Gracias por impulsar la
política útil, pero, sobre todo, gracias por cumplir la palabra dada. Eso que debería ser lo habitual es lo excepcional en esta legislatura, en la que el Gobierno de coalición no es capaz de sacar adelante sus iniciativas, apoyado también, por
cierto, por el Bloque Nacionalista Galego. En consecuencia, como se ha ratificado el domingo en las elecciones europeas, este Gobierno se desintegra cada día.
Confiemos en que al menos esta demanda unánime de la ciudadanía gallega por salir adelante tenga éxito. Desde luego, les puedo asegurar que el Grupo Parlamentario Popular dirá sí a la igualdad de trato de los territorios, sí a la mejora de
la gestión y de la seguridad vial, sí a los beneficios para las familias y las empresas, y sí para la competitividad y la vertebración territorial. En definitiva, señorías, sí a una AP-9 de titularidad y de gestión gallega.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde.
Hemos terminado este debate. Agradezco a la delegación del Parlamento gallego sus intervenciones, su presencia y el trabajo que hay detrás de todo ello.
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE MULTIRREINCIDENCIA EN LOS DELITOS DE HURTO Y ESTAFA. (Número de expediente
122/000091).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de
multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Moro Almaraz, por un tiempo de doce minutos.
La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
El hurto reiterado, normalmente de escasa cuantía, cometido en establecimientos comerciales o al descuido en lugares de concurrencia numerosa, se ha convertido en una forma habitual de delincuencia ejercida por personas que han hecho de ella
su forma de vida habitual. Su ejecución se realiza bien individualmente o en grupos organizados y, en ambos casos, por personas con múltiples antecedentes policiales y penales con el fin de comercializar con el producto de la sustracción.
Estos delitos reiterados encabezan el listado de las infracciones penales contra el patrimonio en España, ocasionando un elevado perjuicio desde la perspectiva del conjunto de la sociedad y en sus concretas víctimas, y especialmente en el
mundo del turismo, en el sector comercial, en donde se ha cuantificado el coste anual de estos hechos en unos 1800 millones de euros, con especiales consecuencias para el pequeño comercio, para esas zonas de la ciudad y para sus gentes.
Adicionalmente, 300 millones de euros más, como mínimo, a las administraciones públicas, y las sentencias sobre las denuncias se quedan en un 10 %. Frente a estos hechos, se evidencia una escasa respuesta del Código Penal, y lo reiteran todos,
absolutamente todos los sectores.
De esto va nuestra iniciativa, que pido que apoyen en su toma en consideración. Les pido a sus señorías que hoy se eleven, que nos elevemos todos y pensemos en lo importante, los problemas reales de la gente. Con un Gobierno empeñado solo
en subsistir y no en gobernar, los ciudadanos necesitan unos políticos y un Parlamento a la altura y que ofrezcan soluciones a sus problemas, que no admiten espera. Por eso el Grupo Popular, como principal alternativa política, trae al debate una
iniciativa que entendemos que es muy necesaria y muy demandada. Y ustedes dirán que no es la primera vez que viene una iniciativa así, incluso del Grupo Popular, a esta Cámara. Esperemos que sea la última vez que proporcionemos un instrumento
jurídico penal útil, eficaz, porque, señorías, los hurtos y las estafas multirreincidentes se están convirtiendo en una lacra en toda España, con especial intensidad en algunos territorios y ciudades. Los ciudadanos nos demandan cada vez con más
frecuencia que estemos a la altura, que no seamos como el Gobierno, que se empeña en seguir mirándose a sí mismo para buscar flotadores que le permitan sostenerse sujeto al poder a cualquier precio. Pero escuchen, señorías, la gente quiere que
cumplamos todos y hoy tenemos que cumplir todos aquí. (Aplausos).
Con esta iniciativa pretendemos mejorar la respuesta penal frente a profesionales reincidentes, insisto, que hacen de ello su modo de vida, porque no tiene consecuencias, porque no tiene precio lo que hacen, pero sí tiene coste para los
demás. Esta iniciativa, si la apoyan, sí que mejorará la convivencia que se está deteriorando en las ciudades; alejará de ciertos puntos neurálgicos del centro o de los barrios la sensación amplísima de inseguridad, de ciudad sin ley; permitirá
que subsistan los pequeños comerciantes que ven peligrar sus negocios ante el negociete de las organizaciones criminales que colocan a sus gentes allí donde pueden sacar más partido saqueando quioscos, supermercados, aprovechando el descuido para
llevarse los móviles de nuestros niños y nuestros jóvenes, las compras de los turistas, los pequeños recuerdos de nuestros ancianos, que ya no pueden pasear tranquilos en aquel espacio que consideran como su casa porque es donde han vivido siempre.
Señorías, no se dejen engañar por esos discursos que han tergiversado siempre las iniciativas que se han presentado en esta Cámara para luchar contra esta lacra creciente. Nos dicen: ¿Cómo se hace para aplicar consecuencias a estos
profesionales que aportan domicilios falsos, no recogen notificaciones, no acuden a los juicios y no pagan las multas? Esto nos lo dicen una y otra vez los comerciantes. ¿Cómo podemos seguir así? Ven como sus clientes desaparecen, como el negocio
que tienen se rompe, rompe sus vidas. ¿Cómo se hace -nos preguntan- para que no acumulen setenta, ochenta o cien antecedentes y se burlen de las fuerzas de seguridad? ¿Recuerdan aquella frase de entrar por una puerta y salir por otra? Pues esta
sensación es una realidad, no es una sensación virtual. Señorías, estamos cansados de leer titulares en los medios como robos por encargo, así roban las organizaciones en los supermercados; los profesionales del hurto se reinventan y adaptan las
tecnologías continuamente a su actuación; grupos organizados con logística suficiente se mueven por todo el territorio nacional para aumentar su actividad. No solo nos lo dicen los afectados directamente, nos lo dicen los fiscales que exigen una
adecuada reforma.
Si siguen sin creernos, sin creer a los comerciantes, a los jueces o a los abogados, escuchen, señores socialistas, al alcalde de Barcelona, al señor Collboni. El señor Collboni viene reclamando, como ya lo hacíamos nosotros antes que él y
nos votaban en contra, reformas legislativas para luchar contra los hurtos multirreincidentes desde que tomó posesión de la alcaldía. Recientemente ha dado un paso más y, tras apoyar propuestas formuladas por el Colegio de la Abogacía de Barcelona
en la dirección de nuestra propuesta, ha creado una comisión de estudio para las reformas legislativas que hay que abordar. Claro, cuando uno tiene que gestionar y en la ciudad desaparecen los medios de vida o los acontecimientos deportivos
internacionales con grandes concentraciones se van a lugares más seguros, ¡ay, amigos!, entonces ya no es una cosa del Partido Popular, es una cosa del alcalde socialista de Barcelona. (Aplausos).
Han sido varios los intentos de legislar. El último, la modificación de 2022 por una transacción aprovechando una tramitación legal ajena, pero dejó nuevas brechas que han convertido en papel mojado esa reforma. Como sabemos, la sentencia
de 28 de junio de 2017 del Tribunal Supremo dejó de facto en papel mojado la reforma de 2015 por dos razones: la imposibilidad de considerar los antecedentes penales por delito leve, mientras no se modifique el Código Penal para aplicarlos al tipo
agravado de multirreincidencia, y por la desproporción punitiva. Claro, el párrafo que se incorporó bienintencionadamente en el año 2022 lo único que ha hecho es complicar de nuevo esta cuestión con un nuevo requisito y una confusión entre los
elementos propios del delito continuado del artículo 74 del Código Penal y la multirreincidencia. Por eso, tanto el instituto catalán I+Dret como el ICAB y AEKO con distintas fórmulas coinciden en que hay que eliminar este requisito porque no hay
manera de luchar con este requisito ni con todos los jueces del mundo. La decana de Barcelona pide más jueces y son necesarios más jueces, pero, señorías, no habrá jueces en el mundo y costes en el mundo que podamos soportar para que después se
vayan de rositas los delincuentes. (Aplausos).
Por ello, de forma resumida para no cansarles, porque la pueden leer, proponemos que se haga esa reforma que pedía el Tribunal Supremo en los artículos 22, 66 y 80, porque hay que excepcionar los delitos leves para que sean computados los
antecedentes; eliminamos del artículo 234 ese párrafo que se incorporó en el año 2022; retocamos y modificamos el 235.1.7.º, es decir, allí donde verdaderamente se establece la pena de uno a tres años de prisión, porque las multas ya no sirven
para nada. Convendrán conmigo, mucha gente lo hace, que uno no puede defenderse de las bombas con caricias. Esa es la sensación que tiene todo el sector justicia y de la seguridad en España con estas reformas. Además, entre otras cosas,
incorporamos un nuevo ordinal décimo al artículo 235 para contemplar los hurtos de dispositivos electrónicos o tecnológicos susceptibles de contener datos o información. No interesa tanto el precio, que ya está contemplado, sino lo que eso supone
para la vida de todos nosotros, nuestra vida y, si no, que se lo digan al presidente Sánchez cuando captaron datos de sus teléfonos. (Aplausos). Señorías, es cada vez más frecuente que el objeto de deseo sean los dispositivos móviles, no solo los
teléfonos. Por tanto, incorporamos una terminología suficientemente amplia. Fíjense, hace casi un año, en los últimos sanfermines, nos dicen los datos que de 600 denuncias, 540 eran por hurtos de teléfonos móviles.
Señorías, con estas modificaciones creemos que se satisface lo que se nos está demandando, y se puede mejorar. Depende de ustedes, de que nos apoyen. De ello depende la tranquilidad de los ciudadanos. Fíjense que algunos de ustedes en la
tramitación anterior decían: Qué barbaridad, que queríamos ir contra los pobres. No, señorías. Escuchen nuevamente a Collboni, que dice que necesitamos una reforma
equilibrada como esta porque nos va la tranquilidad de la ciudadanía y de los que menos tienen, de los vulnerables; por tanto, esto no va contra los pobres, esto va contra las organizaciones criminales, esto va contra los explotadores.
Tenemos que movernos más rápido, señorías, al igual que ocurre con el narcotráfico. No somos partidarios de las reformas porque sí del Código Penal, pero, si no nos movemos, no podremos llegar.
Sé que hablar hoy de espacios de impunidad, que es lo que sucede en este ámbito, es casi irrisorio. Hoy, que ha entrado en vigor la ley de amnistía, seguro que muchos, cuando vean ahora la diferencia, se darán cuenta de que los españoles
van a sufrir una gravísima desigualdad, la desigualdad de quienes tienen como prioridad, como este Gobierno, no lo que le pide su alcalde de Barcelona, no defender a los pequeños comerciantes, a las personas mayores, a los jóvenes, a los niños, sino
a políticos para su impunidad. Tomamos pues la rienda de la responsabilidad para tramitar leyes que el Gobierno no tramita. Escuchamos los gritos desesperados de aquellos que cada día se ven más preocupados por que defendemos más a los
delincuentes que a las víctimas. Señorías, admitan esta proposición porque hoy no podemos defraudarles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de siete minutos.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a la hora de hablar de criminalidad, lo primero que nos debiéramos preguntar es si España es un país seguro. Algunos dirán, rotundamente, que sí, pero la realidad ¿qué nos dice? Fundamentalmente, nos dice también que España es
menos segura de lo que era antes. El balance de criminalidad publicado por el propio Ministerio del Interior viene a ratificar esta realidad. Con relación al año 2023, en comparación con el 2022, la criminalidad en nuestro país se ha incrementado
un 5,88 %; prácticamente, un 6 %, y en lo que va del primer trimestre del año 2024, comparado con el primer trimestre del año 2023, un 3,2 %. Estamos en los datos más altos de la historia de nuestro país con relación a la criminalidad.
Evidentemente, además, la percepción ciudadana sobre la seguridad se ha reducido considerablemente. En esa línea, señorías, como digo, todos los balances, todos los datos del ministerio van en esa misma dirección. En el caso concreto de la
Comunidad Foral de Navarra es todavía peor, estamos un punto por encima de la media nacional. ¿Cifras escandalosas, señorías? Por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual. En el año 2023 en la Comunidad Foral de Navarra, un 30 % más que el
año anterior. En el resto de España, un 15 % más. Podríamos hablar también de la ciberdelincuencia, que se han disparado, es el delito que más se está incrementando de una manera totalmente incontrolable. Por lo tanto, es algo que nosotros
tenemos que afrontar. No podemos mirar para otro lado. Eso es lo que plantea esta proposición de ley.
Hace unos días se debatía en la Comisión de Interior una propuesta de Unión del Pueblo Navarro, que salió adelante, a la hora de instar al Gobierno de España a mejorar la persecución, la vigilancia y la investigación del delito. ¿Cómo?
Fundamentalmente, recogía la proposición no de ley, con una coordinación adecuada entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía local y, en aquellas comunidades autónomas o foral, como es el caso de
Navarra, con las policías autonómicas o la Policía Foral de Navarra. También hacíamos hincapié -y así lo recogieron y lo ratificaron las Cortes Generales- en la prevención que debe tener el delito. Junto a ello, también veníamos exigiendo que se
completasen las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que se les dotase de los medios materiales y técnicos necesarios para realizar su labor. Hablábamos también de la necesaria
coordinación del Centro 112 a la hora de una respuesta rápida y coordinada con todos los cuerpos policiales. Cómo no, también hablamos de la necesidad de los cambios normativos pertinentes que permitiesen a los cuerpos policiales y también a los
tribunales de Justicia actuar con eficacia y eficiencia a la hora de combatir el delito.
Si se les escucha a ellos, que es lo que debiéramos hacer, porque ellos son los que están en el día a día, en la hora a hora, luchando contra la delincuencia, nos dirían que la modificación que entró en vigor en agosto del año 2022 sobre los
delitos multirreincidentes no estaba dando la respuesta inmediata que se esperaba. ¿Por qué? Los expertos daban dos motivos. El primero de ellos, por la lentitud de los juzgados; y, el segundo, por las limitaciones introducidas en esas
modificaciones. También nos dicen que los dispositivos tecnológicos, los móviles fundamentalmente, es el objeto de deseo de los delincuentes -¿por qué? Porque tiene un valor considerable y, además, porque, una vez sustraído, se coloca
rápidamente- y que había que cambiar la consideración del delito del robo de los dispositivos tecnológicos. ¿Por qué? Porque no solamente tenía un valor determinado y elevado, sino, fundamentalmente, como se ha dicho por la portavoz que me
ha precedido en el uso de la palabra, porque va en contra de la intimidad de las personas. Nos están robando nuestros propios datos personales y eso es algo que hay que afrontar. Por lo tanto, señorías, como la proposición de ley va en la línea de
combatir la delincuencia, la multirreincidencia que tanto escandaliza a la sociedad española, que tanto padecen la sociedad navarra y la sociedad española, nuestro voto será afirmativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Catalán.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte, por un tiempo también de siete minutos.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on jaun-andreok.
Desde la reforma del Código Penal de 2015 para abordar la creciente multirreincidencia en los delitos leves de hurto y estafa y las sentencias de la Sala segunda del Tribunal Supremo, ya citadas, de 2017 y 2019, que dejaron en papel mojado
aquella reforma de 2015, hemos debatido en numerosas ocasiones, tanto en Pleno como en Comisión, cómo abordar esta cuestión de la multirreincidencia en estos delitos que, como se ha dicho, erosionan la percepción de la seguridad en la ciudadanía;
que propicia, de hecho, la impunidad de sus autores por el tratamiento penal de multa que se les impone; y se instala también en la sociedad una sensación de impunidad que se refleja en ciertos comentarios que todos conocemos y que ya se han
expresado aquí. Todo ello, con el consiguiente desánimo para las fuerzas y cuerpos de seguridad y graves daños, principalmente, en la actividad económica y comercial.
Para afrontar esta situación, en julio del 2022, como ya se ha comentado, se modificó el Código Penal, a través de la Ley Orgánica 9/2022, para endurecer la respuesta penal para los delincuentes multirreincidentes de hurtos leves; aunque,
eso sí, con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco y con la abstención del Partido Popular, y se modificó el Código Penal para aquellos condenados ejecutoriamente por tres delitos leves de hurto cuyo objeto de enjuiciamiento fuera también
un delito leve de hurto y siempre que el montante acumulado de las infracciones fuera superior a 400 euros, a las que ya no corresponderá la pena de multa del tipo atenuado de multa de uno a tres meses, sino el correspondiente al tipo básico de
prisión de seis a dieciocho meses para los hurtos de cosas muebles con valor superior a 400 euros. Dio lugar también, quiero recordar, a la Circular de la Fiscalía General del Estado, 1/2022, dando criterios al conjunto de las fiscalías para
interpretar esta reforma.
Ciertamente, señorías, ya se ha señalado, en esta reforma del 2022 no se abordó la modificación de la reincidencia en los delitos leves de estafa, artículos 249 y 250, ni las disposiciones generales del Código Penal contenidos en su libro I
en lo relativo a la multirreincidencia en los delitos leves a efecto de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal o a las reglas para la aplicación de la pena o por lo que hace a la suspensión de la ejecución.
Ahora, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa dando una vuelta más a la reforma del Código Penal de 2022, abordando las cuestiones señaladas respecto al libro I del Código Penal, que buena parte de la doctrina
considera oportunas para evitar dudas interpretativas respecto a la penalidad de la reincidencia en los delitos leves de hurto, y también nos trae de los de estafa de la misma naturaleza, además de, respecto a estos últimos, modificar el artículo
250 del Código Penal. Se trata de una reforma, por cierto, en parte, coincidente, tengo que señalarlo, con la también registrada en esta XV Legislatura por el Grupo Parlamentario Junts, aunque aún no debatida en su toma en consideración, y superada
por esta en lo que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para posibilitar la acción penal de los entes locales en los delitos de hurto o modificar el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia para conocer el
histórico penal del acusado. Es una iniciativa de Junts a la que nuestro grupo parlamentario se refirió en la sesión plenaria de esta Cámara de 23 de abril pasado, manifestando su anuencia tácita a que pudiera ser debatida en la Comisión de
Justicia tras su previa toma en consideración por este Pleno. También, iniciativa del Partido Popular que, en general -tenemos que decirlo-, encuentra puntos de contacto con el programa electoral de nuestro partido político cuando señala que la
seguridad es un aspecto fundamental del bienestar, de la estabilidad y del progreso de cualquier sociedad, y refiriéndonos, entre otras cuestiones, a que evaluaríamos los resultados de la reforma que apoyamos en 2022 respecto a los casos de
multirreincidencia de los delitos leves de hurto y estafa en caso de que siga siendo insuficiente la reforma de dicho año, insuficiencia que consideramos
palpable pues esa multirreincidencia parece no disminuir, sino que, por el contrario, sigue creciendo, lo que a nuestro juicio recomienda la mejora tanto de la prevención general como de la especial a través del endurecimiento de las penas
previstas actualmente, sin desconocer -y también tenemos que decirlo- otras medidas sociales de acompañamiento que quizá pudieran ser necesarias a fin de que en algunos casos se desista en la repetida actividad delictiva.
Por lo señalado, señorías -y voy finalizando, presidenta-, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa a fin de que podamos debatirla en la Comisión de Justicia, posicionamiento similar -también tengo que repetirlo o
recordarlo- al que hicimos en la pasada legislatura con una iniciativa política y prácticamente idéntica a esta del Grupo Parlamentario Popular, aunque también señalando que en su debate en Comisión habrá de velarse por el principio de
proporcionalidad, que impide agravar con desproporción punitiva cuando todos los delitos que concurran sean leves, y también por las modulaciones precisas en la suspensión de la ejecución de la pena respecto al multirreincidente por delitos leves
cuando en su conjunto tampoco superen la cifra de los 400 euros.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García, también por un tiempo de siete minutos.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes, presidenta, señorías.
Señorías del Partido Popular, hoy han reciclado una iniciativa que ya trajeron a esta Cámara la pasada legislatura, el pasado año, supongo que teniendo la esperanza de que, como ha virado un poco más a la derecha esta Cámara, consigan
aprobar esta iniciativa. Pero, miren -señora Moro, usted en particular-, creo que hay tres hechos que son evidentes, que no son debatibles, que nos pueden ayudar a aterrizar un poco la propuesta. En primer lugar, es una obviedad que el sistema
penal, y más concretamente el Código Penal español, destaca por ser uno de los más severos que tiene la Unión Europea. En segundo lugar, y contrariamente a los datos parciales, equivocados, que daba el señor de la extrema derecha navarra, el señor
Catalán, España no es uno de los Estados que tenga uno de los índices de criminalidad más altos de la Unión Europea; es más, destaca por ser de los más bajos. Pero, además, si tenemos en cuenta los diez últimos años... (El señor Catalán Higueras
pronuncia palabras que no se perciben). Señoría, que se pone un poco nervioso, mire los datos: en los últimos diez años ha descendido. Es cierto que ha habido un repunte respecto a la pandemia, pero es que en la pandemia cambió el modelo de
criminalidad. Hay que mirar los datos bien. Además, se han olvidado -en tercer lugar- de que ya hay aprobada, en el año 2002, una medida en contra de la multirreincidencia. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que están calcando el marco de la extrema
derecha, esos bulos que buscan la sensación de criminalidad... (Rumores.-El señor Argüelles García pronuncia palabras que no se perciben). Si, si en eso les van a ganar su escisión de VOX. No se pongan nerviosos. Por eso, deberíamos preguntarnos
por qué la extrema derecha saca tan buenos resultados. Por eso espero que al principal partido que da apoyo al Gobierno no se le pase por la cabeza aprobar esta medida, porque se basa en un bulo; bulo como los que constantemente traen la extrema
derecha y la derecha extrema ya sea sobre la okupación, ya sea sobre las ayudas sociales, y en este caso sobre la delincuencia, con datos falsos, erróneos.
Es más, me imagino que el objetivo de esta medida, señora Moro, será reducir la reincidencia. ¿Ese es el objetivo de su medida? (Asentimiento). Me dice que sí. Si tenemos en cuenta que numerosos estudios, incluso del Centro de Estudios
Jurídicos, indican que el endurecimiento de las penas no ha demostrado ser efectivo para la reducción de la reincidencia, ¿para qué demonios traen esta propuesta?, ¿para qué la traen si no es efectiva? Además, y a ustedes se les llenan la boca de
constitucionalismo, va en contra del artículo 25 de la Constitución en eso de la proporcionalidad de las penas. ¿Qué quieren, para un delito menor, leve, una mayor condena? ¿Para qué? Usted seguro que estudió, como yo y como tanta gente que
estudió Derecho en esta Cámara, a Cesare Beccaría, De los delitos y de las penas, de hace más de dos siglos, que decía que la pena debería ser proporcional pero también eficaz, y la propuesta que traen ustedes hoy aquí es ineficaz, además de
desproporcionada. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). No se pongan nerviosos, señorías, tómense una tila, que tienen ahí la cafetería.
Si intentan buscar efectividad, está demostrado que no es eficaz y además es desproporcionado en términos constitucionales.
¿Y a qué perfil va dirigido? Porque se le ha olvidado decirlo, aunque lo ha venido apuntando: esas personas que dan domicilios falsos, esas personas que no recogen las comunicaciones. ¿A quién se referían ustedes? Los señores de VOX, por
lo menos, son más valientes; a la hora de estigmatizar y señalar, apuntan a qué colectivo quieren señalar. ¿A quién se refería usted? ¿Al señor de Abu Dabi? (Rumores). ¿A ese gran evasor fiscal? ¿Al de Abu Dabi, que se ha cambiado de domicilio
y no recoge las comunicaciones? ¿O en ese caso defienden la impunidad y la inviolabilidad? Porque ahí está la cuestión. (Rumores). Tranquilos, tranquilas, no se pongan nerviosos.
Miren, si se trata de una justicia para ricos, en la cual haya amnistías fiscales, y de otra para pobres, que ahí está la cuestión, ¿a qué sector de la población va dirigida esta medida? Pues a los que están en la marginalidad. Y, con
estas medidas, ¿ustedes creen que les van a sacar de la marginalidad? De la marginalidad se puede sacar a esas personas con medidas políticas, que son todas las que ustedes votan en contra continuamente, medidas socioeconómicas, medidas educativas,
porque ahí los estudios sí han demostrado que dan resultado. También medidas alternativas cuando hay condenas contra personas que cometen delitos menores. Pero, en este caso, ustedes apuestan por una medida que es desproporcionada, que se ha
demostrado que es ineficaz y, además, no buscan solventar el problema, sino agravarlo.
Es una medida, como decía al inicio, populista, que viene del marco de la extrema derecha, de esos bulos que se construyen continuamente y que alimentan numerosos medios de comunicación y algunos partidos políticos. Recuerdo que hubo una
campaña de CEAR hace cuatro o cinco años, que decía 'Stop bulos', que precisamente señalaba eso, que había que intentar acabar con todos esos prejuicios y estigmas que son falsos en datos, pero que generan esa sensación, equivocada pero aumentada
por partidos como el suyo o por algunos medios de comunicación, de inseguridad.
Por eso, y vuelvo a dirigirme al Partido Socialista, espero que por mucho que los partidos de extrema derecha, de la derecha y conservadores, en ese discurso securitario, intenten de nuevo colar este bulo, con una posición de sentido común y
en contra de la extrema derecha, ustedes voten en contra de esta medida, porque ya digo que es ineficaz, es desproporcionada y además no va al fondo del asunto: que un 25 % de la ciudadanía del Estado está en riesgo de exclusión y de pobreza, y es
precisamente en esos sectores donde se suelen cometer estos delitos menores. Por lo tanto, hay que buscar erradicar la pobreza y la marginalidad y no dar pábulo a los discursos de extrema derecha y populistas como los que se traen hoy a esta
Cámara.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart por un tiempo de siete minutos.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories.
Encarem avui la presa en consideració de la proposició del grup popular per la modificació del Codi Penal en matèria de multireincidència en els delictes de furt i estafa per adaptar-lo a les sentències del Suprem 481/2017 i 684/2019 i així
mirar de solucionar el que les reformes del 2015 i les del 2022 no van saber recollir prou bé.
Mirin, a nosaltres no se'ns escapa que molts pobles i ciutats de Catalunya, però també en l'àmbit rural i en el de les vies ràpides, la multireincidència hi és present, i no només hi és present, sinó que, a més a més, és percebuda com un
dels problemes més importants en matèria de seguretat pública per la ciutadania i, per tant, també per molts alcaldes i alcaldesses del nostre país. Aquesta percepció de la ciutadania la confirmen les dades policials que identifiquen individus,
però també grups organitzats, que viuen de la pràctica sistemàtica del furt, sabent-se impunes. Així, el passat mes de febrer d'enguany, el comissari en cap de la Policia catalana, Eduard Sallent, advertia que la delinqüència havia crescut un 8 % a
Barcelona i un 6 % en el conjunt de Catalunya. S'ha detectat, entre d'altres, un increment significatiu de la multireincidència en els furts. En el mateix sentit, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona feien públic ara fa més d'un
any l'informe de valoració del Pla Tremall, el pla d'acció contra la multireincidència de l'any 2022, que es va tancar amb la detenció de 283 persones multireincidents detingudes 2270 vegades i que acumulaven 5602 fets delictius, principalment
furts. El 2023, el mateix informe del Pla Tremall elevava a 526 els delinqüents multireincidents a Barcelona, 526 multireincidents responsables de 6169 delictes, la majoria, un cop més, furts, però també robatoris violents. Més enllà de la capital
del nostre país, des del 2021, el món local català ha posat de manifest i ha denunciat en nombroses ocasions l'alarma social i la inseguretat que generen en molts dels seus municipis un
reduïdíssim grup de persones, autores d'onades de delictes poc greus, especialment furts. Parlem de persones identificables i recurrentment detingudes pels cossos policials, però que un cop posades a disposició judicial, recuperen amb
immediatesa la llibertat i, amb aquesta, l'activitat delictiva amb total impunitat. Augmenten així la indignació, però sobretot la por i la sensació de vulnerabilitat de la ciutadania.
Davant aquesta situació, el responsable de la Policia de Catalunya ha manifestat en vàries ocasions els darrers mesos que cal actuar en diversos fronts a l'hora d'evitar la inseguretat que genera aquesta situació. Un d'aquests fronts és el
de la reforma del Codi Penal, perquè, en paraules seves, amb l'anterior no s'han obtingut els resultats esperats pel que fa a la lluita contra la multireincidència. A Catalunya veiem el dret a la seguretat com un dret fonamental de les persones
lligat als conceptes de dignitat i llibertat. A més, estem convençuts que no tractar amb rigor el fenomen de la multireincidència el que fa és armar el discurs i els postulats de l'extrema dreta, que, sabem, són un perill per qualsevol societat que
es vulgui democràtica i de progrés. Per això, els darrers mesos, a Junts per Catalunya hem abordat amb profunditat el fenomen de la multireincidència amb la finalitat de trobar-hi solucions, tant en termes de seguretat com en termes de salut
democràtica. I en aquest sentit, el passat mes de desembre, el nostre portaveu adjunt en aquesta Cambra, el diputat Cruset, ja advertia en sessió de control de la problemàtica al ministre Bolaños, que, per cert, fent gala de la seva llunyania del
que passa al carrer, negava la problemàtica. Però això no ens aturà, i a començaments d'abril, el nostre grup registrà una proposició, treballada a fons i a consciència per la nostra diputada Marta Madrenas, que, pel que fa a multireincidència,
entenem, dona una resposta més ampla a la que els populars avui ens presenten. I ho fa perquè va més enllà de la modificació del Codi Penal, i contempla també la millora dels recursos judicials a nivell humà i de registres administratius i
estableix la possibilitat que les administracions locals puguin exercir l'acció penal en els procediments de casos de multireincidència, s'entén, sense perjudici de la que correspon al Ministeri Fiscal.
Saben bé tots vostès, perquè ho repetim sempre que en tenim l'oportunitat, que la gent de Junts per Catalunya ens creiem aquella premissa democràtica que ahir de forma tan solemne recordava el flamant nou president del Parlament de
Catalunya, el molt honorable Josep Rull i Andreu, citant a la presidenta Forcadell quan va dir que en un Parlament s'ha de poder parlar de tot. És per això també, perquè s'ha de poder parlar de tot, que avui votarem a favor de la presa en
consideració d'aquesta proposició, malgrat que la proposin els promotors de la presó per parlar de llibertat en el Parlament de Catalunya. Sí, malgrat això, votarem a favor, i ho farem amb la mirada posada a la nostra proposta que, com els deia,
entenem que donarà millors eines a l'hora de respondre a la problemàtica de la multireincidència.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hoy abordamos la toma en consideración de una proposición de ley en materia de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa para adaptarlo a las sentencias del Supremo 481/2017 y 684/2019 y así intentar solucionar lo que las reformas de
2015 y 2022 no supieron recoger bien.
A nosotros no se nos escapa que en muchos pueblos y ciudades de Cataluña, pero también en el ámbito rural y en el de las vías rápidas, la multirreincidencia ya está presente, y no solo está presente, sino que además se percibe como uno de
los problemas más importantes de seguridad pública por la ciudadanía y, por tanto, también por muchos alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Esta percepción de la ciudadanía la confirman los datos policiales, que identifican a individuos, pero
también a grupos organizados, que viven de la práctica sistemática del hurto, sabiéndose impunes. Así, el pasado mes de febrero de este año el comisario jefe de la Policía catalana, Eduard Sallent, advertía de que la delincuencia había crecido un 8
% en Barcelona y un 6 % en el conjunto de Cataluña, y se detectó, entre otros, un incremento significativo de la multirreincidencia en los hurtos. En el mismo sentido, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona hicieron público hace más
de un año el informe de valoración del Plan Tremall, esto es, el plan de acción contra la multirreincidencia de 2022, que se cerró con la detención de 283 personas multirreincidentes detenidas 2270 veces y que acumulaban 5602 hechos delictivos,
principalmente hurtos. En 2023, el mismo informe del Plan Tremall elevaba a 526 los delincuentes multirreincidentes en Barcelona, 526 multirreincidentes responsables de 6169 delitos, la mayoría de los cuales eran de nuevo hurtos, pero también robos
con violencia. Más allá de la capital de nuestro país, desde 2021 en el mundo local catalán se ha puesto de manifiesto y se ha denunciado muchas veces la alarma social y la inseguridad que genera en muchos de esos municipios un reducidísimo grupo
de personas autoras de delitos poco graves, especialmente hurtos. Nos referimos a personas identificables
y detenidas de manera recurrente por los cuerpos policiales, pero que, una vez puestas a disposición judicial, recuperan de inmediato la libertad y, así, la actividad delictiva con total impunidad. De este modo aumenta la indignación, pero
sobre todo el miedo y la sensación de vulnerabilidad de la ciudadanía.
Ante esta situación, el responsable de la Policía de Cataluña ha manifestado en varias ocasiones en los últimos meses que es necesario actuar en diversos frentes para evitar la inseguridad generada ante esta situación. Uno de estos frentes
es el de la reforma del Código Penal, porque, en palabras suyas, con el anterior no se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la lucha contra la multirreincidencia. En Cataluña vemos el derecho a la seguridad como un derecho fundamental
de las personas vinculado a los conceptos de dignidad y libertad. Además, estamos convencidos de que, si no tratamos con rigor el fenómeno de la multirreincidencia, lo que hacemos es armar el discurso y los postulados de la extrema derecha, que
sabemos que son un peligro para cualquier sociedad que se considere democrática y de progreso. De ahí que en los últimos meses en Junts per Catalunya hemos abordado con profundidad el fenómeno de la multirreincidencia con la finalidad de encontrar
soluciones, tanto en términos de seguridad como de salud democrática. En ese sentido, el pasado mes de diciembre nuestro portavoz adjunto en esta Cámara, el diputado Cruset, ya advirtió en sesión de control de la problemática al ministro Bolaños,
que, por cierto, haciendo gala de su lejanía de lo que sucede en la calle, negaba la problemática. Pero esto no nos detuvo y a principios de abril nuestro grupo registró una proposición, trabajada a fondo y a conciencia por nuestra diputada Marta
Madrenas, que en cuanto a multirreincidencia pensamos que da una respuesta más amplia que la que nos presentan hoy los populares, y lo hace porque va más allá de la modificación del Código Penal, contemplando también la mejora de los recursos
judiciales a nivel humano y de registros administrativos, así como estableciendo la posibilidad de que las administraciones locales puedan ejercer la acción penal en los casos de multirreincidencia, se entiende que sin perjuicio de la que
corresponde al Ministerio Fiscal.
Todos ustedes saben bien, porque lo repetimos siempre que tenemos la oportunidad, que la gente de Junts per Catalunya nos creemos aquella premisa democrática que ayer de forma tan solemne recordaba el flamante nuevo presidente del Parlamento
de Cataluña, el molt honorable Josep Rull i Andreu, citando a la presidenta Forcadell cuando dijo que en un parlamento tiene que poderse hablar de todo. Es por esto también, porque tiene que poderse hablar de todo, por lo que hoy votaremos a favor
de la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque la propongan los promotores de la prisión por hablar de libertad en el Parlamento de Cataluña. Sí, a pesar de esto votaremos a favor, y lo haremos con la mirada puesta en nuestra
propuesta, que, como les decía, entendemos que dará mejores herramientas para responder al problema de la multirreincidencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura, también por un tiempo de siete minutos.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i tots. Gràcies, presidenta.
Senyories, per abordar la proposta que avui el Partit Popular ens porta a debat, al nostre entendre, calen, d'entrada, dues consideracions. La primera consideració: estem davant d'una situació problemàtica, i si fem veure el contrari, si
fem veure que això no és problemàtic, si simulem que tot va perfectament, és evident que estarem sent irresponsables i que ens estarem allunyant de la possibilitat de trobar solucions. La segona consideració: tenim una situació propera al
col·lapse, una situació propera al col·lapse policial, al col·lapse judicial i també penitenciari. I això no és nou, això fa molts anys que dura. De fet, fa massa anys que dura. Atenent aquestes dues realitats, es fa evident també que qui digui
que per solucionar la multireincidència el que cal és simplement posar més policies, el que cal simplement és augmentar més condemnes o és enviar molta més gent a la presó o és ingenu o el que pretén és enganyar-nos a totes i a tots. Per tant, sí,
es pot debatre sobre quina és la millor articulació juridicopenal d'aquest fenomen. Sí, evidentment, es pot debatre; s'ha de debatre. És a través del Codi Penal que aconseguirem solucionar la situació de delinqüència als nostres països? Doncs,
deixin-m'ho dir així: rotundament no. Potser pot semblar que quan un Estat incrementa les penes per uns determinats delictes, aquests delictes es cometen menys. Però això, senyories, saben tan bé com jo que no és cert. Aquesta simplificació,
l'absurd, és directament una fal·làcia.
Davant els reptes socials, la dreta, vostès, sempre busquen més caps de turc que solucions reals, perquè el que pretenen no és solucionar problemes, sinó alimentar els conflictes, alimentar la por i, alhora,
alimentar l'enfrontament. Perquè, en definitiva, viuen justament d'això. Cap solució, cap ni una, pot arribar a través de la promoció d'una visió maniquea de la societat. El món, senyories, no es divideix en cap cas entre ciutadans bons a
qui cal protegir i ciutadans dolents a qui cal castigar. Això és un relat paternalista, i no només paternalista, sinó també primari. Un relat que senzillament no aconsegueix lobjectiu de fons, si és que lobjectiu de fons és incrementar la
seguretat humana en els nostres pobles i ciutats, que, al nostre entendre, justament és aquest. Per poder construir major seguretat, cal inevitablement atendre la correlació existent entre delictes, i, sobretot, delictes lleus i, evidentment, també
desigualtat; la condició socioeconòmica de les persones i els grups socials que conformen la nostra societat.
Mirin, únicament a mode d'exemple i que serveixi en resposta a tots aquells discursos -ja m'avanço- racistes que voldran o intentaran vincular migració i delinqüència. Demà, aquí, es tornarà a debatre una iniciativa per regularitzar la
situació administrativa de les persones mal anomenades sense papers o il·legals. I aquests que avui volen endurir les penes, demà es negaran a regularitzar totes aquestes persones. S'han preguntat vostès quines opcions té per sobreviure una
persona a qui la llei li prohibeix accedir, per exemple, a un contracte de treball? Ja els hi dic jo, bàsicament dues: l'economia submergida o la delinqüència. No els sembla un contrasentit proposar avui això i vetar demà allò altre? Encara més,
vostès el que estan fent amb la seva postura respecte a les persones migrants en situació administrativa regular és alimentar una profecia autocomplerta: els tallen les vies de treball regular i digne a desenes de milers de persones i després
aquells que han tallat aquestes vies van i els assenyalen directament com a delinqüents. Deixin-m'ho dir: és extremadament indigne.
Si em permeten, i vaig acabant, nosaltres ho tenim clar: hem de treballar a partir d'un concepte republicà, d'un concepte republicà i progressista de la seguretat. De fet, la Comissió de Seguretat Humana de l'ONU, en el seu informe de
Seguretat Humana avui, conclou que les estratègies eficaces per crear societats més segures es basen en adoptar polítiques en l'àmbit social, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit cultural, que, en el seu conjunt, el que fan és garantir unes millors
condicions: la supervivència, el sosteniment econòmic, la dignitat de totes les persones que viuen en una societat. Aquesta és la conclusió internacional i aquesta és la conclusió també científica. El que ens cal és menys relat simplista de la
securitització i més construir condicions de vides dignes, més facilitat a l'accés a un habitatge digne, més regularització de les persones migrants, més polítiques redistributives, més recursos per poder construir un sistema penitenciari que
afavoreixi la reinserció i un llarg etcètera.
En conclusió, senyories, i molt especialment les senyories del Partit Popular, nosaltres no ens neguem en cap cas a buscar una arquitectura legislativa que sigui més eficaç pels casos de la multireincidència, en cap cas ens hi neguem. Al
contrari, arremangats i disposats a treballar-hi, però no podem endurir les penes com a cortina de fum per no abordar les causes que són reals, les causes que ens porten a aquestes problemàtiques. L'objectiu de les nostres accions polítiques no pot
ser millorar la sanció de seguretat, sinó que ha de ser millorar realment, millorar efectivament, la seguretat de totes les persones.
Res més. Moltes gràcies.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias, presidenta.
Señorías, para abordar la propuesta que hoy el Partido Popular nos trae a debate, a nuestro entender, de entrada, se requieren dos consideraciones: primero, estamos ante una situación problemática y si hacemos ver o fingimos que esto no es
problemático, si simulamos que todo va bien, es evidente que seremos irresponsables y nos alejaremos de la posibilidad de hallar soluciones; segundo, tenemos una situación cercana al colapso, una situación cercana al colapso policial, judicial y
penitenciario. Esto no es nuevo, esto hace muchos años que dura; de hecho, demasiados años. Teniendo en cuenta estas dos realidades, es evidente que quien diga que para solucionar la multirreincidencia simplemente basta con poner más policías,
simplemente basta con aumentar las condenas o enviar a mucha más gente a la cárcel es un ingenuo o lo que intenta es engañarnos a todos y todas. Así pues, se puede debatir sobre cuál es la mejor articulación jurídico-penal de este fenómeno, claro
que se puede debatir; se debe debatir. ¿Es a través del Código Penal como conseguiremos solucionar la situación de delincuencia en nuestros países? Pues, permítanme decirlo, rotundamente no. Puede parecer, cuando un Estado incrementa las penas
por unos determinados delitos, que estos delitos se cometen menos. Pero esto, señorías, saben igual de bien que yo que no es cierto, que esta simplificación al absurdo es una falacia. Ante los retos sociales, la derecha, ustedes, siempre buscan
más cabezas de turco que soluciones reales, porque lo que pretenden no es solucionar problemas, sino alimentar los conflictos, alimentar el miedo y, a la vez, alimentar el enfrentamiento; en definitiva, viven precisamente de esto. Ninguna
solución, ninguna, puede llegar a
través de la promoción de una visión maniquea de la sociedad. El mundo, señorías, no se divide en ningún caso entre ciudadanos buenos a los que hay que proteger y ciudadanos malos a los que hay que castigar. No, este es un relato
paternalista, y no solo paternalista, sino también primario. Es un relato que simplemente no consigue el objetivo de fondo, si es que el objetivo de fondo es incrementar la seguridad humana en nuestros pueblos y ciudades, que, a nuestro entender,
precisamente es esto.
Para poder construir más seguridad, inevitablemente hay que atender a la correlación existente entre delitos, sobre todo leves, y desigualdad; la condición socioeconómica de las mujeres y los grupos sociales que conforman nuestra sociedad.
Miren, únicamente a modo de ejemplo y para que sirva como respuesta a todos esos discursos -ya lo avanzo- racistas que intentarán vincular migración con delincuencia, diré que mañana aquí se volverá a debatir una iniciativa para regularizar la
situación administrativa de las personas mal denominadas sin papeles o ilegales, y estos que hoy quieren endurecer las penas mañana se negarán a regularizar a todas estas personas. ¿Se han preguntado ustedes qué opciones tiene para sobrevivir una
persona a la cual la ley le impide acceder a un contrato de trabajo? Ya se lo digo yo, básicamente dos: economía sumergida o delincuencia. ¿No les parece un contrasentido proponer hoy esto y vetar mañana eso otro? Y todavía más, ustedes lo que
hacen con su postura respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular es alimentar una profecía autocumplida: les cortan las vías de trabajo regular y digno a decenas de miles de personas y, luego, a aquellos a los que les
han cortado estas vías los señalan directamente como delincuentes. Permítanme que diga que es extremadamente indigno.
Y si me lo permiten, y ya acabo, nosotros lo tenemos claro: debemos trabajar a partir de un concepto republicano y progresista de la seguridad. De hecho, la Comisión sobre Seguridad Humana de la ONU, en su informe sobre Seguridad Humana
concluye que las estrategias eficaces para crear sociedades más seguras se basan en la adopción de políticas en el ámbito social, económico, cultural, que en su conjunto lo que hacen es garantizar unas mejores condiciones: la supervivencia, el
sostenimiento económico, la dignidad de todas las personas que viven en una sociedad, en definitiva. Esta es la conclusión internacional y también científica. Lo que necesitamos son menos relatos simplistas de la securitización y más construcción
de condiciones de vida dignas, más facilidad de acceso a una vivienda digna, más regularización de las personas migrantes, más políticas redistributivas, más recursos para poder construir un sistema penitenciario que favorezca la reinserción y un
largo etcétera. En conclusión, señorías, y muy especialmente señorías del Partido Popular, nosotros no nos negamos en ningún caso a buscar una arquitectura legislativa que sea más eficaz para los casos de multirreincidencia, en ningún caso nos
negamos; al contrario, estamos dispuestos a trabajar, pero no podemos endurecer las penas como cortina de humo para no abordar las causas reales que nos llevan a estos problemas. El objetivo de nuestras acciones políticas no puede ser mejorar la
sanción de seguridad, sino que tiene que ser mejorar realmente, de manera efectiva, la seguridad de todas las personas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero por un tiempo de siete minutos.
El señor SANTIAGO ROMERO: Señora presidenta, señorías, el PP quiere subsanar la reforma del Código Penal que presentó en el año 2015 y que introdujo la posibilidad de aplicar el agravante de multirreincidencia a los delitos leves, las
antiguas faltas de hurtos inferiores a 400 euros, eso es de lo que estamos hablando. La reforma fue dejada sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo consideró que la reforma era de todo punto desproporcionada.
Eso es lo que dijo. Es decir, el PP en aquel momento convirtió una pena de multa de uno a tres meses en una pena de prisión de hasta tres años. Hasta el Supremo dijo que era desproporcionado. Y ahora nos traen, de otra forma, los mismos
incrementos en otros supuestos, también hasta tres años. Esto se hizo el mismo año de las reformas mordaza. A eso es a lo que se dedicaba el Partido Popular en el año 2015.
Obviamente, estamos hablando de los casos de reincidencia, pero los casos de reincidencia no son casos idénticos a organizaciones criminales. Como decía el profesor Edwin Sutherland, maestro de la criminología de principios del siglo XX, en
aquel brillante libro llamado Ladrones Profesionales, son casos de ladrones profesionales, personas en situaciones de exclusión que muchas veces no han tenido oportunidad de tener otra profesión. Y organizaciones criminales son las que se dedican
al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, al narcotráfico o a la trata de personas, para lo cual hay que tener medios y
recursos económicos; es decir, son supuestos muy distintos. Estamos hablando de personas en situación de exclusión social, de lo que popularmente se llaman 'robagallinas'. Por cierto, ustedes proponen penas superiores o iguales a los
delitos más graves del Código Penal, aquellos que solamente pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica, y les voy a dar ejemplos. Están proponiendo reformas que pueden llegar a condenas de tres años, exactamente como la
máxima que hay en el Código Penal ahora mismo para la alteración de los precios de concursos y subastas públicas; o tres veces más de la máxima prevista en el Código Penal para los delitos relativos al mercado y a los consumidores; o tres veces
más de la prevista para el delito de sobrefacturación; o igual a las previstas más graves para administradores que cometen delitos societarios. ¿Usted cree que un delito societario puede gravarse o penarse igual que cuando un infractor roba tres
móviles? Pues, francamente, yo creo que eso no es posible en una democracia. (Aplausos).
La adaptación del Código Penal a lo establecido por el Supremo la hizo el Gobierno de coalición en el año 2022. Y es verdad que se añadió una nueva redacción sobre la multirreincidencia que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos
pareció exorbitada, pero la votamos porque reducía ese supuesto de hasta tres años de prisión a dieciocho meses. Ustedes entonces se abstuvieron y es verdad que ahora traen una reducción de ese supuesto de reincidencia de hurtos leves, de delitos
leves -lo que antes eran las faltas-, de los dieciocho meses máximo que estaba en la reforma de 2022 hasta un máximo de un año. Eso está bien, lo reducen, dos años menos de lo que propusieron en 2015, pero ¿por qué proscriben en esta misma reforma,
al hacer esta reducción, la aceptación del cumplimiento de la condena en este caso de hurtos? ¿Porque ustedes prohíben en esta reforma que a una persona que está en la cárcel por hurto se le pueda suspender la condena después de haber cumplido una
parte proporcional? Eso no tiene ninguna explicación más que ese tipo de castigo que ustedes buscan siempre contra los más pobres; es decir, cosas que a un infractor de un delito, por ejemplo fiscal, no se le tiene por qué limitar, resulta que
ustedes en este caso de multirreincidencia sí lo limitan.
¿La realidad cuál es? Que ahora incorporan el agravamiento de las penas por hurtos de teléfonos móviles, pero también de dispositivos que contengan información. Eso es un término jurídico bastante impreciso, y le formulo un supuesto: una
Nintendo de un niño pequeño contiene información y, por tanto, ¿el robo de varias Nintendo también lo vamos a agravar con la multirreincidencia, con una pena de uno a tres años de cárcel? (Aplausos). Esto va a afectar a infracciones cometidas
entre gente joven. Es verdad que, probablemente, si son menores de edad no se les vaya a aplicar la misma pena, pero sí se les va a aplicar el tipo penal, y a los mayores de dieciocho años sí se les van a aplicar, claro que sí, los tres años por
robar Nintendos.
Y luego está el caso de la estafa inferior a 400 euros, que son delitos leves. Ustedes también las incrementan. Ahora mismo la condena es de uno a tres meses, y ustedes están contemplando la posibilidad -la introducen aquí- de condenas de
hasta tres años de prisión. Es decir, es exactamente el mismo agravamiento que tiró el Supremo. El Supremo dijo en el año 2017 que era desproporcionado incrementar una pena de uno a tres meses de multa hasta un arco que puede llegar hasta los tres
años de prisión, y ustedes ahora lo introducen en el caso de las estafas inferiores a 400 euros.
Mire, con la reforma que ustedes hicieron en el 2015 no bajaron los índices de criminalidad, eso es cierto, subieron; sin embargo, los delitos contra el patrimonio y los hurtos se han reducido, según los datos de Eurostat y del Ministerio
de Interior, en este primer trimestre de este año un 2,3 % y un 4 % los hurtos, estando en vigor la reforma que hizo este Gobierno en el año 2022. Crear preocupación social desproporcionada sobre problemas que no son de la dimensión que ustedes
dicen, que obviamente existen, lo que hace es que luego ascienda el voto a la ultraderecha en Europa. Eso es lo que están ustedes provocando con este tipo de propuestas sumamente desproporcionas e irresponsables. Y decía usted: Son los problemas
que preocupan a la gente. Mire, yo tengo aquí los problemas que preocupan a la gente según los actuales datos estadísticos. Y le digo una cosa, en abril del 2024, según el CIS, los principales problemas de la gente eran la crisis económica, el
paro y la corrupción. La inseguridad ciudadana o la delincuencia estaba en el puesto veintiuno. (Aplausos). ¿Cómo que ese es el problema que preocupa a la gente? La realidad es que te vas a la calle a comprar el pan y no te okupan la casa; ni
te okupan la casa ni vuelves sin la cartera y sin haber podido comprar el pan (risas.-Aplausos), porque ni esto está lleno de carteristas ni a todo el mundo le van quitando la casa. En España, les guste o no, tenemos la mitad o un 75 % menos de
criminalidad que en Alemania o en el Reino Unido, según las estadísticas europeas.
¿Pero el problema cuál es? -y acabo-: la población penitenciaria. Ahí sí tenemos un grave problema. España tiene el mismo número de reclusos que Alemania o Italia, solo que Alemania tiene 40 millones de habitantes más que los españoles e
Italia 15 millones más. No se solucionan las cosas metiendo a la gente en la cárcel, se solucionan creando empleo, poniendo en marcha programas de atención social. (Rumores). Sí señor, ya sé que ustedes desconocen cualquier solución que no sea el
látigo, pero con sus políticas lo que hicieron fue incrementar la delincuencia.
Votaremos en contra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina, por un tiempo de siete minutos. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta proposición de ley que nos trae el Partido Popular de reforma del Código Penal para recuperar el agravamiento de las penas cuando se produce multirreincidencia en delitos de hurto y de estafa trae causa de una proposición de ley del
Grupo Parlamentario VOX del 2021. Una vez más, se da el axioma de que, cuando el Partido Popular nos copia, acierta. Este relanzamiento lamentable se ha producido porque, desgraciadamente, se hizo mal -hemos perdido tres años, porque se podía
haber aprobado en el 2021- y el Tribunal Supremo, en su Sala Segunda, como ya se ha mencionado reiteradamente, sentencias del 2017 y del 2019, dejó sin efecto esta reforma, entendiendo que vulneraba principios del derecho penal como el de legalidad,
el de la proporcionalidad de la pena o el de la seguridad jurídica.
La realidad delictiva en España, tal y como han reconocido el anuario del Ministerio del Interior o la propia memoria de la Fiscalía General del Estado, nos dice, por ejemplo, que en un año se han producido más de 650 000 delitos de hurto y
estafa, que representan nada menos que el 68 % de todos los delitos cometidos en España contra el patrimonio. Se da la circunstancia -por cierto, bastante repetitiva cuando hablamos de delincuencia y delitos- de que la inmensa mayoría de ese 68 %
se produce en Cataluña y que, además, supone unas pérdidas de miles de millones de euros.
La multirreincidencia tiene tres consecuencias fundamentales. La primera, la desprotección de las víctimas, que sienten que no les ampara el Estado, que no les ampara la seguridad pública. La segunda, la desmotivación de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y del Poder Judicial, que trabajan sin descanso para detener a esos delincuentes y que al día siguiente están en la calle, teniendo que volver al día siguiente a perseguirlos para detenerlos. Y, la tercera, la
impunidad de los delincuentes, que se ríen del Estado, se ríen de la Policía, se ríen de los jueces y se ríen de esta Cámara y de su Código Penal, porque lo que se produce es el efecto puertas; es decir, entran por la mañana por una puerta, la de
la comisaría, y salen al día siguiente por otra puerta, la del juzgado. Me refiero a ese tipo de puertas, no a otras que a muchas de sus señorías les encantan, las puertas giratorias, pero esas son al revés: salen por una puerta, por ejemplo, por
la del Congreso, y entran por otra puerta, la de alguna empresa pública. (Aplausos).
Los españoles somos conscientes de que en esta legislatura ha muerto Montesquieu. Se acabó la separación de poderes, se acabó la independencia judicial. Y ha muerto la igualdad ante la ley que consagraba el artículo 14 de nuestra
Constitución, porque hay unos, los delincuentes, sí, son los menos, pero bien políticos o bien no políticos, estos quedan impunes porque el Código Penal no llega o, si llega, no se preocupen, quedan indultados o quedan amnistiados. (Aplausos);
otros, la mayoría, somos los que cumplimos la ley, los que pagamos impuestos y sobre los que, ¡cuidado!, si nos equivocamos, cae todo el peso de la ley sobre nosotros.
Hagámonos algunas preguntas. Primera pregunta, ¿dónde está el problema de esta situación provocada por la multirreincidencia? Yo se lo voy a decir, en el consenso progre, porque ha sido ese bipartidismo durante décadas de la PPSOE el que
ha permitido de manera descarada que esta situación de indefensión se perpetúe durante décadas. Ha habido una conjunción de intereses y ha habido una conjunción de gobiernos. Cuando me refiero al Partido Popular no hace falta que insista en que me
refiero al Partido Popular en el Gobierno, porque luego está ese otro Partido Popular de las campañas electorales o cuando está sentado en la oposición que dice cosas que a veces hasta suenan bien. Me refiero a cuando llegan al Gobierno, cuando
tienen la capacidad legislativa de cambiar las cosas. Ambos, la PPSOE, han permitido, uno, la impunidad de los delincuentes con un Código Penal que establece todo tipo de garantías para el delincuente y deja abandonadas a las víctimas; dos, los
pactos con los separatistas que han desarmado al Estado de derecho; tres, la ocupación ilegal que han permitido, desprotegiendo la
propiedad; cuatro, la desprotección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; cinco, el desamparo de la justicia, en su intento permanente de injerencia política, y, por último, seis, el olvido de las víctimas, especialmente de las
víctimas del terrorismo. (Aplausos).
Nos hacemos una segunda pregunta. El domingo hubo elecciones europeas, ¿quién ganó en España las elecciones europeas? La coalición no formalizada del consenso progre del PP y del PSOE (risas), porque juntos -unos, los del PP, con veintidós
y otros, los del PSOE, con veinte- suman cuarenta y cuatro eurodiputados, que de sesenta y uno son la mayoría (rumores), y ambos votan en perfecta coalición el 89 % de las veces. Lo han venido haciendo, y como nos ha reconocido...
(Rumores.-Aplausos). Lo han venido haciendo, sí, y en todo aquello que afecta a España de manera directa y profunda. Ese consenso progre, por cierto, negocia y sigue negociando repartirse los jueces del Consejo General del Poder Judicial en
Bruselas, sí. Son esos que, en su consenso progre, han aprobado y han aplaudido, y lo van a seguir haciendo, la Agenda 2030, que arruina a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores; esos del Pacto Verde que tiene a la
sociedad sojuzgada bajo las premisas de ese fanatismo climático; esos del pacto de las fronteras abiertas (aplausos), esos que en esta misma Cámara aprobaron quinientos mil ilegales, que se van a convertir, por el arraigo, en dos millones. Por
cierto, son esos mismos que niegan que la inmigración ilegal tiene consecuencias directas sobre la delincuencia, que es de lo que estamos hablando hoy, y eso lo reconoció el señor Pons en un debate, lo ha reafirmado Von der Leyen y no lo ha negado
en ningún momento el Partido Socialista. (Aplausos).
Voy terminando, señora presidenta. Podemos afirmar una vez más que sin igualdad ante la ley, sin eficacia e independencia judicial, sin firmeza ante la corrupción y sin distancia infinita con las políticas de la izquierda no podrá
terminarse nunca con la delincuencia reincidente e impune.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Debatimos hoy, a iniciativa del Partido Popular, la modificación de varios artículos del Código Penal con el fin de recoger expresamente la multirreincidencia en casos de delitos leves de hurto y de estafa. Pues bien, el Partido Popular es
reincidente a la hora de traer este tema a debate a esta Cámara, aunque hemos visto que, por mucho que lo haya traído, no tiene ningún interés en mejorarlo. Así, siguen en esta iniciativa sin atender los errores que cometieron en la reforma del
Código Penal que hicieron en 2015, siguen sin tener en cuenta la sentencia 481 del Tribunal Supremo, que dejó sin efecto la ley de 2015, precisamente por la desproporción que había entre los hechos y la pena en la multirreincidencia, y tampoco
tienen en cuenta la modificación que propuso y que impulsó mi grupo parlamentario para modificar el artículo 234 del Código Penal en la Ley Orgánica 9/2022, que salió aprobada por esta Cámara. Además, el PP solo se acuerda de la multirreincidencia
de estos delitos -¡qué curioso!- cuando se acercan las elecciones. Lo hizo el año pasado, cuando teníamos las elecciones municipales, y lo hace este año, cuando se convocan las elecciones al Parlamento de Cataluña. Solamente le preocupa en esos
momentos.
A este Gobierno le preocupa mucho el impacto que tiene la multirreincidencia en diferentes sectores y sabe que no solo -insistimos mucho en ello- hay que actuar reformando el Código Penal, sino que, cuando hablamos de seguridad ciudadana,
hay que actuar en muchos ámbitos. Entre ellos, ¿sabe cuáles? El de los cuerpos y fuerzas de seguridad y el de los profesionales del mundo de la justicia dotándoles de medios humanos y materiales. Cuando el PP gobierna son reincidentes en recortar
efectivos de policías y guardias civiles -les recordamos que recortaron más de 13 000 efectivos de guardias civiles y policías de 2011 a 2018-. Cuando los socialistas gobernamos, hacemos lo contrario, los mejoramos y los incrementamos. En este
momento podemos decir que tenemos un récord histórico en número de policías y de guardias civiles. (Aplausos). Quiero felicitar al Gobierno porque hoy ha vuelto a sacar 5500 nuevas plazas de Policía y de Guardia Civil. Eso es importante para
combatir la delincuencia. También lo hacemos con el sistema judicial, aumentando el número de juzgados cada año y el número de plazas de magistrados y de jueces.
Pero hay un tema muy importante que no podemos dejar pasar. Tenemos que ser responsables a la hora de informar de la delincuencia. Señorías, cada vez es mayor -hemos escuchado aquí unos cuantos- el número de bulos que generan miedo en la
sociedad y que buscan confundir y enredar. En definitiva, se
manipulan los datos y la realidad. Miren -ya lo hemos dicho-, no solo hay que reformar el Código Penal, hay que abordarlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la prevención del delito, con más seguridad ciudadana, con
más empleo y con más medidas integrales. Por cierto, es común en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular que, cuando llegan, recortan policía, recortan ayudas sociales y recortan medios, y solo ponen la esperanza en esas reformas para
aumentar las penas.
Señorías, mi grupo sí va a votar a favor de esta iniciativa con el ánimo de buscar soluciones compartidas, porque sí, porque preocupa, pero somos muy diferentes a vosotros. Voy a invitar a los grupos parlamentarios, a los van a apoyar esta
iniciativa y a los que no, a que en la tramitación alcancemos un consenso alrededor de un conjunto de medidas integrales que pongan herramientas necesarias a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al sistema judicial y a nuestros alcaldes y a nuestras
alcaldesas, pero siempre haciendo efectiva esa seguridad ciudadana, sin que se imponga la visión del Partido Popular, que solo es punitiva, para aumentar las penas. (Aplausos). Así no vamos a ningún lado. Yo sé que podemos hacerlo todos juntos si
queremos. Vamos también a obviar esa tesis de la ultraderecha que equipara inmigración y delincuencia, porque no podemos permitir que se abra paso esa línea.
Señores y señoras, está en nuestras manos y sé que lo podemos hacer, es posible, pero le voy a decir al Partido Popular algo. Mi grupo no está de acuerdo con la literalidad de su propuesta, no está de acuerdo con la desproporción entre
delito y pena y no está de acuerdo con los agravamientos incoherentes ni tampoco con los incrementos punitivos exagerados de los delitos leves, que es donde siempre ponen el acento. Por tanto, creo que tenemos muchas ganas de trabajar, pero no en
su línea, sino en la que cree la mayoría de esta Cámara, porque hay que buscar soluciones a esas circunstancias que pueden llevar a una persona a hurtar o defraudar de una forma multirreincidente. Por eso, repito, les pido a los grupos
parlamentarios que pongamos acento en estas medidas integrales.
Voy terminando, presidenta. No sé si a ustedes les ha pasado, pero he preparado el debate y no paro de hablar de reincidencia, de multirreincidencia, y no puedo terminar esta intervención sin recordar que la mayor multirreincidencia del
señor Feijóo es la negativa a reconocer el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de dos mil días de bloqueo. Eso sí que es multirreincidencia. (Aplausos). Les pido la misma responsabilidad con la que los socialistas legislamos para
solucionar las preocupaciones de la ciudadanía. Le digo al señor Feijóo que entre en razón, que sea responsable y desbloquee el Consejo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN EL ENTORNO DIGITAL. (Número de expediente 162/000179).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para la protección de los menores en el entorno digital. Para la
presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Núñez González, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora NÚÑEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
La protección de los menores ha de ser una cuestión central ante el reto digital que vive nuestra sociedad, y así lo hemos entendido en el Partido Popular. Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo siempre -siempre- ha sido una
prioridad. Lo fue en la legislatura pasada, cuando este grupo presentó numerosas iniciativas, que nunca contaron con el apoyo del Partido Socialista. Ustedes se dedicaron a votar en contra y ahora se apresuran a copiar para tapar su incapacidad.
Por cierto, esta es la tercera iniciativa del Partido Popular en la sesión plenaria de hoy (aplausos), y es que, frente a su dejación de funciones, nuestro trabajo, aprobando, por ejemplo, una ponencia en el Senado o proponiendo la creación de una
subcomisión sobre la protección de los menores en el entorno digital aquí, en el Congreso, subcomisión que la izquierda rechazó, porque prefiere hurtar a esta Cámara la posibilidad de trabajar en este asunto de una manera seria y transparente.
Para el Gobierno, para el Partido Socialista, la respuesta ante el reto digital que viven los menores no ha sido una cuestión central y han tratado de utilizar este tema tan sensible e importante como una cortina de humo para tapar sus
escándalos. En enero, casualmente en la aprobación de la Ley de Amnistía,
ustedes anunciaron un sistema de verificación de la edad y que estaría listo en junio; llegamos a junio y no sabemos nada. También les digo que para que ese sistema pueda acabar en manos de expertas captadoras de fondos públicos es mejor
que no continúen con ello. (Aplausos). En pleno caso Koldo, caso PSOE, la noticia del Partido Socialista fue la creación de un comité de expertos, un comité que ni el mismo Gobierno ha respetado, y en plena campaña de las europeas se han sacado
ustedes de la manga un anteproyecto de ley, por el artículo 18 bis, sin esperar tan siquiera al informe del propio comité de expertos. Mucha prisa para tratar de camuflar las imputaciones que el Partido Socialista aplaude. La propia presidenta de
dicho comité de expertos cuestionó y criticó duramente al Gobierno de Sánchez por la unilateralidad y la falta de respeto al trabajo de los expertos al anunciar el anteproyecto, sin tener en cuenta ni sus conclusiones ni sus recomendaciones. Les
han utilizado, como utilizan a todo el mundo y a todas las instituciones. Es un anteproyecto de ley que nadie conoce y que ahora el señor Bolaños trata de capitalizar. Es curioso, el Gobierno más feminista de la historia aparta y no deja hablar a
una ministra a la que le encomendaron esta materia. Perfecta representación de la hipocresía socialista y perfecta escenificación de la pleitesía absoluta de SUMAR. Así les va. (Aplausos).
Señorías, este asunto no puede abordarse de la manera en la que el Gobierno lo está haciendo, de espaldas a lo ya desarrollado en Europa y de espaldas a toda la sociedad. España ha de trabajar en la línea de la Unión Europea, por la fuerza
de operar como un mercado único y común, y ha de ejecutar sus obligaciones legales como Estado miembro. La DSA es de plena aplicación desde el 17 de febrero y ustedes la están incumpliendo desde entonces. Es por ello por lo que nuestra iniciativa
les pide que dejen los titulares y cumplan con la Ley de Servicios Digitales, que obliga a dotar de recursos a la CNMC y a modificar sus estatutos, para que, efectivamente, el coordinador de servicios digitales tenga capacidad suficiente. Casi
cinco meses después ustedes siguen incumpliendo el mandato europeo.
Pero no solo es cumplir con lo que Europa obliga, es tener una mirada amplia y conocer de manera global la situación; es tener un nuevo código de conducta, también para plataformas digitales, como pedimos en nuestra PNL; es dar
herramientas a los propios usuarios para que sean los dueños de sus datos y puedan desenvolverse siempre en lo digital con libertad y seguridad; es exigir la implicación de las grandes tecnológicas, puesto que tienen mucho por hacer y, sobre todo,
mucho que decir; es el etiquetado de contenidos digitales, como la propia ley audiovisual nacional obliga, o es también dotar de suficientes medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como al Poder Judicial, para que puedan perseguir
eficazmente nuevos delitos. De ahí que nuestra propuesta sea clara e integral.
Queremos abordar y liderar la protección del menor en el entorno digital de la mano de Europa, porque si caemos en la unilateralidad para tratar de buscar rédito político le haremos un flaco favor a una generación que crece permanentemente
conectada a una pantalla. Si no afrontamos este reto con la sociedad civil y con el propio sector estaremos desprotegiendo a los más vulnerables, a los menores. Las familias están sobrepasadas en multitud de ocasiones y se sienten perdidas. Es
fundamental una política de concienciación y que tengan las herramientas para poder supervisar, acompañar y conocer los riesgos y amenazas que existen en el ámbito digital.
La educación ha de ser el eje central de la prevención y pasa también por otorgar a la comunidad educativa de medios y conocimientos para que puedan colaborar y educar en lo digital. Necesitamos apostar por la alfabetización digital para
que se pueda hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Y el sector ha de implicarse, claro que sí, para desarrollar todos los mecanismos posibles con el fin de generar entornos seguros para los menores, garantizando la protección de sus
datos y conjugándolo siempre con su derecho a la información.
Señorías, no queremos volver a las cavernas, pero tampoco queremos que los menores se expongan a la ley de la selva, a contenidos inadecuados para su edad, a la soledad o al ciberacoso; no queremos que su propia salud mental y personal se
vea afectada. Por eso, es fundamental que abordemos este reto desde la razón, sin partidismos y poniendo siempre en el centro al menor, y que el Gobierno de España haga de una vez su trabajo y deje de tratar esto como una maquinaria de titulares
para limpiar su imagen, algo que posiblemente no tenga solución en vista de los resultados del pasado domingo. Hay generaciones enteras en juego y, aunque ustedes lo hagan, el Partido Popular no está dispuesto a abandonarlas. Por ello, presentamos
hoy aquí esta iniciativa, esta PNL, y esperamos que ustedes, señorías, apoyen esta propuesta del Partido Popular. Nosotros no podemos esperar más. Los jóvenes, los menores, los niños y la infancia en este país no pueden esperar más. Así que
esperamos la unanimidad de esta Cámara. Nos va el futuro en ello.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, president.
No podem entrar a analitzar aquesta iniciativa del PP per protegir els menors en l'entorn digital sense tenir en compte l'avantprojecte de llei que prepara el Govern espanyol amb un anunciat que és idèntic. Com deia la diputada del PP, el
que no hem vist encara és el text de l'avantprojecte. Només tenim les línies generals, però desconeixem el text de l'avantprojecte.
Des de Junts no podem deixar de costat les iniciatives que vàrem presentar fa més d'un any i que van tenir el no del PSOE i l'abstenció del PP, i que consti que no venim aquí a passar comptes, al contrari, però toca fer crítica, si volen,
constructiva, i reflexionar, perquè quan parlem del sector digital un any és molt de temps. De fet, és un món. Per això, entenem que es va perdre una gran oportunitat. Ara, uns i altres agafen la bandera de la urgència per protegir els menors,
però fa un any es van posar en contra o de perfil davant iniciatives que buscaven tipificar penalment el deepfake o restringir l'accés dels menors a la pornografia i castigar penalment els responsables de les plataformes que incompleixen la llei
dins l'Estat. Tots aquests són temes que requereixen un consens polític urgent, és cert, perquè compartim la necessitat d'impulsar els canvis legislatius per protegir els menors. Uns i altres parlen dels danys psicològics, emocionals i fins i tot
físics que pateixen els menors per culpa dels perills que troben en l'àmbit digital. Uns i altres denuncien abús, ciberassetjament, sexting, grooming i tot un seguit d'anglicismes que hem hagut d'incorporar al nostre vocabulari per parlar dels
riscos a què han de fer front els nostres nens, nenes i adolescents.
A la subcomissió del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere vàrem tenir dades objectives i alarmants sobre l'augment dels casos d'agressions sexuals entre menors relacionats amb l'ús problemàtic de la pornografia. Per això, Junts va
actuar amb diligència i va preparar esmenes que va presentar a la revisió de la llei del només sí és sí. Això va ser al març del 2023, per tant, fa més d'un any, perquè era urgent buscar solucions. Estava, senyories, cantat que el deepfake era una
amenaça. Ens alertaven els experts, els educadors, els pares, les mares, i per això vàrem liderar demanar que fos tipificat i castigat com a delicte en el Codi Penal, però les nostres esmenes no van prosperar. Ens trobem ara que la situació que va
succeir és que va esclatar el cas mediàtic d'Almendralejo sobre el deepfake, que no és un cas aïllat, i, de sobte, tothom va començar a reaccionar. Però, com dèiem, ni a la dreta ni a l'esquerra van validar les nostres esmenes en aquest sentit. I
és aquí on arriba la nostra reflexió. Tot això no era prou important fa un any perquè ens poséssim d'acord? Perquè vostès, a dreta i esquerra, transaccionessin les esmenes de Junts per protegir els menors en l'àmbit digital? No era prou important
fa un any? Per cert, també són alarmants les dades d'augment entre els menors de les malalties de transmissió sexual, en paral·lel a l'ús d'aplicacions que promouen el sex dating, és a dir, la promiscuïtat sexual sense fer cap avís sobre la
necessària protecció profilàctica. La gent del carrer vol que solucionem els problemes. Tenim els nostres joves en risc sense una formació digital adequada i sense una regulació que els protegeixi. És, per tant, urgent consensuar solucions,
especialment quan les vulneracions tenen a veure amb els drets humans, amb la protecció del menor, amb la salut o amb l'educació.
Respecte de la iniciativa, insistim, el nostre compromís amb la protecció dels menors l'exercim per terra, mar, aire i al ciberespai, però és important que aquesta competència sigui respectada i reforçada quan parlem del nostre país,
Catalunya, i, per descomptat, també a nivell autonòmic, en general. Per això, els hem proposat una sèrie d'esmenes que condicionen el nostre suport. Grosso modo, el que demanem és que es respectin les nostres competències i que s'incorporin, amb
competències i recursos, en aquesta feina de control i protecció dels menors en l'àmbit digital aquells organismes de control que tenim a Catalunya, com l'Autoritat de la Competència o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, fent extensiva,
lògicament, aquesta proposta als altres organismes homòlegs de la resta de comunitats autònomes. Volem un marc normatiu basat en la cooperació, perquè el problema és tan gran que hem de sumar esforços. Tots som conscients de la dificultat
tecnològica a l'hora d'aplicar les pretensions que recull aquesta iniciativa. Per exemple, la comprovació de si l'usuari d'un dispositiu és menor o no implica sistemes en què el dispositiu podria fer fotos per comprovar la identitat de la persona o
tenir una identificació digital molt robusta que podria interferir greument en la privacitat de les persones.
Per tant, el que hauríem de fer, més que carregar la responsabilitat del costat de lusuari, és actuar amb més fermesa contra les empreses que proporcionen els continguts. Hi ha, a més, un gran risc: que
aplicar més control en l'accés dels menors a internet -i aquí tots estem d'acord- resulti en una vigilància activa a les persones, a les menors i a les no menors, dotant de més poder al Gran Germà, aquell que sap tot el que estem fent. El
que s'hauria de vigilar són, per tant, insistim, les empreses. Internet ha de preservar el dret a la privacitat. Ja tenim traçabilitat de dispositius -les IP i les galetes ajuden a que això sigui possible-, però no tenim traçabilitat de les
persones. Hem de preservar l'anonimat, evidentment, amb l'excepció de l'accés dels menors a continguts d'adults, però hem de salvaguardar la privacitat com un dret fonamental. Implementar sistemes de verificació d'edat intrusius podria comprometre
aquest dret. I ja acabo. De res no servirà desplegar polítiques digitals per protegir els menors dels riscos de l'entorn digital sense una bona educació digital que els permeti tenir coneixements en ciberseguretat. Tenen una gran capacitat
d'aprenentatge. Es tracta d'aprofitar-la correctament.
Gràcies.
Muchas gracias, presidente.
No podemos entrar a analizar esta iniciativa para proteger a los menores en el entorno digital sin tener en cuenta el anteproyecto que prepara el Gobierno español, con un enunciado que es idéntico. Como decía la diputada del PP, es que no
hemos visto el texto todavía de ese anteproyecto. Solo tenemos las líneas generales, pero desconocemos el texto. En Junts no podemos dejar de lado las iniciativas que presentamos hace más de un año, que recibieron el no del PSOE y la abstención
del PP. Quiero que conste que no venimos aquí a ajustar cuentas, sino todo lo contrario.
Pero es momento de hacer crítica -constructiva, si quieren- y debemos reflexionar, porque, cuando hablamos del sector digital, un año es muchísimo tiempo. Por eso, entendemos que se perdió una gran oportunidad. Ahora unos y otros son
abanderados de la protección de los menores, pero hace un año se pusieron de perfil o frontalmente en contra de iniciativas que buscaban proteger ante el deepfake y el uso de imágenes pornográficas de menores y se quería legislar sobre las
plataformas que ponen en peligro los derechos de los menores. Necesitamos un consenso político urgente, porque compartimos la necesidad de impulsar los cambios legislativos para proteger a los menores. Unos y otros hablan de los daños
psicológicos, emocionales e incluso físicos que sufren los menores por culpa de los peligros a los que se enfrentan en el entorno digital. Unos y otros denuncian abusos, ciberacosos, sexting, grooming y un continuo de anglicismos que hemos debido
incorporar a nuestro vocabulario para poder hablar de los riesgos a los que se enfrentan nuestros niños y niñas y adolescentes.
En la subcomisión del Pacto de estado contra la violencia de género contamos con datos objetivos alarmantes sobre el aumento de los casos de agresiones sexuales a menores, en referencia a la pornografía. Por eso, en Junts actuamos con
diligencia y preparamos enmiendas que presentamos en la revisión de la ley del solo sí es sí. Pero eso fue en marzo de 2023 y, por tanto, hace ya más de un año que es urgente encontrar soluciones. Saltaba a la vista que el deepfake era una
amenaza. Nos habían alertado los expertos, los educadores, los padres, las madres, y por eso encabezamos la solicitud de que se tipificara como delito en el Código Penal, aunque nuestras enmiendas no prosperaron. Ahora la situación es que saltó el
caso de Almendralejo sobre el deepfake, un caso que no es aislado, y de pronto ya todo el mundo reaccionó. Pero ni a la derecha ni a la izquierda validaron nuestras enmiendas en ese sentido, y de ahí nuestra reflexión. ¿Todo esto no era lo
suficientemente importante hace un año para estar todos de acuerdo tanto a la derecha como a la izquierda y poder aprobar esas enmiendas de Junts para proteger a los menores en el entorno digital? ¿No era importante hace un año? También son
alarmantes los datos sobre las enfermedades de transmisión sexual entre menores, en paralelo a las aplicaciones que promueven la promiscuidad sexual sin avisar de la necesidad de la protección profiláctica. La gente en la calle quiere que
solucionemos los problemas. Nuestros jóvenes están en riesgo sin recibir una formación digital adecuada y sin una regulación que los proteja. Por eso es urgente consensuar soluciones, especialmente cuando las vulneraciones tienen que ver con los
derechos humanos, la protección del menor, la salud y la educación.
En cuanto a esta iniciativa, insistimos en nuestro compromiso respecto a la protección de los menores, que defendemos por aire, por mar y en el ciberespacio. Es importante reforzar esta protección en nuestro país, en Cataluña, y a nivel
autonómico, en general. Por eso proponemos algunas enmiendas, que condicionan nuestro apoyo. Grosso modo, pedimos que se respeten nuestras competencias y que se incorporen acciones y recursos en esta labor de control y regulación de los menores,
aquellas medidas con las que ya contamos en Cataluña, como el Consejo del Audiovisual y otras, y así ampliamos la propuesta a organismos homólogos de otras comunidades autónomas. Queremos un marco normativo
basado en la colaboración, porque es un problema tan grande que requiere que sumemos esfuerzos. Todos ustedes son conscientes de la dificultad tecnológica a la hora de aplicar la iniciativa, como, por ejemplo, comprobar si el usuario del
dispositivo es menor o no, para lo que se requieren sistemas en los que el dispositivo tiene que hacer fotos para comprobar la identidad de esa persona, o contar con una identificación digital muy robusta, que podría interferir con la privacidad de
las personas.
Por tanto, más que cargar la responsabilidad al usuario, lo que deberíamos hacer es actuar con más contundencia ante las empresas que proporcionan los contenidos. Además, hay otro riesgo, y es que aplicar más control, en exceso, sobre los
menores en Internet -y aquí todos estamos de acuerdo- puede resultar en una vigilancia activa a las personas, menores y no menores, dando más poder al Gran Hermano, aquel que sabe todo lo que hacemos. Deberíamos vigilar, por lo tanto, a las
empresas. Internet debe preservar el derecho a la privacidad. Ya tenemos trazabilidad de los dispositivos -las galletas, las cookies hacen que todo eso sea posible-, pero no tenemos trazabilidad respecto a las personas. Debemos preservar el
anonimato, por supuesto, con la excepción del acceso por parte de menores a contenidos de adultos, pero debemos preservar la privacidad como derecho fundamental. Los sistemas de comprobación de edad intrusivos podrían poner en peligro este derecho.
De nada servirá desplegar políticas digitales para proteger a los menores del entorno digital sin una buena educación digital, que les permita conocer en qué consiste la ciberseguridad y cómo preservarla. Ellos y ellas pueden aprender, debemos
aprovechar esa capacidad de aprendizaje.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Armario González. (Aplausos).
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Buenas tardes, señorías. Muchísimas gracias, señor presidente.
Es evidente que la tecnología digital ha transformado nuestras vidas, simplificando muchas de las tareas cotidianas. Sin embargo, esta revolución tecnológica también se ha colado en el desarrollo de la infancia. Los menores de esta
generación han nacido en un entorno digital, percibiendo como real todo lo que ven a través de las pantallas, y muchos de ellos tienen su primer contacto con la naturaleza a través de ellas. Internet les ha enseñado una forma muy diferente de
percibir, de entender la vida y la realidad, brindándoles nuevas oportunidades para informarse, aprender, divertirse, investigar, desarrollar habilidades comunicativas y también sociales. Sin embargo, esta ventana al mundo también los ha expuesto a
graves riesgos, y, además, sin precedentes. Tanto es así, que hoy tenemos que debatir sobre cómo hemos de proteger a los menores en este entorno digital y sobre los riesgos que conlleva haberlos dejado expuestos ante millones de personas en todo el
mundo.
En la actualidad, nos encontramos ante un PSOE que dice preocuparse por la protección de los menores. Incluso, anunció en enero de este año que iba a aprobar una ley de protección a los menores en Internet, pero no sabemos cuándo se
aprobará, o ni siquiera si llegará a aprobarse, porque este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a iniciar la tramitación de muchísimas iniciativas con fines electoralistas que luego deja morir en un cajón. (Aplausos). Sin embargo, aun cuando, de
verdad, el Gobierno pretendiera aprobar esta ley, nosotros queremos recordarles que ya existe una normativa vigente relacionada con este ámbito tanto a nivel nacional, como a nivel europeo. Por tanto, este Gobierno debe velar por que las que
existen se cumplan y se mejoren, destinando todos los recursos necesarios a que nuestros menores no solo estén protegidos, sino incluso diríamos que blindados.
Precisamente fueron las políticas de este Gobierno y de otros Gobiernos socialistas, con su habitual irresponsabilidad y su falta de prudencia, las que introdujeron a los niños en este mundo digital sin evaluar adecuadamente todos los
riesgos que ello conllevaba. Por poner un ejemplo, en 2010 fue el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero el que lanzó la medida de inundar de portátiles todas las aulas españolas, portátiles de manera individual para todos los menores. Pusieron,
con ligereza, en las manos de menores de once y doce años una herramienta que entrañaba muchos peligros, sin ni siquiera ofrecerles una formación previa ni a ellos ni a sus familias sobre cómo hacer un uso adecuado de los mismos. En este tema, como
en muchos otros, han querido dotar a los menores de una autonomía que no es adecuada para su edad, poniendo en riesgo su inocencia y lanzándolos a un mundo virtual con amenazas que resultan muy difíciles de evitar si no se cuenta con la formación
adecuada, o, en ocasiones, por la natural inmadurez de los menores, incluso cuando ya se cuenta con ella.
¿Y cuál ha sido el resultado, señorías socialistas? Pues la dependencia de miles y miles de menores frente a esas herramientas tecnológicas sin control alguno: sin control de riesgos, sin control de edad del
usuario, sin control parental, sin desarrollar medidas específicas para controlar el riesgo de exposición, sin control sobre el acceso a las plataformas ni tampoco control sobre contenidos según la edad. Y quince años más tarde esas marcas
que ha permitido la desprotección de nuestros menores ocasionan datos realmente preocupantes: el 57 % de los adolescentes acepta en redes sociales a personas desconocidas, el 21 % se reunió con personas desconocidas con las que habían contactado a
través de Internet, casi el 10 % recibió proposiciones sexuales de un adulto, el 33 % sufrió acoso escolar, un 22 % ciberacoso, el 45 % de los menores de trece años tuvo acceso a pornografía y uno de cada diez de nuestros jóvenes desarrollará
problemas de ludopatía por apostar en las páginas de juegos online.
Señorías del Partido Socialista, por desgracia, si no lo revertimos a tiempo, estas no serán las únicas secuelas que dejarán en los jóvenes sus políticas educativas. La sexualización temprana y las políticas de género que ustedes también
promueven en los colegios acabarán por mostrar esos efectos. Y a ustedes, señorías del PP, tenemos que decirles que allí donde ustedes gobiernan en solitario tienen una asignatura pendiente, porque no terminan de despegar la ideología y las
políticas socialistas de los diecisiete sistemas educativos que ustedes contemplan. (Aplausos). El mal uso de lo digital puede corromper totalmente la inocencia y conseguir que los rasgos más característicos del espíritu del niño, como la
confianza y la ingenuidad, queden manchados por la picardía y la depravación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
Están expuestos a perversiones de delincuentes y han estado completamente desprotegidos. Por lo tanto, sobre todas las medidas que sean útiles para proteger a los menores, la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes de la delincuencia,
de la depravación y la inseguridad, es manifiestamente patente que nosotros siempre votaremos a favor. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señor presidente.
A principios de este mes el Gobierno, en su Consejo de Ministros, aprobó la tramitación del anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales. Además, sabemos que este vendrá acompañado de una estrategia nacional para
la protección de la infancia y la juventud en entornos digitales y que también ha dado lugar a un diagnóstico elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia en el que han colaborado más de cincuenta expertos. Por lo tanto, nosotras creemos que
esta proposición no de ley carece de cierta justificación en tanto en cuanto se insta al Gobierno a seguir una política o acción determinada y ya existe sobre la mesa un anteproyecto de ley en el que nos va a tocar trabajar parece ser que en el
próximo otoño. Nosotras entendemos que será en ese momento cuando podremos incluir cuantas modificaciones creamos necesarias y exponer las propuestas que consideremos oportunas en los distintos grupos parlamentarios. No obstante, somos conscientes
de que es un tema que a ustedes les importa. Ya dijo usted en su exposición que en la pasada legislatura habían presentado dos propuestas en este sentido, y también distintos grupos han presentado otras. Por tanto, es un tema que ocupa y preocupa
a esta Cámara. Nosotros creemos que se trata de avanzar en la misma línea que se hizo en la pasada legislatura, poniendo en el foco, por supuesto, los derechos de los y las menores de edad en entornos digitales, su derecho a ser protegidos frente a
contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, recibir información sobre el uso de tecnologías adaptadas a su edad y su lenguaje y, por supuesto, el equitativo y efectivo acceso a los dispositivos, las conexiones y también la formación
para el uso de estas herramientas.
Sobre el anteproyecto de ley que nos presenta el Gobierno, si bien creemos que hay medidas destacables, como, por ejemplo, los sistemas de verificación de la edad, la atención a la salud mental o el etiquetado de contenidos digitales,
también creemos que hay otras que deberían ser objeto de un debate más profundo, aunque ya he dicho anteriormente que para eso tendremos tiempo en el próximo otoño, cuando se inicie el trámite parlamentario, porque no podemos evitar hablar de temas
tan importantes y quedarnos solo en lo superficial. Por ejemplo, nosotras entendemos que hay que hablar muy mucho del papel que van a jugar los padres y las madres. Creemos que no se puede limitar a una herramienta de
control automática, porque entendemos que es insuficiente a todas luces. Creemos que el control más bien tiene que estar vinculado al acompañamiento a los padres y las madres, a los menores en un mundo en el que cada vez adquiere más
relevancia, por ejemplo, el contenido que suben los influencers a las redes sociales, la inteligencia artificial, los ataques a dispositivos móviles, a las tablets o la sobreexposición a redes sociales. Es por eso que, a pesar de que nos parece que
el contenido de la proposición de ley es valioso, nosotras creemos que ahora mismo la proposición de ley es extemporánea y, por lo tanto, probablemente nos vamos a abstener, porque entendemos que gran parte del contenido de su proposición no de ley
ya está en el anteproyecto de ley que nos presenta el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on guztioi.
El Grupo Popular trae a debate la protección de los menores en el entorno digital. La primera valoración la hacemos sobre el texto de la proposición no de ley, donde la exposición de motivos pareciera la antesala de una proposición de ley
que se ha quedado en el camino. Así, realiza un diagnóstico con el que podríamos estar de acuerdo y presenta unos puntos que se someten a votación que podríamos entrar a discutir. Pero hoy -y esta es nuestra segunda valoración-, 11 de junio,
carecen de sentido, sabiendo que el martes de la semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros, por un lado, el informe de diagnóstico y medidas para la protección de las personas menores en los entornos digitales y, por otro lado, el
anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad de los entornos digitales, por lo que parece más oportuno, sin poner en duda que el Grupo Popular tiene la legitimidad de presentar como iniciativa política este tema de
gran preocupación social, optimizar nuestro tiempo y centrar nuestro trabajo en el proyecto de ley, que vendrá acompañado de informes y estudios previos, cuando los grupos de esta Cámara podremos participar para mejorar el proyecto de ley.
Por otro lado, poco podemos hablar del anteproyecto, como se ha dicho aquí, ya que poco sabemos con lo que se anunció del Consejo de Ministros y ministras la semana pasada; un proyecto de ley que propone obligar a los poderes públicos a
elaborar una estrategia nacional sobre la protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital y, de manera más específica, impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en la esfera digital y los riesgos que
esta entraña, con especial atención al consumo del material pornográfico e investigar sobre los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes, cuestiones que en gran medida se contemplan ya en la normativa vasca,
y, en concreto en la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia, aprobada este año.
También esperamos que, a pesar de ser presentado por dos ministerios diferentes, el anteproyecto tenga en consideración lo recogido en el informe, aunque, visto que se ha presentado en el mismo día, tómenlo como una ironía, ya que dudamos
mucho de que ese informe se haya podido tener en cuenta en el anteproyecto presentado.
También esperamos que el anteproyecto haya analizado la diferente normativa que regula la protección de los menores en esta materia, como la Lopivi, la Ley General de Comunicación Audiovisual o la ley de protección de datos, y que haya
habido una participación multinivel, teniendo en cuenta que las materias sobre las que incide -educación, sanidad, infancia y juventud- son competencia de las comunidades autónomas y que en ellas, como sucede en Euskadi, disponemos de regulación y
de diferentes planes, como el Plan de transformación digital del sistema educativo vasco, el Plan de coeducación del sistema educativo y la Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, que abarcan diferentes sectores
orientados a dar una mayor seguridad a los menores en el acceso a las nuevas tecnologías. Por ello, cualquier ley, informe o estrategia que se plantee desde el Gobierno debe respetar y tener en cuenta las estrategias propias desarrolladas por las
administraciones autonómicas.
Y también disponemos de normativa europea, como la Directiva 2024/2486 de la Comisión Europea, por la que se establece un paquete normativo para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores en el ámbito digital. Por lo tanto, la
normativa es numerosa, tanto la autonómica, como la estatal y la europea. No partimos de cero, aunque hoy no voy a abrir el debate sobre la necesidad o no de una nueva ley o si hubiera sido suficiente con modificar las existentes para incorporar la
directiva europea. Ya está aprobado el anteproyecto y tendremos tiempo de debatir sobre el mismo.
En definitiva, estamos ante un tema complejo, que nos interpela a todos y a todas. Las personas menores de hoy son nativos digitales, su vida digital forma parte de su vida real, su conexión es constante,
hacen un uso de la tecnología que es neutra, aunque no es así el uso que en muchas ocasiones se hace de ella. Por eso debemos reforzar su seguridad, la de los menores, y, sin embargo, carecemos de esa cultura de seguridad informática: no
se aprecia el peligro como en la vida real, no es tangible, nos autoexhibimos en un mundo virtual de una forma que no lo haríamos en el mundo real. Como he dicho, es un tema complejo, incluso en el sector educativo, respecto del que el debate ha de
centrarse en cómo integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas desde el punto de vista pedagógico, sobre lo cual las familias tienen un papel muy importante. Consciente de ello, el departamento de políticas sociales del Gobierno vasco
ha desarrollado una serie de guías para ayudarlos en la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, para que las personas menores no sean víctimas, pero tampoco victimarios. Y todo ello exige una conciencia social ante los riesgos a los
que nos enfrentamos, exige educación, prevención y responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios y plataformas que operan en la red, así como un marco regulatorio, que puede ser el de una nueva ley o la modificación de las ya existentes,
que haga frente a estos nuevos retos de una manera ágil en un espacio que ya se está adoptando, dentro de su ámbito competencial, por parte de algunas comunidades autónomas, al tiempo que se tome como base lo establecido también en la legislación
europea.
Mila esker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gràcies, presidenta.
Senyors i senyores de la Cambra, el Partit Popular ens porta avui una PNL que, de fet, no és una PNL, quasi podria ser una proposta de llei, perquè té quinze punts, i amb això haguessin pogut avançar-se al Govern, portant una llei sobre
aquest tema, que és tremendament urgent i necessari. Però han decidit portar una PNL amb quinze punts. Instando al Gobierno a analizar, reformar, impulsar marcos, colaborar con las grandes empresas, etcètera. És a dir, molta xerrameca i poc
contingut, m'explico?
És evident que cal posar sobre la taula una qüestió urgent i crucial com la protecció digital dels menors. Avui dia, les tecnologies i l'entorn digital formen una part integral de les nostres vides, i s'han convertit en una extensió de la
nostra identitat física, jo diria tant en menors com en adults, no se'n salva ningú. És una realitat. I els nostres infants no viuen en un jardí d'infància o en una bombolla incontaminada. El primer contacte amb internet ja es produeix abans dels
set anys, i entre els nou i onze anys molts ja poden accedir o es troben amb continguts de gran violència de tot tipus: sexual, amb ciberassetjament, etcètera, el que pot posar en risc la seva salut mental i el seu desenvolupament personal.
Estem d'acord amb vostès que els poders públics tenen l'obligació de promoure i protegir els drets dels menors. És per això que a Catalunya -que a vegades la gent se n'oblida, però tenim competències sobre temes d'infància i joventut- ja
hem fet moltíssimes lleis en aquest sentit i estem disposats a cooperar i, evidentment, votarem sempre a favor de tot allò que beneficiï també a la gent dels altres pobles de l'Estat. Però vull dir que ja ho estem fent i portem una mica
d'avantatge, tot cal dir-ho. Cal adaptar-se i seria il·lús i inútil enyorar un passat pur intentant protegir la infantesa o simplement mantenir l'infant a una bombolla constantment fiscalitzada, i això no és possible. Per això, el que hem de
reclamar és, potser, un concepte, jo diria nou, que és el dret, el dret a no ser obligats a ser analògics. No podem anar contra el futur, que és el present. Els infants tenen dret a desenvolupar-se en territoris digitals i a poder fruir també de
dimensions no digitals de la vida. És compatible la vida fora de les xarxes i a les xarxes. No hem d'escollir entre una o altra. Ara bé -i aquí vindria l'important- el dret digital ha de ser compatible amb un dret a navegar sense risc. Això sí
que és important. Això seria la mare dels ous del que hauria de tindre la propera llei de protecció dels menors en aquest sentit. Els infants tenen dret a adquirir competències que permetin un ús segur de la tecnologia per aprendre i adaptar-se
als canvis. Tots els avenços científics, els tecnològics, sempre tenen un doble vessant: poden ser coses que poden fer el bé i coses que poden fer el mal. L'energia nuclear pot servir per fer la bomba atòmica i pot servir també per fer raigs X, i
amb això passa exactament igual. Dret, doncs, a navegar amb, diguem, seguretat, dret a expressar-se en les dimensions digitals, dret a pensar, crear, expressar-se també amb els temes digitals, dret a comunitats virtuals saludables, a aprendre de la
ciutadania digital, a la participació... És a dir, a aprofitar totes les coses bones que té l'entorn digital. Ara bé, també hem de protegir l'infant del dret del mercat. En el fons, el problema no és la tecnologia, sinó que vivim en un sistema
econòmic amb una condició humana que utilitza qualsevol tema per fer mercaderia, per fer benefici. És aquí on està el problema, aquest benefici o aquesta desregulació del mercat sense cap tipus de regulació. I aquest tema s'ha de regular, no pot
anar
com va. Així, el problema no és la infància ni l'adolescència, no és la tecnologia, sinó un món adult, com dèiem abans, deshumanitzat, que pot fer pràctiques com aquestes, que fan mal als infants.
I no m'agradaria acabar sense un tema que avui m'ha colpit molt, que és el fet que mentre estem legislant sobre la producció d'infantesa, hi ha gent que estava avui a la porta d'aquest Congrés -per cert, no hi havia cap altre grup
parlamentari- que estaven demanant que la llei que va fer el Parlament de Catalunya també es tramiti al Parlament espanyol, la llei de les víctimes menors d'abusos sexuals i de violacions sexuals. Aquesta gent porta esperant molts anys, el seu
problema és la punta d'un iceberg i aquesta llei porta aquí parada a la Mesa d'aquest Congrés quatre mesos. És urgent acabar amb el patiment de totes aquestes persones, acabar amb el patiment i que es repari aquesta injustícia. Per això, demanem
també que, sí, cal protegir l'infant d'entorns digitals avui, però també cal fer justícia amb tota aquella gent que no va poder ser protegida i, en canvi, va ser víctima de violacions i d'abusos sexual, com avui hem vist a la porta del Congrés.
Així que, repeteixo, exigim que es tramiti d'una vegada aquesta llei pel bé de totes aquestes persones que han patit tant.
Moltíssimes gràcies.
Gracias, presidenta.
Señores y señoras de la Cámara, el Partido Popular nos trae hoy una PNL que, de hecho, no lo es; podría ser una propuesta de ley, porque tiene quince puntos. Podrían adelantarse al Gobierno con una ley sobre este tema, que es sumamente
urgente y necesario. Pero han decidido traer una PNL, con quince puntos. Por tanto, mucho hablar y poco contenido. Y me explico. Es evidente que hay que poner sobre la mesa una cuestión urgente y crucial como es la protección de los menores.
Hoy en día las tecnologías y el entorno digital forman parte integral de nuestras vidas, convirtiéndose en una extensión de nuestra identidad física yo diría que tanto en menores como en adultos. No se salva nadie, es una realidad. Nuestros niños
no viven en un parvulario o burbuja no contaminada. El primer contacto con Internet se produce antes de los siete años, y entre los nueve y once muchos ya pueden acceder o se encuentran con contenidos de gran violencia de todo tipo: sexual, con
ciberacoso, etcétera, lo que puede poner en riesgo su salud mental y su desarrollo personal.
Estamos de acuerdo con ustedes en que los poderes públicos tienen la obligación de promover y proteger los derechos de los menores. Por eso en Cataluña -a veces se olvidan- tenemos competencias sobre temas de infancia y juventud y hemos
hecho muchas leyes en este sentido. Estamos dispuestos a cooperar y siempre votaremos a favor de todo lo que beneficie a las personas y a otros pueblos del Estado, pero es que nosotros ya lo estamos haciendo, les llevamos un poco de ventaja, como
huelga decir. Hay que adaptarse, no añorar un pasado y mantener al niño o la niña en una burbuja fiscalizada constantemente. Lo que tenemos que reclamar quizá es un concepto nuevo, el derecho a no ser obligados a ser analógicos. No podemos ir
contra el futuro y lo que es el presente. Los niños y las niñas tienen derecho a desarrollarse en territorios digitales y a poder disfrutar de dimensiones no digitales de la vida. La vida fuera de las redes y en las redes tiene que ser compatible.
Ahora bien -y he aquí lo importante-, el derecho digital tiene que ser compatible con un derecho a navegar sin riesgo. Esto sí que es importante, sería el meollo de la cuestión en la próxima ley de protección de menores en este sentido. Los niños
y las niñas tienen derecho a adquirir competencias que permitan un uso seguro de la tecnología para aprender y adaptarse a los cambios. Todos los avances científicos y tecnológicos siempre tienen una doble vertiente: pueden llevar al bien y
también al mal. La energía nuclear puede servir para hacer la bomba atómica, pero también para hacer rayos X. Y con esto sucede exactamente lo mismo. Así pues, derecho a navegar con seguridad, a expresarse en las dimensiones digitales. Los niños
y las niñas tienen derecho a pensar, a crear y a expresarse en los temas digitales, tienen derecho a comunidades virtuales saludables, a aprender de la ciudadanía digital, a aprovechar todo lo bueno del entorno digital, pero también debemos proteger
a los niños y las niñas del derecho al mercado. En el fondo, el problema no es la tecnología, sino que vivimos en un sistema económico, en una condición humana que utiliza cualquier tema para acceder a mercadería o beneficio. He ahí el problema,
ese beneficio del mercado sin regulación, y hay que regular este tema. El problema no es la infancia ni la adolescencia ni la tecnología, sino un mundo adulto deshumanizado, que puede llevar a cabo prácticas como estas, que hacen daño a la
infancia.
Y no quisiera acabar sin tratar una cuestión que hoy me ha tocado mucho, y es que, mientras estamos legislando sobre la protección de la infancia, hoy hay gente a la puerta de este Congreso -no hay ningún otro grupo parlamentario- que pedía
que la ley que se hizo en el Parlamento de Cataluña también se tramite en el Parlamento español, la ley sobre víctimas menores de abusos y violaciones sexuales. Esta
gente lleva muchos años esperando, su problema es la punta de un iceberg y esta ley lleva parada en la Mesa del Congreso desde hace cuatro meses. Es urgente acabar con el sufrimiento de estas personas y que se repare esta injusticia. De
ahí que pidamos que sí, que hay que proteger a la infancia de los entornos digitales hoy, pero también es necesario hacer justicia con toda aquella gente que no pudo ser protegida y fue víctima de violaciones y abusos sexuales, como hemos visto hoy
a la puerta del Congreso. Insisto, exigimos que se tramite de una vez esta ley, por el bien de todas estas personas que tanto han sufrido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor González López. (Aplausos).
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Buenas tardes, señorías.
Tal como nos comprometimos y estoy haciendo siempre cuando hablamos de infancia, me gustaría empezar diciendo lo mismo: qué hipocresía hablar de infancia cuando en estos momentos en Palestina están muriendo niños, están muriendo niñas, y
hay grupos parlamentarios en esta Cámara que se niegan a pedir el alto el fuego. (Aplausos).
Hoy debatimos un tema importante en una PNL del Partido Popular, que, como bien saben, estamos trabajando. Aborda un asunto que trabajamos desde el Legislativo, pero también desde el Ejecutivo -ya lo anunció la ministra Sira Rego hace unas
semanas-, que aprobó un anteproyecto en el Consejo de Ministros que en breve llegará a esta Cámara: la cuestión de los entornos digitales seguros para menores y para jóvenes, en definitiva, evitar que las nuevas tecnologías acaben generando
problemáticas. Es una cuestión en la que entendemos que por lo menos los grupos demócratas de esta Cámara tendremos consenso, y lo celebraremos desde nuestro grupo parlamentario. Por tanto, interpretamos que esta PNL busca contrarrestar una buena
medida del Gobierno, algo que ustedes son incapaces de reconocer, que lo único que hacen es entorpecer. Buscan aquí un debate que ya estamos teniendo en el Gobierno con entidades, asociaciones y con un comité de expertos, que en esta materia está
trabajando en una ley de abajo hacia arriba y no solo de arriba abajo, como hacía el Partido Popular cuando gobernaba. (Aplausos).
Nosotros estamos de acuerdo en regular los entornos digitales. Estamos de acuerdo en que exista un marco normativo que no permita a un niño o una niña acceder a un contenido que pueda ser perjudicial para su salud; en que los móviles,
tablets o dispositivos pueden generar adicciones, que tienen consecuencias nefastas, incluso en que pueden tener conductas violentas al acceder a ciertas páginas; en que los niños y las niñas no tengan a su mano contenido sexual, cuando lo que
deben tener es una infancia libre y acorde a las necesidades educativas y lúdicas que merecen. Pero la forma que tenemos de enfocarlo es la siguiente.
Internet y las tecnologías no son el enemigo a abatir. El problema no es la tecnología. La tecnología es una herramienta que nos puede permitir vivir más, trabajar menos, repartiendo el trabajo y reduciendo la jornada laboral (aplausos),
avanzar en investigación, compartir conocimiento y cultura, aprender y difundir. El problema, como dice la politóloga y filósofa Alicia Valdés, es que Internet fue un espacio maravilloso en el que uno se podía autorrealizar, conocerse, compartir
conocimientos, pero se privatizó a pesar de las resistencias, y ahí llegaron las aplicaciones y los algoritmos, algo que se debe regular y, en el caso de los menores, limitar. Porque desde que Internet es una selva neoliberal, existen grandes
empresas que funcionan con una lógica -¡sorpresa!- del beneficio, y anteponen eso al interés general. Por eso, debemos intervenir. Por eso, debemos regular desde el Estado un marco en el que las empresas, que ganan millones, colaboren para que
esta herramienta sea útil y no un problema para las futuras generaciones.
Por último, señorías del PP, ustedes tienen una doble vara de medir. Están de acuerdo en que la tecnología puede ser perjudicial y se debe limitar, algo que compartimos, pero luego limitan el aprendizaje y el empoderamiento de miles de
niños y niñas de este país. Hace unas semanas se aprobaba en la Comisión de Sanidad una PNL para impulsar la educación afectivo-sexual en nuestro país, y poco hemos hablado de la importancia de la educación, de la necesidad de tener una buena
formación en la infancia y en la adolescencia de las personas que serán el futuro de este país. Educar no es meter ideas en las cabezas de personas, es enseñar a sacarlas, a desarrollar pensamiento crítico, desarrollar la autocrítica, la autoestima
y la confianza, trabajar la presión de grupos y desarrollar una responsabilidad afectiva. (Aplausos).
Esa educación es un elemento nuclear para la iniciativa parlamentaria que hoy estamos debatiendo, porque ustedes, señorías, prohíben, a propuesta de VOX, las charlas de educación sexual, que precisamente previenen y alertan de que el porno o
el contenido de Internet no es la vida real. Están en el conservadurismo feudal, apoyando la censura del colectivo LGTBI y criminalizando cualquier abismo de progreso en libertades y diversidad. Nosotras estamos -y así lo haremos desde el
Gobierno- en una apuesta firme de dotar de herramientas, recursos y conocimiento respecto a los temas de la sexualidad, donde no valen los antiguos guiones, porque estamos en otro momento. En la actualidad, los jóvenes están viviendo la sexualidad
de una forma mucho más libre que en los marcos de ustedes, porque los jóvenes quieren que haya un aprendizaje afectivo, emocional en los centros educativos, que es la mejor forma de evitar estas problemáticas. Porque la solución no es solo limitar,
que también, es educar a las futuras generaciones en valores y en empoderamiento, que permita tener herramientas para que las jóvenes sepan enfrentarse a la vida, y ustedes siempre están y votan en contra. Ustedes criminalizan todas las formas
modernas de desarrollo tecnológico y afectivo, pero son tan hipócritas de no criticar a las empresas que hacen negocio, que ahora por fin lo vamos a regular desde el Gobierno. (Aplausos).
Acabo. Lo que hemos de explorar es el enorme potencial que tienen las herramientas tecnológicas si no están solo en manos privadas y al libre beneficio económico. Hemos de hacer de Internet y de las aplicaciones espacios seguros para los
jóvenes y las generaciones futuras, empoderadas en una sociedad más libre que la que encontraron, pese a las resistencias de ustedes a los avances sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Plaza García.
La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Señorías del Grupo Popular, van ustedes demasiado tarde. Nos traen hoy una PNL sobre un tema que preocupa a la sociedad y que podría ser interesante de no ser porque el Gobierno ya ha adoptado muchas medidas y porque van ustedes muy tarde.
Saben perfectamente que el pasado martes se presentó en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que precisamente regula los entornos digitales seguros para los menores. Por eso, ni mi grupo ni yo entendemos muy bien qué sentido tiene esta
propuesta, una propuesta que además mezcla un batiburrillo de temas sin ton ni son. A nuestro grupo no le gustaría pensar que ustedes están utilizando una vez más a los menores, a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes para intentar
marcar la agenda política del Gobierno en un alarde de protagonismo por su incapacidad de asumir que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y no el señor Feijóo. (Aplausos).
Señorías, lo intereses y los problemas de la infancia, de la adolescencia y de la juventud están en el centro de la agenda política de este Gobierno. Prueba de ello es que el pasado mes de enero el presidente del Gobierno anunció un gran
acuerdo de país sobre entornos digitales seguros para menores pivotado sobre tres ejes fundamentales. El primer eje es aprobar una ley integral para la protección de los menores en el ámbito digital. Como ya he dicho, la semana pasada se aprobó
ese anteproyecto. El segundo eje es impulsar una estrategia multidisciplinar que tenga como base el informe de personas expertas. El Ministerio de Juventud e Infancia -ya se ha dicho aquí- está trabajando con cincuenta personas expertas, hombres y
mujeres, que están haciendo un informe que previsiblemente se presentará el 21 de junio y que además se va a ir revisando cada tres años. El tercer eje es avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para
adultos por parte de los menores. Aquí es donde entra la industria. Los fabricantes estarán obligados a garantizar que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental, con etiquetado informático sobre los riesgos y, además, se
implementarán sistemas de verificación de la edad para avanzar en soluciones técnicas en el conjunto de la Unión Europea.
Los datos hablan por sí solos, señorías ya los conocemos: nueve de cada diez niños y niñas de once años llevan un teléfono móvil en su bolsillo. Esto nos abre una ventana al mundo. Nos brinda grandes oportunidades para el conocimiento,
para la información, para la interconexión, para el ocio, pero no está libre de riesgos, es una realidad: contenidos inapropiados, ciberacoso, desinformación, adicciones a las pantallas o a los móviles entre los más jóvenes. Por eso, todos y todas
estamos de acuerdo en que queremos entornos que permitan a nuestros jóvenes ejercer sus derechos, pero de un modo seguro; tiene que ser de un modo seguro. Permítanme agradecer desde esta tribuna de manera especial el trabajo de organizaciones
sociales, de educadores, de profesionales de la salud, de profesionales de la industria, con quienes no hemos reunido y que, además, han colaborado en esta causa común. (Aplausos). Por lo
tanto, en el PSOE tenemos muy claro que hay que impulsar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que se reduzcan los riesgos, y todo esto sin que se nos olvide la voz de sus protagonistas: de los niños, de las niñas y de los
adolescentes.
Señorías, como señalé al principio de mi intervención, hoy nos felicitamos, porque ya se ha llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley, una norma que modifica el Código Penal, que incluye nuevos delitos, que eleva de catorce a
dieciséis años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos personales. En el ámbito sanitario se tratarán las adicciones a las tecnologías, se fomentará la educación en ciudadanía digital, en los riesgos que llevarán
asociados los usos de las redes, y algo que nos parece trascendental: se investigará cuáles son los efectos del consumo de la pornografía en edades tempranas.
Ya para terminar quiero decir que ante todos estos hechos, señorías del Grupo Popular, déjense de demagogia; si no quieren ayudar, de verdad, no estorben, no nos hagan perder el tiempo con propuestas vacías de contenido como la que traen
hoy aquí. De forma inminente va a venir una ley, de la que ya se ha aprobado el anteproyecto de ley, por tanto, la sociedad verá si es cierto que aplican todo lo que ustedes predican. Y hablando de entornos digitales, esperemos que no se queden en
lo virtual y aterricen de una vez por todas en lo real.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señora Núñez González, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora NÚÑEZ GONZÁLEZ: Estamos estudiándolas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De acuerdo, gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA REGULAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES. (Número de expediente 162/000155).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para regular la inteligencia artificial para proteger a los más vulnerables. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra la señora Sanz Martínez.
La señora SANZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el avance de la inteligencia artificial es una realidad, una realidad que el Grupo Parlamentario Socialista cree necesaria regular para impulsar una IA humanista al servicio de las personas y que proteja a los más vulnerables. Una
realidad que se inició en la década de los años sesenta aproximadamente, cuando empezaron a surgir los primeros lenguajes de programación específicos, como Lisp y más adelante Prolog, para crear lo que se denominaron sistemas expertos, que
comenzaron a utilizarse como apoyo a la toma de decisiones, principalmente en entornos de medicina. Señorías, hemos presenciado en los últimos años la proliferación masiva de datos provenientes de la huella digital que dejamos con cada transacción
que realizamos, y que ha dado lugar al big data; y esto, unido a la mejora en las capacidades de procesamiento, ha constituido la precuela del nacimiento de una poderosa herramienta que lo ha cambiado todo: la inteligencia artificial generativa,
que es aquella capaz de elaborar y componer textos, música o contenidos audiovisuales bajo la petición del usuario y utilizando el big data disponible.
La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y la legislación siempre va a remolque, pero en el caso de la inteligencia artificial, los avances producidos en los dos últimos años nos han arrollado como un tren de mercancías. Cuando se
redactó el primer borrador del Reglamento de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, se pensaba que la IA generativa tardaría unos cinco años en salir al mercado, y a los dos meses de publicar el reglamento, señorías, ya habían aparecido las
primeras herramientas masivas de esta nueva tecnología, como el famoso ChatGPT, que es de 2022. La inteligencia artificial ofrece muchos retos y oportunidades, pero también gravísimas amenazas. No es extraño que suscite miedo y desconfianza en
buena parte de la sociedad. Quienes se enfrentan al mayor peligro son las personas más vulnerables, que pueden verse discriminadas por muchos factores, como por ejemplo por el sesgo de los algoritmos, y todo ello sumado al riesgo del crecimiento de
la brecha digital y a la desventaja competitiva en el ámbito laboral, que sufrirán quienes no manejen las herramientas IA. Muchos colectivos, como el de los autores y artistas, nos transmiten sus temores al respecto, debido a que la IA se está
apropiando de sus creaciones,
que deberían estar protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Señorías, debemos proteger y priorizar la creatividad humana. Si no, se perderá una parte muy importante de nuestra cultura.
La realidad es que todos y todas somos vulnerables y estamos expuestos a los riesgos de la inteligencia artificial. Las ultrafalsificaciones o deepfakes están a la orden del día. Sin ir más lejos, este pasado viernes pudimos ver varios de
estos deepfakes en los que se vertían falsedades sobre el Partido Socialista difundidos por diputados de este Congreso en mitad de una campaña electoral. (Aplausos). Por ejemplo, el señor Tellado -que no está presente ahora- difundió uno sobre el
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el señor González Pons difundió otro sobre el aeropuerto de Torrejón. Al menos hay que agradecer que ambos tuvieran la decencia de borrarlo tiempo después, imagino que cuando se percataron de que estaban
difundiendo contenido falso. Insisto, las deepfakes nos convierten a todos y a todas en vulnerables ante la IA. Por eso creemos que ha llegado el momento de pararse y reflexionar.
¿Recuerdan a la oveja Dolly, aquella nacida en 1996 a partir de la clonación de una célula adulta? Aquel hecho conmocionó a la sociedad y nos hizo parar en seco a reflexionar qué futuro queríamos para la humanidad. Esto motivó que se
regulase la clonación, prohibiendo ciertas prácticas y admitiendo otras. Pues una encrucijada similar es la que se presenta ahora, y por ello es necesaria una reflexión profunda de toda la sociedad. Señorías, no exagero, el futuro de la humanidad
va a depender de las decisiones que tomemos ahora. Isaac Asimov ya nos proporcionó un ejemplo sobre esta reflexión con sus tres leyes de la robótica, que aparecen por primera vez en un relato suyo del año 1942. El reglamento europeo, además de ser
pionero en el mundo, nos ofrece un marco legislativo que es un buen punto de partida, pero no es suficiente, aún quedan muchos aspectos por reflexionar y decidir, y en dichos asuntos cada Estado tendrá que legislar conforme a sus convicciones
éticas. Sabemos que quienes tienen posiciones liberales van a replicar diciendo que no se le pueden poner puertas al campo en un mundo digital globalizado y que restringir un mercado tan floreciente es algo negativo. Pues bien, nosotros creemos
que se pueden exigir ciertos requisitos a los proveedores de IA y que, a pesar de hallarnos en un ámbito global digitalizado, el Gobierno de España puede y debe liderar este asunto, igual que ha liderado muchos otros en Europa, para poder debatir
con autonomía frente a Asia y Estados Unidos, de manera que en este mercado tan atractivo y tan jugoso quienes quieran participar tendrán que pasar por el aro ético legislativo para poder obtener los enormes beneficios que esta tecnología nos
ofrece.
Por todos estos motivos, en el Partido Socialista decimos sí a la inteligencia artificial, pero con carácter humanista, al servicio de las personas y con especial protección a aquellas más vulnerables. (Aplausos). Para ello será necesaria
una actuación en tres ejes fundamentales: el primer eje es la información y la formación temprana; en segundo lugar, necesitamos una concienciación colectiva, una prevención pública y un uso adecuado del acceso de los menores; en definitiva, lo
que necesitamos es una regulación de la inteligencia artificial para establecer un marco jurídico sólido y fiable que proteja a los más vulnerables. En este sentido, será necesario seguir avanzando en el desarrollo de los mecanismos de la Agencia
Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, como autoridad para garantizar los derechos democráticos, y dotarla de los recursos necesarios. Estas acciones estarán coordinadas con otras iniciativas legislativas de este grupo,
como por ejemplo, como ha comentado mi compañera, el anteproyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales o la legislación específica que desarrollemos para la regulación de la ciberseguridad, porque a este Gobierno le
importa y mucho la protección de la ciudadanía y la defensa de los derechos fundamentales, también en Internet.
Muchas gracias por su atención, señorías. Espero que podamos entendernos y contar con su apoyo para esta iniciativa. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, president.
Fa molts anys que parlem d'intel·ligència artificial. De fet, ja en els anys noranta, jo recordo com es parlava d'aquella partida d'escacs entre Garri Kaspàrov i l'ordinador Deep Blue. Recordeu que va perdre dos de sis partides. Després,
Kaspàrov es va enfrontar a un ordinador millorat i va guanyar quatre de sis partides. Tot això ha anat evolucionant tant que el grup d'experts en intel·ligència artificial, entre els quals hi ha OpenAI, els del ChatGPT, i Google DeepMind, han
advertit que la intel·ligència artificial podria portar-nos a l'extinció de la humanitat. I aquest és un risc que està, segons ells, al nivell de prioritats o de preocupació d'evitar una guerra nuclear o noves pandèmies. Per tant, la
intel·ligència artificial ja no és només una branca de la informàtica que desenvolupa programes capaços d'emular processos propis de
la intel·ligència humana. La intel·ligència artificial és un problema de proporcions gegantines, també des del punt de vista mediambiental. Els experts en energia ja ens estan advertint i avisant de l'altíssim consum que suposarà proveir
d'electricitat, alimentar, els grans monstres que han de moure les dades en els servidors.
I sí, és cert, la intel·ligència artificial també té molts aspectes positius, com els que tenen a veure amb la investigació mèdica, però avui ens centrem en el perill d'un mal ús de les dades que s'aconsegueixen a través de la intel·ligència
artificial. Ens centrem en els riscos de la ruptura de la privacitat i la intimitat dels usuaris, que no només afecta l'usuari, sinó també el seu entorn, especialment si parlem de violència digital i, sobretot, quan la diana són les dones o les
persones més vulnerables.
Entre el 2022 i el 2023 la quantitat de pornografia deepfake es va multiplicar gairebé per cinc. La ciberviolència és una continuació de la violència masclista que es produeix contra les dones i les persones vulnerables en el món físic. I
això és lògic, perquè els continguts estan programats per humans, i perquè els programes d'intel·ligència artificial s'entrenen amb continguts creats per humans. És inevitable que siguin, per tant, un reflex de la vida analògica. Això vol dir que
hi haurà biaixos que s'hauran de corregir si volem construir eines veritablement igualitàries, humanistes i amb valors. Per tant, sí, estem d'acord que és vital tenir legislació i normatives clares fins on es pugui, però justament volem posar en
relleu que la Unió Europea ja ha fet un esforç en aquest sentit. Ha impulsat un paquet de mesures que volen establir una normativa clara dirigida al món digital, i aquí tenim com a exemple el Reglament d'Intel·ligència Artificial i el Reglament de
Serveis Digitals, i han estat fruit, com dèiem, de l'esforç col·lectiu, perquè si una cosa tenim tots clara és que si no anem junts en aquest tema, en perdrem el control. Per això, la Unió Europea ja ha regulat com s'ha de desenvolupar el Reglament
de Serveis Digitals per tal de posar límits a diferents operadors del sector, i també ha desenvolupat el Reglament d'Intel·ligència Artificial amb la intenció que el marc jurídic estableixi un marc ètic per l'ús i el foment d'aquestes eines.
Vostès proposen que l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial sigui la competent en aquesta matèria, però nosaltres no veiem la conveniència de l'existència d'aquesta agència tal com l'han concebut. I per què?
Perquè el Reglament de la Intel·ligència Artificial i la DCA hauran de conviure, i és molt millor a nivell regulatori que ho porti una mateixa agència. I, si a hores d'ara, és la CNMC la que n'és competent, com a mínim de l'aplicació de la DCA,
tindria més sentit que incorporessin tot el que té a veure amb el control dels algoritmes creats per intel·ligència artificial. A més, des de Catalunya, i com hem fet en altres ocasions respecte de la llei general de la comunicació audiovisual, per
exemple, de la competència o de les normatives de protecció de dades, demanem que hi hagi un treball col·laboratiu entre organismes estatals i les diferents comunitats autònomes. Tenim dret a controlar i corregir els riscos que afecten els nostres
nens, nenes, adolescents o qualsevol persona vulnerable. Aquí cal precisar, i acabo ja, que l'article 70 del Reglament d'Intel·ligència Artificial no determina que sigui requisit crear una nova agència. El que diu és que cada estat membre haurà de
designar, com a mínim, una autoritat per supervisar l'aplicació del reglament i que aquesta agència haurà de ser independent. Per tant, per què no apostem -és la nostra proposta- per un model regulatori que garanteixi l'eficàcia de la norma?
Pensem que, d'aquesta manera, serem molt més eficients.
Gràcies.
Gracias, presidente.
Hace años que hablamos de la inteligencia artificial. De hecho, ya en los noventa recuerdo cómo se hablaba de esa partida de escacs entre Garry Kasparov y el ordenador Deep Blue. Recordarán que perdió dos de seis partidas. Después,
Kasparov se enfrentó a otro ordenador mejorado y ganó cuatro de seis partidas. Todo eso ha evolucionado tanto que el grupo de expertos en inteligencia artificial, entre los que se encuentran OpenAI y Google DeepMind, ha advertido que la
inteligencia artificial podría llevarnos a la extinción de la humanidad. Es un riesgo que según ellos está al mismo nivel de prioridad o preocupación que evitar nuevas pandemias o una guerra nuclear. Por tanto, la inteligencia artificial ya no es
solo una rama de la informática que desarrolla procesos propios de la inteligencia humana, no. La inteligencia artificial es un problema de proporciones gigantescas también desde el punto de vista del medio ambiente. Los expertos en energía nos
advierten del altísimo consumo energético que supone proveer la electricidad necesaria para alimentar a los grandes monstruos que mueven los datos de los servidores.
Es cierto que la inteligencia artificial también conlleva ventajas, como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la investigación médica, pero hoy nos centraremos en el peligro de un mal uso de los datos que se obtienen mediante la
inteligencia artificial. Nos centraremos en los riesgos de vulnerar la privacidad y
la intimidad de los usuarios, algo que afecta no solo a los usuarios, sino también a su entorno, especialmente si hablamos de violencia digital cuando la diana son las mujeres o las personas más vulnerables.
Entre 2022 y 2023, la cantidad de pornografía deepfake se multiplicó casi por cinco. La ciberviolencia es una continuidad de la violencia machista que se produce contra las mujeres y las personas vulnerables en el mundo físico, y eso es
lógico, porque los contenidos están programados por humanos y porque los programas de inteligencia artificial se entrenan con contenido creado por humanos. Es inevitable, entonces, que estos contenidos sean un reflejo de la vida analógica. Habrá
sesgos que deberán corregirse si queremos unos entornos digitales realmente igualitarios, feministas y con valores. Es inevitable tener una legislación clara hasta donde se pueda, pero queremos poner de relieve que la Unión Europea ya ha hecho
esfuerzos en ese sentido. Ha impulsado un paquete de medidas que quieren establecer una normativa clara del entorno digital, por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento de Servicios Digitales. Estos reglamentos son fruto
del trabajo colectivo, porque está claro que debemos ir juntos para que no se escapen de nuestro control. Por eso, la Unión Europea ya ha regulado cómo debe establecerse el Reglamento de Servicios Digitales para establecer límites a proveedores del
sector y también de inteligencia artificial, cuya intención es que el marco jurídico establezca un marco ético para el uso de estas herramientas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Ustedes proponen que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tenga la competencia en esta materia, pero nosotros no vemos lo conveniente de la existencia de esta agencia tal y como la han concebido. ¿Por qué?
Porque el Reglamento de Inteligencia Artificial y el de los Servicios Digitales deberán convivir, y es mucho mejor a nivel regulatorio tener una única agencia. Si ahora es la CNMC la que tiene la competencia por lo menos de la aplicación del
Reglamento de Servicios Digitales, tendría sentido que incorporáramos también ahí todo lo que tenga que ver con los algoritmos de inteligencia artificial. Además, en Cataluña, como hemos hecho en otras materias como la comunicación o las normativas
de protección de datos, pedimos que sea un trabajo colaborativo entre los organismos estatales y las distintas comunidades autónomas. Tenemos derecho a controlar y corregir los riesgos que afectan a nuestros niños, niñas, adolescentes o a cualquier
persona vulnerable. Aquí debo precisar -y ya termino- que el artículo 70 del Reglamento de Inteligencia Artificial no determina que sea un requisito crear una nueva agencia. Lo que dice es que cada Estado miembro debe designar por los menos una
autoridad que se encargue de la supervisión de la aplicación del reglamento y que debe ser una agencia independiente. Por tanto, nosotros proponemos un modelo regulatorio que garantice la eficacia de la norma. Así seremos mucho más eficientes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal por un tiempo también de cinco minutos.
El señor ÁLVARO VIDAL: Presidenta, señorías, el asunto de la inteligencia artificial es capital para cualquier ciudadano y para todo el mundo, es obvio. Estamos ante una revolución tecnológica que, como han señalado los expertos, puede
superar lo que significó la invención de la escritura o la invención de la imprenta, por tanto, estamos ante algo que va a transformar lo que significa ser seres civilizados. El reto es enorme.
Entendemos que la PNL del Grupo Parlamentario Socialista quiere prevenir nuevas exclusiones, nuevas desigualdades y en este sentido es oportuna, aunque hay que decir que parte de lo que plantea está ya incluido en el reglamento aprobado
recientemente sobre la materia por el Parlamento Europeo.
Tota tecnologia té dues cares, senyories, això ho sabem. Hi ha una promesa de perfecció i hi ha també abismes de destrucció, des de l'invent més antic fins ara. En el cas de la intel·ligència artificial, és innegable que entrem en un
territori desconegut que treu el pitjor i el millor de cadascú. La indistinció entre allò que és veritable i allò que és fals només és la punta de l'iceberg d'una realitat nova que ens porta a les últimes preguntes sobre la condició humana i sobre
la llibertat, per exemple, la igualtat i la responsabilitat. La intel·ligència artificial ens obliga a repensar moltes coordenades, i especialment l'impacte de la intel·ligència artificial sobre l'espai públic, més enllà de limpacte obvi sobre la
cultura, leducació, lempresa, l'exèrcit, etcètera. La complexitat és tan alta que el legislador sempre anirà per darrere. Hom té la sensació que en el tema de la intel·ligència artificial els legisladors som com els descobridors d'Àfrica, anem
dibuixant el mapa a mesura que anem avançant, però no tenim el dibuix complet.
Marc Coeckelbergh, un dels màxims especialistes europeus en aquesta matèria, ha escrit que la intel·ligència artificial no és simplement una eina per fer política, sinó que canvia la mateixa política, tot el concepte de la política. I això
ens interessa especialment en aquesta Cambra, perquè el centre de gravetat és què és l'espai públic i què hi fem en aquest espai públic. L'horitzó com a legisladors no pot ser altre que protegir els drets i els valors democràtics, no pas
arraconar-los. Per tant, novament tenim aquesta missió. La implantació de la intel·ligència artificial, senyories, ens obliga a repensar els drets i els deures per evitar, com s'ha dit aquí ja, noves vulnerabilitats i fractures, fractures que no
fan res més que incrementar les antigues fractures de caràcter econòmic o cultural. També, la intel·ligència artificial apunta directament al concepte de minoria. Noves minories sorgiran d'aquest espai, i noves realitats, perquè la intel·ligència
artificial, ja ho hem vist, té la capacitat de redefinir també la condició grupal i tot allò que interessa a l'ésser com a ésser relacional.
En aquest sentit, i ho celebrem, el Grup Socialista ha acceptat una esmena del Grup Republicà que apunta sobre la importància d'incloure, en aquesta missió, tot el que representa la carpeta de drets lingüístics i culturals, com correspon als
nostres temps. Hem de ser vigilants perquè per la porta del darrere de la intel·ligència artificial no es generin nous greuges, noves discriminacions, moltes vegades més per inèrcia o per oblit que no pas per una acció proactiva, que també. La
idea del pacte social per la governança responsable de la intel·ligència artificial és bona, és indispensable. De fet, per què no hauria de ser-ho? El pacte social és necessari davant de tots els reptes importants, malgrat saber que en aquesta
cambra, en aquest moment, quan estem pensant aquesta realitat, la gent de la ciència, de la tècnica i de la indústria, va molt per davant de nosaltres, i, per tant, molts supòsits del que podrà fer la intel·ligència artificial en el futur ni tan
sols els podem ara imaginar. Cap govern ni cap cambra legislativa pot pensar tot el que pot transformar una eina que, de fet, si som sincers, el que fa és reconfigurar la nostra ment humana i portar-la cap a un nou llindar.
En definitiva, senyories, entenem que, malgrat que pot semblar un esforç inútil, hem de fer un treball per evitar el que en diem la 'selva', el que en diem el 'campi qui pugui', i perquè l'emergència d'una eina tan apassionant i tan
necessària com la intel·ligència artificial no acabi fent els febles més febles i aquells més desposseïts, més desposseïts, tant si parlem de grups de risc especial com dels menors o daltres ciutadans.
Moltes gràcies.
Toda tecnología tiene dos caras, lo sabemos. Hay una promesa de perfección y también abismos de destrucción, desde el invento más antiguo hasta la actualidad. En el caso de la inteligencia artificial, es innegable que estamos entrando en
un terreno desconocido que saca lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros. No distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso es solo la punta del iceberg de una nueva realidad que nos lleva a plantearnos las últimas preguntas sobre la
condición humana y sobre la libertad, la igualdad y la responsabilidad. La inteligencia artificial nos obliga a replantearnos mucho, especialmente el impacto de la inteligencia artificial sobre el espacio público, más allá del impacto obvio sobre
la cultura, la educación, las empresas, el ejército, etcétera. La complejidad es tanta que el legislador está condenado a ir siempre por detrás. Tenemos la sensación de que con la inteligencia artificial los legisladores están descubriendo África.
Estamos dibujando el mapa a medida que avanzamos, pero no tenemos todavía el dibujo completo.
Mark Coeckelbergh, uno de los máximos especialistas europeos en esta materia, ha escrito que la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta para hacer política, sino que es algo que ha cambiado la política en sí misma, el
concepto de política, y esto nos interesa especialmente en esta sala, porque el centro de gravedad es el espacio público. Y, ¿qué haremos en ese espacio público? El horizonte, como legisladores, debe ser proteger los derechos y los valores
democráticos y no dejarlos de lado. Por tanto, tenemos esta misión otra vez. Implantar la inteligencia artificial, señorías, nos obliga a repensar los derechos y los deberes para evitar, como se ha dicho, nuevas vulnerabilidades y posibles
fracturas que solo hacen que incrementar otras fracturas antiguas económicas y culturales. La inteligencia artificial también apunta directamente al concepto de minoría. Nuevas minorías surgirán de este espacio y también surgirán nuevas
realidades, porque la inteligencia artificial, como hemos visto, tiene la capacidad de redefinir la condición de grupo y todo aquello que interesa al ser humano como ser relacional.
En ese sentido, celebramos que el Grupo Socialista haya aceptado una enmienda del Grupo Republicano sobre la importancia de incluir en esta misión todo lo que representa la carpeta de derechos lingüísticos y culturales, como corresponde a
los tiempos actuales. Debemos vigilar para que por la puerta
de atrás de la inteligencia artificial no se generen nuevos agravios, nuevas discriminaciones, muchas veces más por inercia, por descuido, que no por proactividad, que también. La idea del pacto social para la gobernanza responsable de la
inteligencia artificial es buena e indispensable. ¿Por qué no debería serlo? El pacto social es necesario ante todos los retos importantes, a pesar de saber que, en esta Cámara, cuando estamos planteándonos esta realidad, las personas que se
dedican a la ciencia, a la técnica y a la industria nos sacan mucha ventaja, van mucho más alentados. Por lo tanto, los supuestos de lo que podrá hacer la inteligencia artificial ni siquiera podemos imaginarlos. Ningún gobierno ni ninguna cámara
legislativa es capaz de pensar en todo lo que va a poder transformar una herramienta que, si somos sinceros, lo que hace es reconfigurar nuestra mente humana y llevarla a un nuevo umbral, a un nuevo límite.
En definitiva, entendemos que, a pesar de que parezca un esfuerzo inútil, debemos hacer un trabajo para evitar lo que llamaremos la selva, para que la emergencia de una herramienta tan apasionante como la inteligencia artificial no acabe
haciendo que los débiles sean todavía más débiles y que los que tienen menos todavía tengan menos, tanto cuando hablamos de grupos de riesgo especial como cuando hablamos de menores y otros ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Álvaro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti, por un tiempo de cinco minutos.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos.
El Grupo Socialista nos trae hoy una proposición no de ley sobre el ampuloso título de la inteligencia artificial. Hace una semana oía la radio, y no supe quién era el que lo decía, pero me gustó la cita cuando le preguntaron: ¿A usted le
preocupa el avance de la inteligencia artificial? Y él respondió: Me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. No supe quién era, pero me pareció una respuesta muy inteligente sin ser artificial, siendo natural.
En cualquier caso, hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista una proposición no de ley en torno a la inteligencia artificial. Es un tema amplio, un tema debatido, un tema debatible sin duda alguna, que tiene mucha hondura. Está bien
hablar de ello, pero la proposición no de ley, la verdad, no dice mucho y no propone ninguna novedad o propuesta concreta que no se haya decidido ya que va a ser así. Es decir, es una propuesta totalmente reiterativa, predecible. Ya se ha decidido
que se va a hacer lo que se dice en esa proposición y nos trae la proposición diciendo que se haga eso. En cualquier caso, está bien hablar y que en un foro como este tengamos este debate. Seguramente esto nos supera, porque en otros ámbitos ya se
está legislando en torno a ello. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos por lo menos tenemos una directiva y un reglamento en torno a este tema. Hacen mucho hincapié ustedes, señores socialistas, en el tema de la agencia española, les gusta
mucho. Ya sabemos lo que dice el reglamento, pero esto se puede hacer de otras maneras también, porque hay, por ejemplo, comunidades autónomas con competencias en estas materias que pueden trabajar conjuntamente. No lo dejen todo en las santas
agencias españolas que tanto les gustan.
Sin duda alguna, toda sociedad moderna dispone y necesita tecnología basada en la inteligencia artificial. Negarse a ello es negarse a avanzar, como ya se ha dicho, y tampoco es que haya otra posibilidad, es imposible bajarse de ese
autobús. Todos vemos un riesgo posible, sin duda alguna. Por eso a veces es mejor ponerse la venda antes de la herida, para que luego no sea excesivamente tarde, y creo que en esta materia se está trabajando ya, porque los riesgos ya no son un
riesgo que puede venir, sino que ya estamos viendo de alguna manera efectos nocivos debido al uso o mal uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de por sí es una herramienta que el ser humano ha creado, consecuencia de la
curiosidad, de la innovación, de la investigación, de la ciencia y del estudio durante siglos y siglos, desde que la humanidad empezó a ser sapiens. Por lo tanto, esto es la consecuencia de mucho trabajo, pero no deja de ser una herramienta, y
-seguramente es obvio lo que voy a decir- una herramienta se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal, como la primera piedra que unos usaron para romper las conchas de las almejas que iban a comer o para echársela al de enfrente. Por
tanto, la culpa no está en la piedra. La piedra o la inteligencia artificial son herramientas. Es el uso el problema, lo que debemos detectar. ¿El riesgo? Pues sí, un uso contrario. Para eso están la directiva y un reglamento que define cuáles
son los efectos nocivos y cuáles deben ser los controles que se han de llevar a cabo para que esta herramienta tenga un código ético. No solamente la Unión Europea, también la UNESCO tiene un informe
muy interesante de ética e inteligencia artificial que recomiendo que lean. Por lo tanto, el PSOE plantea lo que la directiva ya dice de alguna manera.
El miedo es libre, y el ser humano siempre ha tenido miedo a la innovación, a las herramientas que él mismo ha creado. Este es un caso de esos. Pero una cosa es el miedo a que algunos hagan un mal uso y eso tenga unos efectos nocivos, unos
efectos que no queremos ninguno, unos efectos que verdaderamente no respeten los derechos humanos, que vayan en contra de las minorías, perjudiquen a las personas y discriminen a las sociedades -todo eso es lo que se dice en el texto, y estoy de
acuerdo, está muy bien y es así-, y otra cosa es tener miedo a lo que en la ciencia ficción se ha llamado miedo a que la inteligencia artificial se haga dueña de sí misma, porque entonces sí que ya no la podríamos controlar. Es el famoso sueño del
robot.
Una de las citas más destacadas de la cinematografía de los años setenta es aquella que dice: 'Abre la compuerta, HAL'. Y: 'Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Esta misión es demasiado importante para mí y no puedo
permitirle ponerla en peligro'. Es la famosa frase de 2001: Una odisea en el espacio, cuando el robot se rebela y no obedece a Dave. Es el inicio del miedo. Pero, al final, es cuando dice: 'Dave, tengo miedo'. No me gustan mucho las distopías;
en cualquier caso, esperemos que la inteligencia artificial no sirva para que al final pueda desobedecer lo que Dave le dijo a HAL.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi por un tiempo de cinco minutos.
La señora ANDALA UBBI: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Lo primero que quiero decir es que me alegro mucho de que hoy en este Pleno se hayan debatido dos proposiciones no de ley sobre digitalización, sobre inteligencia artificial. Es un debate que cuesta mucho en el seno de este Parlamento y que
es muy necesario para la sociedad. (Aplausos).
Hace poco fueron las pruebas de la EBAU, las de la Selectividad. Estoy segura de que todas nosotras nos acordamos del mito de la caverna y se acordarán también muchos jóvenes que se han presentado estos días. El mito de Platón, en su obra
La República, habla de una alegoría sobre el conocimiento. En ella muestra al ser humano encadenado desde que nace dentro de una caverna donde lo único que ve son sombras reflejadas en la pared pensando que esa es la realidad. Señorías, esa es la
caverna en la que vivimos hoy en día, la caverna de las redes sociales.
En los últimos años he tenido la suerte de trabajar como ingeniera de datos y lo que más me ha costado explicar ha sido qué es realmente un algoritmo de inteligencia artificial o qué es un algoritmo de datos. Creo que en los últimos años se
habla mucho de la inteligencia artificial, todo el mundo es experto, se hacen muchísimas conferencias, pero no consigo que la gente baje a ese término para que lo comprenda. Realmente, un algoritmo de inteligencia artificial es lo más parecido a un
bebé; de hecho, es una replicación de una red neuronal, de una red del ser humano. Cuando un bebé nace empieza a escuchar las voces de su entorno, aprende de sus errores, aprende de los sesgos de la sociedad que le rodea, aprende ideología y
aprende sesgos, y esto lo hace de la misma forma un algoritmo de inteligencia artificial. Pero ahora yo os planteo que os imaginéis un bebé criado en un entorno donde solo escucha comentarios machistas, xenófobos o racistas de VOX; o un bebé que
solo escucha 'yo gané las elecciones' una y otra vez; o, incluso, un bebé criado en un entorno de bulos y de desinformación, que se acaba de tomar varias copas este domingo para empezar la fiesta. Al final, un algoritmo es una pequeña
representación de la ambición humana por conocernos a nosotros mismos, sin reflexionar, simplemente por replicar nuestro propio comportamiento. Ni la mentira ni la inteligencia artificial ni la desinformación son algo nuevo.
Hoy vivimos en un régimen de información, prisioneros en una caverna digital de millones de datos y de su procesamiento, bajo el poder de unas pocas empresas que no solamente determinan los procesos sociales, sino también los procesos
económicos y políticos; un capitalismo de información que no solo quiere dominar nuestros cuerpos; un capitalismo de información que nos quiere obedientes y dóciles y que nos hace, además, creer que somos libres; un sistema de vigilancia continua
de nuestras vidas; un régimen donde nuestro móvil, nuestro smartphone, transforma nuestras propias casas en prisiones digitales y donde un like en redes sociales apacigua cualquier revolución social. Los dueños de estos algoritmos son los magnates
que arropan públicamente a Milei y que arropan a la señora Meloni y son los que financian la tecnología militar del genocidio en Palestina (aplausos), porque lo que tienen en común
estos magnates, el fascismo y la extrema derecha es que, en nombre de la libertad individual, justifican y delegan su propia responsabilidad. La oligarquía tecnológica concentra cada vez más poder, capital económico y, sobre todo, puestos
de trabajo que una vez más vuelven al servicio de los hombres, construyendo así una industria tecnológica que consume una barbaridad de energía y agua en detrimento de nuestro planeta. (Aplausos).
En SUMAR, lejos de un posicionamiento tecnopesimista, somos bastante tecnooptimistas; de hecho, pensamos que la tecnología, la inteligencia artificial y el big data son las herramientas democratizadoras y emancipadoras más importantes de
este siglo y de nuestra sociedad. (Aplausos). Por eso apoyaremos esta iniciativa del Partido Socialista, pero queremos ir a más, porque con regular sabemos que no es suficiente. Necesitamos alternativas públicas, porque del mismo modo que se
regula un medicamento se debe regular la inteligencia artificial, porque nosotras queremos tiempo para los trabajadores que libra la inteligencia artificial, no para las empresas. Queremos la inteligencia artificial para reducir las listas de
espera en la sanidad pública, no para que las aseguradoras se beneficien de nuestros datos clínicos. (Aplausos). Queremos la inteligencia artificial para nuestra democracia, para protegerla sobre todo contra la burocracia, los bulos y la
desinformación del señor Alvise, de las señorías del Partido Popular y, sobre todo, de VOX. Queremos una inteligencia artificial al servicio de la paz, no un algoritmo que determina quién muere o quién vive hoy en día en Palestina.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andala.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González-Robatto Perote, por un tiempo de cinco minutos. (Aplausos).
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidenta.
La regulación de la inteligencia artificial es un tema claramente de vital importancia que impactará en nuestro futuro con una impresionante capacidad de revolucionar industrias y mejorar nuestra calidad de vida. También plantea riesgos
significativos, especialmente para los más vulnerables de nuestra sociedad. Es nuestra responsabilidad moral y ética asegurarnos, en el progreso tecnológico, de no dejar a nadie atrás, pero de verdad, y, más aún y más crucial, de que no cause daño
a quienes no pueden defenderse. ¿Quién se va a oponer a esto? Pero el problema está, como viene siendo, por desgracia, habitual, en quién trae esto al Congreso, el Partido Socialista, que es un partido instaurado en la mentira, la corrupción y el
mercadeo de derechos a cambio de privilegios institucionales. (Aplausos).
Voy a poner énfasis en los puntos 3 y 5 de la PNL que ustedes traen. Dotar a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial de mecanismos para evaluar el impacto social de la IA, de manera que promueva los valores
humanistas, que vele por el bienestar social a través de un marco ético que garantice derechos individuales, etcétera. Esto suena muy bonito, pero no nos lo creemos; ustedes igual deberían autoenmendarse y añadir: salvo que se necesiten sus siete
votos para gobernar, que entonces haremos lo que pidan. (Aplausos). Y en el punto 5 dicen: Aprovechar los mecanismos de concienciación existentes e impulsar nuevos, con la implicación de todas las administraciones públicas, que desarrollen el
pensamiento crítico para combatir la desinformación y el uso de contenidos no adecuados según las edades de usuarios de la IA, así como un uso ético y responsable.
Con el historial del PSOE en manipulación y mentiras, es como poner a un lobo a vigilar las ovejas. Y voy a poner un ejemplo. Hay muchísimos, pero por una cuestión de tiempos, me centro en uno muy representativo, que viene además muy al
caso. El señor Sánchez llegó al poder con una moción de censura bajo el pretexto de acabar con la corrupción del Partido Popular; ahora, con su mujer siendo investigada, lanza una campaña en contra de los jueces, reparte pulseras con 'free Bego' y
elogia a Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos cuando era consejera de la Junta de Andalucía. (Aplausos). Ahora hemos sabido que también investigan a su
hermano; no sabemos si van a hacer ustedes también pulseras de 'free bro' o cuál va a ser el siguiente destino de esto. (Risas y aplausos). Este presidente y su Gobierno, fraudulento y corrupto, son los que van a decidir los mecanismos de
concienciación o evaluación para controlar la inteligencia artificial y proteger a los más vulnerables; proteger a los más vulnerables dice este Gobierno, con un 26,5 % de la población de España que vive en riesgo de pobreza o de exclusión social.
Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística, no VOX ni la ultraderecha ni paparruchas que ustedes promueven. (Aplausos). Es el INE, señorías.
No sabemos si ustedes pretenden, con un historial de mentiras, proteger a los más vulnerables teniendo una población en la que uno de cada tres no pudo irse de vacaciones al menos una vez al año el año pasado, o en la que el 6,4 % no se
puede permitir comer carne o pollo al menos dos días a la semana, cifra más alta, por cierto, desde 2014. Ustedes también dicen que van a proteger a los más vulnerables, pero ustedes, señorías, lo único que hacen es aumentar la cifra de gente
vulnerable con sus expolios fiscales, sus políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal y descontrolada o a la competencia desleal con productos extracomunitarios. (Aplausos). Señorías, nosotros no les creemos y les estaremos controlando.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra el señor Pedreño Molina, también por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes.
Señorías del Partido Socialista, les confieso que estábamos bastante desconcertados con la proposición que traían hoy a esta Cámara, pero después de la intervención en la tribuna ya hemos visto exactamente para qué la querían utilizar.
Teóricamente, hoy vienen a decirnos que hay que regular la inteligencia artificial, y la asocian a las personas más vulnerables. Claro, cuando uno lee la justificación y ve que hablan de aprovechar la Presidencia Europea de España para establecer
un marco jurídico de la inteligencia artificial, lo que yo me pregunto es qué han estado ustedes haciendo estos últimos meses, por ejemplo, desde diciembre de 2023, cuando el Parlamento y el Consejo de Europa acordaron el texto definitivo del
Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué han estado ustedes haciendo estos meses? Bueno, yo se lo voy a decir. Ustedes han estado más entretenidos en tapar los despropósitos del Gobierno del señor Pedro Sánchez que en aportar ideas en
beneficio de la sociedad. (Aplausos). Son un gobierno, señorías, sin iniciativa política, y por eso traen aquí esta proposición de ley.
Miren, lo que ustedes proponen ya existe. Esto es un auténtico despropósito del que no han querido hablar. La Ley de Inteligencia Artificial en Europa -y por tanto en España, porque es de aplicación directa- ya existe. La agencia
internacional de regulación de la inteligencia artificial -que también la piden- también existe, se llama Oficina Europea de Inteligencia artificial, la ha creado la Unión Europea y la anunció la Comisión en enero de 2024. Esto es un nuevo
despropósito de lo que traen hoy aquí.
Pero lo que resulta más increíble es que propongan la creación de un grupo de trabajo para proteger a los menores en el acceso a las redes sociales. Acabamos de escuchar a mi compañera Noelia las propuestas concretas del Partido Popular
para la protección de los menores en el entorno digital, y vienen ustedes aquí a pedir que se cree el grupo de trabajo que ya creó el Gobierno y al cual no le han hecho absolutamente ni caso. Es tremendo, señorías, cómo engañan ustedes a la
ciudadanía una y otra vez. Hablan de seguir avanzando con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial; este es un organismo público de obligada creación por la Unión Europea y que ya publicó el Gobierno de España en agosto
2023. Está en Galicia, en La Coruña. Por cierto, otro ejemplo de inacción del Gobierno: es una agencia que aún no tiene ni siquiera director y vienen ustedes aquí a pedir que se impulsen mecanismos para la agencia, una agencia absolutamente
descabezada. (Aplausos).
Pero si quieren hablar de personas vulnerables, de cómo ayudarlas y cómo protegerlas con la implementación de la inteligencia artificial, pues, oigan, léanse la ley. Si es que la Ley de Inteligencia Artificial ya lo dice. Si es que llevan
mucho tiempo alardeando de que España lideró en Bruselas la elaboración del Reglamento de Inteligencia Artificial y luego resulta que no saben ni lo que pone. Hay un montón de artículos en la ley que recogen las obligaciones para los sistemas de
inteligencia artificial directamente relacionados con las personas vulnerables, pero, claro, este no es el tema de hoy, este es un tema que realmente no les importa, porque aquí es donde viene la trampa, su manipulación con el tema de combatir la
desinformación. Ahora ya entendemos el motivo de esta proposición no de ley. No podía faltar la persecución y el control de la información que el Gobierno considera falsa, como ha puesto de ejemplo la diputada del Partido Socialista. Hablan
textualmente de establecer mecanismos en las administraciones públicas para combatir la desinformación. Oigan, ¿y qué ha pasado con las personas vulnerables? ¿Se han olvidado de ellas en el texto? Es inaceptable, es una vergüenza que utilicen el
término personas vulnerables para incluir una proposición puramente ideológica, porque las personas
vulnerables no lo merecen, no lo merecen y el resto de la ciudadanía tampoco. (Aplausos). Esto, señorías, sí que es una campaña de desinformación.
Para terminar, señora presidenta, esta proposición no de ley es un engaño, un engaño a la ciudadanía; es un intento del Grupo Socialista de utilizar la inteligencia artificial para desarrollar el programa ideológico de un gobierno
absolutamente agotado; no hay nada relacionado con las personas vulnerables salvo en el texto, y es una proposición totalmente desfasada. Por tanto, con propuestas así, con el engaño de fondo, no nos pidan que seamos sus cómplices.
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedreño.
Supongo que el Grupo Socialista pensará si acepta alguna de las enmiendas.
La señora SANZ MARTÍNEZ: Estamos negociando un texto con los grupos.
La señora PRESIDENTA: Perfecto. Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LA ANULACIÓN DE LA PRÓRROGA DE VEINTICINCO AÑOS OTORGADA A LA CONCESIONARIA DE LA AP-9, LA ASUNCIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTA DE LA AUTOPISTA, LA SUPRESIÓN DE LOS PEAJES Y EL IMPULSO DE LA
TRANSFERENCIA A GALICIA. (Número de expediente 173/000030).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la anulación de la prórroga de veinticinco años otorgada a la concesionaria de la AP-9, la
asunción de la gestión directa de la autopista, la supresión de los peajes y el impulso de la transferencia a Galicia.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de siete minutos.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Gostaría de ser breve, porque hoxe xa houbo aquí un intenso debate sobre a AP-9 no que, para alén da transferencia, foi inevitábel abordar a cuestión central: o rescate pondo fin á concesión, quero dicir, anular a prórroga de 25 anos que
aprobou no ano 2000 un Goberno de Aznar do Partido Popular, mais hai algunhas razóns que preciso salientar.
En primeiro lugar, porque unha autoestrada que debería ficar libre de peaxes no ano 2013 deu aumentada a concesión en dúas prórrogas de maneira inxustificada até o ano 2048, cando todas as autoestradas da xeración da AP-9 hoxe están libres
de peaxe unha vez que finalizou o período inicial de concesión ou estarano proximamente. Só en setembro de 2021, como sinalaba hai 15 días na interpelación ó ministro, máis de 600 quilómetros, a maioría en Cataluña, ficaron libres de portaxes.
En segundo lugar, porque Aznar non só se limitou a unha prórroga excesiva e inxustificada, senón que privatizou a prezo de saldo a empresa pública que a xestionaba. Hoxe as portaxes que pagamos os galegos e galegas por utilizar a
autoestrada do Atlántico van engordar as contas de resultados de empresas e fondos estranxeiros. Hai apenas 15 días a parte, arredor do 40 %, que mantiña Globalvia foi vendida ó fondo neerlandés APG que, con isto, xa controla a práctica totalidade
de Itínere Audasa.
En terceiro lugar, porque a Unión Europea abriu un expediente de infracción ó Estado español no ano 2021 por considerar que as prórrogas da AP-9 se produciron de forma ilegal ó non cumpriren o requisito de concorrencia competitiva, mais
recentemente, neste mesmo ano, a UE abre un novo expediente de infracción ó Estado español polo mesmo motivo. E, ademais, existen precedentes de casos similares, un en Italia, por exemplo, que xa foron resoltos anulando a concesión. Quero dicir,
que é perfectamente posíbel que haxa que anular a concesión. O que nós estamos reclamando é que non se espere a que esa anulación sexa obrigada pola Unión Europea, senón que se faga porque responde ó interese público.
En cuarto lugar, porque, como xa ficou dito, a AP-9 é unha vía vertebral no eixo atlántico galego arredor da cal se articula o territorio con máis do 70 % da poboación de Galiza, os tres aeroportos, todos os portos de interese xeral e tamén
a maior parte da actividade económica e empresarial do noso país.
Por tanto, manter esa vía de pagamento durante 75 anos, durante 25 anos máis, para alén de inxusto, castiga a economía das familias galegas e prexudica a competitividade das nosas empresas e, por tanto, o desenvolvemento social e económico
de Galiza.
Hoxe, o obxectivo de termos unha AP-9 galega e libre de peaxe é partillado polo conxunto da sociedade galega, que se sente estafada e discriminada por decisións de Gobernos de Madrid manifestamente inxustas e lesivas para os intereses do
noso país. Tanto é así que este duplo obxectivo, transferencia e rescate, foi motivo de unanimidade reiterada no Parlamento de Galiza. A transferencia, como xa ficou explicitado no debate anterior, até en cinco ocasións foi motivo de unanimidade
no Parlamento de Galiza. O rescate tamén xerou un acordo unánime a partir dunha iniciativa do BNG no pasado día 14 de maio. De facto, a proposta de resolución que hoxe traemos aquí, que hoxe trae aquí o BNG, recolle fielmente o contido do acordo
unánime do Parlamento galego. Por iso, señoras e señores do Partido Popular e do PSOE, espero que voten aquí o mesmo que votaron hai menos dun mes en Compostela. O contrario sería un engano e unha fraude a todos os galegos e galegas.
Non nos vale o argumento do ministro de que custaría 4000 millóns e isto é excesivo para o Estado. Para alén de que esa cantidade é máis que cuestionábel e outras estimacións o reducen á metade ou a menos da metade, por iso incluímos na
proposta a realización dun estudo rigoroso que estableza como facer e canto vai custar, non escoitamos ningunha das forzas estatais cuestionar no seu día o rescate das radiais madrileñas que custaron, esas si, unha cantidade, se non igual, superior
ós 4000 millóns de euros. Parece que Madrid xustifica absolutamente todo. Ninguén discute os euros que van para Madrid. Por contra, os galegos e galegas temos que pelexar cada euro que se destina ó noso país, a pesar de que saen dos nosos propios
impostos, que non nolos regala ninguén. Por iso, non imos resignarnos nunca a un trato de segunda. É de xustiza reparar unha flagrante discriminación con Galiza custe o que custar.
Mais mesmo dende o punto de vista económico é cuestionábel que sexa o mellor para o interese público manter a concesión. No ano 2021 o Goberno fixo unha reserva para facer fronte ás bonificacións establecidas de 2300 millóns até o ano 2048.
Non será mellor destinar eses recursos ó rescate da AP-9 en vez de llos entregar a unha empresa privada que actualmente a xestiona? Nós temos claro que si. Aínda que defendemos as bonificacións, mentres existan as peaxes cremos que a solución
definitiva é acabar coas peaxes.
Porque si, o BNG sempre reclamou a gratuidade. Non o conseguimos, pero arrancamos, e ese é o verbo, unha medida que aliviase a carga a particulares e transportistas: a bonificación a usuarios e usuarias recorrentes. A señora Taboadela,
que interveu con anterioridade, con esa falta de respecto de dicir: 'Di vostede que non sei que acordo arrancou ó Goberno', o único que consegue é pór en evidencia que lle custa recoñecer que o Goberno do PSOE só fai cousas positivas cando o
obrigan. Neste caso, cousas positivas para Galiza cando o BNG o obriga, porque esta é a realidade.
Se non leu os acordos a señora Taboadela, pode lelos. Eu téñoos aquí, como calquera deputado ou deputada galega do PSOE. Están colgados e son públicos. Por tanto, pode lelos para saber que dende o ano 2020 están recollidas bonificacións e
tamén nos do ano 2023, que aínda teñen que cumprir tanto para a AP-9 como para a AP-53 e que queremos que cumpran mentres non sexa gratuíta.
O Partido Popular, finalizo, leu os acordos, aínda que sexa para dicir que son papel mollado. Papel mollado? Díganllelo ós millares de usuarios e usuarias habituais que xa desfrutan de bonificacións da metade da tarifa ou mesmo do 60 %.
E, de paso, explíquenlles o Partido Popular a todos eses usuarios e usuarias que se aínda pagan o 40 % restante é por culpa de Aznar e do propio Partido Popular. Que queren vostedes agora rectificar unha decisión errada dun Goberno do PP?
Perfecto. Ó BNG o que realmente lle interesa é favorecer o noso país e favorecer todos os galegos e galegas. Por iso, máis unha vez, cumpran con Galiza e voten aquí o mesmo que votaron o día 14 de maio no Parlamento de Galiza, porque é unha
cuestión, non xa de coherencia, senón tamén de xustiza. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Me gustaría ser breve porque hoy ya ha habido aquí un intenso debate sobre la AP-9 en el que, además de la transferencia, fue inevitable abordar la cuestión central, el rescate, poniendo fin a la concesión, es decir, anular la prórroga de
veinticinco años que aprobó en el año 2000 un Gobierno de Aznar, del Partido Popular. Pero hay algunas razones que es necesario subrayar. En primer lugar, porque una autopista que debería quedar libre de peajes en el año 2013 vio aumentada la
concesión en dos prórrogas, de manera injustificada, hasta el año 2048, cuando todas las autopistas de la generación de la AP-9 hoy están libres de peaje una vez finalizado el periodo inicial de concesión, o lo estarán próximamente.
Solo en septiembre de 2021, como señalaba hace quince días en la interpelación al ministro, más de 600 kilómetros, la mayoría en Cataluña, quedaron libres de peaje.
En segundo lugar, porque Aznar no solo se limitó a una prórroga excesiva e injustificada, sino que privatizó a precio de saldo la empresa pública que gestiona hoy los peajes que pagamos los gallegos y gallegas por utilizar la autopista del
Atlántico, que van a engordar las cuentas de resultados de empresas de fondos extranjeros. Hace apenas quince días un 40 % que mantenía Globalvia fue vendida al fondo neerlandés APG, que con esto ya controla la práctica totalidad de Itínere-Audasa.
En tercer lugar, porque la Unión Europea abrió un expediente de infracción al Estado español en el año 2021 por considerar que estas prórrogas se produjeron de forma ilegal al no cumplir el principio de concurrencia competitiva. Más
recientemente, este mismo año, la UE abrió un nuevo expediente de infracción al Estado español por el mismo motivo. Además, existen precedentes de casos similares en Italia, por ejemplo, que ya han sido resueltos anulando la concesión. Es decir,
que es perfectamente posible que haya que anular la concesión, y lo que nosotros estamos reclamando es que no se espere a que esa anulación sea obligada por la Unión Europea, sino que se haga porque responde al interés público.
En cuarto lugar, porque, como ya se ha dicho, la AP-9 es una vía vertebral en el eje atlántico gallego alrededor de la cual se articula un territorio con más del 70 % de la población de Galicia, los tres aeropuertos, todos los puertos de
interés general y también la mayor parte de la actividad económica empresarial de nuestro país. Por lo tanto, mantener esta vía de pago durante setenta y cinco años, durante veinticinco años más, además de injusto, castiga la economía de las
familias y perjudica la competitividad de nuestras empresas y, por lo tanto, el desarrollo social y económico de Galicia.
Hoy, el objetivo de tener una AP-9 gallega libre de peajes es compartido por el conjunto de la sociedad gallega, que se siente estafada y discriminada por decisiones de gobiernos de Madrid manifiestamente injustas y lesivas para los
intereses de nuestro país. Tanto es así que este doble objetivo, transferencia y rescate, ha sido motivo de unanimidad reiterada en el Parlamento de Galicia. La transferencia, como ya se ha dicho en el debate anterior, hasta en cinco ocasiones ha
sido motivo de unanimidad en el Parlamento de Galicia. El rescate también generó un acuerdo unánime a partir de una iniciativa del BNG el pasado día 14 de mayo. De hecho, la propuesta de resolución que hoy traemos aquí, que hoy trae aquí el BNG,
recoge fielmente el contenido del acuerdo unánime del Parlamento gallego.
Por eso, señoras y señores del Partido Popular y del PSOE, espero que voten aquí lo mismo que votaron hace menos de un mes en Compostela. Lo contrario sería un engaño y un fraude a todos los gallegos y gallegas. No nos vale el argumento
del ministro de que costaría 4000 millones y que esto es excesivo para el Estado. Aparte de que esta cantidad es más que cuestionable y hay otras estimaciones que la reducen a la mitad o a menos de la mitad -por eso incluimos en la propuesta la
realización de un estudio riguroso que establezca cómo hacer y cuánto va a costar-, no hemos escuchado a ninguna de las fuerzas estatales cuestionar en su día el rescate de las radiales madrileñas, que costaron -esas sí- una cantidad, si no igual,
superior a los 4000 millones de euros. Parece que Madrid justifica absolutamente todo, nadie discute los euros que van a Madrid. Sin embargo, los gallegos y gallegas tenemos que pelear cada euro que se destina a nuestro país a pesar de que salen
de nuestros propios impuestos, que no nos lo regala nadie.
Por eso no vamos a resignarnos nunca a un trato de segunda, es de justicia reparar una flagrante discriminación con Galicia, cueste lo que cueste. Incluso, desde el punto de vista económico, es cuestionable que sea lo mejor para el interés
público mantener la concesión. En 2021, el Gobierno hizo una reserva para hacer frente a las bonificaciones establecidas de 2300 millones hasta el año 2048. ¿No será mejor destinar esos recursos al rescate de la AP-9, en lugar de entregárselos a
una empresa privada que actualmente la gestiona? Nosotros tenemos claro que sí, aunque defendemos las bonificaciones mientras existan los peajes, creemos que la solución definitiva es acabar con los peajes. Porque sí, el BNG siempre reclamó la
gratuidad. No lo conseguimos, pero arrancamos -ese es el verbo, arrancar- una medida que aliviase la carga a particulares y a transportistas, la bonificación a usuarios y usuarias recurrentes.
La señora Taboadela intervino con anterioridad con una falta de respeto al decir: Dice usted que no sé qué acuerdo arrancó al Gobierno. Lo único que consigue así es poner en evidencia que le cuesta reconocer que el Gobierno del PSOE solo
hace cosas positivas cuando le obligan, en este caso, cosas positivas para Galicia cuando el BNG le obliga, porque esta es la realidad. Si no ha leído los acuerdos, señora Taboadela, los puede leer, yo los tengo aquí (muestra un documento),
cualquier diputada o diputado gallego
del PSOE puede leer cualquiera de ellos -están colgados, son públicos- para saber que desde el año 2020 están recogidas bonificaciones y que en el año 2023 todavía se tienen que cumplir tanto para la AP-9 como para la AP-53, y queremos que
se cumpla mientras que no sea gratuita.
El Partido Popular -finalizo- ha leído los acuerdos, aunque sea para decir que es papel mojado. ¿Papel mojado? Díganselo a los miles de usuarios y usuarias habituales que ya disfrutan de bonificaciones de mitad de la tarifa o incluso del
60 %, y de paso explique el Partido Popular a todos esos usuarios y usuarias que si todavía pagan el 40 % restante es por culpa de Aznar y del propio Partido Popular. ¿Quieren ustedes ahora rectificar una decisión equivocada de un gobierno del PP?
Perfecto. Al BNG lo que realmente le interesa es favorecer a nuestro país y a todos los gallegos y gallegas.
Por eso, una vez más, cumplan con Galicia, voten aquí lo mismo que votaron el 14 de mayo en el Parlamento de Galicia, porque es una cuestión ya no de coherencia, sino también de justicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por diferentes grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene la señora García Chavarría por un tiempo de cinco minutos.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Moitas grazas, presidenta. Boa tarde, señorías.
Volvemos falar hoxe sobre esta autoestrada que é vertebradora do noso territorio e que conecta Ferrol case coa fronteira portuguesa, unha vía que favoreceu e segue a fomentar o desenvolvemento económico do territorio galego, a pesar dos seus
controvertidos inicios, cualificados naqueles primeiros momentos por algún grupo político galego como unha navallada á terra nunha clara alusión á fenda territorial que eles entendían que nese momento suporía para a sociedade galega. Benvidos ó
recoñecemento do progreso que finalmente supuxo a AP-9, señor Rego.
Fai apenas unhas horas acabamos de dar vía libre ó debate sobre a transferencia desta autoestrada e, polo tanto, creo que xa non deberiamos estar a debater sobre esta moción, pero, xa que estamos, permítanme facer un pouquiño de memoria
sobre ela. A historia da AP-9, como ben saben, deu comezo aló polo ano 1973 e, como moi ben explicaba o ministro Puente, o desenvolvemento desta infraestrutura non foi nada fácil. Moitos atrancos e atrasos nas obras, contestación social no
territorio, etc., que fixeron que tiveramos que esperar trinta anos. Trinta anos, señorías, de espera para que se completaran por fin os 218,9 quilómetros que, como digo, vertebran, o noso territorio.
Pero, lamentablemente, os bos momentos duraron pouco, porque foi xa no ano 2000 cando un Goberno no Partido Popular co señor Aznar á fronte e, lembremos, tamén Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, modificou a concesión da AP-9 que
debería ter vencido xa o 18 de agosto do pasado ano 2023 e prorrogouna ata o ano 2048, estendendo así a carga das peaxes 25 anos máis para todos os galegos e galegas. A todo isto, o Partido Popular da Xunta de Galicia fixo todo pola calada.
E aínda por riba, salientar ademais que no ano 2003, só tres anos despois da prórroga desta concesión, o Partido Popular privatizou a concesionaria, condicionando así as decisións de Gobernos posteriores e sometendo unha vez máis os galegos
e as galegas a maiores cargas financeiras. E adiviñan vostedes o que fixo o Partido Popular da Xunta de Galicia ó que, por certo, xa pertencía tamén o señor Feijóo? Pois, efectivamente, volveu actuar pola calada.
E tivo que chegar un Goberno socialista, esta vez encabezado por Pedro Sánchez, que, consciente da necesidade de abordar tal desequilibrio territorial, no ano 2021 aprobou un esquema de redución das peaxes sen precedentes, a maior rebaixa na
historia da AP-9, destinando 55 millóns de euros cada ano en bonificacións que suporán 2300 millóns de euros ata o fin da concesión no ano 2048. En total, señorías, dende o ano 2021 ata marzo deste mesmo 2024 xa supuxo un aforro de 115 millóns de
euros para os usuarios. E debo engadir que, dende xaneiro de 2023, tamén se aplicou unha subvención para evitar a suba das tarifas, que elevou ese aforro en 11,2 millóns de euros.
Como moi ben coñece o señor Rego, no marco do acordo de lexislatura PSOE-BNG está comprometida a ampliación das bonificacións para a que xa se comprometeron 21,6 millóns de euros adicionais nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2024, que
elevan ata os 76 millóns de euros este orzamento e, aínda estando prorrogadas, é intención do Goberno que estas novas reducións das peaxes entren en vigor neste mesmo ano.
Miren, levamos moitos anos os e as socialistas galegas traballando para acabar con esta desigualdade territorial inxustamente imposta polo Partido Popular e estas bonificacións nas peaxes aplicadas tanto na AP-9 como na AP-53 son boa proba
dese esforzo e dese compromiso socialista e,
como digo, sobre todo dese esforzo levado a cabo polo Goberno do Estado, empeñado como está en reverter esta inxustiza herdada.
Miren, nesa liña imos continuar, señorías. E agardamos que tamén o Partido Popular se deixe de 'consellos vendo que para min non teño' e tome boa nota deste noso proceder e asuma eses mesmos criterios de xustiza tamén para as autoestradas
AG-55 e AG-57, que son competencia directa da Xunta de Galicia e nas que se están a aplicar peaxes abusivas e lesivas para os petos dos nosos veciños e veciñas da zona da Coruña-Carballo e Puxeiros-Val Miñor. Nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Volvemos a hablar hoy sobre esta autopista, que es vertebradora de nuestro territorio y que conecta Ferrol casi con la frontera portuguesa. Una vía que favoreció y sigue fomentando el desarrollo económico del territorio gallego a pesar de
sus controvertidos inicios, calificados en aquellos primeros momentos por algún grupo político gallego como una navajada a la tierra, en clara alusión a la brecha territorial que ellos entendían en ese momento que supondría para la sociedad gallega,
dado el reconocimiento del progreso que supuso esta AP-9, señor Rego.
Hace unas horas acabamos de debatir la transferencia de esta autopista y, por lo tanto, creo que ya no deberíamos estar debatiendo esta moción. Pero, ya que estamos, permítame hacer un poquito de memoria. La historia de la AP-9, como bien
saben, comenzó en el año 1973 y, como muy bien explicaba el ministro Puente, el desarrollo de esta infraestructura no fue nada fácil, hubo muchos problemas y retrasos en las obras, contestación social en el territorio, etcétera, que hicieron que
tuviéramos que esperar treinta años; treinta años de espera, señorías, para que se completaran por fin los 218,9 kilómetros que, como digo, vertebran nuestro territorio. Pero, lamentablemente, los buenos momentos duraron poco, porque ya fue en el
año 2000 cuando un gobierno del Partido Popular, con el señor Aznar al frente, y recordemos que también un gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia, modificaron la concesión de la AP-9, que debería haber vencido ya el 18 de agosto del
pasado año 2023, y lo prorrogó hasta el año 2048, extendiendo así la carga de los peajes veinticinco años más para todos los gallegos y gallegas.
A todo esto, el Partido Popular de la Xunta de Galicia lo hizo a la chita callando, y además habría que subrayar que, en el año 2003, solo tres años después de la prórroga de esta concesión, el Partido Popular privatizó la concesionaria,
condicionando así las decisiones de gobiernos posteriores y sometiendo una vez más a los gallegos y gallegas a mayores cargas financieras. ¿Y adivinan ustedes lo que hizo el Partido Popular de la Xunta de Galicia, al que, por cierto, ya pertenecía
también el señor Feijóo? Efectivamente, volvió a dar la chita callando. Y tuvo que llegar un Partido Socialista, esta vez encabezado por Pedro Sánchez, que, consciente de la necesidad de abordar semejante desequilibrio territorial, en 2021 aprobó
un esquema de reducción de los peajes sin precedentes, la mayor rebaja en la historia de la AP-9, destinando 55 millones de euros cada año en bonificaciones, que supondrán 2300 millones de euros hasta el fin de la concesión, en el año 2048.
En total, señorías, desde el año 2021 hasta marzo de este mismo 2024 ya supuso un ahorro de 115 millones de euros para los usuarios. Debo añadir que desde enero de 2023 también se aplicó una subvención para evitar la subida de las tarifas
que llevó ese ahorro en 11,2 millones de euros. Como muy bien sabe, señor Rego, en el marco del acuerdo de legislatura PSOE-BNG está comprometida la ampliación de las bonificaciones para la que ya se comprometieron 21,6 millones de euros
adicionales en los presupuestos generales del Estado para el 2024, que llevan hasta 77 millones de euros este presupuesto que todavía está prorrogado y que es intención del Gobierno que estas nuevas reducciones entren en vigor este mismo año.
Miren, llevamos muchos años los y las socialistas gallegas trabajando para acabar con esta desigualdad territorial injustamente impuesta por el Partido Popular. Estas bonificaciones de los peajes aplicadas tanto en la AP-9 como en la AP-53
son una buena prueba de ese esfuerzo y de ese compromiso socialista y, como digo, sobre todo, de ese esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno del Estado, empeñado como está en revertir esta injusticia heredada. Miren, en esa línea vamos a continuar,
señorías, y esperamos que también el Partido Popular se deje de consejos vendo que para mí no tengo y tome buena nota de este nuestro proceder y asuma esos mismos criterios de justicia también para las autopistas AG-55 y AG-57, que son competencia
directa de la Xunta de Galicia y en las que se están aplicando peajes abusivos y lesivos para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas de la zona de A Coruña, Carballo y Puxeiros-Val Miñor. Nada más.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor Delgado Arce por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, o Bloque Nacionalista Galego trae hoxe ó Parlamento nacional unha iniciativa que foi debatida xustamente hai menos dun mes, o 14 de maio de 2024, no Parlamento de Galicia, unha iniciativa
que tamén era do BNG, pero que foi aprobada por unanimidade. Como todos vostedes coñecen, no Parlamento de Galicia non se aproba ningunha iniciativa se non é pola vontade do grupo maioritario que, neste caso, non tivo reparo en apoiala, porque
consideraba que era unha iniciativa axeitada.
O que fai o señor Rego nesta iniciativa é xustamente traer ó Congreso dos Deputados aquilo que se aprobou, aínda que non coa literalidade, e por iso vén a nosa emenda.
Señora presidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego trae hoy al Parlamento una iniciativa que fue debatida el 14 de mayo de 2024, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Como ustedes saben, en el
Parlamento de Galicia no se aprueba ninguna iniciativa si no es por la voluntad del partido mayoritario, que en este caso no tuvo reparo en apoyarla porque considera que es una iniciativa adecuada. Lo que hace el señor Rego en esta iniciativa es
justamente traer al Congreso de los Diputados aquello que se aprobó, aunque no con la literalidad, y por eso de aquí viene nuestra enmienda.
Señorías, hoy hemos hablado de la AP-9 en el comienzo de esta sesión para hablar de una vieja y ansiada reivindicación de la transferencia. Lo que esta moción pretende, y es a lo que debemos ceñirnos, es que, a raíz de un procedimiento de
infracción que la Comisión Europea abrió en relación con una posible anulación de la prórroga de veinticinco años, la última prórroga de la AP-9, por presunto incumplimiento de normativa comunitaria en materia de contratación, lo que se pretende, lo
que el Parlamento de Galicia ha querido aprobar el otro día es que se realice, en primer lugar, un estudio de viabilidad de aquellos aspectos jurídicos que puedan permitir la anulación de la prórroga y también conocer y evaluar los costes reales que
puede tener un rescate, una finalización de la concesión para el Estado. Nosotros consideramos que eso en este momento es conveniente, es necesario y, por eso, en su momento lo hemos apoyado.
Se ha planteado -yo creo que de una manera equivocada- el debate de estas mociones como arrojarnos constantemente argumentaciones. La historia de la AP-9 es una historia larga que nace cuando, efectivamente, en el año 1979 se pone en
servicio esta autopista. Después ha habido una prórroga de un año porque finalizaba en el 2012 y se extendió al 2013. Aquí se quiere omitir, y no tiene ningún sentido que se haga, que en el año 1994, con un Gobierno de don Felipe González, con un
ministro, el señor Borrell, y con un secretario general de Infraestructuras, el señor Pérez Touriño, mediante un real decreto se prorrogó diez años más esta autopista. Esto no fue a cambio de nada. Efectivamente, fue porque se iniciaban las obras
del tramo Rande-frontera portuguesa. La prórroga que se acuerda en el año 2000 no fue a cambio de nada, fue como consecuencia de que se decide que hay que hacer unas obras de un tramo libre de peaje entre el acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y
Narón. Se puede cuestionar la oportunidad que aquello no se hiciera con cargo al presupuesto general del Estado, pero no se puede negar que detrás de aquello había algo.
Ahora, los beneficios que está obteniendo esta concesionaria como consecuencia de los peajes consideramos que son realmente desorbitados. Consideramos que hay unos peajes muy elevados. Consideramos que esa situación debe y puede cambiar, y
cuando desde las filas del Grupo Parlamentario Socialista, el propio Partido Socialista, el propio candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia, don José Ramón Gómez Besteiro, en el debate electoral de las elecciones autonómicas gallegas
manifiesta que tiene la anuencia, la conformidad del presidente del Gobierno para abordar la gratuidad de la AP-9, no tiene ningún sentido que se pretenda simplemente reducir todo a continuar con un sistema de bonificaciones que nosotros no
repudiamos.
Aquí no se ha dicho en ningún momento, porque solo se dice aquello que perjudica a la parroquia adversaria y nunca se mira a la propia, pero quiero recordar que unas de las primeras bonificaciones de los peajes fueron acordadas en el año
2013 siendo ministra doña Ana Pastor, a la que quiero rendir un tributo de reconocimiento desde esta tribuna a su tarea política y también a su trabajo como ministra. Aquello fue para bonificar peajes entre Vigo y Pontevedra, que eran de los más
caros. Realmente, nosotros entendemos que la única manera de que podamos sacar esto adelante es con inteligencia, con prudencia,
analizando la viabilidad de las consecuencias jurídicas y económicas que esto trae, pero sin cejar en modo alguno en este objetivo final, que es el rescate de la autopista, la gratuidad de la autopista y que los ciudadanos gallegos puedan
circular ya por una autopista que durante muchos años han pagado con unos precios desorbitados, según nosotros creemos.
Finalmente, hay un segundo punto de la iniciativa que es impulsar la transferencia de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Claro que la queremos impulsar. Por eso, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, les recuerdo que en la
pasada legislatura hubo un boicot monumental de quince prórrogas, de no querer reunir la Ponencia y, finalmente, de presentar unas enmiendas que, en lugar de querer transferir la titularidad de la gestión y las competencias de explotación, se
limitaban a una administración de la gestión. Esto es lo que hoy hemos aprobado hoy aquí. Vamos a ver si en esta ocasión ustedes apoyan. Nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo posible para que los anhelos de los gallegos no se queden una
vez más en el dique seco. Nada más, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Lago Peñas, también por un tiempo de cinco minutos.
El señor ?LAGO PEÑAS: Vou abordar este debate con dez feitos estilizados nos que se deriva unha conclusión.
Primeiro, Autopistas del Atlántico, Audasa, foi unha empresa pública ata que Aznar a privatizou en maio de 2003.
Dous: debe ser unha casualidade, pero, tres anos antes, Aznar prolongou 25 anos máis a concesión da autoestrada.
Tres: foi unha ampliación a dedo que está a ser investigada pola propia Comisión Europea, que ten aberto un expediente.
Catro: Audasa estima que vai ingresar 9526 millóns de euros en peaxes ata o ano 2048.
Quinto: como dicía o deputado do Partido Popular dos beneficios abusivos, coa razón actual de beneficios sobre ingresos a empresa vaise embolsar 5000 millóns de euros en beneficios.
Seis: Audasa está integrada nun grupo empresarial, Itínere, que é propiedade de fondos de investimento holandeses, británicos e canadenses.
Sete: nestas semanas, o fondo canadense está a negociar a venda do seu paquete de accións ó fondo holandés. Así se xoga coa principal arteria de comunicación en Galicia.
Oito: Audasa ten blindado o seu negocio coas peaxes máis altas do Estado. E aquí quero mostrar a miña diferenza co que se está falando do acordo que subvenciona as peaxes, porque é certo que a cidadanía agradece que se subvencionen as
peaxes, pero subvencionar as peaxes de aquí ata o ano 2048 vainos custar 3400 millóns de euros de diñeiro público, de recursos públicos. Unha cifra desorbitada, porque o valor en libros de Audasa, o seu patrimonio neto, é de 472 millóns de euros.
Aínda máis, as operacións de compravenda entre os fondos de investimento estranxeiros nos últimos anos valoran Itínere, que é o grupo matriz onde está integrado Audasa, en 1300 millóns de euros. Ese é o valor de todo o grupo e, polo tanto, Audasa
ten un valor que está entre 700 ou 800 millóns de euros. Fagamos as contas con responsabilidade de deputados e deputadas. Imos darlle 3400 millóns de euros a unha empresa que como prezo de venda de mercado non chega a mil millóns?
Estes son os feitos e de aí se deriva claramente a conclusión. A conclusión é a necesidade de terminar coa anomalía de que a principal vía de comunicación de Galicia estea xestionada por unha empresa privada que é propiedade de fondos de
investimento estranxeiros, rematar coa anomalía de que Galicia siga pagando peaxes ata o 2048 cando o resto das autoestradas que naceron con ela xa serán públicas e gratuítas a partir do ano 2026, pero, sobre todo, déixenme que insista nesta idea:
impedir o absurdo de darlle 3400 millóns de euros de recursos públicos a unha empresa privada que ten de valor de mercado menos de 700 millóns de euros.
Por todo iso, SUMAR propón a recuperación para o público da autoestrada do Atlántico. Déixenme que o diga nunha frase: investir en favor da cidadanía no canto de subvencionar os beneficios de empresas privadas.
Voy a abordar este debate con diez hechos estilizados de los que se deriva una conclusión. En primer lugar, Autopistas del Atlántico, Audasa, fue una empresa pública hasta que Aznar la privatizó en mayo
de 2003. Dos. Debe ser una casualidad, pero tres años antes Aznar prorrogó veinticinco años más la concesión de la autopista. Tres. Fue una ampliación a dedo que está siendo investigada por la propia Comisión Europea, que tiene abierto
un expediente. Cuatro. Audasa estima que va a ingresar 9526 millones de euros en peajes hasta el año 2048. Quinto. Como decía el diputado del Partido Popular, de los beneficios abusivos, la ratio actual de beneficios sobre ingresos, la empresa
se va a embolsar 5000 millones de euros en beneficios. Seis. Audasa está integrada en un grupo empresarial Itinere, que es propiedad de fondos de inversión holandeses, británicos y canadienses. Siete. Estas semanas el fondo canadiense está
negociando la venta de su paquete de acciones al fondo holandés. Así se juega con la principal arteria de comunicación en Galicia. Ocho. Audasa tiene blindado su negocio con los peajes más altos del Estado. Aquí quiero mostrar mi diferencia con
lo que se está hablando del acuerdo que subvenciona los peajes, porque es cierto que la ciudadanía agradece que se subvencionen los peajes, pero subvencionar los peajes de aquí hasta 2048 nos va a costar 3400 millones de euros de dinero público, de
recursos públicos; una cifra desorbitada porque el valor, en libros, de Audasa, su patrimonio neto es de 472 millones de euros. Aún más, las operaciones de compraventa entre los fondos de inversión extranjeros en los últimos años valoran Itinere,
que es el grupo matriz donde está integrada Audasa, en 1300 millones de euros. Ese es el valor de todo el grupo. Por lo tanto, Audasa tiene un valor que está entre 700 y 800 millones de euros. Hagamos las cuentas con responsabilidad, diputados y
diputadas. ¿Vamos a darle 3400 millones de euros a una empresa que como precio de venta de mercado no llega a 1000 millones? (Aplausos).
Estos son los hechos y de ahí se deriva claramente la conclusión. La conclusión es la necesidad de terminar con la anomalía de que la principal vía de comunicación de Galicia esté gestionada por una empresa privada que es propiedad de
fondos de inversión extranjeros; acabar con la anomalía de que Galicia siga pagando peajes hasta el 2048 cuando el resto de las autopistas que nacieron con ella ya serán públicas y gratuitas a partir del año 2026; pero, sobre todo, y déjenme que
insista en esta idea, impedir el absurdo de darle 3400 millones de euros de recursos públicos a una empresa privada que tiene de valor de mercado unos 700 millones de euros. Por todo eso, SUMAR propone la recuperación para el público de la
autopista del Atlántico. Déjenme que lo diga en una frase: Invertir en favor de la ciudadanía en lugar de subvencionar los beneficios de empresas privadas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Lago.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene ahora la palabra el señor Sánchez García, por un tiempo también de cinco minutos. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Para dar curso a esta moción y para ejecutar lo que se pide en ella habría que acudir al artículo 150.2 de la Constitución, en el despropósito de conjunto que es el título VIII de la Constitución, como ya denunció el fundador de lo que hoy
es el Partido Popular, Fraga, en el proceso constituyente. En ese despropósito de conjunto, este es el artículo más aberrante de todos. Es decir, aquel que encierra una aporía, porque permite la cesión a comunidades autónomas de competencias que
son exclusivas del Estado; es decir, una contradicción en los términos hecha ley. Así estamos a día de hoy con competencias de muchas comunidades que nunca debieron tenerlas siquiera sea con arreglo al artículo 149 de la Constitución. (Aplausos).
Luego, nosotros ya, por una razón de principio, no podemos apoyar una moción con este contenido.
Esta transferencia se promovió ya, sin éxito, en las legislaturas XII, XIII y XIV. Desde un punto de vista práctico, aparte de esta razón legal que se alza para nosotros como una barrera infranqueable, yo le recomendaría al Bloque
Nacionalista Gallego, que es el proponente de esta moción, que, a la vista de la postura del Partido Socialista -que persevera como ya hizo en la XIV Legislatura, a pesar de haber apoyado una moción en el Parlamento gallego o, en este caso, una
proposición de ley que, nuevamente, se ha debatido hoy en esta sesión de tarde-, sería más práctico que le pidiera una carta de recomendación a doña Begoña y que se la presentase al presidente del Gobierno (aplausos), porque está visto que por esta
vía legislativa no va a prosperar. En esa Legislatura XIV fue VOX quien impidió que siguiese su curso la proposición de ley orgánica, porque en la Ponencia el PSOE y el PP sostuvieron una discrepancia, para ellos insuperable, que consistía en que
el PSOE, corrigiendo su postura inicial, sostuvo que lo que debía transferirse era exclusivamente la gestión no la titularidad de la autopista como sucede en la enmienda que han presentado a la moción de hoy, señor Rego, como usted sabe, que también
fue ponente. Inexplicable. Yo pregunté al ponente del PSOE. Su respuesta fue el silencio. Hoy no está presente porque es de los caídos por el caso Berni. (Aplausos).
El PP, cuyo ponente era el orador de hoy, diputado por la provincia de Orense, sostuvo también una enmienda que tampoco se compadecía con lo que era el texto original de la proposición de ley presentada por el Parlamento de Galicia. Era
que, una vez transferida la titularidad de la autopista a la Xunta de Galicia, el Estado costease todas las obras programadas, incluso, algunas más que se anunciaban en el texto de la enmienda. Yo también le pregunté por este despropósito y su
respuesta fue el silencio. (El señor Delgado Arce hace gestos negativos). Usted está hoy aquí presente y podrá confirmar lo que le digo. Usted no dijo ni mu cuando le pregunté. Le dije: No se entiende nada. En esa situación me dijeron que
votase y decidí abstenerme, con lo cual, ante el empate, caducó la iniciativa y bien caducada está, pero hoy vuelve aquí.
La única postura explicable en este asunto es la del Bloque Nacionalista Gallego, cuya matriz es un partido, como todos sabemos, marxista-leninista -lo dicen sus estatutos- y que considera que Galicia es una colonia de España. Bueno, a
pesar de estos desatinos y de estas barbaridades, en esto tienen razón, porque, siendo un partido separatista, yo comprendo que ustedes quieran que la autopista que discurre en su trazado por Galicia sea de gallegos. Pero, claro, del resto de los
grupos yo sigo sin entender nada. Aquí hay oscuros intereses y, probablemente, además de oscuros, inconfesables y, por eso, ustedes, cuando se les pregunta, guardan silencio. No diré cómo, pero guardan silencio. (Aplausos). Sí, sí usted lo sabe
igual que yo. Bueno, usted sabe mucho más que yo de esto. Yo no sé nada, yo lo que sé es que usted guarda silencio cuando se le pregunta. Usted y su partido, no usted en particular.
En segundo lugar, otra razón. El mito de la descentralización. Ustedes afirman aquí alegremente de modo apodíctico: Es mejor que la autopista sea de la Xunta de Galicia. Yo pregunto: ¿Por qué? No hay respuesta. Afirmación apodíctica.
El mito de la descentralización: La descentralización es buena porque sí. Bueno, porque sí no, porque lo dicen ustedes, ni siquiera es porque sí. Claro, esto es venir a legislar de modo arbitrario. Por lo tanto, tampoco podemos apoyar una
arbitrariedad.
Por lo demás, como ustedes saben, esta cuestión de la última prórroga de la autopista, la que se hizo siendo presidente Aznar, ha dado lugar a un expediente de infracción incoado a España por la Comisión Europea, cuya resolución no
conocemos. La infracción consiste en que esa prórroga es ilegal con arreglo al derecho europeo. Luego, si la resolución final de la Comisión ha de ser, hipotéticamente, que la concesión prorrogada es ilegal en cuanto prorrogada, la concesión
debería extinguirse si España da cumplimiento a que resuelva la Comisión Europea, porque, de lo contrario, lo que puede suceder es que la Comisión Europea demande a España ante el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Es eso lo que quieren ustedes? No se
entiende nada. No se entiende nada porque ustedes no entienden nada y porque aquí detrás hay algo raro, oscuro y probablemente feo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Y que no vengan aquí, como este señor, el último que ha hablado, con unas cuentas que son de la matemática vudú, interpretando unas cosas verdaderamente disparatadas que no guardan ninguna relación con la realidad
financiera. Usted no ha entendido nada. Si la concesión se extingue porque la prórroga no es conforme a derecho y, por lo tanto, es ilegal, en principio no hay que indemnizar a la concesionaria, salvo que la concesionaria quiera pleitear en razón
de una inversión que haya podido hacer sobre la base de las condiciones de la prórroga, y habría que ver lo que resultaba de ese pleito.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Tenga en cuenta que la inversión realizada se amortiza en el tiempo, cosa que usted tampoco ha considerado. Con lo cual, sus matemáticas, como le digo, vudú y nada más.
Por lo tanto, nos oponemos firmemente a la transferencia de la titularidad de la autopista y apoyamos sin vacilación que en la medida de lo posible la autopista sea de uso gratuito, lo que esperamos que sea posible sin coste para nadie, para
ninguna Administración, si como creemos la Comisión Europea juzga...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, se le ha acabado el tiempo.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... que la concesión se ha extinguido. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000031).
La señora PRESIDENTA: Aviso de que ahora empezamos el debate de la última moción que veremos esta tarde: moción, consecuencia de interpelación urgente, que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actual situación
económica, política y social de nuestro país. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Guardiola Salmerón por un tiempo de siete minutos.
La señora GUARDIOLA SALMERÓN: Muchas gracias, señora Armengol.
Señorías, quiero comenzar mi intervención dando la enhorabuena al partido que ha ganado las elecciones europeas, al Partido Popular, el mejor resultado en los últimos veinticinco años. (Aplausos). No puedo decir lo mismo del Partido
Socialista, que ha perdido una vez más las elecciones y que se ha dejado por el camino más de dos millones de votos. A pesar de ello, se felicitan de su derrota.
Miren, ayer el Partido Socialista no tenían nada que celebrar; de hecho, el presidente Sánchez no apareció ni compareció. Hoy no ha sido un buen día para el Partido Socialista. En las últimas cuarenta y ocho horas el Partido Socialista ha
perdido las elecciones europeas, el Consejo General del Poder Judicial le ha dado un tremendo varapalo al presidente del Gobierno y la corrupción vuelve a salpicar al entorno de Pedro Sánchez. En concreto, el Juzgado número 3 de Badajoz ha abierto
diligencias de investigación al hermano de Pedro Sánchez por un delito contra la Hacienda pública, la Administración pública, por prevaricación, por malversación y por tráfico de influencias. Todo queda en casa, todo queda en familia, y no se
atrevan a decir que es culpa de la derecha o de la ultraderecha porque es un insulto a los jueces y a la inteligencia de los españoles. (Aplausos).
Señorías, esta semana Pedro Sánchez ha tenido respuesta a sus dos cartas a la ciudadanía: una se la han dado los españoles en las urnas y otra se la ha dado el Consejo General del Poder Judicial con un tirón de orejas a Pedro Sánchez, algo
que haría sacar los colores a cualquier gobierno que tuviera un mínimo de decencia y de vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial le ha pedido a Pedro Sánchez contención en sus declaraciones y respeto al Poder Judicial.
Pero hablemos de la situación económica en España. Dice el Partido Socialista que España y la economía española van como un cohete. Pero ¿qué cohete, señorías? ¿Les han preguntado ustedes a las familias, que no pueden llegar a fin de mes,
que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden pagar la cesta de la compra? Les voy a dar algunos datos. Uno de cada cuatro parados en la Unión Europea es español. España tiene la tasa de paro más alta de toda Europa, la tasa de paro
juvenil más alta de toda Europa y la tasa de paro femenino más alta de toda Europa. Según la tasa AROPE, el 26 % de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi 13 millones de españoles, y, según Unicef, tenemos la tasa
de pobreza infantil más alta de toda Europa, con un 28 %. Por tanto, señorías, lo que tienen que hacer es dar cumplimiento a lo que se aprobó aquí, en el Congreso de los Diputados, a iniciativa del Partido Popular, como son la deflactación del IRPF
y la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas. Eso ayudaría a las familias y a los españoles. (Aplausos).
Tienen a España paralizada, sin presupuestos generales del Estado. El señor Sánchez, cuando estaba en la oposición, hace seis años, en el año 2018, decía que un gobierno sin presupuestos generales del Estado es como un coche sin gasolina,
que un gobierno sin presupuestos generales no puede gobernar, que un gobierno que no era capaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado tenía que convocar elecciones generales. Bien, ustedes están aquí hoy y no tienen presupuestos
generales del Estado, ni siquiera han presentado a esta Cámara unos presupuestos ni unas cuentas, como les obliga el artículo 134 de la Constitución española, y yo les voy a hacer una pregunta muy clara y muy sencilla. ¿Van a convocar o no
elecciones generales? ¿Sí o no? Respondan con claridad. (Aplausos).
Señorías, son ustedes un Gobierno agotado y finiquitado, débil y frágil, con una legislatura fallida, en la que han sido incapaces de sacar adelante iniciativas legislativas más allá de la amnistía, acorralado por la corrupción política,
económica y moral. Corrupción política porque la amnistía es eso, una transacción corrupta: impunidad a cambio de poder. Pedro Sánchez necesitaba siete votos y ellos necesitaban a Pedro Sánchez para la amnistía. Corrupción económica porque están
señalados por la corrupción del caso Koldo, que es el caso Ábalos y es el caso del Partido Socialista, con mordidas a contratos públicos millonarios y con comisiones ilegales cuando peor lo estaban pasando los españoles durante la pandemia; un caso
de corrupción que salpica a la tercera autoridad del Estado, a la cúpula del Partido Socialista, al Gobierno de Sánchez con hasta cinco ministerios y a dos comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Socialista. Y corrupción moral porque ustedes han instrumentalizado de manera obscena e impúdica todas las instituciones, poniéndolas al servicio del Partido Socialista: el CIS, Televisión Española, la Fiscalía, la Moncloa, el
Consejo de Ministros y también la Presidencia del Congreso de los Diputados.
La corrupción ha llegado al entorno familiar de Pedro Sánchez, que lo sabía y lo tapó. La mujer del presidente está imputada, y no está imputada por cualquier delito, está imputada por delitos de corrupción y de tráfico de influencias. La
Fiscalía Europea está investigando los negocios de la mujer del presidente, con empresas que recibieron ayudas y fondos del Consejo de Ministros donde se sentaba su marido, algo que desde luego habría hecho dimitir a cualquier presidente de
cualquier país del mundo. Esto no es ético ni es estético, ni desde luego es ejemplar. Señorías, a pesar de ello, el señor Bolaños y la señora Alegría la defendieron. La señora Alegría, la portavoz del Gobierno, defendió a la mujer del presidente
y el señor Bolaños pidió el archivo de la causa. ¿Se imaginan ustedes que un ministro de Justicia pidiera el archivo de la causa de cualquier ciudadano particular? ¿Van a pedir el archivo de las causas de todas las personas a las que les abran un
procedimiento judicial? ¿Amnistía para todos? Este no es el paraíso de los delincuentes, aunque con ustedes lo parezca cada vez más. (Aplausos).
Señorías, a Pedro Sánchez se le está poniendo la cara de Maduro, una deriva populista, bolivariana, autoritaria y trumpista. Ya tiene en la diana a jueces, a periodistas y a la oposición. Con Pedro Sánchez llegó la degradación de las
instituciones y la decadencia de la democracia.
Miren, lo único que tienen que hacer es aprobar esta moción, que pide respeto ni más ni menos a los jueces, a la independencia del Poder Judicial, a la separación de poderes, a la libertad de prensa, porque sin libertad de prensa no hay
democracia, y al pluralismo político que consagra nuestra Constitución. Ustedes llegaron al poder por la puerta de atrás, sobreviven con transacciones corruptas ilegítimas y tratan de perpetuarse en el poder aniquilado los contrapoderes del Estado.
Termino ya, señora presidenta. En el libro Cómo mueren las democracias, que recientemente también citaba el presidente del Tribunal Supremo, advertían los autores que en nuestros días las democracias ya no mueren necesariamente por un acto
violento o dramático, como un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como es el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas
tradicionales. No dejemos que la izquierda, no dejemos que el Partido Socialista, no dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una democracia fallida, no dejemos que pongan fin al legado que nos dejaron los padres de La Transición y de la
Constitución. Defendamos nuestra democracia, defendamos nuestra Constitución, la igualdad y la libertad de los españoles, defendamos España y a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.-Algunos señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: Muy bien).
La señora PRESIDENTA: Mucha gracias, señora Guardiola.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer por un tiempo de cinco minutos. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.
Debatimos una interpelación presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno, en primer lugar, a combatir el deterioro económico de las familias, un deterioro económico que se refleja en los siguientes datos: un descenso en
el producto interior bruto per cápita, que es un 3,8 % inferior al registrado en el último trimestre del año 2019; un aumento en los niveles de pobreza en el año 2023 respecto al ejercicio 2022; un aumento de los precios del 18 % desde finales del
año 2019, aumento que para los alimentos asciende al 33,3 %; un aumento en el porcentaje de los hogares que no pueden cubrir sus gastos esenciales entre los años 2020 y 2023, y un aumento de más de 8000 euros en la deuda de cada uno de los
españoles desde finales del año 2019.
En VOX somos firmes defensores de la familia, y por ello hemos planteado una enmienda con las propuestas siguientes. Primera, llevar a cabo una verdadera rebaja de los tipos del IRPF en función del número de hijos de las familias españolas
y aumentar la deducción por nacimiento o adopción. (Aplausos). Segunda, ayudar a las familias presentes y futuras recuperando en el IRPF la deducción por inversión y la deducción por alquiler en vivienda habitual para todo el territorio nacional.
(Aplausos). Tercera, ayudar a las familias eliminando el IVA para la adquisición de la primera vivienda habitual. Cuarta, ayudar a las familias aplicando de forma permanente un tipo superreducido en los suministros de gas, electricidad y agua para
todos los hogares españoles. Quinta, ayudar a las familias manteniendo al menos hasta finales del año 2024 el tipo del IVA del 0 % sobre productos básicos de alimentación y extender el tipo del 0 % a
los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados. Sexta, ayudar a las familias aplicando un tipo superreducido en todos los productos y servicios de cuidado infantil y geriátrico que no estén ya exentos y extender
ese tipo superreducido a servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial.
En segundo lugar, se insta al Gobierno a combatir la corrupción política y económica. Instar al Gobierno que ha logrado que España empeore con respecto al año 2020 cuatro puestos en el índice de percepción de la corrupción elaborado por
Transparency International a combatir la corrupción supone un acto, señores del Partido Popular, de ingenuidad política. Instar al Partido Socialista del caso Filesa, caso Malaya, caso Mercasevilla, caso AVE, caso Guerra, caso Roldán, caso Renedo,
caso GAL, ERE de Andalucía, un fraude en toda regla que vuelve a la escena política; el PSOE del caso Dos Hermanas, caso Avales, caso de los cursos de formación, caso Marea; el PSOE de los recientes casos Delcy, Tito Berni, Koldo, Begoña Gómez,
David Sánchez; instar a este PSOE a combatir la corrupción económica supone predicar en el desierto. (Aplausos). Instar a un PSOE que pacta con los herederos de ETA y con quienes protagonizaron un golpe de Estado en el año 2017, un PSOE que
aprueba leyes que permiten a otros políticos eludir la acción de la justicia a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el poder, instar a este PSOE a combatir la corrupción política se llama vivir fuera de la realidad.
Señorías del Partido Popular, si están de acuerdo en que las políticas de este Gobierno son las causantes del deterioro económico de las familias, si están de acuerdo en que este Gobierno se constituyó mediante el mayor acto de corrupción
política que se puede dar; señores del Partido Popular, si valoran el significado de las palabras coherencia, responsabilidad, convicción, sinceridad y credibilidad sabrán que no se puede pactar nada, nada, (aplausos), ni en España ni en Europa con
quienes tienen en la corrupción política y económica sus señas de identidad.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de cinco minutos.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes. Desde Unión del Pueblo Navarro, a lo largo de estos años, tanto en el Parlamento de Navarra como en las Cortes Generales, hemos venido planteando iniciativas, fundamentalmente para paliar la situación económica
que padecen las familias españolas; hemos venido planteando iniciativas con otros grupos políticos, por ejemplo en el Senado, a la hora de la reducción del IVA del gas y de la electricidad, que posteriormente, a la semana, hizo el Gobierno, incluso
también pidiendo y demandando con enmiendas que se rebajase el IVA de productos de primera necesidad, porque nos preocupa la situación que vive una parte muy importante de las familias españolas. Hemos venido demandando también la deflactación de
la tabla del IRPF, no como una rebaja de impuestos, que no lo es, sino fundamentalmente para que los salarios de los trabajadores españoles no pierdan poder adquisitivo. Por otro lado, Unión del Pueblo Navarro hemos venido apoyando aquellas
iniciativas que hemos considerado que iban en esa línea.
Es evidente, señorías, que hay dos Españas, y más con las políticas que está aplicando este Gobierno; hay una España que no llega a fin de mes, una España que vive el día a día con inquietud, una España pobre, sin futuro, y el subsidio en
ningún caso es la solución. Hablando de corrupción política, la pregunta que nos debiéramos hacer y que fundamentalmente se debe hacer el Partido Socialista es qué hubiesen dicho ustedes si aquellas personas imputadas por casos de corrupción fuesen
asesores o miembros de ministerios gobernados por otras formaciones políticas; qué hubiesen dicho ustedes si la persona investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias o de corrupción hubiese sido la esposa de otro presidente del
Gobierno; qué hubiesen dicho ustedes si los dirigentes de formaciones políticas diferentes a las suyas hubiesen cuestionado resoluciones judiciales, y qué hubiesen dicho también aquellas formaciones políticas que hoy están apoyando las iniciativas
y las propuestas del Partido Socialista -EH Bildu, PNV, Esquerra Republicana, SUMAR-; me gustaría saber qué hubiesen dicho si todos estos presuntos casos de corrupción hubiesen sucedido en otras formaciones políticas.
Señorías, en un Estado de derecho es algo fundamental la independencia del Poder Judicial y el respeto a las resoluciones judiciales. No se puede deslegitimar al Poder Judicial, por eso es inadmisible que haya miembros del propio Gobierno,
incluso el ministro de Justicia o el propio presidente del Gobierno,
que cuestionen y hagan críticas exacerbadas de resoluciones judiciales. O que incluso aquí, en esta Cámara, se critique con nombres y apellidos a jueces, fiscales y periodistas, o incluso, señorías, que se vaya más allá, porque es
corrupción política también, a la hora de aprobar una ley de amnistía, que ha venido a manifestar y borrar graves delitos en este país. Por tanto, señorías, corrupción política es, como se ha dicho, que se diga que en ningún caso se iba a pactar
con Bildu y a la hora de la verdad no es que lo hayan hecho socio prioritario en Navarra y en Madrid, sino que incluso le han entregado el Ayuntamiento de Pamplona. Corrupción política, señorías, es también que sean los delincuentes los que
redactan las leyes que luego les van a beneficiar. Corrupción política es engañar al ciudadano día a día, y es llamativo cómo cuando se denuncian comportamientos ilícitos algunos caigan en la victimización. No, señorías, que no, que esto no es
ninguna estrategia, no es ninguna máquina de fango, no son los jueces ni los fiscales ni los periodistas los que entran dentro de esa estrategia, en ningún caso. Estamos en un Estado de derecho, estamos en un sistema democrático y la ley debe
primar por encima de todo los demás, y sobre todo a la hora de perseguir a aquellos que cometan cualquier delito, sea político, sea el que sea. Por tanto, señorías, en esa línea nosotros apoyaremos esta moción, porque consideramos sinceramente que
hay que desterrar de este país, que hay que desterrar de esta nación aquello que tiene que ver con la corrupción política.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo de cinco minutos.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Creo que me he confundido de moción, porque de lo que he estado oyendo aquí ahora mismo nada se ha hablado de economía ni acerca de la moción prácticamente. El Partido Popular hoy nos trae una moción que viene motivada, se supone, por la
inacción del Gobierno ante la crítica situación de la economía española y, por ende, de las familias españolas. Así, en su exposición de motivos y según Eurostat nos dicen que la renta real per cápita es la misma que en 2019 y que el nivel de
pobreza es más alto que en 2014, y para paliar esta situación nos piden que se cumplan los acuerdos adoptados en materia de política fiscal por las Cortes en esta legislatura. Pero además, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nos
solicitan que aprobemos unas cuantas medidas que nada tienen que ver con la situación económica. Y fíjese, señoría, creo que ha comenzado y finalizado su intervención dando más importancia a esta parte que a justificar o defender su propia moción.
Ha demostrado que le importa bien poco la situación económica, porque usted ha venido hoy aquí a hacer otra cosa, que no es precisamente la defensa de la economía ni de las familias que ustedes quieren o dicen defender.
Ustedes hablan de una mala situación económica, pero lo cierto es que los datos no lo corroboran, pues se ha revisado al alza el crecimiento económico precisamente por un mejor comportamiento tanto del consumo privado como de las
exportaciones de servicios, así como de la inflación, gracias al descenso de los precios de la energía.
Nos dicen también que el Gobierno no ha tomado medida alguna, y tampoco esto es correcto. El Gobierno claro que ha tomado medidas, otra cosa es que las medidas que ha adoptado no sean de su gusto. De hecho, en alguna ocasión algunos grupos
hemos criticado que algunas ayudas no hayan sido más selectivas para ayudar precisamente a quienes más lo necesitan. Si lo que de verdad quieren es mejorar la situación económica, que per se no podemos decir que es mala puesto que, como he dicho,
los datos económicos no lo corroboran, creemos que lo debido no es tomar medidas aisladas, sino que es necesario, por un lado, considerar el sistema fiscal de forma integral para que sirva como motor de crecimiento y también sirva al interés
general. Por tanto, habría que tener en cuenta o considerar aspectos como su sostenibilidad, la equidad en la distribución de la carga impositiva y la eficiencia en la recaudación. Y, por otro lado, corregir esos problemas estructurales que España
lleva demasiado tiempo acarreando, como la productividad, la innovación, la inversión, el crecimiento empresarial o la desigualdad, entre otros. Y todo esto, como he dicho, no se consigue con medidas aisladas, sino con un debate que debe abordarse
desde el rigor, analizando las diferentes propuestas, los posibles efectos y su viabilidad a largo plazo.
Como he dicho, la moción no propone nada nuevo. Es imprecisa en cuanto a la parte fiscal que urge a cumplir, porque ¿qué medidas son las que hay cumplir, las que se han aprobado en esta Cámara a instancias del PP en materia fiscal o también
las de otros grupos políticos que han sido aprobadas y que ustedes han votado en contra? Y como ya he dicho, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid
quieren que instemos al Gobierno a que lleve a cabo acciones en temas que nada tienen que ver con la exposición de motivos de esta moción. Por tanto, no cuenten con nuestro voto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero por un tiempo de cinco minutos.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.
Durant molt de temps, vostès han repetit i han fet creure a molts ciutadans que defensar idees legítimes és il·legal, que empresonar per posar urnes era normal i que empresonar per permetre al Parlament de Catalunya debatre també era normal.
Mentrestant, aquí escoltem bajanades feixistes cada dia i ningú es mou. De fet, si els parlem català, no tenen la decència ni de voler entendre'ns pel fet de ser catalans. Han fet creure que defensar una Catalunya independent, una Catalunya Estat
que formi part de la Unió Europea per poder defensar aquelles polítiques que creiem que han de tenir els nostres ciutadans, és il·legal i es mereix presó, exili i sancions. Han fet creure als ciutadans que manifestar-se i lluitar pacíficament per
allò que creiem -i si vius a Catalunya més- és terrorisme. Han fet creure als ciutadans que amenaçar el poble i fer-nos passar por és normal en una democràcia. Han fet creure als ciutadans que els jutges poden fer política i poden ser parcials. I
han fet creure als ciutadans que tenir un servei de Rodalies nefast i deixat és normal. Han fet creure als ciutadans que no invertir durant anys a Catalunya és normal, i han fet creure als ciutadans que viure com a ciutadans de segona quan estem
pagant com a ciutadans de primera és normal, i no és normal, res de tot això és normal, com tampoc és normal que gairebé la meitat de la població tingui dificultats per arribar a finals de mes, mentre vostès ens foten la cartera cada any, uns i
altres. Perquè alguna cosa no funciona al seu país quan és el Parlament de Catalunya qui fa lleis pioneres i és l'Estat espanyol qui porta aquestes lleis davant d'un jutge per tombar-les. Perquè alguna cosa no funciona al seu país quan cap de
vostès, ni PP ni PSOE, no han fet mai ni han demanat mai que es compleixin els pressupostos amb Catalunya o que es pagui als catalans allò que correspon als catalans. Però la realitat és tossuda, i els catalans també som tossuts. I, a més, tenim
una gran capacitat de remuntar i de corregir aquells errors que cometem. I la unitat és un d'aquells grans tresors que tenim que gairebé ens carreguem, però les dificultats han acabat fent que ens tornem a situar allà on ens toca ser i aparquem les
misèries. Estem mentalment forts. Podem parlar aquí mentre tots vostès parlen d'altres coses. Estem mentalment molt forts i estem determinats a recuperar allò que quasi perdem, allò que quasi nosaltres mateixos ens deixem perdre.
No legitimar la democràcia és i ha estat un error. I això va pel PP, va per la diputada del PP que ha fet la presentació i que no escolta els ponents, i va també pel Partit Socialista. No volem ser un país, com tants d'altres, on l'extrema
dreta es menja la democràcia, i el PSOE i els partits espanyols d'esquerra han demostrat que no són capaços d'aturar l'extrema dreta. De fet, els independentistes, a qui vostès tots han pintat com a dimonis escuats, som els únics que hem tingut els
nassos de plantar cara a l'extrema dreta, els únics que hem plantat cara als jutges, als policies i als mitjans patriòtics espanyols. Els únics que hem demostrat que res, ni la por ni les cadires, fan que renunciem a allò que defensem.
A alguns els agradaria que aquesta lluita nostra s'hagués acabat i parlen de girar full. Però les coses no són com a vostès els agradaria que fossin, per molt que ho repeteixin una vegada i una altra. I és per això que vostès no entenen
per què a Catalunya seguim aguantant i per què a Catalunya, quan caiem o quan ens tiren i ens fan caure, sempre ens tornem a aixecar. I no ho entenen perquè s'han acabat creient les seves pròpies mentides, com la mentida que fa mesos que
repeteixen, que és 'el procés se ha acabado'. Mentre no es reconegui la nació catalana, mentre no es respecti el poble de Catalunya i mentre Catalunya no sigui un estat independent, el conflicte seguirà, perquè nosaltres hi som i nosaltres seguirem
sent-hi, per molt que repeteixin uns i altres que estem liquidats.
I acabo amb les paraules d'Espriu, que sempre ens recorda l'actual president del Parlament de Catalunya, en Josep Rull, i que resumeix molt bé el que molts seguirem fent: 'Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble', i
amb l'independentisme unit tornaran les majories a Catalunya.
Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.
Gracias, presidenta.
Durante mucho tiempo ustedes han repetido y han hecho creer a muchos ciudadanos que defender ideas legítimas es ilegal, que meter en la cárcel por votar era normal y que meter en la cárcel al Parlamento
también era normal. Mientras tanto, estamos oyendo un montón de tonterías fascistas cada día y nadie se mueve. Si hablamos catalán, ni siquiera tienen ustedes la decencia de querer entendernos, simplemente por el hecho de ser catalanes.
Han hecho creer ustedes que defender una Cataluña independiente, una Cataluña Estado que forme parte de la Unión Europea para poder defender aquellas políticas que creemos que deben tener nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas es ilegal y merece
la cárcel, el exilio y sanciones. Han hecho creer a los ciudadanos que manifestarse y luchar pacíficamente por aquello en lo que creemos -y si vives en Cataluña, más- es terrorismo. Han hecho ustedes creer a los ciudadanos que amenazar al pueblo,
hacernos pasar miedo es normal en una democracia. También han hecho ustedes creer a los ciudadanos que los jueces pueden hacer política y que pueden ser parciales. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Y
además han hecho creer a la ciudadanía que tener un servicio de cercanías nefasto y dejado es lo normal. Han hecho creer a los ciudadanos que no invertir durante años en Cataluña es normal. Y han hecho creer a los ciudadanos que vivir como
ciudadanos de segunda, cuando estamos pagando como ciudadanos de primera, es normal. Y desde luego que no es normal, nada de esto es normal, como tampoco es normal que casi la mitad de la población tenga dificultades para llegar a fin de mes,
mientras ustedes cada año nos sacan dinero, unos y otros, y nos toman el pelo. Porque algo no funciona en su país cuando es el Parlamento de Cataluña quien adopta leyes pionera y es el Estado español quien lleva estas leyes ante un juez para
tumbarlas. Porque alguna cosa no funciona en su país cuando ninguno de ustedes, ni PP ni PSOE, han hecho nunca ni han pedido que se cumplan los presupuestos con Cataluña o que se pague a los catalanes aquello que les corresponde. Pero la realidad
es tozuda y los catalanes somos tozudos también. Tenemos una gran capacidad de remontar y de corregir aquellos errores que cometemos, y la unidad es uno de esos tesoros enormes que tenemos y que casi nos cargamos. Pero las dificultades han
terminado haciendo que nos volvamos a situar allí donde nos corresponde y aparquemos nuestras miserias. Estamos mentalmente fuertes. Podemos hablar aquí mientras todos ustedes hablan de otras cosas. Estamos mentalmente muy fuertes y estamos,
además, determinados a recuperar aquello que casi habíamos perdido, aquello que casi nosotros mismos dejamos que se perdiera.
No legitimar la democracia es y ha sido un error, y esto va para el PP, para la diputada del PP que ha hecho la presentación y que no escucha a los ponentes, y también va por el Partido Socialista. No queremos ser un país como tantos otros
países donde la extrema derecha se come la democracia. El PSOE y los partidos españoles de izquierdas han demostrado que no son capaces de detener a la extrema derecha. De hecho, los independentistas, a quienes ustedes siempre han tildado de
demonios, somos los únicos que hemos tenido las narices y la valentía de plantar cara a la extrema derecha, los únicos que hemos hecho frente a los jueces, a los policías y a los medios patrióticos españoles. Hemos sido los únicos que hemos
demostrado que nada, ni siquiera el miedo, absolutamente nada va a hacer que renunciemos a aquello que defendemos.
A algunos de ustedes les gustaría que nuestra batalla se hubiera terminado y hablan de tirar la página. Pero las cosas no son como a ustedes les gustaría, por mucho que lo reiteren una y otra vez. Es por eso por lo que ustedes no entienden
por qué en Cataluña seguimos aguantando y por qué en Cataluña, cuando caemos o cuando nos lanzan al suelo, nos tiran y nos hacen caer, siempre volvemos a levantarnos. Y no lo entienden, porque han terminado creyéndose sus propias mentiras, como la
mentira que repiten desde hace meses y que consiste en decir que el procés se ha acabado. Mientras no se reconozca la nación catalana, mientras no se respete al pueblo de Cataluña y mientras Cataluña no sea un Estado independiente, el conflicto
seguirá ahí, porque nosotros estamos ahí y nosotros seguiremos estando allí, por mucho que repitan ustedes, unos y otros, que estamos liquidados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Termino con las palabras de Espriu que siempre nos recuerda el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, y que resumen muy bien lo que muchos de nosotros seguiremos haciendo: Vamos a mantenernos fieles. Por siempre más al
servicio de este pueblo. Y con el independentismo unido, volverán las mayorías a Cataluña.
Muchas gracias. Y viva Cataluña. ¡Visca Catalunya lliure!
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Vidal Sáez, por un tiempo de cinco minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Esta moción habla más de lo que el Partido Popular pretende que sea España que de lo que realmente es. Lo decía Cristóbal Montoro. Él recordaba: Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Pero, sin duda,
este Partido Popular se ha encargado de actualizar la frase y, ahora, más bien entonan un hundamos España, que ya volveremos a hacer negocio con ella más adelante. (Aplausos).
Ustedes no quieren ni a este país ni a su gente. Aman el poder para convertir lo público en un desguace, para recuperar una red clientelar repartiendo sobres, recalificaciones, privatizaciones y recortes. Por eso falsean la realidad, y de
ahí la estrategia de exageración y de mentiras que hoy encontramos en esta moción. Ustedes quieren crear una realidad paralela que sostenga su apuesta por la destrucción de lo público y del actual Gobierno, de eso no cabe duda. Esta moción que hoy
nos traen no se sostiene por ningún lado, y ustedes lo saben. Sin duda, queda muchísimo camino para desterrar la precariedad, la desigualdad o la pobreza en nuestro país, pero lo cortés no quita lo valiente: este Gobierno ha trabajado mucho y lo
seguirá haciendo para revertir la precariedad, como lo hizo con la reforma laboral, y, sin duda, también para revertir la situación, en este caso, de carencia severa.
Hace escasas semanas el ministro Bustinduy anunció la Ley de Familias, que es un gran paso adelante -lo saben ustedes, aunque no lo quieran reconocer- con medidas tan importantes como la prestación por crianza. Este Gobierno ha mejorado la
prestación por desempleo, ha subido el salario mínimo interprofesional y ha garantizado el poder adquisitivo de las pensiones, ese que ustedes congelaron. Además, ha situado a las pensiones más bajas por encima incluso del resto. Esto es luchar
contra la pobreza y esto es luchar contra la desigualdad. Hoy hay más personas trabajando y cotizando que nunca. Hoy tenemos un mercado laboral más estable, y se lo debemos, sin duda, a los sindicatos y a las organizaciones que pelearon para que
su legislación laboral cayera en peso muerto (aplausos), y al Ministerio de Trabajo, sí, con Yolanda Díaz al frente.
En materia de política fiscal, de la que también se habla en esta moción, lo que aquí piden es bastante sorprendente, porque, al fin y al cabo, va en contra de las reglas de estabilidad fiscal que el Partido Popular estableció en 2011.
Siguen, por supuesto, con su retahíla de bajada de impuestos indiscriminada, que, además, viendo la curva de crecimiento de los beneficios empresariales frente a los salarios, francamente es vergonzoso que insistan en bajar impuestos a los más
ricos. España está por debajo de la media europea. Eso quiere decir, sin duda, compañeros de Partido Socialista, que nos queda un largo recorrido por trabajar para el crecimiento en la mejora del estado del bienestar.
Debemos seguir trabajando para reducir la desigualdad y la pobreza en nuestro país, pero ¿saben cuál es uno de los elementos que crea y que causa pobreza en nuestro país? Sin duda, la renta empleada en vivienda, es decir, el porcentaje del
salario que se nos va con el alquiler o con la hipoteca. ¿Y saben quién se niega a implementar medidas precisamente para regular los precios de la vivienda en España? Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (aplausos), que
protegen a los grandes tenedores y a los fondos buitre, dejando tirada a la gente, a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Ustedes, tan de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia que tanto les gusta, están favoreciendo a los especuladores
frente a quienes producen y a quienes viven de sus salarios.
Hoy, el Fondo Monetario Internacional admite que la subida del salario mínimo ha sacado de la pobreza a más de un millón de personas en España. (Aplausos). ¡Un millón! Por cierto, el FMI es cero sospechoso de ser bolchevique o de cualquier
tipo de proximidad, en este caso, a nuestras latitudes ideológicas. Pero el Partido Popular, en lugar de dedicarse a hacer propuestas para mejorar la economía y para mejorar la vida de la gente, lo apuesta todo a deformar la realidad. Miren, hoy
también el Banco de España ha mejorado, podríamos decir que ha corregido, las previsiones de crecimiento de nuestro país, del 1,9 a un 2,3 %, y el Partido Popular sigue intentando ocultar la realidad de nuestro país.
Se equivocan si creen que nos vamos a olvidar de qué pasa cuando gobiernan ustedes. Con ustedes gobernando, llegamos a un 26 % de paro, y los jóvenes superaron más del 50 %. Eso es sí es desigualdad y pobreza. Eso, sí. Hoy, la tasa de
paro es 14 puntos menor. Que su fantasía no nuble la ciencia. Eso sí se lo pido. Ninguna lección de aquellos que hicieron de la pobreza la precariedad y la temporalidad su propuesta para este país y para su gente. Ni una sola lección.
(Aplausos). Ni una. Hablan ustedes también de justicia, pero es evidente que a ustedes no les importa el buen proceder de la justicia en este país. Si no, no llevarían cinco años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial para preservar sus
intereses políticos y judiciales. (Aplausos). Esto sería bueno que lo reconocieran también en alguna ocasión.
Están utilizando la sede de la soberanía popular para esparcir mentiras y ensuciar el debate público y, lo que es peor, para trenzar una coartada para recortar lo público. El Partido Popular no pretende generar ningún tipo de debate
constructivo, ni siquiera aportando datos científicos, y esta moción es un muy buen ejemplo. Ustedes no hacen nada, ni siquiera como oposición, para que este Gobierno haga mejor su trabajo, y lo cierto es que tendríamos un ancho recorrido también
para mejorar.
Votaremos que no, obviamente, y en el Grupo Plurinacional SUMAR vamos a seguir trabajando no solo para mejorar la economía, sino también para mejorar la vida de este país, a diferencia de lo que hace el Partido Popular. ¡Qué desgracia de
oposición, señorías! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra el señor González Gracia, por un tiempo de cinco minutos.
El señor GONZÁLEZ GRACIA: Gracias, presidenta.
El Partido Popular, en su estrategia de bulos, habla en los últimos meses de la corrupción. Quieren hacer creer que todos estamos inmersos en su fango permanente, pero en esta estrategia se les olvidan dos pequeños detalles.: el primero es
que de todo lo que dicen no han podido demostrar aún nada y, el segundo, que de todos los casos que estamos conociendo, el único -repito: el único- que está comprobado es el fraude fiscal del novio de la presidenta de Madrid, la señora Ayuso.
(Aplausos). Y esto no lo digo yo, señores del Partido Popular, lo ha dicho el novio de Ayuso, que en un correo a la Fiscalía afirmó: Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública, acepto íntegramente el fraude fiscal, ocho
meses de cárcel y pagar 520 000 euros. (Rumores). Eso afirmó el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, la misma que disfruta de un piso de lujo reformado gracias al fraude fiscal de su novio. (Rumores). Es decir, el
dinero que vía impuestos debería ir destinado para nuestros servicios públicos el novio lo defrauda para que vaya al piso de lujo de la señora Ayuso. (Aplausos). ¡Viva el patriotismo de la derecha española consistente en defraudar impuestos!
(Rumores).
Y hoy presentan una moción para nota, porque hay que ser hipócritas para instar al Congreso a respetar la plena independencia del Poder Judicial, porque ¿saben cómo se respeta la independencia del Poder Judicial? Respetando la Constitución,
que en su artículo 122 habla de la renovación cada cinco años del Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). El Partido Popular lleva desde el 4 de diciembre de 2018 incumpliendo el mandato de la Constitución española y no renovando el
Consejo. ¿Y por qué no la cumplen? La semana pasada tuvimos una prueba de ello, cuando, curiosamente, se investiga a personas sin pruebas en campaña electoral, en una auténtica manipulación y falta de sensibilidad democrática, en pleno proceso
electoral. Algunos partidos en este país siempre -siempre- van dopados a las elecciones.
Señorías del Partido Popular, ustedes piden medidas para combatir el deterioro económico de las familias. ¿Son familias, señorías, los trabajadores y las trabajadoras que menos cobran en este país? ¿Saben cómo estaba el salario mínimo
interprofesional cuando gobernaban ustedes? En 735 euros mensuales. ¿Saben cómo está actualmente? En 1134 euros. (Aplausos). ¿Saben cuántas familias tenían el ingreso mínimo vital con Rajoy? Cero. ¿Saben cuántas lo tienen con Pedro Sánchez?
Lo tienen 600 000 familias. (Aplausos). ¿Saben cuánto era la pensión media en España con Rajoy?, porque los pensionistas también son familias. Era de 914 euros. ¿Saben cuánto es actualmente? Es de 1252 euros. (Aplausos). Es decir, con Pedro
Sánchez, y a pesar de su voto en contra, las pensiones en cinco años han subido un 27 %. Hablan de fiscalidad, señores del Partido Popular, pero ustedes tuvieron una gran oportunidad, la de aprobar el IVA cero para los productos alimenticios
básicos, y ¿ustedes qué dijeron? Dijeron que no.
Señorías, hace unos días este país ha vuelto a batir un hito. La contribución de los socialistas españoles a la democracia ha tenido grandes momentos: la ley de sanidad pública y gratuita; la educación pública; nuestro sistema de
pensiones; la entrada en la Unión Europea; el fin de ETA; el ingreso mínimo vital, o la ley de igualdad. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Toma ya!). Desde el pasado jueves, los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, hemos contribuido a
otro hito: nunca en nuestra historia hubo tantos españoles y españolas ocupados como en estos momentos, 21,3 millones de españoles. (Aplausos).
Acabo ya, señora presidenta. Hace unos días, en esta misma tribuna el señor Feijóo, de manera muy solemne, vaticinó: Asistimos al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Pues estamos a dos escaños. (Rumores). Así que
los muertos que Feijóo vaticinó gozan de buena salud. (Aplausos). Señorías, nosotros tenemos 145 años de historia y no hay quien pueda con nosotros (rumores), ni tan siquiera una dictadura represiva que nos quiso aniquilar. (Aplausos). ¿Y saben
por qué? Porque los
socialistas -lo dijo nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse- no mueren, los socialistas se siembran. Y eso, señores de la derecha, nunca lo van a entender.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González.
Señora Guardiola, ¿aceptan las enmiendas? (Pausa). De acuerdo, luego ya lo comunicará a la Mesa.
En un minuto votamos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO (AP-9) A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000005).
La señora PRESIDENTA: Señorías, empezamos las votaciones.
En primer lugar, vamos a votar la Proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Votamos. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 309; en contra, 33.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba esta proposición de ley. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE MULTIRREINCIDENCIA EN LOS DELITOS DE HURTO Y ESTAFA. (Número de expediente
122/000091).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y
estafa.
Votamos. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 302; en contra, 40.
La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración dicha proposición de ley. (Aplausos).
No hay más asuntos que tratar. Suspendemos la sesión hasta mañana por la mañana.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.