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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 19/05/2026
cve: DSCD-15-PL-185
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 185
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 179
celebrada el martes,
19 de mayo de 2026
ORDEN DEL DÍA
Minuto de silencio ... (Página6)
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la reversión de las decisiones sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica. (Número de expediente
172/000200) ... (Página6)
Modificación del orden del día ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 3041, de 13 de febrero de 2026. (Número de expediente 122/000254) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291, de 12 de mayo de 2026. (Número de
expediente 122/000280) ... (Página26)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 523, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 162/000770) ... (Página35)
- Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 326, de 25 de abril de 2025. (Número de expediente
162/000498) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), referida a la política del Gobierno en materia educativa. (Número de expediente 173/000170) ... (Página63)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. (Número de expediente 173/000171) ... (Página79)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página89)
SUMARIO
Minuto de silencio ... (Página6)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista.
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la reversión de las decisiones sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica. (Número de expediente
172/000200) ... (Página6)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto de referencia, lo cual se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página6)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del en el sentido de que las interpelaciones se debatan
en el siguiente orden: primera, la del Grupo Parlamentario VOX al ministro del Interior; segunda, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, también al ministro del Interior; y, tercera, la del Grupo Parlamentario VOX al ministro de la
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Así mismo, se somete al Pleno de la Cámara que el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretosleyes previsto para el jueves, pase a debatirse como último punto de la sesión del miércoles.
Ambas modificaciones se aprueban por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 3041, de 13 de febrero de 2026. (Número de expediente 122/000254) ... (Página6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sayas López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Catalán Higueras y la señora Valido García y Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), y
Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Pisarello Prados, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; Hoces Íñiguez, del Grupo Parlamentario VOX, y Díaz Marín, del Grupo Parlamentario Socialista.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291, de 12 de mayo de 2026. (Número de
expediente 122/000280) ... (Página26)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Herrera García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR, Campos Asensi, del Grupo Parlamentario VOX, y Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 523, de 4 de mayo de 2026. (Número de expediente 162/000770) ... (Página35)
Defiende la proposición no de ley el señor Camino Miñana, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto; Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Estrems Fayos,
del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Valero Morales, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Hernández Quero, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 326, de 25 de abril de 2025. (Número de expediente
162/000498) ... (Página49)
Defiende la proposición no de ley el señor Ibáñez Mezquita, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Hernández Quero, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Jódar Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu; las señoras Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; y el señor Bayón Rolo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), referida a la política del Gobierno en materia educativa. (Número de expediente 173/000170) ... (Página63)
Defiende la moción la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano, y Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; las señoras Ogou Corbi, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR, y Armario González, del Grupo Parlamentario VOX; y el señor Celaya Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. (Número de expediente 173/000171) ... (Página79)
Defiende la moción la señora Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Micó Micó, del Grupo Parlamentario Mixto; Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Andala Ubbi, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y el señor
Rodríguez Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página89)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 3041, de 13 de febrero de 2026. (Número de expediente 122/000254) ... (Página89)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 171 votos a favor, 164 en contra y 11 abstenciones.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3291, de 12 de mayo de 2026. (Número de
expediente 122/000280) ... (Página90)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 313 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y un minutos de la noche.
SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MARTES 19 DE MAYO DE 2026
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos y a todas.
Se abre la sesión.
Antes de empezar con el orden del día, desgraciadamente debo pedirles una semana más que nos pongamos en pie para hacer un minuto de silencio en recuerdo de Karen Giovanna, la joven asesinada por violencia machista el pasado 9 de mayo en
Madrid. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR REGO CANDAMIL), RELATIVA A LA REVERSIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL GASTO MILITAR PARA FAVORECER LA INVERSIÓN SOCIAL EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA. (Número de expediente
172/000200).
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la siguiente modificación del orden del día... (las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, muestran un folio en el que se puede leer: No al genocidio en Gaza.-Pausa) ... en el sentido de excluir el punto 29 correspondiente a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias.
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: De conformidad también con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara modificaciones del orden del día en el sentido de
que las interpelaciones urgentes sean debatidas en el siguiente orden: puntos 28, 31 y 30, y que el punto 32, correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 10/2026, de 28 de abril, pase a debatirse como último punto de la
sesión del miércoles, a continuación de las interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias.
En consecuencia, quedan aprobadas estas modificaciones del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES Y PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. (Número de
expediente 122/000254).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, Orgánica contra la ocupación
ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Sayas López. Cuando quiera.
El señor SAYAS LÓPEZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
No podemos comenzar este Pleno como si aquí no estuviera pasando nada. Hoy hemos conocido una noticia de una gravedad trascendental: por primera vez en la historia de este país, la Audiencia Nacional ha imputado a un expresidente del
Gobierno, acusado de estar vinculado al caso Plus Ultra. El señor Zapatero no es solo un expresidente del Gobierno, es el gurú de Pedro Sánchez, al que se llevaba por toda España y por todo el mundo en nombre del Gobierno de España, desde Waterloo
hasta Venezuela. (Aplausos). Lo que se nos tiene que explicar es por qué algunos supuestamente pagaban dinero al señor Zapatero para que consiguiera cosas del Gobierno de España. Queremos saber qué cosas conseguía y quién se las daba, señorías.
Eso es lo que queremos saber. (Aplausos). Y la respuesta del presidente del Gobierno no puede ser que van a limpiar la imagen de Zapatero, como quisieron limpiar la de Ábalos y la de Cerdán, porque es Ábalos, es Cerdán, es la mujer del presidente,
es el hermano del presidente y es Zapatero. ¿Hasta dónde creen que los españoles vamos a aguantar la corrupción socialista? (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Porque hemos visto cómo
desviaban dinero público, cómo pagaban orgías con dinero público, cómo pagaban mujeres prostituidas con dinero público, cómo estaban en casos de corrupción. ¡Basta ya! Es una exigencia ética, pero también es una exigencia democrática poner las
urnas y que los españoles puedan votar. (Continúan los aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie, mientras corean: ¡Dimisión!, ¡dimisión!, ¡dimisión!). España ni puede ni merece
soportar más tiempo de un Gobierno y de un Partido Socialista que está hasta el cuello de corrupción, y no apelo solo al Partido Socialista con este llamamiento. Cada uno de los que está en la bancada que está sosteniendo al Gobierno tendrá que dar
muchas explicaciones a los españoles. (Aplausos).
Y sí, señorías, que hoy estemos teniendo el debate de la okupación también es otra anomalía democrática, porque este debate lo teníamos que haber tenido exactamente hace veinticuatro meses, que es cuando el Senado envió este texto a esta
Cámara, pero la señora Armengol decidió guardar el texto en un congelador, en un claro ejercicio de totalitarismo antidemocrático. Ochenta y cinco ampliaciones de plazo lleva esta ley y, sí, esto es un secuestro al Parlamento. Lo repito: es un
secuestro al Parlamento. Todos los que estamos en este Parlamento tenemos la obligación de defender la dignidad de esta institución, porque lo que se está haciendo con esto es hurtar a los españoles su derecho a la representatividad, es impedir que
esta Cámara pueda debatir algo que no sea lo que quiere el Gobierno y cuando quiere el Gobierno. Esto es tener claro cuál es la función esencial del Parlamento, la función constitucional de legislar. Por eso, señorías, les digo que hoy tenemos la
obligación democrática de tomar en consideración esta proposición de ley para abrir este debate.
Por el camino, a lo largo de estos veinticuatro meses en los que la señora Armengol ha estado congelando esta ley, la okupación en España ha crecido de manera exponencial y con ella el desamparo de los españoles, que van a la justicia, pero
es lenta y no les puede amparar; que ven cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen herramientas para poderles defender; que ven que el Gobierno, en lugar de legislar a favor de la seguridad jurídica, se está poniendo del lado de
los delincuentes, señorías. Esto es lo que está pasando y está pasando porque el Gobierno trata de banalizar la okupación. Nos dice que son solamente el 0,06 % de las viviendas de este país. Primero, es falso. Estamos hablando ya de que en
España hay 79 000 viviendas okupadas y 21 000 inquiokupadas; en total, más de cien mil. Fíjese si esto es grave que, si juntásemos todas las viviendas okupadas en una ciudad, estaríamos diciendo que hay treinta y cinco
capitales de provincia con menos población que la que tendría esta ciudad okupada. Y además de ser falso este argumento de que son solo el 0,06 %, es completamente ridículo. ¿O alguien podría defender, señorías, que como los homicidios
solo son el 0,00072 % no hay que perseguirlos? ¿O alguien podría decir que como los secuestros son solo el 0,000025 % no hay que perseguirlos? El Gobierno tiene la obligación de perseguir los delitos y de garantizar la seguridad jurídica a los
españoles. (Aplausos). Pero es que, además, cuando hablamos de la okupación no estamos hablando de un problema solo individual, estamos hablando de un problema social que deteriora la convivencia, que degrada los barrios y que genera
conflictividad. Esa es una cuestión que nos debería preocupar, porque lo que vemos es cómo el Gobierno se está poniendo del lado de los delincuentes mientras está complicándole la vida a la gente, que ve cómo un jeta le pega una patada a la puerta
de su vivienda, se cuela y además le tiene que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Esto es directamente una insensatez.
Por eso nosotros traemos esta ley, una ley para sacar a los okupas en veinticuatro horas. Basta ya de impunidad. Una ley para aumentar las penas de los okupas, pero también de las mafias que los organizan y que los alientan. Una ley,
señorías, para impedir que esos okupas encima se empadronen en la vivienda que han okupado. Porque estamos viviendo una realidad en este país en la que no solo el Gobierno consiente la okupación, sino que, además, van a los ayuntamientos y les
estamos empadronando. Una ley para impedir que la gente que es víctima de la okupación además tenga que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Todo esto, señorías, son medidas que se resumen en una cosa: puro sentido común. Esto es un clamor
en España. Hay una mayoría social que quiere frenar la okupación. Hagan el favor de no boicotear y de no impedir esa mayoría social.
Todo esto, además, tiene una clara afectación al drama social de la vivienda. Porque, efectivamente, esta ley va de okupación, pero hay otro fenómeno muy importante que no podemos dejar de observar: la inquiokupación. Desde que Pedro
Sánchez gobierna, se han retirado del mercado del alquiler 265 000 viviendas y eso es porque la gente tiene miedo a sacar su vivienda al alquiler. Y tiene miedo porque no sabe si se la van a okupar, porque no sabe si le van a dejar de pagar, porque
no sabe si se la van a destrozar. Lo único que tienen claro es que el Gobierno de España no les va a defender. Por eso está habiendo este problema de oferta en la vivienda. Pero ¿qué pasa? Que eso supone una condena para generaciones enteras de
españoles. Hoy vemos cómo en ciudades como Madrid o Barcelona, por cada anuncio de alquiler se están presentando más de cuatrocientas personas. Y eso es un casting, porque a la gente le piden las nóminas, le piden un seguro, le piden los
contratos, y si ganan menos de 1800 euros, por supuesto, no se lo van a alquilar. Eso lo que está haciendo es que gente que lleva años preparándose para hacer la matrícula en la carrera que le gusta la tenga que rechazar porque no puede pagar el
alquiler y no se puede mover de ciudad; que gente que lleva años preparándose para un trabajo tenga que rechazar una oferta de trabajo porque no hay quien pueda pagar el alquiler. Esto es lo menos progresista que hemos visto en este país,
señorías.
Quítense ya la venda de los ojos y empiecen a ver la realidad. El problema de la okupación y de la inquiokupación no es un problema de los grandes tenedores ni de los fondos, es un problema que sufre la gente humilde y la gente trabajadora.
Porque el 94 % nada menos de las viviendas que se están ofreciendo en España las están ofreciendo gente que solo tiene su vivienda y la que está sacando en alquiler. No tiene más. Y con eso complementa su renta, con eso complementa su pensión, con
eso complementa su trabajo y con eso dignifica el salario y su vida. (Aplausos). No son fondos, señorías. Y a esa gente es a la que ustedes están obligando a tomar decisiones drásticas, como, por ejemplo, vender con un okupa dentro. Según los
datos de Idealista, solo en su portal este año se han vendido 23 000 viviendas con okupa dentro. Porque la gente prefiere vender por la mitad de precio que lidiar con un Gobierno, con una Administración y con una justicia que no les da ninguna
respuesta.
Por eso, señorías, yo les pido que apoyen esta ley, que se sumen al clamor social que pide echar a los okupas en veinticuatro horas, que se sumen a la gente que nos pide que le demos seguridad, que espera de nosotros un compromiso mayor con
el mayor drama
social que tiene este país: el drama de la vivienda. Nos estamos jugando el presente, pero sobre todo nos estamos jugando el futuro de generaciones enteras, que ven cómo se han esforzado durante años para no poder ir a una universidad
porque no pueden pagar un piso, que se han esforzado durante décadas para tener un empleo que tienen que rechazar porque no pueden pagar un piso. Muchos jóvenes tienen que destinar, en el mejor de los casos, el 90 % de su salario a pagar un
alquiler y la mayoría de ellos vivir hasta los 40 años en casa de sus padres porque ni con eso les llega. Eso no es una minoría; esa es la mayoría social, que está pagando el intervencionismo, el sectarismo, pero, sobre todo, la soberbia de un
Gobierno sin escrúpulos, incapaz de sacar nada adelante y que, además, se mofa cuando en los casos de corrupción vemos cuál es su respuesta.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
De verdad, con el Grupo Popular no sé si estamos en un debate parlamentario o en la promoción de la película que se han montado. En este caso sería El okupa 5: el regreso del terror, dirigida por sus compañeros y compañeras de VOX.
Escuchándolos, parece que el gran problema sea que alguien baje a comprar el pan y a los cinco minutos le hayan okupado la casa. Señorías del Grupo Popular y también de VOX, no sé si ustedes lo saben, pero, para que te okupen una vivienda,
primero debes tener una; si no, no te la pueden okupar. (Protestas y rumores). Y es que la edad media de acceso a la primera vivienda es de 42 años y mucha gente no puede tener hipoteca, lo que tienen son grupos de Telegram para ver si pueden
alquilar una habitación porque su casero les está cobrando 600 euros. Ese es el problema de la gente. Pero, claro, ustedes prefieren el relato de la alarma okupa, con música de tensión, porque es mucho más cómodo inventarse enemigos pobres que
señalar y mirar a los ricos que se están forrando. La mayoría de las viviendas okupadas son de bancos, de fondos buitres y de grandes tenedores, exactamente los mismos que okupan pisos y los mismos que hacen que se acumule la incertidumbre de
nuestra gente más joven.
Hablemos de los okupas que a nosotras nos inquietan de verdad: los que ocupan barrios enteros para especular, los que suben el alquiler el 30 o el 40 % cuando vence el contrato y los que han convertido nuestras ciudades en un Monopoly para
millonarios. No tiene sentido. Es un escándalo que trece propietarios acumulen más de cien mil viviendas en su cartera. Pero, claro, ustedes hacen vídeos con música de terror no sobre esto, sobre otras cosas. Así que, señorías del Grupo Popular
y señorías de VOX, menos Okupa 5 y más La deuda, de Daniel Guzmán. La verdadera película de terror que tenemos montada es intentar vivir dignamente en este país, en esta tierra, donde ustedes han convertido la vivienda en el paraíso de la
especulación.
Gracias. (Aplausos.-El señor Pérez López: ¡Ocho años gobernando, ocho años!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Micó.
Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes.
Lamentablemente, los medios de comunicación mañana no hablarán de vivienda. Volverá una vez más la actualidad a los presuntos casos de corrupción que acechan al propio Partido Socialista y a su Gobierno, y en este caso concreto con un nuevo
escándalo, nada más y nada menos que la imputación de un expresidente del Gobierno de España.
Señorías, lo que sí han venido haciendo los últimos seis meses los medios de comunicación en la Comunidad Foral de Navarra ha sido evidenciar la triste realidad del tema que nos ocupa. (Muestra un recorte de prensa). Siete personas
detenidas por los
incidentes con okupas en Etxabakoitz y el casco viejo de Pamplona. (Muestra otro recorte de prensa). Vecinos de Buztintxuri reclaman solución a las okupaciones y el vandalismo. Es un horror vivir aquí. (Muestra otro recorte de prensa).
Los okupas de la bajera de Azpilagaña vuelven a engancharse ilegalmente a la luz de la comunidad. (Muestra otro recorte de prensa). Tres detenidos por la okupación violenta de dos viviendas en Estella, tráfico de drogas y posesión de armas
prohibidas. (Muestra otro recorte de prensa). Detenido en Navarra un okupa con 100 gramos de speed y 3000 euros en metálico dentro de la vivienda. (Muestra otro recorte de prensa). Pelea entre okupas en la bajera del río Alzania. (Muestra otro
recorte de prensa). La pesadilla de los okupas en Burlada. (Muestra otro recorte de prensa). Okupación en la Rotxapea, el local de la discordia. (Muestra otro recorte de prensa). Cuatro detenidos en Pamplona tras el intento de okupación de una
parroquia para crear un gaztetxe. (Muestra otro recorte de prensa). Vecinos de varios barrios de Pamplona entre la incertidumbre y el miedo por bajeras okupadas. (Muestra otro recorte de prensa). El okupa de la narcobajera en Pamplona sacó sus
enseres escoltado por la Policía. Ya podemos respirar tranquilos en el barrio. Y no sigo, señorías, porque no tengo más tiempo. Para que luego vengan el Gobierno y sus socios diciendo que la ocupación ilegal no es un problema.
Señorías, los ciudadanos lo que demandan de su clase política es que aporten soluciones a los problemas que tienen, no que los generen.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.
Estamos ante una toma en consideración. Significa esto que nada que se apruebe hoy va a entrar en vigor en unos días ni va a ser de obligado cumplimiento. Significa que se abre un trámite en el que podemos debatir, en el que podemos
discutir, en el que podemos enmendar y modificar. Hay muchas cosas de esta proposición de ley que a nosotros no nos gustan. Empiezo por el asunto del empadronamiento. La invisibilidad administrativa no se puede siquiera considerar, la gente debe
tener un lugar y tiene derecho a ser ayudada cuando lo necesita. Pero entre eso y mezclar la okupación con la morosidad, con las familias vulnerables y terminar por no hacer nada, no enfrentar nada y no resolver nada, me parece que algo podemos
hacer si empezamos a hablar de lo que es estrictamente la ocupación ilegal, que sí existe, por mucho que se niegue.
En Canarias yo conozco edificios okupados que gestionan mafias organizadas, mafias que les cobran, y les traeré algunos de los papelitos que les hacen firmar. Pagan mensualmente por estar ahí. Y todo esto pasa porque los procedimientos se
eternizan y porque tenemos que disuadir y tenemos que resolver el problema de la vivienda, que no pasa por negar la existencia de la okupación, que perjudica a propietarios y a familias y vecinos. Este proyecto de ley puede también empezar a dar
voz a las comunidades de vecinos que lo están viviendo y que lo están sufriendo. Insisto, hay muchas cosas que no me gustan, pero de lo que se trata hoy es de iniciar el trámite, de sentarnos, de enmendar, de corregir, de discutir. Ya llegará el
momento de votar que no, pero no podemos seguir mirando a otro lado diciendo que la okupación no existe y no resolviendo nada en un debate ideológico que es lo que los ciudadanos en este momento no necesitan.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Hoy el Grupo Popular trae una proposición de ley sobre un tema de primera magnitud. Tan es así que las oficinas antiokupación que han montado ustedes en las comunidades autónomas se han convertido en chiringuitos fantasma: oficina
antiokupación de Ávila y de Salamanca, cero consultas en seis meses; oficina antiokupación de Palma, seis consultas
en seis meses; oficina antiokupación de Alicante, una consulta al mes, señor Sayas; oficina antiokupación de Madrid, cinco llamadas al día, de las cuales solo el 6 % han sido trasladadas a la Policía. ¡A esto es a lo que se dedica la
derecha, a lo importante! Yo creo que hubiera sido mejor ser honestos con esta proposición de ley y poner al principio del todo como ponen en los posts de Instagram, señor Sayas: publi. Porque esta ley no tiene redactores, tiene patrocinadores.
Esta ley está escrita al dedillo al servicio de Cerberus, de Blackstone, de CaixaBank y del Banco Santander. (Aplausos). Usted está engañando a la gente, mintiendo a la gente, porque la gente que ve sus vídeos, señor Sayas, no lo sabe, pero usted
sí lo sabe. Está usted confundiendo la okupación con el allanamiento. En este país, si le entran a alguien en la casa en la que vive, señor Sayas, y lo sabe perfectamente, viene la Policía inmediatamente y lo saca, si es que eso pasara alguna vez,
que, la verdad, no pasa. Pero ustedes no están hablando de allanamiento, están hablando de okupación, y para que una casa pueda ser okupada tiene que ocurrir una cosa: tiene que estar vacía. Vacía. El problema es que solo el 3 % de los
propietarios en España tiene una vivienda vacía, porque la mayoría de la gente no puede ni siquiera pagar su vivienda, la que tiene en alquiler y la que tiene pagando una hipoteca a tipo variable, que se ha puesto por las nubes. Ustedes, con esta
proposición de ley, están defendiendo a esos poquísimos propietarios que tienen una vivienda vacía, que, insisto, son Cerberus, Banco Santander, CaixaBank o Blackstone. Ustedes son lacayos de los ricos, ustedes trabajan para los que mandan sin
presentarse a las elecciones.
Termino. Yo creo que con la que está cayendo ahí fuera, con la situación de la vivienda en España, bastante paciencia está teniendo la gente. Me parece que, si tú tienes a tu familia y no tienes dónde ponerla a cubierto -creo, señor Sayas,
que usted haría lo mismo si se viera en esa situación, si usted se viera durmiendo con su familia debajo de un puente-, claro que sí, hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro (protestas), porque por encima
de los bancos y de la propiedad privada está la gente que tiene derecho a una vivienda. Los que entran a okupar una vivienda vacía de un banco están cumpliendo más con la Constitución que ustedes, señorías del PP.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidenta.
Arratsalde on guztioi.
Señorías, debatimos una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que en buena parte no es nueva en esta Cámara. Como conocen, señorías, nuestro grupo parlamentario considera que la usurpación de viviendas e inmuebles es un problema grave
para los propietarios y poseedores, que se ven perturbados de la tenencia y disfrute pacífico de aquellos bienes, y también afecta en ocasiones, como ha señalado el defensor del pueblo, a los vecinos de la finca. También hemos señalado en esta
Cámara que el abordaje de esta problemática no puede hacerse desatendiendo las situaciones de vulnerabilidad que, en su caso, pudieran concurrir en los okupantes sin título, ni tampoco con acusaciones disparatadas al Gobierno de gestión criminal,
como en ocasiones hemos oído desde esta tribuna, ni relacionando de manera xenófoba este problema con la inmigración irregular. Y tampoco, aun siendo un problema grave, que no lo negamos, que se diga que alcanza a centenares de miles de casos,
haciendo creer además a la ciudadanía de manera maliciosa que estas okupaciones se refieren mayoritariamente a domicilios o segundas viviendas, es decir, a moradas de pequeños propietarios o inquilinos. Estos, señorías, literalmente se cuentan con
los dedos de la mano y, cuando sucede, ya se ha dicho, se denuncia y policialmente se practica un inmediato lanzamiento con detención del okupante, atestado policial y denuncia de delito a los tribunales. Tampoco compartimos que se diga que la
Fiscalía o las fuerzas y cuerpos de seguridad están pasivos ante este fenómeno. Simplemente, quiero recordar la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, dando criterios de actuación para solicitar medidas cautelares en caso de
usurpaciones y
en el mismo sentido instrucciones policiales del Ministerio del Interior y también, en el caso del País Vasco, del Departamento de Seguridad respecto a la Ertzaintza.
En definitiva, señorías, son medidas para restituir la posesión inmediata a los legítimos propietarios, pero la pregunta que hemos de hacernos, en el escenario descrito, es si los procedimientos judiciales existentes para la restitución de
la posesión perturbada son hábiles a este fin con carácter cautelar inmediato, porque esto es, de verdad, lo que preocupa a los legítimos propietarios y poseedores. Ciertamente, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada en 2018, en la
que nuestro grupo parlamentario participó activamente, y conocida como ley del desahucio exprés, consagra un cauce procesal expeditivo, desde el punto de vista civil, que ampara y protege a los propietarios y poseedores legítimos de viviendas más
inermes frente al fenómeno de la okupación, es decir, a las personas físicas con menos de diez viviendas, o a aquellas entidades sin ánimo de lucro o a instituciones públicas en relación con la vivienda social. Por ello, seguimos sin compartir el
incluir en este cauce procesal exprés para la recuperación de viviendas a las personas jurídicas. Estas, normalmente grandes tenedores, ya cuentan con los cauces ordinarios para la recuperación de sus propiedades en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sin dejar de señalar que, dada su posición económica, normalmente cuentan con suficiente tiempo, dinero y abogados para defender sus intereses, cosa mucho menos frecuente en los pequeños tenedores, que son personas físicas particulares con menos de
diez viviendas. Sin embargo, señorías, valoración distinta a la Ley de Enjuiciamiento Civil tenemos que hacer respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no cuenta con un explícito procedimiento cautelar inmediato para la recuperación de los
inmuebles usurpados cuando no constituya morada de su propietario o poseedor legítimo. Y también quiero señalar que los vecinos de un inmueble tampoco cuentan en la Ley sobre Propiedad Horizontal con un procedimiento claro para hacer frente a las
usurpaciones que perturben, con su comportamiento, la convivencia del inmueble. Estas son cuestiones que sí se abordan en la iniciativa debatida, aunque con las objeciones que luego señalaremos si tenemos tiempo; objeciones, sin embargo, que se
tornan más radicales respecto a la definición de ocupación ilegal de inmueble a efectos de esta ley y la consiguiente habilitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad para la recuperación cautelar de su propietario o poseedor al margen de
procedimientos judiciales, sean estos civiles, como los de recuperación posesoria de la finca por impago de rentas, por término de contrato de arrendamiento o por extinción del precario, o simplemente por estar okupada sin el consentimiento del
propietario o poseedor. Y también, al margen de procedimientos penales, esta recuperación por las fuerzas y cuerpos de seguridad para la recuperación de un inmueble usurpado cuando no sea delito flagrante. Además, también se señala en la
iniciativa, con igual carácter orgánico, que el ocupante ilegal de una cosa inmueble no gozará de la protección de morada frente a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad a requerimiento del propietario o, en su caso, del poseedor
legítimo, obviando, señorías, que estas medidas solo pueden descansar exclusivamente en medidas judiciales cautelares. Señorías, ya señalamos en su momento, en esta misma Cámara y desde esta misma tribuna, que el legislador constituido no puede
variar el concepto constitucional de morada o domicilio en los términos fijados por el Tribunal Constitucional a efectos de su inviolabilidad sin resolución judicial o consentimiento de su titular. Tampoco puede perturbarse el disfrute del morador,
aunque lo sea sin título, a través de la interrupción de suministro o de lanzamiento por las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad, a requerimiento de la comunidad de propietarios, cuando se realicen actividades dañosas o prohibidas en esta si no es
mediante resolución judicial que lo autorice. Señorías, consideramos que las atribuciones que se pretenden a las fuerzas y cuerpos de seguridad resultan desproporcionadas. Velar por la convivencia ciudadana y la seguridad pública es obligación
inherente a la actuación de los poderes públicos, pero ello no puede extenderse hasta involucrarlas, con carácter general, en la recuperación de la posesión de inmuebles okupados sin título cuando existen vías legales judiciales expresamente
previstas o que pueden proveerse con leves modificaciones para restituir cautelarmente la posesión desde el inicio de un proceso.
Señorías -y finalizo, presidenta-, saben que a nuestro grupo parlamentario lo encontrarán en el camino de hallar respuestas judiciales eficaces desde el momento inicial del proceso para recuperación inmediata de la propiedad usurpada, sin
perjuicio, en su caso, de la intervención de los servicios sociales cuando el okupante se encuentra en situación de necesidad. Pero a nuestro grupo parlamentario no lo encontrarán en la atribución a otros poderes públicos, distintos del judicial,
de facultades para la recuperación de la propiedad, salvo en el caso de delito flagrante, ni para la recuperación en caso de impago de rentas, expiración del contrato de arrendamiento o de precario, y mucho menos cuando constituyan morada del
okupante sin título.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Quiero empezar la intervención llamando la atención sobre una fecha: 13 de febrero del 2026. El 13 de febrero del 2026 es la fecha de publicación de este proyecto de ley, y es la misma fecha de publicación
del proyecto de ley que discutimos hace tres semanas y que no tenía otro propósito, como aquí pudimos ver, que el de acotar o reducir la posibilidad de declarar personas vulnerables a quienes realmente son vulnerables, para así dejarles sometidos a
los dictados del mercado o a la crueldad y a la fiereza de la voracidad de los mercados. Y no es casualidad que se hayan hecho porque tiene una perfecta correlación. Si en esa ley, la que discutimos hace tres semanas, se nos planteaba -y así se
decía, aunque se ocultaba- que la unidad familiar que cobrara más de 900 euros al mes ya no era considerada vulnerable y que, por tanto, podía ser desalojada o desahuciada, una vez que hemos conseguido reducir parte de la población a la que hay que
proteger, ahora, con este proyecto de ley metido el mismo día que el anterior proyecto de ley, lo que planteamos es que, además, se pase a la ofensiva desde el poder público contra las personas vulnerables que aún puedan quedar porque no cobren
siquiera ese 1,5 del IPREM que establecían ustedes para su proyecto de ley. Es exactamente la misma lógica. Ya les han hablado de películas. Esta es la segunda parte de lo que vimos, y segundas partes nunca fueron buenas, pero nadie se merece que
sean tan malas, tan radicalmente malas como las que hoy traen aquí. Porque si en la anterior ocasión yo les hablaba de la aporofobia que destilaba su iniciativa, aquí ya hay sadismo. Hay sadismo y lo voy a intentar explicar en cosas concretas,
porque ustedes suben aquí a hablarnos de generalidades, de vaguedades, de elementos que azuzan un miedo que ya veremos luego como en buena parte es infundado, para no entrar a lo real y a lo tangible de su iniciativa, porque esa sí que destila y
desvela el sadismo con el que las construyen.
Ustedes nuevamente se plantean castigar a los más débiles utilizando al poder público y su capacidad legislativa, retorciendo las leyes a favor de los más poderosos. ¿Cómo lo hacen? Y aquí van los ejemplos claros y extraídos de su
iniciativa, de su proposición de ley: plantean quitar instrumentos y capacidad a las entidades sin ánimo de lucro y a las Administraciones o instituciones públicas. ¿En dónde? En los tribunales, negándoles la posibilidad de juicio oral. Pero,
qué casualidad, a la vez abren una puerta de atrás para que las personas jurídicas, que hasta ahora no podían hacerlo, sí puedan hacerlo. Es decir, bancos y fondos de inversión sí pueden acceder a la participación y, por tanto, saltarse cualquier
criterio de vulnerabilidad que una Administración pública pudiera hacer, pero sindicatos, organizaciones no gubernamentales, Administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro no pueden hacerlo. Esa es su manera de intervenir: intervenir
contra el interés general en beneficio del interés particular.
Plantean más cosas. Plantean un endurecimiento de penas, en concreto, del artículo 245 del Código Penal. Hasta hoy, el artículo 245 del Código Penal, el que distingue entre el allanamiento de morada y la usurpación, se basa y establece su
lectura en dos puntos: lo que es allanamiento de morada y lo que es delito de usurpación. Ustedes plantean añadir cinco puntos más, y lo hacen, además, desde una lógica del endurecimiento de penas; la misma que siguieron con el IPREM hace tres
semanas, ahora la siguen con
el endurecimiento de penas. Tratan, una vez más, de equiparar el allanamiento de morada con el delito de usurpación; el allanamiento de morada a personas físicas o jurídicas con una vivienda en propiedad, que puede ser la primera, la
segunda o la tercera, y el delito de usurpación, que generalmente se da contra fondos de inversión y bancos, porque son viviendas deshabitadas, lo que comúnmente entendemos como viviendas vacías.
Ustedes van más allá. Ustedes plantean que el actual sistema que establece todo un catálogo de multas, sea sustituido por penas de carácter privativo de libertad, es decir, sustituir las multas por la prisión. Quizás esta sea la fórmula de
vivienda del Partido Popular: todos a la cárcel, al más puro estilo berlanguiano. Pero, cuando digo todos, digo todos, porque no se plantea solo que las personas que estén en una vivienda, ya sea bajo la forma del delito de allanamiento de morada
-muy pocas- o el de usurpación, puedan ir a la cárcel, sino que quienes instiguen o promuevan que alguna persona pueda entrar a una vivienda que no es suya porque es de un banco, un fondo buitre y está cerrada, también puedan ser juzgados con penas
que sean de inhabilitación y de cárcel. Yo no sé si a alguna gente esto le va a funcionar, si le va a dar miedo. Algunos de nosotros y nosotras ya hemos pasado por ese camino de la búsqueda de la inhabilitación y de la cárcel por pensar lo que
pensábamos. No lo consiguieron con la insumisión y no lo van a conseguir ahora. (Rumores.-El señor Sayas López pronuncia palabras que no se perciben). Se lo aclaro porque ya sé que no controla de lo que le estoy hablando; por eso, le hablaba de
la insumisión.
Sigo. Ustedes plantean una cosa que es realmente la más divertida de todo el proyecto de ley, y es que hay que dar y conferir poderes especiales a los presidentes de comunidades de vecinos. Plantean que puedan ir a un juzgado a denunciar a
una persona si ese vecino tiene conductas incívicas -¡pues anda que no van a tener curro en algunos lugares!-, pero, además, si esta persona que tiene conductas incívicas está incurriendo en un delito de usurpación o en un delito de allanamiento de
morada, que el presidente tenga las facultades para, con el juzgado y con la Policía -como le señalaban antes-, proceder a desalojarlo. Pero hay más, y es que plantean que incluso poniéndose en contacto con el propietario de la vivienda -sea
persona física o jurídica-, este pueda tapiar la vivienda. Pero ¿no se da cuenta usted de que esto ni en los sueños más húmedos de Antonio Recio era posible? (Risas). Pero ¿usted qué quiere hacer en política?
Voy todavía más allá. En su literatura plantea que hay que defender al propietario, porque todo propietario lo es de una vivienda en claves de posesión legítima y pacífica. ¿A todas las gentes que han desahuciado los bancos se lo han hecho
con una posesión legítima y pacífica? Porque usted hablaba de datos, y vamos a hablar de datos, porque no hay nada mejor para aterrizar en la verdad que centrarnos en los datos reales, no en los figurados o en los deseados, que eso es lo sádico,
que se desee que sean tan malos. Porque, vamos a ver, en el año 2025 hubo 31 416 desahucios por ejecución hipotecaria. Los desahucios por alquileres, incluso pese a la prórroga o a pesar de la prórroga, fueron 25 540. Sumen unos y otros, del
orden de 57 000 desahucios. ¿Sabe cuántos delitos o cuántas denuncias hubo por delitos de lo que ustedes llaman okupación? Hubo 14 875. Todo esto en el año 2025. Por supuesto que se trata de proteger a todo el mundo; por supuesto que se trata
de que no se cometan delitos, pero estaría bien que al menos una vez en su vida probaran lo que es tener empatía con el que menos tiene y dejaran de ser serviles con los que lo tienen todo. Porque ustedes también señalan la lógica de la pobrecita
persona a la que le allanan la morada. Es duro y hay que protegerla, pero no quiere decir que más del 80 % de las viviendas que ustedes catalogan como okupación sean delitos de usurpación. Podríamos seguir con más datos, pero hay uno que es
absolutamente demoledor para su estrategia, se lo tengo que decir. Usted habla de un panorama catastrófico, de un panorama donde la okupación no para de crecer. Cójase los datos del 2025 y compárelos con los de 2024; verá que ha descendido en un
10 %. Si las leyes no sirvieran, no descendería, porque, hasta donde yo sé, en el Estado español viven cincuenta millones de personas y hay veintiséis millones de viviendas. Las unidades familiares cada vez son más disgregadas y de más variada
tipología. Por tanto, parece
evidente que, si la ley no funcionara, las okupaciones se multiplicarían y no descenderían un 10 % de un año para otro.
Se me ha acabado el tiempo. Podría seguir con alguna cosa más. Pero, en definitiva, usted, aquí, otra vez -y no es la primera-, ha hecho algo que suelen hacer mucho, que es no decirle la verdad ni al médico. Es más, usted probablemente no
le dice la verdad ni al médico y, tiempos atrás, tampoco le decía la verdad a su propio partido, porque entonces era su propio partido.
Eskerrik asko, mila esker. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Madrenas i Mir.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, presidenta.
Molt bona tarda, companys i companyes.
El debat d'avui és important. I ho és, sobretot, perquè durant massa temps alguns han intentat convertir el fenomen de les okupacions en un debat fals, o bé negant el problema o bé utilitzantlo des del populisme penal més simplista. I
nosaltres no participarem ni d'una cosa ni de l'altra. A Junts per Catalunya no negarem mai la realitat que viuen molts ciutadans, barris i comunitats de veïns. No participarem del relat interessat de l'extrema esquerra, que fa anys que intenta
presentar qualsevol preocupació sobre les okupacions com si fos una exageració o una obsessió ideològica. No, les okupacions existeixen, generen conflictes reals, inseguretat jurídica, degraden comunitats i en molts casos alimenten activitats
delictives organitzades. I negar aquesta realitat no és ser més progressista. És irresponsabilitat. Catalunya, lamentablement, i potser per això no són gens sensibles, lidera les dades d'okupacions de l'Estat. Segons dades de la Conselleria
d'Interior -socialista, per cert-, l'any passat es van produir 7110 intents d'okupació, dels quals 5044 es van acabar consumant. Les okupacions continuen tenint una incidència molt superior a Catalunya que en altres territoris, i això preocupa la
ciutadania, els ajuntaments, les policies locals catalanes i els Mossos d'Esquadra. Ara, també vull deixar clar que solucionar les okupacions en cap cas resoldrà la crisi de l'habitatge. Nosaltres no farem demagògia amb això. La crisi de
l'habitatge té causes molt més profundes: manca d'oferta, dèficit estructural en la construcció, burocràcia excessiva i incapacitat, sobretot, incapacitat dels poders públics per desplegar polítiques eficaces. Però que les okupacions no siguin la
causa principal del problema no vol dir que no s'hagin d'abordar, perquè aquí també parlem de convivència, de seguretat jurídica i de responsabilitat pública. Garantir l'accés a l'habitatge és responsabilitat de les administracions públiques, no
d'uns particulars que acaben suportant individualment situacions que l'Estat és incapaç de gestionar. I això és el que alguns no volen entendre. Perquè és molt fàcil fer grans discursos morals des d'aquesta tribuna, mentre són els veïns dels
barris més vulnerables els que conviuen durant anys i anys amb okupacions conflictives, en alguns casos narcopisos o amb connexions fraudulentes o amb degradació dels espais comuns. I aquesta és la realitat.
I també és veritat, i nosaltres no ho amagarem, que la immensa majoria de denúncies no afecten domicilis habituals. I això és així. I nosaltres no alimentarem discursos alarmistes ni fake news. La majoria dels casos corresponen a
usurpacions d'habitatges buits, però això no fa el problema menys greu, perquè avui les okupacions s'han convertit també en un negoci criminal. Hem vist xarxes que okupen habitatges per vendre'n les claus, per cobrarne lloguers, 3000 euros,
il·legals o explotar persones vulnerables. Hem vist barris suportant situacions absolutament insostenibles. I davant d'això, els poders públics tenen l'obligació d'actuar.
Ara bé, també direm clarament que la proposició del Partit Popular ens genera dubtes importants, perquè nosaltres no defensem la resignació davant les okupacions, en cap cas, però tampoc legislacions passades de volta. Junts per Catalunya
fa més d'un any que té admès a tràmit en aquesta cambra una proposta legislativa elaborada conjuntament amb els Il·lustres Col·legis d'Advocats de Barcelona, de Màlaga, de Madrid i amb experts
de l'Institut I+Dret. Una proposta tècnicament solvent, moderada i respectuosa amb els drets fonamentals i centrada en allò que realment funciona: el desallotjament ràpid. La majoria dels països del nostre entorn disposen de mecanismes
molt més àgils que els d'aquí per recuperar la possessió davant d'okupacions il·legals. I això és el que nosaltres defensem. Menys simbolisme penal, més eficàcia. Perquè, quan el desallotjament és ràpid, les màfies deixen de tenir negoci. En
canvi, quan una okupació es pot allargar, com és el que passa durant anys, apareixen intermediaris, estructures criminals que exploten la vulnerabilitat. Per això ens preocupa la tendència d'aquesta proposició a incrementar penes i ampliar alguns
tipus penals. Nosaltres no creiem en la suprapenalització com a resposta automàtica a tots els problemes socials. I també ens preocupen algunes formulacions jurídicament molt discutibles. Algunes les ha apuntat el company Legarda, amb qui
coincideixo. Les lleis no es poden redactar des de l'eslògan, sinó amb moltíssim rigor jurídic. El tema de les comunitats de propietaris, el tema de les coaccions quan puguin ser, en certs casos, extorsives de debò.
En tot cas, Junts creiem que el debat s'hauria de centrar en allò que és important: garantir que el titular legítim pugui recuperar la possessió de forma ràpida i efectiva. Perquè el problema no és qui està legitimat per actuar. El
problema és que el sistema continua sent massa lent, i el més sorprenent és que, mentre avui debatem aquesta iniciativa, la proposta de Junts continua bloquejada en un calaix del Govern socialista i els seus socis. Més d'un any. Més d'un any
bloquejant una reforma tècnica moderada i útil. Però després alguns vindran aquí a donar lliçons de sensibilitat social. Miri, sensibilitat social també és defensar les famílies treballadores que conviuen durant anys amb okupacions, les que siguin
conflictives. Sensibilitat social també és protegir la gent gran que veu degradada la seva comunitat i no sap com solucionarho. Sensibilitat social també és impedir que les màfies facin negoci amb la vulnerabilitat i evitar que alguns facin negoci
també amb la desesperació de molts propietaris que veuen constantment els seus drets limitats. I sensibilitat social també és deixar de fer demagògia cada vegada que algú planteja abordar aquest problema amb sentit comú.
Perquè, al final, escoltantlos a tots, aquí només s'ofereixen dues opcions: o neguem el problema o competim per veure qui endureix més el Codi Penal. I nosaltres no compartim cap dels dos extrems. Defensem rigor, seguretat jurídica,
convivència i respecte pels drets fonamentals. I defensem que les administracions públiques assumeixin les seves responsabilitats. I també defensem que aquesta cambra, d'una vegada per totes, deixi de bloquejar la proposta legislativa de Junts per
Catalunya i permeti, d'una vegada per totes, afrontar aquest problema amb seriositat, eficiència i sentit comú.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras.
El debate de hoy es importante, y lo es, sobre todo, porque durante demasiado tiempo algunos han intentado convertir el fenómeno de las okupaciones en un debate falso: o bien niegan el problema o bien lo utilizan desde el populismo penal
más simplista. Y nosotros no participaremos ni de una cosa ni de la otra. En Junts per Catalunya no negaremos nunca la realidad que viven muchos ciudadanos, barrios y comunidades de vecinos. No participaremos en el relato interesante de la
izquierda extrema, que hace años que trata de presentar cualquier preocupación sobre las okupaciones como si fuera una obsesión ideológica, una degradación. No, las okupaciones existen, generan conflictos reales, inseguridad jurídica, degradan
comunidades y, en muchos casos, alimentan actividades delictivas organizadas. Y negar esta realidad no es ser más progresista; es irresponsabilidad. Cataluña, lamentablemente -y quizás para eso no hay mucha sensibilidad-, lidera los datos de
okupación del Estado. Según datos de la Consejería de Interior socialista, hubo 7112 intentos de okupación. Una buena parte se consumaron. Las okupaciones continúan teniendo una incidencia muy superior en Cataluña con respecto a otros
territorios, y eso preocupa a la ciudadanía, a los ayuntamientos, a las policías locales catalanas y a los Mossos d'Esquadra. Pero también quiero dejar claro que solucionar las
okupaciones en ningún caso resolverá la crisis de la vivienda. Nosotros no haremos demagogia con eso. La crisis de la vivienda tiene causas mucho más profundas: falta de oferta, déficit estructural en la construcción, burocracia excesiva,
incapacidad, sobre todo de los poderes públicos, para desplegar políticas eficaces. Pero que las okupaciones no sean la causa principal del problema no quiere decir que no se tengan que abordar, porque aquí hablamos de convivencia, de seguridad
jurídica y de responsabilidad pública. Garantizar el acceso a la vivienda es responsabilidad de las Administraciones públicas, no de unos particulares que acaban soportando individualmente situaciones que el Estado es incapaz de gestionar. Y eso
es lo que algunos no quieren entender, porque es muy fácil dar grandes discursos morales desde esta tribuna mientras los vecinos de los barrios más vulnerables son los que viven durante años y años con okupaciones conflictivas, en algunos casos
narcopisos, o conexiones fraudulentas o degradaciones de los espacios comunes. Esta es la realidad.
También es verdad -no lo negaremos- que la inmensa mayoría de las denuncias no afectan a domicilios habituales, eso es así. Nosotros no alimentaremos discursos alarmistas ni fake news, la mayoría de los casos corresponden a usurpaciones de
viviendas vacías, pero eso no hace el problema menos grave, porque hoy las okupaciones se han convertido también en un negocio criminal con redes que okupan viviendas para dar las claves, cobrar alquileres de 3000 euros, aprovecharse de personas
vulnerables. Hemos visto barrios con situaciones absolutamente insostenibles y, ante eso, los poderes públicos tienen la obligación de actuar.
También queremos decir claramente que la proposición del Grupo Popular nos genera dudas importantes, porque nosotros no defendemos la resignación ante las okupaciones, en ningún caso, pero tampoco pasarse de la raya. Junts per Cataluña hace
más de un año tiene admitida a trámite en esta Cámara una propuesta legislativa elaborada junto con los ilustres colegios de abogados de Barcelona, de Málaga, de Madrid y además con institutos de derecho. Una propuesta solvente técnicamente,
moderada, respetuosa con los derechos fundamentales y centrada en lo que funciona de verdad: el desalojo rápido. La mayoría de los países de nuestro entorno disponen de mecanismos mucho más ágiles que los de aquí para recuperar la posesión ante
las ocupaciones ilegales, y eso es lo que nosotros defendemos: menos simbolismo penal y más eficacia, porque, cuando el desalojo es rápido, las mafias dejan de tener negocio. En cambio, cuando una okupación se puede alargar -como es lo que ocurre-
durante años, aparecen intermediarios, estructuras criminales que explotan la vulnerabilidad, por eso nos preocupa la tendencia de esta proposición a incrementar penas y ampliar algunos tipos penales. Nosotros no creemos en la sobrepenalización
como respuesta automática a todos los problemas sociales y también nos preocupan algunas formulaciones jurídicamente muy discutibles, y algunas las ha apuntado el compañero Legarda, con quien coincido. Las leyes no se pueden redactar desde el
eslogan, sino con muchísimo rigor jurídico: el tema de las comunidades de propietarios, de las coacciones, cuando en algunos casos puedan ser extorsionadoras de verdad.
En cualquier caso, en Junts creemos que el debate debería centrarse en lo importante, a saber: garantizar que el titular legítimo pueda recuperar la posesión de forma rápida y efectiva. El problema no es quién está legitimado para actuar,
sino que el sistema sigue siendo demasiado lento, y lo más sorprendente es que, mientras hoy debatimos esta iniciativa, la propuesta de Junts sigue bloqueada en un cajón del Gobierno socialista y de sus socios. Llevan más de un año bloqueando una
reforma técnica, moderada y útil, pero después algunos vendrán aquí a dar lecciones de sensibilidad social. Miren, sensibilidad social también es defender a las familias trabajadoras que conviven durante años con okupaciones conflictivas.
Sensibilidad social también es proteger a los mayores que ven cómo se degrada su comunidad y no saben cómo solucionarlo. Sensibilidad social también es impedir que las mafias hagan negocio con la vulnerabilidad y evitar que algunos hagan negocio
también con la desesperación de muchos propietarios que ven constantemente sus derechos limitados. Y sensibilidad social también es dejar de hacer demagogia cada vez que alguien plantea abordar este problema con sentido común.
Al final, escuchándonos a todos, parece que solo hay dos opciones: o negamos el problema o competimos para ver quién endurece más el Código Penal. Nosotros no compartimos ninguno de esos dos extremos; defendemos el rigor, la seguridad
jurídica, la convivencia y el respeto por los derechos fundamentales, y defendemos que las Administraciones públicas asuman sus responsabilidades. También defendemos que, en esta Cámara, de una vez por todas, se deje de bloquear la propuesta
legislativa de Junts per Catalunya y se permita, de una vez por todas, que se aborde este problema con seriedad, eficiencia y sentido común.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Estrems Fayos.
Muchas gracias, señora Madrenas.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bona tarda. Gràcies, presidenta.
Aquesta proposició de llei és una obra de teatre dolenta, caducada, que pretén convèncernos que el principal problema en relació amb la crisi de l'habitatge no és que el preu de compra d'un pis de segona mà de dues habitacions hagi passat en
tan sols una dècada de costar 130 000 euros a costar 200 000 euros, no és que una de cada quatre famílies hagi de dedicar més del 70 % dels seus ingressos a pagar les despeses d'habitatge, i tampoc és que prop del 15 % de tots els habitatges
estiguin buits. El Partit Popular avui ens vol convèncer que això no és tan important, que el que és important de veritat és poder tallarli l'aigua i la llum a una família que acabi vivint en un pis okupat, o assegurarnos que aquesta família no la
deixaran empadronar a l'Ajuntament. Senyories del Partit Popular, sens dubte hi ha casos d'okupacions que són problemàtiques i cal buscarhi solucions. Cal treballarhi perquè la justícia sigui més ràpida per trobar solucions efectives i perquè els
propietaris puguin recuperar els seus pisos. De fet, per això ara Esquerra Republicana va aconseguir que hi hagués 180 jutges més a Catalunya en dos anys, per enfortir la justícia i perquè aquests processos puguin ser més ràpids. Però pretendre
fer passar això pel principal problema en l'àmbit de l'habitatge és d'un cinisme inacceptable.
Mirin, dades de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Habitatge diu que hi ha 32 800 pisos buits en mans de grans tenidors, fons voltor i fons d'inversió, enfront d'un parc de 3,9 milions de pisos. Això representa gairebé un 1 % del parc
d'habitatge. Saben quin és el percentatge d'habitatge públic a Catalunya? El 2 %. Vol dir que el 50 % dels pisos en mans de grans tenidors, fons d'inversió i dedicats a l'especulació és el 50 % del parc públic a Catalunya. Dades dels Mossos
d'Esquadra sobre okupacions. El 2025 es van fer 7110 denúncies, han baixat un 20 %. Per tant, aquest discurs catastrofista que ens okuparan el pis quan sortim a prendre'ns un cafè és fals de totes totes i, a més a més, cada vegada ho és més. De
fet, aquest any un 20 % més fals. El 96 % de les okupacions són fetes en pisos buits i el 80 % d'aquestes okupacions propietat de grans tenidors, fons voltor i fons d'inversió. I -això dades dels Mossos d'Esquadra, com deia- que, a més a més,
afirmen que els casos d'entrada a primera residència -textual- són pràcticament inexistents. Però tot això, tot i així, vostès, per interès i per arreplegar quatre vots del veí que té por, giren el discurs sobre una okupació que realment no està
afectant la gent, està afectant els més poderosos, els que vostès representen. Són vostès uns mentiders i uns demagogs.
Estem vivint una situació d'emergència greu i extraordinària. Si ho comparem amb la majoria dels països del planeta, l'Estat espanyol, que és un país ric, malgrat això, la gent no té cobertes les necessitats més bàsiques de l'ésser humà:
tenir un sostre on aixoplugarse, tenir una casa on resguardarse, on construir una família i un projecte vital. Però, senyories del Partit Socialista, aquest cinisme no és exclusiu del Partit Popular, perquè els seus discursos no són tan
esperpèntics, evidentment, com els del PP, però les seves accions i sobretot les seves omissions els delaten. En una situació tan dramàtica com la que acabem d'exposar, només preveuen mil milions d'euros l'any per tot l'Estat per
construir habitatge. No és que sigui insuficient, és que és ridícul. Espanya ja ha tingut 500 000 desnonaments la darrera dècada, més de 27 000 només l'any passat, malgrat semblar que són cosa del passat. Durant els últims dos anys, el
preu de l'habitatge ha pujat un 80 %, mentre l'increment dels salaris no ha arribat ni al 8 %. I, després de vuit anys de governs socialistes, el parc públic d'habitatge a l'Estat és tan sols del 3 %; mentre que la mitjana europea gairebé el
triplica, i hi ha exemples com Països Baixos i Àustria que es troben per sobre del 25 %.
Però, més enllà de totes aquestes dades, es fa evident que el veritable problema de lhabitatge és que depèn del model especulatiu, que s'ha deixat de considerar l'habitatge com un dret per convertirlo en un actiu financer. Un model que té
responsables, com vostès, i que té conseqüències molt concretes sobre la vida de la gent. I posaré dos exemples. Recentment, en Mariano, a Madrid, on governa la senyora Ayuso, un jubilat de 60 anys, ha estat expulsat de casa seva després d'haverhi
viscut tota la vida, des del seu naixement. El desnonament es va executar al cinquè intent, amb un desplegament desproporcionat de vuit furgons policials, gairebé un centenar d'agents, bombers i efectius del Samur. I tot perquè la congregació
religiosa propietària de l'immoble va decidir apujarli la quota, una quota que ell no podia assumir. Aquesta és la cara més cruel del sistema, que protegeix la propietat especulativa per sobre de la dignitat de les persones. De veritat, vostès
pensen que en Mariano és un delinqüent? De veritat? Aquest model especulatiu també es perpetua per la manca d'ambició política d'aquells que no s'atreveixen a plantar cara als especuladors. El Partit Socialista parla molt d'habitatge, però massa
sovint ens trobem que no passa als fets. Recentment, hem conegut un altre exemple dramàtic, el de la Trinidad Cruzado, veïna de Cornellà, una dona de 56 anys que viu sola en un pis pel qual paga 600 euros, i que ha començat a patir problemes quan
la gestió de l'habitatge ha passat a mans d'un administrador de finques. Darrere de cada operació immobiliària, de cada expedient immobiliari, hi ha persones que veuen trencada la seva seguretat, la seva estabilitat i el seu projecte de vida. I és
aquí on la política ha de decidir en quin costat està. Per això, mentre vostès debaten sobre tallarli els subministraments a en Mariano o la Trinidad, i evitar empadronaments de persones vulnerables, nosaltres continuarem treballant per combatre
l'especulació i garantir el dret a l'accés a un habitatge assequible per a tothom, que aquest és el veritable problema.
Moltes gràcies.
Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Esta proposición de ley es una obra de teatro mala y caducada que pretende convencernos de que el principal problema en relación con la crisis de la vivienda no es que el precio de compra de un piso de segunda mano de dos habitaciones haya
pasado en solo una década de 130 000 euros a 200 000 euros; no es que una de cada cuatro familias tenga que dedicar más del 70 % de sus ingresos a pagar los gastos de vivienda, y tampoco es que casi el 15 % de todas las viviendas estén vacías. El
Grupo Popular hoy nos quiere convencer de que eso no es tan importante, de que lo importante de verdad es poder cortarle el agua y la luz a una familia que termine viviendo en un piso okupado o asegurarnos de que no dejarán que esta familia se
empadrone en el ayuntamiento. Señorías del Grupo Popular, sin duda hay casos de okupaciones que son problemáticos y hay que buscarles solución y trabajar para que la justicia sea más rápida para encontrar soluciones eficaces y para que los
propietarios puedan recuperar sus pisos. De hecho, por eso ahora Esquerra Republicana ha conseguido que haya 180 jueces más en Cataluña en dos años, para reforzar la justicia y para acelerar esos procesos, pero pretender hacer pasar eso como el
principal problema en el ámbito de la vivienda es de un cinismo inaceptable.
Miren, les voy a dar datos de Cataluña. La Agencia de la Vivienda de Cataluña dice que hay 32 800 pisos vacíos en manos de grandes tenedores, fondos buitres y fondos de inversión, con un parque de 3,9 millones de pisos. Eso representa casi
un 1 % del parque de vivienda. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de vivienda pública en Cataluña?: el 2 %. Es decir, que el 50 % de los pisos en manos de grandes tenedores, fondos de inversión
dedicados a la especulación, es el 50 % del parque público en Cataluña. Son datos de los Mossos d'Esquadra sobre okupaciones. En 2025 se presentaron 7110 denuncias; han bajado un 20 %. Por tanto, este discurso catastrofista de que nos
okuparán el piso cuando salgamos a tomar un café es falso de todas todas, y, además, cada vez es más falso. De hecho, este año hemos tenido un 20 % más de falsedad. El 96 % de las okupaciones se realizan en pisos vacíos, y el 80 % de estas
okupaciones son propiedad de grandes tenedores o de fondos buitres o de inversión. De nuevo son datos de Mossos d'Esquadra, que, además, dicen textualmente que los casos de entrada a primera residencia son prácticamente inexistentes. Pero, a pesar
de todo eso, ustedes, por interés y para arañar cuatro votos del vecino que tiene miedo, hacen que el discurso gire en torno a una preocupación que realmente no afecta a la gente, sino a los más poderosos, a los que ustedes representan. Son ustedes
unos mentirosos y unos demagogos.
Estamos viviendo una situación sumamente grave y extraordinaria. Si lo comparamos con la mayoría de los países del planeta, en el Estado español, pese a que es un país rico, la gente no tiene cubiertas las necesidades más básicas del ser
humano: tener un techo bajo el que cobijarse, una casa en la que refugiarse o donde construir una familia y un proyecto vital. Pero, señorías del Grupo Socialista, este cinismo no es exclusivo del Partido Popular, porque, aunque sus discursos no
son tan esperpénticos como los del PP, sus menciones y omisiones les delatan. En una situación tan dramática como la que acabamos de exponer, solo prevén mil millones de euros al año en todo el Estado para construir vivienda. No es que sea
insuficiente, es que es ridículo. En España ya ha habido 50 000 desahucios en la última década y un porcentaje muy grande en el último año pese a que parezca que es cosa del pasado. En los últimos dos años, ha habido un aumento del 80 % en el
precio de la vivienda, mientras que el aumento de los sueldos no ha llegado ni al 8 %. Después de ocho años de Gobierno socialista, el parque público de vivienda es tan solo del 3 %, mientras que la media europea lo triplica, y hay ejemplos, como
Países Bajos y Austria, en los que está por encima del 25 %.
Más allá de todos estos datos, se hace evidente que el verdadero problema de la vivienda es que depende del modelo especulativo. Se ha dejado de considerar que sea un derecho para convertirla en un activo financiero. Esto tiene
responsables y consecuencias muy concretas en la vida de la gente, y les doy dos ejemplos. Recientemente, en Madrid, donde gobierna la señora Ayuso, Mariano, un jubilado de 60 años, ha sido expulsado de su casa después de haber vivido en ella toda
la vida, desde su nacimiento. El desahucio se ejecutó con un despliegue de ocho furgones policiales y cientos de efectivos de bomberos y del SAMUR, y todo porque la congregación religiosa propietaria del inmueble decidió subirle la cuota, una cuota
que él no podía asumir. Esta es la cara más cruel del sistema que protege la propiedad especulativa por encima de la dignidad de las personas. ¿De verdad ustedes piensan que Mariano es un delincuente? ¿De verdad? Este modelo especulativo también
se perpetúa por la falta de ambición política de quienes no se atreven a plantar cara a los especuladores. El Partido Socialista habla mucho de vivienda, pero, con demasiada frecuencia, vemos que no pasa a los hechos. Recientemente, hemos sabido
de otro ejemplo, el de Trinidad Cruzado, de Cornellá, de 56 años, que paga 600 euros por el piso y ha empezado a sufrir problemas cuando la propiedad ha pasado a un gestor de fincas. Detrás de cada expediente inmobiliario hay personas que ven cómo
se rompe su seguridad, su estabilidad y su proyecto de vida, y es aquí donde la política tiene que decidir de qué lado está. Por eso, mientras ustedes debaten sobre cortarles suministros a Mariano o a Trinidad y evitar empadronamientos de personas
vulnerables, nosotros seguiremos trabajando para combatir la especulación y defender el derecho a una vivienda asequible para todos. Ese es el verdadero problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Estrems.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: No quiero comenzar sin que se vuelva a decir una vez más en esta Cámara, alto y claro: libertad a todos los activistas de la flotilla secuestrados ilegalmente por el Ejército de Israel, libertad para los presos
políticos palestinos, sanciones y ruptura de relaciones comerciales inmediatas con Israel, movilización permanente para parar el genocidio. ¡Viva Palestina Libre! (Aplausos).
Hoy, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta como mágica una propuesta que en el fondo busca lo de siempre, que es hacerles el juego a los grandes especuladores y criminalizar y estigmatizar a quienes pueden perder su vivienda o ni
siquiera pueden acceder a una. Qué atrevidos, qué valientes, señorías. Pero, sobre todo, qué descaro venir a esta tribuna a dar lecciones cuando son los principales responsables de la emergencia habitacional que tenemos entre nosotros. ¿Por qué,
me dirán ustedes? Pues veamos: en 1998, José María Aznar, como presidente del Gobierno, decide que todo el suelo será urbanizable. Los grandes especuladores salivan pensando en sus beneficios estratosféricos. Y tal cual, en algo más de cinco
años, el precio de una vivienda nueva pasa de 1089 euros por metro cuadrado a 2095. Brillante, ¿no? Pero no acaba ahí. En 2013, Ana Botella, mujer de Aznar, alcaldesa de Madrid, vende 1806 viviendas públicas de alquiler social, de gente
trabajadora, de gente vulnerable, al fondo buitre Blackstone. Genial. Al mismo tiempo, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, vende 3000 más a los mercados financieros. El resultado: incrementos brutales de los alquileres y la
expulsión de miles de vecinos y vecinas de sus barrios. Puros estadistas.
Esta es, señoría, la política de vivienda del Partido Popular, de Rajoy y de Aznar. Pelotazos urbanísticos, remate del parque público, corrupción a punta pala, como en la Gürtel, como en la Púnica. Pero, eso sí, el único presidente
imputado es José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué vergüenza y qué impunidad! (Aplausos). Pero va bien recordarlo, porque nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. España acoge una paradoja llamativa, que es la de tener millones de viviendas
vacías y, al mismo tiempo, millones de personas que no pueden adquirir su primera vivienda ni pagar un alquiler. ¿Cómo puede ser? Pues la razón es sencilla, porque hay grupos organizados, bandas, podríamos decir, que retienen viviendas vacías para
que el precio del alquiler aumente. Y no son inquiokupas, como dicen el Partido Popular y VOX, son otro tipo de okupas. Los fondookupas, los bancookupas, que retienen vivienda vacía o que hostigan a sus inquilinos para echarlos y poder aumentarles
el alquiler. Blackstone, los amigos de Trump, 222 000 pisos retenidos; Cerberus, 150 000; Longstar, 77 000, y algunos con centenares de viviendas y apellidos muy españoles sobre los que el PP y VOX no dicen jamás nada, ni un solo reproche, ni una
sola ley, ni una sola medida. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes, señorías, son crueles, efectivamente, con las familias que quieren probar a poder quedarse en un piso pagando un alquiler digno y, en cambio, agachan las orejas con los bancos okupas,
con los fondos okupas, que son los que quieren echar a esas familias para multiplicar el precio por tres o por cuatro. Por eso, nos presentan hoy una ley que habla de desalojos en veinticuatro horas, de cortar el agua y la luz sin que sea delito,
de impedir el empadronamiento, es decir, el acceso a sanidad, a educación, a servicios sociales, a familias en situación de extrema necesidad. ¿Por qué? Porque lo que les importa no es el derecho a la vivienda, sino convertir la pobreza en delito
y asegurar la impunidad total de los especuladores. Y he aquí una pregunta.
Què farà Junts, senyora Madrenas? Perquè aquí s'ha de prendre partit. Demà mateix, dimecres, el fons New Amsterdam Developers pretén desnonar a Barcelona l'Olalla i els seus tres fills. Vol buidar l'edifici per llogar habitacions a 900
euros, i que és el mateix que vol fer a altres blocs. Què és el que vostès faran? Perquè tot és complicat, senyoria, però aquí s'ha de prendre partit. Demà, o amb l'Olalla i els seus tres fills, o amb els fons voltor que els volen fer fora de
casa nostra. Aquí es decideix qui és patriòtic i no.
¿Qué hará Junts? Porque aquí hay que tomar partido. Mañana mismo, el miércoles, el Fondo New Amsterdam pretende desnonar en Barcelona a la Olalla y a sus tres hijos. Quiere vaciar el edificio para alquilar habitaciones a 900 euros, que es
lo mismo que quiere hacer en otros bloques. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque todo es complicado,
señoría, pero aquí hay que tomar partido: mañana, o bien con Olalla y sus tres hijos, o con los fondos buitre que quieren echarlos de casa. Aquí se decide quién es patriótico y quién no. (Aplausos).
Porque las alternativas existen. Existen en Suecia, existen en los Países Bajos, en Austria, en el Sudeste Asiático, en China y en otros sitios. Escojan el que quieran. Y ese modelo alternativo al que plantea el Partido Popular parte de
un presupuesto básico, que la vivienda es un derecho y que no es un negocio, y que eso tiene una tradición práctica: regular los alquileres para contener o bajar los precios, luchar contra los pisos turísticos, expropiar casas vacías en manos de
grandes tenedores, adoptar medidas concretas contra la especulación, reforzar el parque público de vivienda. Obviamente, ninguna de estas políticas ha caído del cielo, han sido producto de movilizaciones populares, de presión social y sindical y de
valentía institucional. Por eso, tenemos un problema con la derecha rentista. Pero también, desgraciadamente, lo tenemos, a veces, con el Partido Socialista, que muy a menudo mira con un ojo a su base popular y con el otro a los grandes lobbies
del partido inmobiliario financiero. ¿Cómo es posible, si no, que el Partido Socialista de Jaume Collboni en Barcelona presione para que se elimine la reserva del 30 % de vivienda protegida para nuevos desarrollos urbanísticos? ¿Cómo es posible
que mientras en Alemania y ahora en el Reino Unido se abren camino los contratos indefinidos de alquileres, los ministerios de Vivienda, de Hacienda y de Economía no hayan hecho más por impulsarlos? ¿Y la prohibición de las compras especulativas
que existe en Ámsterdam, que la ministra Rodríguez dice avalar ahora, pero que tiene sobre su escritorio desde hace meses?
Señorías, los sindicatos de inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los colectivos de barrio, los que se han partido la cara poniendo nombre a los especuladores y a los fondos buitres nos exigen que actuemos. Por lo tanto,
que su determinación y su fuerza moral nos muevan a la acción, pero que nos muevan a la acción ya, porque la justicia tardía no es justicia, porque hace tiempo que vemos que ellos tienen algunos jueces con mucho poder, pero nosotros tenemos las
leyes y necesitamos leyes que defiendan a los que más las necesitan; porque la reforma urbana, igual que la reforma agraria, son la vía más eficaz para minar a los poderes neofranquistas que amparan y que financian a la ultraderecha; y porque si
se cree que la vivienda no es un negocio, sino un derecho, hay que tener el coraje, aquí y ahora, de plantar cara a quienes querrían que fuera su cortijo como la tierra y tratar a la mayoría social como si fuéramos siervos feudales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pisarello.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hoces Íñiguez. (Aplausos).
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Ni un solo español indefenso en su hogar, ni un solo español con miedo en su barrio. Mientras los españoles trabajan para tener un hogar, este Gobierno trabaja por los okupas, en vez de construir para que los españoles sean propietarios.
(Aplausos).
Señorías, hay imágenes que describen la decadencia: la anciana que vuelve del hospital y se encuentra su casa okupada, el trabajador español que, después de treinta años pagando su hipoteca, se encuentra que el okupa tiene más derechos que
él mismo, o el joven que no puede alquilar porque el Gobierno ha hecho que los propietarios retiren inmuebles del mercado por miedo a no recuperarlos jamás. Esa es la España del Partido Socialista, la España donde el honrado tiene que pedir permiso
y el okupa y el delincuente exigen derechos. (Aplausos).
Y no, señorías, esto no es una exageración. Según los datos oficiales, en España se okupan más de cuarenta y cinco viviendas al día. Estamos hablando de más de dos viviendas okupadas a la hora. Por tanto, sus discursos demuestran la
distancia sideral entre los discursos de la izquierda y los problemas reales de los españoles. Porque -que no se nos olvide- la izquierda siempre acaba destruyendo todo aquello que dice querer
proteger. Es más, ese es su negocio. Por eso les preguntamos por la falta de sensibilidad social que tienen ustedes con la anciana que pierde su vivienda y la falta de sensibilidad social con los barrios obreros españoles, que están hartos
de las mafias de la okupación, de la delincuencia y de la inmigración. (Aplausos). Porque quienes sufren todo esto no son las señorías de la izquierda ni las élites progresistas que viven en urbanizaciones vigiladas, sino que son los jubilados
españoles, los trabajadores españoles, las madres solteras, los jóvenes y los miles de potenciales inquilinos que no son capaces de alquilar porque se les exigen avales, fianzas y nóminas por la inseguridad jurídica que la izquierda ha provocado en
España. Hoy, en nuestra nación, una persona tarda más o menos entre treinta y treinta y cinco años en pagar su hipoteca. En cambio, en cuarenta y ocho horas es capaz de perderla por culpa de la okupación y, encima, el Estado exige al propietario
que pague los impuestos, la comunidad y los suministros. A esto llama progreso la izquierda; nosotros lo llamamos la demolición del Estado de derecho. Basta con mirar a otras naciones para ver cómo la izquierda ha convertido España en el paraíso
de los delincuentes. En Francia, por ejemplo, la ley KasbarianBergé, del año 2023, expulsa al okupa de manera inmediata; en Italia también hay desalojo inmediato para el okupa y se han incrementado las penas hasta siete años en determinados casos
de okupación, y en Alemania y en Estados Unidos nadie se puede creer que, encima de que te okupan la casa, el propietario tenga que pagar los suministros, los impuestos y la comunidad.
Señorías del Grupo Popular, esta iniciativa va en la buena dirección. Nos alegramos profundamente de ello. Desde que VOX nació en el año 2013 siempre ha querido atacar la okupación ilegal y ha defendido la propiedad privada. Pero mientras
VOX exigía esto, el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en el Gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2015, y modificaba el Código Penal reduciendo las penas de la llamada okupación no violenta, cuando por entonces en España existían más de
10 000 okupaciones al año. (Aplausos). Además, hemos tenido que ver también, para desgracia de los españoles, cómo en nada que el Gobierno o el Partido Socialista presionan un poco al Partido Popular, el Partido Popular dejaba indefensos a miles
de propietarios modestos; no a los fondos de inversión extranjeros, sino a las familias trabajadoras, a las madres solteras o a los jubilados, votando que sí año o tras año a los decretos leyes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Señorías, hay algo que millones de españoles ven cada día, pero que parece que el Congreso de los Diputados dice no enterarse, y es que la okupación y la inquiokupación tienen una estrecha relación con las mafias de la okupación y con la
inmigración. Esto, desde luego, sí que lo dice VOX, pero también lo señalan los datos. Según datos del Ministerio del Interior, más del 50 % de las okupaciones que se producen en España están producidas por extranjeros. Incluso en algunas
regiones españolas, como en Cataluña, el 60 %. ¿Y esto qué significa? Que han convertido España en el paraíso de las mafias de la okupación. Otro récord para Pedro Sánchez, porque desde que llegó al Palacio de la Moncloa, en el año 2018, las
okupaciones por parte de extranjeros se han incrementado en más de un 1000 %, y encima les llenan de ayudas sociales, les empadronan y les regalan la regularización para quedarse.
Esto es para nosotros una absoluta traición a los españoles, y VOX lo dice sin miedo, y por eso mismo también decimos sin miedo que para el extranjero que sea condenado por okupación es necesaria la deportación y la expulsión inmediata de
España. (Aplausos).
Como decía, esta iniciativa del Grupo Popular va en la buena dirección, pero se queda corta. Se queda corta porque hay que aumentar más las penas en los casos de allanamiento de morada o usurpación ilegal de inmueble; se queda corta porque
hay que expulsar al extranjero que cometa un delito de okupación, y también se queda corta porque, como hemos llegado a acuerdos en Extremadura y Aragón, es necesario que el que sea condenado por okupación no pueda percibir una vivienda pública ni
tampoco ayuda social en materia de vivienda.
Señorías del Grupo Popular, es necesaria la prioridad nacional para acabar con la ocupación, porque una nación seria no abandona a quien cumple la ley ni protege al que
la vulnera. Solo así iremos avanzando para que no haya miedo en los barrios y ni un español se sienta indefenso en su hogar.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hoces.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Marín.
El señor DÍAZ MARÍN: Gracias, presidenta.
Señorías, todos sabemos que la inviolabilidad parlamentaria no garantiza la honestidad de quien se vale de ella. Usted, señor Sayas, es un buen ejemplo de ello, porque tiene tela que precisamente una persona que es un tránsfuga, además en
contra de los derechos de los trabajadores, salga aquí a dar lecciones de limpieza política. ¡Tiene tela! y, sobre todo, tiene mucha incoherencia. (Aplausos).
Señorías, a nosotros no nos van a engañar. Esta proposición de ley no tiene nada que ver con erradicar la okupación y, desde luego, no tiene nada que ver con el hecho de intentar mejorar la convivencia vecinal. Esta proposición de ley
tiene un objetivo claro, que es blanquear su estrepitoso fracaso en la política de vivienda allí donde gobiernan, donde no aplican la herramienta que puede acabar con la espiral prevaricadora que vacía de vecinos nuestros pueblos y ciudades para
llenar el balance contable de fondos millonarios, banca de inversión y otros especuladores del montón. A estos últimos sí, señor Sayas, a estos últimos sí que se dirige esta proposición de ley, porque no sirve para proteger al pequeño propietario.
Esta proposición de ley sirve para proteger al gran especulador, y por eso ustedes eliminan el delito de coacciones para los fondos buitre que cortan el agua, el gas o la electricidad, sin embargo, suben la pena a los inquilinos, que no pueden pagar
no porque no quieran, sino porque no pueden, haciendo que un especulador pueda aún más rápido cumplir su objetivo: dejar sin vivienda a los más vulnerables y llenarlo todo de alquiler de temporada. Negocios a cambio de derechos. Es una barbaridad
que nosotros, señores del Grupo Popular, no vamos a tolerar. (Aplausos).
Los veo, además, especialmente quejosos. Señor Sayas, le veo especialmente quejoso a usted con trámites de intendencia parlamentaria, pero ¿por qué no han presentado esta proposición de ley aquí en este mismo Congreso desde el año 2024, que
dicen que está parada? ¿Por qué no lo han hecho? Yo creo que solamente puede deberse a dos cuestiones. Por un lado, porque saben que este es como su pavo de Navidad, algo que ustedes tienen que inflar porque saben que estamos ante un tema
residual, como las políticas que pactan con VOX, claramente residuales; o bien porque quieren seguir dando trabajo a los socios de sus socios, a los de las mafias de desokupación. Así que, como estos demuestran en cada intervención que la
evolución no es un proceso obligatorio para todo el mundo, tiene que ser lo primero, que saben ustedes que la okupación es un problema, sí, pero que tienen ustedes que magnificar su dimensión, porque son los electrolitos en su eterna carrera donde
Coyote Feijóo nunca alcanza a Correcaminos Abascal. Y es mucho más probable que todos los que estamos aquí, y los que nos estén escuchando, tengamos cerca un caso de personas o familias enteras con dificultades para acceder a una vivienda o para
poder seguir pagando su vivienda que personas o familias en riesgo de que okupen su propiedad. Por tanto, señores del Grupo Popular, ¿a quiénes se deben ustedes? Y, sobre todo, ¿por qué no aportan en la proposición de ley ni un solo dato que
atestigüe la enorme crisis social que dicen ustedes que provoca la okupación ilegal? Nuevamente, tiene que ser una de dos: o porque este dato no existe, o, sinceramente, porque este dato les deja a ustedes en evidencia. ¿Cómo olvidar aquella
oficina antiokupación que ustedes desplegaron desde la Junta de Castilla y León que, más que una unidad administrativa, parecía el despacho de Abascal en una jornada laboral? ¡Cero por ciento de trabajo diario! ¡Ni una llamada al día tenía su
oficina antiokupación, señorías del Grupo Popular! (Aplausos).
Este complejo debate solamente puede abordarse, señorías del Grupo Popular, bajo el prisma de dos dimensiones: o con la estadística real, o a través del onírico mundo de lo sensacional. Y, sí, evidentemente, a quien sufre una okupación
tenemos que ayudarle.
Tenemos que ayudarle a través de la mejora de la respuesta administrativa y de la respuesta judicial, porque quien lo sufre, evidentemente, tiene un problema grande, pero no es un gran problema social, que es lo que tratan de regular hoy
aquí con esta proposición. La okupación en España afecta al 0,061 % de las viviendas; sin embargo, los españoles creen que afecta al 51,3 %. Su respuesta ante todo: el populismo punitivo y el populismo fiscal, ¡como si alguna vez los hubieran
hecho funcionar! Pero no, el aumento penológico no tiene mayores efectos preventivos generales en la comisión de un delito, porque a un okupa no le da por leerse el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de delinquir. Subir las
penas, señorías del Grupo Popular, no va a posibilitar ni evitar que se cometa ni una okupación. Ustedes lo saben bien, pero les da igual. Ustedes, con su propuesta, van a dar la misma respuesta punitiva a quienes entran a una vivienda vacía de un
fondo de inversión, que probablemente no sepan ni que la tienen, que obligar a presenciar actos sexuales a un menor de 16 años. ¿Pero ustedes dónde dejaron la ratio puniendi, señores del Grupo Popular? Probablemente, con la moderación de Feijóo,
que un día floreció y todos los demás se marchitó.
No es la única aberración jurídica que ustedes cometen. En sus filas hay bastantes juristas; sin embargo, todos ellos están opacados hoy por un discurso macarra que igual le sienta bien al señor Tellado, pero que desde luego hace y
arrastra al Partido Popular a presentar iniciativas sin solvencia jurídica; un pobre cascarón que desde luego no tiene ningún tipo de seguridad ni de rigor técnico. Pero levantando el velo de estas y otras aberraciones jurídicas que plantean en
esta proposición, lo que aparece es el suelo de esta proposición, que no es ni justicia ni protección, es el viejo privilegio de siempre que ustedes llevan defendiendo desde antes de la democracia: torcer la mano del humilde para entregarle todo al
que más puede, proteger al gran tenedor para sumir en el terror a quien vive angustiado con el riesgo de perder su morada. Se entiende perfectamente por qué ustedes eliminan el factor y la función social de la propiedad en esta proposición y, sobre
todo, por qué ustedes no paran de pervertir el lenguaje para tratar por igual al jeta que entra y okupa que al padre o madre de familia que lleva años pagando religiosamente su alquiler y ahora está en dificultades no porque no quiera, sino porque
no puede pagar su renta (aplausos); miles de ciudadanos que con la renta de su trabajo no consiguen superar la voracidad especuladora de los fondos buitre, a quienes ustedes brindan todas sus políticas de vivienda y blindan hoy en esta ley.
Legislar para que un fondo de inversión tenga más fácil hacer que una familia pueda perder su casa no es proteger al pequeño propietario, señores del Grupo Popular, es pura violencia social consciente. Criminalizan a quien no supera el estándar de
elitismo, que tan bien defiende el Partido Popular. El otro día votaron para dejar en riesgo de desahucio a miles de ciudadanos y hoy votarán para ponérselo aún más difícil a los que aún luchan por permanecer en sus pueblos y ciudades.
Acabo, presidenta. Señorías del Grupo Popular, jamás han mostrado la más mínima sensibilidad para atender a las causas de los impagos ni para que la decisión judicial que acabe en lanzamiento venga acompañada de una respuesta social. Por
eso proponen hoy una ley que criminaliza al vulnerable, al migrante, al nacional currante, al que quieren que les trabaje de sol a sol pero que a las ocho de la tarde huya del centro de las ciudades, donde no tiene derecho a habitar; que vivan,
pero que no convivan con nosotros; que salgan de casa a trabajar, pero que no tengan un hogar al que regresar. Criminalizan también al trabajador pobre, ya que no solamente votan en contra del salario mínimo interprofesional, de las becas o de las
pensiones, sino que ahora también quieren dejarle sin solución habitacional. Pero les diremos algo: entre quienes quieren hacer de los derechos un negocio y quienes solo piden vivir con dignidad, los socialistas tenemos claro a quién nos debemos y
con quién estar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000280).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Herrera García.
La señora HERRERA GARCÍA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Esta misma mañana, el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, ha sancionado la reforma del nuevo artículo 69.3 de la Constitución española; el artículo que, ahora ya sí, iguala la representación democrática de la
ciudadanía de todos los territorios insulares al otorgar a la población de Formentera la capacidad de elegir a un senador o a una senadora propia a partir de las próximas elecciones generales. Como bien saben, la reforma constitucional, realizada
conforme a lo previsto en el artículo 167, otorgaba un plazo de quince días para que una décima parte de los miembros de las Cortes Generales pudiera solicitar la realización de un referéndum que ratificara dicho cambio en la Carta Magna. Por ello
aún había en Formentera quien mantenía una actitud de prudencia, a sabiendas de que quedaba ese pequeño margen para que las cosas pudieran no ser definitivas. Hay que entender que han sido muchos años de trabajo, de esperanzas a veces frustradas,
de legislaturas que se sucedían sin avances visibles. Por ello, es justo reconocer el impulso que la presidenta de esta Cámara, Francina Armengol, dio a esta iniciativa agilizando al máximo el trámite iniciado por el Parlament de las Illes Balears.
(Aplausos).
Mirin, el passat 22 d'abril el Senat va aprovar per una amplíssima majoria la reforma constitucional. Així que em permetran que en aquesta primera part de la meva intervenció traslladi la felicitació del Grup Parlamentari Socialista a tot
el poble de Formentera, perquè, ara sí, ja tenen garantit el dret a tenir representació directa, veu i vot en el Senat. Una veu que no només mereixen, sinó que, a més, necessiten per explicar la realitat del seu territori i lluitar així per les
millores a les quals aspiren. I també em permetran que pugui dirigir unes paraules, tot i que siguin breus, als eivissencs i les eivissenques, perquè aquesta reforma constitucional també els beneficia a ells, també millora la seva representació.
Mirin, amb aquesta reforma, Eivissa també passa a tenir un representant que es podrà dedicar en exclusiva a una circumscripció electoral conformada per una única illa, com la resta de senadors insulars. I no només això, els senadors
eivissencs d'esquerres mai han pogut acabar la legislatura, perquè, com a mostra del compromís del Partit Socialista de Formentera, així com de la resta de les forces progressistes, tots ells, començant per la senadora Pilar Costa l'any 1996, han
cedit el seu escó a la segona part de la legislatura a un representant de Formentera. I sempre ho han fet des de la responsabilitat, amb orgull, sense queixarse per compartir espai, per pal·liar aquesta anomalia democràtica que ara hem corregit.
Per això també és de justícia que Eivissa pugui tenir el seu representant, sense haver de cedir el seu lloc abans que acabi la legislatura, i que pugui aixecar la veu exclusivament en representació dels interessos de la seva illa.
El pasado 22 de abril, el Senado aprobó por una amplísima mayoría la reforma constitucional. Así que me permitirán que en esta primera parte de mi intervención traslade la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista a todo el pueblo de
Formentera, porque, ahora sí, ya tienen garantizado el derecho a tener representación directa, voz y voto en el Senado. Una voz que no solo se merecen, sino que además necesitan para explicar la realidad de su territorio y dotarse así de mejoras.
También me permitirán que pueda dirigir unas palabras, aunque sean breves, a los ibicencos e ibicencas, porque esta reforma constitucional también les beneficia a ellos, también mejora su representación.
Miren, con esta reforma Ibiza también pasa a tener un representante que podrá dedicarse en exclusiva a una circunscripción electoral conformada por una sola isla, como el resto de los senadores insulares. No solo esto. Los senadores
ibicencos de izquierdas nunca han podido acabar la legislatura porque, como muestra del compromiso del Partido Socialista con Formentera así como del resto de las fuerzas progresistas, todos ellos -empezando por la senadora Pilar Costa en el año
1996- han cedido su escaño en la segunda parte de la legislatura a un representante de Formentera. Siempre lo han hecho desde la responsabilidad, con orgullo, sin quejarse por compartir espacio para paliar esta anomalía democrática que ahora hemos
corregido. Por eso, también es de justicia que Ibiza pueda tener a su representante sin tener que ceder su sitio antes de que acabe la legislatura y que pueda levantar la voz exclusivamente en representación de los intereses de su isla.
Señorías, llegados a este punto nos corresponde dar otro paso adelante. Reformar la Constitución era, sin duda, el gran reto. Ahora nos toca realizar otro trabajo, quizá menos vistoso políticamente pero igualmente necesario: ajustar el
ordenamiento jurídico a esa reforma del artículo 69.3 de la Constitución española que hemos tramitado en los últimos meses. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, de forma inmediata tras la aprobación de esta reforma constitucional y
utilizando el primer cupo disponible para ello, plantea hoy a esta Cámara esta proposición de ley para modificar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. La Ley del Régimen Electoral General tiene que adaptarse
fielmente a lo establecido en la nueva redacción de ese artículo 69.3 en lo que se refiere a la nueva delimitación de circunscripciones y escaños. Debemos modificar, por tanto, dos preceptos: los que regulan la elección de senadores y senadoras en
las circunscripciones insulares. Dichas referencias normativas contemplan conjuntamente a Ibiza y Formentera, situación que ya ha quedado superada. Como habrán podido comprobar en el texto de la propuesta, no se incorporan cuestiones adicionales
ajenas a las derivadas de la reciente reforma constitucional.
La reforma propuesta en esta proposición de ley es, por tanto, sencilla. La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que creó el Consell Insular de Formentera, ya reconocía la plena
separación institucional y administrativa de las dos islas. Una vez reconocida esta separación también en el texto constitucional, corresponde ahora llevarla al ámbito de la ley electoral.
La modificación que debatimos hoy afecta a los artículos 161 y 165 de la ley orgánica, en ambos casos en su apartado 2, para que aparezcan expresamente mencionadas las circunscripciones de Ibiza y Formentera ya de manera separada y, además,
para que quede establecido que en cada una de ellas se elegirá un senador o senadora, a diferencia de lo que ocurre en las islas capitalinas, en las que se eligen tres. Como no podría ser de otra manera, se introduce también, a través de una
disposición transitoria, que la eficacia de la creación de estas circunscripciones queda pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren una vez haya entrado en vigor la reforma de la Constitución; por supuesto,
todo ello sin perjuicio del trámite que corresponde a la modificación de una ley orgánica y a la participación que los grupos consideren que deban realizar durante el proceso.
Coincidirán hasta las señorías de la ultraderecha en que es difícil oponerse a esto, incluso en su caso, que dieron la espalda a los vecinos y las vecinas de Formentera, a los que dijeron abiertamente que su voz y su voto valían menos que
los del resto de los residentes insulares de nuestro país. Aun así, señorías, aun estando en contra de la reforma constitucional, tendrán que convenir en que, una vez que ha sido aprobada, es necesario ajustar la normativa en todos los niveles por
una cuestión de seguridad jurídica y por la garantía plena del derecho de participación política de los y las formenterenses. No tendría mucha coherencia que siguieran instalados en el no y, por tanto, que defendieran un desajuste de esta magnitud
en nuestro ordenamiento jurídico. Confío en que tampoco habrá dudas en la bancada del Grupo Popular y que, por tanto, en esta ocasión no se plantearán una abstención como nos tienen acostumbrados. Este vuelve a ser un trabajo de todos y de todas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha demostrado con creces su compromiso con Formentera y buena muestra de ello es que volvemos a estar aquí impulsando el resto de los cambios legales necesarios y buscando que vengan acompañados del mayor
respaldo posible de las fuerzas políticas representadas en este Parlamento. Creo que ha quedado claro que, tanto la reforma constitucional como los cambios que ahora deben producirse en consonancia en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
responden a criterios de proximidad democrática, equilibrio territorial y reconocimiento de las particularidades insulares. Todo ello refuerza tanto el principio de representación territorial, que inspira la composición de la Cámara Alta, como la
efectividad del derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos por medio de representantes, tal y como está previsto en el artículo 23 del texto constitucional.
La primera intervención de un senador de Formentera en la Cámara Alta se produjo el 19 de octubre de 1999. Desde entonces, solo tres formenterenses han podido hablar en primera persona de las necesidades o problemáticas que afectan a la
ciudadanía de dicha isla. En breve podrá hacerlo una cuarta persona: la senadora progresista Neus Massanet, que tomará el relevo en el próximo periodo de sesiones del actual senador Juanjo Ferrer. Massanet será la última senadora formenterense
que ocupará el escaño por la generosidad del cabeza de lista de Ibiza (aplausos) y Ferrer será el último senador de Ibiza que no acabará la legislatura para ceder su espacio a un compañero o compañera de Formentera.
Vuelvo a ese día de 1999 que les comentaba, en el que el primer senador de Formentera, Isidoro Torres, reconoció desde la tribuna del Senado el profundo sentimiento de emoción y responsabilidad que sentía, consciente de que la democracia no
había dado nunca voz en las Cortes Generales a la isla que él representaba y de que podían pasar muchos años más sin que volviera a suceder. Torres llevó al Senado la situación de la triple insularidad, un fenómeno que hay que vivir de cerca para
entender qué supone en el día a día de una población. Habló de las limitaciones geográficas, de la falta de industria y de la enorme dependencia del turismo, pero también del derecho de sus residentes a exigir los servicios que les corresponden.
En este sentido, recogió en una de sus intervenciones una cita de Josep Pla, de su libro Las Islas, que ya en los años veinte decía: Los formenterenses aspiran a tener médicos, farmacéuticos, dentistas, cirujanos de todas las ramas de la cirugía,
banda municipal, muchas oficinas, clínicas y hospitales. Su idea, y nadie se la podrá sacar de la cabeza, es que quieren tener en su propia isla todos esos servicios. Los formenterenses querrían vivir como los demás. Las palabras de Pla, como las
del senador Torres, pronunciadas hace casi veintisiete años, siguen hoy plenamente vigentes.
Finalizo con esto, señorías. Cerremos el círculo. Tramitemos de manera diligente y con el mayor consenso posible la reforma de la ley electoral para terminar de ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la reforma de la Constitución ya
aprobada. Permitamos a los formenterenses, al menos desde el punto de vista de los derechos de representación democrática -que no es poco-, que puedan vivir como los demás.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Herrera.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño, simplemente, para manifestar nuestro voto favorable a la toma en consideración de la reforma de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para que tanto la isla de Ibiza como la de Formentera se
consideren circunscripciones electorales en las elecciones de senadores y en cada una de ellas se elija un senador; ello como correlato normativo necesario de la inminente publicación de la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, tras
proposición en tal sentido del Parlamento de las Illes Baleares, y también, por lo que toca a nuestro grupo parlamentario, por
mantener la coherencia con nuestro apoyo a aquella propuesta del Parlamento de las Illes Baleares.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gràcies, presidenta.
Molt bona tarda a totes i a tots.
Esquerra Republicana votarem a favor d'aquesta proposició de llei. Ho farem perquè entenem que adaptar la LOREG a la reforma constitucional aprovada és una obligació, és una obligació democràtica i, sens dubte, una obligació també jurídica.
Si la realitat institucional de Formentera ha canviat, i si avui es reconeix la seva representació pròpia al Senat, és lògic, i alhora és absolutament coherent, que l'ordenament electoral també ho faci. I també ho farem perquè compartim una idea de
fons. Compartim que les Illes no són perifèries administratives. Les illes són, sens dubte, comunitats amb identitat, comunitats amb necessitats i comunitats amb veu pròpia. La representació territorial, doncs, no pot ser només una fórmula
retòrica, ha de tenir sempre conseqüències polítiques i conseqüències, sens dubte, institucionals.
Ara bé, que votem a favor no vol dir que renunciem a fer algunes consideracions que m'atreveixo a adjectivar de crítiques. La primera és que aquesta reforma, senyories, arriba tard. Formentera té consell insular propi des de l'any 2007.
Han hagut de passar gairebé dues dècades perquè l'Estat adapti plenament les seves estructures de representació a aquesta realitat. Massa sovint, doncs, i ho hem dit moltíssimes vegades, les institucions de l'Estat reaccionen a pas de tortuga,
reaccionen amb lentitud davant les realitats que són nacionals, davant les realitats que són territorials i, en aquest cas també, insulars.
La segona, la segona cosa, la segona reflexió, aquesta una mica més de fons. Aquesta proposició modifica dos articles de la LOREG, dos articles que es modifiquen per adaptarlos a la nova configuració de les circumscripcions, en aquest cas,
insulars. I està bé, està bé que es faci, però també, si m'ho permeten, hem d'assenyalar que això, que aquest fet, el que fa és posar en evidència les mancances estructurals d'un Senat, d'una cambra, la cambra alta, en aquest cas, que continua
sense exercir com una veritable cambra territorial. I això crec que cal dirho, que és necessari dirho. Perquè el problema no és només qui hi és representat, sinó per a què serveix en realitat aquesta representació. Això és el que nosaltres,
almenys des del Grup Republicà, ens demanem cada vegada que pensem en el Senat. De fet, fa anys que escoltem discursos sobre la pluralitat territorial de l'Estat, sobre el respecte a la diversitat i també sobre la necessitat de cooperació
institucional. D'això en sentim a parlar mantes vegades. Però després tenim un Senat amb unes competències que són les que són, subordinat també al Congrés -deixinm'ho dir així- i incapaç de canalitzar de manera efectiva les demandes dels
territoris, que és per al qual hauria de servir, per canalitzar les demandes del territori. I això passa encara de manera més flagrant, especialment quan es tracta dels Països Catalans.
Des d'Esquerra Republicana defensem que les nacions i els territoris de l'Estat necessiten, senyories, veu pròpia, necessiten capacitat de decisió i, sobretot, necessiten reconeixement polític real. I això no s'arregla només amb ajustos
puntuals, sinó que això s'arregla, evidentment, afrontant un debat profund, un debat, en definitiva, sobre el model territorial i democràtic.
També -i vaig acabant, presidenta- volem destacar un element important. Aquesta reforma reforça la idea que les realitats insulars mereixen un tracte específic. I això creiem que és especialment rellevant en un moment en què massa sovint
les polítiques estatals es pensen des d'una lògica absolutament centralista, des d'una lògica absolutament uniformitzadora, que és al qual ens tenen acostumats. Així ho hem vist, per exemple, i això és important en la proposta per al pressupost de
la Unió Europea. Una proposta que tindrem temps de parlarne, però és una proposta -el pressupost de la Unió Europea- presentada per la Comissió per al període, com bé saben, 20282034, on, en comptes de recentralitzar com es proposa, el que cal,
senyories, és justament descentralitzar els
programes. És important que es descentralitzin, perquè des de la descentralització es gestionaran millor. Perquè són els governs més propers a la ciutadania qui han de gestionar aquestes realitats, perquè aquests recursos sens dubte aniran
canalitzats on més bé han d'estar canalitzats. I cal també preservar fons específics per als territoris insulars. Perquè també és important donar resposta a les seves realitats concretes.
Per tant, i ara sí que acabo, sí, votarem a favor. Ho farem per coherència democràtica. Ho farem per respecte institucional, evidentment, a Formentera, i perquè entenem que la representació territorial s'ha d'adequar sempre, sempre, a la
realitat. Però també diem que això és només un pas petit i que queda pendent el debat. El debat important. El debat de calat. El de la democratització real de les institucions d'aquest Estat i el reconeixement efectiu, sens dubte, de la seva
pluralitat nacional i també territorial.
Res més. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos y a todas.
Esquerra Republicana va a votar a favor de esta proposición de ley. Lo haremos porque entendemos que adaptar la LOREG a la reforma constitucional aprobada es una obligación, una obligación democrática y, sin duda, también es una obligación
jurídica. Si la realidad institucional de Formentera ha cambiado y hoy se reconoce su representación propia en el Senado, es lógico y, a la vez, es absolutamente coherente que el ordenamiento electoral también lo haga. También lo haremos porque
compartimos una idea de fondo. Compartimos que las islas no son periferias administrativas. Las islas son, sin duda, comunidades con identidad, comunidades con necesidades y comunidades con voz propia. La representación territorial no puede ser
solo una fórmula retórica, siempre tiene que tener consecuencias políticas y consecuencias institucionales.
Eso sí, que votemos a favor no significa que renunciemos a hacer algunas consideraciones que me atrevo a adjetivar de críticas. La primera, señorías, es que esta reforma llega tarde. Formentera tiene Consell Insular propio desde el año
2007. Han tenido que pasar casi dos décadas para que el Estado adapte plenamente sus estructuras a la representación y a esta realidad. Por lo tanto, demasiado a menudo -lo hemos dicho muchas veces- las instituciones del Estado reaccionan a paso
de tortuga, con lentitud, ante las realidades que son nacionales, ante las realidades que son territoriales y, en este caso, también insulares.
Segunda reflexión -esta es un poco más de fondo-, esta proposición modifica dos artículos de la LOREG. Se modifican dos artículos para adaptarlos a la nueva configuración de las circunscripciones, en este caso, insulares, y está bien que se
haga, pero, si me lo permiten, también tenemos que señalar que este hecho pone en evidencia los déficits estructurales del Senado, la Cámara Alta, que continúa sin ejercer como una verdadera Cámara territorial. Creo que eso hay que decirlo, es
necesario decirlo, porque el problema no es solo quién está representado ahí, sino para qué sirve en realidad esta representación. Eso es lo que nosotros, al menos desde el Grupo Republicano, nos preguntamos cada vez que pensamos en el Senado. De
hecho, hace años que escuchamos discursos sobre la pluralidad territorial del Estado, sobre el respeto a la diversidad y también sobre la necesidad de comparación institucional. Bueno, nosotros eso lo oímos muchas veces, pero luego tenemos un
Senado con unas competencias que son las que son -subordinado también al Congreso, déjenmelo decir así-, incapaz de canalizar de forma efectiva las demandas de los territorios, que es para lo que tendría que servir, para canalizar las demandas de
los territorios. Y eso pasa aún de forma más flagrante, especialmente cuando se trata de los países catalanes.
Desde Esquerra Republicana defendemos que las naciones y territorios del Estado necesitan, señorías, voz propia, necesitan capacidad de decisión y, sobre todo, necesitan reconocimiento político real. Y esto no se arregla solo con ajustes
puntuales, sino que esto se arregla, evidentemente, afrontando un debate profundo, un debate, en definitiva, sobre el modelo territorial y democrático.
También, y voy acabando, queremos destacar un elemento importante: esta reforma refuerza la idea de que las realidades insulares merecen un trato específico, y eso creemos que es especialmente relevante en un momento en que demasiado a
menudo las políticas estatales se creen o se piensan desde una lógica absolutamente centralista, desde una lógica absolutamente uniformizadora, que es a lo que nos tienen acostumbrados también. Así lo hemos visto, por ejemplo, y eso es importante,
en la propuesta para el presupuesto de la Unión Europea. Una propuesta que tendremos tiempo de tratar, pero es una propuesta, el presupuesto de la Unión Europea, presentada por la Comisión para el periodo, como saben, 20282034, donde, en lugar de
recentralizar tal y como se propone, lo que hace falta, señorías, es precisamente descentralizar los programas. Es importante que se descentralicen porque desde la descentralización se van a gestionar mejor, porque son los gobiernos más cercanos a
la ciudadanía los que tienen que gestionar estas realidades, para que estos recursos, sin duda, vayan canalizados hacia donde mejor tengan que estar canalizados. Y también hay que preservar fondos específicos para los territorios insulares, porque
también es importante dar respuesta a sus realidades concretas.
Por lo tanto -y ahora sí que termino-, sí, vamos a votar a favor, lo vamos a hacer por coherencia democrática, lo vamos a hacer por respeto institucional, evidentemente en Formentera, y porque entendemos que la representación territorial
tiene que adecuarse siempre siempre a la realidad. Pero también decimos que esto es solo un pequeño paso y que queda pendiente el debate, el debate importante, el debate de calado, el de la democratización real de las instituciones de este Estado y
el reconocimiento efectivo, sin duda, de su pluralidad nacional y también territorial.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, té la paraula el senyor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.
Siguin les primeres paraules, com a illenc, com a persona que viu a la Mediterrània, per condemnar el genocidi que ara viu el nostre mar, per condemnar que la pirateria ha tornat, que els pirates hi són. I són ara dun govern israelià
vergonyós que incompleix la normativa internacional. Llibertat a la flotilla.
I allà al mig de la Mediterrània hi ha una petita illa, Formentera, que ha lluitat molt pels seus drets, que ha lluitat perquè s'entenguessin les seves problemàtiques, que ens ha hagut d'explicar, als que som d'altres illes, que la seva
realitat era diferent i que l'hem hagut de comprendre amb molt de temps, i els hem de donar l'enhorabona. L'enhorabona per ser persistents amb les seves demandes justes. El partit de Gent per Formentera que de forma persistent ha insistit i ha
empleat tota la seva capacitat política per aconseguir aquesta fita, que és un senador o una senadora pròpia, amb veu pròpia, per a Formentera a les pròximes eleccions. Tot un èxit. Tot un èxit col·lectiu, que ells iniciaren el camí i que molts
hem posat el nostre petit gra d'arena. Molts hem col·laborat. És un èxit de totes les forces progressistes de les Illes Balears. És un èxit d'aquesta legislatura i esperam que entre tots puguem veureho fet una realitat la propera legislatura.
Hem viscut durant aquest període de democràcia quatre modificacions de la Constitució, una d'elles destinada al fet que Formentera tengués aquest diputat, aquest senador, perdonin. Alguns podrien pensar que és una modificació petita o una
modificació banal, però no és així. És una modificació significativa perquè millora la nostra democràcia, perquè millora la representativitat, la justícia, perquè fa que aquest Estat sigui un poc manco centralista, perquè fa que aquest estat
discrimini un poc manco els companys i companyes de Formentera.
Avui donam una passa més endavant, és a dir, si modificàrem la Constitució, té lògica que modifiquem la llei electoral per ajustarse, perquè es contempli així que Formentera tengui una circumscripció i Eivissa una altra, on es puguin
presentar i elegir els seus representants propis amb la seva veu pròpia. Per tant, és de justícia i així li donarem suport.
Esper qualque dia tenir l'oportunitat de participar en un debat d'una modificació de la Constitució de calat, com seria el debat del model territorial. Però crec que els meus ulls no ho veuran, o com a manco no ho veuran aviat. Però
evidentment seguirem fent feina per aquestes fites. Aconseguim una fita significativa avui, però en volem més. Les Illes Balears volen agendar temes importants aquí, i per això és important tenir veus pròpies, com va ser la veu al Senat, on
predicaven cada dia la gent de les Illes Balears. Com ha estat tenir una veu pròpia aquí al Congrés, que ha fet que es creés la comissió d'Insularitat, i seguirem reclamant una agenda pròpia. Avui s'aconsegueix, senyors socialistes, una fita, una
passa més endavant, però no ens basta. Volem que la gent balear continuï endavant. Volem que la gent de balear avanci, i avanci en 5 temes bàsics. La cogestió. Senyora presidenta, li deman que ho tramitem de forma ràpida. La cogestió
aeroportuària demanada pel Parlament de les Illes Balears és una prioritat per al nostre país. L'Habitatge. El segon gran eix. Necessitam que la nostra gent pugui seguir vivint a casa nostra. Hem de regular la compra per part de no residents i
la compra especulativa. Tercer, necessitam un model de finançament just. Necessitam un model de finançament que tengui en compte la insularitat i que tengui en compte la població flotant. I l'oferta que vostès han fet no és així. Quatre, un
règim especial que compensi la insularitat. Va ser un èxit que aconseguirem entre tots, però el 2028 caduca. L'hem de millorar per tenir un model econòmic més diversificat. I cinc, durant el col·lapse ambiental que vivim a les Illes Balears,
necessitam impulsar una mobilitat sostenible. Necessitam el conveni sostenible a què es varen comprometre vostès a la Llei de mobilitat sostenible. Necessitam un conveni de transport en tren. Necessitam que el transport gratuït també el 2027.
Cinc idees clau.
Cinc fites que els deman que accelerem perquè s'acaba la legislatura: cogestió, habitatge, finançament, règim especial i mobilitat sostenible. No ens podem aturar, hem davançar. No podem fallar als nostres ciutadans i ciutadanes.
I he de dir que, en aquesta fita tan important que avui seguim avançant per Formentera, desgraciadament es torna a cometre un error, al meu punt de vista. El Partit Socialista s'ha sumat desgraciadament al Partit Popular en la
castellanització dels nostres topònims. No és Ibiza, és Eivissa. Respectem la nostra toponímia, respectem la nostra cultura, respectemnos a nosaltres i al nostre país.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Mis primeras palabras como persona que vive en el Mediterráneo van destinadas a condenar el genocidio que se vive en nuestro mar, a condenar que la piratería ha vuelto, que los piratas son ahora de un gobierno israelí vergonzoso que incumple
la normativa internacional. ¡Libertad a la flotilla! (Aplausos).
Y ahí, en medio del Mediterráneo, hay una pequeña isla, Formentera, que ha luchado mucho por sus derechos, que ha luchado para que se entienda su problemática, que nos ha tenido que explicar a los que somos de otras islas que su realidad era
diferente y que hay que entender. Tenemos que darles la enhorabuena, la enhorabuena por ser persistentes en sus demandas justas. Por ejemplo, el partido de Gent per Formentera, que de forma persistente ha insistido y ha empleado toda su capacidad
política para conseguir una victoria pequeña: un senador o senadora propios con voz propia por Formentera en las próximas elecciones. Todo un éxito, todo un éxito colectivo. Ellos iniciaron el camino y que muchos han puesto su pequeño grano de
arena, muchos han colaborado. Es un éxito que todas las fuerzas progresistas de las Islas Baleares se hayan unido en esta legislatura y esperamos que entre todos podamos ver que sea una realidad la próxima legislatura.
Hemos vivido durante este periodo de democracia cuatro modificaciones de la Constitución, una de ellas destinada a que Formentera tuviera este senador. Algunos podrían pensar que es una modificación pequeña o una modificación banal, pero no
es así. Es una modificación significativa porque mejora nuestra democracia, porque mejora la representatividad de la justicia, porque hace que este Estado sea un poquito menos centralista, porque hace que este Estado discrimine un poco menos a los
compañeros y compañeras de Formentera.
Hoy damos un paso adelante más para la Constitución, y tiene lógica que modifiquemos la ley electoral para ajustarse, para que se contemple así que Formentera tenga también una circunscripción e Ibiza otra, y que ahí se puedan elegir los
propios representantes. Es de justicia, por lo tanto, y así le vamos a dar apoyo.
Espero que algún día tenga la oportunidad de participar en un debate de una modificación de la Constitución de calado, como sería el debate de un modelo territorial, pero lamentablemente creo que mis ojos no lo van a ver, no lo van a ver al
menos pronto. Pero evidentemente seguiremos trabajando para estos hitos. Hemos conseguido un hito significativo hoy, pero queremos más. Las Islas Baleares quieren agendar temas importantes aquí, por eso es importante tener voz propia, como la voz
en el Senado, donde se predicó cada día la agenda de las Islas Baleares, como ha sido tener voz propia aquí en el Congreso, que ha hecho que se creara la Comisión de Insularidad. Y seguiremos reclamando una agenda propia. Hoy se consigue, señores
socialistas, un paso, un hito, pero eso no es suficiente. Queremos que la gente de las Baleares siga adelante. Queremos que la gente de Baleares avance y avance en cosas básicas, en la gestión. Señora presidenta, le pido, por favor, que lo
tramitemos de forma rápida. También la autoridad portuaria pedida por las Islas Baleares es una prioridad para nuestro país. La vivienda, el segundo gran eje. Necesitamos que nuestra gente pueda seguir viviendo en casa, y eso hay que regularlo
para nuestros residentes y sus compras. Y tercero, necesitamos un modelo de financiación justo. Necesitamos un modelo que tenga en cuenta la insularidad y que tenga en cuenta también la población flotante, y la oferta que ustedes han hecho no es
así. Cuatro, un régimen que compense la insularidad y que lo consigamos entre todos. Pero en 2028 caduca, tenemos que mejorarlo para tener un modelo más diversificado. Y quinto, ante el colapso medioambiental de las Islas Baleares necesitamos
impulsar la movilidad sostenible, necesitamos un convenio de sostenibilidad al que se comprometieron en la Ley de Movilidad Sostenible. Necesitamos un convenio de transporte en tren. Necesitamos que el transporte sea gratuito también en 2027.
Cinco ideas claves, cinco hitos que les pido que se aceleren antes de que se acabe la legislatura: cogestión, vivienda, financiación, régimen especial y movilidad sostenible. No podemos pararnos, tenemos que avanzar, no queremos fallar, no
podemos fallar a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Y tengo que decir que en este hito tan importante que hoy seguimos avanzando por Formentera, desgraciadamente hay un error. Desde mi punto de vista, el Partido Socialista se ha sumado, desgraciadamente, al Partido Popular en la
castellanización de nuestros topónimos. No es Ibiza, es Eivissa. Respetemos nuestra toponimia y nuestra cultura. Respetémonos a nosotros y a nuestros ciudadanos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Campos Asensi. (Aplausos).
El señor CAMPOS ASENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista solicita la adecuación de una ley, en este caso, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional. Tiene sentido, desde un punto de vista técnico y
jurídico, tras la reforma constitucional aprobada para incrementar el número de senadores. Pero que sea el partido del Gobierno que más incumple la Constitución el que solicite la adecuación al mandato constitucional, tiene la misma credibilidad
que el señor Zapatero negando su relación con Plus Ultra. (Aplausos).
Tan atentos al mandato constitucional y es el mismo Gobierno que ya inició el desafío totalitario a la democracia con los estados de alarma inconstitucionales de 2020. El PSOE, que quiere garantizar textualmente la plena efectividad del
mandato constitucional, es el mismo que incumple la obligación constitucional de aprobar los presupuestos desde hace cuatro años. El Partido Socialista es el del Gobierno que ha asaltado el Tribunal Constitucional convirtiéndolo en un ministerio
más a las órdenes de Pedro Sánchez para, entre otras fechorías, poder aprobar la infame ley de amnistía, vulnerando la igualdad ante
la ley, la separación de poderes, la seguridad jurídica y el propio Estado de derecho. (Aplausos). Este Partido Socialista que ahora se preocupa tanto por cumplir con el mandato constitucional, es el mismo que ha indultado a los líderes
separatistas que cometieron los más graves delitos que puede cometer un representante público: sedición y malversación de caudales públicos, todo para obtener el apoyo de los separatistas, incluido el brazo político de ETA, para que el '1' de la
corrupción siga en la Moncloa, arruinando a España en todos los órdenes. (Aplausos). De hecho, se va a dar la paradoja de que los separatistas que nos insultan todos los días a todos los españoles van a votar a favor de la adecuación
constitucional. ¡Serán hipócritas y falsos! Los que quieren dinamitar la unidad de la nación, fundamento de la Constitución, ahora van de constitucionalistas.
La reforma constitucional y las modificaciones legislativas que sí que deberíamos plantear son las de ilegalizar los partidos que quieren dinamitar la nación, la democracia y la libertad (aplausos), y no pagarles para que nos perjudiquen a
todos, como se está haciendo.
Los socialistas son inconstitucionales también con el abuso del decreto ley para que las Cortes no puedan intervenir. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más utiliza el real decreto ley, ha pulverizado todos los récords, no solo
los de la corrupción, también los de los decretos leyes, 168 desde que gobierna, y creo que me quedo corto, yo me atrevo a decir que superará los 200. Vulneran así el artículo 86 de la Constitución que establece que el decreto ley solo puede
utilizarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y la Constitución no se refiere a la urgente necesidad de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder a fin de evitar el banquillo de los acusados (aplausos), que es lo que pretende el
Gobierno, pero no se refiere a eso. Los socialistas incumplen también la Constitución cuando siguen sin cumplir las múltiples sentencias del Tribunal Supremo que prohíben la discriminación de los hispanohablantes en los territorios bilingües, donde
se sigue persiguiendo el español con un apartheid lingüístico abiertamente anticonstitucional.
Los socialistas que hoy quieren cumplir con la Constitución son los mismos que con sus políticas pisotean un principio rector constitucional de la política social y económica recogido en el artículo 47, el que reconoce el derecho a una
vivienda digna y adecuada. Ustedes han hecho imposible el acceso a una vivienda. Ustedes, los socialistas. (Aplausos).
Señorías, un senador exclusivo para los doce mil habitantes de Formentera no solo no va a solucionar ninguno de los problemas que sufren, sino que, como ya advertimos, sirve para sus intereses partidistas y, lo que es más grave, para
manosear la Constitución y las leyes orgánicas con objetivos muy alejados de los principios constitucionales. Porque ¿van a reformar también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para ampliar y facilitar el voto al millón de inmigrantes
regularizados, que es el objetivo real de la regularización masiva de inmigrantes, nuevos votantes a costa del reemplazo poblacional? Yo estoy convencido de que lo harán, estoy seguro.
Señorías del Grupo Socialista, a ustedes no se les puede votar nada a favor, aunque sean propuestas técnicamente coherentes, porque todo lo utilizan para ir en contra de los españoles, porque son ustedes maestros del engaño, de la mentira y
de la corrupción.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí Bosó.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, resulta especialmente grave que hoy que debatimos la tramitación de una ley, hoy que hacemos lo que es propio en un Parlamento -tramitar leyes y modificaciones de leyes-, algunos se deslicen peligrosamente con un lenguaje
antidemocrático, señalando a los de enfrente y reclamando impunidad para los propios. Hoy eso resulta especialmente grave. Resulta grave que tengamos que recordar, hoy que un expresidente del Gobierno está sujeto a investigación judicial, que en
democracia todos estamos sujetos
a la ley y nadie es impune, señorías. Esta legislatura la empezaron ustedes amnistiando la sedición ante la ley y, sin embargo, entonces y ahora, nada ni nadie puede estar por encima de la ley ni rebelarse ante la ley, porque la ley la
acordamos entre todos y la ley es la norma de convivencia. Esta legislatura, señorías, la empezaron amnistiando la rebelión a la ley y la han seguido justificando todas las corrupciones contrarias a la ley. En esas estamos, señorías. Por ir
rápido, den todas las explicaciones porque todo se va a saber. Den la palabra a los españoles y ahórrenles esta agonía y este bochorno. (Aplausos).
En esa paradoja, señorías, nos encontramos con el debate de admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es verdad que hemos
conseguido entre todos y con una amplísima mayoría hacer y culminar una modificación y una reforma constitucional que Su Majestad el rey ha sancionado esta mañana. Ha sido el esfuerzo de todos, de muchos, durante muchos años, persiguiendo el anhelo
de dar a Formentera el protagonismo y la autonomía política que merecen y que la propia Constitución ya reconocía al reconocer que aquellas islas con cabildo o consejo insular fueran circunscripción autónoma en el Senado.
Yo he de compartir todos los argumentos esgrimidos por la señora Herrera en la tribuna, incluso voy a compartir sus alabanzas a aquellos y aquellas socialistas y gente progresista que han ayudado en la consecución de esta reforma
constitucional, y me permitirá también alabar a aquellos compañeros de partido, del Partido Popular, en Ibiza y en Formentera, durante estos años, a aquellos miembros de candidaturas independientes en Formentera, del Grup d'Independents de
Formentera, de Compromís de Formentera, el esfuerzo que también han hecho durante estos años para alcanzar el objetivo político que teníamos y que compartíamos de una circunscripción al Senado por Formentera y, al mismo tiempo también, una
circunscripción al Senado por Ibiza.
Consecuencia de todo ello es la modificación y la adecuación de los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptar esa reforma constitucional que hemos hecho entre todos.
Nosotros, evidentemente, estaremos ahí, porque hemos estado ahí siempre -es lo único que a lo mejor le tengo que reprochar a la señora Herrera-. Nosotros hemos estado siempre en la defensa de la autonomía política de Formentera y de Ibiza,
del conjunto de las Islas Baleares, en cada momento. Lo hicimos cuando aprobamos el régimen económico de las Islas Baleares en 1998 -fue con un Gobierno del Partido Popular-. Lo hicimos en la modificación del Estatuto de Autonomía en 2007 -fue con
un Gobierno del Partido Popular-. Lo hicimos también, aunque no estábamos de acuerdo del todo, con la modificación del régimen económico de 2019, que negoció la señora Armengol. Lo hemos hecho en esta reforma constitucional. También lo hicimos
modificando la Ley de Costas, en 2013, para arreglar el tema del deslinde de costas en Formentera. Siempre hemos estado ahí y siempre vamos a estar ahí, al lado de lo que los ciudadanos en cada momento consideren, porque nosotros, al fin y al cabo,
somos un instrumento de ellos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marí.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA Y AL REFUERZO DE LA TRANSPARENCIA Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA. (Número de expediente 162/000770).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la
transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Camino Miñana. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El señor CAMINO MIÑANA: Destinar mucho más de la mitad del sueldo a pagar un piso o una habitación es la realidad que hoy asfixia a jóvenes, clases trabajadoras y personas vulnerables. La vivienda es hoy el mayor reto social e
intergeneracional que tenemos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Esto no va solo de oferta y demanda, a veces también va de avaricia. Por ello, ante este complejísimo debate, el Partido Socialista propone tres respuestas: más intervención, más
transparencia y más control. Más intervención para que ningún euro público acabe en la cuenta de un fondo buitre. Más transparencia para evitar el tráfico de influencias en las VPO. Por último, más control para que la construcción de vivienda
llegue a quien la necesita. En resumen, hoy planteamos una batería de soluciones para garantizar que la vivienda pública lo sea para siempre y que el acceso a esas casas se realice sin trampas. La ciudadanía conocerá esta semana si quienes les
representan defienden que el hogar es un activo financiero, es decir, un negocio, o si, por el contrario, trabajan por la función residencial del hogar, por un techo digno.
Señorías, la vivienda pública es el mejor instrumento para desinflamar un mercado desbocado. Si agilizar la construcción es importante, garantizar el blindaje público permanente es obligatorio. La mayoría de los 2,7 millones de viviendas
que se han construido en régimen público durante los últimos cuarenta y cinco años ha pasado a mercado privado, se ha descalificado. Si se hubieran mantenido en el parque público estaríamos ahora mismo en estándares europeos. Es cierto que desde
2019 esto ha cambiado porque ha mejorado sustancialmente la construcción de vivienda pública y protegida, pasando de un 2,5 % a un 3,4 (aplausos), un aumento de 138 000 viviendas. Si repetimos los errores y las políticas del pasado, estas viviendas
pueden pasar a manos de multipropietarios ricos que hacen de la necesidad -de la necesidad- su virtud. Para evitarlo, impulsamos, por una parte, el mantenimiento de la calificación permanente de las casas promovidas con ayudas públicas o beneficios
fiscales, y, por otra, la de las viviendas levantadas en suelo público de las Administraciones. Esto ya es una realidad en comunidades autónomas como Asturias, Navarra, País Vasco y Cataluña.
Si blindar la vivienda protegida es el punto de partida, señorías, garantizar el acceso justo es una de las metas. Para que esto se cumpla, las comunidades autónomas tienen que supervisar y vigilar las irregularidades, porque son las
comunidades autónomas las que son constitucionalmente competentes en esta materia. No miren hacia otro lado, señorías del Partido Popular. Escuchen. Mientras medio millón de españoles y de españolas están esperando y haciendo cola ordenadamente
para una vivienda pública, ustedes pactan con VOX, con la extrema derecha, eso de desregular, eso de la desregulación. Cito textualmente: 'Desregular para evitar irrelevantes controles y papeleos'. ¡Qué casualidad, señorías! Qué casualidad que
bajo esta misma desregulación un militante del Partido Popular resulte agraciado con un pisito en la primera promoción pública de Alicante en veinte años. (Aplausos). ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte! Mientras 76 000 valencianos y valencianas hacían
su cola ordenadamente, Carlos Mazón, referente de los diputados valencianos, propició que eso pasara. (La señora Montesinos de Miguel realiza gestos de asentimiento). Dice que sí la señora Olona (sic), la señora Macarena (sic).
(Rumores.-Risas.-El señor Ibáñez Hernando: ¡Montesinos!). Carlos Mazón lo que hizo fue aumentar el límite de renta, suprimir la inscripción en el registro y dejar la adjudicación en manos de promotores hasta la escrituración. Si su referente es
Carlos Mazón, también lo es Juanfran Pérez Llorca, el que mantiene este coladero de ocupas vip.
¿Cómo no van a querer desregular, señorías? ¿Cómo no van a querer desregular si gracias a ello este carné (muestra un carné) que hoy les enseño, el carné del Partido Popular, se convierte en una llave maestra para entrar a vivir en una casa
pública? (Aplausos). ¡En una llave maestra para entrar a vivir en una casa pública, señorías! Y esto no es un accidente, porque pueden decir: Es que nos hemos equivocado, no volverá a
ocurrir. No es un accidente, es el modelo del Partido Popular, su modelo de barra libre para transferir recursos a lo privado desde lo público. Es el mismo modelo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (rumores), que pone en marcha
también esas promotoras que son juez y parte y que utilizan permutas para dar vivienda a sus amiguetes quitándoselas a las familias. Vito Quiles no pregunta por esto porque, casualmente, el marido de la diputada del Partido Popular, Alma Alfonso,
la diputada que le cedió su despacho para grabar vídeos, casi se lleva un supercontrato de VPO de la alcaldesa María José Catalá. (Protestas.-Aplausos.-La señora Alfonso Silvestre pronuncia palabras que no se perciben). Por suerte, el Grupo
Socialista lo frustró. Alma, ahora que Vito Quiles no puede entrar al Parlamento, puede decirle usted que grabe los vídeos en alguno de esos pisitos de Alicante en primera línea de costa que se llevaron las señorías y, en este caso, las personas
relacionadas con el Partido Popular. ¿Para esto quieren desregular, señorías, para hacer de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas unas promotoras con bandera? Con bandera pirata, por supuesto.
Miren, nosotros buscamos procedimientos claros y herramientas de supervisión para evitar que caraduras tengan una casa pública pagada con los impuestos de todos y todas a través del chanchullo. Frente al 'sálvese quien tenga' y frente al
'sálvese quien herede', que eso también les gusta mucho, el Partido Socialista plantea soluciones -acabo, presidente-. Tres de cada cuatro españoles exigen una mayor intervención del mercado -tres de cada cuatro españoles-. Desde esta tribuna
quiero ser útil a mi generación, una generación que este domingo saldrá a las calles para denunciar que la vivienda cuesta la vida; una generación que vive del alquiler o con sus padres no por elección, no por decisión, sino por exclusión. Si el
libre mercado se organiza para forrarse, les pido que nos organicemos para proteger a las clases trabajadoras a través de más intervención, más transparencia y más control. Entre normalizar las casas como negocio o garantizar su función
residencial, no protejan a quienes se enriquecen por poseer y no por producir; protejan la función residencial de la vivienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, por favor.
El señor CAMINO MIÑANA: Finalizo inmediatamente.
Señorías del Grupo Popular y de VOX, hoy tienen la oportunidad -sus votantes tomarán nota- de comportarse como partidos políticos y no como inmobiliarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que procede abrir un turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, presidente.
Estamos de acuerdo -¡cómo no!- con los objetivos generales: mejorar la cooperación entre Administraciones, mejorar los criterios de adjudicación, la transparencia. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero nos preocupan algunas cosas.
Primero, ustedes no han traído aquí esta proposición no de ley para plantear soluciones, sino para meterse con el Partido Popular. Hasta Vito Quiles ha salido a pasear. Nos preocupa la invasión de competencias, porque seguimos en esa
historia: nosotros tenemos las grandes ideas, sabemos cómo solucionarlo y, luego, si no se arregla, es porque es competencia de otros; lo que sale mal es competencia de las comunidades autónomas y lo que sale bien es porque se nos ocurre a
nosotros, el Gobierno. Nos preocupa que, una vez más, la coordinación, la cogobernanza y la colaboración terminen siendo imposición, sin diálogo y sin aceptación de las diferencias que tienen algunos territorios y que, en el caso del mío, son
bastante notables. Y voy a poner dos ejemplos: la ley de vivienda, que recoge algunas cuestiones que en Canarias no se pueden contemplar y que invade las competencias de Canarias; y el plan estatal de vivienda, un plan hecho sobre cálculos para
territorio peninsular y que no tiene en cuenta lo que cuesta la
construcción en Canarias, lo que cuesta el metro cuadrado construido y el traslado de materiales. Voy a repetir algo que últimamente he dicho muchas veces: con la crisis de Irán, al dispararse los precios de la construcción, en Canarias
muchas obras se están parando y muchas licitaciones se están quedando desiertas y no vamos a poder construir.
Frente a todos esos problemas, nos encontramos además con medidas que requieren financiación, porque la mayoría de estas soluciones pasa por invertir en estructuras que puedan controlar y supervisar la situación de las familias que ocupan
una vivienda pública. En todo el territorio del Estado, no solo en Canarias, hay familias en viviendas públicas cuya situación ha cambiado. Nadie supervisa esto. Estas familias deberían dejar la vivienda para quienes en este momento sí tienen
necesidad de ella, porque es para la que fueron construidas. Da igual que la situación cambie porque, una vez que las familias llegan, nunca más van a salir. No hay ninguna herramienta que permita establecer los recursos ni que supervise la
situación por la que se les adjudicó la vivienda. En este caso, esto es fundamental, pero no observamos la inversión necesaria para poder actualizar la situación de los inquilinos de manera permanente.
Mejoremos las reglas con respeto a las competencias y, por supuesto, con adaptación a las singularidades. El problema de Cataluña no es el problema de las islas Canarias; el problema del País Vasco no es el de las islas Canarias, y las
medidas de talla única no nos sirven.
Me gustaría saber también si, en ese empeño de que todo el que tenga una ayuda pública no puede ser nunca propietario, vamos a tener en cuenta a los jóvenes a los que estamos ayudando a adquirir una vivienda, que se están hipotecando y que
van a pagar ellos. ¿No van a poder ser dueños de sus viviendas? Porque el punto uno a mí me genera bastantes dudas.
En términos globales compartimos los objetivos, pero quiero que quede claro que para que estos se cumplan se debe hacer con toda la lealtad institucional, y carecemos de ella en muchas ocasiones.
Quiero terminar diciendo que si esta PNL se cumpliera, sería la única que se ha cumplido en esta legislatura, ¡porque mira que hemos aprobado PNL! Yo la apoyaré, votaré a favor, y si se cumpliera y avanzáramos en esto creo que tendríamos que
hacer algo especial en honor a una proposición no de ley que sale y que se cumple, que es una auténtica excepción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJPNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on, jaunandreok.
Talde sozialistak plenorako aurkezten duen proposamenarekin bat egiten dugu eta bat egiten dugu planteatzen duen helburuarekin eta helburua lortzeko proposatzen dituen puntu zehatzekin. Hala ere, ezin diogu baiezko boturik eman planteatzen
duenari eta gure postura azaltzen saiatuko naiz. 2023. urtean, Etxebizitza Legearen bitartez, gorte hauek baiezko botua eman zioten taldeei esker, Euskal Legebiltzarrak etxebizitzaren inguruan erabakitzeko duen ahalmena murriztu eta baldintzatu
egin zuten. Hala esan genuen, mantentzen dugu.
Eta gaur talde sozialistak planteatzen duen ekimenak bide berdina jarraitzen duela diogu. Legez besteko proposamenak berez, zera esaten du Etxebizitza duin bat eskuratzeko dauden zailtasunak aipatzen ditu. Babestutako etxebizitza
publikoaren beharrari buruz aritzen da, eta hauek ondo kudeatu eta esleitu behar direla azpimarratzen du, baliabide publikoak behar dutenentzat heldu daitezen. Aipatzen du ere baliabide publikoen laguntza izan duen etxebizitzek kalifikazio publikoa
galdu ez dezatela. Eta bat egiten dugu, Euskadin honela egiten baitugu. Baina legez besteko proposamenak bere zioan argumentu berri bat sartzen du, hau da, zenbait erkidegoetan egin diren araualdaketak, administrazio publikoaren kontrola ezabatzen
dutenak eta, ondorioz, transparentzia eta berdintasun printzipioen kontrakoak direla. Eta adibide zehatz bat
ipintzen du: Valentzian gertatzen dena. Gure taldeak ez du bat egiten transparentzia eta berdintasun printzipioen aurka hartzen diren neurriekin. Baina guk ez dugu eskumenik Valentziako Parlamentuan erabakitzen denaren inguruan ezer
erabakitzeko. Eta era berean, ez dugu inolako laguntzarik emango gorte hauek euskal autogobernua murrizteko hartzen den edozein erabakiarekin. Proposatzen denarekin bat egin ala ez, atea behin irekitzen denean, zaila izaten baita gero ixtea.
Buenas tardes.
Señorías, estamos de acuerdo con esta proposición que nos presenta el Grupo Socialista en el Pleno. Estamos de acuerdo con el objetivo que se plantea y con los puntos concretos que se proponen en la iniciativa para alcanzar ese objetivo.
Sin embargo, no podemos dar un voto afirmativo a lo que se plantea y explicar... En 2023, a través de la ley de vivienda, estas Cortes, en concreto, gracias a los grupos que votaron a favor, se mermó y se condicionó la capacidad de decisión del
Parlamento vasco en torno a la vivienda, y así lo sostuvimos y lo mantenemos.
La iniciativa que hoy plantea el Grupo Socialista sigue ese mismo camino. En la exposición de motivos, en la proposición no de ley, se habla de estas cuestiones, de las dificultades que hay para acceder a una vivienda digna, de la necesidad
de vivienda pública protegida, de la necesidad de su adecuada gestión y adjudicación para que los recursos públicos lleguen efectivamente a las personas más necesitadas. Se menciona también que, de una forma u otra, fiscalmente, directamente o a
través del suelo público, las viviendas que han sido apoyadas por recursos públicos no han de perder su calificación pública. Estamos totalmente de acuerdo; en Euskadi lo hacemos así. Pero esta PNL introduce en su exposición de motivos un nuevo
argumento; a saber, los cambios normativos que se han producido en algunas comunidades y que, a juicio de los proponentes, eliminan el control de la Administración pública. En consecuencia, son contrarios a los principios de la transparencia e
igualdad. Y se pone un ejemplo concreto: el caso de Valencia. Nuestro grupo, sin embargo, no comparte las medidas que se adoptan en contra de los principios de transparencia e igualdad, pero nosotras y nosotros no tenemos ninguna competencia ni
capacidad en lo que respecta a lo que se decida en el Parlamento valenciano. Y tampoco vamos a dar ningún tipo de apoyo, con independencia de que estas Cortes se sumen o no, a ninguna decisión que se adopte en estas Cortes y que pudiera reducir el
Gobierno vasco, porque una vez que se abre esa puerta, es muy difícil o suele ser muy difícil cerrarla.
En relación con la proposición no de ley del Grupo Socialista, y sin entrar en el interés político de la propuesta, dos cuestiones. Estamos de acuerdo con los ocho puntos que propone. Estamos de acuerdo con que las viviendas protegidas
mantengan el régimen de protección permanente; en Euskadi así lo hemos defendido y aprobado. Estamos de acuerdo en que el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas debe ser claro, objetivo y transparente. Estamos de acuerdo en que la
vivienda protegida esté destinada a residencia habitual. Estamos de acuerdo en que los registros públicos de demandantes aseguren la trazabilidad y objetividad de los procesos de adjudicación. De acuerdo también con los mecanismos de supervisión y
control y con la necesidad de mantener actualizado el inventario del parque público de vivienda, así como con detallar el suelo disponible y realizar las auditorías que se consideren necesarias; estamos de acuerdo. Sin embargo, no estamos de
acuerdo, y de alguna manera la propia proposición o de ley lo admite cuando dice que las competencias en materia de vivienda corresponden principalmente a las comunidades autónomas y entidades locales, en la necesidad de actuar del Gobierno de
España para arreglar, aunque no lo diga, el desaguisado del Gobierno de Valencia y de su Parlamento, al que corresponde el control de la acción de su Gobierno en su ámbito competencial.
Señorías, en la proposición no de ley diferenciamos dos cuestiones: por un lado, el fin y las medidas que se proponen y, por otro lado, la competencia de quien tiene que acordar y llevarlas a cabo, es decir, el fuero y el huevo. Si bien es
muy importante el huevo, no lo es menos el fuero, no para el Partido Nacionalista Vasco, porque nuestra defensa del
autogobierno vasco, de nuestro fuero, ha hecho posible, con todas sus limitaciones, que Euskadi sea hoy lo que es, también en política de vivienda. Nosotras no vamos a dar un voto favorable a su propuesta, aunque compartimos el objetivo que
persigue, y lo hacemos para que Euskadi siga pudiendo decidir en aquello que le compete. Esperamos que esta visión sea compartida por todos los grupos políticos que defienden la plurinacionalidad, el Estado compuesto y el ámbito competencial de
este Estado, y, en el caso de Euskadi, el autogobierno vasco y la soberanía de sus instituciones.
Sería mejor, señorías del Grupo Socialista y de todos los grupos de la Cámara, que dediquen sus esfuerzos a lo que sí es competencia de esta Cámara, como, por ejemplo, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cojan ese toro,
retóquenlo para que el alquiler habitual no se desplace al de temporada, donde los precios se disparan y la oferta no se adecúa a las necesidades de las familias que buscan una vivienda. Este fue uno de los agujeros negros de la ley de vivienda y
hoy estamos viendo sus consecuencias. Aprobar la ley de vivienda en 2023 sin haber atajado el problema de la temporalidad, tres años más tarde, tal y como dijimos y se ha visto, ha sido una temeridad que estamos pagando, aunque sabemos que no es la
única laguna. Poco avanzaremos si no se actúa de forma integral y sin parches, que son los que están generando también la inseguridad jurídica que está provocando que la oferta sea cada vez menor.
Falta construcción, sí, y eso es labor de todos y todas, de ayuntamientos que tienen que liberar suelo, de Gobiernos que tienen que invertir en vivienda y de parlamentos que tienen que adaptar la normativa para facilitar el camino, pero si
los pequeños propietarios sacan del mercado sus viviendas porque no tienen garantías pasa lo que hemos visto hoy en los medios, que solo en Guipúzcoa la oferta ha descendido un 63 % en el último año, y eso también hay que combatirlo.
Mila esker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies.
Bona tarda de nou.
Òbviament, Junts defensem un sistema públic d'habitatge basat en la transparència i la igualtat d'oportunitats, i que cal perseguir qualsevol irregularitat, òbviament. Però amb aquesta proposició vostès, el Grup Socialista, no venen a
parlar d'habitatge. El que fan avui aquí és pura política de desgast bipartidista. I amb la greu crisi que tenim a sobre, la que ens està caient, amb la greu crisi d'habitatge que tenim, és bastant cínic dedicar aquest plenari a les seves guerres
partidistes amb el PP, i no ajudar la gent a accedir a un pis on no deixarse mig sou.
El PSOE, que governa a Espanya i controla el Ministeri d'Habitatge, compareix avui aquí per instar a si mateix, al seu propi govern, a reforçar controls i registres. I és bastant revelador. O és que per fi el PSOE ja ha assumit que el
Govern de PSOE i SUMAR està completament desbordat en matèria d'habitatge? Perquè després de 7 anys governant, el balanç és certament devastador. Els preus disparats, joves i famílies expulsades del mercat, l'oferta enfonsada. I, lluny de
corregir el rumb, s'han deixat arrossegar pels plantejaments de les extremes esquerres, convertint l'habitatge en un camp de batalla populista: més intervencionisme, més burocràcia, menys habitatge i més car. I encara dediquem el temps del ple a
proposar aquests mecanismes de més burocratització i nous intents de recentralització, per cert. Perquè aquesta proposició torna a ser exactament això: registres de demandants, inventaris públics, registres de sòls, mecanismes estatals de
supervisió. Sempre igual, més centralització des de Madrid. I ho recordo especialment als diputats socialistes catalans, que a Catalunya tenim les competències en habitatge, que som una nació amb institucions pròpies. Ho recorden? Estem farts
que cada vegada que el PSOE té un problema, intenti laminar competències i recentralitzar decisions i registres des de Madrid. I Junts ens oposarem sempre a aquesta manera de fer.
Però és que, a més, hi ha aspectes profundament discutibles. Junts defensem que l'habitatge públic mantingui protecció permanent, sí, però vostès van molt més enllà en
aquesta proposició. Ara plantegen que amb qualsevol tipus dajuda pública o qualsevol benefici fiscal ja comporti el sotmetiment permanent de lhabitatge al règim de protecció pública. Qualsevol benefici fiscal, de 300 euros, encara que
sigui mínim, de debò és proporcionat condicionar un habitatge per sempre per haver rebut un ajut, per exemple, com els he posat així de menor? A nosaltres ens sembla que no. Perquè amb cada nova ocurrència desincentivaran encara més la promoció de
l'habitatge protegit, home. Després es preguntaran per què falta l'oferta. El que haurien de fer és reduir burocràcia, ampliar l'habitatge públic i el privat, perquè els ajuntaments estan saturats. Els promotors estan tots farts, els públics i
els privats. I els ciutadans també. Avui es poden perdre anys sencers, ho saben, entre informes sectorials, plans urbanístics, llicències urbanístiques. I després encara se sorprenen que no es construeixi habitatge.
Nosaltres tenim clar què cal fer. Primer, alleugerir immediatament l'ofec econòmic de les famílies, desgravant a qui paga un lloguer i a qui compra el seu habitatge. Ajudar els joves a estalviar per comprar casa seva. Reduir burocràcia
absurda que avui bloqueja les promocions durant anys. Permetre adquirir hipoteques venudes en bloc a fons per al mateix preu superreduït i recuperar seguretat jurídica, perquè els propietaris tornin a confiar en el lloguer. I, segon, augmentar
l'oferta real. Més parc públic, però calen pressupostos robustos. Facilitar l'habitatge privat assequible també. I la rehabilitació massiva. Perquè, si no augmenten l'oferta, els preus no baixaran mai. I els qui tenen la temptació de dir que no
cal construir més, perquè primer s'han d'activar els milions de pisos buits, els recordarem una cosa: després d'anys governant, els governs socialistes encara no han estat capaços de fer un inventari rigorós dels habitatges buits reals per poder
mobilitzarlos cap a famílies o joves. I això demostra les poques ganes reals que tenen d'activarlos. I aquí és on la seva propaganda cau tota sola perquè anuncien un pla d'habitatge de 7000 milions d'euros en cinc anys. Després descobrim que
l'Estat només n'haurà d'aportar 4200 milions. La resta l'hauran de pagar les comunitats. És a dir, el PSOE anuncia titulars i les comunitats passen per caixa. I amb aquests 4200 saben quants habitatges públics es podrien arribar a construir cada
any, suposant que tots aquests diners -que no serà així, òbviament, perquè cal rehabilitació- suposant que tots es destinessin a construir habitatges? 5000 l'any, per a tot l'estat espanyol, 5000 l'any. És una broma? Aquesta és la seva gran
revolució habitacional? És així com creuen que han d'actuar vostès per resoldre el problema de l'habitatge? Si només a Catalunya avui ja falten prop de 125 000 habitatges, i el dèficit continua pujant cada any. Ni vostès es creuen que aquest pla
resoldrà el problema. Mirin, el problema no és la falta de registres centrals. El problema és que les seves polítiques han fracassat i estan arrossegant tota la ciutadania en el seu fracàs.
Moltes gràcies.
Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo.
Obviamente, en Junts defendemos un sistema público de vivienda basado en la transparencia y la igualdad de oportunidades y que hay que perseguir cualquier irregularidad, pero con esta proposición ustedes, Grupo Socialista, no vienen a hablar
de vivienda; lo que hacen hoy aquí es pura política de desgaste bipartidista, y con la grave crisis que tenemos encima en vivienda es bastante cínico dedicar este Pleno a sus guerras partidistas con el PP y no a ayudar a la gente a acceder a un
piso o a no dejarse medio sueldo.
El PSOE gobierna en España y controla el Ministerio de Vivienda y el Grupo Socialista comparece hoy aquí para instarse a sí mismo, a su propio Gobierno, a reforzar controles y registros, lo que es bastante revelador. ¿O es que, por fin, el
PSOE ya ha asumido que el Gobierno de PSOE y SUMAR está totalmente desbordado en materia de vivienda? Porque, después de siete años gobernando, el balance es ciertamente devastador: precios disparados, jóvenes y familias expulsados del mercado,
oferta hundida y, además, se dejan arrastrar por las izquierdas extremas convirtiendo en un campo populista el tema de la vivienda. Más caro todo, menos vivienda y, además, proponen estos mecanismos de más burocratización y recentralización.
Digámoslo, por cierto, porque esta proposición
hace precisamente eso: registros de demandantes, inventarios públicos, registros de sueldos, mecanismos estatales de supervisión... Siempre igual: más recentralización desde Madrid. Les recuerdo especialmente a los diputados socialistas
catalanes que en Cataluña tenemos las competencias en vivienda, que somos una nación con instituciones propias. ¿Lo recuerdan ustedes? Estamos hartos de que, cada vez que el PSOE tiene un problema, intente eliminar competencias y recentralizar
decisiones y registros desde Madrid. En Junts siempre nos opondremos a esta manera de hacer las cosas.
Además, hay aspectos profundamente discutibles. En Junts defendemos que la vivienda pública mantenga la protección permanente, sí, pero ustedes van mucho más allá en esta proposición: ahora plantean que cualquier tipo de ayuda pública o
cualquier beneficio fiscal comporte la sumisión permanente de la vivienda al régimen de protección pública, un beneficio fiscal de 800 euros, aunque sea mínimo. ¿De verdad es proporcional condicionar una vivienda para siempre por haber recibido una
ayuda, por ejemplo, como la que les hemos dicho? Nos parece que no, porque cada nueva ocurrencia desincentivará todavía más la fuerza de la vivienda protegida, y después se preguntarán por qué falta oferta. Lo que tendrían que hacer es reducir
burocracia y ampliar la vivienda pública y privada, porque los ayuntamientos están saturados y los promotores públicos y privados están hartos, como los ciudadanos. Ustedes lo saben. Tenemos informes sectoriales, planes urbanísticos, nos inunda
todo eso, y después ustedes se sorprenden de que no se construya vivienda.
Nosotros tenemos claro qué hay que hacer. Primero, fomentar la oferta a las familias; desgravar a quien alquile; facilitar la compra a los jóvenes; permitir adquirir hipotecas a precios superreducidos; recuperar la seguridad jurídica
para que los propietarios vuelvan a confiar en el alquiler y aumentar la oferta real -más parque público, pero con presupuestos robustos-; facilitar la vivienda privada y pública; y rehabilitación masiva, porque, si no aumentan la oferta, los
precios no bajarán nunca. A los que tienen la tentación de decir que no hay que construir más porque primero hay que activar los millones de pisos públicos, les recordamos algo: los Gobiernos socialistas no han sido capaces de hacer un inventario
riguroso sobre las viviendas reales para poder movilizarlas para las familias y los jóvenes, y eso demuestra las pocas ganas reales que tienen ustedes de activar esas viviendas. Aquí se cae su propaganda, porque anuncian 7000 millones de euros en
cinco años en vivienda pública y después descubrimos que el Estado tendrá que aportar 4200 millones; el resto, las comunidades. Es decir, el PSOE anuncia titulares y las comunidades pasan por caja. De esos 4200, ¿saben cuántas viviendas públicas
se podrían llegar a construir cada año, suponiendo que todo el dinero se destine a construir vivienda? Pues cinco mil al año para todo el Estado español. ¡Cinco mil al año! ¿Es una broma? ¿Esta es su gran revolución de vivienda? ¿Es así como
creen que tienen que actuar ustedes para resolver el problema de la vivienda? ¡Si solo en Cataluña ya faltan más de 725 000 viviendas y el déficit sigue agravándose cada año! Ni ustedes se creen que este plan vaya a resolver el problema. El
problema no es la falta de registros centrales, sino que sus políticas han fracasado y están arrastrando a toda la ciudadanía en su fracaso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, gràcies, president.
Vull començar dient que aquesta proposició de llei sembla molt més pensada per alimentar el clima actual de campanya permanent entre el PSOE i el PP, que no pas per afrontar de debò l'emergència habitacional que viu aquest Estat.
Evidentment, nosaltres estarem sempre a favor de reforçar la transparència i els mecanismes de control en l'adjudicació d'habitatge públic. I també compartim la necessitat d'acabar amb la desqualificació massiva de l'habitatge protegit que s'ha
promogut durant dècades i que ha acabat convertint milers de pisos públics en actius privats al cap d'uns anys. Però, sincerament, el problema principal avui no és només qui rep els pisos. El problema és que
pràcticament no hi ha pisos públics per adjudicar. I aquesta és la gran qüestió que torna a quedar amagada darrere d'una PNL plena de formulacions genèriques i molt enfocada als escàndols que recentment ha tingut el PP a Alacant i a altres
municipis.
Sí, és greu que hi hagi adjudicacions sospitoses. És greu que l'habitatge públic pugui acabar en mans de persones que no compleixen els criteris de vulnerabilitat. Però el drama estructural és un altre. I és que després de vuit anys de
governs socialistes, l'Estat continua tenint aproximadament un 3 % d'habitatge públic, un 3 %. La mitjana europea és del 8 %, i els països que realment aconsegueixen influir sobre els preus del mercat privat, com Àustria i els Països Baixos,
superen el 25 %. Per tant, sí, fem processos impecables, però, si no tenim habitatge públic suficient, el debat acaba semblant gairebé absurd. És com discutir qui pot pujar a un autobús que no passa per la parada.
El que cal és ampliar massivament el parc públic, construir, comprar, rehabilitar i mobilitzar habitatge buit. I ferho amb una ambició que avui no veiem en aquesta PNL, ni tampoc en el pla estatal d'habitatge. Perquè el mateix pla estatal
continua movent quantitats absolutament insuficients per la magnitud del problema. Poc més de mil milions d'euros anuals per a tot l'Estat i només una part limitada destinada directament a ampliar el parc públic. Això és del tot insuficient per
revertir dècades de desmantellament.
I, mentrestant, continuem parlant molt poc d'una realitat incòmoda, que és que avui gran part de la demanda d'habitatge ja no respon a la necessitat de viurehi. El 60 % dels habitatges es compren al comptat. La concentració de la propietat
augmenta constantment. I només una tercera part de la demanda que habitualment es presenta com a demanda d'habitatge correspon realment a la primera residència. La resta és inversió, acumulació o especulació. I aquí és on trobem a faltar la
valentia política, perquè regular l'habitatge no és només construir més. De fet, neguem la major que només construint més acabarem amb el problema de l'habitatge. És entendre que és un bé essencial i actuar en conseqüència. S'ha de limitar a la
compra especulativa, regular els lloguers de temporada i habitacions, actuar sobre les segones residències en zones tensionades i penalitzar fiscalment l'acumulació d'habitatges, mentre facilitem que la gent jove i la classe treballadora puguin
accedir a un habitatge digne. I en tot això, els ajuntaments podrien fer molt més, si aquest Estat els deixés actuar. Aquesta és probablement una de les grans absències del debat. Els municipis coneixen perfectament les necessitats del territori,
coneixen els barris, les famílies i la realitat local, però després es troben lligats de mans.
Per això, des d'Esquerra Republicana fa temps que reclamem tres mesures molt concretes. La primera, que es permeti invertir els romanents de tresoreria en habitatge. És incomprensible que hi hagi municipis amb superàvit, amb superàvits
importants, disposats a construir habitatge públic, a rehabilitar edificis, a comprar pisos i a ampliar el parc públic, i que la legislació estatal continuï impedint destinar aquests recursos a una emergència social com aquesta. La segona, permetre
als ajuntaments aplicar tipus diferenciats de l'IBI segons els usos de l'habitatge, perquè no és acceptable que una família pagui proporcionalment el mateix que un fons voltor o un gran tenidor que acumula desenes i centenars de pisos, mentre només
espera obtenirne rendibilitat. I la tercera, que els municipis tinguin més capacitat per definir els criteris propis d'adjudicació d'habitatge protegit adaptats a la realitat local. Perquè no és el mateix la realitat d'una gran ciutat que la d'un
municipi turístic, industrial o rural. I després encara hi ha una quarta, que és la Sareb. N'hem parlat milers de vegades. La Sareb, SEPES, CASA47. Fa anys que parlem d'aquests béns immobilitzats que podrien formar part del parc públic i que
estan travats per coses administratives que no tenen cap mena de sentit. Fa mesos que es va anunciar un acord de gestió amb la Generalitat que ni tan sols hem vist, tot i que hem demanat milers de vegades. Aquest és el problema real de l'accés a
l'habitatge. Clar que volem que hi hagi més transparència. Clar que volem que els habitatges públics siguin sempre públics, però, si no en tenim, no els podrem adjudicar.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Para empezar diré que esta proposición no de ley parece estar mucho más pensada para alimentar el clima actual de permanente campaña entre PSOE y PP que para afrontar de verdad la emergencia habitacional que vive este Estado. Evidentemente,
nosotros estaremos siempre a favor de reforzar la transparencia y los mecanismos de control en la adjudicación de vivienda pública. También compartimos la necesidad de acabar con la descalificación masiva de la vivienda protegida que se ha
promovido durante décadas y que ha acabado convirtiendo miles de viviendas públicas en activos privados al cabo de unos años. Pero, sinceramente, el problema principal hoy no es solo quién recibe los pisos, sino que prácticamente no hay pisos
públicos para adjudicar, y esta es la gran cuestión que vuelve a quedar oculta detrás de una PNL llena de formulaciones genéricas y muy enfocada hacia los escándalos que recientemente ha tenido el PP en Alicante y en otros municipios.
Sí, es grave que haya adjudicaciones sospechosas, es grave que la vivienda pública pueda acabar en manos de personas que no cumplen los criterios de vulnerabilidad, pero el drama estructural es otro, y es que, después de ocho años de
Gobiernos socialistas, el Estado sigue teniendo aproximadamente un 3 % de vivienda pública -un 3 %-, cuando la media europea es del 8 % y los países que realmente consiguen influir en los precios del mercado privado, como Austria o Países Bajos,
superan el 25 %. Por tanto, sí, hacemos procesos impecables, pero, si no tenemos vivienda pública suficiente, el debate acabará siendo absurdo. Es como discutir quién puede subirse a un autobús que no pasa por la parada.
Lo que hay que hacer es ampliar masivamente el parque público; construir, comprar, rehabilitar y movilizar vivienda vacía, y hacerlo con una ambición que no vemos en esta PNL ni tampoco en el plan estatal de vivienda, porque el mismo plan
estatal sigue moviendo cantidades totalmente insuficientes para la magnitud del problema: poco más de mil millones de euros anuales para todo el Estado, y solo una parte limitada destinada a ampliar el parque público. Eso es del todo insuficiente
para revertir décadas de desmantelamiento.
Y, mientras tanto, seguimos hablando muy poco de una realidad incómoda, a saber, que hoy gran parte de la demanda de vivienda ya no responde a la necesidad de vivir ahí. El 60 % de las viviendas se compran al contado. La concentración de
la propiedad aumenta constantemente y solo una tercera parte de la demanda que habitualmente se presenta como demanda de vivienda corresponde realmente a la primera residencia. El resto es inversión, acumulación o especulación. Y aquí es donde
echamos de menos la valentía política, porque regular la vivienda no es solo construir más. De hecho, negamos la mayor, que solo construyendo más acabaremos con el problema. Hay que entender que la vivienda es un bien esencial y hay que actuar en
consecuencia. Hay que limitar la compra especulativa, regular los alquileres de temporada y habitaciones, actuar sobre la segunda residencia en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente la acumulación de viviendas, mientras que facilitamos que los
jóvenes y la clase trabajadora puedan acceder a una vivienda digna. Y ahí los ayuntamientos podrían hacer mucho más si este Estado les dejara actuar. Probablemente, esta es una de las grandes ausencias del debate. Los municipios conocen
perfectamente las necesidades del territorio; conocen los barrios, las familias y la realidad local, pero después se encuentran atados de manos.
Por eso, Esquerra Republicana hace tiempo que pide tres medidas muy concretas. Primera, que se permita invertir los remanentes de tesorería en vivienda. Es incomprensible que haya municipios con superávit, con superávits importantes,
dispuestos a construir vivienda pública, a rehabilitar edificios, a comprar pisos y a ampliar el parque público y que la Administración del Estado siga impidiendo destinar recursos a una emergencia social como esta. Segunda, permitir a los
ayuntamientos aplicar tipos diferentes del IBI, según el uso de la vivienda, porque no es aceptable que una familia pague proporcionalmente lo mismo que un fondo buitre o un gran tenedor que acumula decenas y decenas de pisos mientras que solo
espera obtener rentabilidad. Tercera, que los municipios tengan más capacidad para definir los criterios propios de destino de vivienda pública adaptada a la
realidad local, porque no es lo mismo un municipio que un gran centro urbano, rural, etcétera. Y, cuarta, respecto a la Sareb, SEPES o CASA47, hace años que hablamos de esos bienes inmovilizados que podrían formar parte del parque público y
están bloqueados por cuestiones administrativas que no tienen sentido. Hace meses que se anunció un acuerdo de gestión con la Generalitat que ni tan solo hemos visto, y lo hemos pedido miles de veces. Este es el problema real del acceso a la
vivienda. Claro que queremos más transparencia, claro que queremos que las viviendas públicas sean siempre públicas, pero, si no las tenemos, no las vamos a poder adjudicar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Valero Morales.
El señor VALERO MORALES: Buenas tardes, señorías.
Hoy debatimos una PNL que cuenta algo difícil de digerir para cualquier ciudadano, y es que en plena emergencia habitacional cargos del Partido Popular se han repartido vivienda protegida. Al final va a resultar que el requisito para
acceder a una VPO no es el nivel de renta, es tener el carné del Partido Popular. (Aplausos). Esta es la marca PP, la de Alicante. En Alicante veinte años sin grandes promociones de obra pública y, cuando aparece, se la reparten en el entorno
político del Partido Popular.
Señorías, la democracia está en crisis cuando la vivienda deja de funcionar como un mecanismo de seguridad, integración social y acceso al bienestar para convertirse en una fuente de desigualdad persistente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque
el artículo 47 de la Constitución española, que deja claro que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben hacer efectivo este derecho, impidiendo la
especulación, choca con una realidad incontestable: el poder real del partido inmobiliario y financiero, que tiene muchos manijeros en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados; manijeros como los del Partido Popular,
que no han dudado en repartirse vivienda protegida. Este país arrastra un modelo, instaurado en el franquismo, que consiste en alimentar a una oligarquía rentista que vive del capital inmobiliario, y para eso la vivienda se tiene que considerar
mercancía, y no derecho; y, como toda mercancía, proporciona más beneficios si se especula con ella. Y por eso el Partido Popular blindó esa especulación con la Ley del Suelo, de 1998, con Aznar; un modelo cuya aplicación colisiona con la
Constitución española, desprotege a la mayoría social y erosiona la democracia. Y es aquí donde la ultraderecha encuentra su caldo de cultivo, en un malestar provocado por un modelo inmobiliario rentista que defienden a capa y espada. El rentismo
del gran capital rompe barrios, rompe vidas, atrofia la economía familiar y rompe la confianza democrática. (Aplausos).
VOX es el brazo político del partido inmobiliario y financiero y los escuadristas de Desokupa son su brazo armado. El Partido Popular y VOX no han dudado en castigar a la clase trabajadora de este país, a la orden de los grandes rentistas.
Lo hicieron cuando votaron contra la prórroga de los alquileres, aplicando sadismo social. Votábamos un parche para evitar sufrimiento social, y ustedes eligieron a los grandes rentistas; no lo duraron. Por eso, frente a quienes tienen como
prioridad la defensa del rentismo de la oligarquía financiera e inmobiliaria, frente a quienes son capaces de dejar a su hermana en la calle con tal de no molestar al patrón, nosotros vamos a intervenir, y tenemos un plan para que se cumpla el
artículo 47 de la Constitución. Primero, vamos a volver a traer la prórroga de los alquileres. No vamos a cejar hasta que todas las familias que viven de alquiler puedan dormir tranquilas, y no preocupadas por abusos en el alquiler. (Aplausos).
Frente a los fondos buitre vamos a defender cada hogar. Segundo, hay que incrementar el parque público de viviendas hasta en un millón y medio de viviendas públicas más en 2035. Y no queremos que quienes han sido parte del problema ahora hagan
caja con la solución, con un modelo de colaboración públicoprivada. Cada euro público tiene que convertirse en vivienda pública, no en dividendos privados. El Partido Socialista en esta PNL mezcla
y confunde vivienda protegida con vivienda pública. La vivienda protegida no es pública, es vivienda privada subvencionada con dinero público. Por eso, es necesario garantizar que no se puede descalificar, pero, sobre todo, hay que apostar
por un verdadero parque de vivienda pública de alquiler social. (Aplausos). En tercer lugar, queremos expropiar -repito, expropiar- viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como suelo en desuso en el mundo rural para
incorporarlo al parque público de vivienda, porque las viviendas vacías de los fondos buitre tienen que servir al interés general. Y, cuarto, donde hay presión inmobiliaria, turística y especulativa hay que limitar la vivienda a compra para uso
residencial. Hay que prohibir comprar para especular. Hay que hacer valer la función social de la vivienda, porque las ciudades no pueden ser un parque temático para inversores.
Y termino, señorías, diciendo algo muy sencillo. Un país donde muchas familias tienen miedo a perder su casa, donde la juventud no se puede emancipar es un país con la democracia quebrada. La gran disputa de nuestro tiempo es entre
democracia o especulación, entre ciudades para vivir o ciudades para hacer negocio, y nosotros lo tenemos claro: la vivienda es un derecho y vamos a defender el derecho de las familias trabajadoras a quedarse en sus barrios y a vivir con dignidad,
porque nosotros y nosotras defendemos a quien madruga, a quien trabaja, a quien levanta este país con su esfuerzo. Y, como vemos, la derecha y la ultraderecha tienen otra prioridad, la defensa de quienes especulan desde los consejos de
administración.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hernández Quero. (Aplausos).
El señor HERNÁNDEZ QUERO: Gracias, señor presidente.
En 2004 Zapatero promete 180 000 viviendas de precio asequible al año -cuatro años de Gobierno, 720 000 casas-; en 2007 Montilla promete 50 000 viviendas protegidas nuevas y 100 000 viviendas asequibles rehabilitadas para la legislatura en
Cataluña, es decir, 150 000 casas más en total; en 2008 Zapatero promete 1 500 000 viviendas sociales; en 2023 Sánchez promete 184 000 viviendas públicas y asequibles; en 2024 Illa promete 50 000 viviendas sociales en Cataluña; en 2025 Illa
promete 100 000 viviendas adicionales protegidas más en Cataluña: casi tres millones de viviendas anunciadas. Esa es su historia, la historia de la vivienda prometida y nunca entregada, nunca construida y nunca entregada. (Aplausos).
Este es el balance real del Partido Socialista, un partido que debe a los españoles casi tres millones de viviendas sociales en solo veinte años; el partido de las casas del PowerPoint, del urbanismo de render y de las infografías de
colorines; el partido de las emancipaciones frustradas, el partido del hacinamiento y las familias que alquilan por habitaciones; el partido que tuvo el año pasado, según el INE, a 3 200 000 personas buscando casa, sin encontrarla -insisto, a 3
200 000 personas-; el partido que se ríe de los españoles sin casa en su cara, porque es tan raquítico lo que ustedes han hecho, tan ridículo en términos materiales que el año pasado hubo más denuncias por usurpación y allanamiento de morada que
viviendas protegidas entregaron sus Administraciones.
Y no será, desde luego, porque falte dinero para acometer un gran plan de vivienda protegida; claro que no, lo que falta es patriotismo, sentido del deber y responsabilidad. (Aplausos). Dinero desde luego que no falta. Anualmente las
Administraciones, sus Administraciones recaudan en nuestro país más de 52 000 millones de euros asociados a la vivienda; 52 000 millones de euros e invierten 4000. Con 52 000 millones de euros se podía haber hecho medio millón de viviendas
protegidas de 80 metros cuadrados al año, también se podía rehabilitar medio millón de fachadas de bloques enteros o renovar energéticamente más de cinco millones de viviendas. Pero nada de eso les interesa: toda su política ha ido orientada a
sustituir la España de propietarios por la España de los precarios sin casa. Hace veinte años el objetivo era comprar un piso, después pasó a alquilarlo y ahora para muchísimos jóvenes la meta simplemente está en poder llegar a ser
algún día inquilino. Esta es la evolución material de su modelo de vivienda. Este es su legado y esta es nuestra decadencia: un país en el que la incertidumbre y la desposesión son la norma, en el que lo común son las mudanzas que nunca
terminan, los jóvenes con la casa a cuestas, las familias que no pueden tener niños y la gente que no echa raíces.
Ese, desde luego, no es el país que conocimos; es un país extraño, ajeno, arisco, desagradable. Heredaron ustedes, todos ustedes el mayor sistema de vivienda protegida de Europa, el que levantó siete millones de viviendas en cincuenta
años, entre los años 1950 y 2008; el que permitió al hijo del albañil y al hijo de la peluquera ser propietario. Y hoy, en la España hija de sus políticas, el hijo del médico y el hijo de la profesora hacen turnos con desconocidos para entrar al
baño, para ver la tele o para cocinar. (Aplausos).
Por todo eso, escuchar hoy al Grupo Socialista dar lecciones sobre vivienda protegida produce entre estupor y vergüenza ajena, porque tanta destrucción no ha podido ser casual, ha de ser fruto de un plan, porque el problema no es solo lo que
prometieron construir y nunca construyeron, es también lo que unos y otros han hecho con el parque público existente: entregarlo a fondos, adjudicarlo a dedo a amiguetes o familiares -unos en Alicante, otros históricamente en Andalucía- o relegar a
los españoles en la adjudicación de viviendas gracias a un sistema diseñado explícitamente para beneficiar a los recién llegados. Han decidido vaciar España de españoles, y eso pasa en primer lugar por vaciar sus hogares. El resultado es el único
esperable, el único previsible: un parque raquítico, degradado, guetificado, mal gestionado, sometido a impagos crónicos e incapaz de satisfacer las necesidades habitacionales de millones de españoles.
Y a esos compatriotas, a esos millones de españoles hay que darles una respuesta: la primera, la certeza de que recibirán el abrazo colectivo, que volveremos a inundar España de bloques de vivienda protegida, y, la segunda, la garantía de
que las casas serán para ellos, para los nuestros, que habrá prioridad nacional, porque los españoles sin casa no pueden seguir pagando ni la vivienda ni la fiesta a sus amigos, a los fondos ni a los pobres de medio mundo. La vivienda social en
España tiene que ser para los españoles.
Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, presidente.
Hay que tener cuajo para presentar una iniciativa sobre vivienda supuestamente para reforzar la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación; ustedes, los del Partido Socialista Obrero Español, los mismos cuyo
portavoz ha intervenido hace un momento con muy poca vergüenza y ha difamado al familiar de una diputada que no puede defenderse, y, además, fue el único que concurrió, y usted lo sabe. (Aplausos). Frente a sus falsas imputaciones -que lo son-,
están las verdaderas imputaciones, que son las de los jueces, sí, y de eso ustedes saben mucho. El Gobierno -¡no van a saber!-, cuyo presidente tiene a su mujer tetraprocesada, a su hermano camino del banquillo, a su número dos, Ábalos, en prisión
y a Cerdán en libertad provisional: los que durante la pandemia se dedicaban a mercadear con prostitutas, a celebrar orgías por toda España y a repartirse comisiones mientras morían los españoles. Y, finalmente, la guinda, su faro ideológico, su
referente, su amigo, su padrino, el ínclito expresidente Zapatero, hoy mismo imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y no sabemos de momento de cuántos delitos más. El primer presidente imputado
de la democracia. (Prolongados aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-El señor Ibáñez Hernando: ¡Vergonzoso!).
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su exposición de motivos, en vez de la retahíla que han expuesto, deberían haber hablado de las VPO que construyeron en Navarra y que acabaron adjudicadas a empresas vinculadas a la trama de
Cerdán (el señor De Olano Vela: ¡Vaya!), o de la vivienda alquilada a las amigas de Ábalos (el señor De Olano Vela: ¡Vaya!), o del patrimonio del amigo de Montero, a quien colocó en la SEPI. (Aplausos). Sí, de esos 10 millones que no pueden
justificar o del plan supuestamente
dotado con 7000 millones de euros, de los cuales solo el 40 % es para construir vivienda, es decir, 2800 millones se dedican a construir. (El señor De Olano Vela: ¡Vaya!). En cinco años salen 560 millones al año, es decir, van a hacer
falta sesenta y cinco años para cumplir con las 183 viviendas que se han comprometido para esta legislatura. (Aplausos). ¡No tienen vergüenza ni la conocen! O también podrían haber hablado de la ejecución real de los fondos europeos, que en 2025
no llegó al 11 % en vivienda, o de que sus socios de Gobierno pidieron la dimisión de la misma ministra de Vivienda.
Pero resulta que para ustedes todo el problema de la vivienda en España radica en la Comunidad Valenciana, y, en concreto, en Alicante. Pero no; por cierto, podían haber mencionado también la vivienda que le tocó a la alcaldesa de Cuart de
Poblet, socialista (aplausos), o al hijo de la teniente de alcalde de Cuart de Poblet, socialista de pro. (Continúan los aplausos). Pero de eso no hablan. (El señor Camino Miñana: ¡Qué cara más dura!). ¡Ay, la familia! ¡Siempre la familia
socialista! Lo primero para ustedes, la familia socialista, ¿verdad? (Aplausos).
Pero hablemos de la vivienda protegida de Alicante, que es sobre la que quieren escuchar. Cronología de los hechos: la venta de suelo municipal se inicia en 2016 con un alcalde socialista. (Varias señoras y señores diputados: ¡Oooh!).
La cooperativa de vivienda se constituyó en 2018 con el Botànic: PSOE más Compromís. (Varias señoras y señores diputados: ¡Oooh!). La calificación provisional fue en 2022, es decir, número de viviendas, metros cuadrados, piscinas, calidades.
Todo eso recogido en el decreto ley del Botànic: PSOE y Compromís. (Rumores). Dicen que eran viviendas de lujo a precio protegido. Pues bien, todo el proyecto -la calificación y el precio de 2200 euros/metro cuadrado- lo establece su decreto
ley, el del PSOE y Compromís. (Varios señores diputados: ¡No!-Aplausos). Toda, absolutamente toda la gestión del proyecto y adjudicación se hizo con las reglas del PSOE y Compromís. Decreto Ley 68/2023, por si lo quieren repasar. Todos los
adjudicatarios estaban en el registro de demandantes, el mismo registro que, según dicen ustedes en la proposición no de ley, evitaría los problemas. Bien, todos estaban allí.
Si se hubiese adjudicado con el Decreto 180/2024, del Consell del PP, habría sido más transparente, porque nunca ha habido tantos controles automáticos, digitales y cruzados como ahora. (El señor Camino Miñana muestra un carné del Partido
Popular). Con su decreto -y verá usted la comparativa- se eliminaron los principios de igualdad, publicidad y concurrencia del procedimiento de adjudicación; con el decreto actual, de Mazón, se recuperan. Con ustedes el visado podía ser
presencial o telemático; con nosotros el visado cien por cien telemático, verificado por notarios y registradores, a diferencia de ustedes -PSOE y Compromís-, que lo limitaron a un funcionario, al que ustedes promocionaron y cuya gestión hoy está
siendo investigada por la justicia. (Aplausos.-Protestas). Con su decreto la autorización para comprobar datos era voluntaria; ahora obligatoria. La documentación la aportaba solo el solicitante; ahora se cruza automáticamente con Hacienda,
Registro de la Propiedad, Catastro y la plataforma autonómica. Por tanto, esta promoción por la que ahora se rasgan las vestiduras se ha hecho con sus reglas, las del Botànic.
Señorías, desistan en su empeño.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Ustedes protegen a los corruptos, como Ábalos, al que aplaudían e incluyeron en las listas, a diferencia de nosotros. Se lo digo de modo muy clarito: frente a su nulo compromiso con la Comunidad Valenciana
-cero viviendas en ocho años-, nosotros seis mil en una legislatura.
Termino ya, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, termine, por favor.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Los hechos desmienten sus relatos... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: ... como la verdad y el cambio que se aproxima les arrollará en las próximas elecciones. Y los españoles, como dijo mi compañera Cayetana en esta Cámara, les dirán en las urnas: ¡Non Plus Ultra!
Muchas gracias (Varios señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Rumores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR, PARA FRENAR LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA Y GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA. (Número de expediente 162/000498).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor.
Continuamos con la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, senyor president.
Señora Montesinos, se le ha olvidado un pequeño detalle: cuando usted defiende el modelo VPO del señor Mazón se le olvida confesar que la persona que está asesorando a la consellera de Vivienda es su hermano. (Aplausos.-Protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, silencio.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Hui venim a parlar de sanitat, de serveis socials, de pensions, d'habitatge, però també d'educació. I per això vull que les meues primeres paraules vagen en reconeixement, suport i admiració per a les
treballadores de l'escola pública valenciana que porten nou dies de vaga. A les de les escoles 03 anys, Primària, Secundària Formació Professional, les escoles oficials d'idiomes, conservatoris de música i dansa, les escoles de disseny i les
treballadores dels menjadors escolars. I els dic més, diguenli a la consellera d'Educació que no siga macarra i que no extorsione els sindicats i torne a la taula a negociar les millores per a l'escola pública. I és que, si hi ha diners per a
l'Opus Dei que separa xiquets i xiquetes, hi ha d'haver diners per a l'escola de totes i tots.
I hui, senyories, venim a parlar del principal problema de la ciutadania.
Hoy venimos a hablar de sanidad, de servicios sociales, de pensiones, de vivienda, pero también de educación. Y por eso hoy mis primeras palabras quiero que vayan en reconocimiento, apoyo y admiración por las trabajadoras de la escuela
pública valenciana, que llevan nueve días de huelga. (Aplausos). De las escuelas de 0 a 3 años, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, las escuelas oficiales de idiomas, conservatorios de música y danza, escuelas de diseño, y también a los
trabajadores y trabajadoras de los comedores escolares. Y digo más: Díganle a la consejera de Educación que no sea macabra, que vuelva a la mesa a negociar con los sindicatos para introducir mejoras para la escuela pública. (Aplausos). Si hay
dinero para el Opus Dei, que separa chicos y chicas, tiene que haber dinero para las escuelas de todos.
Hoy, señorías, venimos a hablar del principal problema de la ciudadanía.
Hoy venimos a hablar de vivienda. Y es tan fácil como oír hablar del mundo ideal, de lo idealista, aquello que PP y VOX defienden (muestra algunas páginas del Idealista y lee algunos anuncios), que no es otra cosa que 'piso de 75 metros
cuadrados, una habitación, tercera planta, sin ascensor: 1600 euros'; 'piso de 50 metros cuadrados, una habitación, planta interior: 1400 euros'; 'piso 1300 euros: 57 metros cuadrados y una habitación'. Y dirán: ¿No hay cuestiones de 1000
euros? ¡Hay pisos de 1000 euros! Miren, '34 metros cuadrados: 850 euros al mes'. Y, señorías, esta es la realidad. Y lo que es paradójico es que con estos timos no haya más okupaciones en España, tanto que a ustedes les preocupan.
Así que hoy vamos a hablar de una cuestión que encanta a la gente de orden de la derecha, que es el esfuerzo, el mérito, la capacidad y el orden. Y para ello vamos a empezar a hablar -tranquilícense- de la fiscalidad. Y les voy a poner dos
ejemplos. Solo tienen que entrar al simulador del IRPF, y les va a aparecer lo siguiente: Una persona soltera, de 30 años, con unos ingresos por trabajar de 30 000 euros, y otra persona que ingrese 30 000 euros no por trabajar, sino por vivir del
cuento, que pagará un 62 % menos de impuestos. Y vayamos a otro caso similar: una familia con hijas que ingresa 42 000 euros por rentas del trabajo pagará 6208 euros en impuestos; en cambio, si lo que hace es vivir del cuento, pagará un 52 %
menos. Y es que ustedes con su política fiscal, señorías, lo que defienden es que en nuestro país pague menos impuestos un rentista, una persona que vive del cuento, de estar a la bartola, que un trabajador, que una persona autónoma o un pequeño
empresario. (Aplausos).
Pero, señorías, si no les parece poco el IRPF, vayamos a hablar de las socimis. Y es que, aunque es verdad que las creó el señor Zapatero, la realidad es que fue con M. Rajoy -a quien nunca investigará la Audiencia Nacional a pesar de haber
creado estructuras paramilitares para derribar a la oposición- cuando se hizo que tuvieran que pagar al cero por ciento. ¿Y saben qué ha ocurrido desde entonces? Que en solo catorce años los chiringuitos fiscales que evaden impuestos legalmente se
han multiplicado por 79, amasando una capitalización bursátil -escuchen bien- de 31 000 millones de euros. Por tanto, señorías, si ustedes quieren hablar hoy de competencias de vivienda que tiene el Estado, una medida sencilla, que ideológicamente
a priori tanto desde la extrema izquierda radical hasta la extrema derecha de orden podéis votar amablemente, es abolir los chiringuitos como las socimis; incluso, aquellos diputados que tienen alguna participación familiar en ellas.
Y, en segundo lugar, lo que proponemos es prohibir la compra especulativa de vivienda, una medida que existe en muchos lugares de Europa y del mundo, que es razonable y que sencillamente dice que las casas se tienen que comprar para vivir en
ellas, y no para especular y hacer negocio. La realidad es que, a pesar de que el partido socialista se abstuvo respecto de nuestra proposición de ley para prohibir la compra especulativa a personas jurídicas, nos alegra que ahora el Ministerio de
Vivienda haya licitado un estudio para definir cómo puede controlar prohibir que las personas jurídicas -es decir, fondos buitre, socimis y empresas- puedan comprar viviendas en nuestro país.
Pero, sobre todo, hoy no quiero apelar al partido socialista; hoy quiero apelar a VOX. Y es que sé que ustedes tienen un drama interno, un complejo que no saben cómo resolver. Y no es que lo diga yo; lo explica fantásticamente el
programa de la tele vasca Vaya semanita. Ustedes, señorías, ahora no saben si tienen que apoyar a España o a Trump y la verdad es que esto les genera mucha contradicción: si van con Trump, no van con su España; y si van con Trump, no pueden ir
con España tampoco. Pero les voy a proponer una cosa que les va a ayudar en su contradicción: apoyen la única cosa en la que nosotros estamos de acuerdo con el impresentable del señor Trump. Aprovecho, por cierto, para solidarizarme con la buena
gente de la flotilla, que está secuestrada por el Estado genocida y sionista de Israel. (Aplausos). La única cosa buena que tiene Trump, y con la que pueden estar al lado de su amada España y de su jefe Trump, es que ha pedido que se prohíba la
compra especulativa a las corporaciones y empresas, porque incluso él entiende que las casas se compran para vivir y no para especular.
Señorías, termino. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de no vivir ajenos a la realidad de la calle. Hoy no hay excusas. Esto no es una competencia autonómica. No puede esconderse la ministra, pero tampoco las fuerzas que gobiernan las
comunidades autónomas. Esto es nuestro. Política fiscal para gravar a aquellos que juegan con la vida de la gente y prohibir a aquellos que compran nuestros barrios para expulsarlos y montar parques temáticos.
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario VOX, interviene el señor Hernández Quero. (Aplausos).
El señor HERNÁNDEZ QUERO: Con el problema de la vivienda asistimos a un fenómeno fascinante en términos psicológicos: el de una izquierda infantil que se queja de los síntomas mientras celebra la enfermedad; el de una casta dirigente que
fomenta exactamente aquello que afirma combatir; el de unos políticos incapaces de hacerse cargo de las consecuencias prácticas de la aplicación de sus propias ideas, no de las de otros, de sus propias ideas. (Aplausos).
Suben diputados a esta tribuna a bramar contra la especulación sin entender algo elemental: que solo se puede especular con aquello que escasea y mucha gente necesita. Lamentan que la vivienda sea un negocio quienes han generado las
condiciones oportunas para que pueda serlo. Predican contra los fondos los que llevan años asegurándoles ganancias estratosféricas. Fingen consternación por la acumulación inmobiliaria quienes la han propiciado. Pero todo es un simulacro, una
pose, una performance. Lo que hoy tenemos en el mercado inmobiliario es exactamente lo que los grandes pedirían a los Reyes Magos: escasez permanente y millones de personas compitiendo desesperadas por cada vivienda, es decir, precios desbocados y
rentabilidades disparadas. Lo paradójico es que la carta a los reyes de los fondos se parecería bastante a la carta a los reyes que escribirían sus señorías de SUMAR. Y es que si hoy hay grandes patrimonios fijando precios a placer es porque
ustedes les han garantizado exactamente lo que necesitaban: una demanda infinita y una oferta bloqueada. Y si, además, hay una creciente concentración de la propiedad es porque a Paula, a Marc y a millones de jóvenes como ellos se les ha impedido
comprar, se les ha vetado comprar tras décadas de salarios estancados, regulaciones crediticias y unos impuestos a la compra -sus impuestos a la compra- que se han convertido en una muralla infranqueable para unas clases medias en declive. Primero
destruyen la propiedad popular y luego se escandalizan de que solo puedan comprar fondos y corporaciones. (Aplausos). Si yo fuera un gran actor del mercado, desde luego que pediría el voto para políticos tan obedientes, que me asegurarían cada año
la llegada de cientos de miles de clientes mientras impiden que salga al mercado una sola casa más y desguazan el poder adquisitivo de jóvenes, familias y trabajadores.
Ustedes han creado un monstruo y ahora pretenden acabar con él sin terminar primero con aquello que lo alimenta, porque esta iniciativa no actúa ni sobre el origen de los altos precios ni sobre las causas de la expulsión del español de a pie
del acceso a la vivienda en propiedad. Si mañana desaparecieran las empresas que compran vivienda, Paula y Marc seguirían sin poder comprar, seguirían faltando viviendas, seguiría habiendo hacinamiento, seguirían existiendo millones de personas
buscando casas sin encontrarla y seguiría habiendo unas clases medias y populares españolas precarizadas, amputadas e incapaces de competir ni con los ricos de todo el mundo ni con los pobres de todo el mundo.
Por eso, si de verdad se quiere ir a la raíz del problema, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que promueve el grupo proponente: hay que cerrar fronteras, hay que revertir la inmigración masiva, hay que fomentar la construcción y
hay que diseñar una fiscalidad inteligente, precisamente para gravar la compra de vivienda por parte de fortunas extranjeras y fondos. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, teniendo claro qué se quiere preservar y qué se quiere defender: la
propiedad popular nacional; la propiedad popular
nacional y nada más. Así, si eres una familia española intentando comprar tu primera vivienda habitual, vas a tener un trato preferente, como defendemos en nuestra enmienda, con impuestos mínimos y la posibilidad de que los pagues hasta
quince años después sin intereses, porque las casas en España son para que las habiten las familias españolas. Ahora bien, si eres una corporación, una sociedad o una fortuna extranjera y lo que quieres es especular, jugar al monopolio, acumular
vivienda vacía o convertir nuestras ciudades en parques temáticos, entonces vas a encontrarte con una fiscalidad durísima y disuasoria, y con lo que se recaude se va a ayudar a los españoles a volver a comprar, a hacer vivienda protegida y a formar
hogares.
También hay que asumir una realidad material que algunos prefieren ignorar en esta Cámara y es que en España faltan viviendas y buena parte del parque inmobiliario se cae a pedazos, es decir, hace falta inversión en rehabilitación, en
reformas integrales, y hace falta la tan cacareada construcción de un gran parque público asequible y de larga duración, tan cacareada pero que nadie construye. Hace falta inversión; por tanto, no se puede cerrar la puerta a esa inversión porque
será cerrar la puerta de las casas a los españoles. La inversión tendrá que ser bienvenida en la medida en la que sirva a las necesidades de los españoles y penalizada en la medida en la que los perjudique. No queremos, por tanto, una vivienda
subordinada al capital financiero; queremos un capital subordinado al interés residencial, social y nacional de los españoles. Pedimos y queremos algo muy sencillo: que no haya una sola familia española sin casa, que los nuestros vayan primero
frente a corporaciones y capitales globales. Propiedad popular frente a concentración, arraigo frente a especulación y que los españoles no vuelvan a ser jamás extranjeros inmobiliarios en su propio país, porque la primera y casi diría la única
función de la vivienda es la de alojar a la población española y garantizar la continuidad social e histórica de la nación española.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Jódar Pérez.
La señora JÓDAR PÉREZ: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Antes de empezar, me gustaría recordarle a la señora Montesinos, del Grupo Popular, que cuando se adjudicó la vivienda protegida a la alcaldesa de Quart de Poblet que ha nombrado, esta señora no era ni siquiera militante del Partido
Socialista. (Aplausos). Ustedes mienten para tapar sus propias vergüenzas, señorías del Grupo Popular.
Y ahora voy a contarles una historia que conozco de cerca, una historia como la de miles y miles de españoles y españolas. Es la historia de mi amiga María, una chica de 34 años, con más de diez años de trabajo cotizados, que trabaja en un
supermercado, que ha conseguido un ascenso en su puesto de trabajo y que quiere comprarse una casa para formar su proyecto de vida futuro, pero no puede hacerlo porque no puede asumir los costes desorbitados de los pocos pisos en venta que hay en
Lorca, Murcia, donde vivimos. Y como ella, señorías, muchas familias viven situaciones muy parecidas, todas desoladoras.
Sí, la vivienda es un problema que nos preocupa a todos, pero la diferencia está en cómo se está atajando y cómo se están priorizando las necesidades de quienes más lo sufren. Y ahí es donde el Gobierno de España está demostrando que la
vivienda es su prioridad. Recientemente se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda, que triplica la inversión hasta los 7000 millones de euros, que van a ir destinados a construir más vivienda pública, a rehabilitar las que ya hay y a proteger a
jóvenes y a familias frente a la especulación, garantizando que tengan acceso a una vivienda digna, tal y como versa el artículo 47 de la Constitución. Además, este jueves, el Ministerio de Vivienda ha convocado la conferencia sectorial con las
comunidades autónomas, donde se va a acordar el reparto de estos fondos.
Señorías, este Gobierno también ha aprobado la primera ley estatal de vivienda de la democracia, pero, como saben, las competencias en esta materia están delegadas en las comunidades autónomas y ahí es donde nuestras diferencias de gestión
con el PP son abismales. (Aplausos). Por ejemplo, en la Región de Murcia, que es la realidad que yo más conozco, la que me pilla más de cerca, donde todos los murcianos y murcianas sufrimos la gestión negligente del Partido Popular. En los
últimos ocho años, el Gobierno de España ha enviado más de 240 millones de euros a la Región de Murcia para solucionar el problema de la vivienda. ¿Y qué ha hecho el PP? Nada. Las familias y los jóvenes murcianos están abandonados. No reparten
las ayudas del bono de alquiler joven, no aplican la ley de vivienda, no topan los precios del alquiler ni declaran las zonas tensionadas y menos construyen ni una sola vivienda. Señorías del Grupo Popular, tienen abandonados a miles y miles de
jóvenes y familias allá donde gobiernan. (Aplausos). Pero les voy a poner otro ejemplo, un ejemplo muy significativo. El Ministerio de Vivienda transfirió a la Región de Murcia 25,6 millones de euros para construir 526 viviendas de alquiler
social. Pues bien, a día de hoy, el Gobierno del Partido Popular solo ha adjudicado la construcción de cinco viviendas de esas 526. Así se las gasta el Partido Popular. Van a tener que devolver 25 millones de euros por no ponerse a trabajar para
solucionar los problemas de la gente. (Aplausos).
Señorías, con la vivienda no se juega. La vivienda pública se protege, se blinda y se defiende. Estamos ante un problema, como podemos ver, que nos preocupa a todos y a todas. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a los dos puntos de esta proposición no de ley, en la que proponemos que las empresas o fondos buitre que especulen con la vivienda paguen más impuestos, mientras que quienes fomenten el alquiler asequible tengan incentivos fiscales.
Señorías, la vivienda no puede seguir siendo la oportunidad de negocio de unos pocos y el gran problema de otros. Por eso, frente a la especulación, más vivienda pública; frente al negocio, más derechos sociales; frente a quienes se resignan y
miran para otro lado, un Gobierno de España que actúa. (Aplausos). Y esta es la verdadera diferencia política de lo que se debate aquí hoy: tenemos que blindar la política como un derecho y no como un activo financiero de los fondos buitre, de
los especuladores y de los oportunistas. Por eso desde el Gobierno de España se han centrado todos los esfuerzos, con una apuesta millonaria, en solucionar esta situación.
Termino. Los socialistas defendemos que la vivienda es para vivir, la vivienda es para formar un hogar, la vivienda es para construir un futuro y no para especular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Gracias, presidente.
Indiscutiblemente, a día de hoy, la vivienda es el principal problema en nuestro país. Millones de personas se están viendo afectadas por esta problemática y lo que no es razonable es que, mientras miles y miles de trabajadores de este país
tienen ansiedad y miedo a no poder pagar su alquiler o su hipoteca a final de mes, haya cientos de especuladores que estén haciendo el agosto y que se estén enriqueciendo con un bien que debiera ser un derecho.
La vivienda se ha convertido actualmente en el principal símbolo de un modelo injusto por el cual se ha apostado en este país. Mientras los fondos buitre, las explotadoras turísticas o los rentistas baten récords de beneficios, la gente de
este país ni siquiera tiene un proyecto de vida que construir. Hoy en día tener un trabajo ni siquiera te garantiza poder acceder a una vivienda en condiciones dignas. Nos quisieron convencer de que no había que hacer nada, de que el mercado iba a
actuar y lo iba a solucionar todo, que regular o intervenir el mercado era un disparate de los comunistas. Pero veamos cuáles han sido las consecuencias de sus políticas neoliberales: precios disparatados, familias que tienen que dedicar más de la
mitad de su nómina a pagar el alquiler, jóvenes
completamente sin futuro y condenados a vivir peor de lo que lo hicieron sus padres y vecinos y vecinas que están siendo expulsados día sí y día también de sus barrios. Cuando Podemos señalaba este problema desde su nacimiento, hace más de
una década, algunos nos ridiculizaban. Nosotras decíamos que la vivienda no podía convertirse en un bien de mercado más, que eso sí que era un disparate, y aquí algunos venían a echarse unas risas y a decir: Bueno, ya vienen los rojos a
expropiarnos las viviendas. Lo cierto es que aquí los únicos que quitan las viviendas a las familias son los bancos y los fondos buitre, y con la connivencia de muchos de ustedes, señorías.
Solo hay dos posiciones ante esta problemática: una, estar con los especuladores; dos, estar con la gente. Nosotros tenemos bien claro de qué lado estamos y por eso hemos hecho unas propuestas que van en esta línea: bajar los precios del
alquiler un 40 %; topar los precios del acceso a la vivienda; topar los intereses para las hipotecas variables, porque muchas veces las familias ni siquiera pueden asumir el pago de su cuota de hipoteca; expropiar vivienda a esos fondos buitre y
bancos, que muchas de ellas las tienen vacías para poder seguir especulando y ganar más, para seguir subiendo el precio y engrosar más aún las cifras de sus beneficios, y también prohibir la compra de vivienda a estos fondos buitre y a estos bancos.
Por otro lado, quiero decirle al Gobierno del Partido Socialista y SUMAR que también estaría bien que toda su política de vivienda dejara de basarse en dar beneficios fiscales a los rentistas, porque hemos visto que esto no soluciona nada,
sino que más bien lo que hace es agravar el problema. Yo vengo de Canarias y si ya es sangrante el problema de la vivienda en este país, mucho más lo es en mi tierra. Por fortuna o por desdicha, somos un destino apreciado por mucha gente, o bien
para vivir o bien como destino turístico. ¿Y esto qué ha hecho? Que tengamos más de sesenta mil viviendas vacacionales en nuestro territorio; que en municipios como Yaiza, Adeje o Mogán ya haya más viviendas destinadas al alquiler vacacional que
al alquiler común; que en el último año se hayan incrementado en un 25 % las viviendas destinadas al alquiler vacacional; que en Canarias todavía, a día de hoy, una de cada cuatro viviendas que se compran...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
La señora SANTANA PERERA: ... las compren personas que no residen en nuestra tierra y que lo hacen para especular. Y esto es mucho peor en islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde es el 50 % de la vivienda la que queda en manos de gente
que ni vive ni trabaja ni lucha en Canarias ni ama Canarias. Esto no lo podemos seguir permitiendo, así que pedimos también al Gobierno de nuestra tierra que se deje de hablar de ratas nadadoras y que, por fin, ponga solución al problema de la
vivienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Como todos sabemos, la vivienda es la mayor preocupación de la ciudadanía en el Estado y prueba de ello son los sucesivos debates que se dan en esta Cámara, también esta semana, sobre todo el día de hoy.
El objeto de esta proposición no de ley ha sido debatido en numerosas ocasiones sin llegar a puntos de encuentro, incluso dentro de los socios de Gobierno. Lo hicimos cuando el mismo Grupo SUMAR presentó a debate la proposición de ley para
la modificación de la ley de vivienda, en la que proponía la modificación del artículo 10 de la misma para limitar el derecho de propiedad, toma en consideración que fue rechazada, y nuevamente han presentado la misma proposición de ley dos meses
más tarde. En aquella ocasión, pese a nuestras reticencias, no nos opusimos a su tramitación, porque, tal y como hemos repetido en incontables ocasiones, no nos oponemos a intervenir en vivienda, pero no de cualquier manera. Debemos tener en
cuenta que cualquier intervención tiene sus consecuencias y que estas deben partir de un diagnóstico real y de un planteamiento integral de medidas para incidir positivamente con objetivos claros y dotando a esos
cambios de seguridad jurídica, es decir, sin dar bandazos por adornar un relato político interesado.
El portavoz de SUMAR ha defendido hoy nuevamente su posición, esta vez a través de una proposición no de ley que propone dos medidas concretas: aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de
las personas jurídicas, empresas y fondos buitre y derogar de forma urgente la Ley 11/2009, que regula las socimis, y aplicar una fiscalidad mayor a las empresas y fondos de inversión que a las familias por su vivienda habitual.
La proposición no de ley que debatimos hoy sigue la misma línea argumental que aquella proposición de ley citada, que entiende que las personas jurídicas no garantizan la función social de la vivienda e incluso son contrarias a la misma y,
por tanto, plantean la derogación de la ley que las ampara y meten en el mismo saco a personas jurídicas, a empresas en general y a fondos buitre. Pero no todo es lo mismo, no todos son fondos buitre. No se puede simplificar de esta manera, ya que
se retuerce la realidad en búsqueda de culpables y no se buscan soluciones. Lo que hay que hacer es buscar aliados para la causa común, que no es otra que la de facilitar una vivienda digna a todas las personas. La colaboración públicoprivada, que
empieza a tener adeptos incluso hasta en partidos políticos que antes la demonizaban, va a ser también necesaria para incrementar el parque público de vivienda o la rehabilitación de la ya existente. Otra cosa es la regulación incluso de la
fiscalidad que se les debe aplicar, dependiendo, evidentemente, de su contribución al difícil reto de la vivienda y a su función social.
Entendemos que las realidades son diferentes en el Estado, que la repercusión de las socimis en Euskadi no es similar a su repercusión en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Málaga, donde, a pesar de su existencia, su presencia es
residual. Entendemos, asimismo, que haya que tomar medidas para evitar que los grandes fondos inversores en vivienda imposibiliten el acceso de las personas a una vivienda digna o las desalojen de su vivienda habitual.
Bi mila hogeita bosteko Azaroan lege proposamena eztabaidatu zenean esan genuen moduan, prest gaude gizarte eta inbertsio funts hauek etxebizitza krisian duten eragina aztertzeko, lege aldaketa desberdinak aztertzeko eta legez besteko
proposamenak dioen moduan, higiezinen espekulazioa geldiarazteko eta etxebizitza duina lortzeko sarbidea Bermatzeko datuekin eta segurtasun juridikoarekin, Baina horretarako akordioak lortu behar dira eta ez da aurrerapauso handirik eman. Zentzu
horretan, etxebizitza eztabaida politikoan diferentzia azaleratzeko erabiltzen baita, postura ideologikoak maximizatzeko, herritarren kaltetan. Eredua ez da debekua, baizik eta beren jarduera mugatzea etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko.
Legez besteko proposamen honekin errealitateak parekatu egiten baitira, eta ez da dena ez antzeko ezta berdina ere ez. Enpresa hauek kooperatiba, esate baterako, betetzen duten funtzioa. Ez da dena funts putrea. Horregatik, gure taldea
etxebizitzaren merkatuan inbertsio fondoek duten eragina aztertzea bidezkoa dela diogu, eta, hala balegokio, neurriak hartzearen alde gaude, eta, behar izanez gero, lege baldintzak aldatzea ere, etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko, segurtasun
juridikotik ikuspegi integral batetik. Hori bai, inolako aurreiritzirik gabe. Milesker.
Tal y como dijimos en noviembre de 2025, cuando se debatió la proposición de ley, estamos dispuestos a estudiar el impacto de estas sociedades y fondos de inversión en la crisis de vivienda, a analizar las diferentes modificaciones legales
para, tal y como dice la PNL, frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna, con datos y con seguridad jurídica, pero para ello hay que alcanzar acuerdos y no estamos avanzando mucho en ese sentido. Y es que se usa
la vivienda para sacar a la luz las diferencias, para maximizar las posturas ideológicas en detrimento de la población. El modelo no es la prohibición, sino limitar su actividad, de tal manera que se garantice la función social de la vivienda,
porque con esta proposición no de ley se equiparan realidades y no todo es lo mismo ni similar ni cumple la misma función. Por ejemplo, las cooperativas. No todo es fondo buitre. Por ello, nuestro grupo aboga por analizar el impacto de los fondos
de inversión en el mercado de la vivienda y, si se diera el caso,
adoptar las medidas necesarias e incluso realizar las modificaciones legales necesarias para garantizar la función social de la vivienda, desde la seguridad jurídica y desde una visión integral. Eso sí, sin apriorismos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señor presidente, señorías, no sería realmente difícil hacer de este debate una nueva pugna confrontativa entre posiciones que se dibujan antagónicas. Sin embargo, por respeto a la ciudadanía, que cada vez
está más desesperada con la búsqueda de una vivienda que no encuentra, yo casi voy a hacer un ejercicio imposible: voy a intentar ver cuáles son las posibles soluciones en las que podríamos siquiera estar mínimamente de acuerdo unos y otras, otros
y unas.
Hay diferentes maneras de abordar la cuestión de la vivienda o el problema principal de la ciudadanía, que es la vivienda en este momento. Una sería la de intervenir, pero con cuidado. Vendría a ser aquella que, al final, por pura inercia,
sitúa toda la posibilidad de acción en los incentivos fiscales, que en cierta medida pueden ayudar a quien menos tiene, pero supongo que convendrán conmigo, incluso sus más fieles defensores, que esta medida se convierte en un problema para el
propio Estado cuando de las propias deducciones fiscales también se aprovecha gente con potencial y capacidad para poder burlarla de una u otra manera a través de exenciones de todo tipo. Luego, al final, debilitamos al Estado. Hay otra que
plantea una acción más decidida y atrevida, que yo creo que va en la línea de la proposición no de ley de hoy. Nosotros más o menos compartimos esa tesis, aun con las matizaciones que haya que hacer, que también se han referido, en torno a las
personas jurídicas que pueden actuar o no, porque ahí también entrarían organizaciones no gubernamentales que quieren velar por colectivos en situación de vulnerabilidad. Luego, seguramente, hay otra que lo que dice es que no hay que hacer nada
porque el mercado se regula solo. Y, bueno, hay otra, pero a esa no le presto demasiada atención, porque, claro, de Bases Autónomas a Democracia Nacional o a VOX diciendo lo mismo en dos décadas no puedes esperar demasiado.
Entonces, partiendo de esas tres, que sí que parece que están, yo creo que podríamos ponernos de acuerdo siquiera en una cuestión: que el mercado ha demostrado que no se va a regular solo; que la oferta y la demanda, que la teoría de la
mano invisible de Adam Smith aplicada al mercado de la vivienda no es posible, no es factible, por varios motivos, pero hay dos fundamentales que hasta los propios teóricos del liberalismo económico de antaño señalaban como fundamentales y uno es
que la capacidad de reproducción del bien no se da a la misma velocidad que la necesidad se manifiesta. Es decir, la gente necesita viviendas ahora y, aunque tú te lo propusieras, incluso en términos de factibilidad, que a veces no es posible
porque no siempre se puede producir donde se quiere y donde es realmente rentable, no podrías solucionar el problema aquí y ahora. Luego plantearnos que el mercado se regule solo debería ser para quienes piensan que el Estado nada más tiene que
mirar o si acaso incentivar fiscalmente alguna cuestión. No puede ser la solución. Y sobre todo por otra cuestión también, y no es harto ideológica la que voy a plantear, o no de las más que suelo plantear aquí: el mercado no tiene en su
naturaleza la necesidad ni la voluntad de dar respuesta a un derecho.
En esta Cámara yo he oído a todas sus señorías, o prácticamente a todas, decir que la vivienda es un derecho y que el derecho a la vivienda tiene que preservarse. Lo dice la Constitución Española, lo dicen seguramente todas las proclamas de
todas las formaciones políticas. Bien, pues entenderán que el mercado, por su propia naturaleza, no tiene en su función social dotar de derechos a toda la ciudadanía, sino proveerse de aquellos bienes que le generen un beneficio para luego seguir
alimentando su propia lógica de acumulación o de reproducción. Pues yo creo que ahí encontraríamos las soluciones de las que seguramente todos echamos mano en estos debates, porque lo que no se puede hacer es llegar a un debate y plantear que todo
lo que hay, aunque no lo hayamos querido aplicar
-hablo de la materia legislativa-, no sirve o no ha servido. Esto sería tan sencillo como plantearnos una analogía entre quien va al médico, escucha un tratamiento que no le gusta, aunque pueda ser efectivo, decide no seguirlo y luego le
echa la culpa a ese tratamiento que no ha seguido del deterioro o el empeoramiento en su salud.
Hay medidas que se pueden aplicar. La Ley de Vivienda del Parlamento Vasco de 2015 contiene elementos que se pueden desarrollar todavía hoy. Pongámonos a ello. Tienen que ver con el canon especial a las viviendas vacías, tienen que ver
con la posibilidad de expropiación a aquellos parques de viviendas que pertenecen a grandes fondos tenedores o que pertenecen a bancos y que no quieren sacar al mercado porque están esperando una búsqueda de rentabilidad superior, porque eso que la
Ley de 2015 se planteaba era para momentos en los que la población viviera una realidad dramática en torno a la vivienda o una urgencia necesaria en torno a la vivienda. Es que el 61 % de la población de la Comunidad Autónoma vasca ya vive en lo
que se llaman zonas tensionadas, zonas tensionadas que hemos votado diferentes partidos políticos, incluso aquellos que no estaban muy por la labor o muy de acuerdo con esa figura dentro de la ley de vivienda de 2023. ¿Por qué no se puede llevar a
efecto eso? Porque, si no, estaremos siguiendo, como decía, la analogía del paciente insumiso.
Para finalizar, me gustaría plantear algunas posibilidades. Seguramente no hay una sola medida, pero lo que sabemos es que construir con dinero de todos para luego descalificar esas viviendas y que engrosen la lista del mercado libre no es
una solución, lo hemos visto. De ahí, la calificación permanente de la vivienda, que también viene en la legislación, eso lo sabemos. También sabemos que movilizar vivienda vacía es un esfuerzo necesario y que hay que duplicar los esfuerzos para
movilizar vivienda vacía. De la misma manera, conocemos también que la vivienda turística puede tener un espacio, pero no puede desplazar el uso natural de la vivienda, que es ser el lugar donde se desarrolla un proyecto vital y que, por tanto,
tendrá que estar acotado y perfectamente regulado para que no exista esa piratería que también existe. Lo vamos a ver este fin de semana, por ejemplo, en la capital de Vizcaya, cuando llegue todo ese aluvión de gente que va a asistir a unas finales
de carácter deportivo y comprobemos cómo les ofertan todo tipo de soluciones habitacionales que a nosotros y a nosotras, y seguramente a todo el mundo, le daría una cierta vergüenza por el rubor con que alguna gente piensa ganar dinero a costa de
quien viene y necesita un lugar donde dormir. Por tanto, planteémonos hacer más cosas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALON: ... y tiene que ver con poner -y termino ya- límites a los precios.
La fiscalidad también es necesaria, aunque seguramente es lo que más molesta y duele, porque seguramente a quien le molesta y le duele tiene más capacidad de hacerse oír que los nadie, que tienen muy poquita.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Madrenas i Mir. (La señora vicepresidenta, Gil de Reboleño Lastortres, ocupa la Presidencia).
La señora MADRENAS I MIR: Bona tarda de nou.
Hi ha una única cosa, senyor Ibañez, una, en tota aquesta proposició de SUMAR que Junts compartim, que és el primer paràgraf, quan afirmen que l'habitatge és avui una de les principals preocupacions socials. Precisament per això, perquè és
un problema greu, estructural i que està expulsant tota una generació sencera de l'accés a l'habitatge, el que no es pot fer és convertirlo en una fàbrica de titulars fàcils o de falsos culpables. Perquè, després d'aquest paràgraf, el que torna al
seu discurs és el seu discurs de sempre, de les extremes esquerres: especulació, demonització, molta propaganda, però poc rigor. I és curiós perquè després acusen l'extrema dreta de manipular dades i de construir relats
basats en la por. Però és que vostès fan exactament el mateix. I aquesta proposició n'és la prova. Agafen dades parcials i construeixen un relat ideològic que no s'aguanta quan es miren les xifres completes. I això també és populisme.
Perquè els populismes, siguin d'extrema dreta o d'extrema esquerra, sempre acaben igual: simplificant problemes molt complexos i impulsant mesures que no resolen res.
Perquè vostès afirmen que el problema de l'habitatge és la compra massiva d'habitatges per part de persones jurídiques que s'està produint actualment. Però les dades notarials diuen el contrari. A Espanya, l'any 2025, les persones
jurídiques van comprar aproximadament 78 000 habitatges, però en van vendre més de 123 000. És a dir, van vendre molts més habitatges dels que van comprar. Per tant, hi ha un saldo negatiu superior als 45 000 habitatges en un any, a nom de
persones jurídiques. A Catalunya, la diferència encara és més clara: unes 14 000 compres davant gairebé 26 000 -el doble, més del doble- vendes. És a dir, les persones jurídiques titulars d'habitatges es van vendre prop de 12 000 habitatges més
dels que van adquirir. Per tant, són molts menys dels que eren l'any anterior. I a Barcelona ciutat igual. Per tant, haurien de deixar de repetir aquest relat segons el qual avui les empreses estan absorbint massivament el parc immobiliari,
perquè és directament una mentida. I el mateix passa amb els compradors estrangers, perquè vostès intenten instal·lar la idea que el problema de l'habitatge és la compra massiva d'habitatges per empreses o bé per part d'estrangers no residents.
Però, quan es miren les dades reals, resulta que a Catalunya, el 2025, els compradors estrangers no residents representen el 3,95 de les operacions. Però és que el 2022 suposaven el 5,62. Per tant, s'està reduint. I encara més, els venedors no
residents representen el 4,94 de les vendes. És a dir, que els estrangers no residents també estan venent més habitatges que no pas compren. Per tant, saldo negatiu també. Per tant, ens estan enganyant a tots. També asseguren que una gran part
de les operacions es paguen al comptat. Però fins i tot aquí tornen a oferir una imatge parcial i esbiaixada de la realitat. Perquè a Catalunya -i els recordo que és dels territoris més tensionats, on el problema de l'habitatge és més greu-, el
2025 més del 71 % dels habitatges adquirits, 71, es van comprar amb hipoteca. Però el que és rellevant és l'evolució que vostès amaguen, perquè van tocar mínims el 2013, quan només el 41 % d'habitatges eren comprats amb hipoteca. Però ara estem ja
al 71 i va creixent.
Però vostès sempre prefereixen el relat simple, el culpable fàcil. I, mentre juguen a això, la realitat és que cada vegada hi ha més joves i famílies expulsades de l'accés a l'habitatge. I davant d'això, vostès què proposen? Prohibir,
prohibir, prohibir persones jurídiques, tancar SOCIMI, tot, continuar alimentant la confrontació. S'han de centrar. No veuen que aquestes propostes no resolen res? La seva improvisació i manca de rigor arriba fins al punt que ni tan sols han
pensat a excloure d'aquesta prohibició de comprar de les persones jurídiques a fundacions, administracions públiques, cooperatives d'habitatges, entitats socials del tercer sector, que també són persones jurídiques. Ja, doncs no els han exclòs. I
respecte de les SOCIMI, nosaltres no compartim la política de terra cremada, perquè no només operen amb residencial les SOCIMI, també en inversió logística, industrial, d'oficines, comercial. I el que cal és reformularla potser, reformular els
incentius perquè la inversió contribueixi a generar activitat econòmica, que la necessitem tots, i també oferta d'habitatge. No destruir instruments que poden ser útils modificantlos per pur dogmatisme ideològic.
Aquest problema se solucionarà donant aire a les butxaques dels ciutadans amb deduccions al lloguer, com fa temps que estem proposant Junts per Catalunya, i a la compra, l'estalvi per adquirir l'habitatge habitual, augmentar l'oferta...
Però sobretot ampliant parc públic i privat d'habitatge, i rehabilitant els obsolets i activant els habitatges buits realment disponibles, i especialment deixant de governar i legislar a cop d'eslògan com fan vostès. Perquè, després de tots aquests
anys al govern, l'habitatge és més inaccessible que mai, els joves estan més expulsats i les famílies estan més ofegades, i això sí que és un fracàs, el fracàs de tots vostès.
Moltes gràcies.
Buenas tardes, nuevamente.
Hay una única cosa, señor Ibañez, en toda esta propuesta o proposición de SUMAR que en Junts compartimos, que es el primer párrafo, cuando afirman que la vivienda es hoy una de las principales preocupaciones sociales. Y precisamente por
eso, porque es un problema grave estructural y que está expulsando a toda una generación entera del acceso a la vivienda, lo que no se puede hacer es convertirlo en una fábrica de titulares fáciles o de falsos culpables, porque después de este
párrafo lo que vuelve es el discurso de siempre de las extremas izquierdas: especulación, demonización y mucha propaganda, pero poco rigor. Y es curioso porque después acusan a la extrema derecha de manipular datos y construir relatos basados en
el miedo, pero es que ustedes hacen exactamente lo mismo y esta proposición es la prueba de ello. Cogen datos parciales y construyen un relato ideológico que no aguanta cuando se miran las cifras completas, y eso también es populismo, porque los
populismos, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, siempre acaban igual, simplificando problemas muy complejos e impulsando medidas que no resuelven nada.
Ustedes afirman que el problema de la vivienda es la compra masiva de viviendas por parte de personas jurídicas que se está produciendo actualmente, pero los datos notariales dicen lo contrario. En España, en el año 2025 las personas
jurídicas compraron aproximadamente 78 000 viviendas, pero vendieron más de 123 000, es decir, vendieron muchas más viviendas de las que compraron, por tanto, hay un saldo negativo superior a las 45 000 viviendas en un año a nombre de personas
jurídicas. En Cataluña la diferencia aún es más clara: unas 14 000 compras ante casi 26 000 ventas, más del doble; es decir, las personas jurídicas titulares de viviendas vendieron cerca de 12 000 viviendas más de las que adquirieron, por tanto,
son muchas menos que en el año anterior. Y en Barcelona ciudad ocurre lo mismo. Por tanto, deberían dejar de repetir este relato según el cual hoy las empresas están absorbiendo masivamente el parque inmobiliario porque es directamente una
mentira. Lo mismo pasa con los compradores extranjeros, porque ustedes intentan instalar la idea de que el problema de la vivienda es la compra masiva de viviendas para empresas o bien por parte de extranjeros no residentes. Pero cuando se miran
los datos reales resulta que en Cataluña, en el 2025, los compradores extranjeros no residentes representan el 3,95 % de las operaciones y en 2022 suponían el 5,62 %, por tanto, se está reduciendo. Y aún más, los vendedores no residentes
representan el 4,94 % de las ventas, es decir, que los extranjeros no residentes también están vendiendo más viviendas de las que compran. Es un saldo negativo también, por tanto, nos están engañando a todos. También aseguran que una gran parte de
las operaciones se pagan al contado, pero incluso aquí vuelven a ofrecer una imagen parcial de la realidad, porque en Cataluña -y les recuerdo que es de los territorios más tensionados y con el problema de la vivienda más grave-, en 2025, más del 71
% de las viviendas adquiridas se compraron con hipoteca. Pero lo que es relevante es la evolución que ustedes ocultan, porque tocamos mínimos en 2013 cuando solo el 41,5 % de las viviendas se compraban con hipoteca en Cataluña y ahora estamos ya en
el 71 % y crece.
Ustedes siempre prefieren el relato simple y el culpable fácil. Y mientras juegan a eso, la realidad es que cada vez hay más jóvenes y familias expulsadas del acceso a la vivienda. Y delante de esto, ¿ustedes qué proponen? Prohibir,
prohibir, prohibir. Prohibir a las personas jurídicas, a las socimis, etcétera, y seguir alimentando la confrontación. Tienen que centrarse, ¿no ven que con estas propuestas no resuelven nada? Su improvisación y falta de rigor llega hasta el
punto de que ni tan solo han pensado en excluir de esta prohibición de comprar a las personas jurídicas, a fundaciones, Administraciones públicas, cooperativas de vivienda o entidades sociales del tercer sector, que también son personas jurídicas;
pues no, no los han excluido. Respecto a las socimis, nosotros no compartimos esta política de tierra quemada, porque no solo operan en residencial las socimis, también operan en inversión logística, industrial o de oficinas y comercial, y lo que
hay que hacer es reformularla, quizá. Reformular los incentivos para que la inversión contribuya a generar actividad económica, que la necesitamos todos, y también oferta de
vivienda, y no destruir instrumentos que pueden ser útiles, modificándolos por puro dogmatismo ideológico.
Este problema se va a solucionar con deducciones de alquiler, como hace tiempo que estamos proponiendo en Junts, con la compra y el ahorro para adquirir la vivienda habitual y aumentar la oferta, pero sobre todo ampliando el parque público y
privado de vivienda, rehabilitando las viviendas obsoletas y activando las viviendas vacías realmente disponibles. Y, especialmente, dejando de gobernar y legislar a golpe de eslogan como hacen ustedes, porque después de todos estos años en el
Gobierno la vivienda es más inaccesible que nunca, los jóvenes están más expulsados y las familias están más ahogadas, y eso sí que es un fracaso, es el fracaso de todos ustedes.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Gil de Reboleño Lastortres): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Etna Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, aquesta tarda a algunes ens podrien haver posat una butaca aquí.
Bé, vaig a dir, d'entrada, que sí, que estem d'acord amb els dos punts de la PNL que ens presenta SUMAR, i que no només això, sinó que ho hem proposat també en diverses iniciatives, entre elles, una proposició de llei sobre canvis en el
model de fiscalitat per l'habitatge, que no va passar ni la presa en consideració perquè el bloc dels partits que treballen perquè els rics es facin més rics -PP, VOX i Junts- no va acceptar ni tan sols parlarne, no fos que hi perdessin algun euro.
Dit això, segon punt. Definicions de diccionari. Habitar: viure, estarse en una casa, en un poble... I d'aquí, habitatge. I el mateix val per viurehi i vivienda, per als que no es posen el pinganillo. Especular: comprar o vendre
comptant aprofitarse d'una fluctuació del preu per lucrarse, aprofitarse d'una fluctuació del preu per lucrarse. Senyores i senyors, d'aquí plora la criatura. Aquí és on estan els blocs reals d'aquest congrés. Bloc 1: habitar, i per tant
habitatge. És un dret i tothom ha de poder accedirhi. Bloc 2: especular, i per tant lucrarse és la prioritat nacional, sigui de la nació que sigui. Lucrarse a través de comprar blocs sencers i fer fora els veïns i veïnes per revendre els pisos a
preu d'or. Exemple real, evidentment, de l'Escala. Un bloc sencer. Una empresa compra gairebé tots els pisos d'aquest bloc. 22 pisos on famílies, parelles i joves del meu poble vivien de lloguer. I què fan? Fotre'ls tots al carrer per revendre
aquests pisos de 2 i 3 habitacions a més de 400 000 euros, un mínim que només poden comprar persones estrangeres amb un nivell adquisitiu molt més alt que els escalencs i escalenques només per fer negoci. Aquesta operació va expulsar 15 famílies i
persones joves de casa seva i les va obligar a competir per un habitatge de lloguer en una zona turística amb molt poca oferta tot l'any i amb uns preus de compravenda totalment inassumibles per a una persona treballadora. Una zona que sí, s'ha
declarat tensionada, però on mentre mantinguem la possibilitat de fer lloguer per temporada sense regulació, seguim veient com moltíssims pisos queden fora del circuit d'habitatge tot l'any. I aquest és només un cas per explicar el drama. Això
passa cada dia, cada hora i a cada barri. Famílies expulsades de casa seva perquè permetem que prevalgui el dret a especular per davant del dret a viure. I quan passa això, massa sovint hi ha un model empresarial concret al darrere. I aquest
model molta gent no sap ni que existeix. És la SOCIMI. Les SOCIMI són societats dinversió immobiliària. Empreses que compren habitatges no per viurehi, sinó per convertirlos en actius financers dels quals extreure el màxim rendiment possible. I
probablement molta gent que viu en un bloc propietat de Vivenio o de Testa Residencial ni tan sols sap que viu en un edifici propietat d'una SOCIMI. Tampoc sap que aquestes empreses gaudeixen d'uns privilegis fiscals absolutament desproporcionats.
Per exemple, paguen zero d'impost de societats, zero, mentre qualsevol treballador autònom o petita empresa paga impost de societats. També tenen una bonificació del 95 % en l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, quan
compren habitatges o sòl destinat al lloguer. És a dir, el sistema fiscal premia qui acumula habitatges, mentre castiga qui només intenta poder viure en un, el món al revés. I després encara ens pregunten per què els grans fons immobiliaris
compren
barris sencers. A Barcelona hi operen SOCIMI com Barcino Property, Advero Properties, Vandor Real Estate, Vivenio o Testa Residencial. Algunes es presenten com a empreses que ofereixen habitatge assequible o per a joves que es converteixen
en realitat en lloguers de més de 1100, 1600 euros o, en habitacions de coliving, fins a 900, 950 euros mensuals. A més a més, els beneficis se'ls disparen. Merlin Properties va guanyar més de 786 milions d'euros l'any 2025. Inmobiliaria
Colonial, 344 milions. I Vivenio va quadruplicar beneficis fins als 18 milions d'euros. I darrere d'aquestes xifres hi ha persones que perden casa seva. El Sindicat de Llogateres ha denunciat reiteradament pràctiques abusives a Sant Cugat, a
Barcelona, a Barberà del Vallès o a Sant Adrià del Besòs, fraus amb el lloguer de temporada per esquivar els topalls de preus, no renovacions sistemàtiques de contractes de lloguer, especulació amb l'habitatge protegit. Tot això no són casos
aïllats, és el model de negoci. Limitar la compra a les empreses, persones jurídiques i fons voltor és l'emergència social, i només es pot triar estar en un dels dos costats, només a un dels dos blocs. Repeteixo. Bloc 1: habitar. Bloc 2:
especular. Només hi ha dos blocs. Només hi ha dues opcions. Nosaltres triem sempre estar al primer. Ja ho vam fer quan vostès van presentar una proposició de llei similar a aquesta, que evidentment vam dir que s'havia d'esmenar, en la línia que
algunes empreses sí que han de poder comprar.
Tot i així, avui dia, com dèiem, tenir opcions de futur o no tenirne depèn en gran mesura de si tens o no tens el problema de l'habitatge solucionat, de si has heretat un pis o no l'has heretat. I això és absolutament inacceptable. Hem
d'acabar amb aquest model. Hem de parar aquesta sagnia i acabar amb l'especulació, com he dit abans. I abans és el que hem de fer per començar a posar solucions a aquest problema.
Moltes gràcies.
Bueno, esta tarde a algunas nos podrían haber puesto una butaca aquí.
Bien, quiero decir de entrada que sí, que estamos de acuerdo con los dos puntos de la PNL que nos presenta SUMAR. Y no solo eso, sino que lo hemos propuesto también en diferentes iniciativas, entre ellas una proposición de ley sobre los
cambios en el modelo de fiscalidad para la vivienda que no pasó ni la toma en consideración porque el bloque de los partidos que trabajan para que los ricos se hagan más ricos -PP, VOX y Junts- no aceptó ni siquiera hablar de ello, no fuera el caso
de que perdieran un euro.
Dicho esto, segundo punto, definiciones de diccionario. Habitar: vivir, quedar, estar en una casa, en un pueblo, y de ahí vivienda. Y lo mismo, vale en castellano también, para los que no escuchen la interpretación. Especular: comprar o
vender contando, aprovecharse de una fluctuación del precio para lucrarse. Señoras y señores, de ahí viene el problema, ahí es donde están los bloques reales de este Congreso. El bloque uno: habitar, vivienda; es un derecho y todos tienen que
poder acceder. El bloque dos: especular y, por tanto, lucrarse; es la prioridad nacional, sea de la nación que sea. Lucrarse a través de comprar bloques enteros y expulsar a vecinos y vecinas para revender los pisos a precio de oro. Ejemplo
real, evidentemente, de L'Escala (muestra una fotografía): un bloque entero y una empresa compra casi todos los pisos de este bloque, veintidós pisos donde familias, parejas y jóvenes de mi pueblo vivían de alquiler. ¿Y qué hacen? Los expulsan a
todos para revender estos pisos de dos y tres habitaciones a más de 400 000 euros. Un mínimo que solo pueden comprar personas extranjeras con un nivel adquisitivo mucho más elevado que los habitantes de L'Escala solo para hacer negocio. Esta
operación expulsó a quince familias y personas jóvenes de su casa y las obligó a competir por una vivienda de alquiler en una zona turística con muy poca oferta en todo el año y con unos precios de compraventa totalmente inasumibles para una persona
trabajadora. Una zona que sí se ha declarado tensionada, pero donde mientras mantengamos la posibilidad de hacer alquiler de temporada sin regulación, seguiremos viendo cómo muchísimos pisos quedan fuera del circuito de vivienda todo el año. Y
este es solo un caso para explicar el drama. Esto pasa cada día, cada hora y en cada barrio: familias expulsadas de su casa porque permitimos que prevalga el derecho de la especulación al derecho de vivir. Y, cuando pasa esto, demasiado a menudo
hay un modelo empresarial concreto detrás. Este modelo mucha gente no sabe ni que existe. Son las socimis. Las socimis son sociedades de inversión inmobiliaria, empresas que compran
vivienda no para vivir, sino para convertirlas en activos financieros de los cuales extraer el máximo rendimiento posible. Y probablemente mucha gente que vive en un bloque propiedad de Vivenio o de otras empresas ni siquiera sabe que vive
en un edificio propiedad de una socimi. Tampoco sabe que estas empresas disfrutan de unos privilegios fiscales absolutamente desproporcionados. Por ejemplo, pagan cero impuestos sobre sociedades, cero, mientras que cualquier trabajador autónomo o
pequeña empresa paga impuestos sobre sociedades. También tienen una bonificación del 95 % en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando compran viviendas o suelo destinado al alquiler. Es decir, el sistema
fiscal premia a quien acumula viviendas, mientras que castiga a los que solo intentan poder vivir en una de ellas; el mundo al revés. Después, aún nos preguntan por qué los grandes fondos inmobiliarios compran barrios enteros. En Barcelona operan
socimis como Barcino Property, Advero Properties, Vandor Real Estate, Vivenio o Testa Residencial. Algunas se presentan como empresas que ofrecen vivienda asequible para jóvenes que se convierten en realidad en alquileres de 1100 o 1600 euros o en
ubicaciones de coliving de hasta 950 euros mensuales. Además, los beneficios se disparan. Merlin Properties ganó más de 786 millones de euros en el año 2025, Inmobiliaria Colonial 344 millones, y Vivenio cuatriplicó beneficios hasta los 18
millones de euros. Detrás de estas cifras hay personas que pierden su casa. El Sindicato de Inquilinos ha hablado de prácticas en Sant Cugat, Barcelona, Barberà del Vallès y en otros sitios: fraudes con el alquiler de temporada, renovaciones
sistemáticas de contratos de alquiler, especulación con la vivienda protegida. Todo esto no son casos aislados, es el modelo de negocio. Limitar la compra a las empresas, personas jurídicas y fondos buitre es la emergencia social. Y solo se puede
escoger estar en uno de los dos bandos, solo en uno de los bloques. Repito, bloque uno, vivir; bloque dos, especular. Solo hay dos bloques, solo hay dos opciones. Nosotros siempre optamos por estar en el primero. Ya lo hicimos cuando ustedes
presentaron una proposición de ley similar a esta, que lógicamente dijimos que tenía que enmendarse en la línea de que algunas empresas sí que tienen que poder comprar.
A pesar de todo, hoy en día, como decíamos, tener opciones de futuro o no tenerlas depende en gran medida de si tienes o no tienes el problema de la vivienda solucionado, si has heredado un piso o no lo has heredado. Y esto es absolutamente
inaceptable. Tenemos que acabar con este modelo, tenemos que parar esa sangría y acabar con la especulación, como he dicho antes también. Esto es lo que tenemos que hacer para empezar a poner soluciones a este problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Gil de Reboleño Lastortres): Gracias, señora Estrems.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor don Juan Andrés Bayón Rolo.
El señor BAYÓN ROLO: Señorías de SUMAR, ¡quiénes les han visto y quiénes les ven! De activistas contra la corrupción a defensores de la corrupción. (Aplausos). Vienen aquí a mencionar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ni una
palabra, ni una palabra para la noticia que inunda hoy todos los periódicos en nuestro país, para la lamentable imagen que está dando este Gobierno al que ustedes apoyan. Gracias a ustedes el Partido Socialista está colocando la corrupción en el
día a día de los españoles. (Aplausos). Pero esto no es todo lo que hay, no. En un tema tan importante como la vivienda, la ministra de Vivienda esta tarde, en vez de dedicar unas palabras a los miles de jóvenes y de familias que están buscando
vivienda, ha decidido dedicárselas al presidente Zapatero (Rumores); ha dicho que sigue confiando en el presidente Zapatero por todo lo que apoyó a este Gobierno. Claro, ¿cómo no lo va a apoyar? (Aplausos). Desde luego que sí.
Señorías, es una pena. Es una pena que en la mayor preocupación de los españoles hoy, que es la vivienda, tengamos que ver cómo partidos políticos, como SUMAR, vienen a este hemiciclo a victimizarse, a victimizarse de algo de lo que forman
parte. Porque ustedes forman parte del Gobierno. Ustedes están sentados en el Consejo de Ministros. Sus medidas, totalmente ideológicas, llevan aplicándose en España desde el año 2018, cuando la vivienda no estaba entre las diez preocupaciones
más importantes de los
españoles, y hoy es la primera. Ese es el resultado de su política. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Pensaba que en su intervención iban a aportar algo nuevo sobre la vivienda, pero no. Señorías
de SUMAR, ustedes son fijos discontinuos en la defensa de la vivienda en España; fijos para cobrar sus ministros y discontinuos para aplicar medidas efectivas y reales que mejoren el problema de la vivienda en España. (Aplausos). Este Gobierno
convirtió la vivienda en un lujo. Eso, señorías, no es una metáfora; es la realidad que viven cada día miles de jóvenes y de familias españolas. Una generación hipotecada por la incompetencia y el fanatismo ideológico de este Gobierno socialista.
Prometieron que esta iba a ser la legislatura de la vivienda, y lo que nos han dado es la legislatura del fracaso habitacional. Un Gobierno sin presupuestos y un Ministerio de Vivienda que, en diciembre de 2025, solo realizó un 10,8 % de los pagos
de fondos europeos. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza! (Aplausos).
¿Cuál es la causa de esta crisis? Pues el problema de raíz reside en la insuficiencia estructural de oferta. No se construye suficiente vivienda en España. Y ustedes, en vez de estimular la construcción, se centran en intervenir el
mercado y poner trabas burocráticas. Los datos son demoledores. Según la OCDE, entre 2022 y 2024 se construyeron en España 345 000 viviendas. Sin embargo, se crearon en España 604 000 nuevos hogares. Casi el doble de demanda que de oferta. Y el
resultado es un déficit acumulado de 700 000 viviendas; 700 000 familias y 700 000 proyectos de vida que este Gobierno socialista no ha sabido, no ha querido o no ha podido atender. ¿Y qué hicieron? En lugar de construir, intervenir; en lugar de
generar oferta, expulsar la oferta existente. La ley de vivienda de 2023 es el monumento al fracaso de la izquierda en materia habitacional. (Aplausos). Con ella, este Gobierno no ha construido ni una sola vivienda más. Lo que sí ha conseguido
es generar inseguridad jurídica, espantar a propietarios, retraer oferta de alquiler y encarecer aún más los precios. Lo que hace este Gobierno es repartir la escasez en lugar de generar la abundancia.
¿Qué hace el Partido Popular? Pues yo tengo el honor de poder presumir del Gobierno autonómico que más medidas tiene en marcha para el impulso de la vivienda protegida. La Xunta de Galicia promueve la colaboración públicoprivada y, gracias
a ella, en esta legislatura el presidente Alfonso Rueda va a promover 25 000 viviendas, de las que 20 000 serán protegidas. El Partido Popular cree en la oferta de vivienda y en la agilización de trámites, en incentivar fiscalmente la construcción
y en rehabilitar el parque de vivienda existente.
Señorías, los españoles no necesitan más propuestas de las que llevan años incumpliendo. Ustedes construyen muchos relatos, pero ni una sola vivienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor BAYÓN ROLO: Ustedes construyeron un muro para dividir a los españoles, pero ninguno para sus futuras casas.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Sí señor!-El señor Sayas López: ¡Ole!-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BELARRA URTEAGA), REFERIDA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA EDUCATIVA. (Número de expediente 173/000170).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Belarra Urteaga, referida a la política del Gobierno en materia
educativa.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Decía Paulo Freire, el famoso pedagogo brasileño, que en verdad sería una actitud ingenua pensar que las clases dominantes van a generar una forma de educación que permita a las clases dominadas comprender la
realidad de forma crítica. Y añado yo: una educación que esté dirigida a la emancipación, a la libertad y a la felicidad. ¿A quién le interesa, señorías, que los niños y niñas de 1, 2 y 3 años vayan a una escuela de aulas masificadas, con
profesoras agotadas que no llegan, que sienten culpa todo el día, que sienten ansiedad y donde a duras penas pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación y de cambio de pañal? No hablemos ya de cubrir necesidades básicas como el movimiento
libre o de ser sostenidos emocionalmente por sus educadoras. ¿A quién le interesa, señorías, que un niño o una niña en su primera infancia aprenda con el corazón -aprenda de una forma que no va a poder olvidar nunca- que sus necesidades se van a
cubrir tarde y probablemente mal por falta de recursos, que puede llorar todo lo que quiera y que la profe que tiene que atenderlo no va a tener manos suficientes para darle un abrazo y ayudarle a calmarse, y que va a pasar muchas más horas en una
hamaca que en el suelo moviéndose libremente? Esto, señorías, le interesa a una sociedad que no quiere educar ni criar personas; quiere crear autómatas desconectados de sus necesidades, que trabajen diez horas al día, hagan horas extra, no peleen
por sus derechos y que, cuando lleguen a su casa, se tumben a ver la tele, a ver Instagram en bucle o a jugar a la Play. Autómatas que, en vez de reconocer sus emociones, las tapen.
Señorías, la Educación Infantil, el ciclo 0 a 3 años, es mucho más de lo que se ve; es sentar las bases de lo que nos hace verdaderamente humanos: recibir un abrazo; cariño cuando lo necesitamos, cuando estamos tristes, de la persona que
nos cuida, de nuestra educadora; dormir cuando estamos cansados; comer con hambre lo que tu cuerpo te pide, y sentirte libre para moverte, para reflexionar y para pensar. Todo lo más importante que se aprende en la vida, señorías, se aprende
antes de los 3 años. Hoy les pido que hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginen una escuela infantil con un patio de hierba, con troncos, con árboles en los que se pueda trepar, con paredes de colores, con un huerto y con salas diáfanas de
grandes cristaleras que dan a ese patio. Cuando entramos dentro, nos encontramos a tres educadoras en una de esas grandes salas, con catorce niños y niñas que van desde los bebés hasta los 2 años y medio. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. Un momento. (Pausa).
Cuando quiera.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias.
Unos cuantos están leyendo un cuento con una de las educadoras, otra está cambiando un pañal a una niña y la tercera duerme a un bebé en una mochila mientras observa al resto de los niños y niñas que están en los rincones de animales y de
cocinita. Después, cuando llega la profe de inglés y la profesional de atención temprana que los acompaña durante varias horas cada mañana, dos de las educadoras salen de clase para poder programar el carnaval de la semana siguiente. En esa
escuela infantil, comen en dos grupos de siete niños y niñas, cada uno un menú ajustado expresamente por dos trabajadoras de la propia escuela infantil en la cocina. Nada de menús precocinados; cocina propia. En esa aula, señorías, casi no se
escuchan llantos; hay calma, hay risas, hay música, hay mucho cariño, mucha observación y mucha atención a los niños y a las niñas. Hay peleas, sí, pero se resuelven expresando cómo nos sentimos y buscando el acuerdo y la reparación. Los niños y
las niñas aprenden que son importantes; las educadoras, que su trabajo tiene valor, y las familias se van a trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos y sus hijas están bien. No es ciencia ficción, señorías; es educación pública, es intención
pedagógica y, sobre todo, son recursos: dinero, señorías, dinero para lo importante, y que, en vez de que este Gobierno se gaste el dinero de la educación pública en el mayor rearme de la historia de este país, en vez de que el Partido Popular haga
regalos fiscales a sus amigos bonificando el impuesto sobre el patrimonio, dediquemos el dinero a lo verdaderamente importante. Porque, teniendo dinero, señorías, ¿quién no lo
usaría para darles lo mejor a sus hijos y a sus hijas? Si lo tenemos tan claro en casa, si lo tenemos tan claro para nuestras familias, ¿por qué no lo tenemos tan claro aquí? Hoy, en este Parlamento, señorías, también hay que tenerlo
claro.
Las educadoras de la Comunidad de Madrid llevan cuarenta y tres días en huelga indefinida. El pasado 7 de mayo, las educadoras infantiles de todo el Estado salieron a la calle en una huelga histórica. Han dicho basta. Pero, señorías, ya
basta de verdad: basta de maltrato institucional, basta de salarios de miseria y basta de privatizaciones y de entregar lo más valioso que tiene esta sociedad a buitres como Florentino Pérez. Señorías, votando esta moción, hoy tienen la
oportunidad de ponerse del lado correcto: del lado de la infancia y de las trabajadoras, del lado de los niños y las niñas que se merecen algo mejor; tienen la oportunidad de fijar un buen estándar: que el Gobierno tenga que seguir con ese real
decreto de 0 a 3 años que dice que está preparando. Las educadoras, las familias y los niños y las niñas de ahí fuera están esperando que bajen las ratios, que hagamos obligatoria la pareja educativa, que equiparemos el calendario laboral al resto
del ciclo, que haya condiciones laborales dignas y que tengan tiempos no lectivos suficientes. Señorías, ¡no son guarderías, son escuelas infantiles! ¡No guardan; educan!, como dicen las educadoras. ¡A ver si nos lo grabamos a fuego de una vez!
Por último, señorías del Grupo Popular y señora Ayuso, aunque no esté aquí, tiene narices que haya escuchado antes la reina a las educadoras infantiles que el Gobierno que está a su cargo aquí en la Comunidad de Madrid. Siempre han
demostrado tener una gran crueldad -lo demostraron con la gestión de las residencias en la pandemia-, pero lo que están haciendo con el maltrato institucional a los niños y niñas de 0 a 3 años en la Comunidad de Madrid también es de la mayor
crueldad.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor invitado en la tribuna pública: ¡Vergüenza debería dar a los diputados y diputadas de este Congreso que no estén escuchando a la infancia!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): ¡Señores, silencio! (El mismo señor invitado en la tribuna pública: ¡Vergüenza!). Señor, ¡silencio! Por favor, expulsen inmediatamente a ese señor y tómenle nota de sus datos, por favor.
(El mismo señor invitado en la tribuna pública: A mí me echarán de aquí, pero vergüenza debería dar a los diputados y diputadas de este Congreso que no estén escuchando a la infancia. ¡Cuarenta y tres días llevamos de huelga indefinida!
¡Vergüenza!). ¡Señor, silencio! (El mismo señor invitado en la tribuna pública sigue protestando y pronunciando palabras que no se perciben). ¡Silencio! (Una señora invitada en la tribuna pública muestra tres dedos de la mano mientras dice: ¡0 a
3!-Rumores). ¡Silencio! (El mismo señor invitado en la tribuna pública: ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!). Por favor, expulsen inmediatamente a esos señores. (Los servicios de la Cámara proceden a su desalojo.-Rumores).
Silencio, por favor, señorías. Continuamos.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Fullaondo la Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Arratsalde on, jaunandreok.
En primer lugar, quiero apoyar y mostrar toda nuestra solidaridad a los compañeros y las compañeras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles por la lucha que están llevando a cabo ahora en la Comunidad autónoma de Madrid y que ahora
mismo están concentradas a las puertas del Congreso. De hecho, muchas de sus reivindicaciones se recogen en la moción que hoy nos ha presentado Podemos a través de la señora Belarra. Es una moción que, sin duda, es una buena forma de visibilizar
los problemas y la precarización que sufre el primer ciclo de Educación Infantil, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en gran parte del Estado. Sin embargo, y aun compartiendo el fondo de la moción, la filosofía que la guía y buena parte de las
medidas que en ella se plantean, no se puede olvidar que las competencias en materia de educación son exclusivas de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno del Estado no es competente para
normativizar más allá de lo básico, los mínimos sobre los cuales cada comunidad autónoma legislará.
Las que ustedes plantean son, como hemos dicho, reivindicaciones y medidas que apoyamos en gran parte. Y, de hecho, en Euskal Herria llevamos tiempo trabajando tanto desde nuestras instituciones como desde las calles para conseguir que
nuestras reivindicaciones en este ámbito se lleven a efecto. Algunas de ellas son ya una realidad en nuestros territorios. Otras aún están en vías de conseguirse y, por eso, ahí seguimos, trabajando.
Izan ere, jakin badakigu, Haur Hezkuntza derrigorrezko etapa ez izanik ere, funtsezkoa dela haurren garapen holistikorako. Ongizatearen, lotura afektiboaren, autonomiaren, sozializazioaren eta bizitzan zeharreko ikaskuntzaren oinarriak
ezartzen dituelako. Horregatik, hain zuzen ere, uste dugu hori guztia babestu egin behar dela hezkuntza goiztiar integrala izateko eskubidearen baitan. Eta sinesten dugu horrek horrela izan beharko lukeela ume guztientzat, non jaio diren kontuan
izan gabe. Baina, era berean, irmo defendatzen dugu hezkuntza autonomia erkidegoen eskumen esklusiboa dela, eta, beraz, autonomia erkidego bakoitzaren erantzukizuna. Ez garelako homogeneotasunaz ari, ekitateaz ari gara. Homogeneotasuna kafea
guztiontzat da, norberari ondo egin ala ez, horren beharra izan ala ez. Ekitatea, aldiz, bakoitzari behar duena ematea da, bakoitzaren errealitatetik abiatuta.
Porque somos conscientes de que la Educación Infantil, a pesar de no ser una etapa obligatoria, es fundamental para el desarrollo holístico de los niños y niñas, porque sienta las bases del bienestar, de los vínculos afectivos, de la
autonomía, socialización y del aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello, precisamente, creemos que todo ello debe ser protegido en el marco del derecho a una educación temprana integral. Y creemos que eso debería ser así para todos los niños y
niñas, independientemente de dónde hayan nacido. Pero, al mismo tiempo, defendemos firmemente que la educación es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por tanto, es responsabilidad de cada comunidad autónoma. Porque no estamos
hablando de homogeneidad, hablamos de equidad. La homogeneidad es un café para todos, se haga bien o no, se necesite o no. La equidad, sin embargo, es dar a cada uno lo que necesita, partiendo de la realidad de cada uno.
Porque creemos firmemente en todo eso, el Grupo Republicano y Euskal Herria Bildu hemos planteado una enmienda conjunta, en la que hemos intentado recoger todas las medidas, separando las que sí son competencia del Estado, al menos en su
normativa básica, y las que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en lo que a las competencias del Estado se refiere, la LOMLOE literalmente recoge que el Gobierno del Estado, en colaboración con las comunidades
autónomas, determinará los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y, asimismo, regulará los requisitos de titulación de sus profesionales y los que hayan de cumplir los centros que imparten dicho ciclo, relativos, en todo caso,
a la relación numérica alumnoprofesor -es decir, las ratios-, a las instalaciones y al número de puestos escolares.
Horri dagokionez, 0 edo 3 zikloko oinarrizko hezkuntza edukiak otsailaren 1eko 95/2022 Errege Dekretuan jasotzen dira. Hala ere, arautu gabe daude oinarrizko baldintzak, bai profesionalen titulazioari dagokionez, bai ikastetxeek bete behar
dituztenak, bai ratioei, bai instalazioei eta baita ikaspostuen kopuruari dagokienez. Hori da Estatuak autonomia erkidegoekin lankidetzan zehaztu behar duena eta zehaztu ondoren, bere legerian txertatu.
Y en lo que a ello respecta, los contenidos educativos básicos del ciclo de 0 a 3 años se recogen en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero. No obstante, quedan por regular los requisitos básicos, tanto en lo que respecta a la titulación
de los profesionales como a los que deben cumplir los centros, también a ratios, instalaciones y, asimismo, a número de plazas. Esto es lo que debe determinar el Estado en colaboración con las comunidades autónomas y, una vez definido, incorporarlo
a su legislación.
Hablamos siempre de requisitos mínimos o básicos, como corresponde al marco competencial del Estado y, evidentemente, sin perjuicio de que las comunidades autónomas, en el uso de sus competencias, hagan las mejoras que consideren oportunas
para adecuarlas a sus respectivas realidades, partiendo de esos mínimos concretados.
El resto de las medidas propuestas en la moción corresponde regularlas a las comunidades autónomas. Es su competencia y, por tanto, su responsabilidad. Y el papel del Gobierno del Estado no puede ir más allá de impulsar, fomentar o apoyar
efectivamente que eso ocurra. Y esto es, básicamente, lo que hemos intentado recoger en nuestra enmienda, con la cual esperamos lograr que esta Cámara dé impulso a unas medidas que consideramos buenas y necesarias para mejorar la educación, sobre
todo la de los más pequeños y las más pequeñas. Pero siempre, ténganlo en cuenta, respetando nuestras competencias y nuestro autogobierno.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Moltes gràcies, president.
L'etapa 03 és una etapa fonamental per al desenvolupament integral dels infants. La seva universalització i gratuïtat efectiva no és només una qüestió educativa, és un projecte de país, una inversió en el futur i una mesura de justícia
social. Garantir que totes les famílies, independentment de la seva renda, puguin accedir a l'Educació Infantil 03 és essencial per construir un sistema educatiu equitatiu i coherent amb la nostra visió de cohesió social. I és per això que el
Govern republicà, la legislatura passada, va començar el camí perquè això, aquesta etapa, fos gratuïta al nostre país. Un camí que esperem que segueixi i que seguirem lluitant perquè es consolidi en tota la seva etapa.
Dit això, de fet, l'esmena l'hem fet conjuntament amb els companys de Bildu i, per tant, comentaré coses molt similars. La Generalitat té competències exclusives i pròpies en matèria educativa, i és des de Catalunya des d'on s'han de
definir les polítiques públiques en aquest sentit. Em preocupa veure com massa sovint es plantegen solucions recentralitzadores per intentar fer front a polítiques de comunitats governades pel PP, com Madrid, d'una forma abrupta que es va carregant
els serveis públics sense contemplar la diversitat territorial de l'Estat, com si fos un problema i no una realitat. Com si tothom legislés malament i no hi hagués gent que estigués apostant per l'educació pública i pel 03 públic.
Les polítiques educatives, com hem dit mil vegades, funcionen millor, com tantes altres, quan es dissenyen des de la proximitat, amb el coneixement de la realitat social, lingüística i territorial del país. Qualsevol proposta sobre l'etapa
03 ha de partir del respecte a les competències del nostre país i de la resta de territoris, amb la voluntat de cooperar i no d'imposar models uniformes. Avui, el professorat català també, altra vegada, no només el de 03, sinó tot, està mobilitzat,
ja no pot més, ha dit prou. Quan el professorat s'atura, no està defensant privilegis, està defensant l'escola pública, la qualitat educativa i el futur dels nostres nens i nenes. I la situació ara mateix és clara. Les plantilles estan
tensionades, les ràtios són elevades, és impossible fer front a la inclusió. Hi ha manca de recursos i massa burocràcia. Quan parlem d'educació, parlem de cohesió social i de drets, però inevitablement també parlem del país. I és per això que
parlar d'educació i no parlar de llengua és deixar incompleta la defensa de l'escola pública catalana. El català és una eina de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. És la llengua vehicular i d'acollida del sistema educatiu del nostre país.
El model d'escola en català ha estat i és clau per garantir que tot l'alumnat, vingui d'on vingui, comparteixi un marc comú i tingui les mateixes oportunitats en el futur. I, malgrat això, a Catalunya el nostre sistema educatiu segueix patint
ingerències i judicialització. No els deixarem que acabin amb la immersió lingüística. Esquerra Republicana tenim molt clar quin és el model que volem. Un model que no és un model improvisat, sinó que respon a la nostra manera d'entendre el país.
Un sistema
educatiu públic, en català, de qualitat, equitatiu, arrelat al territori i capaç de garantir l'èxit de tot l'alumnat. L'Educació ha de ser una eina de justícia social i de cohesió, que superi la segregació i que situï la inclusió, la
coeducació i la igualtat d'oportunitats al centre de totes les polítiques educatives. Dignificar l'educació vol dir garantir que els nostres docents tinguin tots els recursos i totes les eines per poder desenvolupar la seva feina. I des d'Esquerra
Republicana sempre serem la garantia de la defensa dels serveis públics i essencials. Per això hem pactat un increment de 500 milions d'euros addicionals als pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve, perquè el Govern del president Illa ja
no tingui cap més excusa i faci cas d'una vegada per totes a les reivindicacions dels mestres i les mestres que avui omplen els carrers del nostre país.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
La etapa de 0 a 3 es una etapa fundamental para el desarrollo integral de los niños. Su universalización y gratuidad efectiva no es solo una cuestión aditiva, sino un proyecto de país, de inversión en el futuro y una medida de justicia
social. Garantizar que todas las familias, independientemente de su renta, puedan acceder a la Educación Infantil de 0 a 3 es esencial para construir un sistema educativo equitativo y coherente con nuestra visión de cohesión social. Por eso, el
Gobierno republicano, la legislatura pasada, inició el camino para que esta etapa fuera gratuita en nuestro país. Esperamos que este camino siga avanzando y se consolide en todas sus etapas.
Dicho eso, comentaré la enmienda que hemos hecho conjuntamente con los compañeros de Bildu y comentaré cosas muy parecidas. La Generalitat tiene competencias exclusivas y propias en materia educativa y es desde Cataluña desde donde se
tienen que definir las políticas públicas en este sentido. Me preocupa ver cómo con demasiada frecuencia se plantean soluciones recentralizadoras para intentar hacer frente a políticas de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, que de una
forma abrupta se va cargando los servicios públicos, sin contemplar la diversidad territorial del Estado, como si fuera un problema y no una realidad, como si todos legislaran mal y no hubiera gente que estuviera apostando por la educación pública y
el apoyo público. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Las políticas educativas, como hemos dicho muchas veces, funcionan mejor, como tantas otras, cuando se diseñan desde la proximidad, teniendo conciencia de la realidad social, lingüística y la realidad territorial del país. Así que cualquier
propuesta, incluida la de 0 a 3, tiene que partir de las competencias de nuestro país y los demás territorios. Tienen que centrarse en colaborar y no impulsar modelos uniformes. Hoy, todo el profesorado catalán, no solo el de 0 a 3, está
movilizado. Ya no puede más. Ha dicho basta. Cuando el profesorado se detiene, no está defendiendo privilegios, sino la escuela pública, la calidad educativa y el futuro de nuestros niños y niñas. (Aplausos). Y la situación ahora mismo es
clara: las plantillas están tensionadas, las ratios son elevadas. es imposible hacer frente a la inclusión, a la falta de recursos y a la excesiva burocracia. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de derechos sociales, de cohesión social, pero
también hablamos del país. Y, por eso, hablar de educación y no hablar de lengua es dejar incompleta la defensa de la escuela pública catalana. El catalán es una herramienta de cohesión social y de igualdad de oportunidades. Es la lengua
vehicular y de acogida del sistema educativo de nuestro país. El modelo de escuela en catalán ha sido y es clave para garantizar que todo el alumnado, venga de donde venga, comparta un marco común y tenga las mismas oportunidades en el futuro. Y,
a pesar de eso, en Cataluña nuestro sistema educativo sigue sufriendo injerencias y judicialización. No dejaremos que acaben con la inmersión lingüística. En Esquerra Republicana tenemos muy claro el modelo que queremos, un modelo que no es
improvisado, sino que responde a nuestra manera de entender el país; un sistema educativo público en catalán, de calidad, equitativo, enraizado en el territorio y capaz de garantizar el éxito de todo el alumnado. La educación tiene que ser una
herramienta de justicia social y de cohesión, que supere la segregación y que sitúe la inclusión, la coeducación y la igualdad de oportunidades en el centro de todas las
políticas educativas. Dignificar la educación quiere decir garantizar que nuestros docentes tengan todos los recursos y todas las herramientas para poder desarrollar su trabajo. Y Esquerra Republicana siempre seremos la garantía de la
defensa de los servicios públicos y esenciales. Por eso hemos pactado un incremento de 700 000 euros adicionales en los presupuestos del año que viene, para que el Gobierno Illa no tenga más excusa y haga frente y responda a las reivindicaciones de
los profesores y maestros y maestras que llenan las calles de nuestro país hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Estrems.
Muchas gracias, señora Estrems.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme comenzar reconociendo algo que debe unirnos hoy a todos en esta Cámara, el trabajo esencial de las profesionales de 0 a 3 años. Hablamos de un sector profundamente feminizado, que ha sostenido durante años con vocación,
compromiso y enorme dignidad un servicio educativo fundamental, muchas veces en condiciones difíciles. Y es justo decirlo con claridad: existe precariedad, falta de reconocimiento y una necesidad más que evidente de mejora de las condiciones
laborales. En este grupo parlamentario lo entendemos, lo reconocemos y, sobre todo, lo estamos abordando. (Aplausos).
Pero, señorías, no podemos aceptar que se utilice esta realidad para construir un relato incompleto o, peor aún, para deslegitimar políticas públicas que precisamente están revirtiendo esta situación. Porque conviene recordar algo
fundamental: ha sido este Gobierno quien ha situado definitivamente el ciclo de 0 a 3 años como una etapa educativa y no meramente asistencial, y ha sido este Gobierno quien ha impulsado su desarrollo con la mayor inversión pública de nuestra
historia reciente, ampliando plazas públicas y gratuitas, especialmente en entornos vulnerables. Y no hablamos de declaraciones, porque desde el año 2011 se han destinado cerca de 671 millones de euros y, a partir del 2026, de este año, se
movilizarán más de 175 millones adicionales para escolarizar a niños y niñas de entornos vulnerables.
Señorías, la moción que debatimos contiene elementos que identifican problemas reales: ratios elevadas, condiciones laborales mejorables y falta de homogeneidad territorial, pero falla en algo esencial: el diagnóstico y la viabilidad de
sus propuestas. Y falla también porque ignora un elemento clave: la Educación Infantil es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que son quienes organizan los centros y gestionan al personal. Por eso, cualquier avance serio que se
quiera hacer tiene que venir de la mano de la cooperación institucional y el respeto al marco competencial. Porque la precariedad que hoy existe en parte del sector no nace de las políticas actuales, sino de un modelo privatizador de la derecha,
que trató la Educación Infantil como un servicio de mercado, debilitando la red pública y precarizando las condiciones laborales. Frente a ello, el Gobierno de España ha emprendido un camino claramente distinto: reforzar la red pública, aumentar
la inversión y garantizar el acceso equitativo con calidad a la Educación Infantil.
Señorías, nuestra enmienda aborda los problemas con rigor, realismo y vocación de transformación. Planteamos avanzar progresivamente en la mejora de las ratios educativas, garantizando atención individualizada y de calidad, pero con
implantación viable y adaptada al territorio. Proponemos reforzar la incorporación del ciclo 03 en la legislación educativa básica del Estado, consolidando su identidad propia como etapa educativa, pero respetando el marco competencial de las
comunidades autónomas. En este sentido quiero señalar que la ministra de Educación, en una reunión mantenida con las plataformas, se ha comprometido a promover la modificación del Real Decreto 132/2010 atendiendo a las demandas planteadas y
reforzando ese marco de trabajo compartido. Y,
por supuesto, defendemos seguir avanzando en la mejora del calendario laboral y de las condiciones de trabajo, acercándolas al conjunto del sistema educativo sin imponer rigideces inviables, así como también impulsamos el reconocimiento de
tiempos no lectivos para la coordinación pedagógica, para la formación y para la atención a las familias, elementos que son claves para la calidad educativa. Sin ninguna duda, promovemos una mejora gradual de las condiciones salariales, pero, eso
sí, con una negociación colectiva que permita avances sólidos y sostenibles.
Esta es la diferencia entre gobernar y hacer oposición desde el titular. Mientras algunos formulan propuestas maximalistas, como ratios rígidas de imposible aplicación inmediata o modelos de gestión que ignoran la realidad competencial,
este Gobierno trabaja con políticas públicas eficaces, financiadas y aplicables. Y quiero ser clara también en otro punto. No se puede defender a las trabajadoras del ciclo 03 promoviendo soluciones que, lejos de mejorar el sistema, generan
incertidumbre o bloquean la negociación colectiva.
Señorías, nosotros sí creemos en el ciclo 03 como pilar educativo, sí creemos en la dignificación de sus profesionales y sí creemos en un modelo público que garantice oportunidades desde el inicio de la vida. Por eso apoyaremos aquellos
elementos que permiten avanzar, pero lo haremos con responsabilidad, rigor y compromiso con el conjunto del sistema educativo. Porque hablar del 03 es hablar, ni más ni menos, que de la construcción del futuro del futuro de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Arratsalde on.
Buenas tardes a todas y a todos.
Haur Hezkuntzak haurraren dimentsio guztietan fisikoa, emozionala, afektiboa, soziala, kognitiboa eta artistikoa, garapen integrala eta harmonikoa du xedetzat. Horretarako, familiarekin harremana eta elkarlana gakoak izango dira. Haurraren
garapenak baditu berezko ezaugarri batzuk. Haurra globala da eta, ondorioz, Haur Hezkuntzako etapak ere izaera globala dauka. Funtsezko konpetentziak eskuratzeko prozesuaren hasiera da, eta konpetentzia hauek hiru eremu ezberdinetan, edo horren
barne, geratuko lirateke: harmonian haztea; ingurunea ezagutzea eta esploratzea; eta komunikazioa eta errealitatearen adierazpena garatzea. Hiru eremuak bata bestearengandik banaezinak dira eta elkarren osagarriak dira. Gainera, era progresibo,
bateratu eta harmoniatsuan garatzen eta erregulatzen direlarik. Ezer baino lehenago esan, mozioaren espirituarekin eta bilatu nahi den onurarekin bat gatozela, eta ulertzen dugula Estatuko zenbait lekutan ematen den egoerak sortzen duen egonezin
eta kezka, eta ez zaiola hezkuntzari behar duen adinako garrantzi eta arreta publikoa eskaintzen. Hori ere badakigu. Eta noski, horrek ondorio eskasak dakartza. Baina, era berean, mozioak planteatzen duen egoera ez da denetan berdina, ezta leku
guztietan berdina eta ematen dituen irtenbideak ere ez dira egokienak, ez bakarrik leku batzuetan, baizik eta beste batzuetan beste erantzun batzuk ematen baitira, aukera zabala baita. Eta, batez ere, esan den bezalaxe, ez dagokio Estatuari zuek
egitea eskatzen duzuena egitea.
La Educación Infantil trabaja en todas las dimensiones, afectiva, social, física, cognitiva, artística, en todo su desarrollo integral, armónico. Es su objetivo y para ello se trabaja de la mano de la familia. Es una clave fundamental del
desarrollo del niño o la niña, que tiene una serie de características. Es un desarrollo global y la etapa de Educación Infantil, por lo tanto, tiene que ser también global. Para adquirir las competencias fundamentales se tiene que iniciar en esa
etapa en tres ámbitos. Primero, el crecimiento en armonía, conocimiento del entorno, exploración y comunidad y expresión de la realidad. Esos tres ámbitos no se pueden dividir los unos de los otros y son complementarios entre ellos. Se tienen que
adquirir de forma armoniosa, de forma progresiva y se regulan,
además, de esa manera. Y, antes de nada, quisiera decirles hoy esto, por el espíritu de esta moción y por manifestarles que estamos de acuerdo con el espíritu de esta moción, con lo que se quiere expresar y con que haya una inquietud y una
preocupación por determinadas situaciones que se producen y a las que, a veces, no se les concede la importancia que tienen, la importancia pública que necesita la educación. Y esto tiene consecuencias, claro que sí, pero al mismo tiempo la moción
plantea una situación que no es igual en todos los lugares. No se produce de esa manera y las soluciones que se plantean no son las más idóneas, no solo para algunos lugares, sino porque en otros lugares, como digo, se dan otra serie de respuestas
bien diferentes, porque las opciones son múltiples y, sobre todo, tal y como ya se ha dicho, además, no corresponde al Estado que haga lo que ustedes piden que haga.
La moción de Podemos plantea unos principios y unas medidas. Lo de reducir las ratios, por ejemplo, de 0 a 3 años garantizando una atención individualizada y de calidad. Es lo que dice el texto. De acuerdo, nos parece bien, nos parece
correcto y adecuado; ahora bien, ustedes fijan unos números ya determinados y también una distribución. ¿Y por qué esos? ¿Por qué han de ser los que plantean ustedes, que son aquí, como veíamos, tres bebés menores de 1 año por educadora, cinco
niños y niñas de entre 1 y 2 años, seis niños y niñas entre 2 y 3 años por profesional? Pueden ser esos números o pueden ser otros, entre otras cosas porque los que deciden cómo ha de ser la Educación Infantil también son los competentes en la
materia.
La Educación Infantil en Euskadi, por ejemplo, ofrece ventajas fundamentales, destacando el desarrollo integral de los menores, la inmersión lingüística en euskera desde temprana edad y una amplia red pública de guarderías, Haurreskolak, que
facilita la concepción familiar. En Euskadi la ratio que tenemos es, en las aulas de 0 a 1 años, ocho niños por aula; en las aulas de 1 a 2 años, trece niños por aula; y en las de 2 años, dieciocho niños por aula. Además, entre 1 y 1,5, según el
número de alumnos que haya. La satisfacción es del 98 % en la sociedad vasca, según encuestas hechas por el Eurostat.
Ustedes dicen lo de incorporar la legislación educativa básica del Estado. Ya lo dice el preámbulo de la LOMLOE, que no ha tenido desarrollo normativo. El problema es que no ha tenido desarrollo normativo, pero ya dice que eso es así.
¿Pero qué entienden ustedes por legislación educativa básica? Porque ustedes mezclan dos cuestiones a lo largo de la moción que trazan el mismo camino, pero no es el mismo camino. La LOMLOE habla del carácter educativo, como ya se ha citado aquí,
y reconoce la educación de 0 a 3 como una etapa educativa esencial. Regular desde aquí hasta la última coma de cómo ha de ser ese modelo es lo que pretenden. Por lo tanto, yo entiendo que a usted no le guste o que incluso no sea beneficioso para
la educación de los niños el sistema que se establece en algunas comunidades autónomas en cuanto a ratios, procesos, dedicación, financiación, carácter público, derivación a la privada, etcétera. Pero, señora Belarra, no todo es Madrid. No manda
Ayuso en todo el Estado español. ¡Ya le gustaría! En Euskadi no funciona así. Tampoco queremos que nos digan desde aquí cómo debe de funcionar allí, porque en Euskadi el sistema funciona, como el Actimel. Por lo tanto, desarrollo normativo sí,
pero ni básico ni uniforme para todos, porque tenemos la competencia en esa materia y la ejercemos. Como decía, en Euskadi tenemos el consorcio Haurreskolak y yo creo que hay otra serie de cuestiones para las que ya no tengo más tiempo y de las que
me gustaría hablar, pero en Euskadi invertimos 200 millones en Haurreskolak. Creo que es una cantidad suficiente. Son 200 millones que se dedican a la Haurreskola, a las concertadas y a los colegios que ya tienen aulas de 2 años; 200 millones.
Espero que algunos tomen nota en las comunidades en las que son competentes, pero no nos hagan tragar a todos con la rueda del mismo molino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cervera Pinart.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bona tarda, senyories.
Mirin, des de Junts compartim una part important del diagnòstic que planteja aquesta moció, perquè és cert que durant massa temps el cicle d'Educació Infantil ha estat una etapa infravalorada institucionalment, tractada sovint més com un
servei assistencial o de conciliació que no pas com una etapa educativa essencial. I per a Junts per Catalunya, aquesta és una etapa fonamental, perquè els primers anys de vida són determinants. És en aquesta etapa quan es construeixen les bases
del desenvolupament emocional, cognitiu, físic i social dels infants. I precisament per això cal dignificarla, reforçantne els recursos, millorant les condicions laborals dels professionals i garantint una atenció educativa de qualitat. Ara bé, el
fet de compartir bona part del diagnòstic no vol dir compartir ni la totalitat de les propostes ni el model jacobí que sempre defensa Podemos, que avui, una vegada més, davant d'un problema real, planteja una resposta ben espanyola també per a
l'escola catalana. Model Podemos: més centralització, més uniformització i més intervenció estatal, erosionant competències que corresponen a les comunitats autònomes.
La moció presenta un ampli paquet de mesures: reducció de ràtios, codocència, equips d'atenció precoç, ampliacions de plantilles o millores laborals. Però evita una qüestió fonamental: el finançament estructural. Perquè podem aprovar
moltes mesures sobre el paper, però, sense recursos suficients, tot queda en declaracions d'intencions. Per tant, el debat no és només què volem fer, sinó com es finança i qui ho decideix. Des de Junts, defensem que el primer cicle de l'educació
infantil té especificitats pròpies que cal preservar. Parlem d'una etapa amb necessitats emocionals concretes, ritmes evolutius diferenciats i amb una organització pedagògica específica. I això, el que requereix és un model flexible i adaptat a la
realitat, sobretot dels infants, però també dels centres i dels municipis. I en aquest sentit, resulta evident que ajustar les ràtios és important. És important per garantir el benestar de l'infant amb una atenció de qualitat. Però no compartim
el que fan vostès, que ens estableixen des d'aquí números absoluts. També és important que hi hagi fórmules com la parella educativa o la codocència, que puguin contribuir a reduir la sobrecàrrega dels professionals i millorar l'estabilitat dels
infants. Però totes aquestes mesures no es poden imposar, com proposa Podemos, des d'un despatx ministerial, sense tenir en compte ni les competències, ni la realitat territorial, ni la disponibilitat de professionals, ni la capacitat dels
municipis, i sense tenir el finançament necessari per ferles viables.
I, si parlem de competències i realitat territorial, topem amb un dels grans problemes d'aquesta iniciativa: la invasió de competències. La moció insta el Govern espanyol a regular ràtios i ordenar condicions laborals de zero a tres anys,
i això xoca directament amb l'article 131 del nostre Estatut, quan atribueix a la Generalitat de Catalunya competències sobre l'organització educativa, les plantilles, la regulació dels centres i el desplegament curricular, també, del cicle
d'Educació Infantil. Ho saben, per a nosaltres, respectar plenament el marc competencial vigent i la capacitat de Catalunya per decidir el seu propi model educatiu és un imprescindible. En un altre sentit, dirlos que per a nosaltres no és el debat
important la gestió directa o indirecta, tampoc el de penalitzar els operadors privats. El debat important és com garantim la qualitat educativa, l'accessibilitat i prou places per a les famílies. Sí, amb un servei públic robust, però sense
renunciar a tot allò que hi ajudi.
En definitiva, des de Junts defensem la capacitat de decidir a Catalunya per definir el model propi d'Educació Infantil, però sobretot defensem disposar dels recursos necessaris i que generem amb escreix al nostre país per a la seva
implantació.
Res més i moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
En Junts compartimos una parte importante del diagnóstico que plantea esta moción, porque es cierto que durante demasiado tiempo el ciclo de Educación Infantil ha sido una etapa infravalorada institucionalmente, tratada a menudo más como un
servicio asistencial o de conciliación que como una etapa educativa esencial. Para Junts per Catalunya esta es una etapa fundamental porque los primeros años de la vida son determinantes. En esta etapa es cuando se construyen las bases del
desarrollo emocional, cognitivo, físico y social de los niños. Precisamente por eso hay que dignificarla reforzando sus recursos, mejorando las condiciones laborales de los profesionales y garantizando una atención educativa de calidad. Ahora
bien, el hecho de compartir buena parte del diagnóstico no quiere decir compartir ni la totalidad de las propuestas ni el modelo jacobino que siempre defiende Podemos, que hoy, una vez más, ante un problema real, plantea una respuesta muy española
también para la escuela catalana. Modelo Podemos: más centralización, más uniformización y más intervención estatal, invadiendo competencias que corresponden a las comunidades autónomas.
La moción presenta un amplio paquete de medidas: reducción de ratios, codocencia, equipos de atención temprana, ampliación de plantillas o mejoras laborales, pero evita una cuestión fundamental: la financiación estructural, porque podemos
aprobar muchas medidas sobre el papel, pero sin recursos suficientes, todo queda en declaraciones de intenciones. Por tanto, el debate no es solo qué queremos hacer, sino cómo se financia y quién lo decide. En Junts defendemos que el primer ciclo
de la Educación Infantil tiene especificidades propias que hay que preservar. Hablamos de una etapa con necesidades emocionales concretas, ritmos evolutivos diferenciados y con una organización pedagógica específica. Eso lo que requiere es un
modelo flexible y adaptado a la realidad sobre todo de los niños, pero también de los centros y de los municipios. En este sentido, resulta evidente que ajustar las ratios es importante; es importante para garantizar el bienestar del niño o la
niña con una atención de calidad, pero no compartimos lo que hacen ustedes, que nos establecen desde aquí números absolutos. También es importante que haya fórmulas como la pareja educativa o la codocencia que puedan contribuir a reducir la
sobrecarga de los profesionales y mejorar la estabilidad de los niños. Pero todas estas medidas no se pueden imponer, como propone Podemos, desde un despacho ministerial sin tener en cuenta ni las competencias, ni la realidad territorial, ni la
disponibilidad de profesionales, ni la capacidad de los municipios y sin tener la financiación necesaria para hacerlas viables.
Si hablamos de competencias y realidad territorial, nos topamos con uno de los grandes problemas de esta iniciativa: la invasión de competencias. La moción insta al Gobierno español a regular ratios y ordenar condiciones laborales en la
etapa de 0 a 3 años. Eso choca directamente con el artículo 131 de nuestro estatuto cuando atribuye a la Generalitat de Catalunya competencias sobre gestión educativa, plantillas, regulación de los centros y despliegue curricular también del ciclo
de Educación Infantil. Lo saben: para nosotros respetar plenamente el marco competencial vigente y la capacidad de Cataluña para decidir su propio modelo educativo es una cosa imprescindible. En otro sentido, les digo que para nosotros la gestión
directa o indirecta no es el debate importante, tampoco el de penalizar a los operadores privados. El debate importante es cómo garantizar la calidad educativa, la accesibilidad y suficientes plazas para las familias. Sí, con un servicio público
robusto, pero sin renunciar a todo aquello que ayude.
En definitiva, en Junts defendemos la capacidad de decidir en Cataluña para definir el modelo propio de Educación Infantil, pero sobre todo defendemos disponer de los recursos necesarios y que generemos ampliamente en nuestro país para su
implantación.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Pel Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, té la paraula la senyora Ogou i Corbi.
Muchas gracias, señor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra la señora Ogou i Corbi.
La señora OGOU I CORBI: Bona tarda.
Volia començar denunciant el segrest il·legal de l'Estat d'Israel sobre la flotilla a Gaza. Hem d'exigir l'alliberament immediat de totes les persones segrestades que hi eren només per defensar el dret del poble palestí a rebre ajuda
humanitària.
Però avui debatem una moció sobre l'educació infantil de 0 a 3 anys i nosaltres estem debatent, mentre que als carrers hi ha moltíssima gent que està lluitant, que està lluitant perquè la situació educativa en aquests moments és molt greu.
I ho dic amb coneixement de causa, perquè a Catalunya el que estem veient aquests dies als carrers feia molt de temps que no veiem, i ho dic com una persona que ha anat a les vagues educatives des que era molt petita. Ara s'acumulen ja disset
jornades, disset, dels sindicats. Una vaga que feia molts anys que no es veia. I dins d'aquest conflicte, el 03 té la seva pròpia cosa a dir. Però el que passa a Catalunya no és cap excepció.
Buenas tardes.
Quería comenzar denunciando el secuestro ilegal por parte del Estado de Israel de la flotilla en Gaza. (Aplausos). Tenemos que exigir la liberación inmediata de todas las personas secuestradas que solo están allí para defender el derecho
del pueblo palestino a recibir ayuda humanitaria.
Pero hoy debatimos una moción sobre la Educación Infantil de 0 a 3 años, nosotros estamos debatiendo, mientras que en las calles hay muchísima gente que está luchando; está luchando porque la situación educativa en estos momentos es muy
grave. Lo digo con conocimiento de causa, porque en Cataluña lo que estamos viendo estos días en las calles hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Lo digo como una persona que ha ido a las huelgas educativas desde muy pequeña. Ahora se acumulan
diecisiete jornadas ya de los sindicatos; una huelga que hacía muchos años que no se veía. Dentro de este conflicto el 0 a 3 tiene su parte, pero lo que ocurre en Cataluña no es ninguna excepción.
En Madrid las educadoras infantiles llevan más de cuarenta días de huelga indefinida, cuarenta días; mujeres que cobran el salario mínimo por cuidar y educar a nuestros hijos e hijas llevan más de un mes y medio sin cobrar su salario, que
tienen que hacer una caja de resistencia para sostener esta lucha. Y no solo allí, sino también en Valencia, Murcia o la próxima semana aquí, delante del Ministerio de Educación, también habrá una huelga estatal. (Aplausos).
Lo que piden no es nada descabellado, es simplemente que el ciclo de 0 a 3 sea considerado lo que ya es: educación. No es una medida de conciliación para que los padres y las madres puedan ir a trabajar, no; es una medida educativa y,
además, esencial para garantizar la reducción de las desigualdades en nuestro país, porque el ciclo de 0 a 3 pone las bases lingüísticas para todos aquellos, por ejemplo, que no parlin el català, per també garantir que tots els infants tenen els
mateixos estímuls. El 03 és el que diferencia després uns millors resultats educatius a la primària. Per això, quan ens preguntem que per què a la primària no hi ha prou bons resultats, la resposta està aquí. La resposta està en el fet que no
s'havien invertit perquè hi hagués prou places. No es va invertir perquè les famílies no haguessin de pagar 400 euros en una escola bressol privada. Uns recursos que les famílies no sempre tenen i que no poden invertir, i que afecta de manera
desproporcionada les famílies monomarentals. De la mateixa manera que quan parlem de les educadores, també estem parlant de manera desproporcionada de dones i, per tant, estem parlant d'una qüestió eminentment feminista.
I davant d'això ja sabem què és el que planteja la dreta, el que planteja són xecs bressol, i vinga a privatitzar. I el que veiem és que a la Comunitat de Madrid, on s'hi han destinat 67 milions per xecs per a escoles privades, el resultat
que tenim davant és dones
cobrant el salari mínim, ràtios que no permeten atendre els infants com es mereixen i 40 dies de vagues indefinides. Mentre que nosaltres pel que apostem és per una altra cosa. El que cal és construir una xarxa pública que garanteixi
aquest dret de veritat.
Mirin a Catalunya que, com saben, les competències del 03 són exclusivament catalanes, la Generalitat del Partit Socialista gestiona directament 42 escoles bressol. De les 1700 escoles que hi ha a tota Catalunya, només en gestiona 42. Tota
la resta depèn d'ajuntaments, d'empreses privades i d'altres models de gestió. Saben quants models de gestió hi ha al nostre país per a les escoles bressol? Hi ha 948 models de gestió. Però això què és? I quan toca posarnos a veure què fem amb
tota aquesta situació, amb què ens trobem? Ens trobem que s'han enviat a Mossos d'Esquadra les assemblees de les manifestants, i que hi ha una proposta de pla pilot perquè hi hagi policies de paisà a les escoles. No hi ha diners perquè hi hagi
parelles educatives a les escoles bressol, però sí que hi ha diners perquè hi hagi policies? És que no s'entén, senyories.
Mirin, nosaltres el que defensem és reduir aquesta ràtio 03, incrementar els recursos en aquesta etapa educativa. I sabem que des del Govern s'està treballant la llei de ràtios i és on pensem nosaltres que ha d'estar inclosa aquesta
proposta de millora de les condicions. Hem de reduir les ràtios d'aquesta llei, i no deixarho per a després, per a un decret, ja veurem com arriben, no. Les coses importants s'han de fer quan tenim l'oportunitat, i l'oportunitat de canviar les
ràtios la tenim ara.
I amb això vaig acabant. Mirin, que avui dia un nen o nena accedeixi, o sigui, pugui accedir a l'educació infantil depenent d'on neixi, de quants diners guanyin els seus pares o del seu origen no és el model d'igualtat que volem, no és
garantir que totes les infàncies puguin començar la seva vida amb la mateixa igualtat d'oportunitats. I nosaltres creiem que és aquí, que hem d'invertir aquí per garantir que tothom pugui tenir aquesta igualtat d'oportunitats en l'accés a
l'Educació Infantil, a l'Educació Primària i, per tant, construir aquests projectes amb molts més recursos.
I, per tant, per això votarem a favor d'aquesta moció i demanarem, com deia, anar més enllà, que es reguli aquest 03 a la propera llei de ràtios i que apostem de veritat per una xarxa pública, universal i gratuïta per l'escola bressol.
Moltes gràcies.
.... que no hablen catalán. También garantiza que todos los niños tengan los mismos estímulos. El 0 a 3 es lo que diferencia después unos mejores resultados educativos en primaria. Por eso, cuando nos preguntamos por qué en primaria no
hay suficientes buenos resultados, la respuesta está aquí. La respuesta está en que no se había invertido en que hubiera suficientes plazas para que las familias no tuvieran que pagar 400 euros en una escuela cuna privada, unos recursos que las
familias no siempre tienen y que no pueden invertir, y afecta de manera desproporcionada a las familias monomarentales. De la misma manera que, cuando hablamos de educadoras, también estamos hablando de manera desproporcionada de mujeres. Por
tanto, estamos hablando de una cuestión eminentemente feminista.
Ante eso, ya sabemos qué es lo que plantea la derecha. Lo que plantea son cheques cuna o guardería y venga a privatizar, pero vemos que en la Comunidad de Madrid, donde se han destinado 67 millones en cheques para escuelas privadas, el
resultado que tenemos delante es mujeres que cobran el salario mínimo, ratios que no permiten atender a los niños como se merecen y cuarenta días de huelga indefinida. Mientras, nosotras apostamos por otra cosa. Lo que hace falta es construir una
red pública que garantice este derecho de verdad.
Miren, en Cataluña -que, como saben, las competencias de 0 a 3 son exclusivamente catalanas- la Generalitat del Partido Socialista gestiona directamente 42 escuelas cuna; de las 1700 escuelas que hay en toda Cataluña, solo gestiona 42. El
resto depende de ayuntamientos, empresas privadas y otros modelos de gestión. ¿Saben cuántos modelos de gestión hay en nuestro país para las escuelas cuna o guarderías? Hay 948 modelos de gestión. Pero ¿esto qué es? Y cuando hay que ponerse a
ver lo que hacemos con toda esta situación, ¿qué nos encontramos? Que se ha enviado a los Mossos d'Esquadra a las
asambleas de manifestantes y que hay una propuesta de plan piloto para que haya policías de paisano en las escuelas. No hay dinero para que haya parejas educativas en las escuelas cuna o guarderías, pero sí dinero para que haya policías
allí. No se entiende, señorías.
Miren, nosotros lo que defendemos es reducir esta ratio de 0 a 3 e incrementar recursos en esta etapa educativa; es lo que defendemos. Sabemos que desde aquí, desde el Gobierno, se está trabajando en la ley de ratios y pensamos que tiene
que formar parte de esta propuesta la mejora de las condiciones y reducir las ratios en esta ley y no dejarlo para más tarde con un decreto y ver cómo llega todo. No, las cosas importantes hay que hacerlas cuando tenemos la oportunidad y la
oportunidad de cambiar las ratios la tenemos ahora.
Con esto termino. Que hoy en día un niño o niña pueda acceder a la Educación Infantil en función de dónde nazca, de cuánto dinero ganen sus padres o de su origen no es el modelo de igualdad que queremos; no es garantizar que todas las
infancias puedan empezar su vida con la misma igualdad de oportunidades. Nosotros creemos que es aquí donde tenemos que invertir para garantizar que todo el mundo pueda tener esa igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Infantil y a la
Educación Primaria y, por tanto, construir estos proyectos con muchos más recursos.
Por eso, votaremos a favor de esta moción y pediremos, como decía, que vayamos más allá, que se regule este 0 a 3 en la próxima ley de ratios y que de verdad apostemos por una red pública universal y gratuita para la escuela cuna.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Ogou.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Armario González. (Aplausos).
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Cada vez que la izquierda habla de defensa, en realidad de lo que quiere hablar es de ataque. Cada vez que habla de tolerancia, termina señalando al que piensa distinto. Y cada vez que habla de educación pública, declara la guerra a la
educación privada y la educación concertada. Hoy, en teoría, salen en defensa de la Educación Infantil, pero vamos a ver en la práctica qué sucede en este ciclo del sistema educativo, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la
moción que ustedes traen hoy.
Denuncian una red insuficiente, pero precisamente por eso existe la educación concertada y la privada: para complementar, apoyar y garantizar plazas donde la Administración pública no llega. Se puede defender la educación pública sin
atacar ninguno de los otros dos modelos. Hablan de una supuesta ofensiva contra la escuela pública. No, señoría, aquí no hay ninguna ofensiva contra la escuela pública. Aquí lo que hay es una ofensiva contra la natalidad y la familia (aplausos),
por lo tanto, contra la escuela pública, que es el sistema que la mayoría de las familias eligen para escolarizar a sus hijos.
La cruda realidad, la que ustedes también intentan tapar, es que España atraviesa una emergencia demográfica sin precedentes, porque en el año 1975 nacían más de mil ochocientos niños al día y hoy apenas superamos los novecientos. Hemos
pasado de la España que crecía a la España que decrece, y hemos pasado de la España de las familias numerosas a la España de 'se alquila habitación'. Hablan de derechos cuando una pareja necesita dos salarios para sobrevivir y, aun así, no puede
permitirse tener hijos. Hablan de derechos mientras condenan a toda una generación a retrasar el ser padres hasta que al reloj biológico le suena la alarma. No nacen niños cuando comprar una vivienda es misión imposible y tampoco nacen niños
cuando alquilar un piso cuesta medio salario. No nacen niños cuando criar una familia se convierte en un riesgo económico. Es una ofensiva contra la natalidad lograda a través de la precariedad laboral, impuestos asfixiantes, vivienda inaccesible
y políticas que han convertido la maternidad en una meta heroica. (Aplausos). Ustedes han contribuido a todo eso, estando dentro y fuera del Gobierno, criminalizando la maternidad.
Claro que VOX defiende la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3, claro que sí, y también reconocemos el trabajo de todos los docentes. La defendemos porque consideramos que ayuda a conciliar, porque alivia a las familias y porque
puede contribuir a impulsar esa natalidad que tanto nos hace falta, pero la defendemos desde la libertad: libertad para formar una familia, libertad para que los padres elijan el centro que quieran para sus hijos y también libertad para escoger una
escuela pública, concertada o privada.
Hablemos de ratio. Señorías de Podemos, la ratio no puede estar encorsetada, tiene que ser flexible, pues depende de muchísimas circunstancias. Bajar las ratios tiene un daño colateral con el que ustedes no cuentan o que no han analizado:
menos alumnos por aula significa menos aulas abiertas en muchas zonas, menos aulas significa menos plazas y menos plazas significa familias obligadas a recorrer kilómetros para escolarizar a sus hijos; es decir, ustedes venden comodidad y entregan
caos. (Aplausos). Son ustedes, señorías de Podemos, los que al final están 'suicidando' la educación pública.
Además, ustedes han priorizado otras agendas. Han sido ustedes los compañeros de clase de un Gobierno que ha regalado millones para la educación en otros países. Les recuerdo aquí los 18 millones entregados a Marruecos para construir un
centro educativo. ¿Cuántas plantillas se podrían haber completado y cuántas becas se podrían haber distribuido con 18 millones? ¿No lo creen ustedes así? Y si no, ¿cuántas subidas de sueldo podrían haber tenido nuestros profesionales? Por
cierto, señorías de Podemos, ¿no formaban ustedes parte del Gobierno en el año 2020, cuando cambiaron los criterios para acceder a becas y ayudas para el alumnado con necesidades educativas especiales? Son ustedes los que consiguen que hoy todos
estos menores se queden sin su logopedia y sin su terapia. Hombre, es que no se puede traer una moción más hipócrita, cuando hablan ustedes en la exposición de motivos de alumnado con necesidades educativas especiales. (Aplausos). Por cierto,
señorías de Podemos, ¿no eran Pablo Iglesias y su querida Irene Montero los que llevaban a sus hijos a un centro de Educación Infantil privado en Las Rozas, aquí en Madrid, cuya plaza costaba 1500 euros? hombre, ¡viva el proletariado! ¡Claro que
sí! (Aplausos). A nosotros no nos molesta que unos padres elijan el sistema que quieran para sus hijos, pero ya que a ustedes sí les interesa, por lo menos sean un poco coherentes con lo que predican y con la moción que han traído ustedes hoy aquí.
En definitiva, en VOX defendemos una educación que esté al servicio de las familias, mientras que ustedes imponen una educación al servicio de su ideología. Podemos cree en una compasión así, sin límites, para todo el que viene de fuera,
pero la solidaridad jamás puede convertirse en el castigo y en la soga al cuello de miles de familias. (Aplausos). Mientras que Podemos manda a los españoles al final de la cola, VOX quiere prioridad nacional también en los baremos y en las
bonificaciones en nuestros centros de Educación Infantil, porque las familias españolas tienen que ser las primeras en su propia casa, señorías de Podemos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Armario.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Celaya Brey.
Silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Celaya.
El señor CELAYA BREY: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes.
Señora Belarra, a pesar del espectáculo que hemos tenido en la tribuna, quiero reconocerle que su intervención ha sido, sin duda, mucho mejor que la decepcionante intervención de la ministra de Educación, que hace tres semanas quiso escapar
de su interpelación desviando el foco del primer ciclo de la Educación Infantil a otros asuntos de su ministerio o atacando a las comunidades autónomas para ocultar su incompetencia. De todo su discurso, la ministra solo nos aclaró que se han
olvidado de la Educación Infantil de 0 3 en su proyecto de ley de horas y ratios aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de abril, y que por eso intentará antes del verano -que ya estamos en mayo-
empezar los trabajos para revisar un real decreto de 2010 sobre requisitos mínimos de los centros para intentar improvisar sobre la marcha. Menos mal que en la disposición adicional tercera de la LOMLOE de 2020 el Gobierno se daba a sí
mismo un plazo de un año para planificar la extensión del primer ciclo de la Educación Infantil en colaboración con las Administraciones públicas. Ya van camino de cinco años de retraso y se han vuelto a olvidar.
También nos recordó que el Gobierno dispuso de millones de euros en fondos europeos Next Generation para impulsar la creación de plazas de infantil de 0 a 3. En varias ocasiones el Partido Socialista ha afeado la devolución de fondos por
parte de Andalucía, pero lo que nunca han dicho es que la red públicoprivada andaluza ya absorbe toda la demanda de plazas 0 a 3. Sin embargo, en la Ciudad autónoma de Ceuta, donde se hizo un convenio para financiar la creación de una nueva escuela
infantil con unos dos millones de euros sin tomar en consideración los costes de construcción fuera de la península y que va a costar más del doble, el ministerio no ha sido capaz de compensar el sobrecoste con una mínima parte de lo devuelto por
Andalucía. Todo un ejemplo de la nefasta gestión de los fondos europeos: asignarlos donde no se necesitaban y dejar infradotados los territorios donde sí. (Aplausos).
Por último, tuvo la ministra el atrevimiento de prometer -y aquí lo ha repetido la señora Martínez Seijo- un programa de cooperación territorial con 175 millones de euros en los próximos dos años, cuando este Gobierno ni siquiera ha sido
capaz de presentar un borrador de presupuestos generales del Estado en esta legislatura. (Aplausos). Pero no es otro programa de cooperación territorial lo que hace falta, lo que defiende el Partido Popular es adoptar las medidas necesarias para
garantizar la gratuidad en el primer ciclo de la Educación Infantil en todos los centros educativos, como medida de equidad. Nuestro compromiso, que aquí reitero, es que la educación 0 a 3 será financiada al 50 % entre el Gobierno de la nación y
las comunidades autónomas con el próximo e inminente Gobierno del Partido Popular. (Aplausos).
En diciembre de 2021 ya se trajo a esta Cámara la toma en consideración de una proposición no de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y la universalidad del primer ciclo de la Educación Infantil, presentada por la comunidad
autónoma andaluza desde su parlamento. Allí había sido aprobada por unanimidad, incluso con Unidas Podemos, y cuando llegó aquí quedó paralizada y caducó al finalizar la legislatura. Una legislatura, señora Belarra, en la que ustedes formaban
parte del Gobierno. Queda muy bien traer esta moción ahora como gesto con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, pero cuando pudieron impulsar la gratuidad y la universalidad desde dentro del Ejecutivo no lo hicieron. (Aplausos).
Su propuesta contiene reivindicaciones importantes. Es verdad que cobran poco las educadoras sociales, que es necesario invertir en 03 y hay que garantizar la existencia de equipos de atención temprana que permitan la detección precoz de
patologías en los menores. Pero de nuevo chocamos con el fanatismo ideológico de la izquierda radical de identificar la defensa de lo público con la prohibición de lo privado. Si fuera por ustedes, tendríamos que cerrar la escuela infantil del
Congreso, que, por cierto, es privada. (Aplausos). Para nosotros, defender lo público significa dotarlo de los recursos materiales y humanos y de la eficacia en la gestión que permitan que el sector no tenga nada que envidiar al privado, y que se
garantice así la libertad de elección de los ciudadanos, como hicieron -y lo acaban de mencionar- ellos (muestra un recorte de prensa): Montero e Iglesias, llevando a sus hijos a un colegio privado en este curso.
No olvidemos que, en este tema -y para finalizar, señora presidenta-, la defensa del interés general está en los menores y en sus familias, aunque, para supremo interés general de España el de acabar cuanto antes con un Gobierno agónico
donde la corrupción
rima de José Luis a José Luis: desde Ábalos el putero al gran padrino Zapatero. (Prolongados aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE ESTE GOBIERNO. (Número de expediente 173/000171).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.
La señora BORREGO CORTÉS: Señorías, señora presidenta, me dirijo a esta Cámara con la convicción de que el acceso a la vivienda es uno de los desafíos más urgentes al que se enfrenta nuestra sociedad. Y con la visión que me da la Comisión
de Vivienda y lo que hoy hemos visto durante toda la tarde, puedo decir que existe un consenso inusual entre todos los grupos parlamentarios sobre la existencia del problema y la necesidad de abordarlo. Los españoles necesitan poder acceder a un
hogar digno. Pero el Gobierno y los grupos que le apoyan, en mi opinión, no identifican correctamente dónde radica el problema, un problema que es estructural y no coyuntural.
Los datos son muy preocupantes. En la última década el precio de la vivienda en España ha crecido un 40 %, mientras que los salarios medios lo han hecho apenas un 12 %. En abril se produjo una subida de la vivienda récord, un 15,4 %,
récord desde el año 2000. Un joven trabajador necesita hoy más de ocho años de salario íntegro para adquirir una vivienda. El alquiler consume ya más del 40 % en las grandes ciudades. España construye menos de cien mil viviendas nuevas al año.
Harían falta, según el consenso de los expertos, setecientas mil para equilibrar la demanda, y esa cifra aumenta cada año. No se ponen en el mercado ni siquiera las necesidades que se generan cada año.
Compartimos el objetivo, pero, señorías, el camino importa si queremos llegar a la meta y pasa por reconocer las causas reales del problema y adoptar soluciones en el buen camino. (Aplausos).
Señorías, las políticas aplicadas por el actual Gobierno han generado más incertidumbre que soluciones, más intervención regulatoria que facilidad en el acceso a la vivienda y aumento de la oferta real. Lejos de aportar soluciones,
contribuyen a complicar el acceso a la vivienda y generan pobreza. El intervencionismo aplicado mediante controles de precios, inseguridad jurídica y mayores cargas regulatorias ha generado el efecto contrario al deseado, ha demostrado ser ineficaz
para resolver el principal problema, la falta de oferta. Las medidas del Gobierno han provocado que se retiren inmuebles del mercado del alquiler por miedo a impagos, limitaciones legales y dificultades para recuperar sus viviendas, y que muchos
proyectos de construcción se alarguen indefinidamente en el tiempo.
Señorías, la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica deben ser el eje central de cualquier política de vivienda seria. La ocupación ilegal se ha convertido en un fenómeno que erosiona la confianza de los propietarios y
perjudica especialmente a las familias que han invertido sus ahorros en una vivienda.
En este Pleno hemos debatido propuestas del Grupo Popular muy razonables, homologadas internacionalmente y muy defendibles para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas. (Aplausos). La experiencia internacional demuestra que
intervenir artificialmente en los precios del alquiler no aumenta el acceso a la vivienda, sino que reduce la oferta disponible y deteriora la calidad del parque inmobiliario. Se han retirado ciento treinta mil viviendas del mercado desde la
aprobación de la ley de vivienda. La solución no pasa por señalar al propietario como un enemigo, sino por generar un marco estable, seguro, competitivo y atractivo para aumentar la oferta. Más vivienda disponible
significa más oferta, y eso lleva indefectiblemente a precios más asequibles, y eso solo se consigue favoreciendo la construcción y eliminando trabas burocráticas. Por ello, las políticas necesarias deben orientarse a aumentar la oferta
mediante una gran simplificación administrativa y fiscal. España necesita reducir drásticamente los plazos urbanísticos, acelerar la concesión de licencias y facilitar la colaboración públicoprivada para construir vivienda asequible.
El 21 de marzo este Pleno aprobó la admisión a trámite de la proposición de ley del suelo presentada por el Grupo Popular. Ahora ya es una proposición de ley de todos los grupos. Pedimos que se tramite con agilidad, que no se pongan trabas
y palos en la rueda, que busquemos consensos y que se pueda debatir y votar -¿habrá algo más democrático que eso?- y que se apruebe lo que la mayoría de esta Cámara decida. (Aplausos).
De hecho, en el Congreso hemos aprobado medidas propuestas por el Grupo Popular que el Gobierno ignora, como la derogación de la ley de vivienda, como la rebaja del IVA del 10 al 4 % o, más recientemente, la agilización para el acceso a la
conexión de las nuevas viviendas al sistema eléctrico. ¿Habrá cosa más absurda que, con la escasez de vivienda existente, viviendas construidas y vendidas no se puedan ocupar por dilaciones absurdas en el sistema eléctrico? De hecho, la Oficina de
la Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, a petición de la Comisión de Vivienda, elaboró una nota C en este sentido. El 66 % de las viviendas necesarias pueden verse comprometidas si no se actúa.
Señorías, es hora de pasar de las palabras a los resultados, del buenismo a la realidad. Por desgracia, los hechos conocidos esta mañana -la imputación del expresidente Zapatero- nos llevan a pensar que el Gobierno no se ha dedicado a la
defensa de los intereses de los ciudadanos, sino a intereses espurios. (Aplausos). El Gobierno no se ha dedicado a buscar soluciones al problema de la vivienda. Señorías, la vivienda no es un problema del futuro, es la angustia del presente de
millones de familias españolas que trabajan, que se esfuerzan y que merecen una respuesta a la altura. El Partido Popular ha demostrado que hay alternativa: más suelo, más agilidad, más seguridad jurídica para el propietario, más viviendas donde
hacen falta, bajada de impuestos, bonificaciones en el alquiler, política de vivienda para jóvenes. Frente a ocho años de políticas que han reducido la oferta y disparado los precios, el Grupo Popular trae soluciones reales, necesarias y con
voluntad de acuerdo, porque creemos en una España de ciudadanos libres, y un ciudadano libre es ante todo un ciudadano que puede permitirse un techo digno. Esta es nuestra convicción, esta es nuestra propuesta y este es nuestro compromiso con los
españoles.
Señora presidenta, finalizo, España no puede esperar más, las familias no pueden esperar más. Entre todos, pero de verdad, y en el camino correcto, hagamos una política de vivienda coherente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrego.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Señora presidenta, señorías, este discurso va dirigido a los españoles que están desesperados ante esa falta de vivienda que sufrimos en los días de hoy. La vivienda es el hogar, el lugar sagrado donde la familia
española arraiga, donde cría a sus hijos y transmite la vida y la cultura de nuestro pueblo. Sin hogar propio no hay familia estable ni nación fuerte.
Hoy, mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal, no podemos olvidar su mayor legado: la destrucción de la vivienda en España. Zapatero y su
ministra de Vivienda, la señora Beatriz Corredor -la misma que ayer compareció aquí como presidenta de Red Eléctrica y responsable del mayor apagón que sufrieron cuarenta y siete millones de españoles-, inflaron la mayor burbuja inmobiliaria de
nuestra historia. El resultado: cientos de miles de desahucios, familias destrozadas, paro juvenil del 50 %, una generación
perdida y un rescate bancario que todavía pagamos todos los españoles. (Aplausos). Ayer esa misma Beatriz Corredor vino aquí a decirnos que Red Eléctrica no tuvo ningún problema, que no falló absolutamente nada en el tema del apagón. El
PSOE, señores, no comete errores aislados. El PSOE es una máquina de destruir el futuro de los españoles. (Aplausos). No hay PSOE bueno, señores del Partido Popular, no hay PSOE bueno. No hay PSOE bueno, señor Moreno Bonilla, que tanto le gusta
hablar de ello.
Hoy, nuevamente, con un PSOE unido a separatistas y comunistas, la vivienda es la primera preocupación de los españoles según el CIS. Y todo esto ocurre también después de un Gobierno nefasto del Partido Popular, encabezado por el señor
Mariano Rajoy. En ese momento, con ese Gobierno, estábamos a la cola de inversión pública en vivienda en España. El Banco de España habla hoy de un déficit de setecientas mil viviendas en España. Los precios de alquiler se han disparado más del
50 %, mientras los salarios apenas han subido un 3,4 %. Los jóvenes dedican más del 90 % de su sueldo a poder emanciparse, y en España la edad media de emancipación supera los 30 años frente a los 26,2 de la media europea. Mientras tanto, 79 000
viviendas ocupadas ilegalmente, según el Instituto Cerdà, y 21 000 según el Consejo General del Poder Judicial.
La Ley 12/2023 ha sido un auténtico desastre, señores del Partido Socialista y sus aliados, todos sus aliados. Ha enfrentado a propietarios contra inquilinos, ha abierto una brecha con las comunidades autónomas. El Gobierno no solo no
soluciona el problema, lo agrava con más intervencionismo, con sectarismo y decretos que generan más inseguridad jurídica. La solución no está en más burocracia ni en más socialismo, está en volver a lo esencial, que es facilitar que cada español
que trabaje y se esfuerce pueda acceder a un hogar en propiedad y se sienta dueño de su casa y responsable de su propio destino. (Aplausos).
Por eso VOX presenta enmiendas a la moción del Grupo Popular. Queremos declarar con nuestras enmiendas que la vivienda debe ser una prioridad nacional también para el Estado, con medidas concretas: liberalización del suelo, reducción
drástica de la burocracia asfixiante y garantía de seguridad jurídica, priorizando siempre a los ciudadanos españoles y a sus familias frente a cualquier otra consideración. En el punto 4 exigimos que el Gobierno presione a la Comisión Europea para
modificar la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, y permitir el tipo 0 % de IVA en la vivienda habitual y, mientras tanto, la rebaja del IVA al 4 % en vivienda nueva y rehabilitación; avales públicos y deducciones fiscales para los jóvenes. Y
añadimos dos puntos nuevos: terminar en todo el territorio nacional con las políticas de efecto llamada que favorecen fiscalmente a compradores extranjeros frente a los nacionales y, en su lugar, promover las modificaciones legislativas necesarias
para priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda en propiedad; y atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero, estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. La recaudación se destinará
íntegramente a bonificaciones y exenciones fiscales para los españoles y para la construcción de vivienda protegida, porque España se construye con familias arraigadas, con propietarios libres y con un orden que pone al trabajador en el centro del
tablero. Trabajo digno y techo propio para los españoles, esa es la verdadera justicia social y el sentido común patriota que quiere defender VOX en este hemiciclo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Chamorro.
En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la senyora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
Senyories del Partit Popular, amb la intervenció que he fet abans no he tingut prou de temps per acabar d'explicarlos tot el que volia, així que ací estic una altra vegada per a continuar explicantlos coses. Perquè vostès tenen una forma
molt particular d'entendre els recursos públics, però encara tenen una manera més particular d'entendre algunes
paraules concretes. Per exemple, la paraula 'okupa'. Saben què diu la RAE sobre la paraula 'okupa'?
Gracias presidenta.
Señorías del Partido Popular, en la intervención que he hecho antes no he podido acabar de explicar todo lo que quería, o sea, que aquí estoy para seguir explicándoles cosas. Ustedes tienen una forma muy especial de entender los recursos
públicos, pero aún tienen una forma más particular de entender algunas palabras concretas, como, por ejemplo, la palabra okupa. ¿Saben qué dice la RAE sobre la palabra okupa?
Dice: Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar o de un edificio, invadiéndolo o instalándose en él.
I clar, ara que ho pense, en realitat no sé si és la definició d'okupa o és la descripció del que ha passat amb la gent del Partit Popular a Alacant i amb les vivendes de protecció oficial que hi havia allà. Perquè els okupes, senyories del
Partit Popular, són vostès. Okupen vivendes públiques que no els corresponen, okupen institucions per a posarles al servei dels seus interessos i okupen els serveis públics per a degradarlos, per a ferlos febles i per acabar convertint eixos
serveis públics en negocis privats. Per això, els diputats del Partit Popular han votat en les Corts Valencianes en contra de la transparència en l'adjudicació de les vivendes de protecció oficial. Perquè clar, quan el Partit Popular parla de
llibertat, massa vegades el que vostès volen dir és opacitat. És el mateix patró que repetixen en tots els àmbits. I vostés corren molt per a abaixar els impostos als més rics, però després diuen que no hi ha diners, per exemple, per a l'educació
pública. I jo vull des d'ací donar les gràcies a tota la comunitat educativa valenciana per l'exemple que estan donant en la lluita d'allò que és just, amb una vaga indefinida que porten que està sent històrica. I no han cedit als xantatges del
govern de Pérez Llorca ni del Partit Popular valencià quan diuen que no hi ha diners per a abaixar les ràtios, que no hi ha diners per a reforçar les plantilles, que no hi ha diners per a continuar arreglant les escoles i que no hi ha diners per a
apujar els sous dels docents i que estiguen en la mitjana estatal. Perquè, senyories del Partit Popular, no hi ha cap problema a parlar d'una pujada salarial perquè les persones docents puguen cobrar el mateix que cobren el professorat d'altres
territoris.
Per a vostès, senyories del Partit Popular, per a aquestes reivindicacions que jo els he dit, no hi ha diners, però sí que aquesta mateixa setmana han tingut diners en les Corts Valencianes per a regalarli 6 milions d'euros a l'escola
concertada, o també tenen diners per a les escoles de l'Opus, allà al País Valencià, que continuen segregant entre xiquets i xiquetes. És que, a més a més, hasta cometen il·legalitats. I miren si a vostès els sobren els diners, i també la cara
dura, que són capaços de retransmetre en directe per la televisió valenciana corregudes de bous de Madrid, pagant el que valen eixes corregudes de bous.
Senyories del Partit Popular, netegense bé la boca abans de malparlar dels mestres i del professorat valencià. Perquè, si repassem allò que han fet vostès en l'educació pública valenciana, quan han governat en la Generalitat Valenciana, és
molt greu. Vostès són els que van omplir les escoles públiques valencianes de barracons. Vostès són els que fa anys que persegueixen la llengua, la nostra llengua, el valencià, en les escoles valencianes. Vostès van crear una trama corrupta per a
guanyar diners en la construcció de les escoles públiques valencianes. Vostès es van oposar quan Compromís va posar en marxa l'educació gratuïta de 0 a 3 anys. I ara que està en marxa, com hem vist en la moció anterior, es posen en contra de
millorar la situació de les persones educadores que tenen reivindicacions totalment justes. I vostès, una vegada i una altra, ací en el Congrés han tirat per terra la llavor dels educadors, de les mestres i del professorat dient que són persones
que adoctrinen, i ací els únics que volen adoctrinar són vostès i fent el que els done la gana.
I senyories del Partit Popular, després de 15 anys, hem hagut de tornar a traure de l'armari la samarreta, la samarreta que es va fer en aquell moment per a la primavera valenciana, una samarreta històrica que està en estos moments més
d'actualitat que mai. I senyories del Partit Popular, atenguen bé, hi ha més dignitat en un pèl del monyo de
qualsevol dels mestres i del professorat valencià que està manifestantse pels carrers de totes les ciutats i pobles del País Valencià estos dies i en estos moments que en la seua bancada i asseguts en la tribuna del Congrés de Diputats.
Y, claro, ahora que lo pienso, en realidad no sé si es la definición de okupa o es la descripción de lo que ha pasado con la gente del Partido Popular en Alicante con las viviendas de protección oficial que había ahí, porque los okupas,
señores del Partido Popular, son ustedes: okupan viviendas públicas que no les corresponden, okupan instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses y okupan los servicios públicos para degradarlos, para hacerlos débiles y para acabar
convirtiendo estos servicios públicos en negocios privados. Por eso, los diputados del Grupo Popular han votado en las Cortes Valencianas en contra de la transparencia en la adjudicación de las viviendas de protección oficial. Cuando el Partido
Popular habla de libertad lo que ustedes quieren decir más bien es opacidad; es el mismo patrón que repiten en todos los ámbitos. Ustedes corren mucho para bajar los impuestos a los más ricos, pero luego dicen que no hay dinero, por ejemplo, para
la educación pública. Y yo desde aquí quiero dar las gracias a toda la comunidad educativa valenciana por el ejemplo que están dando en la lucha de aquello que es justo con una huelga indefinida que está siendo histórica. No han cedido a los
chantajes del Gobierno de Pérez Llorca ni del Partido Popular valenciano, que dicen que no hay dinero para bajar las ratios, que no hay dinero para reforzar las plantillas, que no hay dinero para seguir arreglando las escuelas y que no hay dinero
para subir el sueldo de los docentes y que están en la media estatal. Señorías del Partido Popular, no hay ningún problema en hablar de una subida salarial para que las personas docentes puedan cobrar lo mismo que cobra el profesorado de otros
territorios.
Para ustedes, señorías del Partido Popular, para estas reivindicaciones no hay dinero, pero esta semana han tenido dinero en las Cortes Valencianas para regalar 6 millones de euros a la escuela concertada. También tienen ustedes dinero para
las escuelas del Opus en el país valenciano, que siguen separando a chicos y chicas, e incluso cometen ustedes ilegalidades. Miren si a ustedes les sobra el dinero, y también la cara dura, que son capaces de retransmitir en directo por la
televisión valenciana corridas de toros de Madrid, pagando lo que cuestan esas corridas de toros.
Señorías del Partido Popular, límpiense bien la boca antes de hablar mal de los maestros y del profesorado valenciano, porque si repasamos lo que han hecho ustedes en la educación pública valenciana desde que gobiernan en la Generalitat
Valenciana es muy grave. Ustedes son los que llenaron las escuelas públicas valencianas de barracones; ustedes son los que hace años que persiguen la lengua, nuestra lengua, el valenciano, en las escuelas valencianas; ustedes crearon una trama
corrupta para ganar dinero en la construcción de las escuelas públicas valencianas; ustedes se opusieron cuando Compromís puso en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años, y ahora que está en marcha se ponen en contra, como hemos visto en la
moción anterior, de mejorar la situación de las personas educadoras que tienen reivindicaciones totalmente justas; y ustedes, una vez y otra en el Congreso, han tirado por los suelos la semilla de los educadores, de las maestras y del profesorado,
diciendo que son personas que adoctrinan, cuando los únicos que quieren adoctrinar son ustedes aquí, haciendo lo que les da la gana. Señorías del Partido Popular, después de quince años hemos tenido que volver a sacar del armario la camiseta que se
hizo en ese momento de la primavera valenciana, una camiseta histórica que en estos momentos está más de actualidad que nunca.
Señorías del Partido Popular, por favor, escuchen bien. Hay más dignidad en un pelo del moño de cualquiera de los maestros del profesorado valenciano que se están manifestando por las calles de todas las ciudades y pueblos del país
valenciano estos días y en estos momentos que en su bancada, ahí sentados en la tribuna del Congreso de los Diputados.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, presidenta.
Molt bona tarda de nou a tothom.
Ho hem repetit mantes vegades: la situació de l'habitatge és extraordinàriament greu. No repetiré les dades, les que he donat avui, ni les que fa mesos que estic repetint en aquest mateix hemicicle, perquè el problema ja forma part de la
vida quotidiana de milions de persones. Els joves no es poden emancipar. Les famílies destinen una part desproporcionada del sou al lloguer. Els petits propietaris han perdut tota confiança i retiren habitatges de lloguer. I davant d'això, el
que toca és rigor, capacitat de gestió i polítiques útils. Ni discursos populistes ni discursos simplistes, perquè els extrems, tant els d'esquerres com els de dretes, acostumen a funcionar igual: busquen culpables ràpids, recepten fórmules
màgiques i converteixen problemes complexos en eslògans, i això no solucionarà res.
El Govern Sánchez i també el Govern Illa s'han deixat arrossegar cap a aquests plantejaments populistes i avui tenim menys oferta, preus més cars i, en definitiva, moltes més dificultats d'accés que fa uns anys. I encara hi ha qui insisteix
que no cal construir més habitatges. I ara els diré per què s'equivoquen.
Catalunya, per exemple, ha passat de sis a vuit milions d'habitants els darrers anys. Però el problema no és demogràfic, és també estructural. Mirin, els explicaré unes dades i els recomano que mirin aquest informe. Les llars cada vegada
són més petites, augmenten molt substancialment les persones que viuen soles, algunes obligades, però d'altres perquè és l'estil de vida que escullen. Augmenten les separacions, augmenta la gent gran que viu sola durant molts més anys, gràcies
també a l'esperança de vida més llarga; augmenten les parelles que decideixen mantenirse cadascú a casa seva. Segons l'Eurostat, les llars unipersonals són la tipologia que més creix a Europa, un 20 %, un 20 %. Algun govern ha fet prospeccions
serioses d'aquesta tendència? Perquè, si algú del ministeri o d'aquest hemicicle fes prospeccions serioses, percebria que, si la tendència continua així, a mitjà termini, a tota Europa hi haurà necessitat de milions de noves llars addicionals,
encara que la població no cresqués. És a dir, encara que la població s'estabilitzés, continuarien fent falta aquí centenars de milers de nous habitatges. Per algun motiu que no puc entendre, algú es pensa que el que està passant a tota Europa no
passarà aquí, o no passarà a Catalunya? Doncs els que ho pensin s'estan equivocant i han de deixar de negarho i ho han d'assumir.
Junts estem decidits a treballar amb rigor i avaluant totes les dades, i per això defensem una estratègia basada en dues grans línies. La primera és reduir l'ofec habitacional immediat que pateixen moltes famílies, i això vol dir actuar
directament sobre l'economia quotidiana de la gent, desgravar lloguers perquè els llogaters notin un alleujament real, desgravar hipoteques, reduir impostos com l'IVA i ajudar els joves a estalviar per accedir al primer habitatge. Garantir el dret
a comprar la hipoteca de l'habitatge pel mateix preu superreduït en aquells casos que es venen en bloc a un fons, i també recuperar seguretat jurídica perquè els petits propietaris tornin a confiar i mantinguin els seus habitatges en lloguer.
Perquè sense petits propietaris no hi haurà prou oferta. I això és insostenible. I també vol dir fer allò que encara no han fet després d'anys governant: un inventari. No m'afartaré de repetirho. Un inventari rigorós dels habitatges buits
reals. Si realment creuen que hi ha una gran quantitat d'habitatges susceptibles de mobilitzarse, el primer que haurien d'haver fet és saber exactament quants són i on són. Però no, tampoc ho han fet això. Com tampoc han estat capaços d'activar
de manera efectiva els habitatges de la Sareb. Anuncis i titulars, fotografies, n'hem vist moltes, però la cessió real dels immobles a la Generalitat o als ajuntaments catalans molt poca.
I la segona línia és augmentar l'oferta. Més habitatge públic, més rehabilitació, facilitar l'habitatge lliure assequible, reduir burocràcia. Perquè, si no augmenta el parc d'habitatge, els preus mai baixaran. I aquí és on cau tota la
propaganda quan ens anuncien els 7000 milions d'euros en cinc anys, però que després descobrim que només aporten el 60 % i la
resta l'han d'assumir les comunitats autònomes. I amb aquests recursos la capacitat real de construcció, ja els hi he dit abans, és absolutament insuficient per la magnitud enorme del problema. Només a Catalunya el dèficit acumulat ja
supera els 125 000 habitatges, i cada any continua augmentant.
Senyories del PSOE i SUMAR, prou d'experiments i més sentit comú, si us plau. Junts els diem que ja n'hi ha prou de polítiques estrafolàries que generen titulars, però no resolen el problema de la gent. Catalunya necessitem menys dogmes i
més solucions. I sobretot, necessitem poder decidir amb plenitud, recursos i capacitat de gestió per afrontar els principals problemes del nostre país. Perquè massa sovint les decisions que arriben d'aquí, de Madrid, han demostrat que no tenen ni
el coneixement ni l'ambició de construir cap futur de progrés per Catalunya.
I si em permet, senyora presidenta, em volia, res, molt breument, dirigir al senyor Pisarello. Li responc a la pregunta que m'ha fet abans. I Junts pensem que, quan un pis està okupat, s'ha de desallotjar ràpidament. Sí, efectivament. I
si els okupants són realment vulnerables, les administracions els han de protegir al seu càrrec, perquè nosaltres sí que creiem en el paper de les administracions públiques en la protecció social. I a veure si al final tant que parlen del que
defensem o deixem de defensar Junts, resultarà que Junts creiem molt més en la cosa pública que no pas els comuns.
I acabo, ara sí, presidenta, disculpi'm, perquè vull traslladar en nom de Junts el nostre condol al nostre company Néstor Rego per la seva pèrdua i una abraçada a ell i a la seva família.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, de nuevo, a todos.
Lo hemos repetido muchas veces: la situación de la vivienda es extraordinariamente grave. No repetiré los datos que he dado hoy y los que hace meses que estoy repitiendo en este mismo hemiciclo porque el problema ya forma parte de la vida
cotidiana de millones de personas. Los jóvenes no se pueden emancipar, las familias destinan una parte desproporcionada de sus sueldos al alquiler y los pequeños propietarios han perdido toda confianza y retiran viviendas de alquiler, y ante esto
lo que toca es rigor, capacidad de gestión y políticas útiles, ni discursos populistas ni discursos simplistas, porque los extremos, tanto los de la izquierda como los de la derecha, suelen funcionar igual: buscan culpables rápidos, recetan
fórmulas mágicas y convierten problemas complejos en eslóganes, y eso no va a solucionar nada.
El Gobierno Sánchez y también el Gobierno Illa se han dejado arrastrar hacia estos planteamientos populistas, y hoy tenemos menos oferta, precios más caros y, en definitiva, muchas más dificultades de acceso que hace unos años. Y aún hay
quien insiste en que no hace falta construir más vivienda. Ahora les diré por qué se equivocan.
Cataluña, por ejemplo, ha pasado de seis a ocho millones de habitantes en los últimos años. Pero el problema no es solo demográfico, también es estructural. Se lo explico con datos y les recomiendo que vean ese informe. Los hogares cada
vez son más pequeños; aumentan muy sustancialmente las personas que viven solas, algunas obligadas, pero otras porque es el estilo de vida que escogen; aumentan las separaciones; aumenta la gente mayor, que vive sola durante muchos más años,
gracias también a la esperanza de vida más larga; aumentan las parejas que deciden mantenerse cada una en su casa. Según Eurostat, los hogares unipersonales son la tipología que más crece en Europa, un 20 %. ¿Algún Gobierno ha hecho prospecciones
serias de esta tendencia? Porque si alguien de este hemiciclo hiciera prospecciones serias, se daría cuenta de que, si la tendencia sigue así, en toda Europa se necesitarán a medio plazo millones de nuevas viviendas adicionales, aunque la población
no creciera; es decir, aunque la población se estabilizara, seguirían haciendo falta centenares de miles de nuevas viviendas. Por algún motivo que no puedo entender, ¿alguien cree que lo que está pasando en toda Europa no va a pasar aquí o no va a
pasar en Cataluña? Pues los que lo piensen se equivocan y tienen que dejar de negarlo y tienen que asumirlo.
En Junts estamos decididos a trabajar con rigor con todos esos datos. Por eso defendemos una estrategia basada en dos grandes líneas. La primera es reducir ese ahogo habitacional en el que viven muchas familias, y eso significa actuar
directamente sobre la economía cotidiana de la gente, desgravar los alquileres, porque los inquilinos no tienen un alivio real; desgravar hipotecas o reducir impuestos como el IVA; ayudar a los jóvenes a ahorrar para acceder a la primera vivienda;
garantizar el derecho a comprar la hipoteca de la vivienda por el mismo precio superreducido en aquellos casos en los que se venden en bloque a un fondo, y también recuperar seguridad jurídica para que los pequeños propietarios puedan confiar y
mantengan sus viviendas en alquiler, porque sin los pequeños propietarios no habrá suficiente oferta, y eso es insostenible. Y también significa hacer lo que no se ha hecho después de años gobernando -no me cansaré de repetirlo-: un inventario
riguroso de las viviendas vacías reales. Si realmente creen que hay una gran cantidad de viviendas susceptibles de movilizarse, lo primero que tendrían que haber hecho es saber exactamente cuántas son, dónde están, pero no, tampoco lo han hecho.
Como tampoco han sido capaces de activar de forma efectiva las viviendas de la Sareb. Anuncios, titulares o fotografías hemos visto muchos, pero poca cesión real de los inmuebles a la Generalitat o a los ayuntamientos.
Segunda línea: aumentar la oferta; más vivienda pública; más rehabilitación; facilitar la vivienda libre asequible; reducir la burocracia. Si no aumenta el parque de vivienda, los precios nunca van a bajar. Y aquí es donde cae toda la
propaganda, cuando nos anuncian los 7000 millones de euros en cinco años, pero que después descubrimos que solo aportan un 60 %, y el resto lo tienen que asumir las comunidades autónomas. Con estos recursos, la capacidad real de construcción -ya se
lo he dicho antes- es absolutamente insuficiente para la magnitud enorme del problema. Solo en Cataluña el déficit acumulado supera ya las 125 000 viviendas, y cada año sigue aumentando.
Señorías del PSOE y de SUMAR, ya basta de experimentos y más sentido común, por favor. En Junts les decimos que ya basta de políticas que generan titulares, pero que no resuelven el problema de la gente. En Cataluña necesitamos menos
dogmas y más soluciones y, sobre todo, necesitamos poder decidir con plenitud; recursos y capacidades de gestión para afrontar los principales problemas de nuestro país, porque demasiado a menudo las decisiones que llegan desde aquí, de Madrid, han
demostrado que no tienen ni el conocimiento ni la ambición de construir ningún futuro de progreso para Cataluña.
Si me permite, señora presidenta, quisiera referirme brevemente al señor Pisarello y responder a la pregunta que me ha hecho antes. En Junts creemos que, si un piso está okupado, tiene que desalojarse rápidamente. Y si los okupantes son
vulnerables de verdad, las Administraciones tienen que protegerles, a su cargo, porque nosotros sí que creemos en el papel de las Administraciones públicas y en la protección social. A ver si al final, tanto que hablan de lo que defendemos o no
defendemos en Junts, resulta que en Junts creemos mucho más en la cosa pública que los Comuns.
Y ahora sí termino, presidenta. Disculpe, porque, en nombre Junts, quiero trasladar nuestro pésame a nuestro compañero Néstor Rego por su pérdida. Un abrazo a él y a su familia.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Voy a intentar analizar punto por punto...(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Me alegra que hoy se hayan presentado tres propuestas sobre vivienda.
Voy a intentar analizar punto por punto la moción que propone el Grupo Popular sobre vivienda. Según el Grupo Popular, uno de los grandes problemas para acceder a la vivienda son los bajos salarios. Compañera del Grupo Popular, estamos de
acuerdo en que en España hay bajos salarios, pero es que ustedes votaron en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Siempre están del lado de la patronal cuando hablamos de subidas de salario. El Gobierno solo puede intervenir en
el salario mínimo interprofesional, no puede intervenir en ningún otro salario, porque eso depende de una negociación colectiva con la patronal y con las empresas. Y ustedes, casualmente -me parece mísero realmente no subir el salario mínimo
interprofesional-, votaron en contra. Claro que la gente no tiene salarios suficientes, pero sobre todo caéis y caemos en la trampa al decir que hay bajos salarios en España. Pero es que da igual, porque un médico puede cobrar 3700 euros y no se
puede permitir un piso en Madrid. Es que si no hablamos y relacionamos el tope de los alquileres con la subida de los salarios o incluso lo ligamos a los salarios, no podemos hablar de salarios bajos o solamente de que sea un problema de salarios.
En otro punto habla usted de construcción de vivienda pública. Mire, su compañero en Andalucía, Moreno Bonilla, promocionaba y sacaba pecho por la construcción de vivienda pública. ¿Sabe a cuánto están los precios de la vivienda pública
que promociona Moreno Bonilla? ¡A 350 000 euros! ¡Vivienda pública protegida a 350 000 euros! Esta tarde han estado con nosotras las educadoras infantiles. Esta gente cobra 1300 euros al mes. Necesitan dejar de comer, dejar de respirar, dejar de
vivir durante veinte años ahorrando los 1300 euros para poder pagar ese piso de protección oficial. Claro que os tendemos la mano a esa construcción, pero que no valgan más de 50 000 euros. ¿Qué es eso de proponer pisos de 350 000 euros?
Es más, hablan de construir más vivienda, sobre todo sus compañeros de la prioridad nacional, que no paran de hacer enmiendas con ese eslogan, pero los primeros que se han beneficiado en Alicante de la vivienda pública han sido concejales
del Partido Popular, han sido sus concejales, y eso también hay que señalarlo.
Hablan de intervención regulatoria y de que hay demasiada burocracia. ¿Tienen ustedes un contrato de alquiler? El modelo para hacer un contrato de alquiler es público. ¿Qué burocracia necesita un casero para hacer un contrato de alquiler?
Burocracia es lo que se inventan los fondos buitre, las sociedades anónimas y el entramado corrupto para comprar pisos enteros. ¡Eso sí que es una burocracia! (Aplausos). Ahí tienen bufetes y ahí os tienen a vosotros votando a favor.
Hablan de que no hay oferta. Claro que no hay oferta de pisos. Efectivamente, puede ser que el mayor error de la ley de vivienda haya sido no haber puesto coto a los pisos turísticos. Es que es muy sencillo de entender. Los pisos dejan
de alquilarse para larga temporada y pasan a ser pisos turísticos. Es que vamos a tener en toda España más camas hoteleras que vecinos. Esa es la realidad. El problema son los pisos turísticos, y votasteis en contra. De hecho, la ley para
enmendar nuestra propia ley de los pisos turísticos la tenéis bloqueada, la tenéis bloqueada, y usted es la presidenta.
Hablaba también VOX de que hay que poner coto a los extranjeros que tienen dinero y que vienen aquí, pero jamás dirá ricos. Es más fácil culpar a un extranjero. Son ricos. Nos da igual de dónde vengan, son ricos. (Aplausos). Los ricos
son los que están secuestrando los barrios. Si en esta Cámara no podemos llegar a unos mínimos, no sé cómo vamos a poder resolver esta cuestión.
Atiéndanme bien, señorías del Grupo Popular. Hablan también de que los jóvenes accedan a la vivienda y de bajar el IVA al 4 %. Vamos a explicar el tema del IVA. Si tú bajas sin topar, el casero puede subir lo que le dé la gana. Es más,
nadie de entre los jóvenes puede ahorrar 70 000 euros para comprarse un piso. El problema es que la gente vive de alquiler, y cuando trajimos un real decreto que topa los alquileres y los precios votasteis en
contra. Fue hace apenas un mes. Votasteis en contra. Si a una medida tan básica como topar los alquileres, que está en vuestra mano, votáis en contra, no sé qué lecciones nos tenéis que dar. Votad a favor del no control de Idealista de
los algoritmos, votad a favor de controlar las SOCIMI, votad a favor de la prórroga, votad a favor de intervenir los pisos turísticos, y ahí tendremos un acuerdo de mínimos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andala.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez Palacios.
El señor RODRÍGUEZ PALACIOS: Pues aquí estamos para hablar de vivienda, después de una tarde de hablar de vivienda.
Hay que tener mucha cara dura y ser del Partido Popular para venir aquí a proponer lo que ustedes vienen a proponer. Donde están gobernando no gobiernan y donde no gobiernan -en el Gobierno de España- piden cosas que no hacen ni en las
comunidades autónomas ni en los ayuntamientos donde podrían hacerlo. (Aplausos). Ustedes no hacen nada para contribuir a una vivienda asequible. Aquí en Madrid los Gobiernos del Partido Popular llevan treinta años y resulta que el Plan VIVE no se
está llevando a cabo y, además, es muy caro para la mayoría de los madrileños. No hacen nada para topar la subida de los precios. Vienen aquí, reconocen que los precios suben, pero, eso sí, no declaran ninguna zona tensionada en ningún lugar donde
gobierna el Partido Popular: hipocresía política. Nada de vivienda protegida, como hemos visto esta tarde cuando se han negado a proteger siempre la vivienda pública. En definitiva, lo que estamos viendo hoy aquí es un ejercicio de hipocresía
política del Partido Popular (aplausos), un ejercicio de hipocresía política jugando con la realidad que más preocupa a los españoles en estos momentos.
Aquí en el Parlamento, en lugar de traer esta propuesta hipócrita, podrían haber votado hace un mes a favor de algo muy importante. (Rumores). Aquí se votó el Real Decreto Ley 8/2026. Se querían congelar los alquileres en este país y 177
diputados y diputadas de esta cámara votaron que no. Yo soy de los que votaron que sí, de las 116 personas que votaron que sí. ¡Qué orgullosos estamos los socialistas de haber votado que sí a congelar los alquileres en este país! (Aplausos).
El señor Quero, del partido VOX -ahora mismo no está aquí-, suele hablar de personas, y hoy ha hablado de Paula y de Marc. (El señor Hernández Quero entra en el hemiciclo). Pues yo les voy a hablar de Lola. Lola es una persona de Alcalá
de Henares, una mujer de 26 años, que el pasado sábado, en un acto público, me dijo que ha tenido que volver a casa de sus padres porque no puede pagar el nuevo alquiler que le pedía su casero: de 900 a 1400 euros al mes. ¿Saben de quién es la
culpa de que Lola vuelva a su casa? De todos los que votaron el 28 de abril en contra de congelar los alquileres. (Aplausos). No hace falta irse veinte años atrás, no hace falta hablar de Franco, solo hace falta haber votado que sí hace apenas
quince días.
El segundo gran tema del que no habla el Partido Popular y que tiene que ver con la vivienda es la regularización de las personas que viven con nosotros en este país. ¿Quién construye las casas en este país? ¿Las construyen los cargos
públicos de VOX o los cargos públicos del PP? No, las construyen las personas extranjeras que están trabajando en España. ¿Han pasado por alguna obra ustedes, señorías del PP? Los que están allí trabajando son personas. Son personas las que
trabajan en la construcción, las que trabajan en la ganadería y en la agricultura, las personas extranjeras que trabajan en los cuidados. Son personas que deben tener derechos y a las que ustedes no tratan con el respeto que debieran. (Aplausos).
No son violadores, no son okupas, no son delincuentes; son personas trabajadoras. El denominador común es que trabajan, porque ¿quién va a construir las viviendas en este país?
¿Saben lo que nos dice la patronal? (Rumores). La patronal de la construcción, la patronal nacional, lo que dice es que en este sector hacen falta setecientos mil nuevos trabajadores para hacer esas viviendas de las que todos los grupos
políticos han estado hablando. Muchos de esos setecientos mil trabajadores ya están en este país y tienen que ser regularizados para poder tener formación, y ustedes se niegan a regularizar a los que ya están aquí. Es una vergüenza. Están en
contra de la patronal, están en contra de los sindicatos, están en contra de la Iglesia católica y están en contra del sentido común, que nos diría que este país gana cuando sus trabajadores están cotizando y aportando a la caja común de la
Seguridad Social. ¡Una vergüenza! (Aplausos). En un mes han fallado dos veces a los españoles.
Voy terminando. Dice VOX que su prioridad nacional es echar a las personas que viven en este país. La prioridad nacional es la vivienda. ¿Están pidiendo la vivienda en las comunidades autónomas? No, están pidiendo los toros. Están dando
la espalda. Mucho discurso falso aquí, señor Hernández Quero. Mucho hablar de vivienda, pero se arrugan porque son patriotas de hojalata. Se arrugan y no piden la vivienda nunca en esas comunidades autónomas en las que el PP depende de ustedes
para poder sobrevivir. No piden la vivienda porque no tienen proyecto ni para la vivienda ni para los españoles. El 30 % de la población española, y ustedes no se atreven a pedir vivienda, solo piden los toros. Una vergüenza.
Acabo. Dentro de apenas dos días, el jueves que viene, va a haber un consejo sectorial. Va a haber 7000 millones que pone el Gobierno de España. Aquí hoy han dicho lo uno y lo contrario. Han dicho que 7000 millones es poco dinero para
hacer vivienda y también el Partido Popular ha dicho que es que les piden mucho a las comunidades autónomas. Aclárense. Aclárense en el Partido Popular y sean leales, no al Gobierno de España, que no lo son, pero sí a las personas que dependen de
sus Administraciones, de sus comunidades autónomas y de sus ayuntamientos. Sean, en definitiva, leales a España y en esa conferencia sectorial liberen los millones de euros que necesita la vivienda en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES Y PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. (Número de
expediente 122/000254).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la
seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 171; en contra, 164; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000280).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 313; en contra, 33; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Muchas gracias.
Eran las ocho y treinta y un minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.