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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 187, de 26/05/2026
cve: DSCD-15-PL-187
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 187
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 181
celebrada el martes,
26 de mayo de 2026
Minuto de silencio ... (Página7)
Palabras de la Presidencia ... (Página7)
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Micó Micó), a la ministra de Igualdad sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+. (Número de expediente 172/000203) ...
Modificación del orden del día ... (Página7)
Inclusión en el orden del día:
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291,
de 12 de mayo de 2026. (Número de expediente 122/000280) ... (Página7)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3241, de 24 de abril de 2026. (Número de expediente 122/000275) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2851, de 21 de noviembre de 2025. (Número de expediente
122/000240) ... (Página25)
Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso:
- Del señor Álvaro Vidal y otros 20 diputados, de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. (Número de expediente 410/000011) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 530, de 14 de mayo de 2026. (Número de
expediente 162/000782) ... (Página53)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40.º Aniversario de España en la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 518, de 24 de abril de 2026. (Número de expediente 162/000767) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. (Número de expediente 173/000172) ... (Página83)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página91)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso. (Votación) ... (Página92)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
Minuto de silencio ... (Página7)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por tres nuevas víctimas asesinadas por violencia machista.
Palabras de la Presidencia ... (Página7)
La Presidencia saluda a la delegación de la Asamblea de la República de Albania, presente en la tribuna de invitados, encabezada por su presidente, el señor Niko Peleshi.
Así mismo, saluda a los representantes del CSDM, que también están presentes en la tribuna de invitados.
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Micó Micó), a la ministra de Igualdad sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+. (Número de expediente 172/000203) ...
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día del punto de referencia, lo cual se aprueba por
asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página7)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que las interpelaciones se
debatan en el siguiente orden: primera, la del Grupo Parlamentario VOX; segunda, la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil); y tercera, del del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo cual se aprueba por asentimiento.
Inclusión en el orden del día:
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291,
de 12 de mayo de 2026. (Número de expediente 122/000280) ... (Página7)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión, como último punto de la sesión del jueves, del punto de referencia,
lo cual se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3241, de 24 de abril de 2026. (Número de expediente 122/000275) ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); el señor Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu;
la señora Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; los señores Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y Fernández Ríos, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Cobo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Vedrina Conesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2851, de 21 de noviembre de 2025. (Número de expediente
122/000240) ... (Página25)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Noriega Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); las señoras Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano;
el señor Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; la señora Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Mayoral Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso:
- Del señor Álvaro Vidal y otros 20 diputados, de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. (Número de expediente 410/000011) ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó y los señores Sánchez Serna y Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Iñarritu García, del
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Ibáñez Mezquita, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX; Martínez Salmerón, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 530, de 14 de mayo de 2026. (Número de
expediente 162/000782) ... (Página53)
Defiende la proposición no de ley el señor Ibáñez Hernando, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX, y Losada Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y
Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; y las señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, y Rivera Arias, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40.º Aniversario de España en la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 518, de 24 de abril de 2026. (Número de expediente 162/000767) ...
Defiende la proposición no de ley el señor Montávez Aguillaume, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Marcos Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Micó Micó y Valido García y los señores Rego Candamil y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la
señora Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; y los señores Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano, y Santos Maraver, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. (Número de expediente 173/000172) ... (Página83)
Defiende la moción la señora De Luna Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; y los señores Valero Morales, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR, y Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página91)
- Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3241, de 24 de abril de 2026. (Número de expediente 122/000275) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se rechaza por 166 votos a favor, 175 en contra y 5 abstenciones.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2851, de 21 de noviembre de 2025. (Número de expediente
122/000240) ... (Página92)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 306 votos a favor, 33 en contra y 10 abstenciones.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso. (Votación) ... (Página92)
- Del señor Álvaro Vidal y otros 20 diputados, de reforma del Reglamento del Congreso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3121, de 13 de marzo de 2026. (Número de expediente 410/000011) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 178 votos a favor y 171 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y un minuto de la noche.
SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MARTES 26 DE MAYO DE 2026
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos y a todas.
Antes de empezar el Pleno, desgraciadamente debo pedirles otra vez que nos pongamos en pie y realicemos un minuto de silencio por María del Sol, Saida y Kimberli, víctimas de tres asesinatos por violencia machista en Alicante, Navarra y
Girona los días 16 y 19 de mayo. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Queremos saludar, en primer lugar, a la delegación de la Asamblea de la República de Albania, que hoy nos acompaña en la tribuna, encabezada por su excelentísimo presidente, el señor Niko Peleshi, a quien saludamos y
agradecemos su visita. (Aplausos). Muchas gracias.
Asimismo, nos acompaña un numeroso grupo del CSDM de este año, al que también saludamos esta tarde. (Aplausos).
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA MICÓ MICÓ), A LA MINISTRA DE IGUALDAD SOBRE EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LAS SEUDOTERAPIAS DE CONVERSIÓN CONTRA LAS PERSONAS LGTBIQ+. (Número de expediente 172/000203).
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara las siguientes modificaciones del orden del día. En
primer lugar, excluir el punto 27, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Asimismo, que las interpelaciones urgentes sean debatidas en el siguiente orden: puntos 29, 26 y 28.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL. (Número de expediente 122/000280).
La señora PRESIDENTA: Por último, incluir como último punto de la sesión del jueves el acuerdo de la tramitación directa y en lectura única de la Proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen
Electoral General. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Muchísimas gracias.
En consecuencia, quedan aprobadas las modificaciones del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR, PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES. (Número de expediente 122/000275).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el senyor Alonso Cantorné. (Rumores).
Silencio, por favor.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
¿Sabían que un niño en España, según su nivel de renta, puede llegar a ver el doble de anuncios de comida basura que otro? Sí, el doble. No es solo el doble de posibilidades de comer mal, es también el doble de probabilidades de enfermar.
No es casualidad, tampoco es genética; es estrategia comercial, es código postal, es el resultado de una maquinaria que conoce los puntos débiles de cada uno de nuestros hogares.
¿Cuántos impactos reciben? Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a veinticinco anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. El 80 % de ellos no deberían consumirse de manera habitual. Además, 260 millones de
euros al año en marketing. El 80 % de esa inversión, según la Comisión Europea, va a productos no saludables. Más de 200 millones destinados a empeorar la salud de nuestros hijos y de nuestras nietas. Y, mientras, un 40 % de nuestros menores
tiene sobrepeso u obesidad, una de las tasas más altas del mundo.
¿Por qué la obesidad infantil es más alta en familias con menos recursos? La publicidad es más intensa en hogares de renta baja. El impacto semanal es de un 94 % mayor. Los que menos tienen, como siempre, son los que más sufren. Y para
que en esta fiesta no falte nadie, hemos de poner nombres. McDonald's: ahora mismo, un niño puede conseguir un muñeco de Stranger Things si se come un Happy Meal; antes fue un Super Mario Galaxy; y, antes, setenta juguetes de Disney, Marvel y
Star Wars. Más ejemplos. La Kings League, de Gerard Piqué, patrocinada por Burger King, celebra los goles comiendo unos Whopper en directo. A Aitana le hicieron su propio menú personalizado y confesó que no podía comérselo porque es celíaca; no
podía comer lo que promocionaba. Monster, Red Bull, Reign..., están en todas partes, y no existe norma estatal que limite su venta a menores.
El Partido Popular ya lo ha regulado en Galicia y el PSOE e Izquierda Unida en Asturias. ¿Quién paga? La sanidad pública, las familias, los niños. ¿Quién gana? Otra vez, los de siempre. Y mientras nuestros niños enferman, llevamos años
confiando en el código de autorregulación de la industria. Dos estudios de 2017 y 2021 del Instituto Carlos III y la OCU lo dejan claro: el código no ha servido, solo dos marcas se han adherido a él. Esto no es un invento de los comunistas de
SUMAR, es una ley que aplica los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica los alimentos según su composición nutricional adaptado a la realidad española, con excepciones como la leche o el aceite de oliva.
El Reino Unido prohibió en 2016 la publicidad de productos altos en grasa, azúcar y sal para menores de 16 años y desde 2025 amplió la prohibición hasta las 21 horas. Irlanda, Suecia, Chile, Portugal y Noruega han ido más lejos que
nosotros, y funciona: reducen el consumo de ultraprocesados, porque estos son lo que llamamos alimentos no saludables. Los ultraprocesados están diseñados para ser adictivos, no caducan fácilmente, desplazan a los productos frescos, son más
baratos y están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el KitKat. (Aplausos). Es una máquina engrasada para enganchar al consumidor
desde la infancia, y aquí quiero detenerme.
Frente a esta industria hay una alternativa que no necesita publicidad: la cocina casera. El presidente de Mercadona dice que la gente ya no tiene tiempo para cocinar, y pregunto, señorías: ¿hemos decidido que ese tiempo no es prioridad?
¿Cocinar es un lujo? No, es un acto de salud, de autonomía, de cultura, pero hagamos un ejercicio de realidad: ¿cuántas veces hemos abierto el microondas, no por pereza, sino porque no nos quedaba otra? El microondas es un síntoma de la sociedad,
la cuchara es lenta, incómoda y requiere estar presente, pero la cuchara es lo que nos mantiene vivos.
Esta ley no soluciona los horarios ni los atascos, pero sí puede decir basta. Basta a normalizar que un niño cene precocinados mientras le venden más precocinados en la televisión. La evidencia es alarmante. El consumo de ultraprocesados
en España se ha triplicado hasta un 32 % y los expertos alertan de que es el nuevo tabaquismo: más de tres raciones al día aceleran el envejecimiento celular, acortando nuestros telómeros.
La proposición del Grupo Plurinacional SUMAR propone siete medidas concretas. Primera, prohibición de publicidad de productos que no cumplan perfiles de la OMS en cualquier medio que puedan ver menores -televisión, TikTok, YouTube,
Instagram, videojuegos o cartelería-.
Segunda, advertencias obligatorias, con sellos en negro que ocupen al menos el 20 % del anuncio, donde se vea bien claro si es alto en azúcares o alto en grasas saturadas.
Tercera, zonas de especial protección. Ni un anuncio de este tipo en 150 metros alrededor de los colegios, parques, instalaciones deportivas, bibliotecas o centros de salud.
Cuarta, envases. Adiós a personajes, mascotas y dibujos si el producto no es saludable. ¿Quién de ustedes no compró un Tigretón? Si quieres un personaje que promocione un yogur, que sea natural, no edulcorado.
Quinta, control del entorno digital. El 53 % de los niños han visto publicidad de alimentos online en las últimas dos semanas y YouTube es el canal más recordado. Si se puede restringir el acceso al porno, al alcohol y al tabaco, también
se puede restringir la publicidad de comida basura a menores.
Sexta, regulación expresa de las mal llamadas bebidas energéticas. Más de 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros, prohibidas para menores de 16 años, y más de 32 miligramos, para los menores de 18. Nada, nada de publicidad, patrocinio
o distribución gratuita. Lo he dicho antes, Galicia y Asturias ya han dado el paso y nosotros queremos elevarlo a norma estatal.
Séptima, fomento activo de la alimentación saludable. No solo prohibir, sino promover campañas informativas, huertos escolares, formación del profesorado y un registro público de alimentos que sí que cumplan con los perfiles de la
Organización Mundial de la Salud.
Esta ley no prohíbe ningún alimento, cualquier producto que respete los límites de su categoría podrá seguir anunciándose, aunque incluye una excepción que creemos que es muy sensata para los productos de la dieta tradicional, como he dicho
antes, la leche o el aceite de oliva, por ejemplo. No estamos en contra de la publicidad, estamos contra el bombardeo constante a los menores. El régimen sancionador -porque ha de haber un régimen sancionador- será con multas de hasta 600 000
euros y, en casos graves, de hasta ocho veces la facturación. La entrada en vigor será a los seis meses, tiempo más que suficiente para que la industria adapte campañas y reformule sus productos, porque otra de las consecuencias que pretende esta
futura ley es incentivar a las marcas a mejorar su oferta más saludable.
La obesidad infantil no es un problema individual, señorías, es de salud pública, de desigualdad social y de los derechos de la infancia. La Constitución nos obliga, en sus artículos 20.4, 43.1 y 51.1, a proteger la salud y a defender a los
consumidores vulnerables. La Convención de los Derechos del Niño nos exige aplicar el interés superior del menor, y los expertos nos dicen que más de un 70 % de cómo envejecemos depende de nuestro estilo de vida, más del 70 %. No pidamos disculpas
por poner límites a quien comercia con la salud de nuestra infancia porque es irresponsable no hacerlo. El problema no es solo de lo que comemos, sino del entorno, que lo hace inevitable, y cambiar ese entorno es nuestra responsabilidad.
Por todo ello, el Grupo Plurinacional SUMAR presenta esta proposición de ley. Esperamos contar con el apoyo de esta Cámara para que la protección de la infancia deje de ser un eslogan y se convierta en norma. Y, como nos recuerda el propio
papa León XIV en su encíclica: Una sociedad justa requiere un Estado presente e instituciones civiles capaces de superar la mera lógica de la eficiencia, orientando explícitamente los recursos, la creatividad y las normas. ¿A favor de quién? De
los más vulnerables.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moi boa tarde.
Moitas grazas, señora presidenta.
Concordamos na necesidade das medidas que propón o grupo parlamentar de SUMAR, na necesidade de regular a publicidade de alimentos e bebidas con alto contido en enerxía, azucres e graxas saturadas e sal para evitar a sobreexposición ou
publicidade enganosa dirixida especialmente ás persoas menores de idade, así como tamén a prohibición de venda e subministración de bebidas con alto contido en cafeína á mocidade e a menores de idade.
Parécenos que efectivamente isto é preciso, que se trata de colocar por diante de todo a saúde das persoas, moi especialmente das crianzas, dos mozos e mozas, de posibilitar unha alimentación cada vez máis saudábel e tamén hábitos de vida
saudábeis. E iso, loxicamente, concordamos de forma absoluta, non depende nin na autorregulación das empresas e moito menos das dinámicas do mercado, depende de que haxa políticas públicas que orienten nesa dirección. Por tanto, como digo,
parécenos unha medida interesante, mais só pode ser efectiva se se acompaña doutras de maior calado e que dependerían tamén doutras áreas de goberno, porque non se trata só de impedir a publicidade de alimentos non saudábeis, senón de democratizar o
acceso a unha alimentación saudable e infelizmente sabemos que hoxe isto nin sempre está garantido.
Por iso, aínda que anunciamos o noso voto favorábel á toma en consideración, tamén avanzamos a intención do BNG de presentar emendas que a melloren e non podemos deixar de subliñar ou de reclamar hoxe aquí avanzar noutras cuestións conexas
que teñen que ver co que acabo de enunciar, coa necesidade de democratizar o acceso a unha alimentación saudable, é dicir, medidas que garantan que se poida acceder a produtos frescos e de calidade para o conxunto da poboación, porque hai que
lembrar o importante efecto que ten nas persoas traballadoras, particularmente nas clases populares, a inflación dos prezos en épocas de crise, como a que estamos vivindo con carácter xeral e de maneira moi especial neste período de crise de
produtos básicos de alimentación, por exemplo, froitas e verduras, que xa en moitos fogares son case un produto de luxo. O peixe, por exemplo, é outro dos produtos básicos nunha dieta saudábel, é recomendábel, proteína saudábel. Porén, o consumo
de produtos pesqueiros frescos continúa a ver unha progresión de redución, polo que, atendendo á saúde das persoas e tamén ao futuro do sector, son necesarias políticas públicas que promovan o consumo de peixe. Por iso, de maneira unánime, o sector
continúa a reclamar a redución do IVE aplicado a produtos pesqueiros de forma permanente e un IVE reducido ou mesmo a 0 %. Sabemos que non é unha medida que por si soa sexa suficiente, mais en todo caso, que podería axudar a facilitar ese acceso a
unha proteína saudábel para a mocidade, para as crianzas, para o conxunto da poboación.
E por último, debemos lembrar a importancia tamén da educación para lograr hábitos alimentarios saudábeis e para a introdución do deporte de forma habitual. Nestas materias, a competencia e a capacidade de actuación principal é das
comunidades autónomas para promover a actividade deportiva, para combater o sedentarismo, para xerar, en definitiva, hábitos que contribúan a que levemos unha vida máis san. A conclusión pode ser que o investimento en saúde pública implica de
maneira bastante directa un menor gasto sanitario
e tamén, podemos dicir, que o investimento en políticas sociais de carácter público vai contribuír de maneira moi directa á mellora da calidade de vida do conxunto da poboación, tamén á mellora da alimentación e por tanto da saúde. Para iso
hai algunhas decisións loxicamente que haberá que tomar. Nós reclamamos máis unha vez, farémolo de novo mañá nunha interpelación ao goberno, unha reversión das políticas que tenden a priorizar o gasto militar fronte ao investimento social. Porque
ademais nun período de crise como este que estamos vivindo con unha dinámica inflacionista moi importante que dificulta que, como dicía, as clases populares, os traballadores e traballadoras poidan acceder a unha alimentación de calidade, máis que
nunca é preciso priorizar os recursos públicos dispoñíbeis a protexer ás maiorías sociais, a protexer as clases populares e traballadoras en vez de destinar eses recursos a unha escalada belicista, o incremento do gasto militar.
Por tanto, aproveitamos para facer ese chamado a unha rectificación de políticas que nos parecen que non van na dirección correcta e que evidentemente non son políticas coherentes para un goberno que reclama para si propio a etiqueta de
progresista. En todo caso, como digo, a esta proposta votaremos a favor.
Moito obrigado.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos de acuerdo en la necesidad de las medidas que propone el Grupo Parlamentario SUMAR: la necesidad de regular la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido energético, azúcares, grasas saturadas y sal para evitar la
sobreexposición, especialmente la publicidad dirigida a las personas menores de edad, así como también la prohibición de venta y distribución de bebidas con alto contenido en cafeína a los jóvenes y a los menores de edad.
Nos parece que esto es necesario. Se trata de colocar ante todo la salud de las personas, muy especialmente de los niños, de los jóvenes, de los chicos y chicas, y de posibilitar una alimentación cada vez más saludable y también hábitos de
vida saludables, y con eso, lógicamente, estamos de acuerdo de forma absoluta. No depende de la autorregulación de las empresas y mucho menos de las dinámicas del mercado, depende de que haya políticas públicas que se orienten en esta dirección.
Por tanto, como decía, nos parece una medida interesante, pero solamente puede ser efectiva si está acompañada de otras de mayor calado que dependerían también de otras áreas de gobierno, porque no se trata solamente de impedir la publicidad de
alimentos no saludables, sino de democratizar el acceso a una alimentación saludable, y desafortunadamente sabemos que hoy esto no siempre está garantizado.
Por eso, aunque anunciamos nuestro voto favorable a la toma en consideración, también pensamos que tiene que haber enmiendas por parte del BNG que la mejoren, porque tenemos que seguir señalando y reclamando que debemos avanzar en otras
cuestiones relacionadas con lo que acabo de anunciar, como la necesidad de democratizar el acceso a una alimentación saludable. Es decir, medidas que garanticen que se pueda acceder a productos frescos y de calidad para el conjunto de la población.
Tenemos que recordar el efecto importante que tiene en las personas trabajadoras, especialmente en las clases populares, la inflación de los precios en épocas de crisis como la que estamos sufriendo; en este periodo de crisis de manera
generalizada sobre todo de productos básicos como frutas y verduras, que en muchos hogares son casi un producto de lujo. El pescado, por ejemplo, es otro de los productos básicos en una dieta saludable y recomendable; hablamos de proteína
saludable. Sin embargo, el consumo de productos de pescado frescos se reduce cada vez más. Por tanto, atendiendo a la salud de las personas y también del sector, tiene que haber políticas públicas que promuevan el consumo de pescado. Por ello, de
modo unánime, el sector sigue reclamando la reducción del IVA aplicado a los productos pesqueros de forma permanente, un IVA permanente reducido o incluso del 0 %. Sabemos que no es una medida suficiente por sí sola, pero sí podría ayudar a
facilitar el acceso a una proteína saludable para los jóvenes, para los niños y niñas y para el conjunto de la población.
Para finalizar, hay que recordar la importancia de la educación para poder lograr hábitos alimentarios saludables así como la introducción del deporte de forma habitual. En estas materias, la competencia y la capacidad de actuación
principal es de las comunidades autónomas. Fomentar la actividad deportiva, luchar contra el sedentarismo, generar, en definitiva, hábitos que contribuyan a que llevemos una vida más sana. La conclusión puede ser que la inversión en salud pública
implica de manera bastante directa más gasto sanitario. También podríamos decir que la inversión en políticas sociales de carácter público va a contribuir de un modo muy directo a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población, a la
mejora de la alimentación y, por tanto, de la salud. Para ello, hay algunas decisiones que, lógicamente, tendremos que tomar.
Nosotros reclamamos una vez más -y lo seguiremos haciendo mañana también en una interpelación al Gobierno- una reversión de las políticas que tienden a priorizar el gasto militar frente a la inversión social. Porque, además, en un periodo
de crisis como el que estamos viviendo actualmente, con una dinámica de aumento de inflación muy importante que dificulta, como decía, a los trabajadores y a las trabajadoras, a que las clases populares puedan acceder a una alimentación de calidad,
más que nunca es necesario priorizar los recursos públicos disponibles para proteger a la mayoría social, a las clases populares, a las trabajadoras y trabajadores para que puedan acceder a estos recursos y no aumentar el incremento militar en una
escalada belicista. Así que hacemos este llamado para que haya una rectificación de políticas que nos parece que no van en la dirección correcta y que, evidentemente, no son políticas coherentes para un Gobierno que se llama progresista.
Votaremos a favor de esta propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on guztioi.
La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en Euskadi se rige por la Ley de Infancia y Adolescencia del País Vasco, la Ley 2/2024. Esta ley establece limitaciones para proteger la salud de la infancia y frenar el
consumo de productos perjudiciales, como la comida rápida y las bebidas energéticas. Se contemplan, por ejemplo, restricciones horarias y se prohíbe la publicidad dirigida a menores en los medios de comunicación y plataformas durante la
programación infantil, o que la publicidad de alimentos insanos no esté permitida en lugares destinados a menores ni durante los eventos deportivos infantiles.
Así, la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia, establece el veto a la publicidad dirigida a menores. La ley fija qué se puede anunciar estableciendo una prohibición por categorías, de tal forma que se restringe la publicidad de alimentos
de bajo valor nutricional catalogados explícitamente como comida rápida, comida basura y bebidas energéticas. También prohíbe taxativamente que los niños o adolescentes aparezcan como reclamo en campañas de publicidad de este tipo de productos. Y
para definir con exactitud técnica qué alimentos entran en la categoría de no saludables o insanos a la hora de aplicar las sanciones, el marco legal vasco se guía por los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. De esta
forma, si un alimento supera los límites fijados por la OMS para el público infantil la ley activa las restricciones para que no pueda ser anunciado por los medios autonómicos, eventos deportivos o plataformas escolares en Euskadi. En definitiva,
la Ley de Infancia y Adolescencia del País Vasco prohíbe de forma explícita la publicidad de bebidas energéticas y comida rápida dirigida a niños y adolescentes, no permitiendo que se realicen campañas publicitarias de estos productos estimulantes
enfocadas al público infantil en medios, eventos o espacios frecuentados por menores. Además, la ley articula actuaciones de promoción del derecho de las personas menores como personas consumidoras, promoviendo la educación para el consumo
responsable con la finalidad de fomentar hábitos de consumo saludables.
Por otra parte, la ley también establece limitaciones para la comercialización de productos de consumo para las personas menores, requiriendo no contener sustancias perjudiciales, facilitar de forma visible información sobre su composición,
características y uso, indicar la franja de edad de las personas menores a quienes van destinados y cumplir también con las medidas de seguridad suficientes para garantizar su idoneidad, tanto para el uso al que están destinados como incluso para
evitar las consecuencias nocivas que se puedan derivar de su uso inadecuado.
Asimismo, la ley contiene una sección relativa a la prevención, detección y atención a la obesidad. En la misma se contemplan medidas de prevención multidisciplinares aplicables en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno
sanitario, en el entorno comunitario y en el sector privado. Un conjunto de medidas que se articulan en el marco de la Estrategia de Prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi, aprobada por el Departamento del Gobierno Vasco competente en
materia de salud. Me dirán, ¿por qué les cuento todo esto? Muy sencillo. Contrapongo dos modelos para un mismo fin. En un modelo, el vasco, se prima la articulación de instrumentos de colaboración con la industria alimentaria y con los medios de
comunicación; los llamados códigos de autorregulación. Así, prevé tanto la adopción de medidas para eliminar alimentos y bebidas insanas de los menús escolares como la vigilancia del etiquetado y composición nutricional de los alimentos, de tal
forma que se traslade una información clara y entendible, siendo el respeto a los marcos de autorregulación el marco jurídico que ha primado en esta materia. Su sustitución, en este caso derogación, tal y como se propone con la proposición de ley,
debe realizarse siempre que sea una medida necesaria, idónea y proporcional. Por lo tanto, ¿es una medida necesaria lo que plantea la proposición de ley.? ¿Es idónea? ¿Es proporcional a lo que se requiere?
Por otro lado, la proposición de ley prevé la derogación del artículo 91.4 de la Ley 13/2002, General de Comunicación Audiovisual, desmarcándose de los códigos de autorregulación para implantar una completa regulación al efecto, sin
realizarlo bajo una técnica normativa adecuada, como podría ser la modificación de la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o de la Ley 13/2022, que contempla específicamente
el impulso de los códigos de conducta, autorizando al Gobierno a que, en caso de que no se hubieran adoptado o se hubiera demostrado su ineficacia -tal y como se dice en esta proposición de ley-, se establezcan restricciones sobre estos anuncios
para proteger a las personas menores.
La ley vasca no establece, sin embargo, prohibición en cuanto a la venta para el uso en personas menores de productos denominados insanos y no saludables, en el marco del respeto a la libertad de empresa establecida por la norma
constitucional, que debe ser contrastado con el interés superior del menor y su derecho a la salud. Es justamente en ese ámbito donde la proposición de ley se podría entender. Pero ¿son adecuadas las medidas que esta propone? ¿Por qué se presenta
por el grupo parlamentario que sostiene a parte del Gobierno y no por el Gobierno? Sobre todo, teniendo en cuenta que las medidas que se plantean requieren de una valoración de sus efectos y de su oportunidad, que el ministerio podría realizar, lo
cual impide una valoración efectiva sobre la proposición legal planteada. Y, por otro lado, ¿se ha tenido en cuenta el reparto competencial, las diferentes legislaciones y los planes que, a tal efecto, han aprobado las diferentes comunidades
autónomas, como en el caso de Euskadi? ¿Qué nos aporta a los vascos y a las vascas esta propuesta?
Entendemos que la proposición de ley que analizamos interactúa en el marco competencial autonómico en cuanto a las medidas dirigidas a la publicidad y etiquetado de los productos concernidos, y medidas a desarrollarse en el ámbito de las
Administraciones educativas, así como en relación con la adopción de medidas de fomento de una política de alimentación saludable. Y, por otro lado, no se aclaran suficientemente las dudas en relación con las preguntas que planteábamos al inicio de
la intervención. Es decir, ¿es necesaria, es idónea y es proporcional esta proposición de ley para el fin, en definitiva, que se pretende? Nuestro grupo no lo considera así. No nos parece ni necesaria ni idónea ni
proporcional a lo que se pretende. Por lo tanto, no apoyaremos con nuestro voto a favor esta iniciativa.
Mila esker.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on.
Creemos que esta proposición de ley parte de una preocupación legítima y de un problema real de salud pública que no debiéramos minimizar; en el Estado, la obesidad y el sobrepeso infantil alcanzan cifras preocupantes. Según el estudio
ALADINO de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el 36 % de los niños y las niñas entre 6 y 9 años presenta exceso de peso y, aunque los datos han mejorado ligeramente en los últimos años, siguen situándose en niveles elevados. Otros
estudios complementan la cifra. El estudio PASOS de la Gasol Foundation señala que uno de cada tres menores entre 8 y 16 años tiene sobrepeso u obesidad. Además, estamos hablando de un fenómeno profundamente desigual, un fenómeno con un fuerte
componente de clase. Los datos de AESAN muestran que el exceso de peso infantil afecta más a familias con menor renta y menor nivel educativo. Y el propio estudio ALADINO refleja que la mejoría observada en los últimos años apenas se ha trasladado
a hogares con ingresos inferiores a 18 000 euros anuales. Por tanto, no hablamos solo de alimentación; hablamos también de desigualdad social, de pobreza infantil, salud pública y hablamos de clase.
En este contexto es razonable que esta Cámara actúe sobre uno de los factores que influyen en los hábitos alimentarios de la infancia: la publicidad de productos no saludables dirigida a menores. La evidencia sobre esta cuestión es cada
vez más clara. Un informe elaborado por la Gasol Foundation, junto con UNICEF, concluye que ocho de cada diez niños y adolescentes están expuestos de manera habitual a publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Ese mismo informe muestra algo
especialmente relevante: cuanto mayor es la exposición a esa publicidad, mayor es la frecuencia de consumo de comida rápida, aperitivos salados, refrescos o bebidas energéticas. Y, por supuesto, no hablamos únicamente de anuncios tradicionales en
televisión. Estamos hablando de redes sociales, marketing digital, publicidad encubierta, influencers, videojuegos o contenidos dirigidos específicamente a público infantil y adolescente.
Por tanto, nos parece positivo que esta proposición intente actualizar un marco regulatorio que, claramente, se ha quedado atrás frente a la realidad digital actual. También vemos razonable superar la lógica basada en la autorregulación del
sector, de la que hablaba el anterior interviniente. El propio debate público de estos años ha puesto de manifiesto las limitaciones de mecanismos como el código PAOS, los códigos de autorregulación, cuya eficacia ha sido cuestionada por numerosas
organizaciones sanitarias y sociales.
Por todo ello, Euskal Herria Bildu votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Ahora bien, precisamente porque estamos hablando de limitar actividades publicitarias y económicas, creemos que esta norma debe
reforzar algunos aspectos para ganar en seguridad jurídica, proporcionalidad y capacidad real de aplicación. Existen elementos mejorables; por ejemplo, la proposición utiliza expresiones relativamente amplias o abiertas, como la referencia a
publicidad susceptible de ser vista por menores, o aquella que pueda dirigirse indirectamente al público infantil. Convendría acotar algo mejor esos términos, esos conceptos concretos, porque, si no se hace, pueden surgir problemas interpretativos
importantes: campañas generalistas en redes sociales, patrocinios deportivos, publicidad exterior, medios de comunicación no específicamente infantiles o, incluso, pequeños productores agroalimentarios podrían verse afectados por criterios poco
claros. Y una buena ley debe intentar evitar, precisamente, la inseguridad jurídica.
También consideramos importante afinar adecuadamente las excepciones, el tratamiento de determinados productos tradicionales o vinculados a modelos alimentarios
reconocidos culturalmente. No es lo mismo el marketing agresivo de ultraprocesados, dirigidos específicamente a menores, que determinados productos ligados a la dieta mediterránea, como productos con denominación de origen o modelos
agroalimentarios tradicionales. Creemos que ese equilibrio debe cuidarse especialmente en el desarrollo reglamentario. Es decir, acotar bien lo que la proposición ya apunta. Haremos alguna aportación para salvaguardar también el marco
competencial
Dicho esto, también queremos hacer otra reflexión, que también queda apuntada en la exposición de motivos de la proposición de ley. Combatir la obesidad infantil no puede limitarse a prohibir publicidad. Esta es una herramienta útil, sí,
pero por sí sola su alcance será limitado. Si queremos transformar realmente los hábitos alimentarios, necesitamos actuar también sobre los entornos cotidianos donde comen los niños y las niñas. Hablamos, entre otras cosas, de los comedores
escolares, pero también de la educación nutricional o el acceso efectivo a alimentos frescos y saludables. Probablemente, pocas políticas habrá más transformadoras que garantizar comedores escolares saludables con presencia real de fruta, verdura,
producto de proximidad, de temporada, ecológico, etcétera.
De hecho, los esfuerzos de Euskal Herria Bildu con respecto a este tema se están centrando en este punto. Son numerosas las iniciativas municipales de comedores escolares con alimentación saludable y de proximidad que se están intentando
desarrollar. Y queremos extender y generalizar esto. Llevamos tiempo insistiendo en que hay que aprovechar el potencial de esos más de cien mil menús que se sirven a diario en Euskal Herria por parte de las Administraciones públicas. Si
conseguimos que la Administración pública sirva esos menús basados en el cultivo de proximidad, cultivo ecológico o cultivos saludables, conseguiremos una mejora sustancial en la nutrición y en la salud de las personas en edad escolar; pero también
en residencias, en hospitales, etcétera; va más allá, trasciende. Y, al mismo tiempo, estaremos impulsando una agricultura ecológica y de proximidad que ofrece también un futuro al sector primario. Ahí hay una línea estratégica importante, la
educación alimentaria, el acceso a comida saludable, apoyo a familias del primer sector y mejora de los hábitos desde la infancia. Evidentemente, no se lo podemos pedir todo a esta ley.
Laburbilduz, gure ustez, proposamen honek benetako arazo bati heltzen dio eta haurren osasunari buruzko kezka legitimo batetik egiten du. Helburua, oro har, partekatzen dugu, baina, hain zuzen ere, eskubideez, osasun publikoaz eta
erregulazio ekonomikoaz ari garelako, teknikoki sendoa, juridikoki argia eta proportzionatua den arau bat lortu nahi dugu, zuzenketetara irekitzen denean hobetzen saiatuko garena. Zer esanik ez, zenbait zehaztapen egingo dizkiogu legeari arautu
nahi diren gaietan geureganatuta ditugun eskumenak babesteko.
Nolanahi ere, garrantzitsua izango da haurrak publizitate praktika oldarkorretatik benetan babestuko duen lege bat izatea, eta, aldi berean, behar bezala bereiz ditzala produktu ultra prozesatua eta produktu tradizionala, adingabeei
zuzendutako publizitatea eta orotariko publizitatea, eta abar, eta abar, eta, batez ere, gai garrantzitsu honetan haurrak heztea, elikadura ingurune osasungarria bermatzea eta eskola jantokietan elikaduran jauzi kualitatibo bat ematea.
Azken finean, guzti hau publizitatea mugatzea bezain garrantzitsua izango dela ulertuko duen arauesparrua eguneratzea. Beraz, alde egingo dugu eta gero ekarpenak egingo ditugu dagokion momentuan.
Besterik ez. Eskerrik asko.
En resumen, entendemos que esta propuesta aborda un problema real, y lo hace, además, desde una legítima preocupación por la salud infantil. En general, compartimos el objetivo, pero, precisamente porque estamos hablando de derechos, salud
pública o regulación económica, aspiramos a conseguir una norma técnicamente sólida, jurídicamente clara y proporcionada que trataremos de mejorar, eso sí, en la fase de presentación de enmiendas. Y ni qué decir tiene que vamos a hacer algunas
precisiones a esta ley para salvaguardar las competencias que tenemos asumidas en las materias que se pretenden regular.
En cualquier caso, será importante tener una ley que proteja realmente a los niños y las niñas de prácticas publicitarias agresivas y, al mismo tiempo, que diferencie adecuadamente el producto ultraprocesado del producto tradicional, la
publicidad dirigida a menores y la publicidad generalista, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, que eduque a las y los niños en este tema tan importante, que garantice entornos alimentarios saludables y que dé un salto cualitativo en la alimentación
en los comedores escolares.
En definitiva, estamos hablando de actualizar un marco normativo que entienda que todo esto va a ser tan importante como limitar la publicidad. Y, por lo tanto, vamos a votar a favor y, después, eso sí, haremos aportaciones cuando llegue el
momento.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otero.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, presidenta.
Molt bona tarda a tothom.
La lluita contra l'obesitat infantil i juvenil, òbviament, és un objectiu necessari i compartit per Junts per Catalunya. Perquè estem, efectivament, davant d'un problema de salut pública molt real. L'OMS fa anys que alerta de l'augment del
sobrepès infantil i és evident que els poders públics han d'impulsar polítiques de prevenció, educació alimentària i promoció d'hàbits saludables. Catalunya fa anys que es treballa en aquesta línia amb programes d'alimentació saludable, escoles,
guies de salut pública, estratègies de prevenció impulsades des de les diverses institucions catalanes. És evident que queda molta feina per fer.
Dit això, i com malauradament s'ha convertit en una costum en aquest hemicicle amb determinades propostes de regulació, com en aquest cas, poc rigoroses, -ja els hi diré per què- ja els avanço que no trobaran a Junts avalant una proposició
que jurídicament és deficient. Per nosaltres és el pitjor, profundament invasiva des del punt de vista competencial i redactada amb un nivell d'ambigüitat incompatible amb la seguretat jurídica exigible a qualsevol norma restrictiva de drets com és
aquesta. Perquè aquesta iniciativa no es limita a regular publicitat dirigida a infants o joves. Va molt més enllà i ho fa amb conceptes jurídics, extraordinàriament indeterminats i amb una extensió pràcticament il·limitada del seu àmbit
d'aplicació.
Per exemple, la proposició no prohibeix només la publicitat adreçada a menors, prohibeix qualsevol publicitat o comunicació que pugui donar lloc a l'exposició a menors. És a dir, tot el que tenim al davant dels nostres ulls. I això afecta,
òbviament, tots els mitjans de comunicació i xarxes socials, òbviament Internet. Però és que també arriba al mobiliari urbà aparadors de botigues, punts de venda, pantalles, envasos, a tot a tot. És a dir, ja no parlem de publicitat infantil
estricta. Parlem d'una prohibició potencialment generalitzada basada en una possibilitat d'exposició indirecta.
I aquí apareix el primer gran problema jurídic: què vol dir que pugui donar lloc a l'exposició? Què s'entén quan una publicitat quan indueix el consum a menors? Com s'acreditarà això? Qui determinarà si una campanya tenia o no suficients
mecanismes per impedir aquesta exposició?
Perquè la mateixa proposició utilitza expressions absolutament obertes com 'elements visualment atractius'. Per qui? 'Estratègies de mercadotècnia' o expressions similars que posteriorment haurà de concretar reglamentàriament el Govern. I
això és especialment greu en una enorme sancionadora. Ja no decidirà el legislador, ho decidirà el Govern perquè el principi de seguretat jurídica de l'article 9.3 de la Constitució exigeix precisió, previsibilitat i taxativitat.
I aquesta llei no les garanteix, però el més greu per nosaltres li he avançat, és una altra cosa la invasió competencial, perquè aquesta proposició entra de ple en un munt de matèries. Competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, no
pas poques. Crec que és la que més de totes les que ens han presentat aquí en consum, en comerç, en publicitat, en protecció de menors, en salut pública, activitats recreatives, organitzacions d'esdeveniments amb moltíssimes. I també afecta
directament competències municipals
vinculades a l'ús de la via pública mobiliari urbà, fires, activitats locals que per això fan cadascú les seves pròpies ordenances.
I malgrat això, SUMAR Grup Plurinacional, torna a fer exactament el mateix que ens solen fer, que és utilitzar qualsevol debat socialment sensible. Aquest ho és. Tots hi tenim molt d'interès, com una excusa per tornar a recentralitzar
poder des de Madrid. I és bastant irònic perquè després són vostès els que donen lliçons de plurinacionalitat i de federalisme i de respecte a la diversitat nacional. Però quan arriba el moment de la veritat, les extremes esquerres espanyoles
continuen tenint la mateixa pulsió jacobina de sempre: uniformitzar, intervenir i concentrar les competències a l'Estat, encara que això impliqui, òbviament, buidar de contingut l'autogovern català. I convertir ajuntaments i comunitats autònomes
en simples executors del que es decideixi aquí.
Perquè aquesta llei no fixa només uns principis generals de salut pública, no, aquesta llei determina el contingut concret dels anuncis, determina quines advertències s'han d'incloure, determina fins i tot frases literals que s'han de posar
obligatòries, determina quina part de l'espai publicitari han d'ocupar aquests missatges, quins espais públics quedaran afectats, els radi exacte de metres de prohibició automàtica. És a dir, que l'Estat acaba decidint també sobre qüestions que
afecten directament potestats urbanístiques, comercials i d'activitats dels ajuntaments catalans.
I nosaltres ja estem farts d'aquestes propostes així, perquè això no és cooperació institucional, això és laminació competencial. I el problema és que aquesta manera de fer s'ha convertit en sistèmica. Ho hem vist, ens ho fan sempre en
habitatge. Ho hem vist amb educació, ho hem vist en consum, ho hem vist en lleis del sòl i ara també ho veiem amb això, sempre sota el mateix patró. Aprofitar títols competencials genèrics per anar erosionant competències autonòmiques i municipals
amb regulacions exhaustives. Des d'aquí, des de Madrid, ho hem dit des d'aquest faristol, manta vegades. Junts impedirem sempre que puguem que prosperi qualsevol iniciativa que trinxa les nostres competències. Aquesta ho és.
A més, la proposició va molt més enllà dels exemples internacionals que cita perquè parla de Portugal i del Regne Unit. Però en la mateixa exposició reconeix que aquelles mesures se centren sobretot en horaris i entorns infantils
específics, més el mode d'Euskadi. Aquí, en canvi, es pretén regular pràcticament qualsevol forma de comunicació comercial susceptible de poder ser vista per algun menor de 18 anys.
Nosaltres creiem en polítiques públiques serioses, en educació alimentària, en promoure hàbits saludables, però també creiem en la seguretat jurídica, en la proporcionalitat, en el respecte competencial, sobre tot i en legislar amb molt
rigor. I aquesta proposició, sincerament, no compleix cap d'aquests requisits i per això Junts no hi podem donar suport.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes a todo el mundo. La lucha contra la obesidad infantil y juvenil, evidentemente, es un objetivo necesario y compartido por Junts per Catalunya, porque estamos efectivamente ante un problema de salud pública real. La OMS
hace tiempo que alerta del sobrepeso infantil. Es evidente que los poderes públicos tienen que impulsar la prevención y la promoción de hábitos saludables. Cataluña hace tiempo que trabaja en esta línea en programas de alimentación en las
escuelas, que es salud pública, estrategias de prevención impulsadas por las diferentes instituciones catalanas, pero es evidente que aún queda mucho por hacer.
Habiendo dicho esto, como desgraciadamente se ha convertido en una costumbre en este hemiciclo en ciertas propuestas de regulación, en este caso poco rigurosas -luego les diré por qué-, les avanzo que no van a encontrar a Junts hablando de
esta proposición que es deficiente jurídicamente. Para nosotros es profundamente invasiva desde el punto de vista competencial y redactada en un nivel de ambigüedad incompatible con la seguridad jurídica de cualquier norma que exime de derechos
como es esta. Porque esta iniciativa no se limita a regular publicidad para niños y jóvenes, sino que va mucho más
allá. Lo hace en conceptos jurídicos extremadamente indeterminados y con una extensión prácticamente ilimitada de su ámbito de aplicación.
Por ejemplo, la proposición no prohíbe solo la publicidad dirigida a menores, prohíbe cualquier publicidad o comunicación que pueda dar paso a la exposición a menores, es decir, todo; todo lo que tenemos delante de nuestros ojos. Esto
afecta, evidentemente, a todos los medios de comunicación, redes sociales, Internet. También habla del mobiliario urbano, escaparates de tiendas, puntos de venta, pantallas, envases. A todo, es decir, ya no hablamos solo de publicidad infantil
estricta, hablamos de una prohibición potencialmente generalizada basada en una posibilidad de exposición indirecta.
Aquí aparece el primer gran problema jurídico. ¿Qué quiere decir que pueda dar lugar a la exposición?, ¿qué se entiende por una publicidad?, ¿cuándo se entiende que induce al consumo en menores?, ¿cómo se acreditará esto?, ¿quién
determinará si una campaña tenía o no suficientes mecanismos para impedir esta exposición?
La misma proposición utiliza expresiones absolutamente abiertas como elementos visualmente atractivos -¿para quién?-, estrategias de mercadotecnia o expresiones similares que posteriormente tendrá que detallar el Gobierno. Esto es
especialmente grave en una norma sancionadora porque ya no decidirá el legislador, sino el Gobierno. El principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución exige precisión, previsibilidad y taxatividad, y esta ley no las garantiza.
Lo más grave para nosotros, ya lo he dicho, es otro tema: la invasión competencial. Esta proposición entra de lleno en muchas materias, competencias propias de la Generalitat de Catalunya; en no pocas -creo que la que más de todas las que
nos han presentado aquí-: en consumo, en comercio, en publicidad, en protección de menores, en salud pública, en actividades recreativas, organizaciones de eventos... En muchas. También afecta directamente a competencias municipales vinculadas al
uso de la vía pública, el mobiliario urbano, ferias, actividades locales, que para ello cada uno hace sus propias ordenanzas.
A pesar de ello, SUMAR, el Grupo Plurinacional SUMAR -plurinacional-, vuelve a hacer lo mismo que nos suelen hacer, utilizar cualquier debate socialmente sensible -este lo es, todos tenemos mucho interés en él- como una excusa para volver a
recentralizar poder desde Madrid. Es bastante irónico, porque después son ustedes quienes dan las lecciones de plurinacionalidad y de diversidad nacional, etcétera, pero luego, las extremas izquierdas españolas siguen teniendo la misma pulsión
jacobina de siempre: uniformizar, intervenir y concentrar las competencias en el Estado, aunque esto implique, evidentemente, vaciar de contenido el autogobierno catalán y convertir a distintas comunidades autónomas en simples ejecutores de lo que
se decida aquí.
Esta ley no fija solo unos principios generales de salud pública, esta ley determina el contenido concreto de los anuncios, determina qué advertencias se tienen que incluir, determina incluso frases literales que se tienen que poner,
obligatorias, determina qué parte del espacio publicitario tienen que ocupar estos mensajes, qué espacios públicos quedarán afectados, el ratio exacto de metros de prohibición automática. Es decir, que el Estado acaba decidiendo también sobre
cuestiones que afectan potestades urbanísticas, comerciales y de actividades en los ayuntamientos catalanes.
Nosotros ya estamos hartos de esta propuesta porque esto no es cooperación institucional, esto es laminación competencial. El problema es que esta manera de hacer se ha convertido en sistémica. Lo hemos visto, nos lo hacen cada vez en
vivienda, lo hemos visto con educación, lo hemos visto en consumo, lo hemos visto en leyes de la tierra y lo hemos visto ahora también con esto. Siempre bajo el mismo patrón, aprovechar títulos competenciales genéricos para ir erosionando
competencias autonómicas y municipales en regulaciones exhaustivas desde aquí, desde Madrid. Lo hemos dicho aquí en el atril muchas veces: Junts impedirá siempre que pueda que prospere cualquier iniciativa que rompa nuestras competencias. Esta lo
es.
Además, la proposición va mucho más allá de los ejemplos internacionales que cita, porque habla de Portugal y del Reino Unido, pero en la misma exposición reconoce que aquellas medidas se centran sobre todo en horarios y en turnos infantiles
específicos.
Además, el modo de Euskadi. Aquí, por ejemplo, se pretende regular cualquier manera de comunicación comercial susceptible de poder ser vista por algún menor de 18 años.
Nosotros creemos en políticas públicas serias, en educación alimentaria, en promover hábitos saludables, pero también creemos en la seguridad jurídica, en la proporcionalidad, en el respeto competencial, sobre todo, y en legislar con mucho
rigor. Esta proposición, sinceramente, no cumple ninguno de estos requisitos. Por ello, Junts no podrá dar apoyo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gràcies presidenta, senyories.
Avui un nen de tres anys d'aquest país encara no sap llegir, però sap reconèixer un logotip. Sap qui és el dinosaure de la galeta, el tigre dels cereals i el pallasso de les hamburgueses. Reconeix la marca abans que la lletra. Això no és
casualitat, és una inversió. Algú ha pagat molts diners perquè això passi i per això aquesta llei fa una cosa senzilla de dir i difícil de fer. Posar límits a la publicitat d'aliments i de begudes, sobretot begudes energètiques que no són
saludables quan poden arribar a la mainada. No regula, com deia, les begudes energètiques i obliga a advertir ben gran els sucres o els greixos, etcètera, etcètera. I acaba amb envasos plens de personatges per vendre aliments poc saludables.
El Grup Republicà votarà a favor d'aquesta llei que tiri endavant. Hi votarem a favor amb convicció. I no només per cortesia. Primer, perquè trenca amb un fracàs de quinze anys l'autoregulació i aquí cal ser molt didàctics. Allò que
anomenen vostès el codi postal no és una llei. És un codi voluntari, un pacte perquè la indústria es vigili a ella mateixa quan fa publicitat a menors. I això no ha funcionat. Quan el guardià i el propietari són els mateixos, el resultat ja el
coneixem. Segons avaluacions i informes independents, la gran majoria d'anuncis adreçats a infants són productes poc saludables. Segon, l'obesitat infantil és un problema i no és culpa de les famílies. No és falta de voluntat. Són els
determinants comercials de la salut, és a dir, allò que et posen davant, com t'ho venen i a quin preu. Tercer, perquè això va de classe. La mala alimentació a les nostres ciutats té codi postal. Ja ho hem dit abans, la desigualtat també es menja
i la paga la classe treballadora.
Però senyories, permeti'm ser honest perquè la votem a favor no vol dir que la considerem completa. Regular la publicitat està molt bé, però no n'hi ha prou. Regular els anuncis i no tocar els preus està molt bé, però no n'hi ha prou. Ho
repeteixo: regular els anuncis i no tocar els preus està bé, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Parlar de menjar sa i no garantir menjadors escolars universals i de qualitat, no n'hi ha prou. Parlar de menjar sa i no garantir kilòmetre zero
de qualitat, no n'hi ha prou. Fer campanyes de responsabilitat individual mentre es permet una selva publicitària, no n'hi ha prou. No és acceptable, doncs, que una família hagi de fer miracles cada setmana. No és just que als barris amb menys
renda tinguin més trampa i menys opcions. I la salut pública no pot ser un negoci.
I aquí hi ha una escena que tots hem vist més d'una vegada. Una mare que surt tard de treballar amb la feina, amb el sou ajustat, han pres el súper i la criatura que demana el producte que ha vist a la pantalla i que els seus amics també
mengen i que porta el seu personatge simpàtic. I en aquella batalla desigual, massa sovint guanya el màrqueting. Això vol dir que la llibertat, si no hi ha drets, és un anunci més.
Per això, el Grup Republicà estendrà la mà al grup proponent. Estendrà la mà al grup per millorar aquesta llei en el tràmit. I quan dic millorar vull dir mesures, calendari i recursos perquè es pugui fer bé.
I un punt més en aquesta llei. Aquesta llei s'empara en títols competencials de l'Estat; correcte, però la salut pública, el consum i els mitjans propis són competències de la Generalitat de Catalunya. Per això els demanem que el tràmit
respecti escrupolosament l'autogovern de les diferents nacions de l'Estat. Protegir la canalla, sí, recentralitzar i blindar competències, no. Avisats estan. I això passa massa sovint i no hauríem d'estar
sempre vetllant perquè la plurinacionalitat de l'Estat ja hauria de ser una cosa tan assumida que no hauríem de recordarlos.
Per tot això, senyories, el grup parlamentari votarà a favor que aquesta llei tiri endavant.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Señorías, hoy un niño de tres años de este país aún no sabe leer, pero sabe reconocer un logotipo. Sabe quién es el dinosaurio de la galleta, el tigre de los cereales, el payaso de las hamburguesas. Reconoce la marca antes que la letra.
Esto no es casualidad, es una inversión. Alguien ha pagado mucho dinero para que esto pase. Por ello, esta ley hace algo sencillo de decir y difícil de hacer: poner límites a la publicidad de alimentos y de bebidas, sobre todo bebidas
energéticas, que no son saludables cuando puedan llegar a los niños. Por ejemplo, estas bebidas energéticas obligan a anunciar los azúcares, etcétera, y termina con envases llenos de personajes para vender alimentos poco saludables.
El Grupo Republicano votará a favor de esta ley para que tire adelante. Votaremos a favor con convicción y no solo por cortesía. En primer lugar, porque rompe con un fracaso de 15 años la autorregulación. Aquí hay que ser muy didácticos.
Lo que ustedes llaman el código PAOS no es una ley, es un código voluntario, un pacto para que la industria se vigile a sí misma cuando hace publicidad a menores. Esto no ha funcionado. Cuando el guardián y el propietario son los mismos, el
resultado ya lo conocemos. Según evaluaciones e informes independientes, la gran mayoría de anuncios dedicados a niños son de productos poco saludables. En segundo lugar, la obesidad infantil es un problema y no es culpa de las familias, no es
falta de voluntad; son los determinantes comerciales de la salud, es decir, eso que te ponen delante cuando te venden el producto y a qué precio. Tercero -porque esto va de clase-, la alimentación en nuestras ciudades depende del código postal.
Ya lo han dicho antes, la desigualdad también se come y la paga la clase trabajadora.
Señorías, permítanme ser honesto. Que votemos a favor no quiere decir que la consideremos completa. Regular la publicidad está muy bien, pero no es suficiente. Regular los anuncios y no tocar los precios está muy bien, pero no es
suficiente. Repito, regular los anuncios y no tocar los precios está bien, pero no es suficiente; no lo es. Hablar de comida sana y no garantizar comedores escolares universales de calidad no es suficiente; hablar de comer sano y no garantizar
productos de calidad no es suficiente; hacer campañas de responsabilidad individual mientras se permita una selva publicitaria no es suficiente. No es aceptable, pues, que una familia tenga que hacer milagros cada semana. No es justo que los
barrios con menos renta tengan más trampas y menos opciones, y la salud pública no puede ser un negocio.
Aquí hay una escena que muchos hemos visto. Una madre que sale tarde de trabajar con un sueldo ajustado, el niño le pide lo que ve en la pantalla, lo que comen también sus amigos, y que tiene un simpático personaje. En esa batalla desigual
muchas veces acaba ganando el marketing. Eso quiere decir que la libertad, si no hay derechos, es un anuncio más.
Por eso el Grupo Republicano tenderá la mano al grupo proponente para ayudar a establecer medidas, calendario para que se pueda hacer bien.
Y un punto más sobre esta ley: esta ley se ampara en títulos competenciales del Estado, correcto, pero la salud pública, el consumo y los medios propios son competencias de la Generalitat de Catalunya. Por ello, le solicitamos que respete
el autogobierno de las distintas naciones del Estado. Proteger a los niños, sí, pero centralizar y blindar competencias, no. El mensaje es claro y esto pasa muchas veces y no siempre tendríamos que estar aquí cuidando, cuidando, cuidando, porque
la plurinacionalidad debería ser algo tan tan tan asumido que no tendríamos que recordárselo.
Por todo ello, señoras y señores, señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de que esta ley tire hacia adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Ríos. (Aplausos).
El señor FERNÁNDEZ RÍOS: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos una proposición que, bajo un título aparentemente inocente -la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables-, lo que en realidad esconde es algo mucho más grave y es el penúltimo intento de algunos para que el Estado
se convierta no ya en el árbitro, sino en tutor moral, nutricionista oficial y el vigilante permanente de las decisiones privadas de los ciudadanos. (Aplausos). Porque eso es exactamente esta ley: una norma profundamente intervencionista,
paternalista y absolutamente desproporcionada, que parte de una premisa muy peligrosa, que es que el ciudadano es incapaz de decidir por sí mismo qué puede comer, qué puede comprar y qué anuncio puede ver sin que el Gobierno lo proteja de su propia
libertad.
Cuando uno lee el texto, entiende rápidamente el problema, porque esta ley no se conforma con regular la publicidad dirigida específicamente a menores; no. Lo que hace es algo muchísimo más amplio: considera publicidad infantil
prácticamente cualquier comunicación que un menor pueda llegar a ver; es decir, prácticamente toda.
Señorías de SUMAR, según su lógica, si un adolescente pasa por delante de una cafetería y ve un cartel de un cruasán, ya estamos en un riesgo sistémico para la salud pública. Si una familia va a un centro comercial y ve el anuncio de una
pizza, prácticamente eso sería un crimen contra la humanidad nutricional. Han construido ustedes un modelo en el que la mera posibilidad de exposición a un menor convierte cualquier publicidad en sospechosa. Y el resultado es delirante: prohíben
ustedes la publicidad a 150 metros de colegios, parques, bibliotecas, instalaciones deportivas, playas urbanas, ferias locales, fiestas populares; es decir, ¡prácticamente en toda España! (Aplausos). Solo les falta prohibir anuncios en las
inmediaciones de un cumpleaños infantil o en la cola de una churrería. Porque el problema hoy en día parece ser que no es ni el precio de la vivienda ni las listas de espera sanitaria ni la seguridad en los barrios ni la precariedad juvenil. No,
no: el gran enemigo de nuestro tiempo es el anuncio de una hamburguesa en una piscina municipal. (Aplausos).
Vayamos más allá. Esta ley pretende que anuncios audiovisuales dediquen un 20 % del tiempo a advertencias nutricionales. Un 20 %. Imaginen ustedes el anuncio de un helado donde el consumidor vea más tiempo el aviso burocrático que el
propio producto. Es decir, vamos camino de convertir la publicidad alimentaria en los paquetes de tabaco de los noventa, solo que aplicado a las cajas de galletas. Todo ello, eso sí, acompañado, naturalmente, de la fe ciega en su ministerio
pedagógico universal. Porque el texto obliga a incluir mensajes como: Una dieta saludable debe incluir una amplia variedad de alimentos frescos no procesados. Gracias. Gracias, señores de SUMAR, menos mal que ha llegado el BOE para informarnos
de algo que millones de familias ya saben perfectamente desde hace generaciones, pero que, desgraciadamente, gracias a la gestión de este Gobierno, no se pueden permitir porque comprar una lechuga, aceite de oliva o pescado se ha convertido en un
verdadero lujo asiático. (Aplausos).
Pero lo verdaderamente inquietante no es el tono moralizante. No. Lo verdaderamente inquietante es el concepto político que subyace detrás de esta ley. Ustedes hablan constantemente de proteger -proteger al menor, proteger al consumidor,
proteger a la sociedad-, pero nunca hablan de responsabilidad individual, de educación familiar o de libertad de elección, porque, en el fondo, lo que tienen ustedes es una idea profundamente elitista: la de que las personas tomamos malas
decisiones, pero, eso sí, gracias a Dios, ahí está el papá Estado para ayudarnos a todos a corregirlas. Y esa lógica no termina nunca. Hoy son las galletas, mañana la carne roja, pasado el atún, después el jamón curado, quién sabe, porque tiene
sal. Así, paso a paso, poquito a poquito, vamos hacia un modelo donde el Gobierno decide qué hábitos son moralmente aceptables y cuáles deben ser arrinconados mediante sanciones y restricciones.
Por cierto, hablando de sanciones: hasta 600 000 euros multiplicables por la facturación obtenida; cierre temporal de actividad; retirada inmediata de campañas publicitarias; registro público de marcas autorizadas. Un aparato
sancionador gigantesco para perseguir anuncios de alimentos. Francamente, uno ya no sabe si está leyendo una ley de salud pública o el reglamento administrativo de una república soviética sobre la nutrición. (Aplausos).
Mientras tanto, ¿qué ocurre con las pequeñas empresas, qué ocurre con la hostelería, qué ocurre con los pequeños comercios, las marcas locales, los negocios familiares, que no tienen un departamento jurídico capaz de interpretar la absoluta
ambigüedad de esta norma? Pues ocurre lo de siempre: más burocracia, más inseguridad jurídica y más costes. Porque, cuando la izquierda saca su obsesión regulatoria quien termina sufriendo siempre es el mismo: el pequeño empresario que solo
intenta sacar adelante su negocio sin convertirse en un experto de perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud.
Señorías, combatir la obesidad infantil es un objetivo legítimo. Nadie discute eso, pero una sociedad sana no se construye infantilizando a los ciudadanos ni criminalizando el consumo: se construye con educación, conciliación familiar,
información clara y responsabilidad compartida. Y el papel del Estado no es sustituir permanentemente el criterio de las familias ni convertir cada aspecto de la vida cotidiana en objeto de supervisión ideológica. Por eso rechazamos esta
proposición de ley, porque no promueve una sociedad más libre, ni más madura, ni más responsable; promueve una sociedad más vigilada, más tutelada (aplausos) y más acostumbrada a que el poder político decida incluso lo que se pueda anunciar a 150
metros de una playa.
Sinceramente, señorías, quizás el problema no sea que los ciudadanos coman demasiadas galletas. Quizás el problema esté realmente en que algunos Gobiernos llevan demasiado tiempo alimentándose de prohibiciones y de limitaciones constantes
de la libertad de los españoles, mientras que, al parecer, les importa muy poco limitar la libertad para delinquir no ya de sus ministros, sino hasta de sus propios presidentes.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cobo Pérez.
La señora COBO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Hoy sometemos a consideración una iniciativa que responde a una realidad incontestable, y es que la infancia y la adolescencia requieren una protección reforzada frente a la publicidad de alimentos y bebidas insanas, que condiciona sus
hábitos y pone en riesgo su salud presente y futura, y actuar es una obligación ineludible de los poderes públicos. En julio de 2023 el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS presentó la guía Políticas para proteger a la niñez
del impacto nocivo de la publicidad de alimentos, un documento que insta a los Gobiernos a adoptar marcos regulatorios más firmes frente a la publicidad dirigida a menores. Y la evidencia es contundente: dieciocho estudios coinciden en que limitar
este tipo de publicidad produce resultados positivos y constituye una herramienta eficaz para proteger la salud infantil.
La OMS nos indica que los menores siguen expuestos a una publicidad intensiva de alimentos insanos diseñada para influir en sus preferencias, sus hábitos y hasta en lo que piden comprar. Y sus efectos sobre la salud y sus derechos son
claros, y por eso protegerlos no es opcional, sino una obligación de los poderes públicos. Países como Noruega, Reino Unido o Portugal ya cuentan con una legislación muy avanzada que restringe la publicidad de alimentos no saludables para menores y
limita las técnicas publicitarias para niños. No estamos ante una cuestión menor ni meramente comercial, sino ante un problema de salud pública, que afecta de forma directa al interés superior del menor, según lo recomendado por nuestra
Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra legislación interna. Por tanto, estamos abordando un problema que afecta directamente a la salud pública, a la igualdad de oportunidades y muy especialmente al bienestar de la
familia y las infancias.
Cuando hablamos de obesidad infantil hacemos referencia a un fenómeno multifactorial pero también a un entorno que expone de forma persistente a nuestros menores ante mensajes comerciales que incentivan consumos perjudiciales. Por eso esta
propuesta parte de una premisa clara, y es que la libertad de empresa y la actividad publicitaria no pueden prevalecer sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno saludable. Los socialistas vamos a apoyar la toma en
consideración de esta iniciativa por coherencia con nuestros principios y con aquello en lo que creemos, en que los poderes públicos tienen la obligación de proteger especialmente a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Y lo
haremos también porque el contenido de la propuesta se sitúa en la misma dirección que la prioridad que tiene nuestro Gobierno, que es la reducción de la obesidad infantil.
Ahora bien, nuestro apoyo parte de una premisa clara, y es que esta ley es mejorable. Nuestras enmiendas, de aprobarse la toma en consideración, irán encaminadas fundamentalmente a corregir, preservar o potenciar tres aspectos que
consideramos fundamentales y compatibles con el objeto de esta iniciativa: la competitividad de la cadena alimentaria española, aquellos aspectos del articulado que puedan desincentivar la reformulación o penalizar la innovación y las prohibiciones
generales por categorías de productos sin análisis de proporcionalidad y alternativas graduadas.
No obstante, también sabemos que la derecha parlamentaria tratará de no darnos la oportunidad de corregir el texto, porque presumo que no lo apoyarán, volverán a ponerse exclusivamente del lado de la industria y sus propios intereses
partidistas, en contra del interés general y el interés superior del menor. Lo demuestran pleno tras pleno, instalados en el cuanto peor mejor y en el cinismo de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Anteponen el daño al país a
cualquier sentido de la responsabilidad. (Aplausos).
Señorías, las políticas públicas para combatir la obesidad infantil son fundamentales, y estas políticas públicas funcionan cuando se sostienen en el tiempo, y por eso las políticas del Gobierno progresista están funcionando. El Estudio
Aladino 2023 muestra que la prevalencia del exceso de peso entre los niños de 6 a 9 años ha disminuido en todas las ediciones desde 2011, y entre los años 2019 y 2023 se ha registrado la caída más significativa de toda la serie: 4,5 puntos
porcentuales menos. Según la Encuesta de Salud en España 2023, la obesidad infantil baja al 7,1 frente al 10,3 de 2017, consolidando la tendencia descendente iniciada en 2020 y situándose entre los niveles más bajos de la serie. Ahora bien, estos
mismos datos nos recuerdan algo fundamental, y es que la obesidad infantil sigue teniendo un cierto componente social y que afecta con mayor intensidad a los niños y a las niñas de las familias con menos ingresos, porque la obesidad y los problemas
asociados a una mala alimentación no tienen una única causa; intervienen factores biológicos, sociales, económicos, educativos, ambientales y de estilo de vida, y precisamente por eso la respuesta pública debe ser amplia, coordinada y sostenida en
el tiempo. Y en esta dirección se enmarca la labor que viene desarrollando el Gobierno a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Estrategia NAOS, que desde 2005 impulsa actuaciones para promover una alimentación
variada y equilibrada, fomentar la actividad física y mejorar los entornos en los que se toman las decisiones alimentarias.
Señorías, quisiera destacar algunas medidas concretas puestas en marcha por este Gobierno. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 315/2025, del 15 de abril, para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros
educativos. Es una medida especialmente relevante porque los comedores escolares no son solo un servicio, también son un espacio de igualdad, salud y educación en hábitos de vida saludables. Además, el Gobierno está trabajando en un nuevo real
decreto para extender estos criterios de alimentación saludable y sostenible a centros de titularidad pública y centros privados que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales. Es decir, se está avanzando para que la mejora de la
oferta alimentaria llegue también a aquellas personas que más lo necesitan. Y a ello se suma la publicación de un documento de consenso sobre alimentación saludable y sostenible en el primer ciclo de educación infantil. Y todo esto se inserta en
el Plan Estratégico Nutricional para la Reducción de la
Obesidad Infantil 20222030, en el que participan dieciocho ministerios. Y esto es importante subrayarlo: no hablamos de una actuación aislada, sino de una política de Estado transversal, que implica al conjunto de la Administración y
conecta salud, educación, consumo, derechos sociales e igualdad.
Señorías, el Grupo Socialista afronta este debate desde una posición clara: compartimos el objetivo de seguir promoviendo una alimentación más saludable, especialmente durante la infancia y entre los colectivos más vulnerables; reconocemos
que hay avances importantes impulsados por el Gobierno, y entendemos que cualquier nueva iniciativa legislativa debe servir para reforzar, ordenar y mejorar las políticas que ya están en marcha, porque proteger la salud de niños y niñas, reducir las
desigualdades asociadas a la alimentación y garantizar entornos más saludables no es solo una cuestión sanitaria, sino de justicia social.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cobo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vedrina Conesa.
La señora VEDRINA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la familia, acompañada por la escuela, la cultura y los medios de comunicación, entretenimiento y promoción comercial, desempeña un papel decisivo en la forma en la que la persona aprende a leer el mundo y a encontrar su lugar en
él. Y es precisamente en estos espacios, con la familia como ámbito principal e insustituible, donde suelen adquirirse muchos de los hábitos, principios y valores que esculpen a la persona de por vida.
La iniciativa presentada por SUMAR parte de una preocupación legítima. Y al Partido Popular también le preocupa la protección y el bienestar de los niños y los adolescentes. Pero habríamos agradecido que hubiesen manifestado la misma
sensibilidad de su intervención de hoy hacia los menores tutelados víctimas de abusos en Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. (Aplausos).
España, a la cabeza en pobreza infantil, arrastra también desde hace años cifras preocupantes respecto a obesidad infantil y sobrepeso en menores. La OMS identifica la obesidad infantil como una enfermedad crónica grave y uno de los mayores
desafíos sanitarios del siglo XXI. Además, determinados modos de vida agudizan esta enfermedad. Y el Partido Popular asume este planteamiento. Pero aquí permítame, diputado Alonso, que le insista en que es urgente que el Ministerio de Sanidad
reconozca que hablamos de una enfermedad, y no de un síntoma. (Aplausos).
Permítanme, señorías de SUMAR, que me detenga ahora en dos debilidades especialmente reveladoras de su proposición de ley: la primera, el modo en el que han decidido tramitar esta iniciativa parlamentaria; la segunda, la evidente
limitación del enfoque desde el que pretenden abordar un desafío, como hemos dicho, sanitario, educativo y social de enorme complejidad.
Respecto a la tramitación, saben ustedes que el Gobierno anunció públicamente durante meses una futura regulación sobre publicidad alimentaria dirigida a menores. Sin embargo, aquella iniciativa, como otras, nunca llegó a tramitarse como
proyecto de ley, y, finalmente, hoy aflora aquí como proposición de ley de uno de los grupos que sostienen al Ejecutivo. No se trata de una cuestión menor, porque un proyecto de ley incorpora garantías que la proposición de ley no exige: memorias
sobre impacto normativo, evaluación económica y presupuestaria, informes ministeriales, trámites de audiencia pública y análisis sobre los sectores afectados. Así pues, la tramitación de esta iniciativa revela la dificultad del Ejecutivo para
alcanzar un consenso y, además, una forma de gobernar a la que nos tienen cada vez más acostumbrados, utilizando a los grupos de la mayoría como vía para impulsar lo que el Ejecutivo, dividido en tantas ocasiones, evita asumir por los cauces
ordinarios. ¡Lástima que esa división no existiera cuando el Gobierno aprobó sin pestañear el rescate a Plus Ultra, liderado -presuntamente- por el expresidente Zapatero! (Aplausos).
Respecto a la limitación del enfoque de la proposición, nuestro grupo parlamentario no llega a este debate hoy con las manos vacías. Llevamos casi tres años construyendo, iniciativa a iniciativa, las propuestas políticas que la infancia y
la adolescencia española merecen y necesitan. Ustedes proponen regular la publicidad de alimentos no saludables: nosotros proponemos bajar el IVA de alimentos frescos y conservas para que las familias puedan permitirse comprar más; más huevos,
leche, carne, pescado, frutas y verduras; sí, sí, también carne y pescado, señorías de SUMAR. (Aplausos). Ustedes proponen etiquetar productos con advertencias nutricionales: nosotros proponemos el etiquetado frontal, para que la información sea
clara y útil para las familias. Ustedes proponen promover la dieta saludable desde la norma publicitaria: nosotros proponemos favorecer el acceso a alimentos básicos para las familias en situación de vulnerabilidad y defender activamente la dieta
mediterránea como patrimonio nutricional, cultural e identitario de nuestro país y exigimos que la ley proteja -y no penalice- los productos de nuestra tierra. Ustedes proponen prohibir la venta de bebidas mal llamadas energéticas a menores
mediante esta proposición. Como muy bien ha destacado, en Galicia, gobernada por el Partido Popular, esta prohibición ya ha entrado en vigor. (Aplausos). Ustedes proponen sancionar a los anunciantes: nosotros proponemos no recaudar más, sino
devolver dinero a las familias españolas, señorías, como con la deflactación del IRPF para que la inflación no se convierta en más impuestos, bajar el IVA de las facturas de la energía y bonificaciones fiscales que alivien la presión económica sobre
los hogares con hijos. Una familia con más renta disponible toma mejores decisiones, puede comprar mejor, puede comer mejor y puede vivir mejor. Y ustedes proponen también regular el tiempo que los niños pasan expuestos a la publicidad: nosotros
proponemos devolverles el tiempo que pasan con su familia. La proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar que hemos presentado y que ustedes rechazaron persigue exactamente eso que mencionaba usted, señor Alonso, que los
progenitores puedan estar presentes, puedan cocinar, puedan acompañar, puedan mirar, puedan escuchar y, por supuesto, corregir; en fin, puedan amar y educar. Ustedes proponen fomentar hábitos saludables desde la norma. Nosotros les ofrecemos esas
deducciones fiscales por gastos deportivos familiares que en algunas comunidades donde gobierna el Partido Popular ya son efectivas.
Señorías, la obesidad infantil exige una respuesta mucho más poliédrica que la que ustedes nos traen hoy. Precisa de un Gobierno limpio, que no esté dividido y trabaje colegiadamente con los mejores instrumentos a su disposición. Exige que
el avance de las medidas se dirija certeramente a dotar a las familias, a las entidades locales y a las comunidades autónomas de los recursos suficientes para que puedan permitirse estilos de vida y de alimentación saludables. Lamentablemente,
señorías, eso será imposible mientras que el Gobierno de España sobreviva atrincherado en la ponzoñosa corrupción económica, política, institucional y moral con la ayuda de los grupos parlamentarios de la izquierda radical, el independentismo
rupturista y quienes no han tenido reparo en tender la mano a los terroristas. Habrá que esperar a que los españoles elijan un nuevo presidente de Gobierno -y estoy segura de que será Alberto Núñez Feijóo- para que España pueda afrontar con
seriedad, rigor y unidad este y otros tantos desafíos que hoy quedan pendientes.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vedrina.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL. (Número de expediente 122/000240).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, del Grupo Parlamentario
Popular.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Noriega Gómez.
El señor NORIEGA GÓMEZ: Buenas tardes, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Desde que Sánchez llegó al Gobierno, la vivienda ha pasado de ser el problema número dieciséis a constituir la principal preocupación de todos los españoles. La vivienda es su auténtica prioridad nacional. Pero un Gobierno que no entiende
el problema de la vivienda es imposible que encuentre una solución. Y el problema de la vivienda es un problema de oferta. Necesitamos que se ponga más vivienda en el mercado. Sin embargo, cada año se construyen muchas menos viviendas de las que
los españoles necesitan. Y si a esto unimos la huida de los españoles del mercado de alquiler, con la retirada de sus viviendas del mercado por la inseguridad jurídica que provoca este Gobierno, y la entrada -no hay que obviarlo- de más de dos
millones de personas en los últimos cuatro años, tenemos un déficit de construcción de viviendas que supera las cien mil viviendas al año. (Aplausos). Este es un dato irrebatible.
Solo un aumento de la oferta provocará una bajada de los precios. Pero, desgraciadamente, las políticas del Gobierno van en una dirección contraria. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el incremento de los precios ha ascendido como
un cohete: en la compraventa ha ascendido un 69 % y en el alquiler un 51 %. ¡A lo mejor este era el cohete al que se refería!
La ley de vivienda de Pedro Sánchez, con su intervención de precios, ha sido un absoluto fracaso. No se puede decir otra cosa. (Aplausos). Hablemos, por ejemplo, de Barcelona. Desde el inicio de la legislatura los precios del alquiler en
Barcelona han aumentado más de un 27 %. Hay muchas menos viviendas en el mercado y se firman muchos menos contratos de alquiler residencial. La gente prefiere cerrar su piso o venderlo, pero no alquilarlo. Y este es un dato espeluznante: por
cada anuncio de piso de alquiler en Barcelona, hay 444 solicitudes de interesados. Esto es insostenible. Es imposible superar el casting para conseguir vivienda, señorías.
Hagan caso a las Cortes Generales y a las iniciativas legislativas aprobadas por el Partido Popular en ambas Cámaras sobre la vivienda, y dejen de una vez su filibusterismo legislativo y el uso de estrategias de obstrucción, como prorrogar
reiteradamente los plazos de enmiendas de ciertas proposiciones de ley para congelar sine die su tramitación legislativa. (Aplausos). Como bien saben y conocen, el Tribunal Constitucional español acaba de censurar de forma unánime en una reciente
sentencia, de 14 de abril, esta práctica de la anterior Mesa del Congreso, al considerar que se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de los diputados. No solo han fracasado estrepitosamente con su política de vivienda, impidiendo
que el ciudadano español pueda emanciparse, sino que impiden que las soluciones propuestas por la mayoría del Parlamento puedan ponerse en marcha, y eso no es democrático. No me hablen de democracia plena, señorías del Grupo Socialista. ¡No
presuman de ella! Dejen de insultar a la inteligencia de los ciudadanos españoles. Cumplan la Constitución y cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. (Aplausos).
Señorías del Grupo Socialista, más vivienda, más facilidades y más seguridad jurídica: eso es lo que necesita España en el asunto de la vivienda. Se trata de poner más suelo en el mercado para construir más viviendas. Nosotros, el Grupo
Popular, hemos propuesto un millón de viviendas en cuatro años. Y más facilidades, digo. Hay que reducir la burocracia y los plazos de construcción de diez a cuatro años e introducir el silencio positivo, hay que facilitar el crédito al promotor,
hay que facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda a través de avales y de la exoneración de impuestos en los cuatro primeros años de vida laboral, hay que reducir el IVA en obra nueva y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en segunda
mano en la compra de primera vivienda y bajar ambos al 4 %, hay que establecer un beneficio fiscal del 75 % en el IRPF para los propietarios de viviendas vacías durante el primer año en que la saquen al mercado, y, como decía, mayor seguridad
jurídica, aprobar de una vez por todas la ley antiokupación, que ya fue aprobada en el Senado, pero congelada en el Congreso (aplausos), y hay que crear un fondo estatal de garantía de alquiler que opere como aval para los propietarios y así vuelva
la vivienda al mercado de alquiler. Estas son solo algunas de las treinta medidas imprescindibles y que
se encuentran contenidas en el Plan Integral de Vivienda del Partido Popular, dado que el PSOE y sus socios de Gobierno impiden que, tras su aprobación por el Congreso y el Senado, puedan ponerse en marcha. Si no quieren gobernar, convoquen
elecciones generales y dejen que el nuevo Gobierno que elijan los ciudadanos españoles lo haga. (Aplausos).
Con motivo de la crisis sanitaria y la posterior pandemia causada por el COVID en el año 2019 y el encierro ilegal al que nos sometió el Gobierno, incluido el inconstitucional cierre del Congreso, ahora hemos conocido que algunos miembros
del Gobierno de Sánchez utilizaban salvoconductos para desplazar por el territorio español a las prostitutas que contrataban con el dinero de todos los españoles para celebrar francachelas y orgías; mujeres a las que posteriormente colocaban en
empresas públicas, por no hablar de las comisiones por la venta de mascarillas, aunque mejor dejemos trabajar a los jueces y que establezcan la responsabilidad que a cada uno corresponda. Y en ese contexto de la crisis sanitaria del que estoy
hablando, entre las pocas cosas positivas que nos trajo la pandemia está el teletrabajo y, en el caso que ahora nos ocupa, la posibilidad de celebrar juntas de propietarios de forma telemática. En España se calcula que se celebran anualmente más de
un millón y medio de reuniones de comunidades de propietarios, y bajo esta forma jurídica de propiedad no podemos olvidar que se está prestando servicios al 80 % de la población y que se gestionan recursos económicos equivalentes al 4 % del PIB.
Pues bien, en esa época y debido a las limitaciones impuestas por el COVID, se paralizó el funcionamiento de las comunidades de propietarios, no pudiendo celebrarse juntas por la laguna legal que presentaba la Ley de Propiedad Horizontal, de
1960, que omitía la posibilidad de desarrollar las reuniones de forma telemática. En un mundo que avanza digitalmente y cuando la Unión Europea ha establecido entre sus prioridades la digitalización de la sociedad, entendemos que resulta
imprescindible facilitar la celebración de juntas de propietarios y la adopción de acuerdos por todos los medios posibles. En este sentido, la experiencia del tiempo que estuvo en vigor el Real Decreto Ley 8/2021 permitió constatar el éxito de la
asistencia a las juntas de vecinos de modo no presencial, tal y como demuestra la experiencia y los datos que nos han facilitado los colegios de administradores de fincas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Goméz de Celis, ocupa la Presidencia).
Es un hecho irrebatible que las juntas telemáticas han multiplicado la presencia de los propietarios que no residen en el edificio y han permitido conciliar la vida profesional y la familiar de aquel trabajador al que le resultaba imposible asistir
por incompatibilidad de horarios, de modo que ahora puede conectarse sin necesidad de realizar desplazamientos a través de su ordenador o, incluso, de su móvil.
Pero el Partido Popular también debe pensar en todo el mundo, y, sobre todo, en aquellas personas de edad avanzada que tienen dificultad con la tecnología y a las que la imposición de una junta cien por cien telemática impediría o
dificultaría enormemente su participación, por lo que, para equilibrar ambos mundos, debemos optar por la celebración de juntas de propietarios físicas y virtuales a la vez. Es lo que se llama el modelo mixto o híbrido, ya que este formato suma lo
mejor de ambos entornos, porque mantiene el acceso de los vecinos mayores en el portal o en el local donde se desarrolla la junta y además abre la posibilidad de participación a los propietarios ausentes o que se encuentren trabajando. Todas son
ventajas.
Por ello, humildemente, pido el voto a los 350 diputados de esta Cámara para modificar el artículo 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal y establecer por ley que pueda asistirse a las juntas por videoconferencia si así lo ha aprobado
previamente la junta de propietarios o lo tiene incluido en sus estatutos. La digitalización, señorías, no aleja al ciudadano, sino que democratiza las comunidades de vecinos, permitiendo una toma de decisiones más inclusiva y facilitando, en suma,
que el propietario que trabaje o viva fuera pueda defender su propiedad con un solo clic.
Otro cambio legislativo -es el segundo propuesto por el Grupo Popular en esta iniciativa- es la modificación del artículo 9.1.h) de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de establecer legalmente la posibilidad de designar una dirección
de correo electrónico a efectos de citaciones y notificaciones de la comunidad de propietarios. El beneficio de
esta modificación legislativa es inmenso, señorías: mayor inmediatez y agilidad organizativa, con la recepción en tiempo real de la notificación, así como mayor seguridad jurídica y validez legal. Si el vecino facilita su correo
electrónico, es fácil entender que ese será su domicilio preferente a efectos legales. Se acabaron las excusas de que la carta no me ha llegado o me han vandalizado el buzón, dotando a las comunidades de pruebas de envío automatizadas ante posibles
impugnaciones de juntas y agilizando el paso previo para reclamar a vecinos morosos, evitando en su caso la siempre engorrosa y lenta publicación en el tablón de anuncios de la comunidad, ya que la notificación previa de la deuda por email con su
correspondiente acuse de recibo digital será plenamente válida. Existen pequeñas comunidades de propietarios, señorías, en las que los impagos reiterados y dolosos de uno o de dos propietarios paralizan la vida de la comunidad e impiden realizar
actuaciones absolutamente urgentes y necesarias para la marcha de esa comunidad, por lo que la agilización de la reclamación de las deudas es bienvenida no solo por los administradores de fincas, sino por los propietarios cumplidores y que se
encuentran al día en el pago de sus cuotas ordinarias y derramas. Se lo indico como abogado con más de treinta años de ejercicio profesional: hay comunidades absolutamente paralizadas.
En tercer lugar, otra ventaja de introducir el email es el mayor ahorro para las arcas comunitarias. Eliminamos el correo postal, reducimos costes de papelería y puede destinarse ese dinero a mejoras del edificio.
Y, en cuarto y último lugar, una mayor sostenibilidad y accesibilidad, que no podemos despreciar. Tenemos que tender hacia una comunidad de residuos cero y lograr así reducir el impacto ambiental, al eliminar toneladas de papel
innecesarias.
Defender la propiedad horizontal, señorías, es también modernizarla. No podemos seguir gestionando los edificios del siglo XXI con burocracia y métodos del siglo XIX. Permitir las notificaciones por correo electrónico no solo es una medida
ecológica; es una medida de eficiencia económica para las familias, que ahorran costes inútiles, y, en suma, es una herramienta de justicia rápida contra los morosos, no se nos olvide. Digitalizar la comunidad es blindar la propiedad frente a la
parálisis y el fraude.
En tercer y último lugar respecto a este proceso de digitalización, desde el Grupo Popular proponemos mediante de esta proposición de ley modificar el artículo 19.1 de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de legalizar el libro de actas
digital y que tenga plena validez jurídica. No se trata de un capricho tecnológico, señorías, ya que es un escudo de eficiencia, reducción de burocracia, transparencia, trazabilidad total e inmunidad para los ciudadanos. Con la legalización del
libro de actas digital se acaban los libros perdidos, se acaban las actas manipuladas a puerta cerrada y se acaban las trabas burocráticas para la consulta de las actas, dotando a la comunidad de una mayor seguridad jurídica al sincronizar la vida
comunitaria con el registro de la propiedad.
Señorías, nuevamente les pido el voto para mejorar la vida de los ciudadanos. Esta iniciativa no merece tener ni un solo voto en contra. Demos paso a comunidades de propietarios donde la información sea más accesible.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya finalizando, por favor.
El señor NORIEGA GÓMEZ: Sí, dos segundos.
Demos paso a comunidades de propietarios en las que la información sea más accesible, en las que la firma de un acuerdo sea más inmediata y en las que el fraude no tenga cabida. Es hora de dar más seguridad jurídica a los propietarios, es
hora de dar más agilidad y eficiencia a las comunidades y es hora de mirar al futuro con una ley de propiedad horizontal actualizada al momento que nos toca vivir.
Muchas gracias a todo el mundo. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente.
Arratsalde on guztioi.
Señorías, se nos propone una iniciativa para la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal a fin de que el proceso de digitalización en el que está inmersa la sociedad también alcance en algunos aspectos a las comunidades en régimen
de propiedad horizontal. Nuestro grupo parlamentario valora este propósito, en términos generales, de forma positiva en cuanto a que las citaciones y notificaciones sean realizadas al propietario que así lo indique a su dirección de correo
electrónico. E igual valoración positiva nos merece la reforma que posibilita, a elección de la comunidad de propietarios, que el libro de actas de los acuerdos de la junta de propietarios se lleve en formato físico, como hasta el momento presente,
o en formato y soporte electrónico, conforme al modelo que apruebe en su momento la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Sin embargo, señorías, la iniciativa nos suscita algunas dudas respecto a la nueva posibilidad de asistencia a
la junta de propietarios por videoconferencia, pues no se establece garantía y requisito alguno respecto a las condiciones de esta videoconferencia, cosa que sí se hizo en el Real Decreto Ley 8/2021 durante su vigencia en la pandemia, y además junto
a la videoconferencia también se posibilitaba la conferencia telefónica múltiple. Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayoría de las viviendas en España se articulan en régimen de propiedad por pisos y lonjas o propiedad horizontal y que por
ello mismo las distintas comunidades de propietarios son muy diversas, lo mismo que sus propietarios, que lo son de todo origen y condición, quizás sería más conveniente no crear un derecho en el propietario que quisiera asistir a las reuniones de
la junta sin posibilidad de modulación por la comunidad, bien con carácter previo a cada sesión de la junta, bien con carácter general en los estatutos de la comunidad, cosa que precisamente se considera en la exposición de motivos, pero que luego
no tiene reflejo en la parte dispositiva de la iniciativa. Pues si bien fue cierto que en el periodo del 9 de mayo a 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de participar y votar en la junta de propietarios por videoconferencia, como les decía, o
por conferencia telefónica múltiple, fue una realidad aplicable a todas las comunidades de propietarios, no olvidemos, sin embargo, que lo fue en un contexto de pandemia y que se dio por prorrogado en todas las comunidades el último presupuesto
anual aprobado y el nombramiento de los órganos de gobierno, así como que se suspendió la obligación de convocar y celebrar juntas de propietarios y adoptar acuerdos sobre el plan de ingresos y gastos, las cuentas correspondientes y el presupuesto
anual, habilitándose la posibilidad excepcional de celebración de junta solo cuando hubieran de adoptarse acuerdos que no pudieran demorarse por ningún motivo y, en ese caso, se posibilitaba la adopción de acuerdos sin celebración de junta o,
excepcionalmente, con celebración de junta con posibilidad de que, quienes no quisieran estar presencialmente para evitar contagios, participaran por videoconferencia o por conferencia múltiple, también con requisitos y garantías importantes y no
solo para el asistente telemático, sino también para los presentes. Es decir, señorías -y voy finalizando, presidente-, la experiencia telemática que se cita como precedente en la iniciativa fue muy limitada -y solo temporalmente- como para
sostener que todas las comunidades de propietarios, que agrupan -hay que recordarlo- a dieciocho millones de viviendas en el Estado, están preparadas sin modulación y requisito alguno para que la asistencia a la junta por algún propietario pueda
realizarse y votarse telemáticamente. Señorías, También tenemos que hacer notar que en la proposición de ley sobre asistencia y voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las Administraciones locales, que actualmente se
encuentran en tramitación en la Cámara, distintos grupos parlamentarios hemos presentado enmiendas considerando que no todas las entidades locales del Estado, por sus tamaños y características singulares, están en condiciones para instalarlo
inmediatamente y, mucho menos, sin requisitos y garantías sobre el sentido del voto, identidad del participante y su libertad para emitirlo.
Señorías, finalizo. Votaremos favorablemente la toma en consideración de la iniciativa, pero consideramos que el texto, tal y como se encuentra, no debiera ver la luz en el Boletín Oficial del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el grupo parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Bé, molt bona tarda de nou.
Junts no donarem suport a aquesta proposició de llei. No ho farem perquè el que vostès proposen forma part ja del dret civil propi de Catalunya. De fet, el nostre Codi Civil català ja permet la celebració de juntes telemàtiques i aquest és
el primer problema que ens trobem. Amb aquesta proposició, un problema polític, el Partit Popular, de nou, com fan SUMAR, igual que qualsevol partit espanyol, torna a legislar com si només existís el dret civil comú. I com si les comunitats amb
dret civil propi fossin una realitat secundària o directament irrellevant. Junts, òbviament, no estem en contra de facilitar reunions telemàtiques ni que es digitalitzen els llibres d'actes. Òbviament, sí ja ho fem. Però és que aquesta llei no
està pensada per abordar el veritable problema que avui tenen moltes comunitats de propietaris. Problemes realment molt greus. No només aquesta simple possibilitat de celebració telemàtica de les juntes. I m'estic referint a la morositat
cronificada i que es perd una oportunitat perquè parlar de fer reunions telemàtiques podent abordar un tema que realment preocupa moltíssim a la ciutadania. Comunitats que acumulen impagaments enormes durant anys, veïns que han d'assumir les
despeses dels que no poden complir o que no compleixen dificultats reals per afrontar els manteniments més bàsics i els serveis comunitaris més bàsics de les comunitats. I no parlem ja de quan les comunitats han d'afrontar rehabilitacions
energètiques, obres de conservació o eliminació de barreres arquitectòniques, especialment quan existeixen aquests pagaments recurrents que acaben traslladant tota la càrrega econòmica a la resta de propietaris. Fins i tot s'arriba a fer impossible
fer aquest tipus de rehabilitacions o d'obres. I això sí que és un problema seriós. Això és un problema que afecta molt greument la vida diària de la nostra gent. I aquí sí que hi ha marge perquè el legislador estatal actuï en allò que
efectivament és competència seva. De moment, especialment en matèria processal i d'eficàcia de mecanismes de reclamació judicial, per exemple. Però sincerament, si el Partit Popular volia abordar de debò els problemes que causats per la propietat
horitzontal, doncs possiblement havia d'haver començat per aquí perquè és el problema més gordo que tenen actualment. En canvi, ens porta una reforma molt minsa. Una proposició que, no sé, jo diria que gairebé cosmètic, que de fet li ha costat uns
12 minuts i ha hagut d'estar molt parlant de les mesures i polítiques del seu partit en habitatge, passant per altres temes més escabrosos. Però la veritat és que es presenta com una solució important i el que seria una solució important és
treballar contra la morositat cronificada i sobretot, el que fa el Partit Popular, en aquest cas, com moltes, com en moltes ocasions, és tornar a obviar la pluralitat nacional i la pluralitat jurídica d'aquest Estat, i concretament, en aquest cas,
les competències pròpies de Catalunya, perquè ja ho tenim regulat.
Junts impedirem aquesta manera de legislar centralitzadora. Ho he dit abans i ho torno a repetir: quan es vulguin conculcar competències pròpies, nosaltres farem tot el possible perquè no puguin tirar endavant. I més amb aquesta proposta
que passa de puntetes per dir que no passa en el principal problema que tenen les comunitats de propietaris.
Moltes gràcies.
Buenas tardes de nuevo.
Junts no apoyará esta proposición de ley. No lo haremos porque lo que ustedes proponen forma parte también del derecho civil propio de Cataluña. De hecho, nuestro Código Civil catalán ya permite la celebración de juntas telemáticas. Y
este es el primer problema que nos encontramos ante esta proposición, un problema político. El Partido Popular, de nuevo, como hace SUMAR y cualquier otro partido español, vuelve a legislar como si solo existiera el derecho civil común y como si
las comunidades con derechos civiles propios fueran una realidad secundaria o directamente irrelevante. Junts, obviamente, no está en contra de facilitar reuniones telemáticas ni de que se digitalicen los libros de actas, evidentemente, si ya lo
hacemos, pero es que esta ley no está pensada para abordar el verdadero problema que hoy tienen muchas comunidades de propietarios;
problemas realmente muy graves, no solo esta simple posibilidad de celebración telemática de las juntas. Me estoy refiriendo a la morosidad cronificada y a que se pierde una oportunidad al hablar de hacer reuniones telemáticas pudiendo
abordar un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía: comunidades que acumulan impagos enormes durante años, vecinos que tienen que asumir los gastos de los que no pueden cumplir o que no cumplen, dificultades reales para abordar los
mantenimientos más sencillos y los servicios comunitarios más básicos de las comunidades. Y ni hablemos ya de cuando las comunidades tienen que enfrentarse a rehabilitaciones energéticas, obras de conservación o eliminación de barreras
arquitectónicas. Especialmente cuando existen estos pagos recurrentes se acaba trasladando toda la carga económica al resto de propietarios e incluso llega a ser imposible hacer este tipo de rehabilitaciones o de obras. Este sí que es un problema
serio, este es un problema que afecta gravemente a la vida diaria de nuestra gente. Y aquí sí que hay margen para que el legislador estatal actúe en aquello que efectivamente es competencia suya, especialmente en materia procesal y de eficacia de
mecanismos de regulación procesal, etcétera. Pero, sinceramente, si el Partido Popular quería abordar realmente los problemas que causa la propiedad horizontal, posiblemente tendría que haber empezado por aquí, porque es el problema más gordo que
tienen actualmente. En cambio, nos lleva a una reforma pequeña, a una proposición diría que quizá cosmética. De hecho, le ha costado usar los doce minutos y ha tenido que estar muchos hablando de las medidas y las políticas de su partido en
vivienda, pasando por otros temas más escabrosos. Pero la verdad es que se presenta como una solución importante, y lo que sería una solución importante es trabajar contra la morosidad cronificada. Y sobre todo lo que hace el Partido Popular en
este caso, como en muchas otras ocasiones, es volver a obviar la pluralidad nacional, la pluralidad jurídica de este Estado y, concretamente en este caso, las competencias propias de Cataluña, porque ya digo que lo tenemos regulado.
En Junts impediremos esta manera de legislar centralizadora, ya lo he dicho antes y lo repito. Cuando se quieran conculcar competencias propias, nosotros haremos todo lo que podamos para que no puedan tirarlo hacia adelante, y más con esta
proposición que pasa de puntillas, por no decir que no pasa, por el principal problema que tienen las comunidades de propietarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé. Bona tarda.
La proposició de llei que avui ens porta el Partit Popular i debatem és ben senzilla, tot i que no li voldria restar importància. Sembla ben bé plantejada perquè vostès tenen moltíssim cupo i no sabien què ferne i han de portar lleis als
plens i avui han decidit portar aquesta. De fet, modifica només tres qüestions de la Llei de Propietat Horitzontal, que és incorporar les reunions per videoconferència, permetre el llibre d'actes digital i facilitar les notificacions electròniques.
Una reforma administrativa que el Partit Popular presenta com una modernització necessària de les comunitats de propietaris i que a Catalunya ja fa anys que es fa perquè està reconeguda al Codi Civil. De fet, el ponent del Partit Popular s'ha
passat sis minuts dels dotze parlant d'una altra cosa perquè vostè mateix sap que aquesta llei bé podria ser una disposició addicional a qualsevol altre lloc i hauríem pogut aprofitar aquesta llei per parlar d'alguna cosa més important.
No seré jo qui discutirà que la tecnologia pot facilitar els tràmits o que les eines digitals poden ser útils en determinades circumstàncies, perquè, de fet, milito en la necessitat de fer menys desplaçaments per fer reunions que no
requereixen en sí presencialitat. Però mentre em llegia aquesta iniciativa, jo no podia evitar pensar què estava passant fora d'aquest hemicicle aquesta mateixa setmana passada, mentre el Partit Popular, avui aquí, està preocupat perquè es puguin
fer reunions de veïns telemàtiques, el fons d'inversió New Amsterdam estava fent fora de casa seva, a la Olalla i a les seves tres filles, al carrer Buenos Aires de Barcelona. New Amsterdam es dedica a saquejar Barcelona comprant
blocs sencers per expulsar els veïns i veïnes per convertirlos en pisos de coliving i llogar habitacions a 950 euros, preu que molts dels veïns i veïnes que expulsen paguen per un pis sencer. I això a vostès ja els hi sembla bé. La Olalla
va ser desnonada després d'anys de lluitar per mantenirse a casa seva, i inclús havent aconseguit l'aprovació de la Llei de Segona Oportunitat, aquest fons que compren edificis sencers, l'ha fet fora de casa seva amb les seves tres filles menors
d'edat. I la Olalla, per desgràcia, no és una excepció.
No estem parlant d'un conflicte aïllat, sinó de defensar, com dèiem la setmana passada, estar en un bloc o en un altre en el tema de l'habitatge. Estar en el bloc dels que volem que l'habitatge sigui per evitarlo o estar en el bloc dels que
volen que l'habitatge sigui per fer negoci. I aquí la pregunta és inevitable: quina és avui la principal preocupació relacionada amb l'habitatge? Regular les videoconferències a les comunitats de propietaris o evitar que les persones com la
Olalla siguin expulsades pel fons voltor de casa seva? Perquè si seguim per aquest camí, que és el que vol el PP amb l'ajuda de VOX i la connivència de Junts i la falta d'ambició del Partit Socialista, no caldrà fer reunions de propietaris perquè
els propietaris dels edificis seran un fons com New Amsterdam, un sol fons, 21 pisos, i no caldrà que es reuneixi amb ningú, ni presencial ni telemàticament, perquè ho decidirà en el despatx del seu director.
Però el més greu de tot això és que això no passa només amb fons com New Amsterdam, que és greu. Això també passa i ha passat aquests dies, per exemple, a Madrid, aquí amb subhastes d'habitatges de la Sareb. El Sindicato de Inquilinas,
també la setmana passada, mentre vostès redactaven això, va denunciar públicament amb una acció de pressió on va aconseguir aturar una subhasta en concret, que habitatges procedents del rescat de la Sareb, -amb un rescat bancari sufragat amb diners
públics de la gent-, continuen entrant als circuits de mercat i d'especulació. Habitatges que podrien servir per ampliar el parc públic d'habitatge, per oferir lloguers assequibles o per donar resposta a emergències residencials, acaben convertits
en oportunitats de negoci. I sincerament, és inacceptable i incomprensible.
Però tot això em sorprèn que avui el PP vulgui que dediquem a la part del debat que toca d'habitatge cada setmana a una reforma que, sent legítima, és absolutament aliena als problemes reals de la gent. Els problemes reals que hi ha aquí
fora són els desnonaments a mans de fons voltor, que ni tan sols donen opció a renovar els contractes de lloguer perquè trossejant els pisos en treuen més benefici. Per cert, això passa gràcies al que Partit Socialista va vetar que la reforma de la
Llei d'Habitatge la legislatura passada entressin el lloguer d'habitatge i d'habitacions i avui ens trobem amb aquest bloqueig en un congrés de dretes.
Són els fons d'inversió que acumulen habitatges que buiden barris sencers, les operacions especulatives, les vendes massives de blocs de pisos, les subhastes que converteixen habitatges que haurien de ser públics en productes financers, els
preus pels núvols de compra i de lloguer que fan que no t'arribi el sou per pagarte ni tan sols una habitació. Aquest és el problema de l'habitatge, no si els veïns poden entrar per videoconferència en una reunió. El problema és el que ha passat
amb la Olalla i les seves subhastes de la Sareb. El problema és que el seu model continua premiant l'especulació per sobre del dret a tenir un sostre per construir un futur o una família. I aquí és on hauríem de posar el focus polític,
sincerament.
Moltes gràcies.
Buenas tardes.
La proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Popular y que debatimos es bien sencilla. Aunque no quisiera restarle importancia, parece planteada porque ustedes tienen mucho cupo y no saben qué hacer con él, y tienen que presentar leyes a
los plenos y hoy han decidido traer esta. De hecho, modifica solo tres cuestiones de la ley sobre propiedad horizontal, que son: incorporar las reuniones por videoconferencia, permitir un libro de actas digitales y facilitar las notificaciones
electrónicas; una reforma administrativa que el Partido Popular presenta como una modernización necesaria de las comunidades de propietarios y que en Cataluña ya hace años que se hace porque está reconocida en el
Código Civil. De hecho, el portavoz del Grupo Popular se ha pasado seis de los doce minutos hablando de otra cosa, porque usted mismo sabe que esta ley podría ser una disposición adicional en cualquier otro sitio. Ya podríamos haber
aprovechado esta ley para hablar de alguna cosa más importante.
No seré yo quien discuta que la tecnología puede facilitar los trámites o que las herramientas digitales pueden ser útiles en determinadas circunstancias porque, de hecho, milito en la necesidad de hacer menos desplazamientos para hacer
reuniones que no requieren en sí presencialidad. Pero mientras me leía esta iniciativa no podía evitar pensar qué estaba pasando fuera de este hemiciclo esta misma semana pasada. Mientras el Partido Popular hoy aquí está preocupado por que se
puedan hacer reuniones de vecinos telemáticas, el fondo de inversión New Amsterdam está echando de su casa a Olalla y a sus tres hijas en la calle Buenos Aires de Barcelona. New Amsterdam se dedica a saquear Barcelona, comprando bloques enteros
para expulsar a los vecinos y vecinas, para convertirlos en pisos de coliving y alquilar habitaciones a 950 euros, precio que muchos vecinos que expulsan pagan por un piso entero, y esto a ustedes les parece bien. Olalla fue desahuciada después de
años de luchar para mantener su casa e incluso habiendo conseguido la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad. Este fondo, que compra edificios enteros, la ha echado de su casa con sus tres hijas menores de edad, y Olalla, desgraciadamente, no
es una excepción.
No estamos hablando de un conflicto aislado, sino de defender, como decíamos la semana pasada, estar en un bloque o en otro, en términos de vivienda, estar en el bloque de los que queremos que la vivienda sea para ser vivida o de los que
quieren que la vivienda sea para hacer negocio. Y aquí la pregunta es inevitable: ¿cuál es hoy la principal preocupación relacionada con la vivienda? ¿Regular las videoconferencias de las comunidades de propietarios o evitar que las personas como
Olalla sean expulsadas por un fondo buitre de su casa? Porque si seguimos por este camino, que es lo que quiere el PP, con la ayuda de VOX y junto con Junts y la falta de ambición del Partido Socialista, no hará falta hacer reuniones de
propietarios porque los propietarios de los edificios serán un fondo New Amsterdam, un único fondo, veintiún pisos, y no hará falta que se reúnan con nadie, ni presencial ni telemáticamente, porque lo decidirán en el despacho del director.
Pero lo más grave de todo esto es que esto no ocurre solo en fondos como New Amsterdam, que es grave. Esto también ocurre y ha ocurrido estos días, por ejemplo, aquí, en Madrid, con subastas de la Sareb. El Sindicato de Inquilinas, también
la semana pasada, mientras ustedes redactaban esto, denunció públicamente, con una acción de presión donde consiguió parar una subasta en concreto, que viviendas procedentes del rescate de la Sareb, con un rescate bancario sufragado con dinero
público, de la gente, sigan entrando en el circuito del mercado y la especulación. Viviendas que podrían servir para ampliar el parque público de vivienda, para ofrecer alquileres asequibles o para dar respuesta a emergencia residencial acaban
convertidas en oportunidades de negocio y, sinceramente, es inaceptable e incomprensible.
Todo esto me sorprende, y me sorprende que el Grupo Popular hoy quiera dedicar la parte que tiene cada semana de vivienda a una parte que, a pesar de ser legítima, es evidentemente ajena a los problemas reales de la gente. Los problemas
reales que tenemos son los desahucios de fondos buitre, que ni dan la opción de renovar los contratos de alquiler porque partiendo estos pisos sacan más provecho. Y esto ocurre porque el Partido Socialista votó que la reforma de la ley de vivienda
de la legislatura pasada entrara en el alquiler de habitaciones, y ahora nos encontramos en este bloqueo en un congreso de derechas.
Son los fondos de inversión quienes acumulan viviendas, vacían barrios enteros, hacen operaciones especulativas, ventas masivas de bloques y ventas que convierten pisos públicos en productos financieros, con precios por las nubes de compra y
de alquiler que hacen que no te llegue el sueldo ni para pagarte una sola habitación. Este es el problema de la vivienda, no si los vecinos pueden entrar en videoconferencia en una reunión. El problema es lo que ha ocurrido con Olalla y con las
subastas de la Sareb. El problema es que su modelo sigue premiando la especulación por encima del derecho a
tener un techo y hacer un futuro o una familia, y aquí es donde tendríamos que poner este foco político, sinceramente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.
No quiero dejar de mandar desde esta tribuna un cálido abrazo solidario a los millones de hermanas y hermanos de Colombia que votarán este domingo. Y esperamos, como cantan ellos: 'Que rime con horario / el mejor salario, / que rime con
primaria / la reforma agraria, / que rime con camión / la mejor pensión, / que rime con tú / la salud, / que rime con mamita / universidad gratuita, / que rime con zapato / todito más barato, / que rime con ternura / se le pone cultura, / que rime
con ovario / comunitario, / y si tengo que elegir para que suceda, / tengo que encontrar que rime y que se pueda'. ¡Este domingo, con Aida Quilcue y con Iván Cepeda, por Colombia y por la vida! (Aplausos).
Dicho esto, el Grupo Popular nos dice que sería muy conveniente que las comunidades de vecinos se puedan comunicar ágilmente con videollamadas de forma no presencial. Pero para que esto pase, convendría asegurarse de que las políticas del
Partido Popular no hayan pulverizado las comunidades de vecinos de siempre, dejando coliving de diez metros cuadrados, es decir, pisos microscópicos indecentes, cuando no pisos turísticos carísimos en manos de fondos o de grandes propietarios. ¡Qué
mal pensados! ¡Cuántos prejuicios!, se nos dirá, pero no es un prejuicio, señorías, es simplemente juicio, porque hace nada el Ministerio de Consumo identificó, en el Madrid del Partido Popular, más de 15 200 pisos ilegales y tuvo que ordenarle al
ayuntamiento que dejara de anunciarlos. Barra libre para los pisos turísticos, barra libre para los fondos de inversión y los grandes tenedores de vivienda, aumento súbito de los alquileres y vecinos y vecinas desahuciados en la calle. Esa ha sido
la filosofía de todos los gobernantes del Partido Popular, de Esperanza Aguirre, de Ayuso, de Ignacio González, de Ana Botella, de MartínezAlmeida, de todos, todos empleados casi directos de Blackstone, de Cerberus o ahora de Brookfield, el fondo
canadiense que ahora pretende expulsar a 5000 vecinos y vecinas en Madrid.
Cuando nosotros gobernábamos en Barcelona y plantamos cara a estos fondos especulativos reaccionaron con furia: más de veinte querellas, campañas difamatorias por la prensa y al final todo eso quedó en nada. En mi ciudad, en Barcelona,
fueron multados y no pudieron comprar bloques de pisos enteros porque el ayuntamiento se interpuso para defender lo público. Gracias a eso y a la movilización popular, desde 2018 se limitan drásticamente las licencias turísticas para proteger a los
vecinos y vecinas, para evitar subidas intempestivas del alquiler y para frenar la especulación. Donde gobierna el Partido Popular, ¿qué pasa? Hace poco el fondo canadiense Brookfield, como decía, compró 5000 viviendas originalmente de protección
pública que Ana Botella, actual mujer de Aznar, malvendió a Blackstone en 2013. ¿Qué pretende hacer este fondo? Revenderlas una a una a un precio infinitamente mayor, dejando a los actuales inquilinos en la calle. Señorías, a estos fondos les da
igual que sus vecinos tengan niños pequeños, personas mayores o enfermas a su cargo, porque van a por todo, a chupar la máxima sangre posible de las vecinas y vecinos en el menor tiempo posible. Los jóvenes, la gente trabajadora, la gente precaria,
comienza a tenerlo cada vez más claro. Basta con constatar la rabia y determinación de las miles y miles de personas que salieron a la calle este fin de semana en Madrid y en tantas otras ciudades. Ese es el ánimo de las calles, señoría. Por eso,
lleva razón Alicia del Río, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, cuando dice que para encontrar a los culpables de todo esto hay que mirar hacia arriba, y no al migrante, al okupa ocasional, al jubilado del costado como querría la
derecha; que hay que mirar a los rentistas que acaparan vivienda para especular y maximizar sus beneficios a costa de la mayoría; que hay que mirar a esos grandes caseros que tienen terapia y estabilidad emocional mientras la mayoría tiene
ansiedad y depresión por no llegar a fin de mes; que hay que mirar a esos grandes tenedores que comen en el salón mientras millones de
jóvenes comen en sus cuartos porque su salón está alquilado como una habitación; que hay que mirar a esos caseros que se han divorciado y siguen adelante mientras millones siguen viviendo con sus ex porque no pueden hacer otra cosa.
De la misma manera que hay que señalar la avaricia de los rentistas, también hay que señalar la responsabilidad de los Gobiernos y de algunos jueces que actúan como guardianes de la gran propiedad, porque no se entiende, señorías, que el
presidente del Gobierno reconozca que hay que intervenir el mercado y que, en cambio, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones lleve meses parada en un cajón. (Aplausos). Porque no se entiende, señorías, que en mi ciudad,
Barcelona, un Gobierno socialista en solitario esté dejando vía libre a los especuladores, a pesar de tener herramientas para frenarlos, por falta de valentía. Porque no se entiende que hace unos días, también en Barcelona, el Gobierno, en lugar de
sancionar al fondo New Amsterdam Developers y de proteger a una vecina, Olalla, y a sus tres hijos, haya desplegado un operativo policial totalmente desmesurado, como si se tratara de desalojar a un gran delincuente. Si quien se dice de izquierda
se comporta así, ¿cómo pretender que en las calles no cunda la decepción primero y la rabia después y que se diga que las diferencias entre las derechas y las izquierdas no son tantas y que el único camino es la desobediencia?
Por eso, señorías, hay que entender que la única manera de ser creíbles hoy es con actuaciones institucionales valientes e inmediatas que acompañen y no vayan contra la movilización que se produce en la calle. Porque, como cantaba Bad Bunny
este fin de semana, somos millones los que no queremos que el capitalismo depredador haga con nuestras amigas, con nuestras hijas, con nuestras abuelas, lo que ya está haciendo con Hawái, con Madrid, con Barcelona, con Las Palmas y con tantas otras
ciudades y pueblos. Como decían las calles el domingo, la avaricia rompe al barrio, los fondos roban el sueldo y desahucian. Contra la dictadura de los rentistas que nos quita la vida y la salud, nos sembraron miedo, nos crecieron garras, el
momento es ahora.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Mejías Sánchez. (Aplausos).
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidente.
Después de escuchar al señor Pisarello, no puedo ahorrarme decirle que de todo eso que ha explicado es usted directamente responsable, porque ustedes han gobernado en solitario o en coalición durante más de diez años la ciudad de Barcelona y
el Gobierno de Cataluña. (Aplausos). Por lo tanto, la responsabilidad de que Barcelona sea hoy la ciudad del top ten de los okupas, de que no haya pisos de alquiler y de que, además, se haya sumido la vivienda en una inseguridad jurídica total, es
de ustedes. No eluda su responsabilidad, señor Pisarello. (Aplausos).
Pero no hemos venido aquí a hablar de las políticas del señor Pisarello y de su socia, la señora Colau, sino que hemos venido a hablar de lo que nos explicaba sucintamente el señor Noriega. Desde el afecto, señor Noriega, debo reconocer que
pocas iniciativas me han sorprendido tanto como esta. Ha tenido que hacer un preámbulo sobre la situación de la vivienda en España porque la verdad es que la iniciativa no daba para mucho más. Mientras España atraviesa una de las etapas más graves
de deterioro institucional y de corrupción política, de descrédito democrático y de descomposición moral de su Gobierno, ¿ustedes comparecen hoy aquí para presentarnos una reforma sobre videoconferencias en comunidades de vecinos y libros de actas
digitales? ¿De verdad no tenían nada mejor en el archivo de sus iniciativas parlamentarias? (Aplausos). ¿No tenían nada de más calado político? La verdad es que este es el nivel. Mientras los españoles contemplan escándalo tras escándalo,
mientras las instituciones están siendo utilizadas para proteger intereses políticos, mientras el Gobierno depende de socios que chantajean al Estado y sostienen su permanencia en el poder a cualquier precio, mientras la corrupción y las sospechas
cercan al Ejecutivo, el Grupo Popular decide dedicar su iniciativa parlamentaria a regular juntas telemáticas de propietarios. Señor Noriega, ¿de verdad esto es de calado
político? Esto no es casualidad, es una decisión política que ustedes han tomado. Me parece que es una decisión de no incomodar, de no confrontar; una decisión de ejercer una oposición burocrática inofensiva y perfectamente asumible por
este Gobierno que no acaba nunca con sus escándalos. El problema de esta iniciativa no es solo su contenido, el problema es lo que simboliza: un Partido Popular resignado a administrar titulares menores mientras España se hunde en una crisis
institucional sin precedentes. No seremos nosotros quienes nos neguemos a digitalizar y que la digitalización pueda resultar útil. Claro que puede facilitar reuniones, agilizar trámites y modernizar determinados procedimientos, pero pretender
presentar esto como una gran prioridad legislativa en la España actual resulta casi casi grotesco, señor Noriega. (Aplausos).
Los españoles no están preocupados por si la junta de vecinos puede celebrarse por videoconferencia, no, están preocupados por la inseguridad, esa que el señor Pisarello y sus socios han creado en la ciudad de Barcelona. (Aplausos). Están
preocupados por la okupación, esa que el señor Pisarello y sus socios socialistas dejan impune en la ciudad de Barcelona. Están preocupados por el acceso imposible a la vivienda -eso pasa en cualquier lugar de España-, por la degradación de los
servicios públicos, por la presión fiscal, por la corrupción política y por la sensación creciente de que las instituciones ya no protegen al ciudadano honrado, señor Noriega. Sobre todo esto podían haber presentado hoy una iniciativa
parlamentaria, pero no, ustedes nos han traído una reforma de alcance mínimo limitada a permitir juntas telemáticas, comunicaciones por correo electrónico y libros de actas digitales. ¿De verdad? ¿Eso es todo, señor Noriega? ¿Es lo más importante
que se les ha ocurrido? ¿Tres modificaciones técnicas menores, vendidas como si fueran la gran modernización legislativa? Pero es que, además, ni siquiera es una reforma especialmente sólida, porque esta iniciativa deja enormes dudas jurídicas y
prácticas. Hablan ustedes de digitalización, pero ignoran que miles de personas mayores que siguen teniendo enormes dificultades tecnológicas pueden quedar excluidas de la participación efectiva en sus propias comunidades. Hablan de seguridad
jurídica, pero no aclaran adecuadamente cómo se acreditará la identidad en las votaciones telemáticas, cómo se resolverán incidencias técnicas o cómo se evitarán impugnaciones de acuerdos. Hablan de modernización, pero trasladan cuestiones
esenciales a futuros desarrollos reglamentarios, legislando prácticamente en blanco y a futuro.
Insisto, señor Noriega, el verdadero problema no es técnico. Aquí el verdadero problema es político. Lo que demuestra esta iniciativa es hasta qué punto el Partido Popular ha renunciado a ejercer una oposición firme -que es lo que se
necesita en este momento- y valiente frente a un Gobierno acorralado por los escándalos. Por eso, se negaron a participar este fin de semana en la gran manifestación organizada por la sociedad civil. (Aplausos). Ustedes tienen toda la intención
de no incomodar. En lugar de impulsar iniciativas que comprometan al Ejecutivo, en lugar de forzar debates incómodos, en lugar de situar al PSOE y a sus socios ante sus contradicciones, en lugar de liderar una ofensiva política contra quienes están
degradando las instituciones y corrompiendo el poder, prefieren refugiarse en reformas administrativas inocuas que no molestan a nadie.
Y eso, señor Noriega, tiene consecuencias, porque cuando un Gobierno se mantiene gracias a socios que lo apuntalan pese a los escándalos, esos socios son también cómplices, cómplices de esa corrupción y de la degradación institucional. Pero
también lo es una oposición que, pudiendo plantear batalla política, decide esconderse en iniciativas irrelevantes y perfectamente compatibles con la comodidad en el sistema.
España lo que necesita es una oposición firme, una oposición que confronte, una oposición que señale responsabilidades, una oposición que no tema incomodar al poder. (Aplausos). Y lo que hoy trae aquí el Grupo Popular es exactamente lo
contrario: una oposición pequeña para un problema gigantesco que tenemos hoy todos los españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral Pérez.
El señor MAYORAL PÉREZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes.
Señorías del Grupo Popular, permítanme señalar que su iniciativa no viene a aportar nada nuevo, porque esta misma proposición de ley, con el mismo texto, ha sido ya objeto de debate y aprobación en el Senado. Por lo tanto, ya se encuentra
en tramitación en el Congreso. (Rumores). Señorías del Grupo Popular, pueden estar pasando dos cosas, o es que ustedes no son nada originales, o más bien la segunda, que ustedes carecen de nuevas propuestas y que ustedes, una vez más, no son
capaces de aportar soluciones en beneficio de las españolas y los españoles. (Aplausos).
Señorías, hoy debatimos la proposición de ley de modificación de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, que nos trae a esta Cámara el Grupo Popular. Me gustaría resaltar, en primer lugar, que la Ley sobre Propiedad Horizontal tiene por
objeto regular, entre los copropietarios de un edificio, los derechos, obligaciones y el régimen de actuación de la comunidad de propietarios, en las que más del 80 % de la población española vive, englobando la gran mayoría del parque de viviendas
de nuestro país.
Es cierto que la situación que vivimos con la pandemia conllevó la aprobación del Real Decreto Ley 8/2021, donde se reguló, de manera temporal, la posibilidad de realizar juntas de propietarios telemáticas y los requisitos que se deberían
cumplir para que fueran válidas. Estas medidas finalizaron su vigencia en diciembre de 2021. A raíz de esto, señorías, nuestro grupo en el Congreso presentó una enmienda al proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para la ejecución
del PERTE en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en la misma dirección que la planteada en la proposición de ley que está actualmente en tramitación en la Cámara. En esa enmienda, entre otras cosas,
se planteaba la regularización que hoy propone en esta proposición de ley el Grupo Popular, como es, por ejemplo, la notificación electrónica a los propietarios de fincas en régimen de propiedad horizontal, la posibilidad de celebrar las juntas de
forma telemática o el uso del soporte electrónico en cuanto a sustento de libros de actas. La tecnología no solo nos permite interactuar personalmente, sino que también nos sirve para gestionar actos jurídicos, entre ellos, los derivados de las
relaciones de vecindad.
Pues bien, el Grupo Socialista, con nuestra enmienda, propone, entre otras cosas, un cambio ambicioso de la Ley sobre Propiedad Horizontal, acorde con la realidad digital que estamos viviendo. Así, facilitamos el desarrollo de la actividad
de las comunidades de propietarios, pero, también, de los administradores de fincas, porque la eficacia, la eficiencia y el acceso a la información son claves para agilizar la toma de decisiones y promover un entorno más colaborativo y participativo
de los vecinos. Se garantizan también, no lo perdamos de vista, los derechos de las personas más vulnerables, atendiendo a la denominada brecha digital. Es decir, aquellos propietarios que, o bien tienen dificultad de acceso a los mecanismos
digitales, o bien tienen dificultad, también, con su manejo.
Señorías, les recuerdo que, durante esta legislatura, este Gobierno de España introdujo una reforma más en la Ley sobre Propiedad Horizontal, a fin de que todas las actuaciones necesarias para asegurar la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad resulten obligatorias. Este es un paso más en el desarrollo del artículo 49 de la Constitución, que dignifica la vida de las personas con discapacidad.
Quiero aprovechar la ocasión para poner en valor el acuerdo del Plan Estatal de Vivienda 20262030, anunciado por la ministra de Vivienda en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Este acuerdo de país por la vivienda, que propuso el
presidente del Gobierno hace un año en la conferencia presidencial de Barcelona es hoy una realidad. Miren, señorías, este es un acuerdo importante por su contenido, pero también por el poderoso mensaje que lanzamos a la ciudadanía: diferentes
Administraciones de diferentes colores remando juntos para resolver el principal problema de la ciudadanía, y con el aval y el consenso de las organizaciones sindicales, sociales y empresariales. Esperamos que este acuerdo marque un punto de
inflexión y que, a partir de ahora, las comunidades colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda, no solo para desplegar el plan estatal, sino
también para aplicar todas las medidas de la ley de vivienda que sirven para bajar los precios del alquiler y para frenar la especulación.
El Plan Estatal de Vivienda 20262030 desplegará 7000 millones de euros. El 40 % irán destinados a construcción de vivienda asequible, el 30 % a rehabilitación y el 30 % restante a ayudas para hipotecas o para propietarios que pongan
vivienda en alquiler asequible, entre otras. Con este Plan Estatal de Vivienda se triplican los recursos, se adoptan medidas para aumentar la oferta -vía construcción, compra y movilización de vivienda vacía-, se blinda la protección permanente de
la vivienda pública, se aplican cláusulas antifraude para que no haya escándalos como el de Alicante y se aprueban medidas para la rehabilitación en el mundo rural.
Termino, señorías, frente a las políticas del ruido de la derecha y de la ultraderecha, nosotros respondemos con diálogo, con consenso y con política útil, dando una respuesta a los verdaderos problemas que nos demandan los ciudadanos.
Señorías de esta Cámara, es nuestra obligación salir de los apriorismos y apoyar todos los instrumentos que puedan ser útiles al interés general de la ciudadanía. Esta es nuestra responsabilidad, desde la diferencia, pero con compromiso; y, para
ello, siempre tendrán la mano de los socialistas tendida.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO:
- DEL SEÑOR ÁLVARO VIDAL Y OTROS 20 DIPUTADOS, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (Número de expediente 410/000011).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al debate de toma en consideración de la proposición del señor Álvaro Vidal y otros veinte diputados de reforma del Reglamento del Congreso.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, president.
Bona tarda, diputats i diputades.
Avui presentem aquesta proposta de reforma del reglament del Congrés perquè defensem una idea molt simple però molt important: cada vot ha de valer el mateix i la ciutadania ha de poder veure representada la seva veu en igualtat de
condicions dins aquesta cambra. El Congrés dels Diputats no és només un espai de debat, és un lloc on es fan lleis, on es controla el Govern i on s'expressa la pluralitat política de l'Estat. Quan aquesta pluralitat no es reflecteix també en el
funcionament intern de la Cambra, la democràcia queda limitada.
Actualment per constituir grup parlamentari, el reglament exigeix cinc diputats i, a més a més, un 5 % dels vots a tot l'Estat o un 15 % dels vots a cadascuna de les circumscripcions on una candidatura s'hagi presentat. Uns requisits
desproporcionats que han provocat en moltes ocasions que forces polítiques amb centenars de milers de vots i amb una representació molt important en els seus territoris, hagin estat enviades al grup mixt. I això no és una qüestió menor. Sense grup
parlamentari es limiten les iniciatives legislatives, es redueixen els temps d'intervenció, es dificulta la participació en comissions i ponències i es debilita la capacitat de control democràtic al Govern. En definitiva, es limita la capacitat de
representació de milions de ciutadans i ciutadanes. En els darrers anys hem vist també com la constitució dels grups parlamentaris depenia massa sovint de la interpretació política de la Mesa del Congrés, és a dir, drets parlamentaris bàsics
quedaven a l'arbitri de majories conjunturals del PP o del PSOE.
Nosaltres creiem que els drets democràtics no poden dependre de la discrecionalitat política. Per això proposem una reforma clara, objectiva i raonable que respecti la realitat territorial de l'Estat davant de la barbàrie on ens podem
trobar. Proposem mantenir el
requisit mínim de 5 diputats, però reduïm els llindars electorals: del 5 % al 3 % dels vots a l'escala estatal o del 15 % al 10 % dels vots a les circumscripcions on les candidatures es presentin. Perquè no estem parlant de privilegis,
estem parlant de democràcia, de garantir el pluralisme polític, de respectar el dret de participació política de la ciutadania.
Els Estats del nostre entorn tenen reglaments parlamentaris en ple compliment d'aquests principis democràtics. Per exemple, a Portugal qualsevol partit amb representació es pot constituir com a grup parlamentari. A Itàlia es garanteixen
drets i recursos als representants de la Vall d'Aosta o de Tirol del Sud. A França no s'exigeix cap percentatge de vot en concret per poder tenir grup parlamentari propi.
En resum, el que volem és ser més representatius de la realitat diversa i plurinacional de l'Estat i amb una democràcia més justa, més plural i més transparent. Per això la presentem conjuntament, diputats i diputades de diferents espais
polítics, perquè entenem que defensar els drets parlamentaris és també defensar la qualitat democràtica de les institucions.
I acabo amb una pregunta que crec que ho resumeix tot. Una pregunta que és: algú pot estar en contra de ser més democràtics i votar en contra d'aquest projecte de llei?
Gràcies.
Gracias, presidente.
Buenas tardes, diputados y diputadas.
Hoy presentamos esta propuesta de reforma del Reglamento del Congreso por algo que nos parece muy simple, pero muy importante: cada voto debe valer lo mismo y la ciudadanía tiene que ver representada su voz en igualdad de condiciones en
esta Cámara. El Congreso de los Diputados no es solo un espacio de debate; es un lugar en el que se hacen leyes, se controla el Gobierno y donde se expresa la pluralidad política del Estado. Cuando esta pluralidad no se refleja también el
funcionamiento interno de la Cámara, la democracia se ve limitada.
Actualmente, para constituir un grupo parlamentario, el Parlamento exige cinco diputados y, además, un 5 % de los votos del Estado o un 15 % de los votos en cada una de las circunscripciones en las que se haya presentado una candidatura.
Este es un requisito desproporcionado, que han hecho que, en muchas ocasiones, fuerzas políticas con centenares de miles de votos y con una representación muy importante en sus territorios se hayan visto enviadas al Grupo Mixto. Eso no es una
cuestión menor. Sin grupo parlamentario se limitan las iniciativas legislativas, se reducen los tiempos de intervención, se hace más difícil la participación en comisiones y ponencias, y se debilita la capacidad de control democrático al gobierno;
en definitiva, se limita la capacidad de representación de miles de ciudadanos y ciudadanas. En los últimos años hemos visto también cómo la constitución de los grupos parlamentarios dependía demasiadas veces de la interpretación política de la
Mesa del Congreso; es decir, derechos parlamentarios básicos quedaban al arbitrio de mayorías coyunturales del PP o del PSOE.
Nosotros creemos que los derechos democráticos no pueden depender de la discrecionalidad política, por eso proponemos una reforma clara, objetiva y razonable: que respete la realidad territorial del Estado ante la barbarie en la que nos
podemos hallar. Proponemos que se mantenga el requisito mínimo de cinco diputados, pero reducimos los umbrales electorales del 5 al 3 % de los votos en escala estatal o del 15 al 10 % de los votos en las circunscripciones en las que se presenten
las candidaturas. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de democracia, estamos hablando de garantizar el pluralismo político, de respetar el derecho a la participación política de la ciudadanía.
Los Estados de nuestro entorno tienen reglamentos parlamentarios donde se cumplen esos principios democráticos. Por ejemplo, en Portugal cualquier partido con representación puede constituirse como grupo parlamentario, en Italia se
garantizan derechos y recursos a los representantes del Valle de Aosta y del Tirol del Sur, en Francia no se exige ningún porcentaje de votos en concreto para poder tener grupo parlamentario propio.
En resumen, lo que queremos es ser más representativos de conformidad con la realidad diversa y plurinacional del Estado y con una democracia que sea más justa, más plural y más transparente. Por eso lo presentamos conjuntamente diputados y
diputadas de diferentes espacios políticos, porque entendemos que defender los derechos parlamentarios es defender también la calidad democrática de las instituciones.
Acabo con una pregunta que creo que lo resume todo. La pregunta es: ¿alguien puede estar en contra de ser más democráticos y votar en contra de este proyecto de ley?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president, senyories.
Esta cambra continua funcionant, en bona part amb una idea molt antiquada de la política: la idea del bipartidisme clàssic, la dels dos grans partits on hi havien dos majories clares i la resta érem actors subsidiaris. Però eixa realitat
ja no és la realitat que representa a la societat hui en dia. Hui vivim en una democràcia que és plural i que es multipartidista. Cap partit pot governar en solitari i les majories ara es construeixen amb acords i la governabilitat depèn de forces
diferents, especialment de forces territorials i plurinacionals. Forces que donen veu a les realitats socials i nacionals que no caben en un únic relat. I això, companys i companyes, no és una anomalia, és una decisió de la ciutadania.
Fa més d'una dècada que la gent vota per a que hi haja un Congrés plural, i això ho hem de respectar. I el problema és que moltes vegades esta cambra encara no ha transitat en el mateix camí que ja ha transitat la pròpia societat. I en
eixa distància entre institucions i la realitat, moltes vegades la gent es queda pel camí. Hi ha una part important de la ciutadania que no es veu reflectida en les regles del Congrés actual. I quan això passa, la democràcia es debilita. I no
perquè la gent deixe de creure en la seua capacitat de votar i de transformar la societat, sinó perquè deixa de sentirse representada pel Congrés. Per això les normes no poden quedarse ancorades en el passat, han d'acompanyar l'evolució de la
democràcia i l'evolució de la societat.
I la pregunta és molt simple en este Congrés hui esta donant veu real al conjunt de la ciutadania? S'està adaptant este Congrés a la realitat política i social que representem? N'hi ha una realitat multipartidista i plurinacional que ha
d'estar representada sí o sí? De fet, quan vam reformar el reglament per a permetre l'ús de les diferents llengües, el valencià, el gallec, l'euskera, es va fer un pas molt important. Es va reconéixer que la diversitat de l'Estat forma part de la
seua arquitectura democràtica i aquella reforma va ser una pedra en la construcció d'una democràcia més plural. Però necessitem més pedres per a anar construint esta democràcia com cal, perquè la democràcia es construeix amb regles que garantisquen
que totes les veus puguin existir en la mateixa dignitat dins de les institucions, i eixes veus es canalitzen en gran part a través dels grups parlamentaris. Per açò, esta proposta de reforma d'este reglament, perquè la forma en què una força
política existix amb una veu pròpia, amb autonomia i amb la capacitat d'intervenció en esta cambra, depèn de la configuració del grup parlamentari. I no té sentit, per tant, que forces que són decisives per a investir governs, per a aprovar
pressupostos i per a garantir l'estabilitat de l'Estat, no tinguen el reconeixement institucional que els pertoca i el pes que tenen en la vida real dels seus països, de les realitats socials que representen i que representem totes nosaltres.
Perquè el sistema ja no funciona amb dos blocs, funciona amb una realitat que és molt més honesta, on hi ha una distribució del poder molt més gran i si la forma de governar ha canviat i el pacte és la norma, també ha de canviar i la forma
de representar la pluralitat. Companys i companyes, no és un problema que s'ha d'ordenar ni una excepció que s'ha de corregir. És la forma normal que adopta en estos dies la democràcia. I qui és imprescindible per al funcionament del sistema, ha
de tindre un espai institucional a l'altura de la realitat que representa. Per això nosaltres ho tenim claríssim: volem una democràcia on ningú haja de demanar permís per a existir políticament, on la diversitat no siga tolerada, sinó que siga
representada i on el Congrés s'assemble cada vegada més a la realitat a la que aspira a representar, a la que aspirem a representar. Tots els diputats i diputades.
Per això, senyories, els demanem el vot a favor de la reforma del reglament del Congrés.
Gràcies.
Gracias, presidente.
Señorías, esta Cámara sigue funcionando en gran parte con una idea muy anticuada de la política, la idea del bipartidismo clásico, donde había dos mayorías claras con dos partidos y los demás éramos actores subsidiarios, pero esa realidad ya
no es la realidad que representa la sociedad hoy en día. Hoy vivimos en una democracia que es plural y multipartidista. Ningún partido puede gobernar en solitario. Las mayorías ahora se construyen con acuerdos y la gobernabilidad depende de
fuerzas diferentes, especialmente de fuerzas territoriales y plurinacionales, fuerzas que dan voz a las realidades sociales y nacionales que no caben en un único relato. Eso, compañeros y compañeras, no es una anomalía, es una decisión de la
ciudadanía.
Hace más de una década que la gente vota para que haya un Congreso que sea plural y eso tenemos que respetarlo. El problema es que muchas veces esta Cámara todavía no ha transitado por el mismo camino por el que ha transitado la propia
sociedad. En esa distancia entre instituciones y la realidad, muchas veces la gente se queda por el camino. Hay una parte importante de la ciudadanía que no se ve reflejada en las leyes del Congreso actual. Cuando pasa eso, la democracia se
debilita, y no porque la gente deje de creer en su capacidad de votar y de transformar la sociedad, sino porque deja de sentirse representada por el Congreso. Por eso, las normas no se pueden quedar ancladas en el pasado, tienen que acompañar la
evolución de la democracia y de la sociedad.
La pregunta es muy sencilla: ¿en este Congreso hoy se le está dando voz real al conjunto de la ciudadanía?, ¿se está adaptando este Congreso a la realidad política y social que representamos? Hay una realidad multipartidista y
plurinacional que tiene que estar representada sí o sí. De hecho, cuando reformamos el reglamento para permitir el uso de las diferentes lenguas -el valenciano, el gallego, el euskera-, se dio un paso muy importante, se reconoció que la diversidad
de este Estado forma parte de su arquitectura democrática. Aquella reforma fue una piedra, un pilar en la construcción de una democracia. Pero necesitamos más de esas piedras para ir construyendo esa democracia como hay que construirla. Porque la
democracia se construye con reglas que garantizan que todos puedan existir con la misma dignidad en las instituciones. Esas voces se canalizan en gran parte a través de los grupos parlamentarios. De aquí esta propuesta de reforma de este
Reglamento, porque la forma en que una fuerza política existe con voz propia, con autonomía y con la capacidad de intervención en esta Cámara depende de esa configuración de grupo parlamentario. No tiene sentido, por lo tanto, que fuerzas que son
decisivas para investir Gobiernos, para aprobar presupuestos y para garantizar la estabilidad del Estado no tengan el reconocimiento institucional que les corresponde y el peso que tienen en la vida real de sus países en las realidades sociales que
representan, que representamos todas nosotras.
El sistema ya no funciona en dos bloques, funciona en una realidad que es mucho más amplia, donde hay una distribución del poder mucho más grande. Si la forma de gobernar ha cambiado y el pacto es la norma, también tiene que cambiar esa
forma de representar. La pluralidad, compañeros y compañeras, no es un problema que haya que ordenar ni algo que haya que corregir, es la forma normal que adopta estos días la democracia. Quien es imprescindible para el funcionamiento del sistema
tiene que tener un espacio institucional que esté a la altura de la realidad que representa. Por eso nosotros lo tenemos clarísimo, queremos una democracia en la que nadie tenga que pedir permiso para existir políticamente, donde la diversidad no
sea tolerada, sino que sea representada, y en el que el Congreso parezca cada vez más a la realidad a la que aspiramos a representar todos los diputados y diputadas.
Por eso, señorías, les pedimos su voto a favor de esta reforma del Reglamento del Congreso.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
La proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que presentamos hoy es una actualización necesaria y razonable del régimen de constitución de los grupos parlamentarios. No estamos ante una reforma menor o ante un
capricho. El artículo 23 de este Reglamento condiciona algo tan básico como cuáles son los grupos que tienen iniciativa en esta Cámara, con presencia propia en los órganos, con capacidad real de controlar el Gobierno. El propio preámbulo del
Reglamento lo dice con claridad: el Congreso tiene tres funciones fundamentales: la potestad legislativa, el control al Gobierno y la articulación del debate público. Pero para que esto funcione se tienen que dar en condiciones democráticas. El
Reglamento del Congreso debe garantizar que la participación parlamentaria refleje la pluralidad política expresada en las urnas.
La Constitución del régimen del 78 proclama el pluralismo político como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1.1 y reconoce en el artículo 23 el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a partir
de sus representantes elegidos democráticamente. Este derecho, como en Podemos hemos insistido tanto, no se puede limitar a votar cada cuatro años. Ese derecho también se concreta en cómo se organiza este Congreso de los Diputados; ese derecho
también tiene que ver con qué grupos pueden existir, qué voz tiene cada uno y qué capacidad tiene de controlar al Gobierno. La regulación actual tiene rigideces que no siempre son compatibles con esa pluralidad. Lo hemos visto en varias
legislaturas: formaciones con un apoyo electoral significativo que se quedan sin grupo propio y, al mismo tiempo, prácticas como el préstamo de diputados que acaban conformando grupos parlamentarios un tanto artificiales. Es decir, tenemos un
marco que no garantiza plenamente la representación de la diversidad política ni evita por completo su uso táctico.
La reforma que se propone hoy corrige a nuestro juicio ambos problemas. Por un lado, mantiene el umbral general de quince diputados para constituir un grupo, pero lo flexibiliza de forma razonable para formaciones que no alcanzan ese
número, a las que le bastará tener cinco escaños y haber obtenido al menos el 10 % de los votos en el conjunto de las circunscripciones donde presentaron su candidatura o el 3 % de los votos emitidos en el conjunto del Estado. A nuestro juicio,
esta reforma tiene una lógica que es completamente democrática: permite que fuerzas con apoyo significativo, bien sean concentradas territorialmente, bien que tengan una distribución estatal, puedan tener un grupo propio si han superado umbrales de
apoyo electoral que no son marginales, que son importantes. Es decir, acerca el Reglamento a la realidad del pluralismo que expresan las urnas y reduce la distancia entre la realidad del Parlamento y la realidad de la calle. Por otro lado, esta
reforma introduce dos cautelas que son importantes: una, que no pueden constituir grupos separados quienes pertenezcan al mismo partido; y dos, que tampoco pueden formar grupos quienes en el momento de las elecciones pertenecieran a formaciones
que no se hubieran enfrentado a ellas. A nuestro juicio se trata de un equilibrio virtuoso. Se amplía el perímetro del pluralismo político efectivo y se facilita la constitución de grupos políticos cuando hay proyectos diferenciados, y, a la vez,
se ponen límites claros para evitar la conformación o la proliferación de grupos políticos artificiales.
Se trata, en definitiva, de una reforma para reforzar el pluralismo político y el derecho a la participación. Por ello también creemos que esta reforma puede aumentar la legitimidad de esta Cámara al reducir la distancia entre la pluralidad
de la calle y la pluralidad del Parlamento.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señor presidente.
Moi boa tarde.
Os déficits democráticos do Estado español son evidentes e, como temos denunciado moitas veces, son consecuencia dunha transición pactada que non foi máis que un acordo entre os últimos xestores do franquismo e a esquerda española que deu
lugar a este réxime de 1978, a este réxime constitucional, en que efectivamente uns dereitos limítanse na propia lei e outros limítanse pola vía práctica. Aí está o enorme poder dos xuíces, que é resultado dunha reprodución ideolóxica do aparello
xudicial do franquismo, duns xuíces que se dedican a facer política, practicar o lawfare e a pretender mudar e modificar a vontade popular nos tribunais cando as forzas políticas que os representan ou a quen representan, non o conseguen nas urnas.
Mais outras, como digo, figuran na propia letra da lei. A Constitución española, por exemplo, non recoñece a existencia de nacións no Estado español, a existencia de pobos diferenciados que temos a nosa lingua, a nosa cultura, que temos a
nosa identidade, que temos tamén os nosos problemas e a necesidade de resolvelos por nós propios, por nós propias co exercicio da soberanía. Non recoñece algo elemental que está no dereito internacional, mesmo naquel que formalmente ten asumido o
Estado español como o dereito de autodeterminación das nacións.
Fala, iso si, de pluralismo político e isto é un mantra que se repite en moitísimas ocasións. Mais, para alén de falar do pluralismo, pois habería que practicalo un pouquiño máis. Porque efectivamente o pluralismo político é o que permite
reflectir as diferenzas políticas e ideolóxicas que tamén son diferenzas de clase -evidentemente- e no Estado español, como podemos comprobar perfectamente neste Parlamento, ese pluralismo permite expresar a realidade plural do punto de vista
nacional, do punto de vista lingüístico, do punto de vista cultural e expresar tamén unha realidade de clase, porque non hai ningunha dúbida, polo menos no caso da Galiza, ser nacionalista no noso país, ser soberanista na Galiza ou ser
independentista na Galiza é defender os intereses e os dereitos da clase traballadora, das clases populares e da maioría social do noso país.
Claro, isto é o que se ve aquí. A maioría dos grupos que temos menos deputados somos precisamente as forzas soberanistas tamén da esquerda soberanista. Por iso vostedes non nos queren aquí. Por iso, a dereita e ultra dereita están
incómodos con esta mínima fenda democrática, do noso punto de vista insuficiente. Por iso VOX trae aquí propostas para ilegalizar as forzas soberanistas. Por que? Porque non cabemos na súa idea de España, queren obrigarnos a ser españois e
españolas, mais ao seu modo, cos seus, coa súa idea estreita e totalitaria sen a nosa lingua, sen a nosa cultura, sen as nosas tradicións, sen a nosa maneira de ver o mundo, sen poder resolver efectivamente as nosas necesidades como pobo. Pois ben,
tamén quero dicirlles algo. Se por nós fose, xa saben, como dixo, como dicía xa hai, a mediados do século pasado, perdón do século XIX, Antolín Faraldo, dirixente da Revolución Galega de 1846 e os revolucionarios de entón: 'Non queremos ser nada
máis que galegos. Non queremos ser nada máis que galegos'.
Mais, en todo caso, mentres fagamos parte do Estado español reclamamos o noso dereito a estar, con todas as condicións e con todas as garantías e con todo o respecto democrático. E a lei electoral existente é xa moi, moi restritiva e
establece dificultades. A a primeira, as circunscricións son provinciais, co cal na circunscrición máis pequenas a dificultade para as forzas non maioritarias é máis grande. Circunscricións de tres ou catro deputados, por exemplo, pero non deixa
de ser curioso, mentres nunhas eleccións xerais as circunscricións son provinciais, nunhas eleccións europeas hai unha circunscrición única no Estado español. A pregunta é por que nunhas eleccións xerais Galiza non pode ser circunscrición única con
23 deputados e deputadas e nas europeas pode ser o Estado español con 61 deputados e deputadas? A resposta é exactamente a mesma, trátase de
dificultar o acceso á representación daquelas forzas políticas que non representan o bipartidismo tradicional e é así, non hai outra explicación.
A segunda dificultade é aquela que leva a conformación as condicións para a conformación de grupos, limitando a capacidade de iniciativa, dos tempos e da visibilidade. Por iso propómonos esta reforma, que non é en absoluto unha reforma
revolucionaria xa se explicou é simplemente flexibilizar o que existe máis, tentando adecualo a criterios máis respectuosos co pluralismo político. Só democratizar un bocadiño a vida política no Congreso, facilitar o traballo dos grupos, de paso
evitar situacións que non deixan de ser un bocadiño estrañas, como o empréstimo de deputados e deputadas no inicio das lexislaturas, e respectar tamén o pluralismo nacional.
Demos pasos e verdade no recoñecemento desa pluralidade, hoxe podo estar falando galego neste Congreso, podo estar expresando a posición e a vontade dos electores que me trouxeron até aquí, que trouxeron até aquí a representación do BNG, na
súa propia lingua, mais son pasos aínda insuficientes e por tanto hai que continuar traballando. Reducir de 15 % a 10 % o número e de 5 % a 3 % a porcentaxe sería, desde logo, absolutamente lóxico e respectábel para respectar tamén a vontade
democrática das persoas que nos elixiron, que non valen menos, que teñen o dereito a ver reflectidos os seus intereses porque, como dicimos moitas veces, o BNG está aquí para defender os intereses da Galiza das clases populares e traballadoras do
noso país. E farémolo en calquera caso.
Moito obrigado.
Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes.
Los déficits democráticos del Estado español son evidentes. Y, como hemos denunciado muchas veces, son consecuencia de una transición pactada que no fue más que un acuerdo entre los últimos gestores del franquismo y la izquierda española
que dio lugar a este régimen del 78, régimen constitucional. Efectivamente, unos derechos se limitan en la propia ley y otros se limitan por la vía práctica. Ahí está el enorme poder de los jueces, resultado de una reproducción ideológica del
aparato judicial del franquismo; de unos jueces que se dedican a hacer política, a practicar el lawfare y a intentar modificar la voluntad popular en los tribunales cuando las fuerzas políticas que los representan no lo consiguen en las urnas.
Pero otras, como digo, están en la propia letra de la ley. La Constitución española no reconoce, por ejemplo, la existencia de naciones en el Estado español; la existencia de pueblos diferenciados, que tenemos nuestra propia lengua, nuestra propia
cultura, nuestra propia identidad, y que tenemos también nuestros problemas y la necesidad de resolverlos por nosotros mismos, por nosotras mismas, con el ejercicio de la soberanía. No reconoce algo elemental que está en el derecho internacional,
incluso en aquel que formalmente ha asumido el Estado español, como es el derecho de autodeterminación de las naciones.
Sí que se habla de pluralismo político y esto es un mantra que se repite en muchas ocasiones. Pero, más allá de hablar del pluralismo, habría que practicarlo un poquito más, porque, efectivamente, el pluralismo político permite reflejar las
diferencias políticas e ideológicas, que también son diferencias de clase, evidentemente. En el Estado español, como podemos comprobar perfectamente en este Parlamento, ese pluralismo permite expresar una realidad plural desde el punto de vista
nacional, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural y expresar también una realidad de clase. No hay duda alguna, por lo menos en el caso de Galicia, de que ser nacionalista en nuestro país, ser soberanista, ser
independentista en Galicia, es defender los intereses y los derechos de la clase trabajadora, de las clases populares y de la mayoría social de nuestro país.
Claro, esto es lo que se ve aquí, y la mayor parte de los grupos que tenemos menos diputados somos precisamente las fuerzas soberanistas, también de la izquierda soberanista. Por ello, ustedes no nos quieren aquí; por eso la derecha y la
ultraderecha están incómodos con este mínimo cambio democrático, desde nuestro punto de vista
insuficiente. Por eso VOX crea aquí iniciativas para ilegalizar las fuerzas soberanistas, porque no estamos en su España. Nos obligan a ser españoles y españolas, pero a su modo, con su idea, estrecha y totalitaria, sin nuestra lengua, sin
nuestra cultura, sin nuestras tradiciones e incluso sin nuestro modo de ver el mundo, sin poder resolver efectivamente nuestras necesidades como pueblo. Pues bien, quiero decirles algo también: si por nosotros fuera -ya saben, como ya decía a
mediados del siglo XIX Antolín Faraldo, dirigente de la revolución gallega de 1846: los revolucionarios no queremos ser nada más que gallegos-, no queremos ser nada más que gallegos. En todo caso, mientras que formemos parte del Estado español,
reclamamos nuestro derecho a estar con todas las condiciones, con todas las garantías y con todo el respeto democrático.
La ley electoral existente ya es muy restrictiva y establece dificultades. La primera: las circunscripciones son provinciales, por tanto, con las más pequeñas, la dificultad para las fuerzas no mayoritarias es más grande -circunscripciones
de tres, cuatro diputados, por ejemplo-. Pero no deja de ser curioso que, mientras que en unas elecciones generales las circunscripciones son provinciales, en unas elecciones europeas hay una circunscripción única para el Estado español. ¿Por qué
en unas elecciones generales no puede haber en Galicia una circunscripción con 23 diputados y en unas elecciones europeas puede ser el Estado español con 63 diputados? ¿Por qué? Para crear mayor dificultad en el acceso a la representación de las
fuerzas políticas que no representan al bipartidismo tradicional. Es así, no hay otra explicación. Y la segunda dificultad es aquella que lleva a las condiciones de conformación de partido al limitar los tiempos, la visibilidad, las iniciativas.
Por eso proponemos esta reforma, que no es en absoluto una reforma revolucionaria, ya se explicó, es simplemente flexibilizar lo que ya existe, pero intentando adaptarlo a criterios más respetuosos con el pluralismo político. Democratizar
un poco la vida política en el Congreso, facilitar el trabajo de los grupos y de paso evitar situaciones que no dejan de ser un poco raras -como préstamos de diputados y diputadas al inicio de las legislaturas- y respetar también el pluralismo
nacional. Demos pasos de verdad en el reconocimiento de esta pluralidad. Yo hoy, por ejemplo, puedo estar hablando en gallego en este Congreso, puedo estar expresando la posición y la voluntad de los electores que me han traído hasta aquí,
representando al BNG, en su propia lengua. Pero son todavía pasos insuficientes y, por lo tanto, tenemos que continuar trabajando. Reducir del 15 al 10 % el número y del 5 al 3 % el porcentaje sería absolutamente lógico para poder respetar también
la voluntad democrática de las personas que nos han elegido, que no valen menos y que tienen derecho a ver reflejados sus intereses.
Como decimos muchas veces, el BNG está aquí para defender los intereses de Galicia, de las clases populares y trabajadoras de nuestro país, y lo seguiremos haciendo en todos los casos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaunandreok.
Señorías, debatimos una cuestión clave de la democracia representativa, la de los grupos parlamentarios. Como conocen, el sistema democrático representativo se realiza, en primer lugar, a través del sistema electoral, que es un sistema
redistributivo que traduce la voluntad ciudadana en escaños y que se orienta a la gobernabilidad, pero el sistema electoral también combina otros factores que coadyuvan a consolidar la democracia, a garantizar la representación y la pluralidad, a
promover la participación política y a reforzar la cohesión territorial, dando visibilidad al territorio, incluso a realidades subestatales, regionales o nacionales.
Señorías, si, como les decía, el sistema democrático representativo se realiza en un primer escalón a través del sistema electoral, siendo los partidos políticos las piezas clave, en un segundo momento el sistema democrático representativo
se realiza a través del sistema parlamentario. La Cámara -ya se ha dicho- otorga o retira la confianza del
Gobierno, impulsa y controla su acción y ejerce la potestad legislativa. Para estos cometidos organiza su actividad, siendo en esta función el motor fundamental los grupos parlamentarios.
Señorías, el sistema electoral, a través de los partidos políticos, y el sistema parlamentario, a través de los grupos parlamentarios, transforman en acción la voluntad ciudadana, las ideologías políticas que compiten en el seno de las
sociedades democráticas y plurales, conectan al electorado con sus representantes y posibilitan una mejor valoración por la ciudadanía del sistema político y de las instituciones democráticas. Por eso, señorías, como señalaba al principio de
nuestra intervención, hoy debatimos una cuestión clave del parlamentarismo democrático moderno, como es la de los grupos parlamentarios. Como tiene escrito el letrado mayor de esta Cámara en la obra colectiva sobre el Reglamento del Congreso, no
cabe afirmar la existencia de un parlamentarismo democrático sin grupos parlamentarios. Son el órgano clave en torno al cual gira la actividad de la Cámara. Por eso mismo, señorías, como todos conocen, es tan importante para los partidos políticos
que han competido electoralmente y logrado escaños tener expresión, tener voz diferenciada en la Cámara a través de un grupo parlamentario propio, pues la mejor realización de los derechos básicos que integran la esencia de la función representativa
se logra a través de la posibilidad de constitución de grupo parlamentario propio.
Por ello la reforma del Reglamento de la Cámara que debatimos busca facilitar la constitución de grupo parlamentario propio a aquellos diputados que, como en la actualidad, lo sean en más de cinco y menos de quince, o bien rebajando las
exigencias cualitativas actuales, es decir, los umbrales de votos, en el conjunto del Estado o en las circunscripciones en las que hubieran concurrido electoralmente, o bien elevando a norma algunos criterios interpretativos de la Mesa de la Cámara
sobre el cálculo de estos umbrales de votos, que, con carácter mayoritario, se venían decantando hacia el más favorable a la constitución de grupo parlamentario.
La reforma que debatimos también posibilitará -ya se ha dicho- no tener que recurrir tanto como hasta ahora al uso parlamentario del préstamo temporal de diputados para la constitución de grupo, a fin de cumplir los actuales umbrales del
artículo 23 o en número de diputados, es decir, lograr cinco o más de cinco, o bien en tanto por ciento de votos. Si bien el Tribunal Constitucional, como todos conocen, lo considera un uso parlamentario plenamente válido, su aplicación queda al
albur de la mayoría de la Mesa de la Cámara.
En definitiva, señorías -voy finalizando, presidente-, la reforma del Reglamento de la Cámara que debatimos flexibiliza las fórmulas más complejas a que se ven abocadas las formaciones políticas más pequeñas para constituir grupo
parlamentario propio y no tener que verse incluidas, por defecto, en el Grupo Mixto que, como todos conocen, por su composición plural no tiene cohesión ideológica alguna. La reforma del Reglamento, como ya hemos señalado, también permitirá a las
formaciones políticas más pequeñas la mejor realización de los derechos básicos que integran la esencia de la función representativa, que se logra precisamente a través de la constitución de grupo parlamentario propio, pues, como conocemos,
señorías, las prerrogativas de los distintos grupos parlamentarios no pivotan sobre el principio de proporcionalidad, como en el proceso electoral -salvo algunas cuestiones económicas-, sino que pivotan a través del principio de igualdad entre los
grupos.
Señorías, la reforma del Reglamento también asegurará que el mandato representativo se visualice con menos dificultad y que pueda ejercerse más plenamente que en la actualidad en aquellos representantes de formaciones políticas más pequeñas,
pero que en bastantes ocasiones, en ámbitos más reducidos que el estatal, son incluso mayoritarias. En definitiva, con la reforma se trata de que el Reglamento de la Cámara posibilite un reflejo más adecuado de la distinta pluralidad ideológica y
territorial que ha competido electoralmente y se expresa en las urnas y de que esta pluralidad también se refleje como correlato, en la medida más amplia posible y deseable, en los órganos clave en torno a los cuales gira la vida parlamentaria, es
decir, los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el grupo parlamentario Euskal Herrera Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Desde el escaño. Simplemente para decir que apoyaremos la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera. (Denegaciones). Perfecto.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita. A la tercera va la vencida.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, president.
Bé, jo sí vull parlar. Crec que, senyories, que aquesta setmana és important destacar el que estem fent ací, que és una cosa tan senzilla com millorar la democràcia. Aquesta legislatura hem canviat el reglament d'aquesta casa per adaptarlo
a la realitat plurilingüe del carrer i poder parlar en les nostres llengües. Aquesta legislatura hem canviat el reglament per adaptarla als temps del feminisme i dotar tant de subjecte polític a les dones com de llenguatge inclusiu. I ara,
senyories, el que estem fent és defensar, millorar la representativitat proporcional, com es fa a la resta d'Europa.
Hui 21 diputats i diputades de diferents partits i territoris presentem una reforma del reglament per enfortir un valor clau per a qualsevol democràcia: la pluralitat. Senyories, el debat és sobre tanques i reixes a la democràcia, com les
que ahir la consellera d'Educació va tancar mentre el professorat es manifestava defensant l'escola pública, protegits de la calor extrema amb paraigües del desànim, després de tres setmanes de vaga amb la música i amb la raó de qui no es ven per
almoina. Una forma gràfica de percebre com veu el Partit Popular la democràcia, la participació i particularment la funció dels sindicats. Per això no és gens estrany que quan avui VOX ha anunciat l'acord de pressupostos amb el senyor Pérez
Llorca, destaca només dues mesures. La primera, la discriminació racial de les ajudes socials que prèviament han retallat perquè, efectivament, l'educació, la sanitat, l'habitatge o els serveis socials no són la seua prioritat nacional. I la
segona, atacar el finançament de la patronal i els sindicats. Així que senyories, front al seu menyspreu i la seua fe, mala fe negociadora amb falsetat d'actes, hui donem la batalla. I és que les idees i les demandes polítiques només perviuen amb
organització, i això s'ha demostrat estes tres setmanes de vaga per part tant de la força sindical com de les assemblees docents i les assemblees de familiars i de l'estudiantat. Així que companys i companyes al País Valencià, sort i continuar en
la lluita davant d'un corrupte govern que no vol apostar per l'educació pública.
Muchas gracias, presidente.
Hoy yo sí quiero hablar. Creo, señorías, que en esta semana es importante destacar lo que estamos haciendo aquí, que es algo tan sencillo como mejorar la democracia. En esta legislatura hemos cambiado el Reglamento de esta casa para
adaptarlo a la realidad plurilingüe de la calle y poder hablar en nuestras lenguas. En esta legislatura hemos cambiado el Reglamento para adaptarlo a los tiempos del feminismo y dotar de sujeto político a las mujeres como de lenguaje inclusivo.
Ahora, señorías, lo que estamos haciendo es defender o mejorar la representatividad proporcional, como se hace en el resto de Europa.
Hoy veintiún diputados y diputadas de distintos partidos y territorios presentamos una reforma del Reglamento para fortalecer un valor clave para cualquier democracia: la pluralidad. Señorías, el debate es sobre vallas y rejas, como las
que ayer la consejera de Educación cerró, mientras el profesorado se manifestaba, protegidos del calor extremo con paraguas, del desánimo después de tres semanas de huelga, con la música y con la razón de quien no se vende por cuatro duros. Es una
forma gráfica de percibir cómo el
Partido Popular ve la democracia, la participación y, en especial, la función del sindicato. Por ello, no es nada extraño que hoy, cuando VOX ha anunciado el acuerdo de presupuestos con el señor Pérez Llorca, destaque solo dos medidas: la
primera, la discriminación racial de las ayudas sociales que previamente han recortado, porque efectivamente la educación, la sanidad, la vivienda o el servicio social no son su prioridad nacional; y, la segunda, atacar la financiación de la
patronal y los sindicatos. Así que, señorías, ante su menosprecio y su mala fe negociadora con falsedad de actos, hoy damos la batalla, y es que las ideas y las peticiones políticas solo perviven con organización. Esto se ha demostrado estas tres
semanas de huelga tanto de la fuerza sindical como de las asambleas docentes y las asambleas de familiares y estudiantes. Así que, compañeros y compañeras del país valenciano, seguid con la lucha ante un Gobierno corrupto que no quiere apostar por
la educación pública. (Aplausos).
Señorías, más allá del ruido, de la hipérbole semanal, no dejemos que nos ganen los 'gilipollas del año', sean del 'jueves', del lunes, del martes o del domingo. Aunque nos gustaría disponer de otra aritmética, una que nos permitiera
avanzar de una manera más rápida en nuestras prioridades políticas, como, por ejemplo, en vivienda, es importante que, si no nos dejamos arrastrar por Twitter, aprendamos que sí existe una mayoría plurinacional que permite avanzar en la
democratización del Estado. Señorías, para aquellos que entendemos la plurinacionalidad no como un '¿qué hay de lo mío?', sino como una forma diferente, más cercana y democratizadora del Estado, urge que desbloqueemos medidas imprescindibles, que
desbloqueemos la ley mordaza, que cerremos los CIE, que saquemos del cajón la ley de lobbies y que reformemos el estatuto de los expresidentes. Sí, aunque moleste al señor Felipe González, reformemos y aprobemos una nueva Ley sobre Secretos
Oficiales. Si no se atreven con un referéndum sobre la república, al menos que el CIS no censure preguntar sobre la monarquía. Escuchar y cooperar con el papa está muy bien, sobre todo después de leerle atentamente, pero que la Iglesia pague
impuestos, como cualquier hijo de vecino, está mejor.
Que recuperem el dret civil dels valencians i les valencianes, que aprovem un nou sistema de finançament, una nova llei d'hisendes locals i condonar el deute històric. Al capdavall, parlant de plurinacionalitat, el que defensem és tenir veu
pròpia per a poder lluitar causes compartides i comunes des de la fraternitat i la lleialtat.
Recuperemos el derecho civil de los valencianos y las valencianas. Aprobemos un nuevo sistema de financiación y una nueva ley de haciendas locales y condonemos la deuda histórica. Al fin y al cabo, hablando de plurinacionalidad, lo que
defendemos es tener voz propia para poder luchar causas compartidas y comunes desde la fraternidad y la lealtad.
Señorías, hoy existe un debate sobre la calidad democrática de nuestro país. Desgraciadamente, conocemos noticias que huelen mal, muy mal. Quizás si hubiésemos limpiado las cloacas del Estado a tiempo, hoy no tendríamos duda de lo que pasa
en los juzgados, pero es importante que lo hagamos. También es importante que defendamos con lealtad la transparencia y el buen gobierno y, para eso, compañeros y compañeras, es importante reforzar la democracia. Ante aquellos que la quieren
tumbar, ante aquellos que quieren volver a la España no de rojos y azules, sino de blanco y negro, la plurinacionalidad da color a la democracia, nos fortalece a todas y todos.
Así que será difícil, lo entiendo, sobre todo para aquellos que no hayan podido leer, entre informes de la UDEF y los autos del juez Calama, la encíclica del papa León XIV, Magnífica Humanitas, sobre dignidad humana, la paz y una crítica
humanista al tecnocapitalismo. En ella se explica una cuestión sencilla, y es que la inteligencia artificial no es neutra, sino que es, sin duda alguna, un monopolio que amenaza la democracia y que ella no puede decidir quién vive y quién muere,
quién gana y quién pierde. Por eso, señorías, es importante este Reglamento, porque, aunque haya quien disimule, nuestra ley electoral, el tamaño de nuestras circunscripciones, la barrera electoral, particularmente la valenciana, las reglas que
condicionan después la obtención de grupo parlamentario y lo que ello conlleva no es neutral en política y se basa en la vieja alternancia bipartidista;
una falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad de muchos diputados y diputadas, que luego ven cómo esto les condiciona negativamente en las urnas o se ven
arrastrados a deformar el debate parlamentario para buscar romper dicha invisibilidad.
Dicho de otra manera, en aquesta casa podem parlar totes les llengües. En aquesta casa les dones ja estan al Reglament. Ha arribat l'hora que també la pluralitat siga norma.
Moltes gràcies.
... en esta casa podemos hablar en todas las lenguas. En esta casa las mujeres ya están en el Reglamento. Ha llegado la hora de que también la pluralidad sea norma.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, aquí el que no corre vuela, más vale prevenir que curar, entre pillos anda el juego o al que madruga Dios le ayuda (aplausos); claro que, en este caso, la referencia divina no sería al Sumo Hacedor, sino a Pedro Sánchez, que sigue
en este momento, más que nunca, necesitando del apoyo de los grupos que firman esta propuesta de reforma, y es aquí donde estos grupos han visto su ventana de oportunidad.
Hemos escuchado desde esta tribuna hace unos minutos grandes cantos a la pluralidad, a la legitimidad y a la puridad democrática, pero no hemos escuchado de ninguno de los intervinientes ni una sola expresión clara y taxativa de repulsa y
condena hacia la corrupción de este Gobierno, que está degradando moral, política e institucionalmente la vida española (aplausos), y de la que son copartícipes y corresponsables todos los grupos que hoy siguen apoyando a Sánchez y que presentan
esta reforma tratando de barrer para su propio interés y para su propia casa, vendiendo así, una vez más, muy caro su apoyo al Gobierno sanchista. Las expresiones del refranero popular que acabo de citar son perfectamente oportunas para retratar el
sustrato intencional que subyace en esta reforma.
Señorías, además de lo dicho, los grupos proponentes, diputados pertenecientes a Esquerra, SUMAR, Junts, Podemos, BNG y Compromís, lo que están haciendo implícitamente al presentar en este momento ya casi final, agónico, esta reforma es
considerar ciertos dos elementos. Primero, que en las próximas elecciones generales, según estiman todas las encuestas y -desde luego, es más palpable- la opinión de la calle, van a cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños y en
porcentaje de votos. (aplausos) y que, al mismo tiempo que se produce ese descalabro, en esta Cámara va a haber una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por VOX y el Partido Popular.
La segunda consideración que están acreditando con la presentación ahora de esta reforma es que saben que, como consecuencia de esa amplia mayoría que habrá en esta Cámara de VOX y el Partido Popular, VOX tendrá una presencia sustancial,
capital, en la Mesa de la Cámara y, por tanto, VOX impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufas que algunas de sus señorías han citado esta tarde como algo casi casi normal y que se han venido haciendo incumpliendo los requisitos
establecidos en el vigente artículo 23 para conceder la formación de grupo parlamentario a formaciones que incumplían ese requisito. Por tanto, lo que se estaba haciendo con esa mangarrufa es contravenir la voluntad nacional expresada en las urnas
(aplausos), que no había querido dar a esas formaciones el nivel de representatividad suficiente como para acceder a esa condición de grupo parlamentario.
Esto ha sucedido durante décadas y, sin ir más lejos, en esta misma legislatura. Esquerra pasó de trece a siete diputados, y obtuvo solo un 13,6 %. Junts pasó de ocho a siete diputados, y obtuvo solo un 11,6 %. Es decir, incumplían
manifiestamente los requisitos de representatividad nacidos de las urnas que exige el artículo 23. Y se vino a hacer lo de costumbre -una nefasta y antidemocrática costumbre-, es decir, se hizo un
tejemaneje con los diputados, y la mayoría de la Mesa de la Cámara hizo caso omiso al hecho de que dos diputados catalanes de SUMAR pusieran su firma junto con la solicitud de creación de grupo parlamentario del Grupo de Esquerra -hoy Grupo
Republicano-, y que cuatro diputados socialistas catalanes hicieran lo propio en la solicitud de constitución de grupo parlamentario del Grupo de Junts.
Así que, señorías, hoy se pretende, básicamente, transgredir de cara al futuro el resultado de la voluntad popular, es decir, barrer para casa, blindarse una serie de grupos parlamentarios, llamados a ser perdedores y a menguar su
representación, y conservar de cara al futuro un estatus parlamentario que no les dará las urnas, aprovechando su posición dominante que en este momento ejercen sobre Pedro Sánchez y que va a obligar al Grupo Parlamentario Socialista a dar su
aquiescencia a esta reforma.
Pues no, señorías, aquí las cosas deben decirse con claridad. Es tan segura la posición de los firmantes en cuanto a que van a recibir la aquiescencia para esta reforma fraudulenta que ni siquiera se han molestado por justificarla de una
manera sólida desde un punto de vista técnicojurídico, lanzando hoy simplemente alguna soflama, pero, desde luego, no citándolo con solidez en su iniciativa. En una brevísima exposición de motivos solo se hace referencia a algunas de las
condiciones favorables que supone la creación de grupo parlamentario, pero, eso sí, muy ladinamente se oculta, no se menciona, que entre ellas está disponer de subvención y poder contratar personal con cargo al presupuesto de la Cámara.
Así que el Grupo Parlamentario VOX se opondrá a la toma en consideración. Esta Cámara necesita reformas sustanciales para recuperar su papel central en la vida política, para hacer más ágil y eficaz el trabajo legislativo y la función de
control y para recobrar también su crédito entre la ciudadanía. Lo que no necesita son reformas tramposas, hechas a la medida y al interés de unos cuantos. Señoras y señores proponentes, con su reforma enseñan ustedes mucho el plumero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Salmerón.
El señor MARTÍNEZ SALMERÓN: Presidente, señorías, pongamos la televisión en color y dejemos la televisión en blanco y negro y el NODO.
Hoy debatimos una reforma del Reglamento del Congreso que afecta directamente a la calidad democrática de esta Cámara y a la representación efectiva de millones de personas. La proposición, en efecto, modifica el artículo 23 del Reglamento
del Congreso para adaptar los requisitos de constitución de grupo parlamentario a la realidad política territorial de la España del siglo XXI. Conviene empezar diciendo con claridad qué hace esta reforma y qué no hace.
Esta reforma no permite la proliferación de grupos, no rompe el funcionamiento de la Cámara. La reforma mantiene el requisito ordinario de quince diputados, y lo que hace es corregir una rigidez que hoy genera situaciones difícilmente
compatibles con el pluralismo político que protege nuestra Constitución. Como se ha dicho, para constituir un grupo parlamentario se necesitan actualmente por la vía excepcional cinco diputados y el 15 % de los votos de la circunscripción donde se
presenta el grupo parlamentario o el 5 % del voto nacional. La propuesta reduce esos umbrales al 10 % a nivel territorial y al 3 % a nivel nacional.
Señorías, lo que discutimos es si esta Cámara debe reflejar adecuadamente la pluralidad política expresada por la ciudadanía o prefiere seguir funcionando con una lógica diseñada para otro tiempo político. Tenemos el privilegio de estar en
esta Cámara porque la ciudadanía de nuestro país así lo ha decidido, al igual que Pedro Sánchez es presidente de España porque la voluntad popular expresada a través de los miembros de esta Cámara así lo ha querido. (Aplausos). Señorías del Grupo
Popular, se ríen ustedes, pero en democracia no se trata de querer o no querer ser presidente del Gobierno; en democracia se trata de tener o no tener los votos para hacerlo. (Aplausos).
Mientras el Partido Popular utiliza su mayoría en el Senado para intentar bloquear la acción de un Gobierno legítimamente elegido, como hacen con las reformas del Senado que han sido declaradas inconstitucionales, nosotros apoyamos una
reforma para hacer perfectamente lo contrario: abrir la Cámara, ampliar la representación y reforzar la voz de la ciudadanía. Ya que se ríen, les diré que lo vemos también en su forma de actuar en comunidades donde gobiernan, como en la Región de
Murcia, donde el Grupo Popular y VOX votan en contra de la reforma del Parlamento autonómico para mejorar los derechos de la oposición y, sobre todo, para incrementar las comparecencias del presidente. Mientras tanto, se limita -cuatro minutos al
mes por grupo parlamentario- el control parlamentario al presidente, señor López Miras, o este se niega a responder y a comparecer por la trama del material sanitario con el uso de prótesis caducadas. Ese es su modelo: menos control, menos voz y
menos democracia, señores del Partido Popular. (Aplausos).
La democracia no consiste únicamente en que la ciudadanía vote, consiste también en respetar las consecuencias de ese voto. Los artículos 1 y 23 de nuestra Constitución protegen el pluralismo político y el derecho de participación de la
ciudadanía, y la forma en la que organizamos los grupos parlamentarios afecta directamente a la efectividad de ese derecho: disponer de grupo parlamentario, tener tiempos propios de intervención, participar con mayor capacidad en las comisiones,
presentar iniciativas y desarrollar una acción política autónoma. Negar esa capacidad a fuerzas con un respaldo electoral relevante supone reducir de facto su capacidad representativa. Eso no afecta solamente a los diputados y las diputadas,
afecta también a las personas que los han elegido. Con el sistema actual, partidos con cientos de miles de votos pueden verse relegados al Grupo Mixto. Además, todos conocemos las consecuencias prácticas de esa rigidez, porque durante décadas en
esta Cámara todos -incluido usted, señor Gil Lázaro- han participado en el préstamo de diputados del Partido Popular con las diferentes fuerzas de esta Cámara. Esta reforma busca precisamente eso, coherencia, transparencia y reglas claras, y lo
hace con límites muy definidos, porque el nuevo artículo 23 mantiene dos previsiones fundamentales: impide que el mismo partido se divida artificialmente en varios grupos o que puedan constituirse grupos separados entre formaciones que no
compitieron ante el electorado, como ya dice el artículo 23. Es decir, se amplía el pluralismo, pero se protege la coherencia política.
Escucharemos advertencias exageradas sobre los supuestos riesgos de esta reforma. Bien, yo aún no creo en las meigas, aunque últimamente percibo su presencia e incluso les estoy cogiendo cariño, pero cada vez que se plantea ampliar derechos
en esta Cámara, algunos parecen verlas por todas partes. Ahora bien, conviene decirlo claramente: la fragmentación política no la provoca el Reglamento; la fragmentación la decide la ciudadanía cuando vota en libertad, y la obligación de esta
Cámara no es corregir esa voluntad, es asumirla, es respetarla y es representarla. (Aplausos).
España, aunque el Partido Popular no lo reconozca cuando no está en el Gobierno -cuando está en el Gobierno habla incluso catalán en privado-, es un país diverso; un país territorial, ideológica, lingüística y políticamente diverso. Y esa
diversidad no es un problema; es una expresión de una democracia madura. Nuestras instituciones deben parecerse a la sociedad que representan, porque la pluralidad institucional no debilita la democracia, la fortalece. Y si hay algo más
importante, es que las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país. Las reglas deben adaptarse a la sociedad, no al revés, porque cuanto más se parezca esta Cámara a la ciudadanía que
representa, más fuerte será la democracia. Detrás de cada escaño hay ciudadanos y ciudadanas; detrás de cada voto hay una expectativa, una confianza y una voz. Y nuestra obligación no es decidir qué voces merecen ser escuchadas en la Cámara,
nuestra obligación es garantizar que todas las voces que la ciudadanía ha traído aquí puedan hablar en condiciones de igualdad.
Votaremos a favor de esta proposición. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías -y me dirijo especialmente a los que han presentado esta iniciativa-, ¿cuántos privilegios más pretenden conseguir en esta legislatura? Sí, señorías, lo digo alto y claro: privilegios. Porque la reforma del Reglamento que ustedes
proponen ni trae causa de una necesidad institucional ni busca respetar el pluralismo ni desde luego fortalecer a esta Cámara. Esta es una reforma de conveniencia que lo único que pretende es adaptar las reglas del juego de esta institución a sus
intereses partidistas (aplausos) y blindarse para las siguientes elecciones ante una previsible pérdida de apoyo electoral. Y eso tiene un nombre, señorías: un nuevo chantaje en busca de más privilegios en esta Cámara. No les ha bastado al inicio
de esta legislatura con romper con el principio de igualdad de armas en el ejercicio de la representación obteniendo más espacio, más medios y mejor posición que la que les correspondía por el número de diputados que obtuvieron. Tampoco les está
importando guardar un silencio cómplice en el bloqueo que la mayoría de la Mesa de la Cámara está realizando a las iniciativas del Grupo Popular y de todas las que nos remite el Senado, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.
(Aplausos). Ahora también quieren garantizarse en el futuro tener grupo propio y, con ello, voz y medios materiales y económicos en esta Cámara teniendo menos respaldo popular, y eso ni es proporcional ni es democrático. Dicen que pretenden
actualizar el régimen de constitución de los grupos parlamentarios, y para ello tienen la desfachatez de recurrir, en apoyo de su propuesta, en su exposición de motivos, a nuestra Constitución, cuando ustedes, precisamente ustedes, son los que no
han dejado de despreciarla y atacarla en toda la legislatura. ¡Deberían de tener un poco más de vergüenza y de pudor! (Aplausos).
Pero ¿de verdad alguien puede sostener con un mínimo de rigor que la voz de las minorías está infrarrepresentada en esta Cámara? El vigente Reglamento del Congreso ya es generoso, yo diría que excesivamente generoso con ustedes, y les ha
dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas. Les voy a poner un solo ejemplo. ¿Ustedes creen que la voz y la imagen de esta Cámara es fiel reflejo de la voluntad
popular cuando en todos los debates los cuatro principales grupos, que representamos -óiganlo- el 91 % de los diputados y diputadas de esta Cámara, consumimos menos tiempo de intervención en esta tribuna que los que representan (señalando a los
escaños de la parte central del hemiciclo) el 9 %? (Aplausos). ¿Es eso estar infrarrepresentados? Pero ¿qué concepto de democracia tienen ustedes? La democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías; no al revés.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!). ¿O es que los que representamos a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este gran país que es España tenemos peor condición que aquellos a los que representan ustedes? Pues no, señorías, eso no se lo
vamos a admitir ni ahora ni en el futuro, así que tomen buena nota de ello.
Y una cosa más. El Reglamento de la Cámara no es una ley cualquiera; es una ley de naturaleza cuasiconstitucional, porque recoge el marco general en el que nos desenvolvemos en el ejercicio de nuestra representación bajo el paraguas del
principio de lealtad institucional. Por eso las reglas del juego de esta institución ni deben modificarse a la carta ni deben interpretarse al dictado de intereses políticos coyunturales, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. (Una señora
diputada: ¡Muy bien!). Y no lo digo solo por la picaresca de que esta iniciativa haya sido firmada por diputados en vez de por los portavoces de sus grupos para que sus formaciones no consuman cupo -por cierto, otra distorsión de las reglas del
juego de esta Cámara-; lo digo por lo que ocurrió, por ejemplo, al inicio de la legislatura en la constitución de los grupos parlamentarios, que lo ha recordado el señor Gil Lázaro. Señores de Junts y de Esquerra, ustedes no cumplían con ninguno
de los dos requisitos que el artículo 23 del Reglamento exige para obtener grupo propio: o tener 15 diputados -ustedes solo tienen siete- o tener 5 y haber obtenido el 15 % de los votos en las circunscripciones en que se
presentaban, en este caso en Cataluña. Ustedes, señores de Junts, solo obtuvieron el 11,1 % y ustedes, señores de Esquerra, el 13,2 %. ¿Y qué hicieron para alcanzar de manera ficticia el 15 % de los votos? Pues no es que les prestaran
diputados, que también, es que ustedes, señores de Esquerra, se atribuyeron -repito, se atribuyeron- todos los votos de SUMAR de las circunscripciones de Girona y Tarragona, y ustedes, señores de Junts, hicieron lo mismo con los votos del PSC en
dichas circunscripciones. Todo ello, naturalmente, con la complicidad del Grupo SUMAR y del Grupo Socialista. ¡Eso fue lo que hicieron! (Aplausos). ¿Y saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama? Esto es falsear la voluntad popular, que es lo
más sagrado en democracia. ¿Se imaginan qué hubieran dicho si esto lo hubiéramos hecho el Grupo Popular o VOX? Habrían dicho que éramos unos fascistas -bueno, lo dicen igual- (risas), que habíamos hecho trampa, que esto era un golpe de Estado
electoral y un pucherazo, ¿verdad? Pues aplíquense a sí mismos esa misma vara de medir, porque eso es lo que hicieron ustedes: un fraude electoral de libro para tener grupo parlamentario. Así que, de ahora en adelante, cuando vuelvan a subir a
esta tribuna, no les vamos a permitir que nos vuelvan a dar ninguna elección de democracia, porque son los menos indicados para repartir carnés de principios y coherencia democrática en este hemiciclo. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos).
Pero lo peor no es eso; lo peor es que ustedes, señorías socialistas, estén dispuestos de nuevo a tragar y a apoyar esta iniciativa con tal de seguir unos meses más en el poder. ¿De verdad les merece la pena lo que están permitiendo en
esta legislatura? Y no lo digo por los ausentes del banco azul; me refiero a ustedes. ¿De verdad lo están haciendo por convicción o solo por necesidad de comprar votos para que su líder siga en la Moncloa? Porque no sé qué es peor. Se lo digo
porque si lo hacen por convicción, eso significa que han perdido sus principios. Y, si lo hacen por necesidad, es que ponen el poder por encima de las ideas y del interés general de los españoles. (Un señor diputado: ¡Sin duda!). Yo no sé si son
conscientes del daño que están haciendo a su partido, a esta institución y al sistema, pero les vaticino que cuando acabe el sanchismo -que será pronto- ese comportamiento les va a pasar factura a muchos de ustedes. Y es que, señorías -y con esto
termino-, esto ya no da más de sí. Están ustedes más fuera que dentro y lo saben, y además están ahogados en un mar de corrupción. Por eso, ahorren más humillaciones a los españoles. Todavía pueden ser útiles, ¿saben cómo? Poniendo fin a esta
deriva hacia ninguna parte, dando la palabra al pueblo y pasando luego a la oposición, que es donde deberán permanecer muchos años.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CITA PREVIA EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000782).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de
la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando.
El señor IBÁÑEZ HERNANDO: Gracias, vicepresidente.
Buenas tardes, señorías.
Esta proposición no de ley pretende recuperar el concepto de una Administración pública al servicio de los ciudadanos, donde se pueda garantizar una atención presencial a los administrados que así lo pidan y donde la cita previa obligatoria
no sea el requisito exclusivo para quienes quieran ser atendidos presencialmente en la Administración. Y lo
primero que queremos poner de manifiesto es lo que no dice esta iniciativa. Esta no es una propuesta contra la cita previa como instrumento organizativo, simplemente rechazamos su imposición obligatoria cuando se convierte en una barrera de
acceso.
Señorías, la Administración existe para dar servicio a los administrados, y si no pueden ser atendidos porque una web no funciona, porque no hay citas disponibles o porque el sistema les obliga a esperar semanas, el problema ya no es solo
administrativo, es un problema de calado democrático. España está viviendo el permanente deterioro de la capacidad de gestión del Estado: deterioro de infraestructuras, fallos coyunturales que ya son estructurales, servicios públicos tensionados,
procedimientos que no avanzan y una Administración que está frenando avances en la sociedad. Y, señorías, los españoles merecen un Gobierno que empiece ya a ocuparse de ellos. No merecen un Gobierno que está destrozando los servicios públicos, no
merecen un Gobierno que agoniza, no merecen un Gobierno que está más pendiente de los informes de la UDEF o de la UCO sobre la corrupción del PSOE y las joyas de Zapatero que de arreglar los problemas que atenazan a nuestro país; no lo merecen.
(Aplausos).
La cita previa obligatoria es un símbolo perfecto de esta deriva. Nació como una herramienta excepcional en la pandemia, pero el Gobierno la ha convertido en una barrera ordinaria, de provisional a permanente, de algo organizativo a algo
restrictivo, y lo que debía facilitar ha terminado impidiendo. Señorías, es inasumible que, según los últimos datos de los colegios de gestores administrativos, en un 80 % de los trámites ante la Administración central no se ofrecen citas
disponibles y, cuando hay, se conceden con más de quince o veinte días de espera. Es inasumible que, por ejemplo, el servicio público de empleo esté desbordado, con 3500 efectivos menos en una década, más del 40 % de sus oficinas sin citas y un
nuevo sistema informático que triplica los tiempos de tramitación. Es inasumible que la Seguridad Social acumule miles de quejas por retrasos administrativos y saturación en la gestión de expedientes y que, en paralelo, haya un mercado negro que
exige hasta 100 euros por una cita. Pero es que cuestiones similares están ocurriendo en Tráfico, en la Agencia Tributaria, en los registros civiles, en la Policía para hacer el DNI o el pasaporte o en los servicios de extranjería. Todo ello es
inasumible y no es un problema de los empleados públicos que trabajan con plantillas insuficientes, sistemas informáticos deficientes y una presión creciente, es el Gobierno quien carga sobre los ciudadanos y sobre los funcionarios las consecuencias
de su falta de gestión. (Aplausos).
Y, como les decía antes, esta iniciativa no elimina la cita previa. Solo queremos garantizar la multicanalidad real, presencial, telefónica, digital y con cita voluntaria. Y lo pedimos bajo tres referencias normativas que ya existen.
Primero, los artículos 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que reconocen el derecho de las personas físicas a elegir el canal de comunicación con la Administración y en ningún caso -repito, en ningún caso- establecen que la
cita previa sea obligatoria. La segunda, el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a una buena Administración, la que atiende sin demoras, la que escucha al ciudadano y la que responde motivadamente, y no
como la actual, que no da cita, la da tarde o remite al ciudadano a una web colapsada. Y la tercera referencia normativa es la propia Constitución, cuyo artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten la
plenitud de los derechos, y la cita previa obligatoria es precisamente un obstáculo de la propia Administración. Por tanto, tres normas que acreditan que no hay que hacer nuevas modificaciones normativas.
Y, miren, también tenemos que traer esto aquí porque el Gobierno ya prometió resolverlo y no lo han hecho. Hace más de dos años que el ministro Escrivá se comprometió a ello, pero parece ser que estaba más ocupado atendiendo sin cita previa
a Zapatero (aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!) para hacer desaparecer presuntamente las deudas que tenía la aerolínea Plus Ultra que centrado en eliminar la cita previa a una familia vulnerable que necesitaba un papel para acceder a una
ayuda para subsistir; esto es un puro ejercicio de socialismo. Pero es que después ha llegado Óscar López y no ha hecho nada tampoco sobre este tema, porque solamente está ocupado poniendo tuits para defender a la mujer de Pedro Sánchez o a
Zapatero, cosa que le va a servir de poco,
porque será el enésimo ministro defenestrado por Sánchez. Y es que todo el mundo sabe que a López los madrileños, en un año le van a colocar, sin que pida cita previa, en una plaza para la oposición en la Asamblea de Madrid; ahí es donde
va a estar. (Aplausos).
Miren, el problema de todo esto son quienes están pagando este despropósito del Gobierno: las personas mayores que no saben manejar Internet, los ciudadanos afectados por la brecha digital o por la mala conectividad que afecta a miles de
pueblos en España, los trabajadores que no pueden perder toda una mañana en pedir cita previa, los autónomos y profesionales que tienen que resolver trámites con inmediatez para poder seguir subsistiendo o las familias que dependen siempre de
prestaciones, autorizaciones, certificados o trámites esenciales.
Por ello, pedimos el apoyo a esta iniciativa, porque la cita previa puede ser una herramienta, pero no debe ser una barrera; porque la Administración no puede exigir al ciudadano una cita previa que es incapaz de ofrecer; porque una web
colapsada no puede impedir que un ciudadano ejerza sus derechos; y porque el Gobierno debe revertir una medida que fue excepcional, como fueron en su momento las mascarillas o la distancia social.
Señorías, modernizar no es cerrar ventanillas, modernizar es atender mejor. Y no es el ciudadano el que debe estar al servicio de la Administración, es la Administración la que debe estar al servicio del ciudadano. Esto no va de
ideologías, va de gestión, va de derechos y va de respeto a los ciudadanos, pero es algo que creo que no quieren hacer. Y como parece que no es que no quieran, sino que no saben, échense a un lado, denles la voz a los españoles y dejen que ellos
decidan si prefieren las sobrinas de Ábalos, las prostitutas de Koldo, las chistorras de Cerdán o las joyas de Zapatero, o si realmente lo que quieren es un Gobierno que se ocupe de sus problemas. Convoquen elecciones, que no hará falta una cita
previa para obtener la respuesta que se merecen.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos.
Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor del Valle Rodríguez.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Señorías, la iniciativa que nos trae hoy a debate el Grupo Parlamentario Popular trata, como ya ha dicho su portavoz, de eliminar la exigencia de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la
Administración General del Estado, garantizando la atención al ciudadano con o sin cita previa y manteniendo este sistema con carácter voluntario como instrumento de organización del servicio.
El informe del Defensor del Pueblo referente al ejercicio 2023 señalaba expresamente que, entre los principales problemas que afectan hoy a la Administración pública, se encuentran los derivados de la cita previa y la saturación en la
atención a la ciudadanía por parte de las Administraciones y los servicios públicos. Así, el informe recogía que la pervivencia de estos sistemas con carácter general u obligatorio se traduce en deficiencias en la atención y la asistencia que las
Administraciones públicas están obligadas a prestar para atender sus obligaciones legales. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF, hace un par de años, firmaron un comunicado conjunto en el que, de alguna manera, venían a recoger lo que
había dicho el Defensor del Pueblo y añadían que la situación afecta a la gratuidad del procedimiento administrativo, pues muchos se ven abocados a la contratación de servicios de asesoría para poder realizar con éxito sus trámites administrativos.
Y, señorías, ya es difícil que Comisiones y UGT critiquen a este Gobierno corrupto entre mariscada y mariscada, pero se pusieron de acuerdo y lo hicieron. (Aplausos).
Yo les voy a poner un ejemplo que ha ocurrido recientemente en Santander, donde yo resido. Una funcionaria del Gobierno de Cantabria, compañera mía de cuerpo -de cuerpo profesional-, se jubila el mes que viene. La llamaron de la Dirección
General de Función Pública del Gobierno para darle un papel y le dijeron: tienes que ir con este papel al INSS
y llevar el libro de familia por el tema del incremento por la brecha de género, para el tema de los hijos que hayas tenido y demás. Pues, una mañana se fue a las oficinas del INSS de Santander y le dijeron que no la atendían porque no
tenía cita previa. Según ella, no había más de cuatro o cinco personas en la oficina. Entonces dijo: Bueno, pues espero un poco o vengo mañana, denme cita para otro día. No, no -le dijeron-, tiene que solicitar la cita por teléfono o mejor aún,
por la página web. Total, que se volvió a trabajar, se metió en la página web y no había posibilidad de obtener cita para la oficina de Santander. La remitían a las oficinas de Santoña, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera; es decir, la
más cercana, a más de 40 kilómetros de Santander. Entonces empezó a llamar por teléfono a los dos números que le habían facilitado. Por cierto, quien te atiende es una máquina, no una persona. Cuando da el documento nacional de identidad y demás
y solicita que sea para la oficina de Santander, la máquina le dice que no puede hacerlo y que lo haga a través de la página web. Con lo cual, volvió a la página web y así estuvo varios días, mañana, tarde y noche, y la página web le remitía a
Santoña, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera. Volvió a la oficina del INSS presencialmente a decir: Oiga, mire, vivo en Santander y quiero cita en Santander y me ocurre esto, los teléfonos me remiten a la página web y la página web me
manda a Santoña, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera. Bueno, se encogieron de hombros, no había otra solución y eran conscientes de que estaban colapsados los servicios. Finalmente, se tuvo que ir a Santoña, a una oficina a más de 40
kilómetros, para llevar un papel que le daba la Administración donde trabaja y el libro de familia para obtener el incremento de la pensión de jubilación por el tema de la brecha de género, por los hijos que había tenido mientras estaba en activo.
En conclusión, esto no es de recibo, y quien niegue esto, pues es como el que niega que Zapatero recogía mordidas en joyas de altísimo valor. (Aplausos).
Mi grupo es más ambicioso, va más allá y ha presentado una enmienda por la que, aparte de que se abra a todas las Administraciones públicas y no solo a la General del Estado, solicita que se inste al Gobierno a que haga las modificaciones
legales precisas para que este tema quede blindado definitivamente.
Concluyo, señor presidente. Gracias a Dios, este Gobierno corrupto tiene los días contados y, en no mucho tiempo, VOX será decisivo para terminar con esta Administración del 'vuelva a usted mañana'.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Losada Fernández.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
La pandemia del COVID19 supuso necesariamente un cambio importante en la manera en la que los ciudadanos debían relacionarse con la Administración. Desde entonces, se ha ido recuperando el carácter voluntario y no obligatorio de la cita
previa en muchas Administraciones. Pero entendemos que es necesario poner fin a la cita previa obligatoria y en ello está trabajando el Gobierno. Compartimos la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los servicios públicos sin
dificultades, garantizando la elección del canal de relación entre la Administración y los ciudadanos, eliminando los obstáculos que dificulten dicho ejercicio y potenciando los mecanismos de asistencia y coordinación que favorezcan el ejercicio de
los derechos en condiciones de igualdad. En ello está el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Pero vamos a ser claros, este Gobierno, además de la pandemia, se encontró con una Administración heredada del Partido
Popular bajo mínimos: recortes, reducción de la plantilla y no convocatoria de las plazas públicas. El PP optó por una fórmula catastrófica: a mayor demanda de servicios públicos, menor oferta de empleo público. (Aplausos). Con el Partido
Popular, solo en la AGE se redujo la plantilla en 70 000 puestos de trabajo. El deterioro de los servicios públicos fue enorme y todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Frente a esas consecuencias de políticas restrictivas, el Gobierno
progresista actuó y sigue actuando. Frente a las solo 10 000 plazas anuales de media que ofertó el Partido Popular, este Gobierno ha convocado los últimos años más de 32 000 plazas anuales. El número de plazas de la oferta de empleo
público de este año 2026, ya aprobada, supera las 37 000. Esa es la diferencia.
Compartimos con la proposición presentada el objetivo. No puede ser que la cita previa sea obligatoria, pero no solo en la Administración General del Estado, sino en todas las Administraciones públicas. Señor Ibáñez, estaría bien que se
aplicaran ustedes el cuento donde gobiernan, en todas esas comunidades autónomas y ayuntamientos donde ustedes gobiernan. Dígame dónde han quitado la cita previa obligatoria. (Aplausos). El Gobierno está mejorando y avanzando en esa eliminación.
Como ejemplo, la ampliación del horario de atención al público sin cita previa para el registro de documentación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la implantación de citas presenciales para dar servicio en el mismo día
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o la atención sin cita previa a mayores de 65 años o con discapacidad motora, medida implantada por el Ministerio del Interior; actuaciones en línea con el mandato del futuro marco legal
de Administración abierta y que forman parte de un proceso continuo de mejora de la atención presencial. Ahí, ahí van dirigidos los esfuerzos: a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, facilitando el acceso a los mismos a
través de modelos de atención a la ciudadanía personalizados, proactivos y multicanales, y fomentando la coordinación de servicios de atención a la ciudadanía.
La estrategia Consenso por una Administración Abierta, presentada el pasado mes de julio, es la hoja de ruta para transformar la Administración pública. Y en ello estamos. El Gobierno cumple el compromiso anunciado de reforzar la atención
presencial, asegurar la igualdad del acceso a los servicios públicos y eliminar barreras administrativas, fundamentalmente para los colectivos más vulnerables. (Aplausos). Somos conscientes de que el uso exclusivo de sistemas telemáticos puede
generar dificultades para determinadas personas, especialmente para las personas mayores, ciudadanos con discapacidad, personas sin medios digitales o residentes en zonas con menor conectividad. Coincidimos en que debemos avanzar en la supresión de
las citas previas obligatorias. Por ello, hemos presentado enmiendas que creemos que mejoran y concretan el texto inicial. Así pues, decimos que no debe ser obligatoria la cita previa, pero decimos sí a la transformación de la Administración
pública. Decimos sí a una Administración pública abierta, de altas capacidades y que avance en los servicios de atención personalizados. Decimos sí a una Administración dotada de suficientes recursos económicos, técnicos y humanos.
Y termino, como no puede ser de otra manera, mostrando una vez más nuestro reconocimiento a la labor fundamental que desempeñan todos los empleados públicos de nuestro país; esos empleados públicos que, con su profesionalidad, empeño y
vocación, sostienen nuestros servicios públicos. A todos y a todas, gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Losada.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías del Grupo Popular, nosotras vamos a apoyar, porque estamos de acuerdo, cualquier medida que sirva para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la Administración pública sin obstáculos ni humillaciones burocráticas. Porque la
cita previa obligatoria se ha convertido demasiadas veces en un muro para miles de personas mayores que no manejan Internet; para trabajadores que no pueden pasarse semanas intentando conseguir una cita; para personas migrantes -de eso no hablan-
atrapadas en trámites interminables, o para ciudadanos y ciudadanas desesperadas ante teléfonos que nunca responden.
También tenemos que decir algo muy claro, y es que el Grupo Popular no puede venir a esta Cámara a presentarse como defensor de unos servicios públicos accesibles,
mientras allí donde gobiernan hacen exactamente lo contrario. El problema de fondo no es solamente la cita previa; el problema es el desmantelamiento sistemático y progresivo de lo público que ustedes están llevando a cabo e impulsando en
las autonomías y en los ayuntamientos donde gobiernan. Y, si no, que nos lo digan en Andalucía, que le ha costado justamente su mayoría al señor Moreno Bonilla. La cita previa en Andalucía, sinceramente, son los padres, porque el problema es que
no hay citas, ni previa ni no previa, es que no: el problema, es que no hay cita. Y yo les pregunto, ¿el problema es la cita previa o es que tienen ustedes los servicios públicos desmantelados?
Hablan también ustedes de cercanía administrativa, mientras cierran centros de atención al público, centros de atención primaria, reducen plantillas, privatizan servicios y asfixian lo público para, después, señalar justamente ese caos que
ustedes mismos están generando. ¿Qué es lo que hacen siempre? Quejarse de las consecuencias de las políticas que ustedes mismos están gestionando día a día, como si eso no se debiese a su gestión, sino al azar o a un castigo divino. Y lo vemos en
la sanidad, donde millones de personas sufren listas de espera insoportables, mientras el Partido Popular deriva los recursos a la privada. Pero lo vemos también en dependencia, donde familias enteras esperan ayuda durante meses y durante años. Lo
vemos en educación, donde están recortando recursos públicos, mientras blindan los privilegios de la educación privada. Y, claro, lo vemos también en la Administración pública: oficinas colapsadas, personal insuficiente y ciudadanos y ciudadanas
convertidas en números.
Sinceramente, cuando ustedes hablan aquí de eficiencia me da miedo. Me hs hecho a temblar porque, en su lenguaje político, eso quiere decir tijerita; eso quiere decir recortes. Cuando ustedes hablan también de modernización, me da miedo
otra vez. Otra vez hay que echarse a temblar, porque lo que terminan haciendo es trasladar la carga al ciudadano para compensar la falta de inversión pública y su dejación de funciones.
Por tanto, la digitalización puede ser positiva, claro que sí, pero digitalizar no puede significar expulsar a quienes más necesitan los servicios públicos. No puede convertirse tampoco en una excusa para que quien no tenga medios,
conocimientos o tiempo se quede fuera de sus derechos. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en muchísimos ámbitos en la Administración, en la Administración de todos, y también en todas las comunidades autónomas también. Además, hay algo
especialmente grave -y ustedes lo saben perfectamente-: los sistemas saturados de cita previa han acabado generando auténtica mafia de reventa de citas, especialmente en extranjería, que se aprovechan de personas vulnerables que necesitan
regularizar su situación o acceder a derechos básicos. Pero, como digo, de eso ustedes no hablan. Y eso no ocurre por casualidad; ocurre cuando se abandona la Administración y se la deja sin los recursos suficientes.
Sinceramente, sus discursos se me hacen bola. Escuchar al Partido Popular hablar de accesibilidad administrativa mientras en Andalucía aplican -no a mí, al resto, a las 17 000 familias más ricas de Andalucía- unas rebajas fiscales solamente
a las grandes fortuna, y, al mismo tiempo, están deteriorando nuestros servicios públicos, la verdad, es tremendo. Así que, de verdad, entérense, señorías del Grupo Popular, los servicios públicos no se sostienen con discursos ni sonrisas amables;
se sostienen con inversión, con trabajadores suficientes y con voluntad política, no como lo hace Moreno Bonilla.
Nosotras defendemos otra idea de país: una Administración pública que acompañe, no que expulse; que atienda también presencialmente a quien lo necesite; y que garantice derechos sin convertir cada trámite en una carrera de obstáculos en
cada comunidad autónoma. Y eso exige también recursos; eso necesita también empleo público y una apuesta clara por fortalecer lo común.
Termino. Aquí el verdadero debate es muy sencillo: si entendemos los servicios públicos como un derecho de la ciudadanía o como un gasto que hay que reducir, que hay que recortar, que es lo que ustedes están haciendo donde gobiernan. A
ver si alguna vez hacen ustedes lo que reclaman y dejan de pedir aquí lo que no hacen donde tienen que hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi.
Señorías, como conocen, la cita previa surgió inicialmente como una acción de la Administración a la ciudadanía, que no estaba obligada a relacionarse con ella electrónicamente para una mejor organización de la Administración y para una
mejor atención ciudadana. Posteriormente, con la pandemia de la COVID19, la cita previa se convirtió en obligatoria para la atención presencial, a fin de evitar aglomeraciones que facilitaran la transmisión del virus y la propagación de la
pandemia, además de estimularse la gestión virtual de trámites administrativos a quienes no estuvieran obligados a ello e incrementar la atención telefónica.
Sin embargo, una vez superada la situación de crisis sanitaria, la cita previa sigue manteniéndose como obligatoria en buena parte de la Administración para realizar diferentes trámites administrativos y no ha vuelto a su naturaleza original
de opción para la ciudadanía. Esto ha llevado a que el Defensor del Pueblo y otras defensorías, ante quejas ciudadanas, hayan cuestionado su existencia y, en igual sentido, la academia y distintas iniciativas parlamentarias, actuando, ciertamente,
algunas Administraciones públicas en el sentido de estas recomendaciones, para revertir la situación a su naturaleza original de opción y que, ahora, se presenta en esta iniciativa, instando al Gobierno a que la Administración General del Estado
actúe en igual sentido en las oficinas de atención ciudadana y registro público en que se mantenga.
Nuestro grupo parlamentario apoyará esta iniciativa, puesto que la cita previa obligatoria generalizada, como requisito de atención presencial de la ciudadanía en procedimientos, registros y oficinas de atención ciudadana, no tiene
habilitación legal en nuestro ordenamiento jurídico. Además, su exigencia indiscriminada -ya se ha señalado- genera situaciones de desatención y desigualdades de acceso, sobre todo cuando la obtención de la cita no puede realizarse presencialmente
y se obliga al uso telefónico o a dispositivos electrónicos, infringiéndose con este comportamiento el mismo artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Es preciso denunciar también que la saturación de los sistemas para solicitarla,
cuando no cabe la solicitud presencial, genera un mercado alternativo de reventa de citas previas. Y todo ello, sumado, genera una percepción negativa de la Administración y de los servicios públicos.
Señorías, la cita previa obligatoria generalizada para el más mínimo de los trámites en la Administración en general, una vez superada la crisis sanitaria de la COVID19, ha pasado a convertirse en una barrera de acceso absolutamente
injustificada en la actualidad (la señora presidenta ocupa la Presidencia). Sin perjuicio de ello, también hemos de señalar que en determinados servicios públicos, como los de salud o en ciertos trámites administrativos que, por sus características
o por la necesidad de ordenar los tiempos de atención, lo requieran, puede estar justificada. En la medida que la cita previa obligatoria esté generalizada, se hace preciso revertir esta situación porque está absolutamente injustificada en la
actualidad.
Voy finalizando, presidenta. Señorías, la Administración debe asegurar que las vías de relación con las personas estén disponibles presencial, electrónicamente y a través del resto de lugares previstos en la misma Ley del Procedimiento
Administrativo, como oficinas de correo, oficinas en materia de registro y oficinas de atención ciudadana. La Administración también debe informar a la ciudadanía de estas vías en cada procedimiento de forma clara, evitando que la cita previa se
mantenga o convierta en un requisito general de acceso, como ocurre actualmente en muchos servicios públicos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes.
Señorías, más allá del discurso catastrofista que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, intentando además introducir elementos de actualidad en su discurso, que sospecho que no pasarán a los anales del parlamentarismo, señor Ibáñez, la
realidad es que en ocasiones existe una dificultad en el acceso de la ciudadanía a la Administración. Es cierto que en algunas ocasiones ese acceso se convierte en una carrera de obstáculos, en una yincana, en la cual el ciudadano queda indefenso.
Contrariamente a lo que decía el portavoz del Grupo Popular, no creemos que la cita previa sea una barrera; es más, creemos que la cita previa es un instrumento eficaz tanto para la ciudadanía, que no tiene que esperar largas horas
físicamente en un lugar para poder acceder a la Administración, como para los funcionarios y las funcionarias, lo que hace que la Administración sea más eficaz. ¿Qué ocurre? También es cierto que, en algunas ocasiones -las menos-, esa cita previa
se convierte en algo imposible. Como bien señalaba la portavoz de Podemos, existe ya desde hace años un problema de reventa de citas, especialmente en lo relativo en materia de extranjería, ante el cual los diferentes Gobiernos -porque esto ya dura
varias legislaturas- no ha sido capaces de resolver. Esto ha permitido la aparición de grupos criminales que venden en un mercado negro esas citas previas.
Las dificultades en el acceso a la cita previa vienen en ocasiones por ese colapso, por esa inexistencia y también -se ha señalado en la iniciativa- por eso que llaman brecha digital. Hay personas en muchos casos vulnerables; personas que,
por una cuestión de edad o por incapacidad para acceder al mundo digital, quedan desprotegidas. Por ello, una de las cuestiones que hay que abordar, existiendo esa cita previa, que ya decimos que nos parece un instrumento eficaz, es cómo se buscan
sistemas alternativos para no dejar desprotegidos y desprotegidas a esas personas en su acceso a la Administración.
Consideramos, por tanto, que más allá de la cita previa se deben tomar medidas adicionales, algo que echamos en falta en su actuación. Hay que ir más allá y, desde un planteamiento propositivo, creemos que hay que solicitar a la
Administración, en este caso a la Administración central, el refuerzo de las plantillas. De igual forma, hay que mejorar los sistemas informáticos, hacerlos más intuitivos para aquellas personas que tienen dificultades, para que puedan acceder a
ellos; asimismo, hay que impedir la captura y reventa de citas, que es un problema real a día de hoy; y, como decía anteriormente, abrir canales alternativos para que esas personas que tienen dificultades en el acceso a esas citas, por
desconocimiento, por edad o por otros motivos, no se vean impedidas para contactar y acceder a la Administración.
Desde nuestro punto de vista no se trata tanto de elegir entre eficiencia y derechos, se trata de entender que una Administración eficiente es aquella que garantiza los derechos de manera activa y accesible para toda la ciudadanía.
Sin más, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Molt bona tarda, presidenta, senyories.
La cita prèvia és un desastre, un desastre innecessari. No és tremendisme, és la realitat de molts ciutadans que el govern socialista sembla viure d'esquena. L'OCU constata que per centenars de milers de ciutadans la cita prèvia ha
esdevingut una barrera per accedir a l'Administració i resoldre els seus problemes: la pensió per jubilació, la prestació de l'atur, les baixes laborals, els permisos de maternitat, permisos i prestacions de tot tipus es veuen dificultats en
perjudici del dret dels ciutadans de rebre una atenció adequada. El que va néixer com una mesura excepcional en temps de pandèmia ha passat a ser un filtre al servei, no dels ciutadans, sinó al servei de l'Administració, que impedeix l'accés
igualitari als serveis essencials.
La Generalitat de Catalunya ha eliminat l'obligatorietat de la cita prèvia. Aquesta és la línia que nosaltres considerem correcta. Qualsevol ciutadà que necessiti fer una gestió ho ha de poder fer directament, sense tràmits afegits, per
molt còmodes que aquests siguin
per a l'Administració. Per tant, la nostra posició és clara: la cita prèvia no pot ser l'única porta d'entrada a l'Administració. Ho defensem a l'Administració catalana i també, naturalment, a totes les altres administracions amb les que
es relacionen els ciutadans catalans, inclosa, a hores d'ara, i esperem que per no gaire, l'Administració General de l'Estat.
La cita prèvia no ha funcionat. Es queixen els ciutadans, es queixen les associacions de consumidors i també ho fan institucions com el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble. En primer lloc, genera una escletxa digital que comporta una
exclusió. Per això, des de Junts per Catalunya defensem la creació d'una oficina d'atenció digital, pensada sobretot per la gent gran i les persones amb dificultats per moure's en entorns digitals. En segon lloc, col·lapse, dificultats per trobar
hora, per tant, retards de setmanes o fins i tot de mesos, molts d'ells innecessaris perquè es podrien resoldre, per exemple, amb una atenció personal puntual, al moment. Fins i tot improvisada i, en conseqüència, indefensió, inseguretat jurídica
i, fins i tot, pèrdua efectiva de drets.
Les persones no poden quedar abandonades darrere una pantalla. Una administració moderna i eficient ha de garantir una resposta accessible, propera i sobretot, eficaç. És a dir, immediata, sense mediacions ni dilacions innecessàries. Cal
tornar a posar el focus en el servei a l'atenció a les persones, i això també vol dir en els autònoms, en les empreses. Per això hem registrat al Senat una proposició de llei sobre simplificació i racionalitat dels tràmits ciutadans que elimini
duplicitats i que no exigeixi al ciutadà la informació de la que l'Administració ja disposa. Que faciliti tràmits digitals per a la renovació de permisos i certificats i que prevegi una atenció personal amb canals alternatius d'assistència i
acompanyament per a les persones que ho necessiten. Per acabar, no podem perdre de vista els problemes estructurals de l'Administració. L'excés de burocràcia, mala gestió, manca de recursos i, molt especialment, manca de personal.
Senyories del PSOE, els recordo que el seu Govern té per mandat europeu l'obligació de resoldre la situació de centenars de milers de persones interines de treballadors públics en abús de temporalitat. Una situació que afecta directament la
seva vida, la seva estabilitat laboral, però que repercuteix, com no pot ser d'altra manera, en la qualitat dels serveis públics. El desastre burocràtic afecta les persones. Per exemple, a Catalunya s'acumulen més de 38 000 persones en llista
d'espera de la dependència, amb una espera mitjana de 275 dies.
El desastre burocràtic també ofega els autònoms i les empreses i, per tant, el teixit productiu, la riquesa i l'economia del nostre país. Fa poc, un estudi fixava en 5500 euros per treballador a l'any el cost en tasques administratives.
Això vol dir hores i hores de paperassa o de tràmits digitals, que és el mateix que no es destinen a produir, que és el que voldrien precisament els treballadors, els autònoms i els empresaris per resoldre aquest desastre burocràtic, aquest desastre
administratiu, cal voluntat política. El PSOE, en contra de la majoria d'aquesta cambra, ha tingut aquesta voluntat política per a la regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. Els ajuntaments socialistes s'han reorganitzat
per ferhi front. Han previst orientació i acompanyament per a aquestes persones. Han facilitat els tràmits d'empadronament i de vulnerabilitat. Han eliminat la cita prèvia i han habilitat espais nous: fins a 4, Barcelona, com el pavelló firal;
2 de la Fira de Barcelona a Montjuïc. Lamentablement, no veiem la mateixa intensitat per ajudar a les persones necessitades de dependència o a les empreses, ni tampoc per resoldre el problema dels interins.
Moltes gràcies.
Muy buenas tardes.
Presidenta, señorías, la cita previa es un desastre innecesario. No es tremendismo, es la realidad de muchos ciudadanos, ante la que el Gobierno socialista parece ir de espaldas. La OCU constata que para miles de ciudadanos esta cita
previa ha sido una barrera para acceder a la Administración y resolver sus problemas: la pensión de jubilación, la prestación del paro, las bajas laborales, los permisos de maternidad..., permisos y prestaciones de todo tipo se ven dificultados en
perjuicio del derecho de los ciudadanos a
recibir una atención adecuada. Lo que nació como una medida excepcional en momentos de pandemia, ha pasado a ser un filtro al servicio no de los ciudadanos, sino al servicio de la Administración, que impide el acceso igualitario a los
servicios esenciales.
La Generalitat de Cataluña ha eliminado la obligatoriedad de la cita previa. Esta es la línea que nosotros consideramos correcta. Cualquier ciudadano que necesite hacer una gestión lo tiene que poder hacer directamente, sin trámites
añadidos, por muy cómodos que estos sean para la Administración. Por ello, nuestra posición es clara. La cita previa no puede ser la única puerta de entrada de la Administración. Lo defendemos en la Administración catalana y también,
naturalmente, en todas las otras administraciones con las que se relacionan los ciudadanos catalanes, incluida a estas alturas, y esperamos que durante no mucho tiempo, la Administración General del Estado.
La cita previa no ha funcionado. Se quejan los ciudadanos, se quejan las asociaciones de consumidores y también lo hacen instituciones como el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo. En primer lugar, genera una brecha que genera
exclusión. Por ello, en Junts per Catalunya defendemos la creación de una oficina de defensa digital pensada para personas mayores y personas con dificultad para moverse en entornos digitales. En segundo lugar, colapso, dificultades para encontrar
cita, atrasos de semanas e incluso meses, muchos de ellos innecesarios porque se podían resolver, por ejemplo, con una atención personal puntual, en el momento e incluso improvisada. En consecuencia: indefensión, inseguridad jurídica e incluso
pérdida efectiva de derechos
Las personas no pueden quedar abandonadas detrás de una pantalla. Una Administración moderna y eficiente tiene que garantizar una respuesta accesible, cercana y, sobre todo, eficaz; es decir, inmediata, sin mediaciones ni dilaciones
innecesarias. Hay que volver a poner el foco en la atención a las personas y esto también quiere decir en los autónomos y en las empresas. Por ello, hemos registrado en el Senado una proposición de ley sobre simplificación y racionalidad de los
trámites ciudadanos, que elimine duplicidades y que no exija al ciudadano la información de la que la Administración ya dispone, que facilite trámites digitales para la renovación de permisos y certificados y que prevea una atención personal con
canales alternativos de asistencia y de acompañamiento para las personas que lo necesiten. Para terminar, no podemos perder de vista los problemas estructurales de la Administración: exceso de burocracia, mala gestión, falta de recursos y, muy
especialmente, falta de personal.
Señorías del PSOE, les recuerdo que su Gobierno tiene, por mandato europeo, la obligación de resolver la situación de centenares de miles de personas interinas, de trabajadores públicos en abuso de temporalidad, una situación que afecta
directamente a su vida y su estabilidad laboral, pero que repercute, como no puede ser de otra forma, en la calidad de los servicios públicos. El desastre burocrático afecta a las personas. Por ejemplo, en Cataluña se acumulan más de 38 000
personas en lista de espera de la dependencia, con una espera media de 275 días.
El desastre burocrático también ahoga a los autónomos y a las empresas, y, por ello, al tejido productivo, la riqueza, la economía de nuestro país. Hace poco, un estudio fijaba en 5500 euros por trabajador el coste en tareas
administrativas. Esto quiere decir horas y horas de papeleo -o de trámites digitales, que es lo mismo- que no se destinan a producir, que es lo que querían precisamente los trabajadores, los autónomos y los empresarios. Para resolver este desastre
burocrático, este desastre administrativo, se necesita voluntad política. El PSOE, en contra de la mayoría de esta Cámara, ha tenido esta voluntad política para la regularización extraordinaria de centenares de miles de inmigrantes. Los
ayuntamientos socialistas se han reorganizado para hacerle frente. Han previsto la orientación y el acompañamiento para estas personas. Han facilitado los trámites de empadronamiento y han eliminado la cita previa y habilitado espacios nuevo
-hasta cuatro en Barcelona-, como el pabellón final 2 de la Feria de Barcelona en Montjuic. Lamentablemente, no vemos la misma intensidad para ayudar a las personas necesitadas de dependencia o a las empresas, ni tampoco para resolver el problema
de los interinos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Pagès.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gràcies, presidenta.
Molt bona tarda a totes i a tots.
No puc deixar de començar, presidenta, sense assenyalar un fet que no per inusual, és estrany, sinó que el Partit Popular, en la boca del senyor Bermúdez de Castro, avui ha tingut el morro de dirnos o de donarnos certes lliçons de
democràcia. Això, de fet, per part del Partit Popular no ens hauria d'estranyar. Però vull dir, des d'aquesta tribuna, que el fet que el Partit Popular intenti alliçonar Esquerra Republicana de Catalunya, en qüestió de democràcia, és extremadament
insultant. Vostès, senyories del Partit Popular, que porten dècades de corrupció, dècades de finançament irregular, de sobresous i de condemnes judicials, i d'altres que estan a l'espera, ens venen a donar de veritat lliçons de democràcia? Vostès,
els mateixos i les mateixes que van utilitzar les institucions públiques per tapar manta de responsabilitats públiques i, a més a més, perseguir la dissidència política. Vostès el que tenen és més morro que un elefant amb trompeta. Així de clar.
Més morro que un elefant amb trompeta! Assumeixin el seu historial senyories del Partit Popular i deixin de repartir carnets de bons o mals demòcrates, almenys a aquells i aquelles que portem anys militant en un partit amb 95 anys d'història sense
un cas de corrupció.
I dit això, i parlant de la cita prèvia, mirin, l'Administració no pot de cap manera substituir els drets per pantalles. Això és una evidència i malgrat que compartim part d'aquest diagnòstic de la proposició no de llei, si parlem en plata,
és evident que qualsevol dels electes que avui estan en aquesta sala -i els que deuen estar amb el senyor Bermúdez fent el cafè-, saben perfectament que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país estan desesperats, que estan desesperades per obtenir
una cita amb l'Administració. A ningú se li escapa tampoc, que hi ha persones grans i òbviament d'edat avançada que són directament expulsades de l'Administració perquè no dominen les eines digitals o desenes i desenes de persones vulnerables
atrapades amb bucles telefònics i pàgines web, sempre col·lapsades.
En definitiva, el sistema actual de cita prèvia està generant, i no és una novetat, doncs, greus problemes d'accés a l'Administració Pública. De fet, ha esdevingut, cal dirho, un mur administratiu i ha degradat el dret a la ciutadania a ser
atesa. De fet, des del Grup Republicà ho hem denunciat moltes vegades. Ho hem fet reiteradament. Ho hem fet especialment en àmbits com l'àmbit d'estrangeria o el SEPE o les comissaries de policia. Aconseguir una cita prèvia és pràcticament
impossible en molts casos, i això, ho tornem a dir alt i clar, afecta els drets bàsics de la ciutadania.
Ara bé, eliminar la cita prèvia de manera genèrica i sense alternatives ni recursos suficients, doncs mirin, no resol el problema. El risc de substituir un col·lapse per un altre col·lapse no té cap sentit. Cal recordar que la cita prèvia,
ben gestionada, també compleix una funció organitzativa important. Això no ens n'hem d'oblidar. Evita cues innecessàries, permet planificar recursos, redueix temps d'espera i facilita o hauria de facilitar una millor atenció presencial. Però el
problema actual i el problema real és la manca de personal. S'ha dit, no només la manca de personal, sinó també la saturació dels serveis i la insuficiència de places disponibles. És imperatiu, senyories, ampliar les plantilles i fer molt més
eficients els diferents mecanismes de gestió. I això, aquesta proposició no de llei, no ens ho explica.
També és important, i vaig acabant presidenta, recordar la Llei 39/2015. Una llei que no obliga les persones físiques a relacionarse electrònicament amb l'Administració i per tant, l'Administració és qui ha de garantir vies presencials,
reals i accessibles cap a la ciutadania. Però això no implica eliminar qualsevol sistema d'organització prèvia. El que cal, doncs, és garantir l'atenció presencial sense exclusió digital. Mantenir vies d'accés sense cita prèvia per a casos
urgents i, sobretot, per a casos vulnerables. Ampliar el personal i els recursos, obrir més franges de cites, combatre les màfies de revenda de cites sobretot, i implementar sistemes transparents i eficients de reserva. Podem coincidir, doncs, amb
la necessitat de reformular profundament el model actual, però no amb una
eliminació, tal i com plantegen indiscriminada de la cita prèvia, sense planificació, sense garanties de reforç, tampoc dels serveis públics.
La ciutadania, senyories, no necessita més caos administratiu, ja en té prou. Necessita una Administració accessible, eficient i, evidentment, també amb recursos eficients. En definitiva, una administració que ha substituït drets per
pantalles, com deia, i quan l'Administració -i acabo ara sí, presidenta,- obliga a la ciutadania a suplicar una cita i a suplicar -atenció amb el verb-per exercir un dret, el problema ja no és un problema burocràtic, senyories. El problema, dedicat
al senyor Bermúdez de Castro, és un problema democràtic.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes a todas y a todos
No puedo empezar, presidenta, sin señalar un hecho que no por inusual es raro, y es que el Partido Popular, en boca del señor Bermúdez de Castro, hoy ha tenido el morro de darnos ciertas lecciones de democracia. Esto, de hecho, por parte
del Partido Popular no nos tendría que extrañar. Pero quiero decir desde este atril que resulta extremadamente insultante que el Partido Popular pretenda dar lecciones a Esquerra Republicana de Cataluña en materia de democracia. Ustedes, señorías
del Partido Popular, que llevan décadas de corrupción, décadas de financiación irregular, de sobresueldos y de condenas judiciales, y otros que están en la espera, ¿de verdad nos vienen a dar lecciones sobre democracia? Ustedes, los mismos y las
mismas que utilizaron las instituciones públicas para tapar grandes responsabilidades públicas y encima perseguir la disidencia política. Ustedes lo que tienen es más morro que un elefante con trompeta, así de claro. (Aplausos). Más morro que un
elefante con trompeta. Asuman su historial, señorías del Partido Popular, y dejen de repartir carnets de buenos o malos demócratas, al menos a aquellos que llevamos años militando en un partido con noventa y cinco años de historia sin un caso de
corrupción.
Dicho esto, y hablando de la cita previa, la Administración no puede de ningún modo sustituir los derechos por pantallas. Esto es una evidencia. Y a pesar de que compartimos parte de este diagnóstico de la proposición no de ley, si
hablamos en plata es evidente que cualquiera de los electos que hoy están en esta sala -y los que deben estar con el señor Bermúdez tomando café- saben perfectamente que los ciudadanos y las ciudadanas de este país están desesperados por obtener una
cita con la Administración. A nadie se le escapa tampoco que hay personas mayores y de edad avanzada que son directamente expulsadas de la Administración porque no dominan las herramientas digitales, o decenas y decenas de personas vulnerables
atrapadas en bucles telefónicos y páginas web siempre colapsadas.
En definitiva, el sistema actual de cita previa está generando -y no es una novedad- graves problemas de acceso a la Administración pública. De hecho, se ha convertido -hay que decirlo- en un muro administrativo y ha degradado el derecho de
la ciudadanía a ser atendida. En el Grupo Republicano lo hemos denunciado muchas veces; lo hemos hecho reiteradamente, especialmente en ámbitos como el de extranjería o el SEPE o las comisarías de policía. Conseguir cita previa es prácticamente
imposible en muchos casos. Y esto lo volvemos a decir alto y claro: afecta a los derechos básicos de la ciudadanía.
Ahora bien, eliminar la cita previa de manera genérica y hacerlo sin alternativas ni recursos suficientes, oigan, no resuelve el problema. El riesgo de sustituir un colapso por otro colapso no tiene ningún sentido. Hay que recordar que la
cita previa bien gestionada también cumple una función organizativa importante. De esto no tenemos que olvidarnos: evita colas innecesarias, permite planificar recursos, reduce tiempo de espera y facilita, o debería facilitar, una mejor atención
presencial. El problema actual y el problema real es la falta de personal, se ha dicho; pero no solo la falta de personal, sino también la saturación de los servicios y la insuficiencia de plazas disponibles. Es imperativo, señorías, ampliar las
plantillas y hacer mucho más eficientes los distintos mecanismos de gestión, y esta proposición no de ley no nos lo explica.
También es importante, y voy terminando, presidenta, la Ley 39/2015, una ley que no obliga a las personas físicas a relacionarse electrónicamente con la Administración. Por ello, la Administración es quien tiene que garantizar vías
presenciales reales y accesibles para la ciudadanía. Pero esto no implica eliminar cualquier sistema de organización previa. Lo que es necesario es garantizar la atención presencial sin exclusión digital; mantener vías de acceso sin cita previa
para casos urgentes y, sobre todo, para casos vulnerables; ampliar el personal y los recursos; abrir más franjas de citas; combatir las mafias de reventa de citas, y, especialmente, implementar sistemas transparentes y eficientes de reserva.
Podemos coincidir, pues, en la necesidad de reformular profundamente el modelo actual, pero no en una eliminación indiscriminada, tal y como plantean, de la cita previa, sin planificar, sin garantías de refuerzo tampoco de los servicios públicos.
La ciudadanía, señorías, no necesita más caos administrativo; ya tiene suficiente. Necesita una Administración accesible, eficiente y, evidentemente, también con recursos eficientes. En definitiva, la Administración ha sustituido derechos
por pantallas, como decía. Y cuando la Administración -y ahora sí termino, presidenta- obliga a la ciudadanía a suplicar una cita -digo aquí suplicar, cuidado con el verbo suplicar- por ejercer un derecho, el problema ya no es un problema
burocrático, señorías, el problema -dedicado al señor Bermúdez de Castro- es un problema democrático.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera Arias.
La señora RIVERA ARIAS: Presidenta.
Buenas tardes, señorías.
El Grupo Popular nos trae una PNL en la que en sus puntos de acuerdo propone, en primer lugar, eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial; en segundo lugar, garantizar la atención
presencial a cualquier ciudadano que lo solicite con o sin cita previa, y, en tercer y último lugar, la adopción de medidas organizativas para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.
La cita previa como sistema de gestión de la atención a la ciudadanía no está contemplada de forma explícita en ninguna norma como tampoco existe una sola norma que explícitamente la prohíba porque no es más que una herramienta de gestión
que las Administraciones están obligadas a configurar en su extensión, forma y límites siempre equilibrando la coexistencia de los principios de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos con la efectividad de derechos y garantías de la
ciudadanía. Como ha dicho de manera reiterada el Tribunal Supremo, si bien el interés general pertenece a la ciudadanía, es la Administración la que lo debe gestionar encontrando la adecuada ponderación entre medios y necesidades.
Del examen de la normativa se puede llegar a la conclusión de que ningún sistema de gestión de atención personal a la ciudadanía es en sí mismo acorde o contrario a una norma, sino que será necesario analizar las características y resultados
de ese sistema para verificar si sirve o no a los principios, derechos y obligaciones contemplados por la normativa vigente. Esa normativa exige hacer efectivo el derecho a obtener información y asistencia por parte de la ciudadanía, pero dicho
servicio debe realizarse de manera eficaz, ágil y eficiente. (Aplausos).
Para evaluar también hay que tener en cuenta la realidad objetiva de la Administración General del Estado y esa realidad es la limitación de recursos materiales y humanos existente, y los números no pueden engañar. En enero de 2002 el
número de efectivos de la AGE, excluyendo Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal al servicio de la Administración de Justicia, era de casi 299 000; en enero de 2012 el total ascendía a algo más de 285 000; en
enero de 2019 era de 231 000; y en enero del 2025, 242 000. Más de 56 000 empleadas públicas menos entre 2002 y 2025.
El PP pone el punto de mira en el sistema de cita previa, pero ni el mejor sistema informático del mundo funcionará si no hay empleadas públicas al otro lado. (Aplausos). Esta es la herencia de las políticas de austeridad y tasas de
reposición cero del Partido Popular a su paso por el Gobierno central. La eliminación generalizada que propone el Partido Popular no solo no resolvería los problemas existentes, sino que podría generar desorganización, colas kilométricas y
desigualdades en el acceso a los servicios públicos. La clave no está en eliminar el sistema de cita previa o volver al caos de obligar a la gente a hacer colas de horas para ser atendidas en una oficina. Imaginen un 2 de mayo, con colas dando la
vuelta, en las puertas de las delegaciones de Hacienda para hacer la declaración. Imaginen eso un momento. ¿Eso qué eficacia y qué eficiencia es? Ninguna. (Aplausos).
Se trata de fortalecer lo público, de que las Administraciones cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para poder prestar servicios públicos con estándares de calidad y eficiencia adecuados y garantizar que la prestación se
realice desde el ámbito público. Está claro que hay que revisar la capacidad habilitada para citas de cada Administración pública, revisar periódicamente los catálogos de trámites que exigen cita previa para detectar aquellos para los que no es
necesaria la cita previa y ser excluidos y, por supuesto, establecer las exclusiones subjetivas necesarias para poder cumplir con los derechos de toda la ciudadanía. Ciertamente, hay servicios que no están cumpliendo esos estándares mínimos
-negarlo es estar ciego-, pero también hay lugares donde se ha implementado de forma correcta y el resultado ha sido que se han reducido los tiempos de espera y se ha aumentado el tiempo de atención personalizada a cada administrado. Es decir, el
sistema bien implementado funciona, funciona en todo su conjunto. No solo garantiza la eficiencia del servicio, sino que garantiza la atención a la ciudadanía.
Ya que el portavoz del Grupo Popular decía 'echen a un lado, que venimos nosotras', yo quiero terminar hablando de Andalucía. Allí también está implantada la cita previa en una versión todavía más innovadora con los derechos de la
ciudadanía. Casi nunca hay citas disponibles ya sea para trámites administrativos o para algo tan vital como el acceso a la atención primaria en la sanidad. La Junta de Andalucía ha diseñado aplicaciones, pero las andaluzas se encuentran siempre
con la misma respuesta desesperante en la pantalla: No hay citas disponibles. ¿Cuál es la alternativa del Gobierno andaluz? Expulsa a la gente de las aplicaciones y la obliga a hacer cola en las puertas de los centros de salud desde las seis de
la mañana. Vayan a cualquier pueblo de la geografía andaluza. Al amanecer encontrarán a personas enfermas, a madres y a padres, a nuestros mayores de pie en la calle helados en invierno y asfixiados en verano solo para disputarse las citas de
urgencias que están disponibles día a día. ¿Ese es el modelo que quieren trasladar a la Administración General del Estado? ¿Quieren trasladar el caos de su Administración y de la sanidad andaluza a las oficinas del Estado? Sin olvidar que muchas
de esas personas que atienden las ventanillas andaluzas -y también de otras comunidades- son empleadas en abuso de temporalidad que siguen esperando a fecha de hoy una solución a la precariedad e inestabilidad que padecen. Por tanto, busquemos una
solución y busquemos sistemas alternativos de gestión que garanticen la eficiencia, pero también el respeto a los derechos de la ciudadanía. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL 40.º ANIVERSARIO DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000767).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el 40.° aniversario de España en la Unión Europea.
Antes de empezarla, para organizarnos, les aviso de que hoy veremos la primera moción incluida.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Montávez Aguillaume.
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Presidenta, señorías.
Hay generaciones que heredan un país y hay generaciones que tienen que reconstruirlo. La generación de socialistas que llevó España a Europa tuvo que hacer las dos cosas al mismo tiempo porque veníamos de una dictadura, del aislamiento, de
una España donde demasiada gente aprendió a vivir bajando la voz y desconfiando del futuro. Por eso cuando España entró en la Comunidad Económica Europea en 1986 no entró solamente en un mercado común, entró en la democracia europea (aplausos),
entró en la modernidad, entró en la historia política del continente del que había sido expulsada durante cuarenta años de franquismo.
Era la promesa de que nunca volveríamos atrás, nunca más la censura, nunca más el autoritarismo, nunca más una España resignada y encerrada en sí misma y esa promesa se cumplió, señorías. Se cumplió en nuestras infraestructuras, se cumplió
en nuestras universidades y en nuestros derechos sociales; pero sobre todo en la vida concreta de millones de españoles y españolas. España no solamente creció, España cambió de escala histórica. Millones de mujeres pudieron incorporarse al
mercado laboral en condiciones más dignas, millones de trabajadores encontraron oportunidades en una economía moderna integrada en Europa, millones de jóvenes disfrutaron del programa Erasmus. La entrada de España en la Unión Europea fue una
historia de éxito colectivo y eso es lo que precisamente algunos quieren borrar cuando reducen cuarenta años de europeísmo a un discurso de resentimiento nacionalista porque la extrema derecha necesita una Europa fracasada para vender una nostalgia
reaccionaria. Necesita convencer a los ciudadanos de que todos sus problemas vienen de fuera -de Bruselas, de los inmigrantes, de los acuerdos internacionales-, haciendo del miedo y el odio su gasolina electoral.
Precisamente por eso, conviene recordar algo que algunos intentan olvidar: España no solo recibió de Europa, España también ayudó a transformarla. (Aplausos). Aportó una forma distinta de entender la democracia, los derechos y la
modernización social. Lo hizo cuando aprobó el matrimonio igualitario en 2005. Adelantándose a buena parte de Europa, España ayudó a normalizar un nuevo consenso democrático sobre igualdad y dignidad. Ayudó a demostrar que ampliar derechos nunca
nunca nunca debilita a una sociedad (aplausos), sino que la hace más libre y más decente. Lo mismo ocurrió con las políticas públicas de igualdad, con la lucha contra la violencia machista y con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
España contribuyó a ampliar la conversación europea sobre derechos, igualdad y protección social, señorías, porque modernizar un país no solo consiste en crecer económicamente, también consiste en ampliar libertades y construir una sociedad más
digna, más feminista y más democrática. (Aplausos).
Esa misma convicción fue importante años después en el terreno económico. Conviene recordar lo que ocurrió tras la pandemia. Durante la crisis financiera, Europa respondió con austeridad, con recortes y devaluando la vida de los españoles,
pero esta vez ocurrió algo distinto. Los fondos Next Generation rompieron con un viejo dogma europeo: por primera vez Europa asumió deuda común para proteger a sus ciudadanos y reconstruir su economía. El Gobierno progresista estuvo en el centro
de ese cambio, señorías, ayudando a consolidar una nueva idea de Europa: que la transición ecológica podía ser política industrial, que la cohesión social también era competitividad y que lo público debía proteger a las sociedades frente a las
grandes crisis. (Aplausos).
Señorías, el problema es que, mientras Europa intenta avanzar en integración, el mundo empezó a retroceder. Estamos asistiendo al regreso brutal de la política del poder. Por eso, queremos expresar hoy aquí nuestra solidaridad con quienes
intentan romper el silencio frente al sufrimiento del pueblo palestino, con quienes integran la flotilla, con quienes defienden la llegada de ayuda humanitaria y el respeto del derecho internacional, incluso frente a amenazas y bloqueos, porque
cuando el mundo empiece a acostumbrarse al horror, la solidaridad también se convierte en una forma de resistencia democrática. (Aplausos). Europa no puede mirar hacia otro lado mientras una población civil queda atrapada entre la destrucción, el
hambre y la ausencia de un horizonte político, porque los derechos humanos solo son creíbles si son verdaderamente universales, no selectivos, no condicionados y no negociables, señorías.
Precisamente ahí aparece uno de los grandes peligros políticos de nuestro tiempo: vemos crecer Gobiernos que consideran los derechos humanos un obstáculo y el derecho internacional, una molestia. Pero observamos algo todavía más
preocupante: cómo parte de la derecha democrática europea empieza a asumir el lenguaje, el marco mental y las prioridades de la extrema derecha. Porque el problema no es solamente el avance electoral de los extremistas, señorías, el verdadero
problema es la normalización de su visión del mundo. Cuando se relativiza el valor del derecho internacional, cuando se desprecia el multilateralismo, cuando se justifica la deshumanización del adversario, Europa empieza a olvidar para qué nació,
porque precisamente Europa nació para impedir que el continente vuelva a destruirse a sí mismo. Por eso, es importante que España defienda hoy una posición clara y coherente dentro de Europa, porque los derechos humanos no pueden depender de quién
sea el agresor ni de quién sea el aliado y ahí España ha hecho algo importante: recordarle a Europa que la credibilidad moral no se proclama, se ejerce.
Señorías, voy terminando. Europa no sobrevivirá únicamente por intereses económicos, sobrevivirá si sigue siendo una idea política capaz de inspirar una esperanza: la idea de que la cooperación es más fuerte que el miedo, la idea de que la
democracia merece ser defendida, la idea de que ninguna nación europea será verdaderamente soberana si afronta sola los desafíos del siglo XXI. Frente al cinismo internacional, frente al odio identitario, frente a la lógica de la fuerza y la
deshumanización, Europa sigue representando algo profundamente revolucionario: la voluntad de convivir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montávez.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los diferentes grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on berriro ere.
En líneas generales, la proposición no de ley hace una defensa del proyecto europeo y coincide con lo que defendemos desde el Partido Nacionalista Vasco en lo relativo a reafirmar el compromiso con la integración europea, fortalecer la
soberanía europea y avanzar hacia una Unión Europea más unida y con una mayor capacidad política. Sin embargo, el verdadero debate que esta proposición no aborda, quizá porque responde más a una voluntad declarativa vinculada al aniversario que a
una propuesta política de fondo, es hacia qué modelo de integración europea queremos avanzar, así como el papel de las naciones sin Estado en esta Europa y cómo garantizar su justa representatividad en el seno de las instituciones europeas.
Desde el lehendakari Aguirre y Francisco Javier de Landaburu en La Haya, en mayo de 1948, hasta hoy, el Partido Nacionalista Vasco ha defendido la Europa de los pueblos; una Europa que reconoce las naciones sin Estado, como Euskadi, con una
identidad y lengua propia; pueblos y naciones sin Estado que tengan voz en aquello que les atañe.
Desde el Partido Nacionalista Vasco defendemos una Europa federal que dé cabida a las diferentes naciones e identidades que la conforman; una Europa federal, democrática, en progreso, solidaria y en paz, en la que Euskadi pueda aportar su
visión, sus capacidades y sus fortalezas; una Europa que reconozca a las naciones y a los pueblos que la conforman y que entienda que la diversidad no es un problema que gestionar, sino una fortaleza política, democrática y cultural sobre la que
construir un proyecto común europeo. El Partido Nacionalista Vasco participó en la construcción europea desde el exilio, impulsando el Consejo Vasco por la Federación Europea, que formó parte de la democracia cristiana europea, además, participando
en los debates sobre la futura constitución federal europea. Somos un partido europeísta y así lo demuestra nuestra historia.
En 1985 nos posicionamos a favor de la adhesión del Estado a la Unión Europea, sin renunciar a nuestro objetivo de una Europa de los pueblos, y ya entonces advertíamos de que esta adhesión no podía suponer una limitación a nuestra aspiración
nacional ni afección competencial. Por eso, hemos presentado una enmienda para incorporar a esta iniciativa una visión más ambiciosa de futuro de Europa; una Europa que reconozca a los
pueblos y naciones que la conforman y que adapte sus marcos institucionales a la realidad plurinacional existente, porque el lema europeo de 'Unidos en la diversidad' solo tendrá sentido si esa diversidad se reconoce también políticamente;
una forma integradora de reconocer una Europa diversa también en lo identitario, en lo lingüístico y en lo cultural.
Beraz, puntu honetan Europa osatzen duten herrien hizkuntza eskubideak aitortzea eskatzen dugu, baita Europako erakundeetan eta parlamentuan bertako hizkuntza ofizialak euskara bezala izateko duten eskubidea ere.
Por lo tanto, en este punto solicitamos que se reconozcan los derechos lingüísticos de los pueblos que conforman Europa, así como el derecho que tienen las lenguas propias, como el euskera, a ser consideradas lenguas oficiales en las
instituciones europeas y en el Parlamento.
Asimismo, consideramos que es necesario garantizar la representación real de los pueblos europeos, tal y como se recoge en el acta electoral de la Unión Europea, que permite que cada Estado miembro constituya el tipo de circunscripción más
acorde con sus características, teniendo en cuenta que el fin esencial del Parlamento Europeo es representar a la Europa comunitaria en toda su diversidad y variedad de opciones ideológicas, culturales, nacionales y regionales. Por ello, defendemos
el modelo de circunscripciones autonómicas y no la estatal única.
Otro de los puntos que incorporamos en nuestra enmienda es la necesidad de que las regiones europeas que cuenten con un Parlamento y competencias legislativas propias puedan participar en el proceso decisorio, ya que consideramos que el
actual modelo de gobernanza es insuficiente para casi la mitad de la población de la Unión. Se trata de sujetos políticos diferenciados cuya voz no puede quedar diluida y que deben contar con un reconocimiento efectivo dentro de la Unión. Por ello
planteamos avanzar hacia una directiva europea de claridad, inspirada en experiencias, como Canadá y Quebec, que establezca garantías democráticas, mayorías claras y procedimientos legales para posibles procesos de ampliación interna dentro de la
Unión Europea, en el caso de las naciones europeas sin Estado. Con ello no queremos aumentar la posibilidad de bloqueo de decisiones relevantes para la Unión, porque Europa debe ser ágil en la toma de decisiones y ello significa evitar vetos y
unanimidades. Por ello también nuestra propuesta busca mejorar la democracia, la eficacia y la coherencia interna de la Unión sin paralizar las tomas de decisiones.
La Unión necesita importantes reformas para mejorar el sistema de toma de decisiones, para ser más eficaz y democrática, para afrontar las sucesivas crisis, para incorporar nuevos socios, para ser más resilientes, para, en definitiva, ser
dueños de nuestro futuro en este mundo en el que la geopolítica y la geoeconomía nos coloca ante decisiones muy difíciles. Necesitamos una Unión Europea con autonomía estratégica, capaz de proteger su industria, garantizar la seguridad energética,
reforzar su capacidad de defensa y liderar ámbitos claves como la inteligencia artificial y la transición tecnológica. Pero esa transición debe hacerse sin poner en riesgo la cohesión social ni territorial, garantizando oportunidades y bienestar
para toda la ciudadanía europea. En definitiva, se trata de entender que la fuerza de Europa no procede de eliminar las diferencias, sino de convivir con ellas, como dice la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto.
Termino.
No concebimos Euskadi como pueblo fuera de Europa, pero asimismo Europa no podrá garantizar su construcción democrática sin reconocer ni tener en cuenta los pueblos y las naciones que la conforman. Y es por ello por lo que defendemos una
Europa federal, democrática, soberana, social y plural; una Europa que reconozca los pueblos y las naciones, que tome decisiones desde una posición cercana a la ciudadanía y que tenga capacidad de responder a los retos económicos, energéticos y
geopolíticos. Euskadi necesita a Europa, pero Europa también necesita a pueblos como Euskadi.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
VOX no es un partido antiUnión Europea, aunque ya hemos escuchado soltar de nuevo algo al portavoz socialista, en esa propaganda que hacen siempre los socialistas y los que les acompañan en esta larga y enjoyada aventura, según sabemos
últimamente. Pero eso no es más que una propaganda, yo diré que buscando la confrontación que tanto gustaba y postulaba el señor de las joyas y que vienen realizando en ese afán propagandístico hace muchos años. Pero en las actuales
circunstancias, tanto generales de la Unión Europea como particulares de España, nosotros no vemos nada que celebrar. No vemos aquí cuál es la fiesta a la que nos convocan, porque aquí festivo me parece que no hay nada. Bueno, para ser sincero, sí
hay motivo de celebración para el Partido Socialista y para esos grupos que le acompañan en estos Gobiernos minoritarios. Y es que a ustedes les protege constantemente la Comisión Europea -presidida por esa señora del pelo años 70, conocida por Von
der 'Pfizer' en ciertos círculos de Bruselas (rumores)- y otras instituciones europeas. Cosa que es de difícil inteligencia, porque no se entiende cómo las instituciones europeas pueden proteger a un Gobierno que constantemente actúa contra los
principios de la Unión Europea. Pero esto entra dentro del misterio político, que no es el misterio con eme mayúscula de la fe, pero que en su laicidad no deja de ser una fe también.
Desde el Tratado de Maastricht, la Unión Europea ha conocido un proceso de hiperdesarrollo con una vocación de constituir una federación de Estados. Lo que no es conforme, como cualquier conocedor de esta materia sabe, con la articulación
fundacional de las Comunidades Europeas en los tratados. Por más, es cierto que en la declaración Schuman, de mayo del año 1950, el término 'federación' aparece, pero también el señor Schuman era un señor muy raro, muy raro, y no voy a decir más.
Nosotros nos oponemos a cualquier evolución ulterior de la Unión Europea de signo federalizante, como hemos dicho tantísimas veces en este Pleno y en las instituciones europeas, en particular en el Parlamento Europeo; y aún creemos, no solamente
que es necesaria esa oposición a una evolución federalizante, sino que creemos que deben corregirse todos los excesos y errores constantes de las instituciones europeas en su estado actual.
Voy a poner algún ejemplo. La constante infracción del principio de atribución, -principle of conferral-, que permite que se tomen decisiones ultra vires, incluso de naturaleza legislativa. Entre esas aberraciones destaca el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, que es como una suerte de avanzadilla por vía jurisprudencial de la federalización que se ha autoproclamado, sin que lo sea en los tratados, una suerte de macro Tribunal Constitucional europeo. Incluso dice de sí que
tiene capacidad para controlar la validez de las constituciones nacionales de los Estados miembros con arreglo al derecho de la Unión Europea. Esto lo ha criticado una voz tan autorizada que no es de VOX, sino que es el señor Herrero de Miñón.
Otra infracción constante y error es la del principio de subsidiariedad en detrimento de las competencias de los Estados miembros y, finalmente, de la soberanía de estos. La hiperregulación denunciada en el informe Draghi, que sofoca la
iniciativa privada en el orden económico. En el plano económico nos oponemos también a una aplicación generalizada y sin criterio de principios librecambistas, que son los que justifican la celebración constante de acuerdos de libre comercio con
terceros Estados, en detrimento de las economías nacionales de algunos Estados miembros y en beneficio de las economías nacionales de otros Estados miembros, que -qué casualidad- son los más poderosos de Europa. Pues no nos gusta. A ustedes, que
son socialistas, esto de apoyar a los fuertes y atacar a los débiles tampoco debería agradarles, pero se ve que les da exactamente igual. Tampoco compartimos esas políticas de endeudamiento que últimamente postula de una forma descriteriada el
señor Draghi en su informe, que llaman a un endeudamiento de magnitudes semejantes, con carácter anual, al de los fondos Next
Generation EU, política keynesiana simplista, que ya sabemos, porque la ciencia económica y la historia así lo acreditan, que no crea nunca riqueza a largo plazo.
Todo ello nos conduce a formular unas enmiendas a esta PNL en las que nos oponemos a esta extraña declaración de irrevocabilidad de la pertenencia a la Unión Europea. Pero ustedes, ¿de dónde se han sacado esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero
qué es esto de la irrevocabilidad? Ustedes no saben ni derecho público ni derecho civil, ni uno ni otro. Pues claro que no. Y si entonces la Unión Europea, en estas circunstancias, por ejemplo, hubiera decidido aliarse con Putin, ¿qué hubieran
dicho ustedes de esta irrevocabilidad?
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que ir terminando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Concluyo, señora presidente.
La exposición de motivos incurre además en falsedades históricas groseras. La negociación no se inicia en 1977; la negociación comienza en 1962. Y España pretendió un acuerdo de asociación con las Comunidades Europeas. Y también omiten
ustedes la celebración del acuerdo preferencial de junio de 1970, que rebajó las tarifas arancelarias entre España y los Estados miembros de las entonces Comunidades Europeas...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... como este autobombo constante y lo del crecimiento de la economía española en el tiempo de su pertenencia a la Unión Europea. Pues lamento decirles que en las décadas anteriores...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, se le ha acabado el tiempo. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos Ortega.
La señora MARCOS ORTEGA: Buenas tardes.
Señor Montávez, señorías socialistas, un poquito de pudor. Yo no sé muy bien qué es esto que nos han traído hoy aquí ni cómo tienen la poca vergüenza de proponer conmemorar cuarenta años de pertenencia a la Unión Europea con un mitin y
alardeando de lo que el Gobierno de España hace precisamente en contra de la posición común de todos los países europeos. (Aplausos).
La Unión Europea no es una marioneta al servicio del Gobierno, no es un decorado político para que vengan aquí a ocultar su corrupción ni un cajero automático del que sacar dinero para sus mordidas. Entrar en la Unión Europea,
efectivamente, fue una de las mayores conquistas colectivas de nuestra democracia; colectivas, de todos los españoles, no suyas. Deje de alardear, no le he oído mencionar la entrada en el euro, y creo que precisamente no fue un Gobierno socialista
el que lo consiguió.
Resulta ofensivo que pretendan convertir este aniversario en una operación de autobombo gubernamental cuando en este momento el Gobierno de España es el problema a los grandes retos europeos, no la solución. Mire, vamos a hacer un repasito.
La Unión Europea aprueba el Pacto sobre Migración y Asilo. Sánchez, ¿qué hace? Renuncia al control efectivo de fronteras, expulsión y retornos, debilita la seguridad nacional aprobando la regularización masiva y provoca un efecto llamada sin
precedentes. En segundo lugar, Europa pide autonomía energética y aprovechar todas las energías limpias disponibles, nuclear incluida. Sánchez, ¿qué hace? Compra más gas que nunca a Rusia, cierra las nucleares y provoca un apagón. La Unión
Europea alerta del riesgo de dar información a proveedores tecnológicos chinos, como Huawei, para evitar problemas en infraestructuras críticas. Sánchez, ¿qué hace? Adjudica millones de euros a Huawei. Nuestra seguridad a cambio de bonos de
petróleo para el señor Zapatero. Señorías, esa es su participación y colaboración con Europa. (Aplausos).
En cuanto a economía, la Unión Europea nos adjudicó 163 000 millones de euros de fondos Next Generation. ¿Qué ha hecho Sánchez? Desaprovecharlo, desperdiciarlo, trapichear a su antojo y ocultar la ejecución. Tenemos el mayor nivel de
pobreza de la
historia de España, miles de empresas están cerrando, cuarenta y seis personas muertas por no mantener las vías del tren, y podemos perder 110 000 millones de euros por su incompetencia. ¿De verdad? ¿Me lo están diciendo de verdad?
Expliquen a los españoles por qué vamos a perder todo ese dineral. (Aplausos).
Además, explíquenos cómo después de este bochorno piensan que van a ir a la Unión Europea a negociar el marco financiero plurianual. Nos van a hacer pedorretas, porque no queda otra. ¡Es que el bochorno es insoportable! ¿Y qué credibilidad
van a tener? ¡Ninguna! No sé si es que han pensado, por eso de los brotes verdes del señor Zapatero, que estaban sanas las raíces. Pues no, mire usted, estaban podridas. Y lo malo es que de aquellos polvos vienen estos lodos, y los recortes van a
ser los que tengan nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores en el futuro marco financiero plurianual, porque vamos a tener que pagar todas sus juergas. (Aplausos).
Pero, señorías, con todo, lo más grave, lo verdaderamente grave es que hoy, cuarenta años después, posiblemente España no entraría en la Unión Europea. Hoy no cumple con los mínimos estándares democráticos que estamos exigiendo a los países
que actualmente quieren entrar. Hoy en esta España magnífica que nos ha dibujado usted y en la que gobierna Sánchez hay más de cien directivas europeas sin trasponer, el respeto a los acuerdos europeos firmados ha dado paso al bloqueo de todos los
acuerdos que incomodan a los señores independentistas, la separación de poderes ha dado paso al control y asalto a todos los poderes e instituciones; ya tenemos un fiscal general condenado, un exministro en la cárcel y un expresidente que no sé si
ya está llamando a la puerta. Hoy la independencia judicial ha dado paso a la persecución a la justicia, sí. Hoy en esta España que gobierna Sánchez los prófugos redactan las leyes para ser amnistiados, el Gobierno desacredita a todo el que le
juzgue -a él, a su partido, a la familia o a los panas del 'número 1'- y para taparlo bloquean la función del Parlamento con técnicas ilícitas, como ha señalado el Tribunal Constitucional; promueven leyes para ser el propio Gobierno el que controle
su propia corrupción y, evidentemente, taparla, y utilizan el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación para intentar controlar a todos aquellos medios que no dicen lo que ustedes y el Gobierno quieren oír. (Aplausos).
¿Qué tiene eso de europeísmo? Pero ¿qué piensan que vamos a querer celebrar con ustedes?
Señorías, si se está en Europa, se defiende el interés general -que les quede claro a todos los socios del Gobierno-, se defiende la lengua española y la unidad de la nación, se asume que el poder tiene controles, se respetan los límites y
se acatan las leyes. Señorías socialistas, si quieren celebrar de verdad el 40.º aniversario, acepten nuestra enmienda: corrige todos los vicios totalitaristas y antieuropeos del Gobierno, los que les he mencionado aquí y alguno más, porque formar
parte de la Unión Europea es uno de los grandes logros históricos de la sociedad española. No duden de que España sobrevivirá a Sánchez y, con Feijóo al frente, volverá a ser el orgullo de Europa. (Aplausos). Pongan las urnas ya y acaben con esta
pesadilla. Ese sí será un verdadero motivo de celebración para España, para Europa y, sobre todo, para todos los españoles. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marcos.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
En el 40è aniversari de la integració europea, el debat ha de ser quin paper volem que jugue la Unió Europea al món. Vivim en una escalada de conflictes i una erosió del dret internacional. Ho veiem a Gaza amb una situació insostenible per
a la població civil i vulneracions del dret humanitari per part d'Israel. Ho veiem a l'Iran i també altres tensions on massa sovint s'accepta la idea de que les guerres no són les nostres guerres. És una forma també de mostrar la passivitat
europea davant d'estos conflictes. Ho veiem en la política que fan els Estats Units amb pressió i ingerència sobre estats sobirans com Veneçuela o Cuba. I davant d'això, Europa no pot ser una mera espectadora, perquè no es tracta només de què
passa al món, sinó de quina actitud té la Unió Europea davant dels
conflictes que hi ha en el món. I la Unió Europea es va construir sobre valors importants, valors clau com la pau, com el dret internacional i com els drets humans. I aquests valors només tenen sentit si s'apliquen sempre sense dobles
criteris.
Per això, enfortir Europa avui en estos moments ha de implicar defensar el dret internacional amb la mateixa fermesa, en qualsevol cas, i en qualsevol conflicte internacional. Perquè una Europa incoherent és una Europa que perd
credibilitat, és una Europa que perd pes al món i l'oportunitat, en estos moments de marcar la diferència en un moment, senyories, que fa falta molt de trellat, tot el trellat del món.
Gràcies.
Gracias, presidenta.
En el 40.º aniversario de la integración europea el debate tiene que ser el de qué papel queremos que juegue la Unión Europea en el mundo. Vivimos en una escalada de conflictos y una erosión del derecho internacional. Lo vemos en Gaza, en
una situación insostenible para la población civil y vulneraciones del derecho humanitario por parte de Israel. Lo vemos en Irán y también en otras tensiones, respecto de las que muchas veces se acepta la idea de que estas guerras no son las
nuestras. Es una forma también de mostrar la pasividad europea ante estos conflictos. Lo vemos en la política que hacen los Estados Unidos con presión e injerencias sobre Estados soberanos como Venezuela o Cuba. Y ante esto Europa no puede ser
una mera espectadora, porque no se trata solo de lo que ocurre en el mundo, sino de qué actitud tiene la Unión Europea ante los conflictos que hay en el mundo. Y la Unión Europea se construyó con valores importantes y claves, como la paz, el
derecho internacional y los derechos humanos, y esos valores solo tienen sentido si se aplican siempre, sin dobles criterios.
Por ello fortalecer Europa hoy, en estos momentos, tiene que implicar defender el derecho internacional con la misma fuerza que en cualquier otro conflicto internacional, porque una Europa incoherente es una Europa que pierde credibilidad,
es una Europa que pierde peso en el mundo y la oportunidad de marcar la diferencia en un momento, señorías, en que hace falta toda la fuerza del mundo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.
Tiene ahora la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, Canarias se integró en la Unión Europea en los años noventa y poco después adquirimos nuestra condición de región ultraperiférica. Canarias es orgullosamente europea, y los canarios y las canarias tenemos
muy claro todo lo que la Unión Europea nos ha dado: infraestructuras, formación, empleo, apoyo a nuestro sector primario, crecimiento socioeconómico real en las últimas décadas.
Pero no podemos olvidarnos de que estamos en un momento en el que se ciernen oscuros nubarrones con el planteamiento del nuevo marco financiero 20282034. Estamos preocupados, y hoy quiero dejarlo claro aquí, como lo he hecho en otras
ocasiones, puesto que ese nuevo marco financiero puede disolver las ayudas específicas finalistas dirigidas a las regiones ultraperiféricas y esa batalla no la podemos perder; no solo Canarias, ninguna región ultraperiférica. Pero, siendo Canarias
la única del Estado, hoy aprovecho para pedir el compromiso en esta Cámara a todos los grupos con representación europea para que la protección a quienes estamos más lejos y lo tenemos todo más difícil, la protección a nuestros sectores económicos
siga siendo, como mínimo, la que ha sido, aunque tenemos que revisar los acuerdos de futuro.
Señorías, en breve entrará en vigor el Pacto sobre Asilo y Migración y eso también nos preocupa. Nos preocupa que en Canarias a partir de junio podamos encontrarnos con miles de personas migrantes retenidas, que no salen del archipiélago.
Creo que ya es tarde y que el Estado debe convocar urgentemente a las comunidades autónomas y explicar cómo va a aplicar ese Pacto sobre Asilo y Migración que inicia su andadura en breve.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Moi boa tarde.
Señor Montávez, permítanme que non partille o seu europeísmo oco. No BNG somos partidarios dunha Europa das nacións, dunha Europa dos pobos, dunha estrutura e do punto de vista político e económico, permita un intercambio, mutuo beneficio
de todos os pobos que compoñen Europa, mais infelizmente iso non é a Unión Europea. Hoxe a Unión Europea, unha estrutura ao servizo das grandes oligarquías dos Estados centrais e adopta decisións que teñen sido moi lesivas para os nosos pobos,
particularmente para o pobo galego desde a entrada do Estado español no Mercado Común europeo naquela altura: reconversión industrial, perda de milleiros de postos de traballo, reconversión da pesca que supuxo desguazar máis da metade da nosa
frota, reconversión do sector agrario, sempre en beneficio doutros estados europeos e doutros territorios do Estado español. Mais non hai que ir tan atrás, continúa así declarando a mina de Doade, estratéxica para o esforzo militar europeo, aínda
que supoña un espolio do noso país, acordando por exemplo un acordo co Mercosur, que é gravemente lesivo para os intereses do noso sector primario, embarcándose nunha escalada belicista e militarista que para alén de recortar directamente do
orzamento para a pesca e para a agricultura, trae consecuencias moi negativas para as clases populares e para a clase traballadora do noso país e dos pobos de Europa.
Dicía vostede -e con isto acabo- que fronte á lóxica da deshumanización Europa representa outra cousa. Pois sinto dicirlle que para nós representa precisamente neste momento neste momento a lóxica da deshumanización, cando ten unha actitude
tan absolutamente vergoñosa de colaboración co xenocidio que Israel está perpetrando en Palestina. Non é esta a Europa que nós queremos. Nós sabemos que é posíbel unha Europa diferente, democrática, dos pobos e das nacións, mais insisto, non é
esta. Por tanto, non partillamos a celebración que vostedes pretenden.
Moito obrigado.
Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes.
Señor Montávez, no comparto su europeísmo hueco. En el BNG somos partidarios de una Europa de las naciones, de una Europa de los pueblos, de una estructura que desde el punto de vista político y económico permita un intercambio en beneficio
de todos los pueblos que componen Europa. Pero, desafortunadamente, no es la Unión Europea. Hoy la Unión Europea es una estructura al servicio de las grandes oligarquías de los Estados centrales y adopta decisiones que han sido muy dañinas para
nuestros pueblos, específicamente para el pueblo gallego desde la entrada del Estado español en el Mercado Común Europeo, con pérdida de miles de empleos en pesca, el desguace de parte de la flota y cambios en nuestro sector agrario siempre en
beneficio de otros Estados europeos y otros territorios del Estado español. Y no tenemos que ir tan atrás, porque sigue siendo así al declarar la mina Doade estratégica para el esfuerzo militar europeo aunque suponga un expolio de nuestro país; o,
por ejemplo, con el acuerdo de Mercosur, que es muy dañino para los intereses de nuestro sector primario, o al embarcarse en una escalada militar y belicista que recorta presupuesto en agricultura y pesca y, además, tiene consecuencias muy negativas
para las clases populares y trabajadoras de nuestro país y los pueblos europeos.
Decía usted que, ante la lógica de la deshumanización, Europa representa otra cosa. Siento decirle que para nosotros precisamente en este momento representa la lógica de la deshumanización, cuando tiene una actitud tan absolutamente
vergonzosa, de colaboración con el genocidio que Israel está perpetuando en Palestina. No es esta la Europa que nosotros queremos. Sabemos que es posible una Europa diferente, democrática, de los pueblos y de las naciones, pero, insisto, no es
esta. Por tanto, no compartimos la celebración que ustedes están festejando aquí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.
Tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
El Grupo Socialista nos presenta una proposición entusiasta, casi fervorosa, sobre la Unión Europea y la adhesión de España hace cuarenta años, y lo hace, efectivamente, con las mismas ideas que entonces: Europa es la garantía de la
democracia, la prosperidad y la paz. Y quizás el problema es que estas ideas ya actúan un poco como ideas zombis, porque no consiguen explicar mucho de lo que está pasando en una Unión Europea en pleno proceso de rearme y militarización, que tiene
sentada a la extrema derecha en el Consejo Europeo y no ha cumplido muchas de esas promesas que se hacía hace cuarenta años, y por eso está en una crisis de legitimidad permanente.
Esta proposición pide, entre otras cosas, fortalecer la soberanía y la independencia europeas, pero no sé muy bien de qué soberanía se habla. ¿Ustedes se acuerdan de la foto de Ursula von der Leyen con Donald Trump en el verano pasado? En
esa reunión la presidenta de la Unión Europea aceptó todo lo que exigía Estados Unidos. Aceptó aranceles del 15 % a los productos europeos, aranceles del 50 % al acero y al aluminio europeos, mientras que, por cierto, las exportaciones europeas
quedaban libres de cualquier gravamen. En esa fructífera reunión la Unión Europea se comprometió a comprar energía a los Estados Unidos por valor de 700 000 millones de euros y a realizar inversiones adicionales en Estados Unidos por valor de otros
600 000 millones de euros.
¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí? Sencillamente, esto es lo opuesto a cualquier idea de soberanía, independencia o autonomía estratégica. Ya sé que me dirán que la Unión Europea es el instrumento colectivo que tenemos para hacer frente
a las potencias en un mundo complejo, lleno de retos y bla, bla, bla. Miren, no es necesario seguir contándonos historias. La Unión Europea se ha hecho parte, al menos desde el Tratado de Maastricht, de la estructura de poder organizada y dirigida
por Estados Unidos, y por ello a la hora de la verdad no tenemos autonomía para tomar un rumbo propio.
No sé si la Unión Europea podría haber sido otra cosa, lo que sí sé es que ahora mismo funciona como un protectorado políticomilitar de los Estados Unidos y por eso la política exterior primero la marca la OTAN y luego la ejecuta la Unión
Europea según su propia legalidad. Y eso explica que las élites europeas no solo hayan abandonado cualquier mención a una pretendida Europa social o a la transición ecológica, sino que lo están apostando todo a un conflicto de grandes dimensiones
contra Rusia, quizás porque piensen que tener un enemigo externo puede servir para superar la crisis del proyecto europeo. Pues bien, en Podemos realmente pensamos que lo más europeo en estos momentos es oponerse frontalmente a estas élites -no sé
si más suicidas o más estúpidas- de la Unión Europea y seguir defendiendo una Europa de la paz y una Europa de los pueblos.
Señorías socialistas, con este tipo de proposiciones entiendo que buscan diferenciarse de Trump en unos días que no son especialmente fáciles para ustedes. Lo entiendo, pero a la hora de la verdad las políticas siguen haciendo las políticas
que piden los Estados Unidos: 40 000 millones de euros en esta legislatura solo para gasto militar, subordinación a la OTAN. Pasará Trump y el elefante seguirá allí. O una Europa americana o una Europa europea. No apoyaremos esta proposición.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidenta, señorías, esta iniciativa que trae hoy el Grupo Socialista es la típica que entra en los aniversarios de las fechas redondas. Siempre me pregunto por qué se celebra o conmemora el treinta, el cuarenta
o el cincuenta, y no el treinta y nueve o el cuarenta y nueve.
Más allá de esta reflexión, es cierto que esta iniciativa nos da una oportunidad, que es la de hacer un repaso sobre cuál ha sido durante estos años el cambio en el Estado debido al ingreso de España en la Unión Europea y también sobre la
situación actual, tal y como han hecho varios portavoces. Cuando preparaba la intervención tenía incluso un poco de temor acerca de que, al no tener tanto que celebrar, podía quedar algo euroescéptica mi intervención aunque no era ese el objetivo,
pero, claro, después de escuchar a la portavoz del Grupo Popular diciendo que España no cumpliría con los criterios de Copenhague de entrada en la Unión Europea, ya me salió la sonrisilla e, incluso, me quedé más tranquilo, y, cuando luego he
escuchado a ese estilista de rabiosa actualidad que es el señor Sánchez comentando el peinado de la señora Von der Leyen, ya me he quedado más tranquilo.
Es una obviedad que, si hacemos un repaso de cómo estaba España hace cuarenta años y cómo está ahora, ha habido mejoras. Sí ha habido mejoras y han sido debidas a ese ingreso, como a la apertura y la modernización. Y, como decía el señor
Montávez, tras cuarenta años de una feroz dictadura, estar dentro de un marco, de una estructura democrática, también eso ha aportado valores democráticos. Ahora bien, nosotros somos críticos, y somos críticos porque somos inconformistas. No nos
gustan muchas de las cosas que se están haciendo en este momento y que se han hecho en los últimos años, pero no negamos ese espacio de cooperación, estabilidad y paz en un continente que vivió los conflictos más atroces que ha vivido la humanidad,
y este instrumento que es la Unión Europea es precisamente aquel que hace impensable que al menos dentro de esa supraestructura nacional que es la Unión Europea pueda volver a repetirse algo así.
Como les decía, nosotros no creemos que haya tanto para celebrar, pero sí creemos que hay mucho que hacer en Europa, en una Europa que, desde nuestro punto de vista, debe apostar por políticas sociales. De otra forma, si no se apuesta por
mejorar la vida de las gentes que viven en la Unión Europea, pierde sentido esa unidad. Y, de igual forma, aspiramos a una construcción constante, en la que la democracia no solo sea una teorización, sino que todas aquellas instituciones que están
en el seno de la Unión Europea tengan cabida y representación directa. Y hablo precisamente de los pueblos que tienen identidad propia en el seno de la Unión Europea, en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea y, además, superan esas
fronteras establecidas, que de alguna manera han sido borradas por Schengen y se reactivan cuando quieren frenar a los migrantes con muchas excusas sobre seguridad y diciendo que es por cuestiones momentáneas, porque, como vemos, se reabren. Así
pues, ya digo que es importante que esas naciones sin Estado, que esos pueblos tengan representación propia. Y, de igual forma, que las lenguas que son oficiales en los Estados no tengan solo un reconocimiento cultural o folclórico, sino que, en
términos de igualdad, reciban el mismo trato de oficialidad.
Y, cómo no, en estos tiempos -y lo decían también otros portavoces- de desafíos enormes a nivel internacional, guerras, emergencia climática, revolución digital, desigualdades crecientes, crisis en sectores como la vivienda, precariedad y,
de nuevo, auge de la extrema derecha en esta Europa, sí queremos que haya mayor autonomía estratégica. La pertenencia a bloques que nos sitúan precisamente en lo contrario de lo que debe ser Europa nos debe hacer reflexionar, pero no para
convertirnos en un actor militarizado, sino en un actor que haga bandera de los derechos humanos, del derecho internacional y de la diplomacia para la resolución de conflictos.
Finalmente, decía el portavoz que ha presentado la iniciativa que los derechos humanos son universales y hacía mención del drama que se vive en Palestina. Y es cierto, la Unión Europea no puede ser un actor con doble estándar, como ninguno
de los Estados miembros. Otra cosa es que, en muchos casos, por una cuestión de externalización de fronteras, como puede ser en el caso de los saharauis o en el de los kurdos, ya sea con Marruecos o ya sea con Turquía, también deben ser
denunciados, deben ser reconocidos; o como puede ser también el caso de los uigures o los tibetanos con China. Los derechos humanos siempre como bandera, por encima de cualquier interés o circunstancia que algunos consideren que no es el momento
de tocar por razones de agenda de la Unión Europea o de los Estados miembros.
Sin más, acabo diciendo que creemos en una Europa, pero en una Europa de los pueblos y en una Europa social, que siempre defienda los derechos humanos y el derecho internacional.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, presidenta.
Molt bona tarda de nou a tothom.
Europa no és perfecta. Molts de vostès, s'hi acaben de referir, totes les intervencions anteriors. Massa vegades la Unió Europea ha actuat amb lentitud o atrapada pels interessos dels estats. Massa vegades ha produït, i per regulació,
burocràcia incomprensible o incapacitat per reaccionar amb fermesa davant de grans crisis polítiques i humanitàries. I també és cert que sovint no ha sabut defensar prou bé les nacions sense Estat, les llengües minoritzades o els pobles que no
encaixen dins la comoditat dels grans estats europeus. Però jo avui no vinc a parlar de l'Europa dels despatxos ni de la burocràcia. Vinc a parlar de l'Europa, dels drets, dels valors, de les llibertats i de la democràcia. De l'Europa que entén
que el poder ha de tenir límits, que les minories han de ser protegides i que els conflictes polítics s'han de resoldre democràticament i no penalment.
I és aquí on, quaranta anys després de l'entrada de l'Estat espanyol a les llavors comunitats europees, apareix la gran contradicció: Espanya és Europa. Sí, el club dels estats europeus. Sí, però massa sovint no actua d'acord amb els
valors europeus. Els valors d'Europa es van fixar com els valors de la democràcia, del pluralisme, drets fonamentals i respecte a les minories nacionals i lingüístiques. Però l'Estat espanyol continua entenent la diversitat com una amenaça. No fa
pas tant temps que a Catalunya hi va haver urnes en un referèndum. Ciutadans votant i un govern disposat a escoltar el mandat democràtic del seu poble. I la resposta de l'Estat va ser violència, policial, presó, exili, inhabilitacions i milers de
ciutadans represaliats. El mateix president Carles Puigdemont i Casamajó, sota la presidència del qual es va organitzar el referèndum de l'1 d'octubre, continua avui a l'exili i això és una autèntica anomalia democràtica, impròpia d'un Estat
europeu consolidat. Perquè un Estat segur de si mateix no envia policies contra...
Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes de nuevo a todos.
Europa no es perfecta. Muchos de ustedes se han referido a ello en las intervenciones anteriores. Demasiadas veces la Unión Europea ha actuado con lentitud, atrapada por los intereses de los Estados. Demasiadas veces ha producido
hiperregulación, burocracia incomprensible o falta de reacción ante grandes crisis políticas y humanitarias. Y también es cierto que muchas veces no ha sabido defender bien a las naciones sin Estado, las lenguas minorizadas o los pueblos que no
encajan dentro de la comodidad de los grandes Estados europeos. Pero hoy no vengo a hablar de Europa de los despachos ni de la burocracia. Vengo a hablar de la Europa de los derechos, de los valores, de la libertad y de la democracia, de la Europa
que entiende que el poder debe tener límites, que las minorías necesitan ser protegidas y que los conflictos políticos se deben resolver democráticamente, y no penalmente.
Y aquí es donde, cuarenta años después de la entrada del Estado español en lo que entonces eran las Comunidades Europeas, aparece la gran contradicción. España es Europa, sí; del club de los Estados europeos, sí, pero demasiadas veces no
actúa de acuerdo con los valores europeos. Los valores de Europa se fijaron como valores sobre la democracia, el pluralismo, los derechos fundamentales y el respeto a las minorías nacionales y lingüísticas, pero el Estado español sigue entendiendo
la diversidad como una amenaza. No hace tanto tiempo que en Cataluña hubo urnas en un referéndum,
ciudadanos votando y un Gobierno dispuesto a escuchar el mandato democrático de su pueblo, y la respuesta del Estado fue violencia, violencia policial, cárcel, exilio, inhabilitaciones y miles de ciudadanos represaliados. (Rumores). El
mismo president Carles Puigdemont i Casamajó, bajo cuyo mandato se organizó el referéndum de Cataluña, sigue hoy en el exilio, y esa es una auténtica anomalía democrática, impropia de un Estado europeo consolidado, porque un Estado seguro de sí
mismo...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Madrenas.
Por favor, señoras y señores diputados, ruego un poco de silencio.
Cuando quiera.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, senyora presidenta.
No empresona líders socials i polítics, no intenta derrotar als tribunals un moviment que no ha pogut derrotar políticament. Altres Estats han afrontat aquests mateixos debats, aquests debats territorials profunds, amb molta maduresa
democràtica. El Regne Unit va pactar amb Escòcia el referèndum del 2014. Canadà ha celebrat ja dos referèndums al Quebec i va establir un marc legal sobre la claredat de la pregunta i del mandat. Dinamarca ja reconeix a Groenlàndia un camí
jurídic cap a la decisió sobre el seu futur. Cap d'aquests exemples és perfecte, segur, però tots comparteixen la idea de que les democràcies fortes afronten els conflictes polítics democràticament. Espanya, en canvi, fa segles que intenta
resoldre la qüestió catalana uniformitzant, recentralitzant i castigant qualsevol expressió de diferència nacional, a vegades amb repressió directa com l'1 d'octubre, altres amb asfixia econòmica, com està passant avui. Dèficit fiscal crònic,
bloqueig d'infraestructures essencials com el corredor mediterrani, per exemple, o el menyspreu constant cap a la llengua catalana, que és el nostre tresor. Perquè també hi ha una hostilitat persistent, flagrant contra la nostra llengua i la nostra
cultura, una obsessió malaltissa per arraconar el català de l'escola, les institucions i tot qualsevol espai de poder. I això tampoc és Europa. Europa protegeix les llengües minoritzades i defensa la diversitat cultural. Europa entén que les
identitats nacionals no s'han d'eliminar, sinó que s'han de respectar i s'han de protegir. Catalunya té arrels profundíssimament europees. Les assemblees de Pau i Treva ja limitaven la violència i el poder feudal al segle XI. Les Corts Catalanes
són una de les institucions parlamentàries més antigues d'Europa. El Llibre del Consolat del Mar va estendre -el dret mercantil, que encara és vigent- el català per tota la Mediterrània. Això és tradició europea. Pacte, representació i límits al
poder. I quan Pau Casals va dir davant les Nacions Unides: 'I am a Catalan'. Recordava al món que Catalunya és una nació europea antiga, vinculada a la llibertat, la cultura i la dignitat.
Per això avui tenim dret a dir que l'Estat espanyol encara està llunyíssim dels estàndards democràtics que Europa exigeix. No és europeista qui envia policies contra qui posa les urnes, ni qui manté exiliats polítics al segle XXI, ni qui
utilitza tribunals per perseguir adversaris polítics. No és europeista qui combat una llengua que és mil·lenària. Catalunya no necessita que Espanya li expliqui què és Europa. La nació catalana ha contribuït a construir enormement Europa. I
precisament per tot això, Junts continuarem defensant una Catalunya lliure i independent dins d'una Europa de democràcies reals. Perquè Europa no és imposar silenci, és permetre que els pobles decideixin lliurement el seu futur. I mentre l'Estat
espanyol continuï empresonant cantants, humoristes, perseguint l'independentisme, negant drets nacionals i lingüístics i utilitzant les institucions de l'Estat contra una opció política legítima, el problema no serà Catalunya. El problema serà que
40 anys després d'entrar a la Unió Europea, Espanya encara no ha entès en absolut què significa ser plenament europea.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, señora presidenta.
... no encarcela líderes sociales y políticos, no intenta derrotar en los tribunales a un movimiento al que no ha podido derrotar políticamente. Otros Estados han afrontado estos mismos debates, estos debates territoriales profundos, con
mucha madurez democrática. El Reino Unido pactó con Escocia el referéndum de 2014. Canadá ha celebrado ya dos
referéndums en Quebec y estableció un marco legal sobre la pregunta y el mandato. Dinamarca ya reconoce a Groenlandia un camino jurídico para la decisión sobre su futuro. Ninguno de estos ejemplos es perfecto, sin duda, pero todos
comparten la idea de que las democracias fuertes afrontan los conflictos políticos de forma democrática. España, en cambio, hace siglos que intenta resolver la cuestión catalana uniformizando, recentralizando y castigando cualquier expresión de
diferencia nacional, a veces con represión directa, como en octubre, el 1 de octubre; otras veces con asfixia, como ahora, déficit fiscal crónico, falta de estructuras esenciales, como el corredor del Mediterráneo, por ejemplo; o un desprecio
hacia la lengua catalana, que es nuestro tesoro, porque también hay una hostilidad persistente y flagrante contra nuestra lengua y nuestra cultura, una obsesión enfermiza para reconocer el catalán en la escuela, las instituciones o en cualquier
espacio de poder. Eso tampoco es Europa. Europa protege las lenguas minoritarias y también la diversidad cultural. Europa entiende que las identidades nacionales no se tienen que eliminar; hay que respetarlas y protegerlas. Cataluña tiene
raíces europeas profundísimas. Las asambleas de Paz y Tregua ya lo hicieron en el régimen feudal del siglo XI. Las Cortes catalanas son una de las instituciones parlamentarias más antiguas de Europa. El Libro del Consulado del Mar fue el que fijó
el derecho que todavía está vigente hoy para todo el Mediterráneo. Eso es tradición europea, pacto, representación y límites al poder. Y cuando Pau Casals pronunció su discurso en Naciones Unidas, en catalán, recordó al mundo que Cataluña es una
nación europea antigua, vinculada a la cultura y a la dignidad.
Por eso, hoy, tenemos derecho a decir que el Estado español todavía está lejísimos de los estándares democráticos que exige Europa. No es europeísta el que envía policías contra los que ponen urnas; ni quien mantiene exiliados políticos en
el siglo XXI; ni quien utiliza los tribunales para luchar contra sus adversarios políticos. No es europeísta el que combate una lengua que es milenaria. Cataluña no necesita que España le explique lo que es Europa. La nación catalana ha
contribuido enormemente a la construcción de Europa y, por eso, precisamente, en Junts seguiremos defendiendo una Cataluña libre, independiente, dentro de una Europa de democracias reales. Porque Europa no trata de imponer silencios; trata de que
los pueblos puedan decidir libremente su futuro. Y mientras el Estado español siga metiendo en la cárcel a cantantes, a humoristas, persiguiendo el independentismo, negando derechos lingüísticos y utilizando las instituciones del Estado contra una
opción política legítima, el problema no será Cataluña; el problema será que, cuarenta años después de entrar en la Unión Europea, España aún no ha entendido en absoluto qué es lo que significa ser plenamente europeo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Pel Grup Parlamentari Republicà té la palaura el señor Álvaro Vidal.
Muchas gracias, señora Madrenas.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Presidenta, senyories, bona tarda.
La Unió Europea és una idea potent i brillant que ha esdevingut una realitat, hem de dirho, de tonalitats diverses; de blancs i negres, de clarobscurs. Deia Jorge Semprún que la construcció europea era una hermosa aventura. I deia un
altre savi que Europa sempre està en construcció. Hem de remarcar una dada: Espanya va entrar a la Unió Europea fa 40 anys, però la vocació europea de Catalunya és antiga. És anterior a aquesta fita. Nosaltres som europeistes perquè som
catalanistes i som catalanistes, perquè el nostre horitzó sempre ha estat Europa i el món.
Avui és un moment per subratllar, com feia el senyor Montávez, que la Unió és un exemple únic de construcció de pau, de governança compartida i de cessió de sobirania per al bé comú. Val la pena recordarho, malgrat tot. Per exemple, la
justícia europea ha estat un dels pocs contrapesos que hem gaudit davant el lawfare contra el sobiranisme a Catalunya. Un altre exemple, la regulació laboral o la de l'espai digital a la Unió és pionera
i ha portat molts avenços a l'Estat. Qualsevol persona que ve de fora de la Unió i compara aquest espai ho valora. Però hem de dir que la Unió Europea té molts espais de millora. En repassaré alguns. Per exemple, el reconeixement de la
seva diversitat interna, que té a veure amb la crisi d'identitat de la mateixa Unió. Europa serà més Europa si reconeix la seva diversitat, on és clau, per exemple, la qüestió de les llengües, el català, l'euskera i el gallec que busquen
l'oficialitat. Estem parlant d'una llengua, en el cas del català, que té més parlants que moltes llengües d'estats membres de la Unió. L'Estat espanyol ha d'implicarse més, senyories del PSOE, amb el seu joc diplomàtic per aconseguirho. I
senyories del PP, no posin tants pals a les rodes perquè és una jugada curta i, com vostès dirien, provinciana.
Plataforma per la Llengua denunciava fa poques setmanes aquesta realitat. Europa vol ser una altra cosa, perquè també és bàsicament una Europa dels pobles. Com comentava el company Iñarritu. Permetinme que els recordi el que deia un savi,
George Steiner, -per cert, no independentista català- sobre les llengües. Deia Steiner: 'No hi ha llengües petites. Cada llengua conté, expressa i transmet no solament una càrrega de memòria singular d'allò que s'ha viscut, sinó també una energia
evolutiva del seu futur. Una potencialitat per demà. La mort d'una llengua és irreparable i fa minvar les possibilitats de l'home'. I afegia Steiner amb la seva lucidesa: 'Europa, sens dubte, morirà si no lluita per les seves llengües, per les
seves tradicions locals i les seves autonomies socials. En definitiva, si oblida que Déu està en el detall'.
Un altre punt important és anar a una major integració del mercat interior en l'economia, en la seguretat i la defensa. Europa s'ha de consolidar senyories com un espai veritablement de defensa democràtica davant uns Estats Units en mans
d'una presidència absolutament autoritària i una Xina que no és exactament, ho sabem molt clar, una democràcia. Europa ha de tenir sempre una veu pròpia en els desastres que estem contemplant cada dia. Des de Gaza al Sudan o un fet que passa a les
portes de l'Europa unida i que, de fet, és Europa. El fet de la guerra d'Ucraïna fruit de l'imperialisme rus.
Un tercer element que hem de tenir en compte és que per propiciar la renovació de l'ordre internacional basat en normes en el multilateralisme, l'experiència europea és bàsica, així com el reconeixement del sud global, perquè la justícia no
es pot parar posant barricades i filferrades a les portes d'Europa. I en aquest sentit, recordem que Europa es traeix a ella mateixa quan crea centres d'internament a països tercers on portem els migrants i els refugiats. Repetimho: Europa es
traeix a ella mateixa. Per cert, centres de refugiats als quals el Partit Popular Europeu ha donat suport.
I la raó d'Europa és també frenar, per tant, aquesta pulsió autoritària que s'infiltra en el seu interior i que vol desfigurar un projecte que va néixer sobre les cendres d'Auschwitz, sobre les cendres de la barbàrie. Recordin el que va dir
Jorge Semprún sobre Europa.
Presidenta, señorías, buenas tardes.
La Unión Europea es una idea potente y brillante que se ha convertido en una realidad de tonalidades diversas, debemos decirlo, de blancos y negros, de claroscuros. Jorge Semprún decía que la construcción europea era una hermosa aventura;
y decía otro sabio que Europa siempre está en construcción. Debemos remarcar una fecha: España entró en la Unión Europea hace cuarenta años, pero la vocación europea de Cataluña es antigua, es anterior a este hito. Nosotros somos europeístas
porque somos catalanistas, y somos catalanistas porque nuestro horizonte siempre ha sido Europa y el mundo.
Hoy es un momento para subrayar, como hacía el señor Montávez, que la Unión es un ejemplo único de construcción de paz, de gobernanza compartida y de cesión de soberanía por el bien común. Vale la pena recordarlo a pesar de todo. Por
ejemplo, la justicia europea ha sido uno de los pocos contrapesos que hemos disfrutado ante el lawfare contra el soberanismo en Cataluña. Otro ejemplo, la regulación laboral o la del espacio digital en la Unión es pionera y ha aportado muchos
avances al Estado. Cualquier persona que venga de fuera de la Unión y que compare ese espacio lo valora. Pero debemos decir que la Unión Europea tiene muchos espacios con margen de mejora. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el reconocimiento
de su diversidad interna, que tiene que ver con la crisis
identitaria de la propia Unión. Europa será más Europa si reconoce su diversidad, donde es clave, por ejemplo, la cuestión de las lenguas, el catalán, el euskera y el gallego, que buscan la oficialidad. Estamos hablando de una lengua, en
el caso del catalán, que tiene más hablantes que muchas lenguas de Estados miembros de la Unión. El Estado español debe implicarse más, señorías del Grupo Socialista, con su juego diplomático para conseguirlo. Y, señorías del Grupo Popular, no
pongan tantos palos en las ruedas, porque es una jugada corta y, como dirían ustedes, provinciana.
La Plataforma por la Lengua, Plataforma per la Llengua, denunciaba esto hace poco. Europa puede ser otra cosa porque es, básicamente, una Europa de los pueblos, como comentaba el compañero Iñarritu. Permítanme que les recuerde lo que decía
un sabio, George Steiner, no independentista catalán, sobre las lenguas. Decía Steiner: No hay lenguas pequeñas; cada lengua contiene, expresa y transmite no solo una carga de memoria singular de lo que se ha vivido, sino también una energía
evolutiva de su futuro, una potencialidad para mañana. La muerte de una lengua es irreparable y hace que se reduzcan las posibilidades del hombre. Y añadía Steiner con su lucidez: Europa, sin duda, morirá si no lucha por sus lenguas, por sus
tradiciones locales y por sus autonomías sociales. En definitiva, se olvida de que el diablo está en los detalles.
Otra cosa importante es que hay que ir hacia una mayor integración del mercado interior en la economía, en la seguridad y en la defensa. Europa tiene que consolidarse como un espacio, señorías, verdadero de defensa democrática, ante unos
Estados Unidos en manos de una Presidencia absolutamente autoritaria y de una China que no es precisamente, lo sabemos muy bien, una democracia. Europa debe tener siempre voz propia en los desastres que estamos contemplando cada día, desde Gaza a
Sudán; o un hecho que sucede a las puertas de la Europa unida y que, de hecho, es Europa, el hecho de la guerra de Ucrania, fruto del imperialismo ruso.
Hay un tercer elemento que debemos tener en cuenta y es que, para propiciar la reanudación del orden internacional basado en normas y en el multilateralismo, la experiencia europea es básica, así como el reconocimiento del sur global, porque
la justicia no se puede parar poniendo barricadas y alambradas a las puertas de Europa. Y, en este sentido, recordemos que Europa se traiciona a sí misma cuando crea centros de internamiento en países terceros, adonde llevamos a los migrantes y
refugiados. Repitámoslo, se ahoga a sí misma. Son unos centros de refugiados, por cierto, a los que ha dado apoyo el Partido Popular Europeo.
La razón de Europa estriba también en el freno a este pulso autoritario, que se filtra desde el interior y que quiere desfigurar un proyecto que nació sobre las cenizas de Auschwitz, sobre las cenizas de la barbarie. Recuerden, recuerden,
lo que dijo Jorge Semprún sobre Europa.
Decía Semprún: Mi Europa sería un espacio público laico, donde un determinado número de valores democráticos serían obvios. Sería el zócalo sobre el que se construye algo y donde reinaría también esa diversidad cultural que hace que se
desarrollen los mismos valores en lenguas diferentes.
Acabo, presidenta.
És important en aquest moment que estem vivint que els europeus no ens deixem portar pels discursos de promeses buides de lextrema dreta que escoltem també en aquesta cambra. Recordem que les conquestes de lEuropa no són irreversibles, es
guanyen cada dia. L'Europa és en construcció. La Unió ha de defensar el dret també a l'autodeterminació, ha d'oposarse a les persecucions de qualsevol minoria, ha de mantenir els drets de les persones LGTBI i altres, i ha de defensar el dret
d'asil. Perquè l'essència d'Europa és justament un discurs contra la barbàrie. En aquest sentit, el pacte de migració i asil desfigura aquest projecte.
Acabo, Europa trobarà el seu sentit si no oblida com va néixer.
Moltes gràcies.
Es importante en este momento que estamos viviendo que los europeos no nos dejemos llevar por los discursos de promesas vacías de la extrema derecha, que
escuchamos también aquí en esta Cámara. Recordemos que las conquistas de Europa no son irreversibles; se ganan cada día. Europa está en construcción. La Unión tiene que defender el derecho a la autodeterminación también, tiene que
oponerse a las persecuciones de cualquier minoría, debe mantener los derechos de las personas LGTBI y otros, y tiene que defender el derecho de asilo. La esencia de Europa es precisamente un discurso contra la barbarie. En este sentido, el Pacto
sobre Migración y Asilo desfigura este proyecto.
Acabo. Europa hallará su sentido si no olvida cómo nació.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Álvaro.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santos Maraver.
El señor SANTOS MARAVER: Presidenta, señorías, el 40.º aniversario del ingreso de España en la Unión Europea, las Comunidades Europeas en aquella época, nos obliga primero a recordar y después a situarnos. Recuerdo que nos costó diez años
de la famosa e idílica Transición, en un conflicto continuo interno, superar la herencia económica y totalitaria del franquismo para poder ser aceptados por el resto de los socios europeos en esa Comunidad Económica Europea y situarnos ante la
coyuntura actual que se puso de manifiesto durante las elecciones europeas en las que se planteó una nueva coalición de fuerzas entre las derechas extremas y la extrema derecha para poder controlar las instituciones de la Unión Europea y cambiar el
rumbo que, después de la crisis del COVID, permitió cuestionar y dar la vuelta al neoliberalismo y poner al servicio de los ciudadanos europeos una parte de los presupuestos europeos.
En este recuerdo y en esta coyuntura nos parece importante no tener una visión idílica de lo que ha sido la construcción del proyecto europeo. Uno, porque la fundación entre 1951 y 1957 se hizo sobre la base del antifascismo, sí, de la
derrota del fascismo y del nazismo, pero también de los repartos de Yalta y Potsdam y de someter a Europa a un reparto en zonas de influencia que impidió que las fuerzas progresistas en el marco europeo consiguiesen esa promesa de una Europa social
por la que habían ido a la resistencia y por la que habían luchado contra el fascismo. La derrota en Grecia, la derrota en Francia de las huelgas generales, en la Italia que se rebeló contra la presencia americana, incluso en Alemania y en
Dinamarca así lo atestiguan. El modelo neoliberal se impuso precisamente cuando esa Europa dividida comenzó a desaparecer y ese modelo unido al euro impuso la austeridad como un marco definitivo de construcción europea. Es decir, la Europa de las
élites se impuso sobre la Europa social, sobre los trabajadores y sobre las mayorías. ¿Y qué ocurrió? El rechazo del proyecto constitucional en 2004. Esa fue la respuesta popular a una transferencia de soberanía hacia arriba sin control
democrático, sin la constitución de un pueblo europeo que permitiese levantar esa Europa que se había prometido, esa Europa de los ciudadanos y de los pueblos. ¿Después del Tratado de Lisboa de 2007 qué tuvimos? La crisis del euro, alrededor del
20112015; Grecia, controlada e impuesta una política de austeridad salvaje; Portugal, con los viajes de la troika para imponer los recortes en sanidad y en los salarios de los funcionarios; España, el timo de la recuperación de las cajas de
ahorro en nombre de una deuda que jamás se iba a pagar y que ya cuesta 70 000 millones de euros. Esa es la herencia que hemos recibido.
Por eso, nuestra posición frente a Europa parte de un europeísmo crítico, de afirmar la necesidad de la solidaridad de los pueblos y de los ciudadanos de Europa, de construir esa Europa ciudadana y soberana. Al mismo tiempo, de una posición
de ser conscientes de que la Unión Europea sigue siendo un terreno de conflicto, de lucha entre clases, de lucha por la democracia y que se gana y se pierde continuamente con la acción de los sindicatos, de los movimientos sociales y de los partidos
políticos. Conseguimos el giro en la crisis del COVID, que permitió dar una nueva orientación a esos fondos europeos y lograr que, por ejemplo, en España hayamos mantenido un crecimiento hasta ahora por encima de la media. Pero nos encontramos
ahora en esa coyuntura en la que habrá que
elegir, en la que habrá que actuar. Una coyuntura en la que se nos exige una economía de guerra, gastar el 5 % y reimponer de nuevo la austeridad; una austeridad para que se compre el 67 % de esos 800 000 millones de euros en material de
guerra norteamericano. Una política que pretende dividir a Europa sobre la base del miedo a Rusia. Una política que, en vez de producir una oferta de seguridad colectiva desde el Atlántico a los Urales, plantea una nueva partición de Europa sobre
la base del miedo y de imponer a través del miedo las políticas de austeridad. No queremos una Europapotencia, queremos una Europa democrática defensora del multilateralismo, de la Carta de las Naciones Unidas y de la solidaridad entre los pueblos.
Tampoco queremos una Europafortaleza, la que deja que se ahoguen en el Mediterráneo miles de emigrantes todos los años y todas las semanas. Hemos visto estas semanas como Grecia y Chipre, a los que se les ha dado 110 millones y 80 millones en los
últimos tres años, preferían desoír las llamadas de socorro Mayday en la zona del Mediterráneo oriental para defender sus acuerdos con Israel y mantener los marcos de la OTAN en este sentido. Así que lo que proponemos es otra Europa. Una Europa
que ofrezca a los ciudadanos seguridad, que ofrezca a los ciudadanos garantías, que introduzca un concepto de seguridad social y de seguridad para todos completamente distinto. Aquí podríamos hacer la reforma de la ley de la comisión mixta, que ya
va siendo tiempo; podríamos asegurar que los debates europeos que hacemos cada dos meses se discuta de Europa y no de todo lo demás. Por lo tanto, con esta posición intentaremos seguir construyendo una Europa al servicio de las mayorías sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. (Número de expediente 173/000172).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Popular, sobre la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Por el grupo autor de
la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.
Diputados, el narcotráfico se ha convertido en una amenaza directa al Estado, a su autoridad y a la seguridad de los ciudadanos. En Andalucía especialmente esta amenaza es cada vez mayor. Las organizaciones criminales no solo han crecido,
se han fortalecido, se han organizado mejor y, lo que es más grave, han perdido el miedo. Hoy actúan con una impunidad inaceptable, con una violencia que ya no se esconde. Atacan a quienes representan la ley, atacan a nuestros agentes. Lo
ocurrido recientemente en Huelva, el asesinato de dos guardias civiles en acto de servicio no es un accidente ni es una fatalidad inevitable, es la consecuencia de años de inacción, de advertencias ignoradas y de decisiones que no se han querido
tomar. (Aplausos). No podemos mirar hacia otro lado. Hace apenas dos años ya vivimos otra tragedia en Barbate con dos agentes asesinados al enfrentarse a una narcolancha. No estamos ante hechos aislados, estamos ante un patrón que se repite. Y
cuando algo se repite, deja de ser una excepción para convertirse en un fracaso, en un fracaso institucional. (Aplausos). Llevamos años escuchando lo mismo: policías y guardias civiles alertando de la falta de medios, de la falta de personal y de
la falta de respaldo. Asociaciones profesionales, sindicatos y la Fiscalía Antidroga han denunciado la gravedad y la virulencia del narcotráfico. Tras ocho años de gobierno, el problema ha ido creciendo y la respuesta ha sido insuficiente y, en
ocasiones, bloqueada por decisiones políticas. Mientras el narcotráfico se fortalecía, quienes debían reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han frenado y bloqueado todas y cada una
de las propuestas de mi grupo parlamentario que buscaban exactamente eso: más medios, más protección y más reconocimiento. No se ha querido reconocer la profesión de riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se han
reforzado adecuadamente las plantillas. No se han endurecido de forma efectiva las respuestas frente a las agresiones. Resulta repugnante escuchar discursos grandilocuentes sobre la lucha contra la delincuencia en España, cuando el propio entorno
familiar y político del presidente Sánchez podría ilustrar todo un tratado de derecho procesal. Tiene de todo alrededor: investigados, procesados, juzgados. Y, por si fuera poco, el Gobierno y el PSOE presumen de su referente ideológico y moral,
Zapatero, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por liderar tramas organizadas para delinquir. Esto sí que es una alianza de civilizaciones (aplausos) y esto es una conjunción planetaria para delinquir. Mientras tanto, nuestros
agentes siguen saliendo a la calle y al mar en condiciones que no están a la altura de la amenaza a la que se enfrentan. La lucha contra el narcotráfico se gana reforzando las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y no manteniendo
vacantes; se gana dándoles tecnología y medios; se gana respaldando jurídicamente a los agentes y no dejándolos expuestos. Sobre todo, se gana transmitiendo una idea muy clara: que el Estado no debe ceder ni un milímetro, porque cuando el Estado
muestra debilidad las organizaciones criminales avanzan, como ocurrió hace unos días cuando unos narcos robaron unas lanchas de la Armada.
Señorías, hoy toca asumir responsabilidades y tomar decisiones. Se ha de reprobar al ministro Marlaska por su gestión absolutamente nefasta, insuficiente e ineficaz. Un ministro que, en esta Cámara, la semana pasada pronunció, refiriéndose
a los hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una frase ignominiosa, indigna e infame, y cito textualmente: 'Yo, cuando hablo de la Guardia Civil y de la Policía, no tengo nombres, tengo números'. Mire, señor Marlaska,
esta afirmación le va a perseguir toda su vida. (Aplausos).
Señorías, se han de aprobar medidas sin más dilación, como reconocer de una vez la profesión de riesgo de policías nacionales y guardias civiles, recuperar unidades especializadas como OCONSur, reforzar de manera urgente las plantillas en
las zonas más afectadas, dotar a nuestros agentes de medios adecuados a la peligrosidad del entorno y actualizar el marco legal para que quien ataque a un agente se enfrente a una respuesta proporcional y efectiva. Aquí hay algo que no podemos
olvidar: estamos hablando de profesionales que se juegan la vida, que sostienen legalidad en territorios donde el narcotráfico intenta imponerse, que han hecho del altruismo su profesión y que no pueden ni deben sentirse desprotegidos. No estamos
ante un debate ideológico, estamos ante un problema de seguridad, de Estado y de respeto a quienes defienden la ley. Es momento de dejar de minimizar el problema y empezar a combatirlo de verdad. Por eso, señorías, les pedimos que voten a favor en
todas y cada una de las propuestas que les presentamos en la moción, porque el narcotráfico no espera y nuestros agentes tampoco pueden esperar más.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la reciente muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en la provincia de Huelva unida al asesinato hace dos años de otros dos guardias civiles en el puerto de Barbate han puesto de manifiesto la precariedad de medios
materiales, humanos y jurídicos con los que cuentan la Guardia Civil y la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico. Precariedad de medios que delata la absoluta desidia del ministro del Interior frente a una realidad muy grave, porque
todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos años -que se ha terminado saldando con la muerte y el asesinato de guardias civiles- había sido advertido previamente al ministerio por los propios guardias civiles desde hacía mucho tiempo y se hizo
caso omiso. Por eso, el ministro del Interior es políticamente
responsable de lo que está sucediendo y de lo que le está sucediendo en propia carne a miembros de la Guardia Civil y a sus familias. Pero no solamente se ha producido una absoluta desidia y se han desoído las pretensiones legítimas de los
guardias civiles, sino que además se han adoptado decisiones que son absolutamente descabelladas y que han producido el que hoy el narcotráfico en el sur de España, y especialmente en las provincias de Huelva y de Cádiz, se haya convertido en un
fenómeno criminal en expansión con una virulencia extrema. Los narcos utilizan medios de los que no dispone la Guardia Civil. Los narcos, que no están sometidos a ningún tipo de restricción jurídica, como sí lo está la Guardia Civil tanto en el
uso de fuerza letal como no letal, están practicando sobre los guardias civiles una violencia inusitada. Frente a eso es evidente, señorías, que hay que tomar decisiones urgentes. Una de ellas tiene que ver con una de las adoptadas por el ministro
del Interior, que ha permitido este rebrote criminal del narcotráfico. En septiembre de 2022, inopinadamente, el ministro del Interior decidió desarticular la unidad OCONSur que estaba ganándole -le había ganado prácticamente- la batalla al
narcotráfico en Andalucía. En ese contexto es donde nosotros situamos nuestra enmienda. Le hemos preguntado al ministro del Interior desde esta tribuna en reiteradas ocasiones si esa desarticulación por su parte de la unidad OCONSur, sin
conocimiento previo de la Fiscalía, tuvo o no tuvo que ver con la presión marroquí, una vez se supo -en mayo de 2022- que el ministro del Interior había sido interceptado en sus comunicaciones. Es decir, se conocía por parte de los presuntos
autores marroquíes el contenido de sus comunicaciones telefónicas. Y no solamente desarticuló la unidad OCONSur, sino que a partir de ese momento se ha producido toda una desarticulación también de la actividad de los servicios de inteligencia e
información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Marruecos y, en otro orden de cosas -en competencia que no es propia del ministro del Interior, pero sí del Gobierno de España-, también de las actividades del Centro Nacional de
Inteligencia.
Con Marruecos hay que tener, naturalmente, una política de buena vecindad, pero con Marruecos no se puede tener una política de sumisión como la que este Gobierno viene acreditando (aplausos) a partir de la célebre crisis de los teléfonos
que se ha visto en el giro sustancial del Gobierno de Sánchez inopinado también en relación con la cuestión del Sáhara y ahora con la cuestión del narcotráfico. Buena vecindad, sí, pero desde el respeto recíproco y desde el realismo de saber que
Marruecos es una amenaza híbrida, porque desde Marruecos en territorio marroquí operan las mafias del narcotráfico y porque desde Marruecos en territorio marroquí operan las mafias del tráfico ilegal de inmigrantes. Por tanto, España necesita
proteger sus intereses no solo recuperando esta unidad especial OCONSur, sino también recuperando sus legítimas actuaciones de información e inteligencia en territorio marroquí. Por eso nosotros pedimos, a través de esta enmienda de adición, que se
vuelva a fortalecer la actividad de esos servicios.
Concluyo, señora presidenta, diciendo que sí es urgente reprobar al ministro del Interior; es urgente dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de medios materiales, personales y de un marco jurídico adecuado para protegerse
debidamente en el ejercicio de su función; sí es urgente reconocer su profesión como una profesión de riesgo, pero es mucho más urgente para que todo eso pueda hacerse realidad sustituir cuanto antes en las urnas a un Gobierno que ha abandonado a
policías y guardias civiles para proteger a todo tipo de delincuentes (aplausos), incluidos aquellos cuya presencia ilegal en España va a regularizar ahora.
Nosotros decimos que cuando VOX gobierne -muy pronto- se harán leyes para defender a los ciudadanos que las cumplen y para defender a policías y guardias civiles...
La señora PRESIDENTA: Señor Gil, tiene que terminar.
El señor GIL LÁZARO: ... que entregan lo mejor de sí mismos al servicio de la seguridad y de la libertad de todos los españoles.
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, tiene que terminar.
El señor GIL LÁZARO: Para concluir, a las familias de esos guardias civiles y policías nacionales que han muerto en acto de servicio les digo que para ellos la muerte nunca será el final porque permanecerán siempre vivos en nuestro corazón
y en nuestra memoria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes.
Pasó de ser un juez admirado a un ministro despreciado e indigno del Ministerio del Interior. Esa es la triste realidad y balance del ministro Fernando GrandeMarlaska al frente del ministerio. Por eso hoy su reprobación es una obligación
ética y también democrática. Ha tenido suficientes años para enmendar sus errores y no lo ha hecho. Le han podido la prepotencia y la soberbia que vienen caracterizando a este Gobierno. Hubiese sido un buen vasallo de haber tenido un buen señor.
Señorías, llama poderosamente la atención que, ante la lucha sin cuartel que hay que mantener frente al narcotráfico, el ministro Marlaska siga empeñado en no reconocer ninguno de los errores que ha cometido. La semana pasada le
recordábamos algunos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la falta de transparencia de información cuando estamos hablando del incremento de la criminalidad en nuestro país y también del incremento del narcotráfico. Por eso, señorías,
los españoles le decíamos que merecemos un Gobierno que diga la verdad, que él está obligado y nosotros tenemos el derecho a tener esa información. Le decíamos también que en un Estado de derecho y en un sistema democrático como el que disfrutamos
todos los españoles no se puede permitir en ningún caso que se oculte o se niegue esa información. Además, señorías, desde cualquier punto de vista es incomprensible ese desprecio del propio ministro Marlaska hacia la Guardia Civil y la Policía
Nacional a la hora de no reconocer que son una profesión de riesgo. ¿Por qué esas desigualdades? ¿Por qué esos desprecios? También comparándolo con otros cuerpos policiales como, por ejemplo, con los policías locales o con la Ertzaintza o con los
Mossos d'Esquadra o con la propia Policía Foral de Navarra, que sí son considerados profesiones de riesgo. ¿Por qué esa discriminación? Incomprensible el empeño del propio ministerio de Marlaska a la hora de no reconocerlo.
Por otro lado, señorías, también es evidente que el ministro Marlaska despreció a la Guardia Civil a la hora de no asistir al funeral por esos dos guardias civiles que murieron en acto de servicio luchando contra el narcotráfico en Huelva.
También fue un desprecio permanecer callado ante esas palabras de la exvicepresidenta del Gobierno, la señora Montero, que calificó estas muertes de accidente laboral. Incluso fue un desprecio preferir irse a Canarias a ese montaje televisivo con
relación al tratamiento del hantavirus.
Señorías, otra cuestión que también nos llama poderosamente la atención es cómo el ministro Marlaska ha sido incapaz de buscar el acuerdo y el entendimiento con otras formaciones políticas a la hora de buscar las medidas necesarias para
combatir el narcotráfico. Hace unos días la fiscal antidroga de Huelva decía que ella era partidaria de sacar a los militares a la mar, de sacar a la Armada no para buscar la guerra con el narcotráfico, sino como una medida disuasoria, y se
preguntaba: ¿está España dispuesta a ello? Cuando nosotros en la Comisión de Defensa preguntamos a la ministra si el Gobierno estaba dispuesto a ello, nos respondió que no era su responsabilidad, que colaboraban con ellos, pero que la Policía
judicial no eran los militares. El ministro Marlaska ni está ni se le espera. No sabe, no contesta.
Por eso, señorías, si los principales protagonistas del día a día -los cuerpos policiales, los jueces y fiscales- se muestran tan tajantes y contundentes a la hora de denunciar esta situación de lucha contra el narcotráfico, a la hora de
denunciar la situación que están padeciendo y las medidas que se tienen que establecer, los demás qué tenemos que hacer. Pues, fundamentalmente, aparte de escucharlos, exigir responsabilidades a los que
tienen la obligación de cumplir y, sobre todo, establecer las medidas pertinentes. Por eso, es de obligado cumplimiento que se amplíen las medidas, que se establezcan propuestas y soluciones que fundamentalmente, señorías, vienen de
aquellos que están frente al narcotráfico en nuestro país. Sobre todo, señorías, en ningún caso se tienen a sentir solos y abandonados, como tristemente está ocurriendo en este momento por parte del Gobierno, del ministerio y del propio ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, presidenta.
Bona tarda a tothom de nou.
Junts estem molt preocupats amb aquest tema. Els Mossos estan molt preocupats amb aquest tema. El narcotràfic ja no és només un problema de seguretat, és una amenaça estructural contra les institucions, l'economia global i contra el
funcionament normal de la societat. I el més preocupant és que fa temps que hem deixat enrere la fase de la simple delinqüència organitzada. Quan les màfies mouen milers de milions d'euros, controlen ports, utilitzen armament de guerra i
aconsegueixen infiltrar policies, funcionaris o estructures institucionals, el problema deixa de ser només policial i passa a afectar directament la qualitat democràtica i el funcionament normal de totes les institucions. I això és exactament el
que està passant avui.
Catalunya i l'Estat espanyol s'estan consolidant com una de les grans portes d'entrada del narcotràfic a Europa. Ho veiem als ports d'Algesires, de València, de Barcelona. Ho veiem amb les xarxes de marihuana industrial establertes a
Catalunya. Ho veiem amb l'augment d'armes de foc i armes blanques vinculades al crim organitzat. Ho veiem amb la violència creixent entre bandes. Només a Catalunya, els Mossos van obrir 867 investigacions aquest 2025 vinculades al narcotràfic i
van practicar més de 3800 detencions per tràfic de drogues. I mentre això passa, cada vegada descobrim més casos gravíssims de corrupció policial vinculada al narcotràfic. Tots recordem el cap de la UDEF a Madrid detingut amb 20 milions d'euros
ocults darrere una paret. Hem vist responsables policials espanyols vinculats a xarxes de cocaïna als ports. Hem vist agents facilitant informació als narcotraficants perquè poguessin operar amb seguretat. I això no són anècdotes. Això és el
símptoma que el narcotràfic està penetrant al moll de l'os del nostre sistema. Les organitzacions criminals segueixen sempre el mateix patró, primer s'implementen logísticament i després compren silencis i complicitats i finalment entren a les
institucions. I nosaltres ja som en aquesta tercera fase. Per això avui no n'hi ha prou amb discursos ni amb la propaganda que segurament ens farà el diputat socialista que farà de portaveu del Ministeri de l'Interior.
Cal actuar i si en general nosaltres junts no som partidaris d'una pel·lícula, d'una política basada únicament en l'enduriment penal, aquest cas és l'excepció. El narcotràfic internacional no funciona com la delinqüència comuna, és un
negoci global i aquestes xarxes operen allà on el risc penal és menor i els beneficis són més grans. França, per exemple, aplica una resposta penal molt més severa en matèria de tràfic de drogues, tinença il·legal d'armes i criminalitat
organitzada. I ara també Bèlgica i Itàlia també estan reforçant notablement la seva penalitat. Però nosaltres som fronterers amb França, que té una penalitat molt més intensa que no pas la d'aquí. Mentrestant, aquí hem normalitzat que grans
xarxes de narcotràfic acabin massa sovint amb condemnes reduïdes o dilacions eternes. I això té conseqüències perquè quan els beneficis són astronòmics i el risc és relativament baix. El negoci creix i és quan arriben les armes i les més
perilloses. A Catalunya cada vegada és més habitual trobar armes en operacions contra plantacions o xarxes de tràfic. Els mateixos Mossos fa temps que alerten de l'increment de la circulació d'armes clandestines associades a aquestes màfies.
En aquest àmbit sabem que cal una resposta molt més contundent. Junts creiem que cal més contundència penal contra les grans xarxes de narcotràfic, el blanqueig de capitals i la tinença i circulació il·legal d'armes. Més recursos
tecnològics els ports i fronteres. Més
intel·ligència financera per atacar el patrimoni de les màfies. Més coordinació europea i també més confiança en els Mossos d'Esquadra. Perquè és incomprensible que una policia integral com els Mossos encara no pugui actuar amb plena
capacitat de coordinació directe amb l'Europol, amb d'altres policies europees en aquesta lluita cal actuar amb contundència davant el narcotràfic i la infiltració criminal a les institucions. Impulsar les reformes legislatives necessàries en
l'àmbit penal i processal, que són competències de l'Estat, i també deixar de bloquejar eines útils com seria la llei impulsada per Junts contra les ok upacions delinqüencials, que ajudaria a actuar amb més rapidesa contra els narcopisos.
Fins ara, el missatge que l'Estat espanyol ha enviat a aquestes organitzacions criminals és de debilitat. I això davant màfies que mouen milers de milions d'euros i intenten infiltrar institucions públiques és un risc gegantí. I quan un
Estat permet que al narcotràfic acumuli poder econòmic, territorial i institucional, el risc de convertirse en un costat deixa de ser una exageració retòrica i passa a ser un perill ben real.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos de nuevo.
En Junts estamos muy preocupados por este tema. Los mossos están muy preocupados por este tema. El narcotráfico ya no es solo un problema de seguridad, es una amenaza estructural contra las instituciones, la economía global y contra el
funcionamiento normal de la sociedad. Y lo más preocupante es que hace tiempo que hemos dejado atrás la fase de la simple delincuencia organizada. Cuando las mafias mueven miles de millones de euros, controlan puertos, utilizan armamento de guerra
y consiguen infiltrarse en policías, funcionarios o estructuras institucionales, el problema deja de ser solo policial y pasa a afectar directamente a la calidad democrática y el funcionamiento normal de todas las instituciones. Esto es exactamente
lo que está ocurriendo hoy.
Cataluña y el Estado español se están consolidando como una de las grandes puertas de entrada del narcotráfico a Europa. Lo vemos en los puertos del Algeciras, Valencia y Barcelona; lo vemos en las redes de marihuana industrial
establecidas en Cataluña; lo vemos en el aumento de armas blancas vinculadas al crimen organizado, y lo vemos en la violencia creciente entre bandas. Solo en Cataluña los mossos abrieron 867 investigaciones este 2025 vinculadas al narcotráfico y
practicaron más de 3800 detenciones por tráfico de drogas. Mientras esto ocurre, cada vez descubrimos más casos gravísimos de corrupción policial vinculada al narcotráfico. Todos recordamos al jefe de UDEF detenido con 20 millones de euros tras
una pared. Hemos visto a otras personas en el Estado español vinculadas a casos de cocaína en los puertos y a gente facilitando información a los narcotraficantes para que pudieran operar con facilidad. Esto no son anécdotas, es el síntoma de que
el narcotráfico está penetrando en la médula de nuestro sistema. Las organizaciones criminales siguen siempre el mismo patrón. Primero se implementan logísticamente, después compran silencios y complicidades y, finalmente, entran en las
instituciones. Nosotros ya estamos en esta tercera fase. Por eso, hoy no basta con estos discursos ni con la propaganda que seguramente hará el diputado socialista que haga de portavoz del Ministerio del Interior. Es necesario actuar.
Sí, en general, en Junts no somos partidarios de una política basada únicamente en el endurecimiento penal. Este caso es la excepción. El narcotráfico internacional no funciona como la delincuencia común. Es un negocio global y estas
redes operan ahí donde el riesgo es menor y los beneficios son mayores. Francia, por ejemplo, aplica una respuesta penal mucho más severa en materia de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y criminalidad organizada, y ahora también Bélgica e
Italia están reforzando notablemente su penalidad. Nosotros somos fronterizos con Francia, que tiene una penalidad mucho más intensa que la de aquí, mientras aquí hemos normalizado que grandes redes de narcotráfico acaben frecuentemente con
condenas reducidas o con violaciones eternas. Esto tiene consecuencias, porque cuando los beneficios son astronómicos y el riesgo es
relativamente bajo, el negocio crece y es cuando llegan las armas más peligrosas. En Cataluña cada vez es más habitual encontrar armas en operaciones contra plantaciones o redes de tráfico. Los mismos mossos hace tiempo que advierten del
incremento de la circulación de armas clandestinas asociadas a estas mafias
Sabemos que en este ámbito hace falta una respuesta mucho más contundente. En Junts creemos que hace falta más contundencia penal contra las grandes redes de narcotráfico, el blanqueo de capitales y la tenencia y circulación ilegal de
armas; más recursos tecnológicos en puertos y fronteras; más inteligencia financiera para atacar el patrimonio de las mafias; más coordinación europea, y también más confianza en los Mossos d'Esquadra, porque es incomprensible que una policía
integral como los mossos aún no pueda actuar con plena capacidad de coordinación directa con Europol o con otras policías europeas en esta lucha. Es necesario actuar con contundencia ante el narcotráfico y la infiltración criminal en las
instituciones e impulsar las reformas legislativas necesarias en el ámbito penal y procesal, que son competencias del Estado, y también dejar de bloquear la ley que promueve Junts contra las okupaciones, que jugaría con más rapidez contra los
narcopisos.
Hasta ahora, el mensaje que el Estado español ha dado a estas organizaciones criminales es de debilidad y esto, ante mafias que mueven miles de millones de euros e intentan infiltrar instituciones públicas, es un riesgo gigante. Cuando un
Estado permite que el narcotráfico acumule poder económico, territorial e institucional, el riesgo de convertirse en un narcoestado deja de ser una exageración retórica y pasa a ser un riesgo real.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Valero Morales. (Rumores).
Silencio, por favor.
El señor VALERO MORALES: Buenas tardes, señorías.
Como se ha dicho, la implantación del crimen organizado es un problema serio en Andalucía, en particular en la Costa del Sol, una actividad mafiosa que tiene cada vez más tentáculos en la economía costasoleña. Según la Europol, es la
tercera zona de Europa más violenta. Los ciento cincuenta kilómetros del litoral de la Costa del Sol son un destino todo incluido para el crimen organizado con epicentro, sin duda, en Marbella, que es una sede global del crimen organizado y, según
las autoridades policiales, un coworking del crimen organizado. No es casualidad que en este coworking del crimen organizado se haya destapado una trama corrupta ligada al narcotráfico investigada por la Audiencia Nacional, en la que estaba
implicado el marido de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, policías locales y por la que piden hasta dieciocho años de cárcel al hijastro de la alcaldesa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. (Aplausos). Los audios de la UDEF
demuestran cómo la alcaldesa, del Partido Popular, facilitaba a su hijastro encuentros con sus ediles para hacer negocios. Este delincuente se jactaba de que controlaba 'toda la jodida policía'.
No se puede desligar el narcotráfico de la facilidad que tiene el crimen organizado para imbricarse en el tejido económico e incluso corromper las instituciones. Para luchar contra el narcotráfico, por tanto, lo primero es luchar contra las
redes económicas de las mafias. Sin embargo, en la moción del Grupo Popular faltan cosas y sobran otras. No hablan de fortalecer la regulación legal en materia de blanqueo de capitales, paraísos fiscales y narcotráfico. No hablan de ampliar los
mecanismos de rastreo de patrimonios y entramados societario. No hablan de medidas para la lucha contra la corrupción. Y, por supuesto, no aportan soluciones que garanticen la seguridad humana allá donde el paro y el abandono son el caldo de
cultivo del narco.
Voy a las medidas propuestas en su moción. Empiezan con una enorme dosis de demagogia, porque utilizan la muerte de dos agentes en Huelva para hacer oposición partidista y vincular estas muertes a la falta de medios, y eso es indecente. No
engañemos
a nadie: el narco siempre irá un paso por delante si solo competimos con medios y dinero. Las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan derechos y condiciones dignas. Por eso, nosotros y nosotras seguimos reivindicando la sindicación de la
Guardia Civil (aplausos), porque quienes se juegan la vida no pueden tener menos derechos laborales y ustedes no piden nada de esto. Si de verdad creen que es una profesión de riesgo, demuéstrenlo y apoyen las enmiendas que tenemos presentadas a la
ley de función pública para adelantar la edad de jubilación de guardias civiles y policías. Así que menos golpes de pecho y más derechos para los servidores públicos. (Aplausos).
Pide el Grupo Popular refuerzo policial en zonas sensibles, precisamente el Partido Popular, que en el Campo de Gibraltar dejó a las patrulleras sin ni siquiera combustible; así fue, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Por el
contrario, el Gobierno de coalición sí ha reforzado los dispositivos, pero es obvio que solo el refuerzo policial no es suficiente para combatir el narcotráfico en zonas asoladas por el paro y el abandono y estigmatizadas. El Campo de Gibraltar
lidera las tasas de paro del conjunto del país y ahí es donde las redes criminales actúan como motores económicos informales cuando no hay alternativas laborales. Esa es la economía del narco. Moreno Bonilla anunció hace unos años 112 medidas para
revitalizar el Campo de Gibraltar y combatir el narcotráfico. No ha avanzado ni un solo centímetro en esas medidas urgentes de sanidad, educación, empleo y servicios sociales. Proponen ustedes el refuerzo de unidades especializadas contra el
crimen. Nosotros y nosotras estamos de acuerdo en incrementar las plantillas. Pero, de nuevo, se olvidan de reforzar la Fiscalía, Agencia Tributaria e inspección financiera. Ustedes no persiguen el dinero que llena de combustible las
narcolanchas, señorías del Grupo Popular. (Aplausos).
Hablan de incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil. Creo que deben ser los técnicos quienes aborden y determinen cómo se han de mejorar los medios con los que tienen que contar, porque ya hemos visto que estas
armas no letales también traen muerte. Ahí está el caso del joven Haitam, muerto en Torremolinos hace unos meses durante una brutal detención policial en la que le aplicaron hasta once descargas con una pistola taser.
Señorías, terminan ustedes, como siempre, con más punitivismo y menos derechos. Piden aumentar las penas en delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. Esta medida es inútil para combatir el narcotráfico, pero muy útil para
limitar la protesta social y para reforzar una idea autoritaria del Estado. (Aplausos). Si de verdad quieren combatir el narcotráfico, persigan la corrupción, persigan el blanqueo, persigan el dinero negro, porque las narcolanchas no se mueven
solas, las mueve el dinero negro. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Valero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente. (Rumores).
Silencio, por favor.
El señor SERRADA PARIENTE: Señorías del Grupo Popular, de la derecha valiente, de la derecha cobarde, hay algo que no queda claro en sus intervenciones de hoy. Están pidiendo más efectivos, más medios y, a la vez, están pidiendo la
reprobación del ministro que tiene cifras récord de creación de puestos y de inversiones en cuarteles Aclárense. (Aplausos).
Otra cosa que tampoco queda clara, señorías de la derecha, es el cariño y el amor que profesan a la Guardia Civil. No la quieran tanto, o al menos no la quieran como la están queriendo hoy, porque todas, absolutamente todas las críticas que
están haciendo hoy a la Guardia Civil tienen que ver con decisiones operativas, es decir, con decisiones que toman los mandos de la Guardia Civil. Debe ser, señorías, que ustedes estaban acostumbrados a mangonear mucho en la Policía y en la Guardia
Civil y siguen confundiendo lo que es una decisión política con una decisión operativa.
Señorías del Grupo Popular y de VOX, hoy ha producido vergüenza ajena escuchar algunas de sus intervenciones. Vienen envueltos aquí por el patriotismo de tertulia y olvidan que se han cargado ustedes 13 000 efectivos de la Policía y de la
Guardia Civil en
sus años de Gobierno. (Aplausos). 13 000, señorías. En Andalucía, 1500, y en Huelva, de la que tanto se quejan, 148. Esa fue, señorías, su política de seguridad: menos agentes, menos inversión y menos medios. Eso sí, ahora que llegan
con las pulseritas de apoyo a la Guardia Civil y van tomando sitio, ¿se acuerdan ustedes, señorías, de dónde estaban cuando las asociaciones de Guardia Civil denunciaban plantillas insuficientes, cuarteles en ruinas y vehículos que no andaban porque
no tenían gasolina? ¿Recuerdan dónde estaban cuando denunciaban la falta de protección y abandono? ¿Se acuerdan, señorías? Gobernando. Estaban ustedes gobernando con Fernández Díaz y con Zoido, ¿lo recuerdan? ¿O también los han borrado de su
memoria a martillazos? Fernández Díaz destrozó el Ministerio del Interior utilizándolo para generar una policía patriótica y perseguir adversarios políticos, y Zoido hizo la mayor estafa que se recuerda a la Policía y a la Guardia Civil, firmando
con ellos un acuerdo de equiparación para el que no había ni un solo euro reservado.
Ustedes quieren a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como figurantes de su decorado político. Nosotros los queremos bien equipados, bien remunerados y protegidos. Esa es la diferencia, señorías. (Aplausos). Querer a la Guardia
Civil no es hacerse fotos con la banderita del PP de fondo y luego utilizarla para desgastar al Gobierno; querer a la Guardia Civil es garantizar medios, inversión y efectivos. Ustedes, recortes; nosotros, máximo histórico de policías nacionales
y guardias civiles. Ustedes, cuarteles en la ruina; nosotros, el mayor plan de modernización de infraestructuras de nuestra democracia: 1900 millones de euros para reformar cuarteles y comisarías. Ustedes, señorías, a las fotos, y nosotros, al
BOE. (Aplausos).
Señorías, ustedes utilizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para crear policías patrióticas, para perseguir adversarios políticos y también para espiarse a ustedes mismos. Cloacas, operaciones parapoliciales y discos duros
destruidos a martillazos. Esa es su herencia para la seguridad de nuestro país. Les digo una cosa más. Ustedes hablan mucho de defender a policías y guardias civiles hasta que les investigan a ustedes, entonces dejan de ser héroes y pasan a ser
villanos. Pregúntenselo a quienes investigaron la Gürtel, la Kitchen o la Caja B del Partido Popular. Agentes apartados, señalados y sancionados. Y les añado otra, la última: nosotros no distinguimos entre narcotraficantes. Para nosotros, todos
son criminales y enemigos del Estado. Pero viendo algunas fotografías y algunos silencios históricos del Partido Popular (protestas.-Aplausos), da la sensación de que ustedes han tenido bastante más cercanía con determinados ambientes del noroeste
de España que con los narcotraficantes del sur. (La señora Rodríguez Calleja: ¡Vaya tela!).
Así que menos superioridad moral, señorías del Grupo Popular, porque frente al narcotráfico, este Gobierno responde con hechos. Más agentes, más operaciones y más inversión. Esto no es un Estado ausente, es un Estado actuando. La Guardia
Civil merece respeto siempre, pero respetarla también significa no utilizarla como ariete cada vez que ustedes necesitan un titular. Ustedes se acuerdan de la Guardia Civil solo cuando están en la oposición y la olvidan cuando gobiernan. Ahí están
la historia y la hemeroteca, señorías. Esa es la verdad, aunque les duela. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Serrada.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR, PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES. (Número de expediente 122/000275).
La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 166; en contra, 178; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL. (Número de expediente 122/000240).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 306 ; en contra, 33; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (VOTACIÓN):
- DEL SEÑOR ÁLVARO VIDAL Y OTROS 20 DIPUTADOS, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. (Número de expediente 410/000011).
La señora PRESIDENTA: Votamos la toma en consideración de la Proposición del señor Álvaro Vidal y otros 20 diputados de Reforma del Reglamento del Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 178; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Muchas gracias.
Eran las nueve y un minuto de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.