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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 194, de 18/06/2026
cve: DSCD-15-PL-194
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 194
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 188
celebrada el jueves,
18 de junio de 2026
ORDEN DEL DÍA
Palabras de la Presidencia ... (Página9)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. (BOE núm. 129, de 27 de mayo de 2026). (Número de expediente 130/000043) ...
- Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. (BOE núm. 135, de 3 de junio de 2026). (Número de expediente 130/000044) ...
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291, de 12 de mayo de 2026. (Número de expediente 122/000280)
... (Página40)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 261, de 21 de junio de 2024. (Número de expediente 121/000026) ... (Página51)
- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no
universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 931, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 121/000092) ... (Página82)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo entre el Reino de España y el Banco Asiático de Desarrollo relativo al centro de prestación de servicios informáticos y resiliencia del Banco Asiático de Desarrollo, hecho en Manila y Madrid el 28 de octubre y 25 de noviembre de
2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 229, de 17 de abril de 2026. (Número de expediente 110/000072) ... (Página106)
- Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se modifica el Acuerdo de Seguridad de la OCCAR, firmado en París el 24 de septiembre de 2004, hecho en París el 13 de noviembre de 2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 235, de 4 de mayo de
2026. (Número de expediente 110/000073) ... (Página106)
- Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 236, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000074) ...
- Convenio entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Montevideo el 22 de julio de 2025, e intercambio de notas verbales de fecha
7 de agosto de 2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 239, de 18 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000075) ... (Página106)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto sobre asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 240, de 18 de mayo de 2026. (Número de
expediente 110/000076) ... (Página106)
- Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 241, de 18 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000077) ...
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página109)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página111)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página112)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página112)
Votación de conjunto ... (Página112)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación).
- Avocación por el Pleno ... (Página113)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página114)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y un minuto de la mañana.
Palabras de la Presidencia ... (Página9)
La Presidencia informa de que en la sesión plenaria de hoy se incluye el debate y aprobación en tramitación directa y en lectura única de una proposición de ley orgánica, iniciativa que ha de ser sometida a una votación final que, de
conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, anuncia que no se producirá antes de las 13 horas.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. (BOE núm. 129, de 27 de mayo de 2026). (Número de expediente 130/000043) ...
El señor ministro de Cultura (Urtasun Domènech) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decretoley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano; las señoras Ogou i Corbi, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR, y Armario González, del Grupo Parlamentario VOX; el señor García Morís, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Guardiola Salmerón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. (BOE núm. 135, de 3 de junio de 2026). (Número de expediente 130/000044) ...
El señor ministro de Hacienda (España García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decretoley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Rego Candamil y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), y
Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Martín Urriza, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX; González Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, e Ibáñez Hernando, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291, de 12 de mayo de 2026. (Número de expediente 122/000280)
... (Página40)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y
Campos Asensi, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Herrera García, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mesquida Mayans, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 261, de 21 de junio de 2024. (Número de expediente 121/000026) ... (Página51)
El señor ministro de Cultura (Urtasun Domènech) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Ramírez del Río, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora CruzGuzmán García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene el señor González López, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Replica el señor Ramírez del Río y duplica el señor González López.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); la señora Aizpurua
Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; y los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano, y Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Cierra el debate el señor ministro de Cultura.
- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no
universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 931, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 121/000092) ... (Página82)
La señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes (Tolón Jaime) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Rego Candamil y la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Estrems
Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Valero Morales, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Robles López, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Teniente Sánchez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo entre el Reino de España y el Banco Asiático de Desarrollo relativo al centro de prestación de servicios informáticos y resiliencia del Banco Asiático de Desarrollo, hecho en Manila y Madrid el 28 de octubre y 25 de noviembre de
2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 229, de 17 de abril de 2026. (Número de expediente 110/000072) ... (Página106)
- Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se modifica el Acuerdo de Seguridad de la OCCAR, firmado en París el 24 de septiembre de 2004, hecho en París el 13 de noviembre de 2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 235, de 4 de mayo de
2026. (Número de expediente 110/000073) ... (Página106)
- Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 236, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000074) ...
- Convenio entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Montevideo el 22 de julio de 2025, e intercambio de notas verbales de fecha
7 de agosto de 2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 239, de 18 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000075) ... (Página106)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto sobre asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 240, de 18 de mayo de 2026. (Número de
expediente 110/000076) ... (Página106)
- Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 241, de 18 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000077) ...
Para fijar su posición sobre los dictámenes de referencia intervienen los señores Santos Maraver, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; Mercadal Baquero, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página109)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 12 de mayo de 2026. (Número de expediente 162/000783) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 176 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 535, de 22 de mayo de 2026.
(Número de expediente 162/000793) ... (Página110)
Sometida a votación separada por puntos la iniciativa de referencia, son aprobados todos.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página111)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME). (Número de expediente 173/000178) ...
(Página111)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 226 votos a favor y 121 abstenciones.
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social. (Número de expediente 173/000179) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se rechaza por 33 votos a favor y 314 en contra.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno. (Número de expediente
173/000180) ... (Página111)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 177 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página112)
- Real Decreto-Ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. (BOE núm. 129, de 27 de mayo de 2026). (Número de expediente 130/000043) ...
Sometida a votación la convalidación del real decreto-ley de referencia, se aprueba por 304 votos a favor, 33 en contra y 10 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 347 votos a favor.
- Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. (BOE núm. 135, de 3 de junio de 2026). (Número de expediente 130/000044) ...
Sometida a votación la convalidación del real decreto-ley de referencia, se aprueba por 313 votos a favor y 33 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 345 votos a favor y 1 abstención.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página112)
- Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291, de 12 de mayo de 2026. (Número de expediente 122/000280)
... (Página112)
Votación de conjunto ... (Página112)
Sometida a votación de conjunto la iniciativa de referencia por tramitarse en lectura única y tener carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas, se aprueba por 312 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página113)
- Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 261, de 21 de junio de 2024. (Número de expediente 121/000026) ... (Página113)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la iniciativa de referencia, se rechazan por 172 votos a favor y 175 en
contra.
- Avocación por el Pleno ... (Página113)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la deliberación y votación del proyecto de ley de referencia, se aprueba por 345 votos a favor y 1 en contra.
- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no
universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 931, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 121/000092) ... (Página113)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) a la iniciativa de referencia, se rechazan por 11 votos a favor, 329
en contra y 7 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página114)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Banco Asiático de Desarrollo relativo al centro de prestación de servicios informáticos y resiliencia del Banco Asiático de Desarrollo, hecho en Manila y Madrid el 28 de octubre y 25 de noviembre de
2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 229, de 17 de abril de 2026. (Número de expediente 110/000072) ... (Página114)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 294 votos a favor, 33 en contra y 19 abstenciones.
- Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se modifica el Acuerdo de Seguridad de la OCCAR, firmado en París el 24 de septiembre de 2004, hecho en París el 13 de noviembre de 2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 235, de 4 de mayo de
2026. (Número de expediente 110/000073) ... (Página114)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 266 votos a favor, 4 en contra y 76 abstenciones.
- Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 236, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000074) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 175 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención.
- Convenio entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Montevideo el 22 de julio de 2025, e intercambio de notas verbales de fecha
7 de agosto de 2025. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 239, de 18 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000075) ... (Página115)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 294 votos a favor y 52 abstenciones.
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto sobre asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 240, de 18 de mayo de 2026. (Número de
expediente 110/000076) ... (Página115)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 294 votos a favor, 7 en contra y 45 abstenciones.
- Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 241, de 18 de mayo de 2026. (Número de expediente 110/000077) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 294 votos a favor, 40 en contra y 12 abstenciones.
Se levanta la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
SESIÓN PLENARIA NÚM. 188
CELEBRADA EL JUEVES 18 DE JUNIO DE 2026
Se reanuda la sesión a las nueve y un minuto de la mañana.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Buenos días a todos y a todas.
Señorías, ocupen sus escaños. Muchas gracias.
Les informo de que la sesión plenaria de hoy incluye, como saben, el debate y aprobación en tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por
tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, ha de ser anunciada previamente por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición,
anuncio que la votación no se producirá antes de las 13 horas del día de hoy.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 12/2026, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE DECLARAN DIVERSAS INICIATIVAS Y PROGRAMAS COMO ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. (Número de expediente 130/000043).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos leyes. Empezamos con el Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas
y programas como acontecimientos de excepcional interés público.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Cultura. Cuando quiera.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Urtasun Domènech): Muy buenos días.
Traemos a esta Cámara para su convalidación el Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. Sus señorías ya conocen esta figura y los
resultados positivos que comporta a la hora de promover, apoyar o impulsar eventos de raíz cultural o relacionados con el deporte o la investigación científica. En esta ocasión, se trata de veintiséis iniciativas muy diversas que se beneficiarán
del régimen de incentivos fiscales previsto para este tipo de acontecimientos, según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Con la presente declaración
no solo se produce un reconocimiento a estas actividades, sino, como saben, se les atribuyen las ventajas fiscales previstas en el artículo 27.3 de la citada ley de mecenazgo.
El objetivo de la figura del AEIP es, como saben, incentivar la participación externa en el desarrollo de eventos, conmemoraciones o competiciones deportivas que, por su extraordinaria relevancia cultural o social, aconsejan el apoyo que
esta figura presta. Se trata de un apoyo basado -como he dicho- en las ventajas fiscales para colaboradores o patrocinadores del acontecimiento, según un programa compartido y explícito, y que consigue movilizar financiación para estos eventos. El
real decreto-ley que hoy sometemos a convalidación identifica, en su artículo 1, los acontecimientos que han sido propuestos a través de los diferentes ministerios, también teniendo en cuenta las peticiones que se han ido haciendo tanto en el
Congreso como en el Senado. Determina la duración de los programas de apoyo a cada AEIP en su artículo 2 y establece en su artículo 3 cómo se debe certificar la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa.
Pasaré a continuación a detallar algunos de los acontecimientos de excepcional interés público que, por su relevancia o proyección a futuro, creo que deben merecer nuestra especial atención. Todos ellos dibujan, a su vez, un mapa de interés
territorial porque la figura del AEIP es un reflejo de la diversidad y el dinamismo de las iniciativas culturales, sociales o deportivas que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestro país. Me detendré, en primer lugar, en aquellos eventos de
carácter cultural vinculados con nuestro Ministerio de Cultura, porque la cultura, el arte y la creación artística tienen la facultad de vertebrar nuestras sociedades y servir de punto de encuentro para la ciudadanía, justamente una de las
facultades que esta figura reconoce. Lo pudimos comprobar en Zaragoza donde el pasado 28 de mayo presentamos, junto a las autoridades del Gobierno de Aragón y representantes de ministerios, organismos y entidades públicas y privadas, la celebración
del llamado Año Goya, el bicentenario del fallecimiento del pintor, así como la comisión nacional que acompañará esta celebración del genio goyesco; un verdadero proyecto de Estado, el Año Goya en 2028, que ha merecido la consideración de AEIP en
este real decreto. Las ciudades de Zaragoza y Madrid serán los dos escenarios más relevantes de la conmemoración debido a su singular vinculación con Goya, aunque habrá actividades y exposiciones en todo el territorio nacional, también en el ámbito
internacional.
Garantizar el acceso a la cultura en todas sus expresiones es un objetivo ministerial, pero, sobre todo, un derecho cultural que exige su plena realización. Propiciar ese acercamiento de la ciudadanía a la cultura pasa también por otorgarle
apoyo a instituciones de contrastada relevancia o a festivales musicales, teatrales o cinematográficos cuya trayectoria viene demostrando a lo largo del tiempo su peso específico y su impacto en el relato cultural de nuestro país. En esta categoría
figuran acontecimientos como los que paso a citarles. La celebración del 30.º aniversario de la reapertura del Teatro Real de Madrid, que en estas tres décadas ha logrado establecerse como uno de los coliseos operísticos de referencia en Europa.
La celebración del 120.º aniversario del Palau de la Música, en Barcelona, joya del modernismo catalán y única sala de conciertos declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La celebración del 75.º aniversario del Festival Internacional de
Santander. La celebración en 2027 del 50.º aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, uno de los más activos agentes en la difusión y protección de nuestro teatro clásico y de la cultura del Siglo de Oro español. La
celebración del 60.º aniversario del Festival de Sitges, referente internacional del cine fantástico, terror y ciencia ficción. Y la celebración del 60.º aniversario del Festival de Cante de las Minas de La Unión, que proyectará la imagen de
Cartagena y Murcia como regiones de referencia internacional del flamenco.
Entre los acontecimientos reconocidos por este real decreto-ley figuran también eventos de carácter científico y tecnológico. Me refiero al Año de Investigación contra el Cáncer 2026, orientado a reforzar la investigación e innovación en
oncología, fomentar la colaboración públicoprivada y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas promoviendo la equidad en el acceso a servicios, programas de cribado y estilos de vida saludables. La celebración también del Trío de
Eclipses 202620272028, una oportunidad excepcional para impulsar la observación astronómica y la divulgación científica con motivo de este fenómeno, que en España tendrá una incidencia, como saben, muy destacada y está movilizando ya el interés
nacional. O la celebración del Valencia Digital Summit, que contribuye al posicionamiento de la ciudad de Valencia como un polo internacional de innovación, emprendimiento y atracción de talento. El real decreto-ley se completa, como les he dicho,
hasta los veintiséis acontecimientos con otros eventos de carácter social y deportivo merecedores de nuestra atención e implicación y para cuyo conjunto solicito su respaldo.
El presente real decreto-ley, que ahora sometemos a convalidación, respeta plenamente los límites materiales señalados por el artículo 86.1 de la Constitución relativo a la extraordinaria y urgente necesidad de este texto, determinada por la
necesidad de comenzar con los distintos programas durante este año 2026 para poder culminar en tiempo y forma en las fechas exigidas para cada uno de los proyectos. En virtud de lo que les acabo de exponer y de la relevancia social y cultural de la
norma presentada, quisiera
solicitar a sus señorías que apoyen la convalidación de este real decreto-ley sobre acontecimientos de excepcional interés público.
Muchas gracias y buenos días. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.
Podria fer una intervenció explicant que part dels esdeveniments declarats d'excepcional interès públic són recollits a partir de propostes que en el seu moment havia fet Junts per Catalunya, però més enllà de dir això, el contingut del
Reial decret llei no té gaire més valor afegit.
Però sí que voldríem entrar i aprofitar aquesta ocasió per posar en valor l'acció legislativa del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya, defensant durant anys la necessitat d'aprovar una llei de mecenatge
catalana. Bàsicament perquè, això sí que representa un potent impacte en l'impuls de les activitats d'especial interès públic. Una llei, la que proposa Junts, que, reconeix, facilita i incentiva la implicació privada en projectes d'interès
general. Una llei del tot necessària perquè fa massa anys que el sector cultural, social, científic, esportiu i associatiu reclama una llei d'aquestes característiques. Una llei, però, que a dia d'avui, no és una realitat. No ha estat possible
aprovarla i una llei que no és realitat perquè va ser aturada pel Govern d'Esquerra Republicana amb l'inestimable suport dels socialistes i els comuns. Una llei que és una necessitat de país i una llei que cada dia que passa sense la seva aprovació
dificulta el normal desenvolupament dels projectes d'interès general.
Catalunya és el que és perquè també s'ha construït des de les seves entitats: fundacions, ateneus, clubs esportius, universitats, centres de recerca, creadors, empreses compromeses i ciutadania que, al llarg de generacions, han entès que el
país també es fa aportant temps, recursos, talent i compromís al bé comú. Des de Junts per Catalunya pensem, per tant, que més enllà de quatre declaracions d'esdeveniments d'excepcional interès públic, el que fa falta és una eina catalana de
mecenatge, tal com fa temps que hem presentat en forma de llei al Parlament de Catalunya.
Muchas gracias, presidenta.
Podría hacer una intervención explicando que los acontecimientos declarados de excepcional interés público son recogidos a partir de propuestas que había hecho Junts per Catalunya en su día, pero más allá de decir eso, el contenido del real
decreto-ley no tiene demasiado valor añadido, adicional.
Quería aprovechar esta ocasión para poner en valor la acción legislativa del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya en el Parlament de Catalunya defendiendo durante años la necesidad de aprobar una ley de mecenazgo catalana. Básicamente
porque eso sí que representa un impacto potente en el impulso de las actividades de especial interés público. Una ley, la que propone Junts, que reconoce, facilita e incentiva la implicación privada en proyectos de interés general. Una ley del
todo necesaria porque hace demasiados años que el sector cultural, social, científico, deportivo y asociativo reclama una ley de estas características. Una ley, sin embargo, que a día de hoy no es una realidad, no ha sido posible aprobarla. Una
ley que no es realidad porque fue parada por Esquerra Republicana con el inestimable apoyo de socialistas y Comuns. Una ley que es una necesidad de país y una ley que cada día que pasa sin su aprobación dificulta el normal desarrollo de los
proyectos de interés general.
Cataluña es lo que es porque también se ha construido desde sus entidades, universidades, centros deportivos y de investigación, fundaciones, creadores, empresas comprometidas y ciudadanía que, a lo largo de generaciones, han entendido que
el país también se hace aportando tiempo, recursos, talento y compromiso al bien común. En Junts per Catalunya pensamos, por lo tanto, que, más allá de cuatro declaraciones de acontecimientos de excepcional interés público, lo que hace falta es una
herramienta
catalana de mecenazgo, algo que hace tiempo que hemos presentado en forma de ley en el Parlament de Catalunya.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Bon dia, presidenta, senyories, senyor ministre.
Nosaltres votarem afirmativament aquest reial decret. Creiem, òbviament, que és important la promoció pública de la cultura i l'esport i el que fa aquest reial decret és posar de manifest una tendència recurrent. Però, i això ho hem de
dir, és una reflexió que deixo aquí damunt la taula: la concentració d'esforços públics i de beneficis fiscals en els grans esdeveniments que tenen un sentit, mentre, però, hi ha altres manifestacions -que vostè coneix, senyor ministre- de la
cultura popular en pobles i barris que queden malauradament en segon pla. I això no treu mèrit a la llista que aquí portem. Esquerra Republicana també ha incorporat algunes expressions culturals en aquest reial decret i entenem que s'han recollit
adequadament. La qüestió, si pensem de fons, no és si aquests esdeveniments especials mereixen el suport -que el mereixen- sinó si tenim un problema de desequilibri quan parlem d'inversió cultural. Crec que vostè, senyor Urtasun, m'entendrà quan
diem que la cultura també crea comunitat i és un element de cohesió social i no només, diguemne, de creació del que hem dit sempre l'ascensor de les oportunitats, sinó que és bàsicament un element de prevenció, fins i tot, del conflicte.
I en aquest sentit crec que paga la pena en aquest moment dir que hi ha moltes entitats culturals del país -en aquest cas jo parlo de Catalunya, però segur que a tot l'Estat- que continuen sostenint la seva activitat amb recursos
insuficients i, per tant, és bo que fem una aposta per als nivells d'excel·lència màxima, però no podem perdre de vista això. Posaré un exemple. Per exemple, la Ryder CUP. La Ryder CUP és un gran aparador internacional -no ho posem en dubte- i
també és un model de promoció d'un determinat esquema d'esport, però està orientat bàsicament a la promoció turística, a l'atracció d'inversions i a un públic d'un determinat poder adquisitiu. Per tant, necessitem les dues dimensions, és a dir,
tenir ryders cups, però també inversió en els barris.
La cultura d'un país, senyories, no es construeix únicament a través dels grans festivals o dels grans esdeveniments. Més aviat, si vostès volen, aquests grans esdeveniments sorgeixen d'una vida cultural prèvia que té lloc en la base. Per
tant, nosaltres pensem que, des dels ateneus, les entitats veïnals, les festes de barri, necessitem mantenir aquest finançament suficient. I això, senyor Urtasun, interpel·la el seu ministeri com interpel·la les comunitats autònomes i la inversió
municipal. Si es poden establir, senyories, beneficis fiscals per a grans esdeveniments internacionals, també se'n poden establir per a aquelles activitats que generen cohesió social, participació i arrelament territorial. Els grans esdeveniments
projecten el país internacionalment, però la cultura popular de base el manté viu. I ara és el moment en què podríem esmentar l'enyorada escriptora Montserrat Roig quan deia que, a la llarga, la inversió en la cultura és el que ens assegura la
llibertat. I és així.
Trobem a faltar, en aquest reial decret que votarem, que hi hagi més presència d'esdeveniments esportius històrics i molt arrelats a Catalunya. Li posaré un exemple. És el cas del Trial de Santigosa, una de les proves de motociclisme de
muntanya més emblemàtiques, amb més de mig segle d'història i un paper fonamental en la promoció dels esports de base. O un altre cas, el 125 aniversari de la Federació Catalana de Tennis, que tot i comptar amb el suport del Consell Superior
d'Esports per ser reconeguda com a esdeveniment especial, finalment no ha estat incorporada en aquest reial decret.
Tot i així, m'agradaria fer esment d'alguns esdeveniments de Catalunya que mereixen una especial atenció. Vostè ha parlat del 120 aniversari del Palau de la Música i crec que és bo que diguem no només pel valor arquitectònic, sinó també
simbòlic, històric, emblemàtic del Palau de la Música. Ara que tornem a parlar tant d'Antoni Gaudí, en aquest cas, recordar que Barcelona, no només per Gaudí, és la gran capital del modernisme, la gran capital del que va ser un moment de modernitat
des del punt de vista de l'arquitectura, de la literatura, de la música. I el Palau de la Música no només ens proveeix d'una sala
especial per als concerts, sinó que ens recorda que sovint una societat com la catalana, si és una nació, és perquè bàsicament és una nació cultural, sobretot.
M'agradaria esmentar també el seixantè aniversari del Festival Internacional de Jazz. Vostès saben, senyories, que Barcelona ha estat una de les ciutats de l'Estat on ha entrat més directament l'afició pel jazz i un dels punts del sud
d'Europa més importants. El Festival de Jazz ha tingut presència de figures destacades al llarg de la història, manté un caliu d'aficionats molt importants i ha esdevingut un lloc de trobada i de pas obligat de moltíssims artistes. Crec que també
mereix un esment especial el 45è aniversari del Còmic Barcelona. El llenguatge del còmic que per nosaltres, els que som boomers, sabem que no és només aquelles historietes que ens agradaven quan érem nois i noies, sinó que és també una manera
d'explicar històries d'una eficàcia total, d'una força molt important i que actualment, gràcies a la historieta gràfica, ha esdevingut també una manera d'explicar la realitat i explicar el nostre present. I permetinme que faci un esment molt
especial i molt sentit a una vila que tinc molt propera, que és a la vila de Sitges, al seixantè aniversari del Festival de Sitges de Cinema Fantàstic. El Festival de Sitges no només ha estat i és un lloc destacadíssim de la projecció, de la
creativitat també nostra en el camp audiovisual, sinó una referència internacional. Si em permeten la broma, ara que els monstres de la realitat global existeixen, almenys el Festival de Sitges ens reconcilia amb els monstres, amb els monstres
amables de la ficció, que sempre són menys perillosos. I m'agradaria també sumarme al reconeixement que feia vostè, senyor ministre, al València Digital Summit, que és un esdeveniment d'innovació especialment punter i destacat que nosaltres volem
celebrar.
Per tant, votarem a favor, però deixem aquí damunt la taula aquesta reflexió sobre la necessitat de fer costat a la cultura d'excel·lència, però també a la cultura de base, sense la qual no s'explica l'altra.
Gràcies.
Buenos días, presidenta, señorías, señor ministro.
Nosotros votaremos afirmativamente a este real decreto. Creemos, obviamente, que es importante la promoción pública de la cultura y del deporte y lo que hace este decreto es poner de manifiesto una tendencia recurrente. Sin embargo -y eso
hay que decirlo, es una reflexión que dejo aquí sobre el tapete-, los fondos públicos y beneficios fiscales en grandes acontecimientos tienen sentido, mientras hay otras manifestaciones que usted conoce, señor ministro, de la cultura popular en
pueblos y barrios que quedan en segundo plano. Eso no le quita mérito a la lista que traemos aquí. Esquerra Republicana también ha incorporado algunas expresiones culturales a este real decreto y entendemos que se han recogido de forma adecuada.
La cuestión de fondo, si lo pensamos, no es si dichos acontecimientos de especial interés merecen el apoyo -que lo merecen-, sino si tenemos un problema de desequilibrio cuando hablamos de inversión cultural. Yo creo que usted, señor Urtasun, me
entenderá cuando digo que la cultura también genera comunidad, es una herramienta de cohesión social y no solo de creación de lo que siempre hemos llamado el ascensor de las oportunidades, sino que es básicamente un elemento de prevención del
conflicto incluso.
En este sentido creo que merece la pena en este momento decir que hay muchas entidades culturales del país -en este caso yo hablo de Cataluña, pero estoy seguro de que en todo el Estado- que siguen sosteniendo su actividad con recursos
insuficientes. Por lo tanto, es bueno que hagamos una apuesta por los niveles máximos de excelencia, pero no podemos perder eso de vista. Le voy a poner un ejemplo. La Ryder Cup es un gran operador internacional, no lo ponemos en tela de juicio,
y también es un modelo, por lo tanto, de promoción de un determinado esquema de deporte, pero está orientado básicamente a la gran promoción turística, a la atracción de inversiones y a un público de un determinado poder adquisitivo. Por lo tanto,
necesitamos las dos dimensiones, es decir, tener Ryder Cup, pero también inversión en los barrios.
La cultura de un país, señorías, no se construye únicamente a través de los grandes festivales, de los grandes acontecimientos, más bien estos grandes acontecimientos
surgen de una vida cultural previa que tiene lugar en su base. Por lo tanto, nosotros creemos que desde los ateneos, las entidades vecinales, las fiestas de los barrios necesitamos mantener que esta financiación sea suficiente. Esto, señor
Urtasun, interpela a su ministerio igual que a las comunidades autónomas y a la inversión municipal. Si se pueden establecer, señorías, beneficios fiscales para grandes acontecimientos internacionales, también se pueden establecer para aquellas
actividades que generan cohesión social, participación y elemento territorial. Los grandes acontecimientos proyectan al país internacionalmente, pero la cultura popular de base lo mantiene vivo. Ahora es el momento en el que podríamos mencionar a
Montserrat Roig, la escritora, que decía que, a la larga, la inversión en cultura es lo que nos asegura la libertad. Es así.
Encontramos a faltar en este real decreto, que votaremos, que haya más presencia de acontecimientos deportivos históricos y muy arraigados en Cataluña. Le voy a dar un ejemplo. Es el caso del Trial de Santigosa, una de las pruebas de
motociclismo de montaña más emblemáticas, con más de un siglo de historia y con un papel fundamental en la promoción de los deportes de base. Otro caso es el 125.º aniversario de la Federación Catalana de Tenis que, aunque cuenta con el apoyo del
Consejo Superior de Deportes por ser reconocida como un acontecimiento especial, finalmente no ha sido incorporada a este real decreto.
Aun así, me gustaría mencionar algunos acontecimientos de Cataluña que merecen una especial atención. Ha hablado usted del 120.º aniversario del Palau de la Música. Yo creo que es bueno que digamos que no solo por el valor arquitectónico,
sino simbólico, emblemático e histórico que tiene el Palau de la Música. Ahora que volvemos a hablar tanto de Antonio Gaudí, hay que recordar que Barcelona es la gran capital del modernismo -no solo por Gaudí-, la gran capital de lo que fue un
momento de modernidad desde el punto de vista de la arquitectura, de la literatura y de la música. El Palau de la Música no solo nos provee de una sala especial de conciertos, sino que nos recuerda que muy a menudo una sociedad como la catalana si
es una nación, es porque básicamente es una nación cultural sobre todo. Me gustaría mencionar también el 60.º aniversario del Festival Internacional de Jazz. Saben ustedes, señorías, que Barcelona ha sido una de las ciudades del Estado donde más
directamente ha entrado la afición por el jazz y es uno de los puntos más importantes del sur de Europa. El Festival de Jazz ha tenido presencia de figuras destacadas a lo largo de la historia, mantiene un grupo de aficionados muy importante y es
un punto de paso obligado de muchísimos artistas. Creo que también merece una mención especial el 45.º aniversario del salón Cómic Barcelona. El lenguaje del cómic, para los que somos boomers, sabemos que no son aquellos tebeos o aquellas
historietas que nos gustaban cuando éramos niños, sino que es una manera de contar historias de una eficacia total, de una fuerza muy importante y que actualmente, gracias a la historieta gráfica, se ha convertido también en una forma de contar la
realidad y de contar nuestro presente. Y permítanme que haga una mención muy especial y sentida a una ciudad que tengo muy próxima, la ciudad de Sitges, que celebra el 60.º aniversario del Festival de Cine Fantástico de Sitges. El festival de
Sitges no solo ha sido y es un lugar destacadísimo de la proyección, de la creatividad -también nuestra- en el campo audiovisual, sino que es una referencia internacional. Si me permiten la broma, ahora que los monstruos de la realidad global
existen, al menos el festival de Sitges nos reconcilia con los monstruos amables de la ficción, que siempre son menos peligrosos. Y me gustaría sumarme también al reconocimiento que hacía usted, señor ministro, al Valencia Digital Summit, que es un
acontecimiento de innovación especialmente puntero y destacado que nosotros queremos celebrar.
Por eso, vamos a votar a favor, pero permítanme que deje sobre la mesa hoy aquí esta reflexión sobre la necesidad de apoyar la cultura de excelencia, pero también la cultura de base, sin la cual no se explica la otra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Álvaro.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Ogou i Corbi.
La señora OGOU I CORBI: Gracias, presidenta.
Ministro, decía José Manuel Caballero que toda la literatura nace del planteamiento de un conflicto entre el escritor y la realidad. Y me parece una frase brillante para describir la cultura porque señala ese espacio entre el deseo y lo
posible, donde se imaginan las utopías que más tarde impulsan los grandes cambios sociales. Por ello, es tan importante que el Ministerio de Cultura se comprometa con estos veintiséis acontecimientos culturales, científicos, sociales y deportivos
de todo el territorio y que, además, responden a sensibilidades tan diversas. Es importante porque en el 30.º aniversario del Teatro Real, en el centenario del nacimiento de Josep Guinovart o durante la celebración de la Capital Gastronómica
Española en Jerez de la Frontera habrá muchas personas que, bajo la influencia del arte, reflexionen sobre esa distancia entre lo que es y lo que podríamos llegar a construir. Y eso es estar un pasito más cerca de un país mejor.
Respecto al instrumento, lo ha explicado ya el ministro, los acontecimientos de excepcional interés público son una herramienta que representa el compromiso público con la cultura, el deporte y el bien común, a través de la colaboración
entre la sociedad civil y las Administraciones. Esta herramienta sirve también para acercar la cultura a la gente y para recordar que la ópera, el jazz, el cine o la gastronomía no pueden ser patrimonio de unos pocos, sino derechos culturales al
alcance de todos los barrios. Por eso, es importante fomentar la accesibilidad, ampliar la participación y reforzar el mecenazgo cultural para que más personas, entidades y territorios puedan formar parte de la vida cultural de este país. Y, por
eso, pedimos apoyo a los demás grupos parlamentarios, para no frenar el impulso de iniciativas tan diversas e importantes como el Año de la Investigación contra el Cáncer o la celebración del Trío de Eclipses 2026- 20272028, contribuyendo a que la
ciencia llegue de verdad a cada barrio. O haciendo de Alicante el puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela o el camino a la Ryder Cup, acercando el deporte elitizado a la gente. También facilitará el acceso a festivales como PortAmérica,
Sonorama Ribera o el histórico Festival Internacional de Santander, que cumple 75 años; festivales que han sido mucho más que una programación cultural, han sido un espacio de encuentro, de descubrimiento y muchas veces uno de los primeros grandes
escenarios para artistas nacionales e internacionales que después han marcado la escena cultural de nuestro país.
No quiero extenderme, ministro, porque creo que usted ya ha expuesto con claridad los fundamentos de esta iniciativa, pero con su permiso me gustaría hacer un guiño a nuestra tierra, Cataluña.
Perquè alguns dels esdeveniments d'excepcional interès públic que avui impulsa el Ministeri de Cultura tenen una vinculació directa amb la cultura catalana, com és el cas del centvintè aniversari del Palau de la Música, una referència
indiscutible del modernisme, que ha contribuït a construir l'imaginari de Barcelona i que permetrà continuar consolidant el Palau com un referent musical i arquitectònic de primer ordre. O també el Festival de Sitges, que aquest any celebra el seu
seixantè aniversari i que reuneix apassionats de gèneres cinematogràfics tan singulars com el cinema fantàstic, el terror i la ciènciaficció. I ho fa, a més, amb la silueta de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de fons, una de les postals
més icòniques de Catalunya. El Festival de Sitges ens recorda la importància de l'equilibri i la justícia territorial, demostrant que es poden celebrar grans esdeveniments en ciutats petites i mitjanes i que això és més sostenible, més positiu i
més just, perquè l'impacte econòmic, social i cultural arribi a tothom. Esperem, per tant, que tots els grups parlamentaris donin suport a aquest reial decret.
Moltes gràcies.
Porque algunos de los acontecimientos de excepcional interés público que hoy impulsa el Ministerio de Cultura tienen una vinculación directa con la cultura catalana, como es el caso del 120.º aniversario del Palau de la Música, una
referencia indiscutible del modernismo que ha contribuido a construir el imaginario de Barcelona y que permitirá seguir haciendo que el palau sea un referente arquitectónico y musical de primer orden. Pero también el festival de Sitges, que este
año, celebra su 60.º aniversario, que ha celebrado el cine fantástico, el terror y la ficción. Y lo hace con la silueta de la Iglesia de
Santa Tecla de fondo, una de las postales más icónicas de Cataluña. El festival de Sitges nos recuerda la importancia del equilibrio y la justicia territorial, demostrando que se pueden celebrar grandes acontecimientos en ciudades pequeñas
y medianas, y que eso es más sostenible, más positivo y más justo, porque el impacto social y económico que tiene llega a todo el mundo. Esperamos, por lo tanto, que los grupos parlamentarios den apoyo a este real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Ogou.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Armario González. (Aplausos).
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor ministro y señorías.
Señor ministro, los españoles ya conocen lo que es un decreto ómnibus, que es un texto que ustedes están muy acostumbrados a utilizar cada vez que combinan propuestas ideológicas o pagos a los acuerdos de sus socios, al mismo tiempo, que
están acostumbrados a incluir alguna propuesta sensible y que es necesaria para la ciudadanía. Así, si los grupos parlamentarios votamos en contra y no cedemos al chantaje, seremos señalados y marcados. Prácticamente, intentan colar ideología, la
prioridad no es lo que sea de urgencia para los españoles. Ustedes son capaces de mezclar una gran cantidad de medidas urgentes y diversas en un solo texto, como las relacionadas con transporte, pensiones, energía, y vivienda, con pagos a los
acuerdos con sus socios separatistas.
El texto de hoy es otro ejemplo más de cómo este Gobierno se levanta una mañana, abre el cajón, saca una serie de desastres legislativos, los compila en un solo texto y, hale, al Pleno. (Aplausos). Este real decreto ley, bajo la
tramitación de urgencia y con la excusa de excepcional interés público, reúne acontecimientos culturales, festividades, efemérides, programas sociales, beneficios fiscales, disposiciones sobre patrimonio histórico, ventajas tributarias para la final
de la Champions League y hasta modificaciones en materia farmacéutica, señor ministro. (Rumores). Además, intentan hacernos creer que les ha pillado por sorpresa la celebración del 30.º aniversario del Sonorama Ribera, el 60.º aniversario del
festival de Sitges o el 120.º aniversario del Palau de la Música. A ver, es que después del 29 va el 30, después del 59 el 60 y del 119 el 120. Es decir, que ustedes sabían con bastantes años de antelación lo que iba a ocurrir este año.
(Aplausos).
La Constitución reservó esta figura del real decreto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entendemos que gobernar sin presupuesto, señor ministro, y sin mayoría parlamentaria es una faena, pero no para ustedes, sino para
los españoles que tienen que ver cómo un Gobierno utiliza este mecanismo para piratear sus derechos y mercadear con sus libertades. ¿Ustedes creen que si les preguntamos a los españoles si el calendario cultural es una emergencia, nos van a
contestar que sí? Mire, señor ministro, urgente es acabar con la pobreza en España. Urgente es que los españoles vuelvan a caminar seguros por sus barrios sin miedo a que les roben o les apuñalen. Urgente es, señor ministro, ser mujer en España y
no tener miedo a que te violen o te atraquen al girar una esquina. Eso es lo urgente en este país. (Aplausos). Muchas de las conmemoraciones recogidas en este texto, además, están vinculadas al socialismo y al comunismo, responden a una
determinada visión cultural, a una determinada concepción ideológica de la sociedad y a las prioridades públicas de este Gobierno, como el centenario del nacimiento de Josep Guinovart o el de José Manuel Caballero Bonald. Encontramos otras
actividades, como la celebración del Trío de Eclipses o el voluntariado al servicio de la Agenda 2030. No estamos ante una política cultural que recuerde lo que es España y su historia, ni lo mejor de ella. Estamos ante una política cultural que
está dirigida, orientada, seleccionada, financiada e impulsada desde los despachos sectarios de sus ministros. ¿Y qué criterio objetivo ha utilizado el Gobierno para seleccionar estos acontecimientos y no otros? El Gobierno está muy acostumbrado a
chantajear y a manipular y creen que porque incluyan en el texto como señuelo el centenario de la botadura y entrega a la Armada del buque escuela Juan Sebastián de Elcano o el viaje apostólico de su santidad el papa León
XIV a España nosotros vamos a acceder al resto de las tomaduras de pelo que ustedes han incluido en este real decreto. (Aplausos).
Señor ministro, convendría que la cultura fuese un puente sobre el que acercar posturas y no fomentar odio, convendría que la cultura fuese un espacio libre de ideología, convendría que la cultura y el deporte no fuesen utilizados como
herramientas para hacer chantaje, sino para compartir ese sentimiento de orgullo de lo que somos. La gran antítesis que recorre toda esta iniciativa es precisamente esa, que, en vez de utilizar la cultura como puente entre los españoles, ustedes la
utilizan como una trinchera, porque se han quedado ahí, cincuenta años atrás. (Aplausos).
El PSOE y SUMAR aguantan en sus sillones, sobre la base de declaraciones simbólicas, conmemoraciones, aniversarios y campañas institucionales, para correr un tupido velo sobre esa corrupción que golpea a su puerta. Y lo que han conseguido
es dejar en un segundo plano todos los problemas que afectan directamente a la seguridad, la protección y el bienestar de todos los españoles.
Además, esta iniciativa incorpora privilegios fiscales específicos vinculados a la final de la UEFA Champions League de 2027. Se establecen aquí exenciones tributarias, ventajas aduaneras y tratamientos especiales para determinados
operadores económicos. Mientras que miles de autónomos, pequeñas empresas y familias soportan la presión fiscal, determinadas actividades van a recibir un tratamiento excepcional diseñado por este Gobierno. En definitiva, la excepcionalidad debe
reservarse para situaciones que son verdaderamente excepcionales.
Y, si el Gobierno quiere hablar de acontecimientos que son de interés público, señor ministro, ¿por qué no hablamos de los salarios precarios, que hacen que millones de trabajadores vivan al borde de la pobreza? Hablemos del aumento de las
violaciones y agresiones sexuales en España, hablemos de la inmigración sin control que no tiene intención ninguna de integrarse, hablemos de la masiva entrega de la nacionalidad española, hablemos de las listas de espera sanitarias y de la
dependencia, hablemos del fracaso escolar en nuestro país, hablemos de los jóvenes condenados a marcharse, hablemos de la falta de vivienda, y, señor ministro, hablemos de los presupuestos que nunca llegan. (Aplausos). Es de interés público que
expliquen el gran apagón y qué pasó realmente en Adamuz. Son de interés público las huelgas de jueces, de fiscales, de médicos y de docentes. Es de excepcional interés público la corrupción de la rosa nostra y P.S. Lo que es de interés público en
este país es que ustedes convoquen elecciones generales ya.
Gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Armario.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este real decreto que se convalida hoy no solo habla de cultura; habla también del modelo de país que estamos construyendo; habla de ciencia, de deporte, de patrimonio y de acción social; habla también de colaboración
públicoprivada, y de ahí su importancia. Mi grupo agradece la exposición realizada por el ministro de Cultura, así como el trabajo de su ministerio y el Gobierno en su conjunto, pues esta norma, como acabo de señalar, incide sobre diferentes campos
que nos retratan como sociedad, y, sobre todo, habla de un país que entiende que el progreso no se mide únicamente a través de indicadores económicos, sino también por su capacidad para generar conocimiento, impulsar el talento, fortalecer la
convivencia y proyectar al mundo la mejor imagen de sí mismo. (Aplausos).
Señorías, las iniciativas y programas declarados por este real decreto como acontecimientos de especial interés público son muy diversos, pero comparten un rasgo común, y es que todos generan un extraordinario interés general por su impacto
cultural, científico, deportivo, económico o social. Por eso reciben esta consideración excepcional y por eso cuentan con los mecanismos de apoyo previstos en nuestra legislación sobre mecenazgo. Durante demasiado tiempo, algunos han intentado
presentar la cultura como
una actividad secundaria, como un lujo reservado a unos pocos. Pero los y las socialistas defendemos exactamente lo contrario, que la cultura es una inversión estratégica, es un bien público, crea empleo, impulsa el desarrollo económico,
cohesiona territorios y proyecta la imagen de nuestro país en el mundo. Y lo mismo ocurre con la investigación científica, la innovación tecnológica o el deporte.
Por eso este real decreto no solo reconoce acontecimientos culturales de enorme relevancia, como el bicentenario de Goya, el 30.º aniversario de la reapertura del Teatro Real, el 50.º aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, el Festival Internacional de Santander, el Festival de Sitges o el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. También incorpora proyectos científicos de gran trascendencia, como el Trío de Eclipses 20262028, en el que llevamos tiempo
trabajando en distintas comunidades -entre otras, en la mía, en Asturias-, o el año de investigación contra el cáncer. Asimismo, incluye iniciativas tecnológicas e innovación, como el Valencia Digital Summit. Reconoce programas de extraordinario
valor social, como Mundo Voluntario 2030 o las actuaciones destinadas a construir un futuro mejor para la infancia y la adolescencia. Contempla también acontecimientos deportivos con una enorme capacidad de proyección internacional. Y esa
diversidad no es casual, es el reflejo de la pluralidad de nuestro país y de una concepción amplia, moderna e inclusiva del interés público. Por eso hoy VOX una vez más ha atacado esta norma. Y es que lo público también se construye desde la
cultura, se construye desde la ciencia, desde el deporte y desde la solidaridad y el compromiso cívico. (Aplausos).
Señorías, hay otro aspecto especialmente relevante de esta norma, y es que este real decreto es también la expresión de un país plural y diverso, de un país formado por grandes instituciones, pero también por ciudades, municipios y pueblos
que hacen de la cultura una auténtica palanca de desarrollo. Señorías, este real decreto constituye también un magnífico ejemplo de colaboración públicoprivada. A través de los incentivos previstos en la conocida ley de mecenazgo, facilita que
empresas y entidades privadas contribuyan a financiar iniciativas culturales, científicas, deportivas y sociales de interés general. Es una forma en la que todos ganan. Ganan los proyectos, que encuentran nuevas vías de financiación; gana la
sociedad, que ve reforzadas actividades de alto valor público, y ganan las empresas y entidades, que pueden canalizar su compromiso social a través de un marco fiscal incentivador y transparente. Se trata de un instrumento útil para movilizar
recursos, fomentar el mecenazgo y reforzar la colaboración públicoprivada al servicio del interés general, y precisamente por ello resulta imprescindible que esta declaración se produzca con la suficiente antelación. La aprobación de esta norma
responde a una urgencia real, porque muchos de los acontecimientos incluidos requieren ya procesos de planificación, organización, captación de apoyos y preparación logística. Señorías, esta norma va mucho más allá de la mera declaración de una
serie de acontecimientos. Es una apuesta por el talento, por la creatividad, por la innovación, por la cohesión territorial y también por la solidaridad y por un país capaz de proyectarse al mundo a través de sus fortalezas culturales, científicas
y deportivas y de los valores que lo definen.
Espero que todos los grupos estén a la altura de esta responsabilidad. Ya hemos visto que VOX no lo está una vez más y que no se ha leído la norma, aunque tampoco se podía esperar más. Pero esperamos que el Grupo Popular no aproveche su
turno para hablar de cualquier cosa menos del contenido de este real decreto. Si lo hace, será porque les incomoda reconocer una evidencia, y es que invertir en cultura, en ciencia, en deporte y en cohesión social no es un gasto, sino una inversión
en el futuro de nuestro país, y este Gobierno lleva dos legislaturas cumpliendo. (Aplausos). Porque, cuando se apoya el talento, cuando se impulsa la creatividad, cuando se fortalece la investigación y se moviliza a la sociedad civil en torno a
proyectos de interés general, gana nuestro país, y eso es exactamente lo que hace este real decreto. Hoy esta Cámara tiene una oportunidad muy sencilla: decidir que está al lado de quienes creen en un país que invierte en sus capacidades y en su
talento, y no del lado de quienes siempre encuentran una excusa para votar en contra. Nosotros lo tenemos claro. Votaremos sí a la cultura, sí a la ciencia,
sí al deporte, sí a la solidaridad y sí a un país que avanza, que crea oportunidades y que mira hacia el futuro con ambición y confianza.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Guardiola Salmerón.
La señora GUARDIOLA SALMERÓN: Muchas gracias, señora Armengol.
Señorías, no puedo comenzar mi intervención sin denunciar el último escándalo del Congreso de los Diputados, la última cacicada de la Mesa del Congreso de los Diputados, protagonizada por el Partido Socialista y SUMAR vetando e impidiendo
que se debata y se vote una iniciativa que simplemente instaba a convocar elecciones generales. ¿Por qué tanto miedo, señores del Partido Socialista? ¿Por qué tanto miedo? (Aplausos).
Ya sabíamos que ustedes eran capaces de robar el dinero público a los españoles. Pero lo que no sabíamos es que eran capaces de robar también la palabra y la voz a los españoles. Pero no se preocupen, porque desde el Partido Popular no
vamos a permitir que conviertan el Congreso de los Diputados en el cortijo de Pedro Sánchez. (Aplausos). Ayer lo decía nuestra portavoz del Grupo Parlamentario Popular: el día en que se amordaza el Parlamento, muere la democracia. (Rumores).
Señor ministro, trae usted aquí hoy un real decreto ley, y lo hace para tapar a su Gobierno, al Gobierno del que es socio, al Gobierno del que es cómplice; para tapar la corrupción y toda la basura del Gobierno de Pedro Sánchez, del entorno
familiar del presidente y, por supuesto, también del Partido Socialista. En esta misma semana, el lunes, la mujer del presidente, Begoña Gómez, en el banquillo, el martes la directora general de la Guardia Civil en el Senado, el miércoles y el
jueves el señor Zapatero -todo un expresidente del Gobierno de España- imputado en la Audiencia Nacional, y no ha acabado la semana. (Rumores). Entiendo que se pongan nerviosos los señores del Partido Socialista. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señores diputados.
La señora GUARDIOLA SALMERÓN: ¿Qué más tiene que pasar en España para que se vayan? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar tanta vergüenza? Los españoles no se merecen que todos los días se levanten con un nuevo caso de escándalo de
corrupción, con un nuevo caso de escándalo del Partido Socialista. No se lo merecen. Devuelvan la palabra a los españoles y dejen que ellos decidan libremente. (Rumores).
Señorías, no hay real decreto que pueda tapar toda esta corrupción. Hablan ustedes de los acontecimientos excepcionales de interés público. Yo les voy a hablar de otros acontecimientos excepcionales de interés público que tienen mucho
interés: caso mascarillas, caso obras públicas, caso hidrocarburos, caso SEPI, caso Plus Ultra, caso Air Europa, financiación ilegal del Partido Socialista, caso Forestalia, caso de la mujer del presidente, caso del hermano del presidente, caso
cloacas. ¡Quince procesos judiciales abiertos! ¡Setenta y seis imputados! A este paso, va a haber más imputados que diputados del Partido Socialista. (Rumores.-El señor De Olano Vela: ¿A ellos no se les llama la atención?).
Señorías, ¿por qué no nos explica el ministro Urtasun por qué ha traído un real decreto ley? Tradicionalmente, esta materia se traía en una ley de los presupuestos generales del Estado. ¿Se lo digo yo? Porque llevan más de tres años,
prácticamente toda la legislatura, sin presupuestos generales del Estado. Señorías, los presupuestos generales del Estado no son cada cuatro años, como las olimpiadas y los mundiales; son cada año, como exige el artículo 134.2 de la Constitución
española, y ustedes incumplen sistemáticamente este mandato de la Constitución española. Si ustedes hicieran bien su trabajo, nosotros no tendríamos que estar perdiendo el tiempo ni tendríamos que hacérselo perder a los españoles. El P.S. del año
2018 decía que si un Gobierno no tiene presupuestos es como un coche sin gasolina, que si un Gobierno no tiene presupuestos no puede gobernar, que si un Gobierno no tiene presupuestos ha de convocar elecciones generales, así que aplíquense ustedes
el cuento, señores del Partido Socialista.
Pero hablemos de la naturaleza de este real decreto ley. Y el artículo 86 de la Constitución española establece claramente que solo puede establecerse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, aquí lo único urgente es la
necesidad de supervivencia de Pedro Sánchez, y lo único extraordinario es que ustedes estén todavía sentados en ese sillón y que no hayan convocado elecciones generales. (Aplausos). ¡Menos abuso del real decreto ley, que llevan 185 reales decretos
leyes, señorías! ¡Un abuso que es una invasión al Poder Legislativo!
Señor Urtasun, este real decreto llega tarde, llega mal, se ha hecho de espalda a las comunidades autónomas y sin tener en cuenta ni que exista consenso con los grupos parlamentarios, especialmente con el grupo mayoritario del Congreso, que
es el Grupo Parlamentario Popular. Pero es que además deja fuera acontecimientos excepcionales importantísimos, y voy a señalar tan solo dos: la Exposición de 1929 en Sevilla y el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Señor Urtasun, usted
estaba allí la semana pasada, cuando el papa habló de la Escuela de Salamanca, y usted se ha olvidado de la Escuela de Salamanca. Se olvidó el año pasado y se ha vuelto a olvidar en 2026, y no así el Partido Popular, que lo pidió en el Congreso y
lo pidió en el Senado. Y le recuerdo también, señor Urtasun, que usted votó a favor de la iniciativa del Partido Popular del año 2024 y que el proyecto que trae causa del real decreto de 2025 lleva más de treinta y tres ampliaciones en el
congelador de la señora Armengol. Nosotros no discutimos la figura del acontecimiento excepcional de interés público, señor Urtasun. Lo que discutimos son sus formas dictatoriales y su sectarismo.
La cultura, el deporte, la ciencia no pueden ser una pieza más del tablero del Gobierno de Pedro Sánchez ni pueden usarse como moneda de cambio. España es el país de Cervantes, de Lope, de Quevedo, de Lorca, de Pío Baroja, de Unamuno, de
Galdós, de Machado. España es el país de Goya, de Velázquez, de Sorolla, de Gaudí, de Picasso, de Dalí, de Miró. España es el país de Granados, de Falla, de Albéniz, de Narciso Yepes. España es mucho más de lo que ustedes quieren hacernos creer.
La cultura es el puente que conecta a los españoles de todas las generaciones y de todos los territorios. Es el relato compartido que nos permite reconocernos como parte de una misma nación plural, diversa y orgullosa de sus raíces. Frente a
aquellos que pretenden relativizar nuestra historia y fragmentar nuestra identidad común, nosotros reivindicamos una España que se siente orgullosa de su legado, una España que no renuncia a su pasado. La defensa de la cultura, señor ministro
-escúcheme bien-, no es una cuestión ideológica. Es una responsabilidad nacional. ¿La tiene usted, señor Urtasun? Un país que conoce su historia, que respeta su patrimonio y que honra a sus grandes creadores, científicos, artistas es una nación
más libre, más fuerte y más unida. Somos lo que nos une y de lo que debemos estar orgullosos. Tratamos a la cultura con respeto, y no como un arma política.
Muchas gracias. (Aplausos).
- REAL DECRETO-LEY 13/2026, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS RELATIVAS A LOS RECURSOS DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL. (Número de expediente 130/000044).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (España García):
Gràcies, presidenta.
Muchas gracias, señorías. Buenos días a todos y a todas.
Comparezco en esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 13/2026, por el que se adoptan medidas relativas a la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales; un real decreto-ley aprobado por Consejo de
Ministros el pasado 2 de junio; una norma que responde a una necesidad urgente, real y ampliamente compartida por
nuestras comunidades autónomas y entidades locales. Y lo hago con una convicción clara, y es que este real decreto ley, en definitiva, habla de recursos. No habla de confrontación, sino de gestión, y no habla de titulares, sino de mejorar
los servicios públicos, y para que esto sea realidad es condición necesaria pero obviamente no suficiente que haya una mayor financiación. Por tanto, este real decreto-ley tiene dos objetivos fundamentales: el primero, actualizar las entregas a
cuenta del sistema de financiación autonómica y local para el año 2026, y, el segundo, permitir a las entidades locales que disponen de superávit presupuestario utilizar esos recursos en inversiones financieramente sostenibles, sin que ello compute
en la regla de gasto; dos medidas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque de ellas dependen los recursos para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público o todas las
competencias de nuestros ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestro país.
Señorías, quiero recordar que esta es la tercera vez que el Gobierno trae a esta Cámara la actualización de las entregas a cuenta. En las dos ocasiones anteriores no se convalidó por el voto en contra, entre otros, del principal partido de
la oposición. Entenderán que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta Cámara. Esta medida ha sido reclamada y solicitada por numerosas comunidades autónomas, muchas de
ellas gobernadas por el propio Partido Popular, que la ha bloqueado dos veces, y también por la Federación Española de Municipios y Provincias y distintas fuerzas parlamentarias de esta Cámara. Por tanto, quiero dirigirme especialmente a la fuerza
parlamentaria que gobierna en la mayoría de nuestras comunidades autónomas: no se dejen llevar por posiciones cortoplacistas, guiadas por un interés puramente electoral; sean responsables y acepten más recursos. (Aplausos). Los efectos de no
aprobar esta medida no recaen sobre el Gobierno, recaen sobre las comunidades autónomas y sobre los ayuntamientos y, en última instancia, sobre los ciudadanos de sus municipios y territorios.
Como saben, este real decreto no introduce cambios estructurales en el sistema de financiación autonómica -para eso hemos propuesto una reforma integral del modelo, que espero poder debatir en esta Cámara-, y deseo que el Partido Popular
allí donde gobierna acepte la mano tendida que le ofrece este Gobierno para dialogar con una propuesta de financiación autonómica encima de la mesa que supone más de 20 000 millones de euros de recursos adicionales para las comunidades autónomas;
obviamente, una oferta para el conjunto de los grupos parlamentarios. Este real decreto-ley hace algo más básico e imprescindible a corto plazo: garantiza que el sistema vigente funcione correctamente y evita una situación de no actualización de
los recursos disponibles en el conjunto de Administraciones territoriales.
Los datos de esta iniciativa son inequívocos: en 2026 las comunidades autónomas recibirán 157 731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7 % más que el año anterior; si incorporamos la liquidación del sistema, recibirán 170 300
millones de euros en total, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto al año anterior, y, si echamos la vista un poco más atrás y ampliamos la perspectiva, supone un 64 % más que los que recibían en el año 2018. Y esto no es fruto de la
casualidad ni de la inercia, es el resultado de una política económica y fiscal eficaz, rigurosa y orientada al interés general; una política que combina responsabilidad con ambición y que demuestra que, cuando se toman decisiones acertadas, los
recursos llegan. Hoy podemos afirmar que tenemos un crecimiento sólido, que genera confianza y oportunidades. Hemos logrado crecer más y crear mejores empleos, y por eso tenemos mayores ingresos públicos. Hoy España lidera el crecimiento entre
las grandes economías de la zona euro y tiene más de 22 millones de personas trabajando y una tasa de paro por debajo del 10 %, que no se observaba desde antes de la crisis financiera.
Y los ayuntamientos y las entidades locales también van a recibir un nuevo apoyo en sus finanzas municipales: en total, dispondrán de 29 247 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,8 % respecto al ejercicio pasado, y, comparado
con el año 2018, un 67,5 % más, también la cifra más alta de la historia. Y, sobre todo, y lo más importante, es que esto significa reforzar la capacidad de los ayuntamientos, de nuestros municipios para atender al transporte, los servicios
sociales, el mantenimiento urbano, en definitiva, a
las políticas más de proximidad, porque, como saben, esa es la responsabilidad que tienen los ayuntamientos en nuestro país. Y, por tanto, introducimos una medida adicional, y es que permitiremos a los ayuntamientos utilizar los superávits
para inversiones financieramente sostenibles. ¿Y en qué se traduce esta medida? En que más de 2500 entidades locales podrán beneficiarse de la utilización de su superávit y movilizar más de 3100 millones de euros adicionales para infraestructura,
sostenibilidad, servicios públicos, desarrollo económico. Y también quiero destacar una novedad muy relevante respecto a las políticas de vivienda que también pueden impulsar nuestros ayuntamientos. Por primera vez se establece un régimen
plurianual para inversiones en vivienda, de forma que los ayuntamientos podrán planificar a medio plazo a lo largo de los próximos cuatro años y tendrán una estabilidad en sus cuentas en este caso aplicada a incrementar y a mejorar la oferta pública
de vivienda.
Hay un hecho incontestable, y es que nunca las comunidades autónomas han tenido tantos recursos como ahora, lo cual exige una reflexión, una reflexión que nos interpela a todos como responsables públicos y que quiero compartir con sus
señorías, porque esta inyección histórica de recursos a las comunidades autónomas provoca que muchos ciudadanos se hagan la siguiente pregunta: ¿Por qué, teniendo los mayores recursos de la historia, no bajan, por ejemplo, las listas de espera o no
mejoran las condiciones de muchos empleados públicos? ¿Por qué no se percibe un aumento de esa calidad, cuando hay un aumento de los recursos? Por desgracia, en algunos casos estos aumentos de recursos se han destinado a dos cosas: a bajar los
impuestos a las rentas más altas y grandes patrimonios o a privatizar los servicios públicos fundamentales. Conviene recordarlo: el Gobierno de España financia y transfiere a las comunidades autónomas una cantidad sin precedentes de recursos, pero
las comunidades autónomas son las que tienen la gestión y la responsabilidad en los servicios públicos fundamentales. Más financiación exige más responsabilidad en la gestión, y es así como debemos valorar la actuación de los distintos Gobiernos en
nuestro país, porque gestionar no es buscar excusas ni echar la culpa a otras Administraciones. (Aplausos).
Aunque algunos deliberadamente lo quieran ignorar, antes que nada la política es gestión, y hoy votamos una iniciativa de gran relevancia: decidimos si las comunidades autónomas y los ayuntamientos reciben los recursos que les corresponde,
decidimos si los ayuntamientos pueden invertir su superávit en vivienda pública, decidimos si garantizamos la estabilidad financiera de las Administraciones que gestionan los servicios públicos más importantes en el día a día de nuestros ciudadanos,
o, por el contrario, decidimos generar incertidumbre, bloquear financiación y tensionar el sistema de financiación autonómico y local. Quien vote hoy en contra de esta convalidación tendrá que explicarlo muy bien en sus territorios. No será fácil
para aquellos que piden constantemente más recursos al Gobierno y terminan bloqueando esa financiación.
Este real decreto no es partidista. No distingue territorios ni colores políticos. Es una medida reclamada, necesaria y beneficiosa. Por eso quiero hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, especialmente a los que han votado
dos veces en contra de esta iniciativa, para que no la bloqueen más, que piensen en sus territorios, que piensen en sus comunidades, que piensen en sus ayuntamientos y, sobre todo, que piensen en sus ciudadanos, porque cuando hablamos de
financiación territorial no lo hacemos solo sobre números, también hablamos de que los hospitales funcionen, de que los colegios abran, de que los servicios sociales sigan, y eso no puede esperar, porque detrás de cada cifra hay un paciente
esperando a la sanidad pública, un alumno que necesita un refuerzo en la educación pública o una persona mayor que necesita de los servicios sociales que le hagan tener una vida digna. Hoy tenemos la oportunidad de garantizar más recursos, más
inversión y más capacidad para fortalecer nuestros servicios públicos. No es el momento del bloqueo ni la confrontación. Es el momento de la responsabilidad institucional. Les pido, por tanto, que voten pensando en sus territorios, en sus
municipios, en la sanidad, en la educación, en la vida cotidiana de millones de españoles y españolas. Señorías, convalidar este real decreto es cumplir con ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
Senyor ministre, senyor España, bon dia.
Benvingut al Congrés.
Des de Compromís li vull anunciar que òbviament anem a votar a favor de la convalidació d'este reial decret llei. És obvi que tot allò que millore la situació del País Valencià, que som el territori més infrafinançat de tot l'Estat, és una
bona notícia. Actualitzar els lliuraments a compte de les comunitats autònomes i dels ajuntaments és una bona notícia. Dona certesa financera a les administracions i també, en el cas dels ajuntaments, flexibilitza que utilitzen els seus romanents,
una cosa que ens demanen tots els nostres alcaldes i alcaldesses.
En tot cas, senyor ministre, jo també li vull dir que crec sincerament que este reial decret s'hauria pogut convalidar en gener si no haguera hagut en un decret òmnibus i haguera sigut un decret específic com el que hui es porta ací. A més
a més, de vegades sembla que hi ha agilitat en fer determinades coses i vostè sap que nosaltres el que sempre li hem demanat a este Govern és que els valencians i les valencianes que estem infrafinançades puguem tindre una situació que ens puga
apropar a un anivellament que es puga apropar a la mitjana estatal. Si realment este Govern aprovara eixe anivellament, possiblement no hauríem d'estar parlant de fer estos decrets algunes vegades per a alguns territoris com el meu, que també és el
seu.
Ahir mateix, a la Plataforma pel Finançament Just, una plataforma en la que estem tots els partits polítics, tots els sindicats, la patronal i tota la societat civil valenciana organitzada, va eixir una altra vegada al carrer a reclamarnos
que ens posem d'acord per a no només per a què hi haja un nou model de finançament, sinó també per a què hi haja una condonació del deute il·legítim de més de 40 000 milions d'euros que patim les valencianes i els valencians i per a tindre eixe
anivellament per a poder estar a la mitjana fins que s'aprove eixe nou model de finançament. Per tant, eixa reclamació li la fem al govern, però sobretot li la vull fer als diputats i diputades valencians i valencianes que tenim hui ací al Congrés.
Este cap de setmana vostès tenen una oportunitat perquè he vist que Feijóo va el dissabte a Sueca a dinar. Pues podríeu parlar vostès amb el president, amb Feijóo, el dissabte i explicar la importància per a un valencià i per a una valenciana no
ser ciutadans de segona, que volem educació, que volem serveis públics de qualitat i que per a ferho necessitem un finançament just i que això depèn en bona mesura de que el seu president, de que Pérez Llorca es fique a negociar per a aconseguir el
que tots els valencians i valencianes necessitem.
Acabe, presidenta, senyories del Partit Popular, siguen menys del Partit Popular i siguen més valencians i valencianes, perquè vostès estan ací representant a la ciutadania valenciana, no al Partit Popular.
Gràcies.
Buenos días.
Gracias, presidenta.
Señor ministro, buenos días y bienvenido al Congreso.
Desde Compromís le quiero anunciar que vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto ley. Es obvio que todo aquello que mejore la situación del país valenciano, que somos el territorio más infrafinanciado de todo el Estado,
es una buena noticia; es una buena noticia para los ayuntamientos, para la comunidad, da certidumbre financiera a las Administraciones y además, en el caso de los ayuntamientos, flexibiliza que utilicen sus remanentes, algo que nos piden todos
nuestros alcaldes y alcaldesas. En todo caso, señor ministro, le digo también que creo, sinceramente, que este real decreto se hubiera podido convalidar en enero si no hubiera estado dentro de un decreto ómnibus, si hubiera sido un decreto
específico como el que hoy nos trae aquí. Parece que hay agilidad para hacer algunas cosas.
Saben que lo que nosotros siempre hemos pedido a este Gobierno es que los valencianos y las valencianas, que estamos infrafinanciados, podamos tener una situación que nos acerque a la media estatal. Si realmente este Gobierno aprobara ese
nivelamiento, posiblemente no estaríamos hablando de tener que hacer estos decretos para algunos territorios como el mío, que también es el suyo. Ayer mismo, la plataforma Financiación Justa, donde estamos todos los partidos políticos, sindicatos,
patronal y toda la sociedad civil valenciana organizada, volvió a salir a la calle para pedir que nos pongamos de acuerdo no para que haya un nuevo modelo de financiación, sino también para que haya una condonación de más de 40 000 millones de euros
de deuda que sufrimos los valencianos y las valencianas y para llegar a esa nivelación hasta que se apruebe el nuevo modelo de financiación. Es decir, esta reclamación se la hacemos al Gobierno, pero también a los diputados y las diputadas
valencianas que tenemos hoy aquí, en el Congreso. Este fin de semana tienen ustedes una oportunidad. He visto que Feijóo va a ir a Sueca el sábado a comer. ¿Podrían ustedes hablar con su presidente, el señor Pérez Llorca, para explicarle la
importancia para un valenciano o una valenciana de no ser ciudadanos de segunda categoría? Queremos educación y servicios públicos de calidad, y para hacerlo necesitamos una financiación justa, lo que dependerá en gran medida de que su presidente,
Pérez Llorca, se ponga a negociar para conseguir lo que todos los valencianos necesitamos.
Acabo. Señorías del Grupo Popular, sean menos del Partido Popular y sean más valencianos y valencianas, porque ustedes están aquí representando a la ciudadanía valenciana, no al Partido Popular.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.
Tiene la palabra ahora el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Moi bo día.
Estamos diante dun real decreto lei necesario porque non existen orzamentos, en que, para alén de cuestións como a non esixibilidade devolución dos ingresos indebidos polas cotas nacionais de telefonía móbil e a flexibilización dalgúns
supostos das normas sobre estabilidade orzamentaria das entidades locais, se regulan as entregas a conta para as comunidades autónomas e tamén para a participación das entidades locais nos ingresos do Estado.
Votaremos a favor. Agora ben, isto abre de novo un debate que na realidade nunca foi fechado, mais tamén nunca resolto. O debate, en primeiro lugar, sobre o financiamento municipal, especialmente grave na Galiza polas características do
noso país, e tamén como consecuencia de que os concellos se vexan forzados a asumir competencias impropias e, por outro, sobre o inxusto e actualmente caducado financiamento autonómico. Aproveitamos, por tanto, para reclamar a revisión do sistema
de financiamento municipal para que as entidades locais conten con recursos suficientes para atender as necesidades de mellora de prestación de servizos e as actuacións no seu ámbito. E reclamamos tamén, claro, un novo sistema de financiamento
autonómico. Vostede sabe, señor ministro, que o actual é gravemente lesivo para Galiza, entre outras razóns, porque nin sequera ten en conta adecuadamente o peso de parámetros que nos afectan de forma moi directa como o envellecemento e a
dispersión poboacional. E sorprendentemente a nova proposta que teñen sobre a mesa en vez de corrixir esta inxustiza, aínda a agrava ao baixar o peso dos indicados parámetros de 8,5 para 7 e de 0,6 para 0,5. Por tanto, para nós xa llo digo, xa o
dixen máis veces e o dixemos máis veces, non é aceptábel, mais tampouco o sería mesmo se houbese algunha corrección, porque na realidade o sistema actual implica que a diferenza entre o que os galegos e galegas pagamos en impostos e o que recibimos
do Estado é de máis de 5000 millóns de euros cada ano, un terzo do total, e por iso o BNG reclama mudar o modelo, ir a un sistema diferente, un modelo de concerto económico que dea aos galegos e galegas a chave do seu diñeiro, dos seus recursos, que
permita recadar todos os impostos e negociar bilateralmente co Estado cal debe ser a parte a transferir
como consecuencia dos chamados servizos comúns. Con ese sistema Galiza sairía gañando máis de 3000 millóns de euros e o quero lembrarlle ao señor ministro, para acabar, que non somos precisamente o país ou a comunidade autónoma que ten os
indicadores socioeconómicos e de benestar máis alto do Estado, senón precisamente todo o contrario. Por iso é absolutamente xusto e necesario mudar ese modelo.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días.
Estamos ante un real decreto-ley necesario porque no existen presupuestos, un real decreto-ley que habla de cuestiones como los ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil, la flexibilización de algunos supuestos de
normas de estabilidad presupuestaria y la regulación de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y la participación de las entidades locales en esto.
Votaremos a favor. Ahora bien, esto abre de nuevo un debate que en realidad nunca se cerró, pero es que tampoco se resolvió nunca, el debate, en primer lugar, sobre la infrafinanciación municipal, especialmente grave en Galicia por las
características de nuestro país y también como consecuencia de que los ayuntamientos se veían forzados a asumir competencias impropias y, en segundo lugar, sobre la injusta y caducada actualmente financiación autonómica. Por eso la revisión del
sistema de financiación municipal es crucial para que las entidades locales cuenten con recursos suficientes para atender la necesidad de mejora de prestación de servicios y las actuaciones en su ámbito, y reclamamos también, claro, un nuevo sistema
de financiación autonómica. Sabe usted, señor ministro, que el que hay actualmente es tremendamente lesivo para Galicia, entre otras razones porque no tiene en cuenta siquiera el peso de parámetros que nos afectan de forma muy directa, como el
envejecimiento y la dispersión poblacional, y, sorprendentemente, la nueva propuesta que tenemos sobre la mesa, en lugar de corregir esta injusticia, aún la agrava al bajar el peso de los parámetros indicados de 8,5 a 7 y de 0,6 a 0,5. Por tanto,
para nosotros, ya lo he dicho más veces, no es aceptable. Tampoco lo sería aunque hubiese alguna corrección, porque en la realidad el sistema actual implica que la diferencia entre lo que los gallegos y las gallegas pagamos en impuestos y lo que
recibimos del Estado es de más de 5000 millones de euros cada año, un tercio del total. Por eso, el BNG reclama cambiar el modelo, ir a un sistema diferente, a un modelo de concierto económico que dé a los gallegos y las gallegas la llave de su
dinero, de sus recursos, que permita recaudar todos los impuestos y negociar bilateralmente con el Estado cuál debe ser la parte a transferir como consecuencia de los llamados servicios comunes. Con ese sistema, Galicia saldría ganando más de 3000
millones de euros.
Quiero recordarle, señor ministro, para terminar, que precisamente nuestro país, nuestra comunidad, no es la que tiene los indicadores socioeconómicos de bienestar más altos del Estado, sino precisamente todo lo contrario, por eso es
absolutamente justo y necesario cambiar ese modelo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.
Tiene la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nosotros vamos a votar a favor de este real decreto ley, y lo haremos así porque entendemos que es fundamental garantizar los recursos a las comunidades autónomas, a los cabildos insulares y también a las corporaciones
municipales. Y es verdad que hay un desfase con las entregas a cuenta que hacen que pudiéramos tener menos recursos para destinar a nuestros servicios públicos más esenciales, a la sanidad, a la educación, a la atención a las personas en situación
de vulnerabilidad, competencias que están prácticamente todas transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, vemos muy necesario que puedan contar con mayores recursos para invertir en el bienestar de nuestra ciudadanía. Pero cuando abrimos
un debate como este, no solo podemos atender a las cifras, yo creo que debemos aprovechar el debate para hablar de
si es justo o no el sistema de financiación que tenemos actualmente o de si las Administraciones están cumpliendo o no con sus compromisos, porque aquí podemos aprobar muchas leyes, pero si después no se cumplen, si se quedan en papel
mojado, de nada sirven. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, la ley de dependencia; ahora que estamos tramitando una reforma de la ley de dependencia, había un compromiso de cofinanciar el sistema 50 % por parte del Estado y 50 % por parte de las
comunidades autónomas, y esto nunca se ha cumplido, nunca. Esperemos que con este real decreto-ley podamos avanzar; lo conoceremos estos días, se supone que el día 23, y podremos verdaderamente dar un espaldarazo al sistema de la dependencia de
este país y que se cumpla con los compromisos.
También creo que es importante hablar de que no se puede tratar igual a lo desigual, porque entonces se profundiza en generar más desigualdades, y lo digo yo, que vengo de un territorio que tiene unas singularidades que hacen que no
compitamos en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas. Vengo de Canarias, que está a 2000 kilómetros del resto del territorio del Estado, que tiene singularidades como la insularidad, y a veces no solo la insularidad, sino la
doble y la triple insularidad, depende de la isla en que uno viva, y esto debe estar reflejado también en el sistema de financiación, que es un debate que debemos tener. No obstante, le vuelvo a reafirmar que votaremos a favor de este real decreto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on.
Nuestro grupo va a votar favorablemente a la convalidación de este real decreto ley, y lo hacemos por responsabilidad; las medidas que incorpora son necesarias y no podemos permitir que comunidades autónomas y entidades locales sigan
soportando las consecuencias derivadas de una situación de prórroga presupuestaria que se prolonga ya demasiado en el tiempo. Garantizar la actualización de las entregas a cuenta y permitir el uso del superávit y de los remanentes no es solo una
cuestión técnica ni meramente administrativa; como bien ha dicho el ministro, hablamos de recursos que aportan estabilidad financiera a las Administraciones territoriales y, al mismo tiempo, permiten que quienes prestan los servicios públicos
esenciales dispongan de los medios necesarios para ejercer sus competencias con eficacia, porque utilizar el superávit y los remanentes no es un privilegio, sino una herramienta imprescindible para facilitar la vida de la gente. Hoy, con la ley de
estabilidad vigente, que no se ha modificado, las Administraciones no podrían hacerlo sin una habilitación expresa. Este decreto abre esa vía legal y permite a las Administraciones destinar sus propios recursos a aquello que realmente importa:
financiar una sanidad que funcione, una educación de calidad, unos servicios sociales accesibles y políticas de vivienda que respondan a las necesidades reales. Por eso creemos que este decreto es necesario.
Ahora bien, votar a favor tampoco significa renunciar a cierta crítica, porque, una vez más, volvemos a encontrarnos ante una dinámica que nos preocupa: la normalización de un real decreto-ley como mecanismo ordinario de gobierno. Los
reales decretos leyes son instrumentos concebidos para situaciones excepcionales que se están convirtiendo ya en la vía habitual para adoptar decisiones que tienen un alcance quizá más estructural y que afectan directamente a la financiación
territorial. Y eso tiene consecuencias evidentes: se reduce el margen para la negociación política, se debilita la centralidad de este Parlamento y se instala una lógica de hechos consumados que no contribuye precisamente a fortalecer la confianza
entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos: dialogar no es informar de decisiones ya adoptadas. Y precisamente porque estos decretos necesitan ser convalidados en esta Cámara y porque la
aritmética parlamentaria es endiablada es deseable -yo diría que imprescindible- que existiera un diálogo previo mucho más intenso, mucho más transparente y mucho más ambicioso.
Dicho esto, también quiero reconocer los aspectos positivos de esta norma. Como he dicho, compartimos la actualización de las entregas a cuenta porque aporta estabilidad financiera a las Administraciones territoriales y compartimos la
flexibilización para las entidades locales. Es razonable facilitar que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos, flexibilizar determinadas reglas y permitir que el superávit pueda destinarse a inversiones financieramente sostenibles. Y
compartimos igualmente la habilitación plurianual que se incorpora para inversiones en vivienda, porque si hoy hay un reto que exige una actuación decidida por parte de todas las Administraciones públicas es sin ninguna duda el acceso a la vivienda.
Sin embargo, precisamente ahí encontramos una contradicción que no acabamos de entender, pues se habilita el superávit para las entidades locales, pero ¿dónde quedan las comunidades autónomas?, ¿por qué esa misma lógica no se ha extendido a las
comunidades autónomas? Resulta difícilmente explicable que el Gobierno reconozca la necesidad de reforzar esa capacidad inversora a los ayuntamientos y, al mismo tiempo, excluya completamente a las comunidades autónomas de cualquier posibilidad
equivalente. Y la contradicción es aún más evidente cuando hablamos de vivienda, porque si la vivienda es una prioridad estratégica del Gobierno, y compartimos que lo es, cuesta entender que se permita reforzar los instrumentos de las entidades
locales y, sin embargo, se impida a las comunidades autónomas utilizar ese superávit para actuar precisamente en una materia sobre la que tienen competencia exclusiva, pues son las comunidades autónomas quienes regulan y gestionan una parte muy
importante de las políticas públicas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como son la sanidad, la educación y, por supuesto, la vivienda; son también Administraciones que necesitan disponer de su superávit para responder a las
necesidades actuales. Por eso, surge una pregunta legítima: ¿por qué se ha dejado fuera a las comunidades autónomas? ¿Quizá porque el Gobierno quiere reservar esta cuestión para una futura negociación sobre el sistema de financiación autonómica?
Si es así, creo que convendría explicarlo, porque la utilización de los superávits y la reforma de la financiación son debates distintos y no deberían condicionarse mutuamente, máxime cuando hay comunidades autónomas, como las forales, que no
participan del régimen común y que, sin embargo, también resultan perjudicadas, ya que su capacidad para utilizar sus remanentes está igualmente limitada por la ley de estabilidad. En cualquier caso, ministro, este decreto genera en este sentido
una asimetría un poco difícil de justificar, porque se dejan fuera unas Administraciones que también necesitan esa capacidad financiera y flexibilidad en sus superávits para afrontar sus competencias.
Más allá de esto, déjeme decirle que creemos que este debate va mucho más allá, porque buena parte de estas dificultades -la imposibilidad de usar los superávits y realizar planes económicofinancieros- deriva de un problema de fondo que
sigue pendiente de resolver: unas reglas fiscales que no están adaptadas al nuevo marco fiscal europeo, que reconoce la diversidad de situaciones entre Administraciones, protege la inversión pública y sitúa la sostenibilidad de la deuda a medio
plazo en el centro de la gobernanza económica. Sin embargo, ministro, aquí seguimos aplicando la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012, diseñada para una crisis de deuda, bajo una lógica uniforme que no
distingue entre Administraciones altamente endeudadas y Administraciones saneadas. Esta idea no es nueva, ya se la trasladamos el otro día en su comparecencia. Mientras que Europa está avanzando hacia un modelo más flexible y adaptado a la
realidad de cada Administración, el Estado sigue operando con unas reglas pensadas para otro momento histórico. Creemos que eso tiene consecuencias, pues esa rigidez obliga a recurrir -como hoy- a soluciones parciales, excepcionales y temporales a
través de este tipo de decretos, en lugar de abordar la reforma estructural que creemos que necesita el sistema. Por eso, pensamos que ha llegado también el momento de adaptar esa ley orgánica de estabilidad presupuestaria al nuevo marco europeo.
Necesitamos reglas fiscales mucho más inteligentes, más flexibles y, desde luego, coherentes con la realidad territorial que tenemos, porque no todas las Administraciones parten de la misma situación financiera y no tiene sentido aplicar exactamente
las mismas restricciones a quienes han gestionado con responsabilidad sus cuentas públicas, y esto
es especialmente importante para aquellas Administraciones que han demostrado rigor, corresponsabilidad fiscal y una gestión saneada de sus recursos.
Aldeko botoa emango dugu, neurriak beharrezkoak direlako eta ez dugulako nahi tokiadministrazioak kaltetuak izatea. Dekretu hau erabilgarria da, baina partziala da, norabide oneko urratsa da, baina gai garrantzitsuak konpondu edo argitu
gabe uzten ditu. Horregatik, Gobernuari eskatzen diogu aukera hau aprobetxa dezala benetako elkarrizketa bat irekitzeko, autonomiaerkidegoak sartzeko superabitean eta irtenbide estrukturalagoak, koherenteagoak eta orekatuagoak lortzeko, lurralde
administrazioek erantzukidetasun handiagoa eta babes txikiagoa behar dutelako.
Eskerrik asko.
Señorías, vamos a votar favorablemente porque las medidas son necesarias y porque no queremos que las Administraciones locales se vean perjudicadas. Este decreto es útil, pero es incompleto. Es un paso en la buena dirección, eso sí, pero
deja cuestiones muy importantes sin resolver o sin aclarar. Por eso, le pedimos al Gobierno que aproveche esta oportunidad para abrir un diálogo real, incorporar también a las comunidades autónomas y avanzar hacia soluciones más estructurales, más
coherentes y también más equilibradas, porque las Administraciones territoriales necesitan más corresponsabilidad y menos tutela.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on. Eskerrik asko, ministro jauna.
Gaur berrestera datorren errege lege dekretu honek garrantzia du udal eta tokierakundeentzat. Izan ere, udal finantzaketa eta arau fiskalak malgutu eta errazten ditu, udalei inbertsioak egiteko aukera zabalduz. Hau da, herritarren beharrei
aurre egiteko aukera handiagoa izango dute tokierakundeek, baldin eta indarrean jartzen bada, noski. Hori da garrantzitsuena, urteetan zehar eta Alderdi Popularrak ezarritako egonkortasun finantzarioaren legeak hala inposatuta kontuak egoki eta
osasuntsu mantendu arren, udalek ezin izan dituzte zerbitzu zein politika publikoetan inbertsioak egin. Horrek gure udalak lotuta izan ditu azken hamarkada luzeetan, itota. Guztiz bidegabea den lege baten ondorioz. Horregatik, berriro ere lege
horren amaiera exijitu beharra dugu, ez duelako inolako onurarik ekarri administrazio publikoentzat, ez duelako herritarrentzat beharrezkoak diren politika publikoak zabaltzea bultzatu eta, finean, ez dituelako herritarrak lehenetsi. Era berean,
honek erakusten du berriro ere gure udal eta toki erakundeek Euskal Herrikoek finantza marko propioa erabaki eta garatzeko beharra dutela. Gure Marko Foralak aintzat hartuz gure behar eta egoeraren araberako finantza eta zerga politika propioak
erabakitzeko ahalmena behar beharrezkoa dugu. Euskal Herriko udal gehienen egoera ekonomikoa osasuntsua da. Egindako ahaleginari eta kudeaketari esker, beren herritarren beharretan inbertitzeko gaitasuna dute, baina tresna propioak eta
erabakitzeko gaitasun faltak eragotzi egiten du herritarrengandik hurbilen dauden erakundeek eguneroko arazoei erantzuteko gaitasuna izatea. Halaber, 13/2026ko Errege Lege Dekretuak partzialki aldatzen du Tokiaraubidearen Oinarriak arautzen dituen
legearen artikulu bat, gaikuntza edo habilitazio nazionala duten tokiadministrazioko funtzionarioei eragiten diena. Aldaketa nagusiak izendapen askeko sisteman eta profesional horien kargu uztean oinarritzen dira, eta, laburbilduz, hainbat herritan
lanpostu horien izendapena erraztea ekarriko du neurri berriak.
Denbora luzez udalek eskaturiko neurria izanik, sortutako arazoari irtenbidea ematen hasteko balioko duela uste dugu. Azken finean, udalak dira herritarrengandik gertuen dauden erakundeak. Herrietan beharrak eta arazoak sortzen direnean,
herritarrek ukitzen duten lehen maratila dira. Udalak, horrenbestez, begi onez ikusten ditugu dekretu honek barneratzen dituen neurriak, udalen mesedetarako eta, ondorioz, herritarren mesederako izango direlako.
Gracias, presidenta. Buenos días.
Este real decreto que hoy se presenta para su convalidación tiene mucha importancia para ayuntamientos y entidades locales; de hecho, flexibiliza y facilita la financiación municipal y las normas fiscales, y amplía así el abanico para hacer
inversiones a los ayuntamientos. Es decir, las entidades locales tendrán más posibilidades de hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, siempre y cuando esto entre en vigor, y esto es lo importante. A lo largo de los años, por la ley de
estabilidad financiera que estableció en su momento el Partido Popular, a pesar de mantener las cuentas en la forma adecuada y saneadas, los ayuntamientos no han podido realizar inversiones en servicios y políticas públicas, y esto ha tenido atados
a nuestros ayuntamientos durante esta última larga década. Han estado asfixiados por una ley totalmente injusta. Por ello, una vez más, tenemos que exigir el fin de esta ley, porque no ha supuesto ningún beneficio para las Administraciones
públicas y porque no ha impulsado la ampliación de las políticas necesarias para la ciudadanía; en definitiva, porque no ha priorizado a la ciudadanía. Asimismo, esto demuestra una vez más la necesidad de que nuestros ayuntamientos y entidades
locales -las entidades de Euskal Herria- decidan y desarrollen un marco financiero propio. Teniendo en cuenta nuestros marcos forales, necesitamos poder decidir nuestras propias políticas financieras y fiscales en función de nuestras necesidades y
circunstancias. Esto es algo indispensable para nosotras. La situación económica de la mayoría de los ayuntamientos de Euskal Herria es saneada y ha estado bien mantenida, y gracias al esfuerzo y la gestión realizada tienen hoy capacidad para
invertir en las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, pero la falta de herramientas propias y la incapacidad de decisión impiden que las instituciones más cercanas a la ciudadanía tengan capacidad para responder a los problemas del día a día.
Asimismo, el Real Decreto-ley 13/2026 modifica parcialmente un artículo de la Ley de Bases del Régimen Local que afecta a las y los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Los principales cambios se centran en
el sistema de libre designación y, también, en el cese de estos profesionales. En resumen, la nueva medida supondrá facilitar la designación de estos puestos en varias localidades o municipios.
Al tratarse de una medida solicitada por los ayuntamientos durante mucho tiempo, pensamos que esto puede servir para empezar a dar una solución al problema que se plantea. Al fin y al cabo, los ayuntamientos son las instituciones más
cercanas a la ciudadanía. Los ayuntamientos son la primera puerta a la que acuden las vecinas y los vecinos cuando surgen necesidades y problemas en los pueblos. Por lo tanto, valoramos muy positivamente las medidas contenidas en el presente
decreto en beneficio de los ayuntamientos y, en consecuencia, en beneficio también de la ciudadanía.
Como decía, votaremos para que el decreto se pueda convalidar. Primero, porque flexibiliza el uso de los recursos y sus reglas de gasto, lo que permitirá a los ayuntamientos utilizar sus remanentes para posibilitar políticas públicas para
la ciudadanía que la ley Montoro, impuesta por el Partido Popular, impidió. Además, porque los ayuntamientos vascos están saneados en una abrumadora mayoría, y lo están por el esfuerzo y la gestión realizada. Por tanto, resulta lógico que esa
capacidad de inversión se dirija a proyectos y políticas para la ciudadanía de los municipios, más aún cuando se trata de las instituciones más cercanas a la ciudadanía y que son las que deben responder a los problemas diarios a los que se enfrentan
los vecinos y las vecinas.
Durante largos años, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Partido Popular mantiene atados y ahogados a los ayuntamientos, cierto es, pero ustedes, señorías del Grupo Socialista, no han querido acabar con ella
y con el daño que esto genera en los ayuntamientos y en la ciudadanía. Por eso, una vez más -no sé cuántas van ya-, volvemos a exigir la necesidad de acabar con esta ley. Es una demanda generalizada por parte de los ayuntamientos que la sufren.
Y, en realidad, es un sinsentido, porque, además de una conculcación de la autonomía municipal, es una imposición injusta y una medida cuestionable incluso en su eficacia real, salvo, claro, que han sido los ayuntamientos los que han permitido al
Estado durante años cuadrar las cuentas para
cumplir con los objetivos de déficit. Porque ahí, y solo ahí, solo para el Estado, radica la eficacia de esa medida.
Respecto a este real decreto ley, valoramos también la medida que se incluye para solucionar los problemas generados respecto a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. No es la solución definitiva,
pero es verdad que son soluciones que también han sido largamente demandadas por las entidades locales frente al caos que se estaba generando. Pero, una vez más, debemos volver a poner de relieve que, pese a tener nuestros marcos forales propios,
herramientas fiscales y financieras propias, la falta de soberanía, la incapacidad para poder decidir cómo gestionamos nuestros recursos económicos y financieros en función de nuestra situación y nuestras necesidades, lastra la capacidad de nuestras
instituciones y, por ende, la capacidad de ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía. Así que, como decía, nos parece positivo y de justicia que los ayuntamientos puedan utilizar su dinero en lo que realmente necesitan, pero no podemos
olvidar que este Gobierno tiene también pendiente la gran tarea de acabar con la injusticia de la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos de nuestro país puedan decidir en qué necesidades invertir de acuerdo con nuestra
situación y nuestras propias reglas.
Mila esker.
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Aizpurua.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Gràcies. Moltes gràcies, presidenta.
Recordaran vostès que, quan es va aprovar el reial decret 15/2025, el reial decret bessó d'aquest que estem tractant ara, però de l'any passat, el president Sànchez va afirmar i cito literalment: 'Quiero anunciar que hoy el Consejo de
Ministros aprovaremos un Real decreto ley con los acuerdos que habíamos asumido con Junts per Catalunya'. I hi afegia i també cito literalment: 'Asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya'.
Òbviament, allò va portar que aquell reial decret fos anomenat pels mitjans el reial decret Junts. Per tant, avui aquest reial decret llei és la continuació en el temps de l'anterior i, per tant, el recull de les propostes de Junts per Catalunya
pels ajuntaments, però per aquest any 2026. Unes propostes absolutament cabdals i necessàries per als municipis i que vam impulsar des de Junts per Catalunya, amb mobilització de recursos per actuar des de la major proximitat als ciutadans, podent
oferir així serveis de qualitat i garantint el millor benestar dels veïns. Uns ajuntaments, tot sigui dit de passada, que massa sovint són escanyats per l'administració de l'Estat, que els ofega amb estrictes regles pressupostàries absolutament
injustificades en els temps actuals quan, a més a més, l'Estat és qui es queda bona part dels recursos autoritzats per Europa sense transferirlos a l'administració local. Jo, que ho he estat, puc afirmar amb coneixement de causa que els alcaldes i
regidors es deixen la pell cada dia per millorar el benestar dels veïns dels pobles i ciutats de Catalunya, sovint amb uns recursos clarament insuficients per fer front a les demandes reals dels seus ciutadans, remant en contra d'una normativa
inexplicablement farragosa que tracta per igual un ajuntament d'una gran capital amb més d'un milió d'habitants que d'un municipi amb poques desenes de veïns. De fet, del primer a l'últim dels ciutadans, quan necessitem resposta a qualsevol
qüestió, el primer pensament és acudir al nostre Ajuntament i, per tant, uns ajuntaments amb menys recursos i eines de les que haurien de tenir per fer el seu normal desenvolupament. Per això, des de Junts per Catalunya, amb la millor base
municipalista del país, podem assegurar que aquest reial decret, amb les nostres mesures, representarà una bona oportunitat pels ajuntaments que anirà en clar benefici dels seus ciutadans. Per tant, avui s'aprova, com deia, el nostre reial decret a
favor dels ciutadans i dels catalans, però no pretenguin fer veure que aquest és un èxit del govern, EL fet que s'aprovi, perquè no ho és i vostès saben que no ho és, com també saben que, amb la seva debilitat actual, no els queda cap altra opció
que convocar eleccions.
Muchas gracias, presidenta.
Recordarán ustedes que cuando se aprobó el Real Decreto 15/2025, el real decreto gemelo del que tratamos ahora, pero del año pasado, el presidente Sánchez afirmó, y cito literalmente: quiero anunciar que hoy el Consejo de Ministros
aprobaremos un real decreto-ley con los acuerdos que habíamos asumido con Junts per Catalunya. Y añadía, y también cito literalmente: asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Obviamente,
aquello condujo a que aquel real decreto fuera llamado por los medios de comunicación el real decreto Junts. Por lo tanto, hoy este real decreto-ley es la continuación en el tiempo del anterior y, por tanto, el resumen de las propuestas de Cataluña
para los ayuntamientos, pero para este año 2026. Son unas propuestas importantísimas y necesarias para los municipios, que impulsamos desde Junts per Catalunya, con movilización de recursos para actuar desde la mayor proximidad a los ciudadanos,
pudiendo ofrecer así servicios de calidad y garantizando el mejor bienestar de los vecinos; unos ayuntamientos, todo sea dicho, que demasiadas veces son ahogados por las Administraciones del Estado, que los ahoga con estrictas reglas
presupuestarias absolutamente injustificadas en los tiempos que corren cuando, además, es el Estado quien se queda con buena parte de los recursos autorizados por Europa sin transferirlos a la Administración local. Yo puedo afirmar con conocimiento
de causa que alcaldes y concejales se dejan la piel cada día para mejorar el bienestar de vecinos, de pueblos y de ciudades de Cataluña, muy a menudo con unos recursos claramente insuficientes para hacer frente a las demandas reales de sus
ciudadanos, remando en contra de una normativa inexplicablemente farragosa que trata por igual a un ayuntamiento de una gran capital con más de un millón de habitantes que a un municipio con pocas decenas de vecinos. De hecho, del primero al último
de los ciudadanos, cuando necesitamos respuesta a cualquier cuestión, la primera idea que tenemos es ir a nuestro ayuntamiento, unos ayuntamientos con menos recursos y herramientas de las que deberían tener para desempeñar su desarrollo normal. Por
eso, desde Cataluña, con la mejor base municipalista del país, podemos asegurar que este real decreto, con nuestras medidas, representará una buena oportunidad para los ayuntamientos y que irá en claro beneficio de sus ciudadanos. Por lo tanto, hoy
se aprueba, como decía, nuestro real decreto a favor de los ciudadanos y de los catalanes, pero no pretendan hacer ver que es un éxito del Gobierno -el hecho de que se apruebe- porque no lo es, y ustedes saben que no lo es, como también saben que,
con su debilidad actual, no les queda ninguna otra opción que convocar elecciones.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Cruset.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la señora Jordà i Roura.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon dia, diputades i diputats. Gràcies, president. Bon dia, senyor ministre.
Esquerra Republicana votarem a favor d'aquest reial decret. Ho farem bàsicament, senyor ministre, perquè incorpora algunes mesures entenem positives que hem reclamat des d'Esquerra Republicana manta vegades i que poden donar una mica d'aire
als autèntics damnificats de tot plegat, que són els ajuntaments i també les comunitats autònomes. Però també ho direm amb tota claredat: aquest decret torna a quedarse a mig camí, com sempre. Jo no sé quina mania tenen vostès a posar només la
punteta! A fondo, ministre! A fondo! Sempre amb la punteta. És una cosa increïble. Aquest reial decret és una resposta parcial, absolutament parcial a un problema estructural. I el que necessiten els municipis del nostre país, evidentment no son
pedaços temporals, sinó el que necessiten, s'ha dit -ho han dit totes les persones que m'han precedit- doncs una reforma profunda. No sé què coi estan esperant. Val a dir que valorem positivament, per exemple, que es flexibilitzi l'obligació de
prestar plans econòmics financers quan l'incompliment de les regles fiscals, en aquest cas, provingui de l'ús dels romanents. També és positiu que es permeti destinar una part del superàvit a inversions, especialment inversions en habitatge, una
reivindicació també que Esquerra ha defensat reiteradament.
I és evident que l'actualització a les entregues a compte, doncs sí, és necessària. És clar que és necessària. És que és vital.
Però, senyories, això no és suficient, ni molt menys. Perquè una vegada més el Govern espanyol actua a través d'un decret llei, un decret llei amb mesures -hi torno- provisionals, limitades en el temps i, a més a més, també condicionades
per aquesta incapacitat també d'aprovar uns pressupostos. I aquesta provisionalitat, doncs, malauradament s'ha convertit en norma i això no és una bona idea. Ministre, els ajuntaments i les comunitats autònomes no poden viure pendents de si cada
any arribarà un nou decret ni de quan arribaran uns recursos que, oh, sorpresa!, els corresponen, que són seus. Necessitem, necessiten els ajuntaments, necessitem tots, perquè al final tots som ciutadans d'un ajuntament, més recursos, més
estabilitat, més certeses, més autonomia. Hi ha una dada que explica perfectament aquesta contradicció. La recaptació de l'Estat ha passat de 208 000 milions d'euros l'any 18 a més de 235 000 milions d'euros el 25. Això és un augment
extraordinari. Nosaltres això no ho denunciem, com fa la dreta, que quedi clar, al contrari. Si l'economia genera més recursos, si l'economia genera més ingressos, aquests recursos i aquests ingressos han de servir per reforçar una cosa bàsica,
que són els serveis públics. Però els serveis públics també -això no sé si ho sap algú, em sembla que no- qui els presta principalment no és l'administració general de l'Estat, els presta la Generalitat, els presten els ajuntaments, més enllà de
qui els lideri. Els pilars de la salut, de l'educació, dels serveis socials i de les polítiques d'habitatge són competències descentralitzades, senyor ministre, Govern, grup que dona suport al Govern. És que és així i, per tant, és aquí on han
d'arribar els recursos, perquè no és acceptable de cap de les maneres que mentre augmenta la recaptació, els governs locals continuïn ofegats -ofegats és poc- ofegats per unes regles fiscals pensades en plena etapa d'austeritat i que seguim igual.
I això és la realitat i en parlem. És que és cansino, absolutament cansino. I aquest és el veritable problema, perquè després de vuit anys de governs progressistes, continua plenament vigent, com s'ha denunciat aquí moltes vegades també, el marc
fiscal imposat pel Partit Popular als pitjors anys, evidentment, de les retallades.
I vaig acabant. Continuem, de fet, sotmesos a aquesta llei, la llei d'estabilitat pressupostària, pensada evidentment per restringir i per escanyar la capacitat d'actuació de les administracions que són més properes a la ciutadania, les que
realment donen sentit a la política del dia a dia, de la gent, de la pell. I el més paradoxal és que molts ajuntaments tenen recursos que tenen superàvits i que tenen romanents, però no els poden utilitzar amb llibertat per donar resposta a les
necessitats dels seus veïns i veïnes. És que això és el món al revés. És una xaladura total. És absurd, totalment absurd obligar un ajuntament a acumular diners al banc mentre la ciutadania reclama més habitatge, més serveis socials o més
inversions. És que què estem fent? Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió fins al fons, com diria aquell, al fondo! Valentia, senyor ministre, que no passa res! Exigim una reforma profunda de la llei d'estabilitat
pressupostària, perquè els plans econòmics financers només s'exigeixen en casos greus d'incompliment. Exigim adaptar les regles de despesa al nou marc europeu. Exigim que els romanents puguin ser utilitzats per incrementar la despesa útil i
necessària. I exigim que els objectius de dèficit i de deute es negociïn i es negociïn amb qui s'han de negociar, amb els territoris i amb els ajuntaments. Perquè són aquestes administracions les que sostenen l'estat del benestar, sempre i quan
l'Administració general de l'Estat els doni permís, que ja té nassos la cosa. I també reclamem derogar d'una vegada per totes la llei Montoro, una norma que va limitar l'autonomia local i que encara avui continua condicionant la capacitat dels
municipis per exercir les seves plenes competències, perquè el finançament local continua sent el gran oblidat. Aquest reial decret no ho arregla tot, per no dir que no ho arregla gaire. I això afecta especialment, també s'ha dit, el meu país.
Afecta especialment Catalunya i també el País Valencià. Els nostres municipis es troben entre els pitjors finançats de l'Estat i aquesta és una realitat que continua essent, de manera reiterada, ignorada.
Per tant, sí -i ara sí que acabo- votarem a favor i ho farem per responsabilitat i perquè, mireu, qualsevol millora és millor que mantenir l'actual situació. Sí, som així de
responsables. És clar que sí. Però també votarem amb esperit crític, per no dir amb esperit extremadament crític, per què Catalunya, els Països catalans i tots els seus municipis no necessiten més solucions provisionals. Necessiten,
necessitem, senyor ministre, un nou model de finançament. Necessitem, senyor ministre, més autonomia i més recursos per continuar garantint els serveis públics que sostenen, sí, la cohesió social. I això, no en tingui dubte, és el que continuarem
exigint.
Res més. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta. Muy buenos días, diputados y diputadas. Buenos días, señor ministro.
Esquerra Republicana votará a favor de este real decreto y lo haremos básicamente, señor ministro, porque incorpora algunas medidas que entendemos que son positivas y que hemos reclamado desde Esquerra Republicana un montón de veces y que
pueden dar un poco de aire a los auténticos damnificados, que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Pero también lo vamos a decir con toda claridad: este decreto vuelve a quedarse a medio camino, como siempre. Yo no sé qué manía
tienen ustedes en ponerle solo la puntita. Al fondo, ministro; al fondo. (Risas). Siempre con la puntita, es una cosa increíble. Este real decreto es una respuesta absolutamente parcial a un problema estructural, y lo que necesitan los
municipios de nuestro país, evidentemente, no son parches temporales, sino que lo que necesitan es hacer, lo han dicho todos los que me han precedido, una reforma profunda. No sé a qué están esperando. Claro que se valora que se flexibilice la
posibilidad de dar ayudas financieras y beneficios fiscales cuando vengan del uso de los remanentes, y también es positivo que se permita destinar una parte del superávit a inversiones, especialmente inversiones en vivienda, una reivindicación que
ha defendido reiteradamente Esquerra. Es evidente que la actualización de las entregas a cuenta es necesaria, sí, claro que es necesaria, es vital, pero, señorías, eso no es suficiente, ni mucho menos, porque, una vez más, el Gobierno español actúa
a través de un decreto ley con medidas provisionales limitadas en el tiempo y que, además, también están condicionadas por esta incapacidad de conseguir unos presupuestos, y esta imposibilidad desgraciadamente se ha convertido en la norma. Eso no
es una buena idea, ministro. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas no pueden vivir pendientes de si cada año llegará un nuevo decreto ni de cuándo llegarán unos recursos qué, ¡oh, sorpresa! les corresponden, que son de ellos. Necesitan,
todos necesitamos -porque al final todos somos ciudadanos de un ayuntamiento- más recursos, más estabilidad, más certidumbre, más datos claros. Y hay una cosa que explica muy claramente esta contradicción. La recaudación del Estado ha pasado de
208 000 millones de euros en el año 2018 a más de 235 000 millones de euros en 2025. Eso es un aumento extraordinario. Nosotros eso no lo denunciamos, como hace la derecha, que quede claro; al contrario. Si la economía genera más recursos, si la
economía genera más ingresos, estos recursos, estos ingresos tienen que servir para reforzar algo básico, los servicios públicos. Pero los servicios públicos también -eso no sé si lo sabe alguien, parece que no- quien los presta principalmente no
es la Administración General del Estado, los presta la Generalitat, los prestan los ayuntamientos, más allá de quién los lidere. Los pilares de la salud, de la educación, de los servicios sociales y de las políticas de vivienda son competencias
descentralizadas, señor ministro, Gobierno, grupo que da apoyo al Gobierno. Es que es así. Y es aquí por lo tanto donde tienen que llegar los recursos, porque no es aceptable de ninguna de las maneras que mientras aumenta la recaudación los
Gobiernos locales sigan ahogados -ahogados es poco- por unas reglas fiscales pensadas en plena etapa de austeridad, no es aceptable que sigamos igual. Esa es la realidad. Y es que es cansino, es absolutamente cansino. Y este es el auténtico
problema, porque después de ocho años de gobiernos progresistas, sigue plenamente vigente -como se ha denunciado aquí muchas veces también- el marco fiscal impuesto por el Partido Popular en los peores años de los recortes.
Voy acabando. Seguimos de hecho sometidos a esta ley, a la ley de estabilidad presupuestaria, pensada evidentemente para restringir, para ahogar la capacidad de actuación de las Administraciones que están más cercanas a la ciudadanía, las
que
realmente le dan sentido a la política del día a día, de la gente, de la piel. Y lo más paradójico es que muchos ayuntamientos disponen de recursos, tienen superávits y remanentes, pero no los pueden utilizar con libertad para dar respuesta
a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Es que esto es el mundo al revés, es una chaladura total. Es absurdo, completamente absurdo, obligar a un ayuntamiento a acumular dinero en el banco mientras la ciudadanía reclama más vivienda, más
servicios sociales y más inversiones. Es que, ¿qué estamos haciendo? Por eso, en Esquerra Republicana exigimos ir al fondo de la cuestión, hasta el fondo. Valentía, señor ministro, que no pasa nada. Exigimos una reforma profunda de la ley de
estabilidad presupuestaria para que los presupuestos económicos financieros solo se exijan en casos de incumplimiento; exigimos adaptar las reglas de gasto al nuevo marco europeo; exigimos que los remanentes puedan ser utilizados para aumentar el
gasto útil y necesario, y exigimos que los objetivos de déficit y de deuda se negocien con quien se tienen que negociar, con los territorios y con los ayuntamientos, porque son esas Administraciones las que sostienen el estado del bienestar, siempre
y cuando la Administración General del Estado les dé permiso -que ya tiene narices la cosa-. También pedimos que se derogue de una vez por todas la ley Montoro, una norma que limitó la autonomía local y que aún hoy sigue condicionando la capacidad
de los municipios para ejercer sus competencias plenas, porque la financiación local sigue siendo la gran olvidada. Este decreto no lo arregla todo, por no decir que no arregla mucho, y eso afecta especialmente -también se ha dicho- a mi país, a
Cataluña, y también al país valenciano. Nuestros municipios están entre los peor financiados del Estado y esa es una realidad que sigue siendo ignorada de forma reiterada.
Por lo tanto, sí, votaremos a favor y lo haremos por responsabilidad y porque cualquier mejora es preferible a la situación anterior. Sí, somos así de responsables, claro que sí, pero también votaremos con espíritu crítico -por no decir con
un espíritu extremadamente crítico- porque Cataluña, los países catalanes y todos sus municipios no necesitan más soluciones provisionales. Necesitan, necesitamos, señor ministro, un nuevo modelo de financiación. Necesitamos, señor ministro, más
autonomía y más recursos para seguir garantizando los servicios públicos que sostienen, sí, la cohesión social. Y eso, no tenga duda, es lo que seguiremos exigiendo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.
Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR tiene la palabra el señor Martín Urriza.
El señor MARTÍN URRIZA: Como ha dicho el ministro, nunca antes las comunidades autónomas han contado con tantos recursos. Sus ingresos totales alcanzaron los 234 000 millones de euros en 2025, 83 000 millones más que en 2018. Y no se
trata solo de una subida nominal. Descontada la inflación, los ingresos crecieron un 25,4 % real entre 2018 y 2025, frente al 15,7 % de los ocho años anteriores. También aumentan los ingresos, si se expresan por habitante: un 19 % frente al 15,8
% del periodo precedente. ¿De dónde procede toda esta mejora? En las comunidades de régimen común, el 67 % del incremento de los ingresos procede del sistema de financiación autonómico, de las entregas a cuenta y de sus liquidaciones. La buena
noticia es que esta mejora continuará en 2026, según nos ha presentado el señor ministro. Si se convalida este real decreto -como se debería convalidar-, las entregas a cuenta crecerán un 7 %, por encima de la inflación prevista, y alcanzarán una
cifra récord: 157 000 millones de euros. Habrá nuevamente más financiación y más capacidad para prestar mejores servicios, como ha presentado el señor ministro. (Aplausos).
Este gran incremento de la financiación tiene su origen en el éxito de la política económica del Gobierno. ¿En qué ha consistido esta política económica? Desde el Ministerio de Trabajo, como ustedes saben, se ha causalizado la contratación
temporal, con lo que se ha reducido drásticamente la inestabilidad del empleo en el sector privado. Se ha combatido a los falsos autónomos, se ha protegido a los trabajadores en contratas y en
subcontratas y se ha elevado el salario mínimo un 66 %. También se ha trabajado para que Europa respondiera a esta crisis de manera diferente, de manera proactiva, con dinero para los ERTE, eurobonos y los fondos europeos extraordinarios.
Se han promovido las energías renovables y se han recortado los beneficios de la banca y las energéticas llovidos del bolsillo de los consumidores. En definitiva, se ha lanzado una clara señal a los mercados: ya no es posible rentabilizar el
capital a costa de las malas condiciones de trabajo; es la hora de invertir, de innovar y de arriesgar. (Aplausos). El éxito de esta política ha sido rotundo. Hoy crecemos por encima de la media europea, somos líderes en el crecimiento europeo.
Y nuestro crecimiento no es solo resultado del aumento de la población, señorías de VOX, es también resultado del aumento de la productividad por hora. Por eso, los sectores que más empleo están generando no son la hostelería, el comercio y la
construcción, como antaño; ahora son los sectores de más valor añadido y de salarios más altos. Otra gran novedad de este periodo, resultado de la política económica del Gobierno, es que por primera vez en décadas crecen la productividad y el
empleo simultáneamente, al igual que el número de empresas y el tamaño medio de estas; una clara señal de que la nueva política económica del Gobierno está promoviendo unos proyectos empresariales más productivos y eficientes. Se trata también de
un crecimiento repartido que está alcanzando a los de abajo, ahí tenemos las reducciones de todos los índices de pobreza. La mejor prueba de todo ello es que la renta media de los hogares, la renta disponible después de impuestos y transferencias,
ha crecido un 9,4 % entre 2018 y 2025.
Pero, a pesar de estas incuestionables mejoras, quedan cuestiones claves por resolver. Los salarios no participan suficientemente de la productividad. Los bancos y las grandes empresas energéticas y de la alimentación siguen operando con
márgenes excesivos. La crisis de vivienda está ahí, continúa, al igual que el deterioro de los servicios públicos. Y estas dos son materias donde las comunidades autónomas -en vivienda y en servicios públicos- tienen competencias; tienen grandes
competencias y, como ha dicho el ministro, no han mejorado esos servicios públicos y esa vivienda, a pesar del impresionante aumento de recursos que han tenido. Las listas de espera han seguido creciendo en la sanidad pública debido, entre otros
factores, a las privatizaciones que elevan el coste del servicio al exigir una remuneración ahora para el capital privado y porque reservan los casos menos complejos y más rentables para las empresas privadas. Madrid es el ejemplo más evidente con
hospitales de gestión privada que reciben miles de millones de euros del presupuesto, mientras la atención primaria y las plantillas públicas siguen tensionadas.
Lo mismo ocurre con la educación. Mientras se denuncian supuestas faltas de recursos, las comunidades gobernadas por el Partido Popular amplían los conciertos incluso donde existen plazas públicas, financian con impuestos una red pública
donde no se garantiza la gratuidad y donde se segrega al alumnado. Frente a estas políticas las comunidades educativas de distintas comunidades autónomas -especialmente de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Madrid- están protagonizando
importantes movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Desde aquí les enviamos nuestra solidaridad. (Aplausos).
El abandono es todavía más grave, si cabe, en la vivienda. Las comunidades autónomas no promueven viviendas protegidas asequibles; por el contrario, las venden y descalifican. En Madrid el Gobierno del Partido Popular vendió 2935
viviendas a dos fondos buitre. Afortunadamente, los tribunales anularon esta operación. En la Comunidad Valenciana las pocas viviendas de protección oficial construidas recientemente las han asignado de manera irregular a personas vinculadas al
Partido Popular. Y Andalucía proporciona suelo y ayudas a los promotores privados sin que la oferta de alquiler asequible alcance a cubrir las necesidades reales. Los Gobiernos del PP de estas tres comunidades autónomas han rechazado desarrollar
la ley de vivienda, pero no han planteado ninguna alternativa eficaz. Señorías, hay muchos más recursos que nunca para mejorar los servicios públicos, pero se están despilfarrando en el bolsillo de operadores privados. El proyecto de ley de
gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad persigue detener este saqueo. Apóyenlo.
Por último, el real decreto que discutimos incluye también importantes novedades positivas para las entidades locales. Los ayuntamientos podrán dedicar sus remanentes a inversión en vivienda y esto es una gran noticia. (Aplausos). Gracias
a esto, se podrán movilizar 3000 millones de euros en 2540 entidades. Son avances y por ello vamos a votar a favor de este real decreto. Pero no renunciamos, señor ministro, a reformar la financiación local para garantizar suficiencia, estabilidad
y autonomía de los municipios y la creación de un verdadero fondo de nivelación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta, con su venia.
Señorías, señor ministro, la ley de presupuestos generales del Estado se convierte cada año en el instrumento necesario para dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de los recursos resultantes de la aplicación de los
sistemas de financiación territorial a través de las entregas a cuenta que se deben transferir. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, el Gobierno -que
incumple de forma reiterada el mandato constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado- nos trae para su convalidación un real decreto-ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad por el que se pretende actualizar dichas
entregas a cuenta. Este real decreto-ley proviene de un Gobierno presidido por un autócrata incapaz de aprobar unos presupuestos generales, que quiere controlar todas las instituciones del Estado, que se ríe de la separación de poderes y que está
terminando con la democracia y la unidad de España. (Aplausos). Desde que gobierna Sánchez se han aprobado ciento setenta reales decretos leyes lo que le sitúa como el presidente que más ha utilizado esta vía legislativa de urgencia. Señorías,
P.S., el number one, lo es también en esto.
Señorías, en las últimas décadas España ha sufrido una transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas sin precedentes y a un ritmo vertiginoso en comparación con otras democracias avanzadas. Este despliegue autonómico
ha posicionado a España como el segundo país del mundo más descentralizado, por detrás de Alemania y por delante de naciones de extensa tradición federal como Estados Unidos, Suiza o Australia. Este impulso autonómico ha resultado en demasiadas
ocasiones en agravios para con el pueblo español que han puesto seriamente en entredicho los beneficios del llamado Estado de las autonomías. Existen toda una serie de consecuencias negativas, con impactos negativos de calado directa o
indirectamente en nuestras vidas, por las que cada vez más españoles desconfían abiertamente de nuestra forma de organización territorial y sus consecuencias en términos de desigualdad e inseguridad jurídica. Procede, por tanto, promover una
reflexión nacional sobre sus beneficios y perjuicios para la nación española, los españoles y, en general, el bien común. (Aplausos). Debe denunciarse en particular un sector público desmesurado consecuencia del sistema autonómico que se traduce
en diputados autonómicos, altos cargos de los ejecutivos autonómicos, asociaciones, agencias y fundaciones dependientes de las Administraciones autonómicas y un largo etcétera que realmente no es otra cosa que una duplicación ineficiente e
innecesaria del Estado, que conlleva inevitablemente la proliferación del gasto político asociado al denso entramado institucional.
A esta pesada estructura sumamente ineficaz habría que añadir las graves ineficiencias consecuencia del elevado número y disparidad de normas, trabas administrativas e impuestos propios abusivos que provocan la ruptura de la unidad de
mercado, la creciente inseguridad jurídica consecuencia de la vorágine legislativa autonómica y una desigualdad y una deficiente prestación de los servicios públicos a lo largo y ancho de nuestra nación. (Aplausos). Todo ello perjudica la vida de
los españoles de cualquier punto del territorio nacional y provoca serios desequilibrios, desigualdades y desavenencias entre ellos. Lo anterior lleva a una clara conclusión: la situación es de por sí flagrante por el volumen de
gasto totalmente improductivo que esta estructura mastodóntica exige, además de ignorar lo preceptuado por el artículo 31.2 de la Constitución española según el cual el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos
públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Es evidente que si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener -y menos aún incrementar- el nivel de espolio fiscal que ha llevado
la recaudación por ingresos tributarios a cifras históricas. (Aplausos). Si la regla de adecuación del gasto público a las necesidades de la sociedad ha de ser respetada siempre, con más razón debe serlo en un Estado que cuenta con cuatro niveles
de autogobierno que reproducen los excesos del Estado central.
Señorías, decía el señor ministro que este real decreto-ley se aprueba por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Para mi grupo parlamentario lo que es de extraordinaria y urgente necesidad no es actualizar el sistema de
financiación de comunidades autónomas y entidades locales; lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es simplificar la estructura de un Estado autonómico derrochador que tiene claras deficiencias y múltiples duplicidades. (Aplausos). Lo que
es de extraordinaria y urgente necesidad es reconstruir un Estado desvertebrado por un modelo autonómico inútil, ineficiente y creador de desigualdades entre los españoles.
Concluyo, señor presidente. Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es que P.S., el number one -el puto amo, que dicen otros-, se vaya y convoque elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Gracia.
El señor GONZÁLEZ GRACIA: Gracias, presidente.
Señor ministro, existen dos Españas, la del relato del Partido Popular y VOX, y la del dato de los organismos oficiales. ¿A quién creemos entonces? La del relato del Partido Popular dice que este es un país en descomposición. Sin embargo,
hoy traemos las entregas a cuenta y, frente a la descomposición que anuncia el Partido Popular, los datos indican que este año habrá récord de financiación por comunidades autónomas y ayuntamientos. (Aplausos). Y esto significa que los Gobiernos
de Pedro Sánchez son los que mejor han financiado las comunidades autónomas y los ayuntamientos en toda su historia, aunque le pese a la derecha. Por eso, nosotros nos quedamos con el dato frente al relato catastrofista de la derecha, y los datos
dicen que las comunidades autónomas tendrán 170 000 millones de euros en recursos este año, un 7,7 % más. Para que nos hagamos una idea, en el año 2018, con el Partido Popular en el Gobierno, las entregas a cuenta del Gobierno eran de 96 000
millones de euros. Con este Gobierno de Pedro Sánchez van a ser casi 158 000 millones de euros. En este año 2026, los ayuntamientos españoles van a recibir 30 000 millones de euros; es decir, 2354 millones de euros más que el año anterior.
¿Saben cuánto recibían los ayuntamientos españoles con Rajoy en el año 2018? 18 000 millones de euros. Es decir, los ayuntamientos españoles con Pedro Sánchez reciben 12 000 millones de euros más. (Aplausos). Por cierto, con este decreto se
permite una flexibilización en los remanentes de los ayuntamientos: 3000 millones de euros que los ayuntamientos pueden emplear en vivienda. Por favor, háganlo, porque este país necesita un esfuerzo de todas las Administraciones en vivienda.
Para entender el dato de las entregas a cuenta hay que comprobar el crecimiento económico de España. ¿Qué dice el Partido Popular al respecto? El relato del Partido Popular dice que España es un Estado en desintegración. ¿Y qué dicen los
organismos oficiales? Los organismos oficiales dicen que España es el país que más crece de la Unión Europea y que la economía española ha sido la que más ha crecido en los años 2023, 2024 y 2025. (Aplausos). Los organismos oficiales dicen que
España cerró 2025 con un déficit presupuestario menor incluso que las previsiones del propio Gobierno. Y, es más, señores de la derecha, por primera vez en los últimos veinte años España tiene menos déficit presupuestario que Alemania o que
Francia. Y los últimos datos de empleo dicen que por primera vez en nuestra historia hay 22 300 000 afiliados a la Seguridad Social. ¿Se
imaginan sus señorías qué estarían contando los voceros de la derecha si estos datos fueran con un Gobierno conservador? Hablarían de milagro español, campeones de la gestión. Pues sí, eso es lo que está pasando en España, pero con un
Gobierno progresista y de izquierdas, aunque a los señores de la derecha les pese. (Aplausos). Y las entregas a cuenta que hoy traemos se financian, señores de la derecha, a través de los impuestos de los españoles. ¿Y cuál es el relato de la
derecha en este país? Por cierto, el Partido Popular fue el partido que más subió los impuestos en España. (Rumores). Repito, ustedes, señores del Partido Popular, fueron los que más subieron los impuestos en este país. Y, sin embargo, tienen la
cara dura de decir que España es un infierno fiscal. (Continúan los rumores). ¿Y qué dicen los datos? En primer lugar, la presión fiscal en España se sitúa a más de 3 puntos por debajo del promedio en la eurozona. ¿Es la eurozona un infierno
fiscal? En segundo lugar, las rentas bajas pagan menos IRPF y el tipo efectivo del IVA es más bajo que durante el Gobierno del Partido Popular. (Continúan los rumores). Un salario bajo paga menos impuestos hoy que cuando gobernaba el Partido
Popular. Lo que sí ha hecho este Gobierno es subir impuestos, pero ¿a quién? A las grandes fortunas, a los tramos más altos de las rentas del IRPF y de las rentas del capital. Este Gobierno ha puesto un gravamen temporal a entidades financieras y
energéticas y, posteriormente, un impuesto sobre el margen de comisiones a la banca, de manera, señorías, que contribuyeran más quienes más se beneficiaban del actual contexto. Eso se llama justicia fiscal, algo el Partido Popular y VOX votaron en
contra. Por cierto, ¿tendrá algo que ver la amistad del Partido Popular y de VOX con la banca, con las grandes energéticas? ¿Tendrá algo que ver con esa famosa frase de 'quien pueda hacer que haga'? Yo creo que sí. (Aplausos). Y es muy curioso,
señorías, porque a lo largo de la legislatura quienes hablan del infierno fiscal han tenido muchas oportunidades para apagarlo. ¿Y qué hicieron? Real Decreto 8/2023, para la bajada temporal del IVA a los productos básicos; Partido Popular y VOX
votaron en contra. Real Decreto 4/2024, para la prórroga de la bajada del IVA a los alimentos básicos; el Partido Popular se abstuvo, VOX votó en contra. Real Decreto 10/2024, para el Establecimiento del Gravamen Temporal Energético durante el
año 2025; Partido Popular y VOX votaron en contra. Real Decreto 2/2026, para aprobar descuentos en energía eléctrica a los consumidores vulnerables, deducción en IRPF para mejoras en vivienda y extensión de ayudas para los afectados de la dana;
Partido Popular y Vox votaron en contra. Señorías, esto se llama fariseísmo político, los mismos que hablan de infierno fiscal son los que, cuando se traen bajadas de impuestos a este Congreso, votan en contra. La incoherencia en todo su
esplendor.
Esperemos que hoy sí sean capaces de aprobar las entregas a cuenta, como así se lo están pidiendo los presidentes y presidentas de sus comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando.
El señor IBÁÑEZ HERNANDO: Buenos días, señorías.
Señor ministro, ha llegado tarde usted a este Gobierno, ha llegado en el ocaso del sanchismo, y repite los malos usos y costumbres de su antecesora, la defenestrada señora Montero. Y, al igual que usted, este real decreto-ley llega tarde.
¿Por qué un asunto tan trascendental como la imprescindible actualización de las entregas a cuenta para las comunidades llega tarde? Por dos razones claras. La primera, la absoluta incapacidad de este Gobierno, un Gobierno que no es que no apruebe
presupuestos generales, es que ni siquiera los presenta, incumpliendo la Constitución. Usted sabe que las entregas a cuenta a las comunidades y entidades locales siempre se incluyen en el articulado del proyecto de ley de presupuestos, por lo que,
para que pudieran haber hecho sus previsiones, deberían haber estado planteadas ya en diciembre del año 2025. Pero este es el Gobierno que no gobierna y el que no ha presentado presupuestos ni en 2024 en 2025 ni en 2026, con un presupuesto en vigor
que proviene de otra Cámara y de otras mayorías. Y lo que
roza ya el esperpento es que Sánchez, que hace solamente unas semanas anunciaba que presentaría los presupuestos de 2026, hace poco, en un ejercicio nuevo de pinochismo político, nos acaba de anunciar que lo que va a presentar ya son los
presupuestos de 2027. Oiga, señor ministro, pero ¿hasta cuándo nos quieren seguir tomando el pelo a los españoles? ¿No se cansan de hacer el ridículo? (Aplausos).
La segunda razón por la que este real decreto-ley llega tarde es un motivo por el que usted no tiene por qué quejarse: es su mala praxis. No se queje del voto en contra de este grupo parlamentario cuando traen aquí reales decretos leyes
que mezclan las entregas a cuenta, con las que estamos de acuerdo, con la inquiokupación, por ejemplo. Es decir, actualización de entregas a cuenta, sí; trágalas de inquiokupación, no, señor ministro, no. (Aplausos).
Están muy acostumbrados a que nos hagan una pregunta, eso de qué han hecho las comunidades con todos los millones de más que les hemos dado. Mire, ni usted ni Sánchez ni el Gobierno dan nada a las comunidades autónomas; reciben esas
cuantías por la aplicación de los sistemas de financiación. Por tanto, dejen de mentir sobre esa materia. (Aplausos). Y esos tributos, señor ministro, los que pagamos todos los españoles, son unos tributos que han pasado de 208 000 millones en
2018 a 325 000 millones en 2025: un 56 % más desde que gobiernan, un infierno fiscal que crece y asfixia a los españoles, y que, además, son ingresos que no solamente se han producido por el crecimiento, sino por una inflación desbocada que ustedes
no saben controlar.
Corresponde examinar qué han hecho las comunidades y qué ha hecho el Gobierno con este crecimiento. Comencemos con las comunidades y los 49 000 millones de euros más. ¿Qué han hecho con esos ingresos adicionales? Depende de qué
comunidades. Si me pregunta por las comunidades del PP, bajar impuestos y aumentar el gasto social. Si me pregunta por las comunidades del Partido Socialista, subir impuestos y subir el gasto superfluo. (Aplausos). Y le voy a poner unos
ejemplos. ¿Sabe cuáles son las tres comunidades autónomas que más porcentaje de su presupuesto destinan a gasto social -sanidad, educación y servicios sociales- Son Murcia, Castilla y León y Andalucía. Las tres del Partido Popular (aplausos), las
tres por encima del 65 % de gasto en esta materia. ¿Y sabe cuáles son las comunidades que menos porcentaje destinan a gasto social? Navarra y Cataluña, del Partido Socialista. Además, están en el ranking, en el top de las que más gastan en gasto
burocrático superfluo, más del 30 %. Por tanto, ustedes, los socialistas, esquilman y derrochan; y nosotros, el Partido Popular, protegemos y mejoramos los servicios públicos a nuestros vecinos. ¡Así se escriben las cosas! (Aplausos).
Ahora respondemos a otra pregunta: ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno con ese incremento de gasto? Sánchez dispuso en 2025 de 180 000 millones de euros más que Rajoy. ¿Dónde está ese dinero? Porque vivimos con mayores ingresos y,
además, con fondos europeos, pero la realidad de este país dice que ha empeorado la calidad de vida de los españoles, que tienen un sueldo medio ajustado que ha perdido un 3,4 % de poder adquisitivo desde 2018. Ha empeorado la vida de los españoles
porque, a pesar de la recaudación récord, ustedes han elevado la deuda pública en 537 000 millones de euros, un 45 % más desde junio de 2018, hasta el récord de 1,8 billones, lo que hipoteca el futuro de los españoles. Pero, sobre todo, y lo que es
peor, han empeorado los servicios públicos en España: tienen a los médicos en huelga indefinida, lo que genera más listas de espera en las comunidades; tienen los juzgados colapsados; no han construido ni una sola vivienda de las 200 000 que
prometieron que iban a hacer; los índices de paro juvenil y la pobreza infantil están en las peores posiciones en Europa; la situación de las carreteras y los trenes está peor que nunca, y los jóvenes, sin capacidad de emancipación.
¿Qué han hecho con todo su poder político, señor ministro? Ese poder político que alumbraba con su faro moral a la militancia y que, mientras en los mítines decía que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar
mucho, después lo que hacía era recibir mucho y explicar muy poco. (Aplausos). Ese poder político, señor ministro, que grababa vídeos diciendo que ser socialista es ser feminista y que después, en privado, lo que hacía era gastarse el dinero de
todos los españoles en mujeres
prostituidas o en colocar amiguitas en puestos de la Administración que ni siquiera acudían al trabajo. Y, mientras, los españoles aflojando el bolsillo. (Una señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Montoro!). ¡Qué
desvergüenza, señor ministro! ¡Qué desvergüenza! (Aplausos).
Voy a terminar con una última cuestión. Le he escuchado hablar de la mano tendida para reformar la financiación autonómica. No nos engañen, es una propuesta fake. Tratan de aparentar que siguen gobernando. Saben que Sánchez no puede
reformar la financiación autonómica porque los independentistas, que le mantienen a usted todavía en el cargo, le están exigiendo un trato privilegiado. Es más, se suben aquí y le dicen: ¡A fondo, ministro, a fondo! Lo ha escuchado, ¿verdad? Lo
hemos escuchado todos. Lo saben hasta sus presidentes autonómicos. Pregúntele al presidente de Asturias y al de CastillaLa Mancha. Lo niegan porque les han visto pactar con los independentistas un modelo bilateral que perjudica a la mayoría de
españoles y solo beneficia a unos pocos. (Rumores). Esos pocos se suben a esta tribuna y asumen que todo lo que están viendo de ustedes es una mierda; pero con todo el dinero de los españoles que les ponen ustedes encima de la mesa, es muy
explicable que sigan tragando con toda esa mierda. (Aplausos).
Cuando Feijóo sea presidente, revisaremos el sistema de financiación autonómica y local con el fin de resolver la ineficiencia del sistema y garantizar los principios de igualdad, equidad, transparencia, suficiencia, solidaridad y
corresponsabilidad fiscal. Pero para ello solamente les pedimos una cosa: dejen de esquilmar los bolsillos de los ciudadanos, entreguen las joyas (risas) y den la voz a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (España García): Muchas gracias.
Gracias a todos los grupos parlamentarios por sus síes: sus síes constructivos y sus síes también con alguna crítica. Tomo nota y estudiaremos cada una de las propuestas que nos han hecho.
Al resto de los grupos parlamentarios, por lo menos gracias por no gritar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000280).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.
En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego Candamil. (Pausa).
Parece que el señor Rego Candamil no se encuentra en el hemiciclo.
Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). Tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Rumores).
Silencio, señorías. (Continúan los rumores).
Señorías, silencio.
Cuando quiera.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente.
Egun on, jaunandreok.
Gracias, presidente.
Buenos días, damas y caballeros.
Señorías, debatimos sobre una reforma parcial de la ley electoral que, como es sabido, constituye uno de los pilares estructurales del sistema democrático, ya que este se realiza a través del sistema electoral, que traduce la voluntad
ciudadana en representación política. Por esto mismo, no es una exageración afirmar que el sistema electoral -o, lo que es lo mismo, la forma de articular la representación política- tiene naturaleza constitucional, ya que, entre otras
funcionalidades, consolida y fortalece la democracia, garantiza la representación popular, promueve la participación política, acerca la política a la ciudadanía, visualiza el territorio y su defensa y cohesiona Estados con realidades diversas
nacionales, insulares o de otra índole, tal y como sucede con esta reforma de la LOREG, respectivamente, para las realidades insulares de Ibiza y Formentera. Como señalábamos durante la tramitación de la reforma constitucional del artículo 69.3 y
durante la toma en consideración de esta reforma de la ley electoral, cada una de estas islas posee identidad e intereses propios que no pueden ser absorbidos por otras y que, por ello, deben constituirse cada una de ellas en circunscripción
electoral para la elección de senadores.
Señorías, en esta misma naturaleza o entendimiento de las cosas, tratábamos de proponer, también mediante enmiendas, la reforma de la LOREG, para que en la elección de los parlamentarios del Parlamento de la Unión correspondientes a España
cada comunidad autónoma pudiera constituirse en circunscripción electoral y, en igual sentido, que Ceuta y Melilla también lo fueran.
Sin embargo, señorías, tenemos que manifestar que la mayoría de la Mesa de la Cámara -es decir, el Grupo Socialista y SUMAR- nos lo ha impedido, en una interpretación rigorista del principio de homogeneidad exigible, según el Tribunal
Constitucional, entre las enmiendas presentadas y la iniciativa de referencia.
Señorías, consideramos que la Mesa de la Cámara usa y abusa de la jurisprudencia constitucional según sus intereses políticos en cada momento. En cuanto al principio de homogeneidad respecto a las enmiendas y las iniciativas, también
tenemos que poner de manifiesto que la Mesa puede, según los casos e intereses, obviar cualquier conexión o transitar por el camino de la conexión mínima, sobre todo cuando se trata, en estos dos casos, de enmiendas... (rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. (Pausa).
Puede continuar.
El señor LEGARDA URIARTE: Señalaba que la Mesa, respecto al principio de homogeneidad entre las enmiendas y las iniciativas, puede, según los casos e intereses, obviar cualquier conexión o transitar por el carril de la conexión mínima,
sobre todo cuando se trata en estos dos casos de enmiendas de SUMAR o del Grupo Socialista, o propugnar y exigir una conexión rigorista, desconociendo en estos casos de interpretaciones rigoristas que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
sobre el principio de homogeneidad debe siempre ponerse en conexión con otra también de ese mismo Alto Tribunal que dice que, con carácter general, se debe evitar, en la medida de lo posible, hurtar al Pleno de la Cámara el debate sobre cualquier
asunto. Son dos líneas de principios del Alto Tribunal que deben estar en diálogo entre sí permanentemente a fin de no caer en los extremos.
Señorías, la Mesa de la Cámara -y tenemos que señalarlo-, en esta cuestión de las enmiendas y el principio de homogeneidad, lleva pasando de la laxitud más extrema al rigorismo integrista sin solución de continuidad y según los intereses
políticos de su mayoría en cada caso. Y esto, señorías, tenemos que manifestarlo, es puro arbitrismo y lo más alejado del principio de igualdad y del principio de seguridad jurídica.
Señorías, simplemente pretendíamos abrir de nuevo un debate sobre una reclamación de nuestro grupo parlamentario, y también de otros, que llevamos planteando desde la misma incorporación a la LOREG en 1987 de las disposiciones especiales
para las elecciones al Parlamento Europeo, a fin de adaptarlas más adecuadamente a la configuración del Estado autonómico, tal y como además dice el acta electoral de la Unión, que anima a que cada Estado miembro constituya el tipo de
circunscripción más acorde con sus características. En este sentido, tenemos que recordar que cuatro Estados de la Unión ya no desarrollan estas elecciones en formato de circunscripción única.
Señorías, si la normativa electoral europea deja a cada Estado miembro poder determinar la circunscripción electoral que estime más oportuna, tampoco es obstáculo, desde un punto de vista del ordenamiento constitucional interno, sustituir la
circunscripción única por tantas como comunidades autónomas hay, además de la de Ceuta y Melilla. Y, a tal efecto, quiero recordarles que en la sentencia del Tribunal Constitucional 28/1991, dictada en recurso de inconstitucionalidad promovido por
el Parlamento Vasco contra la Ley Orgánica 1/1987, la que incorporaba a la LOREG las disposiciones especiales para las elecciones al Parlamento Europeo, el Alto Tribunal señala que no existe inconveniente constitucional alguno para que el legislador
estatal disponga en el futuro la organización territorial del cuerpo electoral en los comicios europeos atendiendo al diseño autonómico, mientras subsista la autonomía institucional de que ahora disfrutan los Estados miembros de la Unión.
En cualquier caso, votaremos a favor de que tanto Ibiza como Formentera puedan constituirse en circunscripción única a efecto de las elecciones a senadores en las elecciones generales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Senyor president, senyories, molt bon dia.
Avui no es debat una reforma de la llei orgànica de règim electoral perquè Formentera pugui escollir el seu propi senador. Avui es debat com la mesa d'aquesta cambra trepitja la democràcia i el parlamentarisme per mantenir la ficció de que
encara hi ha una majoria darrera el Govern del senyor Sánchez. Nosaltres, com la majoria de grups d'aquesta cambra, vàrem votar a favor de la tramitació de la reforma de la LOREG per lectura única, però no vam votar que en aquesta tramitació
legislativa per lectura única es prohibís la presentació d'esmenes i el reglament d'aquesta cambra tampoc prohibeix enlloc que en les tramitacions legislatives per lectura única es puguin presentar esmenes.
Per això, nosaltres hem presentat quatre esmenes pròpies i deu més amb el PNB. En primer lloc, la circumscripció electoral pròpia per Catalunya a les eleccions europees. La circumscripció estatal és un instrument uniformitzador que
distorsiona la realitat política i no respon a l'estructura territorial de l'Estat. Forma part del programa de tot el catalanisme polític que Catalunya tingui la seva pròpia circumscripció en les eleccions europees i no hi pensem renunciar.
En segon lloc, hem presentat una esmena per suprimir el requisit de jurament o promesa dels eurodiputats. S'hauria de suprimir per a tots els electes, però per als eurodiputats que representen el conjunt dels ciutadans de la Unió i no els
ciutadans espanyols o no a Espanya, és un requisit inacceptable ferlos jurar o prometre la Constitució espanyola.
En tercer lloc, hem presentat una esmena per suprimir la inelegibilitat sobrevinguda. Què és això de que un diputat elegit perdi l'acta sense una sentència ferma? S'hauria de suprimir en tots els casos, però proposem que almenys se
suprimeixi la inelegibilitat sobrevinguda quan no hi ha sentència ferma.
En quart lloc, proposem garantir el dret al vot lliure i secret de les persones invidents, garantir la seva accessibilitat, que puguin participar en condicions d'igualtat també en les votacions municipals i europees. Una proposta que, per
cert, ja va ser aprovada en comissió constitucional.
Aquestes esmenes i les altres que hem presentat, de caràcter més tècnic, totes elles, totes elles, són esmenes de modificació, addició o supressió d'articles de la llei orgànica de règim electoral, la llei que ens ocupa. I, en canvi, ens
hem trobat amb una resolució de la Mesa que les ha inadmès. Tot el què diu aquesta resolució és fals, del principi al final. No hi ha cap jurisprudència constitucional que prohibeixi presentar esmenes referents a la pròpia llei que s'està
reformant. Tampoc en els procediments de lectura única. El que exigeix aquesta jurisprudència constitucional és homogeneïtat i congruència amb l'objecte de la iniciativa legislativa, que hi hagi un lligam, que hi hagi un vincle material entre les
esmenes i el text que s'està tramitant.
La pràctica parlamentària, no obstant, demostra que no sempre és així. Tots els grups parlamentaris han presentat esmenes que no tenen aquesta homogeneïtat i la Mesa les ha acceptat i, fins a cert punt, és bona la flexibilitat en la
pràctica parlamentària. De fet, de fet, no hi ha ni una tramitació legislativa on no trobem alguna esmena més o menys intrusa i, fins i tot, hi ha alguns exemples exagerats en els que la Mesa no va dir res. Recordo l'esmena del PSOE en una reforma
de la llei concursal per modificar l'Estatut orgànic del ministeri fiscal perquè la senyora Dolores Delgado, com a ex fiscal general de l'Estat, pogués cobrar més. El PSOE va acabar retirant aquesta esmena, però què va dir la Mesa? Res. Esmena
del PSOE en una reforma penal, la derogació del delicte de sedició, per modificar les majories que la llei orgànica del Poder Judicial exigeix al Consell General per escollir els membres del Tribunal Constitucional, és a dir, una reforma de la llei
orgànica del Poder Judicial -una reforma important- en una reforma del Codi Penal I què va dir la Mesa? Res. El Tribunal Constitucional sí que va dir alguna cosa, per cert.
La Mesa, en aquests casos extrems i en molts d'altres, no ha dit res. I, en canvi, han inadmès les nostres esmenes, perquè diu que tenen un altre objecte, un objecte diferent del text que s'està tramitant i 'constituyen una proposición de
ley orgánica distinta' quan fan referència, insisteixo, a la mateixa norma que s'està reformant, quan són esmenes de reforma de la LOREG. Recordo que la iniciativa que ens ocupa consisteix únicament a afegir la paraula 'Formentera' a l'article
161.2 de la LOREG. Quines esmenes, segons la Mesa, podíem presentar que no suposessin una 'proposición de ley orgánica diferente', distinta, quan estem afegint només una paraula a un article de la LOREG? Una correcció ortogràfica pot ser. Si no
es podien presentar esmenes, per què es va obrir un període de presentació d'esmenes? El que ha quedat en evidència és l'arbitrarietat absoluta de la Mesa. Si les esmenes són homogènies o no és el de menys. L'únic criteri que val és si el Govern
pot treure'n alguna cosa o si, en canvi, pot perdre la votació.
Ara, que s'està jugant el Mundial, vostès, senyories del PSOE, el que volen és que el partit continuï fins al minut noranta, però quan han vist que els han començat a marcar gols, li han dit a l'àrbitre que agafi la pilota i no deixi jugar.
I aquí estem. Aquí estem els jugadors, perdent el temps sobre la gespa i la pilota sense rodar. I així ens ha quedat aquesta legislatura, constatant a diari que vivim en un estat d'excepció democràtica i parlamentària, amb un govern sense majoria,
amb una legislatura morta que només s'aguanta a base de filibusterisme parlamentari i amb un segrest del Parlament que pren totes les formes imaginables. L'incompliment del deure constitucional de presentar pressupostos, la pròrroga infinita de les
lleis en tràmit, l'abús del Reial decret llei i ara també, amb especial intensitat, la vulneració flagrant d'un dels drets més bàsics dels diputats en aquesta, i en qualsevol cambra del món mundial, el dret d'esmena, amb l'ús indiscriminat del veto
pressupostari del Govern i de les esmenes heterogènies o intruses.
La consigna pel que queda de legislatura la va donar aquesta setmana el senyor Patxi López quan va dir: 'Esto no se vota'. Prohibir, vetar, inadmetre. Vostès han aplicat la llei mordassa al Parlament. Això està mort. Només queda el
decorat i la sortida ja la saben: tot el que no sigui convocar eleccions és enganyar la gent.
Moltes gràcies.
Señor presidente, señorías, buenos días.
Hoy, no se debate una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que Formentera pueda escoger a su propio senador. Hoy se debate cómo la Mesa de esta
Cámara pisa la democracia y el parlamentarismo para mantener la ficción de que todavía hay una mayoría detrás del Gobierno del señor Sánchez. Nosotros, como la mayoría de los grupos de esta Cámara, votamos a favor de la tramitación de la
reforma de la LOREG por lectura única, pero no votamos que en esta tramitación legislativa por lectura única se prohibiera la presentación de enmiendas. Y el Reglamento de esta Cámara tampoco prohíbe en ningún lugar que en las tramitaciones
legislativas por lectura única se puedan presentar enmiendas. Por eso, nosotros hemos presentado cuatro enmiendas propias y diez más con el PNV.
En primer lugar, la circunscripción electoral propia para Cataluña en las elecciones europeas. La circunscripción estatal es un instrumento uniformizador que distorsiona la realidad política y no responde a la estructura territorial del
Estado. Forma parte del programa de todo el catalanismo político que Cataluña tenga su propia circunscripción en las elecciones europeas y no pensamos renunciar a ello.
En segundo lugar, hemos presentado una enmienda para suprimir el requisito de juramento o promesa de los diputados. Tendría que suprimirse para todos los electos, pero para los eurodiputados que representan al conjunto de ciudadanos de la
Unión y no a los españoles, sino a España, es un requisito inaceptable hacerles jurar o prometer la Constitución española.
En tercer lugar, hemos presentado una enmienda para suprimir la inelegibilidad sobrevenida. ¿Qué es eso de que un diputado electo pierda el acta sin una sentencia en firme? Tendría que suprimirse en todos los casos, pero proponemos que, al
menos, se suprima la inelegibilidad sobrevenida cuando no hay sentencia firme.
En cuarto lugar, proponemos garantizar el derecho al voto libre y secreto de las personas invidentes, garantizar su accesibilidad y que puedan participar en condiciones de igualdad también en las elecciones municipales y europeas; una
propuesta que, por cierto, ya fue aprobada en Comisión Constitucional.
Estas enmiendas y las demás que hemos presentado de carácter más técnico, todas ellas, son enmiendas de modificación, adición o supresión de artículos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la ley que nos ocupa, En cambio, nos
hemos encontrado con una resolución de la Mesa que las ha inadmitido. Toda esta resolución es falsa, desde el principio hasta el final. No hay jurisprudencia constitucional alguna que prohíba presentar enmiendas referentes a la propia ley que se
esté reformando, tampoco en los procedimientos de lectura única. Lo que exige esta jurisprudencia constitucional es homogeneidad y congruencia con el objeto de la iniciativa legislativa para que haya un vínculo material entre enmiendas y el texto
que se está revisando. La práctica parlamentaria, no obstante, demuestra que no siempre es así. Todos los grupos parlamentarios hemos presentado enmiendas que no tienen esta homogeneidad y la Mesa las ha aceptado; y, hasta cierto punto, es buena
esa flexibilidad con la práctica parlamentaria. De hecho, no hay ni una tramitación legislativa en la que no encontremos alguna enmienda más o menos intrusa. Incluso hay algunos ejemplos exagerados en los que la Mesa no dijo nada. Recuerdo una
enmienda del PSOE en una reforma de la Ley Concursal para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la señora Dolores Delgado, como exfiscal general del Estado, pudiera cobrar más. El PSOE terminó retirando esta enmienda. Pero
¿qué dijo la Mesa? Nada. Hubo otra enmienda del PSOE en una reforma penal, la derogación del delito de sedición, para modificar las mayorías que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para poder escoger a los miembros del Tribunal
Constitucional. Es decir, era una reforma importante de la Ley Orgánica del Poder Judicial en una reforma del Código Penal. ¿Y qué dijo la Mesa? Nada. El Tribunal Constitucional sí que dijo alguna cosa, por cierto. La Mesa, en estos casos
extremos y en muchos otros, no ha dicho nada; en cambio, no ha admitido nuestras enmiendas porque tienen un objeto diferente del que se está tramitando y constituyen una proposición de ley orgánica distinta, cuando hacen referencia, insisto, a la
misma norma que se está reformando, cuando son enmiendas de reforma de la LOREG. Recuerdo que la iniciativa que nos ocupa hoy consiste únicamente en añadir la palabra Formentera al artículo 165.2 de la LOREG.
¿Qué enmiendas, según la Mesa, podían presentarse que no supusieran una proposición de ley orgánica distinta cuando estamos añadiendo solo una palabra a un artículo de la LOREG? ¿Una corrección ortográfica, quizá? Si no se podían presentar
enmiendas, ¿por qué se abrió un periodo de presentación de enmiendas? Lo que ha quedado en evidencia es la arbitrariedad absoluta de la Mesa. Si las enmiendas son homogéneas o no es lo de menos. El único criterio que vale es si el Gobierno puede
sacar algo o no, o si, por el contrario, podría perder la votación.
Ahora que se está jugando el Mundial, ustedes, señorías del PSOE, lo que quieren es que el partido siga hasta el minuto 90, pero cuando han visto que les han empezado a marcar goles, le han dicho al árbitro que coja la pelota y no deje que
jueguen. Y aquí estamos los jugadores, perdiendo el tiempo sobre el césped y la pelota sin rodar.
Y así nos ha quedado esta legislatura, constatando a diario que vivimos en un estado de excepción democrática y parlamentaria, con un Gobierno sin mayoría, con una legislatura muerta, que solo se aguanta a base de filibusterismo
parlamentario, y con un secuestro del Parlamento que adopta todas las formas imaginables: el incumplimiento del deber constitucional de presentar presupuestos; la prórroga infinita de las leyes en trámite; el abuso del real decreto ley; y ahora
también, con especial intensidad, la vulneración flagrante de uno de los derechos más básicos de los diputados, en esta y en cualquier Cámara del mundo mundial, que es el derecho a la enmienda, con el abuso indiscriminado del veto presupuestario del
Gobierno y las enmiendas heterogéneas o intrusas.
La consigna para lo que queda de legislatura la dio esta semana el señor Patxi López cuando dijo: Esto no se vota. Prohibir, vetar, inadmitir: ustedes han aplicado la ley mordaza al Parlamento. Esto está muerto, solo queda el decorado, y
la salida ya la saben: todo lo que no sea convocar elecciones es engañar a la gente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.
Ningú negarà que aquesta legislatura està sent estranya, que és una legislatura complexa, però serà recordada per moltes coses. Jo els he de dir que també serà recordada per una cosa: hem batut un rècord, un rècord Guinness. Serà la
legislatura de la història d'aquest Parlament on s'ha citat més l'illa de Formentera. Formentera ha estat citada moltíssimes vegades per tots els grups parlamentaris, han hagut de parlar de Formentera. Per tant, seguint la màxima de que allò que
no es cita no existeix, Formentera, per primera vegada ha existit per molts dels grups parlamentaris d'aquesta cambra. Formentera s'ha fet real, Formentera s'ha fet present.
Formentera s'ha fet present. Inclús el senador que han de tenir, que ha de ser la seva veu pròpia, ja ha complit part de les seves funcions abans d'arribar, els ha obligat a parlar de Formentera. Per tant, benvingut sigui aquest senador o
senador per Formentera, perquè des del principi ja ha fet que parlin d'aquella illa, una illa meravellosa. Una illa que es mereix aquesta veu pròpia i que avui culmina un procés molt desitjat durant molt de temps. Perquè Formentera té molt que
aportar, té molt que dir per al futur de tot l'Estat espanyol. Formentera ha estat llum de moltes polítiques valentes, de polítiques progressistes, de polítiques ecologistes. I en posaré un exemple: de la necessitat de posar límits. Formentera
fa molts d'anys va decidir que havien de posar límits al nombre de vehicles que entraven a Formentera. Es diu el programa Formentera Eco, que regula quants vehicles poden entrar a l'illa. Molts varen dir que allò era una locura. Molts varen dir
que era turismofòbia i ara tant el Partit Socialista com el Partit Popular ho estan exigint també, per fi, a totes les altres illes. Benvinguts siguin!
I com que han de posar límits i com que Formentera ens va exigir i ens va marcar el camí, hem de posar límits. I posar límits a les Illes Balears significa ara mateix entrar a la cogestió aeroportuària. Entrar a decidir el que passa als
nostres aeroports. El Parlament de les Illes Balears s'ha expressat en més de 20 PNL damunt d'aquest tema. Hem aprovat
una llei que arribarà en aquest congrés a debatre's amb el suport del Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista. Hem fet una ronda de contactes amb tots els partits d'aquesta cambra perquè es pugui debatre aquesta llei. Hem fet la
nostra tasca i demanam a la presidència de la Cambra que, igual que hem estat diligents, àgils perquè Formentera tengui un senador, també amb aquesta iniciativa que ve del Parlament de les Illes Balears, la iniciativa de la cogestió. Perquè hem de
posar límits, límits a les places, límits als vols que arriben a les Illes Balears. Que l'aeroport participi de revertir els impactes que realitza a les Illes Balears. I perquè poguem decidir i que volem decidir. Volem poder dir no a l'ampliació
de l'aeroport d'Eivissa. Que s'ampliï en un 50 % l'aeroport d'Eivissa és una barbaritat. Volem dir no a haver de passar per dos duty free quan vas cap a l'aeroport, quan has d'agafar un avió. Volem dir no a que Son Bonet sigui destruït i es
destrueixi el pulmó verd. Que volem dir no a que Son Bonet deixi de ser un agent social a Marratxí. Volem dir no a què els residents segueixin sent i passant per caixa als aparcaments de Menorca quan hi ha una iniciativa gratuïta que està aturada.
Volem poder decidir el futur dels nostres aeroports. Volen posar límits.
Aquestes veus pròpies, com ha estat Formentera, com serà Formentera amb el seu senador, marquen i marquen agenda i és el que nosaltres venim a fer aquí. Fa uns mesos, per exemple, demanaren al ministre Puente per al conveni ferroviari. Ens
reunirem amb ell. Farem una reunió molt interessant de treball. Immediatament el Partit Popular va aixecar el braç i va dir: 'Sí, farem feina amb el conveni ferroviari'. N'han tornat a sentir a parlar vostès? No. Ni Partit Popular ni Partit
Socialista han avançat. Quan ens vam moure i vam pressionar, tot d'una van tornar a parlar del tema. Es va agendar, però el Partit Popular no ha complit la seva tasca, que és presentar els projectes al Ministeri i fer les seva propostes, i el
Ministeri no ha complit fent les reserves de crèdit necessaris.
O com altres projectes de llei que hem duit aquí, importants per a la gent de les Illes Balears: la llei de prohibició de l'especulació amb habitatge o la pròrroga del règim especial. Els diputats del Partit Popular, els diputats del
Partit Socialista de les Illes Balears -perquè del diputat de VOX no esperam res- els demanam que facin feina per les Illes Balears, que es posin la camiseta de les Illes Balears, que facem que la política valgui la pena per la gent, que valgui la
pena la feina que feim cada dia. I això és pensar en la nostra gent, pensar la nostra ciutadania que cada dia ho passa pitjor. Cada dia el cost de vida a les Illes Balears és més dur. Cada dia, tot i que les dades són molt bones, els impactes de
la massificació ens fan perdre espais de vida, espais de quotidianitat. Per tant, cal actuar. Nosaltres hi som, els esperam a vostès a les mans obertes.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Nadie negará que esta legislatura está siendo extraña. Es una legislatura compleja, pero hay que hablar de ello y de muchas cosas. También será recordada por una cosa: han batido ustedes un récord, un récord Guinness, porque será la
legislatura de la historia de este Parlamento donde se ha citado más veces la isla de Formentera. Formentera ha sido citada muchísimas veces por todos los grupos parlamentarios que han tenido que hablar de Formentera. Por lo tanto, siguiendo la
máxima de que aquello que no se cita no existe, Formentera, por primera vez, existe para muchos de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Formentera se ha hecho real. Formentera se ha hecho presente. Incluso a los senadores, que ahora ya han
cumplido parte de sus funciones antes de llegar, les ha obligado a hablar de Formentera. Por lo tanto, bienvenido sea ese senador o senadora por Formentera, porque desde el principio ya ha conseguido que hablen de su isla, una isla maravillosa, una
isla que se merece esta vez voz propia y que hoy culmina un proceso muy deseado durante mucho tiempo.
Formentera tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir para el futuro de todo el Estado español. Formentera ha sido adalid de muchas progresistas ecologistas. Pondré un ejemplo de la necesidad de poner límites: Formentera hace muchos
años decidió que había que poner límites al número de vehículos que podían entrar en la isla. Formentera ECO es el programa que dice cuántos vehículos pueden entrar en la isla. Muchos dijeron que era
una locura, muchos dijeron que era turismofobia, y ahora, tanto el Partido Socialista como el Popular lo están exigiendo también por fin en todas las demás islas. Bienvenido sea.
Y como hay que poner límites, Formentera nos exigió y nos marcó el camino. Eso significa en las Islas Baleares entrar en la cogestión aeroportuaria, entrar a decidir qué es lo que pasa en nuestros aeropuertos. El Parlamento de las Islas
Baleares se ha expresado en más de veinte PNL en este tema. Han aprobado una ley que llegará a debatirse en este Congreso con el apoyo del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. Han hecho una ronda de contactos con todos los
partidos de esta Cámara para que se pueda debatir esta ley. Hemos hecho nuestra labor, y pedimos a la Presidencia de la Cámara que, igual que hemos sido diligentes y ágiles para que Formentera tenga un senador, también lo seremos con esta
iniciativa que viene del Parlament de las Illes Balears, que es la iniciativa de cogestión. Porque tenemos que marcar límites, poner límites a las plazas, límites a los vuelos que llegan a las Islas Baleares, que el aeropuerto pueda participar en
los estudios de impacto que se hacen en las Islas Baleares y que podamos decidir; quieren decidir. Queremos poder decir no a la ampliación del aeropuerto de Ibiza. Que se amplíe un 50 % el aeropuerto de Ibiza es una barbaridad. Queremos decir no
a tener que pasar por dos duty free cuando vas al aeropuerto o cuando vas a coger un avión. Queremos decir no a que Son Bonet sea destruido. Queremos decir no a que Son Bonet deje de ser un agente social. Y queremos decir no a que los residentes
tengan que pasar por caja en los aparcamientos de Menorca. Queremos poder decidir el futuro de nuestros aeropuertos. Queremos poner límites.
Estas voces propias marcarán agenda, como será Formentera cuando tenga a su senador. Y eso es lo que queremos hacer nosotros aquí. Hace unos meses, por ejemplo, pedíamos al ministro Puente que nos diera información. Hicimos una reunión
muy interesante de trabajo con él. Inmediatamente, el Partido Popular levantó la mano y dijo: Sí, queremos ese convenio ferroviario. ¿Han oído hablar ustedes de eso? No, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han avanzado. Cuando nos
movimos y presionamos, volvieron a hablar del tema; se agendó. Pero el Partido Popular no ha cumplido con su tarea, que es presentar alegaciones al ministerio y presentar sus propuestas, y el ministerio no ha cumplido haciendo las reservas
necesarias.
Hay otros proyectos de ley que hemos traído aquí que son importantes para las Islas Baleares: la ley de prohibición de la especulación con la vivienda o la prórroga del régimen especial. A los diputados del Partido Popular y a los
diputados del Partido Socialista de las Islas Baleares -del diputado de VOX no esperamos nada- les pedimos que hagan trabajo para las Islas Baleares, que se pongan la camiseta de las Islas Baleares, que hagamos que la política valga la pena para la
gente, que valga la pena el trabajo que hacemos cada día. Y eso es pensando en nuestra gente, en nuestra ciudadanía, que cada día lo pasa peor. Cada día el coste de la vida en las Islas Baleares es más duro; cada día los impactos de la
masificación nos hacen perder espacios de vida, espacios de habitabilidad.
Por lo tanto, hay que actuar. Nosotros estamos ahí. Les esperamos a ustedes con las manos abiertas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Campos Asensi. (Aplausos).
El señor CAMPOS ASENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, aquí estamos otra vez, debatiendo sobre el senador por Formentera y la proposición de ley para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por cierto, una chapuza de proposición. No sé si han visto el
informe de los letrados, yo lo tengo aquí. (Muestra un documento). No sé si dirigirme al señor Patxi López, porque lo firma él -bueno, no está-, o es un problema de los asesores que tiene el Grupo Socialista, pero esto es una chapuza. Miren las
correcciones. Si necesitan asesores, nosotros tenemos buenos; no sé, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. (Aplausos). A ver, voy a matizar: un acuerdo con ustedes ante notario, por supuesto. (Protestas.-Risas).
Estamos aquí entretenidos sobre esta cuestión, que no interesa ni a los habitantes de Formentera ni al conjunto de los españoles, un asunto impulsado por la izquierda y promocionado por algunos medios de comunicación locales, cuya motivación
es el puro interés partidista. ¿Qué hacemos debatiendo con el Partido Socialista la adecuación de una ley orgánica a la Constitución cuando el Gobierno Socialista es el que incumple la Constitución? ¿Qué hacemos debatiendo sobre esto cuando la
verdadera preocupación y alarma social de los españoles es la inmensa corrupción del Gobierno (aplausos), precisamente esta semana, con el desfile en los juzgados de todo el entorno del presidente del Gobierno? El lunes, la esposa; el martes, la
directora general de la Guardia Civil declarando en el Senado; ayer y hoy, el expresidente Zapatero, el referente del Partido Socialista y del gremio de joyeros. (Risas y aplausos). Es un hecho sin precedentes en la historia democrática: un
expresidente compareciendo ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales contra la Hacienda pública y contrabando. De hecho, ha sido el propio juez el que ha señalado en el auto que Zapatero
no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad. Y terminamos la semana, mañana viernes, con la fiscal general del Estado, que acudirá a la comisión de investigación del Senado para dar cuenta de las reuniones de Leire Díez en la
Fiscalía, reuniones a través de las cuales se habrían intentado neutralizar las investigaciones de los numerosos casos de corrupción que rodean a Sánchez, al Gobierno y al Partido Socialista. Miren, señorías, hay que dejar de llamar a Leire Díez
fontanera del PSOE; realmente es ingeniera del PSOE. (Aplausos). Sabía por qué lo hacía, para qué lo hacía y para quién lo hacía. Ello por no hablar de la investigación en la Audiencia Nacional de las cloacas socialistas. El caso puede acabar
con la condena al Partido Socialista por organización criminal.
Señorías, estas actuaciones judiciales son el reflejo de la inmundicia que Sánchez ha traído a la política española. Su Gobierno es el más corrupto de nuestra historia y está sostenido por sus socios, que son cómplices y encubridores de la
corrupción, mientras rapiñan sus últimos privilegios para desmantelar España. Con todo esto, con la que está cayendo, y nosotros debatiendo sobre esta modificación de la Ley del Régimen Electoral General. Pues no podemos hablar del régimen
electoral sin denunciar la alteración del censo electoral que está llevando a cabo el Gobierno socialista (aplausos), un Gobierno que no solo pretende alterarlo con la regularización masiva de inmigrantes ilegales -novecientas mil solicitudes
presentadas, que serán nuevos votantes a través del reemplazo poblacional-, sino que también alteran el censo electoral a través de la llamada ley de nietos. Gracias a estas disposiciones legales incluidas en la Ley de Memoria Democrática, más de
dos millones y medio de extranjeros han solicitado la nacionalidad española. ¡Más de dos millones y medio! Son capaces de todo con tal de seguir en el poder. Y mientras todo esto pasa, cuando más amenazada está la nación, cuando más vapuleada se
encuentra nuestra democracia, tenemos que escuchar a la izquierda, a la ultraizquierda y a los separatistas dando lecciones de legalidad y de democracia constitucional. ¡Qué tomadura de pelo! ¿A quién pretenden engañar? (Aplausos).
Señorías, los habitantes de Formentera no son tontos. Los que van a pagar de su bolsillo, cada uno de ellos, unos 2000 euros al año para mantener la Administración política de la isla, que ahora han engordado aún más con otro senador, saben
muy bien que su calidad de vida y sus derechos están siendo pisoteados por el Gobierno socialista. Lo sabemos en Baleares y en toda España. Nos pueden intentar entretener con debates como este, pero no nos van a impedir denunciar lo que está
haciendo el Gobierno: alterar las reglas del juego para intentar ganar unas elecciones que se prevén muy complicadas. Además, Pedro Sánchez ya lo hizo con las primarias de su partido. ¿Por qué no lo va a hacer con las elecciones generales, de
cuyo resultado depende, además, en gran parte el futuro penal de su entorno político y familiar? A este paso tendremos que solicitar observadores internacionales para las próximas elecciones generales. (Aplausos).
Señorías del Grupo Socialista y socios encubridores, faciliten la convocatoria de elecciones y rindan cuentas ante la justicia.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Herrera García.
La señora HERRERA GARCÍA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Hoy, por fin, vamos a finalizar las modificaciones legales que han sido necesarias para asegurar a la ciudadanía de Formentera su derecho a elegir un senador o una senadora en las próximas elecciones generales. Como bien saben, a la reforma
del artículo 69 de la Constitución, que aprobamos en esta Cámara el pasado mes de marzo, le ha seguido la necesaria modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que hoy nos ocupa. La propuesta, planteada por el Grupo Socialista,
actualiza la redacción de los artículos 161 y 165, de tal manera que se recojan ya de forma separada las circunscripciones de Ibiza y de Formentera y se establezca que se elegirá en cada una de ellas a un representante para la Cámara Alta. Me
gustaría agradecer en este punto el trabajo de todos los grupos parlamentarios que, con la única excepción de VOX, han apoyado esta tramitación, realizada por el procedimiento de lectura única, como ya hicimos con la propia reforma constitucional.
A la vista del debate que se ha planteado hoy por parte de algunos portavoces, me parece importante destacar esta cuestión de la forma de tramitación. Las enmiendas presentadas por algunos grupos, por su calado, por su heterogeneidad,
suponen prácticamente una reformulación de la LOREG, o al menos cambios muy sustanciales de nuestro sistema electoral. Sus objetivos son absolutamente legítimos, por supuesto, pero ajenos a la cuestión que nos ocupa. Les quiero recordar que
tenemos en esta Cámara, pendiente de debate, un proyecto de ley que nos permitiría precisamente discutir todas estas cuestiones y cualquier otra que quiera plantear otro grupo parlamentario. Por tanto, señorías de Junts, les animo a desbloquejar la
negociació d'aquell projecte de llei que tenim pendent de debat, porque, desde nuestro punto vista, abordar enmiendas de tanto calado en un trámite singular como es el de lectura única, que, como saben, elimina las fases de ponencia y de comisión,
supondría hurtar -o así lo entendemos nosotros- al resto de los grupos políticos su derecho legítimo a participar en un debate de enorme trascendencia para el futuro de nuestro sistema electoral.
Dicho esto, quisiera volver a poner en valor la iniciativa que debatimos hoy, que procede de un amplio consenso logrado en el Parlament de las Illes Baleares y, por tanto, del compromiso y el trabajo de muchas personas a lo largo de muchos
años. Hemos debatido ampliamente en los últimos meses la pertinencia de otorgar representación democrática en el Senado a una isla como Formentera, sin que ello estuviera condicionado exclusivamente por su peso demográfico, como defiende la
ultraderecha, que ningunea la realidad insular.
Señor Campos, no se haga ilusiones. Nosotros, acuerdos con ustedes, ninguno. (Aplausos). La prioridad nacional machista, racista, xenófoba y aporofóbica ya se la han colocado ustedes a otros. (Aplausos). ¡Y todavía se atreve usted a
hablar de inmundicia! A nosotros no nos va a encontrar, y menos aún en esos discursos, ahora ya paranoicos, sobre la alteración del censo electoral. Le ha faltado a usted ponerse el gorrito metálico ese para acabar de desarrollar con plenas
facultades esa teoría. Por favor, un poquito de rigurosidad. (Aplausos.-Rumores).
En los últimos días, mientras comentaba con compañeros y con compañeras de Formentera que abordábamos ya, por fin, la última fase de este proceso, me pidieron que explicara aquí lo que supone ser de Formentera y lo que es vivir en un lugar
donde tu realidad diaria está condicionada por eso que llamamos la triple insularidad. Que por un momento nos pusiéramos en su piel e imaginemos lo que es residir en un sitio donde la manera más económica de hacer la compra es cruzar la isla en
ferri, con tu coche, para acudir al hipermercado de la isla vecina. Que entendamos lo que supone que para cualquier prueba médica vas a tener que coger ese mismo barco para irte a la isla vecina, y quizás también un avión para ir ya no a Ibiza,
sino a Mallorca, y que, cuando llegues allí, a lo mejor el facultativo esté enfermo o el equipo médico esté estropeado y no se te puede
hacer la prueba por la que te has desplazado. Y que, a la vuelta a Ibiza, a lo mejor, si el avión se ha retrasado, además necesites reservar un hotel para pasar allí la noche, porque ya no quedará un barco en ese horario con el que puedas
llegar hasta tu casa. Supone decirles cada año a decenas de estudiantes que van a tener que cruzar el mar de lunes a viernes, en horario de ida y vuelta, para acudir a las clases de prácticamente cualquier ciclo formativo, e irse de casa de manera
obligatoria si quieren cursar estudios universitarios. Y todo ello sin importar si hace buen día o mal día, buena mar o mala mar, porque la dependencia del transporte marítimo es absoluta y la vida cotidiana no te da más opción que la de subirte al
barco. Eso sí, siempre que el puerto no esté cerrado por la gravedad del temporal, que eso también ocurre. Díganme si las necesidades y las carencias que cuestiones como estas le suponen a la población de Formentera no merecen ser contadas y
tenidas en cuenta en el Senado de nuestro país en las decisiones que allí se toman.
Voy acabando, presidente. Formentera ha sido tratada durante demasiado tiempo como un mero apéndice de Eivissa, como la isla que venía detrás de un guion, subordinada y muchas veces silenciada. Por ello, para el Partido Socialista, las
reformas que culminamos hoy son pura justicia democrática. (Aplausos). Suponen el reconocimiento a un pueblo que tiene su propia identidad cultural y lingüística y su historia, que gestiona sus propias competencias desde hace más de dos décadas y
que no tiene nada que demostrar para que no pongamos fin a la que ha sido una larga anomalía democrática. El Partido Socialista de Formentera y el de las Illes Balears siempre han respetado y defendido la singularidad y la autonomía de cada una de
las islas. Así que hoy podemos decir con orgullo que, desde la convicción y el tesón, con diálogo y con trabajo bien hecho, hemos cumplido con nuestro compromiso. Enhorabuena a todo el pueblo de Formentera.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, tiene la palabra el señor Mesquida Mayans.
El señor MESQUIDA MAYANS: Muchas gracias, presidente.
Buenos días.
Señorías, hoy estamos ante el último trámite para que las islas Pitiusas -Ibiza y Formentera- tengan cada una su propio senador. Así culminaremos un proceso legislativo necesario: la modificación, como ya se ha dicho, de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General para que Ibiza y Formentera cuenten, por fin, con un representante cada una en la Cámara Alta.
Recordemos el origen de esta anomalía. En 2007, el Govern balear, presidido por el Partido Popular, creó el Consell Insular de Formentera. Por otra parte, el artículo 69.3 de la Constitución es muy claro y dice que todas las islas con
consell insular, en el caso de Baleares, y con cabildo, en el caso de Canarias, deben tener al menos un representante en la Cámara Alta; sin embargo, durante casi dos décadas, Ibiza y Formentera lo han estado compartiendo.
Comentados estos motivos técnicos y legislativos, pasemos ahora a las razones prácticas. ¿Por qué nos importa tanto esta representación? Porque en las Illes Balears tenemos una serie de peculiaridades y desafíos que son propios, que
requieren de una voz fuerte aquí en Madrid. Por ejemplo, la insularidad, que es doble en el caso de Menorca y de Ibiza y triple en el caso de Formentera; la dificultad para mantener nuestras industrias vivas debido a los elevados costes del
transporte de mercancías o al elevado coste de la vida; la dificultad de nuestros jóvenes para quedarse en sus casas y tener profesiones cualificadas o formarse; o la limitación de recursos naturales tan importantes como el agua y el suelo.
Y junto a todas estas singularidades, las Baleares compartimos algo más: ocho años del Gobierno Sánchez, que nos ha tratado como ciudadanos de segunda. Ocho años en los que se nos han impuesto más incumplimientos y más dificultades. Ahí
van algunos ejemplos. Este Gobierno se cargó de un plomazo el convenio de carreteras con las
cuatro islas. No es que lo bloquearan, sino que directamente lo eliminaron. La consecuencia es que desde ese momento el Govern balear y los consells insulars son los que tienen que financiar las mejoras de todas nuestras carreteras. Por
otra parte, también tenemos el plus de insularidad de los funcionarios públicos del Estado. En ocho años han sido incapaces de actualizarlo y por eso las plazas de las Islas Baleares son las últimas en cubrirse de toda España. Somos incapaces de
cubrir las plantillas, ni de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil ni de la Administración de Justicia ni de Correos ni de los funcionarios de prisiones. Y todo esto debilita los servicios públicos. Por otro lado, está la inmigración
irregular. El señor Sánchez aquí nos mintió desde el primer minuto. Le dijo a la presidenta Prohens que había solicitado el despliegue de Frontex en nuestros mares, pero finalmente la presidenta Prohens tuvo que ir a Bruselas a reunirse con el
comisario de turno y este le aseguró que ningún miembro del Gobierno había solicitado el despliegue de Frontex en los mares de Baleares. (Aplausos). Debido a esta razón, entre otras, la ruta ArgeliaBaleares se ha consolidado. En este sentido,
Ibiza y Formentera son los principales damnificados por su proximidad geográfica. Y este Gobierno también sigue sin dar soluciones a los afectados por los deslindes de costas en nuestras islas. Tras años de anuncios, los expedientes siguen
acumulándose y la inseguridad jurídica sigue afectando tanto a los propietarios como a los municipios.
Señorías, es en este contexto en el que Ibiza y Formentera necesitan senadores propios para tener voces que exijan al Gobierno central lo que llevan años sin cumplir, voces que conozcan de primera mano la realidad de cada isla y que puedan
trasladar con rigor y firmeza todas estas debilidades y dificultades en la Cámara Alta. Y para esta tarea no nos irá nada mal contar con un senador más, porque cuando Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles tendremos que
devolver la normalidad a las instituciones deterioradas por un Gobierno (aplausos) cuyos dirigentes y colaboradores últimamente están visitando más las sedes judiciales que la de Ferraz.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Popular apoyará esta reforma, porque la representación territorial no es un adorno institucional, sino una herramienta para defender a los ciudadanos de las Illes Balears frente a este Gobierno que
demasiadas veces nos trata con desprecio. Y todos sabemos el porqué. El motivo es que no nos necesitan en su huida hacia adelante para mantenerse en el poder.
Esto es todo. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DEL CINE Y DE LA CULTURA AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000026).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
Les informo de que el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya ha solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a la de las enmiendas a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Cultura.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Urtasun Domènech): Señor presidente, señorías, si me permiten, antes de empezar y justamente en un día como hoy, que hablaremos de cine, quisiera tener un recuerdo emocionado para Ignasi Camós, quien fuera
director del ICAA, que falleció hace unas semanas. (Aplausos). Ignasi fue uno de los grandes impulsores de esta ley y estoy seguro de que hoy estaría muy contento de presenciar este debate.
Señorías, hay pocas expresiones culturales que expliquen mejor quiénes somos como sociedad que el cine. Porque el cine es, al mismo tiempo, una manifestación artística, una industria cultural, una herramienta de conocimiento y una forma de
construir imaginarios colectivos. A través de las películas nos contamos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señor ministro.
Señorías del Grupo Popular, si quieren salir del hemiciclo, salgan rápido y en silencio, por favor. (Pausa). Gracias.
Cuando quiera.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Urtasun Domènech): Gracias, presidente.
Como decía, a través de las películas nos contamos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. El cine refleja nuestras transformaciones sociales, preserva nuestra memoria, proyecta nuestra diversidad y
contribuye a construir una conversación común sobre el mundo que compartimos. Por eso las grandes cinematografías son también una expresión de la vitalidad cultural y democrática de un país. Y precisamente por eso resulta tan relevante el debate
que hoy tenemos en esta Cámara. Porque hoy no estamos discutiendo únicamente una ley, estamos discutiendo qué papel debe desempeñar la cultura en nuestro país, qué lugar debe ocupar el audiovisual español en un mercado global cada vez más
competitivo y qué responsabilidades tienen los poderes públicos para proteger, fortalecer y proyectar uno de nuestros principales activos culturales.
La ley vigente fue aprobada en 2007. Desde entonces, el sector audiovisual ha experimentado una transformación de una magnitud difícilmente imaginable en aquel momento. Han aparecido las plataformas digitales, se han modificado
profundamente los hábitos de consumo, han surgido nuevos formatos y canales de distribución y el audiovisual se ha convertido en uno de los sectores estratégicos de la economía cultural europea. La realidad es que hoy el ecosistema audiovisual
español ya no es el del 2007 y, además, nos encontramos en uno de los momentos más estimulantes que ha vivido nuestro cine en décadas. Lo vemos en nuestros creadores y creadoras, que están protagonizando algunas de las propuestas más reconocidas y
admiradas del panorama internacional. Lo vemos en cineastas como Carla Simón, Oliver Laxe, Rodrigo Sorogoyen o Alberto Rodríguez; en intérpretes como Javier Bardem o Victoria Luengo; en nuevas generaciones de creadores como los Javis o Aina
Clotet, y en tantos otros profesionales que están situando al audiovisual español en la primera línea internacional. Lo vimos también hace apenas unas semanas en el Festival de Cannes, donde España alcanzó un récord histórico con tres películas
seleccionadas en competición y se convirtió en una de las cinematografías con mayor presencia en el principal escaparate mundial del cine. Son éxitos indudables que reflejan la extraordinaria vitalidad creativa de todo un sector.
A veces escuchamos discursos que intentan transmitir la idea de que la ficción española no interesa o no conecta con el público. Los datos desmienten completamente esa afirmación. La ficción española gusta y gusta mucho, no solo en España,
sino también en toda Europa y en buena parte del mundo. De hecho, según el Observatorio Audiovisual Europeo, ocho de las diez producciones europeas más vistas en el último año fueron españolas. También lo vemos en nuestro propio mercado. Solo en
2025, más de 65 millones de espectadores acudieron a las salas de cine de nuestro país, generando una recaudación superior a los 453 millones de euros. El cine español mantuvo una cuota de mercado cercana al 19 %, con más de 12 millones de
espectadores.
Pero el buen momento del audiovisual español no se explica únicamente por el éxito de determinadas películas o series. Se explica también por la fortaleza de todo un ecosistema creativo industrial. En 2025, España lideró la producción
cinematográfica en Europa con 463 largometrajes, un 23 % más que el año anterior, de los cuales 107 fueron coproducciones internacionales. Es una cifra que demuestra hasta qué punto España cubre hoy con creces todas las fases de cualquier
producción audiovisual. Contamos con
más de 72 000 profesionales y con más de seis mil empresas especializadas que hacen posible que una obra pueda desarrollarse íntegramente en nuestro país, desde la escritura del guion hasta la distribución internacional. Además, disponemos
de una red de cuarenta y cinco festivales de cine que constituyen auténticos espacios de referencia para el sector. Detrás de estas cifras hay autores y autoras, productores, técnicos, intérpretes, distribuidores y exhibidores que han convertido el
audiovisual en una de las mejores cartas de presentación de España en el mundo. A todos ellos, mi agradecimiento y mi más sincero homenaje. (Aplausos).
Y precisamente porque el audiovisual español vive un gran momento, señorías, necesitamos una legislación a la altura de este éxito. Porque cuando un sector demuestra semejante capacidad de crecimiento, innovación y proyección internacional,
la responsabilidad de los poderes públicos no es quedarse quietos, sino acompañarle y ayudarle a seguir avanzando. Por eso ya les digo que, hasta que esta ley se apruebe definitivamente, el diálogo con el sector y con todos ustedes va a seguir
abierto de forma permanente para mejorar el texto y hacer la mejor ley posible que España y el sector merecen.
Como decía, señorías, seguir regulando el sector con herramientas pasadas para una realidad que ya no existe supondría renunciar a acompañar a uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento, innovación y proyección internacional de
nuestra economía cultural. De hecho, tengo que decirles que ese diagnóstico no es patrimonio exclusivo del Gobierno y de los grupos que lo sustentan. El propio Grupo Popular reconoce en su enmienda a la totalidad que la ley actual ha quedado
desfasada, que los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de consumo exigen una actualización normativa y que el audiovisual constituye un sector estratégico para nuestro país. Por eso resulta difícil entender la conclusión a la que llega el
Grupo Popular, señorías. Porque si todos coincidimos en que la ley actual ha quedado obsoleta y en que el sector necesita un nuevo marco normativo, lo lógico, como les dije en la última sesión de control, sería ponerse a trabajar para mejorarlo.
Lo que resulta difícil de explicar es que quienes reconocen la necesidad de una nueva ley propongan precisamente impedir que esa ley pueda siquiera tramitarse en esta Cámara.
Señorías, conviene recordar algo importante. Hoy no estamos votando la aprobación definitiva de esta norma. Estamos votando si el Congreso permite o no que continúe su tramitación parlamentaria, si permite o no que los grupos presenten
enmiendas, si permite o no que el texto incorpore nuevas aportaciones y mejoras. En definitiva, estamos decidiendo si el Parlamento tiene la posibilidad de debatir sobre el futuro del audiovisual español o si prefiere cerrar la discusión antes
incluso de que comience.
Señorías del Grupo Popular, se lo dije hace una semana: no hurten el debate, trabajen para la cultura. Soy perfectamente consciente de que algunos de ustedes quieren hacerlo y por eso les vuelvo a decir lo mismo que en las muchas reuniones
que hemos mantenido con ustedes a lo largo de esta legislatura, en las que siempre les hemos tendido la mano: no hurten el debate, siéntense, propongan las mejoras que consideren oportunas, pero no piensen en la politiquería, sino en defender la
cultura de este país, que es a lo que nos debemos estos que estamos aquí representados en esta Cámara. (Aplausos).
Señorías, la filosofía que inspira esta ley es sencilla: fortalecer toda la cadena de valor del audiovisual español y adaptarla a una realidad que ya no se parece en nada a la de 2007. Porque las películas no nacen por generación
espontánea. Si queremos que esta cadena siga siendo fuerte, diversa y competitiva, necesitamos un marco normativo que comprenda la realidad completa del sector. Por eso esta ley intenta responder a algunas preguntas fundamentales para el futuro
del audiovisual español. ¿Cómo garantizamos que las productoras independientes puedan seguir desarrollando proyectos propios en igualdad de condiciones, dentro de un mercado cada vez más concentrado? ¿Cómo garantizamos que el cine siga contando
con instrumentos específicos de apoyo en un ecosistema audiovisual cada vez más amplio y complejo? ¿Cómo garantizamos que las salas de cine sigan siendo espacios culturales vivos y accesibles en todo el territorio? ¿Cómo garantizamos que las
políticas públicas audiovisuales se adapten a una realidad en la que
una parte creciente del consumo cultural se produce a través de las plataformas? ¿Cómo garantizamos que los retos del sector se afronten con diálogo compartido con todo el sector? ¿Cómo garantizamos que el audiovisual español sea también
un sector más accesible, más igualitario y más transparente? O, finalmente, ¿cómo garantizamos que las películas que hoy producimos puedan seguir siendo vistas, estudiadas y comprendidas dentro de cincuenta o de cien años? ¿Cómo protegemos una
parte esencial de la memoria cultural de nuestro país? Estas son, señorías, algunas de las preguntas a las cuales da respuesta el texto que hoy debatimos. Insisto, si alguien tiene mejoras para alguna de estas respuestas a estas preguntas, este
Congreso tiene ahora la palabra y la oportunidad de plantearlas durante la tramitación parlamentaria.
He leído con atención tanto la enmienda del Grupo Popular como la de VOX y, después de hacerlo, tengo que decirles que sigo sin encontrar una propuesta alternativa para el sector audiovisual español. No encuentro una propuesta para reforzar
las salas de cine, no encuentro una propuesta para mejorar la internacionalización de nuestras producciones, no encuentro una propuesta para proteger el patrimonio audiovisual, ni una propuesta para fortalecer la industria independiente, ni una
propuesta para mejorar las condiciones de creación de nuestros autores y autoras. Lo que encuentro, simplemente, es una propuesta de devolución, una propuesta que no incluye nada que ni siquiera se pueda discutir en este Congreso.
Voy a referirme a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo VOX, que resulta especialmente reveladora, porque su principal argumento, señorías, es que esta ley fomenta una supuesta cultura de la subvención. Sinceramente, creo
que esta afirmación dice mucho más de quien la formula que de la realidad del sector audiovisual español, porque cuando uno escucha hablar de una supuesta cultura de la subvención, podría imaginar a un sector dependiente, estancado o incapaz de
competir por sí mismo, pero la realidad que tenemos delante es exactamente la contraria: estamos hablando de un sector que da empleo a más de setenta y dos mil profesionales y que cuenta con más de seis mil empresas, como decía al inicio de mi
introducción. Pero es que, además, estamos hablando del país que lideró la producción cinematográfica europea en 2025 -como les he señalado-, de una industria capaz de atraer coproducciones internacionales, de competir en los principales mercados
mundiales y de situar sus películas y series entre las más vistas de Europa. Estamos hablando de una cinematografía que acumula más de quinientos premios internacionales durante la última década. Y estamos hablando, además, de un ecosistema
extraordinariamente diverso, en el que conviven grandes producciones internacionales, pequeñas productoras independientes, nuevos creadores, cine en distintas lenguas y una red de festivales reconocida en todo el mundo. Por eso, creo que el debate
no debería plantearse en los términos de subvenciones sí o subvenciones no que tanto les gustan. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo conseguimos que el sector que genera empleo, innovación, riqueza y prestigio internacional siga siendo fuerte
dentro de diez o veinte años? Porque lo que algunos llaman cultura de la subvención, todos los países de nuestro entorno y nosotros también, señores de VOX, lo llamamos política cultural. Gracias a esas políticas públicas, hoy existe una industria
audiovisual que no solo crea cultura, sino que genera actividad económica, empleo cualificado, cohesión territorial y una enorme proyección internacional para nuestro país. Escuchándolos, uno podría llegar a pensar que España está haciendo algo
excepcional, pero basta con observar lo que ocurre a nuestro alrededor para comprobar que sucede exactamente lo contrario. Todos los países de la Unión Europea apoyan a su audiovisual, impulsan activamente políticas de protección y promoción de la
diversidad del audiovisual. Pero ¿sabe quién no lo hace? ¿Sabe quién no impulsa políticas de protección y de promoción de su audiovisual? No lo hace el Gobierno argentino del señor Milei. Sí, ya saben, aquel que el señor Abascal dice que quiere
reproducir en España. Un Gobierno que ha convertido la cultura en uno de los objetivos de su llamada motosierra, que ha atacado y desmontado el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Desde aquí quiero aprovechar esta
ocasión una vez más para mostrar toda mi solidaridad con el sector del cine argentino, que sufre estas políticas devastadoras del señor Milei (aplausos); políticas devastadoras cuyos resultados empiezan
a ser visibles: en 2024 la cuota de mercado del cine argentino cayó hasta el 2,19 %, el dato más bajo desde 1997 y casi un 20 % menos que el año anterior. Nosotros, que admiramos el cine argentino, estamos profundamente escandalizados por
lo que está haciendo el señor Milei. Por eso, me gustaría hacer una pregunta muy sencilla al grupo VOX y, de paso, también al Grupo Popular, ya que se han acostumbrado últimamente a llegar a acuerdos con ellos. ¿Qué harían ustedes con el ICAA si
algún día, cosa que jamás vamos a permitir, llegaran al Gobierno? (Risas). ¿Desmantelarían el ICAA, como ha hecho el señor Milei, en España también? Ya que tiene la oportunidad de hablar después, de tomar la palabra, estaría bien que nos lo
aclarara. Muchas gracias. Y se lo digo también a los profesionales del sector de lo audiovisual que puedan estar siguiendo este debate. Si quieren saber qué harían estas fuerzas políticas si algún día llegaran al Gobierno, cosa que no vamos a
permitir, no hace falta recurrir a la imaginación: basta con leer las enmiendas que han presentado a esta ley y basta con observar lo que han hecho allí donde gobiernan o con escuchar cómo hablan de las políticas públicas de apoyo a la cultura.
Pero la verdadera pregunta no es si deben existir políticas públicas para la cultura; la verdadera pregunta es qué ocurriría si renunciamos a ellas. ¿Qué espacio tendrían entonces los nuevos creadores? ¿Qué capacidad tendrían las producciones
independientes para competir en un mercado global dominado por grandes operadores internacionales? ¿Qué ocurriría con la diversidad cultural que hoy constituye una de las principales fortalezas del audiovisual español?
Señorías, permítanme que vaya terminando. Esta ley no es un instrumento aislado, forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del audiovisual español, que este Gobierno ya está desplegando y que está dando resultados
tangibles. Durante esta legislatura hemos recuperado las ayudas a guionistas que eliminó el Partido Popular. Hemos reforzado el apoyo a festivales, salas e incubadoras audiovisuales. Hemos puesto en marcha el Cine Escuela para acercar el cine a
las nuevas generaciones y hemos reforzado el Cine Sénior para crear nuevos públicos y garantizar el acceso a la cultura de las personas mayores. De hecho, la primera edición del Cine Sénior permitió que más de 900 000 personas mayores regresaran a
las salas de cine; la segunda superó los 1,6 millones de espectadores, y la edición actualmente en marcha ya ha movilizado a más de 1,5 millones de personas. Son cifras que demuestran que cuando las instituciones apuestan por ampliar el acceso a
la cultura, la ciudadanía responde. Esa misma filosofía inspira también una de las iniciativas más recientes del ministerio, el Cine Vecino; un programa que permitirá llevar proyecciones cinematográficas gratuitas a municipios de menos de diez mil
habitantes que no disponen de una sala de cine cercana, creando una red de hasta doscientos municipios conectados a través de la plataforma pública PLATFO. Al mismo tiempo, estamos impulsando proyectos estratégicos como el futuro Museo del Cine en
el antiguo edificio del NODO y hemos puesto en marcha -ahora se lo citaba- la plataforma PLATFO, la primera plataforma pública de cine español destinada a democratizar el acceso a nuestro patrimonio audiovisual y garantizar su conservación para las
generaciones futuras. Porque en el fondo la política audiovisual no consiste únicamente en apoyar a quienes crean las películas, consiste también en garantizar que esas películas puedan llegar al conjunto de la ciudadanía, vivan donde vivan.
(Aplausos).
Señorías, creo que en el fondo este debate trasciende el contenido también de esta ley. Lo que hoy se está poniendo sobre la mesa son las distintas formas que tenemos también de entender la política cultural. Una entiende que la función de
las instituciones es proteger la libertad creativa, ampliar oportunidades para los creadores, preservar la diversidad cultural y garantizar que todas las voces puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. La otra, observa la cultura con
desconfianza, cuestiona sistemáticamente las políticas públicas de apoyo a la creación y termina demasiado a menudo distinguiendo entre expresiones culturales legítimas y expresiones culturales incómodas. Resulta difícil no establecer esta
reflexión cuando durante los últimos años hemos visto demasiados episodios de censura cultural promovidos desde Gobiernos de la derecha y la extrema derecha: obras retiradas, programaciones canceladas, festivales cuestionados, actividades
culturales suspendidas y autores convertidos en objeto de campañas políticas por el simple hecho de expresar determinadas ideas. Nosotros creemos que las instituciones
públicas no están para decirles a los creadores qué deben pensar, qué deben escribir o qué deben filmar. Precisamente por eso, también quiero recordar que hemos impulsado la reforma del Código Penal esta semana para reforzar la libertad de
expresión en nuestro país, porque la mejor política cultural es aquella que amplía el espacio de libertad de una sociedad. (Aplausos). Por eso mismo es por lo que presentamos también esta ley, porque creemos que el audiovisual español está
viviendo uno de los momentos más prometedores de su historia, porque creemos que nuestros creadores están demostrando cada día que pueden competir con cualquiera, porque creemos que nuestras películas y nuestras series son una de las mejores cartas
de presentación de España en el mundo y porque creemos que la obligación de esta Cámara no es poner obstáculos a este éxito, sino contribuir a hacerlo posible.
Por todo ello, señorías, les pido que rechacen las enmiendas a la totalidad y permitan que esta ley continúe su tramitación parlamentaria no para cerrar el debate, sino para abrirlo y para que construyamos entre todos los grupos de la Cámara
la mejor ley del cine que este país y que este sector merece.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, el señor Ramírez del Río. (Aplausos).
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Esta ley es exactamente la misma que presentó el Gobierno en 2023. Esta ley ya la presentó el ministro Iceta hace tres años. Por tanto, me parece llamativo el ardor que ha puesto el ministro en defender una ley que no es suya, pero bueno.
Si ya entonces era una ley mal hecha, una ley técnicamente muy deficiente, en estos momentos ya es directamente un sabotaje al sector. En España tenemos, por desgracia, un Gobierno que tira el dinero de los españoles y que dedicó 1 000 000 de euros
de subvención a Feliz no cumpleaños, que hizo una taquilla de 748 euros, en torno a 150 espectadores; 1 000 000 de euros en subvenciones a Lo que nunca te dije, pero debía haberte dicho, con una taquilla de 1274 euros, en torno a los 210
espectadores; y 250 000 euros en subvenciones a Oswald: El falsificador, con unos 400 espectadores. Hay muchos ejemplos similares y peores. Con esas subvenciones podríamos haber enviado con gastos pagados a todos los espectadores a la Berlinale,
a Cannes o al Festival de Venecia. (Aplausos). El grado de desperdicio, el grado de expolio a los españoles que reflejan estos datos es vergonzoso y debería haberles llevado a reflexionar. Solo en 2025 se estrenaron 727 películas españolas, de
las que 106 no llegaron a recaudar ni 1000 euros. Gran parte de esas 106, las llamadas películas fantasma, no llegaron a recaudar ni 100 euros en la taquilla. Solo 28 superaron los 100 000 euros en taquilla, mientras que el Gobierno socialista
gastaba 250 millones de euros en subvenciones más otras cantidades importantes en desgravaciones fiscales y en obligaciones de inversión por parte de las televisiones. Como ustedes saben, las televisiones privadas tienen que invertir en torno a un
5 % de su facturación y la pública, Radiotelevisión Española, un 6 % en cine español, en cine europeo. Lógicamente, son grandes cantidades que añadir a esos 250 millones que nos dan una idea de la magnitud de la inversión y tenemos que velar por su
seriedad, por que ese dinero sea bien gastado, porque a los españoles les está costando muchísimo pagar los impuestos que ustedes les están extrayendo y lo necesitaríamos para cosas muchísimo más serias de aquello a lo que ustedes lo están
dedicando, señor ministro. (Aplausos). Mientras los españoles tienen cada vez problemas mayores en sanidad, en educación o en vivienda, el Gobierno tira sus impuestos por la alcantarilla con el único propósito de montar una máquina de propaganda.
Esta forma de tirar dinero público es realmente escandalosa y en algunos casos creo que casi debería dar lugar a la investigación judicial por malversación de fondos públicos, porque no me puedo ni creer algunas de las cifras que hemos leído estos
días.
Cuando se anunció una nueva ley del cine pensamos que este tipo de cosas serían modificadas, que se intentaría una mejora de la industria y una mejora de la gestión del ICAA porque, evidentemente, todos sabemos que ha sido muy deficiente.
Sin embargo, no hay nada de ese necesario cambio de modelo en esta ley que ustedes vuelven a presentar; se profundiza en el derroche de recursos, como sucede siempre, y eso termina redundando en la falta de recursos para asuntos muchísimo más
necesarios para todos los españoles. Cuando el Gobierno hizo la ley del sector audiovisual perjudicó a muchas empresas independientes para afianzar su alianza con las grandes empresas de comunicación de España y ahora, en esta ley, pretendían
compensar a todos esos productores independientes. Sin embargo, las promesas hechas a estos sectores quedan aplazadas en el momento en que se pongan en marcha los organismos propuestos en este texto, con lo que en realidad se trata del enésimo
ejercicio de venta de humo de este Gobierno. Desde el punto de vista de técnica legislativa, este Gobierno -y en este caso me refiero prácticamente al anterior, al mismo que había hecho la ley del solo sí es sí, porque esta ley es idéntica a la del
2023- es, sin duda, el más torpe de la historia de la democracia en España. No se pueden cambiar definiciones básicas de la actividad legislada en cada ley sin que ese cambio de denominaciones tenga consecuencias legislativas muy importantes. En
la Ley General de Comunicación Audiovisual que impulsaron en 2022 la definición de productoras independientes incluía a grandes plataformas, a productoras internacionales y a cadenas de televisión que podían acogerse a las ayudas contempladas en esa
ley. En este proyecto que tenemos ante nosotros la definición es mucho más restringida, por lo que las empresas del sector se van a encontrar en la peor situación: la de no conocer el terreno. ¿Tenemos que utilizar la definición de la ley de 2022
o vamos a tener que utilizar esta definición? Por esa razón, al no conocer el terreno de juego a priori, es muy probable que muchas producciones internacionales elijan otros escenarios, otros países con una mayor seguridad jurídica para llevar a
cabo sus producciones. Pero es que cuando el PSOE entra por la puerta, la seguridad jurídica sale por la ventana. (Aplausos).
Uno de los aspectos más llamativos de esta ley es la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Digital, que va a realizar las funciones que hasta la fecha realizaba el ICAA, el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales. El ICAA es una institución que ha tenido graves problemas de gestión desde hace mucho tiempo -como usted en alguna de sus comparecencias ha comentado- y que, por desgracia, no se han resuelto durante el tiempo en el que usted
lleva en el ministerio. (El señor ministro de Cultura, Urtasun Domènech, hace gestos negativos). El mero hecho de crear un nuevo organismo con el gasto que supone para continuar con un modelo que no funciona debería ser causa inmediata del rechazo
de esta ley. A esto hemos de añadir que favorecer la creación de entidades autonómicas cuando la creación de entidades autonómicas en el pasado -como en el caso de Cataluña- lo que ha producido ha sido dificultades en el mercado interior, es algo
que, evidentemente, deberíamos, rechazar. Para que se hagan ustedes una idea, nos vamos a encontrar diferentes determinaciones de edad para cada película dependiendo de que sea en Madrid, en Barcelona o en Andalucía, y eso es algo ridículo. Es
imprescindible que recuperemos la unidad de mercado y que las películas tengan las mismas condiciones en todas las partes del territorio nacional. Es obvio que el aumento de financiación pública que quieren promover con estos nuevos organismos va a
servir para ahondar en ese modelo socialista en el que la Administración sirve para colocar a sobrinos, a amigos y para drenar recursos de todo aquello que realmente es imprescindible. España necesita una reducción drástica de la Administración, en
especial de aquella que no proporciona servicios esenciales al ciudadano. (Aplausos).
En la ley del sector audiovisual ustedes dejaron muchas deudas con sus socios separatistas, en especial a cuenta de la promoción de lenguas regionales, que buscan utilizar como herramienta de división entre los españoles y no como riqueza
cultural. Ahora traen esta ley en la que pretenden pagarles esas deudas que dejaron promoviendo un tipo de cine que no va a ver ni la familia de los propios actores, pero que permite alimentar a esos grupos y a su propaganda política. Hay cine
producido en lenguas muy minoritarias
que ha alcanzado el gran público como, por ejemplo, La Pasión, rodada íntegramente en latín y en arameo, pero la inmensa mayoría de las obras que se van a rodar en las lenguas que ustedes dicen promover van a tener menos éxito que el PSOE
como tasador de joyas. (Risas.-Aplausos).
Los cambios en las condiciones impuestas por esta ley para considerar una obra cinematográfica y el tiempo que debe esperar para proyectarse en entidades públicas con precio reducido es otro de los problemas que tiene este proyecto de ley.
Se ha reducido de un año a seis meses y no podemos permitir que la iniciativa privada tenga que sufrir la competencia de los organismos públicos. Los organismos públicos tienen que estar para suplir aquello a lo que la iniciativa privada no llegue,
pero no para competir con ellos y no para hacerle la vida todavía más difícil a las salas de cine. (Aplausos). Lo que mejor ha funcionado para promover la cinematografía en España han sido los incentivos fiscales que, unidos a la alta
cualificación de los trabajadores de nuestro sector, al clima y al patrimonio históricoartístico, han situado a España en un lugar de referencia. Para que la situación mejore es importante que los incentivos fiscales no se vean cuestionados y no se
vean modificados cada poco tiempo, porque eso destruye la confianza de los inversores internacionales. No se puede volver a repetir el caso de 1492: la conquista del paraíso. Le costó a España muchísimos años recuperarse de este desastre.
Sin embargo, en este proyecto hay varios aspectos que han sido destacados por las principales empresas del sector como nocivos, que imitan algo de lo peor de las legislaciones de Francia y de Alemania, algo que le está poniendo precisamente
en esa mala situación a la que usted ha hecho referencia. España compite en un mercado internacional en el que cuesta mucho atraer las producciones, vengan de donde vengan. Cuesta mucho hacerse un hueco en el mercado y es muy fácil perder el sitio
conseguido. Y esta ley, por desgracia, es una oportunidad perdida. Es obvio que con los ingredientes que hemos ido desgranando de esta ley, es insostenible que la actividad cinematográfica sea considerada como una industria cultural madura. El
Gobierno no considera el cine como una industria cultural madura. El Gobierno busca una mera herramienta de adoctrinamiento y, si no es rentable, porque más de la mitad de los españoles decidan no ir a esas películas porque básicamente no quieren
ser insultados, pues ya está el PSOE para suplir el dinero que no ganen de la taquilla. (Aplausos). A pesar de todo ello, en España hay grandes creadores, gente que recibe muchísimo menos dinero de los fondos públicos y que tienen derecho a
nuestro apoyo en todos los Gobiernos en los que hemos entrado, que recibirán el apoyo de VOX en todos aquellos Gobiernos en los que tengamos algo que decir. Pero, evidentemente, lo principal que necesita un gran creador es un terreno de juego justo
y que no se persiga su talento ni se le arrebate el fruto de su trabajo.
Por las razones expuestas, consideramos que este proyecto debe ser devuelto al Gobierno para ser rehecho por completo. Pedimos el apoyo de la Cámara con este propósito, aunque sepamos, después del teatrillo de ayer de los socios
separatistas del Gobierno, que volverán a sacarle las castañas del fuego y votarán a favor de otra ley de nuevo. Lo de ayer fue comedia, pero de la mala. Con esta ley, el Grupo Socialista pretende asumir un papel de mecenas de las artes que en
estos momentos, por desgracia, no le corresponde. Evidentemente, no tenemos ni a Lorenzo de Medici ni a Julio II en estos momentos en el Gobierno. En estos momentos, por desgracia, tenemos en el Gobierno de España a alguien más parecido a Nerón.
Gracias, señor presidente. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora CruzGuzmán García.
La señora CRUZGUZMÁN GARCÍA: Señor Urtasun, ¿qué es eso de que no va a dejar gobernar nunca al Partido Popular? ¿Pero qué tipo de demócrata es usted? (Aplausos). Mucha diplomacia, pero qué poca democracia. Usted siga sosteniendo a P.S.,
que así le va a su partido. Mire, ni la reforma del INAEM, ni el impulso necesario al Estatuto
del Artista, ni la ejecución de los fondos europeos, que han tenido un presupuesto histórico en el Ministerio de Cultura, pero que no ha servido para fortalecer a un sector marcado por la intermitencia y la microempresa. Ni siquiera han
sabido gastarse el dinero del PERTE de la lengua, del hub audiovisual. Tampoco han desarrollado la urgente modificación de la ley de patrimonio, que está lastrando a las leyes autonómicas; tampoco la ley de derechos de autor que sigue estancada en
su ministerio. Por supuesto, sin presupuesto, para no dar transparencia y que no sepamos en qué se está gastando el dinero de las inversiones culturales de nuestro país; y sin trabajar durante estos tres años en esta ley del cine. Es un ministro
fallido en un Gobierno fallido, Urtasun. (Aplausos).
Señorías, el cine tiene la obligación de ser testigo y recuerdo de nuestro tiempo, dotarnos de capacidad crítica, abrirnos los ojos hacia otras miradas, narrar lo peor del ser humano para que no se repita y lo mejor para que sea referente;
que nos recuerde la barbarie de ETA, como ha hecho La infiltrada, y la necesidad de luchar contra cualquier tipo de aislamiento de cualquier discapacidad, como lo ha hecho Sorda. Que siga siendo crítico y plural, que grite por la paz por todas y en
todas las partes del mundo, por los derechos humanos. Y que grite también por la libertad, oposición a la censura del pensamiento crítico que merecemos los españoles. Qué mal combina la censura con el cine, ¿verdad, señor Urtasun? Y qué mal
combina la censura con la democracia. Porque esta semana hemos vuelto a ver en este Congreso otra cacicada de la señora Armengol. (Aplausos). ¡Qué vergüenza! Un Parlamento nunca puede tener miedo de una votación. Señor Urtasun, su partido es
cómplice de esta cacicada. Y a P.S. le decimos que su cobardía nos avergüenza y su complicidad, señor Urtasun, también.
Señorías, el talento del cine español es innegable. Lo hemos visto en reconocimientos internacionales, como en Cannes, y con las cifras récord de espectadores en cualquier pantalla de cualquier rincón del mundo. En nuestro cine se encierra
nuestra historia, nuestra forma de vivir y de sentir. Es bandera fuera de nuestras fronteras y por él vienen a visitarnos también a nuestro territorio. Cada uno de nosotros podría hacer su propio diario personal a través del cine español: Tobi,
El bosque animado, Belle époque, Nadie conoce a nadie, Solas, La isla mínima, El inconveniente o Los domingos. Son obras que nos han marcado y transformado. Porque el cine es punto de encuentro, y, por eso, señor Urtasun, hoy me apena que este
Gobierno no haya conseguido el consenso de todos los grupos para de verdad desarrollar una ambiciosa y nueva ley del cine. Porque la industria cinematográfica aporta el 0,65 % al PIB español, casi la tercera parte de todas las industrias
culturales. Aporta 1200 millones de euros al año y en ella trabajan 156 000 profesionales, si contamos con los medios de comunicación. Es un sector poliédrico, que convive en un marco donde las distancias se miden en micras, con unas complejas
balanzas, llenas de diferentes factores, y que se abre ahora al mundo digital y global. Y es ahora, en el ocaso de esta legislatura, cuando desbloquea el texto de 2022, otra herencia envenenada de Sánchez, compromiso con Europa fallido del 2021.
(Aplausos). No, señor Urtasun, no es su ley. ¡No es su ley! Más de setenta prórrogas, dos legislaturas y a escasos meses de que termine esta agonía de Gobierno; una ley con tanto peso, con tanto calado como la ley del cine no va a tener el debate
ni el diálogo que se merece. Han anunciado que las enmiendas parciales se van a tramitar de manera exprés. Pero es que, mire, aquí tenemos los cientos de enmiendas que han presentado al sector del cine. (Muestra una carpeta con documentos). Es
un texto que no gusta a nadie y que preocupa a todos. ¿De verdad no les va a dar voz en esta Cámara? ¿De verdad los va a censurar? Yo les digo que si usted los censura, tendrán las puertas abiertas del Senado para que nos cuenten qué les preocupa
y para que digan cómo hay que mejorar este texto, que no nos gusta. (Aplausos). ¿De verdad le parece serio? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué en este clima de crispación, de bochorno nacional, de fin de ciclo? ¿Por qué tras estos tres años, señor
Urtasun? ¿Esto es salvar al soldado Sánchez, salvar al soldado Urtasun o una cortina de humo como tantas otras? Un ministro fallido en un Gobierno fallido, acorralado por los casos de corrupción.
Señorías de SUMAR, ¿qué más tiene que pasar? Es que no basta con que pidan explicaciones al Partido Socialista. Las explicaciones ya las está pidiendo el juez, ayer
mismo al señor Zapatero en la Audiencia Nacional. Y el esperpento de diferentes historias para explicar de dónde viene El robobo de la jojoya no se lo hubiera imaginado ni el mismísimo Buñuel. (Aplausos). ¡Si es que es muy fácil! No se
trata de regular lo que puede o no puede hacer un expresidente o lo que puede o no puede hacer una mujer de un presidente; se trata de no delinquir, de no defraudar, de no bloquear, de no malversar y de que el Gobierno en curso no ayude a cometer
estos delitos.
Ustedes, señorías de SUMAR, tienen la obligación moral y democrática de parar el desgaste de las instituciones y de devolver la credibilidad a nuestro país. Busquen en los discursos de estos días cuando se encuentren las urnas vacías de
votos de SUMAR. Estoy convencida de que sus votantes se avergüenzan del Gobierno de Sánchez -de su Gobierno- tanto como nosotros. Koldos, Cerdanes, Leires, Zapateros y los cientos de personas implicadas en la trama de corrupción ¡están haciendo
bueno a Torrente! (risas) -que me perdone el gran actor Santiago Segura-, y ustedes mirando para otro lado. (Aplausos). Un ministro fallido en un Gobierno fallido.
Señorías, este país necesita una buena ley del cine, pero el texto que nos traen ni está dialogado con el sector ni resuelve los grandes retos, y es un proyecto obsoleto. Llega al hemiciclo, dicen los rumores, negociado con Junts, y tiene a
las asociaciones y a los grupos políticos en vilo. Señorías de Junts, ¿no están cansados de que Sánchez les engañe? ¿De verdad le pueden seguir creyendo? Pero si es que no queda ni un español ni un catalán que crea en la palabra de Sánchez. (La
señora Perea i Conillas: Y vosotros...). Si quieren hablar de incentivos y de impulsar la industria del cine, hablen con el Grupo Popular, que es el grupo al que tendrían que haberse dirigido. España hablando de disolver las Cortes, la mayoría de
los grupos apoyando esta iniciativa y aquí poniendo en riesgo el futuro del cine español. Nuestro cine y sus profesionales no se merecen este trato.
En este largo tiempo que ha pasado, señor Urtasun -un lustro-, el tipo de consumo con respecto a lo audiovisual ha cambiado enormemente. Las series han irrumpido con fuerza, pero se mueven en otras cadenas diferentes al largometraje, y la
animación, exponencialmente. Las plataformas de vídeo a demanda se han expandido, pero es que han aparecido otras más pequeñas: las de las televisiones, que también tienen su catálogo a disposición. El consumo en sala ha caído de manera peligrosa
en la España rural, y no podemos permitir que ningún otro cine vuelva a cerrar sus puertas porque estamos ampliando la brecha cultural. Algunos territorios mueren de éxito con sus producciones y otros son incapaces de captar algunas. Faltan
recursos humanos en el desarrollo exponencial de lo audiovisual, falta formación y faltan infraestructuras para que España sea atractiva para esos rodajes, pero también para todas las acciones previas y posteriores a estos. No basta con declarar
BIC la Filmoteca Española, tiene que ser un ente ágil para que ese ingente patrimonio cinematográfico se ponga a disposición de los cineastas.
Ministro Urtasun, entiendo su situación: a la desesperada por llegar con algún trofeo al final de esta agónica legislatura, embarrada por los escándalos y oliendo a cloaca, resistiendo unos días más al precio de ser muleta y cimiento de la
corrupción de Sánchez, pero no pueden usar el cine para esto. Un ministro fallido en un Gobierno fallido.
El ministro Urtasun ha perdido la oportunidad de buscar nuestro apoyo. Ha tenido tres años para trabajar con nosotros para desarrollar un plan estratégico, el que marca la ley de 2007, y no lo ha hecho. ¿Qué les cuesta cumplir las leyes?
Ha perdido la oportunidad para que la cultura lo volviese a hacer: ponernos de acuerdo.
Esta ley no es de ningún grupo político, no tiene ideología porque el cine -por mucho que se quieran empeñar los que nos quieren separar en bandos- no es ni de derechas ni de izquierdas. (Aplausos). Por mucho que este Gobierno haya
intentado dividirnos usando la cultura, la cultura española sigue siendo el pegamento que nos une, el espacio compartido y lo que nos identifica. Entre todas las artes que la conforman, el cine es capaz de fusionar las clásicas uniendo el
movimiento y el tiempo hasta convertirla en el séptimo arte, como decía el crítico italiano Canudo.
Por eso somos nosotros hoy los que tendemos la mano a todos los grupos y al sector -a los que agradezco desde aquí su trabajo constante, la paciencia con esta portavoz y la disponibilidad siempre al encuentro y al debate-, a los que están
hoy en la tribuna de
invitados y a los que nos ven desde los estudios o desde las oficinas. Tendemos la mano para escribir desde cero un texto con el que os sintáis reconfortados y seguros y que impulse con ambición al cine español dentro y fuera de nuestras
fronteras con todas las herramientas de las que dispone nuestro país -con las embajadas, con el Cervantes, con AC/E, con AECID-; para revisar los incentivos de forma rigurosa, con documentación y con estudios, para ver qué está funcionando y qué
hay que cambiar, y para ayudar a las salas, que desde el COVID lo están pasando muy mal. Pasemos de las multas al incentivo, comprometamos a la televisión pública para que sea nuestro principal altavoz y definamos mecanismos de financiación
innovadores: el mecenazgo, la colaboración públicoprivada, el impulso de las coproducciones o esos nuevos incentivos que hacen falta. Protejamos a las productoras independientes, garantes de la pluralidad, e impulsemos a las grandes, que son
tractoras de la economía y del empleo. Necesitamos un texto legislativo que cumpla con los criterios que toda ley que nazca en este Congreso debe tener: eficacia, seguridad jurídica y equidad.
Por eso le pido al resto de los grupos que no sean cómplices del guion que ha escrito este Gobierno. Apoyar esta enmienda a la totalidad es apoyar al sector cultural del cine. No queremos una ley fallida, no queremos una ley a medias;
queremos una ley que dé soporte durante los próximos quince años al sector del cine.
Señor Urtasun, no ha sido capaz de desarrollar esa ley que queremos ni en los tiempos ni en las formas ni en el contenido; un ministro fallido en un Gobierno fallido. Ante este Gobierno y ante todos los grupos que lo sostienen, el Grupo
Popular pide paso, paso a los españoles para que con su voz decidan quién va a dirigir el próximo capítulo de nuestra democracia.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra en nombre de dicho grupo el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Presidente, ministro, señorías.
¿Conocen el concepto de hiperstición? Puede sonar extraño, pero Mark Fisher nos explicó que hay ficciones que no se limitan a describir la realidad; hay historias que, al circular, al instalarse en nuestra imaginación y al orientar
nuestros deseos, terminan contribuyendo a construir el mundo; y pocas herramientas poseen una fuerza hipersticional tan grande como el cine.
El cine, además de contarnos lo que existe, nos enseña lo que puede existir; decide qué vidas aparecen en primer plano, qué dolores merecen ser recordados, qué alegrías merecen celebrarse y qué futuros somos capaces de imaginar. Por eso
sentimos que conocemos Nueva York aunque no hayamos pisado sus calles: reconocemos sus taxis amarillos, sus puentes, sus comisarías, sus rascacielos y hasta la forma en que cae la lluvia sobre Manhattan. Sabemos cómo vestía la mafia estadounidense
en los años cincuenta y conocemos sus coches, sus restaurantes, sus códigos y sus familias. Podríamos identificar calles de Míchigan que probablemente nunca recorreremos. El cine ha conseguido que lugares lejanos formen parte de nuestra memoria
más íntima, y esa es una de sus grandezas.
Por eso debemos hacernos esta pregunta: ¿cuánto sabemos de lo que ocurrió en nuestras propias calles? ¿Cuánto conocemos de los puertos de Galicia, de las minas de Asturias, de los astilleros de Ferrol y Cádiz, de los campos de Andalucía y
Extremadura o de los barrios levantados por la migración en Barcelona, Madrid, Bilbao o en mi tierra, en Valencia? ¿Cuánto sabemos de las mujeres que sostuvieron la vida, de quienes trabajaron la tierra, el mar, las fábricas y de quienes
organizaron una huelga, defendieron la democracia o tuvieron que marcharse para buscar un futuro? Pero también, ¿cuánto conocemos de nuestras alegrías, de las amistades que nos salvaron, de los primeros amores, de las familias elegidas, de las
vidas LGTBIQ+ -que aprendieron a celebrarse después de tantos años de silencio-, de la música, del deseo y de las pequeñas victorias
cotidianas? ¿Y cuánto hemos imaginado nuestros propios futuros, nuestras ciudades del mañana, nuestras distopías y las sociedades que todavía no existen?
Si hoy conocemos una parte de todas esas historias es gracias a nuestro cine, gracias a quienes han dirigido una cámara hacia aquello que otros consideraban que no era importante y gracias a pequeños productores, directoras, guionistas,
intérpretes y equipos técnicos que han hecho auténticos malabarismos para que esas vidas pudieran llegar a una pantalla. Personas que han levantado películas con presupuestos mínimos muchas veces, calendarios imposibles, empleos intermitentes y una
incertidumbre permanente con la que queremos acabar con esta ley. Personas que han buscado financiación puerta a puerta, que han comprometido años de su vida en un proyecto que muchas veces han creado sin saber si su película encontraría una sala,
una distribuidora o la posibilidad real de llegar al público. Nuestro cine ha contado este país muchas veces contra las propias condiciones del mercado.
Por eso, ese sector no necesita que lo insulten llamándolo chiringuito, necesita que lo escuchemos. Necesita estabilidad, financiación, distribución, salas abiertas y unas condiciones laborales dignas. (Aplausos). Y eso es precisamente lo
que esta ley va a conseguir. Nuestro cine nos necesita, pero nosotros también necesitamos a nuestro cine. Lo necesitamos para conocer mejor este país, para reconocer a quienes lo construyeron, para celebrar las vidas que durante demasiado tiempo
fueron obligadas a esconderse, para imaginar nuestros propios futuros y para no resignarnos a que siempre sean otros quienes decidan qué historias merecen existir.
Durante décadas Hollywood, con sus películas, nos ha enseñado una forma de mirar el mundo. Ha conseguido que conozcamos mejor algunos barrios, como he dicho antes, que nuestras propias ciudades. Y por eso necesitamos entender que las
imágenes no son neutrales. Aquello que vemos una y otra vez acaba pareciéndonos normal, deseable y universal. Y ahí también existe una lucha de clases: la lucha por decidir qué vidas merecen ser protagonistas y cuáles permanecer como figurantes,
qué trabajos contienen épica, qué cuerpos merecen ser deseados, qué familias son consideradas normales, qué acentos se presentan como universales y qué futuros parecen posibles. Muchas veces llamamos universal a lo que simplemente ha tenido
presupuesto para llegar a todas partes. Nueva York es tan universal como Vigo, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Badajoz, Palma o Valencia. Manhattan no contiene más humanidad que una cuenca minera, un pueblo agrícola, una isla, una comunidad pesquera o
un barrio construido por sus propios vecinos. (Aplausos). La vida de un ejecutivo estadounidense no merece más relato que la de una aparadora de Elx, una mariscadora gallega, un trabajador del metal en Cádiz, una jornalera andaluza o una familia
que busca a uno de los suyos en una fosa bajo tierra.
Cuando nuestro cine consigue existir, nos permite recordarnos en toda nuestra complejidad. La lengua de las mariposas nos hizo sentir que la República también era un maestro rural que enseñaba a un niño a pensar libremente. Y, en aquel
final -que casi todos recordamos y que algunos deberían recordar- comprendimos cómo el miedo podía obligar incluso a un niño a gritar contra quien le había enseñado a mirar el mundo. Una lección de historia puede explicarnos qué fue el golpe de
Estado, una película puede conseguir que sintamos lo que significó. Los santos inocentes mostró que la lucha de clases no era una teoría encerrada en un libro, estaban quienes poseían la tierra y quienes se dejaban la vida trabajando en ella.
(Rumores). Los lunes al sol puso rostro a la reconversión industrial y a la dignidad de quienes perdieron el empleo, pero no aceptaron perder también su voz. Alcarràs nos enseñó las contradicciones de las formas de vida tradicionales de nuestro
campo. El 47 recordó que muchos de nuestros barrios no fueron una concesión de las instituciones, sino una conquista de quienes pelearon por el transporte público, la escuela y la dignidad. (Continúan los rumores). La invasió dels bàrbars
devuelve cuerpo y voz a nuestra memoria democrática, hablando en primera persona, en la piel de los que aguantaron tanto silencio, en mi tierra, la valenciana. (Aplausos).
El cine aparta la tierra y el silencio y vuelve a pronunciar los nombres que algunos quisieron y quieren borrar. Pero nuestro cine no solo ha mirado a las heridas, también ha
sabido contar la alegría, la libertad y el deseo. Todo sobre mi madre y La ley del deseo colocaron en el centro cuerpos, amores y familias que durante demasiado tiempo fueron expulsados del relato. Te estoy amando locamente convirtió la
lucha por la libertad sexual en orgullo y ganas de vivir. Campeones narró la discapacidad desde el humor, el talento y la felicidad. (Continúan los rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. (Pausa).
Cuando quiera puede continuar.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Imaginen cuántas historias seguimos sin conocer, cuántos amores, fiestas, derrotas, descubrimientos, luchas, familias y futuros permanecen fuera de la pantalla porque nunca tuvieron recursos para convertirse en
película. Si tuviéramos más producción local y más cine español, no conoceríamos menos el mundo, lo conoceríamos mejor. Conoceríamos mejor nuestras calles, nuestros barrios, nuestras historias y, por eso, esta ley tiene que salir adelante, pese a
las derechas de este país.
Señorías de VOX, ustedes vuelven a hablar de subvenciones, ideologías y chiringuitos. Para ustedes todo espacio cultural que no controlan es un chiringuito; toda creación que no reproduce su visión del mundo es propaganda; toda ayuda que
permite hablar a quienes ustedes querrían invisibles es un despilfarro. En su enmienda les molestan, casualmente, la igualdad, la sostenibilidad, la inclusión de las personas con discapacidad y la protección de nuestras lenguas. ¡Qué concepto tan
pequeño tienen de España, señorías de VOX! Pero tampoco son originales. Su ataque al cine forma parte de una pauta internacional de la extrema derecha. Es la política de sus referentes y de sus amigos, de Donald Trump desmantelando las
instituciones públicas que sostienen proyectos artísticos en Estados Unidos y de Javier Milei -como ha recordado magníficamente el ministro Ernest Urtasun- recortando y reestructurando el magnífico Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
argentino, que es referente mundial.
Y ustedes vienen hoy a repetir el mismo libreto: primero, llaman privilegiados a los artistas; después, llaman chiringuito a las estructuras que permiten crear, y, finalmente, dejan la cultura en manos de quien tiene el dinero suficiente
para controlar el relato. (Aplausos). No atacan al cine porque sea inútil, lo atacan porque saben, precisamente, que es útil.
Señorías del Grupo Popular, quiero hacerles una pregunta muy sencilla: ¿a quién sirven? Reconocen en su propia enmienda que la ley de 2007 necesita actualizarse. Reconocen los cambios tecnológicos, los problemas de las salas y la
necesidad de proteger la producción independiente. (La señora CruzGuzmán García hace gestos afirmativos). Entonces, si comparten el diagnóstico, ¿por qué quieren impedir la tramitación? (La señora CruzGuzmán García hace gestos negativos).
¿Sirven a las pequeñas productoras y a las salas de nuestros municipios o a quienes ya concentran el poder de producir, distribuir y exhibir? ¿Sirven a quienes levantan una película desde abajo o a quienes tienen la capacidad para imponer sus
condiciones a todo el sector? Dicen que quieren mejorar el texto. Pues presenten enmiendas parciales. Permitan el debate, negocien, trabajen. Pero devolver esta ley no es mejorarla, es paralizarla y no lo vamos a permitir porque hay mucho
trabajo detrás, señorías del Grupo Popular.
Esta ley, impulsada por nuestro Ministerio de Cultura y por el ministro Ernest Urtasun, debe seguir su tramitación y mejorarse durante ella. Debemos reforzar la producción verdaderamente independiente, proteger los derechos laborales,
escuchar a las salas, responder al poder de las plataformas y de sus algoritmos e impedir que la inteligencia artificial se apropie de la voz, el rostro o el trabajo de nuestros artistas sin su consentimiento ni remuneración. Debemos avanzar en
igualdad, accesibilidad, sostenibilidad, protección de nuestras lenguas y defensa de las salas. Porque cuando cierra el último cine de una comarca, cierra una parte de nuestra vida. Desaparece un lugar de encuentro, desaparece una puerta de acceso
a la cultura, desaparece uno de los pocos espacios donde todavía apagamos el ruido exterior y respiramos juntos ante una historia.
También necesitamos artistas libres. Y ahí pongo en valor a Berlanga, a Bardem, a Icíar Bollaín, a Almodóvar, a Carla Simón y a tantos y tantos creadores que han ampliado
nuestra manera de vernos. Y pongo también el ejemplo de Javier Bardem, un actor que ha llegado a lo más alto de la industria mundial sin renunciar a utilizar su voz para hablar del genocidio en Palestina y denunciar unos crímenes que
interpelan a toda la humanidad. (Aplausos). Eso también es nuestro cine y por eso, señorías de la derecha, les duele tanto, porque tenemos un sector de creación artística libre, independiente y valiente.
Esta ley tiene que salir, vamos a mejorarla y hacerla posible por tantas y tantos creadores que necesitan el apoyo del Gobierno y de un ministerio que está a la altura de las circunstancias.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario... (El señor Figaredo ÁlvarezSala solicita el turno de réplica). ¿Sí? ¿Quieren turno de réplica? (Asentimiento).
Solicitado el turno de réplica y pudiendo intervenir, como no puede ser de otra manera, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, el señor Ramírez del Río. (Aplausos).
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Buenas tardes. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: No tenía pensado intervenir en este momento porque creo que las posturas estaban más que claras, pero después de oír la intervención del señor Nahuel he pensado que tenía la obligación, como compañero, de
expresarle qué ha pasado con este proyecto, porque me da la sensación de que usted no lo sabe.
Este proyecto, tal y como está redactado, es el proyecto exacto que presentó no su ministro, sino el ministro Iceta la pasada legislatura. Decayó, lógicamente, al decaer la legislatura. O sea, no es un proyecto de su grupo. En el momento
en que comenzó la legislatura pensábamos que, ya que no lo traían, terminarían trayendo un proyecto nuevo, que tendría todos esos pasos de audiencia pública, etcétera, que le ha echado en cara la portavoz del Grupo Popular que no se hayan llevado a
cabo. Entonces, tenían la posibilidad de hacer un proyecto nuevo. Sabían, además, las carencias que tiene este proyecto. Las sabían porque el Ministerio de Cultura, con el señor Iceta al frente, ya había pactado con diferentes grupos, con
Esquerra Republicana, con Podemos..., tenían enmiendas pactadas con medio hemiciclo. Sabían que ese proyecto no era bueno, lo sabían. Sabían que tenían que rehacerlo casi entero. Entonces, está usted defendiendo a capa y espada un proyecto que ni
siquiera su grupo consideraba bueno.
Simplemente, subo para hacerle ver estas circunstancias. Claro, verle defender de esta forma un proyecto que en realidad no es suyo, para mí es un poco chocante. Creo que no le han informado bien. (Aplausos).
Luego, me sucede con ustedes lo mismo en muchos proyectos. Ustedes hablan de que Trump está enfrentado al cine, de que está enfrentado a la cultura, de que está enfrentado... Uno de los episodios más ridículos que hemos vivido en el
Congreso fue precisamente cuando aquí se debatió un proyecto para tener un fondo de 20 o 30 millones de euros para poder atraer investigadores que huyeran de Estados Unidos por lo mal que les iban las cosas allí. Claro, hubo que hacerles ver
exactamente en qué cifras se estaban moviendo en Estados Unidos y en qué cifras nos estábamos moviendo nosotros, porque era de risa, puesto que la universidad número 500 de Estados Unidos tenía mejores números prácticamente que el dinero que estaba
poniendo en investigación la Unión Europea, no ya España. Parece evidente que Estados Unidos no necesita un Ministerio de Cultura ni necesita una institución que promueva el cine para que les vaya estupendamente. ¿Por qué? Pues porque, gracias a
Dios, en las sociedades libres, las personas que pueden llevar a cabo su trabajo sin grandes cortapisas, sin grandes problemas por parte de
instituciones que se dedican a robarles para luego devolverles ese dinero de otra manera, normalmente les va bien, les funcionan muy bien las cosas a esas personas y a esos países. Yo no diría que la industria del cine en Estados Unidos va
mal, creo que va estupendamente. Nosotros, de hecho, tenemos bastantes más problemas. Sin embargo, en Europa sí tenemos una tradición muy grande de intervencionismo gubernamental, que hasta la fecha -digamos- no ha servido para tener una industria
a la altura de la que tienen al otro lado del Atlántico. (Aplausos).
Por cierto, estaba escuchando lo que decían acerca de Argentina. Si las cifras que se daban acerca de España de subvenciones ridículamente altas en comparación con lo que se conseguía luego, y si han escuchado la rueda de prensa del
representante del Gobierno argentino cuando clausuró esa institución, es que era ridículo y era completamente demencial en lo que se estaban gastando el dinero en un país en el que había habido niños muertos por desnutrición. Creo que ustedes
deberían entender que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este Congreso es velar por el dinero de todos los españoles, que cuesta muchísimo obtener, y que es muy necesario para cuestiones mucho más urgentes.
Todo aquello que se pueda hacer para promover el cine, para ayudarles a que no tengan trabas y para permitirles en todos los casos que lleven a cabo su actividad en las mejores condiciones, se debe hacer y se les debe dar seguridad jurídica.
Pero lo que ustedes han traído aquí ya les digo que era algo con lo que ni siquiera su grupo estaba de acuerdo en la pasada legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Señoría de VOX, voy a ser muy breve. Usted está demostrando aquí en esta tribuna lo que significa la cultura para su grupo parlamentario, y lo está demostrando de una forma totalmente sincera. Usted ha subido aquí
y en su primera intervención lo que ha hecho ha sido atacar a nuestro cine, denigrar a nuestro cine y humillar a nuestro cine.
A mí me sorprende que ustedes hablen de prioridad nacional y no entiendan que no hay mayor orgullo para nuestro país que saber que tenemos una industria cinematográfica que es referente mundial. (Aplausos). No hay mayor orgullo para
nuestro país que saber que las lenguas oficiales de nuestros territorios tienen creadores artísticos que permiten difundirlas.
Lo que usted ha dicho de Argentina es una auténtica barbaridad. Usted está legitimando aquí, en la tribuna del Congreso de un país como el Estado español, que se recorte y se haga desaparecer toda una industria cinematográfica argentina
diciendo que hay otros gastos más necesarios en ese país. Eso es una auténtica barbaridad porque, en primer lugar, está atacando a todas las personas trabajadoras del sector cultural argentino. El cine -no hace falta que se lo explique- tiene
detrás a muchísimos y muchísimas profesionales dignos, que lo que quieren y lo que merecen es que aquí en el Congreso dignifiquemos y mejoremos su vida, como estamos haciendo con esta ley de cine.
Además, me he pasado aquí cinco minutos explicándole por qué el cine, las series y la industria audiovisual no solo representan una industria más: porque la cultura es parte también de nuestra identidad y porque sirve para poder dar voz a
aquellas personas que no la tienen.
Usted antes ha citado una película documental, Feliz no cumpleaños. ¿Usted sabe de qué va ese film? Esta película va sobre jóvenes extutelados que no tienen voz, que precisamente gracias a estos directores consiguen tener voz. Es una
metáfora perfecta de por qué ustedes se oponen constantemente a nuestro cine.
Esta ley empieza hoy su recorrido. Vamos a debatir las enmiendas, seguimos escuchando al sector, como ha hecho el ministerio, y vamos a mejorarla. Lo que ustedes quieren es censurarla, atacarla, y no lo vamos a permitir.
¡Viva nuestro cine y viva la cultura, con orgullo, con la cabeza alta y con la mayoría parlamentaria de este Congreso!
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Ahora sí, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.
Jo vull començar esta intervenció donant l'enhorabona al sector audiovisual valencià, que està vivint un dels moments de major creixement de la seua història. Les produccions valencianes acumulen nominacions, premis i una presència
destacada en els principals festivals i guardonada pel sector, demostrant que tenim talent valencià en esta primera línia de creació audiovisual de tot l'Estat, però açò també cal dirho amb tota la claredat, perquè estos èxits no són gràcies al
Govern valencià. Al contrari, són malgrat el Govern valencià. I açò no és una hipèrbole política, és la conclusió a la que arriba el propi sector. Ho hem vist esta mateixa setmana en la gala dels actors i les actrius valencianes, que s'ha
convertit en un clam col·lectiu contra el Consell, amb un missatge que no admet interpretacions: 'Ja n'hi ha prou de silenciarnos'. Denuncien l'abandonament institucional, la falta de respecte i la desconnexió absoluta del seu propi govern amb la
realitat de l'audiovisual valencià. De fet, la gala ha sigut vetada novament en la radiotelevisió pública valenciana. Els valencians i valencianes no hem pogut vore la gala en la nostra televisió pública. Una vergonya! El govern de Mazón i de
Pérez Llorca han convertit la política audiovisual en una combinació d'opacitat, d'arbitrarietat i un abandó planificat del nostre teixit productiu propi. Perquè mentre que centenars de professionals lluiten cada dia per a tirar endavant projectes,
generar ocupació i consolidar la indústria pròpia, el Consell, amb decisions discrecionals, invertix milions d'euros en grans produccions internacionals i deixen vetades les produccions pròpies. De fet, han invertit més de 5 milions d'euros que han
adjudicat a dit a la producció de Disney, mentre que infrafinancen l'audiovisual valencià.
Per tot això, necessitem que el Ministeri de Cultura redobli el seu compromís amb el País Valencià. Més suport a la producció independent, més impuls a les obres en valencià, més cooperació institucional, més eines per a què les empreses
valencianes puguen continuar creixent i competint en igualtat de condicions.
Acabe, president.
Gracias, presidente.
Yo quisiera empezar mi intervención dándole la enhorabuena al sector audiovisual valenciano, que está viviendo uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. Las producciones valencianas acumulan premios, nominaciones y una
presencia destacada en los principales festivales, y además galardonadas por el sector, lo que demuestra que tenemos talento valenciano en esta primera línea de creación audiovisual de todo el Estado. Pero hay que decirlo con toda claridad: estos
éxitos no son gracias al Gobierno valenciano, sino más bien al contrario, son a pesar del Gobierno valenciano. Y eso no es una hipérbole política, es la conclusión a la que llega el propio sector. Lo hemos visto esta misma semana en la gala de los
actores y actrices valencianas, que se ha convertido en un clamor colectivo contra el Consejo, con un mensaje que no admite interpretaciones: ¡Basta ya de silenciarnos! Denuncian el abandono institucional, la falta de respeto y la desconexión
absoluta de su propio Gobierno con la realidad del audiovisual valenciano. De hecho, la gala ha sido de nuevo vetada en la radiotelevisión pública valenciana: los valencianos no hemos podido seguir la gala en nuestra televisión pública.
¡Vergüenza! El Gobierno de Pérez Llorca y Mazón ha convertido la política audiovisual en una combinación de opacidad, arbitrariedad y atropello de nuestro propio tejido productivo, porque mientras que cientos de profesionales luchan cada día para
generar trabajo y consolidar la propia industria, el consejo, con decisiones discrecionales, invierte millones de euros en grandes producciones internacionales vetando a las propias producciones.
Así, han invertido más de cinco millones de euros en una adjudicación a dedo a la producción Disney, mientras que infrafinancian al audiovisual valenciano.
Por todo ello, necesitamos que el Ministerio de Cultura redoble su compromiso con el país valenciano y apoye más a la producción independiente y a las obras en valenciano. Más cooperación institucional, más herramientas para que las
empresas valencianas puedan continuar creciendo y compitiendo en igualdad de condiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe acabar ya.
La señora MICÓ MICÓ: Acabe, president.
Acabe de seguida, mentre que el talent valencià ja ha demostrat que està en els millors, el problema és que el Govern valencià ha demostrat que està entre els pitjors.
Gràcies.
Acabo enseguida, presidente.
El talento valenciano ya ha demostrado que está entre los mejores. Sin embargo, el Gobierno valenciano está entre los peores.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Moi boa tarde xa.
A reforma da Lei do Cinema é un proxecto importante para o conxunto do sector, pois é preciso introducir unha regulación que facilite a democratización da cultura, que concilie as expectativas de todos os elos da cadea, do elenco autoral, do
elenco artístico, de seguidoras e produtoras, grandes e pequenas, que regule adecuadamente os criterios para as axudas públicas e o respecto e fomento do plurilingüismo. Por iso é preciso continuar coa tramitación desta norma, que xa leva anos de
retraso, e pór os esforzos na mellora do texto. Por tanto, o BNG evidentemente votará en contra dunha emenda á totalidade que non achega en verdadeiras razóns de fondo sobre o contido da norma e comprométese a presentar emendas parciais que
melloren o texto.
Como digo, con absoluta evidencia, non votaremos a favor dalgunhas emendas que están movidas, como ficou en evidencia nas intervencións nesta tribuna, basicamente polo odio a todo o que non concorde coa súa idea totalitaria, coa súa España,
de persoas, odiadores profesionais que polo visto prefiren producións en latín a producións en galego e que desprezan o éxito que están tendo moitísimas das producións galegas en galego, non só na Galiza, senón a nivel internacional.
Para o BNG, por tanto, será fundamental incorporar a defensa do galego e o plurilingüismo do Estado, de forma que se facilite o acceso a filmes rodados na nosa lingua, mais tamén que sempre a dobraxe e lexendaxe estean dispoñíbel nesta
impulsando e incentivando a exhibición de filmes en galego. Porque ademais non se trata só de avanzar na normalización da lingua, senón tamén de facilitar unha saída á inmensa creatividade que existe no audiovisual e no cinema galego, pechada
moitas veces precisamente pola escolla de lingua e o absoluto desequilibrio que existe aínda en favor do español. Debe asegurarse, por tanto, que entre os criterios para a concesión de axudas públicas estea incorporado o de lingua e asegurar tamén
un reparto equitativo das axudas destinadas especificamente a apoiar o cinema nas distintas linguas do Estado. Nesa liña continuaremos traballando.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.
La reforma de la Ley del Cine es un proyecto importante para el conjunto del sector, pues es necesario introducir una regulación que facilite la democratización de la cultura, que concilie las expectativas de todos los eslabones de la cadena
-elenco de autores y
artístico, exhibidoras y productoras grandes y pequeñas-, que regule adecuadamente los criterios para las ayudas públicas y el respeto y el fomento del plurilingüismo. Por eso es necesario seguir con la tramitación de esta norma, que ya
lleva años de retraso, y con los esfuerzos por mejorar el texto.
Evidentemente, el BG votará en contra de unas enmiendas a la totalidad que no proporcionan verdaderas razones de fondo sobre el contenido de la norma, y se compromete a presentar enmiendas parciales que mejoren el texto. No vamos a votar a
favor de algunas enmiendas que básicamente, como ya ha quedado claro en esas intervenciones desde esta tribuna, están movidas por el odio a aquello que no concuerde con sus ideas totalitarias, con su idea sobre España y las personas, de odiadores
profesionales que prefieren producciones en latín a producciones en gallego y desprecian el éxito que están teniendo muchísimas producciones gallegas en gallego no solo en Galicia, sino a nivel internacional.
Para el BNG, por tanto, será fundamental incorporar la defensa del gallego y el plurilingüismo del Estado, de forma que se facilite el acceso a películas rodadas en nuestra lengua, pero también que esté disponible el doblaje y subtitulado en
esta lengua, impulsando e incentivando la exhibición de películas en gallego, porque no se trata solo de avanzar en la normalización de la lengua, sino también de facilitar una salida a la inmensa creatividad que existe en el audiovisual y en el
cine gallegos, muchas veces obstaculizada precisamente por la elección del idioma y el absoluto desequilibrio que todavía hay en favor del español. Debe garantizarse, por tanto, que entre los criterios para la concesión de ayudas se incorpore
también el de la lengua e, incluso, que se garantice un reparto equitativo de las ayudas destinadas específicamente a apoyar el cine en las diferentes lenguas del Estado, y en esa línea seguiremos trabajando.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y VOX. Como hemos escuchado aquí y ya hemos oído tantas veces, no les importa absolutamente nada la cultura. Solo hablan de ella cuando tienen que hablar de
beneficios, y desprecian que haya un Ministerio de Cultura en nuestro país. Como siempre, son socios, como se nota en sus enmiendas. En todas las comunidades autónomas donde gobiernan, para ustedes está muy bien recortar en cultura y, sin embargo,
financiar los toros, que es lo único que hacen en cada una de sus comunidades autónomas. Por tanto, votaremos en contra de ellas.
Por otra parte, ministro, es triste decirlo, pero la ley llega tarde, puesto que ha permanecido paralizada durante toda la legislatura, y además mal porque, después de tres años sin avances significativos, ahora el Gobierno pretende sacarla
adelante de forma acelerada, con unas prisas difíciles de justificar y sin haber construido -lo que para nosotros es lo más importante- consensos con el propio sector. Y esto no lo decimos solo nosotras, también lo dicen productoras independientes,
asociaciones profesionales y buena parte de los agentes culturales, que llevan años reclamando diálogo y hoy se sienten ignorados e ignoradas.
Y el problema es también de fondo, porque el corazón de nuestros cines son las productoras independientes. Son ellas las que descubren talentos, las que arriesgan, las que impulsan nuevas voces y las que también garantizan la diversidad
cultural, frente a la concentración empresarial, que es lo que defienden el Partido Popular y VOX. Además, como vemos, la concentración empresarial no protege esa independencia. Y, si no definimos correctamente lo que significa qué es una
productora independiente, corremos el riesgo de que los recursos públicos destinados a fortalecer el tejido creativo al final terminen beneficiando directa o indirectamente a grandes corporaciones audiovisuales que ya ocupan posiciones dominantes en
nuestro mercado.
Las ayudas públicas tienen que servir siempre para fortalecer a quienes más las necesitan, y no para reforzar todavía más el poder de quienes cuentan con una posición que ya resulta privilegiada. Por eso hemos trabajado en distintas
enmiendas para poder modificar y, por supuesto, desde nuestro punto de vista, mejorar esta ley y reforzar la industria del cine; el papel de la mujer en la industria, el empleo digno, la cultura y la innovación, frente a la ley que nos presenta el
ministerio, que, en nuestra opinión, nace con síntomas evidentes de obsolescencia, y lo digo porque es un texto que no aborda como debiera los enormes desafíos que plantean la inteligencia artificial para la creación audiovisual, los derechos de
autor y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector, como tampoco responde adecuadamente a una de las principales reivindicaciones de la industria, que es la de reforzar la financiación.
En las recientes jornadas celebradas por la Academia de Cine, las críticas al cine fueron claras. Su presidenta, María Luisa Gutiérrez, afirmó que la actual propuesta de la ley del cine no convence a nadie, y la productora Pilar Benito fue
aún más contundente al definirla como una ley que nace obsoleta. También numerosas profesionales señalan los problemas derivados del cambio del sistema de amortización al sistema de puntos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, señoría.
La señora VELARDE GÓMEZ: ... y reclaman reforzar la financiación anticipada y aumentar el fondo de protección a la cinematografía. En definitiva, el cine español merece una ley mejor, porque una ley que no convence a quienes hacen el cine
difícilmente puede servir para fortalecer el futuro de nuestros cines.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Egun on, ministro jauna.
Gaur eztabaidara dator aspalditik onartua behar zukeen lege bat. Beste lege eterno horietako bat. Zinearen legea. Lege proiektu hori aurreko legegintzaldian ekarri zuen gobernuak, eta hauteskundeak aurreratzeak eragotzi egin zuen
izapidetzea amaitzea. Ondoren, berreskuratu eta berriz kongresura bidali arren, bere ibilbide parlamentarioa etengabeko luzapen eta atzerapenek markatu dute. Egia esan, urteak daramatzagu arau hau laster onartuko dela dioten iragarkiak entzuten.
Kultura Ministerioak berak 2025a amaitu aurretik aurrera ateratzeko konpromisoa hartu zuen, baina helburu hori ez zen bete. Bien bitartean, sektore zinematografikoak luzaroan eskatu duen legea eguneratzearen zain jarraitzen du. Edozein kasutan,
Gobernuak esplikatuko du, esplikatu du, hobeto esanda, desataskatzeko bidea zein izan den.
Buenos días, señor ministro.
Hoy debatimos una ley que debería llevar aprobada ya algún tiempo; una ley eterna, la ley del cine. Ese proyecto de ley lo presentó el Gobierno en la legislatura anterior, pero la anticipación de las elecciones impidió aprobarlo, y así se
ha ido retrasando y alargando la espera continuamente. A decir verdad, llevamos años pensando y escuchando que esta ley se aprobará pronto. El Ministerio de Cultura se comprometió a aprobarla antes de finales de 2025. Pero no cumplió con su
compromiso y mientras tanto el sector cinematográfico sigue esperando a que se actualice esta ley tan esperada. En cualquier caso, el Gobierno ha explicado cuál ha sido la vía para desatascar esta situación.
Hoy podríamos hablar de cine -muchos lo han hecho, y a mí me apasiona el cine-, pero creo que no es el momento; es tiempo de hablar de esta ley, que trata de cómo se subvenciona el cine, cuáles son sus incentivos, etcétera -podemos hablar
de Blade Runner, de La guerra de las galaxias o de lo que fuere, pero no es el caso-, y, durante todo este tiempo, nuestra posición ha sido coherente y no ha variado. Hemos señalado carencias, hemos formulado reivindicaciones y hemos expresado
dudas sobre algunos aspectos
concretos del texto y seguimos manteniendo buena parte de esas reservas que teníamos. Sin embargo, también hemos sostenido que existe una base suficiente para continuar trabajando sobre ello y mejorarlo más adelante. Creemos que muchas de
las cuestiones pendientes pueden resolverse mediante enmiendas parciales, sin necesidad de devolver el proyecto al Gobierno y reiniciar un proceso que ya acumula demasiados años de retraso.
Por eso llama la atención que algunas de las objeciones que hoy se presentan como motivos insalvables para rechazar el proyecto no se hubiesen planteado en su día, y por todo ello anuncio ya que votaremos en contra de las enmiendas a la
totalidad que han presentado VOX y el Grupo Popular.
Dice VOX en su enmienda que este proyecto de ley constituye un nuevo ataque al español como lengua común de España y que el apoyo a las demás lenguas oficiales servirá para fomentar la división y el enfrentamiento. Escuché al señor Ramírez
del Río cuando hablaba que por qué hacemos películas en otros idiomas, pudiendo hacerlas todas en castellano. Coincide usted con Trump cuando dice aquello de por qué hablar en mexicano -ah, no, español-, en vez de hablar todos en inglés. Sería lo
mismo; es la misma regla de tres. ¡Aplíquenla!
Por tanto, dice VOX que, si alguien contempla el Estado -o decimos nosotros- desde una visión uniformizadora y excluyente, puede interpretar la riqueza lingüística como una amenaza, evidentemente. Les incomoda cualquier manifestación o
diversidad que no encaje en ese viejo ideal de una única lengua, una única identidad y una única expresión cultural. ¡Las águilas creen que todos los pájaros tienen garras! Curiosamente, son los mismos que denuncian una supuesta imposición
ideológica quienes suelen defender un modelo cultural extraordinariamente homogéneo, en el que toda manifestación de diversidad parece convertirse en amenaza.
Por su parte, el Grupo Popular sostiene que el proyecto plantea una distribución territorial de ayudas que no es equitativa y una vez más confunde igualdad con uniformidad, porque tratar de manera idéntica situaciones que parten de
posiciones diferentes no siempre genera igualdad; precisamente, en ocasiones genera lo contrario.
Respecto al proyecto de ley en sí, conviene plantear algunas cuestiones. Así, esta es una reforma que lleva años bloqueada y que de repente se ha reactivado. Y a pregunta inevitable es: ¿Por qué ahora?
También quiero dejar una advertencia clara: No vamos a apoyar ningún modelo de reparto que ignore la producción del cine en euskera o no garantice su adecuada presencia en las políticas de fomento cinematográfico, así como la existencia de
medidas que desfavorezcan al euskera o la industria cinematográfica vasca. Creemos que las medidas de fomento deben partir de unos mínimos garantizados que aseguren el apoyo a la diversidad lingüística y cultural existente. Si realmente se
reconoce la pluralidad lingüística como valor positivo y enriquecedor, resulta imprescindible impulsar de manera decidida la creación cinematográfica en euskera, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo y difusión.
Asimismo, afortunadamente, después de mucho tiempo de espera, en este espacio se ha materializado la transferencia a Euskadi de la gestión del Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual, un cambio institucional que ha reforzado
la capacidad de las instituciones vascas para diseñar y aplicar políticas propias de fomento a la industria cinematográfica y audiovisual. Y eso no nos lo ha regalado nadie: nos correspondía. El cine vasco goza de una excelente salud y nos
alegramos enormemente de películas como Maspalomas, Loreak, Irati, Handia, Los domingos y un largo etcétera.
Por otro lado, también han cambiado profundamente los hábitos de consumo audiovisual: las plataformas de streaming han pasado a ocupar una posición central en la producción, distribución y exhibición de contenidos; el consumo bajo demanda
ha desplazado en gran medida a los modelos tradicionales de programación; las ventanas de explotación de las obras se han acortado y la internacionalización de los contenidos se ha convertido en una condición cada vez más relevante para la
viabilidad de muchos proyectos. Y, al mismo tiempo, han surgido nuevas formas de producción vinculadas a los entornos digitales: se han consolidado formatos que difuminan las fronteras entre cine,
televisión y contenidos de plataformas, y la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en ámbitos como la escritura de guiones, la posproducción, el doblaje, la generación de imágenes, el sonido o la gestión de los derechos de autor.
Todo ello plantea, pues, desafíos regulatorios nuevos, que no estaban presentes cuando comenzó a elaborarse esta reforma.
Eta testuinguru horretan, benetan garrantzitsua iruditzen zaigu pantaila kuoten sistema zorrotzago eta eraginkorrago baterantz aurrera egitea, gaztelania ez den beste hizkuntza ofizial batzuetan, euskaraz adibidez, sortutako eta
azpititulatutako ekoizpenen mesedetan. Ez da nahikoa arau mailan hizkuntza aniztasuna aitortzea, gerora plataformetan, erakustaretoetan eta banaketa zirkuituetan presentzia erreala ere agerikoa ez baldin bada. Era berean, ezinbestekoa da Estatuko
hizkuntza ofizialetan zinema sorkuntzaren sustapena indartzea. Horrek esan nahi du, sustapen ildoei eusteaz gain, euskarazko ekoizpenean eta ondorengo hedapenean lagunduko duten proiektuetara irmoago bideratzea. Aipatutako iradokizun, zalantza eta
proposamenak, legearen tramitazioari bidea ematen bazaio, emendakinen bidez jorratuko ditugu. Guk gure proposamenak mahai gainean jarriko ditugu eta ea gobernua sostengatzen duten alderdiek zein jarrera hartzen duten gure babesa jaso nahi badu lege
honek.
Mila esker.
En este contexto, nos parece muy relevante ser más efectivos hacia un sistema que también incluya las creaciones, subtitulaciones y producciones en otros idiomas, como el euskera. No sirve de nada hablar de diversidad lingüística si luego
en los cines no se refleja eso. Al mismo tiempo, es fundamental reforzar la producción en otros idiomas, y para ello hay que dar ayudas a proyectos que precisamente lo fomenten. Si se aprueba este proyecto de ley, lo modificaremos durante la
tramitación. Nosotros pondremos nuestras sugerencias sobre la mesa y veremos cuál es la posición del Gobierno si quiere recibir nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko.
Zinemaren eta ikusentzunezko legea berpiztu da eta honekin batera, ikusentzunezkoen sektorearen etorkizunerako garrantzi handia duen eztabaida bat jarri da mahai gainean berriro. Dudarik ez dago, beharrezkoa den lege baten aurrean gaude.
Ukaezina da lege berri honen beharra, eta egia da, esan den bezala, aurkeztu den testuak 2020. urtean aurkeztutakoaren eduki bera duela. Egia da ordutik hona gauzak asko eta abiadura handian aldatu direla. Horrenbestez, aldaketa eta egokitzapenak
beharrezkoak izango dira.
Baina hori horrela izanda ere, osoko emendakin hauek testua itzultzea eskatzen dute, honekin batera berriro onartezina den atzerapena bultzatuz. Azken egun hauetan ahots batzuk entzun ditugu, ekoizle independenteen elkarte nagusiek
plazaratu duten agiria erabiliz, era anker eta interesatu baten gainean. Izan ere, ekoizle independenteen elkarteek ez dute prozedura etetea edo luzatzea eskatzen, ez du inork eskatzen. Aitzitik, proiektuak aurrera egitea txalotu dute. Gaiak
urgentzia duela azpimarratu dute. Hori bai, testuak behin betiko onartu aurretik doikuntza handiak behar dituela ohartarazi dute.
Eta ados gaude egiten den hausnarketa honekin, baita mahai gainean jarri duten kritikarekin ere, eta espero dezagun legearen tramitazioak aurrera egitea. Eta gure ustez, zilegitasun osoz planteatu dituzten kezkei Ministeritzatik behar
bezalako erantzuna ematea eta gure herrian euskaraz egiten eta egingo diren ekoizpenak behar duten eta sortzaileen babesa izatea ere lege honetan.
Muchas gracias.
Renace la ley del cine y de la cultura audiovisual, y con ella se vuelve a poner sobre la mesa un debate de gran trascendencia para el futuro del sector audiovisual. No cabe duda, estamos ante una ley necesaria; es innegable la relevancia
de esta nueva ley. Y, como se ha mencionado, es cierto que el texto presentado tiene el mismo contenido que el que se presentó en 2022: es verdad que desde entonces las cosas han cambiado mucho y a gran velocidad, y, por lo tanto, es necesario
hacer cambios y adaptaciones.
Pero, aun siendo esto así, estas enmiendas a la totalidad exigen la devolución del texto, provocando con ello un nuevo retraso, lo que es inaceptable. En estos últimos días hemos escuchado a los autores de estas enmiendas a la totalidad,
que utilizaban el documento que han hecho público las principales asociaciones de productores independientes y lo han hecho de manera cruel e interesada, y es que las asociaciones de productores independientes no piden la suspensión ni la prórroga
del procedimiento; es más, han aplaudido que el proyecto prospere e insisten en que es urgente. Eso sí, advierten de que el texto necesita grandes ajustes antes de su aprobación definitiva.
Estamos de acuerdo con la reflexión que se hace y también con la crítica que se ha puesto sobre la mesa. Esperamos que prospere la tramitación de la ley y que el ministerio dé una respuesta satisfactoria a las preocupaciones que entendemos
que se han planteado con toda legitimidad y que las producciones vascas reciban el apoyo necesario en esta ley.
Se ha reactivado la ley del cine y es innegable que esta es una buena noticia para todo el sector y la sociedad. Son cuatro años de recorrido los que lleva esta ley, desde la aprobación de su anteproyecto en 2022 hasta su nueva tramitación
ahora, en 2026; una norma tan necesaria que, como cualquier película dramática que se precie, ha atravesado escenas de tensión, de esperanzas, de zozobra y de decepciones en un plató complicado, con cambios de legislatura, con sucesivas
ampliaciones del plazo de enmiendas y, sobre todo, con un intenso debate y una intensa espera dentro del sector audiovisual y también con la esperanza de que se resuelva cuanto antes. Así pues, nadie, absolutamente nadie niega que la tramitación de
esta iniciativa sea necesaria y, además, urgente.
Por eso, no apoyaremos el retraso de la norma que llevan implícito las dos enmiendas a la totalidad que se presentan hoy. Y es que, además, tampoco compartimos el contenido de las dos enmiendas. Una de ellas habla de la parálisis de la
tramitación. Admite la necesidad de reformar la Ley 55/2007 -que, se dice pronto, se aprobó hace casi veinte años-, pero, como considera que el texto presentado no se adecúa a las necesidades actuales y está obsoleto, plantea la devolución y,
consiguientemente, este retraso en la tramitación. Convendrán conmigo en que más obsoleta estará la ley que actualmente rige, una ley de 2007.
La otra enmienda centra algunas de sus críticas en que el proyecto de ley es profundamente ideológico -claro, tanto como la enmienda a la totalidad que se presenta-, y, ciertamente, todo lo que en esa enmienda a la totalidad se critica
-entre otras, la definición de productora independiente, las medidas de fomento de igualdad de género, las de reducción de impacto ambiental, las ayudas a la producción en lenguas que no son el castellano- precisamente son cuestiones que, desde un
opuesto lado ideológico, sí nos llevan a intentar mejorar el contenido de esta ley y a hacer que sea de verdad un texto que suponga una respuesta a las necesidades reales del sector hoy y ahora, porque es cierto que, en un sector en el que los
cambios llegan a velocidad de vértigo, un texto elaborado en 2022 no corresponde a la realidad que refleja el espejo de 2026.
Y lo ha señalado usted mismo, señor ministro: la irrupción de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas, los cambios en cómo consumimos la producción audiovisual, absolutamente todo eso ha cambiado de una forma sustancial. Y esta
nueva ley deberá responder a la nueva realidad y también deberá corregir errores del pasado reciente, algunos de los cuales ya consideramos gravísimos en su momento para el sector, como el de la definición de productor independiente que se introdujo
de rondón en la ley audiovisual de 2022, una ley exclusivamente definida por los intereses económicos, más que por los culturales o sociales, y que abrió la puerta de par en par a que las empresas de grandes
grupos se beneficien de aquellas ayudas que deberían destinarse a proteger a las pequeñas y medianas empresas del sector audiovisual. Señorías, todo el sector está pidiendo que se apruebe una nueva ley en las mejores condiciones posibles y
que esta nueva ley se adecúe a las necesidades reales del sector. Esto es un hecho.
Termino ya. Se dice que fue Fellini quien dijo aquello de que el cine utiliza el lenguaje de los sueños, porque los años pueden pasar en unos segundos y se puede saltar de un lugar a otro sin que medie un kilómetro de distancia. Pues
trabajaremos para ello y contribuiremos a que ese sueño de una nueva ley de cine dé el salto desde 2022 a 2026 -incluso habría que decir que desde 2007 a 2026- y hoy sea una realidad. Y, como primer paso en ese camino, votaremos en contra de estas
dos enmiendas a la totalidad.
Eskerrik asko. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.
Ministre.
La llei del cinema i la cultura audiovisual ja va intentar fer camí en la passada legislatura, però va ser engolida, devorada pel final de mandat amb la precipitada convocatòria d'eleccions pel president Sánchez. Per tant, aquesta és una
llei en la que múltiples actors hi han dipositat des de fa molt de temps l'esperança de veure resoltes les seves necessitats i, a la vegada, esdevenir més competitius. Per tant, una llei que pensem que s'ha de tramitar i que ha de superar la fase
d'esmenes a la totalitat on estem avui en ple debat.
Femhi, però també, una mirada de context, sobretot perquè pensem en el context d'aquesta llei i, sobretot, perquè ningú es confongui en el resultat de la nostra votació. Tal com vam anunciar el novembre passat, els reiterats incompliments
dels acords per part del Govern de l'Estat i l'alt nivell de trilerisme que ens trobàvem en les negociacions amb ells ha deixat a la pràctica sense capacitat d'impulsar res el Govern de l'Estat. Però en aquell mateix moment vam explicar que hi
hauria cinc lleis que no quedaven afectades per aquest bloqueig. D'aquestes cinc lleis, a hores d'ara, quatre ja estan publicades en el BOE i plenament efectives. I la cinquena és precisament aquesta llei, la llei del cinema i la cultura
audiovisual. Per què quedaven aquelles cinc lleis exemptes i al marge del bloqueig? Doncs perquè aquelles cinc lleis tenien un acord signat o a punt de signar i, per tant, nosaltres no volíem renunciar i no renunciàvem a materialitzar la nostra
part de l'acord.
Per tant, és evident que si avui som aquí posicionantnos en contra de les esmenes a la totalitat presentades no és pas perquè hagi canviat res, ni que signifiqui que el Govern té uns suports que és evident que en realitat no té. Si avui som
aquí és perquè l'acord per la llei del cinema s'ha tancat i s'ha materialitzat i porta una empremta molt potent de Junts per Catalunya. I s'ha tancat perquè hem aconseguit un abast molt potent en tres eixos. Primer, la defensa i protecció del
català en el cinema i el sector audiovisual. Segon, més incentius fiscals i més recursos per aquest mateix sector i, tercer, major força i capacitat econòmica per diferents actors culturals de Catalunya.
Si entrem més en detall, podem veure que el català comptarà amb una especial protecció gràcies a la reserva d'un percentatge dels recursos del Fons de Foment del Cinema i l'Audiovisual. Es garantirà una major quota de pantalla del català
mitjançant un incentiu extra a l'hora de programar l'exhibició de pel·lícules en els cinemes. A més a més, atribuirà la capacitat reguladora inspectora i sancionadora a la Generalitat de Catalunya a l'hora de garantir l'exhibició de pel·lícules en
català i el compliment de la normativa vigent. Per altra banda, les ajudes al cinema s'adreçaran, com a mínim, s'adreçaran a aquells que programin com a mínim un 15 % de les sessions de les pel·lícules en català i finalment, s'augmentarà el límit
de les ajudes fins al 80 % del cost de producció per a aquelles produccions que siguin rodades en català.
Pel que fa a la millora del sector del cinema i l'audiovisual, hem tancat dues accions absolutament determinants pel sector. La primera és l'acord d'implantar un augment significatiu dels incentius fiscals a les productores. Això es
tradueix en un augment
important de recursos econòmics que farà molt més competitiu el sector audiovisual, situantse en la part alta dels estàndards europeus. I la segona acció és tan rellevant com la primera, ja que resol els problemes de tresoreria actual, en
especial el que tenen les petites productores. Així doncs, es permetrà que les productores puguin monetitzar els ajuts, obtenint els recursos econòmics de les desgravacions fiscals durant el rodatge sense haver d'esperar que s'acabi la producció.
A la vegada, però, també s'han aportat recursos i solucions a altres sectors culturals, resolent reivindicacions que es reclamaven des de feia molt de temps. Les productores d'espectacles en viu es podran deduir un 25 % dels costos de producció, ja
siguin espectacles en teatres, auditoris, espais a l'aire lliure o qualsevol altre que es destini temporalment a espectacles en viu. S'elimina també la taxa per l'expedició del permís d'exportació de les galeries d'art, una taxa abusiva imposada
per la Llei de patrimoni històric més antiquada de la Unió Europea. Una taxa que, a més a més, perjudica no només les galeries d'art, sinó també els artistes, que veuen com les seves obres tenen dificultats per arribar al mercat internacional.
I, finalment, s'aprovarà una cotització d'autònoms específica per a músics, reduïda i ajustada al context del sector; una alternativa justa i realista per als milers de professionals que, per desenvolupar la seva activitat, ara es veuen
atrapats per empreses que sovint tenen una facturació fraudulenta. D'aquesta manera, aquesta solució dotarà de seguretat jurídica tant als músics com als contractants. Per tant, amb aquest acord Junts per Catalunya fem possible l'impuls i la
protecció del català en el cinema, l'enfortiment del sector audiovisual amb els millors incentius fiscals i capitalització de les ajudes econòmiques, el reforç i protecció dels espectacles en viu com en el teatre o els concerts, l'aprovació d'una
cotització reduïda per als músics autònoms, l'equiparació de les galeries d'art al mercat europeu eliminant la taxa d'exportació i l'ajut a múltiples activitats culturals a Catalunya, tot un seguit de mesures molt rellevants que permetran fer un
salt qualitatiu en tot el sector audiovisual i de la cultura. Ara bé, això vol dir que la feina està acabada? Ni de bon tros1 Queda molta feina per fer. Queden moltes necessitats per estudiar, treballar i buscar els suports necessaris entre tots
per resoldreles. Aquesta és una llei molt potent, molt transversal, molt necessària i que requerirà d'un esforç de totes les parts per arribar als consensos necessaris per fer realitat el que el sector del cinema i la cultura audiovisual
necessiten. Com deia, queda molta feina per fer i cal ferla molt de pressa, perquè les eleccions, encara que alguns diguin que no, són aquí a tocar i com deia, queda molta feina per fer.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Ministro, la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual ya intentó hacer camino en la pasada legislatura, pero fue engullida, devorada por el final de mandato con la convocatoria precipitada de elecciones por parte del presidente Sánchez. Por lo
tanto, esta es una ley en la que múltiples sectores han depositado desde hace mucho tiempo la esperanza de ver resueltas sus necesidades y convertirse en más competitivos. Por lo tanto, es una ley que pensamos que debe tramitarse y debe superar la
fase de enmiendas a la totalidad, en la que hoy nos hallamos en pleno debate.
Pero echemos también una mirada sobre el contexto, especialmente para que nadie se confunda en el resultado de nuestra votación. Tal y como anunciamos en el mes de noviembre pasado, por reiterados incumplimientos de los acuerdos por parte
del Gobierno y el alto nivel de trilerismo en que nos encontrábamos en las negociaciones con ellos, en la práctica ha quedado sin capacidad de impulsar nada el Gobierno del Estado. Pero, en ese mismo momento explicamos que habría cinco leyes que no
quedaban afectadas por este bloqueo, de las cuales hoy día ya hay cuatro que se han publicado en el BOE y son plenamente efectivas, y la quinta precisamente es esta ley, la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual. ¿Por qué quedaban exentas esas cinco
leyes y al margen del bloqueo? Porque esas cinco leyes tenían un acuerdo firmado o a punto de firma y, por lo tanto, nosotros no quisimos renunciar y no renunciábamos a que se materializara nuestra parte del acuerdo.
Por lo tanto, es evidente que si hoy estamos aquí posicionándonos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas no es porque haya cambiado nada ni que signifique
que el Gobierno cuenta con un apoyo que es evidente que en realidad no tiene. Si estamos hoy aquí es porque el acuerdo por la ley del cine se ha cerrado, se ha materializado y lleva una huella muy importante de Junts per Catalunya, porque
hemos conseguido una base muy significativa en tres ejes: en primer lugar, la defensa del catalán en el sector del cine y el audiovisual; en segundo lugar, más incentivos fiscales y recursos para ese mismo sector, y, tercero, mayor fuerza y
capacidad económica para diferentes actores culturales de Cataluña.
Si entramos en más detalle, veremos que el catalán contará con una protección especial gracias a la reserva de un porcentaje de recursos del fondo de fomento del cine y el audiovisual. Se va a garantizar una mayor cuota de pantalla, con un
incentivo extra en el momento de programar exhibición de películas en los cines, y, además, se atribuirá la capacidad reguladora, inspectora y sancionadora a la Generalitat de Catalunya en el momento de garantizar la exhibición de películas en
catalán y el cumplimiento de la normativa vigente. Por otra parte, las ayudas al cine se dirigirán a los que programen un 15 % de sesiones de películas en catalán como mínimo. Y, finalmente, se aumentará el límite de las ayudas hasta el 80 % del
coste de producción para aquellas producciones que sean rodadas en catalán.
Y, por lo que se refiere a la mejora del sector del cine y del audiovisual, hemos cerrado dos acciones absolutamente determinantes para el sector: la primera, el acuerdo de implantar un aumento significativo de los incentivos fiscales a las
productoras, lo cual se traduce en un aumento importante de recursos económicos que hará que sea mucho más competitivo el sector audiovisual, situándose en la parte alta de los estándares europeos, y la segunda acción es tan relevante como la
primera, ya que resuelve los problemas de tesorería actuales, sobre todo el que tienen las pequeñas productoras, de modo que se va a permitir que las productoras puedan monetizar las ayudas obteniendo los recursos económicos de las desgravaciones
fiscales durante el rodaje sin tener que esperar a que acabe la producción.
Al mismo tiempo, se han aportado recursos y soluciones a otros sectores culturales, resolviendo reivindicaciones que se venían reclamando desde hacía mucho tiempo. Las productoras de espectáculos en vivo podrán deducirse un 25 % de los
costes de producción, ya sean espectáculos en teatros, auditorios, espacios al aire libre o cualquier otro que se destine temporalmente a espectáculos en vivo y en directo. También se elimina la tasa de expedición del permiso de exportación de las
galerías de arte, una tasa abusiva impulsada por la ley de patrimonio histórico más anticuada de la Unión Europea una tasa que no solo perjudica a las galerías de arte, sino también a los artistas, que ven cómo sus obras se encuentran con
dificultades para llegar a los mercados internacionales.
Por último, se aprobará también una cotización de autónomos específica para músicos, reducida y ajustada al contexto del sector, una alternativa justa y realista para los miles de profesionales que para desarrollar su actividad ahora se
encuentran atrapados por empresas que muy a menudo tienen una facturación fraudulenta. Esta solución dotará de seguridad jurídica tanto a los músicos como a los contratantes. Por lo tanto, con este acuerdo en Junts por Catalunya hacemos posible el
impulso y la producción del catalán en el cine; el impulso del sector audiovisual con mejores incentivos fiscales y capitalización de las ayudas económicas; el refuerzo y protección de los espectáculos en directo, como en el teatro o en los
conciertos; la aprobación de una cotización reducida para músicos autónomos; la equiparación de las galerías eliminando la tasa de exportación a las europeas y el apoyo a acontecimientos culturales en Cataluña. Todo eso permitirá que demos un
salto cualitativo en todo el sector audiovisual y de la cultura. Ahora bien, ¿eso quiere decir que se ha acabado ya el trabajo? En absoluto. Queda todavía mucho trabajo por hacer, muchas necesidades por estudiar, en las que trabajar y buscar
apoyos necesarios entre todos para resolverlas. Esta es una ley muy potente, muy transversal, muy necesaria y que va a requerir de un esfuerzo de todas las partes para que se pueda llegar a los consensos necesarios que hagan realidad lo que el
sector del cine y la cultura audiovisual necesitan. Queda mucho trabajo por hacer y hay que hacerlo muy deprisa, porque las elecciones -aunque algunos digan que no- están aquí, a la vuelta de la esquina, y, como decía, queda muchísimo trabajo por
hacer.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Bona tarda, president, senyories.
Com ja s'ha dit des d'aquest faristol, és importantíssim que aquesta llei entri en una realitat efectiva després d'un bloqueig incomprensible de fa molts anys; un bloqueig que ha fet mal al sector i que fa mal al públic. El grup d'Esquerra
ho plantegem com la continuació d'una feina que ja va començar amb la Llei de l'audiovisual, on vam abocar molts recursos polítics, sovint totalment en solitud i rebent moltes crítiques. El nostre objectiu és clar: el futur de la llengua no es
juga només en l'administració, en el funcionariat, en l'espai del carrer, es juga sobretot en el món de la cultura i en les indústries culturals. I, en aquest sentit, l'audiovisual, tant a les sales com en plataformes, és una aposta estratègica.
Només salvarem la llengua si també som presents allà on la indústria és potent. A més a més, com ja s'ha dit, vivim un moment de canvi bàsic en el món de les indústries culturals. Els reptes són enormes, no només per l'emergència de la
intel·ligència artificial, sinó també pel canvi en els hàbits i els usos i consums del públic. Vull dir, però, que el cinema català -en aquest sentit, podem felicitarnos- viu un moment molt important i en aquest sentit li voldria dir a les
senyories de VOX que si volen veure bones pel·lícules en català es trobaran. Esmentaré una que ha estat molt celebrada pel públic i molt premiada: Alcarràs. No cal que vagin a escoltar pel·lícules en llatí o arameu, en trobaran en català. I, de
fet, ja que les senyories de Vox són taurins, els puc recomanar una pel·lícula d'un gran realitzador català, Albert Serra, Tardes de soledad, on es parla dels toros.
Bé, en el tràmit d'esmenes caldrà escoltar atentament el sector, com s'ha dit, i en aquest sentit, Esquerra ja ho hem fet. Som amatents a les necessitats i les demandes de les indústries audiovisuals i hem incorporat molts elements que ens
han vingut dels creadors i de les indústries. Com s'ha dit, d'aquesta llei depèn la dotació mínima i estable per a l'audiovisual en català, eusquera i gallec. Aquesta ha estat una de les batalles centrals del nostre grup, que hem reclamat que el
fons per a llengües diferents al castellà no depengui de la voluntat política de cada moment, sinó que tingui una aportació mínima garantida, com a mínim un 10 % del Fons de Protecció a la Cinematografia i l'Audiovisual. Entenem que aquests fons
s'han de transferir íntegrament als organismes competents de les comunitats autònomes i han de ser aquestes, naturalment, que la gestionin d'acord amb les seves competències. Esquerra vol, i així ho ha parlat amb el Ministeri, que la llei serveixi
per normalitzar la presència del català en tota la cadena d'audiovisual, distribució, producció, exhibició, promoció i accés als continguts. No n'hi ha prou amb produir en català. Cal garantir clarament que les obres arribin a sales, plataformes i
circuits de difusió. Defensem que, quan ja existeixi una versió catalana doblada, subtitulada o original, aquesta no quedi invisibilitzada, perquè altrament el que es fa és castigar el públic i arraconar la llengua.
Toca definir de manera més blindada la definició de productora independent. Com s'ha dit, aquest és un tema central d'aquest projecte de llei i aquest és un altre punt històric. Esquerra volem evitar que la categoria de productor
independent sigui capturada per empreses vinculades sobretot a grans grups televisius, plataformes o capital sense arrelament territorial. Dit d'una altra manera, que no ens colin bou per bèstia grossa. La crítica ve de lluny. A la llei de
l'audiovisual que el PSOE i el PP van tancar amb una definició enganyosa, una definició que Esquerra va considerar ja en aquell moment feta a mida dels grans operadors. Alerta amb això! Intentarem que els ajuts públics -i això és cabdal i és
estratègic- no acabin en mans dels grans grups exclusivament, perquè altrament hauríem fet una llei que no serviria per la vitalitat bàsicament d'un sector on bona part de la nova creació ve d'instàncies petites o mitjanes. Les ajudes han d'anar a
productores independents, reals, distribuïdores, sales petites, projectes en llengües pròpies, col·lectius de dones, de joves i talent emergent. És a dir, que els diners públics serveixin per corregir els desequilibris que genera una visió massa
depredadora del sector i que serveixi per reforçar el paper dels actors i d'aquells que, en aquest moment, volen
sortir a oferir noves propostes. La llei és un reconeixement, una oportunitat de reconeixement real del caràcter plurilingüe i plurinacional de l'Estat. Ministre, vostè ho sap. Aquesta llei ha de deixar de tractar el castellà com l'única
llengua cultural per defecte. Ens creiem o no ens creiem que aquest és un estat pluricultural? Les nostres esmenes introdueixen de manera recurrent que les llengües oficials diferents del castellà, les reconegudes estatutàriament, siguin i tinguin
un valor igual que el castellà.
Per tant, tot va en aquest camí, també en el camí de la fiscalitat i l'accés a la cultura. El nostre grup incorpora una batalla tributària que ve de lluny: reduir l'IVA cultural del 10 % al 4 % per entrades a sales cinematogràfiques,
teatres, concerts i altres espectacles culturals. L'objectiu és abaratir l'accés a la cultura i tractarla com a bé bàsic que és. I, en aquest sentit, una reflexió s'ha dit aquí que les societats lliures no subvencionen la cultura. Crec que és un
greu error i és un fet incert. Ningú diria que el Regne Unit no és una societat lliure. Ningú diria que França no és una societat lliure. Ningú diria que Alemanya no és una societat lliure i, en aquests llocs, el cinema té un suport molt
important. També des del nostre grup, senyor Urtasun, sap que hem demanat més seguretat fiscal per a les productores. En l'àmbit de l'impost de societats, plantegem mecanismes de reconeixement de costos i control de deduccions per donar més
seguretat jurídica, especialment a les pimes audiovisuals i evitar que una contingència fiscal pugui posar en risc projectes petits o independents.
Acabo, president. El director Jean François Truffaut deia que el cinema és viure una vida paral·lela, universos paral·lels. En aquesta cambra, a vegades assistim a realitats paral·leles. Nosaltres celebrem que pugui tirar endavant aquesta
llei. Celebrem també que el grup de Junts s'hagi afegit al consens que ja teníem altres grups catalans com Esquerra amb el Ministeri. Creiem que en temes de país cal caminar sempre plegats, perquè és la millor manera de servir la ciutadania i
servir la cultura.
Gràcies.
Gracias, presidente. Buenas tardes.
Señorías, como ya se ha dicho desde esta tribuna, es muy importante que esta ley se convierta en una realidad efectiva tras un bloqueo de muchos años, un bloqueo que ha perjudicado al sector y al público. El Grupo de Esquerra lo planteamos
como la continuación de un trabajo que ya se empezó con la ley audiovisual, donde asignamos muchos recursos políticos, pero siempre recibiendo muchas críticas y obstáculos. Nuestro objetivo es claro: el futuro de la lengua no solo se juega en la
Administración, en el funcionariado, en el espacio público, se juega, sobre todo, en el mundo de la cultura y de las industrias culturales. En ese sentido, el audiovisual, tanto en salas como en plataformas, es una apuesta estratégica. Solo
salvaremos la lengua si estamos presentes también allí donde la industria es potente. Además, como ya se ha dicho, vivimos un momento de transformación básica en el mundo de las industrias culturales. Los retos son ingentes no solo por la
emergencia de la inteligencia artificial, sino también por el cambio en los hábitos, en los usos y consumos del público. En ese sentido, el cine catalán vive un momento muy importante y podemos felicitarnos. Quisiera decirles a las señorías de VOX
que, si quieren ver buenas películas en catalán, encontrarán alguna. Voy a citar una muy celebrada por el público y muy galardonada: Alcarràs. No hace falta que vayan a escuchar películas en arameo o en latín, encontrarán algunas en catalán. Y a
las señorías de VOX les puedo recomendar Tardes de soledad, de un realizador catalán, Albert Serra, donde se habla de los toros.
En el trámite de enmiendas hay que escuchar atentamente al sector, como ya se ha dicho, y en Esquerra ya lo hemos hecho; estamos muy pendientes de las necesidades y demandas de las industrias audiovisuales y hemos incorporado muchos
elementos que nos han llegado de la industria misma y de los creadores. Como os he dicho, de esta ley depende la educación mínima y estable para el audiovisual en catalán, euskera y gallego. Esta ha sido una de las batallas centrales de nuestro
grupo. Hemos reclamado que el Fondo para Lenguas Diferentes al Castellano no dependa de la voluntad política de cada momento, sino que tenga una aportación mínima garantizada: un 10 % mínimo del Fondo
de Protección a la Cinematografía y el Audiovisual. Estos fondos se han de transferir íntegramente a los organismos competentes de las comunidades autónomas y deben ser ellas, naturalmente, quienes los gestionen según sus competencias.
Esquerra desea, y así lo ha hablado con el ministerio, que la ley sirva para normalizar la presencia del catalán en toda la cadena audiovisual: distribución, producción, exhibición, promoción y acceso a los contenidos. No basta con producir en
catalán, hace falta garantizar claramente que las obras lleguen a salas, plataformas y circuitos de difusión. Defendemos que cuando ya exista una versión catalana doblada, subtitulada u original, no quede invisibilizada, porque entonces lo que se
hace es castigar al público y arrinconar la lengua.
Hay que blindar mejor la definición de productora independiente. Como ya se ha dicho, ese es un tema central de este proyecto de ley; es otro punto clave, histórico. Queremos evitar que la categoría de productor independiente sea
capturada por empresas vinculadas sobre todo a grandes grupos televisivos, plataformas o capital sin arraigo territorial. Dicho de otro modo, que no nos cuelen gato por liebre. La crítica viene de lejos: la ley audiovisual que el PSOE y el PP
cerraron con una definición engañosa, que Esquerra ya consideró en ese momento que estaba hecha a medida de los grandes operadores. Cuidado con eso. Vamos a intentar que las ayudas públicas -eso es capital, estratégico- no acaben en manos
exclusivamente de los grandes grupos, porque entonces habríamos elaborado una ley que no serviría para la vitalidad de un sector donde gran parte de la nueva creación viene de entidades pequeñas o medianas. Las ayudas tienen que ir a productoras
independientes reales, distribuidoras, pequeñas salas, proyectos en lenguas propias, colectivos de mujeres, jóvenes y talento emergente. Es decir, que el dinero público sirva para corregir los desequilibrios que genera una visión demasiado
depredadora del sector y que sirva para reforzar el papel de los actores y de aquellos que en ese momento quieran ofrecer nuevas propuestas. La ley es un reconocimiento y una oportunidad de reconocimiento verdadero del carácter plurilingüe y
plurinacional del Estado. Usted lo sabe, señor ministro. Esta ley debe dejar de tratar el castellano como la única lengua cultural por defecto, nos creamos o no que este es un Estado pluricultural. Nuestras enmiendas introducen de forma
recurrente que las lenguas diferentes del castellano reconocidas estatutariamente tengan el mismo valor que el castellano. Por lo tanto, todo va en esa dirección.
Y también en la dirección de la fiscalidad y acceso a la cultura. Nuestro grupo incorpora una batalla tributaria que viene de lejos: reducir el IVA cultural del 10 al 4 % para entradas en salas de cine, teatros, conciertos y otros
espectáculos culturales, porque el objetivo es abaratar el acceso a la cultura y tratarla como un bien esencial, que es lo que es. En ese sentido, una reflexión. Aquí se ha dicho que las sociedades libres no subvencionan la cultura. Creo que es
un grave error, y además algo incierto. Nadie diría que el Reino Unido no es una sociedad libre. Nadie diría que Francia tampoco lo es. Nadie diría que Alemania no es una sociedad libre tampoco. Pues en todos esos lugares el cine recibe un apoyo
importante. También, señor Urtasun, sabe que en nuestro grupo hemos pedido más seguridad fiscal para las productoras. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, proponemos medidas de reconocimiento de costes y más seguridad jurídica a las pymes
audiovisuales para evitar que una contingencia fiscal pueda poner en riesgo proyectos independientes o pequeños.
Acabo. El director JeanFrançois Truffaut decía que el cine es vivir universos paralelos, una vida paralela. A veces en esta Cámara asistimos a realidades paralelas. Nosotros celebramos que pueda salir adelante esta ley y que el Grupo de
Junts se haya añadido al consenso que ya tenían otros grupos catalanes en el ministerio. Creemos que en temas de país siempre hay que ir de la mano porque es la mejor manera de servir a los ciudadanos y de servir a la vez a la cultura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, señor presidente.
Ministro, señorías, miembros del sector del cine y el audiovisual que nos acompañáis, hoy hay un nuevo hito que sigue a los de los últimos meses de la receta del PP y VOX cuando no consiguen gobernar, corsarios en el Poder Judicial,
filibusteros en el Poder Legislativo, golpeando sin parar aunque las instituciones democráticas de España acaben desangradas y de rodillas. Eso y nada más son ustedes, aquellos que creen que el poder les pertenece por derecho de conquista, como
antes de que llegara la democracia. (Aplausos). Estas enmiendas a la totalidad no son más que un obsceno ejercicio de filibusterismo para evitar que se vea que, a pesar de ustedes, el Congreso sigue legislando. Por eso, quiero empezar con una
idea muy clara: hoy no estamos votando si esta ley es perfecta, si esta ley es obsoleta; hoy lo que votamos es si esta Cámara quiere trabajar y tramitar o bloquear. El resto es poesía, señorías. No decidimos el texto final de la ley hoy,
decidimos si permitimos que se tramite, que se enmiende, que se dialogue, que se mejore. Si alguien hoy vota a favor de estas enmiendas, no defenderá al sector audiovisual, será simplemente un lacayo en manos y a las órdenes de la ultraderecha y de
la derecha de este país. (Aplausos).
Hay algo profundamente contradictorio en lo que plantea el Partido Popular. El PP nos dice que la ley llega tarde, que la ley necesita actualizarse, que la ley de 2007 está superada, que el sector ha cambiado, que el audiovisual vive una
transformación tecnológica, y creo que en eso, señorías del PP, coinciden todos los grupos de esta Cámara. ¿Que la ley necesita una actualización, que el ecosistema audiovisual de 2026 no es el de 2007? Claro, por eso traemos una ley. Pero,
señorías del PP, si ustedes creen que la ley llega tarde, ¿cómo pueden proponer que vaya a llegar todavía más tarde? Si el texto necesita mejoras, ¿por qué quieren impedir que se presenten enmiendas? Si se debe escuchar más al sector, ¿por qué
quieren bloquear precisamente un trámite de debate, de enmiendas, de acuerdos, en el que vamos a trabajar todos los grupos y en el que el sector tendrá mucho que decir a través de las enmiendas que propondremos? Ustedes diagnostican retraso y lo
que proponen es parálisis; diagnostican obsolescencia y su receta es el bloqueo. Dicen que hay que actualizar la norma y al mismo tiempo piden devolverla al Gobierno para empezar desde cero. Eso no es responsabilidad parlamentaria, señorías del
PP, eso es filibusterismo; filibusterismo hipócrita y miedo, mucho miedo. Miedo porque se visualizará claramente que ustedes se han apeado de los grandes consensos en cultura de este país. Tienen pánico a que se visualice su ostracismo voluntario
y, por ende, a que se demuestre su inutilidad para con todos los sectores culturales de España. Y aquí hay que decir otra cosa clara. El sector audiovisual no puede ser reducido por el PP, como quiere hacer hoy, a una coartada, lo que necesita son
herramientas para las salas, para los productores independientes, para la distribución, para la internacionalización, para la atracción de rodajes, para crear nuevas audiencias, para seguir siendo muy competitivos en Europa y en todo el mundo, y
nada de eso llegará en breve si lo que hacemos hoy es devolver esta ley. El ego herido por no gobernar del Partido Popular no puede ser el freno a la cultura de España. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, sean coherentes con su propio
diagnóstico. Si la ley necesita cambios, presenten enmiendas. ¿Quieren hablar de incentivos? Hablemos. ¿Se tiene que hablar de salas? Hablemos. ¿Quieren hablar de productores independientes? Hablemos. ¿Quieren debatir de distribución, de
ventanas, de financiación, de competitividad internacional? De acuerdo, hablemos, para eso estará la ponencia. Pero no vengan a decir que quieren mejorar una ley cuando la primera y única propuesta que quieren hacer es vetar su trámite.
Junto al filibusterismo popular, encontramos el salvajismo de VOX. Distinto tono, igual perjuicio. Es que VOX ni tan siquiera finge hacer una enmienda a la totalidad pensando en una mejora de la ley. No, no, solo junta letras como leña
para encender más el fuego de su batalla cultural de siempre. (Aplausos). Los socios minoritarios del PP odian todo aquello que no encaja con su visión estrecha de España, lo mismo que el Grupo Popular, pero a ellos se les debe reconocer -a las
señorías de VOX- el arrojo o las pocas luces de escribirlo con todas las letras en sus textos. La idea de VOX de España es tan pequeña que cabe en Perejil, ese último peñasco del imperio que añoran día a día aquí, en esta
Cámara. Fuera de su pequeñez, como en su enmienda a la totalidad, todo es ideología. La igualdad es ideología, la sostenibilidad es ideología, la inclusión de las personas con discapacidad es ideología. La diversidad lingüística, la
colaboración con las comunidades autónomas, las ayudas públicas a la cultura, todo, todo es ideología. Señorías de VOX, lo que ustedes llaman ideología se llama en realidad democracia cultural. (Aplausos). Se llama pluralidad, se llaman derechos,
se llama -aunque les duela- España, que es real, diversa y, sobre todo, libre. Ustedes, en realidad, señorías de VOX, no tienen un problema con esta ley, ustedes tienen un problema con el país y con la realidad.
Señorías, ¿por qué queremos tramitar esta ley? Porque las salas necesitan respuestas, los productores necesitan seguridad, la distribución necesita equilibrio, la creación necesita apoyo y España necesita una estrategia cinematográfica
ambiciosa. Señorías del PP, suban a este barco o, si no, por lo menos dejen de molestar. Más responsabilidad y menos oportunismo. Votaremos no a las enmiendas, votaremos no a la parálisis y no permitiremos que conviertan el cine de todos en un
arma arrojadiza para la política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Cultura.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Urtasun Domènech): Voy a ser muy breve. Solo quisiera contestar algunas cosas y dar las gracias a todos los grupos por su aportación.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes del sector, que muchos nos acompañan aquí. Creo que hoy iniciamos un camino en el sentido de tener la mejor ley posible. (Aplausos).
Simplemente quiero decir a los señores de VOX que yo les he hecho hoy una pregunta muy concreta: si ellos coincidían con las políticas del señor Milei, que básicamente ha destruido el INCAA. Y creo que la respuesta ha sido bastante
explícita, básicamente defendiendo lo que se ha hecho en Argentina con el INCAA. Y después -cito literalmente- ha dicho usted, que el ICAA, nuestro ICAA, supone un derroche de recursos y ha apostado por la reducción de la Administración. Bueno,
creo que la respuesta es bastante clara sobre cuáles son las intenciones de la extrema derecha cuando llega al Gobierno, y le digo algo de una manera muy clara: no vamos a permitir que manoseen las políticas públicas culturales en materia de
cinematografía.
Y la segunda cuestión que quería mencionar de forma muy breve es para la representante del Partido Popular. Diputada CruzGuzmán, usted sabe que cuando usted habla de cultura siempre la escucho, y creo que hoy ha venido a hacer más
politiquería que otra cosa. (Rumores). No pasa nada, entiendo perfectamente las obligaciones del debate en el Pleno y el papel que tiene que jugar cada uno. Yo solo quiero decir algunas cosas. Usted me acusa de no haber traído una ley de
consenso. Sabe perfectamente que le tendí la mano desde el primer minuto -ahora me referiré a eso-, y que nos hemos reunido con usted muchas veces ofreciéndole este consenso que usted nunca ha querido. Luego, no me acuse tampoco de que la ley va
dos años tarde, porque la ley va dos años tarde, entre otras cosas, porque ustedes han bloqueado esta ley durante dos años. (Aplausos). Y luego me habla del sector. Señora CruzGuzmán, el sector no ha pedido que no se tramite la ley. (Rumores).
No lo ha pedido. Por lo tanto, su enmienda a la totalidad es una enmienda contra la voluntad del sector -permítame que se lo diga-, que quiere que avance esta ley. Pero, en cualquier caso, permítame que le diga una cosa. Usted también le ha
prometido al sector una nueva ley, pero esa promesa es muy poco creíble. ¿Sabe por qué? Porque esa nueva ley que usted promete viene de la mano de los que nos acaban de decir en esta tribuna que quieren eliminar las políticas públicas en materia
de cine. (Aplausos). Por lo tanto, ¿qué le digo yo al Grupo Popular? Hoy tienen que hacer su enmienda a la totalidad, la han presentado. Yo le pedí que la retiraran y no lo han querido hacer, de acuerdo. No pasa nada. Pero, si la superamos,
súbanse al consenso. Hay una silla disponible para ustedes. Le vuelvo a tender la mano. Hágalo. Es lo que, por otra parte, le está pidiendo el sector que haga.
Me dirijo a los demás grupos parlamentarios, muy brevemente, presidente. A Compromís, quiero agradecerle mucho el apoyo. Vamos a seguir apoyando al sector. Seguirem, sens dubte, donant suport al sector valencià.
Seguiremos, sin duda, apoyando al sector valenciano.
Respecto al BNG, todo lo que usted ha referido en cuanto al galego lo vamos a apoyar también. A Podemos, vamos a escuchar las enmiendas que ustedes quieren presentar; desde luego, las escucharemos con mucha atención. Al representante del
PNV también quiero decirle que, evidentemente, apoyaremos cualquier medida de mejora del euskera -saben que es una política del ministerio- y lo vamos a cuidar. Y a la representante de Bildu, que me ha dicho antes en privado y luego aquí en público
que cuidemos al sector del cine independiente, le diré que lo vamos a hacer, desde luego. Los vamos a escuchar y es uno de los grandes objetivos de la ley.
Al representante de Junts per Catalunya li vull agrair, senyor Cruset, la voluntat per l'acord. Li vull agrair. Compartim les mesures en matèria de defensa del català. Són importants i les tirarem endavant.
Al representante de Junts le quiero agradecer su intervención. Nos ha preguntado por el acuerdo, y compartimos las medidas en materia de defensa del catalán y las tiraremos para adelante.
Quiero decir también que las cosas que ha anunciado hoy el señor Cruset para defender el catalán son medidas que tenemos voluntad de abrir al conjunto de lenguas cooficiales. Saben que esta es una política del ministerio y estamos
dispuestos a hacerlo. Y también quiero decir algo importante en relación con lo que ha anunciado el señor Cruset respecto a los incentivos fiscales. Es voluntad del Gobierno a través de esta ley mejorar el incentivo fiscal del cine hasta el límite
de lo que nos permita la Unión Europea, y esa es una voluntad no solo del Ministerio de Cultura, sino que también quiero agradecer particularmente al Ministerio de Hacienda que hayamos llegado a un acuerdo para hacerlo realidad. (Aplausos). Por lo
tanto, les invito a todos los grupos para que no perdamos esta oportunidad.
Finalment, al representant d'Esquerra Republicana, amic FrancescMarc Álvaro, moltes de les coses que vostè ha dit sap que les compartim. Estem disposats, evidentment, a treballar conjuntament perquè aquesta llei sigui de tothom i que tothom
hi posi les seves qüestions. Les coses que vostè ha dit en relació amb el català a la producció independent, sap que les compartim i estem disposats a treballarho.
I, finalment, també en el diputat Marc Lamuà, només dir li agraeixo moltíssim el recolzament del Grup Socialista en tot aquest procés. Sense vostè tampoc estaríem aquí. Sense vostè i els diputats del grup de SUMAR, els diputats dels grups
que recolzen el Govern i li vull agrair també personalment el seu suport.
Por último, al representante de Esquerra Republicana, FrancescMarc Álvaro, muchas de las cosas que ha dicho usted sabe que las compartimos. Estamos dispuestos a trabajar juntos para que esta ley sea de todos y que cada uno aporte su
contribución. Con todo lo que ha dicho sobre el catalán y la producción independiente estamos de acuerdo y queremos trabajar en ello. Por último, al diputado Marc Lamuà, le diré que agradezco las palabras del Grupo Socialista en todo este proceso;
sin usted no estaríamos aquí. Y lo mismo le digo a los diputados del Grupo SUMAR y a los que apoyan al Gobierno, quiero agradecérselo a todos.
Espero realmente que, entre todos, podamos hacer la mejor ley que el cine de nuestro país merece.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y LA LEY 4/2019, DE 7 DE MARZO, DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO
UNIVERSITARIA, Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO. (Número de expediente 121/000092).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley
4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTE (Tolón Jaime): Muchas gracias, presidente.
Quiero empezar saludando a las y los representantes de los sindicatos de la educación de este país. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara para defender una ley largamente esperada, una ley que el profesorado lleva años reclamando y que, además, llega respaldada por el mayor esfuerzo inversor en educación de las últimas
décadas. Este proyecto de ley no es un proyecto aislado, es parte de un compromiso más amplio. Esta ley forma parte de la inequívoca apuesta de este Gobierno por la educación pública, una apuesta que se mide en hechos y que ha beneficiado al
conjunto del sistema educativo, al alumnado y al profesorado: una inversión de 2559 millones de euros en becas, la mayor de nuestra historia con un millón de estudiantes beneficiados; más de 4425 millones transferidos a las comunidades autónomas
en programas de cooperación territorial desde este mismo año y, solo en el año 2026, seis programas de cooperación territorial aprobados en la última Conferencia Sectorial de Educación, por valor de 329,1 millones de euros: el PROA+, para apoyar al
alumnado vulnerable en los centros de especial complejidad educativa; dos programas de educación inclusiva para transformar los centros en espacios plenamente inclusivos; el programa de bienestar y protección para reforzar la convivencia y la
protección del alumnado y los programas de refuerzo de la competencia lectora y matemática. Esta apuesta contrasta con lo que ocurrió en el año 2012, cuando se elevó la jornada lectiva docente hasta un mínimo de veinticinco horas semanales en
educación infantil y primaria y hasta veinte en el resto de las enseñanzas, impidiéndoles con ello de alguna forma la posibilidad de disponer de tiempo para reunirse de forma colaborativa con el resto de docentes y, por tanto, atender a las
necesidades de su alumnado, y abrió la posibilidad también de aumentar el número de alumnos por aula hasta un 20 % por encima del máximo legal. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
En el año 2019, el Gobierno del presidente Sánchez suprimió la posibilidad de elevar las ratios por encima del máximo legal y marcó el camino hacia una jornada lectiva más justa. Pero entonces llegó la pandemia y las Administraciones
educativas tuvieron que optimizar todos los recursos disponibles para mantener el sistema en pie. La mejora de las condiciones del profesorado quedó, una vez más, en espera. Pero el profesorado dio una lección que esta Cámara nunca debería
olvidar. Nuestros docentes asumieron una carga de trabajo enorme, transformaron en horas la enseñanza presencial en enseñanza online, adaptaron contenidos y acompañaron a familias y alumnado en una situación sin precedentes en este país. Lo
hicieron sin que sus condiciones hubieran mejorado y lo hicieron de forma encomiable. Y he de decir que desde entonces toda la sociedad está en deuda con ellos y ellas. Y esta ley viene a saldar esta deuda. El presidente del Gobierno se
comprometió a que esta iba a ser la legislatura del profesorado. Hoy estamos cumpliendo esa palabra con este proyecto de ley, un proyecto que responde a lo que la propia Ley Orgánica de Educación establece, que las condiciones en las que trabaja el
profesorado son un factor esencial en la calidad de la enseñanza y que, además, los poderes públicos tienen la obligación de mejorarlas.
Permítanme explicarles cómo lo hace esta ley. En materia de jornada lectiva, el proyecto establece para el profesorado de los centros públicos un máximo de veintitrés horas semanales en educación infantil, primaria y especial, y de
dieciocho horas en el resto de las enseñanzas. Las comunidades autónomas podrán reducir esas horas y también mejorar aún más la jornada laboral a sus docentes si así lo quieren. Esa reducción tiene consecuencias directas en el aula: el
profesorado tendrá más tiempo para planificar, para coordinar la atención individualizada al alumno y para trabajar en equipo con otros docentes, con los profesionales de apoyo y también con las familias; pero también para desarrollar competencias
esenciales como investigar, innovar y adaptarse a las necesidades de cada alumno. Enseñar no es una tarea que empiece y que termine en las aulas, empieza en la preparación de las clases, en la coordinación con otros docentes, en la personalización
de las enseñanzas a cada alumno y en la atención a las familias. Y para todo esto, señorías, hace falta tiempo.
La ley también actúa en materia de ratios en los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, el número de alumnos por aula. Lo hace con carácter general y va más lejos todavía en los centros y con el alumnado que más lo necesitan.
Existe un amplio consenso en que unas ratios razonablemente dimensionadas favorecen la atención al alumnado y la aplicación de los principios de la educación inclusiva. Reducir el número de alumnos en el aula disminuye también la carga al
profesorado, puesto que tiene un efecto positivo en su bienestar y en su satisfacción profesional, reduce el estrés asociado a la preparación de clases y a la corrección de trabajos, y facilita el crecimiento profesional del docente y también su
implicación en la vida del centro. Además, numerosas investigaciones muestran que las aulas más pequeñas hacen que el alumnado participe más y compensan de alguna forma las desigualdades de origen y hacen que cada alumno o alumna se sienta más
incluido y valorado. Por eso, señorías, el presente proyecto de ley establece un máximo de veintidós alumnos por aula en educación primaria y de veinticinco en educación secundaria obligatoria. Las comunidades autónomas pueden establecer ratios
inferiores y completar o mejorar esta regulación.
Ahora bien, esta ley va más allá. Reducir ratios tiene un impacto donde más se necesita, en centros con alumnado muy diverso, con necesidades especiales, con dificultades lingüísticas o situaciones en entornos socialmente complejos, y ahí
la ley actúa con especial intensidad. El alumno con necesidades educativas especiales contará como dos plazas a la hora de calcular la ratio máxima en las aulas ordinarias. También se identificarán los centros que más lo necesiten, los que
escolarizan a más alumnado con necesidades de apoyo, especialmente los situados en zonas de complejidad social o los que necesitan mejorar sus resultados y reducir el abandono escolar. Se actuará sobre ellos de forma específica, adaptando sus
ratios y dotándolos de los medios necesarios, y el Gobierno fijará las condiciones mínimas de apoyos especializados para que todos los centros sean inclusivos y garantes de calidad y equidad. La ley presta atención específica también al ámbito
rural, con criterios que favorezcan que el alumnado permanezca en el sistema educativo. Todo ello se aplicará, siguiendo un calendario gradual y realista, desde el curso 20272028 hasta la plena implantación en el curso 20312032, coincidiendo con la
caída demográfica que se viene produciendo desde el año 2009.
Esta ley ha recorrido el camino que debe recorrer una buena ley antes de llegar a esta Cámara. En primer lugar, ha sido negociada con los sindicatos en la mesa de negociación del personal docente no universitario, conforme a lo que exige el
Estatuto Básico del Empleado Público. Ha sido también consultada con las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación y ha contado con el informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y también con
la aprobación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El Consejo Escolar del Estado emitió el dictamen correspondiente y se garantizó la participación de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia
e información pública.
Termino, señorías.
Esta ley da respuesta a una mejora de las condiciones de los y las docentes, que durante años ha quedado pendiente y que hoy puede por fin convertirse en una realidad. La educación pública de un país vale lo que valen sus docentes y los
docentes valen lo que el sistema es capaz de ofrecerles. Esta ley mejora ese sistema de forma concreta y equitativa: fija un máximo de veintitrés horas lectivas semanales para el profesorado de infantil, primaria y especial, y de dieciocho horas
lectivas para el resto de las enseñanzas, reduce el número máximo de alumnos por aula a veintidós en educación primaria y a veinticinco en educación secundaria obligatoria, establece que el alumno con necesidades educativas especiales compute como
dos plazas, prevé medidas específicas para los centros ubicados en zonas de especial complejidad social y garantiza que, allí donde las ratios no puedan aplicarse por las características del centro, las Administraciones compensen con recursos
humanos adicionales. El profesorado lleva años esperando esta mejora, una mejora que permite culminar la reversión de unas medidas que fueron concebidas como excepcionales y también vinculadas a una coyuntura económica concreta. Los profesores,
profesoras, maestros y maestras de este país respondieron con ejemplaridad en los momentos más difíciles de la pandemia y merecen que esta Cámara esté a la altura de su compromiso. Por eso, llego aquí con una convicción y también con una propuesta:
la convicción de que esta ley es justa y la propuesta de que la mejoremos juntos y juntas.
El trámite parlamentario que comienza hoy es precisamente, señorías, el momento en que el texto puede mejorar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Este Gobierno no tiene todas las respuestas, pero entre todos y todas
podemos encontrarlas porque lo que compartimos en esta Cámara es más importante que lo que nos separa: la defensa de la enseñanza pública, la mejora de las condiciones del profesorado y el éxito educativo del alumnado. Les propongo, señorías, que
avancemos juntos y juntas en eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Arratsalde on.
Buenas tardes a todas y a todos, señora ministra.
Gure taldeak osoko zuzenketa hau aurkezten du, ez hezkuntza indartzeko beharra zalantzan jartzen duelako eta gutxiago irakasleen baldintzak hobetzearen aurka dagoelako. Errealitatea da Euskadik dagoeneko egin duela erreforma honek hasi nahi
duen bidearen zati handi bat. Gure erakundeek Estatuko batez bestekoa baino inbertsio ahalegin handiagoa egiten dute, bai hezkuntzara bideratutako Barne Produktu Gordinaren ehunekoari dagokionez, bai ikasle bakoitzeko gastuari dagokionez. Gainera,
ikastetxe, lurralde eta hezkuntza komunitate bakoitzaren behar espezifikoei erantzuteko politika propioak aspalditik garatu ditugu. Horregatik, gure desadostasuna ez dago soilik proposatzen diren aldaketetan, baizik eta lege honen oinarrian dagoen
ikusmoldean eta legea egiteko moduan. Horiek dira gure desadostasunaren oinarrian dauden arrazoiak. Horregatik, beraz, gure osotasuneko emendakin hau.
Nuestro grupo presenta esta enmienda a la totalidad, pero no porque pongamos en duda la necesidad de reforzar el sistema educativo y aun menos porque estemos en contra de mejorar las condiciones laborales del profesorado. La realidad es que
el País Vasco ya ha hecho una gran parte de lo que pretende esta reforma. Nuestras instituciones hacen un esfuerzo de inversión mayor, tanto en cuanto al porcentaje del PIB que se le dedica como en cuanto a la inversión por alumno. Para responder
a las necesidades territoriales hemos dado respuesta desde hace tiempo y por ello no estamos de acuerdo no solo en las modificaciones, sino en la perspectiva básica de la ley y en la manera de hacerla. Esas son nuestras razones para no estar de
acuerdo y, por ello, hemos presentado esta enmienda a la totalidad.
Permítame, señora ministra, empezar por lo esencial, Euskadi es competente en materia educativa. El artículo 16 del estatuto de autonomía establece que corresponde a la Comunidad del País Vasco la enseñanza en toda su extensión: niveles,
modalidades y especialidades, lo que incluye la capacidad de organizar y desarrollar su propio sistema educativo en función de sus necesidades y su realidad social. Por su parte, el marco constitucional reconoce la libertad de elección de las
familias en la posibilidad de optar entre distintos modelos educativos.
Sin embargo, el Gobierno del Estado ha elaborado esta propuesta como si las comunidades autónomas, y Euskadi en particular, fueran simples ejecutoras de decisiones adoptadas previamente, pero Euskadi no lo es. En lugar de impulsar desde el
inicio un proceso de colaboración real entre Administraciones, se ha optado por diseñar una reforma en Madrid para luego trasladarla a los territorios. Euskadi no debe ser consultada únicamente cuando el texto ya está cerrado. Debe participar
desde el principio en la definición de las políticas que después tendrá que aplicar. La cooperación institucional exige diálogo entre iguales, no la mera comunicación de decisiones previamente adoptadas. Y ahí radica uno de los principales
problemas de esta ley.
Por otra parte, resulta significativo que, aun habiendo sido registrada una enmienda a la totalidad por parte de un grupo como el mío, el Gobierno no haya abierto espacios de diálogo ni haya buscado vías para algún tipo de acuerdo. No se
han molestado ni en intentar persuadirnos, ha preferido confiar en que grupos parlamentarios ajenos a la mayoría de investidura votarían en contra de esta enmienda, presentada por una de las fuerzas que ha sostenido al Ejecutivo.
Para quienes creemos en el autogobierno y no en las imposiciones desde Madrid las competencias no son una cuestión meramente administrativa, son la herramienta que permite adaptar las posibilidades y las políticas públicas a la realidad de
cada sociedad. Por eso rechazamos que decisiones que afectan de forma directa a nuestro sistema educativo se adopten sin contar desde el inicio con las instituciones que tienen la responsabilidad de gestionarlo. Y precisamente esa ausencia de
colaboración es la que explica muchas de las limitaciones que presenta esta ley. Y se lo digo también a grupos vascos, que en Euskadi defienden los ámbitos vascos de decisión y luego, en Madrid, se olvidan de ello. Esa misma carencia se aprecia en
el diálogo social. El proyecto se apoya en acuerdos alcanzados con organizaciones cuya presencia en el ámbito educativo vasco es muy limitada. Se ha negociado con actores que no reflejan adecuadamente la pluralidad ni la especificidad de la
representatividad existente de Euskadi.
Resulta difícil entender cómo puede aspirarse a construir una reforma sólida cuando no participan plenamente ni las instituciones responsables de aplicarla ni los agentes que representan a una parte fundamental de la comunidad educativa
vasca. Porque la realidad educativa del Estado no es homogénea, existen diferencias demográficas, geográficas, lingüísticas, sociales y organizativas y existen soluciones adaptadas a cada territorio. Pretender que todos los sistemas educativos
requieran las mismas respuestas supone ignorar esa diversidad. Euskadi ha desarrollado durante décadas un modelo educativo propio, fruto de acuerdos políticos, sociales y culturales, construidos desde el autogobierno, y creemos que ese esfuerzo
merece respeto. Es un modelo en el que convive una red pública fuerte -pilar esencial del derecho a la educación y que cuenta con todo nuestro apoyo- y una amplia red concertada que cumple una función relevante y que también contribuye a garantizar
ese derecho a la libre elección de las familias. A ello se suman nuestros modelos lingüísticos, las opciones bilingües y trilingües y un desarrollo curricular acorde a la realidad lingüística, cultural y social vasca. Esta convivencia entre
modelos constituye una de las características propias de nuestro sistema y ha sido construida desde el consenso social e institucional y ha permitido combinar calidad educativa, libertad de elección de las familias y cohesión social.
Esta reforma no reconoce suficientemente esta diversidad, señora ministra. Al contrario, responde a una lógica uniformizadora que ignora el trabajo realizado por aquellos sistemas que ya han desarrollado instrumentos eficaces para alcanzar
los objetivos que ahora pretende generalizar con este proyecto de ley. Lejos de reforzar el
camino emprendido por Euskadi, esta ley interfiere en este camino, limitando la capacidad de seguir avanzando mediante políticas diseñadas desde el conocimiento directo de nuestra realidad educativa. A ello se suma una cuestión que no puede
pasarse por alto, el impacto económico de esta reforma.
No discutimos que haya que invertir más en educación; al contrario, Euskadi lleva años demostrando ese compromiso. Lo que cuestionamos es que se impongan nuevas obligaciones sin acordar antes cómo se van a financiar. El proyecto incorpora
nuevas obligaciones organizativas y nuevos compromisos de gasto que deberán ser asumidos en gran medida por las comunidades autónomas. Estas exigencias se han definido sin una negociación previa suficiente con las Administraciones responsables de
financiarlas y de ejecutarlas. Además, no se ha considerado suficientemente cómo estas nuevas obligaciones afectan a sistemas educativos con características propias como el vasco, donde conviven diferentes redes y modelos educativos que requieren
una planificación y una asignación de recursos adaptadas a esa realidad. Nos encontramos, una vez más, ante una dinámica conocida: el Estado decide qué debe hacerse y las comunidades autónomas deben asumir posteriormente las consecuencias
presupuestarias de estas decisiones.
El Gobierno justifica la viabilidad presupuestaria de parte de estas medidas en la reducción progresiva del alumnado derivado de la baja natalidad. Sin embargo, aunque esa circunstancia pueda aliviar determinadas presiones organizativas,
sería deseable que la norma viniera acompañada de una financiación adecuada por parte del Estado para cubrir el incremento de los costes de personal y garantizar una aplicación efectiva en todos los territorios.
Además, algunas de las medidas que se presentan como grandes avances ya forman parte desde hace tiempo de la realidad educativa vasca. Determinadas mejoras en materia de horarios, bienestar docente, organización de centros o condiciones
laborales, llevan años desarrollándose mediante acuerdos propios adaptados a nuestras necesidades. La propia reducción de jornada lectiva constituye un buen ejemplo. En Euskadi, la jornada lectiva quedó limitada, hace años ya, a dieciocho horas
semanales en Educación Secundaria, y a veintitrés horas en Educación Primaria. Incluso, se redujo posteriormente a diecisiete horas semanales en secundaria mediante acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales que sí tienen
representatividad en Euskadi. Por eso, nos preocupa especialmente la imposición de criterios rígidos y homogéneos en cuestiones como las ratios escolares.
Además, conviene recordar que Euskadi ya venía aplicando de manera voluntaria ratios inferiores en varios niveles educativos y que, en términos generales, las ratios por aula se sitúan por debajo de los límites establecidos actualmente en la
normativa estatal. Sobre el papel puede parecer una medida sencilla, pero en la práctica la realidad es mucho más compleja. ¿Qué ocurre en un centro rural que supera por unos pocos alumnos el límite establecido? ¿Qué sucede cuando no existen
espacios disponibles para abrir nuevas aulas? ¿Qué respuesta se ofrece a las familias cuando una norma diseñada de forma uniforme entra en conflicto con las necesidades concretas de cada municipio? La educación no puede gestionarse exclusivamente
desde parámetros generales, necesita flexibilidad, capacidad de adaptación y cercanía a la realidad de los centros. Esa preocupación se refleja también con la disposición adicional única del proyecto, que encomienda al ministerio la regulación de
los indicadores de vulnerabilidad de los centros y de las condiciones mínimas de los apoyos educativos especializados. Esta previsión es una centralización improcedente de competencias vinculadas a la planificación educativa específica, ámbito en
el que las comunidades autónomas cuentan con experiencia, capacidad de gestión y conocimiento directo de la realidad de sus centros.
Por ello, consideramos imprescindible reforzar la participación autonómica en la elaboración de estos indicadores y criterios. No basta con una mera consulta formal cuando las decisiones afectan directamente a competencias que corresponden
a las comunidades autónomas, sino que debemos avanzar y pasar de un modelo basado en la previa consulta a otro basado en el previo acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Solo así podrá garantizarse una auténtica toma de
decisiones colegiada
entre el Estado y las comunidades autónomas, evitando imposiciones unilaterales y fortaleciendo la cooperación institucional que requiere una política educativa eficaz.
Esan bezala, autonomiaerkidegoekiko lankidetza falta horrek azaltzen ditu proiektu honen gabezia asko. Izan ere, hezkuntza sistemaren beharrak ondoen ezagutzen dituztenak, egunez egun kudeatzen dituzten erakundeak baitira. Datuek erakusten
dute euskal hezkuntza ereduak emaitza positiboak izan dituela. Horrek ez du esan nahi dena eginda dagoenik, ezta gutxiagorik ere, eta ezta erronkarik falta ez denik ere. Horrek esan nahi du badagoela ibilbide propio bat adostasunetik eta
autogobernutik eraikitako bide propio bat, eta, inongo zalantzarik gabe, kontuan hartu beharko zenuketena. Hau da, hartu behar duzuena. Horregatik guztiagatik, hezkuntza, autonomia eta euskal autogobernua defendatzen ditugulako, proiektu hau
gobernuari itzul dadin eskatzen dugu.
Eskerrik asko.
Como mencionaba, falta colaboración con las comunidades autónomas y ello explica muchas de estas deficiencias. Las necesidades educativas de los territorios las conocen mejor las instituciones que trabajan con ello en el día a día. Los
datos muestran que nuestro sistema funciona. Eso no significa que esté todo hecho, ni mucho menos -y no es que no falten desafíos-, esto significa que hay un itinerario propio basado en el autogobierno, en las decisiones propias y es algo que
deberían tener en cuenta.
Por todo ello, por la autonomía educativa y porque defendemos el autogobierno, le pedimos al Gobierno que retire esta ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señor Agirretxea.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra por el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya el senyor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bona tarda, senyories.
Bona tarda, ministra.
Inicio la defensa de la nostra esmena a la totalitat a aquest projecte de llei dient que la presentem perquè excedeix clarament a les competències estatals, perquè vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya, perquè
desnaturalitza el concepte constitucional de legislació bàsica, perquè altera profundament el seu model de distribució territorial del poder i perquè vulnera els principis de lleialtat institucional i autonomia financera. La presentem per tot això
i no per una oposició als objectius de fons que persegueix el text, perquè millorar les condicions del professorat, reduir les ràtios o reforçar el sistema educatiu són objectius ben legítims, molts, fins i tot, poden ser compartits. La nostra
discrepància, ministra, és una altra. La discrepància és constitucional i estatutària, perquè no estem davant una simple discrepància política sobre l'abast d'una reforma educativa. Estem davant una qüestió que afecta directament el model
territorial dissenyat per la seva Constitució i desenvolupat pel nostre Estatut d'Autonomia, per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'article 131 de l'Estatut atribueix a la Generalitat competències exclusives en l'ordenació del sistema educatiu,
la política del personal docent i l'organització dels centres. I, senyories, aquest marc competencial no pot quedar desplaçat pel simple fet que l'Estat legisli mitjançant una llei orgànica. Perquè, com va recordar la sentència 137/1986, la llei
orgànica no constitueix per ella mateixa un títol competencial autònom. La jurisprudència constitucional ha estat clara en afirmar que l'article 149.30 de la Constitució només habilita l'Estat a regular aquells aspectes directament vinculats al
desenvolupament del dret a l'educació i a les condicions d'obtenció, d'expedició i homologació de títols acadèmics. I així ho va assenyalar també la sentència 77/1985, i ho va reiterar la sentència 137 de 1986, quan advertien que l'Estat no disposa
d'una competència general sobre l'ordenació del sistema educatiu. I encara n'hi ha més. El mateix Consell de Garanties Estatutàries, en el dictamen 7/2012, ja va concloure que la determinació de la jornada lectiva del professorat no forma part de
les competències bàsiques de l'Estat derivades de l'article 149.1.18 de la Constitució sobre el règim estatutari
dels funcionaris, sinó que correspon a la Generalitat, en l'exercici de la seva competència sobre la política de personal de l'Administració educativa.
Per tant, quan aquest projecte pretén regular amb detall aspectes organitzatius i laborals del personal docent, no està establint unes bases comunes. El que està fent és esgotar l'espai normatiu autonòmic, convertint una competència
constitucionalment compartida en una competència materialment exclusiva de l'Estat. I això, des del nostre punt de vista, desnaturalitzar el mateix concepte constitucional de legislació bàsica i al mateix temps altera l'equilibri territorial que la
seva Constitució, com els deia, i el nostre Estatut garanteixen o haurien de garantir.
Saben que Junts l'autogovern de Catalunya no el defensem només quan convé o quan és políticament rendible. Junts el defensem sempre. I aquest projecte de llei no és res més que un nou exemple d'una manera de legislar que s'ha convertit en
habitual en aquesta cambra, governin els de la bancada de la dreta o governin els de la bancada de l'esquerra. Aquest projecte de llei no fa res més que aprofundir en la tendència recentralitzadora que fa anys que denunciem. Un cop més ho fa sota
conceptes com bases, igualtat o condicions bàsiques. El Govern de l'Estat, així acaba regulant de manera exhaustiva aspectes que no li corresponen, que corresponen a les comunitats autònomes.
I saben què els diem? Que ja n'hi ha prou d'aquesta barra lliure on l'Estat imposa i les comunitats autònomes paguen i callen. A Catalunya estem cansats de pagar i no decidir. Per això, tenim l'obligació de plantar cara a una tendència
que malauradament es va imposant amb el temps, amb la voluntat de les majories i el silenci d'uns i la posada de perfil d'altres que avui haurien d'estar al nostre costat.
Cada reforma educativa estatal ha anat ampliant una mica més el concepte de legislació bàsica. Cada nova llei ha anat concretant més i més els detalls, convertint una competència que constitucionalment és compartida en una competència, com
els deia, que a la pràctica és exclusiva o s'atribueixen com a exclusiva de l'Estat. Les comunitats autònomes deixem de decidir per convertirnos en simples aplicadors de les seves decisions, com els deia el ponent que m'ha precedit. I això, per
nosaltres, és incompatible amb la naturalesa política de l'autonomia i és, evidentment, incompatible amb la vocació que Junts per Catalunya tenim d'un autogovern ambiciós al que no posem mai límits.
Però, senyories, no només és això. Hi ha una altra qüestió igualment preocupant. Perquè malgrat la pluja de milions recitada a títol de propaganda per la ministra, aquest projecte no només envaeix competències, també trasllada costos. El
preàmbul afirma alegrement, com alegrement ho fan el president Sánchez i tots els ministres d'aquest govern i ho ha fet aquest dematí també algun diputat de SUMAR, que la situació financera de les comunitats autònomes ha millorat significativament,
com si això volgués dir res. Però ho diuen, però no aporten cap estudi rigorós, cap memòria territorialitzada, cap quantificació seriosa del seu impacte econòmic real. I, tanmateix, imposa. Imposa obligacions que tenen cost econòmic, el cost
econòmic amb el que sempre veten qualsevol proposició o esmena d'aquest grup. El que dèiem, l'Estat decideix i les comunitats autònomes executen, paguen i, sobretot, callen. I això no és lleialtat institucional, ministra, això és
irresponsabilitat. No és admissible que qui no assumeix el cost sigui qui adopta unilateralment les decisions. I encara és menys admissible que aquells que han d'executarles i finançarles no participin realment de la seva definició.
Senyories, com els deia al començar, no discutim la necessitat de reforçar el sistema educatiu ni la importància de millorar les condicions del professorat. El que discutim és la manera que vostès tenen de fer les coses. Qüestionem que una
vegada més, es pretengui construir un model uniforme des de Madrid, ignorant la realitat competencial, la diversitat dels sistemes educatius i l'autogovern reconegut per la seva pròpia constitució. I sorprèn, o no, que això es faci sense cap piulí
a la majoria de diputats dels que avui conformen el tripartit català, aquells que van fer president el senyor Illa, que ho van fer per un resultat que -també val la pena recordarho- va ser fruit de l'adulteració de la campanya electoral catalana.
Ho recorden? Aquella adulteració protagonitzada pels dies de falsa reflexió del president Sánchez. Així que, davant un govern català que va arribar a autoanomenantse de la gestió amb majúscules, però que ha resultat ser el de la gestió en
minúscules, que
ha convertit la Generalitat en una gestoria d'Espanya incapaç de defensar Catalunya i evitar la invasió competencial, ja estem nosaltres aquí amb aquesta esmena a la totalitat per defensar els interessos del nostre país. Però, és clar, què
n'havíem d'esperar d'un govern que té en peu de guerra a la majoria dels seus mestres i professors? No és millor el govern socialista que tenim allà que el govern socialista que tenim aquí.
I, en aquest sentit, em permetran acabar expressant, en nom de Junts per Catalunya, un cop més, el suport als mestres i professors emprenyats i mobilitzats. Perquè tenim més ben dit, alguns tenen, l'escola catalana al límit. Suport als
mestres i professors que surten al carrer no per interès propi, sinó perquè fa massa temps que se'ls demana sostenir amb vocació allò que el Govern Illa no és capaç de sostenir ni amb recursos ni amb respecte.
Senyors socialistes, Catalunya, els seus mestres i el conjunt dels seus ciutadans necessiten menys propaganda, menys màrqueting, menys submissió a Espanya i més compromís amb el país i la seva gent, més compromís amb una escola catalana
forta, de qualitat i, ara més que mai, en català.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes, ministra.
Empiezo la defensa de nuestra enmienda a la totalidad de este proyecto de ley diciendo que la presentamos porque excede claramente las competencias estatales, porque vulnera las competencias de la Generalitat de Catalunya, porque
desnaturaliza el concepto constitucional de la legislación básica, porque altera profundamente su modelo de distribución territorial del poder, y porque vulnera los principios de lealtad institucional y de autonomía financiera. La presentamos por
todo ello, y no por una oposición a los objetivos de fondo que persigue el texto, porque mejorar las condiciones del profesorado, reducir las ratios o reforzar el sistema educativo son objetivos bien legítimos; muchos, incluso, pueden ser
compartidos. Nuestra discrepancia, ministra, es otra. La discrepancia es constitucional y estatutaria, porque no nos hallamos ante una simple discrepancia política sobre el alcance de una reforma educativa, nos hallamos ante una cuestión que
afecta directamente al modelo territorial diseñado por su Constitución y desarrollado por nuestro estatuto de autonomía, por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El artículo 131 del estatuto atribuye a la Generalitat competencias exclusivas en la
ordenación del sistema educativo, la política de personal docente y la organización de los centros. Y, señorías, este marco competencial no puede quedar desplazado por el simple hecho de que el Estado legisle mediante una ley orgánica porque, como
recordó la Sentencia 137/1986, la ley orgánica no constituye por sí misma un título competencial autónomo. La jurisprudencia constitucional ha sido clara a la hora de afirmar que el artículo 149.1.30.ª de la Constitución solo habilita al Estado a
regular aquellos aspectos directamente vinculados al desarrollo del derecho a la educación y a las condiciones de obtención, de expedición y homologación de títulos académicos. Así lo señaló también la Sentencia 77/1985 y lo reiteró la Sentencia
137/1986, cuando advertían de que el Estado no cuenta con una competencia general sobre el ordenamiento del sistema educativo. Y aún hay más, el propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, en el Dictamen 7/2012 ya
concluyó que la determinación de la jornada lectiva del profesorado no forma parte de las competencias básicas del Estado que se derivan del artículo 149.1.18.ª de la Constitución sobre el régimen estatutario de los funcionarios, sino que
corresponde a la Generalitat en el ejercicio de su competencia sobre la política de personal de la Administración educativa.
Por lo tanto, cuando este proyecto pretende regular en detalle aspectos organizativos y laborales del personal docente no está estableciendo unas bases comunes, lo que está haciendo es agotar el espacio normativo autonómico, convirtiendo una
competencia constitucionalmente compartida en una competencia materialmente exclusiva del Estado. Y eso, desde nuestro punto de vista, desnaturaliza el propio concepto constitucional de la legislación básica y, al mismo tiempo, altera el equilibrio
territorial que su Constitución -como les decía- y nuestro estatuto garantizan, o deberían garantizar.
Saben que en Junts el autogobierno de Cataluña no lo defendemos solo cuando nos conviene o cuando es políticamente rentable, en Junts lo defendemos siempre. Y este proyecto de ley no es más que un nuevo ejemplo de una forma de legislar que
se ha convertido en algo habitual en esta Cámara, gobiernen los de la bancada de la derecha o gobiernen los de la bancada de la izquierda. Este proyecto de ley no hace más que profundizar en la tendencia recentralizadora que hace años que venimos
denunciando. Una vez más lo hace al amparo de conceptos como bases, igualdad o condiciones básicas. El Gobierno del Estado así acaba regulando de forma exhaustiva aspectos que no le corresponden, que corresponden a las comunidades autónomas.
¿Y saben qué les decimos? Que ya basta de esta barra libre en la que el Estado impone y las comunidades autónomas pagan y callan. En Cataluña estamos cansados de pagar y no decidir. Por eso, tenemos la obligación de plantar cara a una
tendencia que, desgraciadamente, se va imponiendo con el tiempo, con la voluntad de las mayorías y con el silencio de unos y de otros, que se ponen de perfil y que hoy tendrían que estar a nuestro lado.
Cada reforma educativa estatal ha ido ampliando un poco más el concepto de legislación básica. Cada nueva ley ha ido concretando más y más los detalles, convirtiendo una competencia que constitucionalmente es compartida en una competencia
-como les decía- que en la práctica es exclusiva o se atribuye como exclusiva el Estado. Las comunidades autónomas dejamos de decidir para convertirnos en simples aplicadores de sus decisiones, como les decía el diputado que me ha precedido. Y eso
para nosotros es incompatible con la naturaleza política de la autonomía, y es evidentemente incompatible con la vocación que tenemos en Junts per Cataluña de un autogobierno ambicioso al que nunca ponemos límites.
Pero, señorías, no es solo eso, hay otra cuestión igualmente preocupante, porque, a pesar de la lluvia de millones recitada a título de propaganda por la ministra, este proyecto no solo invade competencias, también traslada costes. El
preámbulo afirma alegremente, como alegremente lo hacen el presidente Sánchez y todos los ministros de este Gobierno -y lo ha hecho esta mañana también algún diputado de SUMAR-, que la situación financiera de las comunidades autónomas ha mejorado
significativamente, como si eso quisiera decir nada. Lo dicen, pero no aportan ningún estudio riguroso, ninguna memoria territorializada, ninguna cuantificación seria de su impacto económico real y, aun así, imponen obligaciones que tienen coste
económico, el coste económico con el que siempre vetan cualquier proposición o enmienda de este grupo. Lo que decíamos: el Estado decide y las comunidades autónomas ejecutan, pagan y, sobre todo, callan. Y eso no es lealtad institucional,
ministra, eso es irresponsabilidad. No es admisible que quien no asume el coste sea quien adopta unilateralmente las decisiones, y aún es menos admisible que los que deben ejecutarlas y financiarlas no participen realmente en su definición.
Señorías, como les decía al empezar, no discutimos la necesidad de reforzar el sistema educativo ni la importancia de mejorar las condiciones del profesorado. Lo que discutimos es la forma que tienen ustedes de hacer las cosas.
Cuestionamos que, una vez más, se pretenda construir un modelo uniforme desde Madrid ignorando la realidad competencial, la diversidad de los sistemas educativos y el autogobierno reconocido por su propia Constitución. Y sorprende, o no, que todo
esto se haga sin que rechiste ni un solo diputado de los que hoy conforman el tripartito catalán. Aquellos que hicieron presidente al señor Illa lo hicieron por un resultado -también vale la pena recordarlo- que fue fruto de la adulteración de la
campaña electoral catalana. ¿Lo recuerdan? Aquella adulteración protagonizada por los días de reflexión falsa del presidente Sánchez. Así, un Gobierno catalán que llegó autodenominándose 'el de la gestión en mayúsculas', ha resultado ser el de la
gestión en minúsculas, que ha convertido la Generalitat en una gestoría de España incapaz de defender Cataluña y de evitar la invasión competencial. Ya estamos nosotros aquí con esta enmienda a la totalidad para defender los intereses de nuestro
país. Pero, claro, ¿qué podíamos esperar de un Gobierno que tiene en pie de guerra a la mayoría de sus maestros y profesores? No es mejor el Gobierno socialista que tenemos allí que el Gobierno socialista que tenemos aquí.
En este sentido, me van a permitir concluir expresando en nombre de Junts per Catalunya, una vez más, el apoyo a los maestros y profesores enfadados y movilizados, porque tenemos, mejor dicho, algunos tienen la escuela catalana al límite;
apoyo a profesores y maestros que salen a las calles no solo por interés propio, sino porque hace demasiado tiempo que se les pide sostener con vocación aquello que el Gobierno de Illa no es capaz de sostener ni con recursos ni con respeto.
Señores socialistas, Cataluña, sus maestros y el conjunto de sus ciudadanos necesitan menos propaganda, menos marketing, menos sumisión a España y más compromiso para con el país y sus gentes, más compromiso con una escuela catalana fuerte,
de calidad y, ahora más que nunca, en catalán.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Muchas gracias, señor Cervera.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lloc, la senyora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
Senyories, l'escola pública està al límit de la seua capacitat humana i això, en estos moments, no és una metàfora. És una descripció literal del que està passant cada dia en els centres educatius. Al País Valencià, com sabeu, la comunitat
educativa porta setmanes en peu, perquè no els queda marge, perquè el professorat ha convertit la resistència en rutina i això en realitat és molt greu. Vol dir que allò excepcional s'ha normalitzat. Vol dir aules que funcionen gràcies a l'esforç
personal i no a l'estructura del sistema. Sostindre l'escola pública s'ha convertit en una suma d'heroïcitats personals i quotidianes que no apareixen ni en cap pressupost ni en cap memòria ni en cap PowerPoint de gestió de l'Administració, en el
nostre cas de la Generalitat Valenciana. Però és que clar, la dreta, la dreta que ens governa al nostre país, no tenen ni idea del que està passant i no tenen ni idea del que significa defensar l'educació pública. I no tenen ni idea, perquè no han
aixafat mai una aula com un espai de treball real, perquè no duen els seus fills i les seues filles a les escoles públiques, perquè no han hagut d'afrontar grups amb diversitat extrema sense recursos suficients en les aules i perquè no han viscut la
sensació de no arribar a tots. I vos ho dic jo, que soc una persona que visc rodejada de persones docents en l'educació pública valenciana.
I això té una lectura política molt important. I és que hi ha qui parla de drets des de la comoditat d'haverlos tingut sempre garantits, persones que no han hagut de lluitar cada dia, com la majoria de les classes treballadores. Per això
el professorat valencià sí que ha tingut la capacitat de defensar el que volen i estan fentho no només com una protesta. En estos moments és una diagnosi col·lectiva del que està passantnos. Estan dient que el sistema ja no aguanta més, ja no
aguanta més si no equilibrem les ràtios, el temps i l'atenció real al conjunt de l'alumnat. I això passa al País Valencià, també passa a Catalunya, passa a Aragó, a Madrid, amb totes les mobilitzacions que estem veient en tot l'Estat. Passa en el
zero a tres anys, on les educadores -acabe ja, presidenta- sostingudes amb condicions límit, estan dient el mateix: que no es pot cuidar el futur, que no podem cuidar els xiquets i xiquetes amb condicions que no cuiden a les educadores. Per això
esta llei, la tramitació d'aquesta llei importa amb totes les esmenes per a defensar les competències dels territoris que calga, perquè el que estan dient i estan fent el professorat, és cert: l'escola pública no es defensa sola. L'hem de defensar
el conjunt de persones i que creguem en una educació pública de qualitat i, en el meu cas, en valencià.
Gràcies.
Gracias, presidenta.
Señorías, la escuela pública está al límite de su capacidad humana, y eso en estos momentos no es una metáfora, es una descripción literal de lo que está sucediendo cada día en los centros educativos. En el país valencià, como saben, la
comunidad educativa lleva semanas en pie, porque es que ya no les queda margen, porque el profesorado ha
convertido la resistencia en rutina, y eso en realidad es muy grave, quiere decir que lo excepcional se ha normalizado, quiere decir que hay aulas que funcionan gracias al esfuerzo personal y no a la estructura del sistema. Sostener la
escuela pública se ha convertido en una suma de heroicidades cotidianas que no aparecen en ningún presupuesto, en ninguna memoria y en ningún PowerPoint de gestión de la Administración, en nuestro caso de la Generalitat Valenciana. Pero, claro, la
derecha, la derecha que nos gobierna en nuestro país, no tiene ni idea de lo que está pasando, no tiene ni idea de lo que significa defender la educación pública, y no tiene ni idea porque no ha entendido nunca un aula como un espacio de trabajo
real, porque no lleva a sus hijos y a sus hijas a los colegios públicos, porque no ha tenido que afrontar grupos de diversidad extrema sin recursos suficientes en las aulas y porque no ha vivido la sensación de no llegar a todos. Y se lo digo yo,
que soy una persona que vive rodeada de personal docente en la educación pública en Valencia.
Eso tiene una lectura política muy importante, y es que hay quien habla de derechos desde la comodidad de haberlos tenido siempre garantizados, personas que nunca han tenido que luchar por ellos cada día, como la mayor parte de la clase
trabajadora. Por eso, el profesorado valenciano sí que ha tenido la capacidad de defender lo que quiere, y lo están haciendo no solo como una protesta, es un diagnóstico colectivo en estos momentos de lo que está pasándonos. Están diciendo que el
sistema ya no aguanta más si no reequilibramos las ratios, el tiempo y la atención real al conjunto del alumnado. Y eso sucede en el país valencià, en Cataluña, en Aragón y en Madrid, en todas las movilizaciones que estamos viendo en todo el
Estado. Pasa en 0 a 3 años, donde las educadoras -acabo ya, presidenta-, sostenidas en condiciones límite, están diciendo lo mismo: que no se puede cuidar el futuro, que no podemos cuidar a niños y niñas en condiciones que no cuidan a las
educadoras. Y por eso la tramitación de esta ley importa, con todas las enmiendas para defender las competencias de los territorios que hagan falta, porque lo que está diciendo el profesorado es cierto, y es que la escuela pública no se defiende
sola, tenemos que defenderla el conjunto de personas que creemos en una educación pública de calidad y, en mi caso, en valenciano.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.
Muchas gracias, señora Micó.
Tiene la palaba el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Moi boa tarde.
Señora ministra, acho que hoxe ninguén cuestiona que un menor número de alumnos e alumnas por aula permite unha atención máis personalizada, reduce o estrés e a carga docente e favorece a aprendizaxe. Sabémolo os e as docentes e sábeno as
administracións competentes e sábeo tamén o conxunto da sociedade. Se non se avanzou máis até agora é porque nin sempre as prioridades están claras ou son consensuadas. Para uns, especialmente para o Partido Popular, a prioridade é favorecer o
ensino privado e iso destina inxentes cantidades de recursos públicos que deberían ir para mellorar o ensino público, por exemplo, baixando ratios. Para outros -e aquí caben tanto o PP como o Partido Socialista- é prioritario gastar recursos
esenciais en comprar bombas, tanques, cazas, mísiles, en vez de destinalos a educación ou a sanidade.
En todo caso, a proposta que hoxe debatemos de reducir o horario lectivo e ratios é positiva, aínda que sexa insuficiente e poida ser criticada por falta de diálogo con forzas políticas e administracións competentes. Insuficiente porque
está ben baixar a ratio por aula a 22 en primaria e a 25 en secundaria, mais esquecen facer o propio na educación infantil, onde a atención personalizada é máis necesaria e mesmo no bacharelato, onde conforme á norma estatal continúa situada en 35,
en 35, 33 actualmente na Galiza pendente dun calendario para poder reducila a 30, calendario que a Consellería do Partido Popular está demorando porque na realidade non ten interese en que sexa aplicada na Galiza.
A mellora das condicións dos docentes e da docencia leva sido xa motivo de varias xornadas consecutivas de folga masiva do profesorado lideradas polo sindicato maioritario e a Confederación Intersindical Galega CIG Ensino. E fronte a isto,
o Partido Popular continúa desprezando as reivindicacións xustas que contribuirían a mellorar a calidade do ensino no noso país. Por principio, e acabo, non nos gusta que sexa o Estado o que obrigue asumindo competencias que non lle corresponden
porque debería ser a administración galega que actuase. Por iso traballamos para que se non o fai esta do Partido Popular, moi axiña haxa a fronte de Galiza un goberno diferente con interese en defender e mellorar o ensino público. Mais hoxe
estamos diante dunha proposta que mellora e, por tanto, imos votar a favor.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes.
Señora ministra, considero que hoy nadie cuestiona que un menor número de alumnos y alumnas por aula permite una atención más personalizada, reduce el estrés, la carga docente y favorece el aprendizaje. Lo sabemos las docentes, las
Administraciones competentes y también el conjunto de la sociedad. Si no se avanzó más hasta ahora fue porque no siempre las prioridades estuvieron claras o fueron consensuadas para unos, especialmente para el Partido Popular. La prioridad es
favorecer la enseñanza privada, a donde destina ingentes cantidades de recursos públicos que deberían ir a mejorar la enseñanza pública, por ejemplo, bajando ratios. Para otros -y aquí caben tanto PP como Partido Socialista- es prioritario gastar
recursos esenciales en comprar bombas, tanques, cazas o misiles, en lugar de destinarlos a educación o sanidad.
En todo caso, la propuesta que hoy debatimos de reducir el horario lectivo y ratios es positiva, aunque sea insuficiente y pueda criticarse por falta de diálogo con fuerzas políticas y Administraciones competentes. Es insuficiente, porque
está bien bajar la ratio por aula a veintidós en primaria y a veinticinco en secundaria, pero se olvidan de hacer lo mismo en la educación infantil, donde la atención personalizada es más necesaria, y también en el bachillerato, donde, conforme a la
norma estatal, sigue situada en treinta y cinco -en treinta y cinco-, treinta y tres actualmente en Galicia, con un calendario para poder reducirla a treinta. Calendario que la consellería del Partido Popular está demorando, porque en realidad no
tiene interés en que se aplique.
En Galicia, la mejora de las condiciones de los docentes y de la docencia lleva siendo motivo de varias jornadas consecutivas de huelga masiva del profesorado, lideradas por el sindicato mayoritario Confederación Intersindical Galega,
CIGEnsino. Frente a esto, el Partido Popular sigue despreciando reivindicaciones justas que contribuirían a mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país.
Por principio -y acabo-, no nos gusta que sea el Estado el que obligue y asuma competencias que no le corresponden, porque debería ser la Administración gallega la que actuase. Por eso trabajamos, para que, si no lo hace esta del Partido
Popular, muy pronto haya al frente de Galicia un Gobierno diferente, con interés en defender y mejorar la enseñanza pública. Pero hoy estamos ante una propuesta que mejora y, por tanto, vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.
Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
El 20 de noviembre del año 2011 se celebraron elecciones generales en España y el Partido Popular de Rajoy ganó con mayoría absoluta. ¿Se acuerda, ministra, cuánto tardó el Partido Popular en destrozar la escuela pública y en subir las
ratios? Cinco meses. Repito, cinco meses. El 20 de abril del año 2012 el Partido Popular aprobó un real decreto-ley de recortes en educación pública que destrozó nuestra escuela, y ustedes han tardado ocho años -ocho años, repito- en traer no un
real decreto ley, sino un proyecto de ley
para rebajar las ratios en el curso 20312032. Yo creo -y se lo digo sin sorna, ministra- que no se puede tomar a la gente por tonta, no se puede. Explíquenos con qué votos va a sacar adelante usted este proyecto de ley si Junts está
pidiendo elecciones generales y el Partido Nacionalista Vasco unos presupuestos generales del Estado imposibles. Creo que la situación de la educación pública en España es muy seria y que no se puede tomar el pelo a la gente.
Yo hoy tengo un mensaje para la comunidad educativa, para las profes y los profes que están dando una lección de dignidad con la vaga indefinida en el país valencià, en Cataluña, en Aragón, en Madrid; para las educadoras infantiles de la
Comunidad de Madrid, que llevan dos meses y medio en huelga indefinida; y también para las compañeras de Galicia, que han dado una lección de dignidad. Hay un camino para mejorar la educación pública en España, pero no es el camino que señala el
Gobierno del Partido Socialista, sino volver a hacer política en primera persona, como está haciendo la comunidad educativa, que se ha echado a las calles y que va a empezar el curso educativo con huelgas indefinidas. Es un camino difícil, es un
camino sin atajos, pero la lucha siempre sirve. El ejemplo de la Comunidad Valenciana es evidente: se ha conseguido más de un Gobierno del Partido Popular peleando en las calles con esa huelga indefinida, que de un Gobierno del Partido Socialista.
(Aplausos).
La gente está profundamente decepcionada, ministra. Yo creo que haber delegado en el Partido Socialista la consecución de los objetivos de transformación ha sido un error y que cada vez más gente se está dando cuenta. Ojalá la gente pelee
en primera persona para volver a hacer posible lo que nos dicen que es imposible.
Termino. Le pregunto, ministra, a qué están esperando para echar a la calle a ese policía que le reventó la nariz a una profesora jubilada, que lo único que estaba haciendo era defender los derechos de sus compañeras. (Aplausos). Ese
señor violento tenía que haber sido expulsado del cuerpo inmediatamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Ministra andrea, jaunandreok, gaur eztabaidatzen ari garen lege proiektuak hezkuntza komunitateak urte luzez aldarrikatu dituen bi gai jorratzen ditu: ratioen murrizketa eta irakasleen lanbaldintzen hobekuntza. Euskal Herria Bildutik
aurrerapauso gisa ikusten dugu, eta hala da, bere egiten duelako ageri agerikoa izan beharko lukeen ideia bat. Hezkuntzaren kalitatea, gure hezkuntza sistemei egunero eusten dietenen lanbaldintzen araberakoa ere badela. Irakasleen ikastordu karga
murriztea eta ikasgelako ikasle kopurua gutxitzea neurri positiboak dira. Eskolak prestatzeari, irakasleen arteko koordinazioari, arreta indibidualizatua eta familiekin egin beharreko lanari denbora gehiago ematea ahalbidetzen dute, eta, batez ere,
funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztietan hezkuntza inklusiboago, bidezkoago eta kalitate handiagoko baterantz aurrera egitea.
Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, el proyecto de ley que debatimos hoy aborda dos cuestiones que la comunidad educativa ha reivindicado durante muchos años: se trata de la reducción de ratios y la mejora de las condiciones laborales del
profesorado. En Euskal Herria Bildu esto lo vemos como un avance, y lo es, porque hace suya una idea que debería ser evidente: la calidad de la educación también depende de las condiciones laborales de quienes sostienen a diario nuestro sistema
educativo. Reducir la carga lectiva del profesorado y reducir el número de alumnos y alumnas por aula son medidas positivas y, además, permiten dedicar más tiempo a la preparación de las clases, a la coordinación entre el profesorado, a la atención
individualizada y al trabajo con las familias, y sobre todo en todos los centros educativos financiados con fondos públicos, permite avanzar hacia una educación más inclusiva, equitativa y de mayor calidad.
Por eso Euskal Herria Bildu va a mantener una actitud favorable hacia la tramitación de esta iniciativa, siempre que se respeten escrupulosamente nuestras competencias exclusivas en la materia, y es por lo que velaremos durante la
tramitación de este proyecto de ley, si es que se lleva a cabo. Velaremos por que el Gobierno del Estado no invada competencias que no le corresponden, por que no se sobrelegisle y por que no haya intentos de uniformización. Es decir, por que solo
se establezcan las bases sobre las que cada comunidad autónoma pueda trabajar para mejorarlas, adecuándolas a sus diferentes realidades. Entendemos que ese es el espíritu de la ley y por eso mismo compartimos muchas de las preocupaciones que el
Grupo Vasco plantea en su enmienda a la totalidad. De hecho, creemos que es crucial que este proceso se lleve a cabo en cooperación con las Administraciones competentes y también con las organizaciones sociales y sindicales representativas en cada
comunidad autónoma, tomando conciencia de la situación y de las singularidades de cada una de ellas y analizando cómo superar las dificultades tanto de financiación como de organización o planificación que un proceso tan complejo como este pueda
acarrear. Por esa misma complejidad, consideramos que es un proceso que debe llevarse a cabo con tranquilidad, progresiva y planificadamente, en plazos que se puedan cumplir y garantizando su viabilidad presupuestaria para que sea asumible por las
Administraciones competentes y no acaben quedando en papel mojado.
De cualquier modo, no creemos que esas sean barreras infranqueables. Es cuestión de voluntad política, y asumimos que la tienen. Por lo tanto, como decíamos, favoreceremos la tramitación del proyecto de ley y votaremos en contra de las
enmiendas a la totalidad presentadas.
Ahora bien, señorías del Grupo Vasco, nos ha sorprendido gratamente que hayan apuntado la necesidad de trabajar esta propuesta en cooperación con las organizaciones sindicales representativas del sector en la Comunidad Autónoma vasca. Es
decir, con la mayoría sindical vasca. Y decimos que nos ha sorprendido gratamente porque estamos convencidas de que si se lo están exigiendo al Ministerio de Educación -cosa que nos parece perfecta-, será porque por fin han tomado ustedes la
decisión de hacer lo propio en los acuerdos de cualquier sector que se tome en la comunidad autónoma que ustedes gobiernan y acordarán siempre con la mayoría sindical vasca. Si eso es así, créanme, señorías, la mayoría sindical vasca se alegrará,
al menos, tanto como nosotras.
Eta lege proiektura itzuliz, esan dugun bezala, aurrerapausoa dela uste badugu ere, gabezia garrantzitsuak dituela ere iruditzen zaigu, tartean anbizio falta. Hezkuntza sistemak dituen erronka askotarikoez hitz egin genezake, eta legearen
izapidetzean egingo dugu, aurrera egiten badu behintzat. Baina gaur hiru elementutan jarri nahi dugu arreta. Lehenengoa eskola segregazioa da. Segregazioa gaur egun hezkuntza desberdintasunaren eragile nagusietako bat da, eta badakigu egoera
horrek milaka haur eta gazteren hezkuntza aukerak sakon baldintzatzen dituela. Ildo horretan, proiektuak aitortzen du ikastetxe batzuek baliabide gehigarriak eta ratioen egokitzapena behar dituztela. Urrats positiboa da, baina ez da nahikoa.
Volviendo al proyecto de ley, como hemos dicho antes, consideramos que es un paso adelante, pero también encontramos carencias muy importantes, entre ellas una clara falta de ambición. Podríamos hablar de numerosos retos de diversa índole
en el ámbito de la educación -y lo haremos en la tramitación del proyecto de ley, si es que avanza-, pero hoy queremos centrarnos en tres elementos. El primer elemento es la segregación escolar. Hoy en día, la segregación es uno de los principales
causantes de la desigualdad educativa, y sabemos que esta situación condiciona profundamente las posibilidades educativas de miles de niños, niñas y jóvenes. En este sentido, este proyecto reconoce que algunos centros necesitan recursos adicionales
y también adecuación de ratios. Este es un avance positivo, pero no es suficiente.
Porque no podemos hablar de equidad únicamente desde la reducción general de ratios. Debemos hablar también de cómo distribuimos las oportunidades educativas, de cómo distribuimos los recursos y de cómo potenciar una escolarización
equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, para dar un marco habilitador a las
comunidades autónomas, algunas de las cuales, de hecho, ya están intentando poner medidas contra la segregación escolar, como la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo.
Bigarren elementua bilakaera demografikoa da. Testuak jaiotze tasaren beherakada eta ikasle kopuruaren murrizketa progresiboa aipatzen ditu, baina batez ere, ratio berriak aplikatzea erraztuko duen faktore gisa. Gure ustez, askoz ere
garrantzitsuagoa den zerbaiten aurrean gaude. Jaiotza kopuruaren jaitsierak gure hezkuntza sistemak hobetzeko aukera eskaintzen du.
El segundo elemento es la evolución demográfica. El texto habla de la caída de la natalidad y de la progresiva reducción del número de alumnos y alumnas, pero lo hace, sobre todo, como un factor que facilitará la aplicación de nuevas
ratios. Y pensamos, sin embargo, que estamos ante algo mucho más relevante. El descenso del número de nacimientos ofrece la posibilidad de mejorar nuestros sistemas educativos.
Durante años hemos escuchado que reducir ratios era difícil por razones presupuestarias o de planificación. Hoy disponemos de una circunstancia objetiva que permite hacerlo de forma gradual y sostenible. La pregunta es sencilla: ¿vamos a
utilizar el descenso demográfico para recortar recursos, para cerrar aulas y para desplazar a profesorado y alumnado, como pretendía hacer, por ejemplo, el Gobierno de Nafarroa? ¿O vamos a utilizarlo para mejorar la calidad de la educación?
Nuestra respuesta es clara: debemos aprovechar esta realidad para reforzar la atención personalizada, para consolidar plantillas, para fortalecer la educación inclusiva y para garantizar, por ejemplo, la existencia de escuelas en el medio rural y
en aquellas zonas donde la escuela constituye un elemento esencial de cohesión social y territorial. Porque la caída de la natalidad no debe traducirse en menos escuelas, sino en mejor escuela. Este es un aspecto que corresponde eminentemente a
los Gobiernos de las comunidades autónomas, pero creemos que en la redacción de esta ley debería ser también tenido en cuenta.
Y un tercer elemento que también consideramos fundamental es la educación infantil. Si existe una etapa decisiva para combatir desigualdades, para favorecer el desarrollo integral de los y las niñas y para garantizar la igualdad de
oportunidades, esa es la educación infantil. Sin embargo, el proyecto deja esta etapa pendiente de una regulación posterior.
Desde Euskal Herria Bildu defendemos que la etapa 06 debe ser concebida como una etapa educativa única, coherente y plenamente integrada en las políticas públicas de educación. Por ello, creemos que la ley debería incorporar de manera
expresa objetivos de mejora de ratios y recursos tanto para el primer ciclo, de 0 a 3 años, como para el segundo ciclo, de 3 a 6 años. Porque la igualdad de oportunidades no comienza ni a los 6 años ni a los 3: comienza el primer día de vida.
Amaitzeko, jaunandreok, uste dugu lege hau bere eskumen esparrua gainditzen ez badu, norabide egokian emandako aurrerapausoa izan daitekeela. Irakasleen eskubideak aitortzen ditu, ratioak murrizten ditu, hezkuntza inklusioaren printzipioa
indartzen du, ikasleen arreta hobetzen du, baina legearen izapidetze parlamentarioa anbizio handiagoz jokatzeko erabili beharko genukeela ere uste dugu. Anbizio hori txertatzeko gai bagara, etorkizuneko erronkei erantzuteko bidezkoagoa,
inklusiboagoa eta prestatuagoa egongo den hezkuntza eraikitzen ariko gara.
Besterik ez.
Eskerrik asko.
Y para terminar, señorías, creemos que esta ley, si no trasciende su ámbito competencial, puede ser un avance en la dirección correcta. Reconoce los derechos del profesorado, reduce ratios, refuerza el principio de inclusión educativa y
mejora la atención al alumnado. Pero deberíamos aprovechar esta tramitación parlamentaria de la ley para ser mucho más ambiciosos. Si somos capaces de incorporar esta ambición para responder a los retos del futuro, estaremos construyendo un
sistema educativo que sea más justo, inclusivo y preparado.
Nada más.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Fullaondo.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Estrems Fayos.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, moltes gràcies.
Abans d'entrar en el fons del debat, vull deixar clar que, des d'Esquerra Republicana, compartim plenament la necessitat de millorar les condicions de la docència en tot el seu conjunt i això comporta que, evidentment, compartim també la
voluntat de reduir les ràtios a les aules, que només és una petita part de les reivindicacions dels i les mestres. No tenim cap problema amb l'objectiu que inspira aquesta iniciativa. De fet, fa molts anys que defensem que una reducció de ràtios
facilita una atenció més personalitzada, afavoreix la inclusió educativa i permet als professionals desenvolupar millor la seva feina. L'educació és probablement una de les polítiques públiques que més condicionen el futur d'una societat. Quan
parlem d'escola, quan parlem de les condicions en què treballen els docents o de les oportunitats que oferim als nostres infants i joves no estem discutint un tema concret o sectorial. Estem discutint sobretot sobre quin model de societat volem
construir.
Ara bé, dit això, hem de ser honestos, senyora ministra. Els reptes que avui té l'educació no es resolen només modificant una xifra en una llei. I si alguna cosa hem après de les últimes setmanes escoltant la comunitat educativa catalana
és precisament això. Els i les mestres, els professors i les professores, els equips directius, les famílies i els representants sindicals no es limiten a sortir als carrers a Catalunya a reclamar la reducció del nombre d'alumnes per aula. Ens
parlen de les dificultats per desplegar una escola inclusiva amb garanties. Ens parlen de la manca de professionals de suport. Ens parlen de la necessitat de reforçar els serveis d'orientació i atenció educativa, dels centres d'alta complexitat,
que continuen assumint reptes enormes, amb recursos insuficients i que van veure fa uns mesos com el Govern de Salvador Illa els retallava les educadores socials i les tècniques d'inclusió. I ens parlen, sobretot, de la necessitat de dignificar una
professió, que fa massa anys ha hagut de suportar retallades, sobrecàrregues i manques de reconeixement.
De fet, amb el cap ben alt, vull dir que ha estat Esquerra Republicana qui s'ha deixat la pell a Catalunya durant anys per revertir unes retallades brutals del Govern d'Artur Mas, de Convergència i Unió. Ha sigut Esquerra Republicana qui
s'ha encarregat d'arremangarse en plenes demandes del sector educatiu per aconseguir uns pressupostos de la Generalitat amb 500 milions d'euros per satisfer les demandes del col·lectiu i que el PSC no tingui cap excusa per no ferho. I ho recordo
perquè sovint és fàcil compartir els objectius, però és molt més difícil posarhi recursos. I nosaltres hem demostrat que quan hem tingut capacitat de fer ho hem prioritzat l'educació pública. Precisament per això no ens preocupa que aquest
projecte de llei plantegi objectius que poden ser compartibles però que no resolgui de manera satisfactòria una qüestió essencial, que és com es finançaran.
Senyories, reduir ràtios no és gratis. Reduir ràtios implica contractar més docents, crear nous grups, habilitar nous espais, adaptar les infraestructures i assumir una despesa estructural que es mantindrà durant molts anys. Tot i així,
una vegada més tenim la sensació que l'Estat fixa unes obligacions mentre deixa a mans de les comunitats autònomes bona part de l'esforç necessari per ferles efectives. Un cop més, vostès conviden a la festa i nosaltres paguem el sopar. Però no
només hi ha un problema d'ambició i de recursos. Hi ha un altre tema que saben que, per nosaltres, és igualment important. L'educació és una competència que Catalunya exerceix de manera àmplia i consolidada. És la Generalitat qui coneix la
realitat dels centres, qui planifica la xarxa educativa, qui distribueix els recursos i qui ha de donar la resposta a les necessitats concretes del territori. Per això, ens preocupa la tendència del seu govern a ampliar progressivament l'abast de
la regulació bàsica fins a entrar en àmbits que afecten directament a la capacitat de planificació dels territoris. No ho diem perquè ens oposem a la reducció de ràtios. De fet, la nostra posició o la posició d'Esquerra Republicana és més exigent
que la que planteja el mateix projecte de llei. Fa temps que defensem que a primària hauríem d'avançar cap a ràtios de màxim vint alumnes per aula.
Però una cosa és compartir un objectiu i l'altra és acceptar que les decisions es prenguin cada vegada més lluny dels centres que després les han d'aplicar. Les necessitats educatives no són iguals a tot arreu. No són iguals en una escola
rural que en un institut de l'àrea metropolitana. No són iguals en un centre amb elevada complexitat social que en un centre amb una realitat completament diferent. I precisament per això pensem que les polítiques educatives necessiten proximitat,
flexibilitat i capacitat d'adaptació. També pensem que aquest debat hauria de ser molt més ambiciós. Si volem parlar seriosament de qualitat educativa, hem de parlar de segregació escolar, d'inclusió, de salut mental, de lluita contra
l'abandonament escolar, de recursos per als centres amb més dificultats i de la dignificació de la professió docent. Les ràtios formen part de la solució, és cert, però no són la solució.
Per tot això, el nostre grup té clar que aquest projecte de llei que planteja el Govern no pot veure la llum tal i com vostès l'han redactat, però també creiem que la resposta adequada no seria impedirne la tramitació, perquè hi ha una
aspiració legítima de millorar les condicions de la docència i una demanda real a continuar reduint les ràtios -això és cert- i perquè pensem que el tràmit parlamentari és on precisament s'ha de fer tota aquesta feina.
Moltes gràcies.
Muchas gracias.
Antes de entrar en el fondo del asunto, quisiera dejar claro que en Esquerra Republicana compartimos plenamente la necesidad de mejorar las condiciones de la docencia en todo su conjunto. Todo ello comporta, evidentemente, que también
compartimos la voluntad de reducir las ratios en las aulas, que solo es una pequeña parte de las reivindicaciones de los y las maestras. No tenemos ningún problema con este objetivo y esta iniciativa. Hace muchos años que defendemos una reducción
de ratios, lo cual mejora la atención personalizada y permite a los profesionales desarrollar mejor su trabajo. La educación, probablemente, es una de las políticas públicas que más condicionan el futuro de una sociedad. Cuando hablamos de
escuela, cuando hablamos de las condiciones en las que trabajan los docentes o de las oportunidades que ofrecemos a nuestros niños y jóvenes, no discutimos un tema concreto sectorial. Estamos hablando, sobre todo, de qué modelo de sociedad queremos
construir.
Dicho esto, hemos de ser honestos. Los retos de la educación de hoy no se resuelven solo modificando un artículo de una ley. Si hemos aprendido algo de las últimas semanas escuchando a la comunidad educativa catalana es precisamente esto.
Los y las maestras, profesores y profesoras, equipos directivos, familias y representantes sindicales no se limitan a salir a la calle en Cataluña para pedir la reducción de los alumnos en las aulas. Nos hablan de las dificultades para desplegar
una escuela inclusiva con garantías; nos hablan de la falta de profesionales de apoyo, de la necesidad de reforzar los servicios de orientación y atención educativa, de los centros de alta complejidad que continúan enfrentando retos sin recursos
suficientes -hace poco vimos cómo el Gobierno trabajador del señor Illa les aplicaba recortes-; y, sobre todo, nos hablan de la necesidad de dignificar una profesión que hace demasiados años ha debido soportar sobrecargas, recortes y falta de
reconocimiento.
Quisiera decir que es Esquerra Republicana quien se dejó la piel en Cataluña durante años para revertir los recortes brutales del Gobierno de Mas y Convergència i Unió. Fue un Gobierno de Esquerra quien se ha encargado de intentar conseguir
unos presupuestos de la Generalitat con 500 millones de euros para satisfacer las demandas del colectivo, y el PSC no tuvo ninguna excusa para no hacerlo. Lo recuerdo porque, a menudo, es fácil compartir los objetivos, pero es mucho más difícil
poner recursos. Nosotros hemos demostrado que cuando hemos tenido capacidad de hacerlo, hemos dado prioridad a la educación pública. Precisamente por eso no nos preocupa que este proyecto de ley plantee objetivos que podemos compartir, pero que no
resuelve de forma satisfactoria una cuestión esencial. A saber: cómo se van a financiar.
Señorías, reducir ratios no sale gratis. Reducir ratios implica contratar más docentes, habilitar nuevos espacios, habilitar las infraestructuras y asumir un gasto estructural que se va a mantener durante años. Así y todo, una vez más,
tenemos la sensación de que el Estado fija unas obligaciones mientras deja a las comunidades autónomas buena parte del esfuerzo necesario para hacerlos efectivos. Una vez más, ustedes invitan a la fiesta y nosotros pagamos la cena. Pero no solo
hay un problema de ambición y de recursos. Hay otro tema que saben que para nosotros es igualmente importante. A saber: la educación es una competencia que Cataluña ejerce de forma amplia y consolidada. Es la Generalitat quien conoce la realidad
de los centros, quien planifica la red educativa, quien distribuye los recursos y quien debe dar respuesta a las necesidades concretas del territorio. Por eso, nos preocupa la tendencia de su Gobierno a ampliar progresivamente el alcance de la
regulación básica hasta entrar en ámbitos que afectan directamente a la capacidad de planificación de los territorios. Y no lo decimos porque nos opongamos a la reducción de ratios. De hecho, la postura de Esquerra Republicana es más exigente que
la que plantea el propio proyecto de ley. Hace tiempo que defendemos que en primaria deberíamos dirigirnos a una ratio como máximo de veinte alumnos por aula.
Pero una cosa es compartir un objetivo y otra es aceptar que las decisiones se tomen cada vez más lejos de los centros que luego las tienen que aplicar. Las necesidades educativas no son las mismas en todas partes. No es lo mismo una
escuela rural que un instituto del área metropolitana. No son iguales en un centro con mucha complejidad social que en un centro con una realidad completamente distinta. Por eso pensamos precisamente que las políticas educativas necesitan
proximidad, flexibilidad y también capacidad de adaptación. También creemos que este debate debería ser mucho más ambicioso. Si queremos hablar seriamente de calidad educativa, debemos hablar de segregación escolar, de inclusión, de salud mental,
de lucha contra el abandono escolar, de recursos para centros con más dificultades y de la dignificación de la profesión docente. Las ratios forman parte de la solución, cierto, pero no son la solución.
Por todo eso, nuestro grupo tiene claro que este proyecto de ley que plantea el Gobierno no puede ver la luz tal y como ustedes lo han redactado. Pero también creemos que la respuesta adecuada no sería impedir su tramitación, porque hay una
aspiración legítima de mejorar las condiciones de la docencia y una demanda real de continuar reduciendo las ratios, eso es cierto, y porque pensamos que es en el trámite parlamentario donde precisamente hay que hacer todo ese trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Estrems.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Valero Morales.
El señor VALERO MORALES: Buenas tardes, señorías. Imagino que en ayunas la mayoría.
Cuando hablamos de educación sé de lo que hablo. Como profesor de enseñanza pública y padre de dos niñas, sé del poder democratizador de la escuela pública, porque cuando se la ataca y se la debilita, se debilita y se ataca a la democracia
misma. Por eso vaya por delante el reconocimiento a quienes luchan por la escuela pública, al profesorado que está ocupando las calles y que no se resigna (aplausos), a esas madres y padres que pelean por que sus hijos con necesidades tengan la
atención que merecen, a esas trabajadoras de educación infantil de 0 a 3 años, a ese personal técnico de integración social que sufre la precariedad en los colegios andaluces aunque sostiene la inclusión, a esas plataformas por la bioclimatización
de los centros educativos porque es un derecho, a esos sindicatos que están detrás de todas y cada una de esas luchas y, cómo no, a todos esos y esas profesionales que cada día cruzan la puerta de un centro educativo para dar lo mejor de ellos
mismos, de ellas mismas, porque saben que entre sus manos está lo más preciado de este país: las jóvenes generaciones que han de construir el futuro. (Aplausos).
El derecho a la educación es un derecho humano fundamental y en nuestro país solo se ha materializado con plenitud en democracia. Insisto en esta relación, porque la calidad de la escuela pública mide la calidad de la democracia y porque
precisamente quienes quieren atacar la democracia a lo primero que apuntan es a la educación inclusiva, a la escuela pública, a maestros y a maestras. Durante la Transición, en muchos pueblos y en muchos barrios de nuestro país la gente interpretó
que luchar por la democracia era luchar por derechos concretos -votar en libertad, tener un colegio público digno para sus hijos e hijas, tener un centro de salud-, y he de decir que aquella intuición era acertada, porque el progreso social que se
ha experimentado en este país en las últimas décadas no se entendería sin la fortaleza de servicios públicos como la escuela pública, que ha brindado oportunidades a los hijos e hijas de la clase trabajadora, que ha mitigado desigualdades y que ha
contribuido a modernizar el modelo productivo. Sin embargo, políticas neoliberales y fuerzas reaccionarias en este país y en otros países han visto claramente cómo la escuela pública era un obstáculo en su proyecto de sociedad excluyente y
clasista, y las consecuencias de esas políticas neoliberales se expresan en los tres grandes problemas que tiene hoy nuestro sistema educativo.
Primero, el profesorado sufre cada vez peores condiciones a la par que se espera más de ellos en aulas más diversas y exigentes, salarios reales estancados, jornadas extenuantes, estresantes, y, cómo no, una enorme carga burocrática que está
haciendo que caigan en el pesimismo y la desafección. Segundo, la inclusión educativa está en cuestión. La escuela pública no es el hogar de la diversidad que debería ser cuando al alumnado con más necesidades se le lleva al rincón de la clase por
falta de atención. Por lo tanto, la escuela pública es la que se ha de adaptar a las necesidades del alumno y de la alumna para superar esas barreras y evitar que quede excluida del aprendizaje. Y tercero, las cifras advierten una clara tendencia
a la privatización. Mientras que en la OCDE el 84,9 % del alumnado está en la escuela pública, en nuestro país apenas el 68 %. Es decir, la educación infantil de 0 a 3 está en manos de las empresas; la Formación Profesional es hoy el nicho de
negocio de los fondos de inversión, y, mientras que en la enseñanza primaria y secundaria se están cerrando aulas públicas, aumentan los conciertos, la inmensa mayoría con la Iglesia católica. Como consecuencia, más privatización, confesionalidad y
segregación. (Aplausos). Y esto contrasta con el hecho de que los países con mejores resultados educativos son los que más protagonismo dan a la escuela pública.
Este proyecto de ley no va a resolver estos tres grandes problemas, pero avanza en la buena dirección. Este proyecto de ley va a contracorriente de los recortes y de las políticas neoliberales. Frente a la concepción de la educación como
un negocio, la educación como un derecho. Y también va a contracorriente de la batalla cultural que libra la ultraderecha. Frente a esa estigmatización de la educación inclusive del profesorado, nosotros queremos más inclusión y dignificar la
escuela pública. Es un proyecto de ley que plantea cuestiones de justicia y de sentido común. Medidas de mejora de la docencia, reduciendo la jornada lectiva y acabando con esta situación de desigualdad entre el profesorado de distintas
Administraciones educativas. Mejorar las condiciones del profesorado es mejorar la educación para todos y todas. Reducir el número máximo de alumnos y alumnas por aula y, muy especialmente, computar doble al alumnado que presente necesidades
educativas especiales, porque resulta que el 75 % de este alumnado con más necesidades está en la escuela pública. Esto fortalece la escuela pública. Donde hay más atención habrá más igualdad. Y, cómo no, mejorar la atención específica del
alumnado fijando esos indicadores de referencia para adoptar medidas concretas y regulando las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados que respondan a la diversidad del alumnado. Porque la diversidad no es un problema que
gestionar, es una riqueza que atender.
PNV y Junts nos presentan enmiendas a la totalidad con discrepancias de orden estatutario. Frente a lo que plantean sus enmiendas a la totalidad, considero que en este proyecto de ley el Estado garantiza un suelo de derechos, no un modelo
único. Ni uniformización ni vaciado de contenido. Se trata de establecer estándares de calidad esenciales porque el Estado tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones
básicas, y hay jurisprudencia. El Tribunal Constitucional considera en las sentencias 68/2021 y 132/2019 -literal- que este tipo de medidas son un instrumento legítimo para asegurar la cohesión y la equidad del sistema en su conjunto.
Por lo tanto, señorías, este proyecto de ley debe tramitarse. Tiene que mejorarse y tiene que aprobarse finalmente tras su tramitación. Demos hoy este primer paso. Mejorar las condiciones de la escuela pública es fortalecer la democracia,
porque no hay democracia plena cuando el futuro de los niños y las niñas ya está establecido en su código postal. Porque no hay democracia plena cuando al profesorado se le exige cada vez más y se le reconoce menos. Votemos pensando en ellos,
votemos pensando en ellas. Cuando gana la escuela pública, gana la democracia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Valero.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. (Aplausos).
El señor ROBLES LÓPEZ: Señorías, buenas tardes.
El Grupo Vasco y Junts se oponen a esta reforma, pero no por su contenido, sino porque invade el marco competencial. A nosotros no nos gusta en modo alguno este proyecto de ley, pero tampoco nos gusta que tengan ese marco competencial.
Estas enmiendas a la totalidad son prueba de que los grupos separatistas no tienen ningún interés en la enseñanza más allá de su utilización para difundir mentiras, tergiversaciones históricas orientadas a generar odio a España, así como el fomento
de su ideología separatista. (Aplausos).
Algunos ejemplos de esto. Señores del Grupo Vasco, ¿qué está pasando con los estudiantes que hicieron la prueba de acceso a la universidad según el modelo A, de enseñanza en español, que han conseguido varias series de ceros cuando en otras
asignaturas, como matemáticas o física, tenían muy buenas notas? ¿Están mandando el mensaje de que para entrar en la universidad hace falta saber euskera? Por no mencionar el desastre que tienen ustedes en Cataluña y en el País Vasco en relación
con las notas de las pruebas externas, que el Partido Nacionalista Vasco ha solucionado de un modo muy original: como los resultados son desastrosos, han decidido que no se vuelven a presentar a esas pruebas. Y, en cuanto a las evaluaciones
internas, lo que hacen es no publicarlas. Además, la vergüenza en Cataluña y en el País Vasco de la inmersión lingüística, que obliga a los alumnos hispanohablantes a recibir clases en un idioma extraño, alumnos que además pertenecen a los estratos
menos pudientes de estas regiones, y todo esto construido sobre la mentira de una lengua vernácula como lengua vehicular. Ayer decía el ministro Bolaños que no se preocupasen ustedes, que en los juicios todo el mundo va a poder expresarse en su
lengua materna. Pues, en el País Vasco, la lengua materna de los vascos es en un 90 % de los casos el español. (Aplausos).
Y es curioso que ahora se opongan a una reforma no porque su contenido material no les convenza, sino solo porque invade el marco competencial. Curioso, porque no faltan ejemplos en los últimos treinta años de decretos y leyes que,
invadiendo las competencias autonómicas, han sido, sin embargo, votados favorablemente tanto por el PNV como por Junts, antes Convergència. En 1994, con Convergència como socio indispensable del Gobierno del PSOE de Felipe González, votaron a favor
de la flexibilización del mercado laboral, que uniformaba los criterios laborales a escala nacional, a cambio, por supuesto, de la cesión del 15 % del IRPF y de la gestión de la seguridad ciudadana mediante la sustitución de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado por los Mossos d' Esquadra, así como garantías para el modelo de inmersión lingüística. También apoyaron la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, de principios de 1996. Votaron favorablemente a cambio de concesiones
fiscales, cuando la invasión competencial era obvia, puesto que los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña establecen que la ordenación de la actividad económica comercial es competencia exclusiva de estas autonomías. Grotesco, porque un
año después se opusieron a esa misma ley que habían votado favorablemente. En 2010, bajo el Gobierno del 'señor de los anillos' -es decir, el señor Zapatero- (risas y aplausos), PNV y Convergència i Unió apoyaron la reforma de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante; una ley impulsada por el Gobierno de Zapatero que
también invadía el marco competencial al mantener un fuerte control centralizado de las tasas y de la coordinación estatal a través del organismo Puertos del Estado. Lo aceptaron, claro, con la condición de que se incrementara el peso de
estas regiones en la elección directa de los presidentes de las autoridades portuarias. En 2009 apoyaron el rescate de las cajas de ahorros y su reestructuración por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, cuando las cajas de ahorros eran
una competencia exclusiva de las autonomías y especialmente protegidas en los estatutos de autonomía vasco y catalán. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que se blindara la estructura interna de las cajas del País Vasco, como el BBK, o de la Caixa
en Cataluña, suerte que no corrieron otras cajas. Finalmente, apoyaron la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro en 2012, que intervenía de facto la autonomía fiscal y de gasto de todas las comunidades autónomas, incluida la suya,
obligándolas a cumplir el techo de gasto señalado por el Gobierno central. Pero ¿hubo alguna prebenda a cambio? Pues sí. A pesar de que el Partido Popular gozaba de mayoría absoluta, ustedes le concedieron ampliar el plazo para reducir su
endeudamiento -de ocho a veinte años-, la salvaguarda de las competencias autonómicas y la asistencia financiera con el Fondo de Liquidez Autonómico.
PNV y Junts se oponen a esta ley y aducen que se entromete en su marco competencial, cuando en estas ocasiones señaladas no tuvieron ningún problema en pasarse ese marco competencial por el arco del triunfo. (Aplausos). La misión de estos
grupos separatistas, como es obvio, no es otra que sacar tajada de los débiles Gobiernos nacionales, sean estos del PSOE o del Partido Popular. Así que nos queda una duda y también una certeza. La duda es si estas enmiendas de totalidad obedecen a
su interés por desmarcarse de un Gobierno que no puede ya ni disimular su pestilente corrupción o si se trata de que no han conseguido que el PSOE les ofrezca alguna prebenda económica a cambio del apoyo a sus propuestas, como vienen haciendo a lo
largo de esta legislatura, perjudicando al resto de regiones españolas. La certeza que tengo es que estos dos grupos separatistas no están aquí para defender un mínimo de prudencia política. Es que ni siquiera están para defender el marco
autonómico con sus competencias propias, sino para parasitar a la nación española cambiando de chaqueta según convenga (aplausos), admitiendo la invasión del marco competencial cuando interesa y aprovechando la absoluta falta de patriotismo del
Partido Popular y del PSOE, que no tienen ningún empacho en pactar con los enemigos de la nación a cambio de seguir ejercitando el poder con vistas a mantener sus redes clientelares y su corrupción sistémica. Nosotros no apoyamos esta ley, pero
estamos dispuestos a que se tramite y enmendarla.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Señora presidenta, ministra, señorías, vaya papelón que nos han traído hoy tanto Junts como el Grupo Vasco. Han demostrado claramente que no están a la altura de lo que demanda la educación pública en España.
Francamente, las enmiendas a la totalidad que presentan no buscan mejorar este proyecto de ley. Lo que hacen es rechazarlo en bloque, y con ello dan la espalda a medidas educativas ampliamente demandadas por el profesorado y más que necesarias en
el sistema educativo. Conviene decirlo con absoluta claridad: una enmienda a la totalidad no es una crítica constructiva, es una devolución completa del texto y eso resulta difícil de justificar cuando estamos ante una ley trabajada, dialogada y
con un amplio respaldo social e institucional. Sí, institucional. (Aplausos). La reducción de ratios y de horas lectivas forma parte de la legislación básica del Estado, señorías. No supone una invasión competencial ni una recentralización, por
mucho que ustedes se empeñen en repetir; supone garantizar un suelo común de derechos y condiciones en todo el territorio. Y sorprende, por ello, que quienes presumen de tener sistemas educativos avanzados en sus comunidades ahora rechacen medidas
que van precisamente en la línea de mejorar la calidad y, desde luego, refuerzan la equidad en nuestro sistema. Y tampoco es cierto que este proyecto no parta
del diálogo. Se ha abordado en la conferencia sectorial, y ustedes lo saben perfectamente. Se ha contado, por supuesto, con el aval del Consejo Escolar del Estado, del que también forman parte los consejos escolares autonómicos. Se ha
dialogado con las mayores representaciones sindicales de nuestro país, a quienes, por cierto, aprovecho para saludar hoy, ya que se encuentran con nosotros, en la tribuna de invitados. Y ha habido diálogo con cada uno de los grupos parlamentarios.
Así que no nos mientan, porque se ha hablado con ustedes, con cada uno de los grupos parlamentarios (el señor Agirretxea Urresti hace signos negativos), antes de que hubiese finalizado el proceso de registro en esta Cámara.
Esta norma mejora el sistema educativo en su conjunto, porque actúa donde verdaderamente se construye la educación: en las aulas. Y lo hace a través de tres ejes fundamentales: la bajada de la ratio, la mejora de las condiciones del
profesorado y el refuerzo de la equidad, con especial atención a los contextos vulnerables.
En primer lugar, la bajada de las ratios. Reducir el número de alumnos por aula no es una consigna política en absoluto, es una medida avalada por la evidencia educativa. Menos alumnado significa una mejor atención individualizada, un
mejor seguimiento del aprendizaje y una mayor capacidad para detectar las dificultades tempranas de aprendizaje. Pero esta ley va un paso más allá. No solo fija una mejora general de la ratio, sino que prevé una reducción más intensa en los
entornos educativos de mayor complejidad social, que, por cierto, es donde la concentración de dificultades exige más recursos y más apoyo. Rechazar este proyecto implica renunciar tanto a la mejora general de las condiciones de la enseñanza como a
una actuación específica en los contextos vulnerables. Y eso tiene consecuencias reales en la vida de los centros y del alumnado.
El segundo eje de la ley es el profesorado. El profesorado es el pilar del sistema educativo. Sin docentes reconocidos, respaldados y con condiciones dignas no hay una reforma posible ni una calidad educativa sostenible. Este proyecto
mejora sus condiciones laborales mediante la reducción de horas lectivas. Esto se traduce en más tiempo para preparar clases, en más tiempo para coordinarse, innovar pedagógicamente y atender mejor al alumnado, que es precisamente el corazón del
sistema educativo. En definitiva, se traduce en una enseñanza de mayor calidad. Pero esta ley también tiene una dimensión de reconocimiento, un reconocimiento al esfuerzo del profesorado, que durante los duros años de la pandemia estuvo a la
altura de las circunstancias, rescatando el sistema educativo (aplausos) y garantizando el derecho de la educación en unos momentos de muy difícil desempeño. Y también reconoce la realidad actual de la diversidad en las aulas, unas aulas cada vez
más complejas y exigentes. Así que mejorar las condiciones del profesorado no es un privilegio corporativo, es una inversión directa en la calidad del sistema educativo y en el bienestar de quienes lo hacen posible día a día.
El tercer pilar de esta norma es la equidad. Señorías, la igualdad real no es tratar a todos por igual, sino dar más a quien más lo necesita. Por eso la ley establece que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo compute
doble a efectos de ratio. Reconoce que hay alumnado que requiere más atención y más recursos y que el sistema debe estar en condiciones de ofrecérselo. En un contexto de creciente diversidad en las aulas, esta decisión no es opcional, es
imprescindible. Y frente a los discursos que hablan de uniformidad, conviene subrayar que esta ley establece mínimos comunes, pero deja mucho margen y anima a las comunidades autónomas a ir más allá. Las comunidades no solo conservan sus
competencias, sino que pueden y deben adoptar medidas adicionales de mejora adaptadas a su realidad, como se ha dicho anteriormente, reforzando ratios, reforzando recursos y apoyos allí donde lo consideren necesario. Y digo donde lo consideren
necesario porque son sus competencias y pueden y deben seguir ejerciéndolas. (Aplausos). Este proyecto no limita la acción autonómica, la impulsa. Fija un marco básico de equidad y calidad y abre las puertas a que cada comunidad autónoma refuerce
estas políticas educativas si así lo deciden. Por eso resulta especialmente llamativo que se utilice ese argumento competencial para rechazar una ley que combina responsabilidad estatal con capacidad de mejora autonómica.
Señorías, las enmiendas a la totalidad que hoy se debaten no plantean alternativas ni ajustes técnicos. Lo que hacen es decir no a la mejora de ratios, no a las mejores condiciones para el profesorado, no a una atención más justa a la
diversidad y no a una educación más equitativa. La ciudadanía, las familias y el profesorado no pueden entender que esta Cámara pueda llegar incluso a pensar en rechazar un avance de esta naturaleza. Y el profesorado sabe bien que estas enmiendas
no responden a la realidad diaria que ellos viven en las aulas, sino que responde a motivaciones políticas que nada tienen que ver con su tarea docente. (Aplausos).
Hoy debemos decir si optamos por la parálisis o por el avance. Este proyecto de ley apuesta claramente por avanzar. Por una educación pública más fuerte, por condiciones más justas para el profesorado y por una igualdad de oportunidades
real para alumnado. Por todo ello, señorías, les pido que voten en contra de estas enmiendas a la totalidad y a favor de seguir construyendo una educación pública más justa, más equitativa y de más calidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Teniente Sánchez.
La señora TENIENTE SÁNCHEZ: Buenas tardes ya, señorías.
La portavoz del Grupo Socialista ha llamado mentirosos a los representantes del Grupo Vasco en este debate y ni aun así ha conseguido animarlo. ¡Ni aun así ha conseguido animarlo! Y estamos ante un debate de enorme trascendencia.
Los sindicatos que representan a nuestros docentes y que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados saben lo importante que son nuestros docentes. Conviene ser claros desde el principio en este debate y lo vamos a ser. El Grupo Popular
está con vosotros. Está con los docentes (aplausos), está con los representantes, está con sus reivindicaciones, está con vuestros derechos, está con los alumnos y está con las familias.
Reducir ratios, mejorar la carga lectiva, reforzar la atención educativa y la calidad son objetivos compartidos por la comunidad educativa y, por supuesto, por el Grupo Popular. Nuestro grupo los ha defendido siempre; de hecho, se aplican
ya en muchas de nuestras comunidades autónomas. Sin embargo, no podemos obviar el contexto en el que estamos en España. Nadie puede pensar que los grandes retos educativos pueden abordarse en una legislatura ya agotada, con un clima político
absolutamente irrespirable, sin presupuestos generales del Estado, sin financiación para las medidas que se proponen e impidiendo las decisiones de las comunidades autónomas, no negociando con ellas. La garantía de la calidad educativa, la
dignificación de la profesión docente y la mejora de sus condiciones laborales exige planificación, negociación y recursos, no iniciativas tardías, incompletas y sin financiación. Y esto es lo que pasa con este proyecto de ley.
Señorías, no vale todo para obtener un rédito político porque legislar es otra cosa. Los docentes y los sindicatos de los docentes aquí representados llevan años esperando y merecen respeto. Ellos merecen algo más que un intento de cerrar
esta legislatura con promesas no negociadas ni financiadas y que debieron realizarse hace años. Merecen que no se siga legislando, señora ministra, para la propaganda. Merecen eso. (Aplausos). La educación necesita resultados, señora ministra;
ambición reformista, señora ministra; capacidad de gestión, señora ministra; más recursos y menos discursos. Más recursos y menos discursos.
El problema de este proyecto de ley no es su objeto, si estamos de acuerdo. No es el qué, es el cómo y el cuándo. Ese es el problema. Porque, lamentablemente, ustedes han llegado tarde y mal. Llegan tarde porque llegan con años de
retraso. La LOMLOE de 2020 estableció ya un calendario, un mandato expreso de aprobar una normativa sobre la profesión docente en el plazo de un año, y van cinco años de incumplimiento. Otra legislatura perdida. Se constituyeron grupos de trabajo
con los sindicatos, pero las negociaciones siguieron paralizadas. La ministra llegó a afirmar -usted, señora Tolón- que sería la legislatura del profesorado. Esto como titular está muy bien, pero ¿habla usted con ellos? Los hechos nos dicen lo
contrario. Y mientras la comunidad educativa
espera respuestas, el Gobierno sobrevive en un clima político e institucional asfixiante, inundado de escándalos que erosionan, como ha visto, cualquier negociación, hasta con sus socios.
En este contexto, el Gobierno no puede pedir un acto de fe. La confianza pública se construye con diálogo, con recursos, con gestión y con ejemplaridad, que es la que a ustedes les falta, señores del Gobierno. Hoy esa confianza está
quebrada. Tengan cuidado con las promesas del ministerio, señores de los sindicatos, porque no son de fiar. Tratarán de engañarles a todos. Tengan cuidado porque no están en esto, están enredados en sus múltiples tramas y en sus derivaciones.
(Aplausos). En eso están enredados. Son los debates del trilero, del muevo la bolita a ver si despisto, pero ustedes están en lo que están y es una pena.
Señora ministra, usted no está a la altura del cargo que representa. No lo está. Los docentes y sus representantes no merecen lo que están viviendo y los alumnos y sus familias tampoco. No vamos a regalarles nada, señora ministra. Vamos
a defender a los docentes y sus reivindicaciones, a los alumnos, a las familias y a nuestras comunidades autónomas. A todas, claro que sí, para reforzar, vía enmienda, una participación autonómica que garantice seguridad jurídica, respeto a las
competencias, refuerzo a la atención a la diversidad y, sobre todo, financiación, porque aquí aparece el principal problema de este proyecto de ley. Los sindicatos educativos llevan denunciando que la reducción de las ratios y de las horas lectivas
solo será eficaz si va acompañada de plantillas y de recursos suficientes y de financiación adecuada. Y ¿qué es lo que hacen ustedes? No la garantizan. La propia memoria económica del proyecto remite a una futura ley de sostenibilidad financiera
que ni siquiera existe. Hay medidas, como la reducción de jornada lectiva, que deben aplicarse en el próximo curso con una asunción inmediata de costes, pero la financiación no está garantizada y generará costes organizativos, y a ustedes les da
igual. Aquí se ha dicho por el PNV, por Esquerra y por Junts. Bienvenidos a lo que nuestro portavoz de Educación lleva diciendo años. Al final, yo invito, pero tú pagas. Eso es lo que les dicen a las comunidades autónomas. (La señora ministra
de Educación, Formación Profesional y Deportes, Tolón Jaime, hace gestos negativos). Sí, sí. No plagien, señorías, esto lo llevamos diciendo años. (Aplausos). Entiendan de una vez, señora ministra, que las comunidades autónomas no son
Administraciones subsidiarias del Estado, que merecen lealtad institucional. Una ley sin financiación suficiente corre el riesgo de convertirse en una ley que genera desigualdad. Se ha dicho también aquí. No todos los territorios son iguales,
tienen sus características peculiares, demográficas, geográficas, educativas. No es lo mismo gestionar la educación en grandes áreas metropolitanas que en zonas rurales o territorios dispersos.
Por otra parte, nos preocupa que sigan sin abordarse algunos temas como la educación infantil de 0 a 3 años, que no está clara. Nos preocupa que se siga aplazando lo que el propio ministerio reconoce como necesario: la formación del
profesorado, la carga burocrática, la estabilidad del sistema o una adecuada atención a la diversidad.
Termino. Sabemos que nuestros docentes llevan demasiado tiempo esperando respuestas y devolver esta ley sería una irresponsabilidad. No vamos a hacerlo. Nuestra responsabilidad es asegurar que las medidas propuestas no sean papel mojado,
señora ministra, que puedan aplicarse de forma realista, eficaz y homogénea. Por responsabilidad con nuestros docentes, las familias y los alumnos, nuestro grupo no va a permitir que su inacción, su falta de ambición y el oportunismo del Gobierno
se convierta en un perjuicio más para nuestros docentes y para la educación.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Teniente.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO RELATIVO AL CENTRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y RESILIENCIA DEL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO, HECHO EN MANILA Y MADRID EL 28 DE OCTUBRE Y 25 DE NOVIEMBRE DE
2025. (Número de expediente 110/000072).
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO DE SEGURIDAD DE LA OCCAR, FIRMADO EN PARÍS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, HECHO EN PARÍS EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. (Número de expediente 110/000073).
- TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA, HECHO EN BARCELONA EL 19 DE ENERO DE 2023. (Número de expediente 110/000074).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN MONTEVIDEO EL 22 DE JULIO DE 2025, E INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES DE FECHA
7 DE AGOSTO DE 2025. (Número de expediente 110/000075).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL, HECHO EN EL CAIRO EL 15 DE ENERO DE 2026. (Número de expediente 110/000076).
- ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO, HECHO EN EL CAIRO EL 15 DE ENERO DE 2026. (Número de expediente 110/000077).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a examinar los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000072 a 110/000077. De conformidad
con lo acordado en la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para los grupos que han pedido fijar su posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santos Maraver.
El señor SANTOS MARAVER: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy tenemos seis convenios que ratificar. De ellos, cuatro tienen un carácter técnico que mejorará la cooperación en términos de justicia y la lucha contra el crimen organizado. Uno de ellos es un avance, que es el tratado de amistad con
Francia, que es una pieza clave y cuya peculiaridad es que se ha votado en contra de él antes. Hoy tenemos la oportunidad de corregir este aspecto y establecer esa alianza estratégica con Francia, que es imprescindible para el proyecto de
cooperación europeo.
Hay uno que es especialmente importante no por lo que propone, sino por lo que desdice. Es el tratado de cooperación sobre la OCCAR, la organización de cooperación para el desarrollo del armamento en Europa. Lo que se nos propone es una
reforma por la puerta de atrás de la Ley sobre Secretos Oficiales. El propio presidente del Gobierno ha declarado en numerosas ocasiones en esta Cámara que tiene que ser reformada, que tiene que ser puesta al día. Además, hay un proyecto del Grupo
Parlamentario Vasco metido en un cajón desde hace tiempo, que debería haberse puesto en marcha también. La peculiaridad de esto es que, más allá de establecer una correspondencia entre las
categorías de secretos oficiales de seis Estados y de crear una nueva, que es secreto OCCAR, llega un momento en que no sabemos realmente qué es lo que puede ocurrir con ello. Un breve ejemplo. Después de prometer 800 000 millones de euros
en créditos y en subvenciones a la industria armamentística europea, la semana pasada quebró el eje estratégico de esa cooperación, que fue el Eurofighter, con un desacuerdo comercial entre la Airbus alemana y la empresa Dassault francesa. De
acuerdo con esta ley, ninguno de los que estamos aquí conoceremos en vida las razones de ello porque está oculto bajo el secreto de la reforma de la ley sobre secretos que se está proponiendo hoy a voto. Por lo tanto, si queremos tener un mercado
europeo transparente en aquello que se considera prioridad -que no es la que nosotros compartimos, pero es la que la propia Comisión Europea considera prioritaria-, no es posible hacerlo aprobando esta reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales de
los seis Estados europeos y cómo nos afecta. Por ese sentido, no podremos votar a favor de ello.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santos.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Vamos a votar en contra de la autorización parlamentaria a tres de los tratados firmados para los que se requiere hoy de esta Cámara dicha autorización.
En primer lugar, el acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo. Es cierto que se trata de disposiciones de naturaleza administrativa o funcionarial, como el estatuto y las inmunidades de los funcionarios de dicho banco. En todo caso, la
actividad de este banco una vez examinada someramente no nos convence en modo alguno. Tiene proyectos de financiación siempre regidos por la idea -que nosotros consideramos falsa- del cambio climático o timo climático y muchas publicaciones,
muchas, en defensa de la ideología de género. Por lo tanto, vamos a votar no.
Vamos a votar también no por segunda vez al Tratado de amistad y cooperación entre Francia y España de 2023. Esencialmente porque consideramos que este tratado, más que un tratado entre Francia y España, es un tratado entre el señor
Sánchez, que no hace falta que diga que no merece nuestra aprobación en ningún orden de su actuación, y el señor Macron, que tampoco nos gusta absolutamente nada. Los dos concluyen sus mandatos el año que viene, afortunadamente. En este tratado
hay una cláusula muy controvertida que ha dado lugar a lo que yo llamaría un impropio canje de notas, porque no se califica así por los ministerios competentes, pero, en fin, hubo un intercambio de cartas entre los ministros sobre esa controvertida
disposición relativa a la intervención en el Consejo de Ministros de cada uno de los Estados de un ministro del otro Estado contratante, que fue lo que determinó en la votación anterior que se negase la autorización -según entendí- de quienes nos
acompañaron en la postura contraria. Aunque se haya subsanado eso -que ya digo que es discutible que tenga valor de tratado y, por lo tanto, haya sido propiamente modificado el tratado por la falta de solemnidad, que ya sería incluso inferior a la
falta de solemnidad de un intercambio o canje de notas-, subsisten en el tratado referencias a la ideología de género, a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París. Por lo tanto, nuestro voto sigue siendo no. Se nos dirá aquí que es una oportunidad
perdida, toda vez que es un tratado de amistad con Francia y que es un país vecino. En la Guía de Tratados Bilaterales con Estados del Ministerio de Asuntos Exteriores -tratados en vigor-, la nación francesa ocupa veinticinco páginas. Hay más
tratados con Francia que con ninguna otra nación; luego, esto no aporta nada ni es una pérdida irreparable. En ningún momento necesario. Tampoco durante el régimen de Franco, en el que hubo tratados: uno de búsqueda de relaciones de buena
vecindad, todavía con el Gobierno de Burgos, no había terminado la guerra; luego de doble imposición, de cooperación científica y cultural, y, luego, un importante acuerdo de cooperación en materia civil y mercantil de reconocimiento de sentencias.
Por lo tanto, no aporta nada y, desde luego, ya digo que votaremos no.
Finalmente, vamos a votar no también a la autorización del acuerdo de extradición con Egipto. Aunque es cierto que no se podrá conceder nunca la extradición de un nacional del Estado requerido al Estado requirente, esto no deja de
plantearnos alguna duda severa. Pongo el ejemplo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, se le ha acabado el tiempo.
Sea muy rápido, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, gracias.
Si hay un nacional de un tercer Estado, por ejemplo, musulmán, si España ejerce la extradición activa por crímenes o cargos relacionados con el yihadismo, ¿va a ser extraditado por la República de Egipto? Duda.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mercadal Baquero.
El señor MERCADAL BAQUERO: Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos.
Voy a ceñirme al tratado de amistad con Francia o Tratado de Barcelona porque quiero denunciar la irresponsabilidad del Grupo Popular votando en contra de ese tratado la semana pasada, otra vez, en comisión, y probablemente también hoy, pese
a que ha quedado totalmente aclarada la duda con la que justificaron su voto en contra el año pasado.
¿Por qué el principal partido de la oposición, el partido del jefe de la oposición que aspira a gobernar este país algún día, que tendría que querer buenas relaciones con vecinos como Francia, vota no a un acuerdo evidentemente positivo para
España, haciendo, por cierto, caso omiso a las constantes manifestaciones del Gobierno francés para que lo aprobemos? El motivo del no del PP no está en el contenido del tratado como nos cuentan, está en su significado. Históricamente, las
relaciones EspañaFrancia no han sido fáciles. En los últimos siglos, Francia ha mirado a España con cierto sentimiento de superioridad. Pues bien, como explica el historiador Benoît Pellistrandi, este acuerdo, desde el punto de vista francés,
tiene una relevancia histórica importantísima porque significa confirmar un cambio en las relaciones entre ambos países, un trato de igual a igual. Es un tratado que Francia solo tiene con dos países: Alemania e Italia. El de Alemania fue el
primero, firmado en 1963, entre De Gaulle y Adenauer, el Tratado del Elíseo. Fueron los mecanismos de ese tratado los que cimentaron el llamado eje francoalemán, que fue el pivote de gobernanza de la Unión Europea durante décadas. Por lo tanto,
situar a España al mismo nivel que Alemania es, para Francia, reconocer el progreso de nuestro país y, muy especialmente, reconocer el papel clave del Gobierno de España en las decisiones de la Unión Europea de los últimos años. Porque ahora sí
tenemos un presidente que hace política europea y no hace seguidismo o se pliega ante otros. (Aplausos). Pedro Sánchez ha demostrado que, aliándonos con otros países, España puede transformar la Unión Europea y mejorar la vida de sus ciudadanos.
Lo hizo con su alianza con Mario Draghi para conseguir el plan de recuperación, lo hizo junto al Gobierno holandés para impulsar la autonomía estratégica abierta o lo hizo con Portugal para aprobar la excepción ibérica. Es decir, España puede ser y
debe ser un Estado pivote dentro de la Unión Europea. Y esto, este reconocimiento a España, es lo que verdaderamente molesta al Partido Popular, lo que el Partido Popular no puede asumir. Así de triste es la oposición en nuestro país. Con tal de
no reconocer lo que todo el mundo reconoce, son capaces ustedes de votar en contra de un tratado evidentemente positivo con nuestro vecino más importante. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mercadal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tarno Blanco.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Quiero anunciar el voto positivo a los puntos 36, 37, 39, 40 y 41. Mantendremos nuestra postura en el punto 38.
Señorías, Francia es nuestro vecino, socio en la Unión Europea, aliado en la OTAN. Merece respeto, seriedad y una relación bilateral sólida y estable, pero, por las mismas razones que hace un año, tenemos que votar en contra de este
convenio. A ustedes, mantener la palabra y el criterio les parece ciencia ficción, pero nosotros, ante lo mismo, pensamos y votamos lo mismo. Hoy tienen que dar explicaciones aquellos que vuelven a traer el mismo tratado, que ya fue rechazado, sin
modificar; aquellos que no lo apoyaron hace un año y hoy lo van a apoyar.
Este tratado es la historia de una gran chapuza. Comienza en enero de 2023 con un grave error que nunca debió producirse: el Gobierno firmó un tratado que vulnera claramente nuestra Constitución cuando, en su artículo 2, incluye la
participación periódica de ministros en nuestro Consejo de Ministros. Y no lo decimos nosotros, quien se lo advirtió y puso de manifiesto las dificultades jurídicas que planteaba fueron el Consejo de Estado y la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Asuntos Exteriores. A partir de ahí, comenzó una larga cadena de improvisaciones. En diciembre de 2024, modificaron la Ley del Gobierno mediante una enmienda intrusa, pero quedaban tantas dudas que el Congreso, en mayo del año pasado, rechazó el
convenio. Un año después, nos vuelven a traer exactamente el mismo texto, con una novedad: un supuesto canje de notas entre España y Francia que matiza que la participación será al margen, en una reunión separada. Entonces, ¿teníamos razón cuando
hace un año les planteábamos que había un grave problema? Parece que sí. Si el canje de notas es tan importante para interpretar el tratado, ¿por qué no lo hemos aprobado antes de someterlo a convalidación o por qué no se incluye hoy
conjuntamente? Porque el canje de notas, si es un canje de notas, lo tiene que aprobar esta Cámara también. Podría haberse hecho en un solo acto.
Señorías, nuestra posición es a favor de nuestras instituciones; a favor de que el Consejo de Ministros se mantenga como prevé nuestro ordenamiento jurídico y nuestra tradición constitucional; a favor de que los tratados internacionales se
firmen con rigor, previsión y pleno respeto al marco legal vigente. Francia merece una relación bilateral sólida, estable y ambiciosa, pero, sobre todo, basada en la seguridad jurídica y la confianza institucional. Esto no se construye sobre
rectificaciones, interpretaciones sobrevenidas y chapuzas parlamentarias. Esto no fortalece las relaciones entre los países, las debilita. No rechazamos la cooperación entre países y mucho menos con Francia. Respetamos nuestro marco
constitucional y protegemos la plena soberanía de nuestras instituciones. Este vodevil es responsabilidad de un Gobierno que firmó un tratado que no podía cumplir. Ha intentado corregirlo sin éxito y ahora pretende culpar a quienes simplemente
señalamos el problema. Señores socialistas, hagan un favor a los españoles: váyanse y convoquen elecciones. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tarno.
Votamos en un minuto. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LOS DISCURSOS DE ODIO EN EL DEPORTE ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000783).
La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar las votaciones. Muchas gracias.
Empezamos con la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 176; en contra, 33; abstenciones, 138.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DEFENSA DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 162/000793).
La señora PRESIDENTA: Votamos la Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible. Votamos separadamente por puntos. Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 180; en contra, 31; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 180; en contra, 31; abstenciones, 135.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 186; en contra, 31; abstenciones, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 185; en contra, 31; abstenciones, 131.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 185; en contra, 152; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Punto 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 185; en contra, 152; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Punto 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 180; en contra, 37; abstenciones, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 180; en contra, 31; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 158; en contra, 31; abstenciones, 156.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJPNV), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN POR CUIDADO DE MENORES CON ENFERMEDAD GRAVE (CUME). (Número de expediente 173/000178).
La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por cuidado
de menores con enfermedad grave. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 226; abstenciones, 121.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LOS ESPAÑOLES SIEMPRE VAYAN PRIMERO PARA COMPRAR, ALQUILAR O RECIBIR UNA VIVIENDA SOCIAL. (Número de expediente 173/000179).
La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o
recibir una vivienda social. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 33; en contra, 314.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA DE LA SITUACIÓN DE EXTREMA DEBILIDAD DEL GOBIERNO. (Número de expediente
173/000180).
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Popular, sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno. Se
vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 177; en contra, 164; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 12/2026, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE DECLARAN DIVERSAS INICIATIVAS Y PROGRAMAS COMO ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. (Número de expediente 130/000043).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar las convalidaciones o derogaciones de reales decretos leyes. Empezamos con el Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de
excepcional interés público.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 304; en contra, 33; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Votamos la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto-ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 347.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 13/2026, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS RELATIVAS A LOS RECURSOS DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL. (Número de expediente 130/000044).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 313; en contra, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Vamos a votar la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto-ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000280).
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General,
por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánica, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 312; en contra, 33; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DEL CINE Y DE LA CULTURA AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000026).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos parlamentarios VOX y Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 172; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Aplausos).
- AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Estamos hablando del Proyecto de
Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; en contra, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y LA LEY 4/2019, DE 7 DE MARZO, DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO
UNIVERSITARIA, Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO. (Número de expediente 121/000092).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora conjuntamente las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de
la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Vasco (EAJPNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 11; en contra, 329; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad de devolución. (Aplausos).
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO RELATIVO AL CENTRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y RESILIENCIA DEL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO, HECHO EN MANILA Y MADRID EL 28 DE OCTUBRE Y 25 DE NOVIEMBRE DE
2025. (Número de expediente 110/000072).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Empezamos con el Acuerdo entre el Reino de España y el Banco Asiático de Desarrollo relativo al centro de prestación de servicios informáticos y resiliencia del Banco Asiático de Desarrollo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 294; en contra, 33; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO DE SEGURIDAD DE LA OCCAR, FIRMADO EN PARÍS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, HECHO EN PARÍS EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. (Número de expediente 110/000073).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte por el que se modifica el Acuerdo de Seguridad de la OCCAR, firmado en París el 24 de septiembre de 2004.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 266; en contra, 4; abstenciones, 76.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA, HECHO EN BARCELONA EL 19 DE ENERO DE 2023. (Número de expediente 110/000074).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 175; en contra, 170; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen. (Aplausos).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN MONTEVIDEO EL 22 DE JULIO DE 2025, E INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES DE FECHA
7 DE AGOSTO DE 2025. (Número de expediente 110/000075).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Convenio entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 294; abstenciones, 52.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL, HECHO EN EL CAIRO EL 15 DE ENERO DE 2026. (Número de expediente 110/000076).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Acuerdo entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto sobre asistencia judicial mutua en materia penal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 294; en contra, 7; abstenciones, 45.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO, HECHO EN EL CAIRO EL 15 DE ENERO DE 2026. (Número de expediente 110/000077).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 294; en contra, 40; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
Eran las cuatro y cinco minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.