CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 199

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS

Sesión plenaria núm. 193 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

23 de julio de 2026

Minuto de silencio ... (Página8)


Convalidación o derogación de reales decretos leyes:


- Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. (BOE núm. 158, de 30 de junio de 2026). (Número de expediente 130/000049) ...
(Página8)


- Real Decreto Ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears. (BOE núm. 158, de 30 de
junio de 2026). (Número de expediente 130/000050) ... (Página35)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso:


- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3127, de 20 de julio de 2026. (Número de
expediente 410/000011) ... (Página55)


Palabras de la Presidencia ... (Página70)


Enmiendas del Senado:


- Proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (Ap9) a la Comunidad Autónoma de Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 578, de 16 de julio de 2026.
(Número de expediente 125/000005) ... (Página70)

Página 2

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso. (Votación) ... (Página84)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página85)


Enmiendas del Senado. (Continuación).


- Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus
disposiciones adicionales 18ª y 19.ª 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 16211, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente 122/000143) ... (Página85)


- Proposición de ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2778, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente
122/000233) ... (Página103)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 791, de 19 de diciembre de 2025. (Número de expediente
121/000079) ... (Página114)


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:


- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 20272029 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2027. (Número de expediente 430/000010) ... (Página136)


Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página155)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso. (Votación. Continuación).


Votación de totalidad ... (Página156)


Enmiendas del Senado. (Votación. Continuación) ... (Página156)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página157)


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página158)

Página 3

SUMARIO


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


Minuto de silencio ... (Página8)


La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por tres nuevos casos de violencia machista.


Convalidación o derogación de reales decretos leyes:


- Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. (BOE núm. 158, de 30 de junio de 2026). (Número de expediente 130/000049) ...
(Página8)


El señor vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa (Cuerpo Caballero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decretoley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Catalán Higueras, la señora Valido García y el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJPNV); el señor Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; las señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, y Vidal
Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; el señor Figaredo ÁlvarezSala, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Cierra el debate el señor vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa.


- Real Decreto Ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears. (BOE núm. 158, de 30 de
junio de 2026). (Número de expediente 130/000050) ... (Página35)


El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública (López Águeda) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decretoley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Valido García y Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu, y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Rivera Arias y el señor Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los
señores Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX; Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista, e Ibáñez Hernando, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Página 4

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso:


- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3127, de 20 de julio de 2026. (Número de
expediente 410/000011) ... (Página55)


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Flores Juberías, del Grupo Parlamentario VOX, y Navarro López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras y Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu; la señora Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Ibáñez Mezquita, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y la señora Adrio Taracido, del Grupo Parlamentario Socialista.


Hace uso de la palabra el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Palabras de la Presidencia ... (Página70)


La Presidencia informa de que finalizado el debate del siguiente punto se procederá a la votación de las enmiendas correspondientes, así como, previamente, a las enmiendas al dictamen de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.


Enmiendas del Senado:


- Proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (Ap9) a la Comunidad Autónoma de Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 578, de 16 de julio de 2026.
(Número de expediente 125/000005) ... (Página70)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; Gavin i Valls, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Lago Peñas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; las señoras
Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario VOX, y Otero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso. (Votación) ... (Página84)


- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3127, de 20 de julio de 2026. (Número de
expediente 410/000011)... (Página84)


Sometidas a votación las enmiendas presentadas a la iniciativa de referencia, son rechazas todas.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página85)


- Proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (Ap9) a la Comunidad Autónoma

Página 5

de Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 578, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente 125/000005)


Sometidas a votación en bloque las enmiendas del Senado a la iniciativa de referencia, se rechazan por 138 votos a favor y 210 en contra.


La Presidencia informa de que al haberse rechazado las enmiendas propuestas por el Senado no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.


Enmiendas del Senado. (Continuación) ... (Página85)


- Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus
disposiciones adicionales 18ª y 19.ª 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 16211, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente 122/000143) ... (Página85)


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Catalán Higueras y las señoras Valido García y Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJPNV), y Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Santiago Romero,
del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Alfonso Cendón del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Lorente Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


- Proposición de ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2778, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente
122/000233) ... (Página103)


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó y los señores Catalán Higueras y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Cofiño
Fernández, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y las señoras Ruiz Solás, del Grupo Parlamentario VOX; Martínez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 791, de 19 de diciembre de 2025. (Número de expediente
121/000079) ... (Página114)


El señor ministro de Hacienda (España García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Sáez AlonsoMuñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Micó Micó y Valido García y los señores Rego Candamil y Santana Perera, del Grupo

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Parlamentario Mixto; el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Martín Urriza, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Soler
Mur, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:


- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 20272029 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2027. (Número de expediente 430/000010) ... (Página136)


En nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda (España García), presenta a la Cámara el acuerdo del Gobierno relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Figaredo ÁlvarezSala, del Grupo Parlamentario VOX; las señoras López Tagliafico, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR, y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); los señores Rego Candamil y
Catalán Higueras y la señora Micó Micó, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Álvarez González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página155)


- Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. (BOE núm. 158, de 30 de junio de 2026). (Número de expediente 130/000049) ...
(Página155)


Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 175 votos a favor, 33 en contra y 140 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 344 votos a favor.


- Real Decreto Ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears. (BOE núm. 158, de 30 de
junio de 2026). (Número de expediente 130/000050) ... (Página155)


Sometida a votación la iniciativa de referencia, se prueba por 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 347 votos a favor.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso. (Votación. Continuación) ... (Página156)


- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3127, de 20 de julio de 2026. (Número de
expediente 410/000011) ... (Página156)

Página 7

Sometido a votación el dictamen de la iniciativa de referencia, se aprueba por 178 votos a favor y 170 en contra.


Votación de totalidad... (Página156)


Sometida a votación de totalidad, a los efectos de la disposición final segunda del Reglamento, se aprueba por 178 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención.


Enmiendas del Senado. (Votación. Continuación) ... (Página156)


- Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus
disposiciones adicionales 18ª y 19.ª 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 16211, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente 122/000143) ... (Página156)


Sometidas a votación separada las enmiendas presentadas a la iniciativa de referencia, se aprueban todas.


- Proposición de ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2778, de 16 de julio de 2026. (Número de expediente
122/000233) ... (Página157)


Sometida a votación la enmienda presentada a la iniciativa de referencia, se aprueba por 185 votos a favor y 163 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página157)


- Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 791, de 19 de diciembre de 2025. (Número de expediente
121/000079) ... (Página157)


Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas a la iniciativa de referencia por el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechazan por 170 votos a favor y 178 en
contra.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página158)


- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 20272029 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2027. (Número de expediente 430/000010) ... (Página158)


Sometida a votación la iniciativa de referencia, se rechaza por 166 votos a favor y 176 en contra y 5 abstenciones.


Se levanta la sesión a las nueve de la noche.

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SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL JUEVES 23 DE JULIO DE 2026


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas.


Si sus señorías van ocupando los escaños, vamos a empezar la sesión.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Antes de empezar con el orden del día de este Pleno, les pido que guardemos un minuto de silencio en memoria de las tres mujeres asesinadas por violencia machista desde nuestra última sesión: Aicha, María y Rosana,
asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).


Muchas gracias.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:


- REAL DECRETO LEY 18/2026, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A LA CRISIS EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 130/000049).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos leyes. Empezamos con la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, por el que
se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el vicepresidente primero y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA (Cuerpo Caballero): Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


Comparezco ante ustedes, como bien ha dicho la presidenta, para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, por el que hemos adoptado medidas de apoyo en el marco del Plan Integral de Respuesta a la
Crisis en Oriente Medio.


Como sus señorías recordarán, comparecí también en esta Cámara el pasado jueves 26 de marzo para defender la convalidación del Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprobaba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
Un plan que -ya lo podemos decir- está teniendo un impacto positivo en nuestra economía para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas. Este es un éxito -y quiero reconocerlo- por el que debo dar las gracias a esta Cámara. Como recuerdan, este
plan además nació fruto del diálogo con los sectores más afectados, con los agentes sociales y también con ustedes, con los grupos parlamentarios, y nunca está de más agradecer el ánimo constructivo a la hora de diseñar medidas de impacto que
resultan exitosas como este plan de medidas de apoyo. En aquella ocasión ya tuvimos el respaldo mayoritario de esta Cámara y confío en obtener dicho respaldo también hoy por cuanto lo que hacemos es prorrogar, adaptar y mejorar parte de las medidas
y fundamentos de ese plan original. De esta manera, a la movilización inicial de 5000 millones de euros del primer plan de respuesta -3200 de ellos de apoyo fiscal directo- el real decreto ley que hoy se vota añade un apoyo fiscal adicional de 1825
millones de euros, a los que habría que sumar también el impacto por descenso en la recaudación que supone la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, que alcanzaría un total de 2700 millones de euros entre 2027 y 2028.
Esto hace que España esté desplegando el escudo o red de protección a ciudadanos y empresas más ambicioso hasta la fecha en la Unión Europea.

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Señorías, la fórmula funciona. Recordemos que ya el primer plan se aprobó en un contexto de enormes turbulencias en los mercados financieros y mercados energéticos. El precio del barril de Brent llegó a superar los 119 dólares. El precio
de referencia del gas natural en Europa, TTF, llegó a escalar más de un 40 % en una sola jornada. Esta situación requería una respuesta urgente y de la magnitud apropiada, como ha caracterizado siempre a este Gobierno, y tan solo veinte días tras
el inicio del conflicto pusimos en marcha el plan de respuesta que está dando, como he dicho, buenos resultados. Recordemos que el primer plan de respuesta ante la guerra de Ucrania se puso en marcha treinta y tres días después de su inicio. Tras
estos meses de vigencia del primer real decreto ley, podemos decir que hemos cumplido con los dos objetivos iniciales que este perseguía, que eran los de proteger y prepararnos para el futuro.


Hay varias vertientes a través de las cuales podemos comprobar este impacto positivo y me gustaría hacer un repaso rápido. En primer lugar, en cuanto a actividad económica, mirando los indicadores de alta frecuencia, podemos decir ya que el
pulso de nuestra economía se ha mantenido en este segundo trimestre, lo que nos hace seguir liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas, con un crecimiento interanual que vimos en el primer trimestre del 2,7 %. Pero, como decía,
los datos que ya vamos conociendo de los meses de abril, mayo y junio del segundo trimestre indican que el crecimiento de este segundo trimestre también será positivo. De hecho, más allá de los buenos datos de afiliación, con estos máximos
históricos que hemos tenido en junio de 22,2 millones en términos desestacionalizados, algunos modelos, como por ejemplo el modelo publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya adelantan que el crecimiento en el segundo
trimestre puede estar incluso por encima del que tuvimos en el primer trimestre. Veremos cuál es el dato final -lo conoceremos la semana que viene-, pero, como les decía, la sensación, la impresión y los datos que conocemos del segundo trimestre
anticipan que el pulso de nuestra actividad se ha mantenido en estos meses.


En segundo lugar, como decía antes, el principal objetivo del plan no deja de ser otro que proteger las rentas de familias y las empresas ante la subida de precios que suponía este shock energético. Aquí podemos decir de nuevo que ha tenido
éxito. El promedio de las tasas de inflación entre marzo y junio ha sido un punto inferior a lo que hubiera cabido esperar si no hubiera estado en vigor el real decreto ley. Las medidas han ayudado a reducir la inflación en un punto en promedio
durante estos tres meses. Planteado de otra manera, el plan ha conseguido amortiguar la subida de los precios en más de un 60 %. Además, hay que señalar que, de acuerdo con los análisis realizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, las estaciones de servicio -las gasolineras- trasladaron la rebaja impositiva del primer real decreto ley a los precios sin comportamientos anómalos en los márgenes, permitiendo controlar exitosamente la subida de precios. Sus informes
son concluyentes: el mercado de estaciones de servicio es altamente competitivo y no ha habido apropiación indebida de la ayuda.


En tercer lugar, el plan ha propiciado un apoyo indispensable a los sectores más afectados -sectores como el transporte, la industria electrointensiva o el sector primario-, que además de estar afectados directamente podían suponer también
un riesgo de efectos de segunda ronda o de espiral inflacionaria en incremento de precios que se trasladarían a algunos de los bienes finalmente consumidos, como por ejemplo los productos alimenticios. Algunos ejemplos ayudan a ver cómo hemos
protegido sectores más afectados: ayudas a fertilizantes, 500 millones de euros; gasóleo agrario, 54 millones de euros, que son las mayores aprobadas para el sector en toda la Unión Europea y que son esenciales, como lo fueron particularmente en
épocas de siembra. También han sido esenciales las ayudas de 400 millones de euros al gasóleo profesional en el sector del transporte y las de la industria electrointensiva, que además han generado ahorros adicionales de hasta 200 millones de euros
para 2026 por la exención del 80 % de los peajes, o incluso se han otorgado 300 millones adicionales a los 300 que ya había disponibles para la compensación de los costes indirectos de CO2.

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Señorías, el plan de medidas de respuesta ha funcionado y ha permitido no solo hacer frente a las consecuencias más inmediatas provocadas por el conflicto en Irán, sino también fortalecer nuestros sectores económicos para que, en definitiva,
las empresas, las familias y los colectivos más vulnerables hayan visto aliviados los impactos y las consecuencias de esta guerra. De hecho, desde la aprobación del plan seguimos con una actitud proactiva de escucha y reacción. Valga como ejemplo
el real decreto ley posterior por el que actualizamos la fórmula de revisión de precios para que los transportistas pudieran repercutir parte del sobrecoste de los incrementos de precios de los combustibles. Además, establecimos en esta norma un
sistema de ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías por ferrocarril, tal y como hicimos en el caso de Ucrania, y ampliamos el alcance de las ayudas a los servicios de transporte marítimos y a los servicios de carga pura entre la
península y las islas, y con Ceuta y Melilla. También se acordó una compensación especial para Canarias en aras de su régimen fiscal especial.


¿Qué es lo que se prorroga en este real decreto ley más allá de lo que ya pusimos en marcha en el mes de marzo? Como decía, partiendo de las buenas bases del funcionamiento de ese primer plan de respuesta, tras hacer consultas a los agentes
sociales y a los sectores afectados, tuvimos la determinación de prolongar y prorrogar las medidas de este primer real decreto ley para seguir apoyando a empresas y familias en lo que sabemos que es un contexto incierto y volátil. Desde luego,
cuando pusimos en marcha este segundo real decreto ley, el escenario había evolucionado con respecto al mes de marzo. Conforme nos acercábamos al final de la vigencia de las medidas, el 30 de junio, se percibían signos de desescalada del conflicto,
que se materializaron entre otros en la firma de un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos el pasado 17 de junio, orientado a poner fin a los enfrentamientos. Además, veíamos signos de normalización en los mercados. De hecho, el
día 29 el Brent se situaba en 72 dólares, niveles similares a los niveles preconflicto, y llevaba ya diez días por debajo de los 80 dólares. En la última semana de junio, también vimos cómo la gasolina de 95, por ejemplo, tocaba por primera vez los
valores preconflicto. Además, la media de precios del gas se situaba en torno a los 45 euros por megavatio hora en junio, después de alcanzar picos cercanos a los 60 euros en el mes de marzo.


Esta normalización, junto con la alta penetración de renovables en nuestro mix energético, nos ha protegido y permitido afrontar el conflicto, como bien sabemos, desde una posición más sólida que en episodios anteriores, por ejemplo, con
precios del mercado mayorista en el ámbito eléctrico sustancialmente por debajo de la media europea. España ha marcado medias entre los 41 y los 69 euros entre los meses de marzo y junio, frente a señales de precio por encima de los 100. Por
supuesto, esto se debe a ese intenso crecimiento del impacto de las renovables en nuestro sistema eléctrico, que reduce el número de horas en las que dependemos del gas para marcar el precio de la electricidad. Esto permitió controlar la evolución
de los precios de electricidad, que por ejemplo en el mes de mayo cayeron un 5,5 %, lo que permitió, conforme a lo estipulado en el primer real decreto ley, que a partir del 1 de junio no fueran necesarias las medidas aplicables a la electricidad,
el gas natural, las briquetas, los pellets o la leña.


En todo caso, señorías, pese a estas señales positivas que se percibían, como digo, a finales de junio, las previsiones de mercado en torno a los precios del Brent y del gas y los mercados de futuros apuntaban a que en los meses posteriores
al conflicto, a esa finalización que se visualizaba en el mes de junio, los precios seguirían todavía en niveles ligeramente superiores debido, entre otras cosas, a la inestabilidad política, la volatilidad que todavía se mantenía en torno al
conflicto y la destrucción de infraestructuras que había tenido lugar. En ese contexto, el pasado 29 de junio aprobamos el real decreto ley que prorroga y desarrolla lo convalidado en el mes de marzo y que traigo hoy, como bien saben, a
convalidación a esta Cámara. Nuestro mensaje fue muy claro, un mensaje de continuidad en el apoyo a los ciudadanos y a empresas, que -como bien dijo el presidente del Gobierno el primer día- va a mantenerse mientras sea necesario. Lo que hacemos
en este segundo real decreto ley precisamente es continuar con el apoyo de manera responsable, adaptándolo a la evolución de las condiciones del conflicto y, por supuesto,

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con un margen de prudencia y flexibilidad, teniendo en cuenta o siendo conscientes de la volatilidad y la incertidumbre que todavía reinan. Lo que aprobamos es la actualización de un marco que hemos construido entre todos según las
necesidades demostradas por los sectores más afectados. Mantenemos la misma filosofía que el plan original, con una sección de carácter coyuntural de respuesta inmediata y con una sección también de visión de medio y largo plazo de carácter
estructural enfocada a reforzar nuestro escudo, nuestra soberanía energética. Mantenemos el apoyo basado en medidas con éxito probado y cuya prórroga -tres meses adicionales- permite que el plan siga desplegando su efecto en todo su potencial.
Además, el diseño del propio plan se actualiza en función de las recomendaciones de la Comisión Europea. Por ejemplo, el IVA vuelve a su tipo general, pero el alivio se canaliza, se instrumenta a través de bajadas adicionales en los distintos
impuestos especiales. Como resultado, señorías, en este real decreto ley se mantiene el alivio en los precios de los carburantes a través del impuesto especial de hidrocarburos, pero se diseña adaptándolo a las previsiones de los mercados. Como he
dicho, pese a la situación -que ya estaba normalizada a finales del mes de junio-, las bajadas en el impuesto especial de gasóleo y gasolina se mantienen y se van ajustando de forma progresiva a la evolución esperada en aquel momento de los precios,
siendo este apoyo de 15 céntimos en el mes de julio, 10 céntimos en el mes de agosto y 5 céntimos en el mes de septiembre. Además, de manera previsora y prudente, se incluye una cláusula específica para recuperar un mayor apoyo, unos 20 céntimos,
que se activaría de manera automática si el escenario empeorase y se dispararan los precios del crudo, como ya sucedió en el mes de marzo. Esta cláusula, al igual que sucedía con la que introdujimos en el primer real decreto ley, se activaría en
función de la variación del IPC, es decir, de la inflación de los combustibles respecto al mismo mes del año anterior. Además, esta cláusula permitiría recuperar medidas de alivio en el ámbito del precio de la electricidad en el caso de que fuera
necesario.


Este real decreto ley también continúa con las medidas de apoyo a los profesionales. Para transportistas y agricultores se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro, completando así la reducción de los impuestos especiales con ayudas
directas cuando es necesario. Además de seguir vigentes los descuentos reforzados del bono social y la garantía de suministro a los más vulnerables, también se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas con exigencias de
planes de movilidad sostenible y prohibición de despido por causas derivadas del conflicto. Y, por supuesto, el Gobierno seguirá compensando, en este caso, a Canarias de manera equivalente, tal y como se acordó en la ocasión anterior.


En definitiva, se trata de un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se vuelve a dar un mal escenario. Esto es especialmente relevante señalarlo en estas
fechas, cuando estamos viendo una incertidumbre y una volatilidad aumentadas en las últimas semanas, lo que está suponiendo un incremento renovado de los precios del crudo en el entorno de los 90 euros o incluso ligeramente por encima.


Además, el real decreto ley incrementa y amplía el grado de apoyo con algunas medidas de relevancia. Me gustaría destacar aquí la reducción progresiva hasta su eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica, una petición insistente por parte de la industria y también en consonancia con las propuestas de varios grupos. Los tipos pasan del 7 % al 5 % en el año 2026; al 3,5 % en el año 2027 y será del 0 % a partir del año 2028, redundando en
una reducción de la factura eléctrica en torno al 6 % tanto para consumidores domésticos como para consumidores industriales. También seguimos incrementando el apoyo al sector primario con 165 millones adicionales en ayudas para la compra de
fertilizantes -165 millones que se suman a los 500 aprobados previamente-. De hecho, es aún más relevante esta cifra cuando la ponemos en comparación con el Plan de Acción de Fertilizantes aprobado por la Comisión Europea, que contempla apoyos de
500 millones de euros para el conjunto de los veintisiete Estados miembros. Recordemos que nosotros estamos planteando 665 millones de euros para nuestros agricultores. Asimismo, España ha sido el primer país de la Unión en articular con

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nuestro plan una ayuda total, como he dicho, de 665 millones, que ya está dando resultados, ya está dando sus primeros pasos, puesto que se ha publicado la relación de los primeros 425 000 beneficiarios de este apoyo para la compra de
fertilizantes. Introducimos también ayudas al transporte marítimo entre islas, con apoyo directo a las líneas que comunican las islas Canarias entre sí y con la Península, con una dotación adicional de 37 millones de euros, cuantía que se calcula,
como saben, tanto por milla navegada como por tamaño del buque.


Por último, quisiera destacar el énfasis, al igual que en el plan original, en medidas estructurales orientadas a reforzar nuestra soberanía energética: una menor dependencia de los combustibles fósiles, lo que se traduce en una mayor
resiliencia de nuestra economía ante crisis o subidas futuras de precios de la energía; varios ajustes técnicos para facilitar la mayor electrificación, el despliegue de renovables que nos permita asegurar la calidad de los combustibles renovables
para ajustar nuestra normativa a la normativa europea; una simplificación normativa, por ejemplo, en cuanto a los puntos de recarga, importante y solicitada también por los operadores, por ejemplo con una lista única de estaciones de servicio con
obligaciones en cuanto a estos puntos de recarga; mejoras de las licencias con el permitting, puesto que, por ejemplo, si se repotencia una sola línea, la necesidad de una declaración de impacto ambiental se hará solo por el incremental de la
potencia y no por el total, simplificando, mejorando y agilizando estos procesos; medidas para favorecer la seguridad del suministro, especialmente en territorios extrapeninsulares, modernizando, por ejemplo, la normativa de garantía de suministro
en las islas. Además, reforzamos el mecanismo de control y transparencia de la traslación de estas medidas impositivas a los precios para el consumidor, dando una vuelta de tuerca más a esta importante medida que nos está permitiendo, como dije
anteriormente, que las rebajas impositivas se trasladen de manera íntegra a los precios para los consumidores. Un mecanismo que funcionó bien gracias también a la labor que está realizando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Ampliamos obligaciones de remisión de información y también la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para requerir esta información y, ante las anomalías que pueda detectar la CNMC, que tenga lugar la publicación de una
lista de aquellos establecimientos, de aquellas gasolineras que estén teniendo comportamientos anómalos en la fijación de precios.


Cabe destacar, y me gustaría resaltarlo también, en cuanto a las medidas adicionales que incluye este real decreto ley, la mayor flexibilidad que hemos incluido para la ejecución de los fondos del plan de recuperación. Hemos negociado con
la Comisión esta vía para que los remanentes de los fondos asociados a la ejecución de hitos ya cumplidos en el séptimo desembolso, con actividades aún pendientes de realizar, puedan ser reinvertidos más allá de la fecha límite del día 31 de agosto.
Esto es particularmente importante, puesto que beneficia a todas aquellas entidades encargadas de la ejecución del plan, desde, por supuesto, las entidades a nivel estatal, como también las entidades a nivel de las comunidades autónomas y las
corporaciones locales. Por supuesto, y esto es fundamental, al igual que venimos haciendo desde el mes de marzo, estamos monitorizando de cerca la evolución de los acontecimientos y el impacto de las medidas que hemos prorrogado. Puedo ya
adelantarles que, tras la entrada en vigor de este real decreto ley a principios de julio, hemos comprobado que el nuevo régimen fiscal ha sido trasladado también a los operadores de combustible, sin un comportamiento anómalo en los márgenes, tal y
como nos señala también la propia CNMC.


Señorías, con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas ante las consecuencias más inmediatas de la guerra en Irán, de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder con el apoyo necesario, por ejemplo, en el
caso de que la situación empeore tal y como hizo en el mes de marzo. Seguimos fortaleciendo también el despliegue de renovables para incluir en nuestra ventaja competitiva el factor clave de soberanía energética y de independencia con respecto a
este tipo de shocks en futuras ocasiones, estando protegidos ante estos escenarios. De hecho, la reactivación de los ataques de los últimos días nos recuerda que, pese a los grandes avances conseguidos

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en materia de despliegue de renovables, nuestra dependencia energética exterior sigue teniendo costes elevados, sobre todo fuera del ámbito eléctrico, lo que todavía mantiene a empresas y hogares expuestos ante las sacudidas de unos mercados
gobernados por tensiones externas, exógenas, ajenas a nuestro país. Por lo tanto, la prórroga de las medidas de protección también se hace indispensable en este ámbito.


Señorías, todo esto incide en lo apropiado de las medidas que tomamos en el mes de marzo y en lo apropiado de su prórroga -y, por lo tanto, de la convalidación de este real decreto ley-, porque, sin este plan, 20 millones de hogares no
hubieran visto reducida su factura mensual en un 15 %, un 25 % en el caso de vulnerables; nuestros ciudadanos no hubieran podido ahorrarse hasta 20 euros por depósito de combustible, o nuestras industrias no habrían podido beneficiarse de la
reducción de sus costes energéticos. Son medidas coherentes con la línea que hemos seguido desde este Gobierno de manera sistemática en los últimos años ante todas las crisis que hemos tenido que superar. Constituyen, además, un ejemplo, una
puesta en práctica de las lecciones que hemos desarrollado entre todos a la hora de responder con la mayoría de esta Cámara mediante el despliegue de un escudo social que preparara y protegiera a nuestras empresas y hogares ante estas circunstancias
complejas, ante estos shocks que nos vienen impactando de manera recurrente. Hemos aprendido de las crisis que hemos tenido que sufrir en los últimos años incorporando también nuevas medidas a nuestra respuesta, medidas que nos han permitido salir
reforzados frente a crisis anteriores, en este caso haciendo compatible dos elementos esenciales: la protección de nuestros hogares y empresas con la modernización y la transformación de nuestra economía para aumentar nuestra resiliencia y, por
supuesto, también nuestro crecimiento a largo plazo. Este método lo hemos aplicado, en este caso, en estos reales decretos leyes de reducción, de alivio del impacto de la guerra, pero también lo hemos aplicado en anteriores ocasiones; sin ir más
lejos, ante el impacto de la subida de aranceles por parte de Estados Unidos, hace poco más de un año, de nuevo con una respuesta rápida y basada en el diálogo que ha supuesto a día de hoy la movilización de más de 4000 millones de euros: unos 1500
millones de euros en financiación de ICO, 1635 en coberturas de CESCE para la exportación e instrumentos de apoyo a la internacionalización por más de 1000 millones, además de acompañamiento a 1600 empresas para hacer frente a este nuevo contexto de
impacto arancelario. Tendré ocasión de detallar este elemento en la Comisión de Economía, pero quería traer aquí el apoyo adicional en materia del conflicto arancelario, puesto que forma parte de una aproximación conjunta de protección frente a los
shocks exógenos que se están produciendo en nuestra economía; el mismo método: protección, un método -como he dicho anteriormente- ya probado y con efectos positivos tangibles, como podemos ver en los datos en relación con nuestras empresas.


Cierro ya, señorías, con un mensaje de confianza; confianza en la convalidación por parte de esta Cámara de este real decreto ley en beneficio de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Se trata de un dispositivo esencial para que la
protección de los hogares y de los sectores productivos permanezca operativa mientras persistan los riesgos asociados a la guerra y que dota la respuesta de las Administraciones públicas de la flexibilidad necesaria para adaptarse a una realidad
que, desafortunadamente, todavía es volátil y cambiante.


Permítanme una última consideración. En el debate de marzo, algunos grupos reclamaron desde esta misma tribuna la autoría, la paternidad o la maternidad de buena parte de estas medidas, pues hoy tienen la oportunidad de seguir ejerciéndola.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente primero.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Micó Micó. (Rumores).


Un poco de silencio, por favor.

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La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.


Senyories, ministre, la dreta i l'extrema dreta monopolitzen una paraula que és molt important i és la paraula seguretat. I crec que no ens ho podem permetre la majoria social, perquè mentre que el PP i VOX alcen fronteres i alcen murs,
mentre que ens intenten posar la por en el cos i enfrontar l'últim contra el penúltim, la seguretat és saber que la teua vida no depén de la crisi que està per vindre o de la crisi que ja ha vingut.


I en estos últims anys hem viscut moltíssimes crisis i al final hem normalitzat el concepte i la paraula de provisionalitat i vivim de pròrroga en pròrroga, d'ajuda en ajuda i de decret en decret. I no se li pot demanar tranquil·litat a la
gent, mentre que els seus drets tenen data de caducitat i pengen d'un fil. Perquè la seguretat és que una família no haja de triar entre pagar la llum o poder posar fruita fresca en la taula per a dinar. La seguretat és que un jove no haja
d'escollir entre pagar un lloguer o haver d'omplir el depòsit per a anar a treballar. La seguretat és que els nostres llauradors no hagen de lluitar contra importacions de competència deslleial, mentre ací els costos per a eixir d'elles són
inassumibles. I la seguretat és també que, quan un boig decidix començar una guerra a milers de quilòmetres d'ací, la majoria social no veja perillar els seus drets i la seua vida perquè depenem del petroli, dels mercats o de decisions que, al
final, no controlem. Per això, senyor ministre, des de Compromís anem a votar a favor d'este reial decret. I ho farem perquè en part, i sols en part, este reial decret protegeix a la gent, però la seguretat no es governa a base de decrets. El que
necessitem és blindar l'energia, blindar l'habitatge, blindar l'alimentació, blindar el treball, blindar els serveis públics. Perquè al final un estat fort és el que dona una certesa que és molt senzilla però que és immensament poderosa. I és que
vinga la crisi, que vinga, no deixarem caure a ningú.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Señorías, ministro, la derecha y la extrema derecha monopolizan una palabra que es muy importante, la palabra seguridad, algo que creo que no puede permitirse la mayoría social, porque mientras el PP y VOX alzan fronteras y muros, mientras
intentan enfrentar al último contra el penúltimo, la seguridad es saber que tu vida no depende de la crisis que está por venir o de la que ya ha venido.


En estos últimos años hemos visto muchísimas crisis y hemos normalizado al final el concepto de provisionalidad; vivimos de prórroga en prórroga, de ayuda en ayuda y de decreto en decreto. Pero no podemos pedirle tranquilidad a la gente
mientras sus derechos tienen fecha de caducidad y penden de un hilo, porque la seguridad es que una familia no tenga que escoger entre pagar la luz o poder poner fruta fresca sobre la mesa para comer, la seguridad es que un joven no tenga que
escoger entre pagar el alquiler o llenar el depósito para ir a trabajar, la seguridad es que nuestros labradores no tengan que luchar contra importaciones en competencia desleal mientras sus costes son inasumibles y la seguridad es también que,
cuando un loco decide empezar una guerra a miles de kilómetros de aquí, la mayoría social no vea peligrar sus derechos y su vida porque dependemos del petróleo, de los mercados o de decisiones que al final no controlamos. Por eso, señor ministro,
en Compromís vamos a votar a favor de este real decreto, y lo haremos porque, en parte -en parte solo-, protege a la gente. Pero la seguridad no se gobierna a base de decretos, lo que necesitamos es blindar la energía, blindar la vivienda, blindar
la alimentación, blindar el trabajo y blindar los servicios públicos porque, al final, un Estado fuerte es aquel que da una certeza que es muy sencilla pero inmensamente poderosa: que venga la crisis que venga no dejaremos caer a nadie.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.


Muchas gracias, señora Micó.


Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.

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El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días.


Señor vicepresidente, nosotros, como hicimos en el mes de marzo, apoyaremos este real decreto, fundamentalmente porque consideramos que beneficia a todos los ciudadanos españoles, pero eso no debe ser óbice para que nosotros no sigamos
denunciando que este Gobierno es un Gobierno corrupto, y ahí están los imputados y ya también algunos condenados. Un Gobierno que desde la perversión y la desvergüenza sigue haciendo cesiones a sus socios sin importarle las consecuencias que puedan
tener para el resto de España y los españoles -lo veremos en algún punto del orden del día-; un Gobierno que, como hemos podido comprobar estas semanas, sigue colonizando de forma espuria las instituciones -por cierto, señores del Gobierno, los dos
que están: saquen sus sucias manos de la Guardia Civil (varios señores diputados: ¡Muy bien!)-, y un Gobierno que ha cometido una de las mayores ignominias de la democracia: traicionar a las víctimas del terrorismo.


Hoy, señorías, después de lo acontecido con la final de la Copa Mundial de Fútbol, queremos felicitar a todos los españoles, por supuesto que sí, porque un equipo de la mano de Luis de la Fuente ha evidenciado y representado lo mejor de la
condición humana. Y en ese equipo ha habido una magnífica representación de Navarra, con Mikel Merino, Nico Williams y también Javier López Vallejo, pero, señorías, también hoy tenemos que condenar el comportamiento, las agresiones, los insultos,
las descalificaciones y la violencia de la izquierda radical vasca no solamente en Navarra, sino también en la Comunidad Autónoma vasca; la violencia del fascismo de los antifascistas, que diría Pier Paolo Pasolini, que una vez más han vuelto a
recurrir a la violencia. Desde nuestro punto de vista, lo acontecido en Pamplona durante los Sanfermines y el día de la final en ciudades como Vitoria, Bilbao o Berriozar es inadmisible y no puede quedar impune. En un país democrático, el Estado
de derecho debe amparar y defender los derechos y la libertad de los ciudadanos. Una vez más, como dijimos en su día, '¡Basta ya!'. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.


Señora Valido García, cuando quiera.


La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días, señorías.


Es evidente que la guerra de Irán, aunque nos da pequeños paréntesis de ilusión cuando parece que las treguas van a llegar a algo, no solo no finaliza, sino que cada tregua parece que sirve para el rearme, para el refuerzo de una guerra que
está afectando a todo el planeta. Quisiera, desde luego, recordar que esa inflación que la guerra de Irán está generando no solo se mantiene, sino que crece al albur de la incertidumbre que generan decisiones como las que toma el señor Trump. No
hay ninguna duda de que, mientras el señor Trump siga al frente del Gobierno de los Estados Unidos, difícilmente vamos a tener ninguna seguridad en el ámbito económico. Un territorio como el mío, Canarias, lo vive especialmente. Nosotros no vamos
a dejar caer ninguna de las medidas de protección a las familias ni a los sectores productivos, que en mi tierra son tan importantes.


Tengo que reconocer que en ese decreto están recogidas algunas de las cuestiones que planteamos -como el transporte marítimo interinsular, las ayudas al sector primario, las ayudas a los transportistas profesionales y otras-, pero
necesitamos que se mantengan en el tiempo, y tengo dos preguntas que hacerle. Usted ha dicho hasta en dos ocasiones que el pacto que alcanzamos tras la aprobación del anterior decreto para compensar en Canarias las medidas no aplicables por la no
existencia del IVA continuaba, por tanto, entiendo que hay una decisión tácita, un acuerdo tácito de renovación de aquel pacto, aunque no está en el decreto. Usted lo ha dicho dos veces y entiendo que es suficiente para que este pacto continúe,
pero también le tengo que decir que el dinero tiene que llegar en tiempo y forma, porque si no lo hace, señor ministro, estaremos cargando a la comunidad autónoma con un coste que está teniendo que soportar en solitario. Le pido que agilice las
transferencias de todo ese dinero, de esas promesas y ayudas que han de compensar las medidas no aplicables en Canarias.

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Y quiero decirle otra cosa. Esta semana hemos conocido -además, por medios poco afines a la oposición- la inversión por habitante en el Estado, y Canarias está a la cola con 101 euros por habitante, a la cola, en el último puesto. Y en
este decreto, cuando ustedes reconocen que el sistema energético canario necesita un refuerzo y apoyan las baterías para el almacenamiento, lo hacen con un 25 %, dejando a la comunidad autónoma el 75 % restante. Le pido que revisen ese acuerdo -lo
vamos a exigir- y que, como mínimo, financien el 50 % de esas baterías que permiten el almacenamiento en un sistema energético de enorme vulnerabilidad.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.


Tiene la palabra ahora el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro.


Nosotros, Podemos, vamos a convalidar este real decreto porque contiene medidas necesarias que no queremos bloquear, pero lo vamos a hacer diciendo con claridad las insuficiencias y pidiéndole, aunque ya sin demasiada fe, un cambio de rumbo
que no ha llegado y que parece que no va a llegar.


Empecemos por lo positivo. Este decreto protege temporalmente el empleo, prohibiendo despidos a las empresas beneficiarias hasta septiembre. No es mucho, pero al menos hasta septiembre reconocemos que las crisis causadas por las guerras
del imperialismo no pueden ser pagadas por las clases trabajadoras de este país. Y también valoramos las ayudas directas a sectores estratégicos, lo que demuestra que cuando el Estado quiere intervenir en la economía puede hacerlo. Pero, señor
ministro, hasta aquí llegan los elogios. Y lo lamento de verdad, pero este real decreto repite los errores que ya denunciábamos hace unos meses y añade algunos nuevos. Veámoslos.


En primer lugar, ustedes establecen una retirada gradual de las rebajas fiscales a los carburantes, como ha dicho usted, de los 15 céntimos actuales a los 5 céntimos de septiembre, mientras que en la propia exposición de motivos reconocen
que persisten las dudas sobre el alto del fuego de Estados Unidos en Irán y que el despeje de minas en Ormuz puede prolongarse meses. Si ustedes mismos admiten que la crisis en Oriente Próximo continúa, ¿por qué reducen las bonificaciones entre
julio y septiembre? La respuesta está en el artículo 14 de este mismo real decreto: necesitan cuadrar las cuentas del sistema eléctrico después de regalar 315 millones de euros adicionales a las eléctricas. En segundo lugar, este Gobierno sigue
sin topar precios. Para ustedes es una especie de anatema, no se puede hablar. Este decreto moviliza más de 800 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas, pero ni un solo artículo obliga a las petroleras y a las eléctricas a limitar su margen
de beneficios. El nuevo sistema de vigilancia que ustedes plantean en el artículo 28 bis es puramente estético: podrán publicarse listas de gasolineras con comportamientos anómalos. Señor ministro, sin sanciones reales, sin topes obligatorios,
eso, usted lo sabe, no va a servir para nada; una gasolinera no va a bajar sus precios porque salga en una lista. Y, en tercer lugar, este decreto sigue siendo un subsidio encubierto a la industria petrolera. El Estado renuncia a más de 500
millones en ingresos fiscales, pero no está garantizando que esta rebaja llegue íntegramente a los consumidores, a los ciudadanos y las ciudadanas, y esto pasa mientras Repsol ha ganado 929 millones de euros este primer trimestre del año, un 154 %
más. ¿De verdad usted piensa que las petroleras necesitan más regalos? Digo más, ¿a usted le parece que estas son políticas de un Gobierno que se llama progresista o de izquierdas? Nosotros creemos que no y esto es más de lo mismo: socializar
las pérdidas provocadas por las guerras del imperialismo mediante renuncia fiscal o, dicho de otro modo, blindar los beneficios de Repsol o Moeve con el dinero del Estado, con el dinero de todos. En Podemos pensamos que por aquí no es, señor
ministro, y se lo hemos dicho ya muchas veces. Cuando se trata de proteger a la gente de una crisis económica, de una pandemia o de las crisis provocadas por Trump el único mecanismo no pueden ser las rebajas fiscales y los subsidios encubiertos a
las industrias petroleras y energéticas. Lo más eficaz son las políticas redistributivas, recuperar el impuesto a las energéticas, prohibir desahucios y topar los precios de combustibles,

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alquileres y servicios esenciales. Eso es lo que funciona y eso es lo que haría un Gobierno que gobierne para la mayoría social. Desgraciadamente, no es lo que vemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on.


Cuando una crisis internacional amenaza con trasladarse al bolsillo de las familias y a los costes de nuestras empresas, esta Cámara tiene una responsabilidad: responder con rigor y pensando en el interés general. Porque hablar de energía
es hablar del coste de la vida y del empleo, del agricultor que llena el depósito del tractor, del transportista que depende cada día del precio del combustible, del pescador que necesita salir a faenar y de miles de pequeñas y medianas empresas que
requieren estabilidad para seguir invirtiendo y creando empleo. Este debería ser el centro del debate.


Nuestro grupo siempre ha sido crítico con los llamados decretos ómnibus, porque mezclaban materias inconexas y obligaban a votar en bloque contenidos sin relación entre sí. Hoy, sin embargo, este texto no incurre en este problema y creo que
es justo decirlo. Es un decreto, a nuestro juicio, continuista y prudente, que prorroga medidas ya vigentes, ajusta otras a la evolución económica y aclara previsiones del decreto de marzo. Las únicas medidas estructurales son las energéticas,
precisamente orientadas a reforzar la estabilidad de la red, garantizar el suministro y evitar episodios como el apagón que todos conocimos. En conjunto, creemos que ofrece una respuesta proporcionada a una crisis internacional, contiene efectos
económicos, evita tensiones inflacionistas, protege a los sectores más expuestos y fortalece el sistema energético.


Pero también conviene analizar este decreto a la luz del contexto económico en el que se aprueba, porque los datos importan. En junio, el mercado mayorista de la electricidad registró un precio medio de 69,59 euros por megavatio hora en
España, Francia se situó en 66,07 euros, Alemania superó los 106 euros e Italia rebasó los 132 euros. El precio aumentó respecto al mes de mayo, pero fue un 4,1 % inferior al registrado en junio del año pasado pese a la incertidumbre internacional
derivada del conflicto. ¿Y por qué? Pues precisamente porque aumentó la aportación de las energías renovables y la generación nuclear y cayó casi un 18 % el uso de los ciclos combinados de gas. Es decir, el sistema energético respondió mejor que
el de buena parte del resto de socios europeos, y esto también tiene que formar parte del debate.


Conviene recordar que todas las medidas fiscales aprobadas durante la crisis precisamente eran eso, extraordinarias y temporales, y este real decreto establece una retirada gradual conforme se estabilizan los mercados energéticos, evitando
un precipicio en la desaparición de ayudas y manteniendo mecanismos automáticos de protección si los precios vuelven a dispararse. Y los acontecimientos de las últimas semanas lo confirman: la volatilidad internacional sigue siendo elevada y el
precio del petróleo ha vuelto a repuntar. Precisamente por eso este decreto no deja desprotegidas a las familias ni a los sectores productivos, porque si los precios vuelven a subir las medidas se reactivan de forma automática. Además, una cosa es
discrepar de la velocidad con la que deben retirarse determinadas medidas y otra muy distinta, caricaturizar este decreto como una simple subida de impuestos y de retirada de ayudas. Ese relato no se corresponde con el texto que hoy debatimos
porque las ayudas no desaparecen, se mantienen condicionadas a la evolución real de los precios. Si el IPC de la electricidad o del gas vuelve a superar unos umbrales fijados, volverán a aplicarse los IVA reducidos. Es decir, el escudo fiscal
sigue existiendo y se activa cuando realmente vuelva a ser necesario. Y los datos avalan esta estrategia, porque la inflación en junio se mantuvo en el 3,2, exactamente igual que en mayo, pese al retorno del IVA ordinario. ¿Por qué? Porque el
descenso del precio de los carburantes compensó ese efecto y evitó un mayor impacto sobre la inflación.


También se ha dicho que este decreto recupera el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, pero tampoco aquí se está contando toda la verdad,

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porque este real decreto establece por primera vez un calendario para su desaparición definitiva, un tipo reducido en 2027 y cero a partir de 2028. A nosotros nos hubiera gustado una eliminación más rápida, lo hemos defendido siempre y lo
seguiremos haciendo, pero creemos que no es serio por parte de algunos presentar este decreto como una gran subida de impuestos cuando una de sus medidas fija precisamente la desaparición progresiva de este tributo. En materia de carburantes
tampoco desaparecen las ayudas, se adaptan a la evolución del mercado y se refuerzan si los precios vuelven a tensionarse. Eso tampoco es abandonar a los ciudadanos; es diseñar ayudas conectadas con la realidad económica.


Mientras algunos hablan de retirar ayudas, este decreto mantiene el apoyo a quienes siguen soportando mayor impacto del incremento de los costes energéticos. Se prorrogan las ayudas al transporte profesional, se mantienen las ayudas al
gasóleo agrario, se incrementan las ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos y se amplía el apoyo al sector pesquero. Nuestro grupo siempre ha defendido que las ayudas extraordinarias deben dirigirse a quienes realmente las necesitan y a
los sectores más expuestos. Precisamente por eso nos sorprende que, quienes muchas veces durante toda la crisis reclamaban abandonar las ayudas generalizadas y sustituirlas por ayudas focalizadas, ahora presenten este decreto como un ataque a esos
mismos sectores. Desde luego, no parece algo muy coherente. Se podrá discutir, como he dicho antes, si algunas medidas deberían llegar más lejos o mantenerse durante más tiempo, esa es una discusión legítima, pero reducir este real decreto a una
simple subida de impuestos o retirada de ayudas no hace justicia a su contenido.


Gainera, dekretuaren zati batek ia ez du lekurik izan eztabaida honetan. Energia neurriak sistema elektrikoa indartzeko neurri teknikoak dira, eta merezi du aipatzea. Izan ere, babes ekonomiko, industrial eta sozialik onena ere etxeak,
enpresak eta zerbitzu publikoak geldiaraziko lituzkeen itzalaldi bat berriro gerta ez dadin bermatzea da, eta hornidura elektriko egonkorra, lehiakorra eta eskuragarria ziurtatzea.


Gure taldearen ustez, dekretu hau hobetu daiteke, ia arau guztiak bezala, baina, aldi berean, uste dugu dekretu erabilgarria, zuhurra eta ezohiko egoera bati modu neurritsuan erantzuten dion dekretua dela. Izan ere, gehien kaltetutako
sektoreak babesten ditu, krisiaren ondorio ekonomikoak arintzen laguntzen du eta energia sistema indartzen du. Neurri hauen guztien atzean, gainera, ez dago soilik arau juridikoak edo aurrekontu zifrak, familiak, langileak, autonomoak eta enpresak
daude. Eta garrantzitsuena, Ganbera honengandik irtenbide erabilgarriak espero duten milaka pertsona daude.


Horregatik guztiagatik, gure taldeak dekretu honen alde bozkatuko du.


Además, una parte del decreto apenas ha tenido cabida en este debate. Las medidas energéticas son medidas técnicas para reforzar el sistema eléctrico. Merece la pena mencionarlo, porque el mejor apoyo económico, industrial y social también
es garantizar que no se vuelva a producir un apagón que paralizaría los hogares, las empresas y los servicios públicos y asegurar un suministro eléctrico estable, competitivo y accesible.


Nuestro grupo considera que este decreto es mejorable, como casi todas las reglas, pero al mismo tiempo creemos que es un decreto útil, prudente y que es responsable moderadamente en una situación excepcional. De hecho, es un decreto que
protege a los sectores más afectados, ayuda a paliar los efectos económicos de la crisis y refuerza el sistema energético. Detrás de todas estas medidas no están solo las normas jurídicas o las cifras presupuestarias; familias, trabajadores,
autónomos y empresas están ahí. Y, lo más importante, hay miles de personas que esperan soluciones útiles de esta Cámara.


Por todo ello, nuestro grupo votará a favor de este decreto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.


El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.


Egun on guztioi. Señor Cuerpo, buenos días.

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No mantendré ningún misterio, Euskal Herria Bildu apoyará este real decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. En esta explicación de posición, sin embargo, intentaremos
introducir algunas reflexiones que van más allá del parco sí o no al que las votaciones nos obligan.


En una primera lectura, cuando se aprobó el decreto hace casi un mes, nosotros subrayamos varias cosas. Tiene tres bloques muy marcados, bastante retórica y algunas medidas en favor de la transición energética, que son adecuadas, pero
tampoco de un gran calado. En el grueso del real decreto encontramos, por una parte, una batería de rebajas fiscales que van desescalando las contundentes medidas de marzo y, por otro, una serie de ayudas sectoriales muy vinculadas al primer sector
y al transporte profesional que indirectamente apuntan a contener el IPC, y, por último, tiene un bloque social sorprendentemente escaso. El problema no es tanto lo que se ha incluido en el decreto -que, aunque con algún matiz que haré, es
entendible-, sino lo que se ha quedado fuera, especialmente la parte social. Este real decreto ley era un buen momento, por ejemplo, para hacer estructurales las medidas de protección y medidas energéticas que han funcionado y para proponer nuevas
en la misma línea o para ir cerrando la brecha entre quienes tienen derecho y los que realmente cobran el bono social, por ejemplo, pero no se ha hecho. Lo único que se convierte en estructural es la progresiva desaparición del impuesto de
generación eléctrica. Eso sí, con un debe, se hace sin distinguir entre fuentes de generación renovable y no renovable, lo cual manda una señal positiva a la electrificación, sí, pero insuficiente de cara a la descarbonización.


Hay otra cuestión que no queremos pasar por alto: hay que incrementar la vigilancia de las petroleras. Decía usted que no ha habido apropiación de márgenes. Sin embargo, entendemos que el propio real decreto, al endurecer los mecanismos
de control, está reconociendo que hay problemas para que no se queden con parte de ese margen de las rebajas fiscales. Además, hay otro elemento tramposo que no se está abordando con la debida suficiencia. Estoy hablando de la diferencia entre la
rapidez con la que suben los precios finales de los combustibles cuando sube el petróleo y la lentitud con la que bajan cuando el petróleo baja de precio. Esto es lo que se viene a conocer como el efecto del cohete pluma: suben como un cohete y
bajan como una pluma. Ahí hay un jugoso y tramposo margen, y eso también hay que atajarlo, porque son beneficios ilegítimos y, en definitiva, un robo al erario público.


Más allá de esto, queríamos señalar otro riesgo. Parece que la lectura que se hacía cuando este decreto se aprobó hace casi un mes era la siguiente: la situación en Oriente Medio se normaliza y las medidas del primer decreto han contenido
los precios, esto se va acabando, así que desescalamos las rebajas fiscales progresivamente, mantenemos ayudas focalizadas a sectores concretos y hacemos algún guiño a la transición; eso es todo. Sin embargo, el viento ha cambiado: Ormuz vuelve a
cerrarse. Desde que el Gobierno aprobó este real decreto ley el 29 de junio el precio del petróleo ha aumentado más de un 30 % y otra vez coquetea con los 100 dólares, ahora mismo está por encima de los 98. Así que no está nada claro si la hoja de
ruta diseñada para ir desescalando funcionará o habrá que ir activando todas las salvaguardas que se prevén en el decreto. Es decir, se pensó como un decreto de vuelta a la normalidad y nos encontramos ahora mismo con cualquier cosa menos
normalidad. Tememos que, dada la deriva errática y nociva desde luego de Estados Unidos, el mundo entero seguirá permaneciendo en vilo. Y lo que es peor, toda esta volatilidad de facto detrae recursos públicos que son urgentes e imprescindibles
para la transición y la lucha contra el cambio climático. ¿Cuánto de los 5000 millones del decreto anterior fue directamente a los combustibles fósiles? ¿Cuánto de los 2700 millones que usted ha recitado ahora irá a los combustibles fósiles? Pues
mucho, mucho. Esto convierte toda la política energética en una paradoja, porque el Estado va subvencionando precisamente lo que ahonda en el drama climático de este Estado, sobre el cual, y precisamente hoy, creo que no hace falta hablar
demasiado, con más de 100 000 hectáreas quemadas, con más de veinte grandes incendios forestales, con la tercera ola de calor en marcha, con una sobremortalidad enorme, y todo esto sin llegar al ecuador del verano. Y, por si fuera poco, la extrema
derecha marcando el paso en

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los acuerdos de gobierno autonómicos, omitiendo la existencia del cambio climático, porque ellos están en rebeldía contra la Agenda 2030, a ellos les vas a venir tú con el dogmatismo climático y a ellos les vas a decir tú cuándo pueden
cosechar.


Por todo esto, queremos dejar alguna reflexión más vinculada a las prioridades, a la fiscalidad y a la energía. Porque entre la crisis de precios de Ucrania y la de Irán hay una diferencia fundamental: el precio de la electricidad. En
2022, se disparó; en 2026 no. Con una ecuación muy sencilla: menor dependencia exterior, menor volatilidad; más renovables, menos gas marcando el precio; más electrificación, menos combustibles fósiles; menos combustibles fósiles, menos
emisiones y, menos emisiones, menor vulnerabilidad climática. Este es el marco, y Hacienda y Economía tienen que asumirlo. Si se es capaz de cambiar toda la fiscalidad energética cada vez que el poder fósil provoca una crisis energética porque el
IPC es sagrado, también se debería ser capaz de cambiarla para dejar de depender del petróleo, más cuando se ha demostrado que la combinación renovableselectrificación es la mejor inversión en seguridad frente a la inestabilidad, y mucho más en un
Estado con riesgo inminente de eventos extremos, sean danas o sean incendios; un Estado, en fin, con riesgo de desertificación. Esto no se arregla proponiendo un pacto de Estado sobre la emergencia climática cada vez que se queman 100 000
hectáreas o cuando se mueren personas en los incendios o cuando la sobremortalidad por olas de calor sobrepasa las mil muertes; esto pasa por poner la emergencia climática en el centro de toda la política. Debe empezar a quedar claro en este
contexto que no es suficiente con la iniciativa del Ministerio de Transición. Todos deben interiorizar esto, y Hacienda y Economía los que más, porque dictan recaudación y dictan gasto; y la emergencia es, ante todo, climática.


Termino. La lección de estos meses es muy sencilla: cuanto mayor ha sido el peso de las renovables, menor ha sido la exposición a la guerra; cuanto más se electrifica, menos volatilidad se importa. Esta debería ser la brújula de toda la
política energética y también de toda la política fiscal, porque en un Estado donde las olas de calor, las danas o los grandes incendios forman parte de la normalidad, toda política pública acaba siendo política climática, para bien o para mal.


Besterik ez, eskerrik asko. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otero.


Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cruset Domènech.


El señor CRUSET DOMENÈCH: Moltes gràcies, presidenta.


Senyor vicepresident, avui ens venen amb aquest reial decret de mesures contra la crisi a l'Orient Mitjà. Un reial decret que conté les propostes que des de Junts per Catalunya ja vam fer en l'anterior versió i que va portar al fet que
facilitessin la seva aprovació amb els nostres vots. Per tant, en definitiva, mesures per ajudar a la classe mitjana i treballadora de Catalunya.


Ara bé, aquest és un reial decret llei clarament insuficient, que conté importants greuges contra els ciutadans, com ara l'augment de l'IVA de l'electricitat, precisament en un dels moments de màxim consum elèctric de l'any i enmig de les
onades de calor, vostès apugen l'IVA del 10 al 21 per cent provocant un sobrecost en els ciutadans. Potser, des de la comoditat de la posició del Govern, no s'és conscient del que vol dir per a moltes famílies apujar l'IVA del 10 al 21 per cent.
Sap quanta gent aquests dies, per tant, està patint per por a la factura de final de mes? Sap quanta gent tindrà un problema real quan, en obrir la factura de l'electricitat, descobreixi que han permès que l'IVA passi del 10 per cent al 21 per
cent? Això sí, vostès des del Govern, sempre hi guanyen, segur, perquè veuran com, fruit d'aquest augment, creix la recaptació d'impostos per part del Govern. I és que mai fallen. Vostès sempre fan negoci apretant, escanyant una mica més la
classe mitjana i treballadora, fins i tot quan aquests passen els pitjors moments.


Tornem, però, a la necessitat d'haver d'aprovar un reial decret llei davant de cada crisi econòmica que apareix. Això acredita dues coses. La primera, que l'economia espanyola ni és tan robusta com pretenen vendre vostès, ni és la millor
economia del món, com van dient constantment. I la segona, que el govern de l'Estat no té capacitat d'anticiparse als

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problemes i reforçar amb temps els sectors claus de l'economia per tal que aquests no entrin en risc cada vegada que apareix un imprevist. Agafem, per exemple, el sector industrial, un sector amb un pes important dintre del PIB i que genera
una part important dels llocs de treball qualificats de la nostra societat. En els darrers temps, la sensació d'incertesa ha anat creixent en el sector i s'està instal·lant la percepció que la indústria està entrant en situació de risc, en situació
de tensió estructural, davant de la resta de competidors mundials que estan sent molt més competitius. I, si dintre del sector industrial, posem el focus en el sector petroquímic, la situació encara és més preocupant. Des de fa temps els advertim
tant a vostès com al Govern de la Generalitat de Catalunya que, com un dels grans motors econòmics del país, cal reforçar el sector industrial i petroquímic i els advertim des de fa temps que les polítiques actuals no són suficients i que si no es
posen a treballar immediatament per revertir les tendències actuals, el futur pot ser desolador. I no els ho diem només nosaltres, que ho fem. Els ho diuen també els sindicats, els ho diuen les organitzacions empresarials i els ho diuen els
centres de recerca i els ho diuen els ciutadans dels territoris on hi ha implantades aquestes indústries. De bones paraules, n'està tip tothom. Però els fets escassegen i els copets a l'esquena no solucionen absolutament res.


I li posaré de nou l'exemple del preu de l'electricitat. Vostès presumeixen de tenir el millor preu de l'energia a Europa gràcies a l'enorme producció d'energies renovables. És cert això? L›electricitat a Espanya és la més barata, o de
les més barates, d'Europa? Doncs no. Perquè una cosa és el preu de l'energia en el mercat majorista i una de molt diferent és el preu finalista després d'aplicar totes les penalitzacions, impostos, recàrrecs i peatges que posa el mateix Govern de
l'Estat. I això, que és letal per als ciutadans, perquè ens ho trobem a la factura de cada mes, també ho és, i molt, per al sector industrial. Mirem dades. Preu de mercat del megawatt hora: a França, 52 €; a Alemanya, 75,68 €; a Espanya, 80,
44 € el megawatt hora. Però això no és tot. Només en uns mesos el preu ha augmentat un 30 %. Un 30 % del cost del preu de l'energia. Per tant, vostès presumeixen de tenir l'energia elèctrica més econòmica d'Europa, però a la pràctica és un 6 %
més cara aquí que a Alemanya i un 55 % més cara aquí que a França. I com deia, això no està aturat, sinó que ha augmentat un 30 % en només uns mesos.


Són conscients de l'amenaça que això representa, no només per als ciutadans i l'economia familiar -que també-, sinó també per al sector industrial, i especialment per al petroquímic? Les empreses implantades aquí no competeixen només amb
altres empreses de la resta del món, sinó que competeixen també amb altres centres de producció de les mateixes empreses. I del preu de l'energia en depèn el preu final dels seus productes; i del preu final dels seus productes en depèn la seva
competitivitat entre centres de producció i, per tant, la viabilitat futura d'aquests centres de producció i la viabilitat futura dels llocs de treball. I aquí és on apareix l'amenaça, per culpa de les seves polítiques energètiques, les
implantacions industrials aquí estan perdent competitivitat i, en conseqüència, pateixen el risc de desinversió, de tancament o de reducció de la plantilla. Com està passant amb part dels treballadors de Dow que estan patint precisament aquestes
circumstàncies.


I això no és admissible i no encaixa gens amb el discurs triomfalista que constantment està fent el govern de l'Estat. Calen solucions estructurals, senyor vicepresident, no n'hi ha prou amb quatre propostes puntuals en forma de reial
decret llei, quan les coses van mal dades. Cal actuar amb contundència i planificació estratègica, no assaltant només el conflicte, el problema puntual de cada dia, sinó aixecant la vista i treballant amb temps. I no és un problema de diners,
perquè de recursos econòmics en tenen, i molts, des que vostès han arribat al govern estan ingressant un 57 % més a través dels impostos que paguem els ciutadans. Aquest últim any han ingressat 116 000 milions d'euros més que l'any que va entrar
vostès a governar. Mobilitzin aquests recursos cap a on toca i deixin de posar en risc la classe mitjana i treballadora del país amb les seves polítiques. Perquè, com deia, de bones paraules ja en tenim tots prou. Calen fets, canvis estructurals
de manera immediata.


Moltes gràcies.

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Muchas gracias, presidenta.


Señor vicepresidente, hoy nos vienen con este real decreto de medidas por la crisis en Oriente Medio; un real decreto que contiene las propuestas que desde Junts per Catalunya ya hicimos en su anterior versión y que llevó a que
facilitáramos su aprobación. Es decir, medidas para ayudar a la clase media y trabajadora de Cataluña.


Ahora bien, este es un real decreto ley claramente insuficiente, que contiene grandes agravios contra los ciudadanos, como por ejemplo el aumento del IVA de la electricidad. Precisamente en uno de los momentos de máximo consumo eléctrico
del año y en medio de las olas de calor, ustedes suben el IVA del 10 al 21 %, provocando un sobrecoste en los ciudadanos. Quizás, desde la comodidad de la posición del Gobierno, no se es consciente de lo que significa para muchas familias subir el
IVA del 10 al 21 %. ¿Sabe cuánta gente estos días está sufriendo por miedo a la factura de final de mes? ¿Sabe cuánta gente va a tener un problema real cuando abra la factura de la electricidad y descubra que han permitido que el IVA pase del 10
al 21 %? Eso sí, ustedes en el Gobierno siempre ganan, seguro, porque verán, fruto de este aumento, crecer la recaudación de impuestos por parte del Gobierno. Nunca fallan, ustedes siempre hacen negocio apretando, ahogando un poco más a la clase
media y trabajadora, incluso cuando estos pasan sus peores momentos.


Volvamos a la necesidad de tener que aprobar un real decreto ley ante cada crisis económica que aparece. Eso acredita dos cosas: la primera, que la economía española ni es tan robusta como pretenden vendernos ustedes ni es la mejor
economía del mundo como dicen constantemente y, la segunda, que el Gobierno del Estado no tiene capacidad de anticiparse a los problemas y reforzar con tiempo a los sectores clave de la economía para que estos no entren en riesgo cada vez que
aparece un imprevisto. Tomemos, por ejemplo, el sector industrial, un sector con un peso importante dentro del PIB y que genera una parte importante de los puestos de trabajo cualificados de nuestra sociedad. En los últimos tiempos, la sensación
de inseguridad ha ido creciendo en el sector y se está instalando la percepción de que la industria está entrando en situación de riesgo, en situación de tensión estructural ante el resto de los competidores mundiales, que están siendo mucho más
competitivos. Si dentro del sector industrial ponemos el foco en el sector petroquímico, la situación aún es más preocupante. Desde hace tiempo les advertimos, tanto a ustedes como al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que, como uno de los
grandes motores económicos del país, hay que reforzar el sector industrial y petroquímico. Les advertimos desde hace tiempo que las políticas actuales no son suficientes y que, si no se ponen a trabajar inmediatamente para revertir las tendencias
actuales, el futuro puede ser desolador. No se lo decimos solo nosotros -que lo hacemos-, se lo dicen también los sindicatos, se lo dicen las organizaciones empresariales, se lo dicen los centros de investigación, se lo dicen los ciudadanos de los
territorios donde hay implantadas estas industrias. De buenas palabras está todo el mundo harto, pero los hechos escasean y los golpecitos en la espalda no solucionan absolutamente nada.


Le pondré de nuevo el ejemplo del precio de la electricidad. Ustedes presumen de tener el mejor precio de la energía en Europa gracias a la enorme producción de energías renovables. ¿Es cierto eso? ¿La electricidad en España es la más
barata o de las más baratas de Europa? Pues no, porque una cosa es el precio de la energía en el mercado mayorista y otra muy diferente es el precio finalista después de aplicar todas las penalizaciones, impuestos, recargos y peajes que impone el
propio Gobierno del Estado. Eso, que es letal para los ciudadanos porque nos lo encontramos en la factura de cada mes, también lo es -y mucho- para el sector industrial. Veamos los datos: precio de mercado del megavatio hora: Francia, 52 euros;
Alemania, 75,68 euros; España, 80,44 euros megavatio hora. Pero eso no es todo, solo en unos meses el precio ha aumentado un 30 %; un 30 % del coste del precio de la energía. Por lo tanto, ustedes presumen de tener la energía eléctrica más
económica de Europa, pero en la práctica es un 6 % más cara aquí que en Alemania y un 55 % más aquí que en Francia. Como decía, esto no se para, sino que ha ido aumentando en un 30 % en solo pocos meses.

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¿Son ustedes conscientes de la amenaza que esto representa no solo para los ciudadanos y la economía familiar -que también-, sino para el sector industrial y especialmente para el petroquímico? Las empresas implantadas aquí no compiten solo
con otras empresas del resto del mundo, sino que compiten también con otros centros de producción de las propias empresas. Y del precio de la energía depende el precio final de sus productos, y del precio final de sus productos depende la
competitividad entre centros de producción y, por lo tanto, la viabilidad futura de estos centros de producción y la viabilidad futura de los puestos de trabajo. Aquí es donde aparece la amenaza. Por culpa de sus políticas energéticas, las
implantaciones industriales aquí están perdiendo competitividad y, en consecuencia, sufren el riesgo de desinversión, de cierre o de reducción de la plantilla, como está pasando con parte de los trabajadores de Dow, que están sufriendo,
precisamente, estas circunstancias.


Eso no es admisible y no encaja para nada con el discurso triunfalista que constantemente está haciendo el Gobierno del Estado. Necesitamos soluciones estructurales, señor vicepresidente, no basta con cuatro propuestas puntuales en forma de
real decreto ley cuando las cosas van mal dadas, de verdad. Hay que actuar con contundencia y planificación estratégica no asaltando solo el conflicto y el problema puntual de cada día, sino subiendo la mirada y trabajando con tiempo. No es un
problema de dinero, porque recursos económicos tienen ustedes y muchos. Desde que ustedes han llegado al Gobierno, están ingresando un 57 % más a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Este último año han ingresado 116 millones de
euros más que el año que entraron ustedes a gobernar. Movilicen estos recursos hacia donde toca y dejen de poner en riesgo la clase media y trabajadora del país con sus políticas, porque -como decía- de buenas palabras ya estamos hartos. Hacen
falta hechos, cambios estructurales de forma inmediata.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.


Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Jordà i Roura.


La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon dia a totes i a tots.


Gràcies, presidenta, vicepresident.


Bon dia, senyories.


A Esquerra Republicana votarem a favor d'aquest reial decret llei. I ho farem perquè entenem que davant un context internacional encara avui marcat per la incertesa energètica i òbviament també la incertesa geopolítica, cal donar
estabilitat. No només cal donar estabilitat, sinó que cal protegir sempre els col·lectius, vicepresident, més vulnerables. I cal també continuar avançant cap a un model energètic també més resilient. De fet, molt més resilient del que marca
aquest reial decret.


Però també els dic que el nostre sí no és, en cap cas un xec en blanc, és un sí exigent. És un sí que reclama, vicepresident, molta més ambició, perquè la gran lliçó que ens ha deixat o que ens han deixat les darreres crisis, al nostre
entendre, és una lliçó molt clara: la dependència energètica sí o sí ens fa més febles. No hi ha debat, ens fa més vulnerables, més vulnerables econòmicament, més vulnerables socialment i infinitament més vulnerables políticament. I nosaltres,
com a indepes, com a independentistes, això ho sabem i ho sabem molt bé. No hi ha sobirania nacional sense sobirania energètica i aquesta només serà possible, vicepresident, si accelerem, si posem la sisena. De debò, la transició cap a un sistema
renovable, la transició cap a un sistema descentralitzat i, sobretot, la transició cap a un sistema democràtic.


De fet, valorem -ho he de dir- positivament que aquest reial decret mantingui una part de l'escut social, no pot ser d'altra manera. Veiem bé que protegeixi els consumidors, com dèiem, més vulnerables; que mantingui el suport a un dels
sectors més imprescindibles avui dia, que és el sector agrari, el sector ramader i el sector pesquer i, òbviament, també el sector del transport; i que reforci mesures -això és important- pel que fa al desplegament de les energies renovables i,
sobretot, també l'emmagatzematge energètic, perquè és un tema clau.

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Però hi ha una mesura que avui també volem reivindicar especialment que és -i vostè n'ha parlat- la desaparició progressiva de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica. L'any 2026, aquest impost baixarà del 7 al 5 %; el
2027 es reduirà fins a un 3,5 %; i l'any 28, a priori, desapareixerà de manera definitiva. És una bona notícia. És una bona notícia perquè, en un món que l'electrificació a marxes forçades, aquesta norma el que fa és eliminar, com ja havíem
reivindicat manta vegades, una barrera que dificultava justament la competitivitat de la producció elèctrica. I ara, doncs, això, al nostre entendre, donarà un impuls també a les energies renovables. I permetinme recordar que aquesta és una
reivindicació que Esquerra Republicana ha defensat, com dèiem de manera permanent, de manera persistent, en aquesta Cambra.


Ara bé, eliminar un impost no és suficient, no ho és, i, menys, si després n'augmenten d'altres. Això també és cert. De fet, vicepresident, si volem transformar de veritat el model energètic, ho hem dit també moltes vegades, el que cal és
democratitzarlo. I aquí és on aquest govern encara té molta feina a fer. Nosaltres el que pensem és que necessitem un impuls molt més decidit, per exemple, en una cosa que els deu fer temor o por parlarne que se'n diu autoconsum. Necessitem
eliminar traves administratives que encara avui desanimen els autèntics protagonistes de tot plegat, la ciutadania, desanimen, aquestes traves burocràtiques, a moltíssimes famílies, desanimen a petites i mitjanes empreses, a cooperatives i, també, a
uns grans protagonistes que són les corporacions locals, els ajuntaments, perquè també volen produir la seva pròpia energia. Necessitem, doncs, apostar de manera decidida per les comunitats energètiques locals. Perquè les comunitats energètiques
no són només una nova manera de generar electricitat, sinó, si m'ho permet, és una nova manera d'entendre el territori. És una nova manera d'entendre el país, un model on la ciutadania participa, on la ciutadania comparteix, decideix i si es
beneficia també de l'energia que produeix. Perquè això és possible, un model que genera cohesió social, que fixa activitat econòmica al territori i que reparteix molt millor els beneficis de la transició energètica.


I permeti'm també recordar un fet. De fet, si avui una comunitat energètica pot compartir energia en un radi de 5 kilòmetres és gràcies a la negociació d'Esquerra Republicana. Vam aconseguir ampliar aquest límit dels 2 als 5 quilòmetres.
Però també vull recordar que, també, vam aconseguir passar dels 500 metres, dels ridículs 500 metres, i ens va costar Déu i ajut en els primers 2 quilòmetres. Aquesta era una reivindicació d'ERC, sí, però nosaltres ens la vam fer nostra perquè era
una reivindicació del territori i del món local, de les cooperatives. També els dic, però, que aquests 5 quilòmetres continuen sent insuficients. Cal continuar ampliant aquest radi, cal adaptar la normativa a la realitat, a la realitat dels
municipis, sobretot dels municipis rurals, a la realitat dels polígons industrials i a la realitat dels pobles que avui encara no poden compartir tota l'energia que produeixen.


Perquè si volem una transició energètica ràpida, doncs és relativament fàcil. Deixem de posar obstacles i deixem de posar obstacles a qui vol fer les coses bé. I també si volem aquesta transició, doncs fem el favor que sigui justa, que
sigui justa amb els territoris, que sigui justa, amb la pagesia, que sigui justa amb el món rural. En definitiva, que sigui justa amb la ciutadania.


I vaig acabant, presidenta, perquè nosaltres no defensem un model basat exclusivament en les grans infraestructures. Defensem un model distribuït. Un model arrelat al territori. Un model que combini sí els grans projectes, quan siguin
necessaris, però que els combini amb milers de petites instal·lacions. Instal·lacions d'autoconsum, cooperatives i comunitats energètiques, en definitiva, un model, hi torno, molt més democràtic.


Per això també ens preocupa sentir encara avui discursos, de fet, encara no els hem sentit perquè vindran darrere d'una servidora, que qüestionen aquesta transició energètica. El debat ja no és, senyories, si hem de fer renovables o no, el
debat és com les acabem de fer, com les fem. I nosaltres ho tenim clar. Les hem de fer amb el territori i les hem de fer amb participació. Les hem de fer també amb retorn social, extremadament important, i amb una fiscalitat que premiï qui
contribueix a la descarbonització.

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Per això, avui votarem a favor d'aquest reial decret llei perquè fa passos, entenem, en la bona direcció, però també continuarem, com deia al principi, exigint més vicepresident, més autoconsum, més comunitats energètiques, més facilitats a
l'hora de compartir aquesta energia, més sobirania energètica i, sobretot, una cosa que els hi falta sempre, que és valentia política. Perquè la transició no consisteix només a substituir una font d'energia per una altra font d'energia. Consisteix
a decidir qui controla aquesta energia, qui se'n beneficia i, sobretot, en definitiva, quin país volem construir. I Esquerra ho té clar: nosaltres volem un país energèticament sobirà, socialment just i també climàticament responsable.


Res més, moltes gràcies.


Muy buenos días a todas y todos.


Gracias, presidenta, vicepresidente.


Buenos días, señorías.


Esquerra Republicana va a votar a favor de este real decreto ley, y lo vamos a hacer porque entendemos que, ante un contexto internacional -aún hoy marcado por la incertidumbre energética y, obviamente, la incertidumbre geopolítica-, hay que
dar estabilidad. No solo hay que dar estabilidad, sino que hay que proteger siempre a los colectivos más vulnerables, vicepresidente. También hay que seguir avanzando hacia un modelo energético más resiliente; de hecho, mucho más resiliente de lo
que marca este real decreto.


También les digo que nuestro sí no es en ningún caso un cheque en blanco, es un sí exigente; es un sí que reclama, vicepresidente, mucha más ambición, porque la gran lección que nos han dejado las últimas crisis -a nuestro entender- es una
lección muy clara: la dependencia energética sí o sí nos hace más débiles. No hay debate, nos hace más vulnerables económicamente, más vulnerables socialmente y, también, más vulnerables políticamente. Nosotros, como 'indepes', como
independentistas, esto lo sabemos, y lo sabemos muy bien: no hay soberanía nacional sin soberanía energética. Esto solo será posible, vicepresidente, si aceleramos, si ponemos la sexta de verdad, la transición hacia un sistema renovable, la
transición hacia un sistema descentralizado y, sobre todo, la transición hacia un sistema democrático.


De hecho, valoramos -tengo que decirlo- positivamente que este real decreto mantenga una parte del escudo social, no puede ser de otra forma. Vemos bien que protejan a los consumidores, como decimos, más vulnerables; que mantengan el apoyo
a uno de los sectores más imprescindibles a día de hoy, que es el sector agrario, ganadero, pesquero y obviamente también el sector del transporte, y que refuercen medidas -eso es importante- en lo que se refiere al despliegue de las energías
renovables y, sobre todo, también del almacenamiento energético, porque es un tema clave.


Pero hay una medida que hoy queremos reivindicar especialmente -y usted ha hablado de ello-, que es la desaparición progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. En el año 2026 este impuesto va a bajar del 7
al 5 %; en 2027 se va a reducir hasta un 3,5; y en el año 2028, a priori, va a desaparecer de forma definitiva. Es una buena noticia. Es una buena noticia porque en un mundo que se electrifica a marchas forzadas esta norma lo que hace es
eliminar, como ya habíamos reivindicado muchas veces, una barrera que dificultaba precisamente la competitividad de la producción eléctrica; y ahora esto, a nuestro entender, va a dar un impulso también a las energías renovables. Permítame
recordar que esta es una reivindicación que Esquerra Republicana ha defendido, como decía, de forma permanente y persistente en esta Cámara.


Claro, eliminar un impuesto no es suficiente si aumentan luego otros; eso también es cierto. De hecho, señor vicepresidente, si queremos transformar de verdad el modelo energético -lo hemos dicho también muchas veces- lo que es necesario
es democratizarlo. Y aquí es donde este Gobierno tiene aún mucho trabajo que hacer. Nosotros pensamos que necesitamos un impulso mucho más decidido, por ejemplo, en una cosa de la que seguramente les da miedo hablar, que se llama autoconsumo.

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Necesitamos eliminar trabas administrativas que aún hoy desaniman a los auténticos protagonistas de todo esto: a la ciudadanía. Desaniman esas trabas burocráticas a muchísimas familias, desaniman a pequeñas y medianas empresas, a
cooperativas, y también a algunos grandes protagonistas como son las corporaciones locales, los ayuntamientos, porque también quieren producir su propia energía. Necesitamos, por lo tanto, apostar de forma decidida por las comunidades energéticas
locales, porque las comunidades energéticas no son solo una nueva manera de generar electricidad, sino -si me lo permite- que son una nueva manera de entender el territorio, una nueva manera de entender el país. Es un modelo donde la ciudadanía
participa, donde la ciudadanía comparte y decide; y sí, se beneficia también de la energía que produce, porque eso es posible. Es un modelo que genera cohesión social, que fija actividad económica en el territorio y que reparte mucho mejor los
beneficios de la transición energética.


Y permítame también recordar un hecho: si hoy una comunidad energética puede compartir energía en un radio de 5 kilómetros es gracias a la negociación de Esquerra Republicana. Conseguimos ampliar este límite de los 2 a los 5 kilómetros.
Pero también quiero recordar que también conseguimos pasar de los ridículos 500 metros -y nos costó Dios y ayuda- a los primeros 2 kilómetros. Era una reivindicación de Esquerra, sí, pero la hicimos nuestra porque era una reivindicación del
territorio, del mundo local y de las cooperativas. También les digo, eso sí, que esos 5 kilómetros siguen siendo insuficientes. Hay que seguir ampliando este radio, hay que adaptar la normativa a la realidad de los municipios, sobre todo de los
municipios rurales, a la realidad de los polígonos industriales, y a la realidad de los pueblos que hoy aún no pueden compartir toda la energía que producen.


Si queremos una transición energética rápida, es relativamente fácil: dejemos de poner obstáculos a quien quiere hacer las cosas bien. Y también, si queremos esta transición, hagamos el favor de que sea justa, justa con los territorios,
justa con los campesinos, justa con el mundo rural; en definitiva, que sea justa con la ciudadanía.


Voy terminando, presidenta. Nosotros no defendemos un modelo basado exclusivamente en las grandes infraestructuras, defendemos un modelo distribuido, un modelo arraigado en el territorio; un modelo que combine, sí, los grandes proyectos
cuando sean necesarios, pero que los combine con miles de pequeñas instalaciones, instalaciones de autoconsumo, cooperativas y comunidades energéticas; en definitiva, un modelo -y vuelvo a decirlo- mucho más democrático.


Por eso nos preocupa oír hoy discursos -de hecho, aún no los hemos oído porque llegarán después de mí- que cuestionan esa transición energética. El debate ya no es, señorías, si tenemos que hacer renovables o no, el debate es cómo las
acabamos haciendo. Nosotros lo tenemos claro: las tenemos que hacer con el territorio, las tenemos que hacer con participación, las tenemos que hacer también con un retorno social muy importante y con una fiscalidad que premie a quien contribuye a
la descarbonización.


Por eso hoy vamos a votar a favor de este real decreto ley, porque entendemos que da pasos en la buena dirección. Pero también vamos a seguir, como decía al principio, exigiendo más, vicepresidente: más autoconsumo, más comunidades
energéticas, más facilidades a la hora de compartir esa energía, más soberanía energética, y, sobre todo, una cosa que siempre les falta, que es valentía política; porque la transición no consiste solo en sustituir una fuente de energía por otra
fuente de energía, consiste en decidir quién controla esta energía, quién se beneficia y, sobre todo, en definitiva, qué país queremos construir. Y Esquerra lo tiene claro: nosotros queremos un país energéticamente soberano, socialmente justo y
también climáticamente responsable.


Nada más. Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.

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La señora VIDAL SÁEZ: Muchas gracias.


Quiero empezar esta intervención con un recuerdo, porque estos días hemos conocido la muerte de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, por un cáncer. Y quiero trasladar, en nombre de nuestro grupo, el más sincero pésame, tanto a su
familia como a sus compañeros y compañeras del Grupo Socialista, así como al conjunto del Ministerio de Vivienda. Porque el cáncer, señorías del Grupo Popular, no son las bajas médicas, el cáncer es una enfermedad que trunca miles de vidas.
Tenemos, además, la obligación de dotar a la ciencia de los recursos necesarios para poder seguir mejorando, investigando, conociendo y sacando adelante, por lo tanto, nuevas curas para y nuevos tratamientos. Para eso también tendrían que servir
los presupuestos. (Aplausos).


Hoy cerramos el curso político, y dentro de pocos días muchas familias van a hacer las maletas para irse de vacaciones. Muchas las harán y muchas otras no van a poder. Concretamente, cuatro de cada diez familias no se van a poder permitir,
siquiera, una semana de vacaciones; más del 40 %. Este contraste creo que ejemplifica muy bien el estado de ánimo y también la realidad de nuestro país, mejor incluso que muchas estadísticas. La macroeconomía va bien -de hecho, mejor que la de
los países de nuestro entorno-: el paro está en mínimos y el empleo bate récords gracias a la reforma laboral; los salarios suben, gracias a la negociación colectiva; las pensiones suben, especialmente las mínimas; el bajo coste de la energía
generada por las renovables da una oportunidad a nuestro país, también en términos de impulso hacia la nueva reindustrialización verde, reduciendo además la dependencia energética que tenemos como país. Y todo esto ha sucedido a pesar de guerras y
de la inestabilidad global que están generando, por cierto, los aliados del Partido Popular y de VOX. Todo esto es verdad.


También lo es -y lo señalaba un portavoz- que estamos desaprovechando la oportunidad de dar un impulso mucho más contundente para combatir el cambio climático y la urgencia de transitar a energías limpias y renovables, y, de paso, volver a
demostrar que estas son más eficientes y baratas.


También es verdad que la ciudadanía se sigue sintiendo desamparada cuando tiene que negociar, por ejemplo, frente a su casero o un fondo buitre; que el precio de la vivienda se está comiendo los incrementos salariales; que la emancipación
juvenil es una fantasía, porque encontrar un piso que alguien se pueda permitir es básicamente buscar unicornios; que los fondos buitre aplauden con las orejas, señorías, la caída de la moratoria antidesahucios; que las energéticas se han
embolsado, a día de hoy, más que todo lo que ganaron el año pasado. En el caso de Repsol la guerra les sonríe, señorías, porque han ganado un 154 % más que en todo el año pasado. Es una cifra increíble, eso no me lo pueden negar.


También es una realidad que el coste de la vida sube, y la imagen más gráfica la vemos, probablemente, cuando vamos al mercado o al supermercado, porque allí entendemos complejos conceptos como puede ser, aparentemente, la deflactación, es
decir, que con el mismo precio o incluso más tenemos menos cantidad. De eso el Frigopié yo creo que es un ejemplo clarísimo: cuando yo era pequeña tenía un tamaño de 38 y actualmente se encuentra en un 25, aproximadamente. Es verdad que la
patronal también está esperando para poder aplicar duras contrarreformas y que la derecha se ha convertido en una especie de oposición preocupada exclusivamente por que Feijóo llegue cuanto antes a la Moncloa -antes de que Ayuso se lo cargue por el
camino-, dispuesta a tumbar y a boicotear absolutamente todo.


No se puede discutir lo mucho que ha mejorado este país. Tampoco se puede discutir que queda muchísimo, muchísimo trabajo para poder ganar la batalla a esta precariedad vital y laboral que padecen demasiados ciudadanos, ministro. La
mayoría sigue demandando respuestas, entre otras cuestiones, porque sigue expuesta, demasiado vulnerable y, sobre todo, demasiado desigual. No hay sensación de crisis, pero sí hay una percepción de desigualdad, de abuso y de inestabilidad. Hoy
convalidamos un nuevo escudo social y, pese a que sus carencias son una evidencia -también su tibieza-, este decreto es más que una lista, en este caso, de medidas anunciadas. Tiene que ver con dar respuesta a una pregunta, que es: ¿qué modelo de
protección queremos? Frente a los

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abusos, este real decreto refuerza, por ejemplo, el papel de la CNMC para garantizar que las ayudas no terminen cargándose al precio que pagamos los consumidores, como han hecho en anteriores ocasiones, sin ir más lejos, Repsol o, por
ejemplo, Mercadona. Ante la crisis climática, aplicamos medidas para impulsar sistemas de almacenamiento energético, como el que destacaban otras 'portavozas', en torno a las baterías en territorios no peninsulares. El Partido Popular también ha
respondido a esta pregunta. Lo ha hecho recientemente, por ejemplo, al cerrar un pacto de presupuestos en Valencia donde aparece este carismático concepto de 'prioridad nacional'. Una medida que saben sus señorías es anticonstitucional y que,
además, no va a tener ningún recorrido, más allá del racismo y también la batalla cultural; por eso la imponen ustedes. Frente a una sociedad que va a trabajar enferma, no han tenido problemas ustedes en limpiar la cara a la CEOE, que señala a los
trabajadores de vagos y que, además, permite -sin rechistarles- que señalen a nuestros jóvenes de memos cuando hacen referencia y reivindican la salud mental.


Dicen tener ganadas las elecciones. De hecho, aún hoy -y a mí es que me da una risa enorme y enternecedora cuando lo dicen- creen que renunciaron ustedes al Gobierno, porque si querían lo podían tener, ¿verdad que sí? Aun así, y aunque
están tan convencidos de ganar las elecciones, a un año de que se celebren no pierden ustedes el tiempo en sacar la bandera del fraude electoral; tan seguros no estarán ustedes de ganar, ¿verdad que no? Frente a los beneficios indecentes de la
banca -que, de hecho, aún no han devuelto la millonada que les soltó M. Rajoy-, ustedes votaron en contra del impuesto que este Gobierno puso a la banca y tumbaron -ese sí- el de las energéticas. Pero ¿qué le vamos a pedir a una oposición que,
frente a la dana que se llevó a 230 personas por delante, sostuvo al señor Mazón durante un año en el Gobierno y permite que a día de hoy se esté tomando margaritas en la playa? Dos modelos, señorías: el de la seguridad frente al de la barbarie.
Hoy votamos si protegemos a los agricultores, a los pescadores o a las familias. Esto es lo que es este escudo; no es solo un decreto, sino una forma de entender el Gobierno, de gobernar y, sobre todo, una elección en favor de la seguridad, de la
seguridad de verdad.


Hace tres años que la ciudadanía votó para que este Gobierno existiera y, desde entonces, absolutamente nada ha caído del cielo. Ha sido duro negociar todos y cada uno de los avances que hemos tenido, también este decreto, y así lo vamos a
seguir practicando. Fíjense -y con esto termino- que nosotros no hemos venido a resistir, sino que queremos avanzar. El Mundial nos ha dejado, creo yo, muchas imágenes y también frases. Yo me quedo con una: '¿Y por qué no?'. El propio
presidente la compartía en redes, ¿verdad? Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir transformando? ¿Por qué no aprobar de una vez el control horario, ministro? Porque eso está encima de su mesa, ministro. (El señor vicepresidente primero y
ministro de Economía, Comercio y Empresa, Cuerpo Caballero, hace gestos negativos). Le hablo a usted, aunque no me mire y haga que no con la cabeza. ¿Por qué no asumir que, efectivamente, cuando uno trabaja y no le pagan por el trabajo que ha
hecho, es un robo? A la Seguridad Social y al trabajador. ¿Por qué no decir las cosas como son? ¿Por qué no tributan las rentas del capital? ¿Por qué no una prestación por crianza? ¿Por qué no una CUME en la que las familias no tengan que
pelear con las mutuas, que les niegan que los niños -insisto, enfermos de graves enfermedades- puedan compatibilizarla con el hecho de asistir de vez en cuando a clase para poder amenizar su vida, algo que me abstengo de calificar? ¿Por qué no
asumir que esta Administración tiene una deuda con las familias del ingreso mínimo vital y que fue un error de la Administración que debemos condonar? ¿Por qué no? ¿Por qué no regular el alquiler de temporada y de habitaciones...


La señora PRESIDENTA: Señora Vidal, tiene que terminar.


La señora VIDAL SÁEZ: ...que está lastrando y vaciando nuestros pueblos y ciudades? ¿Por qué no asegurar que el crecimiento llegue a las familias y a los trabajadores de este país?

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Sin más, si quieren sacar conclusiones de este Mundial, a ver si nos enteramos todas de que en los últimos minutos no solo se resiste, sino que a veces se va a ganar, y esto es lo que este Gobierno se tiene que tatuar en la piel. Son los
últimos minutos, el último año, y tenemos muchos deberes por delante.


La señora PRESIDENTA: Señora Vidal, termine.


La señora VIDAL SÁEZ: Este decreto se va a aprobar y es positivo, pero tendría que ser mucho más ambicioso, como usted bien sabe, ministro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo ÁlvarezSala. Cuando quiera. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZSALA: Habla la señora de Podemos sobre cuál es la prioridad de... (Rumores.-La señora Vidal Sáez pronuncia palabras que no se perciben). Perdón, sí, la señora de SUMAR -bien, tanto monta, monta tanto-. Habla
sobre cuál es la prioridad de VOX. ¿Cuál es la prioridad de VOX? Es evidente cuál es la prioridad de VOX: la prioridad nacional. (Aplausos). Nuestro objetivo es que los españoles puedan crecer y vivir en España; que los españoles puedan
ganarse el pan con el sudor de su frente; que los españoles puedan seguir teniendo un futuro en España y que no estén condenados a la pobreza, al expolio fiscal, a la inmigración masiva que trae una inseguridad brutal a los barrios de los
trabajadores españoles. No a los suyos, no a los suyos (rumores), porque ustedes no viven la inseguridad en sus calles. La vive la abuela que vive en Usera, que ha sido atracada tres veces en su portal. (La señora Vidal Sáez pronuncia palabras
que no se perciben). La viven los trabajadores de Barcelona, que ven cómo sus parques son, a día de hoy, absolutamente intransitables por esa inmigración masiva y brutal que ustedes han traído. Que además tumba los precios de los salarios, que
lleva los salarios a mínimos históricos, que lleva a España a una situación en la que el 75 % de los asalariados españoles cobra dos veces o menos el SMI. ¡El 75 %!


Ustedes han traído una pobreza brutal a España a la que los españoles están atados de pies y manos, enfrentados en un sándwich entre los poderosos por arriba -a los que ustedes les ponen alfombra roja para comprar los restos de la pobre
España- y los desheredados de todo el mundo por debajo -a los que ustedes conceden sistemáticamente todas y cada una de las ayudas que estaban pensadas para los españoles que lo pasan mal-. (Aplausos). Esa es la situación de los trabajadores
españoles y esos trabajadores españoles son la prioridad de VOX: una prioridad nacional. Que la industria vuelva a ser garantía de futuro y que el trabajo vuelva a asegurar que la nevera se puede llenar a fin de mes. Ese es el objetivo de VOX y
para eso estamos aquí, al contrario que ustedes, que están aquí para traicionar a la patria, para traicionar a los españoles y para vender la patria a trozos (aplausos), ya sea entre taifas autonómicas, ya sea entre los poderosos que vienen y
compran España a precio de saldo precisamente por su culpa. Porque los grandes fondos de inversión están encantados con ustedes en el Gobierno. Los grandes fondos de inversión, las grandes empresas que invierten en terrenos agrícolas, las grandes
empresas que se dedican a la compraventa de las semillas para el campo, las grandes empresas internacionales que se dedican a la venta de fitosanitarios en España están encantadas con el Partido Socialista. Votan al Partido Socialista y a SUMAR
porque están encantados con ustedes, con la subasta a precio de saldo que están haciendo de nuestra patria (aplausos), dejando al pueblo español absolutamente desheredado: los últimos en nuestra propia casa. Eso es lo que ustedes están haciendo y
precisamente esa es la prioridad de VOX, esa es nuestra prioridad: que haya un futuro en España para los españoles.


Dicen ustedes que las elecciones están ganadas. Señora de SUMAR, españoles que nos escuchan, las elecciones no están ganadas. ¿Cómo que las elecciones están ganadas? Los señores del Gobierno están, a marchas forzadas, modificando el censo

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electoral. (Aplausos). Están llevando a cabo un pucherazo, un auténtico golpe de Estado con la ley en la mano. Han retorcido y tergiversado las normas electorales concediendo la nacionalidad a todo aquel que se pone por delante. Están
ustedes garantizando que, con muy poco esfuerzo, en aquellas circunscripciones en las que los últimos escaños se juegan en muy pocos votos puedan robar y traer votos de los socialistas repartidos por todo el mundo concediéndoles la nacionalidad para
tratar de dar la vuelta a las elecciones. (Rumores). En eso es en lo que están, con una ley de nietos que está modificando el censo electoral a marchas forzadas. (Aplausos). De hecho, la hermana de Óscar Puente, responsable en parte de esta
modificación del censo electoral, ya ha encontrado su sitio ante la justicia y se está abriendo una investigación precisamente al respecto. Así que no, las elecciones no están ganadas. Hay que denunciarlo cada día. Nadie puede confiarse, porque
las trampas las estamos viendo ya en nuestra cara.


En cuanto a este decreto, señor ministro, expone usted una cantidad de falacias que son para llorar. Empieza usted hablándonos de las horas y los precios de la electricidad. Señor ministro, los consumidores españoles, a pesar de toda la
propaganda que usted quiera vender, pagan un precio del kilovatio hora semejante al de la media europea; semejante al de la media europea. (El señor Guijarro García: ¿Qué dices?). Es más, el riesgo de pobreza energética en España se ha
multiplicado desde que ustedes gobiernan. Pero siguen ustedes y nos dicen: Bueno, rebajamos el impuesto especial sobre hidrocarburos. Para quien no lo sepa, el impuesto especial sobre hidrocarburos es un impuesto que grava la gasolina que cada
uno de nosotros ponemos en nuestro depósito y este impuesto, a su vez, devenga IVA. Pues viene el ministro y nos dice: Bajamos el impuesto especial sobre hidrocarburos. Este impuesto viene de una directiva europea. La directiva dice que, como
mínimo, el impuesto tiene que estar en determinada cantidad. España prácticamente duplica esa cantidad y ustedes rebajan el impuesto y lo ponen en el mínimo que establece la directiva. ¡Oh, gracias, señor ministro! ¡Oh, gracias, que dejan de
sangrarnos para sangrarnos solo lo justo y de forma provisional! Eso sí, porque esta rebaja que tanto vende el ministro en septiembre se acaba. Pero hay más. Había una rebaja sobre el IVA a los hidrocarburos, esa rebaja ahora desaparece y la
compensan ustedes con esta rebaja absolutamente tímida al impuesto especial sobre hidrocarburos, que es otro impuesto, de tal forma que el paganini español va a pagar exactamente lo mismo. Es decir, ayudas reales, cero. Es más, las ayudas que
ustedes conceden quien en realidad las concede no es el Gobierno, son las gasolineras. Quien hace la rebaja en el precio es la gasolinera, que luego tiene que ir al Gobierno a pedirle que devuelva el importe rebajado, y el Gobierno tarda hasta tres
o seis meses en devolverlo a cero intereses. ¿A quién quieren engañar, señor ministro? Están ustedes exprimiendo a los españoles, exprimiendo a los empresarios y exprimiendo a todo el que se pone por delante con tal de vender su marketing.


Siguen ustedes hablándonos y nos dicen que vamos a conceder una ayuda a la compra de fertilizantes para ayudar a los agricultores. Señor ministro -y que todo el mundo lo sepa-, España era líder en el Mediterráneo en producción de
fertilizantes hasta que ustedes se cargaron la industria de producción de fertilizantes en España, y ahora nos vemos obligados a importar fertilizantes ¿de dónde? ¿Saben quién es el principal vendedor de fertilizantes a la Unión Europea?
Marruecos. Después, ¿sabe quién? Rusia. Después, ¿sabe quién? Argelia. Y, después, ¿sabe quién? Egipto. Es decir, están concediendo ayudas a los agricultores españoles para comprar fertilizantes ¿a quién? A terceros países, poniéndonos
ustedes a los pies de los caballos. Como siempre, primero se cargan una industria y después subvencionan a la industria del extranjero.


Seguimos hablando y vienen y nos cuentan que ayudan ustedes al sector pesquero. ¡Pero qué delirio, señor ministro, si están matando ustedes la pesca en España! Con el sistema de cuotas que están imponiendo están asfixiando a los pescadores.
Váyase usted a Asturias o a Galicia a preguntar a cualquier pescador por la situación con el sistema de cuotas, con el diario electrónico. Son medidas que son absolutamente absurdas.


Viene usted también y nos habla de los agricultores. Sí, los agricultores. ¿Sabe quién era el principal productor de tomates en la Unión Europea? España. ¿Sabe quién es a día

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de hoy el principal productor de tomates en la Unión Europea? Marruecos. ¿Sabe quién es el principal productor de frutos rojos en la Unión Europea? Marruecos. Esa es la realidad. A esto han empujado ustedes a los agricultores. Viene
usted a decir que ayudan a los agricultores españoles después de haberlos matado. El sector agrícola español está en peligro de extinción.


Igual que la industria. La industria del plástico en España, por ejemplo, era una industria auténticamente top a nivel mundial. Las plantas de producción de plásticos en España eran un ejemplo, se estudiaban en todo el mundo por su
eficiencia, por su capacidad productiva, por las pocas emisiones, por la poca contaminación en el agua que producían. ¿Y ustedes qué han hecho? Matar a los productores españoles de plástico.


La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene que ir terminando.


El señor FIGAREDO ÁLVAREZSALA: En definitiva, señor ministro, ustedes están matando la industria, la producción española, ustedes están matando al español de a pie, ustedes están robándonos el futuro y vienen ahora a repartir cuatro o cinco
céntimos por litro y quieren que les aplaudamos. No cuenten con nosotros, señor ministro. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señora presidenta.


Permítame hacer un paréntesis y agradecer la mención de la portavoz de SUMAR al fallecimiento de nuestro compañero David Lucas, secretario de Estado de Vivienda. (Aplausos). Como grupo dejamos constancia en el Diario de Sesiones de nuestro
recuerdo emocionado y trasladamos a sus familiares y también allegados nuestras más sinceras condolencias.


Señorías, empezamos con este decreto; un decreto que nos hace recordar que el cambio climático, los conflictos internacionales y la dependencia energética tienen consecuencias muy reales sobre nuestra economía y sobre nuestra vida
cotidiana. Estos días basta con salir a la calle para sentir un calor abrasador, basta con mirar las noticias para ver incendios cada vez más peligrosos y difíciles de combatir por el cambio climático -vaya por delante todo nuestro apoyo a las
personas afectadas y nuestro reconocimiento a quienes siguen trabajando para extinguirlos-, basta con llenar el depósito para comprobar cómo un conflicto que se desarrolla a miles de kilómetros puede terminar teniendo consecuencias en la economía de
nuestras familias y de nuestras empresas. El conflicto llega al surtidor cuando sube el precio del petróleo, llega a una explotación agraria cuando se encarecen el gasóleo y los fertilizantes y puede llegar a la cesta de la compra, a las empresas y
al empleo. Por tanto, señorías, no elegimos las crisis, pero sí cómo afrontarlas. Por eso, cuando la realidad cambia de forma brusca, la política tiene la obligación de responder con celeridad. Sí, los Gobiernos, pero también los Parlamentos. En
marzo, cuando el conflicto en Oriente Medio provocó un incremento súbito de los precios energéticos, el Gobierno y este Parlamento reaccionaron con rapidez. Hoy sabemos que el decreto de marzo funcionó y ahí están los resultados: durante la
primera semana de aplicación de las ayudas el precio de la gasolina descendió un 14 % y el del gasóleo un 9 %. Las medidas energéticas redujeron aproximadamente 1 punto la inflación durante su periodo de vigencia. El escudo impulsado permitió
ahorrar a veinte millones de hogares en su factura mensual un 15 %, un 25 % si eran consumidores vulnerables. Es decir, las medidas cumplieron su objetivo, amortiguaron el golpe, contuvieron los precios y evitaron que una crisis internacional se
trasladara con toda su intensidad a la economía de las familias y las empresas. (Aplausos).


Han pasado tres meses y el conflicto sigue, y no sabemos por cuánto tiempo más. Por eso, hoy no estamos reproduciendo sin más el decreto de marzo, estamos haciendo algo mucho más sensato: mantener la protección allí donde el impacto
continúa siendo intenso, reducirla gradualmente allí donde los mercados empiezan a estabilizarse y dejar preparada

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su reactivación automática si la situación vuelve a deteriorarse. Sí, señorías, también en el caso del IVA reducido, porque las rebajas del IVA fueron una herramienta útil en el momento más crítico de las crisis, pero no pueden convertirse
en una medida permanente y sus señorías lo saben. Menos recaudación por IVA supone menos recursos para financiar la sanidad, la educación o la dependencia que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales. Pero, es más, la Comisión
Europea señaló en 2023 que España es uno de los países con más tipos reducidos y exenciones por IVA, por lo que recauda menos de lo que le correspondería en comparación con el resto de los países europeos. Por tanto, lo responsable no es mantener
indefinidamente una rebaja general, sino adaptarla a la evolución de la economía y dirigir el esfuerzo público hacia los sectores que siguen necesitando apoyo. Y es falso que este decreto suba los impuestos. ¡Claro que es falso! De hecho, existe
la desaparición de un impuesto -que, por cierto, creó el Partido Popular en 2013-, porque también es responsable eliminar aquellos impuestos que ya no son necesarios. (Aplausos). Por tanto, las medidas cambian porque cambia la realidad, pero el
objetivo permanece: que agricultores, transportistas, pescadores, empresas y familias no soporten solos el coste de una crisis que no han provocado. Esa es la lógica de este decreto y la de la política económica del Gobierno ante las crisis a lo
largo de estos años.


El Gobierno ha perseguido un doble objetivo: proteger y transformar. Proteger significa evitar que el coste de las crisis recaiga sobre quienes menos capacidad tienen para soportarlo. En este decreto, proteger el sector primario hoy es
proteger mañana el precio de los alimentos, proteger el transporte es evitar que un shock energético termine extendiéndose al conjunto de la economía, proteger el empleo significa también exigir que las empresas beneficiarias de estas ayudas no
puedan despedir por razón de estas crisis y proteger al consumidor es comprobar que las ayudas y las rebajas les llegan a ellos vía precios. Por eso, este decreto refuerza las facultades de la CNMC, para exigir transparencia en la fijación de
precios ante la movilización de los recursos públicos.


La segunda idea que quiero reforzar es que cada crisis nos ha dejado una enseñanza. La pandemia nos enseñó que proteger el empleo y el tejido productivo eran la mejor forma de acelerar la recuperación, la guerra de Ucrania nos recordó hasta
qué punto Europa dependía energéticamente del sector y el conflicto en Oriente Medio vuelve a demostrar que esa vulnerabilidad sigue existiendo. Por eso, este decreto no solo actúa en el presente, sino que, al igual que en marzo, piensa en su
futuro. Sigue impulsando las energías renovables, el almacenamiento y la electrificación, porque reducir nuestra dependencia energética no es una política ambiental, es una política industrial de competitividad y de seguridad económica.


Tercera reflexión. La derecha no ha acertado ningún pronóstico catastrofista, ¡ninguno! No son opiniones, son resultados, y los resultados importan. Se dijo que la reforma laboral destruiría empleo; hoy España supera los 22 millones de
afiliados a la Seguridad Social. Se dijo que subir el salario mínimo frenaría la contratación; hoy seguimos batiendo récords de empleo y la productividad por hora trabajada crece. Se dijo que había recesión una y otra vez, sin embargo, España
lideró el crecimiento de las grandes economías de la zona euro en 2023, 2024 y 2025. Es sorprendente comprobar cómo algunos se empeñan en ser tremendistas sin datos objetivos y, sin embargo, no lo son ante realidades como el cambio climático,
cuando las evidencias son tan palpables.


Señorías, termino. Con la votación de este decreto, hoy decidimos si mantenemos la protección a los sectores que siguen soportando el impacto de esta crisis, decidimos si conservamos una cláusula de salvaguarda que permita reaccionar de
forma automática si la situación vuelve a empeorar y decidimos si seguimos avanzando hacia una economía más resiliente, más competitiva y menos dependiente; en definitiva, señorías, decidimos una vez más si la política es un instrumento eficaz para
servir a la ciudadanía. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de este real decreto ley. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanquer.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Olano Vela.

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El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora Armengol.


Señor Cuerpo, lo ha vuelto a hacer. En un nuevo alarde de su legendaria 'capacidad de diálogo', hoy nos trae su séptimo real decreto ley con medidas económicas; siete reales decretos leyes con medidas económicas que no ha dejado enmendar a
ninguno de los grupos de esta Cámara y ni una sola ley aprobada desde su ministerio. Esa es su capacidad de diálogo. Esa es la persona dialogante de la que usted presume, pero que resulta ser muy poco practicante. En definitiva, un sanchista de
manual, señor Cuerpo. (Aplausos).


Cada vez que comparece en esta Cámara, señor Cuerpo, nos describe usted una España que no es real. Verá, Darrell Huff nos explicó en su ensayo Cómo mentir con estadísticas que una cifra puede ser correcta y, aun así, utilizarse para mentir,
y este es exactamente el método que usa usted, señor Cuerpo: nos enseña un porcentaje bien cocinado y esconde a las personas que hay detrás. El Grupo Parlamentario Popular va a hablar hoy de personas con datos de organismos oficiales que espero no
se atreva a discutir, porque son los datos de su Gobierno.


Señor Cuerpo, mientras Sánchez se va de vacaciones cinco semanas, 6,3 millones de familias no pueden permitirse ni una sola semana de vacaciones, son 100 000 más que cuando Sánchez llegó al Gobierno, y a todos esos niños que se quedan sin
vacaciones usted les habla de no sé qué cohetes y de no sé qué economía que va como un tiro. Esa es la realidad, señor Cuerpo. Con la pobreza ocurre lo mismo: 12,6 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social, son 300 000
más que en 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno. Entre ellos, hay alrededor de 2,7 millones de menores, 200 000 niños más que cuando llegaron en 2018, y a esos niños pobres usted les habla de que somos los campeones del aumento del PIB y de lo
bien que va la economía en España. Las familias que no pueden mantener su vivienda a temperatura adecuada, lo que se llamó siempre pobreza energética, se han duplicado desde que ustedes llegaron al Gobierno, señor Cuerpo, y usted les cuenta -lo ha
hecho hoy- que tenemos la energía más barata de la Unión Europea, pero les oculta que usted y Sánchez les cargan de impuestos y peajes para que ellos no puedan poner el aire acondicionado o la calefacción, eso que ustedes llaman políticas sociales,
que en realidad son políticas socialistas donde la gente sufre y algún socialista se forra. Señor Cuerpo, los precios han subido desde que están ustedes en el Gobierno un 26 % y los alimentos un 43 %. Detrás de su PIB hay familias que compran
menos que antes; detrás de su recaudación hay contribuyentes que pagan más para vivir peor, y detrás de su afiliación hay trabajadores pobres que no pueden llegar a fin de mes. Con esa de la que usted presumía hoy, resulta que desde que usted es
ministro hay 100 000 trabajadores pobres más que antes. Con esos datos, señor Cuerpo, usted no hace otra cosa que presumir y yo me pregunto exactamente de qué, señor Cuerpo. (Aplausos).


El Real Decreto Ley 18/2026 que debatimos hoy es el ejemplo perfecto de esa distancia entre el relato y la realidad, entre el desgobierno y los españoles. Cuando comenzó la guerra de Irán, usted anunció reuniones con todos los sectores y
prometió proteger a familias, el campo, el transporte y la industria; hoy lo ha hecho. El primer plan movilizaba nada menos que 5000 millones de euros, según sus estimaciones; pero en esta extensión que hacemos hoy lo que hace es retirar 2 de
cada 3 euros de protección, cuando el precio de petróleo hoy en día roza los 100 euros, un 40 % más que al día siguiente de iniciarse la guerra en Irán, señor Cuerpo. Usted afirma que las rebajas energéticas en vigor hasta junio redujeron el IPC
general 1 punto durante su vigencia. Y si funcionaban, ¿por qué las retira cuando el precio del petróleo le digo que roza los 100 euros? Y si la normalidad ha vuelto, como afirman ustedes, ¿por qué el propio decreto reconoce que persisten dudas?
No son dudas, señor Cuerpo, son bombardeos que todavía persisten en el estrecho de Ormuz. En definitiva, su relato dice normalización, su decreto dice incertidumbre y los hechos dicen crisis energética. Y ante una crisis energética, no pueden
ustedes subir los impuestos, que es lo que están haciendo con este decreto. No pueden alegar falta de recursos, pues en 2025 dispusieron de 178 520 millones más que en 2018, un 55 % más. Han recaudado como nunca; sin embargo, han incrementado la
deuda más

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que nunca, más de medio billón de euros, señor Cuerpo. El problema no es cuánto entra, el problema es qué han hecho con lo que ha entrado. Desde luego, mejorar los servicios públicos es seguro que no; robar es seguro que sí, pero ¿tanto?
Se hace difícil pensarlo incluso cuando está pensando uno en el Partido Socialista. Sí, señor Cuerpo, son ustedes más corruptos que pésimos gestores, y fíjese que es difícil alcanzar esa meta. (Aplausos).


Han frito a impuestos a la clase media y la han empobrecido como nunca tras más de cien subidas impuestos. Han multiplicado por seis el número de españoles que se sienten pobres, señor Cuerpo. Y usted presume. Ustedes niegan aquí las
subidas de impuestos; sin embargo, remiten documentos a la Unión Europea en los que reconocen haber recaudado 2300 millones de euros más cada año solo por no deflactar el IRPF, algo que el Partido Popular viene pidiendo desde hace cinco años. En
definitiva, pagamos más, tenemos peores servicios públicos y vivimos peor, señor Cuerpo. Y eso solo se consigue con las políticas del Partido Socialista, apoyado por la extrema izquierda. Y, además, en el colmo de la desfachatez, ustedes presumen
de ello.


Frente a sus políticas asfixiantes, el Partido Popular propone actualizar el IRPF con la inflación y aplicar rebajas efectivas -no hipotéticas- del IVA del gas y de la electricidad, así como del impuesto sobre la electricidad; transponer el
régimen europeo del IVA franquiciado para los autónomos con menos ingresos y mantener las ayudas a la industria que contenía el primer decreto, señor Cuerpo.


Un país no prospera porque Hacienda recaude más, no, sino porque sus familias viven mejor. Un país no va bien porque se mejore una décima en una tabla si, detrás de esa décima, hay hogares sin vacaciones, más menores en situación de
vulnerabilidad y millones de españoles pobres. Señor Cuerpo, en la novela que tanto le gusta a usted, El principito, SaintExupéry, concluyó: 'Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras'. Hoy le hemos juzgado a usted y a su desgobierno por
sus actos, no por sus presentaciones, por sus porcentajes cuidadosamente escogidos ni por la palabrería pomposa al estilo Zapatero que todos sabemos ya que solo es chatarra corrupta. La única realidad, la de los hechos, dice que este decreto reduce
las ayudas cuando los problemas siguen ahí, condiciona las rebajas fiscales a que el daño ya sea extraordinario y vuelve a descargar sobre las familias y las empresas el coste de su falta de previsión. Este real decreto no protege a España frente a
la crisis; les protege a ustedes, al Gobierno, frente a la realidad. Y por mucho que la escondan detrás de sus estadísticas, la realidad siempre termina llegando a los hogares y desenmascarando su propaganda barata.


Las medidas que el Partido Popular les propuso hace ya más de cuatro meses deberían aplicarlas, y algunas de ellas se las he detallado hoy. Para proteger a las familias y a las empresas siempre podrán contar ustedes con el Partido Popular.
Para proteger a los corruptos como Zapatero, ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV e incluso con SUMAR. Porque ya sabemos que, por el sillón de Yolanda, SUMAR tragará con todo: con toda la corrupción, las
joyas, las prostitutas y las mordidas. (Aplausos). Tragará absolutamente con todo. Señor Cuerpo, la señora Vidal, portavoz de SUMAR, se preguntaba: ¿y por qué no? ¿Y por qué no van a seguir ustedes robando si SUMAR siempre va a seguir
apoyándoles, señor Cuerpo? ¿Por qué no?


Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos.-La señora Alía Aguado: ¡Bravo! ¡De lujo!).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Olano.


Para concluir el debate, tiene la palabra el señor vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA (Cuerpo Caballero): Gracias, presidenta.


Dos mensajes por mi parte. En primer lugar, quiero hacer mías las palabras de las portavoces tanto de SUMAR como del Grupo Socialista en ese recuerdo emocionado a David Lucas, cuya pérdida nos conmociona a todos.


En segundo lugar, quisiera agradecer a los grupos que ya han manifestado su apoyo a la convalidación de este real decreto ley. Quiero recordar también que se trata de un real

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decreto ley que, como he señalado antes, se ha elaborado de manera conjunta con las aportaciones de los grupos de esta Cámara, de los agentes sociales y de los sectores afectados. Que esa unidad se refleje ahora en la convalidación
transmite un mensaje de estabilidad y de confianza a los ciudadanos y a las empresas, algo que considero importante en estos momentos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- REAL DECRETO LEY 19/2026, DE 29 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA DEL PERSONAL LABORAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE COMPLEMENTO DE INSULARIDAD EN ILLES BALEARS. (Número de expediente
130/000050).


La señora PRESIDENTA: Vamos a ver ahora la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas y de
complemento de insularidad en Illes Balears.


Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Cuando quiera.


El señor MINISTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (López Águeda): Muy buenos días, señorías.


Permítanme que yo también agradezca las palabras de otros grupos y me sume al recuerdo de David Lucas. Creo que mucha gente no es consciente de la importancia que tienen para la política personas como David: personas que siempre actuaron
con rigor, con conocimiento, buscando soluciones y acuerdos. Estoy convencido de que todas las personas que han tenido la oportunidad, en esta Cámara, de trabajar con David y de buscar soluciones y acuerdos saben lo necesario que es contar en la
política con personas como él. Ayer vimos, en esa masiva capilla ardiente, el cariño que había sembrado durante tanto tiempo. Desde luego, quiero expresar mi agradecimiento y sumarme al recuerdo de un excelente político y de una mejor persona.
Gracias a todos. (Aplausos).


Señorías, es un honor subir a esta tribuna para defender el Real Decreto Ley 19/2026. Se trata de una medida que aporta soluciones reales y concretas a miles de personas. Son soluciones que afectan a su vida cotidiana y que, créanme,
representan el tipo de medidas que mejoran la vida de mucha gente y no empeoran la de nadie. Por eso voy a pedir, por encima de colores políticos, por encima de diferencias, su apoyo a esta medida, tan demandada, tan acordada, tan positiva para
tanta gente.


Este real decreto persigue, básicamente, dos cosas. La primera es permitir la jubilación parcial del personal laboral de todas las Administraciones públicas. La segunda la conocen muy bien todos los diputados de Baleares presentes en esta
Cámara, empezando por su presidenta. Llevan muchos años reivindicando algo que es justo, que ha costado mucho y que, por fin, podemos conseguir con este real decreto: mejorar las condiciones laborales de las y los empleados de la Administración
General del Estado en Baleares, donde, señorías, tenemos un problema -lo tenemos por las condiciones- que hoy estamos en condiciones de poder resolver.


Miles de trabajadores públicos esperan que hoy demos un balón de oxígeno a la Administración, permitiendo la jubilación parcial mediante relevistas y mejorando las condiciones laborales de las y los trabajadores, como digo, del sector
público estatal en las Islas Baleares. Porque esto va, en última instancia, de garantizar servicios públicos de calidad. Va de combinar la flexibilidad que exige el contexto con el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito,
igualdad y capacidad que rigen el acceso y la promoción en el empleo público. Si un trabajador del sector privado puede acogerse a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública? Si las
mejores firmas buscan atraer talento a sus sedes, ¿cómo no vamos a ofrecer condiciones dignas que eviten vacantes públicas en Baleares?

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Señorías, este real decreto es una medida reivindicada por los sindicatos e indispensable para la ciudadanía. Es una medida reivindicada y acordada con las principales centrales sindicales porque garantiza un proceso ordenado, gradual y
flexible de contratación; porque exige que las Administraciones nos pongamos las pilas con instrumentos de planificación, como las ofertas de empleo público -véase el caso estatal: la Administración General del Estado ha incorporado ya 854 plazas
para la contratación de personal relevista fijo en la oferta del año 2026-; y porque una Administración del siglo XXI debe ser sólida, ágil, flexible y útil y, por supuesto, estar centrada en las personas, tanto en quienes reciben los servicios
públicos como en quienes los hacen posibles.


Debemos proponer soluciones prácticas mientras seguimos transformando la Administración pública de abajo arriba. Por eso este real decreto establece numerosos criterios legales claros, viables y -subrayo- acordados con las principales
organizaciones sindicales. Para acceder a esta modalidad de jubilación parcial se deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo. Ese contrato deberá mantenerse vigente desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta, como máximo,
los dos años posteriores a la extinción de dicha situación. Además, el trabajador que solicite la jubilación parcial anticipada deberá hacerlo tres años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, acreditar treinta y tres años de cotización
y una antigüedad de seis años. La reducción de la jornada será de entre un 25 y un 75 %.


El Gobierno de España es consciente de que hace falta tiempo para adaptarse a los nuevos criterios. Por eso se establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027, que permitirá vincular la jubilación parcial a contratos fijos
firmados a partir del 1 de abril de 2024 y derivados de las ofertas de empleo público ordinarias. El resultado será que el personal laboral podrá reducir su jornada, percibiendo un salario proporcional al tiempo de trabajo que continúe desempeñando
y, por el resto de la jornada, la parte correspondiente de la pensión.


La otra gran pata de este real decreto ley es la revisión, como decía, de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal en Baleares. El Gobierno de España cumple así con otro de los objetivos recogidos en el
acuerdo marco que firmamos en enero con los sindicatos: aumentar las indemnizaciones por residencia un 100 % en la isla de Mallorca y más de un 300 % en el resto de las Islas Baleares, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. De este modo,
más de 11 000 empleadas y empleados públicos residentes en Baleares verán equiparadas sus compensaciones por insularidad a las que ya perciben, por ejemplo, quienes prestan servicio en las islas Canarias. La propuesta del Gobierno de España está a
la altura del desafío: retener el talento en el empleo público en las Baleares, en un territorio donde cada día resulta más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Permítanme ilustrarlo con dos ejemplos. Una inspectora de Trabajo de rango A1
destinada en Mallorca ha pasado de percibir 115 euros de indemnización a más de 214. Del mismo modo, un administrador C1 del SEPE destinado en Menorca pasará de percibir 101 euros de indemnización a más de 405. Hoy pido a los grupos parlamentarios
-insisto, por encima de los colores políticos- que voten a favor de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de más de mil trabajadores laborales de la Administración estatal y de más de 11 000 empleados públicos residentes en Baleares.


Acabo. Señorías, España arrastraba desde el año 2012 una deuda dolorosa con los empleados públicos, una deuda que se tradujo en pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida laboral. Después de unos años de recortes, llevamos ocho años
reparando esa deuda material. Desde el año 2018 hemos subido el sueldo a los funcionarios, a los empleados públicos, un 11,4 % entre 2025 y 2028; hemos reducido la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales; hemos estabilizado más de 440
000 plazas en la función pública; hemos modernizando el día a día de los servicios públicos mediante tecnologías como la inteligencia artificial; hemos rediseñado los procesos de selección pública para hacerlos más eficaces e inclusivos, en
términos de género, de diversidad territorial y de personas con discapacidad; y hemos rejuvenecido la plantilla con una racha histórica de ofertas de empleo. El Gobierno ha ofertado más de 297 000 plazas en estos años

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-297 000- frente a las 64 000 del anterior Gobierno: casi cinco veces más. Las cifras y los hitos están ahí, pero el Gobierno está encantado de compartir logros y ampliar consensos. El Gobierno de España lo tiene claro: queremos seguir
construyendo una Administración del siglo XXI que dé a la gente servicios públicos de calidad y que esté a la altura.


Señorías, con el voto de hoy todos seremos responsables de mejorar la vida, como he señalado, de 11 000 servidores públicos en Baleares y de otros miles en toda España con la prejubilación parcial. Será un mérito de todos; y, de no salir
adelante, será culpa de quien lo impida.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Valido García.


La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días de nuevo, señorías.


Señor ministro, efectivamente, nosotros también pensamos que es importante sacar adelante este decreto por dos motivos fundamentales. El primero es que esa jubilación parcial en el sector público es una necesidad y, además, es de justicia
que sus trabajadores tengan las mismas condiciones que los de la empresa privada. El segundo -también lo ha señalado usted- es que permite planificar mejor las plantillas, las salidas, las incorporaciones y el relevo intergeneracional y, además,
facilita una transmisión de conocimientos que redunda directamente en la mejora de los servicios que se prestan. Quienes hemos gestionado en el sector público y en centros de trabajo sabemos que la convivencia entre el trabajador próximo a
jubilarse y quien se incorpora es fundamental para profundizar en la experiencia y en las buenas prácticas que no podemos permitirnos perder. Todos hemos temblado alguna vez cuando veíamos que se nos iba lo que llamábamos un pata negra sin
sustitución y nos llegaba una persona sin ninguna experiencia. No poder compatibilizar gradualmente estas dos situaciones supone un problema importante. Por tanto, en eso vamos a estar de acuerdo.


También vamos a estar de acuerdo -porque Coalición Canaria no va a bloquear nunca una decisión que nos parece justa- con la medida para mejorar el complemento de residencia en Baleares. Lo que nos preguntamos es por qué no ha aprovechado
usted para revisar también el canario, porque las diferencias se basan fundamentalmente en que Canarias es ultraperiférica -está a 2000 kilómetros- y tiene dificultades añadidas. Compartimos muchas: somos archipiélagos, somos territorios insulares
y tenemos un turismo que alimenta a muchas de nuestras familias, pero que impacta en la vivienda y dificulta que cualquier persona que quiera aceptar una plaza que se le ofrece en Canarias pueda hacerlo. Insisto: desde 2007 no se revisan esos
complementos.


A usted le habrán llegado, como a mí, las quejas de multitud de sindicatos de funcionarios públicos canarios, poniéndole las cifras encima de la mesa. Nosotros queremos esa revisión más pronto que tarde y seremos portavoces de las
reivindicaciones de todos los sindicatos de empleados públicos en Canarias, que viven con la injusticia de que ya no pueden alquilar una vivienda. Usted ha dicho, refiriéndose a Baleares, que no se pueden trasladar personas, funcionarios
absolutamente necesarios, y que no se pueden cubrir las vacantes. Eso pasa en Canarias, señor ministro, y le puedo traer casos muy variados de cada isla. Nos pasa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos pasa con las plazas de
sanidad exterior y nos pasa en muchos sitios. ¡No compensa! ¡No compensa! Hay funcionarios que pierden dinero de su sueldo por ir a trabajar a Canarias. Por eso necesitamos esta revisión urgente y así se la pido, haciéndole saber que, igualmente,
votaremos a favor.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.


Tiene la palabra ahora la señora Belarra Urteaga.

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La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías.


¿Qué tienen en común Juan Roig -el dueño de Mercadona-, Ana Patricia Botín -actualmente al frente del Banco Santander- y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno? (Rumores). Algunos podrían pensar que ir al Mundial a hacerse un buen
lavadito de cara, pero no; lo que más tienen en común estas tres personas es que las tres son líderes en vulneración de derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. (Aplausos).


La Administración pública, la que tendría que ser la principal garante de los derechos laborales de las personas, se ha convertido en nuestro país en el peor empresario usurero. Los cálculos más conservadores hablan de ochocientas mil
personas, trabajadores y trabajadoras, en abuso de temporalidad. Personas, señorías, no plazas ni cifras, muchas de las cuales llevan décadas dejándose la piel, dejándose toda su vida laboral para sostener los servicios públicos -los servicios que
nos garantizan derechos a todos y a todas- y que de un día para otro, en este momento, se están viendo en la calle sin indemnización. ¡Qué vergüenza, señorías! Y más vergüenza aún es que este Gobierno, ministro, se esté intentando quitar el muerto
de encima y pasarle la pelota al siguiente, al que venga después, pidiéndole una prórroga a Europa hasta marzo de 2027.


Se lo digo claro, ministro, que usted está aquí en nombre del Gobierno: cumplan con Europa. Cumplan de una vez, es muy sencillo: fijeza ya. (Aplausos). No sé si Europa les va a tener que mandar al final una paloma mensajera, porque
Europa ya no sabe cómo decirles que ni las estabilizaciones ni las indemnizaciones tasadas sirven para reparar el terrible daño sufrido por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en fraude de ley.


La semana pasada ustedes criticaban a la derecha porque ponía dudas y trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos al cien por cien de acuerdo con esa posición, ministro, pero aplíquense el cuento, porque ustedes están
haciendo exactamente lo mismo, nada más y nada menos, que con una materia tan sensible como los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos. Se lo dijimos hace mucho tiempo, antes de que aprobaran este real decreto ley,
antes de que lo trajeran a esta Cámara sin negociar. Podemos solo va a participar en una reforma del empleo público si se resuelve el que es el principal problema del empleo público en este país en este momento: la temporalidad, que es la
situación de cientos de miles de interinos e interinas.


Nosotras estamos deseando votar a favor, ministro; deseando votar a favor de esa reforma de fijeza ya, deseando votar a favor de la ley de función pública y deseando votar a favor del complemento de insularidad. Pero, señorías, tienen que
hacer ustedes su trabajo. Resuelvan este problema. Fijeza ya.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente.


Egun on, jaunandreok.


Señorías, ministro, tomo la palabra muy brevemente para manifestar nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley 19/2026. En él se ofrece, ya se ha dicho, flexibilidad en la regla de simultaneidad de relaciones entre el
jubilado parcial anticipado y el relevista en el ámbito de los empleados públicos en régimen laboral, dado que de los términos establecidos en el pasado Real Decreto Ley 11/2024 se derivaba la imposibilidad material de poder acudir a la figura en
las Administraciones públicas por cómo se articulan sus procesos de selección de personal laboral y los principios constitucionales que han de cumplir. De hecho, desde la aplicación del Real Decreto Ley 11/2024 solo habían podido realizarse, según
la memoria del real decreto ley, 1300 contrataciones de personal relevista laboral en la Administración General del Estado y tan solo 239 en el resto de las Administraciones públicas del Estado. Y ello, tengo que recordarlo, a pesar de sendas
resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que pretendían facilitar la implantación del contrato

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relevo para posibilitar la jubilación parcial anticipada de empleados públicos laborales cuando su convenio colectivo lo permitiera.


Por otra parte, señorías, el real decreto ley sobre el que debatimos también habilita -ya se ha dicho- un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia en las Illes Baleares a través de la negociación colectiva que
permite hacer frente, por un lado, al coste efectivo de la residencia en las Illes Balears por parte de los empleados públicos y, asimismo, al tiempo, garantizar la prestación con calidad y continuidad de los servicios públicos, que hoy en día se
encuentran con dificultades para proveerse de personal dada la carestía del coste efectivo de la residencia en esas islas, medida que también consideramos oportuna y necesaria.


En atención a lo dicho, votaremos favorablemente la convalidación del real decreto ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, buenos días.


Voy a intentar ceñirme a los contenidos específicos del real decreto ley, aunque sin menoscabo de que pueda también lanzar alguna reflexión de corte general. En lo que tiene que ver con el real decreto, yo creo que son dos, como ya se ha
señalado, los elementos a tener en cuenta. Uno es qué capacidad tienen las Administraciones públicas, en su conjunto, en su pluralidad y en el ejercicio de su propio autogobierno, para fomentar el contrato de relevo como una posibilidad certera y
válida para las jubilaciones anticipadas parciales. Nos parece, realmente, que esa dimensión es interesante porque creemos que la Administración pública, o el Gobierno en tanto que empleador en la Administración pública, puede abrir una senda,
puede abrir un camino, en un contexto -por lo menos en Euskadi así está pasando- en el que los contratos de relevo cada vez se prodigan menos y en el que las dificultades para acceder a ellos son cada vez mayores. Pues bien, si, como ocurrió con
las treinta y cinco horas en la Administración pública vasca, la actuación de una institución sirve para impulsar una reflexión general que permita también en otros sectores reducir la jornada laboral, creo que, en este caso, estaría justificado el
apoyo a esta iniciativa por el mero hecho de lo que puede significar poner en valor o potenciar el contrato de relevo como una forma de dignificar los últimos años de vida laboral de los y las trabajadoras, pero también de facilitar la incorporación
de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral en condiciones dignas.


Creo que, entre los elementos que se plantean, también es importante señalar que estamos hablando de contratos a tiempo completo y de una duración que se extiende más allá de la propia extinción de la jubilación parcial anticipada, que
tienen una durabilidad mayor. Eso no obsta para que no podamos poner encima de la mesa la mala praxis que diferentes Administraciones han venido poniendo en práctica durante décadas en el Estado español, y que tiene que ver con el debate que un
interviniente anterior ha puesto sobre la mesa, relativo a la fijeza, al fraude de ley y a las contrataciones de decenas, si no cientos, de miles de personas en el conjunto de las Administraciones que existen en el Estado español. Pero no creemos
que penalizar a quienes puedan acogerse a la jubilación parcial anticipada ayude siquiera un poco a que esa situación que tiene que resolverse -y nuestro grupo está claramente alineado con la fijeza ya- vaya a servir para que hoy tiremos este real
decreto. No contemplo que aquellos que se puedan beneficiar de la jubilación parcial anticipada sean los causantes o el problema de aquellos que no tienen un puesto de trabajo fijo y digno como tenían que haber tenido, de la misma manera que
considero que no son antagónicos unos trabajadores con otros y no creo que confrontarles sea la mejor opción. Seguramente, todos y todas tendríamos motivos más que suficientes para no apoyar determinadas iniciativas como esta en función de
realidades que conocemos muy bien.

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Y voy al segundo punto del real decreto. Ningún problema, para que quede claro, con el complemento de insularidad. Ningún problema. Es más, creemos que ese complemento de insularidad está mucho más justificado que otros complementos que
se han venido cobrando por trabajadores públicos en diferentes momentos y que todavía se siguen cobrando por circunstancias que ya no existen. Aquí, evidentemente, atendiendo a lo que se dice, es cierto que las circunstancias concurrentes existen,
que existe la carestía de la vida, que existen condiciones estructurales de dificultad en el acceso a la vivienda o a los bienes y servicios de la gente que se tiene que trasladar a Illes Baleares para desarrollar su trabajo. Por tanto, lo
apoyaremos. Pero, como decía, si uno mirara este debate desde la particularidad no resuelta o no satisfecha que pueda darse, nosotros tendríamos que votar también en contra de esta iniciativa, no por nada en contra de los trabajadores y
trabajadoras de Illes Balears, sino porque, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma vasca todos los sindicatos -y digo todos los sindicatos, a excepción de uno-, nacionalistas y no nacionalistas -para que se me entienda todavía mejor-, llevan años
exigiendo que no se les limite la capacidad de incremento de sus salarios en las diferentes Administraciones públicas por el techo que se pone aquí con carácter general. Nosotros seguimos defendiendo esa causa y lo hacemos con los sindicatos;
defendemos que en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra los trabajadores y trabajadoras vascas puedan tener salarios más altos que los que marca el IPC, porque la depreciación de sus condiciones de vida ha sido mucha durante
muchos años. Sin embargo, no vamos a permitir que esa posición clara a favor de las demandas de los sindicatos en Euskal Herria nos mueva a impedir que este decreto salga adelante solo porque no contemple esto que estoy refiriendo. Seguiremos
peleándolo y, de la misma manera que lo haremos con la fiscalidad, lo haremos con esta reivindicación, pero también poniendo en valor el carácter positivo que tienen las dos medidas fundamentales, las dos patas fundamentales que se sustancian en
este real decreto: por un lado, la jubilación parcial a través del contrato relevo y, por otro lado, el complemento de insularidad para aquellas personas que tienen que desplazarse a un territorio donde vivir no es precisamente barato.


Eskerrik asko, mila esker. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.


Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Senyora presidenta, senyories.


En sis mesos, en els sis primers mesos d'aquest 2026, el Govern ha aprovat 19 reials decrets llei, més de tres al mes. A aquest ritme, a finals d'any, n'hauran aprovat 40. És evident que el Govern està fent un ús pervers d›aquestes normes
amb rang de llei, perquè els permeten esquivar, ni que sigui momentàniament, aquest Parlament, on no tenen majoria, com poden comprovar setmana rere setmana.


La Constitució permet al Govern dictar normes amb rang de llei en forma de reial decret llei en cas d'extraordinària i urgent necessitat. Doncs bé, saben el que és un cas evident d'extraordinària i urgent necessitat? L'execució
pressupostària a Catalunya. La setmana passada es van publicar les dades del 2025 i el que constaten aquestes dades és un maltractament històric, sistemàtic i perfectament planificat de l'Estat a Catalunya en matèria d'inversions. Catalunya només
ha rebut el 8,6 %, menys de la meitat del que li correspondria segons el seu pes econòmic i demogràfic. Unes dades que són un escàndol majúscul. Com poden explicar que s'inverteixi 162 € l'any per català i que per cada madrileny se n'inverteixin
452? Com poden explicar que els catalans rebin 162 € l'any i, en canvi, un ciutadà de Cantàbria, un ciutadà de Castella i Lleó, un ciutadà de l'Aragó, de Galícia o de Múrcia, rebi, qualsevol d'ells, més del triple del que rep un ciutadà de
Catalunya? Com es pot explicar això? Sembla que el que vostès busquen és l'asfíxia de Catalunya. Sembla que busquen per la via de la desinversió sistemàtica i de l'infrafinançament, apagar la vitalitat econòmica i social de Catalunya, aplanarla,
portarla a la irrellevància.


I davant d'aquest panorama, què estan fent els diputats del PSC? I, també, què estan fent els diputats escollits en circumscripcions catalanes que s'han passat la legislatura

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jugant a intentar ser fronts d'esquerres per salvar la pàtria espanyola? Doncs fan exactament el mateix. En lloc de defensar els interessos dels catalans, en lloc d'aixecar la veu davant l'evidència que som discriminats i tractats com a
pàries, callen. O encara pitjor, fan de silenciador per rebaixar el volum de l'escàndol. I, ja que m'ho pregunten, què està fent el senyor Illa, el president de la Generalitat? Doncs mirin, he de reconèixer que, almenys, està fent alguna cosa.
En primer lloc, ha reconegut que hi ha un problema amb les inversions de l'Estat a Catalunya i també ha reconegut la seva impotència per resoldre aquest problema. Ho ha reconegut demanantnos a nosaltres, demanant a Junts per Catalunya, que li fem
la feina, la feina que no fa ell, i que utilitzem la nostra influència per revertir la desinversió al nostre país. Jo ho veig com un desistiment de funcions en tota regla. Catalunya no es mereix un president de la Generalitat que no assumeix les
funcions que corresponen al seu càrrec.


Les dades de l'execució pressupostària les rebem un cop l'any, però el que és un escàndol diari, un cas evident d'extraordinària i urgent necessitat que pateixen cada dia centenars de milers de ciutadans de Catalunya, d'usuaris del transport
públic a Catalunya, és el desastre de Rodalies. En el que portem d'any, les incidències en el servei ferroviari de Renfe han estat diàries. Gelida, robatoris de coure, fallida dels sistemes informàtics, serveis alternatius per carretera que
s'eternitzen, cancel·lacions de milers de trens, afectació de milions d'usuaris, etcètera, etcètera, etcètera. Ahir mateix hi va haver un esfondrament a Montcada i Reixac que ha deixat tallades les línies R2 i R11, les que connecten Barcelona amb
Mollet, amb Granollers, amb Sant Celoni, amb Girona, amb Figueres. Per cert, els trens que he agafat cada dia de la meva vida, encara que alguns tinguin el fetge de dir, des d'aquesta mateixa tribuna, que per als diputats de Junts, el transport
públic és un animal mitològic. Serà mitològic, potser sí, però a mi em toca patir cada dia perquè visc a Catalunya, no com altres.


Un altre tema d'urgent i extraordinària necessitat: que els tribunals espanyols abaixin les armes i compleixin amb la seva obligació d'aplicar la llei d'amnistia. La setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser
contundent. En primer lloc, va dir que el que hi va haver l'octubre del 2017 va ser un referèndum d'independència. En segon lloc, aquest referèndum no va ser delicte. En tercer lloc, esborrar la repressió judicial desbocada que va seguir al
referèndum és perfectament legal per Europa. El Tribunal de Justícia ha deixat perfectament clar que la llei d'amnistia, la llei que Junts va fer aprovar el juny del 2024, la llei que es fonamenta no en el relat inventat del reencuentro i la
convivencia, sinó el reconeixement explícit d'un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Aquesta llei d'amnistia és, a més a més, de constitucional, plenament europea. I encara més, l'obligació dels tribunals espanyols és d'aplicarla
immediatament. Per cert, davant els primers intents d'incompliment del Tribunal de Comptes, ahir, la Comissió Europea, a instàncies de la defensa del president Puigdemont, ja ho va deixar clar que els tribunals espanyols han d'aplicar l'amnistia i,
en cas que no ho facin, el que tocarà és aplicar a Espanya un procediment d'infracció com els que s'han aplicat a altres països renuents amb l'aplicació del dret europeu, com Hongria i Polònia.


Acabo. Estem d'acord que cal resoldre la manca de previsió legal en les jubilacions parcials anticipades al personal laboral del sector públic. El que qüestionem és l'abús del reial decret llei i la instrumentalització vergonyosa d'aquesta
Cambra que fa el Govern. Per què hi ha urgència i necessitat per flexibilitzar els treballadors rellevistes en el sector públic, però no n'hi ha per resoldre l'error garrafal del Govern quan va deixar els jutges de pau sense poder fer casaments?
On hi ha la urgència d'un cas i no hi ha la urgència de l'altre? Saben el problema que això ha generat a centenars de municipis? Saben el problema que ha generat que centenars de municipis, milers de municipis, no puguin delegar els casaments als
seus jutges de pau? O el tema dels interins, del que també se n'ha parlat, desenes de milers de treballadors públics, després d'haver estat abusats durant anys, han perdut o perdran el seu lloc de treball en els propers mesos per culpa d'uns
processos d'estabilització que han facilitat moltes vegades l'entrada de persones de fora de l'administració en lloc d'estabilitzar els que ja eren a dins. Per aquests interins, no hi ha una extraordinària i urgent necessitat d'aprovar un reial
decret llei? Perquè, de

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moment, no hem vist enlloc la voluntat política del Govern per complir amb les sentències europees i acabar amb un abús de la temporalitat estructural en el sector públic que, per cert, ja que estem parlant de sentències del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, també a Europa, reclama tant la Comissió Europea com als tribunals europeus.


Moltes gràcies.


Señora presidenta, señorías, en los seis primeros meses de este 2026, en seis meses, el Gobierno ha aprobado diecinueve reales decretos leyes, más de tres al mes. A este ritmo, a final de año, habrá aprobado cuarenta. Es evidente que el
Gobierno está haciendo un uso perverso de estas normas porque le permiten esquivar, aunque sea momentáneamente, este Parlamento en el que no tienen mayoría, como pueden comprobar semana tras semana.


La Constitución permite al Gobierno dictar normas con rango de ley en forma de real decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, ¿saben lo que es un caso evidente de extraordinaria y urgente necesidad? La ejecución
presupuestaria en Cataluña. La semana pasada se publicaron los datos de 2025, y lo que constatan estos datos es un sistemático y planificado expolio de Cataluña de dimensiones enormes: Cataluña ha recibido solo el 8,6 %, menos de lo que le
correspondería según su peso económico y demográfico. Unos datos que son un escándalo mayúsculo. ¿Cómo pueden explicar que se inviertan 162 euros al año por catalán y que por cada madrileño se inviertan 452? ¿Cómo pueden explicar que los
catalanes reciban equis euros al año y que un ciudadano de Cantabria, de Aragón, de Galicia o de Murcia reciba -cualquiera de ellos- más del triple de lo que recibe uno en Cataluña? ¿Cómo puede explicarse eso? Parece que lo que ustedes buscan es
la asfixia de Cataluña; parece que buscan por la vía de la desinversión sistemática y de la infrafinanciación apagar la viabilidad económica y social de Cataluña, aplanarla, llevarla a la irrelevancia.


Ante este panorama, ¿qué están haciendo los diputados del PSC? ¿Qué están haciendo los diputados electos en circunscripciones catalanas, que se han pasado la legislatura jugando a inventarse frentes de izquierdas para salvar a la patria
española? Pues hacen lo mismo: en lugar de defender los intereses catalanes, en lugar de alzar la voz ante la evidencia de que somos discriminados y tratados como parias, callan, lo que es peor; hacen de silenciador para rebajar el volumen del
escándalo. Y, ya que me lo preguntan, ¿qué está haciendo el señor Illa, el presidente de la Generalitat? Debo reconocer que, al menos, está haciendo algo. En primer lugar, ha reconocido que hay un problema con las inversiones del Estado en
Cataluña, y también ha reconocido su impotencia para resolver dicho problema. Lo ha reconocido ante muchos de nosotros pidiéndonos a Junts per Catalunya que le hagamos el trabajo -el que él no hace- y que utilicemos nuestra influencia para revertir
la desinversión en nuestro país. Yo lo veo como un desistimiento de funciones en toda regla. Cataluña no se merece un presidente de la Generalitat que no asume las funciones que corresponden a su cargo.


Los datos de la ejecución presupuestaria los recibimos una vez al año, pero lo que es un escándalo diario, un caso evidente de extraordinaria y urgente necesidad que sufren cada día centenares y miles de ciudadanos de Cataluña, de usuarios
del transporte público en Cataluña, es el desastre de cercanías, de rodalies. Llevamos años con incidencias que han sido diarias en el servicio de Renfe: robos de cobre en Gelida, fallo de los sistemas informáticos, servicios alternativos por
carretera que se eternizan, cancelaciones de miles de trenes, afectación de millones de usuarios, etcétera. Ayer mismo hubo un hundimiento en Montcada i Reixac, cerrando las líneas de R2 y R11, las que conectan Barcelona con Mollet, con Granollers,
con Sant Celoni, con Girona, con Figueres. Por cierto, los trenes que he cogido cada día de mi vida, aunque algunos tengan el estómago de decir desde esta tribuna que para nosotros, los diputados de Junts, el transporte público es un animal
mitológico. Quizás sea un animal mitológico, a lo mejor sí, pero a mí me toca sufrirlo cada día, porque vivo en Cataluña, no como otros.


Otra cuestión de necesidad urgente, extrema, es que bajen las armas y que cumplan con la obligación de aplicar la amnistía. La semana pasada el Tribunal de Justicia de la

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Unión Europea fue contundente. En primer lugar, dijo que lo que pasó en octubre de 2017 fue un referéndum de independencia. En segundo lugar, que ese referéndum no fue delito. En tercer lugar, borrar la represión judicial desbocada es
perfectamente legal para Europa. El Tribunal de Justicia ha dejado perfectamente claro que la ley de amnistía que hizo aprobar Junts en 2024, la ley que se fundamenta no en el relato inventado del reencuentro y la convivencia, sino en el
reconocimiento explícito de un conflicto político entre Cataluña y España, además de constitucional es plenamente europea, y la obligación de los tribunales españoles es la de aplicarla inmediatamente. Por cierto, ante los primeros intentos de
incumplimiento del Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea ayer, a instancias de la defensa del presidente Puigdemont, ha dicho que tenemos que aplicar la amnistía en el Estado español y que, si no, habrá que aplicar a España un procedimiento de
infracción como el que se ha aplicado a otros países reticentes con la aplicación del derecho europeo, como Hungría y Polonia.


Y acabo. Estamos de acuerdo en que tenemos una falta de previsión legal en las jubilaciones anticipadas del personal laboral del sector público y hay que preverlo y hay que arreglarlo, pero en lo que no estamos de acuerdo es con la
instrumentalización vergonzosa que hace de esta Cámara el Gobierno, porque, ¿hay urgencia y necesidad para flexibilizar a los trabajadores relevistas en el sector público, pero no la hay para resolver el error garrafal del Gobierno cuando dejó a los
jueces de paz sin poder casar? ¿Dónde está la urgencia de un caso y no la del otro? ¿Saben el problema que ha generado eso en centenares de municipios? Pues que centenares de municipios, miles de municipios, no pueden delegar los matrimonios a
sus jueces de paz. O el tema de los interinos, del que también se ha hablado. Decenas de miles de trabajadores públicos, después de haberse visto abusados durante años, perderán su puesto de trabajo en los próximos meses por los problemas de
estabilización, que ha facilitado muchas veces la entrada a personas de fuera de la Administración en lugar de estabilizar a los que ya estaban dentro. ¿Para estos interinos no hay una extraordinaria y urgente necesidad de aprobar un real decreto
ley? De momento no han visto ninguna voluntad por parte del Gobierno en cumplir con las sentencias europeas y acabar con el abuso de la temporalidad estructural en el sector público, que, por cierto -ya que estamos hablando de sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, también nos reclama Europa, tanto la Comisión Europea como los tribunales europeos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, diputados, diputadas.


Es doloroso para mí también empezar recordando a David Lucas. Quiero hacerlo no solo en nombre de mi grupo, sino personalmente porque, durante la negociación de la ley de vivienda que todos ustedes saben que hicimos la pasada legislatura,
lo conocí y era una fuerza de la naturaleza, era durísimo. Fue una negociación más que tensa -hasta, en algunos puntos, desagradable-, pero conseguimos pactar, algo que parecía imposible al inicio, y conseguimos los objetivos de que hubiera zonas
tensionadas y de que hubiera un índice de precios al alquiler, no suficientes, pero sí necesarios y previos a lo que podría ser suficiente.


Por tanto, quiero enviar mi tristeza personal y mi profundo pesar al Grupo Socialista, a su familia y a todos los que lo conocieron, que espero que lo apreciaran. Aprendí de él, pero sobre todo porque me ha hecho reflexionar en lo corta que
es la vida, y si las elecciones que hacemos cada día son para el colectivo o son solo personales. Creo que él era un gran ejemplo de trabajo para el colectivo y de trabajo honesto. La verdad es que quedé muy triste. Quiero que lo sepan,
diputados, y que los acompañamos completamente en el sentimiento. (Aplausos).


Després d'això intentaré apujar una mica el to i vaig al tema. I encara que sembli mentida, parlaré del tema. I el tema és bàsicament que es recupera un dret que jo voldria

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recordar a la cambra que ja existia. És a dir, els laborals ja tenien una jubilació parcial anticipada i amb una modificació legislativa, a vegades aquest congrés fa les coses que fa, i amb la mà dreta arregla una cosa i amb l'esquerra en
desfà 18. I en aquest cas vam deixar tot aquest personal sense un dret laboral que ja tenia. Per tant, el que avui fem és la correcció d'un error. I, per tant, que en aquesta tessitura tinguem una mirada que enfronta treballadors amb treballadors
i que votem que no al retorn d'un dret que ja existia, que era la jubilació parcial anticipada del personal laboral, que s'ha quedat sense poderla fer durant dos anys, perquè hi ha una gent que tenen tots els drets, que tenen tota la raó i que estan
en una situació complicadíssima. És absurd. Des de l'esquerra mai enfrontarem treballadors amb treballadors. Des de l'esquerra mai enfrontarem drets amb drets perquè és exactament el que vol la dreta. I estem parlant de treballadors de
l'administració pública.


Amb la qual cosa, d'aquí a un moment parlaré d'interins, però deixi'm abans dirli al ministre que, corria l'any al mes de desembre de l'any 2025, i des d'aquesta tribuna li vaig demanar un reial decret que tornés a incorporar entre els drets
dels treballadors laborals la jubilació parcial. I em va dir que sí, que així que sabés que hi havia la majoria suficient ho faria, i -¡oh, milagro!- ha complert. Ho ha fet. Ha portat un reial decret i un reial decret que només parla de funció
pública. No és un òmnibus, no és res estrany que tingui 40 matèries. Per tant, mirin per una vegada a la vida i, sin que sirva de precedente, felicitats. Gracias, han cumplido. Está bien. Llavors és obvi que el nostre posicionament serà
positiu. És obvi que ho hem discutit també amb la directora general, amb la secretària d'Estat i amb els diputats que pertoquen. I és obvi que calia fer aquesta rectificació, i per tant això ho deixo aquí, votarem a favor i endavant.


Respecte als complements d'insularitat o de les Illes Balears, ja fa molt de temps que nosaltres partim de tres criteris bàsics. U, que l'article 149.1.18 els doni la gestió de les bases de l'administració pública... No vol dir que les
administracions de, en aquest cas comunitats autònomes, per mi països, no hagin de tenir l'absoluta capacitat de regular les seves administracions públiques, perquè això és consubstancial als governs, no el principi d'autodeterminació, però sí
d'autogestió de l'administració pública. Per tant, nosaltres, de fet, el voldríem desfer. I voldríem que cadascuna de les administracions tinguessin el seu propi marc normatiu aprovat pel seu Parlament. De la mateixa manera que fa anys que estem
dient que les adequacions de l'IPC han de ser territorialitzades per a tots els treballadors, però també per als de la funció pública, perquè aquí hi ha un petit element, aquest complement serà per a la gent del sector públic estatal. Què passa?
Que els d'allà no tenen les mateixes despeses? Que és que els fan un altre preu en els habitatges? Que és que els fan un altre preu en el menjar?


Per tant, la retribució dels de la funció pública ha de ser decidida pel Parlament de cadascun dels països que tenen administració pròpia. Des d'aquesta perspectiva, no ens oposarem a una millora de condicions dels treballadors del sector
públic estatal a les Illes Balears. És clar que no ho farem. D'entrada, no ho fem amb cap dels grups de treballadors que podem afavorir, però sí que crec que l'Estat ha de plantejarse la seva manera de relacionarse amb la resta d'administracions
d'una manera diferent. No és el mateix Catalunya que el País Basc que Galícia que la resta de l'Estat que Canàries i Andalusia. I com que no és el mateix, és qui mana en aquests territoris qui ha de decidir i legislar sobre retribucions, carreres
professionals, requisits d'accés i com s'organitza la seva pròpia funció pública.


Dit això, i per entrar al fons del que alguna plataforma m'ha demanat que votéssim en contra perquè no resolia el tema dels interins. El tema dels interins és un tema més que complex. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea no ens ha col·locat on volíem. Ens ha col·locat en un lloc una mica pitjor. Cal dir que els processos d'estabilització als diferents territoris van funcionar com van funcionar i a les administracions locals també. Però els dos pitjors
llocs han estat ministeris, el Ministeri d'Educació i, sobretot, el Ministeri de Justícia, que té traspassades en determinats territoris les competències de pagament de personal i de material, però, en canvi, no pot decidir sobre les ofertes, cosa
que ja els dic ara, no té cap sentit. I a més, el personal del Ministeri de Justícia dels tribunals estan sota la Llei Orgànica del Poder Judicial.

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Per tant, Ministeri de Funció Pública i Ministeri de Justícia parlin entre vostès perquè això és un desastre. Parles amb els de justícia, et diuen 'Ui, función pública', parles amb els de funció pública, et diuen 'ui, justicia'. I porto
tres anys intentant resoldre o posar pistes a damunt de la taula de com podem resoldre aquest desastre. I no ens en sortim. I els processos d'estabilització s'han utilitzat com a concursos de trasllat o com a concursos de promoció interna, perquè
no hi va haver manera que fossin restringits.


Acabo ja, presidenta. Si ho haguessin estat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hauria resolt diferent. Perquè ha resolt el que ha resolt perquè no eren restringits. Per tant, tenim molta gent pendent del que fem. Jo sí que
aposto per un reial decret que resolgui el tema d'interins i que el puguem portar aquí juntament amb la Llei de Funció Pública. Posemnos les piles i, abans de desembre, això ha d'estar resolt.


Moltes gràcies.


Después de esto, voy a intentar cambiar el tono un poco y voy al tema. Aunque parezca mentira voy a hablar del tema. El tema es básicamente que se recupera un derecho que querría recordar a la Cámara que ya existía. Es decir, el personal
laboral ya tenía una jubilación parcial anticipada hasta que una modificación legislativa se la quitó. A veces este Congreso hace las cosas que hace: con la mano derecha arregla una cosa y con la izquierda deshace dieciocho. En este caso, dejamos
a todo este personal sin un derecho laboral que ya tenían, y lo que hacemos hoy, por lo tanto, es corregir un error. Por ello, que en esta tesitura tengamos una mirada que enfrenta a trabajadores con trabajadores, y que votemos 'no' al
reconocimiento de un derecho que ya existía para el personal laboral -un personal que se ha quedado sin poder disfrutarlo, que tiene todos los derechos, toda la razón y que están en una situación complicadísima- es absurdo. En Esquerra nunca
enfrentaremos a trabajadores contra trabajadores; en la izquierda nunca enfrentaremos derechos contra derechos, porque eso es exactamente lo que quiere la derecha, y estamos hablando de trabajadores de la Administración pública.


Dentro de un momento voy a hablar de interinos, pero permítanme antes decirle al ministro que corría el mes de diciembre del año 2025 y desde esta misma tribuna le pedí un real decreto que volviera a incorporar, entre los derechos a los
trabajadores laborales, la jubilación parcial. Me dijo que sí, que cuando hubiera una mayoría suficiente, lo haría. Y, ¡oh, milagro!, lo ha cumplido, lo ha hecho: ha traído un real decreto que solo habla de la función pública! No es un ómnibus,
no es nada extraño que tenga cuarenta materias. Así que, por una vez en la vida y sin que sirva de precedente, felicidades, gracias, han cumplido, está bien. Es obvio que nuestro posicionamiento va a ser positivo, lo hemos hablado también con la
directora general, con la secretaria de Estado y los diputados que corresponden. Es obvio que teníamos que hacer esta rectificación. Por lo tanto, aquí lo dejo: votaremos a favor, ya está.


Con respecto a los complementos de insularidad o de las Islas Baleares, ya hace mucho tiempo que nosotros partimos de tres criterios básicos. En primer lugar, entendemos que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, relativo a las bases
del régimen jurídico de las Administraciones públicas, no puede impedir que las comunidades autónomas -en este caso para mi país- tengan la plena capacidad de regular sus propias Administraciones públicas. Esto es consustancial no ya al principio
de autodeterminación, sino a la propia autonomía. Por lo tanto, querríamos superar este marco y que cada Administración tenga su propio marco normativo aprobado por su Parlamento. De la misma manera, llevamos años pidiendo que las actualizaciones
del IPC se territorialicen para todos los trabajadores, incluidos los de la función pública. Y aquí hay un detalle clave: este complemento se plantea solo para el sector público estatal. ¿Qué pasa, que los de las Administraciones autonómicas o
locales no tienen los mismos gastos? ¿Es que les hacen precio distinto en la vivienda o en la comida?


La retribución de la función pública tiene que ser decidida por el Parlamento de cada uno de los países que tienen Administración propia. En esta perspectiva no nos vamos a oponer a una mejora de las condiciones de los trabajadores del
sector público estatal en las Islas Baleares, claro que no lo vamos a hacer. De hecho, no lo hacemos con ninguno

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de los grupos de trabajadores a los que podemos favorecer, pero es cierto que el Estado tiene que buscar la manera de relacionarse con las demás Administraciones de una forma distinta, porque no es lo mismo Cataluña que el País Vasco, que
Galicia, que Canarias, que Andalucía o que el resto del Estado. Como no es lo mismo, quienes mandan en esos territorios son quienes deben decidir y legislar sobre retribuciones, carreras profesionales, requisitos de acceso y cómo se organiza su
propia función pública.


Dicho esto, voy a entrar en el fondo de lo que me ha pedido alguna plataforma que nos pedía que votáramos en contra porque no se tenía en cuenta el tema de los interinos. El tema de los interinos es un asunto más que complejo. La sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no nos coloca donde queríamos, nos ha colocado en un lugar un poco peor. Hay que decir que los procesos de estabilización en los diferentes territorios funcionaron como funcionaron y las Administraciones
locales también, pero los dos peores lugares han sido los ministerios: el de Educación y, sobre todo, el Ministerio de Justicia que tiene traspasadas en determinados territorios las competencias de pago de personal y de material, pero en cambio no
puede decidir sobre las ofertas, cosa que le digo ahora que no tiene ningún sentido. Además, el personal del ministerio de Justicia que está en los tribunales está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Por lo tanto, Ministerio de Función Pública y Ministerio de Justicia, hablen entre ustedes, porque esto es un desastre. Unos te dicen: Función Pública. Hablas con los de Función Pública y te dicen: No, Justicia. Llevo tres años para
poner pistas sobre la mesa para ver cómo podemos resolver este desastre. No hay manera de resolverlo, y los procesos de estabilización se tienen que utilizar como concursos de traslado o de promoción interna, porque no hubo manera de que fueran
restringidos.


Ya acabo, presidenta. Si hubiera sido así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habría resuelto de otra manera. ¿Por qué ha resuelto lo que ha resuelto? Porque no estaban restringidos. Por lo tanto, tenemos a mucha gente pendiente
de lo que hacemos. Apuesto por un real decreto ley que resuelva el problema de los interinos y que podamos traerlo aquí junto a la ley de función pública. Pongámonos las pilas. Esto antes de diciembre tiene que estar resuelto. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Vallugera.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, interviene en primer lugar la señora Rivera Arias.


La señora RIVERA ARIAS: Buenas tardes, presidenta, diputados.


Hoy, este real decreto ley que venimos a convalidar supone la recuperación práctica y real de un derecho para miles y miles de empleadas y empleados públicos de este país.


El Real Decreto Ley 11/2024 es cierto que mejoró aspectos de la jubilación parcial en el ámbito privado, pero generó un bloqueo para las empleadas laborales de las Administraciones públicas al exigir unos requisitos incompatibles con los
establecidos para el acceso a la función pública. Esta reforma es fruto del acuerdo del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las organizaciones sindicales, que llevan desde 2024 reivindicando una solución adaptada a la función
pública; pero también responde a una demanda de las propias comunidades autónomas y de las entidades locales que necesitan herramientas adecuadas para gestionar sus plantillas y planificar las necesidades de los servicios públicos.


Este decreto ley no configura una modalidad específica de jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas, ni altera los elementos esenciales de esa institución, que es el contrato de relevo. Su aportación
consiste en adaptar el cumplimiento de los requisitos del contrato de relevo a las singularidades que presenta el empleo público. La reforma parece alcanzar ese objetivo: sin desnaturalizar la jubilación parcial ni el contrato de relevo, introduce
las adaptaciones imprescindibles para evitar que el contrato de relevo y la jubilación parcial queden privados de eficacia práctica en nuestras Administraciones públicas. Sin embargo, permanece abierta la cuestión de la jubilación parcial del
personal funcionario. Conviene recordar que la jubilación parcial no es únicamente un derecho laboral -que también-, es, por supuesto, una herramienta útil y

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necesaria para nuestras Administraciones públicas: permite planificar el relevo generacional, facilitar la transmisión del conocimiento acumulado durante décadas de servicio público y mejorar la organización de las plantillas. Apostar por
ella es apostar por unos servicios públicos más fuertes, más eficientes y mejor preparados para afrontar los retos que vienen en las próximas décadas teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas públicas en nuestro país.


El nefasto Gobierno del señor Rajoy derogó el artículo 67.1.d) del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante un Real Decreto Ley, el 20/2012, y con ello le cerró el acceso a la jubilación parcial al personal funcionario. Aquella
decisión supuso un retroceso incomprensible e inaceptable, solo entendible desde la óptica neoliberal que ha considerado siempre el empleo público como un gasto y no como una inversión imprescindible para garantizar derechos y servicios públicos de
calidad. (Aplausos).


Hoy vamos a poner solución a dos deudas pendientes con las empleadas y empleados públicos: por un lado, la recuperación efectiva de la jubilación parcial para el personal laboral, y, por otro, la revisión de los complementos de insularidad
de las Illes Balears. Pero todavía tenemos importantes desafíos por delante. Regular y atajar el abuso en la temporalidad en el conjunto de las Administraciones públicas sigue siendo una tarea ineludible para esta Cámara; que exista una búsqueda
real de consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas para nosotras es un paso en el camino correcto para reparar la situación en la que se encuentran tantos y tantas empleadas públicas que continúan, hoy en día, padeciendo ese abuso,
pero también configurar unas Administraciones públicas con unas tasas de temporalidad situadas en mínimos es imprescindible para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.


La ley de función pública, actualmente en tramitación, tiene que incluir una solución al abuso de temporalidad, pero también debe abordar la recuperación del derecho a la jubilación parcial del personal funcionario, eliminado en el año 2012.
No podemos ignorar que su efectiva implantación exigirá resolver cuestiones de mucha complejidad, como la articulación del régimen adecuado para el personal que está en clases pasivas. Cuando estos desafíos encuentren esa respuesta normativa
necesaria, podremos afirmar que la jubilación parcial dispone de un régimen plenamente coherente para el conjunto del empleo público sin discriminaciones. Dignificar el empleo público es también dignificar los servicios públicos. Recuperar
derechos para quienes los sostienen cada día es la mejor manera de fortalecer el estado social y democrático que nuestra ciudadanía merece.


Hoy damos un paso importante, pero no debe ser el último. Seguiremos trabajando para acabar con el abuso de la temporalidad, para recuperar plenamente los derechos de jubilación de todos los empleados públicos, y para garantizar que ningún
empleado o empleada pública vea limitados sus derechos por el mero hecho de prestar servicios a la ciudadanía.


Por todo ello, nuestro voto hoy será favorable a la convalidación de este real decreto ley. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivera.


Tiene ahora la palabra el señor Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.


Enhorabona, senyor ministre. Avui ha parlat d'una realitat que patim els ciutadans de les Illes Balears cada dia. L'elevat cost de vida, el principal problema que hem d'afrontar el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per
omplir la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. I avui fem una passa positiva, 11 000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindran més funcionaris. Això és positiu.
I ho fem de forma immediata i amb consens i negociació sindical. Perfecte, beníssim. I ara volem més. Perquè la insularitat no és sols un principi de la Constitució. El reconeixement de la insularitat es tradueix en mesures com aquestes. I
volem que mesures com aquestes beneficiïn a l'ample de tota la societat de les Illes Balears, a tots els residents que estan dient SOS Residents de les Illes Balears. Perquè tenim un model econòmic depredador. Un model econòmic depredador, social
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ambientalment. Un model econòmic basat en la saturació turística que ha fet que la nostra ciutadania digui prou.


I davant d'aquests fets i la criminalització dels moviments socials que els han denunciat, totes les autoritats, els activistes que varen ser detingudes a Santa Maria, ens manifestarem aquest proper diumenge a les 19 hores, a la plaça
d›Espanya, dient que Mallorca està al límit, que sense límits no hi ha futur i que menys turisme serà més vida.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Enhorabuena, señor ministro, hoy ha hablado de una realidad que sufrimos los ciudadanos de las Islas Baleares cada día: el elevado coste de vida. Uno de los principales problemas que tenemos que afrontar es el acceso a la vivienda, así
como el coste de la compra para llenar la nevera cada día y también el coste de los servicios públicos. Hoy damos un paso positivo para muchísimas personas que verán cómo el complemento de insularidad sube, cómo los servicios públicos podrán
mejorar porque tendremos más funcionarios. Eso es positivo. Lo hacemos de forma inmediata y en consenso con la organización sindical. Es perfecto, está fenomenal. Pero ahora queremos más, porque la insularidad no solo es un principio de la
Constitución, sino que se traduce en medidas como estas, y queremos que medidas como estas beneficien a toda la sociedad de las Islas Baleares, a todos los residentes que están solos, residiendo en las Islas Baleares. Porque tenemos un modelo
económico depredador, social y ambientalmente, un modelo económico que se basa en el turismo, que hace que nuestra ciudadanía diga: Hasta aquí; basta.


Ante estos hechos, los movimientos sociales que los han denunciado y los activistas, que han sido detenidos en Santa María, nos vamos a manifestar el próximo domingo a las 7 de la tarde en la Plaza de España diciendo que Mallorca está al
límite, que sin límites no hay futuro, y que menos turismo será más vida.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Vidal.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta, con su venia.


Señorías, señor ministro, este real decreto ley, como ya se ha dicho, recoge fundamentalmente, por no decir en exclusiva, dos medidas. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: La primera, en su artículo único, es la relativa al régimen aplicable a los contratos de relevo en la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas. Esto es consecuencia de la
chapuza de la reforma laboral que hicieron hace dos años, donde suprimieron con carácter general la figura de la contratación temporal para convertirlos en fijos discontinuos y así maquillar las cifras del paro; porque en los periodos en los que
los fijos discontinuos no trabajan, no figuran como parados, y así dicen que se crea empleo. (Aplausos). ¿Qué ocurre? Que en las Administraciones públicas, cuando lo han querido aplicar, se dan cuenta de que muchas Administraciones de un tamaño
pequeño, regular o medio no tienen capacidad suficiente para hacer planificación a medio y largo plazo, y no tienen capacidad suficiente para aprobar y ejecutar ofertas de empleo público anuales, ni siquiera bienales. Al final, han tenido que hacer
esta chapucilla para tapar la chapuza anterior, y decir: Bueno, transitoriamente se permite que los contratos de relevo -que son, para el que no lo sepa, contratos a tiempo parcial para cubrir las horas del que se acoge a esa jubilación parcial- se
puedan hacer con contratos temporales no queridos en la legislación general aprobada hace dos años. Esta es la chapuza, y esta es la realidad.


Y lo traen en un real decreto ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Oiga, mire, lleva años hablándose de esto. En la legislatura pasada dejaron morir la ley de

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función pública; en esta la están dejando morir. Hace más de un año que no se reúne la ponencia, porque no se llega a un acuerdo entre el PSOE, Esquerra Republicana y Podemos con el tema de la consolidación del trabajo temporal; y, como
no se llega a un acuerdo, está en el congelador metida. Esa es la realidad. Y para decir que el señor Óscar López hace algo, traen este real decreto, que, por cierto, insisto, es tapar una chapuza con otra chapuza.


Por otro lado, se omite regulación alguna para la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario. Consultado el ministerio sobre este asunto, dicen que eso lo dejan para la ley de función pública. ¿Y por qué para personal laboral
sí? ¿Por qué para el personal funcionario y estatutario lo dejan para la ley de función pública que tienen paralizada? ¿Qué hay detrás de esto? Ah, claro, el compromiso con UGT... Nos conocemos, señor López. (Aplausos).


Y como es sabido, y hay que repetirlo muchas veces -yo no me canso de hacerlo-, padecemos un Gobierno presidido por un autócrata incapaz de aprobar presupuestos generales y determinadas leyes como la de la función pública; que quiere
controlar todas las instituciones del Estado, que se ríe de la separación de poderes y que está terminando con la democracia y con la unidad de España. (Aplausos).


La segunda medida que recoge el real decreto ley es la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal de la Administración General del Estado en las Islas Baleares. Mi grupo parlamentario hace dos años presentó una
proposición no de ley exigiendo esto, y se aprobó en la Comisión Mixta sobre Insularidad. Han tenido dos años para haber presentado una ley, para haber negociado, para haber fijado las cuantías, para haber sacado del congelador la ley de función
pública, para haber hecho unos presupuestos -que es donde en realidad tendrían que venir estas cifras, en unos presupuestos-. En su lugar hacen un real decreto ley con intención de maquillar y de contentar. (Rumores). Pero, oiga, lo que hacen es
una manifestación de voluntades de que se va a negociar. Decía usted que está negociado ya y va a ser el cien por cien ¿Sabe cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogiendo a los distintos grupos, la media es de 80 euros al mes.
(Aplausos). ¿Con 80 euros va a pagar el alquiler un funcionario que está destinado a Ibiza, donde el precio de alquiler medio es de más de 1500 euros al mes? Pero, hombre, esto es demagogia pura: vamos a dar 80 euritos. Entre otras cosas, para
eso están los complementos específicos. La señora de Esquerra Republicana decía que no tienen competencia las autonomías para el tema retributivo de sus funcionarios. ¿Cómo que no? El complemento específico es cien por cien de la comunidad
autónoma. El complemento específico en la Administración del Estado es cien por cien de la Administración del Estado. Y, dentro del desglose de los complementos o de los temas que configuran ese complemento específico, se puede poner el tema de la
insularidad perfectamente. No tiene por qué ser un complemento ajeno al complemento específico. De hecho, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la que yo pertenezco como funcionario, en el complemento específico se valoran
muchas cosas. Se valora el que está destinado en los montes en Liébana, frente al que está destinado a pie de playa en Laredo, por ejemplo. Tienen distinto complemento específico en puestos que son similares por razón de la residencia, por razón
del kilometraje entre las zonas donde puedes vivir si te tienes que desplazar para ir al trabajo; eso va en el complemento específico. Es decir, que esto se podía arreglar de otra forma en lugar de trayendo un real decreto ley. (Aplausos).
Bueno, todos sabemos que al Gobierno de Sánchez le da igual la función pública. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es que en ocho años que lleva Sánchez de presidente de este Gobierno van seis ministros responsables del área de Función
Pública. Quizá el que más está aguantando es el señor López, que lleva ya dos años.


Señorías del Partido Popular, mi grupo parlamentario se va a oponer a todo lo que traiga este Gobierno porque a este Gobierno no se le puede dar más aliento, no se le puede dar una gota más de oxígeno. Ayer su líder, el señor Feijóo, decía
que comienza la cuenta atrás. Pues no se pongan de perfil, sean valientes, voten que no a todo lo que

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traiga este Gobierno, porque es un Gobierno salpicado por la corrupción. No es un Gobierno normal, es un Gobierno formado por mafiosos, son una mafia.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta.


Buenas tardes ya, señorías.


Quiero empezar mi intervención dando las gracias, en mi nombre y el del Grupo Parlamentario Socialista, a todos los profesionales públicos que se están dejando todo por defender los intereses de los ciudadanos en los incendios forestales que
hay en nuestro país. (Aplausos).


Señorías, lo segundo que quería decir es que, simplemente con leer la redacción del título del Real Decreto Ley 19/2026, ya no haría falta más debate. Solo con leer el título, solo con saber que pretende asentar un derecho para la
jubilación parcial del personal laboral y, al mismo tiempo, defender una indemnización en las Islas Baleares adecuada a las condiciones actuales, con eso sería suficiente para que, en condiciones normales, nadie estuviera en contra. Son objetivos
muy claros, señorías, y la verdad es que al escuchar el debate me llaman poderosamente la atención muchas cuestiones. Fíjense, lo que les digo, con la explicación que ha dado el ministro -buenas tardes también, señor ministro- creo que es
suficiente para entender que no hay nadie en contra, salvo aquellos que buscan algo para estar en contra. Entre quienes lo tienen que aplicar nadie está en contra: ni la federación de municipios, ni los sindicatos que lo pactan. Solo buscamos,
como ha hecho ahora su señoría de VOX... Por cierto, en una intervención nefasta, cuando la escuche después se dará cuenta de que hay que perseguir un poquito más de rigor. Pero con su última intervención sobraría..., ha dicho que van a votar todo
en contra. Pues no hace falta más debate. Si sabemos que ustedes no han venido a arreglar nada de la vida de los españoles y las españolas, sino todo lo contrario. (Aplausos). Pero, además, señorías, yo les pregunto: ¿quién está en contra de
dar seguridad jurídica a un derecho laboral?, ¿quién está en contra de un acuerdo del diálogo social?, ¿quién está en contra de que los empleados públicos en Baleares no vean mejorada su indemnización por residencia?, ¿quién quiere enfrentar a
unos trabajadores con otros? Señorías, díganlo abiertamente, porque esto es de lo que estamos debatiendo.


Les voy a dar algunas cifras que todavía no se han dado y me parecen fundamentales. En nuestro país hay aproximadamente 640 000 trabajadores contratados por las Administraciones como personal laboral, de los cuales unos 84 000 son de la
Administración General del Estado, unos 250 000, de las comunidades autónomas y unos 307 000, aproximadamente, de las Administraciones locales; de los cuales 347 000 son mujeres. Y yo digo: ¿a alguien con su voto le va a salir gratis decir que
está en contra de los derechos de 640 000 trabajadores en nuestro país? Esto es muy serio, señoría. Esto no es un debate cualquiera en el que uno pueda decir: Bueno..., como lo propone el Gobierno, como lo acuerda el diálogo social, como nadie
está en contra, ahora voy a ver qué me invento para votarlo en contra. Esto es mucho más serio y, desde luego, los que estamos aquí sentados deberíamos tomarlo como un debate mucho más serio de lo que hasta ahora estoy comprobando. Y debatir un
tema que proviene del diálogo social, un tema que proviene de un gran acuerdo, como es este caso, no es un mero eslogan, es una forma de gobernar. No olvidemos nunca que lo que hay aquí también es una diferencia, hay maneras y maneras de gobernar:
escuchando para solucionar problemas o enredando para alargar el problema y no solucionarlo nunca, que es lo que hace la derecha en nuestro país siempre que se da esta situación.


Yo le agradezco al señor Feijóo que haya sido tan claro en sus pretensiones de llegar a la Moncloa, hemos visto todos públicamente que sus primeras medidas se dirigirán a recortar derechos laborales con las bajas. Es muy interesante que la
ciudadanía lo conozca, pero da todavía más argumentos para defender que hay dos formas diferentes

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de gobernar. Señorías, por cierto, basta ya de subir a esta tribuna y protestar porque un real decreto ley viene con muchos temas y no da tiempo a debatirlos todos, porque ahora viene uno con un compromiso -tres semanas o cuatro semanas
después de que fuera al Consejo de Ministros- y ningún grupo parlamentario puso nada, ni una coma en contra. Por lo tanto, hoy aquí se trae un real decreto ley que viene limpio, hablado con los grupos, y ningún grupo normal debería ponerse en
contra. Nadie. Basta ya de esa utilización que se hace aquí. ¡Basta ya! (Aplausos).


No nos acompaña la señora Belarra, pero le quería decir que si alguien va a encontrar apoyo para mejorar temas en materia de función pública en este país es el Grupo Parlamentario Socialista. No somos suficientes, tenemos que buscar el
acuerdo con otros grupos, pero dar lecciones aquí de enfrentar trabajadores con otros trabajadores no creo que esté, ni mucho menos, a la altura de lo que esta Cámara necesita.


Señorías, las Administraciones públicas no pueden contratar como lo hace una empresa privada, deben respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por eso, tenemos que refrendar con este real decreto ley la
seguridad jurídica necesaria para poder realizarlo.


Señorías, seguramente podríamos decir que tendría que haber llegado antes, que tendría que haberse hecho de otra manera, pero hoy consolidamos un derecho en nuestro país para que los trabajadores en calidad de personal laboral puedan seguir
utilizando la jubilación parcial. Pero también son medidas de transferencia de conocimiento, de renovación de plantillas y, por lo tanto, de empleo de calidad. Ese es el reto que toda Administración pública seria y de futuro tiene que afrontar, y
eso es lo que hace el Gobierno trayendo este real decreto ley y es lo que los grupos que lo vamos a apoyar estamos poniendo encima de la mesa para que así sea posible.


Señorías del Grupo Popular, ¿con todo lo que han hablado ustedes de la indemnización por residencia en Baleares, hoy se van a poner en contra? Algunos de sus diputados no van a poder salir a la calle en Baleares, no van a poder salir porque
¡mire que han dicho cuestiones en Baleares!, y hoy, que tienen la oportunidad de refrendarlo, espero y deseo -así se lo pido- que no tengan la más mínima tentación de pensar que no apoyar esto puede hacer daño al Gobierno. Esto hace daño a 640 000
trabajadores, personal laboral y a todos los empleados públicos del AGE en Baleares, a nadie más. Piensen en ellos más que en otras cuestiones que están pensando.


Termino, señorías. Este real decreto ley no enfrenta nada. Al contrario, hace compatible un derecho que estaba establecido en nuestro país con todo lo que significa el nuevo sistema de reforma laboral. La calidad de un país no se mide por
los discursos que se pronuncian, sino por los derechos que se garantizan. Hoy tenemos la oportunidad de tener ese nuevo derecho. Todos ustedes tienen la opción de hacer esa política útil o de hacer todo lo contrario, tumbar los derechos de más de
640 000 trabajadores en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aceves.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando.


El señor IBÁÑEZ HERNANDO: Buenos días, señorías.


Señor ministro, este real decreto ley es su respuesta urgente a una avería normativa provocada por el propio Gobierno. Mire, es verdad que la jubilación parcial necesitaba una solución, pero la función pública española necesita mucho más
-planificación, estabilidad, seguridad jurídica y una verdadera estrategia de relevo generacional- y ustedes no están haciendo nada al respecto. Traen este real decreto para resolver su falta de previsión al reformar el contrato de relevo sin
adaptar adecuadamente la regulación a las reglas de acceso al empleo público. Estamos, de nuevo, ante una forma de legislar atropellada y que se ejecuta cuando los problemas ya les han sobrepasado. Pero esto no es nuevo, la función pública
española se está regulando mediante una acumulación de reales decretos leyes, disposiciones adicionales, regímenes transitorios y soluciones sectoriales. Hoy traen la jubilación parcial, mañana modifican la jornada, después improvisan una oferta de

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empleo público y más tarde introducen excepciones sobre temporalidad. Todo sin estrategia y sin planificación.


Señor ministro, los servidores públicos de este país merecen que esto se tome como una política de Estado. (Aplausos). Pero, claro, para Sánchez el Ministerio de la Función Pública es un destino provisional para después ir a otros lugares.
Usted ya es el sexto ministro del ramo en siete u ocho años y, aunque le queda poco tiempo para ir derechito a la oposición de la Asamblea de Madrid acompañado de una de las ministras de Sanidad más indolentes que ha tenido este país, cuando se
marche de aquí no podrá sentirse orgulloso del legado que ha dejado en relación con la planificación de los recursos humanos de la Administración General del Estado.


Le daré solo algunos datos del diagnóstico. Más de 3200 oficinas de atención ciudadana en la Administración General del Estado con problemas de saturación, demoras, falta de citas, déficit de personal en todos los ámbitos -la Seguridad
Social, el SEPE, la Administración penitenciaria, las oficinas de extranjería-, anuncios de oferta de empleo público que superan las 25 000 plazas para este año 2026, pero todavía hay 9000 sin cubrir de los años 2023, 2024 y 2025, según denuncian
las propias organizaciones sindicales. No se lo digo yo. Hay un problema de temporalidad persistente que o no quieren o no saben resolver y que, además, tiene en vilo a miles de empleados públicos tras las sentencias recientes del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Un ataque permanente -y volvemos a denunciarlo- a los habilitados nacionales de este país por su rendición permanente a nacionalistas e independentistas. Y así todo, porque son innumerables los
compromisos que tienen pendientes y que no avanzan: la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la reducción de la temporalidad, una dirección pública profesional y la modernización de los procesos selectivos.


La pregunta es: ¿por qué está la situación así? Está claro: sus hechos los delatan como socialistas a la hora de abordar los temas de la Administración. No tienen ya autoridad moral para seguir gestionando la función pública. ¿Por qué?
Porque tienen socialistas condenados ya por usar la Administración creando una plaza ficticia para el hermano del presidente, porque pronto habrá un juicio en el que una persona pagada por todos los españoles ha sido empleada presuntamente por la
mujer del presidente para sus negocios privados, porque se han dedicado a nombrar al guardián de los avales de las primarias de Sánchez o a un exgerente del Partido Socialista como consejeros en sociedades públicas sin tener la más remota idea de
los temas que gestionaban, y porque también se juzgará en breve que hayan estado creando plazas en la Administración dirigidas a amigas íntimas de ministros las cuales ni siquiera iban a trabajar. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos). Lo
que ya no es soportable es que hasta los propios miembros del Gobierno desprecien a la Administración. Podríamos hacer unos Óscar, el Óscar al descaro, el Óscar a la caradura... El Óscar al descaro se lo vamos a asignar a usted, al ministro de
Función Pública, señor López, que ha mostrado el mayor desprecio a la Administración de Justicia en este país cuando afirmó, abro comillas: Hay jueces que prevarican y si no son ellos, son gente de su entorno. Se lo voy a decir alto y claro, los
jueces de este país se pasan años y años de su vida estudiando y preparándose para administrar justicia, que es el mandato constitucional que se les otorga, y que venga alguien como usted -con el currículum precisamente que tiene usted- a
despreciarlos es una vergüenza. Así que, por muy ministro que sea, más le vale lavarse la boca antes de hablar de la Administración de Justicia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo! ¡Bravo!). El siguiente Óscar es el Óscar a la caradura, para
otro ministro, Óscar Puente, que la semana pasada criticó que la justicia se haya pronunciado sobre la plaza del hermanísimo de Sánchez. O sea, al ministro Puente debe de parecerle normal que a un tipo del Partido Socialista se le ocurra usar la
Administración que gobierna para inventarse una plaza ficticia con un proceso viciado y dárselo al hermano del presidente, y cuando un tribunal considera acreditado que se ha incumplido la ley, al ministro le parece mal que la justicia entre a
juzgar a quienes incumplen la ley. ¿Pero se puede tener más cara dura, señor López?, ¿se puede tener más cara dura? (Aplausos). Claro, que lo de estos Óscar

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no es de extrañar cuando ambos han tenido de maestro y faro moral a Zapatero que, por cierto, acaba de pasar recientemente por un masaje en 'Telepedro' del que parece que ha salido diciendo que no sabe nada. Pero tendrá que responder ante
la justicia por organización criminal, por tráfico de influencias tras presuntamente haber cobrado una comisión usando la Administración española para autorizar un rescate millonario que hemos pagado todos los españoles. Esperemos que se le juzgue
y, en caso de que sea culpable, pague por ello. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


Mire, señor ministro, la función pública no es una moneda de cambio ni una extensión orgánica del partido que esté en el poder; es una institución del Estado, una garantía de neutralidad y sometimiento a la ley. Por ello, frente al
desastre de lo que están gestionando hay esperanza porque, más pronto que tarde, un nuevo Gobierno se va a ocupar adecuadamente de los más de tres millones de empleados públicos de este país. Lo va a hacer abordando una reforma integral y negociada
de la función pública; aprobando una planificación plurianual de los recursos humanos que esté vinculada a las necesidades reales; lo va a hacer ejecutando las ofertas de empleo público pendientes; lo va a hacer estableciendo una solución
constitucional y eficaz frente al abuso de temporalidad; también recuperando una dirección pública profesional como pilar básico de una Administración moderna; captando y reteniendo el talento tecnológico, sanitario y científico que este país
merece; modernizando los procesos selectivos y, en definitiva, recuperando el valor de los empleados públicos y los servicios que prestan los españoles.


Su tiempo se acaba. Ya queda menos para que esto ocurra y solo esperamos que den la voz a los españoles para que ellos mismos se lo digan alto y claro.


Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.


Para concluir el debate, tienen la palabra el señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.


El señor MINISTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (López Águeda): Muchas gracias, presidenta.


Agradezco el tono, las intervenciones y las aportaciones, incluso las reivindicaciones sobre otras materias en relación con la función pública. Es verdad que los que amamos y respetamos el Parlamento echamos en falta que se respete lo
básico de un Parlamento, que es discutir la cuestión que se está debatiendo y fijar la posición -que estamos en el turno de fijación de posición-, pero en lugar de eso muchas veces nos toca recibir mítines de partidos políticos, etcétera. Está muy
bien, pero, en el caso que estamos debatiendo hoy, estamos hablando de un real decreto ley que tiene dos medidas; dos, no cincuenta y cuatro. No mezcla asuntos, hay dos asuntos: uno, la prejubilación de los contratados de la Administración
pública; dos, subir el complemento a los trabajadores de la función pública en Baleares. Esto es decir sí o no, y lo demás son cuentos chinos. (Aplausos). ¡Cuentos chinos! ¡Cuentos chinos! Porque aquí, para los señores que aportan desde la
bancada, cuando un decreto tiene muchas cosas, es un trágala, y cuando tiene una cosa concreta, es un trágala. No, mire usted, vamos a votar lo que vamos a votar. Oigan, yo he escuchado aquí a portavoces como por ejemplo la portavoz de Coalición
Canarias decir que hay que subir el complemento a los funcionarios en Canarias. Tiene razón y lo abordaremos. El de Baleares era el más urgente, porque es verdad que tienen una situación dramática, pero hablaremos también de Canarias. Hablaremos
y hemos hablado en este Parlamento de las treinta y cinco horas y de las mayores ofertas de empleo público de la historia. Que tenga que escuchar yo lecciones de quien convocó 64 000 plazas en siete años -¡64 000 plazas en siete años!-, con tasa de
reposición y recortando el empleo público, frente a un Gobierno que ha convocado casi 300 000 plazas. Hay que tener una paciencia inmensa a veces con las cosas que se escuchan. Muy grande, mucha paciencia. (Aplausos).


Hablaremos de todo eso, hablaremos de los complementos y de las treinta y cinco horas, que también la hemos aprobado; por cierto, todo en un acuerdo sindical, con todas las fuerzas sindicales, ¡con todas! Y todas son todas, incluso alguna
que no estaba

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acostumbrada a hacer acuerdos con este Gobierno, pero también ha firmado para mejorar la condición de los funcionarios, que por cierto van a tener la mayor subida salarial a cuatro años. ¡La mayor! Son realidades, señorías.


¿Faltan cosas por hacer? Faltan cosas por hacer. ¿Hablamos de los interinos? Hablemos de los interinos; deseando estoy. Estoy deseando que este Parlamento avance de una vez -iba a decir un adjetivo- en la ley de función pública,
deseando estoy. Este Gobierno hizo una reforma de la ley la función pública, que se aprobó en este Parlamento, con un pacto de gobierno donde había otras formaciones políticas. A continuación, se comprometió con Bruselas a estabilizar 300 000
plazas y ha estabilizado 440 000. Dicen que no les hablemos de personas. Es que son personas las que ocupan esas plazas, ¡440 000! Por cierto, pido a las formaciones políticas que se llenan la boca en este Parlamento con que quieren acabar con el
problema de los interinos que me ayuden luego, cuando negocie con las comunidades autónomas donde gobiernan, porque el problema está en las comunidades autónomas. (Aplausos). El problema está en las comunidades autónomas y ustedes lo saben tan
bien como yo. Ustedes saben como yo que la temporalidad, en el caso de la Administración General del Estado, está por debajo de los dos dígitos, en torno al 4 %; sin embargo, en las comunidades autónomas se dispara el 40 %. Por lo tanto, si
quieren que hablemos en serio, hablamos en serio y me ayudan a conseguir acuerdos con las comunidades autónomas para reducir la temporalidad y para acabar con el problema del abuso de la temporalidad, al que por cierto le pondremos cifras también.
Hay quienes hacen muchas campañas con los interinos y con el número de interinos y no están dando la cifra real -que la daremos- de cuánta gente hay en abuso de temporalidad, ¡abuso de temporalidad!, que es más de tres años encadenando contratos
temporales. Hablaremos de esa cifra y, a lo mejor, alguno se lleva una sorpresa y son muchos menos de los que piensan. De verdad, créanme, estaría encantado. Este Gobierno lleva muchas reformas y muchas medidas para reducir la temporalidad en la
función pública y se está consiguiendo reducir.


Queda un paso definitivo, la ley de función pública, que es un acuerdo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Espero que podamos avanzar con las comunidades autónomas en septiembre. Desde luego, se lo pido encarecidamente.
Si de verdad los discursos se acompañan con la realidad, si de verdad nos creemos lo que decimos en este Parlamento, si no venimos sencillamente a hacer un vídeo de TikTok para moverlo, espero la colaboración de todos para alcanzar un acuerdo con
las comunidades autónomas para reducir aún más la temporalidad. Lo espero de verdad.


En resumen, agradezco el apoyo de los grupos que van a hacer posible este decreto. No entiendo ese juego parlamentario habitual, viejo ya; no hay nada que aleje más a los ciudadanos. Yo no sé cómo les van a contar a miles de contratados y
a miles de funcionarios de Baleares que no hacen posible esto porque la abuela fuma o porque mi primo no sé qué. ¿Qué me están contando? Sí o no; esto es lo que es. (Rumores). Yo agradezco el apoyo de los grupos y pido que, por favor, se
atengan al asunto, que es el que es: estamos a punto de mejorar las condiciones... (Rumores.-El señor De Olano Vela y el señor Pérez López pronuncian palabras que no se perciben). No entro en las descalificaciones personales, que he escuchado
varias. Decía que estamos a punto de mejorar las condiciones laborales de miles de funcionarios en Baleares y en toda España. Como he dicho antes, si lo conseguimos hoy, será mérito de todos. Si no sale adelante, yo seré el primero en encargarme
de que se enteren esos miles de personas por quién y por qué no ha salido adelante.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO:


- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (Número de expediente 410/000011).


La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso y, en concreto, con la proposición de reforma del Reglamento con número de expediente
410/000011.


Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Flores Juberías. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.


Señorías, no son pocos los que piensan que la clase política española constituye una casta aparte, que vive apalancada en una torre de marfil ajena a los problemas y las inquietudes de la sociedad a la que dice representar, pero no
desesperen porque días como el de hoy y debates como este están llamados a desmentir ese tópico tan inquietante. ¿Qué estamos haciendo aquí y ahora sino replicar fielmente lo que miles y miles de españoles de a pie andan haciendo en estos precisos
instantes en la Gran Vía de Madrid, en el Passeig de Gràcia de Barcelona o en la calle Colón de Valencia? Sí, señorías, irnos de rebajas, aprovechar los últimos días de julio para conseguir a mitad de precio ese caprichito al que le habíamos echado
el ojo al inicio de la temporada y que hasta ahora tenía un precio prohibitivo. O para llevarnos a casa ese modelito que tal vez no nos haga falta de momento, pero que igual nos viene bien el próximo verano, que luego se adelanta la calor y todo
son prisas. Irnos de rebajas fue lo que hicimos la pasada semana cuando aprobamos esa despenalización de los delitos contra la Corona y los sentimientos religiosos a la que el señor Santiago le venía haciendo ojitos desde hace tres años y con la
que su sugar daddy, el PSOE, no lo había querido premiar hasta ahora. Irnos de rebajas es lo que estamos haciendo en estos momentos, facilitando a sus señorías de Junts, de Esquerra, de SUMAR y de Podemos la futura conformación de sus grupos
parlamentarios, una fórmula a prueba de catástrofes electorales, como la que se les viene encima.


Pero antes de fundir el plástico de la tarjeta, señorías, permítame un recordatorio. ¿Son ustedes conscientes de que las rebajas solamente suceden a final de temporada, cuando el dueño de la tienda concluye que es mejor liquidar hoy a mitad
de precio la mercancía que mañana nadie va a quererse llevar ni regalada, ya que carece de sentido almacenar género pasado de moda cuando las pasarelas de Roma, de París o de Londres ya han anunciado qué color se va a llevar más la temporada
próxima?


Señorías, esta iniciativa de rebajar hasta límites ridículos los requisitos reglamentarios para la formación de grupos parlamentarios es la prueba más evidente de que, diga lo que diga el presidente del Gobierno, la legislatura ha terminado.
Porque si las próximas elecciones fueran a celebrarse cuando tocan, que es exactamente dentro de trescientos sesenta y cinco días, ¿qué sentido tendría haber apresurado a julio de este año la adopción de una norma como esta, cuya entrada en vigor no
se debería producir hasta agosto o septiembre del año próximo? Sin duda alguna, el señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que fue quien informó a la Mesa del Congreso de que esta era una de las iniciativas en tramitación cuya
adopción consideraba urgente y para la que solicitaba la celebración de sesiones extraordinarias de los órganos necesarios de esta Cámara, podrá darnos una explicación al respecto, pero yo ya tengo mi propia hipótesis. Y ya puestos, también nos
podría explicar qué le va al Gobierno en este asunto. Y es que la iniciativa que el señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha considerado urgente adoptar no es una iniciativa del Gobierno, ni siquiera lo es del partido del
Gobierno; es una iniciativa de los partidos que le dan sustento y a los que el Grupo Socialista se ha apresurado a complacer con lealtad auténticamente perruna, revelando con claridad que el PSOE no puede vivir sin sus socios, que es rehén de sus
caprichos y que es esclavo de sus urgencias. Por mi parte, solo tengo una duda: ¿es el premio -el regalo de despedida

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más bien- por tres años de apoyo fiel o es el pago anticipado por el sustento que espera recibir de ellos en la próxima legislatura un partido que se sabe nuevamente perdedor y que fía su última esperanza de aferrarse al poder en una
aritmética electoral que prime a sus actuales socios y en una negociación que deje chiquitas las claudicaciones de otoño del año 2023? Si va a ser así, permítanme que les augure un futuro muy, pero que muy negro, tanto como el que les aguarda, de
una parte, a los partidos nacionalistas y, de otra, a los ubicados a la izquierda del PSOE, y del que unos y otros al promover esta reforma admiten tácitamente ser conscientes.


No me dirigiré a sus señorías de SUMAR porque es más que obvio que sus siglas no van a llegar enteras a las próximas elecciones ni aunque fuesen convocadas mañana mismo. (Aplausos). Pero sí lo haría a sus señorías de Podemos si nos
hubiesen agraciado con su presencia. Las tres últimas veces que Podemos concurrió a unas elecciones en solitario cosecharon el 0,9 % de los votos en Aragón, el 0,7 % en Castilla y León y el 0,2 % en Galicia. ¿De verdad no les apetece darle una
altra pensadeta a esta iniciativa y fijar, no sé, en 1 el número mínimo de escaños o en 0,1 % el porcentaje mínimo de votos para formar grupo parlamentario y así vamos a lo seguro? Y sus señorías de Junts, con las últimas encuestas del CEO dándoles
el 11,8 % de los votos en Cataluña, ¿de verdad se van a conformar con rebajar el listón para la formación de grupos parlamentarios solo hasta el 10 % de los votos? Háganme caso, dormirán más tranquilos si lo rebajan también hasta el 0,1 %.
(Aplausos). Propónganlo. Porque siempre será preferible tener normas absurdas que se cumplan a normas justas que se violen. Porque si de algo estoy seguro es de que esta reforma que hoy van a sacar adelante va a durar lo que tarden en mudar sus
intereses y sus conveniencias. Otorgando la condición plena de diputados a trileros que esquivaron su deber de jurar la Constitución, vetando la presencia del tercer partido del país en la Mesa de la Cámara y en las Mesas de las comisiones, y
consintiendo el uso de lenguas distintas de la oficial del Estado incluso antes de contemplarlo el Reglamento sus señorías dejaron bien claro al comienzo de esta legislatura que en esta Cámara ya no había reglas, y rompiendo con treinta y cuatro
años y catorce legislaturas de consenso, utilizando a los letrados de la Cámara para sacar adelante lo que sin su concurso les causaba sonrojo proponer, aplazando votaciones cuando les faltan diputados para ganarlas -señor presidente, tenga cuidado
porque el señor Pisarello sigue de vacaciones- y negándose a recoger en el Reglamento la proscripción de la práctica viciada y viciosa del préstamo de los diputados...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, su tiempo ha terminado. Gracias.


El señor FLORES JUBERÍAS: ... sus señorías reafirman -termino- en el ocaso de esta legislatura que este sigue siendo su plan para el día de mañana. Se nos dirá -aguarden unos minutos- que esta reforma no tiene otro propósito que el de
ensanchar los márgenes del pluralismo y lograr una Cámara más inclusiva, como si la fórmula mágica para que los equipos marcaran más goles no fuera mejorar la puntería de sus delanteros o la estrategia de sus centrocampistas, sino agrandar el tamaño
de las porterías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


El señor FLORES JUBERÍAS: Porque de esto va la presente reforma: de aplaudir las zancadillas, de perdonar los fueras de juego y hasta de comprar al árbitro para que quienes ya han perdido el control del balón puedan todavía seguirse
colgando medallas del cuello.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


El señor FLORES JUBERÍAS: Y para este engaño, señorías, no cuenten con nosotros. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Navarro López.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señorías, esta iniciativa es una declaración de principios; es mucho más que una mera reforma del Reglamento. Y la mayor prueba de que es una declaración de principios es que demuestra que los que están en el centro -aunque ahora mismo no
están- saben que ha llegado su final. No es un simple retoque técnico. Hoy todos hacemos una declaración de principios, y les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular no va a renunciar a los suyos. (Aplausos). Lo digo porque durante toda la
tramitación estamos escuchando hablar de pluralismo, minorías, defensa de las minorías, pero la realidad es que detrás de todo esto hay una confesión de los grupos minoritarios. Cuando ustedes reclaman con esta urgencia una rebaja de los requisitos
para tener grupo parlamentario propio, lo que están reconociendo es que la legislatura ha llegado a su fin. Su declaración de principios, señorías de los grupos minoritarios y señorías del Grupo Socialista, es el reconocimiento de que están
acabados, entre otras cosas porque han decidido unir su destino a un grupo político, a un Gobierno cuyo faro moral ya no alumbra nada, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. (Aplausos).


Señorías de los grupos minoritarios, miren el banco azul -ahora vacío, como casi siempre- y piensen que Zapatero, para cometer presuntamente un delito de tráfico de influencias, se tuvo que reunir con uno de los que se sienta ahí (señalando
los escaños del banco azul.-Una señora diputada: ¡Sí señor!), le tuvo que coger el teléfono uno de los que se sienta ahí y le abrió la puerta del despacho uno de los que se sienta ahí. Para que haya tráfico de influencias, uno de los que se sienta
ahí -que tarde o temprano lo verán- tuvo que hacer algo. Por lo tanto, con esos es con los que ustedes están llegando a un acuerdo ahora para salvar los muebles (aplausos) antes de que se apague la luz, que es lo único que les importa, a costa de
los españoles.


Pero claro, ¿qué hace el Gobierno, señor secretario de Estado? ¿Qué hace el Partido Socialista? Lo que llevan haciendo toda la legislatura: renunciar a sus principios. Un Partido Socialista que en el año 1982 fijó estos mismos
requisitos, porque las enmiendas que ha presentado mi grupo, excelentemente defendidas por mi compañero José Antonio Bermúdez de Castro en el último Pleno y por mi otra compañera ponente, Carmen Navarro, durante la ponencia, las podría haber firmado
el Partido Socialista perfectamente si no fuera porque necesitan un poquito más de tranquilidad para aguantar en la Moncloa los meses que sean necesarios. (Aplausos). Ese es el único motivo, arañar unas semanas en la Moncloa. No hay ninguna
necesidad institucional de reformar las reglas de la convivencia en este Parlamento. No la hay. Una previsible pérdida de apoyo electoral es lo que les ha empujado a hacerlo, señorías de los grupos minoritarios. Esta no es una rebaja simbólica.
Pasar del 5 al 3, cuando no hay 15 diputados, para tener grupo propio es mucho más que una rebaja simbólica. Es una modificación reglamentaria con nombre y apellidos, solo les beneficia a ustedes. Esto es una obviedad y, por lo tanto, desde luego
que no se sostiene. Y nos lleva, además, al principio de todo, porque así empezó la legislatura, modificando el Reglamento para que se pudiera hablar en este Parlamento en las lenguas de todo el Estado, otro pago político con el mismo comprador y
con el mismo vendedor. Exactamente lo mismo: precio político; eso sí, pagando todos los españoles.


Y llegamos al fondo de la cuestión, porque al final, señorías -les molestó mucho cuando mi compañero Bermúdez Castro se lo dijo, pero es la realidad-, ¿de qué va esto? Esto va de medios materiales: va de despachos, de presencia fija en los
órganos de la Cámara, va de asesores, va de subvenciones. No va de pluralidad. ¿Y por qué digo que no va de pluralidad? ¿Cuántos diputados hacen falta en el Parlamento Vasco para tener grupo propio, señorías del Partido Socialista, que gobiernan
allí también? Tres, el 4 %. ¿Cuántos diputados hacen falta en el Parlamento de Cataluña para tener grupo propio? Cinco, el 3,7 %. ¿Cuántos diputados pretenden que hagan falta para tener grupo propio aquí? Según su propia iniciativa, es mucho
más caro tener grupo parlamentario propio en

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sus parlamentos -allí les da igual lo que opinen los demás- que en el Congreso de los Diputados, según sus enmiendas. (Aplausos). La comparación enseña evidentemente sus vergüenzas, aunque es obvio que les da igual. Mantienen en sus
propios parlamentos autonómicos, allí donde gobiernan o cogobiernan, un porcentaje que aquí quieren tumbar. Señorías del Grupo Socialista, a los de 1982 y a los de hoy yo creo que les debería dar que pensar esto. Nuestro grupo va a defender sus
enmiendas porque creemos que el Reglamento del Congreso no se puede convertir en un instrumento de negociación por el inminente proceso electoral que tenemos delante. Defendemos el mantenimiento de unos requisitos objetivos iguales para todos que
impidan el fraude de ley que supone el préstamo de diputados entre formaciones para fabricar grupos artificiales. Defendemos que quien quiera tener grupo propio se lo gane en las urnas con el apoyo de los ciudadanos, no en el pasillo a cambio de un
voto por alguna iniciativa. Esta Cámara representa a toda España, no a la suma de sus intereses particulares, señores del Gobierno y de los grupos minoritarios, y por eso defenderemos nuestras enmiendas hasta el final, porque prolongar
artificialmente una legislatura que, en el fondo, todos sabemos que está acabada no tiene ningún sentido. Lo que han demostrado con esta iniciativa, señores del Grupo Socialista, es que lo que ocurrió en 1982 -cuando ustedes mismos llegaron a un
acuerdo para defender la pluralidad de todos los españoles, pero también la lógica parlamentaria, como en todos los parlamentos de nuestro entorno- se ha caído, como los propios principios del Partido Socialista. No hay más que mirar a los escaños
del Gobierno, en los que no hay absolutamente nadie. No hay más que mirar, señorías del Grupo Socialista, a sus propios escaños y verles la cara a lo largo de toda la legislatura. Han renunciado tantas veces a sus principios que ya les da igual.
(Rumores.-Aplausos). Ya les da igual.


Señorías, el Grupo Popular se niega a renunciar a sus principios, por la confianza que los ciudadanos han demostrado en nosotros, desde Logroño hasta Alicante; por el respeto al Estado de derecho, vivas en Murcia o en Pamplona, y por la
igualdad de todos los españoles, desde Almería hasta Zaragoza, Monforte de Lemos o Málaga. Reformen las reglas del juego las veces que quieran; el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, seguirá defendiendo los principios que unen a todos
los españoles, ahora y siempre.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.


Antes, en relación con el debate sobre el real decreto ley, el ministro hablaba de cuentos chinos. ¿No les parece un cuento chino que se hayan aprobado prácticamente dos decenas de reales decretos leyes y que incluso respecto a algunos de
ellos se haya aprobado por unanimidad la tramitación urgente como proyecto de ley y luego no se haya hecho? ¿No les parece eso un cuento chino? Con lo que está padeciendo nuestro país (rumores), ¿les parece que esta es la cuestión que más preocupa
a los ciudadanos? Evidentemente, no.


Pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho, estafa... Estos son algunos de los delitos que se les imputan a decenas y decenas de cargos del Partido Socialista y también del Gobierno.
La mano derecha del presidente y su asesor acaban de ser condenados por cobro de comisiones a la hora de la adquisición de material sanitario para hacer frente a la COVID. Mientras los españoles sufrían y morían como consecuencia de la pandemia del
coronavirus, algunos se enriquecían; hasta el propio expresidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, ha sido imputado. Sí, el de las joyas. Sí, el del rescate de Plus Ultra. Pero es que incluso se han descubierto las cloacas
del Partido Socialista, financiadas por el propio partido, que se montaron para boicotear procesos judiciales y para presionar a los

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miembros de la UCO y de la Guardia Civil a la hora de perseguir el delito y la corrupción. (Rumores.-La señora Mínguez García pronuncia palabras que no se perciben).


Señor presidente... (Continúan los rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, continúe y aténgase al punto, por favor.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, lo haré como hacen el resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.


¿Y por qué digo esto, señorías? Porque con todo lo que está cayendo y toda la corrupción del Gobierno y del partido, los socios del Gobierno -y ahí viene la modificación del Reglamento-, cómplices necesarios de toda esta corrupción, nos
plantean una nueva modificación del Reglamento de la Cámara. De la corrupción, absolutamente nada, pero para defender sus intereses partidistas concretos, una nueva modificación. Es llamativo comprobar cómo no se plantea en esta iniciativa ninguna
cuestión referente a la hora de limitar, acotar y acabar con la opacidad y la falta de transparencia de este Gobierno. Una de las funciones fundamentales y constitucionales que tienen los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara es la de
impulso y control de la acción de gobierno, y es inadmisible que este Gobierno, señorías, la limite, la cercene y la impute, fundamentalmente a la hora de acabar con la misma. Eso es algo sobre lo que realmente debería haber alguna propuesta o
iniciativa de los grupos, pero no, no se habla ni de eso ni de la corrupción.


Por otro lado, señorías, en democracia las reglas tienen que ser las mismas para todos y, más aún, en el Reglamento de una Cámara donde están presentes los representantes del pueblo. Como digo, tiene que ser para todos igual y tiene que
aprobarse con el mayor consenso posible; no es suficiente con la mitad más uno, porque, al final, cuando se configuren otras mayorías, también se modificará de manera sectaria y partidista, y eso no es bueno a la hora de defender el
parlamentarismo. Por lo tanto, señorías...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Acabo ya, señor presidente.


..., cuando cambien las mayorías y se propongan otras modificaciones del Reglamento, ustedes no estarán legitimados para ninguna crítica, porque sus comportamientos y su sectarismo previo les harán esclavos de estos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Moi boa tarde.


Se algo ten de bo esta proposición, esta iniciativa de modificación do regulamento para alén do propio contido e obxectivo de reforzar o pluralismo político e o respecto á vontade democrática dos pobos e da cidadanía é que deixou ao
descuberto o programa reaccionario do PP e de VOX, ese programa de retroceso social e democrático indiscutíbel.


Miren, onte mesmo, Núñez Feijóo aparecía detrás dun atril que rezaba diante en Español 'La cuenta atrás'. Eu non sei si foi un lapsus dos habituais do señor Feijóo, se realmente o que quería poñer era 'La vuelta atrás', porque iso é o que
fan habitualmente os gobernos do Partido Popular, volver atrás en dereitos democráticos, en dereitos sociais e en liberdades públicas. Iso é o que fan habitualmente, o que non é tan habitual é que haxa forzas políticas que queren ser goberno e que
o recoñezan de maneira directa. VOX si, VOX veno facendo, fai parte da súa estratexia, que xa ten defendido, ilegalizar as forzas soberanistas, perseguir as linguas, expulsar inmigrantes, retirar dereitos e desprotexer ás mulleres ou colectivo
LGBT, suprimir os medios de comunicación autonómicos e as propias autonomías, etcétera. O PP non, mais nós temos a certeza de que o Partido Popular

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acabará tragando co programa de VOX, como xa está facendo, como xa fixo en CastelaLeón, en Estremadura, en Andalucía, en Aragón ou en Valencia. Sorprende máis que o propio Partido Popular o faga porque o habitual é que anuncie elementos
positivos, aínda que sexan cuestións como baixar impostos -e despois os impostos lle baixen soamente aos ricos-, e unha vez que están no goberno, pois aplicar recortes. Entón non sabemos se é que a Feijóo lle deu un repentino arranque de
sinceridade ou que pensa que, como Trump, que pode dicir calquera barbaridade ou calquera ocorrencia que lle pase pola cabeza sen consecuencias, e fala de cuestións que máis ben parecen de torpeza e de falta de perspicacia, até o extremo de que o
propio Partido Popular ten que saír ao rescate, corrixir as declaracións de Feijóo para minimizar os danos. Porque claro, poñer en cuestión cuestións xa tan elementais como os dereitos, o dereito á saúde dos traballadores e traballadoras, retirar
novos dereitos aos traballadores e traballadoras, tratar aos traballadores e traballadoras como delincuentes cando teñen necesidade de coller unha baixa ou recortar pensións -que efectivamente farán cando tiveron oportunidade votar en contra- ou
conxelar o salario mínimo interprofesional, que tamén votaron en contra...


Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.


Si algo tiene de bueno esta iniciativa de modificación del Reglamento más allá de su propio contenido -el objetivo de reforzar el pluralismo político y el respeto a la voluntad democrática de los pueblos y de la ciudadanía- es que dejó al
descubierto el programa reaccionario del PP y de VOX, ese programa de retroceso social y democrático indiscutible.


Ayer mismo, Núñez Feijóo aparecía tras un atril que rezaba en español: La cuenta atrás. No sé si fue uno de los lapsus habituales del señor Feijóo o si realmente lo que quería poner era La vuelta atrás, porque eso es lo que hacen
habitualmente los Gobiernos del Partido Popular: volver atrás en derechos democráticos, en derechos sociales y en libertades públicas. Eso es lo que hacen habitualmente. Lo que no es tan habitual es que haya fuerzas políticas que quieren ser
Gobierno y que lo reconozcan de forma directa. VOX lo lleva haciendo y forma parte de su estrategia: aquí ya ha defendido ilegalizar a las fuerzas soberanistas, perseguir las lenguas, expulsar a inmigrantes, retirar derechos y desproteger a las
mujeres o al colectivo LGTB, suprimir medios de comunicación autonómicos y las propias autonomías, etcétera. El PP no, pero nosotros tenemos la certeza de que el Partido Popular acabará tragando con el programa de VOX, como ya lo está haciendo y
como ya lo hizo en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, en Aragón o en Valencia. Sorprende más que el propio Partido Popular lo haga, porque lo habitual es que anuncie elementos positivos como bajar impuestos -después los impuestos se los
bajan solamente a los ricos- y, una vez están en el Gobierno, aplique recortes. Así que no sabemos si a Feijóo le ha dado un repentino arranque de sinceridad o piensa que es como Trump, que puede decir cualquier barbaridad, cualquier ocurrencia que
se le pase por la cabeza sin ninguna consecuencia, y habla de cuestiones que más bien parecen torpeza y falta de perspicacia, y hasta el Partido Popular tiene que salir al rescate y corregir las declaraciones de Feijóo para corregir los daños.
Porque claro, poner en cuestión cosas tan elementales como el derecho a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, retirar nuevos derechos a los trabajadores y las trabajadoras y tratarlos y tratarlas como delincuentes cuando tienen necesidad
de cogerse una baja, recortar pensiones -cosa que harán cuando puedan votar en contra- o congelar el salario mínimo interprofesional, que también votaron en contra...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, se le ha acabado el tiempo. Por favor, vaya terminando.


El señor REGO CANDAMIL: ¿Cómo?


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Aténgase al punto y vaya finalizando, por favor.

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El señor REGO CANDAMIL: Ben creo que me estou atendo ao punto. Estamos falando de democracia e estamos falando de democracia, precisamente do que aquí VOX e Partido Popular teñen manifestado e polo tanto que.


Yo me atengo al punto. Creo que me atengo al punto; estamos hablando de democracia y precisamente de lo que VOX y el Partido Popular han manifestado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, por favor. Gracias.


El señor REGO CANDAMIL: Polo visto, non é unha cuestión exclusiva do Partido Popular. A democracia.


Por lo visto, no es solo cuestión del Partido Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (AEJPNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaunandreok.


Señorías, ya pusimos de manifiesto en otro momento que con esta iniciativa debatimos una cuestión clave de las democracias representativas, como son los grupos parlamentarios. Después del sistema electoral, que realiza a través de los
partidos políticos el primer escalón de los sistemas democráticos representativos, su segundo escalón de realización se logra a través del sistema parlamentario, siendo los grupos parlamentarios su motor. Ambos, sistema electoral a través de los
partidos políticos y sistema parlamentario a través de los grupos parlamentarios, transforman en acción las ideologías políticas expresadas a través de la voluntad ciudadana y conectan al electorado con sus representantes, posibilitando una mejor
valoración por la ciudadanía del sistema político y de las instituciones democráticas. Por eso, señorías, es tan importante para los partidos políticos que han competido electoralmente y logrado escaños tener voz diferenciada en la Cámara a través
de grupo parlamentario propio, ya que es la garantía de la más plena y mejor realización de los derechos básicos que integran la esencia de la función representativa. Por eso, señorías, esta reforma del Reglamento de la Cámara busca flexibilizar,
facilitar la constitución de grupo parlamentario propio, tanto a las formaciones políticas más pequeñas a nivel estatal con representación en la Cámara como a aquellas otras formaciones políticas que se presentan en ámbitos más reducidos al estatal,
pero donde son muy representativas.


Señorías, con esta reforma no se está contradiciendo, como por algún grupo parlamentario de la oposición se ha dicho, la voluntad democrática expresada electoralmente, sino más bien todo lo contrario. Esta reforma, la reforma del Reglamento
de la Cámara, está posibilitando, a la hora de constituir grupo parlamentario, un mejor reflejo o adecuación de la diversidad y pluralidad de la sociedad que se manifiesta en los resultados electorales. En definitiva, y voy finalizando, presidente,
con la reforma del Reglamento de la Cámara se pretende, por un lado, dar una mejor protección al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico, tal y como propugna el artículo 1 de la Constitución, en una sociedad política,
territorial, ideológica y lingüísticamente plural y diversa, y también -tengo que recordarlo- con sentimientos nacionales de pertenencia diversos.


Por otro lado, con esta reforma se busca dar un cumplimiento más ajustado al derecho fundamental de la ciudadanía, la participación política en los asuntos públicos a través de representantes elegidos libremente en elecciones periódicas por
sufragio universal, según reza el artículo 23.1 de la Constitución.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.

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El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente, señorías, hace ya quince años, cuando la izquierda independentista vasca se presentó a las elecciones generales bajo la marca Amaiur, obtuvo un resultado histórico. Obtuvo siete diputados en esta
Cámara, seis por la Comunidad Autónoma vasca y uno por la Comunidad Foral navarra. Ya en aquel momento y en esos días, el Partido Popular comenzó a filtrar que, teniendo en cuenta que en Navarra no habíamos llegado al 15 %, sino que solamente
habíamos obtenido el 14,86 % del voto, iban a utilizar esa situación para negarnos el grupo parlamentario, algo que no había ocurrido hasta entonces; obteniendo cinco diputados, se interpretaba de una manera. Nos reunimos con la Presidencia de la
Cámara en ese momento, del Partido Popular, con el señor Posada, y nos dijo una cosa bien clara y que no se me ha olvidado: que daba igual que intentáramos constituir el grupo con los diputados únicamente de la Comunidad Autónoma vasca porque el
Partido Popular -repito, el Partido Popular- había tomado una decisión política, que era negarnos el grupo parlamentario y daba igual lo que realizásemos. Por eso, cuando escuchaba al portavoz del Partido Popular diciendo que iban a defender la
seguridad jurídica y que no cambiaban de principios... Por favor, den un repaso a cómo se ha utilizado históricamente el Reglamento para otorgar grupo dependiendo de a quién y en qué circunstancias no llegando a esos límites fijados por el
Reglamento; esto es, han hecho lo contrario a esto que vienen diciendo.


En el año 2011 obtuvimos un resultado histórico, pero se nos privó de grupo y esto nos llevó a algunas lecciones. La primera de ellas era, como bien decía, que ustedes habían utilizado el Reglamento a su libre albedrío para beneficiar a
quienes decidieran y en el momento que les convenía, y no hay más que dar un repaso a la historia de este Congreso. La segunda lección era que había que modificar el Reglamento porque se daban situaciones absurdas. Esto es, Amaiur, en esa época,
con siete diputados no podía tener grupo, pero si no llegamos a obtener el diputado por Navarra, si únicamente hubiéramos obtenido seis, sí hubiéramos tenido grupo. Absurdo; algo absurdo. A mayor representación se niega el grupo, cuando en ese
momento había un grupo parlamentario, como el Grupo Vasco, que con cinco diputados sí conformaron grupo; teniendo menos representación que nosotros sí conformaron grupo. Incluso otros, en esa misma legislatura, como UPyD, haciendo lo que usted
decía, un fraude de ley, conformó grupo con Foro Asturias para llegar a ese 5 %, anunciando ya en ese momento que iba a ser un grupo efímero y que cuarenta y ocho horas después el diputado de Foro Asturias abandonaría el grupo, como así hizo, y esto
lo toleraron ustedes en el mismo momento. Esto es, flexibilidad cuando les viene en gana.


Y la tercera lección que obtuvimos es que un Grupo Mixto sobredimensionado hace mucho más difícil la gestión del Grupo Mixto, pero también hay dificultad a la hora de trabajar en esta Cámara, por lo que reformar el Reglamento para dar más
flexibilidad, pero más claridad también, ayuda a todos. Ayuda al parlamentarismo, ayuda a esta Cámara y además evita que ustedes sigan, de manera torticera, utilizando el Reglamento como les viene en gana, para otorgar grupo o para negarlo.
Creemos que la reforma es positiva y que va en pro de la participación política, de la diversidad y de la pluralidad, por ello, la apoyaremos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades.


Avui votem una reforma del reglament que parteix d'una idea molt senzilla que la pluralitat de la ciutadania expressada a les urnes es pugui traduir també en una representació efectiva dins d'aquesta Cambra. Per això no ens sorprèn gens que
el Partit Popular i VOX hi votin en contra. De fet, crec que és una representació del que voldrien ells.

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Aquesta reforma amplia drets, reforça el pluralisme i adapta aquesta cambra a la realitat del segle XXI. Vostès continuen mirant el país amb les ulleres del segle passat. I si poguessin, encara se n'anirien més enllà. La nostra proposta
no crea privilegis, tal com diuen. Els privilegis els creen vostès quan arbitràriament volen decidir com s'han de fer els grups. No fa trampes. Posa clarament quines seran les regles del joc. No busca beneficiar ningú més que la ciutadania. El
que fa és donar seguretat jurídica als requisits per construir un grup parlamentari i impedir que la representació de milions de ciutadans depengui de decisions discrecionals o d'interpretacions canviants de la Mesa del Congrés.


El Partit Popular i VOX han vingut aquí a parlar de frau. Però el veritable frau és mantenir unes regles pensades fa més de 40 anys per a una realitat política que ja no existeix. I això és el que els hi molesta. Una realitat política que
ja no existeix. Les societats evolucionen, no com vostès, que viuen al segle passat. Les democràcies evolucionen. Avui els parlaments europeus són més diversos, hi conviuen més sensibilitats polítiques i els governs de coalició són la normalitat.
Ja ho vam explicar durant la tramitació d'aquesta reforma. Molts països del nostre entorn permeten constituir un grup parlamentari amb requisits tant o més accessibles que els que hem plantejat. Perquè han entès una cosa molt simple, una
democràcia és més forta quan totes les veus poden participar en igualtat de condicions.


Les esmenes del Partit Popular busquen mantenir unes barreres que afavoreixen els grans partits i dificulten que les minories polítiques exerceixin plenament la seva funció parlamentària. A vostès els molesta la pluralitat, perquè la
pluralitat obliga a dialogar i obliga a negociar, i vostès són més, doncs, d'aquestes majories absolutes que no els calgui negociar res.


Les esmenes de VOX ni tan sols parlen del reglament. Parlen, una vegada més, de la seva obsessió per uniformitzar l'Estat. Els incomoda que existeixin llengües diferents. Els incomoda que hi hagi nacions que reivindiquem la nostra
identitat. Els incomoda que hi hagi pobles que vulguem decidir el nostre futur. En definitiva, els incomoda la llibertat quan no coincideix amb la seva manera d'entendre Espanya. El seu projecte és molt senzill una sola llengua, una grande i
libre, i obligats a sentirnos espanyols. Encara que no vulguem. A vostès els obsessiona que posa el DNI, a nosaltres ens preocupa que posa a la nòmina el rebut del lloguer o la factura de la llum. A vostès els agrada que al DNI hi digui Espanya,
a nosaltres ens preocupa que hi hagi famílies que, tot i que portin el mateix DNI que vostès, no poden pagar el lloguer, no arriben a finals de mes o han de marxar del seu poble perquè no hi ha oportunitats. Aquesta és la diferència entre vostès i
nosaltres. Vostès fan de la identitat una imposició, nosaltres la defensem com una llibertat. Vostès volen que tots acabem sent iguals, nosaltres volem que tothom pugui ser diferent. Que cadascú pugui parlar la seva llengua, que cada poble pugui
preservar la seva identitat, que cap territori sigui tractat com una perifèria condemnada per a sempre les inversions d'un estat que mai arriben. Perquè aquesta és també la seva manera d'entendre l'Estat, un Estat radial centralista on tot passa
per Madrid i on massa sovint els territoris només existeixen quan toca demanarlos sacrificis. Nosaltres defensem exactament el contrari, defensem que Catalunya, Euskadi i Galícia i la resta de les nacions i territoris siguin representats en la seva
diversitat. També el País Valencià, aquest País Valencià que vostès tenen tan tremendament ofegat. Defensem que la democràcia no consisteix a uniformitzar la societat, sinó a donar veu a totes les realitats que la conformen. I és precisament això
el que fa aquesta reforma. Més pluralitat, més representació, més qualitat democràtica. Per això, aquesta iniciativa ha estat impulsada per diputats i diputades de diferents espais polítics, perquè entenem que defensar els drets parlamentaris és
defensar també la qualitat democràtica de les institucions.


I acabo. Acabo perquè avui és un dia important, perquè no votem només una modificació del reglament. Avui decidim quin congrés voldrem les properes legislatures. Un congrés pensat perquè hi capiguem totes les veus o un congrés pensat
només perquè alguns continuïn pensant i decidint qui té dret a ser escoltat. Quin congrés volem? Nosaltres ho tenim molt clar. Votarem en contra de totes les esmenes que avui han

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presentat i a favor d'aquesta reforma, perquè nosaltres el que volem és més democràcia, més pluralitat, més llibertat i menys imposicions a les quals vostès volen aquí.


I senyories de VOX, tinguin en compte una cosa, si depèn de nosaltres, mai, mai, facilitarem que vostès estiguin asseguts en una butaca de color blau. Només pel bé de la ciutadania, per la prosperitat de tots els països del món, l'extrema
dreta hauríem de fer tot el possible per aturarla sempre i allà on calgui. Fora el feixisme d'aquesta Cambra també.


Gràcies.


Gracias, presidente.


Buenas tardes, diputados y diputadas.


Hoy votamos una reforma del Reglamento que parte de una idea muy sencilla: la pluralidad de la ciudadanía expresada en las urnas se puede traducir también en una representación efectiva dentro de esta Cámara. Por eso no nos sorprende nada
que el Grupo Popular y VOX voten en contra. De hecho, creo que es una representación de lo que ellos querrían.


Esta reforma amplía derechos, refuerza el pluralismo y adapta esta Cámara a la realidad del siglo XXI. Ustedes siguen mirando y viendo el país con las gafas del siglo pasado y, si pudieran, aún irían más lejos. Nuestra propuesta no crea
privilegios, tal como dicen; los privilegios los crean ustedes cuando arbitrariamente quieren decidir cómo hay que hacer los grupos. No hace trampas; pone claramente cuáles van a ser las reglas del juego. No busca beneficiar a nadie más que a la
ciudadanía; lo que hace es dar seguridad jurídica a los requisitos para constituir un grupo parlamentario e impedir que la representación de millones de ciudadanos dependa de decisiones discrecionales o de interpretaciones cambiantes de la Mesa del
Congreso.


El Grupo Popular y VOX han venido aquí a hablar de fraude, pero el verdadero fraude es mantener esas reglas pensadas hace más de cuarenta años para una realidad política que ya no existe. Y eso es lo que les molesta: una realidad política
que ya no existe. Las sociedades evolucionan, no como ustedes, que viven en el siglo pasado. Las democracias evolucionan. Hoy los Parlamentos europeos son más diversos, conviven más sensibilidades políticas y los Gobiernos de coalición son la
normalidad. Ya lo explicamos durante la tramitación de esta reforma. Muchos países de nuestro entorno permiten constituir un grupo parlamentario con requisitos tan o más accesibles que los que hemos planteado. Porque han entendido una cosa muy
simple: una democracia es más fuerte cuando todas las voces pueden participar en igualdad de condiciones.


Las enmiendas del Grupo Popular buscan mantener unas barreras que favorecen a los grandes partidos y dificultan que las minorías políticas ejerzan plenamente su función parlamentaria. A ustedes les molesta la pluralidad porque la pluralidad
obliga a dialogar y obliga a negociar; y ustedes son más de esas mayorías absolutas donde no haya que negociar nada.


Las enmiendas de VOX ni siquiera hablan del Reglamento; hablan una vez más de su obsesión por uniformizar el Estado. Les incomoda que existan lenguas diferentes, les incomoda que haya naciones que reivindicamos nuestra identidad, les
incomoda que haya pueblos que queramos decidir nuestro futuro; en definitiva, les incomoda la libertad cuando no coincide con su manera de entender España. Su proyecto es muy sencillo: una sola lengua; una, grande y libre y obligados a sentirnos
españoles, aunque no queramos. A ustedes les obsesiona qué pone en el DNI; a nosotros nos preocupa qué pone en la nómina, en el recibo del alquiler o en la factura de la electricidad. A ustedes les gusta que en el DNI ponga España; a nosotros
nos preocupa que haya familias que, aunque llevan el mismo DNI que ustedes, no pueden pagar el alquiler, no llegan a final de mes o tienen que irse de su pueblo porque no hay oportunidades. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros.
(Aplausos). Ustedes hacen de la identidad una imposición; nosotros la defendemos como una libertad. Ustedes quieren que todos acabemos siendo iguales; nosotros queremos que todo el mundo pueda ser diferente, que cada uno pueda hablar su lengua,
que cada pueblo pueda preservar su identidad, que ningún territorio sea tratado como una periferia condenada para siempre a unas inversiones del Estado que no llegan

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nunca, porque esta es también su manera de entender al Estado: un Estado radial, centralista, donde todo pasa por Madrid y donde demasiado a menudo los territorios solo existen cuando toca pedirles un sacrificio. Nosotros defendemos
exactamente lo contrario. Defendemos que Cataluña, Euskadi, Galicia y el resto de las naciones y territorios sean representados en su diversidad. También el país valenciano, ese país valenciano que ustedes tienen tan tremendamente ahogado.
Defendemos que la democracia no consiste en uniformizar a la sociedad, sino en dar voz a todas las realidades que la conforman. Y es precisamente eso lo que hace esta reforma: más pluralidad, más representación, más calidad democrática. Por eso
esta iniciativa ha sido impulsada por diputados y diputadas de diferentes espacios políticos, porque entendemos que defender los derechos parlamentarios es defender también la calidad democrática de las instituciones.


Termino. Hoy es un día importante, porque no solo votamos una modificación del Reglamento, hoy decidimos qué Congreso vamos a querer en las próximas legislaturas: un Congreso pensado para que quepamos todas las voces o un Congreso pensado
solo para que algunos sigan pensando y decidiendo quién tiene derecho a ser escuchado. ¿Qué Congreso queremos? Nosotros lo tenemos muy claro: vamos a votar en contra de todas las enmiendas que hoy han presentado y a favor de esta reforma, porque
nosotros lo que queremos es más democracia, más pluralidad, más libertad y menos imposiciones de las que ustedes quieren aquí.


Señorías de VOX, tengan en cuenta una cosa: si depende de nosotros, nunca, nunca vamos a facilitar que ustedes estén sentados en una butaca de color azul. Solo por el bien de la ciudadanía, para la prosperidad de todos los países del
mundo, tendríamos que hacer todo lo posible para parar a la extrema derecha, siempre y donde haga falta. Fuera el fascismo de esta Cámara también.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita.


El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, president.


Bona vesprada, senyories.


En primer lugar, quiero sumarme a las muestras de condolencias, de apoyo y de ánimo a la familia de David Lucas, el secretario de Estado de Vivienda. Sin duda alguna, estos años hemos podido trabajar mejorando el derecho a la vivienda en
nuestro país y, como decía la señora Vallugera, creo que nos ubica en cuáles son las cosas importantes y cuáles no y para qué hemos venido a este mundo.


Avui, reformem per tercera volta el reglament que organitza aquest congrés i, a diferència del Senat, que en porta quatre, i no crec que estiguen les quatre voltes anunciant que s'acaba la legislatura, o del Reglament del Consell General del
Poder Judicial. Ho fem per ampliar drets i per protegir la pluralitat. La primera volta que vam canviar el reglament aquesta legislatura ho vam fer per una cosa tan senzilla i tan bonica com perquè avui puguem parlar la nostra llengua. I
sincerament, senyors de VOX i del Partit Popular, tant els molesta que puguem parlar avui ací valencià. Tan xicoteta, tan xicoteta és la seua democràcia, tan acomplexat és el seu nacionalisme en el qual no cap la meua llengua. Facins'ho mirar. La
segona reforma del reglament fou per a incloure la perspectiva de gènere i visualitzar a les dones. Altra volta els seus complexos i la seua inferioritat. Vostès tenen al·lèrgia a dir presidenta. En canvi, els encanta dir assistenta. Per tant,
intenten millorar aquesta qüestió quan defensen qüestions d'optimització de la llengua i admeten que el que els molesta és que les dones avui presidir aquest Parlament. I la tercera reforma que plantegem és, senzillament garantir la pluralitat i
defensar la diversitat ideològica d'aquest Parlament.


I hem hagut d'aguantar que el Partit Popular i VOX vinguen a dir que: 'esto es un peaje para pagar favores para aquellos que queremos tener más voz de la que nos toca.' Si algú té més veu de la que li toca, més enllà que permetem que els
feixistes se senten ací -que esto daría para otro debate-, és el Partit Popular i el Partit Socialista. Perquè el

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tamany de les circumscripcions electorals i la llei electoral estan pensades històricament per a afavorir els vots del bipartidisme. Per tant, quan hi ha mesures que compensen, entre altres coses, el que estan fent és donar veu a aquells
ciutadans i ciutadanes que han votat opcions diferents de les seues i que, pel tamany de la circumscripció o per la llei electoral, no veuen les seues idees reflectides en els escons d'este Parlament. No obliden que durant legislatures hi ha hagut
milions, o un milió, de vots a forces comunistes que no han vist escons en este Parlament. I probablement això és el que els molesta.


Però en este debat hem arribat a escoltar al portaveu de VOX dir que: 'sobran partidos políticos' y, probablement, en temps d'antipolítica, hi haja molta gent que pensa que açò no va amb ells i que 'ya están los políticos pegándose unos con
otros', però senzillament del que estem parlant és de la llibertat i de la democràcia, de totes. De la llibertat de veritat, no la de les canyes i les terrasses. I per a qui pense que açò no va amb ell, o bé no vol ser conscient de la nostra
història o bé no és tan conscient de com s'està aplicant aquesta estratègia a tot el món. Recordeu quan la gent d'ordre del Partit Popular deia que exageraven quan dèiem que l'ICE, una estructura paramilitar que té com a funció agredir, torturar i
si cal, assassinar a veïns i veïnes al carrer, senzillament, 'por no ser blancos i arios', arribaria també a Europa. Ens deien de tot. La realitat és que avui, amb la vergonyosa aprovació del reglament de retorn, és una realitat també a la Unió
Europea. I espere que el Govern d'Espanya denuncie perquè aquest reglament no arribe a aplicarse al nostre país.


Si Mazón va ser el primer president del Partit Popular en pactar amb els racistes de VOX, Pérez Llorca ha sigut el primer president del Partit Popular d'aplicar una llei racista parlant de discriminació en les ajudes públiques al nostre
país. És aquesta gent a la qual volen deixar sense vot, és aquesta gent a la qual volen discriminar. I mentrestant, continuar forrant de privilegis fiscals amb paguetes disfressades, primer, quan les coses van bé, de col·laboració publicoprivada
i, després, quan les coses van mal, d'ajudes públiques 'para rescatar a nuestras empresas', als de sempre.


Saben quin és el següent pas, senyories? Una volta han anat a pels immigrants. Ara aniran a per les dones. Avui als Estats Units estan organitzantse per anul·lar el dret de vot de les dones, ja que 'es suficiente con un voto por jefe de
familia, cabeza de familia, un Abascal de torn que ens protegisca a tots i tots de las amenazas que hay en el exterior.' I, per tant, quan fem autocrítica les esquerres no podem oblidar que hi ha una estratègia global, -escolten els de Vox,
'aquellos que sólo son pàtries-, hi ha una estratègia global pagada amb diners globals que va en contra de la democràcia.


I, per tant, si primer vam defensar la riquesa del plurilingüisme al nostre país, si després vam defensar el dret de les dones a estar reconegudes en el reglament i que aquest congrés no sigui només dels diputats, sinó també de les
diputades, avui el que venim a defensar és que totes les veus que la diversitat ideològica ha d'estar també representada. I és que primer van anar a per les persones migrants, i alguns van callar; després aniran a per les dones, i altres callaran;
després aniran a pels comunistes, i altres callaran; després aniran a pels indepes, i d'altres callaran; després aniran a pels ecologistes, i altres callaran. I finalment diran que no cal la democràcia perquè ells ja saben quin és el destino en
lo universal que ens ha de guiar a totes i tots.


I per això, senyories, crec que avui, quan defensem aquest canvi del reglament, no estem fent un canvi de la vida interna d'este Parlament. El que estem defensant és que les properes legislatures, si governa el feixisme, tinguem almenys la
possibilitat de plantarlos cara no només als carrers, sinó també als parlaments.


I acabe, senyor president, avui fa tres anys que el senyor Feijoo 'no es presidente, porque no quiere.' No tinc cap dubte que aquesta volta els passarà el mateix. No reparteixen els ministeris que després venen els plors.


Moltes gràcies.


Señorías, hoy reformamos por tercera vez el Reglamento que organiza este Congreso. Y, a diferencia del Senado, que lleva cuatro -y no creo que estén las cuatro anunciando que supone el fin de la legislatura o del Reglamento del Consejo
General del Poder

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Judicial-, lo que estamos haciendo es proteger la pluralidad y los derechos. La primera vez que cambiamos el Reglamento en esta legislatura fue por algo tan sencillo y bonito como para hablar nuestro idioma hoy. Y, sinceramente, señores de
VOX y del Grupo Popular, ¿tanto les molesta que hablemos valenciano aquí hoy? ¿Tan pequeña es su democracia, tan acomplejado es su nacionalismo como para que no quepa nuestra lengua? Háganselo mirar. La segunda reforma del Reglamento incluyó la
perspectiva de género para visualizar a las mujeres; y, de nuevo, sus complejos y su inferioridad. Ustedes tienen alergia a decir presidenta, pero les encanta decir asistenta; entonces les recomiendo que intenten mejorar esta cuestión a la hora
de defender las cuestiones de la optimización de la lengua y admitan que lo que les molesta es que las mujeres hoy en día pueden presidir este Parlamento. (Aplausos). La tercera reforma que planteamos es sencillamente para garantizar la pluralidad
y defender la diversidad ideológica de este Parlamento.


Hemos tenido que aguantar que PP y VOX vengan a decir que esto es un peaje para pagar favores para aquellos que queremos tener más voz de la que nos toca. Si alguien tiene más voz de la que le toca -más allá de que estamos permitiendo que
los fascistas estén aquí sentados, pero eso sería otro debate-, son el Partido Popular y el Partido Socialista, porque el tamaño de las circunscripciones electorales y la ley electoral están pensados históricamente para favorecer al bipartidismo.
Por lo tanto, cuando hay medidas que compensan, lo que están haciendo, entre otras cosas, es dar voz a aquellos ciudadanos que han votado opciones distintas a las suyas y que, por el tamaño de la circunscripción o por la ley electoral, no ven sus
ideas reflejadas en los escaños de este Parlamento. No olvidemos que durante muchas legislaturas ha habido un millón de votos a fuerzas comunistas que nunca han visto un escaño en este Parlamento, y probablemente esto es lo que les molesta.


En este debate hemos llegado a escuchar al portavoz de VOX diciendo que sobran partidos políticos y, probablemente, en tiempos de antipolítica, haya gente que crea que esto no va con ellos y que ya están los políticos pegándose unos con
otros, pero sencillamente de lo que estamos hablando es de la libertad y de la democracia de todas; de la libertad de verdad, no de la libertad de las cañas y las terrazas. Para quienes piensen que no va con ellos o no quieran ser conscientes de
nuestra historia o bien no sean tan conscientes de cómo se está aplicando esta estrategia a todo el mundo, ¿recuerdan cuando la gente del orden, el Partido Popular, decía que exagerábamos al decir que el ICE -una estructura paramilitar que tiene
como función agredir, torturar y, si hace falta, asesinar a vecinos y vecinas en plena calle sencillamente por no ser blancos y arios- llegaría también a Europa? (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En ese momento nos decían de todo, pero
la realidad es que hoy en día, con la vergonzosa aprobación del reglamento de retorno, eso ya es una realidad también en la Unión Europea. Espero que el Gobierno de España denuncie para que este reglamento no llegue a aplicarse en nuestro país.


Si Mazón fue el primer presidente del Partido Popular en pactar con los racistas de VOX, Pérez Llorca ha sido el primer presidente del Partido Popular en aplicar una ley racista, hablando de discriminación en las ayudas públicas en nuestro
país. Es esta la gente a la que quieren dejar sin voto, es esta la gente a la que quieren discriminar, y, mientras tanto, siguen forrándose con privilegios fiscales, primero con un cierto disfraz de colaboración públicoprivada cuando todo va bien
y, cuando todo va mal, con ayudas públicas para rescatar a nuestras empresas, a los de siempre.


¿Saben cuál es el siguiente paso, señorías? Una vez han ido a por los inmigrantes, irán a por las mujeres. En los Estados Unidos hoy se están organizando para anular el derecho de voto de las mujeres, porque es suficiente con un voto por
cabeza de familia, un Abascal de turno que nos proteja a todos y todas de las amenazas que hay en el exterior. Por lo tanto, cuando hacemos autocrítica, las izquierdas no podemos olvidar que hay una estrategia global, globalista -escuchen los de
VOX, los que son patrios-, pagada con dineros globales, que va en contra de la democracia.


Si primero defendimos la riqueza del plurilingüismo de nuestro país, si defendimos el derecho de las mujeres a estar reflejadas en el Reglamento y que este Congreso no sea

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solo de diputados, sino también de diputadas, hoy lo que defendemos es que todas las voces, la diversidad ideológica, tienen que estar también representadas. Primero fueron a por las personas migrantes, y algunos callaron, después irán a
por las mujeres, y otros callarán; después irán a por los comunistas, y otros callarán; después irán a por los indepes, y otros callarán; después irán a por los ecologistas, y otros callarán, y, finalmente, dirán que no hace falta la democracia
porque ellos ya saben cuál es el destino, el universal, que nos tiene que guiar a todos y todas.


Por eso, señorías, creo que hoy, cuando defendemos este cambio en el Reglamento, no estamos haciendo un cambio en la vida interna de este Parlamento; lo que estamos haciendo es defender que, en las próximas legislaturas, si gobierna el
fascismo, tengamos por lo menos la posibilidad de plantarles cara, no solo en las calles, sino también en los parlamentos.


Y ya termino, señora presidenta. Hoy hace tres años, el señor Feijóo dijo aquello de que no es presidente porque no quiere, y esta vez nos va a pasar lo mismo. No repartan los ministerios porque luego lloran.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Ibáñez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Adrio Taracido.


La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, presidenta.


Hoy se trae a este Pleno el fin de la tramitación de la reforma del artículo 23 del Reglamento del Congreso, que ha sido muy debatida y consensuada entre varios grupos. Quiero agradecer el trabajo realizado por Joaquín Martínez Salmerón y
Raúl Díaz y por los letrados adscritos a la Comisión de Reglamento.


Señorías de VOX, su posición ante esta reforma, como contra cualquiera, es de inmovilismo total. Ustedes son excluyentes. Tal como manifestó uno de sus diputados en un Pleno de esta Cámara, tendríamos que estar ilegalizados todos los
partidos nacionalistas y los de izquierdas, y eso se llama totalitarismo. (Aplausos). Ustedes son los nostálgicos del NODO, de la España de la censura que cambiaba las letras de las canciones, como Mi querida España de Cecilia, cambiando 'esta
España muerta', que era como estaba para muchos, por 'esta España nuestra'; la España muerta en la que solo tenían voz unos pocos y a los demás los callaban, y en la que trataron de acallar las lenguas diversas que nos enriquecen. Nosotros creemos
en la democracia, en la España en la que todos cabemos, incluso ustedes.


Señorías del Grupo Popular, al competir por el mismo espacio de VOX, o necesitarlos como socios, también se suman a ese inmovilismo. Cuando afirman que la reforma del artículo 23 del Reglamento pretende una supuesta compra de voluntades,
pretendiendo dar lecciones de regeneración democrática, conviene recordar la votación de la reforma laboral en el Congreso, cuando incorporaron a sus listas en el Congreso a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero, premiando a los dos diputados que
habían roto la disciplina de voto del partido con el que se presentaron a las elecciones en contra de la voluntad de sus votantes. (Aplausos.-El señor Sayas López: Falta de ética, la vuestra, pactando con los etarras, los...).


Na miña terra, os coñecemos, os coñecemos ben. En varios concellos nos que acudiron ao transfuguismo para conseguir a alcaldía, pero o que xa non ten nome é a falta de ética e de un respecto sagrado na nosa cultura, non respectar a memoria
dos mortos. En Lugo, co corpo quente da concelleira socialista, Olga López Racamonde, compraron a vontade de María Reigosa para darlle a alcaldía á señora Candia, contra a vontade do pobo expresada nas urnas. E iso chámase infamia; infamia que
non merecen Paula Alvarellos, Pablo Permuy e Olga López, sempre na nosa memoria. E no Parlamento de Galicia, como denuncia reiteradamente o PSdeG, limitan a labor de control do goberno da Xunta e utilizan a súa maioría para blindar o executivo
galego e restrinxir a capacidade de fiscalización da oposición, como a aprobación recente dun proxecto para o control do PP nos medios públicos para reforzar o control político na televisión galega.

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En mi tierra los conocemos bien. En varios Ayuntamientos han acudido a esto para conseguir alcaldía, pero lo que ya no... En Lugo, con el cuerpo caliente de la consejera Racamonde, compraron la voluntad de María Reigosa para darle la
alcaldía a la señora Candia, contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Eso es una infamia; infamia que no merecen Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López, siempre en nuestra memoria. (Aplausos). En el Parlamento de Galicia, como
denuncia reiteradamente el PSdeG, limitan la labor de control en la Junta y utilizan su mayoría para blindar al Ejecutivo gallego y restringir la capacidad de fiscalización de la oposición, como en la aprobación reciente de un proyecto para el
control del PP en los medios públicos para reforzar el control político en la televisión gallega.


La reforma del artículo 23 del Reglamento no compra el voto de nadie, no modifica la voluntad expresada por las mayorías parlamentarias, por los ciudadanos en las urnas y no altera las mayorías parlamentarias. Lo que hace es regular el
funcionamiento interno de la Cámara mediante una norma pública debatida y aprobada democráticamente por el Pleno del Congreso. Esta reforma del artículo 23 del Reglamento se adapta al pluralismo, tal como recoge la Constitución en su artículo 1.1,
que proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en su artículo 23 reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos mediante representantes
libremente elegidos.


El artículo 23 del Reglamento, cuya reforma se insta, se refiere a la configuración de los grupos parlamentarios en la Cámara, lo que influye en su incidencia directa en la capacidad de iniciativa, la presencia en los órganos de la Cámara y
el ejercicio de las funciones de control. Constituye un elemento relevante para asegurar que el mandato representativo pueda desplegar sus condiciones efectivas. La diversidad que enriquece a España es fruto del mandato popular. Tal como señaló
en Pleno Joaquín Martínez Salmerón en la toma en consideración, esta reforma afecta directamente a la calidad democrática y a la representación efectiva de millones de personas, ya que modifica el artículo 23 del Reglamento del Congreso para adaptar
los requisitos de grupo parlamentario a la realidad política y territorial de la España del siglo XXI. No permite la proliferación de grupos, no rompe el funcionamiento de la Cámara. Mantiene el requisito ordinario de quince diputados para tener
grupo propio de forma directa, pero pretende corregir una rigidez que hoy genera situaciones difícilmente compatibles con el pluralismo de esta Cámara, por lo que se rebaja siempre con un mínimo de cinco escaños del 5 al 3 % de los votos válidos
emitidos en el conjunto de España o del 15 al 10 % de los votos emitidos en el conjunto de las circunscripciones en que hubieren obtenido representación. Esta reforma pretende garantizar grupo propio sin tener que depender de préstamos
parlamentarios de diputadas o diputados de otras fuerzas al inicio de la legislatura, otorgará mayor autonomía institucional dentro del Congreso y evitará que el Grupo Mixto sea demasiado grande, lo que dificultaría su funcionamiento y la
organización de los debates.


El Grupo Parlamentario Socialista cree en la diversidad y en la pluralidad del Parlamento, reflejo de nuestra sociedad, que bien se ha visto en nuestra selección, la Roja, con la que todos hemos vibrado en este Mundial. Y es de justicia
facilitar la creación de grupos parlamentarios, dada la realidad política y diversa del arco parlamentario. Los debates se enriquecen y todas las voces deben ser oídas acorde con el pluralismo político, con lo que han votado los ciudadanos, dando
voz a todos los representantes elegidos por el pueblo. La democracia tiene un vínculo vital con la diversidad de intereses e ideas y debe incluir el derecho de las minorías. Debe proteger y reconocer la mayor diversidad posible, lo que enriquece a
un país. Como dijo Mahatma Gandhi: 'Nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización'. Hagámoslo posible, nuestra diversidad es nuestra fuerza. Votaremos en contra de las enmiendas y
a favor del dictamen.


Gracias. (Aplausos.-El señor Simancas Simancas pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Adrio.


Señor Simancas, ¿por qué me pide la palabra?

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El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, gracias.


Le pido la palabra por alusiones, acogiéndome el artículo 71.1 del Reglamento.


La señora PRESIDENTA: Tiene dos minutos, señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX me ha reprochado que, como representante del Gobierno, como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, he solicitado a la Mesa la tramitación de
esta iniciativa en periodo extraordinario. Y no es verdad, señora presidenta, es mentira, es una falsedad. Como cualquiera puede comprobar en el registro de esta Cámara, han sido 177 diputados y diputadas, con su firma, los que han solicitado la
tramitación en periodo extraordinario de esta reforma reglamentaria. Ya está bien de utilizar la mentira, el bulo y la desinformación como práctica habitual para la oposición en esta casa. Ya está bien, los españoles se merecen otro tipo de
oposición.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Simancas.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que, finalizado el debate del siguiente punto del orden del día, se procederá a la votación de las enmiendas correspondientes, así como, previamente, a las enmiendas al dictamen de la Proposición
de reforma del Reglamento del Congreso.


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO (AP9) A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000005).


La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a las enmiendas aprobadas por el Senado, en primer lugar, a la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del
Atlántico, AP9, a la Comunidad Autónoma de Galicia.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Moi boa tarde.


Hoxe completamos unha tramitación dunha lei para a transferencia da AP9 en Galiza, que é facer realidade un obxectivo fundamental da sociedade galega. E creo que é un momento que non é esaxerado cualificar de histórico porque levamos moitos
anos de reclamacións que sempre acabaron frustrándose por decisións políticas de uns ou doutros. Cando digo uns ou outros estou facendo referencia ás forzas do bipartidismo tradicional, á forza de ámbito estatal e no entanto nesta ocasión estamos
xa completando esa tramitación.


O certo é que hai décadas que o BNG, xuntamente co fin da concesión que tiña que concluír no ano 2013, -quero lembrar iso- vén reclamando a transferencia, unha reclamación que tomou corpo institucional no ano 2014, cando o Bloque
Nacionalista Galego rexistrou unha proposición de lei en decembro dese ano no Parlamento de Galiza, que acabou sendo debatida e aprobada na primavera de 2016. Na altura, o PP mantiña maioría absoluta no Parlamento de Galicia e tamén maioría
absoluta nesta cámara con Mariano Rajoy de presidente do Goberno e cunha deputada por Pontevedra, Ana Pastor, como presidenta do Congreso. Curiosamente, nesa altura, nese debate, o señor Pedro Puy interveu aquí na anterior ocasión en que debatemos
sobre a transferencia da AP9, era portavoz do Partido Popular no Parlamento de Galicia e expresamente reclamou ao resto das forzas políticas eliminar todas as esixencias económicas para evitar darlle un

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pretexto ao Partido Popular de España de que non votasen a favor desa lei. O BNG accedeu con boa vontade, mais é certo que non serviu absolutamente para nada porque non é xa que o PP votase en contra, non, e que vetou o debate, insisto con
Ana Pastor como presidenta deste congreso, non se puido debater e non se puido votar.


Desde entón o PP reclama na Galiza coa boca pequena, iso si, a transferencia mentres aquí actúan para bloquear sistematicamente. Hoxe é a proba do algodón. Se o Partido Popular está a favor desa transferencia poden votar a favor, mais xa
sabemos que non o van facer porque xa votaron dúas veces en contra, buscando pretextos falsos, valéndose da mentira e da manipulación para xustificar máis unha traizón a Galiza, como despois farán, por certo, coa débeda, coa quita da débeda ao noso
país. E por que? Pois sinxelamente porque o PP realmente non quere esa transferencia, tamén porque non queren aceptar o papel que xogou o BNG para facela posíbel. Por iso utilizan mentiras, manipulacións, falsidades de tal calibre que, reparen,
até a letrada do Senado no seu informe lle desmonta ás dúas principais. Di o Partido Popular: non é unha transferencia da AP9 porque se refire a que haxa un acordo na Comisión Mixta de Transferencias. E o segundo argumento: non hai garantías de
que a administración galega non teña que asumir responsabilidades, como por exemplo a derivadas dunha finalización da concesión, como consecuencia dunha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. E que di a letrada no seu informe? Pois di
que a Comisión Mixta de Transferencias é o mecanismo habitual para concretar aquilo que con carácter xeral se estabelece na lei. E en segundo lugar, di que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galiza non terá que asumir
máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. Eu engadiría máis, que se concrete na Comisión
Mixta de Transferencias, foi incorporado expresamente por vontade do BNG tamén como unha forma de respectar a capacidade de autogoberno de Galiza, pero parece que o Partido Popular non ten ningunha confianza na súa propia capacidade negociadora co
goberno do Estado.


Vostedes seguirán coas mentiras e non lles valerá de nada porque esta lei vai ser aprobada. Só espero que non teñan, só esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de Madrid de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta
de transferencias porque se o fan terán que dar explicacións ao pobo galego e o que lles aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular do señor Aznar, esa prórroga
ilegal que Aznar fixo no ano 2000 e que precedeu á privatización de Audasa no ano 2003.


Agora vostedes reclaman o fin da prórroga tamén. Parécenos ben claro que nos parece ben. O que pasa é que non sabemos se é rectificación da súa propia actitude ou se realmente o fan tamén coa boca pequena. Porque eu quero lembrar que a
única forza política que trouxo ao pleno deste congreso iniciativas para esixir ao Goberno poñer fin á concesión foi o BNG e lémbrolles que foron aprobadas en dúas ocasións con tres meses de diferenza no ano 2024.


Señores e señoras do Partido Popular, a súa folla de servizos está clara. No ano 2000 fixeron unha prórroga ilegal de 25 anos da concesión da AP9, no 2003 privatizaron e a propia Unión Europea establece que a prórroga feita foi para facer
máis atraente esa privatización e polo tanto, fraudulenta. No ano 2016 vetaron neste congreso o debate e no ano 2026 votan en contra. E a folla de servizos do Partido Popular, perdón do Bloque Nacionalista Galego, tamén o está. Décadas reclamando
a transferencia da AP9, catro proposicións de lei no Parlamento de Galicia, todas elas aprobadas, conseguimos bonificacións de até 75 % para usuarios e usuarias habituais e de 50 % para transportistas profesionais. Logramos, insisto, en dúas
ocasións resolucións deste pleno para poñer fin á concesión, desbloqueamos a tramitación da lei e hoxe estamos dando un paso decisivo para aprobar e por tanto, poden seguir contando mentiras e manipulando na Televisión de Galicia ou nos medios afíns
que ninguén lles vai xa crer porque a xente o que está vendo é que vostedes votan en contra dos intereses da Galiza.

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Nós seguiremos traballando, saben para que? Unha vez feita realidade a transferencia, para facer tamén realidade a outra parte do uso dese slogan que concretou a aspiración da sociedade galega que é unha AP9 libre galega e libre de peaxes,
para poñer fin a esa prórroga ilegal para acabar coa inxustiza de ter que seguir pagando portaxes, por unha infraestrutura suficientemente amortizada, porque queremos unha infraestrutura que sexa un motor do desenvolvemento de Galicia e non un
lastre como até agora.


Cada quen, finalizo, ten a súa folla de servizos e a súa folla de ruta e a folla de ruta do BNG é defender os intereses de Galiza, de todos os galegos e galegas. E por iso hoxe, a pesar do Partido Popular e de VOX, vamos sacar adiante esta
lei.


Moito obrigado.


Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes.


Hoy completamos una tramitación de una ley para la transferencia de la AP9 en Galicia, que hace realidad un objetivo fundamental de la sociedad gallega. Creo que es un momento que no es exagerado calificar de histórico, porque llevamos
muchos años de reclamaciones que siempre terminaban frustrándose por decisiones políticas de unos u otros. Cuando digo unos u otros hablo de las fuerzas del bipartidismo tradicional de ámbito estatal. Pero, en esta ocasión, estamos ya completando
esa tramitación.


Lo cierto es que hace décadas que el BNG luchaba por el fin de la concesión -que debía concluir en 2013, quiero concretar eso-, que viene peleando por la transferencia. Una reivindicación que en 2014 se registró en forma de proposición de
ley, en diciembre de ese año en el Parlamento de Galicia, que terminó siendo debatida y aprobada en la primavera de 2016. En aquel momento el PP tenía la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, también mayoría absoluta en esta Cámara, con
Mariano Rajoy de presidente del Gobierno y con una diputada de Pontevedra, Ana Pastor, como presidenta del Congreso. Curiosamente, en ese momento, en ese debate, el señor Pedro Puy -que ha intervenido aquí, ahora que debatimos sobre la AP9- era el
portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Y expresamente reclamó al resto de las fuerzas políticas eliminar todas las exigencias económicas para evitar darle un pretexto al Partido Popular de España para que no votasen a favor de
esa ley. El BNG accedió de buena voluntad, pero lo cierto es que no sirvió para nada absolutamente, porque ya no es que el PP votase en contra, no, es que vetó el debate, insisto, con Ana Pastor como presidenta de este Congreso. No se pudo debatir
y no se pudo votar.


Desde entonces, el PP reclama en Galicia con la boca chica la transferencia, mientras aquí actúa para bloquear ese debate sistemáticamente. Hoy es la prueba del algodón. Si el PP está a favor de la transferencia, pueden votar a favor;
pero ya sabemos que no lo van a hacer porque ya han votado dos veces en contra, buscando pretextos falsos, valiéndose de la mentira y de la manipulación para justificar una vez más una traición a Galicia; como después lo harán, por cierto, con la
quita de la deuda para nuestro país. ¿Y para qué? Pues, sinceramente, porque el PP realmente no quiere esa transferencia y porque no quieren aceptar el papel que ha jugado el BNG para hacer esto posible. Por eso, utilizan mentiras,
manipulaciones, falsedades, de tal calibre que -dense cuenta- hasta la letrada del Senado en su informe desmonta todo eso. El PP dice que no es una transferencia de la AP9 porque se exige que haya un acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.
El segundo argumento: no hay garantías de que la Administración gallega no tenga que asumir responsabilidades como, por ejemplo, las derivadas de una finalización de la concesión como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. ¿Y qué dice la letrada en su informe para desmentir todo esto? Que la Comisión Mixta de Transferencias es el mecanismo habitual para concretar aquello que, con carácter general, se establece en la ley y, en segundo lugar, que queda
clara la responsabilidad del Estado español y que la Xunta de Galicia no tendrá que asumir más que las consecuencias de sus propias decisiones una vez que sea titular de la AP9. Esto es lo que dice el informe de la letrada del Senado, desmontando
las mentiras y las manipulaciones del Partido Popular. Yo diría incluso más, que se concrete en la Comisión

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Mixta de Transferencias fue incorporado expresamente por voluntad del BNG, también como una forma de respetar la capacidad de autogobierno de Galicia. Parece que el PP no tiene ninguna confianza en su propia capacidad de negociar con el
Gobierno del Estado. Ustedes seguirán con las mentiras, pero no les va a valer de nada, porque esta ley se va a aprobar. Solo esperamos que no tengan la tentación de bloquear después de forma permanente la negociación en la Comisión Mixta de
Transferencias, porque si lo hacen, tendrán que dar explicaciones al pueblo gallego. Les aconsejaría que utilicen ese foro para negociar el final de la concesión, que es responsabilidad de un Gobierno del PP, del señor Aznar, por esa prórroga
ilegal que hizo en el año 2000 y que precedió a la privatización de Audasa en el año 2003. Ahora ustedes reclaman el fin de la prórroga y nos parece bien, claro que nos parece bien, lo que pasa es que no sabemos si es una rectificación de su propia
actitud o lo hacen con la boca chica, porque la única fuerza política que ha traído a este Congreso iniciativas para poner fin a esta concesión ha sido el BNG, y se aprobaron en dos ocasiones con tres meses de diferencia en el año 2024.


Señoras y señores del Grupo Popular, en su hoja de servicios queda claro: en el año 2000 hicieron una prórroga ilegal de veinticinco años de la concesión de la AP9; en el 2003 privatizaron, y la propia UE establece que la prórroga hecha
fue para hacer más atractiva esa privatización y, por tanto, es fraudulenta; en el año 2016 vetan en este Congreso el debate, y en el 2026 votan en contra. La hoja de servicios del BNG también está clara: llevamos décadas reclamando la
transferencia de la AP9; cuatro proposiciones de ley en el Parlamento de Galicia, todas aprobadas; conseguimos bonificaciones de hasta el 75 % para usuarios y usuarias habituales y del 50 % para transportistas profesionales; logramos dos veces
resoluciones de este Pleno para poner fin a la concesión; desbloqueamos la tramitación de la ley, y hoy estamos dando un paso decisivo para aprobarla. Por tanto, pueden seguir contando mentiras y manipulando la televisión gallega o los medios
afines que nadie les va a creer, porque la gente está viendo que ustedes votan en contra de los intereses de Galicia.


Nosotros seguiremos trabajando, ¿saben para qué? Porque una vez hecha la realidad de la transferencia, hay que hacer realidad la otra parte de ese eslogan que concretó la aspiración de la sociedad gallega, una AP9 gallega y libre de peajes,
para poner fin a esa prórroga y terminar con la injusticia de tener que seguir pagando peajes por una infraestructura que ya está suficientemente amortizada. Queremos una infraestructura que sea un motor de desarrollo para Galicia y no un lastre
como hasta ahora. Cada uno, como digo, tiene su hoja de servicios y su hoja de ruta, y la del BNG es defender los intereses de Galicia, de todos los gallegos y gallegas, y por eso hoy, a pesar del PP y de VOX, vamos a sacar adelante esta ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego. Muchas gracias, señor Rego.


Pel grup parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Gavin i Valls.


Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Gavin i Valls.


El señor GAVÍN I VALLS: Gràcies, presidenta.


Senyores i senyors diputats, Junts per Catalunya ja vàrem explicar per què votem a favor del traspàs de l'AP9 a Galícia, que és una reivindicació que, si no estic mal informat, ja va començar 20 anys enrere i per què votàrem en contra dels
vots particulars del Partit Popular. Vam explicar que creiem en la necessitat de traspassar totes les infraestructures a Catalunya i gestionarles des de la proximitat. Vam explicar que volíem respectar els acords de les forces nacionalistes de
Galícia en relació a aquest traspàs concret i vam advertir que aquestes mateixes condicions no ens interpel·len per a un possible traspàs a Catalunya en un futur. I, per tant, avui mantindrem per coherència aquesta mateixa posició.


Però tot parlant d'infraestructures viàries d'alta capacitat, no puc deixar passar aquesta ocasió de parlar del desastre de l'AP7 a Catalunya. Deia en el ple del 25 de juny, fa un mes aproximadament, fent referència a les infraestructures i
els serveis de transport dependents de l'Estat, que un servei tan desastrosament dolent durant tant de temps, només és possible si el centre de responsabilitat i de gestió és a 600 quilòmetres i una de

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les raons de la seva ineficiència. Avui puc afegir una altra raó: si el govern de torn no té cap interès a corregir la desinversió crònica a Catalunya. Ineficiència, deixadesa, mal servei és el que pateixen els usuaris de l'AP7 a
Catalunya. Ho sap tothom. El tram d'autopista amb més usuaris de l'Estat que està contínuament congestionada i habitualment col·lapsada. Una autopista que dona servei al territori més exportador, als habitants, milions de persones d'una zona
metropolitana, i que també és el corredor mediterrani viari que ens connecta amb Europa, amb un estat que transporta el 95 % de les mercaderies per carretera. Durant el col·lapse combinat de l'AP7 i de Rodalies, fa sis mesos, hi havia un cost de
nou milions d'euros diaris, segons la PIMEC, entre costos laborals i pèrdues del transport. El 2024, va acumular gairebé 8000 hores de retencions, més del doble que l'any 2019. A una artèria de 150 000 vehicles diaris se li van aixecar les
barreres. Se sabia 50 anys abans i el ministeri no havia previst cap actuació. Cap és cap ni una. Ni tan sols la retirada dels punts de peatge. Es va produir un increment del 30 % de vehicles, la durada de les retencions s'ha incrementat en més
d'un 70 %, acumula el 26 % de totes les retencions de la xarxa catalana, amb 15 000 vehicles pesants i entre 15 i 20 incidències diàries de mitjana. I el ministeri no havia previst res. El Govern, els socialistes no han fet res. I per si de cas,
el PSC no molestés l'amo, des de la Generalitat de Catalunya, ara surt dient que cal recuperar els peatges: la solució brillant! Junts hem predicat des de fa molts anys un model de pagament amb model europeu, pagament per ús amb model europeu, i
totes les vegades que s'ha vingut a plantejar a Madrid sempre hi ha hagut una negativa per resposta, tant si el ministre era del PP com si el ministre era del PSOE, exactament igual. El mateix èxit ha tingut l'esmena que va presentar Junts per
Catalunya a la Llei de Mobilitat Sostenible per poder parlar del tema. Com pot ser que al segle XXI una llei de mobilitat sostenible no parlés res d'aquest tipus de plantejament?


I ara només faltaven les dades d'inversió del 2025, que suposo que tots vostès deuen conèixer. Catalunya genera 19 de cada 100 euros del PIB espanyol, però rep 8,6 de cada 100 en inversió, 452 euros per madrileny, 163 euros per català.
Senyors del PP, avui vostès haurien d'estar contents. El PSOE els ha igualat en les pitjors dades d'inversió a Catalunya. Els ha igualat per baix, evidentment. Poden estar contents, però, si us plau, no parlin mai més de la igualdad de los
españoles, perquè 452 per un i 163 per un altre. Això no és igualdad. Això és una altra cosa. I els partits que donen suport al PSOE, PSOE i SUMAR, i els partits que li donen suport entusiàsticament, vergonya de demanar suport a uns pressupostos
d'un Govern que sempre maltracta i sempre incompleix amb Catalunya, sigui del partit que sigui. Cap diputat de cap partit català hauria de poder estar demanant això, sigui del partit que sigui. Qui no corregeix la desinversió colonial no mereix
els vots de cap diputat català.


Resulta doblement escandalós que el president de la Generalitat, el senyor Illa, ahir en seu parlamentària, deia: 'Sí, tenim un problema amb les inversions de l'Estat, però senyors de Junts per Catalunya ajudin a resoldre aquest problema.'
Però quina vergonya és aquesta? És que potser es creuen que som rucs nosaltres, o tota la ciutadania. La seva dialèctica, la dels socialistes d'aquí i d'allà, no amaga que el Partit Socialista és el principal responsable d'aquesta desinversió, com
a mínim, l'únic responsable dels últims vuit anys, inclosa la ministra Raquel Sánchez, catalana del PSC. I no calen invents, ni nous organismes ni consorcis, cal que omplim els catalans i prou. I vostès no ho fan. I d'aquí plora la criatura.


I he parlat de l'AP7, però sis mesos després de la fallida de Rodalies per l'accident de Gelida, senyors diputats, dades del mes de maig, 46 % de puntualitat, 20 minuts de retard mitjà, 600 nous trens suprimits i 191 limitacions temporals de
velocitat, el doble que el mes de gener. Ja veuen quin panorama. Doncs miri, resistència al traspàs d'infraestructures, com ha passat amb Rodalies, autovies inacabades i mal mantingudes. Total imprevisió davant de la caiguda dels peatges.
Incapacitat d'implementar un model europeu de pagament per ús, com passa a tota Europa a les vies d'alta capacitat. Incompliment dels pressupostos d'inversió escandalós i permanent a Catalunya i sobre inversió permanent a Madrid. I permanent
col·lapse de Rodalies. Saben com es diu això? Jo només li puc dir

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d'una manera. Això és fracàs total i absolut de la política de transports de l'Estat, asfíxia premeditada i tracte colonial a Catalunya. Per mi no es pot dir de cap altra manera.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Señoras y señores diputados, Junts per Catalunya ya explicó por qué votamos a favor del traspaso de la AP9 a Galicia, que es una reivindicación que, si no estoy equivocado, empezó hace veinte años. Y ¿por qué votaremos en contra de los
votos particulares del Grupo Popular? Como explicamos, creemos en la necesidad de traspasar todas las infraestructuras a Cataluña y gestionarlas desde la proximidad. Explicamos que queremos respetar los acuerdos de las fuerzas nacionalistas de
Galicia en relación con este traspaso en concreto y advertimos de que esas mismas condiciones no nos interpelan para un futuro traspaso en Cataluña. Por lo tanto, hoy, por coherencia, mantendremos esa misma posición.


Hablando de infraestructuras viarias de alta capacidad, no puedo dejar pasar la ocasión para hablar del desastre de la AP7 en Cataluña. Decía en el Pleno del 25 de junio, hace aproximadamente un mes, haciendo referencia a las
infraestructuras y los servicios de transporte que dependen del Estado, que un servicio tan desastrosamente malo durante tanto tiempo solo es posible si el centro de responsabilidad de gestión está a 600 kilómetros. Esta es una de las razones de su
ineficiencia y hoy puedo añadir otra razón: que el Gobierno de turno no tenga ningún interés en corregir la desinversión crónica en Cataluña. Ineficiencia, dejadez y mal servicio es lo que sufren los usuarios de la AP7 en Cataluña, lo sabe todo el
mundo. Ese tramo de autopista es el que tiene más usuarios del Estado y está continuamente congestionado y colapsado. Es una autopista que da servicio al territorio que exporta más, a millones de personas que viven en la zona metropolitana y
también es el corredor mediterráneo viario que conecta Europa con un Estado que transporta el 95 % de las mercancías por carretera. El colapso combinado de la AP7 y Rodalies de Catalunya supuso un coste diario de 9 millones de euros, entre pérdidas
de transporte y costos laborales. En 2024 acumuló casi 8000 horas de retenciones, más del doble que el año 2019. En una arteria para 150 000 vehículos diarios se levantaron las barreras, algo que se sabía ya desde hace cincuenta años que sucedería
y el ministerio no previó ninguna actuación, ninguna en absoluto, ni siquiera la retirada de los puntos de peaje. Así, han aumentado los vehículos en un 30 %, la duración de las retenciones más de un 70 % y la vía acumula un 26 % de todas las
retenciones de la red catalana, con 15 000 vehículos pesados y entre quince y veinte incidencias diarias de promedio, pero el ministerio no había previsto nada. Los Gobiernos socialistas no han hecho nada y, por si acaso el PSC molesta al jefe, la
Generalitat de Catalunya ahora dice que hay que recuperar los peajes. Esa es la solución brillante. Nosotros hemos predicado el modo de pago por uso, siguiendo el modelo europeo, pero cada vez que lo hemos traído aquí, a Madrid, hemos recibido una
negativa por respuesta, tanto si el ministerio era del PP como del PSOE. Por otro lado, hemos tenido el mismo éxito con la enmienda que presentó Junts per Catalunya en cuanto a movilidad sostenible. ¿Cómo podemos hablar de movilidad sostenible en
el siglo XXI y no decir absolutamente nada de este tipo de planteamientos?


Solo faltaban los datos de inversión de 2025, que supongo que todos conocerán. Cataluña genera 19 de cada 100 euros del PIB español, pero recibe 8,6 de cada 100 en inversión. 452 euros por madrileño, 163 euros por catalán. Señores del
Grupo Popular, hoy ustedes deberían estar contentos, el PSOE les ha igualado en los peores datos de inversión de Cataluña; los ha igualado por debajo, evidentemente. Pueden estar contentos, pero, por favor, no hablen nunca más de la igualdad de
los españoles, porque 452 para unos y 163 para otros no es igualdad, eso tiene otro nombre. Los partidos que dan apoyo al PSOE -SUMAR y los partidos que les apoyan entusiásticamente- deberían sentir vergüenza por pedir el apoyo a unos presupuestos
de un Gobierno que siempre maltrata y siempre incumple con Cataluña. Sea del partido que sea, ningún diputado de ningún

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partido catalán debería pedir esto. Sea del partido que sea, quien no corrige la desinversión colonial no merece los votos de ningún diputado catalán.


Resulta doblemente escandaloso que el presidente de la Generalitat, el señor Illa, ayer en la sede parlamentaria dijera: sí, tenemos un problema con las inversiones del Estado, pero señores de Junts per Catalunya, ayúdennos a resolver este
problema. ¡Qué vergüenza! Quizás se creen que somos tontos nosotros o toda la ciudadanía. Su dialéctica, la de los socialistas de aquí y de allí, no esconde que el Partido Socialista es el principal responsable de esta desinversión; por lo menos
el único responsable en los últimos ocho años, incluida la ministra Raquel Sánchez, catalana del PSC. Y no hacen falta inventos ni nuevos consorcios u organismos. Lo que hace falta es cumplir con los catalanes y ya está. Pero ustedes no lo hacen
y aquí llora la criatura.


Ha hablado de la AP7, pero seis meses después del accidente de Renfe en Gelida, vemos un 46 % de puntualidad, veinte minutos de retraso de media, 609 trenes que se han suprimido y 191 limitaciones de velocidad, el doble que en enero, antes
de que sucediera. Ya ven el panorama. Resistencia al traspaso de infraestructuras, autovías inacabadas y con mal mantenimiento, total imprevisión ante la caída de los peajes, incapacidad de implementar un modelo europeo de pago por uso -como
sucede en toda Europa en las vías de alta capacidad-, incumplimiento de los presupuestos de inversión escandaloso y permanente en Cataluña y sobreinversión permanente en Madrid y colapso permanente en rodalies, en cercanías. ¿Saben cómo le llamamos
a eso? Solo se me ocurre una palabra: fracaso total y absoluto de la política de transportes del Estado, asfixia premeditada y trato colonial hacia Cataluña. No hay otra manera de describirlo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Gavin.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Lago Peñas.


El señor LAGO PEÑAS: Boa tarde.


O que hoxe debatemos aquí é a transferencia dunha competencia, pero para o meu grupo, para SUMAR, a única solución é recuperar para o público a autopista do Atlántico. Eu vou explicar por que. Porque é absurdo que ir e volver de Ferrol a
Tui pola autoestrada do Atlántico custe 56 euros, dos que a persoa usuaria paga 28 euros e os outros 28 euros os pagamos todos, porque os subvenciona o Estado. Unha peaxe abusiva por exercer o dereito á mobilidade, pero é aínda máis absurdo se se
ten en conta que facer os 600 quilómetros de Madrid, ou de Coruña a Madrid é practicamente sen peaxes. Que modelo de articulación territorial é ese? É absurdo que o principal eixe de transporte por estrada de Galicia estea en mans dunha empresa
estranxeira propiedade de fondos de investimento, domiciliados casualmente nos Países Baixos e en Luxemburgo. É absurdo que a empresa que explota a concesión da autoestrada do Atlántico vaia ingresar, ingrese, perdón, 230 millóns de euros en peaxes
e que obteña un EBITDA de 190 millóns de euros. Estamos falando dunha rendibilidade sobre ingresos do 82 % algo inusitado, inaudito nunha economía de mercado. Pero aínda é máis inaceptable que a empresa destine o 100 % dos beneficios a pagar
dividendos aos seus accionistas, a estes fondos de investimento domiciliados en nos Países Baixos e en Luxemburgo. É absurdo que unha parte, unha gran parte destes beneficios dos fondos de investimento estranxeiros sexan a costa dos recursos
públicos do noso país, porque no ano 2025, o Estado entregoulle -atención- 85 millóns de euros a esta empresa privada para bonificar as peaxes. É absurdo que unha concesión que tiña como data de finalización o ano 2012 se estenda ata o ano 2048, en
boa medida pola decisión de Aznar de ampliar en 25 anos máis o período concesional. Cando practicamente non queden autoestradas de peaxe en España, en Galicia seguiremos pagando. É absurdo que o Ministerio de Transportes -atención a esta cifra-
teña o compromiso de achegar 3800 millóns de euros en bonificacións a unha empresa privada e ata o ano 2048. E é aínda máis absurdo porque o valor de mercado de Audasa, a empresa que explota a AP9, está na contorna dos 1000 millóns de euros. O
Estado vai pagar catro veces máis do que custaría mercala hoxe.

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Para ser claros, o que hoxe estamos debatendo é a transferencia da competencia á Xunta de Galicia e iso non vai resolver ningún destes absurdos. A solución real é que a autoestrada volva a ser pública, porque xa o era, ata que Aznar
privatizou no ano 2003. Iso si, tres anos despois de ampliar o período concesional durante 25 anos. Un pelotazo máis das privatizacións de Aznar que, se non fora polo tempo transcorrido, debería ser investigada. A principal demanda da sociedade
galega é unha autoestrada pública e libre de peaxe e iso non se resolve coa transferencia da competencia a Galicia, pero é un paso na boa dirección que dá resposta a unha demanda histórica da sociedade galega. Por iso non se pode entender, eu non
podo entender, a posición do Partido Popular. O Partido Popular leva máis de vinte anos posicionándose a favor da transferencia desta competencia -como ben recordou o deputado Rego- e hoxe opóñense a unha lei que aproba esta transferencia. Os seus
argumentos son falaces. O Goberno central asume todas as consecuencias e todos os custes económicos das decisións tomadas ata o momento da transferencia. Todas as consecuencias e todos os custes económicos das decisións tomadas ata o día que a
competencia estea transferida á Xunta de Galicia. Ademais, será a Xunta de Galicia na Comisión Mixta de Transferencias a que acorde os detalles concretos da mesma. Non hai trampa nin cartón. É directamente a transferencia da competencia da AP9.
Utilizar a maioría do Senado para intentar impedir a transferencia é unha posición absurda do Partido Popular. Tan absurda como rexeitar a condonación de 4000 millóns de euros da débeda pública de Galicia. Tan absurda como opoñerse á modificación
do modelo de financiamento autonómico que lle aportaría ao noso país máis de 500 millóns de euros anuais, ou dicir que non á senda de estabilidade como o fará hoxe mesmo. A única explicación que se me ocorre para todos estes comportamentos é a
mesma, o PP utiliza a Xunta de Galicia para a confrontación co goberno central aínda que o prezo que haxa que pagar sexan os intereses de Galicia e os do pobo galego.


Buenas tardes.


Lo que hoy debatimos aquí es la transferencia de una competencia, pero para mi grupo, para SUMAR, la única solución es recuperar para el público la autopista del Atlántico. Y voy a explicar por qué. Porque es absurdo que ir y volver de
Ferrol a Tui por la autopista del Atlántico cueste 56 euros, de los que la persona usuaria paga 28 euros y los otros 28 euros los pagamos todos, porque lo subvenciona el Estado. Un peaje abusivo por ejercer el derecho a la movilidad. Pero incluso
es más absurdo si se tiene en cuenta que para hacer 600 kilómetros de Madrid a A Coruña y al revés, es prácticamente sin peajes. ¿Qué modelo de articulación territorial es este? Es absurdo que el principal eje de transporte por carretera de
Galicia esté en manos de una empresa extranjera, propiedad de fondos de inversión domiciliados casualmente en los Países Bajos y en Luxemburgo. Es absurdo que la empresa que explota la concesión de autopista del Atlántico ingrese 230 millones de
euros en peajes y que tenga un EBITDA de 190 millones de euros. Hablamos de una rentabilidad sobre ingresos del 82 %; algo inusitado, inaudito en una economía de mercado. Pero todavía es más inaceptable que la empresa destine el 100 % de los
beneficios a pagar dividendos a sus accionistas, a estos fondos de inversión domiciliados en los Países Bajos y en Luxemburgo. Es absurdo que una gran parte de estos beneficios de los fondos de inversión extranjeros sean a costa de los recursos
públicos de nuestro país, porque en 2025 el Estado entregó -¡atención!- 85 millones de euros a esta empresa privada para bonificar los peajes. Es absurdo que una concesión que tenía como fecha de finalización el 2012 se extienda hasta el 2048, en
buena medida por decisión de Aznar de ampliar en veinticinco años más el periodo concesional. Cuando prácticamente no queden autopistas de peaje en España, en Galicia seguiremos pagando. Es absurdo que el Ministerio de Transportes -atención a esta
cifra- tenga el compromiso de dar 3800 millones de euros en bonificaciones a una empresa privada hasta el año 2048. Y es todavía más absurdo porque el valor de mercado de Audasa, la empresa que explota la AP9, está en torno a los 2000 millones de
euros. El Estado va a pagar cuatro veces más de lo que costaría en el mercado hoy. Para ser claros, lo que hoy debatimos es la transferencia de la competencia a la Xunta de Galicia. Eso no va a resolver ninguno de

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estos absurdos. La solución real es que la autopista vuelva a ser pública, porque ya lo era hasta que Aznar la privatizó en 2003. Es decir, tres años después de ampliar el periodo concesional durante veinticinco años. Un pelotazo más de
las privatizaciones de Aznar que, si no fuera por todo el tiempo que ha pasado, debería investigarse.


La principal demanda de la sociedad gallega es una autopista pública y libre de peajes. Eso no se resuelve con la transferencia de la competencia a Galicia, pero es un paso en la buena dirección que da respuesta a una demanda histórica de
la sociedad gallega. Por eso no podemos entender, yo no lo puedo entender, la posición del PP. El PP lleva más de veinte años posicionándose a favor de la transferencia de esta competencia, como bien ha recordado el diputado Rego, y hoy se opone a
una ley que aprueba esta transferencia. Sus argumentos son falaces. El Gobierno central asume todas las consecuencias y todos los costes económicos de las decisiones tomadas hasta el momento de la transferencia. Todas las consecuencias y todos
los costes económicos de las decisiones tomadas hasta el día en que la competencia esté transferida a la Xunta de Galicia. Además, será la Xunta de Galicia, en la Comisión Mixta de Transferencias, la que acuerde los detalles concretos de la misma.
No hay trampa ni cartón. Es directamente la transferencia de la competencia de la AP9.


Utilizar la mayoría del Senado para intentar impedir la transferencia es una posición absurda del PP. Tan absurda como rechazar la condonación de 4000 millones de euros de deuda pública de Galicia. Tan absurda como oponerse a modificar el
modelo de financiación autonómica que aportaría a nuestro país más de 1500 millones de euros anuales o decir que no a la senda de estabilidad. Todo habla por sí mismo. La única explicación que se me ocurre para todos estos comportamientos es la
misma: el PP utiliza la Xunta de Galicia para confrontarse con el Gobierno central, aunque el precio que haya que pagar sean los intereses de Galicia y los del pueblo gallego. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Lago. Muchas gracias, señor Lago.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Mejías Sánchez. (Aplausos).


La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.


Esta iniciativa la verdad es que se va a estudiar en los libros de procedimiento parlamentario, porque es el enésimo debate de un despropósito absoluto. Lo que hoy debatimos es la utilización de una autopista estratégica como trofeo
electoral por parte del Partido Popular, del Partido Socialista y con la colaboración inestimable del BNG; tres partidos enfrentados por ver quién puede presentarse ante los gallegos como el artífice de un traspaso, pero perfectamente de acuerdo
solo en una cosa, y es que la factura de ese traspaso la paguen el conjunto de todos los españoles. (Aplausos). Y, claro, hay un principal responsable de este despropósito, y, en este caso, no es nadie más que el Partido Popular; que sí, que
resulta difícil encontrar un ejercicio de malabarismo parlamentario y político mayor que el que han practicado ustedes, señores del Grupo Popular. Hoy vienen a denunciar unos peajes que llevan la firma de sus propios Gobiernos. Nos hablan de un
agravio para Galicia quienes desde la Moncloa ampliaron -como ya se ha dicho reiteradamente- la concesión de Audasa hasta el año 2048 y consolidaron un negocio extraordinariamente rentable para la concesionaria. Fueron ustedes quienes hipotecaron
durante décadas a los gallegos y, ahora, pretenden aparecer como los salvadores de un problema que ustedes mismos crearon. (Aplausos).


Sorprendentemente, de todas las intervenciones que se han hecho sobre esta cuestión, no ha habido nadie que defienda la supresión del peaje, que es precisamente lo que interesa de verdad al conjunto de los gallegos y de todos los usuarios de
la AP9. Lo más revelador tampoco es eso. Lo más revelador es el miedo que esconden las enmiendas del Grupo Popular que han presentado en el Senado, porque, mientras intentan venderlas como una victoria para Galicia, lo que realmente hacen es
construir un auténtico parapeto financiero frente a las consecuencias de sus propias decisiones, porque saben que la Comisión Europea, que tiene un expediente abierto, ha cuestionado la legalidad de aquella prórroga y existe un riesgo cierto de que
pueda ser anulada. ¿Y cuál es la respuesta del

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Partido Popular? Pues introducir una disposición para que, si esa prórroga acaba cayendo y llegan las indemnizaciones multimillonarias, no las tenga que soportar quien asume las competencias; no, las va a soportar el conjunto de los
españoles. Es decir, privatizan los beneficios cuando gobiernan y, ahora, pretenden socializar las pérdidas cuando aparece el riesgo judicial. (Aplausos). Es exactamente lo mismo que vimos la semana pasada con la televisión pública por parte del
Partido Socialista. Hacen desmanes y después, cuando llega el momento de pagar, la factura se la pasan a todos los españoles. A eso se suma también la irresponsabilidad del Grupo Socialista y del BNG, que utilizan esta iniciativa en el Congreso
exactamente igual; no para resolver con rigor la situación jurídica y la situación económica de la AP9; no hablan, en ningún momento, ni BNG ni el Partido Socialista, de suprimir el peaje. A lo único que aspiran es a apuntarse la fotografía del
acuerdo parlamentario que califican de histórico. Y, mire, de acuerdos históricos estamos ya un poco cansados. Han convertido una cuestión de Estado en una campaña de pura propaganda electoral. Porque, en realidad, a ustedes, lo de que los
gallegos paguen por utilizar una autopista es lo que menos les importa. Y así ha llegado el Partido Popular al Senado; ha reescrito prácticamente toda la iniciativa, no porque hubiera descubierto nuevos argumentos jurídicos, no, o porque les
preocupara el interés general, no, simplemente, porque lo que les interesa es que quien gobierna en cada momento y en cada Administración saque la mejor tajada. Y de esto han hecho una auténtica subasta política vergonzosa. PSOE y BNG querían el
titular en el Congreso y modificaron toda la iniciativa que llegó del Parlamento gallego, y el PP quiere ahora el titular del Senado. Las enmiendas del Senado del Partido Popular son -como les decía- enormemente reveladoras. Galicia recibe la
titularidad, pero el Estado seguirá pagando inversiones, seguirá financiando bonificaciones, seguirá asumiendo actuaciones futuras y, además, responderá de las consecuencias económicas derivadas de las malas decisiones anteriores, e incluso de una
eventual nulidad de la prórroga que -como digo- conllevará indemnizaciones millonarias. ¿Van a hablar en algún momento de la supresión del peaje, que es realmente lo que les interesa a los gallegos? En otras palabras, se van a quedar la
competencia, pero la factura nos la van a pasar a todos. (Aplausos).


Y eso no es todo. Hay algo un poco más preocupante, y es que las enmiendas obligan a sacar a la autopista AP9 de la Red de Carreteras del Estado. No estamos hablando únicamente de una transferencia administrativa, no; estamos hablando de
fragmentar una infraestructura estratégica nacional para convertirla en el patrimonio político de una comunidad autónoma. Este precedente lo impulsa, además, el Partido Popular, exigiendo un privilegio territorial al más puro estilo nacionalista,
cuando se supone que es un partido que dice defender la igualdad entre todos los españoles. Pues bien, la AP9 ha dejado de ser una autopista para convertirse en un escenario de competición electoral, en el que solo importa quién podrá salir mañana
diciendo que ha conseguido el traspaso y colocarse la medalla política. Pues mire, en VOX no vamos a participar de esta subasta, porque tenemos las cosas bastante claras. No queremos privilegios territoriales; tampoco en el ámbito de las
carreteras. No queremos que los errores y los despilfarros de las decisiones irresponsables de unos y de otros nos pasen la factura a todos los españoles. Nosotros, igual que los gallegos, lo que queremos es que no existan los peajes y que se
pueda circular por las carreteras nacionales que hemos pagado entre todos. Porque las carreteras, las autopistas, los puertos o los ferrocarriles, que han construido generaciones de españoles con su esfuerzo, no pertenecen a ningún partido ni son
patrimonio de nadie, ni a ningún Gobierno autonómico tampoco, nos pertenecen a todos. Y les repito -como ya les dije la otra vez-, lo que es de todos los españoles debe seguir siendo de todos los españoles.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mejías.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Otero Rodríguez.

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La señora OTERO RODRÍGUEZ: Grazas, presidenta.


Boas tardes.


Pois hoxe damos un paso decisivo para cumprir unha demanda, unha demanda histórica da nosa terra, de Galicia, como é a transferencia da titularidade da AP9 á Xunta de Galicia. A ver se, como di o dito, á terceira vai a vencida e o Partido
Popular cambia o seu voto porque vimos como nos últimos debates o Partido Popular opoñíase á reivindicación da cidadanía galega e dáballe as costas unha vez máis. Polo tanto, hoxe é a terceira vez que o Partido Popular ten oportunidade de
rectificar e de amosar se realmente quere a transferencia da AP9.


Porque quero recordar que o señor Feijóo, no seu programa electoral no ano 2009 levaba tamén a transferencia da AP9 e vemos que hoxe non lle importa moito o debate da transferencia da AP9, non está aquí, bueno é a súa dobre vara de medir, o
absentismo laboral non.


E miren hoxe ante os votos en contra do Partido Popular, tanto en comisión como en pleno, nós diciamos tanto o señor feijóo como o señor Rueda, que terían que dar moitas explicacións de por que non querían esa transferencia da AP9. A
verdade é que o señor Rueda leva varias semanas intentando xustificar o voto en contra do Partido Popular a esta transferencia. Pero a verdade é que o está a facer con manipulacións, con mentiras e enganando á cidadanía galega. Porque el, como nós
ben sabe, que o reparto de responsabilidades entre ambas administracións queda recollido de forma moi clara no texto que trouxemos a esta cámara. O Estado asumirá as derivadas das decisións adoptadas antes da transferencia e a Xunta as derivadas
das decisións adoptadas tras a asunción de competencias. Está moi clariño nese texto, só fai falta saber ler.


Claro, pero hai que falar do Partido Popular de Galicia falar do Partido Popular de Feijóo e de Rueda e falar de transferencia de competencias é algo que non cadra moito, porque eu quero recordarlle, señorías, que Feijóo estivo trece anos
como presidente da Xunta de Galicia e conqueriu cero transferencias para Galicia. O peor é que non só xa que non as conseguira que nin sequera as pedía, e o señor Rueda só unha transferencia. Polo tanto, dezasete anos de gobernos populares na
Xunta de Galicia e só unha transferencia para Galicia.


E miren, no tocante, se facemos un repasiño curto pola historia da AP9, pois o resultado é o que acontece tantas veces: o Partido Popular xerando problemas e o Partido Socialista poñendo solucións. Porque miren, imos falar no tocante á
prórroga da concesión e das peaxes. Unha decisión do Partido Popular, Aznar prorrogou esta concesión e o Partido Popular de Galicia caladiño non se opuxo a mesma. Prorrogou no ano 2000 ata o ano 2048 e no ano 2003 privatizou esta concesión. E
claro, ten que ser un goberno presidido por Pedro Sánchez ou que alivie a carga económica que o PP lle impuxo aos galegos e ás galegas. E aí están esas bonificacións históricas nas peaxes da AP9 que chegan ata o 75 % de bonificación. Eu quero
lanzar aquí un recadiño ao Partido Popular de Galicia que lle diga á Xunta de Galicia que aplique as mesmas bonificacións na AG55 e na AG57 para tódolos transportistas, para tódolos autónomos e para tódalas familias, non só para as familias
numerosas. Polo tanto, unha vez máis, como tantas veces, o Partido Socialista poñendo solucións aos problemas xerados polo Partido Popular.


E se falamos no relativo á transferencia da titularidade e xestión de competencias na AP9? De primeiro, o Partido Popular bloqueaba incluso o debate da toma en consideración desta lei orgánica. Incluso ata en tres ocasións, cando había
unha presidenta do Congreso que era galega e o presidente do Goberno, que tamén era galego. E claro, tivo que ser tamén un goberno presidido por Pedro Sánchez o que desbloqueara esta toma en consideración. Despois intentaron torpedear esta lei que
hoxe será unha realidade. De novo o Partido Socialista negociando, acadando e consensuando un texto con SUMAR e co Bloque Nacionalista Galego, que, por certo, foi ratificado por tódalas forzas presentes neste hemiciclo, agás o Partido Popular e
VOX. Polo tanto, cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular? Na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular? Vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias? Vanse a negarse a sentarse a
falar, como xa o fixeron tamén con esa proposta de financiación

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autonómica? Por un lado, o señor Rueda dicía que se lle debían bono, pois 500 millóns de euros para financiar servizos públicos. O goberno de España ofrece de principio, sen negociación ningunha, 587 millóns de euros e o Partido Popular e
o señor Rueda, nin sequera queren sentarse a falar. Esa é a hipocrisía do Partido Popular. Eu pregúntolles que van a facer, señorías do Partido Popular? Van incumprir tamén esta Lei Orgánica de Transferencia que sae deste Congreso? Van facer
iso, de verdade? Porque iso é o que se desprende tanto das declaracións dos deputados do Partido Popular como do propio presidente da Xunta de Galicia. Agora que teremos un marco legal para que o Estado e a Xunta negocien as condicións de traspaso
vanse a negar a negociar unha vez máis? Miren, eu recoméndolle que deixen as pataletas, que deixen de ser choromicas, que maduren e que se comporten como persoas adultas.


Miren, señorías do Partido Popular, a verdade que caéuselles a careta. Vostedes dicían que pedían a transferencia, pero parece que a súa actitude que o único que buscaban e buscar unha confrontación máis co goberno de Pedro Sánchez. Porque
eu quero dicirlles agora que teñen oportunidade de votar a favor desa transferencia. O que piden aquí en Galicia, agora aquí en Madrid van a dicir que non. Pero eu quero recordarlles cando lle deron ese impulso no Parlamento de Galicia a este
texto -recórdoo-, foi en novembro do ano 2023 cando Feijóo non foi presidente do goberno de España porque non quixo. Nese momento foi cando o Partido Popular de Galicia lle deu pulo a ese texto no Parlamento de Galicia. Polo tanto, eu repito,
agora que temos o marco legal que permite que a transferencia sexa unha realidade, compórtense á altura que a situación require algúns e algunhas e o meu grupo parlamentario ten demostrado que queres a transferencia. Temos traballado para que esa
transferencia sexa unha realidade. Polo tanto, algunhas fixemos o noso traballo. Que vai facer agora a Xunta de Galicia?


Pola miña parte nada máis e moitas grazas.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes.


Hoy damos un paso decisivo para cumplir una demanda histórica de nuestra tierra, de Galicia, como es la transferencia de la titularidad de la AP9 a la Xunta de Galicia. A la tercera va la vencida, como dice el dicho. Y a ver si el PP
cambia su voto, porque, en los últimos debates, el PP se oponía a la reivindicación de la ciudadanía gallega y le daba la espalda una vez más. Por tanto, hoy es la tercera vez que el PP tiene oportunidad de rectificar y de mostrar si realmente
quiere la transferencia de la AP9.


Quiero recordar que el señor Feijóo, en su programa electoral de 2009, llevaba también la transferencia de la AP9, pero hoy ya no le importa mucho ese debate; no está aquí, pero, bueno, es su doble vara de medir, como el absentismo laboral.
Miren, hoy, ante los votos en contra del PP, tanto en comisión como en Pleno, el señor Rueda y el señor Feijóo tendrán que dar muchas explicaciones de por qué no quieren transferir la AP9. El señor Rueda lleva varias semanas intentando justificar
el voto en contra del PP a esta transferencia, pero lo cierto es que lo está haciendo con manipulaciones, mentiras y engañando a la ciudadanía gallega. Porque, como bien sabe, el reparto de responsabilidades entre ambas Administraciones queda
recogido de forma muy clara en el texto que trajimos a esta Cámara: el Estado asumirá las derivadas de las decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta las derivadas de las decisiones adoptadas tras la asunción de competencias. Está
muy claro en ese texto. Solo hace falta saber leer. Pero, claro, hablar del PP de Galicia, hablar del PP de Feijóo y de Rueda, y hablar de transferencias de competencias es algo que no cuadra mucho. Porque les recuerdo, señorías, que Feijóo
estuvo trece años como presidente de la Xunta de Galicia y conquistó cero transferencias para Galicia. Lo peor no es que no las consiguiese, es que ni siquiera las pedía; y el señor Rueda, solo una transferencia. Por tanto, diecisiete años de
Gobiernos populares en la Xunta de Galicia y solo una transferencia para Galicia.


Y miren, si hacemos un repaso corto por la historia de la AP9, el resultado es lo que pasa tantas veces: el Partido Popular generando problemas y el Partido Socialista poniendo soluciones. (Aplausos). Porque, miren, vamos a hablar de la
prórroga de la

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concesión y de peajes. Fue una decisión del PP, Aznar prorrogó esta concesión y el Partido Popular de Galicia calladito, no se opuso a la misma. Prorrogó en el año 2000 hasta el año 2048 y en el año 2003 privatizó esta concesión. Y,
claro, tiene que ser un Gobierno presidido por Pedro Sánchez el que alivie la carga económica que el PP le impuso a los gallegos y gallegas. (Aplausos). Ahí están esas bonificaciones históricas en los peajes de la AP-9 que llegan hasta el 75 % de
bonificación. Y le doy un recado al Partido Popular de Galicia: que le diga a la Xunta de Galicia que apliquen esas bonificaciones en la AP9 (aplausos) para transportistas, autónomos y todas las familias, no solo las familias numerosas. Por
tanto, una vez más, como tantas veces, el PSOE da soluciones a los problemas generados por el PP.


Si hablamos de lo que se refiere a la transferencia de la titularidad y transferencia de competencias de la AP-9, el PP bloqueaba el debate de la toma en consideración de esta ley orgánica incluso hasta en tres ocasiones, cuando había una
presidenta del Congreso que era gallega y un presidente del Gobierno que también era gallego. Claro, tenía que ser también un Gobierno presidido por Pedro Sánchez el que desbloquease esa toma en consideración. Después, intentaron torpedear esta
ley, que hoy será una realidad. Nuevamente, el PSOE negocia, consensúa un texto con SUMAR y con el BNG que, por cierto, fue ratificado por todas las fuerzas presentes en este hemiciclo, sin contar a PP y a VOX.


Por lo tanto, ¿cuál será el siguiente bloqueo del Partido Popular? ¿La Comisión Mixta de Transferencias, señorías del PP? ¿Se van a negar a sentarse a hablar con el Estado en esa Comisión Mixta de Transferencias? ¿Se van a negar a
sentarse, como lo hicieron también con la propuesta de financiación autonómica? Por un lado, el señor Rueda dice que se le debían 400 millones de euros para financiar servicios públicos. El Gobierno de España ofrece de inicio algo menos y el señor
Rueda ni siquiera se sienta a hablar de eso. Esa es la hipocresía del PP. (Aplausos). Yo les pregunto: ¿qué van a hacer, señorías del PP? ¿Van a incumplir también esa ley orgánica de transferencias que ya es de este Congreso? ¿Van a hacer eso?
Porque eso es lo que se desprende tanto de las declaraciones de los diputados del PP como del propio presidente de la Xunta de Galicia. Ahora que tenemos un marco legal para que el Estado y la Xunta negocien las condiciones de traspaso, ¿se van a
negar a negociar una vez más? Les recomiendo que dejen las pataletas, que dejen de ser lloricas, que maduren y que se comporten como personas adultas.


Miren, señorías del PP, lo cierto es que se les ha caído la careta: decían ustedes que pedían la transferencia, pero parece que su actitud muestra que lo único que buscan es una confrontación más con el Gobierno de Pedro Sánchez. Quiero
decirles, ahora que tienen oportunidad de votar a favor de la transferencia: a lo que piden allí, en Galicia, aquí van a decir que no. Pero les quiero recordar cuándo le dieron ese impulso en el Parlamento de Galicia a este texto. ¿Lo recuerdan?
Fue en noviembre de 2023, cuando Feijóo no fue presidente del Gobierno de España porque no quiso. En ese momento fue cuando el PP de Galicia impulsó ese texto en el Parlamento de Galicia. Por tanto, repito, ahora que tenemos el marco legal que
permite que la transferencia sea una realidad, muéstrense a la altura de la situación. Algunos y algunas y mi grupo parlamentario hemos demostrado que queremos la transferencia. Hemos trabajado para que esa transferencia sea una realidad. De modo
que algunas hicimos nuestro trabajo y, ahora, ¿qué va a hacer la Xunta de Galicia?


Por mi parte, nada más.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Otero.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado Arce.


El señor DELGADO ARCE: Con la venia, señora presidenta.


Señorías, defiendo en este debate, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el texto que viene del Senado, que es literalmente idéntico al que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia el 19 de diciembre de 2023 (aplausos),
un texto

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que preserva la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma, que impone claramente al Estado la obligación de asumir los principales costes, pasados y futuros, de la concesión de la autopista, blindando la
sostenibilidad financiera de la futura gestión autonómica. En otras palabras, Galicia, con este texto que viene del Senado, recibiría la transferencia de la titularidad y competencias sin cargas indeseadas ni facturas ocultas. Porque este texto,
que coincide con el que viene del Parlamento de Galicia por unanimidad, transfiere de forma efectiva la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia, no como propone en el texto de PSOE, BNG y SUMAR, que lo que hace es diferir la transferencia a un
posible acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, lo cual presenta claros indicios de inconstitucionalidad. (Aplausos).


El texto que traemos hoy aquí -y que coincide con el Parlamento de Galicia- contempla el mantenimiento de las bonificaciones que ya existen, pero también contempla la obligación de que la Administración General del Estado dote a la comunidad
autónoma de aquellos recursos económicos para ampliar las bonificaciones de los peajes, especialmente para vehículos pesados, familias numerosas y desplazamientos nocturnos, algo que ya estaba comprometido. Al igual que este texto -que es el mismo
que el del Parlamento de Galicia, unánime- dice que se financie con cargo a presupuestos generales del Estado aquellas inversiones, actuaciones e infraestructuras que ya estaban comprometidas. Y al igual que este texto -igual que el del Parlamento
de Galicia- contempla que el Estado se haga cargo de los costes derivados de la supresión de los peajes como consecuencia del incremento del 1 % anual. Es una decisión que se toma en la etapa del Gobierno del 'faro moral' del Partido Socialista, el
señor Rodríguez Zapatero, hoy imputado por tres causas.


Señorías, el texto que llega del Senado, que coincide literalmente con el texto que vino del Parlamento de Galicia por unanimidad, establece muy claramente que, en el supuesto de que se declare por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
la nulidad de las prórrogas de la concesión por incumplimiento de normativa contractual, será el Estado el que asuma claramente esa obligación. Y ustedes, PSOE, BNG y SUMAR, han excluido esa disposición adicional del texto que proponen. En
definitiva, desnaturalizan el texto original para blindar la posición del Estado. Por lo tanto, resulta muy irresponsable que BNG, PSOE y SUMAR, que saben que solo la transferencia se puede materializar con el concurso de la voluntad del Gobierno
de Galicia, impongan requisitos en la ley que condicionan la viabilidad financiera del traspaso y que la Xunta -ustedes lo saben- no debe ni puede aceptar. Y es que hace muy poco, el 22 de abril de 2026, en el Parlamento de Galicia, BNG y PSOE
-SUMAR no, porque no está en el Parlamento de Galicia- votaron a favor de que se mantuviera este texto en su integridad y se decía en la resolución -que ustedes votaron- que tenía una vigencia plena. ¿Dónde está la vigencia plena si ahora ustedes
dan un completo cambiazo? (Aplausos). No respetan el texto, deciden en los despachos, blindan al Estado y limitan las responsabilidades del Estado. Eso es lo que a ustedes les preocupa y nosotros a eso le llamamos traicionar los intereses
generales de nuestra comunidad autónoma.


Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda, Arcadi España, decir en una emisora de radio -abro comillas-: Los Gobiernos autonómicos deben hacerse cargo de las competencias que consiguen por medio de sus presupuestos,
sus recursos y sus políticas. Y decía el señor Arcadi España con cierta displicencia: ¿Qué quieren, que les entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla? Realmente es indignante. Por eso, estas
palabras evidenciaban también que el negocio que hacen PSOE, BNG y SUMAR es un pésimo negocio, porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando la financiación de la transferencia. (Aplausos). Por eso, señorías,
por eso compartimos la respuesta que dio el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda -abro comillas-: Galicia no está reclamando un trato de favor, sino unas condiciones que permitan asumir la gestión de la infraestructura sin poner en
riesgo las cuentas autonómicas. La transferencia debe llegar con una financiación suficiente y no aceptaré un acuerdo que suponga una carga económica para la comunidad. Y sentenció -y yo

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comparto esa sentencia-: No queremos más que nadie, pero tampoco menos. Nosotros queremos el lacito que sí se les pone a las competencias que, por ejemplo, se piden desde Cataluña o que se piden desde el País Vasco. (Aplausos).


Por cierto, en el debate anterior que se produjo en esta Cámara, en el que intervino mi compañero Pedro Puy, el diputado de Junts -que hoy no ha hablado más que de Cataluña, como si los temas de Galicia no interesaran- afirmó que él bajo
ningún concepto aceptaría una transferencia con las condiciones que vienen en este texto. Es la prueba más clara de que este texto es un camelo y que es un sucedáneo inaceptable.


Concluyo. Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas
futuras inciertas que podrían suponer que Galicia llegase a afrontar unos costes que rondarían hasta los 4000 millones de euros, lo que desnaturalizaría el propósito de la transferencia y podría comprometer la capacidad de la comunidad para abaratar
la AP9 y avanzar hacia el objetivo que perseguimos: la gratuidad.


Exigimos, por lo tanto -ya termino, señora presidenta- que respetemos los términos esenciales aprobados por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Por cierto, ¿saben quién defendió en el Parlamento de Galicia ese texto unánime por parte
del Partido Socialista? La misma diputada del PSOE que ahora quiere que votemos un texto absolutamente diferente. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).


Por lo tanto, señorías, queremos que la transferencia de la AP9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón ni riesgos ocultos para Galicia. Los diputados del Partido Popular vamos a votar a favor de
este texto que viene del Senado, que es literalmente idéntico al aprobado y votado por unanimidad por todos los que estamos en el Parlamento de Galicia. Por VOX no, porque VOX no está ni en el Parlamento de Galicia ni tiene un solo concejal en toda
la comunidad autónoma. Queremos la transferencia. Hoy vamos a votar a favor y quienes van a votar en contra son BNG, PSOE y SUMAR y, lamentablemente, aquellos que sin intervenir en el debate no tienen el rigor de analizar realmente qué es lo que
viene y qué es lo que venía.


Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.


Vamos a votar en un minuto. (Pausa).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (VOTACIÓN).


- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (Número de expediente 410/000011).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


¿Todas sus señorías están en los escaños? (Pausa). Vamos a empezar las votaciones.


Votamos los dictámenes de comisión sobre iniciativas de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Empezamos con la votación de la enmienda 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 33; en contra, 315.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba la enmienda.


Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 170; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueban las enmiendas.


Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Empezamos votando la enmienda 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 137; en contra, 178; abstenciones, 33.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba la enmienda.


Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 177.


La señora PRESIDENTA: No se aprueban las enmiendas.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN).


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO (AP9) A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000005).


La señora PRESIDENTA: Votamos en bloque las enmiendas que vienen del Senado a la Proposición de Ley Orgánica de Transferencia de la Titularidad y Competencias de la Autopista del Atlántico (AP9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; votos a favor, 138; en contra, 210.


La señora PRESIDENTA: Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso. (Aplausos).


Les informo de que esta sesión plenaria incluye el debate y votación del dictamen de una proposición de reforma del Reglamento, la cual, en virtud del artículo 72 de la Constitución, tiene que ser sometida a una votación final de totalidad a
los efectos de la disposición final segunda del Reglamento. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que esta votación no se producirá antes de las diecinueve horas. También les informo de que desde las diecisiete hasta las
diecinueve horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de esta sesión.


ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LAS MUTUALIDADES ALTERNATIVAS REGULADAS EN SUS
DISPOSICIONES ADICIONALES 18ª Y 19.ª (Número de expediente 122/000143).


La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a las enmiendas aprobadas por el Senado a la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en las disposiciones adicionales 18.ª y 19..ª

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En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó. (Rumores). Ruego a las señoras y señores diputados que van abandonando el hemiciclo que lo hagan de la forma más rápida posible y
en silencio, por favor, para poder continuar con los debates. (Continúan los rumores). Silencio, por favor.


Quan vulgui, senyora Micó.


La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.


Bé, jo vull començar avui donant les gràcies al col·lectiu d'advocades i de procuradores, especialment a les valencianes, per tota la seua labor, pel treball, per l'impuls, per aconseguir acabar amb esta discriminació que les ha acompanyat
al llarg de la seua carrera professional. Gràcies per la vostra lluita, companyes, sou tot un exemple a seguir per a totes i per a tots.


I avui tanquem la tramitació parlamentària per a corregir una injustícia que durant massa anys ha afectat milers d'advocades i de procuradores, professionals que van confiar en un sistema mutualista que havia de garantirlos una jubilació
digna, i que, en molts casos, el que han fet ha sigut trobarse amb prestacions insuficients després d'estar tota una vida treballant.


Amb l'aprovació d'aquesta llei aconseguim avui la creació d'una passarel·la que permetrà traslladar els drets econòmics acumulats a les mutualitats cap al RETA. I açò està bé. Ara bé, hem de tindre en compte que hem de parlar clar i dir
les coses clares, perquè el Partit Popular i el Partit Socialista no han estat a l'altura a l'hora de donar una solució molt més justa i definitiva al conjunt de tot el sector afectat i al final, com sempre, no han volgut confrontar amb les
mutualitats i amb els interessos de les mutualitats. I això ha comportat que aquesta llei no siga i no complisca amb els treballadors i treballadores afectades com deuria complir. I ho hem de dir. Perquè moltes de les persones que han patit les
conseqüències més dures d'este model van a quedar fora de les solucions que hui aprovarem ací al Congrés. Per això considerem que l'aprovació d'aquesta llei no hauria de ser un punt i final. Hauria de ser un punt i seguit perquè les institucions
continuen tenint un deute pendent amb totes aquelles i aquells professionals que ja no poden acollirse a la passarel·la i que mereixen una resposta justa. Votarem favorablement perquè aquesta llei és un avanç, però no pararem fins a aconseguir que
els seus drets es vegen totalment reconstruïts.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Yo quiero empezar hoy dando las gracias al colectivo de abogadas y procuradoras -especialmente a las valencianas- por toda su labor, por el trabajo, por el impulso de lograr finalizar con la discriminación que les ha seguido a lo largo de su
carrera profesional. Gracias por su lucha, compañeras. Sois todo un ejemplo a seguir para todas y todos.


Hoy cerramos la tramitación parlamentaria para corregir una injusticia que durante demasiados años ha afectado a miles de abogadas y procuradoras, profesionales que confiaron en un sistema mutualista que debería garantizarles una jubilación
digna, pero que en muchos casos se han encontrado con prestaciones insuficientes después de estar toda una vida trabajando.


Con la aprobación hoy de esta ley conseguimos la creación de una pasarela que permitirá trasladar los derechos económicos acumulados en las mutualidades hacia el RETA, y eso está bien. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que hablar
claro y decir las cosas claras, porque el Partido Popular y el Partido Socialista no han estado a la altura a la hora de dar una solución mucho más justa y definitiva al conjunto del sector afectado. Al final, como siempre, no han querido
enfrentarse a las mutualidades y a los intereses de las mutualidades. Eso ha comportado que esta ley no cumpla con los trabajadores y las trabajadoras afectados como debería. Tenemos que decirlo, porque muchas de las personas que han sufrido las
consecuencias más duras de este modelo quedarán fuera de las soluciones que hoy aprobaremos en el Congreso. Por eso, consideramos que la aprobación de esta ley no debería ser un punto final, sino un punto y seguido. Las instituciones siguen
teniendo una deuda pendiente con todos aquellos profesionales que

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no pueden acogerse a la pasarela pero merecen una respuesta justa. Votaremos a favor porque esta ley supone un avance, pero no pararemos hasta conseguir que sus derechos se vean totalmente reconstituidos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Micó.


Ahora es el turno de intervención del señor Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, muy buenas tardes.


Hoy, muchos profesionales, fundamentalmente procuradores y abogados, pero no exclusivamente, quizá respirarán un poquito más tranquilos. Empiezan a ver una tenue luz al final del túnel. Han sido años de lucha, de frustración y de
desesperación. Señorías, hoy avanzamos en la resolución de una situación que ha dejado en la indefensión a miles y miles de profesionales. Hoy avanzamos, pero viendo también cómo hay mutualistas, fundamentalmente los jubilados, que se quedan fuera
de esta regulación; mutualistas que en su día se vieron obligados a cotizar en un sistema de mutualidades que no solamente les supuso la indefensión, sino del que no pudieron o, en algún momento determinado, no quisieron salir cuando tuvieron la
oportunidad. Como decía, hoy se da un paso muy importante, pero no es el definitivo. El Gobierno deja en la indefensión a miles y miles de mutualistas. La propia Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, que incluye a los arquitectos
técnicos, a la hora de la posible incorporación de los pensionistas, decía que el sistema era sostenible y también iba a ser justo. Lamentablemente, no ha sido así. Por eso, señorías, la felicidad no puede ser completa. Para unos, hoy llega una
tabla de salvación; para otros, el túnel sin luz al final continúa. Esa es una triste realidad y el único responsable, una vez más, es el Gobierno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.


Tiene la palabra la señora Valido García.


La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.


La historia de esta ley es la historia de una reparación; la reparación de una injusticia que durante muchos años han asumido colectivos -fíjense qué paradoja- que se dedican a defender los derechos de otros. Colectivos que se pasan la
vida defendiendo los derechos de otras personas están hoy aquí esperando avanzar contra una injusticia histórica. Como se suele decir, en casa del herrero, cuchara de palo.


No comparto que hoy sea un día para la tristeza; todo lo contrario, creo que el avance es importante. Desde luego, no es un punto final, queda mucho que hacer y mucho en lo que trabajar. En una larguísima escalera, hemos avanzado apenas
unos peldaños. Hay más que hacer, pero no olvidemos que hoy también mucha gente está alegre por conseguir el hito que entre todos hemos alcanzado. No quiero verlo todo gris, no quiero ver la botella medio vacía. Soy realista, no se resuelve, no
se cumple con todo, pero no neguemos que llegar aquí nos ha costado mucho, que hemos tenido momentos de angustiosa parálisis, momentos en que no avanzábamos nada, momentos en los que creímos que acabaríamos la legislatura sin un acuerdo, pero lo
hemos conseguido. Ahora, en la mitad de esa escalera, tenemos el compromiso de seguir avanzando. Sí, quiero felicitar a quienes hoy encuentran una respuesta, la respuesta que merecían hace años.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.


Tiene la palabra la señora Velarde Gómez.


La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, quiero mandar un saludo a la Plataforma de Mutualistas de la Abogacía y de la Procura por la lucha, por la pelea y por llegar hasta aquí y haber conseguido una mejor

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ley de la que en principio se esperaba, aunque no sea la que hubiésemos querido todas y todos.


Hay una pregunta muy sencilla que deberíamos hacernos: ¿qué le debe el Estado a quienes han trabajado toda una vida bajo una regla que el propio Estado les impuso? Digo esto porque miles de mutualistas no eligieron situarse al margen del
sistema público, fue el propio Estado el que les dijo que este era el modelo. Posteriormente, se les dijo también que este era el mejor modelo. Cotizaron, trabajaron y cumplieron con sus obligaciones y lo hicieron confiando en unas instituciones
públicas que hoy tienen una obligación con todos ellos y ellas desde aquí. Vamos a apoyar las enmiendas que generan más derechos, más garantías y más seguridad jurídica para las mutualistas, porque quien entra en el RETA debe hacerlo en igualdad de
derechos y obligaciones y porque las normas no pueden dejar en manos de futuros reglamentos cuestiones que afectan directamente al futuro de miles de personas, que no se nos olvide.


Eso sí, señorías del Grupo Popular, veo que son muy valientes al usar el Senado para modificar leyes en el Congreso -hoy no es el caso-, casi siempre para recortar derechos, pero para resolver injusticias como las de ASJUBI40 no han
presentado ustedes ninguna enmienda ni las traen aquí teniendo la oportunidad. Está claro que no les importa absolutamente nada esa injusticia.


Tampoco vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular que deja fuera, precisamente, a quienes más necesitan reparación. Señorías del Grupo Popular, ustedes quieren excluir a los pensionistas de sus enmiendas, es decir, reconocen una
injusticia histórica, pero no que todos merecen ser reparados. Están diciendo que quien siga trabajando tiene derechos, pero si ya se ha jubilado, con una pensión de 600 euros al mes, tiene que resignarse. Eso no es justicia, eso es
discriminación. Si puede, que hoy alguien, cuando salga del hemiciclo, los mire a los ojos y les explique que la pasarela existe, pero que la puerta se cierra justo cuando les toca cruzarla.


Señorías, la plataforma de afectados nos ha pedido algo muy sencillo: una pasarela voluntaria, universal y sin trampa. No están reclamando privilegios, tampoco están reclamando ningún trato de favor: están diciendo que las instituciones
no pueden decirle a la gente que cumpla con sus obligaciones durante cuarenta años y desentenderse de sus derechos cuando llegan a la jubilación. Tampoco puede haber mutualistas de primera y mutualistas de segunda. Señorías, estamos a tiempo de no
cometer esta injusticia, de reparar una injusticia, y lo tenemos que hacer aquí y hoy, porque solo merecería el nombre de reparar una injusticia cuando no dejemos a nadie atrás. Además de a los pensionistas, ustedes están dejando atrás también las
reivindicaciones que trajimos de ASJUBI40. Cuando tuvieron la oportunidad, no las sacaron adelante y no revirtieron esa situación tan injusta; hoy tampoco han tenido a bien traerlo.


Por lo tanto, recapaciten, señorías del Grupo Popular, y renuncien a su enmienda número 26.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETEXEA: Gracias, presidenta.


Quiero dar la bienvenida a todas y todos los profesionales que hoy nos acompañan aquí. Ongi etorriak.


Hoy culminamos una tramitación que ha sido compleja, irregular y, quiero decirlo, en demasiados momentos caótica. Una tramitación marcada por idas y venidas, por enmiendas que aparecían y desaparecían, por vetos y por la necesidad constante
de corregir, aclarar y reconstruir un texto que debía ser claro desde el principio. Pero, pese a todo ello, llegamos al final con una convicción firme: mi grupo votará hoy todas las enmiendas en coherencia, en coherencia con los principios que
deben guiar cualquier reforma del sistema público de pensiones y en coherencia con la necesidad de garantizar una pasarela al RETA que sea justa, equilibrada y útil para los mutualistas alternativos.

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Señorías, esta reforma no es menor; afecta a miles de profesionales que durante décadas han cotizado en sistemas alternativos y que hoy reclaman algo tan básico como poder traspasar sus aportaciones al sistema público, al RETA, para acceder
a una pensión digna. No hablamos de privilegios; hablamos de equidad, de seguridad jurídica y de reconocer carreras profesionales que han sostenido servicios esenciales del Estado. Por eso, aunque la tramitación haya sido difícil, quiero
detenerme un momento para valorar el trabajo realizado por el Movimiento #J2, tanto en el plano técnico como en el parlamentario. Creo que su labor ha sido decisiva para ordenar este debate, aportar rigor donde faltaba claridad y garantizar que
dispusiéramos de toda la información precisa en cada fase de este procedimiento. En procesos legislativos tan enrevesados como este, ese trabajo creo que ha sido imprescindible y merece la pena ser reconocido.


Señorías, hoy votaremos las enmiendas introducidas por el Senado y lo haremos, como he dicho, en coherencia, defendiendo una pasarela que no excluya injustamente, que no penalice carreras largas, que no genere inseguridad y que permita a los
mutualistas integrarse en la Seguridad Social con reglas claras y con garantías. Porque esta reforma, pese a sus dificultades, está cerca de entrar en vigor y nuestra responsabilidad es asegurar, desde luego, que lo haga con justicia y con respeto
a quienes han confiado también en este Parlamento para resolver una deuda histórica.


Por todo ello, como he dicho, nosotros votaremos para que la pasarela RETA sea justa, coherente y garantista. Ese es nuestro compromiso y la posición que hoy defendemos. Votaremos a favor de la ley y, como he dicho, votaremos en
consecuencia todas aquellas enmiendas que vienen del Senado.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.


La señora FULLAONDO LA CRUZ: Mahaiburu andrea, jaunandreak, gaur, Senatuan tramitatu ondoren, Osoko bilkura honetara itzultzen da RETArako pasabideari buruzko lege proposamena. Izapidetze parlamentarioan ibilbide luzea eta gogorra egin
ondoren heltzen zaigu Kongresura berriro ere. Baina, batez ere, urteetan zehar euren aldarrikapenak defendatu dituzten mutualisten kolektiboei esker iritsi zaigu hona. Zuei guztiei esker.


Eta hain zuzen ere, Euskal Herria Bildutik eskaera hau hainbeste denboran bizirik mantendu duzuenon lana aitortuz hasi nahi dugu, beste behin ere. Izan ere, zuen lan nekaezina gabe, nekez egingo baikenuke gaur urrats hau. Zuen
antolaketarik, mobilizazioari eta arazo hau erakundeetara helarazteko erakutsi duzuen gaitasunari esker, gaur, beste urrats bat emango dugu bidegabekeria historiko bat zuzentzen hasteko.


Señora presidenta, señorías, hoy, tras su tramitación en el Senado, vuelve a este Pleno la proposición de ley sobre la pasarela al RETA. Vuelve al Congreso después de un largo y de un duro recorrido en la tramitación parlamentaria. Pero
sobre todo ha llegado aquí gracias a los colectivos de mutualistas que durante años han defendido sus reivindicaciones. Por lo tanto, gracias a todos ellos y ellas.


Precisamente desde Euskal Herria Bildu queremos comenzar reconociendo la labor de quienes la han mantenido viva durante tanto tiempo. Porque sin su trabajo infatigable difícilmente habríamos dado hoy este paso. Difícilmente estaríamos aquí
hoy. Gracias a su organización, a su movilización y a su capacidad para trasladar este problema a las instituciones, hoy damos un paso más para empezar a corregir una injusticia histórica.


Porque no estamos hablando únicamente de una cuestión técnica sobre cotizaciones o regímenes de Seguridad Social. Estamos hablando de personas, personas que, después de décadas de ejercicio profesional, tras toda una vida cotizando en
mutualidades de previsión social, hoy se sienten engañadas y completamente desprotegidas porque han comprobado que el sistema de mutualidades que en su momento la ley les impuso para poder ejercer su profesión y en el que más tarde se vieron
obligadas a permanecer de forma inducida para no perder todo lo acumulado, ese sistema que les prometió unas

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jubilaciones de ensueño, no les garantiza ni una protección social ni unas prestaciones suficientes para afrontar la jubilación en condiciones de dignidad. De esas personas estamos hablando. Y estamos hablando también, obviamente, de
derechos, unos derechos cuyo cumplimiento el Estado debería haber supervisado y garantizado, pero no lo hizo. Por lo tanto, esta situación exigía una respuesta política y, por supuesto, una respuesta legislativa. Porque, como ya dijimos en la toma
de consideración de esta proposición de ley, lo que por ley injustamente se les impidió en su momento, hoy, en nombre de la justicia, se les debe posibilitar también por ley.


Eta horretan ari gara. Hasieran esan dudan bezala, lege proposamen honen izapidetze parlamentarioa luzea izan da, eta inondik ere ez erraza. Ia hamabost hilabete igaro dira Ganbera honek tramitera onartu zuenetik eta sei hilabetez geldirik
mantendu ondoren, jatorrizko testua lantzen hasi ginen, lehenik ponentzian eta ondoren batzordean. Proposamen, negoziazio eta transakzio askoren ondoren, Kongresuko Batzordean testu bat adostea lortu genuen. Adostutako testua Euskal Herria
Bildurentzat nahikoa ez bazen ere, besteak beste, kolektibo zaurgarriena, pasiboena, pasabidetik kanpo uzten zuelako, ukaezina da jatorrizko testuarekin alderatuta hobekuntza nabarmenak zekartzala Batzordean adostutakoak, milaka pertsonei eragingo
lieketen hobekuntzak.


Y en ello estamos. Como he dicho al comienzo, la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley ha sido larga y, desde luego, nada fácil. Han pasado casi quince meses desde que esta Cámara la admitiera a trámite y, tras seis meses de
inactividad, empezamos a trabajar el texto original, primero en la ponencia y después en la comisión. Tras muchas propuestas, negociaciones y transacciones, logramos consensuar un texto en la comisión del Congreso. Si bien el texto acordado no era
suficiente para Euskal Herria Bildu, entre otras cosas porque excluía al colectivo más vulnerable, al más pasivo, es innegable que, en comparación con el texto original, traía consigo mejoras sustanciales acordadas en comisión, mejoras que
afectarían a miles de personas.


Pero todas esas mejoras conseguidas en comisión se fueron al traste al aprobarse en Pleno una enmienda del Grupo Popular, una enmienda demoledora, hecha sobre el texto original, que ya había quedado muy atrás, muy viejo; una enmienda que
echaba por tierra, si no todas, sí la gran mayoría de las mejoras que se habían conseguido en comisión. Una torpeza enorme, señorías del Grupo Popular, una torpeza que han tenido que intentar arreglar en el Senado por medio de autoenmiendas que
deshicieran el desaguisado que causaron aquí en el Congreso. Además, han introducido otra enmienda en el Senado, la 26, con la que, por lo que sea, vuelven a dejar fuera de la pasarela a las y los pasivos, algo con lo que ustedes se habían mostrado
en contra, al menos hasta ahora. Total, que se han lucido. Pero aún están a tiempo de volver a autoenmendarse y votar en contra de su propia enmienda.


De cualquier modo, consideramos que la aprobación de la pasarela al RETA constituye en sí misma un hito importante. También tenemos claro, por supuesto, que no es un punto final, sino un paso más en el camino para garantizar que ninguna
persona vea comprometido su derecho a una protección social suficiente por decisiones adoptadas hace décadas en un contexto muy distinto al actual. Desde Euskal Herria Bildu apoyaremos esta ley, aunque, como ya hemos dicho, no nos satisfaga. La
apoyamos, por un lado, porque mejora la situación de decenas de miles de personas. Y, sobre todo, porque, como ya dijimos desde este mismo estrado hace menos de un mes, nos da la oportunidad de tener algo a lo que aferrarnos para poder seguir
trabajando en la consecución de todos los derechos que hoy han quedado en el aire, tanto los grupos políticos como la sociedad civil. Porque si esta ley no se aprobara, estaríamos a cero, en la nada, sin nada a lo que agarrarnos.


Beste behin ere egiaztatu da benetan estatus sozial baten aldeko apustua egiten badugu, ezin dugula onartu pentsioak bezalako gai sentsibleak erakunde pribatuen esku geratzea, besteak beste, ondotxo dakigulako zer gertatzen den horrelako
erakundeekin. Etekinak daudenean, gutxi batzuen poltsikoetara doaz. Galerak, aldiz, denon artean

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banatzen ditugu. Guk ez daukagu zalantzarik. Arlo publikoa eta ongizate estatuaren funtsezko zutabeak indartzea da gizarte kohesionatuagoa eta zaurtezinagoa eraikitzeko bidea.


Besterik ez, eskerrik asko.


Una vez más, se ha comprobado que, si realmente apostamos por un Estado social, no podemos permitir que temas tan sensibles como las pensiones queden en manos de entidades privadas, entre otras cosas porque sabemos muy bien lo que pasa con
este tipo de instituciones: cuando hay beneficios, van a los bolsillos de unos pocos y las pérdidas, en cambio, nos las repartimos entre todos. Nosotros no tenemos ninguna duda: reforzar lo público y los pilares fundamentales del estado del
bienestar es la vía para construir una sociedad más cohesionada e invulnerable.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Fullaondo.


Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


Bona tarda, senyories. Bona tarda, mutualistes, representants dels col·legis professionals i de les mutualitats.


Després de molts mesos ja som al cap del carrer. No del carrer ample que Junts per Catalunya hem volgut sempre, sinó del d'un carrer, amb tota probabilitat, massa estret i que nosaltres desitgem que en cap cas sigui un cul de sac, que en
cap cas sigui un carrer sense sortida per a alguns dels afectats. Tots vostès han de ser conscients que avui en aquesta cambra només es pot decidir si s'accepta les esmenes que ha incorporat el Partit Popular durant el tràmit del Senat o si ens
quedem amb el que va sortir d'aquesta cambra el passat 11 de juny. Un text que han recordat fa un moment enrarit per la incorporació inesperada per a tothom de l'esmena 47 dels mateixos populars, incorporada per dos fets, un per un canvi radical de
vot de VOX, que en comissió va votar que no i aquí en el ple va votar que sí, i perquè hi va haver tres diputats, dels que diuen estar a l'esquerra del PSOE, que no van votar. Així que, quan aquesta tarda acabem les votacions, tindrem una norma
que, en part, respon a aquest fet. Però no només, perquè també serà un text al qual en comissió vàrem poder introduir algunes de les nostres propostes de les esmenes de Junts per Catalunya. Certament, gràcies al suport d'altres grups en els quals
ja els hem agraït.


Em permetran destacarne dues. La primera té a veure amb el manteniment de l'alternativitat. Des de Junts per Catalunya, des del primer dia hem dit que l'important d'aquesta iniciativa era la passarel·la. Una passarel·la que, a més de
voluntària, volíem universal. I això, per nosaltres no només és compatible amb l'alternativitat, sinó que és necessari per no generar nous problemes. I la segona, podem dir que no cura, però a falta amb tota probabilitat de la medicina adient,
almenys minimitza la malaltia. Em refereixo al reconeixement a tots els mutualistes alternatius dels mateixos drets que els autònoms en aquelles prestacions amb el finançament desvinculat de la cotització en un sistema o l'altre. Per tant, i dit
amb altres paraules, des de Junts per Catalunya hem obert la porta al complement a mínims i a la despesa sanitària per als mutualistes. Fet, al nostre entendre importantíssim, especialment pels passius amb pensions molt baixes. És evident que,
malgrat aquestes i altres millores incorporades durant la tramitació del text inicial dels socialistes, en cap cas tindrem ni la passarel·la ni les certeses que nosaltres volíem. Tampoc la resposta que es mereixen al conjunt dels mutualistes, en
especial aquells que no van tenir l'opció d'escollir. I és que el que comença malament, difícilment acostuma a acabar bé. Així, val la pena fer memòria d'on venim.


Fa més de dos anys que aquesta Cambra ja va instar al Govern a buscar solucions escoltant a totes les parts per donar resposta a la reivindicació d'advocats i procuradors a la que s'havien afegit altres professionals com els enginyers,
aparelladors o arquitectes. En definitiva, persones que s'han vist o es veuran abocades a pensions de jubilació irrisòries després d'anys d'aportació a un sistema avalat per l'Estat. Solucions que el grup socialista va plantejar unilateralment.
Primer, amb una esmena a una altra llei i, després,

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presentant aquesta proposició. Una proposició, senyories, quan tots sabíem que allò adient per arribar a la tramitació, amb tota la informació sobre la taula i per a tothom i part de la feina feta era fer o via projecte de llei. Van seguir
vuit ampliacions del termini d'esmenes amb l'excusa, bé, no amb l›excusa, no, amb la mentida que alguns ho bloquejaven tot perquè no volíem la passarel·la. I més de set mesos vam necessitar per tenir un informe d'una ponència on el PSOE tutelat pel
Gobierno va passar el corró transaccionant per autoesmenarse com més li convenia. Va seguir això una llarga comissió finalment avortada, maniobres matusseres de la majoria de la mesa, vetos i disconformitats del govern poc justificats. En
definitiva, xantatge pur, emparat només amb la responsabilitat dels altres grups, que val a dir que la majoria, i almenys nosaltres hem tingut. I és que davant la seva incapacitat, per als socialistes sempre és més fàcil repartir responsabilitats
que arremangarse.


És el mateix que ha fet aquesta setmana l'indigne i vergonyant president Illa davant la injustificable i raquítica inversió de l'Estat a Catalunya. A Junts per Catalunya no defugim mai la feina. Per això des del primer dia hem escoltat els
diferents col·lectius de mutualistes, a les mutualitats i als col·legis professionals i hem ajustat, amb la seva ajuda, al nostre posicionament, mirant d'entendre a tothom, però sense renunciar al que hem dit des del principi. U, que calia posar el
focus en la passarel·la per donar la millor resposta possible al conjunt dels mutualistes, i per aquest fet hem mantingut, mentre ha estat possible, les nostres esmenes; i dos, que calia fer o sense fixar la fi de l'alternativa i garantint la
viabilitat de les mutualitats. Per això hem treballat fins a darrera hora per fixar la sortida ordenada i ordenada dels fons en la norma i no deixarho en mans del reglament. No deixarho en mans del reglament com passaran amb altres coses que
l'únic que fan és generar incertesa, que és tot el contrari del que pretenien. En tots els àmbits, amb el detall de les nostres esmenes. Amb tot, som conscients que avui tothom vol tancar una solució, malgrat saber que el resultat podia ser
millor.


A nosaltres, i a mi especialment, ens queda el consol de la feina feta amb molts de vosaltres per donar una bona solució a una situació certament injusta, certament complexa i amb tantes arestes com casuístiques. Així que em permetran
acabar amb un agraïment immens a totes aquelles persones que ens heu ajudat, que m'heu ajudat en el camí d'aquesta tramitació. Amb algunes ens hem pogut saludar i ara ens acompanyeu a la tribuna i altres em consta que ens esteu seguint en línia.
De veritat, només puc dirvos a totes i a tots que moltes gràcies pel que ens heu aportat i que, com que sospito que això no s'ha acabat, només dirvos el que us he dit sempre: a disposar.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, mutualistas, representantes de los colegios profesionales y de las mutualidades.


Después de meses, ya estamos al final de la calle; no de la calle amplia que buscábamos siempre desde Junts, sino de una calle que, con toda probabilidad, es demasiado estrecha y que nosotros deseamos que no sea, en cualquier caso, un
callejón sin salida, que no sea eso una calle sin salida para algunos de los afectados. Todos ustedes deben de ser conscientes de que hoy, en esta Cámara, solo se puede decidir si se aceptan las autoenmiendas que ha incorporado el Partido Popular
durante el trámite del Senado o si nos quedamos con lo que salió de esta Cámara el pasado 11 de junio. Un texto que han recordado hace un momento se ha aplazado por la llegada, en el último momento, de la enmienda 47 por los propios populares,
incorporada por dos hechos: por un cambio radical de voto de VOX, que en comisión votó que no y aquí en el Pleno votó que sí, y porque hubo tres diputados de los que dice el PSOE que no votaron. Así que, cuando esta tarde acabemos las votaciones,
tendremos la norma que en parte responde a este hecho. Pero no solo es eso, porque también será un texto en el que en comisión pudimos introducir, gracias al apoyo de otros grupos, algunas de nuestras propuestas, las propuestas de Junts per
Catalunya, grupos a los que ya se lo hemos agradecido.


Me van a permitir que destaque dos. La primera tiene que ver con el mantenimiento de la alternatividad. Desde Junts per Catalunya, desde el primer día hemos dicho que lo

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importante de esta iniciativa era la pasarela, una pasarela que, además de voluntaria, queríamos que fuera universal. Eso, para nosotros, no solo es compatible con la alternatividad, sino que es necesario para que no se generen nuevos
problemas. La segunda podemos decir que no cura, pero, a falta, con toda probabilidad, de la medicina adecuada, al menos minimiza la patología. Me refiero al reconocimiento a todos los mutualistas alternativos de los mismos derechos que los
autónomos en aquellas prestaciones con la financiación desvinculada de la cotización en uno u otro sistema. En otras palabras, desde Junts per Catalunya hemos abierto la puerta al complemento a mínimos y al gasto sanitario por los mutualistas,
hecho que, en nuestra opinión, es importantísimo, sobre todo para los pasivos con pensiones muy bajas. Es evidente que, a pesar de estas y otras mejoras incorporadas entre todos al texto inicial de los socialistas, en ningún caso vamos a tener ni
la pasarela ni las certezas que nosotros queríamos, tampoco la respuesta que se merece el conjunto de los mutualistas, en especial aquellos que no tuvieron opción a escoger. Y es que lo que empieza mal difícilmente acostumbra a acabar bien. Por
eso merece la pena hacer memoria de de dónde venimos.


Hace ya más de dos años que esta Cámara instó al Gobierno a buscar soluciones escuchando a todas las partes para dar respuesta a la reivindicación de abogados y procuradores, a las que se habían añadido otros profesionales como ingenieros,
aparejadores o arquitectos. En definitiva, personas que se han visto o se van a ver abocadas a pensiones de jubilación irrisorias después de años de aportaciones a un sistema avalado por el Estado. Soluciones que el Grupo Socialista planteó
unilateralmente, primero con una enmienda a otra ley y, después, presentando esta proposición. Una proposición, señorías, cuando todos sabíamos que lo adecuado para llegar a la tramitación, con toda la información sobre la mesa y para todo el mundo
y parte del trabajo hecho, era hacerlo vía proyecto de ley. Siguieron luego ocho ampliaciones del plazo de enmiendas con la excusa -bueno, con la excusa no, con la mentira- de que algunos lo bloqueaban todo porque no queríamos la pasarela. Y más
de siete meses necesitamos para contar con un informe de una ponencia donde el PSOE, tutelado por el Gobierno, pasó todo transaccionando para autoenmendarse como más le convenía. Al final, fue una larga comisión, finalmente abortada, con maniobras
torticeras por parte de la Mesa, vetos y disconformidades del Gobierno poco justificados. En definitiva, chantaje puro amparado solo en la responsabilidad de los demás grupos, que hay que decir que la mayoría, al menos nosotros, hemos tenido. Y es
que, ante su incapacidad, para los socialistas siempre es más fácil repartir responsabilidades que arremangarse.


Es lo mismo que ha hecho esta semana el indigno y vergonzoso presidente Illa ante la injustificable y raquítica inversión del Estado en Cataluña. En Junts per Catalunya no nos escapamos nunca del trabajo, no escurrimos el bulto. Por eso
desde el primer día hemos escuchado a los primeros colectivos de mutualistas, a las mutualidades alternativas, a los colegios profesionales, ajustando con su ayuda nuestra posición, intentando entender a todo el mundo sin renunciar a lo que hemos
dicho desde el principio: uno, que había que poner el foco en una pasarela para dar la mejor respuesta posible al conjunto de mutualistas -y por eso hemos mantenido mientras ha sido posible nuestras enmiendas-; y, dos, que había que hacerlo sin
fijar el fin a la alternatividad, garantizando la viabilidad de las mutualidades. Por eso hemos trabajado hasta el final para fijar la salida ordenada de los fondos en la norma y no dejarlo en manos del reglamento. No dejarlo en manos del
reglamento, como pasará con otras cosas que generan incertidumbre, que es todo lo contrario a lo que pretendíamos en todos los ámbitos con el detalle de nuestras enmiendas. Aun así, somos conscientes de que hoy todo el mundo quiere cerrar una
solución a sabiendas de que el resultado podría ser mejor.


A nosotros, y a mí especialmente, nos queda el consuelo del trabajo hecho con muchos de vosotros para dar una buena solución a una situación ciertamente injusta, ciertamente compleja y con tantas aristas como casuísticas. Así que me van a
permitir que acabe con un agradecimiento inmenso a todas las personas que nos habéis ayudado, a las que me han ayudado en esta tramitación. A algunas de ellas las he podido saludar y ahora nos acompañan en la tribuna, y me consta que hay otras que
nos están siguiendo en línea. De

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verdad, solo puedo deciros a todas y a todos que muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado. Y, como sospecho que esto no es el final del cuento, lo que os he dicho siempre: a disponer.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.


Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bona tarda, diputats, diputades. Gràcies, presidenta. Benvingudes, ben saludades, ben trobades de nou.


Aquest punt de l'ordre del dia l'hauríem hagut de resoldre ja fa unes setmanes. Tornem a estar aquí perquè jo crec que s'imposa una reflexió. És a dir, si tu planteges unes esmenes i no ho fas perquè realment les creus, sinó que és un
sistema tàctic i després quan te les aproven, has d'anar al Senat i autorratificarte perquè en realitat no volies que s'aprovessin, tens un problema com a partit polític. I això és el que estem fent avui, arreglant un desastre d'una esmena
presentada que en realitat només era per poder dir que s'havia presentat perquè no es volia que s'aprovés. Va i s'aprova, que també sembla que no sapiguem votar. I estem tots aquí intentant resoldre la desgràcia que vam fer fa unes setmanes.


Per tant, és que a mi em sap greu, perquè quantes vegades he pujat aquí i he explicat el nostre posicionament respecte de la passarel·la i he demanat disculpes. Hem treballat intensament, s'ha aconseguit pel resultat de la tenacitat i les
ganes de tirar això endavant de les persones afectades, que a més, com que és un tema una mica complex, per sort eren persones molt formades i han pogut conduir el debat tècnic. Però el que és cert és que no hem acabat obtenint, almenys el que jo
com a partit o nosaltres com a partit, veiem clar. És a dir, ara fa un moment deien: 'el manteniment de l'alternativitat.' Miri, perdoni, però és que el manteniment de l'alternativitat és una desgràcia i és una desgràcia perquè ens tornarem a
trobar igual d'aquí a un temps. I Papá Estado haurà de tornar a posar damunt de la taula la seva bossa perquè no es pensin vostès que les mutualitats, posaran tot el capital que haurien de posar per fer aquesta transferència, perquè això no
passarà. Doncs escolti'm, és que hi ha sistemes d'assegurances i sistemes de previsió social particulars que no en forma mutualitat ja funcionen si es volen dedicar a aquest sector de l'economia que ho facin. Però el que és evident és que
l'assegurança és que la xarxa de seguretat és la pública, és la de Seguretat Social i, per tant, no té cap sentit que donem més possibilitats que es tregui d'aquesta xarxa, que és la que ens asseguren a tots els ingressos pertinents. Abans era
obligatori. Ara ho hem resolt, però hem de deixar aquesta porta oberta? Entre això i que no hem aconseguit incorporar els passius, estic contenta per la part que toca a la gent que se'n beneficiarà, perquè era una vergonya de tal calibre que feia,
fins i tot, coseta dir que estaves treballant en això, però hi ha els que tenen més de 15 anys cotitzats a la Seguretat Social? Aquests tampoc, perquè al final tampoc tenim el conveni? Doncs, que volen que els digui, hem fet bastant un desastre.
Un desastre, amb el benentès que una part funcionarà i que, per tant, molta gent sortirà d'aquesta situació complicada.


A mi em sembla rellevant que en aquest punt hem tingut una certa inflexibilitat del Govern. Ha sigut molt difícil treballar amb ells. Jo soc conscient de la feinada dels diputats de davant del govern, dels diputats del Partit Socialista
davant del govern, insistint i insistint i insistint i insistint. En soc conscient. Soc conscient també que nosaltres els hem apretat molt. I soc conscient també que no hem obtingut els resultats que tots voldríem. Però és que em sembla
rellevant explicar que hi ha partits que, teòricament, pensen molt diferent, quan arriben al Govern es comporten relativament igual. A hores d'ara no hem aconseguit l'auditoria de la Seguretat Social. Està inclosa en una llei i fa ja dos o tres
anys que aquesta auditoria s'hauria d'haver fet. Per tant, venen i ens diuen és que la Seguretat Social no ho aguantaria. Bé, és que tenen una bola? Perquè les dades no ens les han donat i les hem reclamat 40 000 vegades. Per tant, aquesta
decisió de si el sistema aguanta o no aguanta és una decisió que es pren sota criteris foscos. No tenim auditoria, no sabem el Govern de Rajoy a càrrec de què va buidar aquella, aquella guardiola o aquell fons, diguinli com vulguin i, per tant, tot
és una mica una qüestió d'impressions. Quina és la nostra? Doncs

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bastant fàcil si algú se l'ha obligat, legalment parlant, a fer una actuació administrativa de Seguretat Social, la que sigui obligatòria, després no el pots deixar descobert. No pots, perquè això se suposa que és un estat social i
democràtic de dret i, per tant, l'element social és un element fonamental en la seva definició.


Però saben què passa? Que hi ha dos temes que a mi em tenen realment preocupada. Un era la passarel·la i l'altre són els interins i tots dos tenen la mateixa característica: depenen de l'administració pública i del govern. I, per tant,
és el mateix Estat el que maltracta aquells que els hi ha imposat obligacions o bé que són els seus treballadors. I d'aquí que em semblés fonamental acabar aprovant algun tipus de text que generi esperança a la gent que s'ha de jubilar. Perquè no
tornaré a parlar de les situacions personals de cadascun d'ells, perquè no toca, perquè al final estava intentant parlar de justícia. Estava intentant dir si jo he cotitzat un any amb allò que vostès m'han dit. Allà on vostès m'han dit ha de ser
equivalent a la cotització d'un any a la Seguretat Social. Doncs tampoc ens n'hem sortit. Llavors, clar, quan te n'adones que no te'n surts exactament amb coses tant de sentit comú, amb un suposat Govern d'esquerres, l'únic que et queda dir és que
hem aconseguit alguna cosa, donarem suport a tot el que ens diguin les plataformes, em sap molt de greu ser tan incapaç per no restaurar la justícia mínima i l'Estat té un autèntic problema crec, de fons, d'entendre que li pertoca i que no li
pertoca.


Acabo. Nosaltres pensàvem que havíem d'anar contra el patrimoni de les mútues. Sí, és cert, tenim una visió diferent. Al final han estat invertint i han estat fent negocis amb aquests fons i a sobre els hi comptarem amb l'IPC d'ara, que
això tampoc té perdó de Déu.


I finalment, respecte a les esmenes, votarem a totes que sí, llevat de la 26, perquè si vostès volien fer la brometa que el PP volia que 'los pasivos entraran.' I d'aquí l'esmena, ara s'ho mengen -entre nosaltres i de bon rotllo-. Però el
que no poden pretendre que jo hi voti en contra, que des del primer dia he dit que els passius havien d'entrar, que no he tingut la força parlamentària suficient, que potser no he tingut la capacitat de convicció suficient, que no he tingut les
dades econòmiques suficients, però que a nivell de justícia és indubtable i indiscutible que es mereixen entrar a la passarel·la. Doncs, senyors, senyores, avui els hi comunico que, pel que es veu, no entraran. Aprovarem, sí, aprovarem un text,
però com a parlament jo crec que parcialment hem fracassat.


Moltes gràcies i bona tarda.


Buenas tardes, diputados y diputadas. Gracias, presidenta. Bienvenidas, bien saludadas.


Este punto del orden del día lo tendríamos que haber resuelto hace ya unas semanas, y aquí volvemos a estar. Porque yo creo que se impone una reflexión. Es decir, si tú planteas unas enmiendas y no lo haces porque realmente te las crees
-porque es un sistema táctico- y luego tienes que ir al Senado y autorrectificarte porque no querías que se aprobasen, pues, bueno, tienes un problema como partido político. Y es lo que estamos haciendo hoy, arreglando un desastre de una enmienda
presentada que, en realidad, solo era para poder decir que se había presentado, pero que no se quería que se aprobara, y resulta que va y se aprueba porque no sabíamos votar. Y aquí estamos todos, intentando resolver la desgracia de hace unas
semanas.


Bueno, es que yo lo siento. Me da pena cuántas veces he estado aquí explicando mi posicionamiento sobre la pasarela. He pedido disculpas; hemos trabajado intensamente; se ha conseguido por el resultado de la tenacidad y las ganas de
impulsar esto de las personas afectadas y, como además es un tema un poco complejo -por suerte, hay personas muy formadas-, hemos podido conducir el debate técnico. Pero lo que es cierto es que no hemos conseguido obtener lo que yo, al menos, o
nosotros como partido veíamos claro. Hace un momento decíamos lo del mantenimiento de la alternatividad. Perdonen, es que mantener la alternatividad es una desgracia, porque nos volveremos a encontrar igual de aquí a un tiempo y papá Estado tendrá
que volver otra vez a poner sobre la mesa su bolsa, porque no se crean ustedes que las mutuas van a poner todo el capital que tendrían que poner para hacer esa transferencia, porque eso no va a suceder. Pues, escuchen, es que hay sistemas de
seguros y de previsión social particulares que en

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forma de mutualidad ya están funcionando. Pues si quieren dedicarse a ese sector de la economía, que lo hagan. Pero lo que es evidente es que el seguro, la red de seguridad es la pública, es la de la Seguridad Social y, por lo tanto, no
tiene sentido alguno que demos más posibilidades de que se saquen de esa red -que es la que nos va a dar la seguridad a todos- los ingresos pertinentes. Antes era obligatorio, ahora lo hemos resuelto, pero ¿tenemos que dejar esta puerta abierta?
Entre esto y que no hemos conseguido incorporar los pasivos, estoy contenta por la parte de aquellos que se van a beneficiar, porque es que era una vergüenza de tal calibre que incluso daba un poco de cosita decir que estabas trabajando en esto.
Pero ¿qué pasa con los que llevan más de quince años cotizados a la Seguridad Social? ¿Estos tampoco porque no tenemos convenio? Pues qué quieren que les diga. Hemos hecho bastante un desastre, un desastre entendiendo que una parte va a funcionar
y que muchas personas van a salir de esta situación complicada.


A mí me parece relevante que en este punto hemos tenido una cierta inflexibilidad del Gobierno. Ha sido muy difícil trabajar con ellos. Y, ante el trabajo del Gobierno, de los diputados del Partido Socialista, el trabajo de muchos de
insistir, insistir, insistir, soy consciente -soy consciente también de que nosotros les hemos apretado mucho- de que no hemos obtenido los resultados que todos habríamos querido tener. Pero es que me parece relevante explicar que hay partidos que,
teóricamente, piensan de forma muy diferente y que, cuando llegan al Gobierno, luego se comportan relativamente igual. Ahora no hemos conseguido la auditoría de la Seguridad Social. Está incluida en una ley y hace ya dos o tres años que esa
auditoría se tenía que haber hecho. Por lo tanto, vienen y nos dicen: es que la Seguridad Social no lo aguantaría. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tienen una bola de cristal? Porque no nos han dado los datos y los hemos reclamado cuarenta mil veces.
Por lo tanto, esta decisión de si el sistema aguanta o no aguanta es una decisión que se adopta sobre criterios oscuros, oscuros. No hay auditoría, no sabemos el Gobierno de Rajoy a cargo de qué abrió esa hucha o ese fondo -llámenlo como quieran-
y, por lo tanto, es un poco una cuestión de impresiones. ¿Cuál es la nuestra? Pues muy fácil: si a alguien se le ha obligado, legalmente hablando, a hacer una actuación administrativa de Seguridad Social, la que sea, obligatoria, después no se
puede dejar en descubierto. No puedes. Porque se supone que esto es un Estado social y democrático y, por lo tanto, el elemento social es un elemento fundamental en su definición.


Pero ¿saben qué pasa? Que hay dos temas que a mí me tienen realmente preocupada: uno era la pasarela; el otro, los interinos. Y los dos tienen la misma característica: que dependen de la Administración pública y del Gobierno. Y, por lo
tanto, es el propio Estado el que maltrata a aquellos a los que ha impuesto obligaciones. Por eso me parecía fundamental acabar aprobando algún tipo de texto que dé esperanza a las personas que se tienen que jubilar. No voy a volver a hablar de
las situaciones personales de ninguno de ellos porque no es lo que toca. Porque lo que estamos intentando es aplicar la justicia y decir: si yo he cotizado un año con lo que ustedes me han dicho, allí donde ustedes me han dicho, eso tiene que ser
equivalente a la cotización de un año en la Seguridad Social. Pues tampoco hemos conseguido solucionarlo. Y cuando te das cuenta de que no resuelves aquellas cosas de tanto sentido común con un Gobierno que es de izquierdas, lo único que te queda
por decir es: bueno, hemos conseguido alguna cosa; daremos apoyo a todo lo que nos digan las plataformas; lamento muchísimo ser tan incapaz como para no restaurar la justicia mínima, y el Estado tiene un auténtico problema de fondo a la hora de
entender qué es lo que le corresponde y qué es lo que no.


Acabo. Nosotros creíamos que íbamos contra el patrimonio de las mutuas. Sí, es cierto, tenemos una visión diferente, pero han estado invirtiendo y haciendo negocios con esos fondos y encima se lo vamos a computar con el IPC de ahora. Eso
tampoco tiene perdón de Dios.


Y, por último, con respecto a las enmiendas, votaremos a todas que sí menos a la 26. Porque si ustedes querían la bromita de que el PP quería que los pasivos entraran y de aquí esa enmienda, pues ahora se lo van a comer, ¿eh?, entre
nosotros y de buen rollo. Pero no pretenderán que yo vote en contra, porque desde el principio he dicho que los pasivos tenían que entrar y vamos a votar a favor de la 26. Quizás no hemos tenido la

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capacidad de convicción suficiente, quizás no he tenido los datos económicos suficientes, pero, a nivel de justicia, es indiscutible que se merecen entrar en la pasarela. Así que, señores, señoras, hoy les comunico que, por lo que se ve, no
entrarán. Aprobaremos, sí, aprobaremos un texto, pero como Parlamento yo creo que parcialmente hemos fracasado.


Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Vallugera.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Presidenta, señoras y señores diputados, el 17 de junio aprobamos la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para varios colectivos de mutualistas: abogados y abogadas, procuradoras y arquitectas.
Y hoy vuelve del Senado, Cámara en la que el PP ha dejado sin efecto las enmiendas que el propio Partido Popular propuso y aprobó en este Pleno el 11 de junio, provocando un desastre que han tenido que corregir en el Senado.


Quiero expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible el reconocimiento de pensiones de jubilación de la Seguridad Social para estos profesionales: el Movimiento #J2, la plataforma Pasarela al RETA, Venia, Foro Abogacía y
Democracia y ALTODO. Hoy culminamos un trabajo intenso para acabar con una discriminación que padecían estos profesionales. Las mutualidades han incumplido su obligación de garantizar una jubilación digna. Han priorizado el negocio financiero e
inmobiliario en beneficio no de los mutualistas, sino de las mutualidades y de sus directivos. El reconocimiento de pensiones dignas para estos profesionales no habría sido posible sin la amplia movilización social que ha estado encabezada y
organizada por un grupo de mujeres valientes, luchadoras y profesionalmente muy competentes. (Aplausos). Los y las mutualistas deben sentirse orgullosas de haber conseguido que sus pensiones de jubilación miserables, de 300 o 400 euros, vayan a
convertirse aproximadamente en pensiones de 1200 euros. Desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo para hacer realidad nuestra propuesta de que los recursos necesarios para corregir esta injusticia fueran aportados íntegramente por
las mutualidades.


La solución será posible porque tenemos un Estado social y redistributivo. Es la Seguridad Social -y, por lo tanto, toda la sociedad- la que va a realizar un esfuerzo solidario al hacerse cargo de una parte del coste económico en pensiones
que supone esta ley. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que todos y todas pagamos: para garantizar derechos básicos que, por lo que sea, no garantiza el sector privado. La otra parte la abonarán los mutualistas con sus
aportaciones durante años. Es decir, únicamente no van a pagar las mutualidades. Los fondos que los mutualistas han generado han dado grandes rendimientos a las mutualidades y, desgraciadamente, esos rendimientos, en su mayoría, no van a
destinarse a pagar las pensiones de jubilación, sino que las mutualidades se los quedan en su contabilidad bajo ese eufemismo de 'rendimientos por otros conceptos'. Todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los mutualistas y
deberían utilizarse proporcionalmente para las respectivas pasarelas al RETA. Y es el Estado, al final, quien va a rescatar a los y las profesionales a los que las mutualidades condenaron a la indigencia en su jubilación.


Durante años ha existido pasividad por parte del Estado. Ha incumplido, es cierto, su responsabilidad in vigilando, hasta que este Gobierno de coalición de izquierdas se ha implicado en una solución, garantizando los recursos económicos
necesarios y asumiendo una responsabilidad del Estado generada por todos los Gobiernos anteriores, por la falta de control al negocio de las mutualidades profesionales.


Vamos a votar favorablemente la mayoría de las enmiendas que vienen del Senado, porque reparan el daño causado por el PP y VOX el pasado 11 de junio, aquí, en el Congreso, al aprobar una enmienda muy dañina para los mutualistas. Hoy
recuperamos la obligación de que, en tres meses, se apruebe el reglamento de desarrollo; la obligación de computar cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el régimen general, es decir, el
uno por uno para aquellos que hayan

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cumplido los 52 años a 31 de diciembre de 2026; y se elimina la dañina referencia al IPC. También se establece un coeficiente corrector entre el 0,67 y el 0,87 para el resto de las aportaciones de los mutualistas, corrigiendo así la falta
de consideración de otras aportaciones que han realizado a las mutualidades.


Vamos a permitir que los mutualistas decidan lo que consideren mejor al eliminarse la obligación de compatibilizar la pensión de la mutualidad -si la tuvieran- y la pensión de Seguridad Social para quienes sí tuvieran esta última
garantizada. Ahora estos mutualistas también tendrán la opción de traspasar a la caja de la Seguridad Social todos los fondos aportados a las mutualidades y es una decisión muy correcta, porque permite mayor transferencia de los fondos de las
mutualidades al sistema público. Lo que nos parece un grave error es que la ley haya eliminado la posibilidad de acabar con la alternatividad. Esto consistía únicamente en revisar en un periodo de tiempo la conveniencia de permitir que las
mutualidades sigan haciendo negocio con las jubilaciones. Las mutualidades deben convertirse en lo que realmente son y han hecho: compañías de seguros. Que las mutualidades continúen siendo responsables de la gestión de pensiones de jubilación es
un error que hará que en pocos años otros mutualistas se encuentren en la situación de abandono que ha obligado al Estado a intervenir.


El Senado ha eliminado la posibilidad de que los mutualistas pasivos -aquellos que están percibiendo una pensión de jubilación- opten a la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para poder mejorar su pensión. Nuestra
posición siempre ha sido que los mutualistas pasivos pasasen al RETA para acabar con esa condena a vivir con pensiones de miseria, pero tenían que ser las mutualidades las que se hicieran cargo del pago a cada mutualista pasivo de la diferencia
entre el importe de su mísera pensión de jubilación y la mínima que en cada momento establezca la Seguridad Social. Y para hacer frente a ese pago de las mutualidades se debe utilizar eso que ya he mencionado y que llaman 'los rendimientos por
otros conceptos'. Es decir, rendimientos obtenidos con el dinero depositado por los mutualistas, que en lugar de estar al servicio de las juntas directivas de las mutualidades debería ser redistribuido entre quienes más lo necesitan: los
mutualistas pasivos. Pero, desgraciadamente, la mayoría de los grupos parlamentarios eximen a las mutualidades de la obligación de abonar esa diferencia en pensiones.


En todo caso, debemos felicitarnos porque en esta ley finalmente se haya conseguido un importante acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios. También quiero felicitar por el resultado a la portavoz de Justicia del Partido
Popular, a doña María Jesús Moro, por todo su trabajo en esta tarea. Abogados y abogadas, procuradores y arquitectas, por fin, tendrán la pensión digna que se merecen.


Gracias a todos y a todas quienes lo habéis hecho posible. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia.


Quiero enviar un saludo respetuoso a todos los mutualistas que nos acompañan hoy en este Congreso, a los que nos siguen telemáticamente, al presidente del Consejo, decanos, presidentes de distintos colegios profesionales y a las mutuas.
Llegamos al término de una tramitación larga y accidentada. Partíamos de una mísera proposición inicial del Grupo Socialista -que no proyecto de ley, que hubiera sido lo correcto y acertado- y que la tramitación parlamentaria ha ido ampliando. De
eso sí debemos felicitarnos. El texto que hoy examinamos mejora sustancialmente el que salió del Congreso, que era un batiburrillo presentado como una gran conquista, que algunos se atrevieron a aplaudir, como recordarán. Resultaba difícil saber
qué aplaudían, porque algunos ignoraban el alcance de lo aprobado -incluso había mensajes diciendo: ¿qué se ha aprobado?- y otros prefirieron ocultarlo y alimentar falsas expectativas.


El Senado ha corregido una parte importante de aquel desorden. El resultado no es la propuesta de VOX, pero recoge reivindicaciones que VOX ha defendido desde el comienzo y que durante meses se han despachado como inviables. El texto
incorpora modificaciones importantes: se incluye a mutualistas complementarios y se reconoce a quienes han

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pertenecido a varias mutualidades, desaparece el límite que dejaba prácticamente sin efecto los años cotizados por quienes pasaron después al sistema público; también se fija legalmente el coeficiente, se establece un plazo para el
importante desarrollo reglamentario y se incorpora la exención fiscal.


Ante la confusión creada por algunos, conviene explicar qué es lo que estamos votando hoy. El Congreso ya no puede reabrir la ley ni recuperar las propuestas descartadas, votamos únicamente las modificaciones aprobadas por el Senado. Si
rechazamos alguna, en ese punto recuperamos la confusa y contradictoria redacción que salió del Congreso. Hemos llegado, además, a una votación troceada por los vetos presupuestarios del Gobierno del Partido Socialista y SUMAR, algunos presentados
a última hora y todos defectuosamente redactados, tanto en el Congreso como en el Senado. Nosotros seguimos estando donde estábamos, donde hemos estado siempre.


Cuando VOX presentó su enmienda a la totalidad, muchos guardaron un silencio revelador. Vuelvan a leer aquella enmienda. ¿Cuántos mutualistas la firmarían hoy? ¿Cuántos habrían preferido que se hubiese tomado en consideración desde el
comienzo? Ahí estaba ya buena parte de lo que ahora se exhibe como un avance conseguido al final de la tramitación. Bien, la mirada atrás solo pone las cosas en su sitio, pero no recupera el tiempo perdido. Y cuando en el Senado el Gobierno
volvió a utilizar el argumento presupuestario, VOX presentó una salida: propusimos diferir la aplicación de nuestras enmiendas al siguiente ejercicio presupuestario. La solución no afectaba a las cuentas vigentes y podía incorporarse a los
próximos presupuestos, porque se supone que algún día habrá nuevos presupuestos. En aquellas enmiendas entraban todos los afectados, pero la mayoría decidió otra cosa y el texto ha vuelto del Senado como ha vuelto. Durante estos meses,
asociaciones y plataformas muy distintas han mantenido viva esta reivindicación. Cada una lo ha hecho desde su propia perspectiva y la perseverancia de todas ha llevado hasta las Cortes una realidad que durante demasiado tiempo permaneció
desatendida. También quiero reconocer el trabajo difícil y honesto de algunos ponentes, incluso cuando las directrices de sus grupos o los vetos del Gobierno han reducido su margen o, incluso, han ido en contra de su íntima voluntad.


Ese ha sido el trigo, pero, como advirtió San Agustín, junto al trigo también crece la cizaña. La han sembrado quienes han enfrentado a los mutualistas, han repartido credenciales de pureza y han acusado de traición a quienes se apartaban
de su estrategia mientras callaban ante los vetos del Gobierno, al que han servido y protegido. Vetos que parece que algunos ni siquiera se han leído a tenor de algunas de las intervenciones que acabamos de oír. Los hechos son bastante más tercos
que la demagogia. Kipling llamó al triunfo y al fracaso los dos impostores. Algunos han estado empeñados en buscar vencedores y vencidos cuando aquí la única victoria digna de ese nombre sería que ningún mutualista quedase injustamente excluido.
(Aplausos). Por eso hablamos de prioridad nacional. El dinero público, malgastado en gastos inútiles o en agendas ideológicas, acaba faltando cuando llega el momento de cumplir las obligaciones contraídas con nuestros trabajadores y profesionales.
La reconstrucción nacional comienza por atender a los nuestros, a los de casa.


El texto resultante mejora de manera efectiva la situación de gran parte de los mutualistas, aunque todavía deja a otros fuera y no debemos ignorarlo. Rechazar ahora las modificaciones introducidas por el Senado no recuperaría la propuesta
que VOX ha defendido desde el principio. Nos devolvería, en cada caso, al texto contradictorio y pacato que salió del Congreso. La aplicación de esta ley se perfilará también en su desarrollo reglamentario. Allí tendrán que resolverse algunas de
las cuestiones que el texto deja abiertas, sin reducir por esa vía el alcance de lo que hoy quede aprobado. Estaremos vigilantes. Quienes quedan fuera merecen nuevas respuestas legislativas sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer. Su
pretensión no es menos justa. Nos excluye una objeción presupuestaria del Gobierno que ni siquiera ha concretado debidamente.


Cada vez que subimos a esta tribuna los diputados -al menos quien les habla- esto supone una grave responsabilidad y debemos afinar nuestras posiciones e intervenciones. Santo Tomás definió la prudencia como la recta razón aplicada a la
acción. Esa prudencia

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nos obliga a decidir sobre los efectos concretos del texto que hoy se nos presenta con todas sus carencias. En definitiva, seguimos donde siempre hemos estado, y mañana seguiremos trabajando por aquellos a quienes esta ley no alcance.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.


El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, con la aprobación de esta ley, este Parlamento no solo cierra un largo y complejo itinerario legislativo. Abre, sobre todo, un tiempo nuevo de certezas, de equidad y de dignidad para miles de profesionales de este país. Subo a
esta tribuna con la responsabilidad de saber que hoy venimos a cumplir con un deber fundamental: hacer justicia con miles de profesionales mutualistas de España. Hablamos de hombres y mujeres que durante décadas han cargado con una incertidumbre
insoportable. Han sufrido la desazón de no saber qué sería de sus vidas tras una larga carrera de trabajo infatigable. Detrás de cada artículo de esta ley no hay una fría burocracia, hay biografías y trayectorias vitales de muchos hombres y
mujeres.


Hablamos de profesionales de la abogacía, de la procura, de la medicina, de la arquitectura o de la ingeniería. Profesionales que han mantenido el tejido productivo de nuestro país. Profesionales que han diseñado nuestras ciudades, que han
cuidado de nuestra salud y que han velado por nuestros derechos en los tribunales; y que, incomprensiblemente, mientras protegían a esta sociedad, miraban a su propio futuro con absoluta desprotección. (Aplausos). Profesionales que no pedían
privilegios. Profesionales que no reclamaban ventajas. Exigían algo tan elemental en un Estado de derecho como es la garantía de que el trabajo de una vida se traduciría en una jubilación digna. Es obligatorio también afirmarlo hoy con nitidez y
con legítimo orgullo.


Esta proposición de ley llega a su etapa final porque el Grupo Parlamentario Socialista la registró en las Cortes Generales. Nos hicimos cargo cuando otros miraban hacia otro lado. Nos hicimos cargo cuando algunos guardaban silencio y
daban palmadas en la espalda que no sirven para nada. (Aplausos). Mientras algunos entienden la política como un ruido permanente y una bronca estéril, este grupo parlamentario entiende la política como la mejor herramienta para transformar la
vida de la gente. Para eso sirve sentarse en estos escaños, señorías, para escuchar a la sociedad y para trasladar soluciones efectivas al Boletín Oficial del Estado, como vamos a hacer esta tarde.


Sin embargo, el camino ha sido difícil y hay que hablar con absoluta claridad en esta tribuna. El texto que hoy vamos a ratificar es sólido y riguroso, pero ha tenido que superar el tacticismo, la miopía política y el bloqueo permanente.
Es preciso dejarlo claro a toda España: el Grupo Popular nunca quiso que esta ley saliera adelante. Incluso se atrevieron a decir que había que llevarla al Pacto de Toledo para retrasarla; retrasarla... y que nunca se sustanciara. (Aplausos).
Esa es la realidad parlamentaria, señorías. Quienes se autoproclaman constantemente como los defensores de los autónomos, de los mutualistas y de los pensionistas son los mismos que siempre, cuando llega la hora de la verdad, les dan la espalda.


Hasta el último momento, hasta el último minuto, el Grupo Popular intentó desestabilizar el acuerdo de consenso que habíamos logrado en la ponencia y en la comisión. En una decisión totalmente irresponsable, introdujeron una enmienda que
atentaba directamente contra el corazón de esta ley y tuvieron que ir al Senado a autoenmendarse, no porque creyeran en la enmienda ni porque creyeran en ellos, sino porque la presión social de los mutualistas que nos acompañan les obligó a hacerlo.
(Aplausos). Tenían claro que el Grupo Parlamentario Socialista no iba a permitir que ni uno de los derechos alcanzados en la comisión y en la ponencia quedara atrás. Intentaron dinamitar la ley, sí, pero la dignidad de los mutualistas y la
voluntad de la mayoría parlamentaria de esta Cámara fueron el dique de contención de sus ganas constantes de bloquear. Frente a la parálisis que intentaron imponer, hoy emerge el éxito de la política útil.

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Consolidamos una pasarela voluntaria al RETA, garantizando una integración plena con todas las garantías jurídicas al sistema público de la Seguridad Social. Lo hacemos constatando una realidad política e ideológica incontestable: el
sistema público de pensiones de nuestro país es un éxito rotundo y un pilar inquebrantable de nuestra cohesión social. Lo hemos demostrado constantemente -y este Gobierno lo demuestra de nuevo hoy- cuando blindamos por ley la revalorización de las
pensiones, algo a lo que ustedes también votaron en contra. Lo demostramos garantizando la sostenibilidad presente y futura del sistema público frente a quienes buscan minar la cobertura pública.


La Seguridad Social es uno de los mayores logros de nuestra democracia. Es una red que responde cuando las alternativas individuales fallan y con la que, cuando la cobertura privada desprotege, responde el sistema público. Con esta ley -y
los mutualistas saben hoy muy bien a lo que me refiero- transformamos la realidad de miles de personas en nuestro país. Voy a ser claro -para que todo el mundo entienda lo que esto supone-, un mutualista que ha cotizado en la mutualidad cuarenta
años y acude a su jubilación, se enfrenta a una media de una pensión de 400 o 450 euros. Gracias a la reforma que hoy se pone en marcha, podrá optar a una pensión pública de hasta 1256 euros al mes. Esa es la diferencia, señorías. (Aplausos).
Eso es responsabilidad institucional. Eso es legislar con los pies en la tierra.


Señorías, ninguna ley agota el futuro. Las necesidades sociales evolucionan. Por eso, esta ley no es un punto final, esta ley es un punto de partida. Somos plenamente conscientes de la realidad. Los pasivos han quedado fuera de esta
regulación y esa es una de las grandes demandas legítimas e históricas reivindicaciones de su colectivo. Sabemos perfectamente que queda camino por recorrer y que este debate no concluye aquí, pero la historia de nuestra democracia enseña una
constancia imborrable: un derecho conquistado siempre es la antesala de otro derecho. Esta ley abre una puerta que ya nadie podrá cerrar. La pasarela que hoy aprobamos sienta las bases jurídicas e institucionales para seguir avanzando en la
protección de los pasivos.


Termino saludando la perseverancia, la valentía y la dignidad de las plataformas de mutualistas, de los colegios profesionales y de los consejos generales. Gracias por vuestra constancia y por vuestra firmeza. Creo que nosotros, que hemos
tenido el honor de acompañaros desde el primer día, hemos cumplido, y lo hemos intentado hacer con lealtad, como lo hacen siempre los socialistas. (Risas). Hoy la política útil vence al bloqueo, porque esta reforma, señorías, no necesita reclamar
apoyos. La justicia incontestable de su contenido se defiende por sí misma, se aprueba por estricta equidad, se aprueba por dignidad y se aprueba por el orgullo que representa el sistema público de pensiones para todos los trabajadores de este
país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alfonso.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Lorente Anaya.


La señora LORENTE ANAYA: Gracias, señora presidenta.


Permítanme, en primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de los mutualistas y de las distintas organizaciones vinculadas a este ámbito. Porque sé -sabemos- que detrás de este debate hay muchos años de preocupación, de
incertidumbre, pero también de esperanza. (Aplausos).


Señorías, si tuviéramos que resumir este debate en una sola frase sería: Cumplir la ley nunca debería convertirse en un problema para el que la cumple. Pero no estamos aquí para buscar un titular. Debatimos qué respuesta debe dar un
Estado a quienes durante toda una vida profesional hicieron exactamente aquello que ese Estado les pidió. No discutimos si miles de profesionales actuaron correctamente, porque todos sabemos que sí lo hicieron: organizaron su vida profesional,
realizaron sus aportaciones y planificaron su futuro confiando en un sistema reconocido, regulado y amparado por el Estado. Pero cuando quienes cumplen la ley dejan de verse protegidos por ella, cuando la confianza depositada en las instituciones
no encuentra una respuesta adecuada, aparece un

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problema que no podemos ignorar. Porque no está en juego solo un sistema..., está en juego la credibilidad de las propias instituciones.


Hoy no he venido a pedirles un acto de fe. He venido a darles las razones que explican nuestra posición desde el primer momento con sinceridad y con honestidad. Desde el primer momento defendimos que una reforma de esta trascendencia debía
abordarse en el seno del Pacto de Toledo para que naciera con el mayor consenso posible, y porque en esa comisión se nos trasladarían los datos reales que el Gobierno no ha querido compartir con ningún grupo. (Aplausos). Lamentamos que otros
grupos no compartieran ese criterio. Desde el principio, defendimos que una reforma de esta importancia debía hacerse con el máximo rigor y ofreciendo todas las garantías posibles. Y, en este punto, quiero reconocer la labor realizada por mis
compañeros de ponencia, Miguel Ángel Paniagua y María Jesús Moro.


Señorías, una ley o una proposición de ley no mejora cuando se niegan sus carencias; mejora cuando se detectan, se reconocen y se corrigen. Y eso es, precisamente, lo que ha sucedido en la tramitación de esta iniciativa. Basta ver algunos
ejemplos para comprobarlo. Había mutualistas que, por el mero hecho de percibir una pensión de viudedad, quedaban excluidos de la pasarela. Hoy esta circunstancia se elimina, porque entendemos que no es justo que una prestación nacida de la
pérdida de un cónyuge se convierta en un obstáculo para ejercer un derecho propio. La pasarela, además, era muy restringida y se ha ampliado a miles de mutualistas. Existía una preocupación por el desarrollo reglamentario, porque dejar un derecho
pendiente indefinidamente de una decisión futura podría convertirla en un catálogo de intenciones. Ahora se incorpora un plazo máximo para ese desarrollo reglamentario.


Existía también una preocupación sobre cómo iba a reconocerse el tiempo que tantos profesionales habían cotizado en sus mutualidades. Ahora se da respuesta a esa preocupación permitiendo que ese tiempo pueda computarse para el cálculo de
una futura pensión de jubilación. Y existía incertidumbre sobre cómo se transformarían los derechos económicos acumulados en los periodos de cotización. Cuando hablamos de pensiones no hablamos de detalles técnicos. Es una garantía para quienes
han cotizado durante toda una vida. Y la proposición de ley incorpora ahora criterios mucho más claros para esa conversión. A ello se suman otras mejoras igualmente relevantes, como la exención tributaria de las operaciones de transferencia o la
ampliación del ámbito de la pasarela a la realidad de muchas trayectorias profesionales.


Señorías, hoy damos un paso muy importante. Quienes lleváis años luchando por este reconocimiento sabéis mejor que nadie que los avances de hoy son la base de los que pueden venir mañana. Pero hay algo sobre lo que este Parlamento no
debería tener ninguna duda, y es que renunciar hoy a estos avances empeora la pasarela. Seguiríamos dejando sin respuesta a una realidad que este Parlamento tiene hoy la oportunidad de resolver, la de miles de profesionales, la de miles de familias
afectadas que llevan demasiado tiempo esperando; y no sería justo.


Señorías, ¿es mejor el texto que hoy votamos que el que empezó su tramitación? Sin duda. De hecho, las mejoras obtuvieron en el Senado el respaldo de una mayoría amplia y plural, integrada por grupos de distintas sensibilidades políticas.
Pero, quizá, la pregunta no es por qué se apoyaron esas enmiendas. Quizá, la pregunta es: ¿Por qué el Partido Socialista decidió quedarse solo defendiendo el texto inicial? ¿Por qué las enmiendas no cambiaron el objetivo de este proyecto de ley?
Lo que cambiaron fue la calidad de la respuesta. Y cuando el objetivo sigue siendo el mismo, pero la respuesta es mejor, resulta difícil explicar por qué el PSOE prefería volver a un texto anterior. (Aplausos). Señorías del PSOE, ¿es que no
quieren dar una mejor respuesta a los mutualistas? ¿Es que no quieren ofrecer mayor seguridad jurídica? Desde luego, si lo quieren, lo disimulan muy bien.


El Grupo Parlamentario Popular votará a favor de las enmiendas que obtuvieron la amplia mayoría de los grupos en el Senado, con la tranquilidad de haber trabajado para la mejora y con el convencimiento de que, hoy, los mutualistas cuentan
con más derechos, más garantías y más seguridad jurídica que cuando esta proposición de ley inició su tramitación parlamentaria. Ahora le corresponde al Gobierno cumplir con su obligación, y

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estaremos muy, pero que muy vigilantes, porque, señor Cendón, el protegido de Zapatero, tiene usted la misma credibilidad que su mentor. (Aplausos).


Señorías, todos sabemos que este Gobierno ha hecho dejación de sus funciones, y se ha dedicado a obstaculizar el avance y las mejoras de esta proposición de ley, con vetos vergonzantes e inconstitucionales, y no compartiendo los datos reales
que podríamos haber conocido a través de la Comisión del Pacto de Toledo. Hoy, este Parlamento le da, de nuevo, un mandato, ahora inexcusable, y les exigimos que cumplan con su obligación con rigor y con transparencia. Y al resto de grupos les
pedimos su apoyo a las enmiendas, de la misma manera que ya hicieron en el Senado, para cerrar este capítulo de incertidumbre.


Un breve inciso, si la enmienda 47, de la que han hablado muchos de estos grupos, era tan mala, ¿cómo quieren volver a ella votando en contra de la 26? Explíquenlo.


Señorías, he comenzado diciendo que cumplir la ley nunca debería convertirse en un problema para quien cumple. Hoy tenemos la oportunidad; hoy podemos hacer que ese principio deje de ser una declaración y se convierta en una realidad,
porque los mutualistas se lo merecen.


Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lorente.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE EL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DE OTRA NORMATIVA. (Número de expediente 122/000233).


La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar al siguiente punto, que son las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.-Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, el Pleno continúa.


Por favor, silencio.


La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.


Els cribratges són fonamentals perquè permeten detectar una malaltia abans que sigui massa tard. Però hi ha un altre tipus de cribratge que és igual d'important i és detectar a temps aquelles persones que aspiren a governar per posar la
sanitat pública de genolls. I això, per sort, no és tan complicat de saber, perquè només n'hi ha prou per a escoltar a Feijóo i al Partit Popular per a saberho. Si algú encara té dubtes que miri el que està passant al País Valencià, on el Partit
Popular ha convertit la sanitat en el seu laboratori, un laboratori de retallades, un laboratori de privatitzacions i un laboratori de corrupció. Tenim 600 llits hospitalaris tancats este estiu, mentre la nostra població es multiplica per la
quantitat i els milers de turistes que arriben a València. Centres de salut amb menys horaris, professionals sense substituts, llistes d'espera disparades i milers de persones esperant un cribratge o una prova diagnòstica que no arriba. Perquè és
que també han decidit el Partit Popular retallar en prevenció.


I ara que el senyor Feijóo li agrada parlar tant d'absentisme, doncs al senyor Feijóo, a l'absent, el que no li passa pel cap és una explicació que és molt més senzilla que tot açò. Que si falten professionals no és perquè no hi hagi gent
que vulga treballar o que vaja a treballar. Falten professionals perquè els governs del Partit Popular i de VOX no contracten més professionals per a la sanitat. La saturació dels nostres hospitals no la provoquen les persones migrants, la
provoquen els governs de PP i de VOX. Els migrants per a ells són el seu chivo expiatori. Les retallades són el mal endèmic de qualsevol govern del Partit Popular i la privatització el seu negoci. I mentre que als hospitals valencians falten mans
professionals i recursos, el que ens sobren a nosaltres són concessions, són contractes

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milionaris i són mossegades que acaben pagant viatges de luxe i despeses privades per als amiguets del Partit Popular. I ara almenys sabem que Feijóo té la virtut de llevarse la careta i parlar clar. Perquè ja no es parla de moderació, ja
han acceptat amb total normalitat la preferència nacional de VOX en els pressupostos valencians...


Gracias, presidente.


Los cribados son fundamentales, porque permiten detectar una enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Pero hay otro tipo de cribado que es igualmente importante, y es detectar a tiempo a aquellas personas que aspiran a gobernar para
poner la sanidad pública de rodillas. Por suerte eso no cuesta tanto saberlo porque basta con escuchar a Feijóo y al Partido Popular. Si alguien tiene dudas, miremos lo que está sucediendo en el país valenciano donde el PP ha convertido la sanidad
en su laboratorio; un laboratorio de recortes, un laboratorio de privatizaciones y un laboratorio de corrupción. Tenemos seiscientas camas hospitalarias cerradas este verano, mientras nuestra población se multiplica ante la cantidad de turistas
que llegan a Valencia. Centros de salud con menos horarios, profesionales sin sustitutos, listas de espera disparadas y miles de personas esperando un cribado o una prueba diagnóstica que no llega porque el PP también ha decidido recortar en
prevención.


Ahora que al señor Feijóo le gusta tanto hablar del absentismo -al señor Feijóo, ese que está ausente hoy- lo que no se le ha ocurrido es una explicación mucho más sencilla que todo eso, que es que si faltan profesionales no es porque no
haya gente que no quiera trabajar o que no vaya a trabajar, faltan profesionales porque los Gobiernos de PP y VOX no contratan a más profesionales para la sanidad. La saturación de nuestros hospitales no la provocan las personas migrantes, la
provocan los Gobiernos de PP y VOX. Los migrantes para ellos son su chivo expiatorio. Los recortes son el mal endémico de cualquier Gobierno del Partido Popular, y la privatización su negocio. Mientras que en los hospitales valencianos faltan
manos, profesionales y recursos, lo que nos sobran a nosotros son concesiones, contratos millonarios y mordidas que acaban pagando viajes de lujo y gastos privados para los amiguitos del PP. Ahora por lo menos sabemos que Feijóo tiene la virtud de
quitarse la máscara y hablar. Ya no se habla de moderación, ya han aceptado con total normalidad la preferencia nacional de VOX en los presupuestos valencianos...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


La señora MICÓ MICÓ: Acabe, senyor president.


Ja anuncien retallades en drets socials, menys protecció per a les persones que estan en l'atur, menys força per als sindicats, atacs als drets de les persones trans i passos enrere en memòria democràtica. Este és el PP que vol arribar i el
cribratge que haurem de llevar, perquè la diagnosi és molt clara. Quan el partit...


Acabo, presidente.


Y ya anuncian recortes en derechos sociales, menos protección para las personas que están en paro, menos fuerza para los sindicatos, ataques a los derechos de las personas trans y pasos atrás en memoria democrática. Este es el PP que quiere
llegar y el cribado que tendremos que...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice.


La señora MICÓ MICÓ: Acabe president, un moment. Quan el Partit Popular governa, qui acaba ingressat és la sanitat pública i qui acaba a l'UCI són els drets de la majoria social.


Gràcies.


Acabo, presidente, un momento. El diagnóstico es claro, cuando el Partido Popular gobierna, quien acaba ingresado es la sanidad pública y quien acaba en la UCI son los derechos de la mayoría social.


Gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenas tardes.


En Unión del Pueblo Navarro siempre hemos tenido muy clara la necesidad de un cribado nacional y, sobre todo, de un cribado neonatal ambicioso y para todos. Lo hemos defendido cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno en el Gobierno
de Navarra y también desde la oposición. Lo hemos hecho en el Parlamento de Navarra, por ejemplo, con la aprobación de una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro que ahora está vigente en esta cuestión, y con iniciativas también en el Senado y en
el Congreso.


Lo que tenemos que lamentar es la excesiva lentitud a la hora de tomar decisiones. Que las competencias en materia sanitaria estén en las comunidades autónomas en ningún caso debe suponer ningún impedimento. La salud de los ciudadanos debe
estar por encima de cualquier otra cuestión, más aún cuando estamos hablando de la detección de posibles enfermedades en recién nacidos. En esta cuestión, como en otras, hay que agradecer el trabajo realizado por la sociedad civil y, en este caso
concreto, por la Federación Española de Enfermedades Raras y la Asociación Más Visibles y, con ellos, científicos, investigadores y responsables de salud pública. Hoy, gracias a su trabajo, su constancia y su empeño van a ser compensados. Pero,
señorías, no estamos en un punto final, sino en un punto y seguido. Como decía hace unos días Pedro Lendínez, en representación de la Alianza por un Cribado Neonatal Ampliado y en Equidad en España, la aparición de nuevas terapias dirigidas,
medicamentos huérfanos, tratamientos génicos, tecnologías de ARN mensajero y herramientas de secuenciación genómica, están afectando profundamente a lo que son las enfermedades raras. Nuestro país, señorías, tiene la capacidad científica,
tecnológica y asistencial para seguir avanzando. Solo podemos esperar que tanto los responsables del ministerio como los de las comunidades autónomas estén a la altura de las circunstancias y de las vidas que están en juego.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.


Hoy culmina la tramitación de la ley de cribado neonatal, que regresa del Senado con una enmienda del Partido Popular. Pero, antes de valorar esa enmienda, conviene que expliquemos bien qué ha pasado con esta ley, porque esta ley se
presentó con un objetivo aparentemente loable, como era homogeneizar la prueba del talón en todo el Sistema Nacional de Salud. Durante la tramitación de la ley se registraron más de cuarenta enmiendas centradas en aspectos técnicos, pero todo
cambió un 17 de junio -la víspera de la sesión de la Comisión de Sanidad- cuando el Grupo Socialista, el Grupo Popular y SUMAR presentaron una enmienda transaccional que no guardaba ninguna relación con el objeto de esta ley. Su contenido era una
disposición final para la modificación del artículo 97 del real decreto de garantía y uso racional de los medicamentos, con el objetivo de blindar la confidencialidad de los precios que el Estado paga a las multinacionales farmacéuticas. La
justificación que se ofreció -evitar la aplicación de la cláusula de nación más favorecida por parte de la Administración norteamericana- a nosotros nos pareció un pretexto muy débil, frente a lo que debe ser el derecho a la información y el derecho
a la soberanía sanitaria. En la práctica, lo que hace esa modificación es blindar un diseño de opacidad estructural para muchos años y que va a durar mucho más allá de que Trump abandone la Casa Blanca. No es algo que diga solamente Podemos, sino
que han alzado la voz contra esta enmienda -que finalmente se aprobó- colectivos muy potentes, muy importantes en la defensa de la sanidad pública y la transparencia, como la Fundación Ciudadana Civio, las Mareas Blancas, la Asociación Acceso Justo
al Medicamento, colectivos por la sanidad pública y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En Podemos, por supuesto, apoyamos el cribado neonatal, pero nos

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negamos a que se utilice la sanidad o el derecho a la salud de la infancia como coartada para perpetuar los beneficios opacos de la industria farmacéutica, y por eso en su momento votamos en contra de esta ley.


Ahora viene una enmienda del Grupo Popular en el Senado. En su texto piden que la financiación del programa de cribado neonatal se incluya en los presupuestos generales del Estado, pero la verdad es que viniendo del Partido Popular y
conociendo su política sanitaria allá donde gobierna, hay algunas preguntas que nos parece necesario hacer. Primera, si la preocupación real del Grupo Popular es garantizar la financiación de los programas de cribado, ¿por qué se ciñen ustedes
solamente al cribado neonatal? ¿Por qué no hablan también de la financiación del cribado de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cérvix, que salvan miles de vidas cada año? Segundo, cuando las señorías del Grupo Popular hablan de financiar el
cribado neonatal, ¿están pensando en dotar de más recursos la sanidad pública o piensan seguir derivando estas pruebas a la sanidad privada? Hago esta pregunta retóricamente, entiéndanme, porque ya sabemos que lo que ustedes hacen ahí donde
gobiernan es lo que es: derivar miles de pruebas diagnósticas a la privada, mientras siguen maltratando, infrafinanciando y vaciando de contenido y de servicios la sanidad pública.


Por todo ello, no podemos apoyar la enmienda del Grupo Popular. En Podemos -y termino, presidente- defendemos que la financiación de todos los cribados poblacionales debe estar garantizada, sí, pero en la sanidad pública y no alimentando un
modelo mixto que debilita lo público y sigue enriqueciendo a Quirón y a los amigos del Partido Popular de la sanidad privada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti. (Denegación). ¿No?


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.


La señora FULLAONDO LA CRUZ: Mahaiburu jaun, jaun andreak.


Hoy concluimos el debate de una ley que habla de ciencia, de salud pública y de prevención, pero que, sobre todo, habla de equidad, porque detrás de cada cribado neonatal en muestra de sangre seca, es decir, detrás de cada llamada prueba del
talón, hay un recién nacido, una familia y una oportunidad, la oportunidad de detectar a tiempo una enfermedad rara y de iniciar un tratamiento precoz que, aunque muchas veces no sea curativo, puede evitar complicaciones que acarrean consecuencias
irreversibles y puede mejorar así la calidad de vida de la persona enferma. En definitiva, la oportunidad de garantizar el derecho a una vida mejor.


Errealitatea da urtero milaka haur jaiotzen direla itxuraz osasuntsu, baina horietako batzuentzat bizitzako lehen orduetan jasotako odol tanta gutxi batzuek bereizten dute atzera bueltarik ez duen gaixotasun bat bere gordintasun osoan
garatzearen edo, hasieran esan bezala, bere bizi kalitatea nabarmen hobetuko duen tratamendu bat garaiz jaso ahal izatearen arteko aldea. Bide horretan, zientzia elkarteen, pazienteen elkarteen eta familien lana nabarmendu nahi dugu.


La realidad es que cada año nacen miles de niños aparentemente sanos. Para algunos de ellos unas pocas gotas de sangre recibidas en las primeras horas de vida separan la diferencia entre desarrollar en toda su crudeza una enfermedad
irreversible o, como se ha dicho al principio, poder recibir a tiempo un tratamiento que mejore sustancialmente su calidad de vida. En este sentido, queremos destacar la labor de las asociaciones científicas, las asociaciones de pacientes y las
familias.


Muchas de las personas que hoy siguen este debate llevan años luchando para que nadie vuelva a recibir un diagnóstico demasiado tarde. Han convertido su experiencia personal en una reivindicación colectiva, han demostrado que la
participación de la

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sociedad civil mejora las políticas públicas y a ellas les debemos la mayor parte del camino recorrido hasta aquí.


Izan ere, eurak izan dira legearen bultzatzaileak, eta euren ezagutza eta eskarmentua jarri dituzte mahai gainean, jatorrizko testua beren proposamenekin hobetu eta osatzeko. Ildo horretan, gaur onartuko dugun legeak elkarteek aspalditik
planteatzen dituzten aldarrikapenetako asko jasotzen dituelakoan gaude.


De hecho, ellos han sido los impulsores de la ley y han puesto sobre la mesa su conocimiento y experiencia para mejorar y completar el texto original con sus propuestas.


En este sentido creemos que la ley que hoy vamos a aprobar recoge muchas de las reivindicaciones que las asociaciones vienen planteando desde hace tiempo.


Porque da pasos importantes para establecer un marco común con una mayor equidad territorial, para actualizar periódicamente la cartera de enfermedades que deben ser objeto de cribado y para hacerlo sobre la base de la mejor evidencia
científica disponible. El compromiso de Euskal Herria Bildu con una sanidad pública cercana, de calidad y comprometida con la innovación es diáfano, pero también tenemos muy claro que los mejores sistemas sanitarios son aquellos que cooperan,
comparten conocimiento y garantizan estándares comunes de calidad, respetando al mismo tiempo las competencias de cada cual. Desde este punto de vista queremos recordar algo fundamental: las leyes por sí solas no cambian la realidad, la cambian
cuando van acompañadas de recursos, de planificación y sobre todo de voluntad y de compromiso político.


Izan ere, ez dezagun ahaztu jaioberrien baheketa programak garatzea autonomia erkidegoen eskumena izanik, bitarteko ekonomikoez gain, Erkidegoetako Gobernuen konpromiso politikoa ezinbestekoa dutela eta gobernu bakoitzaren konpromiso,
borondate edo lehentasun politikoaren arabera, egun, zera gertatzen da. Erkidego batzuetan hamabi patologietarako baheketa baino ez dagoela eskuragarri. Beste batzuetan hogei edo hogeita bost edo hamar edo, are, berrogei baino gehiago dauden
bitartean. Eta, hori, horretara behartu dituen inolako lege estatalaren beharrik gabe. Eta ez dugu ahaztu nahi, ezta, jaioberrien baheketa lehen urratsa baino ez dela. Gaixotasun bat garaiz detektatzeak zentzua izango du soilik, ondoren arreta
integrala badago. Talde espezializatuak, jarraipen klinikoa, tratamendurako sarbidea, laguntza psikologikoa eta familientzako laguntza. Diagnostikorako eskubidea betetzearen eskutik arreta jasotzeko eskubidea betetzea ere ezinbestekoa baita.


Porque no olvidemos que, siendo competencia de las comunidades autónomas, el desarrollo de programas de cribado neonatal además de los medios económicos requiere del compromiso político de los Gobiernos autonómicos. Según el compromiso, la
voluntad o la prioridad política de cada Gobierno en la actualidad ocurre que en algunas comunidades solo hay disponibles cribados para doce patologías, mientras que en otras los hay para veinte, veinticinco, treinta o incluso más de cuarenta. Todo
eso sin necesidad de ninguna ley estatal que las haya obligado a ello. No queremos olvidar tampoco que el cribado neonatal es solo el primer paso. La detección precoz de una enfermedad solo tendrá sentido si después hay atención integral, equipos
especializados, seguimiento clínico, acceso a tratamientos, apoyo psicológico y apoyo a las familias. De la mano del cumplimiento del derecho al diagnóstico, también es imprescindible el cumplimiento del derecho a la atención.


En Euskal Herria Bildu siempre hemos defendido una sanidad pública fuerte, universal y suficientemente financiada; una sanidad que apuesta por la prevención, porque prevenir no solo salva vidas, también evita sufrimiento, reduce
desigualdades y mejora la eficiencia del sistema sanitario. Precisamente por eso apoyamos esta ley; lo hacemos con la convicción de que supone un avance real para miles de familias, pero también con el compromiso de seguir trabajando para que
ningún derecho quede únicamente escrito en el boletín oficial y para que toda persona tenga garantizadas las mismas oportunidades desde su nacimiento. La calidad de un sistema sanitario no se mide solo por cómo cura la

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enfermedad, sino por su capacidad de anticiparse a ella y por cómo protege a quienes más lo necesitan desde el primer día de vida. Ese es el modelo de sanidad pública que defendemos Euskal Herria Bildu: una sanidad que previene, que cuida
y que garantiza derechos en condiciones de igualdad.


Besterik ez. Mila esker.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Cofiño Fernández.


El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenas tardes, presidente.


Señorías, la salud pública es en general una gran desconocida. Se confunde muchas veces con la sanidad pública, aunque la sanidad pública a veces también es una gran desconocida en algunas comunidades autónomas, desgraciadamente. Aunque
pasamos una pandemia donde se aprendió algo de lo que es la salud pública, se sigue pensando que muchas veces la salud pública es solamente una intervención para el control de enfermedades infecciosas o para la gestión de pandemias, cuando las
intervenciones de salud pública van mucho más allá.


Una de las ventajas que tiene esta proposición de ley, uno de sus grandes valores es que pone en relieve uno de los grandes programas e intervenciones que tenemos en salud pública: los cribados neonatales. Además de los otros valores
añadidos que pueda tener la ley, este es un valor fundamental, poner de relieve el trabajo de un montón de personas, un montón de asociaciones, un montón de federaciones, un montón de cuidadores y cuidadoras de personas afectadas, que trabajan en el
contexto de personas diagnosticadas en estos programas de cribado neonatal. El cribado es importante porque supone un diagnóstico precoz para poder actuar y mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas. La palabra clave en los
cribados no es el diagnóstico, sino poder actuar después. Sabemos que en algunas enfermedades como la fenilcetonuria o el hipotiroidismo el diagnóstico o tratamiento precoz consigue evitar una discapacidad grave. Por la historia de Judit en La
vida en una gota sabemos qué implicaciones pueden tener los diagnósticos tardíos en el caso de una aciduria glutárica tipo 1. Sabemos también que los diagnósticos precoces en la atrofia muscular espinal suponen mejorar la calidad de vida. Hay un
artículo reciente en JAMA Pediatrics que dice que los diagnósticos precoces suponen que un 63 % de los niños diagnosticados puedan adquirir movilidad autónoma, frente a un 14 % en aquellos que tienen un diagnóstico tardío. Dice también que el
diagnóstico precoz mejora y evita encamamientos, acceso a ventilación y a alimentación por sonda.


En ese sentido quisiera dar las gracias a todas las asociaciones, federaciones, fundaciones, personas afectadas, cuidadores y cuidadoras que nos acompañáis hoy en el Pleno (dirigiéndose hacia la tribuna de invitados), porque vuestro trabajo
ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental para avanzar en los cribados neonatales en este país. La ley tiene que servir como un marco de evaluación, tiene que servir como un marco de homogenización y tiene que servir para algo básico, evitar
las diferencias según los códigos postales, según el lugar donde vivan las personas. En nuestro grupo parlamentario -lo hemos comentado muchas veces- lo que queremos son los mejores cuidados sociosanitarios, los mejores tratamientos y los mejores
diagnósticos para todas las patologías sea cual sea el lugar donde viven las personas.


¿Qué retos tenemos de futuro? Posiblemente vamos a tener que seguir legislando. Es decir, la ley es importante, pero vamos a tener que seguir legislando. Va a haber unos avances en los próximos años en cribados híbridos. No solamente en
secuenciaciones como tenemos ahora mismo, sino que avanzaremos en secuenciaciones genómicas. Hay estudios ya puestos en marcha en nuestro país -como es el Cringenes, en nueve comunidades autónomas- para avanzar en paneles de casi doscientos y
trescientos diagnósticos de enfermedades. Van a suponer un desafío, no solamente aprender a leer el ADN, sino saber qué resultados son fiables, útiles, qué hacer con esos resultados para mejorar la vida de las personas y evitar también problemas de
sobrediagnóstico, de ansiedad o de desigualdades. Hace apenas unas semanas en el European Journal of

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Human Genetics se publicaba una revisión muy interesante donde se hablaba sobre las implicaciones jurídicas, éticas y sociales que van a tener los cribados genómicos en el futuro. Todo esto se puede decir de otra forma, no estamos
legislando para tener una lista cerrada de enfermedades, sino que estamos legislando para tener un listado -sea de veinte, de treinta, de cuarenta o de trescientas enfermedades- que suponga rutas e itinerarios personalizados para las personas
diagnosticadas. Esto es fundamental. Precisamos itinerarios y rutas asistenciales de confirmación diagnóstica, de trabajo complementario entre atención primaria y atención hospitalaria, de atención no solamente sanitaria, sino también de cuidados
sociosanitarios, de tener resultados óptimos en la atención temprana y de un sistema educativo que integre a las personas, a los niños y niñas con diagnóstico. Todo esto en un sistema con los mejores profesionales y en un sistema público de
cuidados.


Cribar no puede ser una estampida hacia el Oeste de las comunidades autónomas. No puede ser que el cribado sea una estampida hacia el Oeste para ver quién llega primero y quién hace más cribados, sino que tienen que ser cribados evitando
medallas partidistas y basados en la evidencia científica y en las mejores evaluaciones para poder mejorar la calidad de vida.


Sobre la enmienda presentada por el Grupo Popular, con mucho cariño -incluso teniendo en cuenta algo que muchas veces ustedes nos han dicho cuando hablábamos de que no aparecían enmiendas de financiación- le digo que es una enmienda un poco
fluflu, que podría estar o podría no estar; es decir, posiblemente no va a aportar demasiado al texto legislativo que esté o no esté. Y quiero comentar cosas que a veces nos dicen ustedes -que son un grupo parlamentario grande, con un montón de
diputados y un montón de asesores y que por tanto podrían haber hecho algo un poquito más robusto-: no fija una cantidad mínima, no establece una memoria económica, no define repartos entre comunidades autónomas o los criterios para hacer esos
repartos, no crea una partida presupuestaria concreta y no regula transferencias finalistas. Quiero recordar algo de lo que ya hemos hablado, la ejecución de las prestaciones de la cartera común del Sistema Nacional de Salud y los cribados
neonatales está incluida en la cartera común básica de servicios asistenciales y ya está sometida al sistema general de financiación sanitaria.


Termino. Sobre la cláusula de nación más favorecida de Trump que mencionaba el señor Sánchez, no me extiendo porque ya le respondí en la comisión a todo esto. Usted es un excelente parlamentario, le tengo muchísima estima y muchísimo
reconocimiento. Ojalá hubiéramos podido trabajar juntos en el grupo parlamentario en esa legislatura -y ojalá podamos trabajar juntos en la siguiente legislatura- porque hubiera aprendido mucho de usted y del partido que representa. En 1945, en su
libro La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper decía que el racionalismo es una actitud de buena disposición para escuchar argumentos críticos y aprender de la experiencia y que es fundamental la actitud de admitir que uno puede que
equivocado y que puede que el otro tenga razón, y hacer un esfuerzo para así acercarnos más a la verdad. Señalaba el señor Sánchez un elemento que pensamos que es clave incorporar, el tema de la cláusula de nación más favorecida de Trump. Esto
responde a la pregunta de qué ocurre si ahora mismo Estados Unidos toma una posición favorecida y se evita que podamos acceder de una forma precoz a medicamentos innovadores para patologías que podamos hacer en los cribados neonatales. Es decir,
¿qué vamos a responder a esas familias en ese caso?


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.


El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Sí, gracias.


Segundo, hay que tener en cuenta que en la enmienda sí se considera la posibilidad de acceder a esa información por parte de cualquier persona física, sociedad o grupo; es decir, aunque de forma general no se permite el acceso a la
información, sí se puede acceder y eso aparece recogido en la enmienda de forma específica.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás. (Aplausos).


La señora RUIZ SOLÁS: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías.


Seguimos poniendo parches. La conclusión, después de todo el trabajo realizado en esta ley por las asociaciones, de las expectativas generadas y de los pequeños avances que esperamos lograr hoy, es que seguimos poniendo parches. La
cuestión ahora es si, además de poner parches, también nos estamos haciendo trampas al solitario, porque el objetivo era detectar, diagnosticar y tratar de manera precoz enfermedades raras para evitar la mortalidad infantil y para prever
discapacidades, un objetivo que se planteó por primera vez ya en el año 1968 y que tantísimos años después aún no hemos conseguido. No lo hemos conseguido como consecuencia de la descentralización de la sanidad pública. El error siempre fue la
descentralización de la sanidad pública (aplausos); una descentralización que impulsó el Partido Socialista, presidido por Felipe González, y que consolidó el Gobierno del PP del señor Aznar, ejecutando la fase final de la descentralización y
condenando a todos los españoles a la desigualdad más injusta. (Aplausos).


Señorías, hasta 2013 no fuimos capaces de que al menos siete enfermedades estuvieran en todos los programas territoriales de detección, y lo máximo que hemos conseguido, más de una década después, es llegar hasta veintiuna, cuando hay
comunidades que ya tienen más de cuarenta. Hemos ido demasiado lentos, seguimos yendo demasiado lentos y ya vamos tarde, muy tarde, y por el camino hemos dejado mucha desigualdad, muchas enfermedades sin detectar a tiempo y mucho sufrimiento en
muchas familias.


No estamos hablando de un tema menor, señorías. La omisión del diagnóstico de una enfermedad rara tiene consecuencias catastróficas e irreversibles para el desarrollo de los bebés y para la calidad de vida de sus familias. Fallar en el
cribado neonatal significa perder la oportunidad de tratar a tiempo a un bebé, de evitar un daño cerebral irreversible, una discapacidad intelectual o física o una muerte prematura. No detectar a tiempo una enfermedad significa condenar a las
familias a pasar meses o incluso años de especialista en especialista viendo cómo sus hijos empeoran progresivamente con la angustia de no saber qué les pasa. Pero lo que es absolutamente inadmisible, lo que clama verdaderamente al cielo, es que
estas familias tengan que enfrentarse a la realidad de que, si sus hijos hubieran nacido en otra ciudad, tal vez a pocos kilómetros de la suya, podrían haberse evitado semejante calvario. (Aplausos). Nosotros no nos cansaremos de repetirlo: la
única solución, la solución definitiva a esta terrible desigualdad es la centralización de la sanidad. Todo lo demás son parches que jamás acabarán con el problema.


Señorías, lo que está sucediendo con el cribado neonatal es otro ejemplo más del fracaso del Estado de las autonomías. (Aplausos). Si hoy el Ministerio de Sanidad tuviera la competencia exclusiva en materia sanitaria, podría dictar una ley
que estableciera un cribado único, obligatorio y de máxima cobertura para todos los españoles. Si hoy la sanidad estuviera centralizada, solo sería necesario el aval científico, la decisión política y una asignación presupuestaria suficiente para
implementarla de forma simultánea y obligatoria en todo el territorio nacional. (Aplausos). Por eso, lo único que puede garantizar total y absolutamente la igualdad sanitaria en nuestro país es la centralización de la sanidad, que solo VOX
defiende. Por eso, las desigualdades que persisten hoy en día van a seguir persistiendo tras la aprobación de esta ley, desgraciadamente. Eso es algo que los ciudadanos merecen saber. Aunque con la aprobación de esta ley se consiguiera garantizar
la actualización y la mayor cohesión y equidad de los cribados neonatales -cosa que dudamos-, aunque se lograra mayor efectividad clínica y equidad territorial y se garantizara más formación para los profesionales -tal y como promete la ley- o
aunque la financiación del programa de cribado neonatal fuera la suficiente como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones públicas competentes y se determinara anualmente en los correspondientes
presupuestos

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generales del Estado -tal y como reza la disposición final- las comunidades autónomas que quieran o puedan permitírselo seguirán incorporando técnicas o procedimientos de cribado neonatal adicionales a la cartera común, mientras que las que
no puedan o no quieran no lo van a hacer. Así que no, con esta ley no vamos a acabar con la inequidad ni con la desigualdad; esta es una premisa falsa. (Aplausos).


Además, una vez aprobada, ¿de verdad creen ustedes que este Gobierno cumpliría?, ¿de verdad lo creen?, ¿este Gobierno, señorías? ¿De verdad nos creemos que en el plazo de doce meses estará listo el documento marco de cribado poblacional,
como manda la disposición adicional primera? ¿De verdad nos creemos que se implementarán acciones para mejorar la formación de los profesionales sanitarios en enfermedades raras y diagnóstico prenatal, como dice la disposición adicional segunda? Y
lo que es más improbable de todo, ¿de verdad nos creemos que tendremos la financiación suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones públicas competentes, determinadas anualmente en los
presupuestos generales del Estado? Todos sabemos que no. (Aplausos). Todos sabemos que ni hay presupuestos ni los va a haber, que la única prioridad de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa. Todos sabemos que están en plena huida
hacia adelante, inventando cortinas de humo con las que entretenernos mientras maniobran en la oscuridad, que es donde mejor se mueven para perpetuarse en el poder. Por eso, los ciudadanos deben saber que esta ley que presumiblemente se aprobará
hoy solo podrá ejecutarse si el Partido Socialista sale de una vez del Gobierno de España, si se marcha junto a todos sus socios, cómplices y responsables del mal que ha hecho y del mal que seguirá haciendo mientras sigan sosteniéndolo en el poder.


Señorías, que este Gobierno llegue a su fin es lo urgente, es lo verdaderamente importante, una cuestión de vida o muerte, literalmente de vida o muerte para muchas muchas personas en este país. (Aplausos). Cualquier otro objetivo debería
estar supeditado a este, y todos nuestros esfuerzos deberían estar orientados a dejarlo caer de una vez para empezar a construir una España mejor cuanto antes. Nosotros estamos dispuestos, pero solos no podemos. En sus manos, en las manos de todos
ustedes está.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Ramírez.


La señora MARTÍNEZ RAMÍREZ: Gracias, presidente.


Señorías, esta Cámara tiene hoy la responsabilidad, y diría que la obligación, de saldar parte de la deuda que el Sistema Nacional de Salud tiene con miles de familias de toda España, familias que cada día lidian con las enfermedades que
padecen sus hijos e hijas y esperan que la Administración les facilite un diagnóstico precoz que pueda cambiar por completo su futuro. Eso debería bastar para que esta ley fuera ratificada hoy con el mismo consenso con el que salió de la Comisión
de Sanidad. (Aplausos).


El Grupo Socialista impulsó esta iniciativa de la mano de las asociaciones de pacientes, a las que agradecemos su trabajo y su colaboración, para reforzar el programa de cribado neonatal, la conocida por todos como prueba del talón. El
objetivo de esta ley, señorías, no es otro que seguir avanzando en la armonización de nuestro sistema sanitario, haciéndolo más justo, más igualitario y más eficiente. Este texto nos compromete, señorías, a una mayor participación de los sectores
implicados, los familiares y los profesionales; nos compromete a hacer una evaluación anual de las pruebas de cribados para, en caso de demostrarse su evidencia científica, incorporarlas y financiarlas rápidamente en el Sistema Nacional de Salud.
Eso nos va a permitir detectar mayor número de enfermedades raras antes incluso de que aparezcan los primeros síntomas, evitando así una posible discapacidad, evitando sufrimiento y, en muchos casos, salvando vidas. Dos de cada tres enfermedades
raras aparecen durante los tres primeros años de vida, un tiempo que es oro para los niños y para sus familias.

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Este Gobierno, como saben, lleva ocho años, señorías, demostrando que cree en la gestión sanitaria, que cree que la gestión sanitaria es prevención, que la gestión sanitaria empieza antes de la enfermedad. Por ello, hemos ido aumentando los
fondos destinados a la investigación de las enfermedades raras y ampliando el número de enfermedades incluidas en el programa, con el acuerdo, todo hay que decirlo, de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad. (Aplausos).


Señorías, el texto que acordamos en la Comisión de Sanidad fue fruto del consenso de la mayoría social y política, por eso en mi grupo parlamentario no entendemos por qué el Grupo Popular ha puesto tanto interés en enmendar una ley en el
Senado que venía avalada por su mismo partido para introducir trabas que van a dificultar o podrían dificultar su puesta en marcha. La viabilidad económica de la ley, señorías, está garantizada por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, una ley, por cierto, impulsada por la ministra Ana Pastor y que en su artículo 10 regula la financiación de todas las actualizaciones de la cartera de servicios que se han ido realizando. Por tanto, señorías,
la estructura jurídica que ha servido para la financiación y para aumentar el panel de enfermedades aprobado y puesto en marcha en el año 2024 -les recuerdo, de 7 a 21- es la misma y, por tanto, es válida para garantizar la viabilidad del texto
actual. No hacía falta poner ninguna enmienda. Y yo me pregunto, ¿debemos entender que el Partido Popular pretende corregir el sistema de financiación que el propio Partido Popular creó y que ha permitido ampliar durante más de veinte años la
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud? La disposición adicional que el Grupo Popular ha forzado no establece ninguna obligación presupuestaria real, es un simple trampantojo sin fundamento, señorías. Por cierto, el mismo escaso
fundamento que tienen las afirmaciones hechas en las últimas semanas por su líder, el señor Feijóo, que ha encontrado un nuevo enemigo público: el absentismo laboral, que él, en su ignorancia, vincula a las bajas por enfermedad.


El señor Feijóo ya nos tiene acostumbrados, y un día pone en sospecha a los trabajadores; otro, al personal sanitario que prescribe las bajas; otro, a los docentes, y hoy su grupo parlamentario pone obstáculos a una ley que precisamente
pretende detectar enfermedades antes incluso de que un niño pueda desarrollar síntomas. El señor Feijóo -prueba de su absentismo- ha venido hoy unos minutos a votar, y lamentablemente no lo vemos por aquí, el lugar de donde cobra su principal
sueldo. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados señalan los escaños vacíos del Grupo Parlamentario Socialista). Debe estar celebrando, debe estar respaldando el vergonzoso presupuesto que se ha aprobado en la Comunidad Valenciana, el que
establece la prioridad nacional, por el que van a segregar a personas por condición social, por raza o por colectivo, una vergüenza para la Comunidad Valenciana, como siempre, a la cabeza de los retrocesos en derechos sociales. (Aplausos).


Señorías, la mayoría de los grupos participaron con sus enmiendas, con sus aportaciones, en la redacción de esta ley y avalaron con su voto una ley que amplía las oportunidades de vida de los ya nacidos. Ahora, que se ha querido abrir un
debate ficticio y perverso sobre los derechos de los no nacidos, tenemos la oportunidad de demostrar si de verdad nos preocupan la vida y la salud de los niños que efectivamente ya han nacido. Más de 400 000 familias en España esperan una ley que
haga posible que sus hijos e hijas se beneficien de un diagnóstico precoz que marque la diferencia. Eso lo tenemos en nuestras manos. Les aseguro, familias, asociaciones, señorías, que el Partido Socialista no les piensa defraudar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.


La señora VELASCO MORILLO: Buenas tardes, señorías.


Afrontamos el último debate de esta proposición de ley sobre los cribados neonatales tras su paso por el Senado y, en primer lugar, quiero agradecer a FEDER -Federación

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Española de Enfermedades Raras-, a la Alianza por un Cribado Neonatal Ampliado y en Equidad en España, impulsada y coordinada por la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, y al conjunto de asociaciones de pacientes y familias el
enorme trabajo realizado durante años para que hoy esta proposición de ley afronte su último debate. Su perseverancia, su rigor y su capacidad de diálogo han sido decisivos. Y también quiero agradecer a la mayoría de los grupos parlamentarios la
disposición mostrada para alcanzar un entendimiento en torno a una ley que es necesaria y que responde a una demanda social real y, por supuesto, a mis compañeros ponentes, Antonio Cavacasillas y Esperanza Reynal, y al resto de compañeros de la
comisión, así como al letrado, José Antonio Moreno.


Esta ley no es iniciativa del Ministerio de Sanidad, parte de un grupo parlamentario al que no le vetan las iniciativas, como sí hace Armengol con las de mi grupo parlamentario metiéndolas en el cajón. Puedo ponerles ejemplos, como la
proposición de ley de mi grupo sobre las personas celíacas, con veintisiete plazos de ampliación de enmiendas, o podría hablarles de otras proposiciones sanitarias. Este es el respeto que tiene la Cámara con respecto al trabajo del Grupo
Parlamentario Popular. (Aplausos). Esto demuestra que estamos en una etapa parlamentariamente bloqueada, con un Gobierno éticamente inhabilitado por completo y que está retenido por los intereses de una sola persona, Pedro Sánchez. Porque,
señorías, si hacemos un balance de estos tres años, en cuanto a las tramitaciones legislativas del Ministerio de Sanidad diré que este solo ha sido capaz de tramitar un proyecto de ley: la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, que justo en
estas fechas hace un año que se aprobó, una ley de gran trascendencia en el ámbito de la salud pública y todavía está sin desarrollarse, a pesar de haber sufrido amenazas sanitarias y otras que estarán por venir. Señorías, esto solo pasa porque
tenemos una ministra que está más preocupada de la propaganda que del rigor en el ámbito de la salud pública. La salud pública exige evidencia científica, evaluación, prevención y diálogo, y no puede hacerse a golpe de anuncio, señorías.


El texto que nos llega del Senado, de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, representa una oportunidad para reformar la equidad, la cohesión territorial y la capacidad del Sistema
Nacional de Salud para ofrecer a todos los recién nacidos la misma oportunidad de diagnóstico y tratamiento desde los primeros días de vida. Los programas de cribado neonatal están considerados como una actividad esencial de salud pública en el
contexto de la medicina preventiva y su objetivo es la identificación precoz mediante el uso de pruebas que puedan ser aplicadas a toda la población de recién nacidos. El impacto que tienen estas patologías no solo afecta a las personas que lo
sufren, principalmente niños, sino también a sus familias. Uno de los principales retos es el diagnóstico precoz. Muchas patologías, como la atrofia muscular espinal, cuando se detectan ya han causado un daño irreparable en los pacientes, por eso
es tan importante que pongamos el foco en tratar de diagnosticar a tiempo y, así, prevenir ese daño. Estamos hablando, señorías, de que es preciso que en todos aquellos casos en los que un cribado ofrece la posibilidad de tratamiento y puede
evitarse que se desarrolle la enfermedad, este cribado se instaure en la cartera de servicios. Además, esto debe contar, sí, con una financiación que sea suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones
públicas competentes, determinándose anualmente en los presupuestos generales del Estado, señora Martínez.


Y claro que creemos en la ley de cohesión y calidad, ¿cómo no vamos a creer si fuimos sus autores? Es una ley que el Gobierno se salta cuando le interesa, y un claro ejemplo es el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud respecto a los acuerdos que allí se toman. (Aplausos). Financiación sí, pero específica y no dentro de otras partidas, y le hablo de algo que sabe hacer el Gobierno cuando estima oportuno; tenemos ejemplos como la partida
destinada al incremento de las plazas de estudiantes de Medicina en la universidad, y podría poner otros. Claro, también estamos hablando de circunstancias distintas: mismo Gobierno, pero diferente legislatura, porque en esta han sido incapaces de
presentar unos presupuestos. Además, han desaprovechado

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el ciclo económico más expansivo de la última década y no han solucionado ninguno de los graves problemas de la sanidad, como es el déficit de profesionales sanitarios o el conflicto generado con la modificación del estatuto marco, con
ninguna voluntad de acuerdo de la ministra con los médicos, que ha generado más de cuatro millones de actos médicos suspendidos en estos meses y un aviso de huelga indefinida para septiembre. Y la ministra mira para otro lado, como ayer pasó en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (Aplausos). Sin dar su brazo a torcer una vez más. O podríamos hablar del retraso de la innovación terapéutica.


Hoy ponemos fin a un curso político con solo una buena noticia, de la que estarán contentos las asociaciones de pacientes, los familiares y los sanitarios. También en mi grupo parlamentario estamos contentos, porque hemos sido capaces de
hacer una política útil de la mano de los pacientes y de todos los afectados en la tramitación de esta ley. Pero permítanme que les traslade la decepción con este Gobierno, que continúa en contra de la voluntad de esta Cámara, ya que en esta semana
se cumple un mes desde que se votó a favor de la dimisión de Sánchez y de la convocatoria de elecciones. Además, no solo lo dice esta Cámara, es que hay un clamor social. Deseo que en estas cinco semanas de vacaciones -pocos españoles se pueden
permitir este lujo-, Sánchez reflexione y comencemos septiembre con la convocatoria de elecciones, por el bien de toda la sanidad y por el bien de un país que necesita salir adelante de una vez.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN. (Número de expediente 121/000079).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades
autónomas de régimen común.


Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (España García): Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.


Intervengo para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común y también para dar respuesta a las enmiendas de totalidad presentadas por dos grupos
parlamentarios.


Antes de exponer el contenido de este proyecto de ley, permítanme recordar cuál es la situación financiera de partida de nuestras comunidades autónomas. Las dos comunidades autónomas con más deuda son la Comunidad Valenciana y Murcia, pero
veamos el panorama global con datos del Banco de España del primer trimestre de 2026. La deuda sobre el PIB del conjunto de comunidades autónomas es del 20,3 %, con una disparidad muy grande entre distintos territorios. Por ejemplo, la que menos
tiene sobre PIB sería Canarias, con un 10,5, y la que más tiene, como les decía, sería la Comunidad Valenciana, con un 40,4 %. Hay casi 30 puntos de diferencia entre la comunidad autónoma más endeudada y la menos endeudada. Pero creo que es
importante no solo analizar la foto fija del primer trimestre de este año que nos da el Banco de España, sino la evolución. Y me centraré, si me permiten, en las dos comunidades autónomas con mayor nivel de endeudamiento, analizando la evolución de
los datos en dieciocho años, desde el año 2008 hasta el primer trimestre de 2026. La Comunidad Valenciana tenía en 2008 un 12,7 % de endeudamiento sobre PIB. En 2026, tenía un 40,4 %. El salto grande de endeudamiento

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se produce del año 2008 al año 2015, con una subida de 28,8 puntos, gobernando durante esos años el Partido Popular. (Rumores). En la Comunidad Autónoma de Murcia, en 2008 era el 2,6 % del PIB y en 2026, el 31,1 %. Son 28,5 puntos.
Dieciocho años de Gobierno ininterrumpido del Partido Popular. Las dos comunidades autónomas con mayor deuda son aquellas en las que más tiempo ha estado gobernando el Partido Popular. Si, como dicen algunos, hay un problema de gestión para ese
gran endeudamiento, pues habrá que ver a quién están señalando en realidad. En todo caso, por tener un debate serio, es verdad que el sobreendeudamiento de determinados territorios en nuestro país responde a una casuística elevada. Hay una parte,
desde luego, de gestión; hay una parte que tiene que ver con el modelo de financiación autonómica; hay una parte muy importante consecuencia de la crisis del COVID, y también hay una parte muy importante relacionada con la crisis financiera.
Estos son los datos, esta es la situación, y las consecuencias son obvias para todas las comunidades, especialmente para las más endeudadas: una incapacidad de acudir al mercado; una dependencia absoluta de mecanismos extraordinarios de
financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómico; la pérdida de autonomía financiera, que se traduce, por desgracia, en una pérdida de autonomía política, y el riesgo de sostenimiento financiero de las competencias que tienen otorgadas del Estado
del bienestar.


Una vez analizados los datos y constatada la magnitud del problema, la gran pregunta que debemos hacernos como responsables políticos es muy sencilla: ¿queremos solucionar este problema o queremos seguir mirando hacia otro lado con los
brazos cruzados y sin hacer nada? Porque hoy nadie puede negar la realidad: tenemos comunidades autónomas que arrastran niveles de endeudamiento extraordinariamente elevados y que ven limitada su capacidad para prestar servicios públicos, invertir
y desarrollar políticas en beneficio de sus ciudadanos. Ante esta realidad, podemos actuar o no hacer nada. El Gobierno ha decidido actuar, y eso lo expondré a continuación, pero hay una pregunta dentro de todo este debate muy importante: ¿se
cree o no se cree en el Estado de las autonomías? Si la respuesta es que no, no tiene sentido continuar ni escuchar lo que vamos a debatir esta tarde en la Cámara. Si creemos en el Estado de las autonomías, eso significa que todas las comunidades
autónomas deben disponer de los recursos necesarios para ejercer adecuadamente las competencias que la Constitución y las leyes les atribuyen; significa entender que la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia se prestan desde
los territorios y que los ciudadanos tienen derecho a recibir unos servicios públicos de calidad con independencia de dónde residan. Y significa también asumir que cuando existen problemas estructurales que afectan al funcionamiento del sistema, el
Estado, el Gobierno central, tiene la obligación de abordarlos y corregirlos como hace con este proyecto de ley, absorbiendo una parte de la deuda de las comunidades autónomas. Por eso, este debate trasciende las cifras y balances contables. Lo
que hoy estamos discutiendo es si queremos fortalecer nuestro modelo territorial o debilitarlo, si queremos asumir nuestra responsabilidad o refugiarnos en la comodidad de la crítica. (Rumores).


Señorías, resulta imprescindible dar una respuesta a los distintos shocks económicos que han azotado la Unión Europea y nuestro país en los últimos años. En primer lugar, la crisis financiera de 2008, que se transformó en una crisis de
deuda soberana y dio lugar a un incremento sin precedentes del volumen de deuda del conjunto de las Administraciones públicas. Se pasó del 53,1 % del PIB en 2009 al 100 % del PIB a finales de 2013. Más concretamente, en el ámbito de las
comunidades autónomas este impacto fue aún más agresivo, ya que su deuda creció en más de un 125 %, pasando del 8,7 % al 20,6 % del PIB en el periodo que indicaba. Y, en segundo lugar, el impacto de la pandemia y el repunte inflacionario agravado
por la inestabilidad geopolítica y los conflictos bélicos.


Señorías, el objetivo del proyecto de ley no es ni más ni menos que corregir ese sobreendeudamiento de las comunidades autónomas durante la crisis financiera y la exclusión del mercado que esto ha supuesto para ellas. El proyecto que
debatimos se encuentra en línea con lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 26 de febrero de 2025. Se prevé que el Estado asuma 83 252 millones de euros de deuda de las

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comunidades autónomas, una notable reducción del pasivo de las comunidades autónomas, que además tiene unas consecuencias positivas: tendrán mayor facilidad para salir a los mercados, podrán mejorar las condiciones en las que salen y un
ahorro previsto en intereses que puede oscilar entre los 6000 y 7000 millones de euros, además de ayudarles a cumplir los objetivos de estabilidad. El procedimiento de aplicación de la norma tiene en cuenta las características propias de cada una
de las comunidades. Hay algunas que tienen saldos vivos suficientes con el Fondo de Liquidez Autonómico y otras que no los tienen y será necesaria la subrogación del Estado en las operaciones de endeudamiento adquiridas en el mercado. Para las
primeras, para las que tienen préstamos vigentes con un volumen suficiente en el Fondo de Liquidez Autonómico, el procedimiento resultará directo. Para las segundas, aquellas que no tienen deuda significativa con el FLA, se prevé un mecanismo
específico que garantice el acceso a la medida en condiciones de igualdad.


Asimismo, señorías, la metodología para establecer el importe de la asunción de deuda por parte del Estado responde a criterios técnicos, objetivos y transparentes. En primer lugar, la denominada fase I toma como referencia el crecimiento
de la deuda autonómica durante dos periodos excepcionales para la economía española: la crisis financiera y la pandemia, junto con la invasión rusa de Ucrania. En segundo lugar, la fase II incorpora un mecanismo corrector destinado a reforzar la
equidad territorial. Su finalidad es garantizar que ninguna comunidad autónoma quede por debajo de esa reducción media del 19 % de su deuda. Y en la fase III se introducen dos ajustes complementarios para situaciones específicas. El primero tiene
en cuenta la financiación recibida por cada territorio entre 2010 y 2022. Se parte de la comunidad autónoma que tras las fases anteriores alcanza un mayor volumen por habitante ajustado y, a continuación, se eleva la condonación de aquellas
comunidades que durante este periodo estuvieron por debajo de la media de financiación homogénea por habitante ajustado. El segundo ajuste reconoce el esfuerzo fiscal realizado por determinadas comunidades autónomas en el ejercicio de sus
competencias normativas en IRPF. Se trata de un criterio que pretende valorar el esfuerzo realizado para reforzar los ingresos públicos y contribuir al saneamiento de las cuentas autonómicas.


Señorías, los criterios pueden parecerles mejor o peor, criticarlos de una forma u otra, pero son transparentes y objetivos. De hecho, 7 de cada 10 euros benefician a comunidades autónomas gobernadas por el principal partido de la
oposición, siendo Andalucía la que recibirá el mayor volumen total, con 18 791 millones de euros; la Comunidad Valenciana será la que perciba más reducción por habitante ajustado, con 2284 euros, y Canarias la verá reducida en mayor proporción, en
un 50 %. Por último, la norma, como no puede ser de otra forma, se concibe como una medida compatible y complementaria con la futura reforma de la financiación autonómica. Hablamos del kilómetro cero de la reforma del modelo de financiación
autonómica.


Señorías, paso ahora a comentar las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario VOX. En primer lugar, el Grupo Parlamentario VOX no solo se opone a la medida, sino que en
realidad nunca haría nada para abordar el problema de endeudamiento de las comunidades autónomas. Es más, tengo la impresión, una vez leída la enmienda, de que si dependiera de ellos, si dependiera de las señorías de VOX, aprovecharían cualquier
excusa para avanzar en un proceso de recentralización de competencias y debilitamiento del Estado autonómico, sencillamente porque no creen en él. Es más, hay una frase literal en el texto que expone que el Estado autonómico ha provocado un
verdadero caos en nuestro país. Han defendido abiertamente la superación del Estado autonómico, la devolución de competencias y la limitación de la capacidad legislativa. Y han dicho que el Estado de las autonomías supone el fin de la igualdad
entre españoles y españolas. Por tanto, cuando hablan de deuda autonómica, no lo hacen con la voluntad de mejorar el modelo, sino de sustituirlo. La igualdad no consiste en uniformizar nuestro país, la igualdad consiste en garantizar que todos los
ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a unos servicios públicos de calidad y dispongan de los recursos necesarios para financiarlos. (Aplausos).

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La realidad es que detrás de su oposición a esta medida hay una concepción territorial de España que mira al pasado y no mira al futuro, una visión centralista que no se corresponde con la Constitución de 1978 ni con los Estatutos de
Autonomía, ni con la pluralidad política, social y territorial de la España de hoy. Más que un problema técnico, lo que el Grupo Parlamentario VOX tiene es una discrepancia en cuanto al modelo político de país.


Y respecto a la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Popular, la realidad es que escuchamos muchas críticas, pero seguimos sin conocer su alternativa. Se puede discrepar de la solución que propone hoy el Gobierno de España. Es
legítimo. Lo que me temo que no vamos a escuchar es cuál es la alternativa. Porque si realmente consideraran que existe una solución mejor, habrían presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo y no lo han hecho. De nuevo, asistimos
a un debate en el que algunos intentan convertir una medida de alivio financiero para las comunidades autónomas en un agravio, en una injusticia o en una amenaza para nuestro modelo constitucional. Pero cuando analizamos los argumentos con rigor,
no resisten el contraste de los hechos y los datos. En primer lugar, la enmienda de totalidad afirma que los criterios de reparto son arbitrarios. Nada más lejos de la realidad. La mayor parte de la deuda asumida, más del 70 % del total, se
distribuye atendiendo a la población ajustada, que es el indicador utilizado en el propio modelo de financiación como el que se aproxima a las necesidades de gasto de los distintos territorios. Se critica también que una parte de la distribución
tenga en cuenta el nivel de endeudamiento previo. Yo no sé si las señorías del Grupo Parlamentario Popular han hablado con sus compañeros de la Comunidad Valenciana o de la Región de Murcia. Hablen con ellos, hablen con la Comunidad Valenciana,
que tiene una ratio de deuda del 40,4 %. Hablen con los diputados y representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, con una ratio de endeudamiento del 31,1 % del PIB. Hablen con ellos y explíquenles por qué, por razones
estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera. Y después explíquenles por qué algunos miembros de su partido se refirieron a una futura condonación como de justicia. Me da la sensación de que el texto de la
enmienda de totalidad se ha elaborado en la Puerta del Sol y solo con la visión de una comunidad autónoma. También cuestionan que se considere el esfuerzo fiscal realizado en el IRPF, pero reconocer el esfuerzo fiscal no supone castigar a nadie,
supone valorar la corresponsabilidad fiscal de aquellas comunidades autónomas que han utilizado las herramientas tributarias de las que disponen para sostener sus servicios públicos.


En segundo lugar, la enmienda a la totalidad del Grupo Popular nos advierte de un supuesto riesgo moral. Permítanme que les diga que me sorprende escuchar ese argumento precisamente de aquellos que impulsaron la amnistía fiscal. Y conviene
recordarlo, muchas de las comunidades autónomas que se benefician de esta medida están gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, cuando se habla de riesgo moral parece que están cuestionando la responsabilidad fiscal de los Gobiernos de su
propio partido. Parece que están diciendo que si se adopta esta medida, los Ejecutivos autonómicos del Partido Popular no serán capaces de actuar con prudencia fiscal y responsabilidad presupuestaria. Y otro de los argumentos -y cito literalmente-
es que no se exige a las comunidades autónomas ningún compromiso de disciplina, plan de ajuste o contrapartida. ¿Esto significa que la propuesta es volver a la receta de siempre? ¿Que las comunidades sobreendeudadas, como el caso de la Comunidad
Valenciana o la Región de Murcia, tienen que estar condenadas a más ajustes, más recortes y más condicionantes para sus ciudadanos y ciudadanas? Este proyecto de ley no mira al pasado, que podríamos; mira al futuro. No pretende reabrir debates ni
buscar culpables, que podríamos; pretende ofrecer una solución a un problema real que afecta a numerosas comunidades autónomas y que condiciona su capacidad de actuación. Conviene recordar que esta ley no elimina ninguna obligación de disciplina
fiscal; las reglas presupuestarias siguen vigentes, los mecanismos de supervisión siguen vigentes y las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria siguen vigentes. La medida reduce la deuda acumulada, pero no libera a
ninguna comunidad autónoma de sus responsabilidades presentes y futuras.

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En tercer lugar, sostienen que la norma carece de consenso. La realidad es que el proyecto ha sido debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha pasado por los trámites de consulta pública. De hecho, conviene recordar lo que
pasó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero: cuando se planteaba esta medida en un foro multilateral, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular optaron por levantarse de la mesa y abandonar la
reunión; lo que, si me permiten, podríamos denominar gamberrismo institucional. Naturalmente, no todas las comunidades autónomas comparten la misma posición política que el Gobierno, esto es perfectamente legítimo, pero no puede confundirse la
falta de unanimidad con la ausencia de diálogo.


En cuarto lugar, el Partido Popular afirma que la medida vulnera los principios constitucionales de igualdad, solidaridad o autonomía financiera. Pues bien, como ha dicho en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, el principio de
igualdad no exige un tratamiento idéntico para realidades diferentes, lo que prohíbe son las diferencias arbitrarias o carentes de justificación objetiva. Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda, no todas han
soportado las mismas situaciones de infrafinanciación y no todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad, es precisamente actuar con justicia. Tampoco se vulnera la solidaridad
interterritorial, al contrario, consiste en evitar que determinados desequilibrios acumulados comprometan la estabilidad del conjunto del Estado autonómico y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales. Esta ley no altera
competencias, no modifica el reparto competencial y no impone ninguna decisión a las comunidades autónomas. Señorías, nadie ha defendido que una quita de deuda resuelva por sí todos los problemas financieros de nuestro Estado autonómico. Por eso,
la reforma sigue siendo necesaria y la plantearemos a esta Cámara. Pero es indiscutible que una reducción sustancial de la deuda mejora los indicadores de solvencia, reduce la carga financiera y fortalece la posición de las comunidades autónomas
ante los mercados.


Voy terminando. Permítanme comentar la crítica más sorprendente que hace el Partido Popular sobre la voluntariedad de la medida. No les parece bien que la medida sea voluntaria para las comunidades autónomas y yo creo que, al contrario, es
una fortaleza, un reconocimiento y un respeto institucional al conjunto de los territorios. Imaginemos una familia con una hipoteca de 250 000 euros. Un día su banco le comunica que va a asumir parte de esa deuda, que le va a condonar 100 000
euros. Es decir, donde debía 250 000 euros, pasará a deber solo 150 000. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco sin decir nada y diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería.
(Aplausos). Lo mismo ocurre cuando el Estado asume una parte de la deuda de una comunidad autónoma. (Rumores). Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya su
pasivo, es decir, que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos y los conciudadanos de su territorio. Es verdad, la deuda no desaparece, la deuda la asume el Estado y libera a las comunidades autónomas ese margen de una forma
excepcional y extraordinaria. Eso se llama solidaridad, responsabilidad y creer en el Estado autonómico.


Por eso, hoy no estamos pidiendo a nadie que renuncie a sus posiciones políticas, ni que comparta necesariamente todos y cada uno de los elementos de esta reforma. Lo que pedimos algo más sencillo, que no se impida que otras comunidades
autónomas puedan beneficiarse de esta medida y que no se bloquee su tramitación como proyecto de ley en esta Cámara. Quienes consideren que esta medida no es adecuada para su territorio, estarán en su derecho de no adherirse, pero no bloqueen que
otras comunidades que quieran se puedan adherir. Permitan la tramitación del proyecto, dejen que cada comunidad decida libremente y no cierren la puerta a aquellas que sí que quieren ver reducido su pasivo. Corresponde ahora a las Cortes Generales
examinar este proyecto de ley con rigor, con transparencia y con pleno respeto a los principios de igualdad, solidaridad y seguridad jurídica que inspiran nuestro ordenamiento constitucional. Y corresponde también hacerlo con una actitud
constructiva, porque precisamente en eso consiste el trámite parlamentario, en debatir, en escuchar, en incorporar las aportaciones de los grupos y en mejorar el texto a través de las enmiendas que se consideren oportunas.

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Señorías, permitan el debate, permitan el trabajo parlamentario, permitan que esta Cámara ejerza su función legislativa y, sobre todo, permitan que las comunidades autónomas y sus ciudadanos y ciudadanas que consideren que esta reforma es
beneficiosa se la puedan aplicar.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez AlonsoMuñumer. (Aplausos).


El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario VOX para defender una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Una enmienda a la totalidad de devolución porque entendemos que este proyecto de ley debe ser
devuelto íntegramente al Gobierno. Y debe ser devuelto porque tiene importantes deficiencias; deficiencias en la forma, deficiencias en el fondo, deficiencias por su incoherencia, deficiencias por ser contrario a la igualdad, deficiencias por sus
consecuencias y deficiencias en la concepción misma de lo que significa administrar con responsabilidad el dinero de los españoles.


Señor ministro, ustedes hablan constantemente de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera, pero la sostenibilidad financiera no consiste en trasladar deuda de una Administración a otra; la sostenibilidad consiste en evitar que esa
deuda vuelva a generarse, y eso precisamente es lo único que este proyecto de ley no hace. Señor ministro, no estamos ante una ley de sostenibilidad financiera, estamos ante una ley de mutualización de la deuda autonómica, una ley mediante la cual
el Estado decide que los errores de unos deben ser pagados por todos, y eso tiene un nombre muy sencillo: premiar la irresponsabilidad. (Aplausos). Porque la deuda no desaparece, no se evapora, lo que hace la deuda es cambiar de bolsillo. Lo que
hoy deja de deber una comunidad autónoma pasa a deberlo el conjunto de los españoles.


Señorías, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una enmienda a la totalidad que es la suma de muchas enmiendas. Primera, una enmienda a la totalidad a la forma, porque el Gobierno vuelve a utilizar una ley orgánica para resolver un
problema estrictamente político. Señor ministro, no estamos ante una reforma del sistema de financiación autonómica, no estamos ante un modelo consensuado y no estamos ante una revisión seria de incentivos fiscales, estamos ante una operación
extraordinaria pactada con grupos independentistas.


Segunda, una enmienda a la totalidad al relato, porque toda la exposición de motivos del proyecto de ley descansa sobre una premisa que el Gobierno repite una y otra vez: la premisa de que el sobreendeudamiento autonómico fue consecuencia
de circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis financiera y que ahora corresponde al Estado corregir ese exceso. Señor ministro, si el sobreendeudamiento se explica por la crisis y la crisis fue la misma para todos, la pregunta es muy
sencilla: ¿cómo explica que unas comunidades autónomas multiplicaran más su endeudamiento que otras? (Aplausos). Señor ministro, la realidad es que hubo Gobiernos autonómicos que gastaron más de lo que podían permitirse, que hubo Gobiernos
autonómicos que multiplicaron el número de empresas públicas, que hubo Gobiernos autonómicos que mantuvieron estructuras administrativas innecesarias y que hubo Gobiernos autonómicos que utilizaron el endeudamiento como sustituto permanente de las
reformas.


Señor ministro, el endeudamiento es un problema estructural de la economía española. La realidad es que la deuda autonómica ha pasado de 39 000 millones de euros en el año 2000 a 347 000 millones de euros en marzo del año 2026. La realidad
es que el coste del despilfarro autonómico -que eso son los intereses de su deuda- ascenderá, según Fedea, a 10 114 millones de euros en 2027. Ahora, este proyecto de ley les dice que el Estado asumirá una parte importante de esa factura. Señor
ministro, el mensaje que estamos enviando es devastador. El mensaje es que no merece la pena ser responsable

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en la gestión ni contener el gasto. El mensaje es que quien gasta sin control acaba siendo rescatado. El mensaje es que quien administra mejor acaba pagando la fiesta del vecino. (Aplausos). Este es el verdadero relato que esconde esta
ley.


Tercera, una enmienda a la totalidad a la incoherencia, porque el propio proyecto de ley afirma que pretende reforzar la responsabilidad fiscal y facilitar el regreso de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados. Sin
embargo, unas páginas después se excluye expresamente esta operación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, para defender la responsabilidad fiscal lo primero que
hace el Gobierno es suspender el principio de responsabilidad. O sea, dice querer fortalecer la responsabilidad fiscal mientras elimina las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Una pura contradicción. Como también es una
contradicción hablar del principio de autonomía política de las comunidades autónomas y de reforzar su capacidad de decisión. Lo es porque, cuando llegan las consecuencias financieras de esas decisiones, la autonomía desaparece, la deuda deja de
ser autonómica y la responsabilidad vuelve a ser del Estado. (Aplausos).


Cuarta, una enmienda a la totalidad al fondo. El Gobierno sostiene que esta medida permitirá reforzar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas. Por tanto, para este Gobierno reducir artificialmente el saldo contable de una
Administración es sostenibilidad. Por lo tanto, para este Gobierno mover la deuda de una Administración a otra es sostenibilidad. Señor ministro, reforzar la sostenibilidad exige reformas y en este proyecto de ley no hay ni una sola reforma. No
encontramos ni una sola obligación de racionalizar el sector público autonómico. No encontramos ninguna exigencia de reducir el número de empresas públicas. No encontramos ninguna obligación de eliminar fundaciones, consorcios, observatorios,
agencias o entes instrumentales. No encontramos ninguna demanda de revisar y reducir subvenciones improductivas. No encontramos ninguna reclamación de reducir gasto político improductivo. Nada, absolutamente nada; ni una sola condición, ni una
sola reclamación, ni una sola obligación. Simplemente se asume la deuda. Lo único que encontramos es una enorme transferencia de responsabilidad desde las comunidades autónomas hacia el Estado.


Señor ministro, sostiene también su Gobierno que esta operación fortalece la seguridad jurídica. Es una broma oír hablar de seguridad jurídica a un Gobierno salpicado por numerosos casos de corrupción. (Aplausos). Señor ministro, lo que
quiere VOX es un Gobierno que no esté salpicado por casos de corrupción. Señor ministro, la seguridad jurídica exige previsibilidad, exige que las reglas permanezcan estables y exige que se conozcan de antemano las consecuencias de las decisiones.
No se puede hablar de seguridad jurídica cuando una de las reglas esenciales del sistema de estabilidad presupuestaria deja de aplicarse precisamente en el momento más relevante.


Quinta, una enmienda a la totalidad a sus consecuencias, porque el Gobierno premia incondicionadamente a quienes más se endeudaron frente a quienes gestionaron mejor; porque, como ya hemos dicho, rompe el principio de responsabilidad
fiscal; porque genera un gran riesgo moral; porque cuando se adopta una decisión sabiendo que otro asumirá las consecuencias, existe el riesgo de un cambio en su comportamiento; porque se crea el precedente de que el Estado incondicionadamente
termina absorbiendo parte de su deuda, y cuando existe ese precedente, la disciplina fiscal deja de ser una guía de actuación de los Gobiernos. Este es el enorme daño institucional y moral que provoca este proyecto de ley. No lo dice solo VOX. Le
recuerdo que el propio Banco de España calificó la condonación incondicionada como un incentivo perverso para la disciplina fiscal. Incentivo perverso. Le recuerdo que la propia AIReF reclamó desde el primer momento que se incluyera una
condicionalidad fiscal por los problemas de riesgo moral que rodean este tipo de operaciones.


Sexta, una enmienda a la totalidad a la desigualdad. Hablamos de una mutualización de la deuda y, por tanto, la misma no desaparece, sino que tan solo se transfiere de un Gobierno a otro. Significa que habrá contribuyentes que asumirán la
factura de la deuda acumulada por un Gobierno autonómico que no es el suyo. Significa que el ahorro que puedan experimentar algunos ciudadanos como contribuyentes en sus comunidades

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autónomas será menor que el coste adicional que asumirán como contribuyentes de la Administración central del Estado.


Señor ministro, tiene una gran oportunidad para ser transparente. Presente en esta Cámara el saldo neto de la condonación/asunción de la deuda por habitante en cada una de las comunidades autónomas. Repito, preséntenos el saldo neto de la
condonación/asunción de la deuda por habitante en cada una de las comunidades autónomas. (Aplausos).


Señor ministro, la igualdad no consiste en repartir las consecuencias de la mala gestión. La igualdad consiste en aplicar las mismas reglas para todos. Señor ministro, este proyecto de ley rompe el principio de quien gasta responde, que es
la base de cualquier sistema fiscal serio. Este proyecto de ley habla de disciplina de mercado mientras precisamente elimina las consecuencias de haber ignorado esa disciplina. Este proyecto de ley demuestra que la igualdad entre españoles queda
subordinada a la negociación política con determinados socios parlamentarios.


Señor ministro, cuando los ciudadanos perciben que el esfuerzo no obtiene recompensa y que la mala gestión acaba siendo absorbida por todos y cuando los ciudadanos aprecian que las decisiones de un Gobierno responden más a equilibrios
parlamentarios que al interés general, la confianza institucional se deteriora, y recuperar esa confianza cuesta mucho más que reducir la deuda.


Señor ministro, lo urgente y justo no es mutualizar la deuda...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor. Han terminado sus doce minutos.


El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: ... es reducirla en su monto global. Y digo monto global.


Voy terminando, señor presidente. Lo urgente y justo es acometer reformas que contribuyan a dar fortaleza y eficiencia al Estado, a reforzar su cohesión como nación y a garantizar la igualdad de derechos y libertades de los españoles. Lo
urgente y justo es recuperar políticas de carácter nacional que fortalezcan el proyecto común de España.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.


El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Termino ya, presidente.


Lo urgente y justo, señor ministro, es que ustedes se vayan.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bravo Baena.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente. (Rumores).


Señor ministro, para empezar, antes de entrar en materia, se ve que le han colado -o no se ha leído- la exposición de motivos porque en la misma... (rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, perdóneme un segundo. (Pausa).


Cuando quiera, señoría.


El señor BRAVO BAENA: Le decía que, posiblemente, no se haya leído la exposición de motivos, porque en la misma, aunque usted haya criticado mucho al Partido Popular, reconocen los enormes esfuerzos que se hicieron en el Gobierno del
Partido Popular creando un fondo de liquidez y recursos extraordinarios de liquidez para las facturas que estaban en los cajones; y todo eso ante las dificultades de las comunidades autónomas. A lo mejor, usted no lo ha leído, pero eso lo pone.

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Le tengo que reconocer una cosa: a usted le ha tocado defender esto porque no le ha quedado otra opción, ya que usted ha llegado hace poco y se ha encontrado con esta ley; una ley que se escribió en noviembre de 2023, en una habitación
donde usted no estaba y para resolver un problema que, en ese momento, no era el suyo. El problema era la investidura del que no viene, del señor Sánchez. (Rumores). El precio: 15 000 millones de euros que exigía Esquerra Republicana de
Catalunya. Mire, yo le hago una pregunta. Aquí tiene mi renta, que me salió a pagar. (Muestra un documento). Si yo voy con la renta a la Agencia Tributaria y le digo a la Agencia Tributaria que yo voto a Sánchez, ¿me la van a condonar? No,
¿verdad? (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien!).


Sigamos. Usted, cuatro meses después, llega aquí para tener que defender eso ¿no? Vamos a analizarlo. El sistema de financiación... ¡Es que esto no es complementario! ¡Es que el sistema de financiación es previo! Mire, usted ha sido
consejero, como yo, usted en Valencia y yo en Andalucía, y sé que cuando uno es consejero de Hacienda en una comunidad infrafinanciada, hay solo una cosa que nos quita el sueño, ¿verdad, ministro? Y no es la deuda; es el dinero que no llega, que
llega tarde, que llega mal o que llega menos. Mire, si usted me tuviese que hacer a mí un préstamo de un millón de euros y a Cristiano Ronaldo un millón de euros, la deuda sería igual, pero tendría menos problemas en prestárselos a Cristiano
Ronaldo porque tiene más ingresos. Eso es el sistema de financiación. Además, lo dijo usted hace cuatro años, (muestra otro documento): La reforma del sistema de financiación es urgente y necesaria para poner fin a la discriminación que sufren
las autonomías peor financiadas. ¡Si tenía usted toda la razón! ¿Por qué no lo hace? (Aplausos).


Sigamos. Los problemas de su sistema de financiación, ministro, son dos. En primer lugar, es que, el ministerio que ahora usted dirige tampoco ha planteado una reforma del sistema basada en criterios técnicos o en las necesidades de los
españoles, sino en las necesidades de Sánchez. En segundo lugar, es una reforma que usted ha presentado que solo hay una comunidad autónoma que se la compra: Cataluña. Tiene en contra hasta sus comunidades autónomas: Asturias y CastillaLa
Mancha. Y hoy nos trae otra ley; una ley que no es una política de sostenibilidad financiera; es un pago; un pago para salvar a Sánchez.


Vayamos al tercer punto. Dice: Se perdona. No, no se perdona nada. Y no lo digo yo. (Muestra otro documento). Lo dice usted, su ministerio, en la página 13 de la presentación del proyecto de su propio ministerio, donde se reconoce que
la deuda global del Reino de España seguirá siendo la misma. ¡Igual! Ah, lo dicen ustedes. Pero no solamente ustedes, también el Banco de España. Y el Banco de España certifica que la deuda de los españoles es de 1,74 billones de euros. Si
aprueban esta ley, la deuda de los españoles será de 1,74 billones de euros, ni un euro menos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el titular del recibo. Ha pasado de que lo paguemos como valencianos, como andaluces, como
madrileños, como catalanes, a que lo paguemos como españoles. Pero es exactamente lo mismo. ¡Exactamente! (Aplausos). El problema es que no condona nada y perjudica al cumplidor.


Pero, ustedes han puesto un ejemplo -que usted ha repetido aquí- perverso. Ha dicho: oiga, renuncian a que se le condone la hipoteca. Si a cualquiera de ustedes que pagan 1000 euros de hipoteca, el banco les llama y les dice: te condono
el 50 %, significa que, en vez de pagar 1000 euros, pagará 500. Pero esto no pasa con esta norma. Le voy a poner otro ejemplo, a ver si le sirve. Imagínese que es mi caso, con mi mujer, y tenemos una deuda que pagamos 1000 euros de hipoteca: 50
% ella y 50 % yo. Y usted dice: Juan, lo voy a arreglar; le quito a tu mujer el 50 % y te paso a ti el 100 %. Y yo digo: ¡pues si la familia pagábamos 1000, seguimos pagando 1000! ¿Dónde está la diferencia, ministro? ¿Dónde está la diferencia?
(Aplausos).


Fíjese, señor ministro, no es que lo digamos nosotros; es que lo dicen ustedes. Les pediría a sus señorías que cojan la ley y busquen cuántas veces aparece la palabra condonación. ¿Sabe cuántas veces aparece? Cero. Porque los técnicos
saben que no es una condonación y no se atreverían a escribirlo. ¿Sabe cómo lo llaman? Absorción o asunción. Pero eso no es condonar. Es muy diferente, ministro. (Aplausos).

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Otro argumento, decía: Esto no va a permitir ni un gasto social más ni en sanidad ni en educación ni en políticas sociales. Ustedes han recorrido España diciendo: El PP renuncia a gastar más en sanidad, educación y servicios sociales.
¿Usted se atreve a decir eso, ministro? ¿De verdad? Usted no lo dice, ¿verdad? Mire, la AIReF (muestra otro documento) -la AIReF, no nosotros- dice que no genera un mayor gasto en otras políticas públicas; la AIREF. Y usted me dirá: ya, pero
es que yo a la AIReF ya no la creo, porque no me parece... Bueno, vale, usted, a la AIReF, no, a su ministerio. En la página 7 de su informe (muestra otro documento) dice que no se puede incrementar el gasto por la ley de estabilidad. Lo dice
usted. No hay un debate entre el Gobierno y la oposición. Hay un debate entre la verdad y su mentira. Y eso es en lo que estamos. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).


En quinto lugar, ministro. Usted ha dicho ¿qué es eso de que es moralmente negativo? ¡Que no es que lo diga el Partido Popular otra vez! ¡Que se lo ha dicho la AIReF! (Muestra otro documento). Ha dicho que esto debería llevar aparejada
una condicionalidad fiscal, y lo justificó por problemas de riesgo moral que rodean este tipo de medidas. Lo ha dicho la AIReF; y advirtió que no tiene sentido condonar deuda si no se garantiza que no se seguirá acumulando por encima de lo que
permiten las reglas fiscales. Pero también lo dijo el gobernador del Banco de España aquí ¿eh? (Muestra otro documento). Dijo en sede parlamentaria que es un incentivo perverso para la disciplina fiscal. Dos organismos independientes, la misma
advertencia, y a ustedes les importa bien poco.


Y decía: ¿cómo es que habéis hecho una enmienda de devolución y no un texto alternativo? ¡Ministro, que no creemos en la condonación! (Aplausos). Que creemos en lo que los expertos aprobaron -míreme, señor ministro-, el comité de expertos
del año 2017. (Muestra otro documento). Aquí, casi todas las comunidades autónomas dijeron no a la condonación, sí a la reestructuración de deuda, ministro. ¿Por qué no se acoge a un documento con el que estaban todos de acuerdo? Estaban sus
comunidades autónomas ¿eh?


Pero, es que, además, no es que no se condone nada. No se permiten más recursos que impliquen riesgo moral. No, no solamente eso. Es que el diseño es desastroso. ¿Cuáles son los criterios técnicos, si son arbitrarios? El artículo 6
dice: en el tramo 2 garantiza más quita a quien más se endeudó. Sin más análisis de si es mala gestión, si están infrafinanciados... Da igual, usted, al peor, más. No me parece lo más adecuado, ¿no? Pero, es más, en el tramo 3 premia a las
comunidades que subieron el IRPF. Cuando quiere sí que impone, ¿no? O sea, si suben los impuestos a los españoles, sí. Quien castiga más a los españoles, más premio. Y a quien ayuda a los españoles en la inflación, usted los castiga.


Pero, vayamos al resultado de esta norma, si les parece. ¿Qué dice Fedea? (Muestra otro documento). Oiga, pues Fedea le dice, a eso que usted ve tan bueno, que la diferencia entre la que más y la que menos -2285 euros por habitante
ajustado y 1368 euros- es de casi 1000 euros, un 67 %. ¿Esto es justo, ministro? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien no haber incluido en ese diseño a Ceuta o a Melilla? ¿Eso es hacer algo justo para todos?


Me ha hablado de voluntariedad, ministro. Y ustedes dicen que es una propuesta de condonación voluntaria. ¿Cómo que voluntaria? ¿Pero no dice que esto es tan bueno para todos, para la sostenibilidad de las comunidades autónomas? ¡Oiga,
hágala obligatoria! Si es tan bueno para todos, ¿por qué no lo hace? ¿O es que va buscando otra cosa? ¿O es que busca a ver si alguien se enfada? (Aplausos). Eso está feo, ministro. Eso está feo.


Pero, mire, le voy a dar otro argumento, a ver si lo conoce. ¿Sabe quién es Diego Martínez López? Trabajó con usted ¿verdad?, siempre con Gobiernos socialistas; una persona con conocimientos técnicos. ¿Sabe lo que ha dicho de esto, de
su condonación? Es de los suyos ¿eh? Ha dicho: Los motivos de esta norma son débiles e incoherentes. Es un parche de indudable motivación política. Su gente. No lo dice solamente el Partido Popular.


Sigamos. ¿Cuáles son los motivos reales para esta condonación, lo que usted llama condonación? Oiga, ¿usted se ha leído su programa electoral de julio de 2023, el del

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Partido Socialista? (Muestra otro documento). Búsqueme aquí la palabra condonación. Lo que sí veo es que dice que, en el plazo máximo de un año, un nuevo sistema de financiación. No hay sistema de financiación, pero sí condonación;
sospechoso. En noviembre ya era imprescindible. Ministro, en cuatro meses no hubo un gran cambio en la economía española, no bajó la inflación considerablemente, no subió la recaudación de una manera exagerada, el PIB apenas se había recuperado...
¡Aaah!, lo único que ocurrió fue una investidura y, después de esta investidura, el señor Junqueras -aquí está (muestra un documento)- les exigió esa condonación. Por eso ustedes hacen la condonación, no porque estén comprometidos. (Aplausos).


Señor ministro, le hago una propuesta: si con todos estos datos -no del PP, no de gente rara ni sospechosa; algunos suyos- no le he conseguido convencer, le voy a decir que hagamos una cosa: retire la ley y trabajemos juntos. Le voy a
dar tres argumentos en los que usted y yo estamos de acuerdo. Usted es de bajar impuestos, ¿verdad? ¿Sí o no? No me contesta. Vale. Real Decreto Ley 14/2022. (Muestra un documento). Usted siendo consejero deflactó la tarifa del IRPF.
¡Cuidado! Deflactó la tarifa. (Aplausos). Pero, ojo, ¿se acuerdan cuando nosotros la proponíamos para los que ganaban hasta 40 000 euros? ¡La deflactó hasta 60 000 euros, con los famosos ricos! En segundo lugar, ¿usted se acuerda de sus
declaraciones en el Parlamento? Usted no es de gastar más, es de gastar mejor. (Muestra un documento). Estamos de acuerdo: aquí no hay que gastar más, hay que gastar mejor. Y luego, ministro, usted era de reformar el sistema de financiación,
¿correcto, no? Estamos de acuerdo. Tenemos tres cosas en común: bajar impuestos, controlar el gasto superfluo y un nuevo sistema de financiación. Y dice: No conocemos la propuesta del PP. Pues siento que no se lo haya comunicado María Jesús
Montero; nosotros se la enviamos en septiembre del 2024. (Muestra un documento). Es cierto, ministro, que nadie nos contestó. Le voy a decir lo que contenía, a ver si a usted le parece que está bien o discrepa conmigo. Ministro, ¿le parece bien
que el sistema de financiación se acuerde de manera multilateral, no bilateral? Sí, ¿verdad? ¿Le parece bien que se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Sí, ¿verdad? ¿Le parece que sea solidario el sistema? Sí. ¿Le parece que
sean suficientes los recursos? Sí. ¿Le parece que haya más recursos para todos? Sí. ¿Con reestructuración de deuda -olvídese de ellos-, reestructuración, porque a mí no me condonarán la renta cuando vaya? También, ¿verdad? Y con un fondo
transitorio, y a lo mejor usted con el fondo transitorio duda hasta de que se apruebe el sistema, pero entonces yo me voy a una pregunta (muestra un documento) que usted contestó el 28 de junio del 2022 y usted aquí pedía un fondo transitorio. No
estamos tan lejos, si quiere trabajar y si quiere acordar. Al final de todo esto, ministro: ni condonan ni ayudan ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente, y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos
los españoles. Cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.


Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.


La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.


Bé, des d'ací volia anunciar que Compromís anem a votar en contra d'estes esmenes de devolució d'esta llei, perquè necessitem poder debatrela, esmenarla i aprovarla. Perquè esta llei, i el senyor Bravo estarà d'acord amb mi, que és que els
valencians i les valencianes, senyor Bravo, sí que volem una condonació, perquè és que resulta que tenim un deute il·legítim de més de 47 000 milions d'euros que no hem generat les valencianes i els valencians. I esta llei és una bona oportunitat
perquè l'Estat i el govern central faça justícia amb nosaltres. I en això vosté i tot el Partit Popular hauria d'estar d'acord amb mi i amb les valencianes i els valencians. I si no aprofiten aquesta oportunitat en companyia

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nostra per a aprofitar aquesta llei i acabar amb ixe deute il·legítim per infrafinançament, estaran cometent un greu error i aniran en contra de tot el que sempre han dit i han fet en el País Valencià. I nosaltres, efectivament, sí que
volem que s'aprove aquesta llei i volem esmenarla, perquè aquesta llei es pot millorar. La problemàtica del sistema de finançament és una problemàtica que necessitem que se solucione i el deute il·legítim i injust del poble valencià és una cosa que
hem de tenir en compte. I per si no teníem prou, no només tenim una situació d'infrafinançament, sinó que, a més a més, els valencians i les valencianes hem patit la pitjor catàstrofe ambiental de tota Europa amb la DANA de València. I este fet
encara agreuja, més encara, la nostra situació financera com a territori maltractat històricament.


Per això, ministre España, senyories del Partit Socialista, crec que és un acte de justícia per a les valencianes i valencians que aprofitem la tramitació d'aquesta llei per acabar amb eixe maltracte històric i sistèmic...


Gracias, presidente.


Voy a anunciarles que Compromís va a votar en contra de estas enmiendas de devolución de esta ley, porque necesitamos poder debatirla, enmendarla y aprobarla; porque -y el señor Bravo estará de acuerdo conmigo- es que los valencianos y las
valencianas, señor Bravo, sí queremos una condonación, porque resulta que tenemos una deuda ilegítima de más de 47 000 millones de euros que no hemos generado las valencianas y los valencianos. Y esta ley es una buena oportunidad para que el Estado
y el Gobierno central hagan justicia con nosotros. En eso usted y todo el Partido Popular deberían estar de acuerdo conmigo y con las valencianas y valencianos. Si no aprovechan esta oportunidad, junto a nosotros, para hacer uso de esta ley y
acabar con esa deuda por infrafinanciación, estarán cometiendo un gran error y van a ir en contra de lo que siempre han dicho y han hecho en el país valenciano. Nosotros, efectivamente, sí que queremos que se apruebe esta ley y queremos enmendarla,
porque esta ley se puede mejorar. La problemática del sistema de financiación es una problemática que necesitamos que se solucione y la deuda ilegítima e injusta del pueblo valenciano es algo que debemos tener en cuenta. Por si no teníamos
bastante, no solo tenemos una situación de infrafinanciación, sino que es que además los valencianos y valencianas hemos sufrido la peor catástrofe ambiental de toda Europa con la dana de Valencia, y esto agrava aún más nuestra situación financiera
como territorio maltratado históricamente.


Por eso, ministro España, señorías del Grupo Socialista, creemos que es un acto de justicia para los valencianos y las valencianas que aprovechemos la tramitación de esta ley para acabar con ese maltrato histórico y sistémico...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


La señora MICÓ MICÓ: Acabe ja, senyor president.


... cap al nostre poble i cap al poble valencià i espere, i estic convençuda, que podrem ferho de la mà.


Gràcies.


Acabo ya, señor presidente.


... hacia nuestro pueblo, el pueblo valenciano, y espero y estoy convencida de que podremos hacerlo de la mano.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra la señora Valido García.


La señora VALIDO GARCÍA: Señor ministro, usted sabe lo que opina Coalición Canaria. Sabe que no está de acuerdo con este planteamiento, con esta ley que se pretende, y no está de acuerdo porque piense que sea malo -todo lo contrario-
aliviar la deuda a las comunidades autónomas; no está de acuerdo porque cree que la fórmula es injusta. No está de acuerdo porque, como usted ha dicho, Canarias es la menos endeudada

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-le agradezco que haya citado aquí todos los datos de gestión de las comunidades autónomas- y porque creemos que cumplir las reglas no debe perjudicar la responsabilidad fiscal, no debe empeorar la situación de nadie. Para cumplir las
reglas, Canarias ha sacrificado la mejora de servicios públicos; Canarias ha sacrificado más ayudas a la ciudadanía, porque había unas reglas que había que cumplir, ¿y ahora resulta que nos beneficiamos menos que quienes no las cumplen? Nosotros
no estamos de acuerdo con la fórmula. Podemos hablar de aliviar la deuda, pero no de esta manera. Ningún territorio, señor ministro, puede verse perjudicado por cumplir y ser responsable. Le voy a enseñar el cuadro publicado con datos de la IGAE.
(Muestra un gráfico). Canarias, en inversión por habitante -en el último cuadrito de abajo; es muy chiquitito, ya lo sé, pero usted lo conoce, lo tiene que conocer-, es la que tiene menor inversión: 101 euros. Si esto no se corrige, si la
inversión por habitante en Canarias no se corrige, si no separan el REF de nuestra financiación, si no se respeta nuestra singularidad, nosotros no apoyaremos esa ley. Pero hoy tampoco apoyaremos unas enmiendas que atacan el Estado autonómico, que
atacan el autogobierno. No las apoyaremos porque no presentan ninguna alternativa y nosotros queremos encontrar una solución. Trabajaremos para eso en el trámite, pero ya le adelanto que, si lo que le he dicho no avanza, si no se acaba con esa
discriminación de inversión por habitante, nosotros no apoyaremos esta propuesta.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Boa tarde.


Esta lei da popularmente quita da débeda tenta aliviar, non resolver, porque non o fará, aliviar un problema insostíbel de débeda xerado, é certo, en boa medida pola resposta á crise 2008, polas decisións que se foron adoptando, moitas
desacertadas e moitas responsabilidades de goberno do Partido Popular, pero tamén, polo menos no caso de Galiza, dun resultado dun infrafinanciamento crónico, dun sistema de financiamento que é profundamente inxusto co noso país e aínda, -por que
non dicilo?- da mala xestión do Partido Popular, do goberno do PP, e digo conscientemente do PP, porque non lle podemos chamar goberno da Galiza na medida en que non pensa nin responde aos intereses do noso país.


Reparemos, o BNG negocia incluír no acordo de investidura a especificidade galega para a quita da débeda e é que non sexa só débeda coa FLA, tamén poida incorporarse con entidades privadas e o PP di que non lle interesa a pesar de que esa
quita da débeda no caso de Galicia é exactamente 33 %, 4010 millóns de euros de 12 000 millóns e a pesar efectivamente de que a débeda no caso de Galiza é practicamente o 80 % con entidades privadas. Podemos ter un drama en tres actos. O PP xera
unha débeda expectacular, faino coa banca privada, a pesar de ser máis gravosa, agora votan en contra desa quita da débeda ao noso país e aínda un cuarto acto que é que o presidente da Xunta, o señor Rueda, se nega a negociar bilateralmente co
Estado un sistema de financiamento xusto para o noso país.


E finalizo. Todo isto leva un comportamento deleznable do Partido Popular con Galiza. Vergoña debería darlle ao deputado do Partido Popular que hoxe por segunda vez van votar en contra dos intereses de Galiza na AP9 e na quita da débeda
non teñen vergoña, actúan como verdadeiros sipaios, non sabemos se ás ordes de Génova 13 ou da Real Casa de Correos, en todo caso de Madrid.


Gracias, señor presidente.


Buenas tardes.


Esta ley de la quita de deuda trata de aliviar -no resolver, porque no lo resolverá- un problema insostenible de deuda generado -es cierto- en buena medida por la respuesta a la crisis del 2008, por las decisiones que se adoptaron, muchas
desacertadas, muchas por parte del PP. Pero en el caso de Galicia es resultado de una infrafinanciación crónica, de un sistema de financiación que es profundamente injusto con nuestro país y también,

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por qué no decirlo, por la mala gestión del PP. Digo del PP conscientemente, porque no le podemos llamar Gobierno de Galicia, en la medida en que no piensa ni responde a los intereses de nuestro país. El BNG negocia incluir en el acuerdo
de investidura la especificidad gallega para la quita de deuda y que no sea solo deuda, sino que pueda incorporarse deuda privada, y el PP dice que no le interesa, aunque en el caso de Galicia es del 33 % -4010 millones de euros, de 12 000 millones-
y a pesar, efectivamente, de que la deuda en el caso de Galicia es de prácticamente el 80 % con entidades privadas. Podemos tener un drama en cuatro actos. El PP genera una deuda espectacular; lo hace con la banca privada, a pesar de ser más
gravosa; ahora votan en contra de esa quita de deuda a nuestro país; y el presidente de la Xunta, el señor Rueda, se niega a negociar bilateralmente con el Estado un sistema de financiación justo para nuestro país.


Termino. Todo esto lleva a un comportamiento deleznable del PP con Galicia. Les debería dar vergüenza a los diputados del Grupo Popular, que hoy por segunda vez van a votar en contra de los intereses de Galicia: en la AP9 y en la quita de
deuda. No tienen vergüenza, actúan como verdaderas sanguijuelas no sabemos si al servicio de Génova 13 o de la Real Casa de Correos...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Acabe, por favor.


El señor REGO CANDAMIL:... e claramente en contra da Galiza.


... pero claramente en contra de Galicia.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra la señora Santana Perera.


La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, parece que hay quien nos quiere hacer creer que condonar parte de la deuda a las comunidades autónomas es una cuestión de generosidad, pero nada más lejos de la realidad. Yo creo que esto es una constatación de que las
políticas austericidas que se pusieron en marcha en su momento han resultado absolutamente fracasadas cuando se priorizaba el rescate a la banca o el rescate a autopistas de peaje frente a garantizar los derechos de nuestra ciudadanía. Esta deuda
no la generaron los servidores públicos: ni las enfermeras, ni las profesoras, ni las trabajadoras sociales. La deuda nació porque hubo Gobiernos que, como le decía, prefirieron dar dinero a los más poderosos de este país en lugar de blindar los
derechos de nuestra gente. Así que esperamos que no se utilice esta ley para seguir el mismo modelo que se siguió en aquel momento; es decir, liberar estos recursos para regalar el dinero a través de políticas fiscales muy generosas con los
millonarios en lugar de reforzar los servicios públicos y que no se siga deteriorando nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y nuestros servicios sociales. Ya sabemos qué va a hacer el Partido Popular: seguir enfrentando a las
comunidades autónomas y ocultar cuál es su verdadero proyecto, que no es otro que el de la señora Ayuso: regalos fiscales para una minoría, negocio con los servicios públicos y ninguna explicación convincente todavía sobre el caso que afecta a su
pareja mientras nos quieren dar lecciones al resto.


Podemos vamos a seguir defendiendo que otra forma de hacer política es posible, que el dinero público debe servir para garantizar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, unos salarios dignos y también hacer un nuevo modelo
fiscal en este país que apueste por que paguen quienes más tienen; para que contribuyan, por ejemplo, las energéticas, los fondos de inversión y la banca como les debería corresponder.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


La señora SANTANA PERERA: La sostenibilidad financiera no solo se mide a través del déficit que tiene o no tiene un país o una comunidad autónoma, se mide en si un joven se puede emancipar en nuestro país, en si una familia se puede ir de
vacaciones o en cómo se cuida a nuestros mayores o a nuestras dependientes.


Gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.


El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.


Senyor ministre, estem davant d'una proposta de dues esmenes a la totalitat amb l'únic propòsit d'impulsar l'acció recentralitzadora de l'Estat, fruit sobretot de la visió anticatalana dels promotors d'aquestes dues esmenes. El FLA és un
artefacte que, tal com va ser dissenyat, no hauria hagut d'existir mai. El FLA és un invent del Govern del Partit Popular del seu moment per sotmetre a la voluntat política de les comunitats autònomes i en especial la de la Generalitat de
Catalunya. El FLA és una mostra més de com els governs espanyols, mani qui mani, sigui el color polític que el governi, aprofiten qualsevol ocasió per escanyar els catalans. En aquest cas per ofegar el Govern de la Generalitat amb una mà mentre
l'obligaven amb l'altra a pidolar les ajudes dels recursos del FLA. I això és així perquè, a la pràctica, el FLA no corregia la manca estructural de recursos de les comunitats autònomes ni aportava transferències a fons Perdut. El FLA convertia
les necessitats de diners en un moment de crisi econòmica i financera global, amb l'oportunitat d'imposar la tutela del Ministeri d'Hisenda. Més interessos i condicions fiscals extremes, plans d›ajust, controls addicionals, etcètera. Catalunya va
ser qui més va haver d›acollirse a aquest mecanisme, necessitant més de 70 000 milions d›euros. I arribats aquí, la pregunta del milió és: per què va ser així? Com pot ser que a Catalunya, representant un 20 % del producte interior brut de
l'Estat espanyol, fos la que més necessités la col·laboració del mecanisme del FLA? I, a la pregunta per què va ser així, la resposta és evident, perquè l'espoli fiscal continuat i la persecució constant dels pressupostos de l'Estat ens asfixia
econòmicament, fins al punt de no tenir capacitat de resposta davant d'una crisi econòmica, d'haver de tenir tots els recursos compromesos per poder garantir la mínima qualitat dels serveis en el dia a dia. Perquè resulta que sent dels que més
paguem en forma d'impostos a l'Estat espanyol, després som els que ens trobem a la cua a l'hora de rebre recursos i, en conseqüència, per tant, amb menys capacitat per atendre les necessitats dels nostres ciutadans en el dia a dia. I, òbviament,
encara més en els moments d'emergència. I on és la perversió d'aquesta situació? On era la perversió del FLA? Doncs que l'Estat agafava els diners que pagàvem els catalans en forma d'impostos, ens els deixava de nou a nosaltres en forma de
finançament excepcional i després ens els feia tornar amb interessos que també pagàvem els catalans. Milers de milions d'euros en forma d'interessos que vam haver de pagar pels nostres propis diners. Més pervers, impossible.


Per tant, eliminar el Fons de Liquiditat Autonòmica és un pas necessari, i per això Junts per Catalunya facilitarem la tramitació d'aquest projecte de llei. Però atenció, en la tramitació caldrà posar solució a moltes de les mancances de la
proposta actual. Per exemple, si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i
proposem des de Junts per Catalunya? O, encara vaig més enllà, per què proposen que es rebaixi només un 19 % el deute de Catalunya i, en canvi, que es rebaixi un 50 % el deute d'Andalusia? Cal que siguin vostès, diputats catalans, diputats
d'Esquerra i del PSC, qui impulsi un nou greuge contra Catalunya? Des de Junts pensem que aquest mecanisme s'ha de cancel·lar en la seva totalitat. No només una part com es proposa ara, no, s'ha de condemnar tot el deute. I òbviament, pensem que
no es pot menystenir de nou els catalans i perjudicarlos reduint el deute menys de la meitat que el que es reduirà Andalusia. I vostès, si no, si això es porta a terme així, ho hauran d'explicar.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Estamos ante una propuesta de dos enmiendas a la totalidad con el único propósito de impulsar la acción recentralizadora del Estado fruto, sobre todo, de la visión anticatalana de los promotores de estas dos enmiendas. El FLA es un
artefacto que, tal como fue

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diseñado, no hubiera tenido que existir nunca. El FLA es un invento del Gobierno del Partido Popular en su momento para someter la voluntad política de las comunidades autónomas y especialmente la de la Generalitat de Catalunya. El FLA es
una muestra más de cómo los Gobiernos españoles -mande quien mande, sea el color político que sea el que gobierne- aprovechan cualquier ocasión para ahogar a los catalanes. En este caso, para ahogar al Gobierno de la Generalitat con una mano,
mientras que con la otra le obligaban a mendigar las ayudas de los recursos del FLA. Eso es así porque, en la práctica, el FLA no corregía la falta estructural de recursos de las comunidades autónomas ni aportaba transferencias a fondo perdido. El
FLA convertía las necesidades de dinero en un momento de crisis económica y financiera global en la oportunidad de imponer la tutela del Ministerio de Hacienda: más intereses, condiciones fiscales extremas, planes de ajuste, controles adicionales,
etcétera. Cataluña fue quien más tuvo que acogerse a este mecanismo, necesitando más de 70 000 millones de euros. Llegados aquí, la pregunta del millón es ¿por qué fue así? ¿Cómo puede ser que Cataluña, representando un 20 % del producto interior
bruto del Estado español, fuera la que más necesitara la colaboración del mecanismo del FLA? A la pregunta de ¿por qué fue así? la respuesta es evidente: porque el expolio fiscal continuado y la infraejecución constante de los presupuestos del
Estado nos asfixia económicamente hasta el punto de no tener capacidad de respuesta ante una crisis económica, de tener todos los recursos comprometidos para poder garantizar la mínima calidad de los servicios en el día a día. Resulta que, siendo
de los que más pagan en forma de impuestos al Estado español, después somos los que nos encontramos en la cola a la hora de recibir recursos; por lo tanto, con menos capacidad para atender las necesidades de nuestros ciudadanos en el día a día; y,
obviamente, aún más en los momentos de emergencia. ¿Dónde está la perversión de esta situación? ¿Dónde estaba la perversión del FLA? Bueno, en que el Estado cogía el dinero que pagábamos los catalanes en forma de impuestos, nos los dejaba de
nuevo en forma de financiación excepcional y, después, nos los hacía devolver con intereses que también pagábamos los catalanes. Miles de millones de euros en forma de intereses que tuvimos que pagar por nuestro propio dinero. Más perverso,
imposible.


Por lo tanto, eliminar el Fondo de Liquidez Autonómico es un paso necesario. Por eso, Junts per Catalunya facilitaremos la tramitación de este proyecto de ley, pero ¡atención!: en la tramitación habrá que poner solución a muchos de los
déficits de la propuesta actual. Por ejemplo, si el FLA ha sido una manera más de ahogar a Cataluña, ¿por qué Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC no proponen cancelar la totalidad de la deuda del FLA tal como se aprobó en el Parlamento de
Cataluña y proponemos Junts per Catalunya? Voy más allá aún ¿Por qué proponen que se rebaje solo un 19 % la deuda de Cataluña y, en cambio, que se rebaje un 50 % la deuda de Andalucía? ¿Tienen que ser ustedes, diputados catalanes de Esquerra y del
PSC, los que impulsen un nuevo agravio contra Cataluña? Junts pensamos que este mecanismo tiene que cancelarse en su totalidad. No solo una parte como se propone ahora, no. Se tiene que condonar toda la deuda. Obviamente, pensamos que no se
puede menospreciar de nuevo a los catalanes y perjudicarles reduciendo la deuda menos de la mitad de lo que se va a reducir a Andalucía. Si eso se lleva a cabo, ustedes tendrán que explicarlo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.


La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda.


Gràcies, president.


Ministres, deixi'm que comenci, d'una manera molt clara, avui no discutim, no som aquí per discutir només de deute. De fet, avui discutim quin model de país, en realitat defensem. Perquè, atenció, darrere de cada milió d'euros destinat a
pagar interessos del FLA -no ens equivoquem-, hi ha un milió d'euros que no arriba a la sanitat, hi ha un milió d'euros que no arriba a l'educació, que no arriba a la dependència, a l'habitatge o al transport públic. I aquesta és realment la
qüestió. I avui el Partit Popular i VOX ens demanen una

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cosa molt senzilla 'parado todo el mundo': immobilisme. Que tot continuï igual que les comunitats autònomes, que els territoris continuïn endeutats, que continuïn pagant interessos, que continuïn sent atenció també més dependents de
l'Estat. I això, senyories, té un nom, se'n diu bloqueig.


Però, de fet, encara és pitjor, perquè el Partit Popular no només defensa el bloqueig, sinó que defensa el problema que ell mateix va crear. Ja té nassos la cosa. El Fons de Liquiditat Autonòmica no va néixer perquè les comunitats
autonòmiques fossin unes irresponsables. Va néixer perquè l'Estat les infrafinançava i ho feia de manera sistemàtica. Per això va nàixer el FLA. I quan el Partit Popular va arribar al Govern, en lloc d'arreglar un sistema que, sí, és injust, va
decidir convertir el FLA en una eina de control polític, va fer del deute una corretja curta per estacarnos curt i fort. Van convertir la necessitat financera que hi era en dependència política. I ara que es planteja reparar una part d'aquell
prejudici, va i fan una esmena a la totalitat. És com si els responsables d'encendre un foc, els responsables de provocar un incendi, avui votessin en contra dels bombers perquè apagarlo, doncs, realment els espatlla el discurs. Vaja, que és
perquè et petin absolutament totes les neurones que et poden quedar en aquesta Cambra a l'hora que avui és, després de 9 hores de ple. Aquesta és la realitat.


Però, atenció, perquè després arriben els de VOX. I miri, almenys aquí no hi ha engany, perquè aquests de VOX no volen un millor finançament. De fet, no volen que els territoris estiguin musculats, no volen territoris forts. El que volen
és eliminar les comunitats autonòmiques. El que volen és escanyarles, aniquilarles, ferles desaparèixer, desintegrarles. Per tant, és perfectament coherent -deixim'ho dir així- que votin contra qualsevol mesura que reforci les institucions que
vostès, en definitiva, volen fer desaparèixer. El que costa més d'entendre, però, és que el Partit Popular acabi votant exactament el mateix que aquells que volen liquidar l'estat autonòmic que ells diuen defensar tant. En fi, complicat tot
plegat.


Però avui deixi'm que, amb el temps que em queda, també defensi una altra gran mentida, de moltes de les que he escoltat avui aquí, moltes -obviaré les del senyor Cruset-, la de qui diu que aquesta condonació és un privilegi per als catalans
i catalanes. Això és fals, això és rotundament fals. De fet, sí, és veritat, Catalunya hi guanya, només faltaria. Nosaltres treballem per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, perquè a Catalunya, els catalans i catalanes tinguin totes les
eines. De fet, fixinse si treballem que el que volem és alliberarla. Això és el que volem. Sí, és veritat. I és normal que hi guanyi Catalunya, perquè justament Catalunya és un dels territoris més castigats per aquest infrafinançament provocat
per l'Estat. Però aquesta condonació també beneficia al País Valencià, aquesta condonació beneficia Múrcia, beneficia Andalusia, Castellala Manxa, Extremadura... De fet, beneficia tots els territoris que s'han hagut d'endeutar per poder pagar
metges per poder pagar mestres per poder pagar serveis socials o dependència. Bàsicament perquè l'Estat no les finançava com calia. I això, senyories, no és un privilegi, és una reparació d'una injustícia que afecta milions de ciutadans d'arreu de
l'Estat. Per això la pregunta és molt senzilla: què coi estan votant vostès avui aquí? Perquè avui no voten contra Esquerra Republicana, eh? No s'equivoquin. Avui voten contra els interessos de milions de ciutadans d'arreu de l'Estat. Avui
voten en contra que moltes comunitats, que molts territoris, alguns, la majoria de fet, governats pel Partit Popular i per VOX, disposin de menys recursos per reforçar la sanitat, per reforçar l'educació i els serveis públics. I això costa
d'explicar. Bé, o potser sí que s'explica quan han de triar entre defensar els ciutadans -ho deia el ministre- o atacar qualsevol acord que no hagin protagonitzat. Vostès, doncs massa sovint, escullen el partit abans que el seu país. És que això
és tan ridícul com aquell que compra un número de loteria... Imaginin si un de vostès compra un número de loteria, i resulta que el seu veí del balcó del costat, que és un indepe d'aquells que penja tot el dia l'estelada, que és súper del Barça, no
va gaire a missa i a sobre és pro seleccions catalanes, compra el mateix número, va i toca. I vostès agafen el número i el llencen. Però que ens hem xalat? Però que ens hem xalat? Miri, no. Nosaltres no, des d'Esquerra Republicana no
renunciarem a cap objectiu nacional. No ho farem. Continuarem denunciant el dèficit fiscal que pateix aquest país, el nostre. Continuarem exigint un nou

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sistema de finançament. De fet, continuarem defensant que l'única garantia plena dels recursos dels catalans és disposar, com deia abans, de totes, absolutament de totes, les eines d'un estat independent. Però també tenim molt clara una
cosa. Ser independentista, senyories, no és esperar assegut que arribi el dia perfecte, és aprofitar cada oportunitat per fer Catalunya més forta. Per això aquesta condonació és important. No és cap regal, no és cap privilegi, no és cap favor
quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai. Això té un altre nom, diguemne reparació. Aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra Republicana de Catalunya. Més de 17 000 milions d'euros
menys de deute per a Catalunya. I això vol dir menys interessos. Això vol dir més marge pressupostari, més capacitat per invertir en hospitals, escoles, habitatge, pagesia, indústria, transport públic. Això és política útil, no la política del
soroll. No la política del bloqueig. No la política de com pitjor millor. És la política que millora la vida de la gent. Per això votarem en contra aquestes esmenes perquè no solucionen absolutament res. Només ofereixen senyories, confrontació,
bloqueig i més dependència. Nosaltres escollim un altre camí, una Catalunya menys endeutada, una Catalunya menys dependent, una Catalunya més forta.


En definitiva, i acabo president, avui fem un pas endavant per a una Catalunya més musculada i amb més capacitat de decisió. Mentre vostès el que voldrien és avui una Catalunya més resignada, més endeutada i més dependent. Doncs, saben
què?


Muy buenas tardes.


Gracias, presidente.


Ministros, permítanme que empiece de una manera muy clara: hoy no estamos aquí para discutir solo de deuda. De hecho, hoy estamos discutiendo qué modelo de país en realidad estamos defendiendo, porque -atención- detrás de cada millón de
euros destinados a pagar intereses del FLA -no nos equivoquemos- hay un millón de euros que no llega a la sanidad, que no llega a la educación, que no llega a la dependencia, a la vivienda o al transporte público. Esta es realmente la cuestión.
Hoy el Grupo Popular y VOX nos piden algo muy sencillo: parado todo el mundo, inmovilismo, que todo siga igual, que las comunidades autónomas y los territorios sigan endeudados, que sigan pagando intereses, que sigan siendo -atención también- más
dependientes del Estado. Señorías, esto tiene un nombre: bloqueo.


De hecho, es aún peor, porque el Grupo Popular no solo defiende el bloqueo, sino que defiende el problema que él mismo creó; ¡tiene narices la cosa! El Fondo de Liquidez Autonómico no nació porque las comunidades autónomas fueran unas
irresponsables. Nació porque el Estado las infrafinanciaba y lo hacía de forma sistemática. Por eso, nació el FLA. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en lugar de arreglar un sistema que sí es injusto, decidió convertir el FLA en una
herramienta de control político. Hizo de la deuda una correa corta para atarnos, corta y fuerte. Convirtieron la necesidad financiera que existía en una dependencia política y ahora, que se plantea reparar una parte de ese perjuicio, hacen una
enmienda a la totalidad. Es como ser el responsable de encender un fuego, de provocar un incendio y hoy votar en contra de los bomberos porque apagarlo, realmente, les estropea su discurso. Vaya, es para que realmente exploten todas las neuronas
que puedan quedar en esta Cámara a esta hora, después de nueve horas de Pleno. Esa es la realidad.


Pero -atención- después llegan los de VOX. Miren, al menos aquí no hay engaño, porque los de VOX no quieren una mejor financiación. De hecho, no quieren que los territorios estén musculados, no quieren territorios fuertes. Lo que quieren
es eliminar las comunidades autónomas. Lo que quieren es ahogarlas, aniquilarlas, hacerlas desaparecer, desintegrarlas. Por lo tanto, es perfectamente coherente -permítanmelo decir así- que voten en contra de cualquier medida que refuerce las
instituciones que ustedes, en definitiva, quieren hacer desaparecer. Lo que más cuesta entender, sin embargo, es que el Grupo Popular acabe votando exactamente lo mismo que aquellos que quieren liquidar el Estado autonómico que ellos dicen defender
tanto. En fin, es complicado todo esto.

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En el tiempo que me queda, quiero desmontar una gran mentira de las muchas que he escuchado hoy aquí; obviaré las del señor Cruset. Decir que la condonación es un privilegio para los catalanes es falso. Es rotundamente falso. De hecho,
sí, es verdad, Cataluña sale ganando, solo faltaría. Nosotros trabajamos para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, para Cataluña, para que tenga todas las herramientas, y fíjense si trabajamos que queremos liberarla. Eso es lo que queremos, es
verdad. Es normal que salga ganando Cataluña, porque precisamente Cataluña es uno de los territorios más castigados por esa infrafinanciación provocada por el Estado. Pero esta condonación también beneficia al país valenciano, a Murcia, a
Andalucía, a CastillaLa Mancha y a Extremadura. De hecho, beneficia a todos los territorios que se tuvieron que endeudar para poder pagar médicos, maestros, servicios sociales o dependencia, básicamente, porque el Estado no las financiaba.
Señorías, esto no es un privilegio, es la reparación de una injusticia que afecta a millones de ciudadanos de todo el Estado. Por eso la pregunta es muy sencilla: ¿qué carajo están votando ustedes hoy aquí? Hoy no votan contra Esquerra
Republicana, no se equivoquen. Hoy votan contra los intereses de millones de ciudadanos de todo el Estado. Hoy votan en contra de que muchas comunidades y muchos territorios -de hecho, la mayoría gobernados por el Partido Popular y VOX- dispongan
de más recursos para reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos. Eso cuesta explicarlo. Quizás sí que se explica: cuando tienen que escoger entre defender a los ciudadanos -lo decía el ministro- o atacar cualquier acuerdo que no
hayan protagonizado ustedes, demasiado a menudo escogen el partido antes que a su país. Eso es tan ridículo como el caso del que compra un número de lotería. Imagínense: se compra un número de lotería y resulta que el vecino del balcón de al
lado, que es un 'indepe' de los que tiene todo el día la estelada afuera colgada, que es súper del Barça, que no va a misa y que es proselecciones catalanas, compra el mismo número de lotería y toca y ustedes cogen el número y lo tiran. Pero ¿están
locos? Pero ¿estamos todos locos? No, nosotros no. En Esquerra Republicana no vamos a renunciar a ningún objetivo. No lo haremos. Seguiremos denunciando el déficit fiscal que padece nuestro país y exigiremos un nuevo modelo de financiación. De
hecho, seguiremos defendiendo que la única garantía de recursos plena para los catalanes es, como decíamos antes, disponer de todas las herramientas de un Estado independiente. Pero también tenemos muy clara una cosa: señorías, ser independentista
no es esperar sentado a que llegue el día perfecto, es aprovechar cada oportunidad para hacer Cataluña más fuerte. Por eso, esta condonación es importante. No es un regalo, no es un privilegio, no es ningún favor. Cuando te devuelven una parte de
aquello que no hubieras tenido que pagar nunca, tiene otro nombre, llamémosle reparación. Esa reparación no ha caído del cielo, es una conquista política de Esquerra Republicana de Catalunya. Más de 17000 millones de euros significa menos deuda
para Cataluña, significa menos intereses y significa más margen presupuestario, más capacidad para invertir en hospitales, escuelas, vivienda, industria, agricultura y transporte público. Eso es política útil y no la política de ustedes o del
bloqueo, no la política de, cuanto peor, mejor. Es la política que mejora la vida de la gente. Por eso, vamos a votar en contra de estas enmiendas, porque no solucionan absolutamente nada, solo ofrecen confrontación, bloqueo y más dependencia.
Nosotros escogemos otra vía: una Cataluña menos endeudada, una Cataluña menos dependiente, una Cataluña más fuerte, en definitiva. Termino, presidente. Hoy damos un paso hacia adelante para una Cataluña más musculada y con más capacidad de
decisión, mientras que ustedes querrían una Cataluña más resignada, más endeudada y más dependiente. Pues ¿saben qué?


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, acabe.


La señora JORDÀ I ROURA: Avui, la condonació del FLA avança decididament.


Res més. Gràcies.


Hoy la condonación del FLA avanza decididamente.


Nada más. Gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín Urriza.


El señor MARTÍN URRIZA: Muchas gracias.


La condonación de deuda, la absorción de deuda autonómica por el Estado es el inicio del fin de una situación de excepcionalidad que se originó con la crisis de deuda en el año 2012. Entonces el conjunto del sector público y las comunidades
autónomas sufrieron una caída muy significativa de sus ingresos y a las comunidades autónomas se les cerraron los mercados de endeudamiento. El Estado intervino para evitar los grandes recortes que hubo de servicios públicos muy significativos que
prestan las comunidades autónomas, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y creó el FLA, la facilidad financiera y los mecanismos de pagos a proveedores. Transcurridos más de diez años desde entonces, hoy empezamos a terminar con
esa situación de excepcionalidad.


No hay riesgo moral en esta operación, señor Bravo. No hay riesgo de que la condonación incentive a las comunidades autónomas a endeudarse más porque esperan que en el futuro el Estado les rescate. Esto es por dos motivos, señor Bravo: en
primer lugar, porque fue una situación absolutamente excepcional que obligó a las comunidades autónomas y al Estado a sobreendeudarse en ese momento y, en segundo lugar, porque la crisis no la generaron las comunidades autónomas, la generó el
Estado. (El señor Bravo Baena señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Acuérdese, señor Bravo, el Banco de España en ese momento -también cuando gobernaban ustedes con el señor Caruana- infló la burbuja inmobiliaria; luego,
el Banco de España olvidó cómo se gestionaba una crisis de solvencia, y luego llegaron ustedes y abrazaron un eslogan contrario a los intereses de nuestro país, que era que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, olvidándose de los
bancos centroeuropeos que se forraron con nuestra burbuja y que luego no asumieron ningún crédito impagado; solo se forraron con la burbuja, pero no asumieron ninguno de los créditos impagados que luego tuvo que asumir el conjunto de los españoles.
Por tanto, no son las comunidades autónomas las que han generado este sobreendeudamiento.


La condonación es beneficiosa por cuatro cosas. En primer lugar, porque beneficia a todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas van a poder recortar al menos en 4 puntos de su PIB su endeudamiento. En segundo lugar,
porque mejora la sostenibilidad de la deuda. Esto también lo ha dicho la AIReF, señor Bravo. Ha dicho que, gracias a la condonación de la deuda, las comunidades autónomas van a alcanzar en doce años el umbral ideal de endeudamiento según el marco
europeo, que es el 13 % del PIB. En tercer lugar, las comunidades autónomas, gracias a la condonación, van a poder rebajarse la carga fiscal en 2532 millones el primer año y en 15 000 millones en el acumulado hasta el año 2030, lo que va a
facilitar sus procesos de consolidación fiscal. En cuarto lugar, y más importante, esta condonación es buena -y este es el objetivo fundamental- porque esto va a permitir la vuelta gradual de las comunidades autónomas a la disciplina de los
mercados. Este es el mejor termómetro para medir la salud de las cuentas públicas de las comunidades autónomas. No hay sesgo partidista en esta condonación. Las comunidades más beneficiadas son necesariamente las más endeudadas, y estas son
Andalucía, CastillaLa Mancha, Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Como usted puede ver, señor Bravo, la mayoría son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. No hay un sesgo partidista en la condonación. (Aplausos).


Se condona el 24 % de la deuda, 83 252 millones, pero nosotros planteamos ir incluso mucho más allá en algunas comunidades autónomas, algunas gobernadas por ustedes, precisamente porque todas las comunidades autónomas van a conseguir rebajar
su deuda por debajo de ese ideal, de ese 13 %, excepto cuatro comunidades autónomas: la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña y CastillaLa Mancha, donde la deuda va a seguir todavía por encima del 20 %. Es decir, por el momento, no
vamos a conseguir acabar con esa situación de excepcionalidad. De esas cuatro comunidades autónomas, tres, la valenciana, la murciana y la de CastillaLa Mancha, tienen un

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sobreendeudamiento superior no porque lo hayan hecho peor que el resto, es porque están infrafinanciadas en el sistema de régimen general, por lo tanto, es normal que acumulen más deuda. En el caso de Cataluña -efectivamente, se suele
plantear esto como un privilegio-, usted lo ha dicho, es una de las más beneficiadas, pero la deuda pasa, como ha dicho usted muy bien, de las comunidades autónomas a la Hacienda estatal, siendo los ciudadanos catalanes los que más aportan a esa
Hacienda estatal. Es decir, los catalanes van a sostener gran parte de esos 83 252 millones. No solo eso, sabemos también que la comunidad autónoma catalana está claramente infrafinanciada, no en el sistema de régimen general, pero sí en la
inversión pública estatal, y esto, obviamente, ha incidido en un mayor endeudamiento.


En el otro extremo, se suele situar a la Comunidad de Madrid como ejemplo de buenas prácticas y de bajo endeudamiento. Pero aquí nuevamente se hace abstracción de dos cosas. En primer lugar, de las rentas de capitalidad. La Comunidad de
Madrid y la capital cuentan con prácticamente toda la Administración del Estado y las sedes de las grandes empresas y multinacionales. Obviamente, esto amplía su base fiscal por encima del resto de comunidades autónomas e impide que en situaciones
de crisis tenga que acudir tanto al endeudamiento como el resto. Además, la Comunidad de Madrid practica el dumping fiscal: atrae a gente con dinero de otras comunidades autónomas, vacía el resto del país -de hecho, las dos Castillas-.
Afortunadamente, el Gobierno de coalición le ha puesto ya límite a esto en el impuesto sobre el patrimonio estableciendo un impuesto suelo a las grandes fortunas, y mi partido ha presentado una proposición de ley para hacer lo mismo con las grandes
herencias y donaciones.


Termino ya. Mi grupo va a votar en contra de sus enmiendas a la totalidad, pero sí queremos mejorar el proyecto que hoy se nos presenta, entre otras cosas, introduciendo elementos de corresponsabilidad. No sería de recibo -los ciudadanos
no lo entenderían- que estemos condonando deuda a las comunidades autónomas y que esas comunidades rebajen impuestos. Queremos establecer un límite en el tiempo para que las comunidades que voluntariamente se acojan a esta bicoca que plantea el
Gobierno de coalición no puedan rebajar impuestos durante un tiempo. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Soler Mur.


El señor SOLER MUR: Señor presidente, señorías, me alegra participar en este debate porque nos permite entender perfectamente cómo está la situación política en España y el papel que están jugando el PP y VOX en este país.


En un momento extraordinariamente positivo para la economía, cuando crecemos tres veces por encima de la media de la Unión, cuando estamos en cifras récord de empleo, el Gobierno plantea ayudar todavía más a las comunidades autónomas. Ya ha
ayudado a las comunidades dándoles durante esta etapa de gobierno 300 000 millones de euros más que el anterior Gobierno de Rajoy. Ya ha propuesto un sistema de reforma de financiación autonómica del que ustedes, por cierto, no quieren hablar, lo
piden, pero no quieren negociarlo ni tampoco plantean ninguna alternativa. Y ahora se plantea ayudar a las comunidades autónomas quitándoles parte de su deuda, haciéndoles una quita, sí, una condonación de parte de la deuda de las comunidades
autónomas. ¿Y ustedes dicen que no? ¿En serio? ¿El Gobierno plantea quitar 83 252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas que se van a ahorrar, más los 6000 o 7000 millones en intereses que decía el ministro, y ustedes dicen que
no?


Señor Bravo, esto es una quita de la deuda. Usted ha querido marear porque lo absorbe el Gobierno de España. Para las comunidades autónomas es una quita de la deuda, una condonación. Van a disponer de más recursos para invertir en aquello
que les compete porque esa deuda ya no la van a tener, diga usted lo que diga. (El señor Muñoz Abrines: No, señor).


Usted le decía al ministro: usted ha sido consejero de Hacienda y yo también. Mire, los consejeros de Hacienda hacen palmas de pensar que les quiten la deuda. Hacen palmas. Por cierto, hacía usted alguna referencia personal. Gerardo
Camps, ¿le suena? Senador,

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ex secretario de Estado de la Seguridad Social, ex consejero de Hacienda, decía siendo consejero de Hacienda y después que sería absolutamente de justicia y necesario que se le hiciera una quita de la deuda a la Comunidad Valenciana. Eso es
lo que decían los suyos, eso es lo que piensan de verdad. (Aplausos.-El señor Bravo Baena: Del sistema de financiación). Nadie va a entender que ustedes digan que no y busquen excusas peregrinas a que se les quiera quitar deuda a las comunidades,
a que se quiera que paguen menos. Esto, de verdad, es muy difícil de explicar. Ustedes, evidentemente, no se preocupan de nada que tenga que ver con los intereses de los ciudadanos y sí de todo aquello que tenga que ver con boicotear cualquier
iniciativa del Gobierno, aunque sea a costa de los intereses de los ciudadanos. (El señor Bravo Baena: ¡Sánchez, Sánchez!).


¿Y cuáles son las excusas que buscan? Excusas peregrinas. Dicen: no, es que esto es para beneficiar a los catalanes. ¿Cuáles son las más beneficiadas? La primera, Andalucía, señor Bravo, su comunidad, 18 791 millones de euros. La más
beneficiada es la suya. (Aplausos). La segunda, la Comunidad Valenciana, la mía y la del ministro también -y se lo merece-, 2284 euros por habitante. La segunda. Y la tercera es Canarias, que reduce su deuda al 50 %. Andalucía, la Comunidad
Valenciana, Canarias, ¿en cuál gobierna el PSOE? En ninguna. En las tres gobierna el Partido Popular -en alguna con otro partido político-. Esa es la realidad. Esa es la realidad. (El señor Bravo Baena: A Sánchez).


¿Qué dicen después ustedes? No, los criterios no me gustan, es que los criterios están mal. ¿Qué criterios no les pueden gustar? ¿La población, la infrafinanciación, que ninguna comunidad quede por debajo de la media, que se haya sido
corresponsable fiscalmente, que no se dediquen -como se dedican algunas comunidades- a quitarles impuestos a los ricos para pedirle más al Gobierno de España? Pueden ser opinables, pero parecen técnicos y absolutamente justos.


También dicen -lo ha dicho Feijóo-: esto es una trampa, hay que adherirse. O sea, respetamos la autonomía financiera, dejamos que las autonomías se acojan a la medida si lo desean, y ustedes dicen que es una trampa. ¿No será que lo que
quieren es poder criticarla, decir que está muy mal, pero, por favor, que se la impongamos, que es un regalo extraordinario para las comunidades, que les llegue, por favor, que se lo impongamos para beneficiarse? (Aplausos).


Miren, ¿cómo les van a explicar ustedes a sus comunidades que no van a hacer escuelas infantiles, colegios, institutos; que no van a acometer construcciones o reformas en centros de salud, en hospitales; que no van a incrementar las
partidas de servicios sociales -que no tienen recursos- cuando ustedes han renunciado a tener más recursos? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo lo pueden explicar? Esto no tiene explicación ninguna y ustedes lo saben perfectamente. Se trata
únicamente de boicotear al Gobierno de España y decir que no a Pedro Sánchez. Me recuerda un vídeo muy ilustrativo; hay un vídeo en el que hay un líder ante una asamblea y dice: ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez por ustedes? Y todos: Nada, nada.
Dice uno: Bueno, empleo, ha creado tres millones. Y contesta: Sí, pero, si quitamos el empleo, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por ustedes? Nada, nada. Y dice otro: Bueno, el SMI. Y contesta: Pero si quitamos el empleo y el SMI, ¿qué ha hecho
Pedro Sánchez por vosotros? No, no, nada, nada, dicen. Ya, pero -dice uno- ha incrementado las pensiones en 400 euros al mes. Y contesta: Ya, pero, si quitamos el empleo, el SMI y las pensiones, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? Y el
otro dice: Bueno, nada, nada. (Rumores). Dice uno: La dependencia, 7000 millones a la dependencia. Y contesta: Pero si quitamos el empleo, el SMI, las pensiones, la dependencia, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? Dice uno: Bueno,
también las becas, 1000 millones más; FP, 1000 millones más. Y contesta: Bueno, pero si quitamos las pensiones, la dependencia, el SMI, si quitamos las becas, si quitamos el empleo, si quitamos todo eso, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros?
Dice otro: Bueno, las ayudas al transporte, el permiso de paternidad. Y contesta: Ya, pero si quitamos las pensiones, el SMI, el empleo, las becas, las ayudas al transporte, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? (Aplausos.-Rumores). Ese
líder, como pueden imaginar, podría ser perfectamente Feijóo, que acabaría diciendo: Pedro Sánchez ya ven que no ha hecho

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nada por nosotros. Eso es lo que piensan ustedes. Hagamos lo que hagamos, nunca está bien; propongamos lo que propongamos, siempre van a decir que no.


Señorías, ustedes están hiperventilando, nerviosos, porque creen que está ahí el Gobierno, que ya lo están tocando, y yo les diría que se lo tomen con tranquilidad. ¡Ojo! Miren lo que pasó en 2023, que se las prometían felices y pasó lo que
pasó. Y en 2027 aquí no van a votar ni los tabloides digitales ni van a votar las empresas del IBEX ni Trump ni algunos tribunales. En 2027 van a votar los ciudadanos. (Aplausos). Y los ciudadanos saben cuál es la hoja de servicios del Gobierno
de España, lo saben perfectamente: prosperidad y fomento de la convivencia. Ante esas dos cosas, prosperidad y fomento de la convivencia, son ustedes un auténtico peligro, y en 2027 los ciudadanos apostarán por más derechos, por más avance y por
más Gobierno de progreso.


Gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados; ¡Muy bien!).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 20272029 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2027. (Número de expediente 430/000010).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el último punto del orden del día, correspondiente al acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el
conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 20272029 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2027.


Para presentar el acuerdo, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (España García): Gracias.


Buenas tardes de nuevo, señorías. Comparezco nuevamente en esta Cámara para presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública correspondientes al periodo 20272029, así como el límite de gasto no financiero previsto
para el ejercicio 2027. En esta intervención -les doy una buena noticia-, seré breve en lo relativo a las cifras, dado que sus señorías ya disponen de esta información y tuvimos un debate en la Cámara la semana pasada.


La propuesta que hoy exponemos forma parte del procedimiento de planificación económica y financiera del conjunto de las Administraciones públicas y tiene como finalidad establecer el marco de referencia para la elaboración de las políticas
presupuestarias en los próximos años. En este contexto, los objetivos que se presentan buscan compatibilizar tres principios fundamentales: el crecimiento económico, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el mantenimiento de la capacidad de
actuación de las distintas Administraciones territoriales.


Señorías, la economía española ha afrontado durante los últimos años un entorno particularmente complejo marcado por la pandemia, las tensiones energéticas derivadas de la invasión rusa en Ucrania, los episodios inflacionistas de alcance
global y el conflicto actual en Oriente Medio. A pesar de ese contexto, la actividad económica en España ha mantenido una evolución positiva. Las previsiones utilizadas para la elaboración de la senda de estabilidad apuntan a que la economía
española continuará creciendo durante los próximos años. Se ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB para 2026, desde el 2,2 hasta el 2,6, mientras que para 2027 la previsión se sitúa en el 2,2 y, en 2028, en el 2,1. En términos
reales, el PIB se situará en 2027, aproximadamente 15 puntos por encima de los niveles registrados en 2019. Asimismo, el mercado laboral continúa

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mostrando una evolución favorable. La afiliación a la Seguridad Social supera actualmente los 22,4 millones de ocupados y acumula sesenta y cinco meses consecutivos de creación de empleo. Esta evolución ha contribuido a mejorar los
ingresos públicos de todas las Administraciones y a reforzar su capacidad financiera. Esta mejora de la actividad económica ha tenido un efecto directo sobre los principales indicadores de las finanzas públicas. El déficit público se ha reducido
progresivamente hasta situarse en el nivel más bajo en los últimos dieciocho años. Por su parte, la ratio de deuda pública sobre el PIB ha descendido en más de 20 puntos porcentuales respecto al máximo alcanzado durante la pandemia. Estos
resultados han permitido avanzar en el proceso de consolidación fiscal, manteniendo al mismo tiempo la financiación de las políticas públicas y de los servicios públicos fundamentales prestados especialmente por las comunidades autónomas. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia).


Paso a detallar ahora los objetivos de estabilidad presupuestaria. La propuesta establece una reducción gradual del déficit público para el conjunto de Administraciones públicas: 1,8 en 2027, 1,6 en 2028 y 1,5 en 2029. Es una trayectoria
diseñada para resultar compatible con las previsiones macro, así como con el marco fiscal europeo vigente. Su finalidad es avanzar de forma gradual en la reducción de los desequilibrios presupuestarios sin comprometer la capacidad de actuación de
las Administraciones públicas.


Señorías, la senda de estabilidad presentada por el Gobierno deja claro que será la Administración General del Estado quien asuma el mayor esfuerzo de consolidación fiscal en los próximos años, precisamente para otorgar un mayor margen de
actuación a las comunidades autónomas. El objetivo de déficit de la Administración central se situará en el 1,5 % del PIB en 2027, lo que supone una reducción de tres décimas respecto al objetivo fijado para este año, para 2026. La trayectoria
continuará en los siguientes años con un déficit del 1,4 en 2028 y 1,3 en 2029, reflejando el compromiso sostenido con la reducción gradual de los desequilibrios en las cuentas públicas.


Ahora bien, conviene explicar qué hay detrás de esta cifra, ya que, del 1,5 del déficit previsto para 2027, nada menos que el 1,2 % corresponde a la transferencia que registra el Estado a la Seguridad Social para garantizar la financiación
del sistema público, en cumplimiento de lo acordado por el Pacto de Toledo. Es decir, la práctica totalidad del déficit corresponde a una decisión política y socialmente responsable, que es garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de
protección social y la suficiencia de las pensiones. Además, una décima adicional del déficit se explica por el reparto de la recaudación del impuesto a las entidades financieras entre las comunidades autónomas. Por tanto, los datos demuestran que
el esfuerzo de ajuste recae fundamentalmente en la Administración General del Estado, permitiendo a las comunidades autónomas disponer de una mayor capacidad financiera para prestar los servicios públicos esenciales que demandan los ciudadanos.


En el caso de las comunidades autónomas, la senda contempla un objetivo de déficit del 0,1 del PIB desde 2027 hasta 2029. Este planteamiento proporciona un marco estable y predecible para la programación presupuestaria de los Gobiernos
autonómicos durante los próximos tres ejercicios. Por lo tanto, un 0,2 ajustado con la Administración General del Estado, por lo que les comentaba del impuesto bancario y la transferencia a la Seguridad Social, y un 0,2 cuando añadimos el 0,1
bancario a las comunidades autónomas. En consecuencia, el mismo esfuerzo durante el año próximo. Según las estimaciones realizadas, la aprobación de la senda permitiría a las comunidades autónomas disponer de un margen fiscal acumulado cercano a
los 5849 millones de euros en el periodo 20272029.


Como saben, las comunidades autónomas desempeñan un papel esencial en la prestación de los servicios públicos, y el Gobierno ha estado siempre comprometido con su viabilidad y la capacidad financiera para afrontar sus competencias. Entre
las medidas que debemos recordar todos por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España hay que señalar los 30 000 millones de euros distribuidos del Fondo COVID; el mantenimiento de las entregas a cuenta durante los periodos de pandemia; la
asunción por parte del Estado de liquidaciones negativas por un importe de 4000 millones de euros; transferencias superiores a 40 000 millones de euros mediante conferencias sectoriales; el refuerzo de

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mecanismos extraordinarios de liquidez, o la actualización de las entregas a cuenta desvinculadas de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es más, como resultado de este compromiso con las comunidades autónomas, las
previsiones para 2027 apuntan a un incremento de recursos superior al 8 % respecto al ejercicio anterior, teniendo en cuenta, obviamente, las entregas a cuenta y las liquidaciones del sistema de financiación.


En cuanto a las entidades locales, la propuesta también incorpora una senda de estabilidad donde mantiene el equilibrio presupuestario para ellas durante el periodo 20272029. Por otro lado, el compromiso con las comunidades autónomas se
mantiene también con las entidades locales. Su financiación total en el año 2026 superará los 30 000 millones de euros, la cifra más elevada de la serie histórica. Y las previsiones para 2027 contemplan un aumento de la financiación total entre el
10 y el 11,9 %. Asimismo, no está de más recordar todas las medidas impulsadas para el mantenimiento y la sostenibilidad financiera de las distintas entidades locales, muchas de ellas reivindicaciones históricas formuladas por distintos
ayuntamientos y también por la Federación Española de Municipios y Provincias: la flexibilización de la regla de gasto -una reivindicación histórica-; la autorización nuevamente de las inversiones financieramente sostenibles y la incorporación de
la vivienda; la compensación a las entidades locales de los perjuicios derivados por la aplicación del sistema SII del IVA; la neutralización del impacto de las liquidaciones negativas; la movilización de recursos durante la pandemia; la mejora
de las condiciones financieras de los préstamos del Fondo de Financiación de Entidades Locales; la activación continuada desde 2012 de los mecanismos extraordinarios de pagos a proveedores, y la respuesta sin precedentes por parte del Gobierno de
España a los ayuntamientos para catástrofes como la dana, los incendios o las inundaciones. En definitiva, un reforzamiento de la autonomía financiera y la capacidad de gestión de los ayuntamientos.


En cuanto a los objetivos de deuda pública, la senda incorpora una trayectoria descendente del 97,6 % en el año 2027, del 96,4 % en 2028 y del 95,3 % en 2029. Es una reducción progresiva que tiene como finalidad reforzar la sostenibilidad
financiera a medio plazo, mejorar la capacidad de respuesta ante posibles perturbaciones económicas futuras y preservar la confianza en la economía española. Y, junto con los objetivos de estabilidad y deuda, se ha aprobado también el límite de
gasto no financiero correspondiente al ejercicio 2027, una cifra que asciende a 226 032 millones de euros, 14 006 millones de euros adicionales respecto al ejercicio anterior, y un incremento del 6,6 %. El límite de gasto, como saben, no se vota
hoy, pero constituye una referencia fundamental para la elaboración de los presupuestos generales del Estado que el Gobierno traerá a esta Cámara.


Señorías, para finalizar, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública configuran un marco financiero de referencia para las distintas Administraciones públicas de nuestro país. La propuesta contempla una reducción gradual
del déficit, una senda descendente de la deuda pública y un marco favorable y estable para comunidades autónomas y entidades locales. Pero esta senda de estabilidad y techo de gasto representa también un equilibrio responsable entre
Administraciones. Dentro de poco, el voto de esta senda aportaría para las comunidades autónomas un margen fiscal adicional de 5849 millones de euros. Y la pregunta es, sobre todo al principal partido de la oposición, ¿prefieren la derrota del
Gobierno o tener 5849 millones de euros de margen fiscal adicional para sus comunidades autónomas? Es legítimo discrepar políticamente del Gobierno. Lo que resulta más difícil de comprender es que esa discrepancia termine traduciéndose en menos
recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan. Hoy tienen una nueva oportunidad para decidir. Espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por la construcción y por obtener más recursos para el conjunto de
comunidades autónomas. Eso es lo que votamos hoy: más recursos y más estabilidad para el conjunto de nuestras Administraciones o, sencillamente, buscar un bloqueo con fines partidistas.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


En turno de fijación de posiciones, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Marí Bosó.


El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.


Señor España, aquí tiene nuestra intervención de la semana pasada. (Muestra un documento). Si quiere, se la leo de nuevo. Si usted propone lo mismo, nosotros le diremos lo mismo. No hagan perder el tiempo a los españoles, convoquen
elecciones ante tanta corrupción y parálisis. (Aplausos). Eso es lo que hay que hacer. Por otro lado, también le digo que lo que tiene que hacer usted para que parezca que hacen algo. Incluso, tiene que hacer ver que se pretende cumplir la ley
presentando a debate la misma arbitrariedad de la semana pasada, incumpliendo la ley. Incumplen ustedes la ley con tanta naturalidad que lo extraordinario es que la cumplan alguna vez. (Risas). Porque, pese a que usted habla de diálogo a toda
hora, su pretensión de hoy no es que debatamos nada. Su pretensión de hoy es hacer ver que hacen, además de incumplir la ley. Señor España, la ley dice: Si son rechazados -los objetivos-, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un
nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. ¿Por qué no han sometido el acuerdo al mismo procedimiento que el anterior? ¿Por qué se han saltado el procedimiento? ¿Dónde está su consulta al Consejo de Política Fiscal y Financiera o a la
Comisión Nacional de Administración Local? (Aplausos). ¿Por qué usted, que siempre habla del diálogo, ni siquiera ha intentado buscar un nuevo acuerdo? ¿Por qué, en fin, se salta la ley sin miramiento, señoría? Todo, hasta incumplir la ley para
hacer ver que hacen. Todo para mantener la farsa de este Gobierno inviable.


Señoría, usted, que es muy dialogante -según usted-, se vuelve a presentar en esta Cámara con los votos en contra de la mayoría, viene desconociendo que la práctica totalidad de las comunidades autónomas también están en contra y pretende
que solo por su imposición todos respaldemos una senda de estabilidad que no da estabilidad a nada. Una senda que, en realidad, está mal, porque para cumplir la regla de gasto hay que hacer superávit y no déficit. Esto se lo ha dicho hasta la
AIReF. ¿De qué mayor margen fiscal nos habla? ¿Será que lo único que tiene que proponer a las comunidades autónomas es mayor endeudamiento? Nosotros no pretendemos la derrota del Gobierno. A nosotros su Gobierno nos da igual. Su Gobierno es el
pasado de los españoles. (Aplausos). Nosotros perseguimos el interés general.


Habla de dialogar y, en realidad, no puede dialogar. Usted no puede moverse de lo que ya tiene pactado, porque si se mueve, usted deja de ser ministro de Hacienda y el señor Sánchez pierde su silla. Es usted quien, pese a la pose, no puede
llegar a acuerdos, señoría. Creo -si no, me corregirá- que usted no está en condiciones de llegar a ningún acuerdo con nadie ni de modificar nada. Usted, señor España, no puede proponer una senda de estabilidad para el futuro porque su Gobierno es
el pasado: el pasado de las políticas equivocadas que hacen depender de subsidios y salarios mínimos a más de ocho millones de españoles, el pasado del escudo social que no protege. De hecho, no son eficaces ni diseñando prestaciones sociales. El
impacto en la reducción de pobreza de las prestaciones sociales es tan solo del 23 %, uno de los más bajos de la Unión Europea a Veintisiete. En la Unión Europea a Veintisiete, el impacto en la reducción de pobreza de las prestaciones sociales es
del 33 % y en países como Bélgica, Dinamarca o Irlanda es 30 puntos más que nosotros. Estos son datos de Eurostat. Ni diseñan bien las prestaciones sociales.


Ustedes son el pasado de la precariedad y de los sueldos bajos. Nuestros jóvenes tienen que pluriemplearse para poder conseguir un sueldo digno a final de mes. Los contratan los lunes y los despiden los viernes, señoría. Ustedes son el
pasado. El pasado de los servicios públicos estatales que no funcionan: caos ferroviario, carreteras bacheadas que ponen en peligro nuestra seguridad vial, una tasa de criminalidad 5 puntos mayor que en 2018 y la vivienda y la inmigración como
principales problemas de los españoles, cuando en 2018 ni aparecían casi en la lista de problemas. Ustedes son el pasado de la productividad estancada y la desconfianza inversora. Ustedes son el pasado, en fin,

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señoría, de las políticas que tienen como único resultado seguir perdiendo riqueza con respecto a los países punteros en la Unión Europea. Hemos perdido un punto de convergencia en renta per cápita respecto de 2018. Y nosotros decimos que
no podemos permanecer en el pasado, que hay un país que reconstruir y ahora vamos a ello, porque el interés de los españoles exige conocimiento, responsabilidad y eficacia. Reconstruir el país que nos dejan, volver a poner en marcha los servicios
públicos, las políticas que mejoren nuestro mercado de trabajo, asumir el compromiso firme de arreglar nuestras infraestructuras, volver a los niveles de inversión privada y pública previos a la crisis financiera, todo eso hemos de hacer.
Reconstruir el país que nos dejan y proponer las políticas que nos permitan, al mismo tiempo, atender la protección de rentas que necesitamos y llevar los salarios medios a los 50 000 euros. Reconstruir el país, volver a poner en marcha todas las
potencialidades de nuestra economía y hacerlo buscando y consiguiendo las mayorías necesarias que su Gobierno -y hoy es el enésimo ejemplo- no sabe conseguir.


En fin, señorías y señor España, esta es la situación de bloqueo y corrupción generalizada. En este momento hay una situación de parálisis y un Gobierno inviable. El resistir por encima del interés de los españoles es la pura estampa del
autoritarismo. Un demócrata hace tiempo ya que habría convocado elecciones.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marí.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo ÁlvarezSala. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZSALA: Muchísimas gracias.


Señor ministro, viene hoy aquí para pedirnos que se eleve el techo de gasto, es decir, para pedir que los españoles paguen más impuestos, para traer más recaudación para los españoles, para pedir y exigir que los españoles se rasquen los
bolsillos y contribuyan un poquito más a unos presupuestos que ya habían sido los que más habían recaudado de la historia. Y viene usted ahora y les pide un poco más. Antes, un diputado del Grupo Socialista parafraseaba una película cómica, La
vida de Brian, y decía: ¿Qué ha traído Pedro Sánchez? (Rumores). Y cabe responder a esa pregunta, quitando lo lamentable que es que tengan que citar una película cómica para estructurar un discurso en el Parlamento. Pero, señores, ¿para qué
vienen ustedes aquí? ¿Cómo se atreve usted, con esa media sonrisa, a venir a pedirles a los españoles que hagan un esfuerzo y que paguen aún más? (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). ¿Cómo se atreven ustedes? (Aplausos).
Ustedes, que han metido en España, en los últimos cinco años, cinco millones de inmigrantes. ¡Cinco millones de inmigrantes! Ustedes, que han dejado una España absolutamente empobrecida, en la que el 75 % de los asalariados españoles cobra dos
veces el SMI o menos. ¡Es un auténtico desastre! En la que el pluriempleo es ya la norma entre los jóvenes españoles, que no pueden ni soñar con independizarse. (La señora Narbona Ruiz se acerca al banco azul y conversa con el ministro de Política
Territorial y Memoria Democrática, Torres Pérez, y con el ministro de Hacienda, España García). Una España en la que desde que ustedes gobiernan, desde que... Ministro, le estoy hablando a usted. (Protestas). Viene usted a pedir que paguemos
impuestos y está usted de cháchara aquí, en el Parlamento. (Continúan las protestas).


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Figaredo. (El señor Figaredo ÁlvarezSala continúa hablando desde la tribuna con el micrófono apagado). Un momento, señor Figaredo. (El señor Figaredo ÁlvarezSala continúa hablando.-Aplausos de las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX.-Protestas). Señor Figaredo, un momentito. Por favor, pido silencio a todos los diputados. (El señor Figaredo ÁlvarezSala continúa hablando). Un momento, señor Figaredo, no le está
corriendo el tiempo, no se preocupe. (Continúan las protestas). Señor Figaredo, un momentito. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Un momentito, respiremos un momento. Respiremos un

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momento. (El señor Figaredo ÁlvarezSala continúa hablando). Ahora le pondré el sonido, señor Figaredo, que no le oyen. Por favor, señor Figaredo, un segundito. Silencio, por favor, señores diputados y diputadas.


Cuando quiera.


El señor FIGAREDO ÁLVAREZSALA: Desde que ustedes gobiernan, los salarios netos reales han bajado en España. Nos encontramos con que la norma entre los jóvenes españoles es el pluriempleo, porque no llegan a fin de mes y porque la vivienda,
desde que ustedes gobiernan, ha llegado a precios récord históricos. Nunca había estado la vivienda tan cara en España, precisamente por esa política migratoria que llevan ustedes.


Ustedes vienen aquí y hablan de lo público, pero, señor ministro, en el año 2025 hubo más denuncias por okupación, por usurpación de vivienda, que viviendas públicas entregadas. Es que eso es lo que ustedes están haciendo. (Aplausos). Es
que vienen ustedes aquí a pedirnos que paguemos más impuestos cuando la sanidad pública española cerró el año 2025 con las mayores listas de espera de la historia. Nunca, desde que existen registros, las listas de espera en la sanidad española
habían sido tan altas, porque tenemos a los médicos españoles en huelga esperando a que el Gobierno apruebe el estatuto marco, que nunca jamás va a llegar. Porque tenemos una situación en la que cada quince minutos -cada quince minutos- muere un
español pendiente de las ayudas de dependencia que ustedes están bloqueando. (Aplausos). Y, por si fuera poco, la semana pasada trajeron un real decreto en el cual a estos españoles que ya están preteridos en su propio país los ponen por detrás de
esos cinco millones de inmigrantes que han metido ustedes en España en los últimos cinco años. Desde que ustedes gobiernan, las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado en España un 286,7 %, según los datos de su ministerio.
(Rumores). Esa es la España que nos están trayendo. ¿Para eso vienen a pedirles a los españoles que paguen más impuestos? ¿Para aprobar leyes como la del solo sí es sí, que dejó en la calle a más de mil violadores? ¿Esa es la España que ustedes
quieren? Porque nos traen ustedes una España con la mayor presión fiscal de la historia y que, sin embargo, padece apagones que solo se viven en Pakistán, porque, sin ir más lejos, la semana pasada se tuvo que activar el mecanismo de
interrumpibilidad porque las redes españolas, en las que ustedes no invierten, no son capaces de dar abasto con la demanda que hay. En el último año se ha tenido que activar el mecanismo de interrumpibilidad más de diez veces. Más de diez veces
han saltado los plomos en España porque el sistema no da abasto, porque ustedes no invierten en lo que hay que invertir. (Aplausos). Las carreteras españolas siguen hechas un asco. Por ejemplo, cualquiera que vaya a Asturias verá que hubo un
argayo hace meses, que seguimos con un baipás y que todavía no han solucionado el problema. Y lo mismo sucede en las carreteras de toda la península. ¿Para eso vienen a pedirnos que paguemos más impuestos? ¿De verdad? Porque cuando mueren los
españoles por culpa de una riada en Valencia porque ustedes se negaron a hacer las obras y las infraestructuras que eran necesarias... (Protestas.-La señora Poblador Pacheco: ¡Mazón, Mazón!). Se niegan a hacer las obras y las infraestructuras que
son necesarias. Es más, siguen prohibiendo que se lleve a cabo la limpieza de los cauces, sancionando a aquellos municipios que por su cuenta lo hacen. (Aplausos). ¿En ese contexto se atreven a pedirles a los españoles que paguen más impuestos?
Cuando los españoles mueren por el mal estado del sistema ferroviario que ustedes han provocado, ¿usted viene y se atreve a decirles que, aun así, paguen más impuestos? Cuando usted ve a los vecinos de La Palma que siguen viviendo en barracones...
Se ríe el ministro canario. (El señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Torres Pérez: ¡No es verdad!). Le parecerá a usted gracioso que los vecinos de La Palma sigan viviendo en barracones. (Aplausos). En esta situación,
¿por qué hay dinero para medio mundo, salvo para los españoles?


Preguntaba qué ha hecho Pedro Sánchez por España. ¿Meter a ETA en las instituciones? (Rumores). ¿Gobernar con los herederos de ETA cuando ustedes mismos dijeron que eso no lo harían? ¿Avalar a todos aquellos que durante décadas pegaban
el tiro en la nuca? ¿Meterles en las instituciones y llenarles el bolsillo con dinero público de

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los impuestos de los españoles? ¿Para eso? (Aplausos). Por cierto, cuando alguien venga con esa cantinela de que ETA ya no mata, ETA ya no mata porque no necesita matar. Sin embargo, cuando tienen que ejercer la política del terror, lo
hacen. Sin ir más lejos, vimos cómo daban palizas a chavales por llevar la camiseta de España el día que jugaba la selección y cómo persiguieron a familias con sus hijos hasta sus portales, porque viven en un régimen de total impunidad (aplausos)
que ustedes han creado para los enemigos de España.


Aun así, vienen ustedes a pedirnos que paguemos más dinero. ¿Más dinero para qué? ¿Para qué? ¿Para la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca? Esto es real. ¿Para la Asociación de Jueces de Mozambique? (El señor Ibáñez Mezquita:
¡También!). Esto es real. Son subvenciones reales. También, dice un señor de SUMAR. ¿Para la Universidad del Nilo? ¿Sí? ¿Para eso es el dinero que los españoles pagan? ¿Para el Instituto Caboverdiano de Igualdad y Equidad de Género? ¿Para la
Organización Internacional del Bambú? ¿Para la Asociación Amazónicos por la Amazonía? Es que esto son subvenciones reales. ¿Para las joyas de Zapatero? ¿Para las putas de Ábalos? ¿Para la coca del Tito Berni? Que parece que se nos olvida.
(Aplausos). ¿Para eso tienen que pagar los españoles más impuestos? Unos españoles que no llegan a fin de mes. Unos españoles que no se pueden emancipar. Unos españoles que ya no encuentran un trabajo estable. Unos españoles que ven cómo son
los últimos en las ayudas y siempre pasan por delante los que llegaron antes de ayer. Unos españoles que van a una sala de espera de un hospital público y ven que la cola de espera es brutal. Unos españoles que cuando tienen que llevar a sus hijos
a un colegio público ven que son los últimos de la lista. Unos españoles que están totalmente abandonados en su país. ¿Para eso tienen que pagar más impuestos? No, señor ministro. Lo que ustedes tienen que hacer es irse y ponerse a disposición
judicial ahora mismo por el crimen que están cometiendo...


La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo.


El señor FIGAREDO ÁLVAREZSALA: ... contra los españoles. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Un señor diputado: ¡Bravo!).


La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Tiene la palabra la señora López Tagliafico. (Rumores). Un poco de silencio, por favor. Cuando quiera.


La señora LÓPEZ TAGLIAFICO: Gracias, presidenta.


Señor Figaredo, no sé por qué se sorprende de que no le escuchen, porque la verdad es que las bazofias que predican desde aquí son una vergüenza de mentiras y únicamente predican con el odio y el miedo. Es una vergüenza que puedan seguir
haciéndolo desde esta tribuna. Por lo tanto, no sé por qué se sorprenden de que a estas alturas nadie quiera escucharlos.


Hoy es el último Pleno de este periodo de sesiones y pensaba hacer una intervención un poco de balance. Hoy también es 23J y hace exactamente tres años que este país, por suerte, frenó que estos impresentables llegaran al Gobierno y se
pudiera configurar un Gobierno progresista. Además, hoy sentamos las bases de lo que debería ser un futuro presupuesto que debería permitir dar respuesta a las problemáticas de la ciudadanía. Hoy debatimos lo que el Estado asumirá de más para que
las comunidades autónomas y ayuntamientos tengan más recursos para dar estas respuestas. Evidentemente, esto es gracias al crecimiento económico, que no cae del cielo, sino que es el resultado de las políticas impulsadas por este Gobierno de
coalición. Aun así, desde nuestro grupo estamos convencidos de que, si este crecimiento no mejora las condiciones de la gente trabajadora, evidentemente no sirve para nada.


Hoy no pretendía hacer una intervención que pudiera servir para hacerse viral en redes sociales, sino que, humildemente, quería poder trasladar una reflexión desde esta

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tribuna que pudiéramos hacer todos, o casi todos, colectivamente. La verdad es que todavía confío mínimamente en la condición humana y en la capacidad que tienen muchos de ustedes, independientemente del color político. Yo creo que la
ciudadanía nos puso aquí esperando una cosa muy sencilla de todos nosotros: que nos dejemos la piel por hacerles la vida un poquito más fácil. Y lo que, lamentablemente, veo muchas veces, como acabamos de comprobar, es que, por una parte, hay
quien ha renunciado a ello y, por otra, hay quien únicamente hace de esto un espectáculo de confrontación y malas maneras. Llámenme naíf, pero a mí todavía me indigna que alguien tenga ese poder en sus manos y que únicamente lo use para derribar al
contrario. Pero, claro, ante el punto que hoy estamos debatiendo, me explota la cabeza que alguien pueda justificar que renuncia a 5849 millones, que estarían en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que permitirían poder avanzar
en muchas políticas sociales. Y más cuando muchas de estas comunidades autónomas están gobernadas por aquellos que hoy votarán en contra. Mañana tendrán que dar muchas explicaciones, no solamente quien gobierna estas comunidades autónomas, sino
también, en este caso, las señorías de Junts, que con una mano dicen defender Cataluña, pero con la otra hoy están renunciando a 35 000 viviendas protegidas, a contratar más maestros para poder bajar las ratios y mejorar la calidad educativa de
nuestro país o incluso a mejorar el transporte público, muy necesario ante el mal funcionamiento de rodalies en Cataluña.


Por lo tanto, la única respuesta razonable que a mí se me ocurre, y que define la actitud de esos partidos que hoy votarán en contra, es aquello del 'cuanto peor, mejor' y dedicarse únicamente a bloquear cualquier posible mejora. Es
evidente que su estrategia también contiene una condición de clase muy evidente, y es que ustedes no han pasado hambre, no han sufrido para llegar a final de mes, no se mueren de calor en sus casas o sus hijos en las escuelas y pueden pagar las
actividades de verano de sus hijos sin problema y las residencias de los abuelos. Porque si ustedes hubieran sufrido algo de todo esto, seguramente harían todo lo posible, todo lo que estuviera en sus manos para que nadie más tuviera que pasar por
ello. Dotar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas de recursos permitiría poder ayudar un poquito más a toda esa gente que sufre hoy en día. Evidentemente, a mí se me caería la cara de vergüenza si estuviera en mis manos y no hiciera
nada, pero no es casualidad quién está situándose en este lado, rechazando la posibilidad de poder tener todos estos recursos para mejorar la sanidad, las escuelas y la vivienda. Hay quien siempre va a contracorriente, a contracorriente del sentido
común, del bienestar de la mayoría y que siempre pone en el centro los intereses de unos pocos.


Ustedes han dado por amortizado a este Gobierno desde el minuto uno, sin haber intentado dedicar toda esa fuerza que tienen a ser constructivos. Hay quien sí lo hemos intentado hacer, evidentemente con aciertos y errores. Aquí hay algunos
que podemos estar orgullosos del legado que vamos a dejar, también con el convencimiento -y el agradecimiento a mi grupo y a nuestros representantes en el Gobierno- de que muchas de estas medidas no hubieran sido posibles sin nuestra determinación y
compromiso. Porque también sabemos que sin nosotros el Partido Socialista solo no hubiera tirado adelante con muchas de ellas. Podemos hablar de la subida del salario mínimo, que nos dijeron que destruiría empleo y hoy hay más de 22,5 millones de
personas trabajando -más que nunca-; hablamos de la reforma laboral, que ha llevado la temporalidad a mínimos históricos y el paro a niveles de 2008; hablamos de la revalorización de las pensiones, de la regularización de más de un millón de
personas que ya trabajan aquí y ahora cotizan y también sostienen este país; hablamos de los 6200 millones que hemos puesto sobre la mesa para dependencia; hablamos de los jóvenes, que también podrán disfrutar este verano de un 90 % de descuentos
para poder viajar, y también de lo que ayer anunciamos, que es que acordamos volver a tirar adelante con la tan necesaria prórroga de los alquileres, que impedirá que mucha gente tenga que quedarse en la calle por la subida de precios de la vivienda
o porque alguna persona la utilice como excusa para echarlos.

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Y ya para acabar, si miramos al futuro, yo les tengo que dar un mensaje. Aquí nos tendrán, nos tendrán enfrente. La derecha y la extrema derecha nos tendrán delante. Habrá una izquierda transformadora, diversa, plurinacional, cohesionada
y fuerte, con dos objetivos muy claros. Por un lado, frenarles a ustedes, frenar a la derecha y a la ultraderecha de este país. Pero no solo eso, no nos conformamos solo con eso. Igual que pasó hoy hace tres años, seremos una fuerza decisiva en
las urnas, con más razones y más ganas para defender todo lo conquistado y para ir a por más: a por más vivienda, a por más salarios, a por más tiempo para vivir, a por más justicia y a por menos desigualdades.


España no será nunca el país oscuro que ustedes dibujan. La España que el domingo levantó la copa del mundo es un país diverso y orgulloso, que juega en equipo y que gana; la España de Nico Williams y del abrazo de su madre con la medalla
en el cuello; la de las plazas llenas de todos los acentos celebrando la misma bandera. Esa España no cabe en el marco que ustedes importan de Trump, de Milei y de Netanyahu. Esa España es la que les paró una vez y la que les parará una vez más.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.


Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Jordà i Roura.


La señora JORDÀ I ROURA: Bé, bon vespre, ja!


Gràcies, presidenta, ministres.


Senyor ministre d'Hisenda, és la segona vegada que aquest objectiu d'estabilitat pressupostària arriba a aquesta Cambra. Jo intentaré ser curta, sense tanta vehemència com la senyora López i òbviament, sense el sainet del senyor Figaredo.


És la segona vegada que arriba aquest objectiu, i això permeti›m dirli que diu bastant, per no dir molt, de la situació política que viu aquest Govern. Però, també, deixi'm dirliho, és una oportunitat, en aquest cas, per nosaltres, per
deixar algunes coses clares, algunes que ja les hem repetit alguna vegada, però sembla que no les entenen i potser alguna de nova. Nosaltres votarem favorablement a aquest objectiu i ho farem sí, per responsabilitat, perquè no serem nosaltres,
senyor ministre, senyores i senyors diputats, no serà Esquerra Republicana qui impedeixi que aquest govern presenti uns pressupostos. No serem nosaltres. Però que ningú interpreti aquest vot com un aval, perquè no ho és. No ho és ni políticament
ni tampoc pressupostàriament.


Perquè el problema no és aprovar uns objectius d'estabilitat. El problema és la credibilitat de qui porta aquests objectius avui aquí, en aquest hemicicle. Perquè, ministre, i vostè diguéssim, tampoc fa molt que hi és. Però sí que és
veritat que fa massa temps que el govern espanyol aprova compromisos que després incompleix allò que compleix a mitges, allò que li explicava aquell dia de la punteta. Doncs el mateix. Això passa de manera permanent. Fa massa temps que Catalunya
escolta anuncis que no es tradueixen en fets, que queden com a anuncis i fa massa temps que el PSOE demana confiança. Mentre el que fa és acumular una saca d›incompliments immensa.


Parlem d'estabilitat pressupostària. Sí, si en parlem. Però de què serveix parlar d'estabilitat si es manté un model de finançament injust que ofega, sí, Catalunya? De què serveix exigir responsabilitat fiscal quan l'Estat continua negant
els recursos que corresponen als ciutadans i ciutadanes de Catalunya? I de què serveix, senyor ministre, aprovar pressupostos si després les inversions compromeses no s'executen? De què serveix? La credibilitat d'un govern no es mesura pels
objectius que presenta, almenys, nosaltres ho entenem així, es mesura per la seva paraula. I, sincerament, el principal problema que té avui el Govern del PSOE és aquesta credibilitat. Ha quedat, si més no, tocada.


Catalunya, senyor ministre, no necessita més promeses. Catalunya necessita un nou model de finançament. Un nou model de finançament que d'una vegada per totes posi fi a una situació insostenible. Necessita Catalunya que les inversions
pressupostades s'executin, i que s'executin de manera integral, perquè és que el paper ho aguanta tot i al final la importància dels pressupostos, justament és la seva liquidació. És la seva liquidació. Necessita Catalunya que els compromisos
deixin de ser simples o més titulars i que es

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converteixin en realitats. Per això, i ara sí que acabo, el nostre vot serà favorable. Però també és una advertència - deixim'ho dir així- molt i molt clara. No bloquejarem la possibilitat, ja ho he dit abans, que hi hagi pressupostos,
però si aquests pressupostos, senyor ministre, no serveixen per corregir el dèficit de finançament de Catalunya, si aquests pressupostos no garanteixen el compliment efectiu de les inversions i si aquests pressupostos no respecten els compromisos
adquirits amb Catalunya o amb Esquerra Republicana, doncs no podran comptar amb el nostre suport. Perquè la responsabilitat no és només de qui vota. La responsabilitat és de qui governa i qui governa ha de complir. Ja n'hi ha prou de demanar
confiança mentre s'acumulen justament aquests incompliments. Catalunya no necessita més bones paraules. Necessita bàsicament tres coses, senyor ministre, recursos, inversions i respecte.


Res més, moltes gràcies.


Buenas tardes. Gracias, presidenta.


Ministros, señor ministro de Hacienda, es la segunda vez que este objetivo de estabilidad presupuestaria llega a esta Cámara y yo intentaré ser breve, sin tanta vehemencia como la señora López y, obviamente, sin el sainete del señor
Figaredo.


Es la segunda vez, decía, que llega este objetivo y esto, permítame decirle, dice bastante, por no decir mucho, de la situación política que vive este Gobierno. Pero también, permítame decírselo, es una oportunidad, en este caso, para
nosotros, para dejar algunas cosas claras -algunas las hemos repetido alguna vez, pero parece que no las entienden- y quizás alguna nueva. Nosotros votaremos favorablemente este objetivo y lo haremos, sí, por responsabilidad. Porque no seremos
nosotros, señor ministro, señoras y señores diputados, no será Esquerra Republicana quien impida que este Gobierno presente unos presupuestos. No seremos nosotros, pero que nadie interprete este voto como un aval, porque no lo es. No lo es ni
políticamente ni tampoco presupuestariamente.


El problema no es aprobar unos objetivos de estabilidad; el problema es la credibilidad de quien trae estos objetivos aquí, a este hemiciclo, porque, ministro, usted tampoco hace mucho que está aquí, pero es cierto que hace demasiado tiempo
que el Gobierno español aprueba compromisos que después incumple o que cumple a medias. Lo que le explicaba aquel día de la puntita. Pues lo mismo, eso pasa de forma permanente. Hace demasiado tiempo que Cataluña escucha anuncios que no se
traducen en hechos, que quedan como anuncios. Y hace demasiado tiempo que el PSOE pide confianza, mientras que lo que hace es acumular un saco de incumplimientos inmenso.


Hablamos de estabilidad presupuestaria. Sí, sí, hablamos de eso, pero ¿de qué sirve hablar de estabilidad si se mantiene un modelo de financiación injusto que ahoga a Cataluña? ¿De qué sirve exigir responsabilidades fiscales cuando el
Estado sigue negando los recursos que corresponden a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña? ¿Y de qué sirve, señor ministro, aprobar presupuestos si después las inversiones comprometidas no se ejecutan? ¿De qué sirve? La credibilidad de un
Gobierno no se mide por los objetivos que presenta -al menos, nosotros lo entendemos así-, se mide por su palabra. Y, sinceramente, el principal problema que tiene hoy el Gobierno del PSOE es esta credibilidad, que ha quedado, como mínimo, tocada.


Cataluña, señor ministro, no necesita más promesas. Cataluña necesita un nuevo modelo de financiación, un nuevo modelo de financiación que, de una vez por todas, ponga fin a una situación insostenible. Cataluña necesita que las inversiones
presupuestadas se ejecuten y que se ejecuten de forma integral, porque es que el papel lo aguanta todo y, al final, lo importante de los presupuestos es su liquidación; es su liquidación. Cataluña necesita que los compromisos dejen de ser simples
meros titulares y que se conviertan en realidades. Por eso, y ahora sí que termino, nuestro voto va a ser favorable, pero también es una advertencia -lo voy a decir así- muy clara. No vamos a bloquear la posibilidad -lo he dicho antes- de que haya
un presupuesto, pero si estos presupuestos, señor ministro, no sirven para corregir el déficit de financiación de Cataluña, si estos presupuestos no garantizan el cumplimiento efectivo de las inversiones y si estos presupuestos no respetan los
compromisos adquiridos con Cataluña o con Esquerra

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Republicana, no van a poder contar con nuestro apoyo, porque la responsabilidad no es solo de quien vota. La responsabilidad es, sobre todo, de quien gobierna y quien gobierna tiene que cumplir. Ya basta de pedir confianza mientras
acumulan estos incumplimientos. Cataluña no necesita más buenas palabras; necesita, sobre todo, tres cosas, señor ministro: recursos, inversiones y respeto.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.


Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cruset Domènech.


El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.


Senyor ministre, vostè ja torna a ser avui aquí amb la mateixa proposta que va perdre fa una setmana, que ja era igual que la que el Govern va perdre fa un any i que ja era igual que la que el Govern va perdre fa dos anys. Proposar el
mateix per obtenir el mateix. Vostès en realitat el que passa és que no volen tindre pressupostos. Si no, no s'explica el que fan i no s'explica el que passa.


Vostès han estat un any i mig negantse a publicar les dades d'execució territorialitzades dels seus pressupostos. Fins i tot en contra d'allò que els hi ordenava el seu Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Incomplint la llei que els
obligava a publicar aquestes dades cada sis mesos. Per tant, era inevitable preguntarse què devien contenir aquelles dades per preferir saltarse la llei i els requeriments d'organismes oficials en lloc de publicarles. Era inevitable pensar que la
magnitud de la tragèdia de l'execució territorial del pressupost havia de ser prou gran per a escollir, no publicar les dades i quedar com un govern opac i, a més a més, contrari a la llei. Però ara sí, ara sobtadament, les han publicat.


Després entrarem en les dades, però primer deixi'm seguir aquest raonament perquè ara és inevitable preguntarse per què ara sí que les han publicat. Per què precisament en aquest moment vostès fan públiques les dades d'execució
pressupostària que durant més d'un any i mig s'han negat a publicar? I la resposta és fàcil. L'únic que ha canviat és que ara, en aquest moment, vostès ja tenen aprovats els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Allò que necessitaven, que
eren els vots d'Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos, ja els tenen i, per tant, ja es poden fer públiques les dades de la seva estafa, la del seu Govern a Catalunya. Aquest cop els vots d'Esquerra Republicana no han estat a canvi de
res. Aquest cop no, han estat a canvi d'augmentar la xifra del que l'Estat no paga a Catalunya fins a límits que mai havíem vist fins ara. Estic exagerant?


Mirem les dades. De cada 100 € pressupostats a Catalunya per aquest 2025 només n'han arribat 58. La meitat. Vostè, senyor ministre, em dirà que això és casualitat i que un mal any el pot tindre absolutament tothom. Segur? Vostès, els
socialistes i els seus socis, governen des del 2018, vegem quina part dels pressupostos de Catalunya han executat aquests anys: de 2018, un 57 %; de 2019, un 62 %; de 2020, un 72 %; de 2021, un 36 %; de 2022, un 43 %; de 2023, un 45 %; de
2024, un 62 %; i de 2025, un 58 %. Sempre, absolutament sempre, l'execució de Catalunya en xifres vergonyants i sempre, absolutament sempre, l'execució a Madrid amb xifres sobredimensionades. De mitjana, un 54 % d'execució a Catalunya des que
vostès governen, la meitat del previst. De mitjana, un 170 % d'execució a Madrid, el triple que a Catalunya.


Però això no s'acaba aquí. Entrem més al detall. Anem més a veure a fons la magnitud de la seva tragèdia. Catalunya representa el 19 % de la població, però només rep el 8,6 % dels pressupostos de l'Estat, li sembla normal aquesta
proporció, senyor ministre? Els diputats, els 19 diputats del PSC també els sembla normal? Perquè no els hem sentit dir res aquests últims dies d'aquesta manifesta injustícia. Els catalans som els segons a pagar impostos, però som els penúltims a
l'hora de rebre els diners. De la segona posició a pagar a la divuitena posició a l'hora de rebre els diners a través dels Pressupostos Generals de l'Estat. Això també li sembla normal a aquesta relació? I els diputats del PSC també els hi sembla
correcte i normal que pel seu país els toqui només aquestes xifres?


I ja que parlem de xifres, miremnos les xifres per habitant. Els catalans rebem 162 € per habitant. Els madrilenys, 452. Els aragonesos, 525. Els murcians, 590. I això,

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senyors 19 diputats del PSC, també els hi sembla normal o pensen, com el president Illa, que la feina de defensar Catalunya l'hem de fer nosaltres? Perquè vostès només venen a seure aquí i no a crear cap problema als que els governen. Els
catalans, en només tres anys, hem rebut 7500 milions d'euros menys que els madrilenys, 7500 milions d'euros menys en només tres anys. Amb aquests diners es poden construir 60 000 habitatges de lloguer assequible. Senyora diputada, amb 350 milions
d'euros, que vostè es queixa, no se'n construeixen 30 000. Faci números. Es poden contractar 10 000 metges durant 10 anys. Es poden contractar 20 000 infermeres durant 10 anys. Es poden construir 20 residències de gent gran o 250 centres
d'assistència primària o 150 instituts. O, amb una petita part d'aquesta xifra, es podrien climatitzar totes les escoles i instituts de Catalunya. Amb aquests 7500 milions d'euros, que en només tres anys s'han donat de més a Madrid que a
Catalunya, es podria haver renovat tota la xarxa de Rodalies de Catalunya. I això només amb la diferència de 3 anys. Imagini's des del 2018 el que representaria el que vostès han perpetrat contra Catalunya. S'imaginen la magnitud de la tragèdia
després d'anys i anys d'aquest espoli?


I, amb tot això, ara ens venen aquí amb una proposta per reforçar aquesta situació amb una proposta que perpetua aquesta situació de greuge contra Catalunya, amb una proposta que no canvia absolutament res del drama que hem conegut en les
xifres d'aquests últims dies. I que pretén, senyor ministre? Que votem en contra dels catalans com d'altres faran? Que permetem que el govern de l'Estat que ens deixa cada any a la cua dels recursos que se'ns assignen, nosaltres li fem confiança?
Doncs no, amb nosaltres no hi comptin. No participarem d'aquesta vergonya i els que ho facin els diputats 19 del PSC, els dels Comuns, els d'Esquerra Republicana ja explicaran als seus veïns catalans per què creuen que ens mereixem molt menys del
que ens toca.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, vuelve usted a estar aquí con la misma propuesta que perdieron hace una semana, que ya era igual a la que el Gobierno perdió hace un año y que era igual a la que el Gobierno perdió hace dos años. Proponer lo mismo para
obtener exactamente lo mismo. Lo que pasa en realidad es que ustedes no quieren tener presupuestos; si no, no se explica lo que están haciendo y no se explica lo que pasa.


Ustedes han estado un año y medio negándose a publicar los datos de sus presupuestos territorializados, incluso en contra de lo que les ordenaba su Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incumpliendo la ley que les obligaba a publicar
estos datos cada seis meses. Por tanto, era inevitable preguntarse qué debían contener esos datos para preferir saltarse la ley y los requerimientos de organismos oficiales en lugar de publicarlos. Era inevitable pensar que la magnitud de la
tragedia de la ejecución territorial del presupuesto tenía que ser suficientemente grande como para escoger no publicar los datos y quedar como un Gobierno opaco y, además, contrario a la ley. Pero ahora sí. Ahora, de repente, lo han publicado.


Después entraremos en los datos, pero primero voy a seguir con este razonamiento, porque ahora es inevitable preguntarse el porqué, por qué ahora sí lo han publicado. ¿Por qué precisamente en este momento ustedes hacen públicos los datos de
ejecución presupuestaria, que durante más de un año y medio se han negado a publicar? La respuesta es fácil: lo único que ha cambiado es que ahora, en estos momentos, ustedes ya tienen aprobados los presupuestos en la Generalitat de Catalunya. Lo
que necesitaban, que eran los votos de Esquerra Republicana, para aprobar los presupuestos ya los tienen. Y, por lo tanto, ya se pueden hacer públicos los datos de su estafa, la de su Gobierno en Cataluña. Esta vez, los votos de Esquerra
Republicana no han sido a cambio de nada. Esta vez no; han sido a cambio de aumentar la cifra de lo que no paga el Gobierno a Cataluña hasta límites que nunca habíamos visto hasta ahora. ¿Estoy exagerando?


Vamos a ver los datos. De cada 100 euros presupuestados en Cataluña para 2025, solo han llegado 58, la mitad. Usted, señor ministro, me va a decir que esto es casualidad, que un mal año lo puede tener absolutamente todo el mundo. ¿Seguro?
Ustedes, los

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socialistas y sus socios, gobiernan desde 2018. Veamos qué parte de los presupuestos de Cataluña han ejecutado estos años. En 2018, el 57 %. En 2019, el 62 %. En 2020, el 72 %. En 2021, el 36 %. En 2022, el 43 %. En 2023, el 45 %. En
2024, el 62 %. Y en 2025, el 58 %. Siempre, absolutamente siempre, la ejecución en Cataluña arroja cifras vergonzantes. Y siempre, absolutamente siempre, la ejecución en Madrid presenta cifras sobredimensionadas. De media, un 54 % de ejecución
en Cataluña desde que ustedes gobiernan, la mitad de lo previsto. Y de promedio, un 170 % de ejecución en Madrid, el triple que en Cataluña.


Pero esto no acaba aquí. Entremos más en el detalle. Vamos a ver más a fondo la magnitud de su tragedia. Cataluña representa el 19 % de la población, pero solo recibe el 8,6 % de los presupuestos del Estado. ¿Le parece normal esta
proporción, señor ministro? ¿A los diputados, a los diecinueve diputados del PSC también les parece normal? Porque no les hemos oído decir nada estos últimos días de esta manifiesta injusticia. Los catalanes somos los segundos en pagar impuestos,
pero los penúltimos a la hora de recibir el dinero: de la segunda posición al pagar, a la decimoctava posición al recibir el dinero a través de los presupuestos generales del Estado. ¿También le parece normal esta relación? ¿A los diputados del
PSC también les parece correcto y normal que a su país solo le toque esta cifra?


Y ya que hablamos de cifras, vamos a ver las cifras por habitante. Los catalanes recibimos 162 euros por habitante; los madrileños, 452; los aragoneses, 525; los murcianos, 590. Y esto, señores -diecinueve diputados del PSC-, ¿también
les parece normal? ¿O creen, como el presidente Illa, que el trabajo para defender Cataluña lo tenemos que hacer nosotros porque ustedes solo vienen aquí a sentarse y a no crear ningún problema a los que les gobiernan? Los catalanes, en solo tres
años, hemos recibido 7500 millones de euros menos que los madrileños. ¡7500 millones de euros menos en solo tres años! Con este dinero se pueden construir 60 000 viviendas de alquiler asequible. Señora diputada, con 350 millones de euros -que
usted se queja- no se construyen 30 000; haga números. Se pueden contratar 10 000 médicos durante diez años. Se pueden contratar 20 000 enfermeras en diez años. Se pueden construir doscientas residencias de gente mayor; doscientos cincuenta
centros de asistencia primaria; o ciento cincuenta institutos. Con una parte pequeña de esta cifra se podrían climatizar todas las escuelas e institutos de Cataluña. Con estos 7500 millones de euros que en solo tres años se han dado de más a
Madrid que a Cataluña se podría haber renovado toda la red de Rodalies de Cataluña. Y eso solo con la diferencia de tres años. Imagínese desde 2018 lo que eso representaría, lo que ustedes han perpetrado contra Cataluña. ¿Se imagina la magnitud
de la tragedia después de años y años de ese expolio?


Y con todo esto, ahora nos vienen aquí con una propuesta para reforzar esta situación; con una propuesta que perpetúa esta situación de agravio contra Cataluña; con una propuesta que no cambia absolutamente nada del drama que hemos
conocido por las cifras de estos últimos días. ¿Y qué pretende, señor ministro, que votemos en contra de los catalanes, como otros harán, que permitamos al Gobierno del Estado que nos deje cada año a la cola de los recursos que se nos asignan
cuando nosotros confiamos en ustedes? Pues no, con nosotros no cuenten. No vamos a participar en esta vergüenza. Y los que lo hagan, los diputados -los diecinueve- del PSC, de los Comuns y de Esquerra Republicana, ya explicarán a sus vecinos
catalanes por qué creen que nos merecemos mucho menos de lo que nos toca.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Déjà vu. Hace una semana debatíamos lo mismo. El Gobierno vuelve a presentar estos objetivos de estabilidad sin haberlos negociado, y sin ese acuerdo repetimos un debate en el que las posiciones se dividen entre quienes han dado ya por
agotada la

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legislatura desde el inicio; entre quienes defendemos que, aunque el contexto parlamentario es complejo, si existe la posibilidad de unos nuevos presupuestos debe construirse con las mejores condiciones fiscales; quienes adelantan ya el
debate propio de las cuentas públicas, y quienes -como hoy acabamos de ver- solo buscan la bronca, pierden los papeles y lo que demuestran es que no tienen argumentos económicos para rebatir esta propuesta. Nosotros, entonces, como hoy, defendemos
una posición política y fiscal responsable, situar a la ciudadanía en el centro y garantizar la capacidad de gasto de las Administraciones para sostener sus servicios públicos. El Gobierno no negoció hace una semana, tampoco lo ha hecho ahora, y
una semana después seguimos en el mismo punto, en el Día de la Marmota.


Egonkortasun Legea Europako esparru berrira egokitzeko beharra. Gaur egun finantza marjina dagoenean bere inbertsio ahalmena mugatzen duen gastu arauak, gastu arau bat berrikusteko beharra eta lurralde bakoitzaren errealidadea kontuan
hartuko daben egonkortasun helburu asimetrikoetarantz aurrera egiteko beharra eta inguruabarrak aldatu ez diranez, gure jarrera be ez dau aldatu.


La semana pasada, a pesar de que compartíamos los objetivos, le señalamos las principales debilidades del planteamiento. Le hablamos de la necesidad de adaptar la ley de estabilidad al nuevo marco europeo, de revisar una regla de gasto que
hoy limita la capacidad de inversión incluso cuando existe margen financiero y de avanzar hacia objetivos de estabilidad asimétricos que tengan en cuenta la realidad de cada territorio. Como las circunstancias no han cambiado, tampoco lo ha hecho
nuestra posición.


Hoy, ministro, nos trae a debate la misma senda, por lo que permítame una reflexión: si plantea lo mismo, si hace exactamente lo mismo, no puede esperar un resultado diferente. Si se repite el camino, se llega al mismo sitio. ¿Y si
hubiera probado a hacer algo distinto? ¿Y si hubiera incorporado algunas de las propuestas que luego ha dicho que está dispuesto a explorar? Actuando así, lo que parece que está transmitiendo el Gobierno es una estrategia equivocada. Da la
impresión de que su prioridad no es construir una mayoría para aprobar los presupuestos, sino superar cuanto antes este trámite de doble vuelta para poder presentarlos.


Ministro, unos presupuestos no pueden ser un ejercicio de puesta en escena ni una operación de cálculo político, deben ser una herramienta real para sostener la inversión, la innovación y los servicios públicos, y no un producto de marketing
político.


Reconocemos que los datos económicos son positivos: el empleo avanza y la economía sigue mostrando un mejor comportamiento que las de muchos países de nuestro entorno, pero el crecimiento no se mantiene por inercia. Si el objetivo es
consolidarlo, es necesario seguir impulsando la inversión -los fondos Next se acaban-, la investigación, el desarrollo y la innovación. Eso exige unos presupuestos con posibilidades reales de negociación, de ser aprobados; no un programa electoral
presentado ante esta Cámara.


Somos plenamente conscientes del contexto político en el que se produce este debate. Nadie ignora la tensión que vive esta legislatura ni las dificultades para construir mayorías. Pero, precisamente por eso, conviene distinguir entre la
legítima confrontación política y las decisiones que afectan al interés de la ciudadanía. Por ello hay algo que nos cuesta entender, además de la posición del Gobierno. En esta Cámara, muchos grupos reclaman más inversión y más recursos para sus
territorios, pero hoy votarán en contra de la senda que hace posible esas políticas. No es una discrepancia técnica, es una apuesta deliberada por la confrontación política: prefieren exhibir la debilidad del Gobierno antes que garantizar el
margen fiscal de sus propias comunidades y ayuntamientos.


Quienes hoy bloquean la senda no están defendiendo sus territorios, están sacrificando su capacidad de inversión para mostrar la debilidad del Gobierno y, en definitiva, para alimentar una confrontación política. Y conviene decirlo con
claridad: aprobar la senda no obliga a aprobar los presupuestos. Se puede votar a favor de la senda y, llegado el momento, rechazar unas cuentas que no se comparten; pero al menos así no se deja a las Administraciones -incluidas aquellas en las
que esos mismos grupos gobiernan- en una

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situación peor, con menos margen fiscal y menos capacidad, en definitiva, para sostener los servicios públicos esenciales.


Si de verdad el objetivo es más inversión, más recursos y unos nuevos presupuestos, lo lógico es contribuir a construir las mayorías que lo permitan. Sin embargo, cuando la confrontación política termina condicionando acuerdos necesarios
para sostener esta inversión, la innovación, la productividad o las políticas sociales, quienes acaban pagando el precio no son los Gobiernos ni los partidos: es el conjunto de la ciudadanía. Las mayorías no se improvisan, se construyen. Y, señor
ministro, esta sigue siendo su principal tarea pendiente.


Gure jarrera koherentea izan da eta hala izaten jarraituko du. Horregatik, gaur ere bide orri bide orri honen alde bozkatuko dugu. Akordioak eraikitzea eta herritarren interesak lehenestea, baita gure egiteko nagusia.


Nuestra postura ha sido coherente y lo seguirá siendo. Por eso, hoy también votaremos a favor de esta hoja de ruta, porque construir acuerdos y priorizar los intereses de la ciudadanía es nuestra principal misión.


Permítanme terminar con una reflexión que creo que nos interpela a todos. La política se está convirtiendo en el arte del anuncio, en el arte del marketing, en un espacio donde predominan la polarización y los extremismos; donde todo se
presenta en blanco o negro, como si no existieran los matices. Pero la política no es una fotografía de alto contraste, también existen los grises, que son precisamente el espacio de la centralidad, el espacio donde se acuerda, donde se negocia,
donde se construyen mayorías y se sostienen las instituciones. Reducir la política a titulares, a gestos y a exhibiciones no solo debilita al Gobierno, sino que debilita la capacidad colectiva de acordar y eso, señorías, perjudica directamente a la
ciudadanía y creo que conviene recordarlo.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil. (Rumores).


Un poco de silencio, por favor.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Moi boa tarde de novo.


Se é verdade que xa perdemos a conta de cantas veces levamos tido este debate nos últimos tres anos e sempre de maneira infrutuosa. Eu non quero ser como o PP. Non vou repetir o que o que dixen aquí hai quince días. Por iso quero dicir
algo diferente que me parece importante, polo menos desde a perspectiva de Galicia desde a perspectiva do BNG e é que, señor ministro, non sei se vostede vai chegar a presentar proxecto de orzamentos ou non, pero entenderá que teñamos moi pouca
confianza en que poida haber realmente orzamentos do Estado e polo tanto, o que lle queremos pedir e que con orzamentos ou sen eles, fagan o que teñen que facer, cumpran os compromisos que teñen coas diferentes forzas políticas ou cos diferentes
países, os compromisos que teñen con Galiza a través do acordo de investidura co BNG. Porque vostede entenderá que se o goberno foi capaz de sacar nun único consello de ministros dunha modificación de crédito de10 400 millóns de euros para gasto
militar, non nos vai convencer de que non pode sacar 1000 ou 1500 millóns de euros para darlle un impulso á modernización das infraestruturas ferroviarias, tal e como teñen comprometido, por exemplo, nas liñas de Ferrol, a Coruña ou a Coruña Lugo.
Evidentemente poden e deben cumprir o que ten que ver co novo servizo ferroviario no noso país, especialmente a cercanía ferroviaria. Hai que modernizar, hai que modernizar e hai que mellorar a media distancia na Galiza, evidentemente, pero hai que
cumprir creando as cercanías ferroviarias nas zonas, nas áreas urbanas e metropolitanas galegas e para iso teñen recursos se vostedes queren cumprir.


Pero ademais hai outras cuestións que xa son claramente de vontade política porque non cumpriron aínda os compromisos en relación coa incorporación da lingua galega aos

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medios de comunicación de ámbito estatal La 2 en galego en galego ou Radio 4 en galego, tal e como teñen asinado connosco. Poden cumprir efectivamente, ademais en facer políticas realmente transformadoras, derrogando dunha vez por todas a
reforma laboral do Partido Popular, cousa que non fixeron derrogando a Lei Mordaza do Partido Popular, que aínda non fixeron. E evidentemente, avanzando na democratización na liña dalgún paso que demos hoxe mesmo na democratización e na expansión e
extensión do pluralismo político dentro das institucións que dependen do Estado. Evidentemente hai dificultades e nós entendémolas, pero tamén queremos deixar claro que se non cumpren no tempo que teñen e non teñen nada que perder. Iso creo que o
teñen que ter moi claro, non teñen nada que perder se non cumpren porque non queren, e se non cumpren están facilitando o camiño a estes da dereita.


Moito obrigado.


Gracias, señora presidenta.


Muy buenas tardes de nuevo.


Sí, es cierto que ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos tenido este debate en los últimos tres años, y siempre de forma infructuosa. No quiero ser como el PP, no voy a repetir lo que dije hace quince días. Por eso, me gustaría
decir algo diferente que considero que es importante, por lo menos desde la perspectiva de Galicia y desde la perspectiva del BNG.


Señor ministro, no sé si ustedes van a presentar el proyecto de presupuestos o no, pero entenderá que tengamos muy poca confianza en que pueda haber realmente presupuestos del Estado. Lo que queremos pedir es que, con presupuestos o sin
ellos, hagan lo que tengan que hacer, que cumplan con los compromisos que tienen con las distintas fuerzas políticas o con los diferentes países, los compromisos que tienen con Galicia a través del acuerdo de investidura con el BNG. Porque, como
comprenderá, si el Gobierno ha sido capaz de sacar en un único Consejo de Ministros una modificación de crédito de 10 400 millones de euros para gasto militar, no nos va a convencer de que no puede sacar 1000 o 1500 millones de euros para dar un
impulso a la modernización de las infraestructuras ferroviarias, tal y como se han comprometido, por ejemplo, en las líneas de FerrolCoruña o CoruñaLugo. Evidentemente, pueden y deben cumplir con lo que tiene que ver con nuevos servicios
ferroviarios en nuestro país, en especial las cercanías ferroviarias. Hay que modernizar y hay que mejorar la media distancia en Galicia, evidentemente, pero hay que cumplir creando las cercanías ferroviarias en las áreas urbanas y metropolitanas
gallegas. Para eso hay recursos si quieren cumplir.


Además, hay otras cuestiones que ya son claramente de voluntad política. ¿Por qué todavía no han cumplido con los compromisos en relación con la incorporación de la lengua gallega a los medios de comunicación de ámbito estatal? La 2 en
gallego o Radio 4 en gallego, tal y como firmaron con nosotros. Pueden cumplir, hacer políticas realmente transformadoras derogando de una vez por todas la reforma laboral del Partido Popular -cosa que no hicieron-, derogando la ley mordaza del
Partido Popular -algo que aún no han hecho- y, evidentemente, avanzando en la democratización y la expansión del pluralismo político dentro de las instituciones que dependen del Estado.


Evidentemente, hay dificultades y las entendemos, pero también queremos dejar claro que, si no cumplen en el tiempo que tienen -y no tienen nada que perder; eso es algo que deben tener muy claro-, es porque no quieren. Y, si no cumplen,
están facilitando el camino a la derecha.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.


Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, muy buenas tardes.


Señor ministro, se lo dijimos y lo volvemos a reiterar: Con nuestro voto, no. Nosotros no vamos a formar parte de esta estrategia electoral del Gobierno. Un gobierno que, como

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le dijimos, gobierna desde la falsedad y la mentira, desde la opacidad y la falta de transparencia. Un gobierno, señor ministro, que en materia presupuestaria realiza el mayor incremento presupuestario de la historia en materia de defensa y
es incapaz de traerlo a esta Cámara, donde se sientan los representantes del pueblo español: más de 10 400 millones de euros. Pero, además, este Gobierno realiza el gasto en armamento más alto de la historia y es incapaz de establecer una
retribución justa y adecuada a los miembros de las Fuerzas Armadas. Luego vendrán las alabanzas y las loas a su trabajo, a su esfuerzo. Hipocresía en estado puro.


Un Gobierno, señor ministro, que acaba de recortar nada más y nada menos que 309 millones de euros al Ministerio de Educación -repito, 309 millones de euros- y transferidos al Ministerio de Presidencia sin ninguna justificación, sin ninguna
explicación en esta Cámara. Esto no es nuevo porque hace ya unos meses -en el mes de abril- recortaron en educación 60 millones de euros. Luego hablarán de la educación pública. Hipocresía pura y dura también. Ustedes hablan mucho de los
servicios públicos, de la sanidad, de la educación; pero, a la hora de la verdad, cuando muchos cargos del Partido Socialista y del Gobierno necesitan un tratamiento sanitario, o escolarizar a sus hijos, recurren a la sanidad pública y a la
enseñanza privada. Hipocresía en Estado puro.


Señor ministro, acaben con la agonía de este Gobierno, convoquen elecciones, den la palabra a los españoles para que ellos, con el voto, tengan la última decisión.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.


Té la paraula la senyora Micó Micó.


La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.


Senyor ministre, ja li ho vaig explicar la setmana passada. No donarem suport mentre que no vinguin objectius de dèficit asimètric. Per tant, no vaig a tornar a explicarho perquè vull aprofitar el temps per a parlar d'una cosa més
important que va passar ahir a València. I vull fer també abans un poc d'història.


Gracias, presidenta.


Señor ministro, ya se lo expliqué la semana pasada. Mientras no traigan unos objetivos de déficit asimétrico, no voy a volver a explicárselo. Quiero aprovechar el tiempo para hablar de una cuestión más importante en Valencia, pero antes
permítame hacer breve repaso histórico.


Martes, 13 de junio del 2023. Los valencianos y valencianas fuimos los primeros. Era junio del año 2023; acabábamos las elecciones autonómicas y ya estábamos haciendo campaña para las elecciones generales. Feijóo dio la orden de no
negociar con la extrema derecha. Mejor tragarse el sapo de los ultras después de la campaña electoral. Pero ya sabemos que la autoridad de Feijóo, el 'ausente', dentro del Partido Popular a veces no es la que toca, ¿verdad, señorías del Partido
Popular?


Mazón tenía ansia. Mazón tenía mucha ansia y mucha prisa por abrazarse a VOX. Desoyendo al Partido Popular, inició una negociación que culminaría con el primer Gobierno del Estado con VOX con gestión directa. Los valencianos y las
valencianas lo sabemos bien: entre otras cosas, les dieron las competencias de emergencias. Su primera política: eliminar la Unitat Valenciana d'Emergències. Total, ¿qué podía pasar?, ¿qué podía salir mal? (Muestra una fotografía). Esta foto
es la que marcaría lo que pasó después: la negociación entre risas y colegueos entre el futuro expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y un condenado por violencia psíquica habitual, coacciones, injurias y vejaciones contra su
expareja. ¿Verdad, señor Flores Juberías? Hoy lo estoy diciendo bien. Lo estoy leyendo de la sentencia para no equivocarme, porque después usted me amenaza con denunciarme.


Pero volvamos al presente. Miércoles, 22 de julio de 2026 -justo ayer-, los valencianos y las valencianas volvemos a ser los primeros y las primeras. Ayer el Partido Popular y VOX pactaron los primeros presupuestos donde la mal llamada
prioridad nacional deja de ser una racistada para convertirse en ley. Son xenófobos, sí, pero también

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y sobre todo son inútiles porque, exigiendo diez años de empadronamiento, ustedes dejan fuera a estudiantes desplazados, a militares, a policías y a otros funcionarios del Estado. Esto es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir si gobiernan
aquí. Feijóo, el Ausente, no solo ha sido desautorizado, sino que se ha arrastrado de forma patética llamándolo arraigo.


Sabemos, señorías, que cuando PP y VOX están en la oposición dan asco, pero sobre todo son un peligro mortal cuando están en el Gobierno y no vengo del futuro, solo vengo de Valencia.


Gràcies. (Rumores.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez González.


La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, ministro, buenas noches ya.


Es cierto -y lo hemos escuchado repetidamente- que volvemos hoy a hablar un tema que vimos hace una semana, pero no nos engañemos, la única razón y los únicos culpables de que volvamos a hablar de los objetivos de estabilidad son las
derechas de este hemiciclo. Así que la culpa de que hoy estemos cerrando este Pleno con este punto es suya, porque ya podríamos tener un escenario muchísimo mejor. Culpa suya. Vamos a ver si los convencemos de lo contrario.


La semana pasada, aunque se revuelvan las derechas, votaron en contra de dar un paso en la presentación de unos presupuestos, que, por otro lado, exigen todo el rato. Dijeron no a dar más recursos a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos. Dijeron no a dar recursos a las administraciones más próximas, las más cercanas que tenemos, donde gestionamos una escuela pública, los transportes, la carretera, todo aquello que el señor Marí Bosó antes nombraba y decía que iba a
mejorar. No sé cuándo, porque lejos está de poder gobernar en el Estado. (Aplausos).


Continúo. Voy a seguir diciéndolo, porque creo que, aunque el ministro lo ha situado muy bien, hay algunos diputados y diputadas que no acaban de entender qué votamos. El acuerdo de hoy pretende que cambiemos la bolsita del dinero, que
dejemos de ponerla en los bancos y de pagar intereses y la pongamos en las Administraciones para pagar servicios. Votan en contra de esto. Votan en contra de darle ese dinero a las autonomías para que lo gestionen y lo gasten en su territorio
aquellos que gobiernan en la mayoría de las autonomías, como es el caso del Partido Popular. Votan que no a tener más dinerito para gestionar su tierra, es decir, votan en contra de sus intereses.


Lo de VOX no sorprende, porque, señorías, ya sabemos que VOX quiere eliminar las autonomías y gestionar absolutamente todo desde Madrid. No podemos entrar a valorar mucho más.


Respecto a la intervención del señor Figaredo -señor Figaredo, me dirijo a usted-, ha dado vergüenza ajena su intervención de hoy. (Aplausos). Ha cogido todos los datos que tiene en su cabeza, los ha meneado, les ha dado una vuelta, ha
metido, como siempre, el ingrediente de la inmigración y ha vomitado aquí basura. Se define usted, señor Figaredo. (Aplausos).


Quisiera dirigirme ahora a las señorías de Junts, que también votaron en contra de estos objetivos. Creo, además, que lo hicieron argumentando, como ha hecho otra vez hoy el señor Cruset, los motivos por los que considera que no son los
mejores. Yo quisiera hacerle pensar y reflexionar una vez más. Entiendo que quiera para Cataluña lo que usted considere que es útil, pero, con su voto en contra, Cataluña pierde. Con su voto en contra, 1200 millones de euros no llegan a Cataluña
y vergonya da que usted haga perder a Cataluña 1200 millones de euros. (Aplausos).


Quiero agradecer a todos los otros partidos políticos, algunos muy lejanos y con una posición muy distante a este acuerdo que trae el Gobierno, que, aunque no están de acuerdo al cien por cien, hayan entendido de qué se trata. Han entendido
que este escenario es simplemente mejor que el actual y que es un paso más para acercarnos a esa negociación de los presupuestos. A todos ellos les quiero dar las gracias por su apoyo y, sobre todo, por su coherencia y responsabilidad.

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Me dirijo nuevamente a las señorías del Grupo Popular. Quisiera convencerles de que están en un error. Les vuelvo a preguntar: ¿por qué no aprobar unas reglas del juego que proporcionan más recursos a las Administraciones que ustedes
gestionan? No me digan que no les hace falta. No me creo que no haya listas de espera en dependencia, que nadie espere en una lista para ser atendido por un médico especialista, que no haya un puente que reparar y que no haya viviendas que
construir. ¿De verdad que no necesitan ese dinero?


En el debate de la semana pasada me hacía estas preguntas, reflexionaba y estaba perpleja, porque yo sé que esto no es así. Lo sabemos todos. Como no me cuadraba, me puse a investigar un poco y me dije: 'Vamos a ver, ¿qué pierde realmente
las autonomías?'. Y me sorprendía, porque esas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dejarían de ganar, por ejemplo, Madrid, 1226 millones; Andalucía, más de 1000 millones; Valencia, 549 millones. Será que Valencia no necesita
dinero para reconstruirse, será eso. Señor Feijóo, el Ausente, ¿no le duele perder 272 millones para su tierra? A mí me duele perder 166 millones para Canarias, que no llegarán. (Aplausos). Esto no es fácil de comprender. A las personas
normales nos cuesta mucho comprender que hayamos sido elegidos -hoy hace tres años- para llevar beneficios a nuestra tierra y otros lo rechacen.


No se rían, pero decidí preguntar a la inteligencia artificial qué debería hacer el Grupo Popular, si el Grupo Popular debería votar a favor de los objetivos de estabilidad. Me van a permitir que les lea lo que me dice la inteligencia
artificial. Me dice que sí, que es un trámite previo y necesario para que se formulen los presupuestos, algo que tanto reclaman. Ojo, que no les vincula; que lleguemos ahí les permite enriquecerlos y enmendarlos, pero no les vincula. Podrían
votar que sí si quisieran algo bueno para este país, claro.


La inteligencia artificial dice que sí porque supondría un beneficio para las comunidades autónomas que gestionan. De esto nos habíamos dado cuenta unos cuantos. Dice que sí porque permitiría cumplir con Bruselas. También dice una cosa la
inteligencia artificial: que aprobarlo facilitaría la gobernabilidad. Ahí lo entendimos todo. Ahí lo entendí yo todo. Entendí cuál es la posición del partido popular. Da igual a quién beneficia; lo único que importa, incluso más que las
personas a las que representan, es ir en contra del Gobierno. (Aplausos).


Señorías del Grupo Popular, la excusa les quedó pobre. Les quedó muy pobre. Es muy triste que haya más inteligencia detrás de un ordenador que en esta parte del hemiciclo. (Rumores). De verdad, recapaciten. (Aplausos). Pueden hacer
mucho bien para sus comunidades autónomas y sus ayuntamientos. Pueden hacer mucho bien.


Voy acabando. Lo que sí les pido, porque creo que no hay que ser negativos -aunque escuché al señor Marí Bosó y sé que tienen una orden: da igual lo bueno que sea para sus territorios, votar en contra si viene del Gobierno-, es que
reflexionen. No hace mucho tiempo, en enero de este año, tuvieron la ocasión de aprender la lección. Votaron en contra de la subida de las pensiones y miles de pensionistas salieron a las calles y les dijeron que no, que eso no es oposición, que
es otra cosa, y ustedes cambiaron de opinión y votaron que sí. Yo les digo que hoy hagan lo mismo: cambien de opinión, recapaciten. Les invito a votar a favor de 5849 millones, 5849 razones para darles a sus comunidades y a sus ayuntamientos
aliento.


Dejen que sea el Gobierno el que haga un mayor esfuerzo de reducción del déficit, claro que sí, y dejen que las comunidades autónomas dispongan de ese margen. Si el Congreso rechaza esta senda, no es que no tengamos nada, es que nos
quedamos con lo que ya hay, con lo que está aprobado en Bruselas y es menos bueno que lo que hemos traído hoy aquí. A quien vote hoy que no (el señor De los Santos González: Que sí, que los vamos a rechazar), como usted, señoría, que me contesta
mientras intervengo, le diré que está votando que no, por ejemplo, a una plaza de dependencia para un abuelo, una madre o un padre; que está votando que no... (Rumores). Nosotros lo que traemos, normalmente, son cosas buenas. Están votando no a
esa operación que tanto lleva esperando un vecino o un amigo, no lo sé; no a ese refuerzo que tanta falta hace de bomberos forestales, como estamos viviendo todos los días.

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Por todo esto, señoría, les pido que recapaciten, que hagan su trabajo, que sean responsables, que voten a favor. En definitiva, que trabajen para quienes les han votado y que elijan el camino correcto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Álvarez.


Votamos en un minuto. (Pausa).


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO LEY 18/2026, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A LA CRISIS EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 130/000049).


La señora PRESIDENTA: Empezamos por el punto de convalidación o derogaciones de reales decretos leyes.


Votamos el Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 175; en contra, 33; abstenciones, 140.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos).


Vamos a votar la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 344.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


- REAL DECRETO LEY 19/2026, DE 29 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA DEL PERSONAL LABORAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE COMPLEMENTO DE INSULARIDAD EN ILLES BALEARS. (Número de expediente
130/000050).


La señora PRESIDENTA: Vamos ahora a votar la tramitación o derogación del Real Decreto Ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas y de
complemento de insularidad en Illes Balears.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 167; en contra, 37; abstenciones, 144.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).


Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 347.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (VOTACIÓN. CONTINUACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (Número de expediente 410/000011).


La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora el dictamen de la comisión de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 178; en contra, 170.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).


VOTACIÓN DE TOTALIDAD.


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la totalidad de la reforma del Reglamento del Congreso a los efectos de la disposición final segunda del Reglamento.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 178; en contra, 169; abstención, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN. CONTINUACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LAS MUTUALIDADES ALTERNATIVAS REGULADAS EN SUS
DISPOSICIONES ADICIONALES 18ª Y 19.ª (Número de expediente 122/000143).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena.


Será una votación separada de las enmiendas.


Empezamos con las enmiendas al último párrafo del apartado I y al párrafo sexto del apartado II del Preámbulo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 334, abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos ahora la enmienda al párrafo quinto del apartado II del Preámbulo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 324; en contra, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos ahora la enmienda al Artículo único, Uno, que afecta al párrafo final del apartado 1 de la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 326; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos ahora la enmienda al Artículo único, Seis, que afecta al apartado 1 de la nueva disposición transitoria cuadragésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 290; en contra, 57.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la enmienda.


Votamos ahora la enmienda al Artículo único, Seis, que afecta al apartado 2 de la nueva disposición transitoria cuadragésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 347; en contra, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos ahora el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 348.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Las enmiendas del Senado que han sido aprobadas serán incorporadas al texto inicial aprobado por el Congreso de los Diputados.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE EL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DE OTRA NORMATIVA. (Número de expediente 122/000233).


La señora PRESIDENTA: Vamos ahora a votar la proposición de ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. Votamos la enmienda que viene del Senado.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 185; abstenciones, 163.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la enmienda y será incorporada al texto inicial aprobado por el Congreso de los Diputados.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN. (Número de expediente 121/000079).


La señora PRESIDENTA: Empezamos ahora la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común,
presentadas por los grupos parlamentarios VOX y Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 170; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueban.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN):


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 20272029 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2027. (Número de expediente 430/000010).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo
20272029 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2027. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que ha propuesto el Gobierno.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 166; en contra, 176; abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. (Aplausos).


Les deseo a todos y a todas que pasen unos felices días de descanso en este verano.


Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve de la noche.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.